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DS. Senado, Pleno, núm. 72, de 17/12/2001
 


CORTES GENERALES

DIARIO DE SESIONES DEL

SENADO

Año 2001 VII Legislatura Núm. 72

PRESIDENCIA DE LA EXCMA. SRA. DOÑA ESPERANZA AGUIRRE GIL DE BIEDMA

Sesión del Pleno

celebrada el lunes, 17 de diciembre de 2001

ORDEN DEL DIA:

Primero

Actas:

--Lectura y aprobación, si procede, del Acta de la sesión anterior, celebrada los pasados días 11, 12, 13 y 14 de diciembre de 2001.


Segundo

Dictámenes de Comisiones sobre Proyectos y Proposiciones de Ley remitidos por el Congreso de los Diputados:

--De la Comisión General de las Comunidades Autónomas en relación con el Proyecto de Ley Orgánica de modificación de la Ley Orgánica de financiación de las Comunidades Autónomas (publicado en el «Boletín Oficial de las Cortes Generales», Senado, Serie II, número 42, de fecha 14 de diciembre de 2001) (Número de expediente 621/000042) (Número de expediente C. D. 121/000048).


--De la Comisión General de las Comunidades Autónomas en relación con el Proyecto de Ley por la que se regulan las medidas fiscales y administrativas del nuevo sistema de financiación de las Comunidades Autónomas de régimen común y ciudades con Estatuto de Autonomía (publicado en el «Boletín Oficial de las Cortes Generales», Senado, Serie II, número 43, de fecha 14 de diciembre de 2001) (Número de expediente S.
621/000043) (Número de expediente C. D. 121/000049).


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SUMARIO

Se abre la sesión a las doce horas y veinticinco minutos.


ACTAS (Página 4186)

Lectura y aprobación, si procede, del Acta de la sesión anterior, celebrada los pasados días 11, 12, 13 y 14 de diciembre de 2001 (Página 4186)

Se aprueba por asentimiento de la Cámara.


DICTAMENES DE COMISIONES SOBRE PROYECTOS Y PROPOSICIONES DE LEY REMITIDOS POR EL CONGRESO DE LOS DIPUTADOS (Página 4186)

De la Comisión General de las Comunidades Autónomas en relación con el Proyecto de Ley Orgánica de modificación de la Ley Orgánica de financiación de las Comunidades Autónomas (Página 4186)

De la Comisión General de las Comunidades Autónomas en relación con el Proyecto de Ley por la que se regulan las medidas fiscales y administrativas del nuevo sistema de financiación de las Comunidades Autónomas de régimen común y ciudades con Estatuto de Autonomía (Página 4186)

El señor Vázquez Portomeñe, Presidente de la Comisión, presenta el dictamen de los dos proyectos de ley. El señor Ministro de Hacienda (Montoro Romero) presenta a la Cámara, en nombre del Gobierno, ambos proyectos de ley.


Comienza el debate de las propuestas de veto.


El señor Cámara Fernández, del Grupo Mixto, en su propio nombre y en el del señor Cabrero Palomares, defiende las propuestas de veto al Proyecto de Ley Orgánica de modificación de la Ley Orgánica de financiación de las Comunidades Autónomas y al Proyecto de Ley por la que se regulan las medidas fiscales y administrativas del nuevo sistema de financiación de las Comunidades Autónomas de régimen común y ciudades con Estatuto de Autonomía. El señor Quintana González defiende, en en nombre del Grupo Mixto, las propuestas de veto al Proyecto de Ley Orgánica de modificación de la Ley Orgánica de financiación de las Comunidades Autónomas y al Proyecto de Ley por la que se regulan las medidas fiscales y administrativas del nuevo sistema de financiación de las Comunidades Autónomas de régimen común y ciudades con Estatuto de Autonomía. El señor Bonet i Revés defiende, en nombre del Grupo Entesa Catalana de Progrés, la propuesta de veto al Proyecto de Ley Orgánica de modificación de la Ley Orgánica de financiación de las Comunidades Autónomas. La señora Primo Albert consume un turno en contra.


Se suspende la sesión a las catorce horas y treinta y cinco minutos.


Se reanuda la sesión a las dieciséis horas y diez minutos.


En turno de portavoces, hacen uso de la palabra los señores Quintana González y Cámara Fernández, por el Grupo Mixto; Ríos Pérez, por Grupo de Senadores de Coalición Canaria; Bonet i Revés, por el Grupo Entesa Catalana de Progrés; Albistur Marin, por el Grupo de Senadores Nacionalistas Vascos; Cambra i Sánchez, por el Grupo Catalán en el Senado de Convergència i Unió, y Galán Pérez, por el Grupo Socialista, así como la señora Primo Albert, por el Grupo Popular. Nuevamente hace uso de la palabra el señor Ministro de Hacienda (Montoro Romero). Los señores Quintana González, Cámara Fernández, Bonet i Revés y Galán Pérez, así como la señora Primo Albert intervienen de nuevo en virtud del artículo 87. Cierra el debate el señor Ministro de Hacienda (Montoro Romero).


Se procede a votar.


Se rechaza la propuesta de veto de los señores Cámara Fernández y Cabrero Palomares, del Grupo Mixto, al Proyecto de Ley Orgánica de modificación de la Ley Orgánica de financiación de las Comunidades Autónomas por 74 votos a favor y 147 en contra.


Se rechaza la propuesta de veto de los señores Cámara Fernández y Cabrero Palomares, del Grupo Mixto, al Proyecto de Ley por la que se regulan las medidas fiscales y administrativas del nuevo sistema de financiación de las Comunidades Autónomas de régimen común y ciudades con Estatuto de Autonomía por 73 votos a favor y 148 en contra.


Se rechaza la propuesta de veto del Grupo Mixto, originariamente presentada por el señor Quintana González, al Proyecto de Ley Orgánica de modificación de la Ley Orgánica de financiación de las Comunidades Autónomas por 73 votos a favor y 148 en contra.


Se rechaza la propuesta de veto del Grupo Mixto, originariamente presentada por el señor Quintana González, al Proyecto de Ley por la que se regulan las medidas fiscales y administrativas del nuevo sistema de financiación de las Comunidades Autónomas de régimen

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común y ciudades con Estatuto de Autonomía por 72 votos a favor, 148 en contra y 1 abstención.


Se rechaza la propuesta de veto del Grupo Entesa Catalana de Progrés al Proyecto de Ley Orgánica de modificación de la Ley Orgánica de financiación de las Comunidades Autónomas por 73 votos a favor y 148 en contra.


De la Comisión General de las Comunidades Autónomas en relación con el Proyecto de Ley Orgánica de modificación de la Ley Orgánica de financiación de las Comunidades Autónomas. (Continuación) (Página 4222)

El señor Cámara Fernández, del Grupo Mixto, retira las enmiendas números 1 a 3. El señor Ríos Pérez defiende las enmiendas números 44, 46 y 47, del Grupo de Senadores de Coalición Canaria. El señor Albistur Marin defiende la enmienda número 4, del Grupo de Senadores Nacionalistas Vascos. El señor Bonet i Revés retira las enmiendas números 18 a 35, del Grupo Entesa Catalana de Progrés. El señor Cambra i Sánchez defiende las enmiendas números 52 a 54 y retira las números 48 a 50, del Grupo Catalán en el Senado de Convergència i Unió. El señor Galán Pérez retira las enmiendas números 5, 7 a 11 y 14 a 17, del Grupo Socialista. El señor Fernández Cucurull consume un turno en contra. No se hace uso del turno de portavoces.


Se procede a votar.


Se rechazan las enmiendas números 44 y 46, del Grupo de Senadores de Coalición Canaria, por 11 votos a favor, 126 en contra y 70 abstenciones.


Se aprueba la propuesta de modificación que sustenta la enmienda número 47, del Grupo de Senadores de Coalición Canaria, por 206 votos a favor de los 206 emitidos.


Se rechaza la enmienda número 4, del Grupo de Senadores Nacionalistas Vascos, por 10 votos a favor, 126 en contra y 71 abstenciones.


Se rechazan las enmiendas números 52 a 54, del Grupo Catalán en el Senado de Convergència i Unió, por 18 votos a favor, 127 en contra y 64 abstenciones.


Se aprueba el artículo 7 del dictamen por 199 votos a favor y 10 abstenciones.


Se aprueba el resto del dictamen por 138 votos a favor, 4 en contra y 66 abstenciones.


La señora Presidenta anuncia a la Cámara el traslado de las enmiendas aprobadas por el Senado al Congreso de los Diputados.


De la Comisión General de las Comunidades Autónomas en relación con el Proyecto de Ley por la que se regulan las medidas fiscales y administrativas del nuevo sistema de financiación de las Comunidades Autónomas de régimen común y ciudades con Estatuto de Autonomía.
(Continuación) (Página 4227)

Se anuncia la retirada de las enmiendas números 1 a 13, de los señores Cámara Fernández y Cabrero Palomares, del Grupo Mixto. El señor Ríos Pérez defiende las enmiendas números 82 y 114, habiéndose dado por retiradas las números 58, 60, 70, 72, 80, 81, 83 y 96, del Grupo de Senadores de Coalición Canaria. Se dan por retiradas las enmiendas del Grupo Entesa Catalana de Progrés números 32 a 50 y por defendida la que propone la vuelta al texto del Congreso de los Diputados en lo modificado por las enmiendas de los Grupos Popular y de Senadores de Coalición Canaria. El señor Cardona i Vila defiende las enmiendas números 115, 116 y 123 a 126, del Grupo Catalán en el Senado de Convergència i Unió. El señor Lerma Blasco retira las enmiendas del Grupo Socialista números 14 a 31 y defiende aquellas que proponen la vuelta al texto del Congreso de los Diputados en lo modificado por las enmiendas de los Grupos Popular y de Senadores de Coalición Canaria. El señor Ruiz Rivero consume un turno en contra. En turno de portavoces, hacen uso de la palabra los señores Cardona i Vila, por el Grupo Catalán en el Senado de Convergència i Unió; Lerma Blasco, por el Grupo Socialista, y Ruiz Rivero, por el Grupo Popular.


Se procede a votar.


Se rechaza la enmienda número 82, del Grupo de Senadores de Coalición Canaria, por 12 votos a favor, 133 en contra y 63 abstenciones.


Se rechaza la enmienda número 114, del Grupo de Senadores de Coalición Canaria, por 12 votos a favor, 133 en contra y 62 abstenciones.


Se rechaza la enmienda de Grupo Entesa Catalana de Progrés que propone la vuelta al texto del Congreso de los Diputados en lo modificado por las enmiendas de los Grupos Popular y de Senadores de Coalición Canaria por 68 votos a favor, 132 en contra y 8 abstenciones.


Se rechazan las enmiendas números 115, 116 y 123 a 126, del Grupo Catalán en el Senado de Convergència i Unió, por 11 votos a favor, 134 en contra y 62 abstenciones.


Se rechaza la enmienda del Grupo Socialista que propone la vuelta al texto remitido por el Congreso de los Diputados en lo modificado por la enmienda número 197 del Grupo Popular por 69 votos a favor, 132 en contra y 8 abstenciones.


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Se rechaza la enmienda del Grupo Socialista que propone la vuelta al texto remitido por el Congreso de los Diputados en lo modificado por las enmiendas números 200, del Grupo Popular, y 114, del Grupo de Senadores de Coalición Canaria, por 68 votos a favor, 133 en contra y 8 abstenciones.


Se aprueban los artículos 6, 7, 19, 36 bis, 42 ter, nuevo, 44, 45, 46, 48, 49, 50, 51, 52 y 53, así como las disposiciones transitorias tercera, cuarta, quinta, sexta, final primera y exposición de motivos por 139 votos a favor y 70 en contra.


Se aprueba la disposición final segunda por 138 votos a favor, 62 en contra y 9 abstenciones.


Se aprueba el resto del dictamen por 139 votos a favor, 3 en contra y 66 abstenciones.


La señora Presidenta anuncia a la Cámara el traslado de las enmiendas aprobadas por el Senado al Congreso de los Diputados.


Se levanta la sesión a las veinte horas y diez minutos.


Se abre la sesión a las doce horas y veinticinco minutos.


La señora PRESIDENTA: Señorías, se abre la sesión.


ACTAS:

--LECTURA Y APROBACION, SI PROCEDE, DEL ACTA DE LA SESION ANTERIOR, CELEBRADA LOS PASADOS DIAS 11, 12, 13 y 14 DE DICIEMBRE DE 2001.


La señora PRESIDENTA: Punto primero del orden del día: Actas.
Lectura y aprobación, si procede, del acta de la sesión anterior, celebrada los pasados días 11, 12, 13 y 14 de diciembre de 2001.
¿Alguna observación al Acta? (Pausa.) Queda aprobada.


DICTAMENES DE COMISIONES SOBRE PROYECTOS Y PROPOSICIONES DE LEY REMITIDOS POR EL CONGRESO DE LOS DIPUTADOS:

--DE LA COMISION GENERAL DE LAS COMUNIDADES AUTONOMAS EN RELACION CON EL PROYECTO DE LEY ORGANICA DE MODIFICACION DE LA LEY ORGANICA DE FINANCIACION DE LAS COMUNIDADES AUTONOMAS (S. 621/000042) (C. D.
121/000048).
--DE LA COMISION GENERAL DE LAS COMUNIDADES AUTONOMAS EN RELACION CON EL PROYECTO DE LEY POR LA QUE SE REGULAN LAS MEDIDAS FISCALES Y ADMINISTRATIVAS DEL NUEVO SISTEMA DE FINANCIACION DE LAS COMUNIDADES AUTONOMAS DE REGIMEN COMUN Y CIUDADES CON ESTATUTO DE AUTONOMIA (S.
621/000043) (C. D. 121/000049).


La señora PRESIDENTA: Punto segundo del orden del día: Dictámenes de Comisiones sobre proyectos y proposiciones de ley remitidos por el Congreso de los Diputados. De la Comisión General de las Comunidades Autónomas en relación con el proyecto de ley orgánica de modificación de la Ley Orgánica de Financiación de las Comunidades Autónomas y también de la Comisión General de las Comunidades Autónomas en relación del proyecto de ley por el que se regulan las medidas fiscales y administrativas del nuevo sistema de financiación de las Comunidades Autónomas de régimen común y de las ciudades con Estatuto de Autonomía.
Para la presentación del dictamen, tiene la palabra el representante designado por la Comisión, en este caso su Presidente, el Senador Vázquez Portomeñe.


El señor VAZQUEZ PORTOMEÑE: Gracias, señora Presidenta.
Señorías, cumpliendo el honroso mandato que me impartió la Comisión que tengo el honor de presidir, La Comisión General de las Comunidades Autónomas, tengo el también honor de presentar ante sus señorías sendos proyectos de ley conformadoras del marco del nuevo sistema de financiación de las Comunidades Autónomas. Ambas son de suma trascendencia, ambas fueron debatidas suficientemente en Ponencia y en Comisión y mi deseo es que este Pleno, continuando el trámite, llegue si es posible a un consenso y a un acuerdo dada la trascendencia de ambos proyectos de ley.
Muchas gracias, señorías.


La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor Presidente de la Comisión General de Comunidades Autónomas, por la presentación del dictamen.
Antes de pasar a los turnos de la defensa de los vetos, para la presentación de ambos proyectos de ley, tiene la palabra el señor Ministro de Hacienda.


El señor MINISTRO DE HACIENDA (Montoro Romero): Señora Presidenta, señorías, comparezco hoy en esta Cámara para dar continuidad al trámite parlamentario de los proyectos de ley que pretenden regular... (Rumores.)

La señora PRESIDENTA: Señorías, guarden silencio.
Puede continuar, señor Ministro.


El señor MINISTRO DE HACIENDA (Montoro Romero): Gracias, señora Presidenta.
Decía que el objeto de mi comparecencia en la Cámara es dar continuidad al trámite parlamentario de los proyectos

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de ley que pretenden regular el nuevo sistema de financiación autonómica a partir de enero del año 2002.
Por primera vez en la historia de la descentralización administrativa de España, la forma e instrumentos con que se financian nuestras Comunidades Autónomas se formaliza en ley. Por lo tanto, constituye para mí un honor presentar ante sus señorías tanto el proyecto de ley donde se introducen las oportunas modificaciones que han de efectuarse, como las transformaciones de la ley marco del todo el sistema, que no es otra que la LOFCA. Constituye un honor porque el hecho de traducir el sistema en leyes deriva principalmente de la vocación de estabilidad con la que éste nace. Estabilidad que se fundamenta en dos. circunstancias; la primera de ellas es que el Gobierno de España ha diseñado un sistema en el que se incluyen todos los mecanismos necesarios para reforzar la suficiencia, la autonomía, la solidaridad y la responsabilidad de las Comunidades Autónomas, permitiéndolas así adaptarse a cualquier situación.
El segundo motivo es que este sistema nace, por primera vez, con el apoyo explícito de las Comunidades Autónomas, tanto de las gobernadas por el Partido Popular como por el Partido Socialista Obrero Español, éste a su vez con distintos apoyos parlamentarios de Grupos presentes también en esta Cámara y de las Comunidades Autónomas gobernadas por partidos nacionalistas, como el Grupo Parlamentario Catalán en el Senado de Convergència i Unió y el Grupo Parlamentario de Senadores de Coalición Canaria.
Las Comunidades Autónomas han participado, pues, junto al Gobierno de España en la definición de un sistema de financiación que tiene excelentes cualidades y que aprovecha al máximo, tanto en la vertiente de gastos como de ingresos, el margen disponible de descentralización política y administrativa. Y han participado en el diseño del sistema no sólo en las reuniones del Consejo de Política Fiscal y Financiera, sino también a través de esta misma Cámara.
Quiero recordar al comienzo de esta presentación que el pasado 10 de septiembre se celebró en esta Cámara una comisión sobre financiación autonómica, en la que tuvimos la oportunidad de debatir el nuevo sistema de financiación con intervenciones tanto de los grupos parlamentarios como de los Consejeros de Hacienda de todas y cada una de las Comunidades. En aquella ocasión, el 10 de septiembre --un debate largo, de muchas horas en esta Cámara--, tanto los consejeros como los representantes de los principales grupos parlamentarios, entre ellos el portavoz del Grupo Socialista, mostraron su acuerdo con las características del nuevo sistema y, sobre todo, reconocieron el avance que supone tanto en suficiencia como en corresponsabilidad.
Y es que, señora Presidenta, señorías, con el nuevo sistema de financiación autonómica estamos garantizando el mejor futuro de la prestación de los servicios públicos, destacando por su importancia la sanidad, la educación y los servicios sociales; estamos estimulando la iniciativa y la responsabilidad de las Comunidades Autónomas, aumentando su capacidad normativa y reduciendo, en consecuencia, las diferencias entre las Comunidades Autónomas de régimen común y las Comunidades Autónomas de régimen foral. Estamos reconociendo las diferencias y a la vez asegurando la equiparación en las prestaciones y servicios públicos en todo el territorio español y, en resumen, estamos consiguiendo que el Estado de las Autonomías, que el Estado español quede mejor vertebrado, quede asentado en criterios de solidaridad interterritorial.
En realidad lo que estamos haciendo con el sobrio lenguaje de los números es un reafirmación consciente y responsable de la nueva concepción del Estado español diseñada en la Constitución. Por eso puedo decir que este acuerdo, el acuerdo que conseguimos en el mes de julio en torno a un sistema de financiación estable, significa de hecho, y no sólo en la intención, que el Estado español se hace más plenamente autonómico y que las Comunidades Autónomas son más Estado.
En efecto, la primera afirmación es indudable. Está claro que España ha vivido un proceso tan intenso de descentralización política y administrativa que se compara muy positivamente, hasta el punto de poder afirmar que pocos estados en todo el mundo muestran hoy una organización política tan rápida, tan intensamente descentralizada como es la nuestra.
En el lapso de 25 años las Comunidades Autónomas, como la Administración, han pasado de no existir a practicar, a realizar, a materializar en el año 2000 el 26,6 por ciento del gasto consolidado del Estado.
Con todo, esta descentralización del gasto no se ha correspondido con la misma autonomía en los ingresos, ya que en ese mismo año su participación en el total de recursos consolidados era del 9,1 por ciento. En 1996 dimos un paso importante en la descentralización efectiva de los ingresos al cederse a las Comunidades Autónomas el 15 por ciento IRPF con capacidad normativa y otorgarse por primera vez capacidad en los tributos que ya tenían cedidos. Así, los recursos autónomos de las Comunidades Autónomas pasaron del 26 al 49 por ciento de sus ingresos.
Sin embargo, hoy tenemos una señal bien clara de que también la segunda afirmación es cierta, es decir, que después de estos 25 años las Comunidades Autónomas son más Estado. El nuevo sistema de financiación autonómica habría sido imposible si las Comunidades Autónomas hubiesen pensado sólo en sus intereses concretos, territoriales desde una lógica reivindicativa y estrecha. Todos hemos comprendido que defendemos mejor nuestros intereses y satisfacemos mejor nuestras necesidades protegiendo el ámbito de convivencia y de referencia política común.
Este sistema de financiación refleja también la madurez del proceso de descentralización, de competencias previsto en la Constitución y en los respectivos Estatutos de Autonomía. En este año se presenta el momento oportuno para avanzar en la autonomía financiera y de gasto de las Comunidades Autónomas. Así, el sistema se diseña desde la premisa de una asunción de las competencias sanitarias por parte de las Comunidades Autónomas, ya que es prácticamente el único servicio que resta por descentralizar.
Ya en los últimos cinco años todas las Comunidades Autónomas han asumido las competencias en educación, lo que ha supuesto un trasvase de gasto de 5.400 millones

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de euros, desde la Administración Central a las Autonómicas, y a lo largo del año 2001 se vienen celebrando las diferentes comisiones técnicas para determinar el traslado, antes de final de año, de las competencias en sanidad a las diez Comunidades Autónomas que aún no las tienen.
La descentralización vía gasto está, por tanto, prácticamente agotada, lo que unido a la experiencia adquirida y a este momento de madurez de la economía española que se manifiesta en el equilibrio presupuestario aconsejan abordar un nuevo sistema de financiación que aporte estabilidad y mayor responsabilidad a las Comunidades Autónomas. Esto es precisamente lo que pretenden las leyes que hoy tengo el honor de presentar a sus señorías, y estas leyes pretenden consolidar la estabilidad del Estado de las Autonomías en España.
La madurez del proceso de descentralización competencial y administrativa nos permite hoy acometer el diseño de un modelo de financiación de aplicación general, por el cual todas las Comunidades Autónomas van a tener la misma capacidad normativa, la misma composición de los tributos cedidos, los mismos criterios de asignación de recursos y un nivel equiparable en los servicios básicos que deben recibir todos los ciudadanos españoles, sea cual sea su lugar de residencia. De hecho, todas las ventajas que aporta el nuevo sistema de financiación autonómica consiguen su máxima expresión justo en el momento en el que culmina el traspaso de competencias.
Así, en este punto, las Comunidades Autónomas disponen de una variada cesta de impuestos que garantiza la estabilidad y suficiencia de sus ingresos, acceden al máximo de capacidad normativa prevista, pudiendo ejercer de manera efectiva su responsabilidad, tanto en gasto como en ingreso, y en último lugar, al equiparar de manera definitiva su situación competencial, resulta más fácil y transparente detectar las diferencias y contrarrestarlas adecuadamente con los sistemas de solidaridad previstos en las presentes leyes.
Con toda seguridad este nuevo sistema de financiación autonómica habría sido imposible hace unos años, con la economía deprimida, elevadas tasas de paro y un gravoso déficit público. Ahora, en cambio, el producto interior bruto crece por quinto año consecutivo a los ritmos más altos de los países desarrollados. El empleo ha aumentado un 20 por ciento desde 1996, y las finanzas públicas, señorías, están ya este año 2001 en práctico equilibrio. En estas condiciones hemos podido abordar esta decisiva reforma estructural de la financiación autonómica, con la seguridad de que el cambio va a beneficiar al equilibrio financiero del Estado, y va a garantizar las prestaciones de los servicios públicos.
El nuevo sistema de financiación autonómica entrará en vigor, como antes he afirmado, el año próximo, el año 2002, con una situación de equilibrio presupuestario o muy próxima a él en la mayoría de las Comunidades Autónomas. La nueva financiación ayudará a completar el saneamiento de las finanzas autonómicas, porque el equilibrio presupuestario ha de ser el objetivo permanente de todas las Administraciones Públicas. Es un compromiso especialmente recomendable en países tan descentralizados como España, pues de otra forma la política fiscal no podría cumplir su función básica de garantizar la estabilidad económica y contribuir de esta manera al crecimiento económico, la creación de empleo y la redistribución equitativa de la renta.
El compromiso de equilibrio presupuestario para todas las Administraciones Públicas es la clave para aprovechar las ventajas de la descentralización administrativa y evitar sus inconvenientes. De poco serviría ganar eficiencia en la asignación de los recursos públicos si descuidamos la estabilidad económica y la distribución equitativa de la renta. Una solución desequilibrada no puede ser nunca una solución duradera. Por eso, todo el crecimiento en autonomía política y administrativa debe implicar el esfuerzo correspondiente en la responsabilidad y la contribución de todos a la consecución de los objetivos comunes. Más aún, la disposición a cumplir este compromiso de equilibrio presupuestario es una buena medida de la autonomía financiera que cada uno es capaz de asumir. El sistema de financiación autonómica aporta la estabilidad, la capacidad normativa y los recursos necesarios para mantener el equilibrio presupuestario en el largo plazo, garantizando los servicios públicos.
Las Comunidades Autónomas, al financiarse prácticamente con las mismas figuras tributarias que el Estado, se beneficiarán de los mayores ingresos derivados del dinamismo económico que genera la estabilidad económica y podrán financiar mejor sus respectivos presupuestos.
Planteado el escenario en el que se desenvuelve el sistema, el proyecto de ley ordinaria por el que se regulan las medidas fiscales y administrativas del nuevo Sistema de Financiación de las Comunidades Autónomas de régimen común y ciudades con Estatuto de Autonomía en realidad es prácticamente la transcripción de los acuerdos de financiación alcanzados en los sucesivos Consejos de Política Fiscal y Financiera de los días 27 de julio y 17 y 23 de noviembre de este año; transcripción en la que también se reforma la actual Ley de Cesión de Tributos del Estado 14/1996, de 30 de diciembre, para dar cabida a las nuevas exigencias del sistema.
Igualmente, la Ley Orgánica que reforma el marco normativo de la financiación contenido en la LOFCA recoge todas las modificaciones derivadas de los acuerdos que he señalado.
El nuevo sistema prevé que las Comunidades Autónomas manejen un total de 51.000 millones de euros, 8,5 billones de pesetas del año 1999, lo que supone más del 40 por ciento del total del gasto del sector público. Este es precisamente el punto o restricción inicial del que parte el Sistema; punto en el que también se han tenido en cuenta aquellas Comunidades que no han aceptado el sistema actual. Así, se considera que la restricción inicial de estas Comunidades es la liquidación que les hubiese correspondido el año 1999 según las reglas del modelo de financiación ahora vigente. Por tanto, el sistema es ecuánime y equitativo desde su inicio; coloca a todas las Comunidades en las mismas condiciones de partida, con independencia de su situación actual.
Una vez fijada la situación inicial, el Sistema determina los recursos que asignará a cada una de las Comunidades

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en función de aquellas variables que identifican sus necesidades de gasto. En este sentido, el nuevo Sistema combina a la vez la conservación de las variables cuya bondad ha quedado contrastada en el modelo vigente con la inclusión de nuevos índices que contribuyen a ajustar más adecuadamente las necesidades derivadas de las nuevas competencias.
Así, todas las necesidades de gasto de las Comunidades Autónomas quedan ahora determinadas por las suma de las derivadas de: competencias comunes, incluida la educación; competencias en sanidad y competencias en Imserso.
Las variables y ponderaciones que se utilizan en el reparto de los recursos es diferente en cada uno de estos grupos de competencia, tratando, como he dicho, de ajustarse lo más posible a las verdaderas características de cada Comunidad Autónoma.
En el bloque de competencias comunes nos encontramos con tres fondos diferentes. El Fondo General, que se reparte en función de las siguientes variables: el 94 por ciento se distribuye en función de la población, que es por excelencia la variable que recoge de manera más sencilla la necesidad de gasto de cada territorio; el 4,2 por ciento se reparte en función de la superficie; el 1,2 por ciento en función de la dispersión de la población, que provoca indudablemente un mayor coste de los servicios, y el 0,6 por ciento restante se asigna directamente a las islas en función de la distancia existente entre éstas y la costa peninsular más cercana.
El segundo Fondo es el que llamamos de Renta Relativa y se le otorga sólo a aquellas Comunidades cuya participación en la población total supera su aportación al valor añadido bruto nacional.
El tercer fondo pretende paliar algunas situaciones excepcionales en las que la densidad de población es escasa de acuerdo con su tamaño.
El bloque de competencias en Sanidad se distribuye en función de tres variables básicas para la prestación de este servicio: la población protegida por el Sistema Nacional de Sanidad, con un peso del 75 por ciento; la población mayor de 65 años que determina el reparto del 24,5 por ciento del Fondo, y la insularidad, que asigna un 0,5 por ciento de este Fondo a las islas cuyas necesidades sanitarias se ven acentuadas por su especial situación.
El bloque de competencias que determina las necesidades de servicios sociales se reparte, tal y como corresponde, en función de la población mayor de 65 años por ser la principal usuaria de estos servicios. Hay que tener presente que en el reparto de los recursos en función de las competencias o necesidades se respeta el principio de neutralidad, de manera que ninguna Comunidad pierde recursos como consecuencia de esta nueva asignación.
Para conservar una cierta equidad se establecen una serie de reglas o modulaciones en el bloque de competencias comunes que facilitan un crecimiento homogéneo de la financiación, sin que haya diferencias extremas entre las ganancias de cada Comunidad.
Igualmente, la prestación de un servicio tan importante como es la sanidad, que mantenemos enmarcada en la Seguridad Social y que hasta ahora se financiaba mediante transferencias y de manera condicionada, hace necesario que se adopten una serie de cautelas para seguir garantizando una dotación equitativa en todo el territorio. Así, del conjunto de recursos que reciban, las Comunidades Autónomas estarán obligadas a dotar la sanidad como mínimo con la cantidad que el primer año reciban por ese concepto, e incrementarla cada año en una cuantía igual a aquella en que se incrementen los ingresos tributarios del Estado. En el caso de que la evolución de los tributos sea inferior al PIB nominal a precio de mercado, durante los tres primeros años del sistema las Comunidades Autónomas tendrán garantizada la evolución de la sanidad en función de este último índice.
La financiación de los servicios sociales, que también permanece ligada a la Seguridad Social, carece en la actualidad de un índice de evolución, y en el nuevo sistema se les garantiza un incremento igual al de los ingresos del Estado, lo que supone una mejora sustancial de la financiación en esta área de marcado carácter social.
Después de establecer las necesidades de gasto para cada Comunidad, el sistema determina las fuentes de financiación que proporcionarán los recursos necesarios. Como he tratado de explicar en la determinación de las necesidades de gasto, la principal aportación del nuevo sistema con respecto al modelo anterior es la integración de todos los servicios y la estabilidad que dicha integración proporciona.
En lo referente a las fuentes de financiación, la principal aportación reside en el gran incremento de autonomía financiera y de corresponsabilidad para todas y cada una de las Comunidades Autónomas. Al igual que en el modelo vigente, las Comunidades cuentan con una serie de recursos que destinan a financiar todo el bloque de competencias, y con otros que siguen manteniendo un carácter condicionado a la realización de determinadas obras o la prestación de determinados servicios.
Dos son las principales aportaciones que experimenta la financiación del conjunto de las competencias: un incremento de su cuantía y una composición más variada de las fuentes de financiación. Con este nuevo modelo las Comunidades Autónomas contarán a partir de enero del año 2002 con tres grandes medios de financiación: los tributos cedidos, los nuevos tributos, que pasan en todo o en parte a las Comunidades Autónomas, y el fondo de suficiencia, que complementa las necesidades de financiación de cada Comunidad.
En el bloque de los tributos cedidos nos encontramos con dos novedades: la cesión de dos nuevos impuestos a las Comunidades Autónomas y la ampliación de la capacidad normativa en todos los ya existentes. Así, en los tributos que ahora tienen cedidos las Comunidades Autónomas se incrementa la capacidad normativa hasta el máximo, con los límites precisos para seguir conservando su categoría de tributos cedidos. Tanto en el Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones como en el Impuesto sobre Patrimonio, las Comunidades Autónomas asumen la total capacidad normativa sobre sus tarifas. A su vez, pueden establecer el mínimo exento, las reducciones de la base imponible y las bonificaciones y deducciones. En el caso del

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Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones el único requisito para modificar la tarifa es que se respeten los mismos grupos de parentesco que existen en la legislación estatal. Por su parte, en el Impuesto sobre Trasmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados las Comunidades Autónomas amplían sus competencias normativas sobre el tipo de gravamen, la gestión y la recaudación, y también pueden establecer libremente las deducciones y bonificaciones que consideren oportunas.
Es el Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas el más relevante en lo que se refiere al incremento de la capacidad normativa, además de incrementarse la parte cedida. Así, gracias al establecimiento de una cesión del 33 por ciento de la tarifa del IRPF se incrementan los ingresos por este Impuesto. El 33 por ciento sustituye a la suma del actual 15 por ciento más la participación en el 15 por ciento de la cuota líquida. Las Comunidades Autónomas asumen total capacidad normativa para subir o bajar los tipos impositivos de su tarifa siempre que se cumplan dos requisitos: que siga siendo progresiva, es decir, que las Comunidades Autónomas respeten la función redistributiva y de equidad del impuesto, y que tenga el mismo número de tramos que la tarifa estatal.
Las Comunidades Autónomas conservan también la capacidad para establecer las deducciones que consideren oportunas en este tributo, capacidad que algunas Comunidades han utilizado en este quinquenio: para fomentar la natalidad, para financiar los gastos extraordinarios de su particular situación --como es el caso de las islas-- o para fomentar la conservación de su patrimonio histórico.
Se incrementa la capacidad normativa en la deducción por vivienda: del 15 por ciento que supone esta deducción, el 10 por ciento será estatal y el 5 por ciento autonómico. Las Comunidades Autónomas podrán elevar o reducir su porcentaje en un 50 por ciento. En la actualidad las Comunidades Autónomas no tienen capacidad normativa sobre esta deducción.
En definitiva, el 33 por ciento del IRPF que pagan los contribuyentes se hace más plenamente autónomo y son las Comunidades Autónomas las que habrán de responder de sus modificaciones y de su utilización ante sus ciudadanos.
Por lo que se refiere a la cesión de nuevos impuestos, son dos los tributos que pasan a manos de las Comunidades Autónomas: el Impuesto de Matriculación y el Impuesto Minorista sobre Hidrocarburos. Ambas cesiones surgen como consecuencia de las conclusiones y recomendaciones de dos grupos de trabajo creados a raíz del Consejo de Política Fiscal y Financiera del 27 de julio.
En relación con el impuesto sobre la electricidad y el impuesto sobre determinados medios de transporte, el Consejo de Política Fiscal y Financiera había acordado que un grupo de trabajo estudiara las posibilidades de dar capacidad normativa a las Comunidades Autónomas en estas figuras para poder profundizar en el proceso de corresponsabilidad fiscal. Después de conocer los informes de los expertos ante la próxima armonización del impuesto sobre electricidad y una vez analizada la distorsión, que podía suponer sobre el mercado eléctrico en su actual configuración, se decidió por unanimidad que las Comunidades Autónomas no tuvieran capacidad normativa sobre esta figura. Sin embargo, en relación con el impuesto sobre determinados medios de transporte y visto que existen puntos de conexión suficientemente claros, se acordó otorgar a las Comunidades Autónomas competencia normativa con la posibilidad de incrementar hasta un 10 por ciento los tipos del impuesto, así como que la gestión del mismo fuera encomendada a las Comunidades Autónomas, abriendo un amplio campo para poder ejercer más competencias de tipo fiscal tanto en el ámbito de la gestión como en el de la legislación en los términos antes, señalados.
El segundo grupo de trabajo se constituye para estudiar la posibilidad de crear un impuesto minorista sobre los hidrocarburos que proporcione a las Comunidades Autónomas la capacidad normativa a la que no pueden acceder ni con los impuestos especiales ni con el IVA.
En la sesión del Consejo de Política Fiscal y Financiera del pasado 27 de julio y en los grupos de trabajo, todas las Comunidades Autónomas habían reclamado incrementar la corresponsabilidad fiscal. Todas las Comunidades Autónomas sabían las limitaciones que supone el proceso de armonización fiscal de la Unión Europea y todas reclamaban la búsqueda de figuras tributarias sobre las que puedan actuar sus parlamentos cuando decidan acometer gastos por encima de la financiación que proporciona el actual sistema. Por eso, señorías, se aprobó por unanimidad profundizar en la materia a través del Impuesto Minorista de Hidrocarburos como tributo cedido en el marco de las recomendaciones de la Unión Europea.
Desarrollando este acuerdo, el Consejo decide proponer a las Cortes Generales --donde reside la soberanía del pueblo español-- la creación de este Impuesto Minorista sobre Hidrocarburos y son las Comunidades Autónomas las que, a través de sus intervenciones en los grupos de trabajo, solicitan que se amplíe la capacidad normativa de las mismas hasta llegar en el período de tres años a la misma cuantía que el tramo general del impuesto.
Señorías, todos los expertos coinciden en la necesidad de incrementar la capacidad normativa de nuestras Comunidades Autónomas como la más genuina expresión de la corresponsabilidad fiscal. Con una decisión como la indicada, las Comunidades Autónomas, cumpliendo los requisitos establecidos en la ley, podrán incrementar su capacidad normativa si así lo deciden sus parlamentos regionales y se dan los supuestos predeterminados, es decir, debe dedicarse prioritariamente a la financiación de la sanidad o también del medio ambiente.
Otra de las novedades principales del nuevo sistema es la incorporación del IVA y de los impuestos especiales como fuente de financiación. De esta manera, se consigue una cesta de recursos más variada y, al mismo tiempo, más estable ya que evolucionan de manera más pareja al conjunto de los ingresos del Estado.
Respecto del IVA, se cede a las Comunidades Autónomas el 35 por ciento; sin embargo, por exigencia de la armonización europea, la capacidad normativa se mantiene en manos de la Administración General del Estado.
Como es sabido, el IVA es un impuesto fundamental en el proceso

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de armonización fiscal de la Unión Europea y, por tanto, es normal que la Unión Europea desaconseje el establecimiento de tipos impositivos diferentes en cada Comunidad Autónoma.
Dado que no hay posibilidad de capacidad normativa y que la recaudación de este impuesto es muy irregular en el territorio nacional --ya que depende más del domicilio de las empresas que de los ciudadanos o verdaderos contribuyentes--, hemos optado por repartir el 35 por ciento del IVA entre las Comunidades Autónomas en función de un índice de consumo especialmente elaborado por el Instituto Nacional de Estadística para esta función. Este reparto en función del consumo real facilita, aún más, el ajuste de los recursos a las necesidades de gasto de la población de hecho --que es la que verdaderamente consume-- y compensa las deficiencias de ingresos que se pudieran derivar del turismo, de la migración o del incremento de la población.
Por otra parte, dentro de los impuestos especiales nos encontramos con dos tipos diferentes: aquellos que se establecen en la fase de fabricación y están sometidos a armonización, y aquellos otros que no están sujetos a las reglas de la armonización europea. En el primer grupo se encuentran el Impuesto sobre la Cerveza, el Impuesto sobre el Vino y Bebidas Fermentadas, el Impuesto sobre Productos Intermedios, el Impuesto sobre el Alcohol y Bebidas Derivadas, el Impuesto sobre Hidrocarburos y el Impuesto sobre las Labores del Tabaco; en resumen, los impuestos que recaen sobre las bebidas alcohólicas, los carburantes y el tabaco. En estos impuestos, al igual que ocurre con el IVA, se cede el 40 por ciento de la recaudación en función de los índices de consumo elaborados por el INE, pero la capacidad normativa queda en manos de la Administración General del Estado porque, al estar sujetos a la armonización europea, no se puede ceder más capacidad normativa.
En cuanto a los impuestos no sometidos a la armonización fiscal --al menos todavía--, se encuentra el Impuesto sobre la Electricidad, cuya recaudación se cede íntegramente a las Comunidades Autónomas. Este bloque de recursos se completa además --como he descrito anteriormente--, con un fondo de suficiencia cuya misión es atender las necesidades de gasto de aquellas Comunidades Autónomas cuya capacidad fiscal no sea suficiente para cubrirlas, dado que a todas las Comunidades Autónomas se ceden los mismos impuestos, con idénticos porcentajes. Dada su función complementaria, la evolución de este fondo se sujeta a la evolución de lo que llamamos los ingresos tributarios del Estado, ITE, que se corresponde con la parte no cedida de IRPF, IVA e impuestos especiales que el Estado se reserva. En este fondo encontramos ya implícita una función equilibradora y solidaria; las Comunidades Autónomas con menor capacidad fiscal recibirán más recursos derivados del fondo, que evolucionarán en mayor cuantía que sus ingresos tributarios dado que su nivel de actividad económica será probablemente menor que la media del Estado.
Sin embargo, la solidaridad del sistema no se agota con este fondo.
Existen otros instrumentos de carácter más condicionado para atender situaciones especiales. Así, en primer lugar, nos encontramos con las asignaciones de nivelación, que intentan cubrir aquellas situaciones extraordinarias que se puedan producir en la prestación de dos servicios tan básicos como la educación y la sanidad. Para ello, se toman como indicadores el número de alumnos, en educación, y la población protegida, en sanidad. Cuando en alguna Comunidad Autónoma se produzca una desviación de tres puntos al alza o a la baja con respecto al estándar nacional, se negociará la aplicación de este fondo para cubrir este desajuste puntual, teniendo especialmente en cuenta la extensión del territorio para valorar adecuadamente esta problemática. Este fondo pretende dar cumplimiento al artículo 15 de la Ley Orgánica de Financiación de las Comunidades Autónomas en cuanto a la nivelación de los servicios básicos.
Además de estas asignaciones puntuales, la sanidad se considera un servicio lo suficientemente destacado como para asegurar una prestación homogénea mediante dos instrumentos. Primero, condicionando la cuantía de los recursos a aportar, como antes he descrito. Y segundo, mediante la constitución de un fondo específico de cohesión y desplazados que quedará en manos del Ministerio de Sanidad.
Su función será cubrir el saldo neto del coste por la atención a desplazados de otras Comunidades o del extranjero y realizar una política sanitaria global que garantice la equidad de todos los ciudadanos, de todos los españoles, y facilite la coordinación y cooperación entre los distintos servicios autonómicos de salud.
Todas estas modificaciones del sistema, que implican más libertad de decisión y más responsabilidad para las Comunidades Autónomas, perderían buena parte de su eficacia sin una última e importante novedad: el refuerzo de las relaciones entre las Comunidades Autónomas y la Agencia Estatal de la Administración Tributaria.
Para conseguir esta mejor coordinación entre Agencia Tributaria y Comunidades Autónomas se refuerzan las competencias, la participación de las Comunidades Autónomas en los órganos existentes; es decir, la Comisión Mixta de Coordinación de la Gestión Tributaria y los Consejos Territoriales de Dirección.
Se prevé la participación de las Comunidades Autónomas en los tribunales económico-administrativos, incorporando funcionarios autonómicos en calidad de vocales o ponentes. Se crean nuevos órganos de coordinación: el Consejo Superior de Dirección de la Agencia Tributaria, presidido por el Director de la Agencia Tributaria y con representación de las Comunidades Autónomas. Este Consejo tendrá carácter consultivo para fijar y contrastar objetivos de la Agencia.
En el ámbito de las delegaciones especiales se podrán crear unidades regionales de coordinación con las administraciones tributarias. El proyecto de ley regula, en sus Títulos I y II, las correspondientes fórmulas para establecer las entregas mensuales a cuenta a las Comunidades Autónomas tanto del Fondo de suficiencia como de cada uno de los tributos que se ceden.
En consecuencia, hasta que no se aprueben estas leyes y sean ratificadas las correspondientes Comisiones Mixtas entre el Estado y las Comunidades Autónomas no es posible

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determinar la cuantía individual de las entregas a cuenta, por lo que dentro de los Presupuestos Generales del Estado para el año 2002 se consigna de momento un crédito global para el conjunto de Comunidades.
La puesta en práctica del sistema de financiación requiere indefectiblemente la reforma de la Ley Orgánica de Financiación de las Comunidades Autónomas 8/1980, de 22 de septiembre, que junto con la Constitución diseña el marco general en el que se mueven las posibilidades de la financiación autonómica.
Esta reforma se recoge en el proyecto de ley orgánica de modificación de la LOFCA 8/1980. El proyecto introduce las siguientes y necesarias variaciones en la LOFCA.
A)Se modifica el artículo 10 para posibilitar la atribución de la cesión de los impuestos indirectos en función de los índices estadísticos aprobados por el Consejo de Política Fiscal y Financiera.
B)Se incorporan al artículo 11 la cesión del 35 por ciento del Impuesto sobre el Valor Añadido, del 40 por ciento de los impuestos especiales sobre el alcohol y bebidas alcohólicas, sobre hidrocarburos y sobre las labores del tabaco, y del cien por cien de los impuestos sobre la electricidad y del impuesto especial sobre determinados medios de transporte, así como el impuesto minorista sobre hidrocarburos.
Igualmente se amplía al 33 por ciento la cesión del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas.
C)La modificación operada en el artículo anterior implica la necesaria modificación del artículo 12 regulador de los recargos sobre los tributos cedidos que pueden establecer las Comunidades Autónomas.
D)Se amplían las competencias normativas de las Comunidades Autónomas sobre los tributos cedidos modificando el artículo 19 de la LOFCA, competencias que, en todo caso, se sujetan al cumplimiento de dos preceptos constitucionales. No darán lugar a discriminación por razón de ubicación y garantizarán el mantenimiento de una presión fiscal global dentro de cada Comunidad equivalente a la del conjunto del territorio nacional.
E)Igualmente, en aquellas Comunidades Autónomas en las que su capacidad fiscal es inferior a sus necesidades de gasto, para garantizar este diferencial de recursos es preciso modificar el artículo 13, permitiendo la participación de las Comunidades Autónomas en los ingresos del Estado, a través del denominado Fondo de Suficiencia.
F)La modificación operada en el artículo 15 responde a la garantía de la prestación de un nivel mínimo de los servicios de educación y asistencia sanitaria en todas las Comunidades Autónomas, mediante la introducción de las asignaciones de nivelación.
G)Se modifican los artículos 4, 16 y 18, reguladores del Fondo de Compensación Interterritorial, para posibilitar la utilización de hasta un 25 por ciento de los recursos percibidos en gastos corrientes asociados a la puesta en funcionamiento de las inversiones financiadas con cargo a este Fondo, y el acceso al mismo por parte de Ceuta y Melilla.
H)La modificación realizada en el artículo 20 posibilita la participación de las Comunidades Autónomas en los tribunales económico-administrativos regionales del Estado desde el 1 de enero de 2002. Y, por último, se modifican los artículos 23 y 24 para que la Junta Arbitral conozca no sólo de los conflictos positivos, sino también de los negativos que se puedan plantear. Es decir, cuando ninguna de las administraciones implicadas se considere competente en los procedimientos tributarios. Y, además, se establece un procedimiento simplificado para la resolución de conflictos de pequeña cuantía.
Todo el sistema de la nueva financiación responde a una serie de objetivos que vienen marcados, como antes he advertido, por la propia madurez del proceso de centralización, así como por los buenos resultados obtenidos por el modelo de financiación vigente. El desarrollo y profundización de las virtudes aportadas por el modelo vigente de financiación nos ha llevado a proponer un nuevo sistema, integrado y más transparente, un nuevo sistema más corresponsable, un nuevo sistema más suficiente, un nuevo sistema más solidario, un nuevo sistema más estable en el tiempo, y un nuevo sistema más coordinado.
La integración de todas las competencias comunes, de sanidad y del Imserso en un solo sistema y la financiación conjunta de todas ellas, facilita la transparencia entre los diferentes niveles de Gobierno, y lo que es más importante, entre cada uno de los gobiernos y los ciudadanos a los que atiende. Los ciudadanos tendrán a partir de ahora mayor conciencia de los servicios que reciben de las Comunidades Autónomas y de los impuestos con los que contribuyen a su financiación. De esta manera, se consigue una asignación más eficiente de los recursos públicos y un control más eficaz por parte de los electores.
En segundo lugar, el nuevo sistema de financiación es más corresponsable.
En efecto, aumentan los recursos autónomos desde el 49 por ciento al 68 por ciento de los ingresos totales de las Comunidades, y se avanza todo lo posible en lo que a capacidad normativa se refiere. De esta forma el sistema consigue mejorar la responsabilidad de las Comunidades Autónomas en la política fiscal y, sobre todo, en las funciones de asignación de recursos y redistribución de la renta, al poder combinar sus diferentes fuentes tributarias. Otra consecuencia es el acercamiento de las competencias en materia tributaria de las Comunidades Autónomas de régimen común, a las que tradicionalmente venían ejerciendo, tanto País Vasco como Navarra, reduciendo en consecuencia las diferencias entre el régimen común y el foral.
Asimismo, otra de las características del nuevo modelo, como decía anteriormente, es la suficiencia. El nuevo sistema de financiación proporciona los recursos suficientes para cubrir las necesidades de gasto de cada Comunidad Autónoma. Por una parte, mejora la selección y el peso relativo de las variables que identifican las diversas necesidades de gasto, añade los fondos específicos de renta relativa y de escasa densidad de población, entre otros, y prevé una garantía financiera para que ninguna Comunidad pierda recursos.
Es evidente que las mayores competencias para decidir sobre sus ingresos en cada momento y la mayor variedad de la fuente de financiación ayudan a responder con más flexibilidad a las necesidades del gasto y dan soporte a la suficiencia del sistema.


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Tal y como expresé antes, hemos perfeccionado de manera considerable el modelo actual precisamente para acentuar la solidaridad. Hemos introducido una serie de elementos que aseguran la cobertura general de los servicios y equiparan su nivel de prestación y la evolución en el nivel de desarrollo de las regiones. Así, se incorporan nuevas variables y ponderaciones que recojan mejor las necesidades de cada Comunidad. El Fondo de Suficiencia equilibra la cobertura de las necesidades con un adecuado índice de evolución. Las asignaciones de nivelación dan respuesta a situaciones extraordinarias en servicios básicos, como educación y sanidad. El Fondo de Cohesión y Desplazados en la sanidad garantiza la prestación homogénea y coordinada de este servicio en todo el territorio español. El Fondo de Compensación Interterritorial sigue estructurado para impulsar el desarrollo económico de las regiones.
Uno de los principales objetivos que nos hemos propuesto con la reforma del sistema de financiación, como antes decía, es el de la estabilidad del nuevo sistema. El hecho de incluir todas las competencias que aún quedan por transferir, la aportación de recursos más autónomos y estables y el decisivo paso dado en la corresponsabilidad fiscal otorgan al nuevo sistema la estabilidad pretendida.
En definitiva, al igual que la estabilidad económica favorece las expectativas de los agentes económicos, la creación de riqueza y la generación de empleo, la estabilidad del modelo normalizará el comportamiento y las expectativas de todos los niveles de la Administración.
El huevo sistema es el resultado, señorías, de un profundo diálogo político. Como sus señorías saben, la negociación que dio lugar al sistema fue una negociación laboriosa, de muchos meses, de muchas semanas, de muchos días. Al mismo tiempo, ha sido una negociación política compleja y transparente. El Gobierno ha recabado la opinión de todos los grupos políticos así como de las Comunidades Autónomas en numerosas reuniones bilaterales, multilaterales y también aquí, en la Comisión General de Comunidades Autónomas de esta Cámara.
Con todo, desde la misma fecha de aprobación por el Consejo de Política Fiscal y Financiera del sistema de financiación, han surgido voces críticas de diferentes partidos políticos, entre ellas la del Partido Socialista, partido que sustenta a los gobiernos de seis Comunidades Autónomas que, originariamente, firmaron el acuerdo conseguido del Consejo de Política Fiscal y Financiera. Estas críticas, que sólo se explican desde su incapacidad material para dar forma, para aplicar el acuerdo, han llevado hasta ahora a no entender, a no aceptar la concreción del principio de un sistema que financia todos los servicios en el texto de la Ley de Financiación de las Comunidades Autónomas. Este principio es clave y siempre estuvo presente, pues supone refundir tres métodos de financiación en un sistema único. Por ello, quien no reúna las condiciones objetivas, es decir, quien no sea capaz de prestar todos los servicios, no puede tener encaje en el sistema.
Todas las Comunidades Autónomas tienen recogida en sus Estatutos de autonomía la competencia de gestión de la sanidad como servicios de la Seguridad Social, por lo que no existe obstáculo jurídico alguno que limite a las Comunidades Autónomas; sólo depende de sus gobiernos el que asuman o no esta competencia en las condiciones que establece el sistema de financiación.
El sistema, señorías, es uno, y su aceptación implica asumir todos y cada uno de los recursos que se ponen a disposición de las Comunidades Autónomas incluidos en los nuevos recursos, como son los procedentes del Impuesto Minorista sobre Hidrocarburos, si las Cortes Generales aprueban definitivamente esta figura tributaria, e implica también cumplir el requisito de prestar todos los servicios. Quienes cumplan estas dos circunstancias, se beneficiarán de los importantes recursos adicionales que proporciona el sistema sobre el anterior y del notable incremento de capacidad normativa y de gestión que en él se asignan y que va a permitir a1as Comunidades Autónomas avanzar de modo sustancial en el establecimiento de una política fiscal propia en el ámbito autonómico, en el ámbito regional.
El nuevo reparto de competencias y de recursos hace necesaria y obligatoria una mayor coordinación entre Comunidades Autónomas y la Administración central que, como ya he mencionado, se traduce tanto en el reforzamiento de las relaciones entre la Agencia Tributaria y las Comunidades Autónomas como en el establecimiento de suficientes garantías en la prestación de servicios básicos o en el establecimiento de un principio de lealtad institución que debemos desarrollar en los ámbitos de coordinación y de gestión política de nuestros gobiernos. En otro sentido, la mayor coordinación se apoya también en el Consejo de Política Fiscal y Financiera cuyas competencias se ven reforzadas en las leyes de estabilidad, convirtiéndolo en lo que debe ser un verdadero órgano de coordinación, al tiempo que un órgano consultivo y decisorio.
En definitiva, como he tratado de describir y de plasmar en mis palabras esta mañana, el nuevo sistema avanza considerablemente en el cumplimiento de los principios que tanto la Constitución como la LOFCA establecen para la financiación de las Comunidades Autónomas, pero siempre tomando de partida la experiencia acumulada en el período anterior. Estoy convencido de que en el nuevo sistema de financiación autonómica hemos aportado buenas y positivas soluciones para mejorar el conjunto del funcionamiento del sector público en España, soluciones que se han ido perfeccionando en un largo y paciente intercambio de experiencias y de opiniones, hasta que hemos ido limando las diferencias y las asperezas.
En este primer año del siglo XXI estamos determinando los fundamentos de la Hacienda Pública española que caracterizarán y marcarán realmente esta década. Es ésta, la Hacienda Pública del equilibrio, es ésta la Hacienda Pública equilibrada. El año 2001 es el año de la estabilidad presupuestaria, es el año del déficit cero, es el año de la aprobación del nuevo sistema de financiación autonómica que, como he descrito, tiene una trascendencia económica y política extraordinaria. En el año 2002 se avanzará también en la definición del nuevo sistema de financiación de las corporaciones locales que culminará verdaderamente el proceso de descentralización política y administrativa de nuestro país, dotando a los ayuntamientos de los suficientes

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recursos para atender a sus necesidades y del grado de corresponsabilidad adecuada tanto a su tamaño, como a sus especiales características. Nos sigue quedando un arduo trabajo por delante en el capítulo de las reformas tributarias, pero antes, señorías, teníamos que conseguir y garantizar la estabilidad presupuestaria y teníamos también el deber, la obligación de configurar el mapa financiero de las administraciones públicas.
Acabo, señora Presidenta, agradeciendo los esfuerzos por haber comprendido lo que significaba este desafío y esta oportunidad y también agradezco el haber compartido la trascendencia que implica este formidable esfuerzo.
Muchas gracias, señora Presidenta. (Aplausos.)

La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor Ministro.
Terminada la presentación del proyecto por el señor Ministro de Hacienda en nombre del Gobierno, pasamos al debate de las propuestas de veto. Se ha acordado por la Junta de Portavoces que se debatirán conjuntamente las propuestas de veto a ambas leyes. Se han presentado las siguientes propuestas de veto: dos de don Manuel Cámara Fernández y don José Cabrero Palomares; dos del Grupo Parlamentario Mixto, originariamente presentadas por el Senador Anxo Manuel Quintana, y una del Grupo Parlamentario Entesa Catalana de Progrés al proyecto de ley orgánica de financiación de las Comunidades Autónomas.
Para la defensa del primer veto, tiene la palabra don Manuel Cámara Fernández.


El señor CAMARA FERNANDEZ: Muchas gracias, señora Presidenta.
Señor Ministro, señorías, voy a dar las razones políticas por las cuales presentamos este veto.
Empezaré haciendo una consideración previa, y es que al adversario político hay que respetarlo, conocerlo y actuar en consecuencia. Ya he dicho en alguna otra ocasión que creo que el Gobierno del Partido Popular, que el Grupo Parlamentario Popular tiene proyecto, tiene política; política, y proyecto que no compartimos, por supuesto, desde Izquierda Unida. Por eso, en mi opinión, son ustedes peligrosos --en términos políticos, se entiende-- porque tienen política y proyecto. Hay que conocerles y actuar en consecuencia.
Yo creo que nos encontramos ante una ofensiva para cerrar y encorsetar los excesos autonómicos, en un país que ustedes denominan como el más descentralizado de la Unión Europea. Nuestras aspiraciones autonómicas deben estar totalmente colmadas, aquí y ahora. Y ligado con esto debo decirle que el llamado patriotismo constitucional, la Ponencia que ustedes quieren crear en su Congreso, cada vez queda más clara para mí.
Creo sinceramente que estamos en presencia de un objetivo para conseguir un neocentralismo fuerte --dejémoslo así--, y que todas las leyes que hemos discutido y aprobado en el Senado --como la de Estabilidad Presupuestaria y Presupuestos Generales del Estado--, otras como ésta que tenemos que aprobar y otras que van a llegar, como la ley de cooperación, ligadas fundamentalmente al concepto de lealtad que el señor Ministro ha planteado, tienen algo que ver, están todas en un mismo paquete.
Previamente le plantearía al señor Ministro algunas ideas que me parecen importantes para argumentar o asentar fielmente lo que estoy planteando.
En mi opinión, el principio de cooperación debe tener como punto de partida la disposición al pacto, al consenso, a la transigencia, si me permite decirlo, así como la aceptación del pluralismo administrativo, político y cultural del Estado español y el deber de colaboración y de lealtad, pero nunca desde la imposición. Esto, señorías, en mi opinión, es clave.
La interpretación que hace el Partido Popular y su Gobierno de la coordinación, cuando la Constitución la atribuye al Estado, es ciertamente expansiva al implicar no sólo la coordinación de los esfuerzos de diferentes administraciones públicas en la misma dirección, sino al invadir competencias propias de las Comunidades Autónomas, competencias en las que lo sensato sería, creo yo, colaborar y cooperar entre iguales, en vez de ser coordinadores de arriba hacia abajo, ahogando el desarrollo del Estado de las Autonomías.
Sin duda, los avances en materia de corresponsabilidad fiscal y suficiencia financiera, como consecuencia del nuevo sistema de financiación pactado que se nos presentó aquí por el Grupo Parlamentario Popular y por los amigos del Grupo Parlamentario Socialista a finales de julio, son avances, en mi opinión, insuficientes pero también innegables.
Es innegable que ese pacto contiene avances, y nosotros no vamos a discutirlo, pero son, insisto, insuficientes. Podrían haber condicionado en buena medida la predisposición y la necesidad de las principales fuerzas políticas, Comunidades Autónomas y Administración General del Estado a pactar, colaborar y cooperar, porque, señorías, cuanto mayor sea la capacidad fiscal de las Comunidades Autónomas mejores condiciones objetivas se darán para la cooperación y la colaboración interadministrativa. Aquí ha sucedido un hecho, que luego podremos seguir comentando, respecto de algunas enmiendas que se han introducido dentro del marco del Senado y que ha roto en buena medida el pacto entre el PP y el Partido Socialista Obrero Español, pacto en el que, como diré a continuación, no participamos, porque nosotros no hemos colaborado en ningún pacto ni en ningún acuerdo que vaya en esa idea de colaborar, negociar y tener en cuenta todo tipo de pluralidad, así como la política existente en este Estado.
En cualquier caso, como digo, aquí se han introducido algunas enmiendas --ya lo comentaremos en el transcurso de este debate-- en las que fundamentalmente aquello que se cede tiene un carácter de objetivo finalista y condicionado, que en mi opinión, marca un auténtico chantaje en la negociación, como ocurre, por ejemplo, respecto de la Sanidad.
Porque eso es lo mismo que ocurre, señorías, cuando se está negociando un conflicto social o unas reivindicaciones, tal y como he podido comprobar en mi experiencia sindical, en el que si aparece algún patrón para decir que despide a siete personas, se empieza a negociar el despido y no el fondo del problema. Y ustedes han hecho lo mismo en el Senado, han introducido, mediante un hachazo de cuidado, una serie de enmiendas, que realmente

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tienen tela marinera, que lógicamente nos han condicionado y han cambiado el debate.
Lo cierto es que son ustedes muy inteligentes, pero también muy atrevidos y han actuado siguiendo una línea distinta a la de la cooperación, la de la negociación y la del pacto, pues la vida está llena de pactos continuos y permanentes, y de la síntesis entre unas y otras posiciones, algo que, en mi opinión, ustedes no han tenido en cuenta.
Las razones por las que nosotros no estamos de acuerdo con esto son, entre otras, porque pensamos que no se profundiza plenamente en el modelo federal. Si yo argumento a sus señorías que están ustedes planteando un cierto neocentralismo en su concepción global respecto de las leyes y de la posición que están manteniendo en el último período, es, y permítanme que se lo diga, porque desde Izquierda Unida pensamos que no se profundiza, no se camina, no se insinúa de cara al futuro un modelo de federalismo fiscal, aunque es cierto que en algunos impuestos se avanza en cuanto a cesión de capacidad normativa e incluso por el hecho de la propia cesión de la cesta de impuestos, pero, como digo, no se camina en la dirección que pretende Izquierda Unida.
En teoría se trata de un pacto entre el PSOE y el PP, con el concurso, por cierto, de Convergència i Unió --más bien fue un pacto en su momento, pues ya no hay pacto que valga ya que ustedes nos han cambiado a todos, incluso al PSOE, hasta la forma de andar--, pero, previa la reunión formal del Consejo de Política Fiscal y Financiera, se excluye al resto de los partidos políticos --y esto ya lo dije antes--. Sin embargo, el consenso o pacto de Estado, entre comillas, no existe si no participan las minorías, algunas de ellas con importante presencia e implantación en las Comunidades Autónomas, en las que algunas minorías incluso gobiernan, y éste no es el caso de Izquierda Unida, que está implantada en diferentes Comunidades Autónomas.
Asimismo, la exclusión de la financiación de las corporaciones locales del ámbito del pacto mantienen la indefinición de un modelo articulado para el conjunto de las administraciones territoriales, situando a aquéllas en una posición marginal, en nuestra opinión, cerrando la posibilidad y perdiéndose la oportunidad de establecer un sistema fiscal y financiero reestructurado globalmente sobre la base de los tres niveles de gobierno por el que se hicieran realmente efectivos los principios de coordinación entre la Hacienda estatal y las subcentrales de solidaridad, suficiencia, autonomía y corresponsabilidad. (El señor Vicepresidente, Prada Presa, ocupa la Presidencia.) Es cierto que algunos aspectos mejoran. Así, mediante la descentralización parcial del Impuesto sobre el Valor Añadido y de los impuestos especiales se reduce la dependencia financiera de las Comunidades Autónomas respecto de las transferencias del Estado. No obstante, el mecanismo elegido en la forma de participación territorializada en los rendimientos de los impuestos indirectos sobre el consumo, sin capacidad normativa, al parecer, por imperativo de la armonización fiscal de la Unión Europea, provoca que las Comunidades Autónomas se erijan en receptoras de un porcentaje de recaudación global, porcentajes que ya aparecen en la ley respecto del Impuesto sobre el Valor Añadido, los impuestos sobre hidrocarburos, alcohol, tabaco, etcétera. También el cien por cien en matriculación, electricidad y distribución, conforme a las pautas de consumo regional.
A este respecto, cabe indicar que podría haber sido posible la cesión de capacidad normativa con carácter general en los casos de los impuestos de matriculación y electricidad no sujetos a los imperativos estrictos de la armonización fiscal europea sobre el consumo. Asimismo, se completa, en principio, la corresponsabilidad fiscal en relación con la tarifa autonómica del IRPF, aunque luego ésta no se ejerza por los gobiernos autonómicos, por no poder hacerlo, con la cesión de capacidad normativa en ese tramo autonómico que viene a ser plena en los tributos cedidos, transmisiones, sucesiones, etcétera.
En cuanto a las necesidades del gasto de las Comunidades Autónomas, en sentido más negativo, se opta básicamente por la continuidad, toda vez que el criterio fundamental sigue siendo la población, con un 94 por ciento del total en el caso de sanidad si no me equivoco, protegida y mayores de 65 años, el 4,2 de superficie, 1,2 de dispersión geográfica y 0,6 de insularidad, planteándose un denominado fondo de suficiencia para todas las Comunidades Autónomas que no alcancen a cubrir sus necesidades los recursos del sistema. Este fondo afectará, en principio, a todas las Comunidades Autónomas --si no me equivoco--, excepto a Madrid y a Baleares. Hago un paréntesis con respecto a Baleares y con respecto a las islas en general. El 0,6 es insuficiente y en el caso de Baleares especialmente, porque al aplicar los habitantes de derecho que existen, básicamente no se tiene en cuenta, por ejemplo, la sanidad, algo que está pendiente de debatir dada la cantidad de gente que en determinadas épocas del año aumenta de una forma espectacular: alrededor de 11 millones de seres humanos pasan por nuestras islas, por lo cual la atención que tenemos que dar es mayor, con lo que eso significa para la prestación de ciertos servicios, muy especialmente el sanitario y aunque tenemos una alta renta per cápita, tenemos problemas de insularidad, de estacionalidad, de aumento de población --insisto-- en varios meses del año y por ese motivo yo soy muy crítico con respecto a esta situación que se nos quiere imponer.
Señorías, el principio de suficiencia financiera, contenido en el artículo 156 de la Constitución, recibe cierto refuerzo gracias a esta ley orgánica. Pero de la misma manera que aceptamos lo anterior, también entendemos que no se corrige, sino que se aumenta el trato desigual de las Comunidades Autónomas por lo que antes he mencionado, por los diferentes niveles de participación per cápita en esa autonomía financiera, con lo cual el mandato de igualdad entre los ciudadanos de diferentes comunidades autónomas contenido en los artículos 14, 31 y 39 de la Carta Magna no se cumple o al menos tiende a no cumplirse. A todo lo anterior debemos sumar que de cara a la consolidación del sistema y por la vía de los hechos nos encontramos con 15 sistemas distintos de financiación autonómica, en nuestra opinión, un tanto a la carta.
En suma, a partir de la puesta en marcha de este sistema, las haciendas autonómicas recibirán y recaudarán,

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vía financiación autonómica, más fondos que con el anterior sistema, pero este aumento por sí sólo no es significativo ni igualitario y sólo implicará un aumento de la liquidez, que es importante, de las Comunidades Autónomas. Y digo que es importante porque no es poco, dado el reiterado incumplimiento por parte de la Administración central de la ley de las haciendas de las Comunidades Autónomas. Pero donde el sistema no es sólo un paso insuficiente, sino que es un retroceso, en nuestra opinión, evidente, es en el incumplimiento del mandato constitucional de la solidaridad, artículos 2 y 138 de la Constitución. No se avanza en el Fondo de Nivelación recogido en el vigente artículo 15 de la LOFCA y en un alarde de centralismo paternalista se desarrolla un denominado Fondo de Suficiencia.
Por último, señorías, la incorporación de la sanidad a la financiación de carácter general no asegura el mantenimiento de los fondos transferidos a este servicio público en todas y cada una de las Comunidades Autónomas del Estado español y mucho menos la capacidad financiera de todas las Comunidades Autónomas para prestar este servicio público en unas condiciones de calidad razonables y de igualdad entre los pacientes de los distintos territorios.
En conclusión, Izquierda Unida no puede mostrar su apoyo a este proyecto de ley orgánica ya que, a pesar de ciertos avances en materia de suficiencia financiera y corresponsabilidad fiscal, entendemos que el paquete legislativo derivado del acuerdo para poner en marcha el nuevo sistema de financiación autonómico, en lectura conjunta desde luego con la Ley de Estabilidad Presupuestaria, ya debatida en esta Cámara y por tanto recientemente aprobada por las Cortes Generales, así como la relectura neocentralista, de que se acusaba al principio, del Título VIII de nuestra Constitución por parte del Gobierno del Partido Popular, no acercan sino que alejan a España de la senda del objetivo federal --legítimo por otra parte-- y solidario por el que apuesta Izquierda Unida.
Termino, señorías, como acabé en el debate anterior. Nosotros, si hubiese un acuerdo en esta Cámara, estaríamos dispuestos a la negociación y a llegar a dicho acuerdo. Conociéndoles y sabiendo cuáles son sus objetivos finales, a fin de cuentas, mucho me temo que esto no va a ser así, porque ustedes han pactado estas leyes con el Partido Socialista y, en mi opinión, les han escamoteado ese acuerdo con las enmiendas introducidas en el Senado. Pero si tiene a bien el Partido Popular, la mayoría política de esta Cámara, considerar su posición y retirar lo que ustedes han planteado en el Senado, a mí me gustaría formar parte de un posible acuerdo in extremis para evitar esas enmiendas que ustedes han introducido, porque lesionan la ley más gravemente de lo que ya venía del Congreso de los Diputados.
Por eso me podría sumar a cualquier acuerdo in extremis, pero me parece que no será posible, insisto, porque ustedes tienen una posición fuerte, tienen proyecto y tienen política, pero en mi opinión ese proyecto y esa política son un desastre para el modelo de Estado que pretende Izquierda Unida, así como para la concepción misma del actual momento del Estado de las Autonomías dentro del Estado español. Es por eso que presentamos nuestro veto, que esperamos sea respaldado por el mayor número de Senadores y Senadoras posible.
Nada más y muchas gracias.


El señor VICEPRESIDENTE (Prada Presa): Gracias, señoría.
A continuación, pasamos a la defensa de la propuesta de veto del Grupo Parlamentario Mixto, originariamente presentada por el Senador Quintana González.
Para su defensa, tiene la palabra, señoría.


El señor QUINTANA GONZALEZ: Muchas gracias, señor Presidente.
Señorías, señor ministro, el modelo de descentralización política y administrativa que ha dado lugar al actual Estado de las Autonomías se ha caracterizado por una relativa descentralización del gasto a favor de las Comunidades Autónomas, y en paralelo con eso por el mantenimiento de un control férreo sobre los ingresos públicos por parte del Gobierno central.
El diseño de descentralización recogido en el artículo 2 de la Constitución Española y su posterior desarrollo y aplicación, por su clara vocación generalizadora y homogeneizadora, no ha permitido alcanzar una solución adecuada a las necesidades de las nacionalidades históricas, y nosotros creemos que para el conjunto de las autonomías. Una solución congruente con el carácter plurinacional y autonómico del Estado.
Su escasa vocación autonomista ha facilitado solamente el diseño y ampliación del marco competencial por el lado del gasto, pero no en lo relativo a los ingresos, consolidándose así un escenario de dependencia financiera en el que está ausente la imprescindible responsabilidad fiscal de las Administraciones descentralizadas.
Esta particular situación de dependencia es presentada en muchas ocasiones como la reafirmación del carácter solidario del Estado para con las Comunidades Autónomas. Nos encontramos así una y otra vez con la idea vendida reiteradamente de la Galicia subvencionada, que tanto gusta repetir a unos y otros.
Fue a partir del vencimiento del modelo de financiación vigente en el año 1996 y como consecuencia de la urgente necesidad del Partido Popular de contar con el apoyo de partidos nacionalistas para la gobernabilidad cuando se inicia un tímido proceso de descentralización de los ingresos caracterizado por la cesión a las Comunidades Autónomas de figuras tributarias de escaso poder recaudatorio y una pequeña fracción de la recaudación territorial izada del IRPF.
El nuevo sistema de financiación autonómica que hoy nos presenta para su aprobación es la continuidad lógica del modelo que hemos descrito y desde el punto de vista del BNG y desde la perspectiva de Galicia consideramos que no soluciona los graves defectos del modelo que teníamos hasta el momento.
Usted sabe que el Bloque Nacionalista Galego nunca ha compartido su modelo de financiación autonómica porque consideramos que no mejora significativamente el nivel de

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autonomía fiscal de las haciendas territoriales y no proporciona el volumen de recurso necesario para hacer factible una convergencia real en la prestación de los servicios públicos de las Comunidades Autónomas afectadas por el sistema.
El proyecto de ley consolida por tanto una situación que no puede merecer la aprobación del que, como nuestro Grupo Parlamentario, defiende consecuentemente los principios de autonomía y suficiencia en la articulación de un modelo de financiación respetuoso con el carácter plural del Estado.
El Bloque Nacionalista Galego quiere para Galicia, y así lo hemos defendido en nuestro Parlamento autonómico, en la Comisión General de las Comunidades Autónomas en esta Cámara y ante usted en innumerables ocasiones, un modelo de financiación basado en la responsabilidad fiscal que reúna al menos las siguientes características: un carácter asimétrico que diferencie la financiación propia de Galicia dependiendo de sus características propias; una territorialización de los tributos que componen el sistema fiscal con capacidad normativa para adaptarlo a las necesidades de Galicia y para dotar al Gobierno gallego de un elemento social esencial de autogobierno como es la política fiscal; un cambio normativo que propicie la efectiva tributación en Galicia de las manifestaciones de capacidad económica generadas por actividades desarrolladas en nuestra Comunidad, ayudando así a deshacer de una vez por todas esa idea de que las Comunidades Autónomas sólo se preocupan del gasto porque según parece todos los ingresos radican y se generan en el kilómetro cero; la creación de una administración tributaria propia a partir de la transferencia de los medios humanos y materiales que forman parte de la Administración tributaria operante en el territorio gallego y, por último, pero desde luego tan importante como los anteriores y clarificador de nuestra postura, un mecanismo de redistribución interterritorial vinculado a la renta relativa que sirva de verdadero elemento de reducción de las actuales diferencias en los niveles de servicios e infraestructuras y que contribuya a una auténtica convergencia en los niveles de renta entre los diversos territorios del Estado.
Bien sé que de lo que se trata hoy no es de discutir el modelo del BNG sino el que usted nos presenta, pero considero imprescindible plantear el modelo ideal que nosotros pretendemos para Galicia y a partir de ahí discutir, razonar y dialogar sobre cualquier otro modelo, como por ejemplo, el que usted nos presenta, para cuya valoración debemos fijarnos fundamentalmente en tres parámetros.
Partiendo de la base de que el modelo que hoy se nos presenta no se corresponde con el que nosotros desearíamos, debemos valorar si sirve para que el nivel de autonomía que proporciona a la Hacienda gallega es cuando menos aceptable; comprobar si con la aplicación del sistema se cubren los servicios públicos que debe desarrollar y ejercer nuestra Comunidad Autónoma y, por último, comprobar si establece un nivel de justicia distributiva y el equilibrio territorial entre Comunidades Autónomas que haga de éste un sistema también cuando menos aceptable.
Sin embargo, en estos tres apartados no se cumplen los mínimos exigibles para que podamos dar nuestro apoyo a este modelo. En primer lugar, porque con el nuevo sistema las instituciones políticas gallegas sólo podrán ejercer ciertas capacidades normativas sobre el 21 por ciento de los recursos que administran, superando levemente el 20,5 por ciento que hasta ahora teníamos. El resultado en cuanto a la capacidad de autofinanciación de la Hacienda gallega es abiertamente discriminatorio.
Así, frente a una capacidad cifrada en el 40 de los recursos utilizados en el caso de Galicia, con este sistema otras Comunidades Autónomas alcanzarán porcentajes muy próximos al cien por cien.
Su modelo, señor Ministro, el modelo del Gobierno, al pretender homogeneizar realidades muy diferentes mediante la cesión de los mismos impuestos a todas las Comunidades afectadas, y con idénticos porcentajes, da lugar a distintos niveles de autonomía financiera entre Comunidades con el mismo rango competencial, degradando a Galicia a un segundo nivel de autonomía entre nacionalidades históricas, e incluso colocándonos en este aspecto por debajo de algunas nacionalidades que no tienen el reconocimiento constitucional de tal entidad, sin considerar por ello que tuvieran más intereses y, por supuesto, más derecho a lo mismo. Pero ésta es una evidencia política que desde la perspectiva de Galicia se debe resaltar.
En segundo lugar, este proyecto de ley da carta de naturaleza jurídica a un sistema que no proporciona los recursos suficientes para que las instituciones gallegas garanticen con su acción política niveles de bienestar social convergentes con los existentes a nivel estatal. Con los datos oficiales disponibles hasta el momento podemos afirmar que los recursos adicionales anuales obtenidos por la Hacienda gallega, descontando la parte correspondiente a la sanidad, representan un incremento 4,5 veces inferior a la subida media experimentada por el conjunto de las Comunidades Autónomas en la aplicación de este sistema. Y eso es así, porque las variables y ponderaciones utilizadas en el reparto de la cifra total de partida son desfavorables para Galicia. Ustedes, una vez más, y a pesar de lo reclamado por su propio Grupo político en nuestra Comunidad, han restado importancia a ponderaciones tan importantes para nuestro territorio como son la correspondiente a la dispersión población o la relativa al envejecimiento de la población, que una vez más es insuficiente, y tales circunstancias vuelven a colocar a Galicia en una situación desfavorable también con el sistema que hoy somete a nuestra consideración.
Por último, en lo relativo al equilibrio territorial el sistema establece un fondo de renta relativa para aquellas Comunidades que tienen los índices de renta más bajos. Pero ese fondo se establece con la ridícula cantidad de 25.000 millones de pesetas, lo que significa un 0,29 por ciento de la cifra inicial total de los recursos disponibles, lo cual imposibilita la consecución de avances significativos en materia de convergencia entre territorios.
Además, como ya denunciamos durante el debate en Comisión de este proyecto de ley, no aumenta la dotación del Fondo de Compensación Interterritorial y tampoco varía su sistema de reparto, consolidándose por tanto la posición subalterna de Galicia. Por si esto no fuera poco, se

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resta capacidad equilibradora al Fondo de Compensación Interterritorial mediante su participación en dos fondos, uno de los cuales irá destinado a financiar gasto corriente que, como todos sabemos, no posee los mismos efectos multiplicadores que la inversión y, por lo tanto, el Fondo de Compensación Interterritorial verá deteriorada su escasa capacidad de reequilibrio territorial y de contribución a la redistribución de la renta.
Señor Ministro, su nuevo modelo no incorpora ninguna fórmula efectiva de participación de las Comunidades Autónomas en la Agencia Tributaria y no prevé mecanismos que impidan situaciones de deslealtad institucional por parte del Gobierno Central, como ya pudimos comprobar incluso antes de que el sistema se pusiera en práctica. Todo esto significa para nosotros argumentos más que suficientes para no poder estar de acuerdo.
Por lo demás, la inexistencia de un plazo concreto que acote el horizonte temporal de vigencia del nuevo modelo de financiación pretende congelar definitivamente las características definitorias del mismo, y esta circunstancia certifica la existencia de una política de freno e involución en el desarrollo de la articulación territorial del Estado.
Señor Ministro, la prudencia nos obliga a todos a utilizarla para calificar nuestros actos y también, cómo no, nuestros triunfos. Usted ha pecado de imprudencia a la hora de calificar el sistema que hoy somete a nuestra consideración. Porque hace bien pocos meses, y después del inicio de acuerdo al respecto del mismo, usted presentaba en esta Cámara el nuevo sistema de financiación como un gran pacto de Estado. Cometió la imprudencia de calificar, como no se debe, a un acuerdo que en ningún caso era un pacto de Estado y ahora hasta nos cabe la duda razonable de que fuera un acuerdo contable.
Ustedes no están en la línea político de los pactos de Estado. Lo acabamos de comprobar aquí con la discusión, no sólo de los presupuestos correspondientes al año que viene, sino también de la ya tan famosa Ley Orgánica de Universidades. Y no están ustedes en la línea de los pactos de Estado porque siguen defendiendo una política de los ganadores contra los perdedores. Siguen ustedes convencidos de la política de los buenos y de los malos, en los que, inevitablemente, ustedes se colocan entre los primeros, y a nosotros no nos queda otra opción que ubicarnos en los segundos.
No están por la política y los pactos de Estado porque, entre otras cosas, no sólo no atienden a los que tienen una opinión diferente, sino que los descalifican --nos descalifican-- a veces con tremenda imprudencia. No se puede entender de otra manera que lo que estamos formulando un nuevo modelo de Estado, y democráticamente introducimos el debate sobre el fin último de esta Cámara en ese modelo, seamos calificados como bobos, bobos sobre los que ustedes ejercen presidencia imponderable.
Ahora nos someten a consideración un sistema de financiación autonómica que no puede ser separado, de ninguna manera, del modelo de Estado que todos tendremos que defender. Si no es posible esa equiparación, cuando menos, el modelo del Estado al que podamos llegar por un futuro consenso tiene que tener su vínculo directo con el modelo de financiación que ustedes nos proponen. Y en este caso, ni una cosa ni la otra, porque ustedes intentan demostrar que no sólo no se encuentran a gusto, que no están por la política de los actos de Estado, sino que ni siquiera se sienten a gusto con los acuerdos contables. Y es así que, desde su aprobación hasta hoy, se encargaron de dinamitar lo que podría ser un mínimo acuerdo que presentara esto documento en la Cámara con una mínima base política y social de refrendo.
Le ha faltado a usted tiempo para imponer a las Comunidades Autónomas el nuevo Impuesto sobre Hidrocarburos, continuamente comentado por usted como parte del modelo de financiación autonómica y que no deja de ser, ni más ni menos, que una argucia para intentar nivelar unos presupuestos que puedan servir, una vez más, a lo que es para usted el dogma de la estabilidad presupuestaria y del déficit cero. Y le faltó a usted tiempo para, en ese espíritu de consenso que les caracteriza, avisar con dejar fuera del sistema a los que no acepten el traspaso de la sanidad, que, por cierto, aunque es evidente que se manifiesta en los diferentes Estatutos de Autonomía como una competencia posible de asumir por las Comunidades Autónomas, ni en los Estatutos de Autonomía ni en la Constitución se establece que esa competencia haya que asumirla bajo los dictados exclusivos del Gobierno de turno, que es lo que ustedes pretenden realmente y no la consecución de las competencias que marquen los Estatutos de Autonomía en cada Comunidad.
Y he así que usted, que cometió la imprudencia de calificar como pacto de Estado lo que en todo caso podría ser un acuerdo contable, llega ahora a este Pleno sin pacto de Estado y sin acuerdo contable, y por eso nosotros le proponemos la devolución del proyecto de ley al Gobierno y el inicio del trámite desde la perspectiva del consenso y del diálogo que un proyecto de este estilo merece.
Muchas gracias.


El señor VICEPRESIDENTE (Prada Presa): Gracias, Senador Quintana.
A continuación pasamos a la defensa de la propuesta de veto del Grupo Parlamentario Entesa Catalana de Progrés. Tiene la palabra el Senador Bonet.


El señor BONET I REVES: Muchas gracias, señor Presidente. Señoras Senadoras, señores Senadores, señor Ministro.
Hay que celebrar que últimamente el paso de las leyes por el Senado no es puro trámite y, evidentemente, celebramos que la Cámara no sea sólo un organismo de registro, porque los Senadores tenemos ganas de influir en las leyes y en la marcha política general. Ahora bien, yo creo que en esta ley del sistema de financiación las cosas se han salido de madre en el fondo y en la forma. En la forma porque ha sido un proceso un tanto caótico: ustedes, que pasan por adalides de la eficiencia, en algunos de sus trámites en el Senado dejan mucho que desear porque son un tanto atropellados y a veces un tanto «atropellantes» también. De forma que en el Senado, que tendría que ser un lugar

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para debatir y mejorar --relajado, se dice--, últimamente no ganamos en sobresaltos y estamos perplejos.
Ya empezó «show» en la reunión de noviembre del Consejo de Política Fiscal y Financiera, ya había pasado en el trámite en el Congreso, y en el Consejo se adoptó el acuerdo, no por una unanimidad --señor Ministro, no por unanimidad--, de crear el nuevo impuesto de las gasolinas, que no se contemplaba en los acuerdos de julio, que sí que fueron por unanimidad. Y esto de la unanimidad es relativo, porque lo que sí es unánime en todas las Comunidades Autónomas es que están hambrientas --esto sí que es unánime-- y negociar con hambrientos es fácil.
En el trámite del sistema de financiación aquí en el Senado ha continuado la perplejidad. Primero hemos visto cómo se nos enviaban a los grupos unas enmiendas de parte de un desconocido secretario del Consejo de Política Fiscal y Financiera --de quien todavía no sé el nombre-- y que pasaba, como si dijéramos, la consigna: eran como unas enmiendas de cumplimiento obligado donde, no sé si taimadamente, se eludía el hecho de que esas enmiendas no se habían adoptado por unanimidad, que había discrepancias. Y luego, ya rizando el rizo, en el trámite en Comisión, en la Comisión General de las Comunidades Autónomas, se interrumpe la Comisión para forzar la convocatoria de una Ponencia donde introducir unas enmiendas a bocajarro que ni estaban en el acuerdo de julio ni en el de noviembre, y tampoco estaban en las enmiendas del famoso secretario del Consejo de Política Fiscal y Financiera. Unas enmiendas que afectan no sólo a los acuerdos del Consejo de Política Fiscal y Financiera sino que los conculcan y anuncian negros presagios de cuál va a ser la nueva etapa, el nuevo estilo de relaciones del Gobierno con las Comunidades Autónomas; un estilo digno de la escuela de Chicago, en todas las acepciones del término, y que hace imaginar que si bien antes había café para todos, ahora habrá aceite de ricino para todos.
De estas enmiendas relámpago se deducen cosas importantes. En primer lugar, que para ustedes lo realmente importante no era dar más corresponsabilidad fiscal a las Comunidades Autónomas sino que éstas asumieran el muerto de la sanidad --éste era el objetivo fundamental--, introduciéndolo en el sistema para, de esta manera, no tener ya un motivo de negociación bilateral.
El sistema acordado en el Consejo de julio contemplaba en el artículo 6.k la posibilidad de que hubiera Comunidades Autónomas que no asumieran competencias en sanidad, pero con las enmiendas relámpago ustedes imponen que o se acepta el traspaso de la sanidad o nada y, además, anulan este artículo 6.k.
Todo o nada, y ya sabemos cómo las gastan o las han gastado ustedes con las Comunidades Autónomas que no aceptaron entrar en el sistema de financiación: ustedes han proscrito a las autonomías que no aceptaron el anterior sistema, las enviaron al bosque de Sherwood y ya se sabe que en el bosque de Sherwood hace frío y se está mal.
Además, esta enmienda es una chapuza. Con el objetivo de enmascarar sus intenciones, por querer ocultar el chantaje y la coacción, ni siquiera se habla de sanidad sino de cualquier transferencia que se financie con el nuevo sistema. ¿Qué quiere decir esto? ¿Si se traspasan, por ejemplo, los paradores nacionales con cuatro pesetas y alguna Comunidad Autónoma no está de acuerdo, se va a tener que salir del sistema? ¿Y las becas? ¿Si alguna Comunidad Autónoma no está conforme con el volumen asignado para las becas, también tendrá que salirse del sistema? Es una cuestión de «mantenella y no enmendalla» por parte del Gobierno, porque a raíz del 11 de septiembre, al ver que había una crisis y que los ingresos no serían los previstos, tendrían que haber recapacitado y vuelto a convocar la reunión para rediseñar el sistema.
Con sus enmiendas, condenan a las Comunidades Autónomas a asumir la sanidad con déficit o con inversiones ya comprometidas, pero sin la financiación correspondiente. Hablan de mucho consenso y diálogo, pero es aquello de: dime de lo que presumes y te diré de lo que careces.
El asunto tiene más enjundia porque la pretensión de condicionar la inclusión en el sistema de financiación a la aceptación o no de transferencias sienta un precedente pero, además, no se trata de una transferencia sino de la valoración que el Gobierno hace de una transferencia, que es algo diferente. No sé si esto supone una manifestación del nuevo patriotismo constitucional, pero lo que sí supone es una quiebra del modelo de relaciones entre las Comunidades Autónomas y el Estado ya que supedita el ejercicio de una competencia a la aceptación de su valoración en el traspaso.
En definitiva, ustedes niegan entidad política y capacidad de negociación a las Comunidades Autónomas. Y lo que es peor, supone una deslealtad constitucional, incumplen la enmienda número 73 que todos hemos aprobado que habla de la lealtad institucional. Ustedes la incumplen en el mismo acto de presentar las enmiendas. En primer lugar, porque pretende supeditar el derecho de las Comunidades Autónomas a un sistema de financiación a la aceptación de imposiciones. Y, en segundo lugar, porque vuelve a introducir la noción de jerarquía. El Estado es el «number one» y los otros son segundones.
Señor Montoro, ¿qué es para usted una Comunidad Autónoma? Si no la dejan negociar, si no la dejan endeudarse, si no la dejan asistir a Europa, si anuncian que van a reforzar los gobernadores civiles, si no les dejan poner distintivos en las matrículas, ¿qué es para ustedes una Comunidad Autónoma? ¿Una molestia? ¿Un sarampión? ¿Una alergia? ¿Qué quieren que sean las Comunidades Autónomas? ¿Unos parques temáticos de peculiaridades regionales? Hace tiempo que ustedes utilizan a la Brunete mediática para desprestigiar a las Comunidades Autónomas. A las universidades les han colocado el sambenito de la endogamia y ahora a las Comunidades Autónomas les colocan el sambenito del derroche: son unas derrochadoras.
Desde que ustedes gobiernan el argumento económico está siendo utilizado contra la idea de autogobierno. Recordemos el informe del Consejo Económico y Social titulado «Unidad de Mercado y Cohesión Nacional» que, por cierto, cargaba contra las transferencias de sanidad. Recordemos el círculo de empresarios en la monografía «El renacimiento del INI: Situación y perspectivas del sector público

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autonómico y local», donde se carga contra las autonomías comparándolas con las ruinosas empresas del INI.
No me entrañaría que, habida cuenta de las insólitas propuestas al círculo, propusieran privatizar a las Comunidades Autónomas. En línea con las acusaciones de derroche, el Presidente Aznar, cuando se empezó a negociar el nuevo sistema, manifestó con su proverbial delicadeza que con el nuevo sistema las Comunidades asumen la corresponsabilidad fiscal por lo que ya no vale el discurso de gestionar despreocupadamente y luego venir a Madrid a cubrir los huecos.
Señor Montoro, ésta es la segunda vez que engañan a las Comunidades Autónomas. La primera fue cuando, a bombo y platillo y con el cándido concurso del Gobierno de la Generalitat, se anunció el 30 por ciento del IRPF, cuando al cabo de una semana ustedes lo bajaron unilateralmente.
Pero esta vez el engaño ha sido múltiple, una auténtica película de Fumanchú. Primero, porque el objetivo era traspasar a las Comunidades Autónomas la sanidad para así no tener que negociar separadamente la siempre desagradable sanidad con ellas. Después, porque el Gobierno ha escondido las menores previsiones de ingresos impositivos, engañándolas sobre la capacidad financiera real que traspasaba.
En tercer lugar, porque al no tener las Comunidades Autónomas capacidad normativa real se quedó en que si la economía decrecía el Estado asumiría de sus arcas la diferencia. Pero el Gobierno, centinela como es de occidente, de los superiores valores morales del déficit cero, en vez de sacarlo de sus arcas, se inventa un nuevo impuesto, un impuesto que cede a las Comunidades Autónomas, pero lo resta de sus compromisos; una jugada maestra, porque camuflan una nueva subida de impuestos, cuando ustedes en todos sus programas dicen que son los campeones de las bajadas de impuestos, y acusan a las Comunidades Autónomas de ellos: «Derroche», decían algunas portadas de periódicos. Y por segunda vez consecutiva, se aprovecharon las necesidades mediáticas de la Generalitat y de la incontinencia verbal de su Conseller de Economía, que anunció, en primer lugar, que se lo había inventado él; luego, cuando se vio que no era exactamente lo mismo que se había discutido, se quiso echar atrás, pero ya era tarde para torcer la imagen en la opinión pública.
Bien, por todo ello, pido a la Cámara el apoyo a nuestro veto porque, como decimos en Cataluña, este acuerdo «tot són sets i vuits, i cartes que no lliguen». Este Senado por su naturaleza no puede asistir impávido ante el ataque contra las Autonomías. Nosotros, ante la desfachatez del rico Epulón, vamos a defender al pobre Lázaro. En el caso que nos ocupa, el Senado quiere ser instrumentalizado alevosamente para sancionar un sistema que el propio Gobierno ya ha transgredido. El Senado ante tanta beligerancia, tendría que ser redefinido, en vez de Cámara territorial, se tendría que llamar Cámara de defensa territorial. Señor Montoro, ustedes dijeron que el sistema tenía que ser duradero, pero al cabo de unos pocos meses, unilateralmente ya lo han incumplido.
Termino apelando a retomar el diálogo, que tendría que haberse retomado después de la anunciada crisis internacional y después de haber quedado claro que, lo que en verdad se cocía, era la sanidad. Si ustedes recapacitan, esto sí que será un acto de real patriotismo constitucional; en caso contrario, no lo será. Señor Montoro, dijeron que este acuerdo era histórico; si ustedes no recapacitan, el que será histórico será el «Rififi» que han hecho a las Comunidades Autónomas.
Nada más, señor Presidente, muchas gracias. (Aplausos en los escaños del Grupo Parlamentario Socialista.)

El señor VICEPRESIDENTE (Prada Presa): Gracias, Senador Bonet.
A continuación, procede un turno en contra. (Pausa.) Por el Grupo Parlamentario Popular, tiene la palabra la Senadora Primo.


La señora PRIMO ALBERT: Muchas gracias, señor Presidente.
En primer lugar, doy la bienvenida al Ministro, sobre todo, por la oportunidad que nos ha brindado de conocer claramente cuál ha sido el origen y cuál es la situación real en la que nos encontramos a la hora de aprobar estos dos proyectos de ley que hoy debatimos en esta Cámara.
Me corresponde efectuar el turno en contra de los cinco vetos presentados y lo voy a realizar tratando uno por uno los vetos, señalando concretamente qué es lo que visto en cada uno de los Senadores que los han presentado, para luego sacar consecuencias al respecto.
En cuanto a los vetos presentados por los Senadores Cámara y Cabrero en relación a la LOFCA, la nueva Ley de Financiación Autonómica, mi Grupo y esta Senadora han entendido que para el Senador Cámara la LOFCA es un pequeño pero muy insuficiente paso de cara a la financiación autonómica de las Comunidades Autónomas; que aumenta la participación del IRPF en tres puntos, que el IVA llega incluso al 35 por ciento y que también tenemos la cesión de los impuestos especiales; que el principio de suficiencia financiera sale reforzado con esta ley. Considera, además, que hay 15 sistemas distintos en función de la financiación per cápita de cada una de las Comunidades Autónomas y que sólo aumenta su liquidez.
Para los Senadores Cámara y Cabrero, el nuevo Plan de Financiación Autonómica es un paso atrás. La solidaridad es un mandato constitucional, no se avanza en ningún momento en el Fondo de nivelación y, fruto del paternalismo estatal, aparece precisamente el Fondo de Suficiencia, sustituyendo a la PIE de cada Comunidad Autónoma. Además --y por eso básicamente--, supone un alejamiento de la senda federal, la que propugna su fuerza, en este caso Izquierda Unida.
También ha dicho el Senador Cámara que no se sentía vinculado en ningún sentido a ninguno de los acuerdos que se podían adoptar porque con él no han negociado. Senador Cámara, le recuerdo que Izquierda Unida, hoy por hoy --al menos ésas son mis noticias-- es socio de gobierno de determinados grupos, concretamente del Partido Socialista en la Comunidad Autónoma de Aragón, por lo tanto, si no tiene información, sí está vinculado por estos acuerdos concretos.


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Me ha hecho gracia --y además se lo agradezco-- que haya aludido a su sentido sindical, porque usted es sindicalista. Yo también. Usted tendrá una forma de defender los derechos de los trabajadores, y me parece muy bien, pero en la fuerza sindical que yo representaba antes de ser Senadora teníamos algo muy claro: que la mejor manera de defender los derechos de los trabajadores era no matar la gallina de los huevos de oro, porque si la matábamos nos quedábamos sin huevos; ni más ni menos.
Eso para empezar a comer. No creo que sea una mala política, y a lo mejor convendría tenerla en cuenta.
Respecto al veto que ha presentado el Senador Quintana, voy a hacer lo mismo. Según el Senador Quintana, no se mejora el nivel de la autonomía fiscal de las Haciendas territoriales, no se proporciona el volumen de recursos necesario para la prestación de servicios públicos por parte de las Comunidades Autónomas, con lo que las instituciones gallegas --naturalmente las gallegas-- no podrán garantizar con su acción política niveles de bienestar social convergentes con los existentes a nivel nacional. Por supuesto que no coincidimos en nada de esto, pero luego abundaré más sobre la cuestión. La prueba clara está en que, hace poco, se han celebrado unas elecciones en Galicia y ha quedado claro si están funcionando los servicios públicos o no y cuál es el grado de descontento de los ciudadanos que, al fin y al cabo, son los que van a recibir todos estos servicios y constituyen el punto de inflexión a partir del cual nos colocamos unos a un lado y otros al otro.
Su señoría mantiene que las instituciones gallegas sólo podrán ejercer sus capacidades normativas sobre el 21 por ciento de los recursos y que la autofinanciación de la Hacienda gallega será totalmente discriminada.
Sólo el 40 por ciento de los recursos.
La inexistencia de un plazo concreto que acote el período de vigencia del nuevo modelo garantiza el freno y la involución --el freno y la involución, repito-- en el desarrollo de la articulación territorial del Estado. Usted verá. Desde luego yo no coincido sobre ello en absoluto. Al revés. También lo justificaremos luego. Ahora se trata de acotar un poco qué es lo que han llegado a decir aquí las distintas fuerzas parlamentarias que han estado hablando.
Me indica que la separación entre buenos y malos la hacen los ciudadanos con su voto. Naturalmente que sí. Lo repito: está clarísimo. Nosotros, sobre todo, lo tenemos completamente asumido.
Me recordaba que la competencia en sanidad tenía problemas, o sea, que usted no estaba de acuerdo con el traspaso de la competencia de sanidad, al igual que, por lo visto, sucede con algunos grupos parlamentarios.
Mire usted, en el Consejo de Política Fiscal y Financiera quedó bien claro que se pasa un todo. Es un conjunto de competencias las que se van a transferir, y todos firmaron. Claro que a lo mejor usted tampoco pudo estar en la negociación, igual que le pasó al señor Cámara. Debe de ser que no forman parte del Gobierno.
Respecto al veto presentado por el Senador Bonet a la LOFCA primero, por si le interesa tomar nota, le puedo asegurar que el Secretario del Consejo de Política Fiscal y Financiera se llama don Antonio Germán Beteta Barrera. Nosotros sí que tenemos conocimiento del tema. Si mira un poco a fondo las actas, es seguro que usted también conseguirá saberlo.
Entro ya en el veto. El Senador Bonet comentaba que el modelo tiene un problema grave y es que se trata de un modelo definitivo y cerrado y que no acaba con los problemas generados en el pasado; que alivia las tensiones en la Tesorería de las Comunidades Autónomas, que no dependerán de las transferencias del Estado, e incrementa la financiación, aunque no llegan a la plenitud, por supuesto, pero tampoco supone un aumento real de ingresos, pues la previsiones en este sentido quedan supeditadas al ciclo expansivo de la economía. Naturalmente, al igual que ocurre en el resto de los presupuestos de cualquier otro país. Al igual, que, si se descuida, ocurre con el presupuesto de cualquier familia española, de cualquier ciudadano, del mío incluso. Si la economía va mal, va mal para todos, señor mío. Es algo lógico.
Sigamos. Existe corresponsabilidad en la gestión tributaria, pero es muy tímida, pues el Estado se queda con la ejecución de todas las directivas comunitarias de armonización. Señoría, lo marca las Comunidades europeas.
En la coparticipación con la Agencia estatal tributaria tampoco se avanza. Tampoco coincido con usted.
En los impuestos cedidos existen restricciones, y en los conciertos con las Comunidades Autónomas no --me refiero a las Comunidades forales--. Se acentúan las diferencias entre las Comunidades del sistema común y las forales. Precisamente este nuevo plan de financiación autonómica persigue justamente lo contrario, a nuestro entender.
Debería tenderse a la equiparación al sistema de reparto que se da en los Estados federales, como el alemán, que parece ser su gran modelo, pero sin perjuicio de la corrección en aquellos territorios dotados de mayores competencias. O sea, lo federal sí para lo que me conviene; para las Comunidades Autónomas en las que no me conviene, no.
El plazo debería ser temporal, para su revisión a propuesta de un Estado o de una Comunidad Autónoma. Es que nace así el modelo, qué le vamos a hacer.
El Senado debería ser el que entendiera la evolución del sistema y sus mecanismos de mejora. El impuesto de las gasolinas, urdido con la complicidad de un cándido consejero de una histórica nacionalidad --e imagino que no ha querido decir la suya, la catala-- no es una idea propia y exclusiva del Partido Popular, como prácticamente acaba de decir, que es una idea maligna, porque hoy estaba usted muy versado, sobre todo en política y en novelas; no es una idea maligna que se le haya ocurrido al Ministro Montoro, concretamente. Lo aceptamos, por supuesto.
En el veto de los Senadores Cámara y Cabrero al proyecto de ley de medidas fiscales se hacen las mismas consideraciones prácticamente a las que han hecho para la LOFCA, pero añadiendo el hecho de que la incorporación a la sanidad de la financiación de carácter general, dudando del mantenimiento de los fondos transferidos de este servicio público en todas las Comunidades Autónomas y de la capacidad financiera de todas ellas para prestar este servicio. Me imagino que se refiere al incremento de

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la población en verano, básicamente. Por lo visto ese debe ser el único problema por el que el proyecto de ley de medidas fiscales merece un veto.
Senador Quintana criticaba que el modelo de financiación autonómica sea de carácter general, sin tener en cuenta el grado de desarrollo competencial asumido para cada una de ellas, los déficit históricos de algunos de los servicios transferidos, y el grado de capacidad fiscal en los impuestos cedidos, que podía dar lugar a grados dispares de autonomía financiera entre las Comunidades Autónomas con el mismo rango competencial. Considera que los recursos son exiguos para Galicia --¡faltaría más! Yo también estoy de acuerdo--, que la capacidad de disposición normativa es muy escasa, como reducida la capacidad de administración sobre el total de los recursos generados respecto de las competencias normativas sobre los mismos. Además, añade que el Estado continuará teniendo un importante control sobre la autonomía financiera de las Comunidades Autónomas.
Más o menos, éste podría ser el resumen de los puntos básicos en los que se han basado los vetos que sus señorías han presentado a estos dos proyectos de ley.
Tras esta primera visión, podemos llegar todos los Senadores de esta Cámara a determinadas conclusiones, pero antes me formularía una pregunta muy concreta: ¿Estamos hablando todos del mismo modelo, o le estamos dando una lectura partidista? Cuando hablo de modelo, me refiero al nuevo modelo de financiación autonómica y, por supuesto, al proyecto de ley de medidas fiscales que le acompañan.
Para los Senadores Cámara y Cabrero la nueva LOFCA es un pequeño paso en cuanto a la participación en el IRPF, el IVA y los impuestos especiales, con el reforzamiento del principio de suficiencia financiera.
Para el Senador Quintana en absoluto se mejora el nivel de autonomía fiscal de las agencias territoriales, pero para el Senador Bonet sí que existe, aunque limitada a los períodos expansivos de la economía. Menos mal que para todos --repito, menos mal que para todos-- el modelo sí que genera más fondos, más financiación, porque si no, señorías, podíamos empezar a dudar de qué es lo que han acordado el conjunto de las Comunidades Autónomas en el Consejo de Política Fiscal y Financiera y qué es exactamente lo que han acordado por unanimidad, porque llega un momento en que ya no sabemos a qué estaban jugando allí o qué es lo que se estaba vendiendo ahí. Desde luego, una cosa sí que tengo clara respecto al acuerdo del pasado 27 de julio en el Consejo de Política Fiscal y Financiera, y es que no van a seguir por ahora la senda federalista que tanto parecen ansiar dos de los Grupos Parlamentarios que han presentado veto a estos proyectos de ley.
La contestación a la pregunta que antes me formulaba yo misma es que estamos dando, por supuesto, una lectura totalmente partidista o de declaración de principios a los dos proyectos de ley presentados en esta Cámara, y cada uno va a contar la fiesta conforme le ha ido, ni más ni menos. Al mismo tiempo tendremos que empezar a asumir responsabilidades de qué es lo que se está diciendo en esta Cámara y hasta dónde vamos a llegar.
Otra de las preguntas que también se podía formular, vistos los vetos concretos, es cuál es el origen de estos dos proyectos de ley. El origen es el mandato, es el consenso, es el acuerdo al que se llegó el día 27 de julio del 2001 por todas las Comunidades Autónomas y el Estado para dar paso a un nuevo modelo de financiación para las Comunidades Autónomas de régimen común, y este acuerdo se ha seguido manteniendo, pese a quien pese, en las reuniones del seno del Consejo de Política Fiscal y Financiera de los días 16 y 22 de noviembre. No ha habido ninguna ruptura, conforme se está intentando vender o se ha llegado a decir aquí.
El acuerdo ha unido, señorías, a las Comunidades Autónomas de todos los colores políticos, y vuelvo a repetir, pese a quien pese, y nosotros, señorías, tenemos la obligación (Un señor Senador pronuncia palabras que no se perciben.), lo repetiré las veces que haga falta --puede interrumpirme cuanto quiera, no me preocupa-- de legislar lo que estas Comunidades Autónomas deciden, y en ello estamos y a ello vamos.
Desde el Grupo Parlamentario Popular debemos rechazar, y por tanto rechazamos, los vetos presentados a estos dos proyectos de ley, y los rechazamos porque los argumentos expuestos en su defensa responden a una declaración de principios de los grupos parlamentarios que los han firmado, con una visión totalmente partidista --por supuesto merecedora de todos nuestros respetos--, pero no suficientemente válidos para solicitar la retirada de dos proyectos de ley de semejante envergadura e importancia.
Centrando el debate sobre las distintas posiciones que han adoptado los grupos que han presentado el veto, las primeras preguntas que nos podemos formular y que creo que son las que deberíamos tener clarísimas de cara a explicar a los ciudadanos qué es lo que estamos haciendo aquí son: ¿Es un buen modelo, o no? ¿Incrementa la autofinanciación, o no? ¿Supone un aumento real de los ingresos, o no? ¿Es un modelo con más suficiencia, o no? ¿Es un modelo con más solidaridad? Señorías, no es un mal modelo, es el modelo de las Comunidades Autónomas y podríamos decir que tiene como exigencias prioritarias que dan contestación a las preguntas que antes he formulado las siguientes: primera, es un sistema totalmente integrado, desde el momento en que se financian todos los servicios de las Comunidades Autónomas, incluidos la sanidad y el Inserso. Para ello, todas las Comunidades Autónomas cuentan con las mismas fuentes de financiación tributaria que se complementan con los mecanismos de solidaridad del sistema.
Segunda, es un sistema corresponsable, pues las propias Comunidades Autónomas serán más responsables de la obtención de sus recursos y de su aplicación en las diferentes políticas de gasto. Para ello tienen una mayor potestad sobre su política fiscal y responderán de ella ante sus ciudadanos.
Tercera, es un sistema suficiente, al igual que el actual, porque proporciona los recursos suficientes para que todas las Comunidades Autónomas hagan frente a sus competencias.
Cuarta, es un sistema solidario, de igual forma que el modelo actual, porque puede garantizar que cualquier Comunidad

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Autónoma presta a sus ciudadanos un nivel de servicios equivalentes al del resto, con independencia de su mayor o menor disposición de recursos autonómicos.
Con esta intención, señorías, se crea el Fondo de Suficiencia que, teniendo en cuenta que el destinatario de los servicios públicos a financiar por las Comunidades Autónomas es la persona, el ciudadano, considera la existencia de aquellos factores que inciden en una diferencia en los costes unitarios para la prestación de los servicios y de las correspondientes necesidades inversoras. Del mismo modo, se crean las asignaciones de nivelación para situaciones especiales --el Fondo de Sanidad-- y se mantiene como novedad incorporada recientemente el Fondo de Compensación Interterritorial.
Señorías, es un sistema estable dado que la mayor combinación de los recursos tributarios proporciona ingresos más estables y menos dependientes. Mayor corresponsabilidad supone mayor capacidad de decisión y, por ello, más responsabilidad ante los ciudadanos; por lo tanto, el nuevo modelo debe huir de fórmulas quinquenales de reforma o de revisión.
Además, es un sistema totalmente transparente pues establece una solidaridad más visible, que identifica las necesidades de gasto y la capacidad fiscal con índices sencillos y que, simplificando su funcionamiento, evita la opacidad en cuanto a la asignación y evolución de los recursos. Asimismo, potencia las relaciones con la Agencia Estatal de la Administración Tributaria, reforzando las relaciones de coordinación con las Comunidades Autónomas ya que al incrementar éstas su competencia fiscal, naturalmente, necesitan participar más en la gestión de los tributos.
Ante todo, señorías --y esto es lo importante--, es un sistema dialogado con todas las Comunidades Autónomas, para garantizar la lealtad mutua entre los diferentes niveles de Gobierno. El nuevo sistema de financiación nace con vocación de estabilidad y de permanencia en el tiempo, por lo que se diseña pensando en el momento en que todas las Comunidades Autónomas hayan alcanzado su techo competencial.
Como bien decía en su exposición el señor Ministro, en este momento las Comunidades Autónomas manejarán 51.000 millones de euros, 8,5 billones de pesetas --en pesetas de 1999, por supuesto--, lo que supone más del 40 por ciento del total del gasto del sector público. Ese es justamente el punto de referencia del sistema, la famosa restricción inicial. Así, se considera que la restricción inicial es la liquidación que les hubiera correspondido en el año 1999, según las reglas del modelo de financiación ahora vigente.
Es un sistema ecuánime y, además, es equitativo desde un principio dado que pone a todas las Comunidades Autónomas en las mismas condiciones de partida, con independencia de la situación inicial. El sistema determina los recursos que asignará a cada una de las Comunidades Autónomas en función de aquellas variables que identifican como necesidades de gasto.
De esta manera, el nuevo sistema combina la permanencia de las variables que han demostrado su validez en el sistema hoy todavía vigente y la inclusión de los nuevos índices que contribuirán a ajustar más adecuadamente las necesidades derivadas de las nuevas competencias. Con todo ello, señorías, todas las necesidades de gasto de las Comunidades Autónomas quedan ahora determinadas por la suma de las derivadas de las competencias comunes, incluida la educación, la competencia en sanidad y las competencias del Imserso.
Señorías, estamos ante la puesta de largo de las Comunidades Autónomas.
No hay verdadera autonomía política si no existe una verdadera autonomía financiera y justamente ahí es donde se ahonda el nuevo sistema de financiación; ahí es donde realmente tiene mayor peso específico, por encima de índices, por encima de fórmulas polinómicas o de tantos por cientos. La realidad es incuestionable, nos pongamos como nos pongamos: las Comunidades Autónomas avanzan en su desarrollo, participan de manera activa en la definición de su futuro y, para ello, el Consejo de Política Fiscal y Financiera --no el Gobierno-- ha puesto en sus manos las herramientas necesarias para que esto se dé con plenas garantías. De ahí nace y se sustancia el modelo; éste es el modelo que traemos a debate hoy --no otro-- y no es un mal modelo, señorías, es un modelo con más suficiencia, con más autonomía, con más corresponsabilidad, con más solidaridad, etcétera.
El Grupo Parlamentario Popular considera que es un modelo que mejora sustancialmente el Estado de las Autonomías porque parte de un acuerdo unánime, de una mayoría que sabe dialogar y, por supuesto, llegar a acuerdos, independientemente del color de sus Gobiernos.
Por ello, señorías, nos vemos en la obligación, en la necesidad y en la seguridad de rechazar los vetos formulados.
Muchas gracias. (Aplausos en los escaños del Grupo Parlamentario Popular.)

El señor VICEPRESIDENTE (Prada Presa): Gracias, Senadora Primo.
Este sería el momento de iniciar el turno de portavoces pero, dado lo avanzado de la hora, suspenderemos la sesión hasta las cuatro de la tarde.
Se suspende la sesión.


Eran las catorce horas y treinta y cinco minutos.


Se reanuda la sesión a las dieciséis horas y diez minutos.


El señor VICEPRESIDENTE (Prada Presa): Buenas tardes, señorías. Se reanuda la sesión.
Continuamos con el debate correspondiente a las propuestos de veto a los proyectos de ley orgánica de modificación de la Ley Orgánica de Financiación de las Comunidades Autónomas y del proyecto de ley por la que se regulan las medidas fiscales y administrativas del nuevo sistema de financiación de las Comunidades Autónomas de régimen común y ciudades con Estatuto de Autonomía.
Como recordarán, habíamos suspendido este mediodía antes del turno de portavoces y, en consecuencia, comenzaremos con dicho turno. Corresponde intervenir al Grupo Parlamentario Mixto durante veinte minutos en total.
Según

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acuerdo previo de la Junta de Portavoces, el reparto del tiempo se hace de manera excepcional dado que nos encontramos en un debate sobre dos propuestas de veto a dos proyectos de ley.
En primer lugar, tiene la palabra el Senador Quintana para consumir un turno de diez minutos.


El señor QUINTANA GONZALEZ: Gracias, señor Presidente.
Necesito muchísimo menos tiempo, pues intervengo más que para repartir el turno de portavoces, para dar paso a mi compañero Manuel Cámara. No puedo utilizar el turno de portavoces porque no tuve la suerte de que el señor Ministro contestara a mi humilde intervención, y ahora ni siquiera tengo la suerte de que me oiga. Y en el turno en contra, la Senadora Primo Albert, haciendo gala de su amistad, lo que hizo fue repetir lo que yo ya había dicho en mi intervención como contestación. Por lo tanto, el Bloque Nacionalista Galego ya ha intervenido dos veces en lo que va de día, y lo considero suficiente.
Muchas gracias. (Aplausos.--Risas.)

El señor VICEPRESIDENTE (Prada Presa): Gracias, Senador Quintana.
En turno de portavoces y en nombre del Grupo Parlamentario Mixto, tiene la palabra el Senador Cámara.


El señor CAMARA FERNANDEZ: Muchas gracias, señor Presidente.
Me río porque mi amigo Anxo Quintana ha estado gracioso. Me adhiero a sus palabras dado que, en efecto, se nos ha respondido incluso a cuestiones que hemos expuesto en positivo algunos portavoces en la defensa del veto.
Pero yo me voy a extender un poco más para decir algunas cosas.
Senadora Primo, no quiero hacer un chiste con ello, pero yo al menos no me considero ningún primo, y pienso que usted tampoco me considera ningún primo como para aceptar sus argumentaciones, que han sido realmente curiosas. El tema lo he planteado exponiendo aspectos de forma positiva, señalando los puntos de avance de esta proposición de ley, pero a la vez, buscando un discurso equilibrado, he hecho una crítica política a lo concreto de esta ley. Usted me ha respondido, al igual que al Senador Anxo Quintana, a los aspectos en positivo, pero no ha contestado a las críticas políticas que he formulado a este proyecto de ley.
Efectivamente, Izquierda Unida es socio de gobierno en algunas Comunidades Autónomas, actualmente en tres, y si nos dejan en esta fase política, en este nuevo escenario político, Izquierda Unida, dentro del respeto a la autonomía de nuestra fuerza política, va a estar donde nos dejen y podamos estar con el fin de presentar una alternativa a su política y a lo que ustedes representan. Vaya esto por delante.
Creo que para contestarme ha querido encontrar alguna contradicción en mis palabras. Solamente con la enmienda de marras aprobada en la Comisión --además del objetivo finalista y del chantaje en la negociación sobre sanidad que yo he expresado y que no voy a repetir-- el veto sería merecido, al margen de todo lo que yo he expresado. En cualquier caso, quédese usted en la mención del chantaje y en el símil que he hecho con respecto a una negociación en el marco de un conflicto social.
No es para discutir con usted lo de las gallinas de los huevos de oro. Yo soy más bien de la cultura de aquella canción del gallo rojo y del gallo negro, pero comprendo perfectamente lo que quiere usted decir. Tenga presente que no solamente he estado en el conflicto --no me refería a eso--, sino que he estado negociando y solucionando un montón de asuntos en este marco. Por tanto, tengo legitimidad, creo yo, para pedirles que cumplan lo que negocian y que negocien con todo el mundo en el marco de la pluralidad política y territorial del Estado español. Sobre esta cuestión sólo le he dicho esto; por tanto, conteste a lo que yo le digo.
Otra cuestión importante es el papel de esta Cámara. Me apetece decirle --lo he hecho ya alguna vez-- que el papel que ustedes dan a esta Cámara es el de corrector de veleidades, entre comillas, de carácter progresista o de avance, o corrector de veleidades que pueden ser aprobadas en el Congreso de los Diputados, o bien ustedes consideran este Senado como un instrumento oportunista de esta mayoría política, metiendo a última hora, y sin posibilidad de que las minorías podamos defendernos, enmiendas de hondo calado en el marco del debate que aquí se ha tenido, como por ejemplo en la Comisión de Comunidades Autónomas. Esto debemos manifestarlo así.
Usted me dice que apoyamos al Gobierno de Baleares. Naturalmente que sí, pero tenga presente que lo que yo he dicho con respecto a Baleares lo comparte el Consejo de Gobierno de Baleares, de la a a la zeta, y les recuerdo que estamos criticando que este proyecto tenga como norte fundamental una continuidad en la cuestión casi exclusiva de la población, cuando podríamos debatir sobre la renta per cápita, que en el caso de Baleares es alta pero está mal distribuida; sobre la insuficiencia del 0,6; sobre el factor población en sanidad, que es muy alto en las zonas turísticas --mucho más en Baleares, que es muy estacional--, o sobre las inversiones necesarias por el importante déficit que tenemos en sanidad. Por tanto, hacemos una crítica global o criticamos «el fondo de insuficiencia», que descuidó tanto a Baleares como a Madrid, que son las dos únicas Comunidades Autónomas que quedan excluidas, si no me equivoco.
Voy a terminar con una cuestión que ustedes conocen perfectamente. Yo he hecho un discurso sobre la cooperación, la negociación, el respeto, la lealtad que el señor Ministro planteó en su momento, pero tengo que decirles algo para que me comprendan, y lo voy a decir a título muy personal. Ustedes saben que, pase lo que pase, al final las Comunidades Autónomas van a aceptar esta propuesta. Lo saben porque si se somete a chantaje o se pone un cuchillo --es un símil, porque no les creo tan belicosos-- en el cuello de alguien, ese alguien tiene que aceptar, porque fuera hace frío, porque hay una experiencia anterior en la que hubo Comunidades Autónomas que quedaron fuera y les fue mal. Ustedes se aprovechan de dos cosas, de su mayoría política y de la necesidad de las Comunidades Autónomas

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para tener esa fuente de financiación necesaria, para introducir modificaciones de última hora en la Comisión de Comunidades Autónomas con enmiendas de hondo calado, aquí mismo en este Pleno, y proponer un trágala, es decir, que traguemos con esto porque si no nos van a dar a cuenta pero no vamos a tener el método de financiación que nos proponemos en esta ley. Esto es lo que está ocurriendo, ni más ni menos.
Por eso, en términos democráticos, en términos políticos, ustedes están haciendo, para entendernos, todo lo contrario a lo que yo considero que es el futuro de un Estado de las autonomías potente, que es la cooperación, la negociación, la comunicación entre unos y otros. A fin de cuentas para eso estamos aquí.
Yo he hecho una serie de críticas políticas y de contenido --ya termino--, y por otra parte también he dicho que efectivamente se avanza en relación al método existente anteriormente. Y es que se trata de hacer crítica política razonada, pero no como ustedes la hacen partiendo de una lectura hecha de carrerilla independientemente de lo que nosotros podamos decir, y como resulta que a ustedes les suena la música, se quedan con lo que les gusta y todo lo demás ni siquiera lo contestan.
Yo espero que no cometa usted el error de contestarme a eso ahora, en turno de portavoces, puesto que yo ya no tendré ocasión de responderle.
En el turno en contra es cuando usted tenía que haberle contestado a este Senador, porque de no ser así, a la hora de llevar a cabo algunas intervenciones aparece un cierto filibusterismo político.
Muchas gracias.


El señor VICEPRESIDENTE (Prada Presa): Gracias, Senador Cámara.
Por el Grupo Parlamentario de Coalición Canaria tiene la palabra el Senador Ríos.


El señor RIOS PEREZ: Muchas gracias, señor Presidente. Buenas tardes.
Buenas tardes, señor Ministro.
Estas modificaciones del proyecto de la Ley Orgánica de financiación de las Comunidades Autónomas de 1980 tienen como base los acuerdos del Consejo de Política Fiscal y Financiera de 27 de julio pasado; modificaciones que fueron planteadas posteriormente en una comparecencia del señor Ministro ante esta Cámara --me refiero al señor Montoro--, y más concretamente en la Comisión General de las Comunidades Autónomas, el día 10 de septiembre pasado, y matizadas por las recomendaciones que se acordaron en el Consejo de Política Fiscal y Financiera los días 16 y 22 de noviembre pasado.
El día 24 de octubre Coalición Canaria apoyaba ambas leyes en el Congreso de los Diputados. En consecuencia, no vamos a apoyar los vetos presentados hoy aquí, pero deseamos que se llegue a un consenso entre todas las fuerzas políticas presentes en el Senado.
Muchas gracias, señor Presidente.


El señor VICEPRESIDENTE (Prada Presa): Gracias, Senador Ríos.
¿Desea intervenir el representante del Grupo Parlamentario de Senadores Nacionalistas Vascos? (Pausa.) Por el Grupo de la Entesa Catalana de Progrés tiene la palabra el Senador Bonet.


El señor BONET I REVES: Gracias. Intervendré muy rápidamente, señor Presidente.
Con las intervenciones que ha habido en el turno en contra no se han desvelado las cuestiones que se habían planteado. La primera de ellas es la siguiente: ¿Cómo es que se le ha ocultado a la opinión pública que lo que realmente era importante era lo referente a la sanidad? En principio ésta no es la imagen que se dio en los meses de mayo, junio y julio. No se dijo que ésta era la cuestión fundamental y principal. Porque si el objetivo fundamental era la sanidad, en ese caso los términos tienen que ser otros, y es que la sanidad es una parcela de gobierno poco elástica cuyo gasto es difícil rebajar.
Digo esto porque en todos los impuestos cedidos de más respecto al modelo interior y que no sean impuestos dedicados a sanidad, sólo hay un 3 por ciento más de IRPF. Por tanto, lo que tenía verdadero peso era la sanidad. Hubiese quedado mucho más claro el debate político de haberse sabido que en realidad se estaba hablando de la sanidad, porque esta materia, repito, es algo verdaderamente importante que afecta a las conciencias y a la salud de la gente. Con lo cual, puede decirse que aquí ha habido ocultación.
Pero hay una segunda pregunta: ¿Cómo es que el Gobierno tiene tanta prisa en cerrar el acuerdo antes del mes de julio? Lo podía haber cerrado en septiembre o en octubre. ¿Es que se ocultó deliberadamente la bajada prevista de ingresos por aquellos impuestos que se cedían para financiar la sanidad? ¿Es que los consejeros de las Comunidades Autónomas no sabían que el Gobierno preveía una caída de la recaudación con los impuestos que se cedían? ¿Por eso se quería un acuerdo tan rápido y hecho tan deprisa? Hay otra cuestión. ¿No será que la cerrazón del Gobierno en volver a plantear las cosas, a pesar de que las condiciones han cambiado, y su voluntad de crear un nuevo impuesto está directamente relacionado con esa imagen de que el Partido Popular no sube los impuestos y, contra viento y marea y pavoneándose ante otras economías europeas, consigue mantener el déficit cero? ¿No es ésta la cuestión? ¿No será que no estamos ante un asunto de las Comunidades Autónomas sino más bien ante la propia imagen del Partido Popular, que pretende transmitirnos que, aun no bajando los impuestos y con la coyuntura en contra, conseguirá el desiderátum del déficit cero? ¿No es que sólo el mantenimiento de esta imagen partidista fuerza la coacción de las Comunidades Autónomas? ¿Es por eso, también, que se ha mantenido contra tirios y troyanos la previsión del crecimiento del 2,9 por ciento, una previsión a todas luces irreal en la que nadie creía y que el Gobierno intentó mantener hasta que los países europeos le dijeron que ya hacía tiempo que se afeitaban? ¿No será que todo este follón que ustedes han armado con estas enmiendas y este sistema se debe a que la OCDE

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ya está alertando que desde 1996, es decir desde que gobierna el Partido Popular, la presión tributaria ha subido 2 puntos respecto al PIB? En fin, son muchas cuestiones las que hay que contestar y sobre las que hay que debatir. Entendemos que, tal como está la situación, esto ya no es un pacto. Es, sencillamente, una solitaria posición autoritaria del Partido Popular, que coacciona y extorsiona a las Comunidades Autónomas y quiere que en el Senado hagamos el paripé de aprobar un pacto que no es un pacto, es un trágala.
Muchas gracias, señor Presidente.


El señor VICEPRESIDENTE (Prada Presa): Gracias, Senador Bonet.
Si nadie tiene inconveniente, damos un turno al Grupo Parlamentario de Senadores Nacionalistas Vascos. En turno de portavoces, tiene la palabra el Senador Albistur.


El señor ALBISTUR MARIN: Muchas gracias, señor Presidente.
Lamento haber llegado tarde por causas ajenas a mi voluntad, sobre todo estando aquí el señor Ministro, al que agradezco su presencia en este largo debate, igual que en el celebrado el otro día con motivo del veto presentado a la totalidad de los presupuestos.
Poco tengo que decir sobre esta materia. En primer lugar, a nosotros nos hubiera gustado, por solidaridad con las Comunidades Autónomas, que hoy estuviéramos hablando de la oportunidad de haber confirmado el Estado de las Autonomías y desarrollado los artículos 156, 157 y 158 de la Constitución Española.
Tengo que reconocer, en virtud de lo que ha significado la historia de la financiación de las Comunidades Autónomas, que el acuerdo conseguido y que fundamenta esta ley era francamente importante de haber sido entendido como la elaboración de un método que aproxima los recursos disponibles a las necesidades de las Comunidades Autónomas, de modo que éstas pudieran ejercer una política económica y planificar su propia actividad de Gobierno con verdadera autonomía. En ese sentido, en nombre de mi Grupo, tengo que lamentar que este hecho no se vaya a producir en su totalidad.
A nuestro modo de entender, aquí hay elementos que faltan. Uno de ellos es la capacidad recaudatoria, dado que el reacercamiento en lo que es la recaudación, como el acercamiento en lo que es el gasto al ciudadano acaba siendo siempre más eficaz, y los ejemplos son palpables. Nos preocupa lo ocurrido en Europa la semana pasada, y que este fin de semana ha tenido reflejo en la prensa; así como las manifestaciones planteadas desde el Partido Popular en relación a las responsabilidades autonómicas.
Seguimos insistiendo en que existe una limitación y una cortapisa a las actividades de las Comunidades Autónomas, fundamentalmente en materia económica, y seguimos insistiendo porque nos preocupa que desde el Partido Popular se diga que determinados fondos que se han acordado y que acompañan al acuerdo sobre financiación autonómica puedan ser gestionados por los delegados del Gobierno sin reconocer la suficiencia de las Comunidades Autónomas para autocoordinarse entre sí.
Nos preocupa que cuando Europa, que no se ha manifestado nunca por ser propicia a las regiones, intenta hacer un acercamiento para otorgarle competencias a las regiones de Europa y reconocer su presencia en lo que va a ser la futura constitución europea, sea un Estado que no se proclama jacobino, sino Estado de las Autonomías en función de su Constitución, quien plantee las mayores pegas para la representación y presencia de las Comunidades Autónomas en los órganos que van a decidir la futura constitución europea. Pensamos, lamentablemente, que esta ley es una oportunidad perdida, lo va a ver el partido que gobierna y alguno de los socios que lo apoyan y que van a poder hacer que salga adelante esta ley.
Consideramos que existen todavía suficientes motivos como para haberla debatido, haberla acordado y haber reconocido una mayor capacidad de actuación en materia económica de las Comunidades Autónomas. Es decir, que de acuerdo con el artículo 157 de la Constitución, el acuerdo obtenido en el seno del Consejo de Política Fiscal y Financiera hubiera apuntado al reconocimiento de la madurez de las autonomías por mayor reconocimiento de la corresponsabilidad fiscal, mayor reconocimiento de la capacidad recaudatoria y mayor reconocimiento de una política de gasto adecuada a las condiciones económicas de cada comunidad.
Mi Grupo ha presentado una enmienda, que defenderemos a continuación, en la que le parece necesario volver a insistir sobre la salvaguarda de las especificidades forales, como desde siempre se ha hecho en la legislación del Estado. Sirva como ejemplo la Ley Orgánica 8/1980, de 22 de septiembre, de Financiación de las Comunidades Autónomas, que hoy, 21 años más tarde, estamos discutiendo, que en su disposición adicional primera reconoce las instituciones sitas en la Comunidad Autónoma del País Vasco y en su disposición adicional segunda reconoce las de la Comunidad Foral de Navarra. La ley de acompañamiento de la ley orgánica hace una referencia a este reconocimiento, pero no nos parece adecuado y, sobre todo, no nos parece riguroso y serio que se haya olvidado aparentemente en la ley orgánica la referencia a las especificidades de la Comunidad Autónoma del País Vasco y de Navarra. A nuestro modo de entender, una disposición política de reconocimiento de las actuaciones históricas de ambas comunidades y de reconocimiento en la Constitución y en los estatutos correspondientes de esta especificidad hubiera llevado no sólo a la aceptación de nuestra enmienda, sino a no hacerla necesaria.
Dicho esto, esperemos que este debate que hoy tenemos en este Senado, que no va a ser un debate satisfactorio para ninguna de las partes, sirva para contribuir a una normalización del Estado de las Autonomías en el que todos nos encontraremos verdaderamente más maduros políticamente, y democráticamente más desarrollados.
Nada más y muchas gracias.


El señor VICEPRESIDENTE (Prada Presa): Gracias, Senador Albistur.
A continuación, pasamos al Grupo Parlamentario Catalán en el Senado de Convergència i Unió, y tiene la palabra el Senador Cambra por veinte minutos.


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El señor CAMBRA I SANCHEZ: Muchas gracias, señor Presidente.
Señor Ministro, una vez más quiero agradecerle su presencia en esta Cámara, en un debate que nuestro Grupo considera de la máxima importancia; por tanto, para mí es un honor poder fijar la posición de nuestro Grupo en el debate de estas dos leyes.
Ya hemos dicho a lo largo de toda esta legislatura, en distintas intervenciones, y ya en el primer debate que hubo en esta Cámara, en la Comisión General de las Comunidades Autónomas, cuando asistió la mayor parte de los Consejeros de Economía de las distintas Comunidades Autónomas, que para nosotros la negociación y la solución del nuevo sistema de financiación era un tema prioritario para esta legislatura, y sin duda para este año 2001 que estamos a punto da finalizar. Es un tema prioritario porque, para un partido como el nuestro, el desarrollo del autogobierno ha sido prácticamente la principal razón de ser de nuestra acción política, y lo hemos demostrado sobradamente, por ejemplo, a través de nuestra acción política en el Gobierno de la Generalitat yendo siempre por delante en la aceptación de todo tipo de competencias.
Haciendo un poco de historia, es evidente que hemos aceptado competencias en momentos en que no estaba ni mucho menos clara la financiación de las mismas, pero nuestra voluntad de autogobierno nos llevaba a aceptarlas y a pensar que la financiación ya se resolvería. Esta ha sido claramente durante muchos años nuestra política y, por tanto, que estemos ahora discutiendo sobre un nuevo sistema de financiación autonómica que pueda resolver en gran parte esta situación es para nosotros prioritario.
Así, también se justifica que siempre hayamos estado presentes en todos los anteriores acuerdos de financiación que han representado una mejora sobre la situación previa. Estuvimos presentes en la negociación que tuvo lugar en 1993; estuvimos presentes en la negociación de 1996, y hemos estado presentes --y por tanto siempre hemos dado apoyo en cada uno de estos pasos a los nuevos procesos-- en la negociación del año 2001. No queremos decir con ello que éste sea nuestro modelo ideal. Es evidente, es conocido --el señor Ministro lo conoce perfectamente-- que si hubiera dependido únicamente de nosotros, probablemente el sistema hubiera ido más allá en varios de los aspectos que luego comentaré, y que considero aspectos positivos, sin duda, de este nuevo sistema. Hubiéramos ido más allá, por ejemplo, en temas como autonomía financiera o corresponsabilidad fiscal, pero tenemos que reconocer, y no nos duelen prendas en hacerlo, que este nuevo sistema mejora la situación y consigue una asignación más justa, solidaria y equitativa de los recursos financieros de las Comunidades Autónomas. Así lo afirmamos, basándonos en lo que entendemos que son los principales aspectos positivos que para nosotros tiene este nuevo sistema de financiación.
El primero de estos logros es, sin duda, la mayor autonomía financiera que este nuevo sistema va a dar a las Comunidades Autónomas. Hay datos tan claros como por ejemplo, en el caso concreto de la Generalitat de Cataluña, el estudio sobre cuál es el grado de dependencia o cuál es el peso que tienen los ingresos fiscales directos de la propia administración autonómica o las transferencias del Estado. En el año 1992 el 22 por ciento eran ingresos fiscales y el 78 por ciento eran transferencias. En el año 1997 el porcentaje era del 33 y del 77 por ciento, respectivamente, y prevemos para el año 2002 que se dé un giro absoluto, y estemos hablando de un 86 por ciento en ingresos fiscales y un 14 por ciento en transferencias del Estado. Creemos que estos datos son suficientemente elocuentes como para valorar lo que representan de avance en lo que a autonomía financiera se refiere.
El segundo aspecto positivo es la mayor suficiencia de recursos. Estamos convencidos de que este sistema va a aportar más recursos a las Comunidades Autónomas y, por tanto, una mejor situación económica por su planteamiento en el punto de inicio y, sobre todo, por la evolución que prevemos a partir de la mayor dependencia del propio desarrollo de la actividad económica en la Comunidad Autónoma, con lo cual la evolución de los ingresos irá más vinculada a su propia capacidad y desarrollo económico.
El tercer aspecto positivo es el incremento de corresponsabilidad fiscal, tanto en lo que hace referencia a la capacidad normativa como a la gestión. Evidentemente, sobre todo en el segundo aspecto, como después desarrollaré con más detalle, nos hubiera gustado ir más allá, pero es incuestionable que el nuevo sistema proporciona mayor corresponsabilidad fiscal en ambos aspectos, ya que las mejoras tanto en impuestos actualmente transferidos en un cien por cien a las Comunidades Autónomas como en lo que se refiere a nuevas figuras tributarias transferidas a partir de ese nuevo sistema, consiguen que la capacidad normativa de las Comunidades sea muy superior.
El cuarto aspecto que quiero destacar es que estamos ante un modelo que mantiene el principio de solidaridad, que siempre hemos considerado prioritario. Hemos manifestado que cualquier sistema de financiación autonómica debe respetar la solidaridad y este nuevo sistema sigue manteniendo un alto nivel de solidaridad y, además, no podemos olvidar que probablemente desde los últimos veinte años el esfuerzo de solidaridad realizado dentro del Estado español entre las distintas Comunidades Autónomas ha sido uno de los más importantes de toda la historia interna en los Estados europeos. Por tanto, es importante mantener este factor, y es otro aspecto por el que apoyamos este nuevo sistema de financiación.
Otra cuestión importante que quiero resaltar sobre el nuevo sistema y que consideramos fundamental es el consenso en que ha nacido este acuerdo de financiación autonómica a través del Acuerdo de 27 de julio del Consejo de Política Fiscal y Financiera. El hecho de que se haya producido este acuerdo consensuado cuando se trata de un pacto político entre la administración autonómica desde una mayoría parlamentaria como la que existe en la actualidad tiene, si cabe, mayor valor porque a partir de esta situación de consenso se soluciona y garantiza que no existirán conflictos como los que tuvieron lugar durante los acuerdos anteriores de 1993 y 1996. Nuestro Grupo Parlamentario fue probablemente de los más perjudicados por dichos conflictos; basta recordar lo que la oposición afirmaba

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en el año 1993 sobre el papel de Convergència i Unió en los acuerdos de financiación, ya que se vinculaba a nuestro compromiso de apoyo al Gobierno de dicho año, y sucedió exactamente lo mismo en 1996 con el acuerdo de financiación que finaliza este año, pues los comentarios no sólo a nivel político sino a nivel mediático sobre el papel de nuestro Grupo Parlamentario fueron profundamente injustos, y entendemos que el contexto y el consenso en que se produce este nuevo acuerdo va a evitar que esta situación se repita, circunstancia que valoramos muchísimo.
Con referencia a un aspecto que se ha comentado a lo largo del debate de esta mañana y que probablemente seguirá comentándose esta tarde, el tratamiento de la sanidad consideramos que en el Acuerdo de 27 de julio del Consejo de Política Fiscal y Financiera quedaron claros dos aspectos: el primero, que hay que transferir las competencias de sanidad a las diez Comunidades Autónomas que aún no las tienen. El modelo se prevé en una situación de homogeneidad que difícilmente se puede lograr en la actualidad con cinco Autónomas con competencias transferidas y diez Comunidades Autónomas cuyas competencias están pendientes de transferir.
Por tanto, desde nuestro punto de vista, en el espíritu del acuerdo consta este aspecto como un punto importante. Otro punto igualmente importante es que es necesario integrar la financiación de la sanidad dentro del Régimen General de Financiación de las Comunidades Autónomas.
Son dos aspectos que se reflejan claramente en el citado Acuerdo de 27 de julio pasado y que, por tanto, conviene solventar para avanzar en todo el proceso de implantación del nuevo sistema de financiación autonómica.
En ese contexto, creemos que uno de los objetivos básicos de este acuerdo es que el sistema de financiación comprenda la totalidad de las competencias que tienen las Comunidades Autónomas. Y todo ello, no tan sólo desde una perspectiva estrictamente jurídica por existir Comunidades Autónomas sometidas a diferentes leyes de cesión, con los evidentes problemas de cualificación jurídica, sino también, y lo que es aún más importante, por las verdaderas disfunciones de carácter financiero que entendemos provocaría el no cumplimiento de los dos aspectos que acabo de comentar.
Por otro lado, en nuestra opinión se puede profundizar y avanzar más en la colaboración entre la Administración central y las administraciones autonómicas para incrementar la corresponsabilidad en la gestión de los tributos y, por tanto, avanzar en la participación de las Comunidades Autónomas en la Agencia Estatal de Administración Tributaria. Cuando antes he dicho que podíamos ir mucho más allá me estaba refiriendo, entre otros, a este aspecto, que desde nuestro punto de vista es básico. Por tanto, insisto en que se puede ir más allá, tanto en el marco de la Constitución, como en el de los distintos Estatutos de Autonomía --al menos claramente en el caso del Estatuto de Autonomía de Cataluña--, por lo que, dando por bueno el acuerdo en esta fase de inicio del nuevo modelo de financiación, repito que nos gustaría seguir avanzando en este tema. Precisamente algunas de las enmiendas que hemos mantenido vivas en este trámite van en esa línea, ya que el resto de ellas pretende fundamentalmente que queden claramente determinados algunos de los aspectos contemplados en el acuerdo al que se llegó el 27 de julio pasado en el seno del Consejo de Política Fiscal y Financiera, aspectos como la lealtad institucional o, repito, la participación de las Comunidades Autónomas en la Agencia Estatal de Administración Tributaria.
En resumen, nuestro Grupo suscribe tanto global como concretamente este nuevo acuerdo de financiación autonómica, el cual, como he dicho, supone dar un paso político muy importante --de hecho, para nosotros probablemente sea el más importante de este año 2001--, y consideramos primordial que hoy se plasme legislativamente en este trámite del Senado.
Para finalizar, quiero apelar al mantenimiento del consenso con que se produjo esta aprobación en el Consejo de Política Fiscal y Financiera del 27 de julio pasado. En ese sentido, durante el debate que tuvo lugar en el mes de septiembre en el seno de la Comisión General de las Comunidades Autónomas recuerdo perfectamente que todos los que en él participaron, tanto los representantes de las Comunidades, como de los distintos Grupos, así como el señor Ministro, insistieron muchísimo en la bondad y la importancia de dicho consenso. Y creo que ahora, durante esta tramitación legislativa, conviene que se mantenga. Por ello, nuestro Grupo ofrece cualquier aportación en esta línea con el fin de que no se pierda el consenso con el que ha nacido este acuerdo, consenso que puede ser la mejor garantía para la eficacia y la continuidad del nuevo sistema de financiación autonómica.
Muchas gracias.


El señor VICEPRESIDENTE (Prada Presa): Gracias, Senador Cambra.
Por el Grupo Parlamentario Socialista, tiene la palabra el Senador Galán.


El señor GALAN PEREZ: Gracias, señor Presidente.
Señorías, señor Ministro, subo a esta tribuna para exponer la posición del Grupo Parlamentario Socialista ante los vetos que se han defendido a los dos proyectos de ley que hoy nos corresponde debatir, dos proyectos que pretenden significar el tránsito del sistema de financiación 1997-2001, cuya vigencia ahora termina, a un nuevo sistema inspirado en los principios de estabilidad, generalidad, suficiencia, autonomía, solidaridad, corresponsabilidad fiscal, e integración. Estamos de acuerdo con todos estos principios. Un sistema fruto del diálogo, la negociación y el acuerdo, que supuso el tercer gran Pacto de Estado entre el Partido Popular y el Partido Socialista y que, respaldado por la gran mayoría de las fuerzas políticas, fue aprobado por unanimidad en el Consejo de Política Fiscal y Financiera por el Gobierno de la nación y todas las Comunidades Autónomas el pasado 27 de julio.
Un gran acuerdo que empezaron ustedes, señorías del Grupo Parlamentario Popular, a mi juicio, a poner en peligro, con la creación de un nuevo impuesto sobre la venta minorista de determinados hidrocarburos, sin consenso, en el Consejo de Política Fiscal y Financiera de 22 de noviembre.


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Hubo Comunidades Autónomas que no dieron por buena esa propuesta del grupo de trabajo que, en principio, se había previsto --formulada su propuesta con tiempo, incluso contando con los primeros meses del año 2002-- y, una vez formulada y presentada en el Consejo, se aprobó con el voto en contra de seis de las Comunidades Autónomas. Y crearon ese impuesto sobre la venta minorista de hidrocarburos no por ley, como lo exige rotundamente el artículo 133 de nuestra Constitución, sino a través de una enmienda formulada en el Senado a la Ley de acompañamiento de los presupuestos, hurtando así al Congreso de los Diputados todo el debate sobre su justificación, su estructura, su doble tramo, estatal y autonómico, y su contenido.
Señorías, creo que todo elle con una ligereza, con una imprudencia que sólo tiene justificación en un intento de ahorrarse unos 135.000 millones de pesetas en el Fondo de Suficiencia contemplado en el Acuerdo. Un acuerdo, señorías, que prácticamente ha quedado dinamitado por ustedes el pasado lunes, al excluir del sistema a las Comunidades Autónomas que no asuman antes de 1º de enero los traspasos pendientes, no sólo sanitarios --está claro en el texto de la enmienda que ustedes han incorporado en Comisión como disposición final segunda--, y que representa realmente la ruptura con las bases mismas del Acuerdo formulado el 27 de julio.
¿Qué ha sucedido, señorías, para que se hayan quebrantado de esa manera los contenidos básicos del acuerdo? Voy a intentar explicarlo.
El Acuerdo de 27 de julio incorporaba al sistema la financiación de los servicios transferidos de la asistencia sanitaria y social de la Seguridad Social. Para financiarlos, se introducía la participación de las Comunidades Autónomas en el IVA, en un 35 por ciento, en los impuestos especiales armonizados sobre la fabricación de determinados productos, 40 por ciento, y en los impuestos especiales sobre la electricidad y determinados medios de transporte en un cien por cien.
Evidentemente, el nuevo sistema no otorgaba, en principio, competencias normativas o de gestión a las Comunidades Autónomas sobre los impuestos en cuya recaudación comenzaban a participar.
Por lo tanto, al no poder mejorar las Comunidades Autónomas sus ingresos por el ejercicio de sus competencias normativas ni por una mayor eficiencia en la gestión, van a depender de su restricción financiera inicial en el año base obtenida en la negociación y de cómo evoluciona la recaudación de los impuestos que, si lo hace por debajo de las previsiones presupuestarias, caso del IVA --en los Presupuestos de 2001 se preveía un incremento a lo largo del año del 7,5 por ciento; el avance de liquidación sólo nos habla de un incremento del 5 por ciento--, todo ello supondrá unos menores ingresos de los previstos por ambas partes, Gobierno y Comunidades Autónomas, al negociar el nuevo sistema.
El caso de la financiación sanitaria ante la naturaleza estructuralmente expansiva del gasto sanitario es mucho más complejo, porque para no incurrir en déficit que pudieran producirse en el futuro en la fase bajista del ciclo se introdujo en el acuerdo una garantía, que en los tres primeros años del sistema el incremento de recursos para financiación sanitaria fuera equivalente como mínimo al crecimiento del PIB en términos nominales.
El nuevo impuesto de la gasolina, el impuesto sobre venta minorista de hidrocarburos, conocido vulgarmente como impuesto sobre la gasolina, no va a incrementar, señorías, frente al discurso oficial del Gobierno los recursos previstos para la sanidad, sino que va a descargar sobre todos los ciudadanos, sobre los consumidores, una obligación que ya el Gobierno había contraído con el sistema. (Aplausos en los escaños del Grupo Parlamentario Socialista.--Varios señores Senadores del Grupo Parlamentario Socialista: ¡Muy bien! ¡Muy bien!) El reparto de la financiación sanitaria global se efectúa basándose en un conjunto de variables: población protegida, población mayor de 65 años o insularidad. Pero si éste otorga a una Comunidad Autónoma una cantidad menor al coste efectivo que cada Comunidad aporta a la masa global, aquélla, la Comunidad Autónoma, podrá optar por financiarse con dicho coste efectivo.
La nula capacidad negociadora del Gobierno a la hora de cerrar los traspasos sanitarios y la situación preocupante de los ingresos públicos han hecho inviable, señorías, una real negociación sobre el coste efectivo y condicionan a las Comunidades Autónomas no beneficiarias del reparto por variables a asumir la sanidad con déficit o con inversiones ya comprometidas y sin financiación.
Ustedes, señorías, pretenden con su enmienda condicionar la inclusión de las Comunidades Autónomas en el nuevo sistema a la aceptación --como digo-- no ya de unos traspasos sanitarios, los más importantes que quedan pendientes en el modelo de Estado que estamos entre todos construyendo, sino a una valoración de estos traspasos hecha en la Comisión Mixta por el Gobierno. Supeditan el derecho a un sistema de financiación autonómico a la aceptación concreta de una cifra imposición del Gobierno en cada una de las Comisiones Mixtas.
¿Y cómo han hecho esa operación? (Aplausos en los escaños del Grupo Parlamentario Socialista.--El Senador Laborda Martín: ¡Muy bien!) No presentando tampoco, señorías, una enmienda en el período habilitado para ello, abriendo una negociación sobre esa enmienda y, en todo caso, aplicando su mayoría parlamentaria y torticeramente anunciando una negociación que nunca se ha producido más que sobre los términos en que este debate debía realizarse , así como vulnerando frontalmente en Comisión el artículo 115 del Reglamento de la Cámara al ofrecer una fórmula que ni acerca ninguna de las dos enmiendas de las que está colgada al texto del proyecto ni en modo alguno supone una mera mejora gramatical o sintáctica.
En definitiva, señorías, es una enmienda que modifica básicamente los términos del acuerdo. Rezuma inconstitucionalidad al suponer de hecho la revocación del principio dispositivo inspirador de nuestro Estado, el Estado autonómico al que sustituyen por la verticalidad del Poder, por la teoría de Putin sobre la verticalidad del Poder. (Aplausos en los escaños del Grupo Parlamentario Socialista.--Varios señores Senadores del Grupo Parlamentario Socialista:

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¡Muy bien!) Es una enmienda que quiebra el principio de lealtad en el cumplimiento de los acuerdos.
Ustedes, señorías, aplican aquí la máxima de Stalin: Hagamos pactos para no cumplirlos. Ponen de manifiesto la forma de gobernar del Partido Popular, su peculiar interpretación de la mayoría absoluta, su escaso respeto a esa Constitución de la que a diario se proclaman patriotas, la utilización desviada de una Cámara, el Senado, a la que aseguran cínicamente querer dignificar. Es una enmienda que va a representar de hecho la ruptura del principio de igualdad de los ciudadanos en su acceso a la sanidad pública, una enmienda que quiere ser la clave de bóveda con la que el Gobierno del señor Aznar quiere cerrar el modelo de Estado, porque la enmienda no condiciona, señorías, la aplicabilidad del nuevo sistema de financiación a la aceptación en los términos que usted, señor Montoro, quiere imponer de los traspasos sanitarios, sino de cualquier traspaso pendiente financiable por el nuevo sistema. Está textualmente en su enmienda.
Que se prepare el señor Pujol, porque si no acepta los puertos valorados como quiere el señor Montoro, puede quedar expulsado del sistema de financiación. (Aplausos en los escaños del Grupo Parlamentario Socialista.) Que se prepare el Presidente Chaves, porque si no acepta la oferta del Gobierno en materia de políticas activas de empleo o en materia de las confederaciones hidrográficas y de los traspasos del agua, aunque tenga ya las transferencias sanitarias, puede quedar fuera del sistema de financiación.
Pone de relieve, en definitiva, esta enmienda, señorías, señor Montoro, lo peor de su política, esa política del señor Aznar que desde el logro de su mayoría absoluta no ha hecho más que empeorar en todos sus aspectos.
No estamos, señorías, ante un problema del PSOE frente al PP o de las Comunidades Autónomas frente al Gobierno. Estamos ante un Gobierno que, no sé si deliberadamente, ha hecho mal las cuentas obsesionado por el mito, por el dogma del déficit cero y que quiere aprovechar la encrucijada para quebrar el principio de igualdad en la garantía del derecho constitucional a la salud, para embridar financiera y administrativamente a las autonomías o al menos dividir a las Comunidades Autónomas socialistas, un Gobierno, por tanto, de derechas, contumaz en sus errores, autoritario y neocentralista que no merece nuestra confianza.
Por todo ello, señor Presidente, señorías, yo voy a hacer una última apelación: Quiero que volvamos al momento del consenso, señor Montoro.
Nosotros ofertamos --luego lo haremos explícito en el debate de las dos leyes-- la retirada de todas nuestras enmiendas y volvamos al punto, al momento en que el consenso se quiebra. (Un Senador del Grupo Parlamentario Socialista: ¡Muy bien! ¡Muy bien!--Aplausos en los escaños del Grupo Parlamentario Socialista.) Fíjense ustedes si era claro que en el acuerdo se contemplaba la posibilidad de que hubiera Comunidades Autónomas que asumieran el sistema y que no tuvieran las transferencias en materia de sanidad que el artículo 6.4 de la Ley de Medidas Financieras y Administrativas que acompaña a la LOFCA --señorías, consúltenlo ustedes los que lo tengan delante--, antes de la enmienda metida de clavo en Comisión, contemplaba esa situación: Comunidades Autónomas que no tengan transferencias sanitarias, y abordaba soluciones para buscar una salida a través del Fondo de Suficiencia, fondo previsto en el sistema. Yo sé que medirán ustedes que el que haya cinco, seis, diez Comunidades Autónomas que se queden fuera del sistema plantea graves problemas metodológicos. Es cierto, hay que trabajar siempre con cifras provisionales que sólo se pueden cerrar para hallar el fondo global cuando se hayan completado las transferencias, pero eso pasa con todo, señor Montoro, también con las transferencias menores. Hay cifras, porque, indudablemente, algo costará el asumir por parte de las Comunidades Autónomas que no tienen las transferencias en materia de gestión de instituciones penitenciarias, que creo que son todas menos Cataluña. Algo costará asumir las competencias en materia de políticas de empleo o de justicia por las Comunidades Autónomas que no las tienen. Por tanto, la solución en menor cuantía se plantea no sólo para los traspasos sanitarios sino para cualquier tipo de traspaso de servicio que esté todavía pendiente de efectuar a cualquiera de las Comunidades Autónomas de régimen común o ciudades con Estatuto de Autonomía.
Por tanto, señorías, yo voy a realizar esa oferta. En base a las respuestas que obtengamos a esa oferta de vuelta al consenso, al acuerdo y reanudación de un intenso diálogo para buscar una salida a la situación de crisis del pacto de 27 de julio en el que nos encontramos actuaremos en consecuencia. Ya digo que ofertamos la retirada con posterioridad en el debate de las leyes y una vez que escuchemos sus respuestas de todas nuestras enmiendas. Si ustedes no aceptan nada de está propuesta que efectuamos, quiero decirle que del voto contrario a las enmiendas de totalidad en el Congreso, pasando por nuestra abstención en la Comisión General la semana pasada nos van a obligar ustedes a llegar hoy a un voto favorable a los vetos. No compartimos con los que han defendido los vetos lo que en su intervención han aportado de crítica al sistema pactado, también nosotros creemos que puede ser mejorable en materia de corresponsabilidad fiscal, en materia de solidaridad o en materia de autonomía financiera, pero asumimos íntegramente ese sistema. Quizá nuestro error fuera en su momento hacer alguna enmienda que creíamos que no rompía el sistema en el Congreso, podríamos haber tenido más fuerza moral no habiendo planteado ninguna, pero sí compartimos los vetos en lo que suponen de frontal rechazo de la interpretación que del acuerdo sobre el sistema de financiación pretende hacer con estas enmiendas introducidas en el Senado el señor Aznar, como siempre más que en beneficio de los ciudadanos en beneficio propio. (Aplausos en los escaños del Grupo Parlamentario Socialista.)

El señor VICEPRESIDENTE (Prada Presa): Gracias, Senador Galán.
Por el Grupo Parlamentario Popular, tiene la palabra la Senadora Primo.


La señora PRIMO ALBERT: Muchas gracias, señor Presidente.


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Voy a utilizar mi turno de portavoz en estos momentos, escuchados todos los portavoces con el tiempo suficiente para especificar cuál va a ser su posición respecto de los vetos, pero antes quiero dejar claro un tema concreto y quiero poner de manifiesto varias cuestiones esenciales de la realidad política de nuestro país que nos van a permitir: primero, valorar en sus justos términos la capacidad negociadora de nuestro Gobierno por lo complejo y difícil que es intentar alcanzar un acuerdo con una parte tan grande y tan atomizada en sus criterios y principios y aun así alcanzarlo, y segundo, sobre todo, poner de relieve la decepcionante capacidad de la oposición para mantener unos únicos criterios y principios en su labor de alternativa al Gobierno e incluso anteponer sus intereses partidistas al interés general del Estado y de todos los españoles. (Aplausos en los escaños del Grupo Parlamentario Popular.--Protestas en los escaños del Grupo Parlamentario Socialista.) Las diferencias entre los distintos responsables políticos orbitan alrededor de una serie de conceptos que, sin ser los de mayor protagonismo en estos proyectos de ley, sí son el verdadero esqueleto del sistema aprobado por el Consejo de Política Fiscal y Financiera y que dan auténtica solidez a la propuesta de financiación autonómica: la estabilidad financiera, la financiación per cápita, la corresponsabilidad fiscal, las negociaciones sobre todo para buscar el consenso, la duración del acuerdo, entre otras y, sobre todo, la sanidad. (La señora Presidenta ocupa la Presidencia.) Una vez puesta de manifiesto la orientación que voy a dar a mi turno de portavoces, no quiero perder la ocasión de contestar al Senador Quintana que le agradezco su amistad --que sabe que dispone de la mía para lo que necesite, puesto que somos vecinos de localito, en el ático--, así como el hecho de que me diga que coincidimos en nuestra idea de lo que ha sido el nuevo modelo de financiación autonómica. Entiendo perfectamente su postura, intentando lograr más para su propia Comunidad Autónoma, pero tiene que quedar claro que el Grupo Parlamentario Popular, en este momento, no está mirando por el bien de una sola Comunidad Autónoma sino por el conjunto de las mismas. Así, tengo que señalar que se ha desarrollado un nuevo plan de financiación autonómico que realmente va a servir para incrementar la financiación a todas y cada una de ellas para que puedan dar, al máximo posible, la mejor calidad de servicio y atención a sus ciudadanos.
El Senador Cámara me ha comentado que no le he contestado a los temas que él ha planteado; pero, ¡por amor de Dios¡, no me diga usted eso porque he dedicado una parte de mi intervención a explicar el motivo por el que mi grupo parlamentario no va a apoyar su veto y le he explicado cómo es el modelo de financiación autonómica, cómo lo vemos, intentando despejar las dudas que, por lo visto, usted sigue manteniendo. Desde luego, su modelo federal no es el nuestro, pero sí quiero lanzarle alguna perlita (Varias señoras Senadoras del Grupo Parlamentario Socialista: ¡Una perlita!), aunque sin ánimo de molestarle --agradezco a las Senadoras del Grupo Socialista la amabilidad que tienen-- (Aplausos en los escaños del Grupo Parlamentario Popular.) para contestar a su afirmación de que el Partido Popular no ha dialogado, que el Grupo Parlamentario Popular no ha dialogado o que el Estado no ha dialogado en el Consejo de Política Fiscal y Financiera. Creo que ha sobrado muchísima propaganda, sinceramente, porque todo el mundo da cantidad de opiniones, pero los Consejeros que han estado a la hora de la verdad en las negociaciones son los que realmente tienen que decir qué es lo que ha pasado porque o bien ellos venden mal el producto o bien nosotros les entendemos mal.
Posiblemente estén influenciados por distintos intereses partidistas de los que cada cual tendrá que responder posteriormente ante sus ciudadanos.
Permítame que le lea las declaraciones del Consejero de Hacienda y Presupuestos de la Comunidad Autónoma de les Illes Balears, que figuran en el «Diario de Sesiones», que decía: Mi relación como Conseller de Hacienda con el Secretario de Estado de Hacienda fue magnífica, la colaboración que tuve para poder hacer aportaciones fue buena; fuimos, según el Secretario de Estado, la primera Comunidad Autónoma que estableció un contacto bilateral con el Ministerio de Hacienda.
Si no había diálogo, ¿qué es lo que estaba haciendo allí? No obstante, es verdad que tenemos para compensar las declaraciones del señor Diéguez, Diputado del Partido Socialista en el Parlamento de las Islas Baleares, que nos contesta en las mismas fechas y en el mismo «Diario de Sesiones»: El sistema, si no nace muerto, nace bastante débil porque no ha sido realmente negociado. Aquí empiezan a aparecer una serie de problemas, algo empieza a funcionar mal, ¿qué será? (Rumores en los escaños del Grupo Parlamentario Socialista.--Varios señores Senadores del Grupo Parlamentario Socialista: ¡Vosotros!) Voy a seguir ofreciéndole perlas. La señora Araujo Navarro, Consejera de Economía y Hacienda de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, el 10 de septiembre de 2001: Todos hemos sabido quedarnos con lo esencial y hemos transigido en lo complementario. Estas palabras se pronunciaron en el seno del Consejo de Política Fiscal y Financiera cuando se estaba discutiendo el nuevo modelo de financiación autonómica que realmente les iba a afectar a ellos.
Aquí hay una serie de Senadores que, por lo visto, deben haber estado allí; a lo mejor tienen una opinión distinta de la nuestra, pero lo único que yo estoy haciendo es basarme en las opiniones de las personas que han estado realmente negociando y estoy totalmente convencida de que ha habido diálogo. Usted ha puesto en duda ese diálogo y, aunque podría seguir ofreciéndole más perlas, me las voy a reservar por no hacer más larga mi intervención ni aburrir a la concurrencia. (Rumores y protestas en los escaños del Grupo Parlamentario Socialista.) También nos ha comentado, Senador Cámara, que las Comunidades Autónomas van a tener que aceptar el modelo a pesar de la imposición --según ustedes, y entre comillas-- del traspaso de la sanidad porque fuera hace frío. Senador Cámara, es un buen modelo porque realmente va a dar más inversión, más posibilidades de financiación a las Comunidades Autónomas y, por lo tanto, fuera va a hacer frío, desde luego que sí, pero también voy a ofrecerle

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más pruebas concretas. Hay otro sindicalista al que, ademas, he buscado adrede, porque sus declaraciones son de hoy y usted y yo estamos hablando de sindicalista a sindicalista, y porque ya no se trata ni de su sindicato ni del mío, sino del intermedio que, además, es fiel aliado del Partido Socialista. Se trata concretamente del Secretario General de la UGT, Cándido Méndez, quien ha recordado hoy al PSOE que el modelo de financiación autonómica aprobado el pasado mes de julio por todas las Comunidades Autónomas, incluidas las gobernadas por los socialistas, ya preveía el traspaso de la sanidad sin establecer garantías económicas suficientes. Bien; pero preveía el traspaso de la sanidad. No me vengan con historias diciéndome que no es así, ¿o es que no se han enterado? ¡A lo mejor es que hay determinados Senadores o personas concretas que no se han enterado realmente de que el traspaso de la sanidad sí que estaba incluido en el proyecto! (Protestas en los escaños del Grupo Parlamentario Socialista.--Aplausos en los escaños del Grupo Parlamentario Popular.) Por cierto, lo ha dicho hoy en Telecinco.
Posiblemente los ciudadanos españoles empezarán a darse cuenta de que algo no funciona, porque se está diciendo por ciertos lares que determinados personajes del Partido Socialista andan diciendo que la sanidad no entra y que es una presión, y ahora, de repente, dicen que sí.
(El señor Alonso García: ¿Quiénes son esos personajes?) Ilustres, naturalmente. (El señor Alonso García: ¡Diga todo!) Creo haber tomado nota literal de lo que ha comentado el Senador Bonet, respecto a que la sanidad es algo que se había ocultado a la opinión pública. El traspaso de la sanidad no se ha ocultado en ningún momento a la opinión pública. De hecho, hasta el señor Cándido Méndez lo conocía sin necesidad de estar en las distintas reuniones del Consejo de Política Fiscal y Financiera. Es posible que los propios consejeros de sanidad no hayan dicho exactamente todo lo que había o que los propios parlamentos, a su vez, no hayan sido capaces de dar a entender a determinados partidos políticos que el traspaso de la sanidad estaba incluido, entre otras cosas porque el Consejo de Política Fiscal y Financiera, cuando da pie al nuevo acuerdo de financiación autonómica, lo hace como un todo, con una serie de transferencias incluidas. Ni más, ni menos.
Dice usted que tenemos prisa por aprobarlo. Naturalmente que la hay; una prisa determinada y concreta, nada más y nada menos que porque se trata del período de vigencia. El período de vigencia del antiguo modelo finaliza ahora. Ese fue el motivo por el cual se iniciaron todas las negociaciones y todo el desarrollo. Senador Bonet, no hay ninguna otra urgencia. Este se acaba, y tenemos que empezar una nueva etapa. Vamos adelante con ella. Se comienza toda una serie de negociaciones, se llega a un acuerdo unánime o de las dos terceras partes, como antes nos recordaba el Senador Galán, y ya está. No hay ninguna prisa. Sólo ésa exclusivamente: el antiguo modelo vence y tenemos que dar paso al nuevo y, con él, al pleno desarrollo de todas las Comunidades Autónomas, y, además, por unanimidad, con consenso y con negociación. Punto.
Por otra parte, si quiere, también le puedo brindar algún tipo de nota informativa. Concretamente, Bel i Queralt, Diputado socialista, en el debate sobre la enmienda a la LOFCA, en la Comisión de Economía y Hacienda del 7 de noviembre, decía literalmente: Quería hacer una mención especial a nuestra enmienda número 84 --y con esto también hago referencia, de paso, a distintos comentarios que ha hecho el Senador Galán--, que viene a solicitar la introducción de un acuerdo adoptado por unanimidad en el Consejo de Política Fiscal y Financiera. A propuesta del Consejero Homs, del Gobierno de Cataluña, se aprobó el estudio y la creación de un impuesto en venta a minoristas de combustible, un impuesto que vendría a asumir la parte no armonizada de la recaudación actual del Impuesto sobre Hidrocarburos. Pues bien, tanto el estudio como el impuesto no han emergido en el proyecto, y en esa disposición adicional nueva que proponemos en nuestra enmienda número 84, pedimos que se dé cumplimiento al Acuerdo adoptado en el Consejo de Política Fiscal y Financiera por unanimidad.
Esto es lo que pedía el Partido Socialista el día 7 de noviembre. Además, paso a hablar de otro personaje ilustre, como lo es para mí, por supuesto, el portavoz de economía del Partido Socialista Obrero Español, don Jordi Sevilla, quien anunciaba que el PSOE presentará esta misma semana --ténganlo en cuenta: esta misma semana-- diferentes mociones en todos los Parlamentos autonómicos solicitando que no se aplique el tramo autonómico del nuevo impuesto sobre las gasolinas y sancionando a aquellos gobiernos territoriales que, con su voto favorable, han permitido que se paguen cuatro pesetas más de gasolina a partir del 1 de enero de 2002.
Señorías, aquí tenemos una de las pruebas más fuertes y concretas de la incongruencia total y absoluta con que el Partido Socialista está tocando, tratando y vendiendo a la opinión pública el tema concreto del impuesto de las gasolinas, conforme lo ha delimitado el Senador Galán.
¡Ni más, ni menos! (Aplausos en los escaños del Grupo Parlamentario Popular.) Por todo ello, y aun teniendo en cuenta que el Senador Galán reconoce que es un buen acuerdo, y reconoce además que, a pesar de que no obtenga la unanimidad en el Consejo de Política Fiscal y Financiera, sí consigue las dos terceras, partes en las reuniones celebradas los días 16 y 22 de noviembre, nosotros, a través de estas dos notas que acabamos de leer, entendemos por qué sólo eran las dos terceras partes, y es porque el Partido Socialista, desde su Comité desde Federal, desde su Secretario General, desde el señor Jordi Sevilla, estaba avisando a sus Comunidades Autónomas, a las Comunidades socialistas, de que no podían hacer efectiva esta subida en hidrocarburos o el impuesto de las gasolinas para subvencionar la sanidad. Eso es algo que tenemos que aceptar, y para eso están hoy en día, gracias a Dios, todos los medios de comunicación recogiendo en todo momento las opiniones que se van dando y, al mismo tiempo, tenernos también los «Diarios de Sesiones» de las Cámaras.
Por lo tanto, no nos queda otra cosa que decir más que consideramos que se está hablando de una forma totalmente arbitraria y partidista (La señora Martínez García: ¡No es verdad!) tanto por parte del Partido Socialista como

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del resto de los partidos que en estos momentos no quieren, bajo ningún concepto, aceptar un modelo que nació fruto del consenso, que han estado boicoteando y bombardeando desde el Fondo de Compensación Interterritorial en las negociaciones --y aquí fuimos partícipes del tema-- en todo momento este acuerdo.
Señorías, cada cual será responsable de sus declaraciones. La verdad es que yo, como portavoz del Grupo Popular, sí puedo garantizar que todas las Comunidades Autónomas gobernadas por el Partido Popular en este momento, más pronto o más tarde, negociarán la entrada de sanidad. ¡Ni más, ni menos! (Fuertes protestas y rumores en los escaños del Grupo Parlamentario Socialista.)

La señora PRESIDENTA: Silencio, señorías, por favor.


La señora PRIMO ALBERT: Gracias, señora Presidenta. (El senador Alonso García pronuncia palabras que no se perciben.)

La señora PRESIDENTA: Senador Alonso, haga el favor de guardar silencio.
Senador Alonso, guarde silencio, por favor.


La señora PRIMO ALBERT: Las Comunidades que están gobernadas por el Partido Socialista tendrán que asumir las decisiones que les dé el partido Socialista en estos momentos. Esas son sus directrices. De todas formas, sí que recomiendo a los distintos ciudadanos que, a la hora de la verdad, lo tengan en cuenta.
Muchas gracias. (Aplausos en los escaños del Grupo Parlamentario Popular.)

La señora PRESIDENTA: Gracias, Senadora Primo.
Terminado el turno de portavoces en la defensa de los vetos, tiene la palabra el señor Ministro de Hacienda.


El señor MINISTRO DE HACIENDA (Montoro Romero): Señora Presidenta, señorías, mis primeras palabras quieren ser de agradecimiento por el rico debate político que se ha desarrollado en esta Cámara en una cuestión fundamental como es la definición de nuestro Estado de las Autonomías. No estamos hablando sólo de recursos presupuestarios, sino de la configuración del Estado en España. Estamos hablando de culminar el proceso de descentralización política y administrativa en España; estamos hablando, señorías, de un sistema de financiación que permite que el Estado de las Autonomías, desde su madurez, culmine y desarrolle una etapa de autogobierno y alcance cotas de corresponsabilidad compatibles con la solidaridad interterritorial como antes nunca se habían alcanzado.
Es lógico, por tanto, que cuando estamos promoviendo leyes de esta importancia, leyes que afectan a la organización misma del Estado, haya debate político, haya diferencias, haya discrepancias, haya, en definitiva, confrontación ordinaria en una Cámara como el Senado de España.
Desde el Gobierno, en cuanto a la valoración de las opiniones que hemos escuchado, quiero en primer lugar agradecer la posición muy clara, muy nítida y muy coherente del Grupo Parlamentario Popular a través de la Senadora Primo, que ha sabido explicar a la sociedad española cuál es la postura política de un Grupo Parlamentario como el Popular, comprometido con plenitud con el desarrollo del Estado de las Autonomías en España.
(Aplausos en los escasos del Grupo Parlamentario Popular.) Un Grupo que, con su mayoría, está auspiciando ese desarrollo pleno del Estado de las Autonomías, que a su vez está dando pasos hacia el autogobierno y hacia la autorresponsabilidad financiera de nuestras Comunidades Autónomas de una forma como nunca antes se había alcanzado en nuestro país, señorías.
Quiero agradecer también al Senador Ríos su aportación a este debate, aportación que ya hizo en aquel debate que celebramos el día 10 de septiembre pasado, como su señoría ha recordado, y quiero agradecer también la posición de su Grupo Parlamentario, Coalición Canaria, el haber apoyado clara y nítidamente un sistema de financiación que progresa y que tan positivo va a ser para Canarias y para el conjunto de las Comunidades Autónomas de España.
Quiero dar también las gracias al Senador Cambra por haber valorado positivamente en su intervención lo que encierra en sí mismo el nuevo sistema de financiación autonómica que, en definitiva, alcanza esas cotas de autogobierno, eso sí, matizadas por algo que su grupo parlamentario siempre expresa --como él mismo ha dicho-- y que es lo siguiente: les habría gustado que hubiésemos ido más allá, pero lo cierto es que nunca habíamos llegado más lejos de lo que se está alcanzando a través del nuevo sistema de financiación autonómica, como el propio Senador Cambra ha puesto de manifiesto.
Por eso considero de especial importancia lo mucho que supone el apoyo del Grupo Parlamentario Catalán en el Senado de Convergència i Unió y del Grupo Parlamentario de Coalición Canaria para la aprobación definitiva de un modelo de financiación autonómica que está permitiendo desarrollar, con grados de autonomía suficiente, el Estado de las Autonomías en nuestro país. Ese papel de consenso ha sido alcanzado a través de un diálogo político muy prolongado --como tuve ocasión de exponer ante la Cámara en mi primera intervención esta mañana--, un diálogo político que el señor Rodríguez Zapatero, Secretario General del Partido Socialista Obrero Español... (Fuertes rumores en los escaños del Grupo Parlamentario Socialista.) Señorías, me permitirán que cite al Secretario General del Partido Socialista en un debate tan importante como el que estamos celebrando.
Pues bien, el señor Rodríguez Zapatero el día 25 de julio dijo lo siguiente: En esta ocasión ha habido mucho diálogo entre el Gobierno y el Partido Socialista Obrero Español. Y lo dijo antes de que se alcanzara ese acuerdo de financiación en el seno del Consejo de Política Fiscal y Financiera del pasado 27 de julio. Es decir, que en palabras del Secretario General, efectivamente había habido mucho diálogo para tratar de alcanzar ese acuerdo y ese consenso.
El Senador Cámara, de Izquierda Unida dentro del Grupo Mixto, se ha quejado, creo que injustamente, de que

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ha habido falta de diálogo. Senador, tengo que decirle que también con Izquierda Unida ha habido diálogo político. Ha habido entrevistas con su máxima dirección, y, como se le ha recordado desde esta tribuna --quiero dejarlo también muy claro--, Izquierda Unida forma parte del Gobierno de determinadas Comunidades Autónomas, es decir, está sosteniendo a otros Gobiernos de Comunidades Autónomas en Parlamentos regionales y, por tanto, ya estaba participando activa y positivamente en el Acuerdo que se alcanzó el 27 de julio cuando esos Gobiernos autónomos --en este caso del Partido Socialista-- votaron a favor de ese contenido del sistema de financiación autonómica. Por tanto, Izquierda Unida no es precisamente un Grupo que haya permanecido al margen del diálogo ni de las consecuencias directas del acuerdo del 27 de julio. Por eso Izquierda Unida está comprometida, por lo menos, a defender parcialmente ese acuerdo y a no quedarse nunca al margen. Eso sería un contrasentido con las propias decisiones que se acordaron el 27 de julio por Gobiernos sostenidos directamente por la participación política de Izquierda Unida.
Sin ir más lejos, señoría, es el caso de Baleares. Supongo que el Consejero de Hacienda, que ha sido citado aquí reiteradamente esta tarde, estaba representando al Gobierno de Baleares, donde también está integrada Izquierda Unida y, por tanto, estaba representando lo que significa su opción política. Cuestión distinta es que ustedes proclamen, como lo hacen el Senador Quintana y otros Senadores en esta Cámara, un modelo de Estado diferente, señorías. Eso es distinto. El Gobierno tiene que dejar claro que no está negociando un sistema de financiación autonómica para crear en España un modelo de Estado diferente. Ese no es el objetivo del Gobierno. Ese será el objetivo de algunos grupos representados en esta Cámara --objetivo legítimo porque lo plantean democráticamente--, pero ése no es el objetivo, señorías.
El objetivo del Gobierno es desarrollar y conformar el Estado de las Autonomías en España. El Estado de las Autonomías que proclama la Constitución Española y que está plasmado en los Estatutos de Autonomía de las diferentes Comunidades Autónomas de España. No es plantear un modelo de Estado diferente. Aquellos grupos parlamentarios que plantean un modelo de Estado diferente deben dejar aquí explicitado de qué están hablando, de qué clase de federalismo están hablando, de qué tipo de modelo de Estado están hablando. Sería positivo que algún día lo explicitaran aquí, en uno de esos innumerables encuentros que celebramos en el Senado.
Por otro lado, también sería conveniente que sus señorías no se atribuyeran representaciones que no les corresponden. El BNG no es Galicia, señoría. El BNG es un partido de Galicia con representación en la oposición de Galicia, señoría. (Aplausos en los escaños del Grupo Parlamentario Popular.) No suba usted a defender a Galicia desde esta tribuna, señoría, que Galicia está representada por el Gobierno español, por el Gobierno que ha elegido por mayoría absoluta en las últimas elecciones autonómicas gallegas. El BNG es sólo un partido de la oposición en Galicia.
Si su señoría tiene un modelo de Estado diferente, debería explicárnoslo para que, al menos, pudiéramos entender de qué estamos hablando. Tengo que confesarles, como miembro del Gobierno de España, que sería bueno que aquellas señorías que suben a la tribuna y hablan de modelos de Estado diferentes nos explicitarán cuál es exactamente su modelo de Estado.
El veto presentado por el Grupo Parlamentario Entesa Catalana de Progrés ha sido defendido aquí por el Senador Bonet, miembro de un grupo político que lleva por título Esquerra Republicana de Catalunya. Sólo con leer el título entiendo que, si la unión del Partido Socialista de Cataluña con Esquerra está representada hoy por Esquerra Republicana, queda bastante claro para todos los catalanes y españoles lo que es el Partido Socialista y la postura política que ha adoptado esta tarde en la Cámara.
(Aplausos.--El señor Romero Calero: ¡Viva la república!) Creo que es un claro ejemplo de lo que está haciendo. (Fuertes rumores.)

La señora PRESIDENTA: Señorías, guarden silencio.


El señor MINISTRO DE HACIENDA (Montoro Romero): La prudencia, señoría, no está sólo en los calificativos que acompañan y completan un acuerdo político; la prudencia está en los planteamientos políticos que se hacen desde esta tribuna, señoría. La auténtica prudencia viene dada por los compromisos que se adquieren en las intervenciones públicas desde las tribunas parlamentarias, y ésa es la prudencia que debería haber dominado en los planteamientos políticos para, por lo menos, evitar la presentación de vetos como algunos de los que se han presentado.
Realmente, hubiera sido altamente sorprendente no haber visto aquí el veto del Grupo Parlamentario Entesa Catalana de Progrés. Señoría, me parecía imposible que esta tarde no se hubiera debatido un veto del Grupo Parlamentario Entesa Catalana de, Progrés --y se lo digo con toda franqueza--, habida cuenta de la orientación política que tiene Entesa y lo que representa en Cataluña y en el resto de España.
(Aplausos.--Protestas.) Si el Partido Socialista Obrero Español tuviera una línea política clara... (Varios señores Senadores del Grupo Parlamentario Socialista: ¡La tiene!--La señora Vindel López: ¿Dónde está?)...


La señora PRESIDENTA: Señorías, el señor Ministro está exponiendo sus argumentos en su intervención. (Protestas en los escaños del Grupo Parlamentario Socialista.) No se exciten, señorías. Está hablando el señor Ministro. Ustedes han tenido su turno, déjenle que concluya su intervención. (La señora Martínez García pronuncia palabras que no se perciben.) El Gobierno, Senadora Martínez, tiene todos los turnos que quiera utilizar de acuerdo con el Reglamento. (La señora Martínez García: Nosotros también.) No sólo este Gobierno, todos los Gobiernos que han intervenido en el Senado pueden intervenir cuantas veces quieran sin límite de tiempo. (Continúan las protestas.) Sus señorías se han puesto de acuerdo esta mañana con el restó de portavoces en los turnos que correspondían a los

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que defendían los vetos. (El señor Chivite Cornago: Para hablar del asunto.--El señor Carracao Gutiérrez pronuncia palabras que no se perciben. El señor Laborda Martín: ¡A la cuestión!) Para hablar del asunto, efectivamente, y el Ministro hasta ahora estaba hablando del asunto, señoría. (Rumores.) Por favor, les ruego que guarden silencio.
Señor Ministro, continúe, por favor.


El señor MINISTRO DE HACIENDA (Montoro Romero): Gracias, señora Presidenta.
Voy a describir a la Cámara el sentido mismo del acuerdo, comenzando por lo que han sido las fases de consecución del acuerdo del pasado mes de julio, el que se plasmó en el Consejo de Política Fiscal y Financiera. El acuerdo --como he dicho, señorías, desde mi primera intervención de esta mañana-- fue el fruto de un diálogo político muy largo; el acuerdo; señorías --y quiero que quede explícito en esta presentación ante la Cámara y en el Diario de Sesiones, al igual que ha quedado explícito en el Congreso de los Diputados--, fue conseguido gracias a la negociación del Gobierno con las Comunidades Autónomas gobernadas por el Partido Socialista, no fue fruto del acuerdo del Gobierno con el liderazgo del Partido Socialista: La dirección del Partido Socialista nunca llegó al acuerdo con el Gobierno de España. Ese acuerdo fue fruto de la negociación del Gobierno con las Comunidades Autónomas gobernadas por el Partido Socialista. (Protestas.) Esa clave explica muchas cosas (Rumores.), pero esa clave también condiciona claramente las posturas políticas que está adoptando el Partido Socialista ante la sociedad española (Un señor Senador: ¡Claro!--Aplausos.), porque yo tengo que dudar esta tarde que la dirección del Partido Socialista haya querido nunca el acuerdo autonómico. (Fuertes protestas.--Fuertes Aplausos.) La dirección del Partido Socialista... (Fuertes protestas del Grupo Parlamentario Socialista.--El señor Laborda Martín: Deja de hacer méritos.--Fuertes protestas del Grupo Parlamentario Popular.--El señor Madrid López pronuncia palabras que no se perciben.)

La señora PRESIDENTA: Senador Madrid; no se excite. Continúe, señor Ministro. (Fuertes protestas.) ¡Por favor, hagan silencio!

El señor MINISTRO DE HACIENDA (Montoro Romero): La dirección del Partido Socialista (Fuertes protestas.)

La señora PRESIDENTA: Señorías, si no hacen silencio el Ministro no puede continuar. Hagan el favor de guardar silencio. Continúe, señor Ministro.


El señor MINISTRO DE HACIENDA (Montoro Romero): Gracias, señora Presidenta.
Llevo varias horas escuchando pacientemente, como me corresponde, a todos los grupos parlamentarios de esta Cámara. (Un señor Senador: Y educadamente.) Lo que no entiendo es la excitación de algunos grupos cuando intervengo desde esta tribuna, señorías, francamente. (Fuertes Protestas.--Aplausos.--El señor Laborda Martín: No insultamos, señor Ministro, ni insultamos ni hacemos méritos.--El señor Carracao Gutiérrez: Al tema.) Señorías, son tres los pretextos o excusas que se aducen por diferentes grupos parlamentarios, sobre todo por el principal partido de la oposición en España, para oponerse al acuerdo del 27 de julio. Son tres grandes argumentos, si me permiten. (El señor Laborda Martín: No.--Rumores.)

La señora PRESIDENTA: ¡Señorías, quieren hacer el favor de dejarle al Ministro decir lo que él ha entendido que son los argumentos por los que se opone! Estamos en un debate para hablar de razonamientos, no para chillar ni interrumpir. ¡Déjenle hablar, por favor! Continúe, señor Ministro. (Rumores.) ¡Hagan silencio, por favor! (Rumores.) Pero, ¿no tendrá el señor Ministro todo su derecho a decir que ha entendido que ustedes están aduciendo tres argumentos? (El señor Laborda Martín pide la palabra.) Si no es así... (El señor Laborda Martín, puesto en pie, insiste en solicitar la palabra.) ¡Senador Laborda, no tiene usted la palabra! Continúe, señor Ministro, por favor.


El señor MINISTRO DE HACIENDA (Montoro Romero): En primer lugar se ha dicho que la implantación en España del Impuesto Minorista sobre Hidrocarburos iba en contra del acuerdo de 27 de julio. Señorías, el acuerdo del Consejo de Política Fiscal y Financiera de 27 de julio plantea la creación de ese impuesto desde la necesidad de incrementar la corresponsabilidad fiscal (El señor Chivite Cornago: No para la sanidad.), es decir, de aumentar el autogobierno de las Comunidades Autónomas, señorías. Basta leerse los textos de ese acuerdo para que aparezca claramente. Tan es así que el Grupo Parlamentario Socialista, en la tramitación del Congreso de los Diputados, en la Comisión correspondiente presentó una enmienda a la Ley de Financiación Autonómica para que se promoviera el grupo de trabajo para la creación de ese impuesto. (El señor Chivite Cornago: ¡Para su estudio!) Eso es lo que hizo el Grupo Parlamentario Socialista en el trámite del Congreso de los Diputados. (El señor Galán Pérez muestra un documento.) Quizá habría que haberles aprobado esa enmienda, y si realmente hay algo que lamentar en ese trámite del Congreso de los Diputados es que no quedara aprobada la enmienda del Grupo Parlamentario Socialista. Ahora veríamos con más claridad, con más nitidez que el Partido Socialista apoyó la existencia misma de ese Impuesto sobre Hidrocarburos en nuestro País.
Además, señorías, en el Consejo de Política Fiscal y Financiera estaba ya ese planteamiento, y además concebido como la implantación de la única figura disponible, señorías, para que las Comunidades Autónomas pudieran aumentar su capacidad de decisión en materia de aumento de capacidad recaudatoria para financiar servicios públicos tan básicos como la sanidad, o dedicarlo a prestaciones tan elementales como es el medio ambiente.
Fueron, pues, las Comunidades Autónomas las que solicitaron en el grupo de trabajo correspondiente crear el

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tramo autonómico, no sólo el tramo general, de este impuesto. Fueron las Comunidades Autónomas, y por tanto eso es lo que conviene enfatizar esta tarde, describirlo a la Cámara con toda claridad, con toda nitidez, ya que así fueron los acontecimientos que llevaron a la creación de ese impuesto. Y ese impuesto, señorías, en definitiva no viene ni siquiera a actualizar la imposición específica, la imposición especial del Estado sobre hidrocarburos, que está congelada en los últimos tres años; ni siquiera viene a eso, señorías. Por tanto, los contribuyentes españoles pueden tener la tranquilidad de que realmente están pagando por la imposición sobre las gasolinas en España, sobre los gasóleos en España, en pesetas constantes, menos en el año 2002 que hace tres años. Eso es lo que están haciendo los contribuyentes españoles. Esa es la realidad de la creación de este impuesto, ésa es la historia de este impuesto, señorías, y no otras historias que se están utilizando para hacer oposición al Gobierno de España, vulnerando claramente el sentido y el espíritu mismo del acuerdo de financiación autonómica, señorías. No se pueden utilizar esos argumentos, porque realmente eso es destruir el espíritu de lo que fue el acuerdo de financiación autonómica del 27 de julio. (Aplausos en los escaños del Grupo Parlamentario Popular.) Esa creación del impuesto, decía, madura el proceso de financiación autonómica precisamente cuando las Comunidades Autónomas están prestas a recibir una prestación como la sanidad pública.
El segundo argumento que se ha esgrimido para oponerse al acuerdo, para vulnerar el acuerdo es lo que se ha calificado como implantación o trágala, en cuanto a la obligación de gestionar la sanidad para estar acogido al sistema de financiación autonómica.
Quiero recordar que el contenido mismo del Acuerdo del Consejo de Política Fiscal y Financiera de 27 de julio plantea que es un sistema que financia todos los servicios, como ha destacado muy bien el Senador Galán. Efectivamente, está concebido para financiar todos los servicios.
No existe un sistema para financiar la sanidad no transferida, como ocurre en la actualidad. Además, nadie lo ha pedido y, por tanto, nadie había previsto quedarse fuera de las transferencias de Sanidad cuando se concibió el Sistema de financiación autonómica y cuando ese acuerdo tuvo lugar.
Señorías, la no aceptación buscaba conseguir recursos adicionales a los del sistema. Y en las Comunidades Autónomas que gestionan ya la sanidad, gestiones que representan prácticamente el 60 por ciento del conjunto del Sistema Nacional de Salud, el sistema coincide con el coste efectivo. Y si esto es así, yo pregunto a las Comunidades Autónomas que van a recibir esa prestación, ¿dónde está el problema para aceptar lo que hoy es el coste efectivo que el Insalud utiliza para aplicar una sanidad como la española, equilibrada territorialmente, que garantiza la solidaridad en la prestación de ese servicio entre los ciudadanos españoles? (Rumores.) Una cosa es hacer un uso político de esa transferencia para solicitar más recursos y otra es quejarse de que no se les está ofreciendo a, coste efectivo. Eso no es cierto, señorías. Se está ofreciendo a todas las Comunidades-Autónomas una transferencia a coste efectivo y; por tanto, tenemos que decir con toda tranquilidad a los ciudadanos, a los usuarios --que somos todos-- de la sanidad pública en España que no hay que preocuparse, que aunque determinadas Comunidades Autónomas no acepten la sanidad, ésta seguirá siendo prestada por el Insalud; el Insalud, la Administración Central del Estado, el Ministerio de Sanidad garantizan esa prestación sanitaria y también la mejora de la misma a través de los recursos presupuestarios durante los próximos años. De manera que no hay nada traumático, nada hay más allá de una decisión política determinada a la hora de renunciar a una transferencia como es la transferencia de la Sanidad.
El tercer gran argumento es el esgrimido también por el Senador Galán cuando ha amenazado a otros grupos parlamentarios, a otros gobiernos autonómicos en cuanto a que la enmienda posibilita dejar fuera del sistema a algunas Comunidades Autónomas por no aceptar otro servicio.
(Rumores.) Señoría; me temo que esto equivale a desconocer el modelo. Con la transferencia de la Sanidad se cumple exactamente el gasto objetivo señalado en la base 1999 en la cesión tributaria; cualquier otra competencia nueva no incide en una nueva cesión tributaria. En todo caso, vendría a alterar el fondo de suficiencia, que es exactamente un planteamiento bien contrario y diferente del manifestado por su señoría desde esta tribuna. Por tanto, no está alterando el contenido de ese fondo de suficiencia.
En la historia de lo que algunas de sus señorías han denominado el fracaso del Acuerdo de julio existen algunos hitos, algunos planteamientos que sin duda son difíciles de explicar ala sociedad española. Señorías, antes de que las enmiendas presentadas por el Grupo Parlamentario Popular en el Senado fueran elaboradas y conocidas ante la opinión pública, ¿por qué el Grupo Parlamentario Socialista votó en contra de las leyes de financiación autonómica en la Comisión del Senado? ¿Por qué el Grupo Parlamentario Socialista se abstuvo en la reforma de la LOFCA en el trámite del Congreso si estas enmiendas no estaban ni presentadas ni elaboradas? Porque había una intención política, señorías, y era que la dirección del Partido Socialista quería dinamitar el acuerdo de financiación autonómica. (Aplausos los escanos del Grupo Parlamentario Popular.) Esa es la auténtica verdad.
Y ahora, se nos ofrece volver al acuerdo. Señorías, el Gobierno quiere el acuerdo de financiación autonómica (Varios señores Senadores desde los escaños del Grupo Parlamentario Socialista pronuncian palabras que no se perciben.), pero la fórmula no es la de ofrecer aquí, desde esta tribuna, ante la Cámara, la retirada de las enmiendas del Grupo Socialista.
Porque, ¿cuáles son las enmiendas que el Grupo Socialista ofrece retirar, señorías? Voy a describir algunas de ellas para ver si coinciden con el acuerdo, porque no hay una sola de sus enmiendas que no dinamite el acuerdo del pasado mes de julio. Por tanto, ¿qué es lo que ofrecen para volver al acuerdo? Ustedes revientan el acuerdo con esas enmiendas. Eso es lo que hacen. (Rumores.) En primer lugar proponen la desaparición paulatina de las modulaciones al crecimiento de la financiación para algunas

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Comunidades. Pero, señorías, si habíamos acordado el sistema de modulación, ¿cómo hacen ustedes esta propuesta en el Senado para modificarlo? ¿Cuál es la seriedad del planteamiento que se hizo en el seno del Consejo de Política Fiscal y Financiera, con Comunidades Autónomas gobernadas por el Partido Socialista, cuando allí han estado votando a favor de las modulaciones y, en cambio, repito, ahora proponen un cambio de modulaciones en el Senado? Por otro lado, proponen nada menos que el establecimiento de un Impuesto sobre la renta personal lineal autonómico. ¿Eso es estar a favor del acuerdo, o es dinamitar el contenido básico de la cesión del Impuesto sobre la Renta, que votaron las Comunidades Autónomas del Gobierno socialista? (Un señor Senador desde los escaños del Grupo Parlamentario Socialista: Eso es muy progresista.) Sí, es muy progresista. En eso estoy de acuerdo. El Impuesto sobre la Renta de carácter lineal es lo más progresista que hay en el mundo desarrollado, señorías. (Fuertes aplausos en los escaños del Grupo Parlamentario Popular.--Protestas en los escaños del Grupo Parlamentario Socialista.) Ese es el progresismo del Partido Socialista en España: liquidar la progresividad del Impuesto sobre la Renta. A eso le llaman progresismo. (El señor Laborda Martín: Señora Presidenta, ¡ya está bien!)

La señora PRESIDENTA: Senador Laborda, le ruego que guarde silencio. Me estoy limitando a cumplir estrictamente el Reglamento. Si a su señoría no le parece bien, diga a qué punto del Reglamento estoy faltando. El señor Ministro está interviniendo y, de acuerdo con el Reglamento, no tiene límite de tiempo. (Fuertes protestas.--El señor Laborda Martín, puesto en pie, pide la palabra.) Senador Laborda, ¡no tiene usted la palabra! (Fuertes rumores.) Señorías, hagan el favor de guardar silencio. Le repito, Senador Laborda, que no tiene usted la palabra.
Continúe; señor Ministro. (Aplausos desde los escaños del Grupo Parlamentario Popular.)

El señor MINISTRO DE HACIENDA (Montoro Romero): Gracias, señora Presidenta.
En tercer lugar, señorías, las enmiendas cuya retirada ha ofrecido el Senador Galán... (El señor Laborda Martín: Ahora no estamos de enmiendas.)

El señor MINISTRO DE HACIENDA (Montoro Romero): Perdón. ¿Me han ofrecido un pacto político de retirada de las enmiendas o no? (Fuertes rumores.) El sentido democrático que tiene el Grupo Socialista en esta Cámara es sólo comparable con el que tiene en el Congreso, y perdonen que lo diga, señorías, a la hora de aceptar un debate político y público. (Fuertes protestas en los escaños del Grupo Parlamentario Socialista.--Aplausos en los escaños del Grupo Parlamentario Popular.) El Senador Galán ha ofrecido un pacto al Gobierno relativo a la retirada de las enmiendas, por lo que me permitirán ustedes que describa el contenido de lo que le ha pedido al Gobierno, señorías. Es algo más que ofrecer a la Cámara. Y me parece elemental el ejercicio de recorrido que estoy haciendo. Si ustedes ven una incoherencia en sus enmiendas, eso es distinto. Yo comprendo que sufran cuando se les cuenta qué dicen sus enmiendas. (El señor Lerma Blasco pronuncia palabras que no se perciben.--Fuertes protestas por parte de algunos señores Senadores en los escaños del Grupo Parlamentario Socialista.) Y si no padecen de incoherencia, no digan al Gobierno que, a cambio de retirar sus enmiendas, llegan ustedes al acuerdo. Porque, señorías, sus enmiendas van precisamente contra el acuerdo. (Protestas por parte de algunos señores Senadores en los escaños del Grupo Parlamentario Socialista.) Señorías, repito que ninguna de sus enmiendas respeta el acuerdo. Por tanto, ¿cómo pueden pedirle al Gobierno que esté en el acuerdo con ustedes, cuando con sus enmiendas ustedes están haciendo lo contrario? Proponen capacidad normativa en los impuestos especiales a pesar de ser armonizados y de estar vetados por la Comisión Europea. Proponen capacidad normativa sobre la electricidad, capacidad que está desechada en el grupo de trabajo, pero que proponen ustedes aquí. En el Consejo de Política Fiscal y Financiera votan ustedes una cosa y su Grupo parlamentario vota otra aquí y trae una enmienda absolutamente contraria.
(La señora Almeida Castro: ¡Viene a Cataluña!)

La señora PRESIDENTA: Senadora Almeida, por favor, silencio.


El señor MINISTRO DE HACIENDA (Montoro Romero): Y después, señorías --pero eso supongo que será otro brindis político-- anuncian que están estudiando --menos mal que no han tomado la decisión, menos mal que la están estudiando-- (Rumores.) la presentación de un recurso de inconstitucionalidad sobre la capacidad que tiene el Senado de España de legislar en la creación de un impuesto. Eso lo han señalado esta mañana y esta tarde aquí. Una enmienda en el Senado, que de acuerdo con la doctrina del Tribunal Constitucional es equivalente a una proposición de ley, atenta contra nuestro ordenamiento constitucional, señorías. El Senado no tiene capacidad de legislar.
Esa incapacidad del Senado debe formar parte de la reforma del Senado que propone el Partido Socialista a la sociedad española, señorías. (Aplausos en los escaños del Grupo Parlamentario Popular.) Señorías, yo quiero dejar la postura del Gobierno muy clara.
(Rumores.--Varios señores Senadores del Grupo Parlamentario Socialista: ¡Imposible!) El sistema de financiación autonómica no será una realidad --como contemplan los propios proyectos de ley-- hasta que no sea aprobado por la Comisión Mixta. (Rumores.) Si el Grupo Parlamentario Socialista presenta un recurso de inconstitucionalidad estará impidiendo que alguna Comunidad Autónoma socialista firme en la Comisión Mixta su acogimiento al nuevo sistema de financiación autonómica. Eso es lo que estaría haciendo el Grupo Parlamentario Socialista. Y eso me parece extraordinariamente grave. Eso me parece extraordinariamente serio por el perjuicio

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económico que causaría a algunas de las grandes Comunidades Autónomas como es el caso de Andalucía, porque aceptar el nuevo sistema de financiación autonómica, señorías, es aceptar el conjunto de los recursos previstos por ese nuevo sistema de financiación autonómica. Así va a aparecer en los documentos de la Comisión Mixta.
Por lo tanto, señorías, ese anuncio de un recurso de inconstitucionalidad es absolutamente incompatible con la aceptación del modelo de financiación autonómica, con lo cual ustedes están impidiendo que Comunidades Autónomas gobernadas por el Partido Socialista se acojan al nuevo sistema de financiación autonómica. (Rumores.) Quiero que, efectivamente, mediten las consecuencias de ese recurso de inconstitucionalidad. Si su voluntad efectiva fuera llegar a ese acuerdo, señoría, aparte de que no es pedirle usted mucho a cambio de nada, tendría que retirar toda una pléyade de enmiendas que van en contra del acuerdo de financiación autonómica. Su señoría, Senador Galán, tendría que haber dicho desde esta tribuna que el Partido Socialista retira el veto de Entesa. Me temo que no tienen capacidad política para ello, señoría. Eso es distinto. (Aplausos en los escaños del Grupo Parlamentario Popular.)

La señora PRESIDENTA: Señor Ministro, le ruego que cuando pueda vaya concluyendo. (El señor Laborda Martín: ¡Ya está bien hombre!--Protestas en los escaños del Grupo Parlamentario Socialista.)

El señor MINISTRO DE HACIENDA (Montoro Romero): Eso es completamente diferente y ésa es la auténtica situación política que se está viviendo en este debate durante el día de hoy en relación con la financiación autonómica, señorías. (Rumores.) El Gobierno va a seguir negociando durante estos días con las Comunidades Autónomas gobernadas por todos los partidos políticos en España. El Gobierno va a trabajar, por tanto, en la implantación del nuevo sistema de financiación autonómica a partir del 1 de enero del año 2002.
Porque el Gobierno, señorías, está convencido de que con el nuevo sistema de financiación autonómica estamos garantizando el futuro de la prestación de servicios públicos básicos, como son la sanidad, la educación y los servicios sociales, estamos estimulando la iniciativa y la responsabilidad de las Comunidades Autónomas, aumentando su capacidad normativa y reduciendo, en consecuencia, las diferencias entre las Comunidades Autónomas de régimen común y foral, estamos reconociendo las diferencias y, a la vez, asegurando la equiparación en las prestaciones de los servicios públicos en todo el territorio español. Señorías, a través del nuevo sistema de financiación autonómica estamos consiguiendo un Estado de las autonomías mejor vertebrado políticamente, garante de los grandes servicios públicos para los españoles.
Muchas gracias, señora Presidenta. (Aplausos en los escaños del Grupo Parlamentario Popular.)

La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor Ministro.
Tiene la palabra el Senador Quintana por tiempo de dos minutos.


EL señor QUINTANA GONZALEZ: Muchas gracias, señora Presidenta.
Las intervenciones en esta Cámara se rigen por el Reglamento de la misma y por la interpretación que de él pueda hacer la Junta de Portavoces y la Mesa. En función de eso se ha ordenado aquí un debate que otorga al Ministro muchas posibilidades para poder intervenir. Yo no utilizo este turno para criticar que el Ministro haya intervenido, sino para decir que de todas las posibilidades de intervención que tenía, utilizó la única que ampara la cobardía política que es hablar cuando los otros no pueden rebatirle. (Aplausos en los escaños del Grupo Parlamentario Socialista.
--Un Senador del Grupo Parlamentario Socialista: Cobardes.) Y en ese sentido, señora Presidenta, usted sabe y usted, señor Ministro, lo sabe, no porque me haya escuchado, que seguramente no lo hizo, que cada vez que hablo me cuido mucho de hablar en nombre propio y en el de mi fuerza política, y quiero decir que represento los intereses de Galicia desde la perspectiva de mi formación política, porque la defensa de Galicia se hace desde la pluralidad de las fuerzas políticas que aquí están que son reflejo de la pluralidad de la sociedad gallega (Un señor Senador del Grupo Parlamentario Socialista: Muy bien.), pero usted y yo no nos hemos diferenciado en este debate por el tema en cuestión, sino porque yo he intentado con mi intervención defender los intereses de Galicia desde mi perspectiva, y usted ha utilizado su intervención únicamente para justificar su presencia en el Gobierno. (Aplausos en los escaños del Grupo Parlamentario Socialista.)

La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, Senador Quintana.
El Senador Cámara tiene la palabra por dos minutos.


El señor CAMARA FERNANDEZ: Muchas gracias, señora Presidenta.
Señor Ministro, ahora que estamos en un momento de premios también en esta Cámara, a usted le deberían dar el premio a la demagogia (Fuertes protestas.) --sí, sí-- porque usted ha utilizado, señor Montoro, este turno de intervención, como ha dicho mi compañero el Senador Quintana, cuando no tenemos ocasión de responderle, desde la demagogia y la descalificación. Usted lo que ha hecho ha sido meter el dedo en el ojo de cada fuerza política --insisto sin capacidad de responderle-- y ha dado un mal ejemplo de estilo en esta Cámara. ¡Qué pena, señor Montoro! Sinceramente tiene usted que reflexionar.
Muchas gracias, señora Presidenta. (Un Senador del Grupo Parlamentario Socialista: Muy bien.)

La señora PRESIDENTA: Prueba de que sus señorías tienen oportunidad de rebatir, es que acaban de tener un turno de palabra. (Fuertes protestas.) El Senador Bonet tiene la palabra por cinco minutos.


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El señor BONET I REVES: Muchas gracias, señora Presidenta.
Señor Montoro, a usted le va la marcha (Risas.) porque, primero, nos ha obsequiado con una misa preconciliar solemne (Risas.) y esta tarde con un mitin. No ha contestado usted a las preguntas que le había hecho; sencillamente se ha dedicado a hacer unas descalificaciones, y la verdad es, que se nota que ustedes no han nacido para el diálogo. (Protestas.) No entienden de coaliciones. Todo lo que pase de uno ya es un barullo, sólo saben contar uno y un barullo. Nada más. (Risas.--Rumores.) Y toda organización que no se mueva al paso de la oca, la verdad, no la comprenden.
Son muy primarios, muy trogloditas (Protestas.) Esquerra Republicana de Catalunya tiene 70 años de historia, es el partido que trajo la Generalitat a Catalunya. (Protestas.) Y es por eso por lo que, con 70 años de historia conocemos y reconocemos su talante, porque aunque la mona se vista de seda, mona se queda. (Fuertes protestas.) Ustedes tienen el mismo concepto de España que Millán Astray (Risas.--Protestas.), y el patriotismo constitucional creo que es poca cosa más que la adaptación...


La señora PRESIDENTA: Senador Bonet, por favor, tiene este turno porque ha sido rebatido en sus argumentos. Le llamo a la cuestión.


El señor BONET I REVES: Con unas descalificaciones de fondo, señora Presidenta.


La señora PRESIDENTA: Ruego que utilice este turno para rebatir las contraargumentaciones que le han hecho desde el turno en contra. Para eso es el turno, no para otra cosa.


El señor BONET I REVES: Con el debido respeto, señora Presidenta, no se ha referido a las cuestiones que le había dicho, las ha descalificado sencillamente por ser de Esquerra Republicana de Cataluña. La verdad, yo creo que esto es casi inconstitucional; debe ser lo del patriotismo constitucional nuevo. No sé si se ha querido burlar del republicanismo, pero en el año del centenario de la muerte de Pi i Margall da otra nueva muestra de su talante cavernario (Protestas.) Si realmente están de acuerdo en volver al consenso y en hablar de cómo ha podido afectar la nueva situación económica y de la sanidad, si ustedes se comprometen a volver al consenso antes del verano, con mucho gusto retiraremos desde la Entesa nuestro veto.
Nada más y muchas gracias (Aplausos.)

La señora PRESIDENTA: Gracias, Senador Bonet.
Senador Galán, tiene la palabra.


El señor GALAN PEREZ: Muchas gracias, señora Presidenta.
Quiero decirle al señor Montoro que en vez de contestar a la oferta que hemos propuesto, lo que ha hecho es descalificar nuestras enmiendas, ha dicho que dinamitaban el acuerdo. Es normal que desde el punto de vista del Grupo Parlamentario Socialista creamos que son las suyas las que liquidan definitivamente el acuerdo del 27 de julio, y ustedes nos devuelven la patata; por eso, si las tenemos que defender, las defenderemos luego. Estamos dispuestos a retirarlas todas, pero díganos qué hacen ustedes con los dos temas que, a nuestro juicio, quiebran las bases del acuerdo: el impuesto de venta minoristas y la exclusión de las Comunidades Autónomas que no asuman las competencias sanitarias del modelo.
Siga usted insistiendo, que eso iba implícito en el acuerdo. Lean el texto que llega al Senado, no el que remite el Gobierno al Congreso, el que llega al Senado. En el artículo 6.k), apartado 2 se dice lo siguiente: El rendimiento en el año base 1999 correspondiente a todos los impuestos que ahora se ceden novedosamente sólo se atribuirá en el año base cuando las Comunidades Autónomas tengan asumidos los servicios de asistencia sanitaria de la Seguridad Social. En consecuencia, el Fondo de Suficiencia en el año base 1999 para las Comunidades Autónomas que no tienen asumidas la gestión de los servicios de la asistencia sanitaria de la Seguridad Social está constituido por la diferencia entre sus necesidades totales de financiación y el valor de los recursos establecidos en las letras a) y b) anteriores. Estamos de acuerdo con esto, señor Montoro, no estamos rompiendo nada que se acordara en el Congreso ni en la sesión del Consejo de Política Fiscal y Financiera del día 16 de noviembre. Usted, siempre, a partir de las enmiendas que nos envió el señor Beteta, une el día 16 con el día 22, y yo quiero separarlo. Estamos de acuerdo con todo lo que se pactó el 16 de noviembre, pero no con el acuerdo mayoritario del 22 de noviembre. El crear, tal y como se ha hecho, el impuesto de venta minorista de hidrocarburos rompe las bases del acuerdo, porque no ha habido acuerdo con todas las Comunidades Autónomas, que era requisito esencial y valor fundamental de ese sistema de financiación.
Y por último quisiera decirle que lo que realmente se pretendió con la propuesta que hizo el Consejero Homs era ver si cabía la posibilidad de desdoblar en dos tramos aquellos impuestos especiales armonizados. Al final se vio que ello planteaba problemas, momento en el que se pone sobre la mesa el tema del impuesto de venta minorista; sin embargo, en la sesión del día 16 se aplaza la decisión, y es el día 22 cuando se adopta por mayoría. Realmente ahí les falló a ustedes la capacidad de negociación.
No nos culpen, por tanto, de no querer el acuerdo; no digan que éste se ha firmado con las Comunidades pero que la Dirección del Partido no lo ha hecho. El Partido ha apostado por este pacto sobre financiación autonómica con el mismo sentido de Estado y con la misma lealtad a la palabra dada que en el pacto antiterrorista y en el pacto por la Justicia. Son ustedes quienes lo han quebrado, y han querido hacerlo porque pretenden poner de rodillas a las Comunidades Autónomas, a todas sin diferencia.
El tema de la Sanidad tiene mucha más trascendencia cuantitativa, pero cualitativamente es igual que el de los puertos, las políticas activas de empleo o la gestión de las instituciones penitenciarias. En todos ellos pueden no estar

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traspasados los servicios estando las Comunidades en el sistema. La Sanidad obliga a cálculos metodológicamente más complicados, pero por lo demás es lo mismo, señor Montoro. Por lo tanto, deje usted de hacer filosofía, deje de ridiculizar a los contrarios en esa tribuna y conteste a la oferta que le hemos hecho. Si lo hace usted en sentido positivo no votaremos ningún veto y retiraremos todas nuestras enmiendas. (Aplausos en los escaños del Grupo Parlamentario Socialista.)

La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, Senador Galán.
Tiene la palabra la Senadora Primo.


La señora PRIMO ALBERT: Gracias, señora Presidenta.
Lamentablemente, y después del Cristo que se ha montado en esta Cámara, tomo de nuevo la palabra... (Rumores en los escaños del Grupo Parlamentario Socialista.--Un señor Senador en los escaños del Grupo Parlamentario Popular: ¡Muy bien!--El señor Laborda Martín: ¡Ahora el Ministro! ¡Ahora el Ministro, que están cambiando los papeles!) Digo lamentablemente porque da la impresión de que sola y exclusivamente se oye el barullo desde una determinada zona. Agradezco a mis compañeros el silencio, la elegancia, el saber estar y la educación que en todo momento están demostrando, pues oigan lo que oigan aún no les he visto armar ningún jaleo ni descalificar en ningún término a ninguno de los parlamentarios aquí presentes.
No obstante, y entrando concretamente en el debate, debo decir al Senador Quintana que lamentamos terriblemente... (El señor Quintana González pronuncia palabras que no se perciben.) Lo siento, Senador Quintana, no se ponga usted así; déjeme explicarle la posición. Lamentamos terriblemente que usted se sienta ofendido o afectado por alguna de nuestras declaraciones, pero en ningún caso creemos que se hayan hecho de tal forma que le pudieran afectar a usted tan gravemente. Reconocemos y apoyamos en todo momento al BNG como socio de un grupo político en Galicia, y seguimos animando a su señoría a que continúe desarrollando su labor pluralista en esta Cámara.
Al Senador Cámara debo preguntarle qué es eso de un premio a la demagogia. El señor Ministro en este caso, y esta Senadora, lo único que hemos hecho en todo momento ha sido explicar e intentar proporcionar el máximo conocimiento posible sobre los dos proyectos de ley que íbamos a votar aquí, y en concreto sobre los vetos afectos a los mismos. Y, por supuesto, hemos intentado justificar en todo momento el hecho de que mi Grupo Parlamentario no vaya a apoyar los citados vetos. Así pues, demagogia ninguna. Podrá ser que a usted le gusten más o menos nuestros términos o en qué nos basamos, pero, desde luego, demagogia ninguna.
Senador Bonet, uno vale, dos es un barullo. Nosotros somos 150 y aún no la hemos montado; lo tenemos todo muy claro y seguiremos apoyando y diciendo exactamente lo mismo en todas las Comunidades Autónomas donde nos presentemos. (Aplausos en los escaños del Grupo Parlamentario Popular.) El problema que, en este caso, tiene el resto de los grupos parlamentarios es el de que dependiendo del sitio en el que se encuentran, de si tienen o no opción a gobernar, son más o menos duros, y si quiere usted le digo luego, en un apartado, cuándo se hicieron esas declaraciones por parte de otro miembro de Esquerra Republicana de Cataluña, que puede hacer en Madrid declaraciones muy fuertes, pues saben que nunca van a gobernar, pero no en Cataluña, ya que algún día gobernarán. (Aplausos en los escaños del Grupo Parlamentario Popular.) Senador Galán, con todo el cariño del mundo, le voy a leer la enmienda número 84 --si me lo permiten mis compañeros y gozo del permiso de la Presidencia--, que se presentó en el Congreso de los Diputados y que espero, creo y estoy segura usted conoce. Literalmente, dice: «Se crea en el seno del Consejo de Política Fiscal y Financiera de las Comunidades Autónomas un grupo de trabajo al que se encomienda analizar la creación de un impuesto sobre las ventas minoristas de hidrocarburos, con el siguiente perfil: Uno. Deberá tratarse de un impuesto que recaiga sobre las ventas minoristas, entendiendo como venta minorista la venta o entrega de dichos productos cuando se destina al propio consumo de los adquirentes. Dos. Deberá tratarse de un impuesto estatal que podrá ser cedido a las Comunidades Autónomas, atribuyendo a éstas capacidad normativa, en cuanto a tipos de gravamen. Tres. Deberá tratarse de un impuesto que respete las pautas marcadas por la Unión Europea y, en particular, un impuesto afectado a Sanidad. Y en la motivación, Senador Galán, ustedes justifican: «Dar cumplimiento a un acuerdo adoptado por unanimidad en el Consejo de Política Fiscal y Financiera.» Luego, mi pregunta exacta es: ¿Estaba recogido el impuesto sobre hidrocarburos en el Consejo de Política Fiscal o Financiera, si o no? (Rumores.--El señor Laborda Martín: Sí, ésa es la prueba. Se trataba de un grupo de trabajo.) Muchas gracias. (Aplausos en los escaños del Grupo Parlamentario Popular.)

La señora PRESIDENTA: Tiene la palabra el señor Ministro de Hacienda.


El señor MINISTRO DE HACIENDA (Montoro Romero): Gracias, señora Presidenta.
Señorías, en relación con lo que es el planteamiento y el debate en una Cámara, en primer lugar, debo recordar a sus señorías que quien primero ha intervenido en el acto de hoy ha sido el Ministro de Hacienda. Es decir, todas sus señorías han intervenido después de mi intervención, con lo cual todas se han expresado libremente desde esa tribuna y han valorado la intervención del Gobierno y del Ministro de Hacienda. Por eso decía que no he utilizado ningún turno, sino que ha sido después de escuchar a todas sus señorías, como me corresponde como miembro del Gobierno de España. (Aplausos en los escaños del Grupo Parlamentario Popular.) Algunas de sus señorías entienden que las respuestas del Gobierno deben ser las que satisfagan a la oposición. A

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veces no es así, señorías, no siempre es así, a veces las respuestas del Gobierno satisfacen a la oposición y en otras ocasiones no satisface a la oposición. Pero, señorías, eso no significan ni malos modos ni malos ejemplos ni en modo alguno salirse de las normas de la discrepancia política habitual en la Cámara. Yo no he entendido otra forma de debate y de contenidos esta tarde. Francamente estoy muy satisfecho de haber asistido a esta sesión tan importante que ha celebrado el Senado sobre la construcción del Estado de las Autonomías en España. Por eso decía, señorías, que no he apreciado nada de ello.
Por otra parte, si alguna de sus señorías ha entendido que mi intervención era justificadora de mi presencia en el Gobierno, comprenderán que no he hecho más que cumplir con mi deber. Señorías, obviamente estoy en el Gobierno y tengo que explicar cuál es la postura y la política del Gobierno. (Aplausos en los escaños del Grupo Parlamentario Popular.) Habría sido incluso grave y habría estado muy fuera de lugar si hubiera intervenido en otro sentido. Si hubiera explicado las posiciones de otros grupos políticos de esta Cámara habría sido algo que no sabría cómo calificar. Señoría, cada uno tiene que estar donde está, y eso no debe llevar a mayores enfados. Hay que estar tranquilos, pues nadie está ofendiendo a nadie. Además, no se ofendan tanto algunas señorías cuando suben a defender desde esa tribuna que en España tiene que haber otro concepto del Estado. Lo que les estoy pidiendo, se lo vuelvo a pedir una vez más, y se lo volveré a pedir cada vez que tengamos este debate, es que ustedes tengan la valentía política de explicar a los españoles qué clase de Estado quieren, señorías.
(Aplausos en los escaños del Grupo Parlamentario Popular.) Eso es lo que queremos saber, qué clase de Estado quieren realmente, porque lo que estamos haciendo aquí esta tarde es un acto de construcción del Estado de las Autonomías en España, eso es exactamente lo que estamos haciendo, y ése es el sentido mismo del acto parlamentario que estamos celebrando.
Como sus señorías, en este turno final, se han abierto de capa, por utilizar el refranero español, por cierto, muy castizamente --como ha hecho también el Senador Bonet, que ha utilizado el refranero castellano muy castizamente esta tarde--, tengo que recordarles, en primer lugar, que el Gobierno no ha aprobado durante esta legislatura prácticamente ninguna ley que haya contado sólo con el apoyo del Grupo Parlamentario Popular, y que este Gobierno, con mayoría absoluta, ha llegado a acuerdos de Estado muy importantes en esta legislatura, señorías.
Lo que he querido resaltar en mi intervención es el hecho de que sea precisamente Entesa Catalana de Progrés el Grupo Parlamentario que ha presentado el veto y me parece significativo políticamente --si me permite decirlo su señoría-- que, además, haya sido su señoría, el portavoz de Esquerra Republicana de Catalunya, el que haya representado al Partido Socialista de Cataluña esta tarde en esta Cámara; me parece tremendamente significativo. Yo le doy valor político, con la libertad que tengo para dárselo, y si ustedes no se lo dan, allá ustedes. Pero algo tendrá el Partido Socialista de Cataluña cuando no ha subido a la tribuna a explicar cuáles son las causas de ese veto para que no fuera incoherente con la postura del Partido Socialista, señoría. Algo tendrá que ver. (Aplausos en los escaños del Grupo parlamentario Popular.--Protestas.) Si su señoría va a retirar el veto, hágalo sin poner condiciones, porque no tiene sentido político que Entesa Catalana de Progrés aplique ese derecho de veto. Ustedes han presentado ese veto y ustedes tienen la capacidad política de retirarlo, señoría. No pongan condiciones a nadie, y menos al Gobierno, a la hora de retirar ese veto.
El Gobierno quiere llevar adelante un sistema de financiación autonómica que sea fruto del acuerdo. (Rumores.) En mi intervención he descrito suficientes posiciones políticas de la dirección del Partido Socialista que me hacen dudar de su intención de aplicar ese acuerdo, señoría. A mí me habría gustado que en ese acuerdo siguiera dominando lo que fue el espíritu del 27 de julio, pero lamentablemente, señoría, como le he dicho, la lealtad estaba en el cumplimiento estricto del acuerdo del 27 de julio y en su mismo espíritu. (Rumores.) Por eso las propuestas que ha presentado el Grupo Parlamentario Popular en el Senado son precisamente el desarrollo de ese acuerdo y son, como su señoría ha reconocido esta tarde por segunda vez en su intervención, Senador Galán, fruto de decisiones del Consejo de Política Fiscal y Financiera, y no por mayoría, sino por mayoría cualificada de dos tercios, señoría. Por tanto, tenemos también la obligación de llevar adelante las consecuencias de las decisiones de ese Consejo de Política Fiscal y Financiera en forma de nuevos recursos para nuestras Comunidades Autónomas, señorías. Cuando eso se hace, cuando se está cumpliendo un acuerdo, en la parte más agradable y en la parte menos agradable del acuerdo, lo que no tiene ningún sentido es la crítica política fácil al Gobierno en cuanto a que sube los impuestos, cuando lo que hace el Gobierno es financiar mejor a las Comunidades Autónomas para que doten adecuadamente los servicios de sanidad, señoría. (Protestas en los escaños de la izquierda.--El señor Aleu i Jornet: ¡Venga, hombre!) Por tanto, ésa es la auténtica realidad que está desarrollándose en torno a la aplicación y a la vigencia del acuerdo de financiación autonómica. (El señor Aleu i Jornet: ¡Eso no es verdad!) Pero no se preocupen, señorías.
La intención del Grupo Parlamentario Socialista en esta Cámara ha quedado muy clara en sus enmiendas. Con ellas ustedes vulneran no ya el espíritu sino el contenido exacto del acuerdo de financiación autonómica. ¿Cómo se llama eso? ¿Lealtad o deslealtad con el acuerdo? (Protestas.) Yo lo llamo de una forma, señorías: manifiesta y clara deslealtad con el acuerdo del 27 de julio, señorías. (Varios señores Senadores: ¡No, no!) Pero aun así, y dándole el valor político que sin duda alguna tiene la actitud del Grupo Parlamentario Socialista durante el día de hoy y en concreto esta tarde, tengo que anunciarles que el Gobierno va a seguir negociando con las Comunidades Autónomas, como lo ha hecho antes, para que se acojan definitivamente al sistema de financiación autonómica, señorías, porque estoy convencido de que los gobiernos autonómicos velan por el interés general de sus ciudadanos, con independencia de intereses partidistas, como lo hace el Gobierno de España promoviendo un sistema tan positivo para la corresponsabilidad,

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para la solidaridad y para la suficiencia de nuestras Comunidades Autónomas.
Muchas gracias, señora Presidenta. (Aplausos en los escaños del Grupo Parlamentario Popular.)

La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor Ministro.
Vamos a votar las propuestas de veto por su orden.
En primer lugar, el veto de los Senadores Cámara Fernández y Cabrero Palomares al proyecto de ley orgánica de modificación de la Ley Orgánica de Financiación de las Comunidades Autónomas.
Se inicia la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos emitidos, 221; a favor, 74; en contra, 147.


La señora PRESIDENTA: Queda rechazado.
Propuesta de veto de los Senadores Cámara Fernández y Cabrero Palomares al proyecto de ley por la que se regulan las medidas fiscales y administrativas del nuevo sistema de financiación de las Comunidades Autónomas de régimen común y ciudades con Estatuto de Autonomía.
Se inicia la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos emitidos, 221; a favor, 73; en contra, 148.


La señora PRESIDENTA: Queda rechazada.
La siguiente propuesta de veto es del Grupo Parlamentario Mixto, presentada originariamente por el Senador Quintana González, al proyecto de ley orgánica de modificación de la Ley Orgánica de Financiación de las Comunidades Autónomas.
Se inicia la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos emitidos, 221; a favor, 73; en contra, 148.


La señora PRESIDENTA: Queda rechazada.
La siguiente propuesta de veto es la presentada por el Senador Quintana González, del Grupo Parlamentario Mixto, al proyecto de ley de medidas fiscales y administrativas del nuevo sistema de financiación de las Comunidades Autónomas de régimen común y ciudades con Estatuto de Autonomía.
Se inicia la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos emitidos, 221; a favor, 72, en contra, 148; abstenciones, una.


La señora PRESIDENTA: Queda rechazada.
Por último, votamos la propuesta de veto del Grupo Parlamentario Entesa Catalana de Progrés al proyecto de ley orgánica de modificación de la Ley Orgánica de Financiación de las Comunidades Autónomas.
Se inicia la votación. (Pausa.) Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos emitidos, 221; a favor, 73; en contra, 148.


La señora PRESIDENTA: Queda rechazada.


--PROYECTO DE LEY ORGANICA DE MODIFICACION DE LA LEY ORGANICA DE FINANCIACION DE LAS COMUNIDADES AUTONOMAS (S. 621/000042) (C. D.
121/000048) (Continuación).


La señora PRESIDENTA: Señorías, terminados los debates y votaciones de las propuestas de veto, que han sido rechazados, pasamos al debate del articulado del proyecto de ley orgánica de modificación de la Ley Orgánica de Financiación de las Comunidades Autónomas. (Abucheos en los escaños del Grupo Parlamentario Socialista.--Aplausos en los escaños del Grupo Parlamentario Popular.) En primer lugar, debatimos el voto particular número 1, de los Senadores Cámara Fernández y Cabrero Palomares, que se corresponde con las enmiendas números 1 a 3.
Para su defensa tiene la palabra el Senador Cámara.


El señor CAMARA FERNANDEZ: Gracias, señora Presidenta. Señorías, en el debate de hoy ha habido muchas perlas, como la Senadora planteaba. En un momento en que Perlas Majórica de Mallorca está en crisis me hacía gracia eso de tantas perlas. Pensaba: ¡A ver si así se recuperan los puestos de trabajo y el futuro de esa empresa! En este momento en que me toca defender mis enmiendas. (Fuertes rumores.) --si me escuchan, por favor--, comunico que las voy a retirar. Se han votado los vetos y han sido rechazados, pero aquí se ha hablado de consenso. (Rumores.) Recuerdo al señor Ministro y al Grupo mayoritario que si tanto Coalición Canaria como el Grupo Parlamentario Catalán de Convergència i Unió han apoyado al Gobierno y están de acuerdo con la ley y han hablado de consenso y de acuerdo, estamos todavía a tiempo de lograr ese consenso, en el caso de que hubiese voluntad política.
(Rumores.) Lo que pasa es que el Ministro ya se ha ido y los demás no escuchan demasiado.
Como resulta que se ha modificado la ley en el trámite del Senado a través de algunas de las enmiendas fundamentales, y especialmente en la que condiciona la negociación de las transferencias sanitarias, quiero decir que Izquierda Unida --y en este caso hablo como perteneciente a ella--, que ha presentado un veto que ya ha sido votado, y que tiene otras críticas que hacer, que tiene otros matices y otras propuestas --aunque en algunas cosas sí coincidiremos--, no puede obviar el empeoramiento de esta ley en el trámite del Senado. Por ello insisto en que, votados los vetos que hemos presentado, retiro mis enmiendas para darles a ustedes una oportunidad de consenso y de acuerdo para que, si es posible, toda la Cámara vote junto con el Grupo Parlamentario Popular una sola cosa: los votos particulares que tienen presentados algunos grupos, entre otros el Grupo Parlamentario Socialista, para dejar la ley tal y como estaba antes de su entrada en el Senado.


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Por ese motivo, haciendo gala de un intento de unión por parte de los grupos que estamos en la oposición, hacemos un llamamiento al Grupo mayoritario para que, si todavía es posible, se intente conseguir un consenso --ya que, según parece, tantas ganas hay de que lo haya--, siempre y cuando la ley quede, como acabo de decir, tal y como vino del Congreso de los Diputados.
Muchas gracias.


La señora PRESIDENTA: Gracias, Senador Cámara.
En nombre del Grupo de Coalición Canaria tiene la palabra su portavoz, el Senador Ríos.


El señor RIOS PEREZ: Muchas gracias, señora Presidenta.
Nosotros presentamos tres enmiendas. La número 44 está en relación con el fondo de suficiencia y su variación. El texto aparece muy estático y, por tanto, queremos añadir la posibilidad de que sean valorables en relación a la evolución de las variables socioeconómicas previstas en la Ley que regulará el nuevo modelo de financiación. Nos parece un poco pobre el que sólo se mantengan las cuestiones de la variabilidad del Estado y no las otras variables socioeconómicas. (Rumores.) La enmienda número 46 al artículo 16.1 propone que la dotación del Fondo tenga un importe mínimo del 30 por ciento, exactamente el que tiene ahora. Por tanto, pedimos que se mantenga ese mismo porcentaje a los efectos de la dotación del fondo respectivo.
Por último, nuestra enmienda número 47 propone la adición de una disposición adicional segunda nueva en relación a una modificación del Régimen Económico Fiscal de Canarias porque resulta que en estos momentos al aumentarles las competencias normativas a todas las Comunidades Autónomas, el REF se queda con menos capacidad de competencia normativa.
Esta enmienda tiene cuatro apartados de los que sólo ha sido aceptado uno, al que hay una enmienda transaccional que hemos aceptado.
Muchas gracias, señora Presidenta. (El señor Vicepresidente, Prada Presa, ocupa la Presidencia.)

El señor VICEPRESIDENTE (Prada Presa): Voto particular número 3 del Grupo Parlamentario de Senadores Nacionalistas Vascos, correspondiente con su enmienda número 4.
Para su defensa tiene la palabra el Senador Albistur.


El señor ALBISTUR MARIN: Muchas gracias, señor Presidente.
En esta enmienda se propone algo que ya se contempla en la Ley General de Estabilidad Presupuestaria, en la ley de acompañamiento a los Presupuestos Generales y en esta ley. Insiste en la especificidad y la salvaguardia de las especificidades forales que se incluyen en esta ley, dado que se incluyen en la ley de acompañamiento pero no en la Ley Orgánica.
Verdaderamente se quiere salvaguardar la diferencia existente y reconocida en leyes precedentes. En concreto, la Ley de Financiación de las Comunidades Autónomas del 22 de septiembre del año 1980 reconocía las especificidades correspondientes en la disposición adicional primera, referente a las instituciones sitas en la Comunidad Autónoma del País Vasco, y en la disposición adicional segunda, referente a las de la Comunidad Foral de Navarra.
Por lo que estamos viendo en los últimos tiempos, el Gobierno y el Partido que le sustenta hacen caso omiso de lo que leyes anteriores reconocían. Dado que las salvaguardas actualmente existentes en la ley no se reconocen --y mucho nos tememos que con ese no reconocimiento y esa no inclusión se pretende, primero, limitar y, después, acabar con las espeficidades forales--, nuestra enmienda viene a defender lo que tradicionalmente ha sido un régimen específico de la Comunidad Autónoma Vasca y de Navarra.
Gracias.


El señor VICEPRESIDENTE (Prada Presa): Gracias, Senador Albistur.
Voto particular número 4 del Grupo Parlamentario Entesa Catalana de Progrés, que corresponde a las enmiendas 18 a 35. Para su defensa, el Senador Bonet tiene la palabra.


El señor BONET I REVES: Muchas gracias, señor Presidente.
Nuestras enmiendas van en el sentido de incrementar la corresponsabilidad fiscal, el fondo inicial que se ponía en el sistema y la participación de las Comunidades Autónomas en la gestión tributaria. Para ello, se plantea que no sea el Gobierno el que tenga la administración tributaria, sino que se cree una agencia pública de administración tributaria entre el Gobierno y las Comunidades Autónomas.
Hemos presentado otras enmiendas para que el Senado ejerza de Cámara de representación territorial y, por tanto, vigile y controle la evolución del sistema.
Otras enmiendas van destinadas a garantizar, de alguna forma, una nivelación de tratos en cuanto a inversión y financiación per cápita de todas las Comunidades Autónomas. Proponemos también que la distribución de gastos e ingresos se haga en una proporción 40/30/30; es decir, el 40 por ciento para el Estado, el 30 por ciento para las Comunidades Autónomas y el otro 30 por ciento para los Entes Locales.
En definitiva, nuestras enmiendas están pensadas desde Cataluña y para Cataluña, pero su aplicación puede generalizarse al conjunto de todo el Estado a fin de favorecer y defender la corresponsabilidad y la suficiencia financiera de todas las Comunidades Autónomas.
Esas son nuestras enmiendas pero, tras el trámite seguido, el debate ya no es una cuestión de enmiendas. Ya no se trata de posibles formas de mejorar la ley, porque ésta se ha cambiado. La ley ha transmutado; se ha producido una transustanciación de la ley al introducirse, en el seno de la Comisión General de las Comunidades Autónomas, unas enmiendas que rompían la baraja.
En este sentido, por cómo ha ido este trámite, por los repetidos cambios, abusos y fraudes --y la gota que ha hecho derramar el vaso ha sido esta introducción relámpago y traicionera en la Comisión General de Comunidades Autónomas--

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anuncio que ya no es un problema de enmiendas, por lo que las retiramos todas, excepto las que supongan votos particulares de mantenimiento del texto remitido por el Congreso de los Diputados.
Nada más, señor Presidente, y muchas gracias.


El señor VICEPRESIDENTE (Prada Presa): Gracias, Senador Bonet.
Pasamos al voto particular número 6, del Grupo Parlamentario Catalán en el Senado de Convergència i Unió, que corresponde a las enmiendas 48 a 50 y 52 a 54.
Para su defensa, tiene la palabra el Senador Cambra.


El señor CAMBRA I SANCHEZ: Gracias, señor Presidente.
Las enmiendas 48 a 50 las retiramos. Habíamos mantenido el voto particular ante un pronunciamiento en Ponencia del ponente del Grupo Popular, que hablaba de ofrecer una transacción, pero entendemos que con la introducción en el dictamen de unas enmiendas del Grupo Popular y de Coalición Canaria han quedado resueltas las cuestiones reflejadas en esas tres enmiendas. Por tanto, quedan retiradas.
Por lo que hace referencia a las enmiendas 52 a 54, se trata --como he expuesto en el posicionamiento de mi Grupo-- de enmiendas que pretenden recoger aspectos muy puntuales del acuerdo del 27 de julio, que en su forma literal quedarían mejor recogidos introduciendo estas enmiendas.
Concretamente, con la enmienda 52, que es una enmienda al artículo segundo y hace referencia al artículo 13.4 de la LOFCA, pretendemos que atendiendo al rango de Ley Orgánica que ostentan los Estatutos de Autonomía y en función de que en aquellos se contienen disposiciones referidas a financiación, se entiende oportuno, por nuestra parte, hacer específica mención a dichas fuentes de carácter normativo, introduciendo, por tanto, «sin perjuicio de lo que dispongan los Estatutos de Autonomía respectivos en los siguientes supuestos», etcétera.
La enmienda 53 introduce en el artículo 15 un nuevo punto 6, de conformidad con el Acuerdo del Consejo de Política Fiscal y Financiera de 27 de julio, concretamente con lo que he comentado en mi intervención anterior sobre la lealtad institucional. Es decir, proponemos un punto 6 que claramente exprese que de acuerdo con la lealtad institucional prevista en el Acuerdo de 27 de julio se tendrán en cuenta, a los efectos de minoración de ingresos de las Comunidades Autónomas, los cambios que se produzcan derivados de actuaciones legislativas por parte del Estado.
La enmienda 54 introduce un artículo séptimo nuevo, a través del cual se introduce una disposición adicional sexta nueva en la LOFCA. Lo que queremos reflejar aquí es el espíritu y letra del acuerdo de financiación, en el cual se prevé que se trate de un mecanismo flexible, de tal manera que las modificaciones que puedan producirse paulatinamente a lo largo de los distintos años no desvirtúen el equilibrio financiero que se pretende obtener a través del citado acuerdo del nuevo sistema de financiación autonómica.
Nada más y muchas gracias.
El señor VICEPRESIDENTE (Prada Presa): Gracias, Senador Cambra.
Voto particular número 7, que corresponde al Grupo Parlamentario Socialista. Enmiendas 5, 7 a 11 y 14 a 17.
Para su defensa, tiene la palabra le Senador Galán.


El señor GALAN PEREZ: Señor Presidente, señorías, voy a ser breve en este turno de defensa de mis enmiendas, porque creo que el debate prácticamente está ya hecho. He ofrecido en el turno de portavoces de los vetos la retirada de nuestras enmiendas y no se ha contestado a la propuesta por parte del Grupo Popular. Pero, no obstante, teniendo en cuenta que la lectura que ha hecho el señor Montoro se refería a que esas enmiendas no tenían cabida en el sistema pactado el 27 de julio, sino que eran realmente dinamita contra el sistema --es como lo ha calificado--, yo quiero decir que, sin perjuicio de que está claro que establecer mayores competencias normativas de las Comunidades Autónomas, respecto a determinados impuestos especiales, o hablar de una mayor participación de las mismas en la gestión de los impuestos compartidos, o eliminar la disposición adicional del texto cuya única finalidad es evitar al Gobierno el pago de las asignaciones de nivelación, por las desviaciones producidas en la financiación de la educación y de la sanidad, entre el año 1999 --año base para el nuevo sistema-- y el año 2002, o el posibilitar con la enmienda la creación de una Comisión en el Consejo de Política Fiscal y Financiera para estudiar los resultados económicos del nuevo sistema de financiación y del sistema foral, a fin de ir procurando su progresiva convergencia, no creo que nada de esto sea dinamita, ni que no sea compatible con el pacto del 27 de julio.
Pero como parece ser que la batalla esta tarde es fundamentalmente mediática y, por tanto, se dicen cosas y se afirman con rotundidad extremos que son evidentemente contradichos por la propia lectura de los textos, la Senadora Carmen Primo al leer lo que era el Acuerdo del Consejo de Política Fiscal y Financiera del día 27 de julio respecto al impuesto ha leído la verdad, que era que nos poníamos de acuerdo en crear un grupo de trabajo sobre un impuesto de esas características; punto.
Hasta ahí llega el consenso. Luego, en aprobar el impuesto ahora, y con las características previstas, ya no ha habido consenso. ¿Por qué? Porque realmente el impuesto no venía a dar más dinero a la sanidad, sino a ahorrar dinero del Gobierno para la sanidad.
Hubiéramos preferido que, en vez de que se hubiera puesto el Impuesto de Venta Minorista de Hidrocarburos, por ejemplo, el Gobierno, en el trámite de debate de los Presupuestos Generales del Estado en esta Cámara, hubiera eliminado la modificación del tipo para el pago, la fiscalidad del reintegro de las plusvalías de las grandes empresas. Eso supone 260.000 millones de pesetas; lo que se piensa recaudar con los hidrocarburos, que lo hubiera tenido que pagar el Gobierno por el sistema de garantía previsto en el propio acuerdo a las Comunidades Autónomas, son 135.600 millones de pesetas. Por tanto, señorías, el problema no era que había que incrementar la presión fiscal con este nuevo impuesto, el tercero sobre las gasolinas;

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después del impuesto de fabricación, o después del IVA sobre los hidrocarburos, ahora se crea un tercer impuesto sobre la gasolina teóricamente para un fin noble: financiar la sanidad. Pues no, señorías, sencillamente bastaba con que el Gobierno hubiera hecho frente a los compromisos que se deducían del pacto del 27 de julio y no le hubiera hecho el favor a Repsol, a Telefónica, a sus amigos, a fin de rebajar del 35 al 18 por ciento el tipo para la reinversión de las plusvalías.
Por tanto, señorías, yo creo que no merece la pena, en modo alguno, que yo me detenga en la defensa de las enmiendas. Voy a demostrar que yo no juego en esta Cámara, ni en ninguna, a la política mediática, a la política de la imagen; que yo me he comprometido a retirar mis enmiendas y, por tanto, voy a retirar el voto particular número 7 al proyecto de ley orgánica de modificación de la Ley Orgánica de Financiación de las Comunidades Autónomas, y digo más, algunas enmiendas de otros Grupos que me parecen razonables, si se mantienen, no vamos a votarlas tampoco a favor; nos vamos a abstener. Queremos que realmente el consenso, el acuerdo, el diálogo presidan las negociaciones entre el Gobierno y las Comunidades Autónomas; entre el Gobierno y el principal partido de la oposición.
¿Pretende el Gobierno sacar adelante esta ley como consecuencia directa del Pacto de Estado para facilitarse otros objetivos, realmente embridar a las Comunidades Autónomas en su línea de esa España única, esa España grande, esa España, supongo, también libre? No lo sé, señorías. No sé si estamos ante otro ejercicio de soberbia, de exhibición en el arte de la manipulación, de trilerismo político.
Señorías, demuestren que nada de lo que he dicho es cierto; que no estamos ante ninguna manifestación de renacimiento del espíritu neocentralista; que no pretenden hincar de rodillas a las Comunidades Autónomas; que se conforman ustedes con que no estén en Bruselas cuando se decida a nivel europeo sobre sus competencias exclusivas.
Rectifiquen, retiren la enmienda a esa disposición final segunda que pone en manos del Gobierno todo el poder respecto a la sanidad pública y a las Comunidades Autónomas. Cumplan rigurosamente el contenido íntegro del sistema de financiación y negocien --nunca negociar es imponer, es buscar el acuerdo-- los traspasos sanitarios.
Me alegraría más que nadie de que todas las Comunidades Autónomas aceptaran los traspasos de sanidad en una valoración que dejara medianamente satisfechos o medianamente insatisfechos a unos y a otros; de que se llegara a un acuerdo; de que el sistema se pudiera poner en marcha; de que los principales grupos parlamentarios nos pusiéramos de acuerdo también sobre los perfiles de ese impuesto sobre venta minorista de hidrocarburos, y de que no se tirara por la borda algo que fue mirado con esperanza por todos los ciudadanos de este país, como tener un sistema de financiación estable; un sistema de financiación integrador; un sistema de financiación suficiente para todas las Comunidades Autónomas; un sistema de financiación que, respetando la autonomía financiera de las Comunidades, aumentara la corresponsabilidad fiscal de las mismas y, al mismo tiempo, garantizara la solidaridad interterritorial; en definitiva, un paso adelante en la consolidación de ese Estado de las Autonomías.
Dejen de presentarnos como dinamiteros del modelo de Estado. Señorías, por el Estado diseñado en la Constitución y por la Constitución, muchos de nosotros hemos realizado más esfuerzo, más riesgo, más dedicación, más horas de trabajo en su momento, en los años setenta, que casi todos ustedes. Pero, en definitiva, no se trata de ponerse medallas sino de juntar esfuerzos para que esta Constitución sea cada vez más sólida, para que acoja cada vez con mayor amplitud esa España plural, diversa, real, que es la que tenemos por delante.
Gracias, señorías.


El señor VICEPRESIDENTE (Prada Presa): Gracias, Senador Galán.
¿Turno en contra? (Pausa.) Tiene la palabra el señor Fernández Cucurull.


El señor FERNANDEZ CUCURULL: Muchas gracias, señor Presidente.
Señorías, intervengo en nombre del Grupo Parlamentario Popular para justificar las razones por las que nos vamos a oponer a las enmiendas que aún se mantienen vivas, que realmente son pocas después del turno precedente.
Comienzo por las enmiendas de Coalición Canaria, que son las números 44, 46 y 47.
La enmienda número 44 pretende dos modificaciones al artículo 13.3 de la LOFCA. La primera de ellas, para incorporar en la cuantificación del Fondo de Suficiencia, a partir de 2002, además del valor inicial actualizado sobre la base de la evolución de los ingresos tributarios del Estado, las variables socioeconómicas previstas en el nuevo modelo de financiación. A este respecto hay que precisar que el Acuerdo de julio del Consejo de Política Fiscal y Financiera sólo previó en cuanto a variable socioeconómica el análisis de los efectos derivados de la aplicación al sistema de financiación de la evolución del censo de población con respecto a las necesidades resultantes durante el año anterior. Y no para todas las competencias, sino sólo para el fondo general de competencias comunes.
Por ello, no podemos aceptar la enmienda, si bien es conveniente recordar que dicho análisis anual ha sido incorporado al proyecto de ley de medidas fiscales y administrativas del nuevo sistema de financiación mediante la enmienda número 136, del Grupo Popular, que coincide con la número 58, del Grupo Parlamentario de Senadores de Coalición Canaria.
La segunda modificación propuesta en la citada enmienda tiene por objeto incorporar la garantía del PIB nominal para la sanidad y recoger como supuestos de variación del Fondo de Suficiencia aquellos que establece el sistema de financiación.
Respecto de la primera pretensión, la correspondiente a la garantía del PIB, hay que decir que, dado que se trata de una norma de vigencia limitada a los tres primeros años de andadura del nuevo sistema, parece más lógico que se recoja en una norma transitoria, como así lo está en la disposición

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transitoria segunda de la ley de medidas. Por lo cual, aunque la enmienda no vaya a ser formalmente aceptada, sí lo va a ser su contenido, que de hecho ya figura en el proyecto de ley que debatiremos a continuación.
En cuanto a las causas de revisión del Fondo de Suficiencia, las que aparecen en el proyecto ya son las previstas en el Acuerdo del Consejo de Política Fiscal y Financiera de 27 de julio, y figuran tanto en este proyecto como en el de proyecto de ley de medidas, por lo que entendemos que no es necesaria ninguna otra precisión.
La enmienda número 46 pretende adicionar un párrafo al artículo 16.1 de la ley, en cuya virtud la dotación mínima de los fondos de compensación interterritorial sea el 30 por ciento de la inversión pública contemplada en cada ejercicio en los Presupuestos Generales del Estado. Hay que decir que dicha cantidad es la que figura como mínimo en el proyecto de ley que ya fue objeto de tramitación en esta Cámara y definitivamente aprobado la semana pasada en el Congreso. Pero también figura en el propio artículo 16 que se pretende modificar, aunque distribuida entre el Fondo de Compensación, que es del 22,5 por ciento, y el Fondo Complementario, que es del 7, 5 por ciento restante, ya que el 33,33 por ciento del 22,5 ciento es el 7,5 por ciento. Aunque en realidad también hay que decir que la cantidad final es superior, ya que hay que añadir el 1,57 por ciento del 22,5 por ciento, que es la cantidad que se distribuye por igual entre la Ciudad Autónoma de Ceuta y la Ciudad Autónoma de Melilla como consecuencia de la incorporación de ambas al sistema de financiación. Por tanto, la cantidad mínima prevista para los fondos de compensación interterritorial es del 30,35 por ciento de la inversión pública.
Por último, la enmienda número 47 ha sido objeto de una transacción mediante la cual se atribuye capacidad normativa a la Comunidad Autónoma de Canarias sobre el Impuesto General Indirecto Canario en lo que se refiere a las obligaciones formales del Impuesto y los tipos de gravamen, y en este segundo caso dentro de los límites fijados por el artículo 27 de la Ley 20/1991, de 7 de junio, de modificación de los aspectos fiscales del régimen económico fiscal de Canarias.
El Grupo Parlamentario de Senadores Nacionalistas Vascos ha mantenido la enmienda número 4, que propone la adición de una nueva disposición final que afectaría tanto a la Ley Orgánica Complementaria a la Ley General de Estabilidad Presupuestaria como a esta última, y que se justifica en el ajuste de la actividad financiera en la Comunidad Autónoma del País Vasco a lo dispuesto en el concierto económico. Sin embargo, mi Grupo entiende que tanto el apartado 2 de la disposición final primera de la Ley Orgánica Complementaria a la Ley General Estabilidad Presupuestaria, como el apartado 2 de la disposición final quinta de la Ley General de Estabilidad Presupuestaria, regulan de forma adecuada las especialidades del Régimen Foral del País Vasco en esta materia.
No obstante, en las negociaciones para la renovación del concierto económico los representantes del País Vasco han solicitado que las cuestiones que afectan a la estabilidad presupuestaria sean previamente acordadas en un órgano de composición bilateral Estado-Comunidad Autónoma del País Vasco, que es la Comisión Mixta del concierto económico, con una fórmula similar a la que actualmente consta en el proyecto de ley para Navarra en su disposición final primera y apartado 1 de la disposición final quinta, por lo que habrá que estar al resultado final de la negociación en curso.
El Grupo Parlamentario de Convergència i Unió mantiene vivas las enmiendas números 52, 53 y 54, que paso a contestar.
La enmienda número 52 pretende añadir a las causas de revisión del Fondo de Suficiencia la expresión «... sin perjuicio de lo que dispongan los Estatutos de Autonomía respectivos...». Ello sería en la práctica un supuesto más de revisión del Fondo de Suficiencia no contemplado en el Acuerdo de 27 de julio, esto es, la posibilidad en algunos casos, o la obligatoriedad en otros, de revisar el Fondo de Suficiencia cada cinco años.
Por tanto, dado que la remisión a los estatutos implicaría --como se ha dicho-- un supuesto más de revisión del Fondo de Suficiencia no contemplado en el acuerdo, además de una heterogeneidad, puesto que no todos los estatutos lo contemplan, no puede aceptarse la enmienda.
La enmienda número 53 supone recoger nuevamente, en este caso en el artículo 15 de la LOFCA, el principio de lealtad institucional. Dado que dicho principio ya figura en el proyecto no estimamos conveniente su duplicación normativa.
Por último, la enmienda número 54 propone recoger mediante una nueva disposición adicional los efectos de la evolución del censo de población sobre el sistema de financiación. Dichos efectos ya aparecen recogidos en la enmienda número 136 del Grupo Parlamentario Popular a la ley de medidas del nuevo sistema de financiación en la que es más acertada su inclusión.
Por último, el Grupo Parlamentario Socialista ha retirado todas sus enmiendas. Quiero comentarle al Senador Galán que prácticamente ha convertido el turno de defensa de sus enmiendas en un turno de portavoces. Por tanto, por respeto al Reglamento, y teniendo en cuenta que éste es un turno en contra, no voy a decir nada más.
Muchas gracias, señor Presidente.


El señor VICEPRESIDENTE (Prada Presa): Gracias, Senador Fernández Cucurull.
Turno portavoces. (Pausa.) ¿Grupo Parlamentario Mixto? (Pausa.) ¿Grupo Parlamentario de Senadores de Coalición Canaria? (Pausa.) ¿Grupo Parlamentario de Senadores Nacionalistas Vascos? (Pausa.) ¿Grupo Parlamentario de Entesa Catalana de Progrés? (Pausa.) ¿Grupo Parlamentario Catalán en el Senado de Convergència i Unió? (Pausa.) ¿Grupo Parlamentario Socialista? (Pausa.) ¿Grupo Parlamentario Popular? (Pausa.)

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El señor VICEPRESIDENTE (Prada Presa): Señorías, finalizado el debate, llamamos a votación. (Pausa.)

El señor VICEPRESIDENTE (Prada Presa): Señorías, les comunico que las enmiendas 1, 2 y 3, de los Senadores Cámara Fernández y Cabrero Palomares del Grupo Parlamentario Mixto, han sido retiradas.
A continuación, votamos las enmiendas correspondientes al Grupo Parlamentario de Senadores de Coalición Canaria, en primer lugar, las números 44 y 46.
Se inicia la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos emitidos, 207; a favor, 11; en contra, 126; abstenciones, 70.


El señor VICEPRESIDENTE (Prada Presa): En consecuencia, quedan rechazadas.
La enmienda número 47, del Grupo Parlamentario de Senadores de Coalición Canaria, sustenta una enmienda transaccional firmada por cinco grupos parlamentarios. (La Senadora Martínez García pide la palabra.) La Senadora Martínez tiene la palabra.


La señora MARTINEZ GARCIA: Señor Presidente, el Grupo Parlamentario Socialista se suma también a esa enmienda transaccional.


El señor VICEPRESIDENTE (Prada Presa): Gracias, señoría.
No obstante, como falta por sumarse un grupo parlamentario, hay que someterla a votación.
Votamos la enmienda número 47 en lo que es la enmienda transaccional; firmada por seis grupos parlamentarios, con la última adición del Grupo Parlamentario Socialista.
Se inicia la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos emitidos, 206; a favor, 206.


El señor VICEPRESIDENTE (Prada Presa): Queda aprobada.
Votamos, a continuación, la enmienda número 4 del Grupo Parlamentario de Senadores Nacionalistas Vascos.
Se inicia la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos emitidos, 207; a favor, 10; en contra, 126; abstenciones, 71.


El señor VICEPRESIDENTE (Prada Presa): Queda rechazada.
Las enmiendas correspondientes al Grupo Parlamentario Entesa Catalana de Progrés han sido todas ellas retiradas.
Pasamos, en consecuencia, a las enmiendas del Grupo Parlamentario Catalán en el Senado de Convergència i Unió. Han sido retiradas las números 48, 49 y 50, y quedan vivas las números 52, 53 y 54.
Se someten a votación las enmiendas números 52, 53 y 54, del Grupo Parlamentario Catalán en el Senado de Convergència i Unió.
Se inicia la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos emitidos, 209; a favor, 18; en contra, 127; abstenciones, 64.


El señor VICEPRESIDENTE (Prada Presa): En consecuencia, quedan rechazadas.
Las enmiendas del Grupo Parlamentario Socialista han sido retiradas.
Votamos a continuación el dictamen.
En primer lugar, el artículo 7 del dictamen.
Se inicia la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos emitidos, 209; a favor, 199; abstenciones, 10.


El señor VICEPRESIDENTE (Prada Presa): Queda aprobado el artículo 7 del dictamen.
A continuación, votamos el resto del dictamen.
Se inicia la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos emitidos, 208; a favor, 138; en contra, cuatro; abstenciones, 66.


El señor VICEPRESIDENTE (Prada Presa): Queda aprobado el resto del dictamen.
Tal y como dispone el artículo 90 de la Constitución, se dará traslado de las enmiendas aprobadas por el Senado al Congreso de los Diputados para que éste se pronuncie sobre las mismas en forma previa a la sanción del texto definitivo por Su Majestad el Rey.


--PROYECTO DE LEY POR QUE SE REGULAN LAS MEDIDAS FISCALES Y ADMINISTRATIVAS DEL NUEVO SISTEMA DE FINANCIACION DE LAS COMUNIDADES AUTONOMAS DE REGIMEN COMUN Y CIUDADES CON ESTATUTO DE AUTONOMIA (S.
621/000043) (C. D. 121/000049) (Continuación).


El señor VICEPRESIDENTE (Prada Presa): Pasamos al articulado del proyecto de ley por el que se regulan las medidas fiscales y administrativas del nuevo sistema de financiación de las Comunidades Autónomas de régimen común y ciudades con Estatuto de Autonomía.
En primer lugar, correspondería la defensa del voto particular número 1, de los Senadores Cámara Fernández y Cabrero Palomares, del Grupo Parlamentario Mixto, enmiendas 1 a 13, que han sido retiradas.
Pasamos al voto particular número 9, del Grupo Parlamentario de Senadores de Coalición Canaria, que corresponde a las enmiendas números 58, 60, 70, 72, 80 a 83, 96 y 114, de las cuales han sido retiradas todas menos las números

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82 y 114. El Senador Ríos tiene la palabra para la defensa de estas dos enmiendas.


El señor RIOS PEREZ: Muchas gracias, señor Presidente.
Efectivamente, quedan vivas las números 82 y 114. La número 82 es una enmienda de adición que se propone para que, sin perjuicio de las causas que se contemplan a continuación, anualmente se consideren las modificaciones o cambios producidos en las variables de cálculo del nuevo modelo. Está en relación con la revisión del Fondo de la Suficiencia y sus causas, porque es habitual que no se realice anualmente sino que pasen años sin hacer una revisión de las variables.
La enmienda número 114 es a la disposición final segunda, que quedaría de la siguiente forma: «Disposición Final Segunda. 1. Lo dispuesto en esta ley se entenderá sin perjuicio de lo dispuesto en los regímenes tributarios forales de Concierto y Convenios Económicos vigentes en los Territorios Históricos del País Vasco y la Comunidad Foral de Navarra, respectivamente.
2. La presente Ley será de aplicación en aquellas Comunidades Autónomas cuyas Comisiones Mixtas acepten como propio el sistema de financiación recogido en el Título I y asuman la cesión de tributos regulada en el Título II.» Muchas gracias, señor Presidente.


El señor VICEPRESIDENTE (Prada Presa): Gracias, Senador Ríos.
Los votos particulares números 3 y 4, del Grupo Parlamentario Entesa Catalana de Progrés, que corresponden a las enmiendas números 32 a 50, han sido retirados, pero se mantiene la enmienda que corresponde al mantenimiento del texto remitido por el Congreso de los Diputados en relación con lo modificado como consecuencia de la aprobación en Comisión de enmiendas del Grupo Parlamentario Popular, sobre la base de las enmiendas números 148, 151, 161, 175, 197, 199 y 200, del mismo Grupo, y 70, 72, 83, 96 y 114, del Grupo Parlamentario de Senadores de Coalición Canaria, que se da por defendida.
Pasamos al voto particular número 5, del Grupo Parlamentario Catalán en el Senado de Convergència i Unió, que corresponde a las enmiendas números 115, 116 y 123 a 126. Para su defensa, tiene la palabra el Senador Cardona.


El señor CARDONA I VILA: Muchas gracias, señor Presidente.
La enmienda número 115 propone la modificación del artículo 1 ya que consideramos adecuado concretar el marco jurídico en el cual se incardina la presente Ley, siendo la referencia que se propone incluir en el artículo 1 dicho acuerdo lo que permitirá, a efectos interpretativos, resolver las controversias que en su caso pudieran producirse.
La enmienda número 116 propone la adición, en el primer párrafo del artículo 4, del siguiente texto: «Para determinar en el año base (que en cuanto a las variables población, dispersión, población protegida y población de más de 65 años será el de 1999) las necesidades homogéneas de financiación de las respectivas Comunidades Autónomas se opera con la masa de financiación homogénea asignada a cada uno de los bloques competenciales...» La enmienda número 116, y las restantes, pretenden un ajuste más concreto al acuerdo del Consejo de Política Fiscal y Financiera del 27 de julio.
La enmienda número 123 propone la modificación del segundo párrafo del apartado 3 del artículo 62, ya que entendemos que uno de los representantes de la Agencia Estatal de la Administración Tributaria tendría que ser el Delegado Especial de la misma y otro el Jefe de la Dependencia Regional de Relaciones Institucionales con las Administraciones Tributarias.
En cuanto a la enmienda número 124, que se nos dijo en la Comisión que ya se había introducido en una enmienda de Coalición Canaria y otra del Partido Popular, estamos a la espera de lo que diga el portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el turno en contra para, en su caso, retirarla.
Sucede lo mismo con la enmienda número 125, de adición de una nueva disposición adicional cuarta.
Finalmente, la enmienda número 126, de adición de una nueva disposición adicional quinta, pretende que se trasladen al plano normativo las previsiones a este respecto del acuerdo del Consejo de Política Fiscal y Financiera, en orden a garantizar su efectiva plasmación real, de acuerdo con lo que se contiene en las páginas 83, 85 y 86, de dicho acuerdo.
Nada más y muchas gracias.


El señor VICEPRESIDENTE (Prada Presa): Gracias, Senador Cardona.
A continuación, votos particulares números 6, 7 y 8 del Grupo Parlamentario Socialista, que corresponden a las enmiendas números 14 a 31.
Para su defensa, tiene la palabra el Senador Lerma.


El señor LERMA BLASCO: Muchas gracias, señor Presidente.
Voy a intervenir con brevedad, para explicar globalmente cuál va a ser nuestra posición porque, después de debatidos los vetos, prácticamente ha terminado el debate.
En primer lugar, quisiera poner de manifiesto que vamos a ser rigurosos con la oferta que le hemos hecho al Ministro, vamos a mantener nuestra posición y, por tanto, no pasaremos a votación las enmiendas contenidas en el voto particular número 7, que son las números 14 a 31. Sin embargo, sí mantendremos para la votación los números 6 y 8 porque pretenden la vuelta al consenso inicial, es decir, al acuerdo alcanzado en julio en el Consejo de Política Fiscal y Financiera de las Comunidades Autónomas.
Lamento que el Ministro no continúe en la Cámara porque quiero explicitar que, en este tema, parece que el Ministro ha venido fundamentalmente a leernos de nuevo el texto del acuerdo y sus bondades, lo que no se corresponde necesariamente con su papel. Me gustaría recordar que lo que procedía aquí en este momento era haber dado una nueva explicación política de la nueva situación creada en

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torno al acuerdo de financiación autonómica y no una lectura de un acuerdo que ha sido rebasado ya por las circunstancias. Y repito lo de lectura porque me gusta recordar que el Reglamento del Senado prohíbe hacer uso de ese elemento de la lectura. Pero aparte de manifestar que hemos carecido de la explicación real de lo que significa la nueva situación en materia de financiación autonómica, me gustaría añadir algunas cosas.
En primer lugar, es bastante evidente --yo creo que una vez más se ha puesto de manifiesto aquí-- que tenemos una voluntad clara de respetar el acuerdo de financiación autonómica firmado por las Comunidades Autónomas, por el Gobierno y --aunque el Ministro se olvide de decirlo-- por el Partido Socialista, y pensamos que ese acuerdo suponía un avance respecto al modelo anterior que, a pesar de lo que ha reiterado el Ministro (Rumores en los escaños del Grupo Parlamentario Popular.), no es cierto... Señor Presidente, aunque no me escuche nadie, sí me gustaría poder escucharme a mí mismo (La señora Martínez García pronuncia palabras que no se perciben.), y creo que es razonable decirle que me gustaría que pidiera silencio, siempre como petición, naturalmente.


El señor VICEPRESIDENTE (Prada Presa): Sí, señoría. Tiene usted razón.
Señorías, en atención a la petición del Senador Lerma, les ruego que guarden silencio y escuchen a su compañero, que está en el uso de la palabra. Por favor, silencio, señorías.


El señor LERMA BLASCO: Muchas gracias, señor Presidente.
Se ha insistido en la bondad del sistema anterior. Es evidente que el sistema anterior no sólo no ha sido bueno sino que el propio Gobierno y las Comunidades Autónomas donde gobierna el Partido Popular han tenido que pedir su revisión inmediata. Si el Gobierno no hubiera facilitado una garantía, seguramente algunas Comunidades Autónomas habrían tenido menores ingresos que los que tenían con el sistema anterior. Por tanto, no se puede decir que el sistema anterior funcionó bien y que ahora hay que mejorarlo. Pero, a pesar de todo, el acuerdo significaba una mejora sustancial en la actual situación y por eso lo firmamos, pero lo hicimos teniendo presente que ése no era el modelo que nosotros propugnábamos.
Cuando se llega a un acuerdo uno se tiene que dejar cosas por en medio y, como es evidente, nosotros las habíamos dejado, pero como conocemos al actual Ministro de Hacienda sabíamos que nos iba a acusar --siempre lo hace, y hemos vuelto a tener pruebas de ello una vez más-- de no tener un modelo alternativo, se lo propusimos en las enmiendas. Dicho modelo está expuesto con toda claridad en las enmiendas, lo cual no quiere decir que no fuéramos a aceptar el acuerdo. Lo aceptábamos y lo seguimos aceptando si el Gobierno vuelve a la situación de lo que realmente suponía el acuerdo, y lo defenderemos, porque suponemos que constituye una mejora con respecto, al menos, al modelo anterior, aunque se quede muy corto en la descentralización.
La otra cuestión que me gustaría exponer, no desde el punto de vista de que quede constancia de la posición que defiende el Partido Socialista sino desde el punto de vista del interés de las Comunidades Autónomas que gobierna el Partido Socialista, que gobierna el PP y que gobiernan otros partidos en España --porque ése es el interés que nosotros queremos destacar: el funcionamiento real de las Comunidades Autónomas y la posibilidad de financiar los servicios que se les transfieren--, desde el punto de vista de ese interés, que quede claro que hay muchas Comunidades Autónomas donde gobierna el PP que hoy están claramente preocupadas por la negociación que se está llevando a cabo en materia sanitaria, y que saben perfectamente que si se cierra la actual situación como está en este momento van a incurrir en déficit, déficit que, por otra parte, les impide la ley que aprobamos la semana anterior, que les resta no sólo posibilidades de incurrir en déficit sino también autonomía financiera, y en eso quiero entrar.
Lo que estamos discutiendo aquí no es únicamente una discrepancia sobre un modelo de financiación u otro con un partido u otro; lo que estarnos viendo es una auténtica política de restricción de competencias a las Comunidades Autónomas que ya las tienen transferidas. Este proceso empieza con el actual funcionamiento del Senado, sigue con el fracaso de la reforma que hemos discutido aquí hasta la saciedad, continúa con la ley que prohíbe el déficit presupuestario mucho más allá de lo que prohíbe la Unión Europea y, naturalmente, se acaba contemplando finalmente en estas dos leyes que ahora vamos a votar.
Por tanto, no es un hecho aislado ni un modelo diferenciado o una riña política entre dos partidos, sino una auténtica forma de concebir el proyecto de España por parte del Partido Popular, y ese proyecto de España estaba presente hace ya muchos años. No les quiero acusar de antidemócratas, que no lo son; tan demócrata puede ser un modelo centralista de Estado como uno autonómico, pero la verdad es que el modelo centralista de Estado no responde al modelo constitucional que entre todos hemos hecho posible, y eso significa problemas a medio y largo plazo. Se pueden imponer los criterios por la mayoría con toda legitimidad, pero se pueden generar problemas de futuro con toda claridad, como está ocurriendo ahora.
No es baladí que llamemos de nuevo al consenso. Ni el problema del concierto vasco, ni el problema de financiación de Comunidades Autónomas, ni ninguno de los problemas que ahora se están generando se van a acabar con estas soluciones que plantea el PP. Por lo tanto, no demos lecciones a nadie, pero tengamos presente que el modelo constitucional de España no es inventado y no es por casualidad. Nadie ha estimulado la constitución de las Comunidades Autónomas más que la propia gente que lo ha querido así, que nuestro modelo de financiación y de Estado responde al reconocimiento de un hecho real y no a ninguna imposición, como parece pensar el actual Gobierno del Partido Popular.
Eso quiero decir, señor Presidente.
Nada más. (Aplausos en los escaños del Grupo Parlamentario Socialista.)

El señor VICEPRESIDENTE (Prada Presa): Gracias, Senador Lerma.


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Para un turno en contra tiene la palabra, en nombre del Grupo Parlamentario Popular, el Senador Ruiz Rivero.


El señor RUIZ RIVERO: Gracias, señor Presidente.
Iniciaré este turno para el posicionamiento de mi Grupo en el debate de las enmiendas de este proyecto de ley haciendo referencia en primer lugar a las presentadas por el Grupo de Coalición Canaria. Y lo voy a hacer anunciando que no podemos aceptar las dos enmiendas que han dejado vivas para este Pleno. Lo justificaré de la siguiente manera.
En cuanto a la primera enmienda, la número 82, tengo que decir que, tal y como ustedes ponen de manifiesto en su justificación, el acuerdo en el Consejo de Política Fiscal y Financiera recoge exclusivamente la revisión anual de la evolución del censo de población y los efectos derivados de su aplicación al sistema de financiación, y sólo referido al Fondo General de competencias comunes, que es de lo que habla justamente, y en los mismos términos, su enmienda número 58 y la número 136 del Grupo Parlamentario Popular, incorporada ya al texto legal.
En cuanto a la enmienda número 114, Senadores del Grupo Parlamentario de Senadores de Coalición Canaria, si ustedes me lo permiten, y puesto que coincide con el debate que han ofrecido aquí distintos grupos parlamentarios, daré cuenta de la misma en unos minutos con ocasión, como ya decía, de esa discusión.
En cualquier caso, Senadores del Grupo canario, no puedo tener más que palabras de agradecimiento para con ustedes por la actitud que han mantenido durante la negociación. El Partido Popular, durante la discusión en la Comisión, ofreció con todo su interés y con toda su contundencia todas las posibilidades que estaban en sus manos para llegar a un acuerdo. Ustedes, manteniendo idéntica actitud, han sabido corresponder a eso y, por lo tanto, vaya por delante mi agradecimiento.
Pero si la actitud del Grupo Parlamentario de Senadores de Coalición Canaria ha sido digna de agradecimiento, no menos reconocimiento merece la del Grupo Catalán en el Senado de Convergència i Unió, que ha posibilitado que la negociación tenga todos los ingredientes necesarios para alcanzar en su recta final todas las características de un verdadero acuerdo.
En referencia a sus enmiendas, si su señoría me lo permite entraré a justificar nuestro voto. Empezando por las números 115 y 126 quiero decir que este Grupo no las aceptará puesto que los acuerdos que se pretenden incluir en el cuerpo legal del texto, obteniendo así rango de ley, deben obtener su carácter vinculante en los respectivos acuerdos de las Comisiones Mixtas Estado-Comunidades Autónomas, con independencia de que algunos de esos aspectos no estén incluidos en la Ley.
En cuanto a la número 124, a la que se ha referido el Senador Cardona, votaremos en contra ya que los principios que se recogen de lealtad institucional, no es que estén pendientes de una enmienda transaccional, sino que están ya recogidos en la Ley Orgánica de Financiación de las Comunidades Autónomas con la aceptación de la enmienda número 48 del Grupo Parlamentario Catalán en el Senado de Convergència i Unió, la número 63 del Grupo Parlamentario Popular y la número 43 del Grupo de Coalición Canaria.
También rechazaremos la número 125 desde el momento en que el grupo de trabajo preparatorio del Consejo de Política Fiscal y Financiera acordó el día 16 de noviembre no elevar a la aprobación del pleno del Consejo esa misma propuesta. Por tanto, en este Grupo se va a respetar hoy esa misma decisión.
En cuanto a las enmiendas números 116 y 123 entendemos que se deben rechazar por estar ya incluidas en el dictamen al incorporar nuestro Grupo enmiendas prácticamente idénticas como son la 189 y las 136 y 137.
En cualquier caso, y para terminar ya con las referencias al grupo catalán quiero insistir en el reconocimiento del talante negociador mantenido por su mismo Grupo.
En cuanto a las enmiendas que quedan vivas de Entesa, entiendo, Senador Bonet, que lo que a usted le interesa es el debate de las enmiendas números 197 y 200, como también entiendo que le interesa al Grupo Socialista. En cualquier caso, obviaré el resto de enmiendas, las cinco restantes que se incorporaron en el dictamen, puesto que allí ya se justificó su incorporación y, por tanto, supondría reincidir en el debate de una forma inútil.
En cualquier caso es verdad que me gustaría hacer referencia a esas dos enmiendas, las números 197 y 200 a la disposición final segunda y a la disposición transitoria sexta respectivamente, pero me gustaría hacerlo con cierto detenimiento. Intentaré que mi tono sea exactamente igual que el del Senador Lerma, puesto que me ha parecido muy correcto en todos sus términos.
Como usted sabe, señoría, la número 200 modifica una enmienda presentada previamente por el Grupo Parlamentario Popular coincidente con una que tienen ustedes presentada, la número 31, que lo único que hace es ampliar aquellos supuestos en que se dice que la ley será de aplicación a aquellas Comunidades Autónomas que acepten como propios el Título I y el Título II del texto legal. Ustedes saben perfectamente que el Título I habla del nuevo sistema de financiación de las Comunidades Autónomas y que el Título II se refiere al régimen de cesión de los tributos del Estado a las Comunidades Autónomas.
Quiero destacar el Título I porque es justamente la clave de toda esta discusión. Ese Título también se refiere a la masa homogénea de financiación de las Comunidades Autónomas. Habla de los tres bloques que van a incorporarse dentro del nuevo sistema de financiación autonómica, el bloque de competencias comunes, el bloque de sanidad y el bloque de servicios sociales de la Seguridad Social. Por tanto, la vinculación de la aceptación del sistema sanitario no viene por la nueva enmienda que haya presentado el Grupo Parlamentario Popular sino que viene por las enmiendas originarias que, como la del Grupo Popular, también ustedes presentaron con el número 31 a la modificación del informe de la Ponencia.
En cualquier caso, y para justificar la presentación de nuestra enmienda yo quisiera explicarle, Senador Lerma, que lo único que hemos hecho ha sido ampliar a dos supuestos más --creo que de manera absolutamente justificada

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y lógica-- esa necesidad de vinculación. El primer supuesto es la participación de las Comunidades Autónomas a la Agencia Tributaria.
Entendemos que algo tiene que justificar ahora la presencia de las Comunidades Autónomas en la Agencia Tributaria, y lo único que puede justificar esa nueva presencia es, por supuesto, la asunción de esas nuevas competencias que vienen incluidas en el Título I.
En lo que hace referencia a la participación de las asignaciones de nivelación, no me negará usted que es de absoluta coherencia que sólo puedan participar de esas asignaciones de nivelación las Comunidades Autónomas que tengan transferidas las competencias en materia de sanidad y sólo ésas. Porque si efectivamente no tienen transferidas las competencias de sanidad, ¿cómo van a recurrir a asignaciones que se dedican a las Comunidades Autónomas que las tengan? En caso contrario, las desviaciones irían con cargo a las arcas del Estado. Me parece que eso es de fácil comprensión y no entiendo que se tenga que armar el revuelo que ha habido hoy aquí.
En cualquier caso, y con esto completo la explicación, la número 197 lo único que hace es relacionar los recursos que se ponen en manos de las Comunidades Autónomas para poder financiar las competencias transferidas de sanidad. Verá que no es nada anormal, además de que ustedes también lo contemplaron en su enmienda número 31.
Para acabar voy a hacer referencia a alguna de sus últimas palabras. ¿No le parece lógico a usted, teniendo el currículum que tiene, que las Comunidades Autónomas se preocupen por el bienestar de sus ciudadanos, sean del Partido Popular, del Partido Socialista, o de donde sean? ¿No le parece a usted lógico? ¿No considera razonable que las Comunidades Autónomas reclamen que cuanto más mejor? ¿No le parece lógico y normal? A mí lo que no me parece ni lógico ni normal es que algunas Comunidades Autónomas decidan anteponer los intereses partidistas al bienestar de sus ciudadanos. Eso me preocupa bastante más, Senador Lerma.
En cualquier caso, usted ha apelado al consenso conseguido el 27 de julio. Parece que quiere retrotraerse a esas fechas, pero, Senador Lerma, yo pongo muy en duda que ustedes creyeran en aquel consenso. Fíjense que, tras firmar el acuerdo del 27 de julio, escasas semanas después hacen declaraciones --como las que ha hecho aquí-- sobre la necesidad de cambiar el modelo. Lo acababan de firmar todas las Comunidades Autónomas y ustedes ya salían a la palestra diciendo que se iba a cambiar el modelo. Si eso es querer proteger el acuerdo, que venga Dios y lo vea.
Pero es que los portavoces socialistas no sólo salían a la palestra a decir que iban a cambiar el modelo; había otros miembros de su partido que decían que era el mejor modelo que se podía alcanzar y que, por tanto, lo aceptaban. El señor Mansilla, Diputado en el Parlamento de Castilla-La Mancha, decía que era el mejor modelo para todos y el señor Touriño, que calificó de positivo el nuevo modelo de financiación, decía que recogía aspectos muy positivos para Galicia, y, sin embargo, otros portavoces socialistas lo querían cambiar. Senador Lerma, ustedes nunca han creído en ese acuerdo. Por lo tanto, no vengan aquí a decir que lo que quieren es recuperar el acuerdo inicial, porque nunca han tenido fe en ese acuerdo.
Senador Lerma, por el bien del país, de su partido, del Gobierno y de los ciudadanos, tienen ustedes que reordenar sus ideas. El Senador Galán ha dicho una frase que lo define todo. Dice que éste no es un enfrentamiento entre el Partido Popular y el Partido Socialista, y estoy de acuerdo con él. Es un enfrentamiento del Partido Socialista contra el Partido Socialista. Eso es lo que ocurre aquí. Tienen ustedes tantos portavoces que difícilmente van a poder coincidir en ningún pronunciamiento.
En cualquier caso, y recordando unas palabras de su Secretario General, el señor Zapatero, cuando le pidió al Partido Popular que se dejase ayudar, quiero recuperar una idea similar. Lo que pasa es que su problema sólo lo pueden arreglar ustedes, por eso les pido que se ayuden ustedes mismos.
Muchas gracias. (Aplausos en los escasos del Grupo Parlamentario Popular.)

El señor VICEPRESIDENTE (Prada Presa): Gracias, Senador Ruiz Rivero.
Turno de portavoces. (Pausa.) Por el Grupo Parlamentario Catalán en el Senado de Convergència i Unió, tiene la palabra el Senador Cardona.


El señor CARDONA I VILA: Muchas gracias, señor Presidente.
Quiero hacer una valoración general en esta última intervención de mi Grupo.
Desde el Grupo Parlamentario Catalán en el Senado de Convergència i Unió y desde el Consejo Ejecutivo de la Generalitat de Catalunya, entendemos que este nuevo modelo de financiación autonómica que introduce la financiación sanitaria tendría que ser y podría ser un buen modelo. Nos parecía positivo porque iba más allá que el nuestro. A pesar de no ser nuestro modelo, pensábamos que con éste se daba un paso más y se superaban esos acuerdos de 1993 y 1996 en los que participamos nosotros y fuimos tan criticados. ¿Porqué? Porque el ciudadano contribuye de una forma más directa con su aportación contributiva a que le sean prestados aquellos servicios, y uno de los servicios fundamentales, además de la educación, es la sanidad.
Pero ¿qué es lo que ha ocurrido? Se previó en el mes de julio que el trámite de negociación de las transferencias en competencias sanitarias fuera más adelante. Por las razones que fueran, ni en sus valoraciones, ni en sus transferencias, ni en su significado se ha llegado más adelante de aquel punto imprescindible para contemplar en este nuevo sistema de financiación el sistema sanitario. Faltaban diez Comunidades Autónomas.
En la comparecencia de la señora Ministra de Sanidad en la Comisión General de Comunidades Autónomas --su única comparecencia en esta Comisión--, decíamos que iba pasando el tiempo y se forzaba a esas Comunidades Autónomas --si no era a empujones, se parecía mucho-- a aceptar esas transferencias sanitarias. Eran posiciones legítimas por una parte y por otra. No diremos nosotros, si por falta de flexibilidad del Gobierno o por falta de voluntad

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del gobierno de las Comunidades Autónomas. Sea por una cosa o por otra, hemos entrado en una dinámica nada deseable, en una dinámica que nos parece que no es positiva para aquel acuerdo, que parecía bueno en principio, que en el mes de julio empezó bien y que después, por unas u otras circunstancias, ha llegado yo diría a este pseudofracaso, como podría calificarse el debate que ha tenido lugar en el Senado, en esta Cámara de representación territorial.
Es una lástima. Nosotros hemos puesto nuestra mejor voluntad, desde nuestro punto de vista, para que una vez conseguida una mayoría absoluta por parte de una formación política, se pudiera llegar, por primera vez, a un modelo de financiación autonómico que fuera aceptado por todos.
Ha habido disquisiciones de transferencias sanitarias de última hora --que no quisiera recordar en este momento--, sólo quiero hacer hincapié en la forma en que se fueron aceptando las transferencias en Sanidad. En el año 1981, la aceptó Cataluña porque quería un modelo de sanidad propio, sin ninguna valoración, porque no se podía hacer valoración alguna.
En este caso, no sé si ha faltado cintura por parte del Gobierno, o voluntad por parte de las Comunidades Autónomas pero, en cualquier caso, éste podría ser un paso adelante para llegar a un modelo de financiación aceptable para todas las partes, para aquellos que reciben los servicios pero a su vez tienen que obtener los recursos económicos suficientes para hacer frente a los gastos que éstos representan. Es una lástima que, por una cosa u otra, no hayamos llegado a un acuerdo.
Por ello, nuestro Grupo va a votar a favor del texto que ha presentado la Comisión y nos vamos a abstener en las demás enmiendas que han dejado vivas los demás Grupos Parlamentarios.
Nada más y muchas gracias, señor Presidente.


El señor VICEPRESIDENTE (Prada Presa): Gracias, Senador Cardona.
Por el Grupo Parlamentario Socialista, tiene la palabra el Senador Lerma.


El señor LERMA BLASCO: Muchas gracias, señor Presidente.
Quiero decirles a los representantes del Grupo Parlamentario Popular que les agradezco la preocupación que muestran por el orden en el Partido Socialista, y no me gustaría que se fueran afectados y estas Navidades lo pasaran mal. Por lo tanto, pueden irse tranquilos, que nosotros nos aclaramos.
Nos aclaramos tan bien que hemos tenido ocasión de ver cómo incluso una persona que no es miembro del Grupo Parlamentario Socialista, y que por ello había presentado su veto, le ha dicho al señor Ministro que estaba dispuesto a retirarlo si volvían al acuerdo anterior.
Ese tipo de consensos, sin que nosotros podamos tener ninguna capacidad de coacción --que no es su caso--, fíjese usted qué fáciles son de alcanzar. A ver si los consiguen ustedes también. Sería un buen ejemplo para meditar en estas Navidades, y un buen ejemplo de responsabilidad, como se acaba de demostrar y como creo que lo demuestran al final todas las personas. Porque ciertamente, al Grupo Parlamentario de Convergència i Unió, que siempre nos ha dado unas lecciones de autonomía muy importantes, yo creo que en esta ocasión --y es un juicio de valor--tampoco le gustaría estar a favor, pero no tiene más remedio. En definitiva, eso es lo que hay.
Así no se puede tratar el Estado de las Autonomías, y ésa es la reflexión que les quería hacer antes. No se puede maltratar a la gente --simbólicamente hablando siempre--, porque las personas y los grupos parlamentarios tienen su representación y no se puede ofender a la gente con este tipo de planteamientos porque son ofensivos. Cuando se habla de tener que aceptar imperativamente --se hubiera acordado el modelo o no, que no se acordó-- la transferencia de sanidad para estar en el modelo, se está ofendiendo a muchos ciudadanos y muchos ciudadanos se sienten ofendidos seguramente cuando se manifiestan las opiniones de que si no aceptamos el modelo estamos perjudicando a la gente porque no estamos accediendo a los grandes beneficios que obtiene el sistema y estamos vigilando la atención sanitaria.
Eso no es verdad, pasa exactamente lo contrario. Cuando nosotros no aceptamos la transferencia de sanidad en las actuales condiciones y cuando los miembros militantes del Partido Popular de otros gobiernos autonómicos dicen lo mismo pero no se atreven a hacerlo con la boca grande, lo que están intentando decir es que no quieren asumir una transferencia para perjudicar a sus ciudadanos en la atención sanitaria que reciben. Esa es la realidad, que no se atreven a asumir la sanidad, aunque les gustaría, porque temen dar peor servicio a los ciudadanos con la actual financiación, porque se les va a quedar colgado el futuro a las inversiones y porque se les va a quedar colgada la financiación corriente, ya que les van a bajar los ingresos de acuerdo con la evolución desde el año base que nos hemos comprometido. Esa es su preocupación: la atención que pueden recibir los ciudadanos si reciben la transferencia en estas condiciones. Lo otro, obligarlos a asumirlo a pesar de que les pueda ir mal la atención sanitaria, sí que es una política partidista y no lo contrario; es demostrar quién manda por encima de todo, a pesar de los intereses de los ciudadanos, que se pueden ver perjudicados en su actuación. ¡Eso sí que es una política partidista! Por otra parte, oigo muchas veces hablar de política partidista al Partido Popular, lo cual me llena de preocupación, porque los partidos no solamente son legítimos, sino que son la forma de participación democrática que establece nuestra Constitución y tanto hablar de política partidista al final a mí me empieza a escamar. (Aplausos.) En fin, no hagamos juicios de valor.
Les quiero decir con toda claridad, y ustedes lo saben perfectamente, cuál es el juego de la nueva subida de impuestos. No es verdad que para financiar la sanidad o para cualquier otra cosa sea necesario crear un nuevo impuesto. Eso no es cierto. El impuesto sobre hidrocarburos --que, como ustedes saben, se devenga en origen y que estamos teóricamente en la parte baja de la armonización-- se puede subir perfectamente y con la misma asignación que

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se hace ahora, que es por un índice de consumo del INE, porque no se paga en su sitio, y se pueden obtener no los mismos recursos que el del impuesto minorista, sino muchos más, porque se puede gestionar mucho más fácilmente que cuando ustedes pongan en vigor el nuevo impuesto que se acaba de crear. Si se pudiera crear tan fácilmente, no hubieran establecido ustedes un sistema transitorio de un año o dos para la capacidad normativa posterior. Ustedes saben perfectamente que eso de ir a autoliquidar el gasolinero es una complicación para la que no están acostumbrados todavía. En cambio, subir el impuesto de origen, como ya estaba, se podía hacer y era mucho más barato recaudar y seguro que habría menos fraudes. Eso es lo que ustedes querían hacer en realidad; no ustedes sino el señor Ministro, que ya se ha ido. El ha pensado ¿no quieren las Comunidades tanta corresponsabilidad? ¡Pues ahí la tienen! Ahora subo yo los impuestos y culpo a las autonomías porque tienen que mejorar la sanidad. Pero no es cierto, porque se puede hacer de otras muchas maneras. La semana anterior, discutíamos algo que también recordarán --lo recordarán después en las facturas, con toda claridad--: ¿Qué ha pasado con los recursos que había previsto obtener? ¿Se van quedando cortas las previsiones? Lógicamente. ¿Subirán los gastos? También. ¿Tenemos excesivamente valorados los ingresos? Ciertamente. Y además, como les he dicho en otras ocasiones --en su ausencia la mayor parte de las veces también-- teníamos un nuevo tratamiento de plusvalías en el que hemos pasado del diferimiento a la exención, y hemos rebajado a la mitad el impuesto de las plusvalías cuando se reinvierten. En definitiva, dejaremos de ingresar muchos más ingresos de los que ahora teóricamente vamos a recoger.
Por tanto, como les digo, era innecesario desde el punto de vista de la recaudación, porque hubiera sido más fácil gravar el impuesto actual --y estábamos en la banda baja y se podía hacer--, hubiera sido más barato de recaudar y con menos fraude, y se hubiera podido hacer desde el primer momento, sin embargo, lo ha habido que aplazar. ¿Había recursos suficientes? Sí, los hubiera habido si no hubieran tenido ese apoyo --que dicen ahora que dan ustedes a la pequeña y mediana empresa-- las grandes empresas, y especialmente las que tenían que desinvertir, como consecuencia de su pretensión de controlar monopolísticamente el mercado, y han tenido que derivar.
En consecuencia, sobraban ingresos. No era necesario crear el impuesto; teníamos más posibilidades de hacerlo mejor, pero ustedes lo que pretendían era decir: ¿Queríais autonomía financiera? ¡Ahí la tenéis! Todas las subidas de impuestos que ahora vamos a hacer, se las vamos a cargar a la voracidad de las Comunidades Autónomas, y lo demás está por ver. Esa es la realidad de la subida de impuestos, y siempre estamos con esa preocupación del señor Montoro, y de todos los demás, que quieren ser secretarios de organización del Partido Socialista. En la próxima ocasión contaremos con ustedes también, pero estas Navidades no se vayan ustedes preocupados que nosotros nos arreglamos bien.
En lo que sí les quiero insistir es en que ustedes pueden tener la fe que quieran en todo lo que hacemos o dejamos de hacer, pero nosotros hemos dejado claro que retiramos nuestras enmiendas, y ustedes no. Por tanto, ustedes son los que modifican el acuerdo y nosotros lo respetamos. Lo demás son historias, caballeros y señoras. (Aplausos en los escaños del Grupo Parlamentario Socialista.--Varios señores Senadores: ¡Muy bien!) Nada más y muchas gracias.


El señor VICEPRESIDENTE (Prada Presa): Gracias, Senador Lerma.
Por el Grupo Parlamentario Popular tiene la palabra el Senador Ruiz Rivero.


El señor RUIZ RIVERO: Muchas gracias, señor Presidente.
¡Sorprendente discurso el del Senador Lerma! Parece que ansía otra vez debatir desde el principio tanto la Ley de Financiación de las Comunidades Autónomas como la ley que le acompaña. ¿Ha estado usted aquí, Senador Lerma? Porque hemos estado hablando de eso durante todo el día, desde las doce de la mañana, y usted parece que no lo entiende.
Sin embargo, le voy a remitir a alguien que sí lo entiende, o al menos lo entendió en un principio. Es un compañero suyo de partido, que es el Consejero de Hacienda y Presupuestos de la Comunidad Autónoma de las Islas Baleares, mi Comunidad Autónoma. Este señor sí lo entendió desde el principio, hasta que las malas compañías le hicieron cambiar de opinión, también es verdad (Risas.); las malas compañías políticas, que nadie se ofenda. Este señor dice, y figura en el «Diario de Sesiones» --tome nota, Senador Lerma, que está bien esto--: Si queremos ser soberanos lo tenemos que ser para todo; por lo tanto, nuestros recursos estarán directamente relacionados con la evolución económica de nuestra Comunidad Autónoma.
Eso querrá decir que cuando hagamos el presupuesto, cuando tengamos toda esta participación en tributos sobre el consumo, tendremos que vigilar de cerca la coyuntura económica a medio y corto plazo, sobre todo porque nuestros recursos dependerán de eso, y hasta ahora no había sido así.
Eso es exactamente lo que define el espíritu de esta nueva ley; eso es exactamente. El Consejero de Hacienda de Presupuestos de la Comunidad Autónoma de las Islas Baleares le entendió perfectamente; evidentemente, hasta le llegaron órdenes de que eso no podía ser así y, por supuesto, las acató.
Senador Lerma, efectivamente ha retirado las enmiendas pero sin ninguna convicción porque el «speech» lo ha soltado exactamente igual. No basta con retirar las enmiendas ni los vetos. Tienen que buscar ustedes la coherencia; renuncien a ese partidismo, a la confusión. El mensaje ha de ser único, desde el principio. Trabajen en esa línea que les aseguro que el Gobierno, su propio partido y los ciudadanos agradecerán.
Hablando en términos navideños, a los que usted ha aludido, tenía la tentación de indicarles, para que ustedes consiguieran todo eso, que mandaran una carta a los Reyes Magos, pero tengo miedo porque lo mismo les meto en un

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follón, pues puede ser que para redactar la carta ni se aclaren entre ustedes. (Aplausos en los escaños del Grupo Parlamentario Popular.)

El señor VICEPRESIDENTE (Prada Presa): Gracias, Senador Ruiz Rivero.
Finalizado el debate, pasamos a la votación.
En primer lugar, estaban las enmiendas de los Senadores Cámara Fernández y Cabrero Palomares, del Grupo Parlamentario Mixto, las números 1 a 13, que han sido retiradas.
En segundo lugar, están las enmiendas del Grupo Parlamentario de Coalición Canaria. Han sido retiradas todas menos las números 82 y 114, que votamos de forma separada.
En primer lugar, votamos la número 82.
Se inicia la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos emitidos, 208; a favor, 12; en contra, 133; abstenciones, 63.


El señor VICEPRESIDENTE (Prada Presa): Queda rechazada.
A continuación votamos la enmienda número 114, también del Grupo Parlamentario de Senadores de Coalición Canaria.
Se inicia la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos emitidos, 207; a favor, 12; en contra; 133; abstenciones, 62.


El señor VICEPRESIDENTE (Prada Presa): Queda rechazada.
Pasamos a votar las enmiendas presentadas por el Grupo Parlamentario Entesa Catalana de Progrés, significando que las números 32 a 50 han sido retiradas, y que se mantiene la enmienda que propone el mantenimiento del texto remitido por el Congreso de los Diputados en relación con lo modificado como consecuencia de la aprobación en Comisión de enmiendas del Grupo Parlamentario Popular, sobre la base de las enmiendas números 148, 151, 161, 175, 197, 199 y 200 del mismo Grupo, y números 70, 72, 83, 96 y 114, del Grupo Parlamentario de Senadores de Coalición Canaria.
Se inicia la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos emitidos, 208; a favor, 68; en contra, 132; abstenciones, ocho.


El señor VICEPRESIDENTE (Prada Presa): Queda rechazada.
Votamos en un solo bloque las enmiendas del Grupo Parlamentario Catalán en el Senado de Convergència i Unió números 115, 116, 123, 124, 125 y 126.
Se inicia la votación. (Pausa.) Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos emitidos, 207; a favor, 11; en contra, 134; abstenciones, 62.


El señor VICEPRESIDENTE (Prada Presa): Quedan rechazadas.
A continuación pasamos a las enmiendas del Grupo Parlamentario Socialista.
Las enmiendas números 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30 y 31 han sido retiradas.
En primer lugar, votamos la enmienda que propone la supresión de la disposición transitoria sexta nueva, introducida como consecuencia de la aprobación en Comisión de una enmienda del Grupo Parlamentario Popular sobre la base de la enmienda número 197, del mismo Grupo.
Se inicia la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos emitidos, 209; a favor; 69; en contra, 132; abstenciones, ocho.


El señor VICEPRESIDENTE (Prada Presa): Queda rechazada.
Por último, votamos la enmienda del Grupo Parlamentario Socialista que propone el mantenimiento del texto remitido por el Congreso de los Diputados en relación con la disposición final segunda, modificada como consecuencia de la aprobación en Comisión de una enmienda del Grupo Parlamentario Popular sobre la base de las enmiendas número 200, del mismo Grupo, y número 114, del Grupo Parlamentario de Senadores de Coalición Canaria.
Se inicia la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos emitidos, 209; a favor, 68; en contra, 133; abstenciones, ocho.


El señor VICEPRESIDENTE (Prada Presa): Queda rechazada.
Pasamos a la votación del Dictamen. En primer lugar, los artículos 6, 7, 18, 19, 36 bis, 42 ter (nuevo), 44, 45, 46, 48, 49, 50, 51, 52, 53; las disposiciones transitorias tercera, cuarta, quinta y sexta; la disposición final primera y la exposición de motivos.


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos emitidos, 209; a favor, 139; en contra, 70.


El señor VICEPRESIDENTE (Prada Presa): Queda aprobada la parte del dictamen referida.
A continuación, votamos la disposición final segunda.
Se inicia la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos emitidos, 209; a favor, 138; en contra, 62; abstenciones, nueve.


El señor VICEPRESIDENTE (Prada Presa): Queda aprobada.
Por último, señorías, votamos el resto del Dictamen.


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Se inicia la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos emitidos, 208; a favor, 139; en contra, tres; abstenciones, 66.


El señor VICEPRESIDENTE (Prada Presa): Queda aprobado el resto del dictamen.
Tal como dispone el artículo 90 de la Constitución, se dará traslado de las enmiendas aprobadas por el Senado al Congreso de los Diputados, para que éste se pronuncie en forma previa a la sanción del texto definitivo por Su Majestad el Rey.
Se levanta la sesión.


Eran las veinte horas y diez minutos.

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