Año 2002 VII Legislatura
Núm. 118
PRESIDENCIA DEL EXCMO. SR. D. JUAN JOSE LUCAS GIMENEZ
Sesión del Pleno
celebrada el viernes, 13 de diciembre de 2002
ORDEN DEL DIA:
Cuarto
Dictámenes de Comisiones sobre proyectos y proposiciones de Ley remitidos
por el Congreso de los Diputados (Continuación):
--De la Comisión de Educación, Cultura y Deporte en relación con el
Proyecto de Ley Orgánica de Calidad de la Educación. (Publicado en el
«Boletín Oficial de las Cortes Generales», Senado, Serie II, número 92,
de fecha 9 de diciembre de 2002). (Fin del debate). (Número de expediente
S. 621/000092) (Número de expediente C. D. 121/000104).
--De la Comisión de Presupuestos en relación con el Proyecto de Ley de
Presupuestos Generales del Estado para el año 2003. (Publicado en el
«Boletín Oficial de las Cortes Generales», Senado, Serie II, número 94,
de fecha 7 de diciembre de 2002). (Fin del debate). (Número de expediente
S. 621/000094) (Número de expediente C. D. 121/000109).
Se reanuda la sesión a las nueve horas y cinco minutos.
DICTAMENES DE COMISIONES SOBRE PROYECTOS Y PROPOSICIONES DE LEY REMITIDOS
POR EL CONGRESO DE LOS DIPUTADOS (Página 7284)
De la Comisión de Educación, Cultura y Deporte en relación con el
Proyecto de Ley Orgánica de Calidad de la Educación (Continuación)
(Página 7284)
La señora De Boneta y Piedra, del Grupo Mixto, defiende las enmiendas
números 1 a 6, 8 a 12, 14 a 20, 22 a 29 y 31 a 49 y da por defendidas las
enmiendas números 274 a 323, del señor Quintana González, del Grupo
Mixto. El señor Cámara Fernández, del Grupo Mixto, defiende las enmiendas
números 50 a 149 y 151 a 273. El señor Acosta Padrón defiende las
enmiendas números 1072 a 1074, 1076, 1078, 1080, 1083 a 1089 y 1091 a
1096, del Grupo de Senadores de Coalición Canaria. El señor Bildarratz
Sorron defiende las enmiendas números 324 a 399, del Grupo de Senadores
Nacionalistas Vascos. El señor Sabaté Borràs defiende las enmiendas
números 400 a 733, el Grupo Entesa Catalana de Progrés. El señor Varela i
Serra defiende las enmiendas números 1162 a 1164, 1166 a 1202, 1204,
1205, 1207 a 1212, 1214 a 1219, 1221 a 1243, 1245 a 1264 y 1266 a 1274,
del Grupo Catalán en el Senado de Convergència i Unió. La señora Agudo
Cadarso y el señor Fernández Zanca defienden las enmiendas números 734 a
1063 y 1065 a 1071, del Grupo Socialista. Las señoras Delgado García y
Novillo Moreno consumen un turno en contra. En turno de portavoces, hacen
uso de la palabra la señora De Boneta y Piedra, del Grupo Mixto;
Bildarratz Sorron, por el Grupo de Senadores Nacionalistas Vascos; Sabaté
Borràs, por el Grupo Entesa Catalana de Progrés; Varela i Serra, por el
Grupo Catalán en el Senado de Convergència i Unió; Fernández Zanca, por
el Grupo Socialista, y Barquero Vázquez, por el Grupo Popular.
Se procede a votar.
Se rechazan las enmiendas números 274 a 295 y 297 a 323, del Grupo Mixto,
señor Quintana González, por 63 votos a favor, 124 en contra y 11
abstenciones.
Se rechazan las enmiendas números 1 a 6, 8 a 12, 14, 15, 17 a 20, 22 a
29, 31 a 49, del Grupo Mixto, señora De Boneta y Piedra, por 63 votos a
favor, 124 en contra y 11 abstenciones.
Se rechazan las enmiendas números 50 a 149 y 151 a 273, del Grupo Mixto,
señores Cámara Fernández y Cabrero Palomares, por 62 votos a favor, 125
en contra y 13 abstenciones.
Se rechazan las enmiendas números 1080, 1083, 1086, 1088, 1092 y 1095,
del Grupo de Senadores de Coalición Canaria, por 7 votos a favor, 184 en
contra y 10 abstenciones.
Se rechazan las restantes enmiendas del Grupo de Senadores de Coalición
Canaria por 6 votos a favor, 123 en contra y 69 abstenciones.
Se rechazan las enmiendas números 324 a 399, del Grupo de Senadores
Nacionalistas Vascos, por 68 votos a favor; 125 en contra y 8
abstenciones.
Se rechazan las enmiendas números 400 a 733, del Grupo Entesa Catalana de
Progrés, por 64 votos a favor, 125 en contra y 12 abstenciones.
Se rechazan las enmiendas números 1162 a 1164, 1166 a 1202, 1204, 1205,
1207 a 1212, 1214 a 1219, 1221 a 1243, 1245 a 1264 y 1266 a 1274, del
Grupo Catalán en el Senado de Convergència i Unió, por 71 votos a favor,
125 en contra y 5 abstenciones.
Se rechazan las enmiendas números 734 a 1063 y 1065 a 1071, del Grupo
Socialista, por 65 votos a favor, 125 en contra y 11 abstenciones.
Se aprueba una propuesta de modificación del dictamen en relación con la
enmienda número 296, del señor Quintana González, del Grupo Mixto, por
199 votos a favor y 1 en contra.
Se aprueba el texto del dictamen, Sección 3ª del Capítulo V del Título V,
por 125 votos a favor, 73 en contra y 3 abstenciones.
Se aprueba el resto del texto del dictamen por 129 votos a favor y 72 en
contra.
El señor Presidente anuncia a la Cámara el traslado de las enmiendas
aprobadas por el Senado al Congreso de los Diputados.
De la Comisión de Presupuestos en relación con el Proyecto de Ley de
Presupuestos Generales del Estado para el año 2003 (Votación)
(Página 7314)
Se aprueba el epígrafe V del preámbulo por 137 votos a favor y 64 en
contra.
Se rechazan las enmiendas números 228 a 232, del Grupo Mixto, señores
Cámara Fernández y Cabrero Palomares, por 66 votos a favor, 122 en contra
y 13 abstenciones.
Se rechazan las enmiendas números 35 a 38 y 42, del Grupo Mixto, señor
Quintana González, por 67 votos a favor, 122 en contra y 11 abstenciones.
Se rechazan las enmiendas números 883 a 888, del Grupo Entesa Catalana de
Progrés, por 65 votos a favor, 125 en contra y 12 abstenciones.
Se rechazan las enmiendas números 1673 a 1675, del Grupo Catalán en el
Senado de Convergència i Unió, por 75 votos a favor, 125 en contra y 3
abstenciones.
Se rechazan las enmiendas números 1271 a 1276, del Grupo Socialista, por
65 votos a favor, 125 en contra y 11 abstenciones.
Se aprueba una propuesta de modificación en relación con la enmienda
1201, del Grupo Popular, por 201 votos a favor y 1 en contra.
Se aprueba el texto del dictamen por 138 votos a favor, 64 en contra y 1
abstención.
Se aprueban las propuesta de modificación en relación con las enmiendas
números 1202, 1203, 1204, 1205 y 1206 del Grupo Popular, por asentimiento
de la Cámara.
Se aprueban las disposiciones adicionales segunda, tercera, cuarta,
quinta y octava por 137 votos a favor, 65 en contra y 1 abstención.
Se aprueban los artículos 2, 3, 4, 6, 12 y 46, así como el Anexo I, por
138 votos a favor, 64 en contra y 1 abstención.
Se levanta la sesión a las trece horas y treinta y cinco minutos.
Se reanuda la sesión a las nueve horas y cinco minutos.
--DE LA COMISION DE EDUCACION, CULTURA Y DEPORTE EN RELACION CON EL
PROYECTO DE LEY ORGANICA DE CALIDAD DE LA EDUCACION (S. 621/000092) (C.
D. 121/000104) (Continuación).
El señor VICEPRESIDENTE (Prada Presa): Señorías, se reanuda la sesión.
Corresponde la defensa de las enmiendas, votos particulares, en relación
con el proyecto de ley orgánica de calidad de la educación.
En primer lugar, las enmiendas números 274 a 323, presentadas por el
senador Quintana González, del Grupo Parlamentario Mixto.
Tiene la palabra, la senadora Boneta.
La señora DE BONETA Y PIEDRA: Muchas gracias, señor presidente.
Sólo quiero dar por defendidas las enmiendas del senador Quintana en su
totalidad.
El señor VICEPRESIDENTE (Prada Presa): Gracias, señoría.
Pasamos a las enmienda números 1 a 6, 8 a 12, 14 a 20, 22 a 29, y 31 a
49, originariamente presentadas por la senadora de Boneta y Piedra, del
Grupo Parlamentario Mixto. Para su defensa, tiene la palabra la senadora
De Boneta.
La señora DE BONETA Y PIEDRA; Muchas gracias, señor presidente.
Yo creo que en la sesión que mantuvimos ayer, cuando nos referíamos al
veto, a las enmiendas a la totalidad, quedaron claras las diferencias de
orientación, o al menos las razones por las que a nosotros no nos parecía
que este proyecto de ley que ahora vamos a debatir fuera el proyecto
adecuado para lograr esa calidad de la educación que está en el
frontispicio, que está en el título de la propia ley, que pretende ser
una ley de reforma de la legislación vigente en materia no universitaria,
pero que en el fondo modifica sustancialmente la concepción de la
educación, tanto en lo que se refiere a la educación infantil --empezando
por ahí-- como a lo referido a la última etapa de educación previa a la
universidad.
Queremos decir que no nos gusta cómo se organiza en esta ley la educación
infantil, salvando naturalmente la realidad y el reconocimiento de la
gratuidad de la enseñanza en un período tan importante como puede ser el
de 3 a 6 años; no nos gusta cómo se plantea y qué orientación se da a las
asignaturas y a los conocimientos que deben adquirir los alumnos en
cualquiera de las etapas puesto que partimos de una diferente filosofía,
y tampoco nos gustan los itinerarios y el momento en que se han trazado,
que hacen que los alumnos tengan que decidir a edad temprana por una
especialización, que debería de posponerse a una edad más tardía.
Muchas veces los fracasos escolares no vienen originados por unas
incapacidades, que también, por una actitud determinada o por la falta de
unas destrezas que deben adquirirse en las primeras etapas de la
enseñanza, sino que están motivados por una falta de madurez que a menudo
puede corregirse. Estudiantes y alumnos que no han prestado demasiada
atención deberían ser conducidos irreversiblemente a un itinerario, que
se ha denominado 5º itinerario de iniciación profesional, para que,
aunque teóricamente exista la reversibilidad, puedan recuperarse con
sistemas de refuerzo y apoyo y lograr su inserción total en el sistema
educativo, de forma que puedan acceder a cualquiera de las enseñanzas que
elijan, ya sean de formación profesional o universitaria.
Aunque, como consecuencia de las enmiendas admitidas al Grupo
Parlamentario Catalán en el Senado de Convergència i Unió en comisión, la
ley ha mejorado, no estamos de acuerdo con el tratamiento que se la da
--y nos gustaría que fuera mejorado-- a la lengua cooficial de las
comunidades autónomas. Esta cuestión se ha corregido en parte pero la
actitud con la oposición ha sido de poco entendimiento, a pesar de que
hubiera sido muy fácil llegar a una transacción como a la que finalmente
se llegó con Convergència i Unió puesto que todos habíamos presentado
enmiendas en este sentido. Concretamente, esta senadora presentó las
números 7, 13, 21 y 30. Decidí retirarlas porque parecía incongruente
mantener una cuestión que, aun habiendo sido modificada en comisión, no
despertó su interés por llegar a un acuerdo, y es que no sólo hay que
alcanzarlo con una fuerza política, sino que hay que hacerlo con todas
las que habíamos formulado enmiendas al respecto.
En este sentido, en este acto anuncio que retiro la enmienda número 16,
que se refiere al mismo tema y que no fue retirada en comisión, porque,
aunque en aquel trámite no consiguiéramos todo lo que pretendíamos en
relación con las lenguas oficiales, parece un esfuerzo inútil mantener
algo que de alguna forma ya ha sido modificado y no va a obtener ningún
apoyo en esta sesión plenaria, o al menos ésa es nuestra impresión.
No me voy a referir a ninguna de las enmiendas que hemos presentado
porque todas responden a una filosofía distinta. Unicamente señalaré que
queda pendiente un aspecto importante que nos preocupa a la hora de
aplicar esta ley.
Desde nuestro punto de vista --ya lo dijimos en la exposición del veto--,
en general, la ley adolece de una falta de respeto a las competencias de
las comunidades autónomas, en general, y, a las de la Comunidad Autónoma
Vasca, en particular. En ese sentido, además de una concepción distinta,
que viene planteada en las primeras enmiendas, por ejemplo, en la número
1, en la que entre los fines y los principios del sistema educativo
pedimos que se tenga en cuenta el respeto a la diversidad personal,
cultural y social del alumnado, la adaptación y atención a las
necesidades educativas derivadas de esa diversidad, el rechazo a toda
discriminación y compensación a cualquier forma de desigualdad, decimos
que estas finalidades no quedan específicamente planteadas o que los
alumnos tienen derecho a una educación de calidad adaptada --en la
enmienda número 3-- a sus capacidades y acorde con sus necesidades
educativas, incluidas las asociadas a discapacidades o a una situación
social, cultural o lingüística desfavorecida, y que tienen, además, el
derecho y el deber de formarse en los valores y principios democráticos
de los tratados y acuerdos internacionales de derechos humanos. Con todo
ello, de alguna manera, se está dando un sesgo especial y un
planteamiento filosófico distinto a esta ley que ya desde el
planteamiento de los fines y los principios debe dejar precisadas estas
cuestiones.
También, la información al alumnado, a los padres, a todos los sectores
de la comunidad educativa tiene que ser mucho más profunda, que permita
una participación real. En ese sentido decimos que tienen derecho a
conocer los objetivos y criterios de evaluación de las enseñanzas que
recibe, así como a reclamar las calificaciones personalmente o a través
de sus padres o representantes; debe asociarse para colaborar en
actividades educativas y para actuar en la defensa de sus derechos, y en
ese sentido también hemos presentado enmiendas para que los padres tengan
una mayor participación en el consejo escolar y que los sectores y la
comunidad educativa vean en el consejo escolar un lugar de representación
y de posible lugar de presentación de sus planteamientos para que pueda
mejorar no sólo su formación, sino el propio proyecto de centro educativo
que debe estar en el frontispicio y en la posibilidad de todos los
centros para que de alguna manera mejoren su calidad.
Cuando hacía referencia a enmiendas competenciales, me estaba refiriendo
concretamente a lo establecido en el artículo 4. Concretamente, en la
enmienda 6 pedimos la supresión total; digo supresión porque, desde
nuestro punto de vista, lo establece como competencia del Estado, dejando
únicamente a las comunidades autónomas la ejecución en materia de becas,
que es una extralimitación de lo que entendemos, como dijimos ayer, por
concepto básico y cuáles eran las condiciones generales en las cuales
deberían tener acomodo esta normativa básica que no podía desnaturalizar
o convertir en algo fuera de contexto las competencias exclusivas de las
comunidades autónomas o que no las debía dejar reducidas única y
exclusivamente a que financien --en este caso a través del concierto
económico-- las becas sin tener flexibilidad suficiente para poderlas
regular adecuadamente.
En las enmiendas posteriores y al Título I también planteamos una forma
distinta de concebir la educación, porque debe quedar mucho más claro que
los alumnos tienen derecho a conocer los aspectos fundamentales del medio
natural, social y cultural, relaciones entre ellos, papel del ser humano
en la conservación, mejora y uso del entorno natural para hacer posible
un desarrollo sostenible. Esto debe impartirse ya desde los primeros
niveles educativos para que sean conscientes claramente de los desastres
ecológicos y que se formen en la defensa de la naturaleza y del entorno y
en la diversidad. Esta cuestión no está suficientemente salvada en la ley
y por eso hemos presentado también ese grupo de enmiendas.
Las enmiendas números 16 a 32 se refieren a temas importantes. Aquí están
las mayores discrepancias de todos los grupos. Con la enmienda 20,
relativa al artículo 26, mostramos la discrepancia que mantenemos en la
organización de las asignaturas comunes y de los itinerarios, que no
deberían referirse a una edad tan temprana. Cuando se habla de iniciación
profesional, nos parece que se están consiguiendo dos orientaciones no
queridas desde el punto de vista de los planteamientos educativos de
Eusko Alkartasuna e incluso pueden tener efectos perversos.
La iniciación profesional se concibe aquí, al sustituir a la garantía
social, denostada ayer por la señora ministra, como una salida más para
aquellos alumnos que a los 15 años, insisto, no hayan alcanzado los
objetivos previstos por los distintos niveles educativos a los que
deberían haber llegado o a las etapas que deberían haber cubierto durante
estos primeros años de educación. Nosotros creemos que la iniciación
profesional, aunque aquí la iniciación profesional tenga el sentido de lo
que antes llamábamos garantía social, debe tratarse en los apartados
correspondientes a la iniciación profesional, porque llamando iniciación
profesional a esta salida o a este itinerario encubierto estamos
depreciando algo que se ha planteado aquí como un objetivo prioritario,
es decir, poner a la enseñanza profesional en el lugar que le corresponde
no solamente desde el punto de vista de impartición de enseñanzas, sino
también de constitución social y que no se siga considerando como una
salida para aquellos que no puedan --por distintas razones de adaptación,
falta de conocimientos e incluso actitud ante la vida o discapacidad--
cubrir una etapa, por lo que van a esta salida que se llama iniciación
profesional y que recuerda a la formación profesional. Hemos presentado
enmiendas a todas estas cuestiones que pensamos deben ser recogidas ya
que representan una forma distinta de concebir el sistema educativo no
universitario.
Otra serie de enmiendas hacen referencia a las competencias que quedan en
el aire por conceptos jurídicos indeterminados, por remisiones más bien
en blanco a las posibilidades de regulación, como es el caso de la
enmienda número 33, que propone suprimir el punto 5 del artículo 38 y
otros casos que no voy a enumerar, puesto que no son suficientemente
respetuosos con las competencias de las comunidades autónomas. La mayoría
de los puntos que pretendemos suprimir --como el de la enmienda 37, al
artículo 58-- se refieren a esta misma cuestión. La competencia del
Ministerio de Educación en materia de educación --valga la redundancia--
está claramente recogida en el artículo 149.1.30ª y en el 1.18ª, referido
fundamentalmente a la homologación de títulos. Todo aquello que se
refiera a la homologación de títulos debe estar cubierto, pero no puede
crearse otro tipo de diplomas o acreditación de conocimientos. Los
títulos oficiales son competencia del Estado, pero dentro de la medida a
la que antes hacía referencia, nunca haciendo que desaparezca, por la vía
de esta competencia del Estado o de este planteamiento básico de la ley,
la posibilidad de una política propia en materia de educación para las
comunidades autónomas.
A pesar de no haber hecho una referencia concreta a muchas de nuestras
enmiendas, espero haber reflejado su
contenido, puesto que, más que hablar, por ejemplo, de las enmiendas
números 1, 17, o 32, me parece mucho más importante seguir manifestando
la necesidad de que haya una educación distinta, más respetuosa, unas
enseñanzas más acordes con el siglo XXI y un texto legal que recoja
perfectamente los derechos de toda la comunidad educativa. En este
sentido, no sé si ayer hice referencia a que en nuestra opinión los
órganos del centro, y principalmente el de su dirección, no deben
convertirse en una especie de delegación de la Administración central en
ese centro; es decir, el director debe tener autoridad moral y
representar a todos los sectores del centro, o por lo menos a la mayor
parte posible. Así pues, consideramos que debe modificarse lo que hace
referencia al nombramiento del director, y pienso que todavía estamos a
tiempo de hacerlo ya que en este extremo la mayoría de las enmiendas son
coincidentes. Insisto en que deberíamos buscar una solución para que el
director no se convierta, como sucedía antaño, en una especie de delegado
de la Administración central, en un controlador.
Precisamente la ley es absolutamente controladora en todo lo que se
refiere a las evaluaciones, a las que todavía no he hecho referencia, y
pensamos que debe suprimirse esa orientación controladora de la ley. Por
ejemplo, debe suprimirse una prueba general que viene a sustituir a algo
que se ha dicho una y mil veces que no servía para nada: la selectividad.
También debe suprimirse la reválida, que es un control externo, sí, pero
va a centrar toda la enseñanza que se reciba durante el curso
correspondiente, y quizá en el curso anterior, en su preparación, lo que
va a llevar a que se adquieran una serie de conocimientos miméticos pero
no de otros importantes aspectos, como la formación en una serie de
actitudes, que echamos en falta en la ley y que también forman parte de
la educación. Porque, señorías, la educación no solamente consiste en la
adquisición más o menos memorística de unos determinadas materias, sino
que debe ser integral, comprensiva. En ese sentido, también proponemos
que en la medida de lo posible se ofrezca la atención precisa a cada
alumno, pero dentro del grupo al que pertenezca y no tras su segregación
o separación.
Todas nuestras enmiendas responden a esta distinta concepción de la
educación, y en el caso de que en el análisis de la situación educativa
se hubiera permitido participar a todos los grupos y sectores implicados
y se hubiera adoptado una actitud de consenso para la defensa de este
proyecto de ley, creo que hubiéramos conseguido una legislación de
verdadera calidad, que no fuera preciso modificar para dotar de
estabilidad al sistema, cuestión importante a la hora de hablar de la
educación, a la hora de hablar de las enseñanzas, a la hora de evitar el
fracaso escolar y de conseguir los objetivos que todos deseamos, y que
incluso están planteados en la ley, aunque por esta vía no se van a
alcanzar.
Muchas gracias.
El señor VICEPRESIDENTE (Prada Presa): Gracias, senadora Boneta.
Pasamos a continuación a las enmiendas números 50 a 149 y 151 a 273,
originariamente presentadas por los senadores Cámara Fernández y Cabrero
Palomares, ambos del Grupo Parlamentario Mixto. Para su defensa tiene la
palabra el senador Cámara.
El señor CAMARA FERNANDEZ: Muchas gracias, señor presidente.
Señorías, ayer tuvimos un debate interesante, con ciertos éxitos en la
plaza, creo que de la oposición, por tanto, yo no entendí por qué hacía
el paseíllo la señora ministra --decía lo del paseíllo porque me ha
salido así, es que, es verdad, hizo el paseíllo y miró al tendido y
saludó o algo parecido, en fin, allá ella--, y hoy continuamos con este
debate de las enmiendas.
Izquierda Unida ha presentado 211 y tengo así como tres horas y media,
aproximadamente, según la norma, para defenderlas, pero, no se preocupen,
voy a estar bastante menos. Hemos presentado 19 enmiendas al título
preliminar, 14 a los capítulos I a IV, 44 al titulo I y capítulo V, 19 a
los capítulos VI y VII del título I, y así hasta 211 enmiendas. A mí lo
que más me interesa es agrupar las enmiendas y hacer un discurso global
de los contenidos de las mismas.
En primer lugar, pensamos que de la lista de principios de la calidad que
podemos enumerar, el proyecto de ley que se nos presenta tiene ausencias
importantes, incluso hasta a la hora de definir, porque no está definido
ni marcado, la formación de los valores en la educación. Por ejemplo,
respecto a la compensación de desigualdades, clarísimamente, los
recursos, instalaciones y ratios, importantes para hablar de la calidad
de la educación. O bien no están incorporados proyectos o ideas surgidos
en los centros educativos, la formación inicial y continua del
profesorado como elemento básico. Y luego el gasto educativo, del que el
señor Barquero ayer no me dijo casi nada, espero que hoy me diga algo más
para aprender y saber algo sobre aquello que he creído entenderle, de que
el gasto educativo no es tan importante en España, que son más
importantes otras cuestiones. Cuestiones a las que yo no quito
importancia, pero en un país desarrollado y moderno, o que se precie de
serlo, lógicamente la financiación de estas políticas para el futuro de
las personas y, por tanto, del país en que viven y trabajan es clave y
fundamental, y la financiación de la educación es vital. De todas
maneras, después podremos seguir hablando de ello. Los aspectos
competenciales se han arreglado algunos, pero, además de la financiación,
faltan en la ley los elementos de la concepción sobre lo público y lo
privado.
En cualquier caso, en Izquierda Unida hace ya un tiempo y, sobre todo,
desde el año 2000 tenemos un área de educación que trabaja mucho y muy
bien, en la que se planteó un programa bastante importante y acabado
sobre la necesidad de una ley para la igualdad y su financiación,
pensando que había lagunas que cubrir y que no habían sido cubiertas en
la LOGSE. Además, se hacían propuestas alternativas a los títulos IV y V
de la LOGSE, precisamente respecto a las calidades de la enseñanza y la
compensación de las desigualdades. Por tanto, ahí ya se hicieron una
serie de propuestas que han venido como colofón a la hora de plantearlas
y discutirlas en el debate de esta ley.
En resumen, señorías, para mejorar sustancialmente esta ley, hemos
presentado un primer grupo de enmiendas que pretenden mejorar la calidad
de la educación ampliando las ofertas de plazas de educación infantil en
centros públicos, de modo que permitan atender la escolarización de todos
los niños y niñas cuyas familias lo soliciten en el primer ciclo --entre
cero y tres años--, y en el segundo --entre tres y seis años.
Un segundo grupo de enmiendas pretende mantener la estructura cíclica de
la educación primaria incorporando medidas de diagnóstico y apoyo
sistemático a los alumnos y alumnas que tengan dificultades y proponen
medidas concretas de educación de las plantillas.
Hay una serie de enmiendas, en las que no me voy a detener aunque son
importantes, sobre dotación de personal educativo de servicios
complementarios para bibliotecas, archivos, comedores, secretarías,
etcétera; enmiendas que tienen que ver con una amplia oferta de optativas
acorde con la flexibilidad potencial que tiene, en teoría, el espacio
optativo de la ESO y que en la práctica ha quedado cercenado por
problemas de cupo insuficiente; enmiendas para incorporar al currículum
las nuevas herramientas informáticas, para realizar un plan de
diagnóstico y seguimiento del sistema educativo, para fomentar una
cultura de la autoevaluación, para replantear la formación inicial del
profesorado de educación infantil, de primaria y de secundaria.
Corregimos aspectos de la propuesta de la ley, como la formación
permanente; consideramos que debe garantizarse el disfrute de los
períodos sabáticos de formación para todo el profesorado; planteamos
propuestas para la mejora de la orientación, participación y convivencia
en los centros educativos, en el sentido de más flexibilidad y más
autonomía; horarios de profesorado; apertura de los centros públicos;
acciones de compensación, etcétera; también proponemos enmiendas para
redefinir la composición y funciones del Consejo Escolar y promover la
participación y el asociacionismo en toda comunidad educativa.
Otras enmiendas se refieren al sistema de acceso de los servicios de
inspección educativa y pretenden asegurar recursos suficientes para una
educación pública de calidad en condiciones de igualdad.
En este punto quiero detenerme para argumentar que la financiación de
todas las actuaciones que proponemos, muchas de las cuales faltan en esta
ley, se debería llevar a cabo en un calendario a completar en una
legislatura completa. Al terminar la legislatura, las partidas
consolidables del gasto deberían situar el gasto educativo realizado por
todas las administraciones públicas en el 6 por ciento del producto
interior bruto.
En definitiva, hemos presentado propuestas para financiar planes de
construcción de centros públicos y todo lo que significa el entramado de
esta ley tan importante, y propuestas en la línea indicativa para avanzar
en la red única de centros públicos en toda su dimensión.
Planteamos elementos de paralización inmediata y eliminación progresiva
de los conciertos y subvenciones u otras fórmulas aplicadas a enseñanzas
de etapas no obligatorias, especialmente de educación infantil.
Homologación de las condiciones de acceso del alumnado y la equiparación
de las condiciones laborales de todos los trabajadores y trabajadoras que
presten sus servicios en centros sostenidos con fondos públicos, tanto en
los aspectos salariales como en condiciones de trabajo, calendario
escolar, jornada, jubilación, vacación y formación, promoción, etcétera.
El personal de administración y servicios de los centros concertados
estaría incluido en el pago delegado en las mismas condiciones que el
personal docente y en condiciones homologadas.
En definitiva, atender al capital humano, educativo que se ha de ocupar
de nuestros chavales y chavalas porque es fundamental en su formación y
condiciones laborales para que estén contentos y felices para que
impartan su enseñanza mejor.
Señorías, como ya hemos debatido mucho, espero que en turno de portavoces
se me conteste a algunas de las cuestiones planteadas y voy a finalizar
mi intervención. Si se fijan, algunas de las 211 enmiendas presentadas,
agrupadas en esos contenidos y en el propio articulado de la ley, son muy
precisas y a veces su conjunto modifica sustancialmente en un capítulo o
en un título los contenidos de la ley que se propone.
Estamos ante una ley muy importante, que va a ser refrendada de forma
mayoritaria y que ha sido poco corregida en el trámite parlamentario; en
ella se han producido algunos cambios, ya expresados anteriormente, que
nos parecen correctos y que vamos a apoyar, pero básicamente tiene la
misma estructura, los mismos contenidos que no han sido consensuados en
leyes que han de ser muy compartidas a fin de que permanezcan durante
mucho tiempo y se comprueben los problemas que puedan surgir a lo largo
de los años, algo que no se ha producido en este caso .
La ley que tenemos en la mano en estos momentos no es la LOGSE, es una
ley que merece la pena evaluar, corregir y situar en el momento presente,
pero para modificarla hubiera sido necesario un amplio debate y consenso
políticosocial que permitiese elaborar una ley para todo el mundo.
Muchas gracias.
El señor VICEPRESIDENTE (Prada Presa): Gracias, senador Cámara.
Corresponde ahora las enmiendas números 1072 a 1074; 1076, 1078, 1080,
1083 a 1089 y 1091 a 1096 presentadas por el Grupo de Senadores de
Coalición Canaria. Para su defensa, tiene la palabra el senador Acosta.
El señor ACOSTA PADRON: Gracias, señor presidente.
Señorías, para el debate en Pleno hemos mantenido un total de 17
enmiendas relativas a diferentes aspectos de la ley.
La enmienda número 1072 al título del Capítulo IV, título preliminar,
trata sobre los programas de cooperación; consideramos que se podría
sustituir la rúbrica del capítulo por la siguiente: «De la organización
territorial de la Educación y de los programas de cooperación
territorial.» Entendemos
que constituiría una mejora en su denominación acorde con el contenido y
sistemática del indicado capítulo.
Con relación a la enmienda número 1073, aunque el contenido aparece en
una disposición adicional, entendemos que se debe encuadrar en este
artículo, añadiendo un nuevo apartado 1 al artículo 6, ya que en el mismo
se aclara el régimen jurídico de las relaciones entre el Estado y las
comunidades autónomas en materia de Educación, para poder tratar después
de programas territoriales de cooperación.
La enmienda número 1074 al artículo 15 propone sustituir el texto de la
letra a) por el siguiente: «a) Conocimiento del medio natural, social y
cultural.» En definitiva, es una postura intermedia entre la expresión
fijada en la LOGSE y la propuesta en este proyecto de ley, dándole una
mayor cohesión al área que agrupa la ciencia, la geografía y la historia
donde, por cierto, existió un acuerdo unánime en la Comisión de
Educación.
Con respecto a la enmienda número 1076 al artículo 20.1, de modificación,
entendemos que la ruptura de la unidad de ciclos en los doce/trece años
no es acorde ni con la madurez del alumno ni con la integración de
maestros en este ciclo y podría producir problemas organizativos en
núcleos rurales en los que no ha sido posible integrar el primer ciclo de
la ESO en los IES.
En la enmienda 1078, relativa a los programas de iniciación profesional,
los antiguos programas de garantía social que regulaba la LOGSE
entendemos que, dado el carácter modular de la formación profesional,
esta ley orgánica no debe prescribir o regular de antemano que la
duración sea de dos cursos académicos, sino que debe quedar a criterio
del Gobierno la fijación de las directrices básicas y duración de estos
programas según las distintas familias profesionales. Dado que estos
programas se pueden iniciar a los 15 años, edad que se encuadra en la
enseñanza obligatoria, si se obliga a un alumno a permanecer dos años, es
posible que termine abandonando y no siga esta vía o este itinerario, por
lo que entendemos debe ser flexible, ya que su módulo puede no durar los
dos años que ahora se recogen en el proyecto de ley.
La número 1080 es una enmienda de adición al artículo 31.2, por la se
pretende que si un alumno no ha superado cuatro o menos asignaturas en la
ESO podrá repetir sólo las suspendidas, como se hacía en los modelos
educativos anteriores, con el fin de que no tenga que repetir todo el
curso y puedan continuar sus estudios. (El señor vicepresidente, Rojo
García, ocupa la Presidencia.)
La número 1083, al artículo 68.5, pretende añadir un nuevo párrafo para
satisfacer las demandas de escolarización debido al fuerte crecimiento de
la población, con el objetivo de que las administraciones puedan
programar un concurso público con titulares privados.
Con la número 1084, al artículo 80.1, se pretende que los cargos
directivos puedan ser ocupados por profesores del centro aunque no tengan
un destino definitivo en el mismo, sino que estén en otra situación como,
por ejemplo, en expectativa de destino, comisión de servicios, y de esta
manera evitar que se complique la gestión en algunos centros.
La número 1085 al artículo 82.1.a) es de modificación, por cuanto
entendemos que debe ser el Consejo Escolar el que apruebe la programación
general anual del centro, así como el proyecto educativo, ya que es el
órgano donde se encuentran representados todos los sectores del centro,
sin perjuicio de las funciones que pueda tener el Claustro de profesores.
En las números 1086, 1088, 1089, 1091 y 1092 el Grupo Parlamentario de
Senadores de Coalición Canaria propone un modelo mixto para la elección
del director del centro, y entendemos que debe ser el Consejo Escolar el
que eleve a la Administración una terna para la elección del director.
En la número 1087, de modificación, proponemos que sea el Claustro el que
deba informar del proyecto educativo, siempre en consonancia con las
funciones que proponemos para el Consejo Escolar.
La número 1093 es una enmienda de modificación del artículo 96.2, por la
que se pretende que las administraciones educativas participen en el
órgano de gobierno del Instituto Nacional de Evaluación y Calidad del
Sistema Educativo. Hasta el momento, lo vienen haciendo, pero su
participación no está regulada por ningún organismo.
La número 1094 propone que las comunidades autónomas participen en
completar los planes de trabajo propios para la inspección educativa.
Con esto doy por terminada mi intervención.
Nada más y muchas gracias.
El señor VICEPRESIDENTE (Rojo García): Gracias, senador Acosta.
Por el Grupo Parlamentario de Senadores Nacionalistas Vascos, tiene la
palabra el senador Bildarratz.
El señor BILDARRATZ SORRON: Muchas gracias, señor presidente.
Señorías, buenos días.
Voy a comenzar con una frase que, en 1990, nuestro amigo y senador el
señor Van-Halen, decía: Esperamos que, si no en esta ley, gotita a
gotita, o por el método de la impregnación, en algún momento consigamos
que nos aprueben alguna enmienda.
Como comprenderán, señorías, antes de empezar quiero desearme al menos
esa misma buena ambición de que si no es ahora, gotita a gotita, poco a
poco, vayamos consiguiendo que nos aprueben algunas enmiendas.
No voy a defender todas las enmiendas, sino que las voy a englobar en una
serie de bloques que van a reflejar la filosofía de todas las que hemos
presentado.
Enmienda número 334. ¿Se acuerdan, señorías, de lo dicho ayer en la
defensa de mi veto? Era la argumentación que el Partido Popular en la
defensa de la LOGSE hacía con respecto al ámbito competencial, donde se
decía: Esta ley debe respetar, pues, la libertad que ya poseen en
Educación, las libertades que sus propios estatutos de autonomía les han
concedido. Es decir, entendían que tenían que hacer una defensa de las
competencias que en materia de
Educación tienen las comunidades autónomas. Pues bien, les voy a leer el
texto que viene en el proyecto de ley, que se refiere a los contenidos
que ahora llaman comunes --diferente de mínimos--: «A los contenidos de
las enseñanzas comunes les corresponde en todo caso el cincuenta y cinco
por ciento de los horarios escolares en las Comunidades Autónomas que
tengan, junto con la castellana, otra lengua propia cooficial y el
sesenta y cinco por ciento en el caso de aquellas que no la tengan.»
Según esta redacción el Gobierno incluso puede optar hasta por el 85 por
ciento.
Ustedes lo están planteando aquí como un mínimo y la redacción que
nosotros pretendemos es como un máximo. Si entendemos que como máximo las
enseñanzas mínimas --que ustedes llaman comunes-- tienen que ser el 55
por ciento, especifiquemos y centremos ese texto. Lo que no puede ser es
que uno de los elementos más importantes de injerencia del Gobierno de
Madrid en el ámbito educativo --porque es uno de los artículos más
importantes-- quede de esa manera tan abierta y tan inadecuada con
respecto a los derechos de las comunidades autónomas. Tal como digo,
nosotros entendemos que tiene que ser un máximo y como tal hemos
redactado la enmienda que hemos presentado.
La enmienda número 338 es bastante similar a las números 345 y 353 e
intenta igualar las lenguas propias de cada comunidad con la lengua
castellana. Y aquí volvemos a ver cuál es la actitud con respecto a estos
temas del grupo mayoritario de la Cámara porque, primero, que haya sido
en trámite del Senado donde el grupo mayoritario de la Cámara haya
introducido por medio de enmienda una corrección a este texto, indica
algo. Que no haya servido como elemento para acercar posturas entre todos
los grupos
--que además estamos de acuerdo principalmente en la filosofía por
lo que veo en las enmiendas--, indica algo. Y, además, que no se recoja
la literatura propia de cada comunidad autónoma, indica algo. Nosotros
hemos presentado una enmienda donde además de tratar a la lengua propia
de cada comunidad autónoma en igualdad de condiciones que la lengua
castellana, lo hemos hecho también con respecto a la literatura de cada
comunidad autónoma. ¿O la comunidad autónoma no tiene literatura,
señorías? Ustedes plantean, no como área sino como asignatura, Lengua
Castellana y Literatura, y después especifican como otra asignatura la
lengua propia de cada comunidad autónoma, y aquí, señorías, no hay
literatura. La enmienda que hemos presentado a este artículo es coherente
y el que no se recojan este tipo de necesidades también indica algo.
La enmienda número 352 se presenta a la sección del Bachillerato. ¿Saben
lo que sus señorías decían del bachillerato cuando se debatía la LOGSE?
Se lo voy a recordar porque también es un indicio de su plantamiento
general respecto de este proyecto de ley. Decían ustedes: Seremos el
único país de la Comunidad Europea que tenga un bachillerato inferior a
tres años; el único. En Dinamarca, por ejemplo, que lleva también la
secundaria hasta los 16 años, después se prolonga el bachillerato hasta
los 19 años, con lo cual mantienen precisamente lo que nosotros queremos:
tres años de bachillerato.
Una primera reflexión nos indica qué tipo de ley se está elaborando, una
ley en la que no ha habido ningún cambio sustantivo respecto de la
estructura de la enseñanza, donde no se ha hecho ni una sola reflexión
amplia respecto de la estructura de la enseñanza, donde se ha llevado a
cabo, tal y como hemos dicho en otras ocasiones, una reforma sin mayor
peso y en la que se fusila prácticamente el 90 por ciento de la LOGSE y
el resto se recupera de la ley de 1970.
Pero, continuando con esta enmienda, yo me pregunto: ¿Para qué valen las
ponencias? Todos los miembros de la ponencia de las enseñanzas
científicas de secundaria hemos trabajado con ganas y con ilusión para
aportar algo a este proyecto de ley; incluso el texto del informe
aprobado en ponencia decía lo siguiente: A la vista de la importancia de
las aportaciones de los expertos que han comparecido hasta ahora, y ante
la inminencia de la tramitación del proyecto de ley de calidad de la
educación, la ponencia sobre la situación de las enseñanzas científicas
en la educación secundaria propone a la Comisión de Educación, Cultura y
Deporte la adopción de algunas medidas.
Entre ese tipo de medidas se encontraba, por ejemplo, una consideración
diferente en torno a las matemáticas. Pero aquí venimos nosotros, con un
proyecto de ley que ni siquiera menciona las matemáticas en el
Bachillerato. Dicen ustedes que las matemáticas van a estar en todos los
cursos, pero si eso es cierto, señorías, ¿por qué no figuran en el
Bachillerato? Se viene a decir que las asignaturas comunes... (El señor
Barquero Vázquez hace signos negativos.) Señoría, ¿las matemáticas son o
no son una asignatura común? (El señor Barquero Vázquez: No.) ¿Ah, no lo
son? Pues bien, señoría, para nosotros las matemáticas tienen que ser una
asignatura común, y esto es algo que también teníamos claro todos los
miembros de esa ponencia, lo cual no quiere decir, señor Barquero, que
una asignatura común no tenga diferentes contenidos.
Pero esto nos lleva a hacer otra reflexión: ¿Por qué en secundaria
obligatoria se utilizan unos criterios para enumerar las asignaturas
distintos a los de Bachillerato? Así, por ejemplo, ¿cuando en secundaria
obligatoria se enumera el latín significa que el alumno que sigue un
itinerario tecnológico también va a estudiar esa asignatura? Si figura
que en secundaria va a haber latín, ¿por qué no figura también que va a
haber matemáticas cuando, además, todos los alumnos de Bachillerato van a
tener que estudiar matemáticas, o al menos desde nuestro punto de vista
deberían hacerlo? Ello no quiere decir que todos los alumnos de
bachillerato vayan a tener los mismos contenidos, sino que van a tener la
misma asignatura común. La pregunta, pues, es la siguiente: ¿Las
matemáticas son o no una asignatura común? Desde nuestro punto de vista
es muy importante que esta asignatura sea común y que, al menos,
cualquier alumno de bachillerato tenga los instrumentos y conocimientos
mínimos necesarios para la vida, para poder manejarse. En el bachillerato
no se menciona la Biología ni la Geología ni la Física ni la Química,
pero sí se menciona el latín en la secundaria, incluso para los alumnos
del itinerario tecnológico. ¿Por qué existe esa diversidad de criterios a
la hora de tratar una asignatura u otra, o a la hora de tratar una etapa
u otra?
La enmienda número 355 se centra en la prueba general del Bachillerato.
Entiendo que sería bueno hacer una reflexión en cuanto al ámbito
evaluativo porque en este proyecto de ley se otorga una gran importancia
a este ámbito. Sin embargo, lo único que están demostrando con esta
prueba es, en primer lugar, desconfianza hacia los centros. (El señor
presidente ocupa la Presidencia.) Mi grupo parlamentario entiende que la
evaluación tiene que ser continua e integral. Es decir, ¿qué van a
valorar con una prueba general externa? Por cierto, fíjense hasta dónde
va esta ley que incluso establece cómo se tienen que hacer las pruebas de
lengua extranjera dentro de esta prueba general; esa es la autonomía que
están dando a las respectivas administraciones.
Pretenden que la evaluación sea un elemento importante dentro de este
proyecto de ley y, para ello, se justifican diciendo que la LOGSE
estableció la promoción automática. Quiero que me digan dónde aparece
recogido en la LOGSE el término promoción automática; incluso, quiero que
me digan dónde está la diferencia entre los criterios de evaluación de la
LOGSE y los criterios de evaluación de este proyecto de ley porque, por
ejemplo, en primaria --donde también dicen que hay promoción automática y
todos los alumnos pasan sin mayor discriminación--, los conceptos de la
LOGSE y de este proyecto de ley son prácticamente idénticos. En este
sentido, establecen que aquellos alumnos que no cumplan con los objetivos
indicados, etcétera, pasarán o no pasarán; por tanto, en el ámbito de la
evaluación el problema no es legislativo sino de gestión. Es necesario
que los centros y las comunidades autónomas sepan definir cuáles son esos
objetivos, cuáles son los objetivos mínimos de ciclo, de etapa, de curso,
etcétera; ésa es la clave y ni este proyecto de ley va a arreglar el
problema ni tampoco la LOGSE, si no se define su gestión. Eso lo saben
ustedes.
Otra cosa es que por medio de este proyecto de ley se quieran cargar todo
el concepto evaluativo, y que cuando hablen de concepto evaluativo
integral, etcétera, no sea más que pura palabrería y vayan a lo fácil: si
en un examen se obtiene una calificación de 4,5, de 4,7 o de 4,9, se
estará suspenso y si se alcanza el 5, aprobado. Es decir, volvemos al
concepto evaluativo de la ley de 1970 que, en mi opinión, está totalmente
anquilosada y no evalúa los conceptos mínimos que se deben desarrollar en
un alumno, como es el caso de la educación integral.
La enmienda número 359, y algunas otras, se centran en el ámbito de las
necesidades educativas específicas o, en este caso, especiales. En el
artículo 45.1 se establece que: «Los alumnos con necesidades educativas
especiales serán escolarizados en función de sus características,
integrándolos en grupos ordinarios, en aulas especializadas en centros
ordinarios, en centros de educación especial o en escolarización
combinada.» A este respecto presentamos una enmienda que intenta atender
prioritariamente a estos alumnos con necesidades educativas específicas
en el aula ordinaria. Esa es la única diferencia.
Planteamos esta enmienda porque cuando hablamos de educación no lo
estamos haciendo únicamente desde el ámbito del conocimiento --si sabe
sumar, restar, algoritmos, integrales, etcétera--, sino que estamos
hablando de una educación global, es decir, de una educación integral,
porque además de eso, que es muy importante, el alumno también tiene que
aprender actitudes, tiene que aprender otro tipo de cosas, tiene que
socializarse dentro de un ámbito, tiene que integrarse dentro de una
sociedad, y esta enmienda que pretendemos introducir sí valora, en cierta
medida, un intento de dar prioridad a la educación del alumno, en un
primer momento al menos, en un aula ordinaria.
Esto no quiere decir que haya casos que se traten de otra manera. Por
ejemplo, ¿saben ustedes el paso que se ha dado con los niños ciegos,
integrándoles en aulas ordinarias? ¿O con niños síndrome de Down,
integrándoles en aulas ordinarias? Y sin ir a esos extremos, con alumnos
que tienen adaptaciones curriculares, ¿saben el paso que hemos dado
integrándoles dentro del aula?
Ese es nuestro modelo. Otra cosa es que no estén de acuerdo con el
modelo, en cuyo caso entendería que no aceptasen la enmienda que hemos
presentado, pero si todos estamos de acuerdo con el modelo de intentar
dotar al alumno de una educación integral, de intentar integrarle dentro
del aula ordinaria, no entiendo cómo no aceptan la enmienda por nosotros
presentada.
Con respecto a la enmienda número 369, y todas aquellas relacionadas con
la participación, entendemos que este proyecto parte de una
clasificación: órganos de gobierno y órganos de participación. Nosotros
entendemos que esto va contra el artículo 27.7 de la Constitución, que
dice: «Los profesores, los padres y, en su caso, los alumnos,
intervendrán --de intervenir-- en el control y gestión de todos --de
todos-- los centros sostenidos por la Administración con fondos
públicos...» No dice que serán un órgano participativo, sino un órgano de
intervención. Por eso diferenciamos entre órganos colegiados y órganos
unipersonales, donde el Consejo Escolar, por ejemplo, sea el máximo
órgano de representación de esta comunidad educativa; no sea el director,
sino el Consejo Escolar del centro quien estimule, quien dote, quien
gestione, quien controle este centro educativo, porque el planteamiento
que están haciendo va en contra totalmente de lo que ustedes dicen, es
decir, autonomía de centros. La autonomía organizativa de los centros es
clave, es básica en el ámbito de la calidad de la educación, y que
ustedes resten competencias a los consejos escolares, resten competencias
a los padres y madres de los alumnos, es totalmente perjudicial, en
nuestra opinión, para la calidad de la educación.
En cuanto a la enmienda número 368, voy a leerles el artículo 14 --seguro
que lo conocen-- de la Constitución: «Los españoles son iguales ante la
ley, sin que pueda prevalecer discriminación alguna por razón de
nacimiento, raza, sexo, religión, opinión o cualquier otra condición o
circunstancia personal o social.» También voy a leerles el artículo 72.4
del proyecto de ley. Dice así: «En ningún caso habrá discriminación en la
admisión de alumnos por razones ideológicas, religiosas, morales,
sociales, de raza o nacimiento.» La pregunta que evidentemente me hago en
este momento es la siguiente: ¿Y la discriminación por sexo? Es que sobre
la base de este proyecto de ley también
puede haber discriminación de sexo, lo que nos parece totalmente
inaceptable. Por eso nosotros entendemos que tienen que dar explicaciones
en esta Cámara con respecto a este punto.
Es decir, o falta el concepto de discriminación por sexo en este apartado
4 de este artículo, o sobra todo el apartado. Porque no me vale que me
diga usted que hay algún otro punto..., o que en la Constitución se
entiende... No, no. O hay discriminación o no la hay. (Rumores.) Y si
entendemos que se supone, por favor, señoría, retiremos entonces todo el
apartado, insisto en ello. Además, uno de los principios de la calidad es
que no exista ninguna discriminación sobre la base de ese concepto. Con
lo cual, sí me gustaría, senadora Novillo, que fuese usted clara en
relación con este punto y nos dijera cuál es la razón por la que en este
apartado no consta el que no pueda haber discriminación por sexo, porque
sí puede haberla, señoría.
La enmienda número 393 --y voy acabando, señorías-- a la disposición
adicional segunda, apartado 4, se refiere a los profesores de religión.
Aquí me hago una pregunta: ¿Es normal que una persona que dé clases de
religión durante diez años al undécimo continúe todavía con un contrato
de duración determinada? Lo único que pedimos por medio de nuestra
enmienda, y no pedimos grandes cosas, es que se recoja y se cumpla la
legislación laboral vigente, ni más ni menos. ¿O es que no están de
acuerdo en ello?
Entendemos que si se mantiene el texto tal como está, se consagra la
definitiva precariedad laboral del colectivo cuyas consecuencias
cualquiera puede sufrir antes o después. Margina como especiales a estos
trabajadores, blinda con una ley orgánica la precariedad laboral de los
mismos, incumple la normativa europea sobre límites de los contratos de
duración determinada, y presiona al Tribunal Constitucional cuando ya ha
admitido a trámite una cuestión de inconstitucionalidad de la Ley
50/1998, planteada por el Tribunal Superior de Justicia de Canarias, y
todavía no se ha pronunciado al respecto. Por tanto, no entendemos que se
mantenga este texto donde se discrimina claramente a los trabajadores que
dan clase de religión.
Para terminar proponemos que se sustituya el título de la ley por el
siguiente: proyecto de ley orgánica ordenadora de la educación. ¿Por qué?
En primer lugar, porque entendemos que cualquier servicio de la
Administración tiene que ambicionar --o se le ha de suponer-- un criterio
de calidad. Si no, ¿por qué no hacemos lo propio con todas las leyes? Por
ejemplo, imaginemos que hacemos lo mismo con proyectos de ley en
tramitación en el Senado: proyecto de ley de la calidad del régimen
fiscal de las entidades sin fines lucrativos o proyecto de ley de calidad
del catastro inmobiliario. En nuestra opinión, no tiene ningún sentido
que en el título de la ley figure la palabra calidad, porque se supone
que todas las leyes, gusten o no, haya discusiones sobre ellas o no, haya
diversidad de opiniones o no --como en la propia LOGSE--, tienen que
ambicionar ese criterio de calidad. No entendemos por qué en este
momento, si no es desde un punto de vista discriminatorio hacia la ley
anterior, se quiere mantener ese principio que se supone que tiene que
ambicionar cualquier proyecto de ley y cualquier servicio que dé la
Administración, y después ya haremos una serie de valoraciones globales
en el turno de portavoces.
Nada más y muchas gracias por la paciencia que han tenido al escucharme,
esperando que --tal como decía en su momento el señor Van-Halen: gotita a
gotita e impregnando un poquito-- cuele alguna enmienda.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señoría.
Tiene la palabra el senador Sabaté, por el Grupo Parlamentario de la
Entesa Catalana de Progrés, para la defensa de las enmiendas números 400
a 733.
El señor SABATE BORRËS: Muchas gracias, señor presidente.
En el debate de ayer sobre los vetos al proyecto de ley de calidad de la
educación ya fijamos nuestra posición, de manera genérica. Evidentemente,
llegamos al Pleno con la convicción de que realmente nuestros vetos no
iban a prosperar, dada la mayoría absoluta del Grupo Popular y su
profunda convicción de que el proyecto de ley que sometían a debate y
aprobación en el Pleno está adornado por las más importantes virtudes.
Por tanto, ante esta convicción, hemos presentado un conjunto de
enmiendas parciales, con la esperanza de que alguna sea aceptada por el
grupo mayoritario.
En concreto presentamos 334 enmiendas que intentan mejorar, en la medida
de lo posible, un proyecto de ley que entendemos, como dijimos ayer,
desafortunado y que no responde a las necesidades y demandas ni de la
sociedad española en este momento ni de los distintos sectores
educativos. No voy a entrar en el comentario pormenorizado de cada una de
las enmiendas, pero sí quería hacer referencia a algunas de ellas, en la
medida en que entendemos que pueden significar mejoras puntuales.
Difícilmente --como ya es tradición en el debate en el Pleno-- se va a
aceptar ninguna, pero no pierdo la esperanza, como decía el senador
Bildarratz hace un momento, de que aún podamos ablandar un poco las
voluntades y la sensibilidad de sus señorías del Grupo Parlamentario
Popular.
Empezaré por nuestra enmienda número 409, que es de adición, en la que
proponemos que las comunidades autónomas puedan establecer convenios
entre sí con el objeto de desarrollar relaciones educativas y culturales
que impulsen aspectos lingüísticos y/o culturales comunes. Entendemos
lógico que, habiendo comunidades autónomas que comparten lengua propia y
que tienen afinidades culturales derivadas de la lengua o de otro
carácter, puedan realmente establecer convenios para impulsar esta
cultura común. No entendemos los recelos y la negativa del Grupo
Parlamentario Popular a considerar esta posibilidad. Se trata
precisamente de reforzar el impulso cultural, de reforzar el conocimiento
de los aspectos culturales propios de las comunidades autónomas, y de que
los alumnos sean conscientes de estas coincidencias y este carácter
compartido de muchos de los aspectos de la cultura propia de su comunidad
autónoma.
Entendemos que esta enmienda es lógica y normal en el impulso cultural,
por eso nos gustaría saber los motivos
que llevaron al Grupo Parlamentario Popular a no aceptarla en el trámite
llevado a cabo en comisión y cuál es su posición ante el Pleno de la
Cámara. Y, desde luego, en ningún caso puede tacharse de
anticonstitucional; es cierto que la Constitución prevé que no haya
acuerdos de carácter estrictamente político entre las comunidades
autónomas, pero no impide los acuerdos de carácter cultural entre
aquellas comunidades que comparten lengua o aspectos culturales comunes,
como sucede entre distintas comunidades autónomas.
En nuestra enmienda 421, que también es de adición, insistimos en dar un
carácter plenamente educativo a la etapa infantil. Esto ya fue objeto de
polémica ayer, cuando debatimos los vetos e intervino el senador
Barquero. Nosotros entendemos que se pasa muy de puntillas por la Etapa
Infantil; en realidad, se le da un carácter eminentemente asistencial,
aunque la etapa de 0 a 3 años es fundamental a la hora de condicionar una
serie de habilidades, capacidades, comportamientos y hábitos que luego se
desarrollan en la Educación Primaria y Secundaria Obligatoria. En la
enmienda insistimos en que es necesario que se mejore la coordinación con
la Educación Primaria y que entre los profesores de Educación Infantil y
Primaria haya una lógica de continuidad. También insistimos en que se
incremente la oferta para garantizar suficientes plazas públicas en
Educación Infantil. Es evidente que esta etapa, como prevé el proyecto de
ley, debe tener un carácter de oferta obligatoria por parte de la
Administración y opcional por parte de las familias, pero debe haber
suficientes plazas para garantizar el derecho de los padres a escolarizar
a sus hijos.
Nuestra enmienda 441 es de adición y en ella planteamos la posibilidad de
ofertar las lenguas autonómicas propias de determinadas comunidades como
optativas en otras comunidades autónomas. Esta propuesta parte del
convencimiento de que las lenguas propias de las comunidades autónomas
son patrimonio común de todos los españoles y no sólo de los ciudadanos
que vivan en una determinada comunidad autónoma. Partiendo de esta
concepción de patrimonio común, consideramos importante que los alumnos
de otras comunidades puedan estudiar las lenguas propias de otras
autonomías, por ejemplo de Cataluña, el País Vasco o Galicia, como
lenguas optativas; en ningún caso proponemos que sean obligatorias. Ya
que el sistema de la LOGSE mantiene cierto grado de optatividad en la
elección de los créditos, no entendemos que no se permita esta
opcionalidad para poder estudiar las lenguas de otras autonomías, sobre
todo si tenemos en cuenta la posible movilidad profesional y de la
ciudadanía y que haber estudiado determinadas lenguas puede facilitar la
movilidad profesional dentro del conjunto del Estado.
En nuestra enmienda 458, que es de adición, planteamos otro tema que ya
comenté ayer en el debate sobre los vetos. Proponemos el desdoblamiento
de grupos en la Educación Secundaria Obligatoria para las materias
instrumentales: lengua propia, lengua extranjera y matemáticas. Se trata
de crear grupos pequeños que permitan una enseñanza más individualizada.
La posibilidad de crear estos grupos reducidos en estas materias
instrumentales, en función del nivel y de las posibilidades de los
distintos alumnos, es ya una experiencia contrastada en diversos centros
de las distintas comunidades autónomas y les puedo garantizar, por mi
propia experiencia profesional, que este sistema funciona bien. No
entendemos por qué no se incluye dentro del proyecto de ley una
alternativa contrastada que, como planteaba ayer --y sé que en este
momento del debate es difícil que prospere--, podría resolver una
opcionalidad de itinerarios excesivamente precoz. En realidad, esta
posibilidad de desdoblamiento de los grupos en estas materias
instrumentales permite el tratamiento integrado de la diversidad dentro
de los mismos grupos, permite que los alumnos compartan grupo, que sólo
se tengan que separar en estas materias y que haya una circulación
permanente dentro de los grupos. En un momento dado un alumno puede ser
situado en un grupo de un nivel superior, por ejemplo, y, si no sigue,
puede bajar al grado medio o al revés; esto permite que el alumno se vea
incentivado durante el curso en intentar situarse en un grupo de mayor
nivel y a la vez todos los alumnos comparten el mismo grupo general sin
que haya discriminación y, por tanto, manteniendo el carácter comprensivo
de la educación en nuestro país.
En nuestra enmienda 464, que también es de adición, planteamos la
necesidad de incrementar las plantillas en los centros, especialmente
para las horas formativas complementarias. Buena parte de la calidad en
la educación --que se supone que es el tema que nos motiva en este debate
y que apareció también ayer-- depende en buena parte de la ratio de
alumnos-profesores. En realidad, las plantillas tienen mucho que ver
precisamente con la financiación de la educación, aspecto que también
ayer cobró un papel importante y que el senador Barquero, que acaba de
incorporarse al debate, decía que no debíamos caer en economicismos ya
que no todo termina siendo dinero. Eso es cierto, pero también lo es que
la ratio y el número de profesores en plantilla es un elemento
fundamental de la calidad de la educación. No es lo mismo tratar a los
alumnos en grupos de más de treinta que en grupos de diez; pues da unas
posibilidades que todos los que somos profesionales de la educación
sabemos que son muy importantes ya que alumnos que pueden resultar
difíciles y que pueden tener dificultades obvias en grupos amplios, si se
les trata en grupos pequeños, desdoblados o con ratios menores se les
puede sacar un partido importante y reforzar sus posibilidades de
mantenerse dentro del sistema educativo.
En esta enmienda 464, asimismo, pedimos que se fomente los proyectos de
innovación e investigación educativa para proveer recursos a los
profesores con que atender a la diversidad del alumnado. Se trata también
de continuar innovando e investigando desde el punto de vista pedagógico
para que el profesorado actualice permanentemente sus recursos, sobre
todo de cara a esta tarea, no por difícil menos importante, de atender a
la diversidad del alumnado que, en definitiva, es la que motiva buena
parte la polémica que estamos manteniendo alrededor de este proyecto de
ley.
Nuestra enmienda 646, también de adición, hace referencia a otro punto
que también apareció como idea central en el debate sobre los vetos, que
es el del papel del Consejo Escolar. En este caso concreto proponemos que
sea el Consejo Escolar de centro el que elabore el reglamento de régimen
interior, de acuerdo con la normativa de las administraciones educativas.
Luego, los centros elaborarán un plan anual de mejora de la convivencia y
evidentemente correspondería al equipo directivo asumir la gestión de
esta normativa ya elaborada por el Consejo Escolar del centro.
Es evidente que la disciplina, la convivencia, el respeto a las normas
son aspectos centrales en el sistema educativo de nuestro país y que tal
vez no han salido suficientemente reflejados en el proyecto de ley, ni
tan siquiera en el debate; son cuestiones que provocan el malestar más
importante sin duda en el conjunto del profesorado, de los profesionales
de la educación, que provoca desconcierto por la imposibilidad muchas
veces de mantener el orden y la disciplina dentro de las aulas y de los
propios centros. Es posible que un exceso de celo bien intencionado en
cuanto a las garantías de los derechos del propio alumnado, en algún
momento haya podido generar una sensación de desprotección por parte del
profesorado, por parte de la propia dirección de los centros y una
sensación en sectores de nuestra sociedad de que realmente los centros
carecían de disciplina y que esto era un elemento que mermaba la calidad
de la propia educación. Es cierto, por tanto, que este es uno de los
temas mejorables, es uno de los temas que necesariamente hay que reformar
y es cierto, sin ninguna duda, que cualquier aspecto disciplinario que
haya que reforzar es importante que venga avalado desde el consejo
escolar.
La participación es fundamental en todos los aspectos de la vida escolar,
de la vida de los centros; es ahí donde radica la gran importancia de la
participación abierta por la Ley Orgánica del Derecho a la Educación, la
LODE, al introducir los consejos escolares, pero estos consejos escolares
deben tener un papel activo, deben participar activamente y en los temas
disciplinarios es importante que se adapte la normativa a las
características y especificidades de cada uno de nuestros centros
educativos, y el que mejor puede garantizar esto, por su carácter
representativo, es precisamente el consejo escolar del centro. Luego hay
que dar medios a la dirección de los centros para que esta normativa sea
aplicada, se ejecute, se gestione de manera adecuada, dando garantías de
una convivencia razonable, de una convivencia que, garantizando los
derechos de todos y cada uno de los miembros de la comunidad escolar y
especialmente de los alumnos, dé garantías al conjunto del alumnado de
que el orden y --si se me permite la expresión--, la disciplina imperan
en el centro y, por tanto, la falta de ella no significa merma en la
calidad de la educación que se imparta en ellos.
Las enmiendas 648, 649, 650, 651 y 652 son de adición. Todas ellas
inciden en la necesidad de fomentar las nuevas tecnologías de la
información y la comunicación, así como la mejora de las enseñanzas de
idiomas extranjeros y el desarrollo de proyectos de innovación e
investigación educativa a los que aludía hace un momento.
Estamos de acuerdo --y a nadie se le escapa-- en que parte de esta
calidad que buscamos pasa en la actualidad por el impulso a las TIC,
tecnologías de información de la comunicación, cada vez más importantes
en nuestra sociedad. Se trata de algo inexcusable y entendemos que la ley
en su articulado debe recoger este impulso decidido a la implantación de
las nuevas tecnologías en todos y cada uno de nuestros centros, así como
la enseñanza de idiomas extranjeros, absolutamente imprescindible en la
Europa de la que formamos parte y en este mundo globalizado en el que nos
estamos moviendo, así como este impulso permanente a los proyectos de
innovación e investigación educativa, porque el campo de la educación
nunca será un campo cerrado. Ni con esta ley ni con ninguna otra vamos a
cerrar ni la calidad ni ningún otro aspecto de nuestro sistema educativo.
Se tendrá que seguir investigando, innovando y adaptando la realidad de
nuestra educación a las características de una sociedad permanentemente
en cambio, una sociedad que necesita de nuevas respuestas en cada
momento.
Las enmiendas 704, 705 y 706 son de supresión y hacen referencia a un
asunto que ha salido a lo largo del debate por parte de otros portavoces,
como es la creación del cuerpo de catedráticos. Entendemos que la
recuperación de este cuerpo de catedráticos una vez más significa esa
nostalgia que ha inspirado la elaboración de este proyecto de ley por
parte del ministerio y del Partido Popular, esa nostalgia que les
impregna a ustedes y que les hace desear la vuelta atrás a esos tiempos
que ustedes suponen mejores. Estamos convencidos de que la creación del
cuerpo de catedráticos en absoluto va a significar ninguna mejora, genera
jerarquización dentro de los claustros, concediendo privilegios a una
parte de ellos a costa de los intereses legítimos del resto de los
profesores de secundaria. Una cosa es que esté contemplada la categoría
de catedrático, como se contempla en este momento, a efectos salariales,
a efectos de carrera profesional y otra, señorías, es que los
catedráticos tengan el privilegio de poder ser jefes de departamento u
ostentar determinadas posiciones cuando en realidad, precisamente por la
forma de acceder a la condición de catedrático, ese acceso no garantiza
la idoneidad para desarrollar esa función. En cualquier caso, puede
significar una inhibición del resto de los profesores de Enseñanza Media,
porque si éstos entienden que existe un cuerpo de catedráticos que cuenta
con ese privilegio y está cobrando --si me permiten la expresión--
precisamente por desarrollar esas funciones, como es lógico, desaparecerá
el estímulo entre el resto del profesorado y, como he dicho, volveremos a
una jerarquización anacrónica, desfasada, que sólo puede responder a la
voluntad de recuperar una determinada posición social y una determinada
imagen por parte de ciertos sectores de profesores que distan mucho de
constituir el sector mayoritario en el conjunto del profesorado español.
Repito que una vez más se trata de recuperar privilegios, de volver a una
situación anacrónica, desfasada, antigua, que es lo que impregna buena
parte de este proyecto de ley de calidad de la educación. De cualquier
forma, estén seguros, señores del Partido Popular, que recuperar el
cuerpo de catedráticos no va a suponer ninguna mejora en la calidad de la
Educación. Produce hasta sonrojo suponer que el reconocer privilegios a
un determinado sector del profesorado pueda redundar en una mejora de la
calidad de la educación de los alumnos.
Finalmente, la enmienda número 710, de adición, se refiere al sistema de
acceso a los puestos de trabajo en los centros concertados, por tanto,
centros sostenidos con fondos públicos, y en los que la Administración no
tiene ninguna garantía sobre cómo se controla el acceso a la función
docente.
Consideramos que el profesorado de los centros financiados con recursos
públicos no puede estar al margen de las normas de contratación objetivas
que garantizan la igualdad de oportunidades para todos. Es decir, no se
debe permitir que sean los titulares de esos centros quienes decidan cómo
y de qué manera se puede acceder a la función docente en los mismos, sin
que haya ningún tipo de control ni garantía por parte de las
administraciones públicas. Si paga el Estado, ya sea directamente el
Gobierno central, ya sean las comunidades autónomas con competencias en
esta materia, es evidente que deben establecerse las garantías de
igualdad de oportunidades, de libre concurrencia, de publicidad,
etcétera, garantías que sí existen para el acceso a la función pública
docente y que de momento, con la nueva ley, no existen para los centros
concertados sostenidos con fondos públicos. Consideramos que es necesario
garantizar al conjunto de las personas que cuenten con la titulación
suficiente para acceder a la función docente que también podrán optar a
una plaza de profesor en cualquier centro sostenido con fondos públicos.
En resumen, creemos que se debe aplicar un sistema similar al que se
establece para el acceso a la carrera docente pública.
Con lo dicho doy por defendidas nuestras 334 enmiendas a este proyecto de
ley, que no hacen sino desarrollar nuestra concepción alternativa de la
reforma de la educación en nuestro país, una reforma que responda a los
intereses reales de la comunidad educativa y del conjunto de la sociedad.
Consideramos que el proyecto de ley tal como ha salido de la Comisión
necesita de una serie de correcciones sustanciales, y en la medida en que
se admitan algunas de estas enmiendas se mejorará significativamente el
texto original. Así pues, aunque sin mucha esperanza, en nombre del Grupo
Entesa Catalana de Progrés, insto una vez más al Grupo Popular a que
reflexione, sea sensible y valore, aunque sea en el último momento,
nuestras aportaciones para incluir alguna de ellas en el texto que
finalmente se apruebe en esta Cámara.
Gracias, señor presidente, y gracias, señorías.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señoría.
Para la defensa de las enmiendas correspondientes al Grupo Parlamentario
de Convergència i Unió, tiene la palabra el senador Varela.
El señor VARELA I SERRA: Muchas gracias, señor presidente.
Señorías, ayer cerrábamos el debate con unas frases; hoy voy a empezar
con otra de un gran filósofo español, todavía vivo, Emilio Lledó, y se la
voy a dedicar a nuestro eminente filósofo, señor Barquero, gran
triunfador en su grupo parlamentario ayer por la tarde, por lo cual le
felicito. Esta frase de Emilio Lledó salió publicada hace unas semanas en
un suplemento dominical en relación con la polémica escuela
pública-escuela privada, que ayer se suscitó una vez más y, como
constancia de su pensamiento y como homenaje a Lledó, creo que es
interesante escuchar su reflexión. Dice textualmente: «Los colegios
privados suelen estar fuera del alcance de la mayoría de los ciudadanos.
Son un abrevadero oficial de los poderosos, que así ejercen una forma de
elitismo. Esa engañosa libertad de enseñanza, la libertad de los padres
para elegir centros para sus hijos, es una falsedad reaccionaria
fomentada por los que ya se saben elegidos, y pueden pagarse
tranquilamente su elección. Los grandes países de Europa central, Francia
y Alemania, han basado su indiscutible poderío intelectual en el fomento
de la enseñanza media protegida y cuidada por el Estado. Nosotros somos
un país de consumidores en manos de una oligarquía de niños de colegios
de pago.» (Aplausos en los escaños del Grupo Parlamentario Socialista.)
Hasta aquí la cita de Emilio Lledó, como homenaje a él y para que quede
constancia aquí de su reflexión.
Siguiendo el interesante debate de ayer del señor Barquero --y vuelvo a
repetir una vez más que yo agradezco mucho su actitud en el trámite de
esta ley en el Senado, que nos ha permitido mejorar las cuestiones
relacionadas con las lenguas oficiales de las autonomías y, por ejemplo,
algo que no es menor, como que la ciencia se incorpore al currículum
común de Bachillerato, cuestiones que se han conseguido aquí y que yo le
agradezco--, digo que continuando con el debate, voy a dar por defendidas
todas mis enmiendas y voy a abundar en la reflexión de ayer que, insisto,
tiene algún interés pedagógico. Y si en algún momento hemos de hacer que
la política sea pedagogía es en un debate de educación.
Señor Barquero, creo que no es verdad que a ustedes sólo les interese
mejorar la educación del país. Sin dudar de que esto sea cierto, creo que
lo que el Gobierno busca esencialmente es recuperar competencias
autonómicas. Este es el verdadero objetivo de esta ley, no tanto el
educativo, que no niego. Si su prioridad fuera realmente mejorar la
educación del país, hubieran buscado consenso y hubieran cimentado esta
ley sobre las bases de piedra del consenso, no sobre la arena --insisto--
de la soledad parlamentaria.
Ayer la señora ministra hablaba de la valentía que había tenido al
presentar esta ley porque en el balance coste-beneficio esta ley le
suponía un gran coste, pero no ha hecho el esfuerzo de buscar el
consenso. Yo creo que el Partido Popular con todos los respetos, lo dije
en comisión y lo repito ahora, está instalado en la opulencia
parlamentaria, en la altanería parlamentaria, y debe corregir rápidamente
este defecto. No entiendo en absoluto cómo en el caso del «Prestige» --y
lo comento porque nos ha afectado a todos profundamente-- el Gobierno no
ha tenido la agilidad de tocar a rebato y de convocar a los principales
líderes de la
oposición para decirles: Hay un gran problema nacional, vamos a buscar la
solución. Podrían haber tenido ese acto de humildad, reconocer que ocurre
algo grave en el país y buscar una solución conjuntamente. Este reflejo
no ha existido y veo perplejo que los principales líderes de los dos
grandes partidos del Estado no han hablado oficialmente sobre este
asunto.
Siguiendo con el tema que nos ocupa, creo que ese mismo reflejo hubiera
debido darse en educación. Si realmente el Gobierno central y el partido
que lo sustenta están tan preocupados por la educación del país --que
debe mejorarse, nadie lo pone en duda-- y cree que es una prioridad, que
toque a rebato, que convoque a los líderes de los diversos partidos y a
los consejeros de las autonomías y que busque este consenso para preparar
el futuro educativo del país sobre una base sólida. No se puede
planificar el futuro educativo del país sobre un trágala legislativo.
Considero que el primer y verdadero objetivo de esta ley --el segundo
puede ser la mejora de la educación-- es recuperar competencias, y en
este sentido no podemos aceptarla.
Mi muy querido amigo, Venancio Acosta, al que tengo una gran simpatía y
un gran respeto, hizo ayer un pequeño comentario que yo tengo obligación
de matizar. Explicaba la postura de su grupo ante esta ley y decía --creo
recordar-- que nosotros podíamos haber votado en contra de la misma por
comodidad, teniendo en cuenta las contiendas electorales que se avecinan.
Tengo que decirle que nuestra actitud no es por comodidad; nuestro
rechazo a esta ley no es por comodidad, no es por sacar beneficios de los
futuros comicios electorales; es porque esta ley, señor Acosta y señores
del Grupo Parlamentario Popular, es una tremenda espada de Damocles
contra las competencias autonómicas; esta ley proporciona un cheque en
blanco al Gobierno para regular básicamente y atacar frontal y
directamente la línea de flotación de las competencias autonómicas. No
es, por tanto, por comodidad, es porque creemos que desdibuja, incluso
borra completamente las competencias que tenemos las autonomías en
educación.
Esta es una ley básica porque una de las cosas que hace es convertir en
básicas las normas que después puede dictar el Gobierno desarrollándola;
es un cheque en blanco inadmisible. Por tanto, no es por comodidad, sino
por convicción de que esta ley no es conveniente para las autonomías. Y
la idea que me gustaría hacer llegar al Grupo Parlamentario Popular es
que si no es conveniente para las autonomías, no es conveniente para el
Estado, porque el bien de las autonomías es el bien del Estado, es el
bien de España, y cuando ustedes elaboran una ley que perjudica a las
autonomías, a su capacidad de gestión y de gobierno, están perjudicando a
España. Esta es mi reflexión.
Señor Barquero, usted en el interesante diálogo de ayer decía: No tiene
razón el senador Varela cuando acusa al Gobierno de paternalismo y dice
que asume competencias que no le corresponde; quizá tienen una mayor
capacidad de gestión y creen que pueden hacer más de lo que
competencialmente les corresponde.
Pues bien, en este punto discrepo de usted. Considero que, efectivamente,
tenemos capacidad de gestión, pero también de gobierno y queremos
ejercerla -- ya veremos qué opinan los tribunales-- en bien de Cataluña y
de todo el Estado. Y lo que defiendo para mi comunidad autónoma vale para
Extremadura, vale para Galicia y vale para Andalucía. Por tanto
--repito-- nosotros reivindicamos nuestra competencia de gestión.
Usted ha hablado de paternalismo y voy a citarle sólo un ejemplo sobre la
selección de los directores. El artículo 88.2 establece lo siguiente: «La
selección será realizada por una Comisión constituida por representantes
de las Administraciones educativas y al menos en un treinta por ciento
por representantes del Centro correspondiente. De estos últimos al menos
el cincuenta por ciento lo serán del Claustro de profesores de dicho
Centro.» Pues bien, esto es un ejemplo de lo que yo denomino paternalismo
ridículo del Gobierno y una intromisión en competencias que no le
corresponden. Es mi opinión, estoy dispuesto a aceptar la contraria, pero
los tribunales dirán finalmente quién tiene razón.
Nosotros aceptamos el planteamiento del Partido Popular de que el
nombramiento de los directores se efectúe por la Administración a través
de un concurso público y de méritos, pero me pregunto por qué hemos de
descender al detalle de que al menos un treinta por ciento sean
representantes del Centro y al menos el cincuenta por ciento del
Claustro. Señor Barquero, ¿no pueden dejar que sean las autonomías las
que decidan que sea el sesenta por ciento del claustro ? Creo que no
corresponde a una ley entrar en esos detalles. El marco general de una
ley orgánica debería establecer que el nombramiento de los directores se
realizase a través de concurso público por méritos y dejar libertad a las
autonomías para hacerlo del modo que quisieran; después la Alta
Inspección podrá comprobar los abusos que se hayan podido producir, pero
descender a esos detalles considero que es una injerencia autonómica que
no ayuda a la buena convivencia entre las autonomías y provoca un gran
disgusto y desasosiego. No voy a poner más ejemplos porque sería entrar
en minucias que en este momento no corresponden.
Por consiguiente, estamos en contra de esta ley por todas estas
intromisiones autonómicas y por algunas cuestiones que vimos ayer y en
las cuales no voy a entrar.
En cuanto a capacidad de gestión y competencias, señor Barquero, usted
comentaba en el debate de ayer que lo que decíamos era falso e insidioso,
ya dirán los tribunales --insisto-- si tenemos o no razón en la defensa
de estas cuestiones. En Cataluña no nos gusta acudir a los tribunales
porque el resultado es siempre incierto; tenemos un dicho que dice: «val
mès un mal acord que un bon plet», vale más un mal acuerdo que un buen
pleito. Esta reflexión vale para todas las leyes. Por eso decía que
hubiera sido preferible haber llegado a un consenso y haber buscado
puntos de acuerdo entre todas las fuerzas políticas; hubiera sido mucho
más práctico que tener que recurrir al Tribunal Constitucional, que no
nos gusta, porque los resultados son inciertos. Yo no digo que lo que
usted dice sea falso, y le agradecería que no dijera usted que lo que yo
digo lo es; veremos lo que dice el Tribunal sobre las competencias.
Además, los tribunales son variables y no dicen siempre lo mismo, por
supuesto honestamente, porque sus composiciones
son distintas. Este resultado incierto hace que pensemos que hubiera sido
preferible que se hubiera tomado la decisión desde el Gobierno de hacer
una lectura más abierta de la Constitución --como ayer expuse en mi
reflexión--, una aplicación más abierta de la Constitución y que
hubiéramos podido llegar a un consenso sobre temas educativos.
La Constitución de 1978 es flexible en el sentido de que permite diversas
lecturas, y con esta ley se está dando una lectura muy restrictiva --ésta
es nuestra opinión--, de recuperación del poder central, y ello cercena
la capacidad creativa, la capacidad de gestión de los gobiernos
autónomos, lo que estimamos que va en contra del progreso del país.
En ese sentido, sinceramente creo que el Grupo Parlamentario Popular va
por un mal rumbo, y me preocupa porque nos vemos afectados. Las
decisiones del Gobierno nos afectan, y este rumbo que marca el Gobierno
de recuperación, de cerrazón, de reconquista de competencias, de
privación de capacidad de gobierno a las autonomías, conduce al país a un
punto nada agradable.
Convendría que reconsideraran su planteamiento, su lectura de la
Constitución y que replantearan la visión general del país para procurar
su progreso y no, como va a suceder con este proyecto de ley, originar
una situación que sólo va a generar conflictos innecesarios.
Muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señoría.
Por parte del Grupo Parlamentario Socialista, para la defensa de sus
enmiendas, tiene la palabra la senadora Agudo.
La señora AGUDO CADARSO: Señor presidente, señorías, voy a intervenir, en
nombre del Grupo Parlamentario Socialista, en la defensa de las
enmiendas, ya que después de la intervención que tuvimos ayer y sobre
todo después de la exposición de la señora ministra, inevitablemente hay
que hacer reflexiones de carácter general. Estamos en el foro político
por excelencia y no nos vamos a ceñir exclusivamente a la defensa de las
enmiendas, sino que vamos a hacer un planteamiento de carácter general.
De acuerdo con el reparto por bloques que acordamos en la comisión,
dividiremos el tiempo entre el senador Fernández Zanca y yo misma. Y pido
un poco de benevolencia a la Presidencia en cuanto al tiempo que vamos a
consumir.
Me voy a referir al Título preliminar, artículos 1 a 6, al Capítulo V del
Título I, De la Educación Secundaria, a los Títulos II y III, De la
Enseñanza de Idiomas y Del Aprendizaje Permanente: Enseñanza para las
Personas Adultas, y al Título VII, De la Inspección del Sistema
Educativo, según el proyecto de ley.
Señorías, llegamos al final de este debate y en primer lugar quisiera
agradecer el tono que se mantuvo en la comisión en la defensa de este
proyecto de ley de calidad. Hay que agradecer el tono del señor Barquero
--y no creo que haya sido un aspecto pasajero de su carácter--, que
contribuyó a hablar serenamente de las cosas, así como el del presidente.
Como decía, llegamos al final de este proceso de tramitación de una ley
que seguramente es la más importante de este período y que va a afectar
profundamente a nuestro sistema educativo, a la formación de nuestra
sociedad y a su futuro. Desgraciadamente, la ministra ha situado esta ley
en un debate atropellado, se ha empeñado con su prepotencia en que,
costara lo que costara, se les entregara a los españoles como regalo
Navidad --un regalo de carbón, como decían los niños pequeños, más que
una verdadera ley de calidad--. Si no hubiéramos tenido la ley en la
mano, durante la intervención de la ministra de ayer hubiéramos creído
que nos estaba hablando de otro proyecto de ley. Desgraciadamente, el
contenido del proyecto es otra cosa, es el que es.
Como inicio, convendría recordar que el pasado día 10 se cumplía el 54
aniversario de la Declaración Universal de los Derechos Humanos. No les
voy a leer el artículo 26 porque seguro que lo conocen todos, pero si la
ministra hubiera tenido en el frontispicio de su despacho este artículo
26 en este momento estaríamos en otro sitio.
Pero después de la intervención de la ministra, no me resisto a empezar
por donde terminaba mi intervención en la comisión, con un artículo que
se titula «Educación y triunfo» del escritor José María Guelbenzu, que
dice así: La madre del conocimiento es la curiosidad. Potenciar la
curiosidad sería, pues, la primera piedra sobre la que apoyar una torre
de motivaciones. Una de las maneras de motivar es formar buenos
profesores y pagarlos decentemente; otra es invertir en centros y medios;
otra es fomentar la investigación hasta el extremo de que investigar sea
atractivo y otra es jubilar a los pedagogos que se dedican a la teórica
de despacho. Pero si hay una buena inversión, donde merece la pena echar
el resto, sabiendo que los resultados son siempre a favor del desarrollo
material y espiritual de este país, es en la educación de sus hijos, de
los del país. El problema de la derecho es que le basta con educar a los
suyos; el de la educación, en cambio, es un problema de amplitud de miras
y de generosidad social.
Señorías, hemos asistido a un debate atropellado que atenta contra los
principios democráticos y responde a una concepción política de ordeno y
mando en la que el discrepante es desleal. Es una pobre concepción de la
política y este Senado ha perdido la oportunidad de una discusión
sosegada. Nada de eso ha sucedido, pasará sin la oportunidad de un
diálogo en esta Cámara a pesar de los esfuerzos de muchos de los
componentes del Partido Popular, pero impulsados por la ministra ese
diálogo no ha tenido lugar ni fuera ni dentro de este parlamento. Por
mucho que la ministra repita ese «No, no, no», el «No, no, no» ha sido
suyo y no por mucho repetirlo se va a convertir en verdad.
Se está pervirtiendo gravemente el sistema democrático. El Ejecutivo
manda sobre el Legislativo y esto es muy grave para la buena salud de la
democracia; esta forma de debate parlamentario raya en el abuso de poder.
No se trata de que estén incumpliendo el Reglamento, porque cuando una
norma se utiliza con una finalidad distinta para la que ha sido dictada
se convierte en fraude de ley. Esta es una forma perversa de entender el
Parlamento, que debe ser el centro de la vida política, tal y como decía
en su programa
y su campaña electoral el Partido Popular; pero, desgraciadamente, el
centro de la vida política --lo estamos viendo estos días-- es el
telediario.
Antes decía el señor Varela que le parecía incomprensible que los
partidos políticos y el Gobierno no se hubieran sentado tranquilamente en
torno a un tema tan importante como el que nos ocupa estos días. No
obstante, señorías, lo peor de todo ello es que esta actuación desmotiva
la participación democrática de los ciudadanos, que en su momento les
pedirán cuentas. ¿Cómo vamos a pedir a los ciudadanos su participación
cuando se acalla a quienes tenemos la responsabilidad que éstos nos han
otorgado? Esta ley es de un grandísimo calado social y ha pasado a galope
tendido por el Congreso de los Diputados, como también por esta Cámara.
La señora ministra se ha empeñado en celebrar un debate de urgencia y en
utilizar el trámite parlamentario en su peor sentido, un trámite que le
resulta incómodo, despachando en escasos días las enmiendas y
convirtiendo este Parlamento en una gestoría; ayer prácticamente parecía
que preguntara dónde había que poner los sellos y quería hacerlo cuanto
antes, porque no puede aguantar la presión social que provoca este
proyecto de ley.
Señoría, todos los grupos políticos hemos ofrecido diálogo, hemos
presentado enmiendas y hemos planteado propuestas para evitar la
convulsión en algo tan importante como el sistema educativo que, en
definitiva, es el futuro de nuestro país. Nos gustaría, señorías del
Grupo Popular, que ese gota a gota fuera de verdad una realidad y que
aceptaran ustedes alguna de las enmiendas que proponemos.
Somos conscientes de que existen problemas en nuestro sistema educativo y
de que éste necesita de algunos cambios, pero de cambios que le hagan
avanzar, que no retroceder. Hay problemas que es necesario identificar,
conocer sus causas y subsanarlas, problemas que todos sabemos se pueden
fundamentar en importantes transformaciones sociales, económicas y
culturales de estos últimos años, en la escasa financiación de la escuela
pública, muy lejos de la media europea, y que ha disminuido
proporcionalmente durante estos seis últimos años, en la disminución de
la atención a la diversidad, a la mejora de la red de centros, a la
atención a equipos pedagógicos, a la atención al profesorado, y también
sabemos que esos problemas se deben, asimismo, a la extensión de la
educación obligatoria hasta los 16 años.
Esos son algunos de los índices existentes, pero todos somos conscientes
de que el tiempo transcurrido no es suficiente para plantear una
modificación sustancial sin una evaluación rigurosa y un diagnóstico
profundo, salvo que la misma responda a otros objetivos, a otro modelo
ideológico, que es algo que a lo largo de todos estos debates, y a fuerza
de desbrozar aquello que la ley no dice, hemos ido descubriendo. Es la
primera vez en la historia democrática de nuestro país que retrocedemos
en política educativa, y esto es algo que nos preocupa seriamente, como
también nos preocupa el fracaso escolar --¿cómo no nos iba a
preocupar?--, pero también nos preocupa que no se lleve a cabo una mejora
seria de la calidad de la enseñanza.
A la señora ministra le gusta mucho la novela negra, y por ello entenderá
que, al final, hemos descubierto quiénes son los personajes y cuáles las
intenciones, y desgraciadamente esta novela no tiene un final feliz. Se
han agarrado ustedes al fracaso escolar --que efectivamente existe-- como
si de un clavo ardiendo se tratara, pero lo han presentado como algo
apocalíptico sin analizarlo, sin saber por qué y sin proponer seriamente
soluciones para atajarlo, y ese argumento nos parece ahora, más que otra
cosa, una excusa para favorecer a unos pocos y contentar a una clientela.
El otro día el señor Rouco Varela hacía unas declaraciones en las que
manifestaba su contento; quién sabe lo que pensarán los demás, pero ellos
han conseguido su objetivo. Parece que hayan intentado favorecer a unos
pocos, introduciendo modificaciones en la ley que poco o nada tienen que
ver con el deseo de remediar el fracaso escolar. ¿Acaso la enseñanza de
la religión, el cuerpo de profesores o la gratuidad de la escolarización
en los centros concertados, de tres a seis años --tachada de
asistencial-- está directa o implícitamente relacionada con el fracaso
escolar? ¿Por qué se ha negado en esta Cámara --como bien decía el
senador Bildarratz-- la creación de un foro para discutir por qué hay
esas diferencias entre unas comunidades autónomas y otras? ¿Se acuerdan
ustedes de cómo se hizo el libro blanco de la educación cuando se planteó
la LOGSE? Se hizo con seriedad, con rigor, como se señaló ayer aquí, y
con todas las escuelas implicadas en el tema.
Nuestras enmiendas tratan de corregir todas estas cuestiones, aportando
nuevas propuestas a la calidad, acorde con la realidad. La falta de un
análisis, de un diagnóstico riguroso y de esas otras intenciones se
traducen --y se traslucen-- en la propuesta de este proyecto de ley, mal
llamado, de la calidad.
Por un lado, un porcentaje altísimo de artículos están copiados de otras
leyes, de la LODE, de la LOGSE y de la LOPEG. Me van a decir que es una
cuestión de técnica jurídica, pero este caos legislativo ya lo ha
denunciado el Consejo de Estado en su informe y no le han hecho caso.
Vamos a necesitar, inmediata y urgentemente, elaborar un texto refundido
porque el desconcierto en la aplicación va a ser total.
Por otro lado, lo que no han copiado, o han reformado, desgraciadamente
introduce retrocesos al derecho de igualdad educativa. Se vuelve a la
escuela selectiva predemocrática, con un recorte de la participación de
los padres en los consejos escolares, un grave enfrentamiento entre la
enseñanza pública y la privada y, para más inri, resucitan un tema ya
cerrado: el tema confesional.
En el Título preliminar, que comprende los artículos 1 a 6, se recogen
los principios que deben inspirar toda la ley. Sin embargo, esos
artículos no añaden nada nuevo a la legislación y, desde luego, su
contenido no se corresponde con el resto del articulado, que es el motivo
por el que mi grupo parlamentario ha presentado una serie de enmiendas de
supresión.
En este sentido, la enmienda número 735 propone la modificación del
artículo 1 porque creemos que se deben fijar claramente cuáles son los
objetivos que persigue a través de las medidas que contiene, así como
establecer los
parámetros de actuación de los poderes públicos para aumentar el
rendimiento escolar y mejorar la calidad del sistema educativo.
¿Por qué decimos esto? Porque el artículo 1 contradice el contenido
posterior del proyecto de ley. Por ejemplo, el artículo 1.a) habla de «La
equidad, que garantiza una igualdad de oportunidades...» y, sin embargo,
el derecho a la escolarización, principio de la equidad, lo recortan, de
manera que se rompe un acuerdo constitucional, el de la escolarización
gratuita y obligatoria hasta los 16 años, en el cuarto itinerario
reconocido en el artículo 27.3, en el que se propicia que a los 15 años
se salga del sistema educativo.
Por otro lado, en el artículo 1.d), se establece «La participación de los
distintos sectores de la comunidad educativa...» y, posteriormente,
recortan la participación en el consejo escolar y lo convierten en un
órgano meramente consultivo, restringiendo la participación de los
padres, así como en el apartado e) se habla de la concepción de la
educación como un proceso permanente a lo largo de la vida.
¿Qué se puede decir de los itinerarios que ustedes imponen? Se puede
alegar que esa elección es prematura, contraria a lo que la mayoría de
los expertos de los países europeos de nuestro entorno están propugnando.
Es necesario el refuerzo a la autonomía de los centros y la potenciación
de la función directiva y, sin embargo, se centran en la designación
prácticamente administrativa del director, sin tener en cuenta que esa
situación va a debilitar el régimen democrático de los propios centros.
En definitiva, o suprimen el artículo 1, o ajustan el contenido de todos
los demás a lo que propugnan en él.
Al artículo seis proponemos una enmienda de adición --no de modificación,
como viene en el texto-- porque creemos, efectivamente, en la
cooperación, pero es necesario ampliar esos convenios de cooperación al
ámbito europeo, con programas de financiación y con recursos y, sobre
todo, haciendo referencia a los más desfavorecidos, es decir, a los que
necesitan especial impulso en la mejora de la calidad.
Y quisiera hacer una referencia a algo que viene también en el Capítulo
III, artículo cuatro, sobre las becas y ayudas al estudio. La realidad es
muy distinta. El otro día hablábamos en esta Cámara del proyecto de
presupuestos. El papel de una ley o de cualquier documento administrativo
lo soporta todo pero, ¿cómo podemos creer a la señora ministra? ¿Cómo
podemos creer lo que dice esta ley cuando resulta que ha disminuido en
cinco puntos desde 1996 el porcentaje de alumnos con beca en bachillerato
o cuando en los presupuestos de este año se recortan, por ejemplo, las
becas de movilidad, las becas Séneca, con menos recursos y menos meses de
posibilidades? Creemos necesario otra ley que asegure más y mejor
educación para todos y que sea capaz, verdaderamente, de reducir el
fracaso escolar.
El Capítulo V, Título I, de la Educación Secundaria, contiene las
reformas más profundas que se plantean en esta ley. Desde la llegada de
la democracia, la educación española ha logrado una profunda
transformación. Hemos sido capaces, con el consenso constitucional, de
llegar a acuerdos que han estado presentes en todas las políticas
educativas de todos los gobiernos, sean del color que sean. Han sido
cinco acuerdos fundamentales: extender la educación obligatoria hasta los
16 años --que se va a romper--, establecer una red de centros sostenidos
con fondos públicos y privados concertados que garantizaran la demanda de
escolarización obligatoria y la libre elección de centros, dar un
carácter participativo a los centros escolares, incrementar
paulatinamente el gasto público y no retrasarlo, pasando del 4,9 por
ciento que teníamos en 1996 al 4,4 del PIB que tenemos en este momento,
lejos del 5,12 de la Unión Europea, y sobre todo, y de acuerdo con
nuestra estructura --aquí se ha hablado mucho porque esta ley tiene
graves lagunas--, todo lo que supone, de acuerdo con nuestro Estado de
las autonomías, descentralizar nuestro sistema educativo según ese
esquema y la colaboración y coordinación necesarias con las distintas
administraciones autonómicas.
Ese consenso, señorías, se rompe por primera vez en nuestra historia
democrática. Se rompe la participación, se recorta el derecho a la
escolarización y se retrocede en la formación. Tendremos, no lo duden,
muchos menos universitarios.
Su reforma será más barata. Presentamos una alternativa y nos dijeron que
era cara. Efectivamente, su reforma será más barata porque es más fácil
segregar y es más barato a corto plazo, pero sin pararse a pensar que
estamos cercenando el futuro de nuestro país y que no hay mejor
inversión, que la inversión en educación, como decía José María
Guelbenzu, y eso lo están olvidando.
Decía la señora Couso hace unos días que la educación es una cuestión
profundamente ideologizada. Hablaba de la coherencia del programa
político. Así es. La política educativa puede ser o progresista o
conservadora, o integradora o segregadora. Nosotros apostamos en nuestras
enmiendas por la búsqueda de una más y mejor educación para todos, por un
mayor progreso, por una mejor integración.
Sabemos que hay problemas. ¡Claro que lo sabemos! Sabemos que el sistema
educativo necesita cambios y que se ajuste a la realidad y a los retos de
la sociedad. Sabemos que hay un fracaso, pero desconocemos cuáles son las
causas concretas ni cuál es diagnóstico, pero hay dos modelos para
combatirlo, dos ideologías, dos filosofías muy distintas para hacer
frente a los problemas de aprendizaje. Una es selectiva, excluyente:
separamos al niño y a la niña de la clase para que no molesten; es más
barata pero profundamente injusta. Otra es la de la ayuda, la de echarles
una mano, la de apoyarles, la de flexibilizar el sistema, la de ayudarles
en la diversidad que ustedes han dejado desde un sistema educativo para
que todos lleguen al final, cuantos más mejor, aunque no todos lleguen
con sobresaliente y los que tengan que llegar con sobresaliente lleguen
con sobresaliente.
Señorías, se trata de no rendirse ante el fracaso escolar, como ustedes
están haciendo. El Gobierno se rinde ante el fracaso escolar y aplica la
filosofía selectiva y segregadora en su proyecto de ley. Para nosotros se
trata de lo contrario, de apoyar a los alumnos, de apoyar a los
enseñantes, de atajar los problemas sociales. Los problemas no van a la
escuela, están en la escuela, y no podemos cargar exclusivamente en los
docentes la resolución de esos problemas. Tenemos que ayudarles con
medidas, tenemos que ayudarles con mayores conocimientos.
En este Capítulo V del Título I se contienen las reformas más llamativas
de la ley. Se refieren al tramo fundamental de la enseñanza secundaria,
de la Educación Secundaria Obligatoria, del Bachillerato y de la
implantación de los itinerarios, de la reválida o prueba general del
bachillerato y de la redefinición de las competencias de los órganos
directivos. ¿Pero cuáles son las propuestas que recogen los artículos 21
a 25 y 27? Limitar el período de aprendizaje común de los alumnos
estableciendo distintos contenidos educativos según una selección previa
que se hará con carácter general a los 14 años, aunque para un sector del
alumnado que tenga dificultades pueda ocurrir a los 12 años. ¿Pero cuáles
son las medidas de apoyo que ustedes ponen? Todavía no lo sabemos.
Ustedes reducen el número de alumnos que irán al bachillerato y a la
universidad estableciendo itinerarios a partir de los 14 años, edad en
que se orientarán, o hacia el bachillerato o hacia la formación
profesional, y además suprimen ustedes el bachillerato tecnológico.
Es especialmente preocupante, y le agradezco profundamente al senador
Varela su referencia al profesor don Emilio Lledó. Se refiere al
diferente tratamiento entre los centros privados concertados y los
públicos. Han abierto una brecha profundísima en un consenso que costó
mucho trabajo conseguir, me refiero a la coexistencia de una red
sostenida con fondos públicos unos y privados otros, en igualdad de
condiciones para el alumnado , y dirigidos todos a satisfacer las
necesidades educativas de nuestros hijos. En ese apartado 4 del artículo
26 se abre la puerta a esa diferencia entre la enseñanza pública y
privada que tanto nos ha costado conseguir que se iguale.
Es evidente el riesgo de que se perpetúen las diferencias educativas en
que se basa muchas veces la procedencia social del alumno, realidad en la
que no se ha profundizado en esta ley. Habrá centros de primera, privados
concertados con itinerarios a la carta --los buenos--, y centros de
segunda, señorías, centros patera, que estarán obligados a dar todos los
itinerarios o si no se les condenará a ser centros con más emigrantes y a
especializarse en itinerarios que no van a conducir a la universidad. Y
les digo de verdad que me gustaría que me convencieran de lo contrario.
Van a potenciar la existencia de una doble red con un alumnado claramente
diferente, la pública asistencial, que estará gravada con la introducción
del criterio de admisión de alumnos por el expediente académico, que
llevará la concentración de alumnos con dificultades en determinados
centros públicos. Durante estos seis años han estado propiciando ustedes
esta decisión y ahora más del 80 por ciento de los emigrantes están
escolarizados en la escuela pública, y con la posibilidad, además, de la
existencia de esos centros privados especializados, de los que todavía no
sabemos cuál es su auténtico carácter, que impartirán sólo algunos
itinerarios --desde luego los del futuro-- con criterios de admisión que
serán dictados por el director del centro.
En definitiva, segregación de alumnos y diferenciación de centros pagados
por todos, incluso por aquéllos a los que nunca van a poder acceder a
estos centros. De ahí nuestras enmiendas de supresión a este apartado, y
de ahí también nuestras enmiendas de adición, las números 788 a 798 en
este Capítulo V bis, de medidas para mejorar el rendimiento escolar y de
recursos.
Queremos responder a una filosofía de más y mejor educación para todos y
profundizar en la educación integral ayudando a superar las diferencias y
el distinto trato que se debe dar. Recursos adicionales para los alumnos
con falta de motivación, formación de profesores de apoyo, actividades
complementarias en cada centro y disposición de los medios para ello
--solicitados reiteradamente por nosotros y por los profesores--.
¿Separar a los alumnos de una misma aula a los doce, trece, catorce años,
que estén desmotivados o con retraso, va a mejorar el sistema escolar?
Nada de eso dicen los técnicos, y aunque nos lo argumenten aquí, otros
países del entorno europeo como Francia o Alemania van en sentido
contrario a lo que se está proponiendo en esta ley. Estamos en profundo
desacuerdo con que en edades tempranas, como los catorce y quince años,
en que la adolescencia es convulsa, puedan tomar decisiones que van a ser
importantes para su futuro.
Nos hablan de reversibilidad, pero, ¿ustedes saben lo difícil o imposible
que va a ser, cuando van a tener materias perdidas, que les harán luego
desistir y perderán la oportunidad de cursar el bachillerato y de acceder
a la universidad?
En el artículo 25 hablan de medidas de refuerzo y apoyo a los doce y
trece años. ¿Cuáles son? No lo sabemos; sí sabemos que va a ser el primer
escalón de la segregación. No todos los padres, ante el fracaso escolar,
van a poder pagar un profesor particular, y son las administraciones
públicas, es la escuela pública la que tiene que compensar esas
desigualdades en el sistema educativo. Ayer la ministra hablaba del
esfuerzo y de la motivación, que es una coletilla de la señora ministra,
como si hasta ahora no hubiera habido esfuerzo por parte de nuestros
alumnos y de nuestros profesores. Pero es que ese esfuerzo tiene mucho
que ver con las familias. ¿Ha sido consciente la ministra de la realidad
social en que nos movemos? ¿Es consciente la ministra de las familias con
bajos recursos, de la realidad actual del trabajo fuera de casa? ¿Ignora
la señora ministra que muchos alumnos no dedican en sus casas ni un
mínimo de tiempo adicional a la instrucción? Esas son las realidades
actuales, y no sirve que repita la coletilla del esfuerzo; hay que
atajarlo en otros ámbitos.
Una última reflexión sobre la prueba de bachillerato. Intentaron ganarse
al alumnado en el debate de la LOU con la supresión de la selectividad,
pero ahora tenemos dos pruebas para acceder a los estudios
universitarios. ¿Cómo se va a garantizar la objetividad y el acceso a la
igualdad de condiciones? Es necesaria una prueba general, estamos de
acuerdo, pero no es necesario poner más trabas para acceder a la
universidad. ¿Qué pasará con aquellos que no aprueben? Yo se lo voy a
decir: se desmotivarán, y no irán a la universidad porque intentarán
encontrar un trabajo
mucho antes. Creemos que la selectividad necesitaba una reforma, pero
sólo debe hacerse una prueba con las garantías de objetividad y de
igualdad de condiciones.
Las soluciones que propone nuestro grupo son distintas: una filosofía de
ayuda, no a la segregación; clases de refuerzo; desdoblamiento de los
grupos; creación de grupos especializados; mejora del estatus del
profesorado y de su formación; apoyo a las familias, y el fortalecimiento
de la participación en la enseñanza, especialmente de los alumnos con
problemas, y sobre todo un mayor esfuerzo presupuestario, del que ustedes
no han querido ni hablar. Propuestas que se concentran y se concretan en
las enmiendas números 788 y 798, de adición de un nuevo Capítulo V, de la
educación obligatoria, con las medidas necesarias para mejorar el
rendimiento escolar, intervenir a tiempo y superar las dificultades,
mejorar la capacidad y motivación, y aprender actividades formativas y
complementarias. Proponemos dotar a ese Capítulo V bis nuevo de recursos
humanos y materiales para atender a esas propuestas, y que los centros
cuenten con los medios adecuados para hacer proyectos de investigación
educativa, tan necesarios para atender a la diversidad.
Respecto al Título II, de la enseñanza de idiomas, y al Título III, del
aprendizaje permanente: enseñanzas para las personas adultas, presentamos
11 enmiendas de supresión. ¿Por qué al Título II, de la enseñanza de
idiomas? Por dos razones. Primera, porque son una copia del Capítulo II
del Título II de la LOGSE, no se mejora nada y ya está legislado.
Segunda, porque lo que legislan con respecto a la enseñanza de idiomas lo
modifican a peor.
Después de haber escuchado ayer a la ministra, que hace bandera de la
enseñanza de idiomas --y nos parece importantísimo--, no entendemos que
en este Título se establezca como requisito imprescindible para poder
asistir a a las escuelas de idiomas, a las que antes podían ir alumnos
del primer ciclo de la ESO, es decir de 12 y 13 años, según figura en el
articulado, haber cursado los dos primeros cursos de la ESO. Esto,
señorías, diga lo que diga la ministra, empeora sensiblemente la
posibilidad de acceso a la enseñanza de idiomas. ¿En qué quedamos, en lo
que dice la ministra o en lo que dice la ley? Me parece que hay un
absoluto descontrol, pero así queda escrito.
Con respecto al Título III, que corresponde a los artículos 52 a 55,
hemos presentado también enmiendas de supresión en lo que se refiere a la
enseñanza permanente de personas adultas, y prácticamente lo hacemos por
la misma razón. Se copia el Título III de la LOGSE y no se adopta ni una
sola medida para luchar contra el fracaso escolar en este ámbito de
aprendizaje; es más, sólo ponen trabas porque quitan condiciones
favorables que ya estaban establecidas en la LOGSE. La oferta de la
enseñanza para adultos se ajustará, según el artículo 53.1, a los
objetivos y criterios de evaluación fijados en los currículum de
enseñanzas obligatorias. Señorías, ¿tienen la misma capacidad, la misma
disponibilidad de tiempo y las mismas posibilidades que los adolescentes
las personas a las que va dirigida? No, señorías. No obstante, no todo es
negativo en este apartado. Nos parecen oportunas y positivas las
aportaciones que hace la ley en relación con la población reclusa y
hospitalaria, pero este punto blanco no aclara todos los borrones del
Título III.
Por último, señorías, voy a hacer referencia al Título VII, de la
inspección del sistema educativo, al que presentamos diez enmiendas, las
números 1004 a 1013. Efectivamente, la mayoría son enmiendas de
supresión, pero también hay importantes enmiendas de adición sobre las
que nos gustaría, aunque creemos que va a ser en vano, que ustedes
reflexionasen; son enmiendas de adición formuladas a unos artículos
nuevos del Título VII.
La inspección es una pieza fundamental en el sistema educativo y debe ser
rigurosa e igual en la pública y en la privada, pero durante este tiempo
no ha sido así. Les voy a contar una anécdota. El año pasado al director
de un instituto de mi ciudad, Valladolid, se le expedientó porque había
retrasado un solo día la apertura del curso por razones de calendario. Yo
sólo soy madre y no tengo una experiencia directa en las actividades de
dirección o formación escolar, pero conozco las dificultades que tienen
los directores de centro a la hora de organizar el calendario escolar.
Este director tuvo que retrasar, y pidió permiso para ello, un día la
apertura del curso, y se le sancionó. Sin embargo, no se ha planteado
ninguna sanción a centros privados que han asistido, perdiendo también
días de escolarización, a la canonización de Monseñor Escrivá de
Balaguer. Este distinto trato a los colegios públicos y concertados
atenta profundamente contra la igualdad de la enseñanza.
Efectivamente, la inspección es una pieza fundamental, pero con la nueva
fórmula que presenta la ley vamos a pasar de una inspección que tenía un
carácter general --bien es cierto que hay que dar trabajo al nuevo cuerpo
de catedráticos-- a una inspección que, a nuestro juicio, va a perder su
carácter general con el sistema de especializaciones. El otro día decía
el señor Barquero que no ha dado todos los resultados; no sé si ése es el
fondo de la cuestión o, como les digo, dar trabajo a ese nuevo y
resucitado cuerpo de catedráticos. Esperemos que no sea así y que se
avance en esta inspección.
Las enmiendas de adición que presentamos, números 1009 y 1013, son de
gran importancia. Señorías, no se puede gobernar la educación en contra
de todos y menos aún en contra de los gobiernos autonómicos. Entendemos
que es necesario introducir en esta ley una referencia a la mejor
coordinación con las comunidades autónomas. El sentido de nuestras
enmiendas de adición es que deben responder a la realidad actual del
sistema educativo en los diferentes niveles competenciales e insistir en
la coordinación y en la cooperación.
Con respecto a la enmienda número1003, es cierto que hemos avanzado en la
descentralización administrativa a nivel regional, pero en la
descentralización de las administraciones locales estamos muy lejos de
equipararnos con los países europeos. Por lo tanto, el sentido de nuestra
enmienda es que es necesario profundizar en una nueva fase de
transferencias de competencias educativas a las administraciones locales.
Me gustaría, señorías, señores del Grupo Parlamentario Popular, que,
sobre todo en este apartado, tuvieran ustedes la sensibilidad de escuchar
propuestas que siempre han ido
dirigidas a la mejora de la auténtica calidad de la educación. Señorías,
si la señora ministra hubiera sido una buena alumna, si hubiera dedicado
un poco más de tiempo al estudio, sabría que la Unesco ha definido como
cuatro pilares de la educación el aprender a conocer, a hacer, a vivir
juntos y a se. Comprendería que hay que aprender a convivir con los otros
responsables políticos de la educación, fomentando un marco de
comprensibilidad, evitando la tensión, la provocación y propiciando un
debate desde la participación y el respeto a las competencias y a las
ideologías y a la conciencia de que la educación es mejorable desde el
conocimiento de la realidad actual y desde el consenso. Señorías, hemos
perdido una ocasión de mejorar la calidad. Se lo podría haber apuntado el
Partido Popular, pero su prepotencia, su sentido autoritario, su profunda
ideología conservadora y selectiva no lo ha permitido. El país
retrocederá en calidad educativa con carácter general y los ciudadanos,
señorías, no lo duden, les van a pedir cuentas tanto por acción, como por
omisión, pero es la responsabilidad de su Gobierno.
Muchas gracias, señor presidente. (Aplausos en los escaños del Grupo
Parlamentario Socialista.) El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senadora
Agudo.
Por el mismo Grupo Parlamentario Socialista, tiene también la palabra el
senador Fernández Zanca.
El señor FERNANDEZ ZANCA: Muchas gracias, señor presidente.
Señorías, el senador Varela, casi al final de su intervención, decía: Más
vale un mal acuerdo que un buen pleito. Yo añadiré un dicho gitano que
encierra una profunda verdad y que me lo sugirió mi compañero de escaño,
el senador Romero Calero: Tengas pleitos y los ganes. Ustedes han querido
que esto fuera un pleito y no un acuerdo, y están ustedes en su derecho a
hacerlo porque gozan de esa mayoría de la que hablábamos el otro día en
la Comisión de Educación, Cultura y Deportes.
Mi compañera la senadora Agudo ha dado un amplio repaso a cuál es el
planteamiento que pretendemos con nuestras enmiendas; yo continuaré en
ese sentido para que quede claro que esas 338 enmiendas que hemos
presentado representan la forma de concebir un modelo de escuela, un
modelo de educación radicalmente distinto al que figura en el proyecto de
esta ley.
La señora ministra dice que nosotros somos los del no, no y no.
Recientemente decía que nosotros éramos los del bla, bla, bla. Sea el no,
no, no o el bla, bla, bla, estoy convencido de que la señora del Castillo
no se ha tomado la molestia de leerse nuestras enmiendas, de leerse el
texto alternativo que mis compañeros del Congreso de los Diputados
presentaron. Si lo hubiera hecho, habría observado, por ejemplo, que lo
que en el proyecto de ley que estamos debatiendo se despacha con cinco
líneas y media en el artículo 48, ahí nosotros proponemos un título, que
es el de la compensación de las desigualdades, y presentamos 10 artículos
que tienen como objetivo desarrollar un conjunto de actuaciones
destinadas a garantizar la integración real del alumnado, un alumnado que
tenga esas deficiencias educativas que le impidan desarrollar un adecuado
progreso escolar.
¿Cómo pueden decir, señorías, sin sonrojarse que estamos aferrados a la
LOGSE, cuando lo que hacemos es desarrollar en este título un conjunto de
medidas dirigidas a la compensación de las desigualdades, cosa que
ustedes no hacen? En todo el texto no hay nada específico dirigido a la
compensación de las desigualdades, porque ahí es donde está el origen del
fracaso escolar. ¿Qué es lo que hacen ustedes? Nada, ustedes esperan a
que el chico tenga 12 años y a los 12 años lo sacan de su grupo, lo meten
--como decía ayer-- en el descansillo de las escaleras para ver cómo se
porta en el descansillo y si en el descansillo nos molesta lo sacamos al
portal y si en el portal nos molesta lo sacamos a la calle. Eso es lo que
hacen ustedes, formar un pelotón de los torpes.
¿Qué proponemos frente a esto los socialistas? Casi nada, una serie de
medidas específicas para prevenir el fracaso escolar en zonas y centros
que escolarizan a un número significativo de alumnos con dificultades, y
lo primero que hay que hacer, señorías, es dotar a estos centros de
medios materiales específicos y de profesores con la formación necesaria
para atender a estos alumnos. Medidas como la reducción de la ratio de
alumnos a 15 por clase; medidas como el incremento de los recursos para
gastos de funcionamiento; medidas como la ampliación de profesores;
medidas como el establecimiento de acuerdos con ayuntamientos para que
los trabajadores sociales, mediadores culturales y otros profesionales
puedan trabajar tanto con el alumnado como con los padres que necesiten
de esa ayuda, de esa colaboración; medidas para garantizar la integración
real de los alumnos procedentes de familias inmigrantes y para compensar,
cuando sea necesario, las deficiencias educativas que presenten estos
alumnos; medidas para crear centros de recursos para preparar grupos,
equipos de acogida que estudien la situación educativa personal, familiar
y social del alumnado inmigrante y para decidir cuáles son las mejores
condiciones de escolarización de estos jóvenes; medidas que contemplan
programas de inmersión lingüística para el alumnado que lo necesite;
medidas para dotar a los centros que escolaricen al alumnado inmigrante
de los medios profesionales, de los medios económicos y organizar
intervenciones específicas que permitan recuperar el retraso de estos
jóvenes.
Presentamos medidas, señorías, para fomentar la elaboración de programas
y diseños curriculares específicos para los casos de incorporación tardía
al sistema escolar. Medidas para la formación del profesorado, para que
se firmen convenios de colaboración con aquellos países de los que
procede la mayoría del alumnado inmigrante. Medidas para que los alumnos
sordos sean objeto de una atención específica, entre las que se
contempla, primero, la atención para la detección precoz y la evaluación
de sus necesidades y, segundo, la garantía de una oferta educativa
bilingüe, en la que la primera lengua sea la lengua de signos española, o
la catalana en su caso, y la segunda lengua sea la castellana o la
oficial de cada una de las comunidades de nuestro país. Asimismo, son
necesarias medidas para promover cursos de formación específica con
objeto de atender a ese tipo de alumnos, al igual que medidas para la
preparación tanto del profesorado como de otros profesionales que puedan
ayudar a esos jóvenes. Y también debe haber medidas para asegurar la
escolarización de todos: inmigrantes, minorías étnicas, alumnos con
dificultades, etcétera, en el centro al que deseen acudir. Porque aún no
les he oído decir --a lo mejor hoy sí lo hacen-- que los centros
sostenidos con fondos públicos deben tener los mismos derechos, ni uno
menos, pero también las mismas obligaciones, tampoco ni una menos.
¿Cómo pueden decir que nuestro programa es el del no, no y no, cuando,
como he dicho, lo que ustedes zanjan en cinco líneas a nosotros nos ocupa
lo que les acabo de expresar de forma muy resumida?
Después del debate en comisión ha quedado claro que los programas de
iniciación profesional son un itinerario: lo que yo denomino el cuarto
itinerario, que conduce, cuando así ocurre, exclusivamente a la Formación
Profesional --artículo 38.3.a) de la ley--, que se inicia
fundamentalmente a los 15 años, no a los 16, senadora Delgado, aunque los
jóvenes también podrán incorporarse a los 16 años. Supongo que ustedes se
habrán dado cuenta de que con esta medida a los alumnos de 15 años se les
hurta la posibilidad de cursar un año más en la Enseñanza General con el
resto de sus compañeros.
Por otro lado, uno de los elementos clave en el proceso educativo es, sin
duda, la formación de los profesores, quienes tienen como objetivo
primordial incrementar el rendimiento escolar de los alumnos y, por
tanto, mejorar en términos generales el sistema educativo. Pero ustedes
se olvidan completamente de la colaboración que debe existir entre el
profesor y el tutor y entre el profesor y las familias, y también se
olvidan de la innovación, una faceta importantísima para todo profesor.
(El señor vicepresidente, Prada Presa, ocupa la Presidencia.)
Y tan importante como la formación inicial es la formación permanente;
por tanto, creemos que el Instituto Nacional de Evaluación y la
Conferencia Sectorial de Educación han de ser dos piezas fundamentales en
la formación permanente en la que, por ejemplo, habrá que prestar
atención a la colaboración con las familias para favorecer el proceso de
aprendizaje y la convivencia en los centros; la formación específica,
para que el profesorado pueda utilizar las nuevas tecnologías como una
herramienta útil; la tutoría, como uno de los elementos centrales de un
sistema que debe tener como eje fundamental la atención a la diversidad;
la atención al alumnado inmigrante, o la promoción entre distintos
niveles educativos, incluidos los universitarios.
Les decía en el debate en comisión que el Gobierno del Partido Popular ha
sido el único gobierno en democracia que ha bajado los sueldos a los
profesores, ya que el profesorado, con el incremento del 2 por ciento
anual que vienen ustedes aplicando, ha ido perdiendo poder adquisitivo
año tras año, llegando a ser dicha pérdida de cinco puntos en estos
momentos --supongo que el curso que viene también perderá algún puntito
más--. Por ello, nosotros queremos introducir un complemento retributivo
ligado a la evaluación de la práctica docente.
Asimismo, proponemos que todo el profesorado tenga derecho a un año
sabático a lo largo de su vida profesional, por considerar que esa medida
será beneficiosa para facilitar su actualización científica y pedagógica.
Por otra parte, ustedes dicen que los profesores mayores de 55 años
podrán tener una reducción de horario; eso sí, a costa de su salario.
Pero, señorías, eso no es ningún mérito. ¿Qué mérito supone la reducción
de horario acompañada de la reducción de salario? Sin embargo, nosotros
proponemos que el profesorado mayor de 55 años tenga una reducción de su
horario lectivo de un tercio y dedique en ese tiempo su experiencia al
desarrollo de otras actividades. Esta sí que es una medida progresista,
pero reducir horario y salario, no sé cuántos profesores van a aceptarlo.
También proponemos extender el modelo de jubilación voluntaria a los 60
años, que ha estado vigente hasta la actualidad.
Señorías, uno de los puntos de confrontación entre el Partido Popular, el
Partido Socialista y yo diría que el resto de la oposición, ha sido el
referido a los centros concertados. Y quiero que quede claro que los
socialistas no tenemos absolutamente nada contra los centros concertados,
buena prueba de ello es lo que hemos hecho durante los trece años de
Gobierno socialista. Pero es inaceptable para nosotros, por ejemplo, la
generalización de conciertos en las etapas educativas no obligatorias,
ese café para todos que ustedes proponen para beneficiar de forma
descarada, y así hay que decirlo, a la escuela privada.
En segundo lugar, los centros sostenidos con fondos públicos, sean
públicos o privados, han de tener --lo decía antes-- los mismos derechos,
pero las mismas obligaciones, ni uno más, pero ni una menos. A lo largo
del debate de esta ley no les he oído decir con rotundidad algo tan
sencillo como: los centros concertados deben atender a todo el alumnado
sin ningún tipo de discriminación, implícita o explícita, de forma que se
evite de raíz la configuración de una doble red de centros. No se lo he
oído, ¿lo van a decir hoy? ¿Van a decir eso hoy en el Pleno? ¿Van a decir
que los centros concertados tienen que hacer efectivo el principio de
gratuidad? ¿Van a decir hoy que los centros concertados han de llevar a
cabo una gestión transparente y controlable socialmente? Les animo a que
lo hagan porque sería un gran alivio para nosotros: que lo hagan y pongan
los medios para que eso se pueda cumplir.
Otro punto de fricción es lo concerniente a los órganos de gobierno y
participación. Señores senadores, si este proyecto se caracteriza por
algo en este aspecto, es por un recorte de la participación de los
miembros de la comunidad educativa. Se recorta la capacidad de decisión
del Consejo Escolar, se recorta la autonomía de los centros, se recorta
la participación del profesorado en la aprobación de aspectos docentes,
se recorta la participación de todo el sector implicado en la elección
del director. Ya tuve ocasión de expresar ayer en la defensa del veto del
Grupo Parlamentario Socialista lo que opinamos acerca de esa designación
del director. Por tanto, no voy a reiterar lo ya expresado,
pero sí voy a hacer algunas preguntas para ver si, de paso que me
contestan las referentes a los centros concertados, me pueden responder
también a éstas. ¿En qué va a beneficiar al sistema educativo el hecho de
que al director lo nombre la Administración? ¿Le va a conferir más
autoridad el hecho de que sea nombrado a dedo, en lugar de ser nombrado
por toda la comunidad educativa del centro?¿Va a mejorar este tipo de
designación el clima general del centro? ¿No es poner bajo sospecha a la
comunidad escolar que elige, no al mejor, sino al más popular? Eso es lo
que dicen ustedes de forma colateral con este proyecto. Son preguntas que
ahí quedan, y ya es cosa de ustedes que las contesten o no.
Y, de paso, a ver si me contestan por qué en el artículo 72.3 cuando
habla de la admisión de los alumnos en los centros sostenidos con fondos
públicos y de la no discriminación por razones ideológicas, religiosas,
morales, sociales, de raza o nacimiento, no se incluye la razón por sexo.
La pregunta es si ésta es la puerta para que se haga posible aquel
estribillo, que se hizo famoso hace unos años, de los niños con los niños
y las niñas con las niñas. Me gustaría que nos contestaran a estas
preguntas.
Con este proyecto de ley --lo han dicho ya muchos portavoces-- se quiebra
el consenso educativo en materia territorial, la definición del Estado de
las autonomías; la voluntad de trabajar juntos y de compartir las
directrices generales de la política educativa han saltado en pedazos. No
sólo el Ministerio de Educación, Cultura y Deporte lleva casi tres años
de espaldas a las comunidades autónomas, sino que muchas veces ha
gobernado contra ellas. La ministra, señora del Castillo, convida y manda
la factura a las comunidades autónomas, ella legisla y las comunidades
pagan, y no puede ser así, señorías, las comunidades autónomas no pueden
ser meras pagadoras de unas reformas unilaterales del Gobierno central,
ellas son y deben ser las garantes del mejor sistema educativo en su
territorio, y cuando para ello necesitan la ayuda y cooperación del
ministerio, lo que reciben es rechazo, ninguneo y, peor todavía, muchas
veces descalificación.
Los socialistas, frente a este comportamiento, queremos reforzar la
cooperación y el diálogo entre las distintas administraciones, queremos
dotar a la Conferencia Sectorial de Educación de los recursos necesarios
para que se convierta en el órgano fundamental de debate de coordinación
y de evaluación de las líneas maestras de la política educativa,
convertirlo en un órgano para debatir, y sobre todo para consensuar,
porque estamos convencidos, señorías, de que la educación debe ser una
tarea compartida por todos, no se puede imponer.
En resumen, y ya voy terminando, este proyecto de ley --ya se ha dicho
repetidas veces--, a pesar de las justificaciones y de los cientos de
reuniones que se han celebrado --que ya sabemos cómo se producen-- carece
de un diagnóstico serio y riguroso, no se hace un verdadero análisis de
los problemas y de sus causas, de forma que toda esta paleorreforma
--como la llamaba ayer-- no se sustenta en ningún estudio contrastado
sino en una visión catastrofista y en una serie de tópicos que ustedes
han ido colocando y que tienen como objetivo confundir a la opinión
pública, con una extraordinaria desproporción entre la retórica a cuenta
de la calidad de la educación y las medidas que ustedes proponen como
solución.
Los itinerarios contemplados a los 14 años hipotecan a una edad demasiado
temprana las posibilidades de promoción personal y profesional de la
mayoría de alumnos y, lo reitero de nuevo, van a contribuir a un fenómeno
que no interesa a ningún país del mundo, sólo a España, y es que se va a
reducir el número de jóvenes que acceden al Bachillerato y a la
universidad, justo lo contrario de lo que plantea la Unión Europea.
El sistema educativo actual necesita cambios, lo hemos dicho por activa y
por pasiva, lo hemos dicho desde el principio, pero esto no es una
reforma, esto es una regresión en toda regla. El Gobierno quiere cerrar
rápidamente el ciclo con esta tercera ley educativa, y a ustedes,
señorías, les cabrá el dudoso honor de haber aprobado las leyes
educativas más reaccionarias de la democracia.
Los socialistas creemos que hay otra política educativa alternativa que,
en lugar de segregar, integra; que, en lugar de bajar los brazos frente
al fracaso escolar, lo previene; que en lugar de recortar la
participación de las familias, la promueve; que, en lugar de otorgar
privilegios a la escuela privada, se preocupa de los derechos y de las
necesidades de la escuela pública; que, en lugar de desanimar al
profesorado, lo incentiva; que, en lugar de buscar el enfrentamiento,
busca el consenso educativo; que, en lugar de esconder detrás de la
tijera presupuestaria lo que van a hacer, fija compromisos económicos
para mejorar la calidad de nuestros centros. Ustedes, señorías, se
quedaron solos en la LOGSE, ustedes, señorías, se han quedado solos en la
LOCE, por algo será.
Muchas gracias. (Aplausos en los escaños del Grupo Parlamentario
Socialista.)
El señor VICEPRESIDENTE (Prada Presa): Gracias, senador Fernández Zanca
Finalizado el turno de defensa de enmiendas, corresponde ahora el turno
en contra.
Por el Grupo Parlamentario Popular, tiene la palabra la senadora Delgado,
que compartirá su turno con la senadora Novillo.
La señora DELGADO GARCIA: Gracias, señor presidente.
Al igual que en Comisión, voy a tratar las enmiendas correspondientes al
Título Preliminar, a los Capítulos I y IV, el Capítulo V hasta el
artículo 37 y finalmente los Títulos V y VI; el resto lo hará mi
compañera.
En primer lugar, antes de contestar en detalle las enmiendas, puesto que
el tiempo del que se dispone no es mucho y ya en Comisión se hizo un
desglose más detallado, voy a hacer mención sólo a algunas enmiendas y a
determinados aspectos que han comentado algunos de los portavoces.
El señor Bildarratz ha dicho que se han ido incorporando enmiendas gotita
a gotita y he de decirle que no es así, que en el Senado se han
incorporado muchas enmiendas al texto , algunas del Grupo Parlamentario
Socialista,
otras de Coalición Canaria o de CIU, y también se han aprobado algunas
«in voce»; por tanto, creo que hemos superado la gotita, aunque no digo
que haya sido una cascada.
Por cierto, el Grupo Parlamentario Popular lamenta mucho que esta mañana
no haya podido salir adelante en esta Cámara una enmienda in voce
relativa al artículo 23 que hace mención a las asignaturas de la
Educación Secundaria Obligatoria; en el punto ñ) se habla de tecnología y
estaba previsto que figurara tecnología general y de la información, dado
que vivimos en una sociedad de la información del siglo XXI y
considerábamos más oportuno que este título se complementara con ese
apartado. Por tanto, insisto, lamentamos que en este caso el Grupo
Parlamentario Catalán en el Senado de Convergència i Unió no haya hecho
posible que dicha enmienda haya salido adelante.
Por otro lado, los senadores Cámara y Sabaté han dicho que no hemos
comentado nada de algunas enmiendas, ni siquiera en Comisión, y que
estaban rechazadas. A este respecto he de decir que algunas enmiendas
pretenden una invasión de competencias. Por ejemplo, el senador Cámara ha
citado unas cuantas --no he podido cogerlas todas, las he anotado a vuela
pluma-- por las que se solicita ampliar ofertas de plazas de centros
públicos y he de decirle que esta es una competencia de las comunidades
autónomas y, por tanto, sus enmiendas no se rechazan porque no sean
dignas de ser reconocidas sino porque no corresponde a esta ley sino a
las comunidades autónomas pronunciarse sobre esta cuestión. Lo que ocurre
en muchas ocasiones es que las transferencias a las comunidades autónomas
para educación no son finalistas, lo que significa que no necesariamente
obliga a las comunidades autónomas al gasto íntegro de esa partida
presupuestaria en educación; por ejemplo, en Andalucía sólo un 60 u 80
por ciento se dedica a educación mientras que el resto se destina a otros
menesteres y, por tanto, se pueden producir deficiencias dentro de la
comunidad pero como comprenderá es una responsabilidad de esas
administraciones y en este caso la ley no tiene por qué pronunciarse.
Usted ha dicho que tampoco nos hemos referido a las plantillas y he de
decirle que los recursos humanos también corresponden a las comunidades
autónomas. Y que tampoco hemos hablado de las materias optativas y le
digo lo mismo, también es competencia de las comunidades autónomas. En
este sentido, no es que no hayamos leído o no queramos contestar a estas
enmiendas, es que no proceden y, por tanto, decaen en sí mismas.
El señor Bildarratz ha vuelto a referirse a la literatura. La letrada me
ha confirmado que se ha corregido y que en el texto actualizado aparece
«y literatura». Se lo digo para su tranquilidad, independientemente de
que disponga o no del documento. Si no está corregido --que usted dice
que no--, como se acordó, puede hablar usted con la señora letrada y este
tema quedará resuelto. (El señor Vicepresidente, Rojo García, ocupa la
Presidencia.)
El senador del Grupo Parlamentario Entesa Catalana de Progrés ha
manifestado, en relación a los convenios culturales: tengo un gran
interés en que se me conteste a la enmienda número 409.
Señoría, en cuanto a que las comunidades autónomas puedan establecer
convenios, debo decirle que, por poder, puede, nadie le dice que no, pero
ustedes saben muy bien que esos convenios deben ser aprobados por las
Cortes Generales. Eso es así. Por lo tanto, el proyecto de ley no va a
entrar en ello, puesto que es una medida que, como ustedes saben, se
puede hacer, pero lógicamente lleva su trámite y, si las Cortes Generales
lo aprueban, sale, si no, no, pero no corresponde que sea la ley la que
se pronuncie sobre ese particular.
Senador Varela, aunque luego entre en detalle en otros aspectos --no digo
que usted tenga que estar de acuerdo, por favor, para eso es el debate
parlamentario--, creía que había quedado clara la explicación que dábamos
en Comisión sobre el tema del director.
Tal y como viene en el proyecto de ley, usted sabe que lo que nosotros
proponemos es un sistema mixto. Nosotros respetamos que los grupos que
defienden el sistema actual digan que les gusta mucho, pero lo que hay
que reconocer es que ha fracasado, porque en estos momentos sucede que el
60 por ciento de los directores que tenemos en los centros son directores
nombrados por la Administración porque no ha habido candidatos --algo
pasará cuando la gente no quiere ser director.
Nosotros lo que decimos es que como este sistema ha fracasado, vamos a
proponer otro. El sistema que proponemos en el proyecto de ley es mixto,
dice: una comisión, constituida por representantes de la administración
educativa y, al menos, en un 30 por ciento, por representantes del
centro. De éstos últimos, al menos el 50 por ciento lo serán del claustro
de profesores de dichos centros. Es decir, no es la administración
educativa; incluso a mí me ha dado la sensación, cuando lo explicaba, de
que ustedes lo que proponían era que la administración educativa --con un
concurso de méritos y con todo lo que haga falta-- era la que
seleccionaba al director. Me parece que ése es un sistema llevado mucho
más al extremo. Es cierto que existen algunos países europeos que lo
tienen, pero nosotros hemos optado por un sistema mixto.
¿Qué quiere decir mixto? Pues que garantizamos que al menos un 30 por
ciento sean representantes del centro; de los cuales, un 15 por ciento va
a constituir el claustro y el otro 15 por ciento podrá ser del Consejo
Escolar. Pero fíjese bien, queda un 70 por ciento, y la Administración es
muy libre --y digo esto porque otros grupos son partidarios de que la
Administración no intervenga-- para decir: nosotros también cedemos el 70
por ciento a los centros, o queremos hacer uso de ese 70 por ciento,
pero, como mínimo, el artículo queda abierto para que se pueda optar o
por uno o por otro.
Por lo tanto, cuando dice que hacemos paternalismo, no es así; optamos
por un sistema mixto, no es paternalismo. Ustedes, por lo que observo,
han optado por un sistema en el que la Administración dice: yo
selecciono. A nosotros ese sistema no nos gustaba. Como hemos visto que
el otro fracasaba, tampoco gustaba éste, hemos optado por uno mixto. Por
ello hay que asegurar una participación que sea representación del
centro, y queda ese margen para el
resto. El otro día en comisión me pareció que se lo dije, pero quizá no
me supe expresar con la claridad que debía.
En cuanto al Grupo Parlamentario Socialista, tengo que decir que, al
igual que ocurrió el otro día en Comisión, la señora Agudo dedica las
tres cuartas partes de su discurso a plantear otro veto. Ayer ya quedó
resuelto y, magníficamente, por nuestro compañero Barquero que contestó
lo que tenía que contestar. Por lo tanto no quiero entrar en eso.
En cuanto al resto del discurso, que hace predicciones de futuro en
cuanto a que va a fracasar, yo no sé lo que va a pasar dentro de media
hora y no puedo prever lo que va a ocurrir con una serie de artículos. No
me parece que sea precisamente lo más apropiado para un debate
parlamentario serio, y nos debemos atener a lo que la ley en su escrito
dice, y no a lo que va a pasar dentro de uno o dos años.
Hablando de prejuicios, efectivamente, aquí se ha dicho que las medidas
de apoyo que se ponen en primero y segundo de la ESO eran un itinerario
oculto. Aquí de itinerario oculto no hay nada, eso es una lectura con
prejuicio. Si un alumno en primero y segundo necesita apoyos para
asignaturas instrumentales, ¡habrá que dárselos! ¿O vamos a seguir
dejando que los padres tengan que pagar clases particulares para
recuperar lo que sus hijos no recuperan en la escuela? Por cierto,
hablando de padres, el otro día el Grupo Parlamentario Socialista no lo
dijo en comisión y yo esperaba a ver si lo decían hoy. Nos hemos quedado
sin saber con qué argumentos explicarían ellos a la sociedad esos
derechos laborales y de Seguridad Social en los supuestos de los padres
con niños que no van muy bien en la escuela y tengan que dejar
prácticamente de trabajar para dedicarse en su casa a dar clases (El
señor Fernández Zanca hace signos exclamativos.) La verdad es que nos
hubiera gustado escuchar el argumento que tenían para defender esto. Pero
no, eso no se ha dicho y en cambio se critica el que sea la escuela la
que asuma la responsabilidad de tener que apoyar a los alumnos, y encima
con una lectura no honesta diciendo que eso es un itinerario oculto.
A propósito, senador Fernández Zanca, menos mal que ha reconocido que es
usted el que ha hablado de cuarto itinerario, porque la ley no habla de
cuarto itinerario y yo no dije nada de eso. Usted lo sabe. Usted sabe que
yo no hablé nada de cuarto itinerario y me alegro y le agradezco que al
menos haya tenido usted esa nobleza de reconocerlo hoy aquí.
El senador de Entesa hablaba también de los desdoblamientos. Senador
Sabaté, con los desdoblamientos para apoyo de los alumnos en un aula no
pasa nada, la ley no dice nada porque eso es competencia de las
comunidades autónomas. Ahora, si lo que usted proponía era el
desdoblamiento como una alternativa al itinerario, en ese sentido,
efectivamente, nosotros hemos apostado por los itinerarios --y aprovecho
para contestar algunas de las enmiendas que se han presentado aquí--, que
son formativos, no son itinerarios selectivos; selectiva es la rigidez
que en estos momentos tiene la LOGSE. Si se leen ustedes bien el texto,
verán que estos itinerarios introducen mayor flexibilidad y oferta de
oportunidades en el sistema educativo. Además tampoco es ninguna novedad,
los países más avanzados de la Unión Europea lo están poniendo en
práctica, o sea que es algo de lo que hay constancia de cómo funciona.
¿Qué permite? Permite a los estudiantes obtener el máximo rendimiento en
su aprendizaje, permite reducir el fracaso escolar. La previsión de
diversas vías formativas les garantiza mayor capacidad de integración y
cualificación, al tiempo que favorece la igualdad de oportunidades en el
sistema educativo. Además, la elección de estos itinerarios --y esto es
muy importante decirlo-- es libre, la eligen los alumnos con sus
familias; tienen a disposición suya un asesoramiento de los departamentos
de orientación de los centros pero no vincula, solamente les orientan.
Asimismo, son reversibles porque las asignaturas comunes, básicas, las
asignaturas instrumentales las van a dar igual, por eso es reversible, no
hay problema. Y además conducen todos al mismo título de graduado en
Enseñanza Secundaria Obligatoria.
En cuanto al programa de iniciación profesional, no es ningún itinerario
encubierto (El señor Fernández Zanca pronuncia palabras que no se
perciben y exhibe un «Diario de Sesiones.») No es ningún itinerario
encubierto, no. Usted me hace señas, pero me parece que aquí hubo un
lapsus, al igual que ha habido otros muchos lapsus. A lo largo del debate
en lugar de iniciación dije itinerario, pero cuarto itinerario no lo dije
yo; eso lo sabe usted y lo reconoció luego a la salida. Cuarto
itinerario, no.
El programa de iniciación profesional lo que hace es dar una oportunidad
más a los estudiantes que voluntariamente --asesorados por el
departamento de orientación-- pueden acceder a los 16 años cumplidos o
excepcionalmente a los 15, y una vez cursados esos dos años --que no es
formación profesional, como se dice en alguna enmienda-, si los superan
exitosamente pueden obtener también el título de graduado en Enseñanza
Secundaria.
Pasando a analizar ahora algunas otras enmiendas, quisiera decir al
senador Cámara que, cuando en su enmienda número 51 al artículo 1 plantea
que se suprima la palabra «esfuerzo», nosotros insistimos en mantenerla
--y creo que ayer ya se dijo aquí-- porque entendemos que todo
aprendizaje requiere un esfuerzo, y pretender lo contrario es hacer
demagogia con los alumnos.
Asimismo, en su enmienda 53 plantea que se hable del profesorado. Nuestro
grupo entiende que, tal y como aparece redactada, se trata más bien de
una reivindicación de trabajadores, algo que está en su legítimo derecho
de hacer, pero que no procede dentro del contexto en el que nos estamos
desenvolviendo. Aquí se pretende dignificar la labor del profesorado,
reconocer la labor docente como un componente muy importante dentro de la
calidad, y por ese motivo nos parece más oportuno el texto del proyecto
que el que usted propone.
En cuanto al tema de los derechos y deberes, no hemos aceptado la
enmienda número 3 de la senadora De Boneta porque nos parece oportuno que
el alumno conozca la Constitución y los estatutos de autonomía a fin de
que pueda formarse en los valores y principios reconocidos en ellos, así
como los tratados internacionales sobre derechos humanos. Obviar la
Constitución o los estatutos de autonomía no nos ha parecido lo más
oportuno ni adecuado.
En cuanto a la religión, tema al que se ha hecho mención y que ayer
comentaba el senador Cámara, que de hecho ha presentado varias enmiendas
en este sentido, como también las ha presentado el senador Quintana, debo
decir en primer lugar, senador Cámara, que España no es un Estado laico,
sino que es un Estado aconfesional. En segundo lugar, la religión queda
en esta ley exactamente igual que antes, con el mismo status. Quiero
recordarle que el tema de la religión es fruto de un convenio
internacional con la Santa Sede de 1979 que no se ha tocado, y así queda
esta cuestión reflejada en la ley, igual que antes. ¿Qué es lo que se ha
regulado y lo que sí ha variado a este respecto? Se ha regulado la
alternativa. En aquellos momentos la ética era la alternativa a la
religión y siguió siéndolo hasta el año 1990, momento en que la LOGSE
introdujo una modificación en virtud de la cual dicha alternativa
desaparece y se sustituye por recreo, juegos, etcétera. Pues bien,
señoría, para que todos los alumnos estén en condiciones de igualdad en
cuanto al aprendizaje, se crea esta área de sociedad, cultura y religión,
donde ésta última queda tal y como estaba con la única particularidad de
que se crea una alternativa aconfesional que estudia el fenómeno
religioso desde un punto de vista histórico y cultural. Quiero decir a su
señoría que el 80 por ciento de los alumnos piden religión, pero, además,
la inclusión de esta alternativa ha tenido muy buena acogida en una gran
mayoría de la sociedad, porque estudia los fundamentos existentes en
nuestra cultura occidental.
En cuanto a las becas, a las que también ha hecho mención el senador
Cámara, debo manifestarle, en primer lugar --y no voy a entrar en ese
debate, pues ya se trató en el debate de presupuestos-- que la partida de
becas es una de las de mayor crecimiento en el presupuesto desde 1996.
Desde 1996 a 2003 dicha partida se ha incrementado un 56,83 por ciento en
términos nominales y un 29,30 por ciento en términos reales. En la
enmienda número 66 hablan ustedes de los requisitos. Señoría, la ley
menciona condiciones académicas y económicas, pero dado que existen
muchos tipos de becas, se sobreentiende que cada una de ellas tendrá sus
propios requisitos que no procede incluir aquí.
En cuanto a la enmienda número 6, presentada por la senadora De Boneta
--también han presentado enmiendas en este sentido los senadores Varela y
Bildarratz, a quienes ya respondí el otro día en Comisión, pero dado que
la senadora De Boneta no pudo estar presente, repito aquí mis argumentos,
por lo que pido disculpas a sus señorías--, debo decirle, señoría, que
existe una sentencia del Tribunal Constitucional del pasado año sobre
este tema. Si usted revisa dicha sentencia podrá comprobar que el texto
se adecua rigurosamente a lo que establece la misma, motivo por el que no
cabe hablar de ninguna trasgresión en esta materia. Es decir, lo que
figura aquí sobre becas se corresponde exactamente con la mencionada
sentencia. Es más, precisamente este texto está trascrito también,
literalmente, del artículo 45 de la LOU. Por ello, senador Varela, no
entiendo por qué han presentado ustedes esta enmienda cuando votaron a
favor de la mencionada ley.
Senador Bildarratz, hoy ha vuelto a mencionar la enmienda número 334, al
artículo 8.2, y la verdad es que me parece que es un problema puramente
semántico. El texto únicamente pretende separar las comunidades autónomas
que tienen lengua cooficial propia, de aquellas que no la tienen y, por
eso, establece esa diferenciación entre unas y otras, pero le puedo
asegurar que no tiene ninguna doble intención de mínimos o de máximos,
como usted le pretende dar.
Cuando usted ha vuelto a mencionar este problema, he vuelto a leer el
texto y le puedo asegurar que se trata de una cuestión semántica, para
separar las comunidades autónomas que tienen lengua cooficial de las que
no la tienen. Se lo dije el otro día y hoy me ratifico.
El senador Cámara, el Grupo Parlamentario Socialista, Entesa Catalana de
Progrés, y no sé si algún grupo más, han presentado enmiendas con
respecto al tema de la educación preescolar. El otro día lo expliqué en
Comisión y, por ello, no me voy a extender, pero sí quiero decir que si
la educación preescolar va a adquirir una categoría importante es gracias
a esta ley. Aquí tiene título y capítulo propio, precisamente porque la
etapa de cero a tres años es muy importante, mientras que en la LOGSE
aparecía diluida dentro de otra etapa. Es más, si uno lee la LOGSE y
estudia los aspectos que desarrolla en relación con la educación
infantil, no se sabe si se está refiriendo a la etapa preescolar o a la
infantil porque vienen todos juntos. Sin embargo, en este proyecto de ley
no ocurre lo mismo, aquí se separan. Por lo tanto, no queda oscurecida;
al contrario, queda delimitada, marcada y resaltada.
Por supuesto, se trata de una etapa educativa. Miren ustedes, ya se
señala en el propio título: «De la Educación Preescolar». Además, dentro
del texto se señala que es educativa y asistencial; es decir, que nadie
pone en duda los aspectos educativos. Los aspectos que se tienen que
desarrollar --tales como el movimiento, la comunicación, etcétera-- se
incluyen en el ámbito educativo. Por tanto, los aspectos educativos están
claros, pero además, se añaden los asistenciales, de manera que se
enriquece el texto. A cualquier psicólogo al que usted pregunte le dirá
que las deficiencias asistenciales en esas etapas marcan el desarrollo de
la inteligencia, del aprendizaje y de las aptitudes. Por tanto, es
necesario que sea educativa, pero también asistencial, porque de otra
manera tendríamos un déficit educativo posterior.
El señor VICEPRESIDENTE (Rojo García): Senadora Delgado, tiene que
compartir el turno con su compañera y está agotando el tiempo.
La señora DELGADO GARCIA: Sólo le pido un minuto para poder zanjar la
cuestión de la educación infantil, por favor.
El otro día también se produjo una pequeña confusión respecto de los
convenios y los conciertos y, además, me parece que el senador Cámara y
el portavoz de Entesa también han comentado algo al respecto. Miren
ustedes, las comunidades autónomas pueden firmar los convenios que
estimen convenientes con los ayuntamientos, pero ésa es
una competencia de la comunidad y, por ello, no se recogen en el texto.
De lo que sí se habla es de conciertos, porque la enseñanza de la
educación infantil, que es voluntaria, se incluye como gratuita. Este
hecho supone un gran logro ya que hay un 90 por ciento de padres que
están escolarizando a sus hijos en esta etapa. Por tanto, lo que se
establece es que si en los centros públicos es gratuita, ¿por qué no
puede serlo en todos? Hemos de respetar el derecho de los padres de
llevar a sus hijos a otros centros y eso exige que haya que hacer
extensivo el concierto, para que los centros puedan impartir esta
enseñanza.
Por cierto, en las comunidades autónomas en que gobierna el Partido
Popular está extendida la gratuidad de la educación infantil. Por
ejemplo, en La Rioja al cien por cien, o en Castilla y León un 93 por
ciento. Por el contrario, en abril Castilla-La Mancha tenía sólo un 12
por ciento y Andalucía sólo un 3 por ciento. Eso sí, el señor Bono, de la
comunidad de Castilla-La Mancha, ha salido muy deprisa a hacer el
concierto y en estos momentos también es gratuita, luego a ver que
discurso es éste en el que ustedes, por un lado, critican una cosa y
luego presidentes de comunidades socialistas hacen otra.
Cuando el otro día ustedes criticaban los conciertos, la verdad, no
estaban legitimados para hacer ese discurso.
Muchas gracias. (Aplausos en los escaños del Grupo Parlamentario
Popular.)
El señor VICEPRESIDENTE (Rojo García): Gracias, senadora Delgado.
Tiene la palabra la senadora Novillo.
La señora NOVILLO MORENO: Gracias, señor Presidente.
Señorías, voy a intentar fijar la postura del Grupo Popular referente a
las enmiendas del resto del Título I, Títulos II y III, y Título IV hasta
el artículo 76.
Se ha hablado aquí de igualdad de oportunidades, y creo que la ley sí la
contempla. Estamos hablando de igualdad de oportunidades, en un sentido
amplio, en la atención a los alumnos por entender que la ley contempla la
atención específica a los alumnos extranjeros y a los alumnos en
desventaja social. Estamos hablando de aquellos alumnos que por su
situación geográfica, es decir, que vivan en entornos rurales, en
entornos urbanos, pero en situaciones de desventaja social o carencias
culturales o económicas, se impulsará la atención específica, por
ejemplo, dotándolos de recursos específicos. Esa es la apuesta que está
haciendo el Gobierno al dotar y equilibrar esa igualdad de oportunidades
para todos los alumnos en las escuelas.
Esta igualdad de oportunidades viene dada, por ejemplo, con los recursos
con que se está dotando a la escuela, como el acceso a Internet. Creo que
es una inversión bastante importante para dotar a las escuelas rurales,
las escuelas urbanas, para apostar por esta aplicación de las nuevas
tecnologías en educación que contribuyen a disminuir los desequilibrios
sociales y territoriales, garantizando la igualdad de oportunidades, el
acceso al conocimiento de todas y cada una de esas zonas rurales en las
que son necesarias salvar obstáculos de espacio y tiempo en los que
puedan encontrarse estos alumnos y alumnas, así como la dotación del
transporte escolar, comedor, carencias que se hacen justificativas dentro
de la normativa existente.
Hoy en día estamos hablando, como decía el senador Bildarratz, de una
formación integral. Es cierto, y la ley lo contempla, y lo hace porque
estamos hablando en un contexto en el que a los alumnos hay que tratarlos
desde unos principios metodológicos de los que hoy se habla, de una
educación ecológica de la que todos formamos parte para que estos alumnos
puedan desenvolverse en el sistema educativo. La Ley sí que contempla
esta atención a esa formación integral.
Me gustaría hacer referencia a la enmienda del Grupo Parlamentario
Catalán en el Senado de Convergència i Unió, la número 1194, porque
entendemos que la propia ley contempla la escolarización de estos alumnos
en igualdad de derechos y deberes, sobre todo los alumnos extranjeros,
independientemente de su situación administrativa. La ley contempla que a
estos alumnos que en edad escolar desconozcan la lengua y la cultura o
presenten carencias de aprendizajes instrumentales, se les atenderá en
centros que impartan enseñanzas de régimen ordinario. Por tanto, no
estamos de acuerdo con esta enmienda.
También entendemos que estamos hablando de dar una respuesta integradora.
Por eso no podemos estar de acuerdo con la enmienda que nos plantea el
Partido Nacionalista Vasco, la número 357, y le diré por qué. Para estos
alumnos que vienen a España con carencias lingüísticas y con una falta de
adecuación en su conocimiento en materia de aprendizaje, sobre todo de
las instrumentales, la ley no contempla la separación. Otra cosa bien
distinta es el desarrollo de programas específicos, simultáneos al
currículum ordinario, pero para ello la ley prevé programas de lengua y
cultura. Otra cosa muy diferente es que las Comunidades Autónomas, con
sus equipos de atención lingüística que ya van funcionando en algunas de
ellas, puedan establecer programas específicos de la lengua propia de
cada Comunidad Autónoma. Pero la ley contemplará estos programas a nivel
general, tanto para los alumnos en edad escolar facilitando su
incorporación al sistema educativo, como para la población adulta, con el
fin de favorecer su integración. Se promoverán actuaciones de formación
del profesorado para las atenciones educativas de estos alumnados.
En cuanto a las enmiendas presentadas al artículo 43, referente a los
alumnos superdotados, también me gustaría comentar la enmienda número
1195, que presenta el Senador Varela. No estamos de acuerdo porque
nuestro grupo considera que los superdotados requieren una atención
especial. ¿Por qué? Porque ellos, igual que ocurre con otros alumnos con
necesidades específicas, hay que evaluarles tempranamente todo aquello
que puedan necesitar. Les recuerdo la comparecencia del coordinador del
Centro Huerta del Rey en la Comisión de Educación, donde nos hablaba de
las conclusiones del XIV Congreso Mundial para la educación de niños
superdotados y con talento. Allí se hablaba de la necesidad de una
atención específica por parte de la Administración educativa ya que a
veces la enseñanza que se les proporciona a estos alumnos les aburre y
toman aversión a la escuela. Por tanto, habrá que arbitrar
las medidas adecuadas desde edades muy tempranas sin perjuicio de las
actuaciones que se puedan hacer efectivas a partir de las programaciones
específicas de cada centro educativo.
En cuanto a las enmiendas al artículo 44, referente a alumnos con
necesidades educativas especiales, quiero decir que no estamos de acuerdo
con ello porque cuando una familia tiene un niño con problemas, lo que
hay que hacer en primer lugar es identificar el problema, a continuación
valorarlo y más tarde escolarizarlo en un centro donde haya los recursos
que ese niño necesita. Y diré por qué.
En relación con la enmienda número 1196, del Grupo Parlamentario Catalán
en el Senado de Convergència i Unió, donde se dice que esa modalidad de
escolarización quede implícita en el artículo 44, hay que recordar que el
proyecto de ley contempla que estos alumnos quedarán escolarizados en
función de sus características integrándolos en grupos ordinarios, en
aulas especializadas o en centros de educación especial específicos en
función de lo que determinen los profesionales junto con la opinión de
los padres en estos casos.
Con la número 359, del Grupo Parlamentario de Senadores Nacionalistas
Vascos, tampoco estamos de acuerdo puesto que el proyecto sí contempla
sentido normalizador como principio básico de estos alumnos. Precisamente
en el artículo 45 se contempla su valoración para integrarlos después de
la manera más normalizada posible.
En lo que se refiere a las enmiendas que ha presentado el Grupo
Parlamentario Socialista al artículo 48, la ley ya contempla la atención
a los alumnos extranjeros. Y en cuanto a la compensación de las
desigualdades para reducir el fracaso escolar, vuelvo a repetir que se da
en las comunidades autónomas tanto desde el punto de vista educativo como
desde las diferentes áreas que establezcan de forma coordinada los
programas de atención al inmigrante. Creo que no tengo que repetir que la
atención a los alumnos inmigrantes va incluso más alla de la
escolarización. Por tanto, desde los planes concertados de integración
social, que ya están funcionando, coordinando a través de todos y cada
uno de los profesionales implicados no solamente en materia educativa sin
también en colaboración con el Ministerio de Asuntos Sociales en este
caso y con las diferentes comunidades autónomas y administraciones
locales, para realizar las actuaciones precisas para estos alumnos en
todas y cada una de las direcciones. Porque cuando un inmigrante llega a
España no necesita en primer lugar la educación en sí misma. Lo que tiene
ese niño es una serie de necesidades efectivamente relacionadas con la
educación que se deben coordinar mediante acciones conjuntas de
diferentes sectores.
Respecto a la enmienda número 855, presentada por el Grupo Parlamentario
Socialista, la vamos a rechazar por diferentes motivos. En primer lugar,
porque la ley en su artículo 45 ya contempla cómo se identificarán y
valorarán las necesidades de estos alumnos. Esta labor la realizan los
equipos de atención temprana, y son ellos los que derivan a los equipos
psicopedagógicos, los que realizan los informes de escolarización y
deciden cuál es el centro más adecuado para los alumnos, como decía
anteriormente, previa consulta a los padres. En segundo lugar, como ya
comenté en comisión, el Gobierno, a través de diferentes ministerios,
como en este caso el Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales o el
Ministerio de Educación, Cultura y Deporte, ha firmado convenios con la
Confederación Nacional de Sordos para dotar a los centros educativos de
intérpretes en lengua de signos y asesores de sordos, proyectos de
accesibilidad en Internet, la creación del título superior en lengua de
signos, así como el módulo de grado superior en lengua de signos. Además
la ley, en su artículo 44, dispone las medidas para cualquier tipo de
discapacidad, de cualquier grupo en particular para la evaluación.
La ley, en su artículo 59, prevé medidas de formación del profesorado.
Recoger específicamente a los sordos supone discriminar a los demás
colectivos: ciegos, paralíticos. La ley debe recoger los principios
generales, no los específicos; también en la formación hay que ver el
artículo 52, que nos dice que las administraciones educativas, en el
ámbito de sus competencias, promoverán una formación base para los
profesores en materia de necesidades educativas especiales.
En cuanto a las enseñanzas de idiomas, le diría también a la senadora
Agudo que hay que considerar las nuevas mejoras en el aprendizaje de la
lengua extranjera que contempla la ley, porque, en lo que respecta a la
ESO, la ley también contempla que los centros ofrecerán obligatoriamente,
entre otras muchas innovaciones que se han introducido, una segunda
lengua como optativa y voluntaria para los alumnos a lo largo de los
cuatro años que comprende la etapa de la ESO. En cuanto a las enseñanzas
en régimen especial hay que tener en cuenta que es necesario adecuar y
dotarlas de más flexibilidad, siguiendo las directrices del Consejo de
Europa, porque la estructura básica de estas enseñanzas de idiomas
impartidas en las escuelas oficiales de idiomas se adecuará a los niveles
básicos intermedio y avanzado, y las administraciones educativas
fomentarán la enseñanza de idiomas a distancia, y ésta podrá integrarse
en las escuelas oficiales de idiomas.
En cuanto al Título III, enseñanza de personas adultas, senadora Agudo,
creo que ustedes son un poco exclusivistas a la hora de realizar sus
opiniones, porque la ley contempla --siguiendo las directrices de la
Unión Europea-- la educación permanente, con el objetivo de ofrecer a
todos los ciudadanos la posibilidad de aprendizaje a lo largo de toda la
vida, y adquirir así, actualizar, completar y ampliar sus conocimientos
para su desarrollo personal y profesional, y viene también implícito cómo
las administraciones educativas colaborarán con otras administraciones
públicas con competencias en la formación de personas adultas, y en
especial la administración laboral.
En cuanto al profesorado, senador Fernández Zanca, en el artículo 56 se
plantea claramente la representación del profesorado como objetivo
primordial de la formación integral de la persona, dentro del clima de
respeto, tolerancia y libertad para fomentar en los alumnos los valores
propios de una sociedad democrática.
No nos olvidamos de las familias y su relación con los tutores, porque
creo que queda bastante claro --léase el artículo 56, letra d)-- la
relación del tutor con las familias.
Tampoco estamos de acuerdo con la enmienda referida al artículo 58,
porque en la ley sí se contempla cómo se concederá especial importancia a
la formación inicial del profesorado, y para ello se dota de una nueva
configuración al título de especialización didáctica. Pero, además, se
fomentarán los procesos de formación permanente de investigación
educativa. Así, el Ministerio de Educación, Cultura y Deporte, en
colaboración con las comunidades autónomas, establecerá periódicamente
planes generales de formación permanente del profesorado a los que
tendrán acceso los profesores de todos los centros sostenidos con fondos
públicos.
También queda definido en la ley el reconocimiento de la función
tutorial, mediante los oportunos incentivos profesionales y económicos
reflejados en el artículo 62. Creo que hay que realizar aportaciones
claras y contundentes; no se pueden hacer propuestas que no obedecen más
que al sentido del oportunismo, porque flaco favor hacemos al sistema
educativo.
Por ejemplo, ante la enmienda 918 del Grupo Parlamentario Socialista,
tengo que decir que hay que ser prácticos y congruentes. Claro que la
familia tiene que participar en el rendimiento de sus hijos, pero habrá
que arbitrar las medidas oportunas y necesarias. Para eso está el
proyecto educativo de centro y la participación de la familia, a través
de las competencias que tienen atribuidas en el consejo escolar, la
programación de actividades extra escolares y la colaboración de las APAs
y del centro. Creo que hay que realizar propuestas que sean oportunas. No
se puede decir que se van a abrir los centros, simplemente porque hay que
abrirlos. La familia es, también, una parte muy importante en la
educación de los hijos; es la primera institución para el desarrollo y la
formación de la persona. En la ley tampoco se puede mezclar la situación
laboral de los padres con el rendimiento de sus hijos, pues estaríamos en
un debate diferente.
Con referencia al artículo 66, relativo a los centros docentes, tengo que
decirle que la ley hace referencia a los centros de especialización
curricular y estamos hablando de centros que ofertarán especialidades al
margen de los itinerarios; además, podrán acoger a los centros públicos y
concertados y serán las comunidades autónomas las que establecerán el
procedimiento y autorización. Estos centros tendrán la posibilidad de
especializarse en determinados currículos y será una medida de apoyo a
esa autonomía de los centros. Al mismo tiempo podrá ser el referente de
otros centros y de un entorno inmediato. No estamos hablando de centros
paralelos de primera y segunda, como ustedes tanto repiten, sino de que
estos centros, por su especificación curricular, oferten más
oportunidades, además de los itinerarios.
A estas alturas del debate no es lógico seguir utilizando esa política de
enfrentamiento entre pública y privada, porque el Partido Popular no ha
inventado los conciertos.
El señor VICEPRESIDENTE (Rojo García): Senadora Novillo, vaya terminando,
por favor.
La señora NOVILLO MORENO: Termino, señor presidente.
Vamos a desterrar de una vez por todas ese mensaje que circula entre la
población. Están lanzando mensajes como el siguiente: Si el Partido
Popular concierta es que privatiza pero, si lo hace el Partido
Socialista, es que colabora con el profesorado para llevar a cabo una
educación más digna y de más calidad.
Por todo ello, y termino, desde el Grupo Parlamentario Popular estamos
dispuestos a continuar trabajando por una mejora de la calidad en la
educación. (Aplausos en los escaños del Grupo Parlamentario Popular.)
El señor VICEPRESIDENTE (Rojo García): Gracias, senadora Novillo.
¿Turno de portavoces? (Pausa.) Por el Grupo Parlamentario Mixto, tiene la
palabra la senadora De Boneta.
La señora DE BONETA Y PIEDRA: Muchas gracias, señor Presidente.
Termino de forma muy breve refiriéndome a algo que ha quedado claro en
este debate --y quiero remarcarlo aquí--, y es que el modelo educativo y
el impulso a la educación que propone el Grupo Parlamentario Popular es
absolutamente diferente al propuesto por el resto de los grupos
parlamentarios. Esto quiere decir que, en la medida que representamos a
la sociedad y a la comunidad educativa, hay una clara división en
relación a esos modelos y a esta reforma de la LOGSE que, como algún
portavoz indicaba con anterioridad, en realidad desbarata la propia LOGSE
sin entrar en profundidad a dar las señales de identidad o a hacer un
nuevo modelo desde cero. Ustedes han desbaratado un modelo para
sustituirlo por una serie de parches modificando el 90 por ciento de lo
que teníamos hasta ahora y lo que es más triste, por lo menos para esta
senadora, es que no va a ser en provecho de la calidad de la educación y
que va a ser muy difícil aplicarla y conducirla por los derroteros que
ustedes nos han dejado.
No se han aclarado todas aquellas cuestiones relativas a los temas
competenciales, a las que hacíamos referencia en la mayoría de nuestras
enmiendas, al menos en 11, y sobre todo no se han aclarado todas aquellos
asuntos, como el que hay una revisión en blanco a una serie de cuestiones
o el que hay que obviar a las comunidades autónomas competentes en cuanto
a un previo informe o una previa consulta, que probablemente traerán
cola, muchos debates y conflictos competenciales.
Quiero aclarar una cuestión señalada por la senadora Delgado en relación
al artículo 23 en cuanto a la introducción de lengua y literatura: como
es ese el sentido que yo he entendido en la enmienda que aprobamos, esta
mañana he retirado la enmienda 16, aunque naturalmente no la completaba
toda, pero obviamente quedaba ya desbaratado el sistema que se planteaba
en dicha enmienda.
Se ha referido con carácter general a la oposición de algunos al sistema
de nombramiento de director. Cuando habla de un sistema mixto entendemos
que éste está representado por un 70 por ciento de los representantes de
las administraciones y parece que es un sistema bastante escorado hacia
la Administración. En todo caso, Eusko Alkartasuna
se planteaba la elección del director por el consejo escolar y la
evaluación de esos directores durante tres años por parte de las
comunidades autónomas competentes en la materia para su adquisición
posterior de esa categoría de director, a la que ustedes se referían, y
con validez para todas las comunidades.
Insisto en una última cuestión que me parece muy importante: ha
trivializado una de nuestras enmiendas diciendo que no se podía admitir
toda vez que de alguna manera obviábamos la formación en valores y
principios de la Constitución y de los estatutos de autonomía. Senadora
Delgado, señorías, lo que nosotros decíamos, y modificábamos todo el
artículo, es que todos los alumnos tienen derecho a una educación de
calidad adaptada a sus capacidades, acorde con sus necesidades
educativas, incluidas las asociadas a discapacidades o a una situación
social, cultural o lingüística desfavorecida. Nos parecía que este tema
es muy importante porque está atendiendo a las necesidades específicas de
los alumnos en función de sus condiciones personales, familiares,
capacidades, etcétera. Por esa razón nos parecía importante que la ley
tuviera una referencia a este tema y no a cuestiones que en el
establecimiento de valores hacen referencia únicamente a valores de
esfuerzo, que, desde nuestro punto de vista, son interesantes pero no
tanto a efectos de evaluación como de promoción del aprendizaje, la
autoestima y el desarrollo personal. Por lo tanto, señorías, cuando
estamos hablando de valores democráticos, estamos haciendo una referencia
general que parece muy importante y, por supuesto, no obviamos los
contenidos actuales de los textos legislativos que reconocen una serie de
derechos y deberes para todos los ciudadanos y ciudadanas.
Lamento que nuestros augurios para esta ley no sean buenos y pensemos que
no va a ser un paso hacia la calidad de la educación, la integración de
los alumnos y la respuesta a sus necesidades específicas. No obstante,
nada gustaría tanto a Eusko Alkartasuna como equivocarse en este caso.
Nada más y muchas gracias.
El señor VICEPRESIDENTE (Rojo García): Muchas gracias, senadora Boneta.
El Grupo de Senadores de Coalición Canaria no hace uso de la palabra.
Por el Grupo Parlamentario de Senadores Nacionalistas Vascos, tiene la
palabra el senador Bildarratz.
El señor BILDARRATZ SORRON: Muchas gracias, señor presidente.
Si puedo, lo haré brevemente y con una pequeña matización. Señora
Delgado, con respecto a las lenguas propias de las comunidades y la
literatura, sí tengo el último texto que es el dictamen de la comisión, y
aquí no viene recogido. Cuando yo he subido a la tribuna, en el dictamen
de la comisión no viene recogido y le voy a decir más: sí venía en el
informe de la ponencia, pero después se nos pasó un fax del ministerio
donde ya no venía recogido. Aquí venía recogida la Historia de la
Filosofía y de la Ciencia, pero no venía recogida la Literatura y ese fax
sirvió, no el informe de la ponencia, para redactar las asignaturas
correspondientes al bachillerato y a la secundaria. De todas maneras, no
es más que un matiz que en estos momentos no tiene mayor importancia, lo
importante es que ya se recoge y que se recoja, por supuesto, en el
dictamen correspondiente. (El señor presidente ocupa la Presidencia.)
Para terminar, sí que se ha dicho continuamente que ha habido un gran
debate, etcétera. Lo que sí quiero decir es que no se ha debatido y menos
con nosotros, y les voy a poner el ejemplo que me ha proporcionado la
señora Delgado, que es el correspondiente al artículo 8 del currículum y
a los porcentajes que tienen como enseñanzas comunes que impartir las
comunidades autónomas. Usted aducía una razón de semántica como el mayor
problema de todos. ¿Qué problema hay, señora Delgado, para utilizar una
actitud amplia parlamentaria para superar las diferencias y los problemas
que cada uno de nosotros puede ver? ¿Qué problema hay, usted ve otra
serie de problemas pero con el objetivo estamos de acuerdo, para dotarnos
de un texto en el que tanto ustedes como nosotros podamos estar de
acuerdo?
Voy a hablar otra vez de lo que ustedes tanto han hablado, de la búsqueda
de consenso. Los miembros del Partido Popular definen el consenso
diciendo que el consenso es acuerdo, es ceder en algo para conseguir
algo, es claudicar en algunos planteamientos para mantener otros, es, en
definitiva, aceptar criterios ajenos previa renuncia de criterios
propios. Es ese concepto el que echo aquí en falta, es ese concepto de
búsqueda de consenso y de que no ha habido debate, sino que ha habido una
comunicación precipitada por cada uno de nosotros. Yo, ayer, al comienzo
de mi intervención en el veto decía que tenía la sensación de encontrarme
en un teatro donde todos ya sabíamos cómo iba a terminar la función, que
es como va a terminar en estos momentos. Todos queremos disminuir el
fracaso escolar. Este proyecto de ley no va a conseguir evitarlo, tal
como dice la ministra, porque el problema más importante está en la
gestión del sistema educativo. De todas maneras, como he dicho antes, no
voy a alargarme, pero lo que sí he echado en falta es un debate y una
búsqueda de consenso en lo que todos compartimos y todos tenemos el mismo
objetivo, la mejora del sistema educativo.
Nada más y muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señoría.
Por parte del Grupo de Entesa Catalana de Progrés, tiene la palabra el
señor Sabaté.
El señor SABATE BORRËS: Gracias, señor presidente.
Con la mayor brevedad porque el debate ya está sustanciado y ya no hay
ninguna posibilidad de modificar absolutamente nada. Por ello, sólo diré
que, como era de prever, lamentablemente el Grupo Parlamentario Popular
ha mantenido su pretensión inicial: contar con una ley que, como decía
ayer durante el debate de los vetos, en realidad supone una vuelta atrás.
No se ha modificado esa pretensión, ya que simplemente se han admitido
enmiendas de carácter técnico y complementario pero ninguna, repito, que
modifique sustancialmente el contenido de este proyecto
de ley. Por tanto, esta ley saldrá con la intención con la que entró: la
de provocar una involución en una serie de aspectos fundamentales del
actual marco educativo de nuestro país.
El Grupo Entesa Catalana de Progrés lamenta esa pretensión y, sobre todo,
como ayer ya anunciaba, lamenta que cuando cambien las mayorías de las
Cortes Generales en la próxima legislatura haya que abordar de nuevo una
reforma, aunque se hará desde la voluntad de consenso, de dar respuesta a
la mayoría de nuestra sociedad y de dar también un impulso al sistema
educativo, respondiendo así a las necesidades del conjunto de nuestro
alumnado y de nuestra sociedad. Hemos perdido una importante oportunidad
para hacerlo. Porque coincidíamos en la necesidad de abordar una reforma
educativa, pero, evidentemente, esta no es la reforma que nuestro grupo
deseaba ni la que en estos momentos demanda la sociedad. La reforma era
necesaria para mejorar, para avanzar, no para provocar una involución y
volver como mínimo a la Ley General de Educación de 1970.
Gracias, señor presidente.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Sabaté.
Por el Grupo Catalán de Convergència i Unió tiene la palabra el senador
señor Varela.
El señor VARELA I SERRA: Muchas gracias, señor presidente.
En primer lugar quiero manifestar a la señora Novillo que, aunque no
comparto sus explicaciones, agradezco sinceramente su voluntad didáctica.
Y en cuanto a la señora Delgado, le diré tres cosas. En primer lugar,
pensamos que al estar ya incluida en el texto la palabra «tecnología» se
cubre perfectamente la referencia a la sociedad de la información, en la
cual, como es lógico, estamos interesados.
En segundo lugar, usted se ha referido a que nosotros votamos la LOU.
Efectivamente, así lo hicimos, pero en ese caso sí hubo un intento de
diálogo sincero y, por tanto, pudimos acercar posiciones. Precisamente
ahora en Cataluña estamos a punto de elaborar una ley de universidades,
como puede hacerlo cualquier autonomía que tenga competencias en la
materia. Pero aquella ley daba un margen a las comunidades autónomas,
cosa que no va a ocurrir con la actual.
Y en cuanto a la figura del director, usted se ha explicado
perfectamente, pero seguimos manteniendo unos planteamientos radicalmente
diferentes respecto de lo que debe ser el gobierno de las comunidades
autónomas. Nosotros aceptamos que el director sea nombrado por un
concurso público y de méritos, pero pensamos que la forma en que dicho
concurso ha de llevarse a cabo se debe establecer en cada autonomía.
Y termino haciendo una referencia al tema inicial de ayer. Creo que lo
más interesante es que estamos debatiendo dos modelos de concepción del
Estado y de cómo se debe aplicar la Constitución. Ayer, haciendo alusión
al libro que ha coordinado el señor Laborda, yo citaba dos artículos de
dos padres de la Constitución, y decía que esta ley es un ejemplo muy
evidente de que estamos debatiendo dos modelos de España: la España
cerrada, desconfiada, la del ceño fruncido ante las autonomías, y la
España abierta, con una visión optimista del papel de las comunidades
autónomas, como plantea Miquel Roca. Esa es la disyuntiva.
Y ustedes, que están en el Gobierno, durante los últimos años han optado
por la España del ceño fruncido ante la energía de las comunidades
autónomas, mientras que nosotros optamos por la España optimista,
confiada ante las autonomías, las cuales son la causa esencial del gran
progreso que hemos tenido durante los últimos años.
También ayer citaba como resumen una frase del señor Cisneros, que dice
así: Es inviable cualquier profundización significativa en la autonomía
sin destruir el marco de convivencia establecido mediante el consenso
constitucional.
Sin embargo, nosotros pensamos algo radicalmente distinto, es decir, que
el consenso constitucional, el marco de convivencia, únicamente se puede
conseguir, mantener y fortalecer a base de confiar en las autonomías.
Por tanto, éste es un modelo de Estado y yo les animo fervientemente,
porque con esa actitud cerrada que están teniendo desde que tienen
mayoría absoluta, desde esta opulencia parlamentaria, creo, no afirmo,
que ustedes van directos al fracaso electoral. Eso no me preocupa
excesivamente, pero sí como súbdito de este país, que sus acciones de
gobierno perjudiquen a este país. Esta visión cerrada y estrecha de
España perjudica al país, lo digo sinceramente. Por tanto, les exhorto a
que en la aplicación de la ley, mientras el Tribunal Constitucional no
emita su dictamen, que ya veremos cuál será, tengan mucho tacto, por
aquello que decía Romanones de haced la ley, que yo aplicaré el
reglamento, de modo que a la hora de aplicar el reglamento recuperen el
espíritu de consenso que no deberían haber perdido.
Gracias.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señoría.
Por parte del Grupo Parlamentario Socialista, tiene la palabra el señor
Fernández Zanca.
El señor FERNANDEZ ZANCA: Muchas gracias, señor presidente.
Senadora Delgado, somos rehenes de nuestras palabras, sobre todo cuando
están recogidas en un «Diario de Sesiones». En el «Diario de Sesiones» de
la Comisión de Educación, Cultura y Deporte del día 3 de diciembre, en la
página 50 dice usted: «En segundo lugar, usted ha dicho que un itinerario
de iniciación profesional que empieza un alumno a los dieciséis años y
con el que si lo supera conseguiría la titulación de graduado en
enseñanza secundaria obligatoria (itinerario con el que el alumno, si
saca ese título, podría perfectamente involucrarse en el
bachillerato...).» Eso lo dijo usted, no yo. (La señora Delgado García:
Es un lapsus.) Si fue un lapsus, un largo lapsus porque lo repitió dos
veces, entonces lo entendemos como tal y que así conste en acta. Bien,
pero no me invento nada, usted lo ha dicho por dos veces, y aquí está
recogido. Por tanto, lo del cuarto itinerario lo he dicho yo, porque si
vamos al artículo 26 y dice que en tercer curso los itinerarios
serán dos, en cuarto curso serán tres; si hay tres y usted dice que es
otro, yo soy de letras, pero ese día estaba en clase y me enseñaron, tres
y uno cuatro. Por tanto, dije yo cuarto itinerario, no usted,
efectivamente. Todo esto para que quede aclarada de una vez por todas
esta cuestión.
Me preocupa, señorías, senador Barquero, que va a tener usted la última
oportunidad en esta Cámara de decir que los centros concertados deberán
atender a todo el alumnado, sin ningún tipo de discriminación ni
implícita ni explícita, de forma que se evite de raíz la configuración de
una doble red de centros. Es la última oportunidad que tiene y no lo ha
dicho. La última oportunidad que tiene de decir que los centros
concertados deben hacer efectivo el principio de gratuidad. La última
oportunidad para decir si los centros concertados han de llevar a cabo
una gestión transparente y controlable socialmente. Se lo digo porque
como hice las preguntas y no contestaron, a lo mejor es que no me expresé
bien y no les llegó a ustedes. Es la última oportunidad que tienen de
decir si van a hacer como el señor Bush, fomentar la creación de escuelas
públicas masculinas y femeninas, a tenor de lo que les preguntaba en mi
última intervención, porque no dicen nada sobre que se pueda discriminar
por razón de sexo, con lo cual queda abierta la puerta a que haya
colegios masculinos y femeninos sostenidos con fondos públicos, señoría.
Y sobre todo hay una cosa que nos preocupa a los socialistas, y es que
mientras el sentido común dice que se debe buscar mayor y mejor educación
para todos, incluso para aquellos alumnos con dificultades; mientras
parece de justicia que precisamente estos alumnos más necesitados deben
ser aquellos estimulados y empujados por la Administración, para ustedes
la alternativa es distinta y lo mejor es separar de la clase a los doce
años al pelotón de los torpes, al descansillo de la escalera. Según
ustedes eso es lo mejor para resolver los problemas de estos jóvenes. No
quiero insistir en esta medida porque considero que éste es uno de los
aspectos más preocupantes de este proyecto de ley, pero ustedes saben que
son muchísimos los expertos que dicen que la segregación de alumnos no
los va a reforzar sino que los va a debilitar, los manda a la catástrofe.
Por tanto, les ruego que piensen seriamente en esta medida que van a
adoptar, ya no sólo en los itinerarios --que quedarán en tres, si es un
lapsus lo que dijo la senadora Delgado--, sino sobre todo en la
separación a los doce años.
Para terminar, senadora Delgado, entiendo que un sistema mixto razonable
es cuando es 50 a 50, pero en un sistema mixto 70 a 30 hay un
desequilibrio de fuerzas, en este caso en beneficio de la Administración.
Para terminar, senadora Novillo, no acabo de entender que nos acuse de
oportunismo por incluir una enmienda que plantea programas específicos
para facilitar el apoyo a las familias y a sus hijos en el proceso de
aprendizaje, diga mejor que es oportuno porque ustedes no lo tenían
incluido en su proyecto de ley.
Para terminar, quiero agradecer el tono a todos los parlamentarios que
han participado en este debate y en el trabajo en comisión, aunque el
éxito ha sido, no escaso, sino nulo. Quiero reiterar que el Grupo
Parlamentario Socialista está dispuesto a seguir trabajando en las tareas
educativas.
Muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señoría.
Tiene la palabra el señor Barquero.
El señor BARQUERO VAZQUEZ: Muchas gracias, señor presidente.
Senador Bildarratz, me hubiera gustado que su intervención de hoy hubiera
sido la de ayer, porque hubiera contribuido de una forma francamente
importante al debate que ayer se produjo. No ha sido así, y lo único que
me cabe en este momento es lamentarlo.
En segundo lugar, quiero agradecer al Grupo de Senadores de Coalición
Canaria su apoyo al proyecto de ley. Señorías, su actitud frente a la
educación es ejemplar. En el año 1990 apoyaron la LOGSE, ustedes son
conscientes de los problemas de la ley y en este momento están dispuestos
a apoyar la reforma prescindiendo de prejuicios ideológicos y buscando el
bien de la sociedad, el bien de los ciudadanos, el bien de nuestros
jóvenes y el bien de nuestros alumnos. Muchas gracias por su actitud,
creo que es un ejemplo que tenemos que tener presente todos, no ser nunca
presos de nuestros votos ni de nuestra propia ideología.
En tercer lugar, mi grupo lamenta profundamente, señor Varela, que no
hayamos podido llegar a un acuerdo con Convergència i Unió sobre este
proyecto de ley, lo lamento profundamente porque el acuerdo pudo ser
posible. Y para avalar lo que digo, quiero decir lo siguiente: yo he
leído con detenimiento el razonamiento de su veto y veo que estamos de
acuerdo con la mayoría de los planteamientos educativos: acceso de todos
a la educación, de acuerdo; que la educación debe ser gratuita desde los
tres años hasta completar la educación básica, de acuerdo; que la
ordenación curricular debe tener un carácter abierto para evitar que el
sistema produzca exclusiones no deseadas, de acuerdo; que CIU se propone
elevar la consideración social del profesorado, de acuerdo; que apuesta
por la autonomía de los centros educativos, de acuerdo. Sólo nos ha
separado una distinta concepción de la estructura competencial.
Teniendo en cuenta la doctrina del Tribunal Constitucional; teniendo en
cuenta que seguimos insistiendo en que esta ley no invade competencias
que no hayan invadido en su caso --no ha sido así-- las tres grandes
leyes aprobadas durante los gobiernos del Partido Socialista Obrero
Español, no entendemos que todo ello haya sido motivo no solamente para
no haber alcanzado un acuerdo sino para que ustedes voten en contra de la
ley. Se lo digo con pesar y en el mejor de los tonos.
Señorías, señor Fernández Zanca, para terminar, quiero felicitarle por el
tono y por su actitud, pero permítanme una última consideración. Desde la
restauración de la democracia en España todos los gobiernos han puesto en
mayor o menor medida su grano de arena para mejorar la educación. La UCD,
durante el poco tiempo que gobernó, aprobó una importante ley, la LOECE y
,además, creó 1.250.000 puestos de trabajo. Tengo que reconocer en nombre
de mi grupo parlamentario la importante aportación de los gobiernos
socialistas a la modernización y mejora de la enseñanza en España, no me
duelen prendas en hacerlo y lo digo con esta claridad. Pero, al mismo
tiempo, hay que reconocer que lo que hasta ahora teníamos
legislativamente
no era algo definitivo y cerrado, y las pruebas y los hechos nos han
demostrado que en esa importante legislación aprobada por sus gobiernos
ha habido defectos y fallos importantes.
Ahora es el ciclo de gobierno del Partido Popular. En esta legislatura,
el Partido Popular, como usted ha mencionado anteriormente, ha aprobado
tres importantísimas leyes educativas y quiero pedirles que reflexionen
una vez más sobre lo que en el fondo se ha producido con esta ley que no
es más que lo siguiente: con esta ley y la flexibilización de los
itinerarios nos hemos incorporado al grupo de los países latinos...
El señor PRESIDENTE: Señoría, por favor, vaya finalizando.
El señor BARQUERO VAZQUEZ: Termino ya, señor presidente. Solamente 30
segundos para aclarar esta cuestión. Flexibilizan más tarde los países
nórdicos y antes los germánicos; nosotros, como el resto de los países
latinos, flexibilizamos a los 14 años.
Permítanme que termine con una cita de Alexis de Tocqueville , a ver si
meditando sobre ella conseguimos que den una oportunidad a la ley de
calidad: Es preciso luchar contra ese gusto depravado que conduce a los
hombres a preferir la igualdad en la servidumbre antes que la excelencia
en la libertad.
Muchas gracias a todos, señorías. (Aplausos en los escaños del Grupo
Parlamentario Popular.)
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senador Barquero.
Finalizado el debate, llamamos a votación. (Pausa.)
Señoras y señores senadores, iniciamos la votación del proyecto de Ley
Orgánica de Calidad de la Educación.
En primer lugar, votamos las enmiendas del senador Quintana González,
números 274 a 323, excepto la número 296 que soporta una transaccional.
Se inicia la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos emitidos, 198; a
favor, 63; en contra, 124; abstenciones, 11.
El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.
Enmiendas números 1 a 6; 8 a 12; 14, 15, 17 a 20; 22 a 29 y 31 a 49, de
la senadora De Boneta y Piedra.
Se inicia la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos emitidos, 198; a
favor, 63; en contra, 124; abstenciones, 11.
El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.
Enmiendas de los senadores Cámara Fernández y Cabrero Palomares, números
50 a 149 y 151 a 273.
Se inicia la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos emitidos, 200; a
favor, 62; en contra, 125; abstenciones, 13.
El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.
Votamos las enmiendas del Grupo Parlamentario de Senadores de Coalición
Canaria en dos bloques; el primero referido a las enmiendas números 1080,
1083, 1086 y 1888.
Se inicia la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos emitidos, 200; a
favor, siete; en contra, 180; abstenciones, 13.
El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.
Votamos el resto de las enmiendas de este grupo parlamentario. (La señora
Martínez García pide la palabra.) Tiene la palabra la portavoz del Grupo
Parlamentario Socialista.
La señora MARTINEZ GARCIA: Señor presidente, si no han sido retiradas,
pedimos también la votación separada de las números 1092 y 1095.
El señor PRESIDENTE: Señorías, repetimos la votación. Enmiendas del Grupo
Parlamentario de Senadores de Coalición Canaria números 1080, 1083, 1086,
1088, 1092 y 1095.
Se inicia la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos emitidos, 201;
a favor, siete; en contra, 184; abstenciones, 10.
El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.
Votamos el resto de las enmiendas de este mismo grupo parlamentario.
Se inicia la votación (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos emitidos, 198; a
favor, seis; en contra, 123; abstenciones, 69.
El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.
Enmiendas presentadas por el Grupo Parlamentario de Senadores
Nacionalistas Vascos número 324 a 399.
Se inicia la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos emitidos, 201; a
favor, 68; en contra, 125; abstenciones, ocho.
El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.
Grupo Entesa Catalana de Progrés, enmiendas números 400 a 733.
Se inicia la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos emitidos, 201; a
favor, 64; en contra, 125; abstenciones, 12.
El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.
Enmiendas de Grupo Parlamentario Catalán en el Senado de Convergència i
Unió números 1162 a 1164, 1166
a 1202, 1204, 1205, 1207 a 1212, 1214 a 1219, 1221 a 1243, 1245 a 1264 y
1266 a 1274.
Se inicia la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos emitidos, 201; a
favor, 71; en contra, 125; abstenciones, cinco.
El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.
Enmiendas del Grupo Parlamentario Socialista números 734 a 1063 y 1065 a
1071.
Se inicia la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos emitidos, 201; a
favor, 65; en contra, 125; abstenciones, 11.
El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.
Propuesta de modificación del dictamen según escrito con número de
registro 45638, sobre la enmienda número 296 del senador señor Quintana.
Se inicia la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos emitidos, 200; a
favor, 199; en contra, uno.
El señor PRESIDENTE: Queda aprobada.
Votamos el dictamen de la Sección 3ª del Capítulo V del Título V.
Se inicia la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos emitidos, 201; a
favor, 125; en contra, 73; abstenciones, tres.
El señor PRESIDENTE: Queda aprobado.
Resto del dictamen.
Se inicia la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos emitidos, 201; a
favor, 129; en contra, 72.
El señor PRESIDENTE: Queda aprobado.
Tal como dispone el artículo 90 de la Constitución, se dará traslado de
las enmiendas aprobadas por el Senado al Congreso de los Diputados para
que éste se pronuncie sobre las mismas en forma previa a la sanción del
texto definitivo por Su Majestad el Rey.
--DE LA COMISION DE PRESUPUESTOS EN RELACION CON EL PROYECTO DE LEY DE
PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO PARA EL AÑO 2003 (S. 621/000094) (C. D.
121/000109) (Continuación).
El señor PRESIDENTE: A continuación procedemos a votar lo que quedó
pendiente del día de ayer.
En primer lugar, votamos el dictamen del epígrafe V del preámbulo del
proyecto de ley de presupuestos.
Se inicia la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos emitidos, 201; a
favor, 137; en contra, 64.
El señor PRESIDENTE: Queda aprobado.
Dentro del Título IV, Título VIII y Sección 07, se someten a votación las
enmiendas números 228 a 232 de los señores Cámara Fernández y Cabrero
Palomares.
Se inicia la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos emitidos, 201; a
favor, 66; en contra, 122; abstenciones, 13.
El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.
Enmiendas presentadas por el señor Quintana González, números 35 a 38 y
42.
Se inicia la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos emitidos, 200; a
favor, 67; en contra, 122; abstenciones, 11.
El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.
Enmiendas números 883 a 888, presentadas por el Grupo Parlamentario de
Entesa Catalana de Progrés.
Se inicia la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos emitidos, 202; a
favor, 65; en contra, 125; abstenciones, 12.
El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.
Enmiendas números 1673 a 1675 del Grupo Parlamentario Catalán en el
Senado de Convergència i Unió.
Se inicia la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos emitidos, 203; a
favor, 75; en contra, 125; abstenciones, tres.
El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.
Enmiendas números 1271 a 1276, presentadas por el Grupo Parlamentario
Socialista.
Se inicia la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos emitidos, 201; a
favor, 65; en contra, 125; abstenciones, 11.
El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.
Propuesta de modificación sobre la enmienda 1.201 del Grupo Parlamentario
Popular.
Se inicia la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos emitidos, 202; a
favor, 201; en contra, uno.
El señor PRESIDENTE: Queda aprobada.
Dictamen del Título IV, Título VIII y Sección 07.
Se inicia la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos emitidos, 203; a
favor, 138; en contra, 64; abstenciones, una.
El señor PRESIDENTE: Queda aprobado.
Disposiciones adicionales segunda, tercera, cuarta, quinta y octava.
Propuesta de modificación sobre la enmienda número 1202, del Grupo
Parlamentario Popular; propuesta de modificación sobre la enmienda número
1203, del Grupo Parlamentario Popular; propuesta de modificación sobre la
enmienda número 1204, del Grupo Parlamentario Popular; propuesta de
modificación sobre la enmienda número 1205, del Grupo Parlamentario
Popular, y propuesta de modificación sobre la enmienda número 1206, del
Grupo Parlamentario Popular. ¿Se pueden aprobar por asentimiento?
(Asentimiento.)
Quedan aprobadas.
Dictamen de las disposiciones adicionales segunda, tercera, cuarta,
quinta y octava.
Se inicia la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos emitidos, 203; a
favor, 137; en contra, 65; abstenciones, una.
El señor PRESIDENTE: Queda aprobado.
Votación de los artículos 2, 3, 4, 6, 12 y 46, así como el Anexo I, cuyas
cifras han sido distribuidas.
Se inicia la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos emitidos, 203; a
favor, 138; en contra, 64; abstenciones, una.
El señor PRESIDENTE: Quedan aprobados.
Tal como dispone el artículo 90 de la Constitución, se dará traslado de
las enmiendas aprobadas por el Senado al Congreso de los Diputados para
que éste se pronuncie sobre las mismas en forma previa a la sanción del
texto definitivo por Su Majestad el Rey.
Se levanta la sesión.
Eran las trece horas y treinta y cinco minutos.
Congreso de los Diputados · C/Floridablanca s/n - 28071 - MADRID ·Aviso Legal
