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BOCG. Senado, serie II, núm. 83-c, de 19/02/2007
 


BOLETÍN OFICIAL DE LAS CORTES GENERALES
SENADO
VIII LEGISLATURA
Serie II: PROYECTOS DE LEY
19 de febrero de 2007

Núm. 83(c) (Cong. Diputados, Serie A, núm. 101 Núm. exp. 121/000101)


PROYECTO DE LEY

621/000083 Orgánica por la que se modifica la Ley Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre, de Universidades.


PROPUESTAS DE VETO

621/000083

PRESIDENCIA DEL SENADO

En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 191 del Reglamento del Senado, se ordena la publicación en el Boletín Oficial de las Cortes Generales de las propuestas de veto presentadas al Proyecto de Ley Orgánica por la que se modifica la Ley Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre, de Universidades.


Palacio del Senado, 15 de febrero de 2007.-P. D., Manuel Cavero Gómez, Letrado Mayor del Senado.


El Grupo Parlamentario Popular en el Senado (GPP), al amparo de lo previsto en el artículo 107 del Reglamento del Senado, formula una propuesta de veto al Proyecto de Ley Orgánica por la que se modifica la Ley Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre, de Universidades.


Palacio del Senado, 14 de febrero de 2007.-El Portavoz, Pío García-Escudero Márquez.


PROPUESTA DE VETO NÚM. 1

Del Grupo Parlamentario Popular en el Senado (GPP)

El Grupo Parlamentario Popular en el Senado (GPP), al amparo de lo previsto en el artículo 107 del Reglamento del Senado, formula la siguiente propuesta de veto.


JUSTIFICACIÓN

El Proyecto de Ley es una reforma parcial de la Ley Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre, de Universidades, con un aparente alcance limitado. Sin embargo, esta apariencia es engañosa porque sus preceptos contienen una alteración profunda de elementos básicos de la vida universitaria, que, por las razones que se expondrán más adelante, van a influir muy negativamente en las misiones que debe cumplir la Universidad en nuestros días, en la búsqueda de la excelencia en el sistema universitario y en la configuración de Universidades abiertas y vinculadas a la sociedad a la que sirven.


Una reforma de tal calado exigía un debate amplio y profundo en el seno de la comunidad universitaria y un diálogo con los principales agentes del sistema universi-

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tario y de sus organizaciones y asociaciones. Este debate y este diálogo no se han producido. Lo pone de relieve con gran nitidez el dictamen del Consejo de Estado, que afirma: «Resulta criticable que no se haya dado audiencia a las Comunidades Autónomas y a determinadas instituciones, organizaciones o asociaciones del mundo universitario cuyos intereses se podrían ver afectados con la reforma proyectada». El Alto Órgano Consultivo manifiesta que «el anteproyecto incorpora una serie de previsiones que afectan de modo singularizado a determinados colectivos o instituciones del ámbito universitario, que, sin embargo, no han sido oídos durante su tramitación... lo que habría aconsejado la audiencia a los principales agentes del sistema universitario o a sus organizaciones y asociaciones».


Resulta, además, sorprendente, y sumamente criticable, al respecto, que el Consejo de Coordinación Universitaria, «el máximo órgano consultivo y de coordinación del sistema universitario» (art. 28 de la Ley Orgánica de Universidades) no haya informado el texto objeto de la aprobación del Consejo de Ministros. Lejos de buscar las aportaciones de la Universidad española, cuando el proceso de adaptación de nuestro sistema universitario al espacio europeo de educación superior está en plena discusión y suscita serias preocupaciones en los medios universitarios, el Ministerio de Educación y Ciencia pretende adoptar unas reformas escamoteando un debate que, a nuestro juicio, resulta imprescindible.


Por otra parte, el Proyecto del Gobierno no aborda los problemas reales a los que se enfrenta la comunidad universitaria española, y las orientaciones de las propuestas que se contienen en el texto remitido por el Gobierno y modificadas en el Congreso son a juicio de este Grupo, profundamente equivocadas y van a comprometer el futuro de nuestras universidades en cuanto a su capacidad formativa, transparencia, rendición de cuentas, apertura a la sociedad y búsqueda de las excelencias. En concreto los elementos mas preocupantes de la reforma propuesta son los siguientes:

En primer lugar el cambio más importante que introduce la reforma se refiere a la selección del profesorado perteneciente a los cuerpos docentes universitarios. Por primera vez en la historia universitaria contemporánea española desaparece un sistema homologado y homogéneo para el acceso a los cuerpos docentes universitarios. Nunca hasta ahora se había podido acceder a ningún ámbito de la función pública, docente o no docente, sin unas pruebas públicas competitivas de carácter homogéneo reguladas por la Ley, en las que se garantizasen el mérito y la capacidad como criterios de selección, como exigen los artículos 23.2 y 149.1.18 de la Constitución. De este modo, el proyecto introduce elementos de desigualdad en el acceso a la función pública, vaciando el carácter de cuerpos nacionales de los catedráticos y profesores titulares de Universidad, puesto que su acceso no responderá ya a criterios homogéneos.


Además, en la primera fase del proceso de selección, llamada en el Proyecto de Ley «acreditación», el proyecto difiere al desarrollo reglamentario prácticamente toda su regulación. El texto del Proyecto de Ley no ofrece, en consecuencia, las mínimas garantías que aseguren la idoneidad en la composición de las comisiones encargadas de la selección, ni tampoco la transparencia ni la objetividad del proceso.


En segundo lugar, el Proyecto de Ley establece una nueva regulación de los «títulos oficiales y con validez en todo el territorio nacional» que, por sus ambigüedades y deficiencias técnicas, va a provocar, indudablemente, una situación de incertidumbre y de confusión enormemente perturbadora para el futuro de las profesiones y de los estudios universitarios. La supresión del Catálogo de Títulos Oficiales puede generar consecuencias imprevisibles, que son desconocidas por la sociedad española y por la misma comunidad universitaria.


En suma, el nuevo sistema constituye un salto en el vacío, que obedece a una decisión imprudente, poco meditada y que en nada va a beneficiar a la sociedad española. Por lo demás, es un modelo que no es congruente con el sistema nacional de cualificaciones y formación profesional, basado en la existencia de un catálogo nacional de cualificaciones profesionales que incluye el contenido de la formación asociada a cada cualificación. Con lo que en el ámbito de la «educación superior» nos encontraremos con dos modelos que no casan entre sí. En suma, el nuevo modelo, que rompe una tradición consolidada y muy arraigada en la sociedad española, lejos de resolver ningún problema va a producir muchos, con el agravante de que tal trascendental cambio es prácticamente desconocido en los medios universitarios y profesionales.


En tercer lugar, el Proyecto de Ley elimina el Consejo de Coordinación Universitaria, órgano que viene funcionando desde la Ley de Reforma Universitaria de 1983 y que ha ejercido hasta ahora una esencial y muy positiva función como lugar de encuentro y de coordinación de los principales agentes responsables del sistema universitario español. La desaparición del Consejo nos parece un grave error, cuando en un Estado complejo, como el Estado de las Autonomías, y en un momento histórico en el que el sistema universitario se enfrenta a desafíos que exigen el concurso coordinado de todos los actores implicados, resulta imprescindible la existencia de órganos que desempeñen la imprescindible tarea de coordinación y cooperación en todas las materias que afectan al sistema universitario español.


Otra cosa es que el Consejo pueda mejorar su organización y funcionamiento para el mejor cumplimiento de sus fines. Pero no es ésta la orientación del proyecto, sino su pura eliminación, con la creación de dos órganos, que actuarán como compartimentos estancos, cuya incomunicación será en detrimento de los intereses generales del sistema universitario español.


En cuarto lugar, en relación con los Consejos Sociales, el proyecto debilita la vinculación recíproca de la Universidad con la sociedad, a cuyo servicio ejerce sus funciones. El principio de «rendición de cuentas», que es el necesario correlato de la autonomía universitaria, experimenta un claro retroceso en el Proyecto de Ley, incluso con respecto a la Ley de 1983, creadora de estos Consejos. No hay que olvidar que las Universidades públicas se financian en un 85 por 100 con cargo a los presupuestos públicos. Y que este tipo de órganos, con denominaciones

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distintas, están adquiriendo un papel cada vez más relevante en el ámbito de las Universidades europeas. En contra de esta tendencia, y de modo inexplicable; los Consejos sociales sufren en el Proyecto de Ley una importante amputación de sus atribuciones, lo que va a dificultar el ejercicio de su función. La Universidad no gana nada en ello, se cierra en sí misma y se quiebra su imprescindible vinculación con la sociedad.
El principio de responsabilidad inherente a la autonomía universitaria se convierte en una mera declaración retórica. El proyecto no explica a qué obedece esta capitidisminución de los Consejos Sociales, aunque la voluntad del autor de la reforma es inequívoca al respecto.


En quinto lugar, el Proyecto de Ley introduce algunas reformas en el gobierno de las Universidades, en las que hay una merma de las garantías de calidad y excelencia que deben regir la vida universitaria. El peso de los profesores doctores pertenecientes a los cuerpos docentes universitarios queda claramente debilitado en la configuración de estos órganos. Tampoco se explica que se pretenda revisar el modelo vigente de elección del Rector por sufragio universal ponderado de la comunidad universitaria, ya que este sistema es ampliamente respaldado por la mayoría de la comunidad universitaria. La necesidad de acometer un nuevo proceso de reforma de los estatutos de las Universidades no parece que tenga justificación ni sea oportuno, pues desviará la atención de los asuntos en los que deberían concentrarse los esfuerzos de la comunidad universitaria, a los que hemos hecho referencia anteriormente.


En sexto lugar, la reforma tampoco aborda la reforma el sistema de financiación de las Universidades. El Ministerio de Educación y Ciencia se comprometió, al principio de la legislatura, a proponer un modelo de financiación que respondiera a las nuevas necesidades de la Universidad.
El Proyecto de Ley omite cualquier referencia a esta cuestión, cuando la aplicación del «proceso de Bolonia», con la articulación de los estudios universitarios en tres ciclos, está modificando substancialmente los parámetros financieros de nuestras Universidades.


En séptimo lugar, no aborda con profundidad la adaptación del sistema universitario español a las exigencias del Espacio Europeo de Enseñanza Superior, lo que viene llamándose Proceso de Bolonia. Y según señala acertadamente el Consejo de Estado debiera tener el reflejo que por su trascendencia merece en una norma con rango de Ley Orgánica como ésta.


En suma, el Proyecto del Gobierno no es la reforma que necesita nuestra Universidad para resolver sus problemas y para abordar en mejores condiciones los importantes retos que tiene ante sí. Introduce elementos que van en contra de la calidad y de apertura a la sociedad a las que se debe la institución universitaria.


Fomenta las patológicas tendencias al localismo. Las consecuencias derivadas de todo ello para las enseñanzas, la investigación y las funciones de interés general de la Universidad pueden llegar a ser muy perjudiciales. A la vista de las consideraciones expuestas, resulta obligado que todos los puntos controvertidos contenidos en la reforma sean objeto de un amplio y sereno debate en el seno de la comunidad universitaria, que no se ha producido, como ha puesto de relieve el Consejo de Estado. Una actitud responsable del Gobierno debería propiciar la realización de ese debate, porque no es aceptable que cambios de tal envergadura se hagan de espaldas a la propia institución universitaria.


Por las razones expuestas se solicita el veto al Proyecto de Ley Orgánica de Universidades.

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