Listas de valores
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DS. Congreso de los Diputados, Comisiones, núm. 155, de 01/12/2004
 


CORTES GENERALES
DIARIO DE SESIONES DEL CONGRESO DE LOS DIPUTADOS
COMISIONES

Año 2004 VIII Legislatura Núm. 155
ECONOMÍA Y HACIENDA
PRESIDENCIA DEL EXCMO. SR. D. ANTONIO GUTIÉRREZ VEGARA
Sesión núm. 9
celebrada el miércoles, 1 de diciembre de 2004


ORDEN DEL DÍA:

Comparecencia del señor presidente de la Comisión Nacional del Mercado de Valores (Conthe Gutiérrez), para:

- Dar cuenta del informe anual sobre desarrollo de sus actividades y sobre la situación de los mercados de valores, de conformidad con lo previsto en el artículo 13 de la ley 24/1988, del Mercado de Valores. A petición del Gobierno. (Número de expediente 212/000360.) ... (Página 2)

- Informar sobre el programa de trabajo que pretende hacer sobre dicho organismo. A solicitud del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.
(Número de expedien­te 212/000361.) ... (Página 2)

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Ratificación de la ponencia designada para informar sobre el proyecto de ley de modificación de tasas y de beneficios fiscales de acontecimientos de excepcional interés público. (Número de expediente 121/000011.) ...
(Página 25)

Aprobación, con competencia legislativa plena, a la vista del informe elaborado por la ponencia, del proyecto de ley de modificación de tasas y de beneficios fiscales de acontecimientos de excepcional interés público.
(Número de expediente 121/000011.) ... (Página 25)

Se abre la sesión a las nueve y treinta minutos de la mañana.


COMPARECENCIA DEL SEÑOR PRESIDENTE DE LA COMISIÓN NACIONAL DEL MERCADO DE VALORES (CONTHE GUTIÉRREZ) PARA:

- DAR CUENTA DEL INFORME ANUAL SOBRE DESARROLLO DE SUS ACTIVIDADES Y SOBRE LA SITUACIÓN DE LOS MERCADOS DE VALORES, DE CONFORMIDAD CON LO PREVISTO EN EL ARTÍCULO 13 DE LA LEY 24/1988, DEL MERCADO DE VALORES. A PETICIÓN DEL GOBIERNO. (Número de expediente 212/000360.)

- INFORMAR SOBRE EL PROGRAMA DE TRABAJO QUE PRETENDE HACER SOBRE DICHO ORGANISMO. A SOLICITUD DEL GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR EN EL CONGRESO.
(Número de expediente 212/000361.)

El señor PRESIDENTE: Vamos a dar comienzo a la reunión de la Comisión, en la que, como se sabe, en primer lugar intervendrá el compareciente, señor don Manuel Conthe, presidente de la Comisión Nacional del Mercado de Valores, que comparece a petición del Gobierno y del Grupo Parlamentario Popular. No obstante, quiero que sepan que el señor Conthe me había remitido ya el tres de noviembre una carta personal mostrando su disposición a comparecer en esta Comisión para exponernos sus nuevos proyectos y lo que estime conveniente respecto a la situación actual.
Como les decía, en primer lugar daremos la palabra al señor Conthe, y concluida esta primera fase de la reunión de la Comisión, pasaríamos al siguiente punto del orden del día, sobre la ley de tasas, y para que SS.
SS. puedan organizar también su agenda de trabajo durante la mañana les indico que no es previsible que la votación sobre esta ley tenga lugar antes de la una de la tarde.


Dando la bienvenida al señor Conthe, le cedemos también la palabra para su exposición. Cuando usted quiera.


El señor PRESIDENTE DE LA COMISIÓN NACIONAL DEL MERCADO DE VALORES (Conthe Gutiérrez): Quiero agradecer al presidente de la Comisión de Economía y a todos sus miembros esta convocatoria rápida para cumplimentar el deber establecido en la Ley del Mercado de Valores, en su artículo 13, de informar a la Comisión de Economía de la memoria y el informe sobre el mercado de valores que en el mes de junio, si no recuerdo mal, la Comisión Nacional del Mercado de Valores elevó a la consideración de la Comisión de Economía. En la medida en que esos informes se refieren al ejercicio de 2003, que está ya muy lejano, me voy a limitar a hacer unas breves consideraciones sobre ese ejercicio y lo acontecido después, y quizá el grueso de lo que diga se referirá más al futuro, a las cuestiones más urgentes, más pendientes, en el quehacer de la Comisión Nacional del Mercado de Valores, en el entendido del informe del ejercicio 2004 completo será a su vez objeto de un nuevo informe y una memoria anual que se someterá nuevamente al Congreso y a la Comisión de Economía, y por los que espero que la Presidencia de la Comisión me convoque a comparecer en el primer semestre del año que viene.


En cuanto a dos sencillísimas pinceladas sobre el mercado de valores que tenemos y que la Comisión Nacional del Mercado de Valores está llamado a supervisar, la satisfacción que tiene cualquier presidente o vicepresidente que llega a un órgano es constatar que el mercado que nos toca supervisar tiene una dimensión verdaderamente significativa en lo que atañe a renta variable, y sociedades cotizadas en el mercado bursátil. Cuando concluyó este periodo ahora objeto de informe, teníamos ya una capitalización bursátil de 615.000 millones de euros. La referencia que todos debemos tener en mente es el PIB español, que en 2004 va a ser de 800.000 millones de euros, ochocientos millardos de euros, con lo cual un 1 por ciento del PIB son 8.000

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millones de euros. Estamos hablando de una capitalización bursátil 615, que se está acercando al cien por cien del PIB. Estamos en un 70 y tantos por ciento del PIB respecto a la capitalización bursátil, que quizás es menos que lo que se estila en mercados anglosajones, con una tradición secular del mercado de valores, pero es una cifra muy significativa cuando se compara con otros países. Y esa capitalización, que ya era amplia a finales del ejercicio pasado, en los meses transcurridos hasta el día de la fecha ha crecido y estamos ya mucho más cerca de los 700.000 millones de euros; es decir que la relación entre el valor de las acciones que cotizan en el mercado bursátil español y el PIB español se está aproximando al cien por cien, a 800.000 millones de euros, que es el PIB de este año.


En términos de contratación se podría decir algo parecido. El volumen de contratación fue muy significativo el año pasado, ascendió a casi 500.000 millones de euros, y en lo ya transcurrido de 2004 ya hemos superado con creces esa cifra, hasta octubre estábamos en 534.000, y ha habido una actividad pujante en los mercados de valores de renta variable que ha continuado la tendencia de gran actividad que ya describía la memoria del año pasado. El mercado de renta fija se puede decir tres cuartos de lo mismo. El mercado de renta fija tiene dos segmentos muy dinámicos: uno, el mercado de la deuda pública tradicional, y otro que históricamente en España, como en muchos países, fue muy pequeño, pero quizá la gran novedad de los últimos años de la que debemos felicitarnos y que plantea también algún interrogante para el futuro, como luego diré, es la pujanza del mercado de renta fija privada, cuya contratación se efectúa, como ustedes saben, en el llamado mercado AIAF y que tiene una dimensión verdaderamente notable. Por citar de nuevo cifras, en términos de saldos vivos en el mercado de renta fija donde se negocian bonos y obligaciones privadas, cédulas hipotecarias y un sinfín de valores de renta fija, al término del ejercicio 2003 ya estaban en circulación casi 200.000 millones de euros, y es previsible que nos acerquemos a los 280, como poco, a la hora de cierre de este ejercicio 2004, lo cual está todavía por debajo de la cifra de deuda pública, pero es una cifra que se acerca.
Frente a la época histórica que yo viví hace años como director del Tesoro, cuando el mercado de renta fija era por antonomasia el mercado de deuda pública, ahora tenemos la feliz circunstancia de que tenemos un mercado de renta fija mucho más rico que, junto a la deuda pública tanto estatal como autonómica, tiene un segmento de renta fija privada que debemos cuidar.


Lo que he dicho en términos de saldos vivos se podría predicar en términos similares respecto a lo que atañe a la contratación. El mercado de valores que a la Comisión le toca supervisar, como ustedes saben, esta integrado por una constelación amplia de instituciones. Por un lado está un segmento pequeñito, que son las empresas de servicios de inversión, sociedades y agencias de valores, que están sujetas directamente a la tutela y supervisión, también prudencial, no sólo en cuanto a conducta.
Ahora tenemos 48 sociedades de valores, 56 agencias de valores y también hay 23 sociedades gestoras de cartera. Supervisadas directamente, no solo en cuanto a conducta sino también en cuanto a solvencia, por la Comisión del Mercado de Valores hay 127 empresas de servicios de inversión, como las llamamos. Pero a ese colectivo, lógicamente, hay que añadir todas las instituciones financieras, y en particular las entidades de crédito, que, lógicamente, en lo que atañe a su solvencia están supervisadas por el Banco de España pero que, sin embargo, en lo que atañe a la conducta en operaciones relacionadas con el mercado de valores quedan sujetas a la tutela de la Comisión del Mercado de Valores en cuanto que garante del cumplimiento de la Ley del Mercado de Valores.


Finalmente, tenemos un colectivo de instituciones que no son ya intermediarios financieros pero que sí son entidades vinculadas al mercado, como son las instituciones de inversión colectiva. Y ahí el plantel de instituciones gestoras y de fondos que quedan sujetos a la tutela y supervisión del Banco de España es enorme. Por cifrar esa importancia, diré que el patrimonio total de esas instituciones de inversión colectiva, que son fondos de inversión y sociedades de inversión inmobiliaria, al término del ejercicio 2003 estaba ya en 235.000 millones de euros. De nuevo, si lo comparamos con los 800.000 millones de PIB, estamos hablando de un 40 por ciento del PIB al término de 2003 en instituciones de inversión colectiva, que es muy significativo. Esa cifra ha ido creciendo, y a finales del pasado mes de octubre estábamos ya en 258.000. Así, en materia de instituciones de inversión colectiva tenemos una dimensión de mercado de la que yo creo que todos debemos sentirnos satisfechos. Ese patrimonio colectivo en instituciones está gestionado por un número también amplio de sociedades gestoras, y es un universo adicional que queda sujeto al control y la supervisión de la comisión.


Tras estas brevísimas pinceladas del tamaño tan significativo del mercado que la comisión supervisa, haré dos apuntes de la enorme actividad que ha habido en materia legislativa, tanto en el ámbito nacional como en el ámbito europeo, y que lógicamente se refleja en el quehacer de la comisión. La memoria ya hacía una exposición cumplida de las múltiples normas que se habían aprobado en 2003. Sin ánimo de exhaustividad, desde luego la ley de instituciones de inversión colectiva, que está a punto de ser desarrollada, es una de las más significativas, pero después hubo un meritorio esfuerzo del Congreso, a instancias del Gobierno, de favorecer todo lo que fuera la transparencia de los mercados de valores, con lo cual la célebre Ley de Transparencia de julio, con su exigencia de un informe anual corporativo, una obligación de publicidad de los pactos parasociales, quizá es un elemento de referencia al que luego haré brevísima mención; la ley que reguló en España las participaciones preferentes fue quizá otro de

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los grandes hitos, y en general fueron introducidas una multiplicidad de normas en las leyes de acompañamiento.


En el ámbito comunitario tampoco la actividad legislativa ha estado exenta de actividad, y hoy tenemos un elenco de cuatro o cinco grandes directivas que están aprobadas y que están en distinto nivel de desarrollo, en un segundo nivel, como se dice ahora en el ámbito comunitario, de las que la capital quizá sea la directiva de mercados de instrumentos financieros, la llamada segunda directiva de inversión, que va a tener una trascendencia esencial porque va a poner a competir a todos los mercados de valores entre sí, y especialmente, como luego diré, en el mercado de renta fija permitirá fácilmente a los emisores empezar a emitir en un mercado en vez de otro sin que ningún mercado, por muy tradicional y asentado que estuviera, tenga a priori la garantía de que la actividad emisora y la de negociación van a seguir asentadas en esas fronteras. Directivas adicionales que están en trance de trasposición, la de abuso de mercado, la de folletos informativos y la de transparencia informativa, la transparencia de las sociedades cotizadas, marcan en parte el calendario normativo que tiene que cumplir el Gobierno.


Paso ya a la segunda parte de mi exposición, que son los retos más inmediatos, los retos pendientes, que además entiendo que eran en parte el propósito del Grupo Parlamentario Popular al pedir mi comparecencia, y antes de hacerlo quiero enunciar algunos principios que a mi juicio deben guiar o guían la actuación de la Comisión del Mercado de Valores y que a veces no se entienden bien y dan origen a continuos malos entendidos. El primero es que la Comisión del Mercado de Valores es un ente supervisor que tiene por misión cumplir y hacer cumplir la legislación vigente. Pero las funciones reguladoras de la Comisión del Mercado de Valores son muy limitadas. Siguiendo una tradición inveterada, y además en cumplimiento de principios constitucionales, la Comisión del Mercado de Valores solo tiene facultades reguladoras cuando ha sido habilitada expresamente para ello, ya sea en una ley, ya sea en un decreto, ya sea en una orden ministerial, que suele ser el caso general. Con lo cual, en todo lo que atañe a normas de desarrollo de leyes la competencia obvia corresponde al Gobierno, y a la comisión solo le competen tres cosas: primera, asesorar al Gobierno, y en particular al Ministerio de Economía, y más en particular a la Dirección General del Tesoro y Política Financiera, que es la que lleva la iniciativa reglamentaria, por así decirlo, en materias que atañen a la Comisión del Mercado de Valores; segunda, lógicamente, desarrollar la normativa propia a través de circulares; tercer quizá hacer cumplir la normativa vigente. Y digo esto porque yo creo que a la Comisión del Mercado de Valores, y desde luego a su presidente, no le compete emitir juicios de valor, opiniones o pronunciamientos sobre temas opinables. Creo que la función de la Comisión del Mercado de Valores debe ser decir si se ha cumplido la norma o no se ha cumplido. No cabe duda de que en algunas ocasiones habrá que entrar en temas debatibles porque todo órgano que tiene facultades sancionadoras, como las tiene la Comisión del Mercado de Valores, a veces tiene que interpretar las normas y los tipos sancionadores previstos en ellas. Yo creo que esa es una cuestión inevitable. En el ámbito comunitario vamos a tratar de poner en comun esas interpretaciones administrativas de normas en vigor precisamente para lograr que haya una concordancia en la jurisprudencia administrativa en la aplicación de las normas. Sin perjuicio de que a veces es inevitable interpretar y opinar para interpretar una norma, yo creo que lo que no le compete a la Comisión del Mercado de Valores ni a mí tampoco es hacer pronunciamientos sobre si se considera bueno o malo algo si no está contemplado en una norma. Si no está contemplado en una norma, yo tendré mi opinión privada, a los amigos a lo mejor alguna vez se lo diré, si no es un tema confidencial, pero excede de mis competencias, y no creo que nunca me deba pronunciar sobre aspectos que son opinables y que no están directamente relacionados con la legislación.


Una segunda consideración que es importante, y verán ustedes que alude a los desafíos que tiene por delante la comisión, es que parece una tautología o una boutade, pero la Comisión Nacional del Mercado de Valores existe porque hay mercado de valores, y como el mercado de valores lo hemos visto nacer y desarrollarse lo damos ya por hecho. En mis anteriores encarnaciones en el Banco Mundial he visitado muchos países, y hay países donde hay comisiones del mercado de valores pero no hay mercado de valores porque nunca lo hubo o porque ha desaparecido. Por ello, uno de los intereses, no solo de la Comisión del Mercado de Valores, si no del conjunto de la sociedad española, es favorecer que en España existan mercados de valores. Es cierto que hay algunos que, por una serie de consideraciones legales o porque están enraizados en la legislación mercantil, van a tener su asiento previsible en España durante mucho tiempo. Hay otros por el contrario, y especialmente los de renta fija, que son mucho más móviles, deslocalizables, y lo que se hace hoy aquí mañana se puede ir a hacer en otro mercado. Con lo cual, el regulador, y no sólo el supervisor, a la hora de establecer requisitos reglamentarios debe ser cuidadoso con el hecho de que los mercados y los emisores tienden a buscar los mercados que ofrecen una combinación de rigor y eficiencia más conveniente.


Un tercer punto que yo quería apuntar como cuestión previa es que desde sus mismos orígenes la Comisión del Mercado de Valores está constituida como un órgano colegiado. Así se creó en el año 1988, y las posteriores modificaciones no han hecho sino mantener el principio sagrado de que hay un presidente de la Comisión del Mercado de Valores, pero que hay un consejo que tiene siete miembros: presidente, vicepresidente, tres miembros consejeros, por así decirlo, internos o ejecutivos en la terminología de gobierno corporativo

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al uso, y dos externos, uno procedente del Banco de España, como su gobernador, y otro procedente de la Dirección del Tesoro. Es una suerte que la Comisión del Mercado de Valores funcione en ese régimen colegiado, sin perjuicio de que tenga delegadas competencias tanto en el comité ejecutivo como en el presidente y en el vicepresidente, pero una de las cosas que quería señalarles es que ha sido una enorme satisfacción ponerme al frente de un órgano colegiado que creo que está funcionando de esa forma colegiada y conjunta, que no impide que también el consejo tenga unas funciones de supervisión y control de los dos principales ejecutivos, que son el presidente y el vicepresidente.


Finalmente, una cuestión que también me parece de enorme importancia, que ya los padres de la legislación de valores en España en el año 1988 tuvieron la visión de potenciar los mecanismos de consulta al sector privado, de forma que la comisión ejerza sus competencias con algún vehículo de consulta. Hay un comité consultivo de la Comisión del Mercado de Valores que a mi juicio hasta ahora no se había utilizado en toda la medida de lo deseable en toda su potencialidad, porque tiene unas facultades o unos supuestos de dictamen preceptivo, pero en el ámbito de los dictámenes facultativos yo creo que se puede ampliar muchísimo ese campo de acción del comité consultivo, y es una de las cosas que, con el directo apoyo del vicepresidente Carlos Arenillas, ya hemos empezado a ver, porque él es con carácter nato el presidente de ese comité consultivo. Ese comité consultivo ya ha empezado a funcionar con algún comité adicional de apoyo, porque nos parece que, aunque el cometido de la comisión es hacer aplicar las normas vigentes, leyes y normas reglamentarias, lo ideal siempre es que antes de su promulgación o su entrada en vigor cualquier norma sea consultada in extenso con quienes la van a sufrir o van a tener que cumplir, porque no cabe duda de que el cumplimiento voluntario de una norma es una condición sine qua non para que sea efectiva y para que la actividad sancionadora se pueda concentrar en la excepción y no en la generalidad. Ese proceso de consulta se puede ampliar:de hecho, en materia contable la Comisión del Mercado de Valores, en estrecho contacto con el Instituto de Contabilidad y Auditoría de Cuentas y ahora también con el Banco de España y la Dirección General de Seguros, ha creado grupos de consulta en materia de contabilidad. Hay un grupo de expertos contables que está analizando una de las cuestiones a las que ahora me voy a referir.


Paso ya a referirme a las tres grandes actuaciones que yo creo que deben de guiar en el corto plazo la actuación de la comisión, y sobre las que espero que en la comparecencia del año que viene ya pueda dar alguna información más tangible, y no sólo un enunciado de propósitos, sobre los frutos obtenidos. La primera atañe a los mercados de renta fija, y que estamos ya trabajando en lo que podríamos llamar un plan de medidas para mejorar la competitividad del mercado español de renta fija. Ahí, como decía, tenemos un segmento muy asentado: el mercado de deuda pública. El mercado de renta fija ha estado pujante, pero no cabe duda de que es preciso enraizarlo para el futuro en España. Y eso exige que haya en España una combinación idónea de eficiencia y rapidez en quienes tenemos facultades supervisoras al respecto y en rigor en el ejercicio. Hemos creado un grupo de trabajo en directa colaboración con la asociación de intermediarios financieros, AIAF, para estudiar una medida que pueda acelerar enormemente el registro de emisiones en España y favorecer que se registren aquí, en el mercado español, en vez de que se registren en otros mercados, como perfectamente puede ocurrir. Esa labor exigirá una estandarización de los folletos informativos con vistas a que el trámite de registro de las emisiones de renta fija, ya sean de programas de pagarés, ya sean de emisiones de bonos y obligaciones simples, de cédulas hipotecarias, de participaciones preferentes y otras, sea una cuestión de días más que de semanas. Una vez que este grupo de trabajo que ya hemos constituido, de acuerdo con AIAF, haya avanzado suficientemente en este tema que nos parece prioritario, que es la estandarización de los folletos, deberá abrir sus horizontes y repasar una serie de medidas adicionales que se podrían tomar, en algún caso por la Comisión del Mercado de Valores, en otra proponer al Gobierno o incluso, en su momento, a través del Gobierno, al Congreso, para facilitar el hecho capital de que las emisiones de renta fija de los emisores españoles se hagan prioritaria y predominantemente en España en vez de hacerse en mercados extranjeros como pueden suceder.


Paso al segundo aspecto. En materia de sociedades cotizadas, o sea, mercados de renta variable, para entendernos, hay tres cuestiones que nos van a ocupar en los meses venideros. Una es contable, es facilitar la aplicación a las sociedades cotizadas, que son un grupo, de las normas internacionales de información financiera, las que a veces se llaman normas internacionales de contabilidad, las NICS, que se aplican al ejercicio 2005 en virtud de una norma directa, un reglamento comunitario, que no necesita ninguna trasposición, y que es el célebre Reglamento 1606. Esas normas se aplican al ejercicio 2005 en su conjunto, es lo que dice ese reglamento, pero, en la medida en que las sociedades cotizadas tienen obligaciones de información intra anual, se trata de que esa información primero trimestral, que se publicará el próximo mes de abril o mayo, luego semestral, luego en el tercer trimestre y en el cuarto, vaya dando información que sea coherente con la información anual completa sobre el ejercicio 2005, que sólo será público en 2006. Uno de los principios tradicionales que ha perseguido siempre la Comisión del Mercado de Valores es lograr la concordancia entre la información pública periódica intra anual, trimestral y semestral, con la anual, para que luego no haya discontinuidades, y estamos en trance de someter a consulta un proyecto de circular de la Comisión del Mercado de

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Valores que establece principios muy sencillitos para facilitar a las sociedades cotizadas la publicación de la información trimestral del primer trimestre del año 2005, y luego de la semestral.


La idea esencial, y aquí entramos en un terreno muy técnico, es que en la primera información preceptiva en 2005, que será la correspondiente al primer trimestre, haya ya que informar de forma bastante cualitativa sobre cuáles van a ser las grandes alteraciones que las nuevas normas internacionales de contabilidad van a entrañar respecto a lo que fue el ejercicio precedente, 2004, y que las informaciones sobre los nuevos flujos contables correspondientes a ese primer trimestre ya se presenten con el desglose propio de las normas internacionales de contabilidad.
Pero quizá vamos a tratar de desplazar a la información semestral, que en la directiva comunitaria de transparencia en las sociedades cotizadas es donde se hace gravitar la obligación esencial de información, la información del primer semestre del año 2005, cuando ya exigiremos una información mucho más detallada sobre el impacto patrimonial del tránsito de las viejas normas del plan general de contabilidad a las normas internacionales. Como digo, este esfuerzo para ayudar a las sociedades cotizadas a aplicar de una forma razonable y pausada unas normas imperativas aprobadas para la comunidad en su conjunto lo estamos haciendo en estrecho contacto con el Instituto de Contabilidad y Auditoría de Cuentas, junto con los auditores y grandes empresas emisoras, a través del grupo de expertos contables que la Comisión del Mercado de Valores ha venido presidiendo.


Una segunda cuestión, que está en relación con las recientes informaciones relativas a la toma de una participación en el BBVA por Sacyr, es la regulación de la información relativa a hechos relevantes.
La normativa vigente, que está anclada en el artículo 82 de la Ley del Mercado de Valores, responde a dos características. La primera es que no hay un desarrollo reglamentario, por lo menos no lo hay extenso, de qué se entiende por hecho relevante. Hay un enunciado en la ley, en el artículo 82, que, si no recuerdo mal, dice que hecho relevante es todo aquello que pueda mover a la cotización; luego hay una normativa comunitaria adicional, que es la directiva de abuso de mercado, que desarrolla un poquito más el concepto y lo hace de una forma concordante con la legislación española, y en todo caso eso tendrá que ser objeto de un real decreto, en el que está trabajando ya la Dirección General del Tesoro y que en su momento aprobará el Gobierno, para desmenuzar un poco más ese concepto. Pero yo sinceramente creo que es muy importante que la normativa española especifique con mayor claridad todos aquellos supuestos que se presuman como hecho relevante y que, en consecuencia, deban ser comunicados fundamentalmente por la sociedad emisora a la que le afecta el hecho, pero también por otros participantes en el mercado que pueden tener obligación en virtud de la ley de dar a conocer hechos relevantes. De forma que uno de los objetivos debe ser minimizar el grado de discrecionalidad por parte de las sociedades al determinar si lo que ha ocurrido es o no relevante. Tiene que haber unas reglas que guíen a los participantes en el mercado y establezcan un mecanismo obligatorio de comunicación inmediata de ese hecho relevante.


Una segunda característica de la situación actual española es que se supone que los hechos relevantes se comunican al mercado a través de la Comisión del Mercado de Valores, y queda vedada, por consiguiente, la comunicación de hechos relevantes por mecanismos distintos a la Comisión del Mercado de Valores; por ejemplo, hablar con la prensa cuando no ha habido hechos relevantes comunicados a la Comisión del Mercado de Valores. Ahora bien, en la medida en que no está tipificado con absoluta claridad qué es hecho relevante y qué no lo es, estamos en una situación de indefinición que yo creo que es necesario clarificar a través del real decreto que prepara el Gobierno en desarrollo de la directiva de abuso de mercado, quizá al amparo ya de las habilitaciones que contempla el artículo 82 de la Ley del Mercado de Valores, que faculta a las instancias administrativas para determinar con más precisión qué son hechos relevantes. Decía que una de las características es que la Comisión se supone que tiene que recibir el hecho relevante, analizarlo y luego publicarlo. Este es un procedimiento que dista del que se estila en otros países donde primero se comunica al mercado y no se comunica a la Comisión del Mercado de Valores, en otros países se comunica simultáneamente, y yo sinceramente creo que ese es el procedimiento más fácil y que casa mejor con la realidad del mercado. Los hechos relevantes se comunican inmediatamente al mercado y a la Comisión del Mercado de Valores, y a posteriori, la Comisión del Mercado de Valores, cuando entienda que haya habido imprecisiones u omisiones, tiene que instar a que se rectifique el hecho relevante. Eso es inevitable porque ya hay sociedades que cotizan en varios mercados, y eso, por ejemplo, es lo que pasó justamente ayer con la empresa Sacyr en relación con el primer hecho relevante que publicó y que la Comisión del Mercado de Valores entendimos que era incompleto cuando la compañía manifestó como hecho relevante que pretendía adquirir acciones del BBVA. Este hecho relevante se comunicó simultáneamente en la Bolsa, en el mercado español y en el mercado portugués, en la medida en que la compañía está también cotizada. En el mercado portugués ese hecho relevante se difundió directamente al mercado. En el mercado español, aplicando la Ley del Mercado de Valores, tratamos de ponderar la información, y obviamente nos dimos cuenta desde el primer momento de que era una información insuficiente, por lo que pedimos a la compañía que lo completara, como luego hizo a lo largo de la jornada. Pero en la medida en que ese hecho relevante estaba ya en el mercado, porque a través del mercado portugués era ya conocido por la comunidad internacional, se puso de manifiesto la falta de realismo que tiene el procedimiento actualmente

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vigente en España, por lo menos de iure, que dice que la Comisión del Mercado de Valores puede actuar como cauce exclusivo de la transmisión de hechos relevantes. Por eso digo que el principio inspirador al que debemos atenernos en el futuro es que los hechos relevantes hay que clarificarlos, tipificarlos desde luego aplicar un régimen sancionador para quien no comunique un hecho relevante que esté tipificado claramente como tal. Habrá indudablemente algún margen de discrecionalidad y de interacción, pero yo creo que se puede acotar mucho el principio de que a la comisión se le comunica simultáneamente al mercado y después la comisión, cuando cree que no se han hecho todas las advertencias o precisiones necesarias, exige una verificación o un complemento.


En el caso concreto que les estoy mencionando, y que suscito como una ilustración práctica de una de estas preocupaciones que van más allá del caso de BBVA y Sacyr, pero que se ha manifestado en este caso, precisamente en aras del principio de dar al mercado toda la información relevante que se puede dar y no obligar a las entidades a dar más de aquella que se considera relevante y que estén obligadas a dar -yo creo que tampoco es misión de la Comisión del Mercado de Valores obligar a los emisores a manifestar o dar a conocer hechos que no tengan la condición de relevantes- es por lo que a lo largo de la tarde de ayer, casi hasta la madrugada, estuvimos hablando con las dos compañías afectadas para que antes de que abriera el mercado hoy Sacyr diera unas informaciones complementarias para conocimiento del mercado, lo que ha hecho brevísimos momentos después de la apertura del mercado en el día de hoy. De nuevo, aquí la función de la Comisión del Mercado de Valores es no opinar sobre aquello que es opinable ni tratar de adivinar cuáles pueden ser las consecuencias para una entidad, tanto para la adquirente como para la eventualmente adquirida, sobre esta operación. La lógica del mercado es la lógica del mercado, y a la Comisión del Mercado de Valores no le compete entrar en temas opinables. Lo que sí nos compete es obligar a todas las instituciones involucradas a dar información y datos, hechos.
De lo que se trata es de informar y poner en conocimiento de los inversores todo aquello que tenga naturaleza de hecho.


Con esto acabo el segundo de los puntos en materia de sociedades cotizadas, para pasar a un tercer punto que tendremos que abordar por exigencia de las normas, que encomiendan a la Comisión del Mercado de Valores una función que curiosamente no es normativa. Es la función de refundir los códigos de buena conducta o de buen gobierno de las sociedades cotizadas, que tuvieron su origen en España, primero en el famoso informe Olivencia en el año 1998 y después fueron parcialmente enmendados por el llamado informe Aldama. Ya digo que aquí estamos en un terreno que para un jurista continental y no anglosajón es un tanto sui generis, porque no estamos en el ámbito de normas imperativas sino en el ámbito de recomendaciones o lo que en otras latitudes se llamarían estándares de mercado. Son estándares voluntarios, que no obligatorios; ahora bien, lo que sí exige la ley, y en particular la Ley de transparencia, es que cada entidad cotizada se pronuncie en su informe anual de gobierno corporativo sobre si ha cumplido o no ese estándar o principio, y si no lo ha hecho, por qué motivos. Se ha introducido en España el conocido principio anglosajón que dice: cumple o explica por qué no has cumplido". Aquí el cometido atribuido por las normas a la Comisión del Mercado de Valores es simplemente refundir las normas de buen gobierno que estaban referidas exclusivamente al consejo de administración, muy bien tipificadas en el informe Olivencia en veintitrés directrices muy claras y que luego con el informe Aldama quedaron un poco en la nebulosa. En la medida en que aquí hay un imperativo de que la comisión lleve a cabo esa función, la desempeñaremos, de nuevo, con el asesoramiento de quienes están en el mercado y conocen la práctica cotidiana del gobierno de las empresas.


Una tercera función, o un tercer cometido inmediato importante, tan importante como los anteriores y que menciono en el ultimo lugar por una cuestión puramente de orden, es la protección del inversor minorista. Las funciones de la comisión, como decía, son garantizar la información y la transparencia, transparencia que debería afectar a las sociedades cotizadas y a quienes compran o venden acciones en sociedades cotizadas, pero también tiene una dimensión ya minorista. Se trata de que en la colocación de productos financieros y de valores al público minorista haya una información completa y exacta. No estamos en el ámbito de la autorización, y mucho menos de la autorización discrecional, el mercado es el que es, y la Comisión del Mercado de Valores únicamente debe velar por que lo que se ofrezca al inversor sea perfectamente conocido. Aquí hay dos ámbitos de trabajo externos, y uno interno en el que ya estamos trabajando. El primero es mejorar la claridad de los folletos informativos que se registran en la Comisión del Mercado de Valores.
Hemos constatado que había aspectos mejorables en varios instrumentos en los que los folletos informativos no eran suficientemente claros sobre la naturaleza del instrumento financiero que se estaba ofreciendo al inversor. Esa falta de claridad la he advertido y el con el consejo de la Comisión, y desde luego el vicepresidente Arenillas, que en estas materias un poco el funcionamiento diario de la comisión tiene facultades delegadas tenemos los dos firmas indistintas, pero en muchas ocasiones él dedica más tiempo a esta verificación y registro de folletos, hemos identificado algunos instrumentos que eran susceptibles de mejora. Uno de ellos eran las participaciones preferentes, reguladas en la Ley de movimientos de capital del año 2003, empezando por el hecho de que la terminología que usó la ley fue una traducción quizá un poco desafortunada de un termino anglosajón y el término preferente puede inducir a error al suscriptor. Ya hemos empezado a exigir a las entidades

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emisoras que modifiquen esos folletos, y ya hay un corpus doctrinal y las entidades saben qué es lo que tienen que decir en el folleto para que la Comisión se los registre. Pero ese esfuerzo no se ha limitado desde luego a las participaciones preferentes.


Hay otro ejemplo típico en el que hemos visto que había aspectos mejorables. Tomando una categoría que estaba incorporada a una circular de la Comisión del Mercado de Valores como cajón de sastre bajo el epígrafe contratos financieros atípicos, se estaban comercializando derivados financieros al por menor -un anglosajón diría un derivado o una opción OTC, que no se negocia en un mercado sino que se contrata- sin describir en detalle la naturaleza de la opción y a veces utilizando el término depósito en el contexto de la descripción de una forma que podía dar pie al suscriptor a pensar que tenía un depósito bancario un poco raro, cuando en realidad lo que se le estaba ofreciendo era que vendiera una opción a una entidad. Hemos trabajado desde el primer momento en clarificar esa situación y mejorar la claridad de esos folletos.


El tercer ejemplo que quiero mencionar y en el que hemos tratado de incluir mayor claridad es el de los folletos informativos relativos a los fondos garantizados. El fondo garantizado es un producto que tiene un mercado lógico; en España hay una cifra muy respetable ya de fondos garantizados en circulación, que, si no recuerdo mal, a finales de octubre era nada menos que 52.000 millones de euros, y yo creo que eso es bueno. El fondo garantizado tiene la ventaja de que evita al suscriptor el riesgo asociado a las fluctuaciones del valor liquidativo de un patrimonio, incluso aunque esté en renta fija. A veces el inversor poco sofisticado cree que invertir en renta fija no puede dar oscilaciones del valor liquidativo, y sí que puede darlas. Un fondo garantizado tiene la ventaja de que se sabe que a una determinada fecha fija el valor de la participación en el fondo va a ser equis. Ahora bien, hay que mejorar la información que se da a los suscriptores. Algunas entidades ya lo vienen haciendo y nos felicitamos de ello; otras todavía no, y sobre esos folletos es sobre los que hemos estado actuando para que se diga al inversor en qué se va a materializar la aportación que va a hacer a un fondo; se le deje claro que la garantía de un cierto valor liquidativo es la referida a un determinado día; se le explique con claridad que si quiere sacar el dinero, si quiere obtener un reembolso del fondo antes de esas fechas, lo más probable, en función de las condiciones de cada fondo, es que tenga que soportar una Comisión de reembolso muy significativa que le penalice y que en muchos casos le puede dar un rendimiento negativo; que si la opción está vinculada a renta variable, es una renta variable en un sentido genérico, pero no es en muchos casos lo mismo que tener acciones o una posición en un determinado índice bursátil. Porque puede ocurrir que un índice bursátil se revalorice mucho y, sin embargo, los titulares de esa opción se beneficien mucho menos porque en realidad la opción que están incorporando a ese fondo está relacionada con un índice bursátil pero no refleja al cien por cien la evolución de ese índice bursátil. Creemos que el fondo garantizado es un instrumento que en España, con muy buen motivo, ha tenido un gran mercado, pero es nuestra obligación asegurarnos de que el folleto refleja con claridad, concisión y exactitud todo lo que tiene que saber el suscriptor. Ahora bien, y este es mi segundo punto en materia de actuación en inversión minorista, a la Comisión no le basta con cerciorarse de que el folleto informativo de un producto que se requisa a la Comisión es muy exacto, si luego en la comercialización concreta por las redes de las instituciones financieras, que son las que hablan y a las que accede el inversor minorista, se le da una información distinta, que es incompleta o incluso desfigura la información precisa que está en el folleto, o incluso en la entidad no se entrega ese folleto informativo. Por ello, una de las funciones de la Comisión, además de asegurarse de que el folleto está bien claro, es prestar atención a las prácticas de comercialización en el escalón minorista que llevan a cabo las entidades financieras. Afortunadamente, en esta materia hay un sinfín de buenas prácticas, pero de nuevo la actuación de la Comisión es centrarse en aquel que no cumple el estándar elevado que afortunadamente las entidades financieras van cumpliendo. En esta función las competencias de la Comisión afectan a todas las instituciones financieras, sean empresas de servicios de inversión, sean entidades de crédito. Es decir, este es un supuesto típico en el que hay competencias concurrentes entre el Banco de España y la Comisión del Mercado de Valores. El Banco de España no tiene entre sus funciones la de supervisar la correcta comercialización a los clientes de las entidades de crédito de productos vinculados con el mercado de valores. Esa es una competencia de la Comisión del Mercado de Valores, incluso cuando las entidades son de crédito, y yo creo que en esto debemos poner más énfasis ahora el que históricamente pusimos.


Finalmente, y con esto concluyo, dentro de la Comisión del Mercado de Valores la protección del inversor afecta a una pluralidad de entidades internas. Afecta a la Dirección General de Emisores, pero luego hay un servicio de reclamaciones. Tenemos también un sistema de información e incluso formación, con publicaciones al inversor español. Una de las cosas que hemos hecho ya de inmediato ha sido coordinar mejor todas las actuaciones y competencias dentro del ámbito de la Comisión del Mercado de Valores, a través de un grupo de trabajo interno que presiden dos de los consejeros del comité ejecutivo de la Comisión del Mercado de Valores. Tenemos, por tanto, un mecanismo de coordinación eficaz para lograr que este aspecto, esencial de las funciones de la Comisión del Mercado de Valores, que es la protección del inversor, se desarrolle con la máxima eficacia. En la medida en que esa función, que yo considero una de las funciones esenciales de la Comisión del Mercado de Valores, en la medida en que

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tenemos medios y en la medida en que estamos ya funcionando para cumplirla, como he dicho en alguna ocasión, no veo para qué hace falta un comisionado del inversor, porque ese es un cometido esencial y típico de la Comisión del Mercado de Valores, estamos en condiciones de desempeñarlo nosotros, y espero, poder rendir cuentas de las actuaciones que hayamos desempeñado en esa materia en la próxima comparecencia.


El señor PRESIDENTE: Pasamos a las intervenciones de los distintos grupos parlamentarios, en primer lugar la del señor Folgado, por el Grupo Parlamentario Popular.


El señor FOLGADO BLANCO: Al mismo tiempo que agradezco su presencia y la exposición que acaba de rendir el señor Conthe, quiero que mis primeras palabras sean de sincera felicitación por esta nueva e importante responsabilidad que acaba de asumir hace escasas semanas como presidente de la CNMV. Le deseo sinceramente muchos éxitos y creo que su brillante trayectoria profesional es un aval de partida para afrontar con eficacia los retos que se le plantean. Además quiero decirle que conozco por mis anteriores responsabilidades a varios de los miembros que tiene tanto en el equipo directivo como en el consejo, y creo que también refuerzan claramente el aval para lograr sus importantes cometidos con eficacia.


Ya ha apuntado el señor Conthe el importante papel que juega la CNMV, como reza la legislación vigente, en dos frentes muy claros: el de la supervisión e inspección de personas y empresas relacionadas con el mercado de valores y el asesoramiento al Gobierno para la adopción de medidas relacionadas con tales mercados. Esas responsabilidades sirven al objetivo, como refleja el artículo 3 del reglamento del régimen interior de la CNMV de julio de 2003, de velar por la transparencia de los mercados de valores, la correcta formación de los precios y la protección de los inversores, promoviendo la difusión de cuanta información sea necesaria para la consecución de estos fines. He repetido esto porque me parece que resume de manera perfecta el meollo de la cuestión en cuanto a las responsabilidades que tiene y el objetivo para el cual están esas funciones. En definitiva, juega un papel central en lo que se viene a llamar el buen gobierno corporativo de las empresas cotizadas. Y aquí ya se plantea una cuestión. Se ha hablado de órganos reguladores, y yo estoy de acuerdo con el señor Conthe en que de alguna manera esta expresión es imperfecta por cuanto carácter regulatorio no hay demasiado, y yo tendría mis dudas sobre si eso tendría que cambiar en relación con la situación presente. En cualquier caso, aunque no legisle o regule, no cabe duda de que sí hacen dos cosas fundamentales estos órganos reguladores. Una es la de control y supervisión en relación con las normas que se han establecido, pero en segundo lugar, como asesora, y debe realizar esa función de manera muy relevante, al Gobierno, y cualquier gobierno que se precie de que quiere eficacia tendrá que atender a esos asesoramientos qué duda cabe de que las normas que se vayan implementando están relacionadas precisamente con la praxis del control y supervisión que realiza la Comisión Nacional del Mercado de Valores.


Hay que decir que hay varios órganos reguladores, así llamados, algunos de ellos sectoriales, como la CMT o la CNE, por citar algunos ejemplos. Me gustaría saber si tiene ya el señor Conthe o se va a preparar un plan de trabajo en relación con esos otros dos órganos reguladores, o esas otras dos comisiones, en lo que se refiere a sus competencias sectoriales especificas, en todo caso, naturalmente, en relación con la transparencia y la calidad del gobierno corporativo de las empresas cotizadas. Pienso que sería muy importante disponer de un plan de trabajo y que si lo tiene o lo va a realizar, nos dijera algo sobre ello. Sí que ha hablado, en cambio, el señor Conthe de manera muy importante con otras dos entidades que realizan actividades llamémosle fronterizas en todo caso, que exigen una estrecha coordinación con la Comisión Nacional del Mercado de Valores, como son determinados servicios del Banco de España y la Dirección General del Tesoro. El señor Conthe ha hablado sobre esas relaciones, pero me gustaría que explicitase algo más, en qué medida se está trabajando y ese grupo de trabajo esta profundizando en cuanto al eficaz reparto de funciones, porque hay muchas cuestiones fronterizas y lo que interesa es que no haya reyertas, sino coordinación y cooperación, para que haya sinergias y se cumplan los objetivos finales de eficiencia que queremos en el funcionamiento de las empresas en cuanto que cotizan y tienen que suministrar una información y dar publicidad y en cuanto que tienen que seguir unas determinadas pautas de conducta. Y lo mismo con la Dirección General de Seguros.


Señor Conthe, yo disiento en cuanto a que creo que son muy importantes los tres comisionados. Y así están en la legislación vigente. Me gustaría saber si realmente piensa cambiar la legislación vigente para no aplicar la norma que establece el nombramiento de estos comisionados, que, por cierto, todavía no se ha hecho y ya ha vencido el plazo que había para hacerlo. Yo entiendo que las circunstancias que ha habido lo han demorado, pero sería importante que se visualizar con esos comisionados, con independencia de que toda la CNMV está para defender al consumidor, como lo sabemos y está entre sus funciones, pero es importante que el órgano comisionado sea nombrado de una manera muy especial, garantizando la solvencia y la independencia por un determinado periodo de tiempo, con unas determinadas características que hacen que el inversor se sienta protegido y atendido. También son importantes esos aspectos de visualización.


En otro orden de cosas, sabe el señor Conthe que las cajas de ahorros que emitan valores deberán hacer público y comunicar a la CNMV su primer informe de gobierno corporativo en el primer semestre del año

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2005 en relación con el ejercicio 2004. No solo, naturalmente, las cajas de ahorros, aunque me refiero aquí a ellas, sino todas las sociedades. Ha hecho referencia a ello el señor Conthe, y me parece esto tiene una trascendencia histórica desde el punto de vista de lo que es una economía avanzada que quiere ser eficaz que se empiece esa andadura. Se inicia, desde luego, una nueva y trascendental etapa para las cajas con esta obligación de difundir e incluir en página web el informe anual de gobierno corporativo que no puede omitir datos relevantes ni incluir otros que puedan inducir a error. Hay que dar información completa y razonada sobre las estructuras y prácticas de gobierno de la entidad, que permita conocer los datos relativos a los procesos de toma de decisiones y todos los demás que revelen aspectos importantes del gobierno de la misma, con objeto de tener una imagen fiel y un juicio fundado de la entidad. Ahora bien, señor Conthe, la CNMV tiene que dictar las disposiciones de desarrollo de la Orden 354/2004, de 17 de febrero, tal y como dice la disposición final primera de dicha orden, y debe hacerlo ya para que las cajas de ahorros afectadas puedan saber a qué atenerse para la nueva responsabilidad de elaborar dicho informe anual de gobierno corporativo. No se le oculta que tal informe, con la publicidad exigida, va a ser relevante para el inversor por cuanto tendría que decir la entidad, la caja, con claridad si determinadas inversiones en alguna empresa o sector recomendadas desde el Gobierno afectan negativamente o no al inversor y por qué. Y sabe, señor Conthe, a qué me estoy refiriendo.


En esta acumulación de tareas urgentes durante las primeras semanas de su presidencia, no cabe olvidar también que ustedes han tenido que informar sobre el proyecto de reglamento que desarrolla la Ley de Instituciones de Inversión Colectiva. También en esto íbamos con varios meses de retraso, comprensibles por las razones conocidas. Nos gustaría saber cuál es la opinión manifestada en su informe sobre dicho texto del Gobierno. Le recuerdo que esta ley, esta importante ley, fue objeto de un amplio consenso puesto que la votó también el PSOE entendemos que su orientación liberal es la adecuada para una economía que desea ser eficiente y no tener cuellos de botella desde el ámbito financiero, dado que la inversión colectiva es el canal natural para la participación de los hogares españoles en los mercados de capitales, tal como pone de manifiesto la exposición de motivos de la ley.


Por último, señor Conthe, uno de los problemas con los que se enfrentan los inversores y financiadores en todos los países consiste, y lo ha dicho usted, en que no existen aun estándares de comparación, bench marks, de buenas prácticas de gobierno corporativo a nivel internacional o mundial. Se está avanzando sin duda ninguna, pero es muy importante, habida cuenta la creciente globalización en que estamos inmersos, la rapidez con la que se puede movilizar, como decía el señor Conthe, los capitales, las inversiones, la deslocalización de empresas. Y qué duda cabe que hoy los grandes centros decisores de inversión están reclamando que haya una mayor homogenización de normas en cuanto a la calidad de gobierno corporativo en las empresas. En ese sentido, me gustaría saber si también está en su plan de trabajo -quiero suponer que sí- participar intensamente tanto en Iosco como en CSR, es decir, en las dos organizaciones internacionales que agrupan a las, llamémosle así, CNMV de los distintos países. Sería muy importante una participación activa en las mismas, en orden a avanzar en esos estándares de comparación de buenas prácticas de gobierno corporativo a nivel internacional o mundial.
Reitero las gracias por su presencia, la felicitación por su nombramiento y el deseo, desde luego, de que tenga éxito en este nuevo cometido.


El señor PRESIDENTE: Tiene la palabra el señor Sánchez i Llibre, del Grupo Catalán Convergència i Unió.


El señor SÁNCHEZ I LLIBRE: Doy la bienvenida a esta Comisión al señor presidente de la Comisión Nacional del Mercado de Valores, don Manuel Conthe. Le deseo, por descontado, en nombre del Grupo Parlamentario de Convergència i Unió, muchos éxitos en su trabajo, en sus objetivos.
Nosotros también estamos convencidos de que su capacidad, su trayectoria, su experiencia profesional tanto en la Administración como en el ámbito financiero privado avalan unos buenos objetivos y unos buenos resultados como presidente de la la Comisión Nacional del Mercado de Valores.


Nosotros estamos convencidos, señor Conthe, que usted va a tener un objetivo fundamental en su trabajo durante esta legislatura y estos próximos años. Le espera un arduo trabajo no exento de dificultades, ya que nosotros tenemos pleno conocimiento de que uno de los objetivos fundamentales que va a tener encima de la mesa va a ser el de recuperar la credibilidad del mercado financiero. Me atrevería a decir algo más; entre estos objetivos, independientemente de recuperar la credibilidad del mercado financiero, también tendrá que ganarse el respeto de los inversores.


Hay una parte del mercado financiero español que reclama un organismo, una Comisión Nacional del Mercado de Valores muchísimo más severa de lo que es en la actualidad; al mismo tiempo, se reclama que la Comisión Nacional del Mercado de Valores tenga más atribuciones, tenga más funciones ejecutivas, para que finalmente pueda ser más eficaz. También hay sectores que piden más influencia, en el sentido de que la Comisión Nacional del Mercado de Valores pueda responsabilizarse de la veracidad de las informaciones que tiene a su disposición. Esta es una cuestión yo entiendo que básica para que finalmente los grandes inversores financieros y también los inversores privados puedan acudir con más seguridad al mercado de valores. Por lo tanto, tiene este gran reto ante su despacho, ante su

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mesa de trabajo, a lo largo de los próximos años. Estamos convencidos que va a contar con la colaboración de Convergència i Unió para poner en práctica todas aquellas cuestiones que puedan reforzar la Comisión Nacional del Mercado de Valores, que puedan supervisar y controlar el mercado, y que, por encima de cualquier consideración, estos planteamientos puedan redundar finalmente en un aumento de la competitividad, de la eficiencia, de la transparencia, garantizando finalmente los derechos de los inversores.


Ha dicho usted en su intervención que tenía una serie de objetivos importantes en su agenda: redefinir el concepto de hechos relevantes, profundizar en la normativa del gobierno corporativo de las empresas cotizadas, actuar singularmente en el sector del capital riesgo, activar el desarrollo del reglamento de las instituciones de inversión colectiva, regular las acciones preferentes, regular las cuotas participativas de las cajas de ahorros, y también la terminación de los fondos garantizados. Pero me gustaría referirme en el día de hoy y en esta intervención a una cuestión que ha sido noticia en los diferentes medios de comunicación, pero especialmente en los financieros, porque quizás podríamos incidir en todas aquellas cuestiones sobre las que, a nuestro entender, usted va a tener que tomar decisiones en un futuro, me refiero a la redefinición del concepto de hecho relevante. Porque, si nos atenemos a la operación financiera -que usted también en su intervención ha comentado- entre Sacyr -Vallehermoso y el BBVA, la definición de hecho relevante quizás sería, más que la información financiera de que ustedes pudieran disponer en su momento, las gestiones que han planteado, han realizado o han tenido lugar entre los diferentes directivos de Sacyr-Vallehermoso con diferentes miembros del Gobierno. Porque, finalmente, el resultado es que el hecho relevante es un hecho relevante político, no un hecho relevante financiero, y al final este hecho relevante no es financiero tiene muy poco que ver con la Comisión Nacional del Mercado de Valores, porque es un hecho relevante político.
Esta operación ha sido mal recibida en le mercado, la Bolsa ha castigado duramente estos planteamientos y los diferentes analistas financieros no la han calificado como de una solvencia aceptable. O sea, no ha tenido una buena aceptación en el mercado la operación de Sacyr para entrar en el consejo del BBVA, por unos hechos relevantes que nosotros consideramos políticos. Pensamos sinceramente que en un futuro, desde su departamento, desde la Comisión Nacional del Mercado de Valores, valdría la pena redefinir estos hechos relevantes en los que los hechos relevantes políticos no tuvieran el peso específico que están teniendo hasta la fecha. Y quizás también, se tendrían que plantear mecanismos de solvencia financiera para que en un futuro se pudiera establecer qué hechos relevantes podrían afectar a futuras empresas privatizadas. Porque, finalmente, el mercado, los medios de comunicación, los analistas financieros califican estas operaciones como operaciones políticas.


En este sentido, en nuestro grupo parlamentario creemos que es muy interesante despolitizar todas aquellas operaciones que tiene que resolver el mercado y los accionistas de dichas compañías, a fin y efecto de no contaminar los mercados financieros; que esto continúa siendo un sistema perverso que perjudica los canales financieros y de supervisión de nuestros estamentos, y finalmente también son castigados por el mercado. Desde esta perspectiva, aprovecho que hoy política y financieramente la noticia es la operación de Sacyr-Vallehermoso para la compra de acciones del BBVA, en la que la Comisión Nacional del Mercado de Valores ha tenido un papel secundario, cuando nosotros entenderíamos que quizás en esta operación el principal protagonista financiero hubiera tenido que ser la comisión que usted preside. Sin embargo, por las circunstancias antes explicadas, el peso preponderante lo ha tenido el hecho relevante político y no el hecho relevante financiero. Nos gustaría conocer si en un futuro, en la singladura que usted ha empezado en estas últimas semanas, va a hacer planteamientos solventes y profundos en cuanto a la definición del concepto de hechos relevantes para que no exista confusión en el mercado.


El señor PRESIDENTE: Tiene la palabra ahora el señor Azpiazu, del Grupo Nacionalista Vasco.


El señor AZPIAZU URIARTE: En primer lugar, quiero felicitar al señor Conthe por su nuevo cometido como presidente de la Comisión Nacional del Mercado de Valores y desearle suerte en esta tarea. Voy a intervenir muy brevemente, porque quisiera hacer simplemente hincapié en un aspecto que ya se ha comentado, el tema de Sacyr-Vallehermoso/BBVA. Comparto las preocupaciones, prácticamente todas las que ha planteado el representante de Convergència i Unió, y en este sentido poco tengo que añadir.


Usted ha hecho referencia al tema de los hechos relevantes y se han hecho eco de ello, los propios medios de comunicación estos días, que están tratando de desentrañar todo tipo de tramas que incluso pudiera haber por debajo de esta operación. Desde luego, no dejan de ser unos hechos relevantes que yo no sé en qué medida ha incorporado la CNMV en su análisis, no sé en qué medida los puede tener en cuenta, pero de hecho están afectando a la operación, por supuesto, y también a la cotización de los valores. Y en este sentido yo creo que la CNMV debe incorporarlos.
Según ciertas informaciones, representantes de Sacyr han estado con algunos representantes del Gobierno, en concreto con el asesor del presidente. También se ha dicho que los representantes de Sacyr han estado incluso con el consejero delegado del propio BBVA, que lo ha rechazado. Es decir, yo no se cómo se pueden incorporar, cuantificar, medir este tipo de cuestiones de manera que se pueda transmitir en definitiva a los mercados una cierta tranquilidad, un cierto sosiego, o tratar de transmitir objetivamente

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lo que puede eso significar para que la gente tenga una opinión más informada, o más cualificada.


Comparto también con el representante de Con­vergència i Unió que las intervenciones políticas no se debieran de producir, que en este tipo de operaciones el mercado es el que debe de decidir qué operaciones se deben llevar adelante. Pero de hecho, parece que se producen, y son seguramente cada vez más importantes. Lo fueron en un pasado reciente, esperemos que en el futuro no lo sean tanto, pero de hecho parece que en esta operación lo siguen siendo.


Me gustaría que el presidente de la CNMV hiciera una valoración en relación a este tema, que igual no es el objeto central de su intervención. Tengo que decir que siento no haber podido estar en la primera parte de su intervención. Igual no es el objeto central, pero sí es el tema de estos días, el tema que está en los medios de comunicación y el tema de moda. Simplemente quisiera que comentara este asunto.


El señor PRESIDENTE: Tiene la palabra ahora el señor Cuevas, del Grupo Parlamentario Socialista.


El señor CUEVAS DELGADO: Señor Conthe, le damos la bienvenida a esta Comisión, le agradecemos la celeridad con la que ha comparecido, teniendo en cuenta el poco tiempo trascurrido desde su nombramiento, y nos sumamos a los elogios y a la buena opinión que todos los grupos de esta Cámara han expresado en el día de hoy por su trayectoria profesional y por la idoneidad de su nombramiento para este cometido. Es justo la valoración que este grupo ha ido reclamando en años anteriores para decidir en un organismo de este tipo; un organismo -y comparto otras opiniones- que debe de inspirar fundamentalmente mucha confianza en el sentido de que tiene que ser equidistante de todas las posiciones, que tiene que ser realmente independiente. Es una tarea muy complicada, como ya ha tenido ocasión de comprobar a lo largo de esta mañana. Por lo tanto, nos sumamos a esa opinión muy favorable y, repito, le damos la bienvenida y esperamos también tener ocasión, cuando trascurra algo de tiempo y cuando usted pueda desarrollar su función, de poder analizar su gestion al frente de la Comisión Nacional del Mercado de Valores.


En el transcurso de este tiempo no nos hemos ocupado del análisis del informe de lo que ha sido la gestión de la comisión en este año anterior.
Obviamente, como el anterior presidente no está aquí para dar cuentas de esa gestión, no voy a entrar es ese tema por cortesía política y porque además tampoco tendría mucho sentido discutir sobre la gestión de alguien que no esta ahora mismo en funciones, sobre lo que ha sido el informe anterior. Pero me voy a permitir expresarles la opinión de este grupo sobre cómo tiene que ser la gestion de este organismo. Tiene lagunas, como usted ha señalado también en un principio, esto no es algo totalmente construido, el mercado evoluciona. El organismo supervisor también tiene que evolucionar de acuerdo con esa evolución del mercado, por lo tanto no es algo estático, es algo dinámico, que tenemos que ir día a día perfeccionando. En esa tarea yo creo que es bueno que hagamos una mirada retrospectiva, porque no podemos mejorar lo que existe si no sabemos lo que ha ocurrido. Se da la circunstancia de que sobre el organismo supervisor del mercado de valores, y sobre el propio mercado, han ocurrido acontecimientos de mucho calado en estos años anteriores, no solo en nuestro país, si no también en otros países; hemos asistido a una verdadera revolución, porque ha habido momentos en que se han disparado todas las alarmas, porque lo que era esencial y lo que todo el mundo pensaba que era el sostén de la confianza para poder invertir en algo que tiene un carácter a veces demasiado intangible era precisamente la solvencia, la garantía de transparencia y la garantía de independencia.
Eso se ha puesto en cuestión en muchos casos que aquí hemos conocido.
Aquí hemos tenido una comisión de investigación sobre un caso muy relevante, el caso Gescartera. En otros países han ocurrido otros acontecimientos que han hecho saltar las alarmas y han hecho que todo el mundo interesado en que aquí haya unas reglas claras se ponga a pensar y proponga medidas que restablezcan esa confianza. Incluso esta mañana se ha hablado del restablecimiento de esa confianza. La sacudida a la comisión fue muy fuerte con relación al caso Gescartera, lo que se puso de manifiesto en aquella Comisión. Creo que no merece la pena volver sobre el pasado, pero sí le recomiendo que se lea las conclusiones de todos los grupos parlamentarios, del grupo parlamentario que en su momento estaba en la mayoría y también de los grupos que en ese momento teníamos minoría y que expresamos un voto particular en esas conclusiones. Yo creo que son muy ilustrativos de cosas que sucedieron y no deben volver a suceder.


La etapa posterior ha sido bienintencionada en cuanto a reconducir esa situación aunque se ha encontrado con algunas limitaciones, como es la propia composición de la Comisión Nacional del Mercado de Valores. Yo le reconozco al señor Calzada su buena intención y el trabajo realizado en relación con esa idea de mejorar. La propia lectura de la memoria del año anterior nos lleva a concluir que efectivamente ha tenido esa voluntad y se han acometido iniciativas positivas en ese sentido.


A nuestro juicio, quedan todavía algunas cosas importantes que realizar.
En primer lugar y para situarnos en un escenario que podamos entender, tenemos un instrumento que es la Comisión Nacional del Mercado de Valores, que para que funcione correctamente, además de la voluntad y de existir esa clara capacidad en las personas para producir esas garantías, tiene que ser un instrumento útil, ágil y eficaz.


A lo largo de su intervención ha hablado de cosas con las que estamos absolutamente de acuerdo, muchas de ellas incluso están escritas en el "Diario de Sesiones".


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Nosotros tenemos la misma opinión que usted ha expresado hoy aquí: ¿para qué hace falta crear un comisionado de defensa del inversor? Eso lo tiene que hacer la propia estructura de la Comisión Nacional del Mercado de Valores. ¿Cómo lo tiene que hacer? Con la máxima transparencia, dando la máxima información y abriendo la posibilidad de que los pequeños inversores, los ciudadanos, puedan acudir sin ningún tipo de traba a comunicar sus experiencias, sus preguntas, etcétera. Esa es la clave. No hace falta a posteriori; a posteriori puede haber desde un departamento de reclamaciones hasta los tribunales. Lo importante es el antes, porque ahí es donde está el verdadero problema. El verdadero problema está, y usted lo ha señalado, en proteger al inversor y cuando hablamos de la comercialización de determinados productos. Puede ser que todo a priori no tenga dificultades. La dificultad está en la propia comercialización.
¿Cómo se entera la Comisión Nacional del Mercado de Valores de esto?, de que se están comercializando productos de forma indebida. Por las sugerencias, por las reclamaciones de los afectados. Y para eso tiene que haber, digamos, puertas abiertas, y tiene que haber transparencia.


Precisamente una de las preocupaciones y de las cosas que hubiéramos dicho en el supuesto caso de que estuviéramos analizando el informe del año anterior sería que no es tan importante el empeño en cerrar la Comisión Nacional del Mercado de Valores para que no se escape ninguna información, que yo creo que ha sido un empeño de esta etapa y de la inmediatamente anterior, sino que, salvaguardando obviamente la información confidencial, la información sensible, la comisión tenga todo lo contrario, transparencia hacia el exterior de lo que hace, de cómo funciona, que no haya cortapisas a esa posibilidad de saber qué ocurre dentro de un organismo de estas características. Porque eso también da confianza, mejor dicho, eso es la esencia misma de la confianza. Cuando empezamos a poner puertas, a cerrar y a no tener información de lo que realmente está ocurriendo, es cuando las prácticas que sustituyen a esto son otras. Son intentar saber qué pasa a base de otras prácticas, que, como le he dicho, son ilustrativas y las puede conocer perfectamente solamente leyendo lo que pasó en esa famosa Comisión.


Por lo tanto, yo le pediría, en primer lugar, que analizara a fondo cuál es el mecanismo que tenemos en la comisión nacional, cuál es la estructura organizativa interna, cómo se está funcionando. Yo no sé todavía a estas alturas si en la Comisión Nacional del Mercado de Valores cada vez que se inicia un expediente, un procedimiento, se sabe exactamente cuándo empieza y cuándo termina, si estamos todavía en la situación de borrador sujeto a cambios, que era un poco el epígrafe que se le ponía a todos los documentos que se iban produciendo. Yo creo que es claro y evidente que tiene que haber por parte de este Parlamento ese tipo de control, que en la memoria tiene que estar reflejado cuántos expedientes se han abierto, cuántos se han cerrado porque no había caso o cuántos han finalizado en otro tipo de procedimientos.


Hay cuestiones que son difíciles de controlar en el sentido de que usted pueda decir en una próxima comparecencia que hemos avanzado en este terreno, como es todo lo referente a la información privilegiada, como es todo lo referente a la transparencia, como es todo lo referente a lo que es opinable, que es lo que usted ha definido como no opinar, o sea, que haya unas reglas determinadas para todo el mundo, que en mi opinión es lo básico. No se trata, a mi juicio, tanto de la definición exacta de hecho relevante, porque es verdad que hay que profundizar en eso, pero nunca llegaríamos a definir todo lo que es hecho relevante. Y aquí hemos tenido ocasión esta mañana también de escuchar algunas cosas bastante curiosas sobre lo que es un hecho relevante. Y esto se lo va a encontrar, inmediatamente. Tenga en cuenta que, a pesar de lo que usted nos ha dicho sobre sus intenciones y sobre el ideario, sobre las cuestiones en las que piensa basar su trabajo, con las que estamos absolutamente de acuerdo, no se le escapa que, en el caso que se ha citado, que es un caso de estos días, con lo que ha ocurrido tiempos atrás en esta misma entidad, también hay que calificar de hecho relevante muchas cosas. Por ejemplo, que tenemos medios en la red que lanzan noticias más o menos confidenciales, y digo más o menos porque luego al final no son confidenciales. Me refiero a la comunicación en relación con el hecho relevante, o sea, a la comunicación que se da no al mercado de valores, sino a la sociedad. A lo mejor es un hecho relevante saber quién financia determinados medios, que no determinadas opiniones, porque, al final, esa no es su labor, obviamente. Y yo creo que no puede ser labor de nadie, porque al final eso sería tanto como intentar encorsetar la información. Lo que no podemos es dejar de reclamar que esas informaciones, por sí mismas, son hechos relevantes. Son informaciones que se lanzan como se pueden lanzar otras. Diariamente estamos viendo en todos los medios de comunicación noticias sobre tal o cual producto de tal o cual empresa que, en el caso de ser o no aprobados por determinada instancia, pueden tener un valor en esa empresa. Hay la empresas que suben y bajan su cotización, y llevamos años con determinadas empresas de determinados sectores que utilizan esa prácticas. No son prácticas comerciales, no se trata de que los productos estén mejor o peor situados en el mercado; son prácticas bursátiles, y quien controla la información y controla el valor de la acción, actúa en consecuencia del mercado.


Quizás merezca la pena profundizar en ese aspecto de la comunicación simplemente como hecho relevante, pero ni la Comisión Nacional del Mercado de Valores ni posiblemente las entidades afectadas tienen nada que ver con esas informaciones. Por lo tanto, estamos de acuerdo con usted en que es bueno profundizar en la clarificación de hecho relevante, pero a nuestro juicio lo más importante es que todas las actuaciones de la

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Comisión Nacional del Mercado de Valores sean iguales para todo el mundo.
¿Qué la información se dé al mercado al mismo tiempo que a la Comisión Nacional del Mercado de Valores y ésta no opine? Pues muy bien, pero que sea así siempre. Y, sobre todo, que la comisión nacional -y ahí sí creo que hay que avanzar mucho sobre el pasado- sea intransigente en el cumplimiento de la legalidad, porque hemos asistido a muchas OPA en épocas anteriores donde se incumplía claramente la legalidad sobre porcentajes de acciones, etcétera.


Algo también esencial es que la Comisión Nacional del Mercado de Valores tiene que conocer determinadas prácticas que existen en el mercado. Antes le he hablado de Gescartera. Gescartera no fue solo una estafa, había más cosas; por ejemplo, se aparcaban acciones para eludir determinadas normativas sobre tenencia de acciones propias, así como otras cuestiones adicionales. Por lo tanto, también habrá que hacer de vez en cuando exploraciones en el mercado sobre determinadas prácticas de este tipo, y para eso esta diseñado este organismo. No las puede hacer nadie a nivel particular porque no tiene esa información relevante.


Algo que me parece importante es la colaboración y la transferencia de información entre, por ejemplo, los servicios del Banco de España, aunque entre los Consejeros de la Comisión Nacional del Mercado de Valores, haya por su propia pertenencia, pueda haber esa información. Pero también se puso de manifiesto en esta investigación que a veces no es suficiente, que a veces en un consejo no es posible. Tiene que haber algún mecanismo de colaboración entre estos organismos supervisores. La discusión está abierta sobre si tiene que haber un solo organismo o no, pero de momento las conclusiones de todos los grupos en aquella Comisión creo que fue que había que profundizar justamente en que la información y la transferencia de datos entre lo que se estaba investigando por cada un o de ellos fuera una práctica habitual y estuviera enmarcada dentro de algún protocolo que no fuera solamente la casuística del caso que salta a la opinión pública.
Porque cuando salta a la opinión pública, desgraciadamente, ya tenemos el problema encima.


Sobre el tema de la práctica de buen gobierno, de gobierno corporativo, es verdad que nosotros con esa ley estuvimos de acuerdo, pero también es verdad que expresamos nuestra voluntad, que fue que se enmendara el articulado porque tenemos el mismo criterio para esto que para lo que he dicho anteriormente; aquí tiene que haber una práctica similar para todos. Evidentemente ustedes tienen que dedicarse más o menos a vigilar que las prácticas de buen gobierno, son estas o aquellas, o si se profundiza en ellas. Lo que sí creo es que si determinada información tiene que estar en una página web, y la Comisión Nacional del Mercado de Valores tiene esa responsabilidad, tiene que velar para que la información que dice la ley que esté sea la información que se dé. Que no ocurra como ahora, que uno accede a la información de una compañía cotizada, y tiene una información, seguramente suficiente, pero acude a otra y la información o está desfasada o no se contempla, y pasa lo mismo con los informes.


Por lo tanto, estoy de acuerdo con que hay que hacer una labor importante para mejorar la claridad de los folletos informativos. Si esto se consigue, habremos dado un paso importante. Habrá que eliminar determinadas sugerencias o modificaciones que se proponen incluso desde los propios servicios de la Comisión Nacional del Mercado de Valores, y simplemente exigir que haya claridad y transparencia. Y, cuando no la haya, decir no, aclare usted este tema mucho mejor, porque yo creo que eso es lo que están demandando los inversores, sobre todo los pequeños inversores.


Otro aspecto importante, que nos parece que en esta etapa debe ser clave, es que tiene que haber una definición clara y para el futuro de la asunción de responsabilidades. No puede ser que al final, cuando ocurre algún caso de estos desgraciado, no se sepa quién ha tenido la responsabilidad. Yo creo que desde el propio consejo, desde todos los estamentos que conforman las distintas direcciones de la Comisión Nacional del Mercado de Valores, tiene que quedar claro en cada paso que se da quién es el responsable de aquello. Por lo tanto, a mí me parece importante que los servicios jurídicos de la Comisión Nacional del Mercado de Valores sean realmente unos servicios de apoyo, sean unos servicios jurídicos que se dediquen a esta tarea que me parece fundamental. Esto es algo que no se puede permitir en una sociedad como la nuestra, y yo creo que es una palanca importante para que todo el mundo se tome en serio su trabajo y garantice esa transparencia.


El tema de la competitividad. Yo creo que en los tiempos que vivimos, la Comisión Nacional del Mercado de Valores no puede ser un organismo que ponga trabas absolutamente a nada. Tiene que haber mayor agilidad en la tramitación de todos los expedientes, además de transparencia, tiene que haber agilidad. Tiene que introducirse esa competitividad porque, y usted lo ha expresado con muchísima claridad, con la internacionalización de los mercados se va a ver dónde cotizan las empresas. Entonces, yo creo que en determinados productos y en determinados ámbitos del mercado de valores, si no existe esta agilidad y no existe esta diligencia, posiblemente estemos yendo en contra del propio crecimiento del mercado y estemos expulsando agentes del mismo. Insisto, una vez más, en que contemple estas situaciones. Yo creo que tendremos ocasión en el futuro de hablar con mayor profundidad sobre cuáles son las líneas maestras, cuando usted tenga tiempo de analizar convenientemente por dónde va a ir su trabajo y nos lo explique en esta Cámara. Está en la propia ley que el presidente de la comisión tiene que acudir a este Parlamento para dar cuenta del informe anual, pero también está que tiene que venir cuantas veces se le solicite. Nosotros, desde luego, vamos a hacer uso de esa práctica porque nos parece importante

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que la sociedad, a través de sus representantes, conozca lo que se hace en este organismo tan importante.


Para terminar, le quiero recordar que, en pasadas comparecencias e intervenciones de este grupo parlamentario, expresamos nuestros criterios de que determinados casos que se habían producido necesitaban una clarificación. No me voy a referir exhaustivamente a ellos, tan solo diré que hay algunos de hace bastante tiempo, como el caso ABA, que necesitan una revisión de las actuaciones que se hicieron desde la propia Comisión Nacional del Mercado de Valores. Es cierto que es un caso que está en los tribunales, pero hay, y está explicado en el "Diario de Sesiones", razones para que se analice cuál fue la actuación en esa época. También debe hacerse un informe final de lo que han supuesto las indemnizaciones y cómo se ha cerrado finalmente el caso Gescartera. Además hace falta que en estas etapas anteriores se revise, porque fue objeto de controversia en esta Cámara, qué documentos se habían perdido o no se habían perdido en relación con casos de información privilegiada. Eso figura en el "Diario de Sesiones" y yo no voy a reproducirlo aquí, pero a este grupo parlamentario le gustaría que por el presidente de la Comisión Nacional del Mercado de Valores se hiciera una revisión, se estudiara lo que nosotros planteamos en nuestro momento, y si procede, si cree que en estos momentos es posible hacer alguna actuación, se clarifiquen determinadas actuaciones. Porque no olvidemos que aquí se han dicho cosas muy graves, como que desaparecieron documentos claves y relevantes en la propia Comisión Nacional del Mercado de Valores, documentos claves y relevantes que solo podían estar en un sitio determinado. Yo creo que para que el futuro sea un futuro de todos, y para que dejemos ya de hablar de estas cuestiones, ese futuro exige que se analice, y yo le doy todo el margen de maniobra que usted tenga en ese sentido. Nos fiamos de su buen juicio no solamente por lo que ha dicho aquí, sino por otras declaraciones públicas que le hemos oído, incluido la de su toma de posesión. Creemos que está en disposición de trabajar con la claridad, la transparencia y, sobre todo, para que en el mercado de valores la confianza sea el exponente máximo, que es lo que este grupo desea.


El señor PRESIDENTE: Tiene la palabra de nuevo el señor Conthe.


El señor PRESIDENTE DE LA COMISIÓN NACIONAL DEL MERCADO DE VALORES (Conthe Gutiérrez): Voy a tratar de responder a las cuestiones individualizadas y las relativas al caso Sacyr /BBVA luego las agruparé en una.


En el caso de las preguntas formuladas por el señor Folgado, plan de trabajo con la Comisión del Mercado de Telecomunicaciones y de la Comisión del Mercado de Energía, este es un caso típico de potenciales.
En el caso de sociedades cotizadas y reguladas, ahí hay muchos hechos relevantes que pueden estar relacionados precisamente con los reguladores en materia de tarifas, en materia de autorizaciones. Precisamente por eso es por lo que estamos tratando de acotar en esa norma de desarrollo sobre la delimitación de hechos relevantes, cuáles son los hechos relevantes típicos en compañías reguladas como Telefónica o cualquiera de las eléctricas. Ese desarrollo lo haremos en estrecho contacto y colaboración con las dos comisiones sectoriales de regulación de telecomunicaciones y de energía.


En lo que atañe al reparto de funciones con el Banco de España y con la Dirección General de Seguros, la relación del Banco de España, por razón de la materia, con la Comisión del Mercado de Valores yo creo que es doble: primero porque la mayor parte de las entidades de crédito son sociedades cotizadas, y segundo porque además comercializan valores, y ahí entramos en dos ámbitos que son competencia de la Comisión Nacional del Mercado de Valores, pero en los que el sujeto es un sujeto supervisado por el Banco de España, especialmente en cuanto a solvencia.
Precisamente por eso, porque hay ámbitos distintos; uno es el supervisor de las entidades de crédito que tiene que velar por su estabilidad, por su solvencia, luego la nuestra, que tenemos que velar por la transparencia y por la defensa del inversor. Es una de las grandes razones por las que veo que es mejor que seamos dos instituciones autónomas y con mecanismos de colaboración y de intercambio de información. Pero con separación, porque perseguimos objetivos distintos, y, a veces, si todos esos objetivos se metieran bajo una única institución, pudiera haber posibles situaciones de conflicto.


Por poner un ejemplo muy elemental, desde un punto de vista de solvencia de una entidad de crédito, al supervisor de solvencia le interesa que los instrumentos híbridos similares al capital sean lo más baratos posibles y sean lo más protectores para la entidad de crédito, para que en caso de, digamos, una operación acordeón pueda amortizarlos y así queda claro que ése es un recurso propio de gran calidad. Pero, claro, ese interés puede estar en contraposición del que ha suscrito esos valores, que lo que le interesa es lo contrario, es que ese instrumento no sea objeto de una reducción o de un no pago de sus intereses porque hay un acto administrativo del Banco de España diciendo que esa entidad no puede repartir beneficios. Con lo cual yo creo que hay posibles situaciones donde un supervisor de entidades que vela por su solvencia y su estabilidad lógicamente no puede perseguir con la misma intensidad otros propósitos que los de defender y velar por los intereses de otros, como puede ser el suscriptor de valores emitidos por esas entidades de crédito. Y lo mismo ocurre en lo que atañe a las sociedades cotizadas. Al supervisor de una entidad de crédito le pueden preocupar cosas que a lo mejor no preocupan a quien se ocupa de la transferencia de los mercados de valores. Y al revés, a veces un supervisor de entidades de crédito puede tener un especial deseo en que haya cosas que no trasciendan,

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pero el supervisor de los mercados de valores, por el contrario, tiene que cerciorarse que todo aquello que sea relevante en el sentido de la ley transcienda.


Yo creo hay posibles objetivos eventualmente en conflicto, y por eso me parece que lo más sano es la situación que tenemos en España. Somos dos entes que tenemos autonomía en el ejercicio de nuestras funciones. No dependemos en el ejercicio de las funciones de instrucciones del Gobierno. Tenemos plena autonomía, tenemos objetivos claramente señalados. Y lo que tenemos es mecanismos de colaboración, porque, como luego diré, obviamente en el caso de informaciones que afectan a entidades de crédito cotizadas hay resoluciones y opiniones que pueda tener el Banco de España como supervisor, respuestas que dé a peticiones relacionadas con empresas cotizadas que son relevantes para el mercado de valores. Con lo cual tiene que haber unos mecanismos de coordinación muy estrechos y muy íntimos que existen y que van desde el gobernador, al subgobernador, a los órganos de inspección y altos directivos del Banco de España.


En materia de seguros la relación es menos intensa. Primero, porque sociedades cotizadas que sean compañías aseguradoras que no estén en grupos bancarios, si la memoria no me falla, hay dos, y ahí se pueden plantear. En ese sentido la compañía de seguros es un sector regulado, y aquí valdrían las mismas observaciones que yo hacía antes con la Comisión del Mercado de Telecomunicaciones o con la Comisión de Energía. El regulador del mercado de valores o el supervisor del mercado de valores tiene que estar en contacto con el regulador sectorial porque hay muchas cosas que dice el regulador sectorial que pueden ser relevantes y tienen que ser dadas a conocer cuando procede.


Otro ámbito distinto donde la relación es muy diversa es en el caso de los fondos de pensiones. Ahí la Dirección General de Seguros tiene un cometido muy similar, si no idéntico, al que tiene la Comisión del Mercado de Valores en lo que atañe a fondos de inversión. Y yo creo que el enfoque ahí tiene que ser, y ya lo estamos impulsando, una relación de colaboración entre la inspección de la Comisión del Mercado de Valores y la inspección de la Dirección General de Seguros. Primero, para que se intercambien técnicas de inspección. Quizás nosotros, por tener más tradición en la inspección de instituciones de inversión colectiva, tenemos desde programas informáticos para analizar la cartera de un intermediario y ver si hay alguna alarma que exija que haya una inspección en concreto. Ese tipo de técnicas de pura inspección estamos poniéndolas en común con la Dirección General de Seguros.


Podemos advertir que en la práctica de los mercados de valores puede haber conductas que puedan ser eventualmente lesivas de los intereses de los partícipes de un fondo de inversión, y esa misma práctica puede estar ocurriendo en un fondo de pensiones. En ese caso procede que haya una comunicación interna, porque como los intermediarios financieros son, o mejor dicho, los fondos de pensiones y los fondos de inversión son muy similares, yo creo que ahí tiene que haber una buena comunicación para que nuestros inspectores de la comisión le digan a los inspectores de la Dirección General de Seguros de los fondos de pensiones las irregularidades o riesgos que hemos advertido, por si en su ámbito ocurre lo mismo, y al revés. Con lo cual ahí hay una relación de colaboración técnica entre las direcciones generales de inspección, que estamos empezando a desarrollar y que no plantea ningún especial problema.


En cuanto al comisionado, obviamente a la Comisión Nacional del Mercado de Valores no le compete el modificar ninguna norma, porque está en norma con rango de ley. Lo que sí puedo decir es que yo sí que le he recomendado al actual vicepresidente del Gobierno, el ministro de Economía, que yo no veía ninguna necesidad de dotar esa plaza de comisionado para la defensa del inversor, precisamente porque en el caso de la CNMV esa es una función esencial. Por las mismas, como yo he dicho en algún lugar público, si yo fuera el presidente del Instituto Nacional de Estadística desaconsejaría al ministro de Economía que dotara una plaza que fuera el comisionado para las estadísticas macroeconómicas del país, porque diría: esto es una suplantación de funciones que por ley tengo encomendadas, ¿para qué está creando usted un organismo clónico que me vacía de los contenidos que me atribuye la ley?

A diferencia de lo que ocurre en el mercado de valores, a lo mejor el comisionado sí tiene sentido en el caso de entidades de crédito y en el caso de seguros. ¿Por qué? Porque esos dos órganos supervisores, a diferencia de la comisión, tienen como función primordial velar por la solvencia de las entidades supervisadas. La Comisión del Mercado de Valores también lo tiene, pero como decía antes, solo en el caso de las empresas de servicios de inversión, que son un subconjunto pequeño de lo que es el mercado de intermediarios financieros. Con lo cual ahí nosotros tenemos poco conflicto de intereses, porque desde luego no nos interesa que ninguna sociedad de valores o agencia quiebre, y cuando se ha producido algún caso realmente ha sido un semillero de conflictos.


Pero es una preocupación entre muchas. Yo por eso en algún momento decía que nuestra preocupación en la comisión es un 90 por ciento vigilar conductas con transparencia, y un 10 por ciento cerciorarnos de la solvencia patrimonial o recursos propios de un subconjunto de entidades financieras que están bajo nuestra tutela.


En el caso del Banco de España y seguros la situación es muy distinta, Su preocupación primordial es ver la salud financiera de las entidades de crédito y de seguros, y por eso, a lo mejor, ahí sí que puede tener sentido un comisionado que tome la otra perspectiva, la del inversor, la del cliente de a pie, porque eso no está suficientemente incardinado dentro de la función. Pero para la Comisión del Mercado de Valores yo confieso

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que he recomendado que, si es posible, no se dote esa plaza. Máxime porque, afortunadamente, y está aquí presente en la sala, hay ya dos consejeros internos de la Comisión Nacional del Mercado de Valores, que de hecho, a través de la presidencia de ese grupo de trabajo interno, en donde hemos agrupado lo que es el servicio de reclamaciones de la Comisión Nacional del Mercado de Valores, lo que es la dirección de inversores y el servicio de consultas y respuesta a consultas de los inversores, más las unidades que se ocupan de meter en la página web información relevante, yo creo que están haciendo una función que se parece muchísimo a lo que el legislador debió tener en mente cuando creó la figura del comisionado para la defensa del inversor. Realmente yo creo que ahí se debe de aplicar la navaja de Ockham: no crear más órganos de los que son estrictamente necesarios.


En materia de cajas de ahorros les puedo anunciar que ya tenemos preparada la circular que determinará la estructura y contenido del informe que deberán publicar las cajas de ahorros. Lo hemos discutido ampliamente con la propia CECA, la Confederación de Cajas de Ahorros. Yo no sé si sería exacto decir que está ya camino del comité consultivo de la CNMV como paso previo a su aprobación. No me atrevería a decir tanto, pero, si no está ya mandado al comité consultivo, está en puertas. Desde luego la idea es que se publique con la mayor rapidez.


En materia del reglamento de la Ley de instituciones de inversión colectiva, como yo decía al principio, ahí la competencia reguladora es del Gobierno y, por delegación, del Ministerio de Economía, y Dirección General del Tesoro. Nosotros, sin embargo, hemos tenido unas conversaciones con la Dirección General del Tesoro y con el secretario de Estado de Economía manifestándoles nuestra opinión. Porque ahí sinceramente yo sí que he constatado que, por razones en las que no voy a intervenir, el proceso de consulta previo no fue lo suficientemente intenso y detallado como a mí me hubiera gustado que fuera. Por eso, un poco ya a toro pasado, en esta trámite ya de preparación urgente del reglamento hemos hecho, por un lado, algunas observaciones más sustantivas, y luego muchas observaciones de detalle. En un mundo ideal, yo creo, que un reglamento cuando sale a consulta debe estar ya muy debatido internamente entre la Dirección General del Tesoro y la CNMV. En casi todas las normas ese es el principio general, pero por circunstancias que a mí se me escapan y que son anteriores a mi llegada, eso no había ocurrido en este reglamento, y por eso hemos tenido que abrir una labor intensa de contacto con el Tesoro.


Le diré, entre las observaciones más sustantivas de las que me acuerdo, que no son muchas, que yo sinceramente creo que la ley a veces no precisó demasiado en algunas novedades que introdujo, estoy pensando en el caso de los fondos por compartimentos. Yo creo que la figura de los fondos por compartimentos es susceptible de desarrollo reglamentario en le medida que se configure el fondo por compartimiento como una especie de caparazón vacío, como una especie de convenio de adhesión, y que lo que verdaderamente tenga sustantividad patrimonial y económica sean los compartimentos. Y yo creo que así es, pero que se desarrolle el reglamento. En cambio, por ejemplo, la Ley de instituciones de inversión colectiva creó la figura de las sociedades por compartimentos, que es una figura absolutamente desconocida en el derecho español porque entraña tanto como que una sociedad tenga dos capitales. Es una figura que yo, dicho sea de paso, conocí fuera de España en alguna institución internacional hace años, en otros países es conocido, pero aquí en España es un especie jurídica nueva. La ley las desarrolla muy poco, es un caso típico de que el desarrollo reglamentario no debe entrar en la configuración del derecho de propiedad. Yo creo que el legislador, si hubiera querido que se desarrollase esa figura, debiera haberla desarrollado con rango de ley en suficientemente detalle y no dejar a las normas de ámbito reglamentario que definan un derecho que en definitiva es el derecho de propiedad.


Un tema de gran interés también es la posibilidad de inversión en los que el reglamento llama fondos de instituciones de inversión colectiva de gestion alternativa y alto riesgo, y ahí hay varias cuestiones. Una es qué denominación deben tener y hasta qué punto deben ser comercializables al público en general. Yo creo que ese es un tema muy discutible. Hay diversas soluciones de derecho comparado a esa figura, y es uno de los aspectos en los que hemos tenido contactos con la Comisión del Mercado de Valores.


En materia de gobierno corporativo, estamos desde luego en estrechísimo contacto, tanto en la Comisión Europea de Reguladores de Mercados, el llamado Comité Cesar, como en el ámbito internacional en la Organización de Comisiones de Valores. Ahora bien, quiero decirle que en materia de gobierno corporativo, la que tradicionalmente ha llevado la voz cantante era más bien, por un lado, la OCDE con el famoso código de buen gobierno.
Si bien, las instituciones que usted mencionaba, los comités Cesar, en lo que les atañe, también están actuando en la materia. Pero aquí estamos de nuevo en un terreno donde cada mercado tiene una serie de prácticas, donde prácticas que se recomiendan en el Reino Unido aquí en el mercado español no se han recomendado. Ejemplo típico, ni el informe Olivencia, ni luego el informe Aldama, recogían como parte del código de buen gobierno ese principio de la separación entre el presidente del consejo de administración y el presidente de la compañía, que, en el caso del Reino Unido, el informe Cadburys siempre consideró como una de las piezas esenciales de buen gobierno corporativo. No hay tampoco un corpus absolutamente consensuado a escala internacional de las normas de buen gobierno, pero, ya digo, nosotros tenemos por cometido legal el refundir esas recomendaciones del

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informe Olivencia con las posteriores del informe Aldama, y lo haremos con la forma jurídica más idónea, sea circular, sea un puro documento informativo, y en todo caso, previos los contactos oportunos con la multiplicidad de órganos y expertos que tienen un conocimiento profundo de la materia.


Respondo ahora a las observaciones del señor Sánchez Llibre. Yo creo que el objetivo de la Comisión del Mercado de Valores debe ser conjugar rapidez con rigor, y eso no siempre es fácil. A veces, como quizás secuela de la crisis del caso Gescartera y otras, ha podido haber una especial acumulación de requisitos puramente formales para tratar de evitar irregularidades, pero yo creo que una buena Comisión del Mercado de Valores tiene que ser capaz de responder muy rápido y con rigor. Eso es difícil porque exige una capacidad de, a veces, lanzarse a la piscina.
Afortunadamente, una de las cosas que puedo decirle, y lo constaté personalísimamente ayer, es que el nivel profesional de la comisión y de sus funcionarios es magnifica. Con lo cual -me refiero al caso Sacyr- afortunadamente tenemos los mimbres dentro de la comisión para que, cuando se plantee una cuestión, rápidamente concitar la asesoría desde el punto de vista jurídico y contable para ser capaces de reaccionar relativamente rápido.


Ahora bien, sí que le diré que estamos constatando (y yo recuerdo que esta era una observación que ya hacía el primero de los presidentes de la Comisión del Mercado de Valores) que el régimen sancionador de la Ley del mercado de valores es un poco fruto de una serie de acumulaciones, de modificaciones. El régimen original de la Ley de 1988 también fue, un poco, un régimen sancionador de gabinetes. Estaba regulando en base a la experiencia anterior a 1988, pero siempre, cuando se adopta un proyecto, es imposible tener en la cabeza todos los supuestos y definirlos con absoluta precisión. Después ha habido una serie de modificaciones parciales, un parcheado, y precisamente en el seno de la comisión y bajo la batuta de una de las consejeras, estamos llevando a cabo una especie de revisión conjunta del régimen sancionador vigente para, en su momento y con ocasión de alguna de las reformas de la ley que se tendrán que hacer para la trasposición de directivas comunitarias, hacer con alguna propuesta al Gobierno y al Ministerio de Economía de que incorpore en algún proyecto mejoras técnicas que eviten incongruencias. Por citar una mínima, por ejemplo, el sistema de titulación de préstamos hipotecarios y las sociedades gestoras de titulación se crearon en virtud de la Ley de fondos inmobiliarios, con posterioridad a la ley del mercado de valores.
Pues bien, el régimen sancionador que hay en esa ley no es perfectamente congruente con el contemplado con carácter general, con lo cual, pudiera haber algunas infracciones que no estuvieran tipificadas mediante una sanción. Estamos haciendo ahí una labor de estudio de la coherencia interna y cuáles son los huecos.


Una cuestión importantísima que S.S. planteaba es sobre atestiguar la veracidad de la información que está en los registros oficiales de la Comisión del Mercado de Valores. Es una cuestión que debatíamos ayer, y que se plantea en otros órdenes del ámbito jurídico. ¿La Comisión del Mercado de Valores tiene que hacer una labor de calificación, por utilizar la terminología del derecho hipotecario? ¿Somos como el registrador mercantil, que antes de inscribir un hecho, una información, la tiene que calificar? O, por el contrario, ¿primero inscribimos y luego juzgamos? Son dos enfoques, y en derecho comparado existen las dos fórmulas. En algunos casos, yo creo que es necesario una calificación y antes de inscribir nada, hay que cerciorarse de la legalidad, de que se cumplen todos los requisitos. En otros casos, y en particular en hechos relevantes, yo creo que la lógica del mercado exige, primero que se difunda un hecho y, segundo, se controle a posteriori. Yo creo que no valen ahí soluciones con carácter general. Por otro lado, en el mercado de valores, como en otras disciplinas y entidades de crédito, la Comisión del Mercado de Valores está auxiliada en sus labores por una serie de porteros, lo que en la práctica internacional se llaman gate keepers, que son el auditor, el fedatario público que intervino y la sociedad rating.
La comisión debe cerciorarse de que se han cumplido los procedimientos, sancionar a alguno de esos gate keepers si hay alguno, que ha incumplido, pero, lógicamente, nunca puede tener la certeza al cien por cien de que la información que se ha registrado en la comisión es verídica. No obstante, yo creo que debemos sancionar en caso de incumplimiento. Otro ámbito donde estamos extremadamente activos es en aquellas entidades que comercializan productos financieros sin estar autorizadas. Es lo que popularmente se conoce como chiringuitos financieros, y ahí sí que ha habido una labor, por un lado, sancionadora y, por otro lado, de información para que el que contrata con una entidad que no está autorizada sea consciente de lo que hace.


Una cuestión a la que me van a permitir que me refiera con motivo del caso Sacyr es a la definición de hecho relevante, porque yo creo que es una cuestión capital. La cuestión de fondo que S.S. ha planteado es si los contactos con el Gobierno por un inversor en una entidad de crédito es algo relevante desde el punto de vista de la Comisión del Mercado de Valores. Luego me referiré a esa cuestión. Diré que el ideal de la Comisión del Mercado de Valores es no tener ningún protagonismo.
Permítame la comparación, la Comisión del Mercado de Valores es como el árbitro de fútbol y lo ideal es que no se note que hay árbitro de fútbol, que el partido sea limpio y que no haya patadas. Pues aquí nuestro cometido es que todo lo relevante esté publicado y que la Comisión del Mercado de Valores no tenga que pronunciarse sobre nada. O sea que, yo no aspiraría a tener ningún protagonismo, y si no lo hemos tenido, yo creo que no es motivo de preocupación. Sí lo sería si no hubiéramos, en este caso concreto del que estamos

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hablando, obligado o inducido a que publicara toda la información que habíamos juzgado relevante.


En lo que atañe a las observaciones del señor Azpiazu, del PNV, han estado centradas, si no he entendido mal, en el caso Sacyr-BBVA, al que luego me referiré. Con carácter general, y antes de entrar en el caso Sacyr-BBVA, querría decir cuáles son los objetivos de la legislación en esta materia, de la legislación española y de la legislación comparada. Hay un objetivo que preside no solo la legislación española, sino toda, y es que no haya uso de información privilegiada. Eso es evidente y es sancionable con la legislación vigente, y lo será con mayor motivo con la trasposición de la directiva de abuso de mercado. Ahora bien, la cuestión es cuándo una información debe ser difundida al mercado. Porque son dos cuestiones distintas: una es que yo me aproveche para comprar o vender valores con una información reservada, y otra es que esa información tenga que ser pública. En el derecho general comparado, las obligaciones de información suelen ser informaciones a posteriori. Usted compra una participación significativa y, una vez que lo ha hecho, informa. En el caso de ofertas públicas de adquisición, lo que se le da al inversor, en derecho comparado, es una especie de derecho de salida. Una vez que se ha producido el cambio, el que quiera irse que se vaya. Y ¿cómo se va? Concurriendo a una oferta pública de adquisición. Con lo cual, en muchos países, el régimen de información a los mercados en participaciones significativas es un sistema de información a posteriori. Realmente, en el caso español hay muchos supuestos donde el régimen es de información a posteriori. Por ejemplo, comunicación de participaciones que, sin llegar a los umbrales que obligan a hacer una oferta pública de adquisición, se consideran significativas porque exceden, si la memoria no me falla, del 5 por ciento. Esas se tienen que comunicar y hay un plazo para comunicarlas una vez que la participación es ya una realidad.
Pero antes de adquirir esa participación, si no se dan las circunstancias del decreto de OPAs, no es necesario, ya digo, pregonar a los cuatro vientos que voy a comprar un 3 por ciento en una entidad, salvo, y luego veremos el caso de Sacyr, cuando eso pueda ser un hecho relevante.


Digo esto porque a mí me parece que hay que clarificar un poco cuál debe ser la función de la Comisión del Mercado de Valores, y cuál debe ser el objetivo de la legislación. Los mercados de valores tienen unas lógicas, hay preparaciones de operaciones que la legislación contempla que se mantengan en la reserva. Lo que siempre prohíbe es que alguien, con información privilegiada se aproveche de ellas. Pero, desde luego, la legislación vigente, la española o cualquier otra no obliga a informar permanentemente a la Comisión del Mercado de Valores de todo aquello que está pasando o incluso de las actuaciones preparatorias de una determinada operación. Precisamente por eso me parece esencial que se determine por una norma clara qué se entiende por hecho relevante y qué debe comunicarse. Y, ya digo, hecho relevante no lo es todo, puede haber operaciones que tengan relevancia para la empresa que lo hace y que, sin embargo, no tengan que ser comunicadas al mercado. La Ley del Mercado de Valores incluso contempla un supuesto que me parece que se ha usado muy poco, y es que ante informaciones muy relevantes el afectado, la sociedad cotizada, comunique a la Comisión del Mercado de Valores la petición de que no se hagan públicas. Que yo sepa, ese supuesto en la jurisprudencia de la CNMV no se ha utilizado, o se ha utilizado muy poco, pero es un tema sobre el que hay que reflexionar a la hora de acotar mejor qué se entiende por hechos relevantes.


En lo que atañe a las observaciones del señor Cuevas, voy a leer con el máximo interés todas las conclusiones que adoptó el Congreso con motivo de la Comisión del caso Gescartera. Sinceramente, pido disculpas porque no lo he hecho. Y, al igual que en el caso ABA, que es otro de los casos que ha mencionado S.S., nos leeremos con el máximo interés las actas de esta Comisión, revisaremos su contenido, lo estudiaremos y veremos en el seno de la comisión qué es lo que procede hacer. Espero que en la próxima comparecencia, a más tardar, pueda dar alguna información.


Lo que sí quiero decir -y es un elogio a los que me precedieron en el puesto- es que a raíz del escándalo Gescartera hubo una serie de normas internas en el ámbito de la comisión que precisamente tratan de evitar la repetición de los hechos. Hay un reglamento de régimen interior, hay una multiplicidad de procedimientos, incluyendo el régimen sancionador y hay una dirección de control interno que entre sus cometidos esenciales tiene precisamente fiscalizar el buen cumplimiento de esos procedimientos. Si no recuerdo mal, en el informe anual ya figura ese primer informe de la directora de control interno. No hay que descartar que volvamos a cometer errores internos de funcionamiento, aunque yo velaré porque eso no ocurra. Pero afortunadamente, ya digo, hay instrumentos aprobados con anterioridad a mi llegada que tratan de prevenir esos problemas.


Me alegra coincidir con S.S. en la idea de que no es necesario un comisionado para la defensa del inversor, y porque para eso está la Comisión del Mercado de Valores. Desde luego, debemos enfatizar todo lo que sea transparencia al exterior. Un principio general que va asociado a la autonomía respecto al Poder Ejecutivo, que tiene un banco central independiente o una comisión autónoma como la Comisión del Mercado de Valores, es enfatizar su transparencia hacia el exterior.


Una cuestión esencial son, desde luego, estas comparecencias ante la Comisión de Economía, en las que, no solo debemos informar, sino que esperamos ser fiscalizados, porque así está establecido en la ley. Nos hemos puesto en contacto con la Oficina del Defensor del Pueblo y uno de los miembros de la comisión ejecutiva habló con la oficina para ponernos a su disposición, porque entendemos que en algún momento la comisión

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puede actuar de forma que no responda a las expectativas de los ciudadanos. Creemos que entramos en el ámbito de fiscalización y de actuación del Defensor del Pueblo, como parte de la Administración pública, y ya hemos tenido un contacto con la oficina para ponernos a su disposición. Si hay algo que debemos mejorar, alguna práctica que haya advertido la Oficina del Defensor del Pueblo, estamos encantados de considerarla.


En materia de OPAs, yo creo que la comisión tiene que ser intransigente y tiene que hacer cumplir la normativa con rigor. Ahora bien, la normativa ha ido cambiando. Aquí siempre hay un dilema entre seguridad jurídica a priori e información a posteriori. La seguridad jurídica exige un criterio claro que de antemano se sepa cuándo hay que formular una oferta pública de adquisición y cuándo no. En la tradición española, inicialmente en la Ley del Mercado de Valores se optó por un criterio cuantitativo. Hasta el 25 por ciento no hay obligación de formular OPA, con lo cual hasta el 24,9 por ciento se podía adquirir sin formulación de OPA. En la práctica, ese criterio cuantitativo del 25 por ciento, que era la frontera para cuantificar cuándo se tiene una posición de control, resultó ser poco realista, porque muy por debajo del 25 por ciento, si se tiene o se aspira a conseguir una posición de influencia notable en el consejo de administración, se puede estar en una situación de toma de control efectivo. Por ello se modificó el real decreto de OPAs para incorporar ese supuesto donde no se llega al 25 por ciento pero se tiene intención de adquirir por lo menos un tercio de los consejeros. En un consejo de administración que tenga dieciséis consejeros, más de un tercio supone tener seis, con lo cual si se aspira a tener cinco, no se está en un supuesto de OPA obligatorio. Dicho sea de paso, el consejo de administración del BBVA lo componen dieciséis miembros, y pretender tener cinco miembros del consejo de administración no pone en marcha el decreto de OPAs en su nueva configuración. No se ha dado ese supuesto. Siempre ahí vamos a estar en las mismas.


Otra cosa que podía haber hecho el legislador, y no hizo, es establecer que cuando la estructura de capital de una sociedad está muy diseminada, no se considere una participación significativa que dé origen a una obligación de OPA el 25 por ciento, sino un umbral inferior. No lo ha hecho y la Comisión del Mercado de Valores tiene como cometido aplicar con rigor la legislación vigente y sus normas reglamentarias, pero no aplicar más. Estamos en una economía de libre mercado, la lógica del mercado de valores es la propia de un mercado financiero donde unos quieren comprar y tomar el control en ocasiones. Lo único que se les puede exigir es que cumplan la ley y yo desde luego creo que no debemos ir más allá. Esto no empece para que tenga que haber una colaboración entre organismos supervisores, especialmente cuando uno de los supervisores es el regulador de la sociedad, o paga u objeto de adquisición, como es el caso del BBVA.


Estamos haciendo en materia de páginas web y de la información que obliga a publicar la Ley de transparencia en el informe anual de gobierno corporativo, que se cumplan todas las exigencias no solo de la ley, sino de la orden ministerial que desarrolla esa norma, y que esa información sea exacta. Aquí abro un brevísimo paréntesis, porque, como decía al principio, uno de los objetivos que debe tener el legislador es procurar que haya un mercado de valores pujante y que haya sociedades cotizadas que sean no solo grandísimas empresas, sino también empresas de tamaño medio. Las empresas de tamaño pequeño, por razones operativas, rara vez tienen acceso al mercado de valores. Y la verdad es que la experiencia comparada con segundos mercados es muy poco auspiciosa. Una de las razones por las cuales hay sociedades que se están dando de baja como sociedades cotizadas y salen del mercado y por las que otras querrían salir y a lo mejor no lo hacen porque el procedimiento de salida exige una OPA previa, es por una acumulación de obligaciones que entraña gastos. En Estados Unidos, como ustedes saben, hay muchas empresas alemanas que han decidido o que están considerando salir del mercado americano, dejar de cotizar, porque las obligaciones que ha impuesto la Ley Sarbanes-Oxley son de tal magnitud, entrañan tal coste que puede haber empresas que piensen que no les compensa y se salgan.


El legislador debe ser consciente de que el mercado de valores no es una magnitud fija que va a estar ahí, sino que es un órgano viviente donde entran sociedades pero también pueden salir. Desde el punto de vista de la política económica general del Gobierno, yo creo que a un país le interesa que haya el mayor número de sociedades cotizadas porque eso redunda en una mayor transparencia y en una mayor posibilidad de diversificación. Por ello no hay que tensar la cuerda de las obligaciones que soportan las entidades cotizadas más allá de lo estrictamente necesario. O sea que el exceso de rigor tiene un cierto coste en el sentido de estrechamiento de los mercados de valores.


En materia de servicio jurídico, como decía, una de las satisfacciones que he tenido es comprobar que dentro de la casa, en la Comisión del Mercado de Valores, tenemos unos expertos jurídicos que dan no solo información exacta y buena, sino rápida, cosa que es esencial para responder con rapidez. La asesoría jurídica en el seno de la casa, quizá como reacción a esos errores que pudieron cometerse en el pasado, se ha convertido en un sistema de autorización o fiscalización previa de cualquier resolución de un órgano gestor. Yo creo que debe volver a lo que es su ser natural.
Una asesoría jurídica debe ser una asesoría a petición del gestor para resolver mejor un caso y no necesariamente una fiscalización previa a modo y manera de lo que son las intervenciones previas en el ámbito de la intervención del gasto público. Hay que lograr que la asesoría jurídica

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asesore y no sea un trámite adicional, porque hemos constatado que en algún caso ese sistema de doble firma, o doble autorización, podía estar retrasando algunos trámites urgentes. La agilidad en las actuaciones es esencial. Ahí tenemos mucho que mejorar, y especialmente en el mercado de renta fija tenemos logros que conseguir; con el apoyo de la estandarización de folletos yo creo que se podrá mejorar mucho.


Paso a hacer algunas consideraciones generales sobre el caso Sacyr-BBVA al que se ha hecho alusión en varias ocasiones. Primero, en materia de procedimiento diré un poco lo que ha hecho la comisión al respecto.
Después de esta noche la verdad es que me bailan un poco las cifras, pero yo creo que fue anteayer cuando, espontáneamente, Sacyr comunicó, sin requerimiento previo de la Comisión del Mercado de Valores, un hecho relevante, que era que tenía intención de llevar a cabo una adquisición de acciones del BBVA. Como digo, esa información nos la comunicó a nosotros, que la estábamos estudiando porque vimos que era incompleta. No se decía todo lo que se tenía que decir, sobre todo, como luego diré, para los accionistas de Sacyr, que fue nuestra preocupación inicial. Ese hecho se había comunicado simultáneamente a la Bolsa de valores y a la Comisión del Mercado de Valores portuguesa, que lo había difundido, con lo cual nosotros tuvimos que aceptar el hecho de que estaba ya difundido y nos pusimos a controlarlo a posteriori.


A raíz de ese control es cuando entramos en contacto con la compañía y le exigimos que diera a conocer datos adicionales, sobre todo porque eran muy relevantes para el accionista de Sacyr. Como consecuencia de esos contactos, Sacyr publicó ayer a primera hora de la mañana una información complementaria de la primera y, precisamente, hasta que no se publicó tuvimos brevemente suspendida la cotización del valor. Con posterioridad, aparecieron en medios de comunicación, incluso en agencias de noticias de reconocido prestigio, informaciones que nos parecía contradecían la información que teníamos, y por eso ayer por la noche tuvimos una serie de reuniones, primero con los directivos de la compañía Sacyr y luego con los directivos del BBVA. También mantuve contactos, por un lado con el vicepresidente económico y ministro de economía, y por otro lado, con el propio gobernador del Banco de España, así como con el vicepresidente Carlos Arenillas y con el subgobernador.


A las ocho de la mañana hemos tenido una sesión extraordinaria del comité ejecutivo de la CNMV para revisar la información relevante adicional, el hecho relevante adicional, que le habíamos pedido a Sacyr que hiciera público, para reconciliar la realidad con esas noticias que estaban apareciendo. Lo hemos revisado, hay ligerísimas modificaciones que ahora mencionaré, y la información relevante adicional se ha hecho pública poco después de la apertura del mercado. Y he venido para acá y desde entonces no tengo más información.


Entrando en el contenido, yo creo que en esta operación había que distinguir entre lo que era relevante para los accionistas de Sacyr, el adquirente, y lo que era relevante de cara al BBVA. ¿Por qué para Sacyr? Pues porque Sacyr es una empresa que tienen una capitalización bursátil de dos mil y pico millones de dólares y si hace una inversión grande, ese es un ejemplo típico de hecho relevante. Cuando una sociedad cotizada de repente anuncia que va a hacer una inversión o muy grande, o muy ajena a su objeto social, eso la comisión lo entiende y así lo tipificaremos, porque es un caso típico de hecho relevante. El que tiene acciones en una sociedad inmobiliaria debe saber si su sociedad inmobiliaria va a pasar a ser un accionista de control en un banco, y eso no encaja en el objeto social inicial. Es un hecho relevante. Originalmente no lo sabíamos porque en la comunicación inicial que hizo Sacyr dijo que pretendía invertir en acciones del BBVA. Y claro, si hubiera sido una inversión pequeña, hubiera sido absolutamente irrelevante. Cuando le preguntamos por la cuantía y vimos que era muy significativa, que superaba los mil millones de euros, nos pareció que era un hecho relevante y que había que informar al mercado, pensando especialmente en Sacyr.


Otro aspecto que nos preocupaba era, dada la cuantía de la inversión que iba a hacer, cuál iba a ser su forma de financiación. Nos interesaba por varias razones, pero por una en particular, porque recientemente Sacyr había registrado un programa de pagarés y queríamos cerciorarnos de que ahí no había habido ninguna irregularidad y que no se iba a financiar esta operación con un programa de pagarés que se había registrado con otro propósito. Sacyr nos aclaró que pensaba hacer una emisión de capital si el hecho iba adelante. Con lo cual yo creo que la información que Sacyr publicó a primera hora de la mañana de ayer respondía a esa preocupación esencial que nosotros teníamos de que revelara todo aquello que pudiera ser de especial interés para sus accionistas.


En la medida en que la inversión, por el lado ya de la sociedad adquirida, el BBVA, tenía una cuantía que para Sacyr, el adquirente, era muy elevada, y por eso era relevante para el adquirente, pero para el adquirido no era tan relevante porque no superaba no solo los umbrales que obligan a formular una OPA, sino ni siquiera los umbrales que obligan a una autorización preceptiva del Banco de España, o a una comunicación de participación significativa en el caso de la Comisión del Mercado de Valores, en principio a ese aspecto no le dimos prioridad. Cuando a lo largo del día se habló de que la participación no era del 3,1 por ciento que nos habían comunicado, sino que hubo medios que hablaban de unas cifras muy superiores, es cuando pensamos que había que requerir información adicional para cerciorarnos de ese otro aspecto que hasta entonces no había sido la prioridad número uno, que es si había también información relevante en relación con el BBVA. Esas gestiones son las que nos llevaron a la

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conclusión, tras las oportunas conversaciones con los responsables de Sacyr, del BBVA, del Ministerio de Economía y del Banco de España, de que había ahí información adicional que había que hacer pública, como se ha hecho esta mañana. La primera, que Sacyr manifestara que estaba actuando en concierto, a efectos de la legislación del mercado de valores y del artículo 4, con dos accionistas, que estaba actuando de forma coordinada con ellos, de manera que la participación relevante a estos efectos no sería del 3,1 sino que era el 3,7 ó el 3,8, si no recuerdo mal.


Luego, constatamos que había habido una solicitud de pronunciamiento al Banco de España sobre la no objeción a esa participación, porque la sociedad pretendía tener participación en el órgano de administración, y que había habido una contestación del Banco de España. Por eso habrán visto ustedes que en el hecho relevante que se ha publicado esta mañana figura textualmente mencionada esa respuesta que ha dado el Banco de España, porque se consideraba que era relevante para el mercado, y en particular para los accionistas de Sacyr, saber las perspectivas de éxito de esa operación. Finalmente, nos parecía bueno aclarar que no estamos aquí ante un supuesto del nuevo decreto de OPAs. El nuevo decreto de OPAs, aunque ha contemplado la posibilidad de una obligación de OPA incluso cuando no se llegue al 25 por ciento, lo condiciona a que se pretenda tener por lo menos un tercio de los accionistas de la sociedad.
En la medida en que el BBVA tiene dieciséis y en ningún caso se estaba aspirando a tener una representación, yo creo que era evidente que no había ningún supuesto que obligara a formular una OPA, y la entidad así lo ha hecho.


Por otro lado, el señor Sánchez i Llibre me ha preguntado sobre la actitud del Gobierno. Es evidente que en una participación que puede estar sujeta a obligación de comunicación en un banco, y no digamos ya a la no objeción del Banco Central, es una norma internacionalmente aceptada que se informa al Gobierno. Y dentro del Gobierno, se informa al ministro de Economía. Ese hecho yo sinceramente creo que es evidente y obvio que no es una información especialmente relevante, porque cualquiera se lo puede imaginar. De todas formas, como nos constaba que había habido la información al ministro de Economía, al vicepresidente económico, de que se había cursado una petición al Banco de España, le sugerimos a la compañía Sacyr que lo comunicara dentro de sus hechos relevantes, y así figura. Se dice que se solicitó autorización al Banco de España, que de esa solicitud se informó al Gobierno a través del ministro de Economía, y luego, como decía, se añade la respuesta dada por el Banco de España.


Yo sinceramente creo que en supuestos donde no hay una golden share, donde el Gobierno, en virtud de una norma o una cláusula estatutaria, tiene una facultad de pronunciarse sobre una materia societaria, lo que opine o deje de opinar sobre una transacción, no es un hecho relevante en el sentido de la Ley del Mercado de Valores. Lo es, desde luego, el órgano que tiene atribuida la competencia para autorizar o no autorizar. En España, como sabemos, esa competencia la tiene atribuida el Banco de España, y es un órgano autónomo. Luego es una cuestión de oportunidad si el Gobierno debe manifestar o no su punto de vista sobre un hecho que es del derecho societario. Esa es una cuestión de oportunidad que corresponde al Gobierno, que desde luego no está regulada por la legislación y está al margen de las competencias de la Comisión del Mercado de Valores. Si me permiten, aunque no soy muy aficionado al fútbol, hay veces que hay símiles que lo ilustran. Es una cuestión de oportunidad decir si un presidente del Gobierno es hincha de un club de fútbol o no. Es una cuestión de oportunidad, no hay ninguna norma que le obligue a decir si es partidario de un equipo o de otro. Y yo creo que en esta materia no hay un norma que condicione un acto a una autorización administrativa, como ocurre típicamente en las sociedades reguladas. En la Comisión del Mercado de Valores unos estarán a favor de unas cosas y otros de otras, y eso es el mercado. Nuestra función es hacer cumplir la ley y no entrar en juicios de valor propios ni enjuiciar las opiniones ajenas.


El señor PRESIDENTE: El señor Folgado tiene la palabra.


El señor FOLGADO BLANCO: Muy brevemente, en este segundo turno de intervenciones quiero agradecer, en primer lugar, la respuesta, creo que bastante detallada, a cada una de las cuestiones que yo plantee en mi primera intervención, tanto en lo que se refiere a las relaciones con otros órganos o entidades, como lo que se refiere a desarrollos normativos en los que tiene que intervenir la CNMV. Y esto con independencia de que esté o no esté de acuerdo, que yo no lo estoy, en concreto en el tema de los comisionados. Aunque se ha dado una explicación por la cual parece que sí que sería conveniente, o tiene fundamento, en el caso del Banco de España y en el caso de la Dirección General de Seguros, pero no así en el caso de la CNMV, yo creo que en los tres casos, en el conjunto de ellos. Explicitar al comisionado que defiende al cliente de esos servicios financieros en cada una de esas tres manifestaciones, me parece muy relevante.


También quiero agradecer que se haya hecho referencia a los importantes desarrollos normativos que se han hecho y todo lo que se ha venido llevando a cabo para que la Comisión Nacional del Mercado de Valores, que usted preside, no parta de una situación de absoluta debilidad, o de una situación de no eficacia, con independencia de que, obviamente, todo tenga que seguir perfeccionándose. Digo esto porque me ha sorprendido mucho la intervención del señor Cuevas. Parece ser que todo lo que ha habido en el pasado es el caso Gescartera y algunas buenas intenciones, tanto del señor Calzada como del Gobierno, en su desarrollo normativo. Y yo quiero dejar constancia de que eso es radicalmente

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injusto. En los últimos años, los desarrollos normativos, el trabajo que se ha llevado a cabo por el anterior Gobierno ha sido impresionante. Dudo incluso que se me pueda poner parangón internacional en cuanto a desarrollo normativo, con independencia, como muy bien decía el señor Conthe, de que todo sea perfeccionable y haya algunos elementos de disfuncionalidad.


Ha hecho referencia concreta a que habrá que perfeccionar el tema de qué se entiende por hecho relevante, a la falta de precisión en cuanto a algunas figuras en las instituciones de inversión colectiva y al perfeccionamiento del régimen sancionador, por citar algunas cuestiones.
También cómo se ha perfeccionado el tema de OPAs, en cuanto al criterio cuantitativo inicial y luego en cuanto al criterio de consejeros. Todo se tendrá que seguir perfeccionando, a lo que la propia realidad, la dinámica de la realidad, en una economía que evoluciona, desarrollada y abierta exija.


No cabe duda del esfuerzo, y esto es justicia histórica que tiene que ponerse aquí de manifiesto. Yo no había querido intervenir en relación con el pasado, como quedó de manifiesto en mi primera intervención, pero no se puede hacer un juicio de valor histórico negativo. Parece que se desprende que aquí solo hubo buenas intenciones y el caso Gescartera.


Podríamos hablar de la la Ley de medidas de reforma del sistema financiero, de la Ley 44/2002, de la llamada Ley de transparencia de 2003, de la Ley de instituciones de inversión colectiva, de las distintas órdenes ministeriales, de los reglamentos de los comisionados, de las órdenes ministeriales por las que se tienen que llevar a cabo los informes anuales de gobierno corporativo, tanto cajas de ahorros como todas las sociedades anónimas cotizadas, así como del reglamento de régimen interior de la CNMV, del código general de conducta, etcétera.


Me parece que ha habido un desarrollo exhaustivo importantísimo, con un cuerpo doctrinal y jurídico que ahora nos coloca en el grupo de cabeza de países que han querido llevar a cabo ese referente normativo eficaz para que pueda funcionar un sistema económico, en particular todo el sistema financiero, las sociedades cotizadas, la transparencia y todos los sistemas de información que tiene que suministrar, la defensa de los inversores y de los financiadores, desde luego incidiendo mucho en el ámbito internacional.


Quiero poner esto de manifiesto, aunque no vamos a entrar ahora en discusiones comparadas. Simplemente quiero puntualizar una información, porque parecía que directa o indirectamente se querían mencionar elementos negativos en relación con el pasado. El pasado tiene elementos perfectos y elementos imperfectos, pero no cabe duda que se realizó una gran tarea por la cual España está funcionando de manera eficaz en este ámbito. Y desde luego yo le deseo al nuevo presidente de la CNMV que sobre eso se siga construyendo y perfeccionando el conjunto del sistema.


El señor PRESIDENTE: El señor Sánchez i Llibre.


El señor SÁNCHEZ I LLIBRE: Solamente haré mención a algún aspecto al que me referí en mi primera intervención y también a la contestación del presidente de la CNMV, que ha respondido a los planteamientos que le hacía mi grupo parlamentario respecto a todas aquellas cuestiones que hacen referencia a los hechos relevantes y al predominio de la Comisión Nacional del Mercado de Valores respecto a su definición y también respecto a las apreciaciones que puedan establecer desde dicho organismo para no confundir y para dar seguridad a los pequeños y medianos inversores. Solamente quiero destacar una cuestión respecto a esta operación que hoy es noticia y de la que hemos estado hablando todas las formaciones políticas y también usted. Hoy hay un medio de comunicación que dice que el Banco de España pincha la operación Sacyr-Vallehermoso-BBVA. Y hay otro medio de comunicación, también importante, relevante -los dos lo son- que dice que el Banco de España da luz verde a la operación de Sacyr-Vallehermoso-BBVA. El lector, el pequeño inversor, el accionista, el futuro accionista, ante estas informaciones piensa que ha habido injerencia política al respecto, que lo relevante en estas operaciones han sido las cuestiones políticas y no la financieras, y el resultado final es que existe una confusión en el mercado y en los futuros inversores.


De ahí nuestra pregunta, nuestra preocupación, que ya la he formulado en mi primera intervención, sobre cuál tendría que ser el papel de la CNMV para que no exista esta disfunción en el mercado. Porque la CNMV es el organismo que ha de supervisar, ha de controlar, ha de dar transparencia y ha de plantear una garantía y una seguridad para los futuros inversores. Ante las disfunciones informativas que hoy podemos observar en dos medios de comunicación influyentes, existe desconcierto.


Otra cuestión que hace referencia al uso de información por parte de los periodistas profesionales, especialistas en información económica. Me gustaría saber cuál es su opinión respecto al contenido de la Directiva de abuso de mercado, en la que se condena a los periodistas por información confidencial. Dice que por internet, precisamente, no pueden dar información privilegiada o sensible al mercado, le exigen al periodista mantener sus fuentes, y no pueden guardar los secretos sobre sus fuentes. Es un aspecto que interesa al sector de la información financiera especializada y también me gustaría saber su opinión al respecto.


El señor PRESIDENTE: Señor Azpiazu.


El señor AZPIAZU URIARTE: Quisiera agradecer al señor Conthe las explicaciones que nos ha dado, fundamentalmente, en relación al tema de Sacyr. Me imagino y comprendo que no puede ser más explícito

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respecto a lo que a nosotros nos interesaría, que es saber un poco más de los entresijos de la operación.


Como comentaba el señor Sánchez i Llibre, es cierto que en ciertos medios se ha tomado esta operación como algo diferente a una operación meramente de mercado o financiera, como una trama de ciertos intereses políticos, personales, etcétera. Y esto yo creo que altera de forma sustancial las condiciones de mercado. En este sentido, la CNMV tiene que ser capaz de valorar e interiorizar ese tipo de informaciones y de transmitir al mercado estas informaciones de una forma asimilada, de manera que los impactos negativos sean los menores. Si en relación a este tema tiene algo más que comentar, yo se lo agradecería, como le agradezco lo que nos ha dicho hasta ahora.


El señor PRESIDENTE: Señor Cuevas.


El señor CUEVAS DELGADO: El señor Folgado dice que está sorprendido y yo estoy mucho más sorprendido, porque me parece que en mi intervención he sido bastante cauto. Me he referido al pasado solamente en el sentido de aprovechar aquella experiencia. He hecho mención también a que se leyera todos los informes no solamente los del Grupo Socialista, sino también los del Grupo Popular. Yo creo que hay que aprender de eso, pero no por hurgar en la herida, sino porque aquello fuera pequeño o grande, fue un escaparate de prácticas que había que erradicar.


Yo creo que he reconocido aquí, con bastante claridad, y no me he negado incluso a valorar la memoria enviada por la Comisión Nacional del Mercado de Valores, la labor del señor Calzada, pero no solamente he hablado de buenas intenciones; he dicho que se ha avanzado -y está recogido en el "Diario de Sesiones", y lo puede mirar- en determinados procedimientos.


También he dicho que la preocupación ha estado volcada en que la información no saliera. Y sigo pensando -y si el nuevo presidente de la Comisión Nacional del Mercado de Valores no está en esa labor yo seguiré manteniendo esta opinión- que la Comisión Nacional del Mercado de Valores, excepto en las informaciones privilegiadas, en las informaciones relevantes y en las informaciones sensibles, que obviamente no pueden estar en conocimiento no ya de la opinión pública, sino ni siquiera de otros actores, en lo demás tiene que tener una transparencia absoluta. En ese terreno no se ha avanzado suficientemente, y lo sigo pensando. Vamos a dejarnos ya de enfados sobrevenidos y vamos a ver si podemos mantener unos debates serenos sobre estas cuestiones.


Por lo demás, ha quedado aclarada esta situación también para usted, señor Conthe, porque yo me refería exactamente a eso, no tanto a que no hubiera buenos profesionales o a que no se hubiera abordado determinadas cuestiones, en las que yo creo que hay que seguir profundizando. Pero también decía que había otras cuestiones, incluso en esa etapa, que hemos reclamado desde este grupo parlamentario que habría que seguir profundizando en ellas.


Así que, por nuestra parte, nada más. Solamente volver a felicitarle por la información que nos ha dado sobre lo que ha sido su gestión desde que ha sido nombrado presidente, que es el caso que aquí hemos comentado, para que tome nota también de esas circunstancias. Yo creo que hay que actuar con celeridad, no solamente en lo que tiene que ver con la actuación en ese caso, sino también en cuanto a la presencia en este Parlamento, porque ya ve que hay opiniones para todos los gustos.
Determinadas cosas, como que se informe al Gobierno, que es una cosa absolutamente normal, como usted ha expresado y como ha ocurrido siempre, acaba siendo un hecho político relevante, cuando todos hemos tenido ocasión de ver, y para no abrir el debate no voy a hacer referencia a nada de ello, cuáles son los hechos políticos relevantes en relación con las entidades financieras.


El señor PRESIDENTE: Para concluir este punto del orden del día, tiene la palabra el señor Conthe.


El señor PRESIDENTE DE LA COMISIÓN NACIONAL DEL MERCADO DE VALORES (Conthe Gutiérrez): Una última precisión en relación con el caso Sacyr-BBVA, en respuesta a la petición del señor Azpiazu. En una sociedad cotizada regulada, el punto de vista del regulador sectorial de si acepta o no acepta cambios, o en el caso de sociedades sujetas a un régimen de golden share el hecho de si el Gobierno va a ejercer, yo creo que es relevante para el mercado. Los medios de comunicación son libres de interpretar la situación en un sentido o en otro, pero el cometido de la comisión es poner a disposición del público la información relevante. Precisamente por eso desde las nueve de la mañana, el mercado ya sabe el tenor literal de la contestación que le dio el Banco de España el 26 de noviembre a los representantes de Sacyr, en una primera respuesta. Esa es la situación al día de hoy, porque además constaté que era así en conversación con el gobernador del Banco de España. Luego, lógicamente, el mercado o los medios de comunicación pueden especular sobre el futuro. ¿Qué decidirá? ¿Qué podrá decidir el Banco de España en el futuro, en función de si hay datos nuevos o no hay datos nuevos? Eso es inherente al funcionamiento de los medios de comunicación y de los mercados. A nosotros lo único que nos corresponde es velar porque la información, los hechos que ya se conozcan y que sean relevantes, se pongan en conocimiento, y que cada uno haga sus especulaciones y sus cábalas. Algunos acertarán, otros no. Ese no es el cometido de la comisión.


Ahora bien, quería comentar otro aspecto también general. En la lógica de los mercados de valores están de vez en cuando las entradas hostiles en el capital de sociedades cotizadas, entradas que no necesariamente tienen el acuerdo de los órganos gestores de la entidad

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en la que se adquiere. También es propio de la lógica de los mercados que haya conversaciones previas entre el que quiera adquirir y el gestor de la sociedad adquirida, para ver si la toma de una posición va a ser hostil o va a ser amistosa. O sea que hay tomas de posición amistosas, hostiles y de múltiples tipos. Lo importante, de nuevo, para la Comisión del Mercado de Valores es no favorecer, ni tampoco impedir esas entradas hostiles, con lo cual, de lo que se trata es de que el que quiera entrar de una forma hostil en una sociedad cotizada tenga que dar la información que le exige la norma. Como principio general yo diría que la normativa comunitaria, muy en particular la directiva de OPAs, y la legislación española han tratado de abrir el mercado de control, lo que se llama popularmente el mercado de control societario, y evitar que los gestores se blinden en las sociedades, y una vez que ya han llegado a la sociedad, la blindan para que nadie pueda entrar. Yo creo que el principio que persiguen el legislador comunitario y el español es que el que tiene que ser soberano es el accionista. El gestor es un puro servidor de los intereses del accionista. El accionista será el que decidirá si le interesa comprar o vender su valor, o si le interesa concurrir o no concurrir a una oferta pública de adquisición. La legislación debe poner trabas a aquel gestor que trata de impedir una entrada en el capital de su sociedad. Por eso, la Directiva de OPAs ha establecido el principio de que los mecanismos de blindaje que existen en las sociedades decaen en presencia de una oferta pública de adquisición, porque el legislador comunitario ha tratado de favorecer el carácter cambiante del mercado de control societario. Por eso también la encomiable Ley de transparencia, en su disposición transitoria, hablaba de los pactos parasociales. Es un hecho que se quiere poner de manifiesto en el mercado y, en determinados casos, esos pactos pueden decaer cuando no se han comunicado. Hay siempre una tendencia a que cuando algo es hostil desde el punto de vista empresarial, el gestor se ponga de parte de unos o de otros.


Yo creo que la función de la Comisión del Mercado de Valores es clarísima, ser absolutamente neutral y no tener, por activa o por pasiva, comportamientos que de alguna forma puedan favorecer o dificultar las entradas hostiles en el capital de una sociedad cotizada. Máxime porque en el caso de sociedades reguladas, como es el Banco de España, la legislación establece una llave adicional que la tiene el regulador. En este caso la tiene el Banco de España, y de ahí precisamente la relevancia de saber cómo va a emplear el Banco de España esa llave que tiene en cuanto a la no objeción de las participaciones que sean superiores a un 5 por ciento, o que entrañen representaciones en el órgano de administración. El regulador sectorial tiene la llave. Cómo va a usar esta llave, o cómo la ha usado, es algo muy relevante, y por eso figura en la comunicación que hoy ha dado a conocer de Sacyr. Y la actitud de la Comisión del Mercado de Valores tiene que ser absolutamente neutral en el desarrollo de esas operaciones potencialmente hostiles.


El señor PRESIDENTE: Muchísimas gracias, señor Conthe, por su comparecencia.


Vamos a interrumpir la sesión un par de minutos para despedir al señor Conthe. (Pausa.)

RATIFICACIÓN DE LA PONENCIA DESIGNADA PARA INFORMAR SOBRE EL PROYECTO DE LEY DE MODIFICACIÓN DE TASAS Y DE BENEFICIOS FISCALES DE ACONTECIMIENTOS DE EXCEPCIONAL INTERÉS PÚBLICO. (Número de expediente 121/000011.)

El señor PRESIDENTE: Reanudamos la reunión.


Procede, en primer lugar, ratificar la ponencia de la ley de modificación de tasas y de beneficios fiscales de acontecimientos de excepcional interés público, ratificación que haremos por asentimiento. ¿Se acuerda así? (Asentimiento.) Queda ratificada la ponencia.


APROBACIÓN, CON COMPETENCIA LEGISLATIVA PLENA, A LA VISTA DEL INFORME ELABORADO POR LA PONENCIA, DEL PROYECTO DE LEY DE MODIFICACIÓN DE TASAS Y DE BENEFICIOS FISCALES DE ACONTECIMIENTOS DE EXCEPCIONAL INTERÉS PÚBLICO.
(Número de expediente 121/000011.)

El señor PRESIDENTE: Pasamos a continuación al debate de las enmiendas de la citada ley. Tenemos, en primer lugar, un escrito del señor Labordeta, donde nos comunica que da por defendida su enmienda parcial al proyecto de ley.


A continuación, tenemos las enmiendas del grupo de Coalición Canaria, que va a exponer y defender el señor Mardones.


El señor MARDONES SEVILLA: Mi grupo tenía para este trámite de Comisión tres enmiendas, la 2, 3 y 4 a este proyecto de ley de tasas y de beneficios fiscales de acontecimientos de excepcional interés público.
Con respecto a la enmienda número 4, que se refiere al epígrafe correspondiente a las especialidades de uso veterinario, dentro del artículo noveno, de tasas del Ministerio de Sanidad y Consumo y de la Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios, en razón de los alegatos que nosotros presentábamos en la enmienda para reducir la que entendemos fuerte cuantía de la tasa que se aplica a todos estos productos que van destinados a la mejor sanidad ganadera, calidad de vida, competencias de la agencia del medicamento, de la agencia alimentaria, y de los ministerios tanto de Agricultura como de Sanidad y Consumo, para que no repercutieran en los agricultores. Se ha venido manteniendo un diálogo muy eficaz y fructífero con el Ministerio de Economía y Hacienda y, por mi parte, con el Grupo Parlamentario

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Socialista y su portavoz, que han mostrado siempre mejor entendimiento en esta línea. Nosotros vamos a aceptar, señor presidente, la enmienda transaccional que me ha hecho llegar el portavoz del Grupo Parlamentario Socialista, relativa a los epígrafes 9.01, 9.02, 9.04, y 9.05, la aceptamos y por tanto retiramos nuestra enmienda número 4 para que se pueda votar esta enmienda transaccional ofertada, como he dicho, por el Grupo Parlamentario Socialista a través de su portavoz.


Mantenemos las enmiendas números 2 y 3 para votación. De no ser aprobadas aquí, mi grupo las presentará en el Senado, porque se refieren a un tema muy sensible en Canarias, que es la repercusión de las nuevas tasas aeroportuarias que se plantean en el proyecto de ley del Gobierno, que entendemos excesivas, dado que nuestro territorio, señor presidente, es una obviedad geográfica y cultural decirlo, pero está fragmentado en islas y la provincia de mi circunscripción tiene cuatro islas, que es la de Santa Cruz de Tenerife; la circunscripción de Las Palmas tiene tres islas, y los ciudadanos canarios se desplazan con el único medio rápido, y en algunos sitios el único, que es el avión. Y esto es un ir y venir continuamente en las relaciones sociales, culturales, económicas, de todo tipo, que se producen en el archipiélago canario. Por tanto, las tasas de aterrizaje, la tarifa de aterrizaje, repercutido ahí cada vez que está entrando y saliendo un avión en los vuelos interinsulares, es muy gravoso. Si además las compañías aéreas están repercutiendo ya en el billete la subida del petróleo crudo, de los combustibles, económicamente se produce un agravio comparativo. Para que no haya agravios comparativos de quienes entendemos están nuestra circunstancia, hemos hecho que la extensión del alcance de nuestras dos enmiendas sea, no solamente al archipiélago canario, sino al archipiélago balear y a Melilla, porque sus ciudadanos tienen las mismas circunstancias para desplazarse dentro de su territorio. El caso de Melilla con respecto a Málaga, o Andalucía, o las provincias donde realicen sus actividades. No parecen excesivas las tarifas de aterrizaje; esto castiga lo que llamamos allí la doble insularidad; no es solamente el desplazamiento Canarias-Península, sino dentro de Canarias isla por isla. Las tasas que perciben también los intereses hacendísticos a través del transporte de personas y de mercancías entre las islas, los servicios interinsulares, saldrían en este momento excesivamente dañados. Nosotros proponemos en la justificación de las enmiendas unas reducciones sensibles para no vernos afectados por lo que consideramos un interés económico social.


Por tanto, señor presidente, mantenemos para su votación las enmiendas número 2 y 3.


El señor PRESIDENTE: Tiene la palabra el señor Sánchez Llibre.


El señor SÁNCHEZ LLIBRE: Nuestro grupo parlamentario ha presentado alrededor de 12 enmiendas a este proyecto de ley de tasas. Ya en su momento, cuando se planteó ante el Pleno de la Cámara del Congreso de los Diputados la enmienda a la totalidad por parte del Grupo Parlamentario Popular, nos posicionamos en el sentido de que este proyecto de ley era, desde nuestra perspectiva, un proyecto que iba a pasar por el Congreso y por el Senado sin pena ni gloria. Era un proyecto de ley, a nuestro parecer, insulso, sin consistencia legislativa, y que básicamente era un proyecto de ley que al desaparecer la ley de acompañamiento habilitaba al Gobierno en los Presupuestos Generales del Estado para modificar todas aquellas tasas que el Gobierno estimara pertinentes. Planteamos también, desde nuestro punto de vista, que se había perdido una gran oportunidad para poder racionalizar y simplificar algunas tasas. Y también, desde nuestro punto de vista, habíamos perdido una gran oportunidad para incorporar a las comunidades autónomas en la gestión de algunos de los servicios que contemplan las tasas de materias transferidas a las comunidades autónomas.


Desde esta perspectiva, nosotros hemos planteado algunas enmiendas que demuestran el poco respeto, la poca sensibilidad, que ha tenido en este caso el Gobierno hacia las comunidades autónomas, al no contemplarse algunos incrementos de tasas en los que se hubiera podido incorporar perfectamente, como podría ser el caso del catastro, la gestión o la participación de las comunidades autónomas en aspectos que son de impuestos que el cien por cien de los mismos revierten en las corporaciones locales. Hay alguna enmienda que va en esta dirección, en el sentido de poder incorporar algunos incrementos de tasas que no se han materializado para poderlo revertir en todas aquellas comunidades autónomas que tienen las competencias exclusivas y traspasadas, como puede ser en el tema del departamento del Ministerio de Justicia.


También hemos planteado unas enmiendas que van en la dirección de rebajar el 33 por ciento las tasas que el Gobierno ha planteado en este proyecto de ley. Nosotros las hemos calificado como abusivas, y entendemos que no hacen competitivo el servicio y el transporte aéreo que se va a producir en el año 2005 en el espacio aéreo español. Por lo tanto hemos planteado unas enmiendas que van en la dirección de poder rebajar las tasas que están referidas a los aeropuertos. Pretendemos que pasen del 2 al 3 por ciento, que es el índice de inflación previsto por el Gobierno para el año 2005, lo cual supondría un ahorro por parte de todos los usuarios y consumidores que equivaldría a un 33 por ciento de ahorro en el coste.
Hemos de tener en cuenta que, básicamente, las tasas aeroportuarias tienen una importancia absoluta en este proyecto de ley, en el sentido que las dos terceras partes del incremento de recaudación que conlleva este proyecto se concentra en ingresos derivados de las tasas aeroportuarias. También nosotros planteamos desde la óptica de los aeropuertos que se pueda establecer un periodo transitorio para congelar las tasas de los aeropuertos que suben de categoría,

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como es el caso de Girona y Reus. Y al mismo tiempo pedimos, siguiendo la línea que nuestro grupo parlamentario ha esgrimido en todos los proyectos de ley que se puedan plantear ante esta Cámara, una cierta sensibilidad social hacia las personas discapacitadas. Y desde esa perspectiva planteamos una bonificación del cien por cien en la educación superior de las personas con grado de discapacidad igual o superior al 33 por ciento.


Básicamente estas son las enmiendas más relevantes que hemos planteado en este proyecto de ley. Al mismo tiempo hemos planteado otra enmienda, que nosotros consideramos de gran calado político y de gran importancia económica, y aunque no está ligada a ningún aspecto derivado de las tasas hace referencia al núcleo central de este proyecto de ley. Hemos querido desde nuestro grupo parlamentario plantearlo y colgarlo como una percha política o jurídica, para poder plantear una enmienda que evitara la externalización de los premios de jubilación. Ya llevamos varias legislaturas planteando esta misma cuestión, en el sentido que nosotros creemos necesario cambiar la definición de lo que hoy se pueda denominar premio de jubilación, que está contemplado como un compromiso de pensión y, en caso de que tuvieran que externalizarse, ya que el compromiso acaba el 31 de diciembre del año 2004, comportaría graves consecuencias financieras que afectarían a la solvencia de muchísimas pequeñas y medianas empresas. Hemos hablado con el Gobierno, y en este aspecto sí que cabe destacar la sensibilidad por parte del Grupo Parlamentario Socialista que nos ha planteado una transacción a dicha enmienda, en el sentido de buscar una solución coyuntural que pasaría por el aplazamiento de un año que comportaría la externalización de los premios de jubilación hasta el 31 de diciembre del año 2005. Y al mismo tiempo existe el compromiso de trabajar en esta dirección para buscar una definición más adecuada para el volumen de estas pequeñas y medianas empresas, y que finalmente no les comportaría, caso de que buscáramos esta solución, graves dificultades financieras.


Por lo tanto, agradecemos la sensibilidad; vamos a aceptar esta enmienda transaccional y esperamos que esta misma sensibilidad, aquí o en el Senado, pueda revertir en alguna de las enmiendas que ha presentado nuestro grupo parlamentario.


El señor PRESIDENTE: Para las enmiendas del Grupo Popular tiene la palabra el señor Utrera.


El señor UTRERA MORA: Tuvimos ocasión ya de debatir la enmienda a la totalidad, en la cual, aparte de las objeciones de contenido general que nosotros tenemos a este proyecto de ley, incluimos mención a algunas de las más importantes enmiendas, que hemos presentado a este proyecto. Con lo cual reproduzco aquí todos los argumentos que en el debate de totalidad se esgrimieron por mi grupo.


Muy rápidamente quiero hacer un repaso de alguno de los elementos principales que dan coherencia a lo que es efectivamente incoherente, tal y como ha señalado el portavoz del grupo de Convergència I Unió, que es el propio proyecto de ley. En primer lugar, la enmienda numero 40 de nuestro grupo trata de subsanar una de las mayores contradicciones en las que se incurre en este proyecto, puesto que sí hemos oído, y hemos oído muy repetidamente, que lo que se pretende es que sean leyes sustantivas en las que se establezcan y se especifiquen las propuestas de acción de Gobierno. Nos encontramos que con este proyecto de ley se pasaría a autorizar al Gobierno a proponer en Presupuestos Generales del Estado cualquier modificación, cualquiera que ésta fuera, en relación con las cuantías y los elementos determinantes de las cuantías en las tasas.
Entendemos que eso no es más que encubrir que la transparencia declarada en relación con la no presentación de una ley de acompañamiento no va a ser más que un simple enunciado, puesto que lo que va a ocurrir es que la propia ley de presupuestos va a recoger todos los elementos que anteriormente recogía o muchos de los elementos que anteriormente recogía la ley de acompañamiento. Y vaya por delante que a mí también me parece bien, razonable, que ahí donde se pueda prescindir de la ley de acompañamiento se prescinda.


En segundo lugar, en relación con las tasas de aproximación, aterrizaje, y prestación de servicios, las enmiendas números 33 y 34, presentadas por el Grupo Parlamentario Popular, inciden sobre un sector económico de actividad, el transporte aéreo, pero indirectamente también sobre otros sectores, y muy notablemente el sector turístico español. Y también inciden sobre la contradicción que supone que el Gobierno asuma una previsión de inflación para el próximo año del 2 por ciento y pretenda un 3 por ciento de incremento para estas tasas, al tiempo que lo justifica como medida defensiva para evitar la pérdida monetaria. O dicho de otra forma, parece que el Gobierno ha revisado ya su previsión de inflación para el próximo año, que en lugar del 2 será del 3 por ciento. Y eso que es una contradicción en sus propios términos, cuando estamos hablando de euros, cuando estamos hablando del coste que para las compañías de navegación aérea y para los usuarios supone la ampliación de una tasa de esta naturaleza en la actual coyuntura económica, entendemos que no es adecuado. Se puede discutir, pero no es adecuado, y por esa razón proponemos dos enmiendas, la primera de ellas, la principal, supondría dejar la tasa tal y como está en este momento, es decir, que no se registrara incremento alguno en el importe de la cuantía de la misma. Y la segunda, subsidiaria, sería un incremento, pero desde luego menor a la inflación prevista, que nosotros ciframos en esta enmienda en el 1 por ciento. A este respecto quiero hacer también mención a la enmienda número 24 de Convergència i Unió, en relación con la información que anualmente debería de suministrar AENA en relación con el coste

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de prestación de servicios que está fundamentando el establecimiento de las causas. Nosotros apoyaríamos una enmienda de esa naturaleza y votaremos a su favor cuando llegue el turno de votaciones.


Otra de las enmiendas más características de la cuestión de este proyecto de ley se refiere a las tasas sobre medicamentos. En este caso sí me gustaría, respecto al debate de totalidad, aportar un argumento nuevo. Yo dije en el debate de totalidad, muy brevemente, que este Gobierno estaba tratando de forma inconveniente al sector farmacéutico, y concretamente a la parte más dinámica del mismo, la que más I+D realiza, tanto por el rappel sobre ventas, incluido en la Ley de presupuestos, como por el establecimiento por decreto de precios de venta de los medicamentos, como por este incremento de tasa, que en algunos casos llega hasta el 400 por ciento. Es decir, tanto en el registro como en el mantenimiento de registro de medicamentos, como en cada una de las tasas de los epígrafes de esta tasa esos incrementos promedio podrían estar en torno al cien por cien, pero desde luego en algunos epígrafes concretos estamos hablando de crecimientos superiores al 300 por ciento.


Yo les quiero recordar a todas SS. SS. y a quienes en este momento estamos presentes en la Comisión de Economía y Hacienda, que en la estadística sobre actividades I+D del año 2003 los resultados provisionales avanzados hace escasamente cuatro días por el Instituto Nacional de Estadística se apunta que en el total de I+D de España, la cifra es muy superior a las cifras que normalmente se manejan. Concretamente para el año 2003 los gastos se situaron por encima de los 8.200.000 euros, el 1,10 por ciento del producto interior bruto, con un crecimiento del 14,2 por ciento respecto a los datos de gasto en I+D del año 2002. Pero aparte de congratularnos de los datos que resultan de esta estadística de actividades de I+D, un dato que a mí me ha resultado especialmente importante, a los efectos del debate que estamos teniendo ahora, es que la industria concentra más de la mitad, más del 55 por ciento del gasto de I+D en el año 2003, correspondiendo al sector servicios un importe algo superior al 40 por ciento. Por ramas de actividad, destacan dos principalísimos de gasto de I+D en España. Por un lado tendríamos los servicios, las empresas de servicios de I+D específicamente, con casi un 20 por ciento del total de gasto en I+D, concretamente el 19,1 por ciento. Y en segundo lugar las empresas farmacéuticas, con el 10,4 por ciento del total de I+D en España. Estamos hablando de cifras importantes, estamos hablando de uno de los sectores en los cuales en España la investigación I+D, el gasto empleado en I+D, y además los avances que se están registrando son importantes. Y desde luego el establecimiento de una tasa lo que penaliza precisamente es la I+D, o sea, penaliza el registro de nuevos medicamentos, y por tanto la innovación en medicamentos, e incluso penaliza, y penaliza gravemente, el mantenimiento, la mejora, la nueva investigación sobre mejora de aplicación de las especialidades farmacéuticas ya registradas anteriormente. Por tanto, pega dos veces. Primero en la innovación en registro, la introducción de nuevos medicamentos, y segundo, el mantenimiento y mejora de las especialidades farmacéuticas ya registradas anteriormente. Eso unido a los rappel sobre ventas, eso unido a la forma cómo se están desarrollando las no negociaciones, por lo que tengo entendido, en relación con reducciones obligatorias de precios, que al final van a márgenes, lleva a plantear seriamente una cuestión que nos afecta a todos, que nos afecta además en el capítulo de investigación y desarrollo en España que, como digo, supera el 10 por ciento del que se deriva exclusivamente de la industria farmacéutica.


Otra de las cuestiones que nos preocupa, y que viene recogida en nuestras enmiendas, se refiere a las tasas de reserva de espacio radioeléctrico.
También en el debate a la totalidad pudimos hablar de ello, y me gustaría reproducir aquí los argumentos que entonces utilicé, y que básicamente consisten en lo siguiente. La tasa surgió como consecuencia de la introducción de, llamémosle nuevas tecnologías, o si se quiere de nuevos sistemas en la telefonía móvil en Europa. La tasa se calcula de la forma que se calcula, no por casualidad, y por eso precisamente incluye un 75 por ciento de reducción sobre la cuantía que determina una fórmula, una fórmula matemática no demasiado compleja, cuyos parámetros están establecidos en la Ley general de telecomunicaciones, de la misma forma que la reducción del 75 por ciento, que también está incluida en la Ley general de telecomunicaciones. Lo que se hace con esta ley de tasas, en relación con esta tasa, es que se aclaran conceptos, que sí que se aclaran en cuanto a sujeto pasivo, al devengo, etcétera, ahí sí que se aclaran, y esa cuestión no creo que sea controvertida y nadie plantea que esté descaminado el proyecto de ley en esa cuestión, pero sí en cuanto a la reducción. Porque siendo una reducción establecida por ley sectorial, la Ley general de telecomunicaciones, parecería razonable que siguiera manteniéndose ahí, sobre todo, teniendo en cuenta que la tasa está calculada de la forma que está calculada, y un elemento esencial es esa reducción. Y no es adecuado dejarlo al debate presupuestario, es decir, al debate de cada año de la Ley general de presupuestos, de si es el 75 o es menos, puesto que lo que se dice en el proyecto de ley es que lo que se aclara es que no es el 75, sino que puede llegar al 75. Por lo tanto podría ser el 0.1, podría ser el 10, podría ser el 15. No es el lugar adecuado, puesto que cuando se debate el proyecto de ley de presupuestos, lo que se debaten son los términos financieros, la recaudación en este caso de la tasa. Y, como digo, ahí también estamos hablando de actividades de I+D, ahí también estamos hablando de actividades tecnológicas, ahí también estamos hablando de la capacidad de potenciar las capacidades de comunicación en España. Y eso quedaría sometido a un debate de presupuestos si prospera el apartado 1 de este

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artículo que se enmienda con la enmienda número 39 que presenta el Grupo Parlamentario Popular.


Otra de las enmiendas a las que me gustaría hacer referencia es a la número 43, la celebración del V Centenario de Cristóbal Colón. Este es un acontecimiento de excepcional interés, eso supongo que no lo pone en duda nadie. Coincide el año 2006, el V Centenario del fallecimiento de Cristóbal Colón en Valladolid, y entendemos que esta declaración de excepcional interés para el acontecimiento, al tiempo que el establecimiento de los beneficios fiscales previstos en el artículo 27.3 de la Ley 49, tienen que ser de aplicación a este acontecimiento.


Y, por cierto, una corrección de error que en la ponencia no caí en la cuenta, pero es obvio que esto es un error puramente de transcripción. En la enmienda número 43 bien claro se titula V Centenario de Cristóbal Colón, el proyecto V Centenario de Cristóbal Colón. Pero luego, en la relación material, se ponen, beneficios fiscales aplicables a otro acontecimiento, que corresponde a la enmienda anterior. Es decir que se transcribe incorrectamente. Donde pone: Galicia 2005, vuelta del mundo a vela -que es la enmienda anterior, la enmienda 42 del Grupo Parlamentario Popular que, por cierto, ya la hemos retirado porque ha sido incorporada en la ponencia- debe decir V Centenario Cristóbal Colón. Enmienda número 43.


Y por último, para concluir, sí me gustaría hacer mención, no a una enmienda del Grupo Parlamentario Popular, sino a dos enmiendas de Convergència I Unió. Apoyamos, aunque nosotros no presentamos enmiendas en ese sentido, la enmienda número 21 que se refiere a la supresión de tasas en estudios universitarios para discapacitados con un grado de discapacidad superior al 33 por ciento. Y la apoyamos, entre otras cosas, porque el 3 de junio del año 2004 el Grupo Parlamentario Popular presentó una proposición no de ley en la cual el Congreso de los Diputados insta al Gobierno a impulsar que las comunidades autónomas y las universidades adopten las medidas financieras necesarias para dar cumplimiento en todas las universidades españolas -porque el problema es que hay una enorme dispersión, algunas sí reconocen y otras no la minusvalía como una circunstancia que acredita para la exención de la tasa- a lo establecido en el artículo 30 de la Ley de integración social de minusválidos de 1982, respecto a la matrícula gratuita de universitarios discapacitados.
Por lo tanto apoyamos y votaremos favorablemente esta enmienda de Convergència i Unió. Al tiempo que nos incorporamos, -y lo anticipo para la votación- a la enmienda transaccional sobre la enmienda número 22 de Convergència i Unió, relativa a los premios de jubilación, que hay que darle una solución a un pago único que requiere el cumplimiento de determinadas circunstancias que no pueden anticiparse, y por tanto no deben establecerse, ni en forma de seguro ni en forma de plan de pensión.


Con esto concluyo la exposición de las cuestiones que considero más importantes de las 21 enmiendas que ha presentado el Grupo Parlamentario Popular.


El señor PRESIDENTE: Tiene ahora la palabra por el grupo socialista el señor Turiel.


El señor TURIEL SANDÍN: En primer lugar, quiero hacer referencia a una corrección técnica. En el proyecto de ley se ha localizado un error en el artículo noveno. Cuando se mencionan los epígrafes, se dice que se modifican los epígrafes contenido en grupos del 1 al 9, ambos inclusive, del apartado 1. Sin embargo, luego, como se puede ver, hablando por cierto cada grupo en lo que es la tabla del encabezado, en la columna de la izquierda está encabezada con la palabra grupo, cuando debería haber estado encabezada con la palabra epígrafe. Creo que deberíamos corregir ese pequeño error.


Quería empezar mi exposición diciendo una serie de obviedades, pero que, no por menos obvias, se suelen olvidar; se suele no tener en cuenta lo que es una tasa. La tasa es un tributo, pero desde luego no es un impuesto. Y las tasas, evidentemente, se devengan, o bien por un aprovechamiento exclusivo, o un aprovisionamiento especial del dominio público, o bien porque se realiza en régimen de derecho público una actividad, o se presta un servicio, que se refiere, afecta, o beneficia, a alguien. Y como lógica consecuencia de lo que es una tasa, en la Ley de tasas del año 1989 existe un artículo que se refiere al principio de equivalencia, que dice que la tasa tenderá a cubrir el coste de servicio o la actividad que constituya el hecho imponible. Y ello es importante, porque si existen actividades o servicios que se prestan y no se cubre su coste enteramente con la tasa, es evidente que se tendrá que cubrir con impuestos, y los impuestos los paga todo el mundo. Y a lo mejor, por la vía de cubrir un déficit con impuestos, estamos procediendo a una transferencia de renta de personas más necesitadas, que también pagan impuestos, a aquellos a los que se le presta el servicio, que pueden estar en una mejor situación económica. Yo creo que este es un tema importante. Antes de admitir que las tasas no cubran los costes de los servicios, se debe tener en cuenta quiénes son las personas a las que se prestan esos servicios. Porque si están en niveles de renta más elevados, y los impuestos los paga toda la población, resultaría bastante absurdo que personas de menor renta, con una parte de los impuestos que se exigen a las personas de menor renta, se esté cubriendo un déficit en un servicio que debería ser cobrado entero a aquellas personas a las cuales se presta el servicio, y que son personas de mayor nivel de renta. Y dicho esto, la propia ley también, en el artículo 19.3, establece cuáles son los costes que se deben de compensar, que no solamente son los costes directos, sino que son los costes indirectos.


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Paso a exponer la posición de mi grupo respecto a las enmiendas planteadas por los diferentes grupo políticos. Respecto a la enmienda número 1, presentada por Xunta Aragonesista, sin que prejuzgue cuál puede ser el futuro, si se llega a celebrar la feria internacional en Zaragoza en el año 2008, en el momento actual no está concedido. Lo que no se puede hacer es aplicar la ley a un evento que no se sabe si se producirá o no se producirá. Es decir, si tendrá ese reconocimiento, o no tendrá ese reconocimiento. Consecuentemente, ahora no es el momento de conceder este beneficio. Todo ello sin perjuicio de que esto no prejuzga cuál es lo que habría que hacerse en el futuro.


En cuanto a las enmiendas de Coalición Canaria números 2 y 3, evidentemente tiene bastante razón en la problemática que está planteando. Pero no creemos que el tema de fondo se resuelva, o haya de resolverse, mediante una reducción de las tasas. Por su propia esencia, las cuantías de las tasas se tienen que aplicar a la totalidad de los usuarios. El transporte aéreo al que se está refiriendo no solamente afecta a los residentes en Canarias, o a los residentes en Baleares, o a los residentes en Melilla, sino cualquier usuario. Es decir, cualquier usuario que pretenda ir de Madrid a Canarias, de Madrid a Baleares, o de Madrid a Melilla, sea o no residente en el lugar de destino, tendría derecho a esa reducción. Utilizar un mecanismo de reducción general de tasas para compensar un problema particular, creemos que no es el camino.
El camino debería de ser, como ya se ha planteado en el Pleno del Congreso el otro día, con una proposición no de ley, en la cual se tiene en cuenta el término residencia... (Rumores.)

El señor PRESIDENTE: Guarden un poco de silencio.


El señor TURIEL SANDÍN: Tienen que ir por otra vía las compensaciones que pueda haber a favor de los residentes en estos territorios, pero en ningún caso con una reducción general de las tasas aeroportuarias por razón del destino del vuelo.


Respecto a la enmienda número 4, que es la transaccional, obviamente ha sido aceptada, porque creemos que es muy sensible a un problema que tiene planteado la industria veterinaria. Como se ha señalado reiteradamente, la directiva de la Unión Europea para casos similares establece que los medicamentos de uso exclusivamente veterinario tienen una reducción del 50 por ciento en todas estas labores de registro. Lo que se hace es seguir un criterio análogo con esta transaccional para la legislación española.


La enmienda número 13, de Convergencia i Unió, se refiere a una modificación en el texto refundido de la Ley del catastro inmobiliario, que no tiene nada que ver con la tasa. Si bien se pretende una regulación distinta, se refiere a cómo debe servir el catastro, lo que no tiene nada que ver con el tema de la tasa. Por ello no parece que sea este el lugar adecuado.


Respecto a las enmiendas 14 y 16, de Convergencia i Unió, y las similares que tiene planteadas también el Grupo Popular, hay que señalar lo que antes decía. Es decir, las personas que son usuarias de los medios de transporte por avión obtienen un beneficio adicional por una reducción de la tasa que no llega a cubrir el coste del servicio, y lo que tenemos que plantearnos es si realmente no se produce una transferencia de renta de personas más necesitadas que pagan todos los impuestos -hay que recordar que se paga el impuesto sobre el valor añadido- si no se está produciendo una transferencia de renta a favor de los usuarios del sistema de transporte aéreo. Se trata de un asunto muy delicado y se tiene que pensar en algo que es importante. Hasta las personas más necesitadas pagan un 4 por ciento de IVA sobre los alimentos más básicos. Es decir, todos somos contribuyentes al erario público. Evidentemente, los déficit que se puedan originar en la prestación de un servicio público, porque las tasas no cubren su coste, se financian con impuestos, y cada uno aporta la parte alícuota para cubrir ese déficit.


Yo creo que tiene escaso sentido que una tasa aeroportuaria, que no cubra el coste de lo que es el transporte aéreo, se tenga que financiar también en parte con ese 4 por ciento que las familias más necesitadas pagan por los alimentos de primera necesidad. Este es un tema que debe inducir a la reflexión, y por otro lado es evidente que AENA tiene un déficit marcado.
Aun con las actualizaciones que pone el proyecto de ley, el déficit en la tasa de aproximación que tiene AENA es 90,19 millones de euros. En la tasa de aterrizaje, aun con la subida del 3 por ciento, el déficit que tiene AENA, según la memoria económica (es una memoria económica muy completa, tiene 66 páginas y comprendo que a veces es de difícil lectura, pero está perfectamente explicado), es de 193,96 millones de euros. No parece que pueda tener ningún sentido que se pretenda aumentar este déficit en cuantías superiores. Como resulta claramente de una respuesta reciente que ha habido a una pregunta de un senador de Coalición Canaria en el Senado, el Gobierno está señalando que las tasas aeroportuarias que se exigen en España son sensiblemente inferiores a las que tienen otros aeropuertos del extranjero, que en muchos de los casos suponen un 70 por ciento. Es decir, que la tasa española, en muchos casos, llega a ser un 70 por ciento menos de lo que se exige en Europa por unos servicios similares. Consecuentemente, nos parece que no se pueden admitir de ninguna de las maneras las enmiendas tanto de Convergencia i Unió, como del Partido Popular, que pretenden la reducción de las tasas aeroportuarias.


Respecto a la enmienda 17, del Grupo Parlamentario Catalán, hay que señalar que pide una exención con carácter general de los clubes náuticos marítimos. Para evitar posible fraude, según la actual redacción no es que en ese momento no se pueda conceder esa reducción o esa exención a los clubes náuticos marítimos, sino que la autoridad portuaria es la que tiene que apreciar

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en un momento determinado si ese club náutico está incluido en el ámbito de la ley. Ponerlo en la ley sin más, y evitar esa capacidad de apreciación de la autoridad portuaria, puede llevar a situaciones de absoluta injusticia, como que se esté disimulando bajo el nombre de club náutico marítimo una institución con ánimo de lucro. Parece preferible que esté sometido al juicio de la autoridad portuaria, como ocurre en el momento actual.


En la enmienda número 18 que presenta Convergència i Unió, respecto a las tasas de tráfico, se alega el principio de neutralidad de la Directiva comunita­ria 90/484. Hay que decir que si realmente la directiva hubiera querido que el principio de neutralidad hubiera llevado aparejada la exención de estas tasas, lo habría dicho expresamente. Si no se dice expresamente, no parece adecuado pedir que se tenga en cuenta esta directiva con esa finalidad. Volvemos al mismo tema. Realmente las tasas de tráfico que se exigen son consecuencia de la prestación de un servicio que debe ser cubierto, puesto que beneficia especialmente a las personas a cuyo nombre se inscriben los vehículos, por ellos y no con cargo a impuestos.


La enmienda 19 pretende la adición de un artículo decimotercero bis que modifica el artículo 11 de la Ley 14/2000, para abaratar las horas valle, lo que sería un incremento injustificado del déficit y tampoco creemos que resolviera absolutamente nada. Es decir, un incentivo a una hora produciría un incremento del déficit en esa hora, de las tasas en esa hora, un déficit en el servicio, pero que de modo real no arreglaría absolutamente nada. No parece que esté justificado.


La enmienda no se refiere a la tasa por el ejercicio de la potestad jurisdiccional. En el fondo, aceptar esta enmienda supondría una alteración de lo que ha sido el sistema de financiación, cuando ha habido una transferencia en materia de justicia. No parece lo lógico que esta ley pretenda alterar el sistema de financiación pactado en un momento en que se produjeron las transferencias de competencias.


La enmienda 21 hace referencia a las bonificaciones en las tasas de los centros públicos y lo que no puede hacer este proyecto es modificar las regulaciones establecidas por las administraciones autónomas. La educación está transferida y tiene escaso sentido que una ley estatal vaya a conceder una bonificación sobre unas tasas cuya cuantía la fijan las comunidades autónomas. Es decir, no parece lógico que sea precisamente esta ley estatal, sino que sea la legislación propia de las comunidades autónomas la que en cada parlamento podrán discutir una enmienda similar a esta y determinar si se conceden o no las bonificaciones en ese caso. Como digo, se trata de una competencia transferida y tiene escaso sentido que sea una ley estatal la que fije unas bonificaciones, cuando deben ser los parlamentos de las comunidades autónomas.


La enmienda 22 ha sido transaccionada. Estamos todos los grupos de acuerdo en que el 31 de diciembre de este año está muy encima, es el final de este mes, y que los problemas que hay planteados no se van a poder resolver en ese tiempo. Por ello parece mucho más oportuno ampliar un año el plazo para que pueda darse una solución más correcta.


El tema tratado en la enmienda 23, de Convergencia i Unió, no es propio de este proyecto de ley. El hecho de que unas comunidades autónomas decidan rebajar, cuando lo tienen transferido, un tipo de gravamen no debe implicar que la Administración del Estado tenga que hacer algo similar.
No parece que, desde luego, sea muy lógico.


Respecto a la enmienda 24, habría que ver cuál es la finalidad de la publicación anual del balance fiscal de cada aeropuerto. Porque, en el fondo, esto es lo que se está proponiendo. Lo que propone la enmienda de Convergència i Unió es establecer anualmente un balance fiscal por aeropuertos, y yo creo que tiene escaso sentido porque en el trasfondo está muy claro qué es lo que se pretende. Lo que se pretende con ese ajuste es mirar qué aeropuertos tienen un exceso de cobertura y cuáles son los que tienen un defecto de cobertura. Hay que señalar un tema que es fundamental y que afecta sobre todo a los vuelos nacionales. Puede ser que un aeropuerto tenga un exceso de cobertura, por ejemplo una tasa respecto al coste del servicio de ese aeropuerto. Pero lo que no es menos cierto es que, si no hubiera aeropuertos deficitarios que tuvieran que cubrirse en su conjunto, lo que disminuiría sensiblemente es el número de vuelos nacionales. Tendríamos que cerrar prácticamente todos los aeropuertos, menos tres o cuatro, de nivel nacional, con lo cual los vuelos nacionales no se producirían. Como precisamente la finalidad de esta enmienda es servir de base a una reivindicación, que nos parece absurda, y que de aplicarse llevaría al cierre generalizado de los aeropuertos nacionales, y en definitiva a una disminución de lo que es el tráfico aéreo nacional, lógicamente la vamos a rechazar.


En enmienda 31, del Grupo Popular, se vuelve a hacer hincapié, en las tasas de catastro, que se dice que solamente han aumentado un 5 por ciento de 1997 al 2004, cosa que es cierta. Pero no es menos cierto que, aunque ahora se proponga un incremento notable, se suprime también la tasa de inscripción catastral. El resultado final es que la subida general es un 7 por ciento. Si tenemos en cuenta el otro 5 por ciento que ha subido, lógicamente la subida acumulada en el periodo 1997 a 2005 sería un 12 por ciento, que es sensiblemente menor al incremento que han tenido los costes de personal en ese tiempo y que son clave para la determinación de cuál debe ser la tasa del catastro. Consecuentemente, también mi grupo va a votar en contra de esta enmienda.


La enmienda 32 habla de la tasa de seguridad radioeléctrica. La memoria económica justifica cuáles son las cuantías que se proponen y, vuelvo a insistir, tiene

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que cubrir el coste del servicio. En lo relativo a las tasas aeroportuarias, ya me he referido con anterioridad.


En lo que se refiere a la tasa de medicamentos, hemos llegado a una transacción con Coalición Canaria, y nos gustaría que el Grupo Popular se adhiriera también a ella. Yo creo que no es cierto que se esté perjudicando a la industria farmacéutica. De lo que estamos hablando es de una tasa como consecuencia de las actividades del registro en la Agencia Española del Medicamento. Sin dejar de reconocer todo el esfuerzo que pueda estar desarrollando la industria farmacéutica en materia de I+D, cosa que por supuesto no negamos, no parece que esa sea una razón por la cual el registro deba actuar con déficit. No hay razón para decir que no se deba cubrir el coste del servicio. Sí ha habido sensibilidad, como ya he dicho antes, sobre el tema de la industria veterinaria. Por eso yo invitaría al Grupo Popular a que se adhiera a la transaccional que ha habido entre el Partido Socialista y Coalición Canaria.


La enmienda número 37, del Grupo Popular, habla de las tasas de sanidad vegetal y se pretende introducir el término de hectárea o fracción. El tema evidentemente podía dar origen a confusiones. Hay que señalar que en la legislación actualmente vigente, que por cierto es de la época en que gobernaba el Partido Popular, se habla también de hectárea, pero no se mencionaba en ningún caso hectárea o fracción. Si en aquel momento lo acertado era decir hectárea, hoy, porque haya cambiado el Gobierno, sigue siendo acertado decir hectárea, y no hectárea o fracción.


La enmienda número 38 es también del Grupo Popular. Creo que es indiferente decir siguientes tasas, o decir las tasas que se citan a continuación. Es un problema de pura semántica y que no parece que aclare la redacción. Lo que no resulta lógico, como pretende la enmienda del Grupo Popular, es que se elimine la referencia a la Directiva 2002/89 CEE., puesto que esta directiva es la causa de las tasas que se imponen en la nueva redacción de la letra d). Entendemos que no aporta nada el cambio semántico y la supresión de la referencia a la directiva yo creo que aporta cierta oscuridad, y es mejor dejarla como figura.


Paso a la enmienda 39. El decir que hay incertidumbre por el hecho de dejar que un parámetro se determine en la Ley de Presupuestos Generales del Estado para un año, eso es una afirmación absolutamente dogmática y sin ningún fundamento. Es decir, tan bueno será que el parámetro, siempre que esté habilitada, la ley de presupuestos para decirlo, se haga en la ley de presupuestos como que se haga en cualquier otra ley. No parece que sea un razonamiento correcto decir que si se hace en la ley de presupuestos esto es malo, y si se hace en otra ley esto es bueno. Yo creo que esta enmienda tiene escaso fundamento, y lógicamente no la vamos a apoyar.


La enmienda 40 pretende suprimir el artículo del proyecto de ley en el cual se prevé que en lo sucesivo la cuantía de las tasas se pueda modificar en la ley de presupuestos. Como ya señalamos en el debate de totalidad, solamente se prevé que la ley de presupuestos pueda modificar la cuantía de las tasas, y no los elementos definitorios de las cuantías.
No hay ninguna posibilidad de que la ley de presupuestos se exceda más allá de lo que permita esta ley. Lo que sí que sorprende es que se diga que esto infringe la Constitución, porque el artículo 134.7 exige, para que las leyes de presupuestos puedan tener modificaciones tributarias, que estén amparadas por una ley sustantiva. ¿Y qué es esto sino una ley sustantiva?. Por supuesto que hace falta una ley sustantiva, que es la que se deriva de este proyecto. Luego quiere decirse que lo que estamos, precisamente, es respetando escrupulosamente lo establecido en el artículo 134.7 de la Constitución.


En cuanto a la enmienda número 43, referente al V Centenario de Cristóbal Colón, y sin que esto desde luego prejuzgue nada de futuro, lo que sí es evidente es que la enmienda ha sido poco pensada, hasta el punto de que incluso se ha deslizado, como ya ha puesto de manifiesto antes el representante del Grupo Popular, un error porque en la rotulación en vez de decir V Centenario de Cristóbal Colón, dice Galicia 2005 Vuelta al mundo en vela. Hay que señalar que en el real decreto 1494/2003, se creó una comisión nacional para celebrar precisamente el acontecimiento del V centenario del fallecimiento de Cristóbal Colón. Nos parece que sería bastante más lógico que esta Comisión, que ya está funcionando desde el año pasado, hubiera heho esta propuesta para el año 2004. Si es que hay una reticencia de que se pudo hacer en el tiempo en el que aun gobernó el Partido Popular, podía perfectamente haber propuesto la aplicación de estos de beneficios fiscales y no lo ha hecho.


No parece que en este momento sea una iniciativa parlamentaria, que no sabemos si va a tener mucho éxito, que incluso nos exponemos a que no tenga ningún éxito conceder estos beneficios fiscales, y que se podría volver en contra de establecer un beneficio fiscal en este momento. Este es un tema que habría que examinarlo, pero sin que esto signifique de cara al futuro que se pueda reconsiderar por el Gobierno en un momento determinado en cualquier ley esta condición.


Tengo que señalar algo más. El día 10 de julio del año 2004 el presidente de la Junta de Castilla y León, señor Herrera, y el presidente de la Comunidad Valenciana, señor Camps, incluyen este tema en un paquete mucho más amplio. Es decir, firman un protocolo en el cual va la ruta del Cid, va el V centenario del fallecimiento de Cristóbal Colón y va también el tema de Atapuerca. Cuando estas comunidades interesadas no han sido capaces de diferenciar, firmando algo especifico, o pretendiendo separar de una manera especifica el V centenario de Cristóbal Colón, es que en ese momento, no tenían mucho interés en solicitar estos beneficios fiscales. Eso no empece para que en el futuro se trate este tema, si esa comisión nacional hiciera la propuesta.


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No parece que sea muy lógico lo que se pretende en la enmienda 44, que es reducir al 30 por ciento la cantidad que como mínimo debe ingresarse.
¿Porqué no se puede superar el 30 por ciento la cantidad a ingresar en el Tesoro por la tasa de seguridad? Conviene decir cuál es la situación actual, porque si no alguien puede pensar que el proyecto, cuando habla de ingresar en el Tesoro el 50 por ciento del porcentaje que se fije en la ley de presupuestos, está modificando a peor la legislación actual. La legislación fija que en el momento de actual el cien por cien de la tasa de seguridad se ingrese en el Tesoro. El proyecto de ley del Gobierno marca como un índice a tener en cuenta el 50 por ciento, o el porcentaje que se fije en el área de presupuestos. Por eso es difícil e indefendible la postura del Grupo Popular.


Por ultimo, la enmienda 45 entendemos que tiene escaso sentido en esta ley. Estamos hablando de la validez de las tarjetas de control de los tacógrafos. Esto lo deben determinar, mediante sus leyes, bien las comunidades autónomas, o bien la Administración General del Estado, pero no tiene mucho sentido que en la ley de tasas se diga cuál es el plazo mínimo de validez de las tarjetas de control de los tacógrafos. Es verdad que eso lleva aparejado el devengo de una tasa, pero no parece lógico que el plazo de validez de esas tarjetas se marque en esta ley de contenido eminentemente fiscal.


Deliberadamente había saltado una enmienda de Convergencia i Unió, la número 15. Proponemos una transaccional. No está el portavoz de Convergencia. Lo que se pretende es que los aeropuertos que hayan incrementado su categoría en el año 2004 mantendrán durante el ejercicio 2005 las tasas aplicadas en el año 2004.


Lo que se presenta es una transaccional para que las tasas aplicables durante el ejercicio, en el que los aeropuertos hayan aumentado de categoría tendrán, durante ese exclusivo ejercicio, un incremento del 50 por ciento del que les correspondería por ese incremento de categoría.
Eso parece que está mucho mejor en la línea de lo que era la enmienda. La enmienda lo que pretendía era una adecuación a los costes. Lógicamente la adecuación a los costes es que solamente soporten ese 50 por ciento de incremento en vez del incremento al cien por cien.


El señor PRESIDENTE: Para la correspondiente fijación de posiciones tiene la palabra, en primer lugar, el señor Azpiazu.


El señor AZPIAZU URIARTE: Si me permiten, voy a tratar de fijar la posición de nuestro grupo en relación al proyecto en general. Quisiera agradecer al portavoz socialista la argumentación que ha hecho en relación a alguna de las enmiendas, diciendo que hay que respetar las competencias de las comunidades autónomas. Eso es algo obvio, pero la verdad es que no se suele hacer habitualmente desde las filas socialistas, y esto es realmente de agradecer. Me gustaría que se hiciera, no solo en este caso, sino en estas materias y en otras en las que la competencia es de las comunidades autónomas.


Dicho esto, y entrando en el objeto del proyecto de ley, diré que nuestro grupo nada tiene que oponer a la regulación de las tasas como medio para sufragar el coste de los servicios que la Administración presta a los ciudadanos. Lo que cabe objetar es que se produzcan incrementos desorbitados en los importes que los ciudadanos van a abonar por esta prestación. El Gobierno no debe olvidar que también a través de las tasas se incrementa la presión fiscal y que los incrementos deben limitarse al crecimiento esperado de la inflación, que es, según los cálculos del Gobierno, del 2 por ciento.


En relación al título II de este proyecto de ley de beneficios fiscales aplicables a determinados acontecimientos de excepcional interés público, cabría señalar por parte de nuestro grupo que la Ley 49/2002, de 23 de diciembre, de régimen fiscal de las entidades sin fines lucrativos y de los incentivos fiscales al mecenazgo, regula, en su artículo 27, los programas de apoyo a acontecimientos de excepcional interés público, y en particular el conjunto de incentivos específicos aplicables a las actuaciones que se realicen para asegurar el adecuado desarrollo de tales acontecimientos. Asimismo, en el citado artículo se establece que dichos acontecimientos han de determinarse por ley y que ésta deberá regular al menos la duración del programa de apoyo, la creación de un consorcio, o la designación de un órgano administrativo que se encargue de la ejecución del programa y de las certificaciones de gastos e inversiones, y las líneas básicas de actuación que se organizan en apoyo del acontecimiento y los beneficios fiscales aplicables a dichas actuaciones.


Los últimos acontecimientos han sido regulados en disposiciones adicionales de las leyes de medidas fiscales, administrativas y de orden social, la llamada ley de acompañamiento, que se aprobaba cada año. Así se hizo el Foro Universal de las Culturas de Barcelona 2004, el Año Jacobeo 2004, Caravaca Jubilar 2003, XV Juegos del Mediterráneo Almería 2005, IV Centenario del Quijote, Copa de América 2007, etcétera. Como puede observarse, la ley utilizada para estos ha sido la ley de acompañamiento anual que muchas veces tanto se ha criticado. Ahora, al desaparecer esta ley, se ha utilizado el primer proyecto que pasaba por ahí para introducir nuevos acontecimientos, dando como resultado la unión de dos materias que tienen poco en común: tasas y acontecimientos de excepcional interés público. En este proyecto de ley se modifican acontecimientos anteriores y se incorporan nuevos que, sumados a los previstos en las enmiendas presentadas por los grupos parlamentarios, van a conseguir una proliferación insólita de acontecimientos de excepcional interés público, lo cual no es intrínsicamente malo, dado que se promoverán esos acontecimientos, pero sí quizá provoquen un cierto agotamiento de la medida.


Para acabar, el proyecto modifica la Ley de Mecenazgo para establecer que podrá ser ley de presupuestos,

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sustituyendo a la clásica ley de acompañamiento, la que pueda definir estos acontecimientos. Por lo tanto, el Gobierno decide abandonar la práctica abusiva de los últimos años de estas leyes de acompañamiento y, a renglón seguido, va colando su contenido en las leyes de presupuestos.
Hay que estar a las duras y a las maduras y si hay que tramitar un proyecto de ley para aprobar este tipo de acontecimientos, pues se tramita. No debemos caer en la trampa de incorporar a la ley de presupuestos el contenido de las leyes de acompañamiento.


Nuestro grupo, que va a votar favorablemente a la mayoría de las enmiendas planteadas a este proyecto de ley, quiere trasladar una reflexión a la Comisión para que sea consciente esta cuestión. Desde el régimen fiscal del concierto económico, el otorgamiento de beneficios fiscales a empresas que apoyan determinados acontecimientos afectan también a la declaración tributaria en el País Vasco, en función del volumen de negocios de las empresas en cuestión. Esto significa también una menor recaudación para Euskadi y, a pesar de ello, estamos de acuerdo; es decir, que se tenga en cuenta que también nos cuesta a nosotros esta cuestión. Queremos que, de manera recíproca, este Gobierno no ponga tampoco impedimentos cuando medidas similares se puedan llevar a cabo en el País Vasco, e incluso podría también impulsar acontecimientos excepcionales en Euskadi, que nunca lo hace y que tampoco estaría nada mal que lo hiciera.


El señor PRESIDENTE: Señor Puig.


El señor PUIG CORDÓN: Muy brevemente, voy a fijar nuestra posición. En este caso aceptamos las transacciones que se han hecho por parte del Grupo Socialista. Las vamos a votar afirmativamente, concretamente la relativa a la enmienda que había presentado el Grupo de Convergència i Unió al tema del beneficio y de las jubilaciones. Además, estábamos de acuerdo en apoyar la enmienda número 15 del Grupo de Convergencia i Unió, porque entendemos que era justo lo que proponía para aquellos aeropuertos que suban de categoría, y en este caso afecta a dos aeropuertos que han incrementado de forma importante el número de pasajeros. Entendíamos que esto lo podía compensar. Afecta a los aeropuertos de Reus y Girona. La transacción que presenta el Grupo Socialista entiendo que, al generalizar el hecho de dar un periodo transitorio a los aeropuertos que suban de categoría, mejora la propuesta inicial de Convergència i Unió. Entiendo que la ha aceptado y por lo tanto vamos a votar esta transacción.


El señor PRESIDENTE: Terminado el orden del día, votamos, en primer lugar, la enmienda número 1, presentada por el señor Labordeta, en nombre del Grupo Mixto.


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos en contra, 21; abstenciones, 16.


El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.


Pasamos a votar las enmiendas presentadas por el Grupo Parlamentario de Coalición Canaria. Votamos las enmiendas 2 y 3.


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, uno; en contra, 20; abstenciones, 16.


El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.


Votamos ahora la transaccional admitida del Grupo Parlamentario Socialista, a la enmienda número 4, de Coalición Canaria.


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 21; abstenciones, 15.


El señor PRESIDENTE: Queda aprobada.


Pasamos a votar las enmiendas presentadas por el Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió). En primer lugar, votamaos le enmienda número 21.


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 16; en contra, 20; abstenciones, una.


El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.


Pasamos a votar la transaccional a la número 15, de Convergència i Unió.


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 22; abstenciones, 15.


El señor PRESIDENTE: Queda aprobada.


Votamos transaccional del Grupo Socialista, a la número 22, de Convergéncia i Unió.


Efectuada la votación, dijo:

El señor PRESIDENTE: Queda aprobada por unanimidad.


Pasamos a votar el resto de las enmiendas de Convergència i Unió.


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, uno; en contra, 35; abstenciones, una.


El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.


Pasamos a votar las enmiendas del Grupo Parlamentario Popular. Votaremos todas las enmiendas en bloque.


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Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 15; en contra, 20; abstenciones, dos.


El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.


Pasamos, finalmente, a la votación del informe de la ponencia.


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 21; en contra, 15; abstenciones, una.


El señor PRESIDENTE: Queda aprobado.


Queda aprobado el proyecto de ley de modificación de tasas y de beneficios fiscales de acontecimientos de excepcional interés publico con competencia legislativa plena de esta Comisión.


Se levanta la sesión.


Era la una y cincuenta minutos de la mañana.

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