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BOCG. Congreso de los Diputados, serie D, núm. 133, de 04/01/2005
 


BOLETÍN OFICIAL DE LAS CORTES GENERALES
CONGRESO DE LOS DIPUTADOS
VIII LEGISLATURA
Serie D: GENERAL
4 de enero de 2005

Núm. 133


ÍNDICE

Composición y organización de la Cámara

Pleno

059/000012 Calendario de sesiones plenarias para el período febrero-junio de 2005 ... (Página 4)

Control sobre las disposiciones del ejecutivo con fuerza de Ley

Decretos-leyes

130/000010 Real Decreto-ley 10/2004, de 23 de diciembre, por el que se amplía el plazo de adaptación de las comisiones de control de los planes de pensiones de empleo. Convalidación ... (Página 5)

130/000011 Real Decreto-ley 11/2004, de 23 de diciembre, por el que se modifica, en materia de pensiones públicas, la Ley de Presupuestos Generales del Estado para el año 2005. Convalidación ... (Página 6)

Control de la acción del Gobierno

Proposiciones no de Ley

Pleno

162/000241 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana (ERC), sobre equiparación de las pensiones no contributivas al salario mínimo interprofesional ... (Página 18)

162/000242 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Mixto, sobre la celebración de la Exposición Internacional de 2008 en Zaragoza ... (Página 19)

162/000243 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana (ERC), por la que se insta al Gobierno a la adopción de determinadas medidas antes de la promulgación del Real Decreto por el que se regula la obtención del título de enfermera especialista ...
(Página 20)

162/000244 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, relativa a medidas contra el racismo y la xenofobia en el deporte español ... (Página 22)

Página 2


Comisión de Defensa

161/000525 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Socialista del Congreso, sobre las responsabilidades en relación con el accidente del Yakolev-42 ... (Página 24)

161/000525 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Socialista del Congreso, sobre las responsabilidades en relación con el accidente del Yakolev-42. Corrección de error ... (Página 25)

Comisión de Fomento y Vivienda

161/000526 Proposición no de Ley presentada por los Grupos Parlamentarios de Izquierda Verde-Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya Verds, de Esquerra Republicana (ERC), por la que se solicita al Gobierno que el próximo Plan de Vivienda traspase a las Comunidades Autónomas la concreción y aplicación de las líneas de actuación y la gestión de los fondos económicos ... (Página 25)

Comisión de Educación y Ciencia

161/000532 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, relativa a medidas contra el racismo y la xenofobia en el deporte español ... (Página 26)

Comisión de Industria, Turismo y Comercio

161/000524 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Socialista del Congreso, relativa a la creación de un Parador Nacional en el Monasterio de Veruela (Zaragoza) ... (Página 28)

161/000529 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, relativa al cultivo de la cochinilla ... (Página 29)

Comisión de Agricultura, Pesca y Alimentación

161/000475 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Socialista del Congreso, sobre elaboración de un Plan de exportaciones de productos de origen animal. Aprobación con modificaciones, así como enmiendas formuladas ... (Página 30)

Comisión de Sanidad y Consumo

161/000528 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana (ERC), por la que se insta al Gobierno a la adopción de determinadas medidas antes de la promulgación del Real Decreto por el que se regula la obtención del título de enfermera especialista ...
(Página 32)

161/000531 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, relativa al Plan Nacional de Prevención y Control del Tabaquismo ... (Página 33)

Comisión de Medio Ambiente

161/000530 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, relativa a la aplicación de un canon medioambiental para el uso del agua destinada a los regadíos ... (Página 34)

Preguntas para respuesta oral

Comisión de Sanidad y Consumo

181/000533 Pregunta formulada por la Diputada doña Elvira Velasco Morillo (GP), sobre actuaciones para la construcción del hospital de Benavente (Zamora) ... (Página 35)

Competencias en relación con otros órganos e instituciones

Tribunal Constitucional

232/000033 Encabezamiento y fallo de la Sentencia dictada en el recurso de inconstitucionalidad número 2375/1995, interpuesto por el Presidente del Gobierno, contra los artículos

Página 3


4.1, último inciso, 5, 6 y 7 de la Ley del Parlamento de las Illes Balears 6/1995, de 21 de marzo, de actuación de la Comunidad Autónoma en la aplicación de las medidas judiciales sobre menores infractores ...
(Página 35)

233/000063 Encabezamiento y fallo de la Sentencia dictada en las cuestiones de inconstitucionalidad números 133/1995, 134/1995 y 135/1995 acumuladas, planteadas por la Sección Cuarta de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, en relación con los epígrafes I [apartados A.3 y C.2.c)] y II del número 12 del Anexo I de la Ley de la Comunidad de Madrid 11/1985, de 19 de diciembre, de Presupuestos Generales para el año 1986, y sobre las Tarifas I [apartados 1.3 y 3.2.b)] y II del artículo 36 de la Ley de la Comunidad de Madrid 5/1986, de 25 de junio, que regula las Tasas de la Comunidad de Madrid, por posible vulneración de los artículos 9.3 y 24.1 de la Constitución Española ... (Página 36)

233/000064 Encabezamiento y fallo de la Sentencia dictada en la cuestión de inconstitucionalidad número 1364/1999, planteada por el Juzgado de Primera Instancia número 13 de Zaragoza, por supuesta inconstitucionalidad del artículo 1.2 y los apartados 1, 4, 5, 7 y 10 del ordinal primero del anexo de la Ley sobre responsabilidad civil y seguro en la circulación de vehículos a motor, según la redacción que dio a dichos preceptos la disposición adicional octava de la Ley 30/1995, de 8 de noviembre, de ordenación y supervisión de los seguros privados ...
(Página 37)

233/000065 Encabezamiento y fallo de la Sentencia dictada en la cuestión de inconstitucionalidad número 3562/2000 y acumuladas, planteadas por la Sección Séptima de la Sala de lo Contencioso-Administrativo de la Audiencia Nacional, y número 3666/2002, promovida por la Sección Sexta de la misma Sala de lo Contencioso-Administrativo, todas ellas sobre el artículo 1 del Real Decreto-ley 2/1996, de 26 de enero, sobre determinadas prestaciones patrimoniales de carácter público gestionadas por la Administración General del Estado y los entes públicos de ella dependientes, por su posible vulneración de los artículos 31.3 y 86 de la Constitución Española ... (Página 38)

Otras instituciones

401/000001 Informe General de las actividades realizadas por el Consejo de Seguridad Nuclear, así como Anexos Técnicos correspondientes al año 2003.
Aprobación por la Comisión de Economía y Hacienda del Informe de la Ponencia Especial ... (Página 39)

Página 4


COMPOSICIÓN Y ORGANIZACIÓN DE LA CÁMARA

PLENO

059/000012

La Mesa de la Cámara, en su reunión del día de la fecha, ha aprobado, oída la Junta de Portavoces, el calendario de sesiones plenarias para el período de sesiones febrero-junio de 2005.


En ejecución de dicho acuerdo, se ordena su publicación de conformidad con el artículo 97 del Reglamento de la Cámara.


Palacio del Congreso de los Diputados, 28 de diciembre de 2004.-P. D. El Secretario General del Congreso de los Diputados, Manuel Alba Navarro.


calendario de sesiones plenarias para el período de sesiones febrero-junio 2005

III período de sesiones, Semana,Con/sin Pleno,Observaciones, Del 1 al 3 de febrero,Con Pleno,, Del 8 al 10 de febrero,Con Pleno,, Del 15 al 17 de febrero,Sin Pleno,Previsión celebración Referéndum el 20 de febrero., Del 22 al 24 de febrero,Con Pleno,, Del 1 al 3 de marzo,Sin Pleno,, Del 8 al 10 de marzo,Con Pleno,, Del 15 al 17 de marzo,Con Pleno,, Del 22 al 24 de marzo,Sin Pleno,Semana Santa., Del 29 al 31 de marzo,Sin Pleno,, Del 5 al 7 de abril,Con Pleno,, Del 12 al 14 de abril,Con Pleno,, Del 19 al 21 de abril,Con Pleno,, Del 26 al 28 de abril,Con Pleno,, Del 3 al 5 de mayo,Sin Pleno,Festivos los días 2 y 3, Del 10 al 12 de mayo,Con Pleno,, Del 17 al 19 de mayo,Con Pleno,, Del 24 al 26 de mayo,Con Pleno,, Del 31 de mayo al 2 de junio,Con Pleno,, Del 7 al 9 de junio,Sin Pleno,, Del 14 al 16 de junio,Con Pleno,, Del 21 al 23 de junio,Con Pleno,, Del 28 a130 de junio,Con Pleno,

Página 5


CONTROL SOBRE LAS DISPOSICIONES DEL EJECUTIVO CON FUERZA DE LEY

DECRETOS-LEYES

130/000010

Se publica a continuación el Real Decreto-ley 10/2004, de 23 de diciembre, por el que se amplía el plazo de adaptación de las comisiones de control de los planes de pensiones de empleo.


En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 86.2 de la Constitución, dicho Real Decreto-ley fue sometido a debate y votación de totalidad por el Congreso de los Diputados en su sesión del día de hoy, en la que se acordó su convalidación.


Se ordena la publicación de conformidad con lo dispuesto en el artículo 97 del Reglamento de la Cámara.


Palacio del Congreso de los Diputados, 28 de diciembre de 2004.-P. D. El Secretario General del Congreso de los Diputados, Manuel Alba Navarro.


REAL DECRETO LEY 10/2004, DE 23 DE DICIEMBRE, POR EL QUE SE AMPLÍA EL PLAZO DE ADAPTACIÓN DE LAS COMISIONES DE CONTROL DE LOS PLANES DE PENSIONES DE EMPLEO

I

La Ley 8/1987, de 8 de junio, de regulación de los planes y fondos de pensiones, estableció el requisito de mayoría absoluta de representación de los partícipes en las comisiones de control de los planes de pensiones frente a la representación del promotor.


La Ley 24/2001, de 27 de diciembre, de medidas fiscales, administrativas y del orden social, introdujo una serie de modificaciones en la Ley 8/1987, de 8 de junio, que entraron en vigor el 1 de enero de 2002. Cabe destacar la modificación del apartado 3 del artículo 7, que estableció, con carácter general, el sistema de representación paritaria del promotor o promotores en las comisiones de control de los planes de pensiones de empleo, así como ciertos requisitos de concurrencia de votos favorables de una u otra de las partes representadas en la comisión de control para la adopción de acuerdos sobre determinadas materias, y concedió una habilitación expresa para el desarrollo reglamentario del régimen y condiciones de represen-tación.


La citada Ley 24/2001, de 27 de diciembre, estableció el régimen transitorio de adaptación de los planes de pensiones preexistentes a 1 de enero de 2002, y concedió un plazo, que finaliza el 31 de diciembre de 2004, para la adaptación de las comisiones de control a lo previsto en el referido apartado 3 del artículo 7, mediante acuerdo colectivo, transcurrido el cual, de no haberse adoptado dicho acuerdo, se aplicará directamente.


Dichos preceptos se integran actualmente en el texto refundido de la Ley de regulación de los planes y fondos de pensiones, aprobado por el Real Decreto Legislativo 1/2002, de 29 de noviembre (artículo 7.3 y disposición transitoria segunda).


Cabe señalar que el vigente Reglamento de planes y fondos de pensiones, aprobado por el Real Decre- to 304/2004, de 20 de febrero, desarrolla en su artícu- lo 30 dicho artículo 7.3 del texto refundido de la ley, y recoge con carácter general el sistema de paridad, habilitando a la negociación colectiva para adoptar, mediante acuerdo expreso, una composición distinta de las comisiones de control, mientras que, en su artículo 32, desarrolla los requisitos para la adopción de acuerdos en las comisiones de control.


En definitiva, el actual marco normativo exige acuerdos expresos de negociación colectiva para la determinación de la composición, condiciones de representación y mayorías para adoptar acuerdos en las comisiones de control de los planes de empleo formalizados antes del 1 de enero de 2002.


Por este Real Decreto-ley, se amplía hasta el 31 de diciembre de 2005 el plazo transitorio de adaptación para las comisiones de control de los planes de pensiones del sistema de empleo existentes a 1 de enero de 2002, establecido en el antepenúltimo párrafo de la disposición transitoria segunda del texto refundido de la Ley de regulación de los planes y fondos de pensiones, aprobado por el Real Decreto Legislativo 1/2002, de 29 de noviembre.


II

La extraordinaria y urgente necesidad de esta medida se justifica por el hecho de que, de no estar aprobada antes del 1 de enero de 2005 y a falta de un acuerdo de negociación colectiva, se aplicaría directamente, a partir de dicha fecha, el criterio general de composición paritaria, situación que puede dar lugar al conflicto de intereses entre las partes que no hayan podido impulsar a tiempo los procesos de negociación colectiva a tal fin. El carácter automático del criterio general puede alterar el equilibrio alcanzado en su día al acordar el régimen de adopción de acuerdos, y ocasionar inseguridad jurídica respecto de las actuaciones de la comisión de control,

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con riesgo de bloqueo del funcionamiento del órgano de control y supervisión del plan, lo cual podría suponer perjuicio a los intereses de los partícipes y beneficiarios.


En consecuencia, se estima de extraordinaria y urgente necesidad ampliar el plazo de adaptación de las comisiones de control hasta el 31 de diciembre de 2005, con el fin de facilitar los procesos de negociación colectiva pendientes de culminar entre empresas y trabajadores para la adaptación de las comisiones de control de los planes de pensiones existentes a 1 de enero de 2002, teniendo en cuenta la necesidad de armonizar los intereses implicados en tales procesos de negociación que afectan a la determinación de las condiciones de los planes de pensiones de empleo, y atendiendo a los posibles perjuicios que la aplicación del automatismo de la vigente norma pudiera conllevar.


En su virtud, en uso de la autorización concedida en el artículo 86 de la Constitución, a propuesta del Vicepresidente Segundo del Gobierno y Ministro de Economía y Hacienda y previa deliberación del Consejo de Ministros en su reunión del día 23 de diciembre de 2004,

D I S P O N G O :

Artículo único. Ampliación del plazo transitorio de adaptación de las comisiones de control de los planes de pensiones de empleo a lo previsto en el apartado 3 del artículo 7 del texto refundido de la Ley de regulación de los planes y fondos de pensiones.


Se amplía hasta 31 de diciembre de 2005 el plazo establecido en el antepenúltimo párrafo de la disposición transitoria segunda del texto refundido de la Ley de regulación de los planes y fondos de pensiones, aprobado por el Real Decreto Legislativo 1/2002, de 29 de noviembre, para la adaptación de las comisiones de control de los planes de pensiones del sistema de empleo existentes a 1 de enero de 2002 a lo previsto en el apartado 3 del artículo 7 de dicho texto refundido.


Disposición final única. Entrada en vigor.


El presente Real Decreto-ley entrará en vigor el mismo día de su publicación en el "Boletín Oficial del Estado".


130/000011

Se publica a continuación el Real Decreto-ley 11/2004, de 23 de diciembre, por el que se modifica, en materia de pensiones públicas, la Ley de Presupuestos Generales del Estado para el año 2005.


En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 86.2 de la Constitución, dicho Real Decreto-ley fue sometido a debate y votación de totalidad por el Congreso de los Diputados en su sesión del día de hoy, en la que se acordó su convalidación.


Se ordena la publicación de conformidad con lo dispuesto en el artículo 97 del Reglamento de la Cámara.


Palacio del Congreso de los Diputados, 28 de diciembre de 2004.-P. D. El Secretario General del Congreso de los Diputados, Manuel Alba Navarro.


REAL DECRETO-LEY 11/2004, DE 23 DE DICIEMBRE, POR EL QUE SE MODIFICA, EN MATERIA DE PENSIONES PÚBLICAS, LA LEY DE PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO PARA EL AÑO 2005

Una de las finalidades esenciales de los sistemas públicos de pensiones es la de proporcionar a los pensionistas rentas que sustituyan los ingresos dejados de percibir al producirse la contingencia producida o que compensen las carencias de ingresos ante las situaciones de necesidad. En una u otra modalidad, contributiva y no contributiva, de la protección social, es indispensable la actualización periódica de las pensiones.


En España la revalorización anual de las pensiones se ha producido sin interrupción desde hace más de 15 años, y el propio Congreso de los Diputados, dentro del denominado "Pacto de Toledo", aprobó una recomendación, la undécima, sobre "Mantenimiento del poder adquisitivo de las pensiones", que garantizaba la aplicación de este criterio mediante la revalorización automática de las pensiones en función de la evolución del Índice de Precios de Consumo (IPC).


En desarrollo de tal compromiso político, el artícu-lo 48 del texto refundido de la Ley General de la Seguridad Social, aprobado por el Real Decreto Legislativo 1/1994, de 20 de junio, en redacción dada por la Ley 24/1997, de 15 de julio, como el artículo 27 del texto refundido de la Ley de Clases Pasivas del Estado, prevén que las pensiones serán revalorizadas al comienzo de cada año en función del IPC previsto, y concretan que si el IPC acumulado correspondiente al período comprendido entre noviembre del ejercicio anterior y noviembre del ejercicio económico fuese superior al previsto para el ejercicio, se procederá a la correspondiente actualización de acuerdo con lo que establezca la respectiva Ley de Presupuestos Generales del Estado, y que se abonará, asimismo, a los pensionistas cuyas pensiones hubiesen sido objeto de revalorización en el ejercicio anterior la diferencia en una paga única antes del 1 de abril del ejercicio posterior.


La Ley de Presupuestos Generales del Estado para el año 2005 establece las previsiones de revalorización para dicho ejercicio en función del IPC previsto

Página 7


y la paga única por desviación de la inflación real de 2004 sobre la inicialmente considerada. No obstante, como consecuencia del veto aprobado por el Senado en sesión plenaria el pasado 13 diciembre, la Ley de Presupuestos Generales del Estado no ha podido recoger la evolución del IPC entre noviembre de 2003 y noviembre de 2004, conocida el 15 de diciembre, y que en ejercicios anteriores se incorporó al proyecto de ley en su trámite parlamentario de discusión de enmiendas parciales por el Pleno del Senado.


Esta circunstancia originaría un grave quebranto a los pensionistas españoles, absolutamente contradictorio con el compromiso del Gobierno de España de mantener el poder adquisitivo de las pensiones y de elevar paulatinamente las cuantías de las pensiones más bajas, que tendría incidencia en los siguientes contenidos de los Presupuestos Generales del Estado para el año 2005: haberes reguladores de las pensiones del régimen de clases pasivas del Estado; importes de las pensiones de la legislación especial derivada de la Guerra Civil; cuantías más reducidas en el señalamiento inicial y en la revalorización de pensiones; límites más escasos de ingresos para acceder a los complementos por mínimos y a las prestaciones de la Seguridad Social por hijo a cargo; cuantías de las pensiones mínimas, no contributivas, de las no concurrentes del extinguido seguro obligatorio de vejez e invalidez y determinados subsidios y ayudas sociales.


Se hace pues imprescindible que, con carácter urgente, se adopten las medidas necesarias para garantizar a los pensionistas de clases pasivas y de la Seguridad Social, tanto en sus modalidades contributivas como no contributivas, y a los perceptores de otras pensiones y demás prestaciones públicas el mantenimiento íntegro del poder adquisitivo de sus pensiones o demás prestaciones, de modo que los porcentajes de revalorización previstos para 2005 se apliquen sobre las cuantías de 2004, una vez actualizadas conforme a la desviación del IPC producida entre noviembre de 2003 y noviembre de 2004 respecto del inicialmente previsto para este último ejercicio.


En su virtud, en uso de la autorización contenida en el artículo 86 de la Constitución Española, a propuesta de los Ministros de Economía y Hacienda y de Trabajo y Asuntos Sociales y previa deliberación del Consejo de Ministros en su reunión del día 23 diciembre de 2004,

D I S P O N G O :

Artículo único. Modificación de la Ley de Presupuestos Generales del Estado para el año 2005.


La Ley de Presupuestos Generales del Estado para el año 2005, se modifica en los siguientes términos:

Uno. Se modifica el título IV, que pasa a tener la redacción siguiente:

"TÍTULO IV

De las pensiones públicas

CAPÍTULO I

Determinación inicial de las pensiones del Régimen de Clases Pasivas del Estado, especiales de guerra y no contributivas de la Seguridad Social

Artículo 36. Determinación inicial de las pensiones del Régimen de Clases Pasivas del Estado.


Uno. Para la determinación inicial de las pensiones reguladas en los capítulos II, III, IV y VII del subtítulo segundo del título primero del texto refundido de la Ley de Clases Pasivas del Estado, aprobado por el Real Decreto Legislativo 670/1987, de 30 de abril, causadas por el personal a que se refiere el artículo 3.1.a), b) y e) del mismo texto legal, se tendrán en cuenta para el año 2005 los haberes reguladores que a continuación se establecen, asignándose de acuerdo con las reglas que se contienen en cada uno de los respectivos apartados del artículo 30 de la citada norma:

a) Para el personal incluido en los supuestos del apartado 2 del artículo 30 del texto refundido de la Ley de Clases Pasivas del Estado:

Grupo,Haber regulador

-

Euros/año,A,33.943,22,B,26.714,17,C,20.516,95,D,16.232,31,E,13.839,32

b) Para el personal mencionado en el apartado 3 del referido artículo 30 del texto refundido de la Ley de Clases Pasivas del Estado:

ADMINISTRACIÓN CIVIL Y MILITAR DEL ESTADO

Índice,Haber regulador

-

Euros/año,10,33.943,22,8,26.714,17,6,20.516,95,4,16.232,31,3,13.839,32

Página 8


ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA

Multiplicador,Haber regulador

-

Euros/año,4,75,33.943,22,4,50,33.943,22,4,00,33.943,22,3,50,33.943,22,3,25,33.943,22,3,00,33.943,22,2,50,33.943,22,2,25,26.714,17,2,00,23.392,60,1,50,16.232,31,1,25,13.839,32

TRIBUNAL CONSTITUCIONAL

Cuerpo,Haber regulador

-

Euros/año,Secretario General

33.943,22,De Letrados

33.943,22,Gerente

33.943,22

CORTES GENERALES

Cuerpo,Haber regulador

-

Euros/año,De Letrados

33.943,22,De Archiveros-Bibliotecarios

33.943,22,De Asesores Facultativos

33.943,22,De Redactores, Taquígrafos y Estenotipistas

33.943,22,Técnico-Administrativo

33.943,22,Auxiliar Administrativo

20.516,95,De Ujieres

16.232,31

Dos. Para la determinación inicial de las pensiones causadas por el personal a que se refiere el artículo 3.2.a) y c), del texto refundido de la Ley de Clases Pasivas del Estado, que surtan efectos económicos a partir del 1 de enero del 2005, se tendrán en cuenta las bases reguladoras que resulten de la aplicación de las siguientes reglas:

a) Se tomará el importe que, dentro de los cuadros que se recogen a continuación, corresponda al causante por los conceptos de sueldo y, en su caso, grado, en cómputo anual, en función del cuerpo o del índice de proporcionalidad y grado de carrera administrativa o del índice multiplicador que tuviera asignado a 31 de diciembre de 1984 el cuerpo, carrera, escala, plaza, empleo o categoría al que perteneciese aquél.


ADMINISTRACIÓN CIVIL Y MILITAR DEL ESTADO

Índice,Grado,Grado especial,Importe por concepto de sueldo y grado en cómputo anual

-

Euros,10 (5,5),8,,22.754,70,10 (5,5),7,,22.129,33,10 (5,5),6,,21.503,98,10 (5,5),3,,19.627,86,10,5,,19.308,54,10,4,,18.683,19,10,3,,18.057,84,10,2,,17.432,43,10,1,,16.807,06, 8,6,,16.236,98, 8,5,,15.736,77, 8,4,,15.236,56, 8,3,,14.736,34, 8,2,,14.236,14, 8,1,,13.735,91, 6,5,,12.369,60, 6,4,,11.994,56, 6,3,,11.619,55, 6,2,,11.244,48, 6,1,(12 por 100),12.128,79, 6,1,,10.869,43, 4,3,,9.152,90, 4,2,(24 por 100),10.921,67, 4,2,,8.902,80, 4,1,(12 por 100),9.663,05, 4,1,,8.652,71, 3,3,,7.902,90, 3,2,,7.715,35, 3,1,,7.527,84

ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA

Multiplicador,Importe por concepto

de sueldo en cómputo anual

-

Euros,4,75,37.159,07,4,50,35.203,32,4,00,31.291,85,3,50,27.380,35,3,25,25.424,62,3,00,23.468,86,2,50,19.557,40,2,25,17.601,66,2,00,15.645,91,1,50,11.734,44,1,25, 9.778,69

Página 9


TRIBUNAL CONSTITUCIONAL

Cuerpo,Importe por concepto

de sueldo en cómputo anual

-

Euros,Secretario General

35.203,32,De Letrados

31.291,85,Gerente

31.291,85

CORTES GENERALES

Cuerpo,Importe por concepto

de sueldo en cómputo anual

­-

Euros,De Letrados

20.478,57,De Archiveros-Bibliotecarios

20.478,57,De Asesores Facultativos

20.478,57,De Redactores, Taquígrafos y Estenotipistas

18.805,77,Técnico-Administrativo

18.805,77,Auxiliar Administrativo

11.325,51,De Ujieres

8.958,60

b) Al importe anual por los conceptos de sueldo y, en su caso, grado, a que se refiere el apartado anterior, se sumará la cuantía que se obtenga de multiplicar el número de trienios que tenga acreditados el causante por el valor unitario en cómputo anual que corresponda a cada trienio en función del cuerpo o plaza en los que hubiera prestado servicios el causante, atendiendo, en su caso, a los índices de proporcionalidad o multiplicadores asignados a aquéllos en los cuadros siguientes:

ADMINISTRACIÓN CIVIL Y MILITAR DEL ESTADO

Índice,Valor unitario del trienio

en cómputo anual

-

Euros,10,735,09,8,588,08,6,441,04,4,294,06,3,220,53

ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA

Multiplicadores

a efectos de trienios,Valor unitario del trienio

en cómputo anual

-

Euros,3,50,1.369,00,3,25,1.271,24,3,00,1.173,45,2,50,977,85,2,25,881,28,2,00,782,30,1,50,586,71,1,25,488,94

TRIBUNAL CONSTITUCIONAL

Cuerpo,Valor unitario del trienio en cómputo anual

-

Euros,Secretario General

1.369,00,De Letrados

1.369,00,Gerente

1.369,00

CORTES GENERALES

Cuerpo,Valor unitario del trienio en cómputo anual

-

Euros,De Letrados

837,32,De Archiveros-Bibliotecarios

837,32,De Asesores Facultativos

837,32,De Redactores, Taquígrafos y Estenotipistas

837,32,Técnico-Administrativo

837,32,Auxiliar Administrativo

502,41,De Ujieres

334,93

Tres. El importe mensual de las pensiones a que se refiere este precepto se obtendrá dividiendo por 14 el anual calculado según lo dispuesto en las reglas precedentes y la legislación correspondiente.


Artículo 37. Determinación inicial y cuantía de las pensiones especiales de guerra para el año 2005.


Uno. El importe de las pensiones reconocidas al amparo de la Ley 5/1979, de 18 de septiembre, en favor de familiares de fallecidos como consecuencia de la guerra civil no podrá ser inferior, para el 2005, al establecido como cuantía mínima en el sistema de la Seguridad

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Social para las pensiones de viudedad en favor de titulares mayores de 65 años.


Lo dispuesto en el párrafo anterior no será de aplicación a las pensiones causadas por el personal no funcionario en favor de huérfanos no incapacitados con derecho a pensión, de acuerdo con su legislación reguladora, cuya cuantía será de 56,86 euros mensuales.


Dos. 1. Las pensiones reconocidas al amparo de la Ley 35/1980, de 26 de junio, de mutilados de guerra excombatientes de la zona republicana, cuyos causantes no tuvieran la condición de militar profesional de las fuerzas e institutos armados, se fijan para el 2005 en las siguientes cuantías:

a) La pensión de mutilación será la que resulte de aplicar los porcentajes establecidos para cada grado de incapacidad a la cantidad de 4.194,32 euros, referida a 12 mensualidades.


b) La suma de la remuneración básica, la remuneración sustitutoria de trienios y las remuneraciones suplementarias en compensación por retribuciones no percibidas será de 11.311,99 euros, referida a 12 mensualidades, siendo el importe de cada una de las dos mensualidades extraordinarias de la misma cuantía que la de la mensualidad ordinaria por estos conceptos.


c) Las pensiones en favor de familiares se fijan en el mismo importe que el establecido como de cuantía mínima en el sistema de la Seguridad Social para las pensiones de viudedad en favor de titulares mayores de 65 años, salvo las pensiones en favor de huérfanos no incapacitados mayores de 21 años con derecho a pensión, de acuerdo con su legislación reguladora, cuya cuantía será de 43,27 euros mensuales.


2. El importe de las pensiones en favor de familiares de excombatientes profesionales reconocidas al amparo de la Ley 35/1980, de 26 de junio, no podrá ser inferior, para el 2005, al establecido como de cuantía mínima en el sistema de la Seguridad Social para las pensiones de viudedad en favor de titulares mayores de 65 años.


Tres. Las pensiones reconocidas al amparo de la Ley 6/1982, de 29 de marzo, sobre retribución básica a mutilados civiles de guerra, se fijan para el 2005 en las siguientes cuantías:

a) La retribución básica para quienes tengan reconocida una incapacidad de segundo, tercero o cuarto grado, en el 100 por cien de la cantidad de 7.918,40 euros, referida a 12 mensualidades.


b) Las pensiones en favor de familiares en el mismo importe que el establecido como de cuantía mínima en el sistema de la Seguridad Social para las pensiones de viudedad en favor de titulares mayores de 65 años.


Cuatro. Las pensiones reconocidas al amparo del Decreto 670/1976, de 5 de marzo, en favor de mutilados de guerra que no pudieron integrarse en el Cuerpo de Caballeros Mutilados, se establecerán, para el 2005, en el importe que resulte de aplicar los porcentajes establecidos para cada grado de incapacidad a la cuantía de 5.025,33 euros, referida a 12 mensualidades.


Cinco. La cuantía para el 2005 de las pensiones causadas al amparo del título II de la Ley 37/1984, de 22 de octubre, sobre reconocimiento de derechos y servicios prestados a quienes durante la guerra civil formaron parte de las Fuerzas Armadas y de Orden Público y Cuerpo de Carabineros de la República, se fijará tomando en consideración el importe por los conceptos de sueldo y grado que proceda de entre los contenidos en el apartado dos.a) del precedente artículo 36.


Las cuantías de estas pensiones no podrán ser inferiores a las siguientes:

a) En las pensiones en favor de causantes, al importe establecido como de cuantía mínima en el sistema de la Seguridad Social para las pensiones de jubilación, con cónyuge a cargo, en favor de titulares mayores de 65 años.


b) En las pensiones de viudedad, al importe establecido como de cuantía mínima en el sistema de la Seguridad Social para las pensiones de viudedad en favor de titulares mayores de 65 años.


Artículo 38. Determinación inicial de las pensiones no contributivas de la Seguridad Social.


Para el año 2005, la cuantía de las pensiones de jubilación e invalidez de la Seguridad Social, en su modalidad no contributiva, se fijará en 4.043,06 euros íntegros anuales.


CAPÍTULO II

Limitaciones en el señalamiento inicial de las pensiones públicas

Artículo 39. Limitación del señalamiento inicial de las pensiones públicas.


Uno. El importe a percibir como consecuencia del señalamiento inicial de las pensiones públicas no podrá superar durante el año 2005 la cuantía íntegra de 2.159,12 euros mensuales, sin perjuicio de las pagas extraordinarias que pudieran corresponder a su titular y cuya cuantía también estará afectada por el citado límite.


No obstante lo anterior, si el pensionista tuviera derecho a percibir menos o más de 14 pagas al año, incluidas las extraordinarias, dicho límite mensual deberá ser adecuado, a efectos de que la cuantía íntegra anual que corresponda al interesado alcance o no supere, durante el año 2005 el importe de 30.227,68 euros.


Dos. En aquellos supuestos en que un mismo titular cause simultáneamente derecho a dos o más pensiones públicas de las enumeradas en el artículo 37 de la

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Ley 4/1990, de 29 de junio, de Presupuestos Generales del Estado para 1990, conforme a la redacción dada por la disposición adicional décima de la Ley 62/2003, de 30 de diciembre, de medidas fiscales, administrativas y del orden social, el importe conjunto a percibir como consecuencia del señalamiento inicial de todas ellas estará sujeto a los mismos límites que se establecen en el apartado anterior.


A tal efecto se determinará, en primer lugar, el importe íntegro de cada una de las pensiones públicas de que se trate y, si la suma de todas ellas excediera de 2.159,12 euros mensuales, se reducirán proporcionalmente hasta absorber dicho exceso.


No obstante, si alguna de las pensiones que se causen estuviera a cargo del Fondo especial de una de las mutualidades de funcionarios incluidas en el párrafo c) del artículo 37 de la Ley 4/1990, de 29 de junio, de Presupuestos Generales del Estado para 1990, conforme a la redacción dada por la disposición adicional décima de la Ley 62/2003, de 30 de diciembre, la minoración se efectuará preferentemente y, de resultar posible, con simultaneidad a su reconocimiento sobre el importe íntegro de dichas pensiones, procediéndose con posterioridad, si ello fuera necesario, a la aplicación de la reducción proporcional en las restantes pensiones, para que la suma de todas ellas no supere el indicado límite máximo.


Tres. Cuando se efectúe el señalamiento inicial de una pensión pública en favor de quien ya estuviera percibiendo otra u otras pensiones públicas, si la suma conjunta del importe íntegro de todas ellas superase los límites establecidos en el apartado uno de este precepto, se minorará o suprimirá el importe íntegro a percibir como consecuencia del último señalamiento hasta absorber la cuantía que exceda del referido límite legal.


No obstante, si la pensión objeto de señalamiento inicial, en el presente o en anteriores ejercicios económicos, tuviera la consideración de renta exenta en la legislación reguladora del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas, a solicitud de su titular, procederá efectuar la citada minoración o supresión sobre la pensión o pensiones públicas que el interesado hubiera causado anteriormente. En tales supuestos los efectos de la regularización se retrotraerán al día 1 de enero del año en que se solicite o a la fecha inicial de abono de la nueva pensión, si ésta fuese posterior.


Cuatro. Si en el momento del señalamiento inicial a que se refieren los apartados anteriores los organismos o entidades competentes no pudieran conocer la cuantía y naturaleza de las otras pensiones que correspondan al beneficiario, dicho señalamiento se realizará con carácter provisional hasta el momento en que se puedan practicar las oportunas comprobaciones.


La regularización definitiva de los señalamientos provisionales llevará, en su caso, aparejada la exigencia del reintegro de lo indebidamente percibido por el titular de la pensión. Este reintegro podrá practicarse con cargo a las sucesivas mensualidades de pensión.


Cinco. Si, con posterioridad a la minoración o supresión del importe del señalamiento inicial a que se refieren los apartados dos y tres, se alterase, por cualquier circunstancia, la cuantía o composición de las otras pensiones públicas percibidas por el titular, se revisarán de oficio o a instancia de parte las limitaciones que se hubieran efectuado, con efectos del primer día del mes siguiente a aquel en que se haya producido la variación.


En todo caso, los señalamientos iniciales realizados en supuestos de concurrencia de pensiones públicas estarán sujetos a revisión periódica.


Seis. La minoración o supresión del importe de los señalamientos iniciales de pensiones públicas que pudieran efectuarse por aplicación de las normas limitativas no significará, en modo alguno, merma o perjuicio de los derechos anejos al reconocimiento de la pensión diferentes al del cobro de ésta.


Siete. El límite máximo de percepción establecido en este artículo no se aplicará a las siguientes pensiones públicas que se causen durante el año 2005:

a) Pensiones extraordinarias del Régimen de Clases Pasivas del Estado, originadas por actos terroristas.


b) Pensiones del Régimen de Clases Pasivas del Estado mejoradas al amparo del Real Decreto-ley 19/1981, de 30 de octubre, sobre pensiones extraordinarias a víctimas del terrorismo.


c) Pensiones extraordinarias reconocidas por la Seguridad Social, originadas por actos terroristas.


d) Pensiones extraordinarias reconocidas al amparo de la disposición adicional cuadragésima tercera de la Ley 62/2003, de 30 de diciembre, de medidas fiscales, administrativas y del orden social.


Ocho. Cuando en el momento del señalamiento inicial de las pensiones públicas concurran en un mismo titular alguna o algunas de las pensiones mencionadas en el apartado siete de este artículo o de las establecidas en el título II del Real Decreto 851/1992, de 10 de julio, por el que se regulan determinadas pensiones extraordinarias causadas por actos de terrorismo, con otra u otras pensiones públicas, las normas limitativas de este artículo sólo se aplicarán respecto de las no procedentes de actos terroristas.


CAPÍTULO III

Revalorización y modificación de los valores de las pensiones públicas para el año 2005

Artículo 40. Revalorización y modificación de los valores de las pensiones públicas para el 2005.


Uno. Las pensiones de clases pasivas del Estado, salvo las excepciones que se contienen en los siguientes artículos de este capítulo y que les sean de aplicación,

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experimentarán en el 2005 un incremento del dos por ciento, de conformidad con lo previsto en el artícu-lo 27 del texto refundido de la Ley de Clases Pasivas del Estado. Lo anterior se entiende sin perjuicio de los importes de garantía que figuran en el precedente artículo 37, respecto de las pensiones reconocidas al amparo de la legislación especial de la guerra civil.


Dos. Las pensiones abonadas por el sistema de la Seguridad Social, en su modalidad contributiva, experimentarán en el año 2005 un incremento del dos por ciento, de conformidad con lo previsto en el artícu-lo 48 del texto refundido de la Ley General de la Seguridad Social, sin perjuicio de las excepciones contenidas en los artículos siguientes de este capítulo y que les sean expresamente de aplicación.


Tres. Las pensiones referidas en el artículo 38 de este título que vinieran percibiéndose a 31 de diciembre de 2004 se fijarán en el año 2005 en 4.043,06 euros íntegros anuales.


Cuatro. De acuerdo con lo establecido en la dis­posición adicional sexta.uno del texto refundido de la Ley sobre Seguridad Social de los Funcionarios Civiles del Estado, aprobado por el Real Decreto Legislativo 4/2000, de 23 de junio, las pensiones de las mutualidades integradas en el Fondo Especial de la Mutualidad General de Funcionarios Civiles del Estado, cuando hubieran sido causadas con posterioridad a 31 de diciembre de 1999, experimentarán el 1 de enero del año 2005 una reducción, respecto de los importes percibidos en 31 de diciembre de 2004, del 20 por ciento de la diferencia entre la cuantía correspondiente a 31 de diciembre de 1978 -o tratándose del Montepío de Funcionarios de la Organización Sindical, a 31 de diciembre de 1977- y la que correspondería en 31 de diciembre de 1973.


Cinco. Las pensiones abonadas con cargo a los regímenes o sistemas de previsión enumerados en el artículo 37 de la Ley 4/1990, de 29 de junio, de Presupuestos Generales del Estado para 1990, conforme a la redacción dada por la disposición adicional décima de la Ley 62/2003, de 30 de diciembre, y no referidas en los apartados anteriores de este artículo, experimentarán en el 2005 la revalorización o modificación que, en su caso, proceda según su normativa propia, que se aplicará sobre las cuantías percibidas a 31 de diciembre de 2004, salvo las excepciones que se contienen en los siguientes artículos de este capítulo y que les sean expresamente de aplicación.


Artículo 41. Pensiones no revalorizables durante el año 2005.


Uno. En el año 2005 no experimentarán revalorización las pensiones públicas siguientes:

a) Las pensiones abonadas con cargo a cualquiera de los regímenes o sistemas de previsión enumerados en el artículo 37 de la Ley 4/1990, de 29 de junio, de Presupuestos Generales del Estado para 1990, conforme a la redacción dada por la disposición adicional décima de la Ley 62/2003, de 30 de diciembre, cuyo importe íntegro mensual, sumado, en su caso, al importe íntegro mensual de las otras pensiones públicas percibidas por su titular, exceda de 2.159,12 euros íntegros en cómputo mensual, entendiéndose esta cantidad en los términos expuestos en el precedente artículo.


Lo dispuesto en el párrafo anterior no será de aplicación a las pensiones extraordinarias del Régimen de Clases Pasivas del Estado y de la Seguridad Social, originadas por actos terroristas, así como a las pensiones mejoradas al amparo del Real Decreto-ley 19/1981, de 30 de octubre, sobre pensiones extraordinarias a víctimas del terrorismo, y a las pensiones reconocidas al amparo de la disposición adicional cuadragésima tercera de la Ley 62/2003, de 30 de diciembre, de medidas fiscales, administrativas y del orden social.


b) Las pensiones de clases pasivas reconocidas a favor de los Camineros del Estado y causadas con ante­rioridad a 1 de enero de 1985, con excepción de aquellas cuyo titular sólo percibiera esta pensión como tal caminero.


c) Las pensiones reconocidas al amparo de la Ley 5/1979, de 18 de septiembre, en favor de huérfanos no incapacitados, excepto cuando los causantes de tales pensiones hubieran tenido la condición de funcionarios.


d) Las pensiones reconocidas al amparo de la Ley 35/1980, de 26 de junio, en favor de huérfanos mayores de 21 años no incapacitados, excepto cuando los causantes de tales pensiones hubieran tenido la condición de excombatientes profesionales.


e) Las pensiones del extinguido seguro obligatorio de vejez e invalidez, cuando entren en concurrencia con otras pensiones públicas, excepto con el subsidio de ayuda por tercera persona previsto en la Ley 13/1982, de 7 de abril, de Integración Social de los Minusválidos.


No obstante lo dispuesto en el párrafo anterior, cuando la suma de todas las pensiones concurrentes y las del citado seguro obligatorio de vejez e invalidez, una vez revalorizadas aquellas, sea inferior a las cuantías fijas señaladas para tal seguro en el artículo 45 de esta ley, calculadas unas y otras en cómputo anual, la pensión del seguro obligatorio de vejez e invalidez se revalorizará en un importe igual a la diferencia resultante. Esta diferencia no tiene carácter consolidable, siendo absorbible con cualquier incremento que puedan experimentar las percepciones del interesado, ya sea en concepto de revalorizaciones o por reconocimiento de nuevas prestaciones de carácter periódico.


f) Las pensiones de las mutualidades integradas en el Fondo Especial de la Mutualidad General de Funcionarios Civiles del Estado que, en 31 de diciembre de 2004, hubieran ya alcanzado las cuantías correspondientes al 31 de diciembre de 1973.


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Dos. En el caso de que mutualidades, montepíos o entidades de previsión social de cualquier tipo que integren a personal perteneciente a empresas o sociedades con participación mayoritaria del Estado, de comunidades autónomas, de corporaciones locales o de organismos autónomos y se financien con fondos procedentes de dichos órganos o entidades públicas, o en el caso de que éstos, directamente, estén abonando al personal incluido en la acción protectora de aquellas pensiones complementarias por cualquier concepto sobre las que les correspondería abonar a los regímenes generales que sean de aplicación, las revalorizaciones a que se refiere el artículo 40 serán consideradas como límite máximo, pudiendo aplicarse coeficientes menores e incluso inferiores que la unidad, a dichas pensiones complementarias, de acuerdo con sus regulaciones propias o con los pactos que se produzcan.


Artículo 42. Limitación del importe de la revalorización para el año 2005 de las pensiones públicas.


Uno. El importe de la revalorización para el año 2005 de las pensiones públicas que, conforme a las normas de los preceptos de este capítulo, puedan incrementarse no podrá suponer para éstas, una vez revalorizadas, un valor íntegro anual superior a 30.227,68 euros.


Dos. En aquellos supuestos en que un mismo titular perciba dos o más pensiones públicas, la suma del importe anual íntegro de todas ellas, una vez revalorizadas las que procedan, no podrá superar el límite máximo a que se refiere el apartado anterior. Si lo superase, se minorará proporcionalmente la cuantía de la revalorización, hasta absorber el exceso sobre dicho límite.


A tal efecto, cada entidad u organismo competente para revalorizar determinará su propio límite máximo de percepción anual para las pensiones a su cargo. Este límite consistirá en una cifra que guarde con la citada cuantía íntegra de 30.227,68 euros anuales la misma proporción que la que guarda la pensión o pensiones a cargo del organismo o entidad de que se trate con el conjunto total de las pensiones públicas que perciba el titular.


El referido límite (L) se obtendrá mediante la aplicación de la siguiente fórmula:

L =,P,× 30.227,68 euros anuales,T

siendo "P" el valor íntegro teórico anual alcanzado a 31 de diciembre de 2004 por la pensión o pensiones a cargo del organismo o entidad competente, y "T", el resultado de añadir a la cifra anterior el valor íntegro anual de las restantes pensiones concurrentes del mismo titular en idéntico momento.


No obstante lo anterior, si alguna de las pensiones que percibiese el interesado estuviera a cargo del Fondo especial de una de las mutualidades de funcionarios incluidas en el párrafo c) del artículo 37 de la Ley 4/1990, de 29 de junio, de Presupuestos Generales del Estado para 1990, conforme a la redacción dada por la disposición adicional décima de la Ley 62/2003, de 30 de diciembre, o se tratase de las pensiones no revalorizables a cargo de alguna de las entidades a que se refiere el apartado dos del artículo 41 la aplicación de las reglas recogidas en los párrafos anteriores se adaptará reglamentariamente a fin de que se pueda alcanzar, en su caso, el límite máximo de percepción, en el supuesto de concurrir dichas pensiones complementarias con otra u otras cuyo importe hubiese sido minorado o suprimido a efectos de no sobrepasar la cuantía máxima fijada en cada momento.


Tres. Cuando el organismo o entidad competente para efectuar la revalorización de la pensión pública, en el momento de practicarla, no pudiera comprobar fehacientemente la realidad de la cuantía de las otras pensiones públicas que perciba el titular, dicha revalorización se efectuará con carácter provisional hasta el momento en que se puedan practicar las oportunas comprobaciones.


La regularización definitiva llevará aparejada, en su caso, la exigencia del reintegro de lo indebidamente percibido por el titular. Este reintegro podrá practicarse con cargo a las sucesivas mensualidades de pensión.


En todo caso, las revalorizaciones efectuadas en supuestos de concurrencia de pensiones públicas estarán sujetas a revisión o inspección periódica.


Cuatro. Las normas limitativas reguladas en este precepto no se aplicarán a:

a) Pensiones extraordinarias del Régimen de Cla­ses Pasivas del Estado, originadas por actos terroristas.


b) Pensiones del Régimen de Clases Pasivas del Estado mejoradas al amparo del Real Decreto- ley 19/1981, de 30 de octubre, sobre pensiones extraordinarias a víctimas del terrorismo.


c) Pensiones extraordinarias reconocidas por la Seguridad Social, originadas por actos terroristas.


d) Pensiones extraordinarias reconocidas al amparo de la disposición adicional cuadragésima tercera de la Ley 62/2003, de 30 de diciembre, de medidas fiscales, administrativas y del orden social.


Cinco. Cuando en un mismo titular concurran alguna o algunas de las pensiones mencionadas en el precedente apartado tres o de las establecidas en el título II del Real Decreto 851/1992, de 10 de julio, por el que se regulan determinadas pensiones extraordinarias causadas por actos terroristas, con otra u otras pensiones públicas, las normas limitativas de este precepto sólo se aplicarán respecto de las no procedentes de actos terroristas.


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CAPÍTULO IV

Complementos para mínimos

Artículo 43. Reconocimiento de complementos para mínimos en las pensiones de clases pasivas.


Uno. En los términos que reglamentariamente se determinen, tendrán derecho a percibir los complementos económicos necesarios para alcanzar la cuantía mínima de las pensiones los pensionistas de clases pasivas del Estado que no perciban durante el ejercicio del 2005 ingresos de trabajo o de capital o que, percibiéndolos, no excedan de 6.122,53 euros al año.


A tal efecto, también se computarán entre tales ingresos las plusvalías o ganancias patrimoniales, así como los rendimientos que puedan deducirse del montante económico del patrimonio, aplicando a su valor el 50 por ciento del tipo de interés legal del dinero establecido en esta ley, con la excepción de la vivienda habitualmente ocupada por el pensionista y de los bienes cuyas rentas hayan sido computadas.


Para acreditar las rentas e ingresos, el centro gestor podrá exigir al pensionista una declaración de aquéllos y, en su caso, la aportación de las declaraciones tributarias presentadas.


Se presumirá que concurren los requisitos indicados cuando el interesado hubiera percibido durante 2004 ingresos por cuantía igual o inferior a 5.915,49 euros anuales. Esta presunción se podrá destruir, en su caso, por las pruebas obtenidas por la Administración.


A los solos efectos de garantía de complementos para mínimos, se equipararán a ingresos de trabajo las pensiones públicas que no estén a cargo de cualesquiera de los regímenes públicos básicos de previsión social.


En los supuestos en que, de conformidad con las previsiones legales, se tenga reconocida una parte proporcional de la pensión de viudedad, el complemento para mínimos a aplicar, en su caso, lo será en la misma proporción que se tuvo en cuenta para el reconocimiento de la pensión.


Los efectos económicos del reconocimiento de los complementos económicos se retrotraerán al día 1 de enero del año en que se soliciten o a la fecha de arranque de la pensión, si esta fuese posterior al 1 de enero.


No obstante, si la solicitud de tal reconocimiento se efectuara con ocasión de ejercitar el derecho al cobro de la pensión, los efectos económicos podrán ser los de la fecha de arranque de aquélla, con una retroactividad máxima de un año desde que se soliciten y siempre que se reúnan los requisitos necesarios para su percibo.


Dos. Los reconocimientos de complementos económicos que se efectúen en el 2005 con base en declaraciones del interesado tendrán carácter provisional hasta que se compruebe la realidad o efectividad de lo declarado.


En todo caso, la Administración podrá revisar periódicamente, de oficio o a instancia del interesado, las resoluciones de reconocimiento de complementos económicos, pudiendo llevar aparejado, en su caso, la exigencia del reintegro de lo indebidamente percibido por el titular de la pensión. Este reintegro podrá practicarse con cargo a las sucesivas mensualidades de pensión.


Tres. Durante 2005 las cuantías mínimas de las pensiones de clases pasivas quedan fijadas, en cómputo anual, en los importes siguientes:

COMPLEMENTOS PARA MÍNIMOS

Clase de pensión,Importe,Con cónyuge a cargo,Sin cónyuge a cargo,Pensión de jubilación o retiro.,524,01 euros/mes

7.336,14 euros/año,438,71 euros/mes

6.141,94 euros/año,Pensión de viudedad.,

438,71 euros/mes

6.141,94 euros/año,Pensión familiar distinta de la de viudedad, siendo N el número de beneficiarios de la pensión o pensiones.,438,71

N

6.141,94

N, euros/mes

euros/año

Cuatro. Los complementos económicos regulados en los apartados precedentes no se aplicarán a las pensiones reconocidas al amparo de la legislación especial derivada de la guerra civil cuyas cuantías se fijan en el artículo 37 de esta ley, excepto a las pensiones de orfandad reconocidas al amparo del título II de la Ley 37/1984, de 22 de octubre, a las que sí les serán de aplicación los referidos complementos económicos.


Artículo 44. Reconocimiento de los complementos para las pensiones inferiores a la mínima en el sistema de la Seguridad Social e importes de dichas pensiones en el año 2005.


Uno. En los términos que reglamentariamente se determinen, tendrán derecho a percibir los complementos necesarios para alcanzar la cuantía mínima de pensiones los pensionistas del sistema de la Seguridad Social en su modalidad contributiva que no perciban ingresos de capital o trabajo personal o que, percibiéndolos, no excedan de 6.122,53 euros al año. A tal efecto, también se computarán entre tales ingresos las plusvalías o ganancias patrimoniales, así como los rendimientos que puedan deducirse del montante económico del patrimonio, aplicando a su valor el 50 por 100 del tipo de interés legal del dinero establecido en esta ley, con la excepción de la vivienda habitualmente ocupada por el pensionista y de los bienes cuyas rentas hayan sido computadas.


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Para acreditar las rentas e ingresos, la entidad gestora podrá exigir al pensionista una declaración de aquellos y, en su caso, la aportación de las declaraciones tributarias presentadas.


No obstante, los pensionistas de la Seguridad Social en su modalidad contributiva que perciban ingresos por los conceptos indicados en cuantía superior a la cifra señalada en el párrafo primero de este apartado tendrán derecho a un complemento por mínimos cuando la suma en cómputo anual de tales ingresos y de los correspondientes a la pensión ya revalorizada resulte inferior a la suma de 6.122,53 euros más el importe en cómputo anual de la cuantía mínima fijada para la clase de pensión de que se trate. En este caso, el complemento para mínimos consistirá en la diferencia entre los importes de ambas sumas, siempre que esta diferencia no determine para el interesado una percepción mensual conjunta de pensión y complemento por importe superior al de la cuantía mínima de pensión que corresponda en términos mensuales.


A los solos efectos de garantía de complementos para mínimos, se equipararán a ingresos de trabajo las pensiones públicas que no estén a cargo de cualesquiera de los regímenes públicos básicos de previsión social.


Dos. Se presumirá que concurren los requisitos indicados en el apartado anterior cuando el interesado hubiera percibido durante el año 2004 ingresos por cuantía igual o inferior a 5.915,49 euros. Esta presunción podrá destruirse, en su caso, por las pruebas obtenidas por la Administración.


Tres. A efectos de lo previsto en este artículo, se considerará que existe cónyuge a cargo del titular de una pensión cuando aquél se halle conviviendo con el pensionista y dependa económicamente de él.


Se entenderá que existe dependencia económica cuando concurran las circunstancias siguientes:

a) Que el cónyuge del pensionista no sea, a su vez, titular de una pensión a cargo de un régimen básico público de previsión social, entendiendo comprendidos en dicho concepto los subsidios de garantía de ingresos mínimos y de ayuda por tercera persona, ambos de la Ley 13/1982, de 7 de abril, de Integración Social de Minusválidos, y las pensiones asistenciales reguladas en la Ley 45/1960, de 21 de julio.


b) Que los rendimientos por cualquier naturaleza del pensionista y de su cónyuge, computados en la forma señalada en el apartado dos del artículo anterior, resulten inferiores a 7.142,00 euros anuales.


Cuando la suma, en cómputo anual, de los rendimientos referidos en el párrafo anterior y del importe, también en cómputo anual, de la pensión que se vaya a complementar resulte inferior a la suma de 7.142,00 euros y de la cuantía anual de la pensión mínima con cónyuge a cargo de que se trate, se reconocerá un complemento igual a la diferencia, distribuido entre el número de mensualidades que corresponda.


Cuatro. A los efectos previstos en el apartado uno de este artículo, los pensionistas de la Seguridad Social en su modalidad contributiva que tengan reconocido complemento por mínimos y hubiesen percibido durante el año 2004 ingresos de capital o trabajo personal que excedan de 5.915,49 euros vendrán obligados a presentar antes del 1 de marzo del año 2005 declaración expresiva de la cuantía de dichos ingresos. El incumplimiento de esta obligación dará lugar al reintegro de las cantidades indebidamente percibidas por el pensionista con los efectos y en la forma que reglamentariamente se determinen.


Cinco. Durante el año 2005, las cuantías mínimas de las pensiones del sistema de la Seguridad Social, en su modalidad contributiva, quedan fijadas, en cómputo anual, clase de pensión y requisitos concurrentes en el titular, en las cuantías siguientes:

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Clase de pensión,Titulares,Con cónyuge a cargo

-

Euros/año,Sin cónyuge a cargo

-

Euros/año,Jubilación,,,Titular con sesenta y cinco años

7.336,14,6.141,94,Titular menor de sesenta y cinco años

6.856,08,5.722,92,Incapacidad permanente,,,Gran invalidez con incremento del 50 por 100

11.004,28,9.212,98,Absoluta

7.336,14,6.141,94,Total: Titular con sesenta y cinco años

7.336,14,6.141,94,Total: "Cualificada" con edad entre sesenta y sesenta y cuatro años

6.856,08,5.722,92,Parcial del régimen de accidentes de trabajo:,,,Titular con sesenta y cinco años

7.336,14,6.141,94,Viudedad,,,Titular con sesenta y cinco años

,6.141,94,Titular con edad entre sesenta y sesenta y cuatro años

,5.722,92,Titular con menos de sesenta años

,4.566,80,Titular con menos de sesenta años y cargas familiares

,5.722,92,Orfandad,,,Por beneficiario

,1.856,68,En la orfandad absoluta el mínimo se incrementará en 4.566,80 euros/año distribuidos, en su caso, entre los beneficiarios.,,,En favor de familiares,,,Por beneficiario

,1.856,68,Si no existe viudo ni huérfano pensionista:,,,Un solo beneficiario, con sesenta y cinco años

,4.779,88,Un solo beneficiario, menor de sesenta y cinco años

,4.500,44,Varios beneficiarios: el mínimo asignado a cada uno se incrementará en el importe que resulte de prorratear 2.710,12 euros/año entre el número de beneficiarios.,,

CAPÍTULO V

Otras disposiciones en materia de pensiones públicas

Artículo 45. Pensiones no concurrentes del extinguido seguro obligatorio de vejez e invalidez.


A partir del 1 de enero del año 2005, la cuantía de las pensiones del extinguido seguro obligatorio de vejez e invalidez, no concurrentes con otras pensiones públicas, queda fijada, en cómputo anual, en 4.384,94 euros.


A dichos efectos, no se considerará pensión concurrente la percibida por los mutilados útiles o incapacitados de primer grado por causa de la pasada Guerra Civil española, cualquiera que fuese la legislación reguladora, ni el subsidio de ayuda por tercera persona previsto en la Ley 13/1982, de 7 de abril, de Integración Social de los Minusválidos, ni las pensiones extraordinarias derivadas de actos de terrorismo."

Dos. Se modifica la disposición adicional segunda, que pasa a tener la siguiente redacción:

"Disposición adicional segunda. Prestaciones económicas de la Seguridad Social por hijo a cargo.


Uno. El límite de ingresos a que se refiere el primer párrafo del artículo 182.1.c) del texto refundido de la Ley General de la Seguridad Social, queda fijado, a partir del 1 de enero del año 2005, en 8.793,03 euros anuales.


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El límite de ingresos a que se refiere el segundo párrafo del artículo 182.1.c) del citado texto refundido queda fijado, a partir de 1 de enero de 2005, en 14.990,94 euros anuales, incrementándose en 2.428,11 euros por cada hijo a cargo a partir del cuarto, este incluido.


Dos. A partir del 1 de enero del año 2005, la cuantía de las prestaciones económicas de la Seguridad Social por hijo a cargo, con 18 o más años de edad y un grado de minusvalía igual o superior al 65 por ciento, será de 3.427,68 euros anuales.


Cuando el hijo a cargo tenga una edad de 18 o más años, esté afectado de una minusvalía en un grado igual o superior al 75 por ciento y necesite el concurso de otra persona para la realización de los actos esenciales de la vida, la cuantía de la prestación económica será de 5.141,52 euros anuales."

Tres. Se modifica la disposición adicional tercera, que pasa a tener la siguiente redacción:

"Disposición adicional tercera. Subsidios económicos de la Ley 13/1982, de 7 de abril, de Integración Social de los Minusválidos, y pensiones asistenciales.


Uno. A partir del 1 de enero del año 2005, los subsidios económicos a que se refiere la Ley 13/1982, de 7 de abril, de Integración Social de los Minusválidos, se fijarán, según la clase de subsidio, en las siguientes cuantías:

Euros/mes ,Subsidio de garantía de ingresos mínimos

149,86 ,Subsidio por ayuda de tercera persona

58,45 ,Subsidio de movilidad y compensación para gastos de transporte

45,77

Dos. A partir del 1 de enero del año 2005, las pensiones asistenciales reconocidas en virtud de lo dispuesto en la Ley de 21 de julio de 1960 y en el Real Decreto 2620/1981, de 24 de julio, se fijarán en la cuantía de 149,86 euros íntegros mensuales, abonándose dos pagas extraordinarias del mismo importe que se devengarán en los meses de junio y diciembre.


Las pensiones asistenciales serán objeto de revi­sión periódica, a fin de comprobar que los beneficiarios mantienen los requisitos exigidos para su reconocimiento y, en caso contrario, declarar la extinción del derecho y exigir el reintegro de las cantidades indebidamente percibidas. El Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales podrá instar la incoación de los procedimientos de revisión a efectos de practicar el ajuste económico y presupuestario del gasto generado. Los resultados que ofrezcan aquellos procedimientos serán comunicados al citado departamento ministerial."

Cuatro. Se modifica la disposición adicional cuarta, que pasa a tener la siguiente redacción:

"Disposición adicional cuarta. Ayudas sociales a los afectados por el Virus de Inmunodeficiencia Humana (VIH).


Durante el año 2005, las cuantías mensuales de las ayudas sociales reconocidas en favor de las personas contaminadas por el Virus de Inmunodeficiencia Humana (VIH), establecidas en los párrafos b), c) y d) del apartado 1 del artículo 2 del Real Decreto-ley 9/1993, de 28 de mayo, se determinarán mediante la aplicación de las proporciones reguladas en los párrafos citados sobre el importe de 514,45 euros."

Disposición adicional única. Coeficiente aplicable para el mantenimiento del poder adquisitivo de las pensiones de Clases Pasivas.


A los efectos de garantizar el mantenimiento del poder adquisitivo de las pensiones de Clases Pasivas, y con carácter previo a aplicar la revalorización prevista en la Ley de Presupuestos Generales del Estado para el año 2005, la cuantía correspondiente a las pensiones a 31 de diciembre de 2004 deberá actualizarse, cuando proceda, mediante la aplicación a éstas del coeficiente 1,0147059.


Asimismo, de acuerdo con lo previsto en la disposición adicional quincuagésima primera de la Ley de Presupuestos Generales del Estado para el año 2005, los pensionistas de Clases Pasivas que hubieran percibido durante el año 2004 pensiones objeto de revalorización, así como aquellos que hubieran percibido la cuantía correspondiente a las pensiones mínimas y al límite máximo de percepción de las pensiones públicas, y las ayudas sociales del Real Decreto-ley 9/1993, de 28 de mayo, o sus herederos, recibirán en un único pago la cantidad equivalente a la que resulte de aplicar a la pensión o ayuda percibida durante el año 2004 el coeficiente 0,0147059.


Disposición transitoria única. Vigencia transitoria de disposiciones reglamentarias.


Hasta tanto no sea aprobada la correspondiente norma reglamentaria de desarrollo de lo previsto en este real decreto ley, en el ámbito del Régimen de Clases Pasivas del Estado, continuará siendo de aplicación, en lo que no se oponga a aquél, el Real Decreto 48/2004, de 19 de enero, sobre revalorización y complementos de pensiones de Clases Pasivas para el año 2004.


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Disposición final primera. Determinación del indicador público de renta de efectos múltiples (IPREM) para 2005.


Con efectos de 1 de enero de 2005, se modifica la disposición adicional decimosexta de la Ley de Presupuestos Generales del Estado para el año 2005, que pasa a tener la siguiente redacción:

"Disposición adicional decimosexta. Determinación del indicador público de renta de efectos múltiples (IPREM) para 2005.


De conformidad con lo establecido en el artícu- lo 2.2 del Real Decreto-ley 3/2004, de 25 de junio, para la racionalización de la regulación del salario mínimo interprofesional y para el incremento de su cuantía, el indicador público de renta de efectos múltiples (IPREM) tendrá las siguientes cuantías durante 2005:

a) El IPREM diario, 15,66 euros.


b) El IPREM mensual, 469,80 euros.


c) El IPREM anual, 5.637,60 euros.


En los supuestos en que la referencia al salario mínimo interprofesional ha sido sustituida por la referencia al IPREM en aplicación de lo establecido en el Real Decreto-ley 3/2004, de 25 de junio, la cuantía anual del IPREM será de 6.577,20 euros cuando las correspondientes normas se refieran al salario mínimo interprofesional en cómputo anual, salvo que expresamente excluyeran las pagas extraordinarias; en este caso, la cuantía será de 5.637,60 euros."

Disposición final segunda. Pago de deudas con la Seguridad Social de instituciones sanitarias.


Se modifica la disposición adicional trigésima octava de la Ley de Presupuestos Generales del Estado para el año 2005, que pasa a tener la siguiente redacción:

"Disposición adicional trigésima octava. Pago de deudas con la Seguridad Social de instituciones sanitarias cuya titularidad ostenten las Administraciones públicas o instituciones sin ánimo de lucro.


Las instituciones sanitarias cuya titularidad ostenten las Administraciones públicas o instituciones públicas o privadas sin ánimo de lucro, acogidas a la moratoria prevista en la disposición adicional trigésima de la Ley 41/1994, de 30 de diciembre, de Presupuestos Generales del Estado para 1995, podrán solicitar a la Tesorería General de la Seguridad Social la ampliación de la carencia concedida a 11 años; asimismo, podrán solicitar la ampliación de la moratoria concedida hasta un máximo de 10 años con amortizaciones anuales."

Disposición final tercera. Disposiciones de aplicación y desarrollo.


Se autoriza al Gobierno para dictar las disposiciones que sean necesarias para la aplicación y desarrollo de este real decreto-ley.


Disposición final cuarta. Entrada en vigor.


El presente real decreto-ley entrará en vigor el 1 de enero de 2005.


CONTROL DE LA ACCIÓN DEL GOBIERNO

PROPOSICIONES NO DE LEY

Pleno

162/000241

La Mesa de la Cámara, en su reunión del día de hoy, ha adoptado el acuerdo que se indica respecto del asunto de referencia.


(162) Proposición no de Ley ante el Pleno

AUTOR: Grupo Parlamentario de Esquerra Republi-cana (ERC).


Proposición no de Ley sobre equiparación de las pensiones no contributivas al salario mínimo interprofesional.


Acuerdo:

Considerando que solicita el debate de la iniciativa ante el Pleno, admitirla a trámite como Proposición no de Ley conforme al artículo 194 del Reglamento, disponer su conocimiento por el Pleno de la Cámara, dando traslado al Gobierno, y publicarla en el Boletín Oficial de las Cortes Generales, así como notificarlo al Grupo proponente.


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En ejecución de dicho acuerdo se ordena la publicación de conformidad con el artículo 97 del Reglamento de la Cámara.


Palacio del Congreso de los Diputados, 28 de diciembre de 2004.-P. D. El Secretario General del Congreso de los Diputados, Manuel Alba Navarro.


A la Mesa del Congreso de los Diputados

El Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana, a iniciativa de la Diputada doña Rosa María Bonàs Pahisa, al amparo de lo dispuesto en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara, presenta la siguiente Proposición no de Ley para su debate en el Pleno.


Exposición de motivos

Existe en el Estado Español un grupo de ciudadanos y ciudadanas que su única fuente de ingresos son los procedentes de una pensión no contributiva.


Las personas perceptoras de la pensión no contributiva provienen de situaciones de jubilación o invalidez, el total de este colectivo se calcula que en todo el Estado asciende a 400.000 personas.


Las personas integrantes de este colectivo deben subsistir con unos ingresos mensuales de 276,30.


La cuantía de la pensión ni siquiera es suficiente para cubrir los gastos de alquiler de una habitación.


La parva cuantía de la pensión sitúa automáticamente a sus perceptores por debajo del límite de la po-breza.


La situación es tanto más injusta en cuanto muchos de ellos fueron trabajadores que después de trabajar durante muchos años en el momento de la jubilación descubrieron que la empresa no había cotizado, en algunos casos esta empresa fue la misma Administración Pública.


Para corregir esta situación, creemos un deber de justicia apelar a la solidaridad del Estado.


Teniendo en cuenta que actualmente es imposible introducir modificaciones en los presupuestos del Estado para 2005, instamos a que no se deje pasar más tiempo del estrictamente necesario a todo este colectivo sumido en la precariedad.


Por todo esto se presenta la siguiente

Proposición no de Ley

"El Congreso de los Diputados insta al Gobierno español a:

Equiparar las pensiones no contributivas al Salario Mínimo Interprofesional.


En el caso de que los perceptores/as de pensiones no contributivas realizaran alguna actividad remunerada, la aportación sería equivalente a la necesaria para equiparar al Salario Mínimo Interprofesional. A tal efecto, se efectuará una previsión en los presupuestos generales del estado para el 2006."

Palacio del Congreso de los Diputados, 21 de diciembre de 2004.-Rosa María Bonàs Pahisa, Diputada.-Joan Puigcercós i Boixassa, Portavoz del Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana (ERC).


162/000242

La Mesa de la Cámara, en su reunión del día de hoy, ha adoptado el acuerdo que se indica respecto del asunto de referencia.


(162) Proposición no de Ley ante el Pleno

AUTOR: Grupo Parlamentario Mixto.


Proposición no de Ley sobre la celebración de la Exposición Internacional de 2008 en Zaragoza.


Acuerdo:

Considerando que solicita el debate de la iniciativa ante el Pleno, admitirla a trámite como Proposición no de Ley conforme al artículo 194 del Reglamento, disponer su conocimiento por el Pleno de la Cámara, dando traslado al Gobierno, y publicarla en el Boletín Oficial de las Cortes Generales, así como notificarlo al Grupo proponente.


En ejecución de dicho acuerdo se ordena la publicación de conformidad con el artículo 97 del Reglamento de la Cámara.


Palacio del Congreso de los Diputados, 28 de diciembre de 2004.-P. D. El Secretario General del Congreso de los Diputados, Manuel Alba Navarro.


A la Mesa del Congreso de los Diputados

Al amparo de lo establecido en el artículo 193 y siguientes del Reglamento del Congreso de los Diputados, el Grupo Mixto, mediante el Diputado de Chunta Aragonesista, don José Antonio Labordeta, presenta la siguiente Proposición no de Ley sobre la celebración de la Exposición Internacional de 2008 en Zaragoza, para su debate en Pleno.


Exposición de motivos

El pasado día 16 de diciembre de 2004 el BIE decidió finalmente que la ciudad de Zaragoza será la sede de la denominada Exposición Internacional en 2008. El proyecto ha conseguido el acuerdo mayoritario y el impulso eficaz, tanto del Gobierno como de todas las instituciones aragonesas, de los agentes económicos y sociales de esta Comunidad Autónoma y, sobre todo, de

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la sociedad, reflejada en más de 15.000 voluntarios inscritos ya, para colaborar en la organización del evento.


Recordamos que el propio Pleno del Congreso de los Diputados aprobó una Declaración Institucional haciendo manifestación expresa de su apoyo a la candidatura de Zaragoza para celebrar esta Exposición Internacional en 2008, ya que se trata de un proyecto que significa un paso adelante en el desarrollo y la proyección internacional no solo de Zaragoza sino de todo Aragón.


La organización de la muestra, bajo el lema "Agua y Desarrollo Sostenible", ya cuenta con el apoyo y respaldo explícito del Gobierno central, autonómico y del propio Ayuntamiento de Zaragoza y supondrá una evolución, sin precedentes cercanos en el tiempo, en el modelo urbanístico de la ciudad y un protagonismo-proyección internacional que se hace imprescindible para abordar con garantías de éxito los retos de futuro de la capital aragonesa.


Es preciso aunar esfuerzos y coordinar voluntades para que la Exposición Internacional sea el éxito que la ciudadanía se merece, aprovechando los elementos y recursos normativos y económicos disponibles. Entendemos que los trabajos de cara a la Expo 2008 se van a realizar de manera coordinada, con las dotaciones económicas suficientes, priorizando objetivos y fomentando la participación de todas las entidades y organismos públicos implicados directamente.


Por este motivo, presentamos la siguiente

Proposición no de Ley

"El Pleno del Congreso de los Diputados acuerda:

1) Transmitir al Gobierno su satisfacción por la nominación de Zaragoza como sede de la candidatura de la Exposición Internacional de 2008.


2) Instar al Gobierno a aprobar, a la mayor brevedad posible, la inclusión del proyecto de la Exposición Internacional de Zaragoza en 2008 en los denominados ''Programas de Apoyo a Acontecimientos de Excepcional Interés Público'', tal y como se especifica en los términos contemplados en el artículo 27 de la Ley 49/2002, de Régimen Fiscal de las Entidades sin Fines Lucrativos y de los Incentivos Fiscales al Mecenazgo, aprovechando además todas las posibilidades legales para su tramitación que se ofrecen con la reciente aprobación de la ''Ley de Modificación de Tasas y de Beneficios Fiscales de Acontecimientos de Excepcional Interés Público'', con el objetivo de conseguir los beneficios fiscales aplicables a dicho tipo de acontecimientos."

Palacio del Congreso de los Diputados, 21 de diciembre de 2004.-José Antonio Labordeta Subías, Diputado.-El Portavoz del Grupo Parlamentario Mixto.


162/000243

La Mesa de la Cámara, en su reunión del día de hoy, ha adoptado el acuerdo que se indica respecto del asunto de referencia.


(162) Proposición no de Ley ante el Pleno

AUTOR: Grupo Parlamentario de Esquerra Republi-cana (ERC).


Proposición no de Ley por la que se insta al Gobierno a la adopción de determinadas medidas antes de la promulgación del Real Decreto por el que se regula la obtención del título de enfermera especialista.


Acuerdo:

Considerando que solicita el debate de la iniciativa ante el Pleno, admitirla a trámite como Proposición no de Ley conforme al artículo 194 del Reglamento, disponer su conocimiento por el Pleno de la Cámara, dando traslado al Gobierno, y publicarla en el Boletín Oficial de las Cortes Generales, así como notificarlo al Grupo proponente.


En ejecución de dicho acuerdo se ordena la publicación de conformidad con el artículo 97 del Reglamento de la Cámara.


Palacio del Congreso de los Diputados, 28 de diciembre de 2004.-P. D. El Secretario General del Congreso de los Diputados, Manuel Alba Navarro.


A la Mesa del Congreso de los Diputados

El Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana, a iniciativa de la Diputada doña Rosa María Bonàs Pahisa, al amparo de lo establecido en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presenta la siguiente Proposición no de Ley para su debate en el Pleno.


Exposición de motivos

Es conocido que el Gobierno está trabajando en un Proyecto de Real Decreto por el que se pretende regular la obtención del título de enfermera especialista, del que ya existe un borrador fechado el día 19 de noviembre de 2004. Dicho proyecto en su redacción actual ha provocado cierta inquietud en el colectivo de enfermeras.


En la exposición de motivos del borrador se hace una velada referencia a la inminente reforma educativa mediante el Real Decreto, que afectará a la estructura de las titulaciones universitarias (grado y master). En el momento en que estas nuevas titulaciones sean una realidad las enfermeras especialistas quedarán excluidas

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de cualquier posibilidad de vinculación de la especialidad a un reconocimiento académico reglado al dejar indefinido el papel de las Universidades en la formación de especialistas.


Resulta por tanto intemporal la promulgación de un Real Decreto de formación de especialistas cuando la propia "formación" se encuentra en proceso de cambio en virtud de la convergencia europea en materia de Educación Superior. Es por ello de gran importancia que los Ministerios de Sanidad y Educación trabajen coordinadamente para definir el marco en el que se desarrollarán las especialidades de enfermería y garantizar el reconocimiento profesional y académico de las mismas.


Debería esperarse a la implantación de los Reales Decretos de Grado y Postgrado y al amparo de los mismos, teniendo en cuenta las necesidades del Sistema Nacional de Salud y consultando a los profesionales de enfermería a través de los organismos competentes, desarrollar en ese momento y no antes, una formación especializada acorde a la libre circulación de profesionales.


Es dable mencionar que desde el año 1987 se han desarrollado únicamente dos especialidades, una de ellas (salud mental) sin vinculación a puestos de trabajo y únicamente en algunas Comunidades Autónomas. En este sentido cabe una reflexión sobre la Disposición Adicional Tercera que se incorpora a esta propuesta de Real Decreto de Especialidades, puesto que por sí misma desvirtúa el Real Decreto en su totalidad porque traduce la discordancia entre la financiación de una especialización y la posible infrautilización de los títulos por el Sistema Nacional de Salud; resulta un agravio respecto a otras profesiones con condición de especialista para el ejercicio profesional y el mismo modelo formativo propuesto; desactiva el incentivo de los egresados hacia la especialización y por tanto pone en evidencia la percepción de tener un sistema de salud con requisitos mínimos de calidad y no contempla el perfil del puesto de trabajo y el profesional que lo ocupa, exceptuando el de Especialista en Enfermería obstétrico ginecológica, puesto que no tiene ni reconocimiento ni condiciones de acceso.


La Ley de Ordenación de las Profesiones Sanitarias a las que se hace referencia en distintos apartados del borrador (Exposición de motivos, artículo 3, artícu- lo 9.2, disposición adicional tercera, disposición final tercera) otorga condiciones de paridad en la composición de los órganos de discusión sobre la formación de especialista a los Ministerios de Sanidad y Consumo y Educación, Cultura y Deporte. Sin embargo, el borrador de Real Decreto sobre especialidades no contempla un organismo o comisión coordinadora entre ambos Ministerios. Existe además una variación en las acreditaciones de unidades docentes entre lo previsto en el borrador de Real Decreto y lo que establece la Ley de Ordenación de las Profesiones Sanitarias, lo que debería corregirse en el Proyecto definitivo.


Se hace necesario, asimismo, que el Real Decreto que en su día se dicte, no entre en contradicción con la estructura de las titulaciones pendiente de legislar y facilite la libre circulación de especialistas en el marco de la Unión Europea.


Es por todo ello que se presenta la siguiente

Proposición no de Ley

"El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a que antes de la promulgación del Real Decreto por el que se regula la obtención del título de enfermera especialista:

1. Cree una Comisión Interministerial en condiciones de paridad donde ambas partes se vean representadas para velar por el beneficio futuro de la formación de especialistas.


2. Clarifique el modelo de formación elegido y cuál es su vinculación con las enseñanzas oficiales de Master que prevé el proceso de convergencia en materia de Educación Superior.


3. Revisar la denominación de las especialidades propuestas para asociar su perfil a las necesidades de determinados puestos de trabajo.


4. Elimine de la propuesta de Real Decreto lo dispuesto en la disposición adicional tercera.


5. Suprima el siguiente redactado del artículo 4.6 ''... y salvo que acrediten un motivo suficiente para ello, podrán ser penalizados en su puntuación hasta las dos convocatorias subsiguientes''.


6. Suprima el siguiente texto de la disposición adicional tercera: ''...
Tampoco supondrá el derecho al desempeño automático de las funciones correspondientes a dicha categoría ni al percibo de diferencia retributiva alguna''.


7. Suprima el siguiente redactado de la disposición transitoria primera: ''... Cuando en una especialidad no existan especialistas, el Ministerio de Educación y Ciencia, previo informe del Ministerio de Sanidad y Consumo y oídas la Organización Colegial de Enfermería y las Sociedades Científicas, concederá el correspondiente título de especialista a aquellos vocales citados en las letras a), b), c) y d) del artículo 8.1 de este Real Decreto, que sean designados para el primer mandato de la Comisión Nacional de que se trate, siempre que dicha designación recaiga en personas de reconocido prestigio y una experiencia profesional de al menos cinco años''."

Palacio del Congreso de los Diputados, 22 de diciembre de 2004.-Rosa María Bonàs Pahisa, Diputada.-Joan Puigcercós i Boixassa, Portavoz del Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana (ERC).


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162/000244

La Mesa de la Cámara, en su reunión del día de hoy, ha adoptado el acuerdo que se indica respecto del asunto de referencia.


(162) Proposición no de Ley ante el Pleno

AUTOR: Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.


Proposición no de Ley relativa a medidas contra el racismo y la xenofobia en el deporte español.


Acuerdo:

Considerando que solicita el debate de la iniciativa ante el Pleno, admitirla a trámite como Proposición no de Ley conforme al artículo 194 del Reglamento, disponer su conocimiento por el Pleno de la Cámara, dando traslado al Gobierno y publicarla en el Boletín Oficial de las Cortes Generales, así como notificarlo al Grupo proponente.


En ejecución de dicho acuerdo se ordena la publicación de conformidad con el artículo 97 del Reglamento de la Cámara.


Palacio del Congreso de los Diputados, 28 de diciembre de 2004.-P. D. El Secretario General del Congreso de los Diputados, Manuel Alba Navarro.


A la Mesa del Congreso de los Diputados

El Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 193 y siguientes del Reglamento de la Cámara, tiene el honor de presentar la siguiente Proposición no de Ley, relativa a medidas contra el racismo y la xenofobia en el deporte español, para su debate en Pleno.


Exposición de motivos

El deporte es un fenómeno social de primer orden, y su enorme repercusión en los medios de comunicación es utilizada por grupos para manifestar actitudes violentas de racismo y xenofobia, tanto dentro como fuera de los estadios de toda Europa. Esta violencia no es exclusiva del mundo del deporte en general, o del fútbol en particular, sino que se encuentra en otros ámbitos de la sociedad. En España los grupos radicales presentan una estructura heterogénea, y últimamente preocupante, con sucesos, entre otros, como los racistas durante el partido amistoso de fútbol España-Inglaterra, si bien, no puede ignorarse que el fenómeno de la violencia se manifiesta con mayor grado de intensidad en el fútbol que en otros deportes.


En este contexto, el principal instrumento jurídico de cooperación internacional sobre esta materia lo constituyó el Convenio Europeo, de 19 de agosto de 1985, sobre la violencia e irrupción de espectadores con motivo de manifestaciones deportivas y especialmente de partidos de fútbol, adoptado en el marco del Consejo de Europa. España ratificó el Convenio el 22 de junio de 1987. Su objetivo consiste en prevenir y reprimir la violencia en partidos de fútbol, aunque algunos países europeos habían adoptado medidas dentro del ámbito de sus respectivos ordenamientos, con la ratificación del Convenio y entre sus compromisos, se obligaba a los Estados a tomar medidas ante la importancia del problema que había superado las fronteras nacionales, aunque presentando una incidencia desigual según los países, lo que requería de la cooperación tanto nacional como internacional.


Por todo ello, los países parte del Convenio se comprometieron a adoptar medidas como la movilización de los servicios de orden suficientes para hacer frente a las manifestaciones de violencia, la estrecha cooperación e intercambio de informaciones apropiadas entre las fuerzas de policía europeas, o la adopción de una legislación adecuada en materia sancionadora.


En España, el fenómeno de la violencia en los espectáculos deportivos, tuvo su reflejo final en la Ley del Deporte de 1990, que adoptó las disposiciones de este Convenio Europeo de 1985. El diseño legal incluía una novedad esencial: la responsabilidad de los organizadores y propietarios en la instalación y el mantenimiento correcto de las medidas de seguridad. De acuerdo con las recomendaciones europeas se creó una Comisión Nacional contra la Violencia en los Espec- táculos Deportivos, integrada por representantes de la Administración General del Estado, de las Comunidades Autónomas y Corporaciones Locales, de las Federaciones deportivas españolas o Ligas Profesionales, Asociaciones de deportistas y por personas de reconocido prestigio en el ámbito del deporte y la seguridad. Se trata de un órgano colegiado dependiente del Ministerio de Educación y Cultura, al que se atribuyen, entre otras, funciones consultivas y de propuesta de sanción. Por otra parte, durante los últimos años, los clubes o sociedades anónimas deportivas, en cumplimiento de las disposiciones legales, han ido adoptando medidas a través de las cuales buscaban reducir el riesgo de actuaciones violentas y, por otro, facilitar las labores de control sobre grupos de seguidores más conflictivos.


Por ello en 1997 ya bajo el Gobierno del Partido Popular, se elaboró un código de ética deportiva, inspirado en el Código Deontológico del Consejo de Europa y especialmente dirigido a deportistas jóvenes participantes en competiciones nacionales e interregionales.


Además, el Gobierno del Partido Popular llevó a cabo el denominado "Compromiso contra la violencia en el deporte" -suscrito el 24 de julio de 2002 por el Ministerio del Interior, el Consejo Superior de Deportes, la Real Federación Española de Fútbol, la Liga

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Nacional de Fútbol Profesional y la Asociación de Futbolistas Españoles-, que supuso la modificación de la Ley del Deporte. Estas propuestas se recogieron en la Ley 53/2002, de 30 de diciembre, de Medidas Fiscales, Administrativas y de Orden Social, que modifica parcialmente la Ley del Deporte y que recogía las medidas previstas en dicho compromiso. De esta forma, se potenciaron las funciones de la Comisión Nacional contra la Violencia en los Espectáculos Deportivos, se simplificó la potestad sancionadora en órganos del Ministerio del Interior, se precisó el estatuto de los organizadores de espectáculos deportivos y sus responsabilidades en materia de prevención y control, incluyéndose la ampliación de las prohibiciones legales relativas a exhibición de simbología violenta, introducción de armas u objetos peligrosos, consumo de alcohol o estupefacientes en los recintos deportivos.


Con la aprobación de la Ley Orgánica 15/2003, de 25 de noviembre, de modificación del Código Penal, se dio respuesta también -y constituye otro instrumento útil para luchar contra la violencia y el racismo en el deporte-, a los compromisos asumidos en materia de modificaciones de la normativa penal, que perseguían un doble objetivo:

- Aumentar la pena prevista para el delito de desórdenes públicos cuando las alteraciones se produjeran en recintos deportivos.


- Favorecer el cumplimiento de las sanciones de prohibición de acceso a los recintos deportivos disponiendo la comparecencia de los infractores en dependencias policiales.


La Ley Orgánica 15/2003 no se limitó a hacer más duras las sanciones por desórdenes públicos, sino que preveía la posibilidad de imponer la pena de privación de acudir a eventos o espectáculos que congreguen a público e implantó otra medida novedosa, como la localización permanente para aquellas personas que anteriormente hayan sido objeto de sanción por hechos cometidos con anterioridad.


Pero la eficacia de estas medidas no será completa, sin la promoción de medidas preventivas y socioeducativas que el Consejo Superior de Deportes se comprometió a desarrollar por sí mismo o en colaboración con otras instituciones. Asimismo, conviene recordar que la Comisión Nacional contra la Violencia está estructurada según el acuerdo adoptado en el Pleno de la misma de 28 de junio de 2001, en tres grandes áreas de trabajo: Subcomisión de Operativa Jurídica, Subcomisión de Infraestructuras e Informes, Subcomisión de Estudios y Prevención.
Después de las reformas en la Comisión Nacional contra la Violencia tras ese acuerdo, se mantuvo la Subcomisión de Operativa Jurídica aunque modificando su composición, e integrándola juristas que representan al Consejo Superior de Deportes, el Ministerio del Interior, la Real Federación Española de Fútbol, Liga de Fútbol y la Federación Española de Municipios y Provincias.


Dada la composición de esta Subcomisión, el Partido Popular considera que ésta podría asesorar a la Comisión Nacional contra la Violencia, es decir, al Ministerio del Interior y al Consejo Superior de Deportes para poner en marcha, coordinar y supervisar todas las medidas necesarias para luchar contra el racismo y la xenofobia en el deporte español. Asimismo, existe también la Subcomisión de Informes e Infraestructuras, que es de por sí un "Observatorio" en sí mismo contra la violencia de todo tipo en el deporte que la integran tanto las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad como la propia Liga y la Real Federación Española de Fútbol, el Ministerio del Interior y el Consejo Superior de Deportes, sería lógico utilizar la experiencia acumulada en ella para realizar estudios y controles de eficacia de las medidas de prevención puestas en práctica y de las medidas que en el futuro se pudieran tomar siguiendo las normas y actualizando las mismas a la legislación española del Consejo de Europa, de la Unión Europea y el Observatorio Europeo de Lucha contra el Racismo y la Xenofobia, así como de federaciones internacionales deportivas como UEFA.


Por consiguiente, en el seno de la Comisión Nacional contra la Violencia, el Gobierno dispone también de una Subcomisión de Estudios y Prevención, por lo que no sería necesario crear duplicidades con nuevos órganos u observatorios, al tener centralizado, con la participación de todas las instituciones todos los instrumentos necesarios para actuar de forma eficaz y diligente si existe la voluntad de hacerlo. Ello sería de gran utilidad como se recoge en la Decisión de 2002 del Consejo de la Unión Europea bajo presidencia española que establecía una red de puntos de información para incrementar la cooperación y el intercambio de información entre fuerzas policiales y otras autoridades competentes para combatir la violencia en el fútbol en Europa, y que refleja distintas tradiciones europeas en la materia.


Por todo ello, el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso propone la siguiente

Proposición no de Ley

"El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a la adopción de las siguientes medidas para luchar, de forma eficiente, contra el racismo y la xenofobia en el deporte español:

1. El Código de Ética Deportiva deberá ser firmado y adoptado en sus reglamentos por todas las federaciones deportivas nacionales y ligas profesionales y será de aplicación a todos sus federados y asociados, tras su publicación en el BOE como orden ministerial por el Consejo Superior de Deportes. El Código se basará y actualizará con las resoluciones e indicaciones del Consejo de Europa, la Unión Europea y el Observatorio Europeo de Lucha contra el Racismo y la Xenofobia,

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así como normas de federaciones internacionales UEFA en materia de lucha contra la violencia y el racismo.


2. El Consejo Superior de Deportes dirigirá y coordinará la elaboración y puesta en marcha de un plan que incluya las medidas del Código y que contará con memoria económica detallada de cada una de las medidas de educación y prevención específicas.


3. En colaboración con las federaciones deportivas y ligas profesionales se desarrollarán campañas de concienciación en medios públicos de comunicación nacionales y autonómicos y especialmente en aquellos que detenten los derechos de transmisión de los deportes profesionales de mayor audiencia. Los operadores de TV aportarán un tanto por ciento de financiación de dichas campañas y el resto el Gobierno u otras instituciones de la Administración General del Estado y en el caso del ámbito autonómico, la Administración Autonómica.


4. Los clubes de fútbol profesional recibirán subvenciones del Estado para crear y formar grupos de voluntariado que fomenten los valores positivos del deporte entre los socios y asistentes a sus eventos deportivos.


5. Continuar aplicando y completar con nuevas medidas, si procede, el acuerdo alcanzado por el Gobierno del Partido Popular la pasada legislatura, entre el Ministerio del Interior, la Real Federación Española de Fútbol, la Liga de Fútbol Profesional y la Asociación de Futbolistas Profesionales y las medidas de refuerzo de lucha contra todo tipo de violencia en el fútbol establecida en las leyes mencionadas en esta Proposición no de Ley.


6. La Comisión Nacional contra la Violencia en el Deporte velará por el cumplimiento de las normas del Código y elevará propuestas para su cumplimiento a los órganos de la Administración que tengan competencia para su cumplimiento. Asimismo elaborará con carácter anual un informe sobre el cumplimiento del Código."

Palacio del Congreso de los Diputados, 17 de diciembre de 2004.-Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.


Comisión de Defensa

161/000525

La Mesa de la Cámara, en su reunión del día de hoy, ha adoptado el acuerdo que se indica respecto del asunto de referencia.


(161) Proposición no de Ley en Comisión

AUTOR: Grupo Parlamentario Socialista del Congreso.


Proposición no de Ley sobre las responsabilidades en relación con el accidente del Yakolev-42.


Acuerdo:

Considerando que solicita el debate de la iniciativa en Comisión, admitirla a trámite como Proposición no de Ley, conforme al artículo 194 del Reglamento, y disponer su conocimiento por la Comisión de Defensa.
Asimismo, dar traslado del acuerdo al Gobierno y al Grupo proponente y publicar en el BOLETÍN OFICIAL DE LAS CORTES GENERALES.


En ejecución de dicho acuerdo se ordena la publicación de conformidad con el artículo 97 del Reglamento de la Cámara.


Palacio del Congreso de los Diputados, 28 de diciembre de 2004.-P. D. El Secretario General del Congreso de los Diputados, Manuel Alba Navarro.


A la Mesa del Congreso de los Diputados

En nombre del Grupo Parlamentario Socialista, tengo el honor de dirigirme a esa Mesa para, al amparo de lo dispuesto en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presentar la siguiente Proposición no de Ley, sobre las responsabilidades en relación con el accidente del Yakolev-42, para su debate en la Comisión de Defensa.


Proposición no de Ley

El Congreso de los Diputados, tras las detalladas informaciones proporcionadas por el Ministro de Defensa, en su comparecencia del pasado día 21 de octubre ante la Cámara, sobre el accidente aéreo del Yakolev-42, en el que fallecieron 62 personas la mayoría de las cuales eran militares españoles, y sobre los graves errores en la posterior identificación de los cadáveres, declara:

1. Que el Gobierno ha adoptado las medidas adecuadas a garantizar la máxima seguridad en los desplazamientos al extranjero de los militares que desempeñan misiones oficiales de paz y cooperación. Asimismo, ha garantizado a los familiares de los fallecidos en el accidente la justa reparación por su pérdida y los daños irrogados.


2. Que la responsabilidad de los poderes públicos por las graves negligencias detectadas en el seguimiento y control de la contratación y del vuelo del avión siniestrado, así como por los importantes errores del proceso de identificación de cadáveres, no corresponde exclusivamente a las instancias militares, sino que afecta

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directamente a las autoridades políticas que ejercían las máximas funciones de dirección de la Administración militar y de la Defensa en el tiempo en que tuvieron lugar los hechos referidos.


Palacio del Congreso de los Diputados, 21 de diciembre de 2004.-Diego López Garrido, Portavoz del Grupo Parlamentario Socialista del Congreso.


161/000525

La Mesa de la Cámara, en su reunión del día de hoy, ha adoptado el acuerdo que se indica respecto del asunto de referencia.


(161) Proposición no de Ley en Comisión

AUTOR: Grupo Parlamentario Socialista del Congreso.


Corrección de error en su Proposición no de Ley sobre las responsabilidades en relación con el accidente del Yakolev-42.


Acuerdo:

Aceptar la declaración de voluntad, teniendo por corregida la iniciativa de referencia, así como comunicarlo a la Comisión de Defensa, al Gobierno y al autor de la iniciativa y publicarlo en el BOLETÍN OFICIAL DE LAS CORTES GENERALES.


En ejecución de dicho acuerdo se ordena la publicación de conformidad con el artículo 97 del Reglamento de la Cámara.


Palacio del Congreso de los Diputados, 28 de diciembre de 2004.-P. D. El Secretario General del Congreso de los Diputados, Manuel Alba Navarro.


A la Mesa del Congreso de los Diputados

En nombre del Grupo Parlamentario Socialista, tengo el honor de dirigirme a esa Mesa a fin de subsanar error advertido en la presentación de la Proposición no de Ley sobre las responsabilidades en relación con el accidente del Yakolev-42, para su debate en la Comisión de Defensa, presentada el 22 de diciembre y con número de Registro 34986.


En el primer párrafo suprimir la siguiente expresión:

"... personas la mayoría de las cuales eran..."

Palacio del Congreso de los Diputados, 28 de diciembre de 2004.-Diego López Garrido, Portavoz del Grupo Parlamentario Socialista del Congreso.


Comisión de Fomento y Vivienda

161/000526

La Mesa de la Cámara, en su reunión del día de hoy, ha adoptado el acuerdo que se indica respecto del asunto de referencia.


(161) Proposición no de Ley en Comisión

AUTOR: Grupo Parlamentario de Izquierda Verde-Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya Verds y de Esquerra Republicana (ERC).


Proposición no de Ley por la que se solicita al Gobierno que el próximo Plan de Vivienda traspase a las Comunidades Autónomas la concreción y aplicación de las líneas de actuación y la gestión de los fondos eco- nómicos.


Acuerdo:

Considerando que solicita el debate de la iniciativa en Comisión, admitirla a trámite como Proposición no de Ley, conforme al artículo 194 del Reglamento, y disponer su conocimiento por la Comisión de Fomento y Vivienda. Asimismo, dar traslado del acuerdo al Gobierno y al Grupo proponente y publicar en el BOLETÍN OFICIAL DE LAS CORTES GENERALES.


En ejecución de dicho acuerdo se ordena la publicación de conformidad con el artículo 97 del Reglamento de la Cámara.


Palacio del Congreso de los Diputados, 28 de diciembre de 2004.-P. D. El Secretario General del Congreso de los Diputados, Manuel Alba Navarro.


A la Mesa del Congreso de los Diputados

Al amparo de lo establecido en el Reglamento de la Cámara, los grupos parlamentarios abajo firmantes presentan la siguiente Proposición no de Ley por la que se solicita al Gobierno que el próximo Plan de Vivienda traspase a las Comunidades Autónomas la concreción y aplicación de las líneas de actuación y la gestión de los fondos económicos para su debate en la Comisión de Fomento y Vivienda.


Exposición de motivos

El acceso a la vivienda se revela en los últimos años como uno de los grandes problemas de la sociedad española, especialmente para los jóvenes, las personas de rentas bajas y los inmigrantes. El artículo 47 de la Constitución Española reconoce el derecho de los españoles a una vivienda digna y adecuada. El artícu-

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lo 148.1 admite el derecho de las Comunidades Autónomas a ejercer la competencia en políticas de vivienda. En el desarrollo estatutario, las Comunidades han ido asumiendo esta competencia.


A pesar de ello, los sucesivos Planes de Vivienda españoles han ido marcando con una gran rigidez las normas a seguir, llegando al detalle de marcar los precios máximos y, a través de convenios con las Comunidades, los cupos por cada tipo de actuación. Esta rigidez no sólo no responde al marco constitucional sino que con el tiempo ha devenido contraproducente, ya que la gran diferencia de precios de mercado del suelo y de la vivienda entre las Comunidades y en el seno de cada una de ellas, ha determinado fracasos señalados en el cumplimiento de los Planes y de los Convenios en determinadas Comunidades.


La gravedad del problema de la vivienda, la necesidad de devolver el ejercicio de las competencias a las Comunidades y los criterios de eficiencia que ha de seguir la acción pública hacen necesario un mayor grado de autonomía de las políticas de vivienda.


Igualmente, los criterios de homogeneidad en el marco general del mercado de inmobiliario y de las políticas monetarias y fiscal aconsejan que el traspaso de la financiación no se produzca sin una armonización de los objetivos y de los instrumentos. Por lo tanto, es conveniente que el Gobierno español y la Conferencia Sectorial de Vivienda acuerden periódicamente objetivos y criterios comunes en las políticas de vivienda.


Por todo ello, formula la siguiente

Proposición no de Ley

"El Congreso de los Diputados insta al Gobierno español a:

1. Que en la elaboración del nuevo Plan de Vivienda anunciado para 2005 determine el grado de adecuado de autonomía de las Comunidades, de manera que, sobre criterios acordados en la Conferencia Sectorial de Vivienda, las Comunidades puedan definir su propios objetivos y mecanismos.


2. Que el nuevo Plan de Vivienda distribuya en los Presupuestos Generales del Estado las dotaciones financieras de forma equitativa entre las Comunidades Autónomas atendiendo prioritariamente a criterios demográficos.


3. Que aplique el criterio de subsidiariedad y de gestión de las Comunidades Autónomas."

Palacio del Congreso de los Diputados, 22 de di-ciembre de 2004.-Gaspar Llamazares Trigo y Joan Herrera Torres, Portavoces del Grupo Parlamentario de Izquierda Verde-Izquierda Unida-Iniciativa per Ca-talunya Verds.-Joan Puigcercós i Boixassa, Portavoz del Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana (ERC).


Comisión de Educación y Ciencia

161/000532

La Mesa de la Cámara, en su reunión del día de hoy, ha adoptado el acuerdo que se indica respecto del asunto de referencia.


(161) Proposición no de Ley en Comisión

AUTOR: Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.


Proposición no de Ley relativa a medidas contra el racismo y la xenofobia en el deporte español.


Acuerdo:

Considerando que solicita el debate de la iniciativa en Comisión, admitirla a trámite como Proposición no de Ley, conforme al artículo 194 del Reglamento, y disponer su conocimiento por la Comisión de Educación y Ciencia. Asimismo, dar traslado del acuerdo al Gobierno y al Grupo proponente y publicar en el Boletín Oficial de las Cortes Generales.


En ejecución de dicho acuerdo se ordena la publicación de conformidad con el artículo 97 del Reglamento de la Cámara.


Palacio del Congreso de los Diputados, 28 de diciembre de 2004.-P. D. El Secretario General del Congreso de los Diputados, Manuel Alba Navarro.


A la Mesa del Congreso de los Diputados

El Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 193 y siguientes del Reglamento de la Cámara, tiene el honor de presentar la siguiente Proposición no de Ley, relativa a medidas contra el racismo y la xenofobia en el Deporte Español, para su debate en Comisión.


Exposición de motivos

El Deporte es un fenómeno social de primer orden, y su enorme repercusión en los medios de comunicación es utilizada por grupos para manifestar actitudes violentas, de racismo y xenofobia, tanto dentro como fuera de los estadios de toda Europa. Esta violencia no es exclusiva del mundo del deporte en general, o del fútbol en particular, sino que se encuentra en otros ámbitos de la sociedad. En España los grupos radicales presentan una estructura heterogénea, y últimanente preocupante, con sucesos, entre otros, como los racistas durante el partido amistoso de fútbol España-Inglaterra, si bien, no puede ignorarse que el fenómeno de la

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violencia se manifiesta con mayor grado de intensidad en el fútbol que en otros deportes.


En este contexto, el principal instrumento jurídico de cooperación internacional sobre esta materia lo constituyó el Convenio Europeo, de 19 de agosto de 1985, sobre la violencia e irrupción de espectadores con motivo de manifestaciones deportivas y especialmente de partidos de fútbol, adoptado en el marco del Consejo de Europa. España ratificó el Convenio el 22 de junio de 1987. Su objetivo consiste en prevenirla y reprimir la violencia en partidos de fútbol, aunque algunos países europeos habían adoptado medidas dentro del ámbito de sus respectivos Ordenamientos, con la ratificación del Convenio, y entre sus compromisos, se obligaba a los Estados a tomar medidas ante la importancia del problema que había superado las fronteras nacionales, aunque presentando una incidencia desigual según los países, lo que requería de la cooperación tanto nacional como internacional.


Por todo ello, los países parte del Convenio se comprometieron a adoptar medidas como la movilización de los servicios de orden suficientes para hacer frente a las manifestaciones de violencia, la estrecha cooperación e intercambio de informaciones apropiadas entre las fuerzas de policía europeas, o la adopción de una legislación adecuada en materia sancionadora.


En España, el fenómeno de la violencia en los espectáculos deportivos, tuvo su reflejo final en la Ley del Deporte de 1990, que adoptó las disposiciones de este Convenio Europeo de 1985. El diseño legal incluía una novedad esencial: la responsabilidad de los organizadores y propietarios en la instalación y el mantenimiento correcto de las medidas de seguridad. De acuerdo con las recomendaciones europeas se creó una Comisión Nacional contra la Violencia en los Espectáculos Deportivos, integrada por representantes de la Administración General del Estado, de las Comunidades Autónomas y Corporaciones Locales, de las Federaciones deportivas españolas o Ligas Profesionales, Asociaciones de deportistas y por personas de reconocido prestigio en el ámbito del deporte y la seguridad. Se trata de un órgano colegiado, dependiente del Ministerio de Educación y Cultura, al que se atribuyen, entre otras, funciones consultivas y de propuesta de sanción. Por otra parte, durante los últimos años, los clubes o sociedades anónimas deportivas, en cumplimiento de las disposiciones legales, han ido adoptando medidas a través de las cuales buscaban reducir el riesgo de actuaciones violentas y, por otro, facilitar las labores de control sobre grupos de seguidores más conflictivos.


Por ello, en 1997, ya bajo el Gobierno del Partido Popular, se elaboró un Código de Ética deportiva, inspirado en el Código Deontológico del Consejo de Europa, y especialmente dirigido a deportistas jóvenes participantes en competiciones nacionales e interregionales.


Además, el Gobierno del Partido Popular llevó a cabo el denominado "Compromiso contra la Violencia en el Deporte" -suscrito el 24 de julio de 2002, el Ministerio del Interior, el Consejo Superior de Deportes, la Real Federación Española de Fútbol, la Liga Nacional de Fútbol Profesional y la Asociación de Futbolistas Españoles-, que supuso la modificación de la Ley del Deporte. Estas propuestas se recogieron en la Ley 53/2002, de 30 de diciembre, de Medidas Fiscales, Administrativas y de Orden Social, que modifica parcialmente la Ley del Deporte y que recogía las medidas previstas en dicho compromiso. De esta forma, se potenciaron las funciones de la Comisión Nacional contra la violencia en los espectáculos deportivos; se simplificó la potestad sancionadora en órganos del Ministerio del Interior, se precisó el estatuto de los organizadores de espectáculos deportivos y sus responsabilidades en materia de prevención y control, incluyéndose la ampliación de las prohibiciones legales relativas a exhibición de simbología violenta, introducción de armas u objetos peligrosos, consumo de alcohol o estupefacientes en los recintos deportivos.


Con la aprobación de la Ley Orgánica 15/2003, de 25 de noviembre, de modificación del Código Penal, se dio respuesta también -y constituye otro instrumento útil para luchar contra la violencia y el racismo en el deporte-, a los compromisos asumidos en materia de modificaciones de la normativa penal, que perseguían un doble objetivo:

- Aumentar la pena prevista para el delito de desórdenes públicos cuando las alteraciones se produjeran en recintos deportivos.


- Favorecer el cumplimiento de las sanciones de prohibición de acceso a los recintos deportivos disponiendo la comparecencia de los infractores en dependencias policiales.


La Ley Orgánica 15/2003 no se limitó a hacer más duras las sanciones por desórdenes públicos, sino que preveía la posibilidad de imponer la pena de privación de acudir a eventos o espectáculos que congreguen a público e implantó otra medida novedosa, como la localización permanente para aquellas personas que anteriormente hayan sido objeto de sanción por hechos cometidos con anterioridad.


Pero la eficacia de estas medidas no será completa, sin la promoción de medidas preventivas y socioeducativas que el Consejo Superior de Deportes se comprometió a desarrollar por sí mismo o en colaboración con otras instituciones. Asimismo, conviene recordar que la Comisión Nacional contra la Violencia está estructurada según el Acuerdo adoptado en el Pleno de la misma del 28 de junio de 2001, en tres grandes áreas de trabajo: Subcomisión de operativa jurídica, Subcomisión de Infraestructuras e informes, subcomisión de estudios y prevención.
Después de las reformas en la Comisión Nacional contra la Violencia tras ese Acuerdo, se mantuvo la Subcomisión de Operativa Jurídica aunque modificando su composición, e integrándola juristas que representan al Consejo Superior de Deportes, el

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Ministerio del Interior, la Real Federación Española de Fútbol, Liga de Fútbol y la Federación Española de Municipios y Provincias.


Dada la composición de esta Subcomisión, el Partido Popular considera que esta podría asesorar a la Comisión Nacional contra la Violencia, es decir, al Ministerio del Interior y al Consejo Superior de Deportes para poner en marcha, coordinar y supervisar todas las medidas necesarias para luchar contra el racismo y la xenofobia en el Deporte Español. Asimismo, existe también la Subcomisión de Informes e Infraestructuras, que es de por sí un "Observatorio" en sí mismo contra la violencia de todo tipo en el Deporte que la integran tanto las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, como la propia Liga y la Real Federación Española de Fútbol, el Ministerio del Interior y el Consejo Superior de Deportes, sería lógico utilizar la experiencia acumulada en ella para realizar estudios y controles de eficacia de las medidas de prevención puestas en práctica y de las medidas que en el futuro se pudieran tomar siguiendo las normas y actualizando las mismas a la legislación española del Consejo de Europa, de la Unión Europea y el Observatorio Europeo de Lucha contra el Racismo y la Xenofobia, así como de Federaciones Internacionales Deportivas como UEFA.


Por consiguiente, en el seno de la Comisión Nacional contra la violencia, el Gobierno dispone también de una Subcomisión de Estudios y Prevención, por lo que no sería necesario crear duplicidades con nuevos órganos u observatorios, al tener centralizado, con la participación de todas las instituciones todos los instrumentos necesarios para actuar de forma eficaz y diligente si existe la voluntad de hacerlo. Ello sería de gran utilidad como se recoge en la Decisión de 2002 del Consejo de la Unión Europea bajo Presidencia española que establecía una red de puntos de información para incrementar la cooperación y el intercambio de información entre fuerzas policiales y otras autoridades competentes para combatir la violencia en el fútbol en Europa, y que refleja distintas tradiciones europeas en la materia.


Por todo ello, el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso propone la siguiente

Proposición no de Ley

"El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a la adopción de las siguientes medidas para luchar, de forma eficiente, contra el racismo y la xenofobia en el Deporte Español:

1. El Código de Ética Deportiva deberá ser firmado y adoptado en sus reglamentos por todas las Federaciones Deportivas Nacionales y Ligas profesionales y será de aplicación a todos sus federados y asociados, tras su publicación en el BOE como Orden Ministerial por el Consejo Superior de Deportes. El Código se basará y actualizará con las resoluciones e indicaciones del Consejo de Europa, la Unión Europea y el Observatorio Europeo de Lucha contra el Racismo y la Xenofobia, así como normas de Federaciones Internacionales UEFA en materia de lucha contra la violencia y el racismo.


2. El Consejo Superior de Deportes dirigirá y coordinará la elaboración y puesta en marcha de un Plan que incluya las medidas del Código y que contará con memoria económica detallada de cada una de las medidas de educación y prevención específicas.


3. En colaboración con las Federaciones Deportivas y Ligas Profesionales se desarrollarán campañas de concienciación en medios públicos de comunicación nacionales y autonómicos, y especialmente en aquellos que detenten los derechos de transmisión de los deportes profesionales de mayor audiencia. Los operadores de TV aportarán un tanto por 100 de financiación de dichas campañas, y el resto el Gobierno u otras Instituciones de la Administración General del Estado, y en el caso del ámbito autonómico, la Administración Autonómica.


4. Los clubes de fútbol profesional recibirán subvenciones del Estado para crear y formar grupos de voluntariado que fomenten los valores positivos del deporte entre los socios y asistentes a sus eventos deportivos.


5. Continuar aplicando, y completar con nuevas medidas, si procede, el Acuerdo alcanzado por el Gobierno del Partido Popular la pasada legislatura, entre el Ministerio del Interior, la Real Federación Española de Fútbol, la Liga de Fútbol Profesional y la Asociación de Futbolistas Profesionales y las medidas de refuerzo de lucha contra todo tipo de violencia en el fútbol establecida en las Leyes mencionadas en esta Proposición no de Ley.


6. La Comisión Nacional contra la Violencia en el Deporte velará por el cumplimiento de las normas del Código, y elevará propuestas para su cumplimiento a los órganos de la Administración que tengan competencia para su cumplimiento. Asimismo, elaborará con carácter anual un informe sobre el cumplimiento del Código."

Palacio del Congreso de los Diputados, 17 de diciembre de 2004.-Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.


Comisión de Industria, Turismo y Comercio

161/000524

La Mesa de la Cámara, en su reunión del día de hoy, ha adoptado el acuerdo que se indica respecto del asunto de referencia.


(161) Proposición no de Ley en Comisión

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AUTOR: Grupo Parlamentario Socialista del Congreso.


Proposición no de Ley relativa a la creación de un Parador Nacional en el Monasterio de Veruela (Zaragoza).


Acuerdo:

Considerando que solicita el debate de la iniciativa en Comisión, admitirla a trámite como Proposición no de Ley, conforme al artículo 194 del Reglamento, y disponer su conocimiento por la Comisión de Industria, Turismo y Comercio. Asimismo, dar traslado del acuerdo al Gobierno y al Grupo proponente y publicar en el Boletín Oficial de las Cortes Generales.


En ejecución de dicho acuerdo se ordena la publicación de conformidad con el artículo 97 del Reglamento de la Cámara.


Palacio del Congreso de los Diputados, 28 de diciembre de 2004.-P. D. El Secretario General del Congreso de los Diputados, Manuel Alba Navarro.


A la Mesa del Congreso de los Diputados

En nombre del Grupo Parlamentario Socialista tengo el honor de dirigirme a esa Mesa para, al amparo de lo establecido en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presentar la siguiente Proposición no de Ley para su debate en la Comisión de Industria, Turismo y Comercio.


Exposición de motivos

El Real Monasterio de Santa María de Veruela, el primer monasterio cisterciense de Aragón cuyos orígenes se remontan al siglo XI, es un espacio simbólico para los aragoneses y, especialmente, para la población de la Comarca del Moncayo. Declarado Monumento Nacional, además de albergar actividades musicales y artísticas, y de ser un importante centro turístico, ha dado pie a rodajes de películas, series de televisión y reportajes.


Este monasterio es, desde 1998, propiedad de la Diputación Provincial de Zaragoza, quien presentó en 1999 una propuesta al Instituto de Turismo de España para conseguir que el monasterio pase a formar parte de la red de paradores nacionales.


Tras sucesivas paralizaciones de este proyecto por parte del gobierno del Partido Popular, parece ahora el momento, con el comienzo de una nueva Legislatura y con un Ejecutivo progresista al frente, de desarrollar el estudio de viabilidad comercial y de interés turístico que permita convertir una parte de este Monasterio en Parador Nacional.


En consecuencia con lo anterior, el Grupo Parlamentario Socialista presenta la siguiente Proposición no de Ley para su debate y votación.


Exposición de motivos

El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a realizar los estudios necesarios para determinar si la creación de un Parador Nacional en el Monasterio de Veruela es viable desde el punto de vista del interés turístico y la viabilidad comercial.


De resultar viable, crear, en función de las disponibilidades presupuestarias, un Parador Nacional en el Monasterio de Veruela (Zaragoza).


Palacio del Congreso de los Diputados, 16 de di-ciembre de 2004.-Ana María Fuentes Pacheco y Eva Sáenz Royo, Diputadas.-Diego López Garrido, Portavoz del Grupo Parlamentario Socialista del Congreso.


161/000529

La Mesa de la Cámara, en su reunión del día de hoy, ha adoptado el acuerdo que se indica respecto del asunto de referencia.


(161) Proposición no de Ley en Comisión

AUTOR: Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.


Proposición no de Ley relativa al cultivo de la cochinilla.


Acuerdo:

Considerando que solicita el debate de la iniciativa en Comisión, admitirla a trámite como Proposición no de Ley, conforme al artículo 194 del Reglamento, y disponer su conocimiento por la Comisión de Industria, Turismo y Comercio. Asimismo, dar traslado del acuerdo al Gobierno y al Grupo proponente y publicar en el Boletín Oficial de las Cortes Generales.


En ejecución de dicho acuerdo se ordena la publicación de conformidad con el artículo 97 del Reglamento de la Cámara.


Palacio del Congreso de los Diputados, 28 de diciembre de 2004.-P. D. El Secretario General del Congreso de los Diputados, Manuel Alba Navarro.


A la Mesa del Congreso de los Diputados

El Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara, tiene el honor de presentar la siguiente Proposición no de Ley, relativa al cultivo de la cochinilla, para su debate en Comisión de Industria, Comercio y Turismo.


Lanzarote es el único lugar del mundo donde se cultiva la cochinilla, un insecto del cual se extrae el ácido carmínico, que se utiliza para todo tipo de colorante, no

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sólo en farmacología, sino también en cosmética, bebidas, etc. En otras zonas, como Perú o Chile, los campesinos la recogen de plantas asilvestradas, y esta singular forma de cultivo de la cochinilla tiene además un alto valor medioambiental y de atractivo paisajístico, en una isla que vive en un 98 por 100 del turismo y que, además, ha sido catalogada por la UNESCO Reserva Mundial de la Biosfera.


Hasta la fecha, la cochinilla se exporta como materia prima en bruto, sin poder beneficiarse los agricultores de la zona del valor añadido que supondría poderlo enviar ya transformado en ácido carmínico, ya que de producirse así habría un aumento considerable del valor añadido del producto y por consecuencia de mayor rentabilidad para los agricultores.


En Lanzarote la superficie actual del cultivo ronda las 200 hectáreas, ubicadas en las dos localidades: Mala y Guatiza (términos municipales de Teguise y Haría), y la producción total de la isla se cifra en unos 10.800 kilogramos anuales, de los cerca de 20.000 que se producen en toda España.


La cochinilla, una vez transformada, es un colorante natural utilizado desde épocas muy antiguas, produciendo una amplia gama de color rojo. Su aplicación es asimismo muy extensa, aunque su utilización en el sector de la cosmética, especialmente el carmín de labios, es quizás la más conocida. El producto se utiliza también para el teñido de tejidos, coloración de bebidas alcohólicas, especialidades farmacéuticas y alimentación. En este último apartado, en Europa se usa el carmín de cochinilla en mieles, vinagres, condimentos y salsas, pescados secos y salados, helados, leches aromatizadas y fermentadas, embutidos caramelos, productos de pastelería, etc.


En definitiva, para conseguir que este cultivo siga siendo un cultivo en la isla de Lanzarote que beneficie a estos municipios, es por lo que sería conveniente la creación de un Centro de Transformación que permita aprovechar las potencialidades de este cultivo y, con ello, conseguir el beneficio económico que genera el producto y el beneficio paisajístico para esta zona.


"Por todo ello instamos al Gobierno a:

1.º Promover un Convenio con el Cabildo Insular de Lanzarote para la creación de un Centro de Transformación de Cochinillas en la isla.


2.º Realizar los trabajos y estudios necesarios, en colaboración con distintas Universidades, para que se realicen proyectos de investigación del colorante procedente de la cochinilla."

Palacio del Congreso de los Diputados, 25 de noviembre de 2004.-Cándido Reguera Díaz, Diputado.-Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.


Comisión de Agricultura, Pesca y Alimentación

161/000475

La Comisión de Agricultura, Pesca y Alimentación, en su sesión del día 20 de diciembre de 2004, ha acordado aprobar con modificaciones la Proposición no de Ley sobre elaboración de un Plan de exportaciones de productos de origen animal, presentada por el Grupo Parlamentario Socialista del Congreso y publicada en el "BOCG. Congreso de los Diputados", serie D, núm. 118, de 9 de diciembre de 2004, en los siguientes términos:

"El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a:

Elaborar, en colaboración con los distintos sectores afectados, un Plan de Medidas para la Mejora del Acceso de los Productos Ganaderos Españoles a los Mercados Internacionales.


Dicho Plan contará con la participación del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, del Ministerio de Industria, Comercio y Turismo, del Ministerio de Sanidad, del Ministerio de Asuntos Exteriores y las Comunidades Autónomas y contemplará, al menos, las siguientes actuaciones:

1. Intensificar el esfuerzo negociador tendente a la apertura de nuevos mercados y a garantizar el mantenimiento y potenciación de las corrientes comerciales en mercados ya abiertos.


Que la labor negociadora tendente a la apertura de nuevos mercados y potenciación de los ya abiertos se realice junto con el Instituto de Comercio Exterior (ICEX).


2. Promover un Comité Nacional de Exportación de Productos Ganaderos que aúne los esfuerzos de los distintos agentes exportadores y permita la formalización de acuerdos con las Administraciones Públicas.


3. Establecimiento de un sistema objetivo y transparente para que las empresas puedan acceder a conocer los requisitos particulares de determinados mercados de exportación.


4. Elaboración de una ''Lista Única'' abierta de empresas que cumplen el conjunto de requisitos de los más exigentes mercados internacionales.


5. Revisión y simplificación de los trámites administrativos necesarios para la exportación en especial los necesarios para la obtención del ''certificado de exportación'' que podrá ser emitido en español e inglés.


Asimismo, se elaborará en castellano e inglés una nomenclatura de piezas de exportación, de acuerdo con los usos internacionales."

A dicha Proposición no de Ley se formularon tres enmiendas, cuyo texto, asimismo, se inserta.


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Se ordena su publicación de conformidad con lo previsto en el artículo 97 del Reglamento de la Cá-mara.


Palacio del Congreso de los Diputados, 22 de diciembre de 2004.-P. D. El Secretario General del Congreso de los Diputados, Manuel Alba Navarro.


A la Mesa de la Comisión de Agricultura, Pesca y Alimentación

El Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara, tiene el honor de presentar la siguiente enmienda a la Proposición no de Ley sobre elaboración de un Plan de exportaciones de productos de origen animal.


Enmienda

De adición.


"El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a:

1. Que la labor negociadora tendente a la apertura de nuevos mercados y potenciación de los ya abiertos se realice junto con el Instituto de Comercio Exterior (ICEX).


2. Que se deban promover no una interprofesional sino todas aquellas que componen los diferentes subsectores ganaderos.


3. La lista única mencionada debe ser abierta y en comunicación directa con las Interprofesionales y Asociaciones representativas de la Industria Cárnica. Se aprobarán partidas presupuestarias, dirigidas mediante subvenciones y créditos blandos a la adaptación estructural y técnica del mayor número de empresas a los requisitos de los países terceros.


4. Que para la simplificación de todos los trámites, se cree un órgano colegiado de Comercio Exterior Ganadero en el seno del Ministerio de Agricultura, en el que estén representados todos los agentes interesados, la Administración (ICEX, Agencia Tributaria, MAPA, CC AA), y que sirva de foro de diálogo, de impulso y solución rápida y transparente de los problemas."

Justificación.


Mejora técnica.


Palacio del Congreso de los Diputados, 20 de diciembre de 2004.-Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.


A la Mesa de la Comisión de Agricultura, Pesca y Alimentación

Don Josep Antoni Duran i Lleida, en su calidad de Portavoz del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), y al amparo de lo establecido en el artícu- lo 194 y siguientes del Reglamento de la Cámara, presenta una enmienda de modificación del segundo párrafo a la Proposición no de Ley sobre elaboración de un Plan de exportaciones de productos de origen animal del Grupo Parlamentario Socialista (PSOE).


Redacción que se propone:

"El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a:

Dicho Plan contará con la participación del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, del Ministerio de Industria, Comercio y Turismo, del Ministerio de Sanidad y del Ministerio de Asuntos Exteriores y contemplará, al menos, las siguientes actuaciones".


Palacio del Congreso de los Diputados, 20 de diciembre de 2004.-Josep Antoni Duran i Lleida, Portavoz del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió).


A la Mesa de la Comisión de Agricultura, Pesca y Alimentación

Don Josep Antoni Duran i Lleida, en su calidad de Portavoz del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), y al amparo de lo establecido en el artículo 194 y siguientes del Reglamento de la Cámara, presenta una enmienda de modificación del apartado 5 de la Proposición no de Ley sobre elaboración de un Plan de exportaciones de productos de origen animal del Grupo Parlamentario Socialista (PSOE).


Redacción que se propone:

"El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a:

5. Revisión y simplificación de los trámites administrativos necesarios para la exportación admitiendo a trámite la expedición de certificados sanitarios, guías, en español y en inglés."

Palacio del Congreso de los Diputados, 20 de diciembre de 2004.-Josep Antoni Duran i Lleida, Portavoz del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió).


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Comisión de Sanidad y Consumo

161/000528

La Mesa de la Cámara, en su reunión del día de hoy, ha adoptado el acuerdo que se indica respecto del asunto de referencia.


(161) Proposición no de Ley en Comisión

AUTOR: Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana (ERC).


Proposición no de Ley por la que se insta al Gobierno a la adopción de determinadas medidas antes de la promulgación del Real Decreto por el que se regula la obtención del título de enfermera especialista.


Acuerdo

Considerando que solicita el debate de la iniciativa en Comisión, admitirla a trámite como Proposición no de Ley, conforme al artículo 194 del Reglamento, y disponer su conocimiento por la Comisión de Sanidad y Consumo. Asimismo, dar traslado del acuerdo al Gobierno y al Grupo proponente y publicar en el Boletín Oficial de las Cortes Generales.


En ejecución de dicho acuerdo se ordena la publicación de conformidad con el artículo 97 del Reglamento de la Cámara.


Palacio del Congreso de los Diputados, 28 de diciembre de 2004.-P. D. El Secretario General del Congreso de los Diputados, Manuel Alba Navarro.


A la Mesa del Congreso de los Diputados

El Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana, a iniciativa de la Diputada doña Rosa María Bonàs Pahisa, al amparo de lo establecido en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presenta la siguiente Proposición no de Ley, para su debate en Comisión.


Exposición de motivos

Es conocido que el Gobierno está trabajando en un Proyecto de Real Decreto por el que se pretende regular la obtención del título de enfermera especialista del que ya existe un borrador fechado el día 19 de noviembre de 2004. Dicho proyecto en su redacción actual ha provocado cierta inquietud en el colectivo de enfermeras.


En la exposición de motivos del borrador se hace una velada referencia a la inminente reforma educativa mediante Real Decreto, que afectará a la estructura de las titulaciones universitarias (grado y master). En el momento en que estas nuevas titulaciones sean una realidad las enfermeras especialistas quedarán excluidas de cualquier posibilidad de vinculación de la especialidad a un reconocimiento académico reglado al dejar indefinido el papel de las Universidades en la formación de especialistas.


Resulta por tanto intemporal la promulgación de un Real Decreto de formación de especialistas cuando la propia "formación" se encuentra en proceso de cambio en virtud de la convergencia europea en materia de educación superior. Es por ello de gran importancia que los Ministerios de Sanidad y Educación trabajen coordinadamente para definir el marco en el que se desarrollarán las especialidades de enfermería y garantizar el reconocimiento profesional y académico de las mismas.


Debería esperarse a la implantación de los Reales Decretos de Grado y Postgrado y al amparo de los mismos, teniendo en cuenta las necesidades del Sistema Nacional de Salud y consultando a los profesionales de enfermería a través de los organismos competentes, desarrollar en ese momento y no antes, una formación especializada acorde a la libre circulación de profesionales.


Es dable mencionar que desde el año 1987 se han desarrollado únicamente dos especialidades, una de ellas (salud mental) sin vinculación a puestos de trabajo y únicamente en algunas Comunidades Autónomas. En este sentido cabe una reflexión sobre la disposición adicional tercera que se incorpora a esta propuesta de Real Decreto de especialidades, puesto que por sí misma desvirtúa el Real Decreto en su totalidad porque traduce la discordancia entre la financiación de una especialización y la posible infrautilización de los títulos por el Sistema Nacional de Salud; resulta un agravio respecto a otras profesiones con condición de especialista para el ejercicio profesional y el mismo modelo formativo propuesto; desactiva el incentivo de los egresados hacia la especialización y por tanto pone en evidencia la percepción de tener un sistema de salud con requisitos mínimos de calidad y no contempla el perfil del puesto de trabajo y el profesional que lo ocupa, exceptuando el de Especialista en Enfermería obstétrico ginecológica, puesto que no tiene ni reconocimiento ni condiciones de acceso.


La Ley de ordenación de las Profesiones Sanitarias a las que se hace referencia en distintos apartados del borrador (exposición de motivos, artículo 3, artículo 9.2, disposición adicional tercera, disposición final tercera) otorga condiciones de paridad en la composición de los órganos de discusión sobre la formación de especialista a los Ministerios de Sanidad y Consumo y Educación, Cultura y Deporte. Sin embargo, el borrador de Real Decreto sobre especialidades no contempla un organismo o comisión coordinadora entre ambos Ministerios. Existe además una variación en las acreditaciones de unidades docentes entre lo previsto en el borrador del Real Decreto y lo que establece la Ley de Ordenación de las Profesiones Sanitarias, lo que debería corregirse en el Proyecto definitivo.


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Se hace necesario asimismo que el Real Decreto que en su día se dicte, no entre en contradicción con la estructura de las titulaciones pendiente de legislar y facilite la libre circulación de especialistas en el marco de la Unión Europea.


Es por todo ello que se presenta la siguiente

Proposición no de Ley

"El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a que antes de la promulgación del Real Decreto por el que se regula la obtención del título de enfermera especialista:

1. Cree una Comisión Interministerial en condiciones de paridad donde ambas partes se vean representadas para velar por el beneficio futuro de la formación de especialistas.


2. Clarifique el modelo de formación elegido y cuál es su vinculación con las enseñanzas oficiales de Master que prevé el proceso de convergencia en materia de Educación Superior.


3. Revisar la denominación de las especialidades propuestas para asociar su perfil a las necesidades de determinados puestos de trabajo.


4. Elimine de la propuesta de Real Decreto lo dispuesto en la disposición adicional tercera.


5. Suprima del siguiente redactado del artículo 4.6 "... y salvo que acrediten un motivo suficiente para ello, podrán ser penalizados en su puntuación hasta las dos convocatorias subsiguientes".


6. Suprima del siguiente texto de la disposición adicional tercera:

"... Tampoco supondrá el derecho al desempeño automático de las funciones correspondientes a dicha categoría ni al percibo de diferencia retributiva alguna".


7. Suprima del siguiente redactado de la disposición transitoria primera: "... Cuando en una especialidad no existan especialistas, el Ministerio de Educación y Ciencia, previo informe del Ministerio de Sanidad y Consumo y oídas la Organización Colegial de Enfermería y las Sociedades Científicas, concederá el correspondiente título de especialistas a aquellos vocales citados en las letras a), b), c) y d) del artículo 8.1 de este Real Decreto, que sean designados para el primer mandato de la Comisión Nacional de que se trate, siempre que dicha designación recaiga en personas de reconocido prestigio y una experiencia profesional de al menos cinco años"."

Palacio del Congreso de los Diputados, 22 de diciembre de 2004.-Rosa María Bonàs Pahisa, Diputada.-Joan Puigcercós i Boixassa, Portavoz del Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana (ERC).


161/000531

La Mesa de la Cámara, en su reunión del día de hoy, ha adoptado el acuerdo que se indica respecto del asunto de referencia.


(161) Proposición no de Ley en Comisión

AUTOR: Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.


Proposición no de Ley relativa al Plan Nacional de Prevención y Control del Tabaquismo.


Acuerdo:

Considerando que solicita el debate de la iniciativa en Comisión, admitirla a trámite como Proposición no de Ley, conforme al artículo 194 del Reglamento, y disponer su conocimiento por la Comisión de Sanidad y Consumo. Asimismo, dar traslado del acuerdo al Gobierno y al Grupo proponente y publicar en el Boletín Oficial de las Cortes Generales

En ejecución de dicho acuerdo se ordena la publicación de conformidad con el artículo 97 del Reglamento de la Cámara.


Palacio del Congreso de los Diputados, 28 de diciembre de 2004.-P. D. El Secretario General del Congreso de los Diputados, Manuel Alba Navarro.


A la Mesa del Congreso de los Diputados

El Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara, tiene el honor de presentar la siguiente Proposición no de Ley relativa al Plan Nacional de Prevención y Control del Tabaquismo para su debate en Comisión.


Exposición de motivos

El tabaquismo es la principal causa de enfermedad y muerte prevenible, representando uno de los principales problemas de salud pública, si no el mayor, que afecta al conjunto de la sociedad.


El tabaquismo se ha convertido en la primera causa de muerte evitable en España.


La reducción en el consumo de tabaco es la más importante medida de salud pública que los países pueden adoptar para beneficio de su salud y así lo entendió el Gobierno del Partido Popular en la legislatura pasada.


En junio de 2001, desde la presidencia del Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud, se presentó la propuesta de elaborar, conjuntamente por las Comunidades Autónomas y el Ministerio de Sanidad y

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Consumo, un Plan Nacional de Prevención y Control del Tabaquismo, Plan que fue aprobado en el Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud en el año 2003.


Desde la llegada al Gobierno del PSOE, hasta la fecha de hoy, no se ha puesto en marcha, ni desarrollado, ninguna de las medidas contempladas en el Plan elaborado conjuntamente por el Ministerio de Sanidad y Consumo y las Comunidades Autónomas y que fue aprobado por el Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud, con la consiguiente paralización completa de dicho Plan, por tanto:

Es por ello, que el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, presenta la siguiente Proposición no de Ley.


"El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a que:

1. Haga efectivo el Plan Nacional de Prevención y Control del Tabaquismo 2003-2007, en coordinación y colaboración con las Comunidades Autónomas.


2. A la mayor brevedad posible aplique todas las medidas contenidas en dicho Plan.


3. Se dote suficientemente y se adopten las medidas oportunas para el desarrollo urgente de dicho Plan Nacional."

Palacio del Congreso de los Diputados, 15 de diciembre de 2004.-Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.


Comisión de Medio Ambiente

161/000530

La Mesa de la Cámara, en su reunión del día de hoy, ha adoptado el acuerdo que se indica respecto del asunto de referencia.


(161) Proposición no de Ley en Comisión

AUTOR: Grupo Parlamentario Popular en el Congreso

Proposición no de Ley relativa a la aplicación de un canon medioambiental para el uso del agua destinada a los regadíos.


Acuerdo:

Considerando que solicita el debate de la iniciativa en Comisión, admitirla a trámite como Proposición no de Ley, conforme al artículo 194 del Reglamento, y disponer su conocimiento por la Comisión de Medio Ambiente. Asimismo, dar traslado del acuerdo al Gobierno y al Grupo proponente y publicar en el Boletín Oficial de las Cortes Generales.


En ejecución de dicho acuerdo se ordena la publicación de conformidad con el artículo 97 del Reglamento de la Cámara.


Palacio del Congreso de los Diputados, 28 de diciembre de 2004.-P. D. El Secretario General del Congreso de los Diputados, Manuel Alba Navarro.


A la Mesa del Congreso de los Diputados

El Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 193 y siguientes del Reglamento de la Cámara, tiene el honor de presentar la siguiente Proposición no de Ley, relativa a la aplicación de un canon medioambiental para el uso del agua destinada a los regadíos, para su debate en Comisión.


Exposición de motivos

El pasado mes de septiembre la Ministra Cristina Narbona afirmaba que, en cumplimiento de la normativa europea, habría que repercutir sobre la tarifa del agua el coste de las infraestructuras relacionadas con la utilización de ese recurso que se construyan en el futuro. Aclaró la Ministra que "para los que ahora mismo están disfrutando de infraestructuras ya construidas, el precio del agua no va a subir absolutamente nada".


Recientemente, se ha conocido la nueva propuesta del Ministerio de Medio Ambiente para aplicar un canon por el uso del agua. Especial trascendencia tendría en el caso de los regadíos, que iría en función de los consumos de cada hectárea a lo largo del año. Este canon, que se sumaría a las tarifas del agua y también a las que el MIMAN ha fijado para las nuevas infraestructuras, tendría como inmediata consecuencia la pérdida de competitividad para el regadío español.


Por todo ello, el Grupo Parlamentario Popular tiene el honor de presentar la siguiente Proposición no de Ley:

"El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a:

1. Retirar la propuesta presentada en la Permanente del Consejo Nacional del Agua, de aplicar un llamado canon medioambiental -un impuesto sobre el uso-, variable según los distintos usos del agua.


2. Reconocer la pérdida de competitividad que para la agricultura española tendría ese sobrecoste en el precio del agua.


3. Basar cualquier modificación que quiera introducir en la política de agua en estudios científicos y rigurosos, sometidos a debate en el Consejo Nacional

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del Agua y en la Comisión de Medio Ambiente del Congreso de los Diputados."

Palacio del Congreso de los Diputados, 14 de diciembre de 2004.-Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.


PREGUNTAS PARA RESPUESTA ORAL

Comisión de Sanidad y Consumo

181/000533

La Mesa de la Cámara, en su reunión del día de hoy, ha adoptado el acuerdo que se indica respecto del asunto de referencia.


(181) Pregunta oral al Gobierno en Comisión

AUTOR: Velasco Morillo, Elvira (GP).


Actuaciones para la construcción del Hospital de Benavente (Zamora).


Acuerdo:

Admitir a trámite, conforme a lo dispuesto en el artículo 189 de Reglamento, y encomendar su cono- cimiento a la Comisión de Sanidad y Consumo. Asimismo, dar traslado del acuerdo al Gobierno y a la señora Diputada preguntante y publicar en el Boletín Oficial de las Cortes Generales.


En ejecución de dicho acuerdo se ordena la publicación de conformidad con el artículo 97 del Reglamento de la Cámara.


Palacio del Congreso de los Diputados, 28 de diciembre de 2004.-P. D. El Secretario General del Congreso de los Diputados, Manuel Alba Navarro.


Grupo Parlamentario Popular en el Congreso

Pregunta con respuesta oral en la Comisión de Sanidad y Consumo.


Diputada doña Elvira Velasco Morillo.


Texto:

¿Qué actuaciones tiene previstas llevar al cabo el Ministerio de Sanidad y Consumo para la construcción del Hospital de Benavente (Zamora)?

Palacio del Congreso de los Diputados, 2 de diciembre de 2004.-Elvira Velasco Morillo, Diputada.


COMPETENCIAS EN RELACIÓN CON OTROS ÓRGANOS E INSTITUCIONES

TRIBUNAL CONSTITUCIONAL

232/000033

La Mesa de la Cámara, en su reunión del día de hoy, ha adoptado el acuerdo que se indica respecto del asunto de referencia.


(232) Recurso de inconstitucionalidad

AUTOR: Tribunal Constitucional.


Sentencia dictada por el Pleno del citado Tribunal en el recurso de inconstitucionalidad número 2375/1995, interpuesto por el Presidente del Gobierno, contra los artículos 4.1, último inciso, 5, 6 y 7 de la Ley del Parlamento de las Illes Balears 6/1995, de 21 de marzo, de actuación de la Comunidad Autónoma en la aplicación de las medidas judiciales sobre menores infractores.


Acuerdo:

Tomar conocimiento y trasladar a la Dirección de Estudios y Documentación y al Departamento de Asesoría Jurídica de la Secretaría General, así como publicar en el Boletín Oficial de las Cortes Generales el encabezamiento y el fallo de la sentencia.


En ejecución de dicho acuerdo se ordena la publicación de conformidad con el artículo 97 del Reglamento de la Cámara.


Palacio del Congreso de los Diputados, 28 de diciembre de 2004.-P. D. El Secretario General del Congreso de los Diputados, Manuel Alba Navarro.


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El Pleno del Tribunal Constitucional, compuesto por doña María Emilia Casas Baamonde, Presidenta; don Guillermo Jiménez Sánchez, don Vicente Conde Martín de Hijas, don Javier Delgado Barrio, doña Elisa Pérez Vera, don Roberto García-Calvo y Montiel, don Eugeni Gay Montalvo, don Jorge Rodríguez-Zapata Pérez, don Ramón Rodríguez Arribas, don Pascual Sala Sánchez, don Manuel Aragón Reyes y don Pablo Pérez Tremps, Magistrados, ha pronunciado

EN NOMBRE DEL REY

la siguiente

S E N T E N C I A

En el recurso de inconstitucionalidad núm. 2375/1995, interpuesto por el Presidente del Gobierno contra los artículos 4.1, último inciso, 5, 6 y 7 de la Ley del Parlamento de las Illes Balears 6/1995, de 21 de marzo, de actuación de la Comunidad Autónoma en la aplicación de las medidas judiciales sobre menores infractores. Ha intervenido y formulado alegaciones el Gobierno de las Illes Balears. Ha sido ponente el Magistrado don Manuel Aragón Reyes, quien expresa el parecer del Tribunal.


F A L L O

En atención a todo lo expuesto, el Tribunal Constitucional, por la autoridad que le confiere la Constitución de la Nación Española,

Ha decidido

Estimar en parte el recurso de inconstitucionalidad núm. 2375/1995 y declarar que son inconstitucionales y, en consecuencia, nulos los siguientes preceptos de la Ley del Parlamento de las Illes Balears 6/1995, de 21 de marzo, de actuación de la Comunidad Autónoma en aplicación de las medidas judiciales sobre menores infractores:

a) El artículo 4.1, último inciso ("bien otras medidas enumeradas en el artículo siguiente y tendentes a evitar el proceso"), y el artículo 5.


b) Los artículos 6 (a excepción del apartado cuarto y de la segunda frase del apartado quinto, "La Administración autonómica garantizará la idoneidad de los acogedores") y 7, con los efectos señalados en el fundamento jurídico noveno.


Publíquese esta sentencia en el "Boletín Oficial del Estado".


Dada en Madrid a 16 de diciembre de 2004.


233/000063

La Mesa de la Cámara, en su reunión del día de hoy, ha adoptado el acuerdo que se indica respecto del asunto de referencia.


(233) Cuestión de inconstitucionalidad

AUTOR: Tribunal Constitucional.


Sentencia dictada por el Pleno del citado Tribunal en las cuestiones de inconstitucionalidad números 133/1995, 134/1995 y 135/1995 acumuladas, planteadas por la Sección Cuarta de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, en relación con los epígrafes I [apartados A.3 y C.2.c)] y II del número 12 del anexo I de la Ley de la Comunidad de Madrid 11/1985, de 19 de diciembre, de Presupuestos Generales para el año 1986, y sobre las tarifas I [apartados 1.3 y 3.2.b)] y II del artículo 36 de la Ley de la Comunidad de Madrid 5/1986, de 25 de junio, que regula las Tasas de la Comunidad de Madrid, por posible vulneración de los artículos 9.3 y 24.1 de la Constitución Española.


Acuerdo:

Tomar conocimiento y trasladar, junto con la Providencia remitida mediante escrito número de registro 35299, a la Dirección de Estudios y Documentación y al Departamento de Asesoría Jurídica de la Secretaría General, así como publicar en el Boletín Oficial de las Cortes Generales el encabezamiento y el fallo de la sentencia.


En ejecución de dicho acuerdo se ordena la publicación de conformidad con el artículo 97 del Reglamento de la Cámara.


Palacio del Congreso de los Diputados, 28 de diciembre de 2004.-P. D. El Secretario General del Congreso de los Diputados, Manuel Alba Navarro.


El Pleno del Tribunal Constitucional, compuesto por doña María Emilia Casas Baamonde, Presidenta; don Guillermo Jiménez Sánchez, don Vicente Conde Martín de Hijas, don Javier Delgado Barrio, doña Elisa Pérez Vera, don Roberto García-Calvo y Montiel, don Eugeni Gay Montalvo, don Jorge Rodríguez-Zapata Pérez, don Pascual Sala Sánchez, don Manuel Aragón Reyes y don Pablo Pérez Tremps, Magistrados, han pronunciado

EN NOMBRE DEL REY

la siguiente

SENTENCIA

En las cuestiones de inconstitucionalidad acumuladas números 133/1995, 134/1995 y 135/1995, planteadas por la Sección Cuarta de la Sala de lo Contencioso-Administrativo

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del Tribunal Superior de Justicia de Madrid en relación con los epígrafes I [apartados A.3 y C.2.c)] y II del número 12 del anexo I de la Ley de la Comunidad de Madrid 11/1985, de 19 de diciembre, de Presupuestos Generales para el año 1986, y sobre las Tarifas I [apartados 1.3 y 3.2.b)] y II del artículo 36 de la Ley de la Comunidad de Madrid 5/1986, de 25 de junio, que regula las Tasas de la Comunidad de Madrid, por presunta vulneración de los artículos 9.3 y 24.1 de la Constitución Española. Se han personado el Consejo de Gobierno de la Comunidad de Madrid, a través de la letrada de sus servicios jurídicos, doña Carlota Roch Martínez de Azcoitia, y la Asamblea de Madrid, a través de su letrado, don Antonio Lucio Gil. Han intervenido el Abogado del Estado, en la representación que ostenta, y el Fiscal General del Estado. Ha sido ponente el Magistrado don Manuel Aragón Reyes, quien expresa el parecer del Tribunal.


F A L L O

En atención a todo lo expuesto, el Tribunal Constitucional, por la autoridad que le confiere la Constitución de la Nación Española,

Ha decidido

1.º Inadmitir parcialmente las cuestiones de inconstitucionalidad números 133/1995, 134/1995 y 135/1995 respecto de las dudas de constitucionalidad promovidas por la Sección Cuarta de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid en relación con el artículo 18.1 de la Ley de la Comunidad de Madrid 11/1985, de 19 de diciembre, de Presupuestos Generales para el año 1986, y con los apartados 1.3 y 3.2.b) de la Tarifa I y la Tarifa II, ambas del artículo 36, y de la disposición transitoria de la Ley de la Comunidad de Madrid 5/1986, de 25 de junio, que regula las Tasas de la Comunidad de Madrid, en los términos expresados en el fundamento jurídico 2.


2.º Desestimar las cuestiones de inconstitucionalidad números 133/1995, 134/1995 y 135/1995 respecto de las dudas de constitucionalidad planteadas por la Sección Cuarta de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid con referencia a los epígrafes I [apartados A.3 y C.2.c)] y II del número 12 del anexo I de la Ley de la Comunidad de Madrid 11/1985, de 19 de diciembre, de Presupuestos Generales para el año 1986.


Publíquese la Sentencia en el "Boletín Oficial del Estado".


Dada en Madrid, a dieciséis de diciembre de dos mil cuatro.


233/000064

La Mesa de la Cámara, en su reunión del día de hoy, ha adoptado el acuerdo que se indica respecto del asunto de referencia.


(233) Cuestión de inconstitucionalidad

AUTOR: Tribunal Constitucional.


Sentencia dictada por el Pleno del citado Tribunal en la cuestión de inconstitucionalidad número 1364/1999, planteada por el Juzgado de Primera Instancia núme- ro 13 de Zaragoza, por supuesta inconstitucionalidad del artículo 1.2 y los apartados 1, 4, 5, 7 y 10 del ordinal primero del anexo de la Ley sobre responsabilidad civil y seguro en la circulación de vehículos a motor, según la redacción que dio a dichos preceptos la disposición adicional octava de la Ley 30/1995, de 8 de noviembre, de ordenación y supervisión de los seguros privados.


Acuerdo:

Tomar conocimiento y trasladar a la Dirección de Estudios y Documentación y al Departamento de Asesoría Jurídica de la Secretaría General, así como publicar en el BOLETÍN OFICIAL DE LAS CORTES GENERALES el encabezamiento y el fallo de la sentencia.


En ejecución de dicho acuerdo se ordena la publicación de conformidad con el artículo 97 del Reglamento de la Cámara.


Palacio del Congreso de los Diputados, 28 de diciembre de 2004.-P. D. El Secretario General del Congreso de los Diputados, Manuel Alba Navarro.


El Pleno del Tribunal Constitucional, compuesto por doña María Emilia Casas Baamonde, Presidenta; don Guillermo Jiménez Sánchez, don Vicente Conde Martín de Hijas, don Javier Delgado Barrio, doña Elisa Pérez Vera, don Roberto García-Calvo y Montiel, don Eugeni Gay Montalvo, don Jorge Rodríguez-Zapata Pérez, don Ramón Rodríguez Arribas, don Pascual Sala Sánchez, don Manuel Aragón Reyes y don Pablo Pérez Tremps, Magistrados, ha pronunciado

EN NOMBRE DEL REY

la siguiente

SENTENCIA

En la cuestión de inconstitucionalidad núm. 1364/99, promovida por el Juzgado de Primera Instancia nú- mero 13 de Zaragoza, por supuesta inconstitucionalidad del artículo 1.2 y los apartados 1, 4, 5, 7 y 10 del

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ordinal primero del anexo de la Ley sobre responsabilidad civil y seguro en la circulación de vehículos a motor, según la redacción que dio a dichos preceptos la disposición adicional octava de la Ley 30/1995, de 8 de noviembre, de ordenación y supervisión de los seguros privados. Han comparecido y formulado alegaciones el Abogado del Estado y el Fiscal General del Estado. Ha sido Ponente el Magistrado don Manuel Aragón Reyes, quien expresa el parecer de este Tribunal.


F A L L O

En atención a todo lo expuesto, el Tribunal Constitucional, por la autoridad que le confiere la Constitución de la Nación Española,

Ha decidido

Inadmitir la presente cuestión de inconstitucionalidad planteada por el Juzgado de Primera Instancia núm. 13 de Zaragoza.


Publíquese esta Sentencia en el "Boletín Oficial del Estado".


Dada en Madrid, a dieciséis de diciembre de dos mil cuatro.


233/000065

La Mesa de la Cámara, en su reunión del día de hoy, ha adoptado el acuerdo que se indica respecto del asunto de referencia.


(233) Cuestión de inconstitucionalidad

AUTOR: Tribunal Constitucional.


Sentencia dictada por el Pleno del citado Tribunal en la cuestión de inconstitucionalidad número 3562/2000 y acumuladas, planteadas por la Sección Séptima de la Sala de lo Contencioso-Administrativo de la Audiencia Nacional, y número 3666/2002, promovida por la Sección Sexta de la misma Sala de lo Contencioso-Administrativo, todas ellas sobre el artículo 1 del Real Decreto-ley 2/1996, de 26 de enero, sobre determinadas prestaciones patrimoniales de carácter público gestionadas por la Administración General del Estado y los entes públicos de ella dependientes, por su posible vulneración de los artículos 31.3 y 86 de la Constitución Española.


Acuerdo:

Tomar conocimiento y trasladar a la Dirección de Estudios y Documentación y al Departamento de Asesoría Jurídica de la Secretaría General, así como publicar en el BOLETÍN OFICIAL DE LAS CORTES GENERALES el encabezamiento y el fallo de la sentencia.


En ejecución de dicho acuerdo se ordena la publicación de conformidad con el artículo 97 del Reglamento de la Cámara.


Palacio del Congreso de los Diputados, 28 de diciembre de 2004.-P. D. El Secretario General del Congreso de los Diputados, Manuel Alba Navarro.


El Pleno del Tribunal Constitucional, compuesto por doña María Emilia Casas Baamonde, Presidenta; don Guillermo Jiménez Sánchez, don Vicente Conde Martín de Hijas, don Javier Delgado Barrio, doña Elisa Pérez Vera, don Roberto García-Calvo y Montiel, don Eugeni Gay Montalvo, don Jorge Rodríguez-Zapata Pérez, don Ramón Rodríguez Arribas, don Pascual Sala Sánchez, don Manuel Aragón Reyes y don Pablo Pérez Tremps, Magistrados, ha pronunciado

EN NOMBRE DEL REY

la siguiente

SENTENCIA

En las cuestiones de inconstitucionalidad acumuladas números 3562-2000, 3572-2000, 4174-2000, 5344-2000, 5572-2000, 5573-2000, 5903-2000, 235-2001, 300-2001, 342-2001, 763-2001, 1741-2001, 6356-2001, 6378-2001, 6396-2001, 6397-2001, 6426-2001, 6450-2001, 6451-2001, 6452-2001, 6646-2001, 6647-2001, 6648-2001, 6665-2001, 6666-2001, 6667-2001, 6711-2001, 4250-2002 y 4251-2002, planteadas por la Sección Séptima de la Sala de lo Contencioso-Administrativo de la Audiencia Nacional, y número 3666-2002, promovida por la Sección Sexta de la misma Sala de lo Contencioso-Administrativo, todas ellas sobre el artículo 1 del Real Decreto-ley 2/1996, de 26 de enero, sobre determinadas prestaciones patrimoniales de carácter público gestionadas por la Administración General del Estado y los entes públicos de ella dependientes, por su posible vulneración de los artículos 31.3 y 86 CE. Han intervenido el Abogado del Estado, en la representación que ostenta, y el Fiscal General del Estado. Ha sido ponente el Magistrado don Vicente Conde Martín de Hijas, quien expresa el parecer del Tribunal.


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FALLO

En atención a todo lo expuesto, el Tribunal Constitucional, por la autoridad que le confiere la Constitución de la Nación española,

Ha decidido

Inadmitir la cuestiones de inconstitucionalidad números 3562-2000, 3572-2000, 4174-2000, 5344-2000, 5572-2000, 5573-2000, 5903-2000, 235-2001, 300-2001, 342-2001, 763-2001, 1741-2001, 6356-2001, 6378-2001, 6396-2001, 6397-2001, 6426-2001, 6450-2001, 6451-2001, 6452-2001, 6646-2001, 6647-2001, 6648-2001, 6665-2001, 6666-2001, 6667-2001, 6711-2001, 3666-2002, 4250-2002 y 4251-2002.


Publíquese esta Sentencia en el "Boletín Oficial del Estado".


Dada en Madrid, a dieciséis de diciembre de dos mil cuatro.


OTRAS INSTITUCIONES

401/000001

En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 97 del Reglamento de la Cámara se ordena la publicación en el Boletín Oficial de las Cortes Generales de la aprobación por la Comisión de Industria, Turismo y Comercio, en su sesión del día 15 de diciembre de 2004, del Informe General de las actividades realizadas por el Consejo de Seguridad Nuclear, así como anexos técnicos correspondientes al año 2003, sin modificaciones con respecto al informe de la Ponencia Especial, publicado en el "BOCG. Congreso de los Diputados", serie D, núm. 132, de 30 de diciembre de 2004.


Palacio del Congreso de los Diputados, 22 de diciembre de 2004.-P. D. El Secretario General del Congreso de los Diputados, Manuel Alba Navarro.

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