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DS. Congreso de los Diputados, Comisiones, núm. 672, de 19/10/2006
 


CORTES GENERALES
DIARIO DE SESIONES DEL CONGRESO DE LOS DIPUTADOS
COMISIONES

Año 2006 VIII Legislatura Núm. 672
CONSTITUCIONAL
PRESIDENCIA DEL EXCMO. SR. D. ALFONSO GUERRA GONZÁLEZ
Sesión núm. 24
celebrada el jueves, 19 de octubre de 2006


ORDEN DEL DÍA:

Propuesta de reforma del Estatuto de Autonomía de Andalucía.


-Emitir dictamen por parte de la Comisión Constitucional y de la Delegación del Parlamento de Andalucía, a la vista del informe elaborado por la ponencia conjunta. (Número de expediente 127/000004.) ...
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Se abre la sesión a las diez y cinco minutos de la mañana.


El señor PRESIDENTE: Señoras y señores diputados, señoras y señores delegados, vamos a empezar la sesión con un orden del día que hace referencia al dictamen que debe emitir esta Comisión Constitucional y la Delegación del Parlamento de Andalucía, a la vista del informe elaborado por la ponencia conjunta. Se trata de la ponencia que ha elaborado un dictamen de la proposición de ley de reforma del Estatuto de Autonomía de Andalucía. Para ello, como saben los señoras y señores diputados, contamos con el concurso y la asistencia de una Delegación del Parlamento de Andalucía, a la que de nuevo doy la bienvenida a la Comisión y a la Cámara. Tenemos ya el informe de la ponencia, que ha debatido la propuesta del Parlamento de Andalucía desde el 20 de septiembre hasta el 10 de octubre. Quiero agradecer la colaboración que han prestado todos los miembros de esa ponencia mixta, de la Comisión Constitucional y de la Delegación del Parlamento andaluz, porque en los debates hemos asistido a un estudio riguroso, a un trabajo serio en el que se han respetado todas las posiciones; a veces se han defendido con ardor, pero no se ha descalificado la de nadie. Me gustaría que en esta Comisión siguiéramos el mismo nivel de argumentación. Agradezco también a los señores letrados y a los servicios de la Cámarala colaboración que han tenido para emitir este informe de la ponencia de la Comisión Constitucional.


Como recordarán SS.SS., teníamos que estudiar las enmiendas presentadas a esta proposición de ley. Quiero informarles de que de las enmiendas presentadas se han admitido totalmente 3 que afectan a 67 apartados del articulado, pero se han aprobado también 34 enmiendas transaccionales con diferentes enmiendas presentadas que afectan a 105 apartados del articulado de la proposición de ley. De esas enmiendas transaccionales, han sido aceptadas 50 modificaciones que preveía el Grupo Socialista en sus enmiendas; del Grupo Popular, 47; del Grupo Vasco (EAJ-PNV), 4; y del Grupo de Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya Verds, 4. En total, se han hecho 172 modificaciones al articulado. Significa que han sido modificados 117 artículos de la proposición de ley de reforma del Estatuto de Autonomía. Se han modificado tres disposiciones adicionales, dos disposiciones finales y el preámbulo. En total, se han modificado 124 artículos y disposiciones. Un dato relevante a tener en cuenta en la Comisión es que no se han producido motivos de desacuerdo; es decir, ha habido un acuerdo general, una coincidencia entre lo que han aprobado la Comisión Constitucional y la Delegación del Parlamento de Andalucía en la ponencia. Por tanto, no queda ningún motivo de desacuerdo que resolver en la Comisión Constitucional. Una vez terminado el debate, se ha dado la oportunidad a los grupos parlamentarios de mantener o no sus enmiendas.
Se han mantenido 221 de las presentadas inicialmente. Se ha dado oportunidad a los grupos parlamentarios y a los delegados del Parlamento de Andalucía de presentar votos particulares en defensa del texto inicial, que ha sido modificado por las enmiendas en la ponencia, y se han presentado 18 votos particulares.


Para su gobierno en estos días, vamos a debatir esta proposición de ley de reforma del Estatuto de Andalucía por títulos. Iremos viendo cada uno de los títulos, sabiendo que el preámbulo, dado que puede ser modificado por lo que se vaya aprobando en los títulos, se verá al final. En la Ponencia también fue solicitado por los grupos parlamentarios que el preámbulo, como queda al final, pudiera ser debatido con el artículo 1 del título preliminar. Cuando termine preguntaré si algún grupo mantiene la citada petición y, si es así, se acordará. El debate estará tasado en cuento a tiempo. Procuraré que se ciñan al mismo, las intervenciones serán de diez minutos, aunque debo advertir de que en el título preliminar seré algo más flexible dado que probablemente al defender las enmiendas o las posiciones querrán hacer una intervención de tipo general. Dado que muchas fuerzas políticas tienen una doble representación en la Comisión Constitucional y en la Delegación del Parlamento, rogaría que se ahorrasen repeticiones de argumento, una vez establecido por una fuerza política en una de las dos partes, que no se reiterase y así ahorraríamos tiempo. Votaremos al final de la sesión, no antes de las 13:30, el o los títulos que hayamos terminado. Lo digo al objeto de la flexibilidad en los tiempos.


Vamos a comenzar por el título preliminar. El orden de las intervenciones será el siguiente: si en algún título hay enmiendas transaccionales presentadas, se verá primero la enmienda transaccional para que los diferentes grupos y delegados puedan conocer y posicionarse sobre ella.
Si no es así, comenzaremos por la intervención de los grupos que tengan enmiendas vivas, mantenidas, de menor a mayor. Por tanto, comenzaremos por intervenciones de la Comisión Constitucional. Inmediatamente que se termine la intervención de los que hayan mantenido enmiendas, si lo estiman pertinente, pasaremos a que manifiesten su posición los señores y señoras delegados del Parlamento de Andalucía, del grupo con menor número de representación al de mayor, y volveremos a la Comisión Constitucional para que se pronuncien los que no han tenido enmiendas en ese título.
Queda claro.


Como queda acordado que el preámbulo se verá al final, ¿algún Grupo Parlamentario solicita que el artículo 1, como en la ponencia, también vaya con el preámbulo? (El señor Jáuregui Atondo pide la palabra.)

Señor Jáuregui.


El señor JÁUREGUI ATONDO: Señor presidente, siguiendo su sugerencia, nuestro grupo solicita que al tramitar el título preliminar, excepcionemos el artículo 1 para que lo podamos estudiar junto al preámbulo al final de la sesión de la Comisión.


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El señor PRESIDENTE: Muy bien, señor Jáuregui. Así se hará tal como que lo hicimos en la ponencia mixta Comisión-Delegación.


Entramos en el debate del título preliminar. Como ustedes saben a este título se han mantenido seis enmiendas del grupo de Izquierda Unida, una de ellas al artículo 1, por tanto, esa no se defenderá en este acto procesal; cinco del Grupo Parlamentario Vasco (PNV); catorce del Grupo Popular y un voto particular de Izquierda Unida. Vamos a dar la palabra al representante de Izquierda Unida que defenderá sus cinco enmiendas, -porque la primera es para el final cuando veamos el artículo 1,- después al portavoz del Grupo Vasco (PNV), al del Grupo Popular y luego a la Delegación del Parlamento de Andalucía para volver a los grupos que no han presentado enmiendas en este título de la Comisión Constitucional que quieran manifestar alguna posición. No es obligatorio, es voluntario.


Doy la palabra al representante de Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya Verds, señor Llamazares, para que defienda sus enmiendas al título preliminar.


El señor LLAMAZARES TRIGO: Quiero saludar a la Delegación del Parlamento de Andalucía en la expectativa de mi grupo parlamentario de que lograremos, al final del trabajo de la Comisión Constitucional, como así se ha hecho en la ponencia, un alto nivel de acuerdo en el al nuevo Estatuto de Andalucía y, además, un Estatuto de máximos. Esa es la posición de mi grupo parlamentario tanto en el Parlamento andaluz como en el Parlamento español.


Quiero hacer una referencia a la situación política en que se inscribe esta nueva fase del Estatuto de Andalucía y, podríamos decir también, una nueva fase del desarrollo estatutario del Estado. En la intervención que tuve con motivo de la constitución de la ponencia me referí a la dificultad de hacer compatible, por una parte, el rechazo a la reforma del Estatuto de Cataluña y el rechazo a la toma en consideración del Estatuto andaluz con la puesta en marcha de iniciativas estatutarias por parte de comunidades autónomas con Gobierno del Partido Popular. Hoy tengo que decir, después del trabajo de la ponencia, que las cosas que entonces eran confusas y en las que la mano derecha no quería saber lo que hacía la mano izquierda, están, por suerte, mucho más claras. Nos encontramos ante lo que podríamos denominar la normalización del desarrollo autonómico, la normalización del desarrollo federal del Estado, que es la posición de mi grupo parlamentario. En la ponencia, -mi grupo parlamentario espera que suceda tambien en la Comisión Constitucional-, hemos asistido a la integración, a la incorporación del Partido Popular a la reforma del Estatuto de Andalucía y, con ella, al desarrollo estatutario de la Constitución española, cuestión que saludamos porque consideramos que hasta ahora esa incorporación del Partido Popular es compatible con la ambición de un Estatuto andaluz de máximos y también con la ambición legítima de un desarrollo federalista del Estado de las autonomías o un desarrollo autonomista del Estado autonómico. Este es el sentido de nuestra primera reflexión.


Si en su momento Andalucía fue un punto de referencia para la incorporación de la voluntad popular y política al desarrollo de los estatutos de autonomía, es decir, hizo compatible la concepción descentralizadora del modelo alemán de la nacionalidad como hecho subjetivo con la voluntad política, con la tradición francesa en la constitución de las comunidades autónomas, hoy podemos decir que el Estatuto andaluz no solo hace una aportación al autogobierno de Andalucía sino que la aportación es significativa al desarrollo estatutario a nivel del Estado. Hoy el Estatuto andaluz incorpora la primacía de la política cuando, hasta ahora, nos encontrábamos ante la primacía de la confrontación y de la interpretación constitucional por parte de los políticos; interpretación constitucional que no nos corresponde, a nosotros sino al Tribunal Constitucional. A nosotros nos corresponde la política y, por suerte, la política consciente de los límites constitucionales ha vuelto al desarrollo autonómico en el Estatuto de Autonomía de Andalucía. Nosotros tenemos la voluntad de que en la ponencia, y ahora en la Comisión Constitucional se mantengan y amplíen las ambiciones del Estatuto que nos proponía el Parlamento andaluz.
Estamos convencidos de que, a resultas del trabajo de la ponencia, estas ambiciones, si acaso con algunas dudas, se mantienen. Estamos relativamente satisfechos por el trabajo hecho hasta ahora. Apostamos para que ahora en el trabajo de la Comisión Constitucional logremos despejar las dudas y ampliar los horizontes del Estatuto de Andalucía, que es nuestra voluntad. La voluntad de mi grupo parlamentario es un Estatuto ambicioso con el máximo nivel de apoyo porque será un indicador también de un desarrollo autonómico ambicioso, con el máximo nivel de apoyo a nivel del Estado. Consideramos que se han producido avances en el título I, se han incorporado algunas de nuestras reflexiones, si bien mantenemos nuestras enmiendas porque algunas cuestiones podrían ser abordadas en mejor medida y, por ello, son susceptibles de mejorar.


En primer lugar, mantenemos un voto particular. Queremos que el derecho propio aparezca como aparecía en la propuesta de Estatuto del Parlamento andaluz porque estaba reflejado de manera mucho más feliz que lo está en estos momentos en la propuesta de la ponencia. En segundo lugar, defendemos el mantenimiento de una serie de enmiendas que tienen que ver con nuestra identidad como fuerza política, con Andalucía y con sus retos fundamentales. Por una parte, no se refleja de manera adecuada la importancia de la reforma agraria en Andalucía. Es verdad que ha cambiado de naturaleza desde el primer Estatuto de Autonomía, pero podía haber sido abordada dentro de una reforma agraria integral de una manera más afortunada en la redacción del texto y por eso mantenemos nuestra enmienda en esta importante materia. Por otra parte, la condición de andaluz podría

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ser más amplia en el sentido de incorporar nuevos retos como es el de la inmigración y nuestra propuesta de voto de los inmigrantes en nuestro país, en España y en Andalucía, por lo que mantenemos nuestra enmienda.
En relación con los símbolos nacionales y en coherencia con el preámbulo y el artículo 1, proponemos que se modifiquen algunos aspectos que tienen en nuestra opinión un reflejo parcial en este título preliminar.Como SS.SS. son ven enmiendas que tienen que ver con nuestra identidad como organización política, así como con mejoras que podrían introducirse en el título preliminar del Estatuto de Andalucía. En definitiva, se mantiene lo que hemos propugnado desde el principio, un estatuto ambicioso. Parece que vamos a lograr un mayor acuerdo en esta Comisión, con lo cual no será necesario que todo se relegue al dictamen del Tribunal Constitucional y podremos ponernos de acuerdo en la política. Es verdad que en algunos casos con un cierto exceso de salmodia constitucionalista. Si esa salmodia constitucionalista sirve para que todos nos sintamos mejor representados, estamos convencidos de que por encima de la salmodia constitucionalista está la jurisprudencia del Tribunal Constitucional de la cual no tenemos demasiadas dudas al menos en relación con este título preliminar.


El señor PRESIDENTE: Efectivamente, señoría, estamos en el título preliminar como acaba de decir. Para que no quede confusión en el "Diario de Sesiones" porque en dos ocasiones ha hablado SS. del título I, quiero dejar constancia dé que estamos en el título preliminar.


Para la defensa de sus enmiendas tiene la palabra el señor Esteban.


El señor ESTEBAN BRAVO: Quiero mencionar el contenido de las cuatro enmiendas, excepcionado el artículo 1, que mantenemos a este título preliminar y que hacen referencia a los símbolos de Andalucía. Proponemos que la fiesta sea trasladada al 4 de diciembre, fecha del levantamiento del 68. Hay otra enmienda que pretende reconocer las señas de identidad andaluzas y defender el habla andaluza. La enmienda número 49 se refiere a la posibilidad de organización por comarcas y, por último, se señala la aspiración al autogobierno pleno de la comunidad. Como el contenido es muy concreto y fue debatido en ponencia, para facilitar la agilidad de este trámite las doy por defendidas.


El señor PRESIDENTE: Señor Esteban, luego cuando acabe, porque no es de la Comisión, me interesará que me aclare la fecha que ha utilizado.


Tiene la palabra para la defensa de sus enmiendas por el Grupo Parlamentario Popular don Javier Arenas.


El señor REPRESENTANTE DEL PARLAMENTO DE ANDALUCÍA (Arenas Bocanegra): Nos interesa la segura y certera aclaración que le va a formular el señor diputado, así que le agradecería que lo hiciera también en nombre de este grupo parlamentario.


Señorías, es la primera sesión de la Comisión Constitucional desde que el otro día se constituyó formalmente la ponencia en esta Cámara para estudiar la reforma del Estatuto de Autonomía de Andalucía. Como es la primera sesión después de aquella constitución, me parece obligado que en el día de hoy felicitemos, en primer lugar al presidente de la Comisión; como ha dicho el señor presidente, a los letrados, así como a todos los miembros de la ponencia, a los parlamentarios nacionales del Congreso de los Diputados y a los miembros del Parlamento de Andalucía que nos acompañan. Tenemos que felicitarles porque han hecho un trabajo muy intenso y acertado que pone de manifiesto algo que es esencial y es la utilidad del Parlamento. Todos los días se discute en la calle, las discusiones son libres, si en el Parlamento hablamos de las preocupaciones reales de la gente y en ocasiones también se discute sobre la utilidad o no utilidad del Parlamento en términos de respuesta a los problemas políticos y sociales. En mi opinión, como he dicho en varias ocasiones, no estamos aquí discutiendo un problema social de la sociedad andaluza, pero teníamos que afrontar la respuesta a un problema político que debe terminar bien con el acuerdo y el consenso del Parlamento de Andalucía. Pues bien, la ponencia ha cumplido su misión y ha habido un tono constructivo por parte de todos los grupos parlamentarios. Con toda sinceridad sin que nadie se moleste, si se confirman las transaccionales durante el trabajo de esta Comisión, estaremos asitiendo a un nuevo texto de reforma del Estatuto de Autonomía de Andalucía. Alguien nos podrá decir que no, pero será difícil mantener esa negativa si uno ha oído con atención la intervención previa del presidente. Estamos hablando de cerca de 120 artículos,-117, si no me falla la memoria- que han sido modificados en el trabajo de la ponencia, y ello sin perjuicio de las transaccionales que pudieran ponerse sobre la mesa en el trabajo de esta Comisión. Nuestro grupo está satisfecho, en primer lugar, de que hoy empecemos esta Comisión con un escenario nuevo, con un texto nuevo. En segundo lugar, estamos satisfechos por algo esencial -esto tampoco debe molestar a nadie porque responde a la verdad- y es que es público y notorio que nuestro grupo parlamentario en Andalucía, nuestro partido en Andalucía y en España, no ha impulsado esta reforma. No siendo impulsores de esta reforma, sin embargo, nos consideramos en una doble obligación.
La primera obligación es que se consiga un Estatuto de consenso, que la primera norma de Andalucía sea consensuada. Ya expliqué aquí, señorías, que, en mi opinión, los estatutos y las constituciones, salvo que quieran presagiar malos tiempos de futuro, nunca deben responder a proyectos ideológicos, sino que deben ser grandes normas que sirvan para que en la alternancia cada uno desarrolle su proyecto político o ideológico.
Nosotros creemos que hoy se está mucho más cerca del consenso que hace 15 días. Luego el trabajo de la ponencia ha sido positivo. Nuestro grupo está empeñado en que se mantenga la legalidad constitucional, que para

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nosotros es legalidad de transición, de reconciliación, de democracia y de libertad. Hemos dicho siempre que queremos un Estatuto de consenso, un Estatuto plenamente constitucional. En nuestra opinión, con las enmiendas que se han incorporado se han eliminado algunas cuestiones que para algunos podían ser de dudosa constitucionalidad o que para nosotros eran claramente inconstitucionales. Si le preguntamos a un optimista nos dirá que estamos más cerca de un Estatuto de consenso y de un Estatuto plenamente constitucional; si lo hacemos a un pesimista, nos dirá que estamos menos lejos de un Estatuto de consenso.


Nosotros vamos a seguir haciendo todos los esfuerzos porque merece la pena. ¿Cuáles son las cuestiones que nos siguen preocupando de cara al futuro y a los trabajos de esta Comisión? En primer lugar, una definición de Andalucía impecable en términos constitucionales. No abordaremos este asunto en el día de hoy porque hemos quedado que tanto el artículo 1 como el preámbulo se discutirán en la fase final. Pero sigue siendo para el Partido Popular de Andalucía una cuestión clave que tengamos una definición de nuestra comunidad autónoma en la que la inmensa mayoría nos sentimos muy orgullosos de ser andaluces y españoles, que tengamos una definición impecable en términos constitucionales y acorde con el sentir de los andaluces. No nos tenemos que inventar un sentir nuevo de los andaluces, sino plasmarlo en la gran norma de convivencia en Andalucía.
En segundo lugar, la igualdad de los andaluces. Este Estatuto nos ha de permitir afirmar con rotundidad que los andaluces seguimos siendo españoles de primera, condición que nos otorga nuestra Constitución. En tercer lugar, un reparto competencial impecable en términos constitucionales. Es muy bueno profundizar en el autogobierno de Andalucía, pero en el marco constitucional. En cuarto lugar, y aquí nos queda financiación y nos queda deuda histórica, que tengamos una financiación justa y solidaria para Andalucía.


Esas son las cuestiones clave que determinarán la posición final de mi grupo parlamentario. No les oculto que podemos tener diferentes visiones del Estatuto, pero lo importante es que al final haya consenso. Nuestra visión es que el Estatuto de Autonomía de Andalucía tiene que ser una respuesta a los que pretenden roturas constitucionales. El Estatuto de Autonomía de Andalucía tiene que ser una respuesta a los que en este momento están impulsando vientos de desigualdad, vientos de insolidaridad. Esa es nuestra visión y haremos todos los esfuerzos necesarios hasta el último día. He dicho varias veces que dialogaremos hasta la extenuación. Por mi experiencia en alcanzar acuerdos con organizaciones sociales y políticas, el diálogo entre los demócratas siempre es bueno, nunca es estéril, incluso cuando no concluye en acuerdo. Nuestra esperanza es que esta vez terminemos en acuerdo.
Dependerá básicamente de las cuestiones generales que he enumerado.


Respecto al título preliminar, quiero decirle, señor presidente, que mi grupo se va a abstener. Se han producido algunos avances en algunas enmiendas que hemos presentado y otras no han sido aceptadas por quien tiene la condición mayoritaria en esta Comisión, pero tenemos la esperanza de que al final se produzca un voto favorable del Partido Popular, de mi grupo parlamentario, en Andalucía y en estas Cortes Generales.


Lo dicho, señor presidente, enhorabuena y tenemos que hacer muchas cosas todavía.


El señor PRESIDENTE: Le quedo muy agradecido, señor Arenas, por las palabras que dedica al presidente y a los señores letrados, que aquí no tienen voz. Los diputados y delegados tienen voz para expresarse.


Cuando el señor Arenas ha anunciado que se abstendrá, se refiere al dictamen de la ponencia. ¿Quiere decir que las enmiendas se votarán o que se retiran de la votación?

El señor REPRESENTANTE DEL PARLAMENTO DE ANDALUCÍA (Arenas Bocanegra): Vamos a pasar a la Presidencia una nota escrita indicándole cuáles son exactamente las que se mantienen.


El señor PRESIDENTE: Muchísimas gracias, señor Arenas.


Ahora pasamos al pronunciamiento, si lo estiman pertinente, de las señoras y señores delegados del Parlamento de Andalucía. En primer lugar, doña Pilar González.


La señora REPRESENTANTE DEL PARLAMENTO DE ANDALUCÍA (González Modino): Empieza la etapa final del camino que conducirá a un nuevo Estatuto de Autonomía para Andalucía. Como saben SS.SS., las posiciones del Partido Andalucista han sido recogidas en las enmiendas que ha registrado el Partido Nacionalista Vasco durante este proceso y que mantenemos para su debate en Comisión. Refiriéndonos al título preliminar, hay algunas enmiendas que desde nuestra posición política son fundamentales para alcanzar un Estatuto de Andalucía en clave de igualdad con la otra comunidad que accedió a la autonomía por la vía del artículo 151 de la Constitución cuyo Estatuto ya está en vigor. Me refiero a Cataluña.


Mantenemos viva, a través de la enmienda registrada por el Grupo Parlamentario Vasco, una enmienda que pide que los símbolos de Andalucía sean reconocidos como símbolos nacionales, algo que en ningún caso entra en contradicción con la fórmula que aparece en el preámbulo. La protección que merecen los símbolos nacionales de Andalucía es la misma que merece el resto de símbolos del Estado en todo su territorio, no exclusivamente en Andalucía. Esa enmienda es muy importante para mi grupo. Estoy segura de que a nadie se le escapa su significado. Los símbolos de Andalucía tienen una larga historia tras de sí -sé que están muy interesados en la Asamblea de Ronda de 1918, que fue donde se acordaron tanto la bandera como el escudo de Andalucía- y

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merecen una protección en el territorio del Estado, igual que el resto de símbolos del Estado, puesto que Andalucía forma parte del Estado. Nadie en Andalucía cuestiona su pertenencia al Estado español. No entendemos tantas cautelas con Andalucía cuando probablemente es el país más generoso y más leal de este Estado. Señorías, quiero recordar lo obvio.
Andalucía tiene un estatus político reconocido en su Estatuto, en el Estatuto que todavía está en vigor y que ahora estamos reformando; un estatus político de primera en clave de igualdad con las otras nacionalidades históricas de este Estado. Eso es lo que queremos que se mantenga, esa es la clave del discurso que el Partido Andalucista y el Grupo Parlamentario Andalucista viene manteniendo durante todo este proceso.


Es una oportunidad histórica la que tenemos en este momento, la oportunidad de elaborar un nuevo texto que sirva a todos los andaluces y andaluzas sin excepción. Debería ser un texto útil para todos, un texto de todo el arco político de Andalucía. Debo manifestar que a nuestra fuerza política, al Partido Andalucista, se la ha venido despreciando hasta este momento. Modestamente opino que tenemos que aportar cosas interesantes al debate político del Estatuto de Andalucía. Están en clave de levantar el Estatuto de Andalucía, de mantenerlo en el primer escalón de las comunidades de este Estado y no entendemos por qué ese desprecio a las propuestas del Partido Andalucista, que, insisto, señorías, vienen en clave de conseguir la igualdad y una financiación adecuada, así como mantener un estatus político en la misma línea que todavía hoy tiene Andalucía.


Como comentario anecdótico -acabo de hablar con el señor Esteban, del PNV-, quiero decir que ha sido un lapsus la fecha del 4 de diciembre de 1868, cuando en Cádiz Fermín Salvochea levantó la ciudad. Fue también un 4 de diciembre -tiene tradición el 4 de diciembre en Andalucía, aunque, evidentemente, no nos referimos a aquel episodio en este momento, sino al 4 de diciembre de 1977- cuando muchos de ustedes estaban en la calle defendiendo para Andalucía no perder el tren, no perder la oportunidad histórica de estar en el primer puesto de las comunidades del Estado español. No lo pierdan ahora tampoco, esta es también una oportunidad histórica. Evidentemente, todos somos mayores que en 1977, pero es un momento igualmente importante en lo político. Es el tiempo de Andalucía.
Confíen en Andalucía, confíen los partidos de derecha sin ningún miedo: no rompe nada, Andalucía nunca va a romper nada. Y confíen los grupos de izquierda sin ningún prejuicio. Andalucía se ganó la igualdad y muchos de ustedes participaron en aquel momento, en 1977. Mantengan ese espíritu, porque de lo que se trata ahora es de ganar un Estatuto para la próxima generación de andaluces.


En este sentido van nuestras enmiendas que en este título tienen un carácter simbólico, la de los símbolos de Andalucía y la del habla andaluza como fuente de riqueza cultural que es necesario proteger y difundir. En el artículo que habla de los objetivos de la comunidad autónoma, quiero añadir algunos puntos que completan y mejoran el texto que en este momento discutimos: La construcción nacional de Andalucía mediante un autogobierno pleno y de calidad en el seno del Estado español y de la Unión Europea. Más claro no se puede decir que no se cuestiona, que es innecesario y a veces sobreabundante mantener tanta referencia a la unidad del Estado, a la legislación del Estado, como si alguien la pusiera en duda en Andalucía. No ocurre eso, señorías. Y por otra parte, afianzar la conciencia de identidad andaluza promoviendo la defensa de nuestras señas de identidad y fomentando el conocimiento, la difusión y la investigación de la historia, la cultura y el habla de Andalucía. Les aseguro, que ese es un patrimonio que nos enriquece a todos.


El señor PRESIDENTE: En nombre de la Delegación de Izquierda Unida don Antonio Romero tiene la palabra.


El señor REPRESENTANTE DEL PARLAMENTO DE ANDALUCÍA (Romero Ruiz): Señorías, es un honor y un placer para mí intervenir en esta Cámara, donde lo he hecho durante muchos años con días buenos y días malos, como todos. En esta misma sala he podido intervenir en muchas ocasiones como diputado de este Congreso. Ahora, en el seno de la Delegación andaluza, repito que para mí es un honor y un placer intervenir en el trabajo que se está realizando. Aprovecho para felicitar al presidente por la manera de conducir el debate, no por sus opiniones políticas (Risas.), pues tenemos discrepancias,...


El señor PRESIDENTE: Me asustaría si también fuera por eso, señor Romero.


El señor REPRESENTANTE DEL PARLAMENTO DE ANDALUCÍA (Romero Ruiz): Y a mí también.


Respetamos las opiniones de cada uno, agradecemos el trabajo de los letrados y la labor que se ha hecho en la ponencia.


Hemos trabajado durante año y medio en Andalucía aportando ideas, documentos, reflexiones y propuestas. Comparecieron en la Comisión de Desarrollo Estatutario de Andalucía más de 54 colectivos, organizaciones, entidades y personas que han hecho propuestas y han formulado demandas.
Podemos decir que la sociedad andaluza organizada fue escuchada en el Parlamento para elevar el texto que hoy estamos debatiendo y que ya está dictaminado por la ponencia y desde Izquierda Unida Los Verdes-Convocatoria por Andalucía hemos trabajado con rigor, lealtad y voluntad de acuerdo para hacer posible este nuevo Estatuto. En Izquierda Unida venimos defendiendo la necesidad de dotar a Andalucía de un nuevo Estatuto que dé respuesta a las nuevas demandas de la sociedad andaluza del siglo XXI, abriendo camino a su vez a un nuevo modelo de Estado

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y más autonómico, más federal y más solidario. No hay ningún riesgo porque Andalucía tiene un horizonte: más poder andaluz para más derechos sociales y más calidad democrática, pero todo ello en el marco de la Constitución y en el marco de la unidad de España. Nosotros no creemos que el Estado esté anoréxico, como dice la derecha española; no creemos que el Estado sea inviable; no creemos que el Estado sea ineficaz; no creemos en un Estado obeso, que además es malo para la salud. Creemos en un Estado autonómico que camine hacia el federalismo, y en ese terreno defendemos que nuestra comunidad autónoma alcanzó el 28 de febrero y con las movilizaciones del 4 de diciembre la autonomía plena por la vía del artículo 151 de la Constitución. Nuestra autonomía, señorías, no es otorgada ni regalada por el poder central. Fue arrancada, ganada, amasada con sangre -murió el joven García Caparrós, en Málaga, en las manifestaciones del 4 de diciembre-, con unidad y con voto democrático de los andaluces, de acuerdo con la Constitución española, el 28 de febrero de 1980. Andalucía debe jugar -y lo está haciendo- un papel clave en el debate sobre el modelo territorial de España por su peso político, por su peso económico, demográfico, cultural y geográfico. Andalucía tiene que defender, como hizo el 4 de diciembre y el 28 de febrero de 1980 -y lo ganamos-, un Estatuto como el que se debate hoy aquí en pie de igualdad.


Nosotros queremos garantizar la solidaridad en una España plural, sin asimetrías ni privilegios, y dotar a Andalucía de un Estatuto que esté a la altura de la dignidad del pueblo andaluz. Estamos asistiendo en los últimos días a un torrente de comentarios airados y despectivos, algunos de ellos insultantes, que hieren nuestro orgullo sereno de andaluces.
Toda esta ofensiva habla de las señas de identidad de Andalucía, diciendo que estamos ante una majadería; el señor Rajoy suele decir que un disparate, todo lo que no sea fruto de su pensamiento lo considera un disparate, y ya saben ustedes que pensamiento y derechas son términos contradictorios en sí mismos. (Rumores) Es muy importante que no se considere un disparate que en España haya cuatro realidades nacionales: Cataluña, País Vasco y Galicia, por carácter histórico, y Andalucía, porque lo ganó en la calle con votos populares y con movilización democrática el 28 de febrero de 1980. Es necesario que los símbolos de Andalucía se denominen símbolos nacionales: la bandera, el himno y el escudo. Además, nosotros proponemos que el himno tenga nombre. Lo tiene el asturiano, Asturias, Patria querida; lo tiene el catalán, els Segadors; lo tiene la República Francesa, la Marsellesa, y proponemos que el himno de Andalucía tenga el título de ¡Andaluces, levantaos! Que a alguien le suena demasiado revolucionario, pues en els Segadors de Cataluña hay golpes de hoz, aunque no nombran el martillo, es cierto, y hay textos históricos que hay que respetar en su letra y en su música.


Nosotros creemos que Andalucía podía remontarse a anclajes que han forjado su personalidad como pueblo, a través del cruce de civilizaciones y culturas que en el pasado han florecido en nuestra tierra. La Constitución de Antequera de 1883, la Asamblea de Ronda de 1918, la Junta Liberalista, el papel de Blas Infante, el borrador del Estatuto de la II República, que fue ahogado en sangre por el golpe militar franquista que acabó con aquellas expectativas, y la historia más reciente por la autonomía nos avala, para pedir que se tenga una definición de singularidad, la lucha del pueblo andaluz y las conquistas del 28 de febrero. Nosotros proponemos asimismo que la condición de andaluz sea la de aquel ciudadano o ciudadana que tenga vecindad administrativa en Andalucía y que lo recoja una futura ley del Parlamento de Andalucía. Si queremos una sociedad multicultural tenemos que conceder el derecho al voto a los inmigrantes y tenemos que contemplar que no haya una versión restrictiva de la vecindad administrativa ligada a la nacionalidad española. Yo preguntaría al ex presidente del Gobierno de España, señor Aznar, si ocho siglos le parece poco tiempo para arreglar los papeles por arraigo (Rumores); si considera que si alguien llega a la ventanilla de una regularización con ocho siglos de residencia es poco tiempo para el arraigo. De todas maneras es muy importantes plantear que la condición de andaluz tenga una perspectiva de futuro de cara al siglo XXI.


Nosotros planteamos también que el derecho propio andaluz sea preferente.
Ya sabemos que el del Estado es supletorio en todos los campos, pero en aquellas leyes en las que tenga competencia la comunidad autónoma y desarrolle leyes y normas, el derecho en el territorio andaluz debe ser preferente y por eso mantenemos el voto particular al artículo 8. También planteamos que en la reforma agraria que se contempla en el Estatuto de Andalucía, que es el mismo texto que hay en el Estatuto de Carmona -y nos parece un avance muy positivo-, se incorpore la expresión "estructura de la propiedad de la tierra". Y ello porque hoy en Andalucía, señorías, el 3,9 por ciento de los propietarios posee más del 54 por ciento de las tierras, concretamente 3 millones y medio de hectáreas; entre ellos la duquesa de Alba, que tiene 17 cortijos y 30.000 hectáreas, y que cuando le dieron una medalla muy polémica en Andalucía dijo aquello de que siempre había defendido su tierra. Todo el mundo sabe por qué ha defendido su tierra, porque cuando se tienen 17 cortijos y 30.000 hectáreas se están defendiendo sus tierras, no el territorio andaluz como comunidad autónoma. Por eso muy importante que se aborde el tema de la reforma agraria como una asignatura pendiente. No hay ningún lugar en Europa en que el 3 por ciento de los propietarios tenga en sus manos el 54 por ciento de la tierra y permanezcan latifundios y 500.000 jornaleros sin tierra; no hay ningún lugar en Europa ni en la Unión Europea. (El señor Trillo-Figueroa Martínez-Conde: ¡El duque de Westminster en Londres!) Por tanto, es una asignatura pendiente sobre la que deberíamos hablar, porque estos problemas si preocupan a la gente, de esto sí hay demanda, demanda

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de derechos sociales, de justicia económica y de justicia social.


Nosotros creemos que el Estatuto ha salido bien de la ponencia y, señor Arenas, no estamos ante un nuevo Estatuto. Estamos ante 117 enmiendas cuya gran mayoría son coletillas como: de acuerdo con la Constitución, sin perjuicio de las leyes del Estado, como diga la ley del Estado, manteniendo todo lo que ha salido de Andalucía textualmente. Ustedes han hecho -lo dije en la ponencia- la labor de ajustadores, que es una profesión muy digna en el metal (Risas.), pero en la política está clarísimo que son coletillas que mantienen el texto básico de lo aprobado en Andalucía y nos equipara a las nacionalidades históricas. Se aprueba la asignatura del municipalismo, es un texto preñado de derechos sociales, de renta básica, de libros de texto gratuitos, del derecho a una muerte digna, de la segunda opinión médica, etcétera; por tanto, es un gran Estatuto de Autonomía que nos va a servir para avanzar. Nosotros creemos que la intervención del señor Arenas no ha tenido buen comienzo, porque ha aparecido el fantasma de Lauren Postigo con la abstención.
(Risas.) Se va a abstener en el primer título y creo que debe cambiar de opinión, debe pedir la palabra de nuevo.Nosotros vamos a abtenernos en algunos artículos, pero vamos a votar a favor del título global. El señor Arenas puede hacer lo que quiera, pero le hago esta recomendación, ya que el 28 de febrero costó muy cara a la derecha andaluza aquella idea machacona de andaluz abstente, este no es tu referéndum, de la que el primero que se ha arrepentido es el que prestó la voz; me consta que Lauren Postigo está muy arrepentido (Risas.), Y los demás está clarísimo que tienen problemas para explicar la situación de cara al futuro. Por tanto, estamos ante un buen Estatuto de Autonomía para Andalucía con rigor y con encaje jurídico y constitucional, ante un Estatuto de verdad.
Nosotros desde Izquierda Unida pedimos el consenso, pero el consenso no sobre un texto descafeinado, no para rebajar los niveles de autogobierno, de competencias, de financiación solidaria y de derechos del pueblo andaluz; consenso en el marco del proyecto -termino, señor presidente- que ha venido de la Cámara andaluza y que nos coloca en un Estatuto que es una póliza de seguros para la solidaridad, para la España plural, para la España federal, que es la España del futuro y la España del siglo XXI, y para la Andalucía que queremos, con más poder político, con más derechos sociales y con más calidad democrática. Pediremos votación separada de los artículos a los que mantenemos enmiendas y votaremos globalmente a favor del título preliminar del Estatuto de Autonomía de Andalucía.


Muchas gracias, señorias, por la atención prestada.


El señor PRESIDENTE: Señor Romero, gracias por sus amables palabras aunque después haya hecho alguna observación.


Quisiera hacer dos observaciones. La primera es que se ha distribuido a las señoras y señores portavoces de los grupos parlamentarios y de los grupos de la delegación un cuaderno de enmiendas con objeto de facilitar las votaciones con posterioridad. La segunda es que al hilo de las últimas palabras del señor Romero querría aclarar que los títulos no se votan; se vota el articulado de cada título. Es decir que lo que vamos a votar son los artículos, y se puede hacer la votación en conjunto o por separado, si hay alguna petición pero no votamos el título. La única votación global que existe es la votación final de todo el Estatuto.
Repito que lo que votamos son los artículos, y se puede hacer por separado -ya el señor Romero ha explicitado que va a pedir alguna votación separada- o en por conjunto.


En nombre de la Delegación del Grupo Popular tiene la palabra don Antonio Sanz.


El señor REPRESENTANTE DEL PARLAMENTO DE ANDALUCÍA (Sanz Cabello): Señorías, iniciamos el trámite definitivo en el Congreso de los Diputados, la recta final clave de la tramitación de la reforma del Estatuto de Autonomía de Andalucía, Y lo hacemos con la satisfacción inicial de que los buenos deseos expresados en la primera sesión de esta Comisión a favor de un buen trabajo, un buen clima y la búsqueda de consenso hayan tenido efecto y todos los grupos hayamos hecho grandes esfuerzos por aprovechar la oportunidad del trámite en el Congreso, especialmente en el ponencia, para avanzar en los diferentes títulos para el acercamiento de posiciones y la búsqueda del consenso. Sin duda se ha producido un buen paso adelante que demuestra una voluntad constructiva por parte de los grupos. Es evidente que aún es insuficiente porque quedan cuestiones fundamentales que resolver, pero confiemos todos que en los trámites pendientes, especialmente de la Comisión y los posteriores, nos dediquemos a rematar una buena faena en torno al Estatuto. Ha habido un buen clima en esa voluntad constructiva que en ningún momento se ha rebajado. Ha habido una buena dirección en la Comisión, que felicitamos y agradecemos, y ha habido un buen asesoramiento de los servicios de la Cámara,por la que queremos agradecer a los letrados su ayuda y su inestimable colaboración.


En nombre del Grupo Parlamentario Popular quiero mostrar nuestra satisfacción -a pesar de que algunos todavía se empeñan en mantener posiciones que hoy desde la realidad del Estatuto no se podrían mantener- porque hayan desaparecido algunos fantasmas y malos augurios y, como hemos oído hoy aquí en la intervención de algún señor diputado, algunas descalificaciones sobrantes. Debemos mostrar esa satisfacción porque se ha podido demostrar que era perfectamente posible y compatible, a pesar de esos malos augurios esos fantasmas que algunos querían ver, sobre todo a pesar de esas descalificaciones sobrantes de algunos, alcanzar el máximo techo estatutario dentro del pleno respeto a la Constitución. Ese es el camino que hemos iniciado en la transformación que se ha producido en el texto estatutario. Es ervidente que no solo estamos ante un nuevo

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Estatuto; estamos ante un Estatuto distinto, pese a quien pese, y ahí está la transformación que se ha puesto de manifiesto en la intervención previa a la de mi grupo parlamentario. En ese sentido lamentamos -y he de referirme brevemente a ello- que en este buen clima que ha presidido los trabajos de la ponencia alguien hoy venga aquí a querer poner una mancha indecente y de bajeza democrática a ese buen clima. Lamentamos esa actitud, absolutamente impropia del trabajo que ha presidido en la ponencia y que debe seguir presidiendo en esta Cámara. Algunos están todavía en el pensamiento arcaico que les impide ver más allá del pensamiento único, y es lamentable que eso aquí se haya reproducido de nuevo. No solo estamos ante un nuevo Estatuto; estamos ante un Estatuto absolutamente distinto. Por tanto, lamento la mala noticia que para algunos diputados de esta Cámara pueda significar que nos acerquemos a un texto plenamente constitucional. No me sorprende que eso disguste a alguna señoría de esta Cámara porque precisamente esa señoría dijo que el anterior Estatuto era el inicio de la III República. Hoy, visto lo visto y después de lo que dijo dicha señoría, esos malos augurios y esos anuncios de III República evidentemente han sido corregidos, transformados y radicalmente adaptados de manera muy positiva adaptados a la Constitución. Por tanto, lamento la mala noticia que para algún diputado de esta Comisión puede significar que se adapte el texto a la Constitución.


El Grupo Parlamentario Popular ha mantenido una serie de enmiendas, además de las transaccionales que se han ido produciendo en la ponencia, intentando buscar y obtener el máximo consenso posible. Es decir, tener a disposición el mayor número de perchas posibles a favor del consenso y buscar nuevas vías o nuevas transaccionales que nos permitan seguir avanzando a favor del consenso. En ese sentido, desde el Partido Popular consideramos que un objetivo del texto estatutario era buscar en este título preliminar una mejor ordenación y una proyección mucho más ambiciosa para Andalucía de cuáles debían ser las aspiraciones básicas de nuestra comunidad. Veinticinco años después del anterior Estatuto, Andalucía no es la de entonces, es evidente que se ha transformado. Sin embargo, teníamos que trabajar por un Estatuto que mirara mucho más allá y, por tanto, avanzara en la adaptación, la modernización y la transformación de los objetivos de hace 25 años a la realidad de la Andalucía del siglo XXI. Por eso vemos con satisfacción cómo algunas de las enmiendas planteadas por nuestro grupo parlamentario han sido objeto de transacción por el Grupo Socialista e incorporadas a la ponencia, con el fin de concretar en puntos más ambiciosos y fundamentales los principios básicos de actuación de los poderes públicos y los objetivos de nuestra comunidad autónoma. Sin duda alguna, avanzar en el objetivo de la calidad de la educación, en superar las desigualdades y en luchar contra el fracaso escolar han sido objetivos que desde un principio hemos puesto de manifiesto como imprescindibles y se han producido avances sobre ellos. Completar la relación expresada en torno al objetivo de garantizar la conservación, la defensa y la promoción del riquísimo patrimonio histórico de nuestra comunidad autónoma ha sido otro de los logros y avances significativos. El reto de unas mejoras en las infraestructuras de comunicación y principalmente en los medios de transporte a favor de una mayor vertebración territorial, buscando una convergencia real con el conjunto de las comunidades autónomas y corrigiendo esos desequilibrios mediante una vía de comunicación avanzada, muy especialmente en los medios de transporte, nos ha permitido progresar y garantizar en la interconexión del conjunto de las provincias con nuevos sistemas de transporte como la alta velocidad. Avanzar en una modernización de nuestra agricultura y ganadería como un sector productivo tradicional fundamental, asumiendo los nuevos retos planteados en la política comunitaria, era otro de los objetivos que lamentablemente aquí tenemos que considerar insuficiente. La superación de la pobreza y la marginación en nuestra comunidad autónoma era otro de los retos planteados por el Grupo Parlamentario Popular. En los últimos días hemos tenido noticias verdaderamente lamentables y que nos deben preocupar ver cómo más de dos millones de andaluces viven con menos de 6.000 euros al año y, por tanto, por debajo del umbral de la pobreza. Los avances puestos de manifiesto en materia de objetivos básicos son importantes también en esta materia, aunque desde el punto de vista del Partido Popular los consideramos insuficientes. Sin embargo, hemos visto cómo una cuestión para nosotros fundamental, la garantía de la financiación suficiente y de la eficacia y la eficiencia de las actuaciones administrativas y de los poderes públicos a favor del cumplimiento de estos objetivos, ha sido considerada por el Grupo Parlamentario Socialista hasta incorporar una enmienda del Grupo Parlamentario Popular que precisamente buscaba una cláusula de garantía en torno a un mayor compromiso de las administraciones -como ya planteó el Defensor del Pueblo- por hacer mucho más efectivo y asegurar el cumplimiento con más efectividad del conjunto de los objetivos básicos planteados por nuestra comunidad autónoma en el artículo 10 del Estatuto de Autonomía.


Permítanme que también haga referencia a un objetivo desde el punto de vista de la vertebración institucional y territorial de nuestra comunidad autónoma, que es el peso que se le ha querido dar a la descentralización institucional y administrativa en nuestra comunidad autónoma. El Partido Popular ha venido a defender la ubicación de sedes institucionales y de la administración andaluza en diferentes provincias de Andalucía en la búsqueda de esa convergencia y esa mayor vertebración territorial e institucional. En ese sentido, valoramos con satisfacción la incorporación de un apartado en el articulado de este título preliminar a favor de que por ley se pueda abrir la puerta a que instituciones como la Cámara de Cuentas, el Tribunal de Defensa de la Competencia o el Consejo Económico y Social puedan tener sus sedes

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en capitales de provincia que tienen hoy ya una significada capitalidad desde el punto de vista económico, como es el caso de Málaga, o sedes como la del Consejo Consultivo o el Tribunal Superior de Justicia en Granada, donde se reconoce ya la capitalidad desde el punto de vista judicial, en el ámbito de lo que debería ser esa mayor y mejor vertebración institucional y territorial de nuestra comunidad autónoma.


Por consiguiente, creemos que se han producido avances sobre todo en esos retos de lo que debía ser este Estatuto en el marco de los objetivos fundamentales de la Andalucía del siglo XXI, pero es evidente que son insuficientes en el conjunto de las enmiendas planteadas a el Partido Popular. Se han producido avances importantes respecto a otras enmiendas nuestras como las mencionadas de la descentralización institucional y administrativa. Pendientes del artículo 1, como ya se ha puesto de manifiesto en la intervención del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, aun con las insuficiencias manifestadas tenemos que valorar como positivos esos avances desde el punto de vista de los objetivos que el Partido Popular ha venido planteando con sus enmiendas. Repito que, aunque no con la amplitud que nos hubiera gustado, sí tenemos que valorar como positivos los avances producidos.


El señor PRESIDENTE: El señor Gracia tiene la palabra.


El señor REPRESENTANTE DEL PARLAMENTO DE ANDALUCÍA (Gracia Navarro): Señor presidente, señorías, hace varias semanas que se constituyó la ponencia para el estudio de la propuesta de reforma del Estatuto de Autonomía para Andalucía en esta Cámara, y en nombre del Grupo Parlamentario Socialista del Parlamento andaluz me cupo el honor, como me cabe hoy, de intervenir, y lo quiero hacer manifestando desde el principio, como han hecho otros portavoces, el agradecimiento el trabajo que han hecho los servicios de esta Cámara, también los servicios de la Cámara andaluza, que nos han prestado su apoyo durante todas estas semanas con su presencia en esta casa, y desde luego también el trabajo, por lo menos en la parte que no nos toca a los socialistas, que han hecho los restantes miembros de la ponencia tanto de la Delegación andaluza como de esta Comisión Constitucional. Con independencia del resultado final, resulta hoy evidente que hemos hecho un trabajo que nos permite decir que el ambiente, el clima y la temperatura política con que se aborda en esta Cámara esta fase final de estudio, debate y definición sobre la propuesta de reforma de nuestro Estatuto son radicalmente distintos a los del 23 de mayo pasado cuando se sometió al Pleno de la Cámara la toma en consideración de la misma. Me congratulo enormemente de que ese clima y esa temperatura política sean radicalmente distintos porque creo que los ciudadanos y ciudadanas de Andalucía -al menos de una parte de ellos me atrevo a hablar- agradecen siempre que las fuerzas políticas sepan anteponer el interés general a sus legítimos intereses partidarios, sobre todo cuando se están tratando cuestiones de Estado -cuando se habla del conjunto de España- o cuestiones de interés general de la comunidad autónoma, como es nuestro caso. Incluso si este clima y esta temperatura se consolidaran en la votación final de conjunto sobre nuestra propuesta de reforma, me atrevo a decir que todas las fuerzas políticas de Andalucía, cada una con su alícuota parte de responsabilidad, habremos contribuido a serenar un debate territorial que sin duda es fundamental para la tranquilidad, la seguridad y el bienestar de nuestros conciudadanos y conciudadanas de toda España.


Los socialistas en Andalucía planteamos en su momento una reforma que no se hacía contra nadie ni frente a nadie, porque cuando se plantea la necesidad de proceder a la reforma del Estatuto andaluz, hace ya más de cinco años, no se estaba en pleno debate territorial como ahora, ni había fantasmas ni nubarrones ni ninguna otra expresión como las que se han utilizado aquí, sino que sencillamente el presidente de la Junta de Andalucía, Manuel Chaves, de manera positiva planteó la necesidad de proceder a la reforma para que Andalucía pudiera mejorar y modernizar el instrumento de autogobierno que nos ha permitido avanzar y progresar durante los últimos 25 años, nuestro Estatuto. Desde una afirmación en positivo de nuestras propias capacidades como comunidad autónoma, de nuestra capacidad de autogobierno y de mejora de ese instrumento, es como se concibió la reforma, para que fuera útil a las mujeres y a los hombres de Andalucía, en el marco de la Constitución española, desde la lealtad con el conjunto del Estado, con España, y desde el espíritu de la defensa de los principios de igualdad y solidaridad, que junto con el principio de autonomía están consagrados, en el artículo 2 de nuestra Constitución.
Por tanto -repito, señorías-, ni contra nadie ni frente a nadie. Hicimos la propuesta como ahora estamos defendiendo esta en los términos de afirmación de Andalucía, que es tanto como decir de afirmación del Estado de las autonomías, del título VIII de la Constitución, y por tanto de afirmación de la España compuesta, de la España que define nuestra Constitución, en la que nos sentimos absolutamente cómodos e integrados como andaluces.


Dijimos tambien entonces -y quiero reafirmarlo ahora- que nuestra propuesta de reforma tenía una clara voluntad si se abria el debate territorial. No me voy a extender en las consideraciones sobre el 28 de febrero de 1980 porque sobradamente lo han hecho otros intervinientes, y seguramente volveremos sobre ellas a lo largo de estos días de trabajo en la Comisión y además son conocidas por sus señorias. El 28 de febrero Andalucía alcanzó democráticamente, con una legitimidad que no es histórica, entre comillas, otorgada, sino que no es una legitimidad plenamente constitucional, porque fue el ejercicio de un derecho y de una vía reconocida y concebida por los constituyentes para que aquellas comunidades que no hubieran

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tenido Estatuto sancionado por las Cortes con anterioridad a la entrada en vigor de nuestra Constitución de 1978 tuvieran una posibilidad de acceso a la autonomía plena y el mismo grado de autonomía política que se reconocía a esas comunidades denominadas históricas.


Pues bien, esa legitimidad conseguida en las urnas democráticamente el 28 de febrero de 1980 otorga una posición a la Comunidad Autónoma de Andalucía que me atrevo a calificar -lo digo con respeto a los demás pero también con legítimo orgullo- de posición única, señorías. No hay otra comunidad autónoma española que haya conseguido su derecho al autogobierno en el marco de la Constitución española con una legitimidad democrática comparable con la de Andalucía; no la hay porque unas comunidades fueron por vía distinta a la del artículo 151 y a otras lo que sencillamente se les hizo en la Constitución fue sancionar un estatus político alcanzado con anterioridad, en tiempos de la II República. Por tanto, ninguna de ellas había pasado un procedimiento de aceptación en referéndum de la iniciativa autonómica similar y comparable al que había superado Andalucía. Me parece que es un dato político que marcaba un estatus y una posición que nos equiparaba, en cuanto a situación en el contexto de la organización territorial del Estado, con las que tuvieran mayor techo de autogobierno, y también nos obligaba a ser más leales que nadie con la Constitución que nos otorgaba la legitimidad para el ejercicio de esa vía del artículo 151. De ahí nuestro compromiso con que lo que Andalucía consiguiera para sí no lo quería solo para sí, sino también para cualquier otra comunidad que tuviera la misma ambición de ejercicio de autogobierno que nosotros. Esa es nuestra posición hoy también, señorías. Hemos contribuido en el trabajo de la reforma a conseguir que este título preliminar, como el del estatuto vigente, el de Carmona, marque un modelo estatutario que me atrevo a calificar también de distinto al de otras comunidades. El Estatuto de Carmona vigente hoy marcó con su artículo 12 una parte programática inédita hasta entonces.
No había objetivos programáticos tan amplios, tan concretos, tan potentes -me atrevo a calificarlos así- como en el Estatuto de Carmona en el escenario institucional de aquellos tiempos, y sentó precedentes y se utilizó después en otros estatutos que vinieron detrás del nuestro. Hoy, señorías, me atrevo a sugerirles que se lean el artículo 10 del informe de la ponencia porque en él aparecen 24 objetivos en los que el legislador, el estatuyente, mandata a los poderes públicos de la comunidad autónoma una serie de objetivos que fundamentalmente tienen una componente social, socioeconómica, educativa, cultural, muy poderosa, y por tanto no solo son un elemento innovador en materia de técnica legislativa en un estatuto, sino sobre todo garantías para los hombres y mujeres, para los ciudadanos y ciudadanas que son, en definitiva, los destinatarios de esta reforma. Es decir, los andaluces y andaluzas saben que a partir de que este estatuto entre en vigor una vez reformado por esta Cámara, es una garantía para que los poderes públicos tengan obligaciones ante ellos en un amplio abanico de materias. Me parece que eso es extraordinariamente positivo e importante. Hemos mantenido posiciones discrepantes respecto a algunos de esos objetivos, qué duda cabe, pero hemos procurado, al menos los socialistas, buscar el punto de encuentro entre las diferentes posiciones para que la suma de los objetivos enunciados en ese artículo 10 conforme un espectro, un abanico lo suficientemente amplio como para que todos nos podamos ver reconocidos en él, todas las fuerzas políticas, pero sobre todo para que toda la sociedad andaluza se pueda ver reflejada en él.


Voy terminando, señor presidente. Nosotros no vamos a entrar en debates nominalistas. Yo me niego a discutir si lo que va a resultar es un nuevo estatuto o un viejo estatuto. Soy profesor de filosofía y los debates escolásticos me parece que no interesan a nadie. Este estatuto que estamos reformando, como resulte, tiene que ser útil a los ciudadanos y ciudadanas de Andalucía; tiene que ser respetuoso con la Constitución, tal como lo era cuando salió del Parlamento de Andalucía, con un dictamen del Consejo Consultivo de Andalucía que garantizaba su constitucionalidad. En todo caso yo, como representante de una fuerza política, no me atrevo a erigirme en Tribunal Constitucional y, por tanto, me parece que no nos corresponde a nosotros valorar la constitucionalidad o no de una norma, pero con la voluntad de respeto y de acatamiento del marco constitucional les puedo asegurar que lo hicimos y lo estamos haciendo. Tampoco voy a entrar en el debate de cuántos kilos de enmiendas se le han aceptado a cada cual. El debate de las enmiendas al peso que lo hagan otros, señorías, nosotros no lo vamos a hacer.
Nosotros hemos procurado hacer un trabajo satisfactorio que permita que este título I sea un buen comienzo para lo que espero que sea un buen final.


Y termino, ahora de verdad, atreviéndome a pedir al Grupo Parlamentario Popular que reconsidere su posición respecto a este título. El presidente va a someter a votación los artículos del título menos el artículo 1º y, señor Arenas, ya que ha sido S.S. quien ha hecho ese anuncio del voto de abstención, dado que hay una serie de enmiendas del portavoz de la parte andaluza de su grupo parlamentario que ha reconocido que se han incorporado distintos campos en este título, me atrevo a pedirles que reconsideren su posición respecto al voto porque me parece, como he dicho antes, que un buen inicio sería una garantía, un anuncio de un buen final, y creo que nos lo agradecerán -se lo agradecerán también a ustedes- todos los ciudadanos y ciudadanas de Andalucía.


El señor PRESIDENTE: Ya he anunciado que no se votan los títulos. Como el Grupo Parlamentario Popular anunció que no votaría el título, no está comprometido a la hora de tomar la decisión que estime pertinente para votar el artículado del título, que no el título.


En nombre de Esquerra Republicana de Cataluña tiene la palabra el señor Tarda.


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El señor TARDA I COMA: Señor presidente, en primer lugar, permítame que le diga que la diputada doña Begoña Lasagabaster me ha comunicado su interés porque quede reflejado en el "Diario de Sesiones" que por razones personales ineludibles no puede estar presente, que lo lamenta y que da sus enmiendas por defendidas.


En segundo lugar, puesto que nuestra posición ya fue fijada el día que la Delegación del Parlamento nacional de Andalucía trajo su propuesta de reforma de estatuto, es más el día en que se creó esta Comisión conjunta ya manifestamos cuál era nuestra posición respecto al Estatuto de Andalucía, solo nos queda decir que nuestro posicionamiento final se visualizará el día en que llegue al Pleno y que en esta Comisión vamos a apoyar aquellas enmiendas de la izquierda y de los movimientos nacionalistas andaluces en la medida en que no entren en contradicción con las fuerzas políticas que manifiestan posiciones muy parecidas pero en algún caso contradictorias. Por tanto, vamos a votar a favor de las dos opciones.


Celebramos que exista esta voluntad por parte del Parlamento nacional andaluz de incrementar su autogobierno. Felices pues todos, ustedes y nosotros también, si al final del trayecto ven respetadas sus ambiciones sus objetivos por el Parlamento español; si es así nosotros estaremos más que satisfechos. De hecho, solo podemos contribuir humildemente a hacer posible que sus deseos se hagan realidad en este Parlamento, en el Parlamento del Estado. Nuestra aportación puede parecer quizá poco importante, pero permítanme que les diga que es importante porque si fuera al revés también estaríamos con ustedes. Es decir si el Parlamento del Estado español negara las ambiciones del Parlamento andaluz, Esquerra Republicana también estaría con el Parlamento andaluz. Por tanto, quiero, deseo, aspiro a que sepan valorar cuál es nuestra aportación. Por decirlo de otra manera, nosotros estamos con los andaluces a las verdes y a las maduras y si ahora pintan maduras, pues nosotros lo celebramos, pero si pintaran verdes nosotros estaríamos con el Parlamento andaluz y no estaríamos con el Parlamento del Estado. Estaríamos con el Parlamento andaluz puesto que nosotros, en este devenir de las naciones emergentes, estamos con la soberanía de los parlamentos nacionales, entendiendo en este caso una nación sin Estado, la nación andaluza.


Queremos denunciar también la doble moral del Partido Popular. Es evidente que aspira a gobernar algún día en Andalucía. De hecho, si no gobierna en Andalucía nunca van a recuperar el poder en el Estado español. Esto les lleva a tener que hacer esas piruetas de jugar en algunos momentos la carta de la xenofobia catalana; y celebro que esto no puedan hacerlo en Andalucía, puesto que saldrían, si me permiten la expresión, muy mal parados. (El señor Trillo-Figueroa Martínez-Conde pronuncia palabras que no se perciben.) Sí, digan lo que quieran, que yo diré lo que creo que tengo que decir, porque me ampara el señor Guerra como presidente de la Comisión Constitucional.


El señor PRESIDENTE: Sin duda.


El señor TARDÀ I COMA: Ya pueden ir protestando si quieren. (Risas.) Si creen ustedes que me afectan sus risas es que no me conocen.


Decía que nosotros denunciamos esta doble moral del Partido Popular. De hecho, creo que su entrada en razón hace bastante inviable sus recursos de inconstitucionalidad. No se puede estar repicando y al mismo tiempo yendo a la procesión; es decir, si entran en la vía del sentido común quedarán desprotegidos respecto a lo que han instigado en cuanto al Estatuto de Autonomía de Cataluña. Pero con quien nos sentimos comprometidos, repito, es con la izquierda andaluza, entendiendo por izquierda andaluza el Partido Socialista, Izquierda Unida y los partidos nacionalistas. A ellos va dirigida nuestra demanda. Sepan valorar nuestra humilde contribución solidaria, repito, nuestra humilde contribución solidaria, porque en esta nueva coyuntura en la que van a entrar, en esta nueva etapa histórica en la que Andalucía podrá intensificar su autogobierno gracias a este Estatuto, creo que también están un poco en deuda con Cataluña. Sepan ustedes que, más allá de las razones fraternales, porque muchos catalanes son de origen andaluz, más allá de nuestra concepción de la Iberia que desearíamos, ustedes deben ayudarnos a superar este caldo de cultivo, estas condiciones objetivas que todavía existen en Andalucía para hacer fructificar la xenofobia anticatalana.
Esto no puede ser, porque sepan ustedes que en algunos territorios de los Països Catalans la lengua se nos está muriendo. Y de la misma manera que nosotros haremos todas las aportaciones necesarias para que el habla y la cultura andaluza puedan superar todos los retos en el siglo XXI, también necesitamos su solidaridad activa. Repito, España no se hunde porque el Partido Popular acepta la nacionalidad histórica. Déjenme que recuerde el artículo 9, cuando hace referencia a los derechos reconocidos en los pactos internacionales de derechos civiles y políticos y de derechos económicos, sociales y culturales, que justamente son los que establecen el derecho a la autodeterminación de los pueblos. Yo ya sé que existen ritmos de configuración nacional distintos y lo que en algunos escenarios asusta, en otros no. Nosotros estamos convencidos de que en este siglo XXI con este Estatuto damos un gran paso hacia delante en la configuración de la Europa de los pueblos y, de alguna manera, en esta coyuntura, se pueden culminar las aspiraciones que ahora tiene -estoy convencido de que dentro de pocos años serán distintas y de mayor calado- el pueblo andaluz. Estamos convencidos de que nos iremos encontrado, de hecho no hemos divergido tanto, en este andar hacia un escenario en el que sea posible llevar a cabo el ejercicio del derecho a la autodeterminación.


Finalmente, anunciamos otra vez que vamos a apoyar las enmiendas de la izquierda andaluza.


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El señor PRESIDENTE: En nombre de Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió) tiene la palabra el señor Xuclà.


El señor XUCLÀ I COSTA: Señoras y señores diputados de la delegación del Parlamento de Andalucía y colegas del Congreso de los Diputados, permítanme que mis primeras palabras también sean de agradecimiento al presidente, a los letrados y a los servicios técnicos de la Cámara por el trabajo desarrollado durante estas semanas en ponencia, que nos han conducido hasta la celebración de esta sesión conjunta de la Comisión paritaria para entrar en la recta final de la elaboración de este nuevo Estatuto de Autonomía de Andalucía.


Voy a intervenir en esta primera ronda para fijar la posición del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió) que, como saben todos ustedes, es un grupo parlamentario de base territorial catalana y que, por tanto, contempla con respeto y con consideración los trabajos, las propuestas y los debates que se van a desarrollar durante los próximos días en esta Comisión Constitucional. En materia de desarrollo autonómico, en materia de innovación, en lo que podríamos definir como esta segunda gran ola o esta segunda gran ronda de actualización de los estatutos de autonomía, nosotros nos movemos a partir de la premisa de que no vamos a ser nosotros los que vamos a negar a los otros lo que deseamos nosotros como catalanes y como partido de ámbito catalán para consolidar nuestra vocación de autogobierno.


Dicho esto, señorías, también quiero decir que tan cierto como esto debe serlo que el desarrollo de los estatutos de autonomía y el debate sobre esta segunda gran ola de revisión de los mismos no se puede basar simplemente en el mimetismo, en elaborar estatutos replicantes de otros en función de lo que algún grupo parlamentario ha planteado como el debate territorial actualmente vigente. Si me permiten utilizar una expresión muy castiza, muy madrileña, cada uno es cada cual y cada comunidad autónoma y cada parlamento debe encontrar su camino y su vía de desarrollo y de mejora de su ambición de autogobierno. Se lo digo porque parece que la posición de algunos portavoces que han intervenido esta mañana se fija más en función de otros estatutos y de otros debates que en función de lo que realmente merecería su respeto y su consideración, su propio respeto a título individual y su consideración en función de la representación de una comunidad autónoma, que es la mejora del autogobierno, en este caso del autogobierno de Andalucía; un autogobierno que se fundamenta, como se ha recordado, en una reivindicación de base popular: la gran movilización y la legitimidad del 28 de febrero de 1980, que nosotros valoramos, pero tampoco nos gustaría, como ha hecho algún portavoz, que se considerara que los otros estatutos de vía rápida fueron fruto de una casualidad o de una improvisación. Se ha hablado de la legitimidad de la II República. Bien, podemos hablar de la legitimidad de quien ya desarrolló esta vocación de autogobierno en el pasado. Nosotros les reconocemos su reivindicación de base popular, pero creo que esta diferenciación entre la legitimidad de la calle y la legitimidad histórica, entenderán que desde el punto de vista de un grupo parlamentario catalán tenga que ser invalidada o al menos impugnada.


En esta primera intervención me gustaría hacer cinco aportaciones de carácter general. La primera es absolutamente obvia, señorías, pero necesaria a la luz de algunas intervenciones en el arranque de esta Comisión. Quiero recordarles, señorías, que nos encontramos en la Comisión Constitucional, en la Comisión paritaria Parlamento de Andalucía-Comisión Constitucional del Congreso de los Diputados, que quienes nos encontramos aquí no somos el Tribunal Constitucional y no tenemos capacidad ni la petulancia de convertirnos en supremos interpretadores de lo que es constitucional y de lo que no lo es. Estoy convencido de que la tentación que ha tenido algún grupo parlamentario de arrogarse esta facultad de dictaminar sobre la constitucionalidad, en fase de elaboración y de tramitación, de este proyecto de ley, es un camino por el cual no transitaremos durante los próximos días.


Les quiero trasladar un segundo mensaje. Desde el Grupo Parlamentario Catalán de Convergència i Unió celebramos lo que se intuye como la incorporación del Partido Popular y del Grupo Popular en lo que se va conformando como un consenso parcial en la elaboración de esta reforma del Estatuto de Autonomía de Andalucía. Nos interesa desde un punto de vista global de desarrollo del Estado de las autonomías, porque nosotros creemos en el Estado de las autonomías, y desde su inicio nos sentimos también copartícipes del impulso de lo que supone el Título VIII de la Constitución española. Más allá de este interés y de esta visión global del conjunto de España, también nos va interesando la incorporación del Partido Popular en este consenso y en la elaboración del nuevo Estatuto de Autonomía de Andalucía, porque nos permitirá, dentro de unas pocas semanas, un interesante debate o ejercicio, para ser más exactos, sobre el cual no quiero entrar hoy, de cotejar las intervenciones en esta Comisión Constitucional de los representantes del Partido Popular cuando se discutía el Estatuto de Autonomía de Cataluña y cuando ahora discutamos el Estatuto de Autonomía de Andalucía. Dentro de unos meses, con el "Diario de Sesiones" y a la vista de las intervenciones del Grupo Parlamentario Popular sobre el Estatuto de Autonomía de Cataluña y el Estatuto de Autonomía de Andalucía, o lo que hayamos escuchado en Pleno sobre el proyecto de Estatuto de Autonomía de Baleares o el proyecto de Estatuto de Autonomía de Aragón, veremos simplemente que lo que hará el Partido Popular es llegar a la conclusión de que se está autoenmendando, autoimpugnando y autoinvalidando en algunos de sus planteamientos de ataque frontal, jurídico y político al Estatuto de Autonomía de Cataluña.
Estoy convencido de que al final de

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este debate en el fondo el Partido Popular llegará a la conclusión de que parte de su recurso de inconstitucionalidad contra el vigente Estatuto de Autonomía de Cataluña seguramente debería ser retirado. Esta es una conclusión a la cual estoy convencido de que llegará, desde el ejercicio intelectual de comparación, el Partido Popular ante un recurso, señorías, que, por cierto, por una vez, señor Arenas, no es el campeón de los recursos en materia de impugnación del Estatuto de Autonomía de Cataluña, porque existe otro, que es el recurso del Defensor del Pueblo, pero en todo caso esta tarde, precisamente en la Comisión Mixta del Defensor del Pueblo, tendremos ocasión de discutir sobre esto. (El señor Trillo-Figueroa Martínez-Conde: Y el de Murcia, y el de Valencia.) Simplemente, señores del Partido Popular -no se me ofendan-, creo que en la tramitación del Estatuto de Autonomía de Cataluña -y les prometo que no volveré a hablar de él en la tramitación del Estatuto de Autonomía de Andalucía- hubo algo de sobre representación y durante los próximos días lo podremos comprobar.


Paso a la tercera consideración que desearía hacer, señor presidente y señorías. De la misma forma que celebramos la incorporación de un grupo importante de la Cámara en este consenso, también queremos subrayar y destacar la sensibilidad absolutamente insuficiente por parte del grupo mayoritario, del Partido Socialista, ante los planteamientos razonables formulados por partidos andalucistas, por partidos nacionalistas. Ustedes son lo que tienen que pactar; la posición del Grupo Parlamentario Catalán será una posición de respeto y seguimiento de estos debates. Simplemente les quiero apuntar que estos planteamientos los observamos con simpatía y con consideración, y que a la corta o a la larga se incorporarán también en el desarrollo autonómico de Andalucía los planteamientos del Partido Andalucista, antiguo socio de gobierno del Partido Socialista Obrero Español y quién sabe si en su momento futuro socio de este partido.


Cuarta aportación, señor presidente. En este debate, no hoy sino en los próximos días, vamos a discutir sobre financiación. Permítanme que haga una exposición genérica de la disposición de este grupo parlamentario a apoyar cualquier medida de mejora de la financiación para Andalucía, como expresión de solidaridad y de que cada comunidad autónoma ha de escoger su mejor camino para cancelar las deudas históricas y las injusticias en materia de financiación autonómica que haya. En este sentido, bien sea en Comisión bien sea en Pleno, espero que podamos explorar caminos de entendimiento.


Para finalizar, ya que estamos discutiendo -aunque no lo parezca tanto por mi intervención como por algunas otras intervenciones- el título preliminar, quiero hacer una última consideración sobre el artículo 8, referido al derecho propio de Andalucía. Al Grupo Parlamentario Catalán le parece correcto este artículo 8 si los otros grupos parlamentarios lo interpretan tal como nosotros lo interpretamos. La literalidad del artículo 8 nos lleva a la conclusión de que cuando ustedes proponen una definición de derecho propio de Andalucía hacen referencia al derecho que desarrolla las competencias exclusivas que este Estatuto reserva a Andalucía. Me gustaría que hoy en este debate y en el "Diario de Sesiones" quedara claro el sentido de este artículo 8 en tanto en cuanto en la Constitución española quedaron cristalizados cuatro hechos diferenciales que en este momento no discute ningún grupo parlamentario de esta Cámara. Estos cuatro hechos diferenciales son: lengua, cultura, insularidad y derecho propio, entendido en tanto en cuanto derecho privado, derecho civil, que rige comunidades autónomas como Cataluña o Aragón. A través de esta definición podríamos llegar a una cierta confusión sobre el derecho foral y el derecho privado civil que existe en algunas comunidades autónomas. Estoy convencido de que esta no es la voluntad del legislador andaluz, pero para no desfigurar lo que fue la voluntad del constituyente creo que debo subrayar que esta es la interpretación de mi grupo, y espero que también sea la interpretación que podamos compartir con otros grupos parlamentarios.


Señor presidente, mi grupo parlamentario no va a intervenir en todos y cada uno de los puntos y las rondas de este debate. Me he permitido quizás abusar un poquito del tiempo para hacer un planteamiento global sobre nuestra posición ante la tramitación de este singular e importante proyecto de ley.


El señor PRESIDENTE: No ha hecho ningún abuso del tiempo en absoluto. Sí debo comentarle que, tal como dice, a veces no parece que estemos tratando el título preliminar ni el Estatuto de Autonomía de Andalucía.


Para terminar el debate, tiene la palabra el representante del Grupo Socialista, señor Torres Vela.


El señor TORRES VELA: Permítame que mis primeras palabras sean de bienvenida a la delegación del Parlamento de Andalucía no solo por una razón de mera cortesía, sino porque hasta ayer mismo yo podía cruzar la sala y estar en aquellos bancos y les diría que me sentiría exactamente igual de cómodo que me encuentro en estos. También quiero sumarme a la felicitación que han hecho otros grupos de la Cámara, y además por parte del Grupo Socialista sincera, al trabajo de la Mesa y de los equipos técnicos que la acompañan, porque esto está siendo un trabajo complejo y largo y hemos encontrado en todo momento la comprensión y la ayuda para que lo pudiésemos realizar; es cuando la dirección política de un debate se pone al servicio de que este concluya bien.


El Grupo Socialista inicia estos debates en la Comisión Constitucional con una mezcla importante de sentimientos. El primero sería de satisfacción, moderada si quieren, pero de satisfacción, la que nos da ver el intenso trabajo que hemos realizado a lo largo del último mes en la ponencia, en la que desde mi punto de vista hemos

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practicado el mejor parlamentarismo, el que consiste en que los grupos parlamentarios discuten, disipan dudas, acercan posiciones, transaccionan enmiendas y finalmente votan sobre las discrepancias que no han podido aproximarse. En este trabajo, en este buen parlamentarismo, hoy estamos en mejor situación que al inicio de la ponencia. Podría decir -y creo que no sería desmentido- que hoy el Estatuto de Andalucía es algo más de todos que al empezar. Esta satisfacción moderada se mezcla con una esperanza al inicio de este debate, la esperanza de que el trabajo de esta Comisión permita concluir, señorías, y lo digo porque es nuestro deseo, con el acuerdo unánime o mayoritario de los grupos parlamentarios.
Creemos que Andalucía se lo merece y este Estatuto también.


La posición del Grupo Parlamentario Socialista y nuestra actitud en este debate ha venido marcada desde el principio por tres ejes esenciales, que vamos a mantener también en el trabajo de esta Comisión, y que fueron expresados con claridad, desde mi punto de vista, el pasado 23 de mayo en el debate de toma en consideración, y voy a utilizar palabras del portavoz del Grupo Socialista, don Diego López Garrido, para decirlo de manera clara. El primer eje era que el Grupo Socialista va a mantener los elementos esenciales sobre los que se sustenta este texto, y las modificaciones que se realicen como consecuencia de enmiendas en los debates se van a hacer siempre sin desnaturalizar el acuerdo básico y el contenido de este Estatuto, porque sería desnaturalizar de alguna forma el propio Estado de las autonomías, del que la Comunidad Autónoma Andaluza es uno de sus ejes. Vamos a respetar la aspiración de fondo que late en el Estatuto de una Andalucía igual en derechos a los demás, pero también diferente en aspiraciones e identidad. Aquí, permítame, señora González, que le haga una reflexión que puede cogerla o no. No es bueno establecer clasificaciones por comunidades autónomas, ni la primera, ni la segunda, máxime desde Andalucía, porque Andalucía hizo fortuna con un eslogan: Andalucía, ni menos, ni más. Por tanto, respetemos que cada comunidad autónoma vaya avanzando en el marco de la España constitucional en las aspiraciones y en las ambiciones que desee. El segundo eje también lo dejamos expresado con claridad en aquel debate: A las Cortes Generales les corresponde debatir, modificar en su caso, aprobar un texto estatutario desde la perspectiva que le es propio, la del conjunto de España, la del interés general, la de la solidaridad y la igualdad entre los españoles y entre las comunidades autónomas. Concluiría estos dos ejes con una frase muy sencilla y clara: El Grupo Socialista apoya la ambición de Andalucía del máximo autogobierno en el marco de la España constitucional. Dicho de otra manera, Andalucía y los socialistas también estamos muy cómodos con el traje constitucional. El tercer eje que perseguimos era el de conseguir el máximo nivel de consenso en torno a este Estatuto. Esta es una ambición que está presente desde que fue formulada la posibilidad de reforma por el presidente de la Junta de Andalucía, Manuel Chaves. Desde el 2001 está planteado que sería bueno llegar al máximo nivel de acuerdo en torno al texto que es la norma institucional básica de la comunidad autónoma. Aprovecho en este momento para agradecer también el esfuerzo que para el consenso están haciendo otros grupos parlamentarios, en especial el Grupo Parlamentario Popular, el Grupo Parlamentario de Izquierda Unida y los grupos parlamentarios del Congreso de los Diputados que no forman parte de la delegación andaluza, y deseo que a lo largo de esta Comisión pueda incorporarse el Grupo Parlamentario Andalucista.


Entro brevemente en el título preliminar, señor presidente, que es importante y por que es conceptual. Es un título que pretende sentar los conceptos básicos sobre los que se construye la comunidad política andaluza. Como hemos dejado fuera el artículo 1 que sería el elemento esencial, aparecen, no obstante, otros diez artículos que abordan elementos de no poca importancia: el territorio, la capital, la sede, la condición de andaluz, su derecho propio y los objetivos que, como ha dicho antes el portavoz de mi grupo en el Parlamento de Andalucía, fue un elemento incorporado en el anterior Estatuto que aporta singularidad al Estatuto andaluz. Creo que hemos alcanzado un gran nivel de acuerdo en torno a estos conceptos y artículos. Es verdad que quedan algunas enmiendas a las que me referiré después, pero hemos realizado un gran trabajo de aproximación, porque el Grupo Socialista tiene la voluntad de no introducir a Andalucía en debates sobre los símbolos, sobre la identidad que son ajenos a nuestra propia realidad. Por eso, quiero resaltar la aproximación hecha en el artículo de la capitalidad y la sede, e introducir en la norma básica en el Estatuto una formulación que, por otro lado, es la que se viene recogiendo desde que se aprobó el Estatuto anterior: la capital de Andalucía en la ciudad de Sevilla, la del Tribunal Superior de Justicia en Granada y las leyes del Parlamento de Andalucía van situando las instituciones en aquellas capitales o ciudades que consideran pertinentes. Así se hizo, por ejemplo, la sede del Consejo Consultivo de Andalucía en la ciudad de Granada. Es una buena formulación que lleva a que sea el Parlamento de Andalucía el que decida en cada procedimiento legislativo, en la creación de cada institución cuál es la ciudad más idónea para su ubicación. Por tanto, ese punto de encuentro que hemos ofrecido ha sido un buen hallazgo.


Me permitiría aquí pedir la retirada al Grupo Popular y al Grupo de Izquierda Unida de las enmiendan que tienen al artículo 8 del derecho propio de Andalucía. Y les voy a pedir que las retiren sin que renuncien a su posición. Porque lo que define aquí el artículo 8 es el derecho propio de Andalucía, que es la capacidad de generar normas que tiene la Comunidad Autónoma de Andalucía y que, al generarlas, se convierten en derecho. Por tanto, no plantea aquí un debate que hemos acordado ya trasladar al artículo 42, que es el alcance del derecho propio de Andalucía. Dejemos el debate al artículo 42 y

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seamos capaces de decir que estamos de acuerdo en qué entendemos por derecho propio de Andalucía que, por cierto, estamos de acuerdo, y eliminemos de este artículo un debate que forma parte del contenido del debate del artículo 42.


Me voy a referir también a otras enmiendas que quedan. Están las enmiendas que plantean tanto Izquierda Unida y el Grupo Nacionalista Vasco, recogiendo las posiciones del Grupo Andalucista, con la calificación de nacionales a los símbolos de Andalucía. Es verdad que este es un elemento que está vinculado a la definición del artículo 1, pero les pediría un esfuerzo de comprensión porque ni añade ni quita, y se hace un esfuerzo enorme de consenso a que los símbolos sean de todos, porque de todos han de ser los símbolos de la comunidad. Por tanto, como ni añade ni quita, porque la redacción que tiene el artículo del Estatuto describe cuáles son los símbolos de la comunidad, entroncándolos con su origen histórico -y hay que reconocer lo que es el andalucismo histórico en la Asamblea de Ronda de 1918-, dejémoslos bien, porque bien están y así tienen el consenso del cien por cien de la representación política y parlamentaria.
Eso es muy importante y les pido que hagan esa reflexión. Este no es un elemento para ir al juego de oportunidad de la coyuntura política ni de la ventaja. Como queremos llegar a acuerdos, señora González, le ofrezco una enmienda in voce sobre lo que usted ha manifestado que era importante para ustedes, que es la modificación del apartado 5 del artículo de los símbolos, aceptándole su posición y dejándolo como ustedes pretendían que se dejara. Le ofrezco esa enmienda in voce, que estoy seguro que contara con el acuerdo de todos los grupos para su tramitación.


Obviamente, señorías, no estamos de acuerdo con lo de la fiesta nacional el 4 de diciembre y se lo diré con claridad. El 4 de diciembre fue una manifestación muy importante del pueblo andaluz que entronca la ambición de autonomía con la transición española y sitúa a Andalucía en el ámbito de discusión de la configuración del Estado autonómico español. Pero siendo muy importante la manifestación del 4 de diciembre, el hecho decisivo es cuando los andaluces, mediante el procedimiento de votación libre y secreta, manifiestan su voluntad. Siempre será superior en democracia la manifestación libre y secreta de los ciudadanos y ciudadanas de Andalucía que la manifestación popular en la calle por importante que esta pueda ser. Con todo el respeto le digo que nos quedamos con el 28 de febrero porque todos los andaluces tuvieron la posibilidad de manifestarse.


Termino ya, señoría. Este título tiene un artículo, que es el de los objetivos, el artículo 10, que es tremendamente importante, lo fue en el Estatuto anterior y lo es en este. Simplemente les pediría a ustedes que pudiesen releer a fondo este artículo, lo comparen con el anterior y probablemente ahí encontrarán la explicación de la ambición de hace 23 años de los andaluces por conseguir la autonomía y de la nueva ambición que ahora se plantean.


El señor PRESIDENTE: Si he entendido bien, el señor Torres Vela ha manifestado la posibilidad de una enmienda transaccional que él ha llamado in voce de la cual tenía conocimiento la Mesa, pero esta no ha querido distribuirla, dado que no ha habido oportunidad de defenderla al principio para que los demás se pronunciaran. Es decir, pregunto a los grupos si alguno se opone a que se tramite esta enmienda transaccional a la enmienda número 46 del Grupo Vasco PNV. ¿Algún grupo se opone? (Pausa.) Entonces será tramitada y será votada, en primer lugar, cuando lleguemos a las votaciones. Con este debate terminamos el título preliminar.


Pasamos al título I. Se han presentado a la Mesa una serie de enmiendas transaccionales, que van a ser distribuidas en este momento, para que las señoras y señores diputados y delegados puedan tener conocimiento de las mismas. Como ustedes saben, hay dos enmiendas del Grupo Mixto, ocho de Izquierda Unida más un voto particular al artículo 27, tres del Grupo Vasco PNV y 21 del Grupo Popular. Como hay unas enmiendas transaccionales del Grupo Socialista, su portavoz será el primero en tomar la palabra.


Señor Torres Vela, tiene la palabra.


El señor TORRES VELA: Vamos ahora a abordar el título I de los derechos, sobre el que hemos de decir también que hemos hecho en ponencia un intenso trabajo de aproximación, un título que los socialistas consideramos que es uno de los pilares de la nueva oleada de reforma estatutaria y, en concreto, de la reforma estatutaria andaluza. Pensamos que derecho, autogobierno y financiación son los tres pilares sobre los que se está sustentando esta nueva fase de desarrollo del Estado autonómico. Los socialistas hemos pensado siempre que los derechos reconocidos y garantizados en la Constitución, la igualdad de todos los ciudadanos en todos los territorios de España era compatible con la existencia de derechos en el marco de las comunidades autónomas, en el desarrollo de las propias políticas que las comunidades autónomas han ido asumiendo. Es un juego de complementariedad que, si me lo permiten SS.SS., tiene su propio origen o entronque en la propia concepción de la Constitución española del principio de unidad y del principio de autonomía. Por tanto, derechos iguales para todos los españoles reconocidos en la Constitución, garantizados sí, derecho a la autonomía, a sus políticas propias y a la consideración de derechos en el marco de esas políticas propias, sabiendo bien, y lo hemos dejado claro los socialistas en este Estatuto y en otros que se han debatido, que el reconocimiento de un título de derecho no supone ningún reconocimiento competencial nuevo ni ninguna reordenación competencial nueva.


En segundo lugar, este es un título pensado para las ciudadanas y los ciudadanos de Andalucía. Es un título pensado para que los que viven en Andalucía sepan que pertenecen a una comunidad autónoma en la que son titulares de derechos. Además es lógico, señorías. Si este

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Estatuto plantea más autogobierno, más poder político propio, tiene que ir aparejado con más derechos de la ciudadanía sobre ese poder e incluso frente a ese poder. Nuestra voluntad de inclusión nos ha llevado a buscar transaccionales en temas de especial controversia. Es cierto, señorías, y lo reconocemos, que hay regulados derechos que pueden afectar a convicciones íntimas de las fuerzas políticas y a convicciones personales, políticas y morales, y es verdad que hemos trabajado por encontrar un punto de encuentro en el que se garantice el respeto a esas convicciones, en el que se respete la posibilidad y la visión que puedan tener fuerzas políticas distintas a la hora de su interpretación, que sea compatible con la ambición de la propuesta andaluza de configurar un modelo social abierto, pero en el que estén garantizados esos derechos.
En este sentido, señor presidente, van gran parte de las enmiendas transaccionales que hemos formulado en esta sesión y obvio ya las que han sido incorporadas en ponencia. Enmienda transaccional al artículo 20 sobre el testamento vital y dignidad ante el proceso de la muerte; enmienda transaccional al artículo 21 sobre el derecho a la educación; enmienda transaccional al artículo de la salud, no en este momento, sino en Comisión; y otras enmiendas transaccionales con el Grupo Parlamentario de Izquierda Unida y de otro grupo para mejorar la protección contra la violencia de género, para mejorar la relación de los derechos de las personas con discapacidad o dependencia o para mejorar el derecho a la participación política.


Señorías, hemos hecho un esfuerzo político considerable. Agradecemos también el esfuerzo de otros grupos parlamentarios para acercarse a ese deseado punto de encuentro que permita avanzar en un título fundamental del Estatuto, y nos encontramos, como decía antes, moderadamente satisfechos porque hemos llegado a ese punto de encuentro manteniendo lo que era la voluntad originaria de este Estatuto, que es un fuerte contenido social de los derechos de la autonomía andaluza.


El señor PRESIDENTE: Del Grupo Parlamentario Mixto, para la defensa de sus enmiendas, no hay nadie presente, del Grupo de Izquierda Unida tampoco y del Grupo Vasco tampoco.


Por el Grupo Parlamentario Popular tiene la palabra el señor Trillo-Figueroa.


El señor TRILLO-FIGUEROA MARTÍNEZ-CONDE: Señorías, señor presidente, al encarar el debate y la votación posterior del título I de los derechos sociales, deberes y políticas públicas del Estatuto de Andalucía, nuestro planteamiento será el mismo, como no puede ser de otra manera, que el que ha realizado como consideración general el líder del Partido Popular de Andalucía, señor Arenas. Es decir, que estará determinado por el respeto a la Constitución española y, al mismo tiempo, la exigencia de todas aquellas potencialidades que para el desarrollo del Estado de las autonomías nos otorga y la búsqueda del consenso, que quedó retenido, como sabe muy bien de manera particular el presidente y saben muy bien SS.SS, para el desarrollo autonómico por el propio constituyente, dejando abierto el modelo en el título VIII de nuestra Constitución. Nuestra pretensión con ello es que nadie sea excluido, que no seamos excluidos, que se garantice la igualdad plena de todos los españoles y que Andalucía tenga el máximo nivel de competencias dentro de la Constitución.


Se ha señalado, no sé si oportuna o inoportunamente, por algunos portavoces que ahora no nos acompañan, pero que han dejado su voz convertida en palabra escrita en el "Diario de Sesiones", que hay otros modelos y que la actitud del Grupo Parlamentario Popular en otros estatutos ha sido distinta a la que ya anuncio vamos a mantener en este título. Es cierto y voy a explicar por qué, para que también quede constancia escrita, ya que no han tenido la cortesía de quedarse a escuchar nuestros razonamientos, que en este caso han de tener algo de réplica de las palabras del señor Xuclà o del señor Tardà o de quienes defienden en definitiva un modelo nacionalista para el no desarrollo, sino quebrantamiento de la Constitución española. Señorías, ya les anticipo que vamos a votar que sí a este título y desde luego rotundamente que sí a las enmiendas transaccionales que el Grupo Socialista acaba de presentar, como apoyamos aquellas que se han incorporado al texto del dictamen de la ponencia, que ha realizado, me uno a las felicitaciones, un gran trabajo. Decía que voy a explicar por qué. Porque, en efecto, de una manera muy sintética hay en este momento en el desarrollo de la Constitución, si es que quiere entenderse en un sentido amplio, dos modelos: Aquel, como el valenciano, el balear y el andaluz, en donde se busca el consenso por la fuerza política dominante, como es en este caso el Partido Socialista de Andalucía o en los otros el Partido Popular y el principal partido de la oposición, sin merma del impulso de algunas minorías especialmente significativas en ese territorio. Y, además de buscarse el consenso, en orden al desarrollo de los derechos y deberes de los ciudadanos, se subrayan aquellos derechos sociales que haya que reforzar o desarrollar en virtud de las competencias que se asumen por el propio Estatuto de Autonomía, en su ambición de querer llegar a los máximos techos competenciales de la Constitución. Este fue nuestro planteamiento en el Estatuto valenciano, es nuestro planteamiento en el Estatuto balear, en tramitación, y lo es también en el Estatuto andaluz. Frente a ese modelo hay quien pretende una relectura de la Constitución española, consagrar en el Estatuto, a modo de parte dogmática de una nueva Constitución, derechos fundamentales propios, asumen de esta manera, en tótum revolútum nuevas competencias y las nuevas competencias son título habilitante de nuevos desarrollos y los nuevos desarrollos de los derechos fundamentales -desarrollos entre comillas- son también habilitantes de nuevas competencias y se logra en definitiva una Constitución paralela. Es el modelo tan defendido por los nacionalistas catalanes esta mañana, sin que sepamos

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todavía qué tiene que ver con lo que aquí estamos hablando. Pero, como hemos sido aludidos, nosotros no tenemos empacho en repetir que en efecto apoyaremos todos aquellos estatutos que se tramiten por la senda constitucional, que es en la que nos sentimos confortablemente instalados en unión de cuantos españoles siguen creyendo en el consenso de 1978 y en el consenso como medio de establecer las reglas del juego como denominador común de las fuerzas políticas, que aspiran generosamente a poder seguir sirviendo a los ciudadanos en el futuro. Tenemos toda la legitimidad para hacerlo; es más, es nuestra legitimidad, tambien incluso la de aquellos que no la respetan. Por tanto, señor presidente, con toda cordialidad -aunque no estén- pero con toda contundencia no vamos a permitir que nadie nos discuta esa legitimidad. Recurrimos algunos artículos de este título en el Estatuto catalán, mantenemos ese recurso y precisamente porque esa no es la filosofía que inspira el título I del Estatuto andaluz es por lo que le damos el apoyo. No se preocupe alguna otra señoría, que no va a haber dudas sobre cuál es la posición de desarrollo de esos derechos.


Nosotros creemos que los estatutos de autonomía no son el marco adecuado para desarrollar lo que la Constitución en el título I, capítulo segundo, sección 1a, califica como derechos fundamentales de las personas. Es algo que el constituyente no dejó en la ambigüedad o abierto, como ocurrió con el desarrollo de las autonomías; lo dejó meridianamente claro, por una razón paladina y es que solo el Estado con sus leyes orgánicas, como establece la propia Constitución, garantiza la generalidad del desarrollo de los derechos fundamentales a todo el territorio nacional y la igualdad de todos los ciudadanos en el desarrollo, goce y en su caso garantía de esos derechos fundamentales. La cosa es bastante clara, el artículo 10.2 de la Constitución española acoge todo el bloque de la internacionalización de los derechos humanos y de las libertades, los incorpora como acervo vinculante para el propio legislador estatal, que tiene por ello no solo una responsabilidad nacional, sino internacional como Estado; además, reserva al legislador orgánico, en el artículo 81, su desarrollo, a su vez garantiza por medio del amparo ante el Tribunal Constitucional y previamente, a través de un recurso sumario y especial en el artículo 53 la protección específica de los derechos llamados fundamentales. Eso da lugar a una jurisprudencia constitucional que ha configurado el contenido esencial y los desarrollos accesorios de esos derechos fundamentales en todo el territorio nacional. Solo el Estado tiene la capacidad para dar la garantía procesal, institucional y aun penal a la violación eventual de los derechos fundamentales y, en fin, señor presidente, el propio artículo 149.1, a la hora de prevenir las competencias autonómicas, vuelve a decir, por si no había quedado suficientemente claro, que la regulación de las condiciones básicas que garanticen la igualdad de todos los españoles en el ejercicio de los derechos y en el cumplimiento de los deberes constitucionales es competencia exclusiva del Estado. Para terminar este punto, consecuentemente por ello, el artículo 168 de la propia Constitución establece el procedimiento de rigidez reforzada a la hora de reformar en su caso los derechos fundamentales contenidos en el título I, capítulo segundo, sección 1a, de nuestra Constitución. En conclusión, señorías, los derechos fundamentales son indisponibles para el estatuyente. Y esta filosofía, que decimos que es la que ha desarrollado el Tribunal Constitucional, que no es propia del Grupo Popular, pero a la que se suma, como es natural, como un derivado indiscutible e indiscutido, salvo por algunos, de la Constitución de 1978, es la que inspira globalmente el título I del Estatuto andaluz.


Por si no quedaba claro, he de agradecer las enmiendas que se han incorporado por la ponencia a los artículos 12 y 13, que son los que están en el frontispicio de ese título, cuando en el inciso final de los titulares señala que se hará de acuerdo con las leyes reguladoras de los derechos fundamentales y las libertades públicas. Excelente. Y en el artículo 13, al rotular el alcance e interpretación de los derechos y principios, determina que no supondrán una alteración del régimen de distribución de competencias ni la creación de títulos competenciales nuevos o la modificación de los ya existentes. Pues enhorabuena, porque no solo es así, sino que se confiesa paladinamente que en este Estatuto no se hace fraude a la Constitución, ni se utilizan los derechos ciudadanos, ni se invaden los derechos fundamentales, para habilitar nuevas competencias para una comunidad autónoma. Esas son las diferencias que lamento que no escuchen quienes antes han señalado que nuestra posición era distinta allí y aquí. No, la nuestra es la misma y la de este Estatuto venturosamente es la constitucional. Nada que decir por tanto a los derechos y deberes que desarrolla el capítulo segundo de este título.


Se acaban de presentar dos enmiendas transaccionales a dos artículos importantes y yo creo que el portavoz socialista ha sido muy claro a la hora de exponer los fundamentos consensuados de esas transaccionales. Se refieren a lo que en el proyecto aparece como muerte digna, artículo 20, y en el artículo 21, el punto 2, relativo a la educación. Pues sí, señorías, vamos a apoyar esas dos enmiendas transaccionales, ya que, en definitiva, en el artículo 20, lo que no podría hacer el estatuyente para seguir con la misma filosofía constitucional antes resumida es determinar ni el momento del comienzo de la vida ni el momento de su final. Eso es algo que para cualquiera está claramente en el contenido esencial del derecho a la vida proclamado por el artículo 15 de la Constitución y que en consecuencia desarrollan las leyes orgánicas pertinentes y garantiza el Código Penal contra sus violaciones. Pues bien, en ese caso lo que hace, a través de la enmienda transaccional que se nos ha facilitado, es ir a aquellos aspectos de la enfermedad y, en su caso, del proceso de la muerte en los que la comunidad autónoma, al tener plena competencia además sanitaria y social, puede proporcionar las medidas paliativas

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que hagan la enfermedad menos aflictiva o menos aflictivo el proceso de la muerte. Bienvenido sea. Es cabalmente el desarrollo de un derecho que, derivado de un derecho fundamental, no afecta en su regulación estatutaria al contenido esencial del derecho fundamental a la vida.
Igual ocurre con la enmienda transaccional que se ha presentado al punto segundo del artículo 21; en cuanto que la comunidad autónoma es competente para el desarrollo del impulso y toda la competencia derivada de la enseñanza pública, no puede por menos que recibir y garantizar en el ejercicio de esas competencias los derechos fundamentales que, como consecuencia del derecho fundamental a la educación, establece la Constitución española, de tal manera que, en efecto, los poderes de la Comunidad Autónoma de Andalucía garanticen el derecho que asiste a los padres para que sus hijos reciban la formación religiosa y moral que esté de acuerdo con sus propias convicciones.


Evidente. Es estrictamente el desarrollo que la Constitución permite a quien ha de dar garantías, en el ejercicio de la competencia educativa, a ese derecho fundamental de los españoles. A mí personalmente, pero esto es una simple observación, me hubiera gustado más que, en el inciso siguiente, la enseñanza pública conforme al carácter aconfesional del Estado fuera sencillamente aconfesional. Laico se entiende como un plus a la aconfesionalidad, que no comparto. En cualquier caso, el texto ha mejorado notoriamente. Me parece impecable que se respeten las creencias religiosas de la confesión católica y de las restantes creencias de la sociedad andaluza en el inciso final incorporado, por cuanto lo hace la propia Constitución y además lo hace con una cita expresa de la que parece ser que es la confesión de la mayoría de los andaluces y de los españoles. En consecuencia, señorías, en estos dos derechos y en estas dos enmiendas transaccionales se manifiesta con claridad aquello que no interesaba a los nacionalistas periféricos, a los nacionalistas catalanes, de manera particular, en sus intervenciones esta mañana y es que los derechos fundamentales de los españoles no son disponibles por el estatuyente, que sí lo son aquellos aspectos derivados de la propia competencia que asume un Estatuto de Autonomía, pero que el Estatuto no puede utilizarse ni para introducir nuevas regulaciones en una especie de Constitución paralela en algunos derechos fundamentales ni estos a su vez para subrepticiamente atribuirse títulos competenciales nuevos. Eso es exactamente lo que nosotros consideramos un fraude constitucional y por lo que hemos decidido recurrir y mantener el recurso contra el Estatuto catalán.


Además de eso, señor presidente, se han incorporado por la ponencia algunos aspectos complementarios en lo que el propio título llama, muy adecuadamente, derechos sociales. Se ha configurado mejor el derecho a la salud y todos los derechos que se derivan del sistema andaluz de salud para los pacientes y usuarios. Se ha mejorado la redacción en lo relativo al consumo, vivienda y medio ambiente, y en lo tocante a algún derecho que podía tener aspectos colusorios con el desarrollo del derecho fundamental, cual es la participación política, el derecho electoral, se ha dejado perfectamente diseccionado lo que compete al legislador estatal, a través de la Ley Orgánica del Régimen Electoral General, y lo que compete por desarrollo de participación, a iniciativa de todos los que participamos en ese consenso, y especialmente en el caso del grupo minoritario de Izquierda Unida, dentro de la Comunidad Autónoma andaluza, para hacer más eficaz ese derecho general a la participación política que la Constitución española consagra, la Ley Orgánica del Régimen Electoral concreta y el Estatuto de Andalucía, ahora, despliega respecto de las instituciones andaluzas. Por tanto, señor presidente, nos alegra poder reforzar en este título el consenso y sobre todo mejorar, con el esfuerzo de todos, la redacción del Estatuto de Andalucía.


El señor PRESIDENTE: Ahora ya está presente el representante de Izquierda Unida, señor Llamazares. Por tanto, para la defensa de sus enmiendas tiene la palabra el señor Llamazares.


El señor LLAMAZARES TRIGO: En primer lugar quiero pedir disculpas, porque vengo del debate de Afganistán ...


El señor PRESIDENTE: Ha escapado bien, señoría. (Risas.)

El señor LLAMAZARES TRIGO: ...y quizás me confunda en la intervención.


Señor presidente, señorías, debe ser una deformación profesional, pero, como médico, me interesa más el resultado del tratamiento que la redacción del prospecto. En los últimos tiempos y en la ponencia veo muchos redactores juntos preocupados por la literalidad del prospecto. Mi grupo parlamentario tiene menos preocupación por la literalidad de dicho prospecto y más preocupación por el resultado, en este caso por los derechos sociales en el ámbito de la Comunidad Autónoma andaluza, por los derechos sociales en Andalucía. Estamos muy convencidos de este título, para nosotros es un título fundamental del Estatuto, y no comprendemos muy bien las posiciones de aquellos grupos parlamentarios que no tuvieron dudas con respecto a la redacción de los estatutos de autonomía hoy vigentes, en negativo, con respecto al artículo 149 de la Constitución, que era apropiarse de un vacío, desde el punto de vista de las competencias atribuidas al Estado, y ahora tienen una preocupación profunda con respecto a la casuística que ocurre en algunos estatutos de autonomía en relación con los derechos sociales o con los derechos en general.


Otro aspecto fundamental que nos preocupa es la a su vez preocupación de algunos grupos políticos por la igualdad territorial y, sin embargo, su absoluta despreocupación por la igualdad social; no lo entendemos muy

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bien. Nosotros creemos que la igualdad territorial es un trasunto de la igualdad social y por tanto estamos preocupados por ambas. Por eso consideramos muy importante y muy atinente en este caso que existan derechos sociales en el Estatuto de Andalucía, que sean derechos sociales ambiciosos, que se incluyan derechos sociales de tercera generación, que no aparecían en aquellos estatutos, porque en aquellos momentos todavía no habían sido desarrollados ni por el constituyente ni tampoco por las comunidades autónomas. Por tanto, estamos muy satisfechos con respecto a este título, que a nosotros nos parece fundamental, porque demuestra las ambiciones sociales del pueblo andaluz y el carácter social de su Estatuto de Autonomía. Nosotros saludamos no solamente lo que viene del Parlamento andaluz sino las enmiendas que se han añadido y que han recogido algunas aportaciones nuestras. Por ejemplo, en temas tan importantes como es la atención a la dependencia, en una redacción que incorpora prácticamente los avances que se han producido en la Ley de la Dependencia. Por otra parte, en relación con la violencia de género también se ha mejorado el texto que venía del Parlamento andaluz mediante una enmienda de nuestro grupo parlamentario. Se han mejorado también los mecanismos de participación política, introduciendo la información y la consulta a los ciudadanos. Es verdad que ha habido otras enmiendas que no nos han gustado tanto. Tengo que decirlo claramente y a dos de ellas se ha hecho referencia de manera satisfactoria por parte del Grupo Parlamentario Popular. Para nosotros no es matemáticamente así, que lo que es satisfactorio para el Partido Popular es insatisfactorio para nosotros. En este caso tenemos una satisfacción moderada con respecto a una de las enmiendas en relación con la muerte digna, cuya redacción queda muy abierta y por tanto a grandes rasgos, puede ser una enmienda aceptable y que mantiene la voluntad del texto. Por otro lado, en relación con lo que tiene que ver con el Estado laico y con el respecto a las confesiones religiosas, hay una redacción jesuítica sobre la que comprenderán que tenga dudas con respecto a la votación. Si pudiera votar sí y no al mismo tiempo, podría haber una solución, pero es que no es posible, entre los jesuitas a veces sí es posible, en esta Cámara es bastante difícil.


El señor PRESIDENTE: Conmigo va usted dado para ese tema.


El señor LLAMAZARES TRIGO: Tenemos ciertas dudas con respecto a esta propuesta de transaccional que se nos hace. Con la enmienda relativa a la muerte digna, estamos más satisfechos. Ahora bien, eso no va a permitir que el responsable público eluda la realidad que vemos estos días en los medios de comunicación, que una despenalización parcial es contradictoria y provoca una confusión entre el derecho individual del ciudadano y las garantías jurídicas. Eso existe en estos momentos, podemos negarlo y hacer caso omiso en la redacción del Estatuto, pero eso existe y cualquier día de estos tendremos que reabrir ese debate parlamentario, que en nuestra opinión es un debate necesario. No para, como algunos pretenden, abrir una espita para eliminar al débil, cuya interpretación supone una verdadera barbaridad, sino para dar garantías tanto a los profesionales como a los pacientes que están en ese difícil trance. Esa es nuestra opinión y nuestra posición.


En definitiva, saludamos este texto, saludamos que se mantenga sustancialmente el mismo, por supuesto también saludamos la incorporación al consenso, que ya se había establecido entre dos fuerzas políticas, de una tercera fuerza política. Por último, planteamos nuestras dudas con respecto a algún aspecto parcial, sobre el que ya veremos como votamos, si votamos de forma jesuítica o de forma parlamentaria.


El señor PRESIDENTE: El señor Llamazares sabe que la Constitución es no confesional. Vote libremente, pero vote con la Constitución.


Tiene ahora la palabra el señor Dell'Olmo.


El señor REPRESENTANTE DEL PARLAMENTO DE ANDALUCÍA (Dell'Olmo García): Señorías, permítanme, al iniciar la defensa de las enmiendas del Grupo Parlamentario Andalucista presentadas a este título, evidentemente expresadas por el Grupo Parlamentario Vasco -perdone, señor presidente-, que exprese mi satisfacción y mi profunda emoción por poder intervenir en el Congreso de los Diputados como nacionalista andaluz para defender el autogobierno de mi nación, Andalucía, en el contexto del conjunto de los pueblos de España.


Señorías, le voy a pedir prestada una frase a mi presidente durante muchos años, al señor Torres Vela, para decir que nos sentimos cómodos en estos escaños, en los que ahora mismo estamos representando a Andalucía, en el momento de llegar a un acuerdo de negociar un texto y de producir un pacto institucional y constitucional entre la soberanía de Andalucía y la soberanía de todos. Ese es el concepto que defiende el Partido Andalucista. Por tanto para mí, para quien lleva treinta años de militancia andalucista, este es un momento en lo personal muy especial.


Señorías, nosotros queremos ser nación, queremos ser andaluces y para nosotros eso no está en contraposición, no es excluyente, con ser España, con ser Europa y con ser pueblos solidarios del mundo. Esa es la filosofía de los andalucistas que simplemente recoge el sentir de mi pueblo, de Andalucía. Por tanto, entendemos que el debate territorial que se ha abierto tiene que contar con Andalucía y tiene que contar con Andalucía porque -puedo hacer alusión a alguna mención incluida la del portavoz del Grupo Parlamentario Socialista en el Parlamento de Andalucía, señor Gracia- los andaluces arrancamos en las urnas el máximo nivel de autogobierno en el periodo de vigencia de la Constitución de 1978; es el único pueblo que ha arrancando eso en las

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urnas. Esa es una victoria política en cuya defensa los andalucistas no vamos en ningún momento a cejar.


Señorías, peligra el 28 de febrero y peligra porque una vez más se pretende un pacto por el cual Andalucía sirva para eso que se ha insinuado en una intervención anterior, para ser secante de ese desarrollo del Estado de las autonomías hacia un Estado federal. Desde luego, nosotros no vamos a consentir eso. El 28 de febrero fue una carrera de obstáculos para Andalucía. Señorías, se han hecho alusiones en relación con la fecha del Día Nacional de Andalucía; para nosotros es el 4 de diciembre por una razón. Es cierto que el 28 de febrero se produjo ese hecho, pero no es menos cierto, señorías, que ese hecho conllevó una derrota jurídica del pueblo andaluz. Es decir, Andalucía perdió desde el punto de vista jurídico y tuvo que abrirse un proceso de desbloqueo de esa autonomía en la que mi partido se dejó el pellejo en esta Cámara y que gracias a eso se pudo reconducir por el artículo 151 de la Constitución. Esa es una absoluta realidad que quiero que conste en el "Diario de Sesiones". Por tanto, nosotros discrepamos de ese sentido de la fecha, porque entonces se pactó entre los dos grandes partidos, la UCD y el Partido Socialista Obrero Español, una ley de distintas modalidades de referéndum a final del año 1979, donde se ponía aún más difícil el acceso a la autonomía de primera a través del artículo 151.


Señorías, se ha hecho alusión también a que hay referencias al Estatuto catalán. Es inevitable y lo es por una razón: porque, lo mismo que al inicio de la década de los ochenta Cataluña marcó el nivel y hay estatutos hijos o estatutos inspirados en ese proceso, ahora lo ha vuelto a hacer. Por tanto, aquellos que sí hemos conquistado el 151, la autonomía plena, tenemos que hacer referente no al mimetismo del Estatuto catalán, pero sí a que sea un Estatuto homologable, el andaluz, porque insisto en que estamos en el mismo nivel competencial. Lo hacemos desde la solidaridad y no desde el enfrentamiento entre pueblos, señorías; esa es la diferencia de los andalucistas. Somos solidarios y evidentemente entendemos que de lo que se trata es de articular un Estado fuerte a través del papel de cada uno de los pueblos que lo componen. Señorías, la propia intervención del señor Xuclà para nuestro grupo parlamentario ha sido un ejercicio de solidaridad, como también lo ha sido la posición del Grupo Parlamentario Vasco. Por tanto, creo que estamos construyendo también en este proceso ese Estado fuerte a través del máximo autogobierno de las naciones y pueblos que lo componen.


Señor presidente, adentrándome ya en las enmiendas que mantiene el Grupo Parlamentario Vasco, que apoya al Grupo Parlamentario Andalucista, en relación con este título creemos muy importante la número 54, relativa a que se produzca una profundización mayor en los planes de estudio de Andalucía, para que las enseñanzas específicas propias de Andalucía estén suficientemente recogidas desde el conocimiento integral de Andalucía.
Las enseñanzas el habla andaluza, el fomento de las mismas en todas las relaciones de la comunidad educativa. Hay otra enmienda que para nosotros y para este portavoz, tiene un significado muy especial. Mi grupo parlamentario se caracteriza por una especial sensibilidad con la discapacidad, se ha demostrado a lo largo de toda la historia del Parlamento de Andalucía; aquí hay diputados de la Cámara andaluza y del Congreso que le conocen bien. Por tanto, de la misma manera que hace unos meses, con la reforma del reglamento de la Cámara andaluza, el Grupo Parlamentario Andalucista introdujo la lengua de un sistema opcional, público y gratuito, que garantice el acceso a los medios de comunicación de toda la población discapacitada.


Señor presidente, por último, en relación con la tutela de los derechos, mi grupo parlamentario entiende que el texto que va a recoger la ponencia y que se traslada a Comisión el texto del artículo 38, a nuestro juicio debería mejorarse. Señorías, ese texto debería mejorarse para recoger, tal y co plantea en otros textos estatutarios de reciente debate, que exista una instancia que nosotros residenciamos en el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, donde haya una protección de los derechos reconocidos en el Estatuto, al menos como se ha articulado en, de Cataluña a través del artículo 39.1 en relación con el Consejo de Garantías Estatutarias, que tiene entre otras misiones la de hacer un control de salvaguarda de esos derechos en todo el proceso legislativo y por supuesto, del desarrollo normativo del Gobierno catalán. Entendemos que vendría a completar y a mejorar sensiblemente este texto porque -insistimos- adolece de esta incorporación.


El señor PRESIDENTE: En nombre de la delegación del Grupo de Izquierda Unida, tiene la palabra la señora Caballero.


La señora REPRESENTANTE DEL PARLAMENTO DE ANDALUCÍA (Caballero Cubilla): Sin duda hoy es un día importante para Andalucía, porque estamos aquí dictaminando el título de derechos sociales, que sin duda es un título fundamental de la identidad de este Estatuto de Autonomía, junto con otro capítulos que consagran también derechos en materia de empleo y en materia de medio ambiente. Quizás sea también un día especial -quiero señalar- para la intrahistoria de este Congreso de los Diputados de estas Cortes Generales, puesto que supone un cambio rotundo de la posición que el Partido Popular ha venido manteniendo con respecto no solamente al Estatuto de Autonomía de Andalucía, sino al conjunto de los estatutos.
Quiero decir, porque no tengo pelos en la lengua ni compromisos que me aten en mi dicción, que el Partido Popular va a votar hoy aquí aquello mismo que rechazaron en el Parlamento de Andalucía pero multiplicado y que van a votar hoy aquí lo mismo que tienen recurrido ante el Tribunal Constitucional con respecto al Estatuto catalán. Además, el Partido Popular va a votar hoy aquí -no sé si habrán dado comunicación al conjunto de su dirección- de una

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forma u otra la enseñanza laica, algo absolutamente inusual. El señor Trillo ha dicho: vamos a votar todas las transaccionales. Hay una transaccional aquí que habla de enseñanza laica, por tanto, saco en conclusión que se va a votar la enseñanza laica, que efectivamente supone un plus de aconfesionalidad y que por tanto significa un cambio del Partido Popular bastante oportuno y por el que le quiero felicitar, si se produce. Igualmente, el Partido Popular va a votar -si no me he equivocado, porque están ustedes haciéndose un lío en estas votaciones, de tal manera que todavía no se han realizado pero siguen haciendo anuncios diversos- vivir con dignidad el proceso de la muerte, van a votarlo, señores del Partido Popular, y además, se empeñan ustedes en plantear, con un discurso del señor Arenas, que lo que ha cambiado es el texto andaluz y no ustedes; curiosa afirmación.


Quiero irme a las fuentes y las fuentes son las enmiendas del Partido Popular. El Partido Popular tenía prácticamente una enmienda de totalidad al título de derechos sociales. Empezaba el Partido Popular diciendo que no reconocía que los titulares de derechos sociales fueran las personas con vecindad administrativa en la Comunidad Autónoma de Andalucía y catalogaba esa extensión de derechos de inconstitucional. Si quieren se lo puedo leer, aunque me dicen con la cabeza que no: El precepto suscita dudas de inconstitucionalidad porque extiende la titularidad de derechos fundamentales y libertades públicas a personas que no tienen reconocidos estos derechos por la Constitución, que no establece la vecindad administrativa... Literalmente, señor Salas. Igualmente: La declaración general de que los ciudadanos tienen derecho a morir con dignidad -curiosamente no hace referencia al artículo vigente que se aprobó en el Parlamento de Andalucía, sino a la redacción de la transaccional tal como va a quedar tras la votación- no es constitucionalmente legítima. Esto es lo que decía literalmente el Partido Popular y ustedes han cambiado y van a votarlo en la sesión de hoy, si no lo he entendido mal y si el señor Jiménez Losantos no se ha enterado y no ha podido hoy dar su consiguiente homilía respecto a los cambios de posición que se están reflejando en el Partido Popular. Esa es la realidad, la realidad es que este título no ha cambiado desde que salió del Parlamento de Andalucía, se ha mejorado en el transcurso del proceso en el Congreso de los Diputados porque se han introducido nuevos derechos en torno a la vivienda, a la atención gerontológica, etcétera, y además se quiebra un discurso central que han mantenido con el Estatuto catalán y con el Estatuto andaluz, cual es una visión delirante del principio de igualdad según el cual todos los territorios tenían que tener exactamente los mismos servicios y las mismas prestaciones sociales, porque si algún territorio tenía algún tipo de prestación social diferente a otro territorio, pensaban ustedes que se estaba rompiendo el principio de igualdad; una visión del principio de igualdad que no tiene nada de constitucional, porque dicho principio hace referencia a los derechos básicos y no a la autonomía de gestión, para eso existe la autonomía, para tener cierta capacidad de decisión sobre el gasto público y sobre los servicios sociales que se ponen a disposición del conjunto de los ciudadanos.


En conclusión, nosotros consideramos que se ha roto la línea política e ideológica del Partido Popular respecto a los estatutos, una vez fracasada -o no, ya harán el análisis correspondiente- la posición que han mantenido en el caso catalán, pero hay una quiebra evidente. (La señora Villalobos Talero: La suya.) Han presentado un recurso de inconstitucionalidad del Estatuto catalán que tiene -no recuerdo exactamente el número- dieciséis artículos de derechos sociales y van a votar afirmativamente treinta artículos de derechos sociales en el título andaluz. Creo que es bueno para el futuro y si se produce ese cambio, con sinceridad, aparte ya de la argumentación política, nos felicitaremos del cambio del Partido Popular hacia unas posiciones más centristas y más adecuadas.


Izquierda Unida ha seguido trabajando para mejorar el texto, porque sí que interesa a los andaluces este texto. El señor Arenas ha empezado diciendo: Aunque este es un debate de políticos que no tiene relevancia social alguna... Sí tiene relevancia social, claro que la tiene. Nosotros vamos a seguir -estuvimos hasta la última hora del día de ayer- trabajando para mejorar el texto, no a través de latiguillos o de citas de legislación, sino a través de concreciones ciertas de derecho. En ese sentido, nos felicitamos por la transaccional que hacemos el Grupo Socialista y el Grupo de Izquierda Unida en cuanto a perfilar mucho mejor el tema de la dependencia. La dependencia es el primer servicio que va a soportar el nacimiento de ese cuarto pilar del Estado del bienestar y creíamos que en el texto andaluz debería reflejarse con mayor precisión.
En ese sentido, decimos que las personas en situación de dependencia no solamente tienen derecho a ayudas públicas sino a prestaciones y servicios de calidad con garantía pública.


Hemos introducido un elemento a propuesta de Izquierda Unida que es interesante para una concepción mucho más vital y más dinámica de la democracia y es el derecho de participación. Se trata ya no solo de que los ciudadanos voten cada cuatro años, sino de que, en función de las nuevas tecnologías y del nacimiento de una nueva ciudadanía, los ciudadanos tengan también otros derechos de participación en todos los asuntos públicos, para lo cual habrá que arbitrar mecanismos de información, de comunicación y de recepción de propuestas del conjunto de la ciudadanía. Esto es algo que veníamos planteando en el texto andaluz desde el inicio y que hoy finalmente vamos a conseguir.


También ha sido materia nuestra otra preocupación, ya que la igualdad de género y específicamente la violencia de género estaba contemplada en el texto de una forma excesivamente genérica. Por eso hemos hecho, junto con el Grupo Socialista, esa especie de enmienda in voce al conjunto de los grupos para que el tratamiento

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de la violencia de género sea de carácter integral y abarque aspectos preventivos, aspectos de ayuda social y aspectos de ayuda económica y le pedimos al conjunto de los grupos el apoyo para este texto.


Termino diciendo que los hechos diferenciales son siempre dinámicos, no son estáticos, no son geográficos, no los conforman solamente el dominio de lenguas específicas o la situación de insularidad, sino que, como digo, los hechos diferenciales son dinámicos e históricos. En cuanto al hecho diferencial andaluz y la capacidad de Andalucía de transmisión, es verdad que tenemos una identidad un tanto difusa, porque tenemos un carácter abierto que precisamente por serlo es mucho más trascendente y entrante que el de otro tipo de nacionalidades que se pliegan sobre ellas mismas, con pleno respeto y derecho a realizarlo. Por tanto, que no se plantee que la identidad de Andalucía está sujeta a ningún establecimiento jurídico o tecnocrático de unos hechos diferenciales que hacen solamente referencia al dinero, a la autonomía fiscal o a situaciones geográficas o históricas del pasado. El presente también es historia y será historia, señores diputados, y como tal marca hechos diferenciales. Este Estatuto no es el Estatuto valenciano ni es el Estatuto balear -con todos mis respetos, es lo que han decidido esos parlamentos, de acuerdo- ni es el Estatuto de Aragón. Este es un Estatuto mucho más completo, más ambicioso, fundamentalmente en competencias y en materia social, y es el Estatuto de Andalucía.


El señor PRESIDENTE: En nombre del Grupo del Partido Popular en la Delegación tiene la palabra don Rafael Salas Machuca.


El señor REPRESENTANTE DEL PARLAMENTO DE ANDALUCÍA (Salas Machuca): Es para mí un honor intervenir en esta Comisión Constitucional en este asunto tan importante como es la reforma del Estatuto de Autonomía. Por supuesto,debo resaltar la extraordinaria relevancia que tiene este título porque estamos hablando de derechos sociales para los andaluces y de compromisos concretos de los poderes públicos de la comunidad autónoma, con especial incidencia en las personas más desfavorecidas, con lo que todo ello comporta en los órdenes político, económico y jurídico. Creo que es justo que nos detengamos en resaltar el avance político y social que representa este título y desde luego, desde una posición particularmente especial, que lo haga el Partido Popular de Andalucía.
Vean ustedes la intervención de doña Concha Caballero, que ha dedicado diez minutos a criticar al Partido Popular en lugar de centrarse en este título. Señora Caballero, los derechos sociales y las políticas públicas no son patrimonio de la izquierda. (La señora representante del Parlamento de Andalucía, Caballero Cubillo, pronuncia palabras que no se perciben.) No, no lo son, señora Caballero. Además acostumbra usted como siempre a hacer lecturas sesgadas y falsas de los artículos, a hacer gala de un sectarismo vital -lo hizo usted en Andalucía y lo ha hecho ahora- y desde luego de una sordera pertinaz, porque se ha perdido una extraordinaria exposición de don Federico Trillo, donde ha demostrado con argumentos jurídicos y políticos lo que usted no escucha porque no quiere. A mí me gustaría de verdad que este título superara por fin una falsa acusación, la suya -lo fue en Andalucía y hoy aquí también-, porque viene siempre a indicar que el Partido Popular no quería que este título se contemplara en el Estatuto de Andalucía. Lo dijo allí y ahora le molesta.¿Por qué le molesta, señora Caballero? (La señora representante del Parlamento de Andalucía, Caballero Cubillo: No me molesta.) Le molesta enormemente. Le duele. Pues peor para usted. (Risas.)

Voy a contar la historia. Nosotros ofrecimos un texto alternativo a la propuesta presentada en el Parlamento de Andalucía por Izquierda Unida y el PSOE y mantuvimos entonces enmiendas legítimas a aquellos artículos que considerábamos acordes con nuestros principios, con nuestras convicciones, pero nunca hemos solicitado la supresión del título, hemos estado siempre en este debate. Lo que ocurre es que para el Partido Popular de Andalucía el Estatuto no es ni un programa electoral ni una carta a los Reyes Magos. Es un texto político y jurídico. No es una salmodia constitucionalista, es un texto jurídico y para nosotros era muy importante que esos derechos estuvieran perfectamente encuadrados, enmarcados en la Constitución española- ya sé que a Izquierda Unida no le gusta la Constitución española. (Rumores.-La señora representante del Parlamento de Andalucía, Caballero Cubillo, pronuncia palabras que no se perciben.)-, libres a nuestro juicio de cualquier mancha de inconstitucionalidad. Hemos de decir que en la redacción actual, y en un esfuerzo considerable en pro del consenso, plasmado en las enmiendas acordadas, el título satisface al Partido Popular de Andalucía. Quiero recordar que ya en el debate andaluz introdujimos con relación a las garantías -un punto importante- dos aspectos que para nosotros son de extraordinaria relevancia. El primero -que está tomado de sugerencias del Defensor del Pueblo- es que los poderes públicos, como les interesa el efectivo cumplimiento de estos principios, tienen la obligación de adoptar medidas de impulso a la legislación pertinente. Estos son derechos de configuración legal que van a tener que ser desarrollados por leyes sectoriales. Por cierto, señora Caballero, hay que ver la justificación que plantean ustedes al artículo 38 sobre garantías. Como usted me ha leído una justificación, yo también le voy a recordar la suya, que dice que ese texto merma profundamente la garantía de los ciudadanos frente al poder ... es confusa y jurídicamente incomprensible y el texto de la ponencia a este respecto resulta notablemente vacuo. Lo va a votar usted. (La señora representante del Parlamento de Andalucía, Caballero Cubillo: No, ese no.) Sí, este sí. Los poderes públicos adoptarán las medidas necesárias, mediante el impulso a la legislación pertinente, la

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garantía de una financiación suficiente- porque sin dinero no hay ni derechos ni política social- y por supuesto la eficacia y la eficiencia de las actuaciones administrativas. Detrás de los derechos están las personas, los que no tienen una vivienda digna, los que por razón de su dependencia están imposibilitados ellos y también sus familias para hacer una vida normal; están los inmigrantes, los parados. Ellos deben ser el centro de las preocupaciones de las administraciones y de los grupos políticos. En segundo lugar, también valoramos que se sitúe al Defensor del Pueblo como garante de la defensa de los derechos enunciados en el presente título.


Por otra parte, y ya en esta tramitación en el Congreso de los Diputados, saludamos especialmente -lo ha hecho con anterioridad don Federico Trillo- aquellas enmiendas que han limado constitucionalmente los artículos de partida y han hecho posible el acuerdo. A título de ejemplo, el hecho de que los destinatarios de las políticas públicas y titulares de los derechos lo sean de acuerdo con las leyes reguladoras de los derechos fundamentales y de las libertades; o el texto resultante del artículo 30, sobre la participación política con cláusula: sin perjuicio de lo dispuesto en la Constitución y en las leyes del Estado. Claro, como no podía ser de otra manera. O que la protección jurisdiccional, tan importante para que tenga validez lo preceptuado, se haga de acuerdo con los procedimientos que establezcan las leyes procesales del Estado; o como ha quedado definitivamente el artículo 30, referido a los deberes de los andaluces. Incluyo también en este apartado la redacción final al artículo 21 sobre el derecho a la educación.


En el capítulo de los principios rectores las diferencias han sido menores y los textos procedentes de Andalucía eran similares: la prestación de servicios públicos de calidad, la protección social de los mayores y de los menores, la integración de los discapacitados, el especial tratamiento de la dependencia, la atención a la marginación, la integración de los inmigrantes eran comunes en todas las propuestas.
Nosotros queremos destacar que en este trámite se hayan incorporado dos principios fundamentales para el presente y el futuro de Andalucía, el artículo 13, del fomento de la capacidad emprendedora, la investigación y la innovación, por supuesto el reconocimiento en estos ámbitos de la necesidad de impulsar la labor de las diez universidades andaluzas y desde luego el artículo 37.14o, el fomento de los sectores turístico y agroalimentario, porque son los elementos estratégicos fundamentales de la economía andaluza.


Hoy, señorías, los andaluces han ganado en derechos y en deberes. Es verdad que algunos son repetición de los derechos recogidos en la Constitución española; otros -por decirlo de alguna forma- han ascendido de categoría y, de estar en decretos del Gobierno andaluz, como el derecho a una segunda opinión médica, han pasado a figurar en el Estatuto; y otros son novedosos para los andaluces, como el derecho a una buena Administración o el derecho a acceder y usar las nuevas tecnologías; por supuesto, y lo valoramos también muy positivamente, que deba aparecer que se garantiza la igualdad de oportunidades entre los hombres y las mujeres y el derecho de estas a una protección contra la violencia de género.


Termino señorías. Siempre hemos abogado por un Estatuto de consenso porque ese era el mayor reto de los partidos políticos y el mayor logro que podíamos ofrecerles a los andaluces. Para nosotros un Estatuto de primera es un Estatuto constitucional y un Estatuto de consenso. De lo que digo, un buen ejemplo: este título de derechos sociales, deberes y políticas públicas.


El señor PRESIDENTE: Antes de dar la palabra al señor Gracia, quería decir que en el esfuerzo que estamos haciendo de facilitar el consenso, no debemos entrar en contradicción acusando a los que se acercan al consenso, sino recibiendo amablemente a los que empujan hacia él.


El señor Gracia tiene la palabra.


El señor REPRESENTANTE DEL PARLAMENTO DE ANDALUCÍA (Gracia Navarro): Señorías, quien les habla lleva semanas trabajando precisamente por ese consenso, de manera que, como comprenderán, no voy a hacer otra cosa ahora que una intervención que también contribuya al consenso y además, si me lo permiten, que nos autofelicitemos porque hayamos sido capaces de encontrar puntos de coincidencia en materias que, no nos engañemos, no son en absoluto ni asépticas ni neutras sino que son el cogollo -si me permiten una expresión muy andaluza- ideológico de esta reforma. Era muy difícil encontrar ese punto. En Andalucía, muchas veces en las comparecencias ante los medios de comunicación cuando estábamos elaborando esta propuesta, yo hablaba del mínimo común; pues el mínimo común es muy difícil cuando se tocan las fibras, los elementos que muchas veces -también hay que decirlo, señorías- forman parte más de lo emocional que de lo racional, forman parte más del background de todos, de todos, los componentes de las formaciones políticas, porque no son ángeles celestiales, son hombres y mujeres, mujeres y hombres de carne y hueso que tenemos nuestros prejuicios, nuestras trayectorias, nuestras inercias, nuestros vicios -entre comillas- como responsables públicos más o menos importantes desde el punto de vista de las estructuras orgánicas de los partidos o desde el punto de vista institucional; pero todos los que estamos en un partido político tenemos también eso que entre nosotros los socialistas muchas veces llamamos la cultura de partido, todos la tenemos, los componentes de todas las formaciones políticas.


Aclarado eso, me parece que es muy importante que en este título se haya producido un acercamiento. Ya fue muy notable el acercamiento que se produjo en la ponencia, todo hay que decirlo. Pero sin duda hoy quedaban aspectos importantes, y a mí me importa destacar que las enmiendas transaccionales que se han repartido

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a los miembros de esta Comisión y de la Delegación andaluza al principio de este título creo que ejemplifican perfectamente cuál ha sido el papel de los socialistas en estas semanas para intentar el acercamiento de posiciones. Me van a permitir SS.SS. que les refresque la memoria -también a los medios de comunicación que nos acompañan-, porque hemos presentado una enmienda en la que acordamos que se redacten mejor aspectos relativos a la protección integral contra la violencia de género, juntamente con Izquierda Unida; hay una transaccional a una enmienda del Grupo Parlamentario Popular sobre el artículo 20, testamento vital y dignidad ante el proceso de la muerte; hay otra transaccional con dicho Grupo sobre el artículo 21.2, referido a la enseñanza, sobre la que luego volveré; hay otra enmienda transaccional con el Grupo de Izquierda Unida sobre las prestaciones, ayudas y servicios de calidad a las personas con discapacidad y en situación de dependencia, y finalmente hay otra también al Grupo de Izquierda Unida sobre el derecho a participar activamente en la vida pública, para lo que se establecerán mecanismos necesarios de información, comunicación y recepción de propuestas. Es decir, hemos hecho transacciones -no me estoy situando en ningún espacio geopolítico, estoy describiendo hechos- a izquierda y derecha, a derecha e izquierda, si me permiten decirlo así. Por tanto, creemos que ese era el papel que nos correspondía para preservar lo importante que era salvaguardar un título de derechos, señorías, que desde el primer día los socialistas andaluces dijimos que era para nosotros la seña de identidad de esta reforma. Nosotros no queríamos más autogobierno para las instituciones de la comunidad autónoma, no queríamos mejorar la financiación de la comunidad autónoma, no queríamos dotarnos de nuevas instituciones o reconocerlas en el Estatuto, no queríamos hacer la reforma si no era para que sirviera para que las mujeres y los hombres de Andalucía disfrutaran mejor de los derechos constitucionales, profundizaran en el ejercicio y en el disfrute de esos derechos y de sus libertades y, por tanto, que la reforma fuera -lo he dicho antes, lo voy a repetir y seguramente lo repetiré en cada intervención, porque para nosotros era una auténtica obsesión- útil para la ciudadanía, sin más banderas de quién es más social o menos social. Los hechos son los hechos, están ahí, las hemerotecas están ahí, todo está ahí. Para nosotros eso era fundamental y era nuestra voluntad que eso además se hiciera con un título plenamente respetuoso con la Constitución, es decir, que fuera algo que se hiciera en el marco constitucional y que no alterara el marco de distribución de competencias establecido por la propia Constitución. Y recuerdo a SS.SS. que en la propuesta que venía, no en lo que estamos aprobando hoy y ahora como novedad, como enmiendas incorporadas al informe en la ponencia o como transaccionales que se formulan hoy aquí, sino en la propuesta que salió del Parlamento andaluz, ya venía un artículo 13 que afirmaba que ninguno de los derechos o principios contemplados en este título puede ser interpretado, desarrollado o aplicado de modo que se limiten o reduzcan derechos o principios reconocidos por la Constitución, de tal forma que la voluntad de que eso fuera así venía ya expresado negro sobre blanco en un artículo de este título. Todavía hemos ido más allá, le hemos incorporado más garantías de que eso es así introduciendo expresamente en el mencionado artículo 13 que los derechos y principios del presente título no supondrán una alteración del régimen de distribución de competencias ni la creación de títulos competenciales nuevos; una obviedad, pero que daba garantías a quienes las necesitaban y nosotros estábamos de acuerdo. Como lo es también que efectivamente -como de forma acertada decía el señor Trillo al principio de su intervención- en el artículo 12 era necesario que se dejara claro que el reconocimiento de quiénes son los destinatarios en todo caso será de acuerdo con las leyes reguladoras de los derechos fundamentales y libertades públicas, en la medida en que este título reconoce, desarrolla o reproduce derechos fundamentales y libertades públicas de la Constitución, como no podía ser de otra manera, porque no puede ir más allá, porque no sería constitucional ir más allá.


Despejadas las dudas, los fantasmas o las sombras de toda suerte que se pudieran pasear por encima del carácter constitucional o no del título de derechos que pretendíamos, también quiero señalar a SS.SS. -no voy a hacer una defensa grandilocuente de esa parte, pero me atrevo a mencionarla- que hay una novedad interesante y es que hemos querido introducir una referencia a deberes de las andaluzas y de los andaluces, porque creemos que en lo que debe ser una trabajo de pedagogía político-ciudadana de la difusión de este texto una vez promulgado, es necesario que se constate en la ciudadanía que junto a la ampliación de sus derechos, al perfeccionamiento en el acceso y al ejercicio de sus derechos fundamentales y libertades públicas, los andaluces y las andaluzas también tienen que ser conscientes de que forman parte de una sociedad en la que junto a los derechos también están las obligaciones y los deberes de ciudadanía. Por tanto, hemos querido que apareciera en este título un capítulo de derechos, repito que probablemente a algunos nos hubiera gustado que fuera más allá, que fuera más ambicioso en esa intención de pedagogía ciudadana, pero creemos que apunta, que marca ya una cierta característica definitoria de esta reforma frente o junto a otras de otras comunidades autónomas, dicho sea siempre con respeto para todas. No voy a entrar tampoco en la discusión de algunos intervinientes, pero esta es la reforma que hasta este momento puedo asegurar, porque tengo esa legitimidad para hacerlo, que tiene el respaldo de la mayoría del pueblo andaluz, legítimamente acreditada en las últimas elecciones celebradas en la comunidad autónoma, esta, en este estado actual, y por tanto no es ni la que en otra comunidad nos quieran enseñar ni la que desde otra comunidad nos quieran poner como ejemplo o como parangón, ni nosotros queremos ponerla como ejemplo o parangón para

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nadie. Es la que la mayoría del Parlamento andaluz, en la redacción que vino, quiso -por tanto, el Parlamento andaluz y la mayoría del pueblo andaluz- y la que en estos momentos, al hablar en nombre del grupo que tiene la mayoría suficiente en la Cámara andaluza, puedo acreditar que responde a esa posición.


No queríamos hacer un título que fuera inasumible para el conjunto de las fuerzas políticas, y con ello me voy a referir a las dos cuestiones, sin duda, más sensibles desde el punto de vista ideológico. Hemos encontrado una formulación susceptible, capaz de concitar -espero- el apoyo unánime de los miembros de la Delegación andaluza y de los miembros de la Comisión Constitucional que conformamos esta Comisión que comienza sus trabajos hoy, y me refiero evidentemente a los artículos 20 y 21.
Señorías, con independencia de los debates de todo tipo que se puedan realizar -y me parece que no es el lugar ni el momento para entrar en la definición o concepción del proceso de una muerte digna o en el carácter laico de la enseñanza pública-, lo que yo quisiera destacar es que en los dos casos la voluntad del Grupo Socialista, con la que se han formulado las transaccionales y con la que creemos haber encontrado un acuerdo, y desde luego la voluntad con la que queremos que se entienda por parte de la ciudadanía es que no se trata en ninguno de los dos casos de fórmulas que excluyan ninguna posición política, ideológica o de cualquier otra naturaleza sobre las dos materias. No imponen ninguna fórmula y no excluyen ninguna posición. Eso nos parece que es lo que ha conseguido concitar el acuerdo: que no pretendemos imponer a nadie ninguna prescripción relativa al proceso de la muerte de cada hombre y de cada mujer de nuestra tierra, ni tampoco pretendemos imponer un determinado modelo o concepción respecto a cómo tiene que ser, desde el punto de vista de la aconfesionalidad del Estado proclamada en el artículo 16 de la Constitución, la enseñanza en los centros de titularidad pública de nuestra comunidad autónoma. Pero lo que sí queremos es reafirmar algo que nos parece que con la redacción encontrada hoy -y me refiero ahora ya específicamente al artículo 21- debería permitir a todos, señorías, a todos, también a todas las fuerzas políticas, superar debates estériles para que quede claro de una vez que afirmar que la enseñanza pública será laica no es afirmar que la enseñanza pública irá en contra de ninguna suerte de creencia, de nadie, que no es el carácter laico de la enseñanza pública un arma arrojadiza contra nadie ni contra las creencias de nadie, sino la garantía de la preservación de los efectos en el ámbito de la educación del carácter aconfesional del Estado que contempla el apartado 3 del artículo 16 de nuestra Constitución. Ese es no solo el espíritu sino casi la literalidad del texto que hemos encontrado. Probablemente se podían haber encontrado mejores redacciones, seguramente no satisface plenamente a nadie y por eso es posible que sea el mejor texto para dar vía libre al acuerdo en una materia que todos sabemos que es especialmente sensible. Pediría a las formaciones políticas, a las cuatro formaciones del Parlamento andaluz que respaldáramos -y ahora se lo pido muy especialmente a mis compañeros y compañeras del Partido Andalucista, aunque puedan tener una discrepancia global respecto a otras cosas, y naturalmente a los de Izquierda Unida y del Partido Popular- esa enmienda transaccional a este artículo. Sería fundamental que esa enmienda transaccional se aprobara por unanimidad de la Cámara andaluza, porque se traladaría ese mensaje de que se ha acabado el falso debate sobre esta materia en nuestra tierra. No pretendo dar un carácter histórico a lo que estamos haciendo ni muchos menos, no voy por ahí. A lo que voy es a que traslademos un mensaje de serenidad y tranquilidad en un tema como este, porque nos une a todos por encima de cualquier otra consideración.


Termino, señor presidente. Sin duda se pueden decir muchas cosas más de este título. Casi voy a decir lo mismo que dije antes respecto del artículo 10 del título preliminar. Este título, como quede finalmente su redacción -que estoy seguro de que si cambia algo antes de que sea sometido a referéndum del pueblo andaluz será para mejorarlo-, será fundamental que llegue al último rincón de nuestra tierra, que lo conozcan todos los hombres y mujeres de Andalucía, que sepan que esto es lo que todos -en la medida en que todos lo apoyemos y respaldemos- hemos querido que constituya el núcleo esencial. Puede que no sea lo más importante, desde el punto de vista de la arquitectura institucional, de la concepción y de la organización del Estado, de la plasmación del autogobierno, etcétera, pero esto es lo que marca para qué hemos hecho esta reforma, para qué queremos que esta reforma sea para ellos y para qué vamos -digo ese plural en un sentido simbólico- a someter finalmente a su ratificación en referéndum este texto. Esta parte es la que debe mover la voluntad de los andaluces y las andaluzas el día en que este texto se les someta a referéndum.


El señor PRESIDENTE: Hemos terminado el debate del título I. Nos corresponden ahora las votaciones pero como recordarán, anuncié que no votaríamos antes de las 13:30 y, por tanto, no debemos comenzar a votar porque puede haber señoras y señores diputados y delegados que estén por las salas contiguas y no vendrán hasta esa hora. Quiero aprovechar este momento para dos cosas. Les advierto de que hay una enmienda transaccional que anunció el señor Torres Vela y de la que yo solicité si alguien se oponía en el título preliminar y hay cinco enmiendas transaccionales presentadas al título I. La primera, que es al artículo 16, no es una enmienda transaccional y tampoco lo pretende el escrito que se ha distribuido por el grupo. Esta es una enmienda a un artículo que no se apoya en ninguna enmienda existente y, por tanto, si no hay unanimidad en la tramitación no la tramitaremos. Quiero saber si hay unanimidad por todos los grupos representados para que podamos tramitar la enmienda al artículo 16 que trata de

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la protección contra la violencia de género. ¿Hay unanimidad en su tratamiento? (Asentimiento.) Entonces la veremos también y la podremos votar.


Vamos a suspender durante 15 minutos hasta las 13:25 porque a las 13:30 en punto empezaremos a votar. (El señor Jáuregui Atondo pide la palabra.) Enseguida le doy la palabra. Ruego a los distintos miembros de los grupos que estén presentes a esa hora porque hay muchas votaciones por delante.


Señor Jáuregui.


El señor JÁUREGUI ATONDO: Quería pedirle si nos puede usted indicar cómo vamos a votar para que nos preparemos adecuadamente.


El señor PRESIDENTE: Tienen ustedes un cuadernillo de enmiendas, lo cual facilita mucho la votación. Como lo tienen ustedes delante, si van siguiendo mi explicación lo entenderán mucho mejor. Título preliminar: Lo primero que vamos a votar es una enmienda transaccional presentada por el Grupo Socialista y que ya tiene la conformidad del tratamiento por unanimidad. Inmediatamente después votaremos en una sola votación, a menos que haya petición de separación, todas las enmiendas y el voto particular de Izquierda Unida. Si hay petición de separar, se separará.
Si no, se harán en una sola votación serán todas las enmienda de Izquierda Unida. Igualmente votaremos todas las enmiendas del Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV) y todas las enmiendas del Grupo Popular, aunque ya les advierto que el Grupo Popular ha pasado un escrito a la Mesa retirando alguna de esas enmiendas. Si quieren tomar nota, les digo en seguida cuáles son las retiradas: 179, 180, 181, 185 y 189. Una vez terminemos las votaciones que acabo de decir, que serán por bloques de cada una de las formaciones políticas, a menos que se solicite la separación de alguna enmienda, tendremos que votar el dictamen de los artículos de este título, es decir, desde el artículo 2 al artículo 12, porque el 1 está relegado al final. Haremos una votación de esos artículos, que no una votación de título, sino de esos artículos, que se votarán agrupados o separados si alguno lo pide. Así terminamos las votaciones del título preliminar.


Pasamos al título I. En primer lugar, votaremos las cinco enmiendas transaccionales que han sido presentadas por el Grupo Socialista e inmediatamente después, en una sola votación, las dos del Grupo Mixto -señora Lasagabaster y señor Labordeta-; en una sola votación -a menos que se pida separado- las del Grupo de Izquierda Unida, que son ocho, más el voto particular al artículo 27; en una sola votación las del Grupo Vasco (EAJ-PNV) y en una sola votación las veintiuna enmiendas -aunque se me anuncia que serán retiradas algunas que todavía no están comunicadas a la Mesa- del Grupo Popular; todas estas votaciones agrupadas, a menos que se solicite la separación. Terminada la votación de las enmiendas, procederemos a la votación de los artículos comprendidos en el título I, que van desde el artículo 12 al 41, no el título, sino los artículos. Se podrán votar de una sola vez si no hay petición en contra, o por separado si existe esa petición. (El señor Jáuregui Atondo pide la palabra.)

Señor Jáuregui.


El señor JÁUREGUI ATONDO: Yo quería preguntar al Grupo Andalucista si va a retirar la enmienda número 46, referida a los símbolos, porque hemos ofrecido una transaccional y habíamos admitido ya en la ponencia una parte de su enmienda.


El señor PRESIDENTE: Siento mucho lo que le voy a decir, pero no tengo más remedio que decirle que el Grupo Andalucista de la delegación del Parlamento andaluz no tiene ninguna atribución para retirar una enmienda que no le pertenece, porque la enmienda es del Grupo Vasco (EAJ-PNV), a menos que el Grupo Vasco le diera la representación para decirlo, no para retirarlo. Afortunadamente hay muchos móviles y a lo mejor en este plazo de tiempo pueden ustedes entender, si nos lo comunica el Grupo Vasco, bajo la responsabilidad de quien lo transmita.


Tiene la palabra la señora Caballero.


La señora REPRESENTANTE DEL PARLAMENTO DE ANDALUCÍA (Caballero Cubillo) : Señor presidente, retiramos, porque se votarán como transaccional, las enmiendas 12 y 14 de nuestro grupo parlamentario al título I.


El señor PRESIDENTE: ¿Alguna apreciación más? Esperemos que el Grupo Vasco retire esa enmienda.


Señor Romero.


El señor REPRESENTANTE DEL PARLAMENTO DE ANDALUCÍA (Romero Ruiz): Señor presidente, para adelantar el trabajo pedimos votación separada de las enmiendas 48 del Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV) y 42, así como de la número 46 si finalmente no se acepta la transaccional.


El señor PRESIDENTE: La 42 no, porque es al artículo 1, que está relegado para el final del debate.


El señor REPRESENTANTE DEL PARLAMENTO DE ANDALUCÍA (Romero Ruiz): No, la 48 y la 46. El problema está en la 46, si se acepta la enmienda del Grupo Socialista o no.


El señor PRESIDENTE: No le he comprendido.


El señor REPRESENTANTE DEL PARLAMENTO DE ANDALUCÍA (Romero Ruiz): Es una enmienda en la que estamos a la espera de que los móviles nos digan si el PNV da autorización al PA para aceptarla o no.


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El señor PRESIDENTE: En el caso de que se mantenga solicitará usted votación separada. Si se retira, entonces no tiene que decir nada.


¿Quiere decir que la 46 y la 48, si las dos estuvieran presentes, se pueden votar de una sola vez? Si el sentido de su voto es el mismo, se puede. (Asentimiento.)

¿Alguna observación más? (Pausa.)

Se suspende la sesión y a la una y veinticinco se reanuda para votar a la una y media en punto. (Pausa.)

El señor PRESIDENTE: Señoras y señores diputados, reanudamos la sesión de la Comisión Constitucional. Vamos a comenzar las votaciones de las enmiendas de los artículos que ya hemos debatido. ¿Alguna observación antes de la votación? Señor Dell' Olmo.


El señor REPRESENTANTE DEL PARLAMENTO DE ANDALUCÍA (Dell' Olmo García): El portavoz del Grupo Parlamentario Socialista de la delegación del Parlamento de Andalucía, ha pedido un gesto al Grupo Parlamentario Andalucista en relación con las enmiendas transaccionales relativas al artículo 20, testamento vital y dignidad ante el proceso de la muerte, y el 21.2 sobre la educación. El Grupo Parlamentario Andalucista entendiendo la importancia que tiene de un consenso social en Andalucía sobre estas materias que afectan a derechos fundamentales y a convicciones muy profundas, va votar afirmativamente ambas transaccionales. Creemos que es importante en razón de la materia, pero, al mismo tiempo, queremos trasladar que es un gesto del Grupo Parlamentario Andalucista que no está en una posición inmovilista, sino en posición de defender el máximo autogobierno de Andalucía.


El señor PRESIDENTE: Tiene la palabra la señora Caballero.


La señora REPRESENTANTE DEL PARLAMENTO DE ANDALUCÍA(Caballero Cubillo): No habíamos indicado lo que queríamos separar en el título I. Queremos separar el artículo 8 y 38, pero se pueden votar conjuntamente.


El señor PRESIDENTE: Estamos hablando de las enmiendas. Si me dice el número de la enmienda y de qué grupo es.


La señora REPRESENTANTE DEL PARLAMENTO DE ANDALUCÍA (Caballero Cubillo): La enmienda no, me refiero al artículo.


El señor PRESIDENTE: Cuando se voten los artículos pediré la votación.


La señora REPRESENTANTE DEL PARLAMENTO DE ANDALUCÍA (Caballero Cubillo): Respecto a las enmiendas, aunque es un tanto inusual, queremos si fuera posible, separar de la transaccional referida al 21.2, el primer párrafo del segundo, por lo que ha apuntado nuestro portavoz de Izquierda Unida a nivel federal, es decir, si fuera posible, queremos segregar el párrafo segundo.


El señor PRESIDENTE: En realidad es un solo apartado. No hay dos apartados.


La señora REPRESENTANTE DEL PARLAMENTO DE ANDALUCÍA (Caballero Cubillo): Como hay puntos y aparte entendemos que es un párrafo distinto.


El señor PRESIDENTE: La enmienda transaccional es al apartado 2 del artículo 21. No podemos separarlos porque hay un solo apartado. El apartado 2 tiene un punto y aparte pero no es otro apartado.


La señora REPRESENTANTE DEL PARLAMENTO DE ANDALUCÍA (Caballero Cubillo): Era nuestra voluntad votar la enseñanza laica y no, sin embargo, el añadido posterior.


El señor PRESIDENTE: En este caso no podemos atenderla, señora Caballero.


¿Hay alguna otra observación antes de votar? Señora Báñez que voy directamente contra usted. (Risas.) ¿Los representantes del Grupo Popular tienen ya el listado de las enmiendas que del título I podrían retirar?

La señora BÁÑEZ GARCÍA: Las mantenemos para votarlas en bloque, señor presidente.


El señor PRESIDENTE: Muchas gracias.


Comienzan las votaciones. Como saben ustedes, votarán en primer lugar los miembros de la Comisión Constitucional y después los miembros de la Delegación del Parlamento de Andalucía, de tal manera que si hubiera contradicción entre uno y otro sería motivo de desacuerdo y dominaría lo que haya votado la Comisión Constitucional. Así está en el Reglamento.


Del título preliminar, como saben ustedes, no vamos a votar las enmiendas ni el dictamen del artículo 1 porque queda aplazado para debatirlo y votarlo con el preámbulo, así que empezamos por votar la enmienda transaccional del Grupo Socialista al artículo 3.5, que hace referencia a la protección de los símbolos de Andalucía; enmienda transaccional a la número 46, del Grupo Parlamentario Vasco.


Votación de la Comisión Constitucional.


Efectuada la votación, dijo

El señor PRESIDENTE: Queda aprobada por unanimidad.


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Votación de la Delegación del Parlamento de Andalucía.


Efectuada la votación, dijo

El señor PRESIDENTE: Queda aprobada por unanimidad.


Pasamos a votar las enmiendas del Grupo Parlamentario de Izquierda Unida, las números 3, 4, 5, 6, 7 y el voto particular al artículo 8.


Votación de la Comisión Constitucional.


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, dos; en contra, 35; abstenciones, dos.


El señor PRESIDENTE: Votación de la Delegación del Parlamento de Andalucía.


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, dos; en contra, 35; abstenciones, dos.


El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.


Votamos ahora la enmienda número 48, del Grupo Parlamentario Vasco PNV (EAJ-PNV).


Votación de la Comisión Constitucional.


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, tres; en contra, 35; abstenciones, una.


El señor PRESIDENTE: Votación de la Delegación del Parlamento de Andalucía.


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, dos; en contra, 36; abstenciones, una.


El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.


El señor PRESIDENTE: Votamos el resto de las enmiendas del Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV), las números 42, 46, 49 y 50.


Votación de la Comisión Constitucional.


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, cuatro; en contra, 35.


El señor PRESIDENTE: Votación de la Delegación del Parlamento de Andalucía.


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, cuatro; en contra, 35.


El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.


Votamos ahora las enmiendas del Grupo Parlamentario Popular, que son las enmiendas números 177, 178, 82, 83, 84, 86, 87 y 88.


Votación de la Comisión Constitucional.


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 15; en contra, 24.


El señor PRESIDENTE: Votación de la Delegación del Parlamento de Cataluña.


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 13; en contra, 26.


El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.


Con esto hemos terminado la votación del título preliminar, siempre recordando que el artículo 1 queda pendiente. Ahora nos queda el informe de los artículos 2 al 12.


El señor REPRESENTANTE DEL PARLAMENTO DE ANDALUCÍA (Romero Ruiz): Señor presidente, pedimos la votación separada de los artículos 3, 5 y 8, al que hemos defendido con anterioridad un voto particular. Nos da igual votar estos tres artículos de forma agrupada.


El señor PRESIDENTE: De acuerdo. Votamos los artículos 3, 5 y 8.


Votación de la Comisión Constitucional.


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 35; en contra, uno; abstenciones, tres.


El señor PRESIDENTE: Votación de la Delegación del Parlamento de Andalucía.


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 35; en contra, dos; abstenciones, dos.


El señor PRESIDENTE: Quedan aprobados.


Votamos ahora el resto de artículos, del 2 al 12, excluidos los que acabamos de votar.


Votación de la Comisión Constitucional.


Efectuada la votación, dijo

El señor PRESIDENTE: Quedan aprobados por unanimidad.


Votación de la Delegación del Parlamento de Andalucía.


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 37; en contra, dos.


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El señor PRESIDENTE: Quedan aprobados.


Pasamos ahora a votar las enmiendas del título I. En primer lugar, votamos las cinco enmiendas transaccionales presentadas por el Grupo Parlamentario Socialista, la primera de ellas, la del artículo 16, como saben, no era transaccional pero habiendo unanimidad en su tramitación podemos tramitarla.


El señor REPRESENTANTE DEL PARLAMENTO DE ANDALUCÍA (Dell'Olmo García) : Señor presidente, el Grupo Parlamentario Andalucista de la Delegación del Parlamento de Andalucía solicita la votación separada de la enmiendas relativas a los artículos 16, 20 y 21.2.


El señor PRESIDENTE: Quiere decir que se pueden votar conjuntamente los números 16, 20 y 21.


La señora REPRESENTANTE DEL PARLAMENTO DE ANDALUCÍA (Caballero Cubillo): Señor presidente, solicito la votación separada de la transaccional relativa al artículo 21.2.


El señor PRESIDENTE: De transaccional ha sido pedida votación por separado pero junto con la 18. Entonces no puede ser.


Votamos exclusivamente la transaccional que hace referencia al artículo 21, apartado 2.


Votación de la Comisión Constitucional.


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 37; abstenciones, dos.


El señor PRESIDENTE: Votación de la Delegación del Parlamento de Andalucía.


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 37; abstenciones, dos.


El señor PRESIDENTE: Queda aprobada.


Pasamos a votar las transaccionales que hacen referencia exclusivamente a los artículos 16 y 20, solicitadas por el Grupo Andalucista.


Votación de la Comisión Constitucional.


Efectuada la votación, dijo

El señor PRESIDENTE: Quedan aprobadas por unanimidad.


Votación de la Delegación del Parlamento de Andalucía.


Efectuada la votación, dijo

El señor PRESIDENTE: Quedan aprobadas por unanimidad.


Pasamos a votar el resto de las transaccionales, que ya es muy poco resto, lo que afecta a los artículos 24 y 30.


Votación de la Comisión Constitucional.


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 38; abstenciones, una.


El señor PRESIDENTE: Votación de la Delegación del Parlamento de Andalucía.


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 37; abstenciones, dos.


El señor PRESIDENTE: Quedan aprobadas.


Pasamos a votar las enmiendas que están registradas con anterioridad en el título I. En primer lugar, tenemos dos enmiendas del Grupo Mixto, de la señora Lasagabaster y del señor Labordeta.


Votación de la Comisión Constitucional.


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, uno; en contra, 35; abstenciones, tres.


El señor PRESIDENTE: Votación de la Delegación del Parlamento de Andalucía.


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos en contra, 35; abstenciones, cuatro.


El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.


Pasamos a votar las enmiendas de Izquierda Unida números 8, 9, 10, 15, 16 y 17 y el voto particular al artículo 27.


Votación de la Comisión Constitucional.


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, dos; en contra, 35; abstenciones, dos.


El señor PRESIDENTE: Votación de la Delegación del Parlamento de Andalucía.


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, dos; en contra, 35; abstenciones, dos.


El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.


Votamos las tres enmiendas del Grupo Parlamentario Vasco, las números 54, 57 y 62.


Votación de la Comisión Constitucional.


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Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, tres; en contra, 35; abstenciones, una.


El señor PRESIDENTE: Votación de la Delegación del Parlamento de Andalucía.


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, dos; en contra, 35; abstenciones, dos.


El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.


Votamos las enmiendas del Grupo Parlamentario Popular números 190, 191, 192, 193, 194, 195, 196, 197, 198, 199, 200, 201, 202, 203, 204, 205, 208, 209, 210, 211 y 212.


Votación de la Comisión Constitucional.


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 15; en contra, 24.


El señor PRESIDENTE: Votación de la Delegación del Parlamento de Andalucía.


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 13; en contra, 26.


El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.


Hemos terminado la votación de las enmiendas. Ahora nos corresponde votar el informe de la ponencia referido a los artículos 12 a 41. ¿Se solicita alguna votación separado, informe? (Pausa.) Votamos los artículos 12 a 41.


Votación de la Comisión Constitucional.


Efectuada la votación, dijo

El señor PRESIDENTE: Quedan aprobados por unanimidad.


Votación de la Delegación del Parlamento de Andalucía.


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 37; abstenciones, dos.


El señor PRESIDENTE: Quedan aprobados.


Hemos terminado las votaciones de los dos títulos que hemos debatido esta mañana.


Se suspende la sesión hasta las cuatro y treinta minutos de la tarde.


Era la una y cincuenta minutos de la tarde.


Se reanuda la sesión a las cuatro y treinta y cinco minutos de la tarde.


El señor PRESIDENTE: Señoras y señores, continuamos con la sesión de la Comisión Constitucional para el debate y aprobación, en su caso, de la propuesta de reforma del Estatuto de la Comunidad andaluza. Nos corresponde ahora examinar el título II, competencias de la comunidad autónoma. Quiero advertirles, para su organización, que mi idea es que después de que aprobemos, en su caso, el título II, podamos ver agrupadamente los títulos III, IV y V, porque hay muy pocas enmiendas.
Como sé que algunos grupos pueden haber pensado que las intervenciones no fueran unipersonales, se repartirá el tiempo y seremos flexibles con él.


En el título II hay presentados en principio siete votos particulares del Partido Andalucista; tres enmiendas del Grupo Parlamentario Mixto, señora Lasagabaster y señor Labordeta; cinco enmiendas del Grupo Parlamentario de Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya Verds, más dos votos particulares a los artículos 50 y 83; nueve enmiendas del Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV), y una enmienda del Grupo Popular. Además se han presentado y se han distribuido -lo tendrán ustedes en sus pupitres- cinco enmiendas transaccionales del Grupo Socialista al Grupo Popular. Para que puedan formarse su idea a la hora de su intervención, doy la palabra en primer lugar al representante del Grupo Socialista, que ha presentado las enmiendas transaccionales, señor Jáuregui.


El señor JÁUREGUI ATONDO: Quizás, señor presidente, nos falte saber más o menos la hora en la que se prevé la votación. Lo digo porque los diputados igual quieren saberlo, aunque no es mi caso.


El señor PRESIDENTE: Señor Jáuregui, entiendo que lo que me está pidiendo es que corrija lo que dije esta mañana, porque ya lo anuncié esta mañana.
Si creen ustedes que lo puedo adelantar por si acaso, lo adelanto por si acaso. Esta mañana yo había anunciado que no votaríamos antes de las siete y media de la tarde. Si creen que van a ser parcos en sus intervenciones y que tal vez podamos votar a las siete...


El señor JÁUREGUI ATONDO: No, no creo que sea el caso.


El señor PRESIDENTE: No es el caso; pues entonces votaremos no antes de las siete y media de la tarde.


El señor JÁUREGUI ATONDO: Digo que no es el caso porque tengo la impresión de que mis compañeros ponentes en este título compartirán conmigo la opinión de que estamos ante uno de los títulos más puntillosos.


El señor PRESIDENTE: Pero eso no da más tiempo. (Risas.)

El señor JÁUREGUI ATONDO: Digo que estamos ante uno de los títulos más puntillosos por la minuciosidad

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que entraña el llamado título competencial. Como todo el mundo sabe, cuando se examinan los estatutos de autonomía, es evidente que se presta una atención especial a este título, porque los estatutos de autonomía en gran parte depositan su esencia precisamente en la definición de sus competencias. Por otra parte, como el modelo que estableció el título VIII de la Constitución dejaba a las autonomías y a sus estatutos un amplio margen para la definición competencial, es bastante elemental que coincidamos todos en que este tipo de leyes tienen que centrarse fundamentalmente en esa materia.


Señorías, la primera cosa que quería decirles es que el Estatuto de Autonomía de Andalucía, en esta segunda generación de estatutos, ha optado por una sistemática competencial relativamente semejante al modelo del Estatuto de Cataluña, es decir, una serie de artículos que definen la tipología competencial y por tanto describen el ámbito y la extensión de las competencias desde el punto de vista de la definición conceptual -qué es exclusivo, qué es compartido, qué es ejecutivo y qué funciones abarca cada uno de estos términos-, para luego pasar a una larga, incluso diría que minuciosa definición de competencias por servicios, por grandes materias. Este es el modelo que estableció el Estatuto de Cataluña y este es el modelo que también en parte establece el Estatuto de Andalucía, a diferencia de otros estatutos, como el de la Comunidad Valenciana o el de Baleares, que veremos más adelante, o el de Aragón, que hacen una descripción más limitada en unos pocos artículos de todas las funciones que se atribuyen a cada una de estas competencias. Por ejemplo, en el de Baleares podemos contemplar que en tres únicos artículos se describen todas las funciones. Este no es el caso de la Comunidad andaluza, que ha optado por un modelo que llamaríamos de meticulosidad en la definición competencial, quizá no tan extenso como el que hizo el Estatuto de Cataluña que en sesenta y pico artículos definió todas las funciones que se atribuían a la Comunidad de Cataluña describiendo en cada caso si estas eran exclusivas, compartidas o ejecutivas. Aquí lo que hay son 44 artículos, con cuatro grandes artículos de tipología competencial y una descripción de las funciones en cada una de las materias.


Este es un modelo que cumple cuatro grandes objetivos, que son los que en mi opinión han guiado el debate que hemos tenido en ponencia. No les oculto que hemos trabajado en este capítulo muchísimas horas en multitud de reuniones con los grupos políticos para tratar de obtener un título competencial de máximo consenso. Como les decía, este título responde, en primer lugar, a una aspiración, que es una definición de máximo autogobierno. En los artículos 42 a 46, por lo que se refiere a la tipología competencial, se hace una definición de contenidos y una descripción de lo que significan las competencias exclusivas, compartidas y ejecutivas muy minuciosa. El título competencial además se complementa con 40 artículos descriptivos de cada una de las competencias en cada una de las grandes materias en las que se fundamenta el autogobierno andaluz.
En segundo lugar, no solamente este Estatuto con esta descripción alcanza el máximo de autogobierno, sino también la máxima adaptación a los tiempos, a las exigencias de un autogobierno del siglo XXI. Si algo justifica esta nueva generación de estatutos veinticinco años después de los que aprobamos a comienzos de los ochenta, es precisamente la conveniencia de que el modelo autonómico español se adapte a toda una serie de circunstancias que han motivado en cierto modo esta reelaboración estatutaria, por ejemplo; en materia de justicia, como veremos después en el título V, cuando se produce una adaptación del modelo autonómico judicial a la fortaleza institucional y a la realidad sociológica autonómica de las comunidades autónomas; por ejemplo, o ante fenómenos como la inmigración, que todo el mundo sabe que es realmente nuevo en la realidad sociopolítica española; o ante la importancia de la innovación tecnológica en estos tiempos de revolución científico-técnica que atravesamos, afortunadamente para la humanidad; o en la adaptación de la Inspección del Trabajo a una Administración autonómica que prácticamente gestiona en su totalidad este cuerpo tan importante de la Función pública; o por supuesto en la organización territorial y en la organización local, adaptada también a esa tercera pata del modelo autonómico español, de ese sistema de subsidiariedad que se inicia en los ayuntamientos y llega a la comunidad autónoma para acabar en el Estado y en la Unión Europea, en una especie de círculos concéntricos de poder compartido. Pues bien, máximo autogobierno, máxima adaptación a las exigencias de un autogobierno en el siglo XXI y también máximo respeto a la Constitución, señorías. Nosotros hemos hecho un esfuerzo para que la definición competencial de Andalucía responda no solamente a la Constitución en términos genéricos, sino también a un sistema de reparto que podríamos calificar de -iba a decir ambiguamente- genéricamente definido por nuestra Constitución, en mi opinión con mucha inteligencia, puesto que el constituyente no sabía muy bien qué modelo territorial se iba a configurar en nuestro país. Lo cierto es que dejó un amplio margen para que las comunidades autónomas fueran definiendo su nivel de autogobierno, salvando, claro está, lo que llamaríamos elementos nucleares o esenciales de una gestión estatal, de un interés general que alguien tiene que respetar y velar por él, que es obviamente el Gobierno del Estado. En este terreno se ha producido nuestro trabajo más delicado, más jurídico, más preciso, respecto a la acomodación del texto que procedía del Parlamento de Andalucía a nuestra Constitución. De hecho, quiero recordar que en el trabajo de ponencia hemos reformado casi 40 de los 44 artículos que comprende este título, probablemente porque ha hecho falta esa precisión, sin ofender la voluntad autonómica expresada ni lesionar el autogobierno configurado por la demanda o por la ambición, como esta

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mañana le llamaban varios compañeros de la Comisión al Estatuto de Autonomía.


Por último, máximo consenso. Señorías, quiero recordarles que en la ponencia, y es algo que seguramente no consta suficientemente en la opinión pública, casi 40 de estos 44 artículos los hemos votado conjuntamente la gran mayoría de las fuerzas políticas que han avalado este texto ante esta Comisión, es decir, el Partido Socialista, el Partido Popular e Izquierda Unida. Eso ha sido consecuencia de un trabajo -repito- casi proceloso, de una meticulosidad enorme, pero que ha enriquecido positivamente este texto. Las transaccionales que ahora les presentamos -con eso ya voy a ellas- responden a una serie de artículos que no fue posible pactar y transaccionar en el debate de la ponencia. Lo que quiero decirles, señorías, es que con estas cinco enmiendas que presentamos a los artículos 42, 61, 62, 78 y 85 nuestro grupo considera que realmente hemos situado ya el terreno del consenso prácticamente en un camino irreversible, porque aun aceptando que todavía podrá haber puntualizaciones a la manera en la que hemos definido las competencias en agricultura, a la manera en lo que lo hemos hecho respecto de los notarios o respecto de la Inspección de Trabajo o de los consumidores, respecto a tantas y tantas cosas, al final ha habido una base de consenso extraordinariamente importante. Este espíritu se refleja, por ejemplo, en el artículo 42, que es el primero que quiero citarles de nuestras enmiendas transaccionales. Sin duda, es un artículo importante, en el que se define lo que llamamos básicamente la tipología competencial. Responde a la filosofía del Estatuto de Cataluña y, por tanto, define qué es una competencia exclusiva, qué es una compartida, qué es una ejecutiva, etcétera. En este artículo, aun sabiendo que sobre él existían posiciones de una enorme delicadeza, porque no podemos olvidar que sobre este artículo y sobre otros muchos que comprenden el capítulo competencial del Estatuto de Cataluña hay un recurso pendiente, hemos querido conseguir un acuerdo con los dos grandes partidos con los que hemos debatido el consenso en esta y en todas las materias del Estatuto, como son el Partido Popular e Izquierda Unida. Este es el texto que hoy les presentamos. En el preámbulo se explica que todas las competencias exclusivas, compartidas y ejecutivas se tendrán que ejercitar respetando lo dispuesto en la Constitución y en el presente Estatuto. Este es un preámbulo que enmarca, como no puede ser de otra manera, en el marco constitucional el desarrollo autonómico fundamental del título competencial.


En el desarrollo del número 1 del capítulo de las competencias exclusivas, hemos señalado como novedad respecto del texto aprobado en la ponencia y en el Parlamento de Andalucía: y sin perjuicio de las competencias atribuidas al Estado en la Constitución. Con esto queremos decir que las competencias exclusivas, que comprenden la potestad legislativa, la reglamentaria y la ejecutiva íntegramente, tienen que ejercitarse en el marco de la Constitución. Pero quiero reiterar a los grupos parlamentarios, sobre todo de la Delegación del Parlamento de Andalucía, que cuando esto se dice nada limita la competencia exclusiva de la comunidad autónoma para desarrollar mediante leyes esa competencia y, por supuesto, para que no haya otras leyes del Estado al respecto, pero tienen que hacerlo en el marco de la Constitución. Ese añadido, en nuestra opinión, no perjudica el nivel de autogobierno que se estableció en el Parlamento y, sin embargo, es un añadido que hemos hecho a petición del Grupo Popular para establecer en qué marco se desarrolla esta competencia exclusiva.


Me gustaría señalar al Grupo de Izquierda Unida que el comentario sobre que el derecho estatal tiene carácter supletorio en el último inciso de este párrafo primero del artículo 42 no constituye ningún límite a la capacidad de autogobierno que se desprende de la competencia exclusiva, porque la legislación estatal siempre es supletoria. Lo dice el artículo 149.3 de la Constitución literalmente -se lo voy a leer, señorías-, en su último inciso: "El derecho estatal será, en todo caso, supletorio del derecho de las comunidades autónomas". ¿Quiere esto decir que por esta vía el Estado puede invadir competencias exclusivas de la comunidad autónoma? No, porque la comunidad autónoma desarrolla la competencia exclusiva con su propia ley, con su desarrollo reglamentario y con su ejecución. Ahora bien si no hace ley o, haciéndola, deja una laguna legal, el derecho estatal es supletorio. ¿y qué pasa? Eso no es malo, eso simplemente es una aclaración que da seguridad jurídica a la interpretación de las fuentes del derecho que ilustran una determinada materia, pero la competencia exclusiva de la comunidad autónoma es incuestionable para hacer su propia ley, su ley única que desarrolle esa materia.


En el segundo apartado, competencias compartidas -le pido al presidente que me perdone porque me extienda un poco pero creo que este es un título que merece esta referencia-, nosotros hemos consensuado también con el Grupo Popular una interpretación que, dejando claro que la competencia compartida permite que la comunidad autónoma tenga potestad legislativa, reglamentaria y ejecutiva, pretende que sea siempre sobre la base de que si hay una ley de bases o unas bases previas que el Estado tiene derecho a fijar -porque es competencia compartida-, la comunidad autónoma limitará esa competencia al desarrollo de esas bases. La pregunta que ha surgido -y es un debate político importante- es si esas bases pueden ser expansivas y si pueden invadir el terreno competencial que a priori se atribuye a esa comunidad autónoma. Creo que es preciso reconocer que en la experiencia de más de 20 años de autonomía todos los gobiernos del Estado -del PSOE o del Partido Popular, no me importa reconocerlo- a veces han hecho una interpretación expansiva exagerada de las leyes de bases, y esto nos llevó a una precisión conceptual de cuáles deben ser estas leyes de bases para que el Estado, al establecer una ley de bases, no desarrolle excesivamente, hasta el punto de vista casi reglamentario, esa materia. En el Estatuto de Cataluña se

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estableció una limitación a esa posibilidad estableciendo dos grandes excepciones: a) que esas bases solo pueden ser fijadas por ley, y b) que esas leyes solo pueden establecer principios o mínimos comunes normativos. Cuando establecimos esa precisión incurrimos quizás en un debate que a otros grupos les preocupa desde la perspectiva de que un Estatuto de Autonomía podía limitar excesivamente la capacidad del Gobierno del Estado en esa fijación o incluso podría penetrar en un terreno que solo al Tribunal le corresponde, que es el interpretativo de lo que es o no base mínima. El Grupo Socialista hoy se enorgullece de poder presentar aquí un texto que hemos acordado con el Grupo Popular, dejando claro, en nuestra opinión, que por supuesto esas bases solo pueden fijarse en leyes, salvo algunas excepciones que la propia Constitución prevé o el Tribunal Constitucional ha determinado, y hemos obviado que tenga que hacerse sobre principios o mínimo común normativo porque esa es una jurisprudencia que el Tribunal ha establecido claramente de manera reiterada. Ahí creo que hemos encontrado un cierto equilibrio en una precisión que el Grupo Popular consideraba excesiva y que el nuestro ha admitido reducir, en el bienentendido de que nuestra interpretación va a seguir siendo la que acabo de señalar, puesto que aunque no ponga principios o mínimo común normativo, lo hacemos porque sabemos que el Tribunal Constitucional ha marcado reiteradamente que solo las bases del Estado podrán serlo sobre la base de principios o mínimos comunes normativos. Perdonen que me haya extendido, pero esta precisión tenía importancia.


Señorías, paso ya a la enmienda número 61, que se refiere a la inmigración. (Rumores.) Si quieren ustedes termino, pero creo que el debate de la Comisión debe hacerse con este tipo de detalles. Si hace falta abreviar, ustedes me lo dirán y lo dejo y se acabó, pero creo que el Estatuto de Andalucía merece estas explicaciones. En materia de inmigración el Estatuto de Autonomía atribuye a Andalucía una competencia importante. Es una competencia que se inserta en un terreno delicado como son las políticas de inmigración, y lo hemos hecho admitiendo que la Comunidad Autónoma de Andalucía va a tener competencia ejecutiva en materia de autorización de trabajo a los extranjeros. Lo hacemos porque sabemos que la competencia en materia de relaciones laborales corresponde a la comunidad autónoma y, en ese sentido, estamos en la convicción de que hay que reconocerlo así, pero lo matizamos diciendo que tiene que ser en la necesaria coordinación con el Estado y, por supuesto, de acuerdo con lo que establezca la legislación del Estado.


Algo semejante hemos hecho con la enmienda número 62, donde se plantea el tema de la Inspección de Trabajo de la que les hablaba al principio.
Nosotros admitimos la dependencia orgánica, esta es la gran transferencia a la comunidad autónoma que se produce en esta materia, pero le reclamamos que el ejercicio -y así se establece en un añadido que se ha insertado en este número 2 del 63- de esa competencia sea de forma coordinada. ¿Por qué? Porque la Inspección de Trabajo sigue realizando inspecciones en materias del Estado, concretamente en la Seguridad Social. También hemos añadido al número 3 de ese artículo que, en materia de Seguridad Social, todo lo que se transfiera se hará con pleno respeto al principio de unidad de caja. Creo que es un principio que todos los grupos de esta Cámara coinciden en la conveniencia de incorporarlo.


El 78 es una precisión en materia de justicia en la que no me voy a detener. Para terminar, haré una referencia al artículo 85, en el que se establecen lo que llamamos procesos de designación de los miembros de órganos económicos y sociales. Aquí -aunque lo explicará mucho mejor que yo la portavoz del Grupo Popular- tengo que lamentar que no hayamos encontrado un equilibrio, porque el Parlamento de Andalucía nos planteaba una demanda que era el derecho de la comunidad de participar en la designación de miembros de este tipo de organismos. Es verdad que esa designación solo será posible en el marco de la Constitución y en lo que eventualmente establezcan las respectivas leyes del Estado, hasta el punto de que, siendo sinceros, si esas leyes no establecieran ninguna previsión, no habría tal participación en la designación. Respetamos el derecho del Partido Popular a no incorporar una disposición de esta naturaleza al texto y, en su caso, respetaremos que tengan una votación particular en esa materia y en aquellas otras que ellos determinen.


Termino, señorías, con una reflexión final. Nuestro grupo no les puede ocultar que ha trabajado todos estos días con la intención de hacer más fuerte el consenso de un Estatuto que, reconozcámoslo, no vino con el consenso suficiente no desde el punto de vista parlamentario, sino desde el punto de vista de una máxima o plena legitimidad de un texto como este. Nosotros no queremos reclamar a nadie ni pasar -por así decirlo- factura de quién ha cambiado más o quién ha cambiado menos. Esto lo digo porque en nuestras intervenciones, señorías, ustedes verán que lo que hay es un orgullo por el consenso y no una reivindicación de quién ha cambiado mucho o quién ha cambiado poco; eso importa poco. El presidente de esta Comisión, don Alfonso Guerra, decía hace unas pocas horas -lo he leído hoy mismo en algún periódico- que había que recuperar el espíritu constitucional. Pues bien, tomando esa referencia yo les pregunto, ¿por qué es tan importante siempre la Constitución? No es solo porque sea un texto perfecto, que no lo es, como ninguno, sino porque fue un texto acordado. Del Estatuto de Autonomía de Andalucía lo que importará mañana no será tanto quién ganó aquí o allá, quién decidió en esto o en aquello, sino que será un texto de todos, y ese esfuerzo, también en este capítulo, ha merecido la pena. Por eso, señorías, acabo reivindicando, también para nuestro grupo, el trabajo de esfuerzo en el consenso y reclamando a todos ustedes que sin perjuicio de matices -que los tendrán, seguro, en algunos capítulos-, al igual que esta mañana, en la que hemos empezado magníficamente este Estatuto, sea posible una

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votación, no sé si de unanimidad o por lo menos de máximo acuerdo en torno a este título tan importante.


El señor PRESIDENTE: Señor Jáuregui, creo que ha resumido usted muy bien el espíritu que todos los grupos parlamentarios expusieron el día que se constituyó esta Comisión para nombrar la ponencia.


Para la defensa de sus siete votos particulares tiene la palabra la señora doña Pilar González.


La señora REPRESENTANTE DEL PARLAMENTO DE ANDALUCÍA (González Modino): Señor presidente, señorías, empiezo donde ha terminado el señor Jáuregui: unanimidad difícilmente, señor Jáuregui; difícilmente cuando ustedes no han tenido a bien acercarse para nada a las posiciones que defiende -modestamente pero las defiende- el Grupo Parlamentario Andalucista.


Se va despejando la incógnita, señorías, y yo tengo una lectura clara -puede ser equivocada o no, evidentemente es particular- sobre lo que está ocurriendo en el día de hoy en esta Comisión Constitucional. Se va despejando la incógnita y se está produciendo un acercamiento del Partido Socialista al Partido Popular sin ninguna duda y además creo que sin ningún complejo. Es evidente que es mi lectura de esta situación, pero se está produciendo un acercamiento de las posiciones que defendía el Partido Socialista a las posiciones que defendía el Partido Popular. A nosotros no nos extraña puesto que comparten un modelo de Estado muy similar ambas formaciones políticas, ambos grupos políticos; comparten un modelo de Estado centralista con algunos matices que les diferencian, pero que en su estructura fundamental es absolutamente similar el que tienen tanto las señorías del Partido Socialista como las del Partido Popular. Luego es razonable que se acerquen, que coincidan, que encuentren espacios de comunión en sus posiciones y también es razonable -ahora hablo completamente en serio, sin la carga de ironía que tenían mis palabras anteriores- que se intente el consenso. Lo único que lamento una vez más es que ese consenso no se extienda a todos los grupos políticos que forman parte del Parlamento de Andalucía. Saben también SS.SS. que nuestro modelo de Estado es diferente; es un modelo de corte más federalista, desde luego un federalismo simétrico entre pueblos libres e iguales dentro del mismo Estado que es, sin ninguna duda y también sin ningún complejo, España.


De lo que está ocurriendo se deduce una pretensión importante, y es que el Estatuto de Andalucía debe convertirse de alguna manera en la red que soporte el desarrollo del Estado autonómico, del conjunto del Estado, con tres excepciones, ya únicamente con tres excepciones: evidentemente el País Vasco; evidentemente también Cataluña, con su Estatuto en vigor; y queda Galicia, no sé -no tengo capacidad para predecir el futuro- lo que ocurrirá en el caso de Galicia pero sí en los dos casos anteriores. Lo que estoy viendo que se pretende aquí es que Andalucía sea la red que garantice esa evolución del Estado autonómico en este segundo momento de desarrollo de los estatutos de autonomía de las diferentes comunidades autónomas. De nuevo Andalucía es la garantía del café para todos.
Señorías, desde la posición de un partido nacionalista, café para quien lo quiera, para quien lo trabaje, para quien lo merezca. Lo que se está pretendiendo con este acercamiento entre los dos grupos centralistas es que Andalucía sea esa red que garantice, que haga constitucional el resto de los estatutos de autonomía del conjunto del Estado español, y ahí, señorías, nosotros tenemos alguna discrepancia muy seria y de principios.
Me aconsejaba esta mañana el señor Torres Vela; que no estableciera yo categorías entre las comunidades autónomas. Es irrelevante que yo las establezca, señor Torres Vela, lo relevante es que las establece la Constitución. Es en su artículo 2 en el que esa Constitución sacrosanta para muchos establece categorías diferentes entre las comunidades autónomas, y desde luego Andalucía no es ninguna de las regiones que accedieron a la autonomía por la vía del artículo 143. Ya lo hemos dicho esta mañana pero yo no me canso de repetirlo; no fue nunca Andalucía una región del artículo 143, fue una nacionalidad del artículo 151. Insisto, es irrelevante que yo establezca diferencias o categorías entre las comunidades autónomas, lo verdaderamente relevante es que lo establece la Constitución.


Estamos, señorías, en uno de los títulos más importantes del Estatuto, el referido al autogobierno, el del poder político de Andalucía. Decía alguien esta mañana -con mucho acierto, a mi juicio-: el de la ambición de Andalucía, y esa ambición tiene que ser sin duda la del máximo autogobierno porque es del poder político de Andalucía de lo que estamos hablando en este momento, del poder político del Gobierno andaluz. Luego, razonablemente, la ambición de Andalucía debe ser la de máximos. ¿Qué ocurre, señorías? Que ustedes de alguna manera confunden la ambición del conjunto de Andalucía con la ambición del Partido Socialista que es quien gobierna Andalucía, quien lleva gobernando Andalucía desde hace veinticinco años. Ejemplos muy concretos, señorías -y ya aterrizo sobre nuestros votos particulares-: el artículo 50, al que hemos presentado un voto particular y que habla en concreto de la Cuenca Hidrográfica del Guadalquivir. La ambición de Andalucía no es la ambición del Partido Socialista; que quede claro que la ambición de Andalucía es la suma de las ambiciones de todas las fuerzas políticas andaluzas y en definitiva la suma de las ambiciones de todos los andaluces y andaluzas que viven en nuestra tierra. Este artículo 50, al cual nosotros hemos formulado un voto particular para que se mantenga al menos la redacción que salió del Parlamento de Andalucía - virgencita que me quede como estoy, dice el viejo adagio andaluz-, fue considerado constitucional por el Consejo Consultivo de Andalucía, órgano con un peso político y jurídico en cuanto a la interpretación de normas bastante relevante,

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evidentemente. No es que lo entienda el Partido Andalucista, que daría igual que lo entendiera o no, por eso utilizo el argumento de que fue el Consejo Consultivo de Andalucía quien entendió que este artículo tal como salió del Parlamento de Andalucía era constitucional. Lo mismo ocurre con los otros artículos a los cuales hemos formulado voto particular, entendiendo que responde mejor a esa ambición de Andalucía el texto que salió del Parlamento de Andalucía, y eso que nosotros no lo votamos.
Creemos que refleja mucho mejor la necesidad del Gobierno de Andalucía el texto tal y como salió del Parlamento, evidentemente en el artículo 50, en el de la Cuenca Hidrográfica del Guadalquivir. Ya lo dije en la ponencia, señorías, lo repito únicamente para las personas que no son andaluzas y quizás no sepan que de la Cuenca Hidrográfica del Guadalquivir únicamente dos subafluentes y algunos afluentes de dicho río nacen en Extremadura, y una rambla que está seca 350 días al año está en Murcia. El resto de la Cuenca Hidrográfica del Guadalquivir discurre exclusivamente por Andalucía, únicamente por Andalucía. No es comparable a ningún otro río de la Península, a ningún otro (Rumores.), ni siquiera al Miño porque este hace frontera con Portugal, ni siquiera a ese. Los demás ríos de la Península transcurren por más de un territorio; el Guadalquivir, salvo estas excepciones que les he mencionado, discurre íntegramente por Andalucía, y esto no es una cuestión de interpretación política, es una cuestión de observar la realidad geográfica tal cual es.
Luego discutiremos las cuestiones políticas, que es lo que estamos haciendo aquí, pero es indiscutible que el río Guadalquivir, la Cuenca Hidrográfica del Guadalquivir, en un 98 por ciento es únicamente andaluza. Con ese hecho, que es objetivo, unido al aval del Consejo Consultivo de Andalucía parece mucho más razonable el artículo 50 tal como salió del Parlamento de Andalucía que como se reformó en la ponencia.


En el mismo sentido van los restantes votos particulares que ha formulado mi grupo parlamentario. No quiero extenderme en todos ellos; todos son importantes, evidentemente. Estoy segura de que ustedes entienden la importancia que todos ellos tienen. También quiero comentar de pasada, porque me parece relevante, el voto particular al artículo 83.1, la cláusula de cierre. Parece una obviedad, pero es necesario mantener en el Estatuto de andalucía que además de las competencias y funciones que la comunidad autónoma asume por medio del Estatuto de Autonomía le corresponden todas aquellas que la Constitución no atribuye expresamente al Estado. Esto también era constitucional según el Consejo Consultivo de Andalucía, señorías, con lo cual es un aval importante.


Sobre las enmiendas que registró el Grupo Nacionalista Vasco y que recogen algunas de nuestras posiciones, quería decir simplemente dos cosas, por destacar lo que es probablemente más simbólico, más visual o más identificable con nuestras posiciones políticas, en concreto, la enmienda 87 del Grupo Parlamentario Vasco al artículo 64, la rúbrica y el contenido; este es el artículo de la policía autonómica. Señorías, de nuevo les recuerdo que la ambición de Andalucía del máximo autogobierno no debe coincidir con el modelo del Partido Socialista o únicamente con la ambición del Partido Socialista, siendo legítimo naturalmente porque gobierna Andalucía, sin ninguna duda. El modelo de policía autonómica que tiene el Partido Socialista llévenlo al Parlamento de Andalucía y hagamos una ley; tienen ustedes la mayoría necesaria para que el modelo que en este momento se implante en Andalucía sea el que quiera el Partido Socialista -eso es razonable, así es la democracia, esas son las reglas del juego-; pero en el Estatuto no cercenen la posibilidad de que otro Gobierno de Andalucía de otro color político con otro modelo de policía autonómica pueda tener su oportunidad, pueda tener su propia ley, que será debatida, discutida en el Parlamento de Andalucía con la composición que tenga en el futuro, y puede haber otro modelo. Lo que no pueden pretender ustedes es que en el Estatuto de Autonomía de Andalucía el modelo de policía autonómica que se consagre sea el que tiene el Partido Socialista, porque cercena las posibilidades de los demás. Ustedes tienen un modelo, que me parece muy claro y muy respetable; llévenlo al Parlamento de Andalucía, hagamos una ley, discutámoslo, y tendrá la validez que tengan todas las leyes que salen del Parlamento de Andalucía, pero no me cercenen en el Estatuto la oportunidad de que cuando alguna vez alguien que no sea el Partido Socialista gobierne en Andalucía pueda desarrollar su propio modelo de policía autonómica. Eso sí responde a la ambición política y de autogobierno de Andalucía; no responde naturalmente a la ambición o al modelo del Partido Socialista.


Sobre las transaccionales -ya termino, señor presidente-, aunque evidentemente están dirigidas al Grupo Parlamentario Popular me voy a permitir dar alguna opinión. Por lo que se refiere al artículo 42, la clasificación de las competencias, es evidente el acercamiento que se produce entre el Partido Socialista y el Partido Popular. Este modelo sería a la catalana -entre comillas y con el máximo respeto-, siguiendo el modelo que se ha establecido en el Estatuto de Cataluña, en lo formal; en el contenido es a la valenciana, no es a la catalana. Siguiendo el modelo establecido en el Estatuto de Cataluña en lo formal, en el contenido evidentemente no se parece en absoluto a lo que contiene el Estatuto de Cataluña. Cuando describe las competencias exclusivas de Andalucía, entramos en el sin perjuicio de las competencias atribuidas al Estado en la Constitución y al carácter supletorio que tiene el derecho estatal. Lo que dice el Estatuto -obviando que sea el de Cataluña, me daría igual del territorio del que fuera el Estatuto- que ha salido de las Cortes Generales, del Congreso de los Diputados, hablando de las competencias exclusivas, es que corresponde únicamente a la Generalitat en este caso el ejercicio de estas potestades y funciones; únicamente, pero nosotros tenemos el sin perjuicio de las competencias atribuidas al Estado en la Constitución y el carácter

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supletorio del derecho estatal. Caramba, señorías, si esto estaba pensado para dar seguridad jurídica, como decía el señor Jáuregui, en este momento al Estatuto de Andalucía, ¿por qué no lo pensaron para darle la misma seguridad jurídica al Estatuto de Cataluña? También merecen seguridad jurídica los ciudadanos y ciudadanas de Cataluña. ¿O es que solo la merecemos los ciudadanos y ciudadanas de Andalucía,? A partir de ahí, evidentemente el discurso es continuar en esa misma línea. Cuando hablan de inmigración hablan de las políticas de integración y participación social, económica y cultural de los inmigrantes en el marco de sus competencias. ¿Cuáles? ¿Compartidas, ejecutivas, exclusivas? ¿Cuáles? Si no las escriben no sabemos de qué competencias de inmigración que corresponden a la comunidad autónoma están hablando. En el caso del Estatuto de Cataluña está escrito con todas las letras, tiene la palabra exclusivas.


En la transaccional al artículo 62, punto 3, cuando habla de que en materia de Seguridad Social corresponden a la comunidad autónoma las competencias, sí especifica ejecutivas que se determinen en aplicación de la legislación estatal, incluida la gestión de su régimen económico, con pleno respeto al principio de unidad de caja. ¿Es que este principio solo tiene vigencia en Andalucía? En Cataluña no pone con pleno respeto al principio de la unidad de caja pero sí en Andalucía, así en el resto.
Cuando en el artículo 78 se dice que la comunidad autónoma tiene competencias en materia de administración de Justicia, ¿de qué tipo son las competencias que tiene la Comunidad de Andalucía en materia de administración de Justicia?

Señorías, evidentemente -con esto termino, señor presidente- ustedes han tomado la decisión que han considerado más oportuna, y a nosotros nos parece absolutamente respetable, pero no pretendan convencernos de que el Estatuto de Andalucía es homologable al de Cataluña porque no lo es -he citado algunos ejemplos muy de pasada-. Por tanto, en este título, que es el de la ambición del autogobierno andaluz nosotros tenemos que ser mucho más exigentes y demandar mucho más de lo que aquí pone. Si ya nos parecía escaso lo que salió del Parlamento de Andalucía, y aun así hemos presentado votos particulares para que se mantenga al menos el texto que salió del Parlamento de Andalucía, en todo lo demás ese acercamiento entre los partidos centralistas rebaja la ambición de autogobierno de Andalucía, por eso, señorías, no puede contar con el respaldo de un partido nacionalista como es el Partido Andalucista.


El señor PRESIDENTE: Tiene la palabra en nombre de Grupo Parlamentario de Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya Verds el señor Llamazares.


El señor LLAMAZARES TRIGO: En la misma línea de la primera intervención de mi grupo parlamentario, en relación con el Estatuto de Autonomía de Andalucía, nosotros consideramos que este título, que podríamos decir que es uno de los fundamentales del Estatuto, a tenor de las enmiendas que se presentan por los grupos parlamentarios, a tenor de las transaccionales que ha presentado el Grupo Parlamentario Socialista junto con otros grupos de la Cámara, se mantiene sustancialmente como un Estatuto ambicioso, como un Estatuto de máximos, de ello no tenemos ninguna duda.
El Estatuto de Andalucía se mantiene en la línea de la propuesta del Parlamento andaluz, articulado en el marco del Estado, de un conjunto estatal que es el Estado español. En ese sentido, nosotros no tenemos ningún miedo a las aproximaciones, a los acercamientos, porque no es solamente un problema espacial sino también temporal; y este acercamiento espacial y temporal se da dentro de la ambición de máximos del Estatuto de Andalucía, dentro de la propuesta dispositiva del Parlamento andaluz.


No queremos que este Estatuto sea una fotocopia, como no lo quiere el Parlamento andaluz; queremos que este Estatuto sea lo que quiere el Parlamento andaluz, articulado en el marco de un Estado, como es el Estado español, y dentro lógicamente de la Constitución española que en estos momentos está vigente. Así como en el capítulo anterior hablábamos de los ideales, las competencias del Estatuto, y pensábamos que esos ideales, esas competencias del Estatuto eran satisfactorios, positivos y significaban unos ideales y unas competencias plenas, en este caso, en lo que podríamos denominar el sistema nervioso central del Estatuto, la distribución del poder político del Estatuto de Andalucía, también consideramos que se mantiene como un Estatuto de máximos.


Es verdad que se han presentado enmiendas que suponen aproximaciones entre las fuerzas parlamentarias y que podemos considerar que hay, si acaso, un estribillo que complace a un grupo de esta Cámara, un estribillo que se repite, como decía al inicio, en una salmodia constitucional, pero lo que abunda no daña, y en este caso no daña referirse a la Constitución española, porque siempre hemos pensado que el Estatuto no vulneraba la Constitución española, por tanto, no nos preocupa que se introduzca ese elemento, aunque sea de forma repetitiva, en el texto actual del Estatuto de Andalucía. De la misma manera, tanto en cuanto al poder político como al espíritu de cooperación, este pilar, este sistema nervioso central del Estatuto es satisfactorio. Otras comunidades autónomas han optado por otra delimitación de competencias, y nosotros lo consideramos legítimo dentro del derecho dispositivo. Ha habido comunidades autónomas que han optado por una delimitación genérica de competencias y un mecanismo de cierre denominado como se denomine -cláusula Camps o como se llame-, pero en todo caso con ambición competencial por ocupar el conjunto de los espacios competenciales que no están atribuidos a la Administración central. En el caso de la Comunidad Autónoma andaluza se ha apostado por una delimitación competencial clara en competencias exclusivas, compartidas y ejecutivas que es positiva para

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Andalucía y para el Estado y, por otra parte, se ha apostado desde el Estatuto de Andalucía por una descripción competencial minuciosa, y es una descripción positiva y una estrategia adecuada que deja con carácter pleno el Estatuto de Andalucía. En ese sentido, no tenemos mayores temores -tenemos algunas reservas- con respecto al producto final de la ponencia y ahora de la Comisión Constitucional.


Tenemos que recalcar las aportaciones que hemos hecho para actualizar o incrementar competencias con relación a temas tan importantes como la inmigración, el Guadalquivir, la policía autónoma y otras materias que para nosotros son y siguen siendo muy importantes. Eso sí, hay algunas enmiendas de nuestro grupo parlamentario que reflejan que nos hubiera gustado que estuviera más clara la competencia en materia de puertos y aeropuertos o que estuviera entre las competencias asumidas la de instituciones penitenciarias, que está a la disposición de las comunidades autónomas y algunas no solamente la han incorporado sino que la están ejerciendo. No es esa la voluntad del constituyente, del estatuyente, y nosotros reconocemos nuestra posición minoritaria, pero esas son también nuestras ambiciones. Por hacer un resumen con relación al sistema nervioso central, al segundo pilar del Estatuto de Autonomía de Andalucía, que es la distribución del poder político, las competencias, se mantiene no solo el esqueleto sino prácticamente el cuerpo que proponía el Parlamento andaluz, si bien con alguna salmodia constitucional, como he dicho antes, que abunda y no daña, y con algunos elementos que concretarán mis compañeros en su intervención y que plantean algunas dudas, pero no fundamentales, en lo que significa este título del Estatuto de Andalucía, un título de máxima ambición, de aproximación en torno a un Estatuto de máximos.


El señor PRESIDENTE: Tiene la palabra en nombre del Grupo Parlamentario Popular doña Soraya Sáenz de Santamaría.


La señora SÁENZ DE SANTAMARÍA ANTÓN: Intentaré ser breve y ordenada en mi exposición. En primer lugar y como entrada en la misma, me gustaría decir al señor Jáuregui que es excelente que hayamos encontrado un punto de encuentro. Ya sabe que la manera y el lugar donde encontrar a los del Grupo Popular en estos temas estatutarios es en la Constitución, y si nos encontramos en la Constitución bienvenido sea. En este título nos hemos encontrado bastante, en algunas cosas no, si bien no en muchas, y espero que podamos seguir encontrándonos en el resto. Si me permite la expresión un tanto vulgar, es el mejor lugar donde quedar.


En segundo lugar, me gustaría empezar con una cosa que lejos de parecer negativa para Andalucía, aunque no sea de esa comunidad autónoma pero a la que espero entender y desde luego respetar, es bueno para este Estatuto de autonomía llevar en su frente que sea el soporte del Estado autonómico. No hay nada más bonito para una comunidad autónoma que se siente parte de un todo servir para contribuir a mejorarlo, a perfeccionarlo y a que crezca. No me parece negativo; al contrario, me parece absolutamente positivo. Quiero dar las gracias a todos los ponentes por lo que hemos trabajado y por el ambiente en que se ha desarrollado la mejora de este título. Su transformación es importante.
No voy a entrar en la pelea de a qué modelo se parece. Algún portavoz de algún grupo lo ha dicho muy bien, pero esa no es la pelea. Lo que quiero, y para eso hemos trabajado, es que este título de competencias se parezca lo más posible a lo que quiso la Constitución y a lo que los constituyentes quisieron que fuera; si lo logramos, será una satisfacción de todos. Con estos esfuerzos se va pareciendo, no solo porque se hayan reformado cuarenta artículos de carenta ycuatro -los estatutos no son a bulto; no porque tenga un mayor desarrollo de competencias artículo por artículo se tiene más o menos competencias-, sino sobre todo porque en su espíritu y esencia desde luego hemos intentado -así lo ha pretendido mi grupo- que se respete la Constitución y su cumplimiento.


Voy a fijar brevemente la posición de mi grupo sobre las enmiendas transaccionales -quizá sea la novedad de hoy-, sin perjuicio de que haré una pequeña referencia a aspectos en los que mi grupo cree que podríamos seguir trabajando. En primer lugar, el artículo 42, de clasificación de competencias, ha sufrido un cambio esencial y para mejor, porque una cosa es la tipología de competencias y otra el blindaje. Repasando estatutos anteriores, en este segundo ciclo como lo llaman algunos -no me parece oportuno llamarlo segundo ciclo- ha habido muchos procesos estatutarios-,este es un artículo que en cierto modo trae su origen de artículos vigentes en algunos Estatutos de autonomía, por citar alguno el Estatuto de Baleares. La diferencia entre una clasificación y un blindaje radica en que se asuma o no la doctrina constitucional y en que se quiera poner coto a lo que la Constitución dice que el Estado puede hacer. Por eso, no solo me parece esencial el párrafo primero, que ciertamente podría ser una obviedad, pero tal y como está desarrollándose el debate estatutario en otros lares ya no es una obviedad que las cosas deben hacerse con arreglo a la Constitución desde el momento en que en algunos estatutos de autonomía aprobados en estas Cortes eso sencillamente ha pasado a segundo plano, sino sobre todo porque en las competencias exclusivas se reconoce que, habida cuenta de que están conectadas las unas a las otras y que hay tantos compartimentos que se comunican, el Estado en ciertas materias tiene títulos afectados o que se puedan afectarde las mismas y que deben respetarse. Ello no porque mi grupo tenga más o menos vocación centralista o estatalista -ni mucho menos, señorías-, sino sencillamente porque en esos títulos competenciales, como es la ordenación general de la economía o la igualdad de los derechos y deberes de los españoles, estamos hablando del derecho de todos los andaluces, los castellanoleoneses o los murcianos a ser iguales. En segundo lugar y en relación con las competencias

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compartidas, hay dos mejoras esenciales que van unidas también a la igualdad. Las bases que apruebe el Estado no son meros principios orientadores, son normas de general aplicación que garantizan ese principio de igualdad en el tratamiento, igualdad de todos; además, que sea con normas en rango de ley no impide -y aquí se recoge- que en ocasiones tengan un rango reglamentario. Así lo ha reconocido el Tribunal Constitucional, y pongo como ejemplo las circulares del Banco de España.
Este Estatuto lo respeta y otros que hemos tenido -estoy pensando en el artículo 110 de algún otro Estatuto- no. Por último, en el punto 3, en las competencias ejecutivas, queda claro con esta redacción que la potestad reglamentaria en la comunidad autónoma se tendrá desde el momento en que no perjudique la igualdad y las competencias del Estado para determinar esa igualdad. La potestad reglamentaria llegará hasta donde pueda llegar, pero a veces en esa ejecución es necesario que el desarrollo reglamentario sea igual para todos. Algunos consideran que las comunidades autónomas se sienten agraviadas en ocasiones por la extensión de las bases. Este no es un tema de seguridad jurídica. Si el Estado, si estas Cortes Generales, nos excedemos o se exceden en la fijación de las bases, que lo diga el Tribunal Constitucional; no le digamos nosotros a esta Cámara en su potestad soberana legislativa hasta dónde tiene que llegar. Seamos prudentes, pero desde luego no pongamos puertas al monte en un Estatuto de autonomía.


En relación con la inmigración, mi grupo -y así lo ha manifestado- ha tenido en este tema, y puede seguir teniendo, muchas prevenciones. En primer lugar, porque en un sistema y en una política de inmigración, y dado los problemas que tenemos, cuanto mejor y más fácil sea la coordinación mejor será la política migratoria, pero por lo menos se ha cogido un principio de necesaria coordinación, para nosotros esencial, y que sea la legislación del Estado la que discipline hasta dónde puede llegar esa potestad ejecutiva. Aquí no está que cada uno quiera acoger en su Estatuto lo que le venga bien, teniendo en cuenta que eso puede perjudicar al conjunto. Lo mismo puedo decir de la Inspección de Trabajo, sencillamente porque nuestro país, la unidad de mercado que es España y el conjunto de la Unión Europea, no puede permitirse que desde el nivel general no se ataque al fraude, a la contratación ilegal, a la explotación laboral de los inmigrantes, por ejemplo, sin planes nacionales en todo el conjunto y sin que funcionarios como los del cuerpo nacional de la Inspección de Trabajo puedan estar al servicio del Estado para desarrollar estas tareas.Yo no voy a hacer un debate sobre mayor autogobierno, que me parece positivo, pero quiero poner encima de la mesa de nuevo el debate de la eficacia porque, al fin y al cabo, creo que es lo que les importa a los ciudadanos, que seamos eficaces porque a la larga nadie va a ver quién es el titular de las competencias, sino quién es el que mejor las está ejercitando y las redunda en su beneficio. Lo mismo agradezco la reforma del artículo 78, de la Administración de Justicia y las competencias, por cuanto era una clara invasión de las competencias del Consejo General del Poder Judicial en materia de oposiciones y concursos del personal de Justicia, y hablará alguno de mis compañeros esta tarde más de este tema. Sin embargo, respecto al artículo 85 siento decirle al Partido Socialista que no podemos llegar a un acuerdo. Quizá llegaríamos a él en su punto primero. Es la Constitución y la legislación que la desarrolle quien tiene que ver en cada caso en qué organismo regulador debe o no ser bueno, oportuno, grato para el interés general y mejor para él, si deben o no participar. Este Estatuto establece ab initio un pórtico de organismos en los que se detalla que deben participar, organismos que, al margen de que sea o no conveniente la participación de las comunidades autónomas, creo que es la legislación del Estado la que debe disciplinarlo, y cuanto más avancemos en la independencia, neutralidad y profesionalidad de estos órganos, al menos así lo entiende mi grupo, mejor sera para todos y para el desarrollo de la labor que tienen que hacer.


En cuanto al resto de las enmiendas que han sido aceptadas a lo largo de la ponencia, nos gustaría poner de manifiesto muy brevemente algunos puntos que para nosotros son muy positivos. No es tanto que se recoja el principio de unidad de caja como que se recoja el principio de unidad de mercado y el respeto a las bases de la economía general. Lo es porque en un país sin fronteras que ha trabajado mucho para estarlo en un marco superior como es la Unión Europea, nadie entendería que pusiéramos ahora nosotros fronteras a través de los estatutos. No lo entenderían, entre otros, por ejemplo, los millones de profesionales titulados que hay en este país, que nos preguntarían qué estamos haciendo cuando, para pasar de ejercer de una comunidad autónoma a otra, les pedimos requisitos distintos, les imponemos obligaciones diferentes y les damos otros derechos e incluso nos cuestionamos el principio de colegiación única que tanto se ha logrado conseguir. A mí sencillamente me parece que antes que los territorios están las personas y en mi grupo no nos encontrarán para un estatuto que lo que intente o lo que logre, aunque no sea esa su búsqueda, sea perjudicar y ponerle trabas a la vida de la gente.


Lo mismo puedo decir respecto al principio de multilateralidad, que mi grupo ha pedido que se incluya en muchos aspectos en que se busca una participación, de las comunidades autónomas, en este caso de la Comunidad Autónoma de Andalucía, en la definición de ciertas políticas. Un sistema a diecisiete comunidades autónomas bilateral sencillamente no funciona y lo que vamos a conseguir, además, es que no sea ni efectivo ni se aplique. Fomentemos el principio de multilateralidad, la coordinación, la cooperación. Ese es nuestro Estado autonómico y será tanto más fuerte cuanto más coordinado y más cooperativo sea. Mi grupo se decanta por ese principio cooperativo. No defiende modelos bilaterales

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en políticas estatales, sino coordinación recíproca y respectiva.


Me gustaría también, porque a lo largo de este día se ha hecho referencia al recurso de inconstitucionalidad planteado al Estatuto de Autonomía de Cataluña, que SS.SS. lean tranquilamente lo que en ese recurso se dice y también los puntos que ahora expondré muy brevemente, a los que nos vamos a oponer. Me gustaría decirle a la señora Caballero, al hilo de la educación, que también forma parte de un capítulo en este título, que la diferencia entre que mi grupo planteara un recurso de inconstitucionalidad al calificativo laica al hablar de la educación y que ahora pueda apoyarlo es la misma que llevó a su grupo a votar a favor de ese Estatuto de Autonomía en Cataluña y abstenerse aquí esta mañana.
Se lo digo sencillamente por una cuestión porque tanto el pórtico de esa regulación, haciendo referencia al derecho de los padres, como la clara interpretación de que el principio laico no es lo mismo que laicista, y esto no es una cuestión de matiz, y que se enmarca en el carácter aconfesional del Estado que nuestra propia Constitución reconoce, hacen que ese calificativo no pueda ni deba ir más allá que lo que nuestros constituyentes quisieron en 1978 y que sean las leyes del Estado las que den y disciplinen cómo debe ser la educación pública, privada y, en su caso, concertada y que habida cuenta de los sentimientos religiosos y las creencias, que yo respeto, de la mayoría de la sociedad andaluza, se preserven y se tengan en cuenta.


Brevemente quiero decir, señorías, que mi grupo no prestará su apoyo a una serie de artículos que nos ofrecen todavía dudas sobre las que nos gustaría seguir trabajando. He hecho una referencia a los párrafos 2 y siguientes del artículo 85, también al relativo al juego, a las cajas de ahorro, porque para nosotros las cajas de ahorro deben, por un lado, respetar las bases de ordenación del Estado, fundamentalmente las que establecen la participación de los diferentes intereses sociales en las cajas de ahorro, de manera que su estatus sea cada vez más profesional y menos dependiente de determinadas instituciones, incluida la Junta de Andalucía, que no podemos apoyar; tampoco el relativo a la cultura y ciertos aspectos del artículo 63 en materia de transportes, y no lo hacemos porque entendemos que todavía debieran mejorarse más. Mi grupo en este sentido pondrá reservas a todo aquello donde entienda que cabe una interpretación que algunos puedan ver contraria a la Constitución.
(Aplausos.)

El señor PRESIDENTE: Tiene la palabra doña Concha Caballero.


La señora REPRESENTANTE DEL PARLAMENTO DE ANDALUCÍA (Caballero Cubillo): En primer lugar, tengo que felicitar al señor Jáuregui, que ha sido un negociador durísimo a dos bandas y ha jugado y está jugando su papel en esta Comisión y que, como decía Bertolt Brecht en Galileo Galilei, no se niega ni a un vino bueno ni a una verdad nueva. En su caso, en raras ocasiones, desde nuestro punto de vista, se ha negado a un argumento consistente y lamentamos en algún caso no haberlo convencido suficientemente de alguna de nuestras propuestas, pero en general ha sido un negociador flexible, ágil y muy duro, me consta que no solamente con Izquierda Unida sino también con el Partido Popular, de manera que quede encima de la mesa ese tema. El llamamiento a la bondad y al olvido del pasado, sin embargo, que nos hará el señor Jáuregui al comienzo de la Comisión no puede ser compartido por mi grupo, en tanto que para explicar nuestra propia posición política respecto a este título necesitamos forzosamente hacer referencia a cómo se ha engendrado este título competencial y a su historia. En ese sentido, y no quiero entrar en un debate con el Partido Popular desde el principio hasta el final, quiero recordarle al señor Arenas que la diferencia del Partido Popular con este título no es cómo estaban redactadas las competencias compartidas ni las competencias exclusivas de la comunidad autónoma. Es una diferencia hasta tal punto que le ha llevado a presentar y mantener hasta este momento, a no ser que la retiren, una enmienda de totalidad al marco competencial de Andalucía, con algo que dicen en su propia enmienda y que les leo, y es el Boletín del Congreso de los Diputados: La redacción de la propuesta competencial vulnera los principios constitucionales básicos en el reparto de competencias Estado-comunidades autónomas, establece un régimen intervencionista en la vida económica y social de Andalucía y rompe la unidad de mercado. Esos son, entre otros los argumentos que establece el Partido Popular. Sin embargo, considera el Partido Popular que estos gravísimos visos de inconstitucionalidad de la propuesta andaluza quedan a salvo simplemente con unos cuantos latiguillos referidos a la Constitución española y a la legislación estatal. Con eso consideran que no hay viso alguno de inconstitucionalidad por parte de la propuesta de Andalucía.


Quiero decir que el Partido Popular no da los certificados de constitucionalidad. Los certificados de constitucionalidad en todo caso los da el Tribunal Constitucional en su caso y en el caso de que haya recurso de inconstitucionalidad. Y el Partido Popular no es el que tiene el patrimonio de la Constitución, además de que la Constitución debe ser y es algo dinámico, porque en 30 años ha habido una experiencia autonómica acumulada, porque se hizo en un momento en el que no estaba ni siquiera funcionando lógicamente el Estado de las autonomías y hay que establecer nuevos marcos competenciales, nuevas relaciones dialécticas entre las comunidades autónomas y el Estado, cosa a lo que el Partido Popular se niega por completo. Por tanto, la propuesta competencial de Andalucía es una propuesta completa que no depende de la inclusión de ninguna frase. Es una propuesta competencial que parte de una clasificación novedosa de competencia que tengo que decir que nos la ha prestado el Estatuto catalán; evidentemente fue así porque ellos son los que introducen esa novedad jurídica,

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el marco de clasificación de competencias y fundamentalmente el marco de las competencias compartidas, y después optamos además por una clasificación competencial temática de manera que se refuercen las competencias autonómicas y se delimiten con claridad fundamentalmente las competencias compartidas. Por tanto, es un nuevo enfoque absolutamente constitucional de un marco competencial que nosotros planteamos y defendemos.


Ahora bien, yo comparto con el señor Jáuregui lo dicho con respecto al artículo 42. El artículo 42, el Partido Popular no lo podía ni ver, el artículo 42 al completo, la clasificación competencial. De hecho, como digo, enmienda de totalidad y listado de competencias sin clasificación competencial es la enmienda que planteaban. Dice el señor Jáuregui, y no le falta razón que lo relativo a la ley de bases, al blindaje competencial que se intentaba hacer con el Estatuto catalán a través del mínimo común normativo, está establecido ya en la jurisprudencia y es cierto. Está establecido en la jurisprudencia después de multitud de conflictos sobre el abuso que el Estado ha hecho respecto a la utilización de las leyes de bases, y después de esos conflictos hay efectivamente teoría jurisdiccional ya cierta de que las leyes de bases solamente deben regular principios o normativas comunes y no entrar en otro tipo de detalles. Evidentemente ahí no le falta razón, con lo cual nosotros hubiéramos preferido la inclusión, pero tampoco ocurre nada porque no haya esa inclusión. Sin embargo, no compartimos la opinión respecto a la inclusión del derecho supletorio del Estado con relación a las competencias exclusivas, porque si bien es cierto, señor Jáuregui y señores compañeros de la Comisión, que está en la Constitución, también es cierto que el Tribunal Constitucional ya ha resuelto en muchísimos casos que ese derecho supletorio no lo es en todo caso y que no tiene un carácter que permita al Estado hacer legislaciones ad hoc utilizando lagunas por falta de legislación autonómica, etcétera. Por tanto, decir que el derecho en todo caso es supletorio necesitaría, y lamentamos no haberlo convencido lo suficiente, una explicación de que no lo es con carácter extensivo, sino que eso tiene ciertos límites, porque esta aplicación intensiva del derecho supletorio ha dado lugar a la mayor parte de los recursos al Tribunal Constitucional por invasión de competencias del Estado. Por tanto, nosotros ahí tenemos esa reserva fundamentalmente sobre el derecho supletorio que queremos establecer ante la Comisión.


En materia de inmigración no hay una modificación del texto. En materia de empleo sí queremos contradecir la teoría que el Partido Andalucista ha expuesto, imagino que el PNV también, y nosotros sí somos defensores de la unidad de caja de la Seguridad Social y además es una posición compartida con los sindicatos de forma amplia. Ahí van todas las cotizaciones de todos los trabajadores del conjunto del Estado; igual que estamos de acuerdo en una legislación básica de empleo de carácter estatal, estamos de acuerdo en que la caja de la Seguridad Social sea única, porque además lo contrario podría dar problemas respecto a las futuras prestaciones y digo que con carácter general. Además, en Andalucía con carácter especial sería absolutamente lesivo para la comunidad autónoma una disgregación de la caja de la Seguridad Social y podríamos hacer las cuentas económicas al respecto. Por tanto, con esa enmienda transaccional nosotros no tenemos ningún tipo de problema, todo lo contrario. Creo recordar, si no me equivoco, que la ofrecimos en la Comunidad Autónoma de Andalucía en algún momento del debate y el Partido Popular no quiso aceptarla en ese momento.


En cuanto al Guadalquivir, quisiéramos hacer una precisión. Evidentemente el texto que salió del Parlamento de Andalucía es un buen texto y es absolutamente constitucional, es verdad y compartimos con eso las preocupaciones de la señora González, pero tenía un problema que lo hicimos constar en nuestra intervención en el Congreso de los Diputados y es que el texto no explicitaba que era por lo que respecta a las aguas y a la cuenca que pertenece territorialmente a la Comunidad Autónoma de Andalucía. Nosotros sí somos favorables a incluir esta excepción porque, aunque es verdad que lo que excede de la cuenca de la Comunidad Autónoma de Andalucía es absolutamente insignificante y además está en la parte alta de la cuenca, lo cual quiere decir que la incidencia de las políticas que nosotros apliquemos sobre el ciclo alto son nulas, sí habíamos tenido una advertencia por parte de alguna comunidad curiosamente gobernada por el Partido Popular y alentada por el señor Arenas -Murcia, ¿se acuerda usted de sus gestiones?-de que iban a interponer un recurso de inconstitucionalidad y en ningún caso Andalucía, que lleva muchísimo tiempo reclamando la transferencia y la competencia sobre el Guadalquivir, quiere ser sometida a un recurso de inconstitucionalidad que paralice esa competencia durante los 10 ó 15 próximos años teniendo en cuenta lo lentamente que lleva a cabo su trabajo el Tribunal Constitucional. Por tanto, esa es nuestra posición.


Además de esto nosotros, y por eso decía al principio que felicitaba al señor Jáuregui, porque en un principio nuestro grupo no vio con agrado las enmiendas que había presentado el Partido Socialista, hemos rescatado todas las competencias exclusivas que había en el Parlamento de Andalucía y yo reto tanto al Partido Popular como al Partido Andalucista a que me digan qué competencia se ha quitado del Estatuto, porque no se ha quitado ninguna, y se lo digo a la señora Sáenz de Santamaría y se lo digo a la señora González, ni una competencia menos. Por tanto, estamos ante un proyecto de máximas competencias que nuevamente pone en cuestión, y lo vuelvo a decir, la estrategia que el Partido Popular ha seguido respecto a otros estatutos. El voto positivo del Partido Popular, insisto, al marco competencial de Andalucía desde luego deja todavía con menos argumentos si es posible el recurso de inconstitucionalidad contra el Estatuto catalán.


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En cuanto a otra cuestión que planteaba la señora Sáenz de Santamaría, y termino inmediatamente, a mí no me tiene que explicar qué es laico, yo lo sé y lo sabemos perfectamente. En el Grupo Parlamentario de Izquierda Unida llevamos intentando que se apruebe lo de laico desde la transición política y quiero decir que nunca se ha aprobado. No solamente no lo había votado el Partido Popular, sino que el Partido Socialista tampoco había sido favorable en los textos jurídicos a este adjetivo. Por tanto, a mí no me tiene que explicar qué significa laico. Se lo tendrá que explicar a sus votantes, a la campaña de intoxicación que se ha hecho previamente con el Estatuto de Autonomía para Andalucía. Y en cuanto a la abstención de Izquierda Unida, evidentemente, no va por el tema de laico, sino por el segundo párrafo, que habla de la Iglesia católica. Es una traslación de la Constitución, pero tampoco estuvimos de acuerdo con que la Constitución reflejara de forma singular la confesión católica dentro de nuestro ordenamiento constitucional. De todas maneras, nos alegramos de este giro al centro del Partido Popular, de esta asunción de nuevas competencias y de estos aires de progresismo, que esperemos que se levanten nuevamente desde Andalucía y lleguen hasta arriba de todo nuestro maravilloso país.


El señor PRESIDENTE: Estoy seguro de que cuando la señora Caballero ha dicho que el Tribunal Constitucional trabajaba muy lentamente quería decir que las sentencias tardan mucho porque están muy ocupados.
(Risas.)

Tiene la palabra don Antonio Sanz.


El señor REPRESENTANTE DEL PARLAMENTO DE ANDALUCÍA (Sanz Cabello): Señor presidente, señorías, estamos ante una parte fundamental y muy significativa del Estatuto y no cabe duda que eso se está notando en el debate, como ha ocurrido con la magnitud de las enmiendas que cada uno de los grupos hemos desarrollado. Lo que no se puede, a pesar de que normalmente la soberbia o la prepotencia pueden darse más cuando uno gobierna, es ver hoy, más en un grupo que hasta ahora no ha gobernado ni parece que vaya a gobernar, que pretende negar la evidencia de algo que es incuestionable y es que por ahora se ha producido una modificación de 120 artículos que sin duda transforman el Estatuto en un Estatuto nuevo y distinto. La señora Caballero ha puesto todo su empeño en utilizar nuestra justificación a la enmienda y ha terminado dándonos la razón.
Sinceramente, le agradezco que haya leído la justificación porque nos ha terminado dando la razón del cambio importante, de la transformación muy significativa que se ha producido en este título, que corrige sus malos augurios y su continua demagogia en el Parlamento de Andalucía y aquí, es decir la posibilidad que había -siempre lo hemos puesto de manifiesto- de no rebajar ni un ápice el techo competencial, pero hacer compatible esto con el respeto a la Constitución. Eso, mal que le pese a usted, se ha conseguido y va camino de garantizarse en plenitud con los trabajos de esta Comisión, como lo ha hecho la ponencia.


Señora Caballero, señorías, no es una cuestión de simple latiguillo. Con todos los respetos, señora Caballero, no sé si usted se ha leído este título suficientemente, pues si usted se hubiera leído el artículo 42 tal y como ha quedado, no me hablaría de latiguillo. Si usted hubiera leído suficientemente el Estatuto, que estoy seguro que lo ha hecho, pero a lo mejor no con el interés debido, llegaría a la conclusión de que cuando usted habla de latiguillo supongo que no se refiere a cómo ha quedado la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir. ¿Sabe usted por qué? Le voy a recordar que ustedes planteaban la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir a través del 150.2, que es un mecanismo de dudosa constitucionalidad que ustedes querían imponer al Estado sobre la atribución de competencias para la comunidad autónoma. Por tanto, no es un simple latiguillo, señora Caballero, señorías de esta Comisión, como tampoco lo es ni lo puede ser respecto a las transformaciones en materia de universidades, de inmigración o de policía autonómica, si usted quiere. Es una cuestión de transformación, de modificación sustancial que de ninguna manera ha consistido en ningún tipo de rebaja, pero que ha significado un avance hacia un camino de plenitud constitucional.


Mi grupo parlamentario está satisfecho con los avances alcanzados, con las insuficiencias que tanto mi compañera Sáenz de Santamaría como yo mismo vamos a poner en evidencia, pero supone un avance porque desde un punto de partida muy distinto, es decir, sobre una reforma completa del título, porque era un título y un articulado que no entendíamos que se encontrara en la Constitución, con un modelo distinto, porque nosotros apostábamos por un listado coherente pero no detallado del título competencial, como suele ocurrir en muchas normas estatutarias, hemos considerado que se ha reconducido de manera importante la regulación planteada en este título y se ha hecho un esfuerzo de adecuación y respeto a la Constitución y a la jurisprudencia del Tribunal Constitucional en el conjunto del título, muy especialmente en lo que representa el artículo 42 y siguientes. Alguna portavoz del Parlamento de Andalucía poniendo la cuestión en suerte, por decirlo claramente, dejaba claro como se había producido una auténtica transformación de este título, pero había un error, y el error no es el que haya cometido Andalucía al haber hecho la transformación, sino que seguramente es el que se produjo al no haber hecho la adecuación constitucional del texto en otros estatutos anteriormente debatidos en esta Cámara. No es que nos tengamos que lamentar de nada, sino que tenemos que mostrar satisfacción por haber hecho aquí compatible máximo techo competencial y respeto constitucional.


Ese es el camino y por ahí hemos avanzado en una voluntad de consenso que para nosotros es significativa. Sinceramente, en la tipología y clasificación de competencias, en virtud principalmente del artículo 42 y de la

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regulación sucesiva de los artículos, teníamos inicialmente enormes dudas respecto a que no se hubiera hecho una clasificación basada en una regulación de la competencia de la competencia y por tanto estuviéramos ante una norma interpretativa que, evidentemente, no le corresponde en este caso al Estatuto de Autonomía, sino que siempre debía dejarse en manos del Tribunal Constitucional. Y teníamos grandes dudas sobre la invasión de competencias del Estado y de las propias Cortes Generales respecto a la normativa básica. Evidentemente, aunque la señora Caballero haya hablado de latiguillo, si lee profundamente el Estatuto y lo analiza, verá que en eso también se ha avanzado.


No se ha avanzado suficientemente pero sí de manera significativa respecto a la corrección de los mecanismos favorecedores de una bilateralidad que desde nuestro punto de vista no era adecuada. Se han producido avances que nosotros aplaudimos en torno a establecer mecanismos de participación sobre instrumentos de multilateralidad y muy especialmente a través de las conferencias sectoriales, que creo que son una aportación importante de las transaccionales presentadas por el Grupo Socialista que suponen un avance significativo. Junto a ello y de ninguna manera pudiendo hablar de rebaja del techo competencial, se ha avanzado en nuevas competencias que considerábamos necesarias no solo como consecuencia de alcanzar el máximo techo competencial, sino como consecuencia de una adaptación a la realidad del siglo XXI de una Andalucía distinta. Se han introducido competencias en materia de nuevas tecnologías, en materia de políticas de género, en materia de inmigración, de políticas activas de empleo o de voluntariado, por ejemplo. Es decir, no solo se trataba de llegar al máximo que nos permitiera la Constitución, sino también de adaptarnos a una realidad de un nuevo siglo para nuestra comunidad autónoma. No sé lo que va a hacer el Grupo de Izquierda Unida, pues este grupo tiene un pacto en esta Cámara que normalmente le lleva a votar a todoen contra. Es bastante sorprendente y no sé si en este caso va a votar en contra de algo tan importante que han manifestado todos los grupos en Andalucía, como es la transferencia de las aguas de la cuenca hidrográfica del Guadalquivir. Simplemente les quiero decir que bienvenidos a un modelo que ha defendido siempre el Partido Popular, un modelo que debía ser respetuoso con las competencias que atribuyera la legislación del Estado, con la planificación general del ciclo hidrológico. Bienvenidos a una regulación que tuviera en cuenta, no cabe duda, no solo el respeto a un modelo establecido en la Constitución, sino también que no afectara y no se metiera en competencias que sobre esta cuenca también les corresponden a otras comunidades autónomas. Otros han llegado a este artículo tal y como hoy lo podemos aprobar. Otros siempre habíamos planteado este modelo como el instrumento útil y eficaz para que Andalucía pudiera contar con competencias en la cuenca hidrográfica del Guadalquivir. En ese sentido, hay que resaltar el cambio que se ha producido como consecuencia de que quienes lo planteaban en el 150.2, hoy lo están introduciendo en el artículo 50 de nuestro Estatuto.


En materia de policía autonómica, con un simple latiguillo se cambia radicalmente el texto. Hoy no solo estamos apoyando una unidad adscrita existente en Andalucía, sino que estamos renunciando a un modelo que no es el objetivo de nuestra comunidad autónoma, al modelo de una policía integral, del que siempre nos hemos mostrado en contra.


Hay cosas por las que todavía no podemos mostrar nuestra satisfacción.
Igualque sí se ha podido avanzar en el estricto marco de competencias en materias como inmigración, respecto a las políticas que debe desarrollar la comunidad autónoma, hay otras cuestiones, como las cajas de ahorro, que, en el marco de las propias competencias que establece el Estatuto, están sometidas a la legislación estatal, concretamente a la Ley Orgánica reguladora de las cajas de ahorro, especialmente en lo que respecta a la determinación de los órganos rectores y a su régimen jurídico de creación, fusión y liquidación. Por tanto, no hemos logrado avanzar en su totalidad en los objetivos planteados por el Grupo Parlamentario Popular, pero, aunque alguien pretenda negar la evidencia, estamos ante un cambio sustancial, estamos ante una enorme transformación que hoy hace compatible lo que algunos pensaban que era imposible, es decir, tener el máximo techo competencial para Andalucía, pero siempre dentro del máximo respeto a la Constitución. (Varios señores diputados: ¡Muy bien! ¡Muy bien!-Aplausos.)

El señor PRESIDENTE: Tiene la palabra don Manuel Gracia.


El señor REPRESENTANTE DEL PARLAMENTO DE ANDALUCÍA (Gracia Navarro): Señorías, todos los intervinientes se han referido a la importancia de este título, por tanto me parece que no puedo decir nada nuevo. No les voy a ocultar que para el Grupo Socialista cómo quedara este título en la reforma era una temperatura cuya medición no era importante por sí misma, sino porque indicaba la posibilidad de que la plasmación y la realización de los mandatos programáticos del título preliminar y los derechos y políticas públicas que se recogen en el título I fueran viables. Para nosotros el título de competencias no era una especie de campeonato para ver quién sumaba más competencias exclusivas o quién rompía más los bordes de la Constitución, sino que se trataba ni más ni menos que de conseguir un título que dotara suficientemente de potestades, de capacidades para el ejercicio de funciones y servicios congruentes con el diseño programático del título preliminar y del título de los derechos y políticas públicas. Les tengo que confesar que en el Parlamento andaluz los socialistas pensamos en un primer momento en un título de competencias con una metodología distinta a esta, pero el transcurso del tiempo y el conocimiento de la

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metodología que se adoptaba en la tramitación de la reforma del Estatuto de Cataluña nos hizo pensar que era preferible adoptar una metodología como la que finalmente viene esta tarde aquí.


Comienzo por ahí esta parte sustantiva de mi intervención, porque les quiero decir algo de lo que estoy totalmente convencido. Sobre este título y, en general, sobre esta reforma se podrán hacer todos los comentarios que se quieran, se podrán hacer todas las calificaciones o descalificaciones que se quieran, pero si alguien piensa que la clave de la bóveda de esta reforma en materia de autogobierno, de estatuto de máximos, de ambición o como lo queramos llamar radica en el artículo 42 de la propuesta, se está equivocando plenamente. El artículo 42 es muy importante, sin duda, pero lo que garantiza la plenitud competencial en el marco de la Constitución no es el artículo 42, que para nada lo hace, sino el desarrollo y la metodología del resto de los artículos de este título II, porque son esos artículos, con la metodología con la que se han plasmado, es decir, la metodología que describe cada competencia, los que establecen en qué consiste, cuándo se trata de una competencia exclusiva y las materias concretas sobre las que se puede ejercer esa competencia, sea compartida o sea de ejecución. Eso, en ningún caso es algo que dependa de la redacción del artículo 42. La importancia del artículo 42, que la tiene, no lo voy a ocultar, no le viene de que aparezca o no en la redacción del mismo la expresión: como principio mínimo común normativo. Porque esa es justamente la jurisprudencia del Tribunal Constitucional y, puesto que es así, venga o no venga, aparezca o no aparezca en este texto o en cualquier otro, obliga a los poderes del Estado, es decir, a esta Cámara y al Gobierno de la nación, a dictar disposiciones de carácter básico que sean norma o principio común normativo y no otra cosa. Sin embargo lo que sí protege -no garantiza plenamente- que no se produzcan invasiones en el ejercicio de esa potestad de dictar normativa básica por parte del Estado a las comunidades autónomas es el que esa normativa básica se tenga que hacer con rango de ley, excepto en los supuestos que se establezcan de acuerdo con la propia Constitución. No valdrán determinados supuestos que se han mencionado aquí esta tarde, es decir, no puede ser una circular, tendrá que ser normativa y tendrá que ser con rango de ley, salvo que, de acuerdo con la Constitución, se establezca que puede ser con una norma de rango inferior. Esa es la fórmula precautoria frente a lo que ha sido una experiencia. En Andalucía todas las fuerzas políticas sabemos -los socialistas lo sabemos tanto como el que más- lo que ha significado durante años, especialmente durante los ocho años de Gobierno del Partido Popular en España, el abuso de la capacidad de dictar normas básicas por parte del Estado, invadiendo competencias de las comunidades autónomas.
Frente a eso, optamos por una metodología como esta, que proporciona instrumentos suficientes a la comunidad autónoma.


En segundo lugar, querría salir de una especie de debate en el que se nos ha querido introducir, el debate sobre si hay unos modelos centralistas.
Esa denominación de partidos centralistas y de modelos centralistas, señora González, con todo mi afecto y mi respeto, es un poco arcaica en Andalucía. Si hoy se pregunta en Andalucía si el Partido Socialista lleva adelante un modelo centralista en esa comunidad, no respondería a favor ni siquiera un 3 o un 4 por ciento. En cualquier caso, ese es un debate estéril. Su señoría ha hecho mención a algún artículo concreto y me gustaría comentarlo. Pone como ejemplo un caso en el que se retrocede, y se compara permanentemente con Cataluña. Por cierto, en el Estatuto de Cataluña, señora González, no he leído que la Generalitat vaya a tener competencia exclusiva sobre las aguas del río Ebro que transcurren por su comunidad. (La señora González Modino: Porque no es lo mismo.) Bueno, bueno, no es lo mismo, no sé por qué. (La señora González Modino pronuncia palabras que no se perciben.) Perdone, señora González, yo no he interrumpido a S.S. mientras estaba en el uso de la palabra. Estoy haciendo interrogantes retóricas, como es habitual en la práctica parlamentaria.No se ha hecho y a nadie nos escandaliza. Cada comunidad, cada Parlamento y cada fuerza política tiene las prioridades, las preocupaciones y los intereses que estime conveniente defender. Mala cosa sería si nos hubiéramos limitado a copiar el Estatuto valenciano o el Estatuto catalán. Estamos haciendo el Estatuto de Andalucía, me parece que lo decía S.S. esta mañana. Sigamos haciendo el Estatuto de Andalucía, no una mala copia de otros estatutos.Voy a referirme a un ejemplo concreto que ha puesto, que es del artículo relativo a las competencias en materia de inmigración. Dice usted: se dice en el artículo 61 que son competencias en el marco de sus competencias. Eso será, en todo caso, una verdad de Perogrullo, pero no limita para nada. Está claro que se refiere a que las políticas de integración no son políticas sustantivas, señora González. Las políticas de integración de la población inmigrante no son políticas sustantivas, no están descritas en la Constitución como competencia de nadie, luego son políticas instrumentales. Es decir, las políticas de integración son la política educativa, la política sanitaria, la política de servicios sociales, la política de vivienda, etcétera, como instrumentos para hacer posible la integración de los inmigrantes. Por tanto, como no son políticas sustantivas, tienen que ser, lógicamente, en el marco de nuestras competencias. Sin embargo, la Constitución en su artículo 149 sí dice que la inmigración es competencia exclusiva del Estado, igual que la extranjería. Por tanto, no era ninguna obviedad tener que recoger la mención de que es en el marco de nuestras competencias. Y no es cierto que el Estatuto de Cataluña, como S.S. ha dicho, diga que esa es una competencia exclusiva. Se lo voy a leer en voz alta: Corresponde a la Generalitat en materia de inmigración -artículo 138 a) del Estatuto de Cataluña-, la competencia exclusiva en materia de primera acogida de las personas emigradas. ¿Sabe su señoría lo

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que es la primera acogida? La primera acogida es exactamente lo que se hace con los que llegan en las pateras, en los cayucos, etcétera. Además, no es una competencia que lleve adelante precisamente la comunidad autónoma. La suele llevar el Estado a través de los servicios de salvamento mediante convenios con ONG, etcétera. En cualquier caso, esa no es la política de integración. Fíjese lo que dice después el apartado b): El desarrollo -ni siquiera el desarrollo legislativo; no habla de competencia exclusiva, señora González; eso no lo ha leído S.S. antes- de la política de integración de las personas inmigradas en el marco de sus competencias. Me parece que no es algo sustantivamente distinto de lo que decimos nosotros en nuestro texto, señora González. En el resto de ese artículo no hay diferencias sustantivas. ¿A dónde va mi argumentación con este ejemplo singular y concreto? A que no podemos dejarnos llevar por la apariencia de las palabras. El contenido de la regulación de este artículo, de esta materia competencial, es similar en el Estatuto de Andalucía al del Estatuto de Cataluña. Pero le voy a decir más. Nosotros, al menos -legítimamente, otras fuerzas políticas pueden tener otra opinión-, no creemos que deban ser competencia de una comunidad autónoma, ni siquiera como competencia de ejecución, materias relativas, sentido estricto, a competencias de extranjería. Creemos que no es conveniente.
Puede haber otras fuerzas políticas que legítimamente lo piensen en Andalucía, en Cataluña o en Galicia, donde quieran. Nosotros creemos que no. Eso no merma para nada que nuestra ambición de autogobierno en esta materia nos permita hoy, señora González, marcar la referencia en políticas de integración de la población inmigrante en el conjunto de España de una manera que no ha sido ni siquiera necesario tener un estatuto de autonomía que recogiera esas competencias, porque hace veinticinco años no se pensaba que nuestro país pudiera ser una tierra de inmigración y no una tierra de emigrantes. Se podrían poner más ejemplos.
Se podría abundar en la línea que lo ha hecho la señora Caballero en relación con el artículo relativo al Guadalquivir. Ahí no voy a responder tanto a su señoría, señora González, como a algo que ha dicho el señor Sanz. Yo me he llevado las manos a la cabeza simbólica y físicamente, riéndome, cuando he escuchado al señor Sanz decirnos que bienvenidos a su posición en relación con el Guadalquivir, porque me he acordado de decenas y decenas de debates en el Parlamento andaluz durante varias legislaturas en las que justamente el Partido Popular era el que se oponía a fórmulas como estas que aparecen ahora aquí. No voy a entrar en ese terreno. No tengo ninguna neurosis obsesiva con justificar el cambio de posición del Grupo Socialista. No tenemos necesidad de justificarlo porque estamos en la misma posición que hemos estado siempre, en esta materia y en otras, pero sobre todo en esta materia del Estatuto. Señor Sanz, la relación del Guadalquivir con el artículo 150 es como si nosotros hubiéramos caído del caballo del 150 al 50 hoy. El 150.2 venía, es verdad, pero venía el 50 también. Se lo recuerdo, señor Sanz, porque parece como que el artículo 50 ha aparecido aquí esta tarde. No. El artículo 50 ya venía y decía que la Comunidad Autónoma de Andalucía ostenta competencias exclusivas sobre la cuenca hidrográfica del Guadalquivir -se le ha introducido la cautela, a la que se ha hecho referencia aquí, por los motivos que se han expuesto y que no voy a reiterar-, sin perjuicio de la planificación general del ciclo hidrológico, de las normas básicas sobre protección de medio ambiente, de las obras públicas hidráulicas de interés general. Dejémoslo estar, señor Sanz. Bien está lo que bien acaba.


Termino inmediatamente, señor presidente, porque eran ejemplos singulares de una posición que me parece que es la que importa - al menos, a mí me importa- dejar clara. No sé si todos, menos mi niño, tenían el paso cambiado, como decía el chiste aquel de la mamá y del soldadito que todos conocemos. Me da lo mismo, lo digo con sinceridad. Nos debe de dar lo mismo a todos. Es posible que hoy todavía tengamos que hacer este tipo de ejercicios florales de ver quién llevaba razón, quién lo dijo antes y quién se ha ido a la posición de quién; espero que cuando terminemos la tramitación en esta Cámara de toda la propuesta que salió del Parlamento de Andalucía y que estamos innegablemente entre todos mejorando, podamos todos sentirnos satisfechos del trabajo hecho y, sobre todo, podamos rendir cuentas ante la ciudadanía de nuestra tierra diciéndoles: Ahí tenéis la reforma que os proponemos para que la votéis en el referéndum.
(Aplausos.)

El señor PRESIDENTE: Hemos terminado el debate del título II. Tal como les avisé, vamos a entrar en el debate de tres títulos en un solo bloque de intervenciones, pero ya saben que algunos grupos han solicitado que se pueda dividir entre varios intervinientes. No hay ningún inconveniente.
El tiempo es el mismo pero repartido, aunque habrá una cierta flexibilidad dado que hablarán varias personas.


Para defender las enmiendas que hay presentadas doy en primer lugar la palabra a Izquierda Unida. ¿El señor Llamazares desea intervenir?

El señor LLAMAZARES TRIGO: Muy brevemente.


En relación a la ordenación territorial, a las instituciones autonómicas y también al Poder Judicial, la posición de mi grupo parlamentario ha sido la de respetar escrupulosamente la propuesta del Parlamento andaluz, porque pensamos que es quien tiene la primera y la última palabra en relación con materias de autoorganización. En ese sentido, nosotros hemos defendido esa propuesta y hemos planteado también algunas mejoras que considerábamos importantes, que mi grupo parlamentario defenderá en el marco de la delegación andaluza. Sí quisiera reflejar, por una parte, que en relación a la ordenación del territorio seguimos teniendo una preocupación por dar un mayor papel en el texto a la

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estructura comarcal, a la instancia comarcal, que creemos que es importante en el Estatuto de Andalucía. En segundo lugar, con relación a la cuestión institucional, hemos presentado una serie de enmiendas que tienen que ver con la regeneración democrática, con lo que podemos denominar la rotación de cargos o con las convocatorias y mandatos. En relación con lo que podemos denominar los temas de carácter judicial, nosotros creemos que la propuesta viene bien del Parlamento andaluz, que ha habido algunas modificaciones que se han producido en el trámite de ponencia y ahora mismo en el trámite de comisión que nosotros creemos que mantienen lo fundamental, lo que podemos denominar la Administración judicial en Andalucía, que es una administración descentralizada en el marco de un poder del conjunto, que es el Poder Judicial. Ese planteamiento nos parece adecuado. Tenemos algunas matizaciones, algunas aportaciones, pero en definitiva en este pilar institucional nosotros nos sentimos representados. Si más grupos parlamentarios se sienten representados, mejor que mejor.


El señor PRESIDENTE: Doy la palabra ahora al Grupo Parlamentario Popular, que ha solicitado dividir su intervención entre tres intervinientes. En primer lugar, doña Patricia del Pozo.


La señora DEL POZO FERNÁNDEZ: Diputados del Parlamento de Andalucía y compañeros del Congreso, tomo la palabra en nombre del Grupo Popular en el Congreso para defender nuestro posicionamiento respecto al título III de la propuesta de reforma del Estatuto de Autonomía de Andalucía, referido a la organización territorial. Es un título que, como todos ustedes conocen, afecta fundamentalmente a las entidades locales. Por tanto, es un título por el que el Grupo Popular ha apostado muy fuerte desde el principio y lo ha hecho desde el firme convencimiento de que una Andalucía de primera pasa necesariamente por la puesta en marcha del pacto local en Andalucía. Este pacto local es una reivindicación histórica de nuestros ayuntamientos, 770 municipios en Andalucía, que creo que es motivo más que suficiente. Hemos pensado desde el principio que esta reforma es una oportunidad histórica para recoger el pacto local, institucionalizarlo de una manera estatutaria y, posteriormente, ponerlo en marcha y elevarlo al Estatuto de Autonomía de Andalucía. Para nosotros una Andalucía de primera pasa necesariamente por el reconocimiento y puesta en marcha del pacto local porque así se acercan los servicios a los ciudadanos, se refuerza el papel de los ayuntamientos y, además, se consigue que estos servicios de presten de una manera más eficaz lo que beneficia en mayor medida a los ciudadanos. En síntesis -y por no extenderme demasiado ya que vamos a compartir el tiempo- el posicionamiento del Partido Popular en este tema tiene tres pilares fundamentales. El primero es, por supuesto, la segunda descentralización.
Estimamos que hay una serie de competencias que habría que delegar y transferir a las corporaciones locales. El segundo es la suficiencia financiera, entendida no únicamente como traspaso de financiación para el mantenimiento de estas competencias, sino en un sentido más amplio del término. Y el tercero es tener en cuenta siempre el impacto municipal en cualquier proceso normativo de la comunidad. Está claro y es una evidencia que en los últimos años los ayuntamientos llevan soportando una situación de hecho de un pacto local que no existe, pero que la llevan soportando durante años y llevan asumiendo competencias que no son suyas muchísimos años y pagándolas. Hemos llegado a la situación tan paradójica de que en el momento actual en torno al 30 por ciento del gasto en los ayuntamientos se debe al pago de estas competencias que no son suyas porque nadie les ha dicho que sean suyas y no viene escrito en ningún sitio. Por tanto, es el momento de reconocer esta situación de hecho y pasarla a una situación de derecho.Con esta descentralización únicamente pretendemos concluir el proceso que ya viene establecido en la Constitución y dar así cumplimiento a artículos constitucionales como el 137 y el 140 que salvaguardan la autonomía municipal y, por supuesto, el actual artículo 3 vigente de nuestro Estatuto de Autonomía, que todavía está en vigor. ¿Cuál es el objetivo? Poner en valor el principio de subsidiariedad que es una garantía de la prestación de los servicios y, por supuesto, acompañado de la suficiente financiación porque si no lo que estoy diciendo no sirve absolutamente para nada.


Nuestro grupo reconoce, se complace y alegra de que haya habido avances en este tema. Tengo que reconocer la garantía institucional de la autonomía local y tengo que reconocer que se refleja la segunda descentralización, pero en el momento en que este Estatuto entre en vigor falta la voluntad política del Gobierno de turno para llevarlo a la práctica porque si no tampoco servirá para nada. Ahora necesitamos la voluntad política de desarrollo de este pacto local. El principio de coordinación también se ha puesto en valor en este Estatuto y lo agradecemos y le damos la bienvenida como un principio fundamental de colaboración entre administraciones.


También pensamos que se ha avanzado pero no todo lo suficiente, se podría haber ido bastante más lejos. Por este motivo, vamos a mantener algunas de nuestras enmiendas. Muy brevemente me detendré en la enmienda que se refiere al listado de competencias que nosotros entendemos que son clave y que son el núcleo de lo que habría que delegar en las corporaciones locales. Vamos a mantener este listado de competencias y, en consecuencia, la enmienda que lo sustenta. Aprovecho el momento para decir que vamos a votar en contra del artículo 90.2 porque no podemos asumir las competencias que vienen en ese apartado 2. Entendemos que es una apropiación indebida de unas competencias del Estado que son patrimonio común y que no pueden ni deben ser de ningún modo blindadas por ninguna comunidad autónoma. Por tanto, a la vez que presento el

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mantenimiento de esta enmienda entendemos que el artículo 90.2 no lo podemos votar favorablemente. Vamos a mantener también -aunque se ha avanzado en financiación y lo he reconocido anteriormente- nuestra enmienda relativa a la financiación porque entendemos que este título se queda incompleto llevándonos la financiación a otros sitios; debe estar ahí que es donde están las entidades locales y entonces completamos todo lo que se refiere a las entidades locales. Además -y no solo por esta mejora técnica- mi grupo entiende que habría que haber apostado más por la participación en los ingresos de la comunidad autónoma y digo los ingresos porque hemos conseguido la participación en los tributos, que está bien, pero en ningún modo llega al límite de participar en los ingresos que, por supuesto, le da un abanico mucho más amplio a los ayuntamientos y es lo que queremos. También nos gustaría una apuesta más fuerte por el fondo de cooperación, por supuesto por el fondo de nivelación, con su financiación incondicionada y también nos gustaría un plan de actuaciones sectoriales y de inversiones en infraestructuras para los ayuntamientos que tampoco se ha recogido y por eso mantenemos esta enmienda.


Hay un par de cuestiones finales. En el tema del impacto municipal de la normativa autonómica vamos a mantener la enmienda que se refiere a ello porque en el texto únicamente se recoge lo que se refiere a la elaboración legislativa. Creemos importante que también se refiera a otro tipo de elaboración de normas de rango inferior, que no tengan que ser leyes necesariamente, así como la participación de los ayuntamientos en la planificación de inversiones que les afecten. Finalmente, vamos a mantener la enmienda referida a las comarcas porque la ley que en su día pueda regularlas nos gustaría que se aprobara con una mayoría de dos tercios en el Parlamento, que por lo menos refleje un consenso importante para un tema igual de importante, y para municipios limítrofes dentro de la misma provincia. (Aplausos.)

El señor PRESIDENTE: Tiene la palabra don Manuel Atencia.


El señor ATENCIA ROBLEDO: Con la venia, señor presidente.


Señores diputados, representantes del Parlamento de Andalucía, señores comisionados, miembros de la Comisión Constitucional del Congreso, voy, de forma esquemática, a defender las enmiendas que el Grupo Parlamentario Popular ha presentado con la finalidad de mejorar el texto del título VIII del proyecto de reforma del Estatuto de Autonomía de Andalucía, que se refiere a la organización institucional de la Junta de Andalucía.


El conjunto de enmiendas que el Grupo Parlamentario Popular ha presentado y que en este momento defiendo responden a varios principios. En primer lugar, el principio de estabilidad, que pretende introducir la necesidad de reforzar las mayorías, los consensos políticos en el establecimiento o modificación de las reglas del juego, en la organización de las instituciones básicas de la comunidad autónoma y en la organización territorial de la Comunidad Autónoma de Andalucía. En segundo lugar, el principio de mejora, perfeccionamiento y avance en los mecanismos de control parlamentario. En tercer lugar, el establecimiento de unas garantías democráticas a las que luego me referiré de forma sucinta. En cuarto lugar, la adecuación constitucional del conjunto del texto.


El conjunto de enmiendas que el Grupo Parlamentario Popular tiene vivas en este trámite son, por un lado, 24 enmiendas de modificación -en algún caso pueden ser formalmente de adición, pero básicamente son de modificación- de preceptos de este título y dos enmiendas de incorporación de dos capítulos específicos de garantías democráticas y de regulación de los medios públicos de comunicación relacionados con la publicidad institucional de la Junta de Andalucía. Voy a hacer solo referencia a algunas de estas enmiendas, no a todas, y el resto las daré por defendidas debido al tiempo de que dispongo. En primer lugar, hemos enmendado el artículo 99 del proyecto en la medida que se propone ampliar el número de miembros del Parlamento de Andalucía respecto del texto que ahora mismo viene de la ponencia, donde se habla de un número mínimo de 109 diputados. Entendemos que no se da ninguna razón para modificar lo que el Estatuto en vigor establece respecto al número de miembros del Parlamento de Andalucía, no he oído argumentos que justifiquen esa razón, no hay razones en la realidad política o social de Andalucía para que eso se justifique. No hay razones de interés general, no sé si algún interés particular se verá con ello satisfecho. Además hay un defecto claro desde el punto de vista formal, la fórmula de establecer un mínimo y un máximo que el Estatuto en vigor establece es equiparable a otros estatutos y a lo que la propia Constitución dice cuando se habla de los miembros del Congreso de los Diputados, creo que es mucho más adecuado y en ese sentido mantenemos la enmienda.


En segundo lugar, doy por defendidas las enmiendas referidas a la ampliación de las mayorías en el establecimiento de reglas de juego: Reglamento del Parlamento de Andalucía, Ley Electoral. Una de nuestras enmiendas hace referencia específica a las normas básicas de la comunidad autónoma, como son su organización territorial o la organización de las instituciones básicas de Andalucía. Hemos retirado las enmiendas referidas a la desconcentración de las sedes institucionales de determinados organismos o instituciones de Andalucía en la medida en que en trámite de ponencia se aceptó una transaccional que ofreció el Grupo Parlamentario Socialista que permite que, en el desarrollo de la legislación que sobre esta materia tendrá que abordarse en el ámbito del Parlamento de Andalucía, pueda irse a esa fórmula de desconcentración que el Partido Popular defendía,

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defiende y que estaba en sus enmiendas, pero esa parte, en aras del consenso alcanzado, queda retirada.


Hay otra cuestión que se aborda en el proyecto y que es enmendada por nuestro grupo, se refiere a llevar al Estatuto lo que se ha dado en llamar el principio de igualdad entre hombres y mujeres y afecta a dos aspectos concretos; por un lado, a las listas cremallera -este grupo parlamentario no respalda, no comparte el criterio de poner listas cremallera-, y también en lo que se refiere al acceso a la Administración. Hemos presentado una enmienda al artículo 133 en la que se establece un planteamiento que nos parece perfectamente ajustado a la Constitución y a los principios en los que todos podríamos avanzar, que es el establecimiento del principio de representación equilibrada entre hombres y mujeres, y específicamente en la redacción que nosotros proponemos del artículo 133, que se refiere al respeto de este principio en el nombramiento de altos cargos de la Administración pública andaluza y que por lógica extendemos también a las listas electorales. El respeto de los principios que el propio Estatuto establece cuando habla de igualdad entre hombres y mujeres está en contradicción con el artículo posterior del Estatuto, donde se habla de la Ley Electoral y donde se trata de imponer mediante el Estatuto mecanismos como las leyes cremallera.


Por otra parte hay un conjunto de enmiendas que pretenden reforzar los mecanismos de control parlamentario y que queden garantizados en el Estatuto. En este sentido se mantiene viva una enmienda que pretende incorporar a las garantías de control parlamentario no solo la Administración de la comunidad autónoma sino también las empresas públicas y los organismos de la misma, y otro mecanismo que es el de comparecencia obligatoria, si lo pide un quinto del Parlamento de Andalucía, de todos los altos cargos de la Administración pública andaluza, así como de todas las personas elegidas o designadas por el Parlamento de Andalucía.


Antes de entrar en las dos enmiendas de los capítulos que incorporamos, hay un conjunto de enmiendas que se refieren a su adecuación constitucional y se hacen referencias específicas al ámbito de la legislación del Estado. Hay dos a las que me voy a referir específicamente, se refieren al Defensor del Pueblo y a la Cámara de Cuentas. Siguen vivas las enmiendas que nuestro grupo ha planteado en el sentido de que queremos que quede claro lo que la Constitución establece respecto a las dos instituciones de carácter estatal, una de ellas el Defensor del Pueblo, comisionado de las Cortes Generales, en cuanto a sus competencias y las que corresponden a las instituciones, sea la Cámara de Cuentas de Andalucía o el Defensor del Pueblo andaluz, en aplicación de los artículos 136 de la Constitución y del mecanismo que se establece en el 153, si no me falla la memoria.


Antes de entrar en las dos enmiendas quisiera hacer un comentario en relación con uno de los consejos que establece el Estatuto. En primer lugar el Consejo Audiovisual de Andalucía. En éste, además de la referencia específica que hacíamos a su sede, que ya ha quedado retirada, entendemos que en la redacción que hoy se somete a la consideración de la ponencia se comete un gran error. Por un lado, el artículo 20 de la Constitución es el límite en el que debe producirse el desenvolvimiento general de la actuación de los medios de comunicación. El control político por la Administración o el control parlamentario debe estar vinculado exclusivamente a los medios de comunicación públicos. Los medios de comunicación privados tienen el control correspondiente que establecen los tribunales de Justicia en desarrollo del artículo 20 de la Constitución. Por tanto estamos radicamente en contra, dicho con toda moderación, del planteamiento que en este sentido se establece en ese artículo. El Consejo Audiovisual de Andalucía debe estar para lo que está, para aquello que le da garantía y marco la Constitución, no para otros caprichos autonómicos.


Por último -con esto termino, señor presidente- haré dos referencias, aunque sean sucintas, a dos asuntos que nos parecen de especial relevancia. Por un lado la necesidad de incorporar en el Estatuto de Autonomía de Andalucía -y lo hacemos mediante la adición de un nuevo capítulo, enmienda 247- una referencia a los medios de comunicación públicos y la comunicación institucional. Nos parecen asuntos relevantes.
No solo es necesario hacer una referencia a que se regule por ley la publicidad institucional, sino que es fundamental que los principios de imparcialidad, pluralismo y veracidad informativa impregnen desde el Estatuto el funcionamiento de todos estos medios públicos de comunicación, y también la referencia a la publicidad institucional. Me remito por tanto al tenor literal de esa enmienda. En cuanto a las garantías democráticas de Andalucía, enmienda 248, se incorpora algo que nos parece fundamental en la democracia española pero que en Andalucía se ha convertido en algo especialmente relevante: la no coincidencia de elecciones, la neutralidad de los medios de comunicación -a lo que hace referencia el capítulo anterior-, el pluralismo informativo de los centros públicos -no puede quedar al arbitrio de nadie el que se distribuyan unos medios de comunicación y no otros-; la necesidad de información al Parlamento de todo lo que se refiere a subvenciones que pueden tener una repercusión vinculada a la policía institucional, la actividad publicitaria, los contratos superiores y los planes de publicidad; la limitación de los mandatos del presidente de la Junta de Andalucía, hemos hecho una propuesta, nos parece interesante y debe ser planteada, de dos mandatos del presidente de la Comunidad Autónoma de Andalucía. Creo que esto, que es una necesidad política de forma global, en Andalucía se ha convertido en imprescindible, en urgente; la incorporación de la reprobación de consejeros; el establecimiento de un criterio global de impacto municipal de todas las decisiones que se tomen en el ámbito de Andalucía, antes mi compañera la diputada Del Pozo hacía referencia

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específica a determinadas leyes pero este es un planteamiento general; la carta de derechos, el estatuto del diputado, el cumplimiento en las legislaturas de las iniciativas parlamentarias, participación ciudadana, etcétera. La clave, señor presidente, es que con este capítulo pretendemos que mejore la calidad de la democracia en Andalucía y que se establezca un mecanismo de garantías del Estado de derecho, de fomento de la transparencia y cumplimiento de la legalidad por parte de los poderes públicos de Andalucía. (Aplausos.)

El señor PRESIDENTE: Tiene la palabra don Juan Santaella.


El señor SANTAELLA PORRAS: Señor presidente, señorías, voy a defender la enmienda que presenta mi grupo, que comprende como un texto alternativo a todo el artículado del título V y en concreto el Poder Judicial de Andalucía que trae el Estatuto de Andalucía. Ya en la justificación por escrito de esta enmienda manifestábamos las razones fundamentales por las cuales hacíamos este texto alternativo así como una oposición global a todo el contenido, a los distintos aspectos que se contienen para el Poder Judicial en el Estatuto de Andalucía. En primer lugar porque creemos que contravienen los principios de unidad y de independencia judicial consagrados en la Constitución, concretamente en el artículo 151.Por otra parte, porque por lo que vamos viendo, y no solo en este Estatuto, se avanza hacia una territorialización del Poder Judicial, por no decir, como venimos haciendo en todos los debates, que se avanza a una fragmentación del Poder Judicial.


Señorías, no está tan lejos, aunque parece que sí -pero ha llovido mucho en esta legislatura y más que va a llover-, el año 2001 y, en concreto, mayo de 2001, cuando con un Gobierno del Partido Popular -que, por cierto, tenía mayoría absoluta- se llegó a un acuerdo entre el Partido Popular y el Partido Socialista suscribiendo un Pacto de Estado para la reforma de la Justicia, donde los dos partidos mayoritarios se pusieron de acuerdo en los principios, en los objetivos, en los procedimientos y sobre todo en las acciones y en los medios que era preciso impulsar para hacer realidad ese pacto. Hubo acuerdos sobre temas que se están tocando en este Estatuto y hubo acuerdos claros por escrito y suscritos sobre el Tribunal Supremo, sobre los tribunales superiores de Justicia, sobre el mapa judicial, sobre la carrera judicial y sobre el ministerio fiscal.
Pues bien, se rompió ese pacto por la justicia por una serie de razones, pero en tan poco tiempo lo que estamos viendo en cada Estatuto es un modelo distinto de lo que nos habíamos planteado los dos grupos mayoritarios en el año 2001. ¿Por qué digo esto? Porque en aquel momento, con una mayoría absoluta de un Gobierno del Partido Popular, ambos partidos estábamos de acuerdo en profundizar en lo que era el artículo 24 de la Constitución. Solo nos preocupaba la tutela judicial efectiva. Por eso, llegamos a acuerdos en cuanto a lo que pretendíamos. Pretendíamos que el Tribunal Supremo potenciara su función como órgano jurisdiccional superior y garante de la unidad de la doctrina en todos los órdenes jurisdiccionales, porque pretendíamos, además, redefinir las competencias de los tribunales superiores de Justicia con criterios de adaptación de la Justicia al Estado de las autonomías, y era adaptación; sin embargo, el modelo nuevo está cambiando lo que es adaptación por la sustitución.
Esto que le he leído sobre lo que pretendíamos tanto para el Tribunal Supremo como para los tribunales superiores de Justicia se lo he leído literalmente. Sin embargo, el texto que se nos presenta y que llega del Estatuto de Andalucía en estas dos cuestiones presenta un vaciamiento total de las competencias del Tribunal Supremo, y agradezco que en ponencia se haya modificado rotundamente. Como decía la portavoz Soraya, si es venir a la Constitución, bienvenido sea. Efectivamente, se ha modificado el artículo 138.2, por el que dejaban al Tribunal Supremo solo para la unificación de doctrina. Lo han modificado y me alegro. Han modificado el 139.1 a) y b), que suprimían al Tribunal Supremo los recursos de revisión y de casación tanto en el orden civil, penal, social como contencioso administrativo. Bienvenido sea. Han modificado el 139.2, sobre los conflictos de competencias, dando de nuevo al Tribunal Supremo lo que era del Tribunal Supremo y no sustrayéndolo para los nuevos consejos; y el 140, donde las competencias del Tribunal Superior de Justicia se contemplan y meten una enmienda dentro de lo previsto en las leyes estatales. Todo este avance, bienvenido sea; en todo este avance estamos de acuerdo y me parece fenomenal la rectificación. Estoy de acuerdo, señor Jáuregui: No vamos a contabilizar después artículos modificados y artículos que no se han modificado, sino que simplemente en todo lo que avancemos, adelante.


Me da mucha pena, sin embargo, un tema muy importante en este título y es la creación de los consejos de Justicia de Andalucía. Tal y como viene, nosotros no lo podemos aceptar. Han presentado una transaccional en este momento en la que aceptamos lo que corrigen, porque igualmente vienen al camino no nuestro sino al de los principios constitucionales, pero en lo que no vienen nosotros vamos a mantener nuestro criterio negativo.
Fíjense que se crea un Consejo de Justicia de Andalucía con competencias desconcentradas del Consejo General del Poder Judicial. Les voy a recordar -no estaba en esta época, pero algunos que lo están defendiendo sí estaban- que ya se intentó hacer en los debates parlamentarios con la Ley Orgánica del Poder Judicial en 1985. Fue un intento frustrado de los grupos nacionalistas de desconcentración en la Ley Orgánica del Poder Judicial. Nuevo intento que ahora viene por otra vía distinta, que es el nuevo modelo que ustedes traen no solo en este Estatuto sino que ya lo hemos visto en otros estatutos y que ya estamos tramitando y viendo en la Ley de justicia de proximidad y creación de consejos de Justicia. La ley la tienen ahí aparcada. Van ya seis o siete prórrogas. No sé políticamente qué pretenden,

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que muchas veces es lo que extraña. Si nos interesa políticamente, aparcamos la ley; si no nos interesa, vamos a tramitarla. La ley de justicia y consejos está aparcada, se está prorrogando, no está en trámite ni siquiera de enmiendas. Se presentó la enmienda a la totalidad y se tuvo el debate de totalidad. Da la impresión de que esta ley está esperando a que se haga la luz cuando se terminen las elecciones en Cataluña y, según quede, veremos si se avanza en ella o no. En cuanto a todo lo que es la ley, nosotros ya lo hemos dicho. Votamos en contra en este tema en el Estatuto catalán, en el debate de totalidad de la Ley de proximidad y consejos superiores, y como es una copia exacta en las competencias que siguen manteniéndose en el título V, vamos a votar este aspecto en contra, porque si aprobáramos el texto -es lo que venimos diciendo siempre a raíz de este tipo de debate- pasamos de tener un Consejo General del Poder Judicial a 17 y la Constitución habla de un solo órgano de gobierno del Poder Judicial; pasamos al desapoderamiento del Tribunal Supremo sustituido por 17 tribunales supremos o 17 tribunales superiores de Justicia. Creamos un escalón nuevo en nuestra planta judicial aleatorio y arbitrario con la justicia de proximidad, y si sustituimos las salas de gobierno, como se está haciendo, que acompañaban al único Consejo General del Poder Judicial formada por profesionales para el autogobierno del Poder Judicial, por órganos de decisión política y con compromisos decisivamente políticos, nosotros -igual que en la creación de la Fiscalía, que en la autoatribución de amplias competencias sobre el personal al servicio de la Administración de Justicia y sobre la autoatribución de las competencias en materia de planta judicial- vamos a votar en contra. Ojalá, señorías, pudiéramos entre todos poner orden en los principios básicos del Estado porque, como dicen los clásicos, no hay viento favorable para el que no sabe a dónde va, y me da la impresión de que muchas veces no sabemos a dónde vamos en estas materias tan importantes de Estado de derecho. (Varios señores diputados: ¡Muy bien!- Aplausos.)

El señor PRESIDENTE: Debo felicitarles por la gran habilidad que tienen de repartir un turno de diez minutos entre tres en tres bloques de diez minutos, ha sido exacto. (Risas.)

Tiene la palabra el señor Dell'Olmo.


El señor REPRESENTANTE DEL PARLAMENTO DE ANDALUCÍA (Dell'Olmo García): Señorías, conforme avanza el debate a lo largo de la mañana y de la tarde de hoy, hay una especie de desconfianza en algunas de las intervenciones de partidos de ámbito estatal -por si a alguno le molesta lo de centralista- que no compartimos en absoluto. Entendemos que es lo que permanentemente intentan sentar en las enmiendas en el caso del Estatuto de Autonomía de Andalucía, lejos de lo que ha sido siempre la posición de Andalucía. Andalucía es Estado, por tanto no sé a qué viene la desconfianza permanente, la alusión a que las comunidades autónomas no pueden tener determinadas competencias, a que hay que blindar las competencias del Estado. Somos Estado, la Constitución de 1978 configura un Estado compuesto, y las comunidades autónomas son Estado, son tan Estado en su ámbito como puedan ser la Administración central, el Gobierno central o, a niveles parlamentarios, estas Cortes Generales, en el ámbito de la soberanía de todos, como manifesté esta mañana.


Eso nos preocupa, y nos preocupan más algunas afirmaciones como las que acabamos de oír. Los poderes del Estado se han ido descentralizando a lo largo de la vigencia de la Constitución de 1978, se han descentralizado dos poderes del Estado, el Poder Ejecutivo y el Poder Legislativo. ¿Por qué razón no se puede territorializar, que no romper, el Poder Judicial? ¿Por qué no se puede dar ese paso, que está pendiente y que los andalucistas saludamos con satisfacción, ese libro blanco, esos principios inspiradores de la futura Ley Orgánica del Poder Judicial? Tenía que llegar. No llegó en su momento por lo que todos sabemos, por el periodo de transición democrática, por las dificultades que había para sacarlo adelante y por la constitución de algunas mentes en poder fáctico, y no se pudo llegar a más. Sin embargo, se dejó abierta la puerta a que la Constitución de 1978 pudiera avanzar por ese camino.
Dejemos ya tranquilos esos principios de recelo permanente hacia las comunidades autónomas, y más en el caso de Andalucía, que tiene un poder reequilibrador en el conjunto del Estado. Algunos deberían tener miras a medio y largo plazo, Andalucía es la que equilibra el Estado de las autonomías, es la que impide la asimetría desde la perspectiva de que es una comunidad que ha conquistado la autonomía por el artículo 151. Parece mentira que a lo largo de la mañana y de la tarde de hoy tengamos que seguir oyendo esas manifestaciones permanentes de desconfianza hacia una comunidad autónoma que lo que ha dado siempre ha sido todo lo contrario, apostando por lo común, por la cohesión, por sentirse Estado.


El Grupo Parlamentario Vasco ha planteado una serie de enmiendas a estos tres títulos que comparte el Partido Andalucista. El título III adolece de la concreción de una figura que, a nuestro juicio, debe articular mejor la cohesión territorial de Andalucía. Me refiero a la figura de la comarca, que abarca fundamentalmente las enmiendas que aún se mantienen para el debate en esta Comisión. No se puede ignorar, y menos en Andalucía, la existencia de la comarca, la comarca natural, concebida como un ente político, no simplemente como un ente de prestación de servicios, prácticamente como una mancomunidad más. Eso no se contempla en el texto, donde sigue figurando prácticamente la misma redacción que en el Estatuto vigente de autonomía de Andalucía, donde se dice, en el artículo 95, que una ley del Parlamento de Andalucía podrá regular la creación de comarcas. Como los andalucistas por naturaleza somos optimistas -de ahí que nunca cejemos en el empeño de defender a

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Andalucía, y pasan los años y los lustros y seguimos haciéndolo, y hoy tenemos la oportunidad mi portavoz y yo de defender en esta Cámara, como en legislaturas anteriores hicieron insignes andalucistas, la identidad de Andalucía y el autogobierno de Andalucía-, no vamos a dejar de pedir esa comarcalización real en Andalucía que no se contempla.


Decía que somos optimistas. Hay un cierto límite que se ha traspasado a la hora de configurar la comarca, que es el provincial. Puede haber comarcas naturales en las que el señor que trazó con cartabón los límites provinciales, con el criterio de donde llegaba el regimiento, tuvo bastantes errores, porque ya me dirán ustedes qué pasa, por ejemplo, en la Serranía de Ronda o en esa comarca de Antequera abierta a tres provincias. Hay que contemplar eso porque al final va a redundar en beneficio de los ciudadanos. La proximidad en la toma de decisión, la proximidad a la hora de la prestación de servicios, eso es eficacia.
También he oído a lo largo de la tarde algo que me ha preocupado en ese sentido. Con la inmigración, cuanto más cercano se pueda prestar el servicio y cuanto antes se puedan adoptar determinadas decisiones, también se está prestando un mejor servicio a la integración de esos inmigrantes. Otra cuestión es la legislación básica en la que podamos ponernos de acuerdo entre todos, pero hay materias de ejecución que tienen que adoptarse en cuanto a la inmediata prestación de servicios en las comunidades autónomas. Nos hubiera gustado un avance más, y creo que todavía estamos a tiempo, en el ámbito de la comarcalización de Andalucía. De acuerdo con nuestro modelo, quienes no tienen sentido ya son las diputaciones provinciales, que son obsoletas, y deberíamos ir avanzando en el tema. La Constitución nos permite que se puedan crear órganos representativos de gobierno de la provincia. Por tanto, de acuerdo con ese artículo de la Constitución, los andalucistas planteamos que pueda darse un avance en el sentido de ir sustituyendo las diputaciones provinciales por estos consejos comarcales donde se mantenga el gobierno de la provincia desde la elección directa de los miembros de ese consejo comarcal.


Pasamos a un título para nosotros muy importante, que vertebra la organización institucional de Andalucía. En este sentido mi grupo parlamentario quiere hacer ver que no solamente es esa vertebración, sino también la apuesta por la profundización en la calidad democrática en Andalucía. Nosotros planteamos la limitación de mandatos y algo básico en Andalucía, porque es la única comunidad autónoma del 151 a la que sistemáticamente se le hurta el debate político propio haciendo coincidir las elecciones andaluzas con otras elecciones, a los andaluces se les hurta ese debate sobre los problemas de Andalucía. Para nosotros eso es básico en aras a esa profundización. Por tanto, contemplamos que figure en la Ley electoral de Andalucía y que el propio Decreto de disolución fije una fecha que nunca pueda coincidir con ninguna otra.


Antes se ha hablado aquí de la discrepancia con relación a cómo se regula el número de diputados del Parlamento de Andalucía. Para profundizar en la elección de un Parlamento proporcional en Andalucía hay que recurrir al aumento de los escaños del Parlamento de Andalucía, y lo hacemos con la certeza de que no estamos pidiendo nada que no sea asumible. Me dirijo a mi amigo el señor Atencia. Valencia ha fijado un mínimo de 99 miembros de su Parlamento; Valencia tiene 4.692.000 habitantes, es decir, un representante por cada 47.475. Por aquello de que esta mañana se hablaba de que había dos tipos de Estatuto, y creo que la señora González Modino ha dado cumplida respuesta a quienes plantean esa dicotomía, Cataluña tiene 135 escaños que se van a elegir el día 1, cuando Cataluña tiene una población inferior a Andalucía en 1.200.000; es decir que aplicando la ratio Andalucía podría estar perfectamente entre 150 y 160 diputados.
Hemos planteado una cifra que para los andaluces tiene mucho significado, cual es de la 151, pero lo que estamos diciendo es que hay que aumentar el número de escaños del Parlamento de Andalucía para aumentar al mismo tiempo la proporcionalidad. Para la proporcionalidad nosotros planteamos un sistema electoral con un colegio de restos que permita hacer valer esos votos que no han obtenido escaño en las distintas circunscripciones de una Andalucía con ocho circunscripciones electorales. También planteamos la responsabilidad política e individual de los miembros del Consejo de Gobierno, a través del apoyo a la enmienda número 104 del Partido Nacionalista Vasco, en relación con un apartado de adición al artículo 118 del texto que debatimos en la actualidad. Ese es básicamente el esquema sobre el que pivota la profundización de la democracia, de la calidad democrática en Andalucía del Grupo Parlamentario Andalucista. Hay un título en el que los andalucistas entendíamos que se abría un paso hacia la construcción del modelo de Estado compuesto que nosotros compartimos. Ese modelo, que incluso hemos calificado en el Parlamento de Andalucía -no tenemos ningún problema en ratificarlo en esta Cámara-, el modelo Zapatero en su integridad, es compartido por el Partido Andalucista. Lo que no es compartido son las limitaciones al modelo que hemos estado contemplando a lo largo del proceso de tramitación del Estatuto de Autonomía de Andalucía. En ese sentido, saludamos la profundización en el avance de la territorialización del Poder Judicial, de la Administración de Justicia. Es un título que desgraciadamente se ha sometido a una serie de enmiendas que lo han ido podando. No es el título que inicialmente mostramos en el debate en el Parlamento de Andalucía, de un alto grado de coincidencia en relación con otros títulos, sino que a lo largo del debate en la ponencia, con la incorporación de enmiendas en ese acercamiento del Partido Socialista hacia el Partido Popular, nos ha sorprendido esa posición a la baja, y lo vemos con desagrado. Señorías, estamos ante un título que entendemos debería reconsiderarse, y no hubiera sido malo dar marcha atrás en esa especie de

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plano inclinado que se recorre para seguir acortándolo más con algunas enmiendas como las que hemos visto en la tarde de hoy. Lo que queremos es incorporar, a través de la enmienda 108 del Grupo Parlamentario Vasco, el control de los actos del Consejo de Justicia en Andalucía en los mismos, literales términos que figuran en el hoy vigente Estatuto de Cataluña, en su artículo 100, en el sentido de que los actos del Consejo de Justicia de Andalucía sean recurribles en alzada ante el Consejo General del Poder Judicial, salvo que hayan sido dictados en el ejercicio de competencias de Andalucía, y, como en el apartado 2, que los actos del Consejo de Andalucía que no sean impugnables en alzada ante el Consejo General del Poder Judicial puedan impugnarse jurisdiccionalmente en los términos establecidos en las leyes. Esa es la posición de mi grupo parlamentario: más confianza en que los andaluces nos sentimos Estado y tenemos derecho a avanzar dentro de la Constitución en el máximo autogobierno. Creemos que eso es posible, no nos hagan perder la ilusión.


El señor PRESIDENTE: Izquierda Unida ha solicitado dividir el tiempo en dos, supongo que con la habilidad cronológica, no con la habilidad que han puesto aquí. Don Antonio Romero tiene la palabra.


El señor REPRESENTANTE DEL PARLAMENTO DE ANDALUCÍA(Romero Ruíz): Me dispongo a defender nuestras enmiendas y nuestras posiciones en torno al título III, de organización territorial de la Comunidad Autónoma de Andalucía, y al título V relativo a la justicia en Andalucía. Mi compañera Concha Caballero hablará del titulo IV, organización institucional de la Comunidad Autónoma andaluza. De esa forma, cada uno de nosotros defenderá en el día de hoy tres títulos y actuaremos como pareja de hecho en el campo estatutario. Quiero empezar diciendo que mantenemos dos enmiendas al título III, la 23 y la 24, que están centradas fundamentalmente en cómo debe estructurarse Andalucía territorialmente, que debe hacerlo en opinión de Izquierda Unida en municipios y en comarcas, sin perjuicio de la existencia de las provincias, esencialmente como división territorial para el cumplimiento de las actividades del Estado. La Constitución habla de la provincia, pero no dice el órgano de gobierno que debe estar en el seno de la provincia. Por tanto, es perfectamente constitucional organizarse según la comarcalización de Andalucía. En este título de organización territorial de la comunidad autónoma hay informes que determinan que Andalucía, que tiene 769 municipios con ayuntamientos propios y más de un centenar de aldeas y pedanías, que tiene 90.000 kilómetros cuadrados y cerca de 8 millones de habitantes, puede estructurarse en torno a 80 ó 90 comarcas naturales, que sean agrupadas por municipios de manera voluntaria, incluso que traspase los límites de las actuales provincias.
Por ejemplo, como han dicho anteriores portavoces, la comarca de Ronda tiene municipios en las provincias de Cádiz y de Málaga, Las Alpujarras tienen municipios en las provincias de Granada y Almería, y hay otras comarcas naturales que tienen municipios en distintas provincias. La comarca no queda bien tratada. Los ayuntamientos sí porque este nuevo Estatuto de autonomía aprueba la asignatura del municipalismo, que había estado olvidada como pacto local reclamado por la Federación Andaluza de Municipios y Provincias, por la Federación Española de Municipios y Provincias, y habían sido relegados los ayuntamientos como parientes pobres de la democracia española. Se había hablado siempre de la Administración central y de sus competencias, de las comunidades autónomas, pero no se había hablado de los ayuntamientos, de su financiación, de sus competencias. Ahora, en los nuevos Estatutos de autonomía, que son leyes orgánicas y que pertenecen al bloque constitucional, se reconoce por primera vez un núcleo competencial propio de los ayuntamientos y se plantea la necesidad de que ese núcleo competencial propio de los ayuntamientos no sea invadido por las competencias y las legislaciones de las comunidades autónomas y del Estado. Un Estado autonómico y un Estado que camina hacia el federalismo tiene tres escalones administrativos: el municipal, el autonómico y el central. Hasta ahora los ayuntamientos habían recibido el siguiente mensaje de los distintos gobiernos que ha tenido España desde la Constitución de 1978: mucho te quiero perrito, pero pan poquito. Eso lo han planteado las federaciones de municipios y provincias una y otra vez, porque el gran problema de los ayuntamientos andaluces y españoles era no tener recursos financieros y no tener competencias claras. Aquí los ayuntamientos quedan bien parados. Los objetivos del pacto local se contemplan. Incluso hay un artículo que ha evolucionado de manera muy positiva, que es el que se refiere a que los ayuntamientos participarán en los tributos de la comunidad autónoma. La primera redacción era: Los ayuntamientos podrán participar en los tributos propios de la comunidad autónoma. Se ha terminado redactando que los ayuntamientos participarán en los tributos no propios, sino en el conjunto de tributos de la comunidad autónoma, que es muy importante para la financiación municipal, que es la gran asignatura pendiente. Utilizando un término futbolístico, señorías: ayuntamiento, 5; comarcas, 1. Así ha quedado el texto de organización territorial, y las diputaciones se mantienen. Nosotros, que tenemos un programa muy claro, que abogamos por la disolución de las diputaciones y las transferencias de los recursos y de los funcionarios a las comarcas que se vayan creando de una manera paulatina y progresiva, queremos separar, siempre por razones programáticas y de lealtad a nuestro electorado, el artículo de las diputaciones, porque nosotros somos partidarios de que no tengan sentido cuatro administraciones en un Estado autonómico: los ayuntamientos, las diputaciones, las comunidades autónomas y el Estado, sino que haya tres escalones administrativos que fortalezcan las tres divisiones administrativas en la Administración central. En ese terreno nos parece muy interesante como queda el

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municipalismo en esta propuesta. Ha sido una reivindicación histórica de los ayuntamientos, y en Andalucía se une a saldar una deuda que tiene la autonomía andaluza y el 28 de febrero con los ayuntamientos de nuestra tierra, porque fueron los ayuntamientos, empezando por el ayuntamiento sevillano de Los Corrales, los que acordaron en Pleno solicitar el referéndum que hizo posible que el 28 de febrero Andalucía se pronunciara a favor de la vía del artículo 151 de la Constitución, porque exigía la ley, en distintas modalidades de referéndum, que un determinado número de ayuntamientos que representaran a un determinado número de población solicitaran la convocatoria del referéndum. Fueron los ayuntamientos, que están en la raíz de la autonomía plena de Andalucía los que luego no han visto colmadas sus reivindicaciones básicas: autonomía financiera, competencias, y además se explica en un artículo de la organización territorial que cualquier transferencia o delegación de competencias de la comunidad autónoma al ayuntamiento debe ir dotada de recursos financieros para ejercerla por el ayuntamiento. Por tanto, repito, estamos muy contentos y hemos trabajado con la FAMP y con el municipalismo andaluz para lograr que este título reflejara un buen papel y un buen tratamiento a los ayuntamientos. Estamos insatisfechos con la presencia de la comarca, que es voluntaria y que no le da un órgano de personalidad política, de prestación de servicios, de organización territorial de la comunidad autónoma y estamos radicalmente en contra de que a estas alturas las diputaciones sigan existiendo con las competencias que tienen, duplicando los recursos públicos. Esa es nuestra posición con relación al título III, organización territorial de la comunidad autónoma.


En cuanto al título V, de Justicia, en España y en toda democracia que se precie hay división de poderes: el Poder Ejecutivo, el Poder Legislativo y el Poder Judicial. En España hay un solo Poder Judicial, pero hay un Estado autonómico que debe descentralizar la Administración de Justicia, y esta es la única estructura que no se ha descentralizado aún. Por eso, son muy importantes los consejos de justicia de las comunidades autónomas, que tendrán competencia en la Administración de Justicia, y no serán diecisiete poderes judiciales. No hay que tener ningún temor, porque esa teoría de que España es una y no cincuenta y una, de que el Poder Judicial es uno y no diecisiete, es una teoría endiablada. Es muy importante que se sepa, señores del Partido Popular, ya que en algunas ocasiones ustedes defienden el ajuste a la Constitución, que no se puede hacer como Luis XIV, que decía: El Estado soy yo. El Partido Popular no puede decir: La Constitución soy yo. Incluso, la señora Sáenz de Santamaría ha llegado a decir: Si me pierdo, ya sabe donde encontrarme, en la Constitución, que es algo así como decir: Si me quieres escribir, ya sabes donde estoy, en la Constitución. No se puede hablar así de la Constitución. De Madrid, señorías, hay muchas imágenes: Madrid es una gran ciudad, la ciudad de la movida, la ciudad solidaria, la ciudad de la resistencia y la ciudad cosmopolita, pero también hay un clásico que la definió como Madrid, esa ciudad donde muchos funcionarios cabreados tienen el Estado en propiedad. Hay gente que plantea una visión del Estado como: El Estado soy yo; la Constitución soy yo, y lo que yo digo es constitucional y lo que los demás plantean no lo es. El Poder Judicial en España, la estructura de la Administración de Justicia queda muy bien con la transaccional que se ha puesto sobre la mesa, porque el personal, los recursos, las opiniones sobre la Ley de Demarcación y Planta Judicial, los funcionarios, los recursos financieros están transferidos a las comunidades autónomas, y eso no pone en peligro la naturaleza de un único Poder Judicial, pero sí su adecuación, porque no puede estar como si España no hubiera cambiado, como si España no tuviese un Estado autonómico en el que está profundizando para conseguir un Estado de rasgo federal. Por tanto, no hay que tener ningún temor; hay que avanzar en esa dirección. Nosotros vamos a dar nuestro respaldo completo al título de Justicia; vamos a defender nuestras enmiendas en la organización territorial de la comunidad autónoma y vamos a separar el artículo de las diputaciones, ya que lo hemos hecho siempre. Por razones programáticas y de lealtad votaremos a favor de este título, porque esta nos parece una asignatura municipalista aprobada muy positiva y vamos avanzando en esa dirección.


El señor PRESIDENTE: Tiene la palabra la señora Caballero.


La señora REPRESENTANTE DEL PARLAMENTO DE ANDALUCÍA (Caballero Cubillo): Intervengo con mucha brevedad para hablar del título de organización institucional de la comunidad autónoma y de la enmienda pendiente de Izquierda Unida. El título ha ido mejorando a marcha lenta, pero incluye novedades importantes, como son un mayor control de las empresas públicas y un mayor control de la acción del Gobierno de la Comunidad Autónoma de Andalucía, pero hay algunas materias en las que todavía denotamos algunas insuficiencias, y paso a relatarlas muy rápidamente. Una es una pequeña manía que existe en la Comunidad Autónoma de Andalucía, que consiste en convocar las elecciones autonómicas de forma conjunta, normalmente, con las elecciones generales. Es una pequeña manía del presidente de la Junta de Andalucía, el señor Chaves, que por cierto se sirvió de una modificación aprobada por unanimidad en el Parlamento de Andalucía para dotar de más fuerza autonómica a nuestra comunidad y para evitar que las elecciones pudieran producirse a plazo fijo en los meses calurosísimos -lo garantizo- de julio y agosto en la ciudad de Sevilla y en otras ciudades andaluzas donde, como saben, el calor aprieta. Esa potestad, concedida por consenso, ha sido utilizada para convocar elecciones conjuntas, normalmente con las elecciones generales, lo que nos priva a los andaluces de un debate particular, específico y propio. Se nos conocería mejor y habría más capacidad de decisión de

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los ciudadanos si pudiéramos tener elecciones separadas. Quisiéramos llevar esto al Estatuto, aunque es verdad que no habría por qué ponerlo si no se hubiera producido durante tantos años esta coincidencia. La segunda aportación en esta materia -aunque creo que va a tener poco éxito, dado que lo único que se aplicó, la limitación de mandato, no consiguió revalidar a su fuerza política en el Gobierno central- es la limitación de mandato a dos legislaturas máximo, que es otra de las aportaciones de limitación de mandato, que de alguna manera habría que ir recogiendo en la legislación. La tercera enmienda de Izquierda Unida se refiere a no acceder a la delegación legislativa que se plantea en este texto, porque además pensamos que no tiene suficiente rango estatutario una delegación de esta naturaleza. El Parlamento de Andalucía es un Parlamento vivo, activo, pero su actividad legislativa no es muy numerosa; se tramitan al cabo del año unas 15 ó 20 leyes. No nos parece que haya materia legislativa ni intensidad legislativa que requiera una delegación al Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía. Finalmente, queremos expresar una mayor precisión y mejores competencias para el Defensor del Pueblo de Andalucía, dotándolo además de la inviolabilidad que tienen los parlamentarios del Parlamento de Andalucía y también haciendo honor a esta figura que ha crecido en Andalucía. Estamos orgullosos en Andalucía de tener un Defensor del Pueblo que se preocupa de los que no tienen voz, de los que no tienen techo, de los derechos sociales en vez de por su cargo, su situación institucional o por los debates políticos ajenos a esta institución. Estas son nuestras enmiendas.


El señor PRESIDENTE: El Grupo Popular también ha solicitado repartir su tiempo. En primer lugar, tiene la palabra doña Esperanza Oña.


La señora REPRESENTANTE DEL PARLAMENTO DE ANDALUCÍA (Oña Sevilla): Señor presidente, es para mí una satisfacción grande poder hablar de organización territorial y hacer hincapié en el municipalismo, la segunda descentralización en el pacto local. Digo esto porque nada puede ser más grato en política que hablar de aquello en lo que se cree firmemente, de aquello que se ha defendido desde un principio y cuyo mensaje no ha variado ni un ápice en nuestra trayectoria política. Por tanto, la defensa del municipalismo es casi una bandera del Partido Popular, y tengo que lamentar que, en algunos casos, haya sido una bandera política en solitario; no obstante, me parece estupendo que poco a poco se vayan acercando posturas. Para el Partido Popular era absolutamente imprescindible que los ayuntamientos tuvieran un sitio preferente en este Estatuto, en esta reforma estatutaria. Ha dicho el señor Romero que es una asignatura aprobada, y dice bien, aprobada pero no con nota, simplemente aprobada. (El señor Romero Ruiz: Un cinco.) Estamos satisfechos por lo que se ha conseguido, pero no creemos de ninguna manera que se tenga que quedar ahí, por eso digo que es solo una asignatura aprobada, pero no con nota. Tenemos que aspirar a mucho más, porque negar la participación de los ayuntamientos de forma más protagonista en la política autonómica es realmente negar la importancia que tienen los ciudadanos, que para nosotros son mucho más importantes que los territorios. La unión de las personas conforma los territorios, pero la calidad de vida de las personas, su protagonismo y su colaboración es lo que realmente nos debe preocupar a todos.


Tampoco entiendo por qué ningún grupo político acepta que haya cambiado de postura en este Estatuto cuando por lo visto hay en torno a 122 artículos que se han modificado, luego es evidente que nos hemos movido todos, y yo no tengo ningún reparo en admitirlo así, porque en mi grupo desde el principio hemos sido firmes partidarios del consenso, aunque parece que otros se avergüenzan de admitir que se ha conseguido el consenso gracias al esfuerzo de todos. Para mí es un motivo de satisfacción política poder decir que todos los grupos hemos colaborado y hemos contribuido al consenso tan necesario para Andalucía. Cualquier estatuto que no fuera consensuado no puede ser un estatuto de primera en ningún caso, porque sería estatuto de unos, pero no estatuto de otros. También en eso el Partido Popular ha defendido desde un principio que un auténtico estatuto de primera categoría para Andalucía no puede ser otro que el Estatuto de todos y el Estatuto del consenso. Sería injusto que hiciéramos una reforma del Estatuto y que interviniéramos los distintos grupos sin reconocer la labor tan grandiosa -y lo quiero decir así- que han hecho los ayuntamientos para la vertebración, para el desarrollo y para el progreso de nuestra tierra. En muchas ocasiones, hasta un 30 por ciento de ellos, según los datos de la Federación Española de Municipios y Provincias, con una aportación económica que no le correspondía al Erario público municipal, sino que era una aportación económica que en gran parte correspondía a las comunidades autónomas y quizá también al Estado.
Estamos muy acostumbrados a ver, pero no por ello deja de ser un abuso de la comunidad autónoma, que los ayuntamientos hagan frente a una serie de gastos que no le son propios. Yo no entiendo por qué no se ha dado el paso definitivo, el paso decisivo para asegurar competencias con financiación, para referir exactamente las transferencias de competencias que se pueden llevar a cabo, por supuesto siempre con la correspondiente financiación. Tampoco entiendo por qué no se ha dado el paso definitivo para incluir, como ya ha dicho mi compañera, Patricia del Pozo, la financiación en este apartado de los ayuntamientos. Esta es una asignatura suspendida referida al pacto local y a la segunda descentralización, también muy reivindicada desde siempre por el Partido Popular.


Se avanza, claro que se avanza; estamos contentos porque cualquier progreso nos parecerá mejor, pero evidentemente la segunda descentralización hoy en Andalucía sigue siendo un sueño. El pacto local ha sido prometido hasta en dos discursos de investidura por el

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presidente Chaves sin llevarse a efecto. Precisamente esta mañana el Gobierno andaluz ha dicho que iba a hacer un experimento con ocho municipios andaluces, uno por cada provincia para el pacto local. Resulta realmente una burla, después de que el presidente Chaves se hubiera comprometido por dos veces, que a estas alturas de la situación y de la reforma estatutaria tengamos que oír este tipo de propuestas del Gobierno andaluz. En cualquier caso no quiero decir las cosas en sentido negativo, porque no está en mi ánimo ni en el de mi grupo en este momento. Tenemos un ánimo optimista y de consenso desde el principio y espero que hasta el final y deseo también que podamos felicitarnos todos por conseguir el Estatuto de todos para Andalucía. Hago estas aportaciones con un ánimo constructivo para indicarles que no está todo hecho, sino que queda mucho por hacer. Así espero que se me entienda. No he entendido nunca por qué se ha sido tan celoso y tan restrictivo desde la izquierda andaluza que nos gobierna en la autonomía municipal. Parece ilógico que se pretenda una autonomía de máximas competencias para la comunidad autónoma, con la que nosotros estamos de acuerdo, cuando, sin embargo, se tiene enorme celo y se ponen muchas trabas para la autonomía local con todas las consecuencias, acompañándose siempre de financiación.


Termino con este asunto, porque tenemos que compartir los tiempos y por respeto además a la Presidencia, que está siendo sumamente flexible, refiriéndome a la solidaridad. El Partido Popular ha hablado también de solidaridad siempre. No creemos que haya que mostrarse más solidario con unos que con otros, no creemos que haya que favorecer a las zonas ricas en detrimento de las zonas pobres, que es lo que hemos dicho otras veces ante otros estatutos; eso mismo lo podemos aplicar a Andalucía, y la solidaridad tiene que ser extensiva a todas las tierras de nuestra comunidad autónoma, a todas las localidades de nuestra comunidad autónoma. Hoy Andalucía no puede presumir de ser una comunidad autónoma sin grandes desigualdades. Yo diría que al menos tenemos tres tipos de Andalucía, con tres niveles de vida muy distintos, con tres niveles de progreso y desarrollo económico muy diferente y, por tanto, con tres niveles de oportunidades distintas para los ciudadanos, que es lo importante y, en este caso, lo grave; serían: la costa -las zonas turísticas-, las capitales de provincia y el campo. Podríamos hacer más divisiones, pero estas no generan ningún tipo de duda. Hagamos un esfuerzo con el nuevo Estatuto, no solo para que se abran otras posibilidades estatutarias, que sin duda va a ser así, sino sobre todo para cambiar las mentes de aquellos políticos que tienen que tomar decisiones. Creo sinceramente que muchos problemas sin resolver no han sido por falta de estatuto o de su capacidad, sino por falta de mentalidad política en la apertura necesaria que se pretendía.


Por lo demás, los ayuntamientos deberían participar en los ingresos de la comunidad autónoma -ahora ya no hay excusa-, y me alegro que pueda ser así, porque sabemos que más del 50 por ciento de los ingresos autonómicos ya proceden de financiación propia. Así que menos intromisión, menos injerencia, menos intervencionismo, a lo que estamos muy acostumbrados en nuestra tierra por el Gobierno autonómico, y más colaboración, más respaldo, más respeto, más ayuda y más financiación y los ayuntamientos andaluces podrán crecer de forma próspera y más equitativa.


Respecto al título...


El señor PRESIDENTE: Título IV, que es organización institucional.


La señora REPRESENTANTE DEL PARLAMENTO DE ANDALUCÍA (Oña Sevilla): Gracias a la ayuda del presidente.


Decía que respecto al título IV, organización institucional, querría decir que tanto este caso como el anterior me valen para poder hacer una alusión a los temores que algunos tienen de que se cumpla la Constitución o que se la mencione con reiteración. Aquí he oído hoy una expresión nueva que habría que sumar a las muchas expresiones nuevas a las que nos viene acostumbrando esta etapa política. Hay algunas frases muy nuevas que tienen un sentido a veces perverso y distorsionado. El apelar a la Constitución todas las veces que haga falta no es malo, es bueno; el que todos nos sintamos a gusto en la Constitución no es malo, es bueno; y no entiendo por qué los partidos de izquierda tienen tanto temor a que se hable de la Constitución, más bien deberían sentirse seguros, porque la Constitución es una garantía que nos iguala a todos los españoles, mientras que agredirla o de alguna forma menospreciarla o considerarla inútil establece un peligro de diferencia entre los españoles. He oído este tipo de intervenciones varias veces desde los grupos de la izquierda y quería decir que para el PP, que no ha inventado la Constitución -desde luego que no-, estar en ella y respetarla es una garantía y yo personalmente, como española, me siento muy a gusto si el Estatuto andaluz respeta al cien por cien la Constitución. No me conformaría, como han dicho algunos, con decir que el Estatuto es un poco más constitucional que antes; esto me parece tan penoso como que no lo sea.
No se trata de que sea más constitucional. Se trata de que la única posibilidad de Estatuto que tenemos en Andalucía es que sea un Estatuto plenamente constitucional.


Entrando de lleno en la materia que nos ocupa -y procuraré ser muy breve-, en la Ley Electoral y en el Reglamento del Parlamento, nos gustaría, porque queremos un Parlamento con mayor fortaleza, con mayor solvencia, con mayor transparencia y más consolidado, que las garantías de estabilidad pudieran asegurarse a través de los dos tercios. Ahora no va a ser así. Los dos tercios no se tienen que entender como un intento de colapso o de bloqueo, sino como un intento de permanencia en el tiempo, de estabilidad o de seguridad. Eso además obliga al consenso, que no creo que sea malo. Últimamente también oigo dudas al respecto, porque consensuar está bien cuando se está de acuerdo, pero

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llegar al consenso cuando se parte del desacuerdo parece que es una afrenta. Al margen de eso, nosotros tampoco estamos de acuerdo con que las elecciones autonómicas no se puedan hacer en solitario. No creo que sea sincero el afán autonomista cuando al mismo tiempo en ese mismo afán no se defiende con la misma fuerza el debate único y propio en unas elecciones autonómicas. En otras comunidades autónomas sería impensable que se dieran las elecciones autonómicas con las generales, sería impensable, es que lo considerarían una humillación y un agravio. ¿Por qué los andaluces tenemos que aceptar eso? Andalucía tiene la suficiente importancia. Aquí se ha dicho, incluso por grupos con los que estamos muy distanciados, que Andalucía vertebra a España; han dicho al Estado, pero no tengo ningún pudor ni vergüenza en decir que vertebra a España. Pues si vertebra a España y tiene tanta importancia, ¿por qué no podemos tener un debate propiamente andaluz y autonómico sin tener que interferir o solaparnos con el debate nacional? No se quiere. La verdad es que eso casa difícilmente con el afán autonomista que, por otro lado, se mantiene y se defiende.


El hecho de la neutralidad informativa en Andalucía es una utopía, es un sueño inalcanzable. El nuevo Estatuto debería conseguir que ese sueño fuera alcanzable, que la neutralidad informativa garantizase la libertad de todos los andaluces a vivir con los mismos derechos ideológicos, cosa que ahora desde luego está muy lejos de existir. Unos tienen más derechos en los medios de comunicación que otros; a unos se les respetan mucho más sus opiniones que a otros y se les respalda mucho más en esos medios.
Igual ocurre con la negativa a aceptar comparecencias. No sé por qué es más transparente que no se comparezca y es menos transparente que se pueda comparecer, no lo puedo entender. Se ponen vetos, trabas y obstáculos a que se puedan realizar comparecencias cuando lo pida la quinta parte del Parlamento. ¿Será más democrático eso que obstaculizarlo? Pues se hace con toda la tranquilidad y además al que defiende ese obstáculo se le llena la boca de transparencia y de buen talante. Tampoco estamos de acuerdo con que en el Parlamento no se puedan establecer las suficientes garantías democráticas como para que se conozcan todas las subvenciones o todos los contratos publicitarios o que se conozcan los presupuestos en el Parlamento antes que en la sede del partido político que nos gobierna o que se pueda controlar a las empresas públicas. Todo eso no es así en Andalucía, no es así, aunque parezca imposible, pues es posible, sucede así. Termino antes que me llamen la atención, y el señor presidente ha sido muy comedido y quizá demasiado correcto.


El señor PRESIDENTE: Comedido no, muy generoso. (Risas.)

La señora REPRESENTANTE DEL PARLAMENTO DE ANDALUCÍA (Oña Sevilla): También, demasiado correcto.


Respecto a la limitación de mandatos, creo que el Grupo Parlamentario Socialista se ha quedado solo, porque sería más higiénico. No obstante, es tan constitucional una cosa como la contraria y ahí no vamos a insistir más.


Termino diciendo que la aportación que ha hecho el Grupo Parlamentario Popular en todo momento ha sido una aportación sincera, desde el criterio más positivo posible y siempre intentando que sea un Estatuto de todos, para todos los andaluces y que todos los andaluces además sean iguales entre sí y con el resto de los ciudadanos de España. (Aplausos.)

El señor PRESIDENTE: Don Carlos Rojas tiene la palabra.


El señor REPRESENTANTE DEL PARLAMENTO DE ANDALUCÍA (Rojas García): Con su venia, espero que no sea comedido en su generosidad con esta intervención (La señora representante del Parlamento de Andalucía, Oña Sevilla: Es muy generoso.), porque el título V es un título muy importante, pero intentaré ser breve.


En este título relativo al Poder Judicial en Andalucía desde el Grupo Popular hemos venido planteando bastantes enmiendas para ajustarlo plenamente a la Constitución. Es verdad que la firmeza con la que hemos trabajado a lo largo de todo este debate estatutario está dando y de hecho ha dado sus frutos. Así se han logrado acertadas modificaciones relativas a la remisión a las leyes del Estado que han venido a mejorar la seguridad jurídica de este título, aunque es evidente que la redacción de todos los artículos que tratan específicamente de la justicia en el presente Estatuto es francamente mejorable, si bien desde el punto de vista global se han pactado modificaciones que nos resultan muy satisfactorias. Es claro, señorías, que cuando proponemos la enmienda a la rúbrica de este título tenemos motivos sobrados para hacerlo.
Señorías, el título V aparece rubricado como El Poder Judicial en Andalucía. Hasta aquí todos deberíamos tener claro que el Poder Judicial es un poder único, es un poder independiente e indivisible, según la Constitución y el propio Tribunal Constitucional en sentencias reiteradas, en las que en muchas de ellas se establece el marco de actuación de las comunidades autónomas. Por consiguiente, no va al caso la rúbrica que se llegó a barajar en un principio como el Poder Judicial de Andalucía, pero tampoco la del Poder Judicial en Andalucía, porque entendemos que aunque de este modo se refuerce la idea de un poder único con el cambio de preposición, lo cierto es que en el título V no solo estamos tratando aspectos relativos al Poder Judicial, sino que también estamos hablando del ministerio fiscal y tenemos un capítulo entero, concretamente el capítulo III, que establece las competencias de la Junta de

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Andalucía en materia de la Administración de Justicia o lo que el Tribunal Constitucional denominó, en las sentencias 56/1990 y 62/1990, como Administración de la Administración de Justicia. De este modo, señorías, nuestra enmienda a la rúbrica está nítidamente vigente, plenamente justificada y es que con denominar este título como la Administración de Justicia en Andalucía, tal como propone el Grupo Popular, resolveríamos los problemas de denominación conceptual que tanta importancia tienen en cualquier texto normativo y mucho más, señorías, si estamos ante un Estatuto de Autonomía. Como antes decía, es verdad que en este título, como en el resto, hemos conseguido acercamientos muy significativos con algunos grupos. Se ha avanzado, se ha transaccionado y, en definitiva, se ha negociado un título que, como decíamos al principio, es de importancia capital en nuestro texto estatutario. Es bien cierto que se hacía necesaria una relectura estatutaria, como aquí se ha indicado también por otros portavoces, para adecuar la nomenclatura jurídica de nuestro Estatuto a la realidad actual, puesto que por ejemplo es claro que ya no existen, como SS.SS. conocen, las audiencias territoriales. Antes decía mi compañera Esperanza Oña que ha sido muy interesante la aportación del Grupo Popular en todo este proceso estatutario, y tiene toda la razón, porque ahora, haciendo una relectura concretamente de este título, nosotros hemos colaborado en la ponencia, por ejemplo, en temas que claramente estaban fuera de la Constitución, como era la intervención en los depósitos judiciales -ha habido una sentencia hace unos meses del propio Tribunal Constitucional que ha dejado delimitadas perfectamente cuáles son las competencias de las autonomías en este sentido y del Gobierno de la nación-, y también hemos dilucidado acerca de la provisión de secretarios judiciales, jueces y magistrados, que son una competencia que está fuera del ámbito de la comunidad autónoma. Por tanto, hemos colaborado y mucho y la presencia del Grupo Popular en este título y en el resto de los títulos ha sido para hacer aportaciones al consenso, para hacer aportaciones al acuerdo, por supuesto de ajuste constitucional, como ajuste en el marco en el que todos nos tenemos que entender y para mejorar las cosas que no estaban bien.


Hoy podemos decir que, por ejemplo, sobre el Consejo de Justicia -del que antes hablaba mi compañero Juan Santaella- que se prevé en el articulado, hay que poner el zum sobre cuál era la intención de todos los operadores jurídicos y también la intención del Partido Popular hace unos años, porque entendíamos que era bueno que existiera una configuración formal que diera rango institucional a lo que hoy es la sala de gobierno de los tribunales superiores de Justicia, pero sin entrar de ningún modo en aventuras centrífugas que pudieran siquiera insinuar que hubiera diecisiete consejos generales del Poder Judicial distintos, porque entonces se rompe, señorías, el Poder Judicial como un poder único del Estado y como un poder indivisible, cuya pervivencia es esencial para la garantía de derechos por igual de todos los andaluces en toda Andalucía y, por supuesto, en todo el territorio nacional, en España. Por eso una cosa son las cuestiones esenciales, es decir, la independencia del Poder Judicial, que desafortunadamente ha puesto en solfa algún Estatuto que ha pasado por esta misma Cámara, y otra cosa son las materias no esenciales, como una articulación del trabajo diario dándole forma, por ejemplo, como antes decíamos, a la sala de gobierno del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía. Esta distinción, señorías, ya la ha realizado con acierto el Tribunal Constitucional, que en sentencia 108/1986, de 26 de julio, permite que el legislador orgánico distinga, según pongan en riesgo la independencia judicial, entre facultades de gobierno y organización judicial esenciales, competencia del Consejo General del Poder Judicial "stricto sensu", y facultades no esenciales, ejercitables por el Ejecutivo. Esta distinción permitiría deducir, como han señalado los profesores Rayo y Pauner, la posible atribución a órganos de gobierno autonómicos de este tipo de facultades, pero nunca -insistimos- un Estatuto puede ni podría promover de ningún modo la descomposición del Poder Judicial, que, insistimos, es único e indivisible. Por eso nosotros queremos que nuestro Estatuto nos garantice a todos los andaluces que tendremos los mismos derechos en cualquier otro sitio de España, como lo garantiza la Constitución, que seremos juzgados, por ejemplo, con las mismas garantías en cualquier parte de España, y, de la misma forma, que si un andaluz oposita para profesor o juez no tenga ninguna restricción para ejercer en otra comunidad autónoma, como no la tiene un catalán, un vasco o un gallego, afortunadamente, para ejercer en Andalucía.


De otro lado, es cierto que había cosas que actualizar, como antes decíamos, en nuestro Estatuto de Autonomía relativas a la justicia en nuestra comunidad y hemos conseguido, señorías, llegar a acercamientos sobre la propuesta inicial, por ejemplo, en materia de algunos de los asuntos que tramita el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, como la modificación que se ha puesto aquí sobre la mesa del artículo 138.2 y del 139. Porque al final, señorías, lo que nos interesa a todos los ciudadanos es que la justicia sea más ágil y todos accedamos a ella en condiciones de igualdad en todo el territorio nacional. Por tanto, nuestro objetivo es que el Tribunal Superior de Justicia descargue en todo lo posible al Tribunal Supremo, tal y como quiso el legislador hace algunos años, que estableció fórmulas para ello que han funcionado muy bien en el ámbito penal, por ejemplo. De esta manera nuestras propuestas han sido de eficiencia y de salvaguarda de los derechos constitucionales.
Eficiencia porque queremos administraciones coordinadas y eficaces.
Salvaguarda de los derechos constitucionales porque queremos, señorías, en todo el territorio nacional las mismas reglas del juego para todos que marcó precisamente nuestra Constitución felizmente y que han funcionado muy bien a lo largo de estos años. En otras palabras, por ejemplo, en los temas del TSJ

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relacionados con el Tribunal Supremo, lo que queremos es armonizar la justicia y dotar de vigor a los tribunales superiores de Justicia.
Probablemente si lo hiciéramos así los asuntos de los ciudadanos no tengan que esperar en el Tribunal Supremo más de siete años, como está ocurriendo ahora. Es la adaptación de la justicia al Estado de las autonomías, de la que hablaba mi compañero Juan Santaella. Desde el Grupo Popular hemos hecho propuestas en este título cuyo denominador común es la lealtad constitucional, algo que no debería ser un objetivo de ninguno de nosotros porque ya debería darse por supuesto, pero algo que, sin embargo, es esquivado permanentemente por alguno en sus aportaciones para fortalecer la estructura vertebral del Estado, que más bien parecen dirigidas muchas veces a adelgazar la estructura del Estado sin ningún sentido.


Permítanme, señorías, que para concluir cite un artículo que me ha parecido magistral, del profesor Jiménez de Parga, cuando habla de lealtad constitucional precisamente en su dimensión autonómica y dice que se concreta en la obligación de ajustar la conducta propia a la idea de que las competencias nunca se disfrutan con carácter verdaderamente exclusivo, si con ello se entiende que su ejercicio puede ser excluyente; que en definitiva la descentralización del poder no presta servicio a la disolución del Estado, sino a su mejor ordenación y eficacia desde el mayor respeto a las libertades del individuo; que descentralizar no es separar o desmembrar, sino tomar lo mejor de cada fuerza para lograr nueva fuerza mayor, una fuerza superior y una fuerza distinta. Nosotros, señorías, desde el Grupo Popular hemos trabajado en todo el trámite estatutario con lealtad constitucional, que es lo mismo que lealtad estatutaria y democrática. Basándonos en dicho trabajo podemos decir que el acercamiento a otros grupos ha sido muy positivo, si bien es cierto que hay textos en el articulado de este título V que, como antes ha señalado mi compañero, aún no pueden ser considerados idóneos para nuestro grupo, pero por supuesto seguiremos trabajando por mejorar nuestro Estatuto.


El señor PRESIDENTE: El Grupo Socialista de la Delegación del Parlamento andaluz ha solicitado la división de su tiempo en tres intervenciones, pero les pido que se atengan en lo posible al tiempo. En primer lugar, don José Caballos tiene la palabra.


El señor REPRESENTANTE DEL PARLAMENTO DE ANDALUCÍA (Caballos Mojeda): Señorías, en primer lugar, quiero hacer constar que es para mí un honor participar en este debate y hacerlo en el Congreso de los Diputados y en su Comisión Constitucional, porque representa al pueblo español, del que los andaluces formamos y formaremos parte para cuando nos vaya bien y también para cuando nos vaya mal.


Voy a hablar de un título clave, del III, de la organización territorial de la comunidad autónoma; título clave por la extraordinaria importancia que han adquirido los ayuntamientos democráticos desde el periodo 1978-1980, que es cuando se elabora el vigente Estatuto. Se han legitimado como las instituciones democráticas más cercanas a los ciudadanos y además, como ha dicho el portavoz de Izquierda Unida Antonio Romero los ayuntamientos andaluces fueron los impulsores de la propuesta para que Andalucía optara a través del referéndum del 28 de febrero por la autonomía por la vía del artículo 151 de la Constitución. Adelanto ya que mi intervención irá dirigida a subrayar y reforzar los acuerdos muy importantes que hemos alcanzando entre los cuatro grupos y, en segundo lugar, a poner de manifiesto los avances sobre el vigente Estatuto de Carmona. Ya sé que quedan enmiendas pendientes de los distintos grupos, pero creo que en este momento es más interesante poner el acento en lo que nos une que en lo que todavía nos separa.


Como todos ustedes saben, el Estatuto vigente tiene una levísima mención a los ayuntamientos. Los concebía más como entidades de gestión administrativa, con un pequeño y residual contenido político. Han pasado 25 años y los ayuntamientos y las corporaciones locales controlan el 14 por ciento del gasto público total y, por tanto, en el Estatuto que estamos elaborando teníamos que dar un salto adelante. Señorías, los avances son evidentes -voy a relatar algunos de ellos- y lo hemos reflejado con las aportaciones realizadas ya en Andalucía de todos grupos políticos, a los cuales agradezco todas esas aportaciones y las enmiendas que hemos ido integrando en la propuesta que hoy debatimos aquí. Primer avance, se reconoce a los ayuntamientos un núcleo competencial propio, además con la plena garantía de la autonomía local consagrada en la Constitución. Hemos aceptado en fase de ponencia hoy aquí la aportación del Partido Popular mediante una enmienda transaccional del Grupo Socialista. Segundo, una ley del Parlamento andaluz establecerá la transferencia o delegación de competencias de la Junta hacia las corporaciones locales, con la financiación suficiente y, en su caso, con la coordinación por la Junta de esa gestión para salvaguardar, cuando sea necesario, el interés general de Andalucía. También ahí aceptamos una incorporación importante del Partido Popular. Tercero, crea un fondo de nivelación de servicios con carácter incondicionado que no existía en el vigente Estatuto de Carmona. Cuarto, establece la participación de las corporaciones locales en los tributos de la Junta y no solo en los tributos propios, en la línea de conseguir trabajar con el objetivo de la suficiencia financiera de los ayuntamientos. Esto tampoco figuraba en el Estatuto vigente. Quinto, se crea un órgano mixto de colaboración y participación Junta-corporaciones locales, que tampoco existía antes.
Sexto, se establece que el Parlamento andaluz aprobará una ley de régimen local en el marco de la legislación básica del Estado cuando antes se consideraba prácticamente competencia exclusiva del Gobierno central esta materia. Séptimo, se configuran las diputaciones como órganos representativos de las provincias. Está en la Constitución, señor

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Romero, no es que no estén las diputaciones. Es verdad que dice -lo he consultado ahora mismo- diputaciones u otros órganos similares. A ver si vamos a inventar lo que ya teníamos inventado pero cambiándole el nombre.
No creo que podamos en el marco constitucional vigente desconocer la realidad de las provincias y de su organización institucional propia. Se reconoce efectivamente a las diputaciones en la propuesta que traemos, pero es verdad que a partir de ahora se orientan más al trabajo con los municipios más pequeños, por un lado y, por otro, se las vincula más a todas ellas a la orientación general que definirá la Junta de Andalucía.
Octavo, se abre la puerta a la constitución de comarcas -¿cómo que no, señor Dell'Olmo?, claro que sí-, pero precisamente para no caer en los errores de Javier de Burgos, al que usted aludió, a agrupaciones comarcales o a comarcas voluntariamente decididas por los ayuntamientos -es decir no impuestas desde arriba, sino sobre la base de su voluntad- allí donde exista espíritu real y vocación real comarcal. Por último, noveno, se contemplan las agrupaciones de municipios, los consorcios, las mancomunidades, etcétera.


Todos estos avances, y este paso de gigante, señorías, lo hemos conseguido entre todos con las enmiendas y las aportaciones de todos los grupos, que yo quiero reconocer aquí, y por tanto creo que nos podemos sentir satisfechos. Tendremos unos ayuntamientos más fuertes, con una financiación más potente, con una presencia y un peso institucional indudablemente mayores que el marco institucional y legal ahora vigente, y lo hemos conseguido entre todos, señorías -y quiero subrayarlo desde el Grupo Parlamentario Socialista-, huyendo al mismo tiempo de que el fortalecimiento de los poderes locales se pudiera hacer en detrimento de la comunidad autónoma, es decir, en la práctica, de un debilitamiento de Andalucía. Yo creo que el título III que estamos debatiendo aquí colma prácticamente las reivindicaciones del municipalismo andaluz, de la FAMP, sin cuyo empuje seguramente unánime de los alcaldes y alcaldesas de todos los partidos este alto nivel de consenso probablemente nos habría resultado más difícil o no se habría producido. Es el momento de reconocer aquí y ahora el papel de la FAMP, de su dirección, de sus vicepresidentes, de todos los partidos políticos, y de su presidente, Francisco Toscano Sánchez, alcalde de Dos Hermanas, a la cabeza y de acuerdo con todos ellos.


Termino, señorías, por donde empecé. Quedan algunas enmiendas, ya lo sé, pero he preferido, como dije, subrayar los acuerdos, la gran mayoría, creo yo, y constatar los avances muy significativos sobre el Estatuto de Carmona que resaltar las diferencias, legítimas, que a mi juicio son menores, y no voy entrar en ninguna suerte de carrera o de disputa de: yo lo dije antes, yo he rectificado, tú no has rectificado. Desde luego hay algunos a los que les cuesta rectificar y no rectifican nunca, y no es ninguna virtud desde mi punto de vista y menos a la hora de elaborar una norma básica que no es una ley cualquiera, ni mucho menos un reglamento, como es un Estatuto de Autonomía, que son las reglas del juego para los andaluces para mucho tiempo, que es, entre comillas, la ley de leyes de los andaluces. Señorías, el resultado de este consenso importantísimo, basado en la Constitución, pero que la desarrolla y profundiza, dibuja en mi opinión un modelo de federalismo cooperativo o de gestión con una fuerte base local, orillando derivas neocentralistas, provincianistas o cantonalistas, sin duda todas ellas contrarias a la letra y al espíritu de la Constitución que tanto todos decimos defender.


Termino ya de verdad. Este título III, por todo lo expuesto, creemos que no merece el voto negativo de ningún grupo parlamentario, de ninguno, y confiamos en que se pueda dar el acuerdo final también -en este título y en todos- de los cuatro grupos que representan al conjunto del pueblo andaluz. Llegar a acuerdos, señorías -y en especial hago un llamamiento al Grupo Parlamentario Andalucista, a nuestros amigos del PA, que han compartido el Gobierno de la comunidad autónoma con nosotros durante dos legislaturas, durante ocho años-, es renunciar en parte a la legítimas posiciones de cada uno, si no, es imposible, y si alguien dijo alguna vez el que se mueva no sale en la foto, yo diría ahora que el que no se mueva no va a salir en la foto y que cada cual lógicamente asuma sus propias responsabilidades. Aquí se ha dicho: hay gente que se ha movido, grupos que se han movido, otros que no. Nosotros no hemos parado de movernos, reconozco paladinamente que no hemos parado de movernos, y a mucha honra, en la búsqueda del consenso, desde el principio, en las 45 reuniones que hemos mantenido en año y medio los once ponentes en el Parlamento de Andalucía, en la ponencia que hemos tenido todos estos días, hoy y en el Pleno, porque queremos que en la foto estemos todos. Lo hemos hecho honrada y honestamente. Podemos habernos equivocado en esto o en lo otro, pero los errores se corrigen y entre todos creo que debemos sacar adelante este Estatuto. Es lo que debíamos hacer y lo hemos hecho, y esperamos que lo hagan también todos los demás, porque creo, señorías, que es lo que esperan los andaluces de todos nosotros.


El señor PRESIDENTE: Señor Caballos, si no para de moverse y va a ir a hacerse una foto, cuide que lleva dos gafas, no sea que el flas le deslumbre.


Don Juan Paniagua tiene la palabra.


El señor REPRESENTANTE DEL PARLAMENTO DE ANDALUCÍA (Paniagua Díaz): Señoras y señores diputados, intervengo en nombre del Grupo Parlamentario Socialista sobre el título IV del proyecto de reforma de Estatuto para la autonomía, que aborda la organización institucional de la Comunidad Autónoma andaluza y que realmente incorpora elementos diferenciados y novedosos respecto de lo que está establecido en el Estatuto vigente.
Ello es fruto, entre otras cuestiones, de los cambios producidos en la sociedad -no nos encontramos con la sociedad de 1980-, también de

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la exigencia de la ciudadanía que quiere una mayor participación y al mismo tiempo, cómo no, como consecuencia de los 25 años de autogobierno en Andalucía. Me referiré a algunas de estas situaciones novedosas o diferenciadas que aparecen en el nuevo proyecto que estamos debatiendo esta tarde en Comisión del Congreso de los Diputados paritaria con el Parlamento andaluz.


Quiero señalar los importantes logros que en materia de igualdad de género se han producido en la sociedad en general y en particular en la vida política, pero, a la vez, permítanme también que les diga que aún no estamos en una situación de auténtica igualdad real entre el hombre y la mujer. Es por ello por lo que el Parlamento andaluz entendió que era necesario establecer la obligatoriedad para que haya una presencia equilibrada entre hombres y mujeres en el Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía. Esta es una situación que ya se está produciendo en estos momentos, de tal forma que somos el único Parlamento autonómico que tiene una composición de un 60 por ciento de mujeres en el Consejo de Gobierno y un 40 por ciento de hombres. Pero obedece a una decisión puntual, a un criterio adoptado en un determinado momento y no hay ninguna obligatoriedad por norma para que se establezca esa presencia equilibrada. Por ello no deberíamos dejar pasar este momento importante para Andalucía de establecer un nuevo texto estatutario para que en el mismo apareciese esa obligatoriedad de la presencia equilibrada. Asimismo se recoge, abundando en esa línea de presencia equilibrada, la idea de que también se produzca no solamente en los miembros del Consejo de Gobierno sino en los órganos directivos de la Administración andaluza, de igual manera que cuando se lleve a cabo la elaboración de las listas para nuestro Parlamento se realicen también atendiendo a criterios de igualdad de género. No avanzamos en este texto en ninguna otra consideración. Será la Ley Electoral andaluza la que tendrá que determinar cómo quedará definitivamente la composición. Por tanto, señorías, no adelantemos debates en este momento cuando aún no están regulados adecuadamente los términos que se precisaban por parte de otro portavoz. De la misma manera entendemos que debe mantenerse esa situación de presencia equilibrada en los nombramientos de los órganos colegiados o consultivos.


Otro de los argumentos que yo planteaba anteriormente en cuanto a los elementos diferenciadores de este Estatuto respecto del anterior, es el de una mayor exigencia de participación de la ciudadanía. Por ello, creo que puedo decir que los ciudadanos demandan una administración ágil, una administración que dé respuestas a sus necesidades y al mismo tiempo también quieren participar en aquellos temas que les afectan. Por ello, se incorporan como normas jurídicas nuevas para Andalucía preceptos jurídicos que existen en otros estatutos y que sin embargo no tenían cabida en el nuestro. Entre esos preceptos legislativos me refiero a los decretos legislativos y a los decretos-ley, al mismo tiempo que resalto que no creo que haya diferencia entre esos otros estatutos, entre esas otras comunidades que sí tienen recogidos estos preceptos en cuanto al número de leyes que puedan promulgar anualmente.


En lo que hace referencia a la participación de la ciudadanía, entendíamos que era conveniente abordarla desde una doble dimensión. En primer lugar, desde la dimensión de la presencia de la misma en el ámbito del legislativo y, por tanto, en las comisiones correspondientes cuando se produzca el debate de los proyectos de ley. En segundo lugar, desde el ámbito del Ejecutivo cuando se llevan a cabo también en la promulgación de los proyectos de ley, las normas reglamentarias y cualquier otra norma que pueda afectar, lógicamente, a colectivos y ciudadanos. Esa presencia se tiene que articular a través de las asociaciones o las organizaciones que los representen. Un tercer bloque que resalto sería fundamentalmente el hecho de elevar a categoría estatutaria órganos de carácter consultivo, de asesoramiento, de control o de garantía para los ciudadanos que están funcionando en Andalucía. Me refiero, por tanto, al Defensor del Pueblo, al Consejo Consultivo, a la Cámara de Cuentas, al Consejo Audiovisual y al Consejo Económico y Social. Respecto del Consejo Audiovisual, señorías, se define como una autoridad audiovisual independiente que debe velar por los principios estatutarios y constitucionales. Por tanto, parece lógico que el ámbito de aplicación del mismo lo fuera para todos los medios audiovisuales de Andalucía, con independencia de la titularidad del mismo.


Señorías, el título IV que estamos debatiendo, fruto de los trabajos que se llevaron a cabo en el Parlamento andaluz, venía avalado por un amplio acuerdo político y al mismo tiempo, también, por una amplia base social.
Pero permítanme que les diga que fruto del trabajo realizado en esta Comisión mixta paritaria también se ha conseguido avanzar y ampliar ese acuerdo político y, consecuentemente con ello, esa base social. Creo que eso se pone de manifiesto simplemente con observar cómo en la ponencia se han incorporado por unanimidad algunas enmiendas o han sido transaccionadas otras, como las relativas a la inviolabilidad de los diputados andaluces o a las funciones del Parlamento andaluz. En otros casos ha sido por una mayoría no unánime, pero sí suficiente, que permite, entre otras cosas, que se haya incorporado un mayor control de la acción del Gobierno y de la Administración de la Junta de Andalucía, pudiéndose llevar la cabo la constitución de comisiones de investigación.
Eso ha puesto de manifiesto, como les decía, la disponibilidad de todas las fuerzas políticas en el ámbito de esta Comisión mixta para poder ir avanzando en el acuerdo político e ir acercando posiciones y, por tanto, tener un texto que responda mejor a los intereses de la totalidad de las fuerzas políticas presentes en el Parlamento.


Quisiera hacer también algunas referencias, aunque breves, a algunas de las consideraciones que se han planteado en enmiendas aún vivas. Se dice por parte de los tres grupos presentes en el Parlamento andaluz distintos

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del Partido Socialista que el hecho de que no haya más de dos mandatos del presidente del Gobierno puede significar o significa menores garantías democráticas. Sobre eso, únicamente les quiero recordar que no es una costumbre existente en la Europa occidental y que no está recogido en ningún texto, ni siquiera en el ámbito de la Constitución española ni en los estatutos de cualquier comunidad autónoma, la limitación de los mandatos del presidente del Gobierno. Por tanto, podrá colocarse o no, pero permítanme que les diga que no comparto el hecho de vincularlo a garantías democráticas. Lo mismo que se plantea la idea de la no coincidencia en convocatorias electorales, también como otro elemento importante que profundiza en las garantías democráticas. Sobre esa materia quiero decirles que en las democracias consolidadas es bastante frecuente que haya una coincidencia electoral, incluso, señorías, en los casos de los estados federales. Por tanto, creemos que el hecho de una coincidencia electoral en ningún caso significa hurtar el debate territorial. Pensamos que el agotamiento de una legislatura tendrá que ser como consecuencia de la finalización de los mandatos, cuando prospere una moción de censura, cuando no prospere una moción de confianza o cuando se dé una situación de ingobernabilidad.


Finalizo, señorías, únicamente resaltando que queda poco tiempo para poder debatir el texto que nos ocupa, pero ese poco tiempo es suficiente para poder ir acortando las distancias y, consecuentemente con ello, que el acuerdo alcanzado en este momento se pueda incrementar.


El señor PRESIDENTE: Tiene la palabra don Ángel Gallego.


El señor REPRESENTANTE DEL PARLAMENTO DE ANDALUCÍA (Gallego Morales): La verdad es que el Poder Judicial en Andalucía, el título que ahora nos ocupa, ha tenido varias virtualidades. La primera virtualidad ha sido dejar claro que es un buen tema para afinar armas dialécticas en el debate político-jurídico y técnico-jurídico, por su carácter simbólico -se ha dicho en alguna ocasión-, pero por lo pronto es bueno para ello.
Pero, además, sirve porque en una determinada lógica, que a nuestro juicio resulta errónea, se ha presentado como una línea de emergente fractura, territorialización, en términos eufemísticos, la ha llamado el señor Santaella, fragmentación del Poder Judicial después, descomposición del Poder Judicial, se ha hablado de diecisiete poderes judiciales, etcétera; y por si acaso no quedaba claro el señor Rojas ha recordado lo que él creía que se decía, esto es, el Poder Judicial de Andalucía, expresión que nunca apareció, porque la aparición del genitivo partitivo supondría ruptura de la unidad, en tanto que Poder Judicial en Andalucía significa situación en el territorio del Poder Judicial único, lo que pasa es que traicionaría la lógica desde la que se intentó plantear el término o la fórmula de cómo podría concurrir el tema del Poder Judicial a líneas de emergente fractura o la ruptura de las Españas.


Pero no está en mi ánimo participar más que en el consenso y en la búsqueda de la mejor de las posibilidades para el texto que ahora nos ocupa. Creo que no debemos permitir que el Poder Judicial sirva como elemento para alimentar una tensión dialéctica entre Estado y comunidades autónomas y entre comunidades autónomas y Estado que en el fondo lo que hace es evidenciar que se puede estar intelectualmente apresado por ataduras forjadas con datos de experiencias que están periclitadas constitucionalmente y que ahora se recuperan so pretexto del debate de la reforma del Poder Judicial en Andalucía. Por tanto, como nos han recomendado la lectura de algunos autores, en ese caso yo apelo a Wittgenstein, que habla de que la depravación intelectual consiste en una dieta desequilibrada, esto es, alimentar la posición intelectual con una sola clase de ejemplos. Hablemos de más posibilidades constitucionales y no fijemos la Constitución y el mundo que la rodea tal y como nosotros hayamos decidido percibirlo. Yo entré esta mañana en la Cámara en la firme creencia de que el Tribunal Constitucional era el encargado de valorar en nuestro ordenamiento la constitucionalidad de las normas y me he encontrado -y quiero que conste en acta el asombro que me embarga- con que parece que hay creado algún cuerpo nacional de vestales y sacerdotes que establecen donde está la llama de la Constitución y cuánto se aproxima o se aleja uno y entonces te arrojan y bien caes en la llama eterna o bien te vas al frío. No, la Constitución admite muchas posibilidades, es dinámica y, por tanto, tenemos que agotar posibilidades. ¿Qué posibilidades hay respecto al Poder Judicial? Entro a tierra antes de que me llamen la atención. Hay una concepción del Poder Judicial en la que hay una pieza fundamental, un epicentro normativo, que es la Ley Orgánica del Poder Judicial, que está establecido en la Constitución. Esa es la base. Pues bien, el texto tiene ni más ni menos que veintidós referencias explícitas a la Ley Orgánica del Poder Judicial en apenas cinco o seis artículos. Me parece que queda bien tamizado.
Ahora bien, eso tampoco nos puede hacer, porque si no podemos acabar defendiendo cosas realmente absurdas, que fijemos definitivamente las cosas tal como son.


Me explico. Sabemos que se están tramitando paralelamente otras normas, y, por tanto, el sujetarse a constricciones jurídico-formales de ahora mismo de lex data, puede hacer que se quede súbitamente anticuada la reforma y tener unos magníficos artículos sin refrendo práctico después. Por tanto, hay casos en los que prefiero que algunos artículos pudieran ser mañana letra muerta a que, en su caso, pudiéramos no tener asumidas esas competencias y tener que venir, tal y como establece la Constitución, a un nuevo proceso de reformas.


El proyecto, tal y como está ahora mismo, cumple tres objetivos políticos y jurídicos de primera magnitud. Contribuye a adaptar al Estado autonómico el Poder Judicial, adaptación que es una de esas posibilidades

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abiertas. No en vano el artículo 152 se inscribe en el título VIII de la Constitución, de las comunidades autónomas, y no en el título VI, del Poder Judicial. Si esa posibilidad está ahí, por qué no explorar todos los expedientes e itinerarios que sean desplegables en derecho. Por supuesto, ¿por qué no? Segundo objetivo: acercar la Justicia al justiciable, y cumple muy acertadamente el conjunto de artículos del título V ese objetivo político de primera magnitud. Tercero: hacer una justicia útil a los ciudadanos. No es precisamente -y no son mías las encuestas sino de los operadores jurídicos- este uno de los servicios públicos, la Administración de Justicia, que reciban con alborozo en cuanto a sus resultados los ciudadanos. En consecuencia, si conseguimos acercar al ciudadano la justicia, si conseguimos a través de este articulado que transite por el Estado autonómico un poder de Estado -porque el Estado autonómico es el Estado- y que transcribe por los mismos cauces, habremos conseguido objetivos fundamentales.


En cuanto a las posibilidades dimanantes del consejo de justicia, que aparecen también en la justificación de la enmienda del Partido Popular como elemento determinante, cabe una configuración que permita casar lógicas que no son contradictorias y que suponen situarse en una posición u otra y decir: vengan a mi verdad. No; vamos a buscar entre los dos una verdad que nos sirva para articular un Consejo de Justicia de Andalucía que responda precisamente a lógicas que ustedes han defendido tanto en el Libro Blanco de la Justicia como en propuestas del Partido Popular y hay puntos de encuentro. Busquémoslos juntos porque es bueno y hagámoslo para que no nos puedan decir mañana, como ocurría en el derecho romano, que a los efectos de la ley las avestruces tienen que ser cuadrúpedos.
(Aplausos.)

El señor PRESIDENTE: Por el Grupo Socialista tiene la palabra don Javier Torres Vela. Han solicitado dividir la intervención. Después tendrá la palabra el señor Jáuregui y con esto terminamos y pasamos a la votación.


El señor TORRES VELA: Efectivamente, me referiré a los títulos III y IV, de la organización territorial y de organización institucional, y mi compañero Ramón Jáuregui hará el título V.


En estos dos títulos el Grupo Socialista del Congreso fijó desde el principio una posición clara: son títulos de autoorganización de la comunidad autónoma y, por lo tanto, nuestra posición en el Congreso es la de respetar al máximo la voluntad del texto que viniese del Parlamento de Andalucía. De ahí que sean títulos a los que el Grupo Parlamentario Socialista haya formulado muy pocas enmiendas tanto en el trámite de ponencia como de Comisión, solo en aquellos casos que podían afectar, a nuestro entender, a límites constitucionalmente establecidos, como es que el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía no puede ser un órgano de la Junta de Andalucía. Pero, por lo general, no hemos planteado enmiendas. Por lo tanto, mi intervención se va a limitar a responder a algunos elementos nucleares de las enmiendas que quedan vivas de los grupos; ni siquiera voy a referirme a la bondad de los títulos que vienen.


En materia de organización territorial me remito a la intervención de mi compañero Caballos, que ha sido bastante correcta al explicitar los avances que se han hecho en este título. Pero he escuchado algunas intervenciones acompañando al debate de estos dos títulos que en alguna cuestión me preocupan y trataré de contestar. Este Estatuto es bueno para la autonomía local. Alguien lo calificó como un Estatuto municipalista. Y es verdad. Es un Estatuto que mantiene un adecuado equilibrio entre dos principios constitucionalmente reconocidos: de la autonomía política de la comunidad autónoma y de la autonomía local. No es bueno, por tanto, cargarse de mucha retórica llena de posiciones de coyuntura cuando hemos conseguido un buen equilibrio. No es bueno porque estamos hablando del Estatuto de Andalucía, no de la coyuntura política de uno u otro momento.
Porque le recordaré, sin ánimo de demasiada polémica, que si, de verdad, lo que estamos defendiendo en algunas de las enmiendas de este título son principios políticos, me gustaría haber encontrado un modelo en el que inspirarme de otras relaciones de poder en otras comunidades autónomas sobre el equilibrio entre autonomía local y política. Hubiera sido bueno porque habríamos encontrado un modelo en el que inspirarnos. Pero todas las enmiendas que están aquí, fruto de coyuntura, no han aparecido en ningún otro debate estatutario hasta el momento y eso es peligroso. Es peligroso porque quiere decir que no es un tema de principio, sino de coyuntura, y estamos hablando del Estatuto de Autonomía para Andalucía.


Debatiré la única enmienda que han planteado dos grupos parlamentarios de manera diferente y sobre la que nosotros vamos a mantener nuestra posición con mucha claridad. Se refiere al tema comarcal. Tanto el Grupo Parlamentario Vasco, recogiendo las posiciones del Grupo Andalucista, como el Grupo de Izquierda Unida, ponen énfasis al decir que el Estatuto tendría que establecer la organización comarcal. Pues bien, el Estatuto recoge la organización institucional que establece la Constitución, que son municipios y provincias, y habilita y permite la posibilidad de establecimiento de comarcas, pero tengan claro una cosa, no entra en la lógica respetable nacionalista imponer un organización territorial. No es posible porque la organización territorial nueva, y la comarca sería la introducción de una organización territorial nueva, tiene que hacerse necesariamente por la voluntariedad de los municipios de constituirse en comarca. Reflexionen sobre una cuestión: esto está establecido en el Estatuto de Andalucía vigente y cuenten cuántas comarcas se han constituido voluntariamente. ¿Quieren ustedes aquí, desde una posición muy respetable, que digamos nosotros a los municipios andaluces que se tienen que constituir en comarcas? Dejen ustedes que sean los municipios los que voluntariamente

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establezcan esa posibilidad. Este Estatuto sí abre una gran oportunidad que, además, va a ser funcionalmente más importante para el futuro, la posibilidad de constitución de áreas metropolitanas y de agrupación de municipios por necesidades funcionales, que va a ser más importante en el futuro.


Sobre el tema de la organización institucional, que hay un gran consenso, voy a hacer dos reflexiones que tienen que ver con posiciones mantenidas por mi buen amigo el señor Atencia y por algunos representantes del grupo andalucista, y que hilan con la anterior. No es bueno el oportunismo de coyuntura en un debate estatutario. No es una buena técnica, ni es una buena práctica. Hay dos elementos cruciales que se han formulado aquí y que tienen más que ver con elementos de coyuntura que con el debate estatutario: uno afecta a lo que algunos han llamado, en una expresión tremendamente desafortunada para mí, calidad de la democracia, porque la democracia en Andalucía y en España es una democracia de calidad. Se puede decir que siempre se puede mejorar porque la democracia es un sistema político que caracteriza por su perfectibilidad, pero la democracia está bien regulada. ¿Cómo podemos establecer aquí como elemento de una indudable calidad la limitación de mandato? ¿Alguien ha reflexionado en serio, por ejemplo, sobre las consecuencias políticas de esa decisión en un sistema político que es un sistema parlamentario de democracia representativa, que establece en el artículo 6 de la Constitución que los partidos políticos vehiculan la representación, que el presidente es elegido por las Cámaras y que tiene una responsabilidad política ante las Cámaras? ¿Cómo pueden traer ustedes miméticamente una institución de los sistemas presidenciales a un sistema de democracia representativa y quedarse tan tranquilos y no pensar en las consecuencias políticas de ese modelo? Cuando eso se ha hecho en España, lo ha hecho desde la voluntariedad un presidente del gobierno que ha dicho: no me presento más que a dos mandatos. Podían hacer eso en Fuengirola, en Cádiz, en Málaga. Se podría decir: yo me presento a dos mandatos. Pero solo desde la voluntariedad, no desde el establecimiento en el sistema político. ¿Cómo se puede plantear que una institución como es la capacidad de disolución del Parlamento, que se le otorga al presidente y que en los sistemas políticos está establecida como equilibrio con la moción de censura -el parlamento lo puede remover, el presidente puede disolver-, cómo se puede limitar la capacidad de disolución del parlamento porque algunos grupos políticos no ganen las elecciones? No es razonable. Eso tiene mucha influencia en el sistema político y el coste de las elecciones juntas es un coste en términos políticos que paga el que toma la decisión en las elecciones, y todos pueden oponerse a que coincidan o no coincidan, pero es una decisión política cuya expresión no puede tener carácter normativo en un sistema político de estas características. No insistamos en esas líneas que son debates de coyuntura que vienen bien, para tratar de introducir esto con valor normativo. Lo mismo diría con los sistemas electorales. No se puede traer a un estatuto de autonomía el sistema electoral a conveniencia de cada cual. El estatuto de autonomía debe mantener unos principios mínimos basados en la Constitución y dejar que la Ley electoral, con mayoría suficiente, la mayoría absoluta, sea aprobada por las Cortes Generales.
Señoría, creo que son dos buenos títulos y el Grupo Socialista del Congreso de los Diputados los va a apoyar, respetando la voluntad del Parlamento de Andalucía.


El señor PRESIDENTE: Tiene la palabra don Ramón Jáuregui e inmediatamente empezarán las votaciones.


El señor JÁUREGUI ATONDO: Voy a intentar ser breve en relación con el título V, a propósito de la justicia, y voy a hacer unas puntualizaciones al debate, especialmente a las alegaciones que han hecho los diputados del Partido Popular, el señor Santaella y el señor Rojas. Efectivamente, estamos ante un título importante, muy novedoso en los estatutos de autonomía de esta llamada nueva generación, un título que, como ha dicho mi compañero Ángel Gallego, no es el poder judicial de Andalucía, sino el Poder Judicial en Andalucía, cuestión capital que deja bien claro de qué estamos hablando. Estamos hablando de un Poder Judicial único del Estado que, sin embargo, se adapta al modelo autonómico territorial. Esta adaptación es necesaria y se plasma en tres grandes objetivos que este Estatuto recoge con acierto. El primero es establecer que los tribunales superiores de justicia de la Comunidad de Andalucía sean la instancia última de todas las jurisdicciones. Esto se establece en el artículo 138, cuando se dice en uno de los artículos que hemos transado en el debate de la ponencia que el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía es la última instancia jurisdiccional de todos los procesos judiciales iniciados en Andalucía, incluso de los recursos que se tramiten en su ámbito territorial. Esta es la primera gran aportación, que es algo con lo que estamos todos de acuerdo, incluido el Partido Popular, porque esta es una enmienda que ya hemos transaccionado en el debate de ponencia. La segunda idea que nuclea esta adaptación del Poder Judicial a las comunidades autónomas es que se van a crear consejos de justicia en las comunidades autónomas. Por cierto, esto no es más que para desconcentrar el poder único del Consejo del Poder Judicial, cuyo poder único no se cuestiona, pero desconcentra o descentraliza sus funciones, como ya lo vienen haciendo en la actualidad las salas de gobierno de los tribunales superiores. Es verdad que los consejos de justicia en las comunidades autónomas se formarán con una determinada representación, también incorporada pues una representación política de los parlamentos autonómicos, pero sus funciones serán, insisto, las que descentralicemos del Consejo General del Poder Judicial.


Por último, el Estatuto contempla en un tercer plano los objetivos de acentuar o de definir mejor, más correctamente, las competencias de la comunidad autónoma en lo que se ha venido en llamar en una interpretación

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del Tribunal Constitucional la administración de la Administración de Justicia, es decir, los medios materiales, los recursos humanos, la oficina judicial, la justicia gratuita y una serie de cosas más que se refieren a esto que llamamos Administración de Justicia. Pues bien, estos tres planos son los que configuran este título y al hacerlo, señor Santaella, no hemos roto ningún pacto, puesto que usted mismo citaba, con lealtad, por cierto, y con honradez que le agradezco, que el segundo objetivo del Pacto de justicia que el PSOE y el PP firmaron en el año 2001 incluía precisamente la adaptación del poder Judicial al Estado de las autonomías como un objetivo común. Nosotros, es verdad, lo hacemos antes de que las leyes orgánicas puedan definir correctamente, que son las que pueden y deben definir, este nuevo reparto, pero ciertamente nosotros no administramos los tiempos. Lo que sí ha ocurrido es que, como bien decía mi compañero el señor Gallego, están llegando los estatutos y tienen que prever lo que, por otra parte, ya es un texto de ley que está en esta misma Cámara que va a reordenar el sistema de las competencias jurisdiccionales y estos tres campos que acabo de citar. Lo que hemos hecho es simplemente adaptarnos a esa previsión con una serie de referencias constantes a lo que la ley establezca, esto es evidente, porque no cuestionamos la superioridad jerárquica de la ley orgánica como determinadora de los espacios judiciales que vayamos a crear, dejando claro, sin embargo, que el Estatuto, como no lo vamos a hacer de nuevo o no lo vamos a modificar dentro de un año, prevé estas posibilidades. Por cierto, lo que también hicimos en la Comunidad Valenciana con otra terminología y con otras formulaciones. Los propios legisladores de la Comunidad Valenciana ya sabían que esto iba a llegar y previeron una serie de artículos en su Estatuto que contemplaban la posibilidad potencial de que esta adaptación se realizara.


Quiero señalarles, para también puntualizar, que estos acuerdos que hemos alcanzado en la ponencia, excepto el artículo 142 al que hemos presentado una enmienda de la que luego hablaré, son acuerdos que hemos logrado a través de enmiendas que el Partido Socialista presentó en su momento al texto original, y otras que presentó el PP, y otras que presentaron otros grupos, que las hemos pactado, pero realmente no cabe decir, aunque se haga con buena intención y con buenas palabras, señor Santaella, bienvenidos al hogar constitucional, como se ha reiterado. Antes he hecho una intervención sobre el título competencial pidiendo a los grupos que no acentúen las interpretaciones subjetivas del acuerdo, que destaquen el acuerdo y que se enorgullezcan de él, pero que no hagamos lecturas unilaterales porque no son justas. Por ejemplo, señor Santaella, usted me obliga a puntualizarle que cuando hemos corregido, ciertamente por acuerdo, los artículos 138 y 139 para no determinar qué recursos llegaban al Tribunal Supremo y cuál sería la competencia última de unificación de doctrina del Tribunal Supremo en los recursos que pudieran llegarle a este, incluso la casación, cuando se ha encontrado este problema entre sus posiciones y las nuestras, lo que hemos hecho es retirar esa referencia sin cuestionar que no le vaya a llegar algo. Ya lo dirá la ley orgánica. Pero la solución ha sido muy equilibrada porque no cuestiona ninguna interpretación ni la suya ni la mía. Luego, por favor, no se atribuya el resultado del consenso en unos términos tan subjetivos o tan partidistas que, por otra parte, repito, no corresponden a la realidad.
Lo que hemos hecho es retirar la especificación de la unificación de doctrina dejando libre a la ley orgánica la determinación de qué casación cabe para el Tribunal Supremo porque, por otra parte, solo él, la ley orgánica quiero decir, y estas Cortes en su momento y en ese tracto legislativo son quienes pueden determinar cuál es la casación que le quedará al Tribunal Supremo y en qué casos.


El artículo 142 es una transaccional que hemos presentado a este debate, pretendiendo también resolver un desacuerdo preexistente con el Partido Popular. Sabemos que todo lo que hemos arreglado en este título es importante, porque, repito, salva las posiciones ideológicas de cada parte y permite que el Partido Popular se sume a este título, lo cual me parece importantísimo. Sin embargo, yo respeto que el Partido Popular mantenga todavía reservas sobre un artículo que es el que determina el Consejo de Justicia de Andalucía. Hemos llegado a un acuerdo con una transaccional para que ese artículo, con tres de sus apartados, pueda ser votado por todos nosotros, sin perjuicio de respetar que el Partido Popular mantenga un voto negativo a tres de los apartados que corresponden justamente a las funciones de ese consejo judicial, porque cree el Partido Popular, y es legítimo que lo crea, que esa especificación de funciones tan exhaustiva que viene en el artículo corresponde más bien a la Ley Orgánica del Poder Judicial. Aprovecho para decir que el Partido Socialista las ha mantenido en su texto, porque las funciones que hemos delimitado en este artículo son exactamente, señorías, las que actualmente, señor Santaella, realizan las salas de gobierno de los tribunales superiores. Estamos convencidos de que la Ley orgánica establecerá esas mismas competencias como mínimo, y esa es la razón de que las hayamos especificado. Que el Partido Popular prefiere no concretarlas, lo respetamos, pero que quede claro que nuestra posición ha sido esa.


Termino con una referencia que es fundamental en esta reflexión. Nosotros hemos establecido este título, repetimos, porque estamos de acuerdo y estamos a favor, y creo que lo estaremos todos en España en muy poco tiempo, de una adaptación del Poder Judicial, único y exclusivo del Estado, a las comunidades autónomas, para que se produzcan estos tres niveles que acabo de señalar. Pero queda claro que el Poder Judicial es único en el Estado por múltiples razones, que incluso este mismo Estatuto reitera, porque no cuestiona, sino todo lo contrario, que es la Ley Orgánica del Poder Judicial quien determina sus funciones, que es el Consejo General del Poder Judicial quien podrá descentralizar una serie de

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funciones a los consejos de Justicia autonómicos y porque es evidente que el cuerpo de jueces y magistrados es único y va a aplicar de manera única, y naturalmente siempre independiente, la ley en España por igual para todos los españoles. Esto es lo que se garantiza, pero al mismo tiempo se da un avance importantísimo en justicia y autonomías.
(Aplausos.)

El señor PRESIDENTE: Hemos terminado las intervenciones. Vamos a proceder a las votaciones.


En primer lugar, vamos a votar las enmiendas y votos particulares del título II. En el título II, recordarán ustedes que se debatieron cinco enmiendas transaccionales presentadas por el Grupo Parlamentario Socialista. Esto es lo primero que vamos a votar. (La señora Caballero Cubillo pide la palabra.)

Señora Caballero.


La señora CABALLERO CUBILLO: Señor presidente, en la enmienda transaccional al artículo 42 queremos pedir la votación separada del punto 3, apartado 1.º

El señor PRESIDENTE: No puede ser, señora Caballero, tiene que pedir votación separada del punto 3.


La señora CABALLERO CUBILLO: De acuerdo, del punto 3. (El señor Esteban Bravo pide la palabra.)

El señor PRESIDENTE: Señor Esteban.


El señor ESTEBAN BRAVO: Queremos solicitar la votación separada de la transaccional presentada por el Grupo Socialista a la 213, del Partido Popular, en lo referente al artículo 62.


El señor PRESIDENTE: Entiendo que se refiere a la enmienda transaccional presentada por el Grupo Parlamentario Socialista a la número 213, del Grupo Parlamentario Popular, en lo referente al artículo 62.


El señor ESTEBAN BRAVO: Sí, señor presidente. (El señor Jáuregui Atondo pide la palabra.)

El señor PRESIDENTE: Señor Jáuregui.


El señor JÁUREGUI ATONDO: Quería decirles que yo creo que hay un error en la transaccional porque no veo el número 3 por ningún lado. Debe ser 2 como mínimo y en primer lugar.


El señor PRESIDENTE: A menos que haya un 2 en el texto.


El señor JÁUREGUI ATONDO: No lo hay. Es 1, el párrafo nuevo que añadimos, y lo que empieza por la comunidad autónoma, que aquí aparece como 3, es un 2.


El señor PRESIDENTE: Es un 2 y después hay un 3. En la siguiente página hay un 3 y no hay un 4.


El señor JÁUREGUI ATONDO: Sí, hay un 3 y un 4.


El señor PRESIDENTE: Pero eso no cambia nada. Lo que la señora Caballero llamaba 3 ahora es 2.


Señora Caballero.


La señora CABALLERO CUBILLO: Señor presidente, quisiera saber si puede haber una reconsideración, pues el punto 1 del apartado 2, que estaba mal numerado, está perfectamente acotado. Nuestra diferencia se extiende solamente a este artículo, que se va a mostrar en forma de abstención.


El señor PRESIDENTE: La manera de votar es la siguiente. Se votan los artículos, y dentro de los artículos, los apartados, pero usted me está pidiendo que vote un apartado de un apartado. ¿Se opone algún grupo a que se vote en esta ocasión el apartado del apartado? (Denegaciones.)

La señora Báñez lo había pedido en otro caso y, naturalmente, si se acepta éste hay que aceptar el otro también.


La señora BÁÑEZ GARCÍA: Gracias, señor presidente.


El señor PRESIDENTE: Recuérdemelo cuando lleguemos, señora Báñez.


La señora BÁÑEZ GARCÍA: De acuerdo y gracias, señor presidente.


El señor PRESIDENTE: Por tanto, vamos a votar el subapartado 1.º del apartado 2 de la enmienda que afecta al artículo 42.


Votación de la Comisión Constitucional.


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 33; abstenciones, cuatro.


El señor PRESIDENTE: Votación de la Delegación del Parlamento de Andalucía.


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 35; en contra, dos; abstenciones, dos.


El señor PRESIDENTE: Queda aprobado.


Votamos ahora la enmienda 213 en lo que afecta al artículo 62. Ha sido pedida por el señor Esteban.


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Votación de la Comisión Constitucional.


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 34; en contra, tres.


El señor PRESIDENTE: Votación de la Delegación del Parlamento de Andalucía.


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 37; en contra, dos.


El señor PRESIDENTE: Queda aprobada.


De las cinco transaccionales hemos votado una, la del artículo 62, y un fragmento de la enmienda al artículo 42. Votamos ahora el resto de estas enmiendas, que son cuatro, y lo que queda de la enmienda que afecta al artículo 42. (La señora Báñez García pide la palabra.)

Señora Báñez.


La señora BÁÑEZ GARCÍA: Perdón, señor presidente. Aquí es la votación separada de la transaccional al artículo 85.


El señor PRESIDENTE: Lleva razón, era el 85. ¿Qué votación solicita?

La señora BÁÑEZ GARCÍA: Votación separada del primer párrafo punto 1.º, no de los subapartados 1.º, 2º y 3º de los párrafos siguientes.


El señor PRESIDENTE: Votamos por tanto de la enmienda 213, que afecta al artículo 85, solamente el apartado 1, que comienza con: La participación de la comunidad...


Votación de la Comisión Constitucional.


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 36; abstenciones, una.


El señor PRESIDENTE: Votación de la Delegación del Parlamento de Andalucía.


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 37; en contra, dos.


El señor PRESIDENTE: Queda aprobado.


Votamos el resto de la enmienda número 213, que afecta al artículo 85, exceptuado el primer párrafo que acabamos de votar.


Votación de la Comisión Constitucional.


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 21; en contra, 15; abstenciones, una.


El señor PRESIDENTE: Votación de la Delegación del Parlamento de Andalucía.


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 24; en contra, dos, abstenciones, 13.


El señor PRESIDENTE: Queda aprobado.


Votamos lo poco que queda de las cinco enmiendas transaccionales.


Votación de la Comisión Constitucional.


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 36; abstenciones, una.


El señor PRESIDENTE: Votación de la Delegación del Parlamento de Andalucía.


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 37; en contra, dos.


El señor PRESIDENTE: Quedan aprobadas.


Pasamos a votar las enmiendas del Grupo Mixto números 167, 168 y 169, de la señora Lasagabaster y señor Labordeta.


Votación de la Comisión Constitucional.


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos en contra, 33; abstenciones, cuatro.


El señor PRESIDENTE: Votación de la Delegación del Parlamento de Andalucía.


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos en contra, 35; abstenciones, cuatro.


El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.


Votamos ahora las cinco enmiendas del Grupo Parlamentario de Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya Verds, que son las números 18, 19, 20, 21, 22 y los dos votos particulares a los artículos 50 y 83.


Votación de la Comisión Constitucional.


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, tres; en contra, 33; abstenciones, una.


El señor PRESIDENTE: Votación de la Delegación del Parlamento de Andalucía.


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, dos; en contra, 35; abstenciones, dos.


El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.


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Votamos las nueve enmiendas del Grupo Parlamentario Vasco, que son la 64, 66, 72, 84, 85, 86, 87, 88 y 92.


Votación de la Comisión Constitucional.


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, tres; en contra, 33; abstenciones, una.


El señor PRESIDENTE: Votación de la Delegación del Parlamento de Andalucía.


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, dos; en contra, 35; abstenciones, dos.


El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.


Pasamos a votar la única enmienda del Grupo Parlamentario Popular, la enmienda número 213.


Votación de la Comisión Constitucional.


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 13; votos en contra, 24.


El señor PRESIDENTE: Votación de la Delegación del Parlamento de Andalucía.


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 15; en contra, 24.


El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.


Ahora tenemos siete votos particulares presentados por la delegación del Parlamento, Partido Andalucista.


Votación de la Comisión Constitucional.


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, dos; en contra, 34; abstenciones, una.


El señor PRESIDENTE: Votación de la Delegación del Parlamento de Andalucía.


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, dos; en contra, 37.


El señor PRESIDENTE: Quedan rechazados.


Hemos terminado de votar las enmiendas y votos particulares del título II.
Nos queda votar el dictamen. El Grupo Popular me ha solicitado votación separada, pero en una sola votación, de los artículos 63, 67, 73, 79 y 85. No hay ninguna otra petición. Votamos en primer lugar estos artículos.


Votación de la Comisión Constitucional.


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 21; en contra, 15; abstenciones, una.


El señor PRESIDENTE: Votación de la Delegación del Parlamento de Andalucía.


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 24; en contra, 15.


El señor PRESIDENTE: Quedan aprobados.


Votamos el resto del dictamen de los artículos, salvo los que acabamos de votar, que pertenecen al título II.


Votación de la Comisión Constitucional.


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 36; abstenciones, una.


El señor PRESIDENTE: Votación de la delegación del Parlamento de Andalucía.


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 37; en contra, dos.


El señor PRESIDENTE: Quedan aprobados.


Con esto hemos terminado de votar el título II. Pasamos al título III. En primer lugar, votamos las tres enmiendas del Grupo Mixto, las números 170, 171 y 172.


Votación de la Comisión Constitucional.


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos en contra, 33; abstenciones, cuatro.


El señor PRESIDENTE: Votación de la Delegación del Parlamento de Andalucía.


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos en contra, 35; abstenciones, cuatro.


El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.


Votamos las enmiendas números 23, 24, que afectan a los artículos 94 y 95, del Grupo Parlamentario de Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya Verds.


Votación de la Comisión Constitucional.


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, dos; en contra, 33; abstenciones, dos.


El señor PRESIDENTE: Votación de la Delegación del Parlamento de Andalucía.


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, dos; en contra, 35; abstenciones, dos.


El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.


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Votamos ahora las cuatro enmiendas del Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV), las números 94, 96, 99 y 101. (El señor Representante del Parlamento de Andalucía, Romero Ruiz, pide la palabra.)

Señor Romero.


El señor REPRESENTANTE DEL PARLAMENTO DE ANDALUCÍA (Romero Ruiz): Intervengo para solicitarle votación separada de las enmiendas números 94 y 100.


El señor PRESIDENTE: La número 100 no existe. Si no le importa, tendrá que ser la número 101 o ninguna.


El señor REPRESENTANTE DEL PARLAMENTO DE ANDALUCÍA (Romero Ruiz): Pues la número 101.


El señor PRESIDENTE: ¡Ah, bueno, la que caiga! (Risas.)

El señor REPRESENTANTE DEL PARLAMENTO DE ANDALUCÍA (Romero Ruiz): Y el resto.


El señor PRESIDENTE: Groucho Marx decía: Estas son mis ideas y, si no le gustan, tengo otras. (Risas.)

El señor REPRESENTANTE DEL PARLAMENTO DE ANDALUCÍA (Romero Ruiz): Hay otro artículo.


El señor PRESIDENTE: Pues si no me gusta la 100, pues la 101. Vale.
(Risas.)

El señor REPRESENTANTE DEL PARLAMENTO DE ANDALUCÍA (Romero Ruiz): Es la 101, y el resto por otro lado, las otras dos.


El señor PRESIDENTE: El señor Romero quiere votar las números 96 y 101 en una sola votación. Señor Romero, ¿podría repetirme cuáles son las dos enmiendas y si se pueden votar en una sola votación?

El señor REPRESENTANTE DEL PARLAMENTO DE ANDALUCÍA (Romero Ruiz): La enmienda número 94 y la número 101.


El señor PRESIDENTE: ¿Se pueden votar en una sola votación?

El señor REPRESENTANTE DEL PARLAMENTO DE ANDALUCÍA (Romero Ruiz): Sí.


El señor PRESIDENTE: Vamos a votar las enmiendas del Grupo Parlamentario Vasco números 94 y 101 en una votación.


Votación de la Comisión Constitucional.


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, cuatro; en contra, 33.


El señor PRESIDENTE: Votación de la Delegación del Parlamento de Andalucía.


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, cuatro; en contra, 35.


El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.


Votamos ahora las otras dos enmiendas del Grupo Parlamentario Vasco, las números 96 y 99.


Votación de la Comisión Constitucional.


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, tres; en contra, 33; abstenciones, una.


El señor PRESIDENTE: Votación de la Delegación del Parlamento de Andalucía.


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, dos; en contra, 35; abstenciones, dos.


El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.


Votamos ahora las enmiendas correspondientes al Grupo Parlamentario Popular. Han sido retiradas las enmiendas 214, 215, 217, 220 y 222. Por tanto, votamos las enmiendas 216, 218, 219 y 221 del Grupo Parlamentario Popular.


Votación de la Comisión Constitucional.


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 15; en contra, 22.


El señor PRESIDENTE: Votación de la Delegación del Parlamento de Andalucía.


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 13; en contra, 26.


El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.


Con esto hemos terminado de votar las enmiendas.


Votamos ahora el dictamen de los artículos. (El señor Romero Ruiz pide la palabra.)

Señor Romero.


El señor REPRESENTANTE DEL PARLAMENTO DE ANDALUCÍA (Romero Ruiz): Señor presidente, señorías, artículo 94 punto, la provincia...


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El señor PRESIDENTE: ¿Cómo punto la provincia? (Risas.)

El señor REPRESENTANTE DEL PARLAMENTO DE ANDALUCÍA (Romero Ruiz): Le estoy dando detalles para que vea que aquí no hay confusión ninguna. (Risas.) Le estoy leyendo textualmente la rúbrica del artículo y el número.
Artículo 94, título III.


El señor PRESIDENTE: ¿Con letra mayúscula o minúscula? (Risas.)

El señor REPRESENTANTE DEL PARLAMENTO DE ANDALUCÍA (Romero Ruiz): Con letra minúscula. Artículo 94. Ese lo separamos del resto.


El señor PRESIDENTE: Se me ha solicitado también por parte del Grupo Popular una votación separada del artículo 90.2.


Por tanto, como está antes vamos a votar el 90.2 solamente.


Votación de la Comisión Constitucional.


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 23; en contra, 15.


El señor PRESIDENTE: Votación de la Delegación del Parlamento de Andalucía.


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 24, en contra, 15.


El señor PRESIDENTE: Queda aprobado.


Votamos ahora el artículo 94, solicitado por el señor Romero.


Votación de la Comisión Constitucional.


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 35; abstenciones, dos.


El señor PRESIDENTE: Votación de la Delegación del Parlamento de Andalucía.


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 35; en contra, dos; abstenciones, dos.


El señor PRESIDENTE: Queda aprobado.


Ya están separados todos los artículos. Por tanto, ahora votamos de este título III desde el artículo 87 al artículo 96, menos el 90.2 y el 94.


Votación de la Comisión Constitucional.


Efectuada la votación, dijo

El señor PRESIDENTE: Quedan aprobados por unanimidad.


Votación de la Delegación del Parlamento de Andalucía.


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 37; en contra, dos.


El señor PRESIDENTE: Quedan aprobados.


Pasamos al título IV. Primero votamos las enmiendas números 173 y 174 del Grupo Parlamentario Mixto.


Votación de la Comisión Constitucional.


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos en contra, 33; abstenciones, cuatro.


El señor PRESIDENTE: Votación de la Delegación del Parlamento de Andalucía.


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos en contra, 35; abstenciones, cuatro.


El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.


Votamos las enmiendas del Grupo Parlamentario de Izquierda Unida números 25, 26, 27 y 28.


Votación de la Comisión Constitucional.


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, dos; en contra, 33; abstenciones, dos.


El señor PRESIDENTE: Votación de la Delegación del Parlamento de Andalucía.


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, dos; en contra, 35; abstenciones, dos.


El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.


Votamos las enmiendas del Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV) números 102, 103, 104 y 105.


Votación de la Comisión Constitucional.


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, tres; en contra; 33; abstenciones, una.


El señor PRESIDENTE: Votación de la Delegación del Parlamento de Andalucía.


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, dos; en contra, 35; abstenciones, dos.


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El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.


Votamos las enmiendas del Grupo Popular de la número 223 a la 248.


Votación de la Comisión Constitucional.


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 15; en contra, 22.


El señor PRESIDENTE: Votación de la Delegación del Parlamento de Andalucía.


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 13; en contra, 26.


El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.


Nos corresponde ahora votar el dictamen de los artículos que van del 97 al 137. Se me ha solicitado por parte del Grupo Popular una votación separada, aunque en una sola votación, de los artículos 103.2 y 129. No hay ninguna otra petición. Votamos en este momento los artículos 103.2 y el 129.


Votación de la Comisión Constitucional.


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 22; en contra, 15.


El señor PRESIDENTE: Votación de la Delegación del Parlamento de Andalucía.


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 24; en contra, 15.


El señor PRESIDENTE: Quedan aprobados.


Votamos el resto de los artículos que van desde el 97 al 137.


Votación de la Comisión Constitucional.


Efectuada la votación, dijo

El señor PRESIDENTE: Quedan aprobados por unanimidad.


Votación de la Delegación del Parlamento de Andalucía.


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 37; en contra, 2.


El señor PRESIDENTE: Quedan aprobados.


Pasamos al título V. A dicho título hay una enmienda transaccional al artículo 142 presentada por el Grupo Parlamentario Socialista. (La señora Báñez García pide la palabra.) ¿La señora Báñez quiere pedir una separación de un trocito de algo?

La señora BÁÑEZ GARCÍA: Pedimos votación separada de los párrafos 2, 4 y 5 del artículo 142.


El señor PRESIDENTE: Quiere decir que de la enmienda transaccional a la 249 que afecta al artículo 142 quiere votar por separado los párrafos 2, 4 y 5. Son los que quedan igual. Quieren votar en contra lo que queda y a favor lo cambiado.


Estamos votando la enmienda transaccional a la 249 que afecta al artículo 142 solo en los párrafos 2, 4 y 5.


Votación de la Comisión Constitucional.


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 21; en contra, 15; abstención, una.


El señor PRESIDENTE: Votación de la Delegación del Parlamento de Andalucía.


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 24; en contra, 13; abstenciones, dos.


El señor PRESIDENTE: Quedan aprobados.


Votamos ahora el resto de la enmienda transaccional que afecta al artículo 142.


Votación de la Comisión Constitucional.


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 36; abstención, una.


El señor PRESIDENTE: Votación de la Delegación del Parlamento de Andalucía.


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 37; abstenciones, dos.


El señor PRESIDENTE: Queda aprobada.


Después de esta enmienda transaccional solamente quedan dos enmiendas.


Votamos la enmienda 108 del Grupo Parlamentario Vasco.


Votación de la Comisión Constitucional.


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, dos; en contra, 33; abstenciones, dos.


El señor PRESIDENTE: Votación de la Delegación del Parlamento de Andalucía.


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, dos; en contra, 35; abstenciones, dos.


El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.


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Nos queda la enmienda número 249 del Grupo Parlamentario Popular.


Votación de la Comisión Constitucional.


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 15; en contra, 22.


El señor PRESIDENTE: Votación de la Delegación del Parlamento de Andalucía.


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 13; en contra, 26.


El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.


Nos queda ahora votar el dictamen que va, como saben ustedes, del artículo 138 al 153. el Grupo Popular ha pedido votación separada pero en una sola votación de los artículos 141 -el artículo 142, párrafos 2, 4 y 5 es lo que acabamos de votar, por eso decía que no estábamos votando la enmienda sino el artículo; no hay que votarlo pues ya está votado-, 141, 144, 145.3, 149 y 150. ¿Hay más peticiones de votación separada? (Pausa.) Votamos los mencionados artículos.


Votación de la Comisión Constitucional.


Efectuada la votación dio el siguiente resultado: votos a favor, 22; en contra, 15.


El señor PRESIDENTE: Votación de la Delegación del Parlamento andaluz.


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 24; en contra, 13; abstenciones, dos.


El señor PRESIDENTE: Quedan aprobados.


Nos queda votar el resto de los artículos. (El señor Trillo-Figueroa Martínez-Conde pide la palabra.) Hay petición separada. Un poco retrasado con su grupo, señor Trillo. Ya me habían presentado por escrito las votaciones separadas. Ha agregado usted una más, qué le vamos a hacer.


El señor TRILLO-FIGUEROA MARTÍNEZ-CONDE: No; pensamos que después de la votación del artículo 142, párrafos 1 y 3, debiera segregarse el resto del artículo en una votación.


El señor PRESIDENTE: Podríamos incluirlo, pero lo hemos votado con la enmienda transaccional; está votado ya. (Pausa.) Yo comprendo que esto es difícil. (Risas.) ¿Qué parte del artículo 142 no está votada, señor Trillo? Si me lo dice, le doy la razón.


El señor TRILLO-FIGUEROA MARTÍNEZ-CONDE: Yo no digo que no esté votado, señor presidente, sino que nosotros querríamos que se votara separadamente.


El señor PRESIDENTE: Es que ya está votado.


El señor TRILLO-FIGUEROA MARTÍNEZ-CONDE: Como dictamen. (Rumores.)

El señor PRESIDENTE: Con una enmienda transaccional hemos modificado el dictamen hace un momento y ahora tenemos otro dictamen respecto de estos apartados. ¿Estamos de acuerdo? (Pausa.) Señor Trillo, como se ha modificado ese punto y ha sido aprobado mediante la votación de una enmienda transaccional, ya no votamos el texto como venía. ¿Estamos de acuerdo?

El señor TRILLO-FIGUEROA MARTÍNEZ-CONDE: Señor presidente, como ha sometido a votación separada determinados artículos, yo pensaba...


El señor PRESIDENTE: Si no se queda tranquilo y no puede dormir esta noche, votamos otra vez lo que acabamos de votar. (Pausa.-El señor Arenas Bocanegra: Retiramos la votación.) Estamos de acuerdo.


Estamos votando el dictamen de los artículos que van del 138 al 153, excluidos los que acabamos de votar por separado.


Votación de la Comisión Constitucional. (Pausa.)

Efectuada la votación, dijo

El señor PRESIDENTE: Quedan aprobados por unanimidad.


Votación de la Delegación del Parlamento andaluz.


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 35; abstenciones, dos.


El señor PRESIDENTE: Quedan aprobados. (La señora Báñez García pide la palabra.)

Un momento, hay una cuestión de orden.


Señora Báñez.


La señora BÁÑEZ GARCÍA: Señor presidente, para que no quede ninguna duda.
El artículo 142 en esta última tanda no lo hemos votado, ¿se dio por votado a la hora de votar la enmienda transaccional? (Asentimiento.)

El señor PRESIDENTE: La transaccional ha asumido un nuevo dictamen al ser aprobada.


La señora BÁÑEZ GARCÍA: Correcto. Esa era la aclaración que nos vale para quedarnos tranquilos.


El señor PRESIDENTE: La aclaración es correcta.


Reanudaremos la sesión mañana a las diez de la mañana.


Eran las nueve y quince minutos de la noche.

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