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DS. Senado, Pleno, núm. 71, de 14/12/2001
 


CORTES GENERALES

DIARIO DE SESIONES DEL

SENADO

Año 2001 VII Legislatura Núm. 71

PRESIDENCIA DE LA EXCMA. SRA. DOÑA ESPERANZA AGUIRRE GIL DE BIEDMA

Sesión del Pleno

celebrada el viernes, 14 de diciembre de 2001

ORDEN DEL DIA:

Dictámenes de Comisiones sobre Proyectos y Proposiciones de Ley remitidos por el Congreso de los Diputados:

--De la Comisión de Educación, Cultura y Deporte en relación con el Proyecto de Ley Orgánica de Universidades (publicado en el «Boletín Oficial de las Cortes Generales», Senado, Serie II, número 37, de fecha 7 de diciembre de 2001) (Fin del debate) (Número de expediente S.
621/000037) (Número de expediente C. D. 121/000045).


--De la Comisión de Presupuestos en relación con el Proyecto de Ley de Presupuestos Generales del Estado para el año 2002 (publicado en el «Boletín Oficial de las Cortes Generales», Senado, Serie II, número 40, de fecha 7 de diciembre de 2001) (Fin del debate) (Número de expediente S. 621/000040) (Número de expediente C. D. 121/000047).


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SUMARIO

Se reanuda la sesión a las ocho horas y cinco minutos.


DICTAMENES DE COMISIONES SOBRE PROYECTOS Y PROPOSICIONES DE LEY REMITIDOS POR EL CONGRESO DE LO DIPUTADOS (Página 4135)

De la comisión de Educación, Cultura y Deporte en relación con el Proyecto de Ley Orgánica de Universidades (Continuación) (Página 4135)

Comienza el debate del articulado.


Título preliminar (artículos 1 y 2). Título I (artículos 3 a 6). Título II (artículos 7 a 12).


El señor Quintana González, del Grupo Mixto, defiende las enmiendas números 415 a 417, dando por defendidas las números 70 a 76, de la señora De Boneta y Piedra, y 1 a 10, de los señores Cámara Fernández y Cabrero Palomares, también del Grupo Mixto. El señor Ríos Pérez retira la enmienda número 61, del Grupo de Senadores de Coalición Canaria. El señor Bildarratz Sorron defiende las enmiendas números 197 a 204, del Grupo de Senadores Nacionalistas Vascos. El señor Bonet i Revés defiende las enmiendas números 137 a 145, del Grupo Entesa Catalana de Progrés. El señor Varela i Serra defiende las enmiendas números 517, 519 y 521, del Grupo Catalán en el Senado de Convergència i Unió. El señor Fernández Zanca defiende las enmiendas números 254 a 293, del Grupo Socialista. El señor Barquero Vázquez consume un turno en contra. No se hace uso del turno de portavoces.


Título III (artículos 13 a 27). Título IV (artículos 28 a 30). Título V (artículos 31 y 32). Título VI (artículos 33 a 38). Título VII (artículos 39 a 41).


El señor Quintana González, del Grupo Mixto, defiende las enmiendas números 418 a 420, 422 a 452 y 454 a 458. La señora De Boneta y Piedra, del Grupo Mixto, defiende las enmiendas números 77 y 79 a 102. El señor Cabrero Palomares, del Grupo Mixto, defiende las enmiendas números 11 a 13, 15 a 29 y 31 a 34. El señor Bildarratz Sorron defiende las enmiendas números 205 a 221, del Grupo de Senadores Nacionalistas Vascos. El señor Bonet i Revés defiende las enmiendas números 146, 149 a 161, 163 a 165 y 167, del Grupo Entesa Catalana de Progrés. El señor Varela i Serra defiende las enmiendas números 522 y 523, del Grupo Catalán en el Senado de Convergència i Unió. El señor Fernández Zanca defiende las enmiendas números 294 a 332, del Grupo Socialista. El señor Barahona Hortelano consume un turno en contra. En turno de portavoces, hacen uso de la palabra los señores Fernández Zanca, por el Grupo Socialista; Bonet i Revés, por el Grupo Entesa Catalana de Progrés; Varela i Serra, por el Grupo Catalán en el Senado de Convergència i Unió, y Barahona Hortelano, por el Grupo Popular.


Título VIII (artículs 42 a 46). Título IX (artículos 47 a 72). Título X (artículos 73 a 78).


El señor Quintana González, del Grupo Mixto, defiende las enmiendas números 459 a 493. La señora De Boneta y Piedra, del Grupo Mixto, defiende las enmiendas números 103 a 114, 116 y 117. El señor Cabrero Palomares, del Grupo Mixto, defiende las enmiendas números 35 a 44. El señor Ríos Pérez defiende las enmiendas números 65 a 67, del Grupo de Senadores de Coalición Canaria. El señor Bildarratz Sorron defiende las enmiendas números 222 a 237, del Grupo de Senadores Nacionalistas Vascos.
El señor Bonet i Revés defiende las enmiendas del Grupo Entesa Catalana de Progrés números 168 a 180 y da por defendida la que propugna vuelta al texto remitido por el Congreso de los Diputados en lo modificado por la enmienda número 584, del Grupo Popular. El señor Varela i Serra defiende las enmiendas números 525 a 528, del Grupo Catalán en el Senado de Convergència i Unió. El señor Fernández Zanca defiende las enmiendas del Grupo Socialista números 333 a 373, así como la vuelta al texto remitido por el Congreso de los Diputados en lo modificado por la enmienda número 584 del Grupo Popular. El señor de Arvizu y Galarraga consume un turno en contra. En turno de portavoces, hacen uso de la palabra los señores Quintana González, por el Grupo Mixto; Ríos Pérez, por el Grupo de Senadores de Coalición Canaria; Bildarratz Sorron, por el Grupo de Senadores Nacionalistas Vascos; Bonet i Revés, por el Grupo Entesa Catalana de Progrés; Varela i Serra, por el Grupo Catalán en el Senado de Convergència i Unió; Fernández Zanca, por el Grupo Socialista; de Arvizu y Galarraga, por el Grupo Popular.


Título XI (artículo 79 a 84). Título XII (artículos 85 y 86). Título XIII (artículos 87 a 89).


El señor Quintana González, del Grupo Mixto, da por defendidas las enmiendas números 494 a 501. La señora De Boneta y Piedra, del Grupo Mixto, da por defendidas las enmiendas números 118 a 120. El señor Cabrero Palomares, del Grupo Mixto, defiende las enmiendas números 45 a 48. Se dan por defendidas las enmiendas números 181 a 183, del Grupo Entesa Catalana de Progrés, y números 529 y 531, del Grupo Catalán en el Senado de Convergència i Unió. La señora Flores Fernández defiende las enmiendas números 374 a 382, del Grupo Socialista. El señor Barquero Vázquez

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consume un turno en contra. En turno de portavoces, hacen uso de la palabra la señora De Boneta y Piedra, por el Grupo Mixto, y el señor Barquero Vázquez, por el Grupo Popular.


Disposiciones adicionales primera a vigesimoséptima El señor Quintana González, del Grupo Mixto, defiende las enmiendas números 502 a 511. La señora De Boneta y Piedra, del Grupo Mixto, defiende las enmiendas números 121 a 129. El señor Cabrero Palmares, del Grupo Mixto, defiende las enmiendas números 49 a 51 y 53. Se da por decaída la enmienda número 68, del Grupo de Senadores de Coalición Canaria. El señor Bildarratz Sorron defiende las enmiendas números 238 a 247, del Grupo de Senadores Nacionalistas Vascos. Se dan por defendidas las enmiendas números 184 a 189 y 191 a 193, del Grupo Entesa Catalana de Progrés. El señor Varela i Serra defiende las enmiendas números 534 y 536, del Grupo Catalán en el Senado de Convergència i Unió. La señora Flores Fernández defiende las enmiendas números 383 a 402, del Grupo Socialista. El señor Barahona Hortelano consume un turno en contra.


Disposiciones transitorias primera a octava, derogatoria, finales primera a quinta y exposición de motivos.


El señor Quintana González, del Grupo Mixto, defiende las enmiendas números 512 a 561. La señora De Boneta y Piedra, del Grupo Mixto, defiende las enmiendas números 130 a 136. El señor Cabrero Palomares, del Grupo Mixto, defiende las enmiendas números 54 a 60. El señor Bildarratz Sorron defiende las enmiendas números 248 a 253, del Grupo de Senadores Nacionalistas Vascos. El señor Bonet i Revés defiende las enmiendas del Grupo Entesa Catalana de Progrés números 194 a 196, así como la vuelta al texto remitido por el Congreso de los Diputados en lo modificado por las enmiendas números 595 y 604, del Grupo Popular. El señor Varela i Serra defiende las enmiendas números 539 y 540, del Grupo Catalán en el Senado de Convergència i Unió. El señor Fernández Zanca defiende las enmiendas números 403 a 414, del Grupo Socialista. El señor de Arvizu y Galarraga consume un turno en contra. En turno de portavoces, hacen uso de la palabra los señores Quintana González, por el Grupo Mixto; Ríos Pérez, por el Grupo de Senadores de Coalición Canaria; Bonet i Revés, por el Grupo Entesa Catalana de Progrés; Varela i Serra, por el Grupo Catalán en el Senado de Convergència i Unió; Fernández Zanca, por el Grupo Socialista, y Barahona Hortelano, por el Grupo Popular.


Se procede a votar.


Se rechazan las enmiendas números 450 a 452, 459 y 465, del señor Quintana González, del Grupo Mixto, por 72 votos a favor, 136 en contra y 11 abstenciones.
Se rechazan las enmiendas números 464 y 474, del señor Quintana González, del Grupo Mixto, por 72 votos a favor, 143 en contra y 3 abstenciones.


Se rechazan las enmiendas números 418, 419 y 420, del señor Quintana González, Grupo Mixto, por 75 votos a favor, 145 en contra.


Se rechazan las restantes enmiendas del señor Quintana González, del Grupo Mixto, por 73 votos a favor, 144 en contra y 3 abstenciones.


Se rechazan las enmiendas números 100 a 103, 105, 110 a 112, 116, 118, 127 y 129 a 131, de la señora De Boneta y Piedra, del Grupo Mixto, por 73 votos a favor, 143 en contra y 4 abstenciones.


Se rechazan las enmiendas números 101 y 123, de la señora De Boneta y Piedra, del Grupo Mixto, por 80 votos a favor, 136 en contra y 1 abstención.


Se rechazan las restantes enmiendas de la señora De Boneta y Piedra, del Grupo Mixto, por 72 votos a favor, 145 en contra y 3 abstenciones.


Se rechazan las enmiendas números 36, 37 y 43, de los señores Cámara Fernández y Cabrero Palomares, del Grupo Mixto, por 71 votos a favor, 137 en contra y 13 abstenciones.


Se rechaza la enmienda número 33, de los señores Cámara Fernández y Cabrero Palomares, del Grupo Mixto, por 82 votos a favor, 137 en contra y 1 abstención.


Se rechaza la enmienda número 45, de los señores Cámara Fernández y Cabrero Palomares, del Grupo Mixto, por 76 votos a favor, 137 en contra y 7 abstenciones.


Se rechazan las restantes enmiendas de los señores Cámara Fernández y Cabrero Palomares, por Grupo Mixto, por 72 votos a favor, 143 en contra y 4 abstenciones.


El señor Ríos Pérez retira la enmienda número 68, del Grupo de Senadores de Coalición Canaria.


Se rechaza la enmienda número 65, del Grupo de Senadores de Coalición Canaria, por 13 votos a favor, 136 en contra y 71 abstenciones.


Se rechaza la enmienda número 66, del Grupo de Senadores de Coalición Canaria, por 4 votos a favor, 145 en contra y 72 abstenciones.


Se rechaza la enmienda número 67, del Grupo de Senadores de Coalición Canaria, por 3 votos a favor, 145 en contra y 72 abstenciones.


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Se rechazan las enmiendas números 221, 226, 232, 238, 239, 241, 245 y 253, del Grupo de Senadores Nacionalistas Vascos, por 71 votos a favor, 136 en contra y 13 abstenciones.


Se rechazan las enmiendas números 219, 220, 230, 243, 246, 247 y 250, del Grupo de Senadores Nacionalistas Vascos, por 73 votos a favor, 137 en contra y 11 abstenciones.


Se rechazan las restantes enmiendas del Grupo de Senadores Nacionalistas Vascos, por 76 votos a favor y 145 en contra.


Se rechazan las enmiendas números 137 y 138, del Grupo Entesa Catalana de Progrés, por 75 votos a favor, 145 en contra y 1 abstención.


Se rechazan las enmiendas números 172 y 179 a 183, del Grupo Entesa Catalana de Progrés, por 72 votos a favor, 136 en contra y 12 abstenciones.


Se rechaza la enmienda número 193, del Grupo Entesa Catalana de Progrés, por 73 votos a favor, 137 en contra y 11 abstenciones.


Se rechaza la enmienda número 196, del Grupo Entesa Catalana de Progrés, por 79 votos a favor, 137 en contra y 4 abstenciones.


Se rechazan las enmiendas números 185, 189 y 191, del Grupo Entesa Catalana de Progrés, por 73 votos a favor, 137 en contra y 11 abstenciones.


Se rechaza propuesta de modificación del Grupo Entesa Catalana de Progrés que propugna la vuelta al texto remitido por el Congreso de los Diputados en lo modificado por la enmienda número 584 del Grupo Popular por 85 votos a favor, y 136 en contra.


Se rechazan las restantes enmiendas del Grupo Entesa Catalana de Progrés, por 72 votos a favor, 144 en contra y 5 abstenciones.


Se rechazan todas las enmiendas del Grupo Catalán en el Senado de Convergència i Unió por 10 votos a favor, 137 en contra y 74 abstenciones.


Se rechaza propuesta de modificación del Grupo Socialista que propugna la vuelta al texto remitido por el Congreso de los Diputados en lo modificado por la enmienda número 584 del Grupo Popular por 83 votos a favor, 135 en contra y 1 abstención.


Se rechazan las restantes enmiendas del Grupo Socialista por 73 votos a favor, 144 en contra y 3 abstenciones.


Se aprueba por asentimiento de la Cámara la corrección de errores con número de registro 27.144.


Se aprueban los artículos 57 a 66 del dictamen por 141 votos a favor, 79 en contra y 1 abstención.


Se aprueba el resto del dictamen por 149 votos a favor y 72 en contra.


La señora Presidenta anuncia a la Cámara el traslado de las enmiendas aprobadas por el Senado al Congreso de los Diputados.


De la Comisión de Presupuestos en relación con el Proyecto de Ley de Presupuestos Generales del Estado para el año 2002 (Fin de las votaciones) (Página 4181)

Se rechazan las enmiendas números 55 a 58, de los señores Cámara Fernández y Cabrero Palomares, del Grupo Mixto, por 70 votos a favor, 135 en contra y 11 abstenciones.


Se rechazan las enmiendas números 758 a 761, del señor Quintana González, del Grupo Mixto, por 11 votos a favor, 137 en contra y 67 abstenciones.


Se rechaza la enmienda número 1166 , del Grupo Catalán en el Senado de Convergència i Unió, por 81 votos a favor, 135 en contra y 3 abstenciones.


El señor Sanz Pérez retira la enmienda número 1114, del Grupo Popular.


Se rechaza la enmienda número 1273, de los Grupos Socialista y Entesa Catalana de Progrés, por 73 votos a favor, 136 en contra y 11 abstenciones.


Se aprueban la propuesta de modificación con número de registro 27.227, así como las cifras del Título IV y disposiciones adicionales afectadas por el IPC por asentimiento de la Cámara.


Se aprueban el Título IV y las disposiciones adicionales en lo que se refiere a las cifras afectadas por el IPC, por 218 votos a favor y 1 en contra.


Se aprueba la disposición adicional vigésima tercera por 146 votos a favor, 72 en contra y 1 abstención.


Se aprueba la Sección 07 por 147 votos a favor y 73 en contra.


Se aprueban los artículos 2, 3, 4, 6, 12 y 47 y Anexo I, con las enmiendas anteriormente aprobadas, por 144 votos a favor y 76 en contra.


La señora Presidenta anuncia a la Cámara el traslado de las enmiendas aprobadas por el Senado al Congreso de los Diputados.


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Se levanta la sesión a las catorce horas y treinta y cinco minutos.


Se reanuda la sesión a las ocho horas y cinco minutos.


DICTAMENES DE COMISIONES SOBRE PROYECTOS Y PROPOSICIONES DE LEY REMITIDOS POR EL CONGRESO DE LOS DIPUTADOS:

--DE LA COMISION DE EDUCACION, CULTURA Y DEPORTE EN RELACION CON EL PROYECTO DE LEY ORGANICA DE UNIVERSIDADES (S. 621/000037) (C. D.
121/000045) (Continuación).


El señor VICEPRESIDENTE (Prada Presa): Buenos días, señorías.
Se reanuda la sesión.
Debatimos el proyecto de ley orgánica de universidades. Título Preliminar, artículos 1 y 2. Título I, artículos 3 a 6, y Título II, artículos 7 a 12.
En primer lugar corresponde la defensa del voto particular número 7 del Senador Quintana González, del Grupo Parlamentario Mixto, que se corresponde con las enmiendas números 415 a 417.
Por tiempo de tres minutos tiene la palabra el Senador Quintana.


El señor QUINTANA GONZALEZ: Muchas gracias, señor Presidente. Muy buenos días a todos.
Hemos presentado las enmiendas números 415, 416 y 417. Las dos primeras pretenden ajustar y concretar determinados aspectos reglamentarios alrededor de la coordinación universitaria y sobre todo en lo relativo al reconocimiento de las universidades privadas. En ese sentido hemos propuesto una enmienda de adición al artículo 4.5, así como otra al artículo 5, solicitando un nuevo artículo para garantizar que las nuevas universidades privadas impartan un número mínimo de enseñanzas intentando así evitar la aparición de universidades coyunturales en el futuro.
En cuanto al Título II, consideramos necesario suprimir el modelo de centros adscritos que, desde nuestro punto de vista, está ya sobrepasado por la realidad universitaria de hoy en día. No consideramos oportuno reglamentarlo al menos en los términos que se propone en el actual proyecto de ley.
Estas son las tres enmiendas que hemos presentado a este Título, señor Presidente.


El señor VICEPRESIDENTE (Prada Presa): Gracias, Senador Quintana.
A continuación, voto particular número 8, correspondiente a las enmiendas números 70 a 76, de la Senadora De Boneta del Grupo Parlamentario Mixto.
(Pausa.)

El señor QUINTANA GONZALEZ: Se dan por defendidas.
El señor VICEPRESIDENTE (Prada Presa): Gracias.
Me imagino que ocurre lo mismo con las enmiendas números 1 a 10, que se corresponden con el voto particular número 9 de los Senadores Cámara Fernández y Cabrero Palomares. (Asentimiento.) Muchas gracias, señoría.
Voto particular número 6, del Grupo Parlamentario de Coalición Canaria, que corresponde a su enmienda número 61.
Para su defensa tiene la palabra el Senador Ríos por tiempo de tres minutos.


El señor RIOS PEREZ: Muchas gracias, señor Presidente. Buenos días, señorías.
La finalidad de nuestra enmienda número 61 es dar cierto marchamo oficial a las enseñanzas específicas que a las personas de la tercera edad se les están impartiendo de forma voluntaria y un poco anárquica en muchas de las universidades españolas.
A lo largo de la tramitación en Ponencia y en Comisión se fue mejorando el texto, de tal forma que en estos momentos el artículo 2.d) ya aparece con la siguiente redacción: La elaboración y aprobación de planes de estudio e investigación y de enseñanzas específicas de formación a lo largo de toda la vida.
Se ha presentado también una enmienda transaccional al artículo 34.3 de forma que queda redactada así: «Las Universidades podrán establecer enseñanzas conducentes a la obtención de diplomas y títulos propios así como enseñanzas de formación a lo largo de toda la vida.» Con ello se satisface lo que pide esta enmienda que había sido solicitada por el vicerrectorado de una universidad canaria de extensión universitaria por lo que en este momento se comunica a la Cámara que retiro esta enmienda número 61.


El señor VICEPRESIDENTE (Prada Presa): Gracias, Senador Ríos.
Voto particular número 2 del Grupo Parlamentario de Senadores Nacionalistas Vascos, que corresponde a las enmiendas números 197 a 204.
Por tiempo de ocho minutos tiene la palabra el Senador Bildarratz.


El señor BILDARRATZ SORRON: Buenos días, señor Presidente.
A la hora de realizar esta mañana la defensa de las 57 enmiendas planteadas por mi Grupo, que van de la número 197 a la 253, lo vamos a hacer, lógicamente, basándonos en los dos argumentos en que ayer justificamos nuestro veto.
Recuerden, señorías, que el primer argumento sería el de inconstitucionalidad, es decir, realizando el planteamiento contrario a lo que pretende el Grupo Parlamentario Popular, teniendo en cuenta que la ambición del Grupo que apoya al Gobierno es ir desvirtuando este Estado plurinacional e ir engordando las competencias del Gobierno centralista liderado por el Partido Popular.


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El segundo argumento, señorías, recuerden que estaría basado en la falta de perspectiva a la hora de intentar fotografiar, de intentar retratar por medio de este proyecto la universidad que ambicionamos, una universidad de futuro, la universidad del siglo XXI.
Las enmiendas que corresponden al Título Preliminar son tres, que van de la número 197 a la 199, ambas inclusive.
La primera se corresponde con el argumento utilizado a la hora de defender el veto, es decir, es una adaptación del enunciado al régimen constitucional de reparto competencial entre el Estado y las Comunidades Autónomas.
Las dos siguientes se corresponden con el concepto de autonomía universitaria que entendemos ha de tener una universidad de futuro.
La enmienda número 200, al Título I, es un claro ejemplo del estilo mantenido por el Partido Popular. Aunque se encuentra en el proyecto prácticamente igual que en la LRU, hay que señalar que esta situación supone una diferencia sustancial respecto al nivel no universitario en el que el único poder público competente para la creación de centros docentes es la Comunidad Autónoma, de conformidad con los principios que inspiran la organización del Estado autonómico que repudian la posibilidad de que las mismas competencias puedan ser, ejercidas simultáneamente por el Estado y las Comunidades Autónomas en un mismo ámbito territorial, así como de conformidad con la decidida y explícita voluntad del constituyente cuando suprimió el inciso del artículo 143.2.37 del anteproyecto de Constitución, donde autorizaba al Estado a la creación de centros docentes en el territorio de las Comunidades Autónomas con competencia en la materia.
Ni el legislador estatal ni el Tribunal Constitucional cuando revisaron la LRU han hecho extensibles ese criterio al nivel universitario y, sin embargo, puestos a clarificar los niveles competenciales, es preciso exigir que se acate por el legislador estatal este aspecto, al menos desde una perspectiva que nos parece más ajustada a la doctrina constitucional y que comprendería definir los límites o criterios extraordinarios que permiten al Estado mantener dicha posibilidad y crear o reconocer universidades.
Se remite la creación o reconocimiento de universidades según el ámbito de las respectivas competencias de las Comunidades Autónomas y del Estado, de modo que la creación o reconocimiento por ley de Cortes Generales únicamente sea posible dentro del ámbito de competencias del Estado, por tanto, para crear o reconocer universidades que exceden en su configuración de la naturaleza principal de centros docentes de competencia autonómica.
El Estado únicamente debiera crear o reconocer universidades que se caractericen por tener una función especializada y destinada permanentemente a la investigación científica y técnica del Estado y al intercambio, fomento y comunicación cultural en el plano internacional.
Señorías, para finalizar, al Título II presentamos cuatro enmiendas, que van de la número 201 a la 204, todas ellas relacionadas con el reparto competencial entre los poderes públicos o con los intentos de evitar excesos en la regulación sobre el modo de actuar las Comunidades Autónomas en sus competencias.
Gracias, señorías.


El, señor VICEPRESIDENTE (Prada Presa): Gracias, Senador Bildarratz.
A continuación, pasamos al voto particular número 3, del Grupo Parlamentario Entesa Catalana de Progrés, que corresponde a las enmiendas números 137 a 145.
Para su defensa, tiene la palabra el Senador Bonet.


El señor BONET I REVES: Gracias, señor Presidente.
La enmienda número 137 hace referencia a que el Gobierno se reserva la facultad de crear universidades que tengan por ámbito una sola Comunidad Autónoma. Nosotros lo consideramos irrespetuoso con el ordenamiento universitario y, por tanto, hemos presentado esta enmienda en el sentido de que si el Estado ha de crear una universidad tenga por ámbito más de una comunidad autónoma o alguna función específica general del Estado y que no pueda invadir competencias de las mismas.
La enmienda número 138 se refiere a que en todo el articulado hay un abuso en el sentido de que se atribuyen poderes legislativos al Estado cuando por repetida jurisprudencia del Tribunal Constitucional la regla general para el establecimiento de la normativa básica del Estado se tiene que expresar mediante ley formal.
La enmienda número 139 hace referencia al hecho de que los Estatutos de las universidades podían ser elaborados pero no aprobados por ellas.
Nosotros pretendemos que puedan aprobarlos porque si no es así dónde quedaría la autonomía universitaria y también lo consideramos susceptible de inconstitucionalidad.
La enmienda número 140 pretende reforzar o defender la autonomía de las universidades, es decir, hay un exceso de reglamentación y se deja poco margen para que las universidades tengan la facultad de autogobernarse.
La enmienda número 141 tiene su origen en un dictamen que las universidades catalanas encargaron a tres profesores, Marc Carrillo, Joaquín Ferret y Tomás Font, sobre la posible inconstitucionalidad de este proyecto de ley porque no se contemplaba ningún régimen de garantías ante los acuerdos de las universidades privadas, y en este sentido, como hay algunas resoluciones de tipo académico pensamos que falta desarrollar la facultad, de que existan las mismas garantías que en las públicas.
La enmienda número 142 se refiere a las modalidades presencial y no presencial.
La enmienda número 143 pretende la supresión a cualquier referencia a que los departamentos estén sujetos a una normativa básica elaborada por el Gobierno en función de lo que consideramos ha de ser la autonomía universitaria.
La enmienda número 144 trata de defender esta autonomía universitaria porque se había dejado que los centros adscritos se regirían por lo dispuesto en esta ley y por los Estatutos de las universidades y, por tanto, el artículo no hacía ninguna mención a la capacidad normativa de las universidades.


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El señor VICEPRESIDENTE (Prada Presa): Senador Bonet, ha concluido su tiempo. Le ruego concluya, señoría.


El señor BONET I REVES: Termino, señor Presidente.
Por último, la enmienda número 145 se refiere a un error.
Muchas gracias.


El señor VICEPRESIDENTE (Prada Presa): Gracias, Senador Bonet.
A continuación, voto particular número 10, del Grupo Parlamentario Catalán en el Senado de Convergència i Unió, que corresponde a las enmiendas números 517, 519 y 521. Para su defensa, tiene la, palabra el Senador Varela por un tiempo de tres minutos.


El señor VARELA I SERRA: Gracias, señor Presidente.
Las enmiendas números 517 y 521 son de ámbito competencial. La primera propone la anulación de la letra b) del artículo 4.1 porque entendemos que traspasadas todas las universidades españolas no responde al orden competencial establecido mantener la posibilidad abierta por la LRU pero que ahora ya no es necesario crear universidades por la Administración central una vez desaparecido el territorio MEC.
La enmienda número 521 hace referencia a que los Institutos Universitarios de Investigación se regirán por la presente ley, por las normas que en su desarrollo dicten las Comunidades Autónomas, y por los Estatutos, por el convenio de creación o de adscripción, en su caso, y por sus propias normas.
La enmienda número 519 es de orden técnico. No queda clara en la ley cuándo entran en vigor las normas de organización y funcionamiento de las universidades privadas.
Nada más. Muchas gracias.


El señor VICEPRESIDENTE (Prada Presa): Gracias, Senador Varela.
A continuación, voto particular número 11 del Grupo Parlamentario Socialista correspondiente a las enmiendas números 254 a 293. Para su defensa, tiene la palabra el Senador Fernández Zanca.


El señor FERNANDEZ ZANCA: Gracias, señor Presidente.
En primer lugar, quiero manifestar que desconozco los criterios utilizados para organizar el debate del articulado, toda vez que, como ayer se puso de manifiesto, la Junta de Portavoces había decidido otra cosa. Aquí se dijo que había sido la Comisión la que había ordenado el debate de esta manera, pero yo pertenezco a la Comisión y la primera noticia que tuve fue ayer en el Pleno.
De todas formas, está así ordenado y no hay ningún inconveniente. Pero creo que va a ser la reproducción casi literal de la Comisión y, por tanto, considero que habría otras fórmulas mucho más ágiles para expresar nuestra posición ante este articulado que ir enmienda por enmienda. En cualquier caso, paso a la defensa de nuestras enmiendas.
Presentamos doce enmiendas al Título Preliminar, que van desde la rúbrica al artículo 2. En relación con la rúbrica, lo que proponemos no es un capricho, sino que, en coherencia con una enmienda de adición para la creación de un artículo 2 bis, relativo a la participación, pretendemos que también el término «participación» figure en la rúbrica.
Por otro lado, a partir de ahora voy a omitir toda referencia a las enmiendas relativas a las universidades privadas, ya que al proponer que se cree un título nuevo, como ya manifestamos en Comisión, solicitamos, como es lógico, que a lo largo de todo el texto se supriman todos aquellos artículos que hacen referencia a las mismas.
En cuanto al artículo 1, presentamos la enmienda número 255 por considerar que al hablar de las funciones de la Universidad no debe figurar el término «realiza» sino el de «corresponde».
Por lo que se refiere al artículo 2, teniendo en cuenta que en nuestra opinión se da un recorte importante ala autonomía universitaria, tanto académica como financiera, tratamos de enmendar esa situación con una batería de enmiendas que van desde los órganos de administración --que ustedes no incluyen y, por tanto, escaparían a esa autonomía universitaria-- hasta los títulos y diplomas.
Al Título II el Grupo Socialista presenta doce enmiendas. La primera de ellas es la número 280, que propone suprimir dicho título por dos razones. En primer lugar, porque el Capítulo I, que se refiere a la estructura de las universidades públicas, a nuestro juicio debería figurar en el título que contempla su creación y régimen jurídico. Y en segundo lugar, porque nos parece de sentido común que todo lo que se refiere a las universidades privadas se recoja, como ya he dicho, en un título específico.
En relación con el artículo 8, pensamos que a las universidades se les restringe la capacidad de creación de centros. Y aunque estamos de acuerdo con que hay que reforzar el papel de las Comunidades Autónomas, también creemos que debe ser la propia Universidad la que organice y coordine las enseñanzas universitarias.
Las enmiendas números 286 a 289 tienen como finalidad resaltar el papel organizador y de desarrollo de la investigación de los departamentos, cuya creación y modificación ha de hacerse a propuesta del Consejo de Universidades, como nosotros proponemos, y no previo informe, como establece este proyecto de ley.
En cuanto a las enmiendas números 290 y 291, la primera de ellas propone eliminar de la rúbrica del artículo 10 la expresión «... de Investigación...» por una razón obvia: los institutos universitarios se dedican fundamentalmente a la investigación, es cierto, pero también imparten docencia especializada y de asesoramiento, como ustedes mismo reconocen a través de su enmienda número 552. La segunda enmienda abunda en esa consideración.
Por último, consideramos que debe suprimirse el artículo 11, porque los centros adscritos, sobre los que no hay ninguna duda de que jugaron un papel muy importante

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en su momento, deberían integrarse en la Universidad española garantizando así la calidad de la docencia que se imparte en los mismos.
Muchas gracias.


El señor VICEPRESIDENTE (Prada Presa): Gracias, Senador Fernández Zanca.
Para turno en contra, tiene la palabra el Senador Barquero.


El señor BARQUERO VAZQUEZ: Gracias, señor Presidente. Buenos días a todos.
Voy a tratar de dar una respuesta ordenada y sucinta a todas las enmiendas que han defendido los portavoces de los distintos grupos parlamentarios.
Me voy a referir en primer lugar a las enmiendas sostenidas por el Senador Quintana, números 415 y 416, al Título I, y número 417, al Título II.
En cuanto a la número 415, relativa al Consejo de Coordinación, puede usted estar tranquilo, Senador Quintana. Y me explico. El Consejo de Coordinación es un órgano consultivo por su propia naturaleza, por lo que habría que modificar ésta si queremos que sus decisiones sean vinculantes. Pero, de modificarla --con lo cual dejaría de ser un órgano consultivo para convertirse en algo más--, se tendría que reestructurar todo el ámbito competencial.
Por otro lado, hay que tener en cuenta que la definición de los ámbitos competenciales de la Universidad española ya es bastante complicada, puesto que, evidentemente, la Constitución establece competencias en el ámbito universitario para el Estado en los artículos 149.1.151 y 149.1.30ª, existiendo en éste último una referencia, concreta al desarrollo del artículo 27 de la Constitución, en el que se establece el derecho a la educación. Por tanto, como digo, existe un ámbito competencial del Estado en esta materia.
Evidentemente, también las Comunidades Autónomas tienen un ámbito competencial en esta materia, y podemos diferir respecto de si se invade o no dicho ámbito, siendo lógico que las formaciones nacionalistas quieran que éste tenga un mayor espacio. Como digo, eso es lógico y absolutamente legítimo. Pero una cuestión distinta es lo que mueve al Estado, es decir, al Gobierno central, a contar con una ley universitaria que, entre otras cosas, debe posibilitar, no una Universidad única, pero sí un mínimo denominador común que defina la estructura de la Universidad española. Y aunque sobre este punto podemos estar en desacuerdo, desde luego, en ningún caso --con lo que voy a dar respuesta a varias enmiendas-- es voluntad del Gobierno invadir el más mínimo ámbito competencial. Y con ese espíritu se ha elaborado esta ley.
Hay algunas enmiendas que se repiten de unos grupos a otros. Por ejemplo, las que proponen que el Estado no tenga nada que ver en la creación de universidades --algo que siempre se establece en el marco del acuerdo con las respectivas Comunidades Autónomas-- en el ámbito de una sola Comunidad Autónoma y, en cambio, se le otorgan facultades para que pueda intervenir en el caso de que una estructura universitaria afecte a más de una Comunidad Autónoma. En este sentido, creo conveniente que quienes defienden esas enmiendas analicen la sentencia del Tribunal Constitucional 26/1987, lo que probablemente les aclare algunas cuestiones.
En cuanto a la enmienda número 416, del Bloque Nacionalista Galego, consideramos que al proponer que se fije un mínimo de enseñanzas en una universidad privada se está restringiendo el derecho a la creación de universidades privadas. Señoría, esta ley pretende sobre todo una cosa: mejorar la calidad de la estructura y de la enseñanza universitaria en España. Otra cosa es que, a la hora de ponerse en práctica, y para ello tienen que considerarse otros muchos factores, eso se consiga en el grado en que el Gobierno espera, y con lo que digo también me refiero a un planteamiento del portavoz del Grupo de Senadores Nacionalistas Vascos.
Repito que eso es lo que pretende esta ley. Obviamente, hay una serie de efectos colaterales --por seguir con la tan manida expresión-- que no podemos excluir, y es que esta ley también pretende fijar algunas bases y algunos fundamentos para que la universidad española pueda entrar en el espacio europeo universitario. Pero eso ya no depende sólo de nosotros.
Basándonos en el criterio de calidad, puede existir, por ejemplo, una universidad privada que tenga un excelente planteamiento en el ámbito del Derecho o de la Administración de Empresas y pueda instalarse en el panorama universitario español ofreciendo concretamente aquello en lo que pretende ser excelente.
Hay universidades españolas, públicas y privadas, que no se distinguen precisamente por una gran calidad en todas sus facultades, sino por una gran calidad en algunas de sus facultades. Si vamos a una universidad española de calidad, no tratemos de restringir o de confundir la calidad con la cantidad, señoría.
Por último, me referiré a la tercera enmienda del Bloque Nacionalista, la número 417.A la cuestión de los centros adscritos hay también presentada una enmienda por Entesa --me parece--y, desde luego, por el Grupo Parlamentario Socialista. Ha parecido oportuno al Gobierno dejar abierta la posibilidad de centros adscritos. Los centros adscritos han cumplido, entre otras cuestiones, una función social importante, y es que pudiera haber enseñanza universitaria en lugares adonde la universidad no llegaba. Es verdad que al aumentar de una forma importante en estos años el número de universidades públicas en el territorio español, lógicamente, esta función social se hace menos necesaria, pero todavía hoy, señorías, hay algún centro adscrito de prestigio --yo me niego siempre a hablar aquí de nombres propios porque cuando uno alude a unos centros concretos y determinados parece que está olvidando a otros que pueden ser de la misma calidad o parecida, y como no los conozco, no quiero hacer significaciones de determinados centros--. ¿Quién no le dice a usted que en la evolución de la sociedad española pueden aparecer determinadas necesidades de impulsar enseñanzas universitarias que en un primer momento tienen que nacer bajo la tutela jurídico-administrativa de un centro adscrito, y que luego a lo mejor acaban convirtiéndose en facultades? La ley no obliga ni pretende impulsar de nuevo los centros

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adscritos, simplemente deja abierta esa posibilidad porque, sencillamente, creemos que no estorba, pero nada más, no hay ninguna otra finalidad.
Respecto a la enmienda número 61, de Coalición Canaria, yo creo que hablar de la formación universitaria a lo largo de toda la vida es, diríamos, contemplar una expresión diacrónica de la formación permanente universitaria y ellos optan por una expresión sincrónica.


El señor VICEPRESIDENTE (Prada Presa): Senador Barquero, le recuerdo a su señoría que la enmienda a la que está oponiéndose ha sido retirada.


El señor BARQUERO VAZQUEZ: Yo creía que la retirada es la número 62, no la 61.


El señor VICEPRESIDENTE (Prada Presa): La enmienda número 62 está incorporada, según me comunican, y la número 61 está retirada.


El señor BARQUERO VAZQUEZ: Perdón, no entendí bien al portavoz. Lo siento mucho.
Creo que he contestado a la fundamentación general de las enmiendas del Grupo Parlamentario de Senadores Nacionalistas Vascos. Puede que quede alguna concreta por contestar, pero me he referido a la invasión de competencias y al reparto competencial. Hay incluso alguna enmienda del Grupo Parlamentario de Senadores Nacionalistas Vascos que pretende asumir alguna competencia que a nosotros nos parece que es propia de las competencias universitarias, pero, repito, son tres ámbitos competenciales y es lógico que haya discrepancia en ellos.
El Gobierno mantiene unos criterios bastante definidos sobre lo que es cuestión estatutaria de la universidad y sobre lo que es o puede ser cuestión autonómica Por ejemplo, ayer se dijo aquí que las Comunidades Autónomas no van a tener posibilidad de legislar en el ámbito universitario. Señoría, sinceramente creo que van a tener la misma posibilidad de legislar, la misma, y el mismo espacio que han tenido todas para legislar sobre función pública. Yo cojo la ley de la función pública de la Comunidad Autónoma del País Vasco y, salvo en algunos puntos muy específicos y determinados, es casi una copia de la ley de la función pública estatal, como no podía ser de otra forma, pero es la ley propia de la Comunidad Autónoma, porque puede hacerlo, lo que pasa es que tiene que respetar en un ámbito bastante amplio las cuestiones de bases.
Aquí hay un problema añadido, es el ámbito autonómico universitario también, pero sí hay espacio para ello.
Yo nunca he entendido las palabras de la Consejera de Educación del Gobierno vasco como una amenaza --aunque por su tono alguna vez podía parecerlo--: Nosotros vamos a legislar. ¡Claro, naturalmente que sí! Y es lo que tienen que hacer, legislar en el ámbito universitario. Es curioso que se excite el celo para legislar, sobre la universidad del País Vasco precisamente cuando se produce el proyecto de ley orgánica de universidades. Ha habido ahí un paréntesis de años donde parece que esta urgencia no estaba instalada en el Gobierno vasco, parece como que la LRU no exigía una ley universitaria del País Vasco y que la LOU sí exige una ley universitaria del País Vasco, cuando, sinceramente, yo no acabo de ver en ningún momento dónde está el mayor reglamentismo de esta ley respecto a la otra y dónde puede haber una mayor pretensión de invasión de competencias.
Paso a las enmiendes del Grupo Entesa Catalana de Progrés. La número 137 es una enmienda parecida a la que he comentado --y he argumentado su rechazo-- del Grupo Parlamentario de Senadores Nacionalistas Vascos.
Me referiré ahora a la enmienda número 139 --ya le he dicho, señor Bonet, que estas enmiendas de su Grupo están muy bien planteadas y muy bien argumentadas--. Los Estatutos los aprueba el Gobierno autonómico correspondiente y no la universidad, en primer lugar, porque los Estatutos tienen un matiz, un carácter de legalidad --de legalidad-- de un nivel que excede del ámbito de capacidad de establecer leyes por parte de cualquier institución pública que no sea de ámbito gubernativo; pero, además, la aprobación en este caso concreto deriva de que la competencia del control de legalidad es del Gobierno correspondiente de la Comunidad Autónoma, la aprobación es un acto que se corresponde con el control de legalidad. Y no hay más que eso, es una revisión de la legalidad de esos Estatutos a cargo del órgano correspondiente de la Comunidad Autónoma.
En cuanto a la enmienda número 140 --en la Comisión usted se refería al aquelarre--, el Estado tiene competencias para regular el derecho de participación. El derecho de participación es un derecho colateral incluido en el artículo del derecho a la educación, el 27 de la Constitución, y lo que hace el proyecto de ley es regular los mínimos de participación o la participación necesaria de algún estamento universitario, pero ahí hay un margen también para las propias universidades. Imagínese usted que por aquello de la autonomía universitaria --principio constitucional también--, una universidad en sus Estatutos no regula adecuadamente --no regula adecuadamente-- la representación de uno de los estamentos. Dice usted: Esos Estatutos tienen un control de legalidad. ¿Pero cuál es el criterio de legalidad para fijar si esa representación es suficiente, si es válida o no, si es respetuosa con el principio constitucional? ¿Cuál es el criterio? ¿Uno para Cataluña distinto del que puede ser para el País Vasco o del que puede ser para Castilla-La Mancha? Cuando tratamos de cuestiones que son derechos fundamentales o colaterales de derechos fundamentales debe haber un mínimo común denominador, señoría.
Creo que la respuesta que he dado a la enmienda número 517, presentada por Convergència i Unió, es válida también para la enmienda número 137, de Entesa Catalana de Progrés.
En cuanto a la enmienda número 521, he de decir que su propuesta no nos parece necesaria.
Por otra parte, el Grupo Parlamentario Socialista plantea en sus enmiendas que el concepto de participación debe figurar en la rúbrica.
Señoría, en la Comisión ya le di una explicación de lo que pensamos sobre esta cuestión, pero he continuado pensando sobre ello --se lo digo con

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sinceridad-- y tengo que insistir en que no se puede poner al mismo nivel autonomía y participación, puesto que lo que es específico de la universidad, constitucionalmente, es la autonomía. Además, hoy me atrevo a decirle que, en el caso de la universidad --y es una opinión particular de este portavoz--, el propio concepto de participación universitaria deriva y ha de entroncarse también con el concepto de autonomía. No es así en otras instancias educativas en las que la participación tiene un soporte autárquico y propio, pero en el caso de la universidad, no es propia ni específica la participación sin autonomía. Por tanto, sigo creyendo que el concepto constitucional de autonomía universitaria engloba el concepto de participación y, en consecuencia, no es necesario que se explicite. No se puede poner la participación universitaria al mismo nivel que la participación en otras instancias; de hecho, la participación universitaria es tan distinta que hasta es más compleja y más completa ya que el ámbito de participación social en la universidad implica que la participación es más amplia que en otros niveles universitarios. No sólo eso, también implica un órgano específico de participación social, como es el consejo social, señoría.
En general, nosotros creemos --y con esto voy terminando, señor Presidente--, que las enmiendas que plantea el Grupo Parlamentario Socialista tienen que ver, como muy bien ha dicho el Senador Fernández Zanca, con su propuesta de un nuevo título específico para la universidad privada --que en su momento debatiremos--; o son enmiendas de mejora técnica --y nosotros preferimos el texto del Gobierno--; o son enmiendas que no añaden nada sustancial ni específico; o, como he comentado ya al responder a otros grupos parlamentarios, son enmiendas que, por ejemplo, pretenden la eliminación del término «investigación» de los institutos universitarios. Todos sabemos que la naturaleza de los institutos universitarios es fundamentalmente la de ser institutos de investigación; han nacido para eso, pero si en alguna parte de la estructura universitaria es verdad aquello de que en la universidad se enseña porque se investiga, si en alguna estructura universitaria eso es especialmente verdad, es en los institutos universitarios. Sin embargo, dice usted que el texto se refiere luego a enseñanzas específicas; naturalmente, a aquellas que se derivan de la función esencial del instituto universitario: la investigación. (El señor Fernández Zanca hace gestos negativos.) Puede que no le convenzan mis argumentos, pero es que yo no quiero convencerle a usted porque, además, en el tema educativo usted pone diques, pone barreras que no está dispuesto a sobrepasar. De acuerdo, yo le respeto, es usted una persona de principios inamovibles e inconmovibles y eso también tiene su valor. Pero imagínese usted que eliminamos el término «investigación» de los institutos universitarios y --aunque no puedo estar completamente seguro-- tengo la sospecha de que inmediatamente se abriría la vía para que empezasen a aparecer institutos universitarios como otro apéndice docente de muchas universidades que, en vez de investigar, se dedicarían a la enseñanza, como una especie de facultades camufladas. En mis largos años de experiencia como miembro del Consejo Social de la Universidad del País Vasco he visto que para crear una facultad en determinado sitio, de cierta especialidad, se buscaron fórmulas para ver cómo podía vestirse aquello jurídicamente sin tener que decir que se creaba otra facultad --me estoy refiriendo a la facultad de Derecho de Bilbao--. En aquel momento, les hubiera venido de maravilla disponer de un instituto universitario de estudios de Derecho, de tal manera que no supondría la creación de una nueva facultad de Derecho distinta de la de San Sebastián. Por tanto, llamemos a las cosas por su nombre, sobre todo, para no desnaturalizarlas.
En cuanto a los centros adscritos, he de decir que valen las mismas respuestas.
Espero que no haya quedado ninguna cuestión pendiente de respuesta, señor Fernández Zanca, porque lo sentiría mucho.
Gracias.


El señor VICEPRESIDENTE (Prada Presa): Gracias Senador Barquero.
¿Algún Senador desea intervenir en turno de portavoces? (Pausa.) Pasamos a continuación al Título III, artículos 13 a 27; Título IV, artículos 28 a 30; Título V, artículos 31 y 32; Título VI, artículos 33 a 38; y Título VII, artículos 39 a 41.
En primer lugar, corresponde debatir el voto particular número 7, del Senador Quintana González, que se corresponde con las enmiendas números 418 a 420, 422 a 452 y 454 a 458.
Para su defensa, tiene la palabra el Senador Quintana.


El señor QUINTANA GONZALEZ: Gracias, señor Presidente.
Al Título III, Del Gobierno y Representación de las Universidades, hemos presentado una serie de enmiendas que, de manera genérica --y por no repetir los argumentos que expuse en la Comisión--, pretenden fijar con mayor claridad las competencias del claustro para la aprobación de los presupuestos, para la concreción de las líneas estratégicas y programáticas de la universidad, así como considerar al consejo social como el auténtico órgano de representación de la sociedad en la universidad. Asimismo, consideramos necesario --tal como se ha precisado en una enmienda-- una mayor representación del claustro en el consejo de Gobierno.
Por otro lado, nos parece innecesario --y por ello proponemos su eliminación--, la junta consultiva.
En relación con el Título IV, Del Consejo de Coordinación Universitaria, consideramos necesario mantener como nota predominante su carácter público y, por eso, hemos propuesto que sus integrantes sean exclusivamente representantes de las administraciones y universidades públicas, si bien, evidentemente, permitiendo que las universidades privadas tengan presencia y representante en las mismas, sobre todo cuando se traten asuntos de su competencia.
Hemos presentado otras enmiendas sobre la composición del Consejo de Coordinación Universitaria en la que proponemos que, entre los vocales de designación por el Gobierno, figure al menos un representante del Ministerio

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de Ciencia y Tecnología. Aún no se nos ha explicado por qué no se acepta una enmienda como ésta, que consideramos totalmente lógica, igual que consideraríamos lógico que se garantizara en el Consejo una presencia más amplia de todos los sectores universitarios en todas sus condiciones.
Al Título V, sobre evaluación y acreditación, al Título VI, sobre la función docente, y al Título VII, sobre investigación, hemos presentado también una serie de enmiendas, pero permítanme que haga referencia a ellas de una forma genérica y completando lo que ayer tuvimos la oportunidad de debatir con la señora Ministra.
Este apartado de la ley se ha convertido en una de las controversias fundamentales de lo que hoy está sucediendo en las Universidades y en la confrontación con el Gobierno y con su proyecto de ley. Ya hemos dicho que no consideramos lógico ni adecuado el sistema de evaluación que se propone en esta ley, y sobre todo no nos parece que sea un mecanismo adecuado para solucionar un posible problema, el tan conocido problema de la autarquía que lleva a la endogamia cancerígena que este Gobierno nos presenta, que esta Universidad del Estado tiene. Podemos admitir que uno de los problemas de la Universidad, desde luego no el más importante, pueda ser encontrar un método más adecuado para el acceso a la carrera docente y articular mecanismos que mejoren lo que hoy tenemos. Desde luego, por la vía de la Agencia Nacional de Evaluación y Acreditación creemos que no se va a conseguir ese objetivo. Nos gustaría que se reflexionara sobre este apartado. El Gobierno, antes de hablar tantas veces de la endogamia, debía haber empezado por una reflexión sincera que sería la siguiente: Por desgracia, el nivel de investigación que hoy tenemos en el Estado español es el que es; no es más que ése, y todo el mundo sabe que, por desgracia, fuera de los círculos universitarios la capacidad de investigación y su realidad efectiva se queda reducida a muy pocos núcleos. Siendo así, hay algo evidente ¿de dónde van a salir fundamentalmente los profesores de Universidad? De la Universidad, pero no por una cuestión que la propia Universidad haya creado, sino simplemente porque no se realiza investigación, al menos de una manera importante, más allá de la propia Universidad y, al final, donde hay que elegir y donde hay que buscar es en los propios círculos de la Universidad. Quizás ese problema endogámico, de existir, no sea debido a que la Universidad lo haya creado sino porque no existen otros campos a los que dirigir su mirada para incorporar a la carrera docente personas que puedan ejecutar esa labor. El Gobierno debería ser un poco más precavido a la hora de cuantificar los problemas. Para nosotros, desde luego, éste no es el problema de la Universidad, y no siéndolo, con la Agencia de Evaluación y Acreditación que ahora se crea no sólo no vamos a resolver sino que lo vamos a empeorar y, además, desde la perspectiva centralista, una perspectiva que para las Universidades gallegas es tremendamente preocupante, unas Universidades que, a base de su esfuerzo y de su trabajo, se han colocado en los últimos años en el punto de partida para poder iniciar una nueva época que va a encontrar un frontera, no insalvable, porque todo en esta vida es salvable, pero sí inconveniente para sus proyectos de expansión futura. La agencia que se pretende crear en esta ley, sobre todo con las funciones que se le confieren, no van a ayudar en nada a este cometido, y por eso justifican las enmiendas presentadas por nosotros.
Muchas gracias.


El señor VICEPRESIDENTE (Prada Presa): Gracias, Senador Quintana.
A continuación, voto particular número 8, de la Senadora De Boneta y Piedra, del Grupo Parlamentario Mixto, que corresponde a las enmiendas números 77 y 79 a 102.
Para su defensa, tiene la palabra la Senadora De Boneta.


La señora DE BONETA Y PIEDRA: Gracias, señor Presidente.
En el caso de las enmiendas que van de la 77 a la 91, al Título III, nos encontramos con un bloque de enmiendas, la 81, 82, 83, 84, 85 y 86, que plantean la oposición a este excesivo reglamentarismo en la ley --ayer hablábamos de él al defender el veto-- y al deseo de amarrar desde ella absolutamente todos los extremos de la composición, de cómo deben ser las personas que compongan los distintos órganos de gobierno, así como, en algún caso, una especie de confusión sobre las responsabilidades y las funciones de cada uno de los órganos de gobierno, como cuando se habla del Consejo Social y se intenta que éste también esté presente en la Junta de Gobierno, lo que nos parece que produce ineficacia e ineficiencia por una especie de mezcla de esas responsabilidades y funciones a las que me refería. En el segundo caso --insisto--, nos parece que son los estatutos de las Universidades los que deben decidir cómo se tienen que componer los distintos órganos de Gobierno y cómo deben ser las fórmulas de elección.
Por coherencia con este planteamiento, también suprimimos y enmendamos aquellos párrafos que se refieren a ello, ya que, una vez que decimos que son los estatutos los que deben decidir cómo se deben nombrar o designar estos órganos de gobierno, no cabe que en la ley se sigan reglamentando todos los extremos relativos al procedimiento. Por lo tanto, no a ese excesivo reglamentarismo, no a esa falta de confianza, de la que ayer hablábamos, en la Universidad y en la comunidad universitaria; sí a una introducción en los estatutos de la Universidad de los sistemas y modos de organizarse sus propios órganos de gobierno, y sí también a la conexión y a la cohesión de esas Universidades con la Comunidad Autónoma en la que están enclavadas para que, en cualquier caso, se haga de acuerdo con las Comunidades Autónomas cuando el Gobierno de la Comunidad deba intervenir en algunos asuntos, puesto que entendemos que todas estas cuestiones organizativas, salvando la obligatoriedad de la presencia de todos los sectores universitarios y salvando la necesidad de democracia en este tipo de composición de órganos, los tienen que decidir los estatutos de la propia Universidad.
Hemos presentado otra serie de enmiendas, la 92 al artículo 28, y la 93 y la 94 al artículo 29, en las que hacemos una serie de precisiones para evitar que se consagre una indeterminación

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jurídica y que algunas cuestiones que hacen relación al quién y al cómo, a las competencias y a otras cuestiones de este tipo, sean dejadas para reglamentos posteriores puesto que, en este caso, sí nos parece importante saber quién tiene que hacer qué y de quién es competencia cada una de las cuestiones de que se trata.
En relación con los artículos 31 y 32, hemos presentado las enmiendas números 95 y 96 en las que, como ya decíamos ayer en la defensa global de nuestra posición ante la ley, expresamos el no a esa Agencia Nacional de Evaluación. (La señora Presidenta ocupa la Presidencia.) Creemos que los sistemas de evaluación y acreditación deben estar planteados por las Comunidades Autónomas en colaboración con las Universidades de su territorio y fundamentalmente --y esto es muy importante-- deben constituirse como órganos independientes de todas las administraciones y de las Universidades. Es decir, que para que un sistema de evaluación funcione todo está inventado. Tiene que haber independencia para que la evaluación no mezcle los intereses de las administraciones y de las propias universidades. En la enmienda número 96 planteamos esos sistemas externos, y además, en cumplimiento de las normas generalmente aceptadas en todas las universidades o en casi todas las universidades del mundo y, especialmente, en aquellas de nuestro entorno.
Las enmiendas que van de la 97 hasta el final del Título VI, hacen referencia, prácticamente todas ellas, a aquello de lo que la ley curiosamente adolece. Su planteamiento es absolutamente reglamentista, centralizador e intenta recuperar competencias que ya estaban y están establecidas en los Estatutos de autonomía, como ya se ha dicho en varias ocasiones, y también en el Estatuto de Autonomía del País Vasco. En este caso, con una singularidad, amparado en la disposición adicional primera.
Todas esas competencias se obvian y se olvidan. Aparece el Gobierno y el Gobierno, pero las Comunidades Autónomas no aparecen nunca. Se pasa de ese olvido a una situación de absoluta reglamentación y falta de respeto --como decíamos en el bloque anterior-- a la autonomía universitaria. El Gobierno quiere recuperar en todos estos aspectos competencias que corresponden a la autonomía de la universidad y a las Comunidades Autónomas, en este caso, a las Comunidades Autónomas. Por lo tanto, hemos enmendado los artículos 35, números 4, 5 y 6, el artículo 36 y el artículo 38 con un texto muy simple. Queremos simplemente que cuando se diga el Gobierno se añada «y las Comunidades Autónomas».
Nada mas y muchas gracias.


La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, Senadora De Boneta.
Pasamos a las enmiendas presentadas por los Senadores Cámara Fernández y Cabrero Palomares, voto particular número 9, enmiendas 11 a 13, 15 a 29 y 31 a 34.
Para su defensa, tiene la palabra el Senador Cabrero.


El señor CABRERO PALOMARES. Muchas gracias, señora Presidenta.
Voy a defender las enmiendas de Izquierda Unida que plantean la necesidad de que las Comunidades Autónomas regulen la composición y las funciones del Consejo Social y la designación de sus miembros. Pensamos que un 60 por ciento debe ser designado y elegido entre los representantes y que la incorporación del otro 40 por ciento será regulado por los propios estatutos de la universidad.
Planteamos también la necesidad, en coherencia con otras enmiendas anteriores, de que esta composición de los órganos colegiados tengan unas cotas de representatividad que garanticen unos niveles de participación equilibrada en la propia Comunidad universitaria.
En cuanto a la composición del claustro, rechazamos el criterio de primar al profesorado funcionariado y doctor en la composición de los órganos, especialmente en el claustro, y formulamos una serie de enmiendas para buscar ese equilibrio en la representación y composición del mismo.
Formulamos también otras enmiendas para que en las Comunidades Autónomas se pueda constituir el Consejo Universitario encargado de la coordinación, de la inspección, de la evaluación, de la planificación, y de la política universitaria en el ámbito territorial de su Comunidad Autónoma.
En otra serie de enmiendas planteamos que en la universidad se debe constituir una Comisión de calidad docente con una parte académica y otra de investigación, donde la opinión de los estudiantes tenga peso específico para la evaluación y que en todas las actuaciones dirigidas a la mejora de la calidad de la docencia y de la investigación se tenga en cuenta esa opinión del alumnado que la ley pretende eludir y dejar al margen de esos procesos.
Planteamos también la necesidad de suprimir algunos puntos del artículo 40.2 que van en la misma dirección.
Nada más y muchas gracias.


La señora PRESIDENTA: Gracias, Senador Cabrero.
Corresponde ahora el turno de defensa de enmiendas al Grupo Parlamentario de Senadores Nacionalistas Vascos, enmiendas 205 a 221.
Para su defensa, tiene la palabra el Senador Bildarratz.


El señor BILDARRATZ SORRON: Buenos días, señora Presidenta.
Señorías, en el Título III tenemos 9 enmiendas que van de la 205 a la 213. No voy a desarrollarlas todas, sino que voy a ir al hilo conductor que guía todas ellas. El objetivo, entre otros planteados en las diferentes enmiendas presentadas por el Grupo Parlamentario de Senadores Nacionalistas Vascos, sería simplificar la estructura interna universitaria derivada del condicionante regulador externo y propiciar mayor flexibilidad en la capacidad de autoorganización que comprende la autonomía universitaria, porque para nosotros ello indicaría un elemento claro de competitividad y de calidad a la hora de desarrollar su propia autoorganización, siendo, cómo no, la propia universidad la que se organice sobre unas mínimas bases homologables y flexibles.
Los órganos internos de consulta y asesoramiento dentro de la universidad deben ser concebidos y definidos por ella misma en sus estatutos.
Proponemos, entre otras cosas,

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la supresión de los artículos 17, 18 y 19 que corresponden a la enmienda número 209.
Voy a pararme en una enmienda al artículo 20 que se refiere a la elección del rector porque entendemos que merece un tratamiento aparte. Es una figura importante, no hay duda, dentro de la universidad. El Partido Popular demuestra, una vez más una falta de confianza en las Comunidades Autónomas y en la propia universidad. Fíjense, señorías, que el planteamiento que ustedes hacen de la elección de la figura del rector es que sea elegida directamente por la Comunidad universitaria mediante sufragio --como dice el proyecto-- universal, libre y secreto, pero con un voto ponderado.
No sé si son conscientes, señorías, de los problemas que puede generar este procedimiento y sabemos que hay universidades que utilizan este sistema, pero ¿qué les parece si confiamos de verdad en los órganos cercanos a la propia Comunidad universitaria para que establezcan el modo que consideren más justo, equitativo, significativo y adecuado a las propias necesidades de la Comunidad social y universitaria? Con nuestra enmienda se introduce un cambio significativo respecto de la figura del Rector flexibilizando la configuración de este órgano unipersonal desde la perspectiva más moderna y eficaz de que puedan establecerse una diversidad de modelos, pues todos ellos pueden resultar igualmente homologables y efectivos siempre que integren el sentir cercano de la sociedad en la que se desenvuelve cada Comunidad universitaria.
Nosotros no decimos que no al modelo que ustedes proponen. Lo único que estamos diciendo es que sea la propia Comunidad, la Comunidad cercana donde se dé esta realidad, la que elija su propio modelo porque entendemos que sabrá elegir el modelo equitativo justo y adecuado, como antes decía.
El debate sobre la figura del Rector corresponde mucho más al ámbito institucional y social propio de la autonomía política de las Comunidades Autónomas por lo que a ellas debe corresponder la regulación de su régimen. Por el contrario, el régimen del Rector no es algo vinculable a garantías que aseguren el cumplimiento de obligaciones por los poderes públicos en materia de enseñanza, por lo que siendo ése el ámbito competencial que corresponde al Estado a través de esta ley orgánica, entendemos que la misma no debe entrar en esta cuestión.
Al Título IV tenemos tres enmiendas que van de la 214 a la 216 con el objetivo de obtener un Consejo de Coordinación Universitaria más justo e intentamos, cómo no, clarificar determinadas funciones.
La enmienda al Título V, la número 217, la defiendo en sus justos términos, puesto que se trata de correcciones técnicas.
Las enmiendas que realizamos al Título VI, que van de la 218 a la 220, se corresponden, por una parte, con el criterio que continuamente estamos defendiendo respecto del régimen constitucional de reparto competencial de acuerdo con el primer inciso del artículo 149.1.30 de la Constitución, según el cual al Estado corresponde la regulación de las condiciones de obtención y expedición de los títulos, lo que incluye las declaraciones de equivalencia, y a las Comunidades Autónomas la aplicación ejecutiva de las normas estatales.
Por otra parte, tenemos otra enmienda a este Título, la 220, que alude al concepto de universidad del siglo XXI, puesto que queremos sea una universidad cuyo entorno esté situado en Europa, situación que también planteamos con la enmienda que formulamos al Título VII, la 221.
Muchas gracias, señorías.


La señora PRESIDENTA: Gracias, Senador Bildarratz.
Ahora corresponde el turno de defensa de enmiendas de Entesa Catalana de Progrés.
Tiene la palabra el Senador Bonet.


El señor BONET I REVES: Muchas gracias, señora Presidenta.
Señor Barquero, usted antes ha dicho que no ve reglamentarismo en esta ley. Las enmiendas de Entesa Catalana de Progrés formuladas a este bloque pretenden remarcar el excesivo reglamentarismo. Fíjese usted si hay reglamentarismo. El artículo 20, por ejemplo, dice cómo tiene que ser la elección de Rector. Habla de que hay una primera vuelta, una segunda, etcétera. El artículo 30, se refiere a la organización del Consejo de Coordinación universitaria y dice que funcionará en Pleno y en comisiones. Habla de cómo han de ser las comisiones, habla de a), b), c) y de). En fin, si esto no es reglamentarismo...
Coja usted, por ejemplo, el artículo 35, homologación de planes de estudio y títulos, y verá que recuerda aquella película de Los Hermanos Marx: «La parte contratante de la primera parte será considerada la parte contratante de la segunda parte», y así sucesivamente.
Hay reglamentarismo y el redactor o redactores de la ley estaban aquejados de «reglamentitis espongiforme» o «enfermedad del burócrata calenturiento» porque la verdad es que la ley está llena de normas excesivas que son absolutamente ilógicas. En este sentido formulamos nuestras enmiendas. Básicamente todas son de supresión, de supresión y de supresión.
Quizá, para que no haya un excesivo desarrollo de leyes, una enmienda de adición tendría que tener como contrapartida una enmienda de supresión, una alta y una bajas para así economizar legislativamente.
Dicho esto paso a comentar algunas enmiendas. Hay un bloque formulado, contra el excesivo reglamentarismo. Por ejemplo, no parece lógico que las funciones de los directores de Departamento estén reglamentadas, etcétera. La autonomía universitaria funcionará como crea conveniente.
Pero también hay algunas enmiendas que me gustaría explicar por qué son de supresión. Decía ayer ante la Ministra que hemos tenido una actitud un poco posibilista porque hay títulos en los que no estamos de acuerdo con el fondo, pero cuanto más se reglamenten peor, más se abre la brecha con la oposición. Si están poco reglamentados el Consejo de Coordinación Universitaria puede acordar un pacto para ver cómo se desarrolla ese Título. En este sentido hay muchas enmiendas de Entesa.


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Hay enmiendas referidas a la elección de Rector, a la composición de claustros, etcétera. Y hay también otro tipo de enmiendas que pretenden subsanar un olvido, como la 161 y la 146 que hablan de la Agencia Nacional de Evaluación de la Calidad y Acreditación. Se aceptaron enmiendas referidas a que esta Agencia tendría que conllevar las agencias autonómicas y yo creo que el espíritu de la adopción de esa enmienda sería que siempre que hubiera una Agencia Nacional hubiera --y que así constase en el articulado-- la correspondiente evaluación de la Comunidad Autónoma.
Finalmente, hemos formulado unas enmiendas --ya lo dije en Comisión-- en relación a la Unión Europea. Parece que se considera la legislación europea como extranjera, y no es ni lógico ni es el sentido de la jurisprudencia del Tribunal Constitucional.
Nada más y muchas gracias.


La señora PRESIDENTA: Gracias, Senador Bonet.
Corresponde ahora defenderlas enmiendas a Convergència i Unió, las número 522 y 523.
Tiene la palabra el Senador Varela.


El señor VARELA I SERRA: Gracias, señora Presidenta.
Estas dos enmiendas corresponden a uno de los aspectos que nos parecen más positivos de la ley, y es la posibilidad de que aumenten su peso en las universidades los profesores contratados o de larga duración, e indeterminada, y que sobre ellos puedan regular las Comunidades Autónomas, pues ése nos parece un aspecto muy positivo.
Hemos de ayudar a que este colectivo pueda hacer dentro de la universidad una carrera docente con la máxima dignidad y con las máximas posibilidades. Nos duele la resistencia del Grupo Parlamentario Popular a aceptar que esos profesores contratados, doctores, puedan progresar en su carrera docente y puedan ser decanos o directores de Departamento.
No entiendo --ya lo expuse en la Comisión-- que no se acepten estas enmiendas. No entendemos cómo un profesor contratado, doctor, que lleve trabajando 15 ó 20 años en una universidad no pueda ser Jefe de Departamento, no pueda ser Decano, y que, por el contrario, sí lo pueda ser un funcionario que lleve menos años allí por el mero hecho de ser funcionario. Me parece incomprensible. Me parece una discriminación. Es una lástima, es una piedra en el zapato que esta cuestión positiva que tiene la ley de reconocer --aparte del funcionariado, que es una opción muy legítima-- al profesor contratado, que da una visión más abierta a la universidad, más acorde con los cánones europeos y en general del mundo, quede limitada por la no aceptación de la enmienda. Pedimos que se admita, y si no es así, seguiremos insistiendo en ello porque creemos que es un error el no reconocerlo que en el futuro tendrá que ser enmendado.
Nada más y muchas gracias.


La señora PRESIDENTA: Gracias Senador Varela.
Enmiendas del Grupo Parlamentario Socialista, números 294 a 332. Para su defensa, tiene la palabra el Senador Fernández Zanca.


El señor FERNANDEZ ZANCA: Muchas gracias, señora Presidenta.
Señorías, es en este bloque en el que nos encontramos en donde se pone más de manifiesto ese excesivo reglamentismo, esa vulneración de la autonomía universitaria, todo un fárrago de normas que confunde y que uniformiza a la universidad.
A nuestro entender, el Gobierno ha demostrado reiteradas veces una profunda desconfianza hacia la universidad y ha buscado una fórmula basada en el recorte de la participación democrática de la comunidad universitaria. Establece mecanismos que podríamos llegar a calificar como de intervención política y, bajo una falsa etiqueta de avance democrático se llega hasta el absurdo de que un rector sea elegido por unos y pueda ser destituido por otros, lo cual nos causa bastante perplejidad.
Entrando ya en las enmiendas, incorporamos al presidente del Consejo Social dentro de los órganos unipersonales, y dentro de este mismo ámbito presentamos una enmienda en la que, a nuestro juicio, se definen mejor las funciones del Consejo Social. Entendemos que el presidente debe ser elegido de manera consensuada, y de ahí que propongamos que sea elegido por la mayoría cualificada de la Cámara autonómica correspondiente, y precisamente lo pedimos así porque esta fórmula garantiza el diálogo y el consenso, algo que evidentemente aquí no se va a dar hoy. Además, a través de la enmienda número 298, le otorgamos una mayor capacidad para ejercer sus funciones.
Respecto del claustro, nos ocurre un poco más de lo mismo. Nos encontramos con algo absolutamente novedoso y que a nuestro juicio colisiona con su proyecto de elección del rector. Fíjense ustedes, señorías, que el claustro puede determinar el cese del rector cuando ha sido elegido por otra instancia, lo cual es como si nosotros, que somos elegidos por unos, podemos ser destituidos por otros. Ustedes han planteado, por otro lado, una fórmula de elegir al rector que no se utiliza en este momento en ningún país del mundo, y además la han presentado como un avance democrático cuando en realidad, y como hemos reiterado en Comisión repetidas veces, es una fórmula más, pero no la única. Habíamos puesto el ejemplo de que si dudaran de la fórmula actual se dudaría incluso de la legitimidad del presidente del Gobierno, que no es elegido en primera instancia sino por el Congreso de los Diputados.
Por tanto, no es ningún avance democrático y además puede plantear serios problemas como quién va a financiar la campaña o quién va a pagar una campaña en la que hay que captar la voluntad de decenas de miles de votos, porque, evidentemente, no se puede hacer con los fondos de la propia universidad, con lo cual podríamos llegar a una situación en la que partidos políticos, grupos de presión, empresas determinadas fueran las que financiaran esas campañas, con lo cual, en el primer caso estaríamos politizando la universidad, algo que, desde luego, a nuestro juicio

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no es en absoluto deseable, y en el segundo caso estaríamos ante una posibilidad de que esas empresas o grupos de presión pudieran pasar la factura por los servicios prestados. Por tanto, esta fórmula de elección del rector a base del voto universal, directo y ponderado no nos parece la más adecuada.
Voy a hacer otra reflexión. ¿Qué legitimidad podría tener un rector elegido con 1.000 votos frente a otro que ha perdido las elecciones con 30.000? Porque podría darse, una vez realizada la ponderación, que un candidato con 30.000 votos pierde y otro con 1.000 votos gana. ¿Qué legitimidad podría tener ese rector que ha ganado las elecciones? De ahí que nosotros, con nuestras enmiendas, propongamos una fórmula distinta que consideramos mejor y más moderna y que, en cualquier caso, va a evitar los problemas que puede plantear este sistema que proponen ustedes.
En cuanto al Título IV, que se refiere al Consejo de Coordinación Universitaria, evidentemente es un órgano necesario, pero el nombre que le dan ustedes, Consejo de Coordinación Universitaria, frente al que ya existía, Consejo de Universidades, creemos que es poco certero porque, como ya dije en Comisión, no sólo coordina, que efectivamente lo hace, también planifica, por tanto, ¿por qué no de coordinación y planificación universitaria? Creemos que es menos farragoso Consejo de Universidades.
Nuestras enmiendas van además en la dirección de simplificar sus funciones y su composición. ¿Por qué? Porque no nos parece de recibo, por ejemplo, que un rector de una universidad privada tenga el mismo peso en el Consejo de Universidades que el Consejero de una Comunidad Autónoma que gestiona ocho o diez universidades; no nos parece de recibo que un representante elegido por el Congreso, Senado o por el Gobierno tenga el mismo peso que un Consejero de una Comunidad Autónoma. Por eso eliminamos parte de esos representantes y la posibilidad de que los rectores de las universidades privadas formen parte con voz y voto del Consejo de Universidades.
En cuanto al Título V, hemos presentado una enmienda en cada uno de los artículos con la intención de organizar un poco lo que se recoge en el texto. En ese sentido, ofrecemos una redacción nueva con la que pretendemos, en primer lugar, definir qué se quiere hacer con la calidad y a quién corresponde y, en segundo lugar, definir qué instrumento es la Agencia Nacional de Evaluación y acreditación, a la que, por cierto, pretendemos cambiar el nombre porque creemos que así se ajusta más a nuestro entorno. No estamos en contra, en absoluto, de Agencia Nacional, pero creemos que es más certero y además se ajusta a lo que hay en otros países, la denominación de Agencia Española, pero es una cuestión menor.
Le añadimos una serie de funciones porque nos parece que además de evaluar y acreditar también debe ser un órgano de reflexión que defina criterios, metodología, etcétera: En cuanto al Título VII, creemos, como ya se ha dicho en Comisión, que ésta es la gran ocasión fallida. Por lo visto, para ustedes la potenciación de la investigación consiste sólo en cambiar el orden. En lugar de poner: docencia, estudios e investigación, se trataría de empezar por investigación, pero en cuanto se lee el título, aparte de lo farragoso que es esto, vemos que no se buscan en absoluto soluciones, y además no hay ni una sola referencia al sistema de ciencia y tecnología.
No aparece ni una sola cita y creemos que, en definitiva, el texto refleja el organigrama esperpéntico diseñado para este Ministerio por el Partido Popular con la separación de competencias docentes e investigadoras entre los Ministerios de Educación, Cultura y Deporte y el de Ciencia y Tecnología.
En definitiva, hemos presentado una serie de enmiendas con las que modestamente pretendemos corregir todo este entramado.
Muchas gracias.


La señora PRESIDENTA: Gracias, Senador Fernández Zanca.
Para turno en contra, tiene la palabra el Senador Barahona.


El señor BARAHONA HORTELANO: Muchas gracias, señora Presidenta.
Vamos a referirnos, en primer lugar y de una forma global, a las enmiendas referentes a esta agrupación de títulos que abarcan desde el III hasta el VII, para después hacer mención especial a cada uno de los intervinientes.
Con relación al Título III, del gobierno y representación de las universidades, y para examinar previamente cuál es el estado de la cuestión en la ley, aquí se han detectado una serie de problemas en el ámbito del gobierno de la universidad en este momento, como es la confusión entre las funciones de gestión, representación y control entre los diversos órganos. En segundo lugar, la responsabilidad académica y de gestión del rector actualmente queda diluida entre diversos órganos colegiados, y en tercer lugar hay una muy débil relación y muy poco eficaz entre la sociedad y la universidad. Por todo ello, la configuración de los órganos de gobierno de la universidad tiene como objetivo apostar por una nueva forma de gestionar las universidades, de manera que puedan responder a los retos que tienen planteados. Se trata de promover las condiciones para garantizar que cualquier universidad pueda desarrollar estrategias propias de docencia e investigación, de configurar por otro lado unos órganos de gobierno y representación más flexibles y más eficientes, que puedan abordar planes estratégicos propios, gestionar con agilidad y garantizar el cumplimiento de los compromisos que surgen del nuevo espacio universitario europeo.
Por ello, en la ley se distinguen con claridad los órganos de gobierno de los de representación, de los de control y de los de asesoramiento. Se refuerzan las figuras del rector y del Consejo de Gobierno para hacer más eficaz la mutua implicación del entorno social y económico, y se crea un esquema de coparticipación y corresponsabilidad, mediante la presencia, aun siendo minoritaria, del Consejo Social en el Consejo de Gobierno. Se otorga al claustro y a la junta consultiva la capacidad de propuesta y asesoramiento, complementos que son ineludibles a las funciones

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propias del claustro y de la junta consultiva, que son funciones meramente representativas.
En consecuencia, las enmiendas que se presentan en este sentido y que se refieren, por un lado, a la composición del claustro, y por otro a la elección de rector, las primeras, es decir, las referidas a la composición del claustro indican que debe fijarse un número máximo de miembros para que éste sea operativo, y estimamos que trescientos miembros es una cifra idónea, incluso para las universidades más grandes.
El claustro, como órgano de representación, con unas competencias que la ley le atribuye y otras que le pueden conferir los estatutos, con ese número de miembros puede ser absolutamente operativo. Otras propuestas planteadas sobre este órgano se rechazan, y se rechazan porque resultan contrarias a este modelo que, como digo, se estima el idóneo.
La elección de rector por sufragio universal, señorías, es un modelo absolutamente legítimo, tanto como el actual, pero con el que se pretende una participación directa, personalizada, de todos los miembros de la comunidad académica, de manera que no tiene que existir una interposición de un representante, sino que todos y cada uno de ellos van a poder participar directamente, y, por tanto, van a estar más implicados en la elección del rector, que es una figura absolutamente clave en el gobierno y en la representación de la universidad.
Se han propuesto enmiendas que alteran la composición de algunos órganos.
Estas enmiendas no han sido aceptadas porque son contrarias al modelo por el que opta este proyecto y, de aceptarlas, habría una incoherencia manifiesta, y hay una gran cantidad de enmiendas en este sentido: las números 16, 17, 18, 80, 81, 19, 150, que ustedes me excusarán de relacionar una a una. El modelo de universidad que se contiene en el proyecto exige que en los distintos órganos tengan mayoría los funcionarios pertenecientes a cuerpos docentes universitarios, que son los que realmente representan la estabilidad necesaria que necesita el funcionamiento de la universidad, frente a una eventualidad, digamos, de otros miembros. No obstante, tienen la representación suficiente.
Con relación al Título IV, Del Consejo de Coordinación Universitaria, el proyecto de ley orgánica de universidades persigue como objetivo potenciar el papel de coordinación que debe desarrollar el mismo, salvaguardando en todo momento las competencias de ordenación y planificación que poseen, por un lado, la Administración General del Estado, y por otro, las Comunidades Autónomas. Por este motivo, se cambia, entre otras cosas, la denominación de este órgano para que prevalezca ese carácter coordinador. El proyecto introduce dos grandes modificaciones, en cuanto a la composición de este órgano. Por un lado, se aumenta el número de consejeros designados por el Congreso de los Diputados, el Senado y el Gobierno, y este aumento no responde a otra cosa sino a lograr un equilibrio entre los diversos sectores que componen este órgano, y que con el paso de los años se ha visto alterado. Cuando se crea el Consejo de Universidades, con la Ley de Reforma Universitaria, el número de universidades era mucho más escaso que el actual. Por tanto, en este momento hay una distorsión entre los rectores de todas las universidades y, por otro lado, de los representantes del Parlamento y de las Comunidades Autónomas. Se trata de equilibrar y, al mismo tiempo, la presencia como miembros de pleno derecho de los rectores de las universidades privadas no distorsiona en absoluto el carácter de este órgano, puesto que hay que puntualizar que tendrán derecho de voto solamente en asuntos absolutamente académicos, pero no en cuanto a los asuntos que sean del sistema universitario público.
Otra de las grandes novedades es la creación de una comisión mixta que pueda dotar de mayor permeabilidad, que pueda garantizar un mayor flujo de información y de actuación entre las comisiones académica y de coordinación, que la experiencia ha reconocido que son dos comisiones verdaderamente estancas. Se pretende que el Consejo de Coordinación Universitaria sea un órgano de coordinación y consultivo; por tanto, no se aceptan las enmiendas que pretenden la supresión de esa comisión mixta que se contempla en el proyecto, puesto que se trata de una comisión con la que se pretenden resolver los problemas y los posibles desacuerdos entre las dos restantes comisiones.
Tampoco se aceptan las propuestas de mantener el número actual de miembros representantes del Parlamento, de las Cortes Generales y del Gobierno, ya que se fundamentan en buscar un equilibrio mayor entre todos los sectores que los componen.
Respecto al Título V, el anteproyecto de ley de universidades dota de los medios necesarios para evaluar la calidad mediante la creación de la Agencia de Evaluación y Acreditación de la Calidad, que servirá para la promoción y garantía de la calidad. Se trata de un modelo de evaluación que va a posibilitar la medida del rendimiento del servicio público a fin de poder ofrecer a la sociedad unos criterios objetivos de calidad de las enseñanzas que se ofertan, para fomentar la comparación y, en definitiva, la competitividad. Por otro lado, la creación de esta Agencia, que actuará en las universidades no sólo públicas sino también privadas, facilita el seguimiento de las directrices del espacio europeo de enseñanza superior. Finalmente, no se puede suprimir la Agencia Nacional de Evaluación de la Calidad y Acreditación, como se propone por parte de algún grupo parlamentario, porque el Estado mantiene unas competencias, derivadas fundamentalmente del artículo 149.1.30, para lo que precisa una agencia externa de evaluación de carácter nacional que lo asesore, sin que ello vaya en detrimento de agencias de evaluación y acreditación de la calidad en cada una de las Comunidades Autónomas.
Respecto al Título VI, no se aceptan las enmiendas que proponen que la homologación de los planes de estudio y de los títulos sea hecha por las Comunidades Autónomas por cuanto que se trata de funciones que en el primer caso, por razones de coordinación, deben corresponder al Consejo de Coordinación Universitaria y, en el segundo, se trata de una competencia del Estado.
Tampoco se aceptan las enmiendas que proponen que la declaración de equivalencia de los títulos a los oficiales y

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con validez en todo el territorio nacional y la homologación de títulos extranjeros la lleven a cabo las Comunidades Autónomas por las mismas razones sobre competencias que indicábamos antes.
El resto de las enmiendas a este Título se rechazan por ser contrarias el modelo que adopta el proyecto o al reparto competencial entre el Estado y las Comunidades Autónomas.
Respecto a la investigación en la universidad, Título VII, el anteproyecto pretende desarrollar el reconocimiento que ya la Ley de Reforma Universitaria hizo con carácter general de la función investigadora de la universidad. Eso no quiere decir que la investigación se incorpore al ámbito universitario desde la Ley de Reforma Universitaria, aunque la investigación sea algo consustancial a la universidad. Lo que sí sucede es que la Ley de Reforma Universitaria lo contempla y lo incluye.
En cuanto a la supresión de los grupos de investigación, éstos constituyen un nuevo instrumento legal para el desarrollo de la investigación. De hecho, la elaboración y ejecución de proyectos de investigación en el ámbito universitario suele ser desarrollada por grupos espontáneos y no constreñidos al ámbito departamental. La experiencia dicta que es una forma espontánea y absolutamente eficaz de hacer investigación en la universidad.
Por otro lado, la propuesta de creación de un consejo universitario de investigación no es necesaria porque en el Consejo de Coordinación Universitaria ya se encuentran representados todos los rectores, que tienen competencia en todos los ámbitos de sus universidades y, en segundo lugar, porque en el ámbito del Ministerio de Ciencia y Tecnología existen los correspondientes órganos de coordinación, en los que también se encuentran representados los rectores.
Asimismo, se han planteado cuestiones más concretas, independientemente de esta visión global, por parte del Senador Quintana. Así, presenta alguna propuesta de modificación de las competencias en el claustro. Pero la modificación de dichas competencias es algo que, por un lado, tiene que reconocer la ley, pero, por otro, también es algo que queda al arbitrio de los propios estatutos a fin de que la autonomía universitaria sea efectiva.
En relación al Consejo de Coordinación Universitaria y la ausencia de un representante del Ministerio de Ciencia y Tecnología, me acabo de referir a la justificación de esa ausencia.
En cuanto a que el sistema de evaluación es centralista, con una agencia única y que ello motivará, en su opinión, un evidente retroceso en el desarrollo de la investigación en el ámbito de su Comunidad Autónoma, pensamos que en absoluto será así. Por el contrario, probablemente la potencie y la estimule, saliendo incluso de unas fronteras que puedan suponer un freno a la misma, puesto que hablar de investigación es hablar de globalización.
Se refería también el Senador Quintana a los niveles de investigación.
Pero en este momento no son exclusivamente los que se refieren a la que se realiza en el ámbito universitario. Afortunadamente, la investigación ha salido ya a la sociedad, es ya un elemento de desarrollo de la sociedad, es un elemento muy importante y la pretensión es que cale en todos los ámbitos de la sociedad industrial, en todos los ámbitos de la industria. El hecho de que la preparación de la formación del personal investigador sea una competencia casi exclusiva de la universidad no quiere decir que la investigación quede relegada al ámbito universitario.
La Senadora De Boneta se refería al excesivo reglamentarismo. Sin embargo, lo que ella llama excesivo reglamentarismo es sólo garantizar unos mínimos. Queda un amplio margen para que los estatutos puedan desarrollar los extremos que ella piensa que atentan contra las autonomías universitaria y de gobierno. La participación del Consejo Social en el Consejo de Gobierno responde a la necesidad de lograr una adecuada interrelación y un adecuado flujo de información entre estos dos órganos, que si no quedarían como dos compartimentos estancos.
Con relación a las enmiendas al Título IV, la regulación concreta del Consejo de Coordinación Universitaria será mediante real decreto. Por tanto, definir concretamente sus funciones detalladamente sí sería, señoría, reglamentismo. Debe ser el reglamento del Consejo de Coordinación Universitaria el que defina esas funciones. Pero la Ley, como ve, no entra en esos extremos.
En relación al Título VI y las enmiendas 97 y siguientes de la Senadora De Boneta, el Gobierno sólo pretende regular los aspectos que son de su competencia, como claramente es la expedición de los títulos oficiales con validez en todo el territorio nacional.
En cuanto a la participación de los sectores y el criterio de garantizar el 51 por ciento de los profesores funcionarios, Senador Cabrera, el resto se deja en manos de los estatutos en virtud de su autonomía. Por tanto, han de ser los estatutos los que realmente digan la última palabra, no uniformizada sino totalmente individualizada en cada una de las universidades.
Y en ningún caso se deja al margen al alumnado, señoría. Nunca se deja al margen al alumnado. No obstante, es un elemento de la comunidad universitaria fugaz y transitorio, mientras que hay otros elementos de la comunidad universitaria que son permanentes, que dan estabilidad a la propia institución. Y en esa medida se determinan los porcentajes de su representatividad, pero que, en cualquier caso, van a determinar los estatutos en el uso de su autonomía.
Con relación a la exclusión de las universidades privadas del Consejo de Coordinación Universitaria, que propone el Senador Quintana, no es posible porque de hecho ya están representadas y, por otro lado, se las excluye de su intervención en cuanto a asuntos de la administración general. (El señor Fernández Zanca pronuncia palabras que no se perciben.) Senador Fernández Zanca, por favor, tenga paciencia porque enseguida le contestaré a usted.
Con relación a las enmiendas presentadas por el Grupo Parlamentario de Senadores Nacionalistas Vascos al Título III, piden una mayor flexibilidad. Dice que hay unos mínimos que tienen que desarrollarse por los Estatutos, sin embargo no es así, ya que tienen una gran capacidad para poder desarrollar lo que se prevé en esta ley que no es otra

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cosa, sino un marco. Por lo tanto, la supresión de los artículos 16, 17, 18 y 19 está fuera de lugar.
Con respecto a la enmienda, al artículo 20 sobre la elección de rector, se considera que la participación de toda la comunidad en su elección es el sistema que da mayor garantía democrática. Por otro lado, no hay ninguna falta de confianza en las Comunidades Autónomas porque se adopte esta forma de elección de rector y, por lo tanto, no hay ninguna intromisión ni colisión como consecuencia de este sistema.
Con relación a sus enmiendas al Título VI que se refieren a las posibles colisiones con el régimen competencial de la comunidad, está perfectamente claro en la ley de acuerdo a la norma constitucional.
Senador Bonet, vuelve a hablar de reglamentismo. Tiene que haber concreción. Si no, sería una ley difusa, gaseosa. No confunda concreción con reglamentismo.
En cuanto a las funciones de los directores del departamento que pone como ejemplo, realmente si no se define lo que es un Director de Departamento, difícilmente se puede incluir en una norma, y eso no es reglamentismo, no es el reglamentismo de indicar el color de la tiza con la que se ha de explicar. No llegue a esas exageraciones.
Con relación a la Agencia Nacional de Evaluación y Acreditación, le diré que no excluye la existencia de otras agencias. Es un modelo que trata de establecer una cultura, y cada una de las Comunidades Autónomas pueden seguir con ese modelo y no se trata de imponer ninguna institución centralista.
Senador Varela, no es posible tener en cuenta sus enmiendas; las entendemos, pero eso crearía la aparición de dos escalas, la de los oficiales y la de los suboficiales. Perfectamente los profesores contratados, debido a su preparación, que suponemos que será excelente, podrán pasar al régimen funcionarial. Por lo tanto, como digo, se crearían dos escalas quede alguna manera sería pernicioso.
Senador Fernández Zanca, volvemos a oír los latiguillos ya conocidos: Las acusaciones pertinaces, el que se vulnera la autonomía, el reglamentismo, el que hay desconfianza. No, señoría, no hay desconfianza por parte del Gobierno hacia la institución universitaria. En absoluto ocurre eso. Hay una gran confianza, una gran ilusión y una gran esperanza en que la universidad esté a la altura de las circunstancia y responda a sus funciones, pero no pretendemos hacer ningún intervencionismo político. Lo que se pretende es que la universidad esté en el ámbito que le corresponde que es el académico, sin ninguna injerencia política, Senador Fernández Zanca. Probablemente esta idea provenga de lo que ha ocurrido con la Ley de Reforma Universitaria, y eso es precisamente lo que queremos erradicar, que no haya ningún intervencionismo político, que la universidad se desarrolle en un ámbito puramente académico.
Con relación a esa terrible duda, Senador Fernández Zanca, que le corroe, le recuerdo que la duda es el principio de la sabiduría, por lo tanto, no se inquiete. Esa controversia entre la elección de rector que pueda ser removido por otras personas ajenas, le recuerdo que eso es una falacia, eso no es así, porque le elige toda la comunidad universitaria, y esa comunidad universitaria está representada en el claustro, y ese claustro, que es comunidad universitaria, es el que puede remover al señor rector.
Por lo tanto, no hay ninguna contradicción. (Rumores.) Con relación a supuestos problemas que pueden derivar del procedimiento de elección del rector, en absoluto los hay. No traslade sus esquemas políticos al ámbito académico. La elección de rector no tiene por qué regirse con unos procedimientos políticos. Esa fue la cultura que introdujo la Ley de Reforma Universitaria, el hacer un claustro remedo de un parlamento y a partir de ahí elegir al presidente del Gobierno, léase rector. Aquí no hay por qué trasladar esa argumentación porque esa elección o campaña, no tiene por qué existir. Los profesores con prestigio no tienen por qué hacer campaña, porque ya son sobradamente conocidos en un ámbito académico que no es el ámbito político. Por lo tanto, no tenga esos recelos, señor Fernández Zanca.
Con relación al Consejo de coordinación universitaria, tengo que manifestar que ha de ser un órgano de coordinación, en ningún caso de ordenación y de planificación porque ahí ya habría injerencia en la autonomía universitaria. Por lo tanto, déjelo para que coordine y para que sea un órgano consultivo, pero en ningún caso para que planifique, no tiene por qué planificar.
Y en cuanto a la Agencia de Evaluación de la Calidad, el cambio de nombre es anecdótico. Por supuesto, en eso coincidimos, pero ¿para qué un órgano de reflexión? El órgano de reflexión sería un órgano absolutamente superfluo. Ya hay un órgano consultivo que tiene esas funciones reflexivas en cada una de las universidades. (El señor Vicepresidente, Prada Presa, ocupa la Presidencia) Respecto a la investigación, pensamos que la función de la universidad ha de ser la de la formación del personal investigador. La Universidad tiene la enorme responsabilidad de formar a los recursos humanos que después han de repartirse por toda la sociedad industrial; responsabilidad que recoge perfectamente el proyecto de ley de Reforma Universitaria.


El señor VICEPRESIDENTE (Prada Presa): Senador Barahona, le ruego que concluya.


El señor BARAHONA HORTELANO: He terminado.
Muchas gracias, señor Presidente.


El Señor VICEPRESIDENTE (Prada Presa): Muchas gracias, Senador Barahona.
¿Algún Grupo Parlamentario desea intervenir en el turno de portavoces? (Pausa.) Tiene la palabra el Senador Fernández Zanca por tiempo de cinco minutos.


El señor FERNANDEZ ZANCA: Muchas gracias, señor Presidente.
Senador Barahona, en primer lugar, a mí me gustaría saber dónde dan el carné de prestigioso. Usted ha dicho que los profesores prestigiosos son conocidos por toda la comunidad universitaria, pero ¿cómo está usted tan seguro

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de que en una universidad como la Autónoma o la Complutense de Madrid, compuesta por cerca de 80.000 miembros, a un profesor, por prestigioso que sea, le conocen los 80.000 miembros de la comunidad? No puede usted negar que, con su procedimiento, un candidato a rector va a tener que hacer una intensa campaña y, como mínimo, enviar una carta a cada uno de los miembros de la comunidad para pedirle su voto. Pues bien, el papel, el sobre y el sello para 80.000 cartas cuesta dinero. Si sumamos eso a otros conceptos, nos encontramos con que va a haber verdaderas campañas electorales, y quien piense lo contrario está absolutamente equivocado.
Esta consideración está en nuestras enmiendas, porque esto se va a convertir --como dije-- o bien en una injerencia clara de los partidos políticos que van a apoyar a unos u otros candidatos, o en una injerencia mucho más peligrosa de empresas privadas o grupos de presión que luego van a pasar la factura al rector ganador.
Por tanto, no diga usted que este procedimiento es mucho más limpio y aséptico, porque este procedimiento va a generar gravísimos conflictos en la universidad.
Muchas gracias.


El señor VICEPRESIDENTE (Prada Presa). Gracias, Senador Fernández Zanca.
Disculpe, Senador Fernández Zanca, pero no me he dado cuenta de que el Senador Bonet había pedido la palabra. Si no tiene inconveniente el Grupo Parlamentario Socialista, puede hacer uso de la palabra el portavoz del Grupo Parlamentario Entesa Catalana de Progrés por tiempo de cinco minutos.


El señor BONET I REVES: Muchas gracias, señor Presidente.
Predone, señor Fernández Zanca.
Intervengo, brevemente, para referirme a esta elección tan exótica de sufragio universal ponderado. Creo que han apostado por una cosa y no han temido en cuenta la ley de Murphy, y ya verán cómo si una cosa puede pervertirse, se acabará pervirtiendo.
Creo que se celebrarán campañas en las que se meterán los partidos, ya lo verá, y le digo esto porque de partidos políticos sí que sabemos. En fin, esto --no voy a decir el calificativo, porque a estas horas no me salen bien las cosas--, será el colmo.
Muchas gracias, señor Presidente.


El señor VICEPRESIDENTE (Prada Presa): Gracias, señoría.
Senador Varela, tiene la palabra.


El señor VARELA I SERRA: Gracias.
Senador Barahona, no me ha convencido, y el argumento es muy sencillo.
Usted dice que los profesores contratados y los doctores ya pueden llegar a ser, si quieren, funcionarios. ¿Y si no quieren? ¿Es que se supone que ser funcionario es mejor que ser profesor contratado? Ese es el error y a la vez la filosofía que creen más positiva, y, por eso, se introduce en la ley. Pero hay dos opciones; por un lado, están los profesores contratados «sine die», que quieren seguir siéndolo con este modelo que nos parece más abierto y progresista, y, por otro, los funcionarios.
Pensamos que a los profesores contratados hay que dejarles que puedan hacer su carrera docente, como hacen en las universidades europeas. Creo que el argumento es suficientemente claro y que no hay que insistir en ello.
Por lo tanto, hay que posibilitar la carrera docente de los contratados.
Los beneficios que aportarán a la creatividad de la universidad y su mayor peso va a hacerse evidente, por lo que en el futuro este aspecto de la ley deberá ser corregido.
Nada más y muchas gracias.


El señor VICEPRESIDENTE (Prada Presa): Gracias, Senador Varela.
Tiene la palabra el Senador Barahona.


El señor BARAHONA HORTELANO: Muchas gracias, señor Presidente.
Senador Fernández Zarca, creo que a estas horas de la mañana no hay por qué utilizar sofismas. Sus argumentaciones se basan en elucubraciones, en predicciones sobre lo que va a pasar, pero no en realidades. Lo que sí es una realidad es que el sistema actual de elección del rector, a través de los claustros, sigue un proceso como el que usted indica y que se va a exagerar extraordinariamente. Sí lo tiene y, de hecho, es así.
Que se proponga el nuevo método no tiene por qué hipertrofiar ese sistema, pero lo cierto es que habrá que apartarlo lo más posible de cualquier injerencia política y de cualquier interés de grupo. Y eso se puede hacer mejor con el sufragio universal que con el sistema actualmente vigente. (El señor Fernández Zanca hace signos negativos.) Usted sabe cómo se realizan las elecciones a los claustros, con listas prácticamente cerradas en las que están representados los grupos o tendencias, por decirlo de forma benévola. Los que componen esas listas son los que al final, eligen al rector, y le aseguro a su señoría que el proceso de politización es mayor ahora que el que habrá cuando se aplique el que propone la ley.
Con esta explicación contesto, también, al Senador Bonet.
Senador Varela, no queremos que se consolide aquella lacra que fue el «penenazgo», la institución de los PNN, mediante la consolidación del profesorado contratado. Por otro lado, la Administración española ha optado por el sistema funcionarial. En Estados Unidos el sistema es distinto porque es absolutamente abierto, pero en España persiste el sistema funcionarial, al que tienen acceso los profesores contratados. Lo que se hace es abrir el espectro para los profesores contratados.
Muchas gracias.


El señor VICEPRESIDENTE (Prada Presa): Gracias, Senador Barahona.


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Pasamos, a continuación, al debate del Título VIII, artículos 42 a 46; Título IX, artículos 47 a 72; y Título X, artículos 73 a 78.
En primer lugar, procede la defensa del voto particular número 7 del Senador Quintana González, del Grupo Parlamentario Mixto, que corresponde a las enmiendas números 459 a 493.
Para su defensa, tiene la palabra el Senador Quintana.


El señor QUINTANA GONZALEZ: Muchas gracias, señor Presidente.
Hemos presentado una serie de enmiendas a los Títulos VIII, IX y X, que hacen referencia a los estudiantes, a los profesores y al personal administrativo y de servicios.
Cuando tratamos en títulos anteriores la composición del claustro, ya habíamos defendido una mayor representación del estudiantado en ese órgano que cifrábamos en un 25 por ciento haciéndonos eco de una reivindicación del estudiantado gallego --pensamos que es una reivindicación justa--. Además, con ello ganarían en democratización los órganos de gobierno de la universidad: En este Título VIII introducimos también algunas enmiendas que pretenden, entre otras cosas, asegurar el nivel de financiación adecuado para la existencia de las becas de ayuda al estudio, y sobre todo que se marquen los parámetros necesarios para que el número de becas vaya paulatinamente equiparándose a los estándares europeos.
No sólo en este apartado, sino en el conjunto del proyecto de ley, hemos denunciado lo que desde nuestro punto de vista significa una falta de sensibilidad para con la pluralidad cultural del Estado y su realidad plurilingüística. Podríamos poner ejemplos de esta afirmación acudiendo al apartado referido al estudiantado. Por eso planteamos la enmienda número 464. En ella proponemos simplemente que, como otro derecho más de los estudiantes, se incluyan en su carta de derechos los derechos lingüísticos como la propia Constitución establece en su artículo 3. En relación con esto me gustaría que se nos explicara qué razón más allá de los prejuicios puede haber para que dentro de esa carta de derechos de los estudiantes no se añada lo siguiente: derecho de los estudiantes es el uso de las lenguas propias de las Comunidades Autónomas en todos los ámbitos de la vida académica y universitaria. Creemos que es algo suficientemente sencillo, a la vez que simbólico, que nos serviría para entender que las palabras que ayer pronunció aquí la señora Ministra no son sólo objeto de un nuevo modelo de expresión en público --nosotros lo saludamos con agrado--, sino que también encierra una sincera voluntad política de ir modificando alguna cosa aunque sea sólo, como acabo de decir, de modo simbólico.
En el apartado referido al profesorado ya explicamos en anteriores ocasiones nuestra posición contraria al sistema de habilitación estatal que ahora se propone en este proyecto de ley. Por eso mismo no podíamos dejar de hacer hincapié de nuevo en este apartado que nos ocupa. Este es el Título adecuado para hacer una propuesta alternativa, y la nuestra se refiere a la implantación de un sistema de acreditación curricular a nivel autonómico que en nuestra opinión mejoraría el actual sistema de acceso a la carrera docente sin caer en los inconvenientes de mecánica centralista que el actual modelo que propone el proyecto de ley va a establecer. Y, sobre todo, serviría para reforzar el mecanismo de investigación a partir de la realidad propia de cada una de las Comunidades.
No estoy de acuerdo con la afirmación que se ha hecho antes aquí sobre que investigación es igual a globalización. Creo que no se pensaron bien los términos cuando se dijo eso. Investigación es la aplicación del conocimiento universal al hecho concreto del sitio donde se investiga para sacar de ahí conclusiones que nuevamente puedan ser aplicadas en el hecho universal. Trasladarse miméticamente al hecho universal como hecho investigador sin tener en cuenta el terreno que se pisa, significa no investigar y, sobre todo, no llegar nunca a conclusiones adecuadas. Por eso pensamos también que el sistema que proponemos no sólo serviría para modificar sino también para mejorar lo que ahora se nos propone.
Tenemos necesariamente que volver a hacer hincapié en el Título IX en cuanto a la diferenciación que se hace en este proyecto de ley entre las cualificaciones que se exigen en la universidad pública comparándolas con las que exige la privada. Por eso nos parece necesario introducir una enmienda al artículo 72. En ella proponemos que en las universidades privadas al menos el 75 por ciento del profesorado deberá estar en posesión del título de doctor en tanto que el 51 por ciento deberá haber obtenido la valoración positiva de la actividad docente para hacer una equiparación mínimamente lógica con lo que en este propio proyecto de ley se le está exigiendo a la universidad pública.
Por último, dentro del Título X, del personal de administración y servicios de las universidades públicas, consideramos necesario que se introduzca una enmienda al artículo 73 para evitar una singularización de las actividades del personal administrativo y de servicio. Debe corresponder a cada universidad esa singularización. Creemos que una ley orgánica como ésta va a volver a incurrir en el error de reglamentar lo que debería ser objeto de reglamentación por parte de cada universidad en uso de su autonomía universitaria. Por ello, en una enmienda que hemos presentado al artículo 76 promovemos igualmente para el personal administrativo que para el de servicios, un mínimo principio de reciprocidad entre la universidad y el resto de administraciones públicas, de tal manera que si el personal laboral de las administraciones públicas puede acceder a los puestos de trabajo en la universidad a través de los convenios respectivos, también debería ser lógico que el personal laboral de las universidades pudiera acceder a los puestos de trabajo que se fijaron al efecto, dentro de los mecanismos legales que en su caso se establecieran en la Administración General.
Muchas gracias.


El señor VICEPRESIDENTE (Prada Presa): Gracias, Senador Quintana.
Voto particular número 8, de la Senadora De Boneta y Piedra, del Grupo Parlamentario Mixto, que se corresponde con las enmiendas números 103 a 114, 116 y 117.
Para su defensa tiene la palabra la Senadora De Boneta.


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La señora DE BONETA Y PIEDRA: Muchas gracias, señor Presidente.
Volvemos a encontrarnos con unos bloques de enmiendas claramente diferenciados que ya en el debate del veto han tenido una importancia capital en la oposición de Eusko Alkartasuna y de esta Senadora a este proyecto de ley. De todas formas, conviene precisar ahora algunos aspectos de determinadas enmiendas sin perjuicio de que a estas alturas del debate nuestra posición haya quedado ya suficientemente diferenciada.
En primer lugar hay un grupo de enmiendas que se refieren fundamentalmente al Título VIII. Por otra parte, la número 116 al apartado uno del artículo 69 --no al Título VIII-- también tiene un fondo común con ese grupo.
En este Título VIII se está tratando de los criterios de acceso a la universidad, de oferta de plazas, de admisión de estudiantes, de becas y ayudas al estudio, etcétera. Habría que decir en primer lugar que en estos sistemas no se tienen en cuenta los derechos de los estudiantes, ni las competencias de las Comunidades Autónomas, a pesar que éstas son las que tienen que financiar el sistema y todo aquello que se refiere a oferta de plazas, a becas y a ayudas.
En relación con esto quiero decir que siempre se está hablando del Gobierno en virtud de no sé qué planteamientos de igualdad, cuestión que desde Eusko Alkartasuna tenemos claro debe existir y en función de la cual hemos planteado una enmienda de modificación que dice lo siguiente: Sin perjuicio de lo dispuesto en el párrafo anterior --nos estamos refiriendo al artículo 45--, para asegurar que los resultados de la aplicación del sistema general de becas se produce para todos los ciudadanos y ciudadanas con absoluta garantía de igualdad, el Gobierno central y las Comunidades Autónomas establecerán mecanismos de coordinación. En eso estamos todos de acuerdo. Hay que tener unos criterios para asegurar esa igualdad, pero en todo caso debe tenerse en cuenta a las Comunidades Autónomas cuando se trata de la financiación que a ellas corresponde.
También hemos dicho que en este y otros aspectos, tanto en su participación como en su admisión, los estudiantes quedan igualmente relegados a la hora de establecer los criterios y las posibilidades de acceso a determinadas plazas, a pesar de que son una parte importante del sector de la comunidad educativa son una parte del sector permanente y no accesoria dentro del sistema educativo, porque es cierto que aunque el estudiante no permanezca durante 20 años en la universidad sigue existiendo como colectivo, exactamente igual que los profesores, porque como ya sabemos, aunque éstos tengan una vida profesional más larga que la correspondiente a la estancia de una generación de estudiantes universitarios, también dejan de trabajar, por jubilación, etcétera, y lógicamente se produce la sustitución de un profesorado por otro, pero, como grupo, estamento o colectivo, continúa en la universidad.
Hemos presentado enmiendas que hacen referencia a los sistemas de contratación del profesorado y volvemos a comprobar que aparte de un planteamiento absolutamente, desconfiado con relación a la universidad y hacia las propias Comunidades Autónomas, ya que a éstas no se las tiene en cuanta en este tema, se dificulta gravemente el desenvolvimiento de las universidades que se hallan en territorios con características culturas y lingüísticas propias; me refiero a las Comunidades Autónomas con lengua propia, concretamente a las Comunidad Autónoma vasca. Estos sistemas centralistas y centralizadores de contratación que no tienen en cuenta a las Comunidades Autónomas son lesivos tanto para la autonomía universitaria, como antes he dicho, como para las competencias de las Comunidades Autónomas. Así lo hacemos constar en la enmienda número 108, de supresión a los artículos 49, 50, 51, 52, 53 y 54, que se refieren a la contratación. De esta forma manifestamos nuestro rechazo al sistema de contratación elegido y a la creación de la Agencia Nacional de Evaluación, ya que nos hemos opuesto a que intervenga en estos aspectos y debemos seguir haciéndolo por coherencia.
El último grupo de enmiendas, que van de la número 111 a la 117, salvo la 116 relacionada con la financiación del sistema y a la que me he referido con anterioridad, se refiere a algo de lo que hemos hablado en muchas ocasiones, que es la habilitación.
Estamos en contra del sistema de habilitación y por eso enmendamos por coherencia los artículos 57 a 62 y siguientes. Este sistema que aduce como principal mérito impedir una supuesta endogamia, lo único que hace es sustituir una endogamia concreta --en el caso de la que hubiera y donde la haya, porque no vamos a generalizar-- por un sistema todavía peor.
El Senador Carles Bonet ha hecho referencia a la Ley de Murphy y en este caso también puede funcionar perfectamente, es decir, una endogamia puede ser sustituida por otra mucho peor y además con unos tintes más centralizadores y afines al poder y a una endogamia ideológica, lo cual quiere decir que puede resultar lesivo para la propia autonomía universitaria y para las Comunidades Autónomas, sobre todo las que poseen una lengua propia ya que éstas tienen más dificultades para lograr un profesorado funcionario más adecuado a sus necesidades, aunque también el resto de las comunidades y universidades deberán elegir a su profesorado con arreglo a sus características y necesidades concretas.
Este sistema de habilitación pretende corregir una situación vergonzosa y vergonzante --entre comillas-- que se quiere atribuir a las consecuencias del desarrollo de la LRU y quiere sustituirlo por una endogamia peor e intenta atrapar al profesorado a través del poder y del centralismo.
Por tanto, pensamos --y ojalá nos equivoquemos-- que este sistema va a empeorar no sólo las posibilidades del desarrollo coherente y científico de las universidades sino que también va a empeorar la ciencia, la cultura y a la sociedad del futuro del Estado español.
Si en algo deberían ustedes recapacitar y ejercitar esas propuestas de diálogo o ese lenguaje más amable que ayer planteaba, al menos en algunos casos y para algunos intervinientes la señora Ministra, si en algún tema deberían recapacitar las consecuencias de su exceso de regulación, de su falta de modelo y de lo que ayer califiqué como miedo a la libertad, debe ser en este aspecto.
Nada más. Muchas gracias.


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El señor VICEPRESIDENTE (Prada Presa): Gracias, Senadora De Boneta.
A continuación, pasamos al voto particular número 9, de los Senadores Cámara Fernández y Cabrero Palomares, del Grupo Parlamentario Mixto, correspondiente a las enmiendas números 35 a 44.
Tiene la palabra el Senador Cabrero, por un tiempo de diez minutos.


El señor CABRERO PALOMARES: Gracias, señor Presidente.
Hemos presentado enmiendas a los Títulos VIII a X en relación con el acceso de los estudiantes a la universidad. Consideramos necesaria la eliminación de la selectividad y la supresión de los exámenes para acceso de los estudiantes a la universidad.
Pensamos que sólo en un caso, con carácter transitorio y mientras existan limitaciones de acceso a determinados estudios, se podrán establecer mecanismos para la selección de acceso a la universidad, teniendo en cuenta las calificaciones obtenidas en el último ciclo de la enseñanza previo a la enseñanza universitaria, y digo con carácter transitorio porque Izquierda Unida considera que los poderes públicos han de dotar con suficiente financiación una política tendente a permitir con esas inversiones la adecuación de la capacidad de los centros universitarios a la demanda social y buscar el equilibrio entre esa demanda y las necesidades sociales y, por tanto, la oferta universitaria.
Desde nuestro punto de vista no se pueden establecer --como de hecho en la ley está previsto-- sistemas de selección que pueden significar en ciertos casos el mantenimiento del sistema actual de selectividad con unos criterios que van a generar diferencias en el seno de la propia universidad y con unos mecanismos que favorecen de manera sustancial a las universidades privadas.
En cuanto a las becas, en nuestra opinión el problema de fondo es cómo lograr una docencia de calidad en la sociedad de hoy, que no sólo es la sociedad de la información y la comunicación. Por tanto, nuestro objetivo es llegar a la generalización y cuasi universalización de la enseñanza superior. Sin embargo, el sistema de becas previsto en este proyecto de ley no se orienta en esa dirección, no afronta ese reto que para Izquierda Unida es fundamental. Y en función del sistema se definirá, sin duda, uno u otro modelo educativo: un modelo orientado, como digo, a la generalización de la enseñanza universitaria, o un modelo en el que los sectores privados y los grandes grupos de presión controlen también a esos niveles para generar una dependencia entre la educación, y la producción.
Por ello, creemos que se deben establecer distintas modalidades de becas y ayudas que aseguren el ejercicio del derecho a la educación superior en igualdad de condiciones para todos los estudiantes, independientemente de su situación económica y social, para que no se excluya a un número importante de estudiantes en nuestro país. De ahí que propongamos que se cree un sistema de becas-salario que cubran los costes directos, indirectos y de oportunidad de estudio en los casos de rentas más bajas, con objeto de conseguir esa generalización de la enseñanza universitaria.
Por otro lado, proponemos que desde las universidades se deben establecer los procesos de verificación del conocimiento de los estudiantes con la perspectiva que nosotros seguimos defendiendo en el marco de este debate, que no es otra que la autonomía de aquéllas. Por tanto, en el ámbito de las universidades públicas, deben ser los claustros los que aprueben las normas que regulen ese proceso y la permanencia en la universidad de los estudiantes. Pensamos que uno de los mayores déficit de este proyecto de ley es la merma de la autonomía universitaria, y es el motivo por el que incidimos en la necesidad de que ésta sea mayor, aspecto que también se contempla en la Constitución Española.
Asimismo, presentamos una serie de enmiendas que se refieren al profesorado y que persiguen distintos objetivos. Así, proponemos la eliminación de los artículos 57 a 67, relativos al procedimiento de la llamada habilitación nacional, por entender que en este caso existe un reglamentarismo impropio de una ley que debe ser de mínimos, de contenidos de carácter general, sin que pase a descender a esos niveles.
Por tanto, proponemos sustituir las múltiples figuras de personal docente e investigador por una estructura más simplificada, cual es la de personal contratado en formación y el personal docente e investigador permanente, ya sea en el caso de contratados o funcionarios. Y solamente para los asociados y visitantes tendría sentido la contratación temporal y/o a tiempo parcial. Queremos eliminar cualquier rasgo de trashumancia --como se establece en el artículo 50-- como requisito para que el personal en formación pase a ser profesorado permanente, algo que se dificulta de manera considerable según lo previsto en este texto. En este sentido, ya dije ayer que algunos expertos indican que algunos profesores necesitarán entre diez y doce años para llegar a ser profesores permanentes en la Universidad.
Asimismo, consideramos que la determinación en la relación de puestos de trabajo del número de plazas que corresponde a cada categoría docente debe guardar, en todo caso, la proporcionalidad que permita la realización de una carrera docente. De ahí que planteemos la vuelta al texto inicial de proyecto.
Por otra lado, y siguiendo con el nivel de competencias de las Comunidades Autónomas, creemos que deben ser éstas las que establezcan los límites de las retribuciones del personal laboral, siempre, como es lógico, en el contexto determinado por la negociación colectiva.
Otra de nuestras propuestas es que las universidades puedan realizar convenios con otras administraciones públicas al objeto de facilitar el acceso recíproco de su personal a las correspondientes plazas, sin perjuicio de las especificidades que se deriven de las características de cada una de las plazas. Este es uno de los déficit de este proyecto de ley, por lo que se debería contemplar la posibilidad de la interrelación entre las administraciones públicas en lo que al acceso del personal se refiere mediante ese tipo de convenios.


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Por último, por pensar que se debe evitar el sistema de libre designación para cubrir plazas, presentamos la enmienda número 44 a tal fin.
Muchas gracias.


El señor VICEPRESIDENTE (Prada Presa): Muchas gracias, Senador Cabrero.
Voto particular número 6, del Grupo Parlamentario de Coalición Canaria, correspondiente a las enmiendas números 65 a 67.
Tiene la palabra el Senador Ríos, por tiempo de tres minutos.


El señor RIOS PEREZ: Gracias, señor Presidente.
La enmienda número 65 propone la adición de un párrafo segundo nuevo al artículo 51, con objeto de que las Comunidades Autónomas puedan establecer por motivos de interés autonómico, de acuerdo con sus universidades, y con el informe preceptivo del Consejo de Coordinación Universitaria, criterios para adaptar la figura del profesor colaborador a titulaciones con una proyección preferentemente profesional. Se trata de permitir una cierta flexibilidad para adaptar las plantillas de personal docente a las necesidades de determinadas titulaciones que presentan una proyección preferentemente profesional por su propia naturaleza o en atención a las peculiares circunstancias de cada Comunidad Autónoma.
En la misma línea de dar una mayor capacidad de autogobierno a las Comunidades Autónomas y de autonomía a las universidades, presentamos la enmienda número 67 con el fin de que las universidades puedan crear categorías de personal laboral propio, mediante ley autonómica, según sus propias necesidades.
Y quisiera detenerme un poco más en la enmienda número 66, que plantea el tema de la famosa habilitación del profesorado. Señorías, en la ley no se especifica cuándo y con qué periodicidad puede llevarse a cabo, lo que puede implicar que esa cuestión se posponga «sine die», algo que a todos nos preocupa y que va a ser un punto negro en la evolución de esta ley, cuyo artículo 62, como todos saben, es una de sus claves.
Por ello, el primer apartado de esta enmienda se refiere a la obligación que tienen todas las universidades públicas de indicar anualmente cuáles son las plazas que serán provistas mediante concurso de acceso entre habilitados. Y en el segundo apartado se establece que el Consejo de Coordinación Universitaria convocará anualmente habilitaciones, ya que lo contrario también pospondría esa cuestión «sine die», y quizá se pueda dar el caso de que no se haga nada al respecto, bien por parte del Consejo de Coordinación Universitaria, bien por parte de las Universidades.
Pero todavía considero más importante lo que indica el apartado tercero de la citada enmienda. Según el texto actual, no se podrá proponer un número de plazas mayor que el correspondiente a las plazas habilitadas, y en nuestra opinión eso es una barbaridad, por dos razones fundamentales.
La primera, porque en ese caso no existe igualdad entre los españoles.
Así, puede ocurrir que en un momento determinado haya siete plazas habilitadas para las cuales existan quince personas magníficamente preparadas. Pero, como si de una oposición restringida se tratara, se establece que sólo pueden acceder a las mismas los siete mejores, con lo que la octava persona sólo puede ser la primera para la posterior habilitación, que puede producirse dos o tres años después, perdiendo en ese momento una oportunidad clave. Pero, además, se produce una mortalidad natural --entre comillas--, en el sentido de que después puede que no siga en la carrera universitaria, en el profesorado, creándose así una serie de huecos innecesarios.
Quisiera, pues, que el Grupo mayoritario meditara profundamente esta enmienda, con objeto de que pueda ser aceptada.
Muchas gracias, señor Presidente.


El señor VICEPRESIDENTE (Prada Presa): Gracias, Senador Ríos.
A continuación el voto particular número 2, del Grupo Parlamentario de Senadores Nacionalistas Vascos, que corresponde a las enmiendas números 222 a 237. Para su defensa, tiene la palabra el Senador Bildarratz.


El señor BILDARRATZ SORRON: Gracias, señor Presidente.
Enmiendas números 222 y 223, referentes al acceso a la universidad y la admisión de alumnos a la misma, es decir, el Título VIII. En este caso ocurre un poquito lo que antes he explicado sobre el artículo 20, es decir, el correspondiente al rector, en el sentido de que tenemos que depositar confianza, no podemos desconfiar tanto de la universidad como de las Comunidades Autónomas y tenemos que saber acercarnos a los problemas que tienen los alumnos. Por ello eliminamos la remisión a una normativa básica del Gobierno sobre admisión de alumnos, que debe producirse según dispongan las universidades de acuerdo con el Consejo de Coordinación y teniendo en cuenta la programación de la oferta pública que determinen las propias Comunidades Autónomas. De nuevo se trata de ajustar el contenido a la doctrina y jurisprudencia constitucional, que no habilita al Estado a emplear instrumentos jurídicos distintos al de la ley orgánica según el artículo 149.1.30a de la Constitución.
Al Título IX son 14 las enmiendas que presentamos, que van de la número 224 a la 237. En este Título, tal como estamos haciendo en el resto, voy a defender únicamente las que mi Grupo considera más significativas.
En la enmienda número 224 nos remitimos a las competencias de las Comunidades Autónomas para establecer el régimen del personal docente investigador contratado de las universidades para que las mismas, las universidades, puedan contratar en régimen laboral, personal docente e investigador conforme determine la correspondiente normativa autonómica.
Siendo la competencia del Estado en este caso la que habilita el artículo 149.1.18a de la Constitución --esto es, las bases del régimen jurídico de las administraciones públicas y del régimen estatutario de sus funcionarios--, en el texto del apartado 1 del artículo 48 del proyecto deben suprimirse las figuras de tipos de contratados y la limitación cuantitativa que establece el párrafo

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segundo sobre el volumen de contratados entre el global de profesorado, porque resultan regulaciones con un contenido que excede con claridad del concepto material de bases, por lo que tiene un alcance inconstitucional.
Además, suponen una intromisión deficiente desde el punto de vista técnico y práctico en la potestad de organización y autonomía universitaria, dotando a éstas de unas condiciones de rigidez y de parametrización de las funciones del personal, de la libertad de contratación y de las condiciones laborales y contractuales que resultarían imposibles de poner en práctica y que hipotecarían y perjudicarían la eficacia de la gestión universitaria.
Otro tema bien importante es la habilitación nacional, enmienda número 227, correspondiente al artículo 57 del proyecto que estamos tratando. La defensa de esta enmienda está basada en cuatro razones principalmente. La primera, el Estado no dispone de título competencial alguno, más allá del alcance restringido a los principios y normas básicas previstas en el artículo 149.1.18a, para diseñar y reservarse una intervención como la denominada habilitación nacional previa.
La segunda razón está relacionada con que dicha intervención constituye una clara invasión competencial, así como en particular una restricción injustificable de la propia autonomía universitaria, en abierta contradicción con el contenido dado a la misma en el artículo 2 de esta ley.
En tercer lugar, proponernos la sustitución del concepto de habilitación --que, en nuestra opinión, prejuzga negativamente la capacitación profesional-- por el de acreditación; más afín a la pretensión de instaurar un proceso de dimensionamiento previo de la calidad profesional en el reclutamiento.
Cuarta y última razón, proponemos que sean los órganos de acreditación los que desarrollen los procesos correspondientes.
Gracias, señorías.


El señor VICEPRESIDENTE (Prada Presa): Gracias, Senador Bildarratz.
A continuación pasamos al voto particular número 3, del Grupo Parlamentario Entesa Catalana de Progrés, que corresponde a las enmiendas números 168 a 180. Para su defensa, tiene la palabra el Senador Bonet.


El señor BONET I REVES: Muchas gracias, señor Presidente.
De las enmiendas más relevantes para defender aquí en el Pleno comenzaré por la número 170. Esta enmienda pretende incidir en que esto del 49 por ciento tiene truco, porque resulta que con la actual composición queda poco margen realmente para poder contratar. Por ello proponemos una adición al texto: «... excluyendo ayudantes y asociados.» Por cierto, esta enmienda nos la sugirió el ex Rector de la Universidad Autónoma y también ex Director General de Universidades de la Generalitat, don Ramón Pascual, y le pueden comunicara la Ministra que está en total desacuerdo con la ley orgánica de universidades.
La enmienda número 172 trata del artículo 55, y también aquí hay un truco de competencias, porque aunque se habla de competencia exclusiva de las Comunidades Autónomas para regular el 49 por ciento de estos profesores, resulta que el artículo 55.3 dice que el Estado también puede intervenir por la vía de la subvención, y ya sabemos que esto siempre es motivo de múltiples conflictos en el Tribunal Constitucional. Las subvenciones del Estado en materias de competencia de las Comunidades Autónomas dan lugar a libros, libros y libros de jurisprudencia en el Tribunal Constitucional y a conflictos permanentes.
Y llegamos a la parte central de estos títulos, la cuestión de la habilitación, esta especie de espada de fuego con la que acabar con las orgías endogámicas que se montan en las universidades según ustedes.
Ayer le dije a la Ministra que cómo puede luchar contra el corporativismo creando cuerpos nacionales. Ella me dijo que, efectivamente, ya los hay ahora. Pero una cosa es que los haya y otra que se realcen, y en esta ley se realzan, porque estos cuerpos son realmente los selectos y de ellos serán por fuerza los rectores, los decanos, etcétera. Es decir, ha habido un realce de estos cuerpos y --como decía ayer-- entran en la línea, en la idea, en la visión, por ejemplo, de la Justicia o del Ejército.
En este sentido, las enmiendas de Entesa son muy posibilistas: sencillamente pretenden sacar la máxima normativa posible sin descalificar el título en sí; es decir, dar la parte de culpa al Consejo de Coordinación Universitaria para ver si así se puede descrispar el debate, en el cual ayer la Ministra se quejaba y apeló a la responsabilidad de los rectores. Pues bien, nosotros también apelamos a la responsabilidad de la Ministra, y en este sentido van nuestras enmiendas. Como le decía ayer a la Ministra, una habilitación no tiene por qué conllevar el tipo de habilitación que prevé la ley, y se puede pactar. ¿Qué puede querer decir una habilitación? Puede ser una habilitación curricular u otro tipo de habilitación, hay muchas maneras.
Si se aceptan estas enmiendas hay espacio para negociar y alcanzar paz en esta guerra que hay entre el Ministerio y la CRUE.
También me gustaría apelar a la Ley de Murphy al hablar de la habilitación porque, realmente, los artículos reflejan cierto caos. En ese sentido, una de las cosas que ustedes han hecho y que tendrán consecuencias imprevisibles puede ser, por ejemplo, que haya unos colectivos trashumantes de habilitados sin plaza; esta situación será posible porque existen posibles contradicciones con los artículos 62.2, 63.1, 63.2 y 62.3.
Por otro lado, todos sabemos que cuando la televisión era en blanco y negro, la primera plaza que le tocaba ocupar a un catedrático estaba situada en las Canarias, cuando podía se iba a Gijón, después a Sevilla y, al final, se iba a Madrid. Algunas universidades hacían de trampolín para poder acceder a otras y las cuarenta universidades que hay actualmente pueden padecer este síndrome.
Finalmente, quiero destacar también que la enmienda número 180, relativa al personal docente e investigador de las universidades privadas, y con el ánimo de que haya justicia comparativa con las universidades públicas, pretende que al menos el 51 por ciento del total de su profesorado tenga el título de doctor y que haya obtenido la evaluación positiva de su actividad docente.


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Nada más y muchas gracias.


El señor VICEPRESIDENTE (Prada Presa): Gracias, señoría.
A continuación, Senador Bonet, le corresponde también la defensa del voto particular número 5, del Grupo Parlamentario Entesa Catalana de Progrés, para la vuelta al texto remitido por el Congreso de los Diputados en lo modificado por la enmienda número 584, del Grupo Parlamentario Popular.


El señor BONET I REVES: Perdón, señor Presidente.
Las doy por defendidas en sus justos términos.


El señor VICEPRESIDENTE (Prada Presa): Gracias, señoría.
A continuación, voto particular número 10, del Grupo Parlamentario Catalán en el Senado de Convergència i Unió, que corresponde a las enmiendas números 525 a 528. Para su defensa y por tiempo de cuatro minutos, tiene la palabra el Senador Varela.


El señor VARELA I SERRA: Gracias, señor Presidente.
Las enmiendas números 525, 526 y 527, pretenden preservar las competencias autonómicas y, la última, la número 528, hace referencia a las universidades privadas.
Las tres primeras enmiendas tienen un común denominador, que se haga referencia en el texto a la capacidad normativa de las Comunidades Autónomas en este campo. En los artículos 42 y 68 se señala que el Gobierno tiene capacidad para establecer la normativa básica y, por lo tanto, cabe suponer que las Comunidades Autónomas tendrán otras posibilidades para establecer su regulación. Es algo que está implícito pero, como estamos escarmentados porque, posteriormente, se hacen lecturas restrictivas --y hace poco hemos visto como un personaje relevante de la política española hacía una lectura restrictiva de la Constitución respecto a lo que significa la pluralidad del Estado-- tememos que más adelante se pueda hacer lo mismo con este texto. Tal y como está ahora, capacita a las Comunidades Autónomas para establecer su política universitaria, pero estaría mucho mejor --porque lo que abunda no daña-- que se incluyera. Por tanto, en estas tres enmiendas pedimos que se recoja explícitamente la capacidad de las Comunidades Autónomas para legislar en la materia.
En relación con la enmienda número 528, al artículo 72, relativo a las universidades privadas, solicitamos que se incluya la mención de la Iglesia Católica para que haya una equivalencia entre todas las universidades no públicas, con independencia de cuál sea su estatuto jurídico fundacional.
Muchas gracias.


El señor VICEPRESIDENTE (Prada Presa): Gracias, Senador Varela.
Defensa del voto particular número 11, del Grupo Parlamentario Socialista, que corresponde a las enmiendas números 333 a 373. Asimismo, también corresponde hacer la defensa del voto particular número 12, del Grupo Parlamentario Socialista, para la vuelta al texto remitido por el Congreso de los Diputados en lo modificado por la enmienda número 584, del Grupo Parlamentario Popular.
Tiene la palabra el Senador Fernández Zanca.


El señor FERNANDEZ ZANCA: Gracias, señor Presidente.
Tal y como han agrupado para el debate los títulos de este proyecto de ley, estamos ahora debatiendo los relativos a los estudiantes, profesorado y personal de administración y servicios, que son tres de los grandes perjudicados. En ese sentido, en la prensa de hoy aparece un titular que dice: Galicia, el no a la Ley obtiene mayoría absoluta. El referéndum celebrado en las tres universidades gallegas sólo confirmó lo que todos esperaban: el rechazo a la LOU es unánime, más del 97 por ciento de los miembros de la comunidad educativa se mostraron en contra de la norma que hoy, con toda seguridad, aprobará el Senado, frente a un escaso 2 por ciento a favor.
Esta situación parece que contradice lo que decía ayer la señora Ministra, que hay muchos que están a favor pero no se manifiestan. Ha habido un referéndum, que ha registrado el triple de participación que en las elecciones a los miembros de los claustros, en el que más del 97 por ciento votó en contra de la LOU y, solamente un escaso 2 por ciento, votó a favor. Señorías, algo tendrá este proyecto de ley para que los resultados sean éstos.
Aplaudo la originalidad de las universidades gallegas y, desde luego, estoy seguro que si en otras universidades se hiciera también un referéndum, el resultado sería exactamente el mismo. ¿Por qué? Eso es lo que voy a intentar demostrar en mi intervención, defendiendo las enmiendas y, a la vez, criticando lo que están ustedes haciendo.
Es una ley que claramente va contra los alumnos, esos alumnos que según ustedes promueven algaradas para enturbiar y crispar el ambiente, como se dijo en esta Casa. Va en contra de los alumnos por muchas razones; en primer lugar, por el acceso. Los estudiantes han de superar, con toda seguridad, una prueba que el Gobierno se guarda en la manga y que se hará pública cuando se presente la ley de calidad de la enseñanza --probablemente, será una reválida--, de modo que no se va a eliminar esa selectividad de la que habló a bombo y platillo la señora Ministra, hace algún tiempo. Además, después de haber superado esta prueba, deberán superar la prueba de acceso que determine la universidad receptora. En consecuencia, ¿qué pasa si un alumno, señor Arvizu, que siente vocación por el Derecho --como usted-- haga media docena de solicitudes para tener la certeza de que va a ser aceptado en alguna de las universidades que pide? Muy sencillo, va a tener que hacer seis pruebas, una en cada universidad y, además, la prueba que cada universidad establezca, que no tiene por qué ser la misma ya que no tiene por qué haber homogeneidad en las pruebas. Esta situación ya la prevén ustedes porque han introducido una enmienda al artículo 42 en la que se indica que el Consejo de Coordinación Universitaria velará para que las universidades programen sus procedimientos de admisión de manera que los estudiantes puedan concurrir a

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universidades diferentes. Esta es la enmienda que han presentado ustedes y, a la vista de ello, lo único que tengo que decir es: ¡qué generosos son ustedes! ¡Qué generosos son que plantean que las pruebas de acceso no se celebren al mismo tiempo en Barcelona que en Sevilla! Estoy seguro de que los alumnos llorarán de felicidad por ello y que los padres llorarán de impotencia porque serán los que tengan que pagar los gastos que va a ocasionar este desplazamiento de una universidad a otra. Es así, señor Baquero.
Pero ya que estamos hablando de los alumnos, habrá que seguir diciendo por qué va en contra de ellos: porque esta ley, señorías, dice claramente que se van a elevar las tasas públicas. Se ha defendido repetidas veces que esto no es cierto. Pues bien, esto es así. Se van a subir las tasas públicas, y ustedes lo dicen en el proyecto de ley. Artículo 81: Los precios públicos estarán relacionados con los costes de prestación del servicio. Actualmente, las tasas cubren alrededor del 20 por ciento del coste real, la diferencia actual entre las tasas públicas y los gastos tenderá a anularse progresivamente, con lo que ustedes olvidan el servicio público, que es en realidad la universidad, y con lo que se va incrementar de forma considerable la desigualdad en el acceso a la enseñanza universitaria. Pero es que aún hay más. Está en contra de los alumnos porque, de hecho, las ayudas se van a reducir, y lo van a hacer porque, con la introducción efectiva del distrito único y la consecuente movilidad estudiantil, forzada por el distrito único, se va a necesitar un número mayor de becas, y, señorías, las becas han sido una de las víctimas presupuestarias de la política del Partido Popular. Desde 1996 a 2000 se ha ido reduciendo el número de becarios universitarios. En la actualidad, señorías, sólo en torno al 17 por cientos de los estudiantes universitarios españoles disfrutan de alguna beca frente a140 por ciento, que es la media de los países de la Unión Europea --esto es un informe de la propia Unión Europea, no sé si ustedes tendrán otros datos-- y, lejos de reducirse esta diferencia, cada vez se incrementa más: Anteayer, con motivo del debate de los presupuestos, decía al portavoz que me explicara dónde, según él, aparece que se vayan a incrementar las becas en 20.000.
Porque yo sí le informé sobre dónde está escrito que se van a reducir en 12.250: en la página 417 de la Sección 18. El portavoz de presupuestos del Grupo Parlamentario Popular no me supo decir en qué página estaba escrito que se iban a incrementar. Me contestó que ése era un análisis que procedía de lo que habían pensado que iba a suceder. Creo que no es nada serio. Por tanto, el número de becas, en lugar de incrementarse, se va a reducir. Esto, señorías, es indiscutible, como lo es el hecho de que, desde que gobierna el Partido Popular, las becas y la cantidad invertida en ellas haya descendido. Les voy a poner el ejemplo de una provincia, la que tiene más ministros por habitante: Soria. Curso 1995-1996. Había un total de 970 becarios y una inversión de 69.415.000 pesetas. Curso 1998-1999: 470 becarios, por un importe de 44.481.000 pesetas. Senador Arvizu, un dato de nuestra Comunidad, Castilla y León.
Curso 1992-1993, dinero invertido en becas: 2.654 millones 859.000 pesetas. Curso 1998-1999: 1.357 millones 191.000 pesetas.
Estos datos no son ni míos ni del Partido Socialista, son datos facilitados por el Gobierno en una pregunta por escrito. Por lo tanto, creo que es indiscutible que las becas se han reducido, se seguirán reduciendo y, por tanto, no es de extrañar este resultado en las universidades gallegas, en donde ha habido un referéndum.
Pasamos al Título IX. Desempolvan ustedes, como ya se ha dicho repetidas veces, algo que pertenece al pasado, un sistema de habilitación del profesorado que, como tuve ocasión de decirle ayer a la señora Ministra, según algunos juristas responde a un modelo de unidad territorial que el Gobierno Aznar está imprimiendo a otros proyectos y que es más propio de otros tiempos porque significa un retorno a la ley de 28 de diciembre de 1958. Así de claro. Pero es que, además, es un sistema profundamente injusto, a nuestro juicio, porque al limitar el número de habilitaciones puede haber candidatos con méritos suficientes que no sean habilitados y que, por consiguiente, no puedan concursar. Un sistema, señorías, en el que los potenciales miembros de las comisiones de habilitación estarán concentrados en su mayoría en muy pocas universidades, justamente en aquellas que tienen mayor número de doctores. Esto es incuestionable. Así pues, ¿cuál es el objetivo real de esta habilitación tal y como está diseñada? Muy sencillo: establecer un proceso de selección en el que la capacidad de decisión respecto de los candidatos esté concentrada en grupos de poder consolidados, lo que les dará la oportunidad de restringir el espectro de los candidatos sobre las Universidades que puedan seleccionar. Como decía ayer, van a sustituir esa tan denostada endogamia por una suerte de endogamia centralista mucho mayor y mucho más peligrosa, en la que la capacidad de criterio, la capacidad de selección, se va a concentrar en un número menor de universidades, convirtiendo a las periféricas en un mero trampolín, en un mero lugar de paso, con lo que la calidad de la docencia, como es evidente, va a resultar perjudicada. Pero es que, además, quiero repetir el ejemplo que puse ayer a la señora Ministra; que me causó sorpresa porque se reía. Fíjense. En el área de expresión gráfica de ingeniería hay en torno a 600 profesores en toda España que pertenecen a distintas escuelas como Agrónomos, Montes, Caminos, Aeronáuticos, Industriales, Navales, etcétera. De esos 600 profesores, 20 son catedráticos, y de éstos, sólo 1 tiene reconocido un sexenio de investigación. Así que, aplicando la ley, sólo él cumple los requisitos para formar parte de los tribunales de habilitación a cátedra, con lo que ¿a dónde llegamos? Pues a que los profesores de esta materia que opositen, que vayan por la fórmula de la habilitación, se encontrarán con que van a tener que ser examinados por otros profesores de otras áreas y que no son especialistas en la materia de la que están examinando.
¿Y qué pasa con la fase del concurso? Las universidades deciden quiénes forman parte de la comisiones, con el único límite de que tengan un tramo de investigación si son titulares o dos tramos si son catedráticos, artículo 64.2. Por lo tanto, ¿qué es lo que va a suceder? Que las Universidades más consolidadas podrán nombrar comisiones en las que todos sus miembros pertenezcan a la universidad, pero ¿qué va a pasar con las universidades de reciente creación?

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¿Qué va a pasar con las universidades que no cuenten con el número necesario de profesores con estas características? Pues muy sencillo: que tendrán comisiones en las que habrá miembros de otras universidades, lo cual introduce un elemento de desigualdad, señoría.
El Rector de la Universidad de Barcelona ponía un ejemplo muy claro empleando un símil futbolístico. Decía: Es como si el Barcelona necesitara un central, convocara un concurso, y los tribunales que tuvieran que juzgar cuál era el defensa central que necesitaba fueran personas vinculadas al Real Madrid o al Deportivo de La Coruña. Creo que es un ejemplo que define perfectamente qué es lo que puede pasar.
Por otro lado, el proyecto crea una figura de profesorado estable, que es la de profesores contratados, doctores. Esto nos plantea un primer problema, y es que habrá profesores funcionarios y profesores contratados. Las funciones de ambos serán las mismas, pero tendrán distintos derechos. Habrá diferentes retribuciones y distintos mecanismos de acceso y promoción. Si esto lo vinculamos a esa fórmula de la que acabamos de hablar, a la habilitación, nos encontramos con lo siguiente: ¿Qué es lo que puede hacer una universidad para seleccionar a su profesorado estable? ¿Lo va a seleccionar entre profesores que se ofrecen, aunque no les guste, a través de una oferta que se produzca y van a elegir obligatoriamente entre esos seleccionados por un tribunal ajeno a la universidad o va a optar por otra fórmula? Para nosotros, desde luego, esto ofrece pocas dudas: las universidades optarán por la fórmula contractual que, curiosamente, señorías, es más endogámica que la fórmula actual que ustedes odian tanto y que tratan de erradicar.
Respecto del Título X, también hemos presentado una enmienda que, a nuestro juicio, mejora el texto original y recoge en un único artículo, el número 73, lo correspondiente a personal de administración y servicios. Creemos sinceramente que también el personal de administración y servicios se ve seriamente perjudicado por este proyecto de ley porque su representación, quiéranlo o no, digan lo que digan, va a verse disminuida en los órganos de gobierno de la universidad. Además, y como ya tuve ocasión de decir en la Comisión, proponen ustedes una especie de ley del embudo. Las escalas de personal de administración y servicios de cada universidad se abren a cualquier funcionario público, ya sea de la Administración local, autonómica o estatal, pero para que un funcionario del PAS, de una universidad pueda ir a otra administración tiene que firmarse el correspondiente convenio, lo cual nos parece claramente discriminatorio.
Y ya paso a defender el voto particular al artículo 72.3. Señorías, ustedes, en el proyecto que se remitió del Congreso al Senado, tenían el punto tres en el artículo 72, que decía: «El profesorado perteneciente a cuerpos docentes universitarios no podrá prestar servicios en Universidades presenciales privadas mientras se encuentre en situación de activo y con destino en una Universidad pública».
Nosotros habíamos introducido una enmienda que pretendía añadir lo siguiente: «... presenciales y virtuales». Ustedes no sólo no aceptaron nuestra enmienda, sino que eliminaron todo el punto tres. Y sí sabemos con qué intención. Usted podrá argumentarme, señor Arvizu, que la incompatibilidad vendrá regulada por un decreto, pero lo que abunda no sobra, como decíamos ayer, y desde luego, ¿con qué intención se elimina este punto del artículo 72, en el que se impide expresamente, por ley, que un profesor de una universidad pública preste sus servicios en una universidad privada? No sabemos a qué obedece y tendrán que explicarlo muy bien ustedes y sus socios parlamentarios.
Muchas gracias.


El señor VICEPRESIDENTE (Prada Presa): Gracias, Senador Fernández Zanca.
Para un turno en contra, en nombre del Grupo Parlamentario Popular, tiene la palabra el Senador Arvizu.


El señor DE ARVIZU Y GALARRAGA: Señor Presidente, señorías, después de las intervenciones de los distintos portavoces de los grupos parlamentarios creo que hay algunas cosas que deben ser dichas con carácter general, y pido disculpas de antemano si acaso alguien desease una respuesta personalizada, pero hay cosas que casi se han dicho por todos los portavoces y, por lo tanto, para no reiterar y no pasarme de tiempo, habría que decir.
En primer lugar, hay una especie de utilización que nuestro Grupo considera demagógica y poco ajustada a la realidad de la ley con respecto al acceso de los estudiantes. En el artículo correspondiente se dice que hay que tener el título de bachiller o equivalente para poder entrar. No es esta ley la que debe de establecer cómo se llega a ese título. Sería un despropósito que se hubiera introducido aquí esa determinación porque hay incongruencia con el objeto de la ley. Será objeto, si lo es, con respecto a la legislación actualmente existente, pues de otras normas que tendrán su discusión parlamentaria y sobre la cual tanto el Gobierno, que la presentará, como los distintos grupos parlamentarios de ambas Cámaras, tendrán ocasión más que sobrada de pronunciarse.
En segundo lugar, se ha presentado de una manera algo artera la cuestión de las becas. Incluso por algún portavoz creo que puede dar lugar a confusión. No comparto la afirmación que aquí se ha vertido de que el número de becas haya disminuido. No comparto la afirmación de que el montante total de las becas del Estado y Comunidades Autónomas haya disminuido. Si vamos a buscar cifras comparativas podríamos remontarnos a los años treinta y ver que efectivamente las becas eran pocas, pero si vamos a remontarnos o a aproximarnos a épocas más recientes a las actuales hay que tener en cuenta que las Comunidades Autónomas en su conjunto, y unas más que otras --como Castilla y León, puesto que algún portavoz se ha referido particularmente a ella--, han hecho esfuerzos altamente significativos en ese tema, lo cual ha determinado una proporcional disminución de la aportación del Estado al número total de becas que en la Comunidad se conceden.
Por otra parte, es deseo de este Gobierno, como yo creo que de cualquiera que pudiera ocupar por voluntad de los españoles tal misión, que nadie quede fuera de la enseñanza superior por carencia de medios económicos.
Pretender

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afirmar lo contrario, o suponer en el Gobierno del Partido Popular lo contrario, me parece no algo falso, sino algo inconcebible, porque nadie va contra lo que podrían ser incluso sus propios intereses electorales.
Ahora bien, en la intervención de algún portavoz --y luego me referiré a ella porque era al principio de las intervenciones-- me ha parecido que se pretendían becas con independencia de la situación económica. Esto sí que me ha extrañado. Pueden ser becas a la excelencia o por las buenas calificaciones, pero eso puede producir injusticias.
Otra cuestión que se ha esbozado a lo largo de los tres apartados ha sido el menosprecio de las atribuciones de las Comunidades Autónomas con respecto a la legislación, fundamentalmente sobre profesorado y sobre PAS. Ha habido incluso un portavoz, a quien luego contestaré, que ha basado toda su oposición a estos tres títulos en la supuesta inconstitucionalidad de las disposiciones de la ley que hoy se debate.
Tengo que decir sobre ello que cuando se legisla sobre funcionarios, los funcionarios son del Estado, que la Constitución determina que tal legislación deba producirse por ley, que un parlamento nacional, en una materia como es la universidad, puede establecer por ley categorías de profesores contratados y no contratados.
Por último, puesto que ha sido también un tema denostado, me referiré al sistema de habilitación profesoral. Yo creo que aquí hay un excesivo desconocimiento de cómo ha funcionado el sistema de reclutamiento de profesorado universitario. La autonomía universitaria no consiste en que la universidad, y solamente la universidad, pueda seleccionar a su profesorado. El Estado puede lícitamente establecer un filtro que considere de calidad, que puede ser la habilitación nacional u otro tipo de habilitación. Quiero decir habilitación nacional concebida en los términos de esta ley u otro tipo de habilitación alternativa, curricular o como fuere --aquí se ha dicho.
Si se opta por el sistema de una habilitación nacional, y el modelo que se pretende implantar --y que de hecho se va a implantar-- es bueno o malo, el tiempo lo dirá. Sí puedo decir aquí que no será peor que el modelo que actualmente existe, y probablemente tendrá efectos beneficiosos.
No quiero hablar aquí de la endogamia porque parece que ha sido la bestia negra, y además se está aduciendo por unos y por otros, atizando una hoguera que, en mi opinión, se ha sacado de contexto. Quiero desdramatizar este asunto. Pero parece bueno que antes de que las universidades provean sus plazas en uso de su autonomía y conforme lo digan sus estatutos, que es lo que establece la ley, tengan una serie de personas habilitadas mediante unas pruebas que son nacionales. ¿Y por qué son nacionales? Porque la propia dinámica de la habilitación lo exige.
¿Se imaginan ustedes una habilitación convocada por la Comunidad Autónoma A, a los seis meses otra convocada por la Comunidad Autónoma B, poco tiempo después por la Comunidad Autónoma C, con criterios distintos y todas las personas habilitadas con validez para todo el territorio nacional? Esto sería un perfecto disparate. O se suprime la habilitación, que es la vía por la que la ley no ha optado, o se mantiene y, de mantenerse, forzosamente tiene que hacerse con carácter nacional.
Lo que se ha dicho sobre los «lobbies» de grupos nacionales, como no voy a aludir a nadie, me produce risa, simplemente porque se habla desde el absoluto desconocimiento de la cuestión que se aborda. Los miembros de las comisiones de habilitación nacional serán elegidos por sorteo. Los sorteos son incontrolables por nadie, y el más antiguo será el presidente, que será aquél en cuya universidad se celebrará, con la periodicidad requerida, la habilitación nacional.
No hay nadie, y lo digo por la experiencia que me dan los años de permanencia en la universidad, que son bastantes, que pueda manejar un tribunal de siete miembros. Mucho menos se puede pretender que después las universidades queden poco menos que asfixiadas porque tendrían que venir personas para proveer las plazas de fuera de la universidad. Eso es exactamente lo que ocurre ahora. Ninguna universidad, o casi ninguna --estoy seguro que ninguna en España, en ningún área de conocimiento--, está en condiciones --supuesto que pudiera, que legalmente con la LRU no puede, porque hay que sortear tres miembros-- de proveer cinco funcionarios para formar un tribunal en una misma área de conocimiento, porque no los hay. Aparte de eso, endogamia por endogamia, eso sí que sería endogamia llevado a la enésima potencia.
Vamos a entrar en cuestiones más concretas. La discusión en este punto, que es el nudo gordiano de la ley, debe ser despaciosa y todo lo profunda que el caso requiera.
Aquí se ha dicho que la ley no contempla adecuadamente la regulación del personal de administración y servicios porque le obliga, para optar al paso a otra universidad, a suscribir convenios, mientras que no se establecen los mecanismos. ¡Pues claro! Porque no es el lugar. ¡No es el lugar! Una ley que regula la universidad tiene que establecer el derecho de su personal para ir a otras universidades mediante convenios o cualquier otra figura jurídica. Puede decir a otras administraciones como se determinará reglamentariamente la admisión de personal de otras administraciones a la universidad. Pero no podría establecer qué personal de la universidad pudiera concursar a un ayuntamiento porque ése es otro ámbito legal.
Por lo tanto, por el principio de coherencia normativa, la ley --que precisamente no está hecha por personas que sean iletradas-- se mantiene dentro de su ámbito competencial. Tampoco estamos de acuerdo con que la cuestión del personal de administración y servicios sea una competencia exclusiva de las Comunidades Autónomas. Tiene que haber una homogeneidad en la base, precisamente para permitir esa movilidad.
No creemos que sea una buena salida jurídica ni administrativa ni beneficiosa para la carrera del personal de administración y servicios que cada universidad establezca categorías administrativas para el personal de administración propias y diferentes. Esto haría imposible el cambio de destino, a no ser que los que tal cosa denuncian en realidad pretendan consolidar a una persona en una universidad sin posibilidad de moverse. Ya lo hicieron con la LRU al suprimir los concursos de traslado.


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Entremos ahora a contestar algunas cosas que se han dicho por los distintos portavoces.
Senador Quintana, nosotros no pensamos que la no admisión de la enmienda donde se consagra el derecho a la utilización lingüística sea una falta de sensibilidad. Este es un tema estatutario y figura en la Constitución en los términos que su señoría conoce. Le voy a decir más, que probablemente no debería ser siquiera aunque a algunos de los aquí presentes se les abran las carnes, tema de legislación autonómica.
Cada universidad, en su propio ámbito, utilizando su propia potestad normativa, es la que, si lo cree necesario, debiera regular esta cuestión. Puedo asegurarle --porque es algo que se desprende, como es lógico, del texto de la ley-- que una ley orgánica no puede ir contra la Constitución que señala lo que señala respecto del uso de las lenguas cooficiales o propias de determinados territorios. Por tanto, no es necesario. Más miedo me dan las políticas de inmersión lingüística. Por esa razón la ley está bien como está, y no es el momento de que desde aquí se reflexione y se exija que esa cuestión se incluya en la ley.
Quizá algunas Comunidades debieran ver si no han cometido demasías en esta cuestión.
Usted ha planteado un sistema alternativo de habilitación, curricular, es un sistema coherente, muy apegado a la hermosa tierra gallega donde usted vive y que yo admiro tanto, como usted sabe.
Creemos que es mejor el sistema que la ley plantea --no impedirá a un profesor gallego quedarse en su tierra, ni a un profesor andaluz marcharse a Santiago; no lo impedirá-- pero no sería bueno evitar que un profesor andaluz pudiera ir a Santiago. ¿Sabe por qué no sería bueno? Porque la universidad se llama universidad por algo, lleva la universalidad en su propio nombre y universidad es lo más distinto que puede haber a localidad.
Veo con preocupación, como muchas personas que observan lo cotidiano desde la política o simplemente desde la sociedad, que hay gobernantes más preocupados por hacer una política de campanario y de exclusión de todo lo que sale fuera de determinada cordillera, de determinada autopista o de determinado río, que de considerar que la savia de la universidad es precisamente la renovación de su sangre, también en el estamento del profesorado, y eso es bueno. Mi primer destino fue Santiago, y puedo decirle que ahí aprendí yo a amar a Galicia, y fui recibido como si hubiera sido gallego, y ahí me sentí muy bien, y ese espíritu --no quiero personalizar, pero no sé si en algunos sitios no se ha perdido-- es bueno y es un valor que hay que recuperar.
Senadora Boneta, considero que es una expresión un poco fuerte decir que se ignoran los derechos de los estudiantes. ¡Caramba! Hay todo un elenco de descripción de derechos de los estudiantes, a no ser que usted entienda que los derechos de los estudiantes sólo pueden quedar a lo que diga la respectiva Comunidad Autónoma, pero ése es un planteamiento que yo no puedo compartir. (La señora Presidenta ocupa la Presidencia.) Respecto a los profesores, usted ha rechazado la Agencia Nacional de Evaluación, ha dicho que este sistema de habilitación pone en dificultades a las Comunidades con lengua propia. No veo por qué. ¿Está pensando en la Comunidad Autónoma del País Vasco? Pues le voy a decir --y creo que no me equivoco-- que todas las personas que viven en el País Vasco saben hablar, escribir y entender castellano, hoy. No veo por qué una habilitación nacional puede poner en peligro a una Comunidad Autónoma con lengua propia. Lo mismo podría decir de Galicia, de Cataluña, de Valencia o de Mallorca.
Respecto a la endogamia ideológica mediante la habilitación nacional, creo que ahí el espíritu le traiciona y usted ha querido decir justamente lo contrario de lo que ha dicho. ¡Qué miedo tengo a que sólo se puedan reclutar profesores de una determinada adscripción ideológica en sus múltiples matices!, y no necesito decir más.
Senadores Cabrero y Cámara, de Izquierda Unida, ustedes han propuesto un modelo alternativo prácticamente en todo, modelo que no se ve en otros grupos, y es un modelo completamente respetable, lo cual no significa que mi Grupo comparta ese modelo con ustedes. Tratan el tema del acceso de una manera muy demagógica y con excesivos brindis al sol, así como el sistema de las becas.
Respecto a la admisión de los alumnos, hay que salir del inmovilismo.
Ahora la situación que tenemos con el alumnado en España es de descenso de la pirámide poblacional. Normalmente, salvo se trate de carreras que por exigencias de la Unión Europea o por la índole de los propios estudios que imparten --pensemos en ingeniería aeronáutica--, tienen obligatoriamente que limitar la gente que pueden admitir, porque la enseñanza no se puede impartir de igual manera que en una facultad de Derecho. Por tanto, y con esto contesto también al portavoz y querido colega coterráneo, Fernández Zanca, puedo asegurarles que una persona que pretenda postular su ingreso en las facultades de Derecho no va a tener ningún problema. ¿Sabe con qué tendrá problema, Senador Fernández Zanca? Con la diversidad de planes de estudio que ustedes, de una manera yo creo que irreflexiva, establecieron y que han llevado a que un alumno de primer año de Derecho tenga, con los nuevos planes de estudios, catorce asignaturas, y que ha motivado --lo he dicho en alguna otra ocasión-- que los alumnos que necesitan --porque haberlos haylos--asistencia psiquiátrica porque no pueden a los 19 años con catorce asignaturas, muchas de las cuales exigen un conocimiento algo más avanzado de la carrera de derecho, se vayan a facultades, que todavía hay, que no han adoptado, precisamente por prudencia académica, las nuevas directrices de los planes de estudios, que necesitan de una profundísima revisión. El ejemplo de Derecho está realmente muy mal elegido.
Señor Cabrero, esto de la trashumancia con el profesorado no lo entiendo.
(Risas.) No quiere usted la habilitación nacional, pero yo creo que es bueno que el profesorado se mueva y vaya de un sitio a otro. Todos hemos aprendido mucho yendo de un sitio a otro. Eso enriquece y forma parte de la universidad. Esto me da pie para contestar a varias cosas, porque aquí se ha esbozado algo que en realidad es una desmesura.
Contesto a Izquierda Unida, al Senador Quintana, del Bloque Nacionalista Galego, respecto a la relación de

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puestos de trabajo que debe facilitar la consecución de una carrera docente. ¿Ustedes se dan cuenta de lo que significa eso? Una relación de puestos de trabajo por área de conocimiento, donde tendría que haber: un ayudante o equivalente; un ayudante doctor; «ad cautelam», un profesor contratado doctor; un profesor titular de universidad, o de escuela universitaria, según los casos, y un catedrático de universidad o de escuela universitaria, según los casos, y eso supone un gasto enorme en plazas que tienen que estar consolidadas, cuando a lo mejor resulta que no hay alumnos que justifiquen toda esa plantilla. En otros casos sí, y precisamente por esa razón, las universidades tienen especial interés en establecer la estructura mínima de área de conocimiento, para que no haya un solo profesor y que si se pone enfermo o se traslada o se muere, se queden los alumnos sin clase, pero de ahí a hacer una estructura de área que facilite sin salir del área la realización de una carrera docente va un abismo, y ese abismo se mide en pesetas. A veces perdemos de vista la realidad y no sabemos lo que cuestan las cosas.
Le preocupan mucho al Senador Cabrero los puestos de libre designación del PAS. Senador Cabrero, son tan pocos que no merece la pena ni que nos ocupemos de ellos, porque la libre designación no es contratar a quien quiera fuera de la universidad, es elegir para determinados puestos, piense usted en las secretarias de un rector, entre funcionarios de la universidad; ésa es la libre designación. De manera que los agravios comparativos realmente no son para tanto, no se trata de, digitalmente, ir a buscar la persona amiga fuera de la universidad, no es eso.
Senador Ríos, puedo comprender que la habilitación no debe de estar limitada al número de plazas disponibles, porque puede haber mucha gente muy válida. Lo comprendo, pero no voy a aceptar la enmienda, y le voy a decir por qué, en nombre del Grupo Parlamentario Popular. En primer lugar, el Gobierno tiene todo el interés en que el sistema de habilitación nacional no se retrase «ad calendas graecas». Es cuestión de reglamento establecer cuándo y cómo y en qué plazos las universidades tienen que comunicar y el Gobierno proceder a los oportunos sorteos, porque si no el sistema se cae por sí mismo. Pero, teniendo en cuenta que esto se va a hacer con una periodicidad razonable, uno o dos años, según las áreas de conocimiento --habrá algunas que lo necesiten y otras no--, el tener aprobados sin plaza usted debe saber que ha provocado grandes problemas en el pasado, y precisamente los redactores de la LRU dijeron que en ningún caso se podría proponer a más candidatos que los establecidos en las plazas, e incluso con el sistema anterior a la LRU, cuando había una oposición de seis ejercicios, había gente que había ido pasando los seis ejercicios y que no había obtenido la plaza en la votación, y decía: yo he aprobado la oposición, lo que pasa es que no tengo plaza. Esto era un fraude de ley, porque las cosas no eran así.
Creemos que es más propio dejar la ley como está, y el tiempo dirá si nos hemos equivocado, pero hay que evitar la posibilidad de tener aprobados sin plaza.
Al Senador Bildarratz, del PNV, le diré que ha hecho una intervención en canon, musicalmente hablando. El canon es una melodía, como todo el mundo sabe, de cuatro o cinco notas, que tan pronto está en el alto como en el bajo; es decir, en los diferentes títulos que a mí me han tocado analizar --y seguro que también en los demás--, usted me dice: esto es inconstitucional, y me lo dice respecto a los estudiantes, respecto al profesorado, respecto al PAS. Mire, señoría, esto se parece al caso de la persona que nos enseña una hoja de papel y nos dice: fíjese usted qué importante es esto. Sí, si se mira de frente; pero, ¿y si se mira de perfil?

La señora PRESIDENTA: Senador Arvizu, le ruego que vaya concluyendo, cuando pueda, porque terminó su tiempo.


El señor DE ARVIZU Y GALARRAGA: Me falta todavía bastante, señora Presidenta, pero me voy a ir por el atajo.
Tengo que decir que el Gobierno puede legislar sobre sus funcionarios.
Son funcionaros que prestan servicio en Comunidades Autónomas, pero son funcionarios estatales. No saque punta al lápiz por el lado que no es, porque la verdad es la que es, y usted probablemente lo sabe, y puede señalar los porcentajes necesarios entre profesorado contratado y no contratado, y se lo diré además con un viejo proverbio euskeriko: «egia latz, eta garratz», la verdad es fuerte y es dura, pero es la verdad.
(Aplausos en los escaños del Grupo Parlamentario Popular.) Senador Bonet, le preocupa mucho su enmienda número 180 y, contando con la benevolencia de la señora Presidenta, me voy a referir sólo a ella, porque en el mismo contexto ya he respondido a otras. Respecto a las universidades privadas, a ver si dejamos claro que este Gobierno no quiere dejar la universidad en manos de las universidades privadas. Estas tienen unos requisitos que figuran en el Real Decreto 557/1991, de 12 de abril, en cuyo artículo 7 se dice que el profesorado universitario de todas, públicas y privadas, estará compuesto por un 30 por ciento de doctores en el primer ciclo, y un 70 por ciento en el segundo, y nunca menos de un 50 por ciento en total. Lo que la ley añade es que se necesitará además la habilitación; pero eso ya está aquí, no ha sido modificado y no lo va a ser.
Senador Fernández Zanca, por falta de tiempo no me voy a referir a algo que dijo usted, en un símil cinegético, referido a los conejos y su poca intervención en la Ley de Caza. No me parece propio de un ámbito tan serio como el del Senado. Sí puedo decirle una cosa: sin que yo ponga en duda la importancia del referéndum de los estudiantes gallegos, en la facultad de derecho de La Coruña, con 2.700 alumnos, han votado sólo 300.
Usted ha dado el dato, y yo doy el dato también, sin comentarios.
Todo el mundo está perjudicado: los estudiantes, los profesores, el PAS.
Las becas, según usted, han disminuido por el distrito único. Serán ustedes los culpables entonces, porque el distrito único hace ya tiempo que estaba implantado. De todas formas, dejo al Senador Barquero la oportunidad de contestar a esta cuestión, y así aligero.


La señora PRESIDENTA: Le ruego que concluya, Senador Arvizu.


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El señor DE ARVIZU Y GALARRAGA: Termino, señora Presidenta. Usted, por lo visto, pretende que las comisiones de adscripción las juzguen profesores que no tengan ningún sexenio reconocido. Le parece mejor que sean personas que no hayan pasado por ese filtro; nosotros sin embargo, creemos que deben pasarlo. Por último, he de decir que patina usted en cuanto a las comisiones de adscripción de cada universidad; no importa la cuestión de si tienen o no los sexenios reconocidos; hay áreas de conocimiento afines, y eso no quiere decir que un profesor de paleografía juzgue una adscripción de plaza de álgebra, pero un profesor de diplomática sí puede juzgar una oposición de paleografía. (Aplausos en los escaños del Grupo Parlamentario Popular.)

La señora PRESIDENTA: Gracias, Senador Arvizu. (El señor Barquero Vázquez pide la palabra.) Señoría, tenía entendido que habían renunciado al turno de portavoces: (El señor Barquero Vázquez hace signos denegatorios.) En ese caso, hay que empezar por el Grupo Parlamentario Mixto, y tiene la palabra el Senador Quintana.


El señor QUINTANA GONZALEZ: Muchas gracias, señora Presidenta.
Nosotros habíamos propuesto, señor Arvizu; una enmienda para incluir entre los derechos de los alumnos, el uso de las lenguas propias de las Comunidades Autónomas en todos los ámbitos de la vida académica y universitaria. Lo hicimos por entender que es un derecho reconocido en el artículo 3 de la Constitución Española, y por entender, en nuestra ignorancia legislativa, que las leyes orgánicas están precisamente para desarrollar los derechos básicos. Ahora parece que eso no va a ser así, sino que va a ser a través de los reglamentos. Evidentemente, creemos que es una equivocación, y algo más que una equivocación. Por tanto, una vez le he escuchado a usted, retiro rotundamente mi afirmación de que esto no ha sido incluido por una falta de sensibilidad del Partido Popular; evidentemente no ha sido por eso; ha sido por una convicción política e ideológica profunda sobre el tema. El problema es que esa convicción ideológica profunda, que es muy legítima, está, por no decir en contradicción, sí en paralelo con lo que se reconoce en la Constitución Española como derechos básicos de todos los que estamos aquí y de todos a los que representamos. Por tanto, con esa interpretación me que quedo después de su intervención y, por cierto, me alegro muchísimo de que usted haya sido bien recibido en Santiago de Compostela; puede usted estar completamente seguro de que lo sería igualmente hoy mismo, y lo sería con esta ley o con otra cualquiera, porque eso nunca depende de los textos legislativos.
Nada más y muchas gracias.


La señora PRESIDENTA: Gracias, Senador Quintana. (El señor Ríos Pérez pide la palabra.) Yo tenía entendido que sus señorías habían decidido, en vista de que se debatía la ley tan dividida, renunciar al turno de portavoces, pero veo que no lo han hecho.
Tiene la palabra, Senador Ríos.
El señor RIOS PEREZ: Señora Presidenta, habíamos decidido hacerlo lo más breve posible, dentro de un orden; pero cuando se recurre a cuestiones terminológicas como las que mi querido Senador ha utilizado, tengo que intervenir. Llamar a una habilitación --que es el concepto de una categoría formal-- aprobados sin plaza, me preocupa muchísimo. Eso significa que no tiene las ideas claras sobre lo que es la habilitación, y en cambio yo, que no he intervenido en la confección de la ley, sí había entendido que la habilitación sin plaza no tiene nada que ver con las plazas. Es decir, esa persona puede seguir después su carrera universitaria de profesor, o puede dedicarse a la empresa privada o seguir cualquier otra circunstancia personal. Por tanto, creo que es un error. Vuelvo a repetirlo y ojalá me equivoque, porque creo que van a tener que rectificar al final de toda esta batalla legal, porque va a ser muy difícil que se planteen los problemas con la facilidad con que lo está viendo el Grupo Popular.
Muchas gracias, señora Presidenta.


La señora PRESIDENTA: Gracias, Senador Ríos.
El Senador Bildarratz tiene la palabra.


El señor BILDARRATZ SORRON: Señora Presidenta, como usted muy bien ha dicho, ayer se acordó que no hubiese turno de portavoces, con lo cual nosotros nos mantenemos en lo que ya dijimos y no tomaremos parte.


El, señor PRESIDENTE: Muchas gracias, Senador Bildarratz.
Tiene la palabra el Senador Bonet.


El señor BONET I REVES: Muchas gracias, señora Presidenta.
¿Sabe lo que pasa? Que el Equipo A nos riñe mucho, por lo que a veces es difícil no intervenir. Ellos tienen mucho tiempo, cogen una enmienda, la más significada de ellas, y se dedican a repartir mucha leña. Por tanto, es lógico que alguna vez nosotros tengamos que intervenir.
Y en este caso intervengo porque el Senador De Arvizu, en su, digamos, calor pasional, ha manifestado algunas ideas por las que me he sentido aludido. Me he sentido aludido porque a veces se habla de aldeanismo, de campanario, también se ha referido a la inmersión, que había Comunidades Autónomas que actuaban en demasía en relación la lengua, etcétera.
No sé a quién ha acusado de no ser hospitalario pero yo me remitiría a lo que dijo ayer la señora Ministra. La educación corresponde a todos y no hay que equivocar educación con tolerancia y ésta con defender las lenguas propias de las Comunidades Autónomas. Lo digo porque en Cataluña, en los últimos meses, hemos presenciado un proceso muy fuerte por cuanto que una asociación ínfimamente minoritaria ha montado un pollo, por así decirlo, con los reglamentos lingüísticos de la Universidad de Tarragona, en la cual han encausado a un rector, cuestión que últimamente se ha visto que no era procedente.
Por eso, nosotros habíamos presentado enmiendas al articulado que se reflejaba que había Comunidades Autónomas

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que tenían lenguas propias y, por tanto, dado que se pasa a un distrito único no solamente de alumnos sino también de profesores, se tuviese en cuenta que no debiera ocurrir que estos profesores, en su derecho, pudieran desconocer la lengua propia de la Comunidad Autónoma y desconocer los sistemas de normalización lingüística. Por cierto, en Galicia, donde gobiernan ustedes desde hace muchísimos años, hay ley de inmersión, con lo cual no debe ser algo tan malo. Lo digo porque a veces surgen asociaciones como ésta en Cataluña que, proclamando el bilingüismo, son las únicos que no quieren ser bilingües. Son personas que están años y años en Cataluña y que no hacen suyo aquel refrán castellano tan bueno y bonito que dice: donde fueres, haz lo que vieres, y que lo que hacen es: donde fueres, haz como si no vieres ni oyeres.
En este sentido, creo que nuestra enmienda venía a poner racionalidad. Es decir, hay Comunidades Autónomas que tienen lengua propia, cooficial con el castellano, y, por tanto, una ley como ésta, ya que es tan reglamentista, no puede desconocer procesos de normalización lingüística, a fin de que no haya asociaciones torticeras que, por mor de la igualdad, de la unidad, etcétera, empiecen a poner recursos sobre los usos lingüísticos de las universidades catalanas, gallegas, vascas, etcétera.
Muchas gracias, señora Presidenta.


La señora PRESIDENTA: Gracias, Senador Bonet.
En nombre de Convergència i Unió, tiene la palabra el Senador Varela.


El señor VARELA I SERRA: Muchas gracias, señora Presidenta.
El señor Arvizu nos ha obsequiado con un parlamento muy brillante. El Senador Arvizu habla muy bien. Es un placer escucharle. A él también le gusta escucharse a sí mismo. (Risas.) Pero ha habido algún apartado de su parlamento que me ha parecido lamentable. Y tengo que decirlo y voy en la misma línea que el Senador Bonet.
La alusión despectiva a las inmersiones lingüísticas me parece preocupante porque, desde la altanería de una lengua que tiene asegurada su pervivencia por los siglos de los siglos amen, cuando las Comunidades Autónomas con lengua propia intentamos que nuestra lengua perviva, que ese tesoro acumulado que tenemos perviva, y para ello hacemos algunas acciones, que otros vengan a reírse, francamente, es molesto.
Por tanto, nuestro Grupo ha estado de acuerdo en que estas cuestiones lingüísticas no entren en la ley y se reserven para cada universidad para cada Comunidad Autónoma, pero algunas ideas y el tono con que han sido expresadas aquí me han parecido lamentables.
Gracias.


La señora PRESIDENTA: Gracias, Senador Varela.
En nombre del Grupo Parlamentario Socialista, el Senador Fernández Zanca tiene la palabra.
El señor FERNANDEZ ZANCA: Muchas gracias, señora Presidenta.
Efectivamente, se acordó ayer no hacer uso de este turno, pero también que habría un único turno, para la defensa de las enmiendas. Así se había acordado en Junta de Portavoces, creo haber entendido. De todas formas, seré bastante breve para aclarar una cuestión al Senador de Arvizu.
Creo que no me expliqué lo suficiente o no me entendió --supongo que se debe a lo primero--. Cuando hablaba de los problemas que pueden suceder por no haber los suficientes profesores con los niveles de investigación que requiere la Ley, me refería a la fase del concurso. ¿Y qué es lo que puede pasar? Voy a repetirlo, a ver si esta vez me explico bien.
Las universidades más consolidadas podrán nombrar a todos los miembros de esa comisión, para el concurso, que sean miembros de su propia universidad, pero las universidades de reciente creación no tendrán a los profesores con los requisitos para formar parte de esas comisiones, con lo cual se introduce un elemento de desigualdad porque profesores de otras universidades van a ser los que decidan (El señor de Arvizu y Galarraga hace signos negativos) --sí-- qué profesor entra en una universidad --artículo 64.2--. Y estas universidades tendrán que elegir obligatoriamente entre los candidatos habilitados, incluso aunque no exista ninguno con experiencia en la disciplina específica investigadora y docente que la universidad necesita --artículo 63.1--, Senador Arvizu, o bien optarán por buscar otra forma, una forma de hacer su propia selección, como, por ejemplo, no sacar la plaza hasta que el candidato que les interesa esté habilitado y, desde luego, ésta no será la mejor manera de acabar con esa tan denostada endogamia.
Gracias.


La señora PRESIDENTA: Gracias, Senador Fernández Zanca.
El Senador Arvizu tiene la palabra.


El señor DE ARVIZU Y GALARRAGA: Señora Presidenta, advierto que el Senador Barquero va a emplear un minuto del turno.


La señora PRESIDENTA: No, señoría. El turno de portavoces no se puede repartir.


El señor DE ARVIZU Y GALARRAGA: Gracias.
Senadores Quintana, Varela y Bonet, rechazo categóricamente que el Partido Popular y el Grupo Parlamentario Popular tengan una convicción política profunda contraria a las lenguas cooficiales. Si tal impresión se ha deducido de mis palabras, tengo interés y todo el interés en precisarla, en el siguiente sentido.
Ha sido percibido por muchos sectores del Partido Popular, de fuera del Partido Popular y de otros partidos, que en algunas Comunidades Autónomas han podido --y recalco así las cosas-- cometerse demasías. Y eso es lo que

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a mí en este momento me preocupa y no me gustaría que se cometieran.
Naturalmente, de coartar el uso de las lenguas cooficiales, nada; de ser contrario a las lenguas cooficiales, nada; y de pretender ahogar la lengua catalana, o la vasca, o la gallega, nada. Además haría traición a mi propia sangre. Así que de eso nada.
Lamento dar la impresión de que me escucho a mi mismo. Como estamos en el Senado procuro hablar lo mejor que sé por respeto a sus señorías. Un sabio antiguo, Pomponio Mela, definió al Senado como «locus elegantiae», lugar de la elegancia. No sé si escucharse a si mismo es elegante, pero sí puedo asegurarle que desde luego no es mi intención.
Seguimos estando en radical desacuerdo, Senador Fernández Zanca. Dice que cuando llegue el momento de la adscripción de profesores, una universidad no tiene estatutariamente que permitir, porque estatutariamente se puede hacer que ningún profesor de esa universidad juzgue la adscripción de un habilitado a una plaza. Eso es completamente legal. No entiendo su asombro. El asunto está absolutamente claro en la ley: una habilitación con sorteo de tribunal de siete miembros que es inmanejable y, después, comisiones de adscripción periódicas en la forma que determinen los Estatutos de cada universidad entre profesores que reúnan un mínimo de garantía de calidad. ¿Dónde ve usted el conejo en el sombrero? La verdad, es que --se lo digo por devolverle la alusión a la ley de caza de ayer-- yo no lo sé, pero me parece que se causa usted preocupaciones innecesarias.
Muchas gracias, señora Presidenta. (Aplausos en los escaños del Grupo Parlamentario Popular.)

La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, Senador Arvizu.
Pasamos a los Título XI, XII y XIII, debate de las enmiendas y votos particulares.
En primer lugar, voto particular número 7, presentado por el Senador Quintana, correspondiente a las enmiendas 494 a 501.
Tiene la palabra el señor Quintana.


El señor QUINTANA GONZALEZ: Muchas gracias, señora Presidenta.
Doy por defendidas en sus propios términos las enmiendas a estos tres títulos.


La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, Senador Quintana.
Para la defensa de sus enmiendas, tiene la palabra la Senadora De Boneta.


La señora DE BONETA Y PIEDRA: Muchas gracias, señora Presidenta.
Doy por defendidas las enmiendas al Título IX, números 118, 119 y 120, y solamente quiero hacer una leve matización.
En el artículo 83, relativo a la colaboración con otras entidades o personas físicas, en su número 2 pedimos que después de «... que dicte el Gobierno» se añada «... de acuerdo con las Comunidades Autónomas...».
En este caso me estoy refiriendo a Comunidades que tienen una tradición tan antigua y tan amplia que ni siquiera ha sido coartada por la Ley de 1958. Yo creo que la Comunidad Autónoma vasca en los albores de la universidad, desde luego en la Escuela de Ingenieros de Bilbao existió como iniciativa de las empresas, sin ninguna cortapisa por parte del Gobierno --¡fíjese usted de qué Gobierno le estoy hablando--, laboratorios como Labein, que siguen existiendo hoy día con otra configuración. Parece muy duro que las normas básicas las dicte únicamente el Gobierno, puesto que este tema no es en absoluto básico, y se les tiene que dejar margen a la universidad y a las propias Comunidades Autónomas para que tengan la relación necesaria con los agentes y con los colaboradores de la universidad. Lo mismo podríamos decir en relación a las universidades que imparten estudios con arreglo a programas de otras universidades extranjeras.
Nada más y muchas gracias.


La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, Senadora De Boneta.
Voto particular 9 de los Senadores Cámara Fernández y Cabrero Palomares, correspondientes a las enmiendas 45 y 48.
Tiene la palabra el Senador Cabrero.


El señor CABRERO PALOMARES: Muchas gracias, señora Presidenta.
Voy a defender este bloque de enmiendas de nuestro Grupo de Izquierda Unida.
Quiero plantear que la fórmula que se prevé para fijar los criterios de las tasas, de los precios públicos, por su vaguedad puede inducir a interpretaciones que, desde luego, no desean la mayoría de los estudiantes: aumentó de las tasas y diferentes tasas para estudios similares en función de la universidad donde se vayan a cursar. Ello puede inducir a agravios comparativos y aunque parece que tienen una cierta vaguedad, nosotros estamos convencidos de que, junto con otras formulaciones que se hacen en el proyecto de ley, tienen un componente ideológico dirigido a favorecer a unos en detrimento de otros. Por eso nosotros queremos que se suprima esa parte que indica «... que estarán relacionados con los costes de prestación del servicio.» Además, desde nuestro punto de vista --por eso digo que hay diversas formas de entender el modelo universitario-- creemos que en ningún caso deber haber subvenciones públicas para las universidades privadas, y así queremos que conste en el texto del articulado de esta ley. Como digo hay una diferencia sustancial entre lo que plantea el Partido Popular y lo que planteamos desde Izquierda Unida.
También queremos que quede establecido que la universidad pública, que tiene en la investigación básica una actividad central, pondrá establecer convenios con organizaciones sociales sin ánimo de lucro, con otras entidades públicas, y en su caso también con empresas privadas, para desarrollar programas especiales de investigación de interés social, favorecer la aplicación de la investigación básica

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y estimular el desarrollo extrauniversitario de programas de investigación aplicada. Desde nuestro punto de vista es más adecuada la formulación que hacemos en relación a la colaboración para la investigación en la universidad con otras entidades, que la que se fija en el propio proyecto que, igual que en otras ocasiones, pretende favorecer a los sistemas privados y hacer depender a la investigación de los grupos de presión y de los poderes económicos.
Nada más y muchas gracias.


La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, Senador Cabrero.
Corresponde la defensa de las enmiendas presentadas por la Entesa.
Senador Bonet ¿Se dan por defendidas? (Asentimiento.) El voto particular número 10 del Grupo Parlamentario Catalán en el Senado de Convergència i Unió ¿se da por defendido? (Asentimiento.) Para defender el voto particular número 11 del Grupo Parlamentario Socialista, tiene la palabra la Senadora Flores.


La señora FLORES FERNANDEZ: Muchas gracias, señora Presidenta.
Aparte de dar por defendidas las enmiendas, me gustaría hacer alguna reflexión.
Me perdí el debate de ayer por la tarde, y a lo que he asistido hoy la verdad es que no sé si a estas alturas merece la pena que sigamos debatiendo, si es que se le puede llamar debate al espectáculo al que estamos asistiendo. Las enmiendas que presentan los Grupos de la oposición son no ya sistemáticamente rechazadas, cosa que me parece legítimo por quien tiene la mayoría, sino que, además, son totalmente descalificadas, lo cual cuanto menos me parece dudoso. Esta especie de teatro lánguido que han montado ustedes aquí la verdad es que nos tienen medio adormecidos y la prueba la tienen en cómo está la sala; supongo que lo han montado para poder decir que hemos estado muchas horas debatiendo en profundidad. Esto parece un frontón donde lo que nosotros decimos rebota permanentemente contra el muro.
Por otra parte, los argumentos que estoy oyendo a lo largo de la mañana son iguales a los que escuchamos en la Comisión: que usamos latiguillos, que decimos aquí lo mismo que decíamos en el Congreso, que nos repetimos etcétera. ¡Imagínense ustedes si no fuéramos coherentes y no dijéramos lo mismo! Yo creo, señorías, señora Presidenta, señores y señoras del Grupo Parlamentario Popular que no es de recibo lo que está sucediendo aquí, y lo malo es que ustedes lo saben. Tienen la fuerza de los números, pero, desde luego, eso no les da la legitimidad para montar este espectáculo.
Yo creo que ustedes, lo reconozcan o no, son conscientes de que las consecuencias también son responsabilidad suya y ustedes se atienen a ellas.
Habíamos intentado en estos títulos dar un tratamiento fiscal favorable a las universidades y, además, reconocer situaciones que ya se dan de hecho y que por no aceptarlas no están plasmadas ahí. Luego, habíamos intentado agrupar todo lo que se refería a las universidades privadas en un solo título.
Aquí nos han dicho que somos nostálgicos de la LRU, como si fuera malo defender aquello que uno ha hecho y que, además, piensa que ha hecho bien y que ha dado un magnífico resultado en la universidad española. Otra cosa, y en eso estamos de acuerdo, es que a lo largo de los años haya que hacer las modificaciones reglamentarias o legislativas que sean necesarias.
Nosotros habíamos intentado presentar un texto coherente con el modelo que defendemos, aunque supongo que no coincide con el suyo, y, sobre todo, habíamos intentado evitar la proliferación de chiringuitos universitarios con la escasa exigencia de calidad que ustedes proponen.
No tengo ninguna esperanza de que sean atendidas ninguna de nuestras peticiones, y, por eso, no me voy a extender más y voy a dar por defendidas, todas las enmiendas.


La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señoría.
Para el turno en contra, tiene la palabra el Senador Barquero.


El señor BARQUERO VAZQUEZ: Muchas gracias, señora Presidenta.
Senadora De Boneta, no me explico cómo ustedes plantean la enmienda 118 pero ahora, que está terminando el debate, le voy a conceder un título.
Usted ha sido aquí la voz más nacionalista de todas las posibles, a base de saltarse incluso el artículo 149.1.18a de la Constitución, donde se concede al Estado competencia exclusiva para legislar sobre contratos de las administraciones públicas. Pero usted va hoy y dice que eso es una invasión competencial, ¿o es que la universidad pública no es Administración Pública? (La señora De Boneta y Piedra: Sí.) Sinceramente, hay enmiendas que no entiendo. Que se diga que la Constitución es papel mojado y a partir de ahí, como estamos en una institución fundamentada constitucionalmente, no le contesto a las enmiendas. Señora De Boneta, le pido un mínimo de fundamentación racional en algunas enmiendas.
Senador Cabrero, su planteamiento es una especie de zigzag. En algunas de sus enmiendas piden que se respeten las competencias de las Comunidades Autónomas, pero, cuando no aceptamos alguna de sus enmiendas porque no respetan las competencias de las Comunidades Autónomas, nos dicen que defendemos a los de siempre, a los poderosos y a los ricos. Esto no tiene sentido.
A mí me gustaría haber hecho un estudio comparativo de las enmiendas que ha presentado cada grupo a este proyecto de ley, porque veríamos algunas contradicciones importantes; desde luego, una de ellas es ésta. Dejen ustedes, señorías, Senador Cabrero, que sean las Comunidades Autónomas las que fijen los precios públicos y las tasas de las universidades conforme a los criterios que cada Comunidad Autónoma establezca. Luego, son ustedes los que presumen de defensa de la autonomía y de avanzar hacia un Estado federal; claro que, por lo que veo, depende de lo que se trate, porque rompen el criterio cuando les parece.


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Dejen a las Comunidades Autónomas y confíen en ellas, también, en la cuestión social y en el dinero. Confíen en ellas, no tengan miedo.
En cuanto a los Grupos Parlamentarios Catalán en el Senado de Convergència i Unió y Entesa Catalana de Progrés, no voy a incidir en sus planteamientos.
Después de escuchar la intervención del Senador Fernández Zanca y de la Senadora Flores, ayer ausente (La Senadora Flores Fernández: ¡Sí!), entiendo perfectamente por qué el Grupo Parlamentario Socialista quería a toda costa celebrar un debate único. Ustedes querían el debate del mogollón. (La señora Flores Fernández: ¡Pero qué pesado!) Se puede ser socialista --puede que incluso sea bueno y conveniente--, pero lo que no se puede es ser socialista y tener el más puro espíritu anticartesiano. Aplíquense, señorías --no todos, pero sí ustedes--, la primera regla del método. Según la regla del análisis, hay que dividir las dificultades en cuantas partes sea necesario para entenderlas mejor.
Eso es lo que ustedes no quieren hacer con esta ley, pues no querían debatirla por títulos, ni siquiera por títulos agrupados. Aunque, Senadora Flores, en parte le comprendo.
Su señoría habla del teatro, del montaje y de todo esto, pero es que usted ayer no estuvo y se perdió el teatro que hubo ahí. Dado el contenido de una ley universitaria, me avergüenzo del espectáculo que no todos, porque algún miembro de su grupo estaba avergonzado, pero sí un buen número de miembros de su grupo parlamentario, montaron ayer con la actitud que mostraron al discutir una ley de la universidad española. El más puro y refinado espíritu antiuniversitario es el que yo les vi aquí, y usted ahora dice que el teatro lo montamos nosotros. (Varios señores Senadores del Grupo Parlamentario Socialista pronuncian palabras que no se perciben.) Señoría, creo que en los trámites parlamentarios ustedes intentaron...


La señora PRESIDENTA: Senador Barquero, le ruego que utilice el turno en contra de las enmiendas.


El señor BARQUERO VAZQUEZ: Perdón, señora Presidenta.
Yo estoy encantado de hacer el turno en contra de las enmiendas, pero el Grupo Parlamentario Socialista en alguna de sus intervenciones anteriores y en ésta no ha hecho turno de defensa de enmiendas. (Aplausos en los escaños del Grupo Parlamentario Popular.) Señora Presidenta, este portavoz se somete, por supuesto, a lo que su señoría diga --faltaría más--, pero tiene por costumbre contestar a la oposición en el mismo nivel y con el mismo sistema que ésta la plantea.
Yo he sido respetuoso contestando a cada enmienda, pero ahora estoy contestando a la no defensa de enmiendas que la Senadora Flores ha hecho.
Eso es lo que estoy haciendo, señoría, y si alguien ha desvirtuado el debate en este momento...


La señora PRESIDENTA: En caso de que la Senadora Flores hubiera utilizado el turno de defensa de enmiendas para una no defensa de enmiendas, que yo no he apreciado quizá por distracción, no creo que este sistema deba prevalecer.


El señor BARQUERO VAZQUEZ: Estoy tan de acuerdo con su opinión, señora Presidenta, que ayer mi grupo se opuso a que se debatiera en mogollón todo esto, precisamente, para evitar este espectáculo y no volver a repetir el debate de los vetos. Pero ellos están empeñados, porque lo único que quieren es el espectáculo. (Aplausos en los escaños del Grupo Parlamentario Popular.)

La señora PRESIDENTA: Por eso mismo, señoría, le ruego que no siga en esa línea.


El señor BARQUERO VAZQUEZ: Pero ese espectáculo, señora Presidenta, se desmonta, en primer lugar, denunciándolo, que es lo que estoy, haciendo.
(Aplausos en los escaños del Grupo Parlamentario, Popular.)

La señora PRESIDENTA: Muy bien.


El señor BARQUERO VAZQUEZ: Termino ya, señoría. Ustedes han venido con trozos de la LRU en una mano y con la otra vacía, o si prefieren con humo o trozos del proyecto de ley que estamos debatiendo, y han hecho un «totum revolutum». Y en estos títulos que estamos debatiendo ahora ustedes no han hablado para nada de la fiscalidad. Nosotros hablamos de la fiscalidad y del patrimonio, pero ustedes quieren, cogiendo nuestros artículos, poner un capítulo aparte sobre la fiscalidad. Es decir, ustedes cogen la LRU y el texto del Gobierno y se preguntan cómo, aun en lo que teníamos igualmente titulado, diferenciarlo. Siempre el espectáculo y el escenario. En el fondo, señorías, humo. Con estas enmiendas, ustedes han perdido hasta el proyecto propio que tenían.
Muchas gracias, señora Presidenta. (Aplausos en los escaños del Grupo Parlamentario Popular.)

La señora PRESIDENTA: Gracias, Senador Barquero.
¿Van a hacer uso sus señorías del turno de portavoces? (Pausa.) En nombre del Grupo Parlamentario Mixto, tiene la palabra la señora De Boneta.


La señora DE BONETA Y PIEDRA: Muchas gracias, señora Presidenta.
Intervengo muy brevemente para decir que yo creo que, esa desviación que muy acertadamente ha denunciado la señora Presidenta se ha dado en el caso de la contestación a mis enmiendas, y en ese sentido, aunque no pensaba hacer uso del turno de portavoces, y prometo a la señora Presidenta pasar de los demás turnos, debo decirle que el representante del Grupo Parlamentario Popular se ha referido a una enmienda en la que yo pretendía únicamente que en el caso de colaboración con otras entidades, en los Estatutos, en el marco de las normas básicas que dicte el Gobierno y las Comunidades Autónomas para establecer una serie de procedimientos en relación con las empresas y con

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todos aquellos que tienen que ver en la transferencia de la actividad investigadora a la sociedad y a la empresa, incluir a las Comunidades Autónomas, porque es una tradición que, al menos en mi país, viene existiendo desde hace mucho tiempo en las relaciones universidad-empresa, como muy bien sabe el Senador Barquero. A esto se me ha contestado que mi posición era la más nacionalista, lo cual no sé si es bueno o malo, señor Barquero. Con la posición que ha ostentado el señor Barquero en esta Cámara ha demostrado una importante dosis de nacionalismo español.
En relación a mi posición con la Constitución, a la que se ha referido, aunque no la voté, como la mayoría del pueblo vasco, la acato públicamente, con lo cual no tiene usted nada que decir mientras me mantenga dentro de los límites del respeto a la legalidad, como me mantengo. Otra cosa distinta es que entienda que tienen que intervenir las Comunidades Autónomas, señor Barquero, y no se rasgue usted las vestiduras ni me ponga por delante el término de nacionalista patriotismo constitucional.
Nada más y muchas gracias.


La señora PRESIDENTA: Gracias, Senadora De Boneta.
¿Desea intervenir algún otro portavoz? (Pausa.) Tiene la palabra, Senador Barquero.


El señor BARQUERO VAZQUEZ: Muchas gracias, señora Presidenta.
Yo aquí no vengo a hacer ninguna valoración sobre si el nacionalismo es bueno o malo, usted sabrá; yo simplemente digo que lo que no se puede decir es que se acata la Constitución y a la vez presentar enmiendas que directamente van, no contra ninguna interpretación especial, sino contra lo que textualmente dicen determinados artículos de la Constitución, y nada más. Estúdiese usted las enmiendas y sea coherente con esa coherencia que dice que hay que tener. ¿Acata usted la Constitución? Pues respete los preceptos constitucionales.
Respecto a la competencia exclusiva de los contratos de las Administraciones Públicas, sea entre ellas o sea de Administraciones públicas con instituciones privadas, es de competencia exclusiva del Estado. Se acabó, no vaya usted por otro lado.
Me dice que acata la Constitución aunque no la ha votado. ¡Allá usted! Ha realizado su ejercicio de voto, al que tiene derecho, naturalmente, en un Estado democrático y de Derecho, pero que me diga usted que acata la Constitución y que luego presente enmiendas que van directamente contra preceptos constitucionales, a mí me parece una contradicción, a lo mejor a usted no, ¡qué le vamos a hacer! (Aplausos en los escaños del Grupo Parlamentario Popular.)

La señora PRESIDENTA: Pasamos a las disposiciones adicionales.
Disposición Adicional Vigesimoséptima.
Voto particular número 7, que ha presentado el Senador Quintana.
Para su defensa, tiene la palabra el señor Quintana.
El señor QUINTANA GONZALEZ: Muchas gracias, señora Presidenta.
Hemos presentado un total de nueve enmiendas a diferentes disposiciones adicionales, que agruparía en tres conceptos. Intentamos, con la modificación de alguna disposición adicional, que el proyecto de ley contemple un régimen de reconocimiento con la universidad privada homologable al régimen de reconocimiento que se establece para la pública.
Consideramos necesario también, y así lo hacemos constar en nuestras enmiendas a las disposiciones adicionales, fijar un criterio lógico y efectivo de aumento de residencias universitarias en un plazo razonable, así como garantizar un compromiso de financiación que, evidentemente, no tiene por qué ser un proyecto de financiación, que no es el objeto de esta ley, pero sí un compromiso legislativo, porque durante todo el proceso de defensa de esta ley, y hoy mismo lo hemos vuelto a ver, se está continuamente haciendo mención a la necesidad de preservar lo que son competencias exclusivas del Estado a través de un proyecto legislativo como éste. Desgraciadamente, una vez más lo que se hace es reclamar competencias exclusivas para el Estado, pero pagándolas otros, y eso es algo que no nos parece lógico. Ese es el objetivo de las enmiendas presentadas a las disposiciones adicionales.
Muchas gracias.


La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, Senador Quintana.
Voto particular número 8, enmiendas números 121 a 129. Tiene la palabra la Senadora De Boneta.


La señora DE BONETA Y PIEDRA: Muchas gracias, señora Presidenta.
Unicamente me voy a referir a las enmiendas números 121 y 129, no porque las otras no tengan interés, sino simplemente porque me parece primordial señalar la necesidad que desde el punto de vista de Eusko Alkartasuna existe de que se contemple la existencia o la posibilidad de existencia de universidad a distancia dentro de cada una de las Comunidades Autónomas, todo ello, por supuesto, de acuerdo con esta ley y con acuerdo entre el Gobierno y las Comunidades Autónomas, pero que existan universidades y no universidad nacional a distancia.
Por último, refiriéndome a la disposición adicional vigesimocuarta, que tiene en cuenta la situación de los alumnos o universitarios discapacitados, quiero insistir en que estamos solicitando y haciéndonos eco de los deseos de las asociaciones de discapacitados que solicitan, muy justamente, que aquellos discapacitados con más del 33 por ciento de discapacidad vean eliminadas sus tasas académicas también en el tercer ciclo, es decir en los estudios de doctorado, a la hora de acceder a la universidad. Estamos pidiendo únicamente que se excluyan las tasas para este tipo de alumnos que quieren acceder al doctorado.
Nada más y muchas gracias.


La señora PRESIDENTA: Gracias, Senadora De Boneta.


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Para la defensa del voto particular número 9, de los Senadores Cámara y Cabrero, que corresponde a las enmiendas números 49, 50 y 53, tiene la palabra el Senador Cabrero.


El señor CABRERO PALOMARES: Muchas gracias, señora Presidenta.
En este bloque de enmiendas a las disposiciones adicionales, Izquierda Unida pretende la creación de una nueva disposición adicional en el sentido de que en cada Comunidad Autónoma y en cada universidad se constituirán mesas de negociación para convenir los aspectos laborales de su competencia, y lógicamente, estarían formados por representantes de las instituciones correspondientes y de los sindicatos más representativos en ese ámbito en cuestión (El señor Vicepresidente, Prada Presa, ocupa la Presidencia.) Consideramos que hay que asegurar la negociación colectiva y la defensa de los derechos laborales de los trabajadores en cada una de las universidades y se debería contemplar, por tanto, esa nueva disposición adicional.
En relación a la disposición adicional octava, que trata sobre la financiación de las universidades públicas, pretendemos que haya una sustitución, porque creemos que éste es un asunto fundamental del debate en torno a la ley de universidades. Hay que tener en cuenta que venimos precedidos de una situación donde el gasto por estudiante en enseñanza superior está en 5.038 dólares frente a 9.063 en el ámbito de la Unión Europea que, por duración de tiempo de estudio, ese gasto en España es de 22.900 dólares frente a 35.000 en el ámbito de la Unión Europea; en la financiación pública privada, la relación es de 72,1 en España frente a 77,3 en el ámbito de la financiación pública en la Unión Europea; el gasto por beca es de 341 dólares por estudiante, y en algunos países llega hasta 3.000 dólares; la aportación que se hace para la financiación en término de PIB en nuestro país es del 0,9 frente al 1,3 en la Unión Europea, etcétera.
Por tanto, desde nuestro punto de vista, el actual proyecto de ley no contempla un sistema de financiación orientado y dirigido a la potenciación del sistema público de enseñanzas superiores y a la investigación universitaria.
Por eso planteamos que el Consejo de Coordinación Universitaria sea el encargado de elaborar un modelo de financiación de las universidades públicas, atendiendo a las necesidades objetivas, docentes y de investigación del sistema universitario público de nuestro país y que, a través de los convenios de financiación necesarios que se suscriban entre el Estado y las Comunidades Autónomas que tengan transferidas sus competencias y mediante los incrementos netos de las partidas presupuestarias, permita fijar por ley, con la entrada en vigor de esta ley, que en el plazo máximo de cinco años el sistema de financiación de las universidades en nuestro país se oriente hacia la media del modelo de financiación de la Unión Europea, es decir, ese 1,3 por ciento sobre el producto interior bruto.
Desde ese punto de vista, Izquierda Unida pretende fijar un criterio más concreto que trata; sobre todo, de orientar el incremento de la financiación a las universidades públicas.
Nada más. Muchas gracias.


El señor VICEPRESIDENTE (Prada Presa): Gracias, Senador Cabrero.
A continuación, voto particular número 6, del Grupo Parlamentario de Coalición Canaria, que corresponde a la enmienda número 68.
No hay ningún portavoz de este grupo presente y, en consecuencia, decae la citada enmienda.
Pasamos al voto particular número 2, del Grupo Parlamentario de Senadores Nacionalistas Vascos, correspondiente a las enmiendas números 238 a 247.
Para su defensa, tiene la palabra el Senador Bildarratz.


El señor BILDARRATZ SORRON: Gracias, señor Presidente.
Hemos presentado 10 enmiendas a las disposiciones adicionales, que son las que van desde la número 238 a la 247. Y me voy a centrar en las números 246 y 247, que se corresponden con dos enmiendas de adición que planteamos ante esta Cámara.
Señorías, en la primera disposición adicional entendemos que hay que dotar a la ley del contenido mínimo que permita actualizar el régimen tradicional foral en las Comunidades Autónomas a las que se refiere la disposición adicional primera de la Constitución implementado, por tanto, las potencialidades de dicha disposición en relación con los respectivos Estatutos de autonomía.
Para que ustedes no vean fantasmas, y como por lo escuchado esta mañana parece que estamos todos de acuerdo en el respeto a las lenguas, a las culturas existentes en el Estado, si su señorías me lo permiten les voy a leer el texto que hemos propuesto: «La aplicación de esta ley en las Comunidades Autónomas de régimen foral se entenderá sin perjuicio de las especificidades previstas en sus Estatutos de Autonomía, en aplicación de lo dispuesto en la disposición adicional primera de la Constitución, por lo que en su virtud: le resultarán de aplicación las excepciones previstas en esta Ley respecto a la enseñanza superior universitaria en lenguas oficiales distintas al español». Y para terminar «El régimen de las actividades económicas y financieras relacionadas con las universidades públicas y privadas de su ámbito territorial se entenderá sujeto a sus propias normas económicas y al sistema de relaciones del Concierto o Convenio». Como comprobarán sus señorías, el objetivo no es otro que recoger la pluralidad existente en el Estado español.
En cuanto a la siguiente enmienda, tal como hemos planteado a la hora de justificar el veto, he de decir que este proyecto de ley en nuestra opinión no atiende ni entiende de idiomas que sean diferentes al castellano, y por ello planteamos esta nueva disposición adicional cuyo contenido se desarrolla en el apartado 2 mediante la habilitación normativa de un régimen que, siendo respetuoso con las garantías que establece esta ley, posibilite el pleno desarrollo de un sistema y enseñanza universitaria bilingüe.


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Para terminar, quiero hacer un pequeño comentario sobre la intervención del señor Arvizu --aunque no esté presente en este momento-- y es que me ha preocupado un poco porque, además de nombrar determinadas situaciones de inmersión, etcétera, ha utilizado un planteamiento muy inquietante que denota la filosofía que hay detrás de esta afirmación, y es que la universalidad es contraria a la localidad. No sé si ha sido una mala interpretación, pero es lo que he escuchado. Y para que no haya fantasmas en las opiniones de unos u otros, nosotros entendemos que lo local se refuerza siempre complementado a lo global, a la universalidad, pero no podemos vivir estas dos situaciones como contrarias, únicamente son situaciones complementarias que se enriquecen; entre todas enriquecen.
Por ello, debemos tener en cuenta las diferentes situaciones. Estas serían las argumentaciones que hemos presentado de cara a las enmiendas de las adicionales.
Gracias, señorías.


El señor VICEPRESIDENTE (Prada Presa): Gracias, Senador Bildarratz.
A continuación, pasamos al debate del voto particular número 3, del Grupo Parlamentario Entesa Catalana de Progrés, que corresponde a las enmiendas números 184 a 189 y 191 a 193.
¿Se dan por defendidas? (Pausa.) Gracias, señoría.
Voto particular número 10, del Grupo Parlamentario Catalán en el Senado de Convergència i Unió, correspondiente a las enmiendas números 534 y 536.
Tiene la palabra el Senador Varela por un tiempo de tres minutos.


El señor VARELA I SERRA: Gracias, señor Presidente.
Voy a dar por defendida la primera enmienda porque la argumentación es idéntica a la manifestada al defender la supresión de la letra b) de artículo 41.
La segunda enmienda, la número 536, hace referencia a suprimir la disposición adicional octava porque pensamos que invade competencias autonómicas y que es de un paternalismo innecesario porque afirma que el Consejo de Coordinación Universitaria elaborará un modelo de costes de referencia a las universidades públicas. Nosotros consideramos que adoptar una decisión estaría dentro de sus funciones, pero aunque sea un modelo orientativo para las universidades, la elaboración de ese modelo no deja de ser una coerción que nos parece que no tiene lugar en esta Ley y que, insisto, invade competencias autonómicas porque las autonomías son las responsables de la financiación de las universidades. Se trata de un organismo en el que evidentemente están representadas las autonomías, pero que pueda influir decisivamente sobre el modelo de financiación no nos parece especialmente afortunado.
Muchas gracias.


El señor VICEPRESIDENTE (Prada Presa): Gracias, Senador Varela.
A continuación, pasamos al voto particular número 11, del Grupo Parlamentario Socialista, que corresponde a las enmiendas números 383 a 402.
Para su defensa, tiene la palabra la Senadora Flores.


La señora FLORES FERNANDEZ: Gracias, señor Presidente.
El colmo de los despropósitos es que el grupo mayoritario diga a la oposición cómo tenemos que intervenir. Esto clama al cielo. Me parece que se enfadan un poco en cuanto se les contradice, les traiciona el subconsciente y se van rápidamente al pensamiento único.
Sólo trataba de poner de manifiesto en esta primera intervención -- y lo vuelvo a hacer ahora-- para qué sirven los trámites parlamentarios. El Grupo Parlamentario al que tengo el honor de representar en este momento ha seguido escrupulosamente los trámites, Ponencia, Comisión y Pleno. Y lo que he querido poner de manifiesto --y creo haberlo conseguido por la reacción del portavoz del Grupo Parlamentario Populares-- es para qué ha servido todo eso, si estamos aquí para volver a repetir lo mismo de estos días con un resultado prácticamente idéntico. Además ha utilizado expresiones que considero no venían a cuento pero, en fin, que cada uno haga lo que considere con su tiempo.
Señorías, estoy segura de que la disquisición por la disquisición al final conduce a la esquizofrenia. Y pregunten ustedes a sus representantes en Andalucía --y de paso les diré dónde estaba ayer: cumpliendo con mis obligaciones en aquel Parlamento-- el espectáculo que también allí montaron, porque fue de esquizofrenia.
En cualquier caso, nosotros hemos presentado una serie de enmiendas a estas disposiciones con las que tratamos de hacer lo que hemos intentado en todo el texto: acomodarlo al modelo de Universidad que nosotros defendemos y en la que creemos. Y no renegamos de la LRU, antes al contrario, la defendemos. Pensamos que ha sido buena, y nos consideramos sus herederos. ¿Por qué no? ¿Que había que modificarla? Efectivamente.
Pero adércuenla a la nueva época; no hagan lo que han hecho con ella.
Ese es el sentido de todas nuestras enmiendas, y también el de las presentadas a las disposiciones adicionales, todas ellas con la finalidad de establecer un control parlamentario del seguimiento de la reforma.
Pero ustedes se han opuesto a eso, como se han opuesto a una mejor regulación de la universidad a distancia, a nuestras propuestas para las universidades de la Iglesia, para la Universidad Menéndez y Pelayo, etcétera.
Como he dicho, nosotros hemos venido como herederos de la LRU, pero ustedes han venido con un «revival» de una época que, desde luego, no queremos recordar; una época negra que nuestros jóvenes, afortunadamente, no han tenido que vivir, pero que ustedes día tras día traen aquí envuelta en la bandera de la Constitución, que desde luego no es excluyente --ya veo que algunos les duele--, y que a algunos de ustedes, me imagino que no entre los que se encuentran aquí, pero sí en otros sitios, les ha producido bastante alergia.
Gracias.


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El señor VICEPRESIDENTE (Prada Presa): Gracias, Senadora Flores.
Para turno en contra, por el Grupo Parlamentario Popular tiene la palabra el Senador Barahona.


El señor BARAHONA HORTELANO: Gracias, señor Presidente.
Paso a referirme a las enmiendas presentadas a las disposiciones adicionales comenzando por aquellas que proponen nuevas formulaciones.
El Senador Cabrero, del Grupo Mixto, ha presentado una enmienda relativa a la negociación colectiva. Señoría, no se considera necesario el establecimiento de mesas de negociación en el ámbito académico, sobre todo, porque existe una normativa específica que contempla esa cuestión y que la ley no excluye. Sin embargo, ésta no tiene por qué entrar en estos aspectos de materia laboral.
La enmienda número 184, del Grupo Entesa Catalana de Progrés, se refiere a programas de financiación. Aunque en estos momentos no se encuentra el Senador Bonet, volvemos a reiterar que ésta no es una ley de financiación. Por tanto, no corresponde tratar aquí ese tipo de medidas, las cuales, como digo, deben ser reguladas mediante una norma de financiación. Además, según la disminución de alumnos que se prevé, en el plazo de diez años el porcentaje de financiación por alumno será mucho más alto que el que se está manejando en estos momentos. En cualquier caso, eso no significa que el Gobierno no vaya a hacer un importante esfuerzo de financiación, como lo demuestran los 21.000 millones de pesetas invertidos en el plan de estabilidad del profesorado, que se está utilizando un tanto fuera de lugar como recurso para desobedecer a priori lo que establece esta ley de universidades. Ese plan de estabilidad del profesorado tiene un horizonte de tres años, y lo que no se puede es utilizarlo y acumular todo para hacer ineficaces e imposibles muchos de los aspectos nucleares de esta ley.
En relación con las Comunidades Autónomas con régimen foral, para las que se propone una disposición adicional nueva a que ha hecho alusión el Senador Bildarratz, realmente el régimen foral ha quedado rebasado por el régimen de las Comunidades Autónomas según establece la disposición adicional primera de la Constitución, que dice así: «La Constitución ampara y respeta los derechos históricos de los territorios forales.» Y continúa: «La actualización general de dicho régimen foral se llevará a cabo, en su caso, en el marco de la Constitución y de los Estatutos de Autonomía.» Por otro lado, no es procedente que nos remontemos a una época histórica, a una época en la que existía el régimen foral. Además, en esa época no existía ninguna universidad en el País Vasco, ya que los centros universitarios de Bilbao dependían de la Universidad de Valladolid. Por tanto, vamos a olvidar esa época, porque, como digo, está absolutamente rebasada, y todos sus beneficios están contemplados por las Comunidades Autónomas.
El Grupo Socialista propone una disposición adicional nueva relativa a los becarios de investigación. Hay que decir que este tipo de personal no debe contemplarse en esta ley por la sencilla razón de que no se trata de funcionarios, ni de profesores, ni tampoco de profesores contratados. Por tanto, esta figura puede regularse al margen de la ley de universidades, aunque ya le anuncio que el Gobierno está preparando el estatuto del becario.
En cuanto a las distintas lenguas, tema que ha sido tratado reiteradamente, y que vuelve a plantearse en una disposición adicional, insistimos en que a las universidades ubicadas en territorios donde exista una lengua cooficial no se les puede dar otro tratamiento que no sea aquel derivado de la aplicación de las correspondientes leyes de normalización lingüística, leyes a las que corresponde la garantía de la promoción de las lenguas cooficiales en los territorios respectivos. Se trata, pues, de dos normas de aplicación simultánea, por lo que regular estos aspectos lingüísticos constituiría un exceso reglamentista. Por tanto, en este caso las Comunidades Autónomas y las propias universidades tienen un amplísimo campo que desarrollar, completar, y regular en función de las circunstancias específicas de los centros o universidades bien a través de los estatutos de cada universidad bien mediante la legislación de las Comunidades Autónomas. (La señora Presidenta ocupa la Presidencia.) Siguiendo con este tema, el Senador Bildarratz ha entrado de nuevo en un debate que se ha suscitado en la intervención del Senador de Arvizu, me refiero a la universalidad y a la localidad. Realmente éstos no son términos antitéticos, pero la localidad en ningún momento debe representar una barrera para llegar a la globalización, a la universalidad, a la diversidad. Estos son términos que recrean una misma idea y que no tienen por qué ser excluyentes unos de otros.
En relación con una de las enmiendas presentadas por el Grupo Socialista sobre la enseñanza virtual, consideramos que las menciones a lo largo del texto a la enseñanza no presencial son ya suficientes. Es decir, las universidades podrán impartir enseñanzas en las modalidades presencial, no presencial, y parcialmente no presencial. Por tanto, no se considera oportuno establecer que esas enseñanzas van a ser impartidas o no por la universidad a distancia, o que se trata de enseñanza virtual o no virtual. Así pues, no es oportuno incluir una disposición en ese sentido.
Las enmiendas que proponen que se suprima la posibilidad a las Cortes Generales de crear o reconocer universidades deben ser rechazadas --y de hecho las rechazamos-- en los mismos términos a los que de una forma ya suficientemente clara y abundante se ha referido el Senador Barquero a propósito de las enmiendas del Título I. Por lo tanto, no vamos a ser reiterativos.
Respecto a las disposiciones adicionales segunda y tercera y a la creación de una universidad a distancia en cada Comunidad --a la que se refería la Senadora De Boneta: una universidad a distancia en el ámbito del País Vasco, por ejemplo--, hemos de decirle que la ley no entra en esas cuestiones y que depende de cada Comunidad Autónoma la posibilidad de potenciar o de crear universidades. Por lo tanto, la ley no la recoge, pero tampoco la prohíbe, ni hay ningún punto en el que se haga una expresa mención a que

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no pueda haber universidades a distancia en todas y cada una de las autonomías.
En relación con las enmiendas a la disposición adicional cuarta, no puede someterse a las universidades de la Iglesia Católica anteriores al Acuerdo con la Santa Sede de 1979 a todos los requisitos propios del reconocimiento de universidades privadas, por cuanto el régimen jurídico deriva de un tratado internacional --en este caso un tratado internacional con el Estado Vaticano-- que está muy por encima de las normas nacionales.
Respecto a la disposición adicional sexta, no se puede aceptar la supresión de esta disposición porque evita tener que acudir a las reglas de interpretación de las normas, dejando claro cuál es el régimen jurídico de estos centros. Se refiere a centros de enseñanza artística, centros de enseñanza musical, conservatorios, centros superiores de la defensa y, por lo tanto, está suficientemente clara en el texto de la ley cuál es la finalidad de estos centros de enseñanza y no es necesaria su supresión.
En cuanto a la disposición adicional séptima, es necesario decir cómo las bases generales que deben regir los conciertos con instituciones sanitarias deben ser reguladas por el Gobierno --por el Ministerio de Sanidad y Consumo-- con las Comunidades Autónomas cuando haya transferencias, como ya hizo la LRU, y esto supondrá una norma complementaria a esta ley que desarrollará estos aspectos realmente importantes para la enseñanza de las ciencias sanitarias.
En relación con la disposición adicional octava, no procede aceptar enmiendas que proponen que sean las Cortes Generales las que garanticen el volumen de recursos de las universidades por cuanto estos recursos están transferidos a las Comunidades Autónomas, que son las que deben financiarlas. El proyecto únicamente pretende conseguir que haya un modelo indicativo, pero no un modelo vinculante, en lo que se refiere a la financiación de las universidades, elaborado por las universidades, elaborado por las Comunidades Autónomas y por miembros del consejo de coordinación universitaria.
Respecto a la disposición adicional undécima, no pueden aceptarse las enmiendas que proponen la sustitución de la habilitación por la acreditación. Realmente es un modelo distinto y a estas alturas del debate supongo que es innecesario aducir cualquier tipo de razones, puesto que una de las piedras angulares que contribuyen y fomentan la calidad de esta ley no es otra sino el sistema de habilitación que, repito, ya ha sido ampliamente debatido.
En cuanto a la disposición adicional duodécima, no procede admitir las enmiendas que piden la supresión de esta disposición en coherencia con el rechazo a las enmiendas a la disposición adicional séptima, por cuanto se trata de precisar la relación entre los profesionales sanitarios y el profesorado de la universidad, dejándose su régimen a las normas generales de la ley. Se trata de los profesores asociados médicos. Es importante que en los hospitales universitarios exista una coexistencia, que exista un equilibrio entre la labor docente propia de la universidad y la labor asistencial propia del ámbito hospitalario, y eso se consigue, entre otras cuestiones, mediante estos asociados médicos, que representan un nexo entre los puramente docentes y los puramente clínicos. De manera que se mejora extraordinariamente el ámbito de la enseñanza médica porque permite la coexistencia de labores docentes, investigadoras y asistenciales.
Respecto a la disposición adicional decimotercera, se rechaza la propuesta de supresión en coherencia con el rechazo a las enmiendas sobre el artículo 41.
En referencia a la enmienda de la Senadora De Boneta a la disposición adicional decimoquinta, no se puede aceptar que sean las Comunidades Autónomas con el Gobierno quienes establezcan los criterios de paso de un ciclo de estudios a otro, ya que esto es una competencia del Estado contemplada en el artículo 149.1.30a de la Constitución.
Respecto a la disposición adicional decimosexta, no se puede aceptar la enmienda de que sean el Gobierno y las Comunidades Autónomas los que fijen las normas para la creación o modificación de los títulos de especialistas, ya que nuestra Constitución otorga esta competencia al Estado al referirse en su artículo 149.1.30a tanto a los títulos académicos como a los títulos profesionales.
Y respecto a la enmienda referente a la disposición adicional decimoséptima, se trata de asegurar la proyección nacional pero también internacional de las actividades deportivas de las universidades.
Con relación a la disposición adicional decimonovena, no se acepta la enmienda en este sentido pues la denominación de los cuerpos docentes universitarios que puedan utilizarse por los profesores de las universidades privadas no inducen a confusión, no inducen a error, ya que van acompañados del nombre de la universidad correspondiente.
Respecto a la disposición adicional vigésima, no se aceptan las enmiendas relativas al registro nacional de universidades, centros y enseñanzas porque con las enmiendas introducidas en el texto en el trámite en el Congreso se considera que quedan ya clarificadas la naturaleza y funciones de ese registro y se respetan las competencias autonómicas.
Finalmente, con relación a la disposición adicional vigésimo cuarta, no se acepta la enmienda por cuanto la Ley de Integración Social de los Minusválidos contempla esos extremos; es decir, en normativas ajenas a la ley de universidades se contempla la posibilidad de exenciones, pero no sería oportuno incluirlo puesto que sería redundante.
Creo que más o menos me he referido a todas las enmiendas de todos los grupos, y paso a comentar la intervención de la Senadora Flores, del Grupo Parlamentario Socialista, que precisamente no ha comentado ni ha justificado las enmiendas que presenta.
Nosotros no tratamos de imponer ninguna forma de intervención en absoluto, ha sido un acuerdo de todos los grupos y la prueba de ello es que se está llevando el debate con agilidad. Lo que realmente no entiendo es la afirmación de que la disquisición conduce a la esquizofrenia. ¿Qué quiere decir con ella, Senadora Flores? Le puedo decir que el procedimiento analítico no produce esquizofrenia. (La señora Flores Fernández pronuncia palabras que no se perciben.) Dejémoslo así porque, realmente, el debate

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se va por otros derroteros y aquí hemos venido a hablar de la Ley Orgánica de Universidades.
Muchas, gracias.


La señora PRESIDENTA: Gracias, Senador Barahona.
¿Algún Senador desea hacer uso del turno de portavoces? (Pausa.) Pasamos a las disposiciones transitorias, derogatoria, finales y exposición de motivos.
En primer lugar, voto particular número 7, del Senador Quintana, que se corresponde con las enmiendas números 512 a 516.
Tiene la palabra el Senador Quintana.


El señor QUINTANA GONZALEZ: Gracias, señora Presidenta.
Todas las enmiendas que hemos presentado a las disposiciones transitorias tienen el denominador común de pretender un período transitorio de adaptación a la ley más conveniente que el que se plantea en este proyecto. En ese sentido, proponíamos un período transitorio más adecuado para la adaptación de los estatutos de las diferentes universidades y de las figuras de catalogación del profesorado a la nueva ley y, hasta hoy, regidas por la LRU.
Volvemos a insistir en la necesidad de establecer un período transitorio más lógico para la aplicación del sistema de habilitación, si éste se llegara a aprobar tal como propone el proyecto de ley. Por cierto, este tema ha sido y es uno de los argumentos fundamentales que demuestran la falta de capacidad de diálogo del Gobierno respecto a este proyecto. No sólo no se han atendido las diferentes demandas de la universidad --que exigían un período transitorio más adecuado--, sino que el proceso parlamentario ha ido reduciendo ese período transitorio hasta dejarlo en la nada. Por cierto, que la rigidez que exhibe el Partido Popular en cuanto a los períodos transitorios no tiene nada que ver con la disposición transitoria y con el carácter transitorio, por lo tanto, que para la universidad privada se establece en el mismo proyecto. Es sintomático a este respecto lo que marca la disposición transitoria tercera, por nosotros enmendada, para que cuanto menos exista también en este aspecto un mínimo de equidad entre la universidad pública y la privada.
Muchas gracias.


La señora PRESIDENTA: Gracias, Senador Quintana.
Tiene la palabra la Senadora De Boneta, para la defensa de las enmiendas números 130 a 136.


La señora DE BONETA Y PIEDRA: Gracias, señora Presidenta.
No me voy a referir a las cuatro primeras enmiendas porque el Senador Quintana acaba de hablar del período transitorio y, precisamente, nuestras enmiendas también pretendían alargar el mismo, dado que nos parecía muy escaso para la implantación de una ley de esta envergadura, si finalmente queda aprobada.
Dicho esto, voy a hacer una leve referencia a la enmienda número 134, a la disposición transitoria séptima, relativa a la situación de los profesores numerarios de las escuelas oficiales de Náutica. En esa disposición transitoria se establece que aquellos profesores numerarios de las escuelas oficiales de náutica «... quedan integrados, en sus propias plazas, en el cuerpo de Profesores Titulares de Universidad, siempre que estén en posesión del título de doctor, o cuando lo obtengan en el plazo de cinco años...». Sin embargo, la situación que se contempla en la disposición transitoria no abarca a la totalidad de los profesores; en el conjunto del Estado hay alrededor de 32 profesores que habían llegado al acuerdo de que los que no pudieran llegar a ser doctores --con arreglo a la legislación vigente y a la actual situación--, equipararían su situación a la de los profesores de las facultades de nivel medio.
Ahora nos encontramos con profesores que están muy cerca de la jubilación, que ya no tienen la posibilidad de acceder a la titulación de doctor y no ven reconocidos sus derechos; lo que les deja en una situación precaria. Según las informaciones que he recogido, este hecho afecta aproximadamente a 32 profesores y, por lo tanto, no supondría ningún dispendio ni dificultad el que se les prestara la debida atención.
Por último, voy a referirme a la enmienda número 136, sobre la disposición final primera que dice: «La presente Ley se dicta al amparo de la competencia que corresponde al Estado conforme al artículo 149.1.15, 18 y 30 de la Constitución.» Hasta ahí, no presenta ninguna dificultad, pero es evidente --como se ha mantenido a lo largo del debate-- que se olvida que existen otra serie de disposiciones recogidas en la Constitución a las que no hacen referencia y que tienen su reflejo en los estatutos de autonomía. Ahora mismo se ha vuelto a hacer referencia a este artículo 149, sin tener en cuenta la disposición adicional primera, y se ha elaborado una curiosa teoría constitucional sobre sus efectos en relación al régimen foral. Me estoy refiriendo, obviamente, a la competencia y a la peculiaridad del Estatuto de Gernika que, como ya hemos dicho en varias ocasiones, señala que: La enseñanza corresponde a la Comunidad Autónoma Vasca en todos sus niveles, grados y extensión, modalidades y especialidades, al amparo de la disposición adicional primera de la Constitución. Existe una peculiaridad y una situación pre constitucional con respecto a este tema y, obviamente, si se quiere tener bien claro a qué nos estamos refiriendo, habría que introducir también esa disposición final primera que se menciona expresamente en el Estatuto de Gernika como consecuencia, precisamente, de ese amparo a los derechos forales de los territorios históricos. No sé exactamente qué situación administrativa existía en la época foral pero, curiosamente la Universidad de Oñate, promovida por el Real Seminario de Estudios de Bergara y promotora también de la Real Sociedad Vascongada de Amigos del País se cerró precisamente después del 21 de julio de 1976, con la primera abolición foral.
Nada más y muchas gracias.


La señora PRESIDENTA: Gracias, Senadora Boneta.
Voto particular número 9, de los Senadores Cámara Fernández y Cabrero Palomares.


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Tiene la palabra el Senador Cabrero.


El señor CABRERO PALOMARES: Gracias, señora Presidenta.
Mi Grupo Parlamentario ha presentado siete enmiendas a las disposiciones transitorias que tienen que ver con las propuestas que hemos ido haciendo a lo largo del debate del articulado y de los Títulos. En ese sentido, planteamos la modificación de los plazos de entrada en vigor y a la adaptación de los estatutos de las universidades a partir de que transcurran nueve meses, para que los claustros de las universidades procedan a la adaptación de sus estatutos a la ley. Prevemos el papel de las Comunidades Autónomas en relación con la adaptación de los Estatutos a la ley. Planteamos una enmienda sobre la elección del rector, que, desde nuestro punto de vista, debe ser hecha por el claustro. En cuanto a los profesores, ayudantes contratados y otros profesores contratados asociados, pedimos que se les siga aplicando la ley vigente, que es la que ha sido aplicada hasta estos momentos en su contratación.
Uno de los temas que se han ido planteando por el Gobierno, a través de la señora Ministra y del Grupo Parlamentario Popular, es que, en el trámite parlamentario en el Senado, habría la oportunidad de ir viendo algunas modificaciones sustanciales del proyecto de ley, teniendo en cuenta las enmiendas de los grupos de la oposición. La verdad es que habría que hacer una evaluación sobre cómo ha ido evolucionando este asunto, qué ha significado finalmente ese compromiso o esas declaraciones que el Gobierno ha ido haciendo a lo largo de estos debates. Si tenemos en cuenta las aportaciones que ha ido haciendo la comunidad universitaria, que se plasman en las enmiendas que hemos presentado los grupos de la oposición de manera sustancial, si tenemos en cuenta los escritos que hemos recibido los grupos parlamentarios y todos los órganos de la Cámara de diversas Universidades, de rectores, etcétera, si tenemos en cuenta todo eso, así como las enmiendas aceptadas por el Grupo Parlamentario Popular que sustenta al Gobierno, habría que hacer una evaluación con un calificativo: se nos ha engañado totalmente con esas manifestaciones del Gobierno de que, en el trámite parlamentario en el Senado, se irían viendo enmiendas. Los grupos de la oposición hemos sido engañados, pero lo más grave es que se ha engañado a la sociedad y a la comunidad universitaria.
Muchas gracias.


La señora PRESIDENTA: Gracias, Senador Cabrero.
Enmiendas del Grupo Parlamentario de Senadores Nacionalistas Vascos.
Tiene la palabra el Senador Bildarratz.


El señor BILDARRATZ SORRON: Gracias, señora Presidenta.
Son tres las enmiendas presentadas a las disposiciones transitorias, las cuales van de la 248 a la 250. Me voy a centrar en la 250 puesto que tanto las argumentaciones correspondientes a la 248 como a la 249 ya están bastante desarrolladas.
La enmienda 250 se corresponde con nueva disposición transitoria, y creo que todos los miembros de la Cámara debemos hacer un pequeño esfuerzo para aprobarla.
Señores del Grupo Parlamentario Popular, me plantean miembros de su grupo que están de acuerdo con esta enmienda, pero que tienen dificultades para darle su apoyo. Dicha enmienda se refiere a los titulares de escuela universitaria que, a la fecha de entrada en vigor de esta ley, orgánica, se encontraran ejerciendo la docencia en las facultades o escuelas técnicas superiores y que estuvieran en posesión del título de doctor.
Sobre la base de esta enmienda se incorporarían al Cuerpo de Profesores Titulares de Universidad.
La anterior legislación permitió la existencia de situaciones irracionales, como es el caso de los profesores titulares de escuela universitaria que, aun siendo doctores, ejercen la docencia en facultades y escuelas técnicas superiores. Dicha situación vino motivada, no por la menor capacidad de dichos profesores sino, en muchos casos, por la falta de presupuesto de las Universidades que acudían a la convocatoria de plazas de menor categoría y coste. Se trata de personas que han superado dos pruebas importantes de acreditación de su calidad docente e investigadora, como es el haber superado un doctorado y una oposición idéntica en la forma a la de los profesores titulares de Universidad.
Esta situación, mantenida en el tiempo, ha creado un agravio contra estos profesores que, en la mayoría de los casos, dirigen tesis doctorales, proyectos de investigación, y cumplen las mismas, funciones que los profesores titulares de Universidad, recibiendo por ello una menor remuneración. Me pregunto por qué razones, estando ustedes de acuerdo sobre el fondo de la cuestión, no la quieren aprobar. Yo sólo encuentro dos, señorías, pero imagino que ustedes ya me responderán y explicarán a los afectados por qué continúa esa discriminación hacia ese colectivo.
Las razones que intuimos en mi grupo son las siguientes. La primera, porque es una enmienda presentada por el Grupo Parlamentario de Senadores Nacionalistas Vascos y, como a ustedes les gusta decir, señorías, al PNV, ni agua. La segunda es porque no quieren hacer justicia pagando las cantidades acordes con las funciones que saben ustedes que están desempeñando. ¿Cuál de las dos? ¿O quizá ambas? En cuanto a las disposiciones finales, presentamos tres enmiendas que van de la 251 a la 253. Las doy por defendidas porque, por una parte, son argumentos que ya he tratado y porque, además, soy consciente de la estrategia que mantiene el Grupo Parlamentario Popular.
El Senador Arvizu me decía: Egia latz eta garratz. Lo que verdaderamente es Egia garratz, la cruda y dura realidad, es que no han aprobado ninguna de las enmiendas que mi grupo ha presentado.
Tengo que decir a los señores Barquero y Barahona, que en la Comisión me desearon mucha suerte en mis nuevas funciones, que poco han ayudado a que llegase a buen puerto este objetivo. De todas maneras, una vez que acabemos con la discusión en la Cámara de este proyecto de ley, el objetivo que mi grupo se marca es que, como decía ayer, aparte de hablar todos los aquí presentes demostremos

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mayor capacidad para escucharnos a nosotros mismos.
Muchas gracias, señorías.


La señora PRESIDENTA: Gracias, Senador Bildarratz.
Para defender las enmiendas de Entesa Catalana de Progrés, tiene la palabra el Senador Bonet.


El señor BONET I REVES: Gracias, señora Presidenta.
Doy por defendidas mis enmiendas a este Título relativas a las disposiciones transitorias y finales.
Sí quiero definirme sobre las enmiendas 595 y 604, que el Grupo Parlamentario Popular introdujo en la Comisión.
Ayer, la señora Ministra, Pilar del Castillo, llamó desde aquí a la responsabilidad. Dijo que, dadas estas plazas que están saliendo, apelaba a la responsabilidad de los rectores. Creo que la señora Ministra también debía haber hecho una autocrítica y apelar a la responsabilidad que su grupo debió mostrar en el Senado. Y lo digo porque se habló en su momento de que, en esta Cámara, en contra de la crispación del Congreso, se podrían establecer puentes para intentar descomprimir el debate, para sosegarlo. Lo cierto es que el debate ha estado más o menos sosegado, pero el Grupo Parlamentario Popular ha introducido dos enmiendas transitorias que llaman más a la guerra que antes. Quiero referirme a estas porque las dos son transitorias e inciden en los procesos electorales de los rectores. Por ejemplo, una de las enmiendas establece que el Rector de la Universidad de Girona se tendrá que elegir con este sistema de elección de sufragio universal ponderado, y después también hace referencia a las posibles plazas de nueva creación.
En este sentido, como ayer manifestó la Ministra --y después no lo desmintió-- que apelaba a la responsabilidad y pareció decir que tenía un talante dialogante con los rectores sobre estas plazas, y como creo que el Partido Popular va a mantener estas enmiendas, no me discutirán que, como mínimo, éstas no ayudan en nada, sino que ponen gasolina en la brasa.
Dicho esto, y como parece que esta va a ser mi última intervención en el debate sobre esta larga ley de universidades, querría agradecer a todas las personas que han ayudado a Entesa a entender más a la universidad y a confeccionar enmiendas. En este sentido citaré a los rectores con los que hemos hablado: Carles Solà, Joan Tugores, Lluís Arola, Jaume Pagès y Jaume Porta. Asimismo, también quiero citar al exrector Ramón Pascual; que nos ha sugerido bastantes enmiendas --alguna de ellas se ha aprobado--, y a los autores del dictamen sobre la posible inconstitucionalidad: Marc Carrillo, Joaquim Ferret y Tomás Font.
Finalmente, también querría dar las gracias a los compañeros de Ponencia: la Senadora Boneta, el Senador Cabrero, el Senador Cámara, el Senador Quintana, el Senador Acosta, el Senador Bildarratz, el Senador Fernández Zanca y la Senadora Flores. Y en la parte contraria, también a los supercicutas del equipo A: Senador Barahona, Senador Arvizu y Senador Barquero.
Nada más, señora Presidenta. Muchas gracias.
La señora PRESIDENTA: Gracias, Senador Bonet.
En nombre del Grupo Parlamentario Catalán en el Senado de Convergència i Unió tiene la palabra el Senador Varela.


El señor VARELA I SERRA: Gracias.
Se ve que no soy ni del equipo A ni del equipo B. (Risas.) Por mi parte agradezco también al Senador Bonet su colaboración con sus explicaciones.
Nuestro Grupo ha intentado, y está orgulloso de esto --lo dije ayer en mi breve intervención--, contribuir a hacer mejor esta ley. Creemos que lo hemos hecho y con esto hacer un favor a la mejora de la universidad.
De todas maneras, agradezco las contribuciones del Grupo Parlamentario Entesa Catalana de Progrés, aunque discrepo en algunas cosas con ellos y en otras estoy de acuerdo.
Doy por defendida en sus justos términos la enmienda número 540 porque es una enmienda técnica, y quiero referirme muy brevemente a la enmienda número 539, que pide añadir a la disposición final primera un nuevo apartado para clarificar los artículos que tienen carácter básico. Uno de los motivos esenciales que nos ha llevado a intentar mejorar la ley es garantizar mayores competencias para las autonomías: Creemos que en gran parte lo hemos conseguido, aunque hay algunas enmiendas que no van a ser aceptadas --y lo lamentamos-- y que ahondaban en esta mejora de las competencias de las autonomías: Esta enmienda final también va en esta línea de garantizar qué artículos son básicos o cuáles no son, porque luego nos encontramos, como ya he comentado anteriormente en la defensa de una enmienda, con lecturas restrictivas de la Constitución. Por lo tanto, mejor que quede claro y que no haya dudas al respecto en el futuro.
Yo creo que el éxito de la ley está en que se tiendan los puentes de diálogo que aquí se han reclamado repetidamente por diversos portavoces y, en segundo lugar, que se tenga una verdadera sensibilidad autonómica.
Esas dos condiciones son básicas para el éxito de la ley que, evidentemente, deseamos.
Muchas gracias.


La señora PRESIDENTA: Gracias, Senador Varela.
En nombre del Grupo Parlamentario Socialista tiene la palabra el Senador Fernández Zanca.


El señor FERNANDEZ ZANCA: Gracias, señora Presidenta.
En este bloque tenemos una serie de enmiendas que van en consonancia con las que hemos defendido a lo largo del debate de este proyecto de ley. La que presentamos a la disposición transitoria primera se refiere a los centros adscritos a las universidades públicas y que ya defendí, parece ser que con escaso éxito, antes.
Consideramos que los centros adscritos han cumplido una función muy importante, pero creemos que en estos momentos tienen ya poca razón de ser, por lo que a través

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de la enmienda proponemos que se integren en alguna universidad de su correspondiente Comunidad Autónoma.
Las siguientes enmiendas se refieren a los claustros de las universidades. La verdad es que en todo este tiempo, desde que aparece el anteproyecto hasta estos momentos, el Gobierno y el Grupo que lo sustenta han ido de un lugar para otro sin saber muy bien hacia dónde querían ir verdaderamente. Primero proponen el cese de los rectores y de los claustros; después indultan a los rectores y condenan a los claustros, proponiendo algo tan lejos de lo normal, a nuestro juicio, como que quienes son nombrados siguen y los que nombran se van.
A nuestro juicio ésta es una clara muestra más del desprecio por el carácter democrático de los claustros, que no hay que olvidar que llevan 18 años de autonomía y de democracia.
En la disposición transitoria quinta proponemos sustituir el plazo de tres años por cinco años porque creemos que es un período de tiempo más lógico de la adaptación a la ley para los profesores asociados.
En la disposición final quinta proponemos que la entrada en vigor sea a los veinte días, sobre todo en coherencia con el modelo de acceso de los estudiantes. La verdad es que tal y como está configurada la ley, va a ser, como decía en Comisión, una ley a plazos. Va a entrar en vigor en tres períodos distintos: la parte correspondiente a la habilitación de los profesores a partir de la publicación de la ley; el resto del articulado a los veinte días, y todo lo concerniente a la selectividad «sine die». No sabemos cuándo entrará en vigor.
Decía y con esto termino, el Senador Barquero --creo que no está por aquí-- que no teníamos un modelo. A mí me gustaría explicar que sí tenemos un modelo, pero ya sabemos que, cómo dice el refrán, no hay peor sordo que el que no quiere oír.
Nuestras enmiendas han pretendido, en primer lugar, corregir la desconfianza que ha manifestado en el trámite de esta ley el Gobierno hacia la universidad, una desconfianza que, desde luego, no se corresponde con los logros obtenidos por la universidad en estos años.
Pretendemos impedir que se recorte la autonomía universitaria, una autonomía que, además de ser un derecho constitucional, es un a garantía imprescindible para un servicio público de enseñanza superior de calidad, consagrada, además, y firmada por España en el Tratado de Bolonia, y consagrada también en la Convención de Instituciones Europeas de Educación Superior, celebrada en Salamanca en marzo de este año.
Queremos, con nuestras enmiendas, garantizar la financiación para la universidad y el sistema general de becas. Queremos poner fin a una práctica que ya se está convirtiendo en habitual en el Ministerio de Educación, Cultura y Deporte, según la cual el Ministerio legisla y las Comunidades Autónomas pagan. Queremos que haya más universitarios.
Queremos que la actividad de aprender, también en la universidad, no sea cosa de determinada edad, sino que se extienda a lo largo de toda la vida. Queremos unas universidades innovadores, capaces de crear nuevas enseñanzas, de organizarse de acuerdo con sus necesidades y de acuerdo con los nuevos retos que se plantean.
Por eso en nuestras enmiendas incrementamos la autonomía universitaria, al contrario de lo que defiende el Gobierno y el Partido Popular, que pretenden reducir claramente su capacidad de autoorganización. Queremos los socialistas universidades eficaces, por lo que proponemos simplificar los mecanismos de gestión, al contrario de lo que pretende este texto, que añade estructuras y suma burocracia. Los socialistas queremos garantizar la calidad en los procesos de selección del profesorado universitario, y por ello proponemos que sea la universidad la que seleccione a sus profesores entre los doctores con méritos docentes, méritos de investigación acreditados, al contrario de las propuestas del Partido Popular, que obligan a la universidad a elegir entre profesores previamente seleccionados.
Los socialistas queremos universidad que investigue y, por eso, en nuestras enmiendas vinculamos la investigación universitaria al sistema de ciencia y tecnología. Queremos una universidad de más calidad. Por eso, proponemos la creación de una Agencia independiente del Gobierno que evalúe y estimule la calidad.
Lo socialistas queremos garantizar la igualdad de oportunidades y, por ello, fijamos en nuestras enmiendas el objetivo de que en 10 años 40 de cada 100 estudiantes universitarios disfruten de una beca. Y lo hacemos porque --hay que repetirlo una vez más-- el Gobierno olvida los recursos financieros para las universidades y para las becas.
Los socialistas queremos que el proceso de adaptación a las previsiones de la nueva ley se realice por las propias universidades respetando su autonomía, una autonomía que --como dije antes-- ha disfrutado frente al poder político durante estos 18 años y respetando la legalidad de los órganos elegidos democráticamente algo que el Gobierno y el partido que lo sustenta se empeñan en negar.
Los socialistas, señorías, queremos una universidad respetuosa, pero también respetada por los poderes públicos, una universidad que, al margen de los vaivenes políticos, trabaje, investigue y prepare a los ciudadanos para ser más cultos, más libres y más solidarios. ¡Fíjense, señorías, si tenemos un modelo de universidad! Muchas gracias. (Aplausos en los escaños del Grupo Socialista.)

La señora PRESIDENTA: Gracias, Senador Fernández Zanca.
Para turno en contra, tiene la palabra el Senador Arvizu.


El señor DE ARVIZU Y GALARRAGA: Muchas gracias, señora Presidenta.
Señorías, dada la benevolencia que ha tenido en mi intervención anterior la Presidencia le ruego que me avise a los 20 minutos para que concluya.


La señora PRESIDENTA: Senador Arvizu, cuando se encienda la luz roja llevará su señoría 20 minutos.


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El señor ARVIZU Y GALARRAGA: No la suelo mirar, pero bien. (Risas.) Vayamos a lo que importa. Varios intervinientes del Grupo Mixto (Bloque Nacionalista Galego, Izquierda Unida y Eusko Alkartasuna) se han planteado la laxitud de plazos. Hay una pluralidad de enfoques, pero la ley tiene los plazos que debe tener aunque sean plurales porque circunstancias acaecidas en las últimas semanas a las que luego me referiré han aconsejado poner ciertas cortapisas a situaciones que quizás debieran ser evitadas. No hay laxitud, Senador Quintana, con las universidades privadas. Se les da un plazo de 15 meses para que se adecuen.
Senadora De Boneta, en relación con su preocupación por el Estatuto de Guernica, quiero decirle que las citas hay que hacerlas completas. Si es cierto que la Constitución reconoce y ampara los derechos de los territorios forales tiene que concluir conmigo en que dicho amparo se hace a través de la Constitución y de los Estatutos de Autonomía. La legislación básica del Estado se sitúa a medio camino sin vulnerar ni a unos ni a otros. Por otra parte, tengo que recordarle, porque quizás lo haya olvidado, que la discusión constitucional correspondiente, esta preocupación por atender a los derechos históricos de los territorios forales, iba encaminada directamente a la derogación de la ley o decreto del 24 de octubre de 1839, que se contempla en una disposición derogatoria por si acaso estaba vigente, no ya la ley de 1876 porque es evidente que derogada una quedaba derogada la otra.
Senador Bildarratz, le aseguro con absoluta sinceridad que al menos las enmiendas que me ha tocado estudiar no se han aprobado ni se han denegado por presentarlas el Grupo Vasco o cualquier otro de los Grupos. Se han denegado en razón de su contenido, como se han aprobado también en razón de su contenido. Busque usted en la diferencia de planteamientos entre su Grupo y el nuestro la razón por la que se había producido esa denegación.
No hemos caído en posiciones maximalistas tales como «al PNV ni agua».
Esa no es la postura correcta.
Voy a contestarle, porque aunque no estaba lo he oído por televisión, a sus alusiones sobre la universalidad y la localidad. Voy a precisar exactamente el alcance de mi intervención. Una universidad no puede dejar de tener dentro de sí el componente de universal. Que atienda a lo local es una parte del componente universal. También le digo, en respetuoso homenaje a los Senadores Varela y Bonet, que una universidad, si se llama universidad, no puede ser el Institut d'Estudis Catalans, al cual debemos una magnífica labor de recuperación de tradiciones, de historia, de derecho, de folclore de Cataluña, pero que está orientado con un legítimo afán de localidad que no se corresponde con lo que es una universidad.
Distingamos, por tanto. Hay un adagio jurídico que dice: Si la ley no distingue no debemos distinguir, pero si hay que distinguir distingamos por lo menos a efectos dialécticos. En lo que yo sé no le podemos aceptar su enmienda relativa a la equiparación a titulares de universidad porque el principio de la ley es contrario a las idoneidades. Esto sería una idoneidad encubierta. Yo no niego que esta situación pudiera ser atendida. Tenga en cuenta que estoy, hablando de un modo impersonal, no personal. Cuando el poder se tiene que ejercer se ejerce y se arrostra la responsabilidad que tal ejercicio conlleva en manifestaciones de acuerdo o de reproche social.
Con esto quiero contestarle también al Senador Boneta sobre la convocatoria de plazas y la apelación a la responsabilidad. A esto le solían llamar los dialécticos la trampa saducea, porque digas lo que digas estás cogido. Los aduceos, mala gente, además de negar la resurrección de los muertos, quisieron poner en un brete a Jesucristo con lo del tributo al César, y yo tengo que acudir aquí a la misma solución: Demos al Gobierno lo que es del Gobierno y demos al Parlamento lo que es del Parlamento.
En lo relativo al parlamento me atengo estrictamente, sin apartarme ni un ápice, a la nueva redacción de la disposición transitoria octava: Todas las plazas que se convoquen a partir de la entrada en vigor de la ley se sustanciarán en su provisión con arreglo a la nueva ley y todas las plazas que se convoquen antes de la entrada en vigor de la ley se harán según la LRU. Eso es lo que dice la ley. Eso es lo que yo defiendo y para eso he venido aquí. Demos, por tanto, al Gobierno lo que es del Gobierno, allá él con sus responsabilidades; demos al Parlamento lo que es del Parlamento.
Senador Varela, hay algo importante que quiero decirle sobre las disposiciones finales. Toda ley es básica, respetando, como no puede ser menos, las competencias de las Comunidades Autónomas. ¿Usted se imagina una ley vulnerando directamente cualquier Estatuto de Autonomía? Sería de recurso constitucional y ha pasado. ¿Recuerda la LOAPA? No tengo que decir nada más.
Por último, me dirijo al Senador Fernández Zanca, a quien no tengo el gusto de divisar en este momento en los escaños socialistas, y después del manifiesto de los persas que nos acaba de leer, le contestaré, aunque está ausente, como si fuese presente.
Todos suscribiríamos los postulados teóricos de su manifiesto. No hay nadie que no quiera una universidad de calidad, que no quiera una investigación puntera, que no quiera unos alumnos debidamente atendidos; que no quiera todo lo que el Senador Fernández Zanca ha dicho, porque eso lo quiere cualquiera de los Senadores que aquí están, cualquiera de los diputados y cualquiera de los ciudadanos. Pero me permitirá el Senador Fernández Zanca, ausente como si fuese presente, que discrepemos en cuanto a los instrumentos para poner en práctica semejantes principios y postulados.
Vuelve a decirme el Senador Fernández Zanca que indultamos a los rectores y que, sin embargo, sentenciamos a los claustros. Le diré que lo de los rectores es algo que se cambió en el trámite parlamentario, y bien cambiado está, y que el claustro vive lo que tiene que vivir. Pero de igual manera que la Ley de Reforma Universitaria obligatoriamente obligaba --y perdón por la redundancia-- a la convocatoria de un claustro constituyente, la nueva ley de universidades obliga a la convocatoria de un claustro constituyente. No tiene el menor sentido tildar de antidemocrática la postura de establecer un nuevo

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claustro elegido también democráticamente, lo que pasa es que ustedes se aferrar a su modelo, lo cual es comprensible.
Y ya que ha vuelto a sacar el tema de las becas, quiero decirle que en ningún caso y en ningún curso se ha dejado de atender ninguna solicitud de beca que cumpliera con los requisitos de la convocatoria, como se seguirá haciendo. Por darle alguna cifra, solamente en el presupuesto de este curso con respecto al anterior hay un incremento del 7,4 por ciento --estamos en 84.261 millones de pesetas--, y en 2001 tuvimos 386.357 becarios y en el curso 2001/2002 son 405.000.
Por último, para terminar esta intervención, y dedicado especialmente el Senador Fernández Zanca, ausente como si fuese presente, --¡ah, nos honra ya con su presencia!--, quiero decirle que parte del concierto coral que ayer tuvimos estaba justificado por la actitud vital de sentimiento de pena por la pérdida de una ley a la que ustedes aman entrañablemente, y ya le le dije en Comisión que lo entiendo. (Risas.). Sin embargo, piense, Senador Fernández Zanca, piensen, señores parlamentarios socialistas, que hay cosas de su ley que han pasado a ésta: ha pasado el Consejo Social, ha pasado el claustro universitario, han pasado los departamentos, ha pasado el defensor de la comunidad universitaria, y muchas otras cosas cuya enumeración en este momento sería prolija.
Todas las leyes tienen su ciclo, como lo tuvo la Ley de Reforma Universitaria y como lo tendrá también ésta, y esto se lo digo casi con visión de historiador. Dada la pirámide poblacional y los mecanismos que se establecen, yo estimo que tendrá una aplicación mínima de unos treinta años. (El señor Romero Calero: ¡Cuarenta!) Unos treinta calculo yo aproximadamente. Pero llegado el momento en que las circunstancias cambien, obviamente, llegará también el momento de que el Gobierno correspondiente y el Parlamento que en ese momento esté constituido valoren la necesidad de replantearse la ley.
Para acabar como último interviniente, quiero dar las gracias a todos...


La señora PRESIDENTA: Perdón, Senador Arvizu, algunos portavoces me han preguntado si va a haber turno de portavoces para fijar posición antes de votar. Como está previsto, les he dicho que sí.


El señor DE ARVIZU Y GALARRAGA: Como esto es una fórmula puramente de cortesía...


La señora PRESIDENTA: Es para que sepa que no será la última intervención probablemente.


El señor DE ARVIZU Y GALARRAGA: Gracias.
En esta última intervención, que es la más sustantiva, quiero dar las gracias a los Senadores miembros de los distintos grupos por su contribución y por el debate que hemos tenido tanto en Ponencia como en Comisión como en Pleno. También doy las gracias a la Letrada que con tanta paciencia, competencia y sapiencia ha llevado a cabo la labor de asesoramiento de esta Comisión.
En la discrepancia se muestra la vitalidad de una sociedad y esto, lejos de ser un factor negativo, no deja de ser un factor positivo.
Muchas gracias. (Aplausos en los escaños del Grupo Parlamentario Popular.)

La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, Senador Arvizu.
¿Turno de portavoces? (La señora De Boneta y Piedra pide la palabra.) No pueden dividir el turno, Senadora Boneta. Lo lamento muchísimo pero no pueden dividir el turno. Si interviene su señoría será consumiendo el turno del Grupo Mixto, pero debe ser el portavoz, Senador Cámara, quien lo designe.
¿Quién va a hacer uso de la palabra, Senador Cámara?

El señor CAMARA FERNANDEZ: Señora Presidenta, este portavoz del Grupo Parlamentario Mixto cede la palabra al Senador don Anxo Quintana, que me la ha pedido para fijar la posición del Grupo.
Gracias.


La señora PRESIDENTA: Gracias, Senador Cámara.
El Senador Quintana tiene la palabra.


El señor QUINTANA GONZALEZ: Gracias, señora Presidenta.
Intervengo únicamente para mantener no sólo las enmiendas, sino los conceptos utilizados por el conjunto de grupos que componen el Grupo Parlamentario Mixto en la tramitación de esta ley. Y por la parte que nos corresponde, diré que por lo menos nos vamos con la satisfacción de haber comprobado que en el trámite parlamentario en esta Cámara la universidad gallega --que tuvo, tiene y tendrá una destacada posición en la valoración y oposición a esta ley-- también ha estado presente en su debate. Lo estuvo en la generalidad de los grupos que defendieron aquí enmiendas y particularmente, si se me permite, en las enmiendas presentadas y defendidas por este Senador, al que no corresponde en buena parte su titularidad, sino que fueron obra de los rectores, profesores, personal administrativo y de servicios y alumnos de las tres universidades gallegas. Seguramente no es un argumento de convicción para el Grupo mayoritario, pero ustedes deben saber que su voto contrario a nuestras enmiendas en muchos casos serán votos contrarios a la opinión mayoritaria de la universidad gallega.
Muchas gracias.


La señora PRESIDENTA:Gracias, Senador Quintana.
¿Algún otro grupo parlamentario desea hacer uso de la palabra? En nombre de Coalición Canaria, tiene la palabra el Senador Ríos.


El señor RIOS PEREZ: Gracias, señora Presidenta.
En las postrimerías del actual debate y al fijar posición sobre este proyecto de ley, el Grupo de Coalición Canaria

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cree que ha mejorado el proyecto con las enmiendas que han sido incorporadas --unas 70 aproximadamente y específicamente 20 de nuestro Grupo, a las que posteriormente me referiré--, aunque lamentamos que no se haya podido llegar a mayores consensos.
Consideramos que la universidad sirve a la sociedad, y siguiendo la vigente LRU, pensamos que con el reforzamiento de los consejos sociales se da un paso adelante en este acercamiento. Los consejos de gobierno adquieren una mayor agilidad y eficacia, reforzándose la figura del rector.
Hoy, claramente, hay un intento loable de mejora en la selección del profesorado. Se intenta luchar contra la endogamia en general, aunque existe el peligro de caer en la endogamia de escuela específica de un gran maestro con numerosos discípulos en una disciplina determinada. Al final, esta ley se juzgará por los resultados.
Me preocupa la inexistencia de la presencia en los tribunales de representantes de las universidades interesadas en el acceso a plazas determinadas.
Pienso que ha sido un paso importantísimo la contratación de profesorado no funcionario de forma estable, lo que refuerza la autonomía universitaria, al igual que la posibilidad de promulgación de leyes universitarias autonómicas complementarias y la posible creación de agencias de evaluación autonómicas, lo que junto con la desburocratización del Consejo de Universidades permitirá dar un perfil diferencial al desarrollar sus propios estatutos cada universidad, impregnándola de las características peculiares que definen a su Comunidad Autónoma: cultura, lengua, insularidad e insularidad alejada.
Se podrán dar pasos positivos en la evaluación y en la investigación. En este último aspecto, el Gobierno tendrá que meditar sobre las pocas ventajas hasta ahora vistas y los muchos inconvenientes que ha representado que los mayores recursos para la investigación no los gestione el Ministerio de Educación, sino un ministerio de nueva planta.
En todo caso, serán imprescindibles nuevas fuentes económicas, tanto públicas como privadas, para potenciar la investigación. En esto la universidad pública siempre será infinitamente superior a la privada, exenta esta última de iniciativas en este sentido investigador y reducida sólo a la docencia --por lo menos hasta la fecha-- en España. El alumno proclive a la investigación de cualquier tipo siempre estará orientado hacia una universidad pública.
Quizá la forma como se ha llevado la tramitación de esta ley --con muchísima prisa y gestionada con escasa habilidad-- no ha sido la ideal para una norma de esta envergadura, pero hago votos para que se reflexione y que en las posteriores e importantísimas normas reglamentarias no se cometan los mismos errores. En todo caso, repito, esta ley será juzgada por los resultados.
A lo largo de la tramitación, tanto en el Congreso de los Diputados como en el Senado, Coalición Canaria ha ido introduciendo enmiendas que consideramos que han mejorado el texto, y la más importante se ha referido a la demanda imperiosa de nuevos métodos de financiación pública, a través de los contratos-programa, así como el establecimiento de mecanismos de movilidad, tanto de estudiantes como de profesores. En cambio, tengo que indicar que el propio Partido Popular ha suprimido el texto del artículo 72.3, donde se incidía concretamente en la incompatibilidad absoluta de prestar servicio a una universidad pública y a otra privada simultáneamente. Eso era un error, y aunque las vigentes leyes, de cara al futuro, no lo hagan necesario, se objetiva un espíritu tolerante con esta enmienda supresora.
Se ha conseguido por parte de Coalición Canaria que se tenga en cuenta el hecho archipielágico y la lejanía para superar los costes y poner a las universidades canarias y a su profesorado en un plano de igualdad respecto a las de la península. Así, tenemos la posibilidad de poder ser competitivos.
Entre las otras novedades introducidas destaca una enmienda referida a la movilidad temporal del personal universitario, en el sentido de poderlo potenciar. También se debe rescatar del tradicional olvido la importancia de la actividad y de la capacidad docentes del profesorado universitario, a la hora de evaluar su actividad, y no sólo por la labor investigadora.
También se introduce en la ley una mayor flexibilidad en la movilidad para ser contratados como profesores ayudantes y el establecimiento de complementos retributivos por las Comunidades Autónomas ligados al mérito individual docente, investigador y de gestión, tanto del profesorado contratado como del funcionario, en consonancia con el sistema de complementos establecidos por las Comunidades Autónomas, en coordinación con el sistema de financiación de la universidad. Por otra parte, la incorporación de una evaluación externa de dichos complementos, revaloriza el sistema como verdadero incentivo de calidad al servicio público que realizan las universidades. Creo que esto será un hito en nuestro mundo universitario.
Se establece también que el destino obtenido tras el curso de acceso a cuerpos de funcionarios docentes deberá desempeñarse al menos durante dos años, antes de poder participar en los concursos de provisión de puestos de trabajo hacia otras universidades. Con ello se ha perseguido dar estabilidad a las plantillas y asegurar un mínimo de estabilidad para que las universidades canarias, por ejemplo, no tengan profesorado al que se llamaba aves de paso, o, como se les llama ahora, profesores gaviota.
Además, se han aprobado otras ocho enmiendas relacionadas con la autonomía económica y financiera de las universidades.
En Ponencia, en este Senado, se aprobó un artículo correspondiente a las becas y ayudas de estudio, y en uno de sus párrafos se especifica que se tendrá en cuenta la singularidad de los territorios insulares y la distancia con la península, para favorecer la movilidad y las condiciones de igualdad en el ejercicio de la formación de los estudiantes en dichos territorios. También se propone mejorar las condiciones de ingreso a la universidad, estableciendo que el Consejo de Coordinación Universitaria velará para que las universidades programen sus procedimientos de acceso de manera que los estudiantes puedan concurrir a centros diferentes. Así, es necesario el establecimiento de diferentes fechas en la programación de las pruebas de acceso a distintas

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universidades para que los estudiantes tengan la posibilidad de acceder a convocatorias de diferentes centros.


La señora PRESIDENTA: Senador Ríos, le ruego que, cuando pueda, vaya concluyendo.


El señor RIOS PEREZ: Estoy terminando, señora Presidenta.
Hemos introducido la posibilidad de una pensión específica para estudios para mayores, y también para que el tránsito hacia profesores asociados tenga una nueva figura de contratación. Por último, también se ha conseguido que el plazo que había para los profesores ayudantes de tres años para conseguir el doctorado, se pase a cuatro años, con lo cual la capacidad es mayor.
Esperaba que algunas de las enmiendas vivas pudieran ser asumidas, pero por lo visto van a cometer el error de rechazar la número 66, precisamente.
Termino haciendo votos por el consenso entre todos en la importantísima normativa reglamentaria que habrá que desarrollar para que esta ley pueda ponerse en marcha.
Muchas gracias, señora Presidenta.


La señora PRESIDENTA: Gracias, Senador Ríos.
¿Por el Grupo Parlamentario de Senadores Nacionalistas Vascos? (Pausa.) Por el Grupo Parlamentario de la Entesa Catalana de Progrés, tiene la palabra el Senador Bonet.


El señor BONET I REVES: Muchas gracias, señora Presidenta.
Brevemente. En primer lugar, tengo un encargo de la Senadora De Boneta para el Senador Arvizu. Cuando se ha referido a la trampa saducea ha dicho Senador Boneta, y no sabemos si se refería a la Senadora De Boneta o al Senador Bonet. Esta es la aclaración que quiere saber la Senadora Boneta.
Por otra parte, aunque antes ya me había despedido, como decimos en catalán «les confiances fon fastic», y me he dejado en el tintero a dos catalanes. Primero me he dejado a la letrada Helena Boyra, y después me he dejado al Senador Varela, que aunque estamos en grupos distintos, tenemos mucho, mucho en común.
Muchas gracias, señora Presidenta.


La señora PRESIDENTA: Gracias, Senador Bonet.
Por el Grupo Parlamentario Catalán en el Senado de Convergència i Unió tiene la palabra el Senador Varela.


El señor VARELA I SERRA: Muchas gracias, señora Presidenta.
Muy brevemente. Simplemente he de decir al señor Arvizu que la referencia que ha hecho al Institut d'Estudis Catalans no es correcta. Como usted es realmente una persona buena, podría ser cruel lo que ha dicho. Por eso le voy a enviar las publicaciones del Institut d'Estudis Catalans, para que compare lo que ha dicho usted con la documentación que reciba.
Nada más y muchas gracias.
La señora PRESIDENTA: Gracias, señoría.
Por el Grupo Parlamentario Socialista tiene la palabra el señor Fernández Zanca.


El señor FERNANDEZ ZANCA: Muchas gracias, señora Presidenta.
Intervendré con la mayor brevedad. Senador Arvizu, yo, a diferencia de usted, no hablo a título personal, con lo cual, como hablo en nombre del Grupo Parlamentario Socialista, puedo ausentarme tranquilamente, porque el Grupo Parlamentario Socialista está presente. De todas formas, me disculpo, aunque usted entenderá --más o menos tenemos la misma edad-- que de vez en cuando haya que salir. (Risas.) Sólo quiero decirle dos cosas. Han dicho ustedes repetidas veces que los socialistas nos hemos empeñado en convertir la educación en un campo de enfrentamiento radical; la última vez lo dijo la señora Ministra hace un par de días. Desde luego yo creo que no tiene razón, y que es profundamente injusto decir esto a un partido que ha presentado un texto articulado alternativo que podría haber sido un punto de encuentro, un elemento para empezar a negociar, y que además ha presentado cientos de enmiendas que han sido rechazadas de forma sistemática. Por tanto, quiero reiterar que el Partido Socialista sí tenía un modelo, que expuse en mi anterior intervención.
Señor Arvizu, ha dicho usted que amamos entrañablemente la LRU. No es cierto, no la amamos; tan es así que, como hemos dicho reiteradas veces, tanto aquí como en Comisión, estábamos convencidos de que había que modificar la LRU porque ya no obedecía a las expectativas actuales. Pero una cosa es que no la amemos y otra cosa es que los socialistas no estemos profundamente orgullosos de lo que supuso la Ley de Reforma Universitaria, porque acabó con las estructuras franquistas en la universidad, estructuras que en buena parte ustedes quieren reproducir con esta ley. (Aplausos en los escaños del Grupo Parlamentario Socialista.--Varios señores Senadores: ¡Muy bien!)

La señora PRESIDENTA: Gracias, Senador Fernández Zanca.
Por el Grupo Parlamentario Popular, tiene la palabra el Senador Barahona.


El señor BARAHONA HORTELANO: Muchas gracias, señora Presidenta.
Señorías, en este punto del debate no me queda sino agradecer sinceramente a todos los grupos políticos, incluso a los que han cometido algún exceso verbal o acaban de cometerlo, el tono y el estilo, y el que haya sido posible realizar este debate, que consideramos que ha sido enormemente positivo. Especialmente quería agradecer el apoyo que recibimos de los Grupos Parlamentario Catalán en el Senado de Convergència i Unió y de Coalición Canaria.
Señorías, las leyes se hacen en el Parlamento y obligan a todos los ciudadanos, obligan hasta a los rectores, fíjense ustedes.


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Se nos ha acusado de parquedad en cuanto a las enmiendas. Señorías, en el trámite en Comisión se incorporaron muchas e importantes enmiendas. Por tanto, se enriqueció el texto, se modificó y realmente el modelo que ha quedado no era susceptible de ningún otro tipo de modificación porque lo habría desvirtuado.
Sin embargo, dirán ustedes que por qué nos hemos reunido en el Pleno, por qué se ha procedido al debate del Pleno. Señorías, en él se fijan las posiciones ideológicas y en relación con este modelo y creo que así ha quedado nítidamente reflejado a lo largo del debate.
Efectivamente, nosotros nos reafirmamos en que este modelo es el único coherente para satisfacer las exigencias científicas y docentes que en este momento tiene la sociedad española. La universidad española necesita calidad para que pueda afrontar los retos de nuestro tiempo y los retos de nuestro contexto, del espacio universitario europeo.
Frente a este modelo, la ausencia o la inexistencia --al menos, nosotros no lo hemos visto, no se ha percibido-- del modelo al que aludía el Senador Fernández Zanca. Creemos que ha sido una recreación de la Ley de Reforma Universitaria, a la que han incorporado algunos aditamentos de nuestra propia ley. Pero el conjunto estaba absolutamente fuera de lugar.
Hoy por hoy, el Partido Socialista no tiene ningún modelo universitario para España. (Dos señores Senadores desde los escaños del Grupo Parlamentario Socialista: ¡Bueno! ¡Amén!) Y en algunas ocasiones, permítanme que les diga, se ha sustituido el debate para llegar a ese modelo por la algarabía, por los eslogan publicitarios y las movilizaciones callejeras, pero no vamos a entrar en absoluto en ese debate.
El clásico ya decía que el error es lamentable pero que, asumido como verdad, debe disculparse. Señorías del Grupo Socialista, nosotros les disculpamos a pesar de sus errores. (Protestas desde los escaños del Grupo Parlamentario Socialista.--El señor Díaz Sol: ¡Eres un prepotente!).
Y para concluir este debate, señorías, no queda otra cosa sino terminar como empieza el himno académico: «Gaudeamus, igitur, post novam legem».
Muchas gracias. (Aplausos en los escaños del Grupo Parlamentario Popular.)

La señora PRESIDENTA: Gracias.
Señorías, vamos a votar el proyecto de ley orgánica de universidades.
Empezaremos por la votación de las enmiendas por su orden.
En primer lugar, las enmiendas del Senador Quintana en cuatro bloques.
Votamos las enmiendas números 450 a 452, 459 y 465.
Se inicia la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos emitidos, 219; a favor, 72; en contra, 136; abstenciones, 11.


La señora PRESIDENTA: Quedan rechazadas.
Votamos las enmiendas números 464 y 474, del Senador Quintana.
Se inicia la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos emitidos, 218; a favor, 72; en contra, 143; abstenciones, tres.


La señora PRESIDENTA: Quedan rechazadas.
Votamos las enmiendas números 418, 419 y 420, del Senador Quintana.
Se inicia la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos emitidos, 220; a favor, 75; en contra, 145.


La señora PRESIDENTA: Quedan rechazadas.
Votamos el resto de las enmiendas del Senador Quintana.
Se inicia la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos emitidos, 220; a favor, 73; en contra, 144; abstenciones, tres.


La señora PRESIDENTA: Quedan rechazadas.
Votamos ahora las enmiendas de la Senadora De Boneta.
En primer lugar, las enmiendas números 100, 102, 103, 105, 110 a 112, 116, 118, 127, 129 a 131.
Se inicia la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos emitidos, 220; a favor, 73; en contra, 143; abstenciones, cuatro.


La señora PRESIDENTA: Quedan rechazadas.
Enmiendas de la Senadora De Boneta números 101 y 123.
Se inicia la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos emitidos, 217; a favor, 80; en contra, 136; ,abstenciones, una.


La señora PRESIDENTA: Quedan rechazadas.
Votamos el resto de las enmiendas de la Senadora De Boneta.
Se inicia la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos emitidos, 220; a favor, 72; en contra, 145; abstenciones, tres.


La señora PRESIDENTA: Quedan rechazadas.
Votación de las enmiendas de los Senadores Cámara y Cabrero en cuatro bloques. En primer lugar, votamos las enmiendas números 36, 37 y 43.
Se inicia la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos emitidos, 221; a favor, 71; en contra, 137; abstenciones, 13.


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La señora PRESIDENTA: Quedan rechazadas.
Votación de la enmienda número 33.
Se inicia la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos emitidos, 220; a favor, 82; en contra, 137; abstenciones, una.


La señora PRESIDENTA: Queda rechazada.
Votación de la enmienda número 45.
Se inicia la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos emitidos, 220; a favor, 76; en contra, 137; abstenciones, siete.


La señora PRESIDENTA: Queda rechazada.
Votamos el resto de las enmiendas de los Senadores Cámara y Cabrero.
Se inicia la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos emitidos, 219; a favor, 72; en contra, 143; abstenciones, cuatro.


La señora PRESIDENTA: Quedan rechazadas.
Votación de las enmiendas de Coalición Canaria. En este momento los servicios de la Cámara no saben si la enmienda número 68 se mantiene o no.
Tiene la palabra el Senador Ríos.


El señor RIOS PEREZ: Como no la defendí, la retiro.


La señora PRESIDENTA: De acuerdo, Senador Ríos.
Votamos en tres bloques las enmiendas de Coalición Canaria. En primer lugar, votamos la enmienda 65.
Se inicia la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos emitidos, 220; a favor, 13; en contra, 136; abstenciones, 71.


La señora PRESIDENTA: Queda rechazada.
Votamos la enmienda número 66.
Se inicia la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos emitidos, 221; a favor; cuatro; en contra, 145; abstenciones, 72.


La señora PRESIDENTA: Queda rechazada.
Votamos la enmienda número 67.
Se inicia la, votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos emitidos, 220; a favor, tres; en contra, 145; abstenciones, 72.


La señora PRESIDENTA: Queda rechazada. Votación de las enmiendas del Grupo Parlamentario de Senadores Nacionalistas Vascos que están divididas en tres bloques. En primer lugar, votamos las enmiendas números 221, 226, 232, 238, 239, 241, 245 y 253. Se inicia la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos emitidos, 220; a favor, 71; en contra, 136; abstenciones, 13.


La señora PRESIDENTA: Quedan rechazadas.
Votamos el segundo bloque, enmiendas números 219, 220, 230, 243, 246, 247 y 250.
Se inicia la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos emitidos, 221; a favor, 73; en contra, 137; abstenciones, 11.


La señora PRESIDENTA: Quedan rechazadas.
Votación del resto de las enmiendas del Grupo Parlamentario de Senadores Nacionalista Vasco.
Se inicia la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos emitidos, 221; a favor, 76; en contra, 145.


La señora PRESIDENTA: Quedan rechazadas.
Votación de las enmiendas del Grupo Parlamentario de la Entesa Catalana de Progrés divididas en siete bloques.
En primer lugar, votamos las enmiendas números 137 y 138.
Se inicia la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos emitidos, 221; a favor, 75; en contra, 145; abstenciones, una.


La señora PRESIDENTA: Quedan rechazadas: Votamos el segundo bloque con las enmiendas números 172 y 179 a l83.
Se inicia la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos emitidos, 220; a favor, 72; en contra, 136; abstenciones, 12.


La señora PRESIDENTA: Quedan rechazadas.
Votación de la enmienda 193 Se inicia la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos emitidos, 221; a favor, 73; en contra, 137; abstenciones, 11.


La señora PRESIDENTA: Queda rechazada.
Votación de la enmienda 196.
Se inicia la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos emitidos, 220; a favor, 79; en contra, 137; abstenciones, cuatro.


La señora PRESIDENTA: Queda rechazada.
Votamos las enmiendas números 185, 189 y 191.


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Se inicia la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos emitidos, 221; a favor, 73; en contra, 137; abstenciones, 11.


La señora PRESIDENTA: Quedan rechazadas.
Votación del voto particular a la enmienda 584 del Grupo Parlamentario Popular.
Se inicia la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos emitidos, 221; a favor, 85; en contra, 136.


La señora PRESIDENTA: Queda rechazado.
Votación del resto de las enmiendas del Grupo Parlamentario de la Entesa Catalana de Progrés.
Se inicia la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos emitidos, 221; a favor, 72; en contra, 144; abstenciones, cinco.


La señora PRESIDENTA: Quedan rechazadas.
Votación de todas la enmiendas del Grupo Parlamentario Catalán en el Senado de Convergència i Unió.
Se inicia la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación; dio el siguiente resultado: Votos emitidos, 221; a favor, 10; en contra, 137; abstenciones, 74.


La señora PRESIDENTA: Quedan rechazadas.
Votación de las enmiendas del Grupo Parlamentario Socialista.
En realidad, el voto particular a la enmienda 584 del Grupo Parlamentario Popular también lo ha presentado el Grupo Parlamentario Entesa y está ya votado, pero como lo han presentado dos Grupos distintos, tenemos que votarlo nuevamente.
Votación del voto particular del Grupo Parlamentario Socialista a la enmienda 584 del Grupo Parlamentario Popular.
Se inicia la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos emitidos, 219; a favor, 83; en contra, 135; abstenciones, una.


La señora PRESIDENTA: Queda rechazado.
Votamos, ahora, el resto dejas enmiendas presentadas por el Grupo Parlamentario Socialista.
Se inicia la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos emitidos, 220; a favor, 73; en contra, 144; abstenciones, tres.


La señora PRESIDENTA: Quedan rechazadas.
Se ha presentado una corrección de errores con el número de registro 27.144. De forma que donde dice «serán funcionarios doctores de los cuerpos docentes universitarios» debe decir «serán funcionarios de los cuerpos docentes universitarios».
¿Puede entenderse aprobado por asentimiento? (Pausa.) Queda aprobado.
A continuación, tenemos que votar el dictamen. En principio nadie ha pedido votación separada de los títulos. (El señor Varela i Serra pide la palabra.) Senador Varela, tiene la palabra.


El señor VARELA I SERRA: Perdón, señora Presidenta.
Yo he pedido votación separada para los artículos 57 a 66 del Título IX, ambos inclusive.


La señora PRESIDENTA: Entonces, votamos primero los artículos 57 a 66 del Título IX, del dictamen.
Se inicia la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos emitidos, 221; a favor, 141; en contra, 79; abstenciones, una.


La señora PRESIDENTA: Quedan probados.
Señorías, votamos ahora el texto del dictamen. Título Preliminar, Títulos I a XIII, las disposiciones adicionales primera a vigesimoséptima, las disposiciones transitorias primera a octava, la disposición derogatoria, las disposiciones finales primera a quinta y la exposición de motivos, salvo lo que hemos votado anteriormente.
Votación del dictamen de la ley orgánica de universidades.
Se inicia la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos emitidos, 221; a favor, 149; en contra, 72.


La señora PRESIDENTA: Queda aprobado. Tal y como dispone el artículo 90 de la Constitución, se dará traslado de las enmiendas aprobadas por el Senado al Congreso de los Diputados para que éste se pronuncie en forma previa a la sanción del texto definitivo por Su Majestad el Rey.
Señorías, continuamos. (Fuertes y prolongados aplausos en los escaños del Grupo Parlamentario Popular.--Pateos en los escaños del Grupo Parlamentario Socialista.)

--DE LA COMISION DE PRESUPUESTOS EN RELACION CON EL PROYECTO DE LEY DE PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO PARA EL AÑO 2002. (S. 621/000040) (C.
D. 121/000047) (Continuación).


La señora PRESIDENTA: Señorías, tenemos pendientes las votaciones del proyecto de ley de Presupuestos Generales del Estado para el año 2002, pues estábamos a la espera de que se conociera el IPC.
Hay una propuesta de modificación al Título IV y a las disposiciones adicionales afectadas por la necesidad de introducir

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ajustes en las cifras que tienen consecuencia con el IPC que ha sido firmada por todos los grupos políticos. Entiendo que quizá sus señorías quieran hacer uso de un turno de portavoces. (Varios señores Senadores: iNooo!) Votamos, entonces, directamente. (Varios señores Senadores:¡ Sííí!) ¿Puede entenderse aprobado por asentimiento? (Varios señores Senadores: ¡Sííí!) Señorías, es que quedan pendientes de votación algunas enmiendas del Título IV.
En primer lugar, votamos las enmiendas 55 a 58 de los Senadores Cámara y Cabrero.
Se inicia la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos emitidos, 216, a favor, 70; en contra, 135; abstenciones, 11.


La señora PRESIDENTA: Quedan rechazadas.
Votamos las enmiendas 758 a 761 del Senador Quintana.
Se inicia la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos emitidos, 215; a favor, 11; en contra, 137; abstenciones, 67.


La señora PRESIDENTA: Quedan rechazadas.
Enmienda 1166 de Grupo Parlamentario Catalán en el Senado de Convergència i Unió.
Se inicia la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos emitidos, 219; a favor, 81; en contra, 135; abstenciones, tres.
La señora PRESIDENTA: Queda rechazada.
Votación de la enmienda 1114 del Grupo Parlamentario Popular. (El señor Sanz Pérez pide la palabra.) Tiene la palabra, Senador Sanz.


El señor SANZ PEREZ: He de suponer, señora Presidenta, que retiramos la enmienda 1114, dado que aceptamos la transaccional.


La señora PRESIDENTA: De acuerdo. No se vota, porque soporta el dictamen.
Votación de las enmiendas que quedaron pendientes en relación con las disposiciones adicionales.
Votamos la enmienda 1273 del Grupo Parlamentario Socialista y del Grupo Parlamentario Entesa Catalana de Progrés.
Se inicia la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos emitidos, 220; a favor, 73; en contra, 136; abstenciones, 11.


La señora PRESIDENTA: Queda rechazada.
Ahora, votamos la propuesta de modificación con el número de registro 27.227, suscrita por todos los Grupo las cifras del Título IV y disposiciones adicionales afectadas por el índice de Precios al Consumo.
¿Puede entenderse aprobada por asentimiento? (Pausa.) Queda aprobada.
Votamos el dictamen del Título IV y de las disposiciones adicionales afectadas por el IPC en lo que no se refiere a las cifras anteriormente modificadas.
Se inicia la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos emitidos, 219; a favor, 218; en contra, uno.


La señora PRESIDENTA: Queda aprobado el texto del dictamen.
Votación del dictamen de la disposición adicional vigésima tercera, que finalmente no ha sido objeto de modificación.
Sé inicia la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos emitidos, 219; a favor, 146; en contra, 72; abstenciones, una.


La señora PRESIDENTA: Queda aprobado.
Votamos el dictamen de la Sección 07.
Se inicia la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación dio el siguiente resultado: Votos emitidos, 220; a favor, 147; en contra, 73.


La señora PRESIDENTA: Queda aprobado el dictamen de la Sección 07.
Finalmente votamos los artículos 2, 3, 4, 6, 12 y 47, así como el Anexo I, que incorporan, cifradas, las enmiendas anteriormente introducidas.
Se inicia la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos emitidos, 220; a favor, 144; en contra, 76.


La señora PRESIDENTA: Queda aprobado el dictamen del proyecto de ley de Presupuestos Generales del Estado para el año 2002.
Tal como dispone el artículo 90 de la Constitución, se dará traslado de las enmiendas aprobadas por el Senado al Congreso de los Diputados para que éste se pronuncie sobre las mismas en forma previa a la sanción del texto definitivo por Su Majestad el Rey.
Recuerdo a sus señorías que se ha autorizado la celebración de reuniones de Mesa y Portavoces de las Comisiones de Defensa y de Infraestructuras el próximo lunes 17, al finalizar la sesión plenaria.
Les recuerdo que la sesión plenaria del lunes comenzará a las doce del mediodía y la del martes a las 4 de la tarde.
Se levanta la sesión.


Eran las catorce horas y treinta y cinco minutos.

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