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DS. Senado, Pleno, núm. 74, de 19/12/2001
 


CORTES GENERALES

DIARIO DE SESIONES DEL

SENADO

Año 2001 VII Legislatura Núm. 74

PRESIDENCIA DE LA EXCMA. SRA. DOÑA ESPERANZA AGUIRRE GIL DE BIEDMA

Sesión del Pleno

celebrada el miércoles, 19 de diciembre de 2001

ORDEN DEL DIA:

Primero

Preguntas:

--De Dª MARIA CRISTINA ALMEIDA CASTRO, del Grupo Parlamentario Socialista, sobre las medidas que piensa adoptar el Gobierno para asegurar que las garantías procesales de los extranjeros, especialmente de los de lengua árabe, no se vean disminuidas por los efectos de una traducción defectuosa (publicada en el «Boletín Oficial de las Cortes Generales», Senado, Serie I, número 328, de fecha 17 de diciembre de 2001) (Número de expediente 680/000575).


--De Dª INMACULADA LOROÑO ORMAECHEA, del Grupo Parlamentario de Senadores Nacionalistas Vascos, sobre las actuaciones en relación con la paralización de los procesos de adopción de menores de origen rumano (publicada en el «Boletín Oficial de las Cortes Generales», Senado, Serie I, número 328, de fecha 17 de diciembre de 2001) (Número de expediente 680/000568).


--De D. DIEGO MIGUEL ASENSIO MARTINEZ, del Grupo Parlamentario Socialista, sobre las razones que han motivado el cese del Director Provincial del Instituto Nacional de Empleo (INEM) en Almería (Número de expediente 680/000590).


--De Dª BELEN MARIA DO CAMPO PIÑEIRO, del Grupo Parlamentario Popular en el Senado, sobre la finalidad de la Agencia de la Seguridad Social prevista en el acuerdo para la Mejora y el Desarrollo del Sistema de Protección Social, firmado el 9 de abril de 2001 (publicada en el «Boletín Oficial de las Cortes Generales», Senado, Serie I, número 328, de fecha 17 de diciembre de 2001) (Número de expediente 680/000582).


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--De D. JOSE LUIS VALLINES DIAZ, del Grupo Parlamentario Popular en el Senado, sobre las previsiones del Gobierno en relación al incremento del porcentaje aplicable a la base reguladora de las pensiones de viudedad (publicada en el «Boletín Oficial de las Cortes Generales», Senado, Serie I, número 328, de fecha 17 de diciembre de 2001) (Número de expediente 680/000584).


--De D. SIXTE CAMBRA I SANCHEZ, del Grupo Parlamentario Catalán en el Senado de Convergència i Unió, sobre la opinión del Gobierno acerca de la supresión del vuelo regular de la compañía Iberia, Líneas Aéreas de España, S. A., entre Barcelona y Nueva York (Estados Unidos de América) (publicada en el «Boletín Oficial de las Cortes Generales», Senado, Serie I, número 328, de fecha 17 de diciembre de 2001) (Número de expediente 680/000563).


--De D. JORDI XUCLA I COSTA, del Grupo Parlamentario Catalán en el Senado de Convergència i Unió, sobre las previsiones del Gobierno en orden a ejecutar las obras de acondicionamiento del tramo de la carretera nacional N-260 comprendido entre Colera y Portbou (Girona) (publicada en el «Boletín Oficial de las Cortes Generales», Senado, Serie I, número 328, de fecha 17 de diciembre de 2001) (Número de expediente 680/000565).


--De D. ANXO MANUEL QUINTANA GONZALEZ, del Grupo Parlamentario Mixto, sobre la posición del Gobierno en relación con la realización por parte del Presidente de la Autoridad Portuaria de Vigo (Pontevedra) de actuaciones de relleno y dragado en la zona del Areal del puerto (publicada en el «Boletín Oficial de las Cortes Generales», Senado, Serie I, número 328, de fecha 17 de diciembre de 2001) (Número de expediente 680/000569).


--De D. FROILAN GERMAN RODRIGUEZ DIAZ, del Grupo Parlamentario de Senadores de Coalición Canaria, sobre las medidas que va a tomar el Gobierno para evitar que la subida de las tasas aeroportuarias para el año 2002 provoque un incremento de las tarifas aéreas, especialmente en los vuelos con las comunidades insulares (publicada en el «Boletín Oficial de las Cortes Generales», Senado, Serie I, número 328, de fecha 17 de diciembre de 2001) (Número de expediente 680/000572).


--De D. JOAN SABATE BORRAS, del Grupo Parlamentario Entesa Catalana de Progrés, sobre si el Ministerio de Fomento considera posible el acondicionamiento y la reapertura del tramo ferroviario comprendido entre Tortosa y Freginals, en la provincia de Tarragona (publicada en el «Boletín Oficial de las Cortes Generales», Senado, Serie I, número 328, de fecha 17 de diciembre de 2001) (Número de expediente 680/000574).


--De Dª MARIA ROSARIO FATIMA ABURTO BASELGA, del Grupo Parlamentario Socialista, sobre las previsiones del Gobierno acerca de la modernización del transporte ferroviario en la provincia de Huelva (publicada en el «Boletín Oficial de las Cortes Generales», Senado, Serie I, número 328, de fecha 17 de diciembre de 2001) (Número de expediente 680/000581).


--De Dª MARIA BELEN FERNANDEZ-DELGADO Y CERDA, del Grupo Parlamentario Popular en el Senado, sobre las nuevas inversiones que se han realizado en el área de infraestructuras, concretamente en la red viaria y ferroviaria, en la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia desde el año 1996 (publicada en el «Boletín Oficial de las Cortes Generales», Senado, Serie I, número 328, de fecha 17 de diciembre de 2001) (Número de expediente 680/000587).


--De D. RAMON ALEU I JORNET, del Grupo Parlamentario Entesa Catalana de Progrés, sobre las previsiones del Gobierno para resolver la situación en que se encuentra la negociación de la nueva Organización Común de Mercado (OCM) de frutas y hortalizas, en lo que afecta al sector de los frutos secos (publicada en el «Boletín Oficial de las Cortes Generales», Senado, Serie I, número 328, de fecha 17 de diciembre de 2001) (Número de expediente 680/000547).


--De D. JERONIMO SAAVEDRA ACEVEDO, del Grupo Parlamentario Socialista, sobre las medidas que piensa adoptar el Gobierno en relación con las condiciones inhumanas que padecen los inmigrantes en la antigua terminal del aeropuerto de Fuerteventura (Las Palmas) (Número de expediente 680/000591).


--De Dª CRISTINA AGUDO CADARSO, del Grupo Parlamentario Socialista, sobre las explicaciones que da el Ministerio de Educación, Cultura y Deporte en relación a la crisis abierta en la gestión del Museo Nacional del Prado (publicada en el «Boletín Oficial de las Cortes Generales», Senado, Serie I, número 328, de fecha 17 de diciembre de 2001) (Número de expediente 680/000580).


--De D. JOSE MACIAS SANTANA, del Grupo Parlamentario Popular en el Senado, sobre la fecha prevista para la inauguración y puesta en servicio de la Biblioteca General del Estado de Las Palmas de Gran Canaria (Las Palmas) (publicada en el «Boletín Oficial de las Cortes Generales», Senado, Serie I, número 328, de fecha 17 de diciembre de 2001) (Número de expediente 680/000586).


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--De Dña. MARIA TERESA NOVILLO MORENO, del Grupo Parlamentario Popular en el Senado, sobre las previsiones del Gobierno para el curso 2001-2002 en materia de becas y ayudas al estudio (publicada en el «Boletín Oficial de las Cortes Generales», Senado, Serie I, número 328, de fecha 17 de diciembre de 2001) (Número de expediente 680/000588).


--De D. ANGEL VILLALBA ALVAREZ, del Grupo Parlamentario Socialista, sobre las previsiones del Gobierno para establecer protocolos o convenios de colaboración con objeto de compensar o corregir los desequilibrios producidos en determinadas Comunidades Autónomas derivados de su situación limítrofe, con atención a criterios de corresponsabilidad fiscal y solidaridad territorial (publicada en el «Boletín Oficial de las Cortes Generales», Senado, Serie I, número 328, de fecha 17 de diciembre de 2001) (Número de expediente 680/000576).


--De D. VICENT BEGUER I OLIVERES, del Grupo Parlamentario Catalán en el Senado de Convergència i Unió, sobre las previsiones del Gobierno en orden a arbitrar las medidas legales oportunas para compensar suficientemente a los arrendadores que no pudieron revisar la renta del contrato debido a la insuficiencia de medios de sus arrendatarios, en aplicación de la Ley 29/1994, de 24 de noviembre, de arrendamientos urbanos (publicada en el «Boletín Oficial de las Cortes Generales», Senado, Serie I, número 328, de fecha 17 de diciembre de 2001) (Número de expediente 680/000564).


--De D. VICTORIANO RIOS PEREZ, del Grupo Parlamentario de Senadores de Coalición Canaria, sobre las previsiones del Gobierno en relación con el impacto que producirá la adjudicación del contrato de servicio de líneas marítimas de interés público sobre el proceso de privatización de la Compañía Trasmediterránea, S. A., (publicada en el «Boletín Oficial de las Cortes Generales», Senado, Serie I, número 328, de fecha 17 de diciembre de 2001) (Número de expediente 680/000571).


--De D. RAMON RODRIGUEZ ARES, del Grupo Parlamentario Popular en el Senado, sobre la evolución del número de abonados a telefonía móvil por cada cien habitantes, en los últimos años, en España (publicada en el «Boletín Oficial de las Cortes Generales», Senado, Serie I, número 328, de fecha 17 de diciembre de 2001) (Número de expediente 680/000583).


--De D. JUAN SEVA MARTINEZ, del Grupo Parlamentario Popular en el Senado, sobre la evolución del mercado de las telecomunicaciones con relación al Producto Interior Bruto (PIB), en los últimos años, en España (publicada en el «Boletín Oficial de las Cortes Generales», Senado, Serie I, número 328, de fecha 17 de diciembre de 2001) (Número de expediente 680/000585).


--De D. JUAN JOSE LABORDA MARTIN, del Grupo Parlamentario Socialista, sobre las previsiones del Gobierno en orden a modificar la capacidad de enmienda del Senado (Número de expediente 680/000589).


--De D. RAMON ALEU I JORNET, Dª MARTA CID PAÑELLA y D. JOAN SABATE BORRAS, del Grupo Parlamentario Entesa Catalana de Progrés, sobre si tiene previsto el Gobierno modificar la legislación para mejorar la seguridad de las centrales nucleares potencialmente afectadas por la Ley 54/1997, de 27 de noviembre, del Sector Eléctrico (publicada en el «Boletín Oficial de las Cortes Generales», Senado, Serie I, número 328, de fecha 17 de diciembre de 2001) (Número de expediente 680/000546).


--De D. FRANCISCO XABIER ALBISTUR MARIN, del Grupo Parlamentario de Senadores Nacionalistas Vascos, sobre los criterios seguidos por el Gobierno para la distribución parcial del contrato de gas realizado con Argelia entre seis empresas del sector eléctrico y del gas (publicada en el «Boletín Oficial de las Cortes Generales», Senado, Serie I, número 328, de fecha 17 de diciembre de 2001) (Número de expediente 680/000566).


--De D. MANUEL CAMARA FERNANDEZ, del Grupo Parlamentario Mixto, sobre si ha realizado el Gobierno alguna gestión respecto al préstamo concedido a Alpha Investment para la adquisición del Grupo Majórica (publicada en el «Boletín Oficial de las Cortes Generales», Senado, Serie I, número 328, de fecha 17 de diciembre de 2001) (Número de expediente 680/000567).


--De D. JOAN GANYET SOLE, del Grupo Parlamentario Entesa Catalana de Progrés, sobre las medidas previstas por el Gobierno para hacer frente a los problemas ocasionados por la transición de la peseta al euro en los miles de núcleos rurales de España que no disponen de oficinas bancarias (publicada en el «Boletín Oficial de las Cortes Generales», Senado, Serie I, número 328, de fecha 17 de diciembre de 2001) (Número de expediente 680/000573).


Segundo

Interpelaciones:

--De D. RAMON ESPASA I OLIVER, del Grupo Parlamentario Entesa Catalana de Progrés, sobre la política del Gobierno en relación con el acuerdo sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio (ADPIC) y su interpretación en el marco de los acuerdos de la Organización Mundial del Comercio (OMC) en orden a garantizar la accesibilidad a los medicamentos esenciales para quienes lo

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necesiten (publicada en el «Boletín Oficial de las Cortes Generales», Senado, Serie I, número 328, de fecha 17 de diciembre de 2001) (Número de expediente 670/000104).


--De D. FELIX LAVILLA MARTINEZ, del Grupo Parlamentario Socialista, sobre la política del Gobierno en materia formativa y de «alfabetización digital» en el uso de Internet y las nuevas tecnologías de la información (publicada en el «Boletín Oficial de las Cortes Generales», Senado, Serie I, número 328, de fecha 17 de diciembre de 2001) (Número de expediente 670/000108).


--De Dª INMACULADA DE BONETA Y PIEDRA, del Grupo Parlamentario Mixto, sobre la política del Gobierno en relación con la prórroga del Concierto Económico del País Vasco (publicada en el «Boletín Oficial de las Cortes Generales», Senado, Serie I, número 328, de fecha 17 de diciembre de 2001) (Número de expediente 670/000107).


--De D. RAMON ALEU I JORNET, del Grupo Parlamentario Entesa Catalana de Progrés, sobre la política que piensa llevar a cabo el Gobierno para promover el cumplimiento de la Ley 11/1997, de 24 de abril, de envases y residuos de envases, en cuanto a la prioridad de las medidas que eviten la producción de residuos de envases (publicada en el «Boletín Oficial de las Cortes Generales», Senado, Serie I, número 328, de fecha 17 de diciembre de 2001) (Número de expediente 670/000109).


Tercero

Conocimiento por el Pleno de tratados y convenios internacionales remitidos por el Congreso de los Diputados:

--Acuerdo sobre la aplicación de las disposiciones de la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar, de 10 de diciembre de 1982, relativas a la conservación y ordenación de las poblaciones de peces transzonales y las poblaciones de peces altamente migratorios, hecho en Nueva York el 4 de agosto de 1995 y Declaraciones Interpretativas que España desea formular (publicado en el «Boletín Oficial de las Cortes Generales», Senado, Serie IV, número 94, de fecha 7 de diciembre de 2001) (Número de expediente S. 610/000094) (Número de expediente C. D.
110/000091).


Cuarto

Informes de ponencias:

--Informe de la Ponencia de estudio para la Problemática de la Empresa Familiar, constituida en el seno de la Comisión de Hacienda, aprobado por la Comisión en sesión celebrada el día 27 de noviembre de 2001 (publicado en el «Boletín Oficial de las Cortes Generales», Senado, Serie I, número 316, de fecha 29 de noviembre de 2001) (Número de expediente 543/000005).


Quinto

Conocimiento directo de proyectos y proposiciones de ley remitidos por el Congreso de los Diputados:

--Proyecto de Ley sobre concesión de un crédito extraordinario por importe de 19.945.098.263 pesetas (119.872.454, 79 euros), para atender insuficiencias de crédito producidas en ejercicios anteriores por la compensación de intereses de préstamos a la construcción naval (publicado en el «Boletín Oficial de las Cortes Generales», Senado, Serie II, número 45, de fecha 30 de noviembre de 2001) (Número de expediente S.621/000045) (Número de expediente C. D. 121/000042).


Sexto

Dictámenes de la Comisión de Incompatibilidades:

--En relación con diversos señores Senadores (publicado en el «Boletín Oficial de las Cortes Generales», Senado, Serie I, número 326, de fecha 14 de diciembre de 2001) (Número de expediente 542/000018).


Séptimo

Mociones:

--DE LOS GRUPOS POPULAR, SOCIALISTA, CATALAN EN EL SENADO DE CONVERGéNCIA I UNIO, DE SENADORES NACIONALISTAS VASCOS, ENTESA CATALANA DE PROGRES y MIXTO, por la que el Senado manifiesta su apoyo a la candidatura de las ciudades de Ubeda y Baeza (Jaén) para su inclusión en la lista del patrimonio mundial de la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO) (Número de expediente 662/000176).


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SUMARIO

Se abre la sesión a las nueve horas y treinta minutos.


PREGUNTAS (Página 4276)

De Dª MARIA CRISTINA ALMEIDA CASTRO, del Grupo Parlamentario Socialista, sobre las medidas que piensa adoptar el Gobierno para asegurar que las garantías procesales de los extranjeros, especialmente de los de lengua árabe, no se vean disminuidas por los efectos de una traducción defectuosa (Página 4276)

La señora Almeida Castro formula su pregunta. En nombre del Gobierno, le contesta el señor Ministro de Justicia (Acebes Paniagua). En turno de réplica, interviene de nuevo la señora Almeida Castro. En turno de dúplica, lo hace el señor Ministro de Justicia (Acebes Paniagua).


De Dª INMACULADA LOROÑO ORMAECHEA, del Grupo Parlamentario de Senadores Nacionalistas Vascos, sobre las actuaciones en relación con la paralización de los procesos de adopción de menores de origen rumano (Página 4277)

La señora Loroño Ormaechea formula su pregunta. En nombre del Gobierno, le contesta el señor Ministro de Trabajo y Asuntos Sociales (Aparicio Pérez). En turno de réplica, interviene de nuevo la señora Loroño Ormaechea. En turno de dúplica, lo hace el señor Ministro de Trabajo y Asuntos Sociales (Aparicio Pérez).


De D. DIEGO MIGUEL ASENSIO MARTINEZ, del Grupo Parlamentario Socialista, sobre las razones que han motivado el cese del Director Provincial del Instituto Nacional de Empleo (INEM) en Almería (Página 4279)

El señor Asensio Martínez formula su pregunta. En nombre del Gobierno, le contesta el señor Ministro de Trabajo y Asuntos Sociales (Aparicio Pérez). En turno de réplica, interviene de nuevo el señor Asensio Martínez. En turno de dúplica, lo hace el señor Ministro de Trabajo y Asuntos Sociales (Aparicio Pérez).


De Dª BELEN MARIA DO CAMPO PIÑEIRO, del Grupo Parlamentario Popular en el Senado, sobre la finalidad de la Agencia de la Seguridad Social prevista en el acuerdo para la Mejora y el Desarrollo del Sistema de Protección Social, firmado el 9 de abril de 2001 (Página 4280)

La señora Do Campo Piñeiro formula su pregunta. En nombre del Gobierno, le contesta el señor Ministro de Trabajo y Asuntos Sociales (Aparicio Pérez). En turno de réplica, interviene de nuevo la señora Do Campo Piñeiro.


De D. JOSE LUIS VALLINES DIAZ, del Grupo Parlamentario Popular en el Senado, sobre las previsiones del Gobierno en relación al incremento del porcentaje aplicable a la base reguladora de las pensiones de viudedad (Página 4281)

El señor Vallines Díaz formula su pregunta. En nombre del Gobierno, le contesta el señor Ministro de Trabajo y Asuntos Sociales (Aparicio Pérez).


De D. SIXTE CAMBRA I SANCHEZ, del Grupo Parlamentario Catalán en el Senado de Convergència i Unió, sobre la opinión del Gobierno acerca de la supresión del vuelo regular de la compañía Iberia, Líneas Aéreas de España, S. A., entre Barcelona y Nueva York (Estados Unidos de América) (Página 4283)

El señor Cambra i Sánchez formula su pregunta. En nombre del Gobierno, le contesta el señor Ministro de Fomento (Alvarez-Cascos Fernández). En turno de réplica, interviene de nuevo el señor Cambra i Sánchez. En turno de dúplica, lo hace el señor Ministro de Fomento (Alvarez-Cascos Fernández).


De D. JORDI XUCLA I COSTA, del Grupo Parlamentario Catalán en el Senado de Convergència i Unió, sobre las previsiones del Gobierno en orden a ejecutar las obras de acondicionamiento del tramo de la carretera nacional N-260 comprendido entre Colera y Portbou (Girona) (Página 4284)

El señor Xuclà i Costa formula su pregunta. En nombre del Gobierno, le contesta el señor Ministro de Fomento (Alvarez-Cascos Fernández). En turno de réplica, interviene de nuevo el señor Xuclà i Costa. En turno de dúplica, lo hace el señor Ministro de Fomento (Alvarez-Cascos Fernández).


De D. ANXO MANUEL QUINTANA GONZALEZ, del Grupo Parlamentario

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Mixto, sobre la posición del Gobierno en relación con la realización por parte del Presidente de la Autoridad Portuaria de Vigo (Pontevedra) de actuaciones de relleno y dragado en la zona del Areal del puerto (Página 4285)

El señor Quintana González formula su pregunta. En nombre del Gobierno, le contesta el señor Ministro de Fomento (Alvarez-Cascos Fernández). En turno de réplica, interviene de nuevo el señor Quintana González. En turno de dúplica, lo hace el señor Ministro de Fomento (Alvarez- Cascos Fernández).


De D. FROILAN GERMAN RODRIGUEZ DIAZ, del Grupo Parlamentario de Senadores de Coalición Canaria, sobre las medidas que va a tomar el Gobierno para evitar que la subida de las tasas aeroportuarias para el año 2002 provoque un incremento de las tarifas aéreas, especialmente en los vuelos con las comunidades insulares (Página 4286)

El señor Rodríguez Díaz formula su pregunta. En nombre del Gobierno, le contesta el señor Ministro de Fomento (Alvarez-Cascos Fernández). En turno de réplica, interviene de nuevo el señor Rodríguez Díaz.


De D. JOAN SABATE BORRAS, del Grupo Parlamentario Entesa Catalana de Progrés, sobre si el Ministerio de Fomento considera posible el acondicionamiento y la reapertura del tramo ferroviario comprendido entre Tortosa y Freginals, en la provincia de Tarragona (Página 4288)

El señor Sabaté Borràs formula su pregunta. En nombre del Gobierno, le contesta el señor Ministro de Fomento (Alvarez-Cascos Fernández). En turno de réplica, interviene de nuevo el señor Sabaté Borràs. En turno de dúplica, lo hace el señor Ministro de Fomento (Alvarez-Cascos Fernández).


De Dª MARIA ROSARIO FATIMA ABURTO BASELGA, del Grupo Parlamentario Socialista, sobre las previsiones del Gobierno acerca de la modernización del transporte ferroviario en la provincia de Huelva (Página 4289)

La señora Aburto Baselga formula su pregunta. En nombre del Gobierno, le contesta el señor Ministro de Fomento (Alvarez-Cascos Fernández). En turno de réplica, interviene de nuevo la señora Aburto Baselga. En turno de dúplica, lo hace el señor Ministro de Fomento (Alvarez-Cascos Fernández).


De Dª MARIA BELEN FERNANDEZ-DELGADO Y CERDA, del Grupo Parlamentario Popular en el Senado, sobre las nuevas inversiones que se han realizado en el área de infraestructuras, concretamente en la red viaria y ferroviaria, en la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia desde el año 1996 (Página 4290)

El señor Pérez Ruiz, en nombre de la señora Fernández-Delgado Cerdá, formula la pregunta. En nombre del Gobierno, le contesta el señor Ministro de Fomento (Alvarez-Cascos Fernández). En turno de réplica, interviene de nuevo el señor Pérez Ruiz.


De D. RAMON ALEU I JORNET, del Grupo Parlamentario Entesa Catalana de Progrés, sobre las previsiones del Gobierno para resolver la situación en que se encuentra la negociación de la nueva Organización Común de Mercado (OCM) de frutas y hortalizas, en lo que afecta al sector de los frutos secos (Página 4291)

El señor Aleu i Jornet formula su pregunta. En nombre del Gobierno, le contesta el señor Ministro de Administraciones Públicas (Posada Moreno)

De D. JERONIMO SAAVEDRA ACEVEDO, del Grupo Parlamentario Socialista, sobre las medidas que piensa adoptar el Gobierno en relación con las condiciones inhumanas que padecen los inmigrantes en la antigua terminal del aeropuerto de Fuerteventura (Las Palmas) (Página 4292)

El señor Saavedra Acevedo formula su pregunta. En nombre del Gobierno, le contesta el señor Ministro de Administraciones Públicas (Posada Moreno) En turno de réplica, interviene de nuevo el señor Saavedra Acevedo. En turno de dúplica, lo hace el señor Ministro de Administraciones Públicas (Posada Moreno).


De Dª CRISTINA AGUDO CADARSO, del Grupo Parlamentario Socialista, sobre las explicaciones que da el Ministerio de Educación, Cultura y Deporte en relación a la crisis abierta en la gestión del Museo Nacional del Prado (Página 4294)

Página 4273


La señora Agudo Cadarso formula su pregunta. En nombre del Gobierno, le contesta la señora Ministra de Educación, Cultura y Deporte (Del Castillo Vera).


De D. JOSE MACIAS SANTANA, del Grupo Parlamentario Popular en el Senado, sobre la fecha prevista para la inauguración y puesta en servicio de la Biblioteca General del Estado de Las Palmas de Gran Canaria (Las Palmas) (Página 4295)

El señor Macías Santana formula su pregunta. En nombre del Gobierno, le contesta la señora Ministra de Educación, Cultura y Deporte (Del Castillo Vera).


De Dª MARIA TERESA NOVILLO MORENO, del Grupo Parlamentario Popular en el Senado, sobre las previsiones del Gobierno para el curso 2001-2002 en materia de becas y ayudas al estudio (Página 4295)

La señora Novillo Moreno formula su pregunta. En nombre del Gobierno, le contesta la señora Ministra de Educación, Cultura y Deporte (Del Castillo Vera).


De D. ANGEL VILLALBA ALVAREZ, del Grupo Parlamentario Socialista, sobre las previsiones del Gobierno para establecer protocolos o convenios de colaboración con objeto de compensar o corregir los desequilibrios producidos en determinadas Comunidades Autónomas derivados de su situación limítrofe, con atención a criterios de corresponsabilidad fiscal y solidaridad territorial (Página 4297)

El señor Villalba Alvarez formula su pregunta. En nombre del Gobierno, le contesta el señor Ministro de Hacienda (Montoro Romero). En turno de réplica, interviene de nuevo el señor Villalba Alvarez. En turno de dúplica, lo hace el señor Ministro de Hacienda (Montoro Romero).


De D. VICENT BEGUER I OLIVERES, del Grupo Parlamentario Catalán en el Senado de Convergència i Unió, sobre las previsiones del Gobierno en orden a arbitrar las medidas legales oportunas para compensar suficientemente a los arrendadores que no pudieron revisar la renta del contrato debido a la insuficiencia de medios de sus arrendatarios, en aplicación de la Ley 29/1994, de 24 de noviembre, de arrendamientos urbanos (Página 4298)

El señor Marimon i Sabaté, en nombre del señor Beguer i Oliveres, formula la pregunta. En nombre del Gobierno, le contesta el señor Ministro de Hacienda (Montoro Romero). En turno de réplica, interviene de nuevo el señor Marimon i Sabaté.


De D. VICTORIANO RIOS PEREZ, del Grupo Parlamentario de Senadores de Coalición Canaria, sobre las previsiones del Gobierno en relación con el impacto que producirá la adjudicación del contrato de servicio de líneas marítimas de interés público sobre el proceso de privatización de la Compañía Trasmediterránea, S. A. (Página 4299)

La señora Morales Rodríguez, en nombre del señor Ríos Pérez, formula la pregunta. En nombre del Gobierno, le contesta el señor Ministro de Hacienda (Montoro Romero). En turno de réplica, interviene de nuevo la señora Morales Rodríguez. En turno de dúplica, lo hace el señor Ministro de Hacienda (Montoro Romero).


De D. RAMON RODRIGUEZ ARES, del Grupo Parlamentario Popular en el Senado, sobre la evolución del número de abonados a telefonía móvil por cada cien habitantes, en los últimos años, en España (Página 4300)

El señor Rodríguez Ares formula su pregunta. En nombre del Gobierno, le contesta la señora Ministra de Ciencia y Tecnología (Birulés Bertrán).


De D. JUAN SEVA MARTINEZ, del Grupo Parlamentario Popular en el Senado, sobre la evolución del mercado de las telecomunicaciones con relación al Producto Interior Bruto (PIB), en los últimos años, en España (Página 4301)

El señor Seva Martínez formula su pregunta. En nombre del Gobierno, le contesta la señora Ministra de Ciencia y Tecnología (Birulés Bertrán).


De D. JUAN JOSE LABORDA MARTIN, del Grupo Parlamentario Socialista, sobre las previsiones del Gobierno en orden a modificar la capacidad de enmienda del Senado (Página 4302)

El señor Laborda Martín formula su pregunta. En nombre del Gobierno, le contesta el señor Ministro de la Presidencia (Lucas Giménez). En turno de réplica, interviene

Página 4274


de nuevo el señor Laborda Martín. En turno de dúplica, lo hace el señor Ministro de la Presidencia (Lucas Giménez).


De D. RAMON ALEU I JORNET, Dª MARTA CID PAÑELLA y D. JOAN SABATE BORRAS, del Grupo Parlamentario Entesa Catalana de Progrés, sobre si tiene previsto el Gobierno modificar la legislación para mejorar la seguridad de las centrales nucleares potencialmente afectadas por la Ley 54/1997, de 27 de noviembre, del Sector Eléctrico (Página 4303)

El señor Aleu i Jornet formula su pregunta. En nombre del Gobierno, le contesta el señor Vicepresidente Segundo del Gobierno para Asuntos Económicos y Ministro de Economía (De Rato y Figaredo). En turno de réplica, interviene de nuevo el señor Aleu i Jornet. En turno de dúplica, lo hace el señor Vicepresidente Segundo del Gobierno para Asuntos Económicos y Ministro de Economía (De Rato y Figaredo).


De D. FRANCISCO XABIER ALBISTUR MARIN, del Grupo Parlamentario de Senadores Nacionalistas Vascos, sobre los criterios seguidos por el Gobierno para la distribución parcial del contrato de gas realizado con Argelia entre seis empresas del sector eléctrico y del gas (Página 4305)

El señor Albistur Marin formula su pregunta. En nombre del Gobierno, le contesta el señor Vicepresidente Segundo del Gobierno para Asuntos Económicos y Ministro de Economía (De Rato y Figaredo) En turno de réplica, interviene de nuevo el señor Albistur Marin. En turno de dúplica, lo hace el señor Vicepresidente Segundo del Gobierno para Asuntos Económicos y Ministro de Economía (De Rato y Figaredo).


De D. MANUEL CAMARA FERNANDEZ, del Grupo Parlamentario Mixto, sobre si ha realizado el Gobierno alguna gestión respecto al préstamo concedido a Alpha Investment para la adquisición del Grupo Majórica (Página 4306)

El señor Cámara Fernández formula su pregunta. En nombre del Gobierno, le contesta el señor Vicepresidente Segundo del Gobierno para Asuntos Económicos y Ministro de Economía (De Rato y Figaredo). En turno de réplica, interviene de nuevo el señor Cámara Fernández. En turno de dúplica, lo hace el señor Vicepresidente Segundo del Gobierno para Asuntos Económicos y Ministro de Economía (De Rato y Figaredo).


De D. JOAN GANYET SOLE, del Grupo Parlamentario Entesa Catalana de Progrés, sobre las medidas previstas por el Gobierno para hacer frente a los problemas ocasionados por la transición de la peseta al euro en los miles de núcleos rurales de España que no disponen de oficinas bancarias (Página 4307)

El señor Ganyet Solé formula su pregunta. En nombre del Gobierno, le contesta el señor Vicepresidente Segundo del Gobierno para Asuntos Económicos y Ministro de Economía (De Rato y Figaredo). En turno de réplica, interviene de nuevo el señor Ganyet Solé. En turno de dúplica, lo hace el señor Vicepresidente Segundo del Gobierno para Asuntos Económicos y Ministro de Economía (De Rato y Figaredo).


INTERPELACIONES (Página 4309)

De D. RAMON ESPASA I OLIVER, del Grupo Parlamentario Entesa Catalana de Progrés, sobre la política del Gobierno en relación con el acuerdo sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio (ADPIC) y su interpretación en el marco de los acuerdos de la Organización Mundial del Comercio (OMC) en orden a garantizar la accesibilidad a los medicamentos esenciales para quienes lo necesiten (Página 4309)

El señor Espasa Oliver realiza la interpelación. En nombre del Gobierno, responde a la misma el señor Vicepresidente Segundo del Gobierno para Asuntos Económicos y Ministro de Economía (De Rato y Figaredo). Vuelve a intervenir el señor interpelante. Asimismo lo hace el señor Vicepresidente Segundo del Gobierno para Asuntos Económicos y Ministro de Economía (De Rato y Figaredo).


De D. FELIX LAVILLA MARTINEZ, del Grupo Parlamentario Socialista, sobre la política del Gobierno en materia formativa y de «alfabetización digital» en el uso de Internet y las nuevas tecnologías de la información (Página 4315)

El señor Lavilla Martínez realiza la interpelación. En nombre del Gobierno, responde a la misma la señora Ministra de Ciencia y Tecnología (Birulés Bertrán). Vuelve a intervenir el señor interpelante. Asimismo lo hace la señora Ministra de Ciencia y Tecnología (Birulés Bertrán).


Página 4275


De Dª INMACULADA DE BONETA Y PIEDRA, del Grupo Parlamentario Mixto, sobre la política del Gobierno en relación con la prórroga del Concierto Económico del País Vasco (Página 4322)

La señora De Boneta y Piedra realiza la interpelación. En nombre del Gobierno, responde a la misma el señor Ministro de Hacienda (Montoro Romero). Vuelve a intervenir la señora interpelante. En nombre del Gobierno, responde a la misma el señor Ministro de Hacienda (Montoro Romero).


De D. RAMON ALEU I JORNET, del Grupo Parlamentario Entesa Catalana de Progrés, sobre la política que piensa llevar a cabo el Gobierno para promover el cumplimiento de la Ley 11/1997, de 24 de abril, de envases y residuos de envases, en cuanto a la prioridad de las medidas que eviten la producción de residuos de envases (Página 4328)

El señor Aleu i Jornet realiza la interpelación. En nombre del Gobierno, responde a la misma el señor Ministro de Medio Ambiente (Matas i Palou).


Se suspende la sesión a las quince horas y veinte minutos.


Se reanuda la sesión a las dieciséis horas y cinco minutos.


CONOCIMIENTO POR EL PLENO DE TRATADOS Y CONVENIOS INTERNACIONALES REMITIDOS POR EL CONGRESO DE LOS DIPUTADOS (Página 4332)

Acuerdo sobre la aplicación de las disposiciones de la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar, de 10 de diciembre de 1982, relativas a la conservación y ordenación de las poblaciones de peces transzonales y las poblaciones de peces altamente migratorios, hecho en Nueva York el 4 de agosto de 1995 y Declaraciones Interpretativas que España desea formular (Página 4332)

El señor Elorriaga Fernández, Presidente de la Comisión de Asuntos Exteriores, presenta el dictamen.


El señor Gatzagaetxebarría Bastida defiende la propuesta de no ratificación, del Grupo de Senadores Nacionalistas Vascos. La señora Agüero Ruano consume un turno en contra. En turno de portavoces, hacen uso de la palabra el señor Gatzagaetxebarría Bastida, por el Grupo de Senadores Nacionalistas Vascos, quien retira en este acto la propuesta de no ratificación, y las señoras Aburto Baselga, por el Grupo Socialista, y Agüero Ruano, por el Grupo Popular.


El señor Gatzagaetxebarría Bastida defiende las propuestas del Grupo de Senadores Nacionalistas Vascos números 2, 3 y 5, retirando la número 4, sobre las declaraciones interpretativas al acuerdo. La señora Agüero Ruano consume un turno en contra. En turno de portavoces, hacen uso de la palabra los señores Rodríguez Díaz, por el Grupo de Senadores de Coalición Canaria, y Gataetxebarría Bastida, por el Grupo de Senadores Nacionalistas Vascos, así como la señora Agüero Ruano, por el Grupo Popular. El señor Gatzagaetxebarría Bastida y la señora Agüero Ruano intervienen de nuevo en virtud del artículo 87.


Se rechazan las propuestas del Grupo de Senadores Nacionalistas Vascos sobre las declaraciones interpretativas al acuerdo por 9 votos a favor, 166 en contra y 6 abstenciones.


Por 172 votos a favor, 1 en contra y 8 abstenciones, se aprueba la autorización al Gobierno a prestar su consentimiento para obligarse.


INFORMES DE PONENCIAS (Página 4343)

Informe de la Ponencia de estudio para la Problemática de la Empresa Familiar, constituida en el seno de la Comisión de Hacienda, aprobado por la Comisión en sesión celebrada el día 27 de noviembre de 2001

El señor Caneda Morales presenta el informe. No consumen turnos a favor ni en contra. En turno de portavoces, hacen uso de la palabra la señora Morales Rodríguez, por el Grupo de Senadores de Coalición Canaria; el señor Albistur Marin, por el Grupo de Senadores Nacionalistas Vascos; la señora Aroz Ibáñez, por el Grupo Entesa Catalana de Progrés, y los señores Cambra i Sánchez, por el Grupo Catalán en el Senado de Convergència i Unió; Chivite Corgano, por el Grupo Socialista, y Gamero Mir, por el Grupo Popular.


Se aprueba el informe por asentimiento de la Cámara.


CONOCIMIENTO DIRECTO DE PROYECTOS Y PROPOSICIONES DE LEY REMITIDOS POR EL CONGRESO DE LOS DIPUTADOS (Página 4350)

Página 4276


Proyecto de Ley sobre concesión de un crédito extraordinario por importe de 19.945.098.263 pesetas (119.872.454, 79 euros), para atender insuficiencias de crédito producidas en ejercicios anteriores por la compensación de intereses de préstamos a la construcción naval (Página 4350)

Se aprueba el proyecto de ley por asentimiento de la Cámara.


DICTAMENES DE LA COMISION DE INCOMPATIBILIDADES (Página 4351)

En relación con diversos señores Senadores

El señor Ainsa Escartín presenta el dictamen, que se aprueba por asentimiento de la Cámara.


MOCIONES (Página 4351)

De los GRUPOS PARLAMENTARIOS POPULAR, SOCIALISTA, CATALAN EN EL SENADO DE CONVERGéNCIA I UNIO, DE SENADORES NACIONALISTAS VASCOS, ENTESA CATALANA DE PROGRES y MIXTO, por la que el Senado manifiesta su apoyo a la candidatura de las ciudades de Ubeda y Baeza (Jaén) para su inclusión en la lista del patrimonio mundial de la organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO) (Página 4351)

Se aprueba la moción por asentimiento de la Cámara.


Se levanta la sesión a las diecinueve horas y veinte minutos.


Se abre la sesión a las nueve horas y treinta y cinco minutos.


La señora PRESIDENTA: Señorías, se abre la sesión.


PREGUNTAS:

--DE DOÑA MARIA CRISTINA ALMEIDA CASTRO, DEL GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA, SOBRE LAS MEDIDAS QUE PIENSA ADOPTAR EL GOBIERNO PARA ASEGURAR QUE LAS GARANTIAS PROCESALES DE LOS EXTRANJEROS, ESPECIALMENTE DE LOS DE LENGUA ARABE, NO SE VEAN DISMINUIDAS POR LOS EFECTOS DE UNA TRADUCCION DEFECTUOSA (680/000575).


La señora PRESIDENTA: Punto primero del orden del día: Preguntas.
Pregunta de doña María Cristina Almeida Castro, del Grupo Parlamentario Socialista, sobre las medidas que piensa adoptar el Gobierno para asegurar que las garantías procesales de los extranjeros, especialmente de los de lengua árabe, no se vean disminuidas por los efectos de una traducción defectuosa.
Tiene la palabra la Senadora Almeida Castro.


La señora ALMEIDA CASTRO: Gracias, señora Presidenta.
Señor Ministro, doy por reproducida la pregunta tal y como ha sido formulada por la señora Presidenta.
Muchas gracias.


La señora PRESIDENTA: Gracias, Senadora Almeida.
Tiene la palabra el señor Ministro de Justicia.


El señor MINISTRO DE JUSTICIA (Acebes Paniagua): Gracias, señora Presidenta.
Señoría, el Gobierno ha adoptado todas las medidas necesarias para garantizar que el derecho de los extranjeros a ser asistidos por un intérprete se preste de forma adecuada. Así, el Ministerio de Justicia ha ampliado la plantilla de traductores-intérpretes en 45 plazas durante los últimos años, que cuenta ya con un total de 65, con la categoría de técnico superior de la Administración, de los cuales 21 lo son de lengua árabe. Y concretamente Madrid cuenta con 34 traductores-intérpretes, de los cuales 6 son especialistas en lengua árabe.


La señora PRESIDENTA: Gracias, señor Ministro.
Tiene la palabra la Senadora Almeida.


La señora ALMEIDA CASTRO: Gracias, señor Ministro, por su explicación.
Sabemos que efectivamente los traductores están considerados con la categoría de técnicos superiores de la Administración, algo que, de alguna manera, ha venido determinado por el número de plazas que se necesitaba, de forma que tanto los juzgados, como la Audiencia, pudieran contar con esos intérpretes, sobre todo en materia penal. Y lo cierto es que de esa ampliación, que en efecto se ha podido llevar a cabo, nos preocupa el informe que sobre la valoración de las titulaciones de los traductores se ha hecho, imagino que tanto por parte del Ministerio, como del Decano de los juzgados de instrucción, como del Presidente de la Audiencia.
A cada uno de los traductores se le contrata en función de los idiomas que habla. En el caso de los traductores del árabe, que es lo que más nos preocupa, no se trata sólo de

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un problema laboral, que no sería objeto de este tipo de preocupación --aunque también podría serlo--, sino de las garantías procesales que en algún momento se puedan infringir. ¿Y ello por qué? Es cierto que se hacen traducciones del árabe, pero hay montones de países árabes en los que se habla un árabe totalmente distinto, al que no podríamos llamar dialecto, pero que sí entra casi dentro de la concepción de otro idioma muy diferente, aunque también sea considerado árabe.
¿Y ello por qué es importante? Porque de la traducción que hagan esos intérpretes dependerán mucho las garantías procesales de quienes están declarando en ese momento. Y en concreto, en el caso de los árabes, se han dado casos --así se ha puesto de manifiesto ante los tribunales, y venía en el propio informe-- en los que la palabra «puñetazo» se ha traducido por «navajazo» o por «puñalada», y las consecuencias jurídicas que se derivan de una u otra acepción pueden ser muy distintas.
Lo que se pretende es que se discriminen dentro del árabe, si no los dialectos, sí las lenguas que se hablan en cada uno de esos países para que éstas puedan ser diferenciadas de una forma lógica, de tal manera que la acreditación de estos traductores o intérpretes judiciales venga dada por una cualificación, no solamente generalizada, sino específica para aquello que les toca traducir, pues de lo contrario se puede producir un gran desamparo para los procesados o detenidos que deban prestar esas declaraciones.
Esta es una situación que ya se ha dado, motivo por el que nos preocupa esa selección --por decirlo de alguna manera-- que debe hacer el Ministerio respecto de los traductores, una situación que también puede darse en relación con otras lenguas, pero fundamentalmente respecto del árabe debido a ésas peculiaridades a las que me he referido anteriormente.
Aprovecho la pregunta para decir que muchas veces en los juzgados de guardia no hay personal especializado que pueda estar de inmediato allí y hay una gran carencia, aunque haya aumentado la plantilla de intérpretes.
Quizás con esta nueva reordenación para una mejor aplicación y cercanía de la justicia, se podrían tener esos servicios en los juzgados de guardia, que son los que generan esa necesidad, incluso en la propia policía, pero que los servicios de guardia estén atendidos y se tenga esta selección de distintas lenguas. Aunque afecta a un gran número de nacionalidades extranjeras, en concreto con el árabe tenemos este problema, un problema que puede causar indefensión y esto es lo que le queremos resaltar, no tanto el problema laboral o de organización como el problema de garantías procesales que tienen que tener los propios procesados.


La señora PRESIDENTA: Gracias, Senadora Almeida.
El señor Ministro de Justicia tiene la palabra.


El señor MINISTRO DE JUSTICIA (Acebes Paniagua): Gracias, Senadora.
Somos muy conscientes de la importancia de una traducción adecuada. Por eso hemos hecho ese esfuerzo en el aumento de la plantilla de intérpretes y que además se cubra con personal titulado y laboral fijo. Como decía en la respuesta anterior, de las 65 plazas existentes, 45 las hemos dotado en los últimos cuatro años y existe previsión para la creación de nuevas plazas. Los traductores intérpretes de las lenguas más utilizadas son seleccionados en virtud de un concurso oposición, por el que su aptitud viene avalada por una serie de pruebas objetivas en función de los criterios que responden a los principios constitucionales de publicidad, mérito, igualdad y capacidad y no a preferencias subjetivas.
Para el caso específico que usted pone de manifiesto y en el que en muchos casos se utilizan servicios externos de traducción, se hacen con un carácter excepcional, fundamentalmente en lenguas de uso específico en los procesos judiciales, tales como el tagalo, el bengalí, el albanés, el somalí o dialectos de algunas lenguas, como ocurre en los derivados, como decía su señoría, de la lengua árabe, por ejemplo el cherja. Son dialectos o lenguas en los que no existe una titulación oficial específica, de tal forma --además lo permite, como su señoría conoce, tanto la Ley de Enjuiciamiento Civil como la ley de Enjuiciamiento Criminal-- que se acuda a servicios externos de personas que conozcan suficientemente el idioma para poder realizar la traducción ante la falta de titulaciones específicas y oficiales respecto a esas lenguas.
Estos son los trabajos que venimos haciendo y desarrollando para que las traducciones y, por tanto, los derechos de todas las personas que actúan ante los tribunales estén perfectamente garantizados. Como usted conoce, incluso los ejemplos que ha puesto se resolvieron en el ámbito del mismo procedimiento, somos muy conscientes de las dificultades que esto tiene, y yo creo que estos ejemplos que acabo de poner lo manifiestan. Estamos creando nuevas plazas, pero en cualquier caso habrá que hacer siempre un equilibrio entre los puestos fijos, por supuesto con todas las garantías del acceso en las titulaciones, pero en algunos casos es necesario adecuarse al caso específico y concreto y que el juez vaya tomando las decisiones necesarias para garantizar los derechos de los ciudadanos, sea cual fuere su lengua, por la importancia que tienen dentro de la tutela judicial efectiva.


La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor Ministro.


--DE DOÑA INMACULADA LOROÑO ORMAECHEA, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE SENADORES NACIONALISTAS VASCOS, SOBRE LAS ACTUACIONES EN RELACION CON LA PARALIZACION DE LOS PROCESOS DE ADOPCION DE MENORES DE ORIGEN RUMANO (680/000568.)

La señora PRESIDENTA: Pregunta de doña Inmaculada Loroño Ormaechea, del Grupo Parlamentario de Senadores Nacionalistas Vascos, sobre las actuaciones en relación con la paralización de los procesos de adopción de menores de origen rumano.


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Tiene la palabra la Senadora Loroño.


La señora LOROÑO ORMAECHEA: Muchas gracias, señora Presidenta.
Señor Ministro, la pregunta queda formulada en los términos expuestos desde la Presidencia.
Muchas gracias.


La señora PRESIDENTA: Gracias, Senadora.
Tiene la palabra le señor Ministro de Trabajo y Asuntos Sociales.


El señor MINISTRO DE TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES (Aparicio Pérez): Muchas gracias, señora Presidenta.
Señoría, sabe muy bien que desde el pasado mes de marzo esto es desde que el Comité rumano de adopciones acordó paralizar temporalmente las adopciones, el Gobierno ha realizado gestiones que yo calificaría de intensas, especialmente tras la aprobación, por el Gobierno rumano, de la ordenanza sobre suspensión, por un plazo de 12 meses, de todas las formalidades que tuviesen como finalidad la adopción de niños rumanos.
Puedo decirle que las embajadas española y norteamericana han sido las representaciones que han tenido mayor número de gestiones y más intensas en orden a solventar la situación generada y la dificultad generada a familias españolas.
A través de la embajada de España en Bucarest se han mantenido entrevistas con los máximos responsables del Gobierno rumano, y se han dirigido distintos escritos a las autoridades rumanas competentes con el fin de resolver la moratoria de los 52 expedientes de adopción en los que se había procedido a asignar a algún menor a familias españolas; es el caso en el que ya existe un conocimiento previo, que entendemos que sin duda ninguna hace más difícil, desde el punto de vista afectivo, la situación.
Las familias españolas han sido informadas en todo momento por la embajada de España, tanto sobre la situación jurídica de sus expedientes de adopción como respecto a las medidas emprendidas para la defensa de sus intereses, habiéndoles acompañado el pasado día 23 de noviembre en la entrevista con la Presidenta de la autoridad nacional de protección de la infancia y de la adopción, en la que se reiteró la posición española de dar una rápida y satisfactoria resolución.
Entre las gestiones efectuadas tampoco deben olvidarse las de coordinación con otras embajadas, con objeto de hacer llegar a la delegación de la Comisión Europea en Bucarest la necesidad de su implicación en este asunto, así como una entrevista personal del embajador español con la baronesa Nicholson, que es la relatora del Parlamento Europeo para Rumanía. Además, en nuestra condición de autoridad central de comunicación del convenio de La Haya sobre cooperación en materia de adopción internacional, también se remitió escrito a la Conferencia de La Haya de Derecho Internacional Privado, informando de la situación y solicitando su intermediación.
Finalmente, con ocasión de la visita del Presidente del Gobierno español los pasados días 3 y 4 de diciembre, el tema de la suspensión de las adopciones, especialmente de los casos de adopciones finalizadas por sentencia firme, fue abordado en la entrevista con el Primer Ministro de Rumanía, quien aseguro que estos últimos casos se.resolverían antes de Navidad.
Señorías, la promesa se está cumpliendo con mayor celeridad incluso de la que cabía esperar, puesto que el Gobierno rumano aprobó una nueva ordenanza de urgencia que permite la expedición de los certificados de conformidad exigidos por el Convenio de La Haya de 1993, en los casos en los que haya recaído sentencia firme favorable a la adopción, situación que afectaba en concreto a 21 expedientes de familias españolas, e incluso prevé que se desbloqueen los procesos de adopción que se encontraban en la fase judicial en la fecha de entrada en vigor de la misma. Es preciso esperar a conocer el alcance final de dicha disposición respecto a los expedientes que cuentan con niños asignados a familias españolas, pero que no fueron enviados a la fase judicial con anterioridad a la primera ordenanza.
La aplicación de la nueva normativa ha permitido también que las autoridades rumanas hayan expedido el correspondiente certificado de conformidad en la mayor parte de los supuestos que contaban con sentencia firme, y se remitirán a la embajada española --que ha permanecido abierta incluso los fines de semana para poder atender debidamente a las familias españolas-- para que esos menores se encuentren ya en nuestro país con sus familias adoptivas.
Señoría, puede estar segura de que el Gobierno español seguirá atentamente la aplicación de las normas del Gobierno rumano en defensa de los intereses de las familias españolas afectadas. Espero que comprenda que no depende de una única voluntad; si fuera por el Gobierno español entiendo que tendríamos ya una resolución plena y favorable, pero sin duda ninguna creo --y debo afirmarlo-- que el Gobierno rumano está realizando un importante esfuerzo, que esperemos que culmine, en términos que expresó el propio Presidente del Gobierno de Rumanía, antes de este año.


La señora PRESIDENTA: Gracias, señor Ministro.
Tiene la palabra la Senadora Loroño.


La señora LOROÑO ORMAECHEA. Muchas gracias, señora Presidenta.
Señor Ministro, en principio quiero agradecerle toda la información facilitada y también felicitarnos porque se están dando pasos en la resolución del problema, dado que el Gobierno rumano, como bien decía, en marzo, decidió de alguna forma cerrar sus puertas a todos los trámites de adopción internacional que estaban en curso en esos momentos, a demanda de distintas familias de este país que habían tomado la decisión de adoptar a un menor de origen rumano. Como bien decía, existe un convenio internacional, el Convenio de La Haya, aprobado en 1993 y que España ratificó en 1996, en el cual todos nos vemos obligados a colaborar en un marco internacional para facilitar la adopción de los menores.


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En ese sentido, señor Ministro, sí le rogaría --y quiero aprovechar esta ocasión para arrancarle de alguna forma, valga la expresión, un compromiso firme del Gobierno-- que se den pasos en la resolución de un problema que en estos momentos afecta a más de 1.000 familias, que han planteado solicitudes de adopción con menores de origen rumano en este país y que están en distintas fases de tramitación. En unos casos ya existe resolución judicial firme y sentencia para materializar la adopción, y que están finalizando el proceso en virtud a las negociaciones desarrolladas por el Gobierno. Pero también hay que entender que en estos momentos hay muchas familias, muchas personas que están llevando a cabo el proceso de adopción internacional con Rumanía, en distintas fases, que se ven en estos momentos en una situación en la cual no pueden iniciar otro proceso de adopción internacional porque tienen en curso uno ya iniciado y sin conclusión, con lo cual se encuentran en una situación de indefensión en cierto modo y en la que la angustia que conlleva el tiempo de espera para la materialización de la adopción se ve acrecentada porque ni tan siquiera pueden concluir el que empezaron ni empezar uno nuevo. Por eso, como decía en un principio, quisiera arrancarle el compromiso de que, en primer lugar, el Gobierno conozca exactamente la realidad que se está viviendo en las distintas Comunidades Autónomas e instituciones con competencia en materia de protección de menores.
En segundo lugar, que siga negociando con el Gobierno rumano para tratar de alcanzar un acuerdo para que, viendo el marco legal en el cual nos movemos con una ley de protección jurídica del menor, con un un convenio suscrito en el marco internacional, se pueda habilitar --no sé si es la palabra correcta-- el procedimiento adecuado, que ustedes verán cuál es, alguna especie de convenio o de acuerdo para que estos procesos puedan continuar y concluir satisfactoriamente para todo el mundo. Pero fundamentalmente --y eso es lo que hay que hacer ver al Gobierno rumano-- para todos esos menores sin familia, sin un derecho que les corresponde, que es el derecho a tener una familia y podamos conseguir, a través de un convenio o de un acuerdo estable, facilitar una familia a estos menores, porque ése es su derecho.
Para concluir, abusaré en cierto modo de la Presidencia deseándole felices fiestas, tanto a usted, señor Ministro, como a toda la Cámara, y pido que podamos conseguir unas felices fiestas también para esos menores rumanos que necesitan de una familia para su pleno desarrollo y, por extensión, unas felices fiestas para todas esas personas que se han brindado para ofrecer una familia a estos menores.
Muchas gracias. (El señor Ministro de Trabajo y Asuntos Sociales, Aparicio Pérez, pide la palabra.)

La señora PRESIDENTA: Gracias, Senadora Loroño.
Señor Ministro, el espíritu navideño me lleva a concederle diez segundos, porque la vez anterior consumió su turno sobradamente.


El señor MINISTRO DE TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES (Aparicio Pérez): Gracias.
Intervengo con la intención de exponer exclusivamente dos cuestiones. La primera, como es natural, expresa también mis mejores deseos, a usted y al resto de señorías, para estos días. La segunda, informarle de que, por prioridad, nos parecían los más dramáticos los 51 casos que ya tenían una sentencia firme y conocimiento directo del menor. Sin duda alguna, nuestra aspiración es resolver todos.
Gracias.


La señora PRESIDENTA: Gracias, señor Ministro.


--DE DON DIEGO MIGUEL ASENSIO MARTINEZ, DEL GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA, SOBRE LAS RAZONES QUE HAN MOTIVADO EL CESE DEL DIRECTOR PROVINCIAL DEL INSTITUTO NACIONAL DE EMPLEO (INEM) EN ALMERIA (680/000590).


La señora PRESIDENTA: Pregunta de don Diego Miguel Asensio Martínez, del Grupo Parlamentario Socialista, sobre las razones que han motivado el cese el Director Provincial del Instituto Nacional de Empleo en Almería.
Tiene la palabra el Senador Asensio.


El señor ASENSIO MARTINEZ: Señora Presidenta, doy por formulada la pregunta en los términos en que usted ha planteado.


La señora PRESIDENTA: Gracias, Senador Asensio.
Tiene la palabra el señor Ministro.


El señor MINISTRO DE TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES (Aparicio Pérez): Gracias.
La sustitución de directores provinciales, en este caso del Inem, es un procedimiento normal de libre designación, y no ha habido ningún otro ánimo que no sea el de seguir intentando perfeccionar y mejorar la acción que lleva a cabo este Instituto.
Gracias.


La señora PRESIDENTA: Gracias, señor Ministro.
Tiene la palabra el Senador Asensio.


El señor ASENSIO MARTINEZ: Muchas gracias, señora Presidenta.
Señor Ministro, con el alma llena de amargura y sin saber qué hacer, he venido aquí con esta duda a escuchar su voz.
Esta pregunta no tendría lugar si el Gobierno del que usted forma parte hubiera transferido a la Junta de Andalucía las competencias que le son propias en materia de empleo, pero su Gobierno y el partido que lo sustenta tienen otras razones e intereses que motivan el permanente retraso en el traspaso de las políticas de empleo, lo cual les permite mantener actitudes propias del siglo

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XIX en el reparto de las escuelas taller, de los talleres de empleo, así como en otros programas, como si fuese una tarta que se reparte entre amigos y conocidos.
El ex director provincial del Inem ha declarado que en Madrid no había queja sobre su gestión, que se ejecutaba el presupuesto y que en mi provincia el paro está en una tasa del 6,5 por ciento. Sepa usted, señor Ministro, que el principal motivo de este cese se ha producido porque los funcionarios del Inem han mantenido una honestidad, una honradez y una ética profesional digna de un reconocimiento público por su parte como Ministro, por mantener su profesionalidad y no haber cedido a las presiones de la dirección de la Diputación Provincial de Almería y del partido provincial para realizar determinadas contrataciones.
Las causas que han llevado al cese del Director Provincial del Inem se encuentran, señor Ministro, en la utilización que están haciendo de este Instituto por parte de quienes dirigen otra institución, como es la Diputación Provincial, y a su vez dirigen el Partido Popular en Almería; utilización que no es otra que la colocación hecha, como si fuera un traje a medida, de militantes amigos y dirigentes del Partido Popular en la provincia.
Por eso, no se entiende que en las ofertas de empleo existan requisitos --fíjese bien que digo requisitos y no méritos-- tan curiosos como el conocimiento del italiano para trabajar como agente de desarrollo en los pueblos del interior de la provincia. Señor Ministro, ¿verdad que es inaudito? Pues es real, como la vida misma.
Señor Ministro, en esa línea, el ex Director ha sido cesado por no querer colocar a más concejales del Partido Popular, ha sido cesado por no querer colocar a más ex presidentes de Nuevas Generaciones, ha sido cesado por no querer colocar a más vocales de la Ejecutiva del Partido Popular en la provincia, por no querer colocar a más delegadas del Congreso del Partido Popular.
Podría seguir en esta línea, hasta cantar bingo, pero me inclino más por los boleros porque sé que a usted le gustan. Si lo anterior es grave, más aún lo es que sean dirigentes del Partido Popular los que declaren que quienes lo han destituido han tenido la consideración de retrasar dicho cese hasta once meses con el fin de dar tiempo para que esa persona consolidara un nivel superior, ya que su jubilación está próxima en el mes de mayo.
Por lo tanto, señor Ministro, le pido que no permita que desde otra institución u organización política se tomen decisiones que son competencia exclusiva de su Ministerio. Por responsabilidad política, tome usted las decisiones que le competen, sean acertadas o menos acertadas --yo le deseo que sean lo más acertadas posibles--, y no se deje sucumbir por intereses partidistas y sectarios.
Para ir terminando, señor Ministro, inicié mi intervención con la letra de un bolero de Alberto Domínguez, con el título de: «Di que no es verdad». Quiero acabar mi intervención con la estrofa de otro bolero, cuyo título es: «No trates de mentir», de Alfredo Gil: No trates de engañar...
La señora PRESIDENTA: Senador Asensio, vaya terminando.


El señor ASENSIO MARTINEZ: ... y por temor a herir ocultes tu maldad, si bien he de reír, tampoco he de llorar, no trates de mentir.» Yo le he puesto la letra, señor Ministro, ahora tiene usted la oportunidad de ponerle la música.
Muchas gracias.


La señora PRESIDENTA: Tiene la palabra el señor Ministro.


El señor MINISTRO DE TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES (Aparicio Pérez): Señora Presidenta, señorías, si en la anterior pregunta hubo una sorpresa grata de buscar la oportunidad de felicitar y expresar los mejores deseos navideños, he visto que, a partir de una pregunta clara y concreta, que eran los motivos del cese --en este caso del relevo-- de un Director Provincial del Inem, se han realizado no ya unas afirmaciones, sino algunos juicios de valor que, comprenderá su señoría, en modo alguno puedo compartir.
Respeto libremente la libertad de expresión, pues me parece que es uno de los grandes bienes de la democracia, y he visto que usted la ha ejercido con profusión. Las afirmaciones que ha realizado en nada se sustentan pero, ciertamente, su sensibilidad lírica espero que contribuya en su carrera parlamentaria.
Un relevo, al menos como lo concibe este Gobierno, es el deseo de perfeccionar una situación, y debo decir que el trabajo del anterior Director Provincial del Inem debe calificarse como correcto. Correcto porque --y éstos son los datos importantes--, la ocupación en Almería ha pasado de 141.000 personas en 1996 a 172.000, según los datos de la EPA del tercer trimestre del año 2001, un incremento del 21 por ciento.
Los parados que registraba el Inem descendieron desde 18.800 a 12.800, lo que ha supuesto una disminución de 3,84 puntos, al pasar del 10,34 por ciento al 6,5 actual. La afiliación a la Seguridad Social en ese mismo período se ha incrementado en más de 71.000 personas, al haber pasado de 149.050 afiliados en marzo de 1996 a 220.545 en noviembre de 2001.
Sobre el resto de las afirmaciones, insisto, tanto desde el punto de vista lírico como de carácter partidario o navideño --porque usted ha recorrido todos los palillos--, entran dentro del ejercicio libre, y en este caso deseable, de expresión. No tengo nada que objetar. Pero difícilmente podrá sustentar ni media de las afirmaciones que ha realizado.


La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor Ministro.


--DE DOÑA BELEN MARIA DO CAMPO PIÑEIRO, DEL GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR EN EL SENADO, SOBRE LA FINALIDAD DE LA AGENCIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL PREVISTA

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EN EL ACUERDO PARA LA MEJORA Y EL DESARROLLO DEL SISTEMA DE PROTECCION SOCIAL, FIRMADO EL 9 DE ABRIL DE 2001 (680/000582).


La señora PRESIDENTA: Pregunta de doña María Belén Do Campo Piñeiro, del Grupo Parlamentario Popular en el Senado, sobre la finalidad de la Agencia de la Seguridad Social.
Tiene la palabra su señoría.


La señora DO CAMPO PIÑEIRO: Muchas gracias, señora Presidenta.
Señor Ministro, en primer lugar, el Grupo Parlamentario Popular le quiere felicitar por las políticas llevadas a cabo por este Gobierno desde 1996 en materia de Seguridad Social, que han sido las que han sentado las bases tan sólidas y tan estables de este sistema, consiguiendo ese saneamiento financiero del sistema, avanzando en la dotación del Fondo de Reserva, culminándose el proceso de separación de fuentes de financiación y garantizando y mejorando las pensiones. Y siempre, cómo no, bajo el amparo del diálogo social, como ha sido el Acuerdo para la Mejora y el Desarrollo de Protección Social firmado por el Gobierno junto a Comisiones Obreras y la CEOE en abril de este año, siempre en el marco de las recomendaciones del Pacto de Toledo y del Acuerdo social de octubre de 1996. Dentro del Acuerdo de abril de 2001 se aborda la estructura organizativa del sistema al establecer el compromiso de remisión a las Cortes Generales de un proyecto de ley de creación deja Agencia de la Seguridad Social en el plazo de un año.
Desde el Grupo Parlamentario Popular le felicitamos porque la actual estructura organizativa de la Seguridad Social supuso una clara mejora frente a los esquemas de gestión anteriores, cambiándose y adecuándose a la realidad actual. Por tanto, nuestro Grupo considera positiva la constitución de esta Agencia de la Seguridad Social y, tal como expresa el acuerdo social en su punto noveno, a fin de que, la gestión y la administración de la Seguridad Social se lleve a cabo con sujeción a principios de simplificación, racionalización, economía de costes, eficacia social y descentralización funcional.
Por todo ello, le formulo la siguiente pregunta. ¿Cuál es la finalidad de la Agencia de la Seguridad Social prevista en el acuerdo para la Mejora y Desarrollo del Sistema de Protección Social de abril de 2001?

La señora PRESIDENTA: Gracias, Senadora.
Tiene la palabra el señor Ministro.


El señor MINISTRO DE TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES (Aparicio Pérez): Muchas gracias, señora Presidenta.
Como saben, en la 7ª Recomendación del Pacto de Toledo se hablaba ya de una necesidad de integrar, en este caso de mejorar, la gestión propia de la Seguridad Social básicamente en tres campos: recaudación, afiliación y gestión de prestaciones.
De la misma manera que entiendo lógica la decisión adoptada en el primer desarrollo del Pacto de Toledo a la hora de seleccionar materias: mejora de los aspectos contributivos, de solidaridad y, solamente en algunos aspectos, de gestión, en esta segunda fase es lógico que algunas recomendaciones comiencen a recibir ya el debido impulso, aunque se trate de acciones en el plano básicamente administrativo.
Debo decir también que considero razonable la propuesta realizada en su día de creación de un órgano específico de recaudación dentro de la Seguridad Social, como fue la Tesorería; un órgano específico para el pago de prestaciones, como es el INSS e instituciones exigidas por nuestros convenios internacionales, como el Instituto Social de la Marina o el INEM. Y de la misma forma considero oportuno ahora recuperar la visión íntegra de la gestión, no sólo por razones de eficiencia económica --pese a que en este momento los gastos de intermediación de las principales entidades apenas alcancen el 1 por ciento del volumen total tramitado-- sino también para dar oportunidades de promoción y desarrollo profesional a muchos de los buenos y cualificados trabajadores de la propia Seguridad Social.
Con ese ánimo, tanto el Gobierno como los agentes sociales entienden oportuno que se vaya construyendo ya ese proyecto de creación de la Agencia de la Seguridad Social; Agencia que sin duda alguna tendría estas dos virtudes: mejorar la eficacia de la gestión y ofrecer mejores expectativas profesionales a los muchos y buenos trabajadores de la Seguridad Social.
Muchas gracias.


La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor Ministro.
Tiene la palabra la Senadora Do Campo.


La señora DO CAMPO PIÑEIRO: Gracias, señora Presidenta.
Voy a intervenir brevemente para dar las gracias al señor Ministro por su contestación.
Sin lugar a dudas, conseguiremos una modernización del sistema de la Seguridad Social siempre en función de la evolución de las necesidades sociales.
Y no quisiera finalizar mi intervención sin desearle unas felices fiestas y que el nuevo año le traiga muchos éxitos en lo personal y en lo político, lo que hago extensivo al resto de los miembros de la Cámara.
Muchas gracias.


La señora PRESIDENTA: Gracias, Senadora Do Campo.


--DE DON JOSE LUIS VALLINES DIAZ, DEL GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR EN EL SENADO, SOBRE LAS PREVISIONES DEL GOBIERNO EN RELACION AL INCREMENTO DEL PORCENTAJE APLICABLE A LA BASE REGULADORA DE LAS PENSIONES DE VIUDEDAD (680/000584).


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La señora PRESIDENTA: Pregunta de don José Luis Vallines Díaz, del Grupo Parlamentario Popular, sobre las previsiones del Gobierno en relación con las pensiones de viudedad.
Tiene la palabra el Senador Vallines.


El señor VALLINES DIAZ: Muchas gracias, señora Presidenta.
Señor Ministro, es notoria la sensibilidad del Partido, Popular en la problemática de las pensiones que se concreta en sus programas electorales y en su acción del Gobierno.
Entre los actos de Gobierno de la pasada legislatura quiero destacar el establecimiento por fuerza de ley del mantenimiento del poder adquisitivo de las pensiones y el desarrollo en general de las previsiones del denominado Pacto de Toledo.
En la presente legislatura quiero destacar el logrado Acuerdo para la Mejora y Desarrollo del Sistema de Protección Social, dentro también del marco de las recomendaciones del Pacto de Toledo firmado el pasado mes de abril por el Gobierno con las patronales CEOE, CEPYME, así como con el sindicato Comisiones Obreras.
En el apartado sexto del citado acuerdo, con el epígrafe mejora de prestaciones del Sistema, se presenta una de las concreciones del programa electoral del Partido Popular que se refiere a las modificaciones de la pensión de viudedad y, entre ellas, lo que afecta al porcentaje aplicable para el cálculo de cada pensión concreta.
Así, bien directamente, señor Ministro, le pregunto: ¿Cuándo tiene previsto el Gobierno incrementar el porcentaje aplicable a la base reguladora de las pensiones de viudedad? Muchas gracias.


La señora PRESIDENTA: Gracias, señor Vallines.
Tiene la palabra, señor Ministro.


El señor MINISTRO DE TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES (Aparicio Pérez): Muchas gracias, señora Presidenta.
Señoría, como sabe, algunas de estas medidas están ya contempladas de cara a su implementación y puesta en acción efectiva el próximo año 2002.
Ciertamente, la preocupación de este Gobierno por mejorar las pensiones de menor cuantía --y entre ellas, las de viudedad, como señala el Pacto de Toledo y también indica el sentido común-- ha sido constante desde 1996.
Ya durante la pasada legislatura, en aplicación de este principio, se incrementaron las pensiones mínimas de viudedad y se ampliaron los límites de tiempo para la percepción de pensiones de orfandad.
Concretamente, con ocasión del acuerdo sobre mejora de las pensiones mínimas, de 16 de septiembre de 1999, se produjo una importante mejora de las pensiones mínimas de viudedad. Las de menor cuantía, es decir, las de menores de 60 años, ya fueren con cargas o sin cargas familiares, se incrementaron en casi un 16 por ciento y en prácticamente un 11 por ciento, respectivamente.
Además, entre 1995 y 2001 la pensión mínima de viudedad de menores de 60 años ha aumentado un 27 por ciento, mientras que la pensión mínima de viudedad de menores de 60 años con responsabilidades familiares se ha incrementado en este período de cuatro años en un 34,67 por ciento, en más de una tercera parte. Por otra parte, la pensión media de viudedad ha experimentado un incremento del 28,43 por ciento desde diciembre de 1995 a noviembre de 2001.
Actualmente continuamos con la política de dar prioridad a las cuantías mínimas de las pensiones correspondientes a los colectivos más necesitados y vulnerables, y entre ellas, las pensiones de viudedad. Así lo recoge también el reciente acuerdo sobre pensiones suscrito con una, de las grandes centrales sindicales y las organizaciones empresariales el pasado 9 de abril.
Por ello, se va a abordar con carácter inmediato --y me refiero ya al presupuesto del ejercicio próximo-- la mejora de las pensiones de viudedad y orfandad, así como de la cuantía de determinadas pensiones mínimas de jubilación, viudedad y del extinguido SOVI.
A partir del próximo 1º de enero, y a través de los distintos instrumentos legales, se van a hacer realidad diversas mejoras en materia de pensiones de viudedad. Como saben, en la próxima Ley de Presupuestos para el año 2002 se incrementarán todas las pensiones según el IPC.
Además, en aplicación del citado acuerdo, aumentarán por encima del IPC, entre otras, las pensiones mínimas de viudedad de menores de 65 años, que tendrán un incremento del 3,5 por ciento.
Atendiendo a su difícil situación se aumentará de una sola vez --en este caso no se hará gradualmente-- hasta el 70 por ciento el porcentaje aplicable a las pensiones de viudedad con cargas familiares en los casos en que la pensión constituya la principal o única fuente de rentas del pensionista. Por otro lado, en la Ley de Medidas Fiscales, Administrativas y del Orden Social para 2002 se establecerá también el nuevo marco de compatibilidades, que posibilita el mantenimiento de una pensión de viudedad aunque el pensionista contraiga nuevo matrimonio, siempre que concurran determinadas circunstancias, esto es, que se trate de personas mayores o incapacitadas con bajos niveles de renta y que la pensión de viudedad sea efectivamente la principal, cuando no la única, fuente de ingresos del pensionista.
A través del próximo real decreto de revalorización para 2002, cuya entrada en vigor prevemos para el 1º de enero, también se iniciará la mejora progresiva del porcentaje de aplicación a la base reguladora de la pensión de viudedad, que pasará del 45 al 46 por ciento, con el objetivo en esta legislatura de llegar al 52 por ciento.
En total van a ser más de 20.000 millones de pesetas las destinadas a la mejora de las pensiones de viudedad en el año 2002. Y de los cuatro millones de pensionistas a los que beneficia en conjunto el desarrollo del acuerdo sobre pensiones, más de dos millones serán pensiones de viudedad.
Muchas gracias.


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La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor Ministro.


--DE DON SIXTE CAMBRA I SANCHEZ, DEL GRUPO PARLAMENTARIO CATALAN EN EL SENADO DE CONVERGéNCIA I UNIO, SOBRE LA OPINION DEL GOBIERNO ACERCA DE LA SUPRESION DEL VUELO REGULAR DE LA COMPAÑIA IBERIA, LINEAS AEREAS DE ESPAÑA, S. A., ENTRE BARCELONA Y NUEVA YORK (680/000563).


La señora PRESIDENTA: Pregunta de don Sixte Cambra i Sánchez, del Grupo Parlamentario Catalán en el Senado de Convergència i Unió, sobre la opinión del Gobierno acerca de la supresión del vuelo regular de Iberia entre Barcelona y Nueva York.
Para su formulación, tiene la palabra el Senador Cambra.


El señor CAMBRA I SANCHEZ: Muchas gracias, señora Presidenta.
Señor Ministro, paso a explicarle el motivo de esta pregunta y por qué nos interesa conocer la opinión del Gobierno, ya que consideramos que éste es un tema muy importante para la ciudad de Barcelona.
Se ha argumentado que la supresión de dicho vuelo se debía a la disminución del turismo derivado de los acontecimientos del 11 de septiembre, pero creemos que tiene una repercusión de gran trascendencia en Barcelona, como centro que es de negocios y de actividad económica.
Teniendo en cuenta que, según un estudio publicado en el mes de octubre, Barcelona está considerada como la sexta ciudad más atractiva para el emplazamiento de negocios, no tiene sentido que no tenga un vuelo directo diario con Nueva York cuando todas las capitales europeas, más otras muchas ciudades que no lo son, tienen como mínimo ocho vuelos semanales con esa capital neoyorquina.
Para destacar la importancia de dicha supresión sólo hay que hacer mención a los titulares con los que en Barcelona se recogió la noticia, hace ya algunas semanas, titulares que hablaban de la pérdida de un símbolo de una ciudad puntera y de todo un símbolo de prestigio.
Por tanto, repito que nos gustaría conocer la opinión del Gobierno sobre este tema.
Gracias.


La señora PRESIDENTA: Gracias, Senador Cambra.
Tiene la palabra el señor Ministro de Fomento.


El señor MINISTRO DE FOMENTO (Alvarez-Cascos Fernández): Muchas gracias, señora Presidenta.
Como usted sabe, el Gobierno en materia de transporte aéreo, y al margen de sus responsabilidades en la política de infraestructuras, tiene una función reguladora en un sistema liberalizado. Por tanto, con independencia de que con carácter general el Gobierno sea partidario de que en el marco del sistema liberalizado exista el máximo número de enlaces aéreos entre los distintos aeropuertos de la geografía española, las decisiones concretas de las empresas deben ser interpretadas desde el respeto y sin juicios ni adjetivos por parte de quien tiene funciones reguladoras siempre que éstas se produzcan dentro del marco legal.


La señora PRESIDENTA: Senador Cambra, tiene la palabra.


El señor CAMBRA I SANCHEZ: Señora Presidenta.
Gracias, señor Ministro. En primer lugar quiero puntualizar que precisamente por estar de acuerdo con lo que usted ha manifestado, en ningún momento con esta pregunta se ha tenido intención de pedir responsabilidades, sino de pedir ayuda al Gobierno. Es decir, en este caso no se trata de reclamar responsabilidades, sino de solicitar ayuda para que esto se solucione porque, tal como he dicho anteriormente, es de gran importancia para la ciudad de Barcelona. ¿Qué tipo de ayuda? Se nos ocurre que probablemente a través de AENA --que es un organismo estatal en el que el Gobierno tiene competencia-- se puede conseguir, o al menos se puede intentar, que se solucione, respetando lógicamente la independencia de las compañías aéreas dentro de un mercado liberalizado.
Creemos que AENA puede hacerlo.
Se ha argumentado que uno de los motivos ha sido el incremento de las tasas para revisar vuelos --y entre ellos éste-- pero, evidentemente, esto no ha ayudado. Consideramos que se pueden ofrecer o incentivar operaciones fuera de las horas punta, que en este caso encajarían muy bien con los horarios necesarios para vuelos transatlánticos. Según he podido saber, hay «slots» suficientes disponibles actualmente en el aeropuerto de Barcelona para ofrecer oportunidades a Iberia o a otras líneas aéreas para incentivar la posibilidad de que se restablezca este vuelo.
En cualquier caso, dada la trascendencia, la repercusión y el valor simbólico que tiene este tema para la ciudad de Barcelona, el interés y la intención de esta pregunta por parte de este Senador no ha sido recriminar nada al Gobierno, sino solicitar ayuda --en la medida en que tenga instrumentos para ello-- para intentar restablecer esa situación para la ciudad de Barcelona.
Nada más y muchas gracias.


La señora PRESIDENTA: Gracias, Senador Cambra.
Señor Ministro de Fomento, tiene la palabra.


El señor MINISTRO DE FOMENTO (Alvarez-Cascos Fernández): Creo que he interpretado correctamente el planteamiento de la pregunta y lo que he pretendido en mi primera respuesta es dejar claro que el Gobierno no siente, ni siquiera como consecuencia del 11 de septiembre tentaciones intervencionistas; ni siquiera como consecuencia del 11 de septiembre, porque el 11 de septiembre ha sido un acontecimiento coyuntural --y el tiempo está demostrando que sus consecuencias van a ser más coyunturales que a largo plazo-- que ha servido de lupa que aumenta los problemas que existían; no ha creado ningún problema

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nuevo, simplemente ha ampliado los problemas que ya existían en el sector del transporte aéreo.
Y dando por descontado y confirmándole a su señoría que AENA estaría dispuesta a dar las facilidades que se le reclamaran o que se le exigieran para contribuir al restablecimiento de un enlace aéreo --por lo tanto, le ruego a su señoría que si tiene alguna información en virtud de la cual AENA no estuviera dando las facilidades precisas me gustaría conocerlo a nivel ministerial--, pienso también que la sociedad civil tiene muchas posibilidades de estimular a las compañías aéreas privadas a recuperar los enlaces que en este momento no estiman conveniente mantener.
Mi impresión es que esta medida es aislada y coyuntural, y además el marco del acuerdo sobre el transporte aéreo entre España y Estados Unidos --que es un acuerdo muy flexible y que habilita a todas las empresas que lo deseen a prestar estos enlaces en determinadas condiciones-- permite que varias compañías estén ya designadas como posibles compañías a desempeñar estos enlaces --concretamente Air Europa, Air Comet, US Air, American Airlines y Delta--. Por tanto no es sólo desde la perspectiva de Iberia desde la que hay que contemplar la posibilidad del restablecimiento de este enlace, sino desde la competencia, en virtud de la cual yo estoy seguro de que en un plazo no muy largo Barcelona volverá a contar con este enlace aéreo.
Muchas gracias.


La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor Ministro.


--DE DON JORDI XUCLË I COSTA, DEL GRUPO PARLAMENTARIO CATALAN EN EL SENADO DE CONVERGéNCIA I UNIO, SOBRE LAS PREVISIONES DEL GOBIERNO EN ORDEN A EJECUTAR LAS OBRAS DE ACONDICIONAMIENTO DEL TRAMO DE LA CARRETERA NACIONAL N-260 COMPRENDIDO ENTRE COLERA Y PORTBOU (GIRONA) (680/000565).


La señora PRESIDENTA: Pregunta de don Jordi Xuclà i Costa, del Grupo Parlamentario Catalán en el Senado de Convergència i Unió, sobre las previsiones del Gobierno en orden a ejecutar las obras de acondicionamiento del tramo de la carretera nacional N-260 comprendido entre Colera y Portbou.
Tiene la palabra el Senador Xuclà.


El señor XUCLË I COSTA: Muchas gracias, señora Presidenta.
Durante las sesiones de control al Gobierno se plantean múltiples cuestiones relacionadas con infraestructuras que está ejecutando, o tiene previsto ejecutar, el Ministerio de Fomento.
Mi Grupo Parlamentario quiere interesarse por la evolución de un tramo de carretera que no está previsto que se convierta en autovía ni sobre una gran infraestructura, como puede ser la construcción de un nuevo tramo del AVE. Esta pregunta tiene por objeto conocer cuáles son las previsiones del Gobierno en orden a ejecutar las obras de acondicionamiento de la N-260, en el tramo entre Colera y Portbou, en la provincia de Girona.
Es más que habitual que al Ministro de Fomento se le plantee la urgencia de una obra y, por ello, le quiero argumentar la urgencia de ésta.
Portbou es un municipio situado en el extremo noreste de la la Península Ibérica que, actualmente, sufre un notable descenso de población y de sus expectativas de futuro. Esta situación de regresión se agudizó con el cierre de los despachos de aduanas en 1993. Además, Portbou es un punto ferroviario importante, que tiene que pensar en iniciar una nueva etapa cuando el AVE cruce la frontera por La Jonquera y Portbou pierda parte de su sentido como enclave ferroviario.
Este municipio debe impulsar una fuerte transformación basada en las posibilidades de convertirse en zona turística, con unos buenos accesos a través de carretera y con unas mínimas condiciones para que sus habitantes no abandonen la residencia en este municipio. La situación extrema que le planteo se resume en una cifra: en quince años, Portbou ha pasado de 3.000, a los actuales 1.590 habitantes.
La construcción del nuevo trazado de la carretera N-260, en uno o dos años, se convierte en pieza clave para asegurar las posibilidades del municipio. Por tanto, sería indispensable poder licitar y adjudicar las obras de mejora de la carretera durante el próximo año.
Este Senador desea conocer la situación actual y las previsiones en orden a mejorar este tramo de la N-260.
Muchas gracias, señora Presidenta.


La señora PRESIDENTA: Gracias, Senador Xuclà.
Tiene la palabra el señor Ministro de Fomento.


El señor MINISTRO DE FOMENTO (Alvarez-Cascos Fernández): Muchas gracias, señora Presidenta.
Señor Senador, permítame que le haga una matización en relación con el término «urgencia» y le repita lo que le he dicho hace muy pocos días a mis paisanos asturianos en relación con está cuestión, citando una anécdota de un ilustre asturiano y economista, Valentín Andrés Alvarez, que decía que las obras de urgencia son las que no se hacen nunca porque como todos los proyectistas declaran de urgencia sus obras, la lista de obras urgentes es interminable y, en cambio, las obras normales son tan pocas que son las que se hacen habitualmente.
Por tanto, no voy a aplicar esa terminología porque creo que está muy inspirada en la realidad. Se trata de una obra muy importante y, precisamente porque lo es, ya se está trabajando en ella.
Es una obra difícil, en la que estudio informativo se sometió a información pública en junio de 2000. Su inicial declaración de impacto ambiental fue posteriormente ampliada por la Secretaría General de Medio Ambiente el 28 de junio de 2001, solicitando datos nuevos al Ministerio en relación con vertederos y accesos; informe complementario que fue remitido a Medio Ambiente el 27 de julio de 2001.


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Por lo tanto, creo que estamos en la fase final de la obtención de la preceptiva declaración de impacto ambiental y, con esta convicción de que ya estamos a punto de obtenerla, el pasado 28 de julio el Ministerio licitó la asistencia técnica para redactar el proyecto y hemos establecido un plazo de seis meses.
Si usted comprueba los plazos ordinarios de redacción de proyectos, comprenderá que para un tramo de 9 kilómetros de orografía complicada, el hecho de pedir a una asistencia técnica que lo realice en un plazo de seis meses, no ha sido precisamente porque se considere muy urgente sino porque es muy importante.
Por lo tanto, espero que el estudio informativo sea aprobado próximamente por el Ministerio de Medio Ambiente, que en seis meses podamos contar con ese proyecto --adaptado a las previsiones de la declaración de impacto ambiental-- y, a partir de ahí, podamos incorporar este tramo a la fase de programación económica y a su licitación definitiva.
Gracias.


La señora PRESIDENTA: Gracias, señor Ministro.
Tiene la palabra el Senador Xuclà.


El señor XUCLË I COSTA: Muchas gracias, señora Presidenta.
A partir de lo que acaba de manifestar el señor Ministro, le ruego que califique esta obra como normal, con lo cual seguramente podrá tener una tramitación satisfactoria para los habitantes de la zona, de Portbou, y para la ejecución por parte del Ministerio de Fomento.
El plazo que acaba de anunciar el señor Ministro en cuanto a la redacción del proyecto es extremadamente corto, seis meses, con lo cual desde un punto de vista técnico parece razonable plantear la posibilidad de que durante 2002 sería posible la licitación y la adjudicación de las obras, para en el próximo año o en el siguiente iniciar la construcción de este tramo de carretera entre Colera y Portbou, que como el propio Ministro destacaba, es un trazado actualmente muy sinuoso y que hace muy difícil la continuación de las condiciones de vida y el dinamismo económico de la zona.
Le quiero agradecer el tono y el planteamiento de los datos que nos ha proporcionado, e insisto en que la construcción de este tramo en uno o dos años es indispensable para el futuro de este municipio.
Muchas gracias, señora Presidenta.


La señora PRESIDENTA: Gracias, Senador Xuclà.
Tiene la palabra el señor Ministro de Fomento.


El señor MINISTRO DE FOMENTO (Alvarez-Cascos Fernández): Muchas gracias, señora Presidenta.
Solamente quiero hacer una precisión para que no haya ningún equívoco. Yo creo que la declaración de impacto ambiental, por la relación estrecha que tenemos con el Ministerio de Medio Ambiente, es próxima. Y, por tanto, si hay una declaración de impacto ambiental dentro del plazo de redacción del proyecto, se conocerán sus prescripciones y se podrán incorporar al proyecto sin retrasos en su redacción. Pero si por alguna razón la declaración se emitiera más allá de los seis meses, el proyecto tendría que pararse, esperar a la declaración, y luego adaptarse a la misma. Quiero que su señoría contemple estos plazos, porque yo no soy el Ministro de Medio Ambiente ni debo suplantarle en este trámite.


La señora PRESIDENTA: Gracias, señor Ministro.


--DE DON ANXO MANUEL QUINTANA GONZALEZ, DEL GRUPO PARLAMENTARIO MIXTO, SOBRE LA POSICION DEL GOBIERNO EN RELACION CON LA REALIZACION POR PARTE DEL PRESIDENTE DE LA AUTORIDAD PORTUARIA DE VIGO (PONTEVEDRA) DE ACTUACIONES DE RELLENO Y DRAGADO EN LA ZONA DEL AREAL DEL PUERTO (680/000569).


La señora PRESIDENTA: La siguiente pregunta es de don Anxo Manuel Quintana González, del Grupo Parlamentario Mixto, sobre la posición del Gobierno en relación con la realización por parte del Presidente de la Autoridad Portuaria de Vigo (Pontevedra) de actuaciones de relleno y dragado en la zona del Areal del puerto.
Tiene la palabra el Senador Quintana.


El señor QUINTANA GONZALEZ: Muchas gracias, señora Presidenta.
Señor Ministro, la Autoridad Portuaria de Vigo ha manifestado su deseo de proceder a un relleno en la Ría de Vigo para conseguir 200.000 metros cuadrados de terreno que, en su opinión, servirían para atender las necesidades presentes y futuras del puerto. Además, la Autoridad Portuaria ha iniciado la tramitación de la obra sin contar con la preceptiva opinión del Ayuntamiento de Vigo, cuando parece evidente que las necesidades del puerto son parte de las de la ciudad y que, por lo tanto, la búsqueda de sus soluciones se debería hacer de manera conjunta dentro de una perspectiva estratégica para la ciudad y para la comarca.
De ahí nuestro interés por saber la opinión del Gobierno respecto de esta obra y, también, sobre la necesidad de esa puesta en común entre la Autoridad Portuaria, el Ayuntamiento y demás autoridades implicadas para llegar a la mejor de las soluciones.


La señora PRESIDENTA: Gracias.
Tiene la palabra el señor Ministro de Fomento.


El señor MINISTRO DE FOMENTO (Alvarez-Cascos Fernández): Muchas gracias, señora Presidenta. Gracias, señor Senador.
El desarrollo del Puerto de Vigo es el desarrollo de uno de los puertos más dinámicos de España y, además, es un elemento fundamental del desarrollo de la ciudad de Vigo, que tiene en el puerto no sólo su fachada, sino también su motor. Para el Gobierno es imprescindible la ampliación del puerto de Vigo. Yo he tenido la posibilidad hace unos

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meses de conocer de cerca esta realidad porque, para que su señoría tenga en estos momentos unos datos de referencia, la previsión en el quinquenio 2001-2005 del tráfico de contenedores es de un incremento del 55 por ciento, y en la mercancía general la previsión de crecimiento es del 44 por ciento. Por lo tanto, la infraestructura es determinante para que el puerto de Vigo pueda asumir el desarrollo de los tráficos, y no defender su ampliación es paralizar el crecimiento del puerto y las posibilidades de desarrollo de la ciudad.


La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor Ministro.
El Senador Quintana tiene la palabra.


El señor QUINTANA GONZALEZ: Muchas gracias, señora Presidenta.
Señor Ministro, las necesidades del puerto, presentes y futuras, siendo un problema son al mismo tiempo un acicate para el desarrollo de la ciudad, que deberían ser contempladas, precisamente desde esa perspectiva.
El Plan especial del puerto, aprobado en el año 1998, establecía la necesidad de hacer un estudio pormenorizado de esas necesidades antes de emprender cualquier tipo de acción que intentara solucionarlas. En la misma perspectiva, en este momento la propia autoridad portuaria y la zona franca de Vigo van a proceder a la construcción del llamado puerto seco, en Salvatierra de Miño, con una superficie de dos millones de metros cuadrados, precisamente para atender esas necesidades presentes y futuras del puerto de Vigo. Parece, en una perspectiva inmediata, ilógica e incompatible, o cuando menos poco normal, que una acción tan ambiciosa como la del puerto seco se lleve en paralelo con otra intención de relleno en la ría de Vigo con las consecuencias medioambientales que eso podría tener.
En cualquier caso, no es nuestro objetivo establecer una vez más una falsa dicotomía entre ecología y progreso, sino simplemente que las necesidades del puerto, que las tiene, que son evidentes, y que en el futuro ojalá que sean más porque eso será un ejemplo de dinamismo y una demostración de la necesidad de darle solución, que esas soluciones se busquen en conjunto y no unilateralmente. Es imposible buscar soluciones lógicas para el puerto de Vigo si no es en la búsqueda de soluciones globales para la ciudad de Vigo y su comarca. Hagámoslo conjuntamente, dialoguemos a ese respecto, siéntense la autoridad portuaria y la del Ayuntamiento de Vigo, y sin preceptuar ninguna solución busquen, estudien todas y decidamos entre todos la mejor. Cualquier otra solución unilateral, por bien intencionada que pudiera ser, acabará siendo perjudicial para la ciudad, y nosotros lo que pedimos es que se inste a la autoridad portuaria a iniciar una vía de diálogo para buscar entre todos la mejor de las soluciones.


La señora PRESIDENTA: Gracias, Senador Quintana.
Tiene la palabra el señor Ministro de Fomento.


El señor MINISTRO DE FOMENTO (Alvarez-Cascos Fernández): Muchas gracias, señora Presidenta.
Yo no sé si su señoría no lo recuerda o, recordándolo, no lo ha querido contar a la Cámara, pero el Plan Especial de Ordenación del Puerto de Vigo fue aprobado por el Pleno del Ayuntamiento el 16 de abril de 1998 con el voto favorable del Grupo del Bloque Nacionalista Galego y con la abstención del Grupo Parlamentario Socialista, que presentó una alegación que no tenía nada que ver con la ampliación del muelle del Areal. Por tanto, lo que usted está planteando es que se revisen las decisiones municipales del año 1998.
Segundo, la ampliación no supone ampliar lámina de agua fuera de los límites actuales del puerto, porque esa superficie mantiene la alineación actual, como podría demostrar si tuviéramos delante un plano, y además permitiría ganar calado a unos muelles que hoy están obsoletos. Por tanto, no es un problema sólo de superficie es un problema de calado, y respecto al tráfico en los puertos secos, quiero decirle que el tráfico nace en los puertos húmedos, señor Senador, no hay puertos secos y puertos húmedos, no se ha inventado todavía esa metodología.
Como tiene alguna preocupación en relación con el medio ambiente, quiero decirle que el proyecto de ampliación está en estos momentos en trámite del Ministerio de Medio Ambiente para la evaluación ambiental. Se ha remitido en noviembre del 2001 y tenga usted la certeza de que la obra, cuando cuente con la preceptiva declaración de impacto ambiental y el correspondiente proyecto, podrá ser abordada con todas las garantías.
Yo creo que no es buena política, señor Senador, tejer y destejer. Cuando una administración llega debe tomar el relevo con la anterior, y ésa es la filosofía del actual Ministro de Fomento, no dedicarse a revisar las decisiones de los anteriores, sino continuarlas.
Muchas gracias.


La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor Ministro de Fomento.


--DE DON FROILAN GERMAN RODRIGUEZ DIAZ, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE SENADORES DE COALICION CANARIA, SOBRE LAS MEDIDAS QUE VA A TOMAR EL GOBIERNO PARA EVITAR QUE LA SUBIDA DE LAS TASAS AEROPORTUARIAS PARA EL AÑO 2002 PROVOQUE UN INCREMENTO DE LAS TARIFAS AEREAS, ESPECIALMENTE EN LOS VUELOS CON LAS COMUNIDADES INSULARES (680/000572).


La señora PRESIDENTA: Pregunta de don Froilán Rodríguez Díaz, del Grupo Parlamentario de Coalición Canaria, sobre las medidas que va a tomar el Gobierno para evitar que la subida de las tasas aeroportuarias para el año 2002 provoque un incremento de las tarifas aéreas, especialmente en los vuelos con las comunidades insulares.
Tiene la palabra el Senador Rodríguez.


El señor RODRIGUEZ DIAZ: Muchas gracias, señora Presidenta.


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Señor Ministro, a consecuencia de los dramáticos acontecimientos del pasado 11 de septiembre, y para cubrir los sobrecostes de aseguramiento, las compañías aéreas trasladaron a los usuarios incrementos importantes en sus tarifas, además de recortar servicios, trayectos e incluso, en algún caso, plantilla.
En la Ley de Medidas Fiscales, Administrativas y de orden social, se incluyen aumentos de tasas en el sector que varían desde el 2 por ciento de las aeroportuarias, que en España se repercuten directamente en el precio del billete, hasta el 10 por ciento de las tasas de aproximación de vuelos.
Las compañías aéreas españolas ya han comunicado públicamente su intención de incrementar sus tarifas para absorber el pago de dichas tasas. De cumplirse la advertencia, supondría la segunda subida de precios en el sector de las comunicaciones aéreas en tan sólo tres meses.
Esta situación, gravosa para todos los usuarios de los aeropuertos españoles, va a incidir especialmente en los territorios insulares, los cuales no tienen prácticamente más alternativa que el transporte aéreo para sus comunicaciones con el exterior, e incluso en muchos casos entre ellos.
Por todo ello, le formulo la siguiente pregunta: ¿Qué acciones va a emprender el Gobierno para evitar que la subida de las tasas aeroportuarias provoque un incremento de las tarifas aéreas, especialmente en los vuelos con las Comunidades insulares, vitales para su desarrollo económico y social? Muchas gracias.


La señora PRESIDENTA:, Gracias, señoría.
Tiene la palabra el señor Ministro de Fomento.


El señor MINISTRO DE FOMENTO (Alvarez-Cascos Fernández): Muchas gracias, señora Presidenta..
Señor Senador, no voy a reiterar mi impresión y mi convicción en relación con el carácter coyuntural de los efectos sobre el transporte aéreo de los acontecimientos del 11 de septiembre. Sí quiero decirle que el 11 de septiembre además de efectos negativos ha traído efectos positivos para las compañías aéreas. Lo que pasa es que no se los habrán contando a su señoría.
El combustible ha bajado el 24 por ciento desde el 11 de septiembre --insisto, 24 por ciento--. Y esto las compañías aéreas no lo cuentan, como es normal. Por eso, creo que no debemos caer en la tentación de condicionar a los acontecimientos del 11 de septiembre la revisión de una política que está bien orientada. Está bien orientada la política europea de liberalización y está bien orientada la política española a través de los instrumentos para su desarrollo y, concretamente, la política de AENA.
AENA no se financia con presupuestos del Estado. Se financia con tasas. Y las tasas, por definición, responden a los costes del servicio. Por tanto, no tema su señoría que las tasas pongan en riesgo o amenacen el futuro del transporte aéreo. Además, su señoría lo ha dicho: los billetes aéreos a raíz del 11 de septiembre han subido por asiento entre seis y ocho euros sin esperar a nada más y la propuesta de aumento de tasas, la totalidad de las mismas, la de seguridad, la de aproximación, la de aterrizaje y las que suben el dos por ciento, supone un incremento del 0,35 euros por pasajero.
Comprenderá. usted que, cuando se eleva el precio en ocho euros por asiento y las tasas suben 0,35, nadie podrá decir que las tasas desestabilizan los precios de los billetes.
Pero quiero añadir algo más, señoría. Desde el año 1994, la política de tasas de los Gobiernos anteriores y de éste ha sido la de congelar o autorizar a la baja su crecimiento, de tal manera que, con independencia de las decisiones que ha habido que adoptar respecto a algunas de ellas para homologarlas con Europa por mandato imperativo de la Comisión, en el período 1994-2001 las tasas aeronáuticas han disminuido un 12 por ciento en términos reales y las tarifas no aeronáuticas, las que percibe AENA por actividades no propiamente aeronáuticas, han descendido un 12,8 por ciento en términos reales. Y durante todo este tiempo el sector del transporte aéreo no ha aprovechado la coyuntura para adaptarse a las circunstancias coyunturales de esta nueva crisis.
Por eso, quiero tranquilizarle. Ni las tasas han sido elemento determinante del impulso o del crecimiento del transporte aéreo, ni ahora las tasas van a ser un elemento determinante de que pueda sufrir algún retroceso, algún freno o una inflexión a la baja limitativa. No van a ser las tasas las causantes.
Gracias.


La señora PRESIDENTA: Gracias, señor Ministro.
El Senador Rodríguez tiene la palabra.


El señor RODRIGUEZ DIAZ: Muchas gracias, señora Presidenta.
Señor Ministro, sinceramente, le agradezco su respuesta.
Con estos datos, absolutamente tranquilizadores, creo que tanto el Gobierno como el resto de las fuerzas políticas y las administraciones públicas tendremos argumentos más que suficientes --y espero y deseo que el Gobierno también los utilice-- a fin de que, en esa labor de vigilancia y control en una economía liberalizada, llevemos a cabo las medidas necesarias para que, utilizando estos datos objetivos que usted ha expuesto, no se permita que ninguna compañía aérea, sobre todo respecto a aquellos vuelos que son de interés específico, como es el caso de las comunicaciones con los territorios insulares a que antes hacía referencia, emplee argumentos que no sean absolutamente ciertos para producir un incremento en los precios.
Yo me he quedado absolutamente satisfecho con esas respuestas, y espero que en su réplica me tranquilice también en el sentido del compromiso del Gobierno en la medida de sus posibilidades para conseguir, con todos estos datos que usted ha dado, empezando por el del combustible y la desaceleración del crecimiento de las tasas aeroportuarias, que no suban las tarifas aéreas en ningún sitio del territorio del Estado y específicamente en las comunicaciones con Canarias y con el archipiélago balear.
Muchas gracias, señora Presidenta.


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La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, Senador Rodríguez.
Señor Ministro, no tiene más tiempo.


--DE DON JOAN SABATE BORRËS DEL GRUPO PARLAMENTARIO ENTESA CATALANA DE PROGRES, SOBRE SI EL MINISTERIO DE FOMENTO CONSIDERA POSIBLE EL ACONDICIONAMIENTO Y LA REAPERTURA DEL TRAMO FERROVIARIO COMPRENDIDO ENTRE TORTOSA Y FREGINALS, EN LA PROVINCIA DE TARRAGONA (680/000574).


La señora PRESIDENTA: Pregunta de don Joan Sabaté Borràs, del Grupo Parlamentario Entesa Catalana de Progrés, sobre si el Ministerio de Fomento considera posible el acondicionamiento y la reapertura del tramo ferroviario comprendido entre Tortosa y Freginals, en la provincia de Tarragona.
Tiene la palabra el Senador Sabaté.


El señor SABATE BORRËS: Muchas gracias, señora Presidenta.
Señor Ministro, como usted sabe ya, la puesta en marcha, hace unos cuatro años aproximadamente, de la doble vía entre Tarragona y Castellón significó que el tramo ferroviario que pasaba por Tortosa dejase a Tortosa como estación sin continuidad terminal, y el tramo entre Tortosa y Freginals quedó fuera de servicio; es más, el Ministerio, de inmediato prácticamente, desmontó buena parte de la infraestructura de ese tramo ferroviario.
En noviembre del año 1999 y siendo Ministro de Fomento su predecesor el señor Arias-Salgado, el Ayuntamiento de Tortosa, con el aval de las firmas de buena parte de las instituciones económicas, docentes y demás del territorio, pidió la reapertura de ese tramo ferroviario.
De todas formas y sin ninguna duda, por una parte, hay el interés de la zona y del Ayuntamiento de Tortosa de conocer las intenciones del Ministerio sobre si es posible o no esa reapertura y, en cualquier caso, es importante tener en cuenta que, en caso de no ser así, hay unas implicaciones urbanísticas para los ayuntamientos por donde pasaba ese tramo ferroviario que están de alguna forma pendientes en función de saber la voluntad de su Ministerio. Por eso, señor Ministro, le formulo esta pregunta.
Muchas gracias, señora Presidenta.


La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, Senador Sabaté.
Tiene la palabra el señor Ministro de Fomento.


El señor MINISTRO DE FOMENTO (Alvarez-Cascos Fernández): Muchas gracias, señora Presidenta.
Las previsiones del Gobierno se contienen en el Plan de Infraestructuras 2000-2007, que en su capítulo ferroviario y en el Programa de alta velocidad contempla la transformación mediante acondicionamiento a ancho UIC y a alta velocidad del tramo Tortosa-l'Aldea.
Muchas gracias, señora Presidenta.
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor Ministro.
Tiene la palabra el señor Sabaté.


El señor SABATE BORRËS: Muchas gracias, señora Presidenta.
Señor Ministro, con todo respeto entiendo que no me ha respondido a la pregunta tal como estaba formulada. El tramo Tortosa-l'Aldea está previsto. Entiendo de su respuesta que el tramo Tortosa-Freginals no entra, por supuesto, en el Plan de Infraestructuras hasta el 2007 y, por tanto, que no entra dentro de las previsiones del Ministerio.
Quiero que entienda, señor Ministro, que la pregunta no está hecha con la intención que se podía suponer de un Senador de la oposición, sino atendiendo al interés de las instituciones del territorio, como le decía, para hacer una serie de planteamientos urbanísticos que están pendientes.
Renfe está insistiendo al Ayuntamiento de Tortosa en resolver el plan parcial que afecta a los terrenos que se recuperan de los cambios ferroviarios. El Ayuntamiento de Roquetas está también planteándose la ocupación de esos posibles terrenos y, de alguna forma, hay una expectativa importante.
En cualquier paso, señor Ministro, le tengo pedida como Alcalde de Tortosa una entrevista y espero que, si tiene a bien concedérmela, hace tiempo que está pedida, podamos acabar de concretar esa voluntad del Ministerio y, en realidad, desbloquear ese tema ferroviario que es de interés para el territorio en cuanto a su posible reapertura --insisto que es prioritario--, pero si no fuese así, para atender a las posibilidades urbanísticas de los distintos municipios de la zona.
Muchas gracias, señora Presidenta.


La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, Senador Sabaté.
Tiene la palabra el señor Ministro de Fomento.


El señor MINISTRO DE FOMENTO (Alvarez-Cascos Fernández): Muchas gracias, señora Presidenta.
Señor Senador, ya veo que su señoría tiene una gran habilidad para vestirse de Alcalde o de Senador según convenga. (Risas.) Yo quiero decirle que hasta ahora, puedo asegurarlo con rotundidad, ningún Diputado o Senador con los que comparto horas de Cámara, más en el Congreso que en el Senado, ha tenido ninguna dificultad para reunirse conmigo. Su señoría busca quitarse el manto de Senador y venir con el uniforme de Alcalde, pero aun así tampoco habrá problema alguno; nos reuniremos con el Alcalde de Tortosa.
Lo que sí quiero decirle es que cuando se habla de alta velocidad, cambian los conceptos ferroviarios. Lo grave sería que Tortosa estuviera desconectada de la red de alta velocidad porque eso significaría que las posibilidades de que la antena de Tortosa, a través de las correspondientes lanzaderas, pudiera estar conectada con el conjunto de servicios regionales o de largo recorrido aislaría a Tortosa.


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Yo soy heredero de las decisiones anteriores y no tengo ningún interés en revisar las decisiones de la década anterior que me parece que se tomaron en los momentos en que la política era la que era y ahora lo que nos corresponde a los que estamos planteando la modernización a través de la alta velocidad es aprovechar, porque es lo razonable, la infraestructura que hemos recibido en el año 1996.
En estos momentos el óptimo de aprovechamiento para garantizar mejores servicios a Tortosa y para optimizar las inversiones del conjunto de la red es acondicionar a ancho UIC y a la alta velocidad esta antena, de tal manera que cuando todo el corredor esté en ancho UIC lo estará también la conexión de Tortosa.
Por lo tanto, los servicios regionales que estén justificados por los tráficos de Tortosa tendrán, sin duda, posibilidad de mejorar las actuales comunicaciones ferroviarias y a través de las conexiones en antena tendrán la posibilidad de hacer combinaciones con cualquier enlace de largo recorrido a través de la actual estación de l'Aldea de Amposta.
Esa es una buena decisión ferroviaria, sinceramente. Desde luego, el Ministerio no va a revisar los compromisos anteriores en relación con los terrenos que pudieran quedar desafectados, los antiguos terrenos ferroviarios, del resto del corredor. Los municipios pueden estar tranquilos de la disponibilidad de Renfe y del Ministerio de Fomento de colaborar para su integración en los proyectos urbanísticos de cada uno de ellos.


La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor Ministro.


--DE DOÑA MARIA ROSARIO FATIMA ABURTO BASELGA, DEL GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA, SOBRE LAS PREVISIONES DEL GOBIERNO ACERCA DE LA MODERNIZACION DEL TRANSPORTE FERROVIARIO EN LA PROVINCIA DE HUELVA (680/000581).


La señora PRESIDENTA: Pregunta de doña María Rosario Fátima Aburto Baselga, del Grupo Parlamentario Socialista, sobre las previsiones del Gobierno acerca de la modernización del transporte ferroviario en la provincia de Huelva.
Tiene la palabra la Senadora Aburto.


La señora ABURTO BASELGA: Gracias a todos, señorías.
Señor Ministro, voy a dar por formulada la pregunta esperando magníficas noticias después de escuchar su estupenda exposición sobre el Libro Blanco que hizo usted en la Comisión Mixta de la Unión Europea y de las resoluciones adoptadas ayer. Por lo tanto, espero muy buenas noticias, señor Ministro:

La señora PRESIDENTA: Gracias, Senadora Aburto.
Tiene la palabra el señor Ministro de Fomento.
El señor MINISTRO DE FOMENTO (Alvarez-Cascos Fernández): Noticias, noticias nuevas no estoy muy seguro de que se las pueda dar; las buenas se las voy a reiterar; es decir, el corredor Sevilla-Huelva está en estos momentos en estudio informativo para su ejecución en ancho internacional en alta velocidad. La línea Huelva-Zafra no se va a cerrar. Las dos respuestas no son nuevas, pero siguen reiterando las buenas noticias.


La señora PRESIDENTA: Gracias, señor Ministro.
Tiene la palabra la Senadora Aburto.


La señora ABURTO BASELGA: Gracias, señora Presidenta.
Esas ya las conocíamos y esperábamos, por supuesto, un poquito más, porque todo lo que contó y toda la exposición del Libro Blanco va a favor de nuestras reivindicaciones. Además, todos los partidos políticos, incluido el Vicepresidente del Partido Popular andaluz se lo han pedido.
Huelva está sufriendo ahora dos efectos negativos muy importantes: la falta del acuerdo pesquero y el declinar de la mina de la franja pirítica que está produciendo un descenso del PIB y el aumento del desempleo.
Sin embargo, vuelve a tener una capacidad enorme porque tenemos allí el pueblo de los leperos que es ampliamente conocido por sus recursos. No obstante, necesita los dos corredores de comunicación, el este-oeste, que tiene ya la carretera y que acaban ustedes de inaugurar el trazo que dejamos los socialistas por hacer que ha quedado francamente bien, y supongo que les daría tiempo a echar un vistazo a la provincia; y también necesitamos el corredor norte-sur porque para el puerto de Huelva es vital esa salida y esa entrada y está incluso calculado que se puedan conseguir hasta un millón más de toneladas de carga en ese puerto si se consigue mejorar esa línea y no sólo mantenerla, porque se descarrila muchas veces y no se puede utilizar. Sólo se puede ir a 20 kilómetros por hora y no se puede aprovechar para el flujo de mercancías que se necesitaría para llegar a Extremadura, a las acerías de Balboa por ejemplo, y que sería fundamental para abaratar los costes y, por tanto, mejorar la productividad, que es un problema de los más importantes en las zonas periféricas. De eso también habla el Libro Blanco, de que España es un país periférico, cada vez más periférico y, desde luego, Huelva es periférica.
Nosotros en la etapa socialista construimos las carreteras, señor Ministro. Ahora tocan las líneas ferroviarias y las portuarias como exige la Unión Europea. Esperamos que hagan ustedes un esfuerzo un poquito mayor porque la Junta ha puesto 400 millones para la línea Huelva-Zafra.
El Ministerio ha puesto siete millones solamente. Por lo menos deberían hacer el esfuerzo de sentarse e intentar hablar para mejorar esa línea y darle la utilidad que necesita.
Gracias.


La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, Senadora Aburto.
Tiene la palabra el señor Ministro de Fomento.


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El señor MINISTRO DE FOMENTO (Alvarez-Cascos Fernández): Muchas gracias, señora Presidenta.
Señoría, la última autovía que inauguró el anterior Gobierno socialista fue la de Sevilla-Huelva. Los proyectos, la licitación, el pago y la inauguración de la autovía Huelva-Ayamonte la hizo el Gobierno del Partido Popular --¡Qué le vamos a hacer!--, y ésta va a ser un buen motor para el desarrollo de la provincia de Huelva.
Pero mire usted, señoría, se han tomado decisiones importantes respecto de Huelva, porque, en primer lugar, la línea de alta velocidad Sevilla-Huelva era, según los planes que heredamos, una antena en ancho ibérico --insisto, una antena en ancho ibérico--, y este Gobierno la ha convertido en una prolongación del corredor hasta Sevilla en ancho UIC.
En segundo lugar, la línea Zafra-Huelva estaba condenada al cierre por acuerdo del Consejo de Ministros de 30 de septiembre de 1984; y se lo leo: Igualmente se mantendrá abierta al tráfico de mercancías, y temporalmente de viajeros, hasta tanto no se mejore la carretera nacional 435, cuyas obras están incluidas en el Plan de Carreteras, el tramo Zafra-Huelva. El tramo estaba, pues, condenado al cierre, y este Gobierno le ha levantado esa condena y ahora ha decidido mantenerlo abierto.
Estamos, pues, integrando Huelva dentro de la Red Transeuropea de Alta Velocidad en ancho UIC, y además, ya tenemos abiertas las negociaciones con la Junta de Extremadura para llegar a un convenio para la modernización del tramo Zafra-Fregenal. Y espero que la Junta de Andalucía, a la que su señoría se ha referido, también esté dispuesta a mantener las conversaciones para complementar con un acuerdo en territorio andaluz el resto del trayecto.
Considero, pues, que éstas son buenas noticias. Yo no puedo hablar por la Junta de Andalucía, pero pregunte usted a sus compañeros si, al igual que la Junta de Extremadura, están dispuestos a firmar un acuerdo para potenciar los tráficos de la línea Zafra-Huelva a través de la modernización de su red. El Ministerio de Fomento está dispuesto a ello, la Junta de Extremadura también, y estamos a la espera de ver qué dice la Junta de Andalucía.
Muchas gracias.


La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor Ministro de Fomento.


--DE DOÑA MARIA BELEN FERNANDEZ-DELGADO Y CERDA, DEL GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR EN EL SENADO, SOBRE LAS NUEVAS INVERSIONES QUE SE HAN REALIZADO EN EL AREA DE INFRAESTRUCTURAS, CONCRETAMENTE EN LA RED VIARIA Y FERROVIARIA EN LA COMUNIDAD AUTONOMA DE LA REGION DE MURCIA DESDE EL AÑO 1996 (680/000587).


La señora PRESIDENTA: La siguiente pregunta, que inicialmente había sido presentada por la Senadora doña María Belén Fernández-Delgado y Cerdá, del Grupo Parlamentario Popular, va a ser ahora formulada por el Senador don Pedro José Pérez Ruiz, también del Grupo Parlamentario Popular, sobre las nuevas inversiones en la red viaria y ferroviaria en la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia desde el año 1996.
Tiene la palabra el Senador Pérez Ruiz.


El señor PEREZ RUIZ: Gracias, señora Presidenta.
Señor Ministro, la Región de Murcia ha visto cómo ha mejorado ostensiblemente la red regional de carreteras desde los últimos años, y concretamente desde la llegada del Gobierno del Partido Popular y de nuestro Presidente, don Ramón Luis Valcárcel. Desde el año 1982 hasta el año 1995 los gobiernos anteriores, tanto regionales como nacionales, nos habían prometido, con grandes frases, que se iba a invertir mucho en infraestructuras, que se iban a construir un importante número de nuevas carreteras, que se iban a construir nuevas vías ferroviarias. Pero lo cierto es que tuvimos que esperar, tal y como he dicho antes, hasta el año 1995, con la llegada de un Gobierno diferente a la Región de Murcia, y al año 1996, con la llegada al Gobierno de nuestro Presidente, don José María Aznar, para que esas palabras, que demagógicamente se pronunciaban por algunos grupos políticos y por un gobierno anterior, se convirtieran en realidad.
Señor Ministro, aunque el número de obras en la Región de Murcia es ahora muy contundente, lo cierto es que ha pasado mucho tiempo sin que en ella se realice ningún tipo de obra, y parece ser que todavía no es suficiente el cambio tan contundente que allí se ha experimentado, con esas nuevas autovías, con esas nuevas infraestructuras, para demostrar que el Partido Popular, con solamente cinco años de gobierno, ha dado la vuelta a esa realidad y ha creado una ilusión diferente a la que anteriormente existía en la Región de Murcia. Por ello, señor Ministro, me gustaría que nos respondiera usted sobre las infraestructuras nuevas que se han acometido en la Región de Murcia, y si es posible, también sobre las que se van a acometer, tanto en carreteras, que ya las conocemos y son muchas, como en la red ferroviaria.
Muchas gracias, señor Ministro.


La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor Senador.
Tiene la palabra el señor Ministro de Fomento.


El señor MINISTRO DE FOMENTO (Alvarez-Cascos Fernández): Señora Presidenta, señor Senador, efectivamente, a veces es necesario presentar una perspectiva de conjunto, puesto que a veces la sucesión encadenada de acontecimientos no permite dar esa visión global. En la primera legislatura, de mayo de 1996 al 2000, en materia de autovías se pusieron en servicio en la del Mediterráneo el tramo Puerto Lumbreras-límite provincia de Almería; en la de Murcia-Cartagena, el tramo del puerto de la Cadena y en la de Albacete-Murcia, el tramo Venta del Olivo-Archena, y en esta legislatura, desde mayo de 2000, se ha puesto en servicio el tramo Navacampana-Venta del Olivo, la autovía El Palmar-Alcantarilla y la autopista Alicante-Cartagena, Para darnos una idea de lo que representa

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en cinco años y medio este esfuerzo en la política de vías de alta capacidad, autovías y autopistas, le diré que en total son 127 kilómetros y 75.000 millones de pesetas de inversión, exactamente setenta y cuatro mil novecientos.
En materia de ferrocarril, yo creo que en estos momentos la Región de Murcia tiene planteadas las soluciones de todos y cada uno de los corredores ferroviarios que vertebran interiormente la Comunidad y que la vertebran con el resto de la península. Para empezar, en el programa convencional el Gobierno de Murcia y el Ministerio de Fomento están a punto de alcanzar un acuerdo sobre la solución definitiva a partir del estudio informativo de la variante de Camarillas, que una vez que está integrada en la red convencional, resueltos los problemas de trazado del acceso en alta velocidad, en estos momentos está a punto de definición para que el proyecto y su ejecución se haga en común entre el Gobierno de Murcia y el Ministerio de Fomento. Como sabe su señoría, el estudio informativo de la línea Murcia-Almería, que prolonga el corredor del Mediterráneo hasta Almería, se encuentra en información pública desde el 5 de diciembre. El estudio informativo del corredor de alta velocidad Murcia-Cartagena se adjudicó el 7 de julio de 2000, por un importe de 196 millones de pesetas y está en redacción.
Finalmente, quiero detenerme unos segundos en la conexión de Murcia con el corredor de Levante y del Mediterráneo, porque, una vez aprobados los trazados en el acuerdo alcanzado en Murcia el 8 de enero de este año, el expediente del tramo Elche-Murcia está en el Ministerio de Medio Ambiente sometido a declaración de impacto ambiental, y como hay posiciones lógicas pero encontradas sobre los trazados en algunos ayuntamientos, especialmente en la parte que afecta a la Comunidad Valenciana en la provincia de Alicante y, en cambio, no hay problemas de trazado en la Región de Murcia en lo que podríamos llamar propiamente acceso a Murcia, el Ministerio de Fomento, para agilizar la tramitación de los proyectos de alta velocidad del acceso a Murcia, el pasado 10 de septiembre ha solicitado al Ministerio de Medio Ambiente la desagregación de la declaración de impacto ambiental, para que se produzca declaración de impacto ambiental sobre el trazado conocido como zona de El Reguerón, que es el que afecta a los accesos de la ciudad de Murcia, con objeto de poder abordar con carácter inmediato los proyectos, sin depender del tiempo o de las decisiones que afecten a los trazados en el resto del corredor. Por lo tanto, espero que muy pronto estemos en fase de proyectos en alta velocidad en la Comunidad de Murcia.
Gracias.


La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor Ministro.
Tiene la palabra el Senador Pérez Ruiz.


El señor PEREZ RUIZ: Muchas gracias, señor Ministro, en nombre de los ciudadanos y ciudadanas de la Región de Murcia, porque hoy ha hecho feliz a este Senador pero no como Senador, sino como representante del pueblo de Murcia y la confianza que el pueblo de Murcia ha demostrado en los últimos años se va a ver incrementada, porque sé que estas obras van a ser un antes y un después para que Murcia, que intentaron sustraerla a su realidad y a su potencialidad, sea con este Gobierno y con estas inversiones una realidad contundente en el desarrollo de España.
Gracias.


La señora PRESIDENTA: Gracias, Senador Pérez Ruiz.


--DE DON RAMON ALEU I JORNET, DEL GRUPO PARLAMENTARIO ENTESA CATALANA DE PROGRES, SOBRE LAS PREVISIONES DEL GOBIERNO PARA RESOLVER LA SITUACION EN QUE SE ENCUENTRA LA NEGOCIACION DE LA NUEVA ORGANIZACION COMUN DE MERCADO (OCM) DE FRUTAS Y HORTALIZAS, EN LO QUE AFECTA AL SECTOR DE LOS FRUTOS SECOS (680/000547).


La señora PRESIDENTA: Pregunta de don Ramón Aleu i Jornet, del Grupo Parlamentario Entesa Catalana de Progrés, sobre las previsiones del Gobierno para resolver la situación en que se encuentra la Organización Común de Mercado de frutas y hortalizas en lo que se refiere al sector de frutos secos.
Tiene la palabra el Senador Aleu.


El señor ALEU I JORNET: Muchas gracias, señora Presidenta.
Señor Ministro, siento que no pueda contestar el Ministro de Agricultura, pero usted, por sus ocupaciones anteriores en el Gabinete, es perfectamente conocedor de la problemática. Esta es una problemática vieja, yo diría que anciana. Le puedo hablar de estudios realizados por la Diputación de Tarragona en los años cuarenta y cincuenta para conseguir subvenciones a la avellana. Por tanto, ya anuncio que no vamos a repreguntar; que lo único que pretendemos es que el Gobierno explique cómo están las primeras negociaciones sobre la modificación del sector de frutas y hortalizas, que va a incluir el tema de la avellana, porque entendemos que es trascendental para los productores de la zona, pero que también tiene su interés para los productores de frutos secos del resto de España.
Agradeciéndole la respuesta, doy por concluida mi intervención.


La señora PRESIDENTA: Gracias, Senador Aleu.
Tiene la palabra el señor Ministro de Administraciones Públicas.


El señor MINISTRO DE ADMINISTRACIONES PUBLICAS (Posada Moreno): Muchas gracias, señora Presidenta.
Gracias, Senador. Le agradezco la referencia, porque yo también conozco este problema, ya que creo que es

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algo que desde las Administraciones, desde el Ministerio de Agricultura, desde las Comunidades Autónomas y, desde luego, desde el sector es un tema que preocupa desde hace mucho tiempo, y al que se ha dedicado un enorme esfuerzo. En este momento, no existe abierto un proceso de negociación formal de una nueva organización común de mercado de frutas y hortalizas, aunque sí un debate muy interesante sobre un documento de la Comisión.
Sintetizando, si me permite, se ha hecho una labor espléndida desde el año 1990, con una ayuda muy importante de la Unión Europea, del orden del 50.000 millones, y también de los presupuestos del Ministerio, de unos 30.000 millones. Pero sobre todo ha habido una magnífica organización de los productores para renovar los planes de hace diez años referidos al cultivo de los frutos secos. Esos planes empezaron en el año 1990 y han ido año tras año produciéndose; se ha mejorado extraordinariamente; se ha avanzado mucho desde todos los puntos de vista: inversión, comercialización y producción, pero hay un problema, y es que es muy difícil, por no decir prácticamente imposible, llegar a un nivel de competencia suficiente con Turquía, en lo referente a la avellana, que entra en unos precios que, por mucho que se mejoren, es muy difícil competir con ellos. Ese ha sido el problema.
Se acerca el año 2000 --y eso lo puedo contar yo, porque en aquel momento era Ministro de Agricultura--, pero esos planes de mejora eran temporales y se esperaba que al llegar al año 2000 hubieran mejorado lo suficiente y hubieran desaparecido. Eso hubiera sido tremendo, y hubo una actuación de todos, pero encabezada por el Ministerio en Bruselas --ya posterior a mi salida del Ministerio--, que consiguió que los planes que terminaran en el año 2000 se prorrogaran, y eso ha supuesto 9.000 millones de pesetas por ejemplo, y, han continuado los mismos.
En la actualidad esa misma batalla se está dando para los correspondientes al año 1991, y hay buenas perspectivas para que así sea.
Pero ¿qué es a lo que aspiramos? A que haya una nueva organización del mercado de frutas y hortalizas en el que se incorporen los frutos secos como un producto más, que no sean planes de ayuda temporal, sino que sea realmente un tratamiento definitivo.
En ello se está, y ahora lo que se está discutiendo es prorrogar los planes de 1991. Hay buenas perspectivas, aunque todavía no ha llegado al Consejo de Ministros.
En cuanto al otro objetivo, que es el definitivo, debo decir que por lo que se comenta en Bruselas, se comprende que esta situación debe resolverse así; pero al mismo tiempo todos somos conscientes de la situación de la política agrícola común, de las reservas para fondos, y por tanto, no puedan echarse aún las campañas al vuelo. En todo caso, yo creo que el proceso es bastante amplio y se puede ver con cierto optimismo.


La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor Ministro.
¿Desea intervenir, Senador Aleu? (Denegaciones.) --DE DON JERONIMO SAAVEDRA ACEVEDO, DEL GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA, SOBRE LAS MEDIDAS QUE PIENSA ADOPTAR EL GOBIERNO EN RELACION CON LAS CONDICIONES INHUMANAS QUE PADECEN LOS INMIGRANTES EN LA ANTIGUA TERMINAL DEL AEROPUERTO DE FUERTEVENTURA (LAS PALMAS) (680/000591).


La señora PRESIDENTA: Pregunta del excelentísimo señor Jerónimo Saavedra Acevedo, del Grupo Parlamentario Socialista, sobre las medidas que piensa adoptar el Gobierno en relación con las condiciones inhumanas que padecen los inmigrantes en la antigua terminal del aeropuerto de Fuerteventura (Las Palmas).
Tiene la palabra el Senador Saavedra.


El señor SAAVEDRA ACEVEDO: Gracias, señora Presidenta.
Esta pregunta, señor Ministro, rompe el clima navideño al que se aludió en las primeras preguntas formuladas en esta sesión. No es grato reconocer las condiciones inhumanas en que se encuentran más de 500 inmigrantes irregulares llegados a la isla de Fuerteventura. Cada día conocemos nuevos datos, y por eso hemos formulado la pregunta sobre qué piensa hacer el Gobierno de inmediato para afrontar esta situación y corregirla.
Muchas gracias, señora Presidenta.


La señora PRESIDENTA: Gracias, Senador Saavedra.
Tiene la palabra el señor Ministro de Administraciones Públicas.


El señor MINISTRO DE ADMINISTRACIONES PUBLICAS (Posada Moreno): Muchas gracias, señora Presidenta. Gracias, señoría.
Desde luego no es grato preguntar por ello ni es tampoco grato contestarlo. Indudablemente es un problema que tenemos y que debemos resolver. Ahora mismo hay 481 inmigrantes en la antigua terminal del aeropuerto de Fuerteventura, que se encuentran en una situación que no definiría como buena ni como adecuada. Esa situación debe mejorar. Pero sí le puedo decir, porque creo que es importante señalarlo, que sus necesidades básicas de alimentación, de sanidad, etcétera, están garantizadas en este momento, aunque --insisto--, no es ésa la situación en que nos gustaría que estuvieran estos inmigrantes. Sí le puedo asegurar que el Gobierno, a corto y a medio plazo, está adoptando medidas para resolver este problema que, en efecto, existe.
Gracias.


La señora PRESIDENTA: Gracias, señor Ministro.
Tiene la palabra el Senador Saavedra.


El señor SAAVEDRA ACEVEDO: Muchas gracias, señora Presidenta.
Comprenderá, señor Ministro, que no puede resultar satisfactoria su respuesta a esa pregunta diciendo, por ejemplo,

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que están garantizadas las condiciones sanitarias. Esto ha ocurrido en la última semana, y la acumulación sucesiva, teniendo en cuenta los meses en que estamos en los que las condiciones meteorológicas no favorecen el cruce del Estrecho, produce un incremento del tráfico de pateras hacia la isla de Fuerteventura. Ha sido hace muy pocos días cuando se ha pedido al Servicio Canario de Salud que aportara unas prestaciones --personal médico concretamente-- para atender esta situación.
La cuestión es que la ley vigente de inmigración creó una comisión bilateral, dentro de la colaboración con la Comunidad Autónoma Canaria, que se reunió, pero cuyo resultado no fue muy satisfactorio a juzgar por las declaraciones de la representación de la Comunidad Autónoma Canaria. Fruto de ello fue que el propio Parlamento, el pasado miércoles día 12, aprobó por unanimidad una proposición no de ley presentada por el Grupo Parlamentario Socialista en el Parlamento de Canarias, en la que se refiere a las respuestas que se están dando de forma unilateral por representantes del Ministerio del Interior, por la Secretaría de Estado de Inmigración y por la Delegación del Gobierno en Canarias. Ayer mismo se hablaba de utilizar los antiguos cuarteles de la Legión situados en el centro de la capital de la isla, Puerto del Rosario. Hoy nos enteramos de que la Delegación del Gobierno habla de la construcción en El Matorral, que está enfrente de la nueva terminal, es decir, muy próxima a la antigua terminal, donde se creará un centro de internamiento y, además, un centro temporal en régimen abierto para los inmigrantes.
El Consejero de Servicios Sociales de la Comunidad Autónoma Canaria no comparte esos criterios y, además, como decía la proposición no de ley, habla de evitar la instalación de un macrocentro de acogida de carácter regional, que, al parecer, es la política que quiere desarrollar el Gobierno.
Lamento que, en medio de estas posiciones de unos y de otros, el problema del hacinamiento continúe ahí, con lo cual su respuesta no nos satisface.
En mi opinión, va a crear mucha más inquietud y preocupación en una isla que está soportando el peso de la inmigración y donde, además --algo que también recoge la proposición no de ley del Parlamento de Canarias--, se soclita la distribución y la creación de centros de acogida en todas las islas donde pueda reducirse el impacto que, en una pequeña isla con escasa población, como la de Fuerteventura, produce el arribo de las pateras, de manera que no quede excluida, como al parecer ha sucedido hasta ahora, la otra isla capitalina --me refiero concretamente a la capital Santa Cruz de Tenerife-- y que no sea sólo la capital Las Palmas de Gran Canaria, donde se ha construido un centro de acogida, en el barrio de Miller Bajo, si no que estos inmigrantes, que entran fundamentalmente por la isla de Fuerteventura, se distribuyan por el resto de las islas. Esta sería una de las soluciones, pero de todas maneras la urgencia se impone sobre todo.
Muchas gracias, señora Presidenta.


La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, Senador Saavedra.
Tiene la palabra el señor Ministro de Administraciones Públicas.


El señor MINISTRO DE ADMINISTRACIONES PUBLICAS (Posada Moreno): Gracias, señora Presidenta.
En primer lugar, he de decirle que esa resolución, adoptada por unanimidad por el Parlamento de Canarias, será considerada por el Gobierno con suma atención porque, como es natural, es un problema que afecta de forma notable a la Comunidad Autónoma Canaria.
Es un hecho indudable que se ha producido un incremento verdaderamente enorme de la inmigración en esa zona porque, según los datos que obran en mi poder, por el Estrecho llegaron en patera 734 inmigrantes en el mes de noviembre y, a las islas Canarias, 1.020.
Las instalaciones que hay ahora mismo en el aeropuerto de Fuerteventura --que ya he dicho que no son adecuadas--, tienen 4.000 metros cuadrados de extensión, con distribución separada para hombres y mujeres, y cuentan con dormitorios, aseos y una sala de usos comunes. La alimentación es suficiente, con tres comidas diarias y un «catering» que incluso tiene en cuenta las condiciones especiales que se derivan de la religión que profesan los inmigrantes. La Cruz Roja facilita la asistencia médica, haciendo un esfuerzo que merece aplauso y, además, también están interviniendo los servicios sanitarios de la Jefatura Superior de Policía. Sin embargo, no me sorprende que, en un momento en el que hay que incrementar al máximo esos servicios, se haya pedido ayuda a la Consejería de Salud de la Comunidad Autónoma.
En todo caso, para descongestionar estas instalaciones, esta misma semana abandonarán la isla 250 inmigrantes con destino al centro de internamiento de Las Palmas de Gran Canaria o bien a sus países de origen --Senegal, Nigeria o Marruecos--, ya que tienen tramitado un proceso de expulsión.
Entre las actuaciones que cabe realizar, la Administración General del Estado tiene prevista --y están trabajando ya en ello los Ministerios de Interior y Trabajo y Asuntos Sociales-- la dotación de un centro de migraciones en Fuerteventura, con un coste estimado de 3.700.000 euros; es decir, más de 600 millones de pesetas. Probablemente hay diferencias de visión entre unos y otros; así, el antiguo acuartelamiento se consideraba un buen lugar pero, quizá, si ahora presenta dificultades, no pueda seguir siendo así.
Termino diciendo que tanto el Gobierno como yo somos conscientes de que ésta no es la situación que nos gustaría y, por tanto,vamos a hacer todo lo posible para resolverla de una forma adecuada. Por ello, me parece bien, por ejemplo, ese reparto entre las islas y que no se produzca la concentración sólo en una de ellas. Es algo que estamos considerando pero, a veces, la propia urgencia de los problemas obliga a la adopción de soluciones provisionales que no siempre van en la buena dirección. Sin embargo, estoy convencido de que al final esta idea, que el Gobierno de la nación comparte con la Comunidad Autónoma Canaria, la podremos llevar adelante.


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La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor Ministro.


--DE DOÑA CRISTINA AGUDO CADARSO, DEL GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA, SOBRE LAS EXPLICACIONES QUE DA EL MINISTERIO DE EDUCACION, CULTURA Y DEPORTE EN RELACION A LA CRISIS ABIERTA EN LA GESTION DEL MUSEO NACIONAL DEL PRADO (680/000580).


La señora PRESIDENTA: Pregunta de doña Cristina Agudo Cadarso, del Grupo Parlamentario Socialista, sobre las explicaciones que da el Ministerio de Educación, Cultura y Deporte en relación con la crisis abierta en la gestión del Museo Nacional del Prado.
Tiene la palabra la Senadora Agudo Cadarso.


La señora AGUDO CADARSO: Gracias, señora Presidenta.
Doy por formulada la pregunta en sus propios términos.


La señora PRESIDENTA: Gracias, Senadora Agudo.
Tiene la palabra la señora Ministra de Educación, Cultura y Deporte.


La señora MINISTRA DE EDUCACION, CULTURA Y DEPORTE (Del Castillo Vera): Gracias, señora Presidenta.
Señoría, lo que usted llama crisis ha sido la dimisión del Director del Museo del Prado y, como sabe, ya hay una propuesta alternativa para el nombramiento de don Miguel Zugaza, que, por lo demás, ha recibido una valoración muy positiva de todos cuantos, hasta este momento, han opinado acerca de su calidad profesional.
Muchas gracias.


La señora PRESIDENTA: Gracias, señora Ministra.
La Senadora Agudo tiene la palabra.


La señora AGUDO CADARSO: Muchas gracias, señora Presidenta.
Señora Ministra, me hubiera gustado que su explicación nos hubiera convencido y nos hubiera tranquilizado, pero tengo que decir que no ha sido así. Creo que la crisis del Museo del Prado y de otras instituciones que usted dirige son en buena parte consecuencia de un desinterés que usted muestra por la cultura, que está más dedicada a la educación --eso es así y en ello están los ciudadanos--, y también por un talante muy falto al diálogo que usted tiene, señora Ministra. (Rumores.) En mi opinión, le sobran crisis y le faltan respuestas, y la verdad es que en lo que se refiere a cultura, y concretamente en el Museo del Prado, está dejando usted que asuman responsabilidades suyas otras personas que no las tienen. No hemos visto por ningún lado, ya que usted estaba ocupada en otros asuntos de educación, por ejemplo, al Secretario de Estado de Cultura.
Señora Ministra, no podemos decir que el balance de su gestión sea positivo. A mí me interesa mucho la cultura y me gustaría decirle que es positivo, pero hay directores que se dedican a la intertextualidad --así llamado por ellos-- y también hay personas responsables que actúan con formas más propias de «ocupas» que de otra cosa y que aceptan dimisiones y manifiestan opiniones que no les compete, y no creo que esto sea lo mejor para la cultura. Esto ha sido especialmente grave en el Museo del Prado, y usted sabe que la crisis no está cerrada, porque el museo tiene otros problemas mucho más profundos.
Por cierto, cuando usted compareció aquí en junio del año pasado para decirnos cuáles iban a ser las líneas de su Ministerio, dedicó tres líneas en el «Diario de Sesiones» al Museo del Prado, y nada nos dijo en ese momento acerca de los cambios estructurales que se iban a realizar en él, que usted sabe bien que tienen una tremenda tendencia a una cierta mercantilización y que vienen agravados por una decisión del año 1996 de separar y de reducir las competencias del Director y de eliminar la figura del Subdirector.
Yo le pido que se dedique a la cultura. Si no le interesa, déjelo, pero si no, dedíquese (Rumores.) a que las instituciones cabecera de la cultura de este país, que tienen una trascendencia internacional, que son la memoria histórica de nuestras culturas, sean respetadas.
Nosotros queremos que el Museo del Prado se modernice, que tenga una buena gestión, pero también queremos que usted tome las riendas y no deje en manos de otros lo que le corresponde a usted hacer.
Se lo agradeceremos todos.


La señora PRESIDENTA: Gracias, Senadora Agudo.
Tiene la palabra la señora Ministra de Educación, Cultura y Deporte.


La señora MINISTRA DE EDUCACION, CULTURA Y DEPORTE (Del Castillo Vera): Muchas gracias, señora Presidenta.
Señoría, yo lamento que perdamos una ocasión para discutir con seriedad sobre el Museo del Prado, sinceramente, porque esto que ha dicho usted no tiene nada que ver con el Prado ni con la gestión cultural.
Usted sabe muy bien que se han planteado recientemente dos dimisiones, una en el Teatro Real y otra en el Museo del Prado, y que se han resuelto de forma muy satisfactoria el plazo de dos semanas.
Señoría, la palabra crisis es una palabra gruesa, que significa muchas cosas, por lo que no se puede utilizar alegremente. El actual Director del Museo del Prado que ha dimitido ha estado cinco años y medio en dicha Dirección. ¿Sabe cuántos directores hubo en el Museo del Prado entre 1991 y 1996? Tres directores ¿Usted cree que se puede decir que hay una crisis? Se ha planteado una situación en el Museo del Prado en la que se han producido una serie de problemas de funcionamiento, de desacuerdos y de desencuentros respecto a cómo debía funcionar. Yo he estudiado todos los datos, he hablado con el Director del Museo del Prado, así como con el Presidente del

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Patronato, y finalmente, ante la dimisión del Director, he tomado una decisión. Lo más adecuado era admitir la dimisión que presentaba y buscar una persona idónea, tan idónea como el actual Director del Museo de Bellas Artes de Bilbao, don Miguel Zugaza, para que asumiera esa responsabilidad. Lo mismo ha pasado en el Teatro Real, que ante el cambio de una situación en cuanto a las competencias del gerente, el actual gerente ha planteado su dimisión y se ha buscado una persona, en el nombre de doña Inés Argüelles, muy adecuada para asumir esas funciones.
Señoría, cuando se presentan problemas en la vida política hay que resolverlos; lo que no se debe hacer es zarandear esos problemas con la única finalidad de buscar titulares, desviarlos hacia otros de diferente naturaleza o hacer propaganda de la propia posición, etcétera.
Estos problemas se han resuelto muy adecuadamente, con mucha celeridad y desde luego con la intervención, como no puede ser de otra manera, señoría, tanto en el caso del Teatro Real como en el del futuro nombramiento del Director del Museo del Prado, de la Ministra de Cultura y del equipo de Cultura. Caso contrario, señoría, es desconocer cómo funciona un ministerio. (Aplausos en los escaños del Grupo Parlamentario Popular.)

La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señora Ministra.


--DE DON JOSE MACIAS SANTANA, DEL GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR EN EL SENADO, SOBRE LA FECHA PREVISTA PARA LA INAUGURACION Y PUESTA EN SERVICIO DE LA BIBLIOTECA GENERAL DEL ESTADO DE LAS PALMAS DE GRAN CANARIA (LAS PALMAS) (680/000586).


La señora PRESIDENTA: Pregunta de don José Macías Santana, del Grupo Parlamentario Popular, sobre la fecha prevista para la inauguración de la Biblioteca General del Estado de Las Palmas de Gran Canaria.
Tiene la palabra el Senador Macías.


El señor MACIAS SANTANA: Gracias, señora Presidenta.
Señora Ministra, con una inversión del Ministerio de Cultura de 940 millones de pesetas se ha construido una biblioteca en Las Palmas de Gran Canaria; se trata de un nuevo edificio que cuenta con un 228,96 por ciento más de espacio que el actual: 1.426 metros por 4.691.
La recepción de la obra tuvo lugar el 29 de noviembre del año 2000.
Existe una gran necesidad de esta biblioteca en Las Palmas de Gran Canaria, por lo que ha habido reiteradas peticiones para su puesta en funcionamiento; sin embargo, hasta la fecha no se ha inaugurado. (El señor Vicepresidente, Prada Presa, ocupa la Presidencia.) Por ello, hago la siguiente pregunta: ¿Cuándo se va a proceder a la inauguración y puesta en servicio de la Biblioteca General del Estado de Las Palmas de Gran Canaria y a la devolución de la actual al Cabildo Insular de Gran Canaria, que es su actual dueño? Muchas gracias.


El señor VICEPRESIDENTE (Prada Presa): Gracias, Senador Macías.
Tiene la palabra la señora Ministra de Educación, Cultura y Deporte.


La señora MINISTRA DE EDUCACION, CULTURA Y DEPORTE (Del Castillo Vera): Gracias, señor Presidente.
Señoría, como usted bien dice, el Ministerio de Educación, Cultura y Deporte ha construido una nueva Biblioteca en la ciudad de Las Palmas de Gran Canaria con una inversión total de 951 millones de pesetas.
La recepción del edificio tuvo lugar el 29 de noviembre del año 2000 y, posteriormente, se realizó el suministro del equipamiento que fue recibido en marzo de 2001. Además, el Ministerio tiene firmado un convenio de gestión de bibliotecas de titularidad estatal con el Gobierno de Canarias para la gestión de la citada Biblioteca desde 1984.
Por otra parte, la Dirección General de Cultura del Gobierno canario, responsable de la gestión de la Biblioteca, está realizando actualmente el traslado de los fondos y enseres desde la antigua sede de la Plaza de la Constitución a la Avenida Muelle de Las Palmas, donde está ubicado el nuevo edificio.
Según la información facilitada al Ministerio por la Coordinadora Técnica de Bibliotecas de la Comunidad Autónoma de Canarias, la puesta en funcionamiento de todos los servicios públicos en el nuevo edificio se va a producir aproximadamente dentro de cuatro meses, de tal manera que esperamos, y así puede preverse, que su inauguración será en el mes de abril de 2002.


El señor VICEPRESIDENTE (Prada Presa): Gracias, señora Ministra.


--DE DOÑA MARIA TERESA NOVILLO MORENO, DEL GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR EN EL SENADO, SOBRE LAS PREVISIONES DEL GOBIERNO PARA EL CURSO 2001-2002 EN MATERIA DE BECAS Y AYUDAS AL ESTUDIO (680/000588).


El señor VICEPRESIDENTE (Prada Presa): Pasamos a la siguiente pregunta de la excelentísima señora doña María Teresa Novillo Moreno, del Grupo Parlamentario Popular en el Senado, sobre las previsiones del Gobierno para el curso 2001-2002 en materia de becas y ayudas al estudio.
Tiene la palabra la Senadora Novillo Moreno.


La señora NOVILLO MORENO: Gracias, señor Presidente.
Señora Ministra, la Constitución Española establece que la enseñanza debe ser obligatoria y gratuita. Asimismo,

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la LOGSE, en su artículo 58.1, afirma que los centros educativos deberán estar dotados de recursos humanos y materiales para garantizar una enseñanza de calidad.
Esta conjugación debe perseguir la igualdad de oportunidades ofreciendo actuaciones compensatorias, no igualitarias, dando más ayuda al que más lo necesita.
Este planteamiento no es otro que ejercer una eficaz justicia distributiva de ayudas. Las Administraciones Públicas están obligadas a ejercer políticas compensatorias con el objetivo de la redistribución de los recursos educativos y sociales.
Sabemos del esfuerzo inversor que viene realizando el Ministerio que usted preside en el sentido de apoyo a estudiantes y familias que más necesitan de ayudas al estudio, a pesar de algunas manifestaciones que hemos podido escuchar sobre la reducción de las becas universitarias, la desinformación que conlleva y la preocupación que sienten aquellas familias que necesitan esta ayuda.
Por todo ello, me gustaría preguntarle sobre las previsiones que tiene el Gobierno para el curso 2001-2002 en materia de becas y ayudas al estudio.
Gracias.


El señor VICEPRESIDENTE (Prada Presa): Gracias, Senadora Novillo Moreno.
Tiene la palabra la señora Ministra de Educación.


La señora MINISTRA DE EDUCACION, CULTURA Y DEPORTE (Del Castillo Vera): Gracias, señor Presidente.
Señoría, un objetivo básico del Ministerio de Educación es, desde luego, hacer efectivo el principio de igualdad en el ejercicio del derecho a la educación mediante la provisión de los recursos necesarios para que se aseguren las mismas oportunidades con independencia de la situación socioeconómica de la que se parta.
Pues bien, este principio encuentra su desarrollo en el presupuesto para el año 2002, en el que las dotaciones totales que se canalizan directamente para becas y ayudas al estudio se elevan a 114.911 millones de pesetas, lo que supone en dicho ejercicio presupuestario un incremento del 8,99 por ciento sobre el presupuesto vigente, con un total, en términos absolutos, de 9.500 millones de pesetas o de 57 millones de euros.
Debo resaltar que ese incremento se produce en un entorno de notable disminución del número de alumnos, lo que pone de manifiesto que se está continuando con el proceso de extensión de ayudas para la adquisición de libros de texto y material didáctico complementario en los niveles obligatorios, proceso que ya se inició en años anteriores. Asimismo, se ha aumentado en más de un 4 por ciento el porcentaje de los umbrales de renta máxima que dan derecho a la obtención de una beca, lo cual permite que haya un mayor número de familias beneficiarias.
Quisiera dejar patente que, en términos cuantitativos, el peso relativo de los créditos del programa de becas y ayudas al estudio representa, dentro de los créditos totales del presupuesto consolidado del Departamento, un 33 por ciento para el año 2002, y ello sin contar con líneas de ayudas como las becas Erasmus o las becas Séneca, que no se computan en esta valoración.
Pues bien, en el programa de becas y ayudas al estudio cabe destacar dos líneas de actuación. Por un lado, las becas y ayudas de carácter general, que son las más amplias debido a las modalidades de ayudas --como las compensatorias, para transporte, por distancia, etcéteta--, cuya dotación prevista es de 77.125 millones de pesetas, lo que supone un incremento de un 13 por ciento respecto del ejercicio actual. Y por otro, las becas y ayudas de carácter especial, a las que se destina un total de 41,4 millones de euros, lo que supone en términos comparativos un incremento del 16,69 por ciento respecto del ejercicio actual.
Muchas gracias.


El señor VICEPRESIDENTE (Prada Presa): Gracias, señora Ministra de Educación, Cultura y Deporte.


--DE DON VICENT BEGUER I OLIVERES, DEL GRUPO PARLAMENTARIO CATALAN EN EL SENADO DE CONVERGéNCIA I UNIO, SOBRE LAS PREVISIONES DEL GOBIERNO EN ORDEN A ARBITRAR LAS MEDIDAS LEGALES OPORTUNAS PARA COMPENSAR SUFICIENTEMENTE A LOS ARRENDADORES QUE NO PUDIERON REVISAR LA RENTA DEL CONTRATO DEBIDO A LA INSUFICIENCIA DE MEDIOS DE SUS ARRENDATARIOS, EN APLICACION DE LA LEY 29/1994, DE 24 DE NOVIEMBRE, DE ARRENDAMIENTOS URBANOS (680/000564).


El señor VICEPRESIDENTE (Prada Presa): Pregunta del excelentísimo señor don Vicent Beguer i Oliveres, del Grupo Parlamentario Catalán en el Senado de Convergència i Unió, sobre las previsiones del Gobierno en orden a arbitrar las medidas legales oportunas para compensar suficientemente a los arrendadores que no pudieron revisar la renta del contrato debido a la insuficiencia de medios de sus arrendatarios, en aplicación de la Ley 29/1994, de 24 de noviembre, de arrendamientos urbanos.
Al no encontrarse en la sala el Senador Marimon, que formulaba la pregunta en sustitución del Senador Beguer, decae esta pregunta.


--DE DON VICTORIANO RIOS PEREZ, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE SENADORES DE COALICION CANARIA, SOBRE LAS PREVISIONES DEL GOBIERNO EN RELACION CON EL IMPACTO QUE PRODUCIRA LA ADJUDICACION DEL CONTRATO DE SERVICIO DE LINEAS MARITIMAS DE INTERES PUBLICO SOBRE EL PROCESO DE PRIVATIZACION DE LA COMPAÑIA TRASMEDITERRANEA, S. A. (680/000571).


El señor VICEPRESIDENTE (Prada Presa): La pregunta del Senador Ríos Pérez, del Grupo Parlamentario de

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Senadores de Coalición Canaria, iba a ser formulada por la Senadora doña Claudina Morales, quien tampoco se encuentra en la sala. Por tanto, también decae esta pregunta.


--DE DON ANGEL VILLALBA ALVAREZ, DEL GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA, SOBRE LAS PREVISIONES DEL GOBIERNO PARA ESTABLECER PROTOCOLOS O CONVENIOS DE COLABORACION CON OBJETO DE COMPENSAR O CORREGIR LOS DESEQUILIBRIOS PRODUCIDOS EN DETERMINADAS COMUNIDADES AUTONOMAS DERIVADOS DE SU SITUACION LIMITROFE, CON ATENCION A CRITERIOS DE CORRESPONSABILIDAD FISCAL Y SOLIDARIDAD TERRITORIAL (680/000576).


El señor VICEPRESIDENTE (Prada Presa): Pregunta del excelentísimo señor don Angel Villalba Alvarez, del Grupo Parlamentario Socialista, sobre las previsiones del Gobierno para establecer protocolos o convenios de colaboración con objeto de compensar o corregir los desequilibrios producidos en determinadas Comunidades Autónomas derivados de su situación limítrofe, con atención a criterios de corresponsabilidad fiscal y solidaridad territorial.
Tiene la palabra el Senador Villalba.


El señor VILLALBA ALVAREZ: Gracias, señor Presidente.
Señor Ministro, en comparecencias anteriores en esta Cámara usted ha negado siempre la existencia de compensaciones a Comunidades Autónomas por procesos de deslocalización de empresas debidos a la existencia de beneficios fiscales en territorios de Comunidades vecinas. En todo caso, según sus palabras, el Gobierno habría llegado a acuerdos con alguna Comunidad para realizar inversiones ordinarias y habituales, exactamente iguales a las que se realizan en el conjunto del Estado.
Sin embargo, hoy podemos saber que su Ministerio sí ha firmado un acuerdo concreto con la Comunidad de La Rioja para corregir los desequilibrios producidos por la existencia de Comunidades aledañas con regímenes fiscales especiales, y ello deja en evidencia la afirmación, tan tajante como frágil, realizada por usted en está misma Cámara el pasado 6 de junio. Por ello, parece conveniente reiterarle nuestra pregunta y demandar de usted, señor Ministro, si el Gobierno, si su Ministerio, piensa continuar firmando protocolos o convenios con Comunidades Autónomas para corregir esos desequilibrios antes citados.


El señor VICEPRESIDENTE (Prada Presa): Gracias, Senador Villalba.
Tiene la palabra el señor Ministro de Hacienda.


El señor MINISTRO DE HACIENDA (Montoro Romero): Gracias, señor Presidente.
Señorías, Senador Villalba, lo que ha hecho el Gobierno ha sido dar cumplimiento a lo establecido en un precepto del propio Estatuto de La Rioja, actitud y comportamiento que, por descontado, supongo que el Partido Socialista de La Rioja habrá apoyado cumplidamente.
Gracias, señor Presidente.


El señor VICEPRESIDENTE (Prada Presa): Gracias, señor Ministro de Hacienda.
En turno de réplica, tiene la palabra el Senador Villalba.


El señor VILLALBA ALVAREZ: A diferencia de ocasiones anteriores, señor Ministro, tengo que agradecerle su sinceridad, que firme convenios y no los niegue --ya lo reconoce-- y que aquello que aparecía antes envuelto en ropajes de silencio, de opacidad, de clandestinidad --porque lo ha negado usted tanto por escrito como de forma oral--, ahora sea trasladado a esta Cámara. Pero, efectivamente, tengo que decirle que ese protocolo presentado en el Gobierno de La Rioja el pasado mes de septiembre, firmado por su Ministerio, por su Secretaría de Estado de Presupuesto y Gastos y por el Consejero de Hacienda, insiste en su exposición de motivos en la necesidad de tener en cuenta el esfuerzo fiscal de La Rioja, de atender singularmente a los criterios de corresponsabilidad fiscal y solidaridad interterritorial; habla, a continuación, de promover actuaciones de cooperación necesarias para corregir desequilibrios, y en su declaración final se refiere a actuaciones como ésta: la firma de ese convenio por 3.500 millones de pesetas en cuanto a las obligaciones del propio Ministerio se refiere, para atender al cumplimiento de las previsiones del artículo 46 del Estatuto de La Rioja.
Por lo tanto, parece que ya hay voluntad política en el Gobierno, en el Ministerio, para llevar a cabo propuestas de actuación conjunta con las Comunidades Autónomas que tengan problemas similares. Pues bien, señor Ministro, Castilla y León --seguramente otras Comunidades también-- tiene la misma definición de vecindad territorial que La Rioja. En la Comunidad a la que represento ha habido en los últimos años una deslocalización permanente de empresas que han buscado escenarios fiscales más atractivos y más propicios, y una ralentización preocupante en la puesta en marcha de proyectos empresariales-industriales. Hay polígonos industriales vacíos, señor Ministro, que han visto cómo empresas e industrias se han trasladado apenas unos centenares de metros más allá, eso sí, al otro lado de la raya. Burgos, y en especial la comarca de Miranda de Ebro, dan un buen testimonio de esta situación.
Nosotros no criticamos su actuación en La Rioja, ni el Partido Socialista de La Rioja lo ha hecho, ni --repito-- nosotros lo hemos hecho en esta Cámara, muy al contrario, nos parece acertada y obligada. Por ello es difícilmente comprensible que no se extienda a otras Comunidades que tienen los mismos problemas y parecidas necesidades.
¿Castiga usted, señor Ministro, a Castilla y León, como ya lo hizo en el acuerdo del 26 de julio pasado, por tener más de 50.000 kilómetros cuadrados o muy poca densidad de población o población más bien mayor que joven? Señor Montoro, tiene que dar una explicación a Castilla y León que incida en las razones de la exclusión de nuestra Comunidad en planes como los que ha llevado a cabo La

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Rioja, que promuevan y desarrollen actividad y servicios a lo largo de todas las Comunidades del Estado.
Gracias.


El señor VICEPRESIDENTE (Prada Presa): Gracias, Senador Villalba.
Tiene la palabra el señor Ministro de Hacienda.


El señor MINISTRO DE HACIENDA (Montoro Romero): Gracias, señor Presidente.
Señoría, como usted ha leído correctamente, ese convenio atiende al estricto cumplimiento del artículo correspondiente del Estatuto de La Rioja, Estatuto de La Rioja que el Partido Socialista ha votado.
Lo que hay al otro lado de la raya, señoría --eso que ha llamado usted prudentemente en esta mañana, y yo le agradezco la prudencia pero se lo voy a traducir--, son las Haciendas Forales de los territorios históricos de Alava, Guipúzcoa, Vizcaya --la Comunidad Autónoma vasca-- y la Hacienda Foral de Navarra. Las Haciendas Forales son constitutivas --de la Constitución-- del Estado de las Autonomías en España y desde luego el Partido Socialista apoya la existencia de las Haciendas Forales, que son constitutivas, insisto, de la misma esencia del Estado de las Autonomías en España.
Por eso, señoría, el tono de su última intervención --moderadamente aplaudida por su Grupo Parlamentario-- no tiene sentido. No abra usted el capítulo de agravios comparativos entre Comunidades Autónomas y, sobre todo, entre Comunidades Autónomas de régimen común y las de régimen foral. ¡Ya está bien de ese discurso en la Cámara, señoría! Se han firmado cuatro convenios con la Comunidad Autónoma de Castilla y León: dos convenios para la ejecución de la autovía Camino de Santiago, por un importe de 55.000 millones de pesetas; un convenio para la variante ferroviaria de Burgos, por importe de 17.000 millones de pesetas, con una aportación estatal de 4.500 millones de pesetas; y un convenio de ejecución para evitar el endeudamiento del presupuesto de las universidades de su ámbito territorial, por 1.550 millones de pesetas.
Señoría, cuando se es miembro de un partido de ámbito nacional, hay que tener la prudencia de no abrir agravios comparativos entre Comunidades Autónomas porque todas ellas constituyen, en definitiva, el Estado de las Autonomías. Además, le ofrezco una solución: que el Grupo Socialista vote mañana en el Congreso de los Diputados a favor de las leyes de financiación autonómica, porque lo que hacen esas leyes, señoría, es reducir la diferencia de financiación entre las Comunidades de régimen común y las de régimen foral. Eso es lo que busca el nuevo sistema de financiación autonómica, reducir las diferencias y, por tanto, promover la solidaridad interterritorial en España, sin necesidad de promover estos agravios comparativos --como, lamentablemente, hace su grupo--, intentando representar Comunidades Autónomas cuando usted es representante de la soberanía nacional de España y no sólo de una Comunidad Autónoma.
Muchas gracias, señor Presidente. (Aplausos en los escaños del Grupo Parlamentario Popular.)

El señor VICEPRESIDENTE (Prada Presa): Gracias, señor Ministro de Hacienda.


--DE DON VICENT BEGUER I OLIVERES, DEL GRUPO PARLAMENTARIO CATALAN EN EL SENADO DE CONVERGéNCIA I UNIO, SOBRE LAS PREVISIONES DEL GOBIERNO EN ORDEN A ARBITRAR LAS MEDIDAS LEGALES OPORTUNAS PARA COMPENSAR SUFICIENTEMENTE A LOS ARRENDADORES QUE NO PUDIERON REVISAR LA RENTA DEL CONTRATO DEBIDO A LA INSUFICIENCIA DE MEDIOS DE SUS ARRENDATARIOS, EN APLICACION DE LA LEY 29/1994, DE 24 DE NOVIEMBRE, DE ARRENDAMIENTOS URBANOS (680/000564).


El señor VICEPRESIDENTE (Prada Presa): Señorías, si no hay objeción por parte de ninguno de los portavoces presentes en la Cámara, y dado que el Senador Marimon y la Senadora Morales se encontraban redactando las preguntas que iban a formular en sustitución de sus respectivos compañeros, y sin que esto sirva de precedentes, le voy a dar la palabra al Senador Marimon para formular la pregunta sobre las previsiones del Gobierno en orden a arbitrar las medidas legales oportunas para compensar suficientemente a los arrendadores que no pudieron revisar la renta del contrato debido a la insuficiencia de medios de sus arrendatarios, en aplicación de la Ley 29/1994, de 24 de noviembre, de Arrendamientos Urbanos.
Tiene la palabra el Senador Marimon.


El señor MARIMON I SABATE: Muchas gracias, señor Presidente, por brindarnos esta oportunidad.
Señor Ministro, al Grupo Parlamentario Catalán en el Senado de Convergència i Unió le interesaría conocer si el Gobierno tiene previsto arbitrar medidas legales para compensar suficientemente a los arrendadores que no pudieron revisar las rentas de sus contratos, en aplicación de la ley 29/1994, debido a la insuficiencia de medios del arrendatario.
Señor Ministro, sé que me va a contestar que la Ley 40/1998, del IRPF, arbitró una determinada medida: que se pudieran tener en cuenta las amortizaciones del edificio; pero lo cierto es que entendemos que esta medida no cumple la voluntad de la ley.
Supongo que usted habrá recibido más de una reclamación o propuesta de las Cámaras de la Propiedad Urbana en las que se ponga de manifiesto que, aunque la medida adoptada suponga una cierta solución, la verdad es que se aleja de forma notable del interés del arrendatario, que es el de percibir una renta justa.
Mi Grupo Parlamentario entiende que habría que arbitrar otras medidas complementarias y, por tanto, este Senador desearía conocer si su Ministerio ha previsto algo al respecto.


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El señor VICEPRESIDENTE (Prada Presa): Gracias, Senador Marimon.
Tiene la palabra el señor Ministro de Hacienda.


El señor MINISTRO DE HACIENDA (Montoro Romero): Gracias, señor Presidente.
Senador Marimon, efectivamente le tengo que responder en la misma línea que usted ha señalado; es decir, que esa compensación fiscal se incrementó para las personas físicas en la disposición transitoria décima de la Ley 40/1998, de 9 de diciembre, del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas. Allí se determinó el cálculo del rendimiento del capital inmobiliario obtenido por los inmuebles afectados por la regla séptima, exactamente del apartado 11 de la disposición transitoria segunda de la Ley 29/1994, de Arrendamientos Urbanos. En definitiva, en virtud de esta disposición se puede incluir adicionalmente como gasto deducible la cantidad que corresponda a la amortización del inmueble. Es decir, al calcular el rendimiento neto obtenido, estos inmuebles disfrutan de doble amortización, la que le correspondería por aplicación de las normas generales y la adicional derivada de esta disposición transitoria.
Por lo demás, como su señoría conoce, es intención del Gobierno abordar en los próximos meses una nueva modificación de la Ley del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas, y estamos estudiando los mecanismos para incorporar todo tipo de estímulos e incentivos para incrementar la oferta de viviendas en alquiler. A ese respecto estamos también dispuestos a estudiar la solución de cualquier asunto que haya quedado insatisfecho en la legislación actual.
Muchas gracias, señor Presidente.


El señor VICEPRESIDENTE (Prada Presa): Gracias, señor Ministro de Hacienda.
Senador Marimon, tiene la palabra su señoría.


El señor MARIMON I SABATE: Muchas gracias, señor Presidente.
Señor Ministro, usted me responde algo que yo mismo ya he mencionado en mi pregunta. Quiero manifestarle que tengo estudios enviados a nuestro Grupo por diferentes secretarios de Cámaras de la Propiedad Urbana, en los que se demuestra que la solución es francamente deficitaria. El incremento de alquiler hubiera significado unos ingresos para el propietario cinco o seis veces mayores.
Tomo su palabra respecto a que en la próxima discusiónsobre arrendamientos urbanos o vivienda se va a contemplar una posible solución, ya que la actual, aunque ha sido buena, ha sido insuficiente y convendría encontrar mecanismos para que los propietarios pudieran percibir unos arrendamientos justos, sin perjudicar, evidentemente, a los arrendatarios con pocas disponibilidades económicas.


El señor VICEPRESIDENTE (Prada Presa): Gracias, Senador Marimon.
--DE DON VICTORIANO RIOS PEREZ, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE SENADORES DE COALICION CANARIA, SOBRE LAS PREVISIONES DEL GOBIERNO EN RELACION CON EL IMPACTO QUE PRODUCIRA LA ADJUDICACION DEL CONTRATO DE SERVICIO DE LINEAS MARITIMAS DE INTERES PUBLICO SOBRE EL PROCESO DE PRIVATIZACION DE LA COMPAÑIA TRASMEDITERRANEA, S. A. (680/1000571).


El señor VICEPRESIDENTE (Prada Presa): La siguiente pregunta que inicialmente. correspondía al Senador Victoriano Ríos Pérez, del Grupo Parlamentario de Senadores de Coalición Canaria, será formulada por la Senadora doña Claudina Morales Rodríguez, del mismo Grupo, sobre las previsiones del Gobierno en relación con el impacto que producirá la adjudicación del contrato de servicio de líneas marítimas de interés público, sobre el proceso de privatización de la Compañía Trasmediterránea, S. A.
Tiene la palabra la Senadora Morales.


La señora MORALES RODRIGUEZ: Muchas gracias, señor Presidente.
Señor Ministro, el Consejo de Ministros autorizó el pasado 27 de julio la celebración de los contratos de servicio de las líneas marítimas de interés público, que unen la península con Canarias, Baleares y las Ciudades Autónomas de Ceuta y Melilla. La Dirección General de Marina Mercante comunicó el día 10 de diciembre que la naviera pública Trasmediterránea había sido la única compañía que había presentado ofertas para cubrir las rutas de interés general, noticia que no sorprendió, dado que las navieras privadas ya habían anunciado previamente su boicot a esta convocatoria.
La adjudicación de las líneas marítimas de servicio público a Trasmediterránea coincide con su proceso de privatización, que previsiblemente se concretará en julio de 2002 por parte de la Sociedad de Participaciones Industriales, SEPI, según se anunció recientemente.
Por todo ello se formula la siguiente pregunta: ¿Cómo prevé el Gobierno que impactará la adjudicación del contrato de servicio de las líneas marítimas de interés público sobre le proceso de privatización de Trasmediterránea?

El señor VICEPRESIDENTE (Prada Presa): Gracias, Senadora Morales.
Tiene la palabra el señor Ministro de Hacienda.


El señor MINISTRO DE HACIENDA (Montoro Romero): Muchas gracias, señor Presidente.
Senadora, efectivamente el «Boletín Oficial del Estado» de 18 de octubre de 2001 publicó tres resoluciones del Ministerio de Fomento, convocando tres concursos para la contratación de los servicios de las líneas península-Canarias, península-Baleares, península-Ceuta y Melilla. En todos ellos el plazo de presentación de ofertas finalizó el pasado 30 de noviembre, esto, es con un período de publicidad suficiente. Sólo ha concurrido al concurso la Compañía Trasmediterránea, S. A. La Mesa de Contratación

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abrió las proposiciones económicas el pasado 10 de diciembre en acto público y, visto que éstas están dentro de los márgenes establecidos por la convocatoria, la Mesa de Contratación está estudiando el resto de las circunstancias de la oferta y en su momento formulará la propuesta que corresponda. Por tanto, el Ministerio de Fomento no ha tomado todavía una decisión definitiva.
Por lo demás, está la intención del Gobierno y de la propia Sociedad Estatal de Participaciones Industriales de promover la privatización de Trasmediterránea, que es una empresa que, como su señoría conoce, ha mejorado significativamente sus resultados. Confiamos en que el resultado de esa privatización será enormemente beneficioso para los usuarios y, en particular, para el gran número de canarios que utilizan estos servicios, que van a ser los auténticos beneficiarios del proceso de privatización programado por el Gobierno.
Gracias, señor Presidente.


El señor VICEPRESIDENTE (Prada Presa): Gracias, señor Ministro de Hacienda.
Tiene la palabra la Senadora Morales.


La señora MORALES RODRIGUEZ: Gracias, señor Presidente.
Señor Ministro, como usted comprenderá, al Grupo de Senadores de Coalición Canaria le preocupa que hayan coincidido dos procesos importantes para el desarrollo del transporte marítimo, que para Canarias, como usted bien ha dicho, es un modo de transporte importante, y, por tanto, los resultados que de ellos se deriven. Por un lado, tenemos la apertura del proceso de privatización de la naviera, con las dudas que genera una compañía con deudas históricas, aunque, como usted bien ha dicho, ha mejorado sus resultados económicos en estos últimos años, y, por otro lado, la adjudicación de las líneas de servicio de interés público, que ha estado salpicada de algunas críticas por parte de las navieras privadas.
Nos preocupa en qué condiciones la Compañía Trasmediterránea cumplirá los servicios que le serán adjudicados una vez que se concrete la privatización y si se contará con los medios materiales y económicos necesarios para la realización de los servicios, acorde con lo establecido en el pliego de condiciones. Y, en cualquier caso, nos gustaría que existiesen las suficientes garantías por parte del Gobierno de que vela por el cumplimiento de los servicios de las líneas de interés general a fin de que se cumpla con un buen servicio para los ciudadanos y, en el caso de que haya pérdidas, se comprometa a que no sean los usuarios los que paguen las consecuencias de estas posibles deficiencias.
Muchas gracias.


El señor VICEPRESIDENTE (Prada Presa): Gracias, Senadora Morales.
El señor Ministro de Hacienda tiene la palabra.


El señor MINISTRO DE HACIENDA (Montoro Romero): Muchas gracias, señor Presidente.
Señoría, sus preocupaciones son plenamente compartidas por el Gobierno.
Por eso he destacado en mi primera intervención que Trasmediterránea es una compañía que efectivamente afronta la privatización desde una posición saneada y que, en definitiva, se manifiesta, se concreta en un resultado positivo, en unos beneficios de 2.280 millones de pesetas en el año 2000.
Sólo me resta recordar a la Cámara --por supuesto, su señoría ya ha hecho alusión a ello en su intervención-- que el carácter de servicio público permanecerá con independencia de la titularidad pública o privada de la compañía que ejerza ese servicio. Por tanto, seguiremos manteniendo ese carácter de servicio público en la actividad a desarrollar, de manera que la compañía que finalmente adquiera Trasmediterránea lo que estará adquiriendo serán los compromisos de cumplimiento con un servicio público y, a partir de esos compromisos, estará cumpliendo con los compromisos de servicio a los canarios, en particular, así como a todos los habitantes de la península que se conecten también con Canarias a través de este servicio de Trasmediterránea.
Muchas gracias, señor Presidente.


El señor VICEPRESIDENTE (Prada Presa): Gracias, señor Ministro de Hacienda.


--DE DON RAMON RODRIGUEZ ARES, DEL GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR EN EL SENADO, SOBRE LA EVOLUCION DEL NUMERO DE ABONADOS A TELEFONIA MOVIL POR CADA CIEN HABITANTES EN LOS ULTIMOS AÑOS EN ESPAÑA (680/000583).


El señor VICEPRESIDENTE (Prada Presa): Pregunta. del excelentísimo señor don Ramón Rodríguez Ares, del Grupo Parlamentario Popular en el Senado, sobre la evolución del número de abonados a telefonía móvil por cada cien habitantes en los últimos años en España.
Tiene la palabra su señoría.


El señor RODRIGUEZ ARES: Muchas gracias, señor Presidente.
Señora Ministra, utilizando su reconocida cortesía, tengo interés y también curiosidad en que me conteste a una pregunta relacionada con la telefonía móvil. Además, pretendo, porque me parece que es importante, que los datos que la señora Ministra aporte sobre este tema queden reflejados en el «Diario de Sesiones», que es el que en realidad da fe del avance y calidad de vida de la que venimos disfrutando en estos últimos años los españoles.
La Xunta de Galicia y los fabricantes de telefonía móvil firmaron hace unos días un acuerdo para la implantación en Galicia de una campaña piloto de recogida y tratamiento de residuos de móviles. Este plan pretende dar respuesta a una generación en crecimiento que en el año 2000 ascendió en Galicia a 52.403 kilos de residuos procedentes de telefonía móvil.
La estimación para este año es de 122.026 kilos, por lo que se calcula la existencia de cerca de medio millón de teléfonos

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obsoletos, lo que demuestra un altísimo porcentaje de usuarios que utilizan y disfrutan de este medio de comunicación, viéndose reflejado en ello el éxito y el esfuerzo realizado por los gobiernos central y autonómicos para que ningún rincón de España quedara sin este medio de comunicación.
La pregunta, señora Ministra, es ¿cuál ha sido la evolución del número de abonados a telefonía móvil por cada cien habitantes, en los últimos años, en España? Muchas gracias, señor Presidente.


El señor VICEPRESIDENTE (Prada Presa): Muchas gracias, Senador Rodríguez Ares.
Tiene la palabra la señora Ministra de Ciencia y Tecnología.


La señora MINISTRA DE CIENCIA Y TECNOLOGIA (Birulés Bertrán): Muchas gracias, señor Presidente.
Señoría, efectivamente el crecimiento de la telefonía móvil en España ha sido espectacular en estos últimos años, y esto lo corroboran todos los informes tanto de la OCDE, de la ITO, y de la UIT como de la Comisión Europea, el Eurobarómetro, el Eurostat o nuestras propias estadísticas a nivel nacional de la Comisión del Mercado de las Telecomunicaciones o de las distintas operadoras. En definitiva, hay unanimidad en que el avance ha sido muy alto. Esto significa que si nos situamos, por ejemplo, en términos de abonados, en el año 1998 --luego haré una referencia desde el inicio de la telefonía móvil--, vemos que se ha pasado de 6,5 millones de abonados a 24.265.000 a finales del año 2000. Sólo en esta cifra estamos hablando de incrementos en dos años del 277 por ciento. Por lo tanto, representa un avance espectacular de la telefonía móvil, habiendo pasado de una penetración del año 1996 del 6,5 por ciento de la población a un 68,7 en el tercer trimestre del año 2001 y en noviembre pasado estábamos en un 70 por ciento, es decir, que se ha alcanzado en muy poco tiempo una penetración totalmente equiparable a la media comunitaria. Así, en el año 2000 teníamos un 61,5 y la media comunitaria un 63, y estábamos muy por encima de los Estados Unidos que tienen un 40 por ciento y, además, en el año 2000 ya el número de abonados de telefonía móvil superaron a los de telefonía fija. En estos momentos estamos en los niveles del 70 por ciento, lo que demuestra que se ha popularizado su uso de una manera extraordinaria, siendo, además, mucho más asequible para los ciudadanos, porque usos de este nivel no se consiguen sin buenas prestaciones de servicio y asequibilidad en el precio. Además, la explosión de esta telefonía móvil ha supuesto importantes incrementos, por un lado, de productividad y de competitividad para nuestras empresas, y, sin duda una mayor calidad de vida y bienestar para los ciudadanos en muchos ámbitos de su vida cotidiana, como lo demuestra su uso incluso para situaciones de emergencia. (La señora Presidenta ocupa la Presidencia.) De cara al futuro, y en estos momentos, como saben, señorías, el Gobierno está comprometido con la implantación del Internet móvil, básico para el desarrollo de la sociedad de la información, y en estos momentos ya se están comercializando terminales y prestando servicios y aplicaciones de tecnología que se denomina GTRS, en definitiva, los principios avances en el Internet móvil. El rápido crecimiento, además, de servicios como los de mensajes cortos con 775 millones de mensajes en el pasado mes de septiembre hacen además prever un rápido desarrollo de estas nuevas tecnologías, de sus contenidos y de sus servicios, con un nivel de competencia creciente.
Muchas gracias, señora Presidenta.


La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señora Ministra.


--DE DON JUAN SEVA MARTINEZ, DEL GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR EN EL SENADO, SOBRE LA EVOLUCION DEL MERCADO DE LAS TELECOMUNICACIONES CON RELACION AL PRODUCTO INTERIOR BRUTO (PIB) EN LOS ULTIMOS AÑOS EN ESPAÑA (680/000585).


La señora PRESIDENTA: Siguiente pregunta de don Juan Seva Martínez, del Grupo Parlamentario Popular en el Senado, sobre la evolución del mercado de las telecomunicaciones.
Tiene la palabra el Senador Seva.


El señor SEVA MARTINEZ: Muchas gracias, señora Presidenta.
La pregunta queda formulada en los mismos términos en que la ha planteado la señora Presidenta.


La señora PRESIDENTA: Gracias, señoría.
Tiene la palabra la señora Ministra de Ciencia y Tecnología.


La señora MINISTRA DE CIENCIA Y TECNOLOGIA (Birulés Bertrán): Muchas gracias, señora Presidenta.
Señoría, la evolución que muestra el mercado interior de productos y servicios del sector de las telecomunicaciones en su sentido más estricto, porque hay un sentido más amplio, en relación al producto interior bruto de España desde el año 1996 hasta el año 2000, último año en el que tenemos datos consolidados, como es lógico, es más que positiva, reflejando la solidez y competitividad de este sector que es básico desde un punto de vista industrial y empresarial, pero sobre todo es crucial para el desarrollo de la sociedad de la información para todos los ciudadanos.
Según el Observatorio europeo de información tecnológica en el año 1996 este mercado representaba en España el 2,4 por ciento del producto interior bruto, la ratio algo inferior de la media europea. Los datos para el año 2000 nos indican que se ha duplicado. Hemos pasado del 2,4 al 4,8 y con un crecimiento, como todos conocen, sostenido del propio PIB.
Por lo tanto, con un crecimiento importante

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del 4,8, duplicando el de 1996, una cifra significativamente superior a la media europea, que está en el 3,4 y, además, por encima de Alemania, el Reino Unido y Francia. Además, este ritmo de crecimiento no sólo ha sido superior a la media europea, sino que ha sido aún mayor si se compara con el experimentado en Estados Unidos y Japón, donde estos mercados han crecido 0,7 décimas.
Además de este crecimiento cuantitativo, hay un crecimiento cualitativo muy importante, en la medida en que España es uno de los países con tarifas más bajas en los servicios de telecomunicaciones, según datos tanto de Eurostat como de los informes de las empresas y de la propia Comisión del Mercado de Telecomunicaciones. En el año 2000, en el horario de tarifa reducida era el tercer país más barato, y quiero recordar a sus señorías que es el horario ampliamente utilizado por los usuarios residenciales, por las familias, por nuestros ciudadanos. En horario punta, ocupamos un puesto similar al de la media europea.
En cuanto a la accesibilidad a Internet, España ocupa una situación de privilegio en la variedad y asequibilidad de tarifas en este entorno europeo, a lo que ha contribuido, sin duda, la introducción de la tarifa plana en el año 2000 y las diversas tarifas planas que se han ido desarrollando en el mercado, con un ancho de banda suficiente.
También quiero destacar el ámbito empresarial, ya que, según el informe de la propia Fundación Cotec, una de cada tres empresas del sector es innovadora y dedican el 10 por ciento de su facturación a investigación y desarrollo, lo que seguro que se va a ver reforzado por los incentivos fiscales introducidos en este año 2001 y en años sucesivos.
Por lo tanto, señorías, todos estos datos ponen de manifiesto los buenos resultados de las políticas del Gobierno en materia de telecomunicaciones, el dinamismo de nuestro tejido empresarial y la capacidad innovadora y de introducción de avances en nuestros ciudadanos.
En consecuencia, el conjunto de medidas liberalizadoras que se iniciaron con el Real-Decreto 6/1996, se consagraron con la Ley General de Telecomunicaciones y han avanzando con medidas como las adoptadas ya en esta legislatura en el Real Decreto-Ley 7/2000.
Estas medidas realmente han permitido avanzar y profundizar en esta liberalización, en un mercado tan importante como es el de las telecomunicaciones para la industria y para el conjunto de los ciudadanos.
Gracias.


La señora PRESIDENTA: Gracias, señora Ministra.


--DE DON JUAN JOSE LABORDA MARTIN, DEL GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA, SOBRE LAS PREVISIONES DEL GOBIERNO EN ORDEN A MODIFICAR LA CAPACIDAD DE ENMIENDA DEL SENADO (680/000589).


La señora PRESIDENTA: La siguiente pregunta es la de don Juan José Laborda Martín, del Grupo Parlamentario Socialista, sobre las previsiones del Gobierno en orden a modificar la capacidad de enmienda del Senado.
Tiene la palabra el Senador Laborda Martín.


El señor LABORDA MARTIN: Muchas gracias, señora Presidenta.
Señor Ministro, quisiera conocer la opinión del Gobierno respecto de un almuerzo que se ha celebrado en el Congreso de los Diputados y que se ha reflejado en los medios de comunicación. Si algo puede ser más inquietante que una reunión de Diputados hablando sobre el Senado, es una comida de Diputados con el Ministro de la Presidencia hablando del Senado.
Yo creo que no es cuestión de limitar la capacidad de enmienda en las funciones legislativas del Senado. Considero --y adelanto a dar mi opinión--, que el Gobierno debe pensar seriamente su relación con las Cámaras. Hay algo así como una especie de designio legislativo del Gobierno que ve en las Cámaras algo engorroso, pero esto es de otras épocas, señor Ministro. Además, debe haber una cierta reciprocidad con las Cámaras.
Señor Ministro, quiero recordar algo que ya manifesté en otra ocasión, y es que el Presidente del Gobierno actual tiene el récord de todos los Presidentes desde el año 1997, porque desde que lo es, nunca jamás ha comparecido ni ha estado en el Pleno de esta Cámara. Nunca jamás ha estado el Presidente del Gobierno en el Pleno de esta Cámara.
Señor Ministro, me interesa mucho su respuesta.
Muchas gracias.


La señora PRESIDENTA: Gracias, Senador Laborda.
Tiene la palabra el señor Ministro de la Presidencia.


El señor MINISTRO DE LA PRESIDENCIA (Lucas Giménez): Gracias, señora Presidenta.
Efectivamente, hubo una reunión, un almuerzo, entre los portavoces de los distintos Grupos Parlamentarios, el Ministro de la Presidencia y algunos otros colaboradores, el Secretario de Estado y la Directora General fundamentalmente.
El tono con el que se desarrolló una comida de este tipo, y que conoce perfectamente el señor Laborda, fue de examen de las relaciones no tanto del Senado como del Congreso con el Gobierno, sobre todo, en un clima fuera del ambiente caldeado de las Cámaras y en un almuerzo. No hubo ningún acuerdo. Niego la existencia de algún acuerdo. Sé que ha habido interpretaciones de los medios de comunicación de aquella comida que no corresponden a la verdad. Fue una comida de relación recíproca, de buen entendimiento, de examen de cómo estaba la situación y, sobre todo, del futuro, pero, desde luego, nunca el Gobierno ha pensado en mermar la capacidad legislativa de esta Cámara que, entre otras cosas, ni éste ni ningún Gobierno podría hacerlo dado el amparo constitucional que tiene la facultad legislativa de la Cámara Alta.
Gracias.


La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor Ministro.
Tiene la palabra el Senador Laborda.


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El señor LABORDA MARTIN: Muchas gracias, señora Presidenta.
Intervengo muy brevemente para decir que es tranquilizador que el Gobierno sea consciente de que el Gobierno no enmienda en esta Cámara y pedirle, de nuevo, que cumpla el Reglamento. Señor Ministro, le quiero pedir formalmente que se celebre el debate sobre el Estado de las Autonomías. No lo digo para molestar. Lo digo porque deberíamos hablar de qué cosas tenemos que reformar del Reglamento de esta Cámara no solamente entre los Grupos, sino con los Presidentes de las Comunidades Autónomas.
Debería convocarse el debate sobre el Estado de las Autonomías. No se ha convocado desde el año 1997. Hay cuestiones internas, por ejemplo, las relaciones de su Gobierno con los gobiernos de las Comunidades Autónomas, que harían necesario que ese debate se celebrara, y hay un nuevo elemento que ha de tenerse en cuenta. En la Cumbre de Laeken España no ha estado muy propicia en la línea en que lo han estado, por ejemplo, Alemania, Austria o Bélgica y otros países descentralizados, respecto de la convención y de la arquitectura europea para la conferencia del año 2004.
Es una necesidad que este país se plantee que esta Cámara participe en la definición que España haya de llevar a la conferencia del año 2004. Por lo tanto, señor Ministro, mi Grupo Parlamentario le pide formalmente al Gobierno que se celebre el debate sobre el Estado de las Autonomías.
Muchas gracias.


La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor Laborda.
Tiene la palabra el señor Ministro de la Presidencia.


El señor MINISTRO DE LA PRESIDENCIA (Lucas Giménez): Muchas gracias, señora Presidenta.
Respecto de la Cumbre de Laeken le diré que dentro de apenas cinco horas va a comparecer el Presidente del Gobierno en el Congreso. Es un momento idóneo para que las iniciativas de todos los Grupos se puedan recoger dada esa dación de cuentas permanente que el Presidente del Ejecutivo tiene y que tuvo la semana pasada sobre las programaciones españolas frente a la Presidencia de la Unión Europea y concretamente respecto de la Cumbre a la que ha hecho referencia el portavoz socialista.
Vuelvo a insistir en algo que es fundamental, en la facultad legislativa de la Cámara Alta. Nadie conoce como el señor Laborda las facultades de esta Cámara dada su condición de ex Presidente, y sería bueno que examinara algunas de las conductas de otros grupos parlamentarios sobre este asunto. Señor Laborda, quien pide un informe sobre la capacidad de esta Cámara para enmendar los proyectos de ley no es el Grupo Parlamentario Popular, ni es el Gobierno, sino el señor Caldera que en el acta --no estoy hablando por referencia de prensa--- del Congreso de los Diputados de la reunión de la Junta de Portavoces dice literalmente: En otro orden de asuntos, el señor Caldera señala que ha sido presentada en el Senado una enmienda al proyecto de ley de medidas fiscales, administrativas y de orden social que constituye, de hecho, una proposición de ley, en cuya virtud se ha creado un nuevo impuesto. Se solicita por parte del señor Caldera la elaboración de un dictamen por los servicios de la Cámara sobre la viabilidad de las citadas enmiendas.
El señor Secretario de Estado de las Cortes subraya que se trata de una enmienda del Grupo Parlamentario Popular al proyecto de ley de medidas fiscales y plantea que su inadmisión cuestionaría la capacidad de dicha Cámara de enmendar los proyectos de ley remitidos por el Congreso. Esto no es la primera vez que sucede, sino que forma parte de la mecánica parlamentaria que el Senado realice a este tipo de modificaciones a los proyectos de ley que llegan del Congreso, para lo cual está constitucionalmente amparada como Cámara de segunda lectura.
El señor De Grandes señala que no se trata de la creación de un nuevo impuesto, sino de la actualización del existente. En cualquier caso --continúa el señor De Grandes; y vuelvo a decir que es importante que retenga usted el concepto, señor Laborda--, no cabe limitar la capacidad de enmienda del Senado so pena de negarle el ejercicio de sus funciones.Y sobre esta visión de censura a la iniciativa legislativa que algunos portavoces tienen, o sobre la enmienda que esta Cámara propone a las leyes que remite el Congreso, dice hoy «La Vanguardia»: «La oposición se planta y no participará en el último debate presupuestario del Congreso.
Con esta iniciativa --y después de exponer los antecedentes, que son los mismos a los que antes hacía referencia-- la oposición trata de denunciar un uso del Senado que vulnera los principios democráticos de participación de las minorías», según palabras del señor Caldera --se cierran comillas.
Esta es la situación, señor Laborda. Y desde un punto de vista personal y político yo le aconsejaría que esta postura de someter a revisión la capacidad de esta Cámara la mantenga ante quien, en el Congreso de los Diputados, está febrilmente participando en la censura de esta misma capacidad de iniciativa de la Cámara Alta.
Gracias. (Aplausos en los escaños del Grupo Parlamentario Popular.)

La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor Ministro de la Presidencia.


--DE DON RAMON ALEU I JORNET, DOÑA MARTA CID PAÑELLA Y DON JOAN SABATE BORRAS, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE ENTESA CATALANA DE PROGRES, SOBRE SI TIENE PREVISTO EL GOBIERNO MODIFICAR LA LEGISLACION PARA MEJORAR LA SEGURIDAD DE LAS CENTRALES NUCLEARES POTENCIALMENTE AFECTADAS POR LA LEY 54/1997, DE 27 DE NOVIEMBRE, DEL SECTOR ELECTRICO (680/000546).


La señora PRESIDENTA: Siguiente pregunta de los Senadores don Ramón Aleu i Jornet, doña Marta Cid Pañella y don Joan Sabaté Borràs, del Grupo de Entesa Catalana

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de Progrés, sobre si tiene previsto el Gobierno modificar la legislación para mejorar la seguridad de las centrales nucleares potencialmente afectadas por la Ley 54/1997.
Tiene la palabra el Senador Aleu.


El señor ALEU I JORNET: Gracias, señora Presidenta.
Señor Ministro, el ejemplar de los presupuestos del Ministerio de Economía introduce, en el programa sobre seguridad nuclear, la duda de que el paso a la libre competencia pueda afectar potencialmente a la seguridad de las centrales, en la medida en que ésta se traduzca en una limitación de las inversiones, etcétera.
Esto es algo que ha provocado cierta preocupación, y por ello, y dado que en la explicación no vemos ninguna medida para subsanar esta posible merma de seguridad, formulamos esta pregunta. En cualquier caso, quisiera manifestar previamente que nuestro Grupo no duda de ningún grupo de la Cámara, ni del Gobierno, ni por supuesto del Ministro, y tampoco del Consejo de Seguridad Nuclear en cuanto a su interés por garantizar la seguridad nuclear, motivo por el cual formulamos la pregunta en estos términos.


La señora PRESIDENTA: Gracias, Senador Aleu.
Tiene la palabra el señor Vicepresidente Segundo de Gobierno y Ministro de Economía.


El señor VICEPRESIDENTE SEGUNDO DEL GOBIERNO PARA ASUNTOS ECONOMICOS Y MINISTRO DE ECONOMIA (De Rato y Figaredo): Gracias, señora Presidenta, y gracias, señor Senador.
Agradezco su pregunta, pues efectivamente considero que esa frase puede ser interpretada de forma sesgada. Su señoría no lo ha hecho y tengo que agradecérselo. A través de dicha frase, que quizá debería haberse matizado de forma más clara por parte de los servicios del Ministerio, se introduce un debate sobre si existe o no una relación entre un mayor riesgo de inseguridad nuclear y una mayor liberalización del mercado.
En opinión del Gobierno ello no es así. En cualquier caso, y su señoría es consciente de ello, el Consejo de Seguridad Nuclear, órgano competente para la protección y seguridad nuclear en nuestro país, no ha hecho ninguna propuesta al Gobierno en el sentido de modificar la ley. Si así la hiciera, el Gobierno, como es natural, la estudiaría con la máxima atención y sería conocida por las Cámaras. En cualquier caso, y si tuviéramos que acudir a otros puntos de referencia, disponemos en este momento del último informe de la Agencia Internacional de la Energía sobre España, recientemente publicado y que parece que su señoría conoce, en el que literalmente se dice lo siguiente: España debería ser destacada por su excelente nivel de seguridad y por la eficiente gestión de sus centrales nucleares.
Debo decir que ello se debe, sobre todo, a la gestión del Consejo de Seguridad Nuclear a través de sus diversos Presidentes. Asimismo, quiero hacer referencia a que nuestro análisis, a través del Consejo, concluye en que la liberalización no ha producido ningún tipo de disminución del nivel de seguridad de nuestras instalaciones nucleares. Según otras agencias internacionales nos encontramos entre los primeros lugares del mundo en cuanto a seguridad nuclear se refiere, dentro de un mundo que tiene más de 400 centrales nucleares.
Así pues, esa referencia que aparece en un documento que se ha remitido a las Cámaras responde más bien a una preocupación genérica que se está produciendo en el mundo en cuanto a la relación entre seguridad y libertad en el sector eléctrico. Pero los datos de los que disponemos hasta el momento en absoluto indican que ésa sea la realidad de España.
En cualquier caso, nosotros estaríamos a lo que el Consejo nos indicase, que lo consideraríamos y sería sometido a debate público. Pero todos los análisis internacionales nos indican que en esa dirección no existe ningún tipo de riesgo en nuestro país.
Muchas gracias.


La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor Ministro.
Senador Aleu, tiene la palabra.


El señor ALEU I JORNET: Señor Ministro, no soy yo quien introduce estas dudas, sino el texto del Gobierno. Usted sabe que en Tarragona hay tres centrales nucleares, tres centros de producción de energía eléctrica a partir de la energía nuclear y que además existe una importante industria química, y esto ha coincidido casi en el tiempo con la explosión de Toulouse. No hay un informe definitivo, pero según los informes previos parece que fue un error de una empresa subcontratada. Lo que sí se produce en las centrales nucleares es el uso de la externalización de servicios servicios, de la subcontratación. Según algunos entendidos, incluso se produce un abuso, y es desde esa perspectiva, sin que le solicitemos una actuación inmediata al Gobierno, desde la que le pedimos que lo contemple, que mire los efectos que pueda tener el abuso de la externalización de los servicios en, centrales que deben ser paradigma de seguridad, y en eso coincidimos todos. Esa es la base de la pregunta, ¿las centrales nucleares por mor de la rentabilidad están abusando de una práctica totalmente legitima, pero que en su caso puede ir en detrimento de la seguridad? Nada más y muchas gracias.


La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, Senador Aleu.
Tiene la palabra el señor Vicepresidente.


El señor VICEPRESIDENTE SEGUNDO DEL GOBIERNO PARA ASUNTOS ECONOMICOS Y MINISTRO DE ECONOMIA (De Rato y Figaredo): Muchas gracias, señora Presidenta.
Señor Senador, no hay nada que indique eso, ni los informes del Consejo, ni el análisis que ha hecho la Agencia Internacional de la Energía recientemente, que añade otro párrafo: «Los indicadores de seguridad de los reactores nucleares españoles continúan mostrando una tendencia positiva.» En cualquier caso, no tengo ningún inconveniente en solicitar del Consejo un análisis concreto sobra la cuestión

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que su señoría plantea y hacerlo público cuando me lo remita.
Muchas gracias.


La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor Vicepresidente.


--DE DON FRANCISCO XABIER ALBISTUR MARIN, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE SENADORES NACIONALISTAS VASCOS, SOBRE LOS CRITERIOS SEGUIDOS POR EL GOBIERNO PARA LA DISTRIBUCION PARCIAL DEL CONTRATO DE GAS REALIZADO CON ARGELIA ENTRE SEIS EMPRESAS DEL SECTOR ELECTRICO Y DEL GAS (680/000566).


La señora PRESIDENTA: Pregunta de don Francisco Javier Albistur Marin, del Grupo Parlamentario de Senadores Nacionalistas Vascos, sobre los criterios seguidos por el Gobierno para la distribución parcial del contrato de gas realizado con Argelia entre seis empresas del sector eléctrico y del gas.
Tiene la palabra el Senador Albistur Marin.


El señor ALBISTUR MARIN: Gracias, señora Presidenta.
Señor Ministro, las razones serían no tanto aquellas que han aparecido en la fase de concurso o en la fase de subasta, sino las verdaderas razones que su Ministerio ha tenido para actuar de la forma en que lo ha hecho y el resultado que se ha obtenido.


La señora PRESIDENTA: Gracias, Senador Albistur.
Señor Vicepresidente, tiene la palabra.


El señor VICEPRESIDENTE SEGUNDO DEL GOBIERNO PARA ASUNTOS ECONOMICOS Y MINISTRO DE ECONOMIA (De Rato y Figaredo): Señoría, las verdaderas razones del Ministerio, como seguramente las de su señoría, son el interés general.


La señora PRESIDENTA: Gracias. Tiene la palabra el Senador Albistur.


El señor ALBISTUR MARIN: Señor Ministro, yo soy un Senador y usted es un señor Ministro. Esta pregunta, está el hecha el 7 de noviembre; se la formulo hoy porque usted no compareció entonces. Le hago esta pregunta porque queremos conocer cuáles han sido las razones de fondo para hacer acceder a un mercado que se pretendía liberalizar, el sector eléctrico, a dos grandes empresas que ya poseen una enorme cantidad de gas, y a las que regalarles o cederles esta parte de gas --si quiere usted, para hacerlo con mayor rigor-- es como darle a Fidel Castro un azucarillo. A nuestro modo de ver, no se ha producido con esta situación una liberalización. La Administración ha introducido una competencia que no va a resultar tal competencia en el mercado. Precisamente a quienes estaban creando un mercado y participaban como comercializadores en el mercado se les ha dejado fuera de la cesión del 25 por ciento del contrato de gas con Argelia; no sabemos si por compensación ante los enormes intereses que existen dentro del sector eléctrico, por las presiones que se están realizando para la subida de precios y para las actuaciones que en el futuro tenga que tener la Administración en relación con esta posible subida o no de precios; no sabemos --digo-- qué es lo que ha llevado a la Administración a hacer esta concesión a seis empresas eléctricas que no han contribuido a la creación y desarrollo del mercado de gas natural en España.
Entendemos que es muy difícil la liberalización de los mercados energéticos; que hay que tener grandes dosis de prudencia y rapidez para cortar los antiguos monopolios de distribución y que la creación de precios adolece de inercias, en muchas ocasiones, que responden a prácticas monopolísticas del pasado.
A nuestro modo de ver, la distribución de gas que se ha realizado no favorece la tendencia de liberalizar; si se liberaliza, se hace en falso, y siempre a favor de las empresas dominantes.
Nada más y muchas gracias.


La señora PRESIDENTA: Gracias, señoría.
Tiene la palabra el señor Vicepresidente y Ministro de Economía.


El señor VICEPRESIDENTE SEGUNDO DEL GOBIERNO PARA ASUNTOS ECONOMICOS Y MINISTRO DE ECONOMIA (De Rato y Figaredo): Muchas gracias, señora Presidenta.
Si su señoría quiere saber las razones --no las que convienen al discurso político de su señoría, que es muy respetable, pero que no deja de ser un discurso político preconcebido--, lo que debería hacer su señoría es ver las condiciones públicas del concurso. Para empezar, el concurso que su señoría considera ahora inadecuado, tanto en su fase de concurso como en su fase de subasta, no fue recurrido por nadie. La orden ministerial...
(El señor Albistur Marin hace signos denegatorios.) Señoría, si se produce una orden ministerial que fija las bases de un concurso, que son conocidas por las empresas y por el resto de la opinión pública, y nadie recurre las bases de esa orden, tenemos que entender que se interpreta que las bases de esa orden son racionales.
Ahora su señoría dice que cómo es posible que se haya permitido que empresas que tienen un determinado tamaño y que compiten no hayan sido excluidas, para que sólo pudieran ser objeto de ese concurso unas empresas que, al parecer, su señoría tiene en la cabeza. Pues, señoría, ¡haber recurrido la orden! Si la orden le parecía a su señoría equivocada o sesgada, haberla recurrido, y tendríamos hoy otros criterios. Ahora bien, una vez que se aceptan unos criterios --que serán discutibles como cualesquiera otros, pero se consideran equilibrados--, se someten unas determinadas empresas a un procedimiento en el que, primero, hay un concurso y, después, hay una subasta, por unos procedimientos reglados y establecidos, y

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esa subasta produce unos resultados que ya se podían prever, porque, señoría, cuando se ofrece como garantía un 3 por ciento y otras empresas ofrecen entre un 22 y un 12 por ciento, hay una sustancial diferencia, y que conste que yo no entro a discutir más que las bases de la orden ministerial.
Ahora bien, si su señoría lo que me dice es: aprobemos una orden ministerial con unas reglas, y si las reglas después dan una consecuencia que a mí no me gusta políticamente, apliquemos unas reglas distintas de la orden ministerial, señoría, por ese camino es difícil entenderse. En cualquier caso, como estamos en un Estado de Derecho, aquellos que hayan recurrido --y se han planteado cuatro recursos por los que no han ganado la subasta-- van a ser analizados en fase administrativa y en fase judicial. Pero me tendrá que reconocer su señoría que no es tan obvio que las reglas puestas en marcha eran injustas o eran poco convenientes cuando nadie, ni las Administraciones Públicas ni los particulares ni las empresas consideraron necesario oponerse y presentar ningún recurso a la orden que fijaba las condiciones de concurso y subasta, y a partir de ahí, señoría, tengo que decirle que, independientemente de que usted quiera defender unos legítimos intereses, no acabo de entender las reglas del juego que su señoría quiere plantear.
Nada más y muchas gracias. (Aplausos en los escaños de/ Grupo Parlamentario Popular).


La señora PRESIDENTA: Gracias, señor Vicepresidente.


--DE DON MANUEL CAMARA FERNANDEZ, DEL GRUPO PARLAMENTARIO MIXTO, SOBRE SI HA REALIZADO EL GOBIERNO ALGUNA GESTION RESPECTO AL PRESTAMO CONCEDIDO A ALPHA INVESTMENT PARA LA ADQUISICION DEL GRUPO MAJORICA (680/000567).


La señora PRESIDENTA: Pregunta de don Manuel Cámara Fernández, del Grupo Parlamentario Mixto, sobre si ha realizado el Gobierno alguna gestión respecto al préstamo concedido a Alpha Investment para la adquisición del Grupo Majórica.
Tiene la palabra el Senador Cámara.


El señor CAMARA FERNANDEZ: Muchas gracias, señora Presidenta.
Señor Ministro, usted y yo sabemos que Majórica y Perlas Manacor es una firma de gran prestigio a nivel internacional y una gran empresa en nuestro país, y que afecta de forma muy importante al empleo de una comarca de la isla de Mallorca, como es Manacor. Usted también sabe perfectamente que inversores, a muchos kilómetros de distancia, pueden invertir --si es que merece tal nombre esa operación-- o no invertir prácticamente nada, y a través de créditos conseguir fundamentalmente marcas para después especular con ellas.Y no voy a hablar aquí sobre si es admisible o no, aunque parece que sí lo es, la posibilidad de adquirir un grupo de importancia como es Majórica procediendo de inmediato, como se ha hecho en este caso, a su venta fragmentada, obteniendo un beneficio económico y luego abandonándola. Actualmente está en crisis y es previsible el cierre, según el informe económico, de la empresa Majórica.
Esta, señor Ministro, en mi opinión, es el riesgo que se corre cuando los fondos para la inversión, como es este caso, se adquieren mediante un préstamo bancario a una entidad mercantil.
Para prevenir y subsanar este tipo de cuestiones, y sus consecuencias negativas, existe la política, existe el control, existen mecanismos legales. Yo le pregunto sobre las gestiones hechas o por hacer para que, en especial el Banco de España, investigue esta situación y al menos sirva para ver lo correcto o incorrecto de ese préstamo de 7.000 millones concedidos por el Banco Central Hispano a esa compañía inversora, que ha procedido a especular con una empresa tan prestigiada como Majórica.
Muchas gracias.


La señora PRESIDENTA: Gracias, Senador Cámara.
Tiene la palabra el señor Vicepresidente.


El señor VICEPRESIDENTE SEGUNDO DEL GOBIERNO PARA ASUNTOS ECONOMICOS Y MINISTRO DE ECONOMIA (De Rato y Figaredo): Gracias.
Con todos los respetos, Senador Cámara, debo decirle que no puedo entender su pregunta. Si su señoría quiere que haya una legislación mercantil en España por la cual las autoridades públicas decidan, caso por caso, qué compañías se pueden comprar o no por los particulares, le ruego que presente una propuesta de ley para que los demás podamos conocer lo que su señoría plantea. Hasta donde yo sé, estoy aquí en representación del Gobierno para disponer de las actuaciones del Gobierno en función de la legalidad. Su señoría puede estar en representación de lo que quiera, pero yo no acabo de entender su pregunta. Por lo tanto, o su señoría me aclara cuál es la actuación de los poderes públicos en una operación mercantil particular, o tengo que decirle que no puedo aportarle nada. Podré tener la misma opinión que su señoría sobre una determinada operación mercantil, pero reconocerá que el Gobierno no está para emitir juicios de valor sobre operaciones entre particulares, que respondan a la ley. Y si su señoría quiere hacer esos juicios en función del cargo que le han otorgado los electores, esos electores que eligieron a su señoría tendrán que ser los que opinen sobre la actuación de su señoría, pero no me lo pida a mí.
Gracias.


La señora PRESIDENTA: Gracias, señor Vicepresidente.
Tiene la palabra el Senador Cámara.


El señor CAMARA FERNANDEZ: Gracias.
Señor Ministro, creo que cuando existen préstamos con riesgo cierto, deben existir mecanismos que permitan al

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Banco de España ejercer el control de entidades bancarias que efectúen este tipo de operaciones. Merece la pena que se investigue el hecho de que se concedan 7.000 millones de pesetas a una empresa que no invierte nada y que luego hace una operación redonda. Tengo aquí un informe económico que le voy a mandar con el fin de que usted lo conozca. No pretendo otra cosa sino indagar e intentar recurrir a ciertos poderes del Estado, en este caso pedirles que el Banco de España investigue sobre el comportamiento de este Banco que he mencionado. El propio señor Botín, cuando se le ha preguntado públicamente, en Mallorca y en Madrid, ha dicho que no estaban de acuerdo en cómo se había producido, pero que todavía no se había hecho la fusión. Elude la responsabilidad.
Si la propuesta no está conforme con el reglamento, no se preocupe, que volveré a plantearla. De todas formas, le entregaré el informe económico sobre cómo se ha hecho esa operación para ver si usted me contesta de forma más positiva que como lo ha hecho hasta ahora.
Gracias.


La señora PRESIDENTA: Gracias, Senador Cámara.
Tiene la palabra el señor Vicepresidente.


El señor VICEPRESIDENTE SEGUNDO DEL GOBIERNO PARA ASUNTOS ECONOMICOS Y MINISTRO DE ECONOMIA (De Rato y Figaredo): Gracias.
Me temo que su señoría no tiene que replantear la pregunta, sino que tiene que replantear las leyes. Si su señoría cree que el Banco de España, en una operación mercantil que no vulnere las reglas de supervisión del Banco de España, tiene que suplir una decisión acertada o equivocada de los responsables de un Banco, su señoría tiene que cambiar las leyes, tiene que hacer que la ley de funcionamiento del Banco de España le permita suplir los criterios de funcionamiento de las entidades privadas, y no sé si su señoría contará con el concurso de otros grupos parlamentarios para entrar por ese camino. Pero no se trata de que su señoría me lo pregunte de otra manera: Creo que ya he sido suficientemente claro con su señoría. Su señoría tiene que cambiar las leyes con las que funciona el Estado de Derecho en España, independientemente del juicio que nos pueda merecer a todos la actuación personal de un ciudadano o de otro en una operación mercantil. Su señoría ha emitido un juicio sobre ella, yo no puedo hacerlo porque no la conozco con detalle. Pero lo que tiene que comprender su señoría es que hoy, en España, con la legislación que tenemos, --y yo no soy un experto jurista, pero me temo que también con la Constitución-- no se permite que las autoridades públicas puedan suplir las decisiones libres acertadas o criticables de las instituciones privadas, y si su señoría pretende que eso sea así, lo que tiene que hacer es presentar una iniciativa legislativa par ver si cuenta con el apoyo del resto de los Senadores.
Muchas gracias.


La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor Vicepresidente.
--DE DON JOAN GANYET SOLE, DEL GRUPO PARLAMENTARIO ENTESA CATALANA DE PROGRES, SOBRE LAS MEDIDAS PREVISTAS POR EL GOBIERNO PARA HACER FRENTE A LOS PROBLEMAS OCASIONADOS POR LA TRANSICION DE LA PESETA AL EURO EN LOS MILES DE NUCLEOS RURALES DE ESPAÑA QUE NO DISPONEN DE OFICINAS BANCARIAS (680/000573).


La señora PRESIDENTA: Pregunta de don Joan Ganyet Solé, del Grupo Parlamentario Entesa Catalana de Progrés, sobre las medidas previstas por el Gobierno para hacer frente a los problemas ocasionados por la transición de la peseta al euro en los miles de núcleos rurales de España que no disponen de oficinas bancarias.
Tiene la palabra el Senador Ganyet.


El señor GANYET SOLE: Muchas gracias, señora Presidenta.
Señor Ministro, en España hay 4.000 municipios, exactamente 3.966, sin oficina bancaria o cajas de ahorros, es decir casi la mitad. El Gobierno optó por la red de bancos y cajas y por las grandes superficies comerciales para la distribución del llamado euromonedero. A trece días de la entrada oficial del euro, hemos constatado que existe falta de información y algún desconcierto entre la población rural en ese tema tan sensible. Los habitantes de las áreas rurales y de montaña quieren obtener la nueva moneda con el resto de los ciudadanos y no saben cómo.
Señor Ministro, ¿qué medidas adicionales piensa adoptar el Gobierno para facilitar la transición al euro? Muchas gracias.


La señora PRESIDENTA: Gracias, Senador Ganyet.
Tiene la palabra el señor Ministro de Economía y Vicepresidente del Gobierno.


El señor VICEPRESIDENTE SEGUNDO DEL GOBIERNO PARA ASUNTOS ECONOMICOS Y MINISTRO DE ECONOMIA (De Rato y Figaredo): Muchas gracias, señora Presidenta.
En primer lugar, las afirmaciones de su señoría no dejan de ser juicios de valor, porque no me ha dado ningún ejemplo, ni ha mencionado ningún lugar, por tanto no puedo más que tomarlas en función de que su señoría muestra una preocupación genérica.
A día 19 de diciembre ya no se trata de preocupaciones genéricas. Por suerte hemos actuado antes de que su señoría sintiera esa preocupación.
En concreto, la campaña de comunicación del euro empieza en el año 1997 y, efectivamente, los municipios rurales han tenido una especial actuación para poblaciones de menos de 5.000 habitantes. En ese sentido; tengo que decir que entre el año1999 y el año 2001 se habrán visitado 1.500 localidades, con un número estimado de 400.000 personas que han tenido contacto con los equipos de la Administración en cuanto a la difusión del euro. En concreto; en dos de estos instrumentos, los euromóviles, los autobuses que utilizamos para

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esto, se han recorrido de forma prioritaria los pueblos que no disponen de sucursal bancaria en un radio de 15 kilómetros, y desde el año 1999 estamos en ello. También al final de este año 10 exposiciones itinerantes, que incluyen formación sobre el euro, habrán recorrido 400 municipios con un número estimado de visitantes de millón y medio. Además el Ministerio de Economía, en coordinación con el Banco de España, ha adoptado medidas para facilitar el canje de pesetas en euros en municipios no bancarizados; todas las instituciones financieras se han comprometido a incrementar sus visitas en esos municipios y a llevar a cabo acciones especiales, no sólo durante este período, sino especialmente durante los dos meses de transición física al euro. Así, de los 3.275 municipios existentes en España que no disponen de agencia bancaria, 1.521 son visitados sistemáticamente por un agente o corresponsal de una entidad de crédito que les proporciona servicios bancarios itinerantes.
Para las restantes poblaciones, de las que sólo 222 se encuentran a más de 15 kilómetros de distancia de una sucursal bancaria, las entidades de crédito con implantación en la zona se han comprometido a prestar servicios reforzados durante el primer trimestre del año 2002, especialmente a aquellas poblaciones que se hallan a una distancia superior a 15 kilómetros. En concreto, estos servicios serán prestados por las entidades con mayor implantación en áreas rurales, como son las cajas de ahorros, y especialmente las cajas rurales.
En el caso de Cataluña, que no sé si es lo que preocupa más a su señoría, de los 23 pueblos que se sitúan a más de 15 kilómetros de una sucursal bancaria, 13 están cubiertos por la Caixa de Cataluña, cinco por la Caixa d'Estalvis de Manresa, tres por la Caixa d'Estalvis de Gerona y dos por la Caixa d'Estalvis de Tarragona.
Por otra parte, las pesetas podrán seguir siendo utilizadas a lo largo de los meses de enero y febrero, como sabe la Cámara, y de esta manera los ciudadanos podrán realizar el canje en el momento que más les convenga, teniendo la posibilidad de hacerlo en cualquier oficina bancaria hasta junio de manera gratuita y a partir de junio indefinidamente en el Banco de España, que tiene delegaciones en todas las provincias españolas.
Tengo que decir que en ese sentido, la preocupación del Gobierno con respecto a estos municipios viene desde el año 1999 y desde el principio del planteamiento del Plan de Comunicación del euro, del año 1997; que las estadísticas de la propia Comisión Europea sobre el grado de conocimiento de la población española del euro son claramente superiores en el caso de España a la media europea y que, en cualquier caso, seguiremos trabajando siguiendo las indicaciones de su señoría si pudieran ser un poco más específicas.
Muchas gracias.


La señora PRESIDENTA: Gracias, señor Ministro.
Tiene la palabra el señor Senador Ganyet.


El señor GANYET SOLE: Muchas gracias, señora Presidenta.
Señor Ministro, una cosa es la teoría y otra la práctica. El señor Ministro dice que todo va bien, que no hay problema, pero la realidad no es tan halagüeña, por desgracia. Este Senador tiene línea directa con los habitantes de las zonas rurales y de montaña porque vive en ellas.
En declaraciones oficiales, responsables del Banco de España afirman que éste no ha impuesto ninguna directriz a las entidades financieras. La predistribución de monedas es libre, por lo que cada entidad ha hecho lo que ha considerado oportuno. Además, informaciones solventes indican que los bancos y cajas de ahorro restringen en muchos casos la entrega de los euromonederos a su clientela exclusivamente.
Esto es lo que está sucediendo. Prácticamente nadie acude a los miles de núcleos rurales de España, como por ejemplo, en el caso del Pirineo catalán, que conozco directamente. No obstante, esos dos millones de españoles de las áreas rurales y de montaña tienen los mismos derechos que el resto. En esto creo que estaremos todos de acuerdo.
Por tanto, señor Ministro, le reclamo muy directamente que no se encastillen, que reaccionen, porque aún tienen tiempo --no mucho-- ya que todavía faltan algunos días; que den instrucciones más precisas a través del Banco de España o de otros organismos a las entidades financieras, porque una cosa es la teoría y otra es la práctica, y que amplíen a los servicios postales el encargo de llevar a los núcleos rurales esas nuevas monedas, como están haciendo otros países europeos. Adopten medidas urgentes y específicas.
Muchas gracias.


La señora PRESIDENTA: Gracias, señoría.
Tiene la palabra el señor Ministro.


El señor VICEPRESIDENTE SEGUNDO DEL GOBIERNO PARA ASUNTOS ECONOMICOS Y MINISTRO DE ECONOMIA (De Rato y Figaredo): Gracias, señora Presidenta; gracias, señor Senador.
Sobre medidas específicas, y concretamente en el caso de Cataluña, he mencionado qué entidades financieras se han responsabilizado de esos municipios. No sé si su señoría plantea que debemos regalar a cuenta del erario público el euromonedero en esos municipios, que es lo que han hecho en otros países. Nosotros no lo hemos hecho. Su señoría puede decirme que podríamos haberlo hecho, es cierto. Países con menor población que nosotros, como Holanda, han enviado un euromonedero a todos los ciudadanos, no sólo a los habitantes de los municipios rurales, a todos. Y España, con 40 millones de habitantes, no ha podido hacerlo, pero hemos remitido cartas e información.
Acabo de explicar a su señoría la situación de los municipios que carecen de oficinas bancarias; situación que padecen desde hace mucho tiempo y no sólo con la implantación del euro. Esos ciudadanos, por desgracia, no tienen las mismas prestaciones financieras que los residentes en Barcelona, Madrid o Valencia pero, insisto, desde hace mucho tiempo. Esto es así. Existe una responsabilidad y varios acuerdos firmados públicamente por el Ministerio de Economía, el Banco de España y por todas las asociaciones

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de entidades financieras, cajas de ahorros, cooperativas de crédito y bancos, por los que durante los dos próximos meses van a recibir una asistencia especial.
De esos municipios que se encuentran a más de 15 kilómetros de una sucursal bancaria, he hecho referencia a las entidades financieras catalanas que se van a hacer responsables; también los municipios de que se hacen responsables con una mayor intensidad que hasta la fecha.
A partir de ahí, su señoría no me ha puesto de manifiesto nada más. Las entidades financieras en relación con los productos que venden, como son los euromonederos, y que pueden tener una limitación, deciden a quién se los venden. La Casa de la Moneda ha producido suficiente número de euromonederos como para satisfacer una demanda mucho mayor de la que podríamos haber considerado normal, lo cual indica un interés de la población española en esa dirección.
Me da la sensación de que la población española está siendo más diligente con respecto al euro de lo que su señoría manifiesta y, por tanto, tengo más confianza en ella, pero sin pensar que no se vayan a producir incidentes. No considero fácil que en una operación de estas dimensiones no pueda haber incidentes y ejemplos concretos en España y en cualquier otro lugar. Pero lo que su señoría ha manifestado ya lo habíamos previsto afortunadamente hace tiempo y habíamos conseguido establecer una política de comunicación concreta con las áreas rurales --a la que su señoría no ha hecho mención en estos últimos tres años-- y una política de responsabilidades de las entidades financieras de las que su señoría se acuerda el día 18 de diciembre. (Aplausos en los escaños del Grupo Parlamentario Popular.) Muchas gracias.


La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor Vicepresidente.


INTERPELACIONES:

--DE DON RAMON ESPASA I OLIVER, DEL GRUPO PARLAMENTARIO ENTESA CATALANA DE PROGRES, SOBRE LA POLITICA DEL GOBIERNO EN RELACION CON EL ACUERDO SOBRE LOS ASPECTOS DE LOS DERECHOS DE PROPIEDAD INTELECTUAL RELACIONADOS CON EL COMERCIO (ADPIC) Y SU INTERPRETACION EN EL MARCO DE LOS ACUERDOS DE LA ORGANIZACION MUNDIAL DEL COMERCIO (OMC) EN ORDEN A GARANTIZAR LA ACCESIBILIDAD A LOS MEDICAMENTOS ESENCIALES PARA QUIENES LO NECESITEN (670/000104).


La señora PRESIDENTA: A continuación, pasamos al segundo punto del orden del día. Interpelaciones.
Interpelación de don Ramón Espasa i Oliver, del Grupo Parlamentario Entesa Catalana de Progrés, sobre la política del Gobierno en relación con el acuerdo sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio y su interpretación en el marco de los acuerdos de la Organización Mundial del Comercio en orden a garantizar la accesibilidad a los medicamentos esenciales por parte de quienes lo necesiten.
Para exponer la interpelación, tiene la palabra el Senador Espasa.


El señor ESPASA I OLIVER: Gracias, señora Presidenta.
Señor Vicepresidente Segundo del Gobierno, felizmente, los tiempos en los que don Alfonso XIII paseaba por las Urdes y las encontraba pobladas de bocio o cretinismo endocrino por falta de iodo en la dieta han pasado para España, y no sólo en lo que se refiere a estas enfermedades, sino a todas ellas en general, debido al acceso a los medicamentos que las curan.
Pero esta buena y privilegiada situación española no debe hacernos olvidar --y estoy seguro de que el señor De Rato compartirá conmigo lo que pretende buena parte de esta interpelación, la cual se puede calificar de impulso, sin que en este caso haya ningún ánimo de imprecación al Gobierno-- que la mayoría de los países del mundo están hoy como en su día estuvieron, por ejemplo, las Urdes. Así, el 85 por ciento de la población mundial vive en zonas donde las enfermedades infecciosas son endémicas, y además en una proporción muy importante, y ese porcentaje consume sólo un quinto de la producción farmacéutica mundial.
Eso es lo que ha venido en llamarse la crisis de acceso a los medicamentos, una crisis que tiene dos vertientes fundamentales. Por un lado, una vertiente económica, por la falta de capacidad de compra de los productos farmacéuticos; en muchos casos --y después entraré más detenidamente en este aspecto, que es el que centra la interpelación-- debido a la existencia del derecho de patente, y en otros simplemente porque las compañías farmacéuticas, ejerciendo su libertad de investigar en aquello que crean más oportuno, no investigan ni producen medicamentos para ese 85 por ciento de la población mundial.
Hoy es un hecho que la gran mayoría de los habitantes de la Tierra no tiene medicamentos para combatir las enfermedades que más les afectan, o esos medicamentos están anticuados, o producen más efectos colaterales que beneficios y, por tanto, esas enfermedades no pueden tratarse. Por ejemplo, en el caso de la malaria --la enfermedad más extendida en todo el planeta--, la tuberculosis, la leishmaniasis, la enfermedad del sueño, o el sida, bien por la carestía de los medicamentos que se pueden utilizar, para combatirlas --como ocurre con el sida--, bien, como pasa con todas las demás, porque no ha habido una investigación y actualización de los productos farmacéuticos para tratarlas, las personas que las padecen están condenadas a sufrirlas, y muchas de ellas incluso a morir, sobre todo niñas y niños --es el caso de la malaria, la pandemia más extendida en toda la superficie terrestre--, por no poder acceder, repito, a medicamentos eficaces.
Insisto en que ése es el caso de enfermedades como la malaria, la tuberculosis, la leishmaniasis o la enfermedad del sueño, para las que no se cuenta con medicamentos

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adecuados y modernos con que combatirlas. Y por lo que se refiere al sida, los fármacos que pueden paliar dicha enfermedad son tan caros, que para muchos son inaccesibles. Como he dicho, eso es lo que se ha denominado la crisis de acceso a los medicamentos del siglo XXI.
Este será uno de los temas de la agenda política internacional, y precisamente hoy lo traemos a debate porque el Presidente del Gobierno, el señor Aznar, y el Gobierno español serán Presidentes de la Unión Europea durante el próximo semestre. Por tanto, pueden, y creo que también deben, hacer algo para paliar esta situación en la medida en que, como Presidentes de la Unión Europea, pueden orientar las actuaciones de la Comisión Europea en esta materia; por ejemplo, para facilitar e implementar la fabricación o modernización de los medicamentos destinados a enfermedades infecciosas que estén anticuados u obsoletos. ¿Y saben por qué lo están? Porque no producen beneficios para las industrias farmacéuticas, simplemente por eso. A la industria farmacéutica le resulta mucho más beneficioso inventar un nuevo crecepelo, Viagra, o cualquier otro producto que se venda en la pequeña parte del mundo que tiene capacidad económica para ello, que producir medicamentos para el 85 por ciento de la población mundial --que repito una vez más que no tiene capacidad económica para comprarlos--. Como digo, eso no resulta comercialmente interesante, y por eso no se investiga, por eso dichos medicamentos han quedado anticuados, por eso producen efectos colaterales, y por eso son ineficaces para combatir las enfermedades que ya he citado y no voy a volver a repetir.
En este contexto España, como Presidente de la Comisión Europea, podría y debería hacer dos cosas: una, impulsar de forma decidida el fondo que ya existe de la Unión Europea para propiciar la investigación de estos medicamentos esenciales para ciertas enfermedades infecciosas y transmisibles --existe ya este fondo de la Comisión Europea pero debería incrementarse y creo que la Presidencia española podría apuntarse un tanto señalando un impulso político en esta dirección-- y dos --y voy al núcleo de mi intervención aunque, insisto, los dos aspectos son igualmente importantes--, el tema de la compatibilidad del derecho a la propiedad de las patentes y el acceso a los medicamentos esenciales.
El señor Ministro y Vicepresidente del Gobierno, señor De Rato, estaba en Doha y vivió de primera mano lo que allí pasó. En la declaración de Doha, la general y la específica, se ha producido una importante interpretación sobre los TRIPs o ADPIC dicho en el acrónimo español, es decir, el Acuerdo sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual relacionados con el comercio, esto es, propiedad intelectual, patentes y comercio. Allí se ha dicho que este Tratado --uno de los 25 que constituye la Organización Mundial de Comercio-- debe ser interpretado de forma abierta. ¿Y qué quiere decir interpretarlo de forma abierta? Que los países que lo necesiten por causa de emergencia nacional en materia de salud pública pueden recurrir a lo que se llaman las licencias obligatorias o las importaciones paralelas para acceder a medicamentos a bajo coste para curar o paliar pandemias importantes de salud pública. Es lo que sucedió en abril/mayo pasado --cito de memoria-- en el famosísimo juicio de Pretoria, donde las multinacionales tuvieron que doblegar su altivez, retirar la demanda que habían presentado y aceptar que el Gobierno de Sudáfrica podía importar genéricos antirretrovirales de la India y del Brasil para paliar la pandemia de sida que azota a este país y a otros países de Sudáfrica que no tienen la capacidad del Gobierno de Sudáfrica de presentar batalla a las multinacionales farmacéuticas, que amparándose --y ahí viene nuestra interpelación-- en el derecho de patentes, en el Acuerdo de los TRIPs en la Organización Mundial de Comercio, dicen que si no se protegen las patentes no habrá investigación farmacéutica, no habrá progreso en las medidas terapéuticas y, en definitiva, las cosas no funcionarán bien. En Sudáfrica se demostró que esto no es así y en Doha, en la reunión ministerial de la Organización Mundial de Comercio, tras la no celebración del juicio de Pretoria, se ha dicho que se debe interpretar de forma abierta el acuerdo de los TRIPs, es decir, que por razones de salud pública un Gobierno, un Estado, puede saltarse --por decirlo gráficamente-- la legislación internacional sobre patentes y que la OMC no le va a presentar ningún panel de castigo o de examen de su actitud; que un país puede hacer importaciones paralelas, esto es, comprar en el mercado genéricos iguales a productos protegidos por patente pero que se venden mucho más baratos, importarlos a su país y distribuirlos entre su población para combatir una determinada pandemia, y que esto río debe ser perseguible por la Organización Mundial de Comercio ni a instancias de la denuncia de otro país, de una compañía o un agente que se sintiese vulnerado en su derecho de propiedad.
Hay muchos mecanismos por los que la industria farmacéutica podría ayudar a estos países en vías de desarrollo: los etiquetajes especiales, recurrir a los genéricos, las redes de distribución pública u otros mecanismos que permitirían mantener una doble red --por decirlo de alguna manera-- de precios, es decir, por una parte mantener los precios a su nivel --y perdonen la redundancia-- de precio en las zonas desarrolladas y en cambio poder ofrecer los mismos medicamentos a precios mucho más baratos en las zonas en las que no hay poder de compra para acceder a estos medicamentos. De esta manera, no se atentaría contra los ingresos y beneficios de estas compañías ni se invadiría, de forma retroactiva o torticera, el mercado en las zonas desarrolladas puesto que las redes de distribución pública, el etiquetaje especial --y otros mil mecanismos que se podrían establecer o inventar--, protegerían al producto de marca en las zonas desarrolladas, donde la marca parece tener más predicamento que el principio activo que contiene. Al fin y al cabo, la marca es sólo un envoltorio comercial de un principio activo, pero los humanos somos tan incultos que nos quedamos con la marca y olvidamos el principio activo que ésta esconde. Por todo esto, señor Ministro, tengo que celebrar el contenido de la declaración de Doha, sobre todo en las líneas que he expresado, y que creo que su señoría compartirá conmigo.
Al presentar esta interpelación no he pretendido mantener una confrontación con el Gobierno sino, por el contrario, darle un impulso y pedir que durante la Presidencia española

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de la Unión Europea, el Gobierno español asegure que la Comisión --puesto que es ésta la que se persona y es agente en la OMC-- garantice una interpretación abierta de los TRIPs, de los ADPIC, y de los acuerdos sobre patentes y propiedad intelectual respecto al acceso de medicamentos.
Además, las licencias obligatorias o las importaciones paralelas que pretenden, garantizar la seguridad del país que toma la decisión --como es el caso de Sudáfrica--, no garantizan de la misma manera al país exportador, porque el acuerdo sólo habla de que se puede establecer una licencia obligatoria o una importación paralela, pero no protege al que va a ser el exportador, en este caso la India o Brasil, países emergentes que tienen potentes laboratorios que producen genéricos y que podrían ser denunciados por la OMC. La OMC no puede denunciar a Sudáfrica, de acuerdo con la declaración de Doha, pero podría denunciar a Brasil o India puesto que, atendiendo a la petición, legítima de un Estado --por ejemplo Sudáfrica--, producen un genérico que está protegido por una patente o aceptan exportar o importar, visto al revés, a un país que lo ha demandado.
Nos gustaría ver superada esta ambigüedad de la declaración de Doha y, por ello, pedimos al Gobierno español que --en uso de sus facultades dentro de la Unión Europea-- instruya a la Comisión para que se pronuncie en esta dirección.
Asimismo, en la citada declaración de Doha quedó abierta la posibilidad de que un consejo especial diese los últimos toques o hiciese las últimas interpretaciones a esta declaración de acceso a medicamentos; esperamos que se haga en la línea de la máxima apertura posible y de la máxima compatibilidad entre el derecho a la propiedad intelectual de las patentes y el acceso a los medicamentos esenciales.
Creo que no es difícil adoptar esta postura y, por ello, espero oír al Ministro pronunciarse en esta línea porque, además de lo anterior, tengo que señalar, en primer lugar, que no hay amenaza posible para los países desarrollados --para los de la Unión Europea, que son los que más nos interesan-- de una importación fraudulenta de estos medicamentos, que se distribuirían de forma especial y más barata a los países que lo necesitan. Este es un argumento importante y deberíamos rechazar la torticera interpretación de que con eso vamos a romper los mecanismos de mercado y que los mercados en los países desarrollados van a verse invadidos de productos a bajo precio, lo que va a atentar contra el sacrosanto derecho de las patentes de productos farmacéuticos. Esto no es cierto y antes he dado ejemplos de cómo podría preverse esta circunstancia. Y, en segundo lugar, nuestra industria farmacéutica, que hay que proteger y mimar en lo posible --dentro de las reglas de la Unión Europea-- tampoco podría quedar afectada por una toma de posición en esta línea. Y si así fuese, al menos el Senador que les habla no dudaría en hacer lo mismo que está haciendo, pero lo añado como reflexión a mayor abundamiento, es decir, no hay ningún peligro en esta línea.
Espero que el señor Vicepresidente del Gobierno no me responda --estoy seguro que no lo hará porque conozco su talante, sus conocimientos y su capacidad-- de la forma pedestre y anodina, como lo hizo la Ministra de Sanidad, que a una pregunta de este Senador a propósito del juicio de Sudáfrica, salió con lo clásico y lo simple de la defensa, del derecho de propiedad intelectual, de la necesidad de la investigación de la industria farmacéutica y dos o tres simplezas más. Yo estoy seguro de que el señor De Rato es de otra fibra, y quiero estar muy atento a lo que pueda decirme a todo lo que yo le acabo de exponer.
Muchas gracias.


La señora PRESIDENTA: Gracias, Senador Espasa.
Para responder a la interpelación, en nombre del Gobierno tiene la palabra el Vicepresidente Segundo y Ministro de Economía.


El señor VICEPRESIDENTE SEGUNDO DEL GOBIERNO PARA ASUNTOS ECONOMICOS Y MINISTRO DE ECONOMIA (De Rato y Figaredo): Muchas gracias, señora Presidenta.
Señor Espasa, efectivamente su señoría ha planteado uno de los temas que ha centrado los debates no sólo en la Cumbre de la liberalización comercial de Doha, sino en muchos países a lo largo de los últimos meses, incluso de los últimos años. Llevamos ya varios años en los que diversas organizaciones internacionales han demostrado la sensibilidad ante el hecho de la necesidad, de que los países menos desarrollados o, si queremos, más pobres, tengan acceso a la posibilidad de frenar epidemias contra la salud que, por desgracia, se plantean en esos países, algunas de las cuales, como el caso del sida, son especialmente graves en Africa, como lo son también la tuberculosis, la malaria y otras que su señoría ha mencionado.
En ese sentido, quiero recordar que en la primera celebración fuera de Africa del Banco de Desarrollo Africano, que tuvo lugar en marzo en Valencia, el Gobierno español ya expresó su voluntad de contribuir a los fondos de las Naciones Unidas y a otras acciones, con el fin de favorecer que los acuerdos internacionales no tuvieran ninguna restricción para la lucha en defensa de la salud, a la que todo Estado tiene derecho en representación de sus ciudadanos.
Igualmente tengo que recordar que desde 1990 la Unión Europea, de la que formamos parte y a la que aportamos recursos, está financiando programas de aproximadamente unos 3.400 millones de euros, que se centran en cuestiones como el sida, la demografía y otras. En ese sentido, creo que la actuación europea ha sido de liderazgo en la preocupación de la necesidad de que tengan acceso a la salud los países más pobres. También quiero recordar que la Unión Europea con la Organización Mundial de la Salud y el Programa conjunto de las Naciones Unidas sobre el sida convocó una mesa redonda recientemente, en el año 2000, para discutir con 170 partes interesadas, entre las cuales había 25 países en desarrollo, además de los Estados miembros, organizaciones internacionales de la sociedad civil y las empresas farmacéuticas, la mejor política a seguir.
Las conclusiones de esa mesa redonda supusieron que la Comisión presentó el llamado Programa de Acción para la aceleración de la lucha contra el sida, la malaria, la tuberculosis, con un plazo 2001-2006, y en el que nosotros

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estamos participando activamente. Ese programa de acción que, como es natural, será parte de la actuación de la Unión Europea bajo la Presidencia española, prevé la posibilidad de que los países en vías de desarrollo utilicen la flexibilidad prevista en los acuerdos de la OMC sobre derechos de propiedad intelectual relacionados con el comercio, para que obtengan licencias obligatorias que resuelvan problemas de salud pública o se enfrenten a situaciones de crisis. Quisiera decirle que, en mi opinión, el tema de los genéricos no está afectado, puesto que son medicamentos en los que ya no existe una patente porque ha caducado y, por tanto, estarían en una situación de mayor ventaja para todos los países.
En ese sentido, su señoría hace muy bien en traer a colación los acuerdos de la Cumbre de Doha, porque creo que ahí se ha dado un paso significativo en la interpretación más favorable para los países pobres y para todos los países del mundo, porque no sólo los países pobres pueden tener emergencias sanitarias, también los países ricos pueden tenerlas, como se ha demostrado recientemente en Estados Unidos con el ántrax para que puedan apelar a la salud pública para tomar decisiones que no se interpreten restringidas por los acuerdos de libre comercio.
Creo que nadie --y, desde luego, nadie en esta Cámara-- puede pensar que la investigación no requiere una atención. Y quiero subrayarlo, la investigación de las compañías farmacéuticas es imprescindible y, es más, lo es especialmente para los países más pobres, porque sin la investigación algunas de estas enfermedades, en concretos el sida, no habrían tenido en estos momentos vacunas adecuadas.
Por lo tanto, el equilibrio entre investigación y derecho a la salud es imprescindible pero un equilibrio en el que el derecho a la salud claramente es un bien superior. Por tanto, en esos equilibrios que hay que realizar en cualquier gestión política éste es un hecho que patentemente se ha puesto de manifiesto en Doha por parte de todos los países que han participado. Y creo que en ese sentido los problemas que se habían planteado, por ejemplo, en Sudáfrica y otros lugares, han puesto de manifiesto que hay una sensibilidad no sólo en los Gobiernos sino también en las opiniones públicas en el mundo a favor de que, dentro de los equilibrios entre intereses, que siempre son complejos de casar, el derecho a la salud es un derecho imprescindible.
Volviendo a la Unión Europea y este programa de acción para el período 2001-2006, la Unión Europea se compromete a suministrar asistencia técnica a los países más pobres, en la aplicación de los acuerdos ADPIC o, si preferimos, los Acuerdos TRIPS, en terminología anglosajona. El programa de acción certifica, por tanto, la voluntad de los países europeos de actuar en múltiples ámbitos para contribuir a solucionar el grave problema de la salud en los países más pobres.
En ese sentido, España es plenamente consciente de esta necesidad dentro de las actuaciones de las organizaciones multilaterales, no sólo de la Unión Europea, sino también de la ONU y otras, y en la reciente reunión del Comité de Desarrollo del Banco Mundial, que se ha celebrado en Ottawa, en representación del Gobierno español, he anunciado la aportación de 50 millones de dólares por parte de España al Fondo de la Salud del Banco Mundial, que se va a dedicar, por ejemplo, específicamente a la lucha contra el sida en Africa, que, como saben sus señorías, afecta aproximadamente al 25 por ciento de la población, y no sólo desde el punto de vista de la investigación y la prevención del sida, sino también de la infraestructura hospitalaria imprescindible para la actuación del Banco Mundial.
¿Qué ha sucedido exactamente en Doha? Creo que éste es un tema de gran importancia. En este sentido, la declaración relativa al Acuerdo sobre los ADPIC o los TRIPs y la salud pública creo que constituye, en términos políticos, uno de los resultados más sobresalientes de la conferencia.
Tengo que decir que la Unión Europea era partidaria de una declaración de este tenor y que España, dentro de la Unión Europea, en relaciones bilaterales o en declaraciones como las del Banco Africano de Desarrollo en Valencia, a la que ya he hecho referencia, o en nuestra declaración en Ottawa, era un país que consideraba imprescindible una actuación en esta dirección y el Gobierno creo que en ese sentido representaba a la mayoría si no a la totalidad de la opinión política de las Cámaras y de la opinión pública española.
La declaración de Doha contiene los siguientes elementos. Se aprueba una declaración relativa a los acuerdos ADPIC o TRIPs y la salud pública y dicha declaración reconoce la gravedad de los problemas de la salud pública que afligen a muchos países en desarrollo por grandes epidemias.
Por tanto, hay un reconocimiento de que estamos ante un hecho de dimensiones realmente graves para el mundo y para la igualdad de oportunidades de los ciudadanos en el mundo. En segundo lugar, se aclara --si era necesario-- que los acuerdos TRIPs y los que defienden la propiedad intelectual no impiden ni pueden impedir que los países miembros adopten medidas para proteger la salud pública y que no se admite otra interpretación que la que apoye el derecho de los miembros a proteger la salud pública y, en particular, de promover el acceso a los medicamentos para todos.
La opinión de España --y, en ese sentido, coincidente con la de nuestros socios europeos-- es que los acuerdos sobre protección de la propiedad intelectual ya decían eso. Pero había una discusión sobre su interpretación y creo que la decisión de Doha es inequívoca en esa interpretación. Por tanto, la libertad de comercio reconoce, por un lado, los problemas de salud en el mundo, reconoce el derecho de los Estados a declarar y a proteger su salud pública, reconoce que no puede haber otra interpretación que lo limite y reconoce el derecho de los Estados a promover el acceso a los medicamentos.
Por tanto, se manifiesta la flexibilidad máxima en la interpretación de los acuerdos sobre propiedad intelectual y los Estados miembros, por lo tanto, podrán tomar medidas para proteger la salud pública, promover el acceso a los medicamentos para todos e impedir el abuso de los derechos de propiedad intelectual por sus titulares. Se reafirma el derecho de cada Estado miembro a conceder licencias obligatorias y se declara la libertad de determinar las bases

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sobre las cuales se conceden tales licencias, lo cual garantiza la posibilidad que tiene un Estado miembro de proteger su salud y, por tanto, eso quiere decir que los miembros de la Organización Mundial del Comercio podrán permitir la producción de medicamentos por agentes distintos de los titulares de una patente en las condiciones que ellos determinen. Eso me parece que es un paso importantísimo. Es verdad que hay un problema por resolver que es el de aquellos países que no tienen capacidad de producción de esos medicamentos, y lo abordaré también. Cada miembro tiene el derecho de determinar lo que constituye una emergencia nacional y otras circunstancias de extrema urgencia, quedando entendido que la crisis de salud pública, incluidas las relacionadas con el sida, por ejemplo, tuberculosis, paludismo y otras epidemias, pueden representar una emergencia nacional u otras circunstancias de extrema urgencia. Por lo tanto, no estamos sólo ante cuestiones coyunturales, sino también ante situaciones, por desgracia, que pueden ser más o menos permanentes de epidemias, como las que acabo de referir. Existe un nuevo concepto que se ha clarificado en Doha y que es muy importante, y es que un Estado miembro, cuando determina que va a conceder patentes obligatorias y se encuentra con una multinacional que produce una determinada medicina en varios países del mundo, puede elegir el país más barato del que se va a suministrar. Se impide que la legítima segmentación de mercados que hacen las compañías pueda ser aplicable a cuestiones que estén relacionadas con la emergencia de la salud. Eso creo que es un paso muy importante porque supone que un país pobre que tiene que comprar una determinada medicina producida por una multinacional en varios países del mundo, va a elegir el país en el que esa medicina es producida al menor precio, y eso creo que es un hecho que protege claramente a los países en vías de desarrollo.
Además, quisiera destacar el trato particular que se ha dado a los países más pobres, a los países en terminología anglosajona, HIPIC, es decir, los países más pobres altamente endeudados. La declaración va muy lejos en el tema al conceder un período de transición adicional de diez años más, hasta el 2016, para la aplicación de las reglas de protección de propiedad intelectual en las áreas de patentes, protección de datos y aplicación efectiva del acuerdo y, además, se abre la posibilidad de extender este plazo en el futuro. Asimismo, el conjunto de los Ministros de los países que están dentro de la OMC mantienen el compromiso de que los países más desarrollados concedan incentivos para promover transferencias de tecnologías a los países menos adelantados y el consejo que analiza el acuerdo de propiedad intelectual deberá establecer un mecanismo de supervisión para que este compromiso pueda estar analizado a finales del año 2002.
Por lo tanto, yo creo que lo importante políticamente de Doha no es sólo el hecho de que se tomen medidas claras sobre una cuestión tan importante, como la primacía de la salud pública y una situación de ventaja de los países más pobres, sino que se hace perfectamente compatible eso con la libertad de comercio. Yo creo que es una de las respuestas más claras a las críticas al fenómeno de globalización y que indican que los Gobiernos hemos atendido las críticas de la sociedad civil o la preocupación de la sociedad civil ante hechos que podían estar relacionados con la libertad de comercio y que no lo son, puesto que la propia Organización Mundial de Comercio con la participación de todos sus miembros establece unas reglas que yo creo que son satisfactorias a los deseos de la opinión pública mundial respecto a la protección de la salud.
Existe la cuestión de los países con capacidad de producción o bien inexistente, países muy pobres que no tienen capacidad de producción de medicinas, o bien insuficientes para atender sus necesidades. Aquí existe un debate complejo, como todos éstos, en el sentido de que esos terceros países que no son los propietarios de las patentes, pero que tienen capacidad de fabricación, producirían medicinas en unas condiciones ventajosas y sin pagar los precios internacionales normales por una declaración de emergencia, pero podría producirlas también para otros países que no están en esa situación, y obtener una ventaja adicional a la de la solución del problema del país más pobre.
En ese sentido, la declaración reconoce que los miembros de la Organización Mundial de Comercio, cuya capacidad de fabricación en es el sector farmacéutico es insuficiente, pueden tener dificultades reales en aplicar el derecho de licencias obligatorias. El acuerdo TRIP, ADPIC, si prefieren sus señorías, prevé la concesión de licencias obligatorias, pero principalmente para abastecer el mercado interno del país que las otorgue, lo que no incluye en principio la producción para la exportación, lo cual tiene bastante sentido desde el punto de vista de libertad de comercio, pero crea un problema para determinados países que no tienen capacidad de producción.
Se ha alcanzado un compromiso político para que a fines del 2002, por lo tanto, en el ejercicio que viene, el Consejo General tenga que tomar una decisión y analizar las cuestiones que garanticen que esa producción que se hace con una licencia obligatoria que determina el país A), un país muy pobre, pero que no tiene capacidad de producción y que va a realizar un país tercero, sólo se aplica a las necesidades del país A).
Durante ese período --España va a tener la Presidencia de la Unión Europea y, por tanto, impulsará y colaborará con la Comisión para que Europa tenga un papel activo-- debemos fijar los criterios por los cuales se puede responder a esas necesidades de la salud y a esa declaración de obligatoriedad de las licencias en el caso de países que ni siquiera tienen capacidad de producción.
Tengo que decir, y sus señorías y los Grupos van a coincidir conmigo, que en Doha se ha hecho un avance muy importante. Vuelvo a repetir que aquellos que planteaban un debate en el que libertad de comercio era justamente el enemigo de la solidaridad internacional han comprobado que no es así y que los propios países cuando analizan sus intereses comerciales, que son siempre muy concretos y contrapuestos, por decirlo claramente, son capaces de llegar a acuerdos importantes en materia de interés de bienes públicos protegibles como es la salud.
El Gobierno español valora muy positivamente la declaración de Doha a la que ha contribuido dentro de la

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Unión Europea. Se ha aclarado de manera definitiva cualquier interpretación de los acuerdos TRIPs en este sentido. Eso indica que cada país tiene libertad para determinar cuando hay una emergencia nacional, que se defina la flexibilidad de las disposiciones de los acuerdos que protegen la propiedad intelectual, en particular en relación con las patentes, que la propia OMC ha podido responder a este desafío y que se ha acordado que en las situaciones de emergencia van a prevalecer los intereses de los países en materia de salud pública sobre otras consideraciones comerciales. Esto afecta a todos los países. Los países desarrollados tenemos la impresión de que esto sólo va a afectar a los países muy pobres. Como se ha comprobado, por desgracia, en el caso de los ataques en Estados Unidos con ántrax puede también afectar a la declaración de emergencia en países muy desarrollados.
El objetivo de España ha sido siempre buscar una solución equilibrada, pero a favor de la salud. Durante la Presidencia de la Unión Europea, España tiene la intención de impulsar el desarrollo de ese programa de acción 2001-2006 y promover las discusiones en el Consejo ADPIC para encontrar una solución al problema que su señoría ha mencionado y al que yo también me he referido.
Es un debate de gran importancia y el Gobierno mantendrá informada a la Cámara, pero también abre la clara posibilidad de dar una respuesta a las legítimas preocupaciones de la opinión pública española sobre los problemas que se derivan de la globalización y de hacerlo en un marco en el que la libertad de comercio y la libertad económica no son contrapuestas, sino al contrario, con las posiciones que priman y deben primar la solidaridad internacional.
Muchas gracias. (Aplausos en los escaños del Grupo Parlamentario Popular.)

La señora PRESIENTA: Muchas gracias, señor Vicepresidente.
Tiene la palabra el Senador Espasa.


El señor ESPASA I OLIVER: Muchas gracias, señora Presidenta.
Como decía al final de mi intervención, el señor De Rato no nos ha defraudado tanto por su calidad personal como por lo que sabíamos de su toma de posición, en este caso positiva en Doha y, por tanto, del Gobierno español. Es bueno que señalemos las coincidencias, y no nos duelen prendas en hacerlo. Sólo me resta encomendar a los Senadores del Grupo Parlamentario Popular que le digan a la Senadora San Baldomero que el Senador Espasa no siempre se produce como ella dice que me produzco.
Pero esto lo dejo de su cuenta.
Señor De Rato, como usted ha centrado muy bien las cuestiones de Doha --yo lo había hecho antes-- vayamos a los dos aspectos más importantes.
Respecto del acceso a las medicinas hay dos temas. Uno, el acceso a las medicinas caras -- es el tema fundamentalmente del Sida, y su intervención como la mía han coincidido plenamente en las consideraciones que hemos hecho al respecto--, y dos, una cuestión en la que usted no ha entrado, aunque quizás era su obligación, y que yo quiero mencionar una vez más: las enfermedades infecciosas mucho más prevalentes que el sida.
Saben sus señorías que nunca quiero abusar de mi condición profesional en mi ejercicio político. Sólo les daré un dato. Siempre hablamos del sida: 36 millones de personas en todo el mundo. ¿Saben cuantas personas están infectadas de malaria y mueren de ella? 500 millones. Son mucho más prevalentes la malaria y la tuberculosis que el sida, pero el sida es el «mal du siècle», como decía Baudelaire, es la enfermedad del siglo, y por ello hablamos más de ella.
Así pues, señor De Rato, quiero hacer un recordatorio sobre estas enfermedades infecciosas que no tienen productos para combatirlas porque, en el legítimo uso de su libre albedrío, la industria no investiga sobre aquellos productos que sabe que no van a ser comprados. Por ello, tal y como he dicho al principio, hay un 85 por ciento de la población mundial que padece enfermedades infecciosas y consume un quinto de la producción farmacéutica mundial. ¿Y ello por qué? Porque no tiene capacidad de compra, motivo por el cual no se investiga sobre la malaria, ni sobre la enfermedad del sueño, sobre la leishmaniasis, la tuberculosis o la enfermedad de Chagas, endémica en América Latina. Esto es así, y es un dato a tener presente para ver que no todo depende de la buena voluntad de la investigación.
¿Que hay que balancear investigación con derechos de propiedad porque de lo contrario no hay investigación? Sí, señor Rato, pero hasta cierto punto, pues habiéndose balanceado, como usted orgullosamente manifiesta, el resultado continúa siendo el de que no se investiga sobre aquellas enfermedades respecto de las que ya se sabe que no habrá capacidad de compra, investigándose, en cambio, sobre aquellas que se llaman drogas de confort, como crecepelo, Viagra y tantas otras, drogas muy legítimas y utilizables, pero que no son de primera necesidad en términos de salud pública.
En cualquier caso, vayamos a los ADPIC, en terminología española o castellana. Es cierto que Doha, es un gran paso adelante, pero hay que completarla e ir a la moción que espero puedan votar todas las fuerzas políticas, y también el Grupo Parlamentario Popular de esta Cámara, para encomendar a la presidencia española en la Unión Europea que asegure esta flexible y amplia interpretación de Doha en los mismos términos en los que la defendía el Vicepresidente Segundo del Gobierno, señor De Rato.
Queda sólo un aspecto a dilucidar de esta Declaración, que el Consejo especial, que debe emitir su informe antes de final del año 2002, debe clarificar, y es lo que el señor De Rato y yo mismo mostrábamos como el siguiente problema: El país A, Sudáfrica, se encuentra en una situación de emergencia nacional y decide, puede, y la Declaración de Doha le ampara, establecer lo que se llama una importación paralela o una licencia obligatoria que consigue en el país B, India o Brasil, que produce medicamentos sin licencia, sin patente, medicamentos que, de alguna forma, se podrían calificar de genéricos --y hago abuso del término «genérico»--, medicamentos con el mismo principio activo

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que aquella marca protegida por la patente y que cuesta de 100 a 200 veces más.
La cuestión que Doha no cierra es la de qué le pasará, siguiendo el ejemplo, a Brasil o a India, qué le pasará al país B, que accediendo a la petición del país que, legitimada por su situación de emergencia nacional de salud pública, pide una importación paralela o que se le produzca, a través de una licencia obligatoria, aquel medicamento que se va a consumir sólo en su país, y siguiendo también el ejemplo, en Sudáfrica.
El país exportador de salud, entre comillas, en forma de medicamento barato no está protegido por la Declaración de Doha, y esto es lo que quedó en el aire, algo que también ha mencionado y reconocido el señor De Rato que es el punto que queda por cerrar.
Por ello, pediremos al Gobierno español en nuestra moción que haga todo lo posible dentro de la Comisión Europea para que esto se cierre de la mejor forma posible, y para que la Declaración de Doha proteja también a estos terceros países de la voracidad de los detentadores de las patentes, que no dudarán ni un minuto...


La señora PRESIDENTA: Le ruego, señor Senador, que vaya concluyendo en cuanto pueda porque su tiempo ya ha finalizado.


El señor ESPASA I OLIVER: Termino en 59 segundos, señora Presidenta.
No dudarán ni un minuto, como digo, en llevar a estos terceros países ante el panel de la OMC, pues no tienen el problema de salud pública.
Ahora bien, estos países que no tienen ese problema están contribuyendo a solucionar el problema de aquellos que sí lo tienen.
Por tanto, creo que podremos llegar a un acuerdo, y en esta línea, sería bueno que esta Cámara, ahora que está tan de moda defender la capacidad legislativa del Senado --el ministro de la Presidencia lo acaba de hacer con vehemencia hace pocos minutos--, tuviese voz para mejorar la calidad de la presidencia española de la Unión Europea, que estoy seguro va a ser de un gran nivel.
Nada más.


La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señoría.
Tiene la palabra el señor Vicepresidente.


El señor VICEPRESIDENTE SEGUNDO DEL GOBIERNO PARA ASUNTOS ECONOMICOS Y MINISTRO DE ECONOMIA (De Rato y Figaredo): Gracias, señora Presidenta y señor Senador.
Yo coincido con las apreciaciones que ha hecho su señoría sobre qué debemos hacer. Es indudable que el sida es una enfermedad que aparece recientemente, en el año 1980, y que ha tenido una trascendencia muy grande; otras, por desgracia, son enfermedades que llevan afectando a la humanidad de manera permanente desde hace mucho tiempo. En cuanto a lo que plantea su señoría de incentivar la investigación sobre patentes, mejor dicho sobre medicamentos que solucionen los problemas de otras enfermedades que pueden no ser en un momento dado la prioridad de una determinada compañía farmacéutica, yo creo que el camino más claro para actuar ahí es el programa de acción de la Unión Europea. En este sentido, este programa de acción considera la posibilidad de que los países en vías de desarrollo utilicen la flexibilidad del acuerdo de la OMC, pero también otorga prioridad en las inversiones en sanidad al fomento del desarrollo de la producción local y se ayudará a los países en desarrollo a fabricar productos farmacéuticos esenciales de alta calidad, muchos de los cuales no están sujetos a patentes y podrán fabricarse inmediatamente, y también al desarrollo de sistemas de producción diferenciados y a otras cuestiones, en las que yo sin duda interpreto, y además lo dice el acuerdo, que se limitará la ayuda pública y se fomentará la inversión privada en investigación y desarrollo. Por lo tanto, a través de este programa de acción para la lucha contra el sida, la malaria, la tuberculosis y en el contexto de la reducción de la pobreza es donde España debe actuar. En ese sentido, las opciones o los incentivos que planteen los grupos serán no sólo bien recibidos, sino tenidos en cuenta por el Gobierno.
En el segundo tema, en el que el Senador Espasa y yo hemos coincidido, los países miembros de la OMC y, por consiguiente, los países de la Unión Europea tenemos un especial desafío, que es responder a lo que no hemos sido capaces de solucionar todavía, y es el ejemplo que su señoría ha puesto y yo también respecto de aquellos países que teniendo la necesidad sanitaria, no tienen la capacidad de producción para evitar que terceros países, utilizando esa licencia obligatoria, puedan atender a cuartos, quintos y sextos países. Creo que nadie se engaña en el sentido de que las cosas son así.
En nombre del Gobierno tengo que decir que nosotros, en el seno de la Unión Europea y en colaboración con la Comisión durante el semestre del que somos responsables, haremos los máximos esfuerzos, pero esto no quiere decir que durante el siguiente semestre, en el que seremos sólo miembros de la Unión Europea, continuaremos colaborando y será más que bienvenido el impulso de los grupos parlamentarios en esta cuestión.
Muchas gracias. (Aplausos.)

La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor Vicepresidente.


--DE DON FELIX LAVILLA MARTINEZ, DEL GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA, SOBRE LA POLITICA DEL GOBIERNO EN MATERIA INFORMATIVA Y DE «ALFABETIZACION DIGITAL» EN EL USO DE INTERNET Y LAS NUEVAS TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION (670/000108).


La señora PRESIDENTA: Siguiente interpelación, presentada por don Félix Lavilla Martínez, del Grupo Parlamentario Socialista, sobre la política del Gobierno en materia formativa y de «alfabetización digital» en el uso de Internet y de las nuevas tecnologías de la información.


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Para exponer la interpelación, tiene la palabra el Senador Lavilla.


El señor LAVILLA MARTINEZ: Muchas gracias, señora Presidenta.
Señorías, aprovechando el espíritu navideño y también, por qué no decirlo, dando continuidad a un acto que tuvimos ayer con la asociación de periodistas parlamentarios, en torno a dos productos de mi tierra realizaré mi argumentación. Uno de ellos son las «paciencias» de Almazán, señora Ministra --le voy a pedir a un ujier que le facilite alguna--, que es un dulce muy rico pero que hay que tener paciencia para comérselo, y que de alguna forma representa la posición del Grupo Socialista en esta materia. Puede compartirlas también con algún ministro soriano del Gabinete que tiene responsabilidad en la sociedad de la información, como el Ministro Posada, para que no impida a los minusválidos acceder a su página web.
No vamos bien, señora Ministra. Ha pasado el tiempo, se han sucedido en el Senado diversas comparecencias suyas, la hemos escuchado con atención, con una actitud siempre constructiva, como figura en el «Diario de Sesiones», pero la posición de España no va bien y de alguna forma nuestra paciencia política también se va agotando porque se esperan resultados en la gestión.
La interpelación de hoy se centra fundamentalmente en lo que es la formación, la alfabetización digital y la educación. Yo no sabía si iba a asistir usted, la señora Ministra de Educación, o directamente el Presidente Aznar, que no ha venido nunca por el Senado y seguramente se despida de la vida política como Presidente sin pisarlo. No sabía quien iba a venir, porque el anuncio de formar a 140.000 parados y a un millón de personas la realizó, aparte de usted como Ministra de Ciencia y Tecnología, el propio Presidente del Gobierno.
También me centraré en el fracaso del llamado Plan Info XXI en materia educativa y formativa, y en que algo hay que hacer. Como siempre, en todas las intervenciones que en nombre del Grupo Parlamentario Socialista he realizado, no me quedaré sólo en la denuncia, siempre avalada por datos, de dónde estamos, sino que también apuntaré posibilidades en sentido constructivo de hacia dónde nos tenemos que dirigir para mejorar la situación.
Como he manifestado algunas veces, España, según la Asociación Española de Empresas de Tecnología de la Información, SEDISI, lleva un retraso de 12 años con respecto a la media europea en materia de nuevas tecnologías.
La Fundación Cotec, que preside Sánchez Asiain, la ubica en torno a 15 años.
En esta carrera, que no es fija, no sirve comparar datos; todos los países se mueven. Por ejemplo, Portugal --lo he señalado alguna vez--, de 1999 a 2001 ha incrementado la sociedad de la información en algunas materias el 319 por ciento --me estoy refiriendo al año 1999--. Por lo tanto, todos los países se mueven, y en esta carrera hacia adelante, hacia el futuro, si nosotros no vamos al ritmo suficiente nos vamos a quedar todavía más rezagados.
Como decía, la importancia de la educación, la formación y la técnica, es indiscutible. Ya nos alertaba José Ortega y Gasset en su libro: «Meditación de la técnica», que la técnica es la creación de posibilidades, siempre nuevas, que no hay en la naturaleza del hombre.
Hombre y técnica y bienestar son, en última instancia, sinónimos.
En un texto mucho más, reciente, editado por la Fundación Retevisión, para el Presidente de los Estados Unidos, se recogen las declaraciones de Robert O. McClintock, Codirector del Instituto de las Tecnologías de la Educación de la Universidad de Columbia, que se refiere a Internet como la fuerza histórica que caracterizará el siglo XXI, de la misma forma que en el XIX la enseñanza primaria obligatoria se convirtió en una responsabilidad y en un derecho cívico y a partir de la segunda mitad del XX, la población pudo también acceder a la educación superior.
Señora Ministra, sobre la importancia de la educación en las nuevas tecnologías, hemos tenido buena muestra en el Senado. Responsables de los principales medios de comunicación, representantes de la Asociación del Comercio Electrónico, representantes educativos, políticos, sociales, han pasado por esta Cámara y todo el mundo ha dicho lo mismo: la educación es el pilar clave, la formación de nuestra sociedad para que la sociedad de la información avance en España.
Señora Ministra, si tan importante es la formación educativa en nuevas tecnologías, algo que también se ha denominado la alfabetización digital, ¿qué es lo que hemos hecho en este tiempo? No quiero que me hable de qué vamos a hacer. Quiero centrar la interpelación en qué hemos hecho en este tiempo, señora Ministra, qué estaba previsto hacer, y luego expondré algunas posibilidades de cómo podemos mejorar, aunque para este apartado tendré más tiempo en la moción que se presentará como consecuencia de la interpelación.
En el primer ámbito, respecto a lo que estaba previsto, me voy a centrar en esos aspectos que he mencionado anteriormente del Plan Info XXI, en ese Plan del Gobierno, señora Ministra, que consiste en apuntarse lo que otros hacen. Cualquier cosa que suena o tiene relación con Internet, lo haga un ayuntamiento o Comunidad Autónoma, lo colocan en el Info XXI.
Pero también tiene otra peculiaridad, que es el no hacer lo que al Gobierno le corresponde; es decir, se apuntan lo que no les corresponde y no hacen lo que deben hacer.
Por ejemplo, por dar cifras exactas, para formación y educación estaban previstos 11.239 millones de pesetas para el año 2001 --página 26 del Plan Info XXI--, señora Ministra. Sepa usted que de esos 11.239 millones que están presupuestados en el Plan Info XXI tan sólo se han ejecutado 1.732. Yo creo que desde su escaño incluso verá los colores (El señor Lavilla Martínez muestra un documento.): el color rojo es lo que ustedes anunciaron en la página 26 del Plan Info XXI, y el color azul es lo que ustedes han ejecutado en educación. Si la educación es clave para desarrollar la sociedad de la información, señora Ministra, quiero que hablemos de hechos.
Esto es lo que ustedes han hecho. La respuesta, señora Ministra, está también en el «Diario de Sesiones», y ha sido reconocido por la propia Ministra de Educación. Por

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tanto, los datos son inapelables: partidas presupuestarias 1809.420 y 1810.420. Esto es lo que ha hecho el Gobierno en materia educativa. Yo creo que todas sus señorías podrán darse cuenta del dato; es decir, no se ha hecho nada en educación.
Usted me dirá que ha habido problemas, que las empresas no han aceptado la adjudicación, etcétera; de acuerdo, pero el dato es éste. De lo previsto, esto es lo que ustedes han hecho; por tanto, el suspenso está claro. De todo el dinero, el 84,58 por ciento destinado a formación y educación no se ha ejecutado, señora Ministra. Se han dejado de invertir 9.507 millones de pesetas.
Pero es que ahí no queda la cosa, señora Ministra. El señor Presidente del Gobierno, el día 6 de marzo del año 2000 --le leo los titulares-- presenta el Plan de Choque de Alfabetización Digital. Eso sí, televisiones, cámaras, periódicos; ha salido en todos los sitios. Se iban a formar un millón de personas, y los cursos iban a empezar en octubre.
Claro, yo no he tenido la oportunidad de tener el mismo espacio en Televisión Española para decir que nos han engañado, que no se ha hecho, que es falso, porque no se ha hecho, señora Ministra. También decían los titulares: el Plan de Alfabetización Digital acercará Internet a un millón de personas; la Ministra de Ciencia y Tecnología --es decir, usted-- anuncia que la iniciativa comenzará a finales de octubre, no ha sido así.
Pues bien, señora Ministra, el Plan de Alfabetización Digital para el millón de personas no se ha ejecutado, aparte de ser muy discutible su diseño improvisado, sus contenidos de 15 horas para poder formar, sin aprovechar suficientemente todos los recursos del sistema educativo, tanto en centros de primaria, de secundaria como deformación de adultos, de iniciativa pública o de iniciativa privada. Y en este año, señora Ministra, nada de nada. Esto se llama, lisa y llanamente, engañar a la población, cuando menos. Se ha tratado de un plan fantasma.
Está claro que usted y el Presidente del Gobierno han aparecido, como decía, por todos los telediarios habidos y por haber. Estamos hablando de un incumplimiento evidente, tanto en el Plan de Formación como en la ejecución del presupuesto. Hace tiempo en una noticia aparecía: la Ministra Birulés está en los laureles. En la portada de la revista «El Siglo», que tengo delante, figuraba: Fracaso Birulés: ningunea la industria, desespera a las telecos y olvida la ciencia. Yo tendría que decir también que no se preocupa de la educación; no se preocupa para nada de la educación. Lo que se plantea ahora este portavoz, con el producto que yo le he dado de las «paciencias», que simboliza de alguna manera la posición política de nuestro grupo, es si, una vez que está suspensa, le damos la oportunidad de recuperación o le pedimos el cese.
Vamos a intentar, señora Ministra, que usted --como profesor que soy-- aprenda bien, repase los deberes en Navidad, e intentemos coger brío, coger nuevo impulso para que, a partir de Navidad, de alguna forma esto avance.
Me dirá que un gran número de centros conectados o que todos los y profesores tienen cuenta, cuando todo el mundo sabe, señora Ministra, que para abrir una cuenta cualquier persona puede hacerlo, porque hay portales que las facilitan de forma gratuita, y no hay ningún problema.
Usted confunde dos conceptos: conectar con educar. Centro conectado significa que está enchufado, que el aula o la dirección participan, se conectan. Conectar, según el diccionario de la Real Academia, significa unir, enlazar, establecer relación, poner en comunicación. Educar es desarrollar o perfeccionar las facultades intelectuales y morales del niño o del joven por medio de preceptos, ejercicios, ejemplos, etcétera.
Esto es lo que dice el diccionario de la Real Academia. Su propia Subdirectora General, señora Ministra --se lo he dicho alguna vez, por eso no quiero que me vuelva a confundir los conceptos--, reconoció que del total de centros conectados, 21.000, tan sólo utilizan Internet de una manera amplia en la enseñanza un millar, lo que representa el 4,76 por ciento del total. A este tercer concepto yo añadiría lo que es la propaganda, y ésta sí que se la de bien. Son unos verdaderos expertos.
Tengo que felicitar la por ello, porque sin hacer nada consiguen aparentar que hacen mucho.
Señora Ministra, le voy a dar unos datos recientes, de octubre y noviembre, en la última encuesta del Estudio General de Medios. En el período correspondiente a abril-mayo de 2000, en los centros educativos y en la Universidad, se conectaba el 17,7 por ciento de la sociedad. En octubre-noviembre de 2000, el 10,6, señora Ministra. Insisto en que son datos del Estudio General de Medios. Le puedo facilitarla copia. Estas encuestas han sido utilizadas muchas veces por su Ministerio para decir que avanzaban, por lo tanto, se trata de una fuente fiable.
Aquí, en el Senado, en las conclusiones de la Comisión de Redes Informáticas, se dice que es clave la utilización de Internet en la enseñanza, y no sólo en los hogares, porque en éstos el esfuerzo es a costa de las familias. Le voy a dar más datos, señora Ministra.
Lugar de acceso a Internet. En la Universidad: en Estados Unidos, el 60 por ciento; en España, el 10,6. Hemos caído a niveles inferiores a octubre-noviembre de 1996, que estaba en el 17,8, señora Ministra. En empresas, que también son clave para el desarrollo de la sociedad de la información: en Estados Unidos, el 40 por ciento; en España, el 30,5. En los domicilios de los particulares: en Estados Unidos, el 18 por ciento; en España, el 60,7 por ciento. Por lo tanto, señora Ministra, el esfuerzo para el desarrollo de la sociedad de la información recae sobre los ciudadanos, sobre los particulares. Su Ministerio no está haciendo lo que debe, de ahí que, de alguna forma, los niveles de ejecución del presupuesto y de utilización de Internet en la enseñanza sean los que son, y yo no me los invento. Me limito simplemente a leer la última encuesta publicada oficialmente.
Para terminar, señora Ministra, le diré que, de todos los indicadores que se han analizado, nos encontramos en el antepenúltimo lugar en 17 indicadores; en último lugar, en el puesto 12 de los 40 que hay. Tenemos una posición muy mala, señora Ministra, y algo hay que hacer. Le reconozco que tiene una gran capacidad para aparecer en los medios de comunicación y presentarse a nivel mediático con fotografías. Le felicitamos por ello, pero vemos que, después, de cada anuncio de lo que usted hace, de cada picoteo de lo

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que se presenta, no hay un plan sólido que impulse el desarrollo de la sociedad de la información en España. Por eso, señora Ministra, estamos en el penúltimo puesto en Europa. Hemos descendido posiciones con relación a años anteriores. Si la educación es la clave del desarrollo de la sociedad de la información y no se ejecuta el presupuesto, no es de extrañar; señora Ministra, que la posición de España sea la que es.
Muchas gracias. (Varios Senadores del Grupo Parlamentario Socialista: ¡Muy bien! ¡Muy bien!) La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, Senador Lavilla.
Para responder a la interpelación en nombre del Gobierno, tiene la palabra la señora Ministra de Ciencia y Tecnología.


La señora MINISTRA DE CIENCIA Y TECNOLOGIA (Birulés Bertrán): Muchas gracias, Presidenta. Gracias, señorías. Buenos días a todos.
Senador Lavilla, he escuchado atentamente su intervención. Al principio tenía verdadero espíritu navideño, y éste es el que me está manteniendo para aceptar estas galletas que están caducadas (Risas en los escaños del Grupo Parlamentario Popular.) y que, además, están pasadas. Usted se repite y continúa igual. Ya que ha hecho mención a la educación, a su condición de profesor, creo que tiene que volver a empezar con la enseñanza primaria, porque, en el mejor de los casos, no sabe leer.
(Rumores en los escaños del Grupo Parlamentario Socialista.--El señor Vicepresidente, Prada Presa, ocupa la Presidencia.) ¿Está seguro, señoría, de que usted quiere que avance la sociedad de la información? ¿Sabe que para avanzar hay que innovar, y sabe que hay que ser fiel a lo que es la realidad, conocerla y analizarla con rigor, ver los planes, los ritmos de crecimiento, la efectividad de los mismos y los resultados? Además, hay que moverse por la realidad cotidiana y notar --que se nota-- cómo avanza la sociedad de la información. Su conocimiento de la realidad es muy bajo. El nivel de propuestas a las que hace referencia es nulo y, además, las ha suplido siempre con un recurso fácil al maniqueísmo, a la ausencia de rigor en el análisis y en la exposición de los datos y, además, con una tendencia al catastrofismo que, evidentemente, no ayuda al desarrollo de la sociedad de la información.
Voy a hacer algunas observaciones, porque usted cita cifras y quiero que queden claras en el «Diario de Sesiones», pero no voy a repetir todos los informes y los datos que están disponibles ni a rehacer todos los análisis. La cifra a la que hacia referencia de los 11.946 millones del Ministerio de Educación, Cultura y Deporte se refiere a un período que va del 2001 al 2003 y tiene una cantidad asignada para el año 2001. Pero es igual, a usted no le interesan estos temas, a usted lo que le interesa es hacer ruido, batallar, conseguir premios --le felicito por el premio de ayer--, pero le resulta muy difícil entablar un debate en profundidad en un asunto tan serio, en una materia de tanta relevancia estratégica para el desarrollo económico, social, educativo y cultural del país.
Voy a hacer una serie de consideraciones respecto a que no sabe leer. No sabe leer ni escuchar. En preguntas orales en esta Cámara he repetido que el sector de las telecomunicaciones, incluso en sentido estricto, y a ello me he limitado, en términos de producto interior bruto ha pasado del 2,4 por ciento en el año 1996 al 4,8 por ciento, lo que está por encima de la media comunitaria, por encima de Alemania, de Francia y de Italia, en cifras absolutas en términos de PIB, después de cuatro años de crecimiento del PIB, que son las cifras que mirarnos. (Aplausos en los escaños del Grupo Parlamentario Popular.) El I+D de este sector representa el 10 por ciento de le facturación.
Dígame cuántos sectores. Queremos muchos más, pero este sector representa el 10 por ciento del I+D, y además le diré que cuando lea: 12 años, o 15, analice y lea bien lo que dicen estos informes, porque hacen unos supuestos determinados y hablan de una innovación en general en un ámbito determinado, lo que requiere de actuaciones de liberalización, no frenos --como hicieron ustedes de movimientos y planes concretos, como el Plan de Acción Info XXI, de planes ministeriales, de todos los ministerios, con una Comisión Interministerial. Es un plan dotado presupuestariamente, que afecta a todo el mundo, planteado además con las Comunidades Autónomas, con las corporaciones locales, con el sector privado y con instituciones del ámbito civil y ciudadano en general. Luego le repasaré los resultados, pero seamos fieles y rigurosos, no juguemos con los números. Esto es una sopa de números y no objetivos claros, precisos, análisis y resultados. A partir de ahí hagamos un debate serio y avancemos en un asunto tan clave como éste.
El plan de choque de alfabetización digital tiene toda una serie de componentes, los cuales voy a revisar y le voy a decir dónde está cada una de las cuestiones. El ámbito de la formación va más allá del plan de choque y tiene toda una serie de cuestiones que, si hubiera leído con detalle el plan de actuación y la ejecución del Info XXI, lo sabría.
No quiero entrar en cuestiones semánticas de planes de convergencia --de hecho son las únicas palabras que he escuchado bajo el título de propuesta--, ni en desarrollos concretos en cuanto a actuaciones, porque, afortunadamente, no se pueden hacer. Ya existe un Plan de Acción Info XXI para el período 2001-2003, que ha sido el que ha puesto en marcha este Gobierno y que ha merecido una valoración muy positiva no sólo por parte de la sociedad española, sino por parte de la propia Comisión Europea, a la que usted tan a menudo cita.
El Plan de Acción tuvo un alto nivel de cumplimiento en su estadio inicial en el año 2000 con la iniciativa del Gobierno para el desarrollo de la sociedad de la información, cerca del 83 por ciento, es decir, 1.298 millones de euros, exactamente el 82,3 por ciento. En este año 2001 se mantiene dicho nivel de cumplimiento, ya que en estos momentos estamos ultimando el segundo informe de seguimiento del Plan de Acción Info XXI que se elevará a una próxima reunión de la Comisión Interministerial de la Sociedad de la Información, y podemos comprobar que 98 del total de las 305 acciones realizadas han finalizado ya, es decir, el 32 por ciento de las mismas. Y si usted sabe

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contar, con una operación comprobará que el porcentaje es superior al 30 por ciento, aunque no ha pasado aún un año de ejecución de dicho programa. Todo en la vida es mejorable, pero no digamos cosas que no son.
Por tanto, el grado de ejecución y cumplimiento del Plan de Acción Info XXI es francamente bueno.
Y entrando ya en la política formativa, en el ámbito de Internet y tecnologías de la información, he de decir que ésta es clave; todos coincidimos en que la educación es básica y esencial para el futuro de la sociedad junto a las modernas redes de telecomunicaciones de banda ancha, de equipos, de programas informáticos adecuados y de contenidos. La formación en nuevas tecnologías y en Internet es crucial para el desarrollo de la sociedad de la información.
Con ocasión de mi comparecencia en la Comisión General de las Comunidades Autónomas de esta Cámara el pasado 19 de noviembre hice referencia a la educación como ejemplo de acción de cooperación en la que teníamos que avanzar junto a las Comunidades Autónomas con más decisión. Así se acordó en el primer Foro de la Sociedad de la Información celebrado con las mismas a principios de año; ejemplo que destaqué además porque en él se sustentaba el futuro de nuestra sociedad.
Una de las líneas de la actuación de la política del Gobierno y desarrollo del Plan de acción ha sido y es el ámbito formativo en nuevas tecnologías de la información; este Plan de acción da cumplimiento también a los objetivos marcados por el Plan de acción e-Europa 2002, cuyo segundo pilar consiste en invertir en las personas y en la formación y al que se dedica una parte importante de las 65 metas que se pretenden conseguir; es decir, se pretende avanzar en la conectividad de las escuelas, en la formación de alumnos, formación de profesores, contenidos educativos especializados, etcétera.
En este sentido, el carácter estratégico que da el Gobierno a esta política formativa se refleja en el hecho de que se destinan 76.476 millones de pesetas --se lo digo en pesetas-- que son 450,63 millones de euros, y engloba distintas acciones en tres grandes áreas: la formación general de los ciudadanos, que incluye la acción Internet para todos; Internet en la enseñanza, y formación para la empresa.
Como ustedes saben, el objetivo de la formación de los ciudadanos, y en particular en Internet para todos, es formar un millón de personas al año para que adquieran habilidades básicas en el acceso a Internet, por lo que estos cursos de 15 horas de duración se han caracterizado y homologado a nivel de la Comunidad y de la Comisión para definir esta formación básica.
En este caso, en el año 2001 se decidió iniciar la ejecución de la acción y, como ya señalé en esta Cámara en contestación a una pregunta oral formulada por la Senadora De Boneta y Piedra, para una mejor relación del programa y debido a que las ofertas de las empresas consultoras eran variadas y heterogéneas, se decidió continuar la selección mediante un procedimiento negociado con los distintos licitadores para avanzar y obtener mejores condiciones y posibilidades, dado que muchas de las ofertas eran diversas, heterogéneas y en algunas se podía obtener mayor alcance para esta acción, que es realmente innovadora.
Ahora, esta situación simplemente habrá aplazado unos meses el lanzamiento masivo; en estos momentos se están realizando pruebas piloto en colectivos diferenciados de amas de casa, personas de tercera edad y desempleados, lo que permitirá una importante experiencia también en el propio seguimiento del Plan y su mayor efectividad. Pero, además, como ya planteamos en la última reunión del Foro de las Comunidades Autónomas, espero contar con la colaboración de éstas y de las Corporaciones Locales, además de otras instituciones privadas, así como con el voluntariado con el que ya se está trabajando; el Plan de acción ya está establecido y realizarán una importante labor de extensión de esta acción sobre los colectivos más desfavorecidos y en las zonas de geografía española de más difícil acceso.
En definitiva --no sufra, señoría--, no sólo se va a llevar a cabo esta acción, sino que se ejecutará con un alcance incluso mayor del que estaba previsto, y el Gobierno está convencido de que la misma va a fortalecer la cohesión territorial y social y que evitará la exclusión del programa Info XXI de muchos ciudadanos y territorios españoles, a pesar de que usted afirme lo contrario basándose en algo tan curioso como el que los alumnos van a pagar el coste de las clases. Pero, señoría, los alumnos no van a pagar el coste total de las clases, lo que, a precios de mercado, sería muy elevado. Ya le he dado a conocer públicamente y en esta Cámara que van a pagar una ínfima parte del mismo: un euro por clase, cantidad dirigida a compensar en la medida de lo posible a los profesores y los gastos básicos de mantenimiento de los centros de impartición.
En todo caso, tal como señalan los últimos datos de la Encuesta General de Medios --que también debe leer con detalle--, o incluso otros informes de empresas a los que usted alude, ya no puede hablarse de brecha social alguna por razón de sexo ni de clase social. Por ejemplo, en relación con los niveles de renta, mientras que en 1996 casi la tercera parte de los internautas eran de renta alta, y las rentas medias y bajas representaban poco más del 20 por ciento, gracias a las políticas del Gobierno actualmente las rentas medias y bajas ya representan cerca del 60 por ciento de los internautas. Por otro lado, más del 40 por ciento de los internautas son mujeres, cuando en 1996 éstas tan sólo eran el 24 por ciento, de forma que hoy en día las internautas españolas están representadas en la misma proporción que la correspondiente a los países occidentales más avanzados de nuestro entorno.
Pero le voy a dar más datos. El 50 por ciento de los empresarios, del sector de las telecomunicaciones, de las TIC, son mujeres.
Y en lo que respecta a Internet en la enseñanza, hay que decir que esta acción tiene como objetivos, y no otros --lo hemos dicho siempre así--, los siguientes: Conseguir que todos los centros escolares estén conectados a la red de Internet --lo que se denomina conectividad--.
Formar adecuadamente a los profesores en el conocimiento y el uso de las nuevas tecnologías, y hacerlo de modo que éstas se utilicen como si se tratara de una tiza o una pizarra, de un papel y un lápiz, es decir, utilizarlas de manera normal en el proceso de aprendizaje y de docencia.
Y por último, dotar

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a los centros de suficientes materiales educativos y de contenidos multimedia de calidad para la enseñanza, alcanzando además en los centros un número adecuado de equipos informáticos para la educación.
Por otra parte, debido a la urgencia en el tiempo de estas medidas, por su importancia, se ha añadido una nueva y constructiva propuesta que ya está contemplada en los presupuestos para el año 2002, consistente en que a través de la entidad Red .es se aporten 120 millones de euros, es decir, 20.000 millones de pesetas, en el período 2002-2005, estando previsto que esa cantidad sea la mitad de la inversión que es necesario realizar en este ámbito para conseguir un alcance mayor de Internet en las escuelas.
Este esfuerzo realizado ya se refleja en los datos de la Comisión Europea, datos que contradicen algunas de sus frecuentes afirmaciones, incluso hechas en esta Cámara. Según esos datos, el 94 por ciento de los centros de enseñanza primaria y secundaria --porque en enseñanza primaria todavía hay más-- se encuentran conectados a Internet en España, frente al 88 por ciento de la media europea, superando, por ejemplo, a Francia e Italia. Además, según esa Asociación y el informe de Sedisi, al que usted le gusta tanto citar, en el 65 por ciento de los casos la conexión es de alta velocidad.
Pero no nos contentamos con eso, queremos ir más lejos. Por ello, y como sabe, con objeto de que los 18.200 colegios que imparten enseñanza primaria y las cerca de 2.500 bibliotecas públicas puedan acceder a Internet de alta velocidad con más facilidades, ya en el mes de julio de 2001 se estableció esa posibilidad mediante la tarifa plana de 24 horas, por la vía de ADSL. Y hemos auspiciado que se fijara un precio máximo --que al final es el que determina las condiciones de mercado, y que supone una rebaja del 40 por ciento sobre los precios comerciales-- de 3.900 pesetas al mes por esa tarifa plana de 24 horas. Ese es el precio tope. A partir de ahí, el mercado determinará incluso si ofrece precios inferiores.
Igualmente, en cuanto a la formación de profesionales es capital la formación de especialistas en tecnologías de la información y las comunicaciones. Y en este campo, como sabe, los Ministerios de Trabajo y Asuntos Sociales y de Ciencia y Tecnología hemos puesto en marcha --tal como dijimos-- junto con las patronales ANIEL y SEDISI la formación de 14.000 profesionales de tecnologías de la información y las comunicaciones, con el compromiso por parte de las empresas de que el 60 por ciento de éstos van a conseguir un puesto de trabajo...


El señor VICEPRESIDENTE (Prada Presa): Señora Ministra, le ruego que vaya concluyendo, por favor.


La señora MINISTRA DE CIENCIA Y TECNOLOGIA (Birulés Bertrán): Voy terminando.
Además, en cuanto a la formación en la empresa el Ministerio de Trabajo destinará en los próximos tres años en torno al 30 por ciento de las acciones de formación continua y el 40 por ciento de las acciones de formación ocupacional a la formación de trabajadores ocupados en el campo de las nuevas tecnologías --ya lo ha hecho en este año 2001--. Estamos hablando de que en los tres años se destinarán a ello 105.000 millones de pesetas.
Ya está también en funcionamiento el Programa FORINTEL, con más de 40.000 trabajadores que se benefician de las ayudas de formación en telecomunicaciones. Con el Programa PROFIT en los años 2000 y 2001 se han financiado proyectos innovadores de formación y educación por una cuantía superior a los 12 millones de euros --2.000 millones de pesetas-- y además hay que destacar que las ayudas totales para el desarrollo de las TIC y de la sociedad de la información en sus dos primeras anualidades, 2000 y 2001, suponen un total que supera los 534,90 millones de euros --es decir 89.000 millones de pesetas--, frente a los 20.000 de ayudas concedidas en los años 1997 a 1999. (Rumores en los escaños del Grupo Parlamentario Socialista.) Por lo tanto, también desde este punto de vista se ha realizado ya y el esfuerzo es muy alto.
Y le quiero recordar que para el 2000-2001 hay aprobadas ya deducciones en el Impuesto sobre Sociedades y deducciones en la cuota íntegra del IRPF, el 10 por ciento del importe de las inversiones y gastos realizados con la mejora de la capacidad de acceso y manejo de información en Internet, que incluye el acceso y presencia en Internet, formación de personal y utilización de los ordenadores en las familias, en los hogares. (Rumores en los escaños del Grupo Parlamentario Socialista.) Todas estas acciones, junto con otras muchas, le dan idea del nivel no sólo de lo previsto y lo realizado, sino de los resultados obtenidos de los programas dedicados en materia de formación en las tecnologías de la información y de la comunicación, que están induciendo un gran salto en el desarrollo de la sociedad de la información.
Gracias. (Aplausos en los escaños del Grupo Parlamentario Popular.)

El señor VICEPRESIDENTE (Prada Presa): Gracias, señora Ministra de Ciencia y Tecnología.
Tiene la palabra el Senador interpelante, señor Lavilla, por cinco minutos.


El señor LAVILLA MARTINEZ: Muchas gracias, señor Presidente. Me imagino que con su generosidad estos cinco minutos tendrán una cierta prórroga porque la señora Ministra ha tenido --y me parece muy bien para que nos dé las explicaciones-- casi el doble de tiempo. (Protestas en los escaños del Grupo Parlamentario Popular.) Señora Ministra, usted ha hecho una afirmación que le puede parecer que no es importante, pero para mí sí lo es: las paciencias de Almazán las adquirí el lunes, las pagué por tarjeta y si, como usted dice, están caducadas, demostraría que no solamente no funcionan las nuevas tecnologías en España, sino que la sanidad tampoco funciona. (Protestas en los escaños del Grupo Parlamentario Popular.) Adoptaremos alguna iniciativa para saber cómo va.
Señora Ministra, no voy a entrar en las descalificaciones personales que usted me ha hecho porque yo no lo he hecho, es más, le he dicho que la suspendíamos pero con posibilidad de recuperar. Ha dicho usted palabras muy gruesas que no esperaba de usted, pero me da lo mismo; no

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voy a entrar en eso porque sería desviarnos de lo que hoy nos ocupa.
Señora Ministra, según datos oficiales de la Intervención General, a 31 de octubre, en 10 meses de gestión, la ejecución de su presupuesto es del 31,4 por ciento. ¿De acuerdo? Señora Ministra, el 31,4 por ciento en 10 meses. (La señora Ministra de Ciencia y Tecnología, Birulés Bertrán, hace signos negativos.--La señora Martínez García: ¡Lo dicen los ordenadores!) Eso es lo que hay. Yo sé leer y leo lo que hay, y le voy a pasar la hoja para que rectifique porque, si no, estaría mintiendo. Le voy a pasar la hoja, señora Ministra. Mire usted, señora Ministra: copia literal del Plan Info XXI, copia literal. Está registrado lo que usted ha dicho y lo que yo he dicho. Yo ahora le voy a pasar la hoja y le voy a pedir que rectifique, que rectifique. (Rumores en los escaños del Grupo Parlamentario Popular.--Una señora Senadora del Grupo Parlamentario Popular: ¿Que rectifique qué?) ¿Por qué? Página 26: Ministerio de Educación, Cultura y Deporte, año 2000, 2.780 millones de pesetas; año 2001, 8.459 millones de pesetas; año 2002, 9.577 millones de pesetas.
Total del plan, 20.816,5 millones de pesetas. Esto es una copia literal del Plan Info XXI.
Salvo que la señora Ministra de Educación mienta --y no lo creo porque el Gobierno ha contestado por escrito y me ha dado los mismos datos, en su respuesta oral dijo: Ejecución, 584 millones de pesetas, en el año 2000; año 2001, 1.148 millones de pesetas. Estas cifras las ha dado la señora Ministra Pilar del Castillo y aparecen recogidas en el «Diario de Sesiones» de 12 de junio de 2001.
Por lo tanto, señora Ministra, le pido que retire lo que ha dicho, que rectifique y, por si le interesan, le dejaré los datos en la mesa para que pueda comprobarlos. Es decir, no solamente sé leer sino que además estudio los documentos.
Señora Ministra, reitero que en educación esto es lo que hay, y no hay más. (El señor Lavilla Martínez muestra un gráfico a la Cámara.) El color rojo señala en este gráfico lo que tenían que haber hecho y el color azul muestra qué es lo que han hecho. No hay más, esto es lo que hay; boletín del 12 de junio de este año.
Por otra parte, tengo que señalar que el esfuerzo para conectarse a Internet lo está realizando la sociedad. También le he dado los datos exactos y no ha hecho ninguna referencia; me ha hablado de las mujeres pero, ¿cómo vamos a mantenernos con un 18 por ciento de mujeres conectadas? Es lógico que esas cifras tiendan a igualarse.
Yo le he dado datos, señora Ministra, de la última encuesta del Estudio General de Medios y espero que usted me diga si es cierto o no lo es, porque lo que me contesta es que no sé leer. Período abril-mayo de 2000, conexión desde la universidad y el centro de estudios, 19,7 por ciento; período octubre-noviembre de 2000, 10,6 por ciento. Hemos bajado casi a la mitad y en la Comisión de Redes Informáticas del Senado señalamos que el hecho de avanzar en la conectividad de los centros educativos era clave para el desarrollo de la sociedad de la información.
Le he dado una serie de datos y no me puede despachar con una descalificación, sin más, porque le estoy enseñando datos que son oficiales, señora Ministra. Por ello, tengo que pedirle un poco más de rigor y un poco más de seriedad.
Le hemos dado la oportunidad para que rectifique, pero no para que insulte a quien le aporta datos que son evidentes, señora Ministra. Plan de Alfabetización, presentado por el Presidente del Gobierno y y por usted misma: empezaría en octubre y se formarían 1.000.000 de personas.
¡No es cierto! ¡No ha empezado! Usted podrá alegar que ha habido problemas, pero reconozca que eso es así. Plan Info XXI, ejecución en educación... Un poco más de modestia cuando no se hacen los deberes no viene nada mal.
Estoy convencido de que aquí hay Senadores y Senadoras que creen mucho más que usted en la sociedad de la información y estaríamos mucho mejor de lo que estamos.
Nada más y muchas gracias. (Aplausos en los escaños del Grupo Parlamentario Socialista.)

El señor VICEPRESIDENTE (Prada Presa): Gracias, Senador Lavilla.
Señoría, si desea que se haga entrega a la señora Ministra de algún documento, por favor, entréguelo a la Presidencia.
Muchas gracias, señoría.
Tiene la palabra la señora Ministra de Ciencia y Tecnología, por tiempo de cinco minutos.


La señora MINISTRA DE CIENCIA Y TECNOLOGIA (Birulés Bertrán): Gracias, señor Presidente.
Señoría, no quería ofenderle ni entrar en la calidad sanitaria ni alimenticia de las galletas, que se las agradezco.
No forma parte de mi estilo el hecho de insultar; cuando le he dicho que no sabía leer me refería a que no sabe interpretar los datos y usted ha vuelto a incidir en el tema. Le he pedido más rigor para, cuando uno mira una cifra, entender qué quiere decir.
Por ejemplo, usted ha vuelto a hacer referencia a la ejecución presupuestaria del Ministerio, según los datos del Ministerio de Hacienda; usted sabe que estos datos son correctos, pero también sabe que el 90 por ciento de las convocatorias del Ministerio de Ciencia y Tecnología son concurrenciales, en las que hay competencia y que, por lo tanto, no se pueden resolver hasta que están cerradas, lo que se intenta hacer a lo largo de todo el año. En ese sentido, si usted mira las distintas convocatorias verá que además de que todas sean adelantadas, era imposible que en el mes de octubre se hubieran llevado a cabo porque no estaban cerradas. Por tanto, ésta es la situación y no hay ejecuciones parciales. Se tiene que interpretar qué quiere decir un 30 por ciento, según cómo, porque si usted no hace ninguna lectura puede ser alto o bajo. Esta era mi única consideración, pero ya que usted está tan preocupado por estas interpretaciones y por el Estudio General de Medios, yo le quiero insistir en que hay más de ocho millones de españoles familiarizados con Internet, más del 23 por ciento. La tasa de penetración de los usuarios habituales es el 21,2 por ciento, que nos sitúa a la altura de otros países europeos, como Italia y Francia. Esta Ministra ha dicho siempre que teníamos mucho camino por recorrer. Además, le voy a contestar a otra cuestión, se ha doblado el número de

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internautas desde el año 2000. La tasa de penetración en los hogares es del 19 por ciento, cuando hace sólo tres meses era del 17,2.
En lo relativo a los lugares de acceso, además de destacar que los usuarios españoles se encuentran entre los más activos de la red en función del tiempo de conexión, quisiera subrayar que los hábitos de estos internautas muestran la clara incorporación de nuestro país a la sociedad de la información. Y ello leyendo exactamente los mismos datos que usted, porque no hace falta ir al trabajo para conectarse a Internet, ni tan siquiera ser universitario, pues en el último año los lugares de acceso a Internet preferidos son: el propio hogar de los internautas, un 60,7 por ciento --éste era unos de los objetivos--, el trabajo con un 30,5, la universidad con un 10,6, y surgen otros lugares alternativos de acceso diferentes a los anteriores, con un porcentaje que se ha elevado desde el cuatro por ciento en mayo de 2000 al 19 por ciento en la actualidad.
Señoría, ¿usted sabe lo que significa que se incremente la base? Pues cuando se incrementa la base los porcentajes corresponden a números distintos. Estos datos hay que interpretarlos correctamente, no se ha producido un descenso de nuestros internautas universitarios o del acceso desde la universidad en términos absolutos, sino que lo que se ha producido es un incremento de usuarios y del acceso desde otros lugares, entre ellos el hogar, distintos de la universidad. (Aplausos en los escaños del Grupo Parlamentario Popular.) Señoría, esto es lo que estamos hablando.
Además, el número de hogares equipados con un ordenador personal ha pasado del 23,2 por ciento en el año 1999, al 26,9 en el 2000. Y como no están cerradas las cifras, sabemos que continúa creciendo, pero no se las voy a dar porque son aún estimaciones. Pero éstos son niveles muy equiparables a los de la media europea. Y aún continuaremos avanzando para que haya más ordenadores en los hogares, porque sabemos que teníamos un nivel de partida muy bajo, hemos de continuar en esta dirección. Por otra parte, se reconoce que este parque es muy moderno, con una media de 33 meses, el 84,2 por ciento de los mismos equipados con cederrón, y el 59,7 de los hogares disponían de un módem, según la encuesta desarrollada por SEDISI en el año 2000.
Por otro lado, como he contestado antes en pregunta oral en esta misma Cámara, han bajado los precios, que continúan creciendo al nivel de las empresas.


El señor VICEPRESIDENTE (Prada Presa): Señora Ministra, le ruego que concluya, por favor.


La señora MINISTRA DE CIENCIA Y TECNOLOGIA (Birulés Bertrán): Concluyo.
Otra cosa a la que usted le gusta hacer referencia es a la Administración electrónica. En el último informe de la Comisión Europea se han seleccionado 45 actuaciones, 39 tienen el sello de e-Government, cuatro de ellas son españolas. Pero, además, del análisis de todas las acciones, España junto con algún otro país, ocupa el primer lugar en impuestos, Seguridad Social, denuncias a la Policía, educación superior, generación de estadísticas, servicios relacionados con la salud y bibliotecas.
Y dicho esto, señoría, hay mucho camino por recorrer. Por ello hay un Plan de acción Info XXI, colaboración con las Comunidades Autónomas, con las corporaciones locales, con la sociedad civil. Y, señoría, todas sus propuestas constructivas y de mejoras serán bienvenidas.
Gracias. (Aplausos en los escaños del Grupo Parlamentario Popular.)

El señor VICEPRESIDENTE (Prada Presa): Gracias, señora Ministra de Ciencia y Tecnología.


--DE DOÑA INMACULADA DE BONETA Y PIEDRA, DEL GRUPO PARLAMENTARIO MIXTO, SOBRE LA POLITICA DEL GOBIERNO EN RELACION CON LA PRORROGA DEL CONCIERTO ECONOMICO DEL PAIS VASCO (670/000107).


El señor VICEPRESIDENTE (Prada Presa): Interpelación de la excelentísima señora doña Inmaculada de Boneta y Piedra, del Grupo Parlamentario Mixto, sobre la política del Gobierno en relación con la prórroga del Concierto Económico del País Vasco.
Para exponer la interpelación, tiene la palabra la Senadora De Boneta y Piedra.


La señora DE BONETA Y PIEDRA: Muchas gracias, señor Presidente.
Señor Ministro, como cuestión previa a la interpelación que voy a plantear, quiero decirle que esta Senadora de Eusko Alkartasuna, en la parte que le corresponde en el Gobierno vasco, así como todo el Partido que represento en este momento, estamos absolutamente de acuerdo con las instituciones vascas y con el Gobierno vasco concretamente en cuanto a la negociación que ha llevado a cabo hasta el momento sobre el concierto. En este sentido, quiero manifestarle que si en algún momento, incluso hasta este mismo instante, hubiéramos pensado que de alguna manera la presentación de esta interpelación podría representar una piedra más en el camino, desde luego, hubiese sido retirada. Y, en este contexto, quisiera que esta interpelación transcurriera del modo más sosegado posible. Hoy se ha hablado mucho del espíritu navideño pero, aunque no estuviéramos en estas fechas, también se lo diría de la misma manera.
Sobre todo, quisiera que sirviera para aportar claridad y serenidad al debate.
Señor Ministro, considero que es muy necesario aclarar una serie de cuestiones que probablemente ni esta misma Cámara tiene del todo claras, ni mucho menos la opinión pública. Creo que por encima de las discrepancias de tipo técnico o económico, que por supuesto existen, hay una cuestión de fondo que afecta a la esencia del propio Concierto y es la que me ha motivado a traer aquí esta interpelación. No voy a entrar en detalles, lo que además no me corresponde en absoluto. Desde luego, se trata de una discrepancia total en cuanto al tratamiento político, porque desde el punto de vista de esta Senadora de Eusko Alkartasuna,

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ni legal ni legítimamente puede convertirse en un proyecto de ley del Gobierno lo referente a la prórroga de la Ley de 12/1981, de 13 de mayo, del Concierto Económico si este proyecto previamente no ha sido acordado según la esencia del propio concierto y su naturaleza de pacto, de acuerdo bilateral.
Como bien sabe el señor Ministro, el concierto previsto en el artículo 41 del Estatuto de Autonomía de Guernica significa que las relaciones de orden tributario entre el Estado y el País Vasco vendrán reguladas mediante el sistema foral tradicional de concierto económico o convenio.
Y en el mismo artículo 41 --por supuesto, no voy a hacer referencia a todo el artículo pero sí a algunos aspectos que me interesa resaltar --se establecen los principios y las bases que debe respetar y a los que debe acomodarse el régimen de concierto. Por ejemplo, el apartado d) establece que la aportación del País Vasco al Estado consistirá en un cupo global, integrado por los correspondientes a cada uno de sus territorios, como contribución a todas las cargas del Estado que no asuma la Comunidad Autónoma. Esta es la esencia del nuevo concierto.
Por eso hago notar aquí los términos en los que el Estatuto recoge el actual concierto. En primer lugar, las aportaciones que de él se derivan lo son del País Vasco, no hay cupos territoriales. Esta es la primera cuestión que querría resaltar tanto para conocimiento de la propia Cámara como de la opinión pública, porque en estos rifirrafes, yo diría que no consustanciales pero sí concurrentes con las discrepancias de la negociación, han surgido unas interpretaciones que, desde mi punto de vista, no son las que se corresponden con la literalidad y la interpretación cabal de la Ley del Sistema de Concierto y de la tradición que sustenta la propia disposición adicional primera de la Constitución.
En el sistema foral tradicional la paridad y el previo acuerdo entre el Gobierno del Estado y la representación --igual el número-- del Gobierno Vasco y las instituciones de los territorios históricos o forales son consustanciales a la naturaleza del concierto en cuanto a sistema paccionado, así reconocido por la Ley y el ordenamiento jurídico. La actual Ley de Concierto prevé, incluso en su disposición final primera, que el desarrollo reglamentario del presente Concierto --son aspectos que no están directamente relacionados con el tema que trae esta interpelación, que es la prórroga, pero que pueden aclarar muy bien la posición que yo estoy sustentando en cuanto a la falta de legitimación o legitimidad para presentar ese proyecto de ley-- se realizará de mutuo acuerdo entre el Gobierno del Estado y una representación del Gobierno vasco, repito otra vez, y las instituciones competentes de los territorios históricos.
Por último, señor Ministro, insisto en la disposición adicional primera que ampara y respeta los derechos históricos de los territorios forales y dispone que la actualización general de dicho régimen foral se llevará a cabo, en su caso, en el marco de la Constitución y de los Estatutos de Autonomía. La disposición adicional primera del Estatuto de Guernica, además de establecer esa cláusula de reserva de los derechos que hubieran podido corresponder al pueblo vasco en virtud de su historia, hace referencia a su actualización, de acuerdo con el ordenamiento jurídico.
Por eso, el marco actual del Concierto --no de los conciertos-- es éste al que yo me he referido; es un sistema de reconocimiento, desde mi punto de vista, de la soberanía tributaria, o mejor, si quiere usted las palabras exactas que se recogen, es el sistema por el que han de ponerse de acuerdo el Gobierno del Estado y las instituciones de los territorios históricos en la tributación del País Vasco.
En este contexto es inaceptable, tanto desde el punto de vista jurídico, como político o institucional, la prórroga unilateral del concierto porque además se han aducido para esta prórroga cuestiones de tipo instrumental o incluso práctico; por ejemplo, se aduce en la propia memoria explicativa, que es muy corta, un presunto vacío legal o una inseguridad jurídica de no aprobarse con acuerdo a la nueva Ley de Concierto. Yo entiendo que este planteamiento no puede hacerse sino desde la voluntad política de demorar tal acuerdo, de no llegar nunca al acuerdo o de intentar someter a la otra parte, al Gobierno de Instituciones vascas, en este caso, las condiciones no asumidas de grado y por acuerdo, sino en virtud de la fuerza --no la fuerza física-- de las circunstancias, o la fuerza del tiempo o la fuerza del plazo. Esto tiene, desde mi punto de vista, un nombre, señor Ministro, que va más allá de la deslealtad institucional, pero que yo no voy a mencionar aquí porque realmente he hecho referencia a ese espíritu sosegado en el que quiero mantener esta interpelación.
En mi opinión, además, tal situación de vacío e inseguridad, insisto, no existe porque entiendo, señorías, señor Ministro, que no es posible volver a la situación anterior a la Ley 12/1981, de 13 de mayo, aun cuando no se llegara el 31 de diciembre de este año a una ley que sustituyera a la anterior, una vez transcurridos sus veinte años de vigencia. El concierto como institución y como desarrollo del Estatuto ha sido objeto ya de acuerdo al establecerse no solamente en el Estatuto, sino en la propia Ley 12/1981 y en sus modificaciones posteriores tanto las condiciones, como el detalle en que se desarrollan. Yo entiendo que el mandato que se contiene en el artículo 41 del Estatuto sobre las relaciones tributarias en el País Vasco con el Estado ha sido ya cumplido en ese sentido. Lo que entiende esta Senadora de Eusko Alkartasuna es que en este caso y a día 19 de diciembre, si no se ha producido en estas últimas dos horas, no ha habido quizá un acuerdo sobre el contenido material y concreto de la nueva Ley del Concierto. Es decir, el acuerdo en términos estatutarios en lo que en otro tipo de competencias podría llamarse la transferencia, se ha producido. Hay un desacuerdo sobre el contenido material de la nueva ley. Por esa razón --y no hago un análisis peregrino, sino avalado por interpretaciones doctrinales-- no viene al caso hacer referencia a esa presunta inseguridad jurídica o vacío legal.
Lo grave o lo ineficaz, porque es nulo de pleno derecho, es la prórroga unilateral, que es anticonstitucional y antiestatutaria. En términos históricos nos encontraríamos en un caso que hubiéramos calificado, si estuviéramos en la situación anterior, de contrafuero. En tales términos se obedece, pero no se cumple. Pensaba emplear una expresión jurídica y política, pero en este caso voy a hacer referencia

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únicamente a una expresión más suave, cual es ignorar que tal desmán político se ha producido porque debemos esperar de una elemental visión de Estado, de ésa a la que hacen referencia tantas veces, que esta prórroga no se materialice siquiera en su tramitación.
Desde luego, nosotros tenemos que darla por no presentada en coherencia con una posición abierta e interesada, impulsora de la negociación y, por supuesto, de la negociación para alcanzar el acuerdo. A mayor abundamiento --insisto-- esa prórroga no es necesaria porque puede llegarse a un acuerdo antes del 31 de diciembre y porque la ley podría tener perfectamente un carácter retroactivo, como en el caso de la Ley de 13 de mayo de 1981. Les recuerdo que la Ley de 13 de mayo entró en vigor con carácter retroactivo a primeros de enero del mismo año. Por otra parte, las normas forales no tendrían problemas porque continuarían vigentes ofreciendo la necesaria seguridad jurídica.
Señor Ministro, señorías, la doctrina avala las tesis de interpretación de la disposición adicional primera y del Estatuto a que he hecho referencia y, sobre todo, de la naturaleza pactada del concierto, así como de la titularidad de la institución trasladada por el Estatuto al Gobierno del País Vasco y la conversión de aquellos conciertos en el actual concierto, con la participación por supuesto de las instituciones forales.
No se pueden calificar aquí de sospechosas unas tesis nacionalistas, cercanas o proclives al señor Herrero de Miñón avaladas en su obra «Derechos Históricos y Constitución». Yo me la he repasado estos días porque no es la primera vez que la leo. Si se aprecian las intervenciones sobre este tema y sobre el momento en que los famosos recursos contra determinadas normas forales llamadas «beneficios fiscales» estaban en Europa, y si leen ustedes al señor Alonso Olea o al señor García Añoveros, observarán que en este punto no tienen ninguna duda sobre estas tesis o esta forma de entender la imposibilidad de llevar adelante, desde el punto de vista del concierto, nada que no sea previamente pactado.
En el País Vasco existen también tratados interesantes a este respecto y no solamente referidos al concierto económico, sino al Estatuto vasco en su generalidad. Si no los conoce, le recomiendo que lea un libro que coincide con las tesis de los profesores a los que he apuntado, sobre todo, con Herrero de Miñón: Se trata de «La Teoría Institucional del Estatuto Vasco», editado por la universidad de Deusto y cuyo autor es un profesor de dicha universidad, el doctor Javier Caño.
Más allá de la doctrina, desde el punto de vista político es innecesaria esta prórroga que hemos considerado como una piedra en el camino de la negociación y como una agresión. No es responsable enturbiar cada día que precede a una negociación porque se oscurece el clima de dicha negociación cuando se manifiesta que si para mañana esto no está acordado, al día siguiente en el Consejo de Ministros se aprobará una prórroga; porque no es bueno decir que si no se negocia con el Gobierno se negociará con las diputaciones de una en una, cuando usted sabe muy bien que eso no lo puede hacer; porque sería ilegal, y porque, insisto, el cupo es global, la negociación también es global con el País Vasco y, por supuesto, con los representantes de las instituciones forales. Por tanto, como no es posible, y yo sé que usted sabe que no lo es, acudir a esa vía, entiendo que no es prudente que se hagan ese tipo de manifestaciones que enturbian las relaciones normales, con las que se debe ir a manifestar las discrepancias puntuales, que pueden ser importantes pero que, al final, no dejan de ser --sobre todo si se está de acuerdo con la naturaleza pactada del concierto-- eso, discrepancias puntuales.
Yo creo que todas estas estrategias, afortunadamente, pueden dejar de tener vigor, porque además no dan resultado. Hoy estamos a 19 de diciembre y no...


El señor VICEPRESIDENTE (Prada Presa): Senadora De Boneta, concluya por favor.


La señora DE BONETA Y PIEDRA: Termino, señor Presidente.
Hoy es 19 de diciembre e incluso estamos en plazo; yo le recuerdo que usted decía que hasta el día 20 de diciembre estábamos a tiempo, aproximadamente, por supuesto, sin leyes de prórroga ni nada por el estilo. Yo creo que el plazo existe hasta el último día y la última hora: 31 de diciembre, 12 de la noche, de 2001. Por eso yo le pido, señoría, puesto que no hace más que enturbiar la negociación y no va a valer además para nada, que retire usted la Ley de prórroga, porque es un error, porque no cabe jurídica ni políticamente, y porque frente al concierto, sea su desarrollo o su prórroga, tiene que haber un previo pacto.


El señor VICEPRESIDENTE (Prada Presa): Le ruego concluya, Senadora De Boneta.


La señora DE BONETA Y PIEDRA: Termino, señor Presidente, instando y solicitando al señor Ministro que ponga su voluntad política y su tiempo al servicio del pacto. Por eso le digo que tenemos aún tiempo y que espero su respuesta satisfactoria a este respecto.
Nada más y muchas gracias.


El señor VICEPRESIDENTE (Prada Presa): Gracias, Senadora De Boneta.
Tiene la palabra, en nombre del Gobierno, el señor Ministro de Hacienda para contestar a la interpelación.


El señor MINISTRO DE HACIENDA (Montoro Romero): Muchas gracias, señor Presidente.
Senadora De Boneta, desde luego esta interpelación, como ha puesto de relieve su señoría, tiene su significado político, y también lo tiene que presentar usted la interpelación en el día de hoy, porque mañana es el día en el Congreso de los Diputados que va a pronunciarse sobre la Ley de prórroga del Concierto Económico del País Vasco. Como conocen sus señorías, sólo hay una enmienda a la totalidad de Izquierda Unida, que se presentará mañana; es decir, que ni su representante, la Diputada de Eusko Alkartasuna en el Congreso de los Diputados, ni el Partido Nacionalista Vasco presentan mañana enmiendas a la totalidad

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a la Ley de Prórroga, sino que lo hace Izquierda Unida, que es un grupo que, además de estar presente en el Parlamento Vasco, también lo está en el propio Gobierno de Euskadi, lo cual tiene también un alto significado: que uno de los grupos que hasta es miembro del Gobierno presente una enmienda a la totalidad, pero que no lo haga el resto de los grupos. De cualquier manera, sus señorías del Partido Nacionalista Vasco tendrán también oportunidad de pronunciarse sobre la Ley de Prórroga del Concierto en el Pleno del Senado que se ha programado.
Yo lo que voy a hacer es explicar a la Cámara, y a través de ésta a la opinión pública, cómo hemos llegado a esta situación, a la Ley de prórroga del Concierto. La ley del Concierto vence, como sus señorías saben, este año 2001, después de estar vigente durante veinte años, a lo largo de los cuales ha registrado cinco modificaciones que la han puesto de actualidad, que han revisado sus contenidos, la última de ellas en el año 1997, a la que su señoría ha hecho referencia. La Ley del Concierto ha sido pues modificada; es una ley viva; no es una ley sólo que haya llegado tal y como fue publicada en el «Boletín Oficial del Estado» en el año 1981, sino que ha sido modificada e incluso podemos decir que mejorada. Tras la última modificación de la Ley del Concierto en el año 1997, el señor Ibarretxe, actual Lehendakari, entonces Vicelehendakari del Gobierno vasco, declaró que esa modificación supone un gran paso desde el punto de vista del autogobierno vasco, porque profundiza en algo muy querido como es tener mayor capacidad para establecer los impuestos, para recaudarlos y gestionarlos. Esas son las palabras del señor Ibarretxe en el año 1997.
Por tanto, estamos ante un buen concierto económico. La Ley del Concierto Económico de 1981, perfeccionada por las modificaciones posteriores, nos ha llevado a que en este año, el año de caducidad de esa ley, tengamos un buen concierto económico, un buen concierto económico que ha permitido, señorías, que haya una plenitud de autogobierno en materia fiscal en el País Vasco. Ese es el saldo, que es enormemente positivo. En la España del Estado de las Autonomías, Euskadi, también Navarra, ha podido desarrollar plenamente las haciendas forales, las diputaciones forales, que son la esencia misma --insisto-- de la soberanía fiscal de Euskadi.
Se han desarrollado plenamente y, por tanto, tras 20 años debemos sacar un balance positivo. Y es la Ley del Concierto la que dota de virtualidad la capacidad de los territorios históricos, tanto para mantener como para establecer y regular su propio régimen tributario. Es la Ley del Concierto, sustentada en la Constitución Española y en el Estatuto de Autonomía de Euskadi, la que plasma, la que hace virtual esa capacidad de los territorios históricos, es decir, de las diputaciones forales. Lo que hace la Ley del Concierto es plasmar esa capacidad de los territorios históricos desde las diputaciones forales, porque ésa es la historia de Euskadi, y desde esa historia estamos remontándonos al pasado de Euskadi, y el concierto, es decir el establecimiento de la relación entre la Hacienda foral y la Hacienda estatal, siempre ha tenido como referencia a los territorios históricos, siempre la ha tenido hasta la creación de la Comunidad Autónoma de Euskadi en el Estado de las Autonomías actual, en el Estado que marca la Constitución Española. Esa es la historia, pero siempre ha habido un concierto entre los territorios forales, entre las diputaciones forales y la Hacienda del Estado y, por tanto, la novedad que establece nuestro régimen jurídico constitucional es la de incluir una nueva figura, que es, en definitiva, la figura de la Comunidad Autónoma, de su ejecutivo, pero no es la figura sustantiva; la figura histórica son las diputaciones forales, que --insisto-- son las que ejercen realmente ese régimen tributario, en concordancia con la Hacienda estatal. Así pues, la Ley del Concierto, señorías, es la que determina los puntos de conexión que permiten conocer cuándo se entiende producido el rendimiento de un impuesto en el territorio, de una diputación foral y la normativa común o foral por la que se debe regir este pago. Eso es lo que hace la Ley del Concierto. Por consiguiente, sin esa ley no hay determinación de hechos imponibles sujetos a las diputaciones forales, sin esa ley sustantiva y vital no existe hecho imponible y, por tanto, estamos vaciando de contenido a las propias diputaciones forales.
Esa es la realidad que se deriva de nuestro ordenamiento --insisto-- no ya constitucional, sino jurídico. La Ley del Concierto no puede dejar de existir, no puede decaer, porque si lo hace, decaen las diputaciones forales y quien mantenga la tesis contraria de que basta el Estatuto de Autonomía, está desconociendo lo que es la Ley del Concierto y está explicándoselo de una manera negativa e incluso --y voy a decirlo con toda claridad en la tribuna-- falsa a los ciudadanos y a los contribuyentes. Si no tenemos Ley del Concierto, estamos ante un vacío jurídico fundamental y ese vacío jurídico fundamental, básico para el ordenamiento de las diputaciones forales, es algo que el Gobierno de España no puede permitir. No puede permitir que se produzca este vacío porque, en definitiva, provocaría que el 20 de enero, cuando los sujetos pasivos tuviéramos que hacer los primeros ingresos en las diputaciones forales, se generarían tal cantidad de pleitos, íbamos a entrar en una incertidumbre económico-fiscal tan gravísima, que es lo que ha movido al Gobierno a promover una prórroga de esa Ley del Concierto.
¿Qué es lo que se prorroga, señorías? La ley acordada, sin cambiar nada, ni una coma; como tampoco se cambia el cupo, como ha dicho el Lehendakari; no hay cambio del cupo. El Lehendakari en esto se ha equivocado, otra vez más; otra nueva equivocación --y voy a decirlo con suavidad en la tribuna--: se ha equivocado. Alguien le ha informado, impropiamente, de que en los Presupuestos Generales del Estado para el año 2002 no hay actualización. Y no hay actualización, señoría, por lo que usted decía muy bien: porque no puede haberla, ya que no ha habido acuerdo. Pero, insisto, no se puede decir a la sociedad vasca que el Gobierno pretende, en los Presupuestos Generales del Estado para el año 2002, actualizar el cupo, porque no es verdad, señoría; no es cierto; hay que leerse los Presupuestos Generales del Estado, y saben ustedes que es un poco pesado --lo reconozco, y lo digo cada vez que hablo desde la tribuna pública--: los presupuestos son un poco pesados, pero, fíjese, en el propio libro de introducción, que por supuesto tiene su casete y que entra con gran facilidad, en

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el ordenador, y por tanto no hay que ser muy experto en nada, ni en informática ni en uso de ordenador ni en lectura profunda de la entraña de los presupuestos, en el libro amarillo se dice así: la cifra que aparece del cupo del País Vasco estará sujeta a esa actualización, una vez que se consiga el acuerdo.
Pero ¿qué es lo que ha ocurrido, señorías? Que el Gobierno español está trabajando por el acuerdo desde que comenzó el año 2001. Yo ya promoví, en mi condición de Ministro de Hacienda, en el mes de febrero una reunión con la entonces Vicelehendakari para llevar adelante los planteamientos de contenido técnico en cuanto a renovación de ese concierto. Como usted recordará, en el año 2001 ha habido elecciones anticipadas en Euskadi, y eso impidió, no ya el acuerdo, sino los trabajos de orden técnico hasta que no se celebraron esas elecciones y se constituyó el nuevo Ejecutivo.
El tiempo pasó, pero a últimos de julio el Gobierno español ya estaba llamando para decir que había que renovar la negociación, porque la Ley vencía el 31 de diciembre.
Que la Ley venza el 31 de diciembre significa que sin ley íbamos a producir un vacío jurídico, y quiero entender --y mañana lo explicaré en el Congreso de los Diputados-- que es un criterio relativamente compartido también por el PNV y por Eusko Alkartasuna, razón por la que no se oponen en forma de enmienda a la totalidad a la Ley de Prórroga, porque sería muy grave que se produjera ese vacío jurídico. Estamos ante una situación nueva que, efectivamente, está creada porque no hemos sido capaces de llegar a ese acuerdo, y estamos ante una situación nueva derivada de que no se ha utilizado eficientemente el tiempo disponible.
Pero, el tiempo es el que es, señorías; la Ley del Concierto es una ley que caduca el 31 de diciembre de este año, y no puedo compartir con su señoría --y utilizo el mejor de mis tonos-- el criterio que ha expuesto aquí. Ha dicho: no pasa nada si no está en vigor la Ley del Concierto el 1 de enero del año 2002. Sí pasa, señoría; sí pasa. Pasa algo muy grave para las diputaciones forales, para el ejercicio básico de la hacienda foral, señoría; sí pasa. Y dice su señoría: basta con que se llegue un acuerdo antes del 31 de diciembre. ¿Cómo que basta con que lleguemos a un acuerdo, señoría? No. ¿Cómo puede decir eso? El acuerdo no se puede concretar en una ley, señoría; aunque es la voluntad del Gobierno llegar cuanto antes, el 31 de diciembre ahora se nos ha quedado como una fecha de carácter político. Y dándole ese sentido político, lo que tengo que decir con toda claridad es que, aunque lleguemos a ese acuerdo antes del 31 de diciembre, y la disposición del Gobierno es la de llegar a ese acuerdo antes de esa fecha, tendremos que tramitar una nueva ley, tendremos que traducirlo a una nueva ley, y no voy a explicar a su señoría cuáles son los plazos de la misma. Por tanto, no podemos vivir durante semanas o durante meses en un vacío jurídico, señorías, porque por mucho que estableciéramos ese carácter retroactivo, que sería muy discutible, lo que no podemos hacer es dejar pendiente de un acuerdo la entrada en vigor de una ley tan esencial como es el la del concierto, señorías.
El Gobierno español se ha encontrado ante una falta de acuerdo. No me voy a extender sobre este punto, pero ¿sabe por qué no lo hemos alcanzado? Por falta de voluntad política de la otra parte, señoría, porque el Gobierno español ha estado dispuesto a llegar a él. Ha motivado, ha sustanciado ese acuerdo en una propuesta de modificación de modernización del concierto. Ha llevado adelante propuestas para la actualización del cupo muy moderadas. Pero ese acuerdo no ha sido posible. Con el ánimo de conseguir ese acuerdo, incluso agradezco esta interpelación, señoría, pero sí insto, tanto a su Grupo como al Grupo Parlamentario de Senadores Nacionalistas Vascos, a que animen, a que estimulen a los protagonistas de esa negociación para que consigan ese acuerdo, porque es necesario e importante, y somos conscientes de esa necesidad y de esa importancia, sobre todo a la hora de modernizar ese concierto, porque entendemos que puede mejorar. Además, puede mejorar en un elemento básico: que no vuelva a darse una situación política como la de 2001.
El concierto debe ser indefinido porque, en efecto, una ley de esta naturaleza no puede estar sujeta a caducidad. Eso es lo que ha ofrecido el Gobierno de España desde el primer momento: un concierto económico indefinido, un concierto que establezca con carácter permanente esa relación entre la Hacienda Foral y la Hacienda del Estado, y luego, por supuesto, que sea revisado, como lo ha sido éste. Este concierto ha sido bueno, ha permitido asentar la foralidad dentro de la España de las Autonomías y, por tanto, el Gobierno español se ha visto obligado, utilizando los plazos que tiene la tramitación parlamentaria, a promover esa prórroga; prórroga que era el último de los motivos, la causa última que teníamos entre manos para evitar el vacío jurídico y, en definitiva, evitar una situación tan peligrosa para la misma existencia de la Diputación Foral como la que se habría producido sino hubiese estado en vigor esa ley del concierto el 1º de enero. Ahora, con toda seguridad, tendremos esa ley en vigor el 1º de enero, lo que también nos permitirá negociar con más tranquilidad sobre lo que debe ser el futuro y acercarnos a esa negociación en los próximos días, pero --insisto-- desde la vigencia de una ley que nos va a permitir negociar a sabiendas de que los contribuyentes y la Haciendas Forales tienen un marco jurídico claro a partir del 1º de enero del año 2002.
Gracias, señor Presidente. (Aplausos en los escaños del Grupo Parlamentario Popular.)

El señor VICEPRESIDENTE (Prada Presa): Gracias, señor Ministro de Hacienda.
Tiene la palabra la Senadora De Boneta.


La señora DE BONETA Y PIEDRA: Gracias.
Voy a intentar responder a todas aquellas cuestiones que ha planteado aquí el señor Ministro.
A mí no me tranquiliza en absoluto esa prórroga, y no porque no me guste, sino porque la considero completamente ilegal. Me parece que no es válida una prórroga unilateral, con lo cual, desde el punto de vista del desacuerdo sobre el fondo de la cuestión y de una nueva ley de concierto, me produce la misma intranquilidad. Tengo la

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misma tranquilidad con ella que sin ella, sólo que me parece lesiva para el espíritu y para la esencia del propio concierto. No digo que esa prórroga pretenda modificar la actual ley del concierto; pretende modificarla en cuanto que la prorroga es sin acuerdo de la otra parte.
En segundo lugar, me dice que la presentación de mi interpelación tiene sentido político. Señor Ministro, yo no vengo al Senado a hacer calceta, por ejemplo, aunque no sea muy propio decirlo en este momento. Tiene sentido político, aunque no lo tenga en cuanto al momento, pero yo no lo elijo, lo elige la Mesa, y la tramitación normal, como usted bien sabe, ha hecho que se diera esta coincidencia. Hoy es la víspera de mañana, efectivamente, pero no pasa nada más; al menos no lo he buscado yo.
Me dice usted que el Lehendakari, que en la última modificación era Vicelehendakari, dijo que era un buen acuerdo para el País Vasco. Yo también lo recuerdo, pero no me estoy refiriendo a esa modificación, y, además, no he puesto en tela de juicio ninguna cuestión de detalle del propio concierto.
Ha hablado también de la esencia misma de la soberanía fiscal, de la historia de las Diputaciones, y de todas esas cosas. Efectivamente ésa es nuestra historia, pero también es cierto que todos los tratadistas, y la doctrina en general, coinciden en que el sujeto político, como consecuencia del Estatuto de Autonomía, es el País Vasco y sus instituciones, obviamente nuevas, sin perjuicio de que las Diputaciones materialicen el ejercicio de la actividad recaudatoria, de la normativa foral, etcétera, y sin perjuicio tampoco de la capacidad legislativa del Gobierno vasco en muchos aspectos derivados de la Hacienda vasca e incluso de la coordinación de la legislación, de la normativa foral, de las Diputaciones en este aspecto. Con lo cual, señoría, lo que usted dice no se contradice en absoluto con lo que digo yo, pero usted se queda en la etapa previa al Estatuto y yo hablo de la postestatutaria.
Me dice usted también que el Estatuto en absoluto puede recoger la vigencia del concierto, que está establecida en la propia ley. A este respecto, ha dicho usted que lo que yo decía es falso. Mire usted, señor Ministro, yo no quiero decir que usted miente, pero sí que interpreta este asunto de una forma distinta a como lo hago yo, además de otra más autorizada que yo. (El señor Vicepresidente, Rojo García, ocupa la Presidencia.) Yo no le estoy hablando de mentiras ni de verdades, yo estoy diciendo la verdad desde esta tribuna, una verdad que creo está fundamentada, y le he hablado de una serie de teorías al respecto desde el punto de vista doctrinal.
El Gobierno efectivamente no actualiza el cupo para el 2002, y me voy a referir sólo a la última parte de su intervención. Dice usted que ha habido elecciones en el País Vasco en el año 2001. Es evidente, ha habido elecciones y ustedes no quisieron hablar del tema hasta que finalizara ese período electoral, probablemente porque pensaban que sus interlocutores iban a ser otros. En todo caso, recojo unas declaraciones al respecto del día 10 de enero de 2001 en las que ponían en duda la voluntad negociadora de la otra parte, en tanto que ésta respondía preguntando cuándo y cómo se reunían, pero no se reunieron. Efectivamente se plantean las negociaciones en agosto, no en septiembre, pero a primeros de noviembre ya empiezan ustedes a hablar de la prórroga, y se mantienen ustedes es esa estrategia como amenaza para plantear una negociación en términos de desigualdad.
Señoría, lo único que le he dicho es que, al margen de los días que sean necesarios para cumplir aquí la tramitación de la ley e incluso aunque se produzca después del de 1º de enero (puede tener carácter retroactivo, no hay ningún problema) yo no me sentía más o menos insegura por el hecho de que hubiera esta ley de prórroga, pues yo no creo en ella, no creo en su legalidad. Por tanto, señoría, le anuncio la presentación de una moción instándole a la retirada de esta prórroga, instándole al acuerdo, instándole a que se pacte una ley, de concierto, tal y como establece la ley, y los derechos y la soberanía fiscal de nuestro país requieren. Si esto se produjera antes de la tramitación de la moción, ésta sería retirada.
Insisto en que en mi ánimo no existe ninguna voluntad de interferir, entorpecer o enturbiar las relaciones, y en que yo no voy a decir que el Ministro miente, sino que interpreta la ley de forma distinta a como yo lo hago.
Nada más, y muchas gracias.


El señor VICEPRESIDENTE (Rojo García): Gracias, Senadora De Boneta.
En nombre del Gobierno tiene la palabra el Ministro de Hacienda.


El señor MINISTRO DE HACIENDA (Montoro Romero): Gracias, señor Presidente.
Señora De Boneta, señorías, cuando yo he dicho que algo era falso, me refería a declaraciones públicas relativas a la actualización del cupo.
Me he referido a eso y no a otra cosa, y no sé exactamente a lo que se refería su señoría.
En cualquier caso, emplazo a su señoría, como representante político, y al Grupo de Senadores Nacionalistas Vascos a que hagan declaraciones públicas diciendo que no se produce vacío jurídico si la ley del concierto no existe. Señorías, es tan obvio que se produce un vacío jurídico tan grave y tan perjudicial para las Hacienda Forales, que les animo a que hagan ustedes la declaración contraria, háganlo ustedes como partido político. Háganlo, porque eso abre una perspectiva, porque han llegado a decir que, políticamente, no aceptan la prórroga. ¿Cómo que políticamente? Ustedes tendrán que cumplir las leyes. Señorías, las leyes están para cumplirlas. No hagan ese tipo de declaraciones porque eso es hacer un llamamiento a la insumisión fiscal en Euskadi frente a las Diputaciones Forales. Están ustedes yéndose a la esencia misma de las instituciones forales.
Señoría, si realmente no hay una definición legal de lo que es la relación tributaria de una Diputación Foral, ¿cómo pueden esperar que paguen los impuestos los contribuyentes? ¿Usted cree que el Ministro de Hacienda es un recaudador gracias a las llamadas que hace a los contribuyentes a través de los medios de comunicación? ¿O es sencillamente un gestor de una ley? Decir que la relación

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tributaria no se establece a través de la ley, es un argumento formidable, señoría, permítame esa expresión.
El Gobierno español estaba obligado, era su obligación evitar el vacío jurídico precisamente para preservar la foralidad de Euskadi, a eso estaba obligado. Ese es el único sentido de los anuncios de la ley de prórroga.
Cuando el Consejo de Ministros adopta esa iniciativa y remite un proyecto de ley a las Cortes Españolas, es porque ya no hay más calendario. ¿O es que su señoría, cuando venga a votar esa ley --o a no votar, eso ya lo decidirán ustedes--, lo va a hacer en un Pleno programado en el Senado? ¿O es un Pleno fuera de programa en el Senado, que es el que está hecho para el día 27? ¿No hemos apurado los plazos antes de acudir a este sistema de prórroga? Señoría, hemos apurado hasta el último momento y, como decía, no ha sido posible el acuerdo hasta ahora. La voluntad del Gobierno sigue siendo llevar adelante aquellas reformas de la ley del concierto que permitan materializar ese acuerdo. Esa es la voluntad del Gobierno. Seguimos trabajando, y la próxima semana seguiremos reuniéndonos también a esos efectos. Seguiremos teniendo reuniones con el Ejecutivo vasco, con las diputaciones a su máximo nivel, con los Diputados Generales.
Nuestra intención es llevar adelante todo lo que se materialice en un acuerdo. Pero, sin no hay acuerdo --ése es el escenario que su señoría tiene que abrir políticamente--, ¿qué ocurre, señoría? Hágase una última pregunta de profundo sentido político. ¿Quiénes están pretendiendo que no haya una ley de acuerdo vigente a partir del 1í de enero del año 2002? ¿A quién le interesa que Euskadi no tenga una ley sustantiva para que, en definitiva, las Haciendas Forales puedan hacer su labor ordinaria? ¿Quién está pretendiendo esto? Desde luego, el Gobierno español está haciendo todo lo contrario. Está protegiendo lo más fundamental y lo más sustantivo del autogobierno en materia fiscal, en materia financiera, de Euskadi, que son las Diputaciones Forales. Esa es la actitud y el sentido de la prórroga; ése es el sentido político de esa prórroga.
Yo celebro que hayamos tenido este debate esta mañana aquí. Celebro que el calendario del Senado haya vuelto a ser tan interesante como para que, en momentos cruciales, como son los momentos previos a la tramitación parlamentaria de la prórroga de la ley del concierto, hayamos tenido esta mañana este debate dándole el protagonismo que, en definitiva, merece el Senado. Por eso decía que no hay que interpretar de otra forma el debate que acabamos de celebrar aquí.
Yo quiero cerrar este debate resaltando que la posición del Gobierno es buscar ese acuerdo y que hemos promovido la prórroga precisamente para evitar el vacío jurídico fiscal que se produciría en Euskadi, en sus Diputaciones Forales que, insisto, son la esencia misma del autogobierno de Euskadi --además de las otras instituciones--, son la esencia que viene de su historia, como usted misma ha reconocido. La esencia de lo que llamamos Euskadi --Euskadi inscrito en la España de las Autonomías, en la España de nuestra democracia--, es precisamente la Diputación, que es la que ha tenido históricamente esa relación con la Hacienda del Estado a través del concierto. Esa es nuestra historia y no la que quieren escribir otros, que ya sabemos que son historiadores muy sobrevenidos, que cuentan las cosas de una manera que no se corresponden con la realidad que ha hecho que los territorios históricos hayan sido parte de España durante siglos.
Muchas gracias. (Aplausos desde los escaños del Grupo Parlamentario Popular.--Una señora Senadora: ¡Muy bien!)

--DE DON RAMON ALEU I JORNET, DEL GRUPO PARLAMENTARIO ENTESA CATALANA DE PROGRES, SOBRE LA POLITICA QUE PIENSA LLEVAR A CABO EL GOBIERNO PARA PROMOVER EL CUMPLIMIENTO DE LA LEY 11/1997, DE 24 DE ABRIL, DE ENVASES Y RESIDUOS DE ENVASES, EN CUANTO A LA PRIORIDAD DE LAS MEDIDAS QUE EVITEN LA PRODUCCION DE RESIDUOS DE ENVASES (670/000109).


El señor VICEPRESIDENTE (Rojo García:): A continuación, pasamos a la interpelación del excelentísimo señor don Ramón Aleu i Jornet, del Grupo Parlamentario Entesa Catalana de Progrés, sobre la política que piensa llevar a cabo el Gobierno para promover el cumplimiento de la Ley 1/1997, de 24 de abril, de envases y residuos de envases, en cuanto a la prioridad de las medidas que eviten la producción de residuos de envases.
Tiene la palabra el Senador Ramón Aleu.


El señor ALEU I JORNET: Muchas gracias, señor Presidente.
Señor Ministro, sólo soy responsable de la interpelación, no de la hora.
Le pido disculpas porque después de un debate de muchas esencias, nos toca hablar de un tema que puede parecer poco importante, como son los residuos de envases; sin embargo, pienso que tiene su importancia, que lo podemos compartir, y por ello he planteado esta interpelación.
En la primavera de 1997 las Cortes Generales aprobaron la Ley de Envases y Residuos de Envases como consecuencia de la transcripción a la legislación española de la Directiva Comunitaria 1994/62 de la Comunidad Europea, del Parlamento Europeo y del Consejo de 20 de diciembre.
Todos estamos de acuerdo en la voluntad política que se reflejaba en la ley y en la Directiva. Es decir, estamos de acuerdo en que los envases generan una incidencia perversa en el medio ambiente y aplicamos una serie de medidas para corregir esta situación: primero, evitando la producción; después promoviendo la reutilización; posteriormente el reciclado y finalmente la valoración. En el primer punto de la exposición de motivos hay un párrafo clarificador en este sentido. Posteriormente, en el año 1998, el Gobierno promulgó el Real Decreto 782, de 30 de abril, por el que se aprobaba el Reglamento para el desarrollo y ejecución de la ley; con posterioridad, una Orden de 27 de abril da 1998 estableció las cantidades individualizadas a cobrar en aplicación del sistema de depósito, devolución y retorno.


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Los objetivos de reducción, reciclado y valoración estaban fijados en el artículo 5 de la Ley para el 30 de junio de 2001; por tanto, es bueno que hagamos una revisión, y que lo hagamos en sede parlamentaria, para comprobar si la ley ha incidido realmente en la disminución de los efectos negativos sobre el medio ambiente.
El artículo 3 dice que dentro de sus respectivos ámbitos de competencias, la Administración General del Estado y las Administraciones autonómicas adoptarán las medidas oportunas especialmente relativas al diseño y procesos de fabricación de los envases, con la finalidad de minimizar y prevenir en origen la producción de residuos de envases. Se podrán incluir actuaciones referentes a investigación y desarrollo, etcétera.
La filosofía de la ley --que compartimos-- es que el sector que produce los envases sea el que pague el coste o sobrecoste de eliminación de los envases o del reciclaje. En este punto se abre la posibilidad de que el Gobierno prime esto, pero no he sabido encontrar ninguna línea en el Ministerio de Medio Ambiente ni en el Ministerio de Ciencia y Tecnología.
Por tanto, me gustaría preguntar si existe alguna línea abierta en ese sentido y, sobre todo, cómo se puede distinguir que la disminución de envases es debida a la simple lógica del mercado, porque éste tiende a disminuir el peso de los envases, como se puede comprobar en un estudio aleccionador en este aspecto de Danone, o la promovida por la ley. Esta es una cuestión.
Continuamos con el artículo 4 de la ley, que dice que las Administraciones Públicas podrán establecer aquellas medidas de carácter económico, financiero o fiscal necesarias con la finalidad de favorecer la reutilización y el reciclado de los envases. ¿Hay alguna medida adoptada a este respecto? El artículo 4 del Real Decreto dice que dentro de las disponibilidades presupuestarias, las Administraciones Públicas podrán establecer subvenciones y ayudas públicas para fomentar actividades de investigación y desarrollo de inversiones destinadas a la transformación o mejora de las plantas de envasado. Y el punto 3 dice: Con independencia de las anteriores medidas, se podrán establecer igualmente instrumentos económicos, incluidos en su caso los fiscales, que incentiven las inversiones que puedan llevarse a cabo con los mismos fines, expuestos en el primer apartado del presente artículo. ¿Hay alguna actuación en este sentido? El artículo 16.1 de ese mismo real decreto se refiere a la información a los agentes económicos. Dice: Antes del 1º de julio de 1998, y posteriormente con periodicidad anual, el Ministerio de Medio Ambiente elaborará y difundirá un informe en el que se recoja la información relevante sobre los datos señalados en el artículo 16 de la ley y otros de interés general referidos a los logros ambientales alcanzados como consecuencia de su aplicación y la ejecución del Programa Nacional de Residuos de Envases y Envases Usados. ¿Cuántos informes ha hecho el Ministerio de Medio Ambiente hasta la fecha? Yo no he sabido encontrar ninguno en la web del Ministerio. ¿Qué fuentes son las que informan al Ministerio para extraer sus conclusiones? La disposición final quinta crea una Comisión Mixta que tendrá como finalidad el estudio de las posibilidades de reducción de envases de mayor consumo. ¿Puede explicar el señor Ministro el calendario de reuniones de esta Comisión o los temas que en ella se han tratado? Estos son los aspectos formales de la ley susceptibles de cumplimiento, pero lo fundamental es el tratamiento de los envases y de los residuos de envases. ¿Y qué ocurre con los envases? La ley establece en la Sección Primera del Capítulo IV un sistema de depósito, devolución y retorno, que sería el mejor desde la perspectiva medioambiental. Pero sólo hay que darse una vuelta por los mercados y los supermercados para darse cuenta de que eso no se practica, que no ha tenido ninguna incidencia. No solamente no han mejorado los sistemas que ya existían, sino que esa medida ha permitido que los productores de envases piensen que es más fácil pagar y desentenderse del sistema de depósito, devolución y retorno. Por tanto, tenemos un buen sistema en la ley, pero, sencillamente, no se utiliza.
La realidad es que la ley optó desde el primer momento por otro sistema, el definido en la Sección Segunda del Capítulo IV, el de los sistemas integrados de gestión, ya que para el fabricante de envases es mucho más fácil pagar y desentenderse de todo lo que suponga su recogida y promover su reutilización. Pero en nuestra opinión esos sistemas integrados de gestión se están mostrando poco eficaces para el cumplimiento de los fines de la ley. ¿Qué obligaciones se tienen a través de esos sistemas? La recogida selectiva, el transporte a los centros de clasificación, la selección y clasificación, el reciclaje y la valoración, y la financiación del sistema. Y son esos propios sistemas integrados de gestión los que pactan con las Comunidades Autónomas lo que deben hacer ellos y lo que deben hacer unos terceros: los ayuntamientos.
Por otro lado, la ley no prevé que los sistemas integrados de gestión asuman todo el coste que origina la gestión de los envases, sino solamente los costes adicionales o sobrecostes. Eso es legítimo. Algunos Estados europeos, como Alemania o Austria, cuentan con un sistema de recogida de envases que cubre todos los costes, pero como digo, en nuestro caso sólo se tiene responsabilidad respecto del sobrecoste.
Hoy tenemos unos sistemas de contenedores para la recogida de vidrio, de papel y cartón y de envases ligeros mediante los contenedores verdes, azules y amarillos, respectivamente, que existen en todas las ciudades.
No hay ningún problema con el vidrio. El precio que pagan aquellos que lo reutilizan cubre todos los costes y, por tanto, en ese caso, repito, no existe ningún problema ni para los ayuntamientos ni para los fabricantes ni tampoco para Ecovidrio. El único problema es que no acaba de extender toda la red capilar a los municipios pequeños, pero es un sistema que funciona.
En cuanto al papel y al cartón, la incidencia de la ley es muy relativa porque el sistema ya existía antes de su aplicación. El mercado del papel-cartón es muy variable, está muy sujeto a coyunturas; aunque a veces es rentable, normalmente es deficitario. Lo único que han fijado los sistemas

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de gestión es qué porcentaje del papel y del cartón que va a parar a los contenedores se debe a envases; y en función de eso, pagan. Pero parece que eso está sobrevalorado, es decir, que el porcentaje medio, que ellos consideran del 40 por ciento, no se corresponde exactamente a los embalajes que se reciclan.
Finalmente, los envases ligeros --mayoritariamente de plástico-- son la gran innovación de la Ley de Envases y Residuos de Envases y representan aproximadamente un 20 por ciento de la producción en peso y un 50 por ciento en volumen de los residuos urbanos, ya que puede considerarse 100 kilos por persona y año de envases ligeros. De ellos se recoge de manera selectiva una proporción muy baja; hay quien dice que solamente el 5 por ciento, y es muy grave que solamente se consiga eso.
Pero es que en el sistema integrado de gestión, tal como está definido en la actualidad los productores de envases solamente son responsables de la porción de envases que entra dentro del contenedor amarillo, no son responsables de los que se recogen de una manera general dentro de la basura urbana y, por lo tanto, solamente pagan en función de los envases que van a dicho contenedor amarillo. Es el ejemplo más claro de ineficacia: si mejora el sistema, tienen que pagar más y, por lo tanto, promueve que los sistemas integrados de gestión no estén interesados en que el sistema funcione correctamente. Encima, estos sistemas son los que auditan a las Administraciones Públicas para ver si lo que les facturan es correcto o no. ¿Pero quién controla a los sistemas integrados de gestión? En la ley no hay ninguna previsión de control sobre ellos y de que cumplan realmente los objetivos fijados. Los sistemas integrados de gestión dicen que los cumplen, ¿pero se ha verificado? Además no hay sanciones previstas para el incumplimiento de los objetivos.
Por tanto, estamos ante una transferencia de costes y de responsabilidades por medio de la Ley de Residuos Urbanos --que se aprobó con posterioridad--, de los propios sistemas integrados de gestión a las entidades locales, que son las que tienen los contenedores en la calle y tienen la responsabilidad de la recogida y del reciclaje ante la opinión pública.
Los sistemas integrados de gestión --o habría que hablar del sistema integrado de gestión ECOENVES-- no conducen a una mejora sustancial del reciclado y recuperación de los pequeños embalajes de plástico y estructuralmente no parecen interesados en mejorar los resultados. Para conocer la intención del Gobierno ante la inminente revisión de la Directiva Comunitaria hacemos esta interpelación al Gobierno.
Nada más y muchas gracias.


El señor VICEPRESIDENTE (Rojo García): Gracias, Senador Aleu.
En nombre del Gobierno, tiene la palabra el señor Ministro de Medio Ambiente.


El señor MINISTRO DE MEDIO AMBIENTE (Matas i Palou): Señor Presidente, señorías.
Efectivamente el llamado principio de prevención constituye uno de los pilares básicos de la política en materia de residuos --así está recogido en el artículo 1.1 de la Ley básica 10/1998--, y es innegable que el residuo mejor gestionado es el no generado; en esto estamos absolutamente de acuerdo.
En todas las propuestas legislativas y de planificación que nuestro Ministerio viene haciendo en los últimos años este principio está recogido como primera prioridad, y para su puesta en práctica se contempla una serie de medidas para conseguir reducir el volumen de residuos generados en nuestro país y la toxicidad o peligrosidad de los materiales de fabricación, conscientes como somos de que la actual tendencia del aumento de generación del residuo es insostenible a medio plazo. No es menos cierto que estamos ante una competencia, ante una estructura competencial entre las diferentes Administraciones que hay que tener presente siempre en cualquier discusión de estas características.
Usted sabe que las competencias en materia de medioambiente son exclusivas de las Comunidades Autónomas.
En el caso concreto de los residuos de envases y embalajes, las medidas tomadas por nuestro Departamento derivan de la Ley de Envases y Residuos 11/1997 y del Real Decreto que aprueba su Reglamento. Las principales medidas que hemos llevado a cabo son las siguientes; en el Plan Nacional de Residuos se incluye el Programa Nacional de Residuos de Envases y de Envases Usados, obligado por aplicación de la Ley 11/1997, en el que se prevé el capítulo específico de la prevención. Por tanto, establece la obligación de reducción del 10 por ciento en la generación de residuos de envase en el año 2006 con respecto a 1996, con lo que ya tenemos una primera obligación legal.
Por otra parte, en el mismo plan se prevé una reducción del seis por ciento del volumen total de residuos generados en el año 2006 con respecto a 1996. Como usted sabe mejor que yo, hay que tener en cuenta que los residuos de envases representan alrededor del 28,30 por ciento del total de residuos que generamos. Y de ese seis por ciento de reducción total, el tres por ciento se logrará gracias al Programa de Prevención de Residuos de Envases. En este sentido, debo decir que España, con la legislación del Gobierno y de estas Cámaras, es el país dentro de la Unión Europea que se ha trazado unos objetivos más ambiciosos de prevención de estos residuos.
Al hilo de su interpelación, es importante destacar no todas, pero sí algunas otras medidas que se han adoptado: el estímulo a la puesta en el mercado de envases que contengan más unidades de prestación de producto, por ejemplo, envases de detergentes de menor peso y volumen que contengan cantidades de detergente que permitan un mayor número de lavados. Aumento de la proporción de envases reutilizables puestos en el mercado con respecto a los de un solo uso, así como la mejora de las propiedades físicas y características de los envases, de manera que permitan un mayor número de rotaciones en su reutilización. Disminución del peso del envase por unidad de peso de producto envasado, con la penalización del exceso de generación de residuos de envase en la cuota de los sistemas

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integrados de gestión de las empresas que ponen envase en el mercado. La propia cuota del sistema establece una penalización sobre esos productores, en caso de que opten por esa medida. Esta penalización puede no ser lineal, es decir, que se penaliza más que proporcionalmente este exceso de envase. Se trata de una medida de mercado que está en vigor, que castiga económicamente dentro del SIG el sobreembalaje. Por la misma razón, pero aplicada al caso opuesto, se premia los esfuerzos reductores y de prevención dentro de ese SIG. Propuesta de un modelo de cuantificación de las tarifas de vertido, que penaliza siempre el vertido de estos envases. Existen tarifas de vertido que penalizan ese vertido sobre otros. El Programa de Reutilización de Envases trata de conseguir aumentar el uso de envases reutilizables en ciertos alimentos líquidos.
La lista de estos alimentos, lógicamente, puede aumentar, yo no le digo que no, y puede que usted tenga razón en eso, pero, en definitiva, se va por este camino y es el que se está aplicando. Es cierto que hay que incentivar más los acuerdos voluntarios --en eso estamos-- con los envasadores, con los grandes distribuidores y con los comerciantes. Se prioriza el sistema de depósito, devolución y retorno sobre el de adhesión en el sistema integrado.
Después hemos hecho una serie de programas de pedagogía social y de motivación ciudadana, lógicamente con las Comunidades Autónomas y con los ayuntamientos, dirigidos a los consumidores para, entre otras cosas, concienciarles de sus posibilidades personales para contribuir a estos objetivos. Está claro que hay determinados productos que coincido con usted en que se sobreembalan y que se ponen en el mercado con más envases de los necesarios.
Se han hecho estudios de ciclos de vida de envases con vistas a la prevención cualitativa y cuantitativa de residuos y programas de reducción y sustitución de sustancias o materiales en fabricación de envases por otros de menor toxicidad o menos agresivos; en otras medidas se exigen limitaciones de contenidos máximos de ciertas sustancias en las fabricaciones de estos envases. Se prevén programas de I+D+I tendentes a la mejora del diseño de los envases con vistas a aumentar la tasa de reutilización de los mismos. Incluso, está prevista la creación de un capítulo especial dentro del Plan Nacional de I+D destinado a promover estas mejoras tecnológicas sobre envases para permitir su reutilización o bien el alargamiento de su tiempo de uso.
Efectivamente, usted tiene razón en lo relativo a la Comisión Mixta.
Dicha Comisión, que tiene la finalidad y el objeto de analizar estas posibles medidas adicionales, no se ha constituido todavía, pero créame que no es por culpa en este caso del Ministerio de Medio Ambiente. Es la segunda vez que reiteramos a las Comunidades Autónomas que necesitamos que participen, lógicamente, incluso los productores conocen la necesidad y la urgencia de que designen representantes para la participación en esa Comisión Mixta. No obstante, acepto la responsabilidad que en este sentido me corresponde.
En cuanto a los planes empresariales de prevención, esta es una figura novedosa jurídicamente y España ha sido el primer país en exigirlos. Los empresarios que ponen en el mercado los envases están obligados a presentar a las autoridades competentes de las Comunidades Autónomas los llamados planes empresariales de prevención, documentos en los que deberán demostrar la necesidad de usar determinados tipos de envases y, en los casos en que estén embalando sus mercancías con más envases de los necesarios, deberán hacer una previsión y un calendario para reducirlos hasta lo necesario e imprescindible. En los citados planes se deberán tener en cuenta determinados criterios técnicos, que están --eso sí-- ligados a dichos, textos.
Para el cálculo de la eficacia ecológica de estas medidas, se aplica --usted lo sabe-- un coeficiente K, que se calcula de acuerdo con lo establecido en el Reglamento. A este respecto, me permito señalar la extrema dificultad de cuantificar esta prevención. De hecho, ni en la Unión Europea ni en ninguna otra organización internacional existe norma alguna con directrices para realizar el cálculo, ni hay criterios técnicos para ello. Es previsible que en los próximos años se abra un gran debate técnico en el ámbito internacional sobre este punto a fin de que podamos establecer unas normas comunes, ya que, si no sabemos medir de lo que estamos hablando, difícilmente podremos evaluar sus resultados.
En nuestro caso, hemos tomado como referencia el volumen de residuos de envases y población del año 1996 y se compara con ese cociente, es decir, se trata del peso de los residuos de envases generados por habitante y año. Y se utiliza el mismo indicador matemático correspondiente a cada año con el fin de comprobar si efectivamente se están consiguiendo estos objetivos sobre prevención. En definitiva, de lo que se trata es de cuantificar la prevención y, en realidad, lo que se hace es cuantificar lo que no existe pero tal vez podría haber existido.
Otra medida es la relativa a la aplicación de los mismos criterios de responsabilidad al productor de residuos de envases comerciales e industriales que al productor de otros residuos de envases en los casos en los que pueda peligrar el logro de los objetivos ecológicos marcados.
Si es necesario, se tendrá que trasladar la responsabilidad de la correcta gestión de los residuos a las empresas que los ponen en el mercado, en lugar de al último tenedor, como se indica en la Ley 11/1997.
Disponemos ya de experiencia para saber en qué casos es necesario exigir esa responsabilidad a los que ponen los envases comerciales industriales.
El primer ejemplo, que yo creo que usted compartirá con nosotros, es lo que acabamos de hacer con el Real Decreto sobre envases de productos fitosanitarios, donde modificamos esa traslación de la responsabilidad del último tenedor; el funcionamiento del sistema demuestra que no puede asumir esa responsabilidad, y nos interesa que la asuma el productor. Es más que posible que en el futuro tengamos que tomar medidas en más sectores debido a esa experiencia que tenemos ahora de poder distinguir esto.
Al día de hoy, la empresas españolas más importantes están ya asociadas a algún SIG. Los citados textos legales contemplan la posibilidad de que los planes empresariales de prevención sean elaborados y presentados a las autoridades competentes a través de los SIG, cosa que algunos de ellos ya han hecho; pero naturalmente yo quiero manifestar

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que aún existen --es verdad-- empresas que ponen en el mercado envases y, por tanto, que les afectan las obligaciones citadas que, sin embargo, ni los recuperan para reciclarlos ellas mismas ni participan todavía, desgraciadamente, en el SIG. Yo creo que esto hay que ir mejorándolo, y respecto a eso comparto con usted su planteamiento. Deberemos, sin duda, realizar esfuerzos para que esto sea así.
Sinceramente nosotros creemos que además debemos seguir potenciando los acuerdos voluntarios para promover esa reutilización de envases, priorizando siempre el sistema de depósito, devolución y retorno de los mismos. En este caso, efectivamente, se está negociando una nueva directiva, como usted ha dicho, la revisión de la 94-62. Tenemos la intención de aprovechar nuestra presidencia para poder impulsar, en el próximo semestre, la negociación de esa nueva directiva y que nos ayude a mejorar todas estas cosas que usted ha destacado, algunas de las cuales yo comparto, para que efectivamente consigamos que el reciclaje sea una realidad en este país. Pero, insisto, siempre contando con la colaboración de todos, ya que estamos efectivamente ante una cuestión que competencialmente afecta a muchas administraciones, y esa colaboración debe ser extrema.
Muchas gracias, señor Presidente.


El señor VICEPRESIDENTE (Prada Presa): Muchas gracias, señor Ministro.
Tiene la palabra el Senador Aleu.


El señor ALEU I JORNET: Muchas gracias, señor Presidente.
Desde el escaño le diré que le agradezco su intervención, señor Ministro.
Es normal no ya que veamos el mismo vaso usted medio lleno y yo medio vacío, sino que usted lo verá más lleno y yo lo veré más vacío, pero esto entra dentro de lo normal.
Yo le agradezco su actitud en el sentido de que reconoce que hay un problema, que compartimos todos, que no es exclusivamente nuestro, sino que es de todos los españoles y que debemos actuar.
Solamente quiero hacerle una precisión. A mí me lo habían dicho, aunque no lo había encontrado, pero usted lo ha repetido. Dice que el Programa nacional de envases y residuos de envases dentro del Programa nacional de residuos difiere al 2006 lo que la Ley obligaba en su artículo 5 al 2001.
Si han hecho ustedes eso, ¿por qué lo han hecho ustedes? Yo no he sabido encontrarlo en el Plan de residuos, pero ¿por qué lo han atrasado? Lo que tenemos es la negociación de la nueva directiva y la Comisaria de Medio Ambiente ya ha señalado sus prioridades, y nos obliga a unos objetivos para el 2006 muy superiores a los que tenemos. Por eso me sorprende.
Por lo demás, yo creo que harán bien en aprovechar la Presidencia para mejorar este aspecto, y también sería conveniente introducir, desde nuestro punto de vista, alguna modificación en la legislación o en la normativa para que obligase más a los sistemas integrados de gestión a cumplir con sus objetivos y a que haya un mayor control y publicidad de los resultados.
Nada más y muchas gracias.
El señor VICEPRESIDENTE (Prada Presa): Muchas gracias, Senador Aleu.
Tiene la palabra el Ministro de Medio Ambiente.


El MINISTRO DE MEDIO AMBIENTE (Matas i Palou): Muchas gracias, señor Presidente.
Señoría, le agradezco el tono de su intervención, y efectivamente compartimos muchas cosas con respecto a esta problemática.
Permítame que le diga que estamos hablando de cosas distintas. Usted está hablando de la Directiva. En la Directiva se establecen los objetivos de reciclaje de todos los residuos y los objetivos de tratamiento, que incluye la valorización, a nivel general y de cada uno de los residuos.
Estoy de acuerdo con usted. Estamos en el 2001 y efectivamente se quiere modificar la Directiva en estos momentos. Yo le he hablado de otra cosa.
Le he hablado de la reducción del 10 por ciento en la generación de residuos que establece la propia ley para el año 2006 respecto del año 1996 y a la reducción del seis por ciento del volumen total de residuos urbanos generados.
Esto no es incompatible con el cumplimiento de la Directiva. Usted tiene razón. La Directiva establece unas cantidades de tratamiento general de los residuos por sectores. Establece el mínimo del 15 por ciento en cada uno de los sectores. Las exigencias de la Directiva son tres: 15 por ciento de cada sector, 25 por ciento de reciclado y 50-65 por ciento de tratamiento que incluye la valorización, por tanto, incluye la incineración. Yo me estaba refiriendo a otra cuestión.
Muchas gracias.


El señor VICEPRESIDENTE (Rojo García): Gracias, señor Ministro.
Señorías, se suspende la sesión hasta las cuatro de la tarde en el nuevo salón.


Eran las quince horas y veinte minutos.


Se reanuda la sesión a las dieciséis horas y cinco minutos.


El señor VICEPRESIDENTE (Prada Presa): Buenas tardes, señorías, se reanuda la sesión.


CONOCIMIENTO POR EL PLENO DE TRATADOS Y CONVENIOS INTERNACIONALES REMITIDOS POR EL CONGRESO DE LOS DIPUTADOS:

--ACUERDO SOBRE LA APLICACION DE LAS DISPOSICIONES DE LA CONVENCION DE LAS NACIONES UNIDAS SOBRE EL DERECHO DEL MAR, DE 10 DE DICIEMBRE DE 1982, RELATIVAS A LA CONSERVACION Y ORDENACION DE LAS POBLACIONES DE PECES TRANSZONALES Y LAS POBLACIONES DE PECES ALTAMENTE MIGRATORIOS, HECHO EN NUEVA YORK EL 4

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DE AGOSTO DE 1995 Y DECLARACIONES INTERPRETATIVAS QUE ESPAÑA DESEA FORMULAR (S. 610/000094) (C. D. 110/000091).


El señor VICEPRESIDENTE (Prada Presa): Punto tercero del orden del día: Conocimiento por el pleno de tratados y convenios internacionales remitidos por el Congreso de los Diputados.
Acuerdo sobre la aplicación de las disposiciones de la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar, de 10 de diciembre de 1982, relativas a la conservación y ordenación de las poblaciones de peces transzonales y las poblaciones de peces altamente migratorios, hecho en Nueva York el 4 de agosto de 1995 y Declaraciones Interpretativas que España desea formular.
Tramitación. Se ha presentado una propuesta de no ratificación y cuatro propuestas de declaraciones interpretativas en relación con este acuerdo que se debatirán a continuación.
Para la aprobación de la propuesta de no ratificación se requerirá la mayoría absoluta de los señores Senadores que en estos momentos componen la Cámara. Dado que la Cámara está integrada por 257 Senadores, la mayoría absoluta es de 129.
Si resultase aprobada la propuesta de no ratificación, se dará por concluido el debate sobre este acuerdo, lo que determinará la constitución de una Comisión Mixta conforme a lo previsto en el artículo 74.2 de la Constitución y el artículo 57 del Reglamento del Senado. El texto presentado por dicha Comisión será sometido directamente a votación del Pleno de la Cámara.
Si resultase rechazada la propuesta de no ratificación se entrará en el debate de las propuestas de declaraciones interpretativas.
En primer lugar procede la presentación del dictamen por el Senador designado por la Comisión. A estos efectos tiene la palabra el Senador Elorriaga.


El señor ELORRIAGA FERNANDEZ: Muchas gracias, señor Presidente.
Me cabe el honor de haber sido designado para presentar a la Cámara el dictamen de la Comisión de Asuntos Exteriores al Acuerdo sobre la aplicación de las disposiciones de la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar, de 10 de diciembre de 1982, relativas a la conservación y ordenación de las poblaciones de peces transzonales y las poblaciones de peces altamente migratorios, hecho en Nueva York el 4 de agosto de 1995 y Declaraciones Interpretativas que España desea formular.
Este Acuerdo fue remitido al Senado por el Congreso de los Diputados y publicado el pasado 19 de octubre de 2001. El plazo de presentación de propuestas concluyó el 31 de octubre. El acuerdo se tramita por el procedimiento ordinario.
Se presentaron a la Comisión cinco propuestas por el Grupo Parlamentario de Senadores Nacionalistas Vascos. Los Senadores que designó la Comisión a propuesta de los grupos parlamentarios para formar parte de la Ponencia encargada de informar el acuerdo fueron los siguientes: por el Grupo Parlamentario Popular, doña María Australia Navarro de Paz, doña Rosa María Posada Chapado y don Manuel Prado López. Y por el Grupo Parlamentario Socialista, don Francisco Fuentes Gallardo y don Federico Suárez Hurtado.
A la vista de las propuestas presentadas la Ponencia procedió a informar el acuerdo el día 22 de noviembre, habiendo decidido proponer a la Comisión de Asuntos Exteriores que se mantuviera en sus propios términos el texto remitido por el Congreso de los Diputados. Igualmente el 29 de noviembre la Comisión acordó aceptar como dictamen el texto del informe emitido por la Ponencia.
Debe destacarse que al comienzo del debate en Comisión, su Presidente --es decir, yo mismo-- indicó que la propuesta número 1, presentada por el Grupo Parlamentario de Senadores Nacionalistas Vascos, se formulaba como propuesta de aplazamiento, debiendo entenderse que dicho aplazamiento implicaba materialmente el no conceder la autorización parlamentaria para que el Gobierno pudiera ratificar el acuerdo. O dicho de otra manera, que la propuesta de aplazamiento era materialmente una propuesta de no ratificación, y así debía ser entendida, teniendo en cuenta, además, los antecedentes existentes.
Esta propuesta de la Presidencia no suscitó reparo u oposición expresa, por lo que la propuesta número 1, presentada por el Grupo Parlamentario de Senadores Nacionalistas Vascos, se tramitó como una propuesta de no ratificación de acuerdo con lo previsto en el artículo 144.2 del Reglamento de la Cámara.
Finalmente cabe señalar que para su debate ante el Pleno el Grupo Parlamentario de Senadores Nacionalistas Vascos ha formulado un voto particular manteniendo las propuestas números 1 a 5.
Con estas palabras he resumido la tramitación que hasta ahora se ha llevado a cabo sobre un acuerdo del mayor interés para una nación como España, de evidente condición marítima e importante actividad pesquera.
Nada más, señor Presidente, muchas gracias.


El señor VICEPRESIDENTE (Prada Presa): Gracias, Senador Elorriaga.
Pasamos a la propuesta de no ratificación, que sería el voto particular número 1 del Grupo Parlamentario de Senadores Nacionalistas Vascos, que corresponde a la propuesta número 1.
Para su defensa y por tiempo de quince minutos tiene la palabra el Senador Gatzagaetxebarría.


El señor GATZAGAETXEBARRIA BASTIDA: Muchas gracias, señor Presidente.
Como ha indicado el Presidente de la Comisión de Asuntos Exteriores, nuestro Grupo Parlamentario no ha presentado un veto a esta iniciativa parlamentaria. Nosotros consultamos a los servicios jurídicos de la Cámara previamente a la presentación de los instrumentos de debate de esta iniciativa parlamentaria, y en función de ello vimos que cabían tres alternativas: una propuesta de reserva, una propuesta de aplazamiento y una propuesta de no ratificación.


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Nosotros valoramos, a través de un principio de gradualidad, qué es lo que España tenía que hacer en el contexto internacional. Podíamos haber elegido cualesquiera de las tres posiciones pero consideramos que no era conveniente la no ratificación. Por tanto, no presentamos propuesta de no ratificación sino una propuesta de aplazamiento por las fundamentaciones explicitadas en el «Diario de Sesiones» de la reunión de la Comisión de Asuntos Exteriores y que no voy a reproducir puesto que allí ya expusimos la filosofía política de nuestro Grupo Parlamentario. Otra cuestión es que, «a posteriori», los servicios jurídicos de la Cámara, a efectos de tramitación parlamentaria lo calificaran como tal. Por tanto, nosotros no tenemos objeción alguna que hacer al respecto, pero sí sobre que nuestro Grupo Parlamentario no ha presentado un veto de no ratificación sino una propuesta de aplazamiento fundamentada en los argumentos explicitados, lo reitero, en la Comisión de Asuntos Exteriores que tuvimos ocasión de celebrar hace unos días. (La señora Presidenta ocupa la Presidencia.) Dicho eso, ¿qué es lo que pretendemos con las iniciativas de nuestro Grupo Parlamentario? Suscitar un debate en las Cortes antes de que España tome una decisión importante en materia pública internacional y que quede obligado en el ámbito del Derecho público Internacional en los términos en que aquí aparece. Eso es muy importante porque afecta a muchos operadores, a muchos trabajadores, a muchas empresas, a muchos servicios, en definitiva, al régimen de desarrollo del Derecho Marítimo general cuya ratificación aquí se pretende.
Por eso, lo que nosotros pretendemos es la mejora, el análisis y, en definitiva, el debate con reflexión sobre estas cuestiones.
Esto, ¿a quién afecta? Pues en la Unión Europea afecta, fundamentalmente, a dos países: Portugal y España. Es cierto que Luxemburgo, Holanda y Bélgica han ratificado el acuerdo, pero en realidad no les afecta porque no tienen pesca a larga distancia, de modo que los únicos afectados son España y Portugal. Por lo tanto, la posición política y jurídica española en el marco internacional no es la misma que la de los trece restantes países comunitarios. España y Portugal son los dos únicos países con una auténtica flota pesquera profesional e industrial que opera en todos los océanos del mundo.
Hemos de acotar el debate y no hablar de lo que ocurre en el ámbito europeo en general, porque la situación de los diversos países es muy diferente. Francia, Luxemburgo y Austria están dispuestas a ratificarlo, pero es lógico porque en absoluto les afecta. Acotemos, por tanto, el debate y hablemos sólo de los más afectados.
El debate se suscita por la problemática de la territorialización y de las facultades de estatalización en alta mar. La Convención del Derecho del Mar establece un régimen jurídico sobre lo que son las aguas interiores, el mar territorial, la zona contigua, la zona económica exclusiva, la plataforma continental y la alta mar. Sobre esto último está operando el acuerdo de Nueva York de 1985. En relación con la alta mar, que es donde tradicionalmente se ha inspirado el principio de libertad de pesca, el acuerdo internacional adopta una serie de medidas que ya se habían planteado antes. ¿Desde cuándo vienen esos planteamientos? Fundamentalmente, desde la proclamación de Harry Truman en el año 1945. El Presidente Truman, después de la Segunda Guerra Mundial, hizo esa famosa declaración en virtud de la cual excedía las facultades de actuación del Estado más allá de lo que tradicionalmente se entendía como mar territorial, en aquellos años eran las 3 millas.
Posteriormente, eso se trasladó más allá de las 12 millas y, luego, surgieron debates en el ámbito internacional que originaron la extensión de las facultades de actuación de los Estados, en base a la doctrina del interés especial, hasta las 200 millas, creándose un concepto jurídico determinado: las zonas económicas exclusivas.
Esta situación fue apoyada, principalmente, por los países africanos, iberoamericanos, los que están en vías de desarrollo y lo que se conoce internacionalmente como el G-77. Es decir, todos los países necesitados de un desarrollo adoptaron esta doctrina especial al entender que en alta mar podían actuar e intentar trasladar sus facultades estatales para poder ejercer actividades económicas. ¿A quién perjudica esto? Obviamente, a España, porque nuestro país opera en todos los ámbitos marítimos del mundo.
En la III Conferencia del Derecho del Mar, celebrada en 1982, el ambiente fue bastante pacífico, pero siempre ha habido dos países que han liderado, por decirlo de alguna manera, la revuelta: Canadá y Argentina, que querían la modificación del régimen establecido en la Convención del Derecho del Mar. De hecho, Canadá propició la conferencia de la FAO de 1984 y, sobre todo, la famosa conferencia de San Juan de Terranova del año 1990, donde estuvieron esos «quince magníficos» con los que España ha tenido problemas y con los que ahora tiene acuerdos internacionales.
Algunos de esos países son Canadá, Argentina, Marruecos, Senegal, Islas Mauricio, Cabo Verde, Perú, Rusia y Estados Unidos.
Este es el contexto político y jurídico en el que debemos entroncar el debate de la iniciativa parlamentaria que estamos tratando. Después del año 1990 se celebró en Río de Janeiro, Brasil, la Cumbre de la Tierra.
Estos países volvieron a insistir en hacer algo en relación con la alta mar, por los múltiples problemas existentes al respecto. Es entonces cuando surge el compromiso de celebrar una conferencia internacional en Nueva York, que se reunió en los años 1993, 1994 y 1995 y dio lugar al acuerdo de agosto de 1995 de Nueva York. Este acuerdo entró en vigor treinta días después de ser ratificado por treinta Estados, aunque, realmente, ha entrado en vigor la semana pasada, porque fue el pasado mes de noviembre cuando Malta depositó el instrumento de ratificación en las Naciones Unidas. Por lo tanto, desde el día 11 de diciembre está en vigor, es decir hace escasamente ocho días.
Lo realmente significativo es que es posible que un Estado pueda prestar el consentimiento al acuerdo de Nueva York sin que sea parte de la convención. Esta es la gran distorsión que origina el acuerdo, es decir, la de que un Estado sea parte del mismo sin que a su vez se adhiera,

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previa o simultáneamente, al convenio madre, la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar, y eso es algo que habilita el Acuerdo de 1985 de Nueva York.
Así, un tratado que paradójicamente se titula «Acuerdo sobre la aplicación de las disposiciones de la Convención de las Naciones Unidas del Derecho del Mar, de 1982, relativas a la conservación y ordenación de las poblaciones de especies transzonales y altamente migratorias» puede ser suscrito por un Estado que, a su vez, no es parte del convenio que pretende aplicar y desarrollar este acuerdo de 1995. Luego se puede estar vinculado al cuerdo y no a la convención madre.
Ello origina una distorsión en el sentido de que algún Estado puede pensar en adherirse sólo a lo que le interesa, y esto interesa a los países ribereños, pues quienes han propiciado este acuerdo son aquellos países conocidos en el ámbito internacional como los 15 magníficos. En definitiva, ésta es la problemática jurídica que puede surgir en su aplicación.
Los artículos 63 y 64 de la convención recogen principios generales declarativos o cristalizadores del Derecho Internacional general. Ahora bien, para la suscripción del acuerdo no se exige la aceptación expresa de la Convención de 1982, tal y como decía anteriormente, y nosotros nos preguntamos si puede estimarse también que esas y otras disposiciones de la Convención --artículos 63 y 64-- vinculan en cuanto Derecho consuetudinario general. Primera duda jurídica.
Es cierto que el artículo 4 establece que el presente acuerdo se interpretará y aplicará en el contexto de la Convención de1982, y de forma acorde con ella. ¿Quiere esto decir que las disposiciones pertinentes de la Convención vincularán jurídicamente a todas las partes suscribientes del acuerdo aunque no lo sean de la convención? Segunda gran duda que expongo que por el espacio en blanco que es origina es generador de problemas para los operadores del Derecho Internacional.
Una cláusula como ésta tiene sentido cuando se pretende hacer inoperable una regla anterior, es decir, «ius posterior derogat ius priori», o cuando una ley especial supone un desarrollo absolutamente de acuerdo con una «lex generalis». Pero en este caso puede ocurrir que el Derecho anterior, es decir, la ley general, la normativa madre, la Convención de 1982 no exista para algunos Estados porque no la hayan suscrito, pero, en cambio, sí estén sujetos al Derecho posterior, es decir, a la ley especial. Véase, pues, el contrasentido.
El problema se suscita respecto de aquellos planteamientos del Acuerdo de 1995 que, como veremos más adelante, no se ajustan a los requerimientos de la Convención de 1982, en cuyo caso nos preguntamos qué instrumento internacional prevalece especialmente para aquellos que no hayan prestado su consentimiento a dicha convención.
Pues bien, podemos concluir que a partir de que el acuerdo de Nueva York entre en vigor, y ya lo ha hecho la semana pasada, corrernos el gran riesgo de que sea la convención la que termine por interpretarse, aplicarse y supeditarse a las prescripciones del Acuerdo de 1995, y no al revés, quedando, pues, soslayada y obviada la normativa de Derecho Internacional general.
Lo que aquí se pretende es establecer un régimen específico de pesca. Los artículos 63 y 64 de la Convención del Derecho del Mar regulan dos ámbitos distintos, las especies transzonales, que habitan a lo largo de los mares en las plataformas continentales entre dos o más Estados, o entre estos y alta mar, es decir, aquellas llamadas especies de fondo o especies demersales y que se denominan coloquialmente especies a caballo entre una zona y otra, y las especies altamente migratorias, que son especies pelágicas que emigran a lo largo y ancho de todos los océanos de la Tierra.
El régimen de las mismas es distinto, pues mientras unas viven como su propio nombre indica, en el hábitat de las zonas económicas exclusivas de pesca y en alta mar, las otras migran permanentemente a lo largo y ancho de los mares del planeta. Por tanto, es necesario tener en cuenta este régimen jurídico diferenciado que aglutina el Acuerdo de 1985, y que de alguna manera procede a la renacionalización, sobre todo de las especies altamente migratorias, pues éstas migran por la superficie y capas oceánicas de la Tierra, y por tanto, no habitan, como las transzonales, en los fondos marinos de los Estados ribereños. Así pues, esa renacionalización que se quiere llevar a cabo no nos parece acorde con los parámetros que establece la Convención de Derecho del Mar de 1982, ni por tanto, el tratamiento que ahí se quiere dar a ambas especies.
Señora Presidenta, el acuerdo de Nueva York de 1995 supone, en nuestra opinión, una modificación sustancial del artículo 63 de la Convención, hasta el punto de haberse valido de él para extender sobre las especies compartidas en alta mar unas competencias estatales de las que carece el Estado ribereño, según el Derecho Internacional. Bajo el prisma deformante del acuerdo de Nueva York puede afirmarse que trece años después de la aceptación de la convención, de 1982 a 1995, en base a la tenacidad de Argentina, Canadá, Perú, Australia y a sus continuas violaciones internacionales, se ha logrado la territorialización de la alta mar, ayudados por Chile y Perú. Se ha demostrado por fin que el Estado canadiense tenía razón cuando veía en el artículo 63 de la convención el soporte jurídico de la doctrina del interés especial del Estado ribereño sobre el más allá a las zonas económicas exclusivas de pesca.
En definitiva, el régimen general de pesca, la especialidad del artículo 63 radicaba en que incluso los derechos de soberanía, las medidas de conservación sobre las especies compartidas a caballo o transzonales en las zonas económicas exclusivas de pesca sólo son adoptadas por el Estado ribereño, mientras que la adopción de tales medidas en alta mar deberían ser acordadas por el Estado ribereño y los demás estados interesados, como le interesaba principalmente a España. Pero de llegar a este acuerdo, está ligado al condicional procuraran, que supone que tan sólo existe una obligación de comportamiento, en modo alguno se prevé una obligación de resultado.
Ahora, después del Acuerdo de 1995, la especialidad de tales preceptos consiste en el reconocimiento de las competencias de los ribereños por fuera de las zonas económicas

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exclusivas en alta mar no sólo a efectos de conservación, sino --y esto es lo importante y la clave del acuerdo que hoy vamos a ratificar-- también a efectos de ordenación, porque la conservación es una obligación universal de los poderes públicos en cuanto principio de desarrollo sostenible sobre alta mar, pero que es más difícil que más allá de la alta mar se entre en la regulación y en la ordenación. He ahí la clave del problema. Ya lo ha empezado a hacer Canadá, Argentina, Chile y ya no solamente se adoptan medidas generales, sino que se regulan, se establece un TAC, una cuota. Este es el meollo del asunto y que nosotros queríamos traer a la Cámara para que España sepa cómo va a quedar obligada y acotada internacionalmente en el ámbito político y jurídico.
El acuerdo tiene estas lagunas, estos puntos oscuros, pero también tiene puntos positivos. Por ejemplo, concede gran importancia a la organizaciones regionales de pesca; consagra el principio de precaución, acorde con las medidas de conservación y no con la de ordenación o regulación; el principio de cooperación, el desarrollo y diseño de las organizaciones regionales de pesca y de mecanismos de control y establece la obligación de solucionar las controversias por medios pacíficos, por supuesto. Por eso mi grupo parlamentario no ha presentado una propuesta de no ratificación, sino de debate previo en la Cámara y que no ha podido realizarse por cuestiones procedimentales o por falta de voluntad política y enmiendas de mejora al contenido sustancial que va a suponer la posición internacional de España en la esfera en cuestión. Y tiene sobre todo...


La señora PRESIDENTA: Señor Gatzagaetxebarría, le ruego que vaya concluyendo, por favor, luego tendrá un turno de portavoces.


El señor GATZAGAETXEBARRIA BASTIDA: Sí, señora Presidenta. Del tiempo que voy a utilizar en la defensa de las enmiendas, como se nos ha manifestado que el veto va a ser rechazado, me lo descuenta, ya que voy a hacer un turno muchísimo menor de todo el tiempo que me corresponde, según me han indicado los servicios jurídicos, en la segunda intervención en cuanto a la defensa de las propuestas 2 a la 5.
Decía que el acuerdo presenta cuatro aspectos preocupantes, aparte de estos positivos. Primero, en cuanto al fondo, supone la extensión encubierta de la jurisdicción de los Estados ribereños tanto sobre los recursos vivos marinos, situados más allá de sus zonas económicas exclusivas de 200 millas, como sobre los buques que pesquen en alta mar bajo pabellón de otros Estados. En efecto, el principio de compatibilidad de las medidas de conservación y de ordenación incluido en el artículo 7 del acuerdo obliga a los otros interesados en la pesca en alta mar a tener en cuenta, entre otras, las medidas ahí contenidas. Así, son muy gráficas las manifestaciones del Presidente de la conferencia de Nueva York de agosto de 1995, señor Nandan, que en la clausura de la conferencia, el 4 de agosto de 1995, dice que la jurisdicción exclusiva de un Estado sobre los buques que enarbolan su pabellón en alta mar ha dejado de ser un principio inmutable.
Segundo, el acuerdo en general y en algunas disposiciones concretas resulta contrario a la Convención de 1982 si el acuerdo establece en contra de la convención un tratamiento único, lo decía anteriormente, de las especies compartidas o transzonales y las altamente migratorias con regímenes jurídicos diferenciados en los artículos 63 y 64 de la convención.
En tercer lugar, se admite la excepción de un principio general de Derecho Internacional, que es la jurisdicción exclusiva del Estado del pabellón, también en contra de la Convención de 1982, que establece que los buques navegarán bajo el pabellón de ese Estado, dependerán del mismo y estarán sujetos a su jurisdicción. El acuerdo reglamenta el control de los buques de otro Estado que estén pescando en alta mar. Es nuevamente una excepción al principio general de jurisdicción sobre el Estado del pabellón. Esto no afecta --reitero, señora Presidenta-- a Luxemburgo, a los Países Bajos o a Bélgica; afecta, de manera importante, a España y Portugal. Ahí están los conflictos del Arpón, en 1998, en el Atlántico Sur, y del Stai, en el año 1995, en el Atlántico Norte.
En cuarto lugar, el uso de la fuerza. El artículo 22.1 autoriza el uso de la fuerza cuando sea necesario para garantizar la seguridad de los inspectores, y cuando se obstaculice a los inspectores el cumplimiento de su función. El grado de fuerza empleado no excederá al que razonablemente exijan las circunstancias. Esta es sin duda una de las cuestiones más graves incluidas en el acuerdo, que atenta directamente a la obligación de utilización de la alta mar con fines pacíficos, incluida en el artículo 301 de la Convención, y que hace una remisión en bloque a los principios de la Carta de las Naciones Unidas.
Señora Presidenta, en definitiva, ¿de qué estamos hablando en este proceso histórico de análisis que hemos realizado sobre la territorialización de la alta mar? Estamos hablando de la consagración de una teoría que, en el ámbito internacional marítimo, ya viene consagrándose en los últimos años, como es la doctrina de la jurisdicción rampante de los Estados ribereños. Esos tres Estados que, de entre los 15 magníficos, lideran todas las acciones internacionales son Canadá, Argentina y Chile, y son los que ya han adoptado medidas en base a este acuerdo internacional.
Canadá adoptó la Ley de Protección Pesquera de 1994, el Reglamento de 1995 que supuso el famoso apresamiento en aguas internacionales reguladas por la NAFO, y sobre todo la modificación de 1997. Argentina adoptó la Ley prefederal de Pesca, que permite actuar, ordenar y fijar un TAC fuera de su zona económica exclusiva, con la Ley de 1998 y el famoso conflicto que tuvimos con el buque Arpón.
Termino, señora Presidenta, con una valoración que en agosto de 1995 realizó quien era, a la sazón, Comisaria de Pesca de la Unión Europea.
Decía la señora Bonino: los europeos hemos suscrito el acuerdo como mecanismo de solución de controversias, pero los objetivos de la Unión Europea no han sido plenamente alcanzados, principalmente en el tema de la vigilancia y el ejercicio de las facultades, más allá de las zonas económicas exclusivas de

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pesca. Y, por la otra parte --la otra gran parte de la negociación--, por Canadá, el señor Tobin, entonces Ministro de Pesca y hoy Gobernador, por mayoría absoluta, en el Estado de Terranova, decía: cuando el acuerdo de Nueva York entre en vigor, se protegerán los recursos de las áreas limítrofes a las zonas económicas exclusivas mejor que con la Ley de Protección Pesquera C-29, que hemos aprobado recientemente. (Rumores.) Mientras la Ley C-29 termina, se encuentra en la legislación canadiense para tratar situaciones de emergencia, el acuerdo que habilita controles permanentes en alta mar...


La señora PRESIDENTA: Señor Gatzagaetxebarría, espere un momento, por favor.
Me ha pedido el Senador Gatzagaetxebarría, cuando finalizaban los quince minutos de su turno --en ausencia de sus señorías, por lo que veo--, poder utilizar ahora los cuarenta minutos de su segundo turno para defender enmiendas, aunque utilizará mucho menos tiempo del que dispone.
Por tanto, les ruego guarden silencio y escuchen al Senador Gatzagaetxebarría, al cual aprovecho para rogarle que vaya culminando este turno cuando pueda.


El señor GATZAGAETXEBARRIA BASTIDA: Muchas gracias, señora Presidenta.
Yo prácticamente he terminado. Simplemente decía que nuestro grupo parlamentario quería suscitar este debate político en la Cámara. Las Cortes Generales van a obligar a España, en la posición internacional, con unos determinados condicionantes y con unos determinados efectos; nuestro grupo parlamentario, el Grupo Parlamentario de Senadores Nacionalistas Vascos pensaba que tenía que defender la posición española en la medida en que estamos dentro del Estado, en la esfera internacional. Queríamos suscitar el debate, hemos resaltado los aspectos positivos que tiene el acuerdo internacional, pero queremos resaltar también los aspectos negativos, oscuros --como también ha reconocido el Gobierno y a lo que luego haré referencia en los documentos que me han hecho llegar, así como el Grupo Parlamentario Popular, con ocasión del debate en Comisión-- que existen al respecto.
En definitiva, nuestro grupo parlamentario no se opone, y lo reitero por última vez, señora Presidenta, a la ratificación. Quería un debate sosegado, quería un debate en el que se pudiera oír a otros operadores o agentes a los que afectara; no ha podido ser por las razones que ya tuvimos ocasión de debatir en Comisión, pero queríamos suscitar este debate por la importancia que tiene para un sector económico español y la posición que va a tener el mismo, y en definitiva el Estado en la esfera internacional.
Nada más y muchas gracias.


La señora PRESIDENTA: Gracias, Senador Gatzagaetxebarría.
Para turno en contra, tiene la palabra la Senadora Agüero.


La señora AGÜERO RUANO: Muchas gracias, señora Presidenta.
Antes de comenzar quisiera que me aclarara un tema. Se ha dicho al comienzo de la sesión que si después de esta intervención, como consecuencia de la propuesta de no ratificación o aplazamiento del Grupo Parlamentario de Senadores Nacionalistas Vascos, se aprobaba o ratificaba el acuerdo, ya no se entraba a debatir las cuatro enmiendas. Quería aclarar esto, porque he entendido que, una vez que se aprobara el acuerdo, ya no se entraría a discutir las cuatro enmiendas.


La señora PRESIDENTA: Su señoría ha entendido bien, efectivamente.


La señora AGÜERO RUANO: Gracias.
Entonces no entro a comentar las consideraciones del Senador Gatzagaetxebarría, quien, como es evidente, ha consumido dos turnos que no le correspondían.


La señora PRESIDENTA: Señora Senadora; el Senador Gatzagaetxebarría ha consumido quince minutos. Pasados esos quince minutos, se le llamó la atención, y él ha aducido que, después, tendría un turno para la defensa de las enmiendas de cuarenta minutos. Es de suponer que la propuesta del Senador Gatzagaetxebarría no se aprobará, pero en este momento el Reglamento le permite acumular los tiempos. Esa es la razón por la que, además de los quince minutos, ha consumido otros seis.
Su señoría tiene quince minutos para el turno en contra.


La señora AGÜERO RUANO: Gracias.
Entonces voy a utilizar el turno en contra para la propuesta de aplazamiento.
Senador Gatzagaetxebarría, yo entendía que era una propuesta de no ratificación, puesto que, además, en su intervención acaba de decir que los acuerdos se firmaron en Nueva York en 1995 y que entraron en vigor hace aproximadamente ocho días, y al oírle pedir un aplazamiento después de seis años pensé que usted se estaba refiriendo a la no ratificación por las razones que su señoría ha expuesto usted. Pero no me parecía razonable pedir un aplazamiento después de tanto tiempo.
Usted sostiene que el acuerdo que se va a someter a la consideración de la Cámara pretende ser un complemento de la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar de 1982, impulsando la cooperación internacional en cuanto a las actividades a realizar en alta mar. Pero su señoría sostiene, en lo que decimos que puede ser la no ratificación del acuerdo, que contiene disposiciones que suponen la extensión encubierta de la jurisdicción funcional de los Estados ribereños, tanto sobre los recursos vivos como sobre los buques que faenan bajo pabellón de otros países en alta mar. Como usted sabe, señoría, la Comisión Permanente del Consejo de Estado, en sesión celebrada el día 17 de mayo de 2001; emitió por unanimidad su dictamen, examinado el expediente relativo al acuerdo sobre la aplicación de las disposiciones de la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar, del día 10 de diciembre de 1982, relativa a la conservación y ordenación de las poblaciones de peces transzonales y las poblaciones

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de peces altamente migratorios, hecho en Nueva York el 4 de agosto de 1995.
El acuerdo, que consta de un preámbulo, cincuenta artículos y dos anexos, parte de la necesidad de evitar que se produzcan efectos negativos en el medio marino, de preservar la diversidad biológica, de mantenerla integridad de los ecosistemas marinos, de minimizar el riesgo de que las actividades pesqueras causen efectos perjudiciales alargo plazo o irreversibles de prestar a los Estados en desarrollo una asistencia específica que incluya ayuda financiera, científica y tecnológica, a fin de que puedan participar eficazmente en la conservación, ordenación y aprovechamiento sostenible de las poblaciones de peces transzonales y de poblaciones de peces altamente migratorias.
Usted sabe también que el acuerdo está sujeto a la ratificación de los Estados y que los instrumentos de ratificación se tienen que depositar en poder del Secretario General de las Naciones Unidas, y que en su artículo 34 establece que los Estados parte cumplirán de buena fe las obligaciones contraídas de conformidad con el acuerdo y ejercerán los derechos reconocidos en él, de manera que no incurran en abuso de derecho.
No obstante, cabría señalar que muchos' de los principios y normas recogidos en el acuerdo han sido fuente de graves controversias jurídicas y políticas en el pasado, y, por tanto, se considera necesario realizar una serie de declaraciones interpretativas que pretenden fijar la opinión de la Comunidad Europea y sus Estados miembros frente a posibles divergencias, y eso es lo que estamos haciendo en este acto, señoría.
Y poco más le puedo decir porque, como usted ya sabe, lo bueno, si breve, dos veces bueno, y no lo digo por mi intervención sino porque es obvio que no vamos a dejar de ratificar este acuerdo, que es muy beneficioso para España, sólo porque su señoría vea precedentes peligrosos que puedan transgredir las normas internacionales.
Nada más. Muchas gracias. (Aplausos en los escaños del Grupo Parlamentario Popular.)

La señora PRESIDENTA: Gracias, Senadora Agüero.
Turno de portavoces. ¿Desea intervenir algún grupo parlamentario? (Pausa.) Tiene la palabra el señor Gatzagaetxebarría.


El señor GATZAGAETXEBARRIA BASTIDA: Gracias, señora Presidenta.
Nosotros no nos vamos a extender en la posición política porque ya lo hicimos con ocasión del debate en la Comisión de Asuntos Exteriores.
Entonces fundamentamos, y lo volvemos a hacer hoy, las razones por las que no hemos presentado una enmienda de no ratificación, sí de aplazamiento, a efectos de tramitación parlamentaria otorgada por los servicios jurídicos, aunque nuestra voluntad política era otra.
La señora Agüero se ha referido al informe del Consejo de Estado de 17 de mayo de 2001. Tiene usted que saber interpretar los informes porque un informe de este órgano tiene dos cuerpos principalmente: uno, los antecedentes, donde se habla de los orígenes y de toda la historia de la problemática y, dos, los informes administrativos previos.
Pero la posición de este Consejo es de análisis jurídico constitucional y para comprobar si hace falta autorización de las Cortes hay que ver la conclusión del mismo. Este Consejo no entra en análisis, de orden jurídico material o de fondo, simplemente afirma que de conformidad con el artículo 94 de la Constitución procede o no la ratificación por las Cortes Generales. A esos efectos, la Dirección de Tratados de la Secretaría General Técnica del Ministerio de Asuntos Exteriores lo remite al Consejo de Estado para que emita un informe. Su control es, por consiguiente, de legalidad constitucional, para comprobar si es necesaria o no la intervención de las Cortes; en la segunda parte de mi intervención le explicaré la legalidad de fondo sobre los diferentes aspectos y transferencias en cuanto a la interpretación de los artículos enmendados.
En primer lugar, tiene que tener claro el cuerpo del dictamen del Consejo de Estado porque lo que usted ha leído no es la opinión de este órgano, sino lo que el Consejo de Estado incorpora, en función de la opinión de la Dirección de Tratados del Ministerio de Asuntos Exteriores, de 24 de abril de 1991. Lo que el Consejo de Estado dice, simple y llanamente, y es su voluntad política, aparece en la conclusión. Quiero aclarar estos aspectos a fin de hermenéuticamente aplicar bien los parámetros en los que nos movemos y, sobre todo, los efectos y la incidencia del Consejo de Estado.
Pero es más, señora Presidenta, nuestro Grupo Parlamentario no quiere hacer un acto de mantenimiento pleno de esta posición. Nosotros entendemos políticamente que España está presionada y ya sabemos lo que está ocurriendo con Canadá --no voy a decirlo en este momento porque creo que no corresponde--, las presiones que este país está ejerciendo sobre la Unión Europea, el Comisario de Pesca y el Gobierno español, y ya sabemos que recientemente ha venido una delegación diplomática a este respecto.
Pensamos que a España no le queda más remedio que ratificar y, por tanto, vamos a retirar esta propuesta de aplazamiento que se ha tramitado como veto. Pretendemos mejorar la posición española dentro de este contexto internacional y en la segunda parte fundamentaremos las razones.
Nada más. Muchas gracias, señora Presidenta.


La señora PRESIDENTA: Gracias, Senador Gatzagaetxebarría.
Por el Grupo Parlamentario Socialista, tiene la palabra la Senadora Aburto.


La señora ABURTO BASELGA: Gracias, señora Presidenta.
Simplemente intervengo para anunciar que votaremos en contra porque, a pesar de que apreciamos mucho el trabajo minucioso del Senador Gatzagaetxebarría que consideramos intenta mejorar el acuerdo, pensamos que éste es el mejor acuerdo posible.
Gracias.


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La señora PRESIDENTA: Gracias, señoría.
Por el Grupo Parlamentario Popular, tiene la palabra la Senadora Agüero.


La señora AGÜERO RUANO: Gracias, señora Presidenta.
Senador Gatzagaetxebarría, he pasado directamente al informe del Consejo de Estado porque evidentemente no iba a contarle primero los antecedentes que llevaron a la negociación del Acuerdo, porque usted ya lo ha comentado; tampoco le iba a explicar las razones que aconsejaban la ratificación del Acuerdo de Nueva York por parte de España, porque usted también se ha referido a ello y, sobre todo, porque nos iban a dar las uvas, nunca mejor dicho. Por tanto, he pasado directamente a los antecedentes, a las razones y he llegado a la conclusión del Consejo de Estado, no porque desconociera la vinculación de dicho informe.
El acuerdo está firmado por 30 países, y para la Comunidad Europea la ratificación de este acuerdo de Nueva York es un asunto de máxima prioridad política. En la reunión del Grupo de Política Exterior de Pesca, que se celebró en Bruselas el 1 de febrero de 2001, la Comisión Europea instó a todos los Estados miembros que no habían concluido el proceso de ratificación a que aceleraran sus trámites internos, puesto que la decisión del Consejo de la Comunidad Europea obliga, como he dicho antes, a depositar instrumentos de ratificación simultáneamente a los 15 Estados miembros. Quedan sólo cuatro: Irlanda, Grecia, Francia y España, y ésta, por sus grandes intereses pesqueros, es precisamente uno de los Estados más beneficiados por la entrada en vigor de este acuerdo, que consagra sobre todo la necesidad de cooperar entre los Estados costeros y los que pescan en alta mar a través de las ORP, organizaciones regionales de pesca.
Este acuerdo es precisamente el mejor medio para combatir las veleidades expansionistas de determinados Estados costeros. Por ello, señoría, le ruego ratifique el acuerdo en esta Cámara, como lo hicieron sus compañeros en el Congreso de los Diputados, porque, como bien sabe, de 226 Diputados presentes, fueron 226 afirmaciones.
Confío no tener que volver a intervenir porque espero la ratificación de la Cámara y no hay que dar la nota para ser diferentes. Por tanto, les deseo a todas sus señorías, y sobre todos a los portavoces con los que he tenido el honor en este período de sesiones de compartir experiencias, felices navidades y, nunca mejor dicho, pelillos a la mar.
Muchas gracias.


La señora PRESIDENTA: Gracias, Senadora Agüero.
Al haber sido retirada la propuesta de aplazamiento de ratificación del tratado que ha presentado el Grupo Parlamentario de Senadores Nacionalistas Vascos, pasamos a discutir el voto particular número 1.
El Senador Gatzagaetxebarría tiene la palabra.


El señor GATZAGAETXEBARRIA BASTIDA: Muchas gracias, señora Presidenta.
Efectivamente, nuestro Grupo Parlamentario, entrando ya en la segunda parte del debate, ha presentado una serie de propuestas que se articulan a través de enmiendas, aunque formalmente no son enmiendas, para, como he dicho anteriormente, mejorar la posición española en la esfera internacional.
El acuerdo se aprueba en Nueva York en 1985 y el Gobierno español lo somete a la aprobación de las Cortes a mediados del año 2001, es decir, cuando estamos finalizando el año es cuando se somete a la consideración de la Cámara.
Es curioso que una vez presentado el acuerdo en las Cortes, el Gobierno, seis días más tarde lo vuelve a corregir. ¿Qué es lo que pasa, en definitiva? ¿Por qué ocurre eso? Ha tenido el Gobierno, éste y el anterior, seis años, y después de seis años de sesudos informes, de sesudos documentos, de sesudos datos, de sesudos análisis y de infinidad de reuniones se presenta un documento a las Cortes y a los seis días se cambia. ¿Por qué? Sabemos que hay algo detrás. Eso no ocurre por casualidad. Un acuerdo como el que tengo aquí del Consejo de Ministros, publicado, explicitado y tramitado en las Cortes, que luego se corrige, no ocurre por casualidad cuando, sobre todo, había unas negociaciones previas con la Unión Europea. Eso, como cuestión de principio, pero no es lo importante; lo importante es qué posición va a tener España en esta materia.
Nosotros somos tan flexibles en este aspecto que entendemos las posiciones de las otras partes, entendemos, y no he querido explayarme antes, por qué España políticamente tiene en este momento el compromiso moral de ratificarlo en estos términos. Entendemos que el Gobierno hace las cosas bien --algunas cosas bien, otras no tan bien--, y son las que nosotros pretendemos mejorar las que entendemos que no están bien. Y como las cosas que están bien nos gusta reconocerlas, nuestro Grupo Parlamentario --lo anuncio, señora Presidenta--, va a retirar la propuesta número 4, porque si comparamos y cotejamos lo que el Gobierno ha querido decir en su propuesta de declaración número 6, creemos que la posición española en la esfera internacional queda bien protegida y, por lo tanto, no tenemos que enmendarlo.
Y hacemos este esfuerzo, retiramos el aplazamiento, retiramos la propuesta número 4 y vamos a mantener principalmente otras tres propuestas que se incluirían dentro de las declaraciones interpretativas que hace el Gobierno.
Porque, ¿qué es lo que hace el Gobierno? El Gobierno pacta con la Unión Europea la realización de siete declaraciones como anexos interpretativos al Acuerdo internacional. Además de ello, de «motu proprio», en defensa de los intereses españoles, añade dos más.
¿Qué es lo que queremos hacer nosotros? Añadir otras tres a esas declaraciones que las Cortes pueden incluir en el Acuerdo a efectos internacionales. Eso es lo que pretendemos hacer en esta segunda parte del debate.
En primer lugar, la propuesta o enmienda número 23 de nuestro Grupo Parlamentario pretende dar una mejora, con mayor garantía y solvencia, al artículo 21 del Acuerdo.
¿Cómo interpreta su señoría, hermenéuticamente, en el contexto convención, acuerdo y organización regional, los artículos 21, 6, 7 y 8? ¿Qué interpretación da? Porque eso es lo importante, cuál es la interpretación del grupo mayoritario.


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Cuando me la dé, diré que, efectivamente, puedo admitir intelectualmente que tiene o no más solvencia. No la tiene y, por eso, nosotros nos movemos --digámoslo coloquialmente--, retiramos el veto, dejamos lo que hace bien el Gobierno y lo que no, pretendemos mejorarlo. Porque, si el Gobierno incluye dos declaraciones interpretativas, ¿cómo no van a tener los demás grupos parlamentarios ideas para reforzar la posición de España? Si es lo que pretendemos hacer.
El artículo 21 establece una ruptura del principio de jurisdicción exclusiva del Estado sobre el pabellón de sus buques. Eso es lo que se establece, pero una ruptura al margen de las cuatro excepciones que la Convención expresamente reconoce, que son: piratería, tráfico ilícito de estupefacientes, transmisiones ilegales en alta mar y trata de esclavos.
Esto se incluye en un acuerdo adicional pero que no es la Convención.
Por lo tanto, ¿qué es lo que nuestro Grupo Parlamentario quiere realizar? Una declaración donde se diga que los inspectores de un Estado parte de una organización de ordenación pesquera puedan inspeccionar y subir a bordo en alta mar de buques que enarbolan el pabellón de un Estado parte del presente Acuerdo. Esto debe considerarse como una regulación supeditada, subordinada al principio general del Derecho Internacional recogido en el artículo 92.1 de la Convención de 1982, conforme al cual, salvo en los casos excepcionales previstos que he mencionado anteriormente, rige el principio de jurisdicción exclusiva del Estado del pabellón.
Eso es lo que pretendemos hacer con nuestra propuesta número 3.
Con la propuesta número 4 pretendemos también mejorar los criterios hermenéuticos que el Gobierno quiere que se utilicen en la esfera internacional. Porque el Gobierno, en sus declaraciones interpretativas, no hace ninguna referencia al artículo 7, y el artículo 7, en su apartado 2, dice que los Estados parte podrán tomar en la alta mar adyacente medidas de ordenación. Esto no se menciona y por eso nosotros decimos: España considera que las medidas de conservación y gestión previstas en el artículo 7, y que se adopten por los Estados ribereños en sus zonas económicas exclusivas, deberán ser compatibles con las medidas que adopten las organizaciones regionales de ordenación pesquera en alta mar, sin que en ningún caso excedan de las zonas económicas exclusivas ni afecten a los nacionales que capturen recursos vivos en el área de la alta mar adyacente.
¿Sabe quién dice esto? Esto lo dicen dos documentos que tengo aquí.
Porque, a efectos de acceder a documentos, igual hasta hay que personarse en el mismo Consejo de Estado y ver la integridad del expediente administrativo, que no llega íntegro a la Cámara. Y si analizamos la integridad del expediente, esto o algo análogo dice --obra en mi poder y si lo desea se lo puedo mostrar-- la Secretaría General de Pesca Marítima. Esta consideración la realiza la Secretaría General de Pesca Marítima en un informe del presente año, que obviamente se ha dado a conocer, como no podía ser de otra manera, a quien ha de dictaminar, que era el Consejo de Estado. Repito que eso es lo que expresamente propone ese informe, de fecha 26 de marzo de 2001, y que no se incluye entre las declaraciones interpretativas.
La propuesta número 5 de nuestro Grupo quizá sea la que tenga mayor importancia a los efectos de garantizar la posición española y la correcta aplicación del acuerdo, en interpretación de la convención madre, de 1982. ¿Qué es lo que pretendemos? Una cláusula de garantía total, en la que se diga que España entiende que, de conformidad con la Convención de Viena sobre el Derecho de los Tratados y el artículo 4 del presente acuerdo, las normas establecidas por la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar, de 1982, prevalecen en todo caso sobre las disposiciones del citado acuerdo de 1995, que no pueden interpretarse ni aplicarse en perjuicio de los derechos, facultades, obligaciones y la jurisdicción de los Estados reconocidos o derivados de la Convención.
Ahí está la madre del cordero: en la interpretación de los países que han ganado con la teoría, de la jurisdicción, rampante, interpretación que ya se está realizando. A este respecto, ya me he referido a los precedentes de Argentina y Canadá, que ya han aprobado disposiciones amparándose en ese acuerdo internacional, algo que, obviamente, nos está perjudicando.
De ahí que pretendamos introducir esa garantía.
¿Sabe su señoría quién utiliza una argumentación de la misma índole? La Secretaría General de Pesca, en el mismo informe. Y no sólo ésta, sino también el embajador de España ante las Naciones Unidas a efectos de la Conferencia sobre el Derecho del Mar, señor Iturriaga, que en un informe público de 19 de febrero de 2001, que obra en manos de este Grupo, así lo indica. Por tanto, ¿por qué no se hace caso de lo que señala la Secretaría General de Pesca? ¿Por qué no se hace caso de lo que dice el Embajador ante las Naciones Unidas? Por una sencilla razón, que quizá usted no sepa: por una política de fondo de normalización de las relaciones diplomáticas Atlántico Norte Occidental-Atlántico Norte Oriental.
En estos momentos la posición y la presión que está ejerciendo el Gobierno liberal canadiense lleva a que España se encuentre acotada para determinados efectos. Y lo entendemos. Por eso, si el Gobierno pretende introducir unas cautelas, queremos mejorarla posición española, como ya he dicho.
Esta última propuesta es tan importante, porque es como los principios generales del Derecho de la parte interdisciplinar del Código Civil, que son los que inspiran todo el ordenamiento jurídico en España, es decir, lo que hagan las Cortes. Esta propuesta se inspira en la Convención de Viena sobre el Derecho de los Tratados, que en el Derecho Público Internacional podríamos denominar como la teoría general del Derecho Público.
La Convención sobre el Derecho de los Tratados, sobre cuya base pretendemos establecer esa garantía, señala que cuando un tratado internacional especifique que está subordinado a un tratado anterior prevalecerán siempre las disposiciones de ese tratado. Pero eso no es lo que indica el acuerdo de Nueva York respecto del acuerdo de 1982. Y no lo dice, porque, en definitiva, ese acuerdo fue un equilibrio

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de posiciones entre países que operan a larga distancia en aguas internacionales y, sobre todo, del grupo de los quince magníficos, a través de ese «lobby», que logró ese punto de equilibrio, con facultades extraterritoriales en, alta mar y zona adyacente.
Podemos entender eso. Pero si España establece la salvaguarda de que los acuerdos internacionales o tratados de organización específica --como la NAFO, el ICCAT, la Comisión del Atún Tropical, o la Comisión del Atlántico Nordeste, es decir tratados específicos, «sui generis», sobre una materia concreta-- prevalecen sobre la convención de 1985, ¿cómo no va a prevalecer el tratado madre de 1982 sobre un tratado posterior, que es de aplicación de los artículos 62 y 63? Esa es la explicación de que pretendamos supeditarlo. De no ocurrir esto operaría directamente la regla general de Derecho Público Internacional, es decir, el artículo 30 de la Convención de Viena, de 1969. Y es importante incluir esa garantía, porque la Convención de Viena, en su artículo 31, dice que, a los efectos de la interpretación de un tratado anterior, tratado posterior, o tratado que lo modifica, se tienen en cuenta una serie de elementos hermenéuticos, entre los cuales están, como todos sabemos, los antecedentes legislativos --en este caso el tratado--, el preámbulo y, sobre todo --como indica la letra b) de dicho artículo--, cualquier instrumento formulado por una o más partes estatales con motivo de la celebración.
Esa posición y ese criterio hermenéutico, adherido por España cuando se entregue el instrumento en depósito, es lo que le sirve a España, a efectos internacionales, para poder hacer valer su posición alegando la primacía de la Convención de 1982 sobre un tratado específico. Eso es lo que nosotros pretendemos, y eso es lo que el informe del Secretario General de Pesca, el informe del Embajador español con otras palabras, pero sin esta precesión, están plasmando, y nosotros estamos de acuerdo y queremos transmitirlo a la Cámara para que sepa que cuando vayamos a tomar esta decisión, y no quiero ser de mal agüero (Rumores.), el que se produzca un conflicto internacional en aguas del Atlántico Norte, en aguas del Atlántico Sur o en aguas, en definitiva, del Océano Artico, que es donde están operando sobre todo las flotas a larga distancia...


La señora PRESIDENTA: Señorías, por favor, guarden un poco de silencio.


El señor GATZAGAETXEBARRIA BASTIDA: En especies transzonales, evitemos que eso ocurra. Por eso es por lo que hemos pretendido mejorar la situación que España va a tener en la esfera internacional con estos criterios de interpretación, porque si ustedes lo hacen con esas dos declaraciones, la número 8 y la número 9, nosotros entendemos que la posición española, más que con nueve declaraciones, queda reforzada mejor con doce declaraciones.
De hecho, nosotros reconocemos lo bien que lo hacen ustedes y, por eso, hemos cambiado nuestra posición, retirando la calificación formal de veto y retirando la declaración interpretativa que teníamos respecto al artículo 22 en cuanto al uso de la fuerza, porque consideramos que lo que ustedes hacían estaba mejor, pero entendemos que la posición que planteamos en este momento sobre estas propuestas mejora y da mayores garantías a la situación y, en definitiva, al «status» que España va a tener en el ámbito internacional.
Nada más y muchas gracias, señora Presidenta.


La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, Senador Gatzagaetxebarría.
Para turno en contra, la Senadora Agüero tiene la palabra.


La señora AGÜERO RUANO: Muchas gracias, señora Presidenta.
Senador Gatzagaetxebarría, siento que sea usted de mal agüero, porque yo soy de buen agüero. (Risas.) Respecto a la disertación con la que nos ha deleitado usted esta tarde en la Cámara tengo que darle las gracias porque su señoría me ha aclarado muchas cosas y supongo que al término de esta legislatura, si una no repite, tendré que pedirle que me dé trabajo en su despacho.
Lo único que quiero decirle respecto a las cuatro propuestas que usted tiene --una la ha retirado-- es que las declaraciones interpretativas que se acordaron, por decisión del Consejo 98/414 de la Comunidad Europea, del 8 de junio de 1998, cubren ampliamente la garantía y la seguridad jurídica que requiere el Grupo Parlamentario de Senadores Nacionalistas Vascos, que usted representa en este momento. Concretamente, la propuesta número 2 referente a la compatibilidad de las medidas de conservación que adopten los Estados ribereños con las que se adopten en las organizaciones regionales pesqueras, a las ORP, establece que ninguna disposición del presente acuerdo podrá interpretarse de forma contraria a la libertad de las aguas de alta mar, reconocida por el Derecho Internacional. Esta libertad se halla regulada en la Convención de 1982 que prevalece sobre este acuerdo. En esta Convención se establece precisamente esta compatibilidad, y en el artículo 4 del acuerdo se dispone, como he dicho antes, la primacía de la Convención de 1982.
La propuesta número 3, referente al artículo 21 del acuerdo, se contiene en las declaraciones interpretativas cuatro, cinco, seis, siete y ocho, que establecen con claridad que la intervención de un tercer Estado en tarea de inspección sobre el buque de otro Estado es excepcional y bajo un protocolo de conducta muy determinado en los artículos 21 y 22 que, en todo caso, dan preferencia en la intervención al Estado del pabellón, que es realmente lo que a usted le preocupa, señoría.
La propuesta número 4 la ha retirado y, por último, la propuesta número 5, que ya la he contestado en la respuesta dada a usted en relación con la número 1, en donde señalo que el acuerdo es un instrumento de la Convención de Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar que prevalece en todo caso.
Señoría, la verdad es que de su intervención he podido comprobar que si rectificamos, nos critica; que si estudiamos el tema durante muchos años, durante siete años, con muchos informes y muchas reuniones, nos critica; si, por

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fin, vamos a ratificar el acuerdo, también nos critica. Por lo tanto, que venga Dios y lo vea.
Así pues, señoría, no tienen sentido las propuestas que su señoría ha presentado porque están recogidas en el acuerdo que pretendemos ratificar esta tarde y en las declaraciones interpretativas que ha presentado el Gobierno de España.
Nada más y muchas gracias. (Aplausos en los escaños del Grupo Parlamentario Popular.)

La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, Senadora Agüero.
Turno de portavoces.
Tiene la palabra el Senador Rodríguez.


El señor RODRIGUEZ DIAZ: Muchas gracias, señora Presidenta.
Señorías, solamente voy a decir unas breves palabras para fijar la posición del Grupo Parlamentario de Senadores de Coalición Canaria valorando muy positivamente el esfuerzo y la intervención que ha hecho el Senador Gatzagaetxebarría confirmando la experiencia y el conocimiento que tiene en muchos ámbitos y en concreto en el del Derecho marítimo y de pesca. Pero nosotros vamos a mantener la posición que ya mantuvimos en el Congreso de los Diputados de apoyar la ratificación y, en concreto, las declaraciones interpretativas que presentará España en el momento de la ratificación del acuerdo basándonos en que, como lo es para todo el territorio del Estado español por su dependencia en gran medida del sector pesquero, no lo es menos en el caso del archipiélago canario y nos preocupa seguir dando largas a esta situación.
Por lo tanto, nuestro voto va a ser favorable a la ratificación de este acuerdo y de las declaraciones interpretativas que que presentará España.
Muchas gracias.


La señora PRESIDENTA: Gracias, Senador Rodríguez.
Tiene la palabra, en nombre del Grupo Parlamentario de Senadores Nacionalistas Vascos, el Senador Gatzagaetxebarría.


El señor GATZAGAETXEBARRIA BASTIDA: Muchas gracias, señora Presidenta.
Obviamente, la Senadora Agüero dice que a ver si le doy trabajo en mi despacho. Este Senador no tiene despacho, pero eso no le tiene que apurar a usted, porque usted en su régimen matrimonial tiene un inmenso patrimonio hostelero y como tienen tantos hoteles no va a tener ningún problema para encontrar trabajo. Por lo tanto, acotemos los términos. El otro día nos anunció que su familia iba a inaugurar hoteles en Madrid y en Barcelona. Como usted hace referencias personales yo también se las voy a hacer porque aquí todos podemos tener información. Usted alude a mi despacho y yo a su inmenso patrimonio de hostelería que tiene en régimen matrimonial. (Protestas y rumores en los escaños del Grupo Parlamentario Popular.) Dicho esto, porque si jugamos lo hacemos con todas las cartas, diré, señora Presidenta, que cuando se habla de la interpretación del artículo 4 de la Convención de 1995 no se habla de la primacía del Acuerdo sobre la Convención del Derecho del Mar. Dice todo lo contrario. Interprételo usted, porque usted no me ha contestado. La interpelo por segunda vez, ¿qué entiende usted en los artículos 6, 7 y 8 del artículo 21? No me ha contestado. Yo lo siento, pero usted ha utilizado unos argumentos parlamentarios haciendo referencias personales y yo se los voy a utilizar también.
Yo he tenido un buen tono y la portavoz de su Grupo en la Comisión tuvo otra clase política, pero cuando se dicen las cosas hay que poner los puntos sobre las íes y usted quedará en la posición que corresponda, con sus criterios y el conocimiento que sobre el fondo de la materia tenga.
Nada más y muchas gracias.


La señora PRESIDENTA: Gracias, Senador Gatzagaetxebarría.
¿Algún otro Grupo quiere hacer uso del turno de portavoces? (Pausa.) Por el Grupo Parlamentario Popular, tiene la palabra la Senadora Agüero.


La señora AGÜERO RUANO: Muchas gracias, señora Presidenta.
Senador Gatzagaetxebarría, me encanta lo del patrimonio de mi marido, pero yo no me he metido con su mujer. (Risas.--Aplausos en los escaños del Grupo Parlamentario Popular.) Le he dicho lo del despacho con todo el cariño del mundo porque, que yo sepa, en esta Cámara es compatible el trabajo de los Senadores con el despacho.
Está absolutamente claro y diáfano en esta Cámara que usted entiende de pesca. No se lo he dicho con ánimo de ofenderle, sino al contrario. Usted siempre da aquí una clase magistral y no sólo en este Pleno. En todas las Comisiones que he tenido el honor de enfrentarme con usted o usted conmigo, pero dentro del ámbito parlamentario, siempre he dicho que usted de pesca sabe mucho. Por lo tanto, se lo he dicho en sentido cariñoso.
Discúlpeme, pero vuelvo a reiterarle que mi patrimonio y el de mi marido no procede mencionarlo en esta Cámara ni en este momento.
Senador Gatzagaetxebarría, tiene que reconocer que el fondo de las propuestas que usted ha presentado, lo que le preocupa realmente de este acuerdo, son las inspecciones en alta mar por lo que ocurrió en 1995 con el buque «Stai» en Canadá. A usted le afecta como persona entendida, como parlamentario, no patrimonialmente --no vaya a pensar que le digo que ese buque es suyo.
En ocasiones, cuando usted habla de pesca, veo que sólo le importa la flota vasca. Es cierto que en momentos determinados, cuando estamos haciendo algunas propuestas, algunas intervenciones, yo misma, que soy Senadora por Almería, soy andaluza, barro para mi tierra, pero cuando se trata de cuestiones internacionales me gustaría que mirara usted los intereses de toda la flota española.
Ya le he dicho en mi anterior intervención que me extrañaba que el Partido Nacionalista Vasco no hubiera dicho nada, más que sí --y era bastante--al acuerdo en el Congreso de los Diputados, supongo que porque en aquella

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Cámara sus compañeros no son tan entendidos en la materia como usted, lo que es reconocido por todos los Senadores.
Señoría, usted sabe que en el Consejo de la Unión Europea ya se decidió no solamente la presentación de los instrumentos de ratificación simultánea por todos los países sino, además, que se presentaran siete declaraciones, interpretativas. El Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación estimó que, además, había que poner dos declaraciones adicionales, y así lo propuso al Gobierno cuando solicitó la autorización a las Cortes para la ratificación del acuerdo.
Por lo tanto, señoría, sólo me queda dar las gracias a los demás portavoces porque van a ratificar el acuerdo, y no sé exactamente lo que ustedes van a votar, porque una cosa es que hayan pedido el aplazamiento y otra cosa es que al final, por el bien de la Comunidad y de todos los barcos pesqueros españoles, ustedes puedan ratificar el acuerdo.
Nada más y le reitero, señoría, lo de pelillos a la mar. (El señor Gatzagaetxebarría Bastida pide la palabra.)

La señora PRESIDENTA: Señor Gatzagaetxebarría, ha tenido cuatro turnos, pero le concedo un minuto por el artículo 87 mientras vienen sus señorías a la votación.


El señor GATZAGAETXEBARRIA BASTIDA: Señora Presidenta, no pido la palabra a efectos parlamentarios dialécticos.
Simplemente quiero decirle a la Senadora Agüero que si se ha sentido molestada, ofendida o aludida retiro lo que he dicho, pero le advierto que si se hacen imputaciones sobre el trabajo profesional, que no existe, también me gustaría que se retiraran. Por lo tanto, nuestro grupo parlamentario da por retirada esa cuestión y pido disculpas si se ha sentido molestada, porque era simplemente a efectos dialécticos y de reconvención parlamentaria.
Nada más y muchas gracias. (La Senadora Agüero Ruano pide la palabra.)

La señora PRESIDENTA: Gracias, Senador Gatzagaetxebarría.
Senadora Agüero, tiene otro minuto.


La señora AGÜERO RUANO: Señora Presidenta, yo no quiero que se retire absolutamente nada, puesto que soy consciente de lo que he dicho. Creo que el Senador Gatzagaetxebarría no me conoce. No me he sentido aludida, en absoluto, por el patrimonio de mi marido, porque mi marido no es José María «El Tempranillo», como solemos decir por Andalucía.
Senador, solamente le he dicho que yo no me he metido con el patrimonio de su mujer, y usted, en todo caso, ha hecho referencia al patrimonio de mi marido.


La señora PRESIDENTA: Señorías, vamos a votar las propuestas sobre las declaraciones interpretativas al Acuerdo sobre la aplicación de las disposiciones de la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar.
A la vista de que la propuesta número 4 ha sido retirada, votaremos en primer lugar las propuestas de declaraciones interpretativas números 2, 3 y 5 en su conjunto. ¿Hay algún inconveniente en que se voten conjuntamente? (Pausa.) Se inicia la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos emitidos, 181; a favor, nueve; en contra, 166, abstenciones, seis.


La señora PRESIDENTA: Quedan rechazadas.
Votamos a continuación la concesión de autorización para que el Gobierno preste el consentimiento del Estado para obligarse por medio del Acuerdo sobre la aplicación de las disposiciones de la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar, de 10 de diciembre de 1982, relativas a la conservación y ordenación de las poblaciones de peces transzonales y las poblaciones de peces altamente migratorios, hecho en Nueva York el 4 de agosto de 1995 y Declaraciones Interpretativas que España desea formular.
Se inicia la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos emitidos, 181; a favor, 172, en contra, uno; abstenciones, ocho.


La señora PRESIDENTA: Queda aprobada.


INFORMES DE PONENCIAS:

--INFORME DE LA PONENCIA DE ESTUDIO PARA LA PROBLEMATICA DE LA EMPRESA FAMILIAR, CONSTITUIDA EN EL SENO DE LA COMISION DE HACIENDA, APROBADO POR LA COMISION EN SESION CELEBRADA EL DIA 27 DE NOVIEMBRE DE 2001 (543/000005).


La señora PRESIDENTA: Pasamos al punto cuarto del orden del día: Informes de Ponencias. Informe de la Ponencia de estudio para la problemática de la empresa familiar, constituida en el seno de la Comisión de Hacienda, aprobado por la Comisión en sesión celebrada el día 27 de noviembre de 2001.
Para la presentación del informe tiene la palabra el representante designado por la Comisión, en este caso el Senador Caneda.


El señor CANEDA MORALES: Muchas gracias, señora Presidenta.
Señorías, tengo el honor de presentar el informe de la Ponencia de estudio para la problemática de la empresa familiar, que tiene su origen en una moción aprobada por esta Cámara el día 26 de noviembre de 2000.
El informe fue aprobado por unanimidad por la Ponencia el día 12 de noviembre, así como por la Comisión en su reunión del día 27 de ese mismo mes. (Fuertes rumores.)

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La señora PRESIDENTA: Un momento, Senador Caneda, por favor.
Señorías, guarden silencio, por favor. Si quieren hablar pueden hacerlo sus señorías en cualquier otro lugar. No se puede oír al orador.
Continúe, Senador Caneda.


El señor CANEDA MORALES: Muchas gracias, señora Presidenta.
En primer lugar, es de justicia agradecer a todos los componentes de la Ponencia y a los servicios de la Cámara el trabajo que han realizado en el tiempo que ha durado esta Ponencia, tanto por la calidad de sus trabajos como por su nivel de asistencia. El trabajo ha sido realmente fructífero e intenso.
Durante este año se ha conseguido el objetivo que se perseguía: que se hablara de la empresa familiar, pues a lo largo y ancho de la geografía española, tanto en las universidades como en las cámaras de comercio, ha sido objeto de debate. Este reto ha servido también como homenaje a las empresas de tipo familiar, que son la fuente de mayor dinamismo y creación de empleo que tenemos en este momento en España. Pero el homenaje se hace extensivo a las grandes empresas, que intentan salir a los mercados exteriores y ser multinacionales, y a las pequeñas, que simplemente intentan subsistir. Todas ellas ponen ilusión y trabajo, y por ello debemos cuidarlas a todas.
Cuando se aprobó esta moción, nos preocupaba la empresa familiar por ciertas razones. Una de ellas era la localización. La empresa familiar lleva implícito el arraigo a una tierra, y todos los Grupos entendimos que era de interés general luchar por ello. Innato a la empresa familiar es también su afán de continuidad, que, además de ser bueno para la economía y la sociedad, justificaba nuestro estudio. Por último, pero no por ello menos importante, la empresa familiar, a diferencia de otro tipo de actividad económica, incorpora en su gestión unos valores éticos que todos consideramos interesantes defender.
Desde un principio, centramos nuestro estudio en decidir si sería interesante que la empresa familiar tuviera un estatuto jurídico específico. Para ahondar en ello, se convocaron a veinte comparecientes muy diferentes: grandes empresarios, pequeños empresarios, juristas, especialistas en materia laboral, representantes de los sindicatos, etcétera. En definitiva, se citó a todo aquel que podía aportar novedades o datos de interés al estudio de esta problemática.
Para decidir si sería conveniente o no la creación de un estatuto jurídico, tuvimos que contemplar la radiografía de la empresa española; una radiografía que nos muestra a unas 2.600.000 empresas, de las cuales sólo 3.000 son grandes empresas, 1.400.000 no tienen empleados y 1.000.000 tiene menos de diez empleados. La mayoría son, en consecuencia, pequeñas empresas y microempresas, las que tienen menos de diez trabajadores; son justamente las microempresas las que crean el 50 por ciento de los empleos. (Rumores.) Al ver el contexto del mundo empresarial, nos propusimos encontrar la definición de empresa familiar. Como era una tarea difícil, optamos por la definición más sencilla y conocida, aquella en la que congenian propiedad y gestión de la empresa y afán de continuidad. Con esta definición de empresa y la radiografía existente en España, sobre todo en el sector comercio y servicios, donde más del 80 por ciento son empresas familiares, llegamos a la conclusión de que el estatuto jurídico específico tendría que abarcar...


La señora PRESIDENTA: Por favor, señorías, guarden silencio.
Continúe, Senador Caneda.


El señor CANEDA MORALES: Tendría que abarcar a más del 80 por ciento de las empresas existentes, con lo cual no parecía lógico que se hiciera, pese a las pretensiones de algunas asociaciones, un estatuto específico de la empresa familiar que abarcase a la gran mayoría de las empresas.
Esta razón era importante, pero no lo era menos el hecho de que la problemática de las pequeñas empresas y las microempresas coincidiese más por el tamaño que por la estructura de la propiedad. Es más común la problemática de dos pequeñas empresas, aunque una fuera familiar y otra no, que su estructura en sí. Eso nos llevaba a pensar que debíamos buscar otra manera de solucionar las cuestiones que nos planteaban las asociaciones de la empresa familiar.
Así pues, nos concentramos en la sucesión, que era el principal problema que todos definían como causa fundamental de los conflictos que se planteaban en este tipo de empresas. Los datos eran, además, objetivos, sólo el 40 por ciento de las empresas familiares lograban la primera sucesión, y sólo alrededor del 10 por ciento la segunda. Si bien es cierto que la fiscalidad en España está hoy prácticamente resuelta en cuanto a sucesiones, donaciones y patrimonio, motivo por el que no parece lógico que la fiscalidad sea una causa de la desaparición de empresas, también lo es que había otra serie de problemas que, aunque no debían ser contemplados en un estatuto, sí consideramos que deberían afrontarse a través de modificaciones en la legislación general, de forma que se pudiera atender a todas las cuestiones planteadas por los afectados.
La Ponencia estimó oportuno elaborar ocho sencillas recomendaciones, que creo abarcan todas las cuestiones suscitadas, y trasladarlas al Gobierno para que, una vez fueran aprobadas en esta Cámara, fueran asumidas por éste a través de una Comisión, que a estos efectos ya se ha puesto en marcha, y para que el Ministerio de Economía en relación con el de Justicia, puesto que muchas de las cosas planteadas pertenecen al ámbito de éste último, introdujeran los cambios oportunos.
Y estas conclusiones, que de forma breve les comento, serían las siguientes: En primer lugar, la necesidad por parte de la Administración pública de hacer campañas para llenar el vacío que hemos encontrado en cuanto a información y comunicación de la normativa existente hacia las empresas familiares. Asimismo, aconsejamos que las empresas familiares pasen a ser, a partir de un cierto volumen, empresas societarias. No hay que olvidar que el 64 por

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ciento de las empresas siguen teniendo carácter individual, algo que no consideramos aconsejable.
En segundo lugar, y casi como un factor común a todas las intervenciones que hemos tenido en las comparecencias, la creación de un protocolo familiar que recoja las relaciones entre propiedad y empresa, y que sirva de código interno, pero, fundamentalmente, que ayude a planificar la sucesión. Ya que la mayoría de los problemas se plantean en la sucesión, este protocolo debería recoger esa relación entre familia y propiedad mediante la creación de un consejo de familia que sea quien defina la filosofía a seguir, independientemente de la gestión interna, pero que, a su vez, facilite mucho la sucesión de la empresa.
El tercer punto a tener en cuenta, puesto que este protocolo que se aconseja --y también los existentes-- contiene elementos que afectan a terceros, sería el de recomendar que en aquella parte que afecte a terceros sea inscrito en el Registro Mercantil a efectos de que sea público.
El cuarto punto sería el de recomendar que, aunque no exista un estatuto jurídico independiente; todo aquel que lo desee pueda optar a tener una distinción que defina el espíritu de la empresa, que defina con quién se está hablando ante terceros. Así, podría añadirse, por ejemplo, una «f», o cualquier otro símbolo, después de las siglas de sociedad anónima o de sociedad limitada que distinga a estés empresas ante terceros como empresas familiares.
El quinto punto, que también ha sido requerido por gran parte de los comparecientes, estaría referido a la creación de un sistema de arbitraje o mediación específico para evitar conflictos judiciales que provocan que sea la empresa quien finalmente pague teniendo que cerrar o a través de una demora en la solución de los problemas de propiedad.
El sexto punto consistiría en analizar y reconsiderar el tratamiento legal de las acciones sin voto. Ello viene como consecuencia del deseo de muchas empresas familiares de aumentar el capital sin perder el control de la misma. La forma de hacerlo existe, y es a través de las acciones sin voto, pero según la legislación actual, sólo pueden ejercerlo las sociedades anónimas. Sin embargo, el 80 por ciento de las sociedades radicadas en España son limitadas, motivo por el cual no pueden utilizar esta fórmula. Dado que ésta tampoco se está empleando en las sociedades anónimas, sería realmente necesario un cambio de cultura para aplicar ésta forma de ampliación de capital recurriendo a fondos externos sin perder el control.
El séptimo punto sería casi una incidencia en el primero, pero referido al aspecto tributario. Si hemos dicho al principio que había un desconocimiento, en general, de las normas que afectan a la organización, a la creación de «holding», al crecimiento de las empresas familiares, existe igualmente una falta de difusión de las ventajas fiscales que actualmente tienen. Aparte de que se puedan arbitrar otro tipo de medidas porque es un mundo dinámico, en las ya existentes en desgravaciones por investigación para el crecimiento, para acceder al mercado internacional y las propias medidas de declaraciones fiscales en sociedades o en renta, tendría que hacerse una campaña de difusión.
Por último, el octavo punto recoge la necesidad de clarificar, y analizar la afiliación de los administradores de las empresas familiares a la Seguridad Social, que en muchos casos plantea problemas. Sabiendo que es un tema delicado y difícil, entendemos que habría que incluirlo en las recomendaciones, puesto que así lo han recogido diversos comparecientes.
La ponencia aprobó estos ocho puntos por unanimidad, dándose por finalizada, y en la última Comisión de Hacienda del día 27 se acordó traerlo al Pleno para su aprobación. Muchas gracias y en el ambiente lógico de la Ponencia que es el familiar, felices fiestas para todos.
(Aplausos.)

La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, Senador Caneda.
Debate sobre la totalidad del informe.
Turno a favor. ¿Algún grupo quiere hacer uso de este turno? (Pausa.) ¿Turno en contra? (Pausa.) Turno de portavoces. ¿Grupos que quieren hacer uso de este turno? Por Coalición Canaria, tiene la palabra la Senadora Morales.


La señora MORALES RODRIGUEZ: Gracias, señora Presidenta.
Intervengo para decir que vamos a votar favorablemente el informe de la Ponencia de estudio para la Problemática de la Empresa Familiar.
Gracias.


La señora PRESIDENTA: Gracias, señoría.
¿Senadores Nacionalistas vascos? Tiene la palabra el Senador Albistur.


El señor ALBISTUR MARIN: Muchas gracias, señora Presidenta.
Señorías, de los trabajos elaborados por esta Ponencia a mí me gustarla destacar fundamentalmente --entre las más de ocho conclusiones que se han elaborado y después de haberse recogido en un informe que, a mi modo de entender, sintetiza de verdad la variopinta exposición realizada por los diferentes comparecientes-- la conclusión segunda. El Senado en esta Ponencia está recomendando. Hemos de tener en cuenta, señores Senadores, que estamos hablando de una reflexión sobre una acción eminentemente privada. La empresa familiar no está sujeta a leyes específicas, a directrices jurídicas específicas y el hecho de que este Senado haya opinado, haya reflexionado, haya hecho comparecer a especialistas e incluso a gestores y personas comprometidas con la empresa familiar en nada supone que asumamos la responsabilidad del futuro de la empresa familiar. Esto es algo que compete y pertenece solamente al ámbito de la iniciativa privada y a la acción privada.
Por eso, yo quisiera destacar de las conclusiones, sobre todo la segunda, que afecta a los aspectos más importantes, que inciden en la limitación o potenciación de la empresa familiar. Se recomienda la formalización de un protocolo familiar como acuerdo que delimite el marco de desarrollo, pero sobre todo se insiste en las reglas de actuación y

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relaciones entre la propia empresa familiar y su propiedad, de donde surgen conflictos o capacidades para el desarrollo de la empresa. Me salto otros argumentos, pero cito, entre otras cosas, que delimita también el acceso de los miembros de la familia a la empresa, tema controvertido, limitador y potenciador si se hace con una ordenación racional y buscando el desarrollo y el bien de la propia empresa.
Además, insistía la Ponencia en la posibilidad de crear fondos internos de autofinanciación para situaciones puntuales, donde estamos ya planteando un compromiso específico de los componentes y accionistas de la empresa familiar. También, dentro de lo que es un compromiso, regular la transmisión de las acciones, prever la sucesión de los fundadores en dichas empresas, tema que está hoy día paralizando, limitando el desarrollo, el crecimiento e incluso la subsistencia de muchas de estas empresas. Y finalmente, buscar --insiste la Ponencia-- el interés general contribuyendo a que las mismas ganen dimensión y sean competitivas, objetivo éste que pertenece ciertamente a cualquier empresa, pero que el hecho de ser una empresa familiar nunca debería ser una limitación, sino una potenciación en cuanto que supondría la aparición de una cultura que, sobre un instrumento de creación de riqueza, generación de empleo y acceso a tecnología, podría hacer perdurar una característica empresarial.
Entendemos que este Senado ha cumplido con su deber; algo más yo creo que no debería haber hecho. Ha hecho lo que tenía que hacer; si algo más hay que hacer, tiene que hacerlo el gestor privado, el accionista familiar, porque si no, no lo hará nadie más. Estamos llamando a la importancia de la responsabilidad de aquellos que forman parte, como familia o como integrantes de una o varias familias, de la gestión y propiedad de una empresa.
Como empresa, existen mecanismos de apoyo público para la creación de empresas, para su crecimiento, para apoyar las inversiones nuevas, para la internacionalización, para las fusiones y adquisiciones, bien sea de empresas nuevas o de empresas de sectores complementarios. La característica de familiar, insistimos, no debe ser una rémora, sino en todo caso un potencial, pero para ello, insisto, repito y reitero, hace falta una cultura empresarial de compromiso con la generación de riqueza, de promoción de empleo, de adquisición de tecnología y de profesionalidad en la gestión; es decir, de responsabilidad del instrumento de generación de riqueza que se tiene entre las manos.
Insisto, señorías, en que este Senado ha realizado la reflexión rigurosa y seria que debía realizar; este Senado ha cumplido con creces los objetivos que se propuso. Entendemos que hemos dejado unas reflexiones para quien quiera ser responsable de la continuidad de una empresa con unas características peculiares, pero que debe cumplir las que el mercado moderno exige a la empresa en general. Esperemos que los planteamientos y conclusiones realizados lleven a buen éxito a estas empresas de estas características.
Quisiera agradecer y reconocer el trabajo realizado por todos los grupos que nos han acompañado en esta Ponencia, por supuesto también y sin duda ninguna al señor Letrado, don Manuel Marín, porque ha sido un gran artífice de la síntesis y sus conclusiones nos han permitido extraer los puntos clave para que pudiéramos hoy día presentar unas conclusiones y unos resultados del trabajo de una Ponencia que verdaderamente deben ser aprovechados por los destinatarios para quienes fue creada, ya que ellos demandaban del Senado una posición de compromiso, compromiso que hemos cumplido y que esperemos sea fructífero.


La señora PRESIDENTA: Gracias, Senador Albistur.
¿Algún otro grupo desea intervenir? En nombre de la Entesa Catalana de Progrés, tiene la palabra la Senadora Aroz.


La señora AROZ IBAÑEZ: Gracias, señora Presidenta, señorías.
Cuando en septiembre del pasado año debatimos la moción del Grupo Parlamentario Popular, que ha sido el punto de partida para el trabajo de esta Ponencia en la que se proponía la remisión por el Gobierno a las Cortes Generales de un proyecto de estatuto jurídico para la empresa familiar, la opinión de nuestro grupo, que apoyó la moción, fue la de considerar que se trataba de una iniciativa precipitada puesto que una propuesta de estas características requería, con carácter previo, un diagnóstico de los problemas y que este diagnóstico y su solución fuesen realizados a través del diálogo con los sectores empresariales afectados.
Por tanto, desde este punto de vista, nos pareció muy oportuna y acertada la decisión de crear una Ponencia de estudio. Hoy valoramos muy positivamente el trabajo y el informe que se han realizado, y ello por varias razones.
Ha habido un abanico amplio de comparecientes, representantes del mundo empresarial y de los sindicatos, ha habido comparecencias de expertos de distintos ámbitos del mundo académico y de otros sectores, así como de representantes de la Administración del Estado. También se ha dispuesto de información interesante aportada por los comparecientes y se ha elaborado un informe, con el apoyo de los servicios de la Cámara, que consideramos un buen informe, sobre la realidad actual de las empresas familiares en España.
Se contribuye con él, como ha destacado acertadamente en su intervención el portavoz de la Ponencia, el Senador Caneda, a la definición de este tipo de empresas, algo que no resultaba fácil, y se ha hecho una aportación al análisis de sus características, de su financiación y de la normativa que las afecta. Todo ello con la perspectiva de la experiencia comparada, especialmente desde la perspectiva y las directrices más actuales de la Unión Europea, que era preciso tener en cuenta.
Pero sin duda, y con vistas al futuro, lo más relevante son las conclusiones. Hay que destacar, como se ha dicho, que estas conclusiones son recomendaciones. No podría ser de otra manera puesto que se trata de un ámbito privado. Hay recomendaciones a las empresas, que son, en definitiva, las que deben prepararse para los retos que el nuevo entorno económico plantea, y recomendaciones a

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las administraciones públicas, puesto que corresponde a los poderes públicos crear las condiciones para la consolidación de empresas sólidas y flexibles y para que el país asuma plenamente la relevancia de la función empresarial como condición indispensable para el logro de niveles de bienestar creciente.
Entendemos que un adecuado sistema de incentivos y de soporte a la función empresarial son del todo necesarios para aumentar la capacitación de la clase empresarial y, desde luego, para que se produzca la emergencia o la continuación, como en este caso, de nuevas generaciones de empresarios que garanticen la prosperidad de nuestro país en el siglo XXI.
Respecto al tema central de la reflexión, que era el impulso de un estatuto jurídico para la empresa familiar, que en principio se proponía que debía ser elaborado por el Gobierno y remitido a las Cortes Generales, esta propuesta ha quedado descartada a lo largo del desarrollo de los trabajos de la Ponencia, y ha sido sustituida por la recomendación a las empresas familiares de formalización de un protocolo familiar que ha de tener fuerza legal y que debe constituir el marco de desarrollo y actuación de estas empresas. Esta ha sido una propuesta prácticamente unánime de todos los comparecientes, y es la que se recoge en el punto 2.
Como se ha señalado --y nosotros coincidimos con ello--, es la conclusión más relevante del informe puesto que --vuelvo a recordar-- el punto de partida era la propuesta de un estatuto jurídico de la empresa familiar elaborado por al Gobierno. Esto se sustituye por otro tipo de propuesta que es un protocolo, llamado protocolo familiar, que sería elaborado por las empresas familiares, pero que debería tener un rango legal.
Respecto a las otras recomendaciones, suponen introducir mejoras en aspectos del ordenamiento jurídico, mercantil, fiscal, y también en relación con la legislación aplicable para la afiliación de los administradores a la Seguridad Social en los términos que ha explicado el portavoz de la Ponencia, Senador Caneda.
En definitiva, señorías, consideramos que, por parte de la Ponencia de estudio para la problemática de la Empresa Familiar, se ha hecho un trabajo riguroso del que nos congratulamos. Estamos de acuerdo con las recomendaciones que se hacen y votaremos, en consecuencia, con el Informe y con sus conclusiones.
Siendo éste el último Pleno antes de la fiesta de la Navidad, quisiera desearles a todos ustedes unas muy felices fiestas.
Gracias, señorías. (Aplausos.)

La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, Senadora Aroz.
En nombre de Convergència i Unió tiene la palabra el Senador Cambra.


El señor CAMBRA I SANCHEZ: Muchas gracias, señora Presidenta.
Señorías, quisiera empezar esta intervención uniéndome a los agradecimientos que se han hecho desde esta tribuna a los servicios de la Cámara, que han trabajado de forma eficaz dando soporte a esta Ponencia para que llevara a buen puerto el objetivo que perseguía, y quiero en este aspecto destacar muy especialmente el trabajo realizado por el Letrado de la Comisión de Hacienda, don Manuel Marín, en su calidad de Secretario de la Ponencia y como intérprete de las conclusiones y de los textos que los ponentes le solicitamos para que realizara el documento que ha servido de base a nuestro trabajo. Asimismo, quiero agradecer el trabajo al resto de los componentes de la Ponencia y decir que ha sido un placer trabajar en una Ponencia que ha cumplido con su objetivo. Nuestro objetivo era tener las conclusiones formalizadas antes de finalizar este año 2001, así ha sido ya que en este último Pleno va a ser definitiva la aprobación del documento. Quiero hacer una mención especial al trabajo del coordinador de la Ponencia, Senador Caneda, ya que, gracias a su labor de coordinación, se mantuvo el ritmo y la cadencia necesarios en las comparecencias para poder llegar a cumplir este objetivo.
Por lo que hace referencia al tema fundamental aquí tratado, que es la problemática de la empresa familiar, mi primera reflexión es en el sentido de valorar por qué se ha hecho un trabajo de estas características en una Cámara como el Senado, de la misma manera que hace ya años se impulsaron iniciativas legislativas en estas Cámaras, muchas de ellas a partir de propuestas del Grupo de Convergència i Unió con el fin de introducir determinadas medidas de tipo fiscal fundamentalmente, como en este caso concreto, tendentes a facilitar determinados aspectos de la vida y sobre todo la continuidad de la empresa familiar.
Es evidente que la motivación para que ello se haya realizado en ningún caso pretende beneficiar intereses privados de nadie, ni de propiedad ni de accionistas, de nadie. Muy al contrario, si creemos que vale la pena haber hecho ese trabajo, al menos por parte de nuestro Grupo, y hemos propugnado que se haga, ha sido porque entendemos que la subsistencia de la empresa familiar y la creación de un marco favorable para su continuidad son dos aspectos que benefician claramente al interés general, por lo que representa la empresa familiar en el conjunto del sector productivo en este país y, por tanto, en lo que supone la generación de empleo y la actividad económica del país. Es algo que quiero precisar porque es muy importante que quede muy claro por qué el Senado, una Cámara que, como es lógico, vela por los intereses globales del país, ha dedicado tiempo y hace unas recomendaciones a través de las conclusiones que se han comentado anteriormente en el sentido de ocuparse de un tema como es el de la empresa familiar.
Entrando en los aspectos del trabajo que se ha realizado, me parece interesante destacar algunos de ellos, como por ejemplo algo que ha salido continuamente en las comparecencias, que hace referencia a la posible confusión que se produce cuando se analiza este tema entre el concepto de empresa familiar y el de pequeña y mediana empresa. Es evidente que muchas pequeñas y medianas empresas son empresas familiares, pero no debemos confundir esos dos términos, ya que mientras la pequeña y mediana empresa se diferencian puramente por tamaño, la

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empresa familiar en este aspecto no tiene diferenciación, sino que puede haber grandes empresas familiares o pequeñas empresas familiares. Lo digo porque incluso cuando se han realizado análisis en derecho comparado ha sido necesario acudir en muchas ocasiones a normas o aspectos legislativos de las pequeñas y medianas empresas, básicamente porque son pocos los países que han legislado o que han elaborado normativas específicas para la empresa familiar.
Otro aspecto que también ha surgido continuamente durante las comparecencias y que se refleja en el documento que hoy vamos a aprobar es la diferenciación de tres aspectos básicos en toda empresa, pero muy especialmente en la empresa familiar, que son: la propiedad, el gobierno y la gestión.
Es evidente que en el primero es imprescindible que la familia esté presente para que podamos hablar de empresa familiar; en el segundo es muy importante y casi imprescindible su presencia, y en el tercero, aunque esté presente en muchos casos, no es imprescindible para mantener la característica de empresa familiar.
Voy a hacer referencia a otra cuestión muy recurrente en el estudio, que es el crecimiento y la continuidad. Si repasamos muchos de los temas contenidos en las comparecencias o en las reflexiones del propio estudio, podremos comprobar que muchos de los conceptos que ahí se contemplan no tienen sentido si no es a partir de una cierta dimensión. Por tanto, la creación de un marco correcto para alcanzar esta dimensión toma especial relevancia en esta cuestión. Aspectos como la incorporación o no de consejeros independientes; la posible creación de determinadas figuras jurídicas como «holdings»; la diferenciación entre un consejo de administración y un consejo de familia, y, por qué no, el propio protocolo, carecen de sentido si no hay una cierta dimensión. Todos estaremos de acuerdo en que en un pequeño negocio no nos plantearíamos estos aspectos; estamos hablando de que uno de los temas fundamentales que se han desarrollado a lo largo del trabajo ha sido la creación de un marco adecuado para el crecimiento y y es ahí donde se han producido muchas aportaciones y reflexiones.
La parte más importante de este informe es la de las conclusiones o, como muy bien ha dicho la Senadora Aroz, las recomendaciones. Ya han sido expuestas con mucha claridad por el senador Caneda, portavoz de la Ponencia, al presentar el estudio. Simplemente quiero destacar que de todas ellas hay una muy concreta dirigida al propio sector de la empresa, que es la segunda; evidentemente, estamos recomendando a las empresas familiares que elaboren un protocolo, sobre todo a partir de una cierta dimensión. El resto de las recomendaciones van dirigidas fundamentalmente a la Administración, con objeto de que promueva una serie de iniciativas que favorezcan y mejoren el marco en el que se mueve la empresa familiar.
El Senador Caneda ya lo ha comentado. Se ha creado una Comisión interministerial para estudiar esta problemática y confiamos en que este trabajo sea de utilidad para dicha Comisión y que a partir de aquí el Gobierno tome iniciativas que regulen de forma concreta los aspectos contemplados en nuestras conclusiones. Insisto, esperamos que nuestro trabajo haya sido útil.
Consideramos positivo que ya se hayan producido declaraciones por parte del Gobierno; concretamente dispongo en este momento de una entrevista con el Secretario de Estado de Economía, don José Folgado, en la cual manifiesta que la empresa familiar tendrá un nuevo marco legal en el año 2002. Confiamos en que esto sea una realidad; además, sería un factor positivo si se llevara a cabo en el primer semestre del año próximo coincidiendo con la Presidencia española de la Unión Europea, por cuanto nos convertiríamos de alguna forma en pioneros en un tema tan trascendente como éste para la actividad económica, dado que existe muy poca legislación y muy pocas iniciativas en este aspecto dentro de los países de la Unión.
Por tanto, es una buena oportunidad para que el Gobierno adopte iniciativas en esta línea y espero que podamos debatirlas próximamente en esta Cámara, teniendo en cuenta las recomendaciones del trabajo que acabamos de realizar.
Sólo me queda reiterar mi agradecimiento y satisfacción por haber podido trabajar con el resto de los miembros de la Ponencia, a través de la cual considero que hemos confirmado el prestigio que tiene esta Cámara en lo que se refiere a la elaboración de estudios especiales. Creo que hemos hecho un documento que va a ser de utilidad y, como ya he dicho, espero que pueda plasmarse concretamente el próximo año.
Y al igual que han hecho mis antecesores, como creo que ésta va a ser la última intervención de mi Grupo en 2001, les deseo felices fiestas y un mejor año 2002.
Muchas gracias. (Aplausos.)

La señora PRESIDENTA: Gracias, Senador Cambra.
En cuanto a sus últimas palabras, tengo que recordarle que en el Pleno del día 27 trataremos la encefalopatía espongiforme bovina, y estoy segura de que gozaremos de una intervención extraordinaria por parte del Senador Marimon. (Risas.) En nombre del Grupo Parlamentario Socialista, tiene la palabra el Senador Chivite.


El señor CHIVITE CORNAGO: Gracias, señora Presidenta. Como le prometí el otro día, me voy a portar bien en el Pleno.
Intervengo en nombre de mi Grupo para fijar nuestra posición y explicar lo que ha sido este intenso trabajo de la Ponencia para el estudio de la problemática de la empresa familiar. Y también imbuido de ese espíritu navideño de cordialidad, del que hoy tanto se ha hablado aquí, me van a permitir que, con todo cariño y sin acritud, me dirija al Grupo de la oposición como introducción.
Como pueden comprobar sus señorías, la normalidad democrática se plasma en el debate parlamentario, y ése es el pilar fundamental del sistema constitucional que nos rige. Creo que este sistema se consolida cuando se producen tres elementos. El primero, los momentos, por qué no, de confrontación abierta, como ha ocurrido durante estas últimas semanas con ocasión de los debates de distintas leyes.


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El segundo, cuando hay momentos de diálogo orientados al acuerdo, se llegue o no al mismo. Y el tercero, en los momentos de consenso, consenso que se ha producido con el principal grupo de la oposición y también con otro grupo --el pacto antiterrorista, el pacto por la justicia, o el que ahora nos ocupa--, en un trabajo intenso desarrollado con la voluntad de colaborar, de buscar el camino tratando de limar las aristas que siempre se producen en los desacuerdos, y buscando el encuentro.
Señorías, a juicio del Grupo Parlamentario Socialista ése es el gran valor de la democracia, el gran valor del parlamentarismo: poder discrepar, siempre desde el correcto diálogo, pero, desde luego, también poder confrontar. Por ello, estos días previos a la Navidad me dan pie para pedir un respeto permanente hacia la oposición, tanto cuando acuerda como cuando no lo hace, cuando expone sus argumentos, sean coincidentes o no con los del Gobierno y el grupo que los sustenta.
Creo que el respeto a la Constitución, que nos une a todos, es el que define el modelo que nos une en esta Cámara. Por ello, asigna a la mayoría la responsabilidad de gobernar, y a la oposición la responsabilidad de controlar, criticar al Gobierno cuando lo hace real y, por qué no, como ha ocurrido en este caso, colaborar con él cuando vemos que la dirección que ha tomado es la correcta. Este es el mensaje que, de cara a 2002, expreso desde esta tribuna al Grupo que apoya al Gobierno.
Entrando en los agradecimientos, mi Grupo no puede sino tener un reconocimiento para con las personas que han trabajado para elaborar estas conclusiones. En primer lugar, por la dedicación y el esfuerzo pedagógico que creo han hecho para nosotros, Senadores desconocedores en gran parte de la realidad de la empresa familiar, todos quienes han comparecido a lo largo de estos meses en la Ponencia. También, cómo no, para los Senadores y Senadoras que hemos compartido horas de trabajo, de discusión tranquila en el ámbito de esa Ponencia. Tampoco podía dejar de agradecer, en nombre de¡ Grupo Parlamentario Socialista, los servicios jurídicos de la Cámara y, en especial, al letrado don Manuel Marín, sin cuya colaboración, a nuestro juicio, no hubiera sido posible presentar en tiempo y forma, antes de fin de año, cuál fue el reto que se fijó cuando se constituyó la Ponencia, este informe y estas conclusiones.
También tenemos que tener memoria histórica y recordar los antecedentes parlamentarios, que no surgen ahora, que no somos el Adán en esta Legislatura. Hay que recordar lo que ha sido el trabajo en pro de la empresa familiar, y reconocer, incluso, que el Grupo Parlamentario Catalán en el Senado de Convergència i Unió fue el iniciador de este debate ya en el año 1993 con un paquete de medidas pactadas con el Gobierno de entonces, el Gobierno de don Felipe González, el Gobierno del Partido Socialista, cuando se establecieron las primeras medidas fiscales que vinieron a favorecer el desarrollo, la continuidad, la consolidación y la expansión de este grupo de empresas familiares. No voy a hablar de la posición que mantuvo entonces el Grupo Parlamentario Popular. Me alegra políticamente que hayan venido en esta ocasión a las razones y oportunidad de establecer esta Ponencia y trabajar en pro de este tipo de empresas. (El señor Vicepresidente, Rojo García, ocupa la Presidencia.) Cuando el Grupo Parlamentario Socialista empezó a trabajar conjuntamente con el resto de los Grupos en esta Ponencia nos planteamos cuatro cuestiones básicas: la primera pregunta era qué son realmente empresas familiares; la segunda, qué papel juegan este tipo de empresas en el panorama socioeconómico de nuestro país; la tercera, qué, papel creemos que deben jugar en el futuro; y, como conclusión y cuarta pregunta que teníamos en aquel momento, qué medidas activas creíamos entonces que se debían implantar para potenciar este tipo de empresas.
Yo creo que las respuestas a esas cuatro cuestiones fundamentales, han ido surgiendo de las aportaciones de los distintos comparecientes, de la voluntad y el trabajo del conjunto de Senadores, y han sido plasmados en las conclusiones de la Ponencia que el portavoz de la misma ha expuesto aquí brillantemente.
Pasando de esas cuatro cuestiones fundamentales, de esas cuatro preguntas estructurales, empezamos a preguntarnos cómo está constituido el mapa real de las empresas familiares en España, sus características estructurales, sus características sectoriales, sus características socioeconómicas y cuál era la cuestión fundamental: la de la cultura de la emotividad que prima en las empresas familiares, las características sucesorias de estas empresas. Nos encontramos con que dentro del mapa había empresas familiares de gran tamaño, de pequeño tamaño, microempresas, unipersonales, unifamiliares, plurifamiliares; en cuanto al ámbito sectorial nos encontramos con empresas industriales, comerciales, turísticas, de servicios, de innovación. Y en cuanto a las características socioeconómicas nos encontrábamos con un mapa en el que estas empresas familiares en la mayoría de las ocasiones eran auténticos instrumentos de articulación de la sociedad, en especial de la sociedad rural, en especial de los pequeños y medianos municipios; eran la auténtica base del tejido empresarial de nuestro país; generaban un gran impulso a la creación de empleo en lugares donde las grandes inversiones externas no llegaban, y constituían herramientas insustituibles para el desarrollo equilibrado de los ámbitos comarcal, local y regional.
Hecha la fase de radiografía de las características de estas empresas familiares, desde el Grupo Parlamentario Socialista entramos a analizar lo que era la problemática general que afectaba al conjunto, más allá de sus características propias. Y en un análisis de estas empresas vimos cómo había un conjunto de debilidades que casi era un elemento común de todas ellas, con independencia de sus características estructurales, socioeconómicas o territoriales. Primero, el envejecimiento de sus gestores; segundo, unos procesos de renovación generacional y problemas en la sucesión; tercero, conflictos generacionales incluso en las propias empresas entre los ascendientes y los descendientes; cuarto, conflictos familiares también en la asignación de funciones propias en la empresa, los puestos de trabajo, el estatus organizacional y las retribuciones; quinto, la desmotivación de la segunda generación que sucedía a los creadores

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de esa empresa; sexto, falta de profesionalidad de los recursos humanos, porque muchas veces eran seleccionados más por métodos paternalistas, por métodos vinculados a la sucesión familiar o a la relación familiar que por métodos técnicos de operatividad de cara al futuro de la empresa; séptimo, una falta de recursos financieros muy importante; octavo, una falta de formación dada la propia dimensión de la empresa; y noveno, intereses contrapuestos en la propia composición del grupo familiar.
Veíamos amenazas de lo que es el sistema de globalización y la liberalización económica. También amenazas respecto del ritmo de la innovación y de los procesos tecnológicos, que superaban con mucho este tipo de empresas familiares. Sin embargo, vistos los aspectos negativos, también contemplamos aspectos muy positivos dignos de reseñar para el impulso de estas empresas familiares. Era el sentido de la propiedad, la vocación de continuidad, la reinversión permanente, la dimensión media con una implicación personal, la proximidad a economías locales, el conocimiento de la realidad de los productos que transformaban y la agilidad en las tomas de decisión, junto con la localización y vinculación al territorio tanto en lo social como en lo económico allí donde se radicaban. Y veíamos unas grandes oportunidades en un proceso de desarrollo económico, en un momento económico expansivo, aunque ahora --esperemos que el 2002 nos depare mejores perspectivas-- parece que hayamos entrado en un proceso de recesión.
Vinculado a ello, había que afrontar los retos par a superar lo que eran aspectos negativos. Y por eso, nos planteamos una serie de objetivos que pusimos de manifiesto en el seno de la Comisión. Uno, la propia definición. Había que definir con claridad desde la heterogeneidad de las empresas familiares lo que era una empresa familiar y el catálogo de los aspectos que la desarrollaban o que la definían. (Rumores.) La continuidad era un elemento básico. Ya se ha expuesto aquí. El crecimiento objetivo irrenunciable; la competitividad...


El señor VICEPRESIDENTE (Rojo García): Senador Chivite, por favor, vaya terminando. Ha pasado su tiempo.


El señor CHIVITE CORNAGO: Iré terminando. Yo quiero que en esta ocasión sea un poco generosa la Presidencia. Voy acabando. (Rumores.) Tranquilos.
Sean generosos en estos últimos momentos del año. No se me exalten.
En resumen, habría que mejorar las condiciones del entorno e internas que pudieran dar lugar al impulso de estas empresa familiares. Sobre los instrumentos no me voy a repetir, sobre todo, porque el portavoz de la Comisión más allá de hacer esa exposición brillante de lo que ha sido el trabajo y las conclusiones de la misma, luego tendrá oportunidad de ampliarlas en lo que han sido las ocho medidas que como conclusiones y recomendaciones se han expuesto aquí.
A modo de conclusión general y resumen final, señorías, la primera tarea era la definición de la empresa familiar. Queda para el Gobierno y el conjunto del sector tratar de llegar a una definición clara de cuál es y qué es una empresa familiar.
Creo que desde el Senado debemos ayudar --y lo vamos a intentar-- a superar la frase con la que Pedro Nueno, profesor del IESE, iniciaba un artículo en septiembre del año 1999. Decía el profesor Pedro Nueno: Si puede evitarlo, no empiece una empresa familiar.
Creo que el objetivo final del Senado, en román paladino, es superar el dicho de padres trabajadores, hijos vividores y nietos pordioseros. Eso debemos superarlo. En esa tarea se ha empeñado el Senado.


El señor VICEPRESIDENTE (Rojo García): Señor Chivite, ha concluido su tiempo. Han pasado cinco minutos.
Gracias.
Tiene la palabra el Senador Gamero.


El señor GAMERO MIR: Muchas gracias, señor Presidente.
Señorías, creía que el señor Caneda iba a hacer uso de este turno, pero le agradezco mucho que me permita dirigirles unas palabras.
En primer lugar, quiero decir que el trabajo de esta Ponencia ha sido magnífico; todos hemos participado y todos los grupos han aportado aspectos positivos.
Reitero y me sumo a los agradecimientos a los servicios de la Cámara.
Creo que no tengo que alargarme más porque se ha dicho muy bien absolutamente todo lo que se ha hecho; las conclusiones las ha explicado el Senador Caneda y, por lo tanto, me congratulo de que hayamos concluido estos trabajos satisfactoriamente en tiempo y en forma y espero que esas recomendaciones sean útiles para que la empresa familiar consiga los objetivos que se había planteado se la Ponencia.
Nada más y deseo a sus señorías felices fiestas y próspero año nuevo.
Muchas gracias. (Aplausos.)

El señor VICEPRESIDENTE (Rojo García): Gracias, señoría.
Entiendo que, salvo que digan ustedes lo contrario, se aprueba el Informe por asentimiento. (Asentimiento.)

CONOCIMIENTO DIRECTO DE PROYECTOS Y PROPOSICIONES DE LEY REMITIDOS POR EL CONGRESO DE LOS DIPUTADOS:

--PROYECTO DE LEY SOBRE CONCESION DE UN CREDITO EXTRAORDINARIO POR IMPORTE DE 19.945.098.263 PESETAS (119.872.454,79 euros), PARA ATENDER INSUFICIENCIAS DE CREDITO PRODUCIDAS EN EJERCICIOS ANTERIORES POR LA COMPENSACION DE INTERESES DE PRESTAMOS A LA CONSTRUCCION NAVAL (S.
621/0000045) (C. D. 121/000042).


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El señor VICEPRESIDENTE (Rojo García): Punto quinto del orden del día: Conocimiento directo de proyectos y proposiciones de ley remitidos por el Congreso de los Diputados.
Proyecto de ley sobre concesión de un crédito extraordinario por importe de 19.945.098.263 pesetas (119.872.454,79 euros), para atender insuficiencias de crédito producidas en ejercicios anteriores por la compensación de intereses de préstamos a la construcción naval.
No habiendo enmiendas, ¿desean intervenir en turno a favor? (Pausa.) ¿Turno en contra? (Pausa.) ¿Se entiende aprobada por asentimiento? (Asentimiento.) Gracias.


DICTAMENES DE LA COMISION DE INCOMPATIBILIDADES:

--EN RELACION CON DIVERSOS SEÑORES SENADORES (542/000018).


El señor VICEPRESIDENTE (Rojo García): Punto sexto del orden del día: Dictamen de la Comisión de Incompatibilidades.
Tiene la palabra el Senador Ainsa.


El señor AINSA ESCARTIN: Muchas gracias, señor Presidente.
Señorías, intervendré con mucha brevedad. Lo requiere el tiempo, las carreteras y el medio ambiente.
Tomo la palabra para presentar a este Pleno el dictamen aprobado por la Comisión de Incompatibilidades en relación con los señores senadores siguientes: Excelentísima señora doña Inmaculada de Boneta, Excelentísimo señor don Alberto Fernández, Excelentísima señora doña Ascensión Pastor, Excelentísimo señor don Angel Villalba y Excelentísimo señor don Joseba Zubia.
Este dictamen, señorías, es favorable y no propone incompatibilidad alguna en relación con los señores Senadores citados, por lo que de conformidad con el artículo 16.1 del Reglamento del Senado, se formula como dictamen de lista.
La Ponencia constituida en la Comisión examinó con todo detenimiento las declaraciones formuladas por los señores Senadores citados y, en algunos casos, les requirió las aclaraciones y documentación complementaria que estimó oportuna.
Señorías, cabe añadir que la Senadora Pastor Parres y el Senador Zubia Atxaerandio ya pertenecían a la Cámara en la presente Legislatura y que han sido nuevamente designados por el Parlamento Vasco.
La Ponencia designada en la Comisión propuso a ésta la aprobación de este dictamen favorable, que tuvo lugar en la reunión del día 10 de diciembre de 2001, y se publicó en el Boletín de la Cámara, serie I, número 326, de 14 de diciembre de 2001, y es por lo tanto conocido por todas sus señorías. Como lo expresa el propio Dictamen, su aprobación tuvo lugar por unanimidad de la Comisión.
En definitiva, señor Presidente, no me cabe más que solicitar de todas sus señorías la aprobación de este Dictamen por no existir causa alguna de incompatibilidad en los señores Senadores citados. Y, aprovechando la oportunidad que me brinda la Presidencia, desear un feliz regreso, un feliz año y prosperidad para todos, que la tienen bien ganada.
Muchas gracias. (Aplausos.)

El señor VICEPRESIDENTE (Rojo García): Gracias, señoría.
¿Algún señor Senador desea hacer uso de la palabra? (Pausa.) ¿Se puede considerar aprobado por asentimiento? (Pausa.) Queda aprobado por asentimiento.
Gracias, señorías.


MOCIONES:

--DE LOS GRUPOS PARLAMENTARIOS POPULAR EN EL SENADO, SOCIALISTA, CATALAN EN EL SENADO DE CONVERGéNCIA I UNIO, ENTESA CATALANA DE PROGRES, DE SENADORES NACIONALISTAS VASCOS, DE SENADORES DE COALICION CANARIA Y MIXTO, POR LA QUE EL SENADO MANIFIESTA SU APOYO A LA CANDIDATURA DE LAS CIUDADES DE UBEDA Y BAEZA (JAEN) PARA SU INCLUSION EN LA LISTA DEL PATRIMONIO MUNDIAL DE LA ORGANIZACION DE LAS NACIONES UNIDAS PARA LA EDUCACION, LA CIENCIA Y LA CULTURA (UNESCO) (662/000176).


El señor VICEPRESIDENTE (Rojo García): Ha llegado a la Mesa una moción, firmada por todos los grupos parlamentarios, que dice: Se propone la candidatura de las ciudades de Ubeda y Baeza de la provincia de Jaén para su inclusión en las Lista de lugares Patrimonio de la Humanidad de la Unesco.
¿Algún grupo parlamentario desea hacer uso de la palabra? (Pausa.) Se entiende aprobada por asentimiento? (Pausa.) Queda aprobada por asentimiento.
Muchas gracias.
Señorías, la sesión de la Comisión de Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentación, prevista para el jueves día 20 a las diez horas, se celebrará hoy al finalizar el Pleno en la Sala de Cuadros. La reunión de la Comisión Constitucional prevista para mañana jueves, día 20, a las diez horas, se celebrará hoy al finalizar el Pleno en la Sala de Tapices.
Señorías, antes de finalizar el Pleno, deseo desearles felices fiestas y feliz euro, que complicado lo tendremos, pero espero que aprendamos pronto.
Gracias.
Se levanta la sesión.


Eran las diecinueve horas y veinte minutos.

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