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BOCG. Congreso de los Diputados, serie D, núm. 324, de 30/01/2006
 


BOLETÍN OFICIAL DE LAS CORTES GENERALES
CONGRESO DE LOS DIPUTADOS
VIII LEGISLATURA
Serie D: GENERAL
30 de enero de 2006

Núm. 324


ÍNDICE

Control sobre las disposiciones del ejecutivo con fuerza de Ley

Decretos-Leyes

130/000027 Real Decreto-ley 16/2005, de 30 de diciembre, por el que se modifica el régimen transitorio de adaptación de las comisiones de control de los planes de pensiones de empleo y se regula la adaptación de determinados compromisos por pensiones vinculados a la jubilación.
Convalidación ... (Página 2)

Control de la acción del Gobierno

Proposiciones no de ley

Pleno

162/000425 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Mixto, relativa a Alexandre Bóveda Iglesias, víctima del régimen franquista en Galicia ... (Página 5)

Comisión de Fomento y Vivienda

161/001414 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario de Izquierda Verde-Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya Verds, sobre la instalación de un monumento en memoria del bombardeo padecido el 12 de febrero de 1939 en la estación de tren de Xátiva (Valencia) ...
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CONTROL SOBRE LAS DISPOSICIONES DEL EJECUTIVO CON FUERZA DE LEY

DECRETOS-LEYES

130/000027

Se publica a continuación el Real Decreto-ley 16/2005, de 30 de diciembre, por el que se modifica el régimen transitorio de adaptación de las comisiones de control de los planes de pensiones de empleo y se regula la adaptación de determinados compromisos por pensiones vinculados a la jubilación.


En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 86.2 de la Constitución, dicho Real Decreto-ley fue sometido a debate y votación de totalidad por el Congreso de los Diputados en su sesión del día de hoy, en la que se acordó su convalidación.


Se ordena la publicación de conformidad con lo dispuesto en el artículo 97 del Reglamento de la Cámara.


Palacio del Congreso de los Diputados, 25 de enero de 2006.-P. D. El Secretario General del Congreso de los Diputados, Manuel Alba Navarro.


REAL DECRETO-LEY 16/2005, DE 30 DE DICIEMBRE, POR EL QUE SE MODIFICA EL RÉGIMEN TRANSITORIO DE ADAPTACIÓN DE LAS COMISIONES DE CONTROL DE LOS PLANES DE PENSIONES DE EMPLEO Y SE REGULA LA ADAPTACIÓN DE DETERMINADOS COMPROMISOS POR PENSIONES VINCULADOS A LA JUBILACIÓN

I

La originaria Ley 8/1987, de 8 de junio, de Regulación de los Planes y Fondos de Pensiones, estableció el requisito de mayoría absoluta de representación de los partícipes en las comisiones de control de los planes de pensiones del sistema de empleo.


La Ley 24/2001, de 27 de diciembre, de Medidas Fiscales, Administrativas y del Orden Social, que entró en vigor el 1 de enero de 2002, modificó, entre otros, el artículo 7.3 de la Ley 8/1987, de 8 de junio, estableciendo el sistema de representación paritaria del promotor o promotores (párrafo a), con carácter general, así como ciertos requisitos para la adopción de acuerdos sobre determinadas materias (párrafos b y c), concediendo habilitación para el desarrollo reglamentario.


Para los planes de pensiones de empleo preexistentes a 1 de enero de 2002, la citada Ley 24/2001, de 27 de diciembre, concedió un plazo de adaptación de las comisiones de control a lo previsto en dicho artículo 7.3 mediante acuerdo colectivo, transcurrido el cual, de no haberse adoptado dicho acuerdo, se aplicará directamente.


Dichos preceptos se integran actualmente en el texto refundido de la Ley de Regulación de los Planes y Fondos de Pensiones, aprobado por el Real Decreto legislativo 1/2002, de 29 de noviembre (artículo 7.3 y antepenúltimo párrafo de la disposición transitoria segunda).


El artículo 30 del Reglamento de planes y fondos de pensiones, aprobado por el Real Decreto 304/2004, de 20 de febrero, desarrolla el artículo 7.3 del texto refundido de la Ley, habilitando a la negociación colectiva para adoptar una composición distinta de la paritaria.


En virtud del Real Decreto-ley 10/2004, de 23 de diciembre, el plazo de adaptación de las comisiones de control preexistentes se extendió hasta el 31 de diciembre de 2005.


En consecuencia, las comisiones de control de los planes de empleo formalizados antes de 1 de enero de 2002, deberán adaptarse a lo previsto en el artículo 7.3 del texto refundido de la Ley de Regulación de los Planes y Fondos de Pensiones mediante acuerdos expresos de negociación colectiva, de forma que, en caso contrario, a partir de 1 de enero de 2006 será de aplicación directa dicho artículo, es decir, el criterio general de composición paritaria y régimen de acuerdos sobre determinadas materias.


Por este real decreto-ley se modifica el antepenúltimo párrafo de la disposición transitoria segunda del texto refundido de la Ley de regulación de los Planes y Fondos de Pensiones, aprobado por el Real Decreto Legislativo 1/2002, de 29 de noviembre, de forma que las comisiones de control de los planes de pensiones del sistema de empleo existentes antes de 1 de enero de 2002 podrán mantener su composición.


El párrafo que se modifica, en la redacción dada por la Ley 24/2001, de 27 de diciembre, estableció un plazo de 3 años contados desde 1 de enero de 2002, ampliado posteriormente hasta 31 de diciembre de 2005, para la adaptación de las comisiones de control de los planes de empleo preexistentes a lo previsto en el apartado 3 del artículo 7 de la propia Ley de Regulación de los Planes y Fondos de Pensiones, transcurrido el cual, de no haberse acordado la adaptación, se aplicará directamente.
Dicho apartado 3 del artículo 7 incluye tres párrafos: el párrafo a) establece la composición paritaria de la comisión de control con carácter general, y los párrafos b) y c) que establecen unos requisitos mínimos para la adopción de acuerdos relativos a determinadas materias. La modificación realizada por este real decreto-ley en la norma transitoria afecta sólo a la composición de las comisiones de control, permitiendo que las anteriores a 1 de enero de 2002 mantengan su composición

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sin necesidad de adaptarse a lo previsto en el citado párrafo a). En cambio, se mantiene vigente la obligación de adaptarse a lo previsto en los párrafos b) y c) del apartado 3 del artículo 7, dentro del plazo que finaliza el 31 de diciembre de 2005, de forma que, de no haberse realizado la adaptación, se aplicarán directamente a partir de 1 de enero de 2006.


II

Por otra parte, la disposición adicional decimoquinta de la Ley 44/2002, de 22 de noviembre, de Medidas de Reforma del Sistema Financiero, amplió el plazo de exteriorización de determinados compromisos por pensiones vinculados a la jubilación, los conocidos como "premios de jubilación" o denominaciones similares, establecidos en convenios colectivos sectoriales o supraempresariales, vinculados a la permanencia del trabajador en la empresa o sector hasta la jubilación, y consistentes en una prestación pagadera por una sola vez en el momento del cese por jubilación.


Dicha disposición adicional estableció la posibilidad de instrumentar tales compromisos en planes de pensiones de empleo de promoción conjunta, habilitando expresamente a los representantes de empresas y trabajadores en el ámbito supraempresarial para la promoción de dichos planes, a los que podrán incorporarse las empresas afectadas por los respectivos convenios colectivos, y sin perjuicio de la alternativa de instrumentar el compromiso a través de cualquiera de los instrumentos previstos en la disposición adicional primera del texto refundido de la Ley de Regulación de los Planes y Fondos de Pensiones, aprobado por Real Decreto Legislativo 1/2002, de 29 de noviembre.


El plazo de adaptación de tales compromisos se extendió hasta 31 de diciembre de 2005 en virtud de la disposición adicional tercera de la Ley 4/2004, de 29 de diciembre, de modificación de tasas y de beneficios fiscales de acontecimientos de excepcional interés público.


Mediante este real decreto-ley, se amplia el plazo de adaptación de los referidos compromisos hasta 31 de diciembre de 2006 y se regulan ciertas condiciones técnicas especiales de los contratos de seguro y planes de pensiones que se formalicen para su instrumentación.


III

En ambos casos está justificada la extraordinaria y urgente necesidad de esta medida legislativa.


En el caso de las comisiones de control de los planes de empleo, cabe señalar que el criterio general de composición paritaria de la comisión de control ha supuesto la introducción de un nuevo equilibrio en el proceso de adopción de decisiones en un instrumento de previsión social que afecta tanto a trabajadores como a empresarios. No obstante, no puede olvidarse el hecho de que los planes de pensiones anteriores a la reforma se crearon bajo unas determinadas normas, que empresarios y trabajadores valoraron a la hora de decidir como instrumentar sus acuerdos en materia de pensiones de jubilación en esta figura. La modificación posterior de la composición de las comisiones de control preexistentes al momento de la entrada en vigor de la Ley 24/2001, de 27 de diciembre, implica una alteración sustancial de las condiciones iniciales, estableciendo otras que, de haber existido en el momento de la constitución de los distintos planes, podrían haber conducido a las empresas y a sus trabajadores a no proceder a tal constitución o a acordar contenidos diferentes de los compromisos o de las normas de funcionamiento de los planes de pensiones.


Por otro lado, la imposibilidad de obtener un acuerdo expreso de negociación colectiva que permita fijar la composición de la comisión de control (paritaria o no) dentro del plazo que finaliza el 31 de diciembre

de 2005, supondrá la aplicabilidad ex lege del sistema paritario, lo cual podría afectar al equilibrio inicialmente alcanzado entre las partes al amparo de la regulación anterior, y dar lugar a que se cuestione la legitimidad de las comisiones de control y la eficacia de sus actuaciones.


Por todo lo expuesto, y teniendo en cuenta que, en todo caso, la normativa actual exige un régimen de acuerdos que supone el refrendo del promotor o de los representantes de los partícipes para determinadas decisiones que afectan especialmente a sus intereses respectivos, este real decreto-ley introduce una modificación normativa del régimen transitorio que permitirá a las comisiones de control preexistentes a la entrada en vigor de la Ley 24/2001, de 27 de diciembre, mantener su composición, salvo que la negociación colectiva acuerde otra distinta.


De no estar aprobada esta medida antes del 1 de enero de 2006, a falta de un acuerdo expreso de negociación colectiva, a partir de dicha fecha se aplicaría directamente el criterio general de composición paritaria, situación que puede dar lugar al conflicto de intereses entre las partes que no hayan podido impulsar a tiempo los procesos de negociación colectiva a tal fin. El carácter automático del criterio general puede alterar el equilibrio alcanzado en su día al acordar el régimen de adopción de acuerdos, y ocasionar inseguridad jurídica respecto de las actuaciones de la comisión de control, con riesgo de bloqueo del funcionamiento del órgano de control y supervisión del plan.


De igual manera, en el caso de los premios de jubilación está justificada la extraordinaria y urgente necesidad de aprobar este real decreto-ley antes del 1 de enero de 2006, por cuanto se estima igualmente de necesidad ampliar el plazo de adaptación, ya que el actualmente concedido para su exteriorización, que finaliza el próximo 31 de diciembre de 2005, resulta insuficiente para los procesos de negociación conducentes a la adaptación de los citados compromisos por

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pensiones y, en su caso, a la promoción de planes de promoción conjunta para integrar tales compromisos. Hay que tener en cuenta que los premios de jubilación están extendidos en muchos y heterogéneos sectores de actividad que comprenden gran número de empresas de pequeña y mediana dimensión, y es necesario abordar y completar los procesos de negociación conducentes a su exteriorización. Asimismo, se estima de extraordinaria y urgente necesidad regular ciertas condiciones técnicas de los contratos de seguro y planes de pensiones que instrumenten estos compromisos de jubilación, que permitan a las empresas flexibilizar la financiación de sus costes, facilitando así la adaptación de los citados compromisos en el plazo señalado.


En su virtud, en uso de la autorización concedida en el artículo 86 de la Constitución Española, a propuesta del Vicepresidente Segundo del Gobierno y Ministro de Economía y Hacienda, y previa deliberación del Consejo de Ministros en su reunión de 30 de diciembre de 2005,

DISPONGO:

Artículo primero. Modificación del régimen transitorio de adaptación de las comisiones de control de los planes de pensiones de empleo a lo previsto en el apartado 3 del artículo 7 del texto refundido de la Ley de Regulación de los Planes y Fondos de Pensiones.


El antepenúltimo párrafo de la disposición transitoria segunda del texto refundido de la Ley de Regulación de los Planes y Fondos de Pensiones, aprobado por Real Decreto Legislativo 1/2002, de 29 de noviembre, queda redactado del siguiente modo:

"Los planes de pensiones de empleo existentes a 31 de diciembre de 2001 mantendrán la distribución de representantes en la comisión de control del plan prevista en sus especificaciones a dicha fecha, o la establecida en modificaciones posteriores de las especificaciones por acuerdo de negociación colectiva. En todo caso, en los planes de pensiones que no hayan adaptado sus especificaciones a lo establecido en los párrafos b) y c) del artículo 7.3 de esta Ley antes de 1 de enero de 2006, dichos preceptos se aplicarán directamente."

Artículo segundo. Plazo de adaptación y condiciones especiales para el aseguramiento de determinados compromisos por pensiones vinculados a la jubilación.


Se amplía hasta 31 de diciembre de 2006 el plazo de acomodación de los compromisos por pensiones a los que se refiere la disposición adicional decimoquinta de la Ley 44/2002, de 22 de noviembre, de Medidas de Reforma del Sistema Financiero.


La instrumentación de los citados compromisos se ajustará a lo previsto en la disposición adicional primera del texto refundido de la Ley de Regulación de los Planes y Fondos de Pensiones, aprobado por Real Decreto Legislativo 1/2002, de 29 de noviembre, y su desarrollo reglamentario, con las siguientes especialidades:

1. La financiación del coste del compromiso devengado a la fecha de formalización del contrato de seguro o del plan de pensiones podrá instrumentarse mediante primas o aportaciones periódicas hasta la primera edad de posible acceso a la jubilación del asegurado o partícipe.


2. En el cálculo de las primas o aportaciones podrán aplicarse hipótesis de permanencia en plantilla basadas en la experiencia de los sectores de actividad, revisables periódicamente y contrastables con el comportamiento real de los colectivos afectados.

Las desviaciones positivas y negativas que se produzcan en el comportamiento real de las hipótesis de permanencia en plantilla, utilizadas en el cálculo de las primas o aportaciones, serán asumidas por el tomador o promotor.


El Ministro de Economía y Hacienda podrá establecer los requisitos para la elaboración, aplicación y revisión de dichas hipótesis, previa consulta con los interlocutores sociales.


Disposición final única. Entrada en vigor.


El presente real decreto-ley entrará en vigor el mismo día de su publicación en el "Boletín Oficial del Estado".


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CONTROL DE LA ACCIÓN DEL GOBIERNO

PROPOSICIONES NO DE LEY

Pleno

162/000425

La Mesa de la Cámara, en su reunión del día de hoy, ha adoptado el acuerdo que se indica respecto del asunto de referencia.


(162) Proposición no de Ley ante el Pleno

AUTOR: Grupo Parlamentario Mixto.


Proposición no de Ley relativa a Alexandre Bóveda Iglesias, víctima del régimen franquista en Galicia.


Acuerdo:

Considerando que solicita el debate de la iniciativa ante el Pleno, admitirla a trámite como Proposición no de Ley conforme al artículo 194 del Reglamento, disponer su conocimiento por el Pleno de la Cámara, dando traslado al Gobierno, y publicarla en el Boletín Oficial de las Cortes Generales.


En ejecución de dicho acuerdo se ordena la publicación de conformidad con el artículo 97 del Reglamento de la Cámara.


Palacio del Congreso de los Diputados, 24 de enero de 2006.-P. D. El Secretario General del Congreso de los Diputados, Manuel Alba Navarro.


A la Mesa del Congreso de los Diputados

El Grupo Parlamentario Mixto, a instancia del diputado Francisco Rodríguez Sánchez (BNG), al amparo de lo dispuesto en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara, presenta la siguiente Proposición no de Ley relativa a Alexandre Bóveda Iglesias, víctima del régimen franquista en Galicia, para su debate en Pleno.


Exposición de motivos

La causa n.º 356/36 de un Juzgado eventual de Pontevedra, hoy depositada en el Archivo Regional Militar Noroeste en Ferrol, tiene como uno de sus encartados a Alexandre Bóveda Iglesias, nacido el 09-06-1903, en Ourense.
Bóveda ejerció como funcionario del cuerpo pericial de contabilidad del Estado, en la Delegación de Hacienda de Pontevedra, con el cargo de Jefe de Negociado, y fue Secretario de Organización del Partido Galeguista, durante toda la etapa republicana. Con la sublevación militar de 1936, se le aplicó la pena de muerte por sentencia firme del 13-08-36, después de un Consejo de Guerra sumarísimo del mismo día, acusado de "traición".


Los hechos a los que alude la causa sucedieron los días 18, 19 y 20 de julio de 1936. Los dirigentes de los partidos integrados en el Frente Popular acudieron al despacho del Gobernador Civil para organizar actuaciones que contrarrestasen o impidiesen "los efectos de la temida sublevación militar". Siguiendo la literalidad de la causa "en todas estas actividades y como elemento dirigente figuraba Alejandro Bóveda".
Eran, pues. actuaciones de defensa del régimen democrático y legal, la República, justamente en días de gran confusión, en los que la autoridad civil tenía una especial responsabilidad, en este, caso, el Gobierno Civil, el Ayuntamiento y la Diputación, a la hora de informar y organizar a la población para abortar la operación golpista en marcha. Una vez el ejército salió a la calle, con la declaración del estado de guerra el 20 de julio por el Jefe de la Octava División Orgánica, y entregado el mando a la Autoridad Militar por el Gobernador Civil, Bóveda fue detenido a las 19,40 horas. Desde las 11,30 estaba convocada una huelga general, que paralizó todos los servicios, como oposición a la intromisión militar y en defensa de la legalidad, que duró hasta el 3 de agosto, en el que se normalizaron todos los servicios. Justamente, ese día, se le tomó por primera vez declaración a Bóveda, que había sido trasladado a la prisión de Caldas de Reis.


El auto de procesamiento, fechado el seis de agosto de 1936, va desde, paradójicamente, lanzar la acusación de rebelión militar, hasta la de agresión al ejército y declaración y persistencia de la huelga "revolucionaria". El Pleno del Consejo de Guerra, en sentencia del 13 de agosto, falla "que debemos condenar y condenamos al procesado Alejandro Bóveda Iglesias a la pena de muerte y al procesado Amando Guiance Pampín, diputado socialista, el otro encartado en la causa, a la de cadena perpetua. El General Comandante Militar resuelve el 16 de agosto, en papel con membrete de la comandancia y bajo la exclamación en letra grande "¡VIVA ESPAÑA¡", que "la ejecución del reo Alejandro Bóveda tenga lugar a las 5,30 horas de mañana, en las inmediaciones de la carretera de Campañó". El certificado de ejecución de la pena de muerte, siguiendo la descripción del capitán médico, informa que el reo recibió "cuatro balazos

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en la parte izquierda del tórax, a nivel de la tercera ¿?) costilla, y otro en el mismo lado a nivel de la sexta, y otro en la parte izquierda de la cara a nivel de la espinilla de Spix". Los objetos de Bóveda que se le entregan a la familia son "un crucifijo, un libro de misa pequeño, tres cartas, un diario, y una sortija de oro". Como se ve, Bóveda era cristiano, de fe católica. Ni un papel acreditativo de que había sido fusilado por el delito de "traición". Será el 24 de mayo de 1979, cuando a petición de su viuda Amalia Álvarez, a los efectos de poder cobrar una pensión, le será entregado testimonio de la sentencia y de su ejecución.


Bóveda fue un pilar fundamental en el proceso de defensa y elaboración de un estatuto de autonomía para Galicia en la etapa republicana. Era un hombre dotado de una gran capacidad organizativa y de grandes conocimientos de economía, en concreto de política fiscal. Sabía que el autogobierno era inseparable de la autonomía fiscal y consideraba que Galicia tenía capacidad financiera suficiente para valerse por sí misma.
No solamente su participación fue básica para dotar al PG de un modelo estatutario propio de una nación, sino que fue pieza clave en los debates habidos entre el 17 y el 19 de diciembre de 1932, en la Asamblea de Concellos Galegos, celebrada en Santiago, para aprobar un texto estatutario, conforme a la legalidad republicana. El fue redactor, representante y defensor de la ponencia. No en balde, con la llegada de la derecha españolista al Gobierno, después de las elecciones de noviembre de 1934, Bóveda fue desterrado a Cádiz, como Castelao a Badajoz, con el objetivo de desbaratar el cada vez más activo y con pretensiones de ser un movimiento de masas, Partido Galeguista.


La integración del PG en el Frente Popular tuvo, como uno de sus objetivos básicos, la consecución de un estatuto de autonomía para Galicia, que efectivamente fue plebiscitado en 28 de junio de 1936, apenas tres semanas antes de la sublevación militar, y posteriormente aprobado en las Cortes de Monserrat, gracias a la habilidad y perseverancia de Castelao, que no corrió la misma suerte que Bóveda por encontrarse en Madrid el 18 de julio, precisamente haciendo entrega en las Cortes del texto estatutario. Es bien elocuente que el libro SEMPRE EN GALIZA se presente "en memoria de Alexandro Bóveda", al que siempre recordó Castelao, también en el exilio, corno "bandeira da nosa redención". Recordaba sus razonamientos y "a claridade do seu verbo inimitable". En revistas antifascistas apareció un expresivo dibujo de Castelao en el que se muestra la cabeza de Alexandre con un tiro en la frente, símbolo de la Galicia mártir. En el actual régimen democrático, Galicia tuvo acceso a la autonomía, como nacionalidad histórica, gracias al esfuerzo de hombres que tuvieron. confianza en el país y que dieron incluso con ilusión su vida por un ideal que vinculaba la victoria de la democracia republicana la libertad de su país. No hace falta profundizar más en por qué la reacción fascista y españolista, los militares golpistas, pusieron tanto empeño en la eliminación de un hombre como Bóveda. Según el acta del Consejo de Guerra, después de que el Presidente le interesase si quería hacer constar algún extremo, Bóveda "solicitó que no se le considerase como traidor a la Patria, pues profesó siempre ideas autonomistas, jamás pensó en la desmembración de España y si así se condujo políticamente fue por creer que servía los intereses, gallegos sin merma para la Patria y siempre bajo los auspicios del orden y de la paz".


La sentencia del Consejo de Guerra describe, en un resultando, así la situación: "...iniciado el día diecisiete de julio de mil novecientos treinta y seis un movimiento militar de carácter nacional por las Fuerzas del Ejército de África prontamente secundadas en días sucesivos por las que constituyen las Guarniciones de la casi totalidad de las Plazas de la Península, lo que dio lugar al desarrollo por parte de las tropas de operaciones de campaña dirigidas a, combatir la acción de elementos antinacionales que pretendían oponerse y de hecho se opusieron y se oponen a la consecución de los patrióticos fines del Ejército y al legítimo ejercicio del Poder Público que desde el primer momento asumieron las Autoridades Militares verdaderas representantes del sentimiento de Patria y Nación al declarar el estado de Guerra de hecho y de derecho en los territorios de sus respectivos mandos".


¿Es esto una guerra civil o una rebelión militar, un alzamiento contra la legalidad democrática?

La acusación del fiscal, firmada el 10 de agosto de 1936, basaba la culpabilidad en que el Gobierno democráticamente constituido, los partidos del Frente Popular y personas como Bóveda, usaban "los resortes del poder para destruir la Nación española" y "desfigurar y vulnerar sus esencias". Las instituciones de autogobierno de Galicia, restauradas con la actual democracia, se negaron hasta la conformación del actual Gobierno gallego, esto es, durante casi 25 años, a rehabilitar la figura de Alexandre, gracias a cuyo esfuerzo y martirio, entre otros muchos, existen. Nada más elocuente que esta hostilidad y negación, indicativas de que hay grupos y tendencias ideológicas que no están dispuestas a romper con el pasado franquista, sino que consideran el actual régimen su continuidad natural o su transformación necesaria. Ni siquiera practican una verdadera reconciliación, con la que pretenden justificarse, ya que no hay cabida para los derrotados, perseguidos y martirizados, pese a representar la legalidad y la legitimidad democráticas. Por si fuese poco, están empeñados en una revisión histórica que no deja de ser más que una variante de la cínica acusación de "traición" lanzada contra Bóveda precisamente por aquellos que traicionaron el deber de sometimiento al poder civil, legal y democráticamente instaurado.
Afortunadamente, el Ayuntamiento de Pontevedra, gobernado

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por el BNG, declaró a Bóveda hijo adoptivo el 11 de diciembre de 1999, y el nuevo gobierno de Galicia ha decidido, nada más tomar posesión en el verano, comenzar el proceso para su rehabilitación y declarar el día 17 de agosto, "día da Galiza mártir". El alto valor simbólico de Alexendre Bóveda exige que, a través de su figura, las instituciones democráticas expresen su voluntad decidida de rehabilitar la dignidad y el honor de todos los perseguidos por la dictadura militar, de no olvidar ni permitir que se invierta la verdad histórica, en especial cómo se impusieron los sublevados y la forma que adquirió la represión y la resistencia en cada nación del Estado, a partir del alzamiento militar, y de reparar moral y económicamente a todas las víctimas del régimen franquista en Galicia, en particular, y en España, en general.


Proposición no de Ley

"El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a

1. Adoptar las iniciativas necesarias para la anulación del Consejo de Guerra sumarísimo a que fue sometido Alexandre Bóveda iglesias, que conllevó la aplicación de la pena de muerte el día 17 de agosto de 1936.


2. Rehabilitar públicamente, en colaboración con la Xunta de Galicia, su persona, como símbolo de la Galicia martirizada por el levantamiento militar del 36, por el solo hecho de representar la legalidad democrática de la República y las aspiraciones de autogobierno, dignidad y libertad del pueblo gallego.


3. Comprometerse a impulsar y apoyar iniciativas de restauración de la verdad histórica en relación con la represión militar, después del 18 de julio del 36, la guerra contra la República, y el sinnúmero de víctimas del franquismo, en general, así como a dictar todas las medidas para su reparación moral y económica."

Palacio del Congreso de los Diputados, 2 de enero de 2006.-Francisco Rodríguez Sánchez, Diputado.-El Portavoz del Grupo Parlamentario Mixto.


Comisión de Fomento y Vivienda

161/001414

La Mesa de la Cámara, en su reunión del día de hoy, ha adoptado el acuerdo que se indica respecto del asunto de referencia

(161) Proposición no de Ley en Comisión

AUTOR: Grupo Parlamentario de Izquierda Verde-Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya Verds.


Proposición no de Ley sobre la instalación de un monumento en memoria del bombardeo padecido el 12 de febrero de 1939 en la estación de tren de Xátiva (Valencia).


Acuerdo:

Teniendo en cuenta la corrección remitida mediante escrito número de registro 104752, y considerando que solicita el debate de la iniciativa en Comisión, admitirla a trámite como Proposición no de Ley, conforme al artículo 194 del Reglamento, y disponer su conocimiento por la Comisión de Fomento y Vivienda. Asimismo, dar traslado del acuerdo al Gobierno y al Grupo proponente y publicar en el Boletín Oficial de las Cortes Generales.


En ejecución de dicho acuerdo se ordena la publicación de conformidad con el artículo 97 del Reglamento de la Cámara.


Palacio del Congreso de los Diputados, 24 de enero de 2006.-P. D. El Secretario General del Congreso de los Diputados, Manuel Alba Navarro.


A la Mesa del Congreso de los Diputados

Al amparo de lo establecido en el Reglamento de la Cámara el Grupo Parlamentario de Izquierda Verde-Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya Verds presenta la siguiente Proposición no de Ley sobre la instalación de un Monumento en memoria del bombardeo padecido el 12 de febrero de 1939 en la estación de tren de Xátiva (Valencia) para su debate en Comisión.


Consideramos que es una obligación del Congreso de los Diputados apoyar la iniciativa del Consell de la Joventut de Xátiva, entidad de derecho público y voz de todos los jóvenes asociados de Xátiva, que se corresponde con su decisión de recuperar parte de la memoria histórica de esta ciudad.


El 12 de febrero de 1939, a las 9,45 de la mañana, 5 aviones Savoia S-79, pilotados por soldados italianos, bombardearon la estación de trenes de Xátiva con 20 bombas de 250 Kg cada una. En aquel momento, entraba un tren repleto de soldados de la 49 Brigada Mixta. El resultado de aquella fatal acción fue la muerte de 109 personas, entre ellos soldados, población civil e incluso tres niños.


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Esta acción ocurrió en un escenario concreto, en una guerra determinada, pero sin duda tuvo los mismos resultados que cualquier otra masacre de cualquier otra guerra. Por este motivo los y las jóvenes de Xátiva han decidido democráticamente que el recuerdo de aquel lamentable acontecimiento perdure en el tiempo, con el objetivo de que actúe como memoria útil en favor de la paz frente a la guerra.


Ante esta reflexión el Congreso tiene conocimiento de que el Consell de la Joventut de Xátiva ha iniciado los procedimientos encaminados a la ejecución del proyecto de monumento que han elaborado junto al reconocido escultor Miquel Mollá. Monumento que debe ser instalado en los aledaños de la estación de RENFE siendo el lugar indicado patrimonio de RENFE y por tanto exento de potestad el Ajuntament de Xátiva.


Por todo ello, se presenta la siguiente

Proposición no de Ley

"El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a:

Realizar todas las acciones encaminadas a que sea instalado el Monumento en memoria del bombardeo padecido el 12 de febrero de 1939 en la estación de tren de Xátiva en los aledaños de la estación de RENFE de esa misma ciudad."

Palacio del Congreso de los Diputados, 18 de enero de 2006.-Isaura Navarro Casillas, Diputada.-Joan Herrera Torres, Portavoz del Grupo Parlamentario de Izquierda Verde-Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya Verds.

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