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DS. Senado, Pleno, núm. 118, de 13/12/2002
 


CORTES GENERALES
DIARIO DE SESIONES DEL
SENADO

Año 2002 VII Legislatura
Núm. 118
PRESIDENCIA DEL EXCMO. SR. D. JUAN JOSE LUCAS GIMENEZ
Sesión del Pleno
celebrada el viernes, 13 de diciembre de 2002


ORDEN DEL DIA:

Cuarto

Dictámenes de Comisiones sobre proyectos y proposiciones de Ley remitidos por el Congreso de los Diputados (Continuación):

--De la Comisión de Educación, Cultura y Deporte en relación con el Proyecto de Ley Orgánica de Calidad de la Educación. (Publicado en el «Boletín Oficial de las Cortes Generales», Senado, Serie II, número 92, de fecha 9 de diciembre de 2002). (Fin del debate). (Número de expediente S. 621/000092) (Número de expediente C. D. 121/000104).


--De la Comisión de Presupuestos en relación con el Proyecto de Ley de Presupuestos Generales del Estado para el año 2003. (Publicado en el «Boletín Oficial de las Cortes Generales», Senado, Serie II, número 94, de fecha 7 de diciembre de 2002). (Fin del debate). (Número de expediente S. 621/000094) (Número de expediente C. D. 121/000109).


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SUMARIO

Se reanuda la sesión a las nueve horas y cinco minutos.


DICTAMENES DE COMISIONES SOBRE PROYECTOS Y PROPOSICIONES DE LEY REMITIDOS POR EL CONGRESO DE LOS DIPUTADOS (Página 7284)

De la Comisión de Educación, Cultura y Deporte en relación con el Proyecto de Ley Orgánica de Calidad de la Educación (Continuación) (Página 7284)

La señora De Boneta y Piedra, del Grupo Mixto, defiende las enmiendas números 1 a 6, 8 a 12, 14 a 20, 22 a 29 y 31 a 49 y da por defendidas las enmiendas números 274 a 323, del señor Quintana González, del Grupo Mixto. El señor Cámara Fernández, del Grupo Mixto, defiende las enmiendas números 50 a 149 y 151 a 273. El señor Acosta Padrón defiende las enmiendas números 1072 a 1074, 1076, 1078, 1080, 1083 a 1089 y 1091 a 1096, del Grupo de Senadores de Coalición Canaria. El señor Bildarratz Sorron defiende las enmiendas números 324 a 399, del Grupo de Senadores Nacionalistas Vascos. El señor Sabaté Borràs defiende las enmiendas números 400 a 733, el Grupo Entesa Catalana de Progrés. El señor Varela i Serra defiende las enmiendas números 1162 a 1164, 1166 a 1202, 1204, 1205, 1207 a 1212, 1214 a 1219, 1221 a 1243, 1245 a 1264 y 1266 a 1274, del Grupo Catalán en el Senado de Convergència i Unió. La señora Agudo Cadarso y el señor Fernández Zanca defienden las enmiendas números 734 a 1063 y 1065 a 1071, del Grupo Socialista. Las señoras Delgado García y Novillo Moreno consumen un turno en contra. En turno de portavoces, hacen uso de la palabra la señora De Boneta y Piedra, del Grupo Mixto; Bildarratz Sorron, por el Grupo de Senadores Nacionalistas Vascos; Sabaté Borràs, por el Grupo Entesa Catalana de Progrés; Varela i Serra, por el Grupo Catalán en el Senado de Convergència i Unió; Fernández Zanca, por el Grupo Socialista, y Barquero Vázquez, por el Grupo Popular.


Se procede a votar.


Se rechazan las enmiendas números 274 a 295 y 297 a 323, del Grupo Mixto, señor Quintana González, por 63 votos a favor, 124 en contra y 11 abstenciones.


Se rechazan las enmiendas números 1 a 6, 8 a 12, 14, 15, 17 a 20, 22 a 29, 31 a 49, del Grupo Mixto, señora De Boneta y Piedra, por 63 votos a favor, 124 en contra y 11 abstenciones.


Se rechazan las enmiendas números 50 a 149 y 151 a 273, del Grupo Mixto, señores Cámara Fernández y Cabrero Palomares, por 62 votos a favor, 125 en contra y 13 abstenciones.


Se rechazan las enmiendas números 1080, 1083, 1086, 1088, 1092 y 1095, del Grupo de Senadores de Coalición Canaria, por 7 votos a favor, 184 en contra y 10 abstenciones.


Se rechazan las restantes enmiendas del Grupo de Senadores de Coalición Canaria por 6 votos a favor, 123 en contra y 69 abstenciones.


Se rechazan las enmiendas números 324 a 399, del Grupo de Senadores Nacionalistas Vascos, por 68 votos a favor; 125 en contra y 8 abstenciones.


Se rechazan las enmiendas números 400 a 733, del Grupo Entesa Catalana de Progrés, por 64 votos a favor, 125 en contra y 12 abstenciones.


Se rechazan las enmiendas números 1162 a 1164, 1166 a 1202, 1204, 1205, 1207 a 1212, 1214 a 1219, 1221 a 1243, 1245 a 1264 y 1266 a 1274, del Grupo Catalán en el Senado de Convergència i Unió, por 71 votos a favor, 125 en contra y 5 abstenciones.


Se rechazan las enmiendas números 734 a 1063 y 1065 a 1071, del Grupo Socialista, por 65 votos a favor, 125 en contra y 11 abstenciones.


Se aprueba una propuesta de modificación del dictamen en relación con la enmienda número 296, del señor Quintana González, del Grupo Mixto, por 199 votos a favor y 1 en contra.


Se aprueba el texto del dictamen, Sección 3ª del Capítulo V del Título V, por 125 votos a favor, 73 en contra y 3 abstenciones.


Se aprueba el resto del texto del dictamen por 129 votos a favor y 72 en contra.


El señor Presidente anuncia a la Cámara el traslado de las enmiendas aprobadas por el Senado al Congreso de los Diputados.


De la Comisión de Presupuestos en relación con el Proyecto de Ley de Presupuestos Generales del Estado para el año 2003 (Votación) (Página 7314)

Se aprueba el epígrafe V del preámbulo por 137 votos a favor y 64 en contra.


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Títulos IV y VIII. Sección 07.


Se rechazan las enmiendas números 228 a 232, del Grupo Mixto, señores Cámara Fernández y Cabrero Palomares, por 66 votos a favor, 122 en contra y 13 abstenciones.


Se rechazan las enmiendas números 35 a 38 y 42, del Grupo Mixto, señor Quintana González, por 67 votos a favor, 122 en contra y 11 abstenciones.


Se rechazan las enmiendas números 883 a 888, del Grupo Entesa Catalana de Progrés, por 65 votos a favor, 125 en contra y 12 abstenciones.


Se rechazan las enmiendas números 1673 a 1675, del Grupo Catalán en el Senado de Convergència i Unió, por 75 votos a favor, 125 en contra y 3 abstenciones.


Se rechazan las enmiendas números 1271 a 1276, del Grupo Socialista, por 65 votos a favor, 125 en contra y 11 abstenciones.


Se aprueba una propuesta de modificación en relación con la enmienda 1201, del Grupo Popular, por 201 votos a favor y 1 en contra.


Se aprueba el texto del dictamen por 138 votos a favor, 64 en contra y 1 abstención.


Se aprueban las propuesta de modificación en relación con las enmiendas números 1202, 1203, 1204, 1205 y 1206 del Grupo Popular, por asentimiento de la Cámara.


Se aprueban las disposiciones adicionales segunda, tercera, cuarta, quinta y octava por 137 votos a favor, 65 en contra y 1 abstención.


Se aprueban los artículos 2, 3, 4, 6, 12 y 46, así como el Anexo I, por 138 votos a favor, 64 en contra y 1 abstención.


Se levanta la sesión a las trece horas y treinta y cinco minutos.


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Se reanuda la sesión a las nueve horas y cinco minutos.


--DE LA COMISION DE EDUCACION, CULTURA Y DEPORTE EN RELACION CON EL PROYECTO DE LEY ORGANICA DE CALIDAD DE LA EDUCACION (S. 621/000092) (C.
D. 121/000104) (Continuación).


El señor VICEPRESIDENTE (Prada Presa): Señorías, se reanuda la sesión.
Corresponde la defensa de las enmiendas, votos particulares, en relación con el proyecto de ley orgánica de calidad de la educación.
En primer lugar, las enmiendas números 274 a 323, presentadas por el senador Quintana González, del Grupo Parlamentario Mixto.
Tiene la palabra, la senadora Boneta.


La señora DE BONETA Y PIEDRA: Muchas gracias, señor presidente.
Sólo quiero dar por defendidas las enmiendas del senador Quintana en su totalidad.


El señor VICEPRESIDENTE (Prada Presa): Gracias, señoría.
Pasamos a las enmienda números 1 a 6, 8 a 12, 14 a 20, 22 a 29, y 31 a 49, originariamente presentadas por la senadora de Boneta y Piedra, del Grupo Parlamentario Mixto. Para su defensa, tiene la palabra la senadora De Boneta.


La señora DE BONETA Y PIEDRA; Muchas gracias, señor presidente.
Yo creo que en la sesión que mantuvimos ayer, cuando nos referíamos al veto, a las enmiendas a la totalidad, quedaron claras las diferencias de orientación, o al menos las razones por las que a nosotros no nos parecía que este proyecto de ley que ahora vamos a debatir fuera el proyecto adecuado para lograr esa calidad de la educación que está en el frontispicio, que está en el título de la propia ley, que pretende ser una ley de reforma de la legislación vigente en materia no universitaria, pero que en el fondo modifica sustancialmente la concepción de la educación, tanto en lo que se refiere a la educación infantil --empezando por ahí-- como a lo referido a la última etapa de educación previa a la universidad.
Queremos decir que no nos gusta cómo se organiza en esta ley la educación infantil, salvando naturalmente la realidad y el reconocimiento de la gratuidad de la enseñanza en un período tan importante como puede ser el de 3 a 6 años; no nos gusta cómo se plantea y qué orientación se da a las asignaturas y a los conocimientos que deben adquirir los alumnos en cualquiera de las etapas puesto que partimos de una diferente filosofía, y tampoco nos gustan los itinerarios y el momento en que se han trazado, que hacen que los alumnos tengan que decidir a edad temprana por una especialización, que debería de posponerse a una edad más tardía.
Muchas veces los fracasos escolares no vienen originados por unas incapacidades, que también, por una actitud determinada o por la falta de unas destrezas que deben adquirirse en las primeras etapas de la enseñanza, sino que están motivados por una falta de madurez que a menudo puede corregirse. Estudiantes y alumnos que no han prestado demasiada atención deberían ser conducidos irreversiblemente a un itinerario, que se ha denominado 5º itinerario de iniciación profesional, para que, aunque teóricamente exista la reversibilidad, puedan recuperarse con sistemas de refuerzo y apoyo y lograr su inserción total en el sistema educativo, de forma que puedan acceder a cualquiera de las enseñanzas que elijan, ya sean de formación profesional o universitaria.
Aunque, como consecuencia de las enmiendas admitidas al Grupo Parlamentario Catalán en el Senado de Convergència i Unió en comisión, la ley ha mejorado, no estamos de acuerdo con el tratamiento que se la da --y nos gustaría que fuera mejorado-- a la lengua cooficial de las comunidades autónomas. Esta cuestión se ha corregido en parte pero la actitud con la oposición ha sido de poco entendimiento, a pesar de que hubiera sido muy fácil llegar a una transacción como a la que finalmente se llegó con Convergència i Unió puesto que todos habíamos presentado enmiendas en este sentido. Concretamente, esta senadora presentó las números 7, 13, 21 y 30. Decidí retirarlas porque parecía incongruente mantener una cuestión que, aun habiendo sido modificada en comisión, no despertó su interés por llegar a un acuerdo, y es que no sólo hay que alcanzarlo con una fuerza política, sino que hay que hacerlo con todas las que habíamos formulado enmiendas al respecto.
En este sentido, en este acto anuncio que retiro la enmienda número 16, que se refiere al mismo tema y que no fue retirada en comisión, porque, aunque en aquel trámite no consiguiéramos todo lo que pretendíamos en relación con las lenguas oficiales, parece un esfuerzo inútil mantener algo que de alguna forma ya ha sido modificado y no va a obtener ningún apoyo en esta sesión plenaria, o al menos ésa es nuestra impresión.
No me voy a referir a ninguna de las enmiendas que hemos presentado porque todas responden a una filosofía distinta. Unicamente señalaré que queda pendiente un aspecto importante que nos preocupa a la hora de aplicar esta ley.
Desde nuestro punto de vista --ya lo dijimos en la exposición del veto--, en general, la ley adolece de una falta de respeto a las competencias de las comunidades autónomas, en general, y, a las de la Comunidad Autónoma Vasca, en particular. En ese sentido, además de una concepción distinta, que viene planteada en las primeras enmiendas, por ejemplo, en la número 1, en la que entre los fines y los principios del sistema educativo pedimos que se tenga en cuenta el respeto a la diversidad personal, cultural y social del alumnado, la adaptación y atención a las necesidades educativas derivadas de esa diversidad, el rechazo a toda discriminación y compensación a cualquier forma de desigualdad, decimos que estas finalidades no quedan específicamente planteadas o que los

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alumnos tienen derecho a una educación de calidad adaptada --en la enmienda número 3-- a sus capacidades y acorde con sus necesidades educativas, incluidas las asociadas a discapacidades o a una situación social, cultural o lingüística desfavorecida, y que tienen, además, el derecho y el deber de formarse en los valores y principios democráticos de los tratados y acuerdos internacionales de derechos humanos. Con todo ello, de alguna manera, se está dando un sesgo especial y un planteamiento filosófico distinto a esta ley que ya desde el planteamiento de los fines y los principios debe dejar precisadas estas cuestiones.
También, la información al alumnado, a los padres, a todos los sectores de la comunidad educativa tiene que ser mucho más profunda, que permita una participación real. En ese sentido decimos que tienen derecho a conocer los objetivos y criterios de evaluación de las enseñanzas que recibe, así como a reclamar las calificaciones personalmente o a través de sus padres o representantes; debe asociarse para colaborar en actividades educativas y para actuar en la defensa de sus derechos, y en ese sentido también hemos presentado enmiendas para que los padres tengan una mayor participación en el consejo escolar y que los sectores y la comunidad educativa vean en el consejo escolar un lugar de representación y de posible lugar de presentación de sus planteamientos para que pueda mejorar no sólo su formación, sino el propio proyecto de centro educativo que debe estar en el frontispicio y en la posibilidad de todos los centros para que de alguna manera mejoren su calidad.
Cuando hacía referencia a enmiendas competenciales, me estaba refiriendo concretamente a lo establecido en el artículo 4. Concretamente, en la enmienda 6 pedimos la supresión total; digo supresión porque, desde nuestro punto de vista, lo establece como competencia del Estado, dejando únicamente a las comunidades autónomas la ejecución en materia de becas, que es una extralimitación de lo que entendemos, como dijimos ayer, por concepto básico y cuáles eran las condiciones generales en las cuales deberían tener acomodo esta normativa básica que no podía desnaturalizar o convertir en algo fuera de contexto las competencias exclusivas de las comunidades autónomas o que no las debía dejar reducidas única y exclusivamente a que financien --en este caso a través del concierto económico-- las becas sin tener flexibilidad suficiente para poderlas regular adecuadamente.
En las enmiendas posteriores y al Título I también planteamos una forma distinta de concebir la educación, porque debe quedar mucho más claro que los alumnos tienen derecho a conocer los aspectos fundamentales del medio natural, social y cultural, relaciones entre ellos, papel del ser humano en la conservación, mejora y uso del entorno natural para hacer posible un desarrollo sostenible. Esto debe impartirse ya desde los primeros niveles educativos para que sean conscientes claramente de los desastres ecológicos y que se formen en la defensa de la naturaleza y del entorno y en la diversidad. Esta cuestión no está suficientemente salvada en la ley y por eso hemos presentado también ese grupo de enmiendas.
Las enmiendas números 16 a 32 se refieren a temas importantes. Aquí están las mayores discrepancias de todos los grupos. Con la enmienda 20, relativa al artículo 26, mostramos la discrepancia que mantenemos en la organización de las asignaturas comunes y de los itinerarios, que no deberían referirse a una edad tan temprana. Cuando se habla de iniciación profesional, nos parece que se están consiguiendo dos orientaciones no queridas desde el punto de vista de los planteamientos educativos de Eusko Alkartasuna e incluso pueden tener efectos perversos.
La iniciación profesional se concibe aquí, al sustituir a la garantía social, denostada ayer por la señora ministra, como una salida más para aquellos alumnos que a los 15 años, insisto, no hayan alcanzado los objetivos previstos por los distintos niveles educativos a los que deberían haber llegado o a las etapas que deberían haber cubierto durante estos primeros años de educación. Nosotros creemos que la iniciación profesional, aunque aquí la iniciación profesional tenga el sentido de lo que antes llamábamos garantía social, debe tratarse en los apartados correspondientes a la iniciación profesional, porque llamando iniciación profesional a esta salida o a este itinerario encubierto estamos depreciando algo que se ha planteado aquí como un objetivo prioritario, es decir, poner a la enseñanza profesional en el lugar que le corresponde no solamente desde el punto de vista de impartición de enseñanzas, sino también de constitución social y que no se siga considerando como una salida para aquellos que no puedan --por distintas razones de adaptación, falta de conocimientos e incluso actitud ante la vida o discapacidad-- cubrir una etapa, por lo que van a esta salida que se llama iniciación profesional y que recuerda a la formación profesional. Hemos presentado enmiendas a todas estas cuestiones que pensamos deben ser recogidas ya que representan una forma distinta de concebir el sistema educativo no universitario.
Otra serie de enmiendas hacen referencia a las competencias que quedan en el aire por conceptos jurídicos indeterminados, por remisiones más bien en blanco a las posibilidades de regulación, como es el caso de la enmienda número 33, que propone suprimir el punto 5 del artículo 38 y otros casos que no voy a enumerar, puesto que no son suficientemente respetuosos con las competencias de las comunidades autónomas. La mayoría de los puntos que pretendemos suprimir --como el de la enmienda 37, al artículo 58-- se refieren a esta misma cuestión. La competencia del Ministerio de Educación en materia de educación --valga la redundancia-- está claramente recogida en el artículo 149.1.30ª y en el 1.18ª, referido fundamentalmente a la homologación de títulos. Todo aquello que se refiera a la homologación de títulos debe estar cubierto, pero no puede crearse otro tipo de diplomas o acreditación de conocimientos. Los títulos oficiales son competencia del Estado, pero dentro de la medida a la que antes hacía referencia, nunca haciendo que desaparezca, por la vía de esta competencia del Estado o de este planteamiento básico de la ley, la posibilidad de una política propia en materia de educación para las comunidades autónomas.
A pesar de no haber hecho una referencia concreta a muchas de nuestras enmiendas, espero haber reflejado su

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contenido, puesto que, más que hablar, por ejemplo, de las enmiendas números 1, 17, o 32, me parece mucho más importante seguir manifestando la necesidad de que haya una educación distinta, más respetuosa, unas enseñanzas más acordes con el siglo XXI y un texto legal que recoja perfectamente los derechos de toda la comunidad educativa. En este sentido, no sé si ayer hice referencia a que en nuestra opinión los órganos del centro, y principalmente el de su dirección, no deben convertirse en una especie de delegación de la Administración central en ese centro; es decir, el director debe tener autoridad moral y representar a todos los sectores del centro, o por lo menos a la mayor parte posible. Así pues, consideramos que debe modificarse lo que hace referencia al nombramiento del director, y pienso que todavía estamos a tiempo de hacerlo ya que en este extremo la mayoría de las enmiendas son coincidentes. Insisto en que deberíamos buscar una solución para que el director no se convierta, como sucedía antaño, en una especie de delegado de la Administración central, en un controlador.
Precisamente la ley es absolutamente controladora en todo lo que se refiere a las evaluaciones, a las que todavía no he hecho referencia, y pensamos que debe suprimirse esa orientación controladora de la ley. Por ejemplo, debe suprimirse una prueba general que viene a sustituir a algo que se ha dicho una y mil veces que no servía para nada: la selectividad.
También debe suprimirse la reválida, que es un control externo, sí, pero va a centrar toda la enseñanza que se reciba durante el curso correspondiente, y quizá en el curso anterior, en su preparación, lo que va a llevar a que se adquieran una serie de conocimientos miméticos pero no de otros importantes aspectos, como la formación en una serie de actitudes, que echamos en falta en la ley y que también forman parte de la educación. Porque, señorías, la educación no solamente consiste en la adquisición más o menos memorística de unos determinadas materias, sino que debe ser integral, comprensiva. En ese sentido, también proponemos que en la medida de lo posible se ofrezca la atención precisa a cada alumno, pero dentro del grupo al que pertenezca y no tras su segregación o separación.
Todas nuestras enmiendas responden a esta distinta concepción de la educación, y en el caso de que en el análisis de la situación educativa se hubiera permitido participar a todos los grupos y sectores implicados y se hubiera adoptado una actitud de consenso para la defensa de este proyecto de ley, creo que hubiéramos conseguido una legislación de verdadera calidad, que no fuera preciso modificar para dotar de estabilidad al sistema, cuestión importante a la hora de hablar de la educación, a la hora de hablar de las enseñanzas, a la hora de evitar el fracaso escolar y de conseguir los objetivos que todos deseamos, y que incluso están planteados en la ley, aunque por esta vía no se van a alcanzar.
Muchas gracias.


El señor VICEPRESIDENTE (Prada Presa): Gracias, senadora Boneta.
Pasamos a continuación a las enmiendas números 50 a 149 y 151 a 273, originariamente presentadas por los senadores Cámara Fernández y Cabrero Palomares, ambos del Grupo Parlamentario Mixto. Para su defensa tiene la palabra el senador Cámara.


El señor CAMARA FERNANDEZ: Muchas gracias, señor presidente.
Señorías, ayer tuvimos un debate interesante, con ciertos éxitos en la plaza, creo que de la oposición, por tanto, yo no entendí por qué hacía el paseíllo la señora ministra --decía lo del paseíllo porque me ha salido así, es que, es verdad, hizo el paseíllo y miró al tendido y saludó o algo parecido, en fin, allá ella--, y hoy continuamos con este debate de las enmiendas.
Izquierda Unida ha presentado 211 y tengo así como tres horas y media, aproximadamente, según la norma, para defenderlas, pero, no se preocupen, voy a estar bastante menos. Hemos presentado 19 enmiendas al título preliminar, 14 a los capítulos I a IV, 44 al titulo I y capítulo V, 19 a los capítulos VI y VII del título I, y así hasta 211 enmiendas. A mí lo que más me interesa es agrupar las enmiendas y hacer un discurso global de los contenidos de las mismas.
En primer lugar, pensamos que de la lista de principios de la calidad que podemos enumerar, el proyecto de ley que se nos presenta tiene ausencias importantes, incluso hasta a la hora de definir, porque no está definido ni marcado, la formación de los valores en la educación. Por ejemplo, respecto a la compensación de desigualdades, clarísimamente, los recursos, instalaciones y ratios, importantes para hablar de la calidad de la educación. O bien no están incorporados proyectos o ideas surgidos en los centros educativos, la formación inicial y continua del profesorado como elemento básico. Y luego el gasto educativo, del que el señor Barquero ayer no me dijo casi nada, espero que hoy me diga algo más para aprender y saber algo sobre aquello que he creído entenderle, de que el gasto educativo no es tan importante en España, que son más importantes otras cuestiones. Cuestiones a las que yo no quito importancia, pero en un país desarrollado y moderno, o que se precie de serlo, lógicamente la financiación de estas políticas para el futuro de las personas y, por tanto, del país en que viven y trabajan es clave y fundamental, y la financiación de la educación es vital. De todas maneras, después podremos seguir hablando de ello. Los aspectos competenciales se han arreglado algunos, pero, además de la financiación, faltan en la ley los elementos de la concepción sobre lo público y lo privado.
En cualquier caso, en Izquierda Unida hace ya un tiempo y, sobre todo, desde el año 2000 tenemos un área de educación que trabaja mucho y muy bien, en la que se planteó un programa bastante importante y acabado sobre la necesidad de una ley para la igualdad y su financiación, pensando que había lagunas que cubrir y que no habían sido cubiertas en la LOGSE. Además, se hacían propuestas alternativas a los títulos IV y V de la LOGSE, precisamente respecto a las calidades de la enseñanza y la compensación de las desigualdades. Por tanto, ahí ya se hicieron una serie de propuestas que han venido como colofón a la hora de plantearlas y discutirlas en el debate de esta ley.


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En resumen, señorías, para mejorar sustancialmente esta ley, hemos presentado un primer grupo de enmiendas que pretenden mejorar la calidad de la educación ampliando las ofertas de plazas de educación infantil en centros públicos, de modo que permitan atender la escolarización de todos los niños y niñas cuyas familias lo soliciten en el primer ciclo --entre cero y tres años--, y en el segundo --entre tres y seis años.
Un segundo grupo de enmiendas pretende mantener la estructura cíclica de la educación primaria incorporando medidas de diagnóstico y apoyo sistemático a los alumnos y alumnas que tengan dificultades y proponen medidas concretas de educación de las plantillas.
Hay una serie de enmiendas, en las que no me voy a detener aunque son importantes, sobre dotación de personal educativo de servicios complementarios para bibliotecas, archivos, comedores, secretarías, etcétera; enmiendas que tienen que ver con una amplia oferta de optativas acorde con la flexibilidad potencial que tiene, en teoría, el espacio optativo de la ESO y que en la práctica ha quedado cercenado por problemas de cupo insuficiente; enmiendas para incorporar al currículum las nuevas herramientas informáticas, para realizar un plan de diagnóstico y seguimiento del sistema educativo, para fomentar una cultura de la autoevaluación, para replantear la formación inicial del profesorado de educación infantil, de primaria y de secundaria.
Corregimos aspectos de la propuesta de la ley, como la formación permanente; consideramos que debe garantizarse el disfrute de los períodos sabáticos de formación para todo el profesorado; planteamos propuestas para la mejora de la orientación, participación y convivencia en los centros educativos, en el sentido de más flexibilidad y más autonomía; horarios de profesorado; apertura de los centros públicos; acciones de compensación, etcétera; también proponemos enmiendas para redefinir la composición y funciones del Consejo Escolar y promover la participación y el asociacionismo en toda comunidad educativa.
Otras enmiendas se refieren al sistema de acceso de los servicios de inspección educativa y pretenden asegurar recursos suficientes para una educación pública de calidad en condiciones de igualdad.
En este punto quiero detenerme para argumentar que la financiación de todas las actuaciones que proponemos, muchas de las cuales faltan en esta ley, se debería llevar a cabo en un calendario a completar en una legislatura completa. Al terminar la legislatura, las partidas consolidables del gasto deberían situar el gasto educativo realizado por todas las administraciones públicas en el 6 por ciento del producto interior bruto.
En definitiva, hemos presentado propuestas para financiar planes de construcción de centros públicos y todo lo que significa el entramado de esta ley tan importante, y propuestas en la línea indicativa para avanzar en la red única de centros públicos en toda su dimensión.
Planteamos elementos de paralización inmediata y eliminación progresiva de los conciertos y subvenciones u otras fórmulas aplicadas a enseñanzas de etapas no obligatorias, especialmente de educación infantil.
Homologación de las condiciones de acceso del alumnado y la equiparación de las condiciones laborales de todos los trabajadores y trabajadoras que presten sus servicios en centros sostenidos con fondos públicos, tanto en los aspectos salariales como en condiciones de trabajo, calendario escolar, jornada, jubilación, vacación y formación, promoción, etcétera.
El personal de administración y servicios de los centros concertados estaría incluido en el pago delegado en las mismas condiciones que el personal docente y en condiciones homologadas.
En definitiva, atender al capital humano, educativo que se ha de ocupar de nuestros chavales y chavalas porque es fundamental en su formación y condiciones laborales para que estén contentos y felices para que impartan su enseñanza mejor.
Señorías, como ya hemos debatido mucho, espero que en turno de portavoces se me conteste a algunas de las cuestiones planteadas y voy a finalizar mi intervención. Si se fijan, algunas de las 211 enmiendas presentadas, agrupadas en esos contenidos y en el propio articulado de la ley, son muy precisas y a veces su conjunto modifica sustancialmente en un capítulo o en un título los contenidos de la ley que se propone.
Estamos ante una ley muy importante, que va a ser refrendada de forma mayoritaria y que ha sido poco corregida en el trámite parlamentario; en ella se han producido algunos cambios, ya expresados anteriormente, que nos parecen correctos y que vamos a apoyar, pero básicamente tiene la misma estructura, los mismos contenidos que no han sido consensuados en leyes que han de ser muy compartidas a fin de que permanezcan durante mucho tiempo y se comprueben los problemas que puedan surgir a lo largo de los años, algo que no se ha producido en este caso .
La ley que tenemos en la mano en estos momentos no es la LOGSE, es una ley que merece la pena evaluar, corregir y situar en el momento presente, pero para modificarla hubiera sido necesario un amplio debate y consenso políticosocial que permitiese elaborar una ley para todo el mundo.
Muchas gracias.


El señor VICEPRESIDENTE (Prada Presa): Gracias, senador Cámara.
Corresponde ahora las enmiendas números 1072 a 1074; 1076, 1078, 1080, 1083 a 1089 y 1091 a 1096 presentadas por el Grupo de Senadores de Coalición Canaria. Para su defensa, tiene la palabra el senador Acosta.


El señor ACOSTA PADRON: Gracias, señor presidente.
Señorías, para el debate en Pleno hemos mantenido un total de 17 enmiendas relativas a diferentes aspectos de la ley.
La enmienda número 1072 al título del Capítulo IV, título preliminar, trata sobre los programas de cooperación; consideramos que se podría sustituir la rúbrica del capítulo por la siguiente: «De la organización territorial de la Educación y de los programas de cooperación territorial.» Entendemos

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que constituiría una mejora en su denominación acorde con el contenido y sistemática del indicado capítulo.
Con relación a la enmienda número 1073, aunque el contenido aparece en una disposición adicional, entendemos que se debe encuadrar en este artículo, añadiendo un nuevo apartado 1 al artículo 6, ya que en el mismo se aclara el régimen jurídico de las relaciones entre el Estado y las comunidades autónomas en materia de Educación, para poder tratar después de programas territoriales de cooperación.
La enmienda número 1074 al artículo 15 propone sustituir el texto de la letra a) por el siguiente: «a) Conocimiento del medio natural, social y cultural.» En definitiva, es una postura intermedia entre la expresión fijada en la LOGSE y la propuesta en este proyecto de ley, dándole una mayor cohesión al área que agrupa la ciencia, la geografía y la historia donde, por cierto, existió un acuerdo unánime en la Comisión de Educación.
Con respecto a la enmienda número 1076 al artículo 20.1, de modificación, entendemos que la ruptura de la unidad de ciclos en los doce/trece años no es acorde ni con la madurez del alumno ni con la integración de maestros en este ciclo y podría producir problemas organizativos en núcleos rurales en los que no ha sido posible integrar el primer ciclo de la ESO en los IES.
En la enmienda 1078, relativa a los programas de iniciación profesional, los antiguos programas de garantía social que regulaba la LOGSE entendemos que, dado el carácter modular de la formación profesional, esta ley orgánica no debe prescribir o regular de antemano que la duración sea de dos cursos académicos, sino que debe quedar a criterio del Gobierno la fijación de las directrices básicas y duración de estos programas según las distintas familias profesionales. Dado que estos programas se pueden iniciar a los 15 años, edad que se encuadra en la enseñanza obligatoria, si se obliga a un alumno a permanecer dos años, es posible que termine abandonando y no siga esta vía o este itinerario, por lo que entendemos debe ser flexible, ya que su módulo puede no durar los dos años que ahora se recogen en el proyecto de ley.
La número 1080 es una enmienda de adición al artículo 31.2, por la se pretende que si un alumno no ha superado cuatro o menos asignaturas en la ESO podrá repetir sólo las suspendidas, como se hacía en los modelos educativos anteriores, con el fin de que no tenga que repetir todo el curso y puedan continuar sus estudios. (El señor vicepresidente, Rojo García, ocupa la Presidencia.) La número 1083, al artículo 68.5, pretende añadir un nuevo párrafo para satisfacer las demandas de escolarización debido al fuerte crecimiento de la población, con el objetivo de que las administraciones puedan programar un concurso público con titulares privados.
Con la número 1084, al artículo 80.1, se pretende que los cargos directivos puedan ser ocupados por profesores del centro aunque no tengan un destino definitivo en el mismo, sino que estén en otra situación como, por ejemplo, en expectativa de destino, comisión de servicios, y de esta manera evitar que se complique la gestión en algunos centros.
La número 1085 al artículo 82.1.a) es de modificación, por cuanto entendemos que debe ser el Consejo Escolar el que apruebe la programación general anual del centro, así como el proyecto educativo, ya que es el órgano donde se encuentran representados todos los sectores del centro, sin perjuicio de las funciones que pueda tener el Claustro de profesores.
En las números 1086, 1088, 1089, 1091 y 1092 el Grupo Parlamentario de Senadores de Coalición Canaria propone un modelo mixto para la elección del director del centro, y entendemos que debe ser el Consejo Escolar el que eleve a la Administración una terna para la elección del director.
En la número 1087, de modificación, proponemos que sea el Claustro el que deba informar del proyecto educativo, siempre en consonancia con las funciones que proponemos para el Consejo Escolar.
La número 1093 es una enmienda de modificación del artículo 96.2, por la que se pretende que las administraciones educativas participen en el órgano de gobierno del Instituto Nacional de Evaluación y Calidad del Sistema Educativo. Hasta el momento, lo vienen haciendo, pero su participación no está regulada por ningún organismo.
La número 1094 propone que las comunidades autónomas participen en completar los planes de trabajo propios para la inspección educativa.
Con esto doy por terminada mi intervención.
Nada más y muchas gracias.


El señor VICEPRESIDENTE (Rojo García): Gracias, senador Acosta.
Por el Grupo Parlamentario de Senadores Nacionalistas Vascos, tiene la palabra el senador Bildarratz.


El señor BILDARRATZ SORRON: Muchas gracias, señor presidente.
Señorías, buenos días.
Voy a comenzar con una frase que, en 1990, nuestro amigo y senador el señor Van-Halen, decía: Esperamos que, si no en esta ley, gotita a gotita, o por el método de la impregnación, en algún momento consigamos que nos aprueben alguna enmienda.
Como comprenderán, señorías, antes de empezar quiero desearme al menos esa misma buena ambición de que si no es ahora, gotita a gotita, poco a poco, vayamos consiguiendo que nos aprueben algunas enmiendas.
No voy a defender todas las enmiendas, sino que las voy a englobar en una serie de bloques que van a reflejar la filosofía de todas las que hemos presentado.
Enmienda número 334. ¿Se acuerdan, señorías, de lo dicho ayer en la defensa de mi veto? Era la argumentación que el Partido Popular en la defensa de la LOGSE hacía con respecto al ámbito competencial, donde se decía: Esta ley debe respetar, pues, la libertad que ya poseen en Educación, las libertades que sus propios estatutos de autonomía les han concedido. Es decir, entendían que tenían que hacer una defensa de las competencias que en materia de

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Educación tienen las comunidades autónomas. Pues bien, les voy a leer el texto que viene en el proyecto de ley, que se refiere a los contenidos que ahora llaman comunes --diferente de mínimos--: «A los contenidos de las enseñanzas comunes les corresponde en todo caso el cincuenta y cinco por ciento de los horarios escolares en las Comunidades Autónomas que tengan, junto con la castellana, otra lengua propia cooficial y el sesenta y cinco por ciento en el caso de aquellas que no la tengan.» Según esta redacción el Gobierno incluso puede optar hasta por el 85 por ciento.
Ustedes lo están planteando aquí como un mínimo y la redacción que nosotros pretendemos es como un máximo. Si entendemos que como máximo las enseñanzas mínimas --que ustedes llaman comunes-- tienen que ser el 55 por ciento, especifiquemos y centremos ese texto. Lo que no puede ser es que uno de los elementos más importantes de injerencia del Gobierno de Madrid en el ámbito educativo --porque es uno de los artículos más importantes-- quede de esa manera tan abierta y tan inadecuada con respecto a los derechos de las comunidades autónomas. Tal como digo, nosotros entendemos que tiene que ser un máximo y como tal hemos redactado la enmienda que hemos presentado.
La enmienda número 338 es bastante similar a las números 345 y 353 e intenta igualar las lenguas propias de cada comunidad con la lengua castellana. Y aquí volvemos a ver cuál es la actitud con respecto a estos temas del grupo mayoritario de la Cámara porque, primero, que haya sido en trámite del Senado donde el grupo mayoritario de la Cámara haya introducido por medio de enmienda una corrección a este texto, indica algo. Que no haya servido como elemento para acercar posturas entre todos los grupos --que además estamos de acuerdo principalmente en la filosofía por lo que veo en las enmiendas--, indica algo. Y, además, que no se recoja la literatura propia de cada comunidad autónoma, indica algo. Nosotros hemos presentado una enmienda donde además de tratar a la lengua propia de cada comunidad autónoma en igualdad de condiciones que la lengua castellana, lo hemos hecho también con respecto a la literatura de cada comunidad autónoma. ¿O la comunidad autónoma no tiene literatura, señorías? Ustedes plantean, no como área sino como asignatura, Lengua Castellana y Literatura, y después especifican como otra asignatura la lengua propia de cada comunidad autónoma, y aquí, señorías, no hay literatura. La enmienda que hemos presentado a este artículo es coherente y el que no se recojan este tipo de necesidades también indica algo.
La enmienda número 352 se presenta a la sección del Bachillerato. ¿Saben lo que sus señorías decían del bachillerato cuando se debatía la LOGSE? Se lo voy a recordar porque también es un indicio de su plantamiento general respecto de este proyecto de ley. Decían ustedes: Seremos el único país de la Comunidad Europea que tenga un bachillerato inferior a tres años; el único. En Dinamarca, por ejemplo, que lleva también la secundaria hasta los 16 años, después se prolonga el bachillerato hasta los 19 años, con lo cual mantienen precisamente lo que nosotros queremos: tres años de bachillerato.
Una primera reflexión nos indica qué tipo de ley se está elaborando, una ley en la que no ha habido ningún cambio sustantivo respecto de la estructura de la enseñanza, donde no se ha hecho ni una sola reflexión amplia respecto de la estructura de la enseñanza, donde se ha llevado a cabo, tal y como hemos dicho en otras ocasiones, una reforma sin mayor peso y en la que se fusila prácticamente el 90 por ciento de la LOGSE y el resto se recupera de la ley de 1970.
Pero, continuando con esta enmienda, yo me pregunto: ¿Para qué valen las ponencias? Todos los miembros de la ponencia de las enseñanzas científicas de secundaria hemos trabajado con ganas y con ilusión para aportar algo a este proyecto de ley; incluso el texto del informe aprobado en ponencia decía lo siguiente: A la vista de la importancia de las aportaciones de los expertos que han comparecido hasta ahora, y ante la inminencia de la tramitación del proyecto de ley de calidad de la educación, la ponencia sobre la situación de las enseñanzas científicas en la educación secundaria propone a la Comisión de Educación, Cultura y Deporte la adopción de algunas medidas.
Entre ese tipo de medidas se encontraba, por ejemplo, una consideración diferente en torno a las matemáticas. Pero aquí venimos nosotros, con un proyecto de ley que ni siquiera menciona las matemáticas en el Bachillerato. Dicen ustedes que las matemáticas van a estar en todos los cursos, pero si eso es cierto, señorías, ¿por qué no figuran en el Bachillerato? Se viene a decir que las asignaturas comunes... (El señor Barquero Vázquez hace signos negativos.) Señoría, ¿las matemáticas son o no son una asignatura común? (El señor Barquero Vázquez: No.) ¿Ah, no lo son? Pues bien, señoría, para nosotros las matemáticas tienen que ser una asignatura común, y esto es algo que también teníamos claro todos los miembros de esa ponencia, lo cual no quiere decir, señor Barquero, que una asignatura común no tenga diferentes contenidos.
Pero esto nos lleva a hacer otra reflexión: ¿Por qué en secundaria obligatoria se utilizan unos criterios para enumerar las asignaturas distintos a los de Bachillerato? Así, por ejemplo, ¿cuando en secundaria obligatoria se enumera el latín significa que el alumno que sigue un itinerario tecnológico también va a estudiar esa asignatura? Si figura que en secundaria va a haber latín, ¿por qué no figura también que va a haber matemáticas cuando, además, todos los alumnos de Bachillerato van a tener que estudiar matemáticas, o al menos desde nuestro punto de vista deberían hacerlo? Ello no quiere decir que todos los alumnos de bachillerato vayan a tener los mismos contenidos, sino que van a tener la misma asignatura común. La pregunta, pues, es la siguiente: ¿Las matemáticas son o no una asignatura común? Desde nuestro punto de vista es muy importante que esta asignatura sea común y que, al menos, cualquier alumno de bachillerato tenga los instrumentos y conocimientos mínimos necesarios para la vida, para poder manejarse. En el bachillerato no se menciona la Biología ni la Geología ni la Física ni la Química, pero sí se menciona el latín en la secundaria, incluso para los alumnos del itinerario tecnológico. ¿Por qué existe esa diversidad de criterios a la hora de tratar una asignatura u otra, o a la hora de tratar una etapa u otra?

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La enmienda número 355 se centra en la prueba general del Bachillerato.
Entiendo que sería bueno hacer una reflexión en cuanto al ámbito evaluativo porque en este proyecto de ley se otorga una gran importancia a este ámbito. Sin embargo, lo único que están demostrando con esta prueba es, en primer lugar, desconfianza hacia los centros. (El señor presidente ocupa la Presidencia.) Mi grupo parlamentario entiende que la evaluación tiene que ser continua e integral. Es decir, ¿qué van a valorar con una prueba general externa? Por cierto, fíjense hasta dónde va esta ley que incluso establece cómo se tienen que hacer las pruebas de lengua extranjera dentro de esta prueba general; esa es la autonomía que están dando a las respectivas administraciones.
Pretenden que la evaluación sea un elemento importante dentro de este proyecto de ley y, para ello, se justifican diciendo que la LOGSE estableció la promoción automática. Quiero que me digan dónde aparece recogido en la LOGSE el término promoción automática; incluso, quiero que me digan dónde está la diferencia entre los criterios de evaluación de la LOGSE y los criterios de evaluación de este proyecto de ley porque, por ejemplo, en primaria --donde también dicen que hay promoción automática y todos los alumnos pasan sin mayor discriminación--, los conceptos de la LOGSE y de este proyecto de ley son prácticamente idénticos. En este sentido, establecen que aquellos alumnos que no cumplan con los objetivos indicados, etcétera, pasarán o no pasarán; por tanto, en el ámbito de la evaluación el problema no es legislativo sino de gestión. Es necesario que los centros y las comunidades autónomas sepan definir cuáles son esos objetivos, cuáles son los objetivos mínimos de ciclo, de etapa, de curso, etcétera; ésa es la clave y ni este proyecto de ley va a arreglar el problema ni tampoco la LOGSE, si no se define su gestión. Eso lo saben ustedes.
Otra cosa es que por medio de este proyecto de ley se quieran cargar todo el concepto evaluativo, y que cuando hablen de concepto evaluativo integral, etcétera, no sea más que pura palabrería y vayan a lo fácil: si en un examen se obtiene una calificación de 4,5, de 4,7 o de 4,9, se estará suspenso y si se alcanza el 5, aprobado. Es decir, volvemos al concepto evaluativo de la ley de 1970 que, en mi opinión, está totalmente anquilosada y no evalúa los conceptos mínimos que se deben desarrollar en un alumno, como es el caso de la educación integral.
La enmienda número 359, y algunas otras, se centran en el ámbito de las necesidades educativas específicas o, en este caso, especiales. En el artículo 45.1 se establece que: «Los alumnos con necesidades educativas especiales serán escolarizados en función de sus características, integrándolos en grupos ordinarios, en aulas especializadas en centros ordinarios, en centros de educación especial o en escolarización combinada.» A este respecto presentamos una enmienda que intenta atender prioritariamente a estos alumnos con necesidades educativas específicas en el aula ordinaria. Esa es la única diferencia.
Planteamos esta enmienda porque cuando hablamos de educación no lo estamos haciendo únicamente desde el ámbito del conocimiento --si sabe sumar, restar, algoritmos, integrales, etcétera--, sino que estamos hablando de una educación global, es decir, de una educación integral, porque además de eso, que es muy importante, el alumno también tiene que aprender actitudes, tiene que aprender otro tipo de cosas, tiene que socializarse dentro de un ámbito, tiene que integrarse dentro de una sociedad, y esta enmienda que pretendemos introducir sí valora, en cierta medida, un intento de dar prioridad a la educación del alumno, en un primer momento al menos, en un aula ordinaria.
Esto no quiere decir que haya casos que se traten de otra manera. Por ejemplo, ¿saben ustedes el paso que se ha dado con los niños ciegos, integrándoles en aulas ordinarias? ¿O con niños síndrome de Down, integrándoles en aulas ordinarias? Y sin ir a esos extremos, con alumnos que tienen adaptaciones curriculares, ¿saben el paso que hemos dado integrándoles dentro del aula? Ese es nuestro modelo. Otra cosa es que no estén de acuerdo con el modelo, en cuyo caso entendería que no aceptasen la enmienda que hemos presentado, pero si todos estamos de acuerdo con el modelo de intentar dotar al alumno de una educación integral, de intentar integrarle dentro del aula ordinaria, no entiendo cómo no aceptan la enmienda por nosotros presentada.
Con respecto a la enmienda número 369, y todas aquellas relacionadas con la participación, entendemos que este proyecto parte de una clasificación: órganos de gobierno y órganos de participación. Nosotros entendemos que esto va contra el artículo 27.7 de la Constitución, que dice: «Los profesores, los padres y, en su caso, los alumnos, intervendrán --de intervenir-- en el control y gestión de todos --de todos-- los centros sostenidos por la Administración con fondos públicos...» No dice que serán un órgano participativo, sino un órgano de intervención. Por eso diferenciamos entre órganos colegiados y órganos unipersonales, donde el Consejo Escolar, por ejemplo, sea el máximo órgano de representación de esta comunidad educativa; no sea el director, sino el Consejo Escolar del centro quien estimule, quien dote, quien gestione, quien controle este centro educativo, porque el planteamiento que están haciendo va en contra totalmente de lo que ustedes dicen, es decir, autonomía de centros. La autonomía organizativa de los centros es clave, es básica en el ámbito de la calidad de la educación, y que ustedes resten competencias a los consejos escolares, resten competencias a los padres y madres de los alumnos, es totalmente perjudicial, en nuestra opinión, para la calidad de la educación.
En cuanto a la enmienda número 368, voy a leerles el artículo 14 --seguro que lo conocen-- de la Constitución: «Los españoles son iguales ante la ley, sin que pueda prevalecer discriminación alguna por razón de nacimiento, raza, sexo, religión, opinión o cualquier otra condición o circunstancia personal o social.» También voy a leerles el artículo 72.4 del proyecto de ley. Dice así: «En ningún caso habrá discriminación en la admisión de alumnos por razones ideológicas, religiosas, morales, sociales, de raza o nacimiento.» La pregunta que evidentemente me hago en este momento es la siguiente: ¿Y la discriminación por sexo? Es que sobre la base de este proyecto de ley también

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puede haber discriminación de sexo, lo que nos parece totalmente inaceptable. Por eso nosotros entendemos que tienen que dar explicaciones en esta Cámara con respecto a este punto.
Es decir, o falta el concepto de discriminación por sexo en este apartado 4 de este artículo, o sobra todo el apartado. Porque no me vale que me diga usted que hay algún otro punto..., o que en la Constitución se entiende... No, no. O hay discriminación o no la hay. (Rumores.) Y si entendemos que se supone, por favor, señoría, retiremos entonces todo el apartado, insisto en ello. Además, uno de los principios de la calidad es que no exista ninguna discriminación sobre la base de ese concepto. Con lo cual, sí me gustaría, senadora Novillo, que fuese usted clara en relación con este punto y nos dijera cuál es la razón por la que en este apartado no consta el que no pueda haber discriminación por sexo, porque sí puede haberla, señoría.
La enmienda número 393 --y voy acabando, señorías-- a la disposición adicional segunda, apartado 4, se refiere a los profesores de religión.
Aquí me hago una pregunta: ¿Es normal que una persona que dé clases de religión durante diez años al undécimo continúe todavía con un contrato de duración determinada? Lo único que pedimos por medio de nuestra enmienda, y no pedimos grandes cosas, es que se recoja y se cumpla la legislación laboral vigente, ni más ni menos. ¿O es que no están de acuerdo en ello? Entendemos que si se mantiene el texto tal como está, se consagra la definitiva precariedad laboral del colectivo cuyas consecuencias cualquiera puede sufrir antes o después. Margina como especiales a estos trabajadores, blinda con una ley orgánica la precariedad laboral de los mismos, incumple la normativa europea sobre límites de los contratos de duración determinada, y presiona al Tribunal Constitucional cuando ya ha admitido a trámite una cuestión de inconstitucionalidad de la Ley 50/1998, planteada por el Tribunal Superior de Justicia de Canarias, y todavía no se ha pronunciado al respecto. Por tanto, no entendemos que se mantenga este texto donde se discrimina claramente a los trabajadores que dan clase de religión.
Para terminar proponemos que se sustituya el título de la ley por el siguiente: proyecto de ley orgánica ordenadora de la educación. ¿Por qué? En primer lugar, porque entendemos que cualquier servicio de la Administración tiene que ambicionar --o se le ha de suponer-- un criterio de calidad. Si no, ¿por qué no hacemos lo propio con todas las leyes? Por ejemplo, imaginemos que hacemos lo mismo con proyectos de ley en tramitación en el Senado: proyecto de ley de la calidad del régimen fiscal de las entidades sin fines lucrativos o proyecto de ley de calidad del catastro inmobiliario. En nuestra opinión, no tiene ningún sentido que en el título de la ley figure la palabra calidad, porque se supone que todas las leyes, gusten o no, haya discusiones sobre ellas o no, haya diversidad de opiniones o no --como en la propia LOGSE--, tienen que ambicionar ese criterio de calidad. No entendemos por qué en este momento, si no es desde un punto de vista discriminatorio hacia la ley anterior, se quiere mantener ese principio que se supone que tiene que ambicionar cualquier proyecto de ley y cualquier servicio que dé la Administración, y después ya haremos una serie de valoraciones globales en el turno de portavoces.
Nada más y muchas gracias por la paciencia que han tenido al escucharme, esperando que --tal como decía en su momento el señor Van-Halen: gotita a gotita e impregnando un poquito-- cuele alguna enmienda.


El señor PRESIDENTE: Gracias, señoría.
Tiene la palabra el senador Sabaté, por el Grupo Parlamentario de la Entesa Catalana de Progrés, para la defensa de las enmiendas números 400 a 733.


El señor SABATE BORRËS: Muchas gracias, señor presidente.
En el debate de ayer sobre los vetos al proyecto de ley de calidad de la educación ya fijamos nuestra posición, de manera genérica. Evidentemente, llegamos al Pleno con la convicción de que realmente nuestros vetos no iban a prosperar, dada la mayoría absoluta del Grupo Popular y su profunda convicción de que el proyecto de ley que sometían a debate y aprobación en el Pleno está adornado por las más importantes virtudes.
Por tanto, ante esta convicción, hemos presentado un conjunto de enmiendas parciales, con la esperanza de que alguna sea aceptada por el grupo mayoritario.
En concreto presentamos 334 enmiendas que intentan mejorar, en la medida de lo posible, un proyecto de ley que entendemos, como dijimos ayer, desafortunado y que no responde a las necesidades y demandas ni de la sociedad española en este momento ni de los distintos sectores educativos. No voy a entrar en el comentario pormenorizado de cada una de las enmiendas, pero sí quería hacer referencia a algunas de ellas, en la medida en que entendemos que pueden significar mejoras puntuales.
Difícilmente --como ya es tradición en el debate en el Pleno-- se va a aceptar ninguna, pero no pierdo la esperanza, como decía el senador Bildarratz hace un momento, de que aún podamos ablandar un poco las voluntades y la sensibilidad de sus señorías del Grupo Parlamentario Popular.
Empezaré por nuestra enmienda número 409, que es de adición, en la que proponemos que las comunidades autónomas puedan establecer convenios entre sí con el objeto de desarrollar relaciones educativas y culturales que impulsen aspectos lingüísticos y/o culturales comunes. Entendemos lógico que, habiendo comunidades autónomas que comparten lengua propia y que tienen afinidades culturales derivadas de la lengua o de otro carácter, puedan realmente establecer convenios para impulsar esta cultura común. No entendemos los recelos y la negativa del Grupo Parlamentario Popular a considerar esta posibilidad. Se trata precisamente de reforzar el impulso cultural, de reforzar el conocimiento de los aspectos culturales propios de las comunidades autónomas, y de que los alumnos sean conscientes de estas coincidencias y este carácter compartido de muchos de los aspectos de la cultura propia de su comunidad autónoma.
Entendemos que esta enmienda es lógica y normal en el impulso cultural, por eso nos gustaría saber los motivos

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que llevaron al Grupo Parlamentario Popular a no aceptarla en el trámite llevado a cabo en comisión y cuál es su posición ante el Pleno de la Cámara. Y, desde luego, en ningún caso puede tacharse de anticonstitucional; es cierto que la Constitución prevé que no haya acuerdos de carácter estrictamente político entre las comunidades autónomas, pero no impide los acuerdos de carácter cultural entre aquellas comunidades que comparten lengua o aspectos culturales comunes, como sucede entre distintas comunidades autónomas.
En nuestra enmienda 421, que también es de adición, insistimos en dar un carácter plenamente educativo a la etapa infantil. Esto ya fue objeto de polémica ayer, cuando debatimos los vetos e intervino el senador Barquero. Nosotros entendemos que se pasa muy de puntillas por la Etapa Infantil; en realidad, se le da un carácter eminentemente asistencial, aunque la etapa de 0 a 3 años es fundamental a la hora de condicionar una serie de habilidades, capacidades, comportamientos y hábitos que luego se desarrollan en la Educación Primaria y Secundaria Obligatoria. En la enmienda insistimos en que es necesario que se mejore la coordinación con la Educación Primaria y que entre los profesores de Educación Infantil y Primaria haya una lógica de continuidad. También insistimos en que se incremente la oferta para garantizar suficientes plazas públicas en Educación Infantil. Es evidente que esta etapa, como prevé el proyecto de ley, debe tener un carácter de oferta obligatoria por parte de la Administración y opcional por parte de las familias, pero debe haber suficientes plazas para garantizar el derecho de los padres a escolarizar a sus hijos.
Nuestra enmienda 441 es de adición y en ella planteamos la posibilidad de ofertar las lenguas autonómicas propias de determinadas comunidades como optativas en otras comunidades autónomas. Esta propuesta parte del convencimiento de que las lenguas propias de las comunidades autónomas son patrimonio común de todos los españoles y no sólo de los ciudadanos que vivan en una determinada comunidad autónoma. Partiendo de esta concepción de patrimonio común, consideramos importante que los alumnos de otras comunidades puedan estudiar las lenguas propias de otras autonomías, por ejemplo de Cataluña, el País Vasco o Galicia, como lenguas optativas; en ningún caso proponemos que sean obligatorias. Ya que el sistema de la LOGSE mantiene cierto grado de optatividad en la elección de los créditos, no entendemos que no se permita esta opcionalidad para poder estudiar las lenguas de otras autonomías, sobre todo si tenemos en cuenta la posible movilidad profesional y de la ciudadanía y que haber estudiado determinadas lenguas puede facilitar la movilidad profesional dentro del conjunto del Estado.
En nuestra enmienda 458, que es de adición, planteamos otro tema que ya comenté ayer en el debate sobre los vetos. Proponemos el desdoblamiento de grupos en la Educación Secundaria Obligatoria para las materias instrumentales: lengua propia, lengua extranjera y matemáticas. Se trata de crear grupos pequeños que permitan una enseñanza más individualizada.
La posibilidad de crear estos grupos reducidos en estas materias instrumentales, en función del nivel y de las posibilidades de los distintos alumnos, es ya una experiencia contrastada en diversos centros de las distintas comunidades autónomas y les puedo garantizar, por mi propia experiencia profesional, que este sistema funciona bien. No entendemos por qué no se incluye dentro del proyecto de ley una alternativa contrastada que, como planteaba ayer --y sé que en este momento del debate es difícil que prospere--, podría resolver una opcionalidad de itinerarios excesivamente precoz. En realidad, esta posibilidad de desdoblamiento de los grupos en estas materias instrumentales permite el tratamiento integrado de la diversidad dentro de los mismos grupos, permite que los alumnos compartan grupo, que sólo se tengan que separar en estas materias y que haya una circulación permanente dentro de los grupos. En un momento dado un alumno puede ser situado en un grupo de un nivel superior, por ejemplo, y, si no sigue, puede bajar al grado medio o al revés; esto permite que el alumno se vea incentivado durante el curso en intentar situarse en un grupo de mayor nivel y a la vez todos los alumnos comparten el mismo grupo general sin que haya discriminación y, por tanto, manteniendo el carácter comprensivo de la educación en nuestro país.
En nuestra enmienda 464, que también es de adición, planteamos la necesidad de incrementar las plantillas en los centros, especialmente para las horas formativas complementarias. Buena parte de la calidad en la educación --que se supone que es el tema que nos motiva en este debate y que apareció también ayer-- depende en buena parte de la ratio de alumnos-profesores. En realidad, las plantillas tienen mucho que ver precisamente con la financiación de la educación, aspecto que también ayer cobró un papel importante y que el senador Barquero, que acaba de incorporarse al debate, decía que no debíamos caer en economicismos ya que no todo termina siendo dinero. Eso es cierto, pero también lo es que la ratio y el número de profesores en plantilla es un elemento fundamental de la calidad de la educación. No es lo mismo tratar a los alumnos en grupos de más de treinta que en grupos de diez; pues da unas posibilidades que todos los que somos profesionales de la educación sabemos que son muy importantes ya que alumnos que pueden resultar difíciles y que pueden tener dificultades obvias en grupos amplios, si se les trata en grupos pequeños, desdoblados o con ratios menores se les puede sacar un partido importante y reforzar sus posibilidades de mantenerse dentro del sistema educativo.
En esta enmienda 464, asimismo, pedimos que se fomente los proyectos de innovación e investigación educativa para proveer recursos a los profesores con que atender a la diversidad del alumnado. Se trata también de continuar innovando e investigando desde el punto de vista pedagógico para que el profesorado actualice permanentemente sus recursos, sobre todo de cara a esta tarea, no por difícil menos importante, de atender a la diversidad del alumnado que, en definitiva, es la que motiva buena parte la polémica que estamos manteniendo alrededor de este proyecto de ley.


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Nuestra enmienda 646, también de adición, hace referencia a otro punto que también apareció como idea central en el debate sobre los vetos, que es el del papel del Consejo Escolar. En este caso concreto proponemos que sea el Consejo Escolar de centro el que elabore el reglamento de régimen interior, de acuerdo con la normativa de las administraciones educativas.
Luego, los centros elaborarán un plan anual de mejora de la convivencia y evidentemente correspondería al equipo directivo asumir la gestión de esta normativa ya elaborada por el Consejo Escolar del centro.
Es evidente que la disciplina, la convivencia, el respeto a las normas son aspectos centrales en el sistema educativo de nuestro país y que tal vez no han salido suficientemente reflejados en el proyecto de ley, ni tan siquiera en el debate; son cuestiones que provocan el malestar más importante sin duda en el conjunto del profesorado, de los profesionales de la educación, que provoca desconcierto por la imposibilidad muchas veces de mantener el orden y la disciplina dentro de las aulas y de los propios centros. Es posible que un exceso de celo bien intencionado en cuanto a las garantías de los derechos del propio alumnado, en algún momento haya podido generar una sensación de desprotección por parte del profesorado, por parte de la propia dirección de los centros y una sensación en sectores de nuestra sociedad de que realmente los centros carecían de disciplina y que esto era un elemento que mermaba la calidad de la propia educación. Es cierto, por tanto, que este es uno de los temas mejorables, es uno de los temas que necesariamente hay que reformar y es cierto, sin ninguna duda, que cualquier aspecto disciplinario que haya que reforzar es importante que venga avalado desde el consejo escolar.
La participación es fundamental en todos los aspectos de la vida escolar, de la vida de los centros; es ahí donde radica la gran importancia de la participación abierta por la Ley Orgánica del Derecho a la Educación, la LODE, al introducir los consejos escolares, pero estos consejos escolares deben tener un papel activo, deben participar activamente y en los temas disciplinarios es importante que se adapte la normativa a las características y especificidades de cada uno de nuestros centros educativos, y el que mejor puede garantizar esto, por su carácter representativo, es precisamente el consejo escolar del centro. Luego hay que dar medios a la dirección de los centros para que esta normativa sea aplicada, se ejecute, se gestione de manera adecuada, dando garantías de una convivencia razonable, de una convivencia que, garantizando los derechos de todos y cada uno de los miembros de la comunidad escolar y especialmente de los alumnos, dé garantías al conjunto del alumnado de que el orden y --si se me permite la expresión--, la disciplina imperan en el centro y, por tanto, la falta de ella no significa merma en la calidad de la educación que se imparta en ellos.
Las enmiendas 648, 649, 650, 651 y 652 son de adición. Todas ellas inciden en la necesidad de fomentar las nuevas tecnologías de la información y la comunicación, así como la mejora de las enseñanzas de idiomas extranjeros y el desarrollo de proyectos de innovación e investigación educativa a los que aludía hace un momento.
Estamos de acuerdo --y a nadie se le escapa-- en que parte de esta calidad que buscamos pasa en la actualidad por el impulso a las TIC, tecnologías de información de la comunicación, cada vez más importantes en nuestra sociedad. Se trata de algo inexcusable y entendemos que la ley en su articulado debe recoger este impulso decidido a la implantación de las nuevas tecnologías en todos y cada uno de nuestros centros, así como la enseñanza de idiomas extranjeros, absolutamente imprescindible en la Europa de la que formamos parte y en este mundo globalizado en el que nos estamos moviendo, así como este impulso permanente a los proyectos de innovación e investigación educativa, porque el campo de la educación nunca será un campo cerrado. Ni con esta ley ni con ninguna otra vamos a cerrar ni la calidad ni ningún otro aspecto de nuestro sistema educativo.
Se tendrá que seguir investigando, innovando y adaptando la realidad de nuestra educación a las características de una sociedad permanentemente en cambio, una sociedad que necesita de nuevas respuestas en cada momento.
Las enmiendas 704, 705 y 706 son de supresión y hacen referencia a un asunto que ha salido a lo largo del debate por parte de otros portavoces, como es la creación del cuerpo de catedráticos. Entendemos que la recuperación de este cuerpo de catedráticos una vez más significa esa nostalgia que ha inspirado la elaboración de este proyecto de ley por parte del ministerio y del Partido Popular, esa nostalgia que les impregna a ustedes y que les hace desear la vuelta atrás a esos tiempos que ustedes suponen mejores. Estamos convencidos de que la creación del cuerpo de catedráticos en absoluto va a significar ninguna mejora, genera jerarquización dentro de los claustros, concediendo privilegios a una parte de ellos a costa de los intereses legítimos del resto de los profesores de secundaria. Una cosa es que esté contemplada la categoría de catedrático, como se contempla en este momento, a efectos salariales, a efectos de carrera profesional y otra, señorías, es que los catedráticos tengan el privilegio de poder ser jefes de departamento u ostentar determinadas posiciones cuando en realidad, precisamente por la forma de acceder a la condición de catedrático, ese acceso no garantiza la idoneidad para desarrollar esa función. En cualquier caso, puede significar una inhibición del resto de los profesores de Enseñanza Media, porque si éstos entienden que existe un cuerpo de catedráticos que cuenta con ese privilegio y está cobrando --si me permiten la expresión-- precisamente por desarrollar esas funciones, como es lógico, desaparecerá el estímulo entre el resto del profesorado y, como he dicho, volveremos a una jerarquización anacrónica, desfasada, que sólo puede responder a la voluntad de recuperar una determinada posición social y una determinada imagen por parte de ciertos sectores de profesores que distan mucho de constituir el sector mayoritario en el conjunto del profesorado español.
Repito que una vez más se trata de recuperar privilegios, de volver a una situación anacrónica, desfasada, antigua, que es lo que impregna buena parte de este proyecto de ley de calidad de la educación. De cualquier

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forma, estén seguros, señores del Partido Popular, que recuperar el cuerpo de catedráticos no va a suponer ninguna mejora en la calidad de la Educación. Produce hasta sonrojo suponer que el reconocer privilegios a un determinado sector del profesorado pueda redundar en una mejora de la calidad de la educación de los alumnos.
Finalmente, la enmienda número 710, de adición, se refiere al sistema de acceso a los puestos de trabajo en los centros concertados, por tanto, centros sostenidos con fondos públicos, y en los que la Administración no tiene ninguna garantía sobre cómo se controla el acceso a la función docente.
Consideramos que el profesorado de los centros financiados con recursos públicos no puede estar al margen de las normas de contratación objetivas que garantizan la igualdad de oportunidades para todos. Es decir, no se debe permitir que sean los titulares de esos centros quienes decidan cómo y de qué manera se puede acceder a la función docente en los mismos, sin que haya ningún tipo de control ni garantía por parte de las administraciones públicas. Si paga el Estado, ya sea directamente el Gobierno central, ya sean las comunidades autónomas con competencias en esta materia, es evidente que deben establecerse las garantías de igualdad de oportunidades, de libre concurrencia, de publicidad, etcétera, garantías que sí existen para el acceso a la función pública docente y que de momento, con la nueva ley, no existen para los centros concertados sostenidos con fondos públicos. Consideramos que es necesario garantizar al conjunto de las personas que cuenten con la titulación suficiente para acceder a la función docente que también podrán optar a una plaza de profesor en cualquier centro sostenido con fondos públicos.
En resumen, creemos que se debe aplicar un sistema similar al que se establece para el acceso a la carrera docente pública.
Con lo dicho doy por defendidas nuestras 334 enmiendas a este proyecto de ley, que no hacen sino desarrollar nuestra concepción alternativa de la reforma de la educación en nuestro país, una reforma que responda a los intereses reales de la comunidad educativa y del conjunto de la sociedad.
Consideramos que el proyecto de ley tal como ha salido de la Comisión necesita de una serie de correcciones sustanciales, y en la medida en que se admitan algunas de estas enmiendas se mejorará significativamente el texto original. Así pues, aunque sin mucha esperanza, en nombre del Grupo Entesa Catalana de Progrés, insto una vez más al Grupo Popular a que reflexione, sea sensible y valore, aunque sea en el último momento, nuestras aportaciones para incluir alguna de ellas en el texto que finalmente se apruebe en esta Cámara.
Gracias, señor presidente, y gracias, señorías.


El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señoría.
Para la defensa de las enmiendas correspondientes al Grupo Parlamentario de Convergència i Unió, tiene la palabra el senador Varela.


El señor VARELA I SERRA: Muchas gracias, señor presidente.
Señorías, ayer cerrábamos el debate con unas frases; hoy voy a empezar con otra de un gran filósofo español, todavía vivo, Emilio Lledó, y se la voy a dedicar a nuestro eminente filósofo, señor Barquero, gran triunfador en su grupo parlamentario ayer por la tarde, por lo cual le felicito. Esta frase de Emilio Lledó salió publicada hace unas semanas en un suplemento dominical en relación con la polémica escuela pública-escuela privada, que ayer se suscitó una vez más y, como constancia de su pensamiento y como homenaje a Lledó, creo que es interesante escuchar su reflexión. Dice textualmente: «Los colegios privados suelen estar fuera del alcance de la mayoría de los ciudadanos.
Son un abrevadero oficial de los poderosos, que así ejercen una forma de elitismo. Esa engañosa libertad de enseñanza, la libertad de los padres para elegir centros para sus hijos, es una falsedad reaccionaria fomentada por los que ya se saben elegidos, y pueden pagarse tranquilamente su elección. Los grandes países de Europa central, Francia y Alemania, han basado su indiscutible poderío intelectual en el fomento de la enseñanza media protegida y cuidada por el Estado. Nosotros somos un país de consumidores en manos de una oligarquía de niños de colegios de pago.» (Aplausos en los escaños del Grupo Parlamentario Socialista.) Hasta aquí la cita de Emilio Lledó, como homenaje a él y para que quede constancia aquí de su reflexión.
Siguiendo el interesante debate de ayer del señor Barquero --y vuelvo a repetir una vez más que yo agradezco mucho su actitud en el trámite de esta ley en el Senado, que nos ha permitido mejorar las cuestiones relacionadas con las lenguas oficiales de las autonomías y, por ejemplo, algo que no es menor, como que la ciencia se incorpore al currículum común de Bachillerato, cuestiones que se han conseguido aquí y que yo le agradezco--, digo que continuando con el debate, voy a dar por defendidas todas mis enmiendas y voy a abundar en la reflexión de ayer que, insisto, tiene algún interés pedagógico. Y si en algún momento hemos de hacer que la política sea pedagogía es en un debate de educación.
Señor Barquero, creo que no es verdad que a ustedes sólo les interese mejorar la educación del país. Sin dudar de que esto sea cierto, creo que lo que el Gobierno busca esencialmente es recuperar competencias autonómicas. Este es el verdadero objetivo de esta ley, no tanto el educativo, que no niego. Si su prioridad fuera realmente mejorar la educación del país, hubieran buscado consenso y hubieran cimentado esta ley sobre las bases de piedra del consenso, no sobre la arena --insisto-- de la soledad parlamentaria.
Ayer la señora ministra hablaba de la valentía que había tenido al presentar esta ley porque en el balance coste-beneficio esta ley le suponía un gran coste, pero no ha hecho el esfuerzo de buscar el consenso. Yo creo que el Partido Popular con todos los respetos, lo dije en comisión y lo repito ahora, está instalado en la opulencia parlamentaria, en la altanería parlamentaria, y debe corregir rápidamente este defecto. No entiendo en absoluto cómo en el caso del «Prestige» --y lo comento porque nos ha afectado a todos profundamente-- el Gobierno no ha tenido la agilidad de tocar a rebato y de convocar a los principales líderes de la

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oposición para decirles: Hay un gran problema nacional, vamos a buscar la solución. Podrían haber tenido ese acto de humildad, reconocer que ocurre algo grave en el país y buscar una solución conjuntamente. Este reflejo no ha existido y veo perplejo que los principales líderes de los dos grandes partidos del Estado no han hablado oficialmente sobre este asunto.
Siguiendo con el tema que nos ocupa, creo que ese mismo reflejo hubiera debido darse en educación. Si realmente el Gobierno central y el partido que lo sustenta están tan preocupados por la educación del país --que debe mejorarse, nadie lo pone en duda-- y cree que es una prioridad, que toque a rebato, que convoque a los líderes de los diversos partidos y a los consejeros de las autonomías y que busque este consenso para preparar el futuro educativo del país sobre una base sólida. No se puede planificar el futuro educativo del país sobre un trágala legislativo.
Considero que el primer y verdadero objetivo de esta ley --el segundo puede ser la mejora de la educación-- es recuperar competencias, y en este sentido no podemos aceptarla.
Mi muy querido amigo, Venancio Acosta, al que tengo una gran simpatía y un gran respeto, hizo ayer un pequeño comentario que yo tengo obligación de matizar. Explicaba la postura de su grupo ante esta ley y decía --creo recordar-- que nosotros podíamos haber votado en contra de la misma por comodidad, teniendo en cuenta las contiendas electorales que se avecinan.
Tengo que decirle que nuestra actitud no es por comodidad; nuestro rechazo a esta ley no es por comodidad, no es por sacar beneficios de los futuros comicios electorales; es porque esta ley, señor Acosta y señores del Grupo Parlamentario Popular, es una tremenda espada de Damocles contra las competencias autonómicas; esta ley proporciona un cheque en blanco al Gobierno para regular básicamente y atacar frontal y directamente la línea de flotación de las competencias autonómicas. No es, por tanto, por comodidad, es porque creemos que desdibuja, incluso borra completamente las competencias que tenemos las autonomías en educación.
Esta es una ley básica porque una de las cosas que hace es convertir en básicas las normas que después puede dictar el Gobierno desarrollándola; es un cheque en blanco inadmisible. Por tanto, no es por comodidad, sino por convicción de que esta ley no es conveniente para las autonomías. Y la idea que me gustaría hacer llegar al Grupo Parlamentario Popular es que si no es conveniente para las autonomías, no es conveniente para el Estado, porque el bien de las autonomías es el bien del Estado, es el bien de España, y cuando ustedes elaboran una ley que perjudica a las autonomías, a su capacidad de gestión y de gobierno, están perjudicando a España. Esta es mi reflexión.
Señor Barquero, usted en el interesante diálogo de ayer decía: No tiene razón el senador Varela cuando acusa al Gobierno de paternalismo y dice que asume competencias que no le corresponde; quizá tienen una mayor capacidad de gestión y creen que pueden hacer más de lo que competencialmente les corresponde.
Pues bien, en este punto discrepo de usted. Considero que, efectivamente, tenemos capacidad de gestión, pero también de gobierno y queremos ejercerla -- ya veremos qué opinan los tribunales-- en bien de Cataluña y de todo el Estado. Y lo que defiendo para mi comunidad autónoma vale para Extremadura, vale para Galicia y vale para Andalucía. Por tanto --repito-- nosotros reivindicamos nuestra competencia de gestión.
Usted ha hablado de paternalismo y voy a citarle sólo un ejemplo sobre la selección de los directores. El artículo 88.2 establece lo siguiente: «La selección será realizada por una Comisión constituida por representantes de las Administraciones educativas y al menos en un treinta por ciento por representantes del Centro correspondiente. De estos últimos al menos el cincuenta por ciento lo serán del Claustro de profesores de dicho Centro.» Pues bien, esto es un ejemplo de lo que yo denomino paternalismo ridículo del Gobierno y una intromisión en competencias que no le corresponden. Es mi opinión, estoy dispuesto a aceptar la contraria, pero los tribunales dirán finalmente quién tiene razón.
Nosotros aceptamos el planteamiento del Partido Popular de que el nombramiento de los directores se efectúe por la Administración a través de un concurso público y de méritos, pero me pregunto por qué hemos de descender al detalle de que al menos un treinta por ciento sean representantes del Centro y al menos el cincuenta por ciento del Claustro. Señor Barquero, ¿no pueden dejar que sean las autonomías las que decidan que sea el sesenta por ciento del claustro ? Creo que no corresponde a una ley entrar en esos detalles. El marco general de una ley orgánica debería establecer que el nombramiento de los directores se realizase a través de concurso público por méritos y dejar libertad a las autonomías para hacerlo del modo que quisieran; después la Alta Inspección podrá comprobar los abusos que se hayan podido producir, pero descender a esos detalles considero que es una injerencia autonómica que no ayuda a la buena convivencia entre las autonomías y provoca un gran disgusto y desasosiego. No voy a poner más ejemplos porque sería entrar en minucias que en este momento no corresponden.
Por consiguiente, estamos en contra de esta ley por todas estas intromisiones autonómicas y por algunas cuestiones que vimos ayer y en las cuales no voy a entrar.
En cuanto a capacidad de gestión y competencias, señor Barquero, usted comentaba en el debate de ayer que lo que decíamos era falso e insidioso, ya dirán los tribunales --insisto-- si tenemos o no razón en la defensa de estas cuestiones. En Cataluña no nos gusta acudir a los tribunales porque el resultado es siempre incierto; tenemos un dicho que dice: «val mès un mal acord que un bon plet», vale más un mal acuerdo que un buen pleito. Esta reflexión vale para todas las leyes. Por eso decía que hubiera sido preferible haber llegado a un consenso y haber buscado puntos de acuerdo entre todas las fuerzas políticas; hubiera sido mucho más práctico que tener que recurrir al Tribunal Constitucional, que no nos gusta, porque los resultados son inciertos. Yo no digo que lo que usted dice sea falso, y le agradecería que no dijera usted que lo que yo digo lo es; veremos lo que dice el Tribunal sobre las competencias.
Además, los tribunales son variables y no dicen siempre lo mismo, por supuesto honestamente, porque sus composiciones

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son distintas. Este resultado incierto hace que pensemos que hubiera sido preferible que se hubiera tomado la decisión desde el Gobierno de hacer una lectura más abierta de la Constitución --como ayer expuse en mi reflexión--, una aplicación más abierta de la Constitución y que hubiéramos podido llegar a un consenso sobre temas educativos.
La Constitución de 1978 es flexible en el sentido de que permite diversas lecturas, y con esta ley se está dando una lectura muy restrictiva --ésta es nuestra opinión--, de recuperación del poder central, y ello cercena la capacidad creativa, la capacidad de gestión de los gobiernos autónomos, lo que estimamos que va en contra del progreso del país.
En ese sentido, sinceramente creo que el Grupo Parlamentario Popular va por un mal rumbo, y me preocupa porque nos vemos afectados. Las decisiones del Gobierno nos afectan, y este rumbo que marca el Gobierno de recuperación, de cerrazón, de reconquista de competencias, de privación de capacidad de gobierno a las autonomías, conduce al país a un punto nada agradable.
Convendría que reconsideraran su planteamiento, su lectura de la Constitución y que replantearan la visión general del país para procurar su progreso y no, como va a suceder con este proyecto de ley, originar una situación que sólo va a generar conflictos innecesarios.
Muchas gracias.


El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señoría.
Por parte del Grupo Parlamentario Socialista, para la defensa de sus enmiendas, tiene la palabra la senadora Agudo.


La señora AGUDO CADARSO: Señor presidente, señorías, voy a intervenir, en nombre del Grupo Parlamentario Socialista, en la defensa de las enmiendas, ya que después de la intervención que tuvimos ayer y sobre todo después de la exposición de la señora ministra, inevitablemente hay que hacer reflexiones de carácter general. Estamos en el foro político por excelencia y no nos vamos a ceñir exclusivamente a la defensa de las enmiendas, sino que vamos a hacer un planteamiento de carácter general.
De acuerdo con el reparto por bloques que acordamos en la comisión, dividiremos el tiempo entre el senador Fernández Zanca y yo misma. Y pido un poco de benevolencia a la Presidencia en cuanto al tiempo que vamos a consumir.
Me voy a referir al Título preliminar, artículos 1 a 6, al Capítulo V del Título I, De la Educación Secundaria, a los Títulos II y III, De la Enseñanza de Idiomas y Del Aprendizaje Permanente: Enseñanza para las Personas Adultas, y al Título VII, De la Inspección del Sistema Educativo, según el proyecto de ley.
Señorías, llegamos al final de este debate y en primer lugar quisiera agradecer el tono que se mantuvo en la comisión en la defensa de este proyecto de ley de calidad. Hay que agradecer el tono del señor Barquero --y no creo que haya sido un aspecto pasajero de su carácter--, que contribuyó a hablar serenamente de las cosas, así como el del presidente.
Como decía, llegamos al final de este proceso de tramitación de una ley que seguramente es la más importante de este período y que va a afectar profundamente a nuestro sistema educativo, a la formación de nuestra sociedad y a su futuro. Desgraciadamente, la ministra ha situado esta ley en un debate atropellado, se ha empeñado con su prepotencia en que, costara lo que costara, se les entregara a los españoles como regalo Navidad --un regalo de carbón, como decían los niños pequeños, más que una verdadera ley de calidad--. Si no hubiéramos tenido la ley en la mano, durante la intervención de la ministra de ayer hubiéramos creído que nos estaba hablando de otro proyecto de ley. Desgraciadamente, el contenido del proyecto es otra cosa, es el que es.
Como inicio, convendría recordar que el pasado día 10 se cumplía el 54 aniversario de la Declaración Universal de los Derechos Humanos. No les voy a leer el artículo 26 porque seguro que lo conocen todos, pero si la ministra hubiera tenido en el frontispicio de su despacho este artículo 26 en este momento estaríamos en otro sitio.
Pero después de la intervención de la ministra, no me resisto a empezar por donde terminaba mi intervención en la comisión, con un artículo que se titula «Educación y triunfo» del escritor José María Guelbenzu, que dice así: La madre del conocimiento es la curiosidad. Potenciar la curiosidad sería, pues, la primera piedra sobre la que apoyar una torre de motivaciones. Una de las maneras de motivar es formar buenos profesores y pagarlos decentemente; otra es invertir en centros y medios; otra es fomentar la investigación hasta el extremo de que investigar sea atractivo y otra es jubilar a los pedagogos que se dedican a la teórica de despacho. Pero si hay una buena inversión, donde merece la pena echar el resto, sabiendo que los resultados son siempre a favor del desarrollo material y espiritual de este país, es en la educación de sus hijos, de los del país. El problema de la derecho es que le basta con educar a los suyos; el de la educación, en cambio, es un problema de amplitud de miras y de generosidad social.
Señorías, hemos asistido a un debate atropellado que atenta contra los principios democráticos y responde a una concepción política de ordeno y mando en la que el discrepante es desleal. Es una pobre concepción de la política y este Senado ha perdido la oportunidad de una discusión sosegada. Nada de eso ha sucedido, pasará sin la oportunidad de un diálogo en esta Cámara a pesar de los esfuerzos de muchos de los componentes del Partido Popular, pero impulsados por la ministra ese diálogo no ha tenido lugar ni fuera ni dentro de este parlamento. Por mucho que la ministra repita ese «No, no, no», el «No, no, no» ha sido suyo y no por mucho repetirlo se va a convertir en verdad.
Se está pervirtiendo gravemente el sistema democrático. El Ejecutivo manda sobre el Legislativo y esto es muy grave para la buena salud de la democracia; esta forma de debate parlamentario raya en el abuso de poder.
No se trata de que estén incumpliendo el Reglamento, porque cuando una norma se utiliza con una finalidad distinta para la que ha sido dictada se convierte en fraude de ley. Esta es una forma perversa de entender el Parlamento, que debe ser el centro de la vida política, tal y como decía en su programa

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y su campaña electoral el Partido Popular; pero, desgraciadamente, el centro de la vida política --lo estamos viendo estos días-- es el telediario.
Antes decía el señor Varela que le parecía incomprensible que los partidos políticos y el Gobierno no se hubieran sentado tranquilamente en torno a un tema tan importante como el que nos ocupa estos días. No obstante, señorías, lo peor de todo ello es que esta actuación desmotiva la participación democrática de los ciudadanos, que en su momento les pedirán cuentas. ¿Cómo vamos a pedir a los ciudadanos su participación cuando se acalla a quienes tenemos la responsabilidad que éstos nos han otorgado? Esta ley es de un grandísimo calado social y ha pasado a galope tendido por el Congreso de los Diputados, como también por esta Cámara.
La señora ministra se ha empeñado en celebrar un debate de urgencia y en utilizar el trámite parlamentario en su peor sentido, un trámite que le resulta incómodo, despachando en escasos días las enmiendas y convirtiendo este Parlamento en una gestoría; ayer prácticamente parecía que preguntara dónde había que poner los sellos y quería hacerlo cuanto antes, porque no puede aguantar la presión social que provoca este proyecto de ley.
Señoría, todos los grupos políticos hemos ofrecido diálogo, hemos presentado enmiendas y hemos planteado propuestas para evitar la convulsión en algo tan importante como el sistema educativo que, en definitiva, es el futuro de nuestro país. Nos gustaría, señorías del Grupo Popular, que ese gota a gota fuera de verdad una realidad y que aceptaran ustedes alguna de las enmiendas que proponemos.
Somos conscientes de que existen problemas en nuestro sistema educativo y de que éste necesita de algunos cambios, pero de cambios que le hagan avanzar, que no retroceder. Hay problemas que es necesario identificar, conocer sus causas y subsanarlas, problemas que todos sabemos se pueden fundamentar en importantes transformaciones sociales, económicas y culturales de estos últimos años, en la escasa financiación de la escuela pública, muy lejos de la media europea, y que ha disminuido proporcionalmente durante estos seis últimos años, en la disminución de la atención a la diversidad, a la mejora de la red de centros, a la atención a equipos pedagógicos, a la atención al profesorado, y también sabemos que esos problemas se deben, asimismo, a la extensión de la educación obligatoria hasta los 16 años.
Esos son algunos de los índices existentes, pero todos somos conscientes de que el tiempo transcurrido no es suficiente para plantear una modificación sustancial sin una evaluación rigurosa y un diagnóstico profundo, salvo que la misma responda a otros objetivos, a otro modelo ideológico, que es algo que a lo largo de todos estos debates, y a fuerza de desbrozar aquello que la ley no dice, hemos ido descubriendo. Es la primera vez en la historia democrática de nuestro país que retrocedemos en política educativa, y esto es algo que nos preocupa seriamente, como también nos preocupa el fracaso escolar --¿cómo no nos iba a preocupar?--, pero también nos preocupa que no se lleve a cabo una mejora seria de la calidad de la enseñanza.
A la señora ministra le gusta mucho la novela negra, y por ello entenderá que, al final, hemos descubierto quiénes son los personajes y cuáles las intenciones, y desgraciadamente esta novela no tiene un final feliz. Se han agarrado ustedes al fracaso escolar --que efectivamente existe-- como si de un clavo ardiendo se tratara, pero lo han presentado como algo apocalíptico sin analizarlo, sin saber por qué y sin proponer seriamente soluciones para atajarlo, y ese argumento nos parece ahora, más que otra cosa, una excusa para favorecer a unos pocos y contentar a una clientela.
El otro día el señor Rouco Varela hacía unas declaraciones en las que manifestaba su contento; quién sabe lo que pensarán los demás, pero ellos han conseguido su objetivo. Parece que hayan intentado favorecer a unos pocos, introduciendo modificaciones en la ley que poco o nada tienen que ver con el deseo de remediar el fracaso escolar. ¿Acaso la enseñanza de la religión, el cuerpo de profesores o la gratuidad de la escolarización en los centros concertados, de tres a seis años --tachada de asistencial-- está directa o implícitamente relacionada con el fracaso escolar? ¿Por qué se ha negado en esta Cámara --como bien decía el senador Bildarratz-- la creación de un foro para discutir por qué hay esas diferencias entre unas comunidades autónomas y otras? ¿Se acuerdan ustedes de cómo se hizo el libro blanco de la educación cuando se planteó la LOGSE? Se hizo con seriedad, con rigor, como se señaló ayer aquí, y con todas las escuelas implicadas en el tema.
Nuestras enmiendas tratan de corregir todas estas cuestiones, aportando nuevas propuestas a la calidad, acorde con la realidad. La falta de un análisis, de un diagnóstico riguroso y de esas otras intenciones se traducen --y se traslucen-- en la propuesta de este proyecto de ley, mal llamado, de la calidad.
Por un lado, un porcentaje altísimo de artículos están copiados de otras leyes, de la LODE, de la LOGSE y de la LOPEG. Me van a decir que es una cuestión de técnica jurídica, pero este caos legislativo ya lo ha denunciado el Consejo de Estado en su informe y no le han hecho caso.
Vamos a necesitar, inmediata y urgentemente, elaborar un texto refundido porque el desconcierto en la aplicación va a ser total.
Por otro lado, lo que no han copiado, o han reformado, desgraciadamente introduce retrocesos al derecho de igualdad educativa. Se vuelve a la escuela selectiva predemocrática, con un recorte de la participación de los padres en los consejos escolares, un grave enfrentamiento entre la enseñanza pública y la privada y, para más inri, resucitan un tema ya cerrado: el tema confesional.
En el Título preliminar, que comprende los artículos 1 a 6, se recogen los principios que deben inspirar toda la ley. Sin embargo, esos artículos no añaden nada nuevo a la legislación y, desde luego, su contenido no se corresponde con el resto del articulado, que es el motivo por el que mi grupo parlamentario ha presentado una serie de enmiendas de supresión.
En este sentido, la enmienda número 735 propone la modificación del artículo 1 porque creemos que se deben fijar claramente cuáles son los objetivos que persigue a través de las medidas que contiene, así como establecer los

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parámetros de actuación de los poderes públicos para aumentar el rendimiento escolar y mejorar la calidad del sistema educativo.
¿Por qué decimos esto? Porque el artículo 1 contradice el contenido posterior del proyecto de ley. Por ejemplo, el artículo 1.a) habla de «La equidad, que garantiza una igualdad de oportunidades...» y, sin embargo, el derecho a la escolarización, principio de la equidad, lo recortan, de manera que se rompe un acuerdo constitucional, el de la escolarización gratuita y obligatoria hasta los 16 años, en el cuarto itinerario reconocido en el artículo 27.3, en el que se propicia que a los 15 años se salga del sistema educativo.
Por otro lado, en el artículo 1.d), se establece «La participación de los distintos sectores de la comunidad educativa...» y, posteriormente, recortan la participación en el consejo escolar y lo convierten en un órgano meramente consultivo, restringiendo la participación de los padres, así como en el apartado e) se habla de la concepción de la educación como un proceso permanente a lo largo de la vida.
¿Qué se puede decir de los itinerarios que ustedes imponen? Se puede alegar que esa elección es prematura, contraria a lo que la mayoría de los expertos de los países europeos de nuestro entorno están propugnando.
Es necesario el refuerzo a la autonomía de los centros y la potenciación de la función directiva y, sin embargo, se centran en la designación prácticamente administrativa del director, sin tener en cuenta que esa situación va a debilitar el régimen democrático de los propios centros.
En definitiva, o suprimen el artículo 1, o ajustan el contenido de todos los demás a lo que propugnan en él.
Al artículo seis proponemos una enmienda de adición --no de modificación, como viene en el texto-- porque creemos, efectivamente, en la cooperación, pero es necesario ampliar esos convenios de cooperación al ámbito europeo, con programas de financiación y con recursos y, sobre todo, haciendo referencia a los más desfavorecidos, es decir, a los que necesitan especial impulso en la mejora de la calidad.
Y quisiera hacer una referencia a algo que viene también en el Capítulo III, artículo cuatro, sobre las becas y ayudas al estudio. La realidad es muy distinta. El otro día hablábamos en esta Cámara del proyecto de presupuestos. El papel de una ley o de cualquier documento administrativo lo soporta todo pero, ¿cómo podemos creer a la señora ministra? ¿Cómo podemos creer lo que dice esta ley cuando resulta que ha disminuido en cinco puntos desde 1996 el porcentaje de alumnos con beca en bachillerato o cuando en los presupuestos de este año se recortan, por ejemplo, las becas de movilidad, las becas Séneca, con menos recursos y menos meses de posibilidades? Creemos necesario otra ley que asegure más y mejor educación para todos y que sea capaz, verdaderamente, de reducir el fracaso escolar.
El Capítulo V, Título I, de la Educación Secundaria, contiene las reformas más profundas que se plantean en esta ley. Desde la llegada de la democracia, la educación española ha logrado una profunda transformación. Hemos sido capaces, con el consenso constitucional, de llegar a acuerdos que han estado presentes en todas las políticas educativas de todos los gobiernos, sean del color que sean. Han sido cinco acuerdos fundamentales: extender la educación obligatoria hasta los 16 años --que se va a romper--, establecer una red de centros sostenidos con fondos públicos y privados concertados que garantizaran la demanda de escolarización obligatoria y la libre elección de centros, dar un carácter participativo a los centros escolares, incrementar paulatinamente el gasto público y no retrasarlo, pasando del 4,9 por ciento que teníamos en 1996 al 4,4 del PIB que tenemos en este momento, lejos del 5,12 de la Unión Europea, y sobre todo, y de acuerdo con nuestra estructura --aquí se ha hablado mucho porque esta ley tiene graves lagunas--, todo lo que supone, de acuerdo con nuestro Estado de las autonomías, descentralizar nuestro sistema educativo según ese esquema y la colaboración y coordinación necesarias con las distintas administraciones autonómicas.
Ese consenso, señorías, se rompe por primera vez en nuestra historia democrática. Se rompe la participación, se recorta el derecho a la escolarización y se retrocede en la formación. Tendremos, no lo duden, muchos menos universitarios.
Su reforma será más barata. Presentamos una alternativa y nos dijeron que era cara. Efectivamente, su reforma será más barata porque es más fácil segregar y es más barato a corto plazo, pero sin pararse a pensar que estamos cercenando el futuro de nuestro país y que no hay mejor inversión, que la inversión en educación, como decía José María Guelbenzu, y eso lo están olvidando.
Decía la señora Couso hace unos días que la educación es una cuestión profundamente ideologizada. Hablaba de la coherencia del programa político. Así es. La política educativa puede ser o progresista o conservadora, o integradora o segregadora. Nosotros apostamos en nuestras enmiendas por la búsqueda de una más y mejor educación para todos, por un mayor progreso, por una mejor integración.
Sabemos que hay problemas. ¡Claro que lo sabemos! Sabemos que el sistema educativo necesita cambios y que se ajuste a la realidad y a los retos de la sociedad. Sabemos que hay un fracaso, pero desconocemos cuáles son las causas concretas ni cuál es diagnóstico, pero hay dos modelos para combatirlo, dos ideologías, dos filosofías muy distintas para hacer frente a los problemas de aprendizaje. Una es selectiva, excluyente: separamos al niño y a la niña de la clase para que no molesten; es más barata pero profundamente injusta. Otra es la de la ayuda, la de echarles una mano, la de apoyarles, la de flexibilizar el sistema, la de ayudarles en la diversidad que ustedes han dejado desde un sistema educativo para que todos lleguen al final, cuantos más mejor, aunque no todos lleguen con sobresaliente y los que tengan que llegar con sobresaliente lleguen con sobresaliente.
Señorías, se trata de no rendirse ante el fracaso escolar, como ustedes están haciendo. El Gobierno se rinde ante el fracaso escolar y aplica la filosofía selectiva y segregadora en su proyecto de ley. Para nosotros se trata de lo contrario, de apoyar a los alumnos, de apoyar a los enseñantes, de atajar los problemas sociales. Los problemas no van a la

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escuela, están en la escuela, y no podemos cargar exclusivamente en los docentes la resolución de esos problemas. Tenemos que ayudarles con medidas, tenemos que ayudarles con mayores conocimientos.
En este Capítulo V del Título I se contienen las reformas más llamativas de la ley. Se refieren al tramo fundamental de la enseñanza secundaria, de la Educación Secundaria Obligatoria, del Bachillerato y de la implantación de los itinerarios, de la reválida o prueba general del bachillerato y de la redefinición de las competencias de los órganos directivos. ¿Pero cuáles son las propuestas que recogen los artículos 21 a 25 y 27? Limitar el período de aprendizaje común de los alumnos estableciendo distintos contenidos educativos según una selección previa que se hará con carácter general a los 14 años, aunque para un sector del alumnado que tenga dificultades pueda ocurrir a los 12 años. ¿Pero cuáles son las medidas de apoyo que ustedes ponen? Todavía no lo sabemos.
Ustedes reducen el número de alumnos que irán al bachillerato y a la universidad estableciendo itinerarios a partir de los 14 años, edad en que se orientarán, o hacia el bachillerato o hacia la formación profesional, y además suprimen ustedes el bachillerato tecnológico.
Es especialmente preocupante, y le agradezco profundamente al senador Varela su referencia al profesor don Emilio Lledó. Se refiere al diferente tratamiento entre los centros privados concertados y los públicos. Han abierto una brecha profundísima en un consenso que costó mucho trabajo conseguir, me refiero a la coexistencia de una red sostenida con fondos públicos unos y privados otros, en igualdad de condiciones para el alumnado , y dirigidos todos a satisfacer las necesidades educativas de nuestros hijos. En ese apartado 4 del artículo 26 se abre la puerta a esa diferencia entre la enseñanza pública y privada que tanto nos ha costado conseguir que se iguale.
Es evidente el riesgo de que se perpetúen las diferencias educativas en que se basa muchas veces la procedencia social del alumno, realidad en la que no se ha profundizado en esta ley. Habrá centros de primera, privados concertados con itinerarios a la carta --los buenos--, y centros de segunda, señorías, centros patera, que estarán obligados a dar todos los itinerarios o si no se les condenará a ser centros con más emigrantes y a especializarse en itinerarios que no van a conducir a la universidad. Y les digo de verdad que me gustaría que me convencieran de lo contrario.
Van a potenciar la existencia de una doble red con un alumnado claramente diferente, la pública asistencial, que estará gravada con la introducción del criterio de admisión de alumnos por el expediente académico, que llevará la concentración de alumnos con dificultades en determinados centros públicos. Durante estos seis años han estado propiciando ustedes esta decisión y ahora más del 80 por ciento de los emigrantes están escolarizados en la escuela pública, y con la posibilidad, además, de la existencia de esos centros privados especializados, de los que todavía no sabemos cuál es su auténtico carácter, que impartirán sólo algunos itinerarios --desde luego los del futuro-- con criterios de admisión que serán dictados por el director del centro.
En definitiva, segregación de alumnos y diferenciación de centros pagados por todos, incluso por aquéllos a los que nunca van a poder acceder a estos centros. De ahí nuestras enmiendas de supresión a este apartado, y de ahí también nuestras enmiendas de adición, las números 788 a 798 en este Capítulo V bis, de medidas para mejorar el rendimiento escolar y de recursos.
Queremos responder a una filosofía de más y mejor educación para todos y profundizar en la educación integral ayudando a superar las diferencias y el distinto trato que se debe dar. Recursos adicionales para los alumnos con falta de motivación, formación de profesores de apoyo, actividades complementarias en cada centro y disposición de los medios para ello --solicitados reiteradamente por nosotros y por los profesores--.
¿Separar a los alumnos de una misma aula a los doce, trece, catorce años, que estén desmotivados o con retraso, va a mejorar el sistema escolar? Nada de eso dicen los técnicos, y aunque nos lo argumenten aquí, otros países del entorno europeo como Francia o Alemania van en sentido contrario a lo que se está proponiendo en esta ley. Estamos en profundo desacuerdo con que en edades tempranas, como los catorce y quince años, en que la adolescencia es convulsa, puedan tomar decisiones que van a ser importantes para su futuro.
Nos hablan de reversibilidad, pero, ¿ustedes saben lo difícil o imposible que va a ser, cuando van a tener materias perdidas, que les harán luego desistir y perderán la oportunidad de cursar el bachillerato y de acceder a la universidad? En el artículo 25 hablan de medidas de refuerzo y apoyo a los doce y trece años. ¿Cuáles son? No lo sabemos; sí sabemos que va a ser el primer escalón de la segregación. No todos los padres, ante el fracaso escolar, van a poder pagar un profesor particular, y son las administraciones públicas, es la escuela pública la que tiene que compensar esas desigualdades en el sistema educativo. Ayer la ministra hablaba del esfuerzo y de la motivación, que es una coletilla de la señora ministra, como si hasta ahora no hubiera habido esfuerzo por parte de nuestros alumnos y de nuestros profesores. Pero es que ese esfuerzo tiene mucho que ver con las familias. ¿Ha sido consciente la ministra de la realidad social en que nos movemos? ¿Es consciente la ministra de las familias con bajos recursos, de la realidad actual del trabajo fuera de casa? ¿Ignora la señora ministra que muchos alumnos no dedican en sus casas ni un mínimo de tiempo adicional a la instrucción? Esas son las realidades actuales, y no sirve que repita la coletilla del esfuerzo; hay que atajarlo en otros ámbitos.
Una última reflexión sobre la prueba de bachillerato. Intentaron ganarse al alumnado en el debate de la LOU con la supresión de la selectividad, pero ahora tenemos dos pruebas para acceder a los estudios universitarios. ¿Cómo se va a garantizar la objetividad y el acceso a la igualdad de condiciones? Es necesaria una prueba general, estamos de acuerdo, pero no es necesario poner más trabas para acceder a la universidad. ¿Qué pasará con aquellos que no aprueben? Yo se lo voy a decir: se desmotivarán, y no irán a la universidad porque intentarán encontrar un trabajo

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mucho antes. Creemos que la selectividad necesitaba una reforma, pero sólo debe hacerse una prueba con las garantías de objetividad y de igualdad de condiciones.
Las soluciones que propone nuestro grupo son distintas: una filosofía de ayuda, no a la segregación; clases de refuerzo; desdoblamiento de los grupos; creación de grupos especializados; mejora del estatus del profesorado y de su formación; apoyo a las familias, y el fortalecimiento de la participación en la enseñanza, especialmente de los alumnos con problemas, y sobre todo un mayor esfuerzo presupuestario, del que ustedes no han querido ni hablar. Propuestas que se concentran y se concretan en las enmiendas números 788 y 798, de adición de un nuevo Capítulo V, de la educación obligatoria, con las medidas necesarias para mejorar el rendimiento escolar, intervenir a tiempo y superar las dificultades, mejorar la capacidad y motivación, y aprender actividades formativas y complementarias. Proponemos dotar a ese Capítulo V bis nuevo de recursos humanos y materiales para atender a esas propuestas, y que los centros cuenten con los medios adecuados para hacer proyectos de investigación educativa, tan necesarios para atender a la diversidad.
Respecto al Título II, de la enseñanza de idiomas, y al Título III, del aprendizaje permanente: enseñanzas para las personas adultas, presentamos 11 enmiendas de supresión. ¿Por qué al Título II, de la enseñanza de idiomas? Por dos razones. Primera, porque son una copia del Capítulo II del Título II de la LOGSE, no se mejora nada y ya está legislado.
Segunda, porque lo que legislan con respecto a la enseñanza de idiomas lo modifican a peor.
Después de haber escuchado ayer a la ministra, que hace bandera de la enseñanza de idiomas --y nos parece importantísimo--, no entendemos que en este Título se establezca como requisito imprescindible para poder asistir a a las escuelas de idiomas, a las que antes podían ir alumnos del primer ciclo de la ESO, es decir de 12 y 13 años, según figura en el articulado, haber cursado los dos primeros cursos de la ESO. Esto, señorías, diga lo que diga la ministra, empeora sensiblemente la posibilidad de acceso a la enseñanza de idiomas. ¿En qué quedamos, en lo que dice la ministra o en lo que dice la ley? Me parece que hay un absoluto descontrol, pero así queda escrito.
Con respecto al Título III, que corresponde a los artículos 52 a 55, hemos presentado también enmiendas de supresión en lo que se refiere a la enseñanza permanente de personas adultas, y prácticamente lo hacemos por la misma razón. Se copia el Título III de la LOGSE y no se adopta ni una sola medida para luchar contra el fracaso escolar en este ámbito de aprendizaje; es más, sólo ponen trabas porque quitan condiciones favorables que ya estaban establecidas en la LOGSE. La oferta de la enseñanza para adultos se ajustará, según el artículo 53.1, a los objetivos y criterios de evaluación fijados en los currículum de enseñanzas obligatorias. Señorías, ¿tienen la misma capacidad, la misma disponibilidad de tiempo y las mismas posibilidades que los adolescentes las personas a las que va dirigida? No, señorías. No obstante, no todo es negativo en este apartado. Nos parecen oportunas y positivas las aportaciones que hace la ley en relación con la población reclusa y hospitalaria, pero este punto blanco no aclara todos los borrones del Título III.
Por último, señorías, voy a hacer referencia al Título VII, de la inspección del sistema educativo, al que presentamos diez enmiendas, las números 1004 a 1013. Efectivamente, la mayoría son enmiendas de supresión, pero también hay importantes enmiendas de adición sobre las que nos gustaría, aunque creemos que va a ser en vano, que ustedes reflexionasen; son enmiendas de adición formuladas a unos artículos nuevos del Título VII.
La inspección es una pieza fundamental en el sistema educativo y debe ser rigurosa e igual en la pública y en la privada, pero durante este tiempo no ha sido así. Les voy a contar una anécdota. El año pasado al director de un instituto de mi ciudad, Valladolid, se le expedientó porque había retrasado un solo día la apertura del curso por razones de calendario. Yo sólo soy madre y no tengo una experiencia directa en las actividades de dirección o formación escolar, pero conozco las dificultades que tienen los directores de centro a la hora de organizar el calendario escolar.
Este director tuvo que retrasar, y pidió permiso para ello, un día la apertura del curso, y se le sancionó. Sin embargo, no se ha planteado ninguna sanción a centros privados que han asistido, perdiendo también días de escolarización, a la canonización de Monseñor Escrivá de Balaguer. Este distinto trato a los colegios públicos y concertados atenta profundamente contra la igualdad de la enseñanza.
Efectivamente, la inspección es una pieza fundamental, pero con la nueva fórmula que presenta la ley vamos a pasar de una inspección que tenía un carácter general --bien es cierto que hay que dar trabajo al nuevo cuerpo de catedráticos-- a una inspección que, a nuestro juicio, va a perder su carácter general con el sistema de especializaciones. El otro día decía el señor Barquero que no ha dado todos los resultados; no sé si ése es el fondo de la cuestión o, como les digo, dar trabajo a ese nuevo y resucitado cuerpo de catedráticos. Esperemos que no sea así y que se avance en esta inspección.
Las enmiendas de adición que presentamos, números 1009 y 1013, son de gran importancia. Señorías, no se puede gobernar la educación en contra de todos y menos aún en contra de los gobiernos autonómicos. Entendemos que es necesario introducir en esta ley una referencia a la mejor coordinación con las comunidades autónomas. El sentido de nuestras enmiendas de adición es que deben responder a la realidad actual del sistema educativo en los diferentes niveles competenciales e insistir en la coordinación y en la cooperación.
Con respecto a la enmienda número1003, es cierto que hemos avanzado en la descentralización administrativa a nivel regional, pero en la descentralización de las administraciones locales estamos muy lejos de equipararnos con los países europeos. Por lo tanto, el sentido de nuestra enmienda es que es necesario profundizar en una nueva fase de transferencias de competencias educativas a las administraciones locales.
Me gustaría, señorías, señores del Grupo Parlamentario Popular, que, sobre todo en este apartado, tuvieran ustedes la sensibilidad de escuchar propuestas que siempre han ido

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dirigidas a la mejora de la auténtica calidad de la educación. Señorías, si la señora ministra hubiera sido una buena alumna, si hubiera dedicado un poco más de tiempo al estudio, sabría que la Unesco ha definido como cuatro pilares de la educación el aprender a conocer, a hacer, a vivir juntos y a se. Comprendería que hay que aprender a convivir con los otros responsables políticos de la educación, fomentando un marco de comprensibilidad, evitando la tensión, la provocación y propiciando un debate desde la participación y el respeto a las competencias y a las ideologías y a la conciencia de que la educación es mejorable desde el conocimiento de la realidad actual y desde el consenso. Señorías, hemos perdido una ocasión de mejorar la calidad. Se lo podría haber apuntado el Partido Popular, pero su prepotencia, su sentido autoritario, su profunda ideología conservadora y selectiva no lo ha permitido. El país retrocederá en calidad educativa con carácter general y los ciudadanos, señorías, no lo duden, les van a pedir cuentas tanto por acción, como por omisión, pero es la responsabilidad de su Gobierno.
Muchas gracias, señor presidente. (Aplausos en los escaños del Grupo Parlamentario Socialista.) El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senadora Agudo.
Por el mismo Grupo Parlamentario Socialista, tiene también la palabra el senador Fernández Zanca.


El señor FERNANDEZ ZANCA: Muchas gracias, señor presidente.
Señorías, el senador Varela, casi al final de su intervención, decía: Más vale un mal acuerdo que un buen pleito. Yo añadiré un dicho gitano que encierra una profunda verdad y que me lo sugirió mi compañero de escaño, el senador Romero Calero: Tengas pleitos y los ganes. Ustedes han querido que esto fuera un pleito y no un acuerdo, y están ustedes en su derecho a hacerlo porque gozan de esa mayoría de la que hablábamos el otro día en la Comisión de Educación, Cultura y Deportes.
Mi compañera la senadora Agudo ha dado un amplio repaso a cuál es el planteamiento que pretendemos con nuestras enmiendas; yo continuaré en ese sentido para que quede claro que esas 338 enmiendas que hemos presentado representan la forma de concebir un modelo de escuela, un modelo de educación radicalmente distinto al que figura en el proyecto de esta ley.
La señora ministra dice que nosotros somos los del no, no y no.
Recientemente decía que nosotros éramos los del bla, bla, bla. Sea el no, no, no o el bla, bla, bla, estoy convencido de que la señora del Castillo no se ha tomado la molestia de leerse nuestras enmiendas, de leerse el texto alternativo que mis compañeros del Congreso de los Diputados presentaron. Si lo hubiera hecho, habría observado, por ejemplo, que lo que en el proyecto de ley que estamos debatiendo se despacha con cinco líneas y media en el artículo 48, ahí nosotros proponemos un título, que es el de la compensación de las desigualdades, y presentamos 10 artículos que tienen como objetivo desarrollar un conjunto de actuaciones destinadas a garantizar la integración real del alumnado, un alumnado que tenga esas deficiencias educativas que le impidan desarrollar un adecuado progreso escolar.
¿Cómo pueden decir, señorías, sin sonrojarse que estamos aferrados a la LOGSE, cuando lo que hacemos es desarrollar en este título un conjunto de medidas dirigidas a la compensación de las desigualdades, cosa que ustedes no hacen? En todo el texto no hay nada específico dirigido a la compensación de las desigualdades, porque ahí es donde está el origen del fracaso escolar. ¿Qué es lo que hacen ustedes? Nada, ustedes esperan a que el chico tenga 12 años y a los 12 años lo sacan de su grupo, lo meten --como decía ayer-- en el descansillo de las escaleras para ver cómo se porta en el descansillo y si en el descansillo nos molesta lo sacamos al portal y si en el portal nos molesta lo sacamos a la calle. Eso es lo que hacen ustedes, formar un pelotón de los torpes.
¿Qué proponemos frente a esto los socialistas? Casi nada, una serie de medidas específicas para prevenir el fracaso escolar en zonas y centros que escolarizan a un número significativo de alumnos con dificultades, y lo primero que hay que hacer, señorías, es dotar a estos centros de medios materiales específicos y de profesores con la formación necesaria para atender a estos alumnos. Medidas como la reducción de la ratio de alumnos a 15 por clase; medidas como el incremento de los recursos para gastos de funcionamiento; medidas como la ampliación de profesores; medidas como el establecimiento de acuerdos con ayuntamientos para que los trabajadores sociales, mediadores culturales y otros profesionales puedan trabajar tanto con el alumnado como con los padres que necesiten de esa ayuda, de esa colaboración; medidas para garantizar la integración real de los alumnos procedentes de familias inmigrantes y para compensar, cuando sea necesario, las deficiencias educativas que presenten estos alumnos; medidas para crear centros de recursos para preparar grupos, equipos de acogida que estudien la situación educativa personal, familiar y social del alumnado inmigrante y para decidir cuáles son las mejores condiciones de escolarización de estos jóvenes; medidas que contemplan programas de inmersión lingüística para el alumnado que lo necesite; medidas para dotar a los centros que escolaricen al alumnado inmigrante de los medios profesionales, de los medios económicos y organizar intervenciones específicas que permitan recuperar el retraso de estos jóvenes.
Presentamos medidas, señorías, para fomentar la elaboración de programas y diseños curriculares específicos para los casos de incorporación tardía al sistema escolar. Medidas para la formación del profesorado, para que se firmen convenios de colaboración con aquellos países de los que procede la mayoría del alumnado inmigrante. Medidas para que los alumnos sordos sean objeto de una atención específica, entre las que se contempla, primero, la atención para la detección precoz y la evaluación de sus necesidades y, segundo, la garantía de una oferta educativa bilingüe, en la que la primera lengua sea la lengua de signos española, o la catalana en su caso, y la segunda lengua sea la castellana o la oficial de cada una de las comunidades de nuestro país. Asimismo, son

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necesarias medidas para promover cursos de formación específica con objeto de atender a ese tipo de alumnos, al igual que medidas para la preparación tanto del profesorado como de otros profesionales que puedan ayudar a esos jóvenes. Y también debe haber medidas para asegurar la escolarización de todos: inmigrantes, minorías étnicas, alumnos con dificultades, etcétera, en el centro al que deseen acudir. Porque aún no les he oído decir --a lo mejor hoy sí lo hacen-- que los centros sostenidos con fondos públicos deben tener los mismos derechos, ni uno menos, pero también las mismas obligaciones, tampoco ni una menos.
¿Cómo pueden decir que nuestro programa es el del no, no y no, cuando, como he dicho, lo que ustedes zanjan en cinco líneas a nosotros nos ocupa lo que les acabo de expresar de forma muy resumida? Después del debate en comisión ha quedado claro que los programas de iniciación profesional son un itinerario: lo que yo denomino el cuarto itinerario, que conduce, cuando así ocurre, exclusivamente a la Formación Profesional --artículo 38.3.a) de la ley--, que se inicia fundamentalmente a los 15 años, no a los 16, senadora Delgado, aunque los jóvenes también podrán incorporarse a los 16 años. Supongo que ustedes se habrán dado cuenta de que con esta medida a los alumnos de 15 años se les hurta la posibilidad de cursar un año más en la Enseñanza General con el resto de sus compañeros.
Por otro lado, uno de los elementos clave en el proceso educativo es, sin duda, la formación de los profesores, quienes tienen como objetivo primordial incrementar el rendimiento escolar de los alumnos y, por tanto, mejorar en términos generales el sistema educativo. Pero ustedes se olvidan completamente de la colaboración que debe existir entre el profesor y el tutor y entre el profesor y las familias, y también se olvidan de la innovación, una faceta importantísima para todo profesor.
(El señor vicepresidente, Prada Presa, ocupa la Presidencia.) Y tan importante como la formación inicial es la formación permanente; por tanto, creemos que el Instituto Nacional de Evaluación y la Conferencia Sectorial de Educación han de ser dos piezas fundamentales en la formación permanente en la que, por ejemplo, habrá que prestar atención a la colaboración con las familias para favorecer el proceso de aprendizaje y la convivencia en los centros; la formación específica, para que el profesorado pueda utilizar las nuevas tecnologías como una herramienta útil; la tutoría, como uno de los elementos centrales de un sistema que debe tener como eje fundamental la atención a la diversidad; la atención al alumnado inmigrante, o la promoción entre distintos niveles educativos, incluidos los universitarios.
Les decía en el debate en comisión que el Gobierno del Partido Popular ha sido el único gobierno en democracia que ha bajado los sueldos a los profesores, ya que el profesorado, con el incremento del 2 por ciento anual que vienen ustedes aplicando, ha ido perdiendo poder adquisitivo año tras año, llegando a ser dicha pérdida de cinco puntos en estos momentos --supongo que el curso que viene también perderá algún puntito más--. Por ello, nosotros queremos introducir un complemento retributivo ligado a la evaluación de la práctica docente.
Asimismo, proponemos que todo el profesorado tenga derecho a un año sabático a lo largo de su vida profesional, por considerar que esa medida será beneficiosa para facilitar su actualización científica y pedagógica.
Por otra parte, ustedes dicen que los profesores mayores de 55 años podrán tener una reducción de horario; eso sí, a costa de su salario.
Pero, señorías, eso no es ningún mérito. ¿Qué mérito supone la reducción de horario acompañada de la reducción de salario? Sin embargo, nosotros proponemos que el profesorado mayor de 55 años tenga una reducción de su horario lectivo de un tercio y dedique en ese tiempo su experiencia al desarrollo de otras actividades. Esta sí que es una medida progresista, pero reducir horario y salario, no sé cuántos profesores van a aceptarlo.
También proponemos extender el modelo de jubilación voluntaria a los 60 años, que ha estado vigente hasta la actualidad.
Señorías, uno de los puntos de confrontación entre el Partido Popular, el Partido Socialista y yo diría que el resto de la oposición, ha sido el referido a los centros concertados. Y quiero que quede claro que los socialistas no tenemos absolutamente nada contra los centros concertados, buena prueba de ello es lo que hemos hecho durante los trece años de Gobierno socialista. Pero es inaceptable para nosotros, por ejemplo, la generalización de conciertos en las etapas educativas no obligatorias, ese café para todos que ustedes proponen para beneficiar de forma descarada, y así hay que decirlo, a la escuela privada.
En segundo lugar, los centros sostenidos con fondos públicos, sean públicos o privados, han de tener --lo decía antes-- los mismos derechos, pero las mismas obligaciones, ni uno más, pero ni una menos. A lo largo del debate de esta ley no les he oído decir con rotundidad algo tan sencillo como: los centros concertados deben atender a todo el alumnado sin ningún tipo de discriminación, implícita o explícita, de forma que se evite de raíz la configuración de una doble red de centros. No se lo he oído, ¿lo van a decir hoy? ¿Van a decir eso hoy en el Pleno? ¿Van a decir que los centros concertados tienen que hacer efectivo el principio de gratuidad? ¿Van a decir hoy que los centros concertados han de llevar a cabo una gestión transparente y controlable socialmente? Les animo a que lo hagan porque sería un gran alivio para nosotros: que lo hagan y pongan los medios para que eso se pueda cumplir.
Otro punto de fricción es lo concerniente a los órganos de gobierno y participación. Señores senadores, si este proyecto se caracteriza por algo en este aspecto, es por un recorte de la participación de los miembros de la comunidad educativa. Se recorta la capacidad de decisión del Consejo Escolar, se recorta la autonomía de los centros, se recorta la participación del profesorado en la aprobación de aspectos docentes, se recorta la participación de todo el sector implicado en la elección del director. Ya tuve ocasión de expresar ayer en la defensa del veto del Grupo Parlamentario Socialista lo que opinamos acerca de esa designación del director. Por tanto, no voy a reiterar lo ya expresado,

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pero sí voy a hacer algunas preguntas para ver si, de paso que me contestan las referentes a los centros concertados, me pueden responder también a éstas. ¿En qué va a beneficiar al sistema educativo el hecho de que al director lo nombre la Administración? ¿Le va a conferir más autoridad el hecho de que sea nombrado a dedo, en lugar de ser nombrado por toda la comunidad educativa del centro?¿Va a mejorar este tipo de designación el clima general del centro? ¿No es poner bajo sospecha a la comunidad escolar que elige, no al mejor, sino al más popular? Eso es lo que dicen ustedes de forma colateral con este proyecto. Son preguntas que ahí quedan, y ya es cosa de ustedes que las contesten o no.
Y, de paso, a ver si me contestan por qué en el artículo 72.3 cuando habla de la admisión de los alumnos en los centros sostenidos con fondos públicos y de la no discriminación por razones ideológicas, religiosas, morales, sociales, de raza o nacimiento, no se incluye la razón por sexo.
La pregunta es si ésta es la puerta para que se haga posible aquel estribillo, que se hizo famoso hace unos años, de los niños con los niños y las niñas con las niñas. Me gustaría que nos contestaran a estas preguntas.
Con este proyecto de ley --lo han dicho ya muchos portavoces-- se quiebra el consenso educativo en materia territorial, la definición del Estado de las autonomías; la voluntad de trabajar juntos y de compartir las directrices generales de la política educativa han saltado en pedazos. No sólo el Ministerio de Educación, Cultura y Deporte lleva casi tres años de espaldas a las comunidades autónomas, sino que muchas veces ha gobernado contra ellas. La ministra, señora del Castillo, convida y manda la factura a las comunidades autónomas, ella legisla y las comunidades pagan, y no puede ser así, señorías, las comunidades autónomas no pueden ser meras pagadoras de unas reformas unilaterales del Gobierno central, ellas son y deben ser las garantes del mejor sistema educativo en su territorio, y cuando para ello necesitan la ayuda y cooperación del ministerio, lo que reciben es rechazo, ninguneo y, peor todavía, muchas veces descalificación.
Los socialistas, frente a este comportamiento, queremos reforzar la cooperación y el diálogo entre las distintas administraciones, queremos dotar a la Conferencia Sectorial de Educación de los recursos necesarios para que se convierta en el órgano fundamental de debate de coordinación y de evaluación de las líneas maestras de la política educativa, convertirlo en un órgano para debatir, y sobre todo para consensuar, porque estamos convencidos, señorías, de que la educación debe ser una tarea compartida por todos, no se puede imponer.
En resumen, y ya voy terminando, este proyecto de ley --ya se ha dicho repetidas veces--, a pesar de las justificaciones y de los cientos de reuniones que se han celebrado --que ya sabemos cómo se producen-- carece de un diagnóstico serio y riguroso, no se hace un verdadero análisis de los problemas y de sus causas, de forma que toda esta paleorreforma --como la llamaba ayer-- no se sustenta en ningún estudio contrastado sino en una visión catastrofista y en una serie de tópicos que ustedes han ido colocando y que tienen como objetivo confundir a la opinión pública, con una extraordinaria desproporción entre la retórica a cuenta de la calidad de la educación y las medidas que ustedes proponen como solución.
Los itinerarios contemplados a los 14 años hipotecan a una edad demasiado temprana las posibilidades de promoción personal y profesional de la mayoría de alumnos y, lo reitero de nuevo, van a contribuir a un fenómeno que no interesa a ningún país del mundo, sólo a España, y es que se va a reducir el número de jóvenes que acceden al Bachillerato y a la universidad, justo lo contrario de lo que plantea la Unión Europea.
El sistema educativo actual necesita cambios, lo hemos dicho por activa y por pasiva, lo hemos dicho desde el principio, pero esto no es una reforma, esto es una regresión en toda regla. El Gobierno quiere cerrar rápidamente el ciclo con esta tercera ley educativa, y a ustedes, señorías, les cabrá el dudoso honor de haber aprobado las leyes educativas más reaccionarias de la democracia.
Los socialistas creemos que hay otra política educativa alternativa que, en lugar de segregar, integra; que, en lugar de bajar los brazos frente al fracaso escolar, lo previene; que en lugar de recortar la participación de las familias, la promueve; que, en lugar de otorgar privilegios a la escuela privada, se preocupa de los derechos y de las necesidades de la escuela pública; que, en lugar de desanimar al profesorado, lo incentiva; que, en lugar de buscar el enfrentamiento, busca el consenso educativo; que, en lugar de esconder detrás de la tijera presupuestaria lo que van a hacer, fija compromisos económicos para mejorar la calidad de nuestros centros. Ustedes, señorías, se quedaron solos en la LOGSE, ustedes, señorías, se han quedado solos en la LOCE, por algo será.
Muchas gracias. (Aplausos en los escaños del Grupo Parlamentario Socialista.)

El señor VICEPRESIDENTE (Prada Presa): Gracias, senador Fernández Zanca Finalizado el turno de defensa de enmiendas, corresponde ahora el turno en contra.
Por el Grupo Parlamentario Popular, tiene la palabra la senadora Delgado, que compartirá su turno con la senadora Novillo.


La señora DELGADO GARCIA: Gracias, señor presidente.
Al igual que en Comisión, voy a tratar las enmiendas correspondientes al Título Preliminar, a los Capítulos I y IV, el Capítulo V hasta el artículo 37 y finalmente los Títulos V y VI; el resto lo hará mi compañera.
En primer lugar, antes de contestar en detalle las enmiendas, puesto que el tiempo del que se dispone no es mucho y ya en Comisión se hizo un desglose más detallado, voy a hacer mención sólo a algunas enmiendas y a determinados aspectos que han comentado algunos de los portavoces.
El señor Bildarratz ha dicho que se han ido incorporando enmiendas gotita a gotita y he de decirle que no es así, que en el Senado se han incorporado muchas enmiendas al texto , algunas del Grupo Parlamentario Socialista,

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otras de Coalición Canaria o de CIU, y también se han aprobado algunas «in voce»; por tanto, creo que hemos superado la gotita, aunque no digo que haya sido una cascada.
Por cierto, el Grupo Parlamentario Popular lamenta mucho que esta mañana no haya podido salir adelante en esta Cámara una enmienda in voce relativa al artículo 23 que hace mención a las asignaturas de la Educación Secundaria Obligatoria; en el punto ñ) se habla de tecnología y estaba previsto que figurara tecnología general y de la información, dado que vivimos en una sociedad de la información del siglo XXI y considerábamos más oportuno que este título se complementara con ese apartado. Por tanto, insisto, lamentamos que en este caso el Grupo Parlamentario Catalán en el Senado de Convergència i Unió no haya hecho posible que dicha enmienda haya salido adelante.
Por otro lado, los senadores Cámara y Sabaté han dicho que no hemos comentado nada de algunas enmiendas, ni siquiera en Comisión, y que estaban rechazadas. A este respecto he de decir que algunas enmiendas pretenden una invasión de competencias. Por ejemplo, el senador Cámara ha citado unas cuantas --no he podido cogerlas todas, las he anotado a vuela pluma-- por las que se solicita ampliar ofertas de plazas de centros públicos y he de decirle que esta es una competencia de las comunidades autónomas y, por tanto, sus enmiendas no se rechazan porque no sean dignas de ser reconocidas sino porque no corresponde a esta ley sino a las comunidades autónomas pronunciarse sobre esta cuestión. Lo que ocurre en muchas ocasiones es que las transferencias a las comunidades autónomas para educación no son finalistas, lo que significa que no necesariamente obliga a las comunidades autónomas al gasto íntegro de esa partida presupuestaria en educación; por ejemplo, en Andalucía sólo un 60 u 80 por ciento se dedica a educación mientras que el resto se destina a otros menesteres y, por tanto, se pueden producir deficiencias dentro de la comunidad pero como comprenderá es una responsabilidad de esas administraciones y en este caso la ley no tiene por qué pronunciarse.
Usted ha dicho que tampoco nos hemos referido a las plantillas y he de decirle que los recursos humanos también corresponden a las comunidades autónomas. Y que tampoco hemos hablado de las materias optativas y le digo lo mismo, también es competencia de las comunidades autónomas. En este sentido, no es que no hayamos leído o no queramos contestar a estas enmiendas, es que no proceden y, por tanto, decaen en sí mismas.
El señor Bildarratz ha vuelto a referirse a la literatura. La letrada me ha confirmado que se ha corregido y que en el texto actualizado aparece «y literatura». Se lo digo para su tranquilidad, independientemente de que disponga o no del documento. Si no está corregido --que usted dice que no--, como se acordó, puede hablar usted con la señora letrada y este tema quedará resuelto. (El señor Vicepresidente, Rojo García, ocupa la Presidencia.) El senador del Grupo Parlamentario Entesa Catalana de Progrés ha manifestado, en relación a los convenios culturales: tengo un gran interés en que se me conteste a la enmienda número 409.
Señoría, en cuanto a que las comunidades autónomas puedan establecer convenios, debo decirle que, por poder, puede, nadie le dice que no, pero ustedes saben muy bien que esos convenios deben ser aprobados por las Cortes Generales. Eso es así. Por lo tanto, el proyecto de ley no va a entrar en ello, puesto que es una medida que, como ustedes saben, se puede hacer, pero lógicamente lleva su trámite y, si las Cortes Generales lo aprueban, sale, si no, no, pero no corresponde que sea la ley la que se pronuncie sobre ese particular.
Senador Varela, aunque luego entre en detalle en otros aspectos --no digo que usted tenga que estar de acuerdo, por favor, para eso es el debate parlamentario--, creía que había quedado clara la explicación que dábamos en Comisión sobre el tema del director.
Tal y como viene en el proyecto de ley, usted sabe que lo que nosotros proponemos es un sistema mixto. Nosotros respetamos que los grupos que defienden el sistema actual digan que les gusta mucho, pero lo que hay que reconocer es que ha fracasado, porque en estos momentos sucede que el 60 por ciento de los directores que tenemos en los centros son directores nombrados por la Administración porque no ha habido candidatos --algo pasará cuando la gente no quiere ser director.
Nosotros lo que decimos es que como este sistema ha fracasado, vamos a proponer otro. El sistema que proponemos en el proyecto de ley es mixto, dice: una comisión, constituida por representantes de la administración educativa y, al menos, en un 30 por ciento, por representantes del centro. De éstos últimos, al menos el 50 por ciento lo serán del claustro de profesores de dichos centros. Es decir, no es la administración educativa; incluso a mí me ha dado la sensación, cuando lo explicaba, de que ustedes lo que proponían era que la administración educativa --con un concurso de méritos y con todo lo que haga falta-- era la que seleccionaba al director. Me parece que ése es un sistema llevado mucho más al extremo. Es cierto que existen algunos países europeos que lo tienen, pero nosotros hemos optado por un sistema mixto.
¿Qué quiere decir mixto? Pues que garantizamos que al menos un 30 por ciento sean representantes del centro; de los cuales, un 15 por ciento va a constituir el claustro y el otro 15 por ciento podrá ser del Consejo Escolar. Pero fíjese bien, queda un 70 por ciento, y la Administración es muy libre --y digo esto porque otros grupos son partidarios de que la Administración no intervenga-- para decir: nosotros también cedemos el 70 por ciento a los centros, o queremos hacer uso de ese 70 por ciento, pero, como mínimo, el artículo queda abierto para que se pueda optar o por uno o por otro.
Por lo tanto, cuando dice que hacemos paternalismo, no es así; optamos por un sistema mixto, no es paternalismo. Ustedes, por lo que observo, han optado por un sistema en el que la Administración dice: yo selecciono. A nosotros ese sistema no nos gustaba. Como hemos visto que el otro fracasaba, tampoco gustaba éste, hemos optado por uno mixto. Por ello hay que asegurar una participación que sea representación del centro, y queda ese margen para el

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resto. El otro día en comisión me pareció que se lo dije, pero quizá no me supe expresar con la claridad que debía.
En cuanto al Grupo Parlamentario Socialista, tengo que decir que, al igual que ocurrió el otro día en Comisión, la señora Agudo dedica las tres cuartas partes de su discurso a plantear otro veto. Ayer ya quedó resuelto y, magníficamente, por nuestro compañero Barquero que contestó lo que tenía que contestar. Por lo tanto no quiero entrar en eso.
En cuanto al resto del discurso, que hace predicciones de futuro en cuanto a que va a fracasar, yo no sé lo que va a pasar dentro de media hora y no puedo prever lo que va a ocurrir con una serie de artículos. No me parece que sea precisamente lo más apropiado para un debate parlamentario serio, y nos debemos atener a lo que la ley en su escrito dice, y no a lo que va a pasar dentro de uno o dos años.
Hablando de prejuicios, efectivamente, aquí se ha dicho que las medidas de apoyo que se ponen en primero y segundo de la ESO eran un itinerario oculto. Aquí de itinerario oculto no hay nada, eso es una lectura con prejuicio. Si un alumno en primero y segundo necesita apoyos para asignaturas instrumentales, ¡habrá que dárselos! ¿O vamos a seguir dejando que los padres tengan que pagar clases particulares para recuperar lo que sus hijos no recuperan en la escuela? Por cierto, hablando de padres, el otro día el Grupo Parlamentario Socialista no lo dijo en comisión y yo esperaba a ver si lo decían hoy. Nos hemos quedado sin saber con qué argumentos explicarían ellos a la sociedad esos derechos laborales y de Seguridad Social en los supuestos de los padres con niños que no van muy bien en la escuela y tengan que dejar prácticamente de trabajar para dedicarse en su casa a dar clases (El señor Fernández Zanca hace signos exclamativos.) La verdad es que nos hubiera gustado escuchar el argumento que tenían para defender esto. Pero no, eso no se ha dicho y en cambio se critica el que sea la escuela la que asuma la responsabilidad de tener que apoyar a los alumnos, y encima con una lectura no honesta diciendo que eso es un itinerario oculto.
A propósito, senador Fernández Zanca, menos mal que ha reconocido que es usted el que ha hablado de cuarto itinerario, porque la ley no habla de cuarto itinerario y yo no dije nada de eso. Usted lo sabe. Usted sabe que yo no hablé nada de cuarto itinerario y me alegro y le agradezco que al menos haya tenido usted esa nobleza de reconocerlo hoy aquí.
El senador de Entesa hablaba también de los desdoblamientos. Senador Sabaté, con los desdoblamientos para apoyo de los alumnos en un aula no pasa nada, la ley no dice nada porque eso es competencia de las comunidades autónomas. Ahora, si lo que usted proponía era el desdoblamiento como una alternativa al itinerario, en ese sentido, efectivamente, nosotros hemos apostado por los itinerarios --y aprovecho para contestar algunas de las enmiendas que se han presentado aquí--, que son formativos, no son itinerarios selectivos; selectiva es la rigidez que en estos momentos tiene la LOGSE. Si se leen ustedes bien el texto, verán que estos itinerarios introducen mayor flexibilidad y oferta de oportunidades en el sistema educativo. Además tampoco es ninguna novedad, los países más avanzados de la Unión Europea lo están poniendo en práctica, o sea que es algo de lo que hay constancia de cómo funciona.
¿Qué permite? Permite a los estudiantes obtener el máximo rendimiento en su aprendizaje, permite reducir el fracaso escolar. La previsión de diversas vías formativas les garantiza mayor capacidad de integración y cualificación, al tiempo que favorece la igualdad de oportunidades en el sistema educativo. Además, la elección de estos itinerarios --y esto es muy importante decirlo-- es libre, la eligen los alumnos con sus familias; tienen a disposición suya un asesoramiento de los departamentos de orientación de los centros pero no vincula, solamente les orientan.
Asimismo, son reversibles porque las asignaturas comunes, básicas, las asignaturas instrumentales las van a dar igual, por eso es reversible, no hay problema. Y además conducen todos al mismo título de graduado en Enseñanza Secundaria Obligatoria.
En cuanto al programa de iniciación profesional, no es ningún itinerario encubierto (El señor Fernández Zanca pronuncia palabras que no se perciben y exhibe un «Diario de Sesiones.») No es ningún itinerario encubierto, no. Usted me hace señas, pero me parece que aquí hubo un lapsus, al igual que ha habido otros muchos lapsus. A lo largo del debate en lugar de iniciación dije itinerario, pero cuarto itinerario no lo dije yo; eso lo sabe usted y lo reconoció luego a la salida. Cuarto itinerario, no.
El programa de iniciación profesional lo que hace es dar una oportunidad más a los estudiantes que voluntariamente --asesorados por el departamento de orientación-- pueden acceder a los 16 años cumplidos o excepcionalmente a los 15, y una vez cursados esos dos años --que no es formación profesional, como se dice en alguna enmienda-, si los superan exitosamente pueden obtener también el título de graduado en Enseñanza Secundaria.
Pasando a analizar ahora algunas otras enmiendas, quisiera decir al senador Cámara que, cuando en su enmienda número 51 al artículo 1 plantea que se suprima la palabra «esfuerzo», nosotros insistimos en mantenerla --y creo que ayer ya se dijo aquí-- porque entendemos que todo aprendizaje requiere un esfuerzo, y pretender lo contrario es hacer demagogia con los alumnos.
Asimismo, en su enmienda 53 plantea que se hable del profesorado. Nuestro grupo entiende que, tal y como aparece redactada, se trata más bien de una reivindicación de trabajadores, algo que está en su legítimo derecho de hacer, pero que no procede dentro del contexto en el que nos estamos desenvolviendo. Aquí se pretende dignificar la labor del profesorado, reconocer la labor docente como un componente muy importante dentro de la calidad, y por ese motivo nos parece más oportuno el texto del proyecto que el que usted propone.
En cuanto al tema de los derechos y deberes, no hemos aceptado la enmienda número 3 de la senadora De Boneta porque nos parece oportuno que el alumno conozca la Constitución y los estatutos de autonomía a fin de que pueda formarse en los valores y principios reconocidos en ellos, así como los tratados internacionales sobre derechos humanos. Obviar la Constitución o los estatutos de autonomía no nos ha parecido lo más oportuno ni adecuado.


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En cuanto a la religión, tema al que se ha hecho mención y que ayer comentaba el senador Cámara, que de hecho ha presentado varias enmiendas en este sentido, como también las ha presentado el senador Quintana, debo decir en primer lugar, senador Cámara, que España no es un Estado laico, sino que es un Estado aconfesional. En segundo lugar, la religión queda en esta ley exactamente igual que antes, con el mismo status. Quiero recordarle que el tema de la religión es fruto de un convenio internacional con la Santa Sede de 1979 que no se ha tocado, y así queda esta cuestión reflejada en la ley, igual que antes. ¿Qué es lo que se ha regulado y lo que sí ha variado a este respecto? Se ha regulado la alternativa. En aquellos momentos la ética era la alternativa a la religión y siguió siéndolo hasta el año 1990, momento en que la LOGSE introdujo una modificación en virtud de la cual dicha alternativa desaparece y se sustituye por recreo, juegos, etcétera. Pues bien, señoría, para que todos los alumnos estén en condiciones de igualdad en cuanto al aprendizaje, se crea esta área de sociedad, cultura y religión, donde ésta última queda tal y como estaba con la única particularidad de que se crea una alternativa aconfesional que estudia el fenómeno religioso desde un punto de vista histórico y cultural. Quiero decir a su señoría que el 80 por ciento de los alumnos piden religión, pero, además, la inclusión de esta alternativa ha tenido muy buena acogida en una gran mayoría de la sociedad, porque estudia los fundamentos existentes en nuestra cultura occidental.
En cuanto a las becas, a las que también ha hecho mención el senador Cámara, debo manifestarle, en primer lugar --y no voy a entrar en ese debate, pues ya se trató en el debate de presupuestos-- que la partida de becas es una de las de mayor crecimiento en el presupuesto desde 1996.
Desde 1996 a 2003 dicha partida se ha incrementado un 56,83 por ciento en términos nominales y un 29,30 por ciento en términos reales. En la enmienda número 66 hablan ustedes de los requisitos. Señoría, la ley menciona condiciones académicas y económicas, pero dado que existen muchos tipos de becas, se sobreentiende que cada una de ellas tendrá sus propios requisitos que no procede incluir aquí.
En cuanto a la enmienda número 6, presentada por la senadora De Boneta --también han presentado enmiendas en este sentido los senadores Varela y Bildarratz, a quienes ya respondí el otro día en Comisión, pero dado que la senadora De Boneta no pudo estar presente, repito aquí mis argumentos, por lo que pido disculpas a sus señorías--, debo decirle, señoría, que existe una sentencia del Tribunal Constitucional del pasado año sobre este tema. Si usted revisa dicha sentencia podrá comprobar que el texto se adecua rigurosamente a lo que establece la misma, motivo por el que no cabe hablar de ninguna trasgresión en esta materia. Es decir, lo que figura aquí sobre becas se corresponde exactamente con la mencionada sentencia. Es más, precisamente este texto está trascrito también, literalmente, del artículo 45 de la LOU. Por ello, senador Varela, no entiendo por qué han presentado ustedes esta enmienda cuando votaron a favor de la mencionada ley.
Senador Bildarratz, hoy ha vuelto a mencionar la enmienda número 334, al artículo 8.2, y la verdad es que me parece que es un problema puramente semántico. El texto únicamente pretende separar las comunidades autónomas que tienen lengua cooficial propia, de aquellas que no la tienen y, por eso, establece esa diferenciación entre unas y otras, pero le puedo asegurar que no tiene ninguna doble intención de mínimos o de máximos, como usted le pretende dar.
Cuando usted ha vuelto a mencionar este problema, he vuelto a leer el texto y le puedo asegurar que se trata de una cuestión semántica, para separar las comunidades autónomas que tienen lengua cooficial de las que no la tienen. Se lo dije el otro día y hoy me ratifico.
El senador Cámara, el Grupo Parlamentario Socialista, Entesa Catalana de Progrés, y no sé si algún grupo más, han presentado enmiendas con respecto al tema de la educación preescolar. El otro día lo expliqué en Comisión y, por ello, no me voy a extender, pero sí quiero decir que si la educación preescolar va a adquirir una categoría importante es gracias a esta ley. Aquí tiene título y capítulo propio, precisamente porque la etapa de cero a tres años es muy importante, mientras que en la LOGSE aparecía diluida dentro de otra etapa. Es más, si uno lee la LOGSE y estudia los aspectos que desarrolla en relación con la educación infantil, no se sabe si se está refiriendo a la etapa preescolar o a la infantil porque vienen todos juntos. Sin embargo, en este proyecto de ley no ocurre lo mismo, aquí se separan. Por lo tanto, no queda oscurecida; al contrario, queda delimitada, marcada y resaltada.
Por supuesto, se trata de una etapa educativa. Miren ustedes, ya se señala en el propio título: «De la Educación Preescolar». Además, dentro del texto se señala que es educativa y asistencial; es decir, que nadie pone en duda los aspectos educativos. Los aspectos que se tienen que desarrollar --tales como el movimiento, la comunicación, etcétera-- se incluyen en el ámbito educativo. Por tanto, los aspectos educativos están claros, pero además, se añaden los asistenciales, de manera que se enriquece el texto. A cualquier psicólogo al que usted pregunte le dirá que las deficiencias asistenciales en esas etapas marcan el desarrollo de la inteligencia, del aprendizaje y de las aptitudes. Por tanto, es necesario que sea educativa, pero también asistencial, porque de otra manera tendríamos un déficit educativo posterior.


El señor VICEPRESIDENTE (Rojo García): Senadora Delgado, tiene que compartir el turno con su compañera y está agotando el tiempo.


La señora DELGADO GARCIA: Sólo le pido un minuto para poder zanjar la cuestión de la educación infantil, por favor.
El otro día también se produjo una pequeña confusión respecto de los convenios y los conciertos y, además, me parece que el senador Cámara y el portavoz de Entesa también han comentado algo al respecto. Miren ustedes, las comunidades autónomas pueden firmar los convenios que estimen convenientes con los ayuntamientos, pero ésa es

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una competencia de la comunidad y, por ello, no se recogen en el texto.
De lo que sí se habla es de conciertos, porque la enseñanza de la educación infantil, que es voluntaria, se incluye como gratuita. Este hecho supone un gran logro ya que hay un 90 por ciento de padres que están escolarizando a sus hijos en esta etapa. Por tanto, lo que se establece es que si en los centros públicos es gratuita, ¿por qué no puede serlo en todos? Hemos de respetar el derecho de los padres de llevar a sus hijos a otros centros y eso exige que haya que hacer extensivo el concierto, para que los centros puedan impartir esta enseñanza.
Por cierto, en las comunidades autónomas en que gobierna el Partido Popular está extendida la gratuidad de la educación infantil. Por ejemplo, en La Rioja al cien por cien, o en Castilla y León un 93 por ciento. Por el contrario, en abril Castilla-La Mancha tenía sólo un 12 por ciento y Andalucía sólo un 3 por ciento. Eso sí, el señor Bono, de la comunidad de Castilla-La Mancha, ha salido muy deprisa a hacer el concierto y en estos momentos también es gratuita, luego a ver que discurso es éste en el que ustedes, por un lado, critican una cosa y luego presidentes de comunidades socialistas hacen otra.
Cuando el otro día ustedes criticaban los conciertos, la verdad, no estaban legitimados para hacer ese discurso.
Muchas gracias. (Aplausos en los escaños del Grupo Parlamentario Popular.)

El señor VICEPRESIDENTE (Rojo García): Gracias, senadora Delgado.
Tiene la palabra la senadora Novillo.


La señora NOVILLO MORENO: Gracias, señor Presidente.
Señorías, voy a intentar fijar la postura del Grupo Popular referente a las enmiendas del resto del Título I, Títulos II y III, y Título IV hasta el artículo 76.
Se ha hablado aquí de igualdad de oportunidades, y creo que la ley sí la contempla. Estamos hablando de igualdad de oportunidades, en un sentido amplio, en la atención a los alumnos por entender que la ley contempla la atención específica a los alumnos extranjeros y a los alumnos en desventaja social. Estamos hablando de aquellos alumnos que por su situación geográfica, es decir, que vivan en entornos rurales, en entornos urbanos, pero en situaciones de desventaja social o carencias culturales o económicas, se impulsará la atención específica, por ejemplo, dotándolos de recursos específicos. Esa es la apuesta que está haciendo el Gobierno al dotar y equilibrar esa igualdad de oportunidades para todos los alumnos en las escuelas.
Esta igualdad de oportunidades viene dada, por ejemplo, con los recursos con que se está dotando a la escuela, como el acceso a Internet. Creo que es una inversión bastante importante para dotar a las escuelas rurales, las escuelas urbanas, para apostar por esta aplicación de las nuevas tecnologías en educación que contribuyen a disminuir los desequilibrios sociales y territoriales, garantizando la igualdad de oportunidades, el acceso al conocimiento de todas y cada una de esas zonas rurales en las que son necesarias salvar obstáculos de espacio y tiempo en los que puedan encontrarse estos alumnos y alumnas, así como la dotación del transporte escolar, comedor, carencias que se hacen justificativas dentro de la normativa existente.
Hoy en día estamos hablando, como decía el senador Bildarratz, de una formación integral. Es cierto, y la ley lo contempla, y lo hace porque estamos hablando en un contexto en el que a los alumnos hay que tratarlos desde unos principios metodológicos de los que hoy se habla, de una educación ecológica de la que todos formamos parte para que estos alumnos puedan desenvolverse en el sistema educativo. La Ley sí que contempla esta atención a esa formación integral.
Me gustaría hacer referencia a la enmienda del Grupo Parlamentario Catalán en el Senado de Convergència i Unió, la número 1194, porque entendemos que la propia ley contempla la escolarización de estos alumnos en igualdad de derechos y deberes, sobre todo los alumnos extranjeros, independientemente de su situación administrativa. La ley contempla que a estos alumnos que en edad escolar desconozcan la lengua y la cultura o presenten carencias de aprendizajes instrumentales, se les atenderá en centros que impartan enseñanzas de régimen ordinario. Por tanto, no estamos de acuerdo con esta enmienda.
También entendemos que estamos hablando de dar una respuesta integradora.
Por eso no podemos estar de acuerdo con la enmienda que nos plantea el Partido Nacionalista Vasco, la número 357, y le diré por qué. Para estos alumnos que vienen a España con carencias lingüísticas y con una falta de adecuación en su conocimiento en materia de aprendizaje, sobre todo de las instrumentales, la ley no contempla la separación. Otra cosa bien distinta es el desarrollo de programas específicos, simultáneos al currículum ordinario, pero para ello la ley prevé programas de lengua y cultura. Otra cosa muy diferente es que las Comunidades Autónomas, con sus equipos de atención lingüística que ya van funcionando en algunas de ellas, puedan establecer programas específicos de la lengua propia de cada Comunidad Autónoma. Pero la ley contemplará estos programas a nivel general, tanto para los alumnos en edad escolar facilitando su incorporación al sistema educativo, como para la población adulta, con el fin de favorecer su integración. Se promoverán actuaciones de formación del profesorado para las atenciones educativas de estos alumnados.
En cuanto a las enmiendas presentadas al artículo 43, referente a los alumnos superdotados, también me gustaría comentar la enmienda número 1195, que presenta el Senador Varela. No estamos de acuerdo porque nuestro grupo considera que los superdotados requieren una atención especial. ¿Por qué? Porque ellos, igual que ocurre con otros alumnos con necesidades específicas, hay que evaluarles tempranamente todo aquello que puedan necesitar. Les recuerdo la comparecencia del coordinador del Centro Huerta del Rey en la Comisión de Educación, donde nos hablaba de las conclusiones del XIV Congreso Mundial para la educación de niños superdotados y con talento. Allí se hablaba de la necesidad de una atención específica por parte de la Administración educativa ya que a veces la enseñanza que se les proporciona a estos alumnos les aburre y toman aversión a la escuela. Por tanto, habrá que arbitrar

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las medidas adecuadas desde edades muy tempranas sin perjuicio de las actuaciones que se puedan hacer efectivas a partir de las programaciones específicas de cada centro educativo.
En cuanto a las enmiendas al artículo 44, referente a alumnos con necesidades educativas especiales, quiero decir que no estamos de acuerdo con ello porque cuando una familia tiene un niño con problemas, lo que hay que hacer en primer lugar es identificar el problema, a continuación valorarlo y más tarde escolarizarlo en un centro donde haya los recursos que ese niño necesita. Y diré por qué.
En relación con la enmienda número 1196, del Grupo Parlamentario Catalán en el Senado de Convergència i Unió, donde se dice que esa modalidad de escolarización quede implícita en el artículo 44, hay que recordar que el proyecto de ley contempla que estos alumnos quedarán escolarizados en función de sus características integrándolos en grupos ordinarios, en aulas especializadas o en centros de educación especial específicos en función de lo que determinen los profesionales junto con la opinión de los padres en estos casos.
Con la número 359, del Grupo Parlamentario de Senadores Nacionalistas Vascos, tampoco estamos de acuerdo puesto que el proyecto sí contempla sentido normalizador como principio básico de estos alumnos. Precisamente en el artículo 45 se contempla su valoración para integrarlos después de la manera más normalizada posible.
En lo que se refiere a las enmiendas que ha presentado el Grupo Parlamentario Socialista al artículo 48, la ley ya contempla la atención a los alumnos extranjeros. Y en cuanto a la compensación de las desigualdades para reducir el fracaso escolar, vuelvo a repetir que se da en las comunidades autónomas tanto desde el punto de vista educativo como desde las diferentes áreas que establezcan de forma coordinada los programas de atención al inmigrante. Creo que no tengo que repetir que la atención a los alumnos inmigrantes va incluso más alla de la escolarización. Por tanto, desde los planes concertados de integración social, que ya están funcionando, coordinando a través de todos y cada uno de los profesionales implicados no solamente en materia educativa sin también en colaboración con el Ministerio de Asuntos Sociales en este caso y con las diferentes comunidades autónomas y administraciones locales, para realizar las actuaciones precisas para estos alumnos en todas y cada una de las direcciones. Porque cuando un inmigrante llega a España no necesita en primer lugar la educación en sí misma. Lo que tiene ese niño es una serie de necesidades efectivamente relacionadas con la educación que se deben coordinar mediante acciones conjuntas de diferentes sectores.
Respecto a la enmienda número 855, presentada por el Grupo Parlamentario Socialista, la vamos a rechazar por diferentes motivos. En primer lugar, porque la ley en su artículo 45 ya contempla cómo se identificarán y valorarán las necesidades de estos alumnos. Esta labor la realizan los equipos de atención temprana, y son ellos los que derivan a los equipos psicopedagógicos, los que realizan los informes de escolarización y deciden cuál es el centro más adecuado para los alumnos, como decía anteriormente, previa consulta a los padres. En segundo lugar, como ya comenté en comisión, el Gobierno, a través de diferentes ministerios, como en este caso el Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales o el Ministerio de Educación, Cultura y Deporte, ha firmado convenios con la Confederación Nacional de Sordos para dotar a los centros educativos de intérpretes en lengua de signos y asesores de sordos, proyectos de accesibilidad en Internet, la creación del título superior en lengua de signos, así como el módulo de grado superior en lengua de signos. Además la ley, en su artículo 44, dispone las medidas para cualquier tipo de discapacidad, de cualquier grupo en particular para la evaluación.
La ley, en su artículo 59, prevé medidas de formación del profesorado.
Recoger específicamente a los sordos supone discriminar a los demás colectivos: ciegos, paralíticos. La ley debe recoger los principios generales, no los específicos; también en la formación hay que ver el artículo 52, que nos dice que las administraciones educativas, en el ámbito de sus competencias, promoverán una formación base para los profesores en materia de necesidades educativas especiales.
En cuanto a las enseñanzas de idiomas, le diría también a la senadora Agudo que hay que considerar las nuevas mejoras en el aprendizaje de la lengua extranjera que contempla la ley, porque, en lo que respecta a la ESO, la ley también contempla que los centros ofrecerán obligatoriamente, entre otras muchas innovaciones que se han introducido, una segunda lengua como optativa y voluntaria para los alumnos a lo largo de los cuatro años que comprende la etapa de la ESO. En cuanto a las enseñanzas en régimen especial hay que tener en cuenta que es necesario adecuar y dotarlas de más flexibilidad, siguiendo las directrices del Consejo de Europa, porque la estructura básica de estas enseñanzas de idiomas impartidas en las escuelas oficiales de idiomas se adecuará a los niveles básicos intermedio y avanzado, y las administraciones educativas fomentarán la enseñanza de idiomas a distancia, y ésta podrá integrarse en las escuelas oficiales de idiomas.
En cuanto al Título III, enseñanza de personas adultas, senadora Agudo, creo que ustedes son un poco exclusivistas a la hora de realizar sus opiniones, porque la ley contempla --siguiendo las directrices de la Unión Europea-- la educación permanente, con el objetivo de ofrecer a todos los ciudadanos la posibilidad de aprendizaje a lo largo de toda la vida, y adquirir así, actualizar, completar y ampliar sus conocimientos para su desarrollo personal y profesional, y viene también implícito cómo las administraciones educativas colaborarán con otras administraciones públicas con competencias en la formación de personas adultas, y en especial la administración laboral.
En cuanto al profesorado, senador Fernández Zanca, en el artículo 56 se plantea claramente la representación del profesorado como objetivo primordial de la formación integral de la persona, dentro del clima de respeto, tolerancia y libertad para fomentar en los alumnos los valores propios de una sociedad democrática.
No nos olvidamos de las familias y su relación con los tutores, porque creo que queda bastante claro --léase el artículo 56, letra d)-- la relación del tutor con las familias.


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Tampoco estamos de acuerdo con la enmienda referida al artículo 58, porque en la ley sí se contempla cómo se concederá especial importancia a la formación inicial del profesorado, y para ello se dota de una nueva configuración al título de especialización didáctica. Pero, además, se fomentarán los procesos de formación permanente de investigación educativa. Así, el Ministerio de Educación, Cultura y Deporte, en colaboración con las comunidades autónomas, establecerá periódicamente planes generales de formación permanente del profesorado a los que tendrán acceso los profesores de todos los centros sostenidos con fondos públicos.
También queda definido en la ley el reconocimiento de la función tutorial, mediante los oportunos incentivos profesionales y económicos reflejados en el artículo 62. Creo que hay que realizar aportaciones claras y contundentes; no se pueden hacer propuestas que no obedecen más que al sentido del oportunismo, porque flaco favor hacemos al sistema educativo.
Por ejemplo, ante la enmienda 918 del Grupo Parlamentario Socialista, tengo que decir que hay que ser prácticos y congruentes. Claro que la familia tiene que participar en el rendimiento de sus hijos, pero habrá que arbitrar las medidas oportunas y necesarias. Para eso está el proyecto educativo de centro y la participación de la familia, a través de las competencias que tienen atribuidas en el consejo escolar, la programación de actividades extra escolares y la colaboración de las APAs y del centro. Creo que hay que realizar propuestas que sean oportunas. No se puede decir que se van a abrir los centros, simplemente porque hay que abrirlos. La familia es, también, una parte muy importante en la educación de los hijos; es la primera institución para el desarrollo y la formación de la persona. En la ley tampoco se puede mezclar la situación laboral de los padres con el rendimiento de sus hijos, pues estaríamos en un debate diferente.
Con referencia al artículo 66, relativo a los centros docentes, tengo que decirle que la ley hace referencia a los centros de especialización curricular y estamos hablando de centros que ofertarán especialidades al margen de los itinerarios; además, podrán acoger a los centros públicos y concertados y serán las comunidades autónomas las que establecerán el procedimiento y autorización. Estos centros tendrán la posibilidad de especializarse en determinados currículos y será una medida de apoyo a esa autonomía de los centros. Al mismo tiempo podrá ser el referente de otros centros y de un entorno inmediato. No estamos hablando de centros paralelos de primera y segunda, como ustedes tanto repiten, sino de que estos centros, por su especificación curricular, oferten más oportunidades, además de los itinerarios.
A estas alturas del debate no es lógico seguir utilizando esa política de enfrentamiento entre pública y privada, porque el Partido Popular no ha inventado los conciertos.


El señor VICEPRESIDENTE (Rojo García): Senadora Novillo, vaya terminando, por favor.


La señora NOVILLO MORENO: Termino, señor presidente.
Vamos a desterrar de una vez por todas ese mensaje que circula entre la población. Están lanzando mensajes como el siguiente: Si el Partido Popular concierta es que privatiza pero, si lo hace el Partido Socialista, es que colabora con el profesorado para llevar a cabo una educación más digna y de más calidad.
Por todo ello, y termino, desde el Grupo Parlamentario Popular estamos dispuestos a continuar trabajando por una mejora de la calidad en la educación. (Aplausos en los escaños del Grupo Parlamentario Popular.)

El señor VICEPRESIDENTE (Rojo García): Gracias, senadora Novillo.
¿Turno de portavoces? (Pausa.) Por el Grupo Parlamentario Mixto, tiene la palabra la senadora De Boneta.


La señora DE BONETA Y PIEDRA: Muchas gracias, señor Presidente.
Termino de forma muy breve refiriéndome a algo que ha quedado claro en este debate --y quiero remarcarlo aquí--, y es que el modelo educativo y el impulso a la educación que propone el Grupo Parlamentario Popular es absolutamente diferente al propuesto por el resto de los grupos parlamentarios. Esto quiere decir que, en la medida que representamos a la sociedad y a la comunidad educativa, hay una clara división en relación a esos modelos y a esta reforma de la LOGSE que, como algún portavoz indicaba con anterioridad, en realidad desbarata la propia LOGSE sin entrar en profundidad a dar las señales de identidad o a hacer un nuevo modelo desde cero. Ustedes han desbaratado un modelo para sustituirlo por una serie de parches modificando el 90 por ciento de lo que teníamos hasta ahora y lo que es más triste, por lo menos para esta senadora, es que no va a ser en provecho de la calidad de la educación y que va a ser muy difícil aplicarla y conducirla por los derroteros que ustedes nos han dejado.
No se han aclarado todas aquellas cuestiones relativas a los temas competenciales, a las que hacíamos referencia en la mayoría de nuestras enmiendas, al menos en 11, y sobre todo no se han aclarado todas aquellos asuntos, como el que hay una revisión en blanco a una serie de cuestiones o el que hay que obviar a las comunidades autónomas competentes en cuanto a un previo informe o una previa consulta, que probablemente traerán cola, muchos debates y conflictos competenciales.
Quiero aclarar una cuestión señalada por la senadora Delgado en relación al artículo 23 en cuanto a la introducción de lengua y literatura: como es ese el sentido que yo he entendido en la enmienda que aprobamos, esta mañana he retirado la enmienda 16, aunque naturalmente no la completaba toda, pero obviamente quedaba ya desbaratado el sistema que se planteaba en dicha enmienda.
Se ha referido con carácter general a la oposición de algunos al sistema de nombramiento de director. Cuando habla de un sistema mixto entendemos que éste está representado por un 70 por ciento de los representantes de las administraciones y parece que es un sistema bastante escorado hacia la Administración. En todo caso, Eusko Alkartasuna

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se planteaba la elección del director por el consejo escolar y la evaluación de esos directores durante tres años por parte de las comunidades autónomas competentes en la materia para su adquisición posterior de esa categoría de director, a la que ustedes se referían, y con validez para todas las comunidades.
Insisto en una última cuestión que me parece muy importante: ha trivializado una de nuestras enmiendas diciendo que no se podía admitir toda vez que de alguna manera obviábamos la formación en valores y principios de la Constitución y de los estatutos de autonomía. Senadora Delgado, señorías, lo que nosotros decíamos, y modificábamos todo el artículo, es que todos los alumnos tienen derecho a una educación de calidad adaptada a sus capacidades, acorde con sus necesidades educativas, incluidas las asociadas a discapacidades o a una situación social, cultural o lingüística desfavorecida. Nos parecía que este tema es muy importante porque está atendiendo a las necesidades específicas de los alumnos en función de sus condiciones personales, familiares, capacidades, etcétera. Por esa razón nos parecía importante que la ley tuviera una referencia a este tema y no a cuestiones que en el establecimiento de valores hacen referencia únicamente a valores de esfuerzo, que, desde nuestro punto de vista, son interesantes pero no tanto a efectos de evaluación como de promoción del aprendizaje, la autoestima y el desarrollo personal. Por lo tanto, señorías, cuando estamos hablando de valores democráticos, estamos haciendo una referencia general que parece muy importante y, por supuesto, no obviamos los contenidos actuales de los textos legislativos que reconocen una serie de derechos y deberes para todos los ciudadanos y ciudadanas.
Lamento que nuestros augurios para esta ley no sean buenos y pensemos que no va a ser un paso hacia la calidad de la educación, la integración de los alumnos y la respuesta a sus necesidades específicas. No obstante, nada gustaría tanto a Eusko Alkartasuna como equivocarse en este caso.
Nada más y muchas gracias.


El señor VICEPRESIDENTE (Rojo García): Muchas gracias, senadora Boneta.
El Grupo de Senadores de Coalición Canaria no hace uso de la palabra.
Por el Grupo Parlamentario de Senadores Nacionalistas Vascos, tiene la palabra el senador Bildarratz.


El señor BILDARRATZ SORRON: Muchas gracias, señor presidente.
Si puedo, lo haré brevemente y con una pequeña matización. Señora Delgado, con respecto a las lenguas propias de las comunidades y la literatura, sí tengo el último texto que es el dictamen de la comisión, y aquí no viene recogido. Cuando yo he subido a la tribuna, en el dictamen de la comisión no viene recogido y le voy a decir más: sí venía en el informe de la ponencia, pero después se nos pasó un fax del ministerio donde ya no venía recogido. Aquí venía recogida la Historia de la Filosofía y de la Ciencia, pero no venía recogida la Literatura y ese fax sirvió, no el informe de la ponencia, para redactar las asignaturas correspondientes al bachillerato y a la secundaria. De todas maneras, no es más que un matiz que en estos momentos no tiene mayor importancia, lo importante es que ya se recoge y que se recoja, por supuesto, en el dictamen correspondiente. (El señor presidente ocupa la Presidencia.) Para terminar, sí que se ha dicho continuamente que ha habido un gran debate, etcétera. Lo que sí quiero decir es que no se ha debatido y menos con nosotros, y les voy a poner el ejemplo que me ha proporcionado la señora Delgado, que es el correspondiente al artículo 8 del currículum y a los porcentajes que tienen como enseñanzas comunes que impartir las comunidades autónomas. Usted aducía una razón de semántica como el mayor problema de todos. ¿Qué problema hay, señora Delgado, para utilizar una actitud amplia parlamentaria para superar las diferencias y los problemas que cada uno de nosotros puede ver? ¿Qué problema hay, usted ve otra serie de problemas pero con el objetivo estamos de acuerdo, para dotarnos de un texto en el que tanto ustedes como nosotros podamos estar de acuerdo? Voy a hablar otra vez de lo que ustedes tanto han hablado, de la búsqueda de consenso. Los miembros del Partido Popular definen el consenso diciendo que el consenso es acuerdo, es ceder en algo para conseguir algo, es claudicar en algunos planteamientos para mantener otros, es, en definitiva, aceptar criterios ajenos previa renuncia de criterios propios. Es ese concepto el que echo aquí en falta, es ese concepto de búsqueda de consenso y de que no ha habido debate, sino que ha habido una comunicación precipitada por cada uno de nosotros. Yo, ayer, al comienzo de mi intervención en el veto decía que tenía la sensación de encontrarme en un teatro donde todos ya sabíamos cómo iba a terminar la función, que es como va a terminar en estos momentos. Todos queremos disminuir el fracaso escolar. Este proyecto de ley no va a conseguir evitarlo, tal como dice la ministra, porque el problema más importante está en la gestión del sistema educativo. De todas maneras, como he dicho antes, no voy a alargarme, pero lo que sí he echado en falta es un debate y una búsqueda de consenso en lo que todos compartimos y todos tenemos el mismo objetivo, la mejora del sistema educativo.
Nada más y muchas gracias.


El señor PRESIDENTE: Gracias, señoría.
Por parte del Grupo de Entesa Catalana de Progrés, tiene la palabra el señor Sabaté.


El señor SABATE BORRËS: Gracias, señor presidente.
Con la mayor brevedad porque el debate ya está sustanciado y ya no hay ninguna posibilidad de modificar absolutamente nada. Por ello, sólo diré que, como era de prever, lamentablemente el Grupo Parlamentario Popular ha mantenido su pretensión inicial: contar con una ley que, como decía ayer durante el debate de los vetos, en realidad supone una vuelta atrás.
No se ha modificado esa pretensión, ya que simplemente se han admitido enmiendas de carácter técnico y complementario pero ninguna, repito, que modifique sustancialmente el contenido de este proyecto

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de ley. Por tanto, esta ley saldrá con la intención con la que entró: la de provocar una involución en una serie de aspectos fundamentales del actual marco educativo de nuestro país.
El Grupo Entesa Catalana de Progrés lamenta esa pretensión y, sobre todo, como ayer ya anunciaba, lamenta que cuando cambien las mayorías de las Cortes Generales en la próxima legislatura haya que abordar de nuevo una reforma, aunque se hará desde la voluntad de consenso, de dar respuesta a la mayoría de nuestra sociedad y de dar también un impulso al sistema educativo, respondiendo así a las necesidades del conjunto de nuestro alumnado y de nuestra sociedad. Hemos perdido una importante oportunidad para hacerlo. Porque coincidíamos en la necesidad de abordar una reforma educativa, pero, evidentemente, esta no es la reforma que nuestro grupo deseaba ni la que en estos momentos demanda la sociedad. La reforma era necesaria para mejorar, para avanzar, no para provocar una involución y volver como mínimo a la Ley General de Educación de 1970.
Gracias, señor presidente.


El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Sabaté.
Por el Grupo Catalán de Convergència i Unió tiene la palabra el senador señor Varela.


El señor VARELA I SERRA: Muchas gracias, señor presidente.
En primer lugar quiero manifestar a la señora Novillo que, aunque no comparto sus explicaciones, agradezco sinceramente su voluntad didáctica.
Y en cuanto a la señora Delgado, le diré tres cosas. En primer lugar, pensamos que al estar ya incluida en el texto la palabra «tecnología» se cubre perfectamente la referencia a la sociedad de la información, en la cual, como es lógico, estamos interesados.
En segundo lugar, usted se ha referido a que nosotros votamos la LOU.
Efectivamente, así lo hicimos, pero en ese caso sí hubo un intento de diálogo sincero y, por tanto, pudimos acercar posiciones. Precisamente ahora en Cataluña estamos a punto de elaborar una ley de universidades, como puede hacerlo cualquier autonomía que tenga competencias en la materia. Pero aquella ley daba un margen a las comunidades autónomas, cosa que no va a ocurrir con la actual.
Y en cuanto a la figura del director, usted se ha explicado perfectamente, pero seguimos manteniendo unos planteamientos radicalmente diferentes respecto de lo que debe ser el gobierno de las comunidades autónomas. Nosotros aceptamos que el director sea nombrado por un concurso público y de méritos, pero pensamos que la forma en que dicho concurso ha de llevarse a cabo se debe establecer en cada autonomía.
Y termino haciendo una referencia al tema inicial de ayer. Creo que lo más interesante es que estamos debatiendo dos modelos de concepción del Estado y de cómo se debe aplicar la Constitución. Ayer, haciendo alusión al libro que ha coordinado el señor Laborda, yo citaba dos artículos de dos padres de la Constitución, y decía que esta ley es un ejemplo muy evidente de que estamos debatiendo dos modelos de España: la España cerrada, desconfiada, la del ceño fruncido ante las autonomías, y la España abierta, con una visión optimista del papel de las comunidades autónomas, como plantea Miquel Roca. Esa es la disyuntiva.
Y ustedes, que están en el Gobierno, durante los últimos años han optado por la España del ceño fruncido ante la energía de las comunidades autónomas, mientras que nosotros optamos por la España optimista, confiada ante las autonomías, las cuales son la causa esencial del gran progreso que hemos tenido durante los últimos años.
También ayer citaba como resumen una frase del señor Cisneros, que dice así: Es inviable cualquier profundización significativa en la autonomía sin destruir el marco de convivencia establecido mediante el consenso constitucional.
Sin embargo, nosotros pensamos algo radicalmente distinto, es decir, que el consenso constitucional, el marco de convivencia, únicamente se puede conseguir, mantener y fortalecer a base de confiar en las autonomías.
Por tanto, éste es un modelo de Estado y yo les animo fervientemente, porque con esa actitud cerrada que están teniendo desde que tienen mayoría absoluta, desde esta opulencia parlamentaria, creo, no afirmo, que ustedes van directos al fracaso electoral. Eso no me preocupa excesivamente, pero sí como súbdito de este país, que sus acciones de gobierno perjudiquen a este país. Esta visión cerrada y estrecha de España perjudica al país, lo digo sinceramente. Por tanto, les exhorto a que en la aplicación de la ley, mientras el Tribunal Constitucional no emita su dictamen, que ya veremos cuál será, tengan mucho tacto, por aquello que decía Romanones de haced la ley, que yo aplicaré el reglamento, de modo que a la hora de aplicar el reglamento recuperen el espíritu de consenso que no deberían haber perdido.
Gracias.


El señor PRESIDENTE: Gracias, señoría.
Por parte del Grupo Parlamentario Socialista, tiene la palabra el señor Fernández Zanca.


El señor FERNANDEZ ZANCA: Muchas gracias, señor presidente.
Senadora Delgado, somos rehenes de nuestras palabras, sobre todo cuando están recogidas en un «Diario de Sesiones». En el «Diario de Sesiones» de la Comisión de Educación, Cultura y Deporte del día 3 de diciembre, en la página 50 dice usted: «En segundo lugar, usted ha dicho que un itinerario de iniciación profesional que empieza un alumno a los dieciséis años y con el que si lo supera conseguiría la titulación de graduado en enseñanza secundaria obligatoria (itinerario con el que el alumno, si saca ese título, podría perfectamente involucrarse en el bachillerato...).» Eso lo dijo usted, no yo. (La señora Delgado García: Es un lapsus.) Si fue un lapsus, un largo lapsus porque lo repitió dos veces, entonces lo entendemos como tal y que así conste en acta. Bien, pero no me invento nada, usted lo ha dicho por dos veces, y aquí está recogido. Por tanto, lo del cuarto itinerario lo he dicho yo, porque si vamos al artículo 26 y dice que en tercer curso los itinerarios

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serán dos, en cuarto curso serán tres; si hay tres y usted dice que es otro, yo soy de letras, pero ese día estaba en clase y me enseñaron, tres y uno cuatro. Por tanto, dije yo cuarto itinerario, no usted, efectivamente. Todo esto para que quede aclarada de una vez por todas esta cuestión.
Me preocupa, señorías, senador Barquero, que va a tener usted la última oportunidad en esta Cámara de decir que los centros concertados deberán atender a todo el alumnado, sin ningún tipo de discriminación ni implícita ni explícita, de forma que se evite de raíz la configuración de una doble red de centros. Es la última oportunidad que tiene y no lo ha dicho. La última oportunidad que tiene de decir que los centros concertados deben hacer efectivo el principio de gratuidad. La última oportunidad para decir si los centros concertados han de llevar a cabo una gestión transparente y controlable socialmente. Se lo digo porque como hice las preguntas y no contestaron, a lo mejor es que no me expresé bien y no les llegó a ustedes. Es la última oportunidad que tienen de decir si van a hacer como el señor Bush, fomentar la creación de escuelas públicas masculinas y femeninas, a tenor de lo que les preguntaba en mi última intervención, porque no dicen nada sobre que se pueda discriminar por razón de sexo, con lo cual queda abierta la puerta a que haya colegios masculinos y femeninos sostenidos con fondos públicos, señoría.
Y sobre todo hay una cosa que nos preocupa a los socialistas, y es que mientras el sentido común dice que se debe buscar mayor y mejor educación para todos, incluso para aquellos alumnos con dificultades; mientras parece de justicia que precisamente estos alumnos más necesitados deben ser aquellos estimulados y empujados por la Administración, para ustedes la alternativa es distinta y lo mejor es separar de la clase a los doce años al pelotón de los torpes, al descansillo de la escalera. Según ustedes eso es lo mejor para resolver los problemas de estos jóvenes. No quiero insistir en esta medida porque considero que éste es uno de los aspectos más preocupantes de este proyecto de ley, pero ustedes saben que son muchísimos los expertos que dicen que la segregación de alumnos no los va a reforzar sino que los va a debilitar, los manda a la catástrofe.
Por tanto, les ruego que piensen seriamente en esta medida que van a adoptar, ya no sólo en los itinerarios --que quedarán en tres, si es un lapsus lo que dijo la senadora Delgado--, sino sobre todo en la separación a los doce años.
Para terminar, senadora Delgado, entiendo que un sistema mixto razonable es cuando es 50 a 50, pero en un sistema mixto 70 a 30 hay un desequilibrio de fuerzas, en este caso en beneficio de la Administración.
Para terminar, senadora Novillo, no acabo de entender que nos acuse de oportunismo por incluir una enmienda que plantea programas específicos para facilitar el apoyo a las familias y a sus hijos en el proceso de aprendizaje, diga mejor que es oportuno porque ustedes no lo tenían incluido en su proyecto de ley.
Para terminar, quiero agradecer el tono a todos los parlamentarios que han participado en este debate y en el trabajo en comisión, aunque el éxito ha sido, no escaso, sino nulo. Quiero reiterar que el Grupo Parlamentario Socialista está dispuesto a seguir trabajando en las tareas educativas.
Muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señoría.
Tiene la palabra el señor Barquero.


El señor BARQUERO VAZQUEZ: Muchas gracias, señor presidente.
Senador Bildarratz, me hubiera gustado que su intervención de hoy hubiera sido la de ayer, porque hubiera contribuido de una forma francamente importante al debate que ayer se produjo. No ha sido así, y lo único que me cabe en este momento es lamentarlo.
En segundo lugar, quiero agradecer al Grupo de Senadores de Coalición Canaria su apoyo al proyecto de ley. Señorías, su actitud frente a la educación es ejemplar. En el año 1990 apoyaron la LOGSE, ustedes son conscientes de los problemas de la ley y en este momento están dispuestos a apoyar la reforma prescindiendo de prejuicios ideológicos y buscando el bien de la sociedad, el bien de los ciudadanos, el bien de nuestros jóvenes y el bien de nuestros alumnos. Muchas gracias por su actitud, creo que es un ejemplo que tenemos que tener presente todos, no ser nunca presos de nuestros votos ni de nuestra propia ideología.
En tercer lugar, mi grupo lamenta profundamente, señor Varela, que no hayamos podido llegar a un acuerdo con Convergència i Unió sobre este proyecto de ley, lo lamento profundamente porque el acuerdo pudo ser posible. Y para avalar lo que digo, quiero decir lo siguiente: yo he leído con detenimiento el razonamiento de su veto y veo que estamos de acuerdo con la mayoría de los planteamientos educativos: acceso de todos a la educación, de acuerdo; que la educación debe ser gratuita desde los tres años hasta completar la educación básica, de acuerdo; que la ordenación curricular debe tener un carácter abierto para evitar que el sistema produzca exclusiones no deseadas, de acuerdo; que CIU se propone elevar la consideración social del profesorado, de acuerdo; que apuesta por la autonomía de los centros educativos, de acuerdo. Sólo nos ha separado una distinta concepción de la estructura competencial.
Teniendo en cuenta la doctrina del Tribunal Constitucional; teniendo en cuenta que seguimos insistiendo en que esta ley no invade competencias que no hayan invadido en su caso --no ha sido así-- las tres grandes leyes aprobadas durante los gobiernos del Partido Socialista Obrero Español, no entendemos que todo ello haya sido motivo no solamente para no haber alcanzado un acuerdo sino para que ustedes voten en contra de la ley. Se lo digo con pesar y en el mejor de los tonos.
Señorías, señor Fernández Zanca, para terminar, quiero felicitarle por el tono y por su actitud, pero permítanme una última consideración. Desde la restauración de la democracia en España todos los gobiernos han puesto en mayor o menor medida su grano de arena para mejorar la educación. La UCD, durante el poco tiempo que gobernó, aprobó una importante ley, la LOECE y ,además, creó 1.250.000 puestos de trabajo. Tengo que reconocer en nombre de mi grupo parlamentario la importante aportación de los gobiernos socialistas a la modernización y mejora de la enseñanza en España, no me duelen prendas en hacerlo y lo digo con esta claridad. Pero, al mismo tiempo, hay que reconocer que lo que hasta ahora teníamos legislativamente

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no era algo definitivo y cerrado, y las pruebas y los hechos nos han demostrado que en esa importante legislación aprobada por sus gobiernos ha habido defectos y fallos importantes.
Ahora es el ciclo de gobierno del Partido Popular. En esta legislatura, el Partido Popular, como usted ha mencionado anteriormente, ha aprobado tres importantísimas leyes educativas y quiero pedirles que reflexionen una vez más sobre lo que en el fondo se ha producido con esta ley que no es más que lo siguiente: con esta ley y la flexibilización de los itinerarios nos hemos incorporado al grupo de los países latinos...


El señor PRESIDENTE: Señoría, por favor, vaya finalizando.


El señor BARQUERO VAZQUEZ: Termino ya, señor presidente. Solamente 30 segundos para aclarar esta cuestión. Flexibilizan más tarde los países nórdicos y antes los germánicos; nosotros, como el resto de los países latinos, flexibilizamos a los 14 años.
Permítanme que termine con una cita de Alexis de Tocqueville , a ver si meditando sobre ella conseguimos que den una oportunidad a la ley de calidad: Es preciso luchar contra ese gusto depravado que conduce a los hombres a preferir la igualdad en la servidumbre antes que la excelencia en la libertad.
Muchas gracias a todos, señorías. (Aplausos en los escaños del Grupo Parlamentario Popular.)

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senador Barquero.
Finalizado el debate, llamamos a votación. (Pausa.) Señoras y señores senadores, iniciamos la votación del proyecto de Ley Orgánica de Calidad de la Educación.
En primer lugar, votamos las enmiendas del senador Quintana González, números 274 a 323, excepto la número 296 que soporta una transaccional.
Se inicia la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos emitidos, 198; a favor, 63; en contra, 124; abstenciones, 11.


El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.
Enmiendas números 1 a 6; 8 a 12; 14, 15, 17 a 20; 22 a 29 y 31 a 49, de la senadora De Boneta y Piedra.
Se inicia la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos emitidos, 198; a favor, 63; en contra, 124; abstenciones, 11.


El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.
Enmiendas de los senadores Cámara Fernández y Cabrero Palomares, números 50 a 149 y 151 a 273.
Se inicia la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos emitidos, 200; a favor, 62; en contra, 125; abstenciones, 13.


El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.
Votamos las enmiendas del Grupo Parlamentario de Senadores de Coalición Canaria en dos bloques; el primero referido a las enmiendas números 1080, 1083, 1086 y 1888.
Se inicia la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos emitidos, 200; a favor, siete; en contra, 180; abstenciones, 13.


El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.
Votamos el resto de las enmiendas de este grupo parlamentario. (La señora Martínez García pide la palabra.) Tiene la palabra la portavoz del Grupo Parlamentario Socialista.


La señora MARTINEZ GARCIA: Señor presidente, si no han sido retiradas, pedimos también la votación separada de las números 1092 y 1095.


El señor PRESIDENTE: Señorías, repetimos la votación. Enmiendas del Grupo Parlamentario de Senadores de Coalición Canaria números 1080, 1083, 1086, 1088, 1092 y 1095.
Se inicia la votación. (Pausa.) Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos emitidos, 201; a favor, siete; en contra, 184; abstenciones, 10.


El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.
Votamos el resto de las enmiendas de este mismo grupo parlamentario.
Se inicia la votación (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos emitidos, 198; a favor, seis; en contra, 123; abstenciones, 69.


El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.
Enmiendas presentadas por el Grupo Parlamentario de Senadores Nacionalistas Vascos número 324 a 399.
Se inicia la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos emitidos, 201; a favor, 68; en contra, 125; abstenciones, ocho.


El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.
Grupo Entesa Catalana de Progrés, enmiendas números 400 a 733.
Se inicia la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos emitidos, 201; a favor, 64; en contra, 125; abstenciones, 12.


El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.
Enmiendas de Grupo Parlamentario Catalán en el Senado de Convergència i Unió números 1162 a 1164, 1166

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a 1202, 1204, 1205, 1207 a 1212, 1214 a 1219, 1221 a 1243, 1245 a 1264 y 1266 a 1274.
Se inicia la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos emitidos, 201; a favor, 71; en contra, 125; abstenciones, cinco.


El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.
Enmiendas del Grupo Parlamentario Socialista números 734 a 1063 y 1065 a 1071.
Se inicia la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos emitidos, 201; a favor, 65; en contra, 125; abstenciones, 11.


El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.
Propuesta de modificación del dictamen según escrito con número de registro 45638, sobre la enmienda número 296 del senador señor Quintana.
Se inicia la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos emitidos, 200; a favor, 199; en contra, uno.


El señor PRESIDENTE: Queda aprobada.
Votamos el dictamen de la Sección 3ª del Capítulo V del Título V.
Se inicia la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos emitidos, 201; a favor, 125; en contra, 73; abstenciones, tres.


El señor PRESIDENTE: Queda aprobado.
Resto del dictamen.
Se inicia la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos emitidos, 201; a favor, 129; en contra, 72.


El señor PRESIDENTE: Queda aprobado.
Tal como dispone el artículo 90 de la Constitución, se dará traslado de las enmiendas aprobadas por el Senado al Congreso de los Diputados para que éste se pronuncie sobre las mismas en forma previa a la sanción del texto definitivo por Su Majestad el Rey.


--DE LA COMISION DE PRESUPUESTOS EN RELACION CON EL PROYECTO DE LEY DE PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO PARA EL AÑO 2003 (S. 621/000094) (C. D.
121/000109) (Continuación).


El señor PRESIDENTE: A continuación procedemos a votar lo que quedó pendiente del día de ayer.
En primer lugar, votamos el dictamen del epígrafe V del preámbulo del proyecto de ley de presupuestos.
Se inicia la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos emitidos, 201; a favor, 137; en contra, 64.


El señor PRESIDENTE: Queda aprobado.
Dentro del Título IV, Título VIII y Sección 07, se someten a votación las enmiendas números 228 a 232 de los señores Cámara Fernández y Cabrero Palomares.
Se inicia la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos emitidos, 201; a favor, 66; en contra, 122; abstenciones, 13.


El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.
Enmiendas presentadas por el señor Quintana González, números 35 a 38 y 42.
Se inicia la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos emitidos, 200; a favor, 67; en contra, 122; abstenciones, 11.


El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.
Enmiendas números 883 a 888, presentadas por el Grupo Parlamentario de Entesa Catalana de Progrés.
Se inicia la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos emitidos, 202; a favor, 65; en contra, 125; abstenciones, 12.


El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.
Enmiendas números 1673 a 1675 del Grupo Parlamentario Catalán en el Senado de Convergència i Unió.
Se inicia la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos emitidos, 203; a favor, 75; en contra, 125; abstenciones, tres.


El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.
Enmiendas números 1271 a 1276, presentadas por el Grupo Parlamentario Socialista.
Se inicia la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos emitidos, 201; a favor, 65; en contra, 125; abstenciones, 11.


El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.
Propuesta de modificación sobre la enmienda 1.201 del Grupo Parlamentario Popular.
Se inicia la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos emitidos, 202; a favor, 201; en contra, uno.


El señor PRESIDENTE: Queda aprobada.
Dictamen del Título IV, Título VIII y Sección 07.
Se inicia la votación. (Pausa.)

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Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos emitidos, 203; a favor, 138; en contra, 64; abstenciones, una.


El señor PRESIDENTE: Queda aprobado.
Disposiciones adicionales segunda, tercera, cuarta, quinta y octava.
Propuesta de modificación sobre la enmienda número 1202, del Grupo Parlamentario Popular; propuesta de modificación sobre la enmienda número 1203, del Grupo Parlamentario Popular; propuesta de modificación sobre la enmienda número 1204, del Grupo Parlamentario Popular; propuesta de modificación sobre la enmienda número 1205, del Grupo Parlamentario Popular, y propuesta de modificación sobre la enmienda número 1206, del Grupo Parlamentario Popular. ¿Se pueden aprobar por asentimiento? (Asentimiento.) Quedan aprobadas.
Dictamen de las disposiciones adicionales segunda, tercera, cuarta, quinta y octava.
Se inicia la votación. (Pausa.) Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos emitidos, 203; a favor, 137; en contra, 65; abstenciones, una.


El señor PRESIDENTE: Queda aprobado.
Votación de los artículos 2, 3, 4, 6, 12 y 46, así como el Anexo I, cuyas cifras han sido distribuidas.
Se inicia la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos emitidos, 203; a favor, 138; en contra, 64; abstenciones, una.


El señor PRESIDENTE: Quedan aprobados.
Tal como dispone el artículo 90 de la Constitución, se dará traslado de las enmiendas aprobadas por el Senado al Congreso de los Diputados para que éste se pronuncie sobre las mismas en forma previa a la sanción del texto definitivo por Su Majestad el Rey.
Se levanta la sesión.


Eran las trece horas y treinta y cinco minutos.

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