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BOCG. Congreso de los Diputados, serie D, núm. 173, de 18/03/2005
 


BOLETÍN OFICIAL DE LAS CORTES GENERALES
CONGRESO DE LOS DIPUTADOS
VIII LEGISLATURA
Serie D: GENERAL
18 de marzo de 2005

Núm. 173


ÍNDICE

Composición y organización de la Cámara

Pleno

051/000002 Composición del Pleno. Altas y bajas ... (Página 2)

Grupos Parlamentarios

010/000009 Composición de los Grupos Parlamentarios. Altas y bajas ...
(Página 2)

Control sobre las disposiciones del ejecutivo con fuerza de Ley

Decretos-Leyes

130/000012 Real Decreto-ley 1/2005, de 4 de febrero, por el que se adoptan medidas urgentes para paliar los daños ocasionados en el sector agrario por las heladas acaecidas en el mes de enero de 2005. Convalidación ...
(Página 2)

130/000013 Real Decreto-ley 2/2005, de 11 de febrero, por el que se adoptan medidas urgentes para reparar los daños causados por los movimientos sísmicos acaecidos el 29 de enero y los primeros días del mes de febrero de 2005 en Lorca (Murcia). Convalidación ... (Página 5)

130/000014 Real Decreto-ley 3/2005, de 18 de febrero, por el que se adoptan medidas en relación con la prestación de servicios portuarios básicos y se amplía el plazo para la transformación de las sociedades estatales de estiba y desestiba en agrupaciones portuarias de interés económico. Convalidación ... (Página 9)

Otros textos

Declaraciones institucionales

140/000010 Declaración institucional con motivo del Día Internacional de la Mujer ... (Página 10)

140/000011 Declaración institucional conmemorativa de los atentados perpetrados en Madrid el día 11 de marzo de 2004 ... (Página 11)

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COMPOSICIÓN Y ORGANIZACIÓN DE LA CÁMARA

De conformidad con el artículo 97 del Reglamento de la Cámara, se ordena la publicación en el Boletín Oficial de las Cortes Generales de los cambios habidos en la composición de la Cámara.


Palacio del Congreso de los Diputados, 9 de marzo de 2005.-P. D. El Secretario General del Congreso de los Diputados, Manuel Alba Navarro.


PLENO

051/000002

A) Relación por orden alfabético de señores Diputados que han adquirido la plena condición de Diputado.


Bajas:

CASTELLANO RODRÍGUEZ, María del Carmen 04-03-2005

RODRÍGUEZ LÓPEZ, María Dolores 02-03-2005

Altas:

MARISCAL ANAYA, Guillermo 08-03-2005

POZO FERNÁNDEZ, Patricia del 08-03-2005

B) Relación de Diputados que han presentado su credencial, por circunscripciones.


Las Palmas:

MARISCAL ANAYA, Guillermo PP

Sevilla:

POZO FERNÁNDEZ, Patricia del PP

C) Relación de Diputados por orden de presentación de credenciales.


Nombre: POZO FERNÁNDEZ, Patricia del.


Circunscripción: Sevilla.


Número: 371.


Fecha: 8 de marzo de 2005.


Formación electoral: PP.


Nombre: MARISCAL ANAYA, Guillermo.


Circunscripción: Las Palmas.


Número: 372.


Fecha: 8 de marzo de 2005.


Formación electoral: PP.


GRUPOS PARLAMENTARIOS

010/000009

Grupo Parlamentario Popular en el Congreso (010/000008)

Número de miembros al 9 de marzo de 2005: 148.


Bajas:

CASTELLANO RODRÍGUEZ, María del Carmen 04-03-2005

RODRÍGUEZ LÓPEZ, María Dolores 02-03-2005

Altas:

MARISCAL ANAYA, Guillermo 08-03-2005

POZO FERNÁNDEZ, Patricia del 08-03-2005

CONTROL SOBRE LAS DISPOSICIONES DEL EJECUTIVO CON FUERZA DE LEY

DECRETOS-LEYES

130/000012

Se publica a continuación el Real Decreto-ley 1/2005, de 4 de febrero, por el que se adoptan medidas urgentes para paliar los daños ocasionados en el sector agrario por las heladas acaecidas en el mes de enero de 2005.


En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 86.2 de la Constitución, dicho Real Decreto-ley fue sometido a debate y votación de totalidad por el Congreso de los Diputados en su sesión del día de hoy, en la que se acordó su convalidación.


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Se ordena la publicación de conformidad con lo dispuesto en el artículo 97 del Reglamento de la Cámara.


Palacio del Congreso de los Diputados, 10 de marzo de 2005.-P. D. El Secretario General del Congreso de los Diputados, Manuel Alba Navarro.


REAL DECRETO-LEY 1/2005, DE 4 DE FEBRERO, POR EL QUE SE ADOPTAN MEDIDAS URGENTES PARA PALIAR LOS DAÑOS OCASIONADOS EN EL SECTOR AGRARIO POR LAS HELADAS ACAECIDAS EN EL MES DE ENERO DE 2005

En el mes de enero de 2005, las bajas temperaturas persistentes durante varios días consecutivos provocaron graves daños por heladas en numerosos cultivos agrícolas, con una incidencia especial y muy generalizada en las Comunidades Autónomas de Andalucía, Illes Balears, Región de Murcia y Comunidad Valenciana, si bien esta adversidad climática afectó, aunque con menor incidencia, a otras comunidades autónomas.


Esta situación adversa ocasionó las pérdidas más importantes en las explotaciones agrarias orientadas a la producción de hortalizas y de frutales.


La magnitud de los daños producidos configura una situación asimilable a la de desastre natural, en los términos establecidos por las directrices comunitarias sobre ayudas estatales al sector agrario, y aconsejan la actuación inmediata de los poderes públicos con la adopción de medidas paliativas tendentes al restablecimiento gradual de la normalidad económica en las zonas afectadas.


Habida cuenta de que estas contingencias de adversidad climática no tienen, en algunos casos, cobertura completa en el marco del seguro agrario combinado, se arbitran medidas paliativas adecuadas en consonancia con la naturaleza e incidencia de los daños ocasionados en las producciones de los territorios afectados y en las rentas de los agricultores.


Se prevé, así, un catálogo de medidas que afectan a varios departamentos ministeriales sobre diferentes aspectos de sus respectivas competencias, unas dirigidas a disminuir, adecuar las cargas tributarias a la capacidad contributiva de los agricultores afectados; otras, a la concesión de créditos preferentes para mantener la competitividad de las empresas agrarias, así como las destinadas a flexibilizar el cumplimiento de las obligaciones de pago a la Seguridad Social y otras medidas de orden laboral.


En su virtud, en uso de la autorización contenida en el artículo 86 de la Constitución, a propuesta de la Vicepresidenta Primera del Gobierno y Ministra de la Presidencia, del Vicepresidente Segundo del Gobierno y Ministro de Economía y Hacienda y de los Ministros de Trabajo y Asuntos Sociales y de Agricultura, Pesca y Alimentación y previa deliberación del Consejo de Ministros en su reunión del día 4 de febrero de 2005,

DISPONGO:

Artículo 1. Ámbito de aplicación.


1. Las medidas establecidas en este Real Decreto- ley se destinarán a paliar los daños ocasionados por las heladas acaecidas en el mes de enero de 2005, en las explotaciones agrarias ubicadas en los términos municipales y núcleos de población afectados de las comunidades autónomas, con un nivel de pérdidas de producción bruta, al menos, de un 20 por ciento de la producción normal en zonas desfavorecidas, y un 30 por ciento en las demás zonas, de conformidad con los criterios establecidos por la Unión Europea.


2. Por Orden del Ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, oídas las comunidades autónomas y las organizaciones representativas del sector, se delimitarán los ámbitos territoriales afectados en orden a la aplicación de las medidas previstas.


Artículo 2. Indemnización de daños en producciones agrícolas.


Serán objeto de indemnización los daños cuantitativos provocados por las heladas en las explotaciones agrícolas que tengan pólizas en vigor amparadas por el Plan de seguros agrarios combinados y hayan sufrido en sus producciones pérdidas no cubiertas por las líneas de seguros agrarios.


No obstante, para el caso de aquellas producciones que en la fecha de la ocurrencia de la helada tuviesen abierto el período de suscripción, pero todavía no se hubiese formalizado la correspondiente póliza de seguro, también podrán percibir las anteriores indemnizaciones, siempre y cuando hubiesen estado asegurados contra el riesgo de helada en la campaña anterior.


Artículo 3. Beneficios fiscales.


1. Se concede la exención de las cuotas del Impuesto sobre Bienes Inmuebles correspondientes al ejercicio 2005 que afecta a las explotaciones agrarias situadas en el ámbito geográfico de aplicación de este Real Decreto-ley y que acrediten haber sufrido daños en sus producciones en los términos regulados en éste.


2. Las exenciones en los tributos señalados en el apartado anterior comprenden las de los recargos legalmente autorizados sobre ellos.


3. Los contribuyentes que tengan derecho a los beneficios establecidos en los apartados anteriores y hubieran satisfecho los recibos correspondientes a dicho ejercicio fiscal podrán pedir la devolución de las cantidades ingresadas.


4. La disminución de ingresos en tributos locales que los anteriores apartados produzcan en los ayuntamientos

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y diputaciones provinciales será compensada con cargo a los Presupuestos Generales del Estado, de conformidad con lo establecido en el artículo 9 del texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, aprobado por el Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo.


Artículo 4. Reducciones fiscales especiales para las actividades agrarias.


Para las explotaciones y actividades agrarias, realizadas en las zonas que determine la orden ministerial que se dicte en desarrollo del artículo 1 de este Real Decreto-ley, y conforme a las previsiones contenidas en el apartado 4.1 del artículo 35 del Reglamento del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas, aprobado por el Real Decreto 1775/2004, de 30 de julio, el Ministerio de Economía y Hacienda, a la vista del informe del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, podrá autorizar, con carácter excepcional, la reducción de los índices de rendimiento neto a los que se refiere la Orden EHA/3902/2004, de 29 de noviembre, por la que se desarrollan para el año 2005 el método de estimación objetiva del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas y el régimen especial simplificado del Impuesto sobre el Valor Añadido.


Artículo 5. Medidas laborales y de Seguridad Social.


1. Los expedientes de regulación de empleo que tengan su causa en los daños producidos por las heladas de las que se hace mención en el artículo 1 tendrán la consideración de provenientes de una situación de fuerza mayor, con las consecuencias que se derivan de los artículos 47 y 51 del texto refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores, aprobado por el Real Decreto Legislativo 1/1995, de 24 de marzo. La Tesorería General de la Seguridad Social podrá exonerar al empresario del abono de las cuotas a la Seguridad Social en el primer supuesto mientras dure el período de suspensión, y se mantendrá la condición de dicho período como efectivamente cotizado por el trabajador. En los casos en que se produzca extinción del contrato, las indemnizaciones de los trabajadores correrán a cargo del Fondo de Garantía Salarial, con los límites legalmente establecidos.


En los expedientes en que se resuelva favorablemente la suspensión de contratos o la reducción temporal de la jornada de trabajo con base en circunstancias excepcionales, la autoridad laboral podrá autorizar que el tiempo en que se perciban las prestaciones por desempleo, reguladas en el título III del texto refundido de la Ley General de la Seguridad Social, aprobado por el Real Decreto Legislativo 1/1994, de 20 de junio, que traigan su causa inmediata en las heladas, no se compute a efectos de consumir los períodos máximos de percepción establecidos. Igualmente, podrá autorizar que reciban prestaciones por desempleo aquellos trabajadores incluidos en dichos expedientes que carezcan de los períodos de cotización necesarios para tener derecho a ellas.


2. Las empresas y los trabajadores por cuenta propia, incluidos en cualquier régimen de la Seguridad Social, podrán solicitar y obtener, previa justificación de los daños sufridos, una moratoria de un año sin interés en el pago de las cotizaciones a la Seguridad Social correspondiente a los meses de febrero, marzo y abril.


3. Los cotizantes a la Seguridad Social que tengan derecho a los beneficios establecidos en los apartados anteriores y hubiesen satisfecho las cuotas correspondientes a las exenciones o a la moratoria de que se trate podrán pedir la devolución de las cantidades ingresadas, incluidos, en su caso, los recargos y costas correspondientes. Si el que tuviera derecho a la devolución fuera deudor a la Seguridad Social por cuotas correspondientes a otros períodos, el crédito por la devolución será aplicado al pago de las deudas pendientes con aquélla, en la forma que legalmente proceda.


Artículo 6. Líneas preferentes de crédito.


1. Se instruye al Instituto de Crédito Oficial (ICO), en su condición de agencia financiera del Estado, para instrumentar una línea de préstamos por importe de 15 millones de euros, que podrá ser ampliada por el Ministerio de Economía y Hacienda en función de la evaluación de los daños y de la demanda consiguiente. Se utilizará la mediación de las entidades financieras con implantación en las comunidades autónomas afectadas y se suscribirán con ellas los oportunos convenios de colaboración.


2. Estas líneas de crédito tendrán como finalidad asegurar la continuidad en la actividad productiva, en condiciones competitivas, de las explotaciones agrarias afectadas por las heladas y contribuirán a la financiación de los costes de producción de los cultivos que se inicien con posterioridad a las fechas de las heladas, siempre que las pérdidas ocasionadas por esta adversidad climática hayan superado el 40 por ciento de la producción normal de la explotación y los solicitantes hayan justificado el aseguramiento de los nuevos cultivos que se vayan a implantar.


Asimismo, los créditos podrán destinarse a la recuperación de la capacidad productiva de los cultivos leñosos que hayan sufrido daños en madera.


3. Las condiciones de los préstamos serán las siguientes:

a) Importe máximo: según los baremos establecidos por el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación.


b) Plazo: cinco años, incluido uno de carencia para el pago del principal.


c) Intereses: el tipo de cesión del ICO a las entidades financieras colaboradoras será del 1,25 por ciento TAE, con un margen máximo de intermediación para éstas

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del 0,75 por ciento. En consecuencia, el tipo final máximo para el prestatario será del 2,00 por ciento TAE.


d) Tramitación: las solicitudes, acompañadas de la certificación referida en el punto 5 de este artículo, serán presentadas en la entidad financiera mediadora, la cual decidirá sobre la concesión del préstamo, y será a su cargo el riesgo de la operación.


e) Vigencia de la línea: el plazo para la disposición de fondos terminará el 30 de septiembre de 2005.


4. La instrumentación de la línea de préstamos a que se refiere este artículo se llevará a cabo por el ICO, en el ejercicio de las funciones a que se refiere la disposición adicional sexta.dos.2.a) del Real Decreto-ley 12/1995, de 28 de diciembre, sobre medidas urgentes en materia presupuestaria, tributaria y financiera, y, en su virtud, el quebranto que para el ICO suponga el diferencial entre el coste de mercado de la obtención de los recursos y el tipo antes citado del 1,50 por ciento será cubierto con cargo a los Presupuestos Generales del Estado.


5. A los efectos de acreditar la condición de beneficiario de esta línea de préstamos, así como el importe máximo del préstamo correspondiente, se requerirá la presentación de una certificación de reconocimiento de derechos, expedida por la Administración competente.


Artículo 7. Contratación y entrega inmediata de cítricos a la transformación.


Los cítricos afectados por las heladas podrán ser objeto de contratación y entrega inmediata para su transformación en los términos que establezca el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, de conformidad con lo previsto en el Real Decreto 1780/2004, de 30 de julio, sobre el desarrollo y seguimiento de las campañas de determinados cítricos enviados a la transformación.


Artículo 8. Convenios con otras Administraciones públicas.


La Administración General del Estado podrá celebrar con las comunidades autónomas y con otras Administraciones públicas los convenios de colaboración que exija la aplicación de este Real Decreto-ley.


Disposición adicional primera. Competencias de las comunidades autónomas afectadas.


Lo establecido en este Real Decreto-ley se entiende sin perjuicio de las competencias que corresponden a las comunidades autónomas al amparo de lo establecido en sus Estatutos de Autonomía.


Disposición adicional segunda. Límites de las ayudas.


El valor de las ayudas concedidas en aplicación de este Real Decreto-ley, en lo que a daños materiales se refiere, no podrá superar en ningún caso la diferencia entre el valor del daño producido y el importe de otras ayudas o indemnizaciones declaradas compatibles o complementarias que, por los mismos conceptos, pudieran concederse por otros organismos públicos, nacionales o internacionales, o correspondieran en virtud de la existencia de pólizas de aseguramiento.


Disposición adicional tercera. Créditos presupuestarios.


Las indemnizaciones por daños en producciones agrícolas se concederán por el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación. A estos efectos, se realizarán las modificaciones presupuestarias que sean necesarias sin que, en el caso de las transferencias de crédito, resulten de aplicación las limitaciones contenidas en el artículo 52.1.a) de la Ley 47/2003, de 26 de noviembre, General Presupuestaria, respecto de la realización de transferencias de crédito desde operaciones de capital a operaciones corrientes.


Disposición adicional cuarta. Anticipos de ayudas vinculadas a determinados préstamos para la mejora y modernización de estructuras agrarias.


En los términos municipales afectados por las heladas, con carácter preferente, podrá efectuarse el pago anticipado del importe total de las ayudas de minoración de anualidades de amortización del principal de los préstamos acogidos al Real Decreto 613/2001, de 8 de junio, para la mejora y modernización de las estructuras de producción de las explotaciones agrarias, de aquellos expedientes de los que se disponga de la correspondiente certificación final de cumplimiento de compromisos y realización de inversiones.


Disposición final primera. Facultades de desarrollo.


El Gobierno y los distintos titulares de los departamentos ministeriales, en el ámbito de sus competencias, dictarán las disposiciones necesarias y establecerán los plazos para la ejecución de lo establecido en este Real Decreto-ley.


Disposición final segunda. Entrada en vigor.


El presente Real Decreto-ley entrará en vigor el mismo día de su publicación en el "Boletín Oficial del Estado".


130/000013

Se publica a continuación el Real Decreto-ley 2/2005, de 11 de febrero, por el que se adoptan medidas urgentes para reparar los daños causados por los movimientos

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sísmicos acaecidos el 29 de enero y los primeros días del mes de febrero de 2005 en Lorca (Murcia).


En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 86.2 de la Constitución, dicho Real Decreto-ley fue sometido a debate y votación de totalidad por el Congreso de los Diputados en su sesión del día de hoy, en la que se acordó su convalidación.


Se ordena la publicación de conformidad con lo dispuesto en el artículo 97 del Reglamento de la Cámara.


Palacio del Congreso de los Diputados, 10 de marzo de 2005.-P. D. El Secretario General del Congreso de los Diputados, Manuel Alba Navarro.


REAL DECRETO-LEY 2/2005, DE 11 DE FEBRERO, POR EL QUE SE ADOPTAN MEDIDAS URGENTES PARA REPARAR LOS DAÑOS CAUSADOS POR LOS MOVIMIENTOS SÍSMICOS ACAECIDOS EL 29 DE ENERO Y LOS PRIMEROS DÍAS DEL MES DE FEBRERO DE 2005 EN LORCA (MURCIA)

El día 29 de enero de 2005 se produjo, en las pedanías de Zarcilla de Ramos y La Paca, del municipio de Lorca (Murcia), un terremoto de magnitud 4,7 grados según la escala de Richter, que fue seguido de múltiples réplicas de diferente intensidad en los primeros días del mes de febrero.


La magnitud inicial de este hecho, agravado por los movimientos sísmicos en días sucesivos, ha producido consecuencias catastróficas en las pedanías citadas, especialmente sobre las viviendas e infraestructuras, y ha causado daños materiales cuya importancia exige, desde el principio constitucional de solidaridad, una acción inmediata de los poderes públicos que lleve a cabo, en primer lugar, la adopción de diversas medidas paliativas y reparadoras que contribuyan al restablecimiento gradual de la normalidad en la zona; en segundo lugar, la definición de los procedimientos de coordinación y de los mecanismos de colaboración entre los órganos de la Administración General del Estado, de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia y de las Administraciones locales afectadas, que permitan garantizar la pronta ejecución de dichas medidas, y, por último, la determinación de la financiación de los gastos que de tales actuaciones se deriven.


La gravedad de los daños producidos en las viviendas de la zona hace necesaria la aprobación de normas excepcionales en relación con estos bienes y con el alojamiento provisional de damnificados. La aplicación de estas normas especiales conlleva la inaplicabilidad de las reglas ordinarias que, sobre esta misma materia, establece la Orden del Ministerio del Interior, de 18 de marzo de 1993, por la que se aprueba el procedimiento para la concesión de ayudas en atención a determinadas necesidades derivadas de situaciones de emergencia, catástrofes y calamidades públicas, modificada parcialmente por la Orden de 30 de julio de 1996.


En su virtud, en uso de la autorización contenida en el artículo 86 de la Constitución, a propuesta de la Vicepresidenta Primera del Gobierno y Ministra de la Presidencia, del Vicepresidente Segundo del Gobierno y Ministro de Economía y Hacienda y de los Ministros del Interior, de Administraciones Públicas y de Vivienda y previa deliberación del Consejo de Ministros en su reunión del día 11 de febrero de 2005

DISPONGO:

Artículo 1. Ámbito de aplicación.


Las medidas establecidas en este Real Decreto-ley se aplicarán a la reparación de los daños ocasionados por los movimientos sísmicos producidos el día 29 de enero y los primeros días del mes de febrero de 2005 en las pedanías de Zarcilla de Ramos y La Paca, del municipio de Lorca (Murcia).


Artículo 2. Ayudas de emergencia.


1. Se conceden ayudas en los siguientes supuestos:

a) Para alquiler de viviendas:

1.º En los supuestos en que, como consecuencia del seísmo, se hubiera producido la destrucción total de la vivienda o bien, debido a su mal estado residual, hubiera sido precisa su demolición, sus propietarios, en el supuesto de que constituyera su residencia habitual, podrán acceder a una vivienda en régimen de alquiler, durante un período máximo de 24 meses, prorrogable, en su caso, hasta que sea posible la reconstrucción de la vivienda o la disposición de una nueva, aunque podrán admitirse otras fórmulas de realojamiento alternativas cuando así resulte necesario.


2.º Los que ocuparan como residencia habitual, en régimen de alquiler, viviendas que hubieran resultado totalmente destruidas o hubieran sido demolidas, podrán acceder a ayudas por alquiler consistentes en el abono de la diferencia entre las rentas de alquiler de la anterior y de la nueva vivienda, por un período de tiempo igual al reflejado en el párrafo 1.º

3.º En el supuesto de que la rehabilitación o reparación de la vivienda, en los términos a que se refiere el párrafo c), exija su desalojo, se podrá acceder igualmente a una vivienda en régimen de alquiler, durante un período máximo de 12 meses, prorrogable, en su caso, hasta que sea posible la disposición de la vivienda.


4.º La cuantía máxima que pueden alcanzar estas ayudas no podrá superar el importe de 70,87 euros/m2/alquiler año por vivienda.


b) Para los gastos de emergencia en que haya incurrido el Ayuntamiento de Lorca y sus pedanías de

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Zarcilla de Ramos y La Paca en relación con los movimientos sísmicos que han afectado a estas últimas, que hayan resultado imprescindibles e inaplazables para garantizar la vida y seguridad de las personas y el funcionamiento de los servicios públicos esenciales, y para aquellos gastos ocasionados por la prestación personal o de bienes o servicios de aquellas personas físicas o jurídicas que hayan sido requeridas por la autoridad competente con motivo de la situación de emergencia.


c) Para reparación, rehabilitación y reconstrucción de viviendas:

1.º En los supuestos en que, como consecuencia del seísmo, se hubiera producido la destrucción total de la vivienda, sus propietarios, en el caso de que dicha vivienda constituyera su residencia habitual, podrán ser beneficiarios de una ayuda económica para su reparación, rehabilitación y reconstrucción, cuya cuantía quedará determinada, en su límite máximo, por el valor de los daños producidos según la tasación pericial efectuada o ratificada por el órgano competente de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia, sin que en ningún caso el importe de dicha ayuda pueda ser superior al 80 por ciento del precio de venta de una vivienda calificada de protección oficial de régimen especial, ubicada en la misma localidad que la vivienda destruida. A los efectos del cómputo de dicho precio de venta, se supondrá una superficie útil de la vivienda protegida de 90 metros cuadrados, sin trastero ni garaje.


2.º Si la vivienda no hubiera resultado destruida, sino dañada, la cuantía máxima de la ayuda económica para su rehabilitación o reparación, bajo los mismos supuestos que los del párrafo anterior, será de 24.000 euros.


3.º Podrán también ser beneficiarios de estas ayudas previstas para la reconstrucción, rehabilitación o reparación de una vivienda siniestrada los que la ocuparan como residencia habitual, en calidad de usufructuarios o arrendatarios con contrato sometido a prórroga forzosa.
En tal caso, a los efectos de su reconstrucción, rehabilitación o reparación, resultará perceptor de la ayuda correspondiente quien acredite ser propietario del inmueble.


No obstante lo anterior, en el caso de comunidades de propietarios, por daños en elementos comunes, el perceptor de la ayuda será el representante legal de la comunidad de propietarios.


2. Las ayudas de emergencia que se establecen en este artículo tendrán carácter extraordinario y se regirán por lo dispuesto en este Real Decreto-ley. Para su concesión no será de aplicación lo establecido sobre la materia en la Orden del Ministerio del Interior, de 18 de marzo de 1993, por la que se regula el procedimiento para la concesión de ayudas en atención a determinadas necesidades derivadas de situaciones de emergencia, catástrofes y calamidades públicas, modificada por la Orden de 30 de julio de 1996.


Artículo 3. Requisitos.


Los particulares que soliciten las ayudas previstas en el artículo anterior deberán acreditar, por cualquier medio admisible en derecho, que reúnen los siguientes requisitos:

a) Tener su residencia en las pedanías de Zarcilla de Ramos y La Paca, del municipio de Lorca (Murcia), y que la vivienda siniestrada constituya su domicilio habitual con anterioridad a la producción del siniestro.


b) Justificar, en su caso, el importe de los gastos generados por el arrendamiento que haya resultado necesario como consecuencia de la situación de la vivienda destruida o dañada.


c) Reunir la condición de propietario, usufructuario o arrendatario en los términos que se determinan en el artículo 2.1.a) y c).


d) Acreditar escasez de recursos económicos para hacer frente a los gastos derivados de la situación de emergencia o catástrofe.


Artículo 4. Límite y compatibilidad de las ayudas.


El valor de las ayudas concedidas en aplicación de este Real Decreto-ley, en lo que a los daños materiales se refiere, no podrá superar en ningún caso la diferencia entre el valor del daño producido y el importe de otras ayudas o indemnizaciones declaradas compatibles o complementarias que, por igual concepto, pudieran concederse por otros organismos públicos, nacionales o internacionales, o correspondieran en virtud de la existencia de pólizas de aseguramiento.


Artículo 5. Comisión mixta.


Para la valoración, determinación y cuantía de las ayudas concedidas a particulares, en virtud de las solicitudes presentadas, por arrendamiento, reconstrucción, rehabilitación o reparación de viviendas que constituyan su domicilio habitual, se creará una comisión mixta copresidida por el Delegado del Gobierno en la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia y el Consejero de Obras Públicas, Vivienda y Transporte del Gobierno de dicha comunidad autónoma y compuesta por un representante de la Administración General del Estado, un representante de la Administración autonómica y un representante del Ayuntamiento de Lorca.


Dicha comisión mixta, atendiendo a criterios de equidad, tras valorar los gastos y los daños acreditados y la situación económica y social de cada solicitante, elevará al órgano competente para resolver una propuesta individualizada motivada en relación con la ayuda que se solicita, así como sobre la cuantía que deba concederse en caso de propuesta favorable, que en ningún caso podrá superar los límites que se establecen para cada supuesto en el artículo 2.


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La citada comisión mixta podrá recabar del Consorcio de Compensación de Seguros la información de que disponga dicha entidad pública sobre las valoraciones de daños que hubiera realizado y la cuantía de las indemnizaciones que hubiera abonado. El Consorcio de Compensación de Seguros queda autorizado para cederla, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 11.2.a) de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal.


Asimismo, la resolución correspondiente deberá determinar el plazo máximo de ejecución de las obras a las que se destina la ayuda. El plazo máximo para la reconstrucción o rehabilitación de la vivienda será de 24 meses y el plazo máximo para la reparación de daños será de 12 meses. Dichos plazos podrán ampliarse por causas excepcionales que expresamente autorice la comisión mixta.


Artículo 6. Financiación.


1. La financiación de las ayudas previstas en el artículo 2.1.a) se financiarán en un 50 por ciento por la Administración General del Estado, con cargo a la aplicación presupuestaria 16.01.134 M.482, "Para atenciones de todo orden motivadas por siniestros, catástrofes u otros de reconocida urgencia", dotada con el carácter de ampliable, en el vigente presupuesto del Ministerio del Interior, y, en su caso, el restante 50 por ciento por las otras Administraciones públicas según los acuerdos que se alcancen.


2. Las ayudas previstas en el artículo 2.1.b) se costearán en su totalidad por la Administración General del Estado, con cargo a las aplicaciones presupuestarias 16.01.134 M.461, "A corporaciones locales para atenciones de todo orden motivadas por siniestros, catástrofes u otros de reconocida urgencia", y 16.01.134 M. 471, "A empresas privadas por actividades realizadas a requerimiento de la autoridad competente en situaciones de emergencia", dotadas, con el carácter de ampliables, en el vigente presupuesto del Ministerio del Interior. Los gastos originados deberán acreditarse ante el órgano competente para resolver por medio de las correspondientes facturas emitidas de conformidad con el Real Decreto 1496/2003, de 28 de noviembre.


3. La financiación de las ayudas para reparación, rehabilitación y reconstrucción de viviendas, que se determinan en el apartado 1.c) del artículo 2, se efectuará en un 50 por ciento por la Administración General del Estado, con cargo al crédito al que se refiere el apartado 1 del artículo 8 de este Real Decreto-ley y, en su caso, el restante 50 por ciento, por las otras Administraciones públicas según los acuerdos que se alcancen.


Artículo 7. Daños en infraestructuras municipales.


1. A los proyectos que ejecuten las entidades locales a los que son de aplicación las medidas extraordinarias previstas en este Real Decreto-ley, relativos a obras de reparación o restitución de infraestructuras, equipamientos o instalaciones y servicios previstos en el artículo 26.1.d) de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local, se les aplicará el trámite de urgencia, y el Estado podrá concederles una subvención máxima del 50 por ciento de su coste.


2. Se faculta al titular del Ministerio de Administraciones Públicas para proponer el pago de las subvenciones previstas en este artículo, con cargo al crédito consignado en el artículo 8.2, así como a establecer el procedimiento para su concesión, su seguimiento y control, en el marco de la cooperación económica del Estado a las inversiones de las entidades locales.


Artículo 8. Habilitación de créditos.


1. Se faculta al titular del Ministerio de Vivienda para proponer el pago de las subvenciones a que se refiere el artículo 2.1.c), en la parte que financia la Administración General del Estado, hasta un importe máximo de 2.400.000 euros, con cargo al crédito que, con el carácter de ampliable, a estos efectos se habilite en los presupuestos de dicho departamento.


2. Asimismo, se faculta al titular del Ministerio de Administraciones Públicas para proponer el pago de las subvenciones a que se refiere el artículo 7, en la parte que financia la Administración General del Estado, hasta un importe máximo de 700.000 euros, con cargo al crédito que a estos efectos se habilite en los presupuestos de dicho departamento.


3. De conformidad con lo establecido en el artículo 50.1.b) de la Ley 47/2003, de 26 de noviembre, General Presupuestaria, los créditos a que se hace referencia en los apartados anteriores se financiarán con cargo al Fondo de contingencia, cuya autorización corresponderá al Ministro de Economía y Hacienda.


4. Los remanentes que puedan presentar los citados créditos al finalizar el ejercicio 2005 podrán ser incorporados al ejercicio siguiente.


Artículo 9. Beneficios fiscales.


1. Se concede la exención de las cuotas del Impuesto sobre Bienes Inmuebles correspondientes al ejercicio 2005 que afecten a viviendas, establecimientos industriales y mercantiles, locales de trabajo y similares, de naturaleza urbana, situados en las pedanías de Zarcilla de Ramos y La Paca, del municipio de Lorca (Murcia), dañados como consecuencia de los movimientos sísmicos a que se refiere el artículo 1 de este Real Decreto-ley, cuando se acredite que, tanto las personas como los bienes ubicados en aquéllos, hayan tenido que ser objeto de realojamiento total o parcial en otras viviendas o locales diferentes hasta la reparación de los daños sufridos.


2. La exención de las cuotas en el tributo señalado en el apartado anterior comprenderá la de los recargos legalmente autorizados sobre aquél.


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3. Los contribuyentes que, teniendo derecho a la exención establecida en este artículo, hubieran satisfecho los recibos correspondientes a dicho ejercicio fiscal, podrán pedir la devolución de las cantidades ingresadas.


4. La disminución de ingresos que lo dispuesto en este artículo produzca en el Ayuntamiento de Lorca, correspondientes a las pedanías de Zarcilla de Ramos y La Paca, será compensada con cargo a los Presupuestos Generales del Estado, de conformidad con lo establecido en el artículo 9 del texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, aprobado por el Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo.


5. De acuerdo con lo previsto en el citado texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, el Ayuntamiento de Lorca podrá acordar, en el ámbito de sus competencias, mediante ordenanza fiscal, la exención de la tasa por expedición de licencia de obras para reparación de viviendas siniestradas situadas en las pedanías de Zarcilla de Ramos y La Paca.


Artículo 10. Comisión interministerial.


1. Se crea una comisión interministerial para la aplicación de las medidas establecidas en este Real Decreto-ley, coordinada por la Dirección General de Protección Civil y Emergencias, e integrada por representantes de la Presidencia del Gobierno y de los Ministerios de Economía y Hacienda; del Interior; de Administraciones Públicas; y de Vivienda, así como por el Delegado del Gobierno en la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia y por un representante del Consorcio de Compensación de Seguros.


2. La determinación de daños y la evaluación general de las necesidades atendidas con las medidas previstas en este Real Decreto-ley se llevarán a cabo por la comisión a que se refiere el apartado anterior, en coordinación con las autoridades de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia y la Delegación del Gobierno en dicha comunidad autónoma.


Artículo 11. Convenios de colaboración con otras Administraciones públicas.


La Administración General del Estado, la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia y, en su caso, el Ayuntamiento de Lorca podrán celebrar los convenios de colaboración que resulten necesarios para la aplicación de las medidas previstas en este Real Decreto-ley.


Disposición adicional primera. Facultades de control.


Las Administraciones intervinientes en la financiación de las ayudas previstas en este Real Decreto-ley se reservan la facultad de controlar el cumplimiento de su objeto, condiciones y finalidad, de conformidad con lo previsto en la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, y disposiciones concordantes.


Disposición adicional segunda. Competencias de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia.


Lo establecido en este Real Decreto-ley se entiende sin perjuicio de las competencias que corresponden a la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia al amparo de su Estatuto de Autonomía.


Disposición final primera. Facultades de desarrollo.


El Gobierno y los titulares de los departamentos ministeriales, en el ámbito de sus competencias, dictarán las disposiciones necesarias para la ejecución de lo establecido en este Real Decreto-ley.


Disposición final segunda. Entrada en vigor.


El presente Real Decreto-ley entrará en vigor el mismo día de su publicación en el "Boletín Oficial del Estado".


130/000014

Se publica a continuación el Real Decreto-ley 3/2005, de 18 de febrero, por el que se adoptan medidas en relación con la prestación de servicios portuarios básicos y se amplía el plazo para la transformación de las sociedades estatales de estiba y desestiba en agrupaciones portuarias de interés económico.


En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 86.2 de la Constitución, dicho Real Decreto-ley fue sometido a debate y votación de totalidad por el Congreso de los Diputados en su sesión del día de hoy, en la que se acordó su convalidación.


Se ordena la publicación de conformidad con lo dispuesto en el artículo 97 del Reglamento de la Cámara.


Palacio del Congreso de los Diputados, 10 de marzo de 2005.-P. D. El Secretario General del Congreso de los Diputados, Manuel Alba Navarro.


REAL DECRETO-LEY 3/2005, DE 18 DE FEBRERO, POR EL QUE SE ADOPTAN MEDIDAS EN RELACIÓN CON LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PORTUARIOS BÁSICOS Y SE AMPLÍA EL PLAZO PARA LA TRANSFORMACIÓN DE LAS SOCIEDADES ESTATALES DE ESTIBA Y DESESTIBA EN AGRUPACIONES PORTUARIAS DE INTERÉS ECONÓMICO

La Ley 48/2003, de 26 de noviembre, de régimen económico y de prestación de servicios de los puertos de interés general, prevé para la prestación de servicios portuarios básicos la obtención de una licencia que

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deberá sujetarse al correspondiente pliego regulador y a las prescripciones particulares del servicio que no han sido aprobados, entre otras razones, por su complejo proceso de preparación, que requiere un previo análisis detallado de la actividad y de su desarrollo.


La necesidad de permitir el acceso de nuevos prestadores de servicios, que desde la entrada en vigor de la Ley 48/2003, de 26 de noviembre, han tenido limitada la actividad económica en los puertos de interés general, determina la extraordinaria y urgente necesidad de prever un régimen regulador de la prestación de los servicios, por lo que se deben arbitrar medidas que permitan a los empresarios que así lo deseen acceder a dichos servicios, en las mismas condiciones en las que se encuentran prestando los servicios los actuales prestatarios.


Por otra parte, la transformación de las sociedades estatales de estiba y desestiba en las agrupaciones portuarias de interés económico supone que las Autoridades Portuarias no tengan ninguna participación en las grandes decisiones del servicio de estiba y desestiba ni, consiguientemente, capacidad para intervenir en su coste. Estas circunstancias dificultan la puesta en funcionamiento de las citadas agrupaciones.


Por ello, ante el inmediato vencimiento del plazo previsto para la transformación de las sociedades estatales de estiba y desestiba en las agrupaciones portuarias de interés económico, resulta imprescindible ampliar, con urgencia y por un plazo prudencial, la fecha fijada en la disposición adicional sexta de la Ley 48/2003, de 26 de noviembre.


En su virtud, en uso de la autorización concedida en el artículo 86 de la Constitución, a propuesta de la Ministra de Fomento y previa deliberación del Consejo de Ministros en su reunión del día 18 de febrero de 2005,

DISPONGO:

Artículo 1. Ampliación del plazo para la transformación de las sociedades estatales de estiba y desestiba en agrupaciones portuarias de interés económico.


Se amplía en 18 meses el plazo establecido en el apartado 1 de la disposición adicional sexta de la Ley 48/2003, de 26 de noviembre, de régimen económico y de prestación de servicios de los puertos de interés general.


Artículo 2. Régimen de acceso a la prestación de servicios portuarios básicos.


Durante el plazo previsto en el artículo anterior, y siempre que no se hayan aprobado los pliegos reguladores y prescripciones particulares de los servicios a que se refiere la disposición adicional novena de la Ley 48/2003, de 26 de noviembre, de régimen económico y de prestación de servicios de los puertos de interés general, las Autoridades Portuarias podrán otorgar el título que habilita para la prestación de los servicios portuarios básicos de conformidad con los pliegos de cláusulas de los servicios que fueron aprobados conforme a lo dispuesto en el artículo 67.3 de la Ley 27/1992, de 24 de noviembre, de Puertos del Estado y de la Marina Mercante, y en la normativa específica de estiba y desestiba de buques en los puertos de interés general.


Disposición final única. Entrada en vigor.


El presente Real Decreto-ley entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el "Boletín Oficial del Estado".


OTROS TEXTOS

DECLARACIONES INSTITUCIONALES

140/000010

El Pleno del Congreso de los Diputados, en su sesión del día de hoy, ha aprobado, por asentimiento, la siguiente declaración institucional con motivo del Día Internacional de la Mujer.


"El Congreso de los Diputados, con motivo del día 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer, desea hacer suya la declaración que con tal fin se ha aprobado por la Comisión de la condición jurídica y social de la mujer en su 49.º período de sesiones de Naciones Unidas, celebrada en Nueva York con ocasión del décimo aniversario de la IV Conferencia mundial sobre la mujer celebrada en Beijing en 1995. Y en este sentido:

Primero, reafirmamos la Declaración y plataforma de acción de Beijing, aprobada por la IV Conferencia mundial sobre la mujer y el documento final del 23.º período extraordinario de sesiones de la Asamblea General.


Segundo, reconocemos los progresos que se han hecho hasta ahora para lograr la igualdad entre los

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sexos. Destacamos los desafíos y obstáculos que aún se oponen a la aplicación de la Declaración y plataforma de acción de Beijing y del documento final del 23.º período extraordinario de sesiones de la Asamblea General, y a este respecto nos comprometemos a adoptar nuevas medidas para velar por su rápida aplicación.


Tercero, subrayamos que la aplicación plena y eficaz de la Declaración y plataforma de la acción de Beijing es esencial para la consecución de los objetivos de desarrollo internacionalmente convenidos, incluidos los contenidos en la Declaración del Milenio, y a este respecto destacamos la necesidad de velar por la integración de una perspectiva de género en la sesión plenaria de alto nivel sobre el examen de la Declaración del Milenio.


Cuarto, reconocemos que la aplicación de la Declaración y plataforma de acción de Beijing y el cumplimiento de las obligaciones asumidas en virtud de la Convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer se refuerzan entre sí en la consecución de la igualdad entre los sexos y a promover el desarrollo personal y profesional de la mujer. Instamos a Naciones Unidas, a los Estados, a las organizaciones internacionales y regionales, a todos los sectores de la sociedad civil, incluidas las organizaciones no gubernamentales, y a todas las mujeres y hombres a comprometerse y a intensificar sus contribuciones con miras a la aplicación de la Declaración y plataforma de acción de Beijing y del documento final del 23.º período extraordinario de sesiones de la Asamblea General."

Lo que se publica de conformidad con lo dispuesto en el artículo 97 del Reglamento de la Cámara.


Palacio del Congreso de los Diputados, 8 de marzo de 2005.-P. D. El Secretario General del Congreso de los Diputados, Manuel Alba Navarro.


140/000011

El Pleno del Congreso de los Diputados, en su sesión del día de hoy, ha aprobado, por asentimiento, la siguiente declaración institucional conmemorativa de los atentados perpetrados en Madrid el día 11 de marzo de 2004.


"Mañana se cumplirá un año del más cruel y terrible atentado terrorista de la historia reciente de España y de Europa. Ese fatídico día el terrorismo sembró de dolor y desolación la ciudad de Madrid. Ciento noventa y dos personas perdieron la vida y miles más sufrieron heridas físicas y psicológicas que posiblemente les acompañen el resto de sus días. Fue un golpe directo contra nuestra convivencia en paz y libertad que rompió el corazón de todos los ciudadanos. Frente a ello, el Congreso de los Diputados, en nombre del pueblo español, dice que la unidad de las fuerzas políticas, la firmeza del Estado de Derecho y la solidaridad con las víctimas son los pilares inquebrantables de la respuesta democrática al terrorismo.


El pasado 11 de marzo de 2004, toda la sociedad española, especialmente el pueblo de Madrid, se movilizó en ayuda de las víctimas de los atentados.
Se produjo una conmovedora y espontánea manifestación de solidaridad. El Congreso de los Diputados quiere proclamar su reconocimiento al pueblo español por esa manifestación de ciudadanía, y expresar su gratitud y su homenaje a cuantos acudieron en auxilio de los heridos o de las familias en aquellos momentos dramáticos.


El Congreso de los Diputados expresa su profunda convicción de que, ante el terrorismo, todas las víctimas son iguales; son seres inocentes a los que un destino fatal convierte en objeto de actos criminales e injustificables. Por eso, el Congreso quiere expresar su solidaridad y reconocimiento a todas las víctimas que durante años han sufrido el azote bárbaro del terrorismo.


El paso del tiempo nos debe afirmar cada vez más en la perseverancia para luchar contra el olvido de quienes han sufrido y sufren a consecuencia de la barbarie terrorista, cualquiera que sea su origen. Además de recordarles con emoción siempre, debemos de estar con ellos y ayudarles en todo momento a satisfacer todas sus necesidades. Sólo así volverán a estar entre nosotros como nosotros queremos que estén y sólo así podremos hacer justicia con ellos. En ese sentido, el Congreso de los Diputados traslada a las víctimas del salvaje atentado un compromiso firme y decidido de apoyo permanente e integral, alienta a la sociedad a secundarlo con generosidad y desea instar a los poderes públicos a una acción continuada y eficaz en la atención a todas las víctimas del terrorismo y a sus familias, que parta siempre del más profundo respeto a su dignidad y su dolor, y se concrete en cuantas medidas sean necesarias para asegurar su reparación moral y económica y su plena reinserción social.


En 1978, los españoles fuimos capaces de alcanzar un gran acuerdo para instituir un marco de convivencia pacífica y democrática en el que cupiesen todos y que fuese capaz de encauzar todas las legítimas demandas. Cada atentado terrorista es un brutal ataque a ese profundo deseo de convivencia pacífica que albergamos la inmensa mayoría de los ciudadanos, y nos golpea por tanto, de forma directa, a todos y cada uno de nosotros.


En el aniversario de los atentados del 11 de marzo, el Congreso de los Diputados reitera la necesidad de perseverar en la unidad de los representantes de la soberanía popular, en la condena sin paliativos de los atentados y en el compromiso irrenunciable de seguir luchando contra todo tipo de terrorismo.


El Congreso de los Diputados expresa, asimismo, su confianza en el Estado de Derecho y particularmente, en quienes, como los miembros de las Fuerzas y Cuerpos

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de Seguridad y del Poder Judicial, velan por garantizar la paz y el disfrute de los derechos y libertades de los ciudadanos y aplican la Ley a quienes atacan y ponen en riesgo nuestra convivencia democrática. El Congreso de los Diputados renueva, por ello, su compromiso por hacer de la lucha antiterrorista la prioridad fundamental de toda la acción política. Lucha que ha de estar dirigida con igual intensidad a todas las formas de terrorismo.


El Congreso de los Diputados exhorta al Gobierno de España, a la Unión Europea, a las Naciones Unidas y al resto de organizaciones internacionales a cooperar activamente para prevenir y perseguir los actos de terrorismo. La colaboración internacional en la lucha contra el terrorismo es el activo más importante con que cuentan los Estados y la comunidad internacional para erradicar una lacra que asola nuestras sociedades y para profundizar en las condiciones políticas, económicas y sociales que contribuyan a la paz y la seguridad en el mundo.


Convencidos de que la pérdida irreparable de 192 vidas, junto a las otras muchas pérdidas a causa del terrorismo, ha tenido como respuesta la unión de las fuerzas y voces de todas las personas de buena voluntad e instituciones en la lucha contra el terrorismo, en la solidaridad con sus víctimas y en la preservación de la convivencia, el Congreso de los Diputados quiere proclamar una vez más estas convicciones fundamentales.
Esta Cámara sella hoy con solemnidad su compromiso ético con la reparación social que exige la memoria de los ausentes y muestra su confianza en que, a pesar del durísimo golpe recibido, nuestro pueblo siempre tendrá fe en que, sobre la fuerza bruta, la violencia y el terror, se impondrán los valores en que creemos y que constituyen nuestro modo de vida irrenunciable: la libertad, la igualdad, la justicia, el pluralismo político y la democracia."

Lo que se publica de conformidad con lo dispuesto en el artículo 97 del Reglamento de la Cámara.


Palacio del Congreso de los Diputados, 10 de marzo de 2005.-P. D. El Secretario General del Congreso de los Diputados, Manuel Alba Navarro.

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