Listas de valores
Congreso de los Diputados

Cerrar Cerrar

 
DS. Senado, Pleno, núm. 67, de 22/11/2001
 


CORTES GENERALES DIARIO DE SESIONES DEL SENADO

Año 2001 VII Legislatura Núm. 67 PRESIDENCIA DE LA EXCMA. SRA. DOÑA ESPERANZA AGUIRRE GIL DE BIEDMA Sesión del Pleno celebrada el jueves, 22 de noviembre de 2001

ORDEN DEL DIA: Tercero Dictámenes sobre Proyectos de distribución del Fondo de Compensación Interterritorial: --De la Comisión General de las Comunidades Autónomas en relación con el Proyecto de Ley reguladora de los Fondos de Compensación Interterritorial (publicado en el «Boletín Oficial de las Cortes Generales», Senado, Serie II, número 32, de fecha 16 de noviembre de 2001) (Número de expediente 621/000032).
Cuarto Dictámenes de Comisiones sobre proyectos y proposiciones de ley remitidos por el Congreso de los Diputados: --De la Comisión de Hacienda en relación con el Proyecto de Ley General de Estabilidad Presupuestaria (publicado en el «Boletín Oficial de las Cortes Generales», Senado, Serie II, número 33, de fecha 15 de noviembre de 2001) (Número de expediente S. 621/000033) (Número de expediente C. D. 121/000029).
--De la Comisión de Hacienda en relación con el Proyecto de Ley Orgánica complementaria a la Ley General de Estabilidad Presupuestaria (publicado en el «Boletín Oficial de las Cortes Generales», Senado, Serie II, número 34, de fecha 15 de noviembre de 2001) (Número de expediente S. 621/000034) (Número de expediente C. D. 121/000030).
Quinto Mociones: --Del GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR EN EL SENADO por la que se insta al Gobierno a que, en colaboración con el órgano competente de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), diseñe una campaña

Página 3718


de información y concienciación sobre la contribución de los mayores al desarrollo social, con ocasión de la Segunda Asamblea Mundial de Envejecimiento (publicada en el «Boletín Oficial de las Cortes Generales», Senado, Serie I, número 306, de fecha 19 de noviembre de 2001) (Número de expediente 662/000168).
--Del GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR EN EL SENADO por la que se insta al Gobierno a que, una vez concluido el proceso de transferencia de los servicios de salud a las Comunidades Autónomas, asuma el compromiso de comparecer al finalizar cada período de sesiones ante esta Cámara para informar sobre los indicadores de calidad asistencial en todo el territorio nacional (publicada en el «Boletín Oficial de las Cortes Generales», Senado, Serie I, número 306, de fecha 19 de noviembre de 2001) (Número de expediente 662/000169).
--Declaración institucional con motivo del Día Internacional contra la violencia de género (Número de expediente 630/000019).
--Del GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA por la que se insta al Gobierno a transformar en autovía la carretera nacional N-630 (publicada en el «Boletín Oficial de las Cortes Generales», Senado, Serie I, número 306, de fecha 19 de noviembre de 2001) (Número de expediente 662/000171).
--Del GRUPO PARLAMENTARIO CATALAN EN EL SENADO DE CONVERGéNCIA I UNIO por la que se insta al Gobierno para que en las negociaciones con la Unión Europea se mantengan o amplíen las ayudas a los cultivos del arroz en las zonas húmedas, así como para que se adopten las medidas complementarias en zonas de protección o periféricas (publicada en el «Boletín Oficial de las Cortes Generales», Senado, Serie I, número 306, de fecha 19 de noviembre de 2001) (Número de expediente 662/000167).
Sexto Toma en consideración de proposiciones de ley del Senado: --Proposición de Ley de reforma de la Ley reguladora de las Haciendas Locales, relativa a la distribución de subvenciones por servicios de transporte colectivo urbano a mancomunidades de municipios y demás entidades municipales asociativas (Autor: Grupo Parlamentario Mixto) (publicada en el «Boletín Oficial de las Cortes Generales», Senado, Serie III A, número 16, de fecha 1 de junio de 2001) (Número de expediente 622/000014).


SUMARIO

Se reanuda la sesión a las nueve horas.


DICTAMENES SOBRE PROYECTOS DE DISTRIBUCION DEL FONDO DE COMPENSACION INTERTERRITORIAL (Página 3723)

De la Comisión General de las Comunidades Autónomas en relación con el Proyecto de Ley reguladora de los Fondos de Compensación Interterritorial (Página 3723)

El señor Vázquez Portomeñe, Presidente de la Comisión, presenta el dictamen.


Se inicia el debate de las propuestas de veto.


El señor Cámara Fernández, del Grupo Mixto, retira la propuesta de veto número 1. El señor Quintana González, del Grupo Mixto, defiende la propuesta de veto número 2. La señora Primo Albert consume un turno en contra. En turno de portavoces, hacen uso de la palabra los señores Quintana González, por el Grupo Mixto; Bonet i Revés, por el Grupo Entesa Catalana de Progrés, y Pérez Sáenz, por el Grupo Socialista, así como la señora Primo Albert, por el Grupo Popular.


Se rechaza la propuesta de veto número 2, del señor Quintana González, del Grupo Mixto, por 3 votos a favor, 89 en contra y 41 abstenciones.


Comienza el debate del articulado.


El señor Cámara Fernández, del Grupo Mixto, defiende las enmiendas números 1 a 7 y 9 a 12, retirando la número 8. El señor Ríos Pérez defiende las enmiendas números 16 y 17, y retira la número 15, del Grupo de Senadores de Coalición Canaria. El señor Bonet i Revés defiende las enmiendas números 13 y 14, del Grupo Entesa Catalana de Progrés. Los señores Pérez Sáenz y Galán Pérez defienden las enmiendas números 18 a 46, del Grupo Socialista. El señor Ruiz Rivero, la señora Primo Albert y el señor Fernández Cucurull consumen

Página 3719


un turno en contra. En turno de portavoces, hacen uso de la palabra los señores Cámara Fernández, por el Grupo Mixto; Ríos Pérez, por el Grupo de Senadores de Coalición Canaria; Albistur Marin, por el Grupo de Senadores Nacionalistas Vascos; Bonet i Revés, por el Grupo Entesa Catalana de Progrés; Cardona i Vila, por el Grupo Catalán en el Senado de Convergència i Unió, y Pérez Sáenz, por el Grupo Socialista, así como la señora Primo Albert, por el Grupo Popular. Los señores Pérez Sáenz, Ruiz Rivero y Cámara Fernández, y la señora Primo Albert intervienen de nuevo en virtud del artículo 87.


DICTAMENES DE COMISIONES SOBRE PROYECTOS Y PROPOSICIONES DE LEY REMITIDOS POR EL CONGRESO DE LOS DIPUTADOS (Página 3743)

De la Comisión de Hacienda en relación con el Proyecto de Ley General de Estabilidad Presupuestaria (Página 3743)

De la Comisión de Hacienda en relación con el Proyecto de Ley Orgánica complementaria a la Ley General de Estabilidad Presupuestaria (Página 3743)

La señora Simonelli Muñoz, Secretaria Primera de la Comisión, presenta el dictamen.


Se inicia el debate de las propuestas de veto.


El señor Cámara Fernández, del Grupo Mixto, defiende la propuesta de veto número 1 al proyecto de ley. El señor Quintana González, del Grupo Mixto, defiende las propuestas de veto número 2 al proyecto de ley y número 1 al proyecto de ley orgánica. El señor Albistur Marin defiende las propuestas de veto número 3 al proyecto de ley y número 2 al proyecto de ley orgánica, del Grupo de Senadores Nacionalistas Vascos.
La señora Aroz Ibáñez defiende las propuestas de veto número 4 al proyecto de ley y número 3 al proyecto de ley orgánica, del Grupo Entesa Catalana de Progrés. El señor Lerma Blasco defiende las propuestas de veto número 5 al proyecto de ley y número 4 al proyecto de ley orgánica, del Grupo Socialista. El señor Caneda Morales consume un turno en contra. En turno de portavoces, hacen uso de la palabra la señora de Boneta y Piedra, por el Grupo Mixto; el señor Albistur Marin, por el Grupo de Senadores Nacionalistas Vascos; la señora Aroz Ibáñez, por el Grupo Entesa Catalana de Progrés, y los señores Cambra i Sánchez, por el Grupo Catalán en el Senado de Convergència i Unió; Lerma Blasco, por el Grupo Socialista, y Caneda Morales, por el Grupo Popular.


Se procede a votar.


DICTAMENES SOBRE PROYECTOS DE DISTRIBUCION DEL FONDO DE COMPENSACION INTERTERRITORIAL (Página 3760)

De la Comisión General de las Comunidades Autónomas en relación con el Proyecto de Ley reguladora de los Fondos de Compensación Interterritorial (Votación de las enmiendas) (Página 3760)

Se rechazan las enmiendas números 1 y 2, del Grupo Mixto, por 68 votos a favor, 143 en contra y 9 abstenciones.


Se rechazan las enmiendas números 4, 7 y 9 a 12, del Grupo Mixto, por 5 votos a favor, 205 en contra y 8 abstenciones.


Se rechazan las enmiendas números 3, 5 y 8, del Grupo Mixto, por 2 votos a favor, 152 en contra y 66 abstenciones.


Se rechaza la enmienda número 6, del Grupo Mixto, por 10 votos a favor, 152 en contra y 57 abstenciones.


Se rechazan las enmiendas números 16 y 17, del Grupo de Senadores de Coalición Canaria, por 12 votos a favor, 135 en contra y 73 abstenciones.


Se rechazan las enmiendas números 13 y 14, del Grupo Entesa Catalana de Progrés, por 81 votos a favor, 136 en contra y 3 abstenciones.


Se aprueba la enmienda número 26, del Grupo Socialista, por 204 votos a favor, 1 en contra y 16 abstenciones.


Se aprueba la enmienda número 46, del Grupo Socialista, por 198 votos a favor, 2 en contra y 19 abstenciones.


Se rechazan las enmiendas números 18 a 25, 27, 29 a 36, 39, 40 y 43 a 45, del Grupo Socialista, por 65 votos a favor, 139 en contra y 16 abstenciones.


Se aprueban por unanimidad las siete propuestas de modificación del dictamen, firmadas por todos los grupos parlamentarios.


Se aprueba el artículo 2.1.a) del dictamen por 152 votos a favor y 68 abstenciones.


Se aprueba la disposición adicional del dictamen por 150 votos a favor, 65 en contra y 5 abstenciones.


Se aprueba el resto del dictamen a excepción del título, la exposición de motivos y los preceptos a que se refieren

Página 3720


las propuestas de modificación, por 217 votos a favor y 3 abstenciones.


Se aprueban el título y la exposición de motivos del dictamen por 153 votos a favor, 64 en contra y 2 abstenciones.


La señora Presidenta anuncia a la Cámara el traslado de las enmiendas aprobadas por el Senado al Congreso de los Diputados.
DICTAMENES DE COMISIONES SOBRE PROYECTOS Y PROPOSICIONES DE LEY REMITIDOS POR EL CONGRESO DE LOS DIPUTADOS (Página 3761)

De la Comisión de Hacienda en relación con el Proyecto de Ley General de Estabilidad Presupuestaria (Votación de las propuestas de veto) (Página 3761)

Se rechaza la propuesta de veto número 1, de los señores Cámara Fernández y Cabrero Palomares, del Grupo Mixto, por 81 votos a favor, 136 en contra y 3 abstenciones.


Se rechaza la propuesta de veto número 2, del Quintana González, del Grupo Mixto, por 79 votos a favor, 136 en contra y 2 abstenciones.


Se rechaza la propuesta de veto número 3, del Grupo de Senadores Nacionalistas Vascos, por 81 votos a favor, 136 en contra y 2 abstenciones.


Se rechaza la propuesta de veto número 4, del Grupo Entesa Catalana de Progrés, por 82 votos a favor, 136 en contra y 2 abstenciones.


Se rechazan las propuestas de veto número 5, del Grupo Socialista, por 82 votos a favor, 136 en contra y 2 abstenciones.


De la Comisión de Hacienda en relación con el Proyecto de Ley Orgánica complementaria a la Ley General de Estabilidad Presupuestaria (Votación de las propuestas de veto) (Página 3762)

Se rechaza la propuesta de veto número 1, del señor Quintana González, del Grupo Mixto, por 83 votos a favor, 135 en contra y 2 abstenciones.


Se rechaza la propuesta de veto número 2, del Grupo de Senadores Nacionalistas Vascos, por 81 votos a favor, 136 en contra y 3 abstenciones.
Se rechaza la propuesta de veto número 3, del Grupo Entesa Catalana de Progrés, por 82 votos a favor, 136 en contra y 2 abstenciones.


Se rechaza la propuesta de veto número 4, del Grupo Socialista, por 82 votos a favor, 136 en contra y 2 abstenciones.


De la Comisión de Hacienda en relación con el Proyecto de Ley General de Estabilidad Presupuestaria (Debate del articulado) (Página 3762)

De la Comisión de Hacienda en relación con el Proyecto de Ley Orgánica complementaria a la Ley General de Estabilidad Presupuestaria (Debate del articulado) (Página 3762)

El señor Cámara Fernández, del Grupo Mixto, defiende las enmiendas números 1 a 24 al proyecto de ley y 1 al proyecto de ley orgánica. El señor Quintana González, del Grupo Mixto, defiende las enmiendas números 25 a 58 al proyecto de ley y 2 a 21 al proyecto de ley orgánica. La señora Morales Rodríguez defiende las enmiendas números 78 a 81 al proyecto de ley y 35 a 41, retirando las números 42 y 43, al proyecto de ley orgánica, del Grupo de Senadores de Coalición Canaria.
El señor Albistur Marin defiende las enmiendas números 59 a 77 al proyecto de ley y 22 a 34 al proyecto de ley orgánica, del Grupo de Senadores Nacionalistas Vascos. El señor Cambra i Sánchez defiende las enmiendas números 104 a 112 al proyecto de ley y 50 a 61 al proyecto de ley orgánica, del Grupo Catalán en el Senado de Convergència i Unió. La señora Martínez García da por defendidas las enmiendas números 82 a 98 al proyecto de ley y 44 a 49 al proyecto de ley orgánica, de los Grupos Socialista y Entesa Catalana de Progrés. El señor Soto García consume un turno en contra. En turno de portavoces, hacen uso de la palabra los señores Albistur Marin, por el Grupo de Senadores Nacionalistas Vascos; Cambra i Sánchez, por el Grupo Catalán en el Senado de Convergència i Unió, y Soto García, por el Grupo Popular.
MOCIONES (Página 3771)

Del GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR EN EL SENADO por la que se insta al Gobierno a que, en colaboración con el órgano competente de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), diseñe una campaña de información y concienciación sobre la contribución de los mayores al desarrollo social, con ocasión de la Segunda Asamblea Mundial de Envejecimiento (Página 3771)

Página 3721


La señora Rodríguez Saldaña defiende la moción. El señor Vicepresidnete, Prada Presa, anuncia la retirada de la enmienda del Grupo Mixto. El señor Ríos Pérez defiende la emienda del Grupo de Senadores de Coalición Canaria. La señora Loroño Ormaechea defiende la enmienda del Grupo de Senadores Nacionalistas Vascos. La señora Rodríguez Saldaña expone la posición de su grupo parlamentario respecto de las enmiendas. En turno de portavoces, hacen uso de la palabra el señor Ríos Pérez, por el Grupo de Senadores de Coalición Canaria; la señora Loroño Ormaechea, por el Grupo de Senadores Nacionalistas Vascos; los señores Espasa i Oliver, del Grupo Entesa Catalana de Progrés; Marimon i Sabaté, del Grupo Catalán en el Senado de Convergència i Unió, y Díaz Sol, por el Grupo Socialista, y la señora Rodríguez Saldaña, por el Grupo Popular. El señor Díaz Sol y la señora Rodríguez Saldaña intervienen de nuevo en virtud del artículo 87.


Se aprueba la moción del Grupo Popular, con la incorporación de la enmienda del Grupo de Senadores de Coalición Canaria, 128 votos a favor, 3 en contra y 64 abstenciones.


DICTAMENES DE COMISIONES SOBRE PROYECTOS Y PROPOSICIONES DE LEY REMITIDOS POR EL CONGRESO DE LOS DIPUTADOS (Página 3780)

De la Comisión de Hacienda en relación con el Proyecto de Ley General de Estabilidad Presupuestaria (Votación de las enmiendas) (Página 3780)

Se procede a votar.


Se rechazan las enmiendas números 5 y 9, de los señores Cámara Fernández y Cabrero Palomares, del Grupo Mixto, por 8 votos a favor, 123 en contra y 61 abstenciones.


Se rechazan las enmiendas números 23 y 24, de los señores Cámara Fernández y Cabrero Palomares, del Grupo Mixto, por 68 votos a favor, 126 en contra y 3 abstenciones.


Se rechazan las restantes enmiendas de los señores Cámara Fernández y Cabrero Palomares, del Grupo Mixto, por 56 votos a favor, 128 en contra y 13 abstenciones.


Se rechazan las enmiendas números 27, 28, 30, 35 y 51, del señor Quintana González, del Grupo Mixto, por 68 votos a favor, 126 en contra y 3 abstenciones.


Se rechazan las restantes enmiendas del señor Quintana González, del Grupo Mixto, por 61 votos a favor, 125 en contra y 9 abstenciones.
La señora Presidenta anuncia la retirada de las enmiendas del Grupo de Senadores de Coalición Canaria.


Se rechazan las enmiendas números 63, 64, 66, 70, 71, 75 y 76, del Grupo de Senadores Nacionalistas Vascos, por 69 votos a favor, 125 en contra y 3 abstenciones.


Se rechaza la enmienda número 74, del Grupo de Senadores Nacionalistas Vascos, por 68 votos a favor, 127 en contra y 2 abstenciones.


Se rechazan las restantes enmiendas del Grupo de Senadores Nacionalistas Vascos, por 62 votos a favor, 127 en contra y 8 abstenciones.


Se rechazan las enmiendas números 104 y 112, del Grupo Catalán en el Senado de Convergència i Unió, por 70 votos a favor, 125 en contra y 2 abstenciones.


Se rechaza la enmienda número 86, de los Grupos Socialista y Entesa Catalana de Progrés, por 68 votos a favor, 126 en contra y 2 abstenciones.


Se rechazan las restantes enmiendas de los Grupos Socialista y Entesa Catalana de Progrés, por 61 votos a favor, 127 en contra y 8 abstenciones.


Se aprueba el texto del dictamen por 127 votos a favor, 67 en contra y 3 abstenciones.


La señora Presidenta anuncia a la Cámara el traslado de las enmiendas aprobadas por el Senado al Congreso de los Diputados.


De la Comisión de Hacienda en relación con el Proyecto de Ley Orgánica complementaria a la Ley General de Estabilidad Presupuestaria (Continuación) (Página 3780) y 3781)

Se procede a votar.


Se rechaza la enmienda número 1 de los señores Cámara Fernández y Cabrero Palomares, del Grupo Mixto, por 62 votos a favor, 126 en contra y 8 abstenciones.


Se rechazan las enmiendas números 8, 17 y 19 del señor Quintana González, del Grupo Mixto, por 68 votos a favor, 125 en contra y 4 abstenciones.


Se rechazan las restantes enmiendas del señor Quintana González, del Grupo Mixto, por 62 votos a favor, 127 en contra y 8 abstenciones.


La señora Presidenta anuncia la retirada de las enmiendas del Grupo de Senadores de Coalición Canaria.


Página 3722


Se rechazan las enmiendas números 26, 28, 33 y 34, del Grupo de Senadores Nacionalistas Vascos, por 62 votos a favor, 126 en contra y 9 abstenciones.


Se rechazan las enmiendas números 30 a 32, del Grupo de Senadores Nacionalistas Vascos, por 68 votos a favor, 126 en contra y 3 abstenciones.


Se rechazan las restantes enmiendas del Grupo de Senadores Nacionalistas Vascos por 67 votos a favor, 126 en contra y 2 abstenciones.


Se rechazan las enmiendas números 50 a 61, del Grupo Catalán en el Senado de Convergència i Unió, por 68 votos a favor, 126 en contra y 3 abstenciones.


Se rechazan las enmiendas números 45 a 47, de los Grupos Socialista y Entesa Catalana de Progrés, por 68 votos a favor, 127 en contra y 2 abstenciones.


Se rechazan las enmiendas números 44, 48 y 49, de los Grupos Socialista y Catalán en el Senado de Convergència i Unió, por 62 votos a favor, 128 en contra y 6 abstenciones.


Se aprueba el texto del dictamen por 127 votos a favor, 68 en contra y 2 abstenciones.


La señora presidenta anuncia a la Cámara que queda definitivamente aprobado por las Cortes Generales el proyecto de ley.


MOCIONES (Continuación) (Página 3782)

Del GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR EN EL SENADO por la que se insta al Gobierno a que, una vez concluido el proceso de transferencia de los servicios de salud a las Comunidades Autónomas, asuma el compromiso de comparecer al finalizar cada período de sesiones ante esta Cámara para informar sobre los indicadores de calidad asistencial en todo el territorio nacional (Página 3782)

La señora López Garnica defiende la moción. El señor Vicepresidente, Prada Presa, anuncia la retirada de la enmienda del Grupo Mixto. El señor López Carvajal defiende la enmienda del Grupo Socialista. La señora Loroño Ormaechea defiende la emienda del Grupo de Senadores Nacionalistas Vascos. La señora López Garnica expone la posición de su grupo parlamentario respecto de las enmiendas. En turno de portavoces, hacen uso de la palabra el señor Ríos Pérez, por el Grupo de Senadores de Coalición Canaria; la señora Loroño Ormaechea, por el Grupo de Senadores Nacionalistas Vascos; los señores Espasa i Oliver, por el Grupo Entesa Catalana de Progrés; Cardona i Vila, por el Grupo Catalán en el Senado de Convergència i Unió, y López Carvajal, por el Grupo Socialista, y la señora López Garnica, por el Grupo Popular.


Se aprueba una propuesta de modificación, firmada por los Grupos Popular, Socialista, Entesa Catalana de Progrés Grupo y de Senadores de Coalición Canaria, por 181 votos a favor, 10 en contra y 1 abstenciones.


Declaración institucional con motivo del día internacional contra la violencia de género (Página 3792)

La señora Presidenta da lectura a la declaración institucional, que se aprueba por asentimiento de la Cámara.


MOCIONES (Continuación) (Página 3793)

Del GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA por la que se insta al Gobierno a transformar en autovía la carretera nacional N-630 (Página 3793)

El señor Fuentes Gallardo defiende la moción. El señor García Ballestero defiende la enmienda del Grupo Popular. El señor Fuentes Gallardo expone la posición de su grupo parlamentario respecto de la enmienda. En turno de portavoces, hacen uso de la palabra la señora Etxegoyen Gaztelumendi, por el Grupo de Senadores Nacionalistas Vascos, y los señores Gibert i Bosch, por el Grupo Entesa Catalana de Progrés; Beguer i Oliveres, por el Grupo Catalán en el Senado de Convergència i Unió; Fuentes Gallardo, por el Grupo Socialista, y García Ballestero, por el Grupo Popular. Los señores Fuentes Gallardo y García Ballestero intervienen de nuevo en virtud del artículo 87.


Se rechaza la moción del Grupo Socialista por 62 votos a favor, 125 en contra y 7 abstenciones.
Del GRUPO PARLAMENTARIO CATALAN EN EL SENADO DE CONVERGéNCIA I UNIO por la que se insta al Gobierno para que en las negociaciones con la Unión Europea se mantengan o amplíen las ayudas a los cultivos del arroz en las zonas húmedas, así como para que se adopten las medidas complementarias en zonas de protección o periféricas (Página 3797)

El señor Marimon i Sabaté defiende la moción.


Página 3723


Se aprueba la moción, con el texto de la propuesta de modificación firmada por todos los grupos parlamentarios, por asentimiento de la Cámara.


TOMA EN CONSIDERACION DE PROPOSICIONES DE LEY DEL SENADO (Página 3799)

Proposición de Ley de reforma de la Ley reguladora de las Haciendas Locales, relativa a la distribución de subvenciones por servicios de transporte colectivo urbano a mancomunidades de municipios y demás entidades municipales asociativas (Página 3799)

El señor Quintana González defiende la toma en consideración. La señora Primo Albert consume un turno en contra. En turno de portavoces, hacen uso de la palabra el señor Quintana González, por el Grupo Mixto; las señoras Morales Rodríguez, por el Grupo de Senadores de Coalición Canaria, y Etxegoyen Gaztelumendi, por el Grupo de Senadores Nacionalistas Vascos; los señores Gibert i Bosch, por el Grupo Entesa Catalana de Progrés; Beguer i Oliveres, por el Grupo Catalán en el Senado de Convergència i Unió, y Hurtado García, por el Grupo Socialista, así como la señora Primo Albert, por el Grupo Popular. El señor Quintana González interviene de nuevo en virtud del artículo 87.


Se rechaza la toma en consideración por 63 votos a favor y 129 en contra.


Se levanta la sesión a las diecinueve horas y quince minutos.


Se reanuda la sesión a las nueve horas.


DICTAMENES SOBRE PROYECTOS DE DISTRIBUCION DEL FONDO DE COMPENSACION INTERTERRITORIAL:

--DE LA COMISION GENERAL DE LAS COMUNIDADES AUTONOMAS EN RELACION CON EL PROYECTO DE LEY REGULADORA DE LOS FONDOS DE COMPENSACION INTERTERRITORIAL (621/000032).


La señora PRESIDENTA: Señorías, se reanuda la sesión.
Punto tercero del orden del día: Dictámenes sobre proyectos de distribución del Fondo de Compensación Interterritorial. De la Comisión General de las Comunidades Autónomas en relación con el proyecto de ley reguladora de los Fondos de Compensación Interterritorial.
Para la presentación del dictamen tiene la palabra el representante designado por la Comisión, en este caso su Presidente.


El señor VAZQUEZ PORTOMEÑE: Señora Presidenta, señorías, la alentadora presencia de Senadores me anima a ser breve. (Risas.) El proyecto de ley reguladora de los Fondos de Compensación Interterritorial que ahora pende del Pleno de esta Cámara forma parte del diseño del nuevo sistema de financiación de las Comunidades Autónomas y Ciudades Autónomas aprobado unánimemente por el Consejo de Política Fiscal y Financiera el día 27 de julio de 2001. En este acuerdo se decidió introducir modificaciones en el Fondo de Compensación Interterritorial previsto en la LOFCA, y el correspondiente proyecto elaborado a tal fin fue remitido a esta Cámara el 9 de octubre pasado, encomendándose por la Mesa del Senado justamente a la Comisión General de las Comunidades Autónomas la elaboración del dictamen que ahora se somete a la consideración del Pleno.
Al mencionado proyecto se formularon dos vetos y 46 enmiendas al articulado. Fueron ponentes del proyecto los excelentísimos señores don Francisco Xabier Albistur Marin, del Grupo Parlamentario de Senadores Nacionalistas Vascos, don Carles Josep Bonet i Revés, del Grupo Parlamentario de Entesa Catalana de Progrés, don Jaume Cardona i Vila, del Grupo Parlamentario Catalán en el Senado de Convergència i Unió, don Nicolás Fernández Cucurull, del Grupo Parlamentario Popular, don Joaquín Jesús Galán Pérez, del Grupo Parlamentario Socialista, don Juan José Imbroda Ortiz, del Grupo Parlamentario Popular, don José Ignacio Pérez Sáenz, del Grupo Parlamentario Socialista, doña Carmen Primo Albert, del Grupo Parlamentario Popular, don Anxo Manuel Quintana González, del Grupo Parlamentario Mixto, don Victoriano Ríos Pérez, del Grupo Parlamentario de Senadores de Coalición Canaria y don José Manuel Ruiz Rivero, del Grupo Parlamentario Popular.
Emitido el informe de dicha Ponencia, ésta acordó por mayoría mantener en sus propios términos el texto remitido por el Gobierno, que fue aceptado luego como dictamen por la Comisión General de las Comunidades Autónomas en sesión del día 14 de noviembre. Es cuanto debo decir a esta Cámara.
Muchas gracias, señora Presidenta. Muchas gracias, señorías.


La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, Senador Vázquez Portomeñe.
Como ha dicho el Presidente de la Comisión, se han presentado dos propuestas de veto que se van a debatir a continuación. La propuesta de veto número uno corresponde al voto particular número dos, presentado por los Senadores Cámara Fernández y Cabrero Palomares del Grupo Parlamentario Mixto. Para su defensa tiene la palabra el Senador Cámara.


El señor CAMARA FERNANDEZ: Muchas gracias, señora Presidenta.


Página 3724


Retiro la propuesta de veto presentada por mi Grupo. Gracias.


La señora PRESIDENTA: Gracias, Senador Cámara.
La propuesta de veto número uno queda retirada. La número dos corresponde al voto particular número uno, también del Grupo Parlamentario Mixto, y presentado por el Senador Quintana González.
Para su defensa tiene la palabra el propio Senador Quintana.


El señor QUINTANA GONZALEZ: Gracias, señora Presidenta.
Señorías, voy a defender el veto presentado por el Bloque Nacionalista Gallego al proyecto de Ley reguladora de los Fondos de Compensación Interterritorial. Desde nuestro punto de vista el desarrollo legal y la práctica operativa del Fondo de Compensación ha constatado el incumplimiento de los objetivos que el artículo 158.2 de la Constitución encomienda a este fondo. Al contrario de lo manifestado en la exposición de motivos, desde nuestro punto de vista el Fondo de Compensación Interterritorial no ha cumplido la función de hacer efectivo el principio de solidaridad, de manera que las Comunidades Autónomas menos desarrolladas, favorecidas por las inversiones ejecutadas con las dotaciones de este fondo, pudieran converger con las más desarrolladas económicamente. Y ello es patente desde 1990, cuando ya acceden al FCI únicamente las Comunidades Autónomas con umbrales de renta inferior, pues ninguna de éstas ha podido alcanzar diferenciales de crecimiento económico significativamente superiores a los obtenidos por las Comunidades Autónomas más dinámicas; por lo que diez años después de la última modificación legislativa y, a pesar de 20 años globales de operatividad del fondo, el nivel de desarrollo comparado de las Comunidades Autónomas es similar al que había antes de ponerse en marcha el mismo.
Por tanto, el FCI no ha servido como instrumento para poner freno a los desequilibrios, en contra de lo que tan tajantemente se afirma y manifiesta en la exposición de motivos del proyecto de ley que hoy sometemos a consideración.
Para ilustrar el caso de Galicia respecto a lo que estamos diciendo, la memoria del año 2000 del Consello Económico y Social de esta Comunidad Autónoma, organismo no partidista y, por lo tanto, susceptible de ser considerado como objetivo, alerta de que no avanza el proceso de convergencia ni con el resto del Estado ni con Europa, perdiendo incluso la Comunidad peso relativo en el conjunto de la economía española.
Además, este informe es especialmente crítico con los fondos europeos y estatales destinados a corregir este desequilibrio. Dentro de estos fondos está incluido el Fondo de Compensación Interterritorial, cuya instrumentalización por la Administración Central ha imposibilitado una participación más activa de las Comunidades Autónomas en la definición de las inversiones necesarias y prioritarias para apuntalar el desarrollo.
En este aspecto radica, también, otra de las críticas a este proyecto de ley que el Bloque Nacionalista Galego quiere hacer patente en este veto. Este proyecto de ley insiste, en línea con la LOFCA, en la integración del FCI en los Presupuestos Generales del Estado, de manera que es la Administración Central la que tiene una posición preeminente en el proceso de materialización del mismo y la que lo articula bilateralmente con cada Comunidad Autónoma, en vez de constituir un proyecto autónomo donde el proceso de determinación, primero, y la ejecución, después, se realizase en contraste institucional permanente entre el Estado y las Comunidades Autónomas, de forma que pudieran compararse globalmente todas las actuaciones que financia el Fondo de Compensación Interterritorial.
La preeminencia de la Administración Central seguirá reforzada con este proyecto de ley, pues, al no modificarse esta vinculación del FCI a los Presupuestos Generales del Estado, será la Administración Central competente para redactar los mismos la que elabore los programas de inversión y articule la conveniencia o no de la inclusión de las inversiones previstas en los mismos. Esta deficiente articulación del marco institucional de relaciones entre las Comunidades Autónomas y el Estado en lo relativo al reparto del FCI ha sido uno de los asuntos pendientes de la reforma del 90; ahora, sigue sin retocarse en este proyecto de ley, de manera que seguiremos asistiendo a una gestión centralizada del mismo y a una reducción de la posición de las Comunidades Autónomas inducida por la metodología de la elaboración de los Presupuestos Generales del Estado.
La segunda novedad de este proyecto de ley consiste en que se crea un fondo complementario. Con ello también se está adulterando la previsión constitucional del FCl, ya que éste tendría como destino exclusivo inversiones reales en las Comunidades Autónomas y ahora abrimos la posibilidad a que con este fondo se puedan financiar también gastos corrientes.
De todo ello, se extrae la conclusión de que se evidencia una ausencia plena de voluntad de modificar la política de convergencia económica real entre las distintas Comunidades Autónomas que integran el Estado español. Basándonos en ello, proponemos el veto que sometemos a consideración.
Muchas gracias.


La señora PRESIDENTA: Gracias, Senador Quintana.
Para turno en contra, tiene la palabra la Senadora Primo.


La señora PRIMO ALBERT: Muchas gracias, señora Presidenta.
Señorías, hoy mi Grupo tiene el honor de dar la bienvenida a un proyecto de ley que, por primera vez, va a ser tratado en esta Cámara en primera lectura. Considero que es algo bastante importante como para que conste en acta.
En lo que se refiere al veto presentado por el Grupo Parlamentario Mixto, y concretamente por el Senador Quintana, no podemos apoyarlo, porque no es lógico que en un acuerdo adoptado por unanimidad en el Consejo de Política

Página 3725


Fiscal y Financiera de 27 de julio de 2001 sobre el nuevo sistema de financiación de las Comunidades Autónomas de régimen común, al regular el Fondo de Compensación Interterritorial se sigan manteniendo las características básicas del hasta ahora vigente si éste no hubiera funcionado debidamente. Como digo, en ese caso es lógico que no se hubiera llegado a un acuerdo unánime por parte de todas las Comunidades Autónomas en dicho Consejo. Por tanto, si se habla de que existe un acuerdo general de todas las Comunidades Autónomas, es obvio que el modelo es válido, y que funciona.
Por otro lado, el Gobierno no ha reducido la dotación del Fondo en ningún momento, dado que dicha dotación viene establecida por la propia ley y además está reflejada en los propios Presupuestos Generales del Estado.
En cuanto a que la partición del actual Fondo de Compensación en dos no refuerza los elementos de redistribución territorial y a que uno de los cuales no cumple con el mandato constitucional --me imagino que se refiere usted al fondo complementario--, la opinión del Grupo Popular no coincide en absoluto con la suya por considerar que, no sólo se redistribuye la renta entre todas las Comunidades Autónomas, sino que además se refuerza y complementa el esfuerzo que las propias Comunidades Autónomas están efectuando en la financiación del Fondo de Compensación.
Por otra parte, ni el proyecto de ley ni el sistema de financiación obligan a que los recursos del fondo complementario se destinen a financiar únicamente gastos corrientes, sino que permiten además que sean las Comunidades Autónomas las que decidan destinar dicho fondo, bien a gastos de inversión, bien a gastos depuesta en marcha de inversiones, logrando con ello, señor Quintana, la libertad en materia de decisión de gasto de las distintas Comunidades Autónomas y fomentando la eficacia de sus inversiones, limitándolas en el tiempo.
Por todo ello, apoyando la decisión adoptada de forma unánime en el Consejo de Política Fiscal y Financiera de 27 de julio, y con el convencimiento de que este proyecto de ley reguladora de los fondos de compensación interterritorial responde plenamente a los criterios establecidos en dicho acuerdo, no vamos a apoyar su veto.
Gracias. (Aplausos desde los escaños del Grupo Parlamentario Popular.)

La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, Senadora Primo.
Abrimos turno de portavoces.
Por el Grupo Parlamentario Mixto, tiene la palabra el Senador Quintana.


El señor QUINTANA GONZALEZ: Gracias, señora Presidenta.
Señorías, efectivamente, los instrumentos de financiación de las Comunidades Autónomas --a los que se ha hecho referencia en respuesta al veto presentado por el Bloque Nacionalista Galego-- han sido aprobados por la unanimidad de todos los participantes en la discusión de esos métodos de financiación, pero no por aquellos que no tuvimos la oportunidad de hacerlo y que tenemos el derecho legítimo de expresar nuestra opinión en esta Cámara.
El proyecto de ley que ahora se nos somete a consideración afirma taxativamente en su parte expositiva que la aplicación de los fondos de compensación interterritorial durante sus años de vigencia ha servido para disminuir las diferencias de dinamismo y economía entre las diferentes Comunidades Autónomas y avanzar en el proceso de convergencia con Europa. Sin embargo, como ya he dicho en mi intervención inicial, el citado informe, dictaminado por organismos tan independientes como, por ejemplo, el Consello Económico y Social de Galicia, viene a manifestar precisamente lo contrario, y los números económicos que maneja la propia Xunta de Galicia vienen a evidenciar que tal proceso de convergencia durante los años de vigencia del Fondo no se ha producido y que la distancia económica de Galicia con el resto del Estado y con Europa no sólo se mantiene sino que en algunos vectores ha aumentado. De ahí que la articulación del Fondo de Compensación Interterritorial como fondo destinado precisamente a variar esa situación no se pueda considerar satisfactoria; y en nuestra opinión la metodología utilizada para ello es totalmente equivocada.
Esa es la razón de nuestro veto, que mantenemos en toda su literalidad.
Muchas gracias.


La señora PRESIDENTA: Gracias, Senador Quintana.
¿Algún otro Grupo desea intervenir? (Pausa.) Por el Grupo de Entesa Catalana de Progrés, tiene la palabra el Senador Bonet.


El señor BONET I REVES: Gracias, señora Presidenta.
Anuncio la abstención de nuestro Grupo, por dos razones. En primer lugar, la Senadora Primo ha venido a decir que, como existe un acuerdo unánime del Consejo de Política Fiscal y Financiera, prácticamente no tenemos derecho a enmendar o analizar esta ley. Esta ley es la única que se tramita en primera lectura en el Senado, y, si esta Cámara no tiene una soberanía limitada, podrá analizar y tener opinión sobre una ley tan importante como ésta, y me estoy refiriendo sobre todo a la importancia de su aspecto inmaterial, como es la solidaridad.
Algunos de los argumentos del Senador Quintana inciden en una cuestión que también deberíamos analizar de forma perentoria. ¿Funcionan los fondos de solidaridad? ¿Se ha estudiado debidamente la correlación entre los fondos y el incremento del PIB? ¿Se han estudiado los parámetros de convergencia de las Comunidades receptoras porque realmente se sabe si el fondo funciona o no? El objeto de los fondos de solidaridad es, precisamente, que se den las condiciones adecuadas para que éstos no sean necesarios. Este es el objetivo fundamental. Decir, por tanto, que el fondo funciona muy bien y que, aun así, cada año se tiene que crear significa, realmente, que no funciona.
Por otra parte, y respecto de que el Fondo de Compensación Interterritorial se compone ahora de dos fondos, quisiera decir, aunque en el turno siguiente me referiré a ello, que es muy discutible la virtualidad y racionalidad jurídica

Página 3726


de esos dos fondos. Consideramos que este argumento es merecedor de nuestra abstención ante esta ley de fondos que no ya del Fondo.
Muchas gracias, señora Presidenta.


La señora PRESIDENTA: Gracias, Senador Bonet.
¿Algún señor Senador desea intervenir en nombre del Grupo Parlamentario Catalán en el Senado de Convergència i Unió? (Pausa.) Por el Grupo Parlamentario Socialista tiene la palabra el Senador Pérez Sáenz.


El señor PEREZ SAENZ: Gracias, señora Presidenta. Voy a intervenir brevemente para justificar el sentido de nuestro voto, que también va a ser de abstención.
El señor Quintana emplea dos argumentos para justificar su veto, y nosotros estamos de acuerdo con el primero, pero no lo estamos con el segundo. Estamos de acuerdo con que la redacción, y especialmente la exposición de motivos del proyecto de ley, es excesiva en cuanto a que considera que se han cumplido de forma altamente satisfactoria los objetivos que tiene asignados el Fondo de Compensación Interterritorial, y, además, dice que ello es algo evidente. Nosotros consideramos que no se han cumplido altamente los objetivos, pensamos que, efectivamente, ha funcionado, pero, desde luego, no existe evidencia alguna de que haya funcionado maravillosamente.
Señora Primo, ha dicho usted que es obvio que ha funcionado correctamente sólo porque las Comunidades Autónomas se han reunido en el Consejo de Política Fiscal y Financiera y han acordado que se mantengan los criterios generales del Fondo. Pero el hecho de que las Comunidades Autónomas estén de acuerdo no constituye una justificación argumental clara de que se hayan cumplido los objetivos, de hecho existen algunos datos, que en su momento explicaré, para llegar a la conclusión contraria. En cualquier caso, y aun entendiendo la justificación, no creemos que ésta sea suficiente para proponer un veto, y consideramos más adecuado plantearlo como una enmienda parcial dentro del debate de este proyecto de ley.
Y la segunda consideración, con la que no estamos de acuerdo, es la siguiente: El señor Quintana liga la creación del fondo complementario a una disminución del efecto distribuidor del Fondo de Compensación Interterritorial. Yo no diría, vuelvo a repetir, como ha hecho la señora Primo, que producir un 25 por ciento más para gasto corriente a través del fondo complementario suponga aumentar la capacidad redistributiva del Fondo, pero, desde luego, tampoco creo que la disminuya. Considero que se queda igual por una razón. Hay una cultura, desde el punto de vista presupuestario, que cree que el gasto corriente es malo y la inversión es buena. He dicho que voy a ser breve. Creo que algún gasto corriente, como es la prestación de servicios, es tan bueno como la inversión.
Muchas gracias.


La señora PRESIDENTA: Gracias, Senador.
En nombre del Grupo Parlamentario Popular, la Senadora Primo tiene la palabra.
La señora PRIMO ALBERT: Gracias, señora Presidenta.
Voy a aprovechar este momento en el que actuamos como portavoces para contestar directamente a los Grupos que me han aludido directamente. De lo que se estaba hablando era del veto, pero al final casi se estaba hablando de la intervención que ha tenido esta Senadora. Yo a los tres les diría una cosa, y es que parece que aquí se está poniendo en duda para qué sirve el Consejo de Política Fiscal y Financiera, que es donde se reúnen todas las Comunidades Autónomas y donde me imagino que discutirán sus problemas, sus medios de financiación, si necesitan gastos corrientes o no. Nos hemos basado con respecto a este Fondo de Compensación Interterritorial en los acuerdos que se tomen allí, y en la exposición de motivos señalamos que de ahí mismo se deriva la validez de este fondo, fondo que incluso hemos pensado desde mi Grupo que se puede mejorar a través del fondo complementario. Da la impresión de que el resto de los Grupos no tienen claro para qué sirve el Consejo de Política Fiscal y Financiera y lo que es un acuerdo unánime de todas y cada una de las Comunidades Autónomas. Para mí sí que tiene importancia, para mi Grupo sí que tiene importancia el Consejo de Política Fiscal y Financiera en tanto en cuanto allí manifiestan su voluntad todas y cada una de las Comunidades Autónomas de régimen común en este caso, que son las que están afectadas por el Fondo de Compensación Interterritorial. Siendo así, son ellas las que lo quieren y nosotros lo que tenemos que hacer es trabajar y poner a su disposición legislativamente todos los métodos de los que dispongamos para que ellas puedan seguir adelante.
Nada más y muchas gracias. (Aplausos desde los escaños del Grupo Parlamentario Popular.)

La señora PRESIDENTA: Gracias, Senadora Primo.
Señorías, antes de votar las propuestas de veto, me dice el portavoz del Grupo Parlamentario Popular que hay un acuerdo de los portavoces para que las enmiendas --no este veto que hay que votar ahora-- se voten al final de la mañana. Podemos fijar que las votaciones se efectúen no antes de la una y media. ¿Les parece, señorías? (Asentimiento.) Señorías, vamos a votar la propuesta de veto número 2, correspondiente al voto particular número 1, presentada originariamente por el Senador Quintana.
Se inicia la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos emitidos, 133; a favor, 3; en contra, 89; abstenciones, 41.


La señora PRESIDENTA: Como se requiere mayoría absoluta para su aprobación, queda rechazada la propuesta de veto número 2, correspondiente al voto particular número 1.
Pasamos al debate de las enmiendas y los votos particulares a los artículos 1 a 10, disposiciones transitorias, disposición adicional, disposición derogatoria, disposición final y exposición de motivos.


Página 3727


En primer lugar, voto particular número 2, presentado por los Senadores Cámara Fernández y Cabrero Palomares, correspondiente a las enmiendas números 1 a 12. Para su defensa tiene la palabra el Senador Cámara.
(Pausa.) Evidentemente, señorías --un momento, Senador Cámara--, la votación que hemos reservado para la una y media es la correspondiente a las enmiendas de la Ley reguladora de los Fondos de Compensación Interterritorial. Si se mantuvieran vetos a las otras leyes que se van a debatir ahora, habría que votar en su momento. ¿Queda claro, señorías? (Pausa.) Esto no quiere decir que no vaya a haber votaciones antes de la una y media, sino que las enmiendas del proyecto de Ley Reguladora de los Fondos de Compensación Interterritorial se votarán no antes de la una y media, de modo que haya tiempo para que los portavoces lleguen a un acuerdo sobre algunas que quieren consensuar.
Ahora bien, si se mantuvieran vetos al proyecto de Ley de Estabilidad Presupuestaria o al otro proyecto, habría que votarlos en su momento.
Gracias, señorías.
Tiene la palabra el Senador Cámara.


El señor CAMARA FERNANDEZ: Buenos días, señorías. Menos mal que lo ha aclarado porque, si no, desaparecen todos los Senadores de aquí hasta la una y media. (Rumores.)

La señora PRESIDENTA: Señorías, guarden silencio.


El señor CAMARA FERNANDEZ: Voy a defender las enmiendas presentadas por Izquierda Unida, partiendo de la trascendencia que tiene este Fondo en la corrección de los desequilibrios territoriales y para hacer efectivo el principio de solidaridad.
La primera enmienda que presentamos, la número 1, es de modificación y obra en poder de sus señorías. Proponemos utilizar un porcentaje de PIB. Además, introducimos este mecanismo como elemento de medición. Se trata de utilizar un porcentaje del PIB estatal como compromiso en la corrección de desequilibrios territoriales en vez de una parte de la inversión nueva de la Administración General del Estado. Este mecanismo, además de ser el que se utiliza en los países de la OCDE, permite medir con precisión el esfuerzo en solidaridad territorial, evitar los efectos negativos del traslado de la inversión de la Administración General del Estado hacia los activos financieros e impulsar la solidaridad entre los territorios.
Esta misma argumentación me sirve para la defensa de la enmienda número 2 que pretende la supresión de los puntos 1 y 2 del artículo número 3.
La enmienda número 3 es de adición de un nuevo apartado al artículo 4.3,f). Se propone introducir un uno por ciento directamente proporcional al número de inmigrantes en relación con el total de la población de cada Comunidad Autónoma.
Señorías, al margen del saldo migratorio, un elemento que condiciona los servicios sanitarios, educativos, sociales, es el número de inmigrantes reales y, aunque sé que no agrada, son los inmigrantes, legalizados o sin papeles, que viven en la Comunidad, por lo que se genera una descompensación en la gestión de competencias transferidas que necesitan ampliarse y, por lo tanto, genera un mayor gasto tanto en inversión nueva como de reposición y gasto corriente del nuevo Fondo Complementario. Proponemos que este elemento de compensación se base sobre los datos oficiales, no pretendemos que no existan unos datos oficiales, pero queremos que contemple el conjunto de los inmigrantes, partiendo de esa realidad existente.
En la enmienda número 4 se propone sustituir el 87 por ciento de la letra a) y el 5,9 por ciento de la letra e) con el fin de cubrir el 1 por ciento adicionado con la enmienda anterior. Doy por defendida la enmienda número 4 con las modificaciones que acabo de mencionar.
La número 5 es de adición al artículo 5.1. Se pretende precisar que los datos de parados y de población activa son los obtenidos de la Encuesta de Población Activa por ser más ajustada a la realidad. Proponemos añadir: «Todo ello según la Encuesta de Población Activa en el momento de elaborar y aprobar los Presupuestos Generales del Estado.» La justificación está en que hay que precisar que los datos sobre los parados y de población activa son los obtenidos por la Encuesta de Población Activa por ser, en nuestra opinión, más ajustada a la realidad que otros instrumentos de medición.
Doy por defendida la enmienda número 6 en coherencia con la número 3, relativa a los inmigrantes, al efecto de que se incorpore la variable de inmigración real.
La enmienda número 7 es de adición al artículo 7.3. Este artículo 7.3 establece: Cuando por motivos imprevistos no se pueda ejecutar algún proyecto de inversión de los inicialmente acordados, la sustitución del mismo por un nuevo proyecto se efectuará a propuesta de la Comunidad Autónoma o de la Ciudad con Estatuto de Autonomía. A continuación añadiríamos: «Sin que las modificaciones puedan superar el 30 por ciento de los proyectos presentados inicialmente.» Creemos que garantiza un mayor rigor presupuestario y, en mi opinión, incentiva la ejecución de los proyectos acordados porque, si no, estaríamos trasladando una gran cantidad de proyectos e ir más allá de ese 30 por ciento nos parece injustificado.
Retiro, señora Presidenta, la enmienda número 8 con el fin de que no se vote, lógicamente.
La enmienda número 9, al artículo 8.5, es de sustitución. Es muy concreta y pretende limitar el deslizamiento de los remanentes a los dos ejercicios siguientes, para que la previsión presupuestaria tenga un mayor rigor, presupuestando lo que está en condiciones de licitarse y ejecutarse al menos en tres ejercicios. Plantea que «... quedarán afectos en los dos ejercicios siguientes».
La enmienda número 10 es de adición y pretende crear un párrafo nuevo al final del artículo 10.2. El texto sería: «En todo caso, el informe recogerá la situación real de cada proyecto, precisando la cuantía de la adjudicación, las modificaciones que el proyecto tenga, la ejecución real del mismo en el ejercicio y el pago realizado sobre ella en el año que se liquida y que parte se desliza a los siguientes.»

Página 3728


En este artículo se hacen algunas precisiones, pero no las suficientes, de ahí que la justificación de la enmienda sea precisar más los elementos que, como mínimo, debe recoger el informe que se plantea separado y suficiente de cada proyecto.
Con la enmienda número 11 pretendemos generar un mecanismo automático en el control parlamentario del Fondo. Se propone adicionar: «Las modificaciones de los proyectos recogidos en el texto del Presupuesto General del Estado aprobado por las Cortes Generales, que cada Comunidad Autónoma solicite al Comité de Inversiones Públicas y la decisión de éste, sobre cada una de ellas, se remitirá automáticamente a los miembros de la Comisión de seguimiento constituida en el Senado y en las Asambleas Legislativas de la correspondiente Comunidad Autónoma.» Pretendemos --insisto-- generar un mecanismo más automático en el control parlamentario del Fondo.
Por último, la enmienda número 12 pretende la creación de un apartado 5 nuevo en el artículo 10. El texto diría: «Las Comisiones de seguimiento constituidas en el Senado y en cada Asamblea Legislativa de Comunidad Autónoma, elaborarán un informe al Pleno de su Cámara con la valoración sobre los dos fondos y su grado de ejecución y eficacia, que una vez aprobado se incorporará como anexo a la propuesta de FCI y Complementario del Proyecto de Ley de Presupuestos Generales, que el respectivo Gobierno presente para el ejercicio siguiente.
La justificación es llenar de contenido de informe a las Comisiones de seguimiento del Senado y a las Asambleas Legislativas de las diferentes Comunidades Autónomas en relación al control efectivo de los Fondos de Compensación y del Fondo Complementario.
Muchas gracias, señora Presidenta.


La señora PRESIDENTA: Gracias, Senador Cámara.
El voto particular número 3 corresponde a los Senadores del Grupo de Coalición Canaria, enmiendas números 15 a 17. Para su defensa tiene la palabra el Senador Ríos.


El señor RIOS PEREZ: Muchas gracias, señora Presidenta.
Buenos días, señorías.
La enmienda número 15, referida al concepto de ultraperificidad, de insularidad alejada, debe verse reflejada en sus condiciones de financiación, y al estar recogida de alguna manera, quizás indirectamente, en la Ley de Presupuestos, pero sobre todo en la LOFCA (Ley Orgánica de Financiación de las Comunidades Autónomas) --que aún no se ha comenzado a debatir en esta Cámara-- de forma mucho más nítida, y siendo mucho más interesante que este concepto de ultraperificidad quede recogido en su artículo 16.3, y al tener escasas posibilidades, al parecer, de ser aceptada por el Grupo Parlamentario mayoritario, dejo abierta esta posibilidad para su valoración en un futuro debate. Este es el motivo por el que en estos momentos anuncio a la Cámara la retirada de la citada enmienda número 15.
En cambio, mantengo vivas las enmiendas números 16 y 17. En la primera se indica qué datos se deben tomar, desde nuestro punto de vista, para los efectos del valor añadido bruto: la población, el número de parados y las personas activas en relación con los valores medios de los últimos cinco años, en todo caso, los valores correspondientes a los últimos datos oficiales disponibles. Todo ello, con la finalidad de recoger la revisión del Fondo con arreglo al criterio de suficiencia dinámica y ser concurrentes con nuestra opinión en las enmiendas presentadas al artículo 85.1 del proyecto de presupuestos en el Congreso de los Diputados por parte de Coalición Canaria.
Con la enmienda número 17 queremos indicar, en concordancia con la presentada al artículo 85.3 del proyecto de ley de Presupuestos, que el llamado Fondo Complementario no es de distinta naturaleza que el Fondo de Compensación, por lo que se debe definir éste como Fondo de Compensación Complementario.
Muchas gracias, señora Presidenta.


La señora PRESIDENTA: Gracias, Senador Ríos.
Queda, pues, retirada la la enmienda número 15 y mantiene las números 16 y 17.
El voto particular número 5, del Grupo Parlamentario Entesa Catalana de Progrés, corresponde a las enmiendas números 13 y 14.
Para su defensa, tiene la palabra el Senador Bonet.


El señor BONET I REVES: Muchas gracias, señora Presidenta.
Buenos días, señoras y señores Senadores.
Las dos enmiendas que presenta el Grupo Parlamentario Entesa Catalana de Progrés tienen un objetivo muy claro, una filosofía, y es que los fondos los han de determinar las Cortes, tal como se especifica constitucionalmente, y en este caso el Senado, en concreto la Comisión General de Comunidades Autónomas. La idea, pues, es que los fondos sean determinados, analizados y eventualmente corregidos por esta Comisión.
Lo digo porque la Ley, en el artículo 7, habla del Comité de Inversiones Públicas. Puestos en contacto con el Ministerio correspondiente, no nos supieron decir a ciencia cierta quién componía este Comité de Inversiones Públicas.
El artículo 10 se refiere también a la Comisión de Seguimiento, pero ésta debe ser como la sauna, de la que todo el mundo habla pero que yo todavía no he visto, ni la sauna ni la Comisión de Seguimiento.
Dicho esto, paso a explicar las dos enmiendas enmarcadas en esta filosofía de que ha de ser el Senado el que evalúe y corrija, en la línea de las agencias de evaluaciones de la calidad, que están muy de moda hoy, si es preciso el destino y la eficacia de los fondos. La primera enmienda va en este sentido y pide que se elabore en la Comisión General de Comunidades Autónomas un informe anual, una memoria del estado de ejecución a que se refiere el artículo 7. Además, añadimos que esta memoria ha de explicitar aquellas Comunidades Autónomas que adicionalmente también dan soporte a los proyectos correspondientes de inversión de este Fondo.
Esto es interesante y es bueno porque está en la línea del principio de adicionalidad de los Fondos de Cohesión

Página 3729


europeos; la Comunidad cede una parte de la inversión a condición de que las autoridades del territorial que va dirigida la misma realicen igualmente un esfuerzo. A nadie se le escapa que esto es un mecanismo de prevención para que los fondos de cohesión no queden pervertidos y sean utilizados para aquello que han sido creados. Por tanto, la primera enmienda pretende adaptar los criterios a la filosofía general de los fondos europeos.
La segunda enmienda pretende que este fondo no quede como un maná que cae y que automáticamente se atribuye al gasto corriente. En este caso, nosotros solicitamos que se realice una evolución del esfuerzo fiscal propio de las Comunidades Autónomas; y esto quiero dejarlo bien claro porque no se trata de hacer balances fiscales sino de estimar el esfuerzo fiscal de cada Comunidad Autónoma en los impuestos sobre los que tiene capacidad normativa y realizar una correlación con los fondos de que dispone porque alguna Comunidad podría suponer que con ellos bajara los impuestos cedidos.
Consideramos que esto constituiría una perversión del fondo y además una injusticia hacia otras Autonomías perceptoras que mantienen su esfuerzo fiscal correspondiente y, por tanto, debería prevenirse esta situación. Nosotros solicitamos que este índice de esfuerzo fiscal propio, es decir, las partes que las Autonomías pueden normar de los impuestos cedidos, figure como un parámetro en la distribución de los fondos. No puede ser que una Comunidad Autónoma persistentemente haya bajado sus impuestos sea premiada con relación a otra que mantiene una cierta tensión fiscal en la distribución de los fondos de cohesión. Lo consideramos, insisto, una injusticia y, por tanto, no sería de recibo que los fondos de compensación se utilizaran para bajar los impuestos propios y después hacer demagogia barata.
En este sentido se dirigen nuestras dos enmiendas que esperamos sean aceptadas.
Muchas gracias, señora Presidenta.


La señora PRESIDENTA: Gracias, Senador Bonet.
Por el Grupo Parlamentario Socialista, para la defensa de las enmiendas números 18 a 46, tiene la palabra el Senador Pérez Sáenz.


El señor PEREZ SAENZ: Gracias, señora Presidenta.
Le anuncio que las 29 enmiendas van a ser defendidas globalmente pero en dos intervenciones, la mía y la del señor Galán.
En primer lugar, voy a defender la enmienda número 20, respecto de la que, al debatir las argumentaciones en cuanto al veto del Senador Quintana a este proyecto de ley, ya hemos manifestado que consideramos inadecuado que en la exposición de motivos se refleje una teoría sobre la autosatisfacción, como tanto le gusta al Grupo Parlamentario Popular, cual es la de considerar que no es que todo esté bien sino que está perfectamente bien.
Creemos que es impresentable considerar en la redacción de este proyecto de ley como altamente satisfactorios los resultados de los Fondos de Compensación Interterritorial habidos hasta ahora. Y se lo dice un Senador del Grupo Socialista que, al menos por ser del Grupo Socialista, también ha tenido responsabilidad en la ejecución de otros fondos. Creo que no hay que mostrar esa autosatisfacción porque, si observamos los datos objetivos del Instituto Nacional de Estadística presentados en el mes de julio en la nueva serie de contabilidad regional de España, señoras y señores del Grupo Popular, por lo que se refiere a estudios y estimaciones del producto interior bruto a precios de mercado de las Comunidades Autónomas y provincias, puede observarse que la evolución no es altamente positiva y que los elementos de equilibrio entre las Comunidades Autónomas no son altamente positivos.
Y si estudiamos la evolución del producto interior bruto regional de los países miembros y sus regiones, publicados por Eurostat, nos daremos cuenta de que tampoco tenemos causas de satisfacción sobre cómo ha evolucionado el Fondo de Compensación Interterritorial.
Por tanto, lo que pedimos en esta enmienda, que ya defendí en Comisión y parece que no va a ser aceptada, es que se baje el nivel de satisfacción. Puede, incluso, expresarse la idea de que se han cumplido los objetivos, lo que me parece mucho más humilde en relación con la realidad referente a la evaluación de los Fondos.
Las enmiendas números 22, 23, 27, 31, 32, 33, 34 y 44 se refieren a un elemento al que el Grupo Socialista da bastante importancia en la discusión y en la enmienda de este proyecto de Ley. Creemos que el indicador de la cuantía del Fondo de Compensación Interterritorial fijado en el 30 por ciento de la inversión pública no es una referencia estable y, por tanto, que sería positivo cambiarla. Creemos que esa referencia al 30 por ciento de la inversión pública debiera cambiarse por un tanto por ciento del PIB español a precios de mercado. Ese producto interior bruto es una referencia muchísimo más seria y menos discrecional que la que se produce con la referencia al 30 por ciento de la inversión pública.
Considero que es algo relativamente claro y me gustaría --y lo digo para quien me vaya a argumentar la posición en contra de esta enmienda-- que no se me contestara que vamos en contra del Consejo de Política Fiscal y Financiera, porque no es así. El Consejo de Política Fiscal y Financiera no ha acordado mantener dicho 30 por ciento. La decisión sobre el 30 por ciento de la inversión pública como referencia fue acordada previamente, mediante la anterior Ley sobre el Fondo de Compensación Interterritorial. Por tanto, si en estos momentos estamos planteando otra referencia no estamos yendo contra el Consejo de Política Fiscal y Financiera, de manera que quisiera que me esgrimieran otros argumentos, argumentos de fondo, que no sea aquél --insisto-- de que vamos en contra del Consejo de Política Fiscal y Financiera.
¿Hay algún elemento para ir en contra de este cambio de referencia de la cuantía del Fondo de Compensación Interterritorial? Dígannoslo, aunque sea para que conste en el «Diario de Sesiones» del Senado. Que nos digan claramente si es que lo que no quieren es establecer una cuantía determinada del Fondo de Compensación Interterritorial; o mejor dicho, que lo que quieren es precisamente que, como está descendiendo la inversión pública, como es discrecional

Página 3730


la referencia a la inversión pública, como resulta que desciende la inversión pública con el famoso plan alemán u otros elementos de salida de presupuesto a otras sociedades, lo que quieren ustedes es que descienda la cuantía del Fondo de Compensación Interterritorial.
Dígannoslo, por favor, y no nos digan únicamente que no se puede cambiar porque el acuerdo del Consejo de Política Fiscal y Financiera no lo cambió. Nosotros estamos diciendo: tomemos un indicador más estable para mantener cuál es la cuantía de los fondos y no lo vinculemos, como hasta ahora, con un indicador discrecional que, por la manera de proceder del actual Gobierno respecto a la inversión, sencillamente el Fondo de Compensación Interterritorial, sin nada que ver con la inversión pública, está perdiendo cuantía.
Defiendo ya la enmienda número 43. Cuando lo hice en Comisión creo que no se me entendió. Se me habló de que hay una referencia a Objetivo 1 y que, por lo tanto, no tiene nada que ver con esta enmienda. Lo único que les quiero aclarar respecto a ello es que del Objetivo 1 este proyecto de ley no habla en absoluto. No sé si tiene que ver algo el Consejo de Política Fiscal y Financiera. No obstante, estamos de acuerdo con que las Comunidades que están en el Fondo estén en el Objetivo 1.
Esta enmienda es simplemente de cautela, porque la disposición adicional lo que marca es que se determinará anualmente, a partir del año 2002, cuáles son las Comunidades Autónomas que deben estar en el Fondo de Compensación Interterritorial. No es adecuado, me parece, que anualmente se determine cuáles son las Comunidades Autónomas que tienen que pertenecer al Fondo, por lo tanto, se establece una cautela, y al Grupo Socialista le daría lo mismo que pudiera volver a reflejarse la referencia a la pertenencia al Objetivo 1.
Finalmente hay dos enmiendas --no una, sino dos--, las números 29 y 45, que se refieren a Teruel. En la anterior ley, y siguiendo la argumentación del Grupo Parlamentario Popular --y el Consejo de Política Fiscal y Financiera no ha dicho nada--, figuraba expresamente que había que establecer algunas medidas claras, concisas y determinantes para paliar la situación de Teruel. Por lo tanto, como en este proyecto de ley no se dice nada, según su argumentación había que decir: si el Consejo de Política Fiscal y Financiera no ha modificado ese criterio, debiera de figurar aquí, en el actual proyecto de ley, también la solución para Teruel.
La contestación que se nos dio sobre que no es necesario vincular a Teruel dentro de este proyecto de ley de fondos porque estaba todo solucionado me parece una justificación verdaderamente impresentable.
Es decir, si el Grupo Parlamentario Popular lo que quiere mostrar en esta Cámara es que con los convenios de 1992 y de 1997 los problemas de Teruel ya se han solucionado, el Grupo Parlamentario Socialista no está de acuerdo, y para ello utilizamos una figura mediante la cual evitamos los agravios comparativos. ¿No estamos pidiendo que Aragón entre en el Fondo de Compensación? Hay que tener en cuenta que el nuevo sistema de financiación que aprobaremos pronto en esta Cámara configura dos fondos, el de renta relativa y el de menor densidad de población. Pues bien, partiendo de que Aragón es la única Comunidad que está dentro del Fondo de menor densidad de población y que no está en el Fondo de Compensación Interterritorial, utilicemos ese mecanismo para poder solucionar de una manera definitiva y estable --no a través de convenios-- el problema de Teruel.
Me dijeron que en Teruel ya están contentos desde 1996 con la llegada de José María Aznar. En otras Comunidades la llegada del Mesías se produce en otro tiempo. Por ejemplo, a mi Comunidad Autónoma el Mesías llegó en 1995. Pues en Teruel todo eso quedó solucionado en 1996, pero la Coordinadora de «Teruel también existe» no opina lo mismo. (Aplausos en los escaños del Grupo Parlamentario Socialista.)

La señora PRESIDENTA: Gracias, Senador Pérez Sáenz.
Para la defensa del resto de las enmiendas tiene la palabra el Senador Galán.


El señor GALAN PEREZ: Muchas gracias, señora Presidenta.
Tras la defensa de las enmiendas que ha hecho mi compañero el Senador Pérez Sáenz, que de alguna manera han puesto en tela de juicio la validez del criterio de la inversión pública nueva de la Administración General del Estado como base intocable de cálculo de la cuantía global de un Fondo de Compensación Interterritorial que cumpla su función constitucional de instrumento básico de solidaridad entre las Comunidades Autónomas, tengo que decir que estas enmiendas propugnan su sustitución por un porcentaje del PIB en la línea propuesta por el sector más avanzado y estudioso de esta doctrina, por ejemplo, el Profesor Monasterio, Catedrático de la Universidad de Oviedo, quien en su obra «Ideas para la reforma del sistema de financiación autonómica» advierte sobre la conveniencia de hacer ese cambio, y ello sencillamente porque la inversión pública siempre sufre en momentos de ajuste presupuestario sea el que sea el partido que esté en el Gobierno de la nación y, por tanto, al reducirse ésta sufre también ese potente instrumento de solidaridad que la Constitución definió.
No voy a insistir en ello para pasar a defender un bloque de enmiendas que sencillamente pretenden defender plenamente --ya no estamos en cuestiones de fondo, llamémosles así aceptando los términos de la arquitectura básica de este proyecto-- y garantizar su plena constitucionalidad.
El Senador Fernández Cucurull me decía en la Comisión que estimaba que no había ningún riesgo y que la constitucionalidad del proyecto, tal y como lo tenemos redactado en este momento en el dictamen de la Comisión, era incontestable.
Creo que el Grupo Parlamentario Popular no se ha leído con detalle el artículo 158.2 de nuestra Constitución, que dice textualmente: «Con el fin de corregir desequilibrios económicos interterritoriales y hacer efectivo el principio de solidaridad, se constituirá un Fondo de Compensación con destino a gastos de inversión, cuyos recursos serán distribuidos

Página 3731


por las Cortes Generales entre las Comunidades Autónomas y provincias, en su caso.» Yo creo que la Constitución es la norma fundamental del Estado. Por tanto, empecemos a analizarla. De este artículo yo retengo varias cosas. Primero, hay un fondo que la Constitución crea, un fondo de compensación entre los distintos territorios que es un instrumento básico de solidaridad, lo que da argamasa y unidad a un Estado plural, a un Estado compuesto, a un Estado de las Autonomías, como es el que la propia Constitución crea, sustituyendo al Estado unitario y centralista del régimen anterior. Y evidentemente dice más, que ese Fondo de Compensación se destinará a gastos de inversión, no a otra cosa. Si resulta que ahora las Comunidades Autónomas constatan que muchas veces tiene efectuada una inversión con cargo al Fondo y no tienen recursos para ponerla en funcionamiento, creemos un fondo complementario del Fondo de Compensación, pero no lo llamemos Fondo de Compensación Interterritorial; es otra cosa, porque el Fondo de Compensación del artículo 158.2 debe destinarse necesaria y exclusivamente a gastos de inversión.
El tercer tema que intento destacar pedagógicamente de este artículo 158.2 es que se dice que los recursos de ese fondo se distribuirán por las Cortes Generales, no por el Consejo de Política Fiscal y Financiera. El Consejo puede hacer una propuesta a las Cámaras, es un órgano consultivo que puede dar su opinión ante el Gobierno que va a enviar el proyecto, pero la distribución la hacen estas Cámaras, que son las legítimas representantes de la soberanía de los ciudadanos españoles, y las que pueden modificar las propuestas que vengan enviadas por el fondo. Nosotros debemos tener buen cuidado para no alterar los equilibrios, los consensos, los acuerdos que represente ese acuerdo. Un acuerdo unánime del Consejo de Política Fiscal y Financiera, tenemos que pensarnos muy bien si se puede alterar, pero lo que no podemos discutir es que podemos hacerlo legítimamente, lo que pasa es que evidentemente tiene una fuerza que debe vincularnos.
Por último, la distribución se hará --dice la Constitución--, entre las Comunidades Autónomas o provincias, en su caso, lo cual legitima claramente nuestra enmienda relativa a Teruel. Puede que el fondo venga a resolver un problema que sea de un ámbito territorial inferior al de la Comunidad Autónoma. Este fondo que diseña la Constitución se reguló luego en el artículo 16 de la LOFCA y, en definitiva, responde a una filosofía que yo creo que, como ha dicho mi compañero, ha cumplido solo a medias, de una manera relativamente satisfactoria, su finalidad.
En esa línea de perfilar que estamos hablando de dos fondos, uno, del Fondo de Compensación Interterritorial que deriva del artículo 158.2, y otro, un fondo complementario que trae su origen en esta ley a propuesta por unanimidad del Consejo de Política Fiscal y Financiera, y que va a permitir financiar gastos para la puesta en funcionamiento y el mantenimiento de esas inversiones financiadas con el Fondo de Compensación, que se debe denominar fondo complementario, hemos presentado las enmiendas números 18 --al título de la ley--, 21, 24, 25 y 28 --a la exposición de motivos-- y 30, 40 y 41 al articulado, todas ellas con la misma filosofía. Las enmiendas números 38 y 39 de alguna manera también intentan explicitar la singularidad y el carácter de ese fondo complementario.
Descendiendo en importancia, otro bloque de enmiendas intenta mejorar técnicamente el proyecto de ley. Por ejemplo, en la exposición de motivos echamos en falta que se haga una referencia al acuerdo del Consejo de Política Fiscal y Financiera del 20 de enero de 1992, que tuvo su importancia porque subió la inversión pública que financiaba el fondo del 30 al 35 por ciento, y fijó un límite mínimo de 128.000 millones de pesetas. Indudablemente, después eso no se recogió en una modificación de la propia ley del Fondo de 1990, pero sí en las leyes de presupuestos de los años 1993, 1994 y 1995.
Por lo tanto, creo que no se puede ignorar una fase del proceso de evolución al que se hace referencia en la exposición de motivos. En esta línea formulamos nuestra enmienda 19 y alguna otra que presenté «in voce» en la Comisión, aunque no obtuviese un resultado positivo.
Por último, otras enmiendas --y agradezco que algunas vayan a ser tenidas en cuenta y que el Grupo Parlamentario Popular haya sido sensible a su filosofía-- pretenden que seamos estrictos con el acuerdo alcanzado por el Consejo. Por ejemplo, se dice que no se hace referencia a un importe mínimo asignado a cada fondo, cuando en realidad en nuestra enmienda número 26 estamos hablando de importe real, o en nuestra enmienda 37 se deja claro que el 33,33 por ciento de financiación del fondo complementario respecto al total del FCI es lo que hay que reservar y no un límite máximo, como dice el proyecto de ley.
Hay otras enmiendas, concretamente la 36, y algunas propuestas «in voce» que intentan mejorar la ley adaptando su terminología al actual Sistema Europeo de Cuentas nacionales y regionales, al SEC-95. Tampoco me convencieron los argumentos en contra que nos dieron en Comisión.
Por último, hay una enmienda puramente gramatical, la número 46, que supongo que también va a ser aceptada en este trámite del Senado.
Para terminar mi intervención, quiero hacer una breve reflexión. Es indudable que la evolución del fondo está ahí, y no podemos ignorarlo.
Pero quiero decirle algo con el máximo afecto y sin acritud alguna a la Senadora Carmen Primo en relación con lo que ha dicho en su intervención sobre que es la primera vez que una ley del Fondo se ve en primera lectura en el Senado. No es cierto, puesto que también la Ley de 1984 y la de 1990 se discutieron primero en esta Cámara y, después, en el Congreso de los Diputados, y es que así lo exige nuestra legislación.
Creo que en el período 1982-1986, en pleno Gobierno Socialista, el Fondo de Compensación sirvió mucho más para financiar la inversión nueva asociada a los servicios transferidos que como instrumento de solidaridad. Llegó a representar el 40 por ciento del volumen de la inversión pública, pero realmente fue una fórmula que se aplicaba a todas las Comunidades Autónomas y que hacía relación a los traspasos de servicios que se habían efectuado, a fin de fue pudieran mantenerse mediante las inversiones precisas en un estado adecuado de garantía para los ciudadanos que tenían que utilizarlo. Todas las Comunidades Autónomas

Página 3732


eran beneficiarias de ese Fondo que, sólo muy parcialmente, cumplía su función constitucional.
En el período 1987-1989 ya se aplica el sistema de financiación que se aprobó el 7 de noviembre de 1986, y las Comunidades Autónomas disponen ya de una financiación no condicionada que permite financiar la expansión de sus servicios transferidos. Aquí se utilizan unos criterios de distribución que, cargados de buena voluntad, dieron un resultado contrario a la finalidad del Fondo. En el citado período 1987-1989, curiosamente, Cataluña y el País Vasco incrementan en casi un 40 por ciento su participación en el FCI, mientras que otras Comunidades, las menos favorecidas: Andalucía. Extremadura, Galicia, disminuyen su participación en el FCI casi en un 65 por ciento. ¿Por qué se produce esa situación? Porque el peso relativo, un 20 por ciento, del saldo migratorio jugó en contra de las Comunidades Autónomas que tradicionalmente eran exportadoras de mano de obra a las Comunidades más ricas del Estado, pero que en ese período estaban recibiendo a esos emigrantes, que volvían a su tierra. Por tanto, como digo, eso jugó en sentido inverso. Y también en este caso discutimos que el Fondo cumpliera su función.
A partir de 1990 se cuenta con una nueva ley del Fondo y se establecen las bases para que éste realmente empiece a ser un instrumento de solidaridad. Así, se limita sólo a aquellas Comunidades Autónomas calificadas de Objetivo 1 por la Unión Europea; se garantiza como compensación transitoria a las excluidas, integrables en la financiación no condicionada, lo que representaba en pérdida financiera la exclusión del FCI; se calculaba sobre un 30 por ciento de la inversión pública y se modificaban los criterios de ponderación para el reparto.
Hay que decir que desde 1990 existe una fase en la que se acentúa, y muy positivamente, el carácter redistributivo del Fondo. Sin embargo, a estas alturas creo que debemos concretar determinadas cosas para saber de qué estamos hablando --y con esto concluyo, señora Presidenta.
En primer lugar, es evidente la escasa importancia relativa de este instrumento de solidaridad, de este instrumento de financiación de las Comunidades Autónomas más pobres o menos desarrolladas, ya que sólo representa un 2 por ciento del total de los recursos financieros que reciben las Comunidades Autónomas y únicamente algo más del 3 por ciento de la financiación condicionada. Los fondos europeos aportan a las Comunidades Autónomas que son beneficiarias del FCI ocho veces lo que representa este instrumento de solidaridad. Como consecuencia de una política de ajuste presupuestario, entre los años 1992 y 1997 el Fondo se estanca, e incluso disminuye --en 1997, en un 3 por ciento--, y es a partir de 1998 cuando vuelve a crecer, pero muy tímidamente: un 2,2 por ciento en 1998, un 1,8 por ciento en 1999, y un 2 por ciento en 2000.
Por tanto, tal como ha señalado el profesor Monasterio, las Comunidades Autónomas que salieron del Fondo a partir de 1990, es decir, las más desarrolladas económicamente y las de mayor nivel de renta per cápita, percibiendo esa compensación transitoria de la que he hablado, han tenido un crecimiento de sus recursos en los últimos ocho años que supera el que han registrado las Comunidades Autónomas beneficiarias del FCI, es decir, las calificadas de Objetivo 1 según la terminología de la Unión Europea. Esto pone de manifiesto algo indudable, que no siempre el incremento de la inversión pública genera un incremento equivalente de la inversión privada, y que no siempre hay una correlación entre el crecimiento de la inversión pública y la tasa de actividad, o entre el crecimiento de la inversión y el descenso del paro.
Está claro que son muchos los factores que pueden condicionar la virtualidad del Fondo. Este ha jugado un papel, pero calificar ese papel de altamente satisfactorio me parece una burla; digamos que es relativamente satisfactorio, porque creo que los datos que tenemos sobre la mesa ponen de manifiesto que no ha cumplido la finalidad que generaba el artículo 158.2 de la Constitución.
Nuestro Grupo con sus enmiendas ha pretendido, y se lo digo sinceramente a sus señorías, potenciar ese instrumento de solidaridad, intentar que tanto el Fondo de Compensación Interterritorial derivado del artículo número 158.2 de la Constitución Española, como este fondo complementario que se crea en este proyecto de ley, puedan servir para reequilibrar territorialmente este país y hacer que este Estado, que cada vez debe ser más diverso, plural y respetuoso con la variedad de las nacionalidades y regiones que lo integran, sea, sin embargo, un Estado cohesionado, compacto, cada vez más fuerte y donde todos los ciudadanos, cualquiera que sea su Comunidad de referencia o procedencia, se sientan a gusto, cómodos y perfectamente representados en las instituciones estatales.
Nada más, y muchas gracias.


La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, Senador Galán.
Finalizado el turno de defensa de las enmiendas del Grupo Parlamentario Socialista comienza el turno en contra.
Tiene la palabra el Senador Ruiz Rivero.


El señor RUIZ RIVERO: Gracias, señora Presidenta. Quisiera anunciarle que voy a compartir este turno con otros dos Senadores, el señor Fernández Cucurull y la Senadora Primo.
Deseo iniciar el debate de estas enmiendas por las presentadas por el Senador Cámara en nombre del Grupo Mixto. Voy a comenzar con las enmiendas números 1 y 2, ya que están directamente vinculadas, y por tanto, la defensa del voto se hará conjuntamente. Senador Cámara, dice usted que habría que cambiar la base de la distribución del Fondo y nos propone que ésta sea de un 0,15 por ciento del PIB nominal previsto. A este respecto, quisiera decirle que tanto la distribución, como la determinación del Fondo que incorpora esta ley, no es otra cosa que la distribución y la determinación del Fondo que hicieron la Ley del Fondo de Compensación Interterritorial del año 1984, la Ley de 1990 y la Ley Orgánica de Financiación de las Comunidades Autónomas de 1980, que ya fija como base de ese Fondo de Compensación Interterritorial la inversión real presupuestada, y en torno a la cual, además, gira el consenso del acuerdo del Consejo de Política Fiscal y Financiera

Página 3733


del pasado mes de julio. Pero, además, si observa usted la evolución de la distribución de los mismos, ésta parece confirmar lo acertado de esa opción.
En cualquier caso, Senador Cámara, me parece excesivo afirmar de forma tan alegre, como lo hace usted en su enmienda, que este proyecto de ley pretende debilitar la solidaridad entre territorios. Con esa afirmación está diciendo usted que las Comunidades Autónomas no saben lo que firmaron en el seno del Consejo de Política Fiscal y Financiera, y de saberlo, que sus gobernantes, incluido el de su Comunidad Autónoma que es la mía, fueron unos infelices. Señores del Grupo Mixto, señores de Izquierda Unida, Senador Cámara, entiendo que ustedes deberían reflexionar sobre estas enmiendas, puesto que considero que esa afirmación es absolutamente errónea. Les invito a ello, pues probablemente lleguen a la misma conclusión.
Por lo que respecta a las enmiendas números 3, 4 y 6, también directamente relacionadas, la defensa de nuestra postura será igualmente conjunta. El planteamiento de incluir un nuevo criterio que tenga presente la inmigración ilegal en la distribución de ese Fondo plantea, a nuestro entender, serias dudas que colisionan con el verdadero espíritu de la ley, puesto que compensar a las Comunidades Autónomas que más inmigración ilegal reciban equivaldrá, probablemente, a compensar aquellas que son más ricas o, como mínimo, menos pobres de cuantas optan a este Fondo. Parece lógico pensar que dichos colectivos acudirán allí donde las oportunidades sean más y mejores, que son, indudablemente, aquellas Comunidades menos prioritarias en este debate.
En cualquier caso, y salvando las notables dificultades que tiene la obtención de un censo fiable y con garantías del colectivo de inmigrantes ilegales, parece que el debate que plantea usted aquí sobre la compensación del gasto originado por la existencia de esos colectivos se resuelve en la nueva Ley Orgánica de Financiación de las Comunidades Autónomas vía recaudación de impuestos cedidos o participados por éstas sujetos al consumo, como pueden ser el Impuesto sobre el Valor Añadido o los impuestos especiales.
En la enmienda número 5 usted propone que las referencias que se hagan en la ley a los datos de la población en paro y a los datos de la población activa sean los de la EPA. No tenemos absolutamente nada que objetar porque eso ya es así en el proyecto de ley y a ello se refiere cuando dice que esos datos se obtendrán según las estimaciones efectuadas por el Inem. Por lo tanto, no se precisa, Senador Cámara, de la aprobación de su enmienda.
En referencia a la enmienda número 7, relativa al artículo 7.3, que propone que para las modificaciones de las inversiones debe existir una limitación máxima, cifrada por ustedes en un 30 por ciento del coste total del proyecto inicialmente aprobado, cabe recordar, tal y como hemos comentado en el debate del veto que después usted ha retirado, que no parece lógico recortar las opciones de las comunidades más necesitadas simplemente porque circunstancias imprevistas --y usted ha hecho referencia a ello en su discurso--, tal y como establece la ley, impidan el desarrollo del proyecto inicialmente aprobado. En cualquier caso, y para su tranquilidad, Senador Cámara, el control al que estarán sometidas esas variaciones es exactamente el mismo que sufren los proyectos iniciales. Por consiguiente, y para no dejar desamparada a ninguna Comunidad por sufrir circunstancias imprevistas --me gustaría dejar bien claro el concepto imprevistas-- en la ejecución de algún proyecto, votaremos que no a su enmienda.
Del mismo modo, tampoco podemos apoyar la enmienda número 9, puesto que lo único que hace es abundar en la idea de entorpecer administrativamente la ejecución de esos proyectos, y en eso nuestro Grupo Parlamentario no está de acuerdo. En cualquier caso, Senador Cámara, si lo que a usted le preocupa es la rigurosidad presupuestaria, yo creo que va a tener una oportunidad importante para demostrarlo en futuros debates, sobre todo cuando estemos debatiendo el proyecto de ley de estabilidad presupuestaria.
No voy a referirme a la enmienda número 8, puesto que usted la ha retirado.
Las números 10 y 12 no hacen más que ahondar en lo que establece el artículo que se pretende enmendar, que es el carácter de suficiente del informe que debe emitir el Tribunal de Cuentas del Estado o los similares en cada una de las Comunidades Autónomas --recordamos aquí además que es un tribunal especializado en la elaboración de ese tipo de informes--; informe que, probablemente sin necesitarlo, se verá complementado por el artículo 16.4 de la Ley Orgánica de la Financiación de las Comunidades Autónomas, que obliga a las Comunidades y Ciudades Autónomas a remitir a las Cortes Generales un informe con los recursos recibidos con cargo al Fondo de Compensación Interterritorial, así como el estado de la realización de los proyectos financiados con cargo al mismo.
En la enmienda número 11, Senador Cámara, insiste en el control parlamentario de las modificaciones o sustituciones sufridas por las inversiones aprobadas inicialmente. Nuestro voto en contra se sustenta en que ese control es exactamente el mismo, tal y como le decía antes, al que están sujetos los proyectos iniciales, que es el que disponen algunas resoluciones de la Secretaría de Estado de Presupuestos y Gastos al establecer el procedimiento que debe seguir el control de esos proyectos, y que es: emisión de esas variaciones a la Secretaría de Estado para Relaciones con las Cortes, que a su vez las remitirá a las Cortes Generales; remisión a las Comunidades Autónomas solicitantes; remisión al Tribunal de Cuentas; remisión a la oficina presupuestaria relacionada con la materia objeto de modificación y remisión a la Subdirección General de Coordinación Financiera con las Comunidades Autónomas. Entendemos nosotros que eso es mucho más de lo que usted solicitaba.
En cualquier caso, Senador Cámara, y para acabar la discusión de sus enmiendas, cuando menos por parte de este portavoz, quisiera decir una cosa, y es que el Grupo Mixto, usted, probablemente en un ataque de sinceridad parlamentaria que entiendo que le honra, en ese veto que usted ha retirado deja clara la esencia de este mismo debate cuando llega a afirmar en su texto que proyectos como éste «alejan a España de la senda del federalismo fiscal solidario

Página 3734


por el que apuesta este Grupo Parlamentario». Efectivamente, eso es así, Senador Cámara, porque usted tiene otra propuesta de cuál debe ser la ordenación política y económica de este Estado, tiene una propuesta que no es la propuesta del Partido Popular, tiene una propuesta que no coincide con la propuesta de la unanimidad de las Comunidades Autónomas que decidieron apoyar este proyecto y tiene una propuesta que no coincide con la gran mayoría de los ciudadanos españoles, que decidieron repartir estos escaños tal y como están repartidos. Eso, desde nuestro punto de vista, es motivo suficiente para votar en contra, aparte de la argumentación que ya he hecho.
Paso, señora Presidenta, a la defensa de nuestro voto respecto a las enmiendas del Grupo Entesa Catalana de Progrés. Inicio mi debate con la enmienda número 13, donde el Senador Bonet nos plantea una cuestión similar a la discutida hace escasos minutos, con ocasión del debate de unas enmiendas del Grupo Parlamentario Mixto; concretamente la número 12. Por lo tanto, y en coherencia con los argumentos ahí expuestos, votaremos que no a la enmienda, por los motivos siguientes. Usted en su exposición ya ha citado alguno de ellos, pero quisiera ahondar en los mismos o, cuando menos, destacarlos. Usted ha hecho referencia a la misma ley, al artículo 7, donde se asegura la participación de las Comunidades Autónomas, en el seno del Comité de Inversión Pública, donde se discuten, debaten y acuerdan las inversiones beneficiarias del fondo. Usted ha cuestionado la credibilidad de ese Comité, y yo tengo la obligación de creer en él, porque de hecho eso es así. En definitiva, yo defenderé este punto, ese control y esa manera de llegar a un acuerdo.
También ha hecho usted referencia al artículo 10 de este proyecto de ley, donde se determina igualmente la participación de las Comunidades Autónomas y Ciudades Autónomas, así como del Senado, a través de la Comisión de Seguimiento --que, a juzgar por las transaccionales que se están firmando, será en la Comisión General de las Comunidades Autónomas en forma de control parlamentario--, que se va a sustentar en los informes emitidos, tanto por el Tribunal de Cuentas estatal como por los Tribunales de Cuentas similares autonómicos; con lo que el control financiero de los proyectos está garantizado sin necesidad de enmienda alguna.
Haré una última referencia a otro control, que usted no ha mencionado aquí, que entendemos que es también muy importante, y que entiendo que debe satisfacer alguna de las inquietudes planteadas por su señoría, que es la referencia que marca el artículo 16.4 de la Ley Orgánica de Financiación de las Comunidades Autónomas, y que señala la obligación de las Comunidades Autónomas de remitir a las Cortes Generales, y por lo tanto al Senado (a la Comisión de Seguimiento, insisto, de la Comisión General de las Comunidades Autónomas) un informe que incluya el destino de los recursos recibidos con cargo a esos fondos, así como el estado de realización de los proyectos que estén en curso de ejecución, con lo que la participación --cosa que a usted le inquieta-- de las Comunidades Autónomas y Ciudades Autónomas vuelve a estar garantizada por ley.
En su última enmienda --y ya con esto acabo, señora Presidenta--, usted nos solicita la redacción del informe por parte de la Comisión de Comunidades Autónomas en el que se refleje el esfuerzo fiscal de las Comunidades Autónomas y Ciudades Autónomas beneficiarias de este fondo, valorado en relación a la utilización de su capacidad normativa en los tributos cedidos y participados, para poder tener presente ese criterio en futuras revisiones y distribuciones de ese fondo. Señoría, desde este Grupo Parlamentario rechazamos la enmienda, por varios motivos.
Primero, por entender que está planteada con un gran riesgo de lesionar la cohesión interterritorial que defiende la ley, y, segundo, porque maneja, a nuestro entender de manera muy poco rigurosa las políticas fiscales de generación de riqueza, basadas en la reducción de impuestos. Señorías, pretender sancionar, con la confección de una lista negra, a aquellas Comunidades Autónomas que decidan no agotar sus capacidades normativas tributarias en esos impuestos cedidos y participados, cuando con eso lo único que se pretende es la generación de una mayor renta, me parece cuando menos un tanto peligroso y desafortunado. Una reducción fiscal no se hace por capricho, señoría; se hace, como ha demostrado el Grupo Popular, con el ánimo de mejorar la riqueza o de disminuir la pobreza del territorio afectado, objetivo que chocaría gravemente con lo que ustedes pretenden con su enmienda, que no es otra cosa que penalizar esas políticas. En definitiva, este proyecto de ley, que pretende ayudar a las Comunidades Autónomas más necesitadas, no puede castigarlas por pretender salir de esa pobreza, aplicando políticas de reducción de la presión fiscal que, tal y como ha demostrado el Partido Popular, el partido gobernante, ya se han mostrado eficaces en la consecución de ese objetivo. Ha dicho usted que se podría dar la picaresca de la reducción de algún impuesto aprovechando este Fondo de Compensación. En mi opinión, ningún gobernante de ningún territorio, ya sea del ámbito local o autonómico, va a poner en práctica la teoría que usted ha puesto de manifiesto. Por ello, por todo lo aquí justificado, nuestro voto va a ser en contra.
(Aplausos en los escaños del Grupo Parlamentario Popular.) Muchas gracias, señora Presidenta.


La señora PRESIDENTA: Gracias, Senador Ruiz Rivero.
Interviene a continuación la Senadora Primo, quien va a repartir el tiempo con el Senador Fernández Cucurull. Les quedan 15 minutos.


La señora PRIMO ALBERT: Muchas gracias, señora Presidenta.
Efectivamente, voy a compartir el tiempo con el Senador Fernández Cucurull.
Defenderé la posición de mi Grupo en cuanto a las enmiendas presentadas por el Grupo de Coalición Canaria, que inicialmente eran las números 15, 16 y 17, si bien su portavoz nos ha indicado que retiraba la primera de ellas.
La enmienda número 16, al artículo 5, es de modificación de su punto segundo. En ella se propone: «Para el Valor Añadido Bruto, la población, el número de parados y el

Página 3735


número de activos se tomarán los valores medios de los últimos cinco años y (...) para los años no disponibles estimaciones complementarias a los datos oficiales efectuadas por el INE. En todo caso, para la población, se utilizarán valores oficiales, a cuyo efecto el INE publicará anualmente los correspondientes padrones ir de población, de forma que estos coincidan con el período de valoración.» No podemos aceptar esta enmienda dado que, para efectuar el reparto del Fondo de Compensación Interterritorial, sólo cabe utilizar datos oficiales y estos entendemos que son los proporcionados por el INE, pero en ningún caso estimaciones, señoría. No podemos considerar estimaciones para efectuar, un reparto de dinero a las Comunidades Autónomas que servirá para su financiación. Para nuestro Grupo --y supongo que también para el resto de los grupos que componen la Cámara-- el INE es --y según la ley-- el responsable de la elaboración de los datos para el cálculo del fondo y el organismo técnicamente adaptado y capacitado para hacerlo.
Por tanto, sobre la base de estos fundamentos, tenemos que rechazar la enmienda número 16, al artículo 5.2.
La enmienda número 17, al artículo 6, hace especial incidencia en matizar y especificar el destino y la dotación del fondo complementario. Señoría, el artículo 158 de la Constitución establece que debe constituirse un fondo de compensación con destino a gastos de inversión. Así y cumpliendo este mandato, el actual Fondo de Compensación Interterritorial se divide en dos: el fondo de compensación, que es al que se refiere específicamente el artículo 158.2 de la Constitución, y el fondo complementario, que, aunque no responde al mandato constitucional propiamente dicho, sí se encuentra íntimamente ligado al Fondo de Compensación por su naturaleza, por su destino y, sobre todo, por su gestión, por lo que ambos fondos deben ser regulados conjuntamente y englobados en la denominación genérica de Fondos de Compensación Interterritorial. Así pues, señoría, entendemos que en ningún caso al fondo complementario se le podría denominar fondo de compensación complementario, como pretende su enmienda, puesto que con dicha denominación no podría destinarse a financiar gastos corrientes, por imperativo de la propia Constitución. Por ello, obviamente, tenemos que rechazar la enmienda, manteniendo nuestros planteamientos respecto al proyecto de ley. (Aplausos en los escaños del Grupo Parlamentario Popular.) Muchas gracias.


La señora PRESIDENTA: Gracias, Senadora Primo.
Tiene la palabra el Senador Fernández Cucurull.


El señor FERNANDEZ CUCURULL: Muchas gracias, señora Presidenta.
Señorías, intervengo en nombre de mi Grupo en este turno compartido con la Senadora Primo y el Senador Ruiz con la intención de explicar los motivos por los que vamos a rechazar la mayor parte de las enmiendas presentadas por el Grupo Parlamentario Socialista a este proyecto de ley, si bien anticipo que, como señalamos al abordar el dictamen del proyecto en Comisión y con la intención de lograr el máximo consenso, algunas de ellas van a ser aceptadas y otras han sido objeto de enmiendas transaccionales y alguna propuesta de modificación.
Comenzaré refiriéndome a las enmiendas que no pueden ser aceptadas.
La enmienda número 18 pretende salvar una supuesta inconstitucionalidad derivada de la existencia de dos fondos de compensación interterritorial. Sin embargo, nuestro Grupo no puede compartir dicha posición. La Constitución Española se refiere al Fondo de Compensación en su artículo 157.1.c) al hablar de los recursos de las Comunidades Autónomas y lo define en el artículo siguiente, el artículo 158.2, como Fondo de Compensación con destino a gastos de inversión. El adjetivo «interterritorial» --como ya señalamos en Comisión-- sólo aparece en el primer caso y con letra minúscula, por lo que desde el punto de vista jurídico parece claro que el constituyente no incluyó el término «interterritorial» en la denominación constitucional del Fondo, siendo posteriormente la LOFCA y las leyes específicas del Fondo de Compensación Interterritorial las que utilizan dicha denominación. En cualquier caso, se trata de una cuestión semántica no relevante, dado que el hecho de que la Constitución determine la obligatoriedad de la creación de un Fondo de Compensación con destino a inversiones no impide la creación de otros fondos.
Partiendo de dicha consideración, lo que el presente proyecto de ley hace es atender el acuerdo del Consejo de Política Fiscal y Financiera del pasado 27 de julio permitiendo destinar parte de los recursos que hasta ahora atendían exclusivamente a inversiones a cubrir los gastos de puesta en marcha de éstas. Y ello se hace cumpliendo escrupulosamente con el mandato constitucional de un fondo destinado exclusivamente a inversiones, el Fondo de Compensación, y creando un nuevo fondo, el Complementario, destinado a cubrir los gastos corrientes aparejados a la inversión. Sinceramente, he de decir que no encontramos en el argumento semántico de su Grupo ninguna razón de peso que impida que ambos fondos íntimamente ligados por su naturaleza, por su destino y gestión, sean regulados conjuntamente bajo la denominación genérica de Fondos de Compensación Interterritorial.
Por otra parte, ni el sistema de financiación ni el proyecto de ley determinan que los recursos del Fondo Complementario se destinen obligatoriamente a gastos corrientes, sino que permiten que Comunidades y Ciudades Autónomas lo utilicen tanto para inversiones como para gastos de puesta en marcha de las mismas en función de su propia decisión.
Por tanto, en coherencia con los argumentos expuestos rechazamos también las enmiendas 21, 24, 25, 30 y 40 que están en la misma línea argumental que la 18.
La enmienda número 19 pretende que la exposición de motivos del proyecto de ley incluya una mención al acuerdo del Consejo de Política Fiscal y Financiera de 1992 mediante el que se decidió incrementar la cantidad mínima a asignar al Fondo de Compensación Interterritorial, pasándose al 35 por ciento en la base de cálculo en lugar del 30 por ciento. Si bien dicho acuerdo viene aplicándose

Página 3736


desde entonces, ni en aquel momento ni posteriormente se llega a modificar la ley. Por tanto, sin perjuicio de que la cantidad prevista en los presupuestos de 2002 para los Fondos de Compensación Interterritorial se mantiene por encima de dicho porcentaje del 35 por ciento, el Grupo Parlamentario Popular considera que, dado el rango del acuerdo y la posibilidad de modificarlo, no debe reflejarse en la exposición de motivos porque podría dar lugar a lecturas engañosas.
La enmienda número 31 propone sustituir la inversión pública incluida en los Presupuestos Generales del Estado como base de cálculo de los Fondos de Compensación Interterritorial por una cuantía mínima cifrada en el 1,2 por mil del producto interior bruto a precios de mercado.
Propone, por tanto, cambiar el indicador de referencia sobre el que se ha estado calculando el fondo desde su puesta en marcha y que, además, el nuevo sistema de financiación de las Comunidades y Ciudades Autónomas de régimen común, aprobado unánimemente --como he dicho antes-- en el Consejo de Política Fiscal y Financiera, de 27 de julio de 2001, mantiene. Por tanto, no encontramos justificación alguna par cambiar el criterio unánime establecido el pasado mes de julio por todas las Comunidades y Ciudades Autónomas, tanto por las receptoras del Fondo como por las que no lo son. Eso no puede llevar en ningún caso a utilizar la calificación del proyecto como «ley de encargo» que el portavoz socialista utilizó en Comisión, sino que, por el contrario, de su propuesta más bien se deduce una clara diferencia entre el criterio que mantiene a este respecto el Grupo Parlamentario Socialista y las Comunidades por ustedes gobernadas, no siendo coherente ni razonable que su Grupo intente imponer en esta Cámara un criterio distinto al acordado por los directamente interesados al ser los perceptores de los fondos. Sinceramente no creemos que una enmienda de este tipo sea el método más aconsejable para resolver estas diferencias.
Por los mismos motivos se rechazan, lógicamente, las enmiendas números 20, 22, 23, 27, 32, 33, 34, 35 y 44, todas ellas relacionadas con este pretendido cambio de indicador. Por cierto, en relación con la enmienda 20, el portavoz socialista, el señor Pérez, ha consumido buena parte de su intervención en explicar las diferencias entre lo satisfactorio y lo altamente satisfactorio, lo cual no dice mucho a favor de la profundidad de sus argumentos.
La enmienda número 28 propone añadir la expresión «... de Compensación...» en la segunda línea del párrafo decimoctavo de la exposición de motivos. En realidad el párrafo se refiere a los dos fondos, al de Compensación y al Complementario, por lo que pensamos que debe quedar redactado como disposición de créditos de los fondos y hay una enmienda transaccional en este sentido.
La enmienda número 29, a la que también ha hecho mención, se refiere a la provincia de Teruel y, como ya se hizo en Comisión, es necesario volver a recordar que la previsión que se contenía en la exposición de motivos de la Ley 29/1990, relativa a dicha provincia, fue cumplida mediante la firma del convenio de 20 de octubre de 1992 entre la Administración General del Estado y la Diputación General de Aragón, que tenía por objeto precisamente la financiación de proyectos de inversión que promovieran directa o indirectamente la generación de renta y riqueza en la provincia de Teruel. Dicho convenio tuvo su continuidad en el firmado en 1997 y entendemos que no es necesario reiterar un compromiso ya cumplido. Permítame que les diga que la enmienda tiene un cierto trasfondo de oportunismo demagógico que casa mal con la importancia del proyecto de ley que hoy debatimos.
La enmienda número 36, relativa a ajustes de las variables que determinan la base del cálculo del Fondo de Compensación, tampoco puede ser aceptada por cuanto produciría variaciones en la cantidades respecto al modelo pactado.
La enmienda número 39 propone que las transferencias del Fondo Complementario, destinadas a gastos de funcionamiento, sean percibidas por los destinatarios como transferencias corrientes. Mi Grupo entiende que esta enmienda no puede ser aceptada por la razón de que el proyecto de ley, al ser una norma de Estado, violaría el principio de autoorganización de las Comunidades Autónomas si recogiera una norma que impusiera a éstas como contabilizar los ingresos que reciben de la Administración General del Estado por el Fondo Complementario.
La enmienda número 43, de adición, a la Disposición Final única, propone la no exclusión de los Fondos de Compensación Interterritorial de las Comunidades que participen en el Fondo de Renta Relativa que se contempla en el nuevo sistema de financiación autonómica. Sin embargo, esta propuesta no puede ser aceptada por cuanto el acuerdo del Consejo de Política Fiscal y Financiera, de julio de 2001, establece claramente que sólo podrán ser beneficiarias de los Fondos de Compensación Interterritorial las Comunidades y Ciudades encuadradas en el Objetivo 1 por la Unión Europea, por lo que no cabe en este momento alterar dicho criterio de selección. Vuelven ustedes a intentar modificar acuerdos recientes adoptados por los beneficiarios de los fondos, sin tener en cuenta su opinión.
Lo mismo cabría decir sobre la enmienda número 45, relativa a subvenciones a Comunidades de escasa densidad de población no incluidas en los Fondos de Compensación Interterritorial. El reiterado acuerdo de 27 de julio no contempla ningún mecanismo de este tipo y, por tanto, no puede ser aceptada.
En cuanto a las enmiendas que van a ser aceptadas --como he señalado al principio de la intervención-- deben citarse la número 26, sobre supresión del término «mínimo» en el párrafo decimosexto de la exposición de motivos, y la número 46, sobre corrección gramatical de la disposición final.
Por otra parte, han sido objeto de enmiendas transaccionales, la número 37, de corrección de la expresión que precede al porcentaje que determina la cuantía del Fondo de Compensación; la 38, sobre corrección para la inclusión del objeto del Fondo Complementario en el artículo 7.3; la 41, sobre cambio de redacción del artículo 10.1, relativo al control parlamentario de los fondos delegando el control de los mismos en el Senado a través de la Comisión General de Comunidades Autónomas así como en las Asambleas Legislativas de Comunidades Autónomas y en las

Página 3737


Asambleas de Ciudades Autónomas, y la 42, sobre eliminación de la referencia a la contabilidad analítica en el artículo 10.3. Además se han propuesto otras modificaciones, como sustituir en el párrafo segundo de la disposición adicional única la expresión «Leyes de Presupuestos» por «Ley de Presupuestos», ya que en cada ejercicio sólo hay una ley de Presupuestos Generales del Estado, como es obvio, y corregir el artículo 2.1.b) para precisar que del 1,57 por ciento que aparece en su redacción actual, el 0,07 por ciento se corresponde con la cantidad que se adiciona en función de la variable ciudad con Estatuto de Autonomía.
Por último, no me gustaría finalizar mi intervención, si me lo permite la Presidencia y dado que no me corresponde posteriormente el turno de portavoces, sin hacer mención expresa a la satisfacción por la integración plena de las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla en el mecanismo de aplicación de los Fondos de Compensación Interterritorial, sin que ello haya supuesto disminución de los recursos destinados al resto de Comunidades Autónomas. Así pues, conste el agradecimiento de los Senadores de Ceuta y Melilla al Gobierno, en primer lugar, como redactor del proyecto e impulsor de dicha inclusión, a todos los grupos parlamentarios y a todas las Comunidades Autónomas que así lo acordaron en el Consejo de Política Fiscal y Financiera.
Nada más y muchas gracias, señora Presidenta. (Aplausos en los escaños del Grupo Parlamentario Popular.)

La señora PRESIDENTA: Gracias, Senador Fernández Cucurull.
Terminado el turno en contra, empieza el turno de portavoces.
Por el Grupo Parlamentario Mixto, tiene la palabra el Senador Cámara.


El señor CAMARA FERNANDEZ: Gracias, señora Presidenta.
Señor Ruiz, le he visto muy durillo, muy fuerte, muy puesto en su sitio, aplicando muchos calificativos a mi intervención y mis enmiendas. ¡Allá usted con su lenguaje! Pero, en cualquier caso, le voy a contestar desde el aprecio y la sensibilidad a algunas cuestiones.
Usted argumenta que nuestras enmiendas números 1 y 2 no tienen sentido porque lo que en ellas se propone ya se hizo en los años ochenta, noventa, etcétera. Entonces, ¿para qué estamos aquí? ¿Para qué se presenta un proyecto de ley en esta Cámara? ¿Es que mi Grupo o cualquier otro Grupo no tenemos derecho a presentar enmiendas? ¿O se trata de un estilo totalizante, de una concepción limitativa del papel legislativo de esta Cámara y, por tanto, de la capacidad que todos tenemos para modificar lo que consideremos oportuno y el derecho que ustedes tienen a negarlo? ¿Por qué me argumenta usted esto? Pienso que todo se puede modificar en la vida. La enmienda número 1 se refiere al 22,5 por ciento de la base de cálculo constituida por la inversión pública y nosotros consideramos razonable que sea el 0,15 por ciento del PIB nominal previsto por el Gobierno para cada ejercicio. Es una medición de la OCDE y nosotros hacemos esta argumentación. Usted nos responde diciendo --es mi opinión, señor Ruiz-- que así se ha hecho en años anteriores. Me recuerda a cuando yo era pequeño --me parece que ya lo he dicho alguna vez en el Pleno-- y mi madre me decía: Manolín, no te preocupes por tantas cosas porque siempre habrá ricos y pobres. Ese es un sentido conservador: Si ya se ha hecho una vez ¿por qué cambiarlo? Dejémoslo como está. Permítame que, al menos, lo corrija.
Me ha parecido fuerte su referencia a la emigración porque su calificativo ha sido demagógico por excelencia. Nuestra enmienda no pretende que no exista una medición real de la emigración; pretende que se haga sobre la base de la emigración con o sin papeles. No creo que exista una emigración legal y otra ilegal; hay con papeles y sin papeles. Es mi cultura, lo siento, es así. No pienso que un emigrante, un trabajador muerto de hambre que viene a nuestro país a intentar comer sea un ilegal; es un hombre sin papeles y lógicamente se encuentra en España de forma irregular. No es un ilegal, que tiene un sentido determinado que no comparto.
En todo caso, nosotros planteamos la existencia de una realidad que no podemos ocultar y es que hay emigrantes sin papeles que acuden a los servicios sociales, a la sanidad, etcétera y, por tanto, midiendo objetivamente la emigración realmente existente, fijamos ese uno por ciento en nuestra propuesta. Ustedes conocen perfectamente nuestra posición con respecto a estos temas, por consiguiente, no debe extrañarle en absoluto nuestra postura.
En cuanto al artículo 10, proponemos elementos para mejorarlo, marcando unos mínimos necesarios, nada más. Aceptamos este artículo, pero queremos mejorarlo. No estamos sustituyéndolo siro aportando algunas mejoras.
Señor Ruiz, me ha sorprendido enormemente algo que ha dicho y quiero contestarle sin acritud, como afirmaba un político de este país muy habitualmente. ¡Ya sé que tienen ustedes mayoría política! Usted ha afirmado en su intervención que votan en contra porque son más. (Varios Senadores del Grupo Parlamentario Popular: ¡No! ¡No!). Sí, sí, su argumentación ha sido ésa. Como son ustedes más, votan en contra, y como nosotros somos menos no tenemos razón. Como usted comprenderá esa argumentación no vale. Porque, ¿qué argumentación es ésa? Señor Ruiz, España es plural y no descalifique una posición con ese argumento parecido. España es plural mal que pese. Usted ha tenido un problema, y es que tenía preparada la respuesta al veto; como yo lo he retirado, no ha tenido más remedio que mencionarlo.
Pero, para que quede clara mi posición, desde la democracia y el derecho de Izquierda Unida a decir lo que pensamos en cualquier ámbito, voy a leer el último párrafo. Dice el final de ese veto --del que usted ha mencionado sólo una parte--: Por todo lo anterior, Izquierda Unida no puede mostrar su apoyo a este proyecto de ley, pues entendemos que el paquete legislativo derivado del acuerdo para poner el marcha el nuevo sistema de financiación autonómica, marco en el que debe encuadrarse esta norma --y otras leyes que usted ha mencionado y que luego debatiremos--, en lectura conjunta con las leyes de estabilidad presupuestaria, así como la relectura neocentralista del Título

Página 3738


VIII de nuestra Constitución, por parte del Gobierno del Partido Popular, no acercan, sino que alejan a España de la senda --opción legítima de Izquierda Unida-- del federalismo fiscal solidario por el que apuesta Izquierda Unida.
Este es el conjunto del texto. Abogamos por una España federal aunque estemos lejos de ello y, mientras tanto, queremos algo que ustedes podrían perfectamente compartir con nosotros, un Estado de las Autonomías donde la corresponsabilidad, la solidaridad, etcétera, sea más efectiva e importante.
Por ese motivo presentamos enmiendas y nos atreve os a opinar, aunque seamos una minoría. Como yo tengo una cultura de mayoría, no se preocupen, nosotros, solos o con otros --como ya ha sucedido en algún lugar-- formaremos una mayoría para quitarles a ustedes los Gobiernos.
Muchas gracias.


La señora PRESIDENTA: Gracias, Senador Cámara.
Por el Grupo Parlamentario de Senadores de Coalición Canaria, tiene la palabra su portavoz, el Senador Ríos.


El señor RIOS PEREZ: Gracias, señora Presidenta.
Señorías, hay que destacar que con este proyecto de ley se hace uso de las escasísimas posibilidades en las que la Constitución Española y el Reglamento de la Cámara dan al Senado rango de primera en un Estado, como el español, bicameral.
En mi cortísima intervención en la Comisión manifesté que existían ciertas dificultades en el tiempo de contemporaneidad al aprobarse hoy aquí, en este Pleno, el proyecto de ley y, por otro lado, los proyectos de Ley de Presupuestos, Generales del Estado de 2002 y de Financiación Autonómica, con los que tiene fuertes vinculaciones, que acaban de entrar hace escasísimos días, para su debate, en el Registro de esta Cámara. Hubiera sido deseable debatirlo con posterioridad.
En cuanto al proyecto de Ley Reguladora de los Fondos de Compensación Interterritorial, aunque en la exposición de motivos cita por dos veces el artículo 138.1 de la Constitución Española, donde se garantiza una realización efectiva para velar por el establecimiento de un equilibrio económico adecuado y justo entre las diversas partes del territorio español, atendiendo en particular a las circunstancias del hecho insular, cuando se intenta introducir el concepto de ultraperificidad, insularidad y lejanía, recogido en el Tratado Europeo de Amsterdam en su artículo 299.2, este proyecto de ley sólo reconoce la simple insularidad anterior. En este sentido, la normativa de la Unión Europea va a más allá en su derecho primario que la legislación española a efectos del reconocimiento de la ultraperificidad como una de las singularidades más peculiares y características del archipiélago canario.
En síntesis, a pesar de no haberse logrado ningún apoyo a las enmiendas, el Grupo Parlamentario de Senadores de Coalición Canaria considera que no es un paso atrás en la evolución de la financiación de las Autonomías, sino un paso adelante, por lo que va a apoyar este proyecto.
Muchas gracias, señora Presidenta.
La señora PRESIDENTA: Gracias, señoría.
Por el Grupo Parlamentario de Senadores Nacionalistas Vascos, tiene la palabra el Senador Albistur.


El señor ALBISTUR MARIN: Gracias, señora Presidenta.
Nuestro Grupo va a intervenir para fijar su posición respecto al proyecto de ley y también respecto a las opiniones de otros grupos que han enmendado el mismo. Nuestro Grupo se va a manifestar a favor de la aprobación de la ley para la creación de un fondo correspondiente al año 2002, al que nuestra Comunidad es contribuyente neta a través del 6,24, índice que califica y determina el cupo.
El fondo está destinado a Comunidades afectadas fundamentalmente por el Objetivo 1 o a aquellas que están en transición del Objetivo 1 a situaciones de más desarrollo según los índices y medidas de la Unión Europea.
Consideramos que el fondo debería haber tenido un tratamiento en un período de debate más reposado y amplio que el que ha existido, sobre todo en función de las interesantes aportaciones que se han realizado en las enmiendas, que hubieran podido tener la posibilidad, mediante el diálogo, de haber encontrado una mejora del texto de la ley.
Hubo un debate en la Comisión General de Comunidades Autónomas con participación de éstas, pero a nuestro modo de ver siguen siendo insuficientes en cuanto al tiempo, los contenidos y las conclusiones que de él se sacan.
Dentro del desbarajuste que se está produciendo actualmente en todo lo que es la presentación en estas Cámaras de las leyes que afectan a la financiación tanto de las Comunidades Autónomas como del sistema público económico español, nos parece que esta ley se debería haber contemplado precisamente dentro del conjunto del debate de las leyes que afectan a la financiación autonómica, a los acuerdos marco de investigación y desarrollo del Ministerio de Ciencia y Tecnología y a otro sinnúmero de proyectos que están todavía en curso de ser tramitados en las Cortes Generales. Además, nos parece que todos ellos deberían haberse iniciado en el Senado por afectar directamente a las Comunidades Autónomas.
Como he dicho al inicio de mi intervención, no hay objeciones de fondo sobre esta ley y, sin embargo, queremos ver con atención los resultados de la creación de estos dos fondos o, si se quiere, de la división existente dentro de un mismo fondo para lo que son gastos destinados a inversión y gastos corrientes que, en definitiva, son gastos no para pagos de administración o de nuevas estructuras administrativas, sino precisamente de una mayor eficiencia y efectividad en la aplicación del fondo, que está destinado fundamentalmente a equilibrar situaciones de desequilibrio en cuanto a la dotación de servicios públicos y bienes de consumo por los ciudadanos.
Nuestro voto va a ser positivo y nos abstendremos en las enmiendas; sin embargo, encontramos aspectos novedosos e interesantes sobre los que vamos a votar a favor, como introducir como indicador la inmigración, planteado por Izquierda Unida en su enmienda al artículo número 5, o el tema introducido por el Partido Socialista en su enmienda

Página 3739


al artículo 10 relacionada con el control del cumplimiento del fondo a través de la Comisión General de las Comunidades Autónomas, que marcha precisamente en la misma línea de nuestro planteamiento de que todos los temas relacionados con financiación autonómica deberían ser iniciados, tratados y debatidos inicial y básicamente en el Senado.
Nada más y muchas gracias.


La señora PRESIDENTA: Gracias, Senador Albistur.
Turno del Grupo Parlamentario Entesa Catalana de Progrés. En su nombre tiene la palabra el Senador Bonet.


El señor BONET I REVES: Gracias, señora Presidenta.
Señoras senadoras, señores senadores, ésta es una ley de primera lectura en el Senado y desde Entesa tenemos la sensación de que no la hemos mirado mucho. La estrategia del Partido Popular ha sido que esto es un acuerdo del Consejo de Política Fiscal y Financiera y ustedes se quitan porque no se tiene que enmendar la plana a los acuerdos y, por tanto, no hay ni que mirarla. Si por una vez tenemos aquí una ley en lectura única y resulta que no la podemos mirar, que no la podemos enmendar, que no la podemos analizar, que no podemos cuestionar su eficacia, ¿qué quiere decir que tengamos una ley en primera lectura? Ya he dicho antes, y se ha repetido aquí por todos los grupos parlamentarios, excepto por el Grupo Parlamentario Popular, que hay una exposición de motivos sorprendemente triunfalista, porque la evolución de los fondos, y de lo que con esos fondos se quiere paliar, no está de acuerdo con ese triunfalismo. Creo que no debemos hacer como el avestruz. Aquí tenemos sencillamente la obligación de ver qué es lo que pasa para que con esas economías, que son receptoras de solidaridad, no funcionen esos fondos. Por tanto, eso de que vivimos en el mejor de los mundos posibles, como decía Leibniz, lo repite el Grupo Parlamentario Popular, pero me parece que en este caso no se puede aplicar esa sentencia.
Aquí tenemos un error de concepto porque, ¿qué es la solidaridad?, ¿cuál es su función? Desde luego, lo que está claro es que la solidaridad no es gasto corriente. Su objetivo fundamental es que no resulte necesario ejercerla. Por tanto, con decir que estos fondos van muy bien se sigue sin saber qué Comunidades Autónomas han salido, cuáles pueden salir y cuáles no. Pero eso, cuando menos, a nosotros nos parece, una irresponsabilidad. La función de la solidaridad es temporal, precisa y profunda. Pero si hay que seguir ejerciendo esa solidaridad, si año tras año las Comunidades Autónomas receptoras siguen siendo las mismas, eso significa que no lo hacemos del todo bien, que no lo analizamos bien, que no somos realmente solidarios.
Yo creo que el Senado, como Cámara de representación territorial, como la Institución que ve y entiende de la Ley de Compensación, debería hacer estudios permanentes sobre la eficacia o no de esa Ley, y debería buscar, sobre todo, los problemas de las economías, y dar solución a los cuellos de botella que se forman para que por fin puedan despegar todas las Comunidades Autónomas. Ya se ha dicho que habría que tener más presentes las correlaciones entre los Fondos y la evolución del PIB, y asimismo otras que probablemente son mucho más importantes.
Repito que si todo eso no marcha bien es que nos estamos equivocando.
Lo que parece es que esta Cámara no está autorizada para tener ideas propias. Ya he dicho antes que da la sensación de que la soberanía del Senado sea limitada incluso en una ley de primera lectura. La presión por los acuerdos del Consejo de Política Fiscal y Financiera no debería tener lugar aquí, sobre todo porque son acuerdos sobre los que, lógicamente, no se tiene tiempo para hacer análisis; sólo hay tiempo para negociar cantidades, pero es lógico que esto ocurra. Los consejeros sólo tienen tiempo de negociar cantidades, no de analizar evoluciones, pero esto sí que debería hacerlo el Senado.
En esta ley hay un cambio muy discutible desde el punto de vista jurídico y racional; me refiero a que ya no hay un Fondo sino dos.
Resulta que un 25 por ciento se destina a gasto corriente, un gasto que se dice necesario para hacer las inversiones en el tiempo que estas duran. Pero como sabemos que el dinero fluye mucho, nos parece que aquí se abre una vía muy peligrosa que por razones obvias puede desvirtuar el objetivo del Fondo y, por tanto, desprestigiar y deslegitimar la solidaridad.
Y para terminar, plantearé otra duda. En Entesa nos parece del todo lógico y razonable que el indicador fundamental para determinar la cantidad del fondo sea la inversión pública. Es muy lógico que si hay más inversión, automáticamente haya un plus para las Comunidades Autónomas merecedoras de solidaridad. Si hay menos dinero para todos, también tiene que haber menos dinero para la solidaridad, porque la solidaridad quiere decir entre todos, unos con otros y otros con unos.
Ahora bien, dicho esto, vamos a dar nuestro apoyo al cambio de filosofía que se propone tanto por parte de Izquierda Unida como por el Grupo Parlamentario Socialista. Y ello porque desde un tiempo a ésta parte en el capítulo de inversiones reales de los Presupuestos Generales del Estado y también de otros presupuestos --quien esté libre de pecado, que tire la primera piedra--, hay trampa.
Las inversiones reales no son realmente reales --valga la redundancia-- porque está de moda que la inversión real se oculte, se escatime, para pavonearse de buenos gestores y, así, con técnicas de contabilidad creativa no aparece en los Presupuestos Generales del Estado. Las técnicas son múltiples y variadas que si privatización de servicios, que si creación de empresas semipúblicas, que si el llamado método alemán, que consiste en: inaugure hoy, que otros gobiernos ya pagarán --alemán debe ser en honor de don Mateo Alemán aquel que escribió el pícaro Guzmán de Alfarache, no puede ser de otra manera.
De seguir con esta línea de ilusionismo presupuestario, no me extrañaría que el Gobierno del Partido Popular en alguna remodelación de gobierno fiche a don David Coperfield para hacer el presupuesto. Es por ello que se ha pervertido el capítulo de inversiones reales y, por tanto, hasta que no vuelva la cordura, la transparencia, y se deje para los niños la Magia Borrás, atendiendo al contexto nos

Página 3740


parece más lógico que el fondo se determine con un tanto por ciento del PIB.
Sólo quiero hacer un apunte final, y es que la comisión de seguimiento de los fondos no existe aquí en el Senado.
Nada más y muchas gracias, señora Presidenta.


La señora PRESIDENTA: Gracias, Senador Bonet.
Turno del Grupo Parlamentario Catalán en el Senado d Convergència i Unió. Tiene la palabra el Senador Cardona.


El señor CARDONA I VILA: Muchas gracias, señora Presidenta.
Voy a manifestar el sentido de las votaciones por parte de nuestro grupo parlamentario. Vamos a votara favor del dictamen de la Comisión de este proyecto de ley, ya que entendemos que forma parte en todo su conjunto del paquete normativo de financiación autonómica, por lo que contará con nuestro apoyo.
En relación a las enmiendas, anunciamos que vamos a votar a favor de las presentadas por el Grupo Parlamentario Entesa Catalana de Progrés, nos vamos a abstener en las presentadas por los grupos parlamentarios de Coalición Canaria y Socialista, y votaremos en contra de las presentadas por el Grupo Parlamentario Mixto.
Hacemos votos para que la distribución de los fondos de compensación interterritorial cumpla con aquellos objetivos que se pretenden en este proyecto de ley, es decir, que sean equilibrados, que se repartan de una forma justa, que se ejecuten los proyectos de forma eficaz y con eficiencia y, sobre todo, que sean realmente solidarios.
Nada más y muchas gracias.


La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, Senador Cardona.
En nombre del Grupo Parlamentario Socialista, tiene la palabra el Senador Pérez Sáenz.


El señor PEREZ SAENZ: Muchas gracias, señora Presidenta.
En primer lugar, he de decir que con las enmiendas que hemos presentado a la exposición de motivos --como ya ha explicado correctamente el Senador Galán-- pretendemos de alguna manera salvar la inconstitucionalidad del proyecto.
Nosotros sí le damos importancia. El Senador Fernández Cucurull ha dado a entender que nosotros estamos en contra de la creación del Fondo Complementario. Quiero aclararle al Grupo Parlamentario Popular que el Grupo Parlamentario Socialista no está en contra de la creación del Fondo Complementario, pero está en contra de cómo se crea en este proyecto de ley y de que se diga que se divide el Fondo de Compensación en dos fondos. Señorías, estamos en contra de aprobar una exposición de motivos que dice lo siguiente: Debido a que la Constitución en su artículo 158.2 establece que el Fondo de Compensación se destinará a gastos de inversión, se ha separado el antiguo Fondo de Compensación Interterritorial en dos fondos: el Fondo de Compensación, que se ciñe estrictamente al mandato constitucional, y el Fondo Complementario, que no se ciñe al mandato constitucional.
Es imposible que el Grupo Parlamentario Socialista vote a favor de esto. No sé si nos han entendido en el debate, pero hemos mantenido una postura constructiva para evitar que la ley se llame «de Los Fondos de Compensación Interterritorial» y sea denominada «de Fondo de Compensación y Fondo Complementario».
Hemos introducido veintinueve enmiendas y algunas han sido transaccionadas por parte del Grupo Parlamentario Popular, cosa que le agradecemos con anterioridad. No obstante, todavía vamos a defender con coraje un principio, aunque sea solamente por principio, en relación con la base argumental --y de ahí nuestra contraargumentación-- utilizada por el Grupo Parlamentario Popular para rechazar las enmiendas de nuestro grupo parlamentario y las de otros. Rechazan las enmiendas argumentando que esto se ha aprobado en el Consejo de Política Fiscal y Financiera, por lo que nosotros aquí no pintamos nada y no podemos cambiarlo. Desde luego, nosotros estamos absolutamente en contra de ese principio y más aún de que se pueda consolidar en esta Cámara.
En la Comisión General de las Comunidades Autónomas me preguntaron, ¿pero es que sabe usted qué significado tiene el Consejo de Política Fiscal y Financiera? Pues, señorías, sí que lo sé. Es un órgano consultivo y de deliberación y no, precisamente, una institución en la que sus dictámenes y acuerdos puedan ser convertidos automáticamente en leyes. Eso sí que lo sé.
Lo que habría que preguntarse aquí es si sabemos lo que significa esta institución, el Senado; si nos hemos leído y conocemos el espíritu del artículo 158 de la Constitución, si sabemos qué dicen los artículos 56 y 140 de nuestro Reglamento y si somos capaces de defender esta Cámara o no. Porque, señores del Grupo Parlamentario Popular, ustedes que dicen que tienen una idea muy clara del modelo de Estado y de las instituciones que lo conforman están marcando un precedente de modelo de Senado alemán, o de Bundesrat. Posiblemente, la Presidenta no se haya dado cuenta de esto.
Pero si no podemos, discutir en el Senado y tenemos que dar por buenos los acuerdos del Consejo del Política Fiscal y Financiera y, por lo tanto, todos los acuerdos de las comisiones sectoriales, no solamente estamos hablando de la inutilidad de este Senado --cosa que me preocupa--, sino que, además, estamos dejando que el Consejo de Política Fiscal y Financiera se convierta en el Senado. No sé si ustedes se habrán dado cuenta, pero ése ha sido el hilo argumental del Grupo Popular durante el debate de este proyecto de ley. Y debemos ser conscientes de su significado.
Por otro lado, no hace falta decir que hay que respetar un acuerdo de las Comunidades Autónomas. Señorías, nosotros tenemos en cuenta las dificultades que existen para llegar a acuerdos, y en principio no vamos a estar en contra de los mismos; pero, desde luego, hay que mejorarlos.
Para finalizar, voy a hacer una reflexión. El Grupo Socialista considera que el sistema autonómico se ha construido sobre acuerdos que en algunos casos han llevado a criterios de bilateralidad y opacidad. Y si en el acuerdo sobre

Página 3741


el sistema de financiación de las Comunidades Autónomas no se va a decir en esta Cámara cuáles son los recursos adicionales para cada Comunidad puede que se originen privilegios o discriminaciones inadvertidos para el conjunto. Pues bien, la mirada al conjunto, señora Presidenta, tiene que darse precisamente en el Senado, porque, entiéndanlo, señorías, 17 Comunidades Autónomas más Ceuta y Melilla no son el Estado.
Muchas gracias. (Aplausos desde los escaños del Grupo Parlamentario Socialista.)

La señora PRESIDENTA: Gracias, Senador Pérez Sáenz.
Por el Grupo Parlamentario Popular, tiene la palabra la Senadora Primo.


La señora PRIMO ALBERT: Gracias, señora Presidenta.
Me corresponde, en primer lugar, mostrar mi agradecimiento a los grupos parlamentarios que van a apoyar el dictamen de la Comisión General de las Comunidades Autónomas sobre el proyecto de ley reguladora de los fondos de compensación interterritorial, ley que se basa --por lo menos, ésa es la visión de nuestro Grupo-- en la solidaridad en materia de inversión y financiación de las Comunidades Autónomas.
A lo largo del debate de esta mañana ha salido a colación una y otra vez el hecho de que, por lo visto, ha sido el Consejo de Política Fiscal y Financiera el que ha dictado a pies juntillas lo que se debe hacer en el Senado respecto de una ley que es de primera lectura, como antes he intentado explicar. En cualquier caso, ésta es la primera vez que yo la debato.
Por supuesto, el Consejo de Política Fiscal y Financiera tiene que decir, y mucho, sobre esta ley. ¿Por qué no va a hacerlo? Se ha trabajado y se ha luchado mucho en esta materia, y creo que la mayoría de nosotros, como Senadores representantes de distintos ámbitos territoriales, somos conscientes de que no había un acuerdo unánime sobre la financiación de todas las Comunidades Autónomas, de que tres Comunidades se habían quedado totalmente descolgadas de un acuerdo de financiación y de que se tenía que llegar a un acuerdo perdurable en el tiempo y que cubriera siempre y en todo momento todas las necesidades de todos los ciudadanos de las distintas Comunidades Autónomas sin establecer diferencias entre Comunidades ricas y pobres. Porque todos los ciudadanos del Estado español --y yo considero a todas las Comunidades Autónomas-- tenemos el mismo derecho a contar con los mismos servicios públicos, independientemente de dónde residamos.
(Aplausos desde los escaños del Grupo Parlamentario Popular.) Así, las Comunidades Autónomas han llegado de forma unánime a un acuerdo que pretenden llevar adelante, y nos encontramos con una Ley Reguladora de los Fondos de Compensación Interterritorial que va a coordinar y apoyar las inversiones y el modelo de financiación autonómica, modelo que está apoyado por el Consejo de Política Fiscal y Financiera y en el que mi Grupo entendió que se podían hacer algunas modificaciones que consideramos totalmente constitucionales, como, por ejemplo, la división del Fondo en dos: el Fondo de Compensación y el Fondo Complementario, con objeto de que las inversiones que hoy día están realizando las provincias y las distintas Comunidades Autónomas tengan salida.
Ustedes dicen que estamos muy orgullosos de la ley de fondos, pero ésta es una ley basada en aquella que ustedes en su día aprobaron, y siento mucho si no están de acuerdo con el resultado que entonces le dieron.
Desde el año 1996 nosotros estamos viendo cómo funciona esta ley de fondos y estamos muy orgullosos de ello. Pero, además, añadimos nuevas cosas, como la partición, para que no sólo sea gasto de inversión, para que cuando una Comunidad Autónoma realiza un gasto de inversión sea capaz de contar con un dinero añadido para poner esa inversión en marcha. ¿Cuántas veces hemos visto, por ejemplo, que se abre un centro de salud y que la Comunidad Autónoma no dispone después de medios para instalar la luz, comprar sillas o contratar a los médicos? ¿Para qué sirve, entonces, realizar una inversión de este tipo? En ese caso sí es cierto que no es válida la inversión, señoría.
Particularmente considero que ésta es una buena ley, aunque no es la mejor, y lo reconozco. ¿Por qué no reconocer que posiblemente deberían estar incluidas otras Comunidades? Por desgracia, y dada la dispersión de población o nuestra capacidad de renta --en este momento me estoy refiriendo concretamente a Aragón, y sé que mis compañeros de Grupo lo saben-- deberíamos estar incluidos en este Fondo de Compensación Interterritorial, y no digo lo contrario, pero debemos ser respetuosos con la norma que establece la separación entre cuáles son las Comunidades Autónomas que deben estar incluidas y cuáles no. Bastante cruz llevamos a cuestas los de Aragón por no estar incluidos dentro del Objetivo 1, pero también sabemos perfectamente que no cumplimos los requisitos que permiten entrar en él, pues superamos la cifra del 75 por ciento de la renta media comunitaria.
Por otra parte, no puedo finalizar mi intervención sin referirme concretamente a los apuntes que ha hecho el Senador del PSOE de Logroño respecto al tema concreto de Teruel. Senador, no era el Mesías quien vino a Teruel, sino un Presidente del Gobierno, la primera vez que un Presidente del Gobierno viene a Teruel, y prometió un montón de cosas que se están cumpliendo. Pero, además, esto ocurrió hace poco, en el año 2000, y fue cuando se hizo patente la presencia de la coordinadora ciudadana a la que usted se refiere, «Teruel existe». Yo no sé si será una coordinadora ciudadana o un conglomerado entre políticos, sindicalistas, ciudadanos y gente que no pertenece a Teruel y que no saben de qué vamos. Ese día fue cuando se manifestó claramente aquello a lo que vamos a llamar plataforma ciudadana, «Teruel existe». ¿Y sabe usted cómo respondió a ello la ciudadanía de Teruel? Otorgando la mayoría absoluta al Gobierno del señor Aznar. Ni más ni menos.
(Aplausos en los escaños del Grupo Parlamentario Popular.) ¿Y ello por qué? Porque desde 1996 Teruel ha empezado a existir realmente para el Gobierno de la nación,

Página 3742


desde que el Partido Popular llegó al Gobierno, pues anteriormente, señoría, Teruel no existía y seguía sin hacerlo. Pero si desea usted que añada algo más, le diré que es suficiente ver cómo la Ley de Presupuestos Generales del Estado ha ido premiando, desde 1996 hasta ahora, a la provincia de Teruel; ahora contamos con el Plan Miner, con el Urban y con muchos otros más. No me diga usted, por tanto, que Teruel no existe para el Gobierno Popular, porque existe mucho antes, incluso, de 1996, y lo lamentable es que para el Partido Socialista o para aquellos que gobernaban en ese momento no existiera, pues de lo contrario no nos encontraríamos ahora donde estamos.
Muchas gracias. (Aplausos desde los escaños del Grupo Parlamentario Popular.--Los señores Pérez Sáenz y Ruiz Rivero piden la palabra.)

La señora PRESIDENTA: Entiendo que los Senadores Pérez Sáenz y Ruiz Rivero piden la palabra por el artículo 87. (Pausa.) Tiene la palabra, en primer lugar, el Senador Pérez Sáenz por tiempo de dos minutos, y a continuación intervendrá el Senador Ruiz Rivero.


El señor PEREZ SAENZ: Gracias, señora Presidenta, posiblemente necesite incluso menos tiempo.
Quisiera decir a la señora Senadora Primo Albert que este Senador se apellida Pérez Sáenz. Tiene usted enormes dificultades a la hora de saber mis apellidos, y así lo ha demostrado en la Comisión General. Son apellidos verdaderamente complicados, pero le pido que por favor los anote y deje de referirse a mí como al señor de Logroño, pues eso queda muy bien en las obras teatrales, pero no así en el Senado.
Respecto de Teruel, ya he visto que su Grupo no le ha dado la posibilidad de defenderla en el turno de portavoces y lo ha hecho ahora. Mire, señora Senadora, no me cuente usted cuentos, si quiere defender a Teruel vote a favor de la disposición adicional, pues ahí sí se refleja una financiación estable para Teruel. Lo demás son sólo canciones y cuentos.
Muchas gracias. (Aplausos en los escaños del Grupo Parlamentario Socialista.)

La señora PRESIDENTA: Gracias, Senador Pérez Sáinz.
Tiene la palabra el Senador Ruiz Rivero, también por tiempo de dos minutos.


El señor RUIZ RIVERO: Gracias señora Presidenta.
Deseo intervenir para matizar algunas de las cuestiones planteadas por el Senador Cámara. Y lo voy a intentar hacer con el más absoluto respeto, Senador, sobre todo dada nuestra cercanía territorial, que ya no es tanto en la Cámara, pero sigue siendo nuestra Comunidad Autónoma.
Lo voy a hacer con absoluto respeto, porque no es mi intención ofender a nadie y menos en un proyecto de ley que de lo que trata es de crear las condiciones esenciales para que haya acuerdo y consenso entre administraciones, por lo que entiendo que el acercamiento entre partidos y grupos políticos también tiene que ser necesario.
Primero usted ha reclamado su derecho para defender la posibilidad de modificar una ley. Por supuesto que sí, eso yo a usted no se lo voy a negar; pero respete también el mío de poder defender la ley tal y como está si nosotros consideramos que su funcionamiento ha sido el correcto. Por lo tanto, el mismo respeto que usted reclama para usted, yo quiero reclamar para mí y más si ese proyecto de ley , como entiende el Partido Popular, se ha mostrado eficaz.
Otra cuestión en la que yo quiero mostrarme absolutamente sensible, porque eso no es únicamente patrimonio de la izquierda, es en la defensa de la inmigración en situación ilegal; y quiero decirlo así: inmigración en situación ilegal. Porque ustedes, con el ánimo de modificar una cosa que a lo mejor creen que no está bien dicha, lo hacen todavía peor y hablan de inmigrantes sin papeles. Y se lo diré en un buen mallorquín: «pitjor està que estava»; ha sido peor el remedio que la enfermedad. A mí lo de los papeles me suena a otra cosa. Por eso, Senador Cámara, siendo muy respetuoso con lo que usted considere decir, quiero que también lo sea usted con nosotros, siempre hablando de inmigración en situación ilegal.
Para acabar, señora Presidenta, en cuanto a lo que usted ha comentado de la mayoría del Partido Popular y que con eso ya es suficiente para votar que no, tengo que decirle que una de las ventajas de ser un parlamentario novatillo es que tienes que salir ahí con los papeles escritos. Por lo tanto, le voy a leer lo que he intentado no leer, pero que al final he tenido que leer por eso de ser novato. Con el permiso de la señora Presidenta, lo leo: Y, efectivamente, eso es así porque usted tiene otra propuesta de la ordenación política y económica del Estado español, que es su propuesta y que no coincide con la nuestra, ni con la de la unanimidad de las Comunidades Autónomas que decidieron apoyar este proyecto, ni con la de la gran mayoría de los ciudadanos españoles que decidieron repartir estos escaños tal y como actualmente están repartidos. Y eso por sí solo, todo eso, junto con los argumentos que ya había expuesto, justifican nuestro voto en contra. Eso es lo que he dicho, Senador Cámara.
Muchas gracias. (Aplausos.)

La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señoría. (El señor Cámara Fernández y la señora Primo Albert piden la palabra.) Le daré un minuto al Senador Cámara y dos minutos a la Senadora Primo.


El señor CAMARA FERNANDEZ: Como soy minoría, tengo un minuto. No importa, señora Presidenta, acepto el minuto sin ningún problema, pero es curioso. (Risas.) Señor Ruiz, creo que el tono que ha empleado ahora es un tono de disculpa, por lo cual le acepto la disculpa de su intervención en el escaño sin más.
Dos, yo no les he negado el respeto a ustedes. He entendido el tono y la forma; incluso la lectura que ha hecho usted ahora indica un sentido clarísimo de la explicación que yo he dado. Este Senador puede perfectamente hacer enmiendas y tener sus razones --las suyas serán negármelas, políticamente hablando--, pero no porque sea minoría,

Página 3743


no tengo derecho o tengo menos derecho. El sentido de su reflexión es que tienen mayoría política y que su grupo ha ganado unas elecciones, y eso no es democrático, señor Ruiz, tiene un tufillo totalizante. Eso es lo que le he dicho en el atril y se lo vuelvo a repetir.
Por último, en cuanto a la inmigración, nuestra enmienda dice: un 1 por ciento directamente proporcional al número de inmigrantes en relación con el total de la población de cada Comunidad Autónoma. Como usted ha planteado el tema de la ilegalidad, yo le he dicho que no lo considero así. Un ilegal es el terrorista, es el ladrón; pero un trabajador que viene aquí, en mi cultura, no es ilegal, es una persona irregular, sin papeles. Así se lo he dicho. Lo que le propongo en esta enmienda simplemente es que, partiendo de un porcentaje real, existente en cada Comunidad Autónoma, se destine el 1 por ciento para compensar los gastos de servicios; simplemente propongo eso; quizá no le guste el término, pero es mi posición al respecto, ni más ni menos. Porque, al final, terminamos persiguiendo a ese ilegal de una forma que no quiero ni calificar.
Nada más y muchas gracias.


La señora PRESIDENTA: Gracias, Senador Cámara.
Tiene la palabra, Senadora Primo.


La señora PRIMO ALBERT: Muchas gracias, señora Presidenta.
Si hace falta, presentaré mis disculpas a don Ignacio Pérez Sáenz, Senador por La Rioja; de verdad que lo siento, pero es que no consigo fijar los nombres de las personas; es una dificultad que me imagino que compartirán muchos Senadores; se trata de un problema más. No obstante, no se me olvidará más su nombre, descuide.
Por otra parte, también quiero decirle que para defender a la provincia de Teruel, Senador Pérez Sáenz, no hace falta sólo votar su adicional; hay que estar convencido y creer en el potencial que tiene mi provincia y mi Comunidad Autónoma. Por eso no me limite usted a votar a favor de la adicional; bastante es que estemos trabajando día a día, demostrando a nuestros ciudadanos, a los aragoneses en general y en particular a los turolenses, que lo que antes eran vagas promesas, se están convirtiendo ya en realidades.
Nada más y muchas gracias. (Aplausos en los escaños del Grupo Parlamentario Popular.)

La señora PRESIDENTA: Gracias, Senadora Primo.
Como hemos acordado no proceder a la votación de las enmiendas en este momento, pasamos al siguiente punto.


DICTAMENES DE COMISIONES SOBRE PROYECTOS Y PROPOSICIONES DE LEY REMITIDOS POR EL CONGRESO DE LOS DIPUTADOS:

--DE LA COMISION DE HACIENDA EN RELACION CON EL PROYECTO DE LEY GENERAL DE ESTABILIDAD PRESUPUESTARIA (S. 621/000033) (C. D. 121/000029).
--DE LA COMISION DE HACIENDA EN RELACION CON EL PROYECTO DE LEY ORGANICA COMPLEMENTARIA A LA LEY GENERAL DE ESTABILIDAD PRESUPUESTARIA (S. 621/000034) (C. D. 121/000030).


La señora PRESIDENTA: Punto cuarto del orden del día. Dictámenes de Comisiones sobre proyectos y proposiciones de ley remitidos por el Congreso de los Diputados.
El primero es el Dictamen de la Comisión de Hacienda, en relación con el Proyecto de Ley de Estabilidad Presupuestaria. Y el segundo es también de la Comisión de Hacienda, en relación con el Proyecto de Ley Orgánica complementaria a la Ley General de Estabilidad Presupuestaria.
Parece que se ha acordado debatirlos conjuntamente.
Para la presentación de los dictámenes, el representante que la Comisión ha designado es, en este caso, la Senadora Simonelli. Tiene la palabra, señoría.


La señora SIMONELLI MUÑOZ: Muchas gracias, señora Presidenta.
Señorías, me cabe el honor de haber sido designada para presentar al pleno de la Cámara el Dictamen de la Comisión de Hacienda al Proyecto de Ley General de Estabilidad Presupuestaria, así como al Proyecto de Ley Orgánica complementaria a la Ley General de Estabilidad Presupuestaria. Ambos proyectos de ley tuvieron su entrada en esta Cámara el día 10 de octubre de 2001, tramitándose por el procedimiento ordinario. El plazo de presentación de enmiendas, que concluía inicialmente el día 23 de octubre, fue ampliado hasta el día 29 del mismo mes.
Al Proyecto de Ley General de Estabilidad Presupuestaria se han presentado un total de 5 vetos. El número 1, de los Senadores Cámara Fernández y Cabrero Palomares; el número 2, del Senador Quintana González; el número 3, del Grupo Parlamentario de Senadores Nacionalistas Vascos; el número 4, del Grupo Parlamentario Entesa Catalana de Progrés; el número 5, del Grupo Parlamentario Socialista, y 112 enmiendas: de la 1 a la 24, por los Senadores Cámara Fernández y Cabrero Palomares; de la 25 a la 58, por el Senador Quintana González; de la 59 a la 77, por el Grupo Parlamentario de Senadores Nacionalistas Vascos; de la 78 a la 81, por el Grupo de Senadores de Coalición Canaria; de la 82 a la 98, por el Grupo Parlamentario Socialista y el Grupo Parlamentario Entesa Catalana de Progrés; de la 99 a la 103, por el Grupo Parlamentario Popular, y de la 104 a la 112, por el Grupo Parlamentario Catalán en el Senado de Convergència i Unió.
Los Senadores que designó la Comisión, a propuesta de los Grupos Parlamentarios, para formar parte de la Ponencia encargada de informar el proyecto de Ley fueron los siguientes: don Damián Caneda Morales, del Grupo Parlamentario Popular; don Pedro Soto García, del Grupo Parlamentario Popular; don Segundo Bru Parra, del Grupo Parlamentario Socialista; don Joan Lerma Blasco, del Grupo Parlamentario Socialista; don Sixte Cambra i Sánchez, del Grupo Parlamentario Catalán en el Senado de Convergència i Unió; don Francisco Javier Albistur Marin,

Página 3744


del Grupo Parlamentario de Senadores Nacionalistas Vascos, y doña Claudina Morales Rodríguez, del Grupo Parlamentario de Coalición Canaria.
A la vista de las enmiendas presentadas, la Ponencia procedió a informar el proyecto de ley el día 5 de noviembre, incluyéndose en el informe las enmiendas números 99 a 103, del Grupo Parlamentario Popular, y fue publicado en el BOCG, Senado, el día 8 de noviembre.
El pasado 12 de noviembre, la Comisión procedió a dictaminar, incluyéndose en el dictamen una corrección técnica en la enmienda número 99, del Grupo Parlamentario Popular, y el mismo fue publicado en el BOCG, Senado, el día 15 de noviembre.
Para su debate ante el Pleno, han formulado votos particulares los Senadores Cámara Fernández y Cabrero Palomares, veto número 1 y enmiendas números 1 a 24, así como los Grupos Parlamentarios Mixto, veto número 2 y enmiendas números 25 a 58, originariamente presentadas por el Senador Quintana González; de Coalición Canaria, enmiendas números 78 a 81; Senadores Nacionalistas Vascos, veto número 3 y enmiendas números 59 a 77; Entesa Catalana de Progrés, veto número 4; Catalán en el Senado de Convergència i Unió, enmiendas números 104 a 112; Socialista, veto número 5, y Socialista y Entesa Catalana de Progrés, enmiendas números 82 a 98.
El proyecto de ley consta de una exposición de motivos, dos títulos y 25 artículos, una disposición adicional, una disposición transitoria, una disposición derogatoria y seis disposiciones finales, que prevén su entrada en vigor el día 1 de enero de 2002.
Al proyecto de Ley Orgánica complementaria a la Ley General de Estabilidad Presupuestaria se ha presentado un total de cuatro vetos: el número 1, del Senador Quintana González; el número 2, del Grupo Parlamentario de Senadores Nacionalistas Vascos; el número 3, del Grupo Parlamentario Entesa Catalana de Progrés y el número 4, del Grupo Parlamentario Socialista, así como 61 enmiendas: la número 1, de los Senadores Cámara Fernández y Cabrero Palomares; de la 2 a la 21, del Senador Quintana González; de la 22 a 34, del Grupo Parlamentario de Senadores Nacionalistas Vascos; de la 35 a la 43, del Grupo Parlamentario de Senadores de Coalición Canaria; de la 44 a la 49, del Grupo Parlamentario Socialista y el Grupo Parlamentario Entesa Catalana de Progrés, y de la 50 a la 61, del Grupo Parlamentario Catalán en el Senado de Convergència i Unió.
Los Senadores que designó la Comisión a propuesta de los Grupos Parlamentarios para formar parte de la Ponencia encargada de informar el proyecto de Ley fueron los mismos que para el anterior.
A la vista de las enmiendas presentadas, la Ponencia procedió a informar el proyecto de ley el día 5 de noviembre, acordando proponer a la Comisión de Hacienda que se mantuviese en sus propios términos el texto remitido por el Congreso de los Diputados y fue publicado en el BOCG, Senado, de 8 de noviembre.
El día 12 de noviembre, la Comisión procedió a dictaminar, manteniéndose en sus propios términos el texto remitido por el Congreso de los Diputados y su dictamen fue publicado en el BOCG, Senado, el día 15 de noviembre.
Para su debate ante el Pleno, han formulado votos particulares los Senadores Cámara Fernández y Cabrero Palomares, enmienda número 1, así como los Grupos Parlamentarios Mixto, veto número 1 y enmiendas números 2 a 21, originariamente presentado por el Senador Quintana González; Senadores de Coalición Canaria, enmiendas números 35 a 43; Senadores Nacionalistas Vascos, veto número 2 y enmiendas números 22 a 34; Entesa Catalana de Progrés, veto número 3; Catalán en el Senado de Convergència i Unió, enmiendas números 50 a 61; Socialista, veto número 4, y Socialista y Entesa Catalana de Progrés, enmiendas números 44 a49.
El Proyecto de Ley consta de una exposición de motivos, 11 artículos, una disposición adicional, una disposición derogatoria y dos disposiciones finales que prevén su entrada en vigor el día 1 de enero de 2002.


La señora PRESIDENTA: Gracias, señoría.
Presentados los dictámenes de la Comisión, corresponde pasar a las propuestas de veto. Como se van a debatir de manera conjunta, tenemos, en primer lugar, la propuesta de veto número 1, voto particular número 3, presentado por los Senadores Cámara Fernández y Cabrero Palomares.
El Senador Cámara tiene la palabra para su defensa.


El señor CAMARA FERNANDEZ: Muchas gracias, señora Presidenta.
Señorías, voy a empezar con algunos elementos justificativos para defender el veto, unos elementos que espero que ustedes liguen con el veto y la importancia de esta ley. Empezaré dándoles algunos datos de la actual coyuntura económica. Señorías, la expansión del beneficio empresarial en algunos sectores, en nuestra opinión, es casi insultante, sobre todo si se compara con la moderación salarial y la pérdida de poder adquisitivo de buena parte de la clase trabajadora del año 2000. Son datos reales. No son inventados.
El beneficio bruto de las empresas creció, por ejemplo, en 2000 el doble que en 1999, el 45 por ciento según la Central de Balances del Banco de España.
La formación bruta de capital fijo de bienes de equipo, la inversión privada, pierde pulso durante el año 2000. En el año 2001 aún más. La creación de empleo sigue siendo relativamente intensa en comparación con otros socios, pero ya da muestras de agotamiento. El aumento del paro es una realidad en el año 2000. Se están incrementando los índices de paro registrado. La EPA también da síntomas de desaceleración clarísimos. La creación de empleo en el 2000 ha sido un 30 por ciento inferior a la registrada en 1999. La contabilidad nacional certifica la misma tendencia explicada. El empleo, medido en puestos de trabajo equivalentes a tiempo completo, creció solamente un 3,3 en ese año 2000 frente al 3,6 en el año 1999. La creación de empleo está siendo menos intensa en este año 2001.
Nos encontramos, señorías, en una fase de menor crecimiento de la productividad de nuestra historia reciente. La

Página 3745


productividad en España crece por debajo claramente de la media europea. La Comisión Europea estima un aumento de la productividad en España hasta el 2002 del 0,9 por ciento en media anual, la tasa --insisto-- más reducida de los 15 Estados Miembros.
El actual ciclo expansivo está situando la tasa de paro --como dije antes-- en el 14,1 de la población activa en el 2000 en media anual. No logra reducir sustancialmente la tasa de temporalidad --el 32 por ciento en total-- y la rotación en la contratación temporal continúa aumentando y es un auténtico drama para la economía de muchas familias.
Señorías, todas estas cuestiones colocan a la economía española en una situación delicada a la hora de afrontar un posible ciclo recesivo --desde luego crisis la tenemos-- y avanzar en el proceso de convergencia real con la Unión Europea, o superar nuestros clásicos problemas de carácter estructural.
Cuando todavía está en discusión el modelo de financiación y de suficiencia de las Administraciones territoriales, la Ley de Estabilidad Presupuestaria cuestiona abiertamente la competencia autonómica en materia presupuestaria y supedita ésta a la consecución del déficit cero.
En nuestra opinión, desde una gestión macroeconómica más flexible, la política presupuestaria debe permitir que el gasto público contribuya a superar los problemas estructurales de nuestra economía y aumentar la productividad global --mayor inversión pública, investigación, educación, etcétera-- y también avanzar en el proceso de convergencia real con Europa, particularmente en lo que respecta al gasto social. La estructura de los ingresos públicos es importante, porque Izquierda Unida, en cualquier caso, no pretende en absoluto una expansión del déficit público que acabe perjudicando el desarrollo económico de nuestro país, pero sí lógicamente un mayor gasto público, que no es lo mismo.
La dimensión del sector público será aquella que posibilite abordar las políticas redistributivas y garantizar el acceso de todos los ciudadanos a unos niveles suficientes en calidad y cantidad de servicios. Necesitamos consolidar a medio plazo una estructura de ingresos públicos que aporte el preciso nivel de recaudación.
Señorías, desde Izquierda Unida se interpreta este proyecto de ley como una vuelta de tuerca más en la pretensión de limitar la actividad económica del sector público bajo el paraguas de ensalzar las bondades que para la economía produciría el equilibrio presupuestario, al tiempo que se demoniza el déficit público por su efecto sobre la inflación y los tipos de interés, siendo todo eso relativo y en absoluto casual, ya que el déficit público no es más inflacionista, ni presiona más sobre los tipos de interés que si la actividad y se financia por el sector privado de la economía, porque los efectos macroeconómicos que se obtienen por acometer, por ejemplo, una infraestructura, no difieren si es llevada a cabo por el sector público o por el sector privado, ya que en ambos casos se consumen los mismos recursos financieros del sistema.
En este punto habría que recordar que el déficit público debe ser un instrumento de política macroeconómica y no un objetivo en sí mismo.
Para lo que nos ocupa, desde el punto de vista del sector público es más importante el grado de endeudamiento y la capacidad de obtener ingresos fiscales que el déficit concreto de un ejercicio económico, y es en este punto donde el Gobierno del Partido Popular y su reforma fiscal ha originado un importante coste en términos de recaudación, ya que las bajadas impositivas tienen un carácter estructural y son más preocupantes que los desequilibrios presupuestarios concretos y coyunturales.
Con la estructura de ingresos y la presión fiscal inferior a la media comunitaria que tiene nuestro país y con las medidas tributarias que se aplican, el ataque al déficit público se traduce en un ataque al gasto público, que hará que la protección social necesaria para que nuestro país supere los déficit estructurales que mantenemos respecto a la media de países de la Unión Europea --con clara diferencias-- será muy difícil, por no decir imposible, de alcanzar.
Por último, esta ley obligará a mantener el equilibrio presupuestario en las cuentas públicas de las Comunidades Autónomas y corporaciones locales.
Por tanto, la presentación de este proyecto de ley, cuando está por ver cuáles serán --aunque lo sabemos más o menos-- los nuevos modelos de financiación, de suficiencia económica de las Comunidades Autónomas, así como qué ocurrirá con los ingresos que los ayuntamientos reciben, por ejemplo por el IAE, dado que es un impuesto que el Gobierno quiere que desaparezca, consideramos que es una presión innecesaria para llevar a cabo una buena negociación con estas administraciones, ya que la ley cuestiona abiertamente la competencia de estas materias presupuestarias y supeditará la misma a la consecución del déficit cero.
Esto es todo. Muchas gracias, señorías y muchas gracias, señora Presidenta.


La señora PRESIDENTA: Gracias, Senador Cámara.
El Grupo Parlamentario Mixto ha presentado otro voto particular, el número 2, al proyecto de ley, y también el voto número 2 al proyecto de ley orgánica; corresponden a las propuestas de veto número 2 al proyecto de ley y número 1 al proyecto de ley orgánica. Ambas han sido presentadas por el Senador Quintana.
Para su defensa, tiene la palabra el propio Senador Quintana.


El señor QUINTANA GONZALEZ: Gracias, señora Presidenta.
Señorías, el artículo 40 de la Constitución encomienda a los poderes públicos promover las condiciones favorables para el progreso social y económico, para una distribución de la renta regional más equitativa y además la realización de políticas orientadas a lograr el pleno empleo.
Todo ello en el marco de una política de estabilidad económica.
Con estos proyectos de ley se pretende reforzar la orientación de las políticas socioeconómicas de las administraciones a través de la imposición legal de un nuevo objetivo, el llamado de la estabilidad presupuestaria, sustituyendo

Página 3746


--a nuestro modo de ver-- coordinación por dirigismo. Para ello se utiliza una reiterada referencia a la Unión Europea, recordándonos a todos, de manera tan insistente como acrítica, el acuerdo para la estabilidad y el crecimiento alcanzado en el marco comunitario. En ese marco, plasmado en el artículo 104 del Tratado de la Unión Europea, se obliga a los Estados miembros a evitar déficit públicos excesivos, concretándolos en un valor de referencia del 3 por ciento del producto interior bruto.
A pesar de ese valor de referencia, el Gobierno no se contenta con un margen tan estrecho de déficit público o con que el mismo sea fijado de manera lineal sin tener en cuenta la coyuntura económica. Y con un ejercicio de acrítica se pretende que con esta ley se cumpla a rajatabla otro criterio, el de la estabilidad presupuestaria, entendida como el hecho de que las cuentas públicas presenten saldos iguales a cero o positivos, renunciando a la posibilidad de acudir a la deuda pública, aun para realizar inversiones o para relanzar la economía en situaciones de crisis.
El enfoque de estos proyectos de ley de estabilidad presupuestaria plantea serias objeciones, desde el punto de vista de la filosofía económica que desprende. En primer lugar, nosotros, como Bloque Nacionalista Galego, no podemos compartir el hecho de que el déficit cero sea garantía de crecimiento y de convergencia con Estados más poderosos económicamente, y mucho menos cuando ese objetivo se transforma para convertirse en una condición indispensable para la aprobación de las cuentas públicas. Ningún gobierno europeo ha cometido ese error. Lo que ocurre es que todos manejan ese exiguo margen de maniobra para ajustar su política presupuestaria según las necesidades de sus economías; en cambio, los deberes de este Gobierno pasan por conseguir por encima de todo el déficit cero. No importa que cada vez sea mayor la diferencia que mantenemos con Europa en materia de protección social y tampoco parece que tenga demasiada importancia que cada vez empeoren las prestaciones de la sanidad pública con el aumento de listas de espera, o que los funcionarios y personal al servicio de las administraciones pierdan poder adquisitivo al ver cómo se congelan sus salarios o crecen por debajo de los índices del precio al consumo.
Todo ello, sin ánimo de ser exhaustivos, son ejemplos de cómo la política de déficit cero se superpone a otras prioridades del Gobierno, adoptando por ello medidas restrictivas de contención del gasto público, lo que lleva a situar en segundo plano las necesidades de inyección económica de áreas que afectan a la mayor parte de los ciudadanos.
También se olvida que es precisamente en períodos de crisis cuando el sector público debe hacer de motor de la economía, actuando de forma anticíclica, invirtiendo e impulsando el gasto público para compensar la demanda privada, y para esa finalidad la deuda es uno de los instrumentos básicos que cualquier Gobierno puede utilizar.
Exigir equilibrio presupuestario a todas las Comunidades Autónomas sin tener en cuenta su dispar grado de desarrollo, su distinto déficit histórico y estructural en algunos de los servicios transferidos, sería tan absurdo como pretender que los países en vías de desarrollo paguen de una vez su deuda externa y que además no tengan capacidad para endeudarse en el futuro. Por cierto, que todo esto choca frontalmente con las políticas de inversiones y su financiación que el propio Gobierno defiende en esta Cámara día sí y día también. Hace poco tiempo escuchábamos al Ministro de Fomento loar la posición de Comunidades Autónomas que para la financiación de infraestructuras básicas para el Estado, como es la red de ferrocarril y su denominación de alta velocidad, hacía que las Comunidades Autónomas pudieran participar en la financiación de esas obras. ¿Acaso no entendemos y sabemos que la participación de las Comunidades Autónomas en la financiación de ese tipo de infraestructuras sólo se podrá hacer a través de la deuda pública y del endeudamiento? Pongamos otro ejemplo en otra órbita. El país que más ha crecido en la Europa comunitaria en los últimos diez años, Irlanda, fue también el país que mantuvo mayores déficit presupuestarios, y no de forma esporádica o por movimientos coyunturales, sino deforma decidida y, eso sí, calculada, formando parte esencial de la definición de su política económica durante ocho de esos diez años. Sólo en los últimos dos años, después de que Irlanda superase ampliamente la renta media comunitaria, es cuando su Gobierno optó por la estabilidad presupuestaria.
La situación del Estado español dista mucho de ser la situación de Irlanda, y no digamos la de muchas de sus Comunidades Autónomas, con una renta por debajo del 75 por ciento de la media de la Unión Europea.
Imponernos el equilibrio presupuestario significa condenarnos al subdesarrollo, mantener el statu quo e impedir que los gobiernos de las distintas administraciones también afectadas por esta ley, tanto la local como la autonómica, ejerzan una de las principales funciones para las que fueron elegidos: promover el desarrollo económico de sus ciudadanos.
En otro orden de cosas, es totalmente ineficiente y contraproducente prohibir por ley la posibilidad de financiar la inversión acudiendo al endeudamiento. Se hace recaer sobre generaciones presentes el coste total de bienes que serán consumidos y usados en el futuro por otras generaciones. Nos preguntamos cuántas infraestructuras, cuántas redes de carreteras, autopistas, puertos o ferrocarriles habrían podido realizar el Estado y las Comunidades Autónomas sin acudir a la deuda, o cuántas administraciones públicas podrían prestar servicios básicos muchas veces después de estas infraestructuras.
Más allá de presentar a los ciudadanos unas cuentas públicas gestionadas con suma diligencia y sin despilfarros excesivos, nosotros creemos que de lo que se trata es de apuntalar un sistema donde los operadores públicos queden en manifiesta desventaja con los privados para ser protagonistas de la economía por estarles imposibilitado legalmente acudir al endeudamiento.
Pero desde otro ámbito, lo que realmente persiguen estos proyectos, según nuestro punto de vista, es establecer un control férreo sobre los presupuestos de las Comunidades Autónomas. Esto es lo que se intenta por parte del Gobierno Central, además de seguir relativizando el papel de las asambleas legislativas en la realización de las políticas económicas en función de los derechos

Página 3747


y obligaciones otorgados por los ciudadanos que las eligieron.
Las previsiones contenidas en estos proyectos de ley de estabilidad presupuestaria recuerdan a viejas épocas de centralismo y subordinación, configurando ésta, que es totalmente incompatible con el actual bloque constitucional.
Debemos recordar que las Comunidades Autónomas gozan de autonomía financiera en virtud de lo dispuesto en el artículo 156.1 de la Constitución, lo que exige la plena disposición de medios financieros para ejercer, sin condicionamientos indebidos, competencias propias, especialmente las configuradas como competencias exclusivas.
Con estos proyectos de ley se cercena aún más la exigua economía financiera de las Comunidades Autónomas. Debido a la ya importante intervención del Estado, ahora se duplica y se redobla.
Ahora lo que se pretende es condenar a las Comunidades Autónomas a ser meros administradores de unos recursos públicos con importantes limitaciones impuestas por el Estado, que ahora también, además de legislar, como legislador omnipresente en materia económica, se convierte en fiscalizador implacable de todas las operaciones de deuda pública que quieran emprender las Comunidades Autónomas.
Por otra parte, el texto constitucional es preciso al especificar el procedimiento de participación de las Comunidades Autónomas en la planificación general de la economía. Por tanto, dentro del marco constitucional, no se trata de un procedimiento discrecional o subordinado a una posible coordinación con el Gobierno central para uniformizar las opciones económicas diseñadas por los Gobiernos autonómicos, sino de un procedimiento de querer contar con la participación por igual de las Autonomías para diseñar una planificación general. En este modelo constitucional no cabe la imposición y ordenación directa de las políticas presupuestarias por parte del Gobierno central, como ahora se pretende con estos proyectos, ni tampoco caben limitaciones injustificadas para la valoración de los presupuestos autonómicos, con facultades gubernativas de intervenir en la aprobación de los mismos. También las entidades locales se verán sometidas al principio de estabilidad presupuestaria, que se superpone al principio de suficiencia financiera que la Constitución les otorga para el cumplimiento de sus funciones.
Se nos presentan estos proyectos incluso antes de aprobar el nuevo modelo de financiación local, y las corporaciones locales van a asistir al hecho de poder comprobar cómo durante muchos años tuvieron que financiar servicios e infraestructuras más allá de las competencias que legalmente tenían atribuidas con el único objeto de que sus ciudadanos no se quedaran atrás en el disfrute de esas infraestructuras y de esos servicios, lo cual ha provocado unos procesos de endeudamiento lógico y sensato por parte de la Administración local. Y ahora, sin un nuevo modelo de financiación que resuelva esa situación heredada, se somete a las corporaciones locales al corsé de tener que diseñar unas cuentas que, vulnerando su autonomía local, les impida el endeudamiento para la creación de nuevas infraestructuras.
Por último, he de decir que estos proyectos son una pieza más del engranaje para marginar a las asambleas legislativas de las Comunidades Autónomas en la elaboración y definición de los presupuestos públicos y, por tanto, para desarrollar sus propias competencias Socioeconómicas.
Señorías, los proyectos de ley que hoy discutimos evidencian que al Gobierno no le gusta hasta dónde ha llegado el desarrollo autonómico y pretende enmendar el camino andado con la imposición legislativa a base de un acuerdo democrático.
Señorías, gobernar no es mandar. Gobernar es, sobre todo, convencer y compartir. La mayoría parlamentaria legitima para aprobar la ley, pero no asegura su viabilidad institucional ni mucho menos su aceptación social. Vamos a asistir hoy aquí al hecho de que muchos alcaldes que forman parte de esta Cámara tendrán que votar una ley y al mismo tiempo tendrán que estar pensando en cómo mañana sus corporaciones locales la podrán sortear para seguir adelante con los proyectos de inversión que sus ciudadanos demandan.
Por eso yo les pido que a la hora de decidir su opinión lo hagan ustedes en conciencia.
Muchas gracias.


La señora PRESIDENTA: Gracias, Senador Quintana.
Corresponde ahora debatir el voto particular número 6 al proyecto de ley y al proyecto de ley orgánica, presentado por el Grupo Parlamentario de Senadores Nacionalistas Vascos, que corresponde a la propuesta de veto número 3 a la ley y a la propuesta de veto número 2 a proyecto de ley orgánica.
En nombre del Grupo Parlamentario de Senadores Nacionalistas Vascos tiene la palabra el Senador Albistur.


El señor ALBISTUR MARIN: Muchas gracias, señora Presidenta.
Señorías, según el documento elaborado por la Administración del Estado --y subrayo Administración del Estado--, relativo a la actualización del programa de estabilidad para el período 2000-2004, documento en el que se establece el seguimiento del Pacto de Estabilidad y Crecimiento realizado con las instituciones de la Unión Europea; el déficit del conjunto de las administraciones territoriales representa el 0,1 por ciento del producto interior bruto. Las previsiones contempladas en el citado documento son que tal déficit se sitúe en torno al cero por ciento a lo largo de los próximos años. Parece, en consecuencia, que es irrelevante el déficit del conjunto de las Comunidades Autónomas, diputaciones forales, diputaciones provinciales y ayuntamientos. Y corrobora este hecho, además, el que dentro de las actuaciones en el marco de Consejo de Política Fiscal y Financiera, por acuerdo de las partes implicadas, se ha puesto en marcha y controlado desde el año 1992, nueve años ya, un proceso que está resultando efectivo en relación a la consolidación presupuestaria, sin necesidad de imposiciones legales externas a los protagonistas del Consejo de Política Fiscal y Financiera y de las coordinaciones que en él se acuerdan.


Página 3748


Para entender el debate que se plantea ahora en el Senado sobre esta ley de estabilidad presupuestaria, hay que partir de un hecho, a nuestro modo de ver significativo: el poder, significado en el Gobierno del Estado, no está convencido, no cree en la autonomía de las Comunidades Autónomas y hace trampas a la Constitución. Lo digo suavemente, pero en castellano claro y recio: el poder y el partido que lo ejerce, el Gobierno del Partido Popular, no creen en las Autonomías y quieren borrar de la Constitución la disposición adicional que reconoce y ampara los derechos históricos de los territorios forales.
Ambos hechos los dejo subrayados en esta introducción.
He iniciado esta defensa de nuestros vetos a las leyes que ahora mismo estamos debatiendo, destacando la no existencia del problema para el que se plantea la ley. Si quieren corrijo y digo mejor, irrelevancia y no necesidad de esta ley orgánica ni de su ley orgánica complementaria.
La certeza de nuestro Grupo del poco convencimiento que sobre la constitucionalidad del Estado de las Autonomías tienen el Partido Popular y su Gobierno, me hace afirmar que la presentación machacona de esta ley por parte del Ministerio de Hacienda pone en evidencia que la intención oculta del Gobierno del Estado no es otra que entrometerse en el ámbito económico y financiero de las Comunidades Autónomas y administraciones locales, con el fin de mermar, usurpar y reducir competencias que le corresponden en exclusiva, según la Constitución.
En la economía pública del Estado quien presenta el déficit más significativo es la propia Administración del Estado junto con las entidades públicas empresariales, las sociedades mercantiles y restantes entes de derecho público. Esta realidad tiene una propuesta de solución: abordar la reforma del Estado, adecuar la administración a la verdadera dimensión de un Estado autonómico, no continuar duplicando para mantener una presencia duplicadora, sólo controladora, ineficiente e improcedente en las Comunidades Autónomas y en sus competencias.
No ha habido en la historia de la economía de nuestro Estado una situación como la que estamos concluyendo en estos momentos. La bonanza económica ha permitido ingresos fiscales y recaudaciones para la Seguridad Social por encima de todas las previsiones. Paralelamente, la presión fiscal sobre los ciudadanos y las cargas sociales sobre las empresas y trabajadores se han incrementado. Mientras Estados Unidos y otros países europeos de primera línea planificaban el destino de los superávit obtenidos hacia objetivos de reducciones impositivas y de mejoras sociales, el Gobierno del Estado español veía comprometidos sus pingües excedentes por la obligada compensación a los colectivos de funcionarios y pensionistas, a quienes previamente se habla racaneado ingresos por empeñarse en defender índices de inflación propios del seráfico sueño del Ministro de Economía y Hacienda de turno. Todo ello sin mencionar las vacas locas, los déficit del sistema sanitario, etcétera.
Con la bonanza no se ha incrementado la inversión en infraestructuras, y, sin embargo, destaca la inversión en proyectos de defensa camuflados bajo inversiones en investigaciones de desarrollo tecnológico. Un balance bien diferente del expuesto en la exposición de motivos de la ley llena de autocomplacencia, autobombo y poco rigor, por no decir vergüenza, ya que es de sobra conocido que el maduro comportamiento de las empresas y consumidores y el esfuerzo de los trabajadores en una coyuntura favorable sobre la base de la experiencia acumulada de largos años de bajos crecimientos, retenciones salariales y reestructuraciones empresariales, han fomentado la inversión y el ahorro y estimulado la productividad.
Debo hacer notar que el déficit cero no es la causa de la bonanza económica, sino más bien un efecto de ésta y que el Pacto de Estabilidad y Crecimiento fue diseñado en la Unión Europea pensando en coyunturas económicas favorables, pero las coyunturas desfavorables llegan y duran.
Señorías, el Pacto de Estabilidad y Crecimiento afirma que los Estados miembros se comprometen a respetar el objetivo presupuestario a medio plazo establecido en sus programas de estabilidad o convergencia, objetivo que consiste en conseguir situaciones presupuestarias próximas --y lo subrayo-- al equilibrio o con superávit, lo que permitirá a los Estados miembros hacer frente a fluctuaciones cíclicas normales manteniendo al mismo tiempo el déficit público dentro del valor de referencia del 3 por ciento del producto interior bruto y tomar las medidas presupuestarias correctoras que estimen necesarias para alcanzar los objetivos fijados en sus programas de estabilidad y convergencia.
Con la excusa del Pacto de Estabilidad y Crecimiento, lo que pretende hacer el legislador estatal es ir mucho más allá del mismo imponiendo, mediante estos dos proyectos de ley, algo que no exige el Pacto, es decir el equilibrio presupuestario o, dicho entre paréntesis, el célebre déficit cero, e incluso si fuera posible el superávit presupuestario, según lo define el artículo 3.2 del proyecto de ley ordinaria que hoy vamos a debatir.
La imposición es, además, inmediata y aplicable a todas las Administraciones Públicas y a otros entes vinculados a ellas, violando de una manera no coyuntural, sino general y permanente la autonomía financiera de las Comunidades Autónomas. Violando, también, los derechos históricos de los territorios forales, al ser incompatible con sus sistemas de concierto y convenio, y ahogando a las entidades locales de régimen común, a quienes, teniendo en cuenta la delicada situación financiera en la que se encuentran endémicamente, la imposición de este principio les supondrá la imposibilidad de alcanzar la suficiencia financiera que su autonomía --insisto en que reconocida constitucionalmente-- exige, tal y como reiteradamente también ha dicho, no nuestro Grupo, sino el Tribunal Constitucional.
Hay que tener en cuenta que el Reino de España es el único Estado miembro de la Unión Europea que para llevar a la práctica el PEC necesita formular este tipo de leyes, a pesar de que dichas leyes han sido innecesarias hasta ahora para asegurar el cumplimiento del PEC --y antes he hecho referencia a los acuerdos de coordinación establecidos en el Consejo de Política Fiscal y Financiera--, ya que siempre se ha conseguido mediante acuerdos entre las distintas Administraciones y sin necesidad de imposiciones normativas del Estado central. Además, hay que considerar

Página 3749


que, a través de estos proyectos de ley, se limita la autonomía financiera de las Comunidades Autónomas y de los territorios forales sin habilitación constitucional alguna y se compromete gravemente la suficiencia financiera de las entidades locales de régimen común.
Sólo cabe pensar que dichos proyectos de ley están claramente dirigidos a socavar las competencias de dichas instituciones, porque el Pacto de Estabilidad y Crecimiento no exige este tipo de medidas, en ninguno de sus artículos.
En relación con las Comunidades Autónomas, es evidente para todos que los proyectos de ley de estabilidad presupuestaria limitan la autonomía financiera de las Comunidades Autónomas; autonomía recogida en el artículo 156.1 de la Constitución. Lo que es objeto de discusión y polémica es si el Estado central tiene o no habilitación constitucional para limitarla del modo en que los proyectos de ley que hoy debatimos lo están pretendiendo hacer.
Entre los objetivos económicos citados en la Constitución y que son recogidos por la jurisprudencia del Tribunal Constitucional, señorías, no aparece por ningún lado el de la estabilidad presupuestaria. Sí aparece la estabilidad económica, pero, reitero, no la estabilidad presupuestaria. De hecho, los proyectos de ley convierten en un objetivo económico constitucional algo que no lo es y confunden de una manera interesada estabilidad económica y estabilidad presupuestaria, cuando evidentemente no son lo mismo, condicionando además el ejercicio de un derecho constitucional, como es la autonomía financiera de las Comunidades Autónomas, en nombre de un principio que no aparece en la Constitución: el equilibrio presupuestario, que, como he dicho anteriormente, va mucho más allá de lo exigido por la Unión Europea.
Si por las razones anteriormente explicadas, los proyectos de ley resultan inconstitucionales por violar la autonomía financiera de las Comunidades Autónomas de régimen común, añadiré en este momento que con mayor razón resultan inconstitucionales al ser aplicadas a las Comunidades de régimen foral, quienes en virtud de sus respectivos sistemas de concierto y convenio económicos poseen una autonomía económica mucho mayor que las de régimen común.
Las características singulares del concierto económico suponen, además, la incompatibilidad de una medida de tal naturaleza, adoptada de forma unilateral por el Estado, puesto que entran en conflicto con la configuración misma del núcleo del sistema de concierto, y concretamente con dos principios básicos que están en él contemplados: el riesgo unilateral de la financiación de las instituciones vascas y la necesidad de pacto para cualquier modificación del concierto económico.
Como el tema de Navarra se pretende salvar, me referiré fundamentalmente a la cuestión de la Comunidad Autónoma vasca no contemplado en la ley. Yo diría, además, que voluntariamente ignorado.
La Comunidad Autónoma Vasca, una vez descontado el cupo a satisfacer al Estado en función de las cargas no asumidas, obtiene los recursos disponibles para su financiación. Por consiguiente, la capacidad de financiación no depende únicamente de la gestión de sus recursos propios, ya que existe una variable exterior distinta que es el cupo.
Si se recaudan mejor los tributos concertados, una vez descontado el cupo que se debe pagar al Estado, habrá recursos disponibles. Por contra, una mala gestión y un cupo mayor a pagar al Estado disminuirán los recursos disponibles de la Comunidad Autónoma Vasca, que asume ese riesgo en su integridad. Esto es obvio. Y esta lógica inherente al sistema de concierto económico impide que se limite la capacidad de gasto de la Comunidad Autónoma Vasca en su conjunto desde instancias externas, sin perjuicio de las previstas en el propio concierto.
Por lo tanto, es incompatible con el mismo establecimiento unilateral desde una instancia externa, en este caso el Estado, de un objetivo presupuestario de déficit cero, debido a que el riesgo de no obtener suficientes recursos ordinarios, provocando un déficit presupuestario, lo asume plenamente la Comunidad Autónoma Vasca.
El riesgo unilateral se asume con todas las consecuencias, lo mismo que hace el Estado con sus ingresos y sus gastos, y una insuficiente aportación de los recursos ordinarios disponibles se debe compensar con recursos ajenos, aunque con ello se provoque un déficit, lo mismo que el funcionamiento del Estado. Sin embargo, los proyectos de ley pretenden limitar esa posibilidad, impidiendo la existencia de déficit, que es una situación posible y prevista en el sistema de concierto económico.
En el ámbito de los territorios históricos, la inconstitucionalidad también es similar. Su régimen económico-financiero hace que gocen de total autonomía financiera, a diferencia de los entes locales de régimen común, a los que sólo se les reconoce suficiencia financiera autonomía financiera; que es totalmente desconocida en relación a estos territorios históricos en el proyecto de ley ordinaria que hoy debatimos.
Y en cuanto a la competencia de tutela financiera que los territorios históricos y las diputaciones forales tienen sobre las entidades locales vascas, es incompatible con lo establecido por el proyecto de ley ordinaria, que sólo tiene en cuenta al Estado, y ocasionalmente a las Comunidades Autónomas, y se olvida del régimen peculiar foral al respecto de los territorios históricos.
En el caso de que finalmente se llegase a un acuerdo entre las Comunidades forales y los territorios históricos con el Estado en relación con el proyecto de estabilidad y crecimiento al que se ha comprometido el Reino de España en el marco de la Unión Europea, y que es lo que exige el respeto a sus derechos históricos, éste debería arbitrarse mediante instrumentos bilaterales y pactados, nunca por medio de unas leyes impositivas que, al limitar de una forma injustificada su autonomía financiera, que constituye un contenido importante y esencial de esos derechos históricos, violan claramente la disposición adicional primera de la Constitución, que es precisamente la cláusula de salvaguarda de la foralidad.
El régimen pactado que los sistemas de concierto y convenio suponen, y la especial autonomía financiera y tributaria de las Comunidades forales, hacen que el texto actual de ambas leyes sea inconstitucional por violar, no sólo su

Página 3750


autonomía financiera, sino también sus derechos históricos referidos al ámbito económico-financiero.
En definitiva, señorías, señora Presidenta, el establecimiento de una medida unilateral como la que hoy se pretende aprobar, limitativa del gasto de las Comunidades Autónomas y de la Comunidad Autónoma vasca por el Estado, en nuestro caso incide directamente en el ámbito del concierto económico y es incompatible con su naturaleza jurídica, expresada en el principio de riesgo unilateral y en la necesidad del pacto, al cual hoy no se quiere llegar, y precisamente se vislumbra la posibilidad de no establecer un pacto ni siquiera en materia de la actual discusión y negociación del concierto económico. Cualquier iniciativa de este tipo debería consensuarse en el marco del concierto económico, utilizando la Comisión Mixta para esa finalidad. Otra posibilidad acabará vulnerando, no solamente las competencias y los derechos históricos de nuestra Comunidad Autónoma y de las diputaciones forales, sino también el propio concierto económico.
Muchas gracias, señorías.


La señora PRESIDENTA: Gracias, Senador Albistur.
Para la defensa del voto particular número 4 al proyecto de ley y al proyecto de ley orgánica complementaria, presentado por el Grupo Parlamentario Entesa Catalana de Progrés, tiene la palabra la Senadora Aroz.


La señora AROZ IBAÑEZ: Gracias, señora Presidenta.
Señorías, en la defensa de los dos vetos que nuestro Grupo parlamentario ha presentado a estos dos importantes proyectos de ley, quiero comenzar diciendo que Entesa Catalana de Progrés ha afrontado su trámite en esta Cámara como la oportunidad de conseguir el consenso, sobre la base del diálogo de todos los Grupos, en torno a la estabilidad presupuestaria y su regulación.
Entendíamos, como entendemos, que resultaba de gran trascendencia el que se pudiera llegara un amplio acuerdo parlamentario sobre la estabilidad presupuestaria, sobre una norma que pretende la traslación interna, es decir, a España, del pacto de estabilidad europea. Sin embargo, ello no ha sido posible. No se ha avanzado en esa dirección en trámites anteriores, y los proyectos llegan hoy, en este trámite, en el que se debaten los dos dictámenes de Comisión, con los problemas iniciales. Por tanto, aunque estos proyectos de ley van a ser aprobados porque cuentan con el apoyo del Grupo Popular y su mayoría absoluta, mantienen importantes problemas, y los anuncios que ya se han hecho desde distintos ámbitos institucionales y políticos hacen prever que su destino inmediato sea el Tribunal Constitucional y que su destino futuro dependa de la sentencia de ese alto tribunal. Por esta razón, porque no habido modificaciones a lo largo del trámite en la Cámara, nuestro Grupo ha mantenido las propuestas de veto para su debate.
A continuación, paso a explicar las razones que nos han llevado a elaborar estas dos propuestas de veto, que son iguales, entendiendo que ambos proyectos de ley, tanto la ley general de estabilidad presupuestaria como la orgánica complementaria, forman un todo. Nuestro Grupo plantea graves objeciones de carácter político, jurídico y económico a ambos proyectos de ley, al tiempo que presentamos las propuesta de veto con un carácter constructivo. Así, incluso, avanzábamos en el contenido de dichas propuestas las líneas de lo que, a nuestro juicio, podría ser una solución a los problemas más nocivos que entendemos tienen estos proyectos de ley. ¿Cuáles son los problemas fundamentales en torno a la regulación de la estabilidad presupuestaria que se pretende? En primer lugar, la cuestión de si la ley resulta o no necesaria; en segundo lugar, la necesidad, en cualquier caso, de respetar la distribución competencial del Estado español, las atribuciones competenciales que tienen atribuidas las administraciones territoriales, tanto las Comunidades Autónomas como los ayuntamientos y, en tercer lugar, la necesidad de preservar la inversión pública.
Respecto de si es o no necesaria una ley para conseguir el objetivo de estabilidad presupuestaria pensamos claramente, señorías, que no, y para apoyar esta afirmación utilizamos el argumento de la evolución del déficit público en los últimos años. Si aceptamos, y lo hacemos, el logro que ha supuesto la importantísima reducción del déficit público, un logro del que el Gobierno se siente legítimamente orgulloso y que nosotros reconocemos, tenemos que decir que la ley no es necesaria, pues dicha evolución positiva se ha conseguido sin necesidad de una norma específica para ello.
Respecto de si se quiere, en cualquier caso, regular por ley este objetivo, nuestro Grupo está dispuesto a hablar de ello. A este respecto hemos mantenido una posición absolutamente clara, manifestando en trámites anteriores, siempre que ha sido necesario, que el Grupo de Entesa Catalana del Progrés coincide con el objetivo de estabilidad presupuestaria. Consideramos que es preciso perseverar en el rigor fiscal y nos parece un objetivo positivo para nuestro país. Nosotros no coincidimos con algunos planteamientos que se han hecho desde esta tribuna en relación con esta cuestión. Estamos de acuerdo con que es un objetivo importante para la economía de nuestro país. Ese no es, pues, el problema, señorías, e incluso podemos aceptar que dicho objetivo se fije a través de una ley, podemos hablar de ello. Pero con lo que no podemos estar de acuerdo es con que el mismo se trate de imponer vulnerando la autonomía financiera de las Comunidades Autónomas y de los ayuntamientos. Este es el problema. El problema no es el objetivo de la estabilidad presupuestaria, el objetivo no es que se quiera fijar por ley, el objetivo es que se vulneran las atribuciones competenciales de las administraciones territoriales. Señorías, las Comunidades Autónomas y los ayuntamientos tienen reconocida la autonomía financiera constitucionalmente. Por eso digo que este proyecto de ley es de dudosa constitucionalidad y por eso se han anunciado recursos.
Desde el respeto al principio de la autonomía financiera consagrado en el artículo 156.1 de la Constitución, el proyecto supone una vulneración de ese principio, puesto que se imponen a los gobiernos autonómicos unas obligaciones que cercenan su autonomía, supone una tutela de las

Página 3751


Comunidades Autónomas y se presupone que las administraciones territoriales no son capaces por sí mismas de cumplir las obligaciones que constitucional o internacionalmente les puedan corresponder. Pero además hay otra cuestión importante. Hay que destacar que los logros conseguidos en la reducción del déficit no son solamente el resultado del esfuerzo de la Administración Central, sino del esfuerzo de todas las administraciones públicas, ya que el déficit actual es el déficit del conjunto de las administraciones públicas españolas. Eso ha sido así y ha sido posible porque los mecanismos de coordinación han funcionado, los mecanismos establecidos en el Consejo de Política Fiscal y Financiera, recordemos, desde 1992. Este era el camino, señorías, la mejora o la redefinición de los mecanismos de coordinación dentro de la ley, si se quiere, pero no el de la vulneración de competencias, que es el que se ha elegido.
Tercera cuestión. Decía que para nosotros uno de los puntos esenciales es que el proyecto de ley debe preservar la necesidad de inversión pública. Estas leyes, hay que tenerlo claro, van a limitar fuertemente la inversión pública, yo diría la necesaria inversión pública de las Comunidades Autónomas y de los ayuntamientos, necesaria inversión pública porque España todavía tiene que recortar un diferencial importante en dotaciones, en equipamiento de infraestructuras con la Unión Europea. Por tanto, esta limitación a la inversión pública va a perjudicar la necesaria convergencia de nuestro país con la Unión Europea. También en este sentido, señorías, de preservar la inversión creemos que era posible un diálogo para establecer fórmulas que, manteniendo limitaciones al endeudamiento, hicieran posible igualmente la financiación de las inversiones.
Pues bien, éstas son sustancialmente las razones que llevan a mi Grupo a oponerse claramente y con contundencia a estos proyectos de ley y, por ello, Entesa Catalana de Progrés ha presentado las dos propuestas de veto, para las que solicito el apoyo de la Cámara. Acabo con una última consideración, enlazando con mis primeras palabras, y es para lamentar que este trámite haya sido una oportunidad perdida, desaprovechada por el partido mayoritario para construir un consenso, un amplio acuerdo en torno a unos proyectos de ley que son de gran trascendencia económica y política para nuestro país. Las leyes van a seguir adelante y cuando culmine el trámite parlamentario después de su vuelta al Congreso, empezarán a aplicarse. Pero debo decirles que, a nuestro juicio, son unas leyes de corto recorrido, van a empezar el vuelo próximamente pero son de corto recorrido porque llevan plomo en las alas.
Gracias, señora Presidenta. (Aplausos en los escaños del Grupo Parlamentario Entesa Catalana de Progrés.)

La señora PRESIDENTA: Gracias, Senadora Aroz.
Las propuestas de veto presentadas por el Grupo Socialista corresponden al voto particular número 7 al proyecto de ley general de estabilidad presupuestaria, también número 7 al proyecto de ley orgánica y la propuesta de veto es la número 5 a la ley y la número 4 a la ley orgánica.
Para su defensa, tiene la palabra el Senador Lerma.
El señor LERMA BLASCO: Muchas gracias, señora Presidenta.
Señorías, no nos hemos guardado esta vez los argumentos para el Pleno; todos los argumentos son ya conocidos, porque hemos querido expresar con toda claridad y desde el principio de la tramitación la preocupación que nos merecen estas dos leyes.
Creo que a lo largo de todo el proceso de discusión de los dos proyectos de ley ha quedado bastante evidenciada la oposición, cada vez más contundente, de los diversos Grupos de la Cámara, y creo que esto es algo que un gobierno tiene que saber valorar. No ha sido así. A pesar de todo el proceso de alargamientos que hemos tenido de los plazos de presentación de enmiendas, lo cierto es que ninguna de ellas ha sido tomada en consideración.
Las enmiendas del Grupo Parlamentario Socialista intentan abrir expectativas no solamente ante los errores que entendemos se producen en materia de estabilidad presupuestaria, y que comete el Gobierno en su presentación, sino que también van dirigidas fundamentalmente a intentar incluir a todos aquellos que representan poderes territoriales en esta ley. Han sido rechazadas todas ellas, hasta ahora naturalmente.
Han sido ignoradas, diría yo, las voces discrepantes que en esta materia han ido surgiendo a lo largo de la tramitación, y una vez más el Gobierno se está quedando solo. Pero se está quedando solo, esta vez no con esa soledad que a veces le permite a uno mantener el empecinamiento, porque refuerza su posición, sino que se está quedando en una soledad que pone en riesgo, creo yo --ya lo he dicho y quizá le ha parecido exagerado al Gobierno--, el actual funcionamiento del Estado constitucional.
No se trata por tanto de la discusión de unas leyes normales, en que cada Grupo plantea sus posicionamientos políticos en general, sino que es la discusión de unas leyes, pienso yo, que afectan a las reglas del juego y, por tanto, es de alto riesgo ignorar cuáles son las voces de la oposición en esta cuestión. Las leyes tienen varios problemas que ya he puesto de manifiesto en los sucesivos debates en Comisión, al exponer los planteamientos de mi Grupo. El primer problema es la excesiva rigidez que se deriva de la definición de estabilidad. Hemos cantado o hemos oído cantar, más bien, al grupo parlamentario del Gobierno los méritos de la estabilidad presupuestaria, y especialmente les hemos oído referir los grandes problemas que han traído los déficit sucesivos a la economía española y también a las economías mundiales.
Pero no les hemos oído decir a qué respondían los déficit ni tampoco si esos déficit habían ayudado o impedido que los Estados y, por tanto, los ciudadanos tuvieran más posibilidades de hacer frente a su situación. Pero da igual esa situación; lo cierto es que, incluso admitiendo los planteamientos económicos del Gobierno, éste introduce en esta situación una excesiva rigidez. No la ha introducido la Unión Europea; no la introducen los demás gobiernos democráticos, sólo la introduce el Gobierno español, y es evidente que le falla el modelo, porque si tomamos como ejemplo el modelo de los Estados Unidos, país en el que aparentemente han tomado el modelo de estabilidad de déficit cero o superávit, está bastante

Página 3752


claro cuál es su planteamiento en realidad. Ellos siempre han aducido que la cruzada contra el keynesianismo era un capítulo fundamental para tener éxito en la política económica. (El señor Vicepresidente, Prada Presa, ocupa la Presidencia.) Pero ha ocurrido que la perspectiva de recesión en que les ha introducido, no sólo el camino que llevaban ya con el superávit presupuestario anterior al 11 de septiembre, sino posteriormente al 11 de septiembre, ha producido una mayor incertidumbre. ¿Y cuál ha sido la respuesta? Naturalmente, la que tenía que ser, la de negar todo el modelo teórico anterior. Inmediatamente, la Reserva Federal rebaja los tipos de interés, el 14 de septiembre aprueba ya, tres días después, un paquete de ayudas por valor de 55.000 millones de dólares y posteriormente otros 75.000 más, aproximadamente nada más y nada menos que el 1,3 por ciento del PIB norteamericano. Ahí se ha terminado el problema del déficit, porque es evidente que, ante situaciones excepcionales de peligro de recesión, la posibilidad de intervención pública --que ustedes niegan en el proyecto o, por lo menos, someten a una rigidez excesiva-- no está, en absoluto, tan justificada, a no ser que los efectos que produce la recesión sobre los más modestos no preocupe demasiado a la gente. Y, lógicamente, parece que a los gobiernos esto les debe de preocupar. Le preocupa al Gobierno de los Estados Unidos, que de repente ha echado por la borda toda la teoría del déficit cero y ha vuelto a la situación normal, cual es la de, ante riesgos claros, tomar las decisiones adecuadas.
¿Qué más problemas tiene? El segundo problema creo que también es bastante claro y ya lo hemos expresado todos más o menos detalladamente, el problema que plantea la voluntad del Gobierno en asumir competencias que no le son propias. Y esto no lo han dicho sólo los diversos Grupos territoriales o no territoriales de la Cámara.
También se lo decía al Gobierno el Consejo de Estado de una manera más o menos clara, aunque, naturalmente, el Gobierno no ha hecho demasiado caso de esas recomendaciones: No las ha querido asumir, salvo en aquello que era bastante superficial y que realmente no afectaba al contenido del proyecto en lo que supone la inconstitucionalidad, por lo que creo que estamos ante un caso de inconstitucionalidad bastante evidente.
¿Por qué es así? Porque en su proyecto el Gobierno hace primar el principio de coordinación sobre el de autonomía financiera, lo que podría ser razonable si tuviera una justificación de adaptación de los proyectos de la Unión Europea, y, en concreto, del Pacto de Estabilidad, a la situación económica española. Pero esto no es verdad.
Como se han encargado de poner de manifiesto los diversos Grupos de la Cámara también, por un lado, estamos correctamente en la reducción del déficit y, por otro lado, no estamos traspasando una directiva europea sino, en realidad, tomando una decisión política independiente, cual es que el 3 por ciento que se da de margen la Unión Europea se va a anular en España.
Y me parece bien que trabajemos por hacer posible tener un margen suficiente, pero, evidentemente, lo que no puede ser es que una decisión política del Gobierno imponga el principio de coordinación para una decisión política del Gobierno sobre el principio de autonomía financiera. Y estamos hablando del principio de autonomía financiera.
Pero el Gobierno no sólo niega en este proyecto el principio de autonomía financiera sino también el principio de autonomía. Este es el fundamental y el más importante.
Y en el caso de la Administración local, las directrices desde el Gobierno hacen otra cosa mucho más importante, y es que siempre obvian las posibles competencias autonómicas en materia de Administración local --también éste es un hecho muy grave--, remitiéndose, como es tradicional, a una Comisión Nacional de Administración Local, que, como se sabe, por un lado, domina el Gobierno, porque la fragilidad del interlocutor, por toda la dispersión de los ayuntamientos, es bastante clara, al tiempo que, por otra parte, adolece de otro problema fundamental, cual es que en la Comisión Nacional de Administración Local no están presentes las Comunidades Autónomas, que comparten competencias con la Administración central en materia de Administración local. Por tanto, es éste un motivo más de posible inconstitucionalidad que tendremos que tener bastante presente ante posibles recursos. Y queremos insistir en que hemos planteado una y otra vez nuestra voluntad muy clara de llegar a un acuerdo sobre esta ley.
En fin, tenemos un tercer problema y ése es más evidente todavía, es más claro: un empecinamiento torpe en llevar adelante este proyecto sin contar con las Comunidades Autónomas. ¿Por qué es torpe? Pues simplemente porque de una lectura fácil de las enmiendas presentadas por los demás Grupos de la oposición y, en particular, por los Grupos nacionalistas se percibe bastante claramente su voluntad de llegar a acuerdos porque están aceptando en realidad todo el planteamiento del Gobierno desde el punto de vista de que sea el Consejo de Política Fiscal y Financiera o la Comisión Nacional de Administración Local la que tome las decisiones que afectan a su competencia. Es decir, están renunciando realmente a una parte de su competencia por una Comisión Nacional o por un Consejo que no tiene en realidad esa competencia.
Están demostrando una voluntad evidente de llegar a un acuerdo. Están haciéndoselo muy fácil al Gobierno. Están permitiendo que sea posible llegar a un consenso en esta materia del proyecto de ley con mucha facilidad.
Por lo tanto, despreciar este acuerdo fácil de reivindicaciones modestas por parte de las Comunidades Autónomas simplemente por salirse con la suya y nada más, que no lo va a poder lograr, ciertamenteme parece una torpeza bastante evidente porque --insisto-- las reivindicaciones planteadas en las enmiendas por las Comunidades Autónomas son, como mínimo, bastante modestas desde mi punto de vista.
Por eso, precisamente --lo he dicho en la Comisión y quiero reiterarlo ahora--, vamos a aceptar prácticamente todas las enmiendas presentadas porque son una magnífica oportunidad para llegar a un amplio consenso con todas las administraciones españolas y hacer un verdadero pacto de estabilidad interna. Son reivindicaciones modestas que, por otra parte, van a marcar una línea divisoria en el futuro bastante evidente entre los que defendemos este modelo

Página 3753


constitucional y me temo que entre los que no se lo acaban de creer demasiado, porque ciertamente --insisto-- es un problema grave el que se plantea con esta ley a la hora de hacer que funcionen las Comunidades Autónomas y los ayuntamientos de acuerdo con los principios constitucionales.
Se plantea después un cuarto problema, un problema más grave todavía para la Cámara que estamos representando, pues sucesivamente en cada proyecto del Gobierno y en éste en particular, el Gobierno, en lugar de reformar el Senado constitucionalmente y darle competencia territorial real, está creando un órgano que cada vez más asume el papel de este Senado de representación territorial.
El Gobierno, con el Consejo de Política Fiscal y Financiera está reforzando cada vez más el papel de ese órgano en sustitución de esta Cámara que tiene encomendadas constitucionalmente las funciones de representación territorial. Por lo tanto, el Gobierno está actuando en sentido contrario a lo que dice, cosa que para todos ustedes es bastante evidente, porque aquella Ponencia de reforma del Senado que lleva ya funcionando tantos años en esta Cámara no da un paso adelante, sino que lleva varios años ya dando pasos atrás.
De los acuerdos logrados inicialmente en aquella Ponencia hemos pasado prácticamente a una paralización y de la paralización hemos pasado a la sustracción de competencias que van pasando sistemáticamente hacia el Consejo de Política Fiscal y Financiera que toma por competencias ejecutivas las que no lo son y corresponden a este Senado. Por lo tanto, estamos planteando --como digo-- un hecho grave, el de modificar con una ley algo que debería ser sagrado para todos nosotros, que es el principio de la distribución territorial del Poder que tantos años costó conseguir, pues hoy una vez más constatamos que vamos dando cada vez pasos más atrás.
Nada más y muchas gracias.


El señor VICEPRESIDENTE (Prada Presa): Muchas gracias, Senador Lerma.
En turno en contra, tiene la palabra el Senador Caneda.


El señor CANEDA MORALES: Muchas gracias, señor Presidente.
Señorías, yo he leído con mucho interés los vetos presentados, y llego a la conclusión de que en algunos casos realmete tenemos discrepancias, lógicas y naturales, en la interpretación de alguna norma o en el planteamiento ideológico sobre el concepto de estabilidad; en otros casos, más bien parece una búsqueda desesperada de hacer oposición.
Cuando no se tiene alternativa, muchas veces se recurre al fácil sentimentalismo localista, y de ello se quiere hacer un argumento. Yo creo que se equivocan buscando estos argumentos populistas porque hay una ley, como ha dicho la señora Aroz, en la que hubiese sido deseable que hubiéramos llegado a un acuerdo, lamento profundamente no haberlo conseguido. Esta ley define la cultura a la que hemos llegado, y hubiera sido importante llegar con acuerdo.
En otros casos, creo que los intervinientes intentan por todos los medios buscar argumentos para el enfrentamiento. Nosotros hemos elegido el camino de la paciencia y hacer un esfuerzo para que no se produzcan estos enfrentamientos. Para seguir creciendo en la España que nosotros creemos, la que crea más empleo, la que es más solidaria, como venimos haciendo desde 1996, tenemos que aprobar estas leyes que ustedes vetan y que se enmarcan dentro de nuestra Constitución, aunque podemos tener una interpretación diferente --luego abundaré en este punto.
El objetivo no es el déficit cero, que parece que lo ponemos en lo más sagrado. No, el objetivo es seguir creciendo, seguir creando más empleo y tener más dinero para los gastos de solidaridad --que se han comentado--, y este proyecto es un instrumento para ello.
En cualquier caso, yo me siento satisfecho, en el largo proceso del trámite de esta ley, de ver cómo han cambiado algunos posicionamientos que no hace mucho tiempo no entendían el concepto de estabilidad y ahora, sin embargo, parece que la mayoría están de acuerdo con él, aunque en su defensa, en algunos casos, con el sí, pero no a esto, o no a lo otro, demuestran que hay una inconsistencia profunda en lo que es la creencia en sí de este concepto de estabilidad.
El señor Lerma, por ejemplo, ha hecho alusión a la definición del propio equilibrio. El equilibrio lo entiendo al hablar de números: cuatro es igual a cuatro, y los ingresos tienen que ser igual a los gastos. Podemos hacer otro tipo de convenios para que el equilibrio no sea lo que es. A es igual a B si queremos que sean iguales, porque si no, no son iguales y habrá déficit. Me parece muy infantil hacer convenios para engañarnos. Creo que esta ley permite otro tipo de convenios.
Nosotros hemos sabido aprovechar adecuadamente el proceso de construcción europea en los últimos años, y queremos seguir aprovechándolo, y para eso tenemos que seguir haciéndolo mejor que los demás ¿Por qué? Porque hemos perdido un tiempo de convergencia, de 1985 a 1995, de avanzar más que el resto para poder llegar a tener la misma renta media, y para seguir avanzando como estos últimos seis años tenemos que seguir aplicando esta política.
Entrando en la ley en sí, y no vamos a poner en duda, como algunos intervinientes, el sistema de mercado, los beneficios de las empresas o el papel de la Cámara, que eso es otro debate, entendemos que para defender esta ley es preciso marcar tres conceptos fundamentales: la estabilidad en sí, la necesidad de la ley y lo que aporta como democracia y como técnica presupuestaria.
Dentro del concepto de estabilidad, se me pueden ocurrir múltiples ventajas y ejemplos de aplicación. Tenemos necesariamente que hablar del nuestro. En España ha habido un nuevo modelo de crecimiento que ha tenido en la estabilidad uno de sus elementos fundamentales, que no es el único, ya que está dentro de una política económica. Lo cierto es que se ha pasado de un 7 por ciento de déficit a un equilibrio ¿Cuándo se ha visto un ciclo tan largo como el que hemos vivido con este nuevo modelo, con tanta intensidad de creación de empleo privado, no inventándose

Página 3754


empleo público, con una inflación moderada? ¿Cuándo se ha visto que en épocas de crisis internacionales la economía española no se haya hundido más que el resto de las economías desarrolladas? Nunca. Ahora, gracias a estas políticas, es cuando tenemos este modelo de crecimiento.
Las políticas de déficit --y búsquense los ejemplos que se quiera, aquí y en Tokio, que es donde se ha comprobado últimamente-- lo único que han generado han sido más gastos, más impuestos, más paro, reducciones en los gastos sociales y menos inversión. Y no hay que tener mala memoria. Hay que ver qué nos ha pasado en nuestra economía, qué ha sucedido en los países de la Unión Europea cuando se ha recurrido a estas políticas y qué está pasando actualmente en los países en que se están ensayando.
Ha sido este cambio de política realizado en los países de la OCDE el que ha llevado a modelos de crecimiento. Ustedes se refieren a Estados Unidos que, por supuesto, es un ejemplo a reconsiderar y hay que recordar que debido a este cambio de política ha podido conseguir el ciclo expansivo más largo de su historia, con una intensa creación de empleo, y precisamente le ha permitido que el 14 de septiembre se hayan podido aprobar unas medidas excepcionales gracias a un superávit acumulado, resultado de una buena gestión de los recursos públicos. Y esto es exactamente lo que defendemos ahora: liberar los recursos que permite la deuda, y dárselos al sector privado; se está dando a un sector capacidad de creación de empleo, un dinero para una administración eficaz y, además, es el prolegómeno indudablemente de la bajada de intereses, de una rebaja de impuestos y una garantía para apostar por esa economía.
¿Por qué se desea hacerlo mediante una ley? Entre otras cosas, porque de esta forma se da credibilidad. Se me ha dicho que esta ley no es necesaria porque es algo que todos entendemos, con lo que todos estamos de acuerdo, que es obvio. Pregúntense también por qué, si todos estamos conformes con el aumento de las pensiones, nadie se ha opuesto a que se haya llevado a cabo mediante una ley. Antes no se aumentaban las pensiones y no se llegaba al equilibrio porque las cosas se hacían de una manera que no compartíamos. En este momento, pensamos que se debe elaborar una ley, igual que sucede con las pensiones, la sanidad y la estabilidad presupuestaria, porque ofrece más credibilidad.
Nosotros no confundimos estabilidad presupuestaria con estabilidad económica, pero pensamos que en este momento cuando hemos renunciado a la política monetaria porque ahora la tiene el Banco Central Europeo, la estabilidad presupuestaria es un elemento muy importante, fundamental para lograr la estabilidad económica.
Pensemos también en el futuro ¿qué está ocurriendo con las sociedades europeas y con la sociedad española? Tenemos un proceso de envejecimiento de la población; está claro que se va a producir un incremento de gastos sociales, una demanda de gastos sanitarios, ¿de dónde mejor se pueden obtener ingresos que de las desmesuradas partidas de gasto de intereses que se han estado pagando en este país, que en algunos casos han llegado a constituir el segundo capítulo más importante, después de las pensiones? La mejor póliza de seguro que la sociedad española tiene para el futuro se llama estabilidad presupuestaria porque, gracias a mantener correctamente las cuentas, cuando las cosas vienen mal dadas, se puede recurrir al déficit sin que haga mella en la estabilidad económica.
En este momento efectivamente a nivel nacional estamos viviendo la crisis más importante de los últimos veinte años pero tenemos unas cuentas públicas que gracias al saneamiento al que me he referido nos pueden permitir tener desviaciones si las cosas vienen mal dadas. Y no se puede decir que ésta sea una ley restrictiva; en ningún momento la ley produce el déficit, únicamente se reconoce su carácter excepcional en el artículo 14 de la ley ordinaria; y en el artículo 8 de la ley orgánica figura el equilibrio como norma y el déficit la excepción, igual que el ejemplo que nos ha puesto el señor Lerma de Estados Unidos. Y si ese equilibrio se rompe hay que hacer un plan para recuperarlo. Yo he puesto un ejemplo gráfico: aunque la norma es conducir por la derecha no significa que no se pueda pasar a la izquierda si existe un obstáculo, pero es necesario volverse cuanto antes a la derecha.
Señor Presidente, tampoco estamos de acuerdo con lo de la inoportunidad en el tiempo; más bien todo lo contrario. Es obvio que el objetivo de estabilidad ha sido para el Partido Popular, desde el año 1996, un claro modo de actuar. Sin embargo, se hace ley cuando mayoritariamente se han asumido estos contenidos, dentro y fuera de España: fuera está recogido en el Pacto de Estabilidad y Crecimiento de Amsterdam, de 1997, y posteriormente, en Lisboa, se vuelve a aprobar que se siga avanzando sobre lo aprobado, que se exija ir más allá, se dice en lo aprobado en el Pacto de Estabilidad y también en el año 1997, dentro del Consejo de Política Fiscal y Financiera. Sólo entonces la incorporamos a nuestro ordenamiento jurídico, cuando ya está asumido y, como bien se ha recordado, practicado por la mayoría.
Y se hace esta ley, que es muy importante, con una identidad propia y con carácter de permanencia, no condicionado ni a una coyuntura económica, como algunos confunden, o a un sistema de financiación, como se ha dicho en otros casos. Una ley no puede estar pendiente de cómo se obtienen o no los ingresos. Si cambia el régimen de financiación tendrá unos ingresos, y esos ingresos siempre tendrán que ser iguales a los gastos, sea cual fuere el sistema financiero, y la coyuntura económica lo único que hará es que en un momento determinado se tenga una situación difícil y haya que recurrir al déficit, pero no puede condicionar a una ley.
El segundo punto sobre el que se ha hablado es sobre la necesidad de la ley. El Partido Popular durante este año ha incrementado la descentralización. Se ha llegado constitucionalmente desde este Gobierno a una casi plena descentralización. El peso del Gobierno central pasa a ser menor que el del resto de las administraciones. Se dota al Estado de las Autonomías de una financiación que permite una gran autonomía financiera. ¿Cómo se concibe, en el siglo XXI, una economía moderna y abierta, tan abierta como la que tenemos, que no arbitre unos instrumentos básicos de coordinación? ¿De qué servirían criterios válidos sólo para

Página 3755


unas administraciones que, además, son minoritarias en el peso y para otras no? ¿Serían útiles los esfuerzos de sólo una parte de la Administración? No entendemos esa oposición ciega de algunos grupos a la estabilidad, salvo que sea por complejos no superados, y en otros casos por partidismo ciego, pero desde luego no porque conceptualmente no se pueda comprender que esta coordinación es necesaria.
El desarrollo, al final, es directamente proporcional a la capacidad de sumar. Hemos hecho un esfuerzo en lo político, hemos alargado el trámite, hemos incorporado enmiendas en aras a que todas las administraciones asuman esta responsabilidad conjuntamente, porque creemos que es conjunta, pero lamentablemente no ha sido suficiente.
Creemos que las autonomías en España o los Estados como Austria, Alemania, etcétera, se diferencian de las tribus que puedan estar en el centro de Africa o las que puedan estar en Afganistán, entre otras cosas, precisamente por ese deseo de no enfrentamiento, sino en hacer leyes, sumar, hacer una política económica conjunta porque entienden que es positivo aportar, entre unos y otros, las potencialidades, y se combina lo común y lo diverso porque hace que podamos crecer más. Eso es lo que está haciendo España sin ningún complejo y el resto de los países europeos en la Unión Europea, cediendo y coordinando.
No entendemos por qué esto, que se ve bien cuando se traslada una responsabilidad o una coordinación de España a la Unión Europea, se ven tan mal por algunos dentro de España, porque las empresas, estén en Santander o en Barcelona, no utilizan España como mercado doméstico para el desarrollo. Yo creo que claramente será necesaria una legislación básica que dé unidad al orden económico nacional.
Y la Constitución, a la que se hace referencia constantemente en los vetos, se hizo con voluntad de cooperación y con sentido común. Por eso contempla esta posibilidad, y el artículo 40 obliga a todos los poderes públicos a promover las condiciones favorables para el progreso social y económico y para una distribución de la renta regional y personal más equitativa en el marco de una política de estabilidad económica orientada al pleno empleo.
Si éstos son los objetivos últimos perseguidos por esta ley, está claro que no basta con que el Estado adopte para sí las medidas necesarias para su consecución, sino que resulta imprescindible que el rigor presupuestario abarque también a las políticas fiscales de todas las Administraciones Públicas. Y para ello, en nuestra opinión la Constitución Española atribuye al Estado suficientes títulos competenciales para adoptar el conjunto de medidas que aseguren el cumplimiento del objetivo previsto tanto en el Pacto de Estabilidad y Crecimiento como en el artículo 40 de la Constitución.
Así, el Estado tiene competencias exclusivas sobre algunas materias a que se refiere el apartado 1 del artículo 149 que son las siguientes: la 11ª, referente al sistema monetario; la 13ª, relativa a bases y coordinación de la planificación general de la actividad económica; y la 14ª, de Hacienda general y Deuda del Estado. No asumir estas responsabilidades, señorías, sería simplemente una dejación de funciones.
Nosotros queremos realmente compartir el valor de la estabilidad presupuestaria como norma de comportamiento en las administraciones y también queremos estimular la autonomía financiera. Por eso hemos transferido más competencias y habilitado más fondos. Tomen ustedes la ley --a veces parece que no se ha leído-- y vean el respeto que muestra a la autonomía financiera de las Comunidades Autónomas, igual que se contemplan en la disposición adicional quinta las peculiaridades del régimen vasco y del navarro y se adapta a ellas. Y, por supuesto, el hecho de que se tenga otra forma de ingreso en estos dos sistemas no significa que la Ley de Estabilidad Presupuestaria no afecta, porque afecta al equilibrio y no a la mayor o menor capacidad de ingresos. Esa autonomía la tienen todos en el régimen que sea, pero la estabilidad sirve igual para todos.
En los artículos 19 y 20, en los que se hace referencia a las haciendas locales, aparece la misma coletilla: ... sin perjuicio de las competencias de las Comunidades Autónomas. Se otorga en esta dirección un papel fundamental al Consejo de Política Fiscal y Financiera en la coordinación de la política presupuestaria del Estado y de las Comunidades Autónomas, adquiriendo nuevas atribuciones de supervisión multilateral a las políticas presupuestarias y de endeudamiento.
Abundando en este punto, la ley hace referencia al Estado al que, además del equilibrio, impone un límite de gastos con las Comunidades Autónomas, que son libres para elegir si quieren alcanzar el equilibrio a través de la limitación del gasto, o si por el contrario desean hacer uso de su capacidad legislativa para subir los ingresos.
También se le otorga un papel fundamental a la Comisión Nacional de la Administración Local cuando trata temas de su incumbencia. ¿Y quién ha dicho aquí que esta ley no permita la deuda, cosa que oigo una y otra vez? La ley no dice en ningún caso que no se endeuden. Lo que dice es que cuando se adquiera una deuda hay que hacer un plan para pagarla.
Hay que pagar el principal y los intereses, pero estos pagos hay que hacerlos sin recurrir cada año a nuevos déficit. Eso lo hace cualquier persona normal que quiera llevar una economía decentemente, y eso mismo se pide para la Administración del Estado.
Esta ley contempla un tipo de relaciones modernas y de confianza entre las administraciones, y no unas que se empeñen de nuevo en aquellas que surgen en el siglo XIX, que se aplican con bastantes malos resultados en el siglo XX y que ahora resultaría totalmente anacrónico querer recuperar. Hay que tener unas relaciones mucho más ambiciosas y progresivas.
Y el tercer pilar de esta ley es el avance que se obtiene en ella misma. Los ciudadanos desean que todas las administraciones controlen el gasto, porque los excesos, ya sean de gobiernos locales, de los autonómicos o del Gobierno central, al final los acaban pagando. Para ellos esta ley incorpora tres principios básicos y tres modificaciones.
La plurianualidad para que todas

Página 3756


las administraciones públicas sigan los criterios del Pacto de Estabilidad de Crecimiento, y además hace que la previsión, al estar enmarcada en un período más amplio, sea más fácil.
La transparencia se logra porque el hecho en sí de que tengan que verificarse contablemente los déficit hace que el sistema sea menos opaco, y por otra parte la eficiencia implica en sí misma una estabilidad. Y no olvidemos las modificaciones que hace esta ley en los procedimientos presupuestarios en relación con la fijación del máximo anual de gastos coherente con el escenario plurianual, es decir, el establecimiento de un fondo de contingencia que nos van a permitir anular las modificaciones de crédito que muchas veces son de carácter expansivo y la determinación final de las consecuencias de los superávit o los déficit.
Señorías, el Grupo Parlamentario Popular ha elaborado antes leyes que pretendían recortar privilegios a distintos sectores de la sociedad, a veces con la oposición de los afectados, demostrando siempre que eran convenientes para la sociedad y para su desarrollo. Algunos de los afectados, fueran farmacéuticos, abogados, notarios o catedráticos de universidad, pensaron que la libertad y la transparencia no eran buenas para sus intereses y siempre protestaron. Ahora le ha tocado a los políticos, algunos siguen rechazando que la transparencia y el control ciudadano, que es lo que significan estas leyes, se aprueben para pasar de este control.
El hecho de que algunos no nos acompañen y parezca que estamos solos o poco acompañados, muchas veces es simplemente porque se llega antes a un objetivo.
Nosotros hemos sido pioneros en la Unión Europea en la bajada de impuestos, en privatizaciones, en la reforma del mercado de trabajo, y en todo nos han seguido, en esto también nos seguirán. En este caso, de lo que sí estamos seguros es de que estamos acompañados de millones de ciudadanos que quieren que el dinero público se trate, al menos, con el mismo cuidado con que ellos tratan el suyo. Y esto es lo que quiere el Partido Popular, como lo quisieron en su día en Estados Unidos, en Australia o en Suecia, sus parlamentos. Si la Administración controla el pago de impuestos de los ciudadanos, es de justicia que éstos controlen los gastos de la Administración. Por eso vamos a votar que no a sus vetos.
Muchas gracias. (Aplausos en los escaños del Grupo Parlamentario Popular.)

El señor VICEPRESIDENTE (Prada Presa): Muchas gracias, Senador Caneda.
A continuación pasamos al turno de portavoces. Por el Grupo Parlamentario Mixto, tiene la palabra el Senador Cámara.


El señor CAMARA FERNANDEZ: Muchas gracias, señor Presidente.
Le ruego que, si es posible, nuestro turno sea dividido con la Senadora Inmaculada de Boneta.
El señor VICEPRESIDENTE (Prada Presa): Señoría, le recuerdo que en turno de portavoces no es posible compartirlo. Me comunica el letrado que, efectivamente, salvo que se hubiera solicitado en Junta de Portavoces y así se hubiera acordado, los precedentes son no dividir los turnos de portavoces.


El señor CAMARA FERNANDEZ: No estoy de acuerdo con el portavoz del Partido Popular, pero cedo mi turno a la Senadora De Boneta.


El señor VICEPRESIDENTE (Prada Presa): La Senadora De Boneta tiene la palabra.


La señora DE BONETA Y PIEDRA: Muchas gracias, señor Presidente.
En primer lugar, agradezco a mi compañero de Grupo la deferencia que ha tenido al ofrecerme este turno, toda vez que esta Senadora, representante de Eusko Alkartasuna, tenía gran interés en manifestar su posición sobre las leyes general y orgánica complementaria de estabilidad y presupuestaria, ya que por el momento en que me incorporé a esta Cámara no me fue posible presentar enmiendas que, en todo caso, también hubieran sido de veto.
En este sentido, la posición de este Grupo y, desde luego, de esta Senadora respecto a los vetos presentados es de total rechazo a las leyes y de apoyo a los vetos y de las posiciones del Grupo Parlamentario de Senadores Nacionalistas Vascos y de los otros grupos parlamentarios. En primer lugar, porque esta ley es antiautonómica, antimunicipal, antiforal y muchas cosas más, pero aparte, porque esta ley es retrógrada en sus planteamientos. Cuando se habla de estabilidad y de convergencia hay que tener en cuenta que la convergencia real también significa convergencia social, que se mide en términos de creación de empleo, de creación de servicios sociales, de formación, pues muchas personas no pueden incorporarse al mercado de trabajo por falta de formación o de posibilidades, o como en el caso de la mujeres, consecuencia de la falta de conciliación entre la vida laboral y familiar, y un largo etcétera que en este momento no voy relatar.
En todo caso, tengo que decir que el gasto social en el Estado español es casi un 8,5 por ciento inferior en términos de PIB a la media de la Unión Europea. Esto es convergencia y no el déficit cero.
Desde el punto de lo que representa esta ley para la concepción de un Estado español que creíamos que había desaparecido, o por lo menos se había apuntado ligeramente distinto desde la Constitución de 1978 al reconocer las nacionalidades y regiones, creo que con carácter general se vuelve a la España única, la de Javier de Burgos, a la España absolutamente provincial del Siglo XIX. Impide, además, la capacidad económica o financiera no solamente de las Comunidades Autónomas sino también de los demás entes territoriales, corporaciones locales, Ayuntamientos e instituciones forales que existen en nuestro país. Con carácter particular, he de decir que atenta al régimen del Concierto Económico del País Vasco.


Página 3757


Por otra parte, las disposiciones adicionales segunda y quinta están estableciendo una diferenciación e injerencia todavía más grave, si cabe, entre los dos regímenes forales que representan el Concierto Económico. Están intentando hacer una autonomía fiscal y financiera de primera B y otra de segunda B.
Por todas estas razones, esta Senadora de Eusko Alkartasuna manifiesta su más absoluto rechazo por la falta de progresismo en esta retrógrada ley y porque defiende la soberanía fiscal y financiera de su país y las competencias de las Comunidades Autónomas y del resto de las instituciones territoriales.
Nada más y muchas gracias.


El señor VICEPRESIDENTE (Prada Presa): Gracias, Senadora De Boneta.
¿Grupo de Coalición Canaria? (Pausa.) Por el Grupo Parlamentario de Senadores Nacionalistas Vascos, tiene la palabra el Senador Albistur.


El señor ALBISTUR MARIN: Muchas gracias, señor Presidente.
Quiero decirle al señor Caneda, como portavoz del Partido Popular --y sabe que tiene mi reconocimiento personal--, que frente a esos magníficos discursos que se preparan en el Ministerio de Hacienda existen otros tratados, los de aquellas autoridades que escriben desde el punto de vista de lo que es una economía moderna, y, sobre todo, interpretadora de los acontecimientos que están sucediendo.
Como he dicho muy bien --e insisto en ello--, en mi intervención anterior, lo que hoy está sucediendo hay que interpretarlo y, posiblemente, el Pacto de Estabilidad y Crecimiento firmado hoy es muy distinto al que se firmó en su momento. Dicen los autores: «Las autoridades económicas suspiran aliviadas porque, ante la nueva naturaleza de la crisis, pueden hacer lago más que bajar los tipos de interés. Pueden redireccionar el gasto público hacia nuevos usos que protejan a los sectores más dañados y pueden, incluso, aumentarlo con programas de reactivación que rompan el tabú del déficit cero o amenacen con saltarse a la torera los pactos de estabilidad. A pesar de algunos mohínes --como hace nuestro Gobierno-- de protesta por parte de algunos gobiernos, entre los cuales está el nuestro, está claro que en el fondo los responsables económicos no creían demasiado firmemente en lo que estaban predicando, porque la verdad elemental es que la política económica buena, entre comillas, no consiste hoy simplemente en aumentar el gasto público o controlar su déficit, sino que hay que discutir hacia dónde van los nuevos créditos del gasto; deberán ir hacia cosas como la educación y la ciencia, que sirven para paliar la crisis subyacente y no a otros sectores que, aunque dañados, lo han sido sólo por el impacto de la caída de la confianza a partir del 11 de septiembre, justo lo contrario de lo que se está practicando en la política española. Ya es hora de que, como contrapartida al capitalismo popular que ha existido hasta ahora, la política empiece a tratar al votante, no como un convidado de piedra, sino como un ciudadano que, entre sus muchos derechos, tiene el de estar correctamente informado sin tabúes, censuras o historias raras disfrazadas de sabiduría profunda, que es la contestación que de alguna forma hemos recibido.
Nuestro Grupo también lamenta sinceramente que no haya sido recogida ni una referencia al debate establecido en la defensa del veto en relación a los temas que afectan gravemente al Concierto Económico.
Suponemos que eso no estaba previsto en el guión del Ministerio de Hacienda, o que estaba prevista la posibilidad de llegar a un acuerdo y que nuestro Grupo no hubiera intervenido en los términos en que lo ha hecho. Lo cierto es que el Ministerio de Hacienda no ha movido ficha, estamos como estamos, con el anuncio de un profundo desacuerdo, que esperemos que se reoriente porque este proyecto de ley es de alguna forma la apertura del acuerdo o desacuerdo con la ley del concierto económico.
Gracias.


El señor VICEPRESIDENTE (Prada Presa): Gracias, Senador Albistur.
Por el Grupo Entesa Catalana de Progrés, tiene la palabra la Senadora Aroz.


La señora AROZ IBAÑEZ: Gracias, señor Presidente.
Señorías, quiero aprovechar este turno para anunciar la disposición del Grupo Parlamentario Entesa Catalana de Progrés a contribuir a que el Senado impulse un recurso de inconstitucionalidad en relación con estos proyectos de ley.
Si hay coincidencia --como la ha habido a tenor de los argumentos dados por parte de todos los portavoces, a excepción del Grupo Popular-- en que estos proyectos de ley vulneran la autonomía de las administraciones territoriales, es decir, de las Comunidades Autónomas y los ayuntamientos, si también hay coincidencia en que ésta es una Cámara territorial, aunque todavía le quede un largo camino por recorrer para convertirse en un auténtico Senado territorial, la conclusión que se deriva es que el Senado debe defender a las Comunidades Autónomas y las administraciones locales ante una legislación que vulnera su autonomía. Consideramos que éste es el ámbito idóneo para presentar un recurso de inconstitucionalidad, y por ello, como he dicho, nuestro Grupo ofrece a todos los grupos parlamentarios su disponibilidad para impulsarlo conjuntamente.
Gracias, señor Presidente.


El señor VICEPRESIDENTE (Prada Presa): Gracias, Senadora Aroz.
Por el Grupo Parlamentario de Convergència i Unió, tiene la palabra el Senador Cambra.


El señor CAMBRA I SANCHEZ: Gracias, señor Presidente.
Aprovecho este turno para manifestar la posición del Grupo de Convergència i Unió en relación con este debate a la totalidad de estos dos proyectos de ley.
Estamos ante unos proyectos de ley que han seguido un largo procedimiento parlamentario --no hay que olvidar

Página 3758


que entraron en el Congreso de los Diputados el pasado mes de febrero--, y que también han sido objeto de un debate amplio en la Comisión General de las Comunidades Autónomas, con la participación de prácticamente todos los Consejeros de Economía y también, como es lógico, de los grupos de esta Cámara. Por tanto, podríamos decir que estos dos proyectos de ley son un tanto extraordinarios.
Por otra parte, estos dos proyectos nos producen una sensación de ambivalencia. Por un lado, es evidente que estamos de acuerdo con el concepto que en los mismos se recoge, esto es, con la estabilidad presupuestaria. Ello se ha demostrado, tanto por nuestra actuación en materia de política económica de los últimos años, en los que hemos participado de forma directa --sobre todo, hasta el año 2000-- y decisiva en una línea que ha llevado a la situación actual de estabilidad presupuestaria, que compartimos y defendemos a ultranza, como también por la política económica y presupuestaria que se está llevando por parte del Gobierno de la Generalitat, que este año va a cerrar sus cuentas con estabilidad presupuestaria y déficit cero. Pero aunque estemos de acuerdo con ese concepto, no tenemos claro que eso justifique estos proyectos de ley. Nuestro voto que, como es conocido, será contrario a los mismos y, por tanto, favorable a los vetos, se justifica por los aspectos competenciales. Pero, aun sin entrar en ellos, tampoco desde el punto de vista de su contenido tenemos claro que se justifiquen.
En primer lugar, sin la existencia de esos proyectos de ley se ha demostrado que el objetivo que con ellos se persigue es perfectamente asumible sin necesidad de regulación. Dudamos, además, de que el procedimiento que se establece en estos proyectos de ley tenga un equilibrio con el objetivo que se permite. Consideramos que el articulado, que valoramos positivamente, es quizá una artillería excesiva para el objetivo que se persigue. E incluso, desde un punto de vista más técnico, y sin entrar en consideraciones jurídicas sino de gestión, no sabemos hasta qué punto es exagerado lo que se refleja en la literatura del articulado respecto del objetivo. Son más de 9.000 las administraciones públicas afectadas, y quizá lo que se persiga sea excesivo desde el punto de vista de la gestión. Por otra parte, es también muy rígido y, como ha reconocido el Senador Caneda, va más allá de lo que prevé el pacto de estabilidad y crecimiento, algo que también consideramos cuestionable.
Ahora bien, el fundamento de nuestro voto negativo se encuentra en el aspecto competencial. Nuestro Grupo entiende que se está produciendo una agresión a las competencias autonómicas, y muy en concreto a su autonomía financiera. Para nosotros esto constituye una cuestión insalvable para que nuestro voto fuera distinto del que vamos a dar. ¿Y en qué aspectos? En primer lugar, en su aspecto global, es decir, en la forma de concebirlo. El Senador Caneda ha hablado de estabilidad, y estoy de acuerdo con ello, pero para justificar el proyecto de ley hablaba también de credibilidad, y en mi opinión, como ya he dicho anteriormente, la credibilidad se demuestra con hechos, y éstos han demostrado que aunque no había ley ha habido equilibrio presupuestario.
Su señoría ha dicho que por parte del Gobierno, de la Administración del Estado, se ha avanzado como nunca en cuanto a competencias --entiendo que se refería a las competencias de autonomía financiera derivadas del nuevo Pacto de Financiación de las Comunidades Autónomas--, y en ese momento se crea automáticamente un mecanismo legal para controlar lo que se ha avanzado, y esto es algo con lo que no podemos estar de acuerdo. Siempre hemos dicho que este proyecto de ley debía ir, en cualquier caso, detrás, y ahora es cuando ya se ha aprobado el nuevo Sistema de Financiación Autonómica. No creemos necesario crear un mecanismo, que su señoría ha denominado de coordinación, porque ahora exista una mayor autonomía financiera. La coordinación es algo positivo, pero no se pueden o podemos imponer.
Por tanto, y desde el punto de vista competencial, no podemos votar favorablemente estos proyectos de ley, motivo por el cual vamos a votar a favor de los vetos que hoy se han presentado a los mismos.
Todo ello se refleja en aspectos competenciales genéricos, en cómo se tratan las competencias de las Comunidades Autónomas en su papel de control de las entidades locales, y se limita algo que para nosotros es ilimitable, la competencia exclusiva de los Parlamentos autonómicos para ser los únicos que aprueben cualquier hecho referido a los presupuestos de sus propias Comunidades. Cuando se habla de presentar un plan alternativo olvidan ustedes --no tanto respecto de las corporaciones locales pero sí respecto de las Comunidades Autónomas-- que son los Parlamentos autonómicos los que, de forma exclusiva, deben aprobar cualquier modificación presupuestaria, puesto que son ellos quienes tienen la competencia formal sobre los presupuestos de las Comunidades Autónomas.
Pero, siendo éste el sentido de nuestro voto, quiero manifestar, y considero que en ello la historia nos avala, que el voto negativo a los proyectos de ley se plantea de forma constructiva. Como portavoz de mi Grupo Parlamentario ya hice, en la Comisión General de las Comunidades Autónomas, un canto a la búsqueda del consenso, consenso que se alcanzó para algo tan importante como el nuevo Sistema de Financiación Autonómica, y de ello se hizo partícipe a las Comunidades Autónomas y a las fuerzas políticas. Ahora creemos que este proyecto de ley, de alguna forma tan vinculado a esta cuestión, no debe salir adelante con la oposición de prácticamente todos los grupos parlamentarios de esta Cámara, y probablemente sucederá lo mismo cuando vuelva al Congreso de los Diputados. Lo lamentamos, pero en un tema como éste nuestra posición no puede ser otra que la del voto negativo que he manifestado.
Nada más por nuestra parte. Muchas gracias.


El señor VICEPRESIDENTE (Prada Presa): Gracias, Senador i Cambra.
Por el Grupo Parlamentario Socialista tiene la palabra el Senador Lerma.


El señor LERMA BLASCO: Muchas gracias, señor Presidente.


Página 3759


Voy a hacer uso de la palabra para manifestar con absoluta brevedad que hemos seguido el mismo procedimiento que en el trámite anterior. Es decir, la evidencia de la oposición de todos los grupos de la Cámara con una visión diferente a la del Grupo Popular, especialmente en materia competencial, y el intento doctrinal de explicarnos las bondades de la falta de déficit, pero no estamos discutiendo esto.
Yo creo que en el imaginario popular de los afiliados del Partido Popular ha quedado patente aquella imagen tradicional de los libros de historia española de que España era un caos y vinieron ustedes a salvarla. Pero eso, desgraciadamente para ustedes y afortunadamente para todos, no es verdad. España tenía unas cosas caóticas y otras muy buenas, algunas de las cuales han recogido ustedes después y han tenido la suerte de venderlas como propias, de lo cual nos alegramos todos porque ha sido en beneficio general. Pero ni es verdad el déficit del 7 por cien que ustedes dijeron --les han corregido los propios organismos de la Administración, ya que ustedes habían colocado déficit a la situación anterior que correspondía a años venideros, y eso ya lo sabe usted perfectamente y no hace falta insistir en ese imaginario popular--, ni es verdad tampoco que ustedes hayan hecho tantas cosas por el equilibrio presupuestario, porque las situaciones venían dadas de reformas anteriores que ustedes han aprovechado, y eso lo sabe todo el mundo. Al mismo tiempo, han tenido ustedes poco que ver con las bajadas de los tipos de interés porque no eran competencia suya, y sí han tenido mucho que ver con la venta desmesurada y acelerada de las empresas públicas sin liberalizar. Y en eso sí que tienen mucho que ver ustedes, porque ustedes son directamente responsables de la actual inflación y que se resista a bajar permanentemente. De eso sí que tienen ustedes que dar mucha cuenta.
Pero no estamos hablando de esa situación, estamos hablando de los problemas que plantea este proyecto de ley. Uno es que, estando de acuerdo con la necesidad de perseguir el equilibrio presupuestario, cosa que hemos conseguido con corresponsabilidad de todas las administraciones públicas, ustedes hacen innecesariamente rígida la ley, y el segundo es que, estando de acuerdo con la necesidad de conseguir un pacto para el equilibrio presupuestario, ustedes se atribuyen todas las competencias. Eso no lo digo yo, sino cada portavoz de cada Grupo Parlamentario y de cada grupo territorial y por mucho que se empeñen ustedes en negarlo. Ellos expresan que quieren participar en el acuerdo, pero que no están de acuerdo con el planteamiento de que ustedes se atribuyan toda la responsabilidad, porque no la tienen, sencillamente porque la Constitución Española garantiza las posibilidades de autonomía a las demás instituciones, y eso es sencillamente lo que estamos discutiendo aquí. Para ustedes lo moderno parece ser que es que el Gobierno lo controle todo, pero eso ya está dicho muchas veces en la historia de España y no es verdad. Volver a lo que es la España real es un efecto necesario para poder consensuar cualquier situación, lo habíamos conseguido en la Constitución y ustedes, en aras de una supuesta modernidad que se aleja de la realidad, lo quieren cambiar, y ése es el problema que yo le propongo una vez más intentar solucionar.
Quiero dar las gracias especialmente al Grupo de Entesa que ha tenido una propuesta que hay que celebrar pero que no debería haber tenido que hacer, porque la realidad es que el Grupo Popular debería haber abierto aquí un proceso de consenso y no un proceso de reafirmarse en la actual situación.
Nada más y muchas gracias.


El señor VICEPRESIDENTE (Prada Presa): Gracias, Senador Lerma.
Por el Grupo Parlamentario Popular, el Senador Caneda tiene la palabra.


El señor CANEDA MORALES: Gracias, señor Presidente.
Al final el debate se centra en que hay unos grupos que están de acuerdo. Yo agradezco la actitud de los discrepantes, como es el caso del señor Cambra y de la señora Aroz; simplemente pensamos de forma distinta en algunos puntos, pero está claro que con carácter constructivo, porque si no, esto no sería una Cámara. Hay discrepancias y votamos distinto. La pretensión de la señora Aroz de que el Senado se tenga que inmiscuir --y se lo digo con todo el respeto del mundo--, me parece un disparate, cuando somos una representación democrática, donde se debaten las cosas y se gana por votos. Lo que se pide aquí es absolutamente legítimo, por supuesto, y respetable, pero no estoy de acuerdo con que sea el Senado el que tenga que recurrir.
Aparte de esto, todas las intervenciones han sido lógicas. Quizá en el caso del Senador Cambra se pone de manifiesto una visión distinta de la autonomía. Cuando se dice: usted puede ingresar lo que quiera, puede gastar lo que quiera, tiene capacidad para aumentar los ingresos, puede normar cómo se gasta, creo que se tiene autonomía financiera. Lo único que sí hay es un convenio en el que todos vamos a controlar que los gastos sean igual a los ingresos. ¿Por qué entonces tiene que ser de todos? Creo que lo he explicado claramente: si después de las transferencias, el presupuesto central se queda con un 40 por ciento, y el 60 por ciento restante no funciona con los mismos criterios que el anterior 40 por ciento, no servirá de nada ninguna normativa que se haga para el conjunto del Estado. Hay que utilizar una serie de normas que sean comunes; lo mismo que se hace para las empresas y para las personas, se tiene que hacer para las Administraciones. Por tanto, esa discrepancia está ahí, pero nosotros creemos que contamos con el informe favorable del Consejo de Estado, una vez efectuadas las enmiendas que nos aconsejaron y si alguien recurre, esperaremos la sentencia. Creemos que es absolutamente necesario este proyecto de ley, y por eso lo hemos presentado.
Señor Lerma, de todas las intervenciones producidas en el trámite, tanto en el Congreso de los Diputados como en el Senado, la postura del Grupo Socialista es la que no acabo de entender, porque lo mismo dice sí que lo contrario. Me tiene despistado, señoría. No sé si quiere la estabilidad o no; ya no sé siquiera si sabe lo que es la estabilidad.


Página 3760


¡Todos los ciudadanos saben que las correcciones económicas hechas en España son debidas al Partido Socialista! ¡Lo corroboraron en las últimas elecciones! (Rumores.) ¡Están convencidos de que el crecimiento del país y del empleo se debe a las normativas que se aplicaron antes! Su señoría insiste en recurrir a temas que me parece absurdo que los saque a colación, porque no había un caos, evidentemente que no, ya que, por fortuna, estamos en un país moderno y civilizado donde esas cosas no ocurren; pero había unas situaciones de Administración Pública mala en los presupuestos, una situación de Administración Pública muy mala en la Administración de la Seguridad Social, y se ha corregido con unas medidas que se intenta que se mantengan en el tiempo.
Yo no creo, señor Lerma, que haya que abundar más en estos temas.
Ustedes tienen un concepto de estabilidad en el que no creen; sencillamente no creen en él. Siguen siendo exactamente igual que eran, aunque haya sectores más modernos dentro del partido. Piensan que gastar más es bueno, y que hay que gastar para arreglar los problemas, y luego no quieren ver los que generan, que son mucho más dañinos, siguiendo con ese discurso en el que, como le decía, en cuanto queda mal decir no a la estabilidad, se ve la inconsistencia de ese discurso.
Decir si se respeta o no la autonomía, me parece francamente --y sobre todo viniendo de una persona con su experiencia-- poco serio. Recurrir a decir que con el Gobierno del Partido Popular queremos volver al pasado, que no creemos en el sistema autonómico, cuando ya per se este Estado de las Autonomías tiene las competencias tan divididas y se han transferido competencias tan fundamentales para el ciudadano y vivimos perfectamente bien y con este sistema perfectamente asimilado, no es serio. No me recurra a los latiguillos del pasado, porque ya no les funcionan ni en sus propios escaños.
Nada más y muchas gracias. (Aplausos en los escaños del Grupo Parlamentario Popular.)

El señor VICEPRESIDENTE (Prada Presa): Gracias, Senador Caneda. (La señora Presidenta ocupa la Presidencia.)

DICTAMENES SOBRE PROYECTOS DE DISTRIBUCION DEL FONDO DE COMPENSACION INTERTERRITORIAL:

--DE LA COMISION GENERAL DE LAS COMUNIDADES AUTONOMAS EN RELACION CON EL PROYECTO DE LEY REGULADORA DE LOS FONDOS DE COMPENSACION INTERTERRITORIAL (Continuación) (621/000032).


La señora PRESIDENTA: Señorías, en primer lugar, vamos a votar las enmiendas al proyecto de Ley de los Fondos de Compensación Interterritorial.
Comenzamos con las enmiendas del Grupo Parlamentario Mixto, números 1 y 2.
Se inicia la votación. (Pausa.) Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos emitidos, 220; a favor, 68; en contra, 143; abstenciones, nueve.


La señora PRESIDENTA: Quedan rechazadas.
Votamos las enmiendas del Grupo Mixto números 4, 7, 9, 10, 11 y 12.
Se inicia la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos emitidos, 218; a favor, cinco; en contra, 205; abstenciones, ocho.


La señora PRESIDENTA: Quedan rechazadas.
Votamos las enmiendas números 3, 5 y 8, del Grupo Mixto.
Se inicia la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos emitidos, 220; a favor, dos; en contra, 152; abstenciones, 66.


La señora PRESIDENTA: Quedan rechazadas.
Me indica el señor Letrado que la enmienda número 8 había sido retirada. Como ha sido rechazada, no hay diferencia.
Votamos la enmienda número 6.
Se inicia la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos emitidos, 219; a favor, 10; en contra, 152; abstenciones, 57.


La señora PRESIDENTA: Queda rechazada la enmienda número 6.
Votamos las enmiendas del Grupo de Coalición Canaria números 16 y 17.
Se inicia la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos emitidos, 220; a favor, 12; en contra, 135; abstenciones, 73.


La señora PRESIDENTA: Quedan rechazadas.
Enmiendas del Grupo Parlamentario Entesa Catalana de Progrés números 13 y 14.
Se inicia la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos emitidos, 220; favor, 81; en contra, 136; abstenciones, tres.


La señora PRESIDENTA: Quedan rechazadas.
Votamos las enmiendas presentadas por el Grupo Parlamentario Socialista.
En primer lugar, la enmienda número 26.
Se inicia la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos emitidos, 221; a favor, 204; en contra, uno; abstenciones, 16.


Página 3761


La señora PRESIDENTA: Queda aprobada la enmienda número 26, presentada por el Grupo Parlamentario Socialista.
Votamos la enmienda número 46, del Grupo Parlamentario Socialista.
Se inicia la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos emtidos, 219; a favor, 198; en contra, dos; abstenciones, 19.


La señora PRESIDENTA: Queda aprobada la enmienda número 46.
Votación del resto de las enmiendas presentadas por el Grupo Parlamentario Socialista, es decir, las números 18 a 25, 27, 29 a 36, 39, 40, 43, 44 y 45, en un solo bloque.
Se inicia la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos emitidos, 220; a favor, 65; en contra, 139; abstenciones, 16.


La señora PRESIDENTA: Quedan rechazadas.
Votamos ahora, señorías, las propuestas de modificación del dictamen.
Están firmadas por los siete grupos. Son siete en total y quizás podrían aprobarse en un solo bloque y por asentimiento. ¿Pueden darse por aprobadas las siete propuestas de modificación del dictamen? (Asentimiento.) Se aprueban por unanimidad.
Votamos ahora el dictamen. En primer lugar, el artículo 2.1 a).
Se inicia la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos emitidos, 220; a favor, 152; abstenciones, 68.


La señora PRESIDENTA: Se aprueba el texto del dictamen del artículo 2.1 a).
Votamos ahora la disposición adicional del dictamen.
Se inicia la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos emitidos, 220; a favor, 150; en contra, 65; abstenciones, cinco.


La señora PRESIDENTA: Queda aprobada la disposición adicional.
Ahora votamos el resto del dictamen, salvo el título, la exposición de motivos y los preceptos que ya han sido aprobados en las propuestas de modificación.
Se inicia la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos emitidos, 220; a favor, 217; abstenciones, tres.


La señora PRESIDENTA: Queda aprobado el resto del dictamen.
Ahora votamos el título y la exposición de motivos del dictamen.
Se inicia la votación. (Pausa.) Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos emitidos, 219; a favor, 153; en contra, 64; abstenciones, dos.


La señora PRESIDENTA: Queda aprobado el texto del proyecto de ley del Fondo de Compensación Interterritorial.
Se dará traslado de este proyecto de ley al Congreso de los Diputados a los efectos de lo dispuesto en el artículo 74.2 de la Constitución.


--DE LA COMISION DE HACIENDA EN RELACION CON EL PROYECTO DE LEY GENERAL DE ESTABILIDAD PRESUPUESTARIA (Continuación) (S. 621/000033) (C. D.
121/000029).


La señora PRESIDENTA: Votamos ahora las propuestas de veto para cuya aprobación se requiere mayoría absoluta en relación, en primer lugar, con el proyecto de Ley General de Estabilidad Presupuestaria.
Votamos, en primer lugar, la propuesta de veto presentada por los Senadores Cámara y Cabrero.
Se inicia la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos emitidos, 220; a favor, 81; en contra, 136; abstenciones, tres.


La señora PRESIDENTA: Queda rechazada la propuesta de veto de los Senadores Cámara y Cabrero.
Propuesta de veto presentada por el Grupo Parlamentario Mixto.
Se inicia la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos emitidos, 217; a favor, 79; en contra, 136; abstenciones, dos.


La señora PRESIDENTA: Queda rechazada.
Votación de la propuesta de veto presentada por el Grupo Parlamentario de Senadores Nacionalistas Vascos.
Se inicia la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos emitidos, 219; a favor, 81; en contra, 136; abstenciones, dos.


La señora PRESIDENTA: Queda rechazada.
Votación de la propuesta de veto presentada por el Grupo Parlamentario Entesa Catalana de Progrés.
Se inicia la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos emitidos, 220; a favor, 82; en contra, 136; abstenciones, dos.


La señora PRESIDENTA: Queda rechazada.


Página 3762


Votación de la propuesta de veto del Grupo Parlamentario Socialista.
Se inicia la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos emitidos, 220; a favor, 82; en contra, 136; abstenciones, dos.


La señora PRESIDENTA: Queda rechazada la propuesta de veto presentada por el Grupo Parlamentario Socialista.


--DE LA COMISION DE HACIENDA EN RELACION CON EL PROYECTO DE LEY ORGANICA COMPLEMENTARIA A LA LEY GENERAL DE ESTABILIDAD PRESUPUESTARIA (Continuación).
(S. 621/000034) (C. D. 121/000030).


La señora PRESIDENTA: Continuamos con la votación de las propuestas de veto presentadas al proyecto de Ley Orgánica complementaria de la anterior Ley de Estabilidad presupuestaria.
Empezamos por la propuesta de veto presentada por el Grupo Parlamentario Mixto.
Se inicia la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos emitidos, 220; a favor, 83; en contra, 135; abstenciones, dos.


La señora PRESIDENTA: Queda rechazada.
Votación del veto presentado por el Grupo Parlamentario de Senadores Nacionalistas Vascos.
Se inicia la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos emitidos, 220; a favor, 81; en contra, 136; abstenciones, tres.


La señora PRESIDENTA: Queda rechazada.
Votación de la propuesta de veto del Grupo Parlamentario Entesa Catalana de Progrés.
Se inicia la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos emitidos, 220; a favor, 82; en contra, 136; abstenciones, dos.


La señora PRESIDENTA: Queda rechazada.
Ahora vamos a votar la propuesta de veto al proyecto de ley orgánica complementaria de la de Estabilidad Presupuestaria, presentada por el Grupo Parlamentario Socialista.
Se inicia la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos emitidos, 220; a favor, 82; en contra, 136; abstenciones, dos.


La señora PRESIDENTA: Queda rechazada.
Señorías, como han transcurrido más de cinco horas desde que hemos comenzado la sesión, se necesita el permiso de la Cámara para continuar. Por otra parte, los portavoces me indican la conveniencia de no suspender el Pleno para comer, es decir, continuar seguidamente todo el desarrollo del debate de los proyectos previstos para hoy.
¿Está de acuerdo la Cámara? (Asentimiento.) Continuamos, señorías, y les comunico que las votaciones no se producirán antes de las dieciséis horas.


--DE LA COMISION DE HACIENDA EN RELACION CON EL PROYECTO DE LEY GENERAL DE ESTABILIDAD PRESUPUESTARIA (Continuación). (S. 621/000033) (C. D.
121/000029).


--De la Comisión de Hacienda en relación con el Proyecto de Ley Orgánica complementaria a la Ley General de Estabilidad Presupuestaria (Continuación). (S. 621/000034) (C. D. 121/000030).


La señora PRESIDENTA: Seguidamente, pasamos a debatir las enmiendas al proyecto de ley de estabilidad presupuestaria. En primer lugar, las presentadas por los Senadores Cámara Fernández y Cabrero Palomares, del Grupo Parlamentario Mixto, voto particular número 3 al proyecto de ley general, enmiendas números 1 a 24, y el que también figura con el número 3 al proyecto de ley orgánica, correspondiente a la enmienda número 1.
Para su defensa, tiene la palabra el Senador Cámara.


El señor CAMARA FERNANDEZ: Gracias, señora Presidenta.
Señorías, voy a tardar muy poco en mi intervención porque efectivamente, como no podía ser de otra manera, tenemos ideas distintas con respecto a las precisiones terminológicas y de contenido respecto a la colaboración, la coordinación y la cooperación en el Estado autonómico actual.
Tengo muchas enmiendas e iba a dar por defendidas la mayoría, pero aunque yo también he acordado, en beneficio del conjunto, continuar con el Pleno sin parar para comer, esto perjudica fundamentalmente a los que estamos solos y, por tanto, tenemos que estar defendiendo vetos y mociones y no podemos comer. Así que voy a tener un signo, muy típico en mí, de rebeldía y no voy a defender las enmiendas, para así poder comer e irme al aeropuerto a las dieciséis horas ya que mi avión sale a las diecisiete horas.
En cualquier caso, me van a permitir que defienda una sola enmienda que en el veto anterior no he mencionado. Se refiere a la ley complementaria de estabilidad presupuestaria y fundamentalmente al concierto. Proponemos una nueva disposición final a las dos leyes que dice: La presente ley no afectará a los regímenes financieros y fiscales de la Comunidad Autónoma de Navarra y del País Vasco que se seguirán rigiendo, al amparo de la disposición adicional primera de la Constitución, por el sistema de concierto económico en el caso vasco y de convenio económico en el caso navarro, lo cual implica el respeto de esta norma a la ley 12/1991 de 13 de mayo del Concierto Económico y posteriores leyes de modificación del mismo, y de la Ley Orgánica 13/1982 de 10 de agosto de reiteración y amejoramiento del Régimen Foral de Navarra.


Página 3763


La idea es --ya se ha defendido por otros intervinientes anteriormente en los vetos-- dejar bien claro que las leyes de estabilidad presupuestaria en modo alguno afectarán a los regímenes económicos y financieros vigentes desde la aprobación de la Constitución en la Comunidad Autónoma del País Vasco y en la Comunidad Foral de Navarra.
Señorías, con esto termino y doy por defendidas el conjunto de las enmiendas de Izquierda Unida en aras a la rapidez y a un Senador que tiene mucha hambre.
Muchas gracias.


La señora PRESIDENTA: Gracias, Senador Cámara.
Corresponde ahora defender el voto particular número 2 al proyecto de ley enmiendas números 25 a 58, y número 2 también al proyecto de ley orgánica, enmiendas números 2 a 21, presentados por el Grupo Parlamentario Mixto.
Para su defensa tiene la palabra el Senador Quintana.


El señor QUINTANA GONZALEZ: Gracias, señora Presidenta.
Siguiendo el ejemplo de quien me precedió en el uso de la palabra, intentaré ser lo más breve posible agrupando todas las enmiendas a los dos proyectos en dos conceptos que pienso que las pueden resumir.
Nosotros creemos que existe un error conceptual producto del error que con carácter general se establece en los proyectos de ley.
De la estabilidad como objetivo general de la economía se está pasando a la aplicación sistemática de un concepto que es simplemente instrumento del diseño económico, que es la gestión presupuestaria. Por eso se habla de equilibrio económico cuando debería hablarse de estabilidad económica, y se habla de estabilidad presupuestaria cuando debería hablarse de equilibrio presupuestario. Ese error conceptual es el que nos ha movido a presentar nuestra enmienda número 25 y siguientes que después, por coherencia con este planteamiento, hemos presentado.
En un segundo orden de cosas, aquí se ha hablado del equilibrio como norma y del déficit como excepción. En ese sentido, varias de las enmiendas por nosotros presentadas en línea directa con el veto defendido, vienen a aclarar estos conceptos y estas ideas. Es evidente que todo el mundo considera que la norma debe ser el equilibrio y la excepción el déficit, pero también consideramos que todas las instituciones tienen la mayoría de edad para plantear y defender por sí mismas estos conceptos sin que haya ninguna institución de rango considerada aquí como superior, que no en la realidad, que le marque el camino.
Es una pena que el Senador Caneda seguramente haya tenido que hacer uso del tiempo para comer porque ha sido muy ilustrativo su ejemplo sobre las normas de tráfico y la necesidad de circular por la derecha y, como excepción, hacerlo por la izquierda cuando hay un obstáculo en esa calzada y, además, intentar que ese ejemplo sirva también como defensa de su criterio acerca del déficit cero. El problema no es ese. El problema es quién conduce, y aquí el problema no es que haya que conducir por la derecha y pasarse a la izquierda cuando hay un obstáculo, sino que la pretensión del Gobierno es no ejecutar las normas de circulación, sino suplir al conductor del vehículo y, en este caso, sería suplir a los conductores de los vehículos de las Comunidades Autónomas y de los entes locales por la labor y la competencia exclusiva del Gobierno con la que nosotros no podemos estar de acuerdo.
A eso se refiere nuestra enmienda número 27 y siguientes que, en coherencia con ello, hemos presentado a los dos textos.
Muchas gracias.


La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, Senador Quintana.
El Grupo Parlamentario de Senadores de Coalición Canaria presentó el voto particular número 1 al proyecto de ley y el también numerado con el 1 al proyecto de ley orgánica correspondiente a las enmiendas números 78 a 81 al proyecto de ley y 35 a 43 al proyecto de ley orgánica.
Para su defensa tiene la palabra la Senadora Morales.


La señora MORALES RODRIGUEZ: Muchas gracias, señora Presidenta.
La verdad es que no sé si aprovechar que hay pocos Senadores en el hemiciclo para extenderme en vez de intervenir de modo más breve.
Voy a defender las enmiendas que presenta el Grupo de Coalición Canaria.
Presentamos una serie de enmiendas, una de las cuales, la número 78, pretende que se recoja que no se puedan tomar decisiones en un ámbito de la Administración que repercuta a otra sin tener en cuenta las consecuencias que para lograr la estabilidad presupuestaria se deriven de ella. Cuando se impone un principio tan estricto como la estabilidad presupuestaria, entendemos que se debe garantizar la atribución de las distintas responsabilidades entre las administraciones.
Tenemos también presentadas las enmienda número 79 en la Ley de Estabilidad y las números 37, 38 y 39 y 40 en la ley complementaria.
Donde se dice: Corresponde al Gobierno de la nación velar por..., queremos que se diga: Corresponde al Gobierno de la nación y al Consejo de Política Fiscal y Financiera, en su ámbito, velar por...
Consideramos que se debe potenciar el Consejo de Política Fiscal y Financiera como órgano de consulta y de coordinación del Estado y las Comunidades Autónomas, y que se pueda hacer el seguimiento de los objetivos que plantea la presente Ley desde este órgano y desde su Secretariado.
En la enmienda número 80, de adición, a la Ley General de Estabilidad Presupuestaria y en la número 36 de la ley complementaria, hablamos del saldo de liquidación presupuestaria. Lo que se pide con estas dos enmiendas es posibilitar la aplicación del superávit presupuestario en el ámbito de lo local y lo autonómico. La ley debe recoger la posibilidad de que en caso de liquidación del presupuesto con superávit se pueda bajar la deuda, objetivo de cada administración para que se realice un esfuerzo en el gasto de inversión del año siguiente.
Con la enmienda número 81 pretendemos añadir un nuevo punto 5 nuevo en el artículo 24 en relación con que el Ministerio de Hacienda y las Comunidades Autónomas

Página 3764


articulen los instrumentos de colaboración precisos para el intercambio de información de naturaleza presupuestaria y financiera relativa a las entidades locales. Pretendemos con ella que se posibilite el ejercicio de las competencias de tutela financiera en aquellas Comunidades Autónomas que tengan competencias y que se simplifique y racionalice el suministro de información de las entidades locales al resto de las administraciones.
Con la enmienda número 35 de la ley complementaria queremos añadir un nuevo párrafo al artículo 6 en que se diga: El establecimiento de los objetivos de estabilidad presupuestaria para cada Comunidad Autónoma deberá considerar el nivel de endeudamiento previo, el nivel competencial y la posición relativa de endeudamiento en relación a parámetros como el producto interior bruto regional, la población y los ingresos corrientes de la Comunidad Autónoma correspondiente. El objetivo de estabilidad presupuestaria debe partir de la consideración de realidades distintas entre las Comunidades Autónomas, y por ello se debe posibilitar la corrección de realidades distintas entre las Comunidades Autónomas y los desequilibrios de partida entre las mismas.
Con la enmienda número 41, de modificación de la disposición adicional única, apartado tres, último párrafo. En el texto del proyecto se dice que las operaciones de crédito que se realicen en el apartado uno y dos de la disposición adicional precisarán autorización del Estado. Nuestro Grupo propone que se diga: ... las operaciones de crédito a que se refiere el apartado dos anterior... Esto permitiría a las Comunidades Autónomas acudir a operaciones financieras a corto plazo para resolver problemas de tesorería; la autorización estatal supondría una ralentización y contraviene o entorpece un poco la finalidad de estas operaciones.
Retiramos las enmiendas números 42 y 43.
Muchas gracias.


La señora PRESIDENTA: Gracias, Senadora Morales.
El Grupo Parlamentario de Senadores Nacionalistas Vascos presentó el voto particular número 6 al proyecto de ley complementaria y al proyecto de ley orgánica correspondiente a las enmiendas números 59 a 77 a la ley, y 22 a 34 al proyecto de ley orgánica.
Para su defensa tiene la palabra el Senador Albistur.


El señor ALBISTUR MARIN: Muchas gracias, señora Presidenta.
Voy a tratar de defender ambos grupos de enmiendas, pero mezclándolas entre sí, es decir, haré la defensa de las enmiendas a la ley y la ley complementaria conjuntamente. Para que me pueda seguir bien el portavoz del Grupo Parlamentario Popular, trataré de citar los artículos a los que me estoy refiriendo porque, prácticamente, en casi toda la defensa los argumentos son los mismos.
Empezamos con el fundamento de esta ley porque, como he dicho antes en la defensa del veto, el Pacto de Estabilidad y Crecimiento contiene un conjunto de disposiciones que son de carácter preventivo más que normativo y son disuasorias. Van dirigidas fundamentalmente a supervisar, coordinar las políticas económicas de los Estados miembros, conseguir situaciones presupuestarias próximas al equilibrio, así como corregir los déficit excesivos que se hayan podido producir o todavía existan. El procedimiento que dicho pacto establece para garantizar su cumplimiento se aleja bastante, por no decir mucho, de la aplicación efectiva del principio de estabilidad presupuestaria que se quiere consagrar con esta ley, y que toda la oposición reiteradamente hemos dejado bien marcado frente al Gobierno.
El ámbito de aplicación o el objetivo del proyecto pretende ir más allá de las exigencias del Tratado de la Unión Europea y del propio Pacto de Estabilidad y Crecimiento, como anteriormente he reiterado --con muy poca apertura en los oídos del señor portavoz del Grupo Parlamentario Popular que ha defendido la posición contra los vetos--, porque dicho pacto es coyuntural y está establecido en una situación económica determinada. Pero, además, aquí se quiere hacer de manera imperativa, convirtiéndolo en principio general de equilibrio presupuestario para todas las administraciones, y más ambicioso que las restricciones a la política fiscal actualmente vigente en la Unión Europea. O sea, cuando en España se toma una decisión, se toma albarda sobre albarda. Por el contrario, es de sentido común y sería mucho más acorde con los principios fundamentales, con las obligaciones derivadas de dicho pacto y con la organización territorial del Estado según la Constitución, el establecimiento de mecanismos de coordinación de la política presupuestaria del sector público, sin perjuicio del reconocimiento formal de determinados principios --que todos admitimos, como ha quedado claro aquí-- que deban informar la actividad financiera de todas las administraciones públicas para el mayor rigor presupuestario.
La aplicación efectiva del principio de estabilidad presupuestaria no puede ampararse en los principios derivados del Pacto de Estabilidad y Crecimiento, por una razón; porque dichos principios no tienen una formulación concreta. Lo que tiene formulación concreta son las obligaciones derivadas del mismo y reflejadas en normas comunitarias, como las que citamos y expresamente introducimos en el artículo 1 con nuestras enmiendas números 59, 60, 61, etcétera. Es decir, en las enmiendas a los artículos 3 y 5 formulamos en concreto cuál es la normativa europea correspondiente que debe aplicarse para el cumplimiento de los objetivos marcados en el Pacto de Estabilidad y Crecimiento.
Por otro lado, en cuanto al establecimiento del objetivo de estabilidad presupuestaria, en la enmienda número 63 al artículo 8 nos encontramos con que la disciplina presupuestaria que pretende aplicarse a todas las entidades del sector público con carácter general, no puede realizarse por imposición, sino por adhesión. Si como se señala en la exposición de motivos del proyecto de ley --por cierto, reiteradamente-- queda a la libre decisión de las Comunidades Autónomas el establecer el modo en que se alcance el objetivo de estabilidad presupuestaria, no puede señalarse en la parte dispositiva, al contrario, que éstas están obligadas a establecer en sus normas reguladoras en materia presupuestaria los instrumentos y procedimientos necesarios

Página 3765


para adecuarlas al objetivo de cumplimiento del principio de estabilidad presupuestaria. Contradicción gruesa, por no poner otros calificativos.
La aplicación del principio de estabilidad presupuestaria constituye un límite a la autonomía financiera de las Comunidades Autónomas --y no nos vamos a cansar de repetirlo--, así lo ha señalado el dictamen del propio Consejo de Estado y se reconoce, asimismo, en ambos proyectos de ley una limitación que se justifica de cara a obtener las condiciones necesarias para alcanzar el objetivo de estabilidad presupuestaria a nivel general, siempre que se respete la normativa autonómica, para concretar después, también en su aspecto sustantivo, la consecución de dicho objetivo. Por lo tanto, volvemos a dar una vuela de rosca.
Si la norma persigue la contribución de todo el sector público al cumplimiento del principio de estabilidad presupuestaria, no tiene sentido que la misma no contemple la participación de dicho sector público en la fijación de los objetivos de estabilidad presupuestaria para el conjunto del mismo --esto es de cajón--, función que se quiere atribuir exclusivamente al Gobierno del Estado --algo que apoya nuestro argumento de exclusividad y de intervención--; lo más oportuno sería que interviniera a los efectos del debate y adopción de las iniciativas o resoluciones parlamentarias que resulten procedentes, siempre con el respeto debido a las competencias y autonomía de las Comunidades Autónomas.
Nuestro Grupo, además, ha presentado otra enmienda, la número 77, que tiene que ver con actuaciones también contradictorias de la propia Administración del Estado y trata de añadir una nueva disposición final. Cuando en el año 1997 se aprobó el Programa de Convergencia, el Gobierno del Estado proclamaba con respecto a las Haciendas Territoriales que habían establecido los procedimientos necesarios para el ajuste de la política presupuestaria a los objetivos establecidos en dicho programa mediante la consecución de un pacto interno de estabilidad, con el compromiso de diseñar un procedimiento de déficit excesivos y de negociar unos escenarios de consolidación presupuestaría acordes con dicho programa de convergencia.
Por lo tanto, el compromiso asumido en su día por las Administraciones Territoriales se ceñía a la negociación de unos escenarios de consolidación prespuestaria, lo que se ha hecho con bastante éxito y de forma coordinada, y a diseñar un procedimiento de déficit excesivos a nivel interno, siguiendo el modelo de la Unión Europea.
Por lo tanto, en consecuencia con las actuaciones anteriores procedentes de la propia Administración del Estado, si se quiere aplicar en nuestro ámbito interno la normativa europea que rige el Pacto de Estabilidad y Crecimiento, este proyecto de ley debería limitarse a establecer las normas mínimas que permitan la coordinación y supervisión de la política presupuestaria y de la actividad financiera de las Administraciones Públicas en orden a la consecución de los objetivos perseguidos por dicho Pacto y, en su caso, a configurar un procedimiento que evite los déficit excesivos en el ámbito interno y delimite, asimismo, la responsabilidad de los diferentes sujetos del sector público en el caso de un hipotético incumplimiento de las obligaciones asumidas frente a la Unión Europea.
Realmente, ésta sería la única actuación, y además sería coherente y consecuente con los hechos de la Administración del Estado.
Nuestro Grupo --y con esto termino-- ha presentado otro bloque de enmiendas, las números 30, 31 y 32 en el caso de la Ley Orgánica Complementaria, y la número 74 a la Ley de Estabilidad Presupuestaria, que se refieren, fundamentalmente, a las competencias de la Comunidad Autónoma Vasca en materia fiscal y financiera y al reconocimiento de la foralidad de dicha Comunidad.
Nuestro Grupo esperaba que después de bastante tiempo de negociación, tanto en el Congreso como en el Senado, nos hubiera llegado por parte del Gobierno un papel con un acuerdo o con una propuesta --llámenlo ustedes como quieran-- para poder llevar a cabo una transacción y tener en estos momentos una disposición final similar a la existente para el caso de Navarra.
En los tres siglos de historia que puede tener el concierto económico si es que finalmente llega a aprobarse el que en estos momentos se está negociando --y no estoy exagerando, los tres siglos son el XIX, el XX y el XXI, por tanto, ésta es una institución que merece cierto respeto y reconocimiento--, ningún Gobierno ha establecido ninguna distinción, sino que siempre ha negociado en condiciones similares, que establecían la foralidad y la historia, para Navarra y el País Vasco.
Sin embargo, en estos momentos la ley va a consagrar una diferenciación, salvando la foralidad en el caso de Navarra --y nos alegramos muchísimo por ello, y quisiéramos que así ocurriera también en la Comunidad Autónoma vasca--, pero limitando el concierto y supeditándolo, con la redacción que actualmente tiene esa disposición final de esta ley, a las competencias del Consejo de Política Fiscal y Financiera, tratando de buscar otras posibles salidas con acuerdos ajenos a la propia negociación y a la naturaleza misma del concierto económico. Repito que, tal como figura esa disposición final, esta ley pretende limitar y subordinar el propio concierto económico.
El señor Ministro ha hecho esta mañana unas declaraciones, y ha afirmado que, tal como está la ley, queda salvado el tema del concierto económico. Pero eso no es cierto si se lee lo que indica la disposición final quinta: «Sin perjuicio de lo establecido en la presente Ley y de las competencias del Consejo de Política Fiscal y Financiera en relación con el objetivo de estabilidad presupuestaria de las Comunidades Autónomas...» «... se establecerá un procedimiento que resulte adecuado a la naturaleza específica del régimen foral del propio País Vasco.» Y en el caso de Navarra, se dice que la aplicación a la Comunidad Foral de Navarra de lo dispuesto en esta Ley se llevará a cabo conforme a lo establecido en el artículo 64 de la Ley Orgánica de Reintegración y Amejoramiento del Régimen Foral de Navarra.
Por tanto, esta disposición final quinta debería decir que, en virtud de su régimen foral, la aplicación a la Comunidad Autónoma de Euskadi de lo dispuesto en esta ley se llevará a cabo conforme a lo establecido en el artículo 41 de la Ley Orgánica del Estatuto de Autonomía, mediante una disposición de rango legal. En ese caso estaríamos

Página 3766


reconociendo realmente la institución del concierto, el pacto que el concierto contiene entre el Gobierno del Estado y el Gobierno vasco y las instituciones forales de la Comunidad Autónoma vasca. Y también estaríamos reconociendo que esta ley no supedita y limita, sino que verdaderamente reconoce el concierto económico, y no como ocurre en este caso, en que lo supedita y limita.
Creo que ésta es una actuación francamente penosa, y nuestro Grupo ha presentado cuatro enmiendas que son cuatro alternativas que se podían haber elegido para establecer realmente que los territorios históricos forales tienen, por la propia Constitución, derecho a ser tratados con la autonomía fiscal y financiera que históricamente se les ha reconocido, y que por primera vez empieza a limitarse y supeditarse.
Mucha gracias.


La señora PRESIDENTA: Gracias, Senador Albistur.
Voto particular número 5 al proyecto de ley y al proyecto de ley orgánica, correspondiente a las enmiendas números 104 a 112 de la ley, y números 50 a 61 de la ley orgánica, presentado por Convergència i Unió.
Para su defensa, tiene la palabra el Senador Cambra.


El señor CAMBRA I SANCHEZ: Muchas gracias, señora Presidenta.
Voy a ser breve en la defensa de las enmiendas que nuestro Grupo tiene presentadas, debido, en primer lugar, a que se trata de enmiendas ya presentadas y defendidas por nuestro Grupo en el Congreso de los Diputados, y además, porque entiendo que en los textos de justificación publicados aquí, en el Senado, están suficientemente claros los argumentos y motivos por los cuales las presentamos. Sin embargo, quiero dejar constancia de que doy por defendidas todas ellas en sus justos términos.
En segundo lugar, tal y como ya ha quedado reflejado en mi anterior intervención, la aprobación de estas enmiendas, que evidentemente consideramos que mejorarían aspectos para nosotros fundamentales, no significaría un cambio de nuestro posicionamiento global, contrario a la tramitación de esos proyectos y a lo que ello significa.
A continuación, voy a hacer un breve repaso de nuestras enmiendas.
Tenemos nueve enmiendas presentadas al proyecto de ley general de estabilidad presupuestaria, que hacen referencia, fundamentalmente, tal y como es previsible imaginar, a aspectos relacionados con lo que nosotros entendemos cómo una falta de respeto a la autonomía financiera que se refleja en estos proyectos de ley. Estoy hablando concretamente de enmiendas como las números 104 o 112. Otras enmiendas se refieren a aspectos de contenido más específicamente, como son las números 105 y 106. Entendemos que este proyecto de ley va más allá de lo contemplado, tanto en el Pacto de Estabilidad de Crecimiento, como en el Sistema Europeo de Cuentas, y por tanto, perseguimos que se flexibilicen sus contenidos, es decir, el concepto en sí de estabilidad presupuestaria.
Por lo que se refiere a las enmiendas números 107, 108 y 109, con ellas se pretende mejorar algo en lo que, entendemos, no se respetan las competencias de las Comunidades Autónomas, y en concreto, en aquello que hace referencia a la tutela financiera de las corporaciones locales. Son varios los artículos que, tal y como están actualmente redactados, entendemos lesionan esas competencias, algo que queda reflejado en dichas enmiendas.
La enmienda número 110, que de alguna forma se puede vincular a la número 105, hace referencia a la incorporación al sector público de determinados entes o sociedades vinculadas a los gobiernos de las Comunidades Autónomas. A este respecto, entendemos que debería establecerse un plazo de cinco años para suscribir las obligaciones que aquí se contemplan. Y finalmente, con la enmienda número 111 pretendemos adaptar el carácter básico de la ley a la estructura competencial de la Constitución, tal y como viene explicado en la justificación de la misma.
En cuanto a la ley orgánica complementaria, mantenemos 12 enmiendas.
También en este caso, y si cabe, aún con mayor énfasis, dada nuestra posición todavía más contraria a este proyecto de ley orgánica, son mayoría las enmiendas que tienen como objetivo evitar la agresión a las competencias autonómicas y a la autonomía financiera de las Comunidades Autónomas. Y en esta línea van las enmiendas números 50, 52, 53, 55, 56 y 58, ya sea de forma directa, ya sea potenciando la presencia y el papel que, en este tema, debe jugar el Consejo de Política Fiscal y Financiera.
Hay otras enmiendas que son de un mayor carácter, técnico, ya sea por buscar una mayor precisión, ya sea por eliminar algunos temas que se tratan deforma reiterada. Este es el caso de las enmiendas números 51, 54, 57 y 59.
Con la enmienda número 60 pretendemos revisar la modificación que se hace de la LOFCA de acuerdo con nuestro posicionamiento global ante la misma. Entendemos que se debería revisar la Disposición Adicional que modifica la LOFCA, y que debería ser más clara y respetuosa con las competencias autonómicas.
Por último, en la enmienda 61, en coherencia con nuestra posición global, planteamos que hay toda una serie de artículos de esta ley orgánica --que ahora no voy a enumerar porque están claramente reflejados en el texto de la enmienda-- que no deberían ser orgánicos, ya que de esta forma se modifican competencias de las Comunidades Autónomas.
Nada más y muchas gracias.


La señora PRESIDENTA: Gracias, Senador Cambra.
Turno de defensa de los votos particulares y de las enmiendas del Grupo Socialista y de Entesa Catalana de Progrés. Tiene la palabra la Senadora Martínez.


La señora MARTINEZ GARCIA: Intervengo para dar por defendidas todas y cada una de las enmiendas presentadas por el Grupo Parlamentario Socialista y Entesa Catalana de Progrés, tanto a la Ley General de Estabilidad Presupuestaria como a la ley orgánica complementaria de la primera y que van concretamente desde la 82 a la 98, en cuanto a la ley General de Estabilidad Presupuestaria, y de la 44 a la 49, en cuanto a la ley orgánica complementaria a esta primera.
Gracias.


Página 3767


La señora PRESIDENTA: Gracias, Senadora Martínez.
Senador Gibert, ¿quiere intervenir? (Denegaciones.) Pasamos al turno en contra. Para su defensa, tiene la palabra el Senador Soto.


El señor SOTO GARCIA: Muchas gracias, señora Presidenta.
Voy a tratar de hacer un turno en contra, de las enmiendas de los distintos grupos, guiándome por el propio texto de la ley. En referencia a las enmiendas presentadas por el Grupo Mixto, yo creo que estamos en una posición filosófica distinta; ésa es la cuestión. Es decir, los objetivos y el ámbito de aplicación de la ley son muy claros, estamos hablando no de conceptos equivocados, como planteaba el Senador Quintana, sino de dos criterios distintos de entender la gestión presupuestaria. Esta es una ley instrumental y lo que pretende es el equilibrio y el superávit presupuestario, en su caso, a medio plazo. Por tanto, no estamos hablando de un equilibrio presupuestario meramente coyuntural. Además, es una ley instrumental, que no puede entrar en políticas de redistribución de rentas o en políticas fiscales limitativas de la autonomía de los sujetos activos de la ley, me da igual que sean Comunidades Autónomas o corporaciones locales, y que tiene un objetivo muy claro, y es favorecer el crecimiento económico, como aquí se ha repetido a lo largo de las últimas horas. Estamos ante un concepto distinto. Lamentablemente, ustedes van por una vía distinta en lo que se refiere la gestión presupuestaria. Y lo mismo cabe decir de esas situaciones excepcionales de déficit que usted mencionaba y a las que se refiere su grupo en la enmienda 36. Yo creo que el Senador Caneda les explicitaba muy claramente cuál es la posición de la ley. La política presupuestaria es una herramienta básica de la política económica en el contexto de la Unión económica y monetaria; eso es una obviedad y una evidencia. La ley establece los principios normales de conducta en los procesos presupuestarios de las distintas administraciones públicas, sin excluir situaciones excepcionales, está claro, que requieren políticas presupuestarias transitoriamente deficitarias, pero de acuerdo con un plan de saneamiento. Este es un esquema que puede salvar perfectamente algunas cuestiones que se han planteado en esta Cámara discutiendo los votos particulares a la ley y los vetos.
Otro aspecto importante que el Grupo Mixto ha planteado en sus enmiendas y que ha reiterado el Grupo Socialista es el fondo de contingencia de ejecución presupuestaria. Yo creo que hay que plasmar claramente por dónde va este fondo y qué es lo que pretende. Con la creación de este fondo de contingencia se trata de garantizar la eficacia del nuevo procedimiento de elaboración y gestión presupuestaria, ya que evita, fundamentalmente, la tendencia expansiva del gasto a través de las habituales aprobaciones de modificaciones de crédito con cargo al mismo, cuando no se encuentren expresamente financiadas, así de claro. En ningún caso la existencia de este fondo supone el reconocimiento de que pueda existir una mala presupuestación que conlleve un aumento del gasto, sino el reconocimiento de que pueda existir la posibilidad de un eventual cambio de la situación económica o de las circunstancias que determinen la necesidad de un mayor gasto.
Este es el objetivo del fondo, y debe tenerse en cuenta en este sentido que la dotación del fondo de contingencia, en la cuantía que establece el artículo 15.1, se realizará dentro del límite del gasto fijado anualmente para el Estado. Si no se fija dicha cuantía, en el 2 por ciento del citado límite, la dotación del fondo sería discrecional, lo que podría dar lugar a superar el límite de gasto que es compatible con el objetivo de estabilidad presupuestaria.
Del mismo modo, se estaría desvirtuando el propósito y la finalidad de la regulación del fondo, si se admitiese la posibilidad de incorporar el remanente de crédito existente en el fondo al final de cada año a los ejercicios siguientes.
En definitiva, el fondo de contingencia supone un margen de maniobra reglado y limitado que permite proteger la consecución del objetivo de estabilidad de posibles evoluciones presupuestarias imprevistas. Con esto pienso que queda muy claro por dónde queremos que vaya el fondo de contingencia y qué circunstancias quiere salvar.
También voy a citar alguna referencia del Grupo Parlamentario Mixto y del Grupo Parlamentario Socialista a las entidades empresariales públicas, por aclarar por dónde quiere ir la ley y por dónde pretendemos que vaya. La estabilidad presupuestaria para estos entes debe entenderse como un equilibrio financiero; si no se alcanza este equilibrio es cuando debe adoptarse una estrategia de saneamiento, con un plan específico, y éste es el esquema imprescindible para el equilibrio global de todo el sistema. Si se nos escapara este equilibrio de las empresas o entidades públicas empresariales, obviamente se rompería una parte importante del control de esa estabilidad presupuestaria.
Refiriéndome ya a las haciendas locales, que han sido reiteradamente citadas por los distintos grupos en sus enmiendas, quiero extenderme un poco, porque creo que merece la pena hacer algunas acotaciones. Los principios y límites de presupuestación y emisión de deuda que están regulados en la Ley de Haciendas Locales yo creo que son adecuados, pero no son suficientes para garantizar los nuevos principios que establece la ley. Hay que recordar algunos de ellos simplemente por citar alguno; ahí están los objetivos anuales de estabilidad, la central de información, los planes de saneamiento económico-financiero correctores de desequilibrios, etcétera. Además, yo creo que hay que salvar el concepto general de la ley de que se necesita una norma única que abarque a todo el sector público, entendido éste como lo establece el ámbito de aplicación de la propia Ley General de Estabilidad.
Hay una cuestión planteada por Coalición Canaria en relación con la aplicación del superávit presupuestario en el ámbito local, y hay que decir que la ley no prejuzga el destino de estos posibles superávit, ya que pueden darse casos muy diversos en las distintas Administraciones territoriales, fundamentalmente en las locales, y a lo único que se limita la ley es a plasmar la necesidad de ajustar los presupuestos de las haciendas locales a los objetivos de estabilidad. Los superávit o su aplicación obviamente será cuestión de regulación interna de cada corporación, en función de las características que tenga ese superávit y de

Página 3768


las características que tenga el presupuesto de cada corporación.
En el mismo sentido hay otra enmienda de Coalición Canaria que yo creo que es bueno citar, porque ha salido en el debate: las obligaciones de información de las Administraciones Locales en materia económico-financiera. En este sentido, las nuevas obligaciones de información en relación con los órganos del Estado se establecen con independencia y respeto a las competencias de tutela de las Comunidades Autónomas sobre las Administraciones Locales. Yo creo que son dos cosas distintas. La central de datos, por así decirlo, tiene un carácter público, tal como establece la ley, y por tanto esos niveles de información o esas obligaciones de información de las Administraciones Locales están en la ley sin perjuicio de otras competencias de tutela de las Comunidades Autónomas sobre las Administraciones Locales.
En relación con una serie de enmiendas del Grupo Parlamentario Mixto, concretamente las números 21, 22 y 23, incluso con una del Grupo Parlamentario de Senadores Nacionalistas Vascos, referidas al papel que juegan las entidades locales, pienso que el texto constitucional, pese a las reticencias del Grupo Parlamentario de Senadores Nacionalistas Vascos, articula los principios básicos de autonomía de gestión y suficiencia financiera, siempre dentro del respeto a las materias de competencia exclusiva del Estado, recogidas en la propia Constitución Española. Este marco constitucional que se desarrolla, tanto en la Ley Reguladora de Bases de Régimen Local como en la propia Ley de Haciendas Locales, es respetado de forma prudente y rigurosa en la Ley General que estamos ahora aprobando.
En este sentido, hay que tener presente que en la actual redacción del artículo 19 de la Ley no se desconoce la normativa específica que en materia presupuestaria es de aplicación a las corporaciones locales, sino que, dada la enorme diversidad de normas que regulan dichas administraciones, se considera más conveniente hacer referencia al conjunto de todas ellas, así como a las competencias que sobre las mismas pueden tener las Comunidades Autónomas, y no simplemente a la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, que, aunque constituye un cuerpo normativo básico, podría dejar fuera otras disposiciones concordantes con la misma.
En cuanto a las haciendas locales, quisiera referirme a una de las enmiendas del Grupo Parlamentario Socialista relativa a la financiación del déficit estructural de las entidades locales con asignaciones complementarias del Estado. Concretamente, es la enmienda número 98 y algunas concordantes con ella.
La disposición final segunda del proyecto de Ley General atribuye a la presente Ley el carácter de básica, por lo que no parece ser el medio más correcto para abordar situaciones excepcionales y eliminar esos desequilibrios en el marco general contemplado en la ley. Pienso que son dos cuestiones distintas, que no deben mezclarse.
Por otra parte, el artículo 22 del proyecto de ley establece expresamente que las entidades locales que no hayan alcanzado el objetivo de estabilidad presupuestaria vendrán obligadas a presentar un plan económico de corrección --al que reiteradamente estamos haciendo referencia-- en los supuestos y en los términos que reglamentariamente se determine. Luego, será reglamentariamente la vía en la que se contemplen los procedimientos de corrección de situaciones de desequilibrio tanto coyunturales como estructurales que en cada caso pudieran presentarse en las corporaciones locales.
Por último, creo que habría que tener presente que no cabe la posibilidad legal de financiar --ni creo que fuera oportuno, ya que volveríamos a actitudes pasadas que no fueron especialmente positivas situaciones deficitarias en el ámbito de las entidades locales mediante aportaciones extraordinarias o complementarias por parte del Estado.
De la autonomía financiera se ha dicho bastante en las distintas enmiendas y por parte de los distintos portavoces, por lo que pienso que es conveniente dejar clara la posición del Grupo Parlamentario Popular sobre todas las opiniones que se han expuesto.
La autonomía de las administraciones territoriales queda en todo momento salvaguardada en los dos proyectos de ley. En el artículo 7 del proyecto de Ley Orgánica complementaria a la Ley General de Estabilidad Presupuestaria se especifica concretamente que los sujetos comprendidos en el ámbito de aplicación de esta ley --y ahí están todas las administraciones territoriales de las Comunidades Autónomas y de las entidades locales-- establecerán los instrumentos y procedimientos necesarios en sus normas presupuestarias para alcanzar el objetivo de estabilidad. Y en esta misma línea, el artículo 3 del proyecto de Ley Orgánica señala que las Comunidades Autónomas podrán adoptar las medidas legislativas y administrativas que consideren consecuentes para lograr ese objetivo de estabilidad.
Y ya que se ha citado el informe del Consejo de Estado en este sentido, entiendo que dicho órgano ha dictaminado que el límite a la autonomía financiera de los entes territoriales está plenamente justificado de cara a obtener las condiciones necesarias para alcanzar el objetivo de estabilidad a nivel global y debe ubicarse en el marco constitucional vigente en la medida que respeta la competencia normativa autonómica.
Asimismo, también ha dictaminado que el texto del proyecto es plenamente respetuoso con los principios constitucionales de autonomía financiera y suficiencia de los entes locales.
También hay que decir que el proyecto que ahora estamos discutiendo no determina el contenido de las medidas normativas y administrativas que deben adoptar las administraciones: Unicamente establece el deber de adaptar esta normativa al cumplimiento del objetivo de estabilidad, por lo que no reduce para nada a las Comunidades Autónomas a meros ejecutores, como aquí se ha expresado, ni limita su regulación a aspectos puramente procedimentales u organizativos, sino que respeta la competencia normativa autonómica, tal y como ha dictaminado --insisto-- el Consejo de Estado.
En cuanto a las enmiendas del Grupo Parlamentario de Senadores Nacionalistas Vascos, algunas de ellas especialmente prolijas y detalladas, creo que responden a un esquema

Página 3769


distinto de gestión presupuestaria, por lo que difícilmente podríamos admitirlas, ya que el Pacto de Estabilidad y Crecimiento al que ha hecho referencia el portavoz deja a cada Estado miembro la concreción de las medidas para conseguir la estabilidad. Efectivamente, es difuso pero deja a cada Estado la posibilidad de precisarlo.
En primer lugar, España, lógicamente, ha considerado que es muy conveniente introducir a través de esta ley una normativa que limite la discrecionalidad del sector público en el control del déficit y eso es lo que ha hecho. No hemos hecho otra cosa con esta ley.
En segundo lugar, debo decirle que la mayor participación y autonomía que propone el Grupo Parlamentario de Senadores Nacionalistas Vascos para las entidades locales chocaría con los principios generales de esta ley y con la propia Constitución.
En tercer lugar, la cuestión puntual que ha citado en algunas de sus enmiendas Convergència i Unió, de someter a las normas del sistema europeo de cuentas nacionales y regionales la remisión de la información y las características de esta información sobre el grado de cumplimiento de los objetivos de estabilidad presupuestaria por parte de las distintas administraciones territoriales, puede ser escasamente operativa y puede quedarse obsoleta si por cualquier circunstancia técnica o no técnica este sistema europeo cambia. Nos obligaría a cambiar de forma inmediata la propia ley que en estos momentos estamos aprobando.
Sería más prudente dejar la redacción como está sin perjuicio de que el sistema europeo de cuentas nacionales y regionales tenga la información estructurada que pueda tener sobre los distintos entes territoriales de España.
Convergència i Unió ha aportado un valor importante al proyecto de ley y al espíritu y objetivos de estas dos leyes. Por tanto, es de agradecer esa colaboración. Lamento no poder acceder a lo que plantean en el resto de las enmiendas, que no fueron aceptadas tampoco en el Congreso de los Diputados. En cualquier caso, su aportación ha sido especialmente interesante a través de las enmiendas y del debate que tuvo lugar en el Congreso de los Diputados.
Pueden sentirse satisfechos con esta ley, que yo creo que están apoyando, sin perjuicio de que discrepemos en algunos puntos sobre las competencias establecidas en sus enmiendas y señaladas por su portavoz.
Hay diversidad de opiniones, por lo que veo, sobre el Consejo de Política Fiscal y Financiera; mientras la enmienda de Coalición Canaria plantea un reforzamiento de la posición del Consejo de Política Fiscal y Financiera, al portavoz del Partido Socialista, señor Lerma, le hemos oído decir que prácticamente habíamos potenciado tanto el Consejo de Política Fiscal y Financiera que había invadido --así he creído entenderlo-- o sustituido competencias del propio Senado, de esta propia Cámara.
Ninguna de las dos cosas es correcta. Es cierto que está bastante reforzado en la ley, pero no puede ser el órgano único de acuerdos de estabilidad y de decisiones de estabilidad presupuestaria. Y ya que se ha citado la LOFCA, diré que, de conformidad con su artículo 2.1 b), la garantía del equilibrio económico a través de la política general, de acuerdo con lo establecido en la propia Constitución, corresponde al Estado, que es el encargado de adoptar las medidas oportunas tendentes a conseguir la estabilidad económica interna y externa, así como el desarrollo armónico entre diversas partes del territorio español, siempre bajo la coordinación y la autonomía financiera que preside todo este proyecto de ley.
No puedo olvidarme de una de las enmiendas que ha planteado el Grupo Parlamentario Socialista relacionada con los presupuestos de la Seguridad Social. Analizar la situación económico-financiera de la Seguridad Social es obviamente necesario. Regular el equilibrio presupuestario de la Seguridad Social de forma precisa en este proyecto de ley no parece, sin embargo, lo más operativo ni funcional por la propia dinámica que está llevando el saneamiento de la Seguridad Social en los últimos años.
Quiero recordar al Grupo Parlamentario Socialista que la concesión de préstamos por el Estado a la Seguridad Social es una situación que se arrastra desde el año 1994, que fue cuando se le concedió el primer préstamo como consecuencia de una gestión no muy brillante de la Seguridad Social de los recursos durante los ejercicios anteriores. Fue precisamente en 1999 cuando se concedió el último préstamo presupuestario a la Seguridad Social, gracias precisamente a los intensos esfuerzos de saneamiento realizados en los ejercicios anteriores.
En este sentido, y en relación con la propuesta de inclusión del Grupo Parlamentario Socialista de una nueva disposición adicional que contemple la posibilidad de equilibrar el presupuesto de la Seguridad Social mediante la asunción por el Estado de los préstamos concedidos a dicha entidad, principalmente durante el período de Gobierno socialista --como he citado--, hay que tener presente que, si bien es cierto que es un problema que hay que seguir abordando, el presente proyecto de ley no parece el instrumento más oportuno para establecer mecanismos de corrección financiera de la Seguridad Social.
Como ha habido dos grupos que han pretendido enmendar la disposición final primera de la Ley Orgánica y la disposición final quinta de la Ley General, relacionada con las haciendas forales, debo decirles que, tal como están redactadas en estos momentos, parece que hay suficiente garantía de los derechos forales en relación con esas haciendas forales. Dado que estamos en un proceso de negociación de la ley del concierto, lo único que se pretende, en el caso del País Vasco, es trasladar el procedimiento presupuestario, que resulte más oportuno y que saldrá de esas negociaciones, a la futura ley del concierto.
Creo que no debe haber ninguna reticencia, y por tanto no estoy de acuerdo en que se hable de limitaciones a los derechos forales. Estamos seguros de que la ley del concierto complementará y plasmará el procedimiento más acorde con la foralidad del País Vasco de que esto se va a hacer con rapidez y urgencia.
Por mi parte, no voy a hacer más apreciaciones sobre las distintas enmiendas que se han presentado o los criterios de los portavoces que han ido exponiéndolas. Si alguien plantea alguna cuestión que no se ha contestado, en turno de portavoces podré asegurar el asunto.


Página 3770


La señora PRESIDENTA: Gracias, Senador Soto.
Terminado el turno en contra, procede el turno de portavoces.
¿Grupo Parlamentario Mixto? (Pausa.) ¿Grupo Parlamentario de Senadores Nacionalistas Vascos? El Senador Albistur tiene la palabra.


El señor ALBISTUR MARIN: Muchas gracias, señora Presidenta.
Lamento tener que discutir este asunto con el señor Soto, al que tengo gran aprecio y estima, y conozco todos los esfuerzos que está realizando; hoy mismo en el Congreso no se han portado bien con sus actuaciones y con sus capacidades negociadoras, que yo reconozco, estimo y valoro, pero no estoy de acuerdo con las argumentaciones que aquí se han dado.
Me voy a fijar en dos puntos: primero, en el ámbito local. Puede que no sea inconstitucional imponer a las entidades locales de régimen común el principio de equilibrio presupuestario, puesto que a éstas no se les reconoce constitucionalmente autonomía financiera --como he dicho en la defensa del veto--, sino que se les reconoce suficiencia financiera.
Pero es obligado poner de manifiesto la penosa situación financiera de las entidades locales españolas, con fuentes de ingresos insuficientes, gastos crecientes y un endeudamiento que les pesa como una losa, por lo que resulta una temeridad imponerles de una forma inmediata y estricta el principio de estabilidad presupuestaria sin darles otras salidas, con el enorme riesgo de que ello suponga su asfixia financiera, lo que choca frontalmente con la suficiencia financiera que la Constitución les garantiza.
Concluía antes que la autonomía de los entes locales, ya limitada por el principio de legalidad y que se plasma fundamentalmente en su capacidad de decisión sobre el gasto público, que es precisamente la búsqueda del bienestar de sus ciudadanos inmediatos, se vería coartada con la aprobación de los proyectos de ley al impedir que la entidad local determine el volumen de gasto en su presupuesto o que acuda al endeudamiento como recurso financiero. Esa nueva limitación acortaría aún más la autonomía local, reduciéndola a la mínima expresión, más allá de lo permitido por la Constitución Española, y mi Grupo mucho se teme que ésta es la consecuencia que se va a producir. (El señor Vicepresidente, Prada Presa, ocupa la Presidencia.) Respecto al punto segundo, en lo relacionado con el asunto de la foralidad, yo no me creo que usted se crea, señor Soto, conociendo toda su carrera profesional, que se trate sólo de un procedimiento presupuestario distinto o de formas presupuestarias diferentes, porque si fuera así estaríamos hablando de criterios, pero de lo que estamos hablando es de una ley ordinaria y de una ley orgánica que corrobora estos hechos.
¿Lo que se pretende limitar es la capacidad presupuestaria, por tanto, el no reconocimiento de la capacidad y la autonomía financiera previstas en el concierto económico? Hay una lectura restrictiva, limitadora de este concierto. ¿Se pretende reconocer solamente la capacidad tributaria, acompañada por tanto de su capacidad normativa, y no se le conoce a la Comunidad Autónoma vasca también su autonomía financiera para establecer su gasto público? Me parece que quien haya sugerido esa reflexión está completamente equivocado. El artículo 41 del Estatuto de Autonomía afirma que las relaciones tributarias entre el Gobierno y el Estado estarán regidas --no sé si textualmente se dice así-- por el concierto económico. Años más tarde, se establece el convenio con Navarra y en la Ley de amejoramiento se introduce la capacidad tributaria y financiera, se distingue. Pero habíamos entrado ya en una democracia, en el desarrollo de una administración democrática y habíamos entrado también en los últimos veinte años del siglo XX, y ya se empezaba a constatar que la Administración Pública no solamente presupuestaba en función de sus ingresos tributarios, sino de los recursos generales obtenidos, entre los cuales figura como claro instrumento la capacidad de gestión financiera. Hoy día, una administración pública y un sector público no viven solamente de los recursos tributarios sino de la multitud de fondos que se crean y establecen, así como de los resultados de una buena gestión administrativa que obtiene recursos para poder actuar.
El hecho de que en estos momentos estemos hablando de encontrar una actuación presupuestaria adecuada, supeditándola a los contenidos de esta ley, a las competencias del Consejo de Política Fiscal y Financiera, a la Comunidad Autónoma vasca y a la administración vasca, sujeta a la autonomía y capacidad que el concierto económico le reconoce, me parece que no sólo es limitar, sino reducir el debate a algo que considerábamos ya superado.
Si ése es realmente el criterio del Ministerio de Hacienda, resulta francamente preocupante, y reitera mi convencimiento de que estamos en una vía de limitación del concierto económico, que se pretende ir más atrás del acuerdo al que se llegó con UCD; que se pretende ir más atrás del acuerdo al que se llegó con el Partido Socialista y que, desde luego, desdice el reconocimiento del incremento de lo capacidad normativa que, en ampliación del concierto económico del año 1998, fue reconocida por el propio Gobierno del Partido Popular.
Eran otros tiempos políticos, entonces nos hablábamos. Pero en estos momentos volver a decir que se trata de encontrar un procedimiento presupuestario adecuado a esta ley y a las competencias del Consejo de Política Fiscal y Financiera es no reconocer la capacidad financiera que el concierto otorga a la Comunidad Autónoma Vasca, y eso es una grave limitación y subordinación del concierto económico.
Espero que éste sea el argumento que le han dado, señor Soto, porque creo que usted no está convencido de ello. Esto no es un debate personal, pero quienes están defendiendo esta cuestión desde el Ministerio de Hacienda están creando un problema mayor del que hoy día se pretende con el acuerdo del concierto económico.
Muchas gracias.


El señor VICEPRESIDENTE (Prada Presa): Gracias, Senador Albistur.


Página 3771


¿Grupo Parlamentario Entesa Catalana de Progrés? (Pausa.) Por el Grupo Parlamentario Catalán en el Senado de Convergència i Unió, tiene la palabra el Senador Cambra.


El señor CAMBRA I SANCHEZ: Muchas gracias, señor Presidente.
Intervengo, muy brevemente, para agradecer al señor Soto alguna de sus palabras. Es tal la idea que tienen de nuestro talante constructivo y buscador de consenso, que ha llegado a decir que está convencido de que nosotros aprobamos los proyectos de ley. Creo que hemos sido muy claros. Nosotros no estamos globalmente de acuerdo con estos proyectos de ley. Es verdad que en el trámite del Congreso de los Diputados, y a través de enmiendas que había presentado nuestro Grupo, se mejoró de forma importante e1 texto de ambos proyectos, pero, a efectos de su constancia en el «Diario de Sesiones», queremos dejar claro que nosotros nos oponemos y vamos a votar en contra de los dos proyectos de ley. Como ha indicado anteriormente el Senador Caneda, la discrepancia es democrática, y nuestra interpretación de la Constitución en cuanto a las competencias autonómicas y de autogobierno es distinta --no digo que la hagan ustedes-- de la que hacen estos dos proyectos de ley.
Nada más y muchas gracias.


El señor VICEPRESIDENTE (Prada Presa): Gracias, Senador Cambra.
¿Grupo Parlamentario Socialista? (Pausa.) Por el Grupo Parlamentario Popular, tiene la palabra el señor Soto.


El señor SOTO GARCIA: Muchas gracias, señor Presidente.
Con brevedad, contesto al señor Albistur señalando que, en relación con los entes locales, en absoluto tocamos para nada ni ponemos en duda el principio de suficiencia financiera. Hay una cuestión, y es que aquellas entidades que estén en una situación compleja desde el punto de vista financiero, tendrán que aplicar, como muy bien ha señalado el Senador Caneda en su intervención, un plan financiero específico que vaya sacando de esa situación a esa corporación.
Yo no niego que, efectivamente, esta ley necesite un nuevo modelo de financiación de las corporaciones locales. Usted sabe, señor Albistur, que estamos comprometidos a entrar en el análisis del nuevo modelo de financiación de las corporaciones locales como la gran idea complementaria del proyecto de ley de financiación de las Comunidades Autónomas que pronto veremos en esta Cámara.
Por lo tanto, esperemos que, a lo largo del primer semestre del año próximo, tengamos encima de la mesa un nuevo modelo de financiación de las corporaciones locales que, de alguna forma, enfrente las necesidades reales de financiación de las corporaciones locales con sus esfuerzos financieros y con sus aportaciones de recursos. En cualquier caso, aun con este nuevo modelo de financiación, tendremos que convenir en que es necesario el principio de estabilidad como criterio de gestión de esos recursos nuevos o distintos que el nuevo modelo puede incorporar.
En cuanto a la foralidad, de ninguna de las maneras podemos estar de acuerdo en que haya una lectura restrictiva. Este proyecto de ley, que no deja de ser un proyecto sectorial, instrumental, con unos objetivos muy concretos, no va a poner en duda ni lo que dice la Constitución sobre la foralidad ni la especificidad del propio concierto económico, ni mucho menos lo que el propio Estatuto de Autonomía del País Vasco prevé en este caso. Por lo tanto, la susceptibilidad del señor Albistur quedará pronto resuelta con una aplicación clara de lo que va a decir el propio concierto económico en cuanto a la adecuación de la foralidad con los principios y objetivos del presente proyecto de ley.
Senador Cambra, efectivamente, tenía la esperanza de que el apoyo a la globalidad del proyecto de ley fuera un hecho en esta Cámara, porque ustedes han demostrado en el Congreso de los Diputados que creen en este proyecto de ley, o al menos en los objetivos generales del mismo.
Muchísimas gracias.


El señor VICEPRESIDENTE (Prada Presa): Gracias, Senador Soto.


MOCIONES:

--DEL GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR EN EL SENADO POR LA QUE SE INSTA AL GOBIERNO A QUE, EN COLABORACION CON EL ORGANO COMPETENTE DE LA ORGANIZACION DE LAS NACIONES UNIDAS (ONU), DISEÑE UNA CAMPAÑA DE INFORMACION Y CONCIENCIACION SOBRE LA CONTRIBUCION DE LOS MAYORES AL DESARROLLO SOCIAL, CON OCASION DE LA SEGUNDA ASAMBLEA MUNDIAL DE ENVEJECIMIENTO (662/000168).


El señor VICEPRESIDENTE (Prada Presa): Finalizado el debate, pasamos a la primera moción, que corresponde al Grupo Parlamentario Popular en el Senado, por la que se insta al Gobierno a que, en colaboración con el órgano competente de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), diseñe una campaña de información y concienciación sobre la contribución de los mayores al desarrollo social, con ocasión de la Segunda Asamblea Mundial de Envejecimiento. (El señor Albistur Marin pide la palabra.) Senador Albistur, ¿desea su señoría reabrir el debate? Tiene la palabra.


El señor ALBISTUR MARIN: No, señor Presidente. Sólo quisiera recordar que en el acuerdo entre todos los portavoces para prolongar la sesión y no interrumpirla para comer se había convenido que la proposición de ley del señor don Anxo Quintana se debatiera antes que las mociones.


Página 3772


El señor VICEPRESIDENTE (Prada Presa): Me indica el Grupo Parlamentario Popular que no es así. Esta Presidencia no tendría ningún inconveniente.


El señor ALBISTUR MARIN: El señor portavoz del Grupo Parlamentario Popular se ha marchado del hemiciclo con ese convencimiento, después de habernos convencido a todos los demás de que así se había acordado.


El señor VICEPRESIDENTE (Prada Presa): Gracias, Senador Albistur.
El Senador Sanz tiene la palabra.


El señor SANZ PEREZ: Puedo estar equivocado --cosa que dudo--, pero desde luego así se me planteó personalmente por parte del Senador Quintana y yo le manifesté que era materialmente imposible que se pudiera anticipar y que a la propia Senadora ponente le era materialmente imposible estar a estas horas aquí. Eso es lo hablado, así se lo trasladé a la Mesa y así es conocedor el portavoz del Grupo Parlamentario Popular.


El señor VICEPRESIDENTE (Prada Presa): Gracias, señoría.
El Senador Quintana tiene la palabra.


El señor QUINTANA GONZALEZ: Intervengo únicamente para aclarar que, efectivamente, hablamos de la posibilidad de no parar la sesión para comer y, al mismo tiempo, con el criterio de agilizar la sesión, y puesto que era previsible que en la proposición de ley sí hubiera votación y que no la hubiera en la última moción, tratar ahora la proposición de ley. La hora en la que se nos dijo que no podía estar la ponente era las cinco de la tarde. Son las tres y veinte y pensábamos que esto corroboraba esta situación y nos quedamos con esa idea.
Es una pena que este tipo de acuerdos no los hagamos de otra manera porque ahora ni comemos ni debatimos y encima votaremos no sabemos a qué hora.


El señor VICEPRESIDENTE (Prada Presa): Gracias, señoría.
¿Algún otro grupo quiere hacer alguna manifestación al respecto? ¿Hay conformidad de sus señorías con la continuación del debate de la moción? (La señora Martínez García pide la palabra.) Tiene la palabra la Senadora Martínez.


La señora MARTINEZ GARCIA: Gracias, señor Presidente.
Todos los ponentes, tanto de la proposición de ley como de las mociones, están en la Casa. Simplemente necesitaríamos hacer un pequeño reajuste. Si suspendemos un minuto yo creo que tiene solución con objeto de poder dar satisfacción a las pretensiones de todos los grupos.
Por mi parte no hay ningún problema porque nuestro ponente de la moción está presente, que es el señor Díaz Sol, y el señor Hurtado puede bajar en un momento.
El señor VICEPRESIDENTE (Prada Presa): Esta Presidencia entiende que hay voluntad del Grupo Parlamentario Popular de que se debata ahora la primera moción; es decir, al margen de la disfunción o del mal entendimiento que se ha podido producir esta mañana, está claro que en este momento hay voluntad de que se vea la moción.
Están presentes los ponentes a quienes corresponde presentar y contestar la moción, por lo que si les parece a sus señorías continuamos y pasamos a la tramitación de la moción de la cual ya he dado lectura. A esta moción se han presentado tres enmiendas: una del Grupo Parlamentario Mixto, una del Grupo Parlamentario de Senadores de Coalición Canaria y otra del Grupo Parlamentario de Senadores Nacionalistas Vascos.
Inicialmente corresponde la defensa de la moción, y para ello tiene la palabra la Senadora Rodríguez Saldaña, en representación del Grupo Parlamentario Popular en el Senado.


La señora RODRIGUEZ SALDAÑA: Muchas gracias, señor Presidente.
Señorías, el Grupo Parlamentario Popular presenta a la consideración de este Pleno la reflexión sobre la situación de las personas mayores a propósito de la celebración en Madrid de la II Asamblea Mundial sobre Envejecimiento.
No es la primera vez que en esta Cámara se habla de la situación de los mayores, ya que en la pasada legislatura se constituyó una Ponencia sobre el estudio de la problemática del envejecimiento de la población española. Esta Ponencia elaboró un informe abordando con profundidad aspectos como salud, protección social y participación de los mayores en todos los aspectos.
Antes que nada, voy a proporcionar algunos datos para que vean la importancia cualitativa y cuantitativa de este grupo de personas, los más mayores de la sociedad. En 1960 las personas mayores de 65 años representaban un 8,2 por ciento de la población; en 1991, un 13,74 por ciento; en el año 2000, un 16,53 por ciento, y en el año 2016 serán un 19 por ciento. Actualmente en algunas Comunidades Autónomas los índices de envejecimiento se acercan al 21 por ciento. Galicia, Castilla y León, Castilla-La Mancha y Madrid son buena muestra de ello.
Estos datos nos revelan algunas consideraciones que afectan a toda la sociedad. No está garantizado el relevo generacional. Se producen más muertes que nacimientos. Estamos en un crecimiento vegetativo negativo.
Algunas zonas de España están en desertización demográfica. Esta es una cuestión que centra la atención de los poderes públicos, de las ONGs y de la comunidad científica a la hora de desarrollar sus actividades económicas, sociales y culturales.
Si los datos de las personas mayores son significativos, lo es más la tasa de sobreenvejecimiento, las personas que tienen 80 o más años y que representan un 20 por ciento de la población mayor de 65 años. Una situación demográfica como ésta tiene profundas consecuencias en todas las facetas de la vida individual y comunitaria, en los aspectos sociales, económicos y culturales a que antes me he referido. Un envejecimiento acelerado tiene repercusiones en todas

Página 3773


las áreas del Gobierno y de la sociedad: salud, empleo, mercado laboral y medidas de protección social.
Deben incorporarse nuevas políticas con enfoques innovadores que incrementen la participación e integración de las propias personas mayores. Por ello, el Gobierno de España, reconociendo los retos de las políticas económicas y sociales ante el envejecimiento de cara al siglo XXI, acordó, en Consejo de Ministros de 11 de febrero de 2000, ofrecer a Naciones Unidas que España fuera sede de la II Asamblea Mundial sobre Envejecimiento, acogiéndose a la Resolución de mayo de 2000 de Naciones Unidas, que decidió convocar en el año 2002 esa Asamblea. Esta petición fue aceptada y se celebrará en Madrid entre los días 8 y 12 de abril.
Esta Asamblea se convoca por parte de Naciones Unidas con el objetivo de revisar los resultados de la I Asamblea celebrada en Viena hace veinte años, y de aprobar un plan de acción revisado que incorpore una estrategia sobre el envejecimiento en una sociedad para todas las edades. El Gobierno español pretende que la celebración en Madrid de la II Asamblea contribuya a poner de manifiesto ante la comunidad internacional la apuesta por la población mayor, generando un debate social en torno a las demandas que el envejecimiento suscita en las familias, en la sociedad y en el propio Estado, e impulsando la generación de nuevos puestos de trabajo como respuesta a las nuevas necesidades de las personas mayores.
La Asamblea Mundial deberá elaborar una estrategia internacional que aborde los vínculos entre el envejecimiento y el desarrollo, las medidas para integrar el envejecimiento en los planes de los distintos países, la colaboración entre el sector público y el privado, las medidas para aumentar la solidaridad entre generaciones. La estrategia internacional para la acción sobre el envejecimiento reclama cambios en las políticas nacionales e internacionales, de tal manera que se cuente con el potencial del envejecimiento en el siglo XXI, garantizando que nuestros mayores puedan envejecer con seguridad, continúen participando como ciudadanos de pleno derecho y que, asimismo, se desarrollen recomendaciones específicas para el diseño de las estrategias nacionales de los distintos países.
Las recomendaciones para la acción deberán girar sobre el logro de un envejecimiento seguro, la capacitación de los mayores para participar en la vida social, económica y política mediante un trabajo retribuido y voluntario, promover la reciprocidad entre generaciones como elemento de desarrollo social, favorecer la colaboración entre todos los niveles de gobierno, la sociedad civil, el sector privado y las personas mayores para traducir la estrategia a la acción práctica.
Los gobiernos nacionales tienen la responsabilidad de traducir a acciones las recomendaciones de la estrategia internacional incluyendo el envejecimiento y las preocupaciones de las personas mayores en las políticas de desarrollo, la innovación de programas, la movilización de recursos económicos y el desarrollo de los recursos humanos necesarios.
La Asamblea de la ONU, en septiembre de 2000, invitó a su departamento de información pública, al departamento de asuntos económicos y al país anfitrión a poner en marcha una campaña de información relativa a la celebración de la II Asamblea Mundial. Por ello, el Grupo Parlamentario Popular en el Senado ha creído necesario apoyar la invitación que Naciones Unidas dirige a los órganos competentes, instando al Gobierno a la puesta en marcha de una campaña de información y concienciación sobre la Segunda Asamblea, en la que se reconozca la contribución de los mayores al desarrollo social. Espero que esta iniciativa merezca la consideración de todos los grupos parlamentarios.
Muchas gracias, señor Presidente.


El señor VICEPRESIDENTE (Prada Presa): Gracias, Senadora Rodríguez Saldaña.
Les comunico a sus señorías que la enmienda del Grupo Parlamentario Mixto ha sido retirada. En consecuencia, procede la defensa de la enmienda formulada por el Grupo Parlamentario de Senadores de Coalición Canaria.
Para su defensa, tiene la palabra el Senador Ríos.


El señor RIOS PEREZ: Muchas gracias, señor Presidente.
Lo más suave que se puede decir a esta hora y en estas condiciones es que ha habido un gran número de malentendidos sobre el orden de la actuación del Plenario, sobre lo que íbamos a tener que realizar, porque he tenido que dejar a medias el almuerzo para poder intervenir ahora en esta moción.
A Coalición Canaria esta moción, aparte de obvia, nos parece tardía, pues estamos ya muy avanzados respecto a abril del 2002, que es cuando se va a realizar el encuentro internacional auspiciado por la ONU. Pero me extraña más todavía que se hayan olvidado de que durante tres años estuvimos en el Senado realizando un trabajo dentro de una Ponencia, que realmente pensábamos que era encomiable, no solamente por el número de personas que aquí vinieron a comparecer, sino por el trabajo que nos costó sacar adelante el documento y, además, con unas grandes aportaciones complementarias de otros grupos parlamentarios que no aceptaron el dictamen final, pero que colaboraron de una forma eficaz para completar el documento formal.
Por tanto, nuestra enmienda es muy simple y persigue que en esta solicitud que se hace al Gobierno para que, en colaboración con el órgano competente de las Naciones Unidas, diseñe una campaña de información y concienciación sobre la contribución de los mayores al desarrollo social como idea clave de la Segunda Asamblea Mundial del Envejecimiento, se incluya una adición de forma que esta contribución deberá estar inspirada, qué menos, en el informe aprobado en este Plenario y publicado el 26 de noviembre de 1999, en esa Ponencia oficial del envejecimiento de la población española, pero en el capítulo siete, porque aquella Ponencia fue muy amplia y aquí sólo aplico el capítulo siete sobre la participación de los mayores en el desarrollo social. Todas sus señorías tienen facilidad para encontrarlo porque está en nuestros archivos directos.
Por otra parte, el envejecimiento crea siempre un problema conceptual.
Todos los que tenemos algún contacto

Página 3774


con la sanidad de forma directa o indirecta sabemos que en el siglo XIX se decía que las personas tenían la edad que tenían sus arterias, dentro de ese concepto general de la evolución vascular que provocaba el envejecimiento. Hoy hay otros conceptos, pero también son importantes los que primaban en los años cincuenta y sesenta del siglo XX cuando el hombre se concebía como un mamífero superior que, por tanto, seguía la linea biológica del mamífero superior, cuyo techo de vida es seis o siete veces su tiempo de desarrollo. La especie humana tiene un máximo de 20 años para el desarrollo --con las muelas del juicio-- y, por lo tanto, su techo biológico está aproximadamente sobre los 120 años.
Por otro lado, hay que recordar la famosa frase, que no es solamente una frase sino una realidad, porque ante el problema envejecimiento cuando utilizamos ciertos eufemismos al llamarles personas de la tercera o cuarta edad, no estamos buscando que vivan muchos años, sino darles años de vida a esas personas en la relación fundamental entre los jóvenes y los mayores.
Quiero decir, por si les interesa, que en el Parlamento de Canarias hicimos un trabajo importante al respecto, la Ley de participación de las personas mayores y de la solidaridad entre generaciones, que se publicó en marzo de 1996.
Por último, he de decir que estamos dispuestos a profundizar en estos asuntos y que lo importante es que todos tengamos muchos años de vida y mucha vida en los años.
Muchas gracias, señor Presidente.


El señor VICEPRESIDENTE (Prada Presa): Gracias, Senador Ríos.
Por el Grupo Parlamentario de Senadores Nacionalistas Vascos, tiene la palabra la Senadora Loroño.


La señora LOROÑO ORMAECHEA: Muchas gracias, señor Presidente.
Buenas tardes, señorías. El Grupo Parlamentario de Senadores Nacionalistas Vascos ha formulado una enmienda a la moción presentada en el seno de esta Cámara por la Senadora Rodríguez Saldaña.
Hemos podido conocer, a través de su intervención, el objetivo que pretende esta moción, que no es otro que el de dar cumplimiento a una invitación de las Naciones Unidas. Como Estado receptor de esa Segunda Asamblea Mundial sobre el Envejecimiento, es una buena ocasión para que participe, en colaboración con el órgano competente de las Naciones Unidas, en la organización de esa Segunda Asamblea Mundial sobre el Envejecimiento y en el diseño de una campaña de información y concienciación en torno a la contribución que han realizado nuestros mayores al desarrollo social.
Nuestro Grupo considera, y por ello ha presentado la enmienda que en estos momentos estoy defendiendo, que es importante, además de reconocer la contribución de las personas mayores al desarrollo social y al progreso, que ese reconocimiento se plasme en hechos y actuaciones concretas.
Todos somos conscientes de que alrededor del envejecimiento de la población se plantean múltiples aspectos, que van desde la sanidad, la economía, el trabajo, la atención social, las situaciones de dependencia, e incluso el propio hogar, dado que muchas veces se dan cambios en la propia estructura familiar como consecuencia de las situaciones de dependencia que originan las personas mayores; de hecho, actualmente, constituye uno de los mayores retos que debemos abordar y afrontar y al que debemos dar respuesta desde los poderes, sabiendo que todos y cada uno de nosotros somos parte activa.
El que nuestra sociedad esté actualmente constituida por un número importante de personas mayores, desde luego, es un éxito fruto de los avances de la medicina, de los hábitos saludables adquiridos en la alimentación y en el nivel de vida que nos hemos proporcionado, lo cual ha supuesto una importante mejora de las condiciones de vida. Todo ello es consecuencia, como decía, del progreso y del desarrollo social; progreso y desarrollo social al cual, como bien decía al principio de mi intervención, han contribuido de forma decidida nuestros mayores.
Por ello es justo y obligado que, aparte del reconocimiento de la contribución realizada a lo largo de todos los tiempos a través de una campaña de información y de concienciación, que es lo que se plantea en la moción presentada por el Grupo Parlamentario Popular, acometamos actuaciones contundentes que nos lleven a plasmar medidas, acciones y recursos en el conjunto de un Plan de acción destinado a nuestras personas mayores.
Es justo, por tanto, que elaboremos un plan en el cual, en coherencia con la aportación que nuestros mayores han realizado a ese desarrollo social, contemplemos medidas, acciones y recursos de contenido económico, asistencial, tanto en su vertiente social como en su vertiente sanitaria, jurídico, educativo, cultural, etcétera, propiciando, en función de las circunstancias personales que pueda tener cada persona mayor, una participación activa de los mismos en la sociedad y una mejor calidad de vida a través del establecimiento de los sistemas de protección adecuados, que es lo que planteamos en nuestra enmienda.
Como bien decía el Senador Ríos, es obvio reconocer la labor desarrollada en el ámbito de esta Cámara. Concretamente, en 1996 se aprueba la constitución de una Ponencia especial para analizar la problemática del envejecimiento, sus consecuencias y los aspectos que se deberían abordar. Y el 2 de diciembre de 1999 --si no me equivoco-- el Pleno aprobó el informe de dicha Ponencia, que recogía 40 recomendaciones distintas, las cuales intentamos plasmar a través de nuestra enmienda mediante la elaboración de ese plan.
Lo que en principio propone nuestra enmienda es que, además de informar y concienciar sobre la contribución de las personas mayores al desarrollo social, aprovechando el marco de la II Asamblea Mundial del Envejecimiento debemos reconocer esa contribución mediante el establecimiento de medidas de contenido económico que supongan una mejora de las prestaciones en cuantías que permitan hacer frente sin dificultad a las distintas necesidades básicas. Esta situación se ve agravada en muchas ocasiones; sobre todo, en el caso de las mujeres viudas perceptoras de pensiones de viudedad, dado que reciben un 45 por ciento

Página 3775


de la base. Por tanto, creo que, en aras de la igualdad, y con un espíritu de solidaridad, debería ir avanzándose para que, en el caso de las pensiones contributivas, las prestaciones básicas que reciben nuestros mayores fueran equiparándose al salario mínimo interprofesional. En el caso de las pensiones no contributivas, también se debe avanzar en la misma línea, incrementando las cuantías. Y por lo que respecta a las pensiones de viudedad, incluso hay que avanzar hacia un porcentaje que es muy demandado actualmente, que está en torno al 75 por ciento de la base.
En dicho plan, y tal como establecemos en nuestra enmienda, también deberían recogerse medidas de contenido asistencial, tanto en su vertiente social como en la sanitaria. En este sentido, es necesario avanzar en la coordinación de los servicios sociales y sanitarios para contar de una vez por todas con un verdadero modelo, de atención sociosanitaria que asegure unos servicios equitativos, eficaces y de calidad destinados a nuestras personas mayores.
Por otro lado, si somos partidarios de mantener a nuestros mayores en su entorno habitual y familiar y evitar en la medida de lo posible su institucionalización, es necesario diversificar los recursos asistenciales de que disponemos en estos momentos para con ello dar apoyo a las familias cuidadoras de esas personas.
Asimismo, entendemos que deben existir medidas, acciones y recursos de contenido jurídico que garanticen una protección jurídica adecuada, sobre todo, a las personas mayores que carezcan de familia o de apoyo familiar, y también a aquellas que, contando con dicho apoyo, por desgracia se vean en una situación muy dura y difícil de superar porque desde su propio ámbito familiar se estén vulnerando sus derechos fundamentales.
También hay que considerar medidas de contenido educativo y cultural para fomentar las actividades en dichos ámbitos destinadas a los mayores, así como medidas y acciones dirigidas a los profesionales en cuanto a la formación específica en la atención a esos mayores se refiere.
Con nuestra enmienda pretendemos lograr una participación activa de las personas mayores y una protección adecuada al nivel de dependencia personal e individual en función de las circunstancias personales. Nos parece fundamental este segundo punto de nuestra enmienda junto con el primero, siendo este último la propia moción del Grupo Popular, si entre todos deseamos conseguir una sociedad para todas las edades, que integre a todos los que formamos parte de la misma y que se fundamente en los principios de justicia, igualdad y solidaridad.
Nuestras personas mayores no quieren sólo que la sociedad conozca su contribución al desarrollo social, sino que también desean su reconocimiento. Para ello, entendemos que es necesario y preciso, porque es de justicia, establecer medidas, acciones y recursos concretos que mejoren su calidad de vida a través del establecimiento de los sistemas de protección adecuados, así como del impulso de su participación activa en la sociedad.
Esto es lo que planteamos en nuestra enmienda, y esperamos que ésta sea aceptada por el grupo parlamentario proponente de la moción.
Nada más, y muchas gracias.
El señor VICEPRESIDENTE (Prada Presa): Gracias, Senadora Loroño.
¿Desea intervenir la representante del Grupo Parlamentario Popular para pronunciarse en relación con las dos enmiendas que se han formulado? (Pausa.) Tiene la palabra la Senadora Rodríguez Saldaña.


La señora RODRIGUEZ SALDAÑA: Gracias, señor Presidente.
Voy a intervenir para pronunciarme sobre las enmiendas formuladas por el Senador Ríos, por parte de Coalición Canaria, y por la Senadora Loroño, por parte del Grupo Parlamentario de Senadores Nacionalistas Vascos.
Quisiera decir al Senador Ríos que me han parecido muy bien las aportaciones que ha hecho respecto de los años y la edad de las arterias. Es cierto que en la pasada legislatura se trabajó en la Ponencia Especial sobre la Investigación del Envejecimiento, pero no todas las iniciativas que se vayan a impulsar en esta Cámara tienen que partir de la misma, aun reconociendo que aquélla fue una Ponencia importante y que elaboró un buen informe técnico. En cualquier caso, tengo libertad para enunciar la Ponencia con los principios que a mí me parezcan oportunos, pues hay otros que, desde luego, considero están igual de fundamentados como para partir, en este caso, de la Resolución de Naciones Unidas o de las aportaciones y propuestas del Gobierno de la nación y, por supuesto, para reconocer en cada uno de los capítulos del informe lo que se hizo en la Ponencia.
Con el planteamiento de esta moción quizá pueda parecer que simplemente se realiza una campaña poco tiempo antes de que se celebre la Segunda Asamblea y que tiene un escaso contenido. Considero que, entre todos, como representantes de los ciudadanos, no debemos dejar pasar el hecho de que los mayores son los verdaderos protagonistas, y no debemos permitir que durante la celebración de la II Asamblea los protagonistas sean los distintos países que forman parte de ella, la comunidad científica, las organizaciones. Nosotros, como país anfitrión, debemos recalcar que son ellos los protagonistas. Es preciso reconocer lo que han hecho para conseguir quizá las características de nuestra actual sociedad, es decir, una mayor longevidad y calidad de vida debido a ese desarrollo económico, científico y social que creo debemos a aquellas personas que ahora son mayores de 80 años.
El «petitum» de mi moción no es, precisamente, hacer únicamente una campaña de divulgación y concienciación, sino que en su contenido se pretende el reconocimiento de esas personas como motores del desarrollo social, económico, científico y cultural.
Evidentemente, la filosofía de la Ponencia que desarrolló el Senado en la pasada legislatura coincide plenamente con la de la convocatoria de la II Asamblea y con lo que será su desarrollo. Aceptamos concretamente ese capítulo siete de su enmienda donde se refiere al apartado de participación, pues entendemos que da en el quid de la cuestión: Los mayores como protagonistas del desarrollo y de la gestión de algunos servicios y centros sociales, así como de las políticas comunitarias.
Es, evidentemente, una enmienda que vamos

Página 3776


a incorporar al «petitum» de la moción. Quiero decirle que coincido con usted en que el fondo de la cuestión, y creo que también ha sido así manifestado por la portavoz del Grupo Parlamentario de Senadores Nacionalistas Vascos, es incidir en la contribución de las personas mayores.
Con respecto a la enmienda de modificación que presenta el Grupo de Senadores Nacionalistas Vascos, tengo que decir que no la puedo aceptar porque, aunque recoge en el primer punto de la enmienda lo que es el «petitum» originario de la moción, sin embargo, amplía un segundo punto con un plan específico, y ella daba incluso pautas de por dónde podían ir los objetivos, las líneas de actuación, las estrategias de ese plan.
Y yo creo que eso se lo debemos dejar a la propia Asamblea. Como sabe, de la Asamblea va a salir una estrategia internacional que marcará las indicaciones para que los distintos países elaboren las estrategias nacionales y para que impliquen a las organizaciones no gubernamentales, a la comunidad científica para que haya esa colaboración ente lo público y lo privado. Por ello, el Gobierno de España se prestó a ser sede de esa Segunda Asamblea, asumiendo importancia cuantitativa y cualitativa de reconocimiento de los mayores para que en sus futuras políticas --económicas, sociales, laborales, de movilización de recursos, de movilización de personas-- pueda aplicarse una estrategia nacional, en la que se tenga muy en cuenta la aportación de los mayores. Sería adelantarnos a la elaboración de un plan nacional si no recogemos antes las aportaciones de esta estrategia internacional. La ONU ya ha dado algunas de las indicaciones, pero no debemos instar al Gobierno antes de que se celebre la II Asamblea y va a ser una obligación de todos los países que formen parte de la Asamblea el elaborar estrategias nacionales. Eso es consustancial con la propia convocatoria de la Asamblea, con la propia Resolución de la ONU y, por tanto, todos los países que formen parte de esa II Asamblea tendrán que adaptar sus políticas de atención a los mayores de acuerdo con esas estrategias, que fundamentalmente son movilizar recursos, impregnar desde la perspectiva de mayor algunas de las políticas que se hacen y favorecer el envejecimiento y el desarrollo.
Lamento decirle que se ha adelantado un poquito a lo que va a ser el plan nacional y que por eso no lo podemos aceptar. Usted conoce muy bien que fruto de la legislación que hay a nivel de acción social surge la planificación sectorial, y los que tienen la competencia hoy en la atención a los mayores son las Comunidades Autónomas, y todas las Comunidades Autónomas han planificado, incluso legislado con respecto a los mayores. Yo pienso que la legislación es antigua, de hace 15 años, que ya vamos por el tercer y cuarto plan sectorial, y lo que ha hecho el Gobierno de la nación ha sido elaborar dos planes muy concretos, que emanaban del informe de la Ponencia a la que antes nos referíamos, la Ponencia que se desarrolló la pasada legislatura en el Senado. Es mucho más ambicioso y mucho más amplio lo que pretende la estrategia nacional que un puro plan sectorial al que antes se refería. Es un plan estratégico que englobe otro tipo de políticas, que afecte a otro tipo de ministerios y recursos y no es algo referido solamente a la política social.
Ha habido una pequeña imprecisión en su planteamiento cuando hablaba de las viudas, que decía que percibían un 45 por ciento de la pensión.
Sabe que se aprobó en el último acuerdo de protección social llegar a un 53 por ciento. Hago esta afirmación para que conste en el «Diario de Sesiones» y las personas interesadas lo puedan leer. En este caso debemos reconocer que las pensiones de viudedad son muy pequeñas y que hay que seguir mejorando con ese fondo de pensiones, pero la idea, fruto del acuerdo, fruto del Pacto de Toledo y de la Ley de consolidación, es llegar al 53 por ciento en el próximo año.
Muchas gracias.


El señor VICEPRESIDENTE (Prada Presa): Gracias, Senadora Rodríguez Saldaña.
Entramos en el turno de portavoces.
¿Por el Grupo Parlamentario Mixto? (Pausa.) Por el Grupo Parlamentario de Senadores de Coalición Canaria, el Senador Ríos Pérez tiene la palabra.


El señor RIOS PEREZ; Muchas gracias, señor Presidente.
Muchas gracias, señora ponente del Grupo Parlamentario Popular, por aceptar esta enmienda. Muy pocos países van a poder aportar la riqueza del trabajo de tres años de una Cámara como ésta, y ésta es una cuestión fundamental que debe ir por delante; la otra es que sigue siendo muy tardía esta iniciativa, a efectos prácticos, porque deben estar ya muy avanzados los trabajos que se han de presentar el mes de abril.
Señoría, entre las treinta recomendaciones que se hacían, había tres referidas concretamente a participación. La número 22 iba referida a facilitar y fomentar el asociacionismo y la participación social y política de los mayores, que indudablemente es uno de los aspectos que la mayoría de los países tiene prácticamente abandonado. La número 23 se refiere a la posibilidad de que en los centros destinados a personas mayores éstas puedan intervenir en la toma de decisiones, lo que supone un proceso de democratización de dichos centros, que se regirían por una especie de autogobierno. Por último, estaría la nueva faceta que se va abriendo paso poco a poco, aunque con gran intensidad, que es el fomento de fórmulas que permitan preparar la separación de la actividad laboral de forma paulatina y progresiva, no traumática, a una edad fija y determinada, y, además, ver en este inmediato horizonte la posibilidad de un empleo, con fórmulas que permitan el mantenimiento del nivel de actividad laboral, parcialmente, en aquellos casos que lo quieran realizar.
En conjunto, pienso que va a ser una reunión muy interesante la del mes de abril, y que todos estos conceptos trabajados en el Senado deberían estar presentes, al igual que alguna comisión específica que se presente en el desarrollo de las discusiones.
Nada más y muchas gracias.


El señor VICEPRESIDENTE (Prada Presa): Muchas gracias, Senador Ríos.


Página 3777


¿Por el Grupo Parlamentario de Senadores Nacionalistas Vascos? (Pausa.) Tiene la palabra la Senadora Loroño.


La señora LOROÑO ORMAECHEA: Muchas gracias, señor Presidente.
Señora Senadora, me permitirá que participe, en parte, de lo que ha comentado en su turno de posicionamiento sobre las enmiendas, pero, desde luego, no me he adelantado; voy por detrás, porque cuando he dicho que el Grupo Parlamentario de Senadores Nacionalistas Vascos añadía un punto más a la moción presentada por el Grupo Parlamentario Popular, que era la elaboración de ese plan de acción con contenido diverso en cuanto a medidas, acciones y recursos, entiendo que esas medidas, acciones y recursos que esta Senadora ha planteado desde esa tribuna no afectan sólo a un Ministerio, sino que afectan a más de uno.
Y digo que no me he adelantado y que voy por detrás porque, de alguna forma, lo que he hecho ha sido plasmar en esa enmienda una demanda realizada por nuestras personas mayores, en un ámbito de participación que entiendo máxima, que es el II Congreso Estatal de las Personas Mayores, celebrado en Madrid entre los días 21 y 23 de junio de este año, y en el que el Consejo Estatal de las Personas Mayores elaboró una serie de conclusiones generales y operativas en base a cuatro comisiones y cuatro ponencias desarrolladas en el marco de ese II Congreso Estatal de las Personas Mayores. Luego, no me he adelantado, si se está usted refiriendo a la II Asamblea Mundial sobre el Envejecimiento, en la que --y lo comparto con usted-- se elaborará una estrategia, para que luego cada uno de los países participantes la concrete en políticas de acción destinadas a nuestros mayores, que se tendrán que adecuar y adaptar a lo que en esa Asamblea se decida como estrategia marco. Sería una buena carta de presentación el que propusiéramos un plan de acción que los propios mayores están reivindicando, e instan al Gobierno a que elabore ya el Plan de Acción 2001-2004, destinado a este colectivo, con contenido económico, con contenido jurídico, con contenido de participación activa de los mayores, en la línea educativa y cultural en los ámbitos comentados, que no es sólo la participación propia de nuestros mayores en el marco de programas educativos, formativos, universidad para mayores, etcétera, sino también en la parte formativa y educativa destinada a distintos profesionales que en estos momentos se dedican a la atención de nuestras personas mayores, fruto de las dependencias que puedan tener. Por tanto, no me he adelantado; voy por detrás. Ahora bien, creo que no deberíamos ir por detrás de lo que nuestros mayores nos demandan y nos exigen como responsables políticos, precisamente en la Cámara que tiene también la responsabilidad de pedir al Gobierno que actúe. Como bien decía usted, las Comunidades Autónomas tienen competencias en la materia; por supuesto que las tienen, pero hay determinadas materias y determinados aspectos que no pueden ser llevados a cabo ni desarrollados por las Comunidades Autónomas porque estaríamos entrando en el ámbito de competencias que aún no han sido asumidas por las Comunidades Autónomas por ser competencia exclusiva del Estado. (La señora Presidenta ocupa la Presidencia.) Se lo debemos a nuestros mayores y la verdad es que me decepciona muchísimo que cuando se concreta en enmiendas la elaboración de planes de acción con contenido, con medidas, con acciones y con recursos por parte del Gobierno, el Grupo Parlamentario Popular, no por una vez, sino por activa y por pasiva, nos diga que no.
Nada más y muchas gracias.


La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, Senadora.
Turno del Grupo Parlamentario Entesa Catalana de Progrés. Tiene la palabra el Senador Espasa.


El señor ESPASA I OLIVER: Gracias, señora Presidenta.
Muy brevemente por economía procesal y por la situación que se va a producir en la votación, dada la no aceptación por el Grupo Parlamentario Popular de la enmienda del Grupo Parlamentario de Senadores Nacionalistas Vascos.
Estamos de nuevo ante una de estas mociones que nos presenta repetidamente el Grupo Parlamentario Popular en el Senado y en las que uno no sabe muy bien a qué atenerse, porque si tan importante es el tema, tan trascendental --y lo es, por la materia y por los objetivos que se plantea la propia moción--, eso debería formar parte ya de la política del Gobierno al que ustedes dan sustento. Si han de ser ustedes los que desvelen a su Gobierno cosas tan importantes a hacer, apañado está este Gobierno, así lo vemos y así lo ve, o lo empieza a vislumbrar, la población.
Por otra parte, cuando se presentan enmiendas que no sólo enriquecen, sino que dan sentido de Cámara, sentido de proceso legislativo especial, sentido de oportunidad y de contenido concreto más allá de las grandes definiciones en las que todos necesariamente hemos de estar de acuerdo, señora Senadora, ustedes, como los caracoles, se repliegan bajo la concha y dicen que no.
En estas condiciones, les anuncio nuestra abstención. No podemos votar que no, naturalmente, a una declaración de principios tan genérica como la que hacen ustedes, pero no nos vamos a prestar a este juego, no sé si infantil o inútil, que repetidamente hacen ustedes en esta Cámara.


La señora PRESIDENTA: Gracias, Senador Espasa.
En nombre del Grupo Parlamentario Catalán en el Senado de Convergència i Unió, tiene la palabra el Senador Marimon.


El señor MARIMON I SABATE: Gracias, señora Presidenta.
Nosotros anunciamos nuestro voto a favor, manifestando, eso sí, que nos habría gustado --y más después de oír la intervención de la Senadora Loroño-- que entre todos los grupos hubiéramos sido capaces --como ha sucedido en otras mociones-- de llegar a una propuesta transaccional que hubiera sido votada por el conjunto de la Cámara.


Página 3778


En la anterior legislatura yo no era Senador pero me han llegado noticias de que el trabajo realizado por la Comisión para el estudio del envejecimiento de la población fue encomiable, fue un buen trabajo; ahora bien, también me ha llegado la percepción de que este buen trabajo quizá no se ha visto plasmado de forma adecuada en resoluciones u objetivos que se estén cumpliendo o que se deban cumplir. Hoy parece que damos un paso y, por lo tanto, habría sido importante que hubiéramos sido capaces --y lo digo así, pero muy especialmente el Grupo Parlamentario Popular en negociaciones con el Grupo Parlamentario de Senadores Nacionalistas Vascos-- de conseguir que el voto de esta Cámara fuera positivo.
Evidentemente, la propuesta pretende hacer un bien --no quiero hacer demagogia al respecto-- y tengo que reconocer que la han presentado con una voluntad positiva. En consecuencia, nos parece difícil votar en contra de esta moción y, aunque podríamos abstenernos, entendemos que a pesar de sus inconvenientes nuestro voto tiene que ser favorable.
En cualquier caso, quiero hacer una pequeña reflexión --quizá conocida por todos ustedes-- en el sentido de que el concepto de persona mayor es, en cierta manera, abstracto y que muchas veces el hecho de llegar a la tercera edad --empleamos muchos eufemismos para definir esta situación-- va ligado a una jubilación laboral; muchas personas empiezan a tener la sensación de que verdaderamente son mayores en el momento en que se produce su cese laboral.
El Senador Ríos mencionaba que uno de los aspectos a contemplar era el fomento del asociacionismo y, a la vez, citaba el trauma que significa muchas veces el cese total de la actividad laboral. En este sentido, también la Senadora Loroño ha comentado que teníamos que tener en cuenta las aportaciones que quisieran hacer nuestras personas mayores.
En general, en las intervenciones de los portavoces que me han precedido y en el propio texto de la moción, se pone de relieve la importancia de las aportaciones que han hecho las personas mayores en diferentes ámbitos como el social, etcétera. Es cierto, es muy importante que este reconocimiento exista pero, además, en el caso de la sociedad española incluso es importante que se produzca un reconocimiento en otros aspectos, como las grandes dificultades que han tenido nuestros mayores para conseguir construir el mundo en el que nos movemos ahora los españoles.
En cualquier caso, quiero resaltar la importancia que tienen las personas mayores para seguir haciendo aportaciones de cara al futuro.
Yo creo que la sociedad, en general, desaprovecha los conocimientos acumulados, la capacidad de trabajo que conservan estas personas relegándolas, a veces, a un papel secundario que además nos crea problemas en ámbitos como el sanitario, etcétera. Creo que no hay nada que mejore tanto la salud de las personas como el hecho de saberse apreciadas, saber que se valoran sus conocimientos y que pueden ejercerlos.
Es evidente que el Estado español ha cambiado radicalmente en unos años; al principio de la década de los noventa estábamos en una situación en la que lo que hacía falta era empleo porque el nivel de desocupación y de paro eran muy altos, lo que propició, incluso, una política de jubilaciones anticipadas. En este momento, en muchas regiones españolas el problema es el contrario; hoy mismo, algunos periódicos de Cataluña resaltan la necesidad de que se regularice lo antes posible a parte del colectivo de inmigrantes, ya que el retraso en la tramitación está provocando el que no puedan comenzar a trabajar e incluso se cita el caso de una gran empresa que no ha podido instalarse por no tener garantizada la mano de obra. Por lo tanto, el contexto es diferente y, sin llegar a pedir la prolongación de la vida laboral --que no es procedente y que, además, tiene que hacerse en otro ámbito--, sí quisiera resaltar la necesidad de aprovechar las aportaciones que puedan hacer las personas mayores en trabajos con horario parcial pero, sobre todo, brindando los conocimientos que han acumulado.
Me gustaría que ustedes conocieran el trabajo de una asociación llamada Conex, Conocimiento y Experiencia, porque creo que en el campo de la actividad de las personas mayores el trabajo que están realizando es lo más positivo que he podido observar. Se trata de personas que aportando sus conocimientos a otras personas, ya sean éstas también de la tercera edad o mayores, ya sean jóvenes, han encontrado un motivo de satisfacción e, incluso, me atrevo a decir que un mejor estado de salud en sus propias vidas.
Estas son las consideraciones que a este respecto quería hacer llegar a la Cámara.
No obstante, con toda sinceridad, creo que mociones de este tipo debiéramos procurar votarlas por asentimiento, ya que esto da una imagen positiva al sector --en este caso, a las personas mayores-- y pueden ver que las Cámaras se preocupan por su futuro.
En todo caso, sea bienvenida la moción.
Gracias.


La señora PRESIDENTA: Gracias, Senador Marimon.
En nombre del Grupo Parlamentario Socialista, el Senador Díaz Sol tiene la palabra.


El señor DIAZ SOL: Muchas gracias, señora Presidenta.
Me va a permitir la señora portavoz del Grupo Parlamentario Popular que haga unas pequeñas críticas, sin ningún ánimo hostil, con toda la amabilidad, pero también con toda la firmeza.
En primer lugar, me parece lamentable que una cuestión como ésta se traiga a debate mediante una moción con este texto. En el panel luminoso figura lo siguiente: «Campaña de información, II Asamblea Mundial del Envejecimiento». Es decir, en teoría, aprobando su moción, este Senado insta al Gobierno a hacer algo para lo que ya se ha ofrecido hace mucho tiempo. (La señora Rodríguez Saldaña hace signos negativos.) ¿Cómo que no? Eso es lo que dice la moción. Insta al Gobierno a hacer una campaña.
Por tanto, si el Gobierno se ha ofrecido hace ya mucho tiempo para que España sea sede de un acto tan importante como es una Asamblea Mundial de Envejecimiento, este

Página 3779


Senado está haciendo un poco el ridículo porque o está tratando un tema con excesivo retraso y sin ninguna profundidad, sólo superficialmente, o está diciendo que el Gobierno no tiene previsión alguna respecto a la II Asamblea Mundial.
Como creo que lo segundo no es posible, me parece que la actuación del Grupo Popular, tratando estas cuestiones superficialmente y expresando ante esta Cámara toda una teoría sólo para que aparezca en el «Diario de Sesiones», es muy mala forma de afrontar la realidad, porque este Senado, a estas alturas de la situación, queda a un bajo nivel.
Una moción de este tipo no permite hacer un análisis del papel que va a jugar la delegación española en dicha Asamblea Nacional, ni qué planteamientos va a defender. Según dice el órgano competente de la ONU, en el año 2050 España será el país con la población más envejecida de todo el mundo. Y estamos aquí hablando de hacer una campaña de información y concienciación. Para decir a la gente ¿qué? ¿Que vamos a ser el país con la población más envejecida de todo el mundo y que tenemos un Gobierno que no está haciendo nada? Porque si observamos los parámetros de su actuación y su política en este campo veremos que estamos muy lejos de las medias de todos los países desarrollados y de la Unión Europea: en camas de residencia, en servicios de asistencia domiciliaria, en gastos sociales, en mil cosas, etcétera. Hace año y medio ustedes se comprometieron, mediante la ley de acompañamiento a la Ley de Presupuestos Generales del Estado para el año 2000 a presentar en el plazo de seis meses un informe sobre el seguro de residencia y todavía no lo han presentado. Tampoco han elaborado el segundo plan gerontológico. Es decir, en este campo ustedes no tienen más que propaganda, reuniones propagandísticas, pero políticas de fondo, ninguna.
Y, ante una asamblea que se va a celebrar en el mes de abril, que va a aumentar el boato de su semestre de presidencia de la Unión Europea, con esta moción dicen que tenemos que hacer una campaña. Comprenderá usted que es algo bastante lamentable, por mucho que su intervención haya tenido un contenido muy interesante. De manera que traiga usted con otra formulación más interesante que nos permita elevar su contenido.
A mí me parece que ante un siglo, que es el siglo de la nueva humanidad, de la humanidad envejecida, en el que el proceso de envejecimiento va a provocar unos cambios de desarrollo económico, asistencial, estructural, sanitario, político y de todo tipo, no podemos estar hablando aquí de instar al Gobierno a que haga una campaña.
Por último, para que quede publicado en el «Diario de Sesiones» ya que mañana es el Día Internacional Contra la Violencia Doméstica, yo quisiera decir que uno de los grandes problemas que hay en este asunto es precisamente la feminidad del envejecimiento. Hoy las mujeres tienen problemas de discriminación de todo tipo, de acceso a la educación, al poder político, a las fórmulas de participación, de violencia doméstica, y sufren muchas marginaciones, lo que las sitúa ante este futuro siglo del envejecimiento en peores condiciones que al resto de la humanidad. Por tanto, ése es un campo que de alguna forma tiene que tener una preocupación prominente por parte del Gobierno de este país, que va a ser en cincuenta años el país más viejo del mundo, por muchas campañas que instemos al Gobierno a que haga.
Muchas gracias.


La señora PRESIDENTA: Gracias, Senador Díaz Sol.
En nombre del Grupo Parlamentario Popular tiene la palabra la Senadora Rodríguez Saldaña.


La señora RODRIGUEZ SALDAÑA: Muchas gracias, señor Presidente.
Señor Díaz Sol, lamento que no haya entrado en el fondo de la cuestión, que no conozca, por lo menos, el contenido del «petitum» de la moción y que se limite a criticar deslavazadamente si se debía presentar antes o después o si la campaña de información le parece mucho o poco a debatir por esta Cámara. No es sólo una campaña de información y concienciación --lo he repetido varias veces--, es una campaña de información y concienciación para que los mayores sean protagonistas, para que se reconozca el importante papel de los que hoy son mayores en el desarrollo social de nuestro país. Eso es lo que diferencia una campaña de boato, a la que usted se refería, de una campaña de sensibilización en la que los mayores son los auténticos protagonistas.
Respecto a las ratios de bienestar, el número de plazas de residencias, pensiones y demás, no tiene nada más que mirar las Comunidades Autónomas gobernadas por el Partido Socialista y ver qué ratios de bienestar tiene con los sectores más desfavorecidos, concretamente el número de plazas de residencias, que está publicado en distintos medios de comunicación, en distintas revistas y en distintos planes, para que usted los conozca.
Lamento que haya hablado tan frívolamente de un tema que creo que debe hacernos pensar a todos y aunar voluntades.
Agradezco la intervención del portavoz de Convergència i Unió, y le tengo que decir que me hubiera gustado transaccionar un texto, hacer una propuesta de modificación. Yo he sumado la enmienda de Coalición Canaria porque creo que incorpora algo positivo al «petitum» de la moción, lo que no puedo incorporar es la enmienda del Grupo Parlamentario de Senadores Nacionalistas Vascos porque es restrictiva, está hablando de más planes, de más lo mismo, y éste es un plan estratégico que emana de unas directrices estratégicas internacionales con unas indicaciones que serán novedosas, que incorporarán políticas económicas, de desarrollo, de personal y de empleo, y a lo que usted se refería es más de lo mismo. Además no tendría mucho sentido decir: hagan un plan, suban las pensiones de las viudas y reconstruyan las Torres Gemelas, porque sólo le ha faltado a usted decir eso.
Al representante de Grupo Parlamentario Entesa Catalana de Progrés tengo que decirle que, por no utilizar en sus intervenciones, no utiliza ni la cortesía parlamentaria.


Página 3780


Si usted tacha nuestras mociones y propuestas de infantiles e inútiles, yo las suyas las tacho de confusas y esquizofrénicas.
Muchas gracias. (El señor Díaz Sol pide la palabra.)

La señora PRESIDENTA: Dispone de un minuto, señor Díaz Sol.


El señor DIAZ SOL: Muchas gracias, señora Presidenta.
Mi intervención habrá sido deslavazada, yo a la suya la he querido calificar cortésmente de interesante, pero me ha parecido muy aburrida.
Le voy a leer el «petitum» --como dice usted, de esa forma tan especial--, o texto de su moción, que no habla para nada de la participación de las personas de la tercera edad. Dice: El Senado insta al Gobierno a que, en colaboración con el órgano competente de las Naciones Unidas, diseñe una campaña de información y concienciación sobre la contribución de los mayores al desarrollo social. Lo que usted dice ¿quiere expresar eso? No. Tiene que explicar a la gente que debe contribuir con ocasión de la II Asamblea.
Usted ha llenado de contenido algo que le han «largado» y que no servía nada más que para cubrir un cupo. En todo caso, cualquier persona ajena a esta Cámara y a su mecanismo diría: El Senado ha descubierto que el Gobierno español está muy atrasado en sus trabajos sobre la II Asamblea Mundial sobre el Envejecimiento.
Muchas gracias.


La señora PRESIDENTA: Gracias, Senador Díaz Sol. (La señora Rodríguez Saldaña pide la palabra.) Senadora Rodríguez Saldaña, tiene la palabra durante otro minuto.


La señora RODRIGUEZ SALDAÑA: Gracias.
Me tengo que ratificar en lo que he dicho hace cinco minutos: sigue usted secuestrado por las políticas de bombo y boato, y no muestra ninguna sensibilidad hacia lo que los mayores han hecho, a lo que representan y a su contribución. (Aplausos en los escaños del Grupo Parlamentario Popular.) Muchas gracias, señora Presidenta.


La señora PRESIDENTA: Gracias, Senadora Rodríguez Saldaña.
Votamos, en primer lugar, la moción presentada por el Grupo Parlamentario Popular, junto con la enmienda de Coalición Canaria que ha sido aceptada.
Se inicia la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos emitidos, 195; a favor, 128, en contra, tres; abstenciones, 64.


La señora PRESIDENTA: Queda aprobada.
DICTAMENES DE COMISIONES SOBRE PROYECTOS Y PROPOSICIONES DE LEY REMITIDOS POR EL CONGRESO DE LOS DIPUTADOS:

--DE LA COMISION DE HACIENDA EN RELACION CON EL PROYECTO DE LEY GENERAL DE ESTABILIDAD PRESUPUESTARIA (Continuación).
(S. 621/000033) (C. D. 121/000029).


--DE LA COMISION DE HACIENDA EN RELACION CON EL PROYECTO DE LEY ORGANICA COMPLEMENTARIA A LA LEY GENERAL DE ESTABILIDAD PRESUPUESTARIA (Continuación).
(S. 621/000034) (C. D. 121/000030).


La señora PRESIDENTA: Vamos a votar, en primer lugar, la Ley General de Estabilidad Presupuestaria y, en segundo lugar, la Ley Orgánica complementaria a dicha ley.
Votamos la ley General de Estabilidad Presupuestaria.
Enmiendas de los Senadores Cámara y Cabrero, números 5 y 9.
Se inicia la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos emitidos, 192, a favor, ocho; en contra, 123, abstenciones, 61.


La señora PRESIDENTA: Quedan rechazadas.
Votamos las enmiendas números 23 y 24, de los Senadores Cámara Fernández y Cabrero Palomares.
Se inicia la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos emitidos, 197; a favor, 68; en contra, 126; abstenciones, tres.


La señora PRESIDENTA: Quedan rechazadas.
Votamos el resto de las enmiendas presentadas por los Senadores Cámara y Cabrero al proyecto de ley de Estabilidad General Presupuestaria.
Se inicia la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos emitidos, 197; a favor, 56; en contra, 128; abstenciones, 13.


La señora PRESIDENTA: Quedan rechazadas.
Enmiendas del Grupo Mixto presentadas por el Senador Quintana. En primer lugar las enmiendas números 27, 28, 30, 35 y 51.
Se inicia la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos emitidos, 197; a favor, 68; en contra, 126; abstenciones, tres.


La señora PRESIDENTA: Quedan rechazadas.
A continuación votamos el resto de las enmiendas presentadas por el Senador Quintana.
Se inicia la votación. (Pausa.)

Página 3781


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos emitidos, 195; a favor, 61; en contra, 125; abstenciones, nueve.


La señora PRESIDENTA: Quedan rechazadas.
Las enmiendas presentadas por el Grupo de Coalición Canaria han sido retiradas.
Votación de las enmiendas presentadas por el Grupo Parlamentario de Senadores Nacionalistas Vascos.
En primer lugar las números 63, 64, 66, 70, 71, 75 y 76.
Se inicia la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos emitidos, 197; a favor, 69; en contra, 125; abstenciones, tres.


La señora PRESIDENTA: Quedan rechazadas.
Votamos ahora la enmienda número 74, presentada por el Grupo de Senadores Nacionalistas Vascos.
Se inicia la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos emitidos, 197; a favor, 68; en contra, 127; abstenciones, dos.


La Señora PRESIDENTA: Queda rechazada.
Votación del resto de las enmiendas del Grupo Parlamentario de Senadores Nacionalistas Vascos.
Se inicia la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos emitidos, 197; a favor, 62; en contra, 127; abstenciones, ocho.


La señora PRESIDENTA: Quedan rechazadas.
Votamos las enmiendas del Grupo Parlamentario Catalán en el Senado de Convergència i Unió en un solo bloque, de la número 104 a la número 112.
Se inicia la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos emitidos, 197; a favor, 70; en contra, 125; abstenciones, dos.


La señora PRESIDENTA: Quedan rechazadas.
Enmiendas presentadas por el Grupo Parlamentario Socialista y por el Grupo Parlamentario Entesa Catalana de Progrés.
En primer lugar votamos la enmienda número 86.
Se inicia la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos emitidos, 196; a favor, 68; en contra, 126; abstenciones, dos.


La señora PRESIDENTA: Queda rechazada.
Votamos ahora el resto de las enmiendas presentadas por los Grupos Parlamentarios Socialista y Entesa Catalana de Progrés.
Se inicia la votación. (Pausa.) Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos emitidos, 196; a favor, 61; en contra, 127; abstenciones, ocho.


La señora PRESIDENTA: Quedan rechazadas.
Votamos el dictamen del proyecto de ley general de estabilidad presupuestaria.
Se inicia la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos emitidos, 197; a favor, 127; en contra, 67; abstenciones, tres.


La señora PRESIDENTA: Queda aprobado el dictamen del proyecto de Ley General de Estabilidad Presupuestaria.
Tal como dispone el artículo 90 de la Constitución, se dará traslado de las enmiendas aprobadas por el Senado al Congreso de los Diputados para que éste se pronuncie sobre las mismas en forma previa a la sanción del texto definitivo por Su Majestad el Rey.


--DE LA COMISION DE HACIENDA EN RELACION CON EL PROYECTO DE LEY ORGANICA COMPLEMENTARIA A LA LEY GENERAL DE ESTABILIDAD PRESUPUESTARIA (Continuación). (S. 621/000034) (C. D. 121/000029).


La señora PRESIDENTA: Votamos a continuación el proyecto de ley orgánica que acompaña a la Ley General de Estabilidad Presupuestaria.
Enmiendas de los Senadores Cámara y Cabrero. Votamos la enmienda número 1.
Se inicia la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos emitidos, 196; a favor, 62; en contra, 126; abstenciones, ocho.


La señora PRESIDENTA: Queda rechazada.
Enmiendas del Grupo Mixto presentadas por el Senador Quintana. Votamos las números 8, 17 y 19.
Se inicia la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos emitidos, 197; a favor, 68; en contra, 125; abstenciones, cuatro.


La señora PRESIDENTA: Quedan rechazadas.
Votamos el resto de las enmiendas presentadas por el Senador Quintana.
Se inicia la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos emitidos, 197; a favor, 62; en contra, 127; abstenciones, ocho.


La señora PRESIDENTA: Quedan rechazadas.


Página 3782


Las enmiendas del Grupo Parlamentario de Coalición Canaria han sido retiradas.
Enmiendas del Grupo Parlamentario de Senadores Nacionalistas Vascos.
Votamos en primer lugar las números 26, 28, 33 y 34.
Se inicia la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos emitidos, 197; a favor, 62; en contra, 126; abstenciones, nueve.


La señora PRESIDENTA: Quedan rechazadas.
Votación de las enmiendas números 30, 31 y 32 del Grupo Parlamentario de Senadores Nacionalistas Vascos.
Se inicia la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos emitidos, 197; a favor, 68; en contra, 126; abstenciones, tres.


La señora PRESIDENTA: Quedan rechazadas.
Votamos el resto de las enmiendas presentadas por el Grupo Parlamentario de Senadores Nacionalistas Vascos.
Se inicia la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos, emitidos, 195; a favor, 67; en contra, 126; abstenciones, dos.


La señora PRESIDENTA: Quedan rechazadas.
Votación de las enmiendas números 50 a 61 del Grupo Parlamentario Catalán en el Senado de Convergència i Unió.
Se inicia la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos emitidos, 197; a favor, 68; en contra, 126; abstenciones, tres.


La señora PRESIDENTA: Quedan rechazadas las enmiendas de Convergència i Unió.
Votación de las enmiendas del Grupo Parlamentario Socialista y del Grupo Parlamentario de Entesa Catalana de Progrés.
Votamos primero las enmiendas números 45, 46 y 47.
Se inicia la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos emitidos, 197; a favor, 68; en contra, 127; abstenciones, dos.


La señora PRESIDENTA: Quedan rechazadas.
Ahora votamos las números 44, 48 y 49.
Se inicia la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos emitidos, 196; a favor, 62; en contra, 128; abstenciones, seis.
La señora PRESIDENTA: Quedan rechazadas.
Finalmente, votamos el dictamen del proyecto de ley orgánica complementaria a la Ley General de Estabilidad Presupuestaria.
Se inicia la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos emitidos, 197; a favor, 127; en contra, 68; abstenciones, dos.


La señora PRESIDENTA: Queda, por tanto, definitivamente aprobado por las Cortes Generales el proyecto de Ley Orgánica complementaria a la Ley General de Estabilidad Presupuestaria.


MOCIONES (Continuación):

--DEL GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR EN EL SENADO POR LA QUE SE INSTA AL GOBIERNO A QUE, UNA VEZ CONCLUIDO EL PROCESO DE TRANSFERENCIA DE LOS SERVICIOS DE SALUD A LAS COMUNIDADES AUTONOMAS, ASUMA EL COMPROMISO DE COMPARECER AL FINALIZAR CADA PERIODO DE SESIONES ANTE ESTA CAMARA PARA INFORMAR SOBRE LOS INDICADORES DE CALIDAD ASISTENCIAL EN TODO EL TERRITORIO NACIONAL (662/000169).


La señora PRESIDENTA: La siguiente moción es del Grupo Parlamentario Popular en el Senado, por la que se insta al Gobierno a que, una vez concluido el proceso de transferencia de los servicios de salud a las Comunidades Autónomas, asuma el compromiso de comparecer al finalizar cada período de sesiones ante esta Cámara para informar sobre los indicadores de calidad asistencial en todo el territorio nacional.
A esta moción se han presentado tres enmiendas: una del Grupo Parlamentario Mixto, que acaba de ser retirada; otra del Grupo Parlamentario Socialista y otra del Grupo Parlamentario de Senadores Nacionalistas Vascos, que quedan vivas.
Para la defensa de la moción, en nombre del Grupo Parlamentario Popular tiene la palabra la Senadora López Garnica.


La señora LOPEZ GARNICA: Muchas gracias, señora Presidenta.
Los artículos 43 y 49 de la Constitución reconocen el derecho de todos los ciudadanos a la protección de la salud, derecho que para ser efectivo requiere que los poderes públicos adopten medidas idóneas para satisfacerlo. El Titulo VIII de nuestro texto constitucional, sobre organización territorial del Estado español, dibuja un nuevo modelo de organización territorial del Estado descentralizado, que otorga a las Comunidades Autónomas un gran número de competencias, así como autonomía para la gestión de sus respectivos intereses. Entre estas competencias derivadas

Página 3783


tanto de la Constitución como de lo respectivos estatutos de autonomía figuran amplias competencias en materia de sanidad. El artículo 148.1.21ª establece que las Comunidades Autónomas podrán asumir competencias en materia de sanidad e higiene.
El Estado, en virtud del artículo 149.1.16ª. ha de establecer los principios y los criterios sustantivos que permitan conferir al sistema sanitario unas características generales y comunes que sean fundamento de los servicios territoriales en todo el Estado español.
En consonancia con estas previsiones constitucionales y con las autonómicas en materia sanitaria, la Ley 14/1986 General de Sanidad propuso una reforma sanitaria cuya directriz es la creación de un Sistema Nacional de Salud. El eje del modelo que adopta la reforma de esta ley son las Comunidades Autónomas. Así, el Sistema Nacional de Salud creado por esta ley se concibe como el conjunto de servicios de salud de las Comunidades Autónomas convenientemente coordinados. (El señor Vicepresidente, Prada Presa, ocupa la Presidencia.) El principio de integración para los servicios sanitarios de cada Comunidad Autónoma inspira el artículo 50 de la Ley General de Sanidad, y dice que en cada Comunidad Autónoma se constituirá un servicio de salud integrado por todos los centros, servicios y establecimientos de la propia Comunidad, diputaciones, ayuntamientos y cualesquiera otras administraciones territoriales intracomunitarias, que estará gestionado, en todo caso, bajo la responsabilidad de la respectiva Comunidad Autónoma.
La integración efectiva de los servicios sanitarios es básica porque está en juego la efectividad del derecho a la salud que reconoce la Constitución a todos los ciudadanos y porque es deseable asegurar la igualdad de las condiciones de vida, imponer las coordinaciones en las actuaciones públicas, mantener el funcionamiento de los servicios públicos sobre unos mínimos uniformes y, en fin, lograr una efectiva planificación sanitaria que mejore tanto los servicios como sus prestaciones.
La Ley General de Sanidad concentra, pues, los servicios sanitarios bajo la responsabilidad de las Comunidades Autónomas y bajo los poderes de dirección en lo básico y de coordinación del Estado.
Sin embargo, la propia Ley General de Sanidad establece la creación de los respectivos servicios de salud de forma paulatina, evitando saltos en el vacío, procurando la adopción progresiva de las estructuras y acomodando el ritmo de aplicación de sus previsiones a la marcha de los procesos de transferencias a las Comunidades Autónomas. Así, la aplicación de la reforma sanitaria que la Ley General de Sanidad estableció, previó que lo fuera de forma paulatina armonizada con la sucesiva asunción de competencias por las Comunidades Autónomas y adecuada a las disponibilidades presupuestarias en lo que concierne al otorgamiento de las prestaciones del sistema de salud a todos los ciudadanos.
Señorías, hasta la fecha es de todos bien sabido que siete Comunidades Autónomas han asumido las competencias sanitarias. Son: País Vasco, Cataluña, Navarra, Andalucía, Comunidad Valenciana, Galicia y Canarias.
Esta es la última que asumió las competencias sanitarias en 1994, porque en aquel momento era la única Comunidad Autónoma que, a tenor de lo dispuesto en su Estatuto de Autonomía, podía asumir dicha competencia. Desde esta fecha hasta la actualidad, las Comunidades Autónomas que accedieron a la autonomía por la vía del artículo 143, han ido modificando sus respectivos Estatutos de Autonomía respecto a la competencia sanitaria entre otras, requisito, en todo caso, imprescindible para proceder a la recepción de la transferencia. Por lo tanto, ahora sí estamos en condiciones de que todas las Comunidades Autónomas asuman las competencias sanitarias y así completar el proceso de transferencias.
La Ministra de Sanidad y Consumo ya anunció en su comparecencia, a petición propia, en la Comisión de Sanidad y Consumo de esta Cámara el 20 de junio del año 2000, para informar sobre las líneas generales de la política de su Departamento, su compromiso --y desde luego su deseo-- de cerrar el mapa sanitario en España y de hacerlo, en cualquier caso, de forma ordenada, consensuada, con la seguridad de que los ciudadanos tendrán garantizado el derecho a la protección a la salud que la Constitución les reconoce, y sin que este derecho se vea afectado en función de la organización territorial del Estado.
Respetando las competencias de las Comunidades Autónomas, la Ministra anunció su intención de trabajar --como ha venido demostrando-- en la planificación, en la ordenación, en la coordinación del conjunto del Sistema Nacional de Salud, manteniendo siempre la cohesión social y preservando los principios de equidad y de solidaridad interterritorial que ordena el artículo 2 de la Constitución y que deben regir el funcionamiento, asegurando la calidad y la gestión eficiente de los servicios.
La culminación del proceso de transferencias sanitarias va a configurar, pues, un nuevo marco en el que el Ministerio de Sanidad y Consumo va a jugar un papel de vital importancia en la cooperación y la coordinación territorial. Decíamos antes que el artículo 149.1.16ª de la Constitución otorga al Estado, dentro de sus competencias exclusivas, las de sanidad exterior, legislación sobre productos farmacéuticos y la materia que nos ocupa: bases y coordinación general de la sanidad.
Respecto a las bases de1a sanidad, es competencia exclusiva del Estado el establecimiento de normas que fijen las condiciones y requisitos mínimos, persiguiendo la igualdad básica de condiciones en el funcionamiento de los servicios sanitarios públicos. En lo referente a la coordinación sanitaria, ésta debe ser entendida como la fijación de los medios y sistemas de relación que hagan posible la información recíproca, la homogeneidad técnica en determinados aspectos y la acción conjunta de las autoridades sanitarias estatales y comunitarias en el ejercicio de sus respectivas competencias, de modo que se logre la integración de actos parciales en la globalidad del sistema sanitario.
Con este propósito, señorías, el Gobierno diseñó la nueva estructura del Ministerio de Sanidad y Consumo, que concede capital importancia a la coordinación y a la cooperación sanitaria dedicando tres Direcciones Generales

Página 3784


a este cometido y uniendo en una misma Secretaría General la gestión y la cooperación sanitaria, para profundizar desde esta estructura en las fórmulas de cooperación, de coordinación y colaboración que deben ser manejadas en un Estado descentralizado como el nuestro e introducir nuevas fórmulas que permitan vertebrar mejor el sistema con el objetivo final de garantizar el acceso a las prestaciones en todo el Sistema Nacional de Salud.
La Dirección General de Relación Institucional y de Alta Inspección del Ministerio de Sanidad y Consumo va a velar, y lo está haciendo, por el funcionamiento armónico y solidario del Sistema Nacional de Salud para garantizar lo que a nosotros más nos preocupa del objetivo de esta moción: la igualdad en el acceso a los servicios y a las prestaciones sanitarias por parte de todos los ciudadanos y a la equidad en el conjunto de toda España.
Sus líneas de actuación van dirigidas, precisamente, a potenciar el papel de la alta inspección del Estado como función de garantía y de verificación del cumplimiento de las competencias estatales y de las Comunidades Autónomas en materia de sanidad. Con todo ello, el papel del Ministerio de Sanidad y Consumo, tras el cierre del mapa territorial sanitario anunciado, como ustedes saben, para el 1 de enero de 2002, será de capital importancia para asegurar tanto la equidad y la igualdad en el acceso y en el nivel de salud de todos los ciudadanos, sea cual sea su Comunidad Autónoma, como la solidaridad interterritorial y la suficiencia financiera. Esta última, como todos saben, ya queda garantizada con el nuevo modelo de financiación sanitaria; modelo que ya ha sido consensuado con todas las Comunidades Autónomas, con una financiación diferenciada y finalista para la asistencia sanitaria; asimismo, modelo integrador, estable, suficiente y solidario cuyos fondos específicos van a garantizar la equidad en el acceso y la eficiencia en el gasto, y que obliga a las Comunidades Autónomas a que destinen un importe mínimo de recursos a la financiación de la asistencia sanitaria.
En la consecución de este importante objetivo que la Ley General de Sanidad otorga al Estado deben implicarse y corresponsabilizarse también las Comunidades Autónomas, y ya se han dado pasos en esta línea. En la sesión del 16 de mayo de 2001 el Congreso de los Diputados aprobó una proposición no de ley por la que se instaba al Gobierno a elaborar, a través del Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud, un plan de calidad total del Sistema Nacional de Salud.
Posteriormente, el propio Consejo Interterritorial, en cumplimiento de este mandato parlamentario, aprobó en su reunión de 30 de junio de 2001 la creación de una subcomisión de calidad para elaborar dicho plan en el plazo de nueve meses. Esta subcomisión se constituyó el día 23 de julio de 2001, y desde entonces ha venido trabajando en el citado encargo. Después, el 25 de septiembre de 2001 el Congreso de los Diputados aprobó una moción por la que se creó la Comisión para la mejora de la seguridad y de la calidad en el Sistema Nacional de Salud en el seno del Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud, reconvirtiendo y elevando de rango a la anterior subcomisión de calidad. Esta Comisión se reunió en sesión constitutiva el pasado 30 de octubre.
Una de las actuaciones prioritarias contempladas en esta Comisión con el fin de estimular la mejora de la calidad consiste en marcar objetivos y elaborar instrumentos de medida para que los servicios de salud y las instituciones sanitarias puedan comparar su nivel de calidad con otros servicios e instituciones, así como con estándares, de forma que dicha comparación les indique el camino de mejora. El medio que permite monitorizar los diferentes aspectos de la calidad es el establecimiento de unos indicadores homologados que posibiliten comparar entre sí las instituciones sanitarias y hacer un seguimiento a lo largo del tiempo.
El plan de calidad será el instrumento para concretar las funciones de coordinación del Ministerio de Sanidad y Consumo en materia calidad asistencial, y en él se determinarán los indicadores de calidad del Sistema Nacional de Salud. Esta iniciativa del Grupo Parlamentario Popular en el Senado, que hoy traemos al Pleno, está enmarcada tanto en el carácter que otorga la Constitución en su artículo 169.1 a la Cámara Alta como Cámara de representación territorial, como en sus funciones de control e impulso al Gobierno, y responde al deseo del Grupo Parlamentario Popular en el Senado de colaborar con el Ministerio de Sanidad y Consumo, con las Comunidades Autónomas y con el propio Consejo Interterritorial de Salud en el objetivo de garantizar que el acceso a las prestaciones del Sistema Nacional de Salud sea equitativo en todo su ámbito.
El Grupo Parlamentario Popular tiene plena confianza en que, tras el cierre del proceso de transferencias sanitarias, cada uno, Consejo Interterritorial de Salud, Ministerio y Comunidades Autónomas, va a asumir su papel y sus responsabilidades a la perfección, al objeto de conseguir un sistema de salud cohesionado y solidario en el que no existan fallos o carencias que posibiliten situaciones de exclusión o discriminación en algo tan importante como la salud de las personas.
Pero también estamos convencidos, señorías, del importante papel del Senado en el seguimiento periódico y permanente de los indicadores de calidad asistencial en todas y cada una de las Comunidades Autónomas, sin que esto suponga, en ningún caso, una injerencia en sus competencias de gestión, a fin de actuar como órgano vigilante y detectar, en caso de que llegaran a producirse, posibles desviaciones o desigualdades interterritoriales.
Por ello, el Grupo Parlamentario Popular presenta esta moción por la que se insta al Gobierno a que, una vez concluido el proceso de transferencias de los servicios de salud a las Comunidades Autónomas, asuma el compromiso de comparecer ante esta Cámara al finalizar cada período de sesiones para informar de los indicadores de calidad asistencial en todo el territorio nacional.
Nada más, y muchas gracias. (Aplausos en desde los escaños del Grupo Parlamentario Popular.)

El señor VICEPRESIDENTE (Prada Presa): Gracias, Senadora López Garnica.
La enmienda del Grupo Parlamentario Mixto ha sido retirada.


Página 3785


A continuación pasamos a la enmienda presentada por el Grupo Parlamentario Socialista.
Para su defensa tiene la palabra el Senador López Carvajal.


El señor LOPEZ CARVAJAL: Gracias, señor Presidente.
Señora López Garnica, he escuchado con atención su exposición de motivos, y debo decirle, en primer lugar, que posiblemente coincida con usted en gran parte de los objetivos que ha planteado, y por supuesto en una parte importante del contexto jurídico en el que ha enmarcado la moción.
Sin embargo, quisiera comenzar mi intervención hablando de algo a lo que usted no se ha referido: la oportunidad o inoportunidad política de esta moción. Esta moción se nos antoja políticamente inoportuna, en primer lugar, por el momento en el que se presenta. Cuando se está negociando un proceso de transferencia en gestión sanitaria a 10 Comunidades Autónomas, resulta inoportuno que, antes de concluido el proceso, estemos hablando ya del mecanismo que el Ministerio quiere poner en marcha para coordinar los indicadores de la calidad asistencial. Esto, a mi modo de ver, supone prácticamente decirle a las comunidades que ante todo van a ser examinadas por el Gobierno y tiene un componente que le da al Ministerio una labor casi de policía, que parecería oportuno que no ensombreciera el debate final al que se quiere llegar.
También nos parece inoportuna la moción porque, a pesar de todo lo que usted ha dicho, el Ministerio en este momento carece de los indicadores pertinentes para poder medir la calidad asistencial, tanto en la asistencia primaria como en la especializada, y no es una opinión que yo esté exponiendo aquí de forma gratuita. Si se coge la memoria del presupuesto de la sección 26 para el año 2002, se verá con toda claridad que tanto en el capítulo de los estándares como en el de las mejoras prácticas como en el de los indicadores de calidad, el Gobierno establece unos objetivos, unas prioridades, y en un momento concreto habla de elaborar estándares de un nivel mínimo para determinados centros, tanto hospitales como centros de salud. Por otro lado, dice que es conveniente que aquellos programas, servicios o iniciativas que estén ya implantados en ciertas comunidades puedan, en definitiva, copiarse y trasladarse a otros lugares del territorio nacional.
Finalmente, dice que tiene como fin identificar una serie de indicadores que, como usted bien ha dicho, deben estar homologados y que sean comunes y compatibles para todo el sistema nacional. En definitiva, el proceso no está cerrado y, por lo tanto, parecería más oportuno presentar esta moción después de que esto estuviese concluido y contásemos con la opinión de las Comunidades Autónomas expuesta en el Consejo Interterritorial, y con su visto bueno.
Hay una tercera razón que flota en el ambiente, y es que el talante que la Ministra tiene con esta Cámara y con las Comunidades Autónomas no es el más oportuno como para que esta moción genere confianza. Y no lo es, en primer lugar, porque usted solamente ha podido citar una vez una comparecencia voluntaria de la Ministra en esta Cámara y, en segundo lugar, porque es bastante evidente, a lo largo de estos dos últimos años, la acritud con la que la señora Ministra ha abordado las relaciones con las Comunidades Autónomas, especialmente con aquellas que no son de su signo político, y esto también pesa en el ambiente.
En último lugar, diré que la moción no es políticamente oportuna porque en este momento esto que usted plantea no es una de las prioridades fundamentales de Ministerio. El futuro Ministerio de Sanidad y Consumo lo que tiene que poner en evidencia y mostrar ante esta Cámara es la voluntad de que quiere comparecer cuanto antes para rendir cuentas del ejercicio de las competencias estatales que van a estar residenciadas en el Ministerio después de que se concluya este proceso que estamos culminando en este momento. Esto exige una futura ley posiblemente de coordinación o una ley de acciones integradas, como queramos llamarla, donde se aborden temas tan importantes como la coordinación en salud pública, los planes integrales de salud, los planes de calidad, la reforma del Consejo Interterritorial, la Alta Inspección y, por supuesto, la investigación biomédica y la información sanitaria a la que usted alude y a la que se refiere expresamente esta moción. Por tanto, éste sería el alcance de la moción que en este momento tendría más oportunidad política: ver la voluntad que el Gobierno tiene por llegar a esta Cámara y por comparecer para ver cómo desarrolla y ejecuta las competencias estatales que le van a quedar a partir del 1º de enero.
Hechas estas reflexiones y haciendo un ejercicio arriesgado o por lo menos heterodoxo desde el punto de vista político, sí cabe preguntarse si es esta moción procedente o improcedente. Lo que plantea la moción, desde nuestro punto de vista, es procedente; es decir, confirmo que es inoportuna, pero no que sea improcedente. No lo es porque los problemas que plantea son problemas sobre los que se puede discrepar, pero eso exigiría un modelo de concepción del Sistema Nacional de Salud que no es el que nosotros compartimos. Nosotros compartimos un modelo de Sistema Nacional de Salud en el que el Ministerio sea capaz de coordinar acciones de cooperación y de coordinación en materia de sanidad como las que usted ha expuesto.
Pero, para que esto ocurra y para que se pueda llevar a la práctica, hace falta que nos adaptemos a ese modelo de Estado que usted aquí ha intentado defender, y que por tanto exige e impone una serie de modificaciones que son las que nosotros recogemos en nuestra enmienda.
En primer lugar, que la comparecencia del Gobierno tiene que ser en la Comisión correspondiente; es decir, en la Comisión General de las Comunidades Autónomas. ¿Por qué? Porque como el tema de los indicadores de calidad asistencial responde a algo que está transferido, exige inexorablemente que si se quiere hablar de ello, y el Gobierno tiene competencias para ello, lo tiene que hacer en esa Comisión y con la presencia de las Comunidades Autónomas afectadas para que no haya indefensión, y éste es un punto importante; si le queremos añadir, porque parece obvio, que también participen en esa reunión los miembros de la Comisión de Sanidad, el asunto mejora de forma notable.


Página 3786


En segundo lugar, no sólo hay que hablar de los indicadores de calidad asistencial que se refieren a atención primaria y a atención especializada, sino también de aquellas prestaciones que están contempladas en el Real Decreto 63/1995, y que incluyen, al margen de esas dos, las prestaciones farmacéuticas, las prestaciones complementarias y los servicios de información y documentación sanitaria.
Quiero concluir diciendo que hay algo que también resulta absolutamente necesario, y es que ese ámbito territorial que tiene la moción, y que ustedes refieren al conjunto del país, parece más procedente --sobre todo con su discurso, en el que ha reiterado que estamos hablando del Sistema Nacional de Salud-- que lo apliquemos al Sistema Nacional de Salud, porque cuanto más mencionemos este Sistema Nacional de Salud más estamos robusteciéndolo. Aquello que se oculta con las palabras, evidentemente se debilita, y ése es el objeto y el sentido de la enmienda que presenta el Grupo Parlamentario Socialista.
Nada más y muchas gracias.


El señor VICEPRESIDENTE (Prada Presa): Gracias, Senador López Carvajal.
Pasamos a continuación a la defensa de la enmienda formulada por el Grupo Parlamentario de Senadores Nacionalistas Vascos. Tiene la palabra la Senadora Loroño.


La señora LOROÑO ORMAECHEA: Muchas gracias, señor Presidente.
Buenas tardes, señorías. La moción que presenta el Grupo Parlamentario Popular, y que en estos momentos estamos debatiendo, por la que insta al Gobierno a que, una vez concluido el proceso de transferencia de los servicios de salud a las Comunidades Autónomas, asuma el compromiso de comparecer, al finalizar cada período de sesiones, ante esta Cámara para informar sobre los indicadores de calidad asistencial en todo el territorio nacional, en cierto modo nos puede parecer correcto, pero desde luego nos genera nuestras dudas.
Todos sabemos que actualmente hay siete Comunidades Autónomas que tienen asumida la transferencia de sanidad; también conocemos en esta Cámara --y al menos así se nos está trasladando-- que en breve el resto de las Comunidades Autónomas asumirán dicha transferencia. Desde el momento en que todas las Comunidades Autónomas asuman la transferencia de los servicios de salud, serán esas Comunidades Autónomas y sus máximos responsables quienes gestionen, y el Gobierno será responsable, en el marco de sus competencias --como bien decía la Senadora López Garnica en su exposición--, tal y como se recoge en el artículo 149.1, apartado 16, de la Constitución Española, de las bases de la sanidad y de la coordinación general sanitaria, además de la sanidad exterior y de la reglamentación de los productos farmacéuticos.
Por supuesto que no sólo es objetivo del Gobierno Central, sino que yo creo que es objetivo --y así se ha demostrado-- de todas las Comunidades Autónomas que en estos momentos están ejerciendo la competencia de sanidad, garantizar la equidad y la universalidad del sistema, y por supuesto garantizar la suficiencia financiera para que el servicio se preste con eficacia y con eficiencia. Desde luego ése debería de ser el objetivo de todos. En cierto modo yo decía que me plantea dudas la moción porque da la sensación de que, como es voluntad del Ministerio de alguna forma, tal y como se dice en el preámbulo de la moción, porque así se ha manifestado en diversas ocasiones, contribuir a la cohesión social, al bienestar y al desarrollo de la salud de los ciudadanos y seguir garantizando los principios que caracterizan nuestro Sistema Nacional de Salud, universalidad, financiación pública y equidad, da la sensación de que, tal y como está planteada la moción, repito, en cierto modo tenemos nuestras dudas de que ahora que todas las Comunidades Autónomas van a asumir la transferencia de sanidad, lo vayan a hacer bajo estos parámetros y bajo estos principios. En ese sentido, la situación actual demuestra que las Comunidades Autónomas que han asumido la transferencia en materia sanitaria, y la llevan ejerciendo durante numerosos años, no han hecho una actuación ni pueden ser criticadas porque no se ha cumplido algo de aquello por lo que al menos pretende velar y pretende seguir ejerciendo el Ministerio de Sanidad. Esto da pie a una serie de interpretaciones que, desde luego, ponen en tela de juicio cuál es la voluntad del Ministerio y cuál va a ser su actuación una vez que sean transferidas las competencias en materia sanitaria al conjunto de las Comunidades Autónomas que configuran el actual Estado de las Autonomías.
Informar sobre calidad asistencial se puede hacer con distintos indicadores, bajo distintos parámetros y utilizando incluso distintas metodologías para poder cuantificar cada estándar o cada índice. En ese sentido, he creído entender a la Senadora López Garnica que, a raíz de sendas proposiciones aprobadas en el Congreso de los Diputados, en estos momentos en el seno del Consejo Interterritorial de Salud --en principio se creó una subcomisión pero ahora tiene rango de comisión técnica de trabajo-- se está trabajando en el diseño, o al menos en la delimitación, de qué parámetros y qué índices deben ser tenidos en cuenta para poder medir la calidad asistencial de los distintos servicios de salud y, por tanto, del conjunto del sistema de salud que tenemos actualmente.
La Ley General de Sanidad de 25 de abril de 1986 establece en su artículo 47 la creación del Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud como órgano permanente de comunicación e información de los distintos servicios de salud, entre ellos y con la Administración del Estado, y como órgano de coordinación. Es lógico que la coordinación general sanitaria, tal y como se contempla en el artículo 70 de dicha Ley, se realice de forma conjunta entre la Administración del Estado y las Comunidades Autónomas, ya que, en definitiva, y como bien decía, en estos momentos algunas ya son responsables de esa gestión y otras lo serán en breve. Una vez asumida ésta, yo entiendo --y al menos así lo entiende el Grupo al que represento-- que la Administración estatal y la autonómica deberán ser ambas las garantes del cumplimiento de los distintos planes de salud que, bajo los principios generales de equidad, de universalidad y de suficiencia financiera a que antes hacía mención, deban desarrollarse

Página 3787


en el marco y en el ejercicio de la competencia plena en materia de sanidad por parte de cada Comunidad Autónoma. De hecho, incluso en el ámbito de la coordinación general sanitaria, en el artículo 70 de la Ley General de Sanidad ya se establecen distintos aspectos que configurarán ese marco de coordinación general sanitaria. Entendemos que son aspectos a través de los cuales podemos determinar los parámetros de calidad asistencial, dado que inciden de forma directa en la eficacia y en la eficiencia del sistema a través de la respuesta adecuada a las necesidades sanitarias que tiene la sociedad, y que pueden y deben permitir ir adecuando la respuesta a la demanda en base a necesidades existentes e incluso tener la suficiente capacidad como para adaptarse y dar respuesta también a necesidades emergentes.
Desde luego, entendemos también que pueden ser elementos en los que debemos centrar la calidad asistencial, los centros sanitarios --su capacidad, equipamiento, tecnología--; los recursos humanos, dado que son el pilar básico para prestar una atención sanitaria de calidad; programas eficaces de prevención de salud, de protección de salud, de promoción de salud; delimitar actuaciones y prioridades de forma coherente y solidaria e, incluso, ser capaces de diseñar sistemas de evaluación que nos permitan detectar deficiencias y corregir las mismas.
Al Grupo Parlamentario de Senadores Nacionalistas Vascos le parece importante que se delimiten esos parámetros y esos indicadores de calidad; de hecho, al parecer ya se está trabajando en ello. Desde nuestro punto de vista, esta delimitación debe realizarse en el seno del Consejo Interterritorial de Salud y con la colaboración de todas las Comunidades Autónomas.
Hemos presentado esta enmienda porque nos parece procedimentalmente más correcto que se elabore un informe e incluso que éste se realice en el seno del Consejo Interterritorial de Salud y que el mismo, tras su conocimiento por el Pleno de dicho Consejo, se presente en esta Cámara por parte del Gobierno.
Creemos que los máximos responsables de la gestión de la sanidad, que van a ser las Comunidades Autónomas, deben ser parte activa en la elaboración del informe, dado que son los servicios de salud quienes, a través de su actuación, garantizan la asistencia sanitaria y trabajan en aras de la consecución de un buen estado de salud del conjunto de la sociedad y de los hombres y mujeres que la integramos en cada una de las Comunidades Autónomas, cada una con sus peculiaridades. Es más, pedimos que se realice una vez al año y no al finalizar cada período de sesiones por entender que así dejamos la puerta abierta a que se produzca tantas veces como esta Cámara considere necesario y oportuno.
Nada más y muchas gracias.


El señor VICEPRESIDENTE (Prada Presa): Gracias, Senadora Loroño.
¿Desea intervenir la portavoz del Grupo Parlamentario Popular? (Asentimiento.) Tiene la palabra la Senadora López Garnica.
La señora LOPEZ GARNICA: Gracias, señor Presidente.
En este momento, creo que sólo es oportuno contestar a las enmiendas presentadas por el Grupo Parlamentario Socialista y el Grupo Parlamentario de Senadores Nacionalistas Vascos.
Respecto a la primera de ellas, esta enmienda venía redactada de otra manera, pero hemos mantenido contactos previos con el portavoz socialista y, afortunadamente, hemos llegado a un acuerdo. No es que pensemos que el texto de su enmienda mejora o aporta nada nuevo al texto original de la moción, pero sí lo hace más concreto, por lo que nos parece correcto aceptarlo.
En cuanto a la intervención de la Senadora Loroño, permítame decirle que no aporta nada nuevo, no dice nada en contra de mi intervención, no rebate nada y todo le parece bien. Yo creo que se podría asumir perfectamente la intervención salvo por su tono, del cual se desprende que desconfía del papel del Estado o de las injerencias del Estado en las competencias de las Comunidades Autónomas pero, Senadora Loroño, el Estado tiene la obligación --como así marcan la Constitución y la Ley General de Sanidad-- de garantizar la equidad y a la igualdad en el acceso a las prestaciones sanitarias de todos los españoles y, para hacer que esto sea posible, el Estado asumirá su papel de coordinador de todos los sistemas sanitarios de las Comunidades Autónomas.
El objetivo del Grupo Parlamentario Popular al presentar esta moción es simplemente asumir y reivindicar, como decía en mi primera intervención, el protagonismo del Senado como Cámara de representación territorial y va a ser precisamente en esta Cámara y en la Comisión General de las Comunidades Autónomas --donde también están representados todos los Consejeros de Salud de las distintas Comunidades Autónomas-- donde se va a garantizar que esto se cumpla.
Nos parece que su enmienda no aporta nada nuevo y creemos que es suficiente el hecho de que el Senado esté informado al finalizar cada período de sesiones, por lo que no entendemos que pida que se haga una vez al año que, desde luego, es un período más largo, aunque usted lo califique como período más corto.
En cualquier caso, tampoco nos parece oportuno mezclar la actividad del Senado con la del Consejo Interterritorial de Salud que, por el nuevo marco sanitario que tendremos a partir del año 2002, verá potenciadas sus actividades.
Muchas gracias.


El señor VICEPRESIDENTE (Prada Presa): Gracias, Senadora López Garnica.
Pasamos al turno de portavoces.
Por parte del Grupo Parlamentario Mixto, no se hace uso del turno.
Por el Grupo Parlamentario de Senadores de Coalición Canaria, el Senador Ríos tiene la palabra.


El señor RIOS PEREZ: Muchas gracias, señor Presidente.


Página 3788


A Coalición Canaria esta moción le parece quizás demasiado prematura, quizás excesiva en referencia a las previsiones sobre lo que pueda ocurrir. ¿Cuándo terminará el proceso de transferencias en materia de sanidad a todas las Comunidades Autónomas? ¿Habrá, además, tiempo suficiente como para poder disponer de datos objetivos comparativos de la calidad asistencial? ¿Habrán de pasar dos años, tres? ¿Será a partir de ahora, a partir de final de noviembre de 2001? ¿Será antes de terminar esta VII Legislatura? Por otro lado, parece normal la necesidad de estas comparecencias y estudios comparativos de las diferentes Comunidades Autónomas, que no significan --espero-- ni vigilancias ni espionaje, para profundizar en la mejora de las relaciones, sobre todo costo-calidad asistencial, fundamentalmente por la previsión de aumento de los costes, en especial respecto a tecnología punta y el gasto «in crescendo» derivado del consumo de medicamentos.
Por último, parece que realizar este tipo de estudios al final de cada período de sesiones determina un plazo demasiado corto, por lo que estimamos más lógico que sea anualmente. De aquella manera nos encontraríamos terminando un estudio para comenzar con el siguiente, aparte de la novedad de este tipo de cuestiones.
En todo caso, con las reservas indicadas, votaremos favorablemente la moción del Grupo Popular y, si se llega a algún consenso, también.
Muchas gracias, señor Presidente.


El señor VICEPRESIDENTE (Prada Presa): Gracias, Senador Ríos.
Por el Grupo Parlamentario de Senadores Nacionalistas Vascos, tiene la palabra la Senadora Loroño.


La señora LOROÑO ORMAECHEA: Muchas gracias, señor Presidente.
Decía la Senadora López Garnica que nuestra enmienda no aporta nada.
Desde luego, nuestro Grupo la presenta porque entiende que sí y ello por una razón muy sencilla; incluso, según su intervención, comparto parte de las afirmaciones realizadas por el Senador López Carvajal en la defensa de la enmienda. El Ministerio va a actuar de policía. ¿Dé dónde va a recabar los datos? Lógicamente, será a través de la información proporcionada por las Comunidades Autónomas. Si hay un órgano de coordinación y de información permanente, que es el Consejo Interterritorial de Salud, procedimentalmente y por respeto y deferencia al mismo, lo lógico es que el informe que se haya de presentar en esta Cámara por parte de la Ministra sea conocido en su seno previamente.
Reiteradamente, venimos asistiendo a aprobaciones de planes, de legislaciones que directamente inciden sobre el ejercicio de las competencias de las Comunidades Autónomas. Su Grupo Parlamentario dice que no niegan el ejercicio de las competencias a las Comunidades Autónomas que las tienen asumidas, pero de forma continua se está cercenando el ejercicio de las mismas, se está delimitando.
Por supuesto, el Ministerio tiene que velar y garantizar que no haya ciudadanos de primera, de segunda ni de tercera, sobre todo en la prestación de un servicio fundamental y básico para cualquier ciudadano como es la sanidad. Pero tal y como se plantea la moción, en el momento en que se presenta y en cierto modo relegando a un segundo plano a un órgano que la propia Ley contempla como órgano de coordinación del sistema sanitario, la verdad es que a nuestro Grupo le quedan serias dudas sobre cuál es la función que va a ejercer el Ministerio de Sanidad y Consumo una vez que todas las transferencias sean asumidas por las distintas Comunidades Autónomas.
Por otro lado, las Comunidades Autónomas que están pendientes de asumir la transferencia, en estos momentos, tal y como estamos planteando esta moción, también pueden tener sus dudas en el sentido de: se me va a examinar cómo voy a ejercer los servicios de salud, en qué situación se me entrega, con qué carencias, con qué deficiencias y con qué posibilidad de respuesta y de hacer frente a las mismas. Por supuesto que va a haber un sistema de financiación específico, pero creo que tal y como está planteada la moción, a nuestro Grupo en estos momentos le quedan todavía más dudas que al principio.
Nada más y muchas gracias.


El señor VICEPRESIDENTE (Prada Presa): Gracias, Senadora Loroño.
Por el Grupo Parlamentario Entesa Catalana de Progrés, el Senador Espasa tiene la palabra.


El señor ESPASA I OLIVER: Muchas gracias, señor Presidente.
Esta es una moción que, independientemente de ser prematura o no, y en buena parte lo es, realmente es muy importante. El día 27 tendremos ocasión de ahondar en estas cuestiones con la presencia de la Ministra, pero algunas cosas se deben decir hoy aquí después de leer atentamente la moción y de escuchar a la Senadora López Garnica.
Creo que es en una zarzuela donde se dice que por el humo se sabe dónde está el fuego. Pues bien, por parte del humo de esta moción vemos dónde está el fuego del Ministerio de Sanidad y Consumo. ¿Cuál es este fuego? Que en un momento trascendental e histórico, como es el de completar las transferencias sanitarias, no está elaborado un plan general de calidad o un plan general de salud para toda España; que en el momento de producirse un cambio histórico como nunca antes se había producido en España --es decir transferir y crear 17 centros políticos autónomos que deciden sobre la sanidad del conjunto de los españoles en función de la Comunidad en la que viven--, no hay un sistema de indicadores de calidad establecido.
En el momento de producirse un cambio histórico fundamental, crear 17 centros políticos autónomos en materia de sanidad --que no es banal, señora López Garnica, y usted lo sabe perfectamente--, no se conoce cuál es el mejor sistema de armonizar la vigilancia general de los principios que consagran nuestra Constitución y nuestras leyes básicas y la legítima y la normal voluntad autonómica de las Comunidades Autónomas, puesto que son ellas mismas las primeras que quieren responder política y socialmente ante sus propios ciudadanos de la bondad de sus acciones.


Página 3789


No debería hacer falta que alguien las vigilase desde fuera y no quiero ponerme en una situación de antinomia metafísica.
Es evidente que en un Estado compuesto, como el nuestro, cabe todo; cabe y debe caber el Estado y cabe y deben caber las Comunidades Autónomas, pero en estos tres mecanismos fundamentales para acoplar el encaje de bolillos que puede ser la transferencia a las 17 Comunidades Autónomas, el Ministerio no tiene nada preparado, y de ahí el humo que esconde el fuego, el humo y la rapidez en decir que venga la Ministra a ver qué indicadores hay para examinar a las Comunidades Autónomas, etcétera.
Nosotros estamos muy de acuerdo con lo que ha sido la intervención de la portavoz del Grupo Parlamentario de Senadores Nacionalistas Vascos en el sentido de que la mejor ubicación para esta actuación sería el Consejo Interterritorial. De hecho, Senadora López Garnica y senadores del Grupo Parlamentario Popular, nosotros estamos, ustedes hasta ahora no, a favor de la reforma del Senado, y en nuestra propuesta de reforma del Senado, determinados órganos como el Consejo de Política Fiscal y Financiera y el Consejo Interterritorial de Salud pasan a depender de esta Cámara. Por tanto, nuestra posición es congruente con nuestro programa político; la suya no, porque ustedes no quieren reformar el Senado, no reconocen la necesidad de esta reforma y ahora nos vienen con mociones que les ha de arreglar el Grupo Parlamentario Socialista porque si no se quedaban ustedes una vez más votando solos, solos con su mayoría absoluta, pero orgullosamente solos, como decía el estadista Salazar en nuestro país vecino. Nosotros estamos orgullosamente solos, decía el dictador portugués. Ustedes dicen: Estamos orgullosamente solos con nuestra mayoría absoluta. Muy bien, estén lo orgullosos que quieran, pero la verdad es que gracias a esta enmienda se ha mejorado la moción. Hemos puesto nuestra firma en su tramitación, y por eso la votaremos favorablemente aun cuando no satisface todas nuestras preocupaciones y nuestra voluntad política de por dónde deberían ir las cosas, pero insisto en que se inserta en esta idea nuestra también de reforma del Senado.
Pero lo grave, Senadora López Garnica, no tanto para usted como para la Ministra, aunque para su señoría en tanto que Senadora que da soporte al Gobierno, es que ante un cambio trascendental importantísimo no hay nada preparado; sólo hay la voluntad política de producirlo a 1 de enero de 2002. No hay nada de lo que en esta moción se reconoce como necesario, previsto y preparado por el Gobierno y por la Ministra.
Senadora, senadores, en España, la descentralización política y administrativa se ha hecho paulatina y razonablemente bien, y en materia de sanidad había hasta ahora siete Comunidades autónomas con competencias. ¿Por qué? Usted no lo ha explicado. Yo lo voy a hacer.
Primero, cuatro Comunidades tenían una razón histórica de resarcir derechos históricos, si se quiere entender así, con todo lo que representa, que no hay preexistencia de estos derechos sino que se vivifican por la propia Constitución. Ya saben ustedes cuál es nuestra posición sobre esta cuestión. Después, dos Comunidades más, con un gran soporte demográfico, Andalucía y Valencia, reciben transferencias sanitarias: casi tres billones y ocho millones de personas. Y una última Comunidad insular y lejana recibe transferencias.
Hasta ahora esto ha sido manejable, coordinable y perfectamente encajable. Pero ahora vamos a producir unas transferencias a diez Comunidades más, con una disimilitud demográfica que va, por poner sólo un ejemplo, de 6 millones de personas en una Comunidad a 200.000 personas en otra. Sería hora de que la Ministra nos explicase cómo entiende la capacidad de gestión y la capacidad de ejercer realmente, no jugando al palé, no jugando al monopoly sino realmente, la autonomía política sanitaria en una Comunidad, por ejemplo, de 200.000 personas.
¿Qué quiere decir esto? Pero de verdad de la buena, si hablamos en serio. ¿Qué querrá decir coordinar entidades tan distintas? ¿A dónde vamos a ir a parar? ¿Eso va a redundar en una potenciación de la autonomía de cada una de las diecisiete Comunidades o va a redundar en una igualación vía inspección de las diecisiete? ¿Va a asegurar más equidad para todos los españoles, que es el principio del que no nos debería apartar, seamos más o menos autonomistas, estemos más o menos a favor de las transferencias tal y como están o de las que han de venir? ¿Va asegurar esto más? El otro día les recordaba, y lo vuelvo a hacer hoy, un estudio de la Universidad Pompeu Fabra en el que se demuestra lo que ya es sabido, pero lo hace con números, números dolorosos, con los que se ve que la mortalidad y la esperanza de vida es muy distinta en toda la geografía española y en los distintos municipios españoles. ¿Vamos a mejorar la equidad asistencial con un sistema de descentralización política, no administrativa --insisto en esto-- diecisiete centros políticos autónomos decidiendo sobre la salud de los españoles, y cuando hacemos esto, es sin tener indicadores de calidad preparados, sin tener plan estatal nacional español de salud --llámenlo como quieran--, sin tener un plan de calidad elaborado. ¿Es esto hacer política sanitaria? Esta es la política sanitaria que hace el PP, no la nuestra, por supuesto.


El señor VICEPRESIDENTE (Prada Presa): Senador Espasa, le ruego que vaya concluyendo, por favor.


El señor ESPASA I OLIVER: Acabo, señor Presidente.
A pesar de todo lo dicho, como la enmienda del Grupo Socialista mejora en algo este fuego que esconde el humo que nos ha vendido la señora López Garnica, votaremos a favor de la enmienda.
Gracias.


El señor VICEPRESIDENTE (Prada Presa): Gracias, señoría.
Por el Grupo Parlamentario Catalán en el Senado de Convergència i Unió, tiene la palabra el Senador Cardona.


El señor CARDONA I VILA: Muchas gracias, señor Presidente.
Intervengo para fijar la posición de nuestro grupo parlamentario en relación con la moción presentada por el

Página 3790


Grupo Parlamentario Popular y que ha defendido la Senadora López Garnica, en la que se insta al Gobierno a que, una vez concluido el proceso de transferencia de los servicios de salud a las Comunidades Autónomas, asuma el compromiso de comparecer en esta Cámara al finalizar el período de sesiones para informar sobre los indicadores de calidad asistencial en todo el territorio nacional. Se puede modificar en todo el sistema sanitario pero, en cualquier caso, ya haré una serie de reflexiones.
En primer lugar, con toda sinceridad les confesaré que la primera lectura de la moción me suscitó toda una serie de reflexiones con una cierta sensación de perplejidad, cuando no de confusión, sobre todo después de ver la reformulación del propio Grupo proponente sustituyendo la comparecencia de la Ministra de Sanidad y Consumo por la genérica del Gobierno en general, sin especificar ni qué Ministerio ni en qué instancia de esta Cámara debía comparecer.
Permitame, pues, señor Presidente, señorías, someter a su consideración esas reflexiones.
En primer lugar, resulta cuando menos curioso instar al Gobierno para que comparezca en esta Cámara a iniciativa del Grupo mayoritario que lo apoya. ¿Es que no puede comparecer cuando quiera y crea conveniente? Se me dirá --se ha dicho otras veces-- que una cosa es el Gobierno y otra cosa es el grupo parlamentario, y el grupo parlamentario tiene, puede y debe impulsar legítimamente la acción del Gobierno.
Entiendo que estaría bien pedir la comparecencia de la Ministra de Sanidad que, por cierto, tal como se ha dicho, ha comparecido en la Comisión de Sanidad sólo a principio de la legislatura para exponer las líneas generales de la política de su Ministerio, y no será porque no han surgido temas importantes y preocupantes referentes a la salud de los españoles. No se ha venido a informar a la Cámara, y sí al Congreso, sobre listas de espera, hemodiálisis, etcétera. Con todo lo que ha llovido durante ese tiempo, con la nueva situación, con las transferencias de las competencias de sanidad a las Comunidades Autónomas, si hubieran ocurrido estos casos --ciertamente en algunos no tenía ninguna intervención el Ministerio de Sanidad--, dadas las mismas circunstancias, con la nueva situación a que se puede llegar una vez aprobada esta moción ¿qué es lo que podría pasar? Ahora, una vez hechas las transferencias a las Comunidades Autónomas, se pretende pedir la comparecencia y, además, de forma periódica, al final de cada período de sesiones, pero sin decir dónde. Se podría entender que fuera en la Comisión correspondiente, pero ahora no se explicita dónde --después me referiré a las enmiendas--. Podría ser en la Comisión General de Comunidades Autónomas o en la de Sanidad.
Segunda reflexión: ¿Para qué y con qué objetivos? Para informar sobre los indicadores de calidad asistencial en todo el territorio nacional en todo el sistema nacional de salud, que ciertamente mejora, que es como decir en cada uno de los territorios que asuman las competencias de sanidad. ¿Por qué no antes? ¿Por qué no hasta ahora, cuando algunas Comunidades Autónomas tenían hechas las transferencias y, además, aún funcionan con el Insalud gestión directa? Antes de llevar a cabo todas las transferencias parecía que no hacía falta la comparecencia para informar sobre indicadores de calidad asistencial, y después será menester dicha comparecencia y dicha información. Esta es la situación que realmente se plantea. ¿Es que no merecen confianza las Comunidades que van a recibir las transferencias? Está claro que no es el caso. ¿Es que las que tenían transferidas las competencias sí la merecían? Claro que sí. Pero en este caso, ¿no se hubiera tenido que informar de los indicadores en el territorio del Insalud gestión directa? Parece también claro que sucedería lo mismo.
¿Qué es, pues, en el fondo, lo que se pretende con esta moción? ¿Esconde tal vez un control de las Comunidades Autónomas en sus competencias transferidas? Si se dan, si se tienen, si se asumen unas competencias, se presupone, a nuestro entender, como decía el Senador Espasa, que hay una competencia, una capacidad suficiente para gestionar los servicios correspondientes, y aquí parece que hay, por lo menos, una cierta incertidumbre sobre si realmente la tienen o no. Se puede esgrimir que hará falta una función de coordinación entre todo el sistema, como ha dicho la Senadora López Garnica, para garantizar los principios de financiación, equidad, universalización y cohesión social. En este caso parece claro que se considera insuficiente el papel que al respecto puede significar el Consejo Interterritorial de Salud. ¿Es que tal vez se pretenden mantener unas competencias que van a ser ya residuales para el Ministerio de Sanidad? De no ser así, al reformar el texto de la moción, al cambiar la comparecencia de la Ministra de Sanidad por la de otro representante del Gobierno, podría indicarse que no se excluye en un futuro la desaparición de dicho Ministerio con otra forma de organigrama en el propio Gobierno, por ejemplo, conjuntamente con Asuntos Sociales, con asuntos sociosanitarios, Seguridad Social o incluso Trabajo.
Otra reflexión nos la sugiere el momento en que se presenta esta moción, como ha dicho el Senador López Carvajal. No parece el más adecuado precisamente para tratar una iniciativa de este tipo, es decir, una iniciativa que puede pretender el inicio del establecimiento de unas nuevas reglas de juego. No es el momento oportuno porque, o bien esas reglas se establecen con anterioridad a las negociaciones de las últimas transferencias, o bien se espera a ver cómo funciona, eso sí, estableciendo en el seno del Consejo Interterritorial de la Salud, no ya el control sino la coordinación sobre la base de la información pertinente. Según la contestación de la Ministra ayer mismo a una pregunta del Senador Sabando, no parece que funcione muy bien últimamente el Consejo Interterritorial. No sé de quién es la culpa. En cualquier caso, en la parte que a nuestro Grupo Parlamentario le pueda corresponder, segurísimo que no es nuestra.
Puede parecer, pues, que con ello iniciamos un camino que no debería recorrerse. Es decir, se inicia una operación de supervisión de las Comunidades Autónomas. Permítame, señor Presidente, que haga un comentario en relación con las enmiendas presentadas.
Nos parece que todas ellas mejoran la propuesta presentada, por ejemplo, la del Grupo Parlamentario Mixto

Página 3791


que se refiere a esa presentación previa para conocer los indicadores antes de las transferencias a fin de hacer un buen seguimiento. Eso es lo que pretendía esa enmienda pero ha sido retirada. Pensamos lo mismo de la enmienda del Grupo Socialista, defendida por el Senador Carvajal y aceptada en parte en lo que se refiere a una sesión conjunta de la Comisión General de las Comunidades Autónomas y de la Comisión de Sanidad; allí tendrán voz, al menos, los correspondientes Consejeros.
También nos parece bien la enmienda del Grupo Parlamentario de Senadores Nacionalistas Vascos que solicita la previa presentación o estudio del Consejo Interterritorial de la Salud.
Pero aunque todas ellas se hubiesen aceptado --lo confieso sinceramente--, no hubiera sido suficiente para que nuestro Grupo apoyara la moción. Por eso no hemos presentado ninguna enmienda, para no caer en la tentación --aunque creo que no hubiésemos caído-- de que esa aproximación pudiera ser motivo de dar finalmente nuestro asentimiento a la moción.
Siento también la necesidad de referirme a la pregunta que el Senador Sabando le formuló a la señora Ministra de Sanidad en el Pleno de ayer --a la que hacía referencia antes-- sobre las medidas de cohesión del Sistema Nacional de Salud, sobre las transferencias y sobre la deriva que se produjo en el curso del debate sobre el mal funcionamiento últimamente del Consejo Interterritorial. Entendemos que un buen funcionamiento del mismo --lo que ocurrió durante muchos años-- y una adaptación de dicho Consejo a la nueva situación podría ser suficiente para preservar sus objetivos de equidad y cohesión social.
Finalmente quiero decir que antes de que se inicie ese camino, que desde luego no vislumbramos vaya a ir precisamente en la dirección adecuada, dado el rumbo que ya se insinúa o se marca en esta moción, nosotros entendemos que es preciso decidir lo que hay que hacer con el Ministerio de Sanidad y Consumo.
En definitiva, señor. Presidente, señorías, nos parece que lo que subyace en el fondo es ese concepto diferente que unos y otros podemos tener sobre lo que queremos que sea el Estado de las Autonomías y lo que el mismo ha de suponer en cuanto a autonomía y descentralización.
Así, unas Comunidades Autónomas pretendíamos, y pretendemos aún, el reconocimiento de las mismas y pedimos autogobierno. Otras sólo aspiran --y bien legítimamente, nosotros no se lo vamos a discutir-- a la descentralización administrativa. Para nosotros el Estado de las Autonomías y la Constitución española permiten el reconocimiento de estas Autonomías, su capacidad y el ejercicio del autogobierno y, por tanto, el ejercicio de esta autonomía.
Desde esta perspectiva, señor Presidente, señorías, nuestro Grupo va a votar en contra de la moción que nos ha presentado el Grupo Parlamentario Popular.
Nada más y muchas gracias, señor Presidente.


El señor VICEPRESIDENTE (Prada Presa): Gracias, Senador Cardona.
Por el Grupo Parlamentario Socialista, tiene la palabra el Senador López Carvajal.
El señor LOPEZ CARVAJAL: Muchas gracias, señor Presidente.
Anuncio el voto favorable de nuestro Grupo, una vez que se han recogido las enmiendas que presentamos. Creo que se mantiene el objeto de la comparecencia, pero se ha modificado al ámbito donde debe comparecer el Gobierno y, por supuesto, también la territorialidad porque hacemos referencia al Sistema Nacional de Salud.
En cualquier caso, quisiera hacer una última reflexión porque en el fondo de la moción que hoy estamos debatiendo subyace un problema, y es si el Sistema Nacional de Salud, con el nivel correspondiente de autonomía, pero, en definitiva coordinado, debe subsistir o no. Una vez que damos a esto una respuesta positiva, hemos creído oportuno ubicar la comparecencia del Gobierno con la correspondiente enmienda. La redacción final de nuestra enmienda no excluye en ningún momento el objetivo que persigue la enmienda del Grupo Parlamentario de Senadores Nacionalistas Vascos, porque para que se pueda dar la comparecencia de la Ministra aquí en el Senado hace falta previamente que se consensuen unos indicadores sobre la calidad asistencial. Esos indicadores no pueden consensuarse en otro foro que no sea el Consejo Interterritorial y, evidentemente, pertenece a lo que se tiene que llamar forma de Gobierno. Pero, en fin, hay una cierta desconfianza sobre la forma de gobernar de este Ministerio, que es lo que de una u otra manera ensombrece las perspectivas de votación de algunos grupos sobre la moción que finalmente hoy se va a aprobar.
Gracias.


El señor VICEPRESIDENTE (Prada Presa): Gracias, Senador López Carvajal.
Finalmente, en nombre del Grupo Parlamentario Popular en el Senado, tiene la palabra la Senadora López Garnica.


La señora LOPEZ GARNICA: Muchas gracias, señor Presidente.
Creo que puedo contestar conjuntamente a todos y cada uno de los portavoces que han intervenido en esta moción, lo cual, dado lo avanzado de la hora, todas sus señorías agradecerán.
Todos hablan de la inoportunidad de la moción, pero hay una gran paradoja cuando se mira el conjunto de sus intervenciones, porque unos me dicen que esta moción viene pronto, otros que esta moción viene tarde y que debía haber venido cuando había ciertas Comunidades Autónomas que tenían competencias en materias sanitarias. Yo les puedo decir que el Grupo Parlamentario Popular ha presentado ahora esta moción porque es el momento oportuno. Es el momento en que se van a producir las transferencias sanitarias a todas las Comunidades Autónomas y, precisamente, el momento en que todo está preparado para ello.
No es cierto, Senador Espasa, que no esté nada preparado y usted lo sabe. Creo que es muy rastrero soltar una frase muy grandilocuente diciendo no sé qué del humo y del fuego y que no está nada preparado.
No es cierto, todo,

Página 3792


o por lo menos lo más importante, está preparado, y usted lo sabe; eso es lo gordo, que usted lo sabe. Sabe usted que el nuevo modelo de financiación sanitaria está preparado. Sabe usted que está consensuado por todas las Comunidades Autónomas, y la financiación no es lo menos importante. Sabe perfectamente que el Ministerio de Sanidad y Consumo ha modificado su estructura el año 2000 precisamente para prepararse para su nuevo papel, una vez que no tenga competencias directas en materia de asistencia sanitaria. Y sabe perfectamente que se está preparando una ley de cohesión sanitaria. También saben perfectamente que el próximo martes la Ministra de Sanidad y Consumo comparecerá, a petición propia, en la Comisión General de las Comunidades Autónomas para hablar, precisamente, de transferencias, y ahí no estamos representados solamente los Senadores sino que también lo están todos y cada uno de los Consejeros de Salud de las Comunidades Autónomas, que ustedes saben que son miembros del Consejo Interterritorial de Salud.
Precisamente, creo que ha sido el Senador Cardona el que ha hecho alusión a un comentario que se hizo ayer con motivo de una pregunta formulada por el Senador Sabando sobre el Consejo Interterritorial de Salud. La Ministra dijo de quién era la culpa o, siendo más suave, la responsabilidad de que no funcionase o lo hiciese mal el Consejo Interterritorial de Salud y también dijo --como ha dicho públicamente en repetidas ocasiones-- que el nuevo modelo sanitario va a requerir una potenciación y un reforzamiento del papel del Consejo Interterritorial de Salud y que incluso, si es necesario, habrá que modificar la Ley General de Sanidad.
Luego, no vengan diciendo que aquí se menosprecia al Consejo Interterritorial de Salud. Nosotros no hemos admitido la enmienda del Grupo Parlamentario de Senadores Nacionalistas Vascos, porque creemos que no es necesario explicitar que antes de venir aquí haya un informe previo del Consejo Interterritorial de Salud. ¡Faltaría más! Lo que pasa es que, si contemplamos todo lo que no es necesario, las mociones de esta Cámara tendrían dos folios de extensión.
Desde el profundo respeto del Gobierno y del Grupo Parlamentario Popular a la autonomía en materia de gestión sanitaria de todas las Comunidades Autónomas, yo creo que no es necesaria. Absolutamente todos los portavoces que han intervenido en el debate de esta moción: una vasca, dos catalanes, un canario, un andaluz y la que les habla, que es navarra, todos tenemos esta materia transferida. Yo creo que soy de las últimas y llevo ya once años transferida, pero la Senadora Loroño y los Senadores Cardona y Espasa llevarán más años. Cuéntenme en cuántas ocasiones su servicio sanitario se ha sentido ingerido, menospreciado o avasallado por el Ministerio de Sanidad. En mi caso, ninguna.
Lo que se traduce de todo esto, y ustedes lo han comentado, es que todos tienen desconfianza. Pero lo que más le gusta al Grupo Parlamentario Popular es que, a pesar de esta desconfianza que ustedes han manifestado sin explicar por qué, la gran mayoría va a votar a favor de esta moción.
Muchas gracias.
El señor VICEPRESIDENTE (Prada Presa): Gracias, Senadora López Garnica.
Finalizado el debate, llamamos a votación. (Pausa.-- La señora Presidenta ocupa la Presidencia.)

La señora PRESIDENTA: Señorías, a continuación vamos a votar la moción que se acaba de debatir con la redacción correspondiente a la propuesta de modificación firmada por los portavoces de los Grupos Popular, Socialista, Entesa Catalana de Progrés y Coalición Canaria, según la cual, el Senado insta al Gobierno a que, una vez haya concluido el proceso de transferencia de los servicios de salud a las Comunidades Autónomas, asuma el compromiso de comparecer, al finalizar cada período de sesiones, en sesión conjunta de la Comisión General de Comunidades Autónomas y la Comisión de Sanidad y Consumo, para informar sobre los indicadores de calidad asistencial del Sistema Nacional de Salud.
Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos emitidos, 192; a favor, 181; en contra, 10; abstenciones, 1.


La señora PRESIDENTA: Queda aprobada.


--DECLARACION INSTITUCIONAL CON MOTIVO DEL DIA INTERNACIONAL CONTRA LA VIOLENCIA DE GENERO (630/000019).


La señora PRESIDENTA: La Presidenta de la Comisión Mixta de la Mujer Congreso-Senado me hace llegar el texto de un manifiesto contra la violencia de género acordado, al parecer, por los diferentes grupos políticos.
A continuación, voy a proceder a leer dicha declaración: «El Pleno del Senado de España, con motivo del día 25 de noviembre, declarado por Naciones Unidas Día Internacional contra la Violencia de Género, declara: Que la violencia contra las mujeres constituye un problema de derechos humanos que afecta a la sociedad a nivel internacional, y que es un obstáculo para los objetivos de igualdad y desarrollo individual de las personas, y por ende, de la democracia.
Que la violencia puede aparecer en cualquier momento, y por ello es muy importante la detección de los malos tratos existentes por parte de todas las personas, y que esa violencia hay que denunciarla y hacer público lo que hasta ahora pertenecía al ámbito de lo privado.
Que la violencia de género adquiere diferentes formas, desde los malos tratos psicológicos y físicos hasta las violaciones o las mutilaciones genitales y el tráfico de mujeres y niñas. Es la expresión más agresiva de una estructura social que históricamente adjudica roles diferentes a hombres y mujeres.
Somos conscientes de que el recurso más eficaz para acabar con la violencia es la educación igualitaria entre niños y niñas, y de toda la sociedad en su conjunto. Por ello, este Senado manifiesta su más enérgico rechazo a la situación de violencia de género que padecen las mujeres; el

Página 3793


compromiso del Senado de España para contribuir en el marco de sus competencias a promover un rechazo social del agresor y un claro apoyo a las mujeres víctimas.
Instamos al Poder Judicial y a todos los colectivos relacionados con la Administración de Justicia a adoptar sin dilación las medidas cautelares que garanticen la protección de la víctima en todos los supuestos de maltrato y a aplicar las penas y condenas en toda su extensión, de acuerdo con la legislación vigente, no permitiendo la impunidad de los agresores y garantizando la seguridad de las víctimas, sus hijos e hijas.
Finalmente, instamos a toda la sociedad, mujeres y hombres, a asumir el problema de la violencia contra las mujeres, a condenarla, denunciarla y proteger a las mujeres víctimas de la reincidencia, el abuso, el acoso, el maltrato, el hostigamiento y, en general, todas las formas en que pueda ser ejercida la violencia.» ¿Se aprueba la declaración? (Asentimiento.--Aplausos.)

MOCIONES (Continuación):

--DEL GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA, POR LA QUE SE INSTA AL GOBIERNO A TRANSFORMAR EN AUTOVIA LA CARRETERA N-630 (662/000171).


La señora PRESIDENTA: La siguiente moción es del Grupo Parlamentario Socialista, y en ella se insta al Gobierno a transformar en autovía la carretera nacional 630. A esta moción se ha presentado una enmienda por parte del Grupo Parlamentario Popular en el Senado. Para la defensa de la moción, en nombre del Grupo Parlamentario Socialista, tiene la palabra el Senador Fuentes.


El señor FUENTES GALLARDO: Voy a intervenir brevemente, habida cuenta de lo prolongado de los debates que hemos tenido en el día de hoy, para presentar la moción del Grupo Socialista que consta en el orden del día. Todos los Senadores y Senadoras, independientemente de los grupos parlamentarios a los que pertenezcamos, estaremos de acuerdo en que la transformación de la nacional 630, que es la carretera que une Gijón con Sevilla, llamada Ruta de la Plata, en autovía es de una extraordinaria importancia para la vertebración de la mitad occidental de España. Es importante no sólo para la seguridad y la comodidad de los usuarios, sino también para el desarrollo económico de Castilla y León, Extremadura y Andalucía occidental. Este es un dato que no levanta ninguna controversia. ¿Y cuál es la situación actual? Si estuviésemos de acuerdo en esa necesidad ¿en qué situación se encuentra esta transformación? Este Senador ha planteado preguntas por escrito al Gobierno sobre todos los tramos de la futura autovía, y a 30 de agosto del presente año, según respuestas por escrito del Gobierno, la situación era la siguiente: toda la longitud de la 630 se divide, a efectos de elaboración de proyectos y de sacarla a concurso público, en 36 tramos.
A fecha de hoy, de esos 36 tramos en funcionamiento hay uno, el tramo Almendralejo-Zafra; en obras hay cuatro tramos; con el proyecto acabado y en trámites de licitación hay siete tramos, y sin siquiera tener acabado el proyecto hay 24 tramos. Dicho de otra forma, después de seis años de Gobierno del Partido Popular la realidad es la siguiente: está en funcionamiento el 3 por ciento de los tramos de la autovía; está en obras el 11 por ciento de los tramos de la autovía; tiene el proyecto acabado o a punto de acabar y puede salir a licitación en un breve espacio de tiempo el 19 por ciento de los tramos y no tiene el proyecto acabado el 67 por ciento de los tramos.
Si lo quieren ustedes ver desde otro punto de vista, diré que después de seis años casi las tres cuartas partes de la futura autovía ni siquiera tienen terminado el proyecto; ésa es la realidad, y ante ella no creo que sea descabellado ni inverosímil plantear que, a este ritmo, no se tardaría menos de diez o quince años en terminar la autovía.
Nosotros no venimos aquí a imputar al Gobierno o al partido que lo sustenta el hecho de que no esté acabada la autovía, porque sería demagogia; una autovía de esas características, de casi 700 kilómetros, no se puede acabar en seis años, y eso lo sabemos. Lo que criticamos es que en seis años no se hayan puesto en funcionamiento nada más que 25 kilómetros, es decir, el 3 por ciento del trazado final, eso es lo que les imputamos; no les exigimos que se termine, porque repito que el sentido común nos dice que es imposible. Pero entre tenerla terminada y haber puesto en funcionamiento en seis años 25 kilómetros, me parece que hay términos mucho más razonables, y eso es lo que nos mueve a plantear esta moción.
No se trata solamente de la inquietud o del interés del Partido Socialista por que esto se agilice --supongo que todos estarán de acuerdo--, sino que hay muchos más colectivos que se han pronunciado sobre este tema; no es una ocurrencia del Partido Socialista o algo que traigamos aquí para intentar criticar por criticar al Gobierno. Esto que les he planteado ya lo han dicho las confederaciones de empresarios, lo han dicho las cámaras de comercio, lo han dicho muchísimos municipios, lo han dicho plataformas que se han creado con cargos públicos de todos los partidos políticos. Por eso, nosotros no exigimos en nuestra moción ninguna medida presupuestaria descabellada para que se acabe en un año o en dos toda la autovía. Exigimos que se agilicen los trámites, y que se ponga una cantidad, que ciframos en 21.000 millones de pesetas, para que esta obra de infraestructura tan importante para todo el occidente de España no sea algo que se alargue indefinidamente en el tiempo, sino que sea una realidad en los términos razonables de cualquier obra que tenga este interés y con las correspondientes medidas presupuestarias, y que en un plazo no tan lejano como esos diez o quince años a los que he aludido pueda ser utilizada por todos los usuarios.
Nada más y muchas gracias. (Aplausos en los escaños del Grupo Parlamentario Socialista.)

La señora PRESIDENTA: Gracias, Senador Fuentes.
Para la defensa de la enmienda presentada por el Grupo Parlamentario Popular, tiene la palabra el Senador García Ballestero.


Página 3794


El señor GARCIA BALLESTERO: Muchas gracias, señora Presidenta.
Subo a esta tribuna, en representación del Grupo Parlamentario Popular del Senado, para defender una enmienda que ha presentado mi grupo; una emienda de sustitución que voy a leer a continuación. «El Senado insta al Gobierno a continuar haciendo el esfuerzo que está realizando para impulsar y sacar adelante los distintos tramos de la autovía de La Plata, según los trámites administrativos y la disponibilidad presupuestaria de la Dirección General de Carreteras.» Creemos que es así porque esta enmienda se ajusta a la realidad.
Señoría, usted ha presentado una moción ante esta Cámara instando al Gobierno a que convierta la nacional N-630 en autovía. Permítame que le diga que, cuando menos, me parece pintoresca, y me parece más pintoresca todavía cuando usted se ha subido a esta tribuna y ha reconocido que se están haciendo trámites, que se están aprobando tramos y que hay otros en ejecución, con lo cual la autovía de La Plata --y estará usted de acuerdo conmigo-- no hace falta hacerla, porque se está convirtiendo ya en autovía; por eso le digo a su señoría que debería aceptar esta enmienda. Usted ha dicho que hay 36 tramos existentes en la autovía de La Plata Gijón-Sevilla. A mí me sale uno más, pero no importa.
Es cierto que la autovía de La Plata es importante para el desarrollo de toda la parte occidental de nuestro país, puesto que afecta a Asturias, a Castilla y León, a Extremadura y a Andalucía.
Y, si pasamos a los tramos, le diré que de los catorce que hay en Castilla y León, están licitadas las obras en cuatro de ellos; licitado el concurso de redacción del estudio informativo en un tramo; en cuatro tramos más, cuyo proyecto de construcción está en fase de redacción; licitados el concurso de redacción del proyecto en cuatro tramos y, del último tramo, el proyecto está aprobado y redactado.
Señoría, en Extremadura, Comunidad a la que usted y yo pertenecemos, hay un tramo en servicio; hay tres tramos en ejecución; un tramo con la obra adjudicada; licitados para el concurso de redacción tres tramos más; y 8 tramos cuyo proyecto de construcción está en redacción.
En la Comunidad Autónoma de Andalucía, tenemos cinco tramos en fase de redacción de proyecto de construcción; un tramo en ejecución y un tramo adjudicado.
Por todo ello, señoría, espero y deseo que acepten nuestra enmienda, porque con estos datos que acabo de aportar, sus señorías deberían estar de acuerdo con mi Grupo en que la autovía de La Plata se está realizando, y se está haciendo siguiendo el calendario y la dotación presupuestaria de los distintos Ministerios.
Por mi parte, nada más, simplemente desear que acepten nuestra enmienda.
Muchas gracias, señora Presidenta. (Aplausos en los escaños del Grupo Parlamentario Popular.)

La señora PRESIDENTA: Gracias, señoría.
¿Desea intervenir el autor de la moción originaria? (Asentimiento.) Tiene la palabra el Senador Fuentes.
El señor FUENTES GALLARDO: Sé que se está construyendo la autovía, y lo he dicho en la tribuna. Lo que he manifestado es que, al ritmo que van las obras, tardará en acabarse diez o quince años. Eso es lo que he afirmado. En ningún momento he dicho que no se estén haciendo las obras, porque las conozco.
Usted ha leído todos los tramos, y yo tengo aquí por escrito la respuesta del Gobierno de todos los tramos, que son 36. Yo lo que he hecho ha sido el resumen de toda su relación. Todo lo que usted ha descrito se encierra en dos, como los Mandamientos, que es lo siguiente: Hay un tramo en funcionamiento, cuatro en obras, siete con el proyecto acabado y 24, de los 36 --el 67 por ciento de los tramos--, no tienen ni el proyecto terminado. Ese es el resumen del informe del Gobierno por escrito y de lo que usted ha señalado, ya que los cuadros sinópticos sirven para resaltar lo sustancial. Y por mucha buena voluntad que pongamos --y ponemos-- lo que dice su enmienda es lo siguiente: Lo que se está haciendo, al ritmo que se está haciendo y con las dotaciones que se está haciendo, prosígase así.
Honradamente, mi Grupo no puede aceptar esa enmienda, porque a ese ritmo transcurren 15 años. Y no es un problema del Grupo Parlamentario Socialista, es un problema de muchos usuarios, de empresarios, de cámaras de comercio, de muchas personas que manifiestan --y lo han hecho públicamente-- que se está haciendo la autovía, lo cual está bien, pero ese ritmo no lo defiende nadie.
Ese es el motivo por el que no podemos aceptar la enmienda. Ustedes hablan del esfuerzo, pero será insuficiente o en la dirección equivocada. El esfuerzo no se traduce en los ritmos, que no sólo ha denunciado el Grupo Parlamentario Socialista, sino también muchos colectivos que no son sospechosos de estar vinculados al Partido Socialista, como las confederaciones empresariales, las cámaras de comercio, alegando que ese ritmo no puede mantenerse así. Además, la propia síntesis que he realizado sobre lo que usted ha dicho y sobre lo que a mí me respondió por escrito el Gobierno, a 30 de agoso, indica que esto es obvio. Usted sabe que desde esa fecha hasta hoy como mucho se termina un proyecto o, como ha sucedido el viernes, se puede colocar la primera piedra de un tramo, variaría un tramo más o menos, pero no varían sustancialmente las cifras que he aportado.
Gracias, señora Presidenta.


La señora PRESIDENTA: Gracias, Senador Fuentes.
Turno de portavoces.
¿Grupo Parlamentario Mixto? (Pausa.) ¿Grupo Parlamentario de Senadores de Coalición Canaria? (Pausa.) Por el Grupo Parlamentario de Senadores Nacionalistas Vascos, tiene la palabra la Senadora Etxegoyen.


La señora ETXEGOYEN GAZTELUMENDI: Gracias, señora Presidenta.
Simplemente voy a fijar la posición de mi Grupo, que va a ser favorable a la moción presentada por el Grupo Parlamentario Socialista.


Página 3795


Gracias. (Aplausos en los escaños del Grupo Parlamentario Socialista.)

La señora PRESIDENTA: Gracias, Senadora Etxegoyen.
Por el Grupo Parlamentario Entesa Catalana de Progrés, tiene la palabra el Senador Gibert.


El señor GIBERT I BOSCH: Muchas gracias, señora Presidenta.
Constatamos que hay dos clases de mociones, aparentemente de la misma especie porque todas instan al Gobierno a hacer cosas que ya debería haber hecho sin necesidad de moción alguna: unas las suele presentar el Grupo Parlamentario Popular cuando el Gobierno ha decidido hacer alguna cosa y son, por lo tanto, bastante superfluas --hoy mismo hemos tenido ocasión de ver alguna de ellas--; otras las hace la oposición cuando constata que el Gobierno no está haciendo aquello que debe, y éstas si son lógicas. La del Senador Fuentes pertenece a esta segunda especie y, por lo tanto, vamos a votarla favorablemente.
Muchas gracias, señora Presidenta. (Aplausos en los escaños del Grupo Parlamentario Socialista.)

La señora PRESIDENTA: Gracias, Senador Gibert.
Por el Grupo Parlamentario Catalán en el Senado de Convergència i Unió, tiene la palabra el Senador Beguer.


El señor BEGUER I OLIVERES: Muchas gracias, señora Presidenta.
En disenso con los dos Grupos que acaban de expresar su criterio respecto a la moción, ante la falta de acuerdo entre el Grupo proponente y el Grupo que administra los presupuestos y que da soporte al Gobierno, como es el Grupo Parlamentario Popular, y siendo coherentes con nuestra aprobación de los presupuestos y el apoyo que venimos dándoles, nuestro Grupo se va a abstener.


La señora PRESIDENTA: Gracias, Senador Beguer.
Por el Grupo Parlamentario Socialista, tiene la palabra el Senador Fuentes.


El señor FUENTES GALLARDO: Muy brevemente, señora Presidenta.
Todo los argumentos que expongamos aquí --los que usted ha expuesto, los que expondrá a continuación y los que yo he expuesto-- difícilmente van a cambiar la realidad, y la realidad es la que le he explicado y la que usted conoce porque también tiene la situación de todos los tramos.
Y cuando se dice que un tramo está en proyecto de redacción... Yo he sido incluso generoso, porque he incluido en redacción proyectos que ni siquiera se han adjudicado a ningún gabinete de ingenieros o de arquitectos, sino que están en la primera fase de los estudios preliminares medioambientales, pero los he englobado como proyectos en redacción.
Ustedes tienen mayoría y pueden rechazar esta moción, pero al final tendrán que explicar a mucha gente --no a nosotros solamente, a muchos colectivos-- las razones, porque es muy difícil explicar que después de seis años estén solamente 25 kilómetros en funcionamiento.
Ustedes utilizan a veces la argumentación --no sé si lo harán hoy, pero yo quiero resaltarla también-- de que eso lo podíamos haber hecho nosotros. Hicimos muchas cosas, no hicimos todas, y no hicimos la autovía de La Plata. Empezamos por el otro eje fundamental, el del oeste, que es Madrid-Badajoz. El plan de carreteras de la autovía Madrid-Badajoz se aprobó en el Congreso de los Diputados a finales de 1985; empezaron las obras a principios de 1987 y en seis años se acabaron los 400 kilómetros de autovía que hay de Madrid a Badajoz, en seis años. Esa es la realidad.
No le den más vueltas ustedes: el problema de esta autovía que estamos tratando es la manifestación de un problema más de fondo, cual es que la inversión pública ha caído en España del 5 por ciento del producto interior bruto de los años noventa al 3,25 en el año 2000. Ese es el problema de fondo: del 5 por ciento del PIB en los años noventa que se dedicaba a inversión pública, en 2000 ha sido el 3,25 del producto interior bruto. Ese es el problema de fondo, no otro, y el panorama no es nada halagüeño, porque ustedes han hecho unos presupuestos con unas cantidades sobre un crecimiento del 2,9 por ciento, que ya se lo ha rectificado la Comisión Europea, se lo ha rectificado hasta el Banco de España, y hasta ustedes mismos han rectificado. Y cuando el crecimiento no sea del 2,9, sino mucho menor, ¿por dónde van a cortar? Pues como otros años: por la inversión pública.
¡Ojalá me equivoque! Pero me parece que si la autovía se realiza a ese ritmo la situación será negativa, y las previsiones y las perspectivas, con las circunstancias actuales, me parecen todavía más negativas.
¡Ojalá me equivoque y usted tenga razón! Pero si no aumentamos los presupuestos, es imposible que se construya esa autovía en un plazo prudencial de cinco o seis años, más los seis que lleva en ejecución.
Ese es el motivo de nuestra moción y de no haber aceptado su enmienda.
Gracias, señora Presidenta.


La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, Senador Fuentes.
Por el Grupo Parlamentario Popular, tiene la palabra el Senador García Ballestero.


El señor GARCIA BALLESTERO: Gracias, señora Presidenta.
La historia de la autovía de la Plata, más conocida como la nacional N-630, es la historia de un fracaso del PSOE. (Protestas en los escaños del Grupo Parlamentario Socialista.-- Aplausos en los escaños del Grupo Parlamentario Popular.) El problema de la autovía de la Plata no dura seis años ni siete ni ocho ni nueve, la autovía de la Plata data del tiempo de los romanos, hasta sus emperadores se hacían cargo de ello. Por tanto, señorías, ustedes no nos han descubierto hoy en esta Cámara lo que es esta vía ni la importancia que tiene para la parte occidental de España y, mucho

Página 3796


menos todavía, nos pueden dar ejemplo de cómo se comienzan las obras para realizar la autovía en la nacional N-630.
Señoría, creemos que han llegado tarde otra vez. El contenido de su moción es, cuando menos, peculiar --como he dicho anteriormente-- porque insta al Gobierno a transformar en autovía la carretera nacional N-630 y usted ha reconocido que se está haciendo. Podrá discrepar con nosotros en si se está haciendo de manera lenta o rápida pero, desde luego, se está haciendo y quiero que su señoría lo reconozca. En cualquier caso, le felicito por esta iniciativa ya que es la primera que se plantea en esta Cámara respecto a esta carretera, por lo menos desde el año 1989.
Señoría, para exigir hay que demostrar y ustedes, en cuanto a la nacional N-630, han demostrado muy poco. (Protestas.--Risas.) Señoría, ¿me podría contestar qué han hecho ustedes desde 1982 hasta 1996? (Varios Senadores del Grupo Parlamentario Socialista: ¡Nada!--Protestas.--Risas.) Ustedes han tenido responsabilidades de Gobierno, ¿verdad? Sí, las han tenido. ¿Saben cuántas iniciativas han presentado en esta Cámara? Cero. (Un señor Senador del Grupo Parlamentario Popular: ¡Patatero!) No han presentado ninguna iniciativa. ¿Saben cuánto dinero presupuestaron los Gobiernos socialistas en esta autovía? Cero. (Varios Senadores del Grupo Parlamentario Socialista: ¡Nada!--Protestas.--Aplausos en los escaños del Grupo Parlamentario Popular.) ¿Sabe cuántos kilómetros de autovía hicieron los Gobiernos socialistas? (Risas.) ¿Sabe cuántos kilómetros de autovía hicieron en la nacional N-630? Cero. (Protestas en los escaños del Grupo Parlamentario Socialista.) Esta carretera lleva muchos años siendo importante, pero parece que ustedes le han empezado a dar esa importancia a partir del día 3 de marzo de 1996.
El Presidente de mi Comunidad Autónoma, el señor Rodríguez Ibarra, propuso que en un tramo de esta carretera, comprendido entre Baños de Montemayor --limítrofe con la provincia de Salamanca-- y Cáceres, se celebrase un Campeonato del Mundo de Rallies. ¡Fíjense ustedes de qué carretera estamos hablando! Y se consiguió, pero aquella prueba no pudo celebrarse porque Carlos Sainz --que creo que es una persona que sabe mucho de carreteras y de coches--, como portavoz de todo el grupo de corredores, dijo, y leo textualmente: No vamos a correr en una carretera así; es más peligrosa que una caja de bombas. Los pilotos centroeuropeos se preguntan cómo es posible que siga abierta al tráfico.
Esto sucedía antes del año 1995 y no sé si su señoría, que ha sido Diputado nacional, también tuvo la misma sensibilidad respecto de esta carretera cuando se presentaron mociones en el Congreso de los Diputados a tal fin, cuando era Ministro el señor Borrell (Aplausos en los escaños del Grupo Parlamentario Popular.), para decirle que la carretera era una vergüenza y que ni los del Campeonato del Mundo de Rallies se atrevían a correr por ella. (Protestas en los escaños del Grupo Parlamentario Socialista.) Señorías, siempre se ha dicho que no hay peor sordo que el que no quiere oír y ustedes, respecto de esta carretera, se han hecho los sordos hasta el día 3 de marzo de 1996. Pero en el Partido Popular no hay sordos y desde el primer instante nos hemos sensibilizado ante esta cuestión y empezamos a hacer lo que teníamos que hacer. (Risas en los escaños del Grupo Parlamentario Socialista.) Y sólo sabemos hacer carreteras de una manera, que es pasando de los planes a los planos.
(Protestas en los escaños del Grupo Parlamentario Socialista.) Y respecto a los planes, puedo decirles que la transformación de la carretera nacional N-630 en autovía es uno de los objetivos y prioridades del Ministerio de Fomento incluido en el Plan de Infraestructuras 2000-2007, con el umbral en el año 2010, por lo que su ejecución se llevará a cabo con la mayor agilidad que nos permita el cumplimiento de la tramitación administrativa, la disponibilidad de los proyectos y la programación presupuestaria que para ello se contemple.
Y estará usted de acuerdo conmigo, señoría, en que hacer predicciones de futuro es difícil. Pero más difícil es ser profeta en el PSOE dado que tienen mucha competencia.
En cuanto a los planos, ya he comentado anteriormente tramo por tramo los 600 kilómetros, con una dotación presupuestaria de 330.000 millones de pesetas.
Por tanto, creo que el impulso que durante el último año se ha dado a la autovía de La Plata es absolutamente indiscutible en términos de contratos licitados, obras empezadas y kilómetros puestos en marcha en comparación con cualquier otra época anterior. Compárenla con la época que ustedes quieran.
Señora Presidenta, termino como empecé, diciendo que la historia de la autovía de La Plata es la de un auténtico y rotundo fracaso del PSOE, que durante 14 años no fue capaz de hacer ni un solo kilómetro de esta autovía. (Aplausos en los escasos del Grupo Parlamentario Popular.) Lo que ustedes siempre han pretendido y pretenden con este tema son titulares en prensa. Pero, desgraciadamente, son titulares sin ninguna noticia detrás, porque la noticia es que la autovía de La Plata la están haciendo los Gobiernos del Partido Popular, sensibilizados respecto al desarrollo y el bienestar de esta parte de España, que hasta no hace mucho tiempo estuvo olvidada por los Gobiernos del Partido Socialista. Y, les guste o no, la autovía de La Plata se está construyendo.
Muchas gracias, señora Presidenta. (Aplausos en los escaños del Grupo Parlamentario Popular.)

La señora PRESIDENTA: Gracias, Senador García Ballestero. (El señor Fuentes Gallardo pide la palabra.) Tiene la palabra su señoría por un minuto.


El señor FUENTES GALLARDO: Muchas gracias, señora Presidenta.
Señorías, desde que se iniciaron las obras del tramo de la autovía Madrid-Badajoz hasta que se terminaron pasaron seis años.
Por otra parte, el Plan de Infraestructuras no es del año 1982, señoría. Lo aprobó el Congreso de los Diputados a finales de 1985.


Página 3797


Y cuando ustedes llegaron al Gobierno se encontraron, afortunadamente --cosa que no nos pasó a nosotros--, con 3.000 kilómetros nuevos de autovía en toda España. Ustedes se encontraron con 3.000 kilómetros y nosotros no. Esa es la realidad.
Cuando ustedes llegaron al Gobierno, el proyecto Mérida-Zafra estaba totalmente terminado. Sin embargo, seis años después sólo está la mitad en funcionamiento, en un terreno llano como la palma de una mano. Ya veremos qué sucede cuando se empiece en los terrenos con complicaciones orográficas.
Por último, hay que reconocer que tal vez éste es el Gobierno que más obras públicas anuncia y que menos obras públicas inaugura.


La señora PRESIDENTA: El señor García Ballestero dispone de un minuto.


El señor GARCIA BALLESTERO: Muchas gracias, señora Presidenta.
No consumiré el minuto.
Simplemente quiero decir a su señoría que sigan trabajando ustedes desde la oposición, porque cuando tuvieron responsabilidades de Gobierno trabajaron poco en este asunto. (Aplausos en los escaños del Grupo Parlamentario Popular.)

La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, Senador García Ballestero.
Vamos a votar la moción presentada por el Grupo Parlamentario Socialista en relación con la carretera nacional N-630.
Se inicia la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos emitidos, 194; a favor, 62; en contra, 125; abstenciones, siete.


La señora PRESIDENTA: Queda rechazada.


--DEL GRUPO PARLAMENTARIO CATALAN EN EL SENADO DE CONVERGéNCIA I UNIO, POR LA QUE SE INSTA AL GOBIERNO PARA QUE EN LAS NEGOCIACIONES CON LA UNION EUROPEA SE MANTENGAN O AMPLIEN LAS AYUDAS A LOS CULTIVOS DEL ARROZ EN LAS ZONAS HUMEDAS, ASI COMO PARA QUE SE ADOPTEN LAS MEDIDAS COMPLEMENTARIAS EN ZONAS DE PROTECCION O PERIFERICAS (662/000167).


La señora PRESIDENTA: Señorías, en relación con la moción presentada por el Grupo Parlamentario Catalán en el Senado de Convergència i Unió, por la que se insta al Gobierno para que en las negociaciones con la Unión Europea se mantengan o amplíen las ayudas a los cultivos del arroz en las zonas húmedas, así como para que se adopten las medidas complementarias en zonas de protección o periféricas, hay una propuesta de modificación firmada por el Grupo Parlamentario Popular, el Grupo Parlamentario Socialista, el Grupo Parlamentario Entesa Catalana de Progrés, Grupo Parlamentario Catalán en el Senado de Convergència i Unió, Grupo Parlamentario de Senadores Nacionalistas Vascos, Grupo Parlamentario Mixto y Grupo Parlamentario de Coalición Canaria, que propone la siguiente redacción: El Senado insta al Gobierno a que en las negociaciones con la Unión Europea se mantengan las medidas agroambientales para el arroz y flexibilicen las condiciones extendiéndose las ayudas a todas las Comunidades Autónomas productoras en función de sus sistemas agroecológicos y las figuras de protección ambiental que rijan en sus ámbitos.
Me informan de que hay un acuerdo de todos los grupos en aras de renunciar a todas las intervenciones y que haría sólo la presentación de la moción el Senador Marimon. (Aplausos.) Parece, Senador Marimon, que esto último ha sido muy bien acogido.
Tiene la palabra el Senador Marimon.


El señor MARIMON I SABATE: Muchas gracias, señora Presidenta.


La señora PRESIDENTA: Un momento, Senador Marimon.
Señorías, por favor, guarden silencio.
Continúe, Senador Marimon.


El señor MARIMON I SABATE: Señorías, les agradezco el aplauso, pero no creo que haya sido por la buena intervención que voy a hacer, cosa que espero realizar, sino por lo que significa de brevedad. Por tanto, atendiendo a su aplauso, yo me comprometo en cierta manera a ser breve, pero el tema es importante y merece una exposición adecuada.
En primer lugar, quiero agradecer de una forma muy especial al resto de portavoces de los diferentes Grupos que integran esta Cámara la firma de la moción transaccional que nos permitirá aprobarla por unanimidad.
Quiero agradecer de una forma muy especial su colaboración al Senador Carlos Murria, que es quien ha brindado, a través de la moción de sustitución que posteriormente hemos transaccionado con la del Grupo Parlamentario Catalán en el Senado de Convergència i Unió, que ha dado lugar a la que al final han firmado todos los Grupos.
Yo sé que a veces no es fácil por parte del Partido que sustenta al Gobierno aceptar propuestas que modifiquen su propia propuesta. En este caso ha sido así y se lo quiero agradecer de una forma especial porque entiendo que ha sido un trabajo personal en este sentido. Por tanto, reitero el agradecimiento a todos los Grupos por llegar a un acuerdo que, sin lugar a dudas, el sector nos agradecerá.
Nuestro grupo presentó esta moción hace ya unas semanas, pero debido al sistema de cupos no se nos ha permitido formalizarla hasta el día de hoy. ¿Por qué la presentamos? Pues respondiendo a la lógica preocupación de los agricultores arroceros que, finalizado en la mayoría de los

Página 3798


casos el quinquenio que prevé la aplicación de las medidas agroambientales, han visto cómo la propuesta que se les presentaba era inferior a la anterior.
Por recordárselo a ustedes de una manera muy breve y rápida, las medidas agroambientales permitían al agricultor arrocero acceder hasta a un máximo de 84.000 pesetas/hectárea. La realidad es que difícilmente ningún arrocero habrá llegado a esta cantidad --yo creo que ninguno--, porque diferentes medidas son de difícil por no decir de imposible aplicación. La realidad es que los agricultores arroceros han venido percibiendo en nuestra Comunidad Autónoma --y por mis referencias es lo común en el Estado español en las zonas en que se aplican estas medidas agroambientales-- alrededor de 65.000 pesetas.
No les voy a citar el conjunto de las medidas. Sería prolijo, sería extenso y les cansaría, pero sí creo que es bueno citar la filosofía que impregna estas medidas, que es conseguir una mejora ambiental en los arrozales, así como la protección de flora y fauna en los humedales.
Como les decía antes, la sorpresa del sector fue importante al recibir una propuesta del Ministerio según la cual. no sólo no aumentaba la cantidad sino que la ayuda se cifraba en 55.000 pesetas, una cantidad, en principio, sensiblemente inferior a la anterior.
Pero el problema no radicaba sólo aquí, sino que también se endurecían las medidas agroambientales pidiendo medidas que eran de imposible cumplimiento en algunas Comunidades Autónomas. Por ejemplo, se pedía el encharcamiento de las zonas arroceras durante un período de seis meses.
Esto no permite en ninguna forma la adecuada aireación del cultivo posterior al encharcado como para poder realizar el cultivo con éxito.
Como es evidente, no sólo había este aspecto que les cito, sino otros, pero tampoco hay por qué citarlos. Por fortuna rectificar es de sabios, y hacerlo cuando de forma mayoritaria los fondos necesarios para llevar a término la medida proceden de la Unión Europea todavía demuestra mayor sabiduría, pero además es la aplicación de un estricto sentido común.
Esta es una de las primeras mociones que se van a aprobar en esta Cámara que empieza a surtir efecto antes de su aprobación. ¿Por qué les digo esto? Les digo esto por ganas de presumir ni de otorgarnos méritos, pues si empieza a surtir efectos es más por la voluntad de entendimiento que en general rige entre el Ministro y los Consejeros autonómicos, que haciendo valer adecuadamente sus responsabilidades en sus ámbitos competenciales han estado trabajando este tema, que por nosotros mismos, pero lo cierto es que en estos momentos el Ministerio ya ha propuesto incrementar un 20 por ciento más estas ayudas, con lo cual, si bien no se cumplen todos los deseos del sector, sí que se mantiene el nivel actual de ayudas, incluso es posible que en algunas zonas mejore de forma sensible.
También quiero expresar un sentimiento. Evidentemente, nuestra moción inicial pedía no sólo mantener sino intentar incrementar estas ayudas.
Comprendo la dificultad en estos momentos en que la Unión Europea está planteándose la ampliación de una forma notoria con países en los cuales el sector agrario es muy importante, con lo cual la distribución de las ayudas seguramente necesitará determinados equilibrios, y también hay que tener en cuenta que algunos países tienen problemas de tipo económico. Se puede pedir incrementar el dinero, pero comprendemos que hay dificultad.
Por lo tanto, manifestamos nuestra comprensión, y en la primera parte de la moción de sustitución presentada por el Partido Popular, en que se admite o se propone mantener, entendemos que se puede aceptar perfectamente.
El primer apartado de la moción dice lo siguiente: Instamos a que en las negociaciones con la Unión Europea se mantengan las medidas agroambientales para el arroz.
Este es el primer apartado y tengo que decir que al grupo proponente, y por lo que he visto a todos los grupos que han firmado, les satisface este acuerdo. Es un paso importante.
Sin embargo, entiendo que la moción cumple otros objetivos que pueden ser tan importantes o tan decisivos como el que les acabo de citar.
Quiero resaltar el segundo apartado, que dice: Flexibilicen las condiciones extendiéndose las ayudas a todas las Comunidades Autónomas productoras en función de sus sistemas agroecológicos.
Recordemos que precisamente flexibilizar estas medidas es lo que está pidiendo el sector. Seguramente en algunos arrozales el período de inundación puede ser mayor, en otros será menor, en algunos arrozales la no aplicación de determinados productos químicos será posible --una escarda mecánica será posible--, pero en otros arrozales habrá que tomar otro tipo de medidas.
Por lo tanto, la flexibilización, convenientemente administrada por el propio Ministerio y las Comunidades Autónomas, puede conseguir, debidamente aplicada, los objetivos finales y no menoscabar los intereses de los agricultores.
En este apartado de la moción también se hace mención a algo que quizá les pueda sorprender a ustedes, que dice: la extensión a todas las Comunidades Autónomas. La realidad es que hoy en España hay diferentes Comunidades Autónomas que tienen zonas arroceras que no se acogen a las medidas agroambientales. También es cierto que hay algunas Comunidades Autónomas que tienen programas propios, pero entendemos que el interés y la propuesta de la moción es que todas las zonas arroceras puedan acogerse a la misma. Por lo tanto, bienvenida sea esta propuesta.
Asimismo, al final de la moción se hace una mención respecto a un tema que yo agradezco mucho --se lo decía antes al Senador Murria-- que se haya incluido porque para nosotros tiene importancia, pero no sólo para nosotros, sino también para diferentes regiones del Estado español.
Esta mención es: ... y las figuras de protección ambiental que rijan en sus ámbitos.
Evidentemente, se refiere a las Comunidades Autónomas. Los arrozales españoles se encuentran muchos de ellos bajo diferentes figuras de protección. Hay algunos que se encuentran en parques nacionales, otros que se encuentran en parques naturales y otros con otros tipos de figuras de menor protección pero que también tienen afectación en el territorio.


Página 3799


Respecto a este último apartado, quiero leerles dos parágrafos --no se preocupen que son cortitos-- de una reciente reunión de representantes de las entidades integradas en el Foro de deltas y zonas húmedas del Mediterráneo, realizado recientemente en Sueca. Estas zonas son las de Doñana, que es Parque Nacional, la Albufera de Valencia y el Delta del Ebro, que son parques naturales.
En las conclusiones del primer punto de este Foro se lee textualmente: «... la necesidad de garantizar una renta para el agricultor arrocero de estas tres zonas húmedas que permita la permanencia del cultivo adoptando medidas en la producción respetuosas con el medio ambiente y permita sufragar los costos de mantenimiento de las estructuras que este cultivo requiere en el entorno de esta naturaleza. Por lo mismo, vista esta necesidad, se considera prioritaria la declaración del arroz como cultivo especialmente protegido en las zonas de parque nacional y parque natural, así como en sus áreas de influencia.» Por lo mismo yo entiendo que este Foro se sentirá satisfecho porque el Senado haya considerado hoy en esta moción tomar en cuenta estas figuras específicas.
Señorías, sin ningún género de dudas hoy aprobamos una moción verdaderamente importante para el sector arrocero español y para la protección de nuestro medio ambiente. El hecho de que este acuerdo se apruebe por unanimidad y la voluntad manifestada ya por el Gobierno de mejorar las propuestas iniciales sin duda tranquilizarán al sector y le darán el soporte adecuado para llevar a cabo las negociaciones y cumplir el acuerdo al que hemos llegado.
Hay que decir que no es excesivamente complicado, porque estas medidas agroambientales, como ustedes saben, llevan una financiación tanto por parte del propio Estado como de las Comunidades Autónomas. Por lo mismo, si el compromiso tomado por el Gobierno español y por las Comunidades Autónomas es el adecuado, yo entiendo que es relativamente fácil --digo relativamente-- conseguir nuestro objetivo. Pero sin ningún género de dudas, el acuerdo que hoy tomamos va a facilitar que lo podamos cumplir.
Para que sus señorías valoren todavía más la bondad del acuerdo al que hemos llegado, les voy a leer dos párrafos del reciente informe que la Misión Ramsar ha realizado tras la visita al Delta del Ebro. En el primero de ellos, en la parte previa a la realización de las conclusiones, el informe dice textualmente. Por el momento el cultivo del arroz se ha visto favorecido por las ayudas agroambientales recibidas de la Unión Europea a través del Reglamento agroambiental 2078/92. Esta reconversión hacia prácticas agrícolas menos agresivas para el medio ambiente ha conllevado notables mejoras en la calidad de las aguas sobrantes del riego, que muchas veces acaban en las lagunas y estanques. Entre otras, destaca la sustitución de fitosanitarios por tratamientos con feromonas. Las subvenciones se destinan a las personas físicas y a las cooperativas, que estiman que es un sistema que funciona muy bien. Esto no sólo lo dicen los agricultores sino también este informe de la Misión Ramsar. Pero lo verdaderamente determinante que quiero hacerles llegar, es la Recomendación número 10 de esta Misión Ramsar. Dice así: ... continuar fomentando e incrementar las medidas agroambientales por considerarlos, por lo menos en lo inmediato, como un instrumento importante para la pervivencia de la actividad agrícola en condiciones de sostenibilidad en el Delta.
Evidentemente, este informe hace referencia al Delta del Ebro, que ha sido objeto de la Misión número 43 de este organismo que controla aspectos medioambientales dentro de la Unión Europea, pero yo entiendo que estas consideraciones son perfectamente válidas para cualquier arrozal de nuestro país. Señorías, repito que podemos decir que hemos tomado un acuerdo verdaderamente importante.
Volvemos a agradecerles la colaboración que hemos recibido de todos los portavoces para llegar a este acuerdo. Sinceramente, no ya este portavoz, sino también todos los agricultores arroceros --estoy seguro de ello-- les decimos: muchas gracias, señorías. (Aplausos.)

La señora PRESIDENTA: Gracias, Senador Marimon.
Señorías, ¿puede entenderse aprobada la moción por asentimiento con la redacción que ha señalado el Senador Marimon? (Pausa.) Se aprueba.


TOMA EN CONSIDERACION DE PROPOSICIONES DE LEY DEL SENADO:

--PROPOSICION DE LEY DE REFORMA DE LA LEY REGULADORA DE LAS HACIENDAS LOCALES, RELATIVA A LA DISTRIBUCION DE SUBVENCIONES POR SERVICIOS DE TRANSPORTE COLECTIVO URBANO A MANCOMUNIDADES DE MUNICIPIOS Y DEMAS ENTIDADES MUNICIPALES ASOCIATIVAS (622/000014).


La señora PRESIDENTA: Señorías, terminadas las mociones, pasamos a la toma en consideración de proposiciones de ley del Senado. Proposición de Ley de reforma de la Ley reguladora de las Haciendas Locales, relativa a la distribución de subvenciones por servicios de transporte colectivo urbano a mancomunidades de municipios y demás entidades municipales asociativas.
Para la defensa de la toma en consideración, tiene la palabra el Senador Quintana.


El señor QUINTANA GONZALEZ: Muchas gracias, señora Presidenta.
Aunque todos tengamos ahora la cabeza en otro tipo de transporte, me van a perdonar cinco minutos para que podamos explicar esta proposición de ley acerca del transporte público municipal.
En los últimos 20 años los ayuntamientos tienen asumidas de facto multitud de competencias que no tienen reconocidas legalmente y que les suponen un esfuerzo económico importante, para dotar de servicios a sus ciudadanos. A pesar de esto, es imposible que todos los ciudadanos en su dispersión geográfica cuenten con todos los servicios,

Página 3800


teniendo que estar algunos de ellos centralizados, tanto los que suministran los propios ayuntamientos como los que suministran otras administraciones. En el ámbito municipal la única posibilidad de que todos los ciudadanos puedan acceder a esos servicios en igualdad de condiciones es con un transporte público municipal que los acerque hasta los mismos. Esta es una competencia exclusiva municipal que se declara como obligatoria para los ayuntamientos de más de 50.000 habitantes y optativa para los de menos de 50.000.
En consonancia con esto, tanto la Ley reguladora de las Haciendas Locales como la Ley de acompañamiento presupuestaria de cada año establecen subvenciones a los ayuntamientos para poder llevar adelante este servicio básico de transporte, pero hasta ahora este tipo de subvenciones están reguladas únicamente para los ayuntamientos que tengan más de 20.000 habitantes.
La proposición de ley que hoy traemos a consideración es bien sencilla y, por otro lado, no menos importante. Consistiría, no en reducir el número de habitantes necesario para acceder a estas subvenciones, puesto que por debajo de ese umbral de 20.000 habitantes la sostenibilidad del servicio sería francamente dificultosa, pero sí en hacer un esfuerzo para que no sólo los ayuntamientos de 20.000 habitantes, sino para que aquellos ayuntamientos que teniendo menos de 20.000 habitantes y agrupándose entre ellos consigan esa población, puedan acceder también a estas subvenciones. Tan sencillo como eso. La proposición de ley, por lo tanto, establecería una pequeña modificación de la Ley reguladora de las Haciendas Locales y una pequeña modificación en la ley de acompañamiento presupuestaria.
Sabemos que en este momento se están iniciando las conversaciones para una nueva ley de haciendas locales en el marco de una nueva financiación para los ayuntamientos. Eso no es ningún punto en contra de esta proposición, sino más bien al contrario; todos sabemos que en esa negociación muchas veces el peso de la misma bascula entre el Gobierno central y los grandes municipios. Sería bueno que esta Cámara de representación territorial actuase de equilibrador echando una mano a los ayuntamientos pequeños y conduciendo la discusión sobre la financiación local en favor de éstos. Otorguemos únicamente la posibilidad de que los ayuntamientos mancomunados que reúnan 20.000 habitantes puedan acceder a estas subvenciones, igual que ya acceden los que por sí solos tienen ese número de habitantes.
Les recuerdo únicamente que estamos en fase de toma de consideración de la proposición de ley, si existe alguna discrepancia a este respecto que mejore el texto que nosotros proponemos, la mejor manera de hacerlo es tomando en consideración la propuesta, que se inicie el debate de la proposición de ley, y ahí modificar lo que haya que modificar. Para eso pido el voto favorable a esta proposición de ley.
Muchas gracias.


La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, Senador Quintana.
¿Turno a favor? (Pausa.) ¿Alguien quiere hacer uso del turno en contra? (Pausa.) Tiene la palabra la Senadora Primo.


La señora PRIMO ALBERT: Muchas gracias, señora Presidenta.
Señor Quintana, la proposición de ley que usted presenta pretende introducir dos modificaciones puntuales en la Ley 39/1988, de 28 de diciembre, reguladora de las Haciendas Locales y que afectaría a su artículo 135 y a la disposición adicional decimoquinta del referido texto legal.
Así, el vigente artículo 135 de la Ley 39/1988 establece que las mancomunidades y demás entidades municipales asociativas dispondrán de las aportaciones de los municipios que integren o formen parte de las mismas de acuerdo con lo establecido en los respectivos estatutos de creación.
El precepto transcrito pasaría a ser el párrafo primero de dicho artículo 135, que, de acuerdo con la proposición que estamos tomando en consideración, tendría un párrafo segundo que diría lo siguiente: Asimismo, podrán recibir subvenciones para el mantenimiento de servicios de transporte colectivo urbano, de acuerdo con la disposición adicional decimoquinta de esta Ley y los Presupuestos Generales del Estado.
La modificación, pues, del artículo 135 de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales que se propone y, en concreto, la referencia que se efectúa a la disposición adicional decimoquinta de esta Ley obligaría, efectivamente, a introducir otra modificación correlativa a la del artículo 135 en dicha disposición adicional.
El apartado 1, el único que se vería realmente afectado, de la citada disposición adicional decimoquinta establece en la actualidad que los Presupuestos Generales del Estado de cada año incluirán un crédito a favor de aquellas entidades locales que tengan a su cargo el servicio de transporte colectivo urbano. En este punto, la modificación que se propone es que el precepto pase a tener la siguiente dicción: Los Presupuestos Generales del Estado de cada año incluirán un crédito a favor de aquellas entidades locales, mancomunidades o demás entidades municipales asociativas que tengan a su cargo el servicio de transporte colectivo urbano.
Finalmente, las modificaciones normativas que se han señalado obligarían, también, a modificar el pertinente precepto de la Ley de Presupuestos Generales del Estado, artículo 72 de la vigente Ley 13/2000. Dicho artículo 72, bajo la rúbrica subvenciones a las entidades locales por servicios de transporte colectivo urbano, establece en su apartado 2 un sistema de ayudas a los municipios que cumplan determinados requisitos.
Lógicamente, la proposición de ley, en concordancia con las anteriores modificaciones legales, pretende que la referencia a los municipios se efectúe a los municipios, mancomunidades y demás entidades municipales asociativas que cumplan tales requisitos.
Ciertamente, ambos textos legales, la Ley Reguladora de Haciendas Locales y la Ley de Presupuestos Generales del Estado, se verían afectados por la modificación normativa que la proposición de ley recoge. Pero la reforma

Página 3801


que se pretende es en extremo puntual y se reduce a un único aspecto.
Se trata de que las mancomunidades y las entidades municipales asociativas puedan percibir subvenciones, al igual que ahora pueden percibirlas los municipios, para la prestación del servicio de transporte colectivo urbano con cargo a los Presupuestos Generales del Estado.
Pues bien, parece claro que los municipios que cumplan las condiciones legalmente establecidas, en cuanto a población y número de viviendas, para percibir la subvención al transporte urbano colectivo --objeto de la propuesta-- y puedan constituir a su vez una entidad supramunicipal para la prestación del servicio pondrán a disposición de esta entidad una parte de la subvención que están recibiendo. El problema no es éste, sino que nos encontremos que existe una entidad supramunicipal en la que sus Ayuntamientos o municipios no reciben tal subvención.
Llegados a este punto, rechazamos la toma en consideración de esta proposición por dos razones: En primer lugar, porque su contenido, sin duda, trascendente --no lo ponemos en duda, y hace poco aquí se aprobó una moción más o menos orientada en ese sentido pero que en nada afectaba a ninguna de las dos leyes que he mencionado-- debe ser debatido como un tema global en la Federación Española de Municipios y Provincias y en el grupo de trabajo creado al efecto para estudiar la financiación local. Desde luego, consideramos que no se puede coger de forma aislada, como hace usted en esta iniciativa.
En segundo lugar, rechazamos su proposición porque el crédito habilitado en la Ley de Presupuestos Generales del Estado tiene, sobre todo, carácter cerrado y no ampliable, y la admisión de la proposición de referencia produciría una disminución generalizada de la subvención a favor de los actuales beneficiarios, con lo cual consideramos que ellos también tendrían problemas.
Por lo tanto, Senador Quintana, haciendo mía una frase de Goethe le diría que lo más importante en este mundo no es saber dónde estamos sino adónde vamos. Nosotros vamos a rechazar la proposición que ha presentado en el Pleno, entre otras cosas, porque consideramos que deben ser los municipios, en el seno del grupo de trabajo que se ha creado al efecto, los que tienen que decidir qué es lo que van a hacer y cómo quieren financiar el transporte del servicio urbano y el resto de los servicios.
Muchas gracias. (Aplausos desde los escaños del Grupo Parlamentario Popular.)

La señora PRESIDENTA: Gracias, señoría.
Tiene la palabra el Senador Quintana.


El señor QUINTANA GONZALEZ: Gracias, señora Presidenta. Entiendo que intervengo en turno de portavoces.


La señora PRESIDENTA: Si usted lo desea, podemos pasar al turno de portavoces, en el que correspondería intervenir a su señoría en primer lugar. Pero, en realidad, hay dos turnos a favor y dos en contra.
El señor QUINTANA GONZALEZ: Preferiría intervenir directamente en turno de portavoces.


La señora PRESIDENTA: De acuerdo, Senador Quintana, tiene usted la palabra.


El señor QUINTANA GONZALEZ: Gracias, señora Presidenta.
Me quedo con la última razón que se nos ha dado para negar la toma en consideración de esta proposición de ley. Efectivamente, tal como nosotros la presentamos, los actuales beneficiarios del remanente presupuestario dedicado a subvención de transporte verían mermada su participación si a partir de ahora, no sólo los ayuntamientos de más de 20.000 habitantes, sino también las agrupaciones de municipios que reúnen esos habitantes entran al reparto.
Evidentemente es así, pero la política consiste en decidir, y nosotros consideramos igualmente justo que si dentro de los Presupuestos Generales del Estado hay un montante presupuestario dedicado a subvencionar el transporte público, tengan el mismo derecho a participar en dicho montante, tanto los ayuntamientos de más de 20.000 habitantes, como aquellos que uniéndose reúnan esa población. Es cuestión de decidir, y nosotros optamos por lo segundo.
Yo podría hacer otra propuesta, aunque con pocas posibilidades de éxito, pero ustedes sí lo pueden hacer. Acepten, pues, esta proposición y si tienen miedo a que se produzca esa merma de los actuales participantes, lo cual es lógico, por otra parte, aumentando la partida presupuestaria dedicada a la subvención al transporte en los próximos Presupuestos Generales del Estado todo el mundo quedaría contento, y además, cumpliríamos con la funcionalidad que perseguimos.
Efectivamente, hace bien poco tiempo se aprobó una moción, por cierto, después de que se registrara esta proposición de ley que hoy se defiende, y en aquella ocasión se acordó aquí mayoritariamente tener en cuenta la posibilidad de que se formaran entidades asociativas para el transporte municipal. Pero yo me pregunto, cómo lo vamos a tener en cuenta si cuando llega el momento de tomar decisiones, efectivamente puntuales, que no tienen el ánimo de meterse en otras cuestiones de profundidad, sino únicamente de acabar con un problema mediante una solución tan sencilla como la que se propone aquí, no lo hacemos. Una vez más estaremos ante una declaración de principios que, desde luego, no se lleva a efecto después.
Nosotros teníamos hoy la oportunidad, no de actuar en paralelo con las conversaciones que la Federación Española de Municipios y Provincias pueda mantener con el Gobierno, sino de actuar de valedor de aquellos ayuntamientos que teniendo cinco, seis o siete mil habitantes, no van a tener la posibilidad de estar en la mesa de negociación cuando se decida con el Gobierno las subvenciones para el transporte público municipal.
Ese era, pues, el objeto de nuestra propuesta, y no otro.


La señora PRESIDENTA: Gracias, Senador Quintana.


Página 3802


Dado que nos encontramos ya en el turno de portavoces, corresponde, a continuación, la palabra al Grupo Parlamentario de Senadores de Coalición Canaria.
Tiene la palabra la Senadora Morales.


La señora MORALES RODRIGUEZ: Gracias, señora Presidenta.
Voy a hacer una intervención breve para fijar la posición de nuestro Grupo.
El tema que se trae aquí, a través de la proposición de ley que presenta el Bloque Nacionalista Gallego, ya fue debatido en el Pleno del día 9 de octubre mediante una moción que planteaba el Grupo Parlamentario Popular, y en ella todos los Grupos reconocíamos el problema que tienen los pequeños municipios a la hora de dar servicio a sus ciudadanos, pues les resulta muy costoso proporcionarlos, motivo por el cual necesitan recurrir fórmulas tales como la de mancomunarse, y, sin embargo, se ven fuera de las subvenciones que se reparten a otros municipios mayores a través de los Presupuestos Generales del Estado.
En nuestra intervención en el debate de la moción, en la que intervino el Senador Perestelo, ya dijimos que si bien la moción planteaba el problema, lo cierto es que no daba respuestas concretas para solucionar la cuestión que se traía a debate, y manifestamos que entendíamos que la proposición de ley que se iba a traer a debate proporcionaba aportaciones concretas a través de las modificaciones de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales y de la Ley de Presupuestos Generales del Estado para que, a través de las mismas, se asegurase, efectivamente, que estos pequeños municipios tuvieran derecho a recibir subvenciones a través de los Presupuestos Generales del Estado en igualdad de condiciones que el resto de los grandes municipios que ahora mismo acceden a ellas. Por eso, el Grupo de Coalición Canaria va a votar favorablemente la toma en consideración de la proposición de ley que se trae hoy a debate.
Gracias.


La señora PRESIDENTA: Gracias, Senadora Morales.
En nombre del Grupo Parlamentario de Senadores Nacionalistas Vascos, tiene la palabra la Senadora Etxegoyen.


La señora ETXEGOYEN GAZTELUMENDI: Gracias, señora Presidenta.
Muy brevemente, para fijar la posición del Grupo de Senadores Nacionalistas Vascos, indicando que vamos a votar favorablemente la iniciativa legislativa presentada por el Senador Quintana.
Gracias.


La señora PRESIDENTA: Gracias, Senadora Etxegoyen.
Por parte de Entesa Catalana de Progrés, tiene la palabra el Senador Gibert.


El señor GIBERT I BOSCH: Muchas gracias, señora Presidenta.
Entendemos que el problema que plantea la presentación de esta proposición de ley no es de municipios grandes y pequeños, no es ideológico, ni técnico-jurídico, ni siquiera es propio de la dialéctica entre Gobierno y oposición, es un problema más bien entre lo urbano y lo rural. Tal vez el problema consista en que entre la gente que interviene en el proceso legislativo haya una mayoría clara de «urbanitas» que van de fin de semana a la sierra o al campo, pero que no se enteran de nada, no se dan cuenta, por ejemplo, de que hay escuelas que sirven a núcleos habitados muy dispersos y, por lo tanto, creen que toda la gente que vive en estos sitios está permanentemente de fin de semana.
Votaremos a favor de la toma en consideración de la proposición de ley.
Muchas gracias.


La señora PRESIDENTA: Gracias, Senador Gibert.
En nombre de Convergència i Unió, el Senador Beguer tiene la palabra.


El señor BEGUER I OLIVERES: Muchas gracias, señora Presidenta.
En el Pleno del 9 de octubre el Grupo Popular presentó una moción sobre el transpone en las entidades asociativas supramunicipales y circunscribía en aquellos momentos todo ello al próximo estudio de financiación de las corporaciones locales.
Mi Grupo, dada la entidad de los diversos problemas municipales, entendió en aquellos momentos que en la financiación de las corporaciones locales no era suficiente tener en cuenta la cuestión del transporte colectivo. Por ello presentó una enmienda --luego se aprobó una transaccional-- en la que pedía que cuando se hablase de la financiación de las corporaciones locales se tratase no solamente del transporte de las entidades supramunicipales, sino de otros servicios que se pudieran prestar, que de hecho se prestan de modo muy concreto en Cataluña a través de los «consells comarcals», por entidades supramunicipales, por ejemplo, servicios sociales de base, transporte, recogida y tratamiento de residuos, depuración de aguas residuales, etcétera. Se aprobó una moción en la que se hacía cierta referencia a los servicios, pero el tema se centraba en el transporte.
En este caso, y al tratarse de una proposición de ley, el hecho de que el problema esté centrado en el transporte nos parece correcto y, en consecuencia, ya no debe ser objeto de una ampliación como lo era en aquel caso. Por tanto, si en aquellos momentos planteamos una ampliación, en este caso estamos plenamente de acuerdo con la proposición de ley para modificar la Ley 39/1988, de 28 de diciembre, Reguladora de las Haciendas Locales, y la Ley de Presupuestos Generales del Estado para el año 2001, que en todo caso podría afectar a la Ley del 2002 o a futuras leyes de presupuestos generales del estado. Nos parece perfectamente correcto, coherente y, en consecuencia, la problemática que existe se ha de debatir naturalmente en los pactos locales, en la financiación de las corporaciones locales, pero ahora corresponde hace una modificación de carácter legislativo, que es perfectamente abordable a través de esta proposición de ley.


Página 3803


En consecuencia, nuestro Grupo va a votar a favor de la proposición.


La señora PRESIDENTA: Gracias, Senador Beguer.
En nombre del Grupo Parlamentario Socialista, tiene la palabra el Senador Hurtado.


El señor HURTADO GARCIA: Muchas gracias, señora Presidenta.
En el día de hoy y a las horas en que nos encontramos, no voy a amenazar a sus señorías con brevedad; voy a intentar conseguirla. Nos encontramos ante una proposición de ley que se presenta a mediados de año, y posteriormente el Grupo Parlamentario Popular presenta una moción, el día 9 de octubre, aunque lo que pretendía la proposición de ley en aquella moción quedaba sólo como una declaración de intenciones y a futuro --permítaseme la expresión.
Algunos grupos, entre ellos el Grupo Parlamentario Socialista, comentamos en el debate de la moción que tan sólo --al menos así lo creíamos-- se debería cambiar el artículo 72.2 de la Ley de Presupuestos Generales del Estado para el año 2001, que en la Ley de Presupuestos para el año 2002 sería el artículo 71.2, porque el epígrafe de ese artículo 72.2 de la Ley de Presupuestos Generales del Estado para el 2001 contiene la expresión «entes locales», y el apartado 2 hace una referencia exclusiva a los municipios. Si se siguiera manteniendo durante todo el título la expresión «entes locales», en ese mismo instante se podía considerar aprobada la proposición de ley, o al menos se daría la oportunidad de que los municipios o las entidades asociadas de municipios tuvieran ocasión de poder acceder a las subvenciones que la Ley de Presupuestos Generales del Estado les concede.
En cualquier caso, nosotros compartimos la argumentación política y los criterios de oportunidad esgrimidos en la proposición. Creemos que las mancomunidades y otros entes asociativos que reúnan los requisitos necesarios deben percibir subvenciones de los Presupuestos Generales del Estado para el transporte colectivo urbano. Por tanto, en aras de esa brevedad a la que antes he hecho referencia, la posición de mi Grupo será de apoyo a la proposición de ley.
Muchas gracias, señora Presidenta.


La señora PRESIDENTA: Gracias, Senador Hurtado.
En nombre del Grupo Parlamentario Popular, tiene la palabra la Senadora Primo.


La señora PRIMO ALBERT: Muchas gracias, señora Presidenta.
Está claro que van a votar todos los grupos parlamentarios a favor de la proposición de ley del Grupo Parlamentario Mixto, pero nosotros vamos a votar en contra. (Rumores.) Esa es la sorpresa. Nosotros vamos a votar en contra sencillamente porque somos consecuentes con las mociones que aprobamos en esta Cámara, y el día 9 de octubre, como bien han recordado todas sus señorías, se aprobó una moción que instaba al Gobierno a que se tuviera en cuenta, en el marco de las conversaciones que se estaban llevando a cabo con la Federación Española de Municipios y Provincias y los entes locales, el tema de la financiación local, y entre los servicios que nosotros intentábamos que se tuvieran en cuenta estaba precisamente el transporte colectivo urbano.
No sé cómo verán las mociones el resto de las señorías de esta Cámara o el resto de los grupos parlamentarios, pero desde luego para el Grupo Parlamentario Popular cuando una moción se aprueba aquí, se trabaja, se lucha por ella y se llega hasta el final; no aprobamos aquí las mociones por aprobarlas simplemente. Por ese motivo, y siendo consecuentes con ello, vamos a votar en contra de la proposición de ley. (Aplausos en los escaños del Grupo Parlamentario Popular.--El señor Quintana González pide la palabra.)

La señora PRESIDENTA: Llamen a la votación, pero antes, Senador Quintana, tiene usted la palabra por un minuto por el artículo 87.


El señor QUINTANA GONZALEZ: Unicamente quiero decir que bastante es que, después de presentar la proposición de ley, este Senador en nombre del Bloque Nacionalista Galego tuviera que asistir al debate de una moción presentada después de la proposición de ley, para que ahora, además, se utilice como argumento para negar la aprobación de la proposición de ley la discusión de la moción, y su aprobación.
Cualquier otra cosa valdría; todo es legítimo; usted tiene su opinión; no se aprueba, y ya está; pero esa disculpa, no.


La señora PRESIDENTA: Gracias, Senador Quintana.
Vamos a votar la toma en consideración de la proposición de ley de reforma de la Ley reguladora de las Haciendas Locales, relativa a la distribución de subvenciones por servicios de transporte colectivo urbano a mancomunidades de municipios y demás entidades municipales asociativas.
Se inicia la votación (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos emitidos, 192; a favor, 63; en contra, 129.


La señora PRESIDENTA: Queda rechazada.
Se levanta la sesión.


Eran las diecinueve horas y quince minutos.

Congreso de los Diputados · C/Floridablanca s/n - 28071 - MADRID · Aviso Legal