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DS. Senado, Pleno, núm. 75, de 27/12/2001
 


CORTES GENERALES

DIARIO DE SESIONES DEL

SENADO

Año 2001 VII Legislatura Núm. 75

PRESIDENCIA DE LA EXCMA. SRA. DOÑA ESPERANZA AGUIRRE GIL DE BIEDMA

Sesión del Pleno

celebrada el jueves, 27 de diciembre de 2001

ORDEN DEL DIA:

Previo

--Juramento o promesa de acatamiento a la Constitución de la excelentísima señora Senadora doña Monserrat Duch i Plana y del excelentísimo señor Senador don Marià Curto i Forés (Números de expediente 500/000272 y 500/000271).


Primero

Actas:

--Lectura y aprobación, si procede, de las Actas de la sesiones anteriores, celebradas los pasados días 18 y 19 de diciembre de 2001.


Segundo

Lectura única de proyectos y proposiciones de ley remitidos por el Congreso de los Diputados:

--Proyecto de Ley por la que se prorroga la vigencia del Concierto Económico con la Comunidad Autónoma del País Vasco, aprobado por la Ley 12/1981, de 13 de mayo. SE TRAMITA POR EL PROCEDIMIENTO DE URGENCIA (publicado en el «Boletín Oficial de las Cortes Generales», Senado, Serie II, número 49, de fecha 21 de diciembre de 2001) (Número de expediente S.
621/000049) (Número de expediente C. D. 121/000061).


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Tercero

Dictámenes de Comisiones sobre proyectos y proposiciones de ley remitidos por el Congreso de los Diputados:

--De la Comisión de Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentación en relación con el Proyecto de Ley por la que se establece el sistema de infracciones y sanciones en materia de encefalopatías espongiformes transmisibles (procedente del Real Decreto-Ley 8/2001, de 6 de abril). SE TRAMITA POR EL PROCEDIMIENTO DE URGENCIA (publicado en el «Boletín Oficial de las Cortes Generales», Senado, Serie II, número 48, de fecha 21 de diciembre de 2001) (Número de expediente S. 621/000048) (Número de expediente C. D. 121/000038).


Cuarto

--Habilitación del mes de enero de 2002, conforme al artículo 70 del Reglamento de la Cámara, a petición de la Comisión de Medio Ambiente y de la Comisión de Ciencia y Tecnología (Números de expediente 550/000034 y 550/000035).


SUMARIO

Se abre la sesión a las doce horas y cinco minutos.


JURAMENTO O PROMESA DE ACATAMIENTO A LA CONSTITUCION DE LA EXCELENTISIMA SEÑORA DOÑA MONTSERRAT DUCH I PLANA Y DEL EXCELENTISIMO SEÑOR DON MARIË CURTO I FORES (Página 4355)

La señora Duch i Plana Promete acatar la Constitución.


El señor Curto i Forés promete acatar la Constitución.


ACTAS (Página 4355)

Lectura y aprobación, si procede, de las actas de la sesiones anteriores, celebradas los pasados días 18 y 19 de diciembre de 2001 (Página 4355)

Se aprueban las actas por asentimiento de la Cámara.


LECTURA UNICA DE PROYECTOS Y PROPOSICIONES DE LEY REMITIDOS POR EL CONGRESO DE LOS DIPUTADOS (Página 4356)

Proyecto de Ley por la que se prorroga la vigencia del Concierto Económico con la Comunidad Autónoma del País Vasco, aprobado por la Ley 12/1981, de 13 de mayo. SE TRAMITA POR EL PROCEDIMIENTO DE URGENCIA (Página 4356)

Se abre debate de la propuesta de veto.


El señor Cámara Fernández, del Grupo Mixto, defiende la propuesta de veto. La señora Pastor Parres consume un turno en contra. En turno de portavoces, hacen uso de la palabra los señores Cámara Fernández, por el Grupo Mixto; Ríos Pérez, por el Grupo de Senadores de Coalición Canaria; Albistur Marin, por el Grupo de Senadores Nacionalistas Vascos; Molas i Batllori, del Grupo Entesa Catalana de Progrés; Cambra i Sánchez, por el Grupo Catalán en el Senado de Convergència i Unió; Laborda Martín, por el Grupo Socialista, y Uriarte Zulueta, por el Grupo Popular.


Se procede a votar.


Se rechaza la propuesta de veto de los señores Cámara Fernández y Cabrero Palomares, del Grupo Mixto, por 23 votos a favor, 133 en contra y 67 abstenciones.


Se aprueba el proyecto de ley por 130 votos a favor, 26 en contra y 67 abstenciones.


La señora presidenta anuncia a la Cámara que queda definitivamente aprobado por las Cortes Generales el proyecto de ley.


DICTAMENES DE COMISIONES SOBRE PROYECTOS Y PROPOSICIONES DE LEY REMITIDOS POR EL CONGRESO DE LOS DIPUTADOS (Página 4367)

De la Comisión de Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentación en relación con el Proyecto de Ley por la que se establece el sistema de infracciones y sanciones en materia de encefalopatías espongiformes transmisibles (procedente del Real Decreto-Ley

Página 4355


8/2001, de 6 de abril). SE TRAMITA POR EL PROCEDIMIENTO DE URGENCIA (Página 4367)

No se realiza la presentación del dictamen. No se produce debate de totalidad.


Comienza el debate del articulado.


El señor Quintana González, del Grupo Mixto, defiende las enmiendas números 30 a 33. El señor Gatzagaetxebarría Bastida defiende las enmiendas números 1 a 29, del Grupo de Senadores Nacionalistas Vascos. El señor Marimon i Sabaté retira la enmienda número 36, del Grupo Catalán en el Senado de Convergència i Unió. El señor Rodríguez Cantero defiende las enmiendas números 34 y 35, del Grupo Socialista. El señor Rodríguez Pérez consume un turno en contra. En turno de portavoces, hacen uso de la palabra los señores Arroyo Hodgson, por el Grupo de Senadores de Coalición Canaria; Gatzagaetxebarría Bastida, por el Grupo de Senadores Nacionalistas Vascos; Rodríguez Cantero, por el Grupo Socialista, y García-Talavera Casañas, por el Grupo Popular.


Se procede a votar.


Se rechazan las enmiendas números 30 a 33, del señor Quintana González, del Grupo Mixto, por 80 votos a favor, 131 en contra y 8 abstenciones.


Se rechazan las enmiendas números 19, 20, 28 y 29, del Grupo de Senadores Nacionalistas Vascos, por 15 votos a favor, 131 en contra y 73 abstenciones.


Se rechazan las restantes enmiendas que quedan vivas del Grupo de Senadores Nacionalistas Vascos por 83 votos a favor, 127 en contra y 8 abstenciones.


Se rechazan las enmiendas números 34 y 35, del Grupo Socialista, por 78 votos a favor, 130 en contra y 12 abstenciones.


Se aprueba la disposición adicional del dictamen por 140 votos a favor, 9 en contra y 70 abstenciones.


Sa aprueba el resto del dictamen por 142 votos a favor y 78 en contra La señora presidenta anuncia a la Cámara que queda definitivamente aprobado por las Cortes Generales el proyecto de ley.


HABILITACION DEL MES DE ENERO DE 2002, CONFORME AL ARTICULO 70 DEL REGLAMENTO DE LA CAMARA, A PETICION DE LA COMISION DE MEDIO AMBIENTE Y DE LA COMISION DE CIENCIA Y TECNOLOGIA (Página 4377)

Se aprueba la habilitación por asentimiento de la Cámara.


Se levanta la sesión a las quince horas.


Se abre la sesión a las doce horas y cinco minutos.


La señora PRESIDENTA: Señorías, se abre la sesión.


--JURAMENTO O PROMESA DE ACATAMIENTO A LA CONSTITUCION DE LA EXCELENTISIMA SEÑORA SENADORA DOÑA MONTSERRAT DUCH I PLANA Y DEL EXCELENTISIMO SEÑOR SENADOR DON MARIË CURTO I FORES (500/000272 y 500/000271).


La señora PRESIDENTA: Punto previo al orden del día: Juramento o promesa de acatamiento a la Constitución.
Procede el juramento o promesa de acatamiento a la Constitución de la Excelentísima señora doña Montserrat Duch i Plana y del Excelentísimo señor don Marià Curto i Forés.
Excelentísima señora doña Montserrat Duch i Plana, ¿juráis o prometéis acatar la Constitución? (Pausa.)

La señora DUCH I PLANA: Prometo.


La señora PRESIDENTA: Habiendo prestado acatamiento a la Constitución, la Excelentísima señora doña Montserrat Duch i Plana ha adquirido la condición plena de Senadora. (Aplausos.) Excelentísimo señor don Marià Curto i Forés, ¿juráis o prometéis acatar la Constitución? (Pausa.)

El señor CURTO I FORES: Prometo.


La señora PRESIDENTA: Habiendo prestado acatamiento a la Constitución, el Excelentísimo señor Marià Curto i Forés ha adquirido la condición plena de Senador. (Aplausos.)

ACTAS:

--LECTURA Y APROBACION, SI PROCEDE, DE LAS ACTAS DE LAS SESIONES ANTERIORES, CELEBRADAS LOS PASADOS DIAS 18 Y 19 DE DICIEMBRE DE 2001.


La señora PRESIDENTA: Punto primero del orden del día: Lectura y aprobación, si procede, de las Actas de las

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sesiones anteriores, celebradas los pasados días 18 y 19 de diciembre de 2001.
¿Alguna observación sobre las actas? (Pausa.) ¿Pueden aprobarse por asentamiento? (Pausa.) Se aprueban por asentimiento.


LECTURA UNICA DE PROYECTOS Y PROPOSICIONES DE LEY REMITIDOS POR EL CONGRESO DE LOS DIPUTADOS:

--PROYECTO DE LEY POR LA QUE SE PRORROGA LA VIGENCIA DEL CONCIERTO ECONOMICO CON LA COMUNIDAD AUTONOMA DEL PAIS VASCO, APROBADO POR LA LEY 12/1981, DE 13 DE MAYO. SE TRAMITA POR EL PROCEDIMIENTO DE URGENCIA (S.
621/000049) (C. D. 121/000061).


La señora PRESIDENTA: Punto segundo del orden del día: Lectura única de proyectos y proposiciones de ley remitidos por el Congreso de los Diputados. Proyecto de ley por la que se prorroga la vigencia del Concierto Económico con la Comunidad Autónoma del País Vasco, aprobado por la Ley 12/1981, de 13 de mayo. Se tramita por el procedimiento de urgencia.
Se ha presentado una propuesta de veto de los Senadores Cámara Fernández y Cabrero Palomares, del Grupo Parlamentario Mixto, que se va a debatir a continuación.
Para el turno a favor de la propuesta de veto, tiene la palabra el Senador Cámara.


El señor CAMARA FERNANDEZ: Muchas gracias, señora Presidenta.
Señorías, el momento en que se discute esta proposición del Gobierno, día 27 de diciembre, y, por tanto, en el que se presenta la propuesta de veto de Izquierda Unida, es delicado y, a la vez, esperanzador. Ha habido una serie de contactos y llamadas de última hora --estamos todos pendientes del Concierto Económico vasco a ver si hay o no acuerdo-- y parece ser que ayer se avanzó ligeramente en un nivel de acuerdo y hoy continuarán las negociaciones a las cuatro o las cinco de la tarde. Por tanto, el discurso que iba a hacer aquí respecto a esta negociación, entre comillas, lo voy a cambiar para centrarme en lo que para mí es lo fundamental del veto que presentamos en el día de hoy.
Vaya por delante que nos hubiera gustado enormemente que este Pleno no se hubiera celebrado porque se hubiera llegado a un acuerdo entre el Gobierno vasco, las instituciones vascas y el Gobierno central. Yo sinceramente lo esperaba, pero después reflexioné y tuve ciertas dudas sobre la posibilidad de que hubiese algún acuerdo. El motivo central y fundamental de la defensa de este veto es que la concertación o negociación es básica, y creo que en este punto hay claramente una actitud negativa por parte del Gobierno central. ¿Por qué digo esto? Lo digo porque últimamente la mayoría política y el Gobierno central nos tienen acostumbrados a una cierta trágala en cuanto al acuerdo, a la concertación, a ponerse de acuerdo en temas fundamentales; véase, por ejemplo, la última enmienda en el Senado al vincular las transferencias sanitarias a la financiación de las Comunidades Autónomas. Es, a fin de cuentas, un método, un sistema, un estilo, no solamente de trágala, sino de auténtico chantaje, y así no se puede negociar, así no se puede discutir. Hablar de instituciones fundamentales en el Estado, como son las instituciones democráticas de un Gobierno autónomo como el del País Vasco y el Gobierno central, requiere fundamentalmente una cierta dosis de responsabilidad, de serenidad y, desde luego, evitar la presión innecesaria, yo diría que el chantaje innecesario.
En el día de hoy aparece en la prensa que Alava anuncia su predisposición a pactar un concierto propio frente al Gobierno vasco. Hay un desarrollo de esa información. No sé si será verdad o mentira, pero lo cierto es que el Gobierno había anunciado anteriormente, antes de que se publicaran estas declaraciones, que podría pactar perfectamente con las Diputaciones el tema del Concierto Económico unilateralmente y de forma separada con quien quisiera negociar. Eso es chantaje. Eso es presión innecesaria. Eso no es querer negociar. (Varios señores Senadores del Grupo Popular: ¡Hala! ¡Venga hombre!) Ustedes estarán en desacuerdo, pero lo cierto es que ustedes últimamente nos tienen acostumbrados a generar un nivel de presión --insisto-- innecesaria que crispa la vida política y parlamentaria, en esta Cámara al menos.
El artículo 41 del Estatuto viene regulado mediante el sistema foral tradicional del Concierto Económico o convenio. La ley actual prevé en su disposición final primera que el desarrollo reglamentario, por ejemplo, del presente concierto se regirá de mutuo acuerdo. Nosotros consideramos que el Gobierno de la nación se ha extralimitado enormemente en el uso de sus competencias constitucionales al proceder a una iniciativa legislativa para la que, en virtud de la disposición adicional primera de la Constitución y de la normativa postconstitucional de desarrollo del régimen de concierto económico, no dispone de competencias al ser el citado concierto un instrumento basado en el consenso y mutuo acuerdo entre la hacienda estatal y las haciendas forales vascas.
Por ello, Izquierda Unida interpreta --es el elemento central del veto-- que la prórroga de concierto económico vasco, en el caso de no producirse el acuerdo entre las instituciones vascas y el Gobierno de la nación antes del 31 de diciembre de este mes, debe ser acordada bilateralmente y precedida de mutuo acuerdo entre ambas partes. En caso contrario estaríamos ante una imposición unilateral del Gobierno de la nación a las instituciones vascas, contraria, por su propia naturaleza, al régimen de concierto económico; imposición, desde nuestro punto de vista, de una gravedad política extrema y que, por otra parte, evidencia un estilo autoritario por parte del Ejecutivo del Partido Popular, propio de la involución autonómica y neocentralista en la que se ha embarcado el Grupo mayoritario.
Por todo lo anterior, el Grupo Mixto (Izquierda Unida) solicita al Gobierno de la nación y a esta Cámara que se retire este proyecto de ley, así como que se logre un acuerdo con las instituciones vascas, bien para pactar el Concierto

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Económico del próximo quinquenio bien para convenir de mutuo acuerdo la prórroga del vigente concierto.
Señorías, se han dado muchas razones por las cuales el acuerdo no ha sido posible hasta ahora, y hay razones lógicas y naturales. Según la última información, parece ser que en la última negociación había unos 40.000 millones de pesetas de diferencia en cuanto al cupo y en cuanto al pago del régimen vasco a la Hacienda estatal. Ahora se habla de 7.000 millones. Esencialmente queda pendiente cómo financiar una mayor dotación a la Ertzaintza, la Policía autónoma vasca, así como el tema de la participación en Europa. Lo importante es, como dijo el Diputado de Izquierda Unida, don Luis Carlos Rejón, en el Congreso de los Diputados cuando defendió el veto, que, si no hay acuerdo, se puede pactar el desacuerdo, los ritmos, calendarios y, por tanto, proceder esencialmente a una negociación con mayor tranquilidad y sosiego que permita un acuerdo de ambas instituciones.
Termino diciéndoles, señorías, que esto no ha sido posible porque --y ojalá me equivoque y haya acuerdo en el día de hoy-- el Grupo mayoritario está empujando hacia unas relaciones indeseables entre la Comunidad Autónoma vasca y el Gobierno central. Realmente es chocante la presión que hay en torno al Gobierno vasco. Basta recordar, simplemente, que, cuando el Lehendakari dijo en su momento que ni por activa ni por pasiva pactaría o acordaría, por ejemplo, con los que respaldan el terrorismo, partidos democráticos por activa o por pasiva acordaron para que no se llegara a un acuerdo en el tema del presupuesto de la Comunidad Autónoma del País Vasco. Es una forma de entender las relaciones, es una forma, en mi opinión, de empujar en una dirección que, como mínimo, está falta de criterio democrático y de responsabilidad para no romper un hilo conductor que sería el acuerdo y la cooperación. Como tanto se llena la boca el Gobierno central con la cooperación y como las leyes, el propio Estatuto de Autonomía del País Vasco, posibilitan la prórroga del concierto vasco sin necesidad de decretos leyes, nuestra opinión es que esta propuesta debe ser devuelta y, desde luego, buscar en el marco de la negociación el camino posible para el entendimiento entre las instituciones democráticas de este país.
Termino diciéndoles que ojalá me equivoque y hoy o mañana haya un acuerdo. Acuerdo tendrá que haber porque no es posible el desacuerdo, al igual que no es posible que el Gobierno central imponga al Gobierno vasco un trágala, porque, bajo nuestro punto de vista, sería inconstitucional.
Por tanto, deseamos que se produzca el acuerdo para evitar la confrontación legal, jurídica y política con el Gobierno vasco.
Muchas gracias, señora Presidenta.


La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, Senador Cámara.
Para turno en contra de la propuesta de veto, tiene la palabra la Senadora Pastor.


La señora PASTOR PARRES: Muchas gracias, señora Presidenta.
Como ya saben todas sus señorías, no se ha alcanzado todavía un acuerdo para la renovación del concierto económico con el País Vasco y, por ello, no ha habido más remedio que presentar este proyecto de ley de prórroga del concierto económico. Todos hubiéramos deseado que este esfuerzo que aquí se plantea in extremis para estirar la eficacia temporal del concierto del año 1981 con carácter de interinidad, o sea, hasta que se alcance el necesario grado de entendimiento entre la representación del Estado, de una parte, y del conglomerado País Vasco y territorios históricos, de otra, no hubiera resultado necesario, y hacemos votos para que resulte inútil y ojalá se logre el pacto necesario para contentar a todos.


La señora PRESIDENTA: Por favor, un momento, Senadora Pastor. Señorías, silencio, por favor, porque no se puede escuchar a la Senadora Pastor.
Continúe cuando quiera.


La señora PASTOR PARRES: Muchas gracias, señora Presidenta.
A veces, no resulta sencillo alcanzar acuerdos, y éstos tardan en llegar más de lo deseable. Lo que sí tengo que expresar con rotundidad es que el proyecto de ley que se somete a la consideración de esta Cámara, lejos de ser, como lo presentan algunos, profundamente antiforal, trae su causa y raíz en una actitud esencialmente comprometida con la foralidad no sólo respetuosa, sino también reivindicadora y valedora de la foralidad.
He dicho que voy a expresar esta idea con rotundidad pero no con una rotundidad declamatoria, sino con una rotundidad razonada, y para esto es preciso recordar que en el Concierto Económico podemos encontrar al menos tres dimensiones o rasgos que vamos a analizar a continuación.
La primera dimensión o rasgo del concierto es la referida a su contenido, que principalmente habilita a los territorios históricos de Alava, Vizcaya y Guipúzcoa para establecer sendos regímenes tributarios propios, ciertamente no desconectados del sistema tributario del Estado, pero con un amplísimo margen de autonomía. Por ello el concierto dota a dichos territorios forales de una potestad normativa extensísima, de autonomía en sentido literal, y con esta atribución, con este específico título, cada territorio constituye su propio ordenamiento foral tributario. En definitiva, el concierto se erige en fuente de potestades normativas, las cuales, actuadas por los territorios históricos a través de sus Juntas, crean unos ordenamientos tributarios específicos que presentan no pocas particularidades si los comparamos con el régimen tributario del Derecho común.
La segunda dimensión o rasgo del Concierto Económico es que la especialidad foral radica no sólo en el contenido del concierto, sino en la forma en que se elabora materialmente su contenido, y que no es otro que el acuerdo logrado en una comisión negociadora constituida por el Estado, por una parte, y, por otra, la Comunidad Autónoma/territorios históricos. Puesto este rasgo en conexión con el anterior, resulta una consecuencia importante: que si no hay acuerdo caen por su base las potestades normativas atribuidas a los territorios históricos, porque estas

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potestades son hijas del concierto. Simplificando al máximo tenemos que, caído el tronco se caen las ramas, por lo que si la Ley del concierto se desmorona corren la misma suerte las normas que de ella traen su causa: las normas forales aprobadas por las Juntas Generales y los decretos forales aprobados por las Diputaciones de los territorios históricos.
¿Cómo puede entenderse esta caducidad de la potestad normativa a favor de los territorios forales? Aquí cabe encontrarse en dos situaciones: la primera --la más radical y catastrofista-- según la cual, decaídas por agotamiento del concierto las potestades normativas que aquél reconoce, decaen igualmente todas las normas tributarias forales hasta el momento aprobadas; esto es, se volatilizan los ordenamientos tributarios forales y, en consecuencia, se produce un vacío normativo no de un precepto o de una disposición, sino de todo un sector del ordenamiento, y por el carácter supletorio del Derecho estatal entraría a regir en el País Vasco la totalidad del ordenamiento tributario común para luego, tal vez mañana, esta tarde o dentro de un mes, si se logra el ansiado acuerdo, retomar un nuevo sistema tributario foral. Esto sería un péndulo normativo que cogería y sacudiría en su oscilación al perplejo contribuyente vasco, o más exactamente, a cientos de miles de contribuyentes.
La segunda posición ante la caducidad de la potestad normativa de los territorios forales sería menos catastrofista, pero también mala.
Consiste en reconocer una fuerza de inercia en los ordenamientos tributarios forales y considerar que las normas que los integran van más lejos en el tiempo que la potestad normativa que les dio vigencia. En este caso, aunque caducara el concierto y con ello también la potestad normativa que éste alumbró, las normas forales tendrían vida propia una vez lanzadas y sobrevivirían a la propia potestad en una especie de ultractividad en un plus ultra de vigencia. Pero incluso en esta hipótesis más benévola en la que las normas forales podrían conservar su vigencia, nos encontraríamos ante unas Haciendas Forales mancas para refaccionar o adecuar y adaptar sus normas viejas a las cambiantes necesidades del tejido económico y social, y bien es sabido que el campo tributario es de los que más reflejos exigen al legislador y en él las normas están necesitadas de continuos retoques para acomodarse a la mudable coyuntura y cumplir con eficacia el papel que les corresponde de ser instrumento de política económica, de redistribución de la renta, de progreso, etcétera. Nos encontraríamos ante normas fósiles cuya vocación reguladora se vería gravemente esterilizada.
Alguna de estas dos interpretaciones tiene que ser válida en caso de caducidad del concierto de 1981, porque otra cosa sería tanto como venir a reconocer que el concierto no representa nada, no aporta nada o es absolutamente superfluo.
Tercer rasgo del concierto. Desde un punto de vista de la formalización del concierto como norma, el texto acordado en el seno de la Comisión negociadora se somete al procedimiento parlamentario y se aprueba como ley de las Cortes Generales; tramitación que viene en gran medida prejuzgada por la necesidad, nunca incondicionada, de atenerse al texto consensuado. Aquí, acaso podría verse una expresión adicional de la foralidad. Dicho de otro modo, el concierto es formalmente considerado una ley de Cortes Generales, una ley española de Estado, pero tiene la peculiaridad de que sus textos se fijan siguiendo un método paccionado, esto es de negociación y acuerdo del conglomerado territorios históricos-Comunidad Autónoma de una parte, y del Estado por otra, y probablemente el reconocimiento de la foralidad que se hace desde nuestra Constitución impone a las Cortes Generales un papel más pasivo, aunque nunca la aceptación incondicional en la tramitación parlamentaria de la ley del concierto.
Pues bien, si los tres anteriores son rasgos definidores del concierto de actualidad, y si el concierto se nos presenta como uno de los puntales de la foralidad vasca, la prolongación del vigente concierto, que expira el 31 de diciembre, no sólo es una medida racional sino que es una medida genuinamente foralista, y aquí van las razones: la prórroga del concierto es una medida racional porque otra actitud supondría aceptar resignadamente algunos de los devastadores efectos que hace poco recordábamos, o la volatilización o la petrificación de los ordenamientos tributarios forales. Esto no es bueno para las haciendas forales, pero sobre todo tampoco es bueno para la seguridad jurídica que reclaman, que merecen y a la que tienen derecho los ciudadanos y contribuyentes vascos, que han operado en un marco fiscal que de la noche a la mañana desaparece o se esteriliza. Aquí se plantean problemas técnico-jurídicos de tanto calibre como la sucesión de sistemas normativos y la determinación del derecho aplicable en materia tan sensible como el de las relaciones tributarias.
Al contribuyente no se le puede someter a esos sobresaltos, pues hay que tener en cuenta que el concierto no es sólo un elemento simbólico que expresa una especificidad jurídico-política de organización y funcionamiento del País Vasco, de su articulación interna y de las relaciones con el Estado, sino que repercute en la forma y cuantía en que los contribuyentes vascos hacemos nuestras aportaciones a las haciendas forales. Baste recordar las exenciones en el impuesto que grava las herencias entre ciertos parientes próximos, que no existe en el resto de España, las diferencias en la escala del impuesto que grava las rentas de las sociedades, más blanda entre nosotros, o los incentivos fiscales a la creación de empleo fijo, que no tienen parangón en otros territorios. No es responsable la actitud de quienes, para reservarse una posición negociadora de ventaja se niegan a culminar un acuerdo y cuando en el intento de prorrogar el concierto todavía vigente amenazan con evitar la catástrofe normativa en la que parece que habían puesto sus esperanzas, entonces la tachan de inadecuada o de artificial y antiforal.
¿Qué pretende, movilizar a la ciudadanía anunciando males apocalípticos? De alguna manera este tipo de comportamientos recuerdan a aquella madre que estaba dispuesta a que el rey Salomón ejecutara el juicio de partir al niño por la mitad: que el contribuyente, un tercero, sufra el perjuicio.
En segundo lugar, la prórroga del concierto es radicalmente foral porque da continuidad a lo foral, institucionaliza

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la permanencia de lo foral. Es cierto que existen otras fórmulas para alcanzar el mismo efecto, como el de la prórroga automática o el de la vigencia indefinida del concierto. Tal vez, cuando se produzca el acuerdo Estado, por un lado, y territorios históricos-Comunidad Autónoma por otro, se adopte alguna de ellas, pero con lo que hoy tenemos, con esos vacíos que puede presentar el camino de la foralidad intermitentemente por falta de acuerdo, preciso es construir puentes que den unidad al camino. La prórroga constata el fracaso, espero que provisional, del proceso negociador, pero también mantiene vivo el fuego del concierto y trae seguridad a los ciudadanos y contribuyentes vascos.
Por todas estas razones, el Gobierno ha presentado esta ley de prórroga del concierto, y nuestro grupo la va a apoyar. Naturalmente, nos oponemos al veto por razones obvias, ya que es una ley adecuada y que potencia lo foral, y lo hacemos con el deseo de que sea una prórroga mínima porque pronto se llegue a un acuerdo.
Muchas gracias. (Aplausos en los escaños del Grupo Parlamentario Popular.)

La señora PRESIDENTA: Gracias, Senadora Pastor.
Turno de portavoces.
Por el Grupo Parlamentario Mixto, tiene la palabra el Senador Cámara.


El señor CAMARA FERNANDEZ: Gracias, señora Presidenta.
El planteamiento de este veto requiere que no se separe en absoluto de actitudes y de posicionamientos anteriores, antes, durante e incluso, en este momento, en plena negociación.
En un teletipo que tengo en mis manos, el propio señor Rato decía ya hace bastantes días que, por ejemplo, las diputaciones tenían una disposición favorable para cerrar el acuerdo, mientras que subrayó que el Ejecutivo de Juan José Ibarretxe sólo pretendía crear una tensión que perjudicaba los intereses de la sociedad y las instituciones vascas.
Se podía haber empezado a negociar mucho antes y no se quiso hacer, quizá como consecuencia del resultado de las elecciones vascas y de un cúmulo de actuaciones y de situaciones. Nosotros interpretamos textualmente que la prórroga del Concierto Económico Vasco, en el caso de no producirse el acuerdo entre las instituciones vascas y el Gobierno de la nación antes de diciembre, debe ser acordada bilateralmente y debe estar precedida del mutuo acuerdo entre ambas partes.
Cuando se argumenta que no ha habido otra solución, yo interpreto que se hace esta afirmación desde la mentalidad de la concesión de derechos disponibles, de concesiones gratuitas y voluntarias que pueden ser retiradas en cualquier momento; es una negociación de arriba hacia abajo, unilateral, pero eso es falso. El propio artículo 41 del Estatuto lo deja bien claro y ese artículo, además, prevalece por encima de la vigencia a 31 de diciembre; no es verdad que exista un vacío, simplemente es una cuestión de que haya o no voluntad de negociar.
Parece ser que el Gobierno vasco no quiere negociar, o que pone impedimentos. ¡Por favor! ¿Hay alguien que crea esto? No es verdad, simplemente no hay acuerdo en algunos temas importantes y centrales y, por tanto, hay que seguir negociando. En el caso de que no se llegue a un acuerdo antes del 31 de diciembre tendrá que prorrogarse, pero con la voluntad de seguir negociando. Incluso el desacuerdo tiene que ser pactado; sería bueno que se pactara el desacuerdo para marcar calendarios, ritmos, etcétera, y eso es lo que estamos planteando desde Izquierda Unida, ni más ni menos.
Como mencionaron nuestros Diputados en el Congreso, la sentencia del Tribunal Constitucional del año 1988 dice, más o menos, que ni las instituciones comunes vascas --Gobierno vasco o Parlamento vasco-- ni las instituciones comunes españolas --Gobierno de la nación, Cortes Generales-- pueden atacar el núcleo intangible de la foralidad. Esta sentencia sigue diciendo más adelante: Este Tribunal Constitucional garantiza que la foralidad se actualice de acuerdo con la Constitución española, pero también que el sistema foral, que en materia financiera cristaliza en el caso vasco en el Concierto Económico, no sea desnaturalizado de forma unilateral por ninguna de las dos partes llamadas a negociar el concierto y el cupo vasco.
Realmente, esta sentencia marca con claridad la negociación, pero en nuestra propia Constitución existen varias interpretaciones: unos piensan que existe la concesión gratuita desde lo central a lo autonómico y otros, de forma legítima, piensan que las partes son iguales y que están en la misma posición negociadora, sin que ninguna prevalezca sobre la otra.
Por tanto, la negociación es clave y la voluntad política es fundamental para este caso, y no puedo dejar de preocuparme por los antecedentes del grupo mayoritario ya que el Gobierno de la nación está manteniendo una presión sostenida en el tiempo, erre que erre, una presión de trágala hacia el Gobierno vasco porque, sinceramente, creo que ni asumió antes ni después de las elecciones vascas su derrota política, de manera que está intentando forzar una situación de manera irresponsable. Si hay voluntad negociadora, hay que negociar.
¡Ojalá, hoy a las cuatro se llegue a un acuerdo! Yo estaré feliz y contento. Pero, si no hay acuerdo, este método no puede ser porque pone en cuestión no sólo el concierto vasco, sino el autogobierno del País Vasco, que para mí es fundamental, para esto y para cualquier otra cosa.
Muchas gracias.


La señora PRESIDENTA: Gracias, Senador Cámara.
En nombre del Grupo de Senadores de Coalición Canaria, tiene la palabra su portavoz, el Senador Ríos.


El señor RIOS PEREZ: Muchas gracias, señora Presidenta.
En estas fechas, algo insólitas para plenario del Senado, nos reunimos para dictaminar un proyecto de ley por vía de urgencia y en lectura única.
Este año 2001, que ya finaliza, no ha sido globalmente un buen año para esta Cámara. No voy a analizar, porque

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no me corresponde, los claroscuros del Senado, pero sí quisiera destacar tres hechos puntuales: por un lado, la situación estacionaria de sus necesarias e imprescindibles modificaciones para darle una auténtica representación territorial; por otro, el ataque a sus prerrogativas institucionales y constitucionales desde diversos frentes a su capacidad de enmendar los proyectos de ley y, por último, la escasa flexibilidad por parte de la otra Cámara parlamentaria española, que tradicionalmente celebra por estas fechas un plenario de fin de año y que en esta ocasión nos lo han pasado a nosotros, el llamado coloquialmente Pleno de los Santos Inocentes.
Pero, volviendo al objeto de la reunión de hoy, la prórroga de la vigencia del Concierto Económico con la Comunidad Autónoma del País Vasco, después de 20 años de su promulgación, con cinco modificaciones en sendas leyes promulgadas durante dicho período, además de las propias quinquenales de adecuación, he de decir que desde el Grupo de Senadores de Coalición Canaria hemos seguido este problema sólo a través de los diversos medios de comunicación, pues no hemos recibido información específica alguna en cuanto a las dificultades encontradas para dar justo cumplimiento a la disposición adicional primera de la Constitución española y del Estatuto de Autonomía vasco que procedan ni del Partido mayoritario que mantiene al Gobierno Central ni tampoco del de la Comunidad afectada.
Pensamos que hubiera sido interesante que en esta Cámara del Senado, aún no de auténtica representación territorial, salvaguardando previamente los acuerdos bilaterales de la Comisión Mixta acerca del cupo, hubiese sido posible el debate de este convenio como cuestión histórica básica.
Coalición Canaria hizo votos para que se hiciera innecesaria esta prórroga y que en todo caso se resolviera el acuerdo lo más rápidamente posible en términos satisfactorios para ambas partes, aunque actualmente no conocemos en profundidad las divergencias y pensamos que ya ha habido suficiente tiempo para afrontarlas.
Los aspectos fiscales deben actualizarse a la vista de los nuevos enfoques para dar fiel cumplimiento a la disposición adicional primera de la Constitución española y reajustar el cupo. Igualmente, nos parece importante intentar buscar nuevas fórmulas imaginativas para la presencia de las Comunidades Autónomas en las instituciones de la Unión Europea, Ecofin entre ellas, al objeto de facilitar las negociaciones específicas, sobre todo de aquellas Comunidades Autónomas que tienen hechos diferenciales fiscales.
Coalición Canaria ya ha presentado varias iniciativas en este Senado respecto a estos objetivos tanto en esta legislatura como en la pasada.
Reiteramos nuestro deseo y nuestra esperanza. Esta misma tarde, al parecer, continuarán las negociaciones para llegar al acuerdo definitivo y ahora sin fecha de caducidad. Nos interesa y afecta a todos.
Muchas gracias, señora Presidenta.


La señora PRESIDENTA: Gracias, Senador Ríos.
En nombre del Grupo Parlamentario de Senadores Nacionalistas Vascos, tiene la palabra el Senador Albistur.
El señor ALBISTUR MARIN: Muchas gracias, señora Presidenta.
Señorías, no corren tiempos de diálogo, de acuerdo, de negociación, de dar sosiego a la vida política, a la vida parlamentaria, de imaginar alianzas. Los vascos --digo los vascos--, las instituciones vascas --digo las instituciones vascas-- tienen derecho a discrepar, a llegar al acuerdo que consideren el mejor posible. El Gobierno, en vez de agotar la negociación, en vez de acordar cómo nos pondremos de acuerdo, impone una ley por delante. Después habrá que negociar y ya veremos. Por eso, ésta no es nuestra prórroga. Es la prórroga del Gobierno, es la prórroga del Partido Popular y de quien quiera votar con ellos.
El concierto vence el día 31 de diciembre y aunque esto sucediera sin acuerdo, no pasaría nada. Siguen vivas y vigentes las instituciones con capacidad y reconocimiento mutuo para negociar un nuevo concierto económico, salvo si alguien se dedica a falsear la situación. En ese sentido, señora portavoz del Partido Popular, le digo que no son tiempos de apocalipsis, nadie ha planteado esta discusión en temas apocalípticos; no le admito ese argumento. Con una prórroga unilateral tenemos debate y problemas; con una prórroga pactada, mientras sirva de marco para negociar, todos estaremos de acuerdo.
Señorías, las leyes fiscales, las normas forales tributarias continúan vigentes porque el fundamento de la capacidad normativa reside en la restitución de la foralidad establecida en la Constitución y consolidada en el Estatuto de Gernika. Por eso, el 31 de diciembre es una fecha establecida para iniciar la renovación del concierto; no es una fecha simbólica, hasta entonces está vigente como acuerdo entre partes iguales.
Debo felicitar y manifestar mi reconocimiento a la valiente actitud demostrada por Izquierda Unida en la presentación de este veto. No son tiempos donde coherencia y acción política van de la mano. Por eso nuestro respeto y apoyo a su veto, por plantear abiertamente, como fundamento de su argumentación, que la acción del Gobierno es contraria y contradictoria con la naturaleza del régimen del concierto. Esta aseveración es cierta, como lo es también que esta decisión política es un escalón más en la reducción del Estado de las Autonomías; reducción política, negada la reforma del Senado y de la Constitución; reducción económica, aparentemente con más dinero y menos capacidad de autonomía en el gasto y reducción en el ámbito europeo, donde el Gobierno español se opone a reconocer competencias a sus propias regiones.
Señorías, sobre todo señorías del Partido Popular, a ustedes les gusta escucharse que tienen una autonomía amplia, que España tiene una autonomía amplia. Se lo concedo, pero también les afirmo que es una autonomía insegura. Son ustedes respetuosos con la ley y con las instituciones, menos con las competencias y capacidades de las autonomías a las que siempre les precede --entre comillas-- un sin perjuicio de.
Desde cualquier la «land» alemán hasta cualquier región semidescentralizada administrativamente en Europa tiene más seguridad constitucional, política y jurídica en su ser y actuar político y administrativo

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que una Comunidad Autónoma española, que está cosida a recursos por el abogado del Estado ante un nada imparcial y poco independiente Tribunal Constitucional. El actual concierto que ahora debatimos presenta todavía cien recursos pendientes planteados por la Administración Central.
Ustedes no votaron a favor de esta constitución del Estado de las Autonomías y de la restauración foral, ustedes votaron en contra del Estatuto de Autonomía de Guernica, que restablece el concierto económico como marco de relación bilateral y paritaria entre el Gobierno del Estado y el Gobierno vasco. ¿Creen ustedes que podemos fiarnos con estos precedentes de las actitudes que ustedes tengan para un acuerdo? Aun así, entendemos que se debe negociar y acordar, pero con lealtad, partiendo de donde estábamos, de las bases que la sociedad vasca ya tenía y con las que ha convivido y se ha desarrollado durante los últimos 20 años. Y aprovecho para recordar que el concierto es de toda la sociedad vasca.
En ese asunto la política es muy terca. El Estado de las Autonomías, establecido en la Constitución, está todavía por desarrollar y hoy está debilitado. Europa reconoce las regiones como parte de su futura Carta Magna y les reconoce sus competencias. Reconoce más el derecho a estar representados en Europa individual y colectivamente. Señorías, señorías del Partido Popular, ustedes se han empeñado en todo lo contrario.
Porque, quienes por simple aplicación del principio de subsidiariedad, sin apelar a otros argumentos, por la simple aplicación del principio de subsidiariedad, reclamamos más capacidad de autogobierno y más autonomía política para ejercerla tan bien o mejor que el Estado, nos vemos en serias dificultades para mantener los actuales niveles de autogobierno y reconocimiento del propio Estatuto.
Señorías, he comenzado mi intervención manifestando que nos encontrábamos debatiendo un proyecto de ley preparado y presentado por entregas. En el mes de junio del año 2000, el Diputado General de Alava ya reivindicaba o amenazaba con un concierto propio para Alava. El Presidente del Gobierno, unos días más tarde, condicionaba la concesión del Gobierno a una supuesta buena conducta de los Nacionalistas Vascos. Vinieron las leyes económicas que bajo la excusa --que no objetivo-- de la estabilidad y el equilibrio establecieron la hegemonía del Estado.
Como consecuencia, ¿qué hemos tenido? Una limitación consumada de la autonomía financiera de las Comunidades Autónomas. Además de una limitación, yo añado --en este caso en el que estamos debatiendo ahora-- una provocación a la capacidad financiera presupuestaria y de tutela municipal de las instituciones forales vascas. Digo provocación porque nadie, salvo este Gobierno, ha establecido la ruptura, diferenciación y discriminación entre el Convenio de Navarra y el Concierto Económico Vasco.
Nuestro Grupo planteó enmiendas a las leyes de estabilidad presupuestaria. Como no se atendieron, se plantearon en la Ley de Presupuestos. Como tampoco se atendieron, se volvieron a plantear en la Ley de Acompañamiento. Como tampoco se atendieron, se volvieron a plantear en la Ley Orgánica de Financiación de las Comunidades Autónomas.
(El señor Vicepresidente, Prada Presa, ocupa la Presidencia.) Nuestras enmiendas decían una cosa bien sencilla: los proyectos de ley que he enunciado resultan inconstitucionales por violar la autonomía financiera de las Comunidades Autónomas de régimen común, y con mayor razón resultan inconstitucionales al ser aplicadas a las Comunidades de régimen foral que, en virtud de sus respectivos sistemas de concierto y convenio económicos, poseen una autonomía económica mayor que las de régimen común.
Las características singulares del Concierto Económico suponen, además, la incompatibilidad de una medida de tal naturaleza, adoptada de forma unilateral por el Estado --decíamos en aquellas leyes--, puesto que entran en conflicto con la configuración misma del núcleo del sistema de concierto y concretamente con dos principios básicos: el riesgo unilateral de la financiación de las instituciones vascas y la necesidad de pacto para cualquier modificación del concierto económico.
El resultado es evidente. No ha habido intento, no hemos detectado intento, propuesta, respuesta, gesto que nos hiciera ver las intenciones negociadoras del Gobierno. Este Portavoz, en nombre de su propio Grupo, ha hablado con el Ministro, ha hablado con los Portavoces del Partido que sostiene al Gobierno. No hemos visto un gesto, respuesta, propuesta, intento que manifestara la actitud negociadora y abierta del Gobierno.
Sí hemos visto una intención --insisto en ella--: limitar unilateralmente la capacidad de gasto de la Comunidad Autónoma Vasca, y una clara voluntad política manifestada por el Ministro --en propias palabras del Ministro de Hacienda--: acercar con estas leyes a las Comunidades Autónomas de régimen común a las Comunidades Autónomas de régimen foral, con una conclusión, rebajando a unas y a otras.
Este Gobierno ha querido y pretendido negociar el concierto a la baja, situándolo --vuelvo a decirlo--, entre comillas, en un «sin perjuicio de las leyes aprobadas», aplicando el rodillo y condicionando sus contenidos cuantitativos y legislativos a los contenidos de tales leyes limitadoras de derechos históricos referidos al ámbito económico financiero.
Refrendan este hecho con la imposición de una prórroga de ley unilateral, de Ley del Concierto Económico, y harán todo lo posible para que no haya un acuerdo hasta que su mayoría absoluta dé por aprobada dicha prórroga pero, lamentablemente, lo harán ustedes solos.
Para nuestro grupo y para quienes representa, esta prórroga se da por no tramitada; sin embargo, estamos a la espera de una negociación y un acuerdo. No se debe crear más disensión política, y crear disensión política es ir directamente contra las instituciones de gobierno de Euskadi, no reconociéndolas ni siquiera capacidad negociadora, intentando reducir sus recursos y capacidad económica, y bloqueando su capacidad presupuestaria. Crear disensión política es amenazar con la negociación directa de las diputaciones forales, cosa que aparte de ser inviable, abre un nuevo conflicto y hace un chantaje a la sociedad vasca, porque en el fondo ustedes no buscan un acuerdo,

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sino que por este medio se incremente el cupo y se recorte la capacidad financiera.
Señorías --con esto termino--, el pasado día 24 de diciembre se cumplían 75 años de la aprobación del último concierto económico establecido entre la Administración del Estado y las diputaciones forales. En este concierto económico, cuando el Ministro de Hacienda del Estado era don José Calvo Sotelo, el artículo 48 de su reglamento decía: «las diputaciones vascongadas tendrán amplias facultades para establecer el que estimen precedente» --respecto al régimen tributario-- «con la limitación de que no adopten disposición alguna que se halle en contradicción con los pactos internacionales que celebre España con las naciones extranjeras, ni se refiera a las contribuciones, rentas o impuestos cuya administración se reserva el Estado». --y termina el párrafo-- «A este efecto se reconocen a las diputaciones vascongadas las mismas facultades que asisten a la Hacienda Pública para la fiscalización y exacción de los tributos establecidos por aquélla, con limitación a su respectivo territorio.» (La señora Presidenta ocupa la Presidencia.) Este concierto fue truncado por un general; el concierto sin embargo vive, renació, pero la memoria del general tiene apenas unas pocas adhesiones. Yo no creo que ningún ministro de hacienda quiera ser menos que don José Calvo Sotelo en este reconocimiento. Hoy, a las cuatro de la tarde, continúa la negociación; nuestro grupo está esperanzado; nuestro grupo tiene mucha confianza en que la voluntad de acuerdo sea superior a la voluntad de tensión política. Nuestro pueblo, nuestra sociedad, la sociedad española necesitan paz, necesitan serenidad, serenidad política.
Tenemos confianza en que los hombres y mujeres que negocian puedan llegar a un acuerdo, ésa es nuestra esperanza, y si así podemos terminar el año, le invitaremos al señor Ministro a una buena copa de chacolí, sobre todo guipuzcoano, que cada vez es mejor, porque quizá en torno a una mesa sea donde mejor se refrenden los acuerdos y la durabilidad de los mismos.
Nada más y muchas gracias.


La señora PRESIDENTA: Gracias, Senador Albistur. No sé yo si no sería mejor el chacolí navarro, siendo yo guipuzcoana, señoría. (Risas.) En nombre de la Entesa Catalana de Progrés, tiene la palabra el Senador Molas.


El señor MOLAS I BATLLORI: Muchas gracias, señora Presidenta.
Estamos ante una ley de prórroga del concierto económico del País Vasco que, por definición, es un acuerdo, y éste es el carácter que debe tener cualquier referencia a este sujeto: un acuerdo que en los últimos veinte años ha tenido cinco modificaciones, y un acuerdo que en el año 1997 se modificó con una negociación rápida, con una negociación ágil, cuando, en aquel contexto, el Partido Nacionalista Vasco era un buen aliado y un íntimo colaborador del partido del Gobierno; por eso se hizo de forma rápida; ahora parece que soplan vientos nuevos y todo es lento. Pero como Senador, mi consideración es que, hasta este momento, se trata de una negociación --si es que existe-- opaca, en la que no hay ni información ni criterios para saber cuáles son los escollos, en la que no sabemos cuáles son las discrepancias, si es el cupo, si es la presencia en la Unión Europea o si es simplemente una resistencia a financiar de forma adecuada a la Policía autonómica, y alguien debería decirlo.
Doy las gracias al Ministro de Hacienda por la explicación tan clara que ha dado esta mañana sobre el sentido de las dificultades, la voluntad de llegar a una solución y la necesidad de la prórroga. Su silencio, hoy, ha sido un elemento más de los que hay que tener en cuenta en la escalada de opacidad y desinformación que existe sobre esta cuestión.
La segunda consideración es que la prórroga nunca debe ser utilizada como una amenaza. Una prórroga unilateral no es un método de negociación, y una prórroga unilateral por medio de una ley es utilizar a las Cámaras como un instrumento de negociación y presión, lo cual es algo que no debe ser utilizado como una vía de negociación normal. Puede haber una vía de negociación consistente en ponerlo todo patas arriba. Yo sé que ésta es una vía de negociación muy utilizada, pero es condenable desde el punto de vista de la lógica del sistema democrático, al menos del sistema democrático con el que yo estoy de acuerdo y con el que me siento terriblemente unido. La necesidad del acuerdo es indispensable para renovar el concierto económico.
La tercera y última consideración que explica el sentido de nuestra posición es que se trata de una singularidad del autogobierno vasco en el que el acuerdo es un elemento esencial, y la solidez y la credibilidad de nuestro Estado de las Autonomías exige que se llegue a una fórmula que permita renovar el concierto mediante el acuerdo, mediante el sistema que debe utilizarse en este caso.
Estas son las razones por las que nuestra posición no puede ser de apoyo a la ley de prórroga del concierto, y en el caso de este Senador, no va a ser de apoyo a un veto que significaría la «re-aprobación» del mismo texto que no vamos a aprobar.
Deseo hacer una apelación a la Cámara. Las reglas del juego en política democrática deben observarse. Estoy seguro de que se van a observar, pero la negociación debe llegar a un acuerdo que sea plenamente satisfactorio para el Gobierno y para la sociedad vasca, pero también para el Estado de las Autonomías, en el que todos nos sentimos implicados, porque es esencial que las reglas del juego se respeten y se cumplan siempre por parte de todos.
Muchas gracias, señora Presidenta.


La señora PRESIDENTA: Gracias, Senador Molas.
En nombre del Grupo Parlamentario de Convergència i Unió, tiene la palabra el Senador Cambra.


El señor CAMBRA I SANCHEZ: Muchas gracias, señora Presidenta.
Intervengo muy brevemente para fijar la posición de nuestro grupo ante este proyecto de ley.


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Es evidente que, tratándose de un proyecto de ley que hace referencia al concierto económico de la Comunidad Autónoma del País Vasco, es algo que ha de ser fruto de un pacto y que ha de resolverse a través de él.
Nuestro grupo ha manifestado de forma reiterada en esta Cámara que los asuntos relativos a la financiación autonómica deben resolverse sobre todo a través del acuerdo bilateral entre el Gobierno central y el Gobierno autonómico implicado. Por tanto, ciñéndonos a lo que hoy estamos tramitando, que es un proyecto de prórroga, que afecta a un acuerdo bilateral como éste, que nos llega a la Cámara a través de una decisión unilateral de una de las partes, nosotros, coherentes con nuestra posición tradicional sobre estas cuestiones, no podremos darle nuestro apoyo.
Muchas gracias.


La señora PRESIDENTA: Gracias, Senador Cambra.
En nombre del Grupo Parlamentario Socialista, tiene la palabra su portavoz, el Senador Laborda.


El señor LABORDA MARTIN: Muchas gracias, señora Presidenta.
Señorías, nosotros no vamos a apoyar la enmienda de veto que ha presentado el Grupo Parlamentario Mixto, pues creemos que es completamente inútil cuando lo que propugnamos es precisamente que se produzca el acuerdo. Además, como hemos tenido ocasión de manifestar en la Junta de Portavoces, en este debate el veto tiene una dinámica de difícil comprensión.
Sí echamos en falta al miembro del Gobierno en un debate en el que estamos analizando por qué no se ha producido el acuerdo entre ambos gobiernos. La verdad es que cuando el Gobierno nos dijo que teníamos que reunirnos hoy jueves nadie puso ninguna objeción, pero todos creíamos que se hacía a conveniencia del propio miembro del Gobierno que hoy brilla por su ausencia. Me dirán que hay Consejo de Ministros, pero yo también tengo que decir que estas costumbres orientales con las que el Presidente del Gobierno nos obsequia a la hora de gobernar, y que quizá deriven también hacia vacaciones orientales, están marcando más la agenda que el calendario parlamentario en un tema tan importante como éste. Insisto en que el debate debería haberse producido entre el miembro del Gobierno responsable de este asunto --no sabemos si todavía es el señor Montoro-- y los grupos parlamentarios que apoyamos el acuerdo.
No voy a entrar en las razones por las que no se ha alcanzado el acuerdo.
Me parece que la inmensa mayoría de los ciudadanos que están pie a tierra difícilmente pueden comprender muchas de las explicaciones que surgen en la tribuna, porque desde hace bastante tiempo están escuchando explicaciones políticas de un lado y de otro que hacen realmente poco creíble la razón por la que nos encontramos forzados a discutir la prórroga del Concierto, modificado en el año 1997, en vez de dos nuevas leyes de concierto, que es lo que deberíamos discutir ahora.
Por lo tanto, nosotros deseamos votar afirmativamente y cuanto antes las leyes del Concierto y la ley de la metodología del cálculo del cupo para el próximo período, es decir para este siglo. Lamentamos la prórroga --y lo digo sinceramente--, entre otras cosas, porque el vigente Concierto y la metodología del cálculo de su cupo --algunas señorías son testigos de lo que voy a decir-- no nos convencieron cuando fueron presentados ante las Cámaras. Tengo que recordar que a veces se hizo con una cierta dosis de ocultación, porque el Senado se reunió en julio de 1997 para aprobar una norma tan importante como la del Concierto que ahora vamos a prorrogar. Entonces nos abstuvimos y, por eso, nos abstenemos hoy, porque estamos hablando de los mismos documentos que se pretenden prorrogar.
Ya advertimos entonces que unas leyes que el Parlamento Vasco no aprueba y que las Cortes Generales ni siquiera pueden enmendar no es bueno que vengan sostenidas sólo, aunque sea legítimo, por los dos partidos políticos gobernantes en uno y otro gobierno. En aquel momento el Partido Nacionalista Vasco y el Partido Popular, como aquí se ha recordado, vivían una especie de identidades compartidas --era la época en la que el Presidente del Gobierno anunciaba que iba a ir al País Vasco y allí era recibido en olor de multitudes--, pero ya dijimos entonces que estas identidades compartidas podían revertirse; de hecho, hoy nos encontramos en una situación que nosotros ya advertimos en julio de 1997. La improvisación con la que se llegó al acuerdo de 1997 hacía presagiar lo que hoy nos encontramos: decepción en ambas partes por falta de criterio y de transparencia en la negociación.
Ya advertimos que cuando la negociación sobre financiación autonómica se rige por el criterio de utilidad electoral --y releo el «Diario de Sesiones»--, haciendo hoy bueno o constitucional lo que mañana es pésimo e incluso atentatorio a la unidad nacional, sus resultados, cuando así se produce, siempre son frágiles. En el «Diario de Sesiones» de aquella fecha --y recordar de vez en cuando que se acierta no está mal para prestigiar lo que decimos en esta tribuna-- se lee: «La espiral de nuevas demandas y nuevas incertidumbres se despliega dos pasos más por cada paso que da el Gobierno.» Multipliquen los dos pasos por los años que han pasado y tal vez eso explique la situación en la que hoy nos encontramos.
En aquel momento achacamos a la falta de participación institucional de otras fuerzas políticas en la negociación, a la falta de transparencia, a la falta de información a las Cámaras parlamentarias, como algún portavoz acaba de poner de relieve, los defectos del concierto que se reguló por la Ley de 1997. Entonces denunciamos cinco razones por las que nos abstuvimos en aquel concierto: primera, la pasmosa reducción del número de reglas de armonización fiscal que contenía. Segunda, la improvisación con la que se cedían tributos y capacidad legislativa sobre los mismos, sin tener en cuenta sus repercusiones sobre el convenio navarro y sobre el sistema de financiación autonómico general. Tercera, la implícita contrarreforma fiscal que se escondía bajo el concierto. Cuarta, la falta de un horizonte a medio y largo plazo en el que se superasen las diferencias de financiación autonómica entre los regímenes comunes y los de concierto o convenio. Y quinta y última, la imprecisión sobre la verdadera naturaleza del convenio.


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Lo dijimos entonces porque se estaba discutiendo sobre si esto era soberanía fiscal para Euskadi o no. Y sobre esa terminología, cuando el Ministro de Hacienda estuvo aquí a mí todavía me quedaron dudas que esperaba solventar en la reunión de hoy. Pero no tenemos al señor Montoro y, por lo tanto, sobre el alcance terminológico e ideológico que el Gobierno da a este Concierto o al que venga a sucederle, me hubiera gustado hacer alguna precisión. Entre otras cosas, porque reiteraré lo que hemos dicho en tantas ocasiones: Primero, el Concierto Económico vasco es la solución que el Estado liberal da a un problema político en 1879. Segundo, nosotros estamos plenamente identificados con los conciertos vascos, entre otras pequeñas razones, porque nuestra edad como partido político nos hace ser casi coetáneos de aquella etapa, mérito o desventaja que no tienen otros partidos políticos. Tercero, nosotros hemos defendido esos conciertos cuando en un determinado momento una sola provincia los mantuvo junto con otra provincia en Navarra, mientras que otras dos fueron tachadas de traidoras por no se sabe qué causa, y fueron desposeídas de ese concierto por una decisión del año 1937.
Por tanto, defendimos ese Concierto, lo hicimos en la Constitución y constitucionalizado está. De ahí que nosotros contemplemos el concierto con una cierta coherencia, fruto de nuestra propia tradición; es decir, no estamos a favor de soberanías ni fiscales ni de otro tipo para Euskadi. Creemos que tanto en la dimensión fiscal como en la de autogobierno el Concierto vasco debe estar encuadrado en tres dimensiones: la de la Constitución, la del Estatuto y, efectivamente, la europea, porque nosotros sostenemos que las mismas obligaciones fiscales han de existir en Bilbao, en Barcelona, en Burgos o en Sevilla y, a poder ser, también las mismas en Hamburgo, en Dublín, en Roma o en París. Ese es un compromiso ideológico, una visión del Estado y de la construcción de Europa, que no está de más reiterar aquí porque, insisto, mi intervención tiene más que ver con lo que va a venir en el futuro que con lo que estamos hablando ahora, que es meramente una prórroga.
Por tanto, señora Presidenta, por resumir, el concierto no es una cuestión sólo de dos, del Partido Nacionalista Vasco gobernante o del Gobierno vasco y del Partido Popular o del Gobierno del señor Aznar.
Tampoco creemos prudente que ante la situación de estancamiento --que ojalá se resuelva esta misma tarde--, para superar el escollo negociador se hagan propuestas como tentar a los afines para negociar con una Diputación a costa de las otras dos y del Gobierno vasco. Yo quiero recordar que eso, en mi opinión, sería una decisión de consecuencias --no quiero dramatizar demasiado-- muy graves: romper lo que con mucho trabajo se ha ido construyendo en la Comunidad vasca, que efectivamente existe como tal Comunidad superpuesta a esa institución del Estado liberal, que se llama el Concierto Económico para el País Vasco. Por lo tanto, negociar con una única Diputación como si no existiera el hecho estatutario, por muy afín que se sea --y, por cierto, nadie tiene mayoría para poderlo lograr en una determinada Diputación vasca--, en mi opinión sería un desacierto bastante flagrante. Lo que hay que hacer es restaurar la confianza, el diálogo y la participación.
¿Cuáles son las objeciones que ha tenido el Gobierno vasco para no llegar a un acuerdo? Ciertamente, yo no las conozco porque no tengo certidumbre de si hemos evolucionado desde una posición de representación en Europa, pues, en efecto, de eso se puede hablar, pero no a cada paso en el que llegue una norma o se entre en una negociación o sea realmente la cuantía del cupo.
Lo que hizo el anterior Lehendakari, que es llevar al Parlamento vasco esta cuestión, aun cuando el Parlamento vasco no tuviera competencias para aprobar el concierto, debería hacerlo el actual Lehendakari. Lo digo tranquilamente y me dirijo a mis amigos y compañeros del Partido Nacionalista Vasco porque me parece que tanto el Parlamento como el Gobierno vasco están necesitados, por una vez, de algún consenso en torno a alguna cuestión de interés general y con la mayoría de las fuerzas parlamentarias vascas porque ése fue el compromiso y la promesa del actual Lehendakari y, si esta tarde no hay acuerdo, sería bueno que las instituciones vascas buscaran consensos porque hasta ahora y en lo que lleva de duración la actual Legislatura vasca no se ha logrado nunca un acuerdo que pueda ser un mensaje positivo procedente de las instituciones vascas hacia la ciudadanía vasca.
En mi opinión --lo he repetido en muchas ocasiones en esta tribuna--, tampoco la solución está en forzar la disciplina de los partidos políticos ni en intentar romper a los partidos políticos porque ya está bastante agotada y superada la idea de que en cada negociación de financiación autonómica los responsables autonómicos se vean compelidos a elegir entre el interés de sus ciudadanos o la adhesión a la doctrina del Gobierno y si no lo aceptan sean acusados de las más perversas traiciones. Desde mi punto de vista, eso indica que la salud de nuestro sistema autonómico no es precisamente la mejor. Lo que hace falta, sinceramente, en esta cuestión de la financiación de la Comunidad vasca es que las instituciones funcionen, que no recaiga tanto en acuerdos entre partidos, sino que las instituciones funcionen.
Llevamos tiempo proponiendo la creación, por ejemplo, en el seno de esta Cámara de un órgano para que tanto esta Cámara como los gobiernos de las Comunidades que participan en ella conozcan los flujos económicos y financieros que tienen que ver con el sistema autonómico. No es normal, sinceramente, que cada año los ciudadanos españoles tengan que declararse ante la Hacienda pública y, sin embargo, los miembros de esta Cámara que representamos a los ciudadanos no conozcamos cuál es la diferencia de costo entre una cama hospitalaria o un puesto escolar en San Sebastián o en Bilbao respecto de Las Palmas, de Sevilla, de Burgos, de Albacete o de cualquier otra ciudad o localidad de este Estado, de España.
Las Cámaras deberían tener el compromiso de subsanarlo y espero, por tanto, que los próximos pasos que demos en la resolución de este problema del concierto incrementen la transparencia a la que todos los ciudadanos tienen derecho porque ésa es la verdadera cuestión sobre la que hay que hablar.
Les recuerdo, por último, que el debate sobre el Estado de las Autonomías no se celebra desde el año mismo en

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que se modificó el vigente concierto que hoy se quiere prorrogar. Como siempre he insistido en esta cuestión, me permito darles la tabarra una vez más, señores de la mayoría, y es que eso no es una mera casualidad.
Tiene algo de causalidad el incremento de la opacidad en los problemas en la financiación autonómica y en los problemas en la financiación sanitaria. No vivan en el espejismo de que porque diez Comunidades hayan llegado al acuerdo recientemente ese problema está resuelto, que no lo está. Tiene mucho que ver con ese fracaso de las instituciones representativas para abordar los problemas del desarrollo del Estado de las Autonomías.
Insisto, hay exceso de sobrecarga en los partidos políticos en estas materias en la misma proporción en la que hay un déficit de participación institucional de las Cámaras en la resolución y el análisis de estos problemas.
Termino, señora Presidenta, diciendo que en 1997 afirmamos que no nos absteníamos para quedarnos al margen de cualquier compromiso. Es más, lo que quisiéramos es tener más información, más acceso a la realidad del problema para podernos pronunciar con mayor equidad en esta tribuna y, efectivamente, con la oferta, desde luego siempre reiterada, de nuestra colaboración a la hora de asumir compromisos. En 1997 terminamos la intervención en esta tribuna diciendo algo que me parece completamente adecuado y que yo voy a reiterar hoy aquí para explicar nuestra abstención y nuestra actitud vigilante respecto a las normas legales que puedan sustituir a la que hoy se quiere prorrogar. Nuestra abstención significa que, sintiéndonos herederos intelectuales de esa tradición liberal y constitucionalista, que creó el Concierto en 1879, herederos directos de Indalecio Prieto, que lo defendió durante la II República, queremos preservar nuestro equilibrio ideológico, nuestra coherencia y nuestra libertad política para seguir propugnando la restauración del consenso en materias tan importantes como ésta.
Muchas gracias, señora Presidenta. (Aplausos en los escaños del Grupo Parlamentario Socialista.)

La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, Senador Laborda.
En nombre del Grupo Parlamentario Popular, tiene la palabra el Senador Uriarte.


El señor URIARTE ZULUETA: Muchas gracias, señora Presidenta.
En primer lugar, quiero dar las gracias muy sinceramente a los Senadores Cámara y Cabrero Palomares. Supongo que hay otros problemas tan preocupantes o más para Izquierda Unida que el Concierto Económico, sin embargo, ellos le han dedicado una atención especial, lo cual va a permitir que otros Grupos políticos que no le han dedicado esa atención, por lo menos por escrito, tengan las adecuadas intervenciones. En este sentido, creo que todos debemos estarles muy agradecidos a los dos Senadores firmantes del veto, y no así tanto quizá en la redacción porque el veto que han planteado es literalmente el mismo que se había presentado en el Congreso de los Diputados y no aporta nada. Hay una referencia genérica a la disposición adicional primera de la Constitución y a la normativa postconstitucional que naturalmente nos aclara muy poco en un tema tan importante y tan complejo como éste. Sin embargo, creo que debemos profundizar en ese sentido.
Hay tres tipos de normas que tenemos que examinar para llegar a formar un juicio razonable sobre esta materia. Por una parte, la Constitución y, concretamente, la disposición adicional primera; después, el Estatuto de Autonomía del País Vasco de 1879 y, finalmente, la Ley vigente del Concierto Económico, vigente por horas, de 13 de mayo de 1981.
En cuanto a la disposición adicional primera, a todos los españoles nos suena el párrafo primero, según el cual la Constitución ampara y respeta los derechos históricos de los territorios forales. Otra cosa es que la tengamos muy clara porque las expresiones son suficientemente complejas como para escribir varias tesis doctorales sobre cada una de ellas, pero hay que establecer algo de tranquilidad.
En materia de concierto económico, sí nos estamos jugando las pesetas en cierto modo, y con las pesetas no se juega. Puede haber muchas dudas acerca de lo que son derechos históricos o territorios forales, pero lo que son derechos históricos o territorios forales en materia del concierto económico está muy claro, y lo vamos a ver a continuación. La disposición adicional primera en su párrafo segundo establece que la actualización de los derechos históricos se realizará en el marco de la Constitución y de los Estatutos de Autonomía, y éste es el caso del Estatuto de Autonomía del País Vasco de 18 de diciembre de 1979, que en el artículo 41, y me van a permitir que lo lea, dice: Las relaciones de orden tributario entre el Estado y el País Vasco vendrán reguladas mediante el sistema foral tradicional de concierto económico o convenio.
Pues bien, ¿qué quiere decir relaciones de orden tributario? Quiere decir que la facultad de establecer la casi totalidad de los tributos en el territorio común corresponde al Estado y la facultad de exigirlos en los territorios históricos corresponde al País Vasco.
Por otra parte, dice que vendrán reguladas por el sistema foral tradicional de concierto económico o convenio. ¿Qué quiere decir sistema foral tradicional de concierto económico o convenio? Voy a insistir en dos puntos. Primero, se refiere a las relaciones entre el Estado y el País Vasco --y así lo dice de forma determinante el artículo 41--, es decir, las tres provincias que constituyen la Comunidad Autónoma del País Vasco y Navarra por una parte y el Estado por otra. Esto es muy importante porque el concepto de territorios forales que aparece en la disposición adicional y acerca del cual nadie tuvo la menor duda en el momento de elaborar la Constitución luego sí ha sido objeto de dudas.
Así, uno de los padres de nuestra Constitución, o mejor dicho, el bufete de uno de los padres de nuestra Constitución, después de 20 años de silencio, ha dedicado una atención profundísima a lo que hay que entender por territorios forales. Han entendido que son territorios forales, por ejemplo, Cataluña y Galicia. Y aquí siento dar un disgusto al Senador Quintana porque los argumentos a favor de la foralidad de Galicia son bastante discutibles. Estoy seguro de que el Senador Gatzagaetxebarría,

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que es un experto en esas materias, conoce perfectamente el libro «Derechos históricos y Constitución» de ese padre de la patria, de ese padre de la disposición adicional primera, en el que se recogen algunos de los argumentos utilizados, en favor del carácter foral de Galicia y, resulta muy curioso: en la página 16 --lo digo para que se pueda comprobar-- Galicia aparece dentro de una gran mancha del mapa que se llama «España uniforme» y en la contraportada esa gran masa está dividida por una frontera y aparece ya el territorio foral de Galicia. Es decir, aparte de las dudas que me quedan sobre la validez intelectual de alterar los mapas, lo que me queda es la mayor sorpresa ante la cara dura que hace falta para publicar el mismo mapa sin retocar en la página 16 y luego falsificado en la contraportada.
Ha habido dudas acerca de si la disposición adicional primera se aplica al País Vasco francés, y ese mismo jurista de primera fila al que me estoy refiriendo ha sostenido que sí y que el País Vasco francés tiene derecho de autodeterminación en virtud de la disposición adicional primera de nuestra Constitución. No hay más que una cosa que le preocupe --y no me explico todavía muy bien y que me perdonen los Senadores aragoneses--, y es que Aragón no es territorio foral, por las razones que sea, todas las razones son pocas para acreditar que Aragón no es territorio foral. Bueno, pues no hay problema en ese caso porque a efectos del Concierto Económico está claro que Aragón no constituye territorio foral.
Ahora bien, ¿qué es lo que dice el artículo 41? Que se regirán por el sistema tradicional del concierto, y aquí entramos también en un terreno muy claro, porque el sistema tradicional del concierto económico es perfectamente conocido, no hay ninguna duda sobre él, no tenemos los problemas sobre el pacto con la Corona, sobre el Rey y Euskalerria o tantos otros mitos históricos de los que disfrutamos o padecemos en el País Vasco. El régimen de Concierto Económico fue establecido por un Real Decreto de 28 de febrero de 1878 y a eso y a su evolución posterior es a lo que nos debemos atener. No existen aquí dudas ni disquisiciones sobre autodeterminación, sobre soberanía u otra figura semejante. El Estatuto del País Vasco hacía una referencia a que el futuro concierto del País Vasco se regiría por el Concierto vigente con Alava y, efectivamente, en virtud de esto se editó la Ley de 13 de mayo de 1981, que es la que nos reúne hoy aquí.
Esa ley está vigente hasta el 31 de diciembre del año 2001. Yo supongo que he entendido mal al Senador Albistur, que ha dicho que el período para negociar una nueva ley empieza el 31 de diciembre del año 2001, pero no es así, la ley termina su vigencia el 31 de diciembre del año 2001.
Esta solución probablemente no sea correcta, es una solución que tiene muchos más inconvenientes que ventajas, es una solución que se había pactado y estaba a punto de superarse en Navarra, pero que ha entrado dentro de ese paquete de divergencias que es el que nos trae aquí hoy a hablar de prórroga.
La Ley de 13 de mayo de 1981 en su disposición adicional segunda, párrafo 1, dice que su modificación se realizará por el mismo procedimiento. Aquí hay mucho que hablar. Esto no quiere decir que la modificación exija el consentimiento previo del Gobierno vasco ni de los territorios históricos vascos; quiere, decir que tiene que haber, una negociación previa cuyo resultado se lleva a las Cortes, las, cuales, naturalmente, la aprueban o no. Lo que el párrafo quiere decir es que lo que no pueden hacer es modificarla; es decir, tiene que tramitarse mediante una ley de artículo único, sin enmiendas, sólo con enmiendas a la totalidad. Esto es lo que ha dicho uno de los protagonistas del Decreto-ley de 13 de mayo de 1981 --mis compañeros del Grupo Parlamentario de Senadores Nacionalistas Vascos me permitirán que haga la referencia-- don Pedro Luis Uriarte, ilustre figura de la banca, a la que no tengo el gusto de conocer. En sus recuerdos, don Pedro Luis Uriarte cuenta cómo se elaboró el acuerdo, y cómo mientras tanto ocurrió un pequeño acontecimiento el 23 de febrero de 1981, que todos recordamos, y en aquella situación se estimó que entrar en una discusión abierta sobre el concierto era enormemente peligroso.
Por ello se incluyó una cláusula por la que la tramitación había que hacerla por el sistema de artículo único y enmiendas a la totalidad. Este es el verdadero origen de esa disposición adicional segunda, párrafo primero.
¿Cuál es la situación actual? La situación actual es muy clara. El 31 de diciembre cesan los poderes tributarios de los territorios históricos.
Esto no es ninguna fantasía, está explícitamente dicho en el artículo 41.2.a) del Estatuto de Autonomía del País Vasco. Mientras tanto pueden ocurrir muchas cosas. Faltan cuatro días y en esos cuatro días pueden ocurrir milagros e intervenciones muy especiales del Espíritu Santo, pero de ninguna forma tenemos la seguridad de que vayan a ocurrir. Si ocurren, lo celebraremos con chacolí, como decía el Senador Albistur, o con champán, como lo celebramos en el año 1997, con el Senador Gangoiti, pero parece que las posibilidades se han ido reduciendo en el transcurso del tiempo.
Lo que pasa es que no hay ninguna otra solución alternativa. El 1 de enero del año próximo cesan las obligaciones tributarías de todos los contribuyentes del País Vasco. Ha habido que inventar o proponer las fantasías más heterogéneas, como que los contribuyentes abran una cuenta en una Caja de Ahorros para depositar ahí el importe de sus ingresos.
Pero señores, si no hay obligación de ingresar, tampoco hay obligación de constituir depósitos en ninguna de las Cajas.
La no prórroga antes del 31 de diciembre del año actual es un verdadero desastre, no favorece a nadie, desprestigia al concierto, lanza una nube de sospechas y de intereses espurios verdaderamente lamentable. Es, sencillamente, una prueba de fuerza --llamémoslo así-- en la que nadie, ninguno de nosotros tiene nada que ganar y en cambio todos tenemos mucho que perder. Así que yo confío en que podamos celebrar el chacolí del Senador Albistur, pero con la ley de prórroga en la mano, porque sin ella me imagino que el 31 de diciembre del año 2001 vamos a tener muy poco que celebrar.
Muchas gracias, señora Presidenta. (Aplausos en los escaños del Grupo Parlamentario Popular.)

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La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, Senador Uriarte.
Señorías, vamos a proceder a la votación.
En primer lugar, vamos votar la propuesta de veto que, para ser aprobada, como todos ustedes saben, requiere la mayoría absoluta de los Senadores que componen la Cámara. Dado que la Cámara está integrada por 259 Senadores, para aprobar la propuesta de veto sería necesario el voto favorable de 130 Senadores.
Por tanto, votamos la propuesta de veto al proyecto de ley de prórroga del Concierto con la Comunidad Autónoma del País Vasco, presentada por los Senadores Cámara Fernández y Cabrero Palomares.
Se inicia la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos emitidos, 223; a favor, 23; en contra, 133; abstenciones, 67.


La señora PRESIDENTA: Queda rechazada la propuesta de veto.
Sometemos ahora a votación el texto del proyecto de ley de prórroga del Concierto Económico con la Comunidad Autónoma del País Vasco.
Se inicia la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos emitidos, 223; a favor, 130; en contra, 26; abstenciones, 67.


La señora PRESIDENTA: Queda aprobado definitivamente por las Cortes Generales el proyecto de ley por la que se prorroga la vigencia del Concierto Económico con la Comunidad Autónoma del País Vasco aprobado por la Ley 12/1981, de 13 de mayo.


DICTAMENES DE COMISIONES SOBRE PROYECTOS Y PROPOSICIONES DE LEY REMITIDOS POR EL CONGRESO DE LOS DIPUTADOS:

--DE LA COMISION DE AGRICULTURA, GANADERIA, PESCA Y ALIMENTACION EN RELACION CON EL PROYECTO DE LEY POR LA QUE SE ESTABLECE EL SISTEMA DE INFRACCIONES Y SANCIONES EN MATERIA DE ENCEFALOPATIAS ESPONGIFORMES TRANSMISIBLES (PROCEDENTE DEL REAL DECRETO-LEY 8/2001, DE 6 DE ABRIL). SE TRAMITA POR EL PROCEDIMIENTO DE URGENCIA (S. 621/000048) (C. D.
121/000038)

La señora PRESIDENTA: Punto tercero del orden del día: dictámenes de Comisiones sobre proyectos y proposiciones de ley remitidos por el Congreso de los Diputados.
De la Comisión de Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentación en relación, con el proyecto de ley por la que se establece el sistema de infracciones y sanciones en materia de encefalopatías espongiformes transmisibles, procedente del Real Decreto-Ley 8/2001, de 6 de abril. Se tramita por el procedimiento de urgencia.
Señorías, al parecer, la Comisión de Agricultura ha decidido que no haya presentación del dictamen.
En el debate de totalidad; ¿alguien quiere hacer uso del turno a favor? (Pausa.) ¿Turno en contra? (Pausa.) ¿Turno de portavoces? (Pausa.) Pasamos al debate de las enmiendas.
En primer fugar, voto particular número 1, presentado por el Senador Quintana González, que corresponde a las enmiendas 30 a 33.
El Senador Quintana tiene la palabra.


El señor QUINTANA GONZALEZ: Muchas gracias, señora Presidenta.
Intervengo para defender las cuatro enmiendas que mantenemos vivas al proyecto, que, en realidad, son dos y las correspondientes por coherencia. Todas ellas son al artículo 2 y pretenden, por un lado, las enmiendas 30 y 31 la calificación de infracción muy grave a la fabricación de piensos y, por otro lado, las números 32 y 33, una nueva consideración en las modulaciones a aplicar en cuanto a las inspecciones sanitarias. Son, pues, cuatro enmiendas puntuales al texto, que pretenden mejorarlo y que no entran en su discusión global, como tampoco en la cuestión de fondo.
Para nosotros, el proyecto de ley tiene otros problemas más allá de las cuestiones puntuales, como son el marco jurídico al que se van a someter a partir de ahora las infracciones en esta materia, claramente en contradicción o en paralelo, en el mejor de los casos, con determinadas disposiciones legales de las distintas Comunidades Autónomas, respecto de las que no se ha tenido la delicadeza de contrapesar este aspecto, y, por otro lado, la intencionalidad política de, a través de un término jurídico y ante un texto legal como éste, dar por cerrado el problema de la encefalopatía, que nosotros pensamos que tendría que inscribirse hoy más que nunca en otro ámbito y no únicamente en el puro sancionador de los problemas sobrevenidos por la misma.
Muchas gracias.


La señora PRESIDENTA: Muchas gracia, Senador Quintana.
El voto particular número 2 ha sido presentado por el Grupo de Senadores Nacionalistas Vascos y corresponde a las enmiendas 1 a 29. Para su defensa tiene la palabra el Senador Gatzagaetxebarría.


El señor GATZAGAETXEBARRIA BASTIDA: Gracias, señora Presidenta.
Mi Grupo Parlamentario ha presentado un conjunto de enmiendas que no atacan la oportunidad del proyecto de ley, la existencia del proyecto de ley, pero pretenden perfeccionarlo porque desde nuestro punto de vista carece de la técnica y la certidumbre necesaria que se debe exigir en el ámbito del derecho sancionador. En primer lugar, ha habido un gran problema en el mercado agroalimentario, que es un problema de inestabilidad; de transmisión de una encefalopatía, que es una zoonosis.
Eso ha supuesto una convulsión

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en el mercado pecuario, con una bajada en los precios de origen, pero no en los precios de destino, porque el consumidor ha podido constatar perfectamente que el precio en consumo se mantenía estable, con unas pequeñas oscilaciones, en todo caso hacia arriba. Luego es la cadena de distribución la que ha ido asumiendo y aprovechándose de esa crisis en el ámbito de la producción que he indicado que se ha producido el último año.
El Gobierno aprueba un decreto-ley para situaciones de extraordinaria y urgente necesidad. Obviamente, había una situación extraordinaria y urgente ante una situación en el mercado agroalimentario nueva, novedosa y que carecía de un marco jurídico que soportara las actuaciones de las administraciones, la central y las autonómicas, que se encontraban desasistidas, sin cobertura alguna para poder actuar. Existían medidas técnicas de ámbito reglamentario, pero no existían facultades de incidencia directa o de coordinación. Por ello, mi Grupo Parlamentario apoyó la convalidación del Decreto-ley 8/2001, que daba una cobertura, un marco jurídico a esta situación. (El señor Vicepresidente, Prada Presa, ocupa la Presidencia.) Nosotros queremos hacer una reflexión de derecho parlamentario como primera cuestión. El artículo 151.4 del Reglamento del Congreso dice que cuando un decreto-ley es convalidado y a continuación el Pleno de la Cámara lo asume como tramitación como proyecto de ley, se tramita por el procedimiento de urgencia. Entonces nos planteamos, ¿qué urgencia ha existido en la materia cuando han transcurrido siete meses desde la convalidación del proyecto de ley hasta la aprobación de dicho proyecto en el Congreso de los Diputados? Han transcurrido 210 días, durante los cuales el proyecto ha dormido en la correspondiente Comisión del Congreso de los Diputados. ¿Dónde se encuentra el fundamento de la urgencia? ¿Por qué esta diferencia? ¿Por qué este diferente procedimiento parlamentario entre el Congreso y el Senado, puesto que en el Senado la urgencia son 20 días naturales y en el Congreso la urgencia está indefinida en el tiempo, «sine die» y, por lo tanto, podía haber transcurrido no 210 días, sino todo el plazo que hubiera querido, de conformidad con su voluntad política, el Congreso de los Diputados? ¿Dónde está la diferencia en este régimen parlamentario? ¿Tiene fundamento esto? Nosotros entendemos que no y esto nos tiene que hacer reflexionar sobre las mejoras en el procedimiento de tramitación parlamentaria de proyectos de ley.
Además, ¿qué sentido tiene la tramitación por un procedimiento de urgencia, de un proyecto de ley que está íntegramente vigente, que está siendo objeto de aplicación en este momento y está produciendo sus efectos? La finalidad de la tramitación como proyecto de ley de la convalidación es la de mejorar, la de perfeccionar, analizar, reflexionar cómo se está aplicando ese proyecto de ley y mejorar esa naturaleza; ese fin, esos objetivos que el proyecto de ley tenía y que por razón de urgencia y extrema necesidad el Gobierno no ha podido, debido a los acontecimientos que se suscitaban, tramitarlos con la pausa y con la reflexión debida. Por tanto, ¿qué sentido tiene tramitarlo como proyecto de ley si a su vez es como si fuera una urgencia propiamente dicha de un decreto ley? Tenemos veinte días naturales en el Congreso de los Diputados y sin límite de tiempo en el Senado, lo que exige a los miembros de las Cortes Generales hacer una reflexión sobre los vicios y las disfunciones que existen en el procedimiento parlamentario de tramitación de proyectos de ley.
En segundo lugar, señor Presidente, hay un problema de legalidad competencial. El proyecto de ley se sustenta, según su disposición adicional, en los artículos 149.1.16a y 149.1.1a. de la Constitución. El Consejo de Estado le dice al Gobierno: es inadecuado que usted fundamente esta medida política, plasmada en un decreto ley, en el 149.1.1a; no tiene fundamento. Se lo dice al Gobierno el Consejo de Estado, y el Gobierno no le hace caso al Consejo de Estado. ¿Para qué ha pedido el Gobierno informe al Consejo de Estado, cuando no es preceptivo, de conformidad con la Ley Orgánica del Consejo de Estado, el dictamen previo de un decreto ley? Pero se lo pide, en buena puridad, por la confianza jurídica que puede dar el Consejo de Estado al buen hacer del Gobierno en la materia. El Consejo de Estado dice que el fundamento es incorrecto, y que por tanto procede --lo indica dentro de las observaciones-- la eliminación de ese sustento que se quiere dar al Gobierno. El Gobierno no hace caso, lo incluye en el decreto-ley y se sigue manteniendo durante la tramitación parlamentaria como proyecto de ley.
Este Gobierno y el Grupo Parlamentario que lo sustenta, a lo largo de sus casi seis años de gobierno, ha legislado sobre diferentes ámbitos económicos o sectores productivos (entiéndase la pesca marítima, la ley del sistema eléctrico, los hidrocarburos, los residuos, las marcas, las telecomunicaciones, las normas de impacto ambiental) regulando actuaciones y tipos de infracciones y sanciones, y en ninguna de esas actuaciones ni el Gobierno ni el Grupo que lo sustenta en su tramitación en Cortes hace referencia al 149.1.1a, en ninguna; y viene aquí y, a pesar del recordatorio y de la admonición del Consejo de Estado, no se le hace caso al supremo órgano consultivo del Gobierno. Por lo tanto, para nosotros nace con un vicio de fundamentación, y es que no es el 149.1.1a, sino que es el 149.1.16a, porque actúa como legislación básica en materia de sanidad animal y con facultades de coordinación en la materia. Pero además, actúa también como comercio exterior, y es que no se ha querido aceptar tal fundamentación durante su tramitación en el Congreso de los Diputados, pero si analizamos el proyecto de ley, hay diferentes referencias explícitas al comercio exterior. Entonces ¿cómo es que el proyecto de ley hace referencia explícita al comercio exterior y luego no se fundamenta en su disposición adicional en un título competencial que es el 149.1.10a? ¡Si el mismo proyecto de ley está utilizando la materia de comercio exterior! Nosotros lo que le decimos al Gobierno, al Grupo Popular es: Ajústese a los títulos competenciales que regulan la materia: el 149.1.16a y el 149.1.10a, que se refieren a comercio exterior. Ustedes lo incluyen en el artículo 2, apartado segundo, letras g) y h), en el artículo 5 y en el artículo 6.d). Vamos a la disposición adicional, y no se incluye comercio exterior, pero sí se incluye el 149.1.1a, que lo que pretende es establecer el régimen de las condiciones básicas

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para el ejercicio de los derechos y libertades fundamentales, lo cual no quiere decir que en todo el territorio español la posición de los ciudadanos ante el ordenamiento jurídico sea la misma, no; no está prohibiendo la divergencia autonómica, sino que está estableciendo que se fijen unas condiciones que tiendan a garantizar, porque la garantía absoluta, en definitiva, suponía un vaciamiento de competencias en agricultura, en pesca, en comercio, en telecomunicaciones, en ordenación pecuaria, en legislación de propiedad industrial, etcétera.
Por tanto, nosotros queremos acotar esta cuestión de la legalidad competencial del proyecto de ley. Entendemos que otros proyectos que anteriormente he explicitado relativo a sectores de la vida económica y productiva española tienen sus antecedentes legislativos mejor fijados que la fundamentación que aparece en la disposición adicional del proyecto de ley que estamos debatiendo.
En tercer lugar, señor Presidente, a nosotros la enmienda número 24 nos lleva a plantearnos una duda de constitucionalidad muy seria. El artículo 5 del proyecto de ley, que también figura en el decreto-ley, es una referencia tan vaga que, al final, no se sabe a qué se está refiriendo el operador jurídico, porque se dice: «A las infracciones relativas al traslado, desplazamiento, transporte y movimiento pecuario hacia o desde los estados miembros, y exportaciones e importaciones» --lo cual es comercio exterior-- «de países terceros, les serán de aplicación las sanciones previstas para el territorio nacional en el artículo 103 de la Ley 50/1998...». Luego a esas infracciones se les aplica las sanciones del artículo 103. ¿A qué infracciones? ¿Dónde están reguladas esas infracciones? Se les aplican las sanciones del artículo 103 de la Ley 50/1998, pero ¿dónde están reguladas las infracciones? La ley 50/1998 no las regula. Dice: Se le aplican las sanciones ahí previstas sobre transporte y traslado de animales. ¿Cuál es el problema? Es que ésta es una disposición adicional de la Ley de acompañamiento de los presupuestos para el año 1999, introducida mediante una enmienda en el Senado, y ahora vemos una situación asistemática y de imposible aplicación. Una ley se remite a otra ley, pero esa ley, a la que se remite no contiene, a su vez, una regulación de infracciones en materia de transporte, movimiento pecuario y desplazamiento, pero dice: se le aplican sanciones. Pero es que para aplicar sanciones primero tienen que estar legalmente establecidos los tipos de infracción, y ¿dónde están establecidos? No se sabe. En ningún sitio. Quizá el incumplimiento de obligaciones se pueda deducir del Reglamento del año 1995 sobre epizootias, pero sin habilitación constitucional, sin tener una reserva material de ley. Vea, señor Presidente, el importante problema de constitucionalidad que plantea el artículo 5. No sabemos dónde están reguladas. No lo están en ningún sitio, porque esa ley a la que se remite es la Ley de acompañamiento que he indicado, pero regula sanciones y no tipos, en materia de movimiento, en materia de desplazamientos y en materia de traslados.
En cuarto lugar, señor Presidente, hay problemas de legalidad ordinaria, y nuestro Grupo Parlamentario quiere cooperar en la mejora del proyecto de ley, porque la finalidad de su tramitación parlamentaria es mejorarlo.
Por algo se está tramitando como proyecto de ley una norma elaborada con urgencia, celeridad, ante una situación de extrema necesidad, y para eso tiene fundamento en las Cortes su tramitación como proyecto de ley.
En efecto, el principio de legalidad se respeta en algunas materias, pero ¿y el principio de tipicidad? Hay expresiones completamente abiertas, confusas, con remisiones a incumplimientos genéricos. Eso, en el Derecho Administrativo sancionador, es totalmente contrario al principio de tipicidad y, por lo tanto, a este que se encuentra implícitamente previsto en el artículo 25.1 de la Constitución. Así, el Tribunal Constitucional, en la sentencia 182/1990, dice que el principio de tipicidad prohíbe expresamente las cláusulas abiertas o excesivamente genéricas que se contienen a lo largo del articulado, y que nuestro grupo parlamentario ha señalado. Por lo tanto, es necesario cumplir el principio de «lex certa», de la predeterminación concreta de qué conductas se considera que infringen el ordenamiento y que, por consiguiente, atentan contra la legalidad. Es preciso concretarlo, así como determinar con precisión las sanciones que corresponden a dichas infracciones, y eso, desde nuestro punto de vista, no ocurre en algunos de los artículos y apartados del proyecto de ley que estamos debatiendo.
Teniendo en cuenta al tercer ámbito, la legalidad constitucional, y el cuarto, la legalidad ordinaria, señor Presidente, puedo afirmar que las enmiendas números 3 y 8 se defienden en sus propios términos, porque son de mera mejora gramatical.
En lo que se refiere a la enmienda número 10, reconocemos que el Gobierno hace cosas bien, y por eso no hemos enmendado todo el proyecto de ley.
Incluso nosotros, el Grupo Parlamentario de Senadores Nacionalistas Vascos, nos confundimos, y por eso vamos a retirar la enmienda número 10.
Al entrar en este ámbito, vemos cómo el artículo 2, apartado tercero, párrafo I), contiene una expresión tan abierta que no se entiende quién tiene que aplicarlo, porque se considera como infracción la fabricación de piensos para animales de producción en las mismas plantas industriales en cuyas instalaciones se fabriquen piensos para el resto de animales, incluidos los de compañía, que contengan proteínas animales elaboradas que hayan sido expresamente prohibidas en la alimentación de animales de producción. Y añade al final: «... y que no cumplan los requisitos previstos en las excepciones contempladas en la normativa vigente». Serán los requisitos no contemplados en la normativa vigente, no los requisitos no contemplados en las excepciones, porque entonces ¿a qué estamos jugando? Damos un salto en el vacío. Se trata de un aspecto de la seguridad que es obligado mejorar.
En la enmienda número 4 proponemos que, en vez de hablar de la prohibición de la comercialización, importación, exportación e intercambios de proteínas animales prohibidas, se prohíba que se elaboren esas proteínas. Antes de prohibir el intercambio, la importación, la exportación y la comercialización de proteínas cuya producción está prohibida, hay que calificar como tipo infractor la elaboración

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de esas proteínas. Eso es lo primero que hay que hacer. Otra cosa que no entendemos es por qué se prohíbe la comercialización o la importación y no la distribución. No es comprensible. Por lo tanto, hay que precisar el correspondiente precepto sancionador.
La enmienda número 25 se formula al artículo 7 y se refiere al tema de las medidas cautelares. Nosotros pretendemos una redacción más ajustada a lo que tradicionalmente se viene estableciendo en otros ámbitos sancionadores del Derecho Administrativo: las medidas cautelares. Las redacciones en otros proyectos de ley que hemos analizado y aprobado en esta Cámara son mucho más perfectas que la que se contiene aquí. Nos da pena que, habiéndose tramitado como proyecto de ley, se quede el artículo 7, relativo a las medidas cautelares, con la redacción propuesta. Nos parece que es deficiente jurídicamente y consideramos que, existiendo antecedentes legislativos en esta materia mucho mejores en la Cámara, tenemos que enmendarlo. Eso es lo que pretenden las enmiendas números 25 y 26.
La enmienda número 6 es de modificación. El texto recoge que es infracción muy grave la omisión o el falseamiento de los datos exigidos en el etiquetado de piensos y de las materias primas para la alimentación animal --pero lo curioso es que añaden--, cuando no resulta clara con arreglo a las disposiciones vigentes la advertencia de contener proteínas animales elaboradas prohibidas en la alimentación de animales de producción. ¿Cómo que no resulta clara? Lo será cuando se infrinja la normativa vigente. ¿Qué tipo infractor es aquel que señala que es infracción si no está claro en la normativa que, a su vez, regula técnicamente la elaboración de piensos? Lo que tiene que decir la ley es que es infracción cuando no se cumplen los requisitos establecidos en la normativa vigente, no cuando no está claro. Creo que queda claro el sentido de la enmienda.
La enmienda número 7 pretende lo mismo, porque ocurre algo parecido en el mismo artículo del proyecto de ley pero en el párrafo siguiente.
Se dice que es infracción grave la fabricación de piensos para animales de producción en condiciones no permitidas por la normativa vigente, cuando dicho incumplimiento produzca un riesgo para la sanidad animal. Si la fabricación de piensos que no están permitidos ya constituye una infracción, ¿por que se condiciona el hecho de que sea una infracción administrativa el que dicho incumplimiento produzca un riesgo para la sanidad animal? Si está prohibida la elaboración o no se cumple la normativa, eso ya es infracción. No hay que condicionar a ningún otro elemento la existencia de esta infracción administrativa, porque no tiene sentido. Eso es lo que planteamos en la enmienda número 13 para, en coherencia con la enmienda número 19, dar una sistemática al proyecto de ley.
Otro tanto ocurre con las enmiendas 14 y 20, que van agrupadas y pretenden dar una sistemática al proyecto de ley. En el mismo se dice que es infracción grave el etiquetado insuficiente o defectuoso de los piensos y de las materias primas para la alimentación de animales en el que no resulte clara la composición del producto con arreglo a las disposiciones vigentes. Esto es de una imprecisión, de una abertura y de una generalidad tal que no se puede contener en una ley sancionadora.
¿Qué es eso de que no resulta claro, es insuficiente o defectuoso? Pero si la ley no habla de eso. La ley tendrá que referirse al etiquetado de los piensos y las materias primas para la alimentación de animales de producción contraviniendo los requisitos establecidos en la normativa vigente, y no hablar de que no está claro, es insuficiente o defectuoso.
Creemos que es necesaria la corrección material del precepto objeto de enmienda.
La enmienda número 21 es una mejora de legalidad ordinaria o material, puesto que se establece que la culpabilidad se valorará teniendo en cuenta entre otras circunstancias la reiteración, el beneficio obtenido, la capacidad económica del responsable y el grado de culpa demostrada. Y nosotros añadimos que también hay que tener en cuenta el grado de participación, porque no es lo mismo el autor material, que el encubridor, que el inductor o que el cooperador necesario. Se puede participar en una infracción en la fabricación de piensos, en el traslado de una encefalopatía espongiforme, desde diferentes posiciones y actitudes. Por lo tanto, es importante hacer referencia también a que a la hora del juicio de «reprochabilidad» y la consiguiente imposición de la sanción, hay que valorar el grado de participación, lo mismo que el proyecto tiene en cuenta el grado de culpabilidad bien sea en dolo bien sea imprudencia, en que haya sido partícipe el autor del correspondiente expediente sancionador.
En el artículo 4.1, al tratar las sanciones accesorias, se establece que se producirá el decomiso cuando pueda entrañar grave riesgo para la saludo sanidad animal. Nosotros proponemos que se diga para la salud humana o de las personas y la sanidad animal. ¿Por qué no se incluye en este precepto y sí en los artículos 2.2.b) y en el 3.2? (La señora Presidenta ocupa la Presidencia.) El proyecto de ley tiene que tener una sistemática y una coherencia, y debe decir lo mismo a lo largo del articulado al tratar las infracciones en el ámbito pecuario.
Respecto al artículo 4.1 sobre las sanciones accesorias, se prevén como tales medidas de corrección o control que impidan la continuidad de la producción. Las medidas de control y corrección no son una sanción accesoria, sino una técnica administrativa dirigida a comprobar si esa actividad económica o productiva se ajusta a la legalidad vigente o no.
Si se cumple con la licencia, con los parámetros de legalidad, de apertura, etcétera, pero no es propiamente una sanción accesoria, sino simplemente otra técnica administrativa, que es necesario corregir como dijimos para la enmienda número 22.
La enmienda número 27 trata la problemática de la concurrencia de sanciones y del principio «non bis in ídem». Se establece que cuando la conducta pueda ser constitutiva de delito o falta se dará traslado del tanto de culpa al Ministerio Fiscal. Nosotros decimos al Ministerio Fiscal o al órgano judicial competente, porque la legislación procesal penal española habilita a que indistintamente se pueda trasladar el tanto de culpa el Ministerio Fiscal como directamente el órgano jurisdiccional que esté de guardia en la

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materia penal, en cada caso susceptible de ser calificado como delito o falta.
En la enmienda número 15 volvemos a entrar en las fórmulas abiertas o ejemplificativas, como ocurre también en las enmiendas números 9 ó 16. Se califica como infracción grave, entre otras, la tenencia en una explotación de animales de producción cuya identificación no pueda ser establecida mediante ninguno de los elementos de identificación previstos en la normativa específica de aplicación, tales como marcas, documentos de identificación o inscripción en los libros de registro. Nosotros creemos que debe ser la tenencia en esas condiciones contraviniendo la normativa vigente, porque los sistemas de identificación cambian, y pueden no ser a través de documentos, sino de archivos informáticos, o pueden cambiar los libros registro o las marcas. Por tanto, lo que hay que precisar en el proyecto de ley es la tenencia de animales con incumplimiento de la normativa de identificación, es decir, lo que se establezca en cada caso, porque de otro modo para calificar una infracción estamos haciendo referencia a actuaciones o a indicativos que pueden variar con el tiempo. Además es una fórmula abierta, porque uno puede hacer referencia a una marca, a un documento, pero a qué marca, a qué documento, a qué libro registro, si la legalidad puede no utilizar los libros registro y utilizar como mecanismo de identificación otra técnica. Esta es la finalidad de las enmiendas números 15, 16 y 9, que contienen un inciso final genérico, lo que se prevea en la correspondiente normativa sobre el libro registro, marcas o documentos.
Creemos que esto es importante corregirlo.
Finalmente, señora Presidenta, vamos a entrar en el último ámbito del análisis que realiza nuestro grupo parlamentario, y que se refiere a cuestiones de técnica legislativa para mejorar positivamente el proyecto de ley. En el artículo 1 cuando se establece el objeto y ámbito de aplicación del proyecto de ley, desde un punto de vista de técnica legislativa, incurrimos en error porque se produce una redundancia en la expresión obligaciones. Se dice que el presente proyecto de ley tiene por objeto establecer las infracciones y sanciones aplicables a los incumplimientos de determinadas obligaciones establecidas en la normativa comunitaria y nacional para la prevención y erradicación de las encefalopatías espongiformes transmisibles, tanto las obligaciones --ya se ha dicho-- que afectan a los rumiantes como las relativas...
... Sobra. Es obvio. Ya ha dicho usted que el objeto de la ley es regular los incumplimientos de esas obligaciones. Luego, no hay que precisarlo dos líneas más tarde porque se está originando una redundancia y no es un buen concepto en técnica legislativa.
Ocurre lo mismo en la enmienda número 5: la redacción que se prevé en el proyecto de ley origina confusión. El artículo 2.2 h) parece redactado en un metalenguaje. ¡Menudas dificultades va a tener el operador de las Comunidades Autónomas que tenga que aplicar este precepto! La redacción es tan indirecta que, al final, origina problemas de interpretación que, desde nuestro punto de vista, son fáciles de solucionar simplemente con un intercambio de palabras. Lo que va al final de la frase debe ir al inicio. Eso es lo que pretendemos con la enmienda número 5.
En sexto lugar, hay enmiendas que serían de corrección, de mejora legislativa propiamente dicha --las números 12, 17 y 18-- pues el proyecto de ley habla en unos casos de incumplimiento de la legislación vigente, en otros de incumplimiento de la normativa aplicable y en otros de incumplimiento del plazo que reglamentariamente exista. No, un proyecto de ley no debe elaborarse de esa manera. Un proyecto de ley tiene que mantener una coherencia. Digamos legalidad vigente o normativa vigente, pero establezcamos el mismo parámetro de redacción en un proyecto que está incidiendo en el ámbito de las facultades y libertades de un sector económico como puede ser el de la producción pecuaria. No es correcta la utilización de conceptos que tienen la intención de decir lo mismo, pero que están incorrectamente formulados.
Esas son, en definitiva, señora Presidenta, las observaciones que plantea nuestro Grupo parlamentario al proyecto de ley, pues con una posición positiva y constructiva es necesaria la existencia de un marco jurídico que respete la reserva legal en la materia, pero también es necesario que reflexionemos sobre las diferentes consideraciones que hemos hecho de cómo es el procedimiento parlamentario, de cómo está estructurada la urgencia y, en definitiva, de cómo va a salir el proyecto de ley, con ciertas deficiencias técnicas. Desde nuestro punto de vista, es una pena que durante la tramitación no hayamos podido mejorarlo, puesto que el espíritu del redactor de los preceptos de Derecho reglamentario es el de que eso ocurra en un ambiente sereno, tranquilo. En definitiva, pretende ver si la naturaleza, el objetivo y el fin de la ley que ya se está aplicando, en este caso el proyecto de ley, norma con fuerza de ley, está produciendo los efectos deseados y contiene aquellas precisiones y contenidos que son acordes con lo que debe ser una buena técnica legislativa.
Nada más y muchas gracias, señor Presidente.


La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, Senador Gatzagaetxebarría.
Para la defensa del voto particular número 3 presentado por el Grupo Parlamentario Catalán en el Senado de Convergència i Unió correspondiente a la enmienda 36, tiene la palabra el Senador Marimon.


El señor MARIMON I SABATE: Muchas gracias, señora Presidenta.
Señores Senadores, en primer lugar, quisiera recordar postura de nuestro Grupo, el Grupo Parlamentario Catalán en el Senado, a lo largo de toda la problemática de la encefalopatía espongiforme bovina o el comúnmente llamado «mal de las vacas locas». Quiero recordarlo porque va en coherencia con el voto y las propuestas que hemos presentado tanto en el Congreso como en el Senado.
Nuestra preocupación se ha manifestado en anteriores intervenciones respecto de lo que significaba, primero, para el consumidor, que es la persona afectada por el consumo de los animales afectados por esta enfermedad y, segundo, para los ganaderos y las posturas que se tomaban

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en el Estado español al respecto, siempre procurando mantener un equilibrio entre los intereses del sector y la necesaria responsabilidad de la Administración para garantizar la salubridad en el consumo al ciudadano.
Esta postura de defensa, de intereses que no son en absoluto opuestos --pues alguien puede pensar que son opuestos-- entre los consumidores y los productores la hemos ido defendiendo a lo largo del tiempo. Quisiera incluso significar que, en la pasada discusión de los Presupuestos Generales del Estado, se incluyó una iniciativa, propuesta por nosotros, en el Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas respecto a las epizootias de sacrificio obligatorio, medida que el sector ha aceptado con alegría, puesto que no era justo que un sacrificio de animales obligatorio, que en todos los casos significa un vaciado de la explotación, con unos ingresos atípicos muy altos, pudiera luego repercutir negativamente en la renta de estas personas.
Por lo tanto, hemos mantenido una postura positiva, buscando un equilibrio, procurando no hacer en ningún caso demagogia --cosa que a veces resultaba fácil-- y, afortunadamente, ha sido una postura que se ha impuesto en el conjunto de los Grupos, y en estos momentos parece que estamos saliendo del bache. Repito, parece que estamos saliendo del bache no porque no exista ningún problema de «vacas locas» que, desafortunadamente, de vez en cuando aún persiste el goteo, sino porque entiendo que los consumidores van tomando conciencia de que las diferentes administraciones, han tomado las medidas adecuadas para garantizar el consumo saludable de carne.
Este proyecto de ley que hoy debatimos es absolutamente necesario, y llega con un incomprensible retraso --y anteriormente el señor Gatzagaetxebarría ya lo ha hecho notar--. En todo caso, sí deberíamos felicitarnos --en la media en que podemos hacerlo--, de que el trámite, en el Senado será extraordinariamente ágil. No obstante, el proyecto de ley hace muchísimos meses que se está aplicando y, por lo que se demuestra ahora, de una forma adecuada.
Respecto a nuestra enmienda, anuncio que la voy a retirar. La mantuvimos en Comisión, y quizá, sería deseable su incorporación para mayor abundamiento, pero entendemos que queda recogida en la práctica por las enmiendas que se incorporaron en el Congreso, que marcan el espíritu autonómico que tiene que tener este proyecto de ley.
Desde el punto de vista legislativo, entendemos --y mi compañero y amigo don Isidre Molas me ha hecho unas consideraciones al respecto que creo afortunadas-- que la Constitución, especialmente en su artículo 149, reconoce explícitamente lo que nuestra enmienda pretendía. Por otra parte, desde un punto de vista práctico --y los catalanes abundamos en esta condición--, tengo conocimiento de que no se van a aceptar enmiendas porque se desea su retorno al Congreso sin posterior discusión. Entiendo que el espíritu legislativo queda recogido en la propia Constitución y las garantías que nos otorga el Estatuto de Autonomía --y recordemos que en agricultura la Generalitat de Catalunya tiene competencias exclusivas como administración única--, por lo que podemos retirarla.
Finalmente, he de decir que he escuchado con atención la intervención del Senador Gatzagaetxebarría --persona muy conocedora de esta materia y que se prepara a fondo los temas--, y he de decirle que en algunos aspectos no estoy en absoluto de acuerdo. Hay que pensar que en este país hay que hacer un tratamiento de los subproductos que genera el sacrificio masivo de animales y, en este sentido, el proyecto de ley está bien redactado.
Asimismo, entiendo que la prohibición de usar proteínas de origen animal en la composición de piensos va a ser temporal --si no, sería ilógico--, puesto que los países competidores están empleando estas harinas y sin ningún tipo de problemas, y en estos momentos hemos perdido mercados exteriores para nuestras harinas. Además, tenemos una competencia de mercados, como puede ser el norteamericano, a través del suministro de estas proteínas animales --aparte de que producen muy barata la carne, la producen todavía más barata-- que compiten con la nuestras. Por lo tanto, esta ley tendrá a lo largo del tiempo un cierto carácter transitorio porque es lógico que sea así. Si alguna crítica tengo a esta ley es que entiendo que es demasiado genérica y trata a todas las harinas por igual, cuando ha habido cantidad de harinas, por ejemplo, la harina que proviene de las plumas de los pollos. Yo no sé lo que sacrifican en toda España, pero en Cataluña sacrificamos 300 millones de pollos al año. Fíjense ustedes la cantidad de proteínas, fósforo, calcio, etcétera, que existen en estas plumas y que en este momento no se pueden aprovechar. Por lo tanto, esta legislación es adecuada en este momento, muy rigurosa, y el tratamiento muy generalizado respecto a todas las harina o desechos, sangre, etcétera, de los animales sacrificados. Será necesariamente --y creo que el tiempo lo demostrará así-- una ley que tendrá un cierto carácter, no voy a decir excepcional, pero sí temporal, porque habrá que regular de otra forma en el futuro el uso de estas proteínas. Porque no podemos estar comprando, como hemos hecho hasta ahora, para destinarlo a usos de carácter industrial, de muy bajo precio, como pueden ser las cementeras, o bien para destruirlos. Hay que hacer un tratamiento de estas harinas, puesto que, si no se hiciera así, significaría un colapso de nuestras empresas cárnicas. Sé que usted me dirá que se podría ir a una eliminación directa, pero el paso intermedio no sólo mantiene nuestros activos industriales en las debidas condiciones, sino que reduce necesariamente el volumen. Por lo tanto, pudiendo entender algunas de las manifestaciones, sí que le he querido contestar ésta explícitamente porque soy buen conocedor del sector, tengo que hablar frecuentemente con muchas de las empresas que se ocupan de este tipo de tratamiento de los subproductos cárnicos y, evidentemente, en este caso sí que entiendo que el hecho de que se sancionara el tratamiento para la obtención de proteínas tendría un efecto absolutamente contraproducente.
En los dos aspectos que usted ha mencionado, yo no voy a entrar. La ley globalmente es positiva. Evidentemente, como todas las leyes, es mejorable. Ya he mencionado antes que en el trámite en el Senado conseguimos introducir algunas enmiendas que nos parecen, satisfactorias

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y, por lo mismo, retiraríamos la enmienda, anunciando nuestro voto favorable a la ley.
Muchas gracias, por su atención, señores Senadores, y aprovechando que no voy a intervenir más y antes de las Navidades no tuve oportunidad de desearle a la sala felices Navidades, les deseo un buen año 2002 que ya lo tenemos presente, un buen nuevo año del euro.
Muchas gracias, señora Presidenta.


La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, Senador Marimon.
Para la defensa de la enmienda presentada por el Grupo Parlamentario Socialista, tiene la palabra el Senador Rodríguez Cantero.


El señor RODRIGUEZ CANTERO: Muchas gracias, señora Presidenta.
El Grupo Parlamentario Socialista mantiene las dos enmiendas que ya presentó en el Congreso de los Diputados y por las mismas razones. Es decir, a nosotros nos parece que un texto de ley que no recoge la realidad del sector al que se va a aplicar es una ley llamada a fracasar o al menos es una ley cuyo incumplimiento y conflicto está garantizado.
Por eso, en la enmienda número 34 nosotros pretendemos una adición al artículo 2, en su apartado 3, en el sentido de establecer como infracción grave la no retirada de los animales muertos en las explotaciones, siempre que la Administración haya establecido un servicio para su recogida, porque, si no, señorías, volveremos a ser testigos de denuncias y de espectáculos cruentos y deplorables, como los de Galicia o de otras regiones españolas. Desconocer esa realidad, pensar que todo el mundo es bueno y que todo el mundo acata la norma sin más y con absoluta disciplina es no conocer una realidad que se da en el sector y que la ley debe prevenir, pero también debe posibilitar el cumplimiento de ella.
Una segunda enmienda, la número 35, viene también a establecer una mejor y mayor graduación, tal como recoge el artículo 3, entre las sanciones y las multas. Es decir, para las sanciones leves el texto del proyecto de ley establece un abanico que va de 600 euros a 3.000. A nosotros nos parece que fijar una multa para una sanción leve, que en muchos casos puede no ser ni intencionada, ni siquiera conocida, que se está produciendo en pequeñas o grandes explotaciones, de poco menos que 100.000 pesetas como mínimo es excesivo. Por eso, en aras de esa graduabilidad que dice el propio texto de ley que ha de tenerse a la hora de imponer las sanciones, proponemos rebajar el límite inferior de 300 euros a 100, es decir, en unas dieciséis mil pesetas.
Pero dicho esto, señora Presidenta, señorías, quiero hacer dos reflexiones al Grupo Parlamentario Popular. Ya se nos ha anunciado que no van a aceptar ni una sola enmienda. Yo espero que en la intervención del portavoz popular eso quede desmentido y quede corregido. En todo caso quiero manifestar en este momento el temor que el Grupo Parlamentario Socialista tiene de que con esta ley el Gobierno quiera poner punto final a la crisis de las vacas locas. El Gobierno ha decidido que a partir del día 1º de enero no va a haber ayudas para la crisis. Yo creo que con esta ley también pretende que el mal de las vacas locas deje de ser un problema de seguridad alimentaria, deje de ser un problema de modelo y estructura de producción para convertirse única y exclusivamente en un problema jurídico, donde el Gobierno del señor Aznar y el Ministerio de Agricultura ya han hecho todo lo que tenían que hacer: dictar la norma, decir que esto se sanciona y a partir de ahí ustedes sabrán lo que hacen.
El coste económico lo sufrirán el sector y los consumidores, y los conflictos jurídicos también. Yo confío en que esto no sea así, que el portavoz popular me quite la razón y acepte enmiendas que son absolutamente técnicas, al menos las enmiendas que no alteran el fondo, sino que mejoran sustancialmente la literalidad y el texto.
Muchas gracias, señora Presidenta.


La señora PRESIDENTA: Gracias, Senador Rodríguez Cantero.
Terminado el turno de defensa de enmiendas, procede el turno en contra.
Tiene la palabra el Senador Rodríguez.


El señor RODRIGUEZ PEREZ: Gracias, señora Presidenta.
Tengo que anticipar que en este debate intervendrá al final en el turno de portavoces el compañero García-Talavera y él fijará la posición de nuestro Grupo con respecto a este proyecto de ley. Señorías, yo voy a ceñirme a comentar las enmiendas que los distintos grupos han presentado.
Quiero empezar por la enmienda de Convergència i Unió que acaba de anunciar el Senador Marimon que retira. Dentro de la actitud positiva que su Grupo y él mismo han mantenido tanto en la tramitación de este proyecto de ley como en todos los debates que se han celebrado acerca de la encefalitis espongiforme bovina; en ese espíritu de colaboración le agradezco también hoy lo que supone esta retirada. Y he de decirle que dado el artículo 149 de la Constitución y las propias competencias que tiene a través de su Estatuto de Autonomía la Generalitat de Catalunya, el espíritu de su enmienda está recogido perfectamente en ambas normas.
Le agradezco una vez más la colaboración que su Grupo Convergència i Unió ha tenido en todo lo que concierne a tramitación y debates habidos en torno a la encefalitis espongiforme bovina o más comúnmente conocida como «mal de las vacas locas».
En cuanto a las enmiendas que mantienen el Grupo Parlamentario Mixto a través del señor Quintana y el Grupo Parlamentario Socialista, he de decir que son exactamente las enmiendas que quedaron vivas en el debate de este proyecto de ley en el Congreso, son las mismas, y por eso me voy a ahorrar entrar en ellas porque los argumentos que ellos han expuesto aquí coinciden también con los que los portavoces expusieron en aquel momento.
Si éste es un proyecto de ley que lo que busca es un instrumento disuasorio, no nos parece correcta la rebaja que ustedes proponen en el importe de las sanciones de las faltas leves. Creemos que está correctamente tipificado, que están correctamente impuestas, y en el ánimo del legislador

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cuando se estudian los correspondientes expedientes sancionadores hay una gradación muy amplia del mínimo al máximo para que, en función de la gravedad de la falta dentro de su levedad, se pueda imponer la sanción mínima o la sanción máxima.
El señor Quintana presenta cuatro enmiendas que quedaron vivas en el Congreso. Unas son consecuencia de las otras. Propone que se añada una letra j) al artículo 2.2. en la que se diga que dentro de las infracciones muy graves se recoja la fabricación de piensos para animales de producción en condiciones no permitidas por la normativa vigente cuando dicho incumplimiento produzca un riesgo para la salud animal.
Nosotros consideramos, señor Quintana, que esta infracción se encuentra correctamente tipificada en el texto del proyecto de ley, concretamente en la letra h) de ese mismo apartado. Por eso vamos a mantener la misma postura que mantuvimos en el Congreso.
Las enmiendas del Grupo Parlamentario de Senadores Nacionalistas Vascos son las más numerosas. El señor Gatzagaetxebarría ha presentado 29 enmiendas, de las que sólo dos son coincidentes con las que se analizaron en el Congreso, concretamente las números 15 y 16, que se corresponden con las números 28 y 29 que él ha presentado aquí en el Senado. Son idénticas en su texto. La enmienda número 14 del Congreso coincide parcialmente con la 27 del Senado, allí se pedía la supresión del artículo 8, aquí se pide únicamente la supresión del apartado 4 de este artículo 8. Las 26 restantes son totalmente nuevas.
Debo reconocerle que ha hecho un gran esfuerzo y ha realizado un trabajo importante en la presentación de estas enmiendas, pero yo, que no soy jurista, he escuchado atentamente esa pretendida lección de técnica legislativa que usted ha intentado dar desde esta tribuna y comprenderá que tengo que defender la técnica legislativa del Gobierno, aunque creo que es perfectamente válida cualquiera de las dos. Yo podría ir enmienda por enmienda, pero no lo voy a hacer, tan sólo haré una consideración global.
Usted mismo reconoce que las enmiendas que presenta son más de estilo --lo ha dicho aquí--, de correcciones gramaticales en muchos casos, son enmiendas más de forma que de fondo, salvo las que coinciden con las presentadas en el Congreso, las números 28 y 29, que se refieren a la disposición adicional y a la exposición de motivos, por los títulos competenciales, concretamente, el 149.1.10 y 149.1.Primera, y si bien es cierto que ha señalado el Consejo de Estado y que bastaría con invocar la regla 16 del artículo 149, también es cierto que el Tribunal Constitucional, en reiteradas sentencias, ha dicho que toda norma sancionadora autonómica deberá atenerse a lo dispuesto en el artículo 149.1.Primera a los efectos de que las sanciones no difieran, que sean iguales para todo el territorio nacional. Yo no soy jurista y no voy a entrar en sus argumentos, pero le doy los que esgrime el Gobierno para utilizar este título competencial.
En el proyecto de ley se habla de normativa nacional, y en una enmienda usted habla de normativa estatal. Yo creo que el término que emplea el proyecto de ley es más acorde con la normativa comunitaria.
Cuando usted habla de modificar el artículo 1, apartado 1, suprime en un párrafo concretamente la palabra obligaciones. Nosotros creemos que esta palabra es clarificadora pues su supresión podría plantear la duda de si las que afectan a los rumiantes son obligaciones --tal como sugiere el precepto--, o infracciones o sanciones, según podría deducirse si se elimina el citado término.
Asimismo, usted pide que se suprima la palabra «test». Este término designa un tipo de prueba muy específico que se caracteriza por su rapidez, su inmediatez y que no debe confundirse con la prueba analítica, los análisis a los que hace referencia el artículo.
Me alegro de que usted haya retirado la enmienda número 10, relativa a la falsificación de la declaración de datos, mientras que en el proyecto de ley se habla de datos falsos, porque tengo que señalar que falsificación y datos falsos son conceptos jurídicamente diferenciados, con distinta trascendencia punitiva. El hecho de que una declaración contenga datos falsos no permite considerarla como una falsificación, concepto que sería más cercano a un ilícito penal.
Señor Gatzagaetxebarría, desde mi punto de vista todas sus enmiendas son correcciones de estilo, correcciones más de forma que de fondo y que no afectan el espíritu de la ley. Además, creo que tanto el portavoz de su grupo parlamentario en el Congreso de los Diputados como usted están de acuerdo en la oportunidad de esta ley, en que era una ley necesaria y el hecho de aceptar cualquier enmienda de este estilo --que para mi Grupo Parlamentario no mejoraría ni modificaría sustancialmente el texto del proyecto de ley-- retardaría su aprobación.
Creemos que se ha conseguido un avance importante en la lucha contra las encefalopatías espongiformes, que este proyecto de ley es útil y práctico y, por ello, señor Gatzagaetxebarría, aunque le agradecemos su esfuerzo y su trabajo en la presentación de estas enmiendas, tengo que decirle que el Grupo Parlamentario Popular va a rechazarlas.
Nada más y muchas gracias. (Aplausos en los escaños del Grupo Parlamentario Popular.)

La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señoría.
Terminado el turno en contra, pasamos al turno de portavoces.
¿Algún grupo desea intervenir? (Pausa.) Por el Grupo Parlamentario de Coalición Canaria, tiene la palabra el Senador Arroyo.


El señor ARROYO HODGSON: Gracias, señora Presidenta.
Intervengo brevemente para expresar la posición de mi Grupo Parlamentario en relación con este proyecto de ley.
De alguna manera, todos hemos sufrido la crisis generada por la aparición de la enfermedad de las vacas locas y sabemos la complejidad y la urgencia de adoptar o establecer la normativa adecuada --tanto en la Unión Europea como en los diversos Estados miembros-- para preservar la sanidad de la cabaña ganadera y, sobre todo, la salud de los y consumidores, a fin de evitar que la enfermedad pase a la cadena alimentaria.


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En ese sentido, hay que destacar el Real Decreto 1911/2000, de 24 de noviembre, que fue bastante conflictivo y de compleja aplicación para regular la destrucción de los materiales especificados de riesgo, así como otras disposiciones más genéricas, como la identificación de los animales, el control de sus movimientos y la trazabilidad de las carnes, que vienen a garantizar una mayor seguridad alimentaria a los ciudadanos.
Por otro lado, también está claro --como señala el Gobierno-- que las disposiciones generales no resultan suficientes; me refiero a la Ley General de Sanidad o a la Ley de Defensa de los Consumidores y Usuarios y, por ello, está justificada esta iniciativa. Sin embargo, lo que nosotros queremos manifestar, como también ha expresado algún otro portavoz, es lo insólito y lo peculiar del procedimiento, es decir, el proyecto de ley entró en el Congreso de los Diputados en el mes de abril, hace aproximadamente siete meses, fue aprobado en el Congreso de los Diputados en la segunda quincena de noviembre, tuvo entrada en esta Cámara el 12 de diciembre, el plazo de presentación de enmiendas acabó el lunes, 17 de diciembre, y hoy no se ha presentado dictamen de la Comisión de Agricultura. Desde ese punto de vista, quiero finalizar ésta mi última intervención de este año 2001 diciendo que ojalá el año 2002, que es capicúa, sirva para despejar, para clarificar el papel que debe jugar esta Cámara, el Senado, en la tramitación de los proyectos de Ley.
Muchas gracias.


La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, Senador Arroyo.
En nombre del Grupo Parlamentario de Senadores Nacionalistas Vascos, tiene la palabra el Senador Gatzagaetxebarría.


El señor GATZAGAETXEBARRIA BASTIDA: Muchas gracias, señora Presidenta.
Intervengo para hacer, con toda consideración --valga el juego de palabras--, una serie de consideraciones al Senador Rodríguez sobre la materia.
Empezando por la parte final de su intervención, cuando dice que la aceptación de algunas enmiendas supondría un retraso en la aprobación parlamentaria de este proyecto, insistiré en que en la primera parte de nuestra exposición ya hemos realizado una crítica del sistema parlamentario Congreso-Senado, respecto del que, declarado un proyecto de urgencia «ex lege», mediante el artículo 151.4 del Reglamento del Congreso, éste tarda siete meses, 210 días, en tramitarlo como proyecto de ley --una norma con fuerza de ley que ya está vigente--, para entrar en el Senado, donde tarda 20 días naturales. Por tanto, el problema no es del resto de los grupos parlamentarios, el problema es de quien impulsa, dirige, coordina y promueve los trabajos de la Cámara --es decir, en primer lugar, de la Mesa del Senado y, en segundo lugar, de los presidentes de las respectivas Comisiones--, donde obviamente, ni este Grupo ni la gran mayoría de los grupos que la componen tienen la dirección legislativa ni la dirección parlamentaria de las Cámaras. Así pues, hecha esa primera autocrítica sobre el funcionamiento de las Cortes, el retraso no produciría ningún efecto, ya que estamos hablando de mejoras de un proyecto de ley en relación con una norma que ya está vigente al ser un Decreto-ley.
En segundo lugar, se refiere usted al artículo 149.1.1 y dice que con dicho artículo lo que se pretende es el establecimiento de una normativa básica en cuanto al ejercicio de las facultades y derechos constitucionales. No, usted no tiene que apelar a eso. Usted tiene competencia, sobre la base del artículo 149.1.16, en Sanidad. Y ya le dije antes que respecto al sector del ordenamiento jurídico en residuos, medio ambiente, telecomunicaciones, pesca, marcas, hidrocarburos, sistema de la ordenación del sector eléctrico, el campo industrial, en ninguna de esas materias ni el Gobierno ni el Grupo Popular apela al artículo 149.1.1. Por tanto, no es necesario. Usted puede establecer el régimen sancionador, no por ese precepto, sino por el 141.1.16, porque los poderes centrales del Estado, en este caso las Cortes, tienen facultades para establecer la legislación básica y, por tanto, los tipos básicos infractores y las sanciones básicas en la materia. Por eso, es importante la acotación de la fundamentación y del sustento competencial del proyecto que estamos tramitando en este momento.
En tercer lugar, dice usted que hay algunas enmiendas de forma o de estilo. Ciertamente, algunas lo son e, intelectualmente, le puedo aceptar que es opinable y que, por tanto, usted tiene razón, que no hay por qué aceptarlas. Pero también hay otras correcciones que le parecen a usted de estilo pero que no lo son y que lo que pretenden es cumplir con el principio de tipicidad, dar certeza jurídica en la redacción de un tipo infractor. Expresiones como «cuando no resulta clara con arreglo a las disposiciones vigentes» o «etiquetado insuficiente o defectuoso que no resulte claro en su composición», en un ámbito estrictamente sancionador atentan contra el principio de legalidad del artículo 25 de la Constitución y el principio de tipicidad. Parecen enmiendas de estilo pero no se trata sólo de estilo. Esas enmiendas tienen efectos jurídicos inducidos muy importantes para quien los vaya a aplicar, porque lo que pretendemos es dar seguridad jurídica en la materia. En eso consiste el principio de tipicidad, el cual pretende la predeterminación concreta y determinada en una ley de las conductas que constituyen una infracción y, como efecto directo del mismo, la predeterminación de las sanciones que corresponden a cada una de esas infracciones. Por tanto, es cierto que algunas pueden ser enmiendas de mejora técnica, «stricto sensu», desde el punto de vista gramatical, pero otras no son sólo modificaciones gramaticales, aunque así le parezcan, sino que tienen una enorme incidencia, porque lo que con ellas se pretende es dar seguridad jurídica.
Esto es lo que, con toda consideración, quería decirle, para terminar, señora Presidenta, señalando que nos apena que no hayamos podido mejorar, como ha sucedido en otros trámites parlamentarios, este proyecto, que, desde nuestro punto de vista --y también lo ha dicho el portavoz de Convergència i Unió--, está llamado a tener una vocación temporal, porque hoy mismo en los medios de comunicación el Gobierno anuncia la aprobación inminente

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de un proyecto básico en materia de sanidad animal y el pasado viernes aprobó el sistema de alerta sanitaria en materia de emergencias tanto en zoonosis como en epizootías en el ámbito pecuario. Por tanto, esperemos que la aprobación tenga una vocación temporal, porque requiere una adecuación de todas las consideraciones en los cinco apartados que he indicado, que, en definitiva, mejorarían y centrarían el ajuste y su adecuación al ámbito político que corresponde a cada una de las administraciones públicas.
Gracias, señora Presidenta.


La señora PRESIDENTA: Gracias, Senador Gatzagaetxebarría.
¿Grupo de Entesa Catalana de Progrés? (Pausa.) El de Convergència i Unió ya ha intervenido. Por el Grupo Parlamentario Socialista, tiene la palabra el Senador Rodríguez Cantero.


El señor RODRIGUEZ CANTERO: Gracias, señora Presidenta.
Yo compadezco al Senador Rodríguez, porque salir a la tribuna sin argumentos, simplemente para decir: «esto no se hace porque aquí mando yo», conociendo su talante, considero que le ha tenido que resultar violento.
Usted ha dado razones de urgencia. No hay ninguna razón de urgencia porque hay un decreto-ley convalidado, que es el que trae origen de este texto, que está funcionando. No le he escuchado más argumentos, aparte de confesar que usted no conoce la técnica jurídica. Yo tampoco, pero la mejor técnica jurídica nunca está reñida con la razón, con el sentido común. Y el sentido común dice que al menos ustedes debían haber aceptado las seis propuestas de modificación que el letrado de la Comisión nos ha hecho llegar en su informe y en su análisis técnico-jurídico. Así, nos hubiéramos evitado el bochorno de leer en el texto una interpretación que dice: «las obligaciones de los rumiantes». Señor Senador, los rumiantes no tienen obligaciones. O nos hubiéramos evitado el bochorno de que alguien nos diga qué es eso de omitir las pruebas, análisis y test, como si fueran cosas distintas. Un test o es una prueba o es un análisis. Ni siquiera al letrado le han hecho ustedes caso y no creo yo que al letrado le tengan ustedes por desafecto, es un profesional en su buen saber y entender de técnica. Ni, siquiera eso. ¿Cuál es el problema? El problema es que a ustedes el jefe les ha dicho que no molesten. Lo ha dicho usted.
Si no, esto tiene que ir al Congreso. «No molesten, yo me voy de vacaciones.» Eso no puede ser. Yo creo que usted ha pasado un mal rato.
En todo caso, nosotros seguimos temiendo lo que antes le decía. Ustedes necesitan al 31 de diciembre una ley de punto y final de la crisis de las vacas locas. Ese es el problema de fondo y por eso ustedes no dan argumentos y simplemente siguen confundiendo mayoría absoluta con poder absoluto, que se sepa quién manda, que se sepa quién es el jefe y el jefe ha dicho que no molesten.
Muchas gracias, señora Presidenta. (Aplausos en los escaños del Grupo Parlamentario Socialista.) La señora PRESIDENTA: Gracias, Senador Rodríguez Cantero.
En hombre del Grupo Parlamentario Popular, tiene la palabra el Senador García-Talavera.


El señor GARCIA-TALAVERA CASAÑAS: Muchas gracias, señora Presidenta, por concederme el uso de la palabra.
Quisiera agradecer de entrada el talante este debate de todos los componentes de los diferentes grupos parlamentarios en este debate. Me gustaría hacer un pequeño recuerdo histórico de los fundamentos que provocan este proyecto de ley. Todos conocemos que la enfermedades priónicas son unas enfermedades letales, que nacen en el ganado ovino, en el caprino, en el bovino y a continuación, pasando la barrera, de especies, desgraciada y lamentablemente se transmiten al ser humano por el consumo de carne de ganado vacuno contaminada. Eso hace que las diferentes administraciones se tomen muy en serio la manera de prevenir y erradicar esta enfermedad, sobre todo teniendo en cuenta las grandes repercusiones que tendría en la salud mundial.
Señorías, ahora tenemos la oportunidad en esta Cámara de aprobar este proyecto de ley con carácter de urgencia, por el que se establece el sistema de infracciones y sanciones en materia de encefalopatía espongiforme transmisible, procedente del Real Decreto 8/2001, de 6 de abril, con cuya aplicación se ha conseguido detener la progresión de esa enfermedad en nuestro país a más del doble de lo que lo hicieron en su día las medidas que aplicó el Gobierno británico. Esas medidas que aplicó el Gobierno británico fueron aprovechadas por nuestra Administración, que aprendió la lección británica, a través de su Ministerio de Agricultura y del Ministerio de Sanidad y Consumo, de manera beneficiosa, basándose en las experiencias científicas, naturalmente, y ayudado por la ventaja del tiempo.
También resulta oportuno recordar ahora que todas las intervenciones que se están realizando se hacen en el marco de la coordinación de las diferentes competencias de la Administración para la erradicación de la encefalopatía espongiforme transmisible bovina, y por lo tanto le corresponde a la Unión Europea la adopción de su normativa y cofinanciación de las medidas de intervención del mercado, pruebas analíticas o test de detección, auditoría e inspección en los Estados miembros, y le corresponde a la Administración del Estado la obligación de coordinar y ordenar actuaciones de todas las normativas básicas, de acuerdo al artículo 149.1, regla 16, de la Constitución Española. Ahí, señorías, se pretende garantizar de manera imperiosa la universalidad en el territorio nacional, y digo en todo el territorio nacional, un nivel equitativo y homogéneo de aplicación de la legislación de carácter básico en las materias de competencia tanto del Ministerio de Sanidad y Consumo como del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación.
Por último, corresponde a las Comunidades Autónomas la ejecución de las medidas adoptadas y control de la aplicación y adecuación del ámbito territorial de sus competencias, y de esta manera, señorías, la repercusión que las encefalopatías espongiformes transmisibles pueden tener

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en la cabaña ganadera de los Estados miembros de la Unión Europea, y eventualmente en la salud de los consumidores, convierte en objetivo primordial a las Administraciones, al disponer de mecanismos rigurosos y adecuados que garanticen la salud de las personas, a través de normativas, a través del cumplimiento de obligaciones, y asegurándose así que esta enfermedad no pase a la cadena alimentaria, mediante el apoyo de un sistema de infracciones y sanciones, específico y homogéneo, que dé continuidad a todas las actuaciones ya realizadas.
Por lo que se refiere al portavoz del Grupo Parlamentario Socialista, este proyecto se tramita conforme al procedimiento de urgencia, de conformidad con el mismo procedimiento seguido en el Congreso de los Diputados, al ser el proyecto consecuencia del Real Decreto-ley 8/2001, de 6 de abril.
Por último, señorías, de esta manera parece razonable, interpretable y sobre todo reproducible legalmente que serían las Administraciones las responsables, en todos sus territorios, del cumplimiento de estas normas dirigidas a garantizar la salud de los ciudadanos, la sanidad animal y, en definitiva, la preservación de parte del ecosistema.
Muchas gracias, señorías, y tengan un feliz año nuevo. (Aplausos en los escaños del Grupo Parlamentario Popular.)

La señora PRESIDENTA: Gracias, Senador García-Talavera.
Vamos a votar, señorías, el proyecto de ley por el que se establece el sistema de infracciones y sanciones en materia de encefalopatías espongiformes transmisibles, comenzando por las enmiendas.
Votamos en primer lugar las enmiendas del Senador Quintan, números 30 a 33.
Se inicia fa votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos emitidos, 219; a favor, 80; en contra, 131; abstenciones, ocho.


La señora PRESIDENTA: Quedan rechazadas.
Votamos las enmiendas del Grupo Parlamentario de Senadores Nacionalistas Vascos números 19, 20, 28 y 29.
Se inicia la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos emitidos, 219; a favor, 15; en contra, 131; abstenciones, 73.


La señora PRESIDENTA: Quedan rechazadas.
Votamos el resto de las enmiendas presentadas por el Grupo Parlamentario de Senadores Nacionalistas Vascos, excepto la número 10, que ha sido retirada.
Se inicia la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos emitidos, 218; a favor, 83; en contra, 127; abstenciones, ocho.
La señora PRESIDENTA: Quedan rechazadas.
Enmiendas presentadas por el Grupo Parlamentario Socialista, números 34 y 35.
Se inicia la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos emitidos, 220; a favor, 78; en contra, 130; abstenciones, 12.


La señora PRESIDENTA: Quedan rechazadas.
Votamos el dictamen del proyecto de ley por el que se establece el sistema de sanciones en materia de encefalopatías espongiformes transmisibles.
En primer lugar, se ha pedido votación separada de la disposición adicional.
Votamos la disposición adicional.
Se inicia la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos emitidos, 219; a favor, 140; en contra, nueve; abstenciones, 70.


La señora PRESIDENTA: Queda aprobada.
Votamos el resto del dictamen del proyecto de ley.
Se inicia la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos emitidos, 220; a favor, 142; en contra, 78.


La señora PRESIDENTA: Queda definitivamente aprobado por las Cortes Generales el proyecto de ley por la que se establece el sistema de infracciones y sanciones en materia de encefalopatías espongiformes transmisibles.


--HABILITACION DEL MES DE ENERO DE 2002, CONFORME AL ARTICULO 70 DEL REGLAMENTO DE LA CAMARA, A PETICION DE LA COMISION DE MEDIO AMBIENTE Y DE LA COMISION DE CIENCIA Y TECNOLOGIA (550/000034 y 550/000035).


La Señora PRESIDENTA: Señorías, tenemos que habilitar el mes de enero de 2002, conforme al artículo 70 del Reglamento de la Cámara, a petición de la Comisión de Medio Ambiente, para que realice una visita a la Empresa Nacional de Residuos Radiactivos, Enresa, a las instalaciones de El Cabril, Córdoba, y para que la Mesa y Portavoces de la Comisión de Ciencia y Tecnología efectúe una visita al Centro de Investigaciones Energéticas y Medioambientales de Madrid. ¿La Cámara acuerda habilitar el mes de enero para estas dos comisiones? (Pausa.) Queda habilitado.
Señorías, muy feliz salida y entrada de año. Hasta el año 2002.
Se levanta la sesión.


Eran las quince horas.

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