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BOCG. Congreso de los Diputados, serie A, núm. 114-11, de 30/03/2007
 

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BOLETÍN OFICIAL DE LAS CORTES GENERALES
CONGRESO DE LOS DIPUTADOS
VIII LEGISLATURA
Serie A: PROYECTOS DE LEY
30 de marzo de 2007

Núm. 114-11


ENMIENDAS

121/000114 De la carrera militar.


En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 97 del Reglamento de la Cámara, se ordena la publicación en el Boletín Oficial de las Cortes Generales de las enmiendas presentadas en relación con el Proyecto de Ley de la carrera militar.


Palacio del Congreso de los Diputados, 21 de marzo de 2007.-P. D. El Secretario General del Congreso de los Diputados, Manuel Alba Navarro.


A la Mesa del Congreso de los Diputados

El Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 110 y siguientes del Reglamento de la Cámara, tiene el honor de presentar la siguiente enmienda a la totalidad al Proyecto de Ley de la carrera militar, por la que solicita su devolución al Gobierno.


Palacio del Congreso de los Diputados, 13 de marzo de 2007.-Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.


ENMIENDA NÚM. 1

FIRMANTE:

Grupo Parlamentario Popular en el Congreso

JUSTIFICACIÓN

Este proyecto de Ley, desde el punto de vista del criterio de economía legislativa, que debe guiar al legislador, no nos parece ni oportuno ni necesario en estos momentos.


La inoportunidad, abordada desde el grado de indeterminación que actualmente existe en el mundo universitario con respecto a la adaptación de la estructura universitaria española a los acuerdos de Bolonia, ya determinaría que el Gobierno hubiera actuado con "paciencia" en esta cuestión, máxime cuando se justifica en ésta la reforma de la enseñanza militar y en gran parte este mismo proyecto de Ley. Pero no sólo es ésa la cuestión a tener en cuenta, sino que es tal el grado de indefinición que resulta de esta reforma, que con la actual redacción es imposible vislumbrar el modelo que se persigue, impidiendo una valoración del mismo. Todo ello, determina que la actual redacción no solo sea genérica, sino que más bien parece una mera declaración de intenciones que un texto articulado de una Ley.


Por otra parte, con esta Ley el legislador habrá cambiado tres veces la carrera profesional de un militar en activo y sus legítimas expectativas en poco más de 15 años; lo que genera desconfianza, desorientación profesional, inseguridad y frustración entre los miembros de nuestras Fuerzas Armadas, y entre los que pretenden serlo, sobre todo cuando no se aprecia la inmediata necesidad de la reforma.


Otra cuestión, que a este Grupo Parlamentario ya no le sorprende, es la relativa a que esta Ley adolezca del consenso previo entre el Gobierno y los distintos grupos políticos, y en especial entre los dos con posibilidad de gobernar nuestro país. Pero esta vez no sólo habría que recordar cómo se legislaba en política de defensa y política militar, sino que simplemente habría

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sido suficiente que este Gobierno hubiese cumplido el acuerdo que con motivo de la tramitación de la Ley de Tropa y Marinería adquirió con nuestro Grupo Parlamentario, y quizás hoy todas las fuerzas parlamentarias compartirían con el Gobierno este proyecto de Ley.


ENMIENDA NÚM. 2

FIRMANTE:

Grupo Parlamentario de Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya Verds

Al amparo de lo dispuesto en el artículo 110 del Reglamento del Congreso de los Diputados, el Grupo de Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya Verds presenta enmienda a la totalidad, de devolución, al Proyecto de Ley de la Carrera Militar.


A juicio del Grupo Parlamentario de Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya Verds el Proyecto de Ley de Carrera Militar remitido a esta Cámara, no solamente es susceptible de numerosas e importantes modificaciones parciales que afectarían al articulado de forma sustancial sino que existen argumentos de fondo suficientes para sustentar la presente enmienda de totalidad, que basamos en los siguientes motivos:

1. Es una Ley "trampa", ya que en su exposición de motivos indica unas pretensiones que en modo alguno se justifican en el desarrollo de su articulado, llegando incluso de forma intencionada, mediante el uso y abuso de las disposiciones transitorias (que son las que realizan la verdadera regulación del personal, así como de sus Cuerpos y Escalas), a la producción de efectos contrarios a los indicados en dicha exposición.


2. Las principales cuestiones que habrían de abordarse en la Ley se dejan en manos de un posterior desarrollo reglamentario, que a nuestro juicio, es un riesgo de que finalmente quienes sigan regulando la carrera militar sean los Cuarteles Generales. Lo que significa, que el desarrollo de la ley se realizará como siempre, por miembros de las FAS pertenecientes a una única Escala, que tienen un interés personal y directo en ella, viciando de subjetividad al conjunto del proyecto.


3. Del texto del articulado se desprende una delegación de la administración y desarrollo absoluto de la regulación normativa, incluyendo la elaboración de los anteproyectos de ley en la cúpula de las FAS, basándose en la idea que, debido a su obligación legal y moral, se realizaría un desarrollo justo y equilibrado en beneficio de todos los cuerpos, escalas, empleos y del interés general, idea esta que como demuestran los hechos (Reglamento de plantillas, política de ascensos y cursos de perfeccionamiento, asignación de puestos en el extranjero y complementos salariales, etc.), no se corresponde con la realidad y que ha generado en el resto de las escalas y componentes de las FAS, cuando menos, una lógica desconfianza.


4. Por otro lado y más importante, se sustrae a las Cortes el verdadero control y fiscalización del desarrollo y efectos de su voluntad legislativa, dando lugar a desarrollos contrarios a los pretendidos o a la inaplicación por falta de desarrollo, de aquellos aspectos que resultan "incómodos" y que generalmente coinciden con la implantación de derechos; sirva como ejemplo de ello, que los informes de calificación personal, a pesar de lo preceptuado en la Ley 17/1999, y siete años después, todavía no se muestran al interesado.


5. No desarrolla el principio del militar como "ciudadano de uniforme", dentro de una sociedad occidental, moderna, avanzada y democráticamente adulta y que se define en dos aspectos principales:

A) El regular en la propia ley, la obligación de dar trámite de audiencia tanto a las asociaciones representativas de militares como a los interesados, durante el proceso de elaboración de aquellos reglamentos que afecten a sus derechos e intereses, como por otra parte se indica en el artículo 24.1.c), de la Ley 50/1997, de 27 de noviembre, de Organización, Competencia y Funcionamiento del Gobierno.


B) Disponer la aplicación automática de cuantos deberes y derechos aprovechen o se alcancen por el resto de los funcionarios al servicio de la Administración Pública, incluidas las disposiciones relativas a la Seguridad e Higiene en el Trabajo y que permitan evitar hechos desgraciados como el del Yak-42 o al menos poder advertir de un eventual riesgo a la superioridad sin que ello repercuta negativamente en la calificación del profesional que tomase aquella iniciativa.


6. El militar se ve constantemente sometido a una constante valoración y calificación subjetiva por parte de sus superiores, que determinan sus destinos, escalafonamiento, ascensos y carrera, en la más absoluta indefensión, por medio de informes personales en los que no tiene acceso el interesado a pesar de constar su firma en ellos.


Este proyecto de Ley no rompe con una situación de abuso a un colectivo con sus derechos constitucionales ya restringidos y que no tiene la mínima capacidad de defensa ni representación, obteniendo como único resultado final el sometimiento incondicional del profesional a los deseos de su mando directo. Dicho de otra forma, las FAS del siglo xxi no pueden mantener una regulación basada en el servilismo, sino en la igualdad, la publicidad, el mérito y la capacidad.


7. No regula ni ordena al personal militar, toda vez que se desconocen las proporciones de los militares que deben de componer los empleos de las diferentes escalas.


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No iguala el número de empleos entre las escalas de oficiales y suboficiales, en detrimento de las proyecciones de carrera de estos últimos.


No indica los tiempos aproximados de ascensos a los diferentes empleos, ni que éstos deban de realizarse por promociones anuales (como en la actual Escala Superior de Oficiales).


No regula las edades para realizar determinados servicios (ni su posible compensación), o para ocupar determinados destinos.


No se determinan ni se indican las especialidades fundamentales, ni si la asignación de dichas especialidades va a significar una restricción a la carrera, derechos y destinos del personal militar o qué consecuencias va a acarrear; si se van a realizar asignaciones forzosas de especialidades, o las posibilidades del pase a la reserva del personal al que se asigne una especialidad y funciones diferentes y no deseadas.


En fin, es una Ley de la Carrera Militar, que no regula ni la carrera de los militares ni su política de personal, que somete a los militares a una verdadera reestructuración de empleo en la que no se indica de qué trabajo y funciones se van a ocupar y que paradójicamente, iguala la forma y criterios de ascenso de un suboficial mayor y un general.


En este proyecto no se regulan de forma clara las misiones de los diferentes escalones componentes de las Fuerzas Armadas, ni por escalas ni por empleos, utilizando sólo expresiones generales y ambiguas, tales como la de que "se potenciará al Suboficial..." y otras similares, sin aclarar misiones y cometidos de cada empleo, por lo que no se da forma a la carrera militar sino que se sigue dejando un rastro de indeterminación que hace imposible la creación de un marco jurídico seguro y claro tanto de los deberes como de los derechos de los militares en sus diferentes escalas y empleos.


8. En lo concerniente a la enseñanza militar, el modelo que fija no tiene en cuenta la entrada en vigor del Tratado de Bolonia, regulando la enseñanza de acceso a las escalas de oficiales, indicando los fines y objetivos que se pretenden alcanzar al finalizar ésta, ni su vinculación y relación con la correspondiente carrera.


Por otro lado, tampoco se determinan cuáles son los objetivos a alcanzar (en lo concerniente a responsabilidad y ejercicio del mando), con los diferentes cursos de ascenso.


No se avanza decididamente hacia una homologación con la enseñanza civil.
Da la impresión que la única pretensión ha sido el cambio de denominación de las respectivas Academias por la Universidad de la Defensa, mediante el mecanismo de adscripción a otras Universidades, para poder justificar el otorgamiento de los correspondiente Títulos de Grado, sin que en modo alguno se justifique mediante los correspondientes planes de estudio a cargo de éstas.


9. Es un proyecto de Ley restrictivo de derechos, no ya por la reestructuración encubierta de los puestos de trabajo mediante el soterrado mecanismo de la creación y asignación de especialidades fundamentales que se ha indicado anteriormente, sino que aumenta de modo significativo el tiempo de permanencia para el pase a la situación de reserva, haciendo de mejor condición a quienes alcanzan los mayores empleos de sus correspondientes escalas.


Permite además, regulaciones indiscriminadas de empleo al permitir el pase forzoso a la reserva sin si contraprestación alguna, aplicando solamente criterios de antigüedad dentro de un escalafón ignorando los distintos perfiles profesionales a quienes les afectase esta medida.


10. Retrasa la entrada en vigor de la parte más importante de la nueva Ley y que ha justificado su redacción: La integración de escalas, hasta el agotamiento de la vigencia de unas plantillas quinquenales, discriminatorias e injustas; y a nuestro parecer, nulas de pleno derecho, que han sido denunciadas ante la Sala correspondiente del Tribunal Supremo y que permiten una política de ascensos que beneficia única y exclusivamente a los componentes de las actuales Escalas Superiores, consolidando y prolongando en el tiempo una situación injusta y discriminatoria.


11. En este Proyecto de Ley no se articula de forma concreta la conciliación de la vida familiar, especialmente agravada por la continua disminución y transformación de Unidades, que conlleva una mayor movilidad y con ello un desarraigo importante. El hecho de que en la actualidad, en la mayoría de los casos, el cónyuge del personal militar tiene su propio trabajo hace en ocasiones imposible el traslado de la unidad familiar, con las consecuencias traumáticas y en ocasiones irreparables que esta situación implica para la misma. En este Proyecto de Ley apenas se recogen medidas para facilitar estas situaciones (servicios de apoyo adecuados y dotados de medios personales y materiales para facilitar los problemas sociales materiales y de integración que generan los traslados, y medios para evitar en lo posible que se produzcan tantos cambios de destino).


12. Finalmente y aunque se manifiesta en el apartado IV de la exposición de motivos y en el Capítulo III de la Norma, la refundición en una única escala de oficiales las escalas superiores de oficiales y las escalas de oficiales de la Ley 17/1999, se burlan dichas intenciones en un auténtico fraude de ley, realizado por medio del mecanismo ya indicado que se contiene en la Disposición Transitoria Cuarta, por la que se somete exclusivamente a los procedentes de las escalas de oficiales a un humillante "curso-oposición", creado con el deliberado propósito de introducir un control arbitrario, que permita excluir de la integración al mayor número posible de personal, después del cual los escasos afortunados que logren superarlo, ascenderán al mismo empleo y se les restarán dos años de antigüedad, en una acción injusta, inmotivada e improcedente sin precedentes en desarrollo legislativo alguno. Todo ello, en perjuicio de

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una escala que desde el desarrollo de la Ley 17/1989, y como se ha demostrado, se ha visto sometida a un auténtico mobbing de escala.


13. Resulta del todo improcedente la disposición adicional quinta que otorga la condición de Agente de la Autoridad a los miembros de las Fuerzas Armadas que presten sus servicios en la Unidad Militar de Emergencias o como Policía Militar, Naval o Aérea en el ejercicio de sus funciones. Pues además de carecer en muchos casos de la preparación adecuada, por no haber recibido una formación específica y suficientemente profunda para ello, se invaden competencias que corresponden a los distintos Cuerpos Policiales dependientes de las diferentes administraciones del Estado y que por su naturaleza no son propias de las Fuerzas Armadas en situaciones habituales que no sean las de Alarma, Sitio o Excepción.


14. Asimismo en la misma Disposición Transitoria, y en contra de lo que se indica en la Norma, se crea una nueva escala a extinguir (y por lo tanto un nuevo problema de gestión de personal), con aquellos que no deseen integrarse procedentes de las antiguas escalas de oficiales (nada se dice de los que no deseen integrarse de las antiguas ESO) y de los previsiblemente, muchos excluidos de la integración por medio del recurso antes explicado del "curso-oposición", todos los cuales serán "agraciados" con la expropiación de su exiguo derecho (por las escasas plantillas asignadas), al ascenso a teniente coronel, contemplado desde la Ley 17/1989.


15. Por último, es preciso reseñar el incumplimiento del Gobierno de los compromisos derivados de la aprobación de la vigente Ley Orgánica 5/2005 de la Defensa Nacional. Concretamente, en su Disposición final tercera, establece que el Gobierno deberá remitir al Congreso de los Diputados en el plazo de tres meses un proyecto de ley reguladora de los derechos fundamentales de los militares profesionales, que incluirá la creación de un Observatorio de la vida familiar.


Transcurrido con mucho el plazo, queda constatado que el Gobierno no tiene voluntad política de desarrollar la ley. Los últimos acontecimientos, al contrario, suponen un claro retroceso en contra del reconocimiento del derecho de asociación.


Por todo lo anteriormente expuesto, podemos resumir que es un proyecto de Ley que no solamente no crea y otorga nuevos derechos, sino que por el contrario, restringe y expropia diferentes derechos como son: A la propiedad del empleo, al pase a la reserva a los treinta y tres años de servicio, al ascenso, a la integración de escalas, etc. Permite asimismo realizar una regulación indiscriminada de empleo y reestructuración de puestos de trabajo, sin contraprestación alguna.


Es una ley en blanco, que fía todo al desarrollo reglamentario a los miembros de una escala con intereses personales y directos, que en general y casualmente suele ser la más favorecida o la menos perjudicada, sustrayendo por otro lado, sus efectos al control y fiscalización de las Cámaras.


Podemos concluir que el Gobierno ha perdido una oportunidad con este Proyecto de Ley de presentar una reforma progresista, más bien ha optado por el "continuismo" definiendo una estructura de la carrera militar clasista que diferencia socialmente aún más a los militares del resto de funcionarios de la Administración del Estado, desperdiciando la oportunidad de superar el modelo decimonónico de FAS, de avanzar en la democratización de posibilitar la defensa de los derechos sociales, económicos y profesionales constitucionalmente reconocidos.


Palacio del Congreso de los Diputados, 13 de marzo de 2007.-Gaspar Llamazares Trigo y Joan Herrera Torres, Portavoces del Grupo Parlamentario de Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya Verds.


A la Mesa del Congreso de los Diputados

El Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana a instancia del Diputado don Joan Tardà i Coma al amparo de lo establecido en los artículos 194 y siguientes del Reglamento de la Cámara, presenta la siguiente enmienda de totalidad por la que se propone la devolución del Proyecto de Ley de la carrera militar.


Palacio del Congreso de los Diputados, 13 de marzo de 2007.-Joan Tardà i Coma, Portavoz del Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana (ERC).


ENMIENDA NÚM. 3

FIRMANTE:

Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana (ERC)

A la totalidad

De devolución.


JUSTIFICACIÓN

Por no compartir el contenido íntegro del proyecto de ley.


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A la Mesa de la Comisión de Defensa

El Grupo Parlamentario de Coalición Canaria-Nueva Canarias, al amparo de lo establecido en el artículo 110 y siguientes, presenta las siguientes enmiendas al Proyecto de Ley de la carrera militar.


Palacio del Congreso de los Diputados, 20 de marzo de 2007.-Paulino Rivero Baute, Portavoz del Grupo Parlamentario de Coalición Canaria-Nueva Canarias.


ENMIENDA NÚM. 4

FIRMANTE:

Grupo Parlamentario de Coalición Canaria-Nueva Canarias

Al artículo 2, apartado 1

De modificación.


Texto propuesto:

En el artículo 2, apartado 1, se aclara que el mando supremo de las Fuerzas Armadas ostentado por el Rey se extiende también a sus cuerpos comunes, quedando el mismo redactado como sigue:

"1. El Rey tiene el empleo militar de capitán general del Ejército de Tierra, de la Armada, del Ejército del Aire y de los cuerpos comunes de las Fuerzas Armadas, máximo rango militar que le corresponde en exclusiva como mando supremo de las mismas."

JUSTIFICACIÓN

El Proyecto de Ley asigna al Subsecretario de Defensa competencias específicas en relación con los cuerpos comunes, extraídas de las funciones asignadas a los respectivos Jefes de Estado Mayor en el régimen de personal de los tres Ejércitos. Incluso se advierte que, en el ejercicio de esas competencias, los requerimientos que le pueda trasladar el Jefe de Estado Mayor de la Defensa, en relación con la operatividad de las Fuerzas Armadas, no pasarán de merecer su simple "consideración".


Por otra parte, y aunque se haya hecho de forma involuntaria, cierto es que la redacción original del artículo 2, apartado 1, limita el empleo militar del Rey al de capitán general de cada uno de los tres Ejércitos, pero no de los cuerpos comunes, que, aun como tales, siguen siendo obviamente "Fuerzas Armadas".


Estas circunstancias aconsejan puntualizar la situación con una interpretación inequívoca del artículo 62.h) CE, especificando, como hace el texto propuesto, que el Rey ostenta también el empleo de capitán general de los denominados "cuerpos comunes" de las Fuerzas Armadas.


ENMIENDA NÚM. 5

FIRMANTE:

Grupo Parlamentario de Coalición Canaria-Nueva Canarias

Al artículo 2, apartado 2

De supresión.


Texto propuesto:

Se suprime en su totalidad el artículo 2, apartado 2, del Proyecto de Ley.


JUSTIFICACIÓN

El contenido de este apartado 2 del artículo 2, deviene de la disposición adicional primera de la Ley 17/1999, de 18 de mayo, de Régimen del Personal de las Fuerzas Armadas, que tras casi ocho años de vigencia se ha mostrado en sí misma inoperante, con independencia de que el Proyecto de Ley la derogue en su disposición derogatoria única, apartado 1, párrafo segundo.


En aquel texto original se establecía literalmente: "El Gobierno, mediante Real Decreto aprobado en Consejo de Ministros, regulará la carrera militar de Su Alteza el Príncipe de Asturias (...), quedando facultado para adaptar los preceptos de la presente Ley a las singularidades que se estime oportuno han de concurrir en su regulación y desarrollo, estableciendo un régimen propio y diferenciado, teniendo en cuenta las exigencias que Su alta representación demanda y las circunstancias que concurren en su persona como Heredero de la Corona de España". Y ahora, en el texto sujeto a la presente enmienda, se matiza que el Gobierno "(...) queda facultado para establecer un régimen propio y diferenciado teniendo en cuenta las exigencias de su alta representación y su condición de heredero de la Corona de España", actuando a tal fin, como antes, mediante Real Decreto.


A este respecto, se debe tener presente, en primer lugar, que al Congreso de los Diputados no le corresponde facultar al Gobierno para desarrollar ningún real decreto en concreto, y que, en todo caso, éste puede y debe hacerlo por sí mismo cuando lo estime proceden

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te. Con esta aclaración, se evita cualquier tipo de confusión sobre las fórmulas de la potestad legislativa, que se limitan a la elaboración de la Ley (bien sea ordinaria u orgánica), del Real Decreto Legislativo (en desarrollo de Ley de Bases o que apruebe textos legales refundidos) y del Real Decreto-Ley.


Por otro lado, y como ya advirtió el Grupo Parlamentario de Coalición Canaria en relación con este mismo y delicado tema durante la tramitación de la citada Ley 17/1999, también es preciso distinguir con claridad la persona de Su Alteza Real Don Felipe de Borbón, actual Príncipe de Asturias, de la figura del Heredero de la Corona de España como alta institución y sea quien fuere su titular, hombre o mujer, y militar o no, en cada momento. Al mismo tiempo, y considerando en efecto el nivel y las exigencias de tan alta representación, el precepto normativo que establezca y regule sus atributos militares (cuando existan), con sus honores y distinciones, requiere obviamente un rango jurídico de reconocimiento y estabilidad superior al real decreto, cuya promulgación es, como se ha dicho, potestad exclusiva del Gobierno de turno. De hecho, ese rango normativo es del todo inapropiado en relación con el carácter de la propia Corona como institución permanente.


Además, parece obvio que la carrera militar de Don Felipe de Borbón no es en modo alguno convencional, dado que no ocupa ningún destino concreto dentro de las Fuerzas Armadas. Por ello, también conviene que el desarrollo de la misma se extraiga del presente régimen general. De forma contraria, no cabría otra alternativa razonable que la de su integración formal en dicho régimen, con todas las consecuencias derivadas.


Como quiera que el texto enmendado se correlaciona directamente con la disposición adicional primera del Proyecto de Ley, cuyo texto pretende precisamente ordenar la carrera militar del Príncipe de Asturias, esta enmienda de supresión se complementa con la enmienda de modificación presentada a esa misma disposición adicional primera.


ENMIENDA NÚM. 6

FIRMANTE:

Grupo Parlamentario de Coalición Canaria-Nueva Canarias

Al artículo 4, apartado 1

De supresión.


Texto propuesto:

Se suprime en su totalidad el texto del artículo 4, apartado 1, del Proyecto de Ley, que establece las "Reglas de comportamiento del militar".


JUSTIFICACIÓN

De hecho, las "Reglas de comportamiento del militar" que propone el artículo 4 del Proyecto de Ley, son una trasposición prácticamente exacta del denominado "Código de Conducta de las Fuerzas Armadas" que el Gobierno quiso introducir en la Ley Orgánica de la Defensa Nacional (LO 5/2005, de 17 de noviembre), de forma ciertamente desafortunada y, en consecuencia, rechazada de plano por el Congreso de los Diputados en su tramitación parlamentaria. Aún más, el propio Gobierno retiró del citado Proyecto de Ley el inicial artículo 19 que lo proponía, atendiendo las enmiendas que en tal sentido habían presentado de forma generalizada todos los grupos parlamentarios, con exclusión del socialista, para obtener su apoyo al resto de la ley. Por tanto, sorprende sobremanera que, ahora, en la misma legislatura y apenas transcurridos dos años, el mismo Gobierno soslaye aquel acuerdo político y parlamentario con esta reinterpretación de la misma y ya rechazada iniciativa.


Por otra parte, estas "Reglas de comportamiento del militar" no suponen otra cosa que un código de deberes de los militares (y sólo de deberes) que, de forma más o menos encubierta, pretende obviar un reiterado mandato parlamentario para ordenar el ejercicio de esos deberes conjuntamente con sus derechos fundamentales, en el marco constitucional y adecuados al vigente modelo de Fuerzas Armadas profesionales. Esta intención de obviar los compromisos formalmente establecidos por las Cortes Generales, que son legítimas representantes del pueblo soberano y el órgano ejerciente de la potestad legislativa del Estado (art. 66 CE), se muestra de forma todavía más alarmante en el apartado 3 del mismo artículo 4 del Proyecto de Ley, mediante el que se pretende reconducir el reordenamiento de esta delicada materia a un confuso desarrollo reglamentario de las vigentes Reales Ordenanzas para las Fuerzas Armadas, como veremos más adelante en la enmienda correspondiente.


La contumacia mostrada por el Ministerio de Defensa en esta materia, deja en entredicho el principio de lealtad institucional y obliga a recordar los tres mandatos expresos del Congreso de los Diputados que los distintos gobiernos vienen incumpliendo de forma en efecto poco edificante:

Primero. La disposición final segunda de la Ley 85/1978, de 28 de diciembre, de Reales Ordenanzas para las Fuerzas Armadas, ordenaba de forma literal: "El Gobierno deberá dictar las normas de desarrollo relativas al ejercicio de deberes y derechos

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individuales en el plazo de tres meses a partir de la entrada en vigor de la presente Ley".


Esta disposición final de las Reales Ordenanzas, sancionadas al día siguiente de que el Jefe del Estado hiciera lo mismo con la Constitución Española, y cuya tramitación en las Cortes Generales se realizó sin conocerse el texto definitivo de la misma, fue incorporada "in extremis" como obligada cautela para poder enmendar aquellos contenidos que, en lectura más sosegada, se mostraran discordantes con el propio texto de la Carta Magna.


En esta misma situación de elaboración preconstitucional y precipitada fecha de promulgación, se encontraba también la Ley 83/1978, de 28 de diciembre, que regulaba funciones de distintos órganos superiores del Estado en relación con la defensa nacional, siendo sustituida con toda celeridad por la Ley Orgánica 6/1980, de 1 de julio, reguladora de los criterios básicos de la defensa nacional y la organización militar. Algo que nunca ocurrió con aquella otra Ley de Reales Ordenanzas, caracterizada por esa misma redacción y tramitación previas a la promulgación de la vigente Constitución Española.


En cualquier caso, el plazo para cumplir este primer mandato legislativo de desarrollar las normas relativas al ejercicio de los derechos y deberes individuales en el ámbito militar, expiró hace ya más de un cuarto de siglo, algo ciertamente bochornoso para el Estado de Derecho.


Segundo. Más tarde, la disposición final séptima de la Ley 17/1999, de 18 de mayo, de Régimen del Personal de las Fuerzas Armadas, volvía a ordenar: "El Gobierno, antes del 31 de diciembre del año 2002, deberá remitir al Congreso de los Diputados los proyectos de Ley necesarios para adaptar el ordenamiento legal de la defensa nacional y el régimen de derechos y deberes de los militares al modelo de Fuerzas Armadas profesionales".


Esta disposición, se incorporó a la ley mediante una enmienda del Grupo Parlamentario Catalán (CiU), pactada con las demás fuerzas políticas precisamente para facilitar el consenso necesario sobre el nuevo modelo de defensa nacional establecido en aquella ley y, sobre todo, para que fuera consecuente con lo determinado por la "Comisión Mixta, no Permanente, Congreso-Senado para establecer la fórmula y plazos para la plena profesionalización de las Fuerzas Armadas", cuyo Dictamen final fue aprobado por unanimidad de las Cortes Generales (en el Pleno del Congreso el 28 de mayo de 1998 y en el Pleno del Senado el 9 de junio del mismo año). En su apartado 2.2, que establecía los principios generales del nuevo modelo de Fuerzas Armadas, se incluyó, a propuesta de Coalición Canaria, uno, ordenado con la letra "k", especialmente afecto a la materia que nos ocupa y que reconocía de forma expresa: "Los militares profesionales, como ciudadanos de uniforme, son titulares de los derechos y libertades establecidos en la Constitución, con las imprescindibles restricciones o limitaciones en su ejercicio que la propia Constitución y las disposiciones de desarrollo de la misma contemplen".


Aquel mandato legislativo de la Ley 17/1999, cuyo plazo de ejecución se extendía durante más de dos años, también fue incumplido, produciéndose entonces una crítica expresa de la oposición socialista recogida en una Proposición de Ley Orgánica sobre Derechos Fundamentales y Libertades Públicas de los Militares, ciertamente discutible, admitida a trámite por la Mesa del Congreso de los Diputados el 19 de febrero de 2002. En los términos concretos en que se expuso, aquella proposición de ley orgánica fue rechazada por la mayoría parlamentaria en el Pleno del 21 de mayo del mismo año. Transcurrido un año, el Grupo Parlamentario Socialista reiteró la misma proposición de ley orgánica, con idéntico contenido, siendo admitida a trámite el 17 de junio de 2003 y decayendo al finalizar la legislatura.


También conviene tener presente que el PSOE incluyó esta iniciativa en su programa electoral de los comicios legislativos del 14 de marzo de 2004, bajo la rúbrica de "promesa de obligado cumplimiento", tal vez recordando la que hizo mucho antes, en su XXVII Congreso, celebrado en Madrid del 5 al 8 de diciembre de 1976, con el lema "Socialismo es Libertad": "Todo soldado u oficial, cualquiera que sea su graduación, podrá pertenecer a una asociación encaminada a la defensa de los intereses del personal militar, relacionados con el bienestar de las Fuerzas Armadas. Esta institución no debe, por supuesto, suponer menoscabo de la disciplina militar en los momentos y ante los temas que lo requieran. No tendrá carácter sindical. Será función de esta asociación el atender a los problemas de calidad de vida en los cuarteles, los problemas de la vivienda de los oficiales desplazados, los problemas de retiro y pensiones, etcétera."

Tercero. Tras aquel flagrante segundo incumplimiento, la Ley Orgánica 5/2005, de 17 de noviembre, de la Defensa Nacional, volvió a comprometer la iniciativa en su disposición final tercera, que literalmente establecía:

"Mandato Legislativo. El gobierno, en el plazo de tres meses, deberá remitir al Congreso de los Diputados un proyecto de ley reguladora de los derechos fundamentales de los militares profesionales, que incluirá la creación del Observatorio de la vida militar".


Este mandato legislativo expreso, reiterado por tercera vez ante una Cámara incrédula de sí misma, tuvo que ser consensuado de forma precipitada con todos los grupos parlamentarios durante la tramitación del correspondiente Proyecto de Ley Orgánica, una vez que el Gobierno fue forzado a retirar del mismo el original artículo 19 que recogía el denominado "Código de Conducta de las Fuerzas Armadas". Así se evidenciaba que aquel Código de Conducta, como ahora estas

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nuevas Reglas de Comportamiento, pretendían de algún modo ser elemento sustitutivo de la auténtica norma legal específica del ordenamiento de derechos y deberes de los militares, todavía pendiente de desarrollo.


Con lo expuesto, queda demostrado el carácter extemporáneo del apartado 1 del artículo 4 objeto de la presente enmienda, cuyo contenido debería llevarse en todo caso a esa ley específica y pendiente: la misma que, paradójicamente, se vuelve a citar como futurible en el apartado IX de la Exposición de Motivos del propio Proyecto de Ley.


Además, y al margen de lo que se dicta en los mandatos parlamentarios expuestos, que son de inequívoca interpretación legal y política, existen otros argumentos de fondo y de forma para rechazar el contenido concreto de las "Reglas de comportamiento del militar" que propone el Proyecto de Ley en tramitación parlamentaria.


El primero de ellos es que, de nuevo, y como sucedió con el "Código de Conducta de las Fuerzas Armadas", rechazado en su momento por el Congreso de los Diputados, estamos ante una "regla moral" de comportamiento, que es como en su emblemático artículo 1 quedan definidas las propias Reales Ordenanzas (de donde se ha extraído la mayoría del texto en cuestión).
¿Pero cómo se puede otorgar, entonces, rango de ley a unas simples reglas o pautas morales de comportamiento? ¿Cómo un mero código de honor se puede elevar a norma legal de obligado cumplimiento? ¿Y, en todo caso, cómo se castigaría a quienes lo incumplieran...?

Baste considerar al respecto que el texto de la primera regla impone como deber principal del militar su disposición permanente para defender a España, "incluso con la vida cuando fuera necesario". Esto puede ser un juramento o una promesa de los militares ciertamente encomiable y ajustada a esa conducta o regla moral de comportamiento que de hecho aceptan y desean como propia, pero que, de imponerse como norma legal, conculcando con esa obligación el principio de igualdad ante la ley y el derecho a la vida y a la integridad física y moral, consagrados respectivamente en los artículos 14 y 15 de la Carta Magna, constituiría, desde luego, el mayor de los desafueros legislativos, sin parangón en la historia del parlamentarismo democrático.


En relación directa con esta equivocada reinterpretación de lo que es el honor y la tradicional capacidad de los militares para entregarse en el servicio a la Patria, se encuentra precisamente la controversia legal generada en torno a las Reales Ordenanzas para las Fuerzas Armadas. Una polémica oscura dentro del Estado de Derecho, sencillamente salvable sólo con eliminar su carácter de ley ordinaria o, alternativamente, modificando o derogando los artículos cuyo contenido se muestra contrario al texto constitucional.


Por último, la limitación implícita de los derechos fundamentales recogidos en los artículos 14 y 15 de la Constitución (el principio de igualdad ante la ley y el derecho a la vida respectivamente) que puede derivarse de la regla primera, requeriría que el Proyecto de Ley tuviera rango de ley orgánica a tenor del artículo 81 CE, respetando en todo caso su contenido esencial (art. 53.1 CE). De no ser así, cualquier militar que considerase limitados sus derechos constitucionales por las "Reglas de comportamiento" que le fueran aplicables, podría interponer el recurso de amparo correspondiente ante el Tribunal Constitucional en los términos establecidos en el artículo 53.2 CE.


Por coherencia formal, esta enmienda de supresión arrastra las adecuaciones pertinentes que se proponen en las siguientes enmiendas:

? De supresión al artículo 4, apartado 2.


? De supresión al artículo 4, apartado 3.


? De supresión al artículo 60, apartado 1, letra f).


? De supresión al artículo 67, apartado 1, letra c).


? De supresión a la Disposición transitoria novena (relativa a la adecuación de rango normativo de las Reales Ordenanzas para las Fuerzas Armadas).


? De supresión a la Disposición derogatoria única, apartado 1 (en lo que afecta a la Ley 85/1978, de 28 de diciembre, de Reales Ordenanzas para las Fuerzas Armadas).


? De supresión a la Exposición de Motivos, apartado III, párrafo segundo (en su referencia a las reglas esenciales que definen el comportamiento del militar).


? De supresión a la Exposición de Motivos, apartado III, párrafo tercero (en su referencia a las reglas esenciales que definen el comportamiento del militar).


? De supresión a la Exposición de Motivos, apartado X, párrafo segundo (en su referencia a las reglas esenciales que definen el comportamiento del militar).


ENMIENDA NÚM. 7

FIRMANTE:

Grupo Parlamentario de Coalición Canaria-Nueva Canarias

Al artículo 4, apartado 2

De supresión.


Texto propuesto:

Se suprime en su totalidad el artículo 4, apartado 2, que establece la aplicación de las "Reglas de comporta

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miento del militar" a los miembros del Cuerpo de la Guardia Civil.


JUSTIFICACIÓN

Esta enmienda de supresión se incluye en el conjunto de adecuaciones formales derivado de la enmienda de supresión al artículo 4, apartado 1, y se justifica con los argumentos ya expuestos en la misma. Además, conlleva un pertinente arrastre de ajuste en la enmienda de supresión a la Exposición de Motivos, apartado X, párrafo segundo, incluida en el mismo bloque.


ENMIENDA NÚM. 8

FIRMANTE:

Grupo Parlamentario de Coalición Canaria-Nueva Canarias

Al artículo 4, apartado 3

De supresión.


Texto propuesto:

Se suprime en su totalidad el artículo 4, apartado 3, que establece el desarrollo reglamentario de las "Reglas de comportamiento del militar".


JUSTIFICACIÓN

Esta enmienda se incluye en el conjunto de adecuaciones formales derivado de la enmienda de supresión al artículo 4, apartado 1, y se justifica con los argumentos ya expuestos en la misma.


Además, este apartado 3 del artículo 4, establece la absurda e incomprensible inclusión de un futuro "código de conducta de los empleados públicos" nada menos que en el desarrollo reglamentario de las Reales Ordenanzas para las Fuerzas Armadas, insistiendo así en la misma doble intención de militarizar lo civil y de desnaturalizar el auténtico carácter de las Fuerzas Armadas perseguida con el carácter de "agentes de la autoridad" que se quiere otorgar a los miembros de la Unidad Militar de Emergencias (Disposición adicional quinta del Proyecto de Ley).


ENMIENDA NÚM. 9

FIRMANTE:

Grupo Parlamentario de Coalición Canaria-Nueva Canarias

Al artículo 6, apartado 2, párrafo quinto

De modificación.


Texto propuesto:

Se modifica el artículo 6, apartado 2, párrafo quinto, introduciendo los cambios recogidos en letra cursiva para su mejor identificación, quedando el mismo redactado como sigue:

"Si cumplís vuestro juramento o promesa, la Patria os lo agradecerá y premiará, y si no, mereceréis su desprecio y su castigo, como indignos hijos de ella", y añadirá: "Soldados, ¡Viva España!" y "¡Viva el Rey!", que serán contestados con los correspondientes "¡Viva!".


JUSTIFICACIÓN

Aunque se sancione mediante norma de rango legal, es obvio que el juramento o promesa ante la Bandera de España es, ante todo, un compromiso moral de quien lo realiza y tradicional dentro de las Fuerzas Armadas. Como tal, su fórmula protocolaria no necesitaría modificaciones tan radicales como las que introduce el Proyecto de Ley. Y menos aún que en ese exceso revisionista se llegue a eliminar, sin mayor justificación, la reprobación del mando antagónica a "os lo agradecerá y premiará" para el supuesto de no cumplir lo jurado o prometido. De hecho, incumplir un juramento o promesa ante los españoles no deja de ser un acto de indignidad, con el que la réplica parcial contemplada en el texto del Proyecto de Ley parece contemporizar.


Pero es que el texto redactado con esa amputación, además de desequilibrado, no deja de resultar incoherente, incluso, como fórmula meramente literaria. Cuestión distinta es la de suprimir en el primer párrafo descriptivo del juramento o promesa el referente confesional en relación con la fórmula precedente (que no se enmienda). Algo que parece obligado a tenor de la libertad religiosa establecida en el artículo 16 CE, principio que además se desarrolla en la disposición adicional octava del Proyecto de Ley, dedicada al Servicio de Asistencia Religiosa.


Por otra parte, el Proyecto de Ley también pretende sustituir la alusión a la "Patria" por "España", olvidando precisamente que aquella expresión añade sobre el concepto de nación, país o territorio que constituye una unidad geográfica o política, una consideración de uni

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dad histórica (con sus habitantes, tradiciones, costumbres, etcétera) a la que sus naturales se sienten vinculados afectivamente, tan acorde con el sentido de lealtad y entrega a la misma que se desprende del propio juramento o promesa.


Por ello, parece innecesario revisar de forma tan drástica y artificial la fórmula preexistente del juramento o promesa ante la Bandera, siendo procedente la modificación propuesta para que, una vez excluida la cita confesional en el primer párrafo de aquélla, se mantenga en lo demás.


ENMIENDA NÚM. 10

FIRMANTE:

Grupo Parlamentario de Coalición Canaria-Nueva Canarias

Al artículo 9

De adición.


Texto propuesto:

En el artículo 9, que recoge atribuciones del Jefe de Estado Mayor de la Defensa, se añade una nueva letra, ordenada como e) o según proceda, con un texto del siguiente tenor:

"e) Las funciones en materia de personal relacionadas con los cuerpos comunes de las Fuerzas Armadas que son propios de cada uno de los Jefes de Estado Mayor en sus respectivos ejércitos."

JUSTIFICACIÓN

En realidad, esta enmienda tiene su origen en el artículo 14, apartados 1 y 2, del Proyecto de Ley, que precisamente traslada al Subsecretario de Defensa las funciones en materia de personal relacionadas con los cuerpos comunes de las Fuerzas Armadas propios de cada Jefe de Estado Mayor en su Ejército.


Sin embargo, los cuerpos comunes de las Fuerzas Armadas no dejan de ser "militares" y, obviamente, necesarios para el eficaz desarrollo integrado de las misiones definidas en la Constitución y en la Ley Orgánica 5/2005, de 17 de noviembre, de la Defensa Nacional, constituyendo parte inherente de las mismas. Pero es que estos cuerpos comunes no sólo conforman una estructura integrada de apoyo de las Fuerzas Armadas en misiones militares de tipo convencional, y por tanto imprescindible, sino que en ocasiones, como sucede con el Cuerpo Militar de Sanidad, pueden llegar a constituir la base fundamental de operaciones concretas, desarrolladas a tenor del artículo 15.2 de la citada norma para colaborar "al mantenimiento de la paz, la estabilidad y la ayuda humanitaria".


Por otra parte, en la letra c) de su artículo 12.3, la misma Ley Orgánica de la Defensa Nacional otorga precisamente al Jefe de Estado Mayor de la Defensa la competencia necesaria para "asegurar la eficacia operativa de las Fuerzas Armadas...". Un concepto claro de conjunción generalizada que vuelve a reiterarse en otra de las competencias que se le atribuyen en la letra f) del mismo artículo: "Establecer las normas de acción conjunta de las Fuerzas Armadas y contribuir a la definición de las normas de acción combinada de fuerzas multinacionales".


Además, el artículo 12.4, también de la Ley Orgánica de la Defensa Nacional, insiste en esa misma correlación directa entre coordinación y eficiencia: "El Jefe de Estado Mayor de la Defensa coordinará a los Jefes de Estado Mayor del Ejército de Tierra, de la Armada y del Ejército del Aire, a quienes impartirá directrices para orientar la preparación de la fuerza, con objeto de asegurar la eficacia operativa de las Fuerzas Armadas".


Con estas consideraciones, no parece lógico que las funciones que los Jefes de Estado Mayor de cada Ejército tienen en relación con su personal recaigan, en el caso de los cuerpos comunes, directamente en el Subsecretario de Defensa, quedando al margen de la coordinación y la estructura integrada en el Estado Mayor de la Defensa y diluyendo, por tanto, la operatividad del sistema de defensa nacional. Ese encuadramiento y esa dependencia, quiebran, de hecho, los principios de jerarquía, disciplina, unidad y eficacia, con los que se caracteriza la organización de las Fuerzas Armadas, según establece con toda claridad la propia Ley Orgánica de la Defensa Nacional.


La atribución al Jefe de Estado Mayor de la Defensa de estas funciones en materia de personal relacionadas con los cuerpos comunes de las Fuerzas Armadas, propuesta en esta enmienda, se correlaciona con dos enmiendas posteriores de modificación al artículo 14, apartado 1, y al artículo 14, apartado 2.


ENMIENDA NÚM. 11

FIRMANTE:

Grupo Parlamentario de Coalición Canaria-Nueva Canarias

Al artículo 12, apartado 2, párrafo segundo

De modificación.


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Texto propuesto:

Se modifica el texto del artículo 12, apartado 2, segundo párrafo, que se reestructura en dos párrafos sucesivos, recogidos en letra cursiva para su mejor identificación, quedando dicho apartado redactado como sigue:

"2. El nombramiento de Jefe de Estado Mayor de la Defensa llevará implícito el ascenso automático al empleo de general de ejército, almirante general o general del aire, según el Ejército al que pertenezca el designado. El Jefe de Estado Mayor de la Defensa, durante el tiempo que desempeñe el cargo, tendrá a todos los efectos la consideración de más antiguo en su empleo.


Los nombramientos de Jefes de Estado Mayor del Ejército de Tierra, de la Armada y del Ejército del Aire llevarán implícito el ascenso a los empleos de general de ejército, almirante general o general del aire, según corresponda.


La designación para Jefe de Estado Mayor de la Defensa recaerá en oficiales generales con el empleo previo de teniente general o almirante.
La designación para Jefes de Estado Mayor de cada uno de los tres ejércitos recaerá en generales oficiales con empleo previo de teniente general o almirante, dentro del que les sea propio."

JUSTIFICACIÓN

En su redacción original, el artículo 12, apartado 2, prevé la posibilidad de que se pueda designar como Jefes de Estado Mayor de cada uno de los tres ejércitos, bien a tenientes generales y almirantes o bien a generales de división y vicealmirantes, según corresponda. Sin embargo, esta misma posibilidad no se explicita para designar al Jefe del Estado Mayor de la Defensa, debiéndose entender entonces que éste ha de ostentar previamente el empleo de teniente general o almirante.


Ello implica que, en el caso de los Jefes de Estado Mayor de los tres ejércitos, el designado pueda ascender de forma automática a dos empleos sucesivos, discrecionalidad excesiva que, además, cuestiona la capacidad de quienes ya hubieren alcanzado el rango de tenientes generales o almirantes. Algo ciertamente tan arbitrario como innecesario, dado que la previsión en el tiempo de tales nombramientos permite el ascenso previo más normalizado de aquellos oficiales generales que muestren el mérito y la capacidad para esa ulterior promoción, o de quienes el Gobierno considere apropiados para ello. Y desde luego poco coherente en su diferenciación con el empleo del que se extrae la designación del Jefe de Estado Mayor de la Defensa.


Pero más allá de cualquier exceso que se pueda arrogar el Gobierno con esta fórmula de designación, lo que con ella se deja en entredicho es el propio sistema de ascensos por elección dentro del generalato, que así se muestra inútil o inadecuado para promover a los más capacitados. De hecho, por esa vía tampoco se justifica que los generales de brigada y los contraalmirantes, que son igualmente oficiales generales, no puedan ser designados Jefes de Estado Mayor de sus respectivos ejércitos.


Por otro lado, este tipo de componendas en la promoción profesional no tiene parangón dentro de las Administraciones Públicas, al margen de los puestos que se asignan por estricta confianza política. Opción prohibida de forma expresa en el ámbito de las Fuerzas Armadas, cuyo régimen disciplinario sanciona con especial atención la falta de neutralidad política de sus miembros o su colaboración, encubierta o no, con partidos políticos.


ENMIENDA NÚM. 12

FIRMANTE:

Grupo Parlamentario de Coalición Canaria-Nueva Canarias

Al artículo 12, apartado 4

De supresión.


Texto propuesto:

Se suprime en su totalidad el artículo 12, apartado 4.


JUSTIFICACIÓN

La Ley 17/1999, de 18 de mayo, de Régimen del Personal de las Fuerzas Armadas, además de crear un nuevo empleo para los Jefes de Estado Mayor (JEME's) por encima del de teniente general o almirante (el de general de ejército, almirante general o general del aire) y de establecer su permanencia en servicio activo mientras permanezcan en el cargo, como sucede con el Jefe del Cuarto Militar de la Casa de Su Majestad el Rey, les otorgó otro beneficio excesivo, profesionalmente injustificado, socialmente poco comprensible y que, además, constituye un agravio comparativo para el conjunto del estamento militar y, en especial, para los demás oficiales generales, que así ven conculcado el principio de igualdad ante la ley recogido en el artículo 14 CE. Consiste en que, al cesar en esos cargos, su permanencia en la reserva queda prolongada de forma automática otros seis años más, privilegio acumulado tras otro privilegio y difícil de sostener en una profesión que ya cuenta con una estructura de personal

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mucho más envejecida que en otros Ejércitos del contexto OTAN.


Con esta normativa, puede darse el caso de que un teniente general o almirante designado JEME a los 64 años no pase a retirado hasta los 74, y eso si se le mantiene en el cargo durante una sola legislatura. Situación que no es de recibo en unas Fuerzas Armadas que cada vez han de ser más dinámicas y operativas, ni tampoco en relación con la imagen pública de su necesario rejuvenecimiento, ya iniciado con la Ley 17/1989, de 19 de julio, reguladora del Régimen del Personal Militar Profesional, pero que con la Ley 17/1999, que incluyó estas excepcionalidades en la cúpula militar, sufrió una inapropiada y bochornosa regresión. Como referencia bien contraria, téngase en cuenta, por ejemplo, la edad de 55 años a la que se retiran los Jefes de Estado Mayor de Estados Unidos de forma obligatoria.


Por lo expuesto, el artículo 12, apartado 4, del Proyecto de Ley debe suprimirse en su totalidad, quedando en todo caso derogado el artículo 13, apartado 4, de la Ley 17/1999, de similar contenido, a tenor de la disposición derogatoria única, apartado 1, del Proyecto de Ley.


Se presenta una enmienda, alternativa, de modificación al mismo artículo y apartado.


ENMIENDA NÚM. 13

FIRMANTE:

Grupo Parlamentario de Coalición Canaria-Nueva Canarias

Al artículo 12, apartado 4 (bis)

De modificación.


Texto propuesto:

En el texto del artículo 12, apartado 4, se sustituye la expresión "y serán nombrados" por "pudiendo ser nombrados", recogida en letra cursiva a efectos de identificación, quedando el mismo redactado como sigue:

"4. Los oficiales generales que cesen en los cargos citados en el apartado 1, así como en el de Jefe del Cuarto Militar de la Casa de Su Majestad el Rey, y no sean nombrados para alguno de ellos, pasarán a la situación de reserva pudiendo ser nombrados por real decreto acordado en Consejo de Ministros, a propuesta del Ministro de Defensa, miembros de la Asamblea de la Real y Militar Orden de San Hermenegildo. Podrán permanecer un máximo de seis años, retrasando en su caso el retiro hasta el momento de su cese."

JUSTIFICACIÓN

Como enmienda alternativa a la de supresión de este mismo artículo 12, apartado 4, del Proyecto de Ley, se propone que el nombramiento de los Jefes de Estado Mayor, así como el del Jefe del Cuarto Militar de la Casa de Su Majestad el Rey, como miembros de la Asamblea de la Real y Militar Orden de San Hermenegildo, tras su cese en dichos cargos, sea en todo caso potestativo del Ministro de Defensa y no obligatorio.


Suprimir el automatismo de ese nombramiento, parece obligado para evitar que algún oficial general afectado, que hipotéticamente hubiera sido cesado por razones disciplinarias, o que por su comportamiento no fuera acreedor del mismo, pueda exigir de forma legal dicho honor y privilegio.


ENMIENDA NÚM. 14

FIRMANTE:

Grupo Parlamentario de Coalición Canaria-Nueva Canarias

Al artículo 13, apartado 1

De adición.


Texto propuesto:

En el artículo 13, apartado 1, se añade una nueva letra, ordenada como proceda, con un texto del siguiente tenor:

(Letra que proceda) "Informar las evaluaciones para los ascensos por elección y por clasificación previstas respectivamente en los artículos 88 y 89 de esta ley, que deberán ser elevados al Jefe de Estado Mayor del Ejército respectivo."

JUSTIFICACIÓN

Razones de coherencia precisamente con lo establecido en los artículos 88 y 89 del Proyecto de Ley. La especificidad de los informes establecidos en dichos artículos, nada tiene que ver con los informes generales sobre los aspectos básicos que configuran la carrera militar señalados en la letra b) del mismo artículo 13, apartado 1, siendo por ello necesario que también queden recogidos en el mismo de forma concreta.


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ENMIENDA NÚM. 15

FIRMANTE:

Grupo Parlamentario de Coalición Canaria-Nueva Canarias

Al artículo 14, apartado 1

De modificación.


Texto propuesto:

El texto original del artículo 14, apartado 1, se sustituye por otro del siguiente tenor:

"1. Las competencias que en esta ley se asignan a los Jefes de Estado Mayor del Ejército de Tierra, de la Armada y del Ejército del Aire, en relación con el régimen del personal de sus respectivos Ejércitos, corresponderán al Jefe del Estado Mayor de la Defensa, en lo que afectan al personal de los cuerpos comunes de las Fuerzas Armadas."

JUSTIFICACIÓN

Razones de coherencia formal con la enmienda de adición al artículo 9.


ENMIENDA NÚM. 16

FIRMANTE:

Grupo Parlamentario de Coalición Canaria-Nueva Canarias

Al artículo 14, apartado 2

De modificación.


Texto propuesto:

En el artículo 14, apartado 2, se sustituye la referencia "de la Subsecretaría de Defensa" por "del Estado Mayor de la Defensa", recogida en letra cursiva a efectos de identificación, quedando el mismo redactado como sigue:

"2. En la estructura orgánica del Ministerio de Defensa se determinará qué órganos directivos del Estado Mayor de la Defensa ejercerán las competencias referidas a los cuerpos comunes de las Fuerzas Armadas que en esta ley se asignan al Mando o Jefatura de Personal de cada Ejército en relación con sus miembros."

JUSTIFICACIÓN

Razones de coherencia formal con la enmienda de adición al artículo 9.


ENMIENDA NÚM. 17

FIRMANTE:

Grupo Parlamentario de Coalición Canaria-Nueva Canarias

Al artículo 15, apartado 2, párrafo primero

De modificación.


Texto propuesto:

En el artículo 15, apartado 2, párrafo primero, se suprime la frase inicial y se readapta el texto restante, quedando el mismo redactado como sigue:

"2. El cuadro de oficiales generales comprenderá la plantilla específica para dotar los puestos orgánicos asignados a los diferentes cuerpos militares y la plantilla indistinta para dotar los puestos de los órganos centrales, incluido el Estado Mayor de la Defensa, y en los demás organismos del Ministerio de Defensa, que no estén expresamente asignados a un cuerpo determinado. En la plantilla indistinta estarán incluidos los puestos que se puedan ocupar en la Presidencia del Gobierno y, si se trata de puestos orgánicos relacionados con la seguridad y defensa, en otros departamentos ministeriales."

(El resto del apartado sigue igual.)

JUSTIFICACIÓN

El mismo artículo 15 ya establece con toda claridad en su apartado 1 que el número máximo de oficiales generales será establecido por ley, como el de todos los militares profesionales en servicio activo. Repetirlo en el subsiguiente apartado 2, además de ser innecesariamente reiterativo, parece considerar que los oficiales generales no son militares, o que, de forma inapropiada, tienen una condición o categoría distinta.


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ENMIENDA NÚM. 18

FIRMANTE:

Grupo Parlamentario de Coalición Canaria-Nueva Canarias

Al artículo 15, apartado 3

De modificación.


Texto propuesto:

En el artículo 15, apartado 3, se sustituye el concepto de período "plurianual" por el de "trienal", recogido en letra cursiva para su mejor identificación, quedando el mismo redactado como sigue:

"3. El Consejo de Ministros, a propuesta del Ministro de Defensa, fijará con vigencia para períodos trienales las plantillas reglamentarias de oficiales generales, oficiales y suboficiales por cuerpos, escalas y empleos de los militares de carrera, excepto los correspondientes a los dos primeros empleos, cuyos efectivos serán los que resulten de las provisiones de plazas y de la aplicación del sistema de ascensos por antigüedad."

JUSTIFICACIÓN

El concepto "plurianual" es absolutamente inconcreto, equivaliendo su utilización como referente de la vigencia de las plantillas reglamentarias del personal militar a consolidar su permanente arbitrariedad. Además, esta falta de concreción, es del todo impropia de un planeamiento de la defensa riguroso.


El texto legal debe determinar con exactitud la vigencia de dichas plantillas durante un número concreto de años, siendo el período trienal suficientemente razonable al respecto.


Por coherencia formal, esta enmienda de modificación arrastra las adecuaciones pertinentes que se proponen en las siguientes enmiendas:

? De modificación al artículo 17, apartado 1.


? De modificación al artículo 17, apartado 2, párrafo primero.


? De modificación al artículo 17, apartado 3.


ENMIENDA NÚM. 19

FIRMANTE:

Grupo Parlamentario de Coalición Canaria-Nueva Canarias

Al artículo 17, apartado 1

De modificación.


Texto propuesto:

En el artículo 17, apartado 1, se sustituye el concepto de período "plurianual" por el de "trienal", recogido en letra cursiva para su mejor identificación, quedando el mismo redactado como sigue:

"1. Para satisfacer las necesidades de militares profesionales derivadas del planeamiento de la defensa y teniendo en cuenta las plantillas reglamentarias se establecerá la programación trienal de provisión de plazas para el acceso a los cuerpos y escalas de las Fuerzas Armadas."

JUSTIFICACIÓN

Razones de coherencia con la enmienda de modificación al artículo 15, apartado 3.


ENMIENDA NÚM. 20

FIRMANTE:

Grupo Parlamentario de Coalición Canaria-Nueva Canarias

Al artículo 17, apartado 2, párrafo primero

De modificación.


Texto propuesto:

En el artículo 17, apartado 2, párrafo primero, se sustituye el concepto de período "plurianual" por el de "trienal", recogido en letra cursiva para su mejor identificación, quedando el mismo redactado como sigue:

"2. Anualmente se aprobará la provisión de plazas de ingreso en los centros docentes militares de formación, ajustándose a la programación trienal, a los créditos presupuestarios, a la evolución real de efectivos y a los procesos de formación definidos en esta ley. En la provisión anual se concretarán cuántas de ellas serán plazas de acceso a los cuerpos y escalas de las Fuerzas Armadas una vez finalizado el proceso de formación."

(El resto del apartado sigue igual.)

JUSTIFICACIÓN

Razones de coherencia con la enmienda de modificación al artículo 15, apartado 3.


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ENMIENDA NÚM. 21

FIRMANTE:

Grupo Parlamentario de Coalición Canaria-Nueva Canarias

Al artículo 17, apartado 2, párrafo primero (bis)

De supresión.


Texto propuesto:

En el artículo 17, apartado 2, párrafo primero, se suprime su segunda frase, quedando el mismo redactado como sigue:

"2. Anualmente se aprobará la provisión de plazas de ingreso en los centros docentes militares de formación, ajustándose a la programación plurianual (o trienal de acuerdo con la enmienda precedente), a los créditos presupuestarios, a la evolución real de efectivos y a los procesos de formación definidos en esta ley."

(El resto del apartado sigue igual.)

JUSTIFICACIÓN

Si se mantiene la segunda frase de su párrafo primero, que esta enmienda suprime, el artículo 17.2 da a entender que las plazas de acceso al finalizar la formación serán menores que las convocadas para el acceso a los centros docentes. Ello equivaldría a que algunos alumnos que acabasen con éxito su formación podrían no tener plaza, o, dicho de otra forma, que, con razón o sin ella, necesariamente hubiera que producir bajas en el proceso de formación.


ENMIENDA NÚM. 22

FIRMANTE:

Grupo Parlamentario de Coalición Canaria-Nueva Canarias

Al artículo 17, apartado 3

De modificación.


Texto propuesto:

En el artículo 17, apartado 3, se sustituye el concepto de período "plurianual" por el de "trienal", recogido en letra cursiva para su mejor identificación, quedando el mismo redactado como sigue:

"3. El Consejo de Ministros, a propuesta del Ministro de Defensa, con el informe favorable de los Ministerios de Economía y Hacienda y de Administraciones Públicas, aprobará la programación trienal de provisión de plazas y las provisiones anuales."

JUSTIFICACIÓN

Razones de coherencia con la enmienda de modificación al artículo 15, apartado 3.


ENMIENDA NÚM. 23

FIRMANTE:

Grupo Parlamentario de Coalición Canaria-Nueva Canarias

Al artículo 21, apartado 1

De modificación.


Texto propuesto:

En el artículo 21, apartado 1, se introducen el concepto de "grado", diferenciado del de "empleo", y la remisión a una propuesta del Jefe del Estado Mayor de la Defensa, al tiempo que se readapta el texto restante, recogiendo dichas referencias con letra cursiva en el texto propuesto para su mejor identificación:

"1. Cuando por necesidades del servicio se designe a un militar para ocupar un puesto en organizaciones internacionales que corresponda al empleo superior al suyo, el Ministro de Defensa, a propuesta del Jefe del Estado Mayor de la Defensa, le podrá conceder, con carácter eventual, el grado militar correspondiente a ese empleo superior, en el que tendrá las atribuciones y usará las divisas del mismo, excepción hecha de las competencias sancionadoras y de las retribuciones, que serán las correspondientes a su empleo efectivo. Dicho grado se conservará hasta ascender al citado empleo superior o hasta el momento de su cese en el mencionado puesto.


La atribución eventual del grado militar del empleo superior no generará derecho al ascenso ni predeterminará, en su caso, el resultado de la correspondiente evaluación."

JUSTIFICACIÓN

El texto original del Proyecto de Ley no distingue entre el "empleo" y el "grado" militar correspondiente,

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asimilando ambos, cuando la excepción que se propone es precisamente la de otorgar de forma eventual un grado superior a quien mantiene un empleo inferior. En esa eventualidad, si además del grado se otorga un empleo superior, se podría estar ante un ascenso de dudosa legalidad y, para mayor complicación, irreversible en el ámbito laboral.


La nueva redacción propuesta se corresponde con la del artículo 14, apartado 1, de la Ley 17/1999, de 18 de mayo, de Régimen del Personal de las Fuerzas Armadas, que resuelve la misma circunstancia con mayor eficacia y claridad. Por otra parte, siendo la atribución eventual del grado militar del empleo superior competencia del Ministro de Defensa, parece obvio que éste debería ejercerla a propuesta del Jefe del Estado Mayor de la Defensa, como se contempla en la citada ley.


ENMIENDA NÚM. 24

FIRMANTE:

Grupo Parlamentario de Coalición Canaria-Nueva Canarias

Al artículo 22, apartado 1

De modificación.


Texto propuesto:

En el artículo 22, apartado 1, se sustituye el concepto de otorgar "derechos" por el de otorgar "facultades" y se readapta el texto restante, recogiendo las modificaciones con letra cursiva en el texto propuesto para su mejor identificación:

"1. El empleo militar otorga las facultades y atribuye las obligaciones establecidas en esta ley necesarias para desempeñar los cometidos en los diferentes niveles de la estructura orgánica y operativa de las Fuerzas Armadas y, en su caso, en los demás ámbitos del Ministerio de Defensa, ejerciendo la correspondiente autoridad. Quien ejerce el mando o dirección de una unidad, centro u organismo recibe la denominación de jefe, comandante o director. En esta ley el término jefe comprende todas ellas."

JUSTIFICACIÓN

La interrelación que establece el texto original del Proyecto de Ley entre el otorgamiento de derechos y la atribución de obligaciones inherentes al empleo militar, es fruto de una evidente confusión jurídico-política, ya que ni existe ni puede existir correlación alguna entre derechos y obligaciones.


En puridad jurídica es sabido que los derechos otorgan facultades, siendo su correlativa los deberes, que generan obligaciones. Por ello, si se habla de derechos no se pueden colegir obligaciones, sino deberes. Y si se prefiere hablar de obligaciones hay que derivarlas de facultades, y no de derechos. Si cabe, derecho y deber son los géneros, mientras que facultades y obligaciones son sus respectivas especies, sin que puedan mezclarse de forma indistinta unos y otras.


Con estas premisas, el empleo militar puede otorgar derechos y atribuir deberes, o bien otorgar facultades y atribuir obligaciones, fórmula esta que, por ser más adecuada al contenido general del texto y al propio título del artículo, es la propuesta en la presente enmienda.


También se sustituye la previsión masculina de "el que ejerce el mando" por la neutra de "quien ejerce el mando", él o ella, a tenor del propio interés gubernamental de evitar discriminaciones de género.


ENMIENDA NÚM. 25

FIRMANTE:

Grupo Parlamentario de Coalición Canaria-Nueva Canarias

Al artículo 24, apartado 2

De supresión.


Texto propuesto:

En el artículo 24, apartado 2, del Proyecto de Ley, se suprime la expresión "una o", en relación con las escalas de oficiales, y, por razones de sintaxis, también "con arreglo y", recogiéndose ambas supresiones entre paréntesis y en letra cursiva para su mejor identificación, quedando el mismo redactado como sigue:

"2. Dentro de cada cuerpo los militares profesionales se agrupan en (una o) varias escalas de oficiales (con arreglo y), con las denominaciones que se especifican en este capítulo, en escalas de suboficiales y en escala de tropa o de marinería, en correspondencia con las diferentes categorías militares y según las facultades profesionales que tengan asignadas y los requisitos educativos exigidos para su incorporación a ellas. Las facultades profesionales en cada escala son consecuen

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cia de la preparación recibida y delimitan el nivel de responsabilidad en el cumplimiento de los cometidos asignados en los diferentes destinos."

JUSTIFICACIÓN

La creación de la escala única de los cuerpos generales no está exenta de un cierto tinte demagógico.


En el quehacer cotidiano de las Fuerzas Armadas siempre han existido roces, rivalidades y diferencias de orden competencial; pero no es menos cierto que nada de eso se soluciona con la integración de escalas que propone el Proyecto de Ley. En todo caso, esa misma problemática se trasladaría de forma automática a una escala única con oficiales de distinta procedencia, además con nuevos agravios añadidos derivados de la disposición transitoria cuarta del mismo texto original.


El ámbito de la Administración Civil del Estado mantiene cuatro escalas (A, B, C y D) que responden a las antiguas escalas técnicas, de gestión, administrativa y auxiliar. Cada una tiene su función y las cuatro se complementan de forma eficaz. Es más, incluso las funciones que cubría la antigua escala subalterna se atienden ahora con personal laboral. De hecho, nadie puede negar que en un entramado tan complejo como el de la Administración, es absolutamente necesario cubrir funciones variadísimas, y menos aún que en su correspondencia militar esa variedad de funciones no sea aún más evidente.


Es posible que el Ministerio de Defensa opte por cubrir esas funciones, sobre todo la administrativa y la auxiliar, y en parte también la de gestión, con funcionarios civiles, asignando las demás a un "mix" civil-militar. Esto podría ser válido para los órganos centrales, algo que ya se está dando en una proporción además muy favorable a la procedencia civil.


Sin embargo, las Fuerzas Armadas se conforman esencialmente con unidades militares y eso es algo que parece olvidarse de forma desde luego equivocada y preocupante, porque en esas unidades no es válida la solución civil. Es inimaginable encontrar encuadrado en un regimiento o en un buque de la Armada, por poner algún ejemplo, a personal civil, posibilidad que éste rehusaría sin duda alguna. Pero la realidad operativa acredita que en esas unidades militares la secretaría del mando, los auxiliares de caja o de mayoría, la jefatura del almacén, etcétera, conforman una serie de destinos y puestos de trabajo que es necesario cubrir.


La perseguida y denostada "escala auxiliar" cumplía a esos efectos una función importante, pero ahora, a tenor de lo propuesto en el Proyecto de Ley, no dejará de ser un auténtico derroche, por no decir una barbaridad, tener atado, por ejemplo, a una simple auxiliaría de caja de cualquier unidad militar, a oficiales que han recibido formación del mayor nivel universitario, llevando a la mayor improductividad toda la inversión pública realizada en el mismo.


Parece, pues, evidente que la solución del problema consiste en mantener la doble escala, algo ciertamente añorado por los pocos países que en su momento optaron por la escala única de oficiales. Dicha propuesta, derivada de la presente enmienda de supresión, arrastra las adecuaciones pertinentes que se recogen en las siguientes enmiendas:

? De adición al artículo 26, apartado 1.


? De modificación al artículo 26, apartado 2.


? De adición al artículo 29, apartado 1.


? De modificación al artículo 29, apartado 2.


? De adición al artículo 30, apartado 1.


? De modificación al artículo 30, apartado 2.


? De adición al artículo 33, apartado 2.


? De modificación al artículo 33, apartado 2.


? De supresión a la Disposición transitoria cuarta, apartado 2.


? De supresión a la Disposición transitoria cuarta, apartado 5.


? De supresión a la Disposición transitoria cuarta, apartado 7.


? De modificación a la Disposición transitoria cuarta, apartado 10.


? De supresión a la Disposición transitoria cuarta, apartado 14.


Por otra parte, si se insiste en la alternativa de unificación de escalas, sería mucho más lógico, y menos laborioso y agresivo, mantener las dos escalas actuales, la superior y la de oficiales, y declarar esta última como escala a extinguir, conservando sus miembros todos los derechos, incluido el ascenso a teniente coronel.


El proceso se alargaría hasta el pase a retiro del más joven de los actuales integrantes de la escala de oficiales, pero conlleva la consolidación de una escala superior homogénea, con una sola y más razonable procedencia. Por otra parte, la actual escala de oficiales declarada a extinguir, no estorbaría más de lo que en todo caso pudiera estorbar ahora.


A esos efectos, se presenta una enmienda alternativa de adición de un nuevo apartado al artículo 24.


ENMIENDA NÚM. 26

FIRMANTE:

Grupo Parlamentario de Coalición Canaria-Nueva Canarias

Al artículo 24

De adición.


Página 84


Texto propuesto:

Se añade un nuevo apartado al artículo 24 numerado como 2, pasando los apartados 2 y 3 originales del Proyecto de Ley a numerarse respectivamente como 3 y 4, del siguiente tenor:

"2. Se declaran a extinguir las escalas de oficiales de los cuerpos generales del Ejército de Tierra, de la Armada y del Ejército del Aire y del Cuerpo de Infantería de Marina."

JUSTIFICACIÓN

Ésta es una enmienda alternativa a la de modificación del artículo 24, apartado 2, y a las adaptaciones que arrastraría en todo el Proyecto de Ley. Como tal, le son propios los mismos argumentos justificativos.


No obstante, conviene insistir en que, en el caso de que se mantenga la unificación de escalas (lo que también conllevaría arrostrar todos los inconvenientes expuestos en la citada y precedente enmienda), con la fórmula propuesta en este nuevo apartado del artículo 24 siempre se podrían evitar la discriminación, la innecesaria humillación y los graves perjuicios que, de realizarse en las condiciones previstas por el Proyecto de Ley, conlleva para las actuales escalas de oficiales. Y ello salvaguardando una nueva escala única de oficiales más homogénea y auténtica.


Esta enmienda de adición al artículo 24, arrastra otra de adición a la Disposición transitoria cuarta.


ENMIENDA NÚM. 27

FIRMANTE:

Grupo Parlamentario de Coalición Canaria-Nueva Canarias

Al artículo 25, apartado 1

De supresión.


Texto propuesto:

En el artículo 25, apartado 1, se suprime la referencia al "Cuerpo de Intendencia del Ejército de Tierra", quedando el mismo redactado como sigue:

"1. Los cuerpos específicos del Ejército de Tierra son los siguientes:

Cuerpo General del Ejército de Tierra.


Cuerpo de Ingenieros Politécnicos del Ejército de Tierra."

JUSTIFICACIÓN

La racionalización del sistema de defensa nacional, que junto a la eliminación o reducción de los excesos organizativos conlleva también una mayor funcionalidad, es un proceso dinámico y abierto desde que la Ley 17/1999, de 18 de mayo, suspendió el servicio militar obligatorio, implantando un modelo de Fuerzas Armadas plenamente profesional. En dicho proceso se han venido integrando como cuerpos comunes tanto el Jurídico Militar como el Militar de Intervención, el Militar de Sanidad y el de Músicas Militares.


De hecho, el artículo 11, apartado 4, de la Ley Orgánica 5/2005, de 17 de noviembre, de la Defensa Nacional, ya estableció un criterio bien expresivo sobre la necesidad de convergencia en cuerpos comunes: "Para alcanzar el funcionamiento de ambas estructuras con criterios de eficacia y economía de medios (se refiere a las estructuras organizativa y operativa), se unificarán los servicios cuyos cometidos no deban ser exclusivos de un Ejército y se organizarán de manera centralizada la logística común y la adquisición de recursos". Un llamamiento bien preciso y adecuado para implantar, precisamente, el cuerpo común de la intendencia militar.


Siendo, pues, el objetivo principal de aumentar la eficacia del sistema de defensa nacional y rentabilizar al máximo los recursos disponibles tan obvio como indiscutido, nada impide, ni desde la teoría de la organización del trabajo ni desde la práctica militar, integrar también como cuerpos comunes de las Fuerzas Armadas los que hasta ahora han sido de intendencia de cada Ejército. Y ello es tan evidente que tal decisión sólo se puede achacar a un déficit en la visión global del Proyecto de Ley, dado que este ámbito de adecuación y organización de la carrera militar no deja de ser el más apropiado para ello.


Cierto es que los cuerpos de ingenieros de cada ejército mantienen una especificidad propia, como también la tienen sus respectivos cuerpos generales y la infantería de marina, pero ése no es el caso de la intendencia, cuyos estudios y desarrollo práctico son, en efecto, comunes para todas las Fuerzas Armadas.


Si realmente se desea racionalizar y modernizar el modelo de defensa nacional, adecuando la carrera militar a los más avanzados del contexto OTAN, es del todo aconsejable incluir el Cuerpo Militar de Intendencia en el grupo de cuerpos comunes, como sucede con los que, sin mejor justificación, ya se encuentran integrados en el mismo. Y ello sin necesidad de recordar que la propia Revisión Estratégica de la Defensa, desarrollada por el Ministerio de Defensa en la VII Legislatura, ya fijó en su "Criterio Básico 10" la necesidad específica de potenciar la máxima integración logística dentro de las Fuerzas Armadas.


Por coherencia formal, esta enmienda de supresión arrastra las adecuaciones pertinentes que se proponen en las siguientes enmiendas:

Página 85


? De supresión al artículo 25, apartado 2.


? De supresión al artículo 25, apartado 3.


? De adición al artículo 25, apartado 4.


? De supresión al artículo 27.


? De supresión al artículo 31.


? De supresión al artículo 34.


? De adición (de nuevo artículo) al Capítulo III.


? De modificación al artículo 71, apartado 3, párrafo segundo.


ENMIENDA NÚM. 28

FIRMANTE:

Grupo Parlamentario de Coalición Canaria-Nueva Canarias

Al artículo 25, apartado 2

De supresión.


Texto propuesto:

En el artículo 25, apartado 2, se suprime la referencia al "Cuerpo de Intendencia de la Armada", quedando el mismo redactado como sigue:

"2. Los cuerpos específicos de la Armada son los siguientes:

Cuerpo General de la Armada.


Cuerpo de Infantería de Marina.


Cuerpo de Ingenieros de la Armada."

JUSTIFICACIÓN

La de conversión de los cuerpos de intendencia de los tres ejércitos en un cuerpo común, ya expuesta en la enmienda de supresión al artículo 25, apartado 1.


ENMIENDA NÚM. 29

FIRMANTE:

Grupo Parlamentario de Coalición Canaria-Nueva Canarias

Al artículo 25, apartado 3

De supresión.


Texto propuesto:

En el artículo 25, apartado 3, se suprime la referencia al "Cuerpo de Intendencia del Ejército del Aire", quedando el mismo redactado como sigue:

"3. Los cuerpos específicos del Ejército del Aire son los siguientes:

Cuerpo General del Ejército del Aire.


Cuerpo de Ingenieros del Ejército del Aire."

JUSTIFICACIÓN

La de conversión de los cuerpos de intendencia de los tres ejércitos en un cuerpo común, ya expuesta en la enmienda de supresión al artículo 25, apartado 1.


ENMIENDA NÚM. 30

FIRMANTE:

Grupo Parlamentario de Coalición Canaria-Nueva Canarias

Al artículo 25, apartado 4

De adición.


Texto propuesto:

En el artículo 25, apartado 4, se añade la referencia al "Cuerpo de Intendencia Militar", recogido en letra cursiva a efectos de identificación, quedando el mismo redactado como sigue:

"4. Los cuerpos comunes de las Fuerzas Armadas son los siguientes:

Cuerpo Militar de Intendencia.


Cuerpo Jurídico Militar.


Cuerpo Militar de Intervención.


Cuerpo Militar de Sanidad.


Cuerpo de Músicas Militares."

JUSTIFICACIÓN

La de conversión de los cuerpos de intendencia de los tres ejércitos en un cuerpo común, ya expuesta en la enmienda de supresión al artículo 25, apartado 1.


Página 86


ENMIENDA NÚM. 31

FIRMANTE:

Grupo Parlamentario de Coalición Canaria-Nueva Canarias

Al artículo 26, apartado 1

De adición.


Texto propuesto:

En el artículo 26, apartado 1, se añade una referencia a la "escala superior de oficiales", recogida en letra cursiva a efectos de identificación, quedando el mismo redactado como sigue:

"1. Los miembros del Cuerpo General del Ejército de Tierra, agrupados en escala superior de oficiales, escala de oficiales, escala de suboficiales y escala de tropa, tienen como cometidos la preparación y empleo de la Fuerza y del Apoyo a la Fuerza del Ejército de Tierra."

JUSTIFICACIÓN

Razones de coherencia formal con la enmienda de supresión presentada al artículo 24, apartado 2, del Proyecto de Ley.


ENMIENDA NÚM. 32

FIRMANTE:

Grupo Parlamentario de Coalición Canaria-Nueva Canarias

Al artículo 26, apartado 2

De modificación.


Texto propuesto:

En el artículo 26, apartado 2, se introduce la diferenciación de empleos del Cuerpo General del Ejército de Tierra correspondiente a la escala superior de oficiales y a la escala de oficiales, recogida en letra cursiva a efectos de identificación, quedando el mismo redactado como sigue:

"2. Los empleos del Cuerpo General del Ejército de Tierra son los de teniente a general de ejército en la escala superior de oficiales, los de alférez a teniente coronel en la escala de oficiales, los de sargento a suboficial mayor en la escala de suboficiales y los de soldado a cabo mayor en la escala de tropa."

JUSTIFICACIÓN

Razones de coherencia formal con la enmienda de supresión presentada al artículo 24, apartado 2, del Proyecto de Ley.


ENMIENDA NÚM. 33

FIRMANTE:

Grupo Parlamentario de Coalición Canaria-Nueva Canarias

Al artículo 27

De supresión.


Texto propuesto:

Se suprime en su totalidad el artículo 27.


JUSTIFICACIÓN

Razones de coherencia formal con la conversión de los cuerpos de intendencia de los tres ejércitos en un cuerpo común, conforme a lo ya justificado en la enmienda de supresión al artículo 25, apartado 1.


ENMIENDA NÚM. 34

FIRMANTE:

Grupo Parlamentario de Coalición Canaria-Nueva Canarias

Al artículo 29, apartado 1

De adición.


Texto propuesto:

En el artículo 29, apartado 1, se añade una referencia a la "escala superior de oficiales", recogida en letra

Página 87


cursiva a efectos de identificación, quedando el mismo redactado como sigue:

"1. Los miembros del Cuerpo General de la Armada, agrupados en escala superior de oficiales, escala de oficiales, escala de suboficiales y escala de marinería, tienen como cometidos la preparación y empleo de la Fuerza y del Apoyo a la Fuerza de la Armada."

JUSTIFICACIÓN

Razones de coherencia formal con la enmienda de supresión presentada al artículo 24, apartado 2, del Proyecto de Ley.


ENMIENDA NÚM. 35

FIRMANTE:

Grupo Parlamentario de Coalición Canaria-Nueva Canarias

Al artículo 29, apartado 2

De modificación.


Texto propuesto:

En el artículo 29, apartado 2, se introduce la diferenciación de empleos del Cuerpo General de la Armada correspondiente a la escala superior de oficiales y a la escala de oficiales, recogida en letra cursiva a efectos de identificación, quedando el mismo redactado como sigue:

"2. Los empleos del Cuerpo General de la Armada son los de alférez de navío a almirante general en la escala superior de oficiales, los de alférez de fragata a capitán de fragata en la escala de oficiales, los de sargento a suboficial mayor en la escala de suboficiales y los de marinero a cabo mayor en la escala de marinería."

JUSTIFICACIÓN

Razones de coherencia formal con la enmienda de supresión presentada al artículo 24, apartado 2, del Proyecto de Ley.


ENMIENDA NÚM. 36

FIRMANTE:

Grupo Parlamentario de Coalición Canaria-Nueva Canarias

Al artículo 30, apartado 1

De adición.


Texto propuesto:

En el artículo 30, apartado 1, se añade una referencia a la "escala superior de oficiales", recogida en letra cursiva a efectos de identificación, quedando el mismo redactado como sigue:

"1. Los miembros del Cuerpo de Infantería de Marina, agrupados en escala superior de oficiales, escala de oficiales, escala de suboficiales y escala de tropa, tienen como cometidos la preparación y empleo de la Fuerza de infantería de marina y del Apoyo a la Fuerza de la Armada."

JUSTIFICACIÓN

Razones de coherencia formal con la enmienda de supresión presentada al artículo 24, apartado 2, del Proyecto de Ley.


ENMIENDA NÚM. 37

FIRMANTE:

Grupo Parlamentario de Coalición Canaria-Nueva Canarias

Al artículo 30, apartado 2

De modificación.


Texto propuesto:

En el artículo 30, apartado 2, se introduce la diferenciación de empleos del Cuerpo de Infantería de Marina correspondiente a la escala superior de oficiales y a la escala de oficiales, recogida en letra cursiva a efectos de identificación, quedando el mismo redactado como sigue:

"2. Los empleos del Cuerpo General de Infantería de Marina son los de teniente a general de división en

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la escala superior de oficiales, los de alférez a teniente coronel en la escala de oficiales, los de sargento a suboficial mayor en la escala de suboficiales y los de soldado a cabo mayor en la escala de tropa."

JUSTIFICACIÓN

Razones de coherencia formal con la enmienda de supresión presentada al artículo 24, apartado 2, del Proyecto de Ley.


ENMIENDA NÚM. 38

FIRMANTE:

Grupo Parlamentario de Coalición Canaria-Nueva Canarias

Al artículo 31

De supresión.


Texto propuesto:

Se suprime en su totalidad el artículo 31.


JUSTIFICACIÓN

Razones de coherencia formal con la conversión de los cuerpos de intendencia de los tres ejércitos en un cuerpo común, conforme a lo ya justificado en la enmienda de supresión al artículo 25, apartado 1.


ENMIENDA NÚM. 39

FIRMANTE:

Grupo Parlamentario de Coalición Canaria-Nueva Canarias

Al artículo 33, apartado 1

De adición.


Texto propuesto:

En el artículo 33, apartado 1, se añade una referencia a la "escala superior de oficiales", recogida en letra cursiva a efectos de identificación, quedando el mismo redactado como sigue:

"1. Los miembros del Cuerpo General del Ejército del Aire, agrupados en escala superior de oficiales, escala de oficiales, escala de suboficiales y escala de tropa, tienen como cometidos la preparación y empleo de la Fuerza y del Apoyo a la Fuerza del Ejército del Aire."

JUSTIFICACIÓN

Razones de coherencia formal con la enmienda de supresión presentada al artículo 24, apartado 2, del Proyecto de Ley.


ENMIENDA NÚM. 40

FIRMANTE:

Grupo Parlamentario de Coalición Canaria-Nueva Canarias

Al artículo 33, apartado 2

De modificación.


Texto propuesto:

En el artículo 33, apartado 2, se introduce la diferenciación de empleos del Cuerpo General del Ejército del Aire correspondiente a la escala superior de oficiales y a la escala de oficiales, recogida en letra cursiva a efectos de identificación, quedando el mismo redactado como sigue:

"2. Los empleos del Cuerpo General del Ejército del Aire son los de teniente a general del aire en la escala superior de oficiales, los de alférez a teniente coronel en la escala de oficiales, los de sargento a suboficial mayor en la escala de suboficiales y los de soldado a cabo mayor en la escala de tropa."

JUSTIFICACIÓN

Razones de coherencia formal con la enmienda de supresión presentada al artículo 24, apartado 2, del Proyecto de Ley.


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ENMIENDA NÚM. 41

FIRMANTE:

Grupo Parlamentario de Coalición Canaria-Nueva Canarias

Al artículo 34

De supresión.


Texto propuesto:

Se suprime en su totalidad el artículo 34.


JUSTIFICACIÓN

Razones de coherencia formal con la conversión de los cuerpos de intendencia de los tres ejércitos en un cuerpo común, conforme a lo ya justificado en la enmienda de supresión al artículo 25, apartado 1.


ENMIENDA NÚM. 42

FIRMANTE:

Grupo Parlamentario de Coalición Canaria-Nueva Canarias

Al Título III, Capítulo III

De adición.


Texto propuesto:

En el Título III, Capítulo III, se añade un nuevo artículo, numerado como proceda, con dos apartados del siguiente tenor:

"Artículo (número que corresponda). Cuerpo Militar de Intendencia.


1. Los miembros del Cuerpo Militar de Intendencia, agrupados en una escala de oficiales, tienen como cometidos el planeamiento y administración de los recursos económicos y el asesoramiento en materia económico-financiera. Reglamentariamente se determinarán los de carácter logístico que les correspondan.


2. Los empleos del Cuerpo Militar de Intendencia son de teniente a general de división."

JUSTIFICACIÓN

Reubicar el contenido de los artículos 27, 31 y 34 del Proyecto de Ley, que han sido objeto de enmiendas de supresión por coherencia formal con la conversión de los cuerpos de intendencia de los tres ejércitos en un cuerpo común, respetando su literalidad en la versión unificada.


ENMIENDA NÚM. 43

FIRMANTE:

Grupo Parlamentario de Coalición Canaria-Nueva Canarias

Al Título IV

De supresión.


Texto propuesto:

Se suprime en su totalidad el Título IV del Proyecto de Ley dedicado a la enseñanza militar.


JUSTIFICACIÓN

El Proyecto de Ley señala en el artículo 1.1 que su objeto fundamental es regular la carrera militar y aquellos aspectos del régimen de personal que la conforman. Una carrera profesional que tiene indiscutible origen en la enseñanza militar y en la que la condición misma de militar se adquiere justo al ingresar como alumno en un centro docente militar, como se reconoce en el artículo 3.6 de la norma, circunstancias que reafirman el carácter sustancial de la materia educativa, que, por otra parte, ocupa todo su Título IV, objeto de la presente enmienda de supresión.


Pues bien, sin entrar siquiera en el análisis formal y detallado del nuevo modelo de enseñanza militar propuesto en el Proyecto de Ley, su adscripción al sistema educativo general y su dependencia del régimen regulador establecido en la Ley Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre, de Universidades, que de entrada consagra en su artículo 2 el principio de autonomía universitaria, y que además transfiere al ámbito autonómico las correspondientes competencias legales (salvo excepcionalidad expresa), colisiona frontalmente con el artículo 149.1.4.ª CE. En él se establece con meridiana claridad la competencia exclusiva del Estado en materia de Defensa y Fuerzas Armadas, de la que, como se ha dicho, la enseñanza militar es parte consustancial.


Esta discordancia entre el texto constitucional y el texto remitido por el Gobierno al Congreso de los Diputados, queda reflejada de forma secuencial en su propio articulado:

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? El artículo 43.1 añade a la formación militar general y específica, otra correspondiente a un título de grado universitario del sistema educativo general.


? Para ello, el artículo 49.1 determina la creación por el Ministerio de Defensa de un "sistema de centros universitarios de la defensa y la adscripción de éstos a una o varias universidades públicas conforme a lo previsto en la Ley Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre, de Universidades".


? Y, a continuación, el artículo 49.2 reitera la dependencia de los centros universitarios de la defensa del régimen universitario general, cuya competencia se encuentra transferida a las Comunidades Autónomas: "Los centros universitarios de la defensa, adscritos a universidades públicas, se regirán por la Ley Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre, de Universidades, por esta ley, por la normativa aplicable a cada universidad y por los correspondientes convenios de adscripción que tendrán en cuenta las peculiaridades de la carrera militar".


A tenor del texto propuesto por el Gobierno, es evidente que los centros de enseñanza de la defensa quedarían adscritos a universidades públicas y sometidos, como instituciones docentes convencionales, al régimen general establecido en la Ley Orgánica 6/2001, de Universidades, que, además de transferir competencias a los organismos correspondientes de las distintas Comunidades Autónomas (art. 6.1), otorga a dichas universidades plena autonomía en un largo listado de atribuciones recogido en el artículo 2, apartado 2. De hecho, el artículo 6, apartado 2, la amplía incluso en los siguientes términos: "Las Universidades públicas se regirán, además, por la Ley de su creación y por sus Estatutos, que serán elaborados por aquéllas y, previo su control de legalidad, aprobados por el Consejo de Gobierno de la Comunidad Autónoma (...)".


Por otra parte, para eliminar cualquier posible duda sobre tan incontrovertible independencia, baste considerar lo establecido en el artículo 6.4 de la reiterada Ley Orgánica de referencia: "En las Universidades públicas, las resoluciones del Rector y los acuerdos del Consejo Social, del Consejo de Gobierno y del Claustro Universitario, agotan la vía administrativa y serán impugnables directamente ante la jurisdicción contencioso-administrativa, de acuerdo con lo establecido en la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común".


Pero, aún más, el artículo 11 de la misma Ley Orgánica de Universidades, dedicado expresamente al tipo de centros de enseñanza como los que propone el Proyecto de Ley, establece de forma bien precisa su contradicción con la competencia exclusiva del Estado en materia de Defensa y Fuerzas Armadas:

"Artículo 11. Centros de enseñanza universitaria adscritos a Universidades públicas.


1. La adscripción mediante convenio a una Universidad pública de centros docentes de titularidad pública o privada para impartir estudios conducentes a la obtención de títulos de carácter oficial y validez en todo el territorio nacional, requerirá la aprobación de la Comunidad Autónoma, a propuesta del Consejo Social, previo informe del Consejo de Gobierno de la Universidad. El centro adscrito deberá estar establecido en el ámbito territorial de la correspondiente Comunidad Autónoma.


De lo señalado en el párrafo anterior será informado el Consejo de Coordinación Universitaria.


2. Los centros adscritos a una Universidad pública se regirán por lo dispuesto en esta Ley, por las normas dictadas por el Estado y las Comunidades Autónomas en el ejercicio de sus competencias, por el convenio de adscripción y por sus propias normas de organización y funcionamiento.


3. El comienzo de las actividades de los centros adscritos será autorizado por la Comunidad Autónoma."

Por último, y como ejemplo de la incompatibilidad de lo propuesto en el Proyecto de Ley con la realidad legal y competencial en la que se enmarca el ámbito de la Defensa y las Fuerzas Armadas, y sin profundizar en el fondo de la cuestión, caben señalarse algunos otros escollos difíciles de superar en su tramitación parlamentaria:

? El contenido del artículo 46.2.g) de la Ley Orgánica 2/2001, de Universidades, garantiza a "todos" los estudiantes derechos que la Ley 85/1978, de 28 de diciembre, de Reales Ordenanzas para las Fuerzas Armadas, prohíbe de forma expresa a los militares, como la libertad de expresión, de reunión y de asociación en el ámbito universitario.


? La necesidad de que los centros adscritos se establezcan en el ámbito territorial de la correspondiente Comunidad Autónoma (recogida en el art.
11.1 de la Ley Orgánica de Universidades antes reproducido), hace imposible, por ejemplo, que los alumnos de la Academia General del Aire de San Javier (Murcia) tengan su centro docente de titulación civil adscrito a la Universidad Politécnica de Madrid, que hoy por hoy es la única que imparte la enseñanza de ingeniería aeronáutica, que en teoría sería una de las más adecuadas para complementar su formación militar.


? El Proyecto de Ley reconoce la obtención de "un título de grado universitario" sin mayor precisión, con lo que el mismo dependería de las enseñanzas concretas que impartan las universidades a las que quede adscrito cada centro docente militar, imponiendo un claro principio de desigualdad en la libertad de elección de sus alumnos.


? La utilización de lenguas oficiales distintas del castellano en el ámbito docente de algunas Comunidades Autónomas, y por tanto en los centros docentes

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militares adscritos a sus universidades, se contradice con la disposición adicional sexta, apartado 1, del propio Proyecto de Ley que fija el empleo único del idioma oficial castellano en las Fuerzas Armadas. Y ello con independencia de que el artículo 187 de la Ley 85/1978, de 28 de diciembre, de Reales Ordenanzas para las Fuerzas Armadas, establezca con rotundidad que "en los actos y relaciones de servicio los componentes de las Fuerzas Armadas emplearán el castellano, idioma oficial del Estado", permitiendo utilizar otros idiomas de forma expresa sólo "en actividades militares combinadas o por necesidades técnicas".


Con lo expuesto, parece evidente que el Proyecto de Ley plantea una reforma del vigente modelo de enseñanza militar, y por tanto de la carrera militar, tan novedosa como imposible. Pero también innecesaria, porque la enseñanza militar para la incorporación a las Escalas de militares de carrera ya se reconoció de igual rango que las enseñanzas universitarias y técnica superior nada menos que con la Ley 97/1966, de 28 de diciembre, sobre clasificación de las enseñanzas militares, y no a partir de la Ley 17/1989, de 19 de julio, Reguladora del Régimen del Personal Militar Profesional, como parece indicar la Exposición de Motivos en su apartado V, primer párrafo. De hecho, tras la adecuada adaptación establecida en el Real Decreto 601/1992, de 5 de junio, que derogó la Ley 97/1966, hoy se encuentra estructurada en los siguientes grados:

a) Enseñanza para la incorporación a las Escalas de Suboficiales, que se corresponde con la formación profesional de grado superior.


b) Enseñanza para la incorporación a las Escalas de Ofciales, que se corresponde con la educación universitaria de primer ciclo (diplomados).


c) Enseñanza para la incorporación a las Escalas Superiores de Oficiales, que se corresponde con la educación universitaria de segundo ciclo (licenciados).


Además, en la actualidad, la ciencia militar ha alcanzado tal grado de complejidad y dificultad que por sí sola es más que capaz de ocupar con creces los cuatro años que, a partir de ahora, durará la enseñanza de grado universitario. Vocación militar aparte, pretender, entonces, sobrecargar ese esfuerzo de estudios y preparación nada menos que con el contenido de otro plan de enseñanza universitaria de segundo ciclo suplementario, equivale a propiciar el fracaso en la innecesaria obtención de dos títulos que irremisiblemente irían uno en detrimento del otro.


La alternativa para superar con suficientes garantías una adquisición formativa tan amplia, sería la de extender temporalmente el ciclo formativo, lo que, a su vez, redundaría en el envejecimiento de las bases del primer empleo de los militares de carrera y, consecuentemente, en el conjunto de la oficialidad. Y ello con independencia de que en ningún otro sector de las Administraciones Públicas se contemple para nada una exigencia de "titulitis" como la que ahora se pretende introducir en el ámbito de las Fuerzas Armadas

En realidad, la propuesta de enseñanza recogida en el Proyecto de Ley, repite una mala experiencia ya sufrida y corregida. Con anterioridad al régimen franquista, al salir de la Academia de Segovia, los oficiales de Artillería y de ingenieros obtenían también, junto a su despacho de oficiales militares, el título de ingeniero industrial. Mantener el prestigio de esos títulos, condujo a que en los planes de estudios se diese cada vez más importancia a las materias técnicas propias de la ingeniería, en perjuicio de las materias puramente militares como la táctica y el tiro. Es posible que entonces algunos oficiales se beneficiaran civilmente de su titulación de ingenieros industriales, pero más cierto es que fueron muchos los militares que, ya en empleos superiores, lamentaron que, en su formación castrense, algunas materias estrictamente militares rozaran el despectivo nivel de las llamadas asignaturas "maría".


Lo procedente sería orientar la enseñanza militar de forma exclusiva a la cada vez más sofisticada formación castrense y, una vez completada y adquirida la condición de militar de carrera, ofrecer todas las posibilidades para que el militar que lo desee obtenga una titulación civil suplementaria. De hecho, son muchos los militares que en la actualidad han logrado esa formación subsiguiente, pero con un notable sacrificio tanto económico como de su tiempo de ocio o descanso personal.
En ese terreno es en el que debería mostrarse la acción del Estado, estableciendo un adecuado sistema de becas y ayudas con facilidades de destinos y computación en el baremo para el ascenso. De esta forma se conseguiría complementar la formación del militar sin perjudicar la específicamente castrense.


Desde otro punto de vista, tampoco parece que el magnífico papel desempeñado por las Fuerzas Armadas en todas las misiones de proyección internacional que vienen desarrollando durante los últimos años, requiera una reforma de la enseñanza militar tan controvertida y extemporánea como la propuesta por el Gobierno. Y, sobre todo, con tan difícil encaje constitucional, lo que deriva en esta enmienda de totalidad, cuyo carácter no deja de ser políticamente constructivo.


Por coherencia formal, esta enmienda de supresión arrastra las adecuaciones pertinentes que se proponen en las siguientes enmiendas:

? A la Disposición transitoria segunda: enmienda de supresión.


? A la Disposición final quinta, apartado 2: enmienda de supresión.


? A la Exposición de motivos, apartado V: enmienda de supresión.


Al mismo tiempo, y mediante una enmienda de adición a las disposiciones finales (bis), también se propone instar al Gobierno a desarrollar una reforma de la

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enseñanza militar creando una Universidad Nacional de la Defensa, adscrita directamente al Ministerio de Educación y Ciencia y vinculada al modelo de formación y enseñanza de las Fuerzas Armadas y del Cuerpo de la Guardia Civil, teniendo en cuenta la naturaleza de dichas instituciones y la peculiaridad de su alumnado.


Por otra parte, ante la posibilidad de que esta enmienda de supresión al Título IV y sus correspondientes enmiendas de arrastre no prosperasen, se presentan las siguientes enmiendas alternativas:

? Al artículo 43, apartado 1: de adición.


? Al artículo 48, apartado 1: de modificación.


? Al artículo 48, apartado 2: de modificación.


? Al artículo 49: de modificación.


? Al artículo 50, apartado 1: de modificación.


? Al artículo 50, apartado 2: de modificación.


? Al artículo 51, apartado 1: de adición.


? Al artículo 52, apartado 3: de supresión.


? Al artículo 53, apartado 3: de modificación.


? Al artículo 53, apartado 6, párrafo primero: de adición.


? Al artículo 60, apartado 1: de modificación.


? Al artículo 60, apartado 1, letra f): de supresión.


? Al artículo 64, apartado 1, párrafo segundo: de modificación.


? Al artículo 67, apartado 2, letra c): de supresión.


? Al artículo 68: de modificación.


? Al artículo 69, apartado 2: de modificación.


? A la Disposición transitoria segunda (bis): de modificación.


? A la Disposición final quinta, apartado 2 (bis): de modificación.


? A la Exposición de motivos, apartado V (bis): de modificación.


ENMIENDA NÚM. 44

FIRMANTE:

Grupo Parlamentario de Coalición Canaria-Nueva Canarias

Al artículo 43, apartado 1

De adición.


Texto propuesto:

En el párrafo primero del artículo 43, apartado 1, se añade un texto nuevo para establecer el carácter optativo en la adquisición del título de grado universitario complementario a la formación militar de los oficiales de las Fuerzas Armadas, recogido en letra cursiva para su mejor identificación, quedando el mismo redactado como sigue:

"1. La formación de oficiales de los cuerpos generales y de infantería de marina tiene como finalidad la preparación para el ejercicio profesional y la capacitación para la incorporación a sus respectivas escalas.
Comprende, por una parte, la formación militar general y específica y, por otra, la correspondiente a un título de grado universitario del sistema educativo general, cuya adquisición será de carácter optativo.


También comprende la formación para la adquisición de las especialidades fundamentales que sean necesarias para desempeñar los diferentes cometidos de cada cuerpo."

JUSTIFICACIÓN

Respecto de la segunda titulación universitaria que propone el Proyecto de Ley como complemento a la formación militar de los oficiales de las Fuerzas Armadas, hay que tener en cuenta al menos cinco circunstancias que aconsejan establecer el carácter optativo de la misma:

1. En primer lugar, según establece el artículo 43.1 del Proyecto de Ley, a la propia formación militar general y específica hay que añadir de forma continuada la de las especialidades militares fundamentales, conformándose así dos ciclos de enseñanza y ninguno de ellos de fácil adquisición. A esto habría que sobreañadir de forma obligada la enseñanza correspondiente a otro título de grado universitario del sistema educativo general, con una carga de estudios ciertamente excesiva para estudiantes normales en edad universitaria. La alternativa a esa sobrecarga académica, como se ha expuesto en la enmienda de supresión al Título IV del Proyecto de Ley, sería la de extender temporalmente el ciclo formativo, con el consiguiente envejecimiento de todo el escalafón de militares de carrera.


2. Por otro lado, esa doble titulación universitaria de los oficiales de carrera no responde a exigencia ni conveniencia real alguna. Su demanda es, más que limitada, inexistente, y su planteamiento es del todo artificial, tanto desde la perspectiva interna del estamento militar como desde la óptica de la sociedad civil, cuyas necesidades de profesionales con titulación superior se encuentra cubierta con el acceso normalizado a la enseñanza universitaria.


3. La propia enseñanza militar, cuyas titulaciones por parte de las Academias Generales y de la Escuela Naval Militar ya tienen rango de licenciaturas universitarias (segundo ciclo), se continúa, además, con cursos complementarios de perfeccionamiento y especialización, junto con otros altos estudios de la defensa nacional, equiparados en intensidad y extensión a los de cualquier otro sistema de formación de

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posgrado. De hecho, la cantidad de horas lectivas y créditos académicos que comporta la enseñanza militar superior, quizás sólo tenga parangón con los estudios de Medicina, disciplina que representa el paradigma de la formación continuada y de la actualización de conocimientos.


4. Las necesidades de especialización requeridas por las Fuerzas Armadas en materias colaterales, no exclusiva o estrictamente militares, se encuentran igualmente cubiertas a través de sus Cuerpos Comunes y con la formación de especialistas, al margen de los estudios y programas tipo master y posgrado desarrollados por el Centro de Estudios Superiores de la Defensa (CESEDEN).


5. El exceso académico propuesto en el Proyecto de Ley incide forzosamente, bien en detrimento de la formación militar específica, bien prolongando la edad de obtención del despacho de teniente y de alférez de navío, o bien desvirtuando la vocación profesional del alumnado.


Con lo expuesto, entendemos justificada la conveniencia de que la doble titulación universitaria de los oficiales militares tenga, en cualquier caso, carácter optativo, lo que, como es obvio, además de salvaguardar la vocación de los militares y su plena dedicación a las Fuerzas Armadas, siempre permitiría desarrollar cualquier tipo de inquietud formativa o intelectual de forma voluntaria.


ENMIENDA NÚM. 45

FIRMANTE:

Grupo Parlamentario de Coalición Canaria-Nueva Canarias

Al artículo 48, apartado 1

De modificación.


Texto propuesto:

"1. La enseñanza de formación de los oficiales se impartirá en los actuales centros docentes militares. Dichos centros serán responsables de la enseñanza de formación militar general y específica y de la formación técnica que corresponda."

JUSTIFICACIÓN

La falta de concreción sobre los centros docentes militares de formación reflejada en el artículo 48.1 del Proyecto de Ley, y su remisión al posterior criterio del Gobierno, mediante propuesta del Ministro de Defensa, es tan sutil como preocupante. De hecho, ese mismo artículo, al igual que el resto del Título IV dedicado a la enseñanza, evita cualquier referencia a las actuales "academias" y "escuelas" militares, circunstancia que abona la posible intención de suprimir o refundir, en plazo más o menos inmediato, al menos las academias especiales del Ejército de Tierra y, con no menor probabilidad, la de suprimir también la Academia General Militar, con un precedente de ingrato recuerdo histórico.


Ese evidente esfuerzo revisionista, parece absurdamente empeñado en eliminar las viejas tradiciones y estilos militares, que, en realidad, no dejan de ser un importante elemento de cohesión de las Fuerzas Armadas.
Para cualquier militar actual es inconcebible que dos tenientes del Ejército de Tierra, por ejemplo uno de Infantería y otro de Artillería, tengan una formación básica diferente o bien otra exactamente igual. Las academias especiales fundamentan la especificidad de las armas, mientras que el llamado "espíritu de la General" constituye la base de la comunión doctrinal de los oficiales del Ejército de Tierra. Sin su convivencia en la Academia General Militar, hoy por hoy son inconcebibles su unidad y su propia coherencia.


Por discreción política, tan delicado asunto no merece en estos momentos mayor comentario, pero sí que conviene aclarar la situación, eliminando indefiniciones gratuitas y añadiendo al Proyecto de Ley la concreción y trasparencia propias de todo texto legal.


ENMIENDA NÚM. 46

FIRMANTE:

Grupo Parlamentario de Coalición Canaria-Nueva Canarias

Al artículo 48, apartado 2

De modificación.


Texto propuesto:

"2. La enseñanza de formación de los suboficiales y de los militares de tropa y marinería se impartirá en los actuales centros docentes militares y en aquellos otros específicos que determine el Ministro de Defensa, cuando las necesidades formativas y de adiestramiento lo requieran."

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JUSTIFICACIÓN

La misma que se expone en la enmienda de modificación al artículo 48, apartado 1, respecto a los centros docentes militares responsables de la formación de los oficiales del Ejército de Tierra.


ENMIENDA NÚM. 47

FIRMANTE:

Grupo Parlamentario de Coalición Canaria-Nueva Canarias

Al artículo 49

De modificación.


Texto propuesto:

En el artículo 49 se sustituye el sistema de centros universitarios de la defensa, con adscripción a una o varias universidades públicas de ámbito autonómico, por la creación específica de una Universidad Nacional de la Defensa de régimen especial y dependencia estatal, quedando el mismo redactado con cinco apartados del siguiente tenor:

"Artículo 49. Universidad Nacional de la Defensa.


1. Con objeto de ampliar las enseñanzas impartidas en los centros docentes militares de formación, el Gobierno creará una Universidad Nacional de la Defensa al amparo del artículo 4.1.b) de la Ley Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre, de Universidades, y concordantes, vinculada al modelo de formación y enseñanza de las Fuerzas Armadas y del Cuerpo de la Guardia Civil, teniendo en cuenta la naturaleza de dichas instituciones y la peculiaridad de su alumnado.


2. En atención a sus especiales características, la Universidad Nacional de la Defensa creada de conformidad con el artículo 49.1 de esta ley, tendrá carácter de Organismo autónomo adscrito al Ministerio de Educación y Ciencia, con personalidad jurídica propia y plena capacidad para desarrollar sus fines docentes, sin más limitaciones que las establecidas por las leyes.


3. La Universidad Nacional de la Defensa se regirá por la normativa propia de los Organismos autónomos a que se refiere el artículo 43.1.a) de la Ley 6/1997, de 14 de abril, de Organización y Funcionamiento de la Administración General del Estado, por las disposiciones de esta ley que le resulten aplicables y por el correspondiente Estatuto.


4. En el marco de su específico régimen legal, la Universidad Nacional de la Defensa gozará de autonomía en el ejercicio de sus funciones docentes, investigadoras y culturales, y podrá impartir enseñanzas conducentes a la obtención de títulos oficiales del sistema educativo general a tenor del convenio de adscripción con el Ministerio de Educación y Ciencia.


La Universidad Nacional de la Defensa podrá impartir igualmente estudios oficiales de posgrado, tanto de master como de doctor, emitiendo las titulaciones correspondientes. Asimismo definirá y desarrollará líneas de investigación consideradas de interés en el ámbito de las Fuerzas Armadas y de la paz, la seguridad y la defensa, colaborando con otras entidades y organismos públicos y privados de enseñanza e investigación.


5. La Universidad Nacional de la Defensa contará con financiación propia con cargo al presupuesto del Ministerio de Defensa."

JUSTIFICACIÓN

Esta enmienda se plantea de forma alternativa a la enmienda de supresión presentada al Título IV del Proyecto de Ley, sirviendo en este caso los mismos argumentos de justificación.


No obstante, y de forma más precisa, conviene tener presente al respecto que el artículo 4 de la Ley Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre, de Universidades, prevé en su apartado 1, letra b), que por Ley de las Cortes Generales, a propuesta del Gobierno y de acuerdo con el Consejo de Gobierno de la Comunidad Autónoma en cuyo ámbito territorial fuera a establecerse, se creen Universidades públicas con independencia de la iniciativa que al mismo fin tienen reconocida directamente las propias Comunidades Autónomas.


Por otra parte, esa misma Ley Orgánica contempla también la existencia de Universidades especiales o peculiares, como la Universidad Nacional de Educación a Distancia (en su disposición adicional segunda), con actividad en todo el territorio nacional, o la Universidad Internacional Menéndez Pelayo (en su disposición adicional tercera), adscrita en su momento directamente al Ministerio de Educación, Cultura y Deporte. En estos supuestos, la disposición final primera del mismo precepto legal prevé también una acertada reserva de competencias:

"Las Cortes Generales y el Gobierno ejercerán las competencias que la presente Ley atribuye, respectivamente, a la Asamblea Legislativa y al Consejo de Gobierno de las Comunidades Autónomas, en cuanto se refiere a las Universidades creadas o reconocidas por Ley de las Cortes Generales, de acuerdo con lo establecido en el artículo 4, y en atención a sus especiales características y ámbito de sus actividades, a la Universidad Nacional de Educación a Distancia y la Universidad Internacional Menéndez Pelayo."

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En todo caso, este marco de creación y dependencia competencial, es sin duda alguna el realmente adecuado para desarrollar las enseñanzas pretendidas por el Gobierno, tanto en el ámbito de las Fuerzas Armadas (propuestas en el Título IV del Proyecto de Ley) como en el del Cuerpo de la Guardia Civil (previstas en la Disposición final quinta del Proyecto de Ley), y no el de adscripción a las Universidades de las Comunidades Autónomas que, como queda argumentado en la enmienda de supresión presentada al Título IV, colisiona frontalmente con el artículo 149.1.4ª CE, que establece con meridiana claridad la competencia exclusiva del Estado en materia de Defensa y Fuerzas Armadas.


En coherencia con esta enmienda de modificación al artículo 49, y en particular con su apartado 1, se presenta también una enmienda de adición a las disposiciones finales (bis) instando al Gobierno a que, antes del 31 de diciembre de 2007, remita al Congreso de los Diputados el correspondiente Proyecto de Ley para la creación de una Universidad Nacional de la Defensa de régimen especial y dependencia estatal.


ENMIENDA NÚM. 48

FIRMANTE:

Grupo Parlamentario de Coalición Canaria-Nueva Canarias

Al artículo 50, apartado 1

De modificación.


Texto propuesto:

El artículo 50, apartado 1, se modifica en los siguientes términos:

"1. Las enseñanzas a que se refiere el artículo 47, serán impartidas por el Centro Superior de Estudios de la Defensa Nacional (CESEDEN), que también desarrollará tareas de investigación y de difusión de la cultura de defensa."

JUSTIFICACIÓN

Corrección de estilo y razones de coherencia con el articulado del Título IV del Proyecto de Ley enmendado.


ENMIENDA NÚM. 49

FIRMANTE:

Grupo Parlamentario de Coalición Canaria-Nueva Canarias

Al artículo 50, apartado 2

De modificación.


Texto propuesto:

El artículo 50, apartado 2, se modifica en los siguientes términos:

"2. La Escuela Superior de las Fuerzas Armadas, integrada en el Centro Superior de Estudios de la Defensa Nacional (CESEDEN), impartirá las enseñanzas para la obtención de títulos oficiales de posgrado de carácter militar y de los diplomas de Estado Mayor, específicos o conjuntos, así como los de capacitación para desempeñar el empleo correspondiente a la categoría de oficial general, estableciendo las colaboraciones necesarias con la Universidad Nacional de la Defensa y otras corporaciones públicas y privadas mediante los convenios pertinentes."

JUSTIFICACIÓN

Razones de coherencia con la enmienda de modificación presentada al artículo 49, por la que se propone crear una Universidad Nacional de la Defensa de régimen especial y dependencia estatal. Por otra parte, el principio de clarificación organizativa aconseja que este artículo recoja también otras funciones de la Escuela Superior de las Fuerzas Armadas y su dependencia del CESEDEN.


ENMIENDA NÚM. 50

FIRMANTE:

Grupo Parlamentario de Coalición Canaria-Nueva Canarias

Al artículo 51, apartado 1

De adición.


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Texto propuesto:

En el artículo 51, apartado 1, se añade una referencia a la condición militar del director de los centros docentes militares, recogida en letra cursiva para su mejor identificación, quedando el mismo redactado como sigue:

"1. El mando y dirección de los centros docentes militares se ejerce por su director, que es la máxima autoridad del centro y ostenta la representación de éste. Al director, que habrá de ser militar de carrera, le corresponden las competencias de carácter general, militar y disciplinario asignadas a los jefes de unidad, centro u organismo."

JUSTIFICACIÓN

Ni en el artículo 51, apartado 1, del Proyecto de Ley, ni en el resto de su articulado, se hace mención alguna a la condición de militar de carrera de los directores de centros docentes militares, olvido que llama especialmente la atención en una norma en exceso reformista y en algunos aspectos incluso revisionista.


La reforma de la enseñanza militar ha generado una notable inquietud dentro de las Fuerzas Armadas, circunstancia que, como ha trascendido a través de los medios informativos, llevó incluso a modificar el primer anteproyecto de ley elaborado bajo el mandato del anterior Ministro de Defensa. Parte de esa inquietud provenía precisamente de la incertidumbre generada en torno al futuro de las academias militares y otros centros de formación de las Fuerzas Armadas, incluida la posibilidad, quizás infundada, de que su dirección fuera transferida al ámbito civil.


Puede argumentarse que la condición militar de quienes vayan a dirigir los centros militares de formación, es obvia. Pero, por esa misma razón, nada impide que así quede establecido, sin ambigüedades, en el articulado del Título IV, dedicado en exclusiva a la enseñanza militar. En caso de ser aprobada, la enmienda propuesta disipa cualquier duda al respecto y, en caso contrario, si el fondo de la cuestión fuera otro, es evidente que se deberá abrir el debate parlamentario correspondiente.


ENMIENDA NÚM. 51

FIRMANTE:

Grupo Parlamentario de Coalición Canaria-Nueva Canarias

Al artículo 52, apartado 3

De supresión.


Texto propuesto:

Se suprime en su totalidad el artículo 52, apartado 3, del Proyecto de Ley.


JUSTIFICACIÓN

Razones de coherencia con la enmienda de modificación presentada al artículo 49, por la que se propone crear una Universidad Nacional de la Defensa de régimen especial y dependencia estatal.


ENMIENDA NÚM. 52

FIRMANTE:

Grupo Parlamentario de Coalición Canaria-Nueva Canarias

Al artículo 53, apartado 3

De modificación.


Texto propuesto:

El texto del artículo 53, apartado 3, se sustituye por otro del siguiente tenor:

"3. Para optar al ingreso en los centros docentes militares de formación, será necesario cumplir los requisitos específicos que se establezcan de forma reglamentaria y estar en posesión de la titulación exigida para el acceso a los centros civiles de enseñanza de grado equivalente, o estar en condiciones de obtenerla en el plazo que se señale en la convocatoria."

JUSTIFICACIÓN

Es comprensible que se puedan requerir unas condiciones psicofísicas específicas para el acceso a los centros docentes militares de formación, y en consecuencia a la carrera militar, pero esa singularidad no debe extenderse en modo alguno al ámbito de las titulaciones previas exigibles. Si el Proyecto de Ley pretende la plena equiparación de la formación militar con el sistema educativo general, las titulaciones previas exigibles en cada caso deben ser las mismas que se exigen en la enseñanza civil del grado correspondiente.


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ENMIENDA NÚM. 53

FIRMANTE:

Grupo Parlamentario de Coalición Canaria-Nueva Canarias

Al artículo 53, apartado 6, párrafo primero

De adición.


Texto propuesto:

En el artículo 53, apartado 6, párrafo primero, se añade una segunda frase, recogida en letra cursiva a efectos de identificación, quedando el mismo redactado como sigue:

"En los procesos de selección no podrán existir más diferencias por razón de género que las derivadas de las distintas condiciones físicas que, en su caso, puedan considerarse en el cuadro de condiciones exigibles para el ingreso. Cuando se produzca dicho supuesto, ese cuadro diferenciado de pruebas físicas establecerá las limitaciones para el acceso a los destinos y especialidades, así como a la enseñanza militar de perfeccionamiento que en cada caso pudiera corresponder, quedando incorporado al expediente personal al que hace referencia el artículo 78 de esta ley."

(El resto del apartado sigue igual.)

JUSTIFICACIÓN

En coherencia con el principio básico de igualdad ante la ley, consagrado en el artículo 14 CE, la Ley 8/2006, de 24 de abril, de Tropa y Marinería, reafirma en su artículo 3, apartado 3, la plena vigencia del mismo en el acceso específico a los centros docentes militares y, en consecuencia, a las Fuerzas Armadas: "El ingreso en los centros docentes militares de formación se efectuará mediante convocatoria pública a través de los sistemas que se determinen por ley, en los que se garantizarán los principios constitucionales de igualdad, mérito y capacidad, así como el de publicidad".


De esa misma conciencia legislativa participa también, como es lógico, el propio Proyecto de Ley de la carrera militar, que en su artículo 5 (dedicado a la igualdad de género y conciliación de la vida profesional, personal y familiar), establece la igualdad de trato y de oportunidades como principio especialmente presente en las Fuerzas Armadas. Y, de hecho, su Exposición de Motivos particulariza "la igualdad efectiva de mujeres y hombres en todo lo relacionado con el acceso a las Fuerzas Armadas, su formación y carrera militar..." como uno de los objetivos de la ley.


Ello obliga a ser objetivos también a la hora de elaborar los cuadros de condiciones físicas que, eventualmente, pudieran ser diferentes en razón de género, garantizando que tampoco se produzcan discriminaciones de ningún tipo en función del mismo. Una garantía que, a efectos de la enmienda propuesta, hay que relacionar con el artículo 96, apartado 2, párrafo tercero, del propio Proyecto de Ley, que establece lo siguiente: "Entre los requisitos exigidos para ocupar determinados destinos se podrán incluir límites de edad y establecer condiciones psicofísicas especiales que serán acreditadas en función del expediente al que hace referencia el artículo 78". El expediente referenciado en ese artículo 78 es, precisamente, el de "aptitud psicofísica".


Relacionando, pues, ambas condiciones (la necesaria igualdad de trato en razón de género y las condiciones psicofísicas especiales y exigibles para ocupar determinados destinos), parece obligado que se recojan en los expedientes personales de "aptitud psicofísica" los diferentes cuadros de esa naturaleza aplicados en la selección de personal, correlacionados con los destinos y especialidades que, también de forma diferenciada, le sean propios. Y estableciendo, igualmente, las limitaciones que pudieran proceder para el acceso a la enseñanza militar de perfeccionamiento que señala el artículo 46 del Proyecto de Ley.


La profesión militar exige una formación intelectual y técnica cada vez más profunda y especializada; pero nunca debe olvidarse, aunque a veces se intente, que a los militares se les forma, sobre todo, para combatir.
Y para ello son absolutamente necesarias unas condiciones y aptitudes físicas imprescindibles, circunstancia que no se da en la mayoría de las demás profesiones.


Ahora bien, esas condiciones físicas son objetivas, lo que quiere decir que se determinan exclusivamente por la función a cumplir, con independencia de quien la cumpla. Los pilotos de combate, los submarinistas o los infantes destinados en fuerzas de choque, por ejemplo, deben tener una aptitud determinada no porque sean hombres o mujeres, sino por lo que a ellos o a ellas debe exigírseles como mínimo para cumplir con eficacia su función en el combate.


Si esas condiciones físicas mínimas, exigibles para cumplir su función, son las que en la selección se exigen al varón, mientras que a la mujer, por serlo, se le exigen condiciones físicas por debajo de esas mínimas, se estará perjudicando gravemente la eficacia operativa de las Fuerzas Armadas y devaluando la esencia misma de la defensa nacional, porque se estarían formando militares sin la aptitud mínima necesaria para cumplir su función. Por el contrario, si para asegurar el cumplimiento de la función militar en todos los casos, las condiciones mínimas exigibles fueran las que en la selección se exigen a la mujer, se cometería una evidente discriminación en razón de género si al varón se le exigieran entonces condiciones por encima de esas mínimas, excediendo las que fueran estrictamente necesarias para el cumplimiento de dicha función.


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Dentro, pues, de la más pura lógica y la más estricta justicia, no puede negarse que para ocupar un destino específico o desarrollar una determinada función dentro de las Fuerzas Armadas, las condiciones físicas exigidas deben ser únicas en razón de género. En consecuencia, si estas condiciones llegan a diferenciarse entre hombres y mujeres, o por cualquier otra circunstancia, es inevitable adscribir en cada caso la limitación de destinos y especialidades que corresponda.


ENMIENDA NÚM. 54

FIRMANTE:

Grupo Parlamentario de Coalición Canaria-Nueva Canarias

Al artículo 60, apartado 1

De modificación.


Texto propuesto:

El texto del artículo 60, apartado 1, se sustituye por otro del siguiente tenor:

"1. La enseñanza de formación para la incorporación a las diferentes escalas comprenderá los planes de estudios de formación militar general y específica y, en su caso, técnica. Con adscripción optativa por parte del alumnado, incluirán también los planes de estudio de las correspondientes titulaciones del sistema educativo general.


Los planes de estudios se ajustarán, en sus respectivos ámbitos, al criterio general de proporcionar la capacitación y especialización requeridas para la incorporación a cada cuerpo y escala, en el marco de los objetivos y funciones que la Constitución y el resto del ordenamiento jurídico asignan a las Fuerzas Armadas."

JUSTIFICACIÓN

Todos los criterios reglados en el artículo 60, apartado 1, del Proyecto de Ley para conformar los planes de estudios de la formación militar en cualquiera de sus niveles, pueden y deben resumirse en uno solo, que, con dos aspectos diferenciados, el estrictamente técnico-formativo y el de su adscripción al ordenamiento jurídico, es el recogido en la presente enmienda.


El texto propuesto deviene de refundir las letras a) y d), eliminando el resto de los criterios establecidos en las letras b), c), e), f) y g), en unos casos por inconsecuentes y en otros por artificiosos o extemporáneos.


Por otra parte, dada la insistencia con la que en la letra b) del texto original se impone la obtención suplementaria de títulos del sistema educativo general, parece conveniente volver a precisar el carácter optativo de la misma, como se hace en la enmienda de adición al artículo 43, apartado 1.


Se presenta otra enmienda alternativa de supresión exclusiva de la letra f) de este mismo artículo 60, apartado 1, estando ambas vinculadas al conjunto de adecuaciones formales derivado de la enmienda de supresión al artículo 4, apartado 1.


ENMIENDA NÚM. 55

FIRMANTE:

Grupo Parlamentario de Coalición Canaria-Nueva Canarias

Al artículo 60, apartado 1, letra f)

De supresión.


Texto propuesto:

Se suprime en su totalidad el artículo 60, apartado 1, letra f).


JUSTIFICACIÓN

Esta enmienda se incluye en el conjunto de adecuaciones formales derivado de la enmienda de supresión al artículo 4, apartado 1, y se justifica con los argumentos ya expuestos en la misma.


ENMIENDA NÚM. 56

FIRMANTE:

Grupo Parlamentario de Coalición Canaria-Nueva Canarias

Al artículo 64, apartado 1, párrafo segundo

De modificación.


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Texto propuesto:

En el artículo 64, apartado 1, párrafo segundo, se sustituye la referencia a los centros universitarios de la defensa por otra más concreta a la Universidad Nacional de la Defensa y a sus propios Estatutos, recogida en letra cursiva para su mejor identificación, quedando el mismo redactado como sigue:

"1. Los alumnos están sujetos al régimen de los centros docentes militares de formación en los que cursen sus estudios. Dicho régimen se establecerá conforme a lo definido en este capítulo.


El régimen de los alumnos en la Universidad Nacional de la Defensa será el establecido en su Estatuto, sin perjuicio, en todo caso de su condición militar."

JUSTIFICACIÓN

Razones de coherencia con la enmienda de modificación presentada al artículo 49, por la que se propone crear una Universidad Nacional de la Defensa de régimen especial y dependencia estatal.


ENMIENDA NÚM. 57

FIRMANTE:

Grupo Parlamentario de Coalición Canaria-Nueva Canarias

Al artículo 67, apartado 2, letra c)

De supresión.


Texto propuesto:

En el artículo 67, apartado 1, letra c), se suprime la referencia a las reglas de comportamiento del militar, quedando redactado como sigue:

"c) Carencia de las cualidades en relación con los principios constitucionales a los que se refiere el artículo 60.1.d) acreditada en expediente personal extraordinario, mediante resolución motivada y previa audiencia del interesado."

JUSTIFICACIÓN

Esta enmienda se incluye en el conjunto de adecuaciones formales derivado de la enmienda de supresión al artículo 4, apartado 1, y se justifica con los argumentos ya expuestos en la misma.


ENMIENDA NÚM. 58

FIRMANTE:

Grupo Parlamentario de Coalición Canaria-Nueva Canarias

Al artículo 68

De modificación.


Texto propuesto:

En el artículo 68 se modifican las alusiones a "alumnos" y "mujeres", recogiendo su alternativa en letra cursiva para una mejor identificación, quedando el mismo redactado como sigue:

"Artículo 68. Régimen del personal militar concurrente a cursos de perfeccionamiento y de altos estudios de la defensa nacional.


Los militares profesionales concurrentes a cursos de perfeccionamiento y de altos estudios de la defensa nacional, durante su asistencia a los mismos, estarán en situación de servicio activo. La convocatoria del curso regulará si conservan o causan baja en el destino de origen, con arreglo a las normas generales de provisión de destinos.


Al personal militar femenino se le facilitarán, conforme a lo que se establezca reglamentariamente, nuevas oportunidades de asistir a los citados cursos cuando por situaciones de embarazo, parto o posparto no puedan concurrir a la convocatoria."

JUSTIFICACIÓN

Un principio de respeto al nivel y grado militar de los asistentes a los cursos de perfeccionamiento y de altos estudios de la defensa nacional, ha llevado, hasta ahora, a evitar llamarles "alumnos", designándoles siempre como "concurrentes".


Esta misma sensibilidad semántica aconseja sustituir también la mera denominación de "mujeres" por la de "personal militar femenino".


ENMIENDA NÚM. 59

FIRMANTE:

Grupo Parlamentario de Coalición Canaria-Nueva Canarias

Al artículo 69, apartado 2

De modificación

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Texto propuesto:

En el artículo 69, apartado 2, se sustituye la referencia a los centros universitarios de la defensa por otra más concreta a la Universidad Nacional de la Defensa y a su adscripción al Ministerio de Educación y Ciencia, quedando el mismo redactado como sigue:

"2. En la Universidad Nacional de la Defensa la enseñanza se impartirá por profesores que cuenten con la capacitación adecuada de conformidad con la Ley Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre, de Universidades, y con el correspondiente convenio de adscripción al Ministerio de Educación y Ciencia."

JUSTIFICACIÓN

Razones de coherencia con la enmienda de modificación presentada al artículo 49, por la que se propone crear una Universidad Nacional de la Defensa de régimen especial y dependencia estatal.


ENMIENDA NÚM. 60

FIRMANTE:

Grupo Parlamentario de Coalición Canaria-Nueva Canarias

Al artículo 71, apartado 2

De adición.


Texto propuesto:

En el artículo 71, apartado 2, se añade el empleo de capitán de fragata (de la Armada), equivalente al de teniente coronel en el Ejército de Tierra y en el del Aire, recogido en letra cursiva para su mejor identificación, quedando el mismo redactado como sigue:

"Será requisito para el ascenso al empleo de teniente coronel o capitán de fragata en las escalas de oficiales de los cuerpos generales y de infantería de marina la obtención de las titulaciones que determine el Ministro de Defensa para ejercer, con una mayor especialización, tareas en los ámbitos de estado mayor, operaciones, recursos humanos, inteligencia, relaciones internacionales, logística, comunicación social y en cuantos sean precisos para el mando, dirección y gestión de las Fuerzas Armadas."

JUSTIFICACIÓN

Ajuste técnico del texto. Se presenta enmienda alternativa.


ENMIENDA NÚM. 61

FIRMANTE:

Grupo Parlamentario de Coalición Canaria-Nueva Canarias

Al artículo 71, apartado 2 (bis)

De modificación.


Texto propuesto:

En el artículo 71, apartado 2, se sustituye el empleo de teniente coronel (o capitán de fragata) por el de comandante o capitán de corbeta, recogido en letra cursiva para su mejor identificación, quedando el mismo redactado como sigue:

"Será requisito para el ascenso al empleo de comandante o capitán de fragata en las escalas de oficiales de los cuerpos generales y de infantería de marina la obtención de las titulaciones que determine el Ministro de Defensa para ejercer, con una mayor especialización, tareas en los ámbitos de estado mayor, operaciones, recursos humanos, inteligencia, relaciones internacionales, logística, comunicación social y en cuantos sean precisos para el mando, dirección y gestión de las Fuerzas Armadas."

JUSTIFICACIÓN

A tenor del artículo 71, apartado 2, del Proyecto de Ley, parece que lo que hasta ahora se conocía como curso de aptitud para el ascenso a comandante, se retrasa en el tiempo hasta el ascenso a teniente coronel.


Sin embargo, los comandantes ya tienen una actuación muy destacada en el largo listado de ámbitos recogidos en el artículo 72.2, razón por la que en dicho empleo y nivel de responsabilidad ya debería asegurarse la mayor especialización propuesta en el mismo.


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ENMIENDA NÚM. 62

FIRMANTE:

Grupo Parlamentario de Coalición Canaria-Nueva Canarias

Al artículo 71, apartado 3, párrafo primero

De adición.


Texto propuesto:

En el artículo 71, apartado 3, párrafo primero, se añade el empleo de capitán de fragata (de la Armada), equivalente al de teniente coronel en el Ejército de Tierra y en el del Aire, recogido en letra cursiva para su mejor identificación, quedando el mismo redactado como sigue:

"3. Para el ascenso a teniente coronel o capitán de fragata en los demás cuerpos será requisito obtener las titulaciones que determine el Ministro de Defensa, para una mayor especialización en los campos de actividad correspondientes."

(El resto del apartado sigue igual.)

JUSTIFICACIÓN

Ajuste técnico del texto. Se presenta enmienda alternativa.


ENMIENDA NÚM. 63

FIRMANTE:

Grupo Parlamentario de Coalición Canaria-Nueva Canarias

Al artículo 71, apartado 3, párrafo primero (bis)

De modificación.


Texto propuesto:

En el artículo 71, apartado 3, párrafo primero, se sustituye el empleo de teniente coronel (o capitán de fragata) por el de comandante o capitán de corbeta, recogido en letra cursiva para su mejor identificación, quedando el mismo redactado como sigue:

"3. Para el ascenso a comandante o capitán de corbeta en los demás cuerpos será requisito obtener las titulaciones que determine el Ministro de Defensa, para una mayor especialización en los campos de actividad correspondientes."

(El resto del apartado sigue igual.)

JUSTIFICACIÓN

Las mismas razones expuestas en la enmienda de modificación al artículo 71, apartado 2 (bis).


ENMIENDA NÚM. 64

FIRMANTE:

Grupo Parlamentario de Coalición Canaria-Nueva Canarias

Al artículo 71, apartado 3, párrafo segundo

De modificación.


Texto propuesto:

En el artículo 71, apartado 3, párrafo segundo, se sustituye el término "cuerpos de intendencia" por el de "Cuerpo Militar de Intendencia", recogido en letra cursiva para su mejor identificación, quedando el mismo redactado como sigue:

"En el caso del Cuerpo Militar de Intendencia se potenciará su capacidad en la ejecución de cometidos relativos a la actividad financiera, presupuestaria y de contratación en los órganos superiores del Ministerio de Defensa y de las Fuerzas Armadas, así como en lo relacionado con la logística de gestión."

JUSTIFICACIÓN

Razones de coherencia con el conjunto de enmiendas en las que se propone unificar los cuerpos de intendencia del Ejército de Tierra, de la Armada y del Ejército del Aire en un cuerpo común de las Fuerzas Armadas.


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ENMIENDA NÚM. 65

FIRMANTE:

Grupo Parlamentario de Coalición Canaria-Nueva Canarias

Al artículo 72, apartado 1

De supresión.


Texto propuesto:

En el artículo 72, apartado 1, se suprime la expresión "y obtenida la titulación exigida", quedando el mismo redactado como sigue:

"1. La condición de militar de carrera se adquiere al incorporarse a una escala de oficiales o de suboficiales con la obtención del primer empleo militar, una vez superado el plan de estudios correspondientes."

JUSTIFICACIÓN

La titulación se obtiene de forma automática al superar el plan de estudios correspondiente, dependiendo del sistema administrativo la eventual expedición de cualquier documento acreditativo, trámite que nunca debe perjudicar la condición del titulado. La expresión suprimida, además de ser reiterativa, induce a equívocos sobre el momento en el que se adquiere la condición de militar de carrera, siendo por ello más adecuada una redacción del artículo 72, apartado 1, como la propuesta.


ENMIENDA NÚM. 66

FIRMANTE:

Grupo Parlamentario de Coalición Canaria-Nueva Canarias

Al artículo 74, apartado 2

De modificación.


Texto propuesto:

El texto del artículo 74, apartado 2, se sustituye por otro del siguiente tenor:

"2. Los datos incluidos en el historial militar individual descrito en el apartado anterior, cualquiera que fuere su naturaleza, no podrán ser utilizados en ningún caso como causa de discriminación de su titular."

JUSTIFICACIÓN

Los datos objetivos de raza, religión, de tipo personal, o de cualquier otra naturaleza, recogidos en el historial militar, nada tienen que ver, en sí mismos, con su posible utilización como causa discriminatoria contra sus titulares. Por ello, si lo que se quiere proteger es el principio de igualdad, o la no-discriminación, el texto que lo garantice debe hacerlo de forma más explícita, con independencia del contenido del historial militar, que, sea cual fuere, siempre habrá de servir a un fin lícito.


ENMIENDA NÚM. 67

FIRMANTE:

Grupo Parlamentario de Coalición Canaria-Nueva Canarias

Al artículo 74, apartado 3

De supresión.


Texto propuesto:

Al final del artículo 74, apartado 3, se suprime la expresión "salvo a los informes calificados como confidenciales o reservados", quedando el mismo redactado como sigue:

"3. El Ministerio de Defensa establecerá las características de los documentos que componen el historial militar adaptados al tipo de relación de servicios profesionales y dictará las normas para su elaboración, custodia y utilización y para garantizar el derecho al acceso al propio historial."

JUSTIFICACIÓN

El mismo artículo 74 establece, en su apartado 1, la "confidencialidad" del historial militar. Esta circunstancia, relacionada con la limitación de acceso al historial propio que, en este apartado 3, se establece con la fórmula "salvo a los informes calificados como confidenciales o reservados", impediría precisamente ese legítimo derecho que, entendemos, es el que la ley pretende y debe salvaguardar.


Por otra parte, el acceso al historial militar propio es un derecho personal inherente a la condición de titular, cuyo conocimiento le es necesario para orientar su

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competencia y forma de actuación profesional. Además, ese acceso es imprescindible para poder interponer los recursos a que el titular tuviere derecho sobre las valoraciones negativas, globales o de cualquier otro concepto, que se incluyan en la colección de informes personales del mismo, según se reconoce en el artículo 76, apartado 2, del Proyecto de Ley.


ENMIENDA NÚM. 68

FIRMANTE:

Grupo Parlamentario de Coalición Canaria-Nueva Canarias

Al artículo 76, apartado 1

De adición.


Texto propuesto:

En el artículo 76, apartado 1, se matiza la condición del calificador como superior jerárquico "directo" del evaluado, añadiendo una remisión reglamentaria a la forma de designarlo y concretando el período abarcado por los informes, recogiéndose dichas modificaciones en letra cursiva para su mejor identificación, quedando el mismo redactado como sigue:

"1. El informe personal de calificación es la valoración de unos conceptos predeterminados que permitan apreciar las cualidades, méritos, aptitudes, competencia y forma de actuación profesional del militar. Será realizado anualmente y por un superior jerárquico directo del interesado nombrado de forma reglamentaria."

JUSTIFICACIÓN

El texto del artículo 76, apartado 1, del Proyecto de Ley, es vago e impreciso por cuanto no define quién y cómo designa al calificador y a éste sólo como "un" superior del evaluado, sin especificar tampoco el período de cada calificación. De hecho, sólo "el" superior jerárquico del calificado, o alguno de los que hayan sido superiores "directos" del mismo, dispondrán de la información necesaria al respecto.


Parece igualmente conveniente que el texto legal fije el período de cada calificación y no deje la forma de designar al calificador al albur de la arbitrariedad o la improvisación.


ENMIENDA NÚM. 69

FIRMANTE:

Grupo Parlamentario de Coalición Canaria-Nueva Canarias

Al artículo 76, apartado 3

De modificación.


Texto propuesto:

En el artículo 76, apartado 3, se concreta el destino del informe personal de calificación y se realiza una corrección de estilo para evitar reiteraciones, quedando el mismo redactado como sigue:

"3. El informe personal de calificación, junto con las alegaciones, se elevará al Consejo Superior del ejército correspondiente a través del superior jerárquico del calificador, quien anotará cuantas observaciones evaluables considere convenientes para establecer la valoración objetiva de las calificaciones efectuadas y de las alegaciones presentadas, pudiendo añadir su propia calificación en los conceptos que estime oportuno."

JUSTIFICACIÓN

Como se razona en la enmienda al artículo 76, apartado 1, en relación con el procedimiento seguido en la realización de los informes personales de calificación, tampoco parece oportuna la ambigüedad registrada en el apartado 2 del mismo artículo 76 sobre el destino final de los mismos.
Éste es un aspecto que debe quedar precisado en el texto legal, cuando menos para acreditar su utilidad.


ENMIENDA NÚM. 70

FIRMANTE:

Grupo Parlamentario de Coalición Canaria-Nueva Canarias

Al artículo 82, apartado 1

De modificación.


Texto propuesto:

En el artículo 82, apartado 1, se matiza la naturaleza permanente de los órganos de evaluación, más práctica

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que su constitución para cada evaluación concreta, incorporando una nueva remisión de su composición y funcionamiento al desarrollo reglamentario, quedando el mismo redactado como sigue:

"1. Existirán órganos de evaluación de carácter permanente para efectuar las que se definen en esta ley. Estarán constituidos para cada empleo por personal militar de mayor grado que los evaluados. Reglamentariamente se determinarán su composición y las normas de funcionamiento, incluyendo un régimen de incompatibilidades que garantice la objetividad de las evaluaciones."

JUSTIFICACIÓN

Por razones de organización y eficacia parece conveniente que los órganos de evaluación tengan carácter permanente, en vez de constituirse para cada evaluación concreta.


También es necesario que su composición y normas de funcionamiento se determinen de forma reglamentaria, pero sin recurrir "a priori" al equilibrio derivado de un criterio de género obsesionante, porque, entonces, ¿cuál sería éste? ¿Proporcional entre evaluadores y evaluados? ¿Mediante porcentajes equiparables a la población general de mujeres y hombres? ¿O con arreglo a su distribución dentro de cada cuerpo, de cada ejército o en el conjunto de las Fuerzas Armadas...? Cualquiera de estas fórmulas, siempre de difícil ajuste, supone además una innecesaria sospecha sobre la neutralidad y honradez de los evaluadores.


ENMIENDA NÚM. 71

FIRMANTE:

Grupo Parlamentario de Coalición Canaria-Nueva Canarias

Al artículo 86, apartado 4

De supresión.


Texto propuesto:

Se suprime el apartado 4 del artículo 86 del Proyecto de Ley.


JUSTIFICACIÓN

No existe ninguna razón válida que justifique el contenido del apartado 4 del artículo 86.


Si se produce la vacante, habrá que cubrirla. Si no se hace así, el servicio y la eficacia del sistema de defensa se resentirán, máxime si se tiene en cuenta que, al tratarse de destinos asignados por elección, estamos ante puestos de evidente importancia. La posibilidad contraria o alternativa, que es la del texto original del Proyecto de Ley, no deja de abrir la sospecha de que la vacante se quiere reservar al favoritismo, criterio poco ético que en modo alguno debe ser avalado por una norma legal.


ENMIENDA NÚM. 72

FIRMANTE:

Grupo Parlamentario de Coalición Canaria-Nueva Canarias

Al artículo 84, apartado 1, letras b) y c)

De modificación.


Texto propuesto:

El ascenso a coronel se adapta al sistema de clasificación, refundiendo por tanto las letras b) y c) en un mismo epígrafe (ordenando el resto como proceda), que queda redactado como sigue:

"b) A coronel, a teniente coronel y a comandante: el de clasificación."

JUSTIFICACIÓN

La Exposición de motivos del Proyecto de Ley, anticipa en su apartado II la pretensión de dar cumplimiento a una de las directrices de la Directiva de Defensa Nacional de 30 de diciembre de 2004, estableciendo "sistemas de ascenso y promoción que incentiven la dedicación y el esfuerzo personal". Y añade en ese mismo sentido que la carrera militar "queda definida por la ocupación de diferentes destinos, por el ascenso a los sucesivos empleos y por la progresiva capacitación para puestos de mayor responsabilidad, combinando preparación y experiencia profesional".


Nada habría que objetar a esta declaración expositiva, si en el desarrollo del articulado no se incluyera el ascenso a coronel en el sistema de elección directa. Esta discrecionalidad se añade ahora a la que ya existe para promover el ascenso en todo el ámbito del generalato, copando con este sistema los cinco empleos más importantes de la carrera militar (de coronel y capitán de navío hasta general de ejército, almirante general y

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general del aire). Ello conlleva que esa misma carrera profesional tenga su límite generalizado de ascensos por el sistema de antigüedad y clasificación, en el empleo de teniente coronel o capitán de fragata, lo que para los oficiales de carrera de los cuerpos específicos de los tres ejércitos representa tan sólo tres de los ocho ascensos posibles a partir de recibir su despacho de teniente o alférez de navío.


Este fuerte desequilibrio entre los distintos sistemas de ascenso establecidos en el Proyecto de Ley, invalida en sí mismo el criterio de "clasificación", que, aun siendo el más objetivo, queda limitado al ascenso de capitán a comandante y de comandante a teniente coronel, o sus correspondientes en la Armada, dado que el de teniente a capitán, o similar, se realiza por antigüedad.


La extensión del sistema de ascenso por elección hasta el empleo de coronel o capitán de navío, incluso acompañado de las condiciones y evaluaciones previas previstas en la ley, no solamente carece de parangón en todo el ámbito de las Administraciones Públicas, sino que, además, conforma una línea de eventual politización profesional exactamente contraria a los principios de neutralidad política paradójicamente exigidos a los militares. Además, se aproxima de forma peligrosa a las "camarillas" militares y al "amiguismo" propio de los regímenes menos democráticos, dado que quien ostenta la capacidad de elección en esos ascensos ha sido, a su vez, designado por el Gobierno para ocupar sus sucesivos empleos en el generalato.


ENMIENDA NÚM. 73

FIRMANTE:

Grupo Parlamentario de Coalición Canaria-Nueva Canarias

Al artículo 85, apartado 2

De adición.


Texto propuesto:

En el artículo 85, apartado 2, se añade el empleo de capitán de fragata (de la Armada), equivalente al de teniente coronel en el Ejército de Tierra y en el del Aire, recogido en letra cursiva para su mejor identificación, quedando el mismo redactado como sigue:

"2. Para el ascenso a los empleos que reglamentariamente se determinen será preceptivo haber superado cursos de actualización; para el ascenso a teniente coronel o capitán de fragata se exigirán titulaciones obtenidas en el ámbito del perfeccionamiento y para el ascenso a cabo mayor la titulación de técnico del sistema educativo general. Todo ello con los criterios que establezca el Ministro de Defensa, teniendo en cuenta lo previsto en el artículo 71."

JUSTIFICACIÓN

Ajuste técnico del texto.


ENMIENDA NÚM. 74

FIRMANTE:

Grupo Parlamentario de Coalición Canaria-Nueva Canarias

Al artículo 91, apartado 2

De modificación.


Texto propuesto:

En el artículo 91, apartado 2, se sustituye la última frase, referida a que los declarados no aptos volverán a ser evaluados en el siguiente ciclo, por una remisión a la siguiente evaluación ordinaria del mismo empleo y escala, recogida en cursiva para su mejor identificación, quedando el mismo redactado como sigue:

"2. La evaluación especificará la aptitud o, motivándola, la no aptitud de los evaluados para el ascenso.


Una vez efectuada la evaluación, será elevada al Jefe del Estado Mayor correspondiente, quien declarará la aptitud o no aptitud de los evaluados para el ascenso.


La declaración de aptitud para el ascenso tendrá validez hasta que se produzca el ascenso, sin perjuicio de lo establecido en el artículo 87.1.
Los declarados no aptos volverán a ser evaluados en la siguiente evaluación ordinaria de los de su empleo y escala."

JUSTIFICACIÓN

En las evaluaciones por antigüedad, no existe el concepto de ciclo. Por ello es necesario modificar el texto original del Proyecto de Ley en el sentido propuesto.


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ENMIENDA NÚM. 75

FIRMANTE:

Grupo Parlamentario de Coalición Canaria-Nueva Canarias

Al artículo 104, apartado 1, letra i)

De supresión.


Texto propuesto:

Se suprime en su totalidad la letra i), del apartado 1, del artículo 104.


JUSTIFICACIÓN

El texto que se propone suprimir, permite declarar en situación de "servicios especiales" a los militares de carrera y a los de tropa y marinería con compromiso de larga duración que sean designados asesores de los grupos parlamentarios de las Cortes Generales o de las Asambleas Legislativas de las Comunidades Autónomas.


La realidad es que los grupos parlamentarios son, en sí mismos, grupos políticos y, además, el órgano de los mismos que fija posiciones partidistas tanto en el ámbito legislativo como en el del control al Gobierno. Eso significa que cualquier labor de asesoramiento que se les pueda prestar, constituye una falta de neutralidad política y una colaboración directa con el partido correspondiente, que están expresamente prohibidas a los militares en el artículo 182 de la Ley 85/1978, de 28 de diciembre, de Reales Ordenanzas para las Fuerzas Armadas.


Dicho artículo, que es uno de los ocho que, en todo caso, este Proyecto de Ley mantendría vigentes, establece que "(...) el militar debe mantener su neutralidad no participando en actividades políticas o sindicales", insistiendo a continuación en que "no podrá estar afiliado o colaborar en ningún tipo de organización política o sindical, asistir a sus reuniones ni expresar públicamente opiniones sobre ellas".


Por otra parte, la Disposición enmendada muestra de nuevo su incongruencia al contrastarla con la Ley Orgánica 8/1998, de 2 de diciembre, de Régimen Disciplinario de las Fuerzas Armadas, cuyo artículo 7.32 imputa como falta leve "prestar colaboración a organizaciones políticas y sindicales, sin haber solicitado previamente el pase a la situación legalmente establecida...", que a tenor de la presente enmienda debería ser la de retiro. Además, este tipo de falta leve pasa a tipificarse ya como grave en los supuestos que establece el artículo 8.34 de la misma norma, que señala: "Sin haber solicitado previamente el pase a la situación legalmente establecida, estar afiliado a alguna organización política o sindical, asistir de uniforme o haciendo uso de la condición militar a cualquier reunión pública o manifestación si tienen carácter político o sindical, ejercer cargos de carácter político o sindical o aceptar candidaturas para ellos con las excepciones establecidas por las leyes...".


Mientras el artículo 182 RROO citado más arriba no se derogue, o se modifique para adaptarlo al orden constitucional, cosa que el Proyecto de Ley no contempla, con la consecuencia de modificar también el actual régimen disciplinario de las Fuerzas Armadas, es del todo contradictorio declarar la situación de "servicios especiales" para los militares que desempeñen funciones de asesores parlamentarios, según se propone en su artículo 104, apartado 1, letra i), objeto de esta enmienda de supresión.


ENMIENDA NÚM. 76

FIRMANTE:

Grupo Parlamentario de Coalición Canaria-Nueva Canarias

Al artículo 104

De adición.


Texto propuesto:

Se añade un nuevo apartado, numerado como 6 o según proceda, del siguiente tenor:

"6. Si la permanencia en la situación de servicios especiales superase un período continuado de cinco años o el de ocho años acumulados de forma discontinua, el militar afectado volverá forzosamente al servicio activo, salvo que de forma voluntaria pase a situación de reserva."

JUSTIFICACIÓN

La necesaria práctica profesional y la actualización de conocimientos exigida al estamento militar en el propio Proyecto de Ley, inherente por demás a la eficacia del sistema de defensa nacional, exigen limitar la permanencia en la situación de servicios especiales si se quiere volver a la situación de servicio activo. En caso de que se continúe en ella sobrepasando un período de tiempo razonable, la inactividad militar y la falta de formación continuada hacen inviable la recupera

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ción del personal afectado para ocupar destinos activos y desempeñar misiones normalizadas con garantía de eficacia.


En todo caso, no es concebible que el militar dedicado principalmente a desempeñar actividades ajenas a su profesión, incluso ascendiendo en el escalafón si eventualmente cumpliese los requisitos para ello, al final de su vida laboral se reincorpore a la carrera militar activa sin la formación y capacidad práctica adecuadas.


ENMIENDA NÚM. 77

FIRMANTE:

Grupo Parlamentario de Coalición Canaria-Nueva Canarias

Al artículo 105, apartado 2, párrafo tercero

De modificación.


Texto propuesto:

En el artículo 105, apartado 2, párrafo tercero, se sustituye el período de "diez años" por el de "cinco años", recogido en letra cursiva para su mejor identificación, quedando el mismo redactado como sigue:

"En ambos supuestos, el tiempo que se fije, que no podrá ser superior a cinco años, guardará una proporción adecuada a los costes y duración de los estudios realizados y tendrá presentes las necesidades del planeamiento de la defensa."

JUSTIFICACIÓN

La propia redacción original del párrafo en cuestión, advierte de la necesaria proporcionalidad que debe guardar el período de la situación de excedencia solicitado por prestación de servicios en el sector público con los costes y duración de los estudios realizados, además de tener que adecuarse a las necesidades del planeamiento de la defensa. De hecho, los períodos de excedencia voluntaria establecidos para otros supuestos, como el de la agrupación familiar, el cuidado de familiares o por ser víctimas de violencia de género, es mucho menor.


Por otra parte, uno de los aspectos básicos de la reforma de la carrera militar propuesta en el Proyecto de Ley, es, precisamente, la implantación de un sistema de formación continuada que actualice de forma permanente las capacidades y los conocimientos profesionales del personal militar, que quedaría obviamente truncado de forma irreversible al permitir plazos de excedencia tan amplios.


ENMIENDA NÚM. 78

FIRMANTE:

Grupo Parlamentario de Coalición Canaria-Nueva Canarias

Al artículo 105, apartado 3, párrafo segundo

De modificación.


Texto propuesto:

En el artículo 105, apartado 3, párrafo segundo, se sustituye el período de "doce años" por el de "seis años", recogido en letra cursiva para su mejor identificación, quedando el mismo redactado como sigue:

"En ambos supuestos, el tiempo que se fije, que no podrá ser superior a seis años, guardará una proporción adecuada a los costes y duración de los estudios realizados y tendrá presentes las necesidades del planeamiento de la defensa."

JUSTIFICACIÓN

La propia redacción original del párrafo en cuestión, advierte de la necesaria proporcionalidad que debe guardar el período de la situación de excedencia solicitado por interés particular con los costes y duración de los estudios realizados, además de tener que adecuarse a las necesidades del planeamiento de la defensa. De hecho, los períodos de excedencia voluntaria establecidos para otros supuestos, como el de la agrupación familiar, el cuidado de familiares o por ser víctimas de violencia de género, es mucho menor.


Por otra parte, uno de los aspectos básicos de la reforma de la carrera militar propuesta en el Proyecto de Ley, es, precisamente, la implantación de un sistema de formación continuada que actualice de forma permanente las capacidades y los conocimientos profesionales del personal militar, que quedaría obviamente truncado de forma irreversible al permitir plazos de excedencia tan amplios.


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ENMIENDA NÚM. 79

FIRMANTE:

Grupo Parlamentario de Coalición Canaria-Nueva Canarias

Al artículo 108, apartado 2

De supresión.


Texto propuesto:

Se suprime en su totalidad el artículo 108, apartado 2, del Proyecto de Ley.


JUSTIFICACIÓN

El apartado 2 del artículo 108 establece la discrecionalidad del Gobierno para imponer el pase a la reserva de los oficiales generales, manteniendo el criterio injusto y discriminatorio de leyes anteriores.


Cierto es que el destino de los oficiales generales, por tratarse de destinos de elección, supone la confianza de quien lo asigna en el militar elegido para ello. Y no lo es menos que esa confianza puede quebrar, sea por el motivo que fuere, caso en el que el destino libremente asignado debería ser lógicamente revocado.


Este mecanismo de libre designación y cese es normal e idéntico al previsto en la vida administrativa civil. Sin embargo, en ésta no se impide que el cesado en su puesto o cargo continúe su vida profesional accediendo a otros destinos, sin mediar causa disciplinaria que justifique lo contrario.


Pues bien, en la equivalencia militar, imponer discrecionalmente el pase a la reserva de un oficial general significa poner fin a su vida profesional de forma tajante. Radicalidad en estos momentos más evidente por cuanto el generalato se viene alcanzando ahora a edades notablemente más tempranas que antes, pudiéndose alargar entonces ese perjuicio profesional y económico un buen número de años. De hecho, ya se han dado varios casos con estas lamentables consecuencias.


Pero la discriminación del caso es doble: además de su diferencia con la Administración Civil del Estado, también hay que tenerla en cuenta en relación con el resto de los militares que, sin ser oficiales generales, son igualmente sujetos de destinos de elección.


Nadie cuestiona que el Ministro de Defensa tenga libertad para proponer el cese de los generales en destinos de su confianza, pero de ahí a pasarles directamente a la situación de reserva media un largo trecho de dudoso recorrido constitucional. En ese cese debe concluir la potestad ministerial, quedando en consecuencia el cesado en servicio activo, aunque sea pendiente de destino si no se restaura la confianza para asignarle otro nuevo.


A efectos de esta enmienda, conviene advertir que el artículo 144, apartado 4, de la Ley 17/1999, de 18 de mayo, de Régimen del Personal de las Fuerzas Armadas, cuyo contenido se reitera en el artículo 108, apartado 2, del Proyecto de Ley, quedaría derogado a tenor de su Disposición derogatoria única, apartado 1.


ENMIENDA NÚM. 80

FIRMANTE:

Grupo Parlamentario de Coalición Canaria-Nueva Canarias

Al artículo 117, apartado 1

De modificación.


Texto propuesto:

En el artículo 117, apartado 1, se suprime la referencia a las situaciones de crisis, quedando el mismo redactado como sigue:

"1. Cuando las necesidades de la defensa nacional no puedan ser atendidas por los efectivos de militares profesionales, el Consejo de Ministros podrá adoptar, con carácter excepcional, las medidas necesarias para la incorporación a las Fuerzas Armadas de reservistas voluntarios y de especial disponibilidad."

JUSTIFICACIÓN

El artículo 117, apartado 1, del Proyecto de Ley prevé la incorporación de reservistas en situaciones de crisis; pero ¿por qué limitarse a esas situaciones descartando "a priori" otras? De hecho, la defensa nacional puede requerir la incorporación de reservistas en otras situaciones que no sean específicamente de crisis.


La "crisis" es una situación concreta que, además, exige desarrollar un determinado procedimiento, lo que se traduce en un tiempo de tramitación que, según la ocasión, podría ser inconveniente para la seguridad nacional. Todo depende de la naturaleza, la gravedad y la urgencia de la situación planteada.


También se debe recordar al respecto las inconveniencias sufridas con otras autolimitaciones gubernamentales previas, ciertamente gratuitas, que después hay que reconsiderar, como la de establecer un contingente cerrado de fuerzas militares de proyección.


En consecuencia, parece mucho más adecuado que la eventual activación de reservistas voluntarios y de especial disponibilidad por parte del Gobierno quede más abierta, sin necesidad de vincularla a situaciones que sean específicamente de crisis.


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Por coherencia formal, esta enmienda de supresión arrastra las adecuaciones pertinentes que se proponen en las siguientes enmiendas:

? Al artículo 117, apartado 2, párrafo segundo: de supresión.


? Al artículo 120, apartado 1: de supresión.


? A la Exposición de motivos, apartado VII, párrafo tercero: de supresión.


ENMIENDA NÚM. 81

FIRMANTE:

Grupo Parlamentario de Coalición Canaria-Nueva Canarias

Al artículo 117, apartado 2, párrafo segundo

De supresión.


Texto propuesto:

En el artículo 117, apartado 2, párrafo segundo, se suprime la referencia a las situaciones de crisis, recogida en letra cursiva y entre paréntesis para su mejor identificación, quedando el mismo redactado como sigue:

"Teniendo en cuenta (se elimina la evolución de la crisis,) las necesidades de la defensa nacional y las solicitudes en las sucesivas convocatorias para acceder a reservista voluntario, el Consejo de Ministros podrá acordar la incorporación de reservistas obligatorios, respetando el principio de contribución gradual y proporcionada a la situación que sea necesario afrontar."

(El resto del apartado sigue igual.)

JUSTIFICACIÓN

Razones de coherencia con la enmienda de modificación al artículo 117, apartado 1.


ENMIENDA NÚM. 82

FIRMANTE:

Grupo Parlamentario de Coalición Canaria-Nueva Canarias

Al artículo 118

De adición.


Texto propuesto:

Se añade el término "y de militares en general", recogido en el texto propuesto en letra cursiva a efectos de identificación, quedando el mismo redactado como sigue:

"Artículo 118. Asociaciones de reservistas

Las Administraciones Públicas apoyarán a las asociaciones de reservistas y de militares en general que ayuden a mantener relaciones entre sus propios miembros y de la sociedad con sus Fuerzas Armadas, así como con las de carácter similar de otros países, con el objetivo de difundir la cultura de seguridad y defensa en el marco de la solidaridad y del mantenimiento de la paz."

JUSTIFICACIÓN

Siendo sin duda alguna encomiable el apoyo de las Administraciones Públicas que la iniciativa gubernamental recaba para las asociaciones de reservistas, e impecable el motivo que lo justifica, no existe razón alguna para no extenderlo al resto de las asociaciones de militares en general, que por su origen profesional estarían en todo caso más preparadas para cumplir los mismos objetivos.


La redacción original del artículo 118, establece de hecho una línea discriminatoria en el ámbito asociativo, reconociendo y protegiendo ese derecho constitucional a los reservistas pero negándoselo implícitamente a los militares en activo. Este nuevo ejemplo del Ministerio de Defensa en su contumaz negación del legítimo derecho que la Constitución otorga a los miembros de las Fuerzas Armadas para ejercer el asociacionismo militar, se sitúa ciertamente en el peligroso borde de la deslealtad institucional, y requiere zanjarse de una vez por todas en beneficio, antes que nada, de la legitimidad democrática que, a tenor del artículo 53.1 CE, vincula a todos los poderes públicos en el respeto de las libertades y derechos fundamentales recogidos en el Capítulo Segundo del Título I de la Carta Magna.


Por coherencia legal, la sustanciación de esta enmienda conlleva la "constitucionalización" del controvertido artículo 181 de la Ley 85/1978, de Reales Ordenanzas para las Fuerzas Armadas o, de forma alternativa, su derogación. A tal fin se presentan las respectivas enmiendas de adición a las disposiciones finales y de modificación a la Disposición derogatoria única, apartado 1, párrafo primero.


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ENMIENDA NÚM. 83

FIRMANTE:

Grupo Parlamentario de Coalición Canaria-Nueva Canarias

Al artículo 120, apartado 1

De supresión.


Texto propuesto:

En el artículo 120, apartado 1, se suprime la expresión "de crisis", recogida en letra cursiva y entre paréntesis para su mejor identificación, quedando el mismo redactado como sigue:

"1. Los reservistas voluntarios firmarán un compromiso inicial de tres años en el que mostrarán su disponibilidad para ser incorporados en las situaciones (se elimina de crisis) a las que se refiere el artículo 117.1. Posteriormente podrán firmar nuevos compromisos, por períodos de tres años, siempre que no se rebasen los cincuenta años de edad. En su caso, el último compromiso tendrá una duración ajustada a este límite de edad. En las convocatorias a las que se hace referencia en el artículo 119.6, el compromiso inicial podrá ser de un año."

JUSTIFICACIÓN

Razones de coherencia con la enmienda de modificación al artículo 117, apartado 1.


ENMIENDA NÚM. 84

FIRMANTE:

Grupo Parlamentario de Coalición Canaria-Nueva Canarias

Al artículo 124, apartado 2

De adición.


Texto propuesto:

En el artículo 124, apartado 2, del Proyecto de Ley se añade la condición recogida en letra cursiva, quedando el mismo redactado como sigue:

"2. Los militares profesionales que accedan a esta condición mantendrán el empleo que hubieren alcanzado siempre y cuando se sometan al sistema de actualización de conocimientos establecido para el mismo personal militar en situación de servicio activo."

JUSTIFICACIÓN

Parece obvio que el militar de carrera que de forma voluntaria acceda a la condición de reservista quede sujeto, para mantener su empleo militar, a la misma obligación de actualizar sus conocimientos profesionales que tienen impuesta todos los demás.


ENMIENDA NÚM. 85

FIRMANTE:

Grupo Parlamentario de Coalición Canaria-Nueva Canarias

Al Título VI, Capítulo III

De supresión.


Texto propuesto:

Se suprime en su totalidad el Título VI, Capítulo III, del Proyecto de Ley dedicado a los reservistas obligatorios.


JUSTIFICACIÓN

La inclusión del Capítulo III del Título VI en el Proyecto de Ley de la carrera militar, dedicado a los reservistas obligatorios, es ciertamente extemporánea porque, en sí misma, dicha figura nada tiene que ver con la carrera militar.


Por otra parte, los cinco artículos que desarrollan la declaración, el llamamiento y la activación de los reservistas obligatorios, no deja de encubrir un mal remedo de lo que debería ser una nueva ley de movilización nacional. Conclusión evidente al derogar el propio Proyecto de Ley la vigente y obsoleta Ley 50/1969, de 26 de abril, básica de Movilización Nacional (ver la Disposición derogatoria única, apartado 1).


La movilización de recursos humanos extraordinarios al servicio de la defensa nacional, no es un tema baladí. Antes al contrario, ésta es una cuestión de vital importancia en un moderno Estado de Derecho, que no admite improvisaciones ni cicaterías como las que vienen mostrando al respecto, desde hace muchos años, los sucesivos gobiernos y ministros de Defensa. Por

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esta razón, junto a esta enmienda de supresión al Título VI, Capítulo III, se propone también una enmienda de adición a las disposiciones adicionales (bis 2) instando al Gobierno a cubrir el vacío legal existente en materia de movilización nacional.


Por otra parte, como alternativa a la presente enmienda, se proponen igualmente las siguientes:

? Al artículo 133, apartado 1: de supresión.


? Al artículo 133, apartado 2: de supresión.


? Al artículo 134, apartado 2: de supresión.


ENMIENDA NÚM. 86

FIRMANTE:

Grupo Parlamentario de Coalición Canaria-Nueva Canarias

Al artículo 133, apartado 1

De supresión.


Texto propuesto:

En el artículo 133, apartado 1, se suprime la referencia "o en otras organizaciones con fines de interés general", recogida en letra cursiva y entre paréntesis para su mejor identificación, quedando el mismo redactado como sigue:

"1. Cuando se acuerde la incorporación de reservistas obligatorios con arreglo a lo previsto en el artículo 177 y lo hagan a las Fuerzas Armadas, se les efectuarán reconocimientos médicos y pruebas psicológicas y físicas y de determinación de aptitudes que permitan identificar su adecuación a las diferentes áreas de cometidos dentro de las Fuerzas Armadas" (se elimina o en otras organizaciones con fines de interés general).


JUSTIFICACIÓN

La creación de los reservistas obligatorios tiene su acomodo legal precisamente en la Ley Orgánica 5/2005, de 17 de noviembre, de la Defensa Nacional, cuyos artículos 22 y 29 establecen los mecanismos para la incorporación de los mismos a las Fuerzas Armadas como recursos humanos no estrictamente militares, y siempre vinculados a las necesidades de la defensa nacional. De hecho, los artículos de la Constitución Española sucesivamente invocados para ello (arts. 8.2, 30.1 y 149.1.4.ª CE) mantienen esa misma relación con la defensa nacional.


La figura del reservista obligatorio, integrada directamente en las Fuerzas Armadas al estricto servicio de la defensa nacional, nada tiene que ver, pues, con actividades propias de ONG,s ni de otros posibles servicios civiles que para el cumplimiento de otros fines de interés general se puedan establecer de acuerdo con el artículo 30.3 CE.


Por ello, no se concibe que el Proyecto de Ley incorpore ahora de forma ciertamente subrepticia la utilización de los reservistas obligatorios al servicio de otras organizaciones distintas de las Fuerzas Armadas, con fines de interés general. Un interés en exceso abierto y general que podría abarcar infinidad de situaciones inadecuadas desde su condición obligatoria y afectas a muy diversas administraciones públicas (como sería el caso de la protección civil), y por tanto sin nada que ver con la jurisdicción militar y el ámbito de la defensa nacional.


Por coherencia formal, esta enmienda de supresión arrastra las adecuaciones pertinentes que se proponen en las siguientes enmiendas:

? Al artículo 133, apartado 2: de supresión.


? Al artículo 134, apartado 2: de supresión.


ENMIENDA NÚM. 87

FIRMANTE:

Grupo Parlamentario de Coalición Canaria-Nueva Canarias

Al artículo 133, apartado 2

De supresión.


Texto propuesto:

En el artículo 133, apartado 2, se suprime la referencia "o en otras organizaciones con fines de interés general", recogida en letra cursiva y entre paréntesis para su mejor identificación, quedando el mismo redactado como sigue:

"2. Teniendo en cuenta lo previsto en el apartado anterior, la manifestación de preferencias de los interesados y sus alegaciones, se asignarán los destinos correspondientes a los reservistas obligatorios en unidades, centros u organismos del Ministerio de Defensa (se elimina o en otras organizaciones con fines de interés general). En su caso, los reservistas podrán ser

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declarados excluidos para la prestación de servicios por limitaciones psicofísicas, según el cuadro que se determine reglamentariamente."

JUSTIFICACIÓN

Razones de coherencia con la enmienda de supresión al artículo 133, apartado 1.


ENMIENDA NÚM. 88

FIRMANTE:

Grupo Parlamentario de Coalición Canaria-Nueva Canarias

Al artículo 134, apartado 2

De supresión

Texto propuesto:

Se suprime en su totalidad el artículo 134, apartado 2, del Proyecto de Ley.


JUSTIFICACIÓN

Razones de coherencia con la enmienda de supresión al artículo 133, apartado 1.


ENMIENDA NÚM. 89

FIRMANTE:

Grupo Parlamentario de Coalición Canaria-Nueva Canarias

Al artículo 135, apartado 1

De supresión.


Texto propuesto:

Se suprime el texto del artículo 135, apartado 1, del Proyecto de Ley.


JUSTIFICACIÓN

La remisión que el artículo 135, apartado 1, hace al recurso de alzada, no parece muy meditada. Según la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, y concordantes, las resoluciones de director general ponen fin a la vía administrativa, luego contra ellas (y contra las de subsecretarios y secretarios de Estado) parece que no procedería el recurso de alzada, sino el de reposición.


Ante el confusionismo que produciría una remisión errónea al recurso de alzada, no deja de ser más conveniente interpretar este tipo de posibles recursos de acuerdo con la vigente Ley 30/1992 y con sus sucesivas modificaciones o adaptaciones (Real Decreto-Ley 14/1993, de 4 de agosto; Ley 4/1999, de 13 de enero; Ley 24/2001, de 27 de diciembre; Ley Orgánica 14/2003, de 20 de noviembre; Ley 57/2003, de 16 de diciembre; Ley 62/2003, de 30 de diciembre...).


Se presenta una enmienda alternativa de modificación al artículo 135, apartado 1 (bis).


ENMIENDA NÚM. 90

FIRMANTE:

Grupo Parlamentario de Coalición Canaria-Nueva Canarias

Al artículo 135, apartado 1 (bis)

De modificación.


Texto propuesto:

El artículo 135, apartado 1, del Proyecto de Ley, se sustituye por un texto del siguiente tenor:

"1. Contra los actos y resoluciones que se adopten en el ejercicio de las competencias atribuidas en esta ley, se podrán interponer los recursos pertinentes de acuerdo con la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, y concordantes."

JUSTIFICACIÓN

La ya expuesta en la enmienda de supresión al mismo artículo 135, apartado 1, en aplicación de enmienda alternativa de modificación del texto original del Proyecto de Ley.


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ENMIENDA NÚM. 91

FIRMANTE:

Grupo Parlamentario de Coalición Canaria-Nueva Canarias

A la Disposición adicional primera

De modificación.


Texto propuesto:

El texto íntegro de la Disposición adicional primera se sustituye por otro del siguiente tenor:

"Disposición adicional primera. Atributos militares del Heredero de la Corona de España.


Por ley ordinaria específica se establecerá y regulará el rango militar, con sus honores y distinciones, propios del Heredero de la Corona de España, diferenciado del régimen del personal profesional de las Fuerzas Armadas."

JUSTIFICACIÓN

Las mismas razones ya aducidas en la enmienda de supresión al artículo 2, apartado 2, del Proyecto de Ley.


Además, en relación con esta insistencia gubernamental de querer desarrollar de forma tan inapropiada la carrera militar del Príncipe de Asturias, quien en la práctica y por razones obvias ni la ejerce ni se puede equiparar tampoco con la de un militar convencional, hay que tener en cuenta las inconveniencias que podrían derivarse de sus posibles ascensos extraordinarios, no regulados por ley específica. Bien conocida es la sentencia firme dictada en contra del ascenso al generalato de un coronel del Cuerpo Jurídico Militar, promovido de forma irregular por el Gobierno en el Real Decreto 1116/95, de 2 de julio, acompañada del bochorno personal e institucional que supuso la posterior degradación del afectado.


ENMIENDA NÚM. 92

FIRMANTE:

Grupo Parlamentario de Coalición Canaria-Nueva Canarias

A la Disposición adicional tercera, apartado 1

De modificación.


Texto propuesto:

Se sustituye el total de efectivos integrados en las Fuerzas Armadas, fijado originalmente entre 130.000 y 140.000, situándolo entre 150.000 y 170.000, quedando el texto redactado como sigue:

"1. El número máximo de militares profesionales en servicio activo se fija, teniendo en cuenta las necesidades del planeamiento de la defensa, entre 150.000 y 170.000 efectivos, en los que están incluidos un máximo de 50.000 oficiales generales, oficiales y suboficiales. En las leyes de Presupuestos Generales del Estado se fijará anualmente el objetivo de militares de tropa y marinería."

JUSTIFICACIÓN

La Ley 17/1999, de 18 de mayo, de Régimen del Personal de las Fuerzas Armadas, que puso en marcha el actual modelo de defensa nacional plenamente profesionalizado, fijaba los efectivos de clase de tropa y marinería en un máximo de 120.000 y un mínimo de 102.000 (art. 19), correlacionados con una plantilla legal máxima de 48.000 cuadros de mando en situación de servicio activo (art. 18).


La cifra no fue en modo alguno arbitraria, ya que se estableció tras un dilatado debate político y técnico-profesional con escasos precedentes en el ámbito parlamentario a través de la denominada "Comisión Mixta Congreso-Senado, no permanente, para establecer la fórmula y plazos para alcanzar la plena profesionalización de las Fuerzas Armadas". Su dictamen final, aprobado por el Pleno del Congreso de los Diputados el 28 de mayo de 1998 y por el Pleno del Senado el 9 de junio del mismo año, situaba el conjunto de los efectivos militares dentro de una horquilla total de 150.000 a 170.000 profesionales, que el planeamiento de la defensa militar concretó, entonces, en el nivel máximo posible de 48.000 cuadros de mando y en 110.500 soldados de clase de tropa y marinería.


Ésas fueron, pues, las previsiones objetivas del nuevo modelo de Fuerzas Armadas profesionales, determinadas en todo caso a la baja por su alta factura presupuestaria, en buena medida imprevista o sobrevenida por los pactos de gobernabilidad suscritos en la sexta legislatura y por la complacencia social y el impacto electoral que conllevaba la suspensión del servicio militar obligatorio. Y ello con independencia de lo que a partir de aquel momento, y de forma progresiva, exigirían las nuevas operaciones militares derivadas del emergente concepto de Seguridad y Defensa Compartidas y de las "Misiones Petersberg", de prevención de conflictos y gestión de crisis, asignadas a las Fuerzas Armadas de acuerdo con nuestros compromisos internacionales.


De cualquier forma, el fondo de la cuestión radica en que a partir de aquella significativa reducción de los

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efectivos, sin duda hoy en día más cualificados y eficaces pero también muy disminuidos en relación con el modelo precedente de servicio militar obligatorio, nunca se alcanzó la cifra de alistamientos y renovaciones de compromisos requerida para la tropa y marinería, quebrándose con ello la capacidad operativa real de las Fuerzas Armadas y, en definitiva, la eficacia del sistema de defensa nacional. Y así se reconoce de forma expresa en el primer párrafo del Preámbulo de la Ley 8/2006, de 24 de abril, de Tropa y Marinería: "El paso de un Ejército de leva obligatoria al modelo de profesionalización vigente no ha satisfecho las expectativas previstas, ni ha permitido alcanzar los objetivos en cuanto al contingente de tropa y marinería establecido en la Ley 17/1999, de 18 de mayo, de Régimen de Personal de las Fuerzas Armadas".


Y ésa es una realidad que se vuelve a reconocer de forma implícita en la propia Memoria Justificativa elaborada por el Ministerio de Defensa y remitida a esta Cámara por el Gobierno junto al Proyecto de Ley en tramitación. En dicha memoria se recoge un párrafo revelador: "Como ya se ha señalado, con esta determinación de efectivos (la que se recoge en el apartado 1 de la Disposición adicional tercera) se pretende alcanzar un punto de equilibrio entre necesidades y posibilidades. Las necesidades se derivan de los análisis y estimaciones realizadas para atender las misiones y cometidos de las Fuerzas Armadas derivados de lo dispuesto en la Ley Orgánica de la Defensa Nacional, mientras que las posibilidades están condicionadas por la realidad demográfica, la predisposición de los jóvenes para integrarse en los Ejércitos, las expectativas profesionales y por los recursos económicos que es posible asignar para sustentar el modelo".


Es decir, la cifra de efectivos que se propone en el Proyecto de Ley no es en modo alguno la que objetivamente sería necesaria, sino la que el Ministerio de Defensa parece poder alcanzar de forma más o menos complacida. Algo muy distinto, desde luego, a lo que en la Disposición adicional tercera, objeto de enmienda, se explicita como "necesidades del planeamiento de la defensa", concepto, pues, manejado de forma arbitraria y sin acompañarse del menor soporte técnico-documental en la Memoria Justificativa ya citada.


Pero antes que el desinterés por solventar el fracaso en la captación de aspirantes a clase de tropa y marinería profesional, desarrollando una política de motivación y auténticos incentivos, no deja de sorprender que, como ha hecho el Gobierno, encima se deriven nada menos que 4.310 efectivos del ya escaso contingente total de las Fuerzas Armadas a la Unidad Militar de Emergencias, con funciones que pueden ser asumidas perfectamente por la Administración Civil del Estado, incluso con mejor integración en el sistema de protección civil y mayor eficacia.
Desviación de recursos humanos que, en definitiva, constituye otra razón más para no reducir los efectivos totales previstos originalmente en el modelo de Fuerzas Armadas profesionales, como se pretende a tenor de la Disposición adicional tercera en discusión.


Sin mantener, pues, esas cifras, al menos en términos de posibilidad teórica hasta que se puedan alcanzar realmente, tampoco se podrá aspirar a mantener siquiera una capacidad de proyección del Ejército de Tierra de dos agrupaciones tácticas reforzadas, o brigadas reducidas, de 2.000 hombres cada una en dos escenarios diferentes, o una sola brigada reforzada de 6.200 hombres en un escenario único, en el mejor de los casos. Y ello teniendo en cuenta que, con las necesarias rotaciones de una fuerza en zona, otra reincorporándose y una más preparándose, esa mínima capacidad de proyección obliga a disponer del triple de efectivos operativos (más de 18.000 hombres).


Por tanto, si se confirma la reducción de tropa y marinería propuesta, el objetivo planteado a medio y largo plazo de poder proyectar un tercio de la teórica Fuerza de Maniobra española (unos 15.000 hombres), es casi utópico. De hecho, culminado el proceso de "plena profesionalización" de las Fuerzas Armadas, no existe tampoco la menor evidencia de que su cobertura haya llegado al mínimo del 85 por 100 requerido por la OTAN.


Mírese como se mire, esa evidente realidad no va a permitir disponer permanentemente de los 20.000 hombres operativos en el Ejército de Tierra, más 2.000 en la Armada y otros 2.000 en el Ejército del Aire, necesarios y ya vinculados como proyección de fuerza a la compleja arquitectura de seguridad europea, que es un compromiso de Estado, vertebrado y participado a través de la OTAN, la UEO, la OSCE, el propio Consejo de Europa, etcétera, con responsabilidades muy concretas e insoslayables. Además, con las nuevas cifras en juego, la proporción entre cuadros de mando y clase de tropa y marinería ofrece un ratio de entre 1,6 y 1,8 (50.000 sobre 80.000 y 90.000) frente al de 2,3 fijado anteriormente en la Ley 17/1999 (48.000 sobre 110.500). En conclusión, una disminución total de entre 28.500 y 38.500 efectivos y específica de militares de clase de tropa y marinería de entre 30.500 y 40.500, a todas luces "de conveniencia" y que, ciertamente, cuestiona las "necesidades de planeamiento de la defensa" fijadas por el Estado Mayor de la Defensa.


Porque cosa muy distinta, y a nuestro juicio improcedente, es que el hecho de no haber alcanzado los objetivos previstos en la captación de los recursos humanos adscritos a las Fuerzas Armadas, que hasta ahora se han venido admitiendo como el mínimo imprescindible, termine devengando, encima, su drástica rescisión, transformando aquella incapacidad cierta, pero no obstante superable, en una falsa virtud. Dicho de otra forma igual de extrema, eso equivaldría al absurdo de ocultar o encubrir un problema para darlo por resuelto.


Confirmar ahora por mandato legal esta desproporcionada reducción sobre el ya exiguo tamaño de las Fuerzas Armadas, desequilibrando aún más la relación

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entre mandos y tropa o marinería, parece a todas luces poco razonable.
Sobre todo, cuando la modificación propuesta de este apartado 1 de la Disposición adicional tercera, siempre permitirá, como sucede en otros ámbitos de la Administración del Estado, confirmar plazas y plantillas de acuerdo con las circunstancias puntuales.


Esta enmienda de modificación arrastra las correcciones pertinentes en el último párrafo del apartado IV de la Exposición de motivos.


ENMIENDA NÚM. 93

FIRMANTE:

Grupo Parlamentario de Coalición Canaria-Nueva Canarias

A la Disposición adicional quinta

De supresión.


Texto propuesto:

Se suprime en su totalidad el texto original de la Disposición adicional quinta, que otorga carácter de "agentes de la autoridad" a los miembros de la Unidad Militar de Emergencias y de otras unidades militares.


JUSTIFICACIÓN

La Unidad Militar de Emergencias, a cuyos efectivos esta Disposición adicional quinta pretende otorgar carácter de "agentes de la autoridad", junto a los miembros de las policías militar, aérea y naval, se creó por Acuerdo del Consejo de Ministros de 7 de octubre de 2005. Su apartado primero la instituye con la siguiente literalidad: "Se crea la Unidad Militar de Emergencias (UME) que tiene como misión la intervención en cualquier lugar del territorio nacional cuando lo decida el Presidente del Gobierno, o el ministro en quien delegue, para contribuir a la seguridad y bienestar de los ciudadanos en los supuestos de grave riesgo, catástrofe, calamidad u otras necesidades públicas".


Con posterioridad, la financiación específica para la implantación de la UME se aprobó también mediante otro simple Acuerdo del Consejo de Ministros, de 13 de enero de 2006, que autorizaba al Ministerio de Economía y Hacienda y al Ministerio de Defensa a realizar las modificaciones presupuestarias necesarias para el cumplimiento de dicho objetivo. Y, finalmente, otro instrumento sin rango de ley, el Real Decreto 416/2006, de 11 de abril, fue el que, con la misma discrecionalidad, estableció su organización y despliegue territorial.


Sorprende, pues, que el Gobierno persiga ahora, en la tramitación de una norma de mayor rango legal, obtener el respaldo del Congreso de los Diputados para convertir en "agentes de la autoridad" a los miembros de las Fuerzas Armadas que presten servicio en dicha unidad militar, dado que ha sido creada, dotada de presupuesto y organizada, incluyendo un despliegue territorial de lo más arbitrario, con criterios exclusivamente extraparlamentarios. Y no extraña menos que este requerimiento se quiera sustanciar de forma extemporánea, aprovechando un ordenamiento jurídico tan específico como el de la carrera militar, sin relación alguna con la materia.


Dicho de otra forma, antes que pronunciarse sobre el subsiguiente carácter o atributo de "agentes de la autoridad" de los miembros de la UME, esta Cámara debería haber podido conocer, cuando menos como órgano de control del Gobierno, las razones y el objetivo de su propia creación. Máxime cuando nadie ha despejado todavía su aparente discordancia con la naturaleza tradicional de las Fuerzas Armadas y con sus más concretas misiones constitucionales (salvadas las funciones que circunstancialmente también les atribuye el art. 15, apartados 3 y 4, de la Ley Orgánica 5/2005 de la Defensa Nacional), con la red de Protección Civil y con la división de competencias afectas a la Administración Central del Estado y a las Comunidades Autónomas.


Además, siendo la UME una unidad armada más ("depositaria de la fuerza" en expresión que recoge el apartado III de la Exposición de motivos), parece igual de inoportuno que dependa directamente del Secretario de Estado de Defensa, quedando al margen de la estructura militar integrada en el Estado Mayor de la Defensa (como muestra el organigrama oficial del Ministerio de Defensa), y que sea activada personalmente por el Presidente del Gobierno. Ese encuadramiento estructural y esa dependencia operativa, quiebran claramente los principios de jerarquía, disciplina, unidad y eficacia, con los que se caracteriza la organización de las Fuerzas Armadas, según lo dispuesto en la propia Ley Orgánica de la Defensa Nacional.


No obstante, y sin entrar en el acierto o desacierto militar con el que se haya podido crear esta unidad, lo cierto es que su misión específica es de naturaleza civil, más que propiamente vinculada a la defensa nacional.
Por tanto, el debate sobre su conveniencia y funcionamiento trasciende incluso el estricto ámbito técnico-militar, ofreciendo una perspectiva de cohesión y coordinación con el conjunto del entramado civil políticamente mucho más abierto.


Para empezar, la Ley 2/1985, de 21 de enero, sobre Protección Civil, establece en su artículo 2 (apartados 1, 2 y 3) lo siguiente:

"1. La competencia en materia de protección civil corresponde a la Administración Civil del Estado y, en los términos establecidos en esta Ley, a las restantes

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Administraciones Públicas. Las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, siempre que las circunstancias lo hicieren necesario, participarán en las acciones de protección civil.


2. Asimismo, en tiempo de paz, cuando la gravedad de la situación de emergencia lo exija, las Fuerzas Armadas, a solicitud de las autoridades competentes, colaborarán en la protección civil, dando cumplimiento a las misiones que se les asigne.


3. La colaboración de las Fuerzas Armadas, que actuarán en todo caso encuadradas y dirigidas por sus mandos naturales, deberá solicitarse de la autoridad militar que corresponda."

Y ello con independencia de que esa misma norma establezca igualmente la composición y funciones de la Comisión Nacional de Protección Civil (art.
17) y las distintas Comisiones de Protección Civil de las Comunidades Autónomas (art. 18).


Con ese antecedente legal y organizativo, los recursos y funciones que se han asignado a la UME tal vez se hubieran podido orientar con mejor criterio precisamente hacia ese sistema integrado de Protección Civil, cuya superior autoridad ostenta el Ministerio del Interior a tenor del artículo 16 de la norma citada, o de forma más específica a la misma Guardia Civil, que ya dispone de competencias en la protección del medio ambiente y de unidades especializadas vinculables a situaciones de catástrofe o emergencia. Incluso, podían haberse transferido a los propios Cuerpos de Ingenieros del Ejército de Tierra, de la Armada y del Ejército del Aire, tradicionalmente colaboradores, como establece la ley, con los organismos e instituciones civiles en ese tipo de coyunturas, o a los Cuerpos de Bomberos ya existentes. Porque, si como ha manifestado en algún momento el Ministro de Defensa, "en España la red de protección civil es rnuy débil", lo correcto es reforzarla, o en su caso reorganizarla, y no diluirla todavía más, dispersando gratuitamente los recursos disponibles.


Por otra parte, hay que tener presente que la figura del "agente de la autoridad" (muy distinta de la propia "autoridad gubernativa") no está definida en nuestro ordenamiento jurídico, lo que viene provocando no pocos problemas de interpretación en el ámbito jurisdiccional. Una deficiencia formal que ahora, en el caso que nos ocupa, podría generar un fondo de inseguridad jurídica ciertamente delicado en al ámbito de las Fuerzas Armadas, depositarias del armamento y medios bélicos del Estado sólo en orden a la defensa nacional, sin vinculación con actividades gubernativas o policiales, que en un régimen democrático deben serle por completo ajenas.


En paralelo, y a estos mismos efectos, hay que recordar que, a pesar de su propia indefinición, la condición de "agentes de la autoridad" por antonomasia corresponde a los miembros de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, quienes la ostentan a todos los efectos legales precisamente a tenor del artículo séptimo, apartado 1, de la Ley Orgánica 2/1986, de 13 de marzo, de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, que no son Fuerzas Armadas, carácter que incluso la Guardia Civil sólo puede adquirir "en el cumplimiento de las misiones de carácter militar que se le encomienden, de acuerdo con el Ordenamiento Jurídico" (apartado 3 del mismo artículo séptimo). Y cumpliendo todos ellos, en cualquier caso, una condición de profesionales "permanentes" y una capacitación académica muy distintas de las de la tropa y marinería profesional.


De hecho, la Exposición de motivos de la citada Ley Orgánica de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad es bien expresiva al respecto: "A través de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad se ejerce el monopolio, por parte de las Administraciones Públicas, del uso institucionalizado de la coacción jurídica, lo que hace imprescindible la utilización de armas por parte de los funcionarios de policía. Ello, por su indudable trascendencia sobre la vida y la integridad física de las personas, exige el establecimiento de límites y la consagración de principios, sobre moderación y excepcionalidad en dicha utilización, señalando los criterios y los supuestos claros que la legitiman, con carácter excluyente". Por extensión competencial, el artículo 38, apartado 1, letra d), de la misma norma, establece también como función de los Cuerpos de Policía de las Comunidades Autónomas: "El uso de la coacción en orden a la ejecución forzosa de los actos o disposiciones de la propia Comunidad Autónoma".


Es más, con toda la indefinición jurídica que conlleva el término, ni siquiera el personal estatutario de los Servicios de Inteligencia del Estado tiene esa condición de "agente de la autoridad", como bien establece el artículo 5.4 de la Ley 11/2002, de 6 de mayo, reguladora del Centro Nacional de Inteligencia: "Los miembros del Centro Nacional de Inteligencia no tendrán la condición de agentes de la autoridad, con excepción de aquellos que desempeñen cometidos profesionales relacionados con la protección del personal del Centro y de las instalaciones del mismo".


Teniendo en cuenta lo expuesto, y al margen de cuestionarse la conveniencia de la UME, como en efecto se cuestiona en esta enmienda, no parece aconsejable, ni desde la óptica política ni desde la necesaria eficacia operativa, proseguir, como se desprende del artículo enmendado, con la militarización de lo civil ni con la desnaturalización del militar profesional, ya convertido en soldado-bombero, para que, además, actúe también como policía, aumentando los eventuales conflictos de competencias, autoridad, capacidad, eficiencia y cooperación, que no son difíciles de prever en torno al funcionamiento de dicha unidad.


Esta enmienda de supresión arrastra las modificaciones pertinentes en la Exposición de motivos, apartado VIII, párrafo primero.


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ENMIENDA NÚM. 94

FIRMANTE:

Grupo Parlamentario de Coalición Canaria-Nueva Canarias

A la Disposición adicional sexta, apartado 2

De supresión.


Texto propuesto:

Se suprime en su totalidad el texto original de la Disposición adicional sexta, apartado 2, que establece el uso de todas las lenguas oficiales españolas en determinadas dependencias de las Fuerzas Armadas.


JUSTIFICACIÓN

Dado que el precedente apartado 1 de la misma Disposición adicional sexta fija el empleo del idioma oficial español en las Fuerzas Armadas, de forma ciertamente superflua porque ello es preceptivo a tenor del artículo 3 CE, nada positivo añade a su necesaria unidad operativa el apartado 2, sujeto de esta enmienda de supresión. Y, en realidad, la iniciativa, recogida en ese apartado 2, de que en las dependencias donde se desarrollen actividades de información y de registro con servicio al público se empleen "las lenguas oficiales españolas conforme a la legislación aplicable en la Administración General del Estado", es igual de innecesaria, considerando que todos los ciudadanos tienen el deber de conocer y el derecho de usar el castellano.


Además, el artículo 187 de la Ley 85/1978, de 28 de diciembre, de Reales Ordenanzas para las Fuerzas Armadas, establece con rotundidad: "En los actos y relaciones de servicio los componentes de las Fuerzas Armadas emplearán el castellano, idioma oficial del Estado", permitiendo utilizar otros idiomas de forma expresa sólo "en actividades militares combinadas o por necesidades técnicas".


Por otra parte, la inconveniencia de introducir diferentes lenguas en el entorno de las Fuerzas Armadas ya fue ratificada por esta Cámara al fijar los requisitos necesarios para acceder a la condición de militar profesional de tropa y marinería en la Ley 8/2006, de 2 de abril. Su artículo 3, apartado 1, letra a), establece una exigencia bien concreta: "Poseer la nacionalidad española o ser nacional de los países que reglamentariamente se determinen de entre aquellos que mantienen con España especiales vínculos históricos, culturales y lingüísticos".


Con estas cautelas previas, no deja de ser incoherente que ahora se proponga un modelo plurilingüe en las actividades de información administrativa y de registro con servicio al público afectas a las Fuerzas Armadas. De implantarse, sería lógico que en ese mismo procedimiento se incluyeran entonces las lenguas oficiales propias de todo tipo de posibles aspirantes al alistamiento como clase de tropa y marinería, algo desde luego disparatado, aunque sólo afectara a nacionalidades iberoamericanas como la peruana o la paraguaya con diversidad de lenguas oficiales (en concreto el quechua y el guaraní, respectivamente).


Finalmente, también conviene tener presente que la competencia en materia de Defensa y Fuerzas Armadas, es exclusiva del Estado, como establece el artículo 149.1 CE, razón por la que su Administración General tampoco ha de establecer relaciones bilingües especiales con ninguna Comunidad Autónoma.


En cualquier caso, la iniciativa recogida en el apartado 2 de la Disposición adicional sexta, que nuestra enmienda propone suprimir, no deja de constituir un primer paso para una eventual y subsiguiente aspiración de implantar la pluralidad de lenguas en la vida militar cotidiana, con el consiguiente deterioro en la claridad y diligencia de transmisión y cumplimiento de las órdenes y, en definitiva, en la eficacia operativa de las Fuerzas Armadas.


ENMIENDA NÚM. 95

FIRMANTE:

Grupo Parlamentario de Coalición Canaria-Nueva Canarias

A la Disposición adicional octava, apartado 5, letra f)

De adición.


Texto propuesto:

En la Disposición adicional octava, apartado 5, letra f), se añade una referencia a la autoridad sancionadora, recogida en letra cursiva para su mejor identificación, quedando la misma redactada como sigue:

"f) El régimen disciplinario es el aplicable a los funcionarios de la Administración General del Estado con las modificaciones necesarias para atender a las características del ámbito en que ejercen su función y a la naturaleza de ésta. La autoridad sancionadora será el Subsecretario de Defensa."

JUSTIFICACIÓN

En relación con el contenido de la Disposición adicional octava, apartado 5, letra f), que establece el régi

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men disciplinario aplicable al personal del Servicio de Asistencia Religiosa de las Fuerzas Armadas, es necesario concretar cuál es la autoridad sancionadora para que su posible actuación cumpla el principio de legalidad.


ENMIENDA NÚM. 96

FIRMANTE:

Grupo Parlamentario de Coalición Canaria-Nueva Canarias

A la Disposición adicional décima, apartado 4

De modificación.


Texto propuesto:

En la Disposición adicional décima, apartado 4, se elimina la expresión "y de forma progresiva" y se sustituye "el primero de mes del de la fecha en la que cada uno cumpla los 61 años de edad" por "con la antigüedad procedente y efectividad de la fecha de entrada en vigor de esta ley", quedando el mismo redactado como sigue:

"4. El Ministerio de Defensa transformará los escalafones provisionales en efectivos incorporando al personal afectado, de oficio, a la situación en el escalafón que corresponda en el nuevo ordenamiento, con, en su caso, los consiguientes ascensos con la antigüedad procedente y efectividad de la fecha de entrada en vigor de esta ley. Para los que ya hubieran cumplido los 61 años cuando se pueda materializar la nueva posición en el escalafón se hará con efectos de la entrada en vigor de esta ley."

JUSTIFICACIÓN

Las "escalas auxiliares" han sufrido un conjunto de discriminaciones, olvidos y perjuicios de todo tipo ciertamente abusivo e injusto. Bueno es, en consecuencia, que en el Proyecto de Ley plantee medidas de reparación.


Pero quedarse a mitad de camino en ese loable intento, concediendo tímidamente una parte de lo que los miembros de esas escalas han perdido y reclamado, sólo servirá para crear nuevas discriminaciones que sin duda darán lugar a nuevas reivindicaciones.


El Proyecto de Ley viene a reconocer el derecho al ascenso negado en su momento al personal militar de las escalas auxiliares, aunque, de forma ciertamente incomprensible, retrae la concesión del mismo al mes en el que los afectados cumplan 61 años, lo que equivale a llevarlo al momento de su pase a la situación de reserva, que tiene lugar a esa precisa edad.


La realidad es que de poco o de nada vale reconocer el derecho a un ascenso si su efectividad sigue retrayéndose al pase a la reserva. Si se tiene derecho a un ascenso, lo lógico, además de ser lo justo y lo legal, es que éste se conceda con la antigüedad que verdaderamente corresponda y con efectividad a la entrada en vigor de la presente ley, si el ascenso fuese procedente en fecha anterior. Si el ascenso correspondiese a una fecha posterior a esta entrada en vigor de la ley, entonces se hará efectivo en el momento que corresponda, con independencia de la fecha de pase a reserva.


ENMIENDA NÚM. 97

FIRMANTE:

Grupo Parlamentario de Coalición Canaria-Nueva Canarias

A la Disposición adicional décima, apartado 5

De supresión.


Texto propuesto:

En la Disposición adicional décima, apartado 5, se suprime la expresión "si lo solicitan dentro del plazo de seis meses a contar de la publicación de los citados escalafones provisionales", recogiéndose entre paréntesis y en letra cursiva para su mejor identificación, quedando el mismo redactado como sigue:

"5. A los que hayan pasado a retiro con anterioridad a la publicación de los escalafones provisionales de referencia, a los que se refiere el apartado 3, les serán revisadas las fechas de antigüedad y, en su caso, de empleo que tuvieran antes de su paso a retiro (si lo solicitan dentro del plazo de seis meses a contar de la publicación de los citados escalafones provisionales). Esta revisión no podrá conllevar antigüedades en los empleos resultantes de la revisión posteriores a las fechas en las que los afectados cumplieron 61 años de edad."

JUSTIFICACIÓN

El ascenso derivado de esta Disposición adicional décima, apartado 5, no debe condicionarse a que los afectados tengan que solicitarlo previamente. Si tienen

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derecho efectivo a él, debe concedérseles sin más trámite y sin condicionado a una petición expresa. Sobre todo teniendo en cuenta que, justo por su condición de retirados, muchos de ellos estarán apartados del ámbito militar, siendo muy posible que ni siquiera lleguen a tener conocimiento de la ley y, de forma todavía más específica, de los derechos que en ella se les reconoce.


Quienes a tenor de esta Disposición tienen derecho a un ascenso, como ahora se admite y establece legalmente, no son en modo alguno culpables ni responsables de que el ascenso que en su momento les correspondía no se produjera, teniendo que pasar entonces a retiro, sin ascender, por imperativo de la edad.


En cualquier caso, su ascenso actual sin necesidad de más trámite y generalizado, a nadie perjudica.


ENMIENDA NÚM. 98

FIRMANTE:

Grupo Parlamentario de Coalición Canaria-Nueva Canarias

A la Disposición transitoria segunda

De supresión.


Texto propuesto:

Se suprime en su totalidad el texto original de la Disposición transitoria segunda, dedicado a la adaptación de la enseñanza de formación.


JUSTIFICACIÓN

Razones de coherencia con la enmienda de supresión presentada al Título IV del Proyecto de Ley.


ENMIENDA NÚM. 99

FIRMANTE:

Grupo Parlamentario de Coalición Canaria-Nueva Canarias

A la Disposición transitoria segunda (bis)

De modificación.


Texto propuesto:

En la Disposición transitoria segunda, apartado 1, se sustituye la referencia al "sistema de centros universitarios de la defensa" por otra más concreta a la "Universidad Nacional de la Defensa", recogida en letra cursiva para su mejor identificación, quedando el mismo redactado como sigue:

"1. En tanto no entre en funcionamiento la Universidad Nacional de la Defensa se mantendrán los procesos de ingreso y formación para el acceso a las escalas superiores de oficiales de los cuerpos generales y de infantería de marina, con las correspondientes equivalencias a los títulos del sistema educativo general."

(El resto de la Disposición sigue igual.)

JUSTIFICACIÓN

Razones de coherencia con la enmienda de modificación presentada al artículo 49, por la que se propone crear una Universidad Nacional de la Defensa de régimen especial y dependencia estatal.


ENMIENDA NÚM. 100

FIRMANTE:

Grupo Parlamentario de Coalición Canaria-Nueva Canarias

A la Disposición transitoria cuarta, apartado 2

De supresión.


Texto propuesto:

Se suprime la última frase de la Disposición transitoria cuarta, apartado 2, quedando el mismo redactado como sigue:

"2. Se incorporarán a las nuevas escalas los miembros de las Fuerzas Armadas que se encuentren en cualquier situación administrativa, salvo en la de reserva. Quienes estén en situación de reserva permanecerán en sus escalas de origen hasta su pase a retiro."

JUSTIFICACIÓN

Razones de coherencia formal con la enmienda de supresión presentada al artículo 24, apartado 2, del Proyecto de Ley.


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ENMIENDA NÚM. 101

FIRMANTE:

Grupo Parlamentario de Coalición Canaria-Nueva Canarias

A la Disposición transitoria cuarta, apartado 5

De supresión.


Texto propuesto:

Se suprime el final del apartado 5, recogido a partir de la fecha 1 de mayo del año 2009, quedando el mismo redactado como sigue:

"5. Las incorporaciones a las nuevas escalas se realizarán a partir del 1 de julio del año 2009 teniendo en cuenta, aunque se produzcan en fechas posteriores, el empleo y antigüedad que cada uno de los que accedan a las nuevas escalas tenga el 1 de mayo del año 2009."

JUSTIFICACIÓN

Razones de coherencia formal con la enmienda de supresión presentada al artículo 24, apartado 2, del Proyecto de Ley.


ENMIENDA NÚM. 102

FIRMANTE:

Grupo Parlamentario de Coalición Canaria-Nueva Canarias

A la Disposición transitoria cuarta, apartado 7

De supresión.


Texto propuesto:

Se suprime en su totalidad el apartado 7 de la Disposición transitoria cuarta.


JUSTIFICACIÓN

Razones de coherencia formal con la enmienda de supresión presentada al artículo 24, apartado 2, del Proyecto de Ley.


ENMIENDA NÚM. 103

FIRMANTE:

Grupo Parlamentario de Coalición Canaria-Nueva Canarias

A la Disposición transitoria cuarta, apartado 10

De modificación.


Texto propuesto:

La Disposición transitoria cuarta, apartado 10, se modifica suprimiendo la referencia a la unificación de la escala superior de oficiales y de la escala de oficiales, quedando el mismo redactado como sigue:

"10. En el Cuerpo de Infantería de Marina se aplicarán los mismos criterios de los apartados anteriores para constituir la escala superior de oficiales, la escala de oficiales, la escala de suboficiales y la escala de tropa de este cuerpo. En esta última se integrarán los que posean las especialidades de infantería de marina y música."

JUSTIFICACIÓN

Razones de coherencia formal con la enmienda de supresión presentada al artículo 24, apartado 2, del Proyecto de Ley.


ENMIENDA NÚM. 104

FIRMANTE:

Grupo Parlamentario de Coalición Canaria-Nueva Canarias

A la Disposición transitoria cuarta, apartado 14

De supresión.


Texto propuesto:

Se suprime en su totalidad el apartado 14 de la Disposición transitoria cuarta.


JUSTIFICACIÓN

Razones de coherencia formal con la enmienda de supresión presentada al artículo 24, apartado 2, del Proyecto de Ley.


Página 121


ENMIENDA NÚM. 105

FIRMANTE:

Grupo Parlamentario de Coalición Canaria-Nueva Canarias

A la Disposición transitoria cuarta

De adición.


Texto propuesto:

Se añade un nuevo apartado a la Disposición transitoria cuarta, numerado como proceda, del siguiente tenor:

"(Apartado que proceda.) A partir de la entrada en vigor de la presente ley se declaran a extinguir las escalas de oficiales de los cuerpos generales del Ejército de Tierra, de la Armada y del Ejército del Aire y del Cuerpo de Infantería de Marina, que mantendrán su actual régimen hasta su total desaparición por pase a retiro de su miembro de menor edad."

JUSTIFICACIÓN

Esta enmienda deviene de la enmienda de adición de un nuevo apartado al artículo 24 del Proyecto de Ley declarando a extinguir las escalas de oficiales, siéndole propios los mismos argumentos de justificación.


El conjunto de ambas enmiendas supone un planteamiento alternativo al de la enmienda de supresión del artículo 24, apartado 2, y las adaptaciones que arrastra en el conjunto de la norma.


ENMIENDA NÚM. 106

FIRMANTE:

Grupo Parlamentario de Coalición Canaria-Nueva Canarias

A la Disposición transitoria novena

De supresión.


Texto propuesto:

Se suprime en su totalidad el texto original de la Disposición transitoria novena, que recoge la adecuación de rango normativo de diversos artículos de la Ley 85/1978, de 28 de diciembre, de Reales Ordenanzas para las Fuerzas Armadas.


JUSTIFICACIÓN

Razones de coherencia con la enmienda de supresión al artículo 4, apartado 1, y con las sucesivas, también de supresión, a los apartados 2 y 3 del mismo artículo 4.


Por otra parte, siendo evidente que para cumplir los reiterados mandatos legislativos expuestos en la enmienda de supresión del artículo 4, apartado 1, es necesario elaborar una ley específica, ése sería el momento más adecuado también para plantear la adecuación de rango normativo del contenido de las Reales Ordenanzas que en su caso procediera. Y desde luego con mejor técnica legislativa que la utilizada en esta Disposición transitoria novena. De hecho, la Exposición de motivos de este mismo Proyecto de Ley, advierte en su apartado IX que "la actualización del régimen del personal militar se complementará por medio de una ley orgánica de derechos y deberes de los miembros de las Fuerzas Armadas, en la que se regulará el ejercicio de los derechos fundamentales y libertades públicas, conforme a lo establecido en la Constitución y sus disposiciones de desarrollo y teniendo en cuenta las exigencias de la condición militar...".


Además, tampoco parece oportuno que, si el Gobierno quiere desarrollar las "Reglas de comportamiento del militar" en las Reales Ordenanzas, se condicione previamente a hacerlo mediante el Real Decreto establecido en la Disposición que enmendamos, ya que se trata de un rango normativo insuficiente para llevar más allá de una mera "regla moral" cualquier modificación de los derechos y libertades públicas contenidos en la Constitución, como la actual redacción de las mismas hace suponer. Sabido es que, en todo caso, ello requeriría una ley orgánica a tenor del artículo 81.1 CE, que es precisamente el rango de la nueva ley pendiente y que se anuncia en la Exposición de motivos.


Esta enmienda de supresión arrastra las modificaciones pertinentes en el apartado III, párrafo tercero, y en el apartado VIII, párrafo tercero, de la Exposición de motivos.


ENMIENDA NÚM. 107

FIRMANTE:

Grupo Parlamentario de Coalición Canaria-Nueva Canarias

A la Disposición derogatoria única, apartado 1, párrafo primero

De supresión.


Página 122


Texto propuesto:

Se suprime el texto original de la Disposición derogatoria única, apartado 1, párrafo primero, relativo a diversos artículos de la Ley 85/1978, de 28 de diciembre, de Reales Ordenanzas para las Fuerzas Armadas.


JUSTIFICACIÓN

Razones de coherencia con la enmienda de supresión al artículo 4, apartado 1, y con las sucesivas, también de supresión, a los apartados 2 y 3 del mismo artículo 4. En esta justificación son de igual aplicación los argumentos complementarios que informan la enmienda de supresión a la Disposición transitoria novena.


A mayor abundamiento, conviene tener presente que la avocación de las "Reglas de comportamiento del militar" al Proyecto de Ley de la carrera militar, que de por sí son extemporáneas e incoherentes, se acompaña de un inevitable galimatías de adecuaciones de rango normativo y derogaciones de artículos de las Reales Ordenanzas (afectando nada menos que a 147 artículos en el primer caso y a 69 en el segundo), que como es obvio las desnaturaliza plenamente, dejando vigentes con rango de ley sólo ocho artículos de un total de 224, mediante una tramoya legal de difícil digestión. Aunque lo más paradójico del caso sea el hecho de que ese extraño proceso demoledor de las Reales Ordenanzas no alcance a reformar alguno de sus artículos más inconvenientes, adecuándolos al texto constitucional o reconduciendo su inadecuado rango de ley ordinaria al de simple "regla moral" con el que las mismas se definen en su emblemático artículo uno (o impulsando ambas cosas a la vez).


A esos efectos conviene repasar seis de los ocho artículos de la Ley 85/1978, de Reales Ordenanzas para las Fuerzas Armadas, que, con un criterio legal ciertamente peculiar, no son derogados por el Proyecto de Ley, siguiendo vigentes con su actual rango legal:

? Artículo 169 RROO. Establece que los derechos civiles y políticos reconocidos en la Constitución, pueden ser limitados por las Reales Ordenanzas, sancionadas como simple ley ordinaria, lo que constituye una extrema barbaridad normativa. Dicho texto constituye una violación directa de los principios de legalidad y de jerarquía normativa establecidos en el artículo 9.3 CE.


? Artículo 174 RROO. Permite que "la autoridad militar con atribuciones para ello" pueda atentar contra la intimidad personal y familiar de los militares y viole su domicilio y correspondencia, vulnerando el artículo 18 de la Constitución. Pero desde que desapareció la atribución de autoridad jurisdiccional a determinados altos mandos castrenses, ninguna autoridad militar, por elevada que sea, puede ordenar, como establece este artículo, la entrada en domicilio o la intervención de correspondencia, que quedan así reservadas de forma exclusiva a la autoridad judicial.


? Artículo 178 RROO. En realidad, este artículo, que impone la autorización previa para que los militares puedan ejercer su derecho de libertad de expresión, supone una censura constitucionalmente inadmisible, sobre todo por la ambigüedad de las condiciones que señala el propio artículo.


? Artículo 180 RROO. La Constitución reconoce en su artículo 21 el derecho a la manifestación, o de reunión pacífica y sin armas, no fijando limitación alguna para el estamento militar, que, por lo tanto, no puede verse privado del mismo. Sin embargo, este artículo de las Reales Ordenanzas prohíbe a los militares asistir a manifestaciones de tipo político, sindical o reivindicativo, de forma radical y sin admitir excepciones, prohibición que ya contiene una carga clara de inseguridad jurídica en el término "reivindicativo", que puede atribuirse a manifestaciones de muy diverso tipo y distinto del sindical.


En su artículo 21.2, la Constitución considera que cuando las reuniones o manifestación se realicen en lugares de tránsito público, su única limitación es la derivada de que se pueda alterar el orden público, remitiendo su prohibición al criterio fundado de la autoridad competente, sin la menor referencia al estamento militar. Si, en estos términos, la Constitución no prohíbe a los militares el derecho de reunión o manifestación, tampoco puede hacerlo la Ley de Reales Ordenanzas, siendo por tanto la última frase de su artículo 180 ("En ningún caso podrán tomar parte en manifestaciones de tipo político, sindical o reivindicativo") claramente inconstitucional.


? Artículo 181 RROO. La Constitución reconoce en su artículo 22 el derecho de asociación a todos los españoles, sin excepción. Reiteradas sentencias de los tribunales ordinarios competentes, y desde luego la del Tribunal Constitucional 219/2001, de 30 de octubre, son suficientemente ilustrativas al respecto.


? Artículo 182 RROO. Cierto es que a tenor de su artículo 28.1, la Constitución permite limitar o exceptuar el derecho de sindicación en el ámbito militar, lo que hizo de forma expresa el artículo primero, apartado 3, de la Ley Orgánica 11/1985, de Libertad Sindical. Pero la Carta Magna nada dice sobre la neutralidad política y la colaboración con partidos políticos, derechos constitucionales que este artículo 182 de las Reales Ordenanzas, ley ordinaria, cercena de forma claramente inconstitucional.


De hecho, la mejor expresión de esa innecesaria neutralidad política es el ejercicio del voto, consagrado en el artículo 23.1 CE sin restricción alguna para los militares, que establece: "Los ciudadanos tienen el derecho a participar en los asuntos públicos, directamente o por medio de representantes, libremente elegidos en elecciones periódicas por sufragio universal".


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Además, este derecho, que los constituyentes podían haber limitado al igual que hicieron con los derechos de sindicación y de petición colectiva, quedó tácitamente reafirmado en la Disposición adicional quinta, apartado 3, párrafo tercero, de la Ley 17/1999, de 18 de mayo, de Régimen del Personal de las Fuerzas Armadas, que establece: "Asimismo, a los militares de carrera que, por aplicación de lo dispuesto en el Real Decreto-ley 10/1977, de 8 de febrero, sobre ejercicio de actividades políticas y sindicales por componentes de las Fuerzas Armadas, pasaron al retiro, se les computará el tiempo permanecido como miembros de elección popular en órganos representativos públicos, a efectos de trienios y derechos pasivos...". Y un derecho que el propio Proyecto de Ley vuelve a reafirmar en el artículo 104, apartado 1, letra i), por el que se puede declarar en situación de "servicios especiales" a los militares que sean designados asesores de los grupos parlamentarios de las Cortes Generales o de las Asambleas Legislativas de las Comunidades Autónomas, Disposición precisamente incoherente con el artículo 182 RROO.


Los otros dos artículos de las Reales Ordenanzas que el Proyecto de Ley mantiene vigentes con rango de ley, el 177 y el 185, se refieren, respectivamente, al derecho de los militares a la libertad de pensamiento, de conciencia y de religión, y al de no verse discriminados por razón de sexo, raza, nacimiento, religión, opinión o cualquier otra condición personal o social, sin mayor trascendencia porque son derechos recogidos en los artículos 16 CE y 14 CE, respectivamente.


En el Proyecto de Ley quedarían derogados, no obstante, dos artículos igualmente inconstitucionales, el 179 y el 183:

? Artículo 179 RROO. Se podrá prohibir, en todo caso, la utilización y difusión de los medios de comunicación social, pero nunca la posesión, a título privado, de los mismos. Eso supone la violación del derecho a la libertad ideológica y del derecho a recibir información veraz, reconocidos en los artículos 16.1 y 20.1.d de la Constitución.


? Artículo 183 RROO. La obligación de comunicar al superior jerárquico el matrimonio contraído, violenta las garantías establecidas en el artículo 18.1 de la Constitución (el derecho al honor, a la intimidad personal y familiar y a la propia imagen). Ante esa obligación, habría que considerar el efecto que tendría en el ámbito militar la nueva regulación de los matrimonios entre parejas del mismo sexo.


Además, hay que tener en cuenta que la Constitución ampara otros derechos fundamentales, como el derecho a la tutela efectiva de los jueces y tribunales (art. 24 CE) o el mismo principio de legalidad (art. 25 CE), que, ni aún limitados arbitrariamente, quedan recogidos en el Tratado Tercero de las Reales Ordenanzas (Títulos V y VI) dedicado a los deberes y derechos del militar.


Todo ello con independencia del dudoso rango de "Real Decreto" con el que, a tenor del artículo 4 (apartado 3), de la Disposición transitoria novena y de los apartados III y VIII de la Exposición de motivos del Proyecto de Ley, se pretende modificar la Ley 85/1978, de Reales Ordenanzas para las Fuerzas Armadas, y desarrollar reglamentariamente las denominadas "Reglas de comportamiento del militar". Como se ha expuesto en la justificación de otras enmiendas, en el caso de que esa norma sobrepase la condición de "regla moral", afectando a derechos y libertades fundamentales, tendría que tener el necesario rango de ley orgánica a tenor del artículo 81.1 CE, sin menoscabo de lo que al respecto se establece también en los artículos 53.1 y 161.1.a del texto constitucional.


En este aspecto, hay que recordar, por ejemplo, la ilustrativa coherencia del preámbulo de la antigua Ley Orgánica 13/1991, de 20 de diciembre, del Servicio Militar, derogada. Su último párrafo advertía: "... los artículos que se refieren a los derechos fundamentales del militar de reemplazo hacen necesario que la presente Ley, de conformidad con la Constitución, tenga el rango de Orgánica". Un argumento irreprochable que evidenciaba la innecesaria naturaleza inconstitucional de las Reales Ordenanzas y que entonces mostraba la disposición del legislador para no reiterar el mismo error.


Quizás, y al margen de las apreciadas Ordenanzas de Carlos III, el código de conducta profesional más referencial y reconocido sea el juramento hipocrático del estamento médico. Como regla moral que es, no comporta obligación legal alguna y sus contenidos no se pueden imponer coactivamente con carácter imperativo, que es lo que realmente hace el derecho "positivado" por la ley: se trata, sin más, de una norma que se acepta voluntariamente por propio convencimiento y que los médicos en activo acatan, respetan y cumplen. ¿Y es que acaso existen algunas "reglas de comportamiento" coercitivas, más allá del propio ordenamiento legal y constitucional, en cualquier otro estamento profesional por muy altas y meritorias que sean sus funciones, como la Judicatura, el Notariado, la Policía, la Guardia Civil, la Administración Civil del Estado o la Abogacía en su conjunto...?

Pero es que, por si lo expuesto fuera poco, el mismo "Código de Buen Gobierno de los miembros del Gobierno y de los altos cargos de la Administración General del Estado", aprobado por el Consejo de Ministros el 18 de febrero de 2005, carece, como mera regla moral que también es, de todo rango legal y, en consecuencia, de cualquier referente sancionador concreto. Así se evidencia en el texto que reproduce el Boletín Oficial del Estado número 56, de 7 de marzo de 2005, al considerar necesario el Ministro de Administraciones Públicas el conocimiento general del mismo.


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Nada hay que oponer a la limitación o prohibición de los derechos específicos de los militares, entre otras razones porque así ha quedado recogido en la Carta Magna. Esa limitación es desde luego necesaria, pero debe hacerse con absoluto respeto a la letra y al espíritu de la norma constitucional. Al militar le están constitucionalmente limitados los derechos de sindicación (art. 28.1 CE) y de petición colectiva (art. 29.2 CE), y para ellos ahí acaba la constitucionalidad. Cualquier otra limitación o sobrecarga en su entorno de deberes, derechos y libertades fundamentales será, quiérase o no, inconstitucional. Y ésa será también la línea que limite su caracterización como auténticos "ciudadanos de uniforme" o, alternativamente, como "ciudadanos de segunda clase".


Quede en todo caso claro que la elaboración de unas "Reglas de comportamiento del militar", o la propia revisión, en su caso, de la Ley 85/1978, de 28 de diciembre, de Reales Ordenanzas para las Fuerzas Armadas, es un tema de gran calado político y no necesariamente integrable en el presente Proyecto de Ley de la carrera militar, siendo mucho más conveniente desarrollarlo en procedimiento legislativo y de trámite parlamentario separado.


Esta enmienda de supresión arrastra las modificaciones pertinentes en el apartado VIII, párrafo tercero, de la Exposición de motivos.


Como fórmula de coherencia legal alternativa, esta enmienda de supresión a la Disposición derogatoria única, apartado 1, párrafo primero, se acompaña de otra enmienda sucesiva de modificación al mismo precepto y con los mismos argumentos de justificación aquí expuestos.


ENMIENDA NÚM. 108

FIRMANTE:

Grupo Parlamentario de Coalición Canaria-Nueva Canarias

A la Disposición derogatoria única, apartado 1, párrafo primero (bis)

De modificación.


Texto propuesto:

El bloque de los seis artículos de la Ley 85/1978, de 28 de diciembre, de Reales Ordenanzas para las Fuerzas Armadas, que han sido reputados como inconstitucionales en la anterior enmienda de supresión a la Disposición derogatoria única, apartado 1, párrafo primero, es decir los artículos 169, 174, 178, 180, 181 y 182, se integran en el bloque de artículos de la misma ley derogados, quedando dicho párrafo redactado como sigue:

"Quedan derogados los artículos 5, 7 al 9, 11 al 13, 20 al 24, 26, 28, 29, 34, 49, 50, 79, 84, 87, 168 al 176, 179 al 184, 186 al 188, 190 y 192 al 224 de la Ley 85/1978, de 28 de diciembre, de Reales Ordenanzas para las Fuerzas Armadas, quedando vigentes los artículos 177 y 185."

JUSTIFICACIÓN

Las razones ya aducidas en la anterior enmienda de supresión a la misma Disposición derogatoria única, apartado 1, párrafo primero.


Dado el interés gubernamental por reducir los artículos de la Ley de Reales Ordenanzas para las Fuerzas Armadas nada menos que de 224 a ocho, y siendo seis de estos últimos cuestionados por inconstitucionales, es en extremo incongruente y contradictorio con la propia Carta Magna no integrar también estos seis artículos en el afán derogatorio del Proyecto de Ley.


El caso específico del artículo 181 de las Reales Ordenanzas, tiene un tratamiento alternativo en la subsiguiente enmienda de adición de una Disposición final nueva, con objeto de modificar su redacción en términos adecuados al espíritu y la letra constitucionales.


ENMIENDA NÚM. 109

FIRMANTE:

Grupo Parlamentario de Coalición Canaria-Nueva Canarias

A la Disposición derogatoria única, apartado 1, párrafo segundo

De adición.


Texto propuesto:

En la Disposición derogatoria única, apartado 1, párrafo segundo, se añade una nueva excepción a la derogación de la Ley 17/1999 (el art. 149), recogida en letra cursiva para su mejor identificación, quedando la misma redactada como sigue:

"Quedan derogadas la Ley 17/1999, de 18 de mayo, de Régimen del Personal de las Fuerzas Armadas,

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excepto los artículos 149, 150 a 155 y 160 a 162, la Disposición final segunda y las disposiciones que se citan en el apartado siguiente, que continuarán en vigor, y la Ley 32/2002, de 5 de julio, que modifica la Ley 17/1999, de 18 de mayo, al objeto de permitir el acceso de extranjeros a la condición de militar profesional de tropa y marinería."

JUSTIFICACIÓN

El Proyecto de Ley introduce, en su artículo 3, el concepto de vinculación profesional a las Fuerzas Armadas y establece en su artículo 110 la adscripción a unidades militares para todo el personal retirado, pero de la misma forma deroga el artículo 149 de la Ley 17/1999 que contemplaba una especial vinculación honorífica sólo para aquellos que pasaran a la situación de retirados por insuficiencia de condiciones psicofísicas ocasionada en acto de servicio.


Con este planteamiento, se elimina para las personas con discapacidad en el seno de las Fuerzas Armadas, y ocasionada en actos de servicio, el derecho de vinculación honorífica, sustituyéndolo por el derecho de adscripción como al resto de los retirados, a pesar de los derechos honoríficos que muchos de ellos mantienen por otras leyes anteriores y que no son derogados a tenor del apartado 2 de la misma Disposición derogatoria.


Esta medida, contraria a la acción positiva a favor de las personas con discapacidad, y además producida ésta en actos de servicio, no responde al avance que en ese ámbito de la discapacidad se está produciendo en la sociedad a través de diversas y diferentes normativas.


Por ello, esta enmienda propone que se mantenga la regulación actual en cuanto a la vinculación honorífica contemplada en el artículo 149 de la Ley 17/1999, de 18 de mayo, contribuyendo así a que las personas con discapacidad ocasionada en actos al servicio del Estado, retiradas por incapacidad permanente, puedan mantener una situación "honorífica" moralmente más gratificante y más próxima a sus compañeros.


ENMIENDA NÚM. 110

FIRMANTE:

Grupo Parlamentario de Coalición Canaria-Nueva Canarias

A la Disposición final primera

De adición.


Texto propuesto:

En la Disposición final primera del Proyecto de Ley, se añade un nuevo apartado, numerado como ocho o según proceda, del siguiente tenor:

"Ocho. El apartado 3 de la Disposición adicional primera queda redactado del siguiente modo:

3. El personal militar perteneciente al Cuerpo a extinguir de Mutilados de Guerra por la Patria que hubiera pasado a retiro o a la situación de segunda reserva de oficiales generales, en aplicación de la Disposición final sexta de la Ley 17/1989, continuará excluido de la acción protectora de la pensión de inutilidad para el servicio reguladas en esta Ley."

JUSTIFICACIÓN

Con carácter general, los pensionistas acogidos a la S. S., MIUNPAL, MUFACE, ISFAS, u otras entidades, si están afectados de una "gran invalidez", perciben por la entidad a que pertenezcan, una cantidad del 50% de su pensión, con un tope máximo del 50% del límite establecido en leyes de presupuestos, para sufragar los gastos de la tercera persona encargada de su asistencia.


En el ISFAS, no obstante, desde hace años, se viene produciendo y persistiendo en una acción discriminatoria contra algunos afiliados con una discapacidad declarada como Gran Invalidez que atenta contra diversos principios recogidos en nuestra Carta Magna.


Los Grandes Inválidos en situación de retirados por incapacidad permanente como consecuencia del Servicio o por accidentes en Acto de Servicio, que antes de 1992 estaban integrados en el Cuerpo de Mutilados, están excluidos del percibo de la prestación para sufragar los gastos de una tercera persona encargada de su cuidado. Estas personas con pérdidas anatómicas o funcionales requieren la asistencia de otra persona para la realización de los actos más esenciales de la vida diaria, tales como vestirse, desplazarse, comer o análogos.


El artículo 22 "Contingencias protegidas y prestaciones" del Texto Refundido de la Ley sobre Seguridad Social de las Fuerzas Armadas, aprobado por el Real Decreto Legislativo 1/2000, de 9 de junio, establece en su apartado 1 que "El personal militar profesional y de la Guardia Civil y los funcionarios civiles incluidos en el campo de aplicación del Régimen especial de la Seguridad Social de las Fuerzas Armadas que, como consecuencia de enfermedad o accidente, pasen a retiro o jubilación por inutilidad o incapacidad permanentes, tendrán derecho a pensión complementaria de inutilidad para el servicio cuando la enfermedad o lesión que motivó el retiro o jubilación les imposibilite de forma absoluta y permanente para todo trabajo, oficio o profesión, siempre que concurra alguna de las circunstancias

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previstas en el apartado 6 de este artículo", y en su apartado 2 regula: "Causará, además, la prestación de gran invalidez quien, con derecho a la pensión complementaria de inutilidad para el servicio, acredite que la lesión o enfermedad que originó el retiro por incapacidad le produce pérdidas anatómicas o funcionales que requieran la asistencia de otra persona para la realización de los actos más esenciales de la vida diaria, tales como vestirse, desplazarse, comer o análogos."

El apartado 6.a) del mencionado artículo 22 al regular algunas de las circunstancias previstas que deben concurrir dice que en el momento de la declaración del retiro o jubilación por inutilidad o incapacidad permanentes, la persona se debía encontrar en la situación administrativa de servicio activo o servicios especiales, como era el caso de estos Grandes Inválidos que permanecían hasta su muerte en la situación de servicio activo.


Esta discriminación, tiene como consecuencia igualmente que estas personas no puedan acogerse a lo regulado en el apartado 2 del artículo 23 que dice: "A petición del interesado o de su representante debidamente autorizado, se podrá conceder la sustitución (la cuantía de la prestación de gran invalidez) por el alojamiento y cuidado del individuo a cargo y por cuenta del Instituto Social de las Fuerzas Armadas, en régimen de internado en un centro asistencial adecuado, siempre que estos gastos no representen para el Instituto un incremento superior al 10% de la prestación total", debiendo abonar ellos mismos, con cargo a su pensión de retiro, los gastos derivados de la gran invalidez que padecen.


Al estar la exclusión recogida normativamente, sería necesario que la iniciativa de reconocimiento de la prestación de tercera persona al personal de las Fuerzas Armadas y Guardia Civil, afectado de gran invalidez, tuviera al menos igual carácter y rango normativo.


En consonancia con lo establecido en la Ley 51/2003, de Igualdad de oportunidades, no discriminación y accesibilidad universal de las personas con discapacidad, y con otras normativas de ámbito nacional y europeo en cuanto a medidas de acción positiva y no discriminación, se hace necesario y fundamental la eliminación de esta discriminación hacia estas personas que perciben las mismas pensiones y tienen las mismas valoraciones de sus incapacidades que el resto de los grandes inválidos en acto de servicio acogidos al Real Decreto Legislativo 1/2000, de 9 de junio.


Se presenta una enmienda alternativa de adición a la Disposición final primera (bis), proponiendo la supresión, en vez de la modificación, del apartado 3 de la Disposición adicional primera del Texto Refundido de la Ley sobre Seguridad Social de las Fuerzas Armadas.


ENMIENDA NÚM. 111

FIRMANTE:

Grupo Parlamentario de Coalición Canaria-Nueva Canarias

A la Disposición final primera (bis)

De adición.


Texto propuesto:

En la Disposición final primera del Proyecto de Ley, se añade un nuevo apartado, numerado como ocho o según proceda, del siguiente tenor:

"Ocho. Se suprime el apartado 3 de la Disposición adicional primera."

JUSTIFICACIÓN

La expuesta en la enmienda previa de adición a la Disposición final primera del Proyecto de Ley, optándose en esta alternativa por la supresión, en vez de la modificación, del apartado 3 de la Disposición adicional primera del Texto Refundido de la Ley sobre Seguridad Social de las Fuerzas Armadas.


ENMIENDA NÚM. 112

FIRMANTE:

Grupo Parlamentario de Coalición Canaria-Nueva Canarias

A la Disposición final quinta, apartado 2

De supresión.


Texto propuesto:

Se suprime el apartado 2 de la Disposición final quinta.


JUSTIFICACIÓN

Razones de coherencia con la enmienda de supresión presentada al Título IV del Proyecto de Ley.


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ENMIENDA NÚM. 113

FIRMANTE:

Grupo Parlamentario de Coalición Canaria-Nueva Canarias

A la Disposición final quinta, apartado 2 (bis)

De modificación.


Texto propuesto:

En la Disposición final quinta, apartado 2, se sustituye su tercer párrafo por otro recogido en letra cursiva para su mejor identificación, quedando la misma redactada como sigue:

"2. La formación para el acceso a la nueva escala de oficiales del Cuerpo de la Guardia Civil comprenderá, por una parte, la formación militar y la de cuerpo de seguridad del Estado y, por otra, la correspondiente a un título de grado universitario del sistema educativo general.


La formación militar y la de cuerpo de seguridad del Estado se impartirá en la Academia de Oficiales de la Guardia Civil con los períodos que se determinen en centros docentes militares de formación de las Fuerzas Armadas.


Las enseñanzas conducentes a la obtención de un título de grado universitario del sistema educativo general serán impartidas por la Universidad Nacional de la Defensa creada de conformidad con el artículo 49.1 de esta ley."

JUSTIFICACIÓN

Razones de coherencia con la enmienda de modificación presentada al artículo 49, por la que se propone crear una Universidad Nacional de la Defensa de régimen especial y ámbito nacional.


Por otra parte, dado el número más reducido de alumnos de la Academia de Oficiales de la Guardia Civil, promover un centro específico e independiente para impartir las enseñanzas conducentes a obtener un título de grado universitario del sistema educativo general, en procedimiento similar al seguido en las Fuerzas Armadas, parece un derroche de medios realmente excesivo e injustificado.


ENMIENDA NÚM. 114

FIRMANTE:

Grupo Parlamentario de Coalición Canaria-Nueva Canarias

A la Disposición final octava

De modificación.


Texto propuesto:

A efectos de vigencia legal, en la Disposición final octava se incluye una referencia temporal sobre su publicación en el Boletín Oficial del Estado, quedando la misma redactada como sigue:

"Disposición final octava. Entrada en vigor.


La presente ley entrará en vigor a los 20 días de su publicación en el Boletín Oficial del Estado."

JUSTIFICACIÓN

Razones de clarificación y ajuste legal.


ENMIENDA NÚM. 115

FIRMANTE:

Grupo Parlamentario de Coalición Canaria-Nueva Canarias

A las Disposiciones finales

De adición.


Texto propuesto:

Se añade una Disposición final nueva, ordenada como proceda, del siguiente tenor:

"Disposición final (número que corresponda). Modificación de las Reales Ordenanzas para las Fuerzas Armadas.


El artículo 181 de la Ley 85/1978, de 28 de diciembre, de Reales Ordenanzas para las Fuerzas Armadas, queda redactado de la forma siguiente:

''Los miembros de las Fuerzas Armadas, por cuyos intereses velará el Estado, no podrán fundar ni participar en sindicatos en los términos del artículo 28 de la Constitución, sin perjuicio de lo que, a este respecto, pueda reconocer la ley a los diferentes tipos de reservistas contemplados en cada momento por la normativa vigente.


Los miembros de las Fuerzas Armadas podrán ejercer el derecho de asociación reconocido en el artículo 22 de la Constitución, si bien tal ejercicio no podrá implicar, en modo alguno, el incumplimiento de lo previsto en el párrafo precedente.


Página 128


En ningún caso podrán los miembros de las Fuerzas Armadas condicionar el cumplimiento de sus cometidos a una mejor satisfacción de sus intereses personales o profesionales, ni recurrir a ninguna de las formas directas o indirectas de huelga.''"

JUSTIFICACIÓN

Con independencia de los argumentos expuestos en la batería de enmiendas relacionadas con las "Reglas de comportamiento militar", y en especial con los que justifican la enmienda de supresión a la Disposición derogatoria única, apartado 1, párrafo primero, que evidencian el carácter inconstitucional del artículo 181 de la Ley 85/1978, de Reales Ordenanzas para las Fuerzas Armadas, sustento de la incomprensible actitud que el Ministerio de Defensa viene mostrando, gobierno tras gobierno, en esta materia, parece de nuevo necesario recordar en esta Cámara los principios y pronunciamientos legales que soportan el derecho de asociación de los militares profesionales.


El más rotundo de todos, al margen de otras sentencias de los tribunales ordinarios competentes que ya han reconocido formalmente el derecho de asociación de los miembros de la Guardia Civil, que son militares, es el fallo del Tribunal Constitucional aclarando la cuestión de forma definitiva (STC 219/2001, de 30 de octubre). Ante las alegaciones del Gobierno de que los nuevos estatutos de una asociación militar (la Hermandad de Personal Militar en Situación Ajena al Servicio Activo, HEPERMISA) la convertían en una "asociación reivindicativa" prohibida por el artículo 181 de la Ley 85/1978, de Reales Ordenanzas para las Fuerzas Armadas, el Alto Tribunal anulaba las sentencias previas de la Audiencia Nacional y del Tribunal Supremo recurridas y obligaba al Ministerio del Interior a inscribir el cambio de nombre y estatutos de dicha asociación, dictando el siguiente fallo tras veintiséis páginas dedicadas a Antecedentes y Fundamentos Jurídicos:

"En atención a todo lo expuesto, el Tribunal Constitucional, POR LA AUTORIDAD QUE LE CONFIERE LA CONSTITUCIÓN ESPAÑOLA

Ha decidido otorgar el amparo pedido y, en consecuencia:

1.º Reconocer que se ha vulnerado el derecho de asociación de la Hermandad recurrente.


2.º Anular las Resoluciones de la Secretaría General Técnica del Ministerio del Interior, de 21 de marzo y 30 de septiembre de 1991 (referencia núm. 163096-CL/MTG), así como la Sentencia de la Sala de lo Contencioso-Administrativo de la Audiencia Nacional, Sección Primera, de 26 de septiembre de 1992 (recurso núm. 1/676/1991) y la Sentencia de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo, Sección Séptima, de 30 de junio de 1997 (recurso núm. 6.035/93).


3.º Ordenar la inscripción en el Registro de Asociaciones de la modificación estatutaria aprobada por la Hermandad recurrente el 6 de octubre de 1990.


Publíquese esta Sentencia en el Boletín Oficial del Estado. Dada en Madrid, a treinta de octubre de dos mil uno."

Como refutaba la sentencia de forma categórica, "nada permite afirmar que una asociación, por el hecho de perseguir la satisfacción de derechos económicos, sociales o profesionales de sus asociados, se convierta en un sindicato o pueda ser equiparada al mismo". Porque, en realidad, lo que prohíbe la Constitución es la pertenencia de los militares a sindicatos, y no a las mal llamadas "asociaciones con finalidad reivindicativa".


Por eso, uno de los magistrados del Tribunal Constitucional que entendieron del caso, don Julio Diego González Campos, presentó un voto particular a la sentencia citada en el que planteaba la inconstitucionalidad del artículo 181 e invitaba a sus compañeros a pronunciarse sobre el fondo del asunto. Entre otros firmes argumentos, este magistrado recordaba que las Reales Ordenanzas para las Fuerzas Armadas, por su elaboración preconstitucional, no tienen el carácter de ley orgánica que la Constitución exige para las normas que limiten o afecten a derechos fundamentales.


A mayor abundamiento, y desde la perspectiva puramente doctrinal, sirva recoger a los mismos efectos algunas de las más solventes opiniones profesionales que han remarcado el carácter antidemocrático de las Reales Ordenanzas y, en consecuencia, la necesidad de adecuar definitivamente el régimen de derechos y deberes de los militares al ordenamiento constitucional.


Entre ellas se puede citar la de don David Blanquer Criado, quien en su libro "Ciudadano y Soldado. La Constitución y el Servicio Militar" (Civitas, 1996) afirma textualmente: "Las Reales Ordenanzas para las Fuerzas Armadas que entraron en vigor después de hacerlo la Constitución siguen en cierta medida ancladas en algunos de los valores que inspiraron el Ejército en un régimen de signo político distinto". O la de don Javier Fernández López, militar, profesor de Derecho Constitucional de la Universidad de Zaragoza y actual Delegado del Gobierno en la Comunidad Autónoma de Aragón, quien en su libro "El Rey y otros militares" (Editorial Trotta, 1998) reconoce: "A mi juicio la concepción, elaboración, rango jerárquico y contenido de estas Reales Ordenanzas no se pueden considerar como un acierto del Gobierno Suárez, aunque su articulado suponga un evidente paso adelante respecto de la normativa precedente. Hoy sería aconsejable una revisión en profundidad de estas Reales Ordenanzas".


Pero otros autores llegaron más lejos. Mucho antes, en 1978, don Pablo Casado Burbano, jurídico-militar de reconocido prestigio, ya fue pionero en evidenciar la

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carga de inconstitucionalidad con la que se afectaba al estamento militar en el emergente ordenamiento democrático, poniéndola negro sobre blanco en un impecable estudio titulado "Las Fuerzas Armadas en la nueva Constitución Española" (Revista Española de Derecho Militar, núm. 36). A continuación, don Ricardo Pellón Rivero, que alcanzó el rango de general auditor, destacaba en su ensayo sobre "La libertad de opinión en las Fuerzas Armadas" (Revista Española de Derecho Militar, núm. 37) la reserva de ley orgánica establecida en el artículo 81.1 de la Constitución para el "desarrollo de los derechos fundamentales y las libertades públicas", rango que no alcanza la Ley (ordinaria) 85/1978 que sustenta las Reales Ordenanzas.


Críticas acentuadas por don José Alberto Fernández Rodera, jurídico-militar que alcanzó el nombramiento de Magistrado de la Audiencia Nacional, en un ilustrativo trabajo sobre los "Límites al ejercicio de derechos cívicos en el ámbito castrense" (Revista General de Marina, junio 1983). Y remarcadas también con gran finura expositiva por don Federico Trillo-Figueroa, actualmente diputado de esta Cámara, quien siendo capitán auditor del Cuerpo Jurídico de la Armada publicó otro documentado ensayo sobre "Las Fuerzas Armadas en la Constitución Española. Esbozo para una construcción institucional" (Revista Española de Derecho Militar, núm. 38) y bien rotundo al respecto.


Aunque la filosofía original sobre el tema de quien llegó a ostentar la Presidencia del Congreso de los Diputados durante la sexta legislatura y la titularidad del Ministerio de Defensa durante la séptima, quizás se sintetice con toda claridad en esta frase extraída del artículo titulado "El militar y la libertad de expresión" que publicó en el diario "ABC" el 6 de enero de 1982: "Si se quiere hacer un Ejército de ciudadanos de ''uniforme'' (conforme al paradigma de los Estados Más democráticos) habrá que comenzar por hacer de los militares profesionales auténticos ciudadanos, iguales en derechos a sus compatriotas".


Todo ello salpicado por un sinfín de artículos doctrinales disponibles en los archivos de Derecho Militar que, con muy diversos enfoques, siempre han devenido en cuestionar la inconstitucionalidad de las Reales Ordenanzas. Ahí encontramos autores como don Rafael Martínez Martínez ("La posible inconstitucionalidad de las Reales Ordenanzas"), don Miguel Ángel Presno Linera ("Los límites a los límites de los derechos fundamentales de los militares"), don Sigfredo Hillers de Luque ("Las Fueras Amadas y la Constitución española de 1978"), don Miguel Alía Plana ("El militar y la libertad de expresión"), etcétera.


Pero es que, en otra línea argumental, por pura lógica legal, penal, e incluso disciplinaria, tampoco puede mantenerse una prohibición cuyo incumplimiento no lleva aparejada la sanción correspondiente.


De hecho, en la Ley Orgánica 8/1998, de 2 de diciembre, de Régimen Disciplinario de las Fuerzas Armadas, se tipifica como falta leve el prestar colaboración a organizaciones políticas o sindicales (art. 7, apartado 32), y como falta grave el estar afiliado a alguna organización política o sindical (art. 8, apartado 34). Pero ni en este régimen disciplinario ni en el vigente Código Penal Militar (Ley Orgánica 13/1985, de 9 de diciembre, modificada por la Ley Orgánica 3/2002, de 22 de mayo), existe precepto alguno que sancione o penalice la pertenencia de militares a asociaciones "reivindicativas" ni de cualquier otro tipo.
Y ésta es otra razón, jurídica y racionalmente obvia, para no seguir manteniendo una prohibición que, en caso de violarse, no va a ser legalmente sancionada.


La realidad es que el artículo 181 de la Ley 85/1978, de Reales Ordenanzas para las Fuerzas Armadas, que es ley ordinaria, está limitando el ejercicio del derecho fundamental de asociación, sí respetar su contenido esencial, violando con ello los artículos 22, 53 y 81 de la Constitución Española. Su inconstitucionalidad es, pues, tan injusta y flagrante que sólo puede resolverse (salvo derogación) modificando su texto de la forma que se propone en esta enmienda, de modo que desaparezca toda limitación al derecho de asociación, tan amplia y claramente reconocido en la Carta Magna.


Por otra parte, es evidente que el ordenamiento legal español no pone desde su cúspide, que es la Constitución, la más mínima limitación al derecho de asociación de los militares, y también que cuando ha querido limitar algún derecho fundamental en el ámbito castrense lo ha hecho de forma expresa, como ocurre con el derecho de sindicación (en su art. 28) y con el de petición colectiva (en su art. 29). Por tanto, ha de admitirse necesariamente que los constituyentes no quisieron de ningún modo limitar a los militares su derecho de asociación, voluntad retorcida de forma sistemática e ilegítima por quienes desde el Ministerio de Defensa vienen promoviendo leyes y forzando votaciones en sus tramitaciones parlamentarias para mantener esta situación de inconstitucionalidad manifiesta.


En estas condiciones, si la Cámara quiere mantener esa limitación impuesta de forma inconstitucional por el artículo 181 de las Reales Ordenanzas, la única solución legítima es la reforma de la Carta Magna. Y si no se contempla dicha reforma, es del todo forzoso modificar el artículo en cuestión en los términos que aquí se proponen.


Los redactores del régimen disciplinario de las Fuerzas Armadas vigente, y también los del Código Penal Militar, han sido plenamente coherentes con la Constitución; por ello es conveniente aprovechar la oportunidad que ofrece este Proyecto de Ley Orgánica para armonizar también el texto de las Reales Ordenanzas con la letra y el espíritu constitucionales.


En cuanto al ordenamiento internacional, es cierto que el "Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos" y también el "Pacto Internacional de Derechos Económicos y Sociales", de los que España es parte, reconocen a los Estados signatarios la posibilidad de limitar el derecho de asociación a los miembros de sus

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Fuerzas Armadas. Pero, como es natural, ello no es imperativo ni vinculante y, desde luego, está sometido al ordenamiento interno de cada Estado. Y, aún más, el "Convenio para la protección de los Derechos Humanos y de las Libertades Fundamentales", suscrito en Roma el 4 de noviembre de 1950, y enmendado por los Protocolos Adicionales números 3 y 5, de 6 de mayo de 1963 y 20 de enero de 1966, respectivamente, del que España también es Estado signatario, establece con toda claridad en su artículo 11 la libertad de asociación de las personas sin otra salvedad que las declaraciones y reservas expresas realizadas por cada uno de ellos en el momento de su refrendo.


Concretamente, dicho artículo 11 establece en su apartado 1 lo siguiente: "Toda persona tiene derecho a la libertad de reunión pacífica y a la libertad de asociación, incluido el derecho de fundar, con otras, sindicatos y de afiliarse a los mismos para la defensa de sus intereses".
Y aunque el apartado 2 de ese mismo artículo establece la posibilidad de imponer restricciones "legítimas" al ejercicio de los citados derechos para los miembros de las Fuerzas Armadas, de la Policía o de la Administración del Estado, éste decae precisamente al amparo de nuestra Constitución.


Además, la reserva de aplicación española al citado Convenio (la núm. 2) expresa exclusivamente lo siguiente: "El artículo 11 en la medida que fuere incompatible con los artículos 28 y 127 de la Constitución Española". En el refrendo español no se hace, pues, ninguna otra referencia ni al artículo 22 de nuestra Carta Magna, que consagra el derecho de asociación, ni a las Reales Ordenanzas para las Fuerzas Armadas. De esta forma, dicho derecho queda salvaguardado incluso a tenor de la legitimidad que la Constitución Española otorga a la "Declaración Universal de Derechos Humanos y a los tratados y acuerdos internacionales sobre las mismas materias ratificados por España" (art. 10.2 CE), y porque, de acuerdo con el artículo 96.1 CE, "los tratados internacionales válidamente celebrados, una vez publicados oficialmente en España, formarán parte del ordenamiento interno".


Finalmente, la expresividad de la redacción que esta enmienda propone para el artículo 181 de las Reales Ordenanzas, cumple además funciones de clarificación y garantía para evitar cualquier penetración encubierta de la actividad sindical en los medios militares no contemplada legalmente, y que, aun en su mínima expresión, pudiera afectar de forma negativa a la eficacia operativa de las Fuerzas Armadas y a la esencia misma de la defensa nacional.


Esta enmienda de adición de una Disposición final nueva, se plantea también como alternativa a la precedente enmienda de modificación de la Disposición derogatoria única, apartado 1, párrafo primero.


ENMIENDA NÚM. 116

FIRMANTE:

Grupo Parlamentario de Coalición Canaria-Nueva Canarias

A las Disposiciones finales (bis)

De adición.


Texto propuesto:

Se propone añadir una Disposición final nueva, numerada como proceda, instando al Gobierno a crear una Universidad de la Defensa de régimen especial y ámbito nacional, del siguiente tenor:

"Disposición final (con el número que corresponda). Enseñanza universitaria en el ámbito de las Fuerzas Armadas y Cuerpo de la Guardia Civil.


Con objeto de ampliar las enseñanzas impartidas en los centros docentes militares, el Gobierno, antes del 31 de diciembre de 2007, deberá remitir al Congreso de los Diputados un Proyecto de Ley para la creación de una Universidad Nacional de la Defensa al amparo del artículo 4.1.b) de la Ley Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre, de Universidades, y concordantes, adscrita al Ministerio de Educación y Ciencia y vinculada al modelo de formación y enseñanza de las Fuerzas Armadas y del Cuerpo de la Guardia Civil, teniendo en cuenta la naturaleza de dichas instituciones y la peculiaridad de su alumnado."

JUSTIFICACIÓN

Esta enmienda se plantea de forma complementaria a la enmienda de supresión presentada al Título IV del Proyecto de Ley, sirviendo en este caso los mismos argumentos de justificación, junto con los más precisos expuestos también en la enmienda alternativa de modificación al artículo 49.


ENMIENDA NÚM. 117

FIRMANTE:

Grupo Parlamentario de Coalición Canaria-Nueva Canarias

A las Disposiciones finales (bis 2)

De adición.


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Texto propuesto:

Se propone añadir una Disposición final nueva, numerada como proceda, instando al Gobierno a cubrir el vacío legal existente en materia de movilización nacional, numerada como proceda, del siguiente tenor:

"Disposición final (con él número que corresponda). Movilización extraordinaria de recursos humanos para la defensa nacional.


El Gobierno, antes del 31 de diciembre de 2007, deberá remitir al Congreso de los Diputados la normativa legal necesaria para ordenar la movilización extraordinaria de recursos humanos necesarios para la defensa nacional."

JUSTIFICACIÓN

En su apartado 1, la Disposición derogatoria única del Proyecto de Ley deroga, por fin, la Ley 50/1969, de 26 de abril, básica de Movilización Nacional, que todavía se mantiene en vigor con carácter reglamentario, obviamente preconstitucional y de imposible aplicación, dado que su obsoleto contenido invoca, por ejemplo, organismos desaparecidos como el Alto Estado Mayor o la Secretaría General del Movimiento, prorrogando una situación en efecto esperpéntica que el ordenamiento legal debía haber reconducido hace mucho tiempo. Pero la realidad es que no se sustituye por otra de la misma naturaleza.


Cierto es que el Proyecto de Ley en debate dedica cinco artículos (todo el Capítulo III del Título IV) a los reservistas obligatorios, enmascarando en ellos de forma poco convincente una movilización extraordinaria, pero parcial, de los recursos humanos afectos a las necesidades de la defensa nacional.


Por otra parte, la Ley Orgánica 5/2005, de 17 de noviembre, de la Defensa Nacional, sólo establece, en sus artículos 22 y 29, las vías para la aportación de recursos humanos y materiales no militares en situaciones de grave amenaza o crisis, pero también de forma reiteradamente vaga.


En todo caso, todas esas circunstancias dejan en precario un tema de trascendental importancia en el moderno Estado de Derecho, cuyo sistema de defensa nacional no puede carecer de la normativa adecuada en materia de movilización. Dicho vacío legal y organizativo es tan sorprendente como la continua dejación gubernamental que debiera subsanarlo, demandada en minoría por el Grupo Parlamentario de Coalición Canaria de forma reiterada desde que en 1999 se debatió y aprobó el nuevo modelo de Fuerzas Armadas plenamente profesionales.


Consecuentemente, la derogación de la inoperante Ley 50/1969, se debe complementar con una enmienda de adición de una nueva Disposición final que inste al Gobierno a promulgar una ley de movilización específica y actualizada, que por otra parte nada tiene que ver con la carrera militar, cubriendo con la mayor urgencia posible las deficiencias que el sistema de defensa nacional presenta al respecto.


ENMIENDA NÚM. 118

FIRMANTE:

Grupo Parlamentario de Coalición Canaria-Nueva Canarias

A la Exposición de motivos, apartado 1, párrafo quinto

De modificación.


Texto propuesto:

En el apartado 1, párrafo quinto, de la Exposición de motivos, se sustituye la expresión "el fin" (del servicio militar obligatorio) por "la suspensión", recogida en el texto propuesto en letra cursiva a efectos de identificación, quedando el mismo redactado como sigue:

"Estos criterios, unidos a las demandas de la sociedad, propiciaron la constitución de una Comisión Mixta Congreso de los Diputados-Senado, que determinó en 1998 los principios generales de un nuevo modelo de Fuerzas Armadas plenamente profesionales. De conformidad con el dictamen de la Comisión se promulgó la Ley 17/1999, de 18 de mayo, de Régimen del personal de las Fuerzas Armadas, que supuso la suspensión del servicio militar obligatorio."

JUSTIFICACIÓN

Lejos de cualquier preciosismo gratuito, esta enmienda sólo pretende rectificar una afirmación tan inexacta como legalmente inapropiada. El término "fin" supone la conclusión o supresión definitiva de algo, pero eso no es lo que ha sucedido con el servicio militar obligatorio. Nunca se ha suprimido, ni tampoco podrá suprimirse con leyes del rango que fuere, dado que como deber impuesto por la norma constitucional (art.
30.2 CE) sólo podría anularse mediante una reforma de la Carta Magna.
Otra cosa distinta es su "exención", permitida por ese mismo artículo y remitida, en su caso, al oportuno desarrollo legal.


Así lo entendió el legislador cuando, al dictar la Ley 17/1999, de 18 de mayo, de Régimen del Personal de las Fuerzas Armadas, que establecía precisamente el nuevo modelo de defensa nacional "profesionalizado", ya se cuidó en su Disposición adicional decimotercera

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de "suspender" el entonces vigente y efectivo modelo de leva obligatoria, y no de suprimirlo, porque como decimos no se podía suprimir. De hecho, el Proyecto de Ley inicia el apartado VII de su Exposición de motivos, utilizando de forma adecuada el verbo "suspender" en alusión a la incidencia que dicha norma tuvo sobre el servicio militar obligatorio.
Por ello, no hay necesidad alguna de mantener este salvable "lapsus calami".


ENMIENDA NÚM. 119

FIRMANTE:

Grupo Parlamentario de Coalición Canaria-Nueva Canarias

A la Exposición de motivos, apartado III, párrafo primero

De adición.


Texto propuesto:

En la Exposición de motivos, apartado III, párrafo primero, se añade una referencia a la Constitución y a su desarrollo normativo y se sustituye el concepto "Nación" por el de "Estado", eliminándose también la alusión subsiguiente a otras misiones de las Fuerzas Armadas, quedando el mismo redactado como sigue:

"Esta ley tiene muy en cuenta que quien se incorpora a las Fuerzas Armadas adquiere condición militar y queda sujeto a un régimen específico. El objetivo es, partiendo de un buen ciudadano, acrecentar sus valores como tal durante su permanencia en las Fuerzas Armadas, convertirlo en un excelente servidor público y hacerlo militar, es decir, depositario de la fuerza y capacitado y preparado para usarla adecuadamente. Aquel a quien se confía el uso de la fuerza debe adquirir el compromiso de emplearla en la forma y con la intensidad que el Estado, a través de las Cortes Generales y del Gobierno, ordene hacerlo de acuerdo con la Constitución y su desarrollo normativo."

JUSTIFICACIÓN

En el texto original de Proyecto de Ley se afirma que aquel a quien se confía el uso de la fuerza debe adquirir el compromiso de emplearla en la forma y con la intensidad que la Nación, a través de las Cortes Generales, ordene hacerlo. Pero a este respecto no puede olvidarse que la Constitución es la que, en su artículo 8, fija las misiones de las Fuerzas Armadas, siendo por tanto necesario incluir esa referencia expresa de concordancia con el ordenamiento constitucional. Además, la Ley 85/1978, de 28 de diciembre, de Reales Ordenanzas para las Fuerzas Armadas, ya estableció la desobediencia expresa a las órdenes recibidas que fueran contrarias a la Carta Magna, obligación en la que insiste el propio Proyecto de Ley en tramitación parlamentaria.


Esa referencia concreta al ordenamiento constitucional, hace innecesario insistir subsiguientemente en cualquier otra misión de las Fuerzas Armadas.


Por otra parte, como se advierte también en la enmienda de supresión al artículo 4, apartado 1, del Proyecto de Ley, en el contexto que nos ocupa parece más correcto emplear el término "Estado" en vez del de "Nación".
El Estado es la expresión jurídico-política de la Nación, razón por la que las Fuerzas Armadas deberían identificarse mejor como un instrumento del Estado y no de la Nación.


ENMIENDA NÚM. 120

FIRMANTE:

Grupo Parlamentario de Coalición Canaria-Nueva Canarias

A la Exposición de motivos, apartado III, párrafo segundo

De supresión.


Texto propuesto:

Se suprime el texto de la Exposición de motivos, apartado III, párrafo segundo, referente a las "Reglas de conducta del militar".


JUSTIFICACIÓN

Razones de coherencia con la enmienda de supresión al artículo 4, apartado 1, y con las sucesivas, también de supresión, a los apartados 2 y 3 del mismo artículo 4. En esta justificación son de igual aplicación los argumentos complementarios que informan las enmiendas de supresión a la Disposición transitoria novena y a la Disposición derogatoria única, en su apartado 1.


Por otro lado, no deja de sorprender que el Proyecto de Ley de la carrera militar, un asunto sin duda de Estado y al que el Gobierno debe otorgar especial importancia por su afección a las Fuerzas Armadas y por su

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incidencia en el modelo de Defensa Nacional, no haya sido sometido previamente al dictamen del Consejo de Estado. En este sentido, conviene recordar que el artículo 21 de la Ley Orgánica 3/1980, de 22 de abril, del Consejo de Estado, modificada por la Ley Orgánica 3/2004, de 28 de diciembre, establece los asuntos en los que su Pleno deberá ser consultado, destacando, entre otros, los "asuntos de Estado a los que el Gobierno reconozca especial trascendencia o repercusión" (apartado 10).


Con independencia de esa obligatoriedad, quizás discutible si el Gobierno no considerase la Defensa Nacional como cuestión de Estado, razones de "estética legislativa" aconsejaban haber consumado en cualquier caso el citado trámite consultivo, no vinculante, reiteradamente obviado por el Gobierno en sus propuestas legislativas vinculadas a ese importante ámbito político. Así, siempre se mantendrá la duda sobre si lo que no se ha querido conocer del supremo órgano consultivo del Gobierno, teniendo como tiene que velar por la observancia de la Constitución y del resto del ordenamiento jurídico, es precisamente su opinión acerca de las "Reglas de comportamiento del militar" y su rango legal.


ENMIENDA NÚM. 121

FIRMANTE:

Grupo Parlamentario de Coalición Canaria-Nueva Canarias

A la Exposición de motivos, apartado III, párrafo tercero

De supresión.


Texto propuesto:

Se suprime el texto de la Exposición de motivos, apartado III, párrafo tercero, relativo al desarrollo, mediante real decreto, de las Reales Ordenanzas para las Fuerzas Armadas y en relación con las "Reglas de conducta del militar" recogidas en el Proyecto de Ley.


JUSTIFICACIÓN

Razones de coherencia con las enmiendas de supresión a la Disposición transitoria novena y a la Disposición derogatoria única, apartado 1.


ENMIENDA NÚM. 122

FIRMANTE:

Grupo Parlamentario de Coalición Canaria-Nueva Canarias

A la Exposición de motivos, apartado IV

De modificación.


Texto propuesto:

Se sustituyen las cifras de "130.000 y 140.000" efectivos, contempladas en el último párrafo del apartado IV de la Exposición de motivos, por las de "150.000 y 170.000".


JUSTIFICACIÓN

Razones de coherencia con la enmienda de modificación presentada a la Disposición adicional tercera.


ENMIENDA NÚM. 123

FIRMANTE:

Grupo Parlamentario de Coalición Canaria-Nueva Canarias

A la Exposición de motivos, apartado V

De supresión.


Texto propuesto:

Se suprime todo el texto del apartado V, de la Exposición de motivos, relativo a la reforma de la enseñanza militar.


JUSTIFICACIÓN

Razones de coherencia con la enmienda de supresión presentada al Título IV del Proyecto de Ley.


ENMIENDA NÚM. 124

FIRMANTE:

Grupo Parlamentario de Coalición Canaria-Nueva Canarias

A la Exposición de motivos, apartado V (bis)

De modificación.


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Texto propuesto:

En la Exposición de motivos, apartado V, párrafo tercero, se sustituye la referencia al sistema de centros universitarios de la defensa, con adscripción a una o varias universidades públicas de ámbito autonómico, por la creación específica de una Universidad Nacional de la Defensa de régimen especial y ámbito nacional, recogida en letra cursiva para su mejor identificación, quedando el mismo redactado como sigue:

"La formación para el acceso a las escalas de oficiales se realizará en academias militares, que impartirán la enseñanza de formación militar, encuadrarán a los alumnos y dirigirán y gestionarán su régimen de vida.
Las enseñanzas conducentes a la obtención de títulos de grado universitario del sistema educativo general se impartirán por la Universidad Nacional de la Defensa, creada al amparo del artículo 4.1.b) de la Ley Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre, de Universidades, y vinculada al modelo de formación y enseñanza de las Fuerzas Armadas y del Cuerpo de la Guardia Civil, teniendo en cuenta la naturaleza de dichas instituciones y la peculiaridad de su alumnado."

JUSTIFICACIÓN

Razones de coherencia con la enmienda de modificación presentada al artículo 49, por la que se propone crear una Universidad Nacional de la Defensa de régimen especial y dependencia estatal.


ENMIENDA NÚM. 125

FIRMANTE:

Grupo Parlamentario de Coalición Canaria-Nueva Canarias

A la Exposición de motivos, apartado VI, párrafo tercero

De supresión.


Texto propuesto:

Se suprime el término "elección" que se recoge en el párrafo tercero del apartado VI, quedando redactado como sigue:

"En la carrera militar la regulación de los mecanismos de ascenso es esencial. Partiendo de los criterios de las leyes de personal militar de 1989 y de 1999, se amplían los supuestos en los que se utilizarán sistemas de ascenso más exigentes de clasificación, en perjuicio de la mera aplicación de la antigüedad que sólo se utilizará para el primer ascenso de los oficiales y suboficiales."

JUSTIFICACIÓN

Razones de coherencia con la enmienda de modificación al artículo 84, apartado 1, letras b) y c), y con la de supresión al artículo 92, apartado 3.


ENMIENDA NÚM. 126

FIRMANTE:

Grupo Parlamentario de Coalición Canaria-Nueva Canarias

A la Exposición de motivos, apartado VII, párrafo tercero

De supresión.


Texto propuesto:

En la Exposición de motivos, apartado VII, párrafo tercero, se suprime la referencia a las situaciones de crisis, recogida en letra cursiva y entre paréntesis para su mejor identificación, quedando el mismo redactado como sigue:

"El proceso de incorporación de reservistas a las Fuerzas Armadas se pondrá en marcha en aquellas situaciones (se elimina de crisis) en que las necesidades de la defensa nacional no puedan ser atendidas por los efectivos de militares profesionales. En tales circunstancias, el Consejo de Ministros podrá adoptar las medidas necesarias para la incorporación a las Fuerzas Armadas, en primer término, de reservistas voluntarios y de reservistas de especial disponibilidad y posteriormente, sólo si es preciso, solicitará al Congreso de los Diputados autorización para la declaración general de reservistas obligatorios, a los que se reconocerá su derecho a la objeción de conciencia".


(El resto del apartado sigue igual.)

JUSTIFICACIÓN

Razones de coherencia con la enmienda de modificación al artículo 117, apartado 1.


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ENMIENDA NÚM. 127

FIRMANTE:

Grupo Parlamentario de Coalición Canaria-Nueva Canarias

A la Exposición de motivos, apartado VIII, párrafo primero

De supresión.


Texto propuesto:

Se suprime el texto referente al carácter de agente de la autoridad que se da a los miembros de las Fuerzas Armadas en el ejercicio de determinadas funciones.


JUSTIFICACIÓN

Razones de coherencia con las enmiendas de supresión a la Disposición adicional quinta.


ENMIENDA NÚM. 128

FIRMANTE:

Grupo Parlamentario de Coalición Canaria-Nueva Canarias

A la Exposición de motivos, apartado VIII, párrafo tercero

De supresión.


Texto propuesto:

Se suprime todo texto referente a la adecuación de rango normativo y a la derogación de determinados artículos de la Ley 85/1978, de 28 de diciembre, de Reales Ordenanzas para las Fuerzas Armadas.


JUSTIFICACIÓN

Razones de coherencia con las enmiendas de supresión a la Disposición transitoria novena y a la Disposición derogatoria única, apartado 1.


ENMIENDA NÚM. 129

FIRMANTE:

Grupo Parlamentario de Coalición Canaria-Nueva Canarias

A la Exposición de motivos, apartado X, párrafo segundo

De supresión.


Texto propuesto:

Se suprime la segunda frase del segundo párrafo, del apartado X de la Exposición de motivos, referente a las reglas esenciales que definen el comportamiento del militar.


JUSTIFICACIÓN

Razones de coherencia con la enmienda de supresión al artículo 4, apartado 2.


ENMIENDA NÚM. 130

FIRMANTE:

Grupo Parlamentario de Coalición Canaria-Nueva Canarias

Al título de la Ley

De modificación.


Texto propuesto:

Se sustituye el título "Ley de la carrera militar" por el de "Ley de la profesión militar".


JUSTIFICACIÓN

El título del Proyecto de Ley ("de la carrera militar") es equívoco, dado que admite una doble interpretación.


Como "carrera militar" puede entenderse legítimamente el conjunto de cursos de formación seguidos en los correspondientes centros de enseñanza, desde que el aspirante ingresa en ellos hasta que, una vez superado el correspondiente plan de estudios, sea del ejército que fuere, obtiene la titulación de militar de carrera. Se puede hablar, pues, de la carrera militar como se habla de la carrera de medicina o de derecho, y también de

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una carrera técnica, superior o de grado medio, por ejemplo. Y ése sería el significado afectado de forma directa por la enmienda de supresión presentada al Título IV, dedicado precisamente a la enseñanza militar.


Por otro lado, también es correcto interpretar la "carrera militar" en el sentido que, en efecto, le da el Proyecto de Ley: la regulación de la vida militar desde que se ingresa en los centros de formación hasta que se pasa a retiro.


Pero lo cierto es que, ante ambas opciones, el equívoco existe, siendo por ello más claro que el Proyecto de Ley se denomine "de la profesión militar", concepto plenamente acorde con su contenido y que aglutina sin posible confusión tanto el período de enseñanza y adiestramiento como el del ejercicio profesional práctico. De hecho, esta cuestión quedó bien resuelta en el título de la norma a la que el Proyecto de Ley sustituye, la Ley 17/1999 de Régimen del Personal de las Fuerzas Armadas, y también en el de su precedente, la Ley 17/1998 de Régimen del Personal Militar Profesional, que podían haberse mantenido.


A la Mesa de la Comisión de Defensa

El Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 110 y siguientes del Reglamento de la Cámara, tiene el honor de presentar las siguientes enmiendas al articulado del Proyecto de ley de la carrera militar.


Palacio del Congreso de los Diputados, 20 de marzo de 2007.-Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.


ENMIENDA NÚM. 131

FIRMANTE:

Grupo Parlamentario Popular en el Congreso

A la Exposición de motivos, III parte, párrafo segundo

De supresión.


JUSTIFICACIÓN

Por coherencia con la enmienda que pide la supresión del artículo 4 de este proyecto de Ley.


ENMIENDA NÚM. 132

FIRMANTE:

Grupo Parlamentario Popular en el Congreso

A la Exposición de motivos, III parte, párrafo tercero

De supresión.


JUSTIFICACIÓN

Por coherencia con la enmienda que pide la supresión del artículo 4 de este proyecto de Ley.


ENMIENDA NÚM. 133

FIRMANTE:

Grupo Parlamentario Popular en el Congreso

A la Exposición de motivos, IV parte, párrafo primero

De modificación.


Queda redactado como sigue:

"Las necesidades de militares profesionales de las Fuerzas Armadas son cubiertas por los militares de carrera, los militares de tropa y marinería y los militares de complemento. Los de carrera, oficiales y suboficiales, mantienen una relación de servicios de carácter permanente; los de tropa y marinería, cuyo régimen está regulado en la citada Ley 8/2006, de 24 de abril, podrán adquirir la condición de militar de carrera cuando accedan a una relación de servicios de carácter permanente."

JUSTIFICACIÓN

Por coherencia con nuestra enmienda al artículo 3 de este proyecto de Ley.


ENMIENDA NÚM. 134

FIRMANTE:

Grupo Parlamentario Popular en el Congreso

A la Exposición de motivos, IV parte, párrafo segundo

De modificación.


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Queda redactado como sigue:

"Se conserva la figura del militar de complemento, reforzando su carácter temporal con compromisos limitados hasta un máximo de ocho años. Para los militares de complemento sujetos a la Ley 17/1999, de 18 de mayo, se establece un régimen que les permita, al igual que a los de tropa y marinería, mantener un compromiso de larga duración hasta los cuarenta y cinco años, durante el cual podrán adquirir la condición de militares de carrera por promoción interna y a cuya finalización pasarán a ser reservistas de especial disponibilidad."

JUSTIFICACIÓN

Por coherencia con la enmienda de adición presentada sobre adscripción y régimen de los militares de complemento.


ENMIENDA NÚM. 135

FIRMANTE:

Grupo Parlamentario Popular en el Congreso

A la Exposición de motivos, IV parte, párrafo octavo

De modificación.


Queda redactado como sigue:

"Desde el punto de vista de las competencias la ley es coherente con la Ley Orgánica de la Defensa Nacional. En este sentido, se refuerzan las que corresponden al Jefe de Estado Mayor de la Defensa, quien trasladará al Ministro de Defensa los requerimientos que, en materia de personal militar, afecten a la operatividad de las Fuerzas Armadas y establecerá directrices para orientar la preparación de la Fuerza de cada uno de los Ejércitos con objeto de asegurar la eficacia operativa de las Fuerzas Armadas."

JUSTIFICACIÓN

Por coherencia con la enmienda presentada al artículo 9 de este proyecto de Ley.


ENMIENDA NÚM. 136

FIRMANTE:

Grupo Parlamentario Popular en el Congreso

A la Exposición de motivos, IV parte, párrafo décimo

De modificación.


Queda redactado como sigue:

"En cuanto al número de efectivos, su determinación se reserva a una norma con rango de Ley. Se establece el número global máximo de oficiales y suboficiales y se concreta el de oficiales generales y el de coroneles."

JUSTIFICACIÓN

Por coherencia con las enmiendas presentadas al artículo 15 de este proyecto de Ley.


ENMIENDA NÚM. 137

FIRMANTE:

Grupo Parlamentario Popular en el Congreso

A la Exposición de motivos, V parte, párrafo primero

De modificación.


Queda redactado como sigue:

"Los cambios introducidos en la enseñanza militar responden a la necesidad de profundizar en el proceso dibujado por la Ley 17/1999, de 18 de mayo, sobre convalidaciones y equivalencias, en los ámbitos de la enseñanza militar y el universitario."

JUSTIFICACIÓN

Por coherencia con la enmienda de modificación presentada al artículo 49.


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ENMIENDA NÚM. 138

FIRMANTE:

Grupo Parlamentario Popular en el Congreso

A la Exposición de motivos, V parte, párrafo segundo

De modificación.


Queda redactado como sigue:

"Es objetivo prioritario e imprescindible proporcionar una excelente formación militar a los miembros de las Fuerzas Armadas para el ejercicio profesional en los diferentes cuerpos, escalas y especialidades y así poder atender las necesidades derivadas de la organización y preparación de las unidades y de su empleo en las operaciones."

JUSTIFICACIÓN

Resaltar que lo prioritario en el ámbito de nuestras Fuerzas Armadas es que sus miembros hayan recibido una excelente formación militar que les capacite para atender las necesidades derivadas de la Defensa Nacional.


ENMIENDA NÚM. 139

FIRMANTE:

Grupo Parlamentario Popular en el Congreso

A la Exposición de motivos, V parte, párrafo tercero

De modificación.


Queda redactado como sigue:

"La formación para el acceso a las escalas de oficiales se realizará en academias militares, que impartirán la enseñanza de formación militar, encuadrarán a los alumnos y dirigirán y gestionarán su régimen de vida."

JUSTIFICACIÓN

Por coherencia con la enmienda de modificación presentada al artículo 49.


ENMIENDA NÚM. 140

FIRMANTE:

Grupo Parlamentario Popular en el Congreso

A la Exposición de motivos, V parte, párrafo cuarto

De modificación.


Queda redactado como sigue:

"Se establece como criterio de ingreso en los centros docentes militares de formación de oficiales haber cumplido los requisitos exigidos para el acceso a la enseñanza universitaria, además de las pruebas necesarias para ingresar en las academias militares."

JUSTIFICACIÓN

Por coherencia con la enmienda de modificación presentada a los artículos 49 y 17.


ENMIENDA NÚM. 141

FIRMANTE:

Grupo Parlamentario Popular en el Congreso

A la Exposición de motivos, X parte, párrafo segundo

De modificación.


Queda redactado como sigue:

"Dada la relación de la formación de oficiales de la Guardia Civil con la de las Fuerzas Armadas, en esta Ley se recogen medidas para implantar en dicho cuerpo lo establecido en el artículo cuarenta y nueve de esta Ley."

JUSTIFICACIÓN

Por coherencia con la enmienda a los artículos 4 y 49 de esta Ley.


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ENMIENDA NÚM. 142

FIRMANTE:

Grupo Parlamentario Popular en el Congreso

Al artículo 1, apartado 1

De modificación.


Queda redactado como sigue:

"1. Esta ley tiene por objeto regular el régimen de personal militar profesional, y específicamente la carrera militar y todos aquellos aspectos que la conforman. Asimismo, tiene por objeto regular la aportación suplementaria de recursos humanos a las Fuerzas Armadas cuando las necesidades extraordinarias de la defensa de España y de sus intereses lo exijan, con carácter voluntario o en aplicación del artículo 30 de la Constitución Española, todo ello con la finalidad de que las Fuerzas Armadas estén en condiciones de cumplir las misiones definidas en la Constitución y en la Ley Orgánica 5/2005, de 17 de noviembre, de la Defensa Nacional."

JUSTIFICACIÓN

El ámbito de este Proyecto de Ley es más amplio que el propio de la carrera militar. Se regulan aspectos del régimen de personal militar profesional que constituyen una reforma del mismo, y que no conforman en modo alguno la carrera militar.


ENMIENDA NÚM. 143

FIRMANTE:

Grupo Parlamentario Popular en el Congreso

Al artículo 3, apartado 1

De modificación.


Queda redactado como sigue:

"1. Los españoles podrán vincularse profesionalmente a las Fuerzas Armadas como militares de carrera, como militares de tropa y marinería y como militares de complemento."

JUSTIFICACIÓN

La vinculación del militar de complemento a las Fuerzas Armadas como parte integrante de las mismas, ya que coexiste con el militar de carrera y el militar de tropa y marinería y que su régimen forma parte también del propio del militar profesional, determina la conveniencia de su regulación en este artículo.


ENMIENDA NÚM. 144

FIRMANTE:

Grupo Parlamentario Popular en el Congreso

Al artículo 3, apartado 3 bis (nuevo)

De adición.


Queda redactado como sigue:

"3 bis. Los militares de complemento, con una relación de servicios de carácter temporal, completan las plantillas de oficiales de las Fuerzas Armadas en los porcentajes adecuados para una eficiente gestión de los recursos, y podrán acceder a una relación de servicios de carácter permanente en la forma que se especifica en esta Ley."

JUSTIFICACIÓN

Por coherencia con la enmienda presentada al artículo 3, apartado 1.


ENMIENDA NÚM. 145

FIRMANTE:

Grupo Parlamentario Popular en el Congreso

Al artículo 4

De supresión.


JUSTIFICACIÓN

El Gobierno asumió el compromiso de remitir al Congreso de los Diputados un proyecto de ley reguladora

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de los deberes y derechos fundamentales de los militares profesionales.
Entendemos que cualquier modificación legislativa al respecto debe efectuarse en el marco de ese proyecto de ley, en coherencia con la posición mantenida en la tramitación legislativa de la Ley Orgánica de la Defensa Nacional y de la Ley de Tropa y Marinería.


ENMIENDA NÚM. 146

FIRMANTE:

Grupo Parlamentario Popular en el Congreso

Al artículo 6, apartado 1

De modificación.


Queda redactado como sigue:

"1. Todo militar tiene el deber de prestar ante la Bandera juramento o promesa de defender a España. Este juramento o promesa se efectuará durante la enseñanza de formación y de la forma que se establece en este artículo, y será requisito previo e indispensable a la adquisición de la condición de militar de carrera, de militar de complemento y de militar de tropa y marinería."

JUSTIFICACIÓN

Reafirmar de forma expresa que para la adquisición de la condición de militar de carrera, de militar de complemento y de militar de tropa y marinería es requisito previo e indispensable este juramento o promesa.


ENMIENDA NÚM. 147

FIRMANTE:

Grupo Parlamentario Popular en el Congreso

Al artículo 7, apartado 1

De modificación.


Queda redactado como sigue:

"1. El Gobierno ejerce la función ejecutiva y la potestad reglamentaria en lo que se refiere al régimen del personal militar profesional. En particular, le corresponde:

a) Dirigir el planeamiento de la defensa militar, del que se deducirán las necesidades de personal militar a medio y largo plazo.


b) Aprobar las provisiones de plazas de las Fuerzas Armadas.


c) Desarrollar los criterios generales de promoción y ascenso establecidos en la presente Ley.


d) Ejercer las demás competencias que se le atribuyen en esta Ley y en el resto del ordenamiento jurídico."

JUSTIFICACIÓN

Establecer una regulación más clara y precisa que la establecida.


ENMIENDA NÚM. 148

FIRMANTE:

Grupo Parlamentario Popular en el Congreso

Al artículo 8

De modificación.


Queda redactado como sigue:

"El Ministro de Defensa dirige, coordina y controla la política de personal y de enseñanza en el ámbito de las Fuerzas Armadas para posibilitar el cumplimiento de las misiones que se les encomienden.


En particular ejerce las competencias que se le asignan en esta ley en relación con la propuesta o aprobación de disposiciones de carácter general y con la decisión sobre los aspectos básicos que configuran la carrera militar."

JUSTIFICACIÓN

La coordinación y el control de la política de personal y de enseñanza en el ámbito de las Fuerzas Armadas debe ser función del ministro de Defensa, como titular y primer responsable político del Departamento.


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ENMIENDA NÚM. 149

FIRMANTE:

Grupo Parlamentario Popular en el Congreso

Al artículo 9

De modificación.


Queda redactado como sigue:

"Al Jefe de Estado Mayor de la Defensa le corresponde:

a) Asesorar e informar al Ministro de Defensa sobre el régimen del personal militar en lo que afecte a la operatividad de las Fuerzas Armadas y a su participación en organizaciones internacionales.


b) Asesorar e informar al Ministro sobre las necesidades en materia de personal y de enseñanza militar en el ámbito conjunto.


c) Establecer directrices en aspectos relacionados con esta ley para orientar la preparación de la Fuerza, con el objeto de asegurar la eficacia operativa de las Fuerzas Armadas.


d) Velar por la moral, motivación, disciplina y bienestar del personal en operaciones y actividades bajo su mando."

JUSTIFICACIÓN

Por coherencia con la enmienda al artículo 8; y en lo que respecta a la función de velar por la moral, entendemos que es necesaria que se siga considerando como fundamental la salvaguardia de la misma en el ámbito militar en estos momentos de transformación de las Fuerzas Armadas.


ENMIENDA NÚM. 150

FIRMANTE:

Grupo Parlamentario Popular en el Congreso

Al artículo 9, apartado 2 (nuevo)

De adición.


Queda redactado como sigue:

"2. En la estructura del Estado Mayor de la Defensa existirá un Mando o Jefatura del Personal Conjunto que, bajo la dependencia orgánica del Jefe de Estado Mayor de la Defensa, participará en el planeamiento y programación de la política de personal militar especialmente en el ámbito de lo conjunto. Asimismo asumirá la coordinación de los Mandos o Jefes de Personal del Ejército de Tierra, de la Armada y del Ejército del Aire."

JUSTIFICACIÓN

Dotar al Jefe de Estado Mayor de la Defensa de la infraestructura necesaria para una verdadera coordinación en las atribuciones que le otorga esta Ley.


ENMIENDA NÚM. 151

FIRMANTE:

Grupo Parlamentario Popular en el Congreso

Al artículo 10

De modificación.


Queda redactado como sigue:

"Al Subsecretario de Defensa, bajo la superior autoridad del Ministro y por delegación de éste, le corresponde la dirección, control y evaluación de la política de personal y enseñanza en las Fuerzas Armadas.


Asimismo le corresponde el planeamiento, la ejecución e inspección en materia de personal y enseñanza militar.


En particular, le corresponde dictar o proponer disposiciones en materia de personal y enseñanza, dirigir la gestión general del personal militar y la específica de quienes no se hallen encuadrados en alguno de los Ejércitos y elaborar, dentro del planeamiento de la defensa, las estimaciones y planes directores de recursos humanos.


También le corresponde la inspección en lo referente al régimen de personal de los miembros de las Fuerzas Armadas, así como a las condiciones de vida en buques, bases y acuartelamientos. Dicha competencia la ejerce directamente, por medio de los órganos de inspección de la Subsecretaría de Defensa, que se configurarán en la forma que reglamentariamente se determine, o de los Mandos de Personal de los Ejércitos."

JUSTIFICACIÓN

Se pretende clarificar qué competencias tiene por delegación del ministro de Defensa, como primer res

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ponsable del Departamento, y cuáles le corresponden directamente en razón a las funciones encomendadas.


Mención especial merece la competencia en materia de inspección, cuya regulación entendemos no debe modificarse, ya que asegura un mayor control por parte del órgano departamental.


ENMIENDA NÚM. 152

parte 1      parte 2     


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