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BOCG. Congreso de los Diputados, serie D, núm. 231, de 29/06/2005
 


BOLETÍN OFICIAL DE LAS CORTES GENERALES
CONGRESO DE LOS DIPUTADOS
VIII LEGISLATURA
Serie D: GENERAL
29 de junio de 2005

Núm. 231


ÍNDICE

Control sobre las disposiciones del ejecutivo con fuerza de Ley

Decretos-Leyes

130/000019 Real Decreto-ley 8/2005, de 27 de mayo, por el que se adoptan medidas urgentes para reparar los daños causados por las inundaciones acaecidas en la isla de la Gomera. Convalidación ...
(Página 3)

130/000020 Real Decreto-ley 9/2005, de 6 de junio, por el que se prorroga el plazo previsto en la disposición transitoria quinta de la Ley Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre, de Universidades, para la renovación de los contratos de los profesores asociados contratados conforme a la legislación anterior. Convalidación ... (Página 7)

Control de la acción del Gobierno

Interpelaciones

Urgentes

172/000109 Interpelación formulada por el Grupo Parlamentario de Izquierda Verde-Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya Verds, sobre los servicios ferroviarios en España ... (Página 9)

172/000110 Interpelación formulada por el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, sobre los propósitos del Gobierno en relación a la detención irregular de dos militantes del Partido Popular por una supuesta agresión al Ministro de Defensa en la manifestación convocada el día 22 de enero de 2005 por la Asociación de Víctimas del Terrorismo ... (Página 9)

Preguntas para respuesta oral

Comisión de Trabajo y Asuntos Sociales

181/001027 Pregunta formulada por el Diputado don Arsenio Fernández de Mesa Díaz del Río (GP), sobre causas del accidente que produjo la muerte de cuatro trabajadores en los astilleros de Navantia Ferrol, el día 11 de mayo de 2005. Corrección de error ... (Página 10)

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Otros textos

Estabilidad presupuestaria

430/000002 Acuerdo del Gobierno por el que, en cumplimiento de los artículos 8 y 13 de la Ley 18/2001, de 12 de diciembre, General de Estabilidad Presupuestaria, se fija el objetivo de estabilidad presupuestaria del conjunto del sector público y de cada uno de los grupos de agentes que lo integran, para el período 2006-2008 y el límite de gasto no financiero del presupuesto del Estado para 2006. Ratificación por el Pleno de la Cámara ... (Página 10)

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CONTROL SOBRE LAS DISPOSICIONES DEL EJECUTIVO CON FUERZA DE LEY

DECRETOS-LEYES

130/000019

Se publica a continuación el Real Decreto-ley 8/2005, de 27 de mayo, por el que se adoptan medidas urgentes para reparar los daños causados por las inundaciones acaecidas en la isla de la Gomera.


En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 86.2 de la Constitución, dicho Real Decreto-ley fue sometido a debate y votación de totalidad por el Congreso de los Diputados en su sesión del día de hoy, en la que se acordó su convalidación.


Se ordena la publicación, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 97 del Reglamento de la Cámara.


Palacio del Congreso de los Diputados, 23 de junio de 2005.-P. D. El Secretario General del Congreso de los Diputados, Manuel Alba Navarro.


REAL DECRETO-LEY 8/2005, DE 27 DE MAYO, POR EL QUE SE ADOPTAN MEDIDAS URGENTES PARA REPARAR LOS DAÑOS CAUSADOS POR LAS INUNDACIONES ACAECIDAS EN LA ISLA DE LA GOMERA

El 17 de enero de 2005 se produjo en la isla de La Gomera un fuerte temporal, con episodios de intensas lluvias que afectaron con especial incidencia a las zonas sur y oeste de la isla, y que llegó a originar un corte de suministro eléctrico durante casi 24 horas.


Estos fenómenos meteorológicos adversos han originado graves y cuantiosos daños en infraestructuras públicas, especialmente en lo que afecta a redes de saneamiento y estaciones depuradoras, así como en la red viaria de titularidad municipal, insular y regional. Asimismo, se han producido daños de menor consideración en instalaciones deportivas, cementerios, establecimientos mercantiles, viviendas y explotaciones agrícolas.


La magnitud de los hechos y sus consecuencias obligan, desde el principio constitucional de solidaridad y por aplicación de los dé equidad e igualdad de trato en relación con situaciones precedentes, a la actuación de los poderes públicos y a la adopción, para las zonas afectadas, de un conjunto de medidas paliativas y reparadoras concordantes con las adoptadas anteriormente en ocasiones semejantes, para favorecer el restablecimiento de los servicios, la reparación de los daños producidos y la vuelta a la normalidad de las zonas siniestradas por las inundaciones.


El objetivo, por tanto, de esta norma es aprobar un catálogo de medidas que afectan a varios departamentos ministeriales y abarcan aspectos muy diferentes, pues en tanto que unas se dirigen a disminuir las cargas tributarias, otras, como la concesión de créditos privilegiados, intentan paliar el impacto en las empresas y particulares afectados.


En su virtud, en uso de la autorización contenida en el artículo 86 de la Constitución, a propuesta de los Ministros del Interior, de Economía y Hacienda, de Fomento, de Trabajo y Asuntos Sociales, de Agricultura, Pesca y Alimentación, de la Presidencia, de Administraciones Públicas, de Medio Ambiente y de Vivienda y previa deliberación del Consejo de Ministros en su reunión del día 27 de mayo de 2005.


DISPONGO:

Artículo 1. Ámbito de aplicación.


Las medidas establecidas en este real decreto-ley se aplicarán a la reparación de los daños ocasionados por las inundaciones producidas el 17 de enero de 2005 en la isla de La Gomera, en los términos municipales de San Sebastián de La Gomera, Hermigua, Agulo, Vallehermoso, Valle Gran Rey y Alajero.


Artículo 2. Daños en infraestructuras municipales y red viaria del Cabildo Insular de La Gomera.


A los proyectos que ejecuten las entidades locales en los términos municipales y núcleos de población a los que se hace referencia en el artículo anterior, relativos a las obras de reparación o restitución de infraestructuras, equipamientos o instalaciones y servicios de titularidad municipal incluidos en el artículo 26.1.d) de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local, y de la red viaria del Cabildo Insular de La Gomera, se les aplicará el trámite de urgencia y el Estado podrá concederles una subvención de hasta el 50 por ciento de su coste.


Artículo 3. Daños en las demás infraestructuras públicas.


Se faculta a los titulares de los departamentos ministeriales competentes por razón de la materia para declarar las áreas afectadas como zona de actuación especial, para que dichos departamentos, sus organismos autónomos y entidades públicas dependientes de ellos puedan llevar a cabo las restauraciones que procedan. A los efectos indicados, se declaran de emergencia las obras

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que ejecuten tales departamentos para reparar los daños causados en infraestructuras de titularidad estatal comprendidas en su ámbito de competencias.


Artículo 4. Indemnización de daños en producciones agrícolas.


Serán objeto de indemnización los daños provocados por las inundaciones en las explotaciones agrícolas que tengan pólizas en vigor amparadas por el Plan de seguros agrarios combinados para el año 2005 y hayan sufrido pérdidas por daños en sus producciones no cubiertos por las líneas de seguros agrarios combinados.


No obstante, para el caso de producciones que en la fecha del siniestro no hayan iniciado el período de contratación del seguro correspondiente, también podrán percibir las anteriores indemnizaciones, siempre y cuando se hubiese contratado el seguro correspondiente a dichas producciones en el ejercicio anterior.


También podrá percibirse indemnización por los daños causados en producciones no incluidas en el vigente plan anual de seguros, excepto cuando las producciones afectadas estuviesen garantizadas por un seguro no incluido en el sistema de seguros agrarios combinados.


Dichas indemnizaciones irán destinadas a los titulares de aquellas explotaciones que estén ubicadas en el ámbito señalado en el artículo 1 y hayan sufrido pérdidas superiores al 20 o al 30 por ciento de la producción, según se trate o no de zona desfavorecida, con arreglo a los criterios establecidos por la Unión Europea a este respecto.


Artículo 5. Beneficios fiscales.


1. Se concede la exención de las cuotas del Impuesto sobre Bienes Inmuebles correspondientes al ejercicio de 2005 que afecten a viviendas, establecimientos industriales y mercantiles, explotaciones agrarias, locales de trabajo y similares, dañados como consecuencia directa de las inundaciones, cuando se acredite que tanto las personas como los bienes en ellos ubicados hayan tenido que ser realojados total o parcialmente en otras viviendas o locales diferentes hasta la reparación de los daños sufridos o los destrozos en cosechas constituyan siniestros no cubiertos por ninguna fórmula de aseguramiento público o privado.


2. Se concede una reducción en el Impuesto sobre Actividades Económicas correspondiente al ejercicio de 2005 a las industrias de cualquier naturaleza, establecimientos mercantiles y profesionales cuyos locales de negocios o bienes afectos a esa actividad hayan sido dañados como consecuencia directa de las inundaciones, siempre que hubieran tenido que ser realojados o se hayan producido daños que obliguen al cierre temporal de la actividad. La indicada reducción será proporcional al tiempo transcurrido desde el día en que haya cesado la actividad hasta su reinicio en condiciones de normalidad, ya sea en los mismos locales o en otros habilitados al efecto, sin perjuicio de considerar que, cuando la gravedad de los daños producidos dé origen a ello, el supuesto de cese en su ejercicio surtirá efectos desde el día 31 de diciembre de 2004.


3. Las exenciones y reducciones de cuotas en los tributos señalados en los apartados anteriores comprenderán las de los recargos legalmente autorizados sobre aquellos.


4. Los contribuyentes que tengan derecho a los beneficios establecidos en los apartados anteriores y hubiesen satisfecho los recibos correspondientes a dicho ejercicio fiscal podrán pedir la devolución de las cantidades ingresadas.


5. La tramitación de las bajas de vehículos, solicitadas como consecuencia de los daños producidos por las inundaciones, y la expedición de duplicados de permisos de circulación o de conducción destruidos o extraviados por dicha causa no devengarán las tasas correspondientes a los respectivos servicios de la Jefatura Central de Tráfico.


6. La disminución de ingresos en tributos locales que los anteriores apartados de este artículo produzcan en los ayuntamientos y en el Cabildo Insular de La Gomera será compensada con cargo a los Presupuestos Generales del Estado, de conformidad con lo establecido en el artículo 9 del texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, aprobado por el Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo.


Artículo 6. Reducciones fiscales especiales para las actividades agrarias.


Para las explotaciones y actividades agrarias, realizadas en las zonas determinadas en el artículo 1 de este real decreto-ley, y conforme a las previsiones contenidas en el artículo 35.4.1 del Reglamento del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas, aprobado por el Real Decreto 1775/2004, de 30 de julio, el Ministerio de Economía y Hacienda, a la vista del informe del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, podrá autorizar, con carácter excepcional, la reducción de los índices de rendimiento neto a los que se refiere la Orden EHA 3902/2004, de 29 de noviembre, por la que se desarrollan para el año 2005 el método de estimación objetiva del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas y el régimen especial simplificado del Impuesto sobre el Valor Añadido.


Artículo 7. Medidas laborales y de Seguridad Social.


1. Los expedientes de regulación de empleo que tengan su causa en los daños producidos por las inundaciones tendrán la consideración de provenientes de una situación de fuerza mayor, con las consecuencias que se derivan de los artículos 47 y 51 del texto refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores, aprobado por el Real Decreto Legislativo 1/1995, de 24 de

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marzo. La Tesorería General de la Seguridad Social podrá exonerar al empresario del abono de las cuotas a la Seguridad Social en el primer supuesto mientras dure el período de suspensión, y se mantendrá la condición de dicho período como efectivamente cotizado por el trabajador.
En los casos en que se produzca extinción del contrato, las indemnizaciones de los trabajadores correrán a cargo del Fondo de Garantía Salarial, con los límites legalmente establecidos.


En los expedientes en que se resuelva favorablemente la suspensión de contratos o la reducción temporal de la jornada de trabajo en virtud de circunstancias excepcionales, la autoridad laboral podrá autorizar que el tiempo en que se perciban las prestaciones por desempleo, reguladas en el titulo III del texto refundido de la Ley General de la Seguridad Social, aprobado por el Real Decreto Legislativo 1/1994, de 20 de junio, que traigan su causa inmediata en las inundaciones, no se compute a los efectos de consumir los períodos máximos de percepción establecidos.
Igualmente, podrá autorizar que reciban prestaciones por desempleo aquellos trabajadores incluidos en dichos expedientes que carezcan de los períodos de cotización necesarios para tener derecho a ellas.


2. Las empresas y los trabajadores por cuenta propia, incluidos en cualquier régimen de la Seguridad Social, podrán solicitar y obtener, previa justificación de los daños sufridos, una moratoria de un año sin interés en el pago de las cotizaciones a la Seguridad Social correspondientes a los dos meses anteriores a la producción del siniestro.


3. Los cotizantes a la Seguridad Social que tengan derecho a los beneficios establecidos en los apartados anteriores y hayan satisfecho las cuotas correspondientes a las exenciones o a la moratoria de que se trate podrán pedirla devolución de las cantidades ingresadas, incluidos, en su caso, los recargos y costas correspondientes. Si el que tuviera derecho a la devolución fuera deudor a la Seguridad Social por cuotas correspondientes a otros períodos, el crédito por la devolución será aplicado al pago de deudas pendientes con la Seguridad Social en la forma que legalmente proceda.


4. Para llevar a cabo las obras de reparación de los daños causados, las Administraciones públicas y las entidades sin ánimo de lucro podrán solicitar de los servicios públicos de empleo la adscripción de trabajadores perceptores de las prestaciones por desempleo para la realización de trabajos de colaboración social, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 213.3 del texto refundido de la Ley General de la Seguridad Social.


Artículo 8. Régimen de contratación.


1. A los efectos prevenidos en el artículo 72 del texto refundido de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas, aprobado por el Real Decreto Legislativo 2/2000, de 16 de junio, tendrán la consideración de obras, servicios, adquisiciones o suministros de emergencia los de reparación o mantenimiento del servicio de infraestructuras y equipamientos, así como las obras de reposición de bienes perjudicados por la catástrofe, cualquiera que sea su cuantía.


2. A esos mismos efectos, se incluyen, en todo caso, entre las infraestructuras las hidráulicas, las carreteras y, en general, cualquiera que haya resultado afectada por las inundaciones.


3. Se declara urgente la ocupación de los bienes afectados por las expropiaciones derivadas de la realización de las obras a que se refiere este artículo, a los efectos establecidos en el artículo 52 de la Ley de Expropiación Forzosa, de 16 de diciembre de 1954.


4. En la tramitación de los expedientes de contratación no incluidos en el artículo 129.2 del texto refundido de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas, se dispensará del requisito previo de disponibilidad de terrenos, sin perjuicio de que su ocupación efectiva no se haga hasta la formalización del acta de ocupación.


Artículo 9. Ayudas de emergencia.


1. A las ayudas personales por daños en la vivienda habitual y enseres de primera necesidad, así como a las subvenciones a corporaciones locales por los gastos de emergencia realizados en el ámbito de sus competencias, les será de aplicación el procedimiento de concesión previsto en el Real Decreto 307/2005, de 18 de marzo, por el que se regulan las subvenciones en atención a determinadas necesidades derivadas de situaciones de emergencia o de naturaleza catastrófica.


2. A estos efectos, el plazo para la presentación de las solicitudes de las ayudas a que hace referencia el apartado anterior empezará a contar a partir del día siguiente al de la publicación de este real decreto-ley en el "Boletín Oficial del Estado".


3. Las ayudas que se concedan en aplicación de lo previsto en este artículo se financiarán con cargo a los créditos 16.01.134M.482 y 16.01.134M.782, "Transferencias corrientes y de capital a familias e instituciones sin fines de lucro para atenciones de todo orden motivadas por siniestros, catástrofes u otros de reconocida urgencia", y 16.01.134M.461 y 16.01.134M.761, "Transferencias corrientes y de capital a corporaciones locales para atenciones de todo orden motivadas por siniestros, catástrofes u otros de reconocida urgencia", dotados, con carácter de ampliables, en el vigente presupuesto del Ministerio del Interior.


Artículo 10. Líneas preferenciales de crédito.


Se instruye al Instituto de Crédito Oficial (ICO), en su condición de agencia financiera del Estado, para instrumentar una línea de préstamos por importe de tres millones de euros, que podrá ser ampliada por el Ministerio de Economía y Hacienda en función de la evaluación de los daños y de la demanda consiguiente, para lo

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cual utilizará la mediación de las entidades financieras con implantación en la comunidad autónoma afectada, con las que suscribirá los oportunos convenios de colaboración.


Estas líneas de préstamo, que tendrán como finalidad financiar la reparación o reposición de instalaciones y equipos agrícolas, industriales y mercantiles, automóviles, motocicletas y ciclomotores de uso particular, vehículos comerciales, embarcaciones particulares y locales de trabajo de profesionales, que se hayan visto dañados como consecuencia de las inundaciones, se materializarán en operaciones de préstamo concedidas por dichas entidades financieras, cuyas características serán:

a) Importe máximo: el del daño evaluado por la Delegación del Gobierno en la Comunidad Autónoma de Canarias o, en su caso, por el Consorcio de Compensación de Seguros, descontado, en su caso, el importe del crédito que hayan podido suscribir con cargo a líneas de crédito preferenciales establecidas por iniciativa de la Comunidad Autónoma de Canarias.


b) Plazo: cinco años, incluido uno de carencia.


c) Interés: el tipo de cesión por el ICO a las entidades financieras será del 1,25 por ciento TAE, con un margen máximo de intermediación para estas del 0,75 por ciento. En consecuencia, el tipo final máximo para el prestatario será del dos por ciento TAE.


d) Tramitación: las solicitudes serán presentadas en la entidad financiera mediadora, la cual decidirá sobre la concesión del préstamo, y será a su cargo el riesgo de la operación.


e) Vigencia de la línea: el plazo para la disposición de fondos terminará el 31 de diciembre de 2005.


La instrumentación de la línea de préstamos a que se refiere este artículo se llevará a cabo por el ICO, en el ejercicio de las funciones a que se refiere la disposición adicional sexta.dos.2.a) del Real Decreto-ley 12/1995, de 28 de diciembre, de medidas urgentes en materia presupuestaria, tributaria y financiera, y, en su virtud, el quebranto que para el ICO suponga el diferencial entre el coste de mercado de la obtención de los recursos y el tipo antes citado del 1,25 por ciento será cubierto con cargo a los Presupuestos Generales del Estado.


Artículo 11. Cooperación con las Administraciones locales.


Se faculta al titular del Ministerio de Administraciones Públicas para proponer el pago de las subvenciones a que se refiere el artículo 2, en la parte que financia la Administración General del Estado, hasta un importe máximo de 7.228.171 euros, con cargo al crédito extraordinario que a estos efectos se habilite, con el carácter de incorporable, en los presupuestos de dicho departamento. De conformidad con lo establecido en el artículo 50.b) de la Ley 47/2003, de 26 de noviembre, General Presupuestaria, dicho crédito extraordinario se financiará con Fondo de contingencia y su autorización corresponderá al Ministerio de Economía y Hacienda.


De igual modo, se faculta al titular del Ministerio de Administraciones Publicas para establecer el procedimiento para la concesión de las mencionadas subvenciones, así como su seguimiento y control, en el marco de la cooperación económica del Estado a las inversiones de las entidades locales

Artículo 12. Comisión interministerial.


1. Se crea una comisión interministerial para la aplicación de las medidas establecidas en este real decreto-ley, coordinada por la Dirección General de Protección Civil y Emergencias e integrada por representantes de los Ministerios de Economía y Hacienda, del Interior, de Fomento, de Trabajo y Asuntos Sociales, de Agricultura, Pesca y Alimentación, de la Presidencia, de Administraciones Públicas, de Medio Ambiente y de Vivienda, así como por el Delegado del Gobierno en la Comunidad Autónoma de Canarias y por un representante del Consorcio de Compensación de Seguros.


2. El seguimiento de las medidas previstas en este real decreto-ley se llevará a cabo por la comisión a que se refiere el apartado anterior, en coordinación con las autoridades de la Comunidad Autónoma de Canarias, a través de la Delegación del Gobierno en Canarias.


Artículo 13. Consorcio de Compensación de Seguros.


1. El Delegado del Gobierno en la Comunidad Autónoma de Canarias podrá solicitar del Consorcio de Compensación de Seguros, para una más correcta evaluación de los daños, las correspondientes valoraciones previstas en este real decreto-ley, siempre que no afecten a bienes de titularidad pública.


2. El Consorcio de Compensación de Seguros tendrá derecho al abono por parte de la Administración General del Estado de los trabajos de peritación conforme al baremo de honorarios profesionales que dicho Consorcio tuviese aprobado para sus peritos tasadores de seguros.


3. Para facilitar la tramitación de las ayudas y la valoración de los daños, la Administración competente y el Consorcio de Compensación de Seguros podrán transmitirse los datos sobre beneficiarios de las ayudas e indemnizaciones que concedan, sus cuantías respectivas y los bienes afectados.


Artículo 14. Convenios con otras Administraciones públicas.


La Administración General del Estado podrá celebrar con la Comunidad Autónoma de Canarias, con el Cabildo Insular de La Gomera y con las corporaciones locales afectadas los convenios de colaboración que exija la aplicación de este real decreto-ley.


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Disposición adicional primera. Límites de las ayudas.


El valor de las ayudas concedidas en aplicación de este real decreto-ley, en lo que a daños materiales se refiere, no podrá superar en ningún caso la diferencia entre el valor del daño producido y el importe de otras ayudas o indemnizaciones declaradas compatibles o complementarias que, por los mismos conceptos, pudieran concederse por otros organismos públicos, nacionales o internacionales, o correspondieran en virtud de la existencia de pólizas de aseguramiento.


Disposición adicional segunda. Créditos presupuestarios.


La reparación de los daños en los bienes de titularidad estatal, las indemnizaciones que se concedan por daños en producciones agrícolas, así como los gastos que originen los convenios de colaboración suscritos con otras Administraciones públicas a que se refiere el artículo 14, se financiarán con cargo a los presupuestos de los respectivos departamentos ministeriales, a cuyos efectos se realizarán las transferencias de crédito que, sean necesarias, sin que resulten de aplicación las limitaciones contenidas en el artículo 52.a) de la Ley 47/2003, de 26 de noviembre, General Presupuestaria, respecto de la realización de transferencias de crédito desde operaciones de capital a operaciones corrientes.


Disposición adicional tercera. Anticipos de ayudas vinculadas a determinados préstamos para la mejora y modernización de estructuras agrarias.


En los términos municipales afectados, con carácter preferente, podrá efectuarse el pago anticipado del importe total de las ayudas de minoración de anualidades de amortización del principal de los préstamos acogidos al Real Decreto 613/2001, de 8 de junio, para la mejora y modernización de las estructuras de producción de las explotaciones agrarias, de aquellos expedientes de los que se disponga de la correspondiente certificación final de cumplimiento de compromisos y realización de inversiones.


Disposición final primera. Competencias de la Comunidad Autónoma de Canarias.


Lo establecido en este real decreto-ley se entiende sin perjuicio de las competencias que corresponden al Cabildo Insular de La Gomera y a la Comunidad Autónoma de Canarias al amparo de lo establecido en su Estatuto de Autonomía.


Disposición final segunda. Facultades de desarrollo.


El Gobierno y los distintos titulares de los departamentos ministeriales, en el ámbito de sus competencias, dictarán las disposiciones necesarias y establecerán los plazos para la ejecución de lo establecido en este real decreto-ley.


Disposición final tercera. Entrada en vigor.


El presente real decreto-ley entrará en vigor el mismo día de su publicación en el "Boletín Oficial del Estado".


130/000020

Se publica a continuación el Real Decreto-ley 9/2005, de 6 de junio, por el que se prorroga el plazo previsto en la disposición transitoria quinta de la Ley Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre, de Universidades, para la renovación de los contratos de los profesores asociados contratados conforme a la legislación anterior.


En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 86.2 de la Constitución, dicho Real Decreto-ley fue sometido a debate y votación de totalidad por el Congreso de los Diputados en su sesión del día de hoy, en la que se acordó su convalidación.


Se ordena la publicación, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 97 del Reglamento de la Cámara.


Palacio del Congreso de los Diputados, 23 de junio de 2005.-P. D. El Secretario General del Congreso de los Diputados, Manuel Alba Navarro.


REAL DECRETO-LEY 9/2005, DE 6 DE JUNIO, POR EL QUE SE PRORROGA EL PLAZO PREVISTO EN LA DISPOSICIÓN TRANSITORIA QUINTA DE LA LEY ORGÁNICA 6/2001, DE 21 DE DICIEMBRE, DE UNIVERSIDADES, PARA LA RENOVACIÓN DE LOS CONTRATOS DE LOS PROFESORES ASOCIADOS CONTRATADOS CONFORME A LA LEGISLACIÓN ANTERIOR

La disposición transitoria quinta de la Ley Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre, de Universidades, establece en su apartado 1 que a la entrada en vigor de la ley aquellos profesores asociados contratados en su día en universidades públicas, conforme a la Ley Orgánica 11/1983, de 25 de agosto, de Reforma Universitaria, podrán permanecer en su misma situación conforme a la legislación que les venía siendo aplicable, hasta la finalización de sus contratos. No obstante, se establece también en la citada disposición que dichos contratos podrán ser renovados conforme a la legislación que les venía siendo aplicable sin que su permanencia en tal situación pueda prolongarse por más de cuatro años, contados desde la entrada en vigor de la citada Ley Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre.
Como quiera que

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la fecha efectiva de entrada en vigor de dicha ley orgánica fue el 13 de enero de 2002, quiere ello decir que el plazo resolutorio finalizaría el 13 de enero del año 2006.


Con independencia de que gran parte de la regulación del profesorado contenida en la citada ley será objeto de profunda revisión en su anunciada modificación, lo cierto es que el plazo fijado por la anteriormente citada disposición transitoria quinta resulta a todas luces insuficiente para asegurar la transición del viejo al nuevo marco, sin poner en grave peligro el desenvolvimiento normal de la actividad académica de las universidades, lo que motivó el compromiso con la comunidad universitaria para la adopción de las medidas jurídicas necesarias a fin de garantizar tal actividad académica.


La figura del profesor asociado experimenta en la Ley Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre, de Universidades, un cambio sustancial con respecto a su anterior configuración legal, ya que la nueva ley sólo permite su variante a tiempo parcial, sin que se contenga referencia alguna de asociados a tiempo completo. De este modo, el muy numeroso grupo de docentes que integran este grupo en la universidad española tendría que reconducirse a alguna de las figuras contractuales previstas por aquella.


Todo ello generaría una situación de incertidumbre que afectaría de forma directa y decisiva a la programación docente de los muy numerosos departamentos o áreas de conocimiento que cuentan con asociados a tiempo completo, lo que sin duda produciría problemas irresolubles en la planificación del próximo curso académico. Por otro lado, una vez transcurrido el primer trimestre de este, los profesores asociados a tiempo completo tendrían que ser despedidos o reconvertidos como ayudantes, conforme a las previsiones de la Ley Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre, de Universidades, lo que supondría no solo una merma de sus condiciones laborales y salariales, sino, además, una notable disminución de la capacidad docente para la propia universidad, pues la docencia de la que se hace cargo un profesor hasta diciembre habría de ser suplida por, al menos, dos a partir de enero de 2006.


Ante tal horizonte y en la obligación que compete al Gobierno de garantizar el normal desenvolvimiento académico de las universidades, no cabe sino concluir la urgente y extraordinaria necesidad de establecer, con la mayor brevedad, un plazo diferente al previsto por la repetida disposición transitoria quinta, que haga compatibles las exigencias de organización y el normal desenvolvimiento de las tareas docentes con una adecuada transición desde el antiguo sistema contractual de la Ley Orgánica 11/1983, de 25 de agosto, de Reforma Universitaria, al nuevo previsto por la Ley Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre, de Universidades, lo que justifica el uso de este mecanismo normativo excepcional constitucionalmente previsto.


En su virtud, en uso de la autorización contenida en el artículo 86 de la Constitución, a propuesta de la Ministra de Educación y Ciencia y previa deliberación del Consejo de Ministros en su reunión del día 3 de junio de 2005.


DISPONGO:

Artículo único. Modificación de la Ley Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre, de Universidades. El apartado 1 de la disposición transitoria quinta de la Ley Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre, de Universidades, se modifica en los siguientes términos:

"1. Quienes a la entrada en vigor de esta ley se hallen contratados en universidades públicas como profesores asociados podrán permanecer en su misma situación conforme a la legislación que les venía siendo aplicable, hasta la finalización de sus actuales contratos. No obstante, dichos contratos podrán ser renovados conforme a dicha legislación, sin que su permanencia en esta situación pueda prolongarse más allá del comienzo del curso académico 2008-2009.


A partir de ese momento, solo podrán ser contratados en los términos previstos en esta ley. No obstante, en el caso de los profesores asociados que estén en posesión del título de Doctor, para ser contratados como profesor ayudante doctor no les resultará aplicable lo dispuesto en el artículo 50 sobre la desvinculación de la universidad contratante durante dos años."

Disposición final primera. Desarrollo reglamentario.


Se faculta al Ministro de Educación y Ciencia para dictar, en la esfera de sus atribuciones, cuantas disposiciones sean necesarias para la aplicación de lo dispuesto en este real decreto-ley.


Disposición final segunda. Carácter básico.


Este real decreto-ley tiene carácter básico y se dicta al amparo de las competencias que corresponden al Estado, conforme al artículo 149.1.18.ª y 30.ª de la Constitución, que atribuye al Estado la competencia para dictar las bases del régimen jurídico de las Administraciones públicas y el régimen estatutario de sus funcionarios y la regulación de las condiciones de obtención, expedición y homologación de títulos académicos y profesionales y normas básicas para el desarrollo del artículo 27 de la Constitución, a fin de garantizar el cumplimiento de las obligaciones de los poderes públicos en esta materia.


Disposición final tercera. Entrada en vigor.


El presente real decreto-ley entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el "Boletín Oficial del Estado".


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CONTROL DE LA ACCIÓN DEL GOBIERNO

INTERPELACIONES

Urgentes

172/000109

El Pleno del Congreso de los Diputados, en su sesión del día de hoy, debatió la interpelación urgente del Grupo Parlamentario de Izquierda Verde-Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya Verds, sobre los servicios ferroviarios en España cuyo texto se inserta a continuación, de conformidad con lo previsto en el artículo 97 del Reglamento de la Cámara.


Palacio del Congreso de los Diputados, 22 de junio de 2005.-P. D. El Secretario General del Congreso de los Diputados, Manuel Alba Navarro.


A la Mesa del Congreso de los Diputados

Al amparo de lo establecido en el Reglamento, el Grupo Parlamentario de Izquierda Verde-IU-ICV presenta la siguiente Interpelación Urgente sobre los servicios ferroviarios en España, para su debate en el Pleno de la Cámara.


La situación del transporte en España es a todas luces insostenible; sus impactos derivados no hacen más que aumentar las emisiones de CO2, con el incumplimiento de Kioto que ello conlleva. Las soluciones radican en la conversión del sector ferroviario en la columna vertebral de la promoción del transporte público: mejorando los servicios de cercanías, desarrollando los servicios de largo recorrido, regionales y de mercancías, promocionando la sostenibilidad y la eficiencia del ferrocarril, así como la transparencia en la información de las empresas públicas ferroviarias.


La apuesta por infraestructuras de alta densidad para un transporte de calidad y especializado en viajeros con ejes radiales, frente al ferrocarril convencional y la oferta intermodal que conecta el territorio con viajeros y mercancías, en el ADIF, que gestiona las infraestructuras.


De otra parte la gestión de Renfe operadora y la calidad del servicio en equipos, seguridad y materiales, así como la mejora de las condiciones a viajeros y mercancías, junto a la gestión mas descentralizada y mas cercana a los ciudadanos, sobre todo en cercanías.


Interpelación urgente, para su debate en Pleno, para que explique las medidas y propuestas que su Gobierno tiene pensado llevar a cabo para el desarrollo y promoción del transporte ferroviario.


Palacio del Congreso de los Diputados, 16 de junio de 2005.-Joan Herrera Torres, Diputado.-Gaspar Llamazares Trigo, Portavoz del Grupo Parlamentario de Izquierda Verde-Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya Verds.


172/000110

El Pleno del Congreso de los Diputados, en su sesión del día de hoy, debatió la interpelación urgente del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, sobre los propósitos del Gobierno en relación a la detención irregular de dos militantes del Partido Popular por una supuesta agresión al Ministro de Defensa en la manifestación convocada el día 22 de enero de 2005, por la Asociación de Víctimas del Terrorismo, cuyo texto se inserta a continuación, de conformidad con lo previsto en el artículo 97 del Reglamento de la Cámara.


Palacio del Congreso de los Diputados, 22 de junio de 2005.-P. D. El Secretario General del Congreso de los Diputados, Manuel Alba Navarro.


A la Mesa del Congreso de los Diputados

El Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo del artículo 180 y siguientes del Reglamento del Congreso de los Diputados, tiene el honor de presentar la siguiente Interpelación Urgente al Gobierno, para su debate en el próximo Pleno de la Cámara sobre los propósitos del Gobierno en relación a la detención irregular de dos militantes del Partido Popular por una supuesta agresión al Ministro de Defensa en la manifestación convocada el día 22 de enero de 2005 por la AVT.


Conocido el auto judicial que afirma que, tras la manifestación convocada por la AVT el 22 de enero de 2005, se produjo la privación de libertad de dos afiliados del Partido Popular sin que existiese dato alguno que probase una presunta agresión al Ministro de Defensa, queda demostrado que el Gobierno y, en concreto, el Ministro del Interior, mintió en sede parlamentaria cuando compareció para informar sobre este asunto ante la Comisión de Interior del Congreso de los Diputados.


Página 10


La decisión del titular del Juzgado de Instrucción número 14 de Madrid de imputar por los delitos de detención ilegal y falsedad de documento público al comisario jefe de la Brigada de Información de Madrid, que actuó como tercer instructor de las diligencias policiales, y al policía que figura como secretario de las mismas, ha puesto de manifiesto que las detenciones se realizaron sin pruebas, que se manipuló el expediente policial y se ocultaron algunos de los informes realizados por los policías para llevar a cabo la detención ilegal de los dos militantes del PP.


La gravedad de estos acontecimientos que han conculcado gravemente derechos constitucionales de los ciudadanos motiva que el Grupo Parlamentario Popular presenta la siguiente

Interpelación urgente sobre los propósitos del Gobierno en relación a la detención irregular de dos militantes del Partido Popular por una supuesta agresión al Ministro de Defensa en la manifestación convocada el día 22 de enero de 2005 por la AVT.


Palacio del Congreso de los Diputados, 14 de junio de 2005.-Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.


PREGUNTAS PARA RESPUESTA ORAL

Comisión de Trabajo y Asuntos Sociales

181/001027

Advertido error en la publicación de la pregunta presentada por don Arsenio Fernández de Mesa Díaz del Río (GP), sobre causas del accidente que produjo la muerte de cuatro trabajadores en los astilleros de Navantia Ferrol, el día 11 de mayo de 2005 ("BOCG. Congreso de los Diputados", serie D, núm. 226, de 22 de junio de 2005, página 16), se inserta de nuevo a continuación.


Palacio del Congreso de los Diputados, 23 de junio de 2005.


La Mesa de la Cámara, en su reunión del día de hoy, ha adoptado el acuerdo que se indica respecto del asunto de referencia.


(181) Pregunta oral el Gobierno en Comisión

AUTOR: Fernández de Mesa Díaz del Río, Arsenio (GP).


Causas del accidente que produjo la muerte de cuatro trabajadores en los astilleros de Navantia Ferrol, el día 11 de mayo de 2005.


Acuerdo:

Teniendo en cuenta el contenido del escrito registrado con el número 66119, admitir a trámite, conforme a lo dispuesto en el artículo 189 del Reglamento, y encomendar su conocimiento a la Comisión de Trabajo y Asuntos Sociales. Asimismo, dar traslado del acuerdo al Gobierno y al señor Diputado preguntante y publicar en el Boletín Oficial de las Cortes Generales.


En ejecución de dicho acuerdo se ordena la publicación, de conformidad con el artículo 97 del Reglamento de la Cámara.


Palacio del Congreso de los Diputados, 14 de junio de 2005.-P. D. El Secretario General del Congreso de los Diputados, Manuel Alba Navarro.


Grupo Parlamentario Popular

Pregunta con respuesta oral en la Comisión de Industria.


Diputado don Arsenio Fernández de Mesa Díaz del Río.


Texto:

¿Cuáles han sido las causas del accidente que produjo la muerte de cuatro trabajadores en los astilleros de Navantia Ferrol, el pasado día once de mayo?

Palacio del Congreso de los Diputados, 12 de mayo de 2005.


Página 11


OTROS TEXTOS

ESTABILIDAD PRESUPUESTARIA

430/000002

El Pleno del Congreso de los Diputados, en su sesión del día de hoy, tras el oportuno debate, ha ratificado el objetivo de estabilidad presupuestaria del conjunto del sector público y de cada uno de los grupos de agentes que lo integran, para el período 2006-2008 y el límite de gasto no financiero del presupuesto del Estado para 2006, publicado en el "BOCG. Congreso de los Diputados", serie D, núm. 211, de 27 de mayo de 2005, que fue rechazado por el Senado tras haber sido inicialmente aprobado por el Congreso de los Diputados en su sesión de 2 de junio de 2005.


Lo que se publica en cumplimiento de lo previsto en el artículo 97 del Reglamento de la Cámara.


Palacio del Congreso de los Diputados, 23 de junio de 2005.-P. D. El Secretario General del Congreso de los Diputados, Manuel Alba Navarro.

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