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DS. Congreso de los Diputados, Comisiones, núm. 674, de 24/10/2006
 


CORTES GENERALES
DIARIO DE SESIONES DEL CONGRESO DE LOS DIPUTADOS
COMISIONES

Año 2006 VIII Legislatura Núm. 674
CONSTITUCIONAL
PRESIDENCIA DEL EXCMO. SR. D. ALFONSO GUERRA GONZÁLEZ
Sesión núm. 26
celebrada el martes, 24 de octubre de 2006


ORDEN DEL DÍA:

Propuesta de reforma del Estatuto de Autonomía de Andalucía.


-Emitir dictamen por parte de la Comisión Constitucional y de la Delegación del Parlamento de Andalucía, a la vista del informe elaborado por la ponencia conjunta (continuación). (Número de expediente 127/000004.) ... (Página 2) )

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Se abre la sesión a las once y quince minutos de la mañana.


El señor PRESIDENTE: Señoras y señores comisionados, vamos a comenzar la sesión de la Comisión Constitucional que examina, debate y aprueba, en su caso, los textos de la proposición de ley de reforma del Estatuto de Autonomía de la Comunidad andaluza. Recordarán ustedes que el último día terminamos con el debate y aprobación del título VIII. Por lo tanto, nos queda: título IX, título X, disposiciones adicionales, transitorias y finales y el preámbulo, que se ve siempre al final, al que añadimos el artículo 1, respecto del que fue solicitada relegación al momento de la aprobación del preámbulo. El procedimiento que vamos a seguir es el siguiente: en primer lugar, veremos en un solo turno las enmiendas a los títulos IX y X que, como saben, son pocas, hay poca materia, y se podrán terminar conjuntamente en un tiempo prudencial. Cuando terminemos el turno de los títulos IX y X, pasaremos a ver las disposiciones. Hay enmiendas a las disposiciones adicionales y a las transitorias, se verán en un solo turno y, si diese tiempo en la mañana -que no parece probable porque tendríamos que hacerlo muy a la carrera-, entraríamos en el último turno, que es el preámbulo y el artículo 1 conjuntamente, pero les advierto que con toda probabilidad este turno tercero lo haremos a partir de las cuatro y media de la tarde. Si llegamos al final del todo esta mañana, procederemos a las votaciones y si no llegamos al final y dejamos para las cuatro y media el preámbulo y el artículo 1, votaremos las enmiendas y el dictamen correspondiente a los artículos de los títulos IX y X y las disposiciones adicionales, transitorias y finales.


Comenzamos, por tanto, por los títulos IX y X. Como ustedes recordarán, el título IX tiene enmiendas del Grupo de Izquierda Unida y votos particulares del mismo grupo, del Grupo Vasco, y una enmienda del Grupo Popular, y el título X tiene enmiendas de Izquierda Unida y del Grupo Popular. En primer lugar, para manifestar su posición respecto a las enmiendas a los títulos IX y X, tiene la palabra por el Grupo de Izquierda Unida el señor Llamazares.


El señor LLAMAZARES TRIGO: Nosotros hemos presentado una serie de enmiendas a los títulos IX y X del Estatuto de Autonomía de Andalucía, toda vez que consideramos que algunas materias podrían mejorar en esos títulos. De una parte, en referencia a las relaciones institucionales, creemos que se podría ser más ambicioso en el Estatuto respecto a algunos acuerdos internacionales -y nos referimos en concreto al convenio bilateral con los Estados Unidos que tiene una repercusión directa en la Comunidad andaluza, en sus bases militares de utilización conjunta- y, por otra parte, en relación con la reforma del Estatuto de Autonomía, creemos que se podría avanzar no solamente en los procedimientos habituales de reforma sino además dando una participación a los municipios y a los ciudadanos en la iniciativa de reforma. Esas serían las dos enmiendas fundamentales de mi grupo parlamentario que luego se desgranan en enmiendas y votos particulares.


Señorías, quiero referirme en esta intervención básicamente a lo que consideramos que es un pilar desconocido de la reforma de los estatutos de autonomía porque quizá se ha hecho más hincapié en aspectos relativos a la identidad o también con respecto a contenidos competenciales y en mucha menor medida a los mecanismos de cooperación. Nosotros creemos en un federalismo cooperativo y, por tanto, tenemos mucho interés en este título IX del Estatuto que consideramos que de alguna manera, aunque se plasma en el conjunto del Estatuto, particulariza esas relaciones cooperativas de Andalucía en el resto del Estado y de Andalucía en el marco de la Unión Europea. Por eso, creemos que este título es un avance fundamental que, además, se hace con la experiencia de años de estatutos de autonomía y con la experiencia también de las relaciones del Estado en el marco de la Unión Europea. En ese sentido, consideramos que este, aunque sea un título menor en su volumen, es un título fundamental, un pilar fundamental del Estatuto de Autonomía de Andalucía. Lo es, en nuestra opinión, el que tiene que ver con los derechos sociales, lo es el que tiene que ver con el poder político, con la delimitación de competencias, también lo es el relativo a la financiación, pero con la misma importancia, en nuestra opinión, lo es este título que tiene que ver con los mecanismos cooperativos, tanto entre comunidades autónomas como de éstas con el Estado y de las comunidades autónomas -en este caso la Comunidad Autónoma andaluza- en el marco de la Unión Europea, en un sentido ascendente y descendente con respecto a la Unión Europea. Por eso, consideramos que este título IX es importante, independientemente de que tengamos algunas enmiendas y aportaciones que profundizan en ese sentido, en el sentido del control y la cooperación entre las distintas administraciones. Por otra parte, en relación con los mecanismos de reforma del Estatuto, nos gustaría que, además de las que se han incorporado ya, hubiera mecanismos de iniciativa ciudadana y de iniciativa municipal. En ese sentido van la mayor parte de nuestras enmiendas y las doy por defendidas.


El señor PRESIDENTE: En nombre del Grupo Parlamentario Popular tiene la palabra doña Soraya Sáenz de Santamaría.


La señora SÁENZ DE SANTAMARÍA ANTÓN: Señor presidente, quiero señalar que repartiré el tiempo de mi intervención con el señor Albendea, que va a encargarse del título X, relativo a la reforma. Yo me referiré a la posición de mi grupo en relación con el Título IX, sobre las relaciones institucionales de la comunidad autónoma.


En primer lugar me gustaría señalar que mi grupo ha presentado una enmienda de conjunto a la integridad de

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este título por cuanto el Partido Popular considera que cualquier regulación de las relaciones institucionales de la comunidad autónoma tiene que ser plenamente conforme con el modelo autonómico que prevé nuestra Constitución. Esto lo digo porque, frente a modelos que entablan sistemas de corte dual y relaciones estrictamente bilaterales entre el Estado y la comunidad autónoma, mi grupo defiende un principio de coordinación entre comunidades autónomas y con el Estado, un principio de cooperación y un principio de colaboración que es el que rige en el modelo autonómico que nosotros defendemos. En este sentido, y una vez hecha referencia a la exposición general de nuestras enmiendas, quiero señalar que, no obstante, los trabajos en la ponencia de este Estatuto de Autonomía han venido a dar razón a buena parte de los postulados que defendía el Partido Popular, de un lado, porque se ha dejado bien claro que es la legislación del Estado la que en todo caso debe disciplinar los procedimientos de coordinación, de colaboración y, en su caso, de participación, de modo que no son los estatutos de autonomía los que unilateralmente, y sobre todo desde el punto de vista asimétrico y procediendo de una comunidad autónoma, pueden disciplinar la regulación de las instituciones, de los procedimientos y de los órganos del Estado.
En segundo lugar, hay un elemento que nos parece esencial en el cambio y que viene referido a la regulación de la comisión bilateral, y es que asumiendo en parte una enmienda planteada por el Partido Popular se transforma esta comisión bilateral en una comisión de cooperación. La diferencia no es baladí. Frente a modelos bilaterales en los que se establece un principio general de participación amplio de las comunidades autónomas en las competencias estatales, que para nosotros no es asumible en tanto en cuanto supone la interferencia por parte de una comunidad autónoma en las competencias del Estado, que al fin y al cabo representa a todas, se sustituye por un principio de participación y de cooperación en un sentido de reciprocidad que nos parece esencial. Estamos de acuerdo en que comunidades autónomas entre sí y comunidades autónomas con el Estado se coordinen, cooperen y colaboren desde el principio de poner en común aquellas competencias recíprocas que pueden incidir en los ámbitos competenciales al respecto. Por ello, la regulación del artículo 216.1, tal y como ha quedado, nos parece que es plenamente acorde con el Estado autonómico y por eso tendrá el apoyo de mi grupo.


Haré una referencia esencial a la enmienda transaccional que nos acaban de presentar en cuanto a que también supone un cambio importante en la regulación y en el acomodo de este título de relaciones institucionales.
En el originario artículo 220 se hace referencia a la participación de la comunidad autónoma en la designación de magistrados del Tribunal Constitucional y miembros del consejo. Aquí estamos hablando de un cambio esencial por sí solo en el modelo del Estado y, a nuestro juicio, un cambio esencial en el tratamiento que tienen que tener y en la condición del Tribunal Constitucional y del Consejo General del Poder Judicial. La enmienda planteada por el Partido Socialista nos parece que va bien encaminada: serán las leyes, serán los ordenamientos parlamentarios los que, en su caso, establezcan participación en órganos constitucionales.
Quiero citar, por ejemplo, el caso del Senado, uno de los órganos constitucionales en que la participación de la comunidad autónoma, a través de la designación ex profeso de senadores, está perfectamente tipificada tanto en la Constitución como en el Reglamento de esa Cámara.
Sin embargo, en un Estatuto de Autonomía no puede establecerse una participación ex profeso en estos dos órganos constitucionales, que además supone un cambio esencial en su fisonomía y que, en todo caso, deberá ser asumido en el marco de la Constitución y de las leyes generales, pero no impuestos por un Estatuto de Autonomía.


En cuanto a la regulación de la participación en la formación de la voluntad del Estado en el seno de la Unión Europea, entendemos que ha habido avances importantes en el sentido de que debe ser la comunidad autónoma, en condiciones de igualdad con todas ellas, la que participe en su caso en la formación de la voluntad del Estado, de acuerdo con la normativa estatal que ya existe. Ahí tenemos la legislación reguladora de la Carce y de esa participación en una resolución del Ministerio de Administraciones Públicas de hace poco menos de un año donde se disciplina esa posibilidad de cooperación y de participación en el seno de algunas instituciones. Sin embargo, mi grupo se opuso -y ha sido un importante avance- a que pudiera participar en determinados órganos preparatorios. Este es el caso del Coreper, órgano en el que se sientan los embajadores de los Estados miembros. Admitir la participación de una comunidad autónoma en ese órgano supone un cambio esencial en la competencia exclusiva del Estado en las relaciones internacionales y afecta al núcleo básico de la soberanía de los Estados, en cuanto nosotros defendemos a que ese sujeto de derecho internacional debe seguir siendo el Estado. No obstante, quiero decir que, aunque se ha mejorado la redacción, no estamos de acuerdo con la que se mantiene en el artículo 227, que hace referencia a la posición determinante de la comunidad autónoma cuando se trate de competencias exclusivas. Es cierto que ha mejorado, haciendo referencia a competencias exclusivas pero además de exclusivas de incidencia especial en la comunidad autónoma; sin embargo, entendemos que es un artículo que conduce a errores, que no obedece a la técnica jurídica y que nadie entendería qué determinante es un informe cuando en ningún caso fija el contenido final y solo obliga a su motivación.


Por último, también consideramos que se han producido avances importantes en ponencia en el ámbito del tratamiento de la proyección exterior de la comunidad autónoma. Nuestro grupo defiende que el Estado es el único sujeto de derecho internacional y ha sido, correctamente, el Tribunal Constitucional el que ha disciplinado

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hasta dónde puede llegar la proyección exterior de las comunidades autónomas, no mermando esa capacidad, no estableciendo por actos de las comunidades responsabilidad alguna del Estado y basándose sobre todo en un principio de cooperación y coordinación. Nosotros entendemos que el sentido de este título de relaciones institucionales debe estar en esta vía; ese es el modelo del Estado autonómico. A pesar de que algunos grupos se fijen más y consideren que son más emblemáticas algunas menciones, quiero decirles que mi grupo considera que en la regulación del tema de las relaciones institucionales en algunos estatutos de autonomía es donde se ha intentado una involución del Estado autonómico, un cambio radical que nosotros no apoyamos ni apoyaremos. Por tanto, agradecemos que este título de relaciones institucionales se parezca a lo que quiso el constituyente en 1978, a que nuestro sistema actuara con una correcta coordinación y cooperación de las comunidades autónomas entre sí -que buena falta viene haciendo- y de todas ellas con el Estado, cada uno ejerciendo sus competencias, coordinándose entre sí, pero sin interferencias porque, al fin y al cabo, si las comunidades autónomas son Estado, el Estado representa a los ciudadanos de todas y cada una de esas comunidades autónomas. (Aplausos.)

El señor PRESIDENTE: El Grupo Parlamentario Popular ha solicitado dividir el turno. Tiene la palabra don Juan Manuel Albendea.


El señor ALBENDEA PABÓN: El título X del proyecto de Estatuto establece la normativa referida a su reforma. En el Estatuto hasta ahora vigente la modificación requería, antes de la aprobación por las Cortes, la aprobación por el Parlamento de Andalucía por una mayoría de tres quintos. Nuestra enmienda, que se ha incorporado a la ponencia, eleva esa mayoría a dos tercios. La norma básica de convivencia de los andaluces, que es su Estatuto, aconseja elevar la mayoría necesaria para su aprobación. Celebramos que el Grupo Parlamentario Socialista haya asumido esta tesis, aunque nos hubiera agradado más que para la reforma que estamos llevando a cabo se hubiera previamente modificado el artículo 74 del Estatuto vigente para elevar legalmente al mismo nivel de consenso exigible. No ha sido así, y ya no estamos a tiempo.


Nuestra enmienda número 283 al artículo 245, referido al procedimiento simplificado de reforma, propone mantener la misma redacción que en el Estatuto de 1981 en cuanto al párrafo 1, dado que en el proyecto se ha omitido la expresión de que la reforma tuviera por objeto la simple alteración de la organización de los poderes de la comunidad autónoma.
Por tanto, hay que deducir que cualquiera que sea la reforma, siempre que no afecte a la relación de la comunidad autónoma con el Estado, sería viable el procedimiento simplificado. Por razones de seguridad jurídica, nosotros somos partidarios de mantener la redacción del párrafo 1 del artículo 75 del vigente Estatuto y, en coherencia con lo aceptado en la ponencia respecto al procedimiento de reforma, en el procedimiento simplificado nos parece que también debería ser exigible la mayoría de dos tercios. Para el supuesto de que las Cortes Generales se declarasen afectadas por la reforma, ésta habría de seguir el procedimiento establecido en el artículo anterior, el 244. Mi grupo propone que se den por cumplidos los trámites de los apartados a) y b) del número 1 del mencionado artículo. Parece, sin embargo, del texto del proyecto que no se ha modificado en ponencia que después de que la comisión mixta paritaria acuerde lo que proceda habrá que volver al Parlamento de Andalucía para dar cumplimiento al apartado b) del número 1 del artículo 244, es decir, la aprobación del Parlamento de Andalucía.


En cuanto a la retirada de la propuesta de reforma, que está prevista en el artículo 246, nuestro grupo es coherente con el porcentaje de aprobación y proponemos en la enmienda 284 el mismo porcentaje para la retirada, es decir, los dos tercios. Sin embargo, el texto de la ponencia no ha modificado ese artículo del proyecto, pese a que sí lo ha hecho en el artículo 244, relativo a la aprobación. Nos preguntamos por qué un texto aprobado por dos tercios del Parlamento andaluz puede ser retirado con el voto solamente de los tres quintos de esa misma Cámara.
Sinceramente, no lo entendemos.


El señor PRESIDENTE: En nombre del Grupo Parlamentario Andalucista tiene la palabra el señor Dell'Olmo.


El señor REPRESENTANTE DEL PARLAMENTO DE ANDALUCÍA (Dell'Olmo García): Señorías, la existencia de un título sobre relaciones de la comunidad autónoma hacía albergar al Grupo Parlamentario Andalucista, a lo largo del proceso de redacción de la propuesta de reforma y del debate en la Cámara andaluza, la esperanza de poder avanzar en conformar la voluntad del Estado a través de la voluntad de las comunidades autónomas que lo componen; reforzar, por tanto, lo que a nuestro juicio debe ser la toma de decisiones en un Estado compuesto. Pero, señorías, desgraciadamente, a lo largo de ese proceso, y sobre todo en la ponencia, asistimos a algo que no nos sorprendía, y es que los partidos de ámbito estatal, los partidos que defienden una concepción centralista del Estado han dado ya marcha atrás respecto a esa tibia redacción que salió del Parlamento de Andalucía. En consecuencia, estamos ante un título que en este momento propicia la satisfacción del Grupo Parlamentario Popular, como acaba de expresar su portavoz, y que supone un paso más del Grupo Socialista hacia las posiciones del Grupo Parlamentario Popular. Yo diría que en un título tan importante este es un paso cualitativo para poner de manifiesto ante las andaluzas y los andaluces que esa ha sido la tónica de la negociación del Estatuto. Señorías, se habla incluso de retrotraerse a las posiciones de 1978. Eso para nosotros es una afirmación muy fuerte. Es

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ignorar todo un proceso de avance y consolidación de las autonomías, es ignorar incluso mutaciones constitucionales que se han ido produciendo a lo largo de este tiempo de comunidades autónomas que iniciaron el proceso por el artículo 143 y fueron mejorando sus estatutos hasta prácticamente igualarse con los del 151. Por tanto, para nosotros es un motivo más de decepción de los muchos que nos hemos llevado a lo largo de este proceso de debate.


Señorías, el Grupo Parlamentario Andalucista apoya una serie de enmiendas que han sido registradas por el Grupo Parlamentario Vasco y que en concreto son seis. La primera, relativa a los efectos de la colaboración Junta de Andalucía-Estado, se traduce en la adición de un nuevo artículo 217 en el que Andalucía no quedaría vinculada por las decisiones adoptadas en el marco de los mecanismos multilaterales de colaboración voluntaria con el Estado y con otras comunidades respecto a las cuales no haya manifestado su acuerdo. En el segundo apartado establece que Andalucía puede hacer constar reserva a los acuerdos adoptados en el marco de los mecanismos multilaterales de colaboración voluntaria cuando se hayan tomado sin su aprobación. Para los andalucistas tiene especial importancia la enmienda 139 del Grupo Vasco, que plantea la adición de un nuevo artículo 233 bis, en el que se contempla a Andalucía como frontera sur de la Unión Europea, algo que es evidente, señorías, pues día a día no solamente el conjunto de la ciudadanía andaluza sino también el resto de los ciudadanos de España están viendo cómo esa situación de frontera sur origina una serie de circunstancias, muchas de ellas desagradables, derivadas fundamentalmente de la inmigración. Por tanto, entendemos la necesidad de que haya en el Estatuto un artículo que fije esa posición de Andalucía como frontera sur, como territorio fronterizo europeo, según dice literalmente, por lo que tendrá un régimen especial de cooperación con la Unión Europea en aquellas materias derivadas de esta posición, especialmente en todo aquello relacionado con aduanas e inmigración. La enmienda número 140 establece que la existencia de una regulación europea no modifica la distribución interna de competencias que establece el Estatuto. Con la enmienda 141 se regula la circunstancia de que si de la ejecución del derecho de la Unión Europea se requiere la adopción de medidas internas de ámbito superior al territorio de Andalucía, el Estado central consultará a la misma antes de que se adopten aquellas medidas.
La gestión de los fondos europeos, que establece la enmienda 144 en relación con un nuevo artículo 231 bis, también tiene mucha importancia por la singularidad de esos fondos en Andalucía, por la necesidad de modular esos fondos a fin de que supongan un motor no solamente para el desarrollo de Andalucía sino también para la cohesión y el equilibrio social. Por último, señorías, en relación con este título existe la enmienda número 147, de adopción de un nuevo artículo 239 bis, para crear centros andaluces en el exterior que difundan el conocimiento, la cultura y la historia de Andalucía. Si una comunidad autónoma debe tener esos centros, cuanto más Andalucía, que tiene en la emigración exterior cerca de un millón de andaluzas y andaluces que contribuyeron a la realidad actual de Andalucía y que pagaron, muchos de ellos, el alto precio de un desarraigo que, de alguna manera, estos centros deben ayudar a paliar.
Estas son las enmiendas en relación con el título IX del Estatuto de Autonomía.


Señorías, nos ha llegado una enmienda al artículo 220, que es una transaccional del Grupo Socialista al Grupo Popular. Antes me refería a cómo el Grupo Socialista había ido dando pasos hacia la asunción de posiciones del Grupo Parlamentario Popular. Esto es una buena muestra.
Contemplar la redacción del artículo 220, en el que se ha cambiado hasta su rúbrica, pone de manifiesto, como ejemplo, cuál ha sido el proceso de cesión paulatina. Hablar de participación en las instituciones del Estado en la redacción originaria y hablar de participación en los procesos de designación en los órganos constitucionales pone de manifiesto claramente cuál ha sido ese paso de cesión a asumir posiciones del Grupo Parlamentario Popular. Por último, señorías, queremos manifestarnos en relación con una enmienda que va también por el mismo camino, que tiene el mismo significado político. Se han introducido en el proyecto de reforma los dos tercios. Eso significa simple y llanamente que ambos partidos de ámbito centralista se otorgan el derecho de bloquear una reforma del Estatuto de Autonomía de Andalucía. Políticamente es eso, se le podrá dar las vueltas que se quiera, pero políticamente es eso, la cesión ha llegado hasta ese extremo.


Señorías, esta va a ser mi última intervención en esta Comisión Constitucional. Quiero decirles que como nacionalista andaluz estoy profundamente decepcionado de la oportunidad que se ha perdido en este proceso para llegar realmente a un consenso que supusiese mantener a Andalucía donde estaba, en la primera división de las autonomías. Así lo entienden los andaluces de la calle y, por tanto, los andalucistas creemos necesario hacerlo constar.


El señor PRESIDENTE: Tiene la palabra doña Concha Caballero.


La señora REPRESENTANTE DEL PARLAMENTO DE ANDALUCÍA (Caballero Cubillo): El debate fundamental respecto a este título en la Comunidad Autónoma de Andalucía giró en torno a la creación de una comisión bilateral Junta de Andalucía-Estado. En mi intervención quisiera referirme fundamentalmente al artículo 216 y demostrar, como ya viene siendo habitual en los debates de esta Comisión, que los cambios de los que alardea el Partido Popular son insignificantes dentro del Estatuto de Autonomía para Andalucía. La creación de esta comisión bilateral motivó que el Partido Popular realizara una enmienda de totalidad también a este título, muy en consonancia con el recurso que había interpuesto ante Tribunal Constitucional en el caso del Estatuto

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catalán. Sin embargo, la señora Sáenz de Santamaría afirma hoy que todo se ha resuelto, que no hay problemas de constitucionalidad y que la comisión bilateral es ya plenamente aceptable debido a las modificaciones que se han operado en ella. Yo quiero detenerme para ver cuáles son las modificaciones que se han operado en este artículo central del Estatuto, que es el 216. La primera modificación que se ha operado sobre este artículo es que en vez de llamarse comisión bilateral Junta de Andalucía-Estado se llama comisión bilateral de cooperación Junta de Andalucía-Estado. Esa es la primera modificación, que desde nuestro punto de vista ni quita ni añade nada. Evidentemente, para establecer una relación bilateral tendrá que haber mecanismos de cooperación entre las dos administraciones. Además, en ningún caso en la Comunidad Autónoma de Andalucía se nos hizo la propuesta de que el simple cambio de nombre iba ya a conllevar un cambio de posición política por parte del Partido Popular. La segunda modificación de este artículo es que la coordinación se extiende al ámbito de las respectivas competencias entre las dos administraciones. Es decir, la coordinación se hace entre la Administración de la Junta de Andalucía, en el ámbito de sus competencias, y la del Estado, en el ámbito de las suyas, algo tan obvio que me parece que no sería ni siquiera necesario plantearlo en el texto.
Esa es la segunda modificación que tiene el artículo 216. La tercera modificación que tiene ese artículo es que cuando se decía que Andalucía participará en la modificación del régimen especial agrario, lo que se mantiene, se establece en ese artículo que será en su proyección hacia la Comunidad Autónoma andaluza, una enmienda con la que no está de acuerdo Izquierda Unida porque efectivamente la Comunidad Autónoma andaluza no va intentar participar en los procesos de modificación del régimen especial agrario por lo que compete a otras comunidades autónomas. El apartado 6, que establecía la participación de Andalucía en las obras de interés general, se ha enviado a dos artículos diferentes a la comisión mixta y se ha establecido también en competencias. Por tanto, las modificaciones son absolutamente menores y sin embargo hacen afirmar aquí al Partido Popular que hay un cambio tan sustantivo en la arquitectura de este Estatuto de Autonomía que hace que ellos hayan cambiado de posición política. Este artículo sin duda me sirve como ejemplo de que el cambio de posición del Partido Popular no está motivado por los cambios que se plantean en este Estatuto de Autonomía, sino que están mucho más motivados por cambios en la estrategia política del Partido Popular, y no por cambios en el texto que estamos estudiando. Es lo que quisiera poner de manifiesto, porque decir en algún que otro artículo, que no en el 216, que Andalucía participará en los órganos europeos conforme establezca la legislación del Estado es otra verdad de Perogrullo ya que sin esa legislación del Estado o sin esa normativa europea Andalucía no puede participar, por mucho que lo ponga el Estatuto de Autonomía. Por tanto, el marco general y el esqueleto central del Estatuto siguen totalmente en pie, y los cambios del Partido Popular no se deben a los cambios estatutarios sino a cambios de estrategias políticas, que nosotros saludamos, pero no digan que es por una modificación del Estatuto, porque no se corresponde en absoluto. Queda evidente, como digo, porque este era uno de los puntos centrales del recurso interpuesto ante el Tribunal Constitucional del Estatuto catalán y uno de los puntos fundamentales de oposición al Estatuto andaluz.


No obstante, señoras y señores diputados, tenemos una serie de reservas en este título que planteamos en el Parlamento de Andalucía y que queremos también compartir en esta Comisión. En primer lugar, nos parece absolutamente excesivo que entre las relaciones externas de la comunidad aparezcan las relaciones específicas con Ceuta y Melilla. Nos parece que no se corresponde, que no hay necesidad de ello y que por la cercanía podría haber ido perfectamente a una disposición adicional del Estatuto, pero que la relación entre Ceuta y Melilla y la Comunidad Autónoma de Andalucía no tiene el rango institucional necesario para ocupar un artículo de este título. En segundo lugar, nosotros tenemos en Andalucía un problema específico que seguramente muchos no están dispuestos a escuchar en esta Comisión Constitucional, que es el de la existencia de dos bases militares, la de Rota y la de Morón. Son dos instalaciones llamadas de utilización conjunta del Ejército español y de Estados Unidos, pero que son, como todos ustedes saben, de utilización unilateral por parte de Estados Unidos. Desde la base de Morón se realizan la mayor parte de las operaciones de vuelo, gran parte de ellas ofensivas -gran parte de las operaciones que Estados Unidos ha hecho sobre Irak han partido de la base de Morón-, y las operaciones navales y gran parte de la coordinación telemática se realizan a partir de la base de Rota. Ha sido aspiración de la izquierda durante mucho tiempo acabar con la existencia de esas bases militares, pero en este artículo planteamos específicamente que Andalucía tenga la información necesaria sobre el uso de las bases militares, muy especialmente en dos casos, en caso de acciones de guerra y en casos que no son infrecuentes en la Comunidad Autónoma de Andalucía, como el del atraque de naves con propulsión nuclear o el del atraque y aterrizaje de naves y aeronaves con armamento nuclear a bordo, por razones no solamente ideológicas sino también por razones de seguridad para el conjunto de las poblaciones -afecta a dos poblaciones con una gran masa de ciudadanos en su territorio-. Por tanto, planteamos que la comunidad autónoma tenga mayores competencias al respecto.


Quisiera decir finalmente que vamos a mantener nuestra reserva al artículo 236, de convenios y relaciones internacionales de la comunidad, por estas consideraciones que acabo de formular. En cuanto al siguiente título, le cedo la palabra -siento no haberlo plantearlo antes- a mi compañero de grupo, si el señor presidente nos da autorización.


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El señor PRESIDENTE: Efectivamente, el señor Romero ya estaba indicando que se distribuían el tiempo desde el principio de su alocución.


El señor Romero tiene la palabra.


El señor REPRESENTANTE DEL PARLAMENTO DE ANDALUCÍA (Romero Ruiz): Se trata de una intervención breve sobre un título, el de reforma del Estatuto, que tiene una importancia extraordinaria, porque ahí mantenemos nuestra enmienda número 35 y un voto particular en relación con las mayorías cualificadas para aprobar la iniciativa de reforma y el texto de reforma en la Cámara andaluza. Nosotros creemos que la reforma de un Estatuto de Autonomía debe corresponder, de hecho así figura, al Consejo de Gobierno, al Parlamento de Andalucía, a propuesta de un tercio de sus diputados o de un grupo parlamentario, a iniciativa de las Cortes Generales, y nuestro Grupo Parlamentario de Izquierda Unida incorpora que también podrán presentar iniciativa de reforma los ayuntamientos que representen al menos el 10 por ciento de la población, en el caso de Andalucía, para darles un instrumento de participación en la reforma de los Estatutos de Autonomía y, en concreto, en el nuestro a cien mil ciudadanos o ciudadanas andaluzas, y las comarcas que representen al menos un diez por ciento de la población. El reglamento del Parlamento de Andalucía regulará los términos en los que habrá que desarrollar esta iniciativa prevista en el apartado anterior. En cuanto a los requisitos y al procedimiento, nosotros creemos que para que prospere la propuesta de reforma se debe seguir planteando y manteniendo la aprobación en el Parlamento de Andalucía por mayoría de tres quintos de sus miembros, la aprobación por las Cortes Generales, mediante ley orgánica, y finalmente un referéndum positivo de los electores andaluces. En este terreno, no nos parece acertada la incorporación de la enmienda del Partido Popular en el trámite de ponencia que incorpora los dos tercios, enriqueciendo aún más una mayoría que ya es cualificada, que es más que la mayoría absoluta, por una mayoría de tres quintos. De haber figurado en el Estatuto de Carmona ese requisito, hoy no estaríamos aquí, porque el Partido Popular, con su representación parlamentaria, a pesar de que ha contado con tres quintos el texto que ha venido a esta Cámara, hubiese tenido la posibilidad legal establecida en el Estatuto de bloquear la reforma del Estatuto de Autonomía. Es cierto que las reglas del juego tienen que tener mayorías cualificadas, pero no mayorías de bloqueo, porque lo que se establece es que el bloqueo para iniciar la reforma determine la negociación de los contenidos, y si hay un bloqueo excesivo por una mayoría excesivamente cualificada puede suceder que haya un empantanamiento de cualquier proyecto de reforma, y no estamos ante unos estatutos dinámicos que se adecuen cada periodo de tiempo a la realidad.


En ese sentido, nosotros creemos que la regulación actual da una escasa importancia a la reforma estatutaria, cuando a todas luces es uno de los aspectos más importantes, como en los momentos actuales se atestigua. Se trata en cambio de que el Estatuto avance también en esta materia adaptándose a las nuevas realidades. Para ello se regula más ampliamente la iniciativa, dando cabida a ayuntamientos y a la ciudadanía, lo que supone avanzar en la democracia con la participación municipal y directa de los ciudadanos, aumentando la calidad democrática de nuestra norma institucional a la vez que se suprime el llamado procedimiento simplificado en nuestras enmiendas, en la inteligencia de que toda reforma estatutaria viene adornada de la suficiente entidad como para gozar de las máximas garantías. Así es como nosotros justificamos las enmiendas que mantenemos al título X, de reforma del Estatuto de Autonomía de Andalucía, y a raíz de la propia experiencia del trámite en el que estamos en este momento, la mayoría de tres quintos, que es muy cualificada porque son 64 diputados del Parlamento andaluz, ha hecho posible que este Estatuto esté hoy en la Comisión Constitucional del Congreso de los Diputados de España; otra mayoría lo hubiera hecho inviable. Al mismo tiempo, la iniciativa no debe ser meramente institucional cuando se trata de un Estatuto, porque, aunque debe ser aprobado en referéndum por los ciudadanos cuando esté elaborado, también debe haber participación en la iniciativa de reforma. Esto proporcionaría más calidad democrática y se daría participación a las ciudadanas y los ciudadanos en la iniciativa y a los ayuntamientos y a las comarcas como nuevas realidades políticas.


Muchas gracias por la atención prestada. Quedan defendidas nuestras enmiendas a este título.


El señor PRESIDENTE: La representación del Grupo Popular en el Parlamento andaluz había solicitado también dividir el turno. En primer lugar tiene la palabra don José Luis Sanz.


El señor REPRESENTANTE DEL PARLAMENTO DE ANDALUCÍA (Sanz Ruiz): Señorías, este título IX es uno de los que más ha cambiado respecto al vigente Estatuto del año 1981. Esto supone, evidentemente, el desarrollo de las relaciones de nuestra comunidad autónoma con el Estado, con otras comunidades autónomas y con la Unión Europea. Decir que la Andalucía de los años ochenta no es la Andalucía que entra en el siglo XXI ciertamente es una obviedad. Sería un tópico también poner como ejemplo lo que supuso para Andalucía la entrada de España en la Unión Europea desde el punto de vista económico, desde el punto vista político y desde el punto de vista social. Si ponemos el ejemplo de la agricultura en Andalucía, en la que nuestra comunidad autónoma tiene competencias exclusivas en muchas materias, la incidencia de las políticas agrarias comunes de la Unión Europea es sobresaliente, y un Estatuto, señorías, que se reforma no debe ser ajeno a

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estas circunstancias. La experiencia de veinticinco años de la España autonómica nos confirma que un Estatuto que va a reformarse debe disponer de un articulado precedido por la mejora de la cooperación, de la colaboración y siempre desde el respeto a las competencias del Estado, las competencias de las Cortes Generales y la propia Constitución.


Señorías, dos han sido las tesis del Partido Popular de Andalucía en este título IX: la primera, que la solidaridad, la colaboración, la cooperación y la multilateralidad deben regir las relaciones entre las distintas administraciones y, la segunda, que la participación en las decisiones, órganos e instituciones del Estado y de la Unión Europea se han de llevar en los términos que se establecen en la Constitución y en las leyes del Estado. De ahí que saludemos la transaccional que presenta mi grupo parlamentario al artículo 220. La voluntad del Partido Popular de Andalucía de mejorar el vigente Estatuto quedó ya patente en el trámite andaluz. Así pues, presentamos una enmienda sobre la participación en las decisiones del Estado en los términos que establezcan la Constitución y las leyes; dimos rango estatutario para la comisión de cooperación Estado-Junta hoy llamada comisión bilateral, y detallamos sus funciones, con lo cual se ha ganado en constitucionalidad; y a iniciativa del Partido Popular de Andalucía, lo cual nos enorgullece, y con la aceptación del resto de grupos parlamentarios, se trasladó la actual disposición adicional tercera a un título sobre las relaciones institucionales de la comunidad autónoma, dedicando un capítulo a otorgar una mayor relevancia al establecimiento de unas especiales relaciones con Ceuta y Melilla. Señorías, a aquella voluntad de origen en el Parlamento andaluz se suma ahora en este trámite en el Congreso la voluntad de un mayor acuerdo. Una vez limados los aspectos que planteaban dudas de inconstitucionalidad, y teniendo en cuenta que no podemos imponer al Estado o a las Cortes desde el Estatuto aspectos que correspondan a sus ámbitos competenciales, el camino para el consenso parece que está libre de obstáculos. Así, las enmiendas presentadas sobre la comisión bilateral de cooperación Junta-Estado, la participación en los procesos de designación de los órganos constitucionales y la participación y representación en las instituciones y organismos de la Unión Europea suponen una mejora para llegar a un acuerdo, y aunque votaremos, como ha dicho mi compañera, en contra del artículo 227, todo esto supone una mejora para llegar a un posible acuerdo.


El señor PRESIDENTE: Tiene la palabra don José Luis Rodríguez Domínguez.


El señor REPRESENTANTE DEL PARLAMENTO DE ANDALUCÍA (Rodríguez Domínguez): Con la venia, señor presidente, intervengo para fijar la posición del Grupo Popular en lo referente al título X. Intervendré con brevedad en coherencia con el título referenciado y en aras también de la agilidad de la sesión.


Aunque con brevedad, sí que nos gustaría hacer cuatro consideraciones fundamentales respecto a este título X. La primera de ellas es felicitarnos de que se haya asumido la posición mantenida por el Partido Popular de exigir la mayoría de dos tercios para llevar a cabo la reforma estatutaria. Con todos los respetos a lo manifestado por el señor Romero, del Grupo de Izquierda Unida, cuando hacía la apreciación de que la mayoría de tres quintos es una mayoría muy cualificada, sin embargo, no podemos sino discrepar en tanto en cuanto una norma de rango fundamental, una norma que va a afectar al futuro de Andalucía y a ocho millones de andaluces, debe venir precedida del máximo consenso y del mayor respaldo parlamentario posible. De ahí que siempre entendimos que esa reforma del Estatuto de Autonomía debe inexcusablemente llevarse a cabo desde ese consenso largamente mencionado, ya que las normas fundamentales requieren una amplia legitimidad. Esta era la segunda consideración que quería hacer sobre el título X. La tercera de ellas, y en consonancia con las dos anteriores, es que también hubiéramos deseado e insistimos en ello desde el primer momento, perseveramos en la insistencia y agotamos todos los recursos del diálogo en el ánimo de que la reforma que hoy se está llevando a cabo hubiese partido ya inicialmente con ese apoyo de los dos tercios del Parlamento de Andalucía.


Señorías, seguro que de haberse aceptado en el Parlamento andaluz esas posturas del Partido Popular no se hubieran tenido que enmendar los más de 100 artículos que se han traído al Congreso de los Diputados y seguro que también ese consenso mayoritario estaría mucho más cerca, si no fraguado totalmente. No fue así. En todo caso y en último lugar, el Partido Popular desde el espíritu positivo y constructivo siempre va a estar en ello. Por eso, termino como empezaba, felicitándonos por esta modificación que garantizará en un futuro lo que siempre ha perseguido el Partido Popular: Un Estatuto de todos y para todos, unas señas de identidad para mirar hacia adelante y conseguir entre todos el mejor futuro para Andalucía. Según nos manifestaba el señor presidente, siempre con buen criterio, tenemos unas horas por delante para que seamos capaces de conseguirlo. Andalucía y España siempre van a merecer la pena.


El señor PRESIDENTE: Tiene la palabra doña Antonia Moro.


La señora REPRESENTANTE DEL PARLAMENTO DE ANDALUCÍA (Moro Cárdeno): Señorías, hay algo que nadie ha dicho de este título IX y que yo voy a decir, que era un título necesario por la razón de que si se tenía que proceder a la actualización y modernización del Estatuto de autonomía, lógicamente esto significaba reflejar y llenar de contenido aquello que en el momento de su aprobación, es decir en 1981, simplemente no se pudo prever y que hoy es una realidad dentro

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del propio Estado de las autonomías y del ámbito donde se inserta. Por tanto, primero, había que llenar un vacío estatutario, reflejando el ser y el deber ser de la propia articulación del Estado de las autonomías.
¿Qué refleja este título? Dos aspectos que considero fundamentales, como son las propias relaciones intergubernamentales entre la comunidad autónoma y el Estado y con la Unión Europea, que forma parte de la propia descentralización política que tenemos en nuestro Estado de las autonomías. Tampoco voy a obviar otros aspectos que se regulan en este título, como es la acción exterior, que por cierto no es política exterior ni política internacional, porque he oído algún comentario al respecto por parte de la señora Sáenz de Santamaría. Repito: Es acción exterior, proyección de Andalucía en el exterior, que bajo ningún concepto quiere decir política exterior, que sabemos que es competencia exclusiva del Estado -149.1.3.ª de la Constitución-. Hay otros aspectos que se regulan, el propio reforzamiento de las relaciones con las otras comunidades autónomas y la cooperación y el desarrollo, que suponen la plasmación de la actividad autonómica que viene realizando la Junta de Andalucía en esta materia.


Este título es muy positivo porque, respetando en su totalidad la voluntad que quedó fijada en el Parlamento de Andalucía, se ha propiciado el acuerdo y el entendimiento. ¿Qué significa eso? Significa entender entre todos el necesario reforzamiento y articulación del Estado de las autonomías, que a su vez significa entender entre todos también cuál es el funcionamiento del mismo. Por tanto, esa era la idea y el objetivo claves de este título ¿Qué puede haber, como los ha habido, posicionamientos diversos con respecto a determinados aspectos que se regulan en el título? Por supuesto, legítimos todos ellos, pero sí me gustaría basarme en una de las cuestiones que se han planteado. Si bien es cierto que en aras del consenso y el acuerdo el Partido Socialista, como viene haciendo desde el inicio de estos trabajos en esta Comisión, ha planteado las transaccionales que ha estimado convenientes para propiciar ese acuerdo, de todas formas y partiendo de esa base ninguno de los preceptos que venían recogidos en el Estatuto, tal y como vino concebido del Parlamento de Andalucía, suponía una transgresión constitucional. Me refiero, por ejemplo, a la participación en la designación de órganos. En ningún momento se estaba dejando en manos de la comunidad autónoma o del legislador autonómico esa designación. Para nada, se estaba dejando en manos del propio legislador estatal. Desde mi punto de vista no había transgresión, pero en aras de ese consenso y de ese acuerdo bienvenida sea la transaccional para que todos estemos de acuerdo. De todas formas, señor Sanz, no me atrevería a cuestionar la constitucionalidad de nada, primero porque no soy el Tribunal Constitucional, ni yo ni nadie. El Tribunal Constitucional es el Tribunal Constitucional, al que le corresponde cuestionar en su momento qué precepto de una norma es o no constitucional. Por tanto, dejemos de erigirnos y de hacer una constitucionalidad previa, pero no del tribunal, sino de nosotros mismos. De cualquier forma, era fácil compartir este título, a pesar de los posicionamientos o de los matices que cada uno tengamos porque lo que contiene este título no es más que la constatación de un Estado como el nuestro, con una importante descentralización de poder, donde se conjugan, por un lado, intereses comunes y generales de todos y, por otra parte, los intereses propios de cada uno. Eso es lo que contiene este título.


Para la articulación y canalización de esas relaciones que se dan entre las partes, todos estamos de acuerdo en que hacen falta no solamente instrumentos o mecanismos de carácter multilateral -por supuesto-, sino que también hacen falta mecanismos e instrumentos de carácter bilateral -claro que sí, estamos en un Estado de las autonomías-. Ambos son cauces adecuados para el buen desarrollo de los principios básicos de nuestro modelo territorial ¿Cuáles? La cooperación, la colaboración, la lealtad institucional y el mutuo auxilio, pero también son cauces adecuados para articular la propia participación de la comunidad autónoma en la formación de la voluntad del Estado, porque es imprescindible y trascendental que se garantice la participación en las decisiones que enmarcan o condicionan el ejercicio de muchas competencias de la comunidad autónoma, además de otras cuestiones que también le afectan directamente. Por tanto, ¿qué había que hacer? Había que dejar claro en el propio título la necesidad de que existan y se fortalezcan mecanismos de conexión y de relación entre la comunidad autónoma y el Estado con el objetivo último de satisfacer conjuntamente intereses de forma más eficaz, más eficiente y más coordinada. ¿Cómo son los mecanismos? Lo repito, multilateralidad -sí, entre todos-, pero también instrumentos de reforzamiento de relación bilateral. ¿Para qué? Para aquellos asuntos de interés propio y específico de una comunidad autónoma, para la discusión previa, para el diálogo previo, incluso para la planificación de actuaciones que afecten directamente a la comunidad autónoma. Por eso, se institucionaliza y se garantiza la comisión bilateral en este título, un mecanismo de relación bilateral en el que podemos estar más o menos de acuerdo depende de cómo se llame. No voy a hablar de cómo se llame o se deje de llamar. Ha quedado claro que desde mi punto de vista era muy fácil entrar en este título y apoyarlo, con independencia de cómo se llame la comisión, bilateral o no. Estamos hablando de un mecanismo de cooperación bilateral entre una comunidad autónoma y un Estado, que además es un principio básico, es parte de la propia lealtad institucional y supone un reforzamiento del propio Estado de las autonomías. Que quede muy claro.


Había otro aspecto -y con ello termino- que se regula en este título y que me parece también fundamental, reflejar la propia realidad europea de la que formamos parte. Hay que reconocer que especialmente en Andalucía uno de los factores que más ha influido desde que nuestra comunidad autónoma accedió a la

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autonomía, ha sido precisamente la pertenencia de España a la Unión Europea, porque esa integración ha tenido un reflejo constante en cuestiones como el ejercicio de las competencias propias, la definición y puesta en marcha de determinadas políticas públicas, incluso ha tenido su reflejo -bastante, por cierto- en el propio marco financiero. Esa realidad, que afecta tan de lleno a Andalucía, tenía que estar lógicamente en su norma institucional básica. ¿Cómo? ¿En qué ámbitos? En ámbitos como la participación de la comunidad autónoma en la propia formación de la voluntad del Estado en la Unión Europea e incluso la participación de la comunidad autónoma directamente en la propia Unión Europea. ¿Por qué? Porque está fuera de toda discusión, y además se hace trascendente para una comunidad autónoma como Andalucía, que participe y esté presente allí donde se tratan políticas que afectan muy directamente a sus competencias, a su territorio y a sus ciudadanos.


Hace unos días aprobábamos en esta misma Comisión el título de competencias; título que supone dotar a la comunidad autónoma de mayor nivel competencial. De acuerdo. Eso no significa solamente tener mayor capacidad para desarrollar políticas propias. Creo que eso supone además, -no lo creo, lo afirmo- más presencia en la Unión Europea. Por tanto, por conexión, porque tienen que articularse, tienen que institucionalizarse y regularse, los mecanismos y los cauces que aseguren esa participación de la comunidad autónoma en la Unión Europea, tanto de forma ascendente, como descendente. Y no lo digo yo, lo dice el propio Tribunal Constitucional, aunque estemos más o menos de acuerdo en ciertos matices o perfiles, como ha dicho la señora Sáenz de Santamaría.


Termino con este título diciendo algo que me parece importante: Yo creo que se hizo un buen trabajo en el Parlamento de Andalucía, se ha culminado aquí en la Comisión Constitucional con el acuerdo y con el consenso. Era preciso hacer ese buen trabajo positivo por algo que era necesario, poner al día el marco de relación institucional de la comunidad autónoma que significa poner al día el diálogo, la cooperación, la colaboración, la lealtad y, sobre todo, la defensa de los intereses de Andalucía allí donde sea necesario. Ese es el objetivo de este título.


Con respecto al título X, es cierto que se ha aceptado por parte del Grupo Socialista una enmienda del Partido Popular que determina una mayoría más cualificada al objeto de la aprobación del Estatuto. Es cierto que esta es la primera vez que se reforma este Estatuto, se aprobó en 1981 y ahora hacemos la primera reforma. Este Estatuto ha sido muy útil y yo lo que quiero es que después de la utilidad que ha tenido el Estatuto durante 25 años, lo que estamos reformando tenga más utilidad y, además, durante más años.


Finalmente voy a referirme a una cosa que me ha llamado la atención. Señor Rodríguez creo que usted es licenciado en derecho. No sé si le he entendido que si la enmienda de los dos tercios se hubiera aceptado en el Parlamento de Andalucía ya no habría problema. Claro, no había problemas porque lo hubiéramos aprobado entre todos. Oiga, hay que repasar un poquito el derecho.


El señor PRESIDENTE: Tiene la palabra para explicar su enmienda transaccional al artículo 220 don Ramón Jáuregui.


El señor JÁUREGUI ATONDO. No solamente voy a intervenir para explicar la enmienda al artículo 220, sino también para expresar la posición del Grupo Socialista en torno a estos títulos IX y X sobre los que, como se ha dicho por parte de varios intervinientes, se han producido una serie de cambios y de enmiendas en el trámite de ponencia que dieron lugar a la aprobación, no voy a decir unánime, pero casi, de este título tan importante que estamos tratando ahora que es el que hace referencia a las relaciones institucionales de la Comunidad de Andalucía.


Empezaré por decirles, señorías, que este título IX en el Estatuto de Andalucía, al igual que otros en otros Estatutos, hace referencia a lo que yo llamaría un nuevo derecho autonómico que se inscribe en las reformas autonómicas, en el sentido de dotar de contenido a la participación de la comunidad autónoma en una serie de instancias que le son teóricamente ajenas, pero en las cuales se dilucidan altísimos intereses para su comunidad. Es así como ocurre como consecuencia de la consolidación del proceso autonómico en España ya después de 25 años, cuando las comunidades autónomas van desarrollando sus competencias y tienen un ámbito de actuación política tan importante que hace falta establecer un marco de relación entre las comunidades autónomas o inclusive un marco nuevo de regulación de participación de las comunidades autónomas en el Estado. Esta es, en mi opinión, la novedad más importante, que este Estatuto recoge todo un amplio capítulo de sistemas o derechos de participación de la comunidad autónoma andaluza en el Estado, ya sea en los niveles de definición de las inversiones o de la planificación de su economía, o de las inversiones del Estado en la Comunidad Autónoma de Andalucía. En fin, todas las grandes macropolíticas van a estar, por así decirlo, participadas. ¿Por qué? Porque le interesan a la Comunidad Autónoma de Andalucía. Igual ocurre con lo que es la Unión Europea, una realidad, como ya se ha dicho, ex novo al Estatuto anterior y que ya es un marco institucional de enorme importancia en la actualidad, que no puede quedar ajeno a la comunidad autónoma andaluza en la medida en la que sus intereses, en muchísimas competencias con carácter exclusivo, se determinan en la Unión Europea. Por tanto, había que establecer un procedimiento sobre cómo la Junta de Andalucía puede participar en la forja de la decisión española, porque eso sí es el Estado el que decide en nombre de España, respetando el interés general que a él le corresponde, pero ese

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interés general está confeccionado sobre la base de un conjunto de intereses territoriales que en algunos casos responden a competencias exclusivas de la comunidad autónoma o compartidas y tienen que determinar una participación importante de la comunidad en esa materia.


Por último, el tercer campo de este capítulo, el que se refiere a la acción exterior, es también una realidad nueva, porque desde que las comunidades autónomas lo son y vienen desarrollando sus competencias se ven en muchas ocasiones necesitadas de que la acción exterior del Estado, la política exterior propiamente, tenga en cuenta sus intereses, por ejemplo, cuando se negocia un convenio de pesca con Marruecos, importante para los puertos pesqueros andaluces, esto lo negocia, a veces, el Estado o la Unión Europea inclusive, y entonces hay que establecer la posibilidad de que la Unión Europea pueda velar por sus intereses en esas negociaciones internacionales o en otros tratados de otra naturaleza o, inclusive, en una acción exterior, pongamos por caso el turismo. Recuerdo que hace muchos años se provocaban en nuestro país grandes debates sobre si las comunidades autónomas podían o no proyectar externamente su comunidad en las ferias internacionales de turismo. Hoy en día esto es algo muy natural porque, aunque en aquellos tiempos se consideraba casi una traición de lesa patria a la competencia exterior del Estado para la defensa de los intereses turísticos de España, hoy, con toda naturalidad, vemos a Andalucía, Baleares, Canarias o a cualquier otra comunidad autónoma, defendiendo sus proyectos turísticos, sus especificidades en ferias internacionales, etcétera, y lo mismo puede ocurrir con otras materias, todo lo cual, repito, justifica un título competencial muy importante. Me gustaría llamar su atención sobre el hecho de que la estructura autonómica del futuro no se determina solo por el título competencial que, por supuesto, es la columna vertebral del autogobierno de las comunidades autónomas, sino también sobre estos derechos de participación que la comunidad autónoma tiene en el Estado, en la Unión Europea, en la acción exterior y en sus relaciones con otras comunidades autónomas, para configurar así una cuarta pata de autogobierno, insisto, de enorme importancia que, en mi opinión, estructura y responde a la demanda de autogobierno y a la naturaleza misma de autogobierno que se dilucida en este tipo de estatutos.


Pues bien, este título, con casi 40 artículos, regula estas materias. Es verdad, como les decía antes, que hemos incorporado en trámite de ponencia muchas enmiendas y yo me enorgullezco de ello. No voy a hacer ahora un repaso de cuáles son esas enmiendas en cada caso; hemos mejorado lo que venía del Parlamento de Andalucía, no solo porque alguna de las enmiendas que presentó el Grupo Socialista han sido objeto de transacción, sino porque, insisto, ha incorporado a casi todos los grupos a este texto. Incorporación que se ha hecho sobre la base de un preámbulo, que me parece la enmienda más significativa -que hemos incorporado como una especie de artículo 215 pre, que va a ser un 214 previsiblemente, o un 215 antes que el actual 215 en la redacción definitiva- y en ella se establece como marco, como pórtico de esta definición de autogobierno o de derechos de participación que se enumeran posteriormente, el principio de que esa participación de la comunidad autónoma se hará, tanto en las decisiones de las instituciones del Estado, como de la Unión Europea, como en el exterior, de acuerdo con lo que establezcan en cada caso la Constitución, la legislación del Estado y la normativa de la Unión Europea. En mi opinión, es un preámbulo imprescindible porque hablamos de competencias, como se ha dicho antes, que, desde el punto de vista de su esencia, corresponden en exclusiva al Estado y, sin embargo, participamos en ella a través de estos títulos de una manera que tiene que ser respetuosa con las posibilidades que la propia Constitución o la normativa aplicable puedan determinar. Es así como se han incorporado a varios artículos muchas enmiendas de carácter terminológico constitucional, que son las que explican el acuerdo con los grupos políticos. Yo no voy a decir quién tiene más razón, simplemente diré -ya se ha explicado por parte de doña Concha Caballero, de Izquierda Unida, y creo que con razón- que la mayor parte de las enmiendas incorporan una coletilla de apelación a la legislación vigente o de respeto al marco constitucional; cierto, esto es bueno, lo que abunda no daña, pero si este ha sido el instrumento para incorporar al Partido Popular a este capítulo, yo lo doy por bien empleado. Esto es lo que nos ha permitido, por ejemplo, en los artículos 228, 229, 230 y 234 haber consensuado artículos que venían enmendados por el Partido Popular.
Quiero recordar una cosa en honor a la verdad: El Partido Popular en Andalucía presentó a este título una enmienda a la totalidad, con un texto alternativo completo. Hoy creo que se van a aprobar los artículos por unanimidad -quizá mayoritariamente-, sobre la base de lo que aprobó el Parlamento de Andalucía. ¿Con estas coletillas? Cierto, pero lo importante es la estructura y la naturaleza de este título que, en mi opinión, ha quedado perfectamente respetado.


Al artículo 220, hemos presentado una enmienda transaccional, porque había quedado pendiente de acuerdo en la ponencia, y ahora creo, por lo que ya he escuchado a mis compañeros que han intervenido anteriormente, que va a ser objeto de consenso, y nos alegramos de ello. ¿Qué hemos cambiado en el 220? Que donde se decía que la Junta de Andalucía participará en los órganos constitucionales y en las instituciones del Estado, es decir, en la designación de magistrados del Tribunal Constitucional y miembros del Consejo General del Poder Judicial, ahora lo hemos cambiado por una expresión literal que dice: La Junta de Andalucía participa en el proceso de designación de los órganos constitucionales. Obviamente son los mismos. ¿No los hemos denominado? No. ¿Hacía falta? No. Es lo mismo, pero es verdad que son los órganos constitucionales. En términos concretos, señorías, y para no andarme con

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rodeos, ¿qué significa esto? Que si las leyes o el ordenamiento parlamentario, en su caso, establecen que las comunidades autónomas pueden participar en el nombramiento de magistrados del Tribunal Constitucional o de miembros del Consejo General del Poder Judicial, estas lo harán, pero siempre sobre la base de que un ordenamiento parlamentario lo prevea o las leyes de estos órganos lo contemplen.


Es oportuno expresar en nombre de mi grupo una opinión política. Nosotros creemos que algo de esto ya está sucediendo de facto cuando en el Senado se nombran los miembros del Consejo General del Poder Judicial o los que se eligen del Tribunal Constitucional en función de la representación territorial que incorpora esa Cámara. Y no excluimos que eso pueda regularse y precisamente en previsión de esa regulación futura contemplamos esta capacidad potencial de la Junta de Andalucía. En esencia, esto es lo que hemos aprobado.


Me gustaría aclarar a la señora Sáenz de Santamaría, del Partido Popular, y a los representantes de la delegación de Andalucía de ese mismo partido, cuando expresaban su preocupación sobre el artículo 227.3, que es el que establece la manera en la que la Junta de Andalucía participa en la formación de la voluntad del Estado ante temas de la Unión Europea, que su negativa a aceptar esta enmienda es bastante incomprensible y, por ello, les voy a exponer el razonamiento siguiente: Contempla esta disposición que cuando la posición que la Comunidad Autónoma de Andalucía traslada al Gobierno del Estado en la formación de la voluntad de España, se produce sobre una materia que es competencia exclusiva de la Comunidad Autónoma de Andalucía y además -y se ha añadido una y copulativa muy importante, porque antes venía una o alternativa, y aquí se ha añadido que es una doble condición la que se establece- si de la propuesta o iniciativa europea pudieran derivarse consecuencias financieras o administrativas de singular relevancia para Andalucía, la posición que Andalucía expresa es determinante. Efectivamente, por primera vez en este Estatuto se incorpora este adjetivo calificativo de la participación de la comunidad autónoma en la voluntad del Estado. Ustedes saben que las voluntades de esta naturaleza suelen ser preceptivas o vinculantes.
Preceptivas son las que obligatoriamente hay que escuchar, pero no vinculan; las vinculantes son las que hay que escuchar y además vinculan a quien escucha la opinión. Aquí obviamente no puede ser vinculante, porque entonces estaríamos condicionando al Estado por importante que fuera la materia para Andalucía. Sin embargo, hemos incorporado un término que creo que también es una nueva definición de un derecho de participación cualificado: Que esa voluntad es determinante. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que es un término intermedio entre la participación preceptiva y la vinculante, porque en el caso de que el Estado no escuche esa posición, por las razones que sean, porque no puede hacerlo, porque tiene otros intereses que defender, etcétera, tiene que dar una explicación directa a la comunidad autónoma, el Estado tiene que motivar la negativa a la toma en consideración de esa voluntad. Es la única vez que este Estatuto contempla esta posición. Es una participación cualificada que nosotros queremos mantener, por respeto a la voluntad que expresó el Parlamento de Andalucía en estas materias, repito, competencia exclusiva de la comunidad autónoma y con influencia financiera o administrativa de singular importancia para la Comunidad andaluza, que tiene que producir, en mi opinión, un efecto más cualificado que el simple de ser escuchado en un caso como este.


Quiero señalarles también una pequeña corrección que deseo incorporar, y llamo la atención de los portavoces que han debatido esta materia.
Quisiera proponerles, señorías -es a propósito del letrado, que me trasladó personalmente esta petición, aunque no la he plasmado en una enmienda transaccional porque me ha parecido que no era necesario, que podríamos hacerlo in voce- un cambio en el título del capítulo IV, cuando hablamos de relaciones con el exterior. Quiero decirles que en todos los estatutos que hemos aprobado hasta la fecha, el de la Comunidad Valenciana, el de Cataluña y éste, este título del capítulo IV debería denominarse con el epígrafe, acción exterior, en este caso de la Junta de Andalucía. Esta es la terminología exacta que les propongo por sugerencia del letrado, porque además corresponde mejor a lo que viene después, no es tanto que la Comunidad andaluza se convierta -vamos a llamarlo así- en un sujeto de relaciones exteriores, sino que tiene capacidades de acción exterior que luego vienen definidas perfectamente, por otra parte, en los artículos 236 a 240. De manera que si así lo estiman, señorías, eso es lo que les propongo.


Quiero señalarles -para ir terminando- en relación con el conjunto de las enmiendas que se han ido presentando por parte de algunos grupos, que voy a dar algunas respuestas que explican nuestra posición, porque me parece que ustedes merecen conocer nuestra opinión, como grupo mayoritario, sobre estas enmiendas. En concreto, hay una que me interesa destacar, a propósito de la propuesta de Izquierda Unida, presentada al artículo 216.
Es verdad que este artículo, el que regula la comisión bilateral de cooperación Junta de Andalucía-Estado, responde, como ha dicho doña Concha, a una definición que es muy semejante, por otra parte, a la que habíamos incorporado en el Estatuto de Cataluña, que es el establecimiento de una comisión bilateral, a la que aquí hemos llamado de cooperación, haciendo, digamos, caso de una sugerencia que el PP nos presentó para establecer en el marco de la cooperación, como no puede ser de otra manera, la existencia de esta comisión bilateral. Llamo su atención sobre la importancia de que la comisión bilateral es entre el Estado y la Junta de Andalucía. ¿Por qué? Porque en un Estatuto tan profundo como este hay un montón de materias que requieren de una relación bilateral. ¿Que lo es en régimen de cooperación? Claro, por eso lo hemos llamado así y por eso hemos encontrado una fórmula equilibrada y creo yo que

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ajustada en esta materia, tanto con el PP como con Izquierda Unida. Pero no podemos aceptar su propuesta de modificación de la letra j) de este artículo, señora Caballero, porque cuando se plantea que en esa comisión bilateral la Junta de Andalucía va a participar en la modificación del régimen agrario, hay que matizar que lo es en su proyección a Andalucía, porque el régimen agrario es un régimen especial de la Seguridad Social y esta es competencia exclusiva del Estado, y cuando se modifica el régimen agrario lo es para toda España. Ya sabemos que el régimen agrario lo hay mayoritariamente en Andalucía. No sé si serán un millón de trabajadores los afiliados allí a ese régimen, pero también los hay en Extremadura y en Murcia y en otras comunidades y el Estado no puede admitir que una comisión bilateral pueda tener competencia de regulación de la modificación solo con Andalucía porque es competencia exclusiva del Estado. Por eso, tienen ustedes que admitirnos que esa modificación del régimen agrario, en el cual ustedes van a participar desde la Junta de Andalucía, lo será solo en su proyección en Andalucía. Por tanto, enmienda imprescindible en esta materia.


Quería decirle al señor Albendea que la reforma estatutaria tiene efectivamente -y tenía razón don Juan Manuel- una doble mayoría en relación con la aprobación del Estatuto en Andalucía y con la posibilidad de la retirada del mismo si en alguna ocasión, a propósito de esa reforma, pudiera producirse una circunstancia de retirada. Dicha cuestión es muy excepcional, como ustedes saben. ¿Qué es lo que explica esta doble mayoría? Que hay una mayoría más severa y más cualificada para la reforma del Estatuto y no lo es tanto para la retirada. Es un juego de mayorías diferentes también en función de la severidad del acto, de manera que hemos considerado muy oportuno que la reforma estatutaria del futuro, dentro de 20 ó 25 años -igual 50 porque no sé por qué se ha establecido este plazo de 20 años para reformar el Estatuto, puede ser dentro de 50 años o nunca más-, se hará por mayoría de dos tercios. Esa mayoría la hemos incorporado porque respondemos de esa manera a un sentido democrático de una mayoría cualificada para una decisión importantísima.
Por cierto, señor Dell'Olmo, esto no es bloquear la reforma del Estatuto, sino dotar a la reforma de mayor soporte democrático. Lo que no cabe es que las minorías bloqueen la posibilidad de la reforma o, en su caso, impongan una reforma a una parte de la expresión parlamentaria de la comunidad autónoma andaluza. De manera que nuestro grupo mantiene la idea de que tienen que ser dos tercios los que aprueben las reformas y, sin embargo, no nos parece mal que suponiendo que la tramitación de esa reforma atravesara determinados problemas en las Cortes, una mayoría de tres quintos -también cualificada- pudiera tomar la decisión de retirarla.


Termino con una referencia al conjunto de este título. Quiero señalarles, señorías, que este título contempla algo muy importante, como les decía al principio, que es todo el sistema de participación de la comunidad autónoma en el Estado, en la Unión Europea y en la acción exterior. Se dijo que de la comisión bilateral del Estatuto de Cataluña se derivaba la confederalidad del Estatuto de Cataluña. Era una gran falsedad, en mi opinión. Siempre que escuché ese argumento -he escuchado otros con toda legitimidad e inclusive he escuchado con raciocinio algunas alegaciones contra otras disposiciones del Estatuto de Cataluña- me pareció un escándalo que se pudiera decir que el Estatuto de Cataluña era el paso hacia la confederación española sobre la base de una comisión bilateral.
Se dijo que aquel Estatuto tenía 200 artículos; este, por cierto, 240. Se dijo que aquel, al establecer un mecanismo de relación bilateral entre Cataluña y España, establecía una ruptura de organismos multilaterales, cosa que no era cierta. Bien, hoy se aprueba un Estatuto con un título que consta de 30 largos artículos sobre bilateralidad, sobre participación en la Unión Europea muy semejante a aquel y, por tanto, conviene que quede claro que lo que estamos haciendo en esta materia es algo que procede a esta reforma autonómica, algo que corresponde a los tiempos que vivimos y algo que profundiza y mejora el autogobierno de Andalucía.


El señor PRESIDENTE: Con esta intervención hemos terminado el debate de los títulos IX y X.


Pasamos ahora a analizar las enmiendas y los votos particulares presentados a las disposiciones adicionales y transitorias porque a las finales no hay. (Rumores.) Me anuncian que el Grupo Parlamentario Socialista presenta dos enmiendas transaccionales, una a la disposición adicional segunda y otra a la disposición final primera y que se están haciendo las copias y se van a distribuir. Mientras tanto, daremos la palabra a los grupos que tienen enmiendas y votos particulares.


En primer lugar, el voto particular del Partido Andalucista. Tiene la palabra doña Pilar González.


La señora REPRESENTANTE DEL PARLAMENTO DE ANDALUCÍA (González Modino): Estamos llegando al final del camino. Las disposiciones adicionales cierran la arquitectura financiera de Andalucía y a nosotros, nacionalistas andaluces, nos sorprende que en el caso del Estatuto de Andalucía queden tan ligeras, en cantidad y calidad, estas disposiciones adicionales que si de ellas dependiera la arquitectura financiera de Andalucía sería escasamente un menhir, ni siquiera un dolmen que por lo menos tiene tres piedras y, en ocasiones un túmulo de tierra que lo cubre y de los que tenemos importantes ejemplos en Andalucía, en Antequera entre otros. Es una sola piedra lo que soportaría esta arquitectura financiera de Andalucía; una piedra tosca, escuálida que, a nuestro juicio, difícilmente puede cobijar otra cosa más que la escasa ambición de quienes han escrito este Estatuto. Desde luego, una piedra poco útil, a nuestro juicio, para garantizar el futuro de las andaluzas y de los andaluces que van a crecer -señor Jáuregui, no sé en cuantos años- mientras

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este Estatuto esté en vigor. Con estas disposiciones adicionales tan esqueléticas la arquitectura financiera y económica de Andalucía está, naturalmente desde nuestro punto de vista, en riesgo absoluto de inanición y de sufrir un importante quebranto.


Señorías, haciendo un breve repaso por estas disposiciones adicionales nos encontramos con que la primera se llama territorios históricos.
¿Territorios históricos en Andalucía? Es todo un eufemismo para no mencionar Gibraltar. ¿Desde cuándo es Gibraltar un territorio histórico, señorías? ¿Desde el Tratado de Utrecht en 1713? ¿A lo mejor desde Hércules o desde Tariq, que le dio nombre? ¿Por qué territorios históricos en Andalucía para eludir la mención expresa a Gibraltar, que es de lo que estamos hablando? En ese sentido, la enmienda que ha presentado el Grupo Parlamentario Vasco, que recoge la posición del Partido Andalucista, es mucho más clarificadora. Hablemos de lo que estamos hablando. Señorías, en el año de Juan Ramón Jiménez, quizás es de nuevo necesario apelar a que la inteligencia nos dé el nombre exacto de las cosas y el nombre exacto de ese hipotético territorio histórico de Andalucía es Gibraltar.


A la disposición adicional segunda mi grupo ha formulado un voto particular para mantener el texto que salió del Parlamento de Andalucía.
Nos parece que este texto -que sí fue apoyado por el Grupo Parlamentario Andalucista pese a que no votó a favor del texto en su conjunto, pero sí votó afirmativamente a esta disposición adicional segunda en las votaciones parciales en la comisión- amarra un compromiso claro y concreto de la deuda histórica o el agravio histórico a Andalucía. Una deuda que ya va camino de ser prehistórica, a juzgar por el tiempo que ha tenido que transcurrir y que todavía va a tener que transcurrir para que en Andalucía veamos algún euro de los que el Estado debe a Andalucía en virtud de, no olvidemos señorías, una ley orgánica del bloque de constitucionalidad, el Estatuto de Andalucía en vigor desde 1981. No se ha cumplido nunca esa disposición adicional segunda salvo en una ocasión.
Por este motivo -ya lo hemos dicho en otras ocasiones-, medallas para todos. Es verdad que el acuerdo del abono de aquellos 120 millones de euros lo suscribió el último Gobierno de Felipe González y es verdad que lo abonó el primer Gobierno de José María Aznar. Reconocimiento a ambos sin complejos. Cuando el Gobierno de España cumple con Andalucía nosotros, un partido nacionalista andaluz, no tenemos el menor empacho en reconocer que se cumple con Andalucía, pero solo en esa ocasión, señorías, solamente en esa ocasión. Desde entonces han transcurrido ya muchos años, han gobernado España el Partido Socialista y el Partido Popular y Andalucía sigue teniendo pendiente el cobro de la deuda histórica, eso que tan difícil de entender resulta en Madrid, eso que constituye un hecho singular de Andalucía y que no terminan de entender aquí, en la Villa y Corte; debe ser que la Villa y Corte está lejos de Andalucía en muchas ocasiones y, desde luego, concretamente en esta. Por eso, el texto que salió del Parlamento de Andalucía, a nuestro juicio, amarraba un compromiso concreto y conciso. Aparte de reproducir literalmente el artículo del Estatuto de 1981, que todavía no se ha cumplido, decía: Los criterios, alcances y cuantía de dichas asignaciones excepcionales serán fijados para cada ejercicio por una comisión mixta paritaria Estado-comunidad autónoma. Tercero, en el caso de que a la fecha de aprobación del presente Estatuto no hayan sido aprobadas las cuantías derivadas de lo previsto en la disposición adicional segunda del Estatuto de Autonomía para Andalucía aprobado por Ley Orgánica 6/1981, de 30 de diciembre, la comisión mixta prevista en el apartado anterior, en el plazo de seis meses, procederá a su determinación, siendo liquidadas y pagadas con cargo a los presupuestos del año siguiente. Aquí hay un plazo y un compromiso muy concreto y muy amarrado que sale de Andalucía, señorías, que es donde sabemos realmente qué es esto de la deuda histórica, porque parece que aquí no terminan de saberlo y lo lamentamos, señorías, y entendemos que aquí tienen responsabilidad los dos partidos centralistas que han gobernado en España.


Somos conscientes de la dificultad que implica que el Ministerio de Hacienda entienda estas cosas y no las confunda con la liquidación del anterior sistema de financiación, aquellos 2.500 millones de euros que hubo que abonarle a Andalucía por el no reconocimiento del censo de su población durante los gobiernos de José María Aznar y que liquidó el presidente Zapatero. Parece que eso era lo que él entendía que era la deuda histórica o lo que entendía el Ministerio de Economía que era la deuda histórica. En el Ministerio de Economía y Hacienda gobierna el Partido Socialista y en Andalucía también; hay canales para comunicarse y para explicarlo con claridad. Señorías, quizás ustedes no, pero en Andalucía hemos oído al ministro de Administraciones Públicas, Jordi Sevilla, afirmar en público que la deuda histórica estaba pagada con las inversiones de la Expo-92. Eso lo ha dicho un ministro del Gobierno del Partido Socialista en Andalucía y lo grave no es que lo diga el señor ministro, que se pudo haber equivocado, razonablemente como todos, lo grave es que estaban allí sentados el presidente de la Junta de Andalucía, el consejero de Economía y Hacienda de Andalucía, y nadie le explicó al ministro de Administraciones Públicas que la deuda histórica no tenía nada que ver con las inversiones de la Expo en Sevilla y en el entorno de Sevilla.


Por eso, señorías, ante tanta incomprensión por parte del Gobierno central, entendemos que lo más seguro para Andalucía es amarrar el compromiso más claro, más conciso y más concreto posible, y ese es, a nuestro juicio, el que salió del Parlamento de Andalucía. Ahora mismo acabo de conocer la enmienda transaccional que plantea el Grupo Parlamentario Socialista al Grupo Popular aquí, en el Congreso de los Diputados, demorando hasta 18 meses la evaluación, criterios, alcance y cuantía; un plazo de hasta 18 meses. Y en este supuesto, la aplicación de los acuerdos adoptados se realizará en un plazo

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de tres años a partir de la entrada en vigor del presente Estatuto. Esto supone multiplicar por tres lo que salió del Parlamento de Andalucía, tanto para la evaluación -que se preveía en seis meses y ahora nos encontramos con 18-, como para el pago -hablábamos de un año y ahora nos encontramos con tres-; multiplicar por tres, de nuevo dilatar en el tiempo, de nuevo echar hacia delante un problema que no se tiene voluntad política de resolver, porque con voluntad política esto se resuelve, señorías. Lo malo de esto es que ya no nos lo creemos, que la mayoría de los andaluces ya no se creen que el Gobierno de España alguna vez vaya a abonar la deuda histórica de Andalucía, porque han pasado 25 años desde que entró en vigor el Estatuto de Andalucía y, salvo en una ocasión, reitero, nunca ningún otro Gobierno de España se ha planteado resolver esta cuestión. Luego, razonablemente, los andaluces y las andaluzas tenemos desconfianza de que esta vez vaya a cumplirse un texto que viene siendo una ley orgánica desde hace 25 años y que no se ha cumplido todavía, salvo en una ocasión. Entiendan, señorías, que este recelo está más que justificado, a nuestro juicio, y por eso sostenemos el voto particular para que se mantenga el texto que salió del Parlamento de Andalucía.


Respecto a las demás adicionales, concretamente la tercera, el Grupo Parlamentario Vasco tiene una enmienda que habla de la inversión en infraestructuras. Señorías, esto no es ni más ni menos que algo muy similar a la adicional tercera del Estatuto de Cataluña. Es cierto que el Estado ha dejado de invertir durante los últimos ocho años de gobierno del Partido Popular en determinadas comunidades autónomas; eso es cierto, se ha invertido y se ha primado a algunas comunidades como Valencia, Madrid o Baleares, y efectivamente en Andalucía hay un déficit de inversión, concretamente en infraestructuras. Tal y como está en el texto aprobado por la ponencia, se habla de inversiones en Andalucía en general y no se especifica en infraestructuras. Las inversiones en infraestructuras son decisivas en un territorio tan grande como Andalucía, tan extenso como Andalucía, tan necesitado de vertebración como Andalucía. Las inversiones del Estado son buenas, son bienvenidas, son necesarias, pero son mucho más importantes las inversiones en infraestructuras que en defensa, por ejemplo. Luego, computar exclusivamente con el criterio de la población y con el criterio general de inversiones del Estado no es suficiente, queda absolutamente limitado y además limitado a un periodo de siete años. No sé si lo saben los miembros de la Comisión Constitucional del Congreso de los Diputados, pero luego, cuando presentan los Presupuestos Generales del Estado en Andalucía, le suman el FCI a las inversiones del Estado para pretender explicarnos que así se llega al 18 por ciento, que es el peso de la población en Andalucía. Así nos cuentan los Presupuestos Generales del Estado en Andalucía y eso es trampa. No podemos decir otra cosa en esta casa y, por eso, queremos amarrar con toda concreción las inversiones en infraestructuras; el criterio de la población es insuficiente a nuestro juicio, señorías, el criterio de la población es para que Andalucía se quede como está en este momento y lo que nosotros queremos es que Andalucía dé un salto cualitativo hacia delante en el que se prime no solo la población sino el déficit de riqueza que viene teniendo Andalucía en los últimos años.


El Grupo Parlamentario Vasco ha registrado algunas enmiendas con una especificación de la relación de los tributos cedidos, que no es más que un calco de la adicional séptima del Estatuto de Cataluña; otras, en relación con la cesión del IRPF, en relación con la cesión de los impuestos especiales y en relación con la cesión del IVA. Señorías, he aprendido mucho estos días en esta casa y hay algo que he aprendido con toda claridad, y es que los estatutos no pueden legislar sobre los poderes centrales del Estado. Esa es una enseñanza que me llevo con claridad. No tendría nada que objetar a esto aquí, en las Cortes Generales, podría tener legítimamente una posición partidaria al respecto si no fuera porque en el Estatuto de Cataluña aparece la cesión de tributos, la lista de los tributos cedidos, la cesión del IRPF, la cesión de los impuestos especiales, la cesión del IVA. Estos son poderes centrales del Estado, entiendo, y estamos hablando nada menos que de la financiación del Estado, en este caso de la financiación de las comunidades autónomas, decisiones que se venían tomando en un órgano multilateral que era el Consejo de Política Fiscal y Financiera, decisiones que se tomaban en la Conferencia de presidentes autonómicos.
En ese contexto es donde se venían tomando las decisiones hasta el día de hoy. Pero, ¿por qué aparece en un Estatuto escrito el porcentaje de tributos que se va a ceder a todas las comunidades autónomas? ¿Por qué aparece en un Estatuto y solo en un Estatuto? ¿Por qué no aparece también en el Estatuto de Andalucía? ¿Por qué no se puede poner en el Estatuto de Andalucía algo que sea evaluable y cuantificable, algo como que Andalucía recibirá la misma cesión de tributos, exactamente la misma, que quien más reciba? Es así de sencillo, eso se cuantifica después y se convierte en miles de millones de euros. Nada de eso aparece en el Estatuto de Andalucía, señorías. Tendrán que explicar ustedes fundamentalmente a las andaluzas y a los andaluces por qué han votado para el Estatuto de Cataluña este desglose de la cesión de tributos, esta redacción absolutamente explícita de la cesión del impuesto sobre la renta de las personas físicas, de la cesión de todos los impuestos especiales, de la cesión del impuesto sobre el valor añadido, ¿Por qué puede aparecer esto en el texto de Cataluña y no puede aparecer en el texto de Andalucía? ¿Por qué, señorías, por qué?

Es muy difícil entender esta cuestión, de hecho, no termino de entenderla y, de alguna manera, no deja de ser frustrante para Andalucía, para nosotros, nacionalistas andaluces, no encontrar respuesta para algo que consideramos absolutamente razonable y no saber por qué. Insisto, nada tendríamos que objetar aquí -aparte de nuestra evidente posición partidaria-, en las Cortes

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Generales, en la sede de la soberanía de todos, si esto no apareciera en otro Estatuto. En el momento en que aparece en otro Estatuto, legítimamente venimos a pedirlo para Andalucía porque, a día de hoy, no hay ninguna diferencia entre Andalucía y Cataluña, luego legítimamente venimos a pedir que aparezca exactamente lo mismo en el Estatuto de Andalucía. Señorías, esta es nuestra responsabilidad, este es el trabajo que hemos venido a hacer aquí. Insisto, es muy importante el debate en este punto, el debate de las adicionales, porque es la estructura que viene a cerrar cuál va a ser el soporte financiero de Andalucía para los próximos años que este Estatuto va a estar en vigor, mientras probablemente una generación de andaluces y andaluzas va al colegio, utiliza la sanidad, las carreteras, las infraestructuras, los servicios sociales, etcétera. Si no garantizamos una financiación suficiente y adecuada para que esa generación de andaluces y andaluzas utilicen los servicios de la comunidad, difícilmente, señorías, podrán tener una calidad de vida que merecen en derecho como cualquier otro ciudadano de este Estado y, naturalmente, como ciudadanos de primera que son los andaluces y las andaluzas. Lo siento, señorías, me gustaría encontrar respuestas a estas preguntas. En virtud de esas respuestas, así sería nuestra postura final. A día de hoy, saben ustedes cuál es, porque es absolutamente incomprensible que en Cataluña conozcan los tributos que va a cederles el Estado -lo grave es que no se los va a ceder solo a Cataluña, nos los va a ceder a todos los demás- y, sin embargo, en Andalucía no lo sepamos. Esa es nuestra posición en este momento.


El señor PRESIDENTE: Tiene la palabra don Gaspar Llamazares.


El señor LLAMAZARES TRIGO: Intervengo para presentar las enmiendas de mi grupo parlamentario a las disposiciones adicionales y transitorias, que son prácticamente la parte final del Estatuto. Me fijaré en especial en lo que podríamos denominar la parte financiera, que ha quedo pendiente, con relación al pilar financiero del Estatuto y que está en estas disposiciones.


Mi grupo parlamentario mantiene una serie de enmiendas que tienen que ver con algunos aspectos de las adicionales y de las transitorias que nos parecen insuficientemente tratados, en algunos casos de forma terminológica y, en otros, con un contenido diferenciado. De los términos expresados en las disposiciones adicionales, nos gustaría modificar la disposición adicional primera para reflejar entre los territorios históricos Gibraltar, para que se identifique claramente de qué estamos hablando. Con relación a la financiación, planteamos una expresión más afortunada: el nivel medio de servicios, y no el nivel mínimo, que es verdad que se ha acuñado, pero que apunta a un nivel insuficiente en relación a un nivel aceptable. También planteamos algunas enmiendas que tienen que ver con una colaboración y cooperación con Ceuta y Melilla.
Por otra parte, también en la disposición adicional cuarta plantemos una redacción pormenorizada de lo que podrían ser nuevas facultades que pudiera asumir la Comunidad Autónoma de Andalucía o, en la enmienda número 40, a la transitoria tercera, respecto al Convenio bilateral con los Estados Unidos, proponemos que se pudiera renunciar o plantear la renuncia por parte de la propia autoridad de la Comunidad Autónoma andaluza. Con relación a este último aspecto, les transmito mi convicción de que tal convenio de amistad y de cooperación en estos momentos está muy cuestionado no solamente por las circunstancias políticas, sino también por nuestra Ley de Defensa Nacional, que contempla determinadas garantías para los movimientos de tropas y también en base al derecho internacional que, en mi opinión, deberían aplicarse también en un territorio que sigue siendo de soberanía nacional, que es el territorio de las bases de utilización conjunta que están en estos momentos en Andalucía. En ese sentido, estoy convencido de que eso saldrá adelante, si no es a través del Estatuto, a través de otros mecanismos.


He dicho que quería concretar mi intervención en relación al capítulo financiero. Querría hacer un apunte inicial al respecto. Creo que Pi y Margall, pero en cualquier caso un conocido federalista, hablaba de que la diferencia con el nacionalismo era que el nacionalismo recreaba pueblos y, sin embargo, los federalistas hacíamos que los pueblos cooperaran. Esa es la posición de mi grupo parlamentario a nivel federal, lo es en Andalucía y, por eso, nosotros enfocamos el capítulo financiero desde la confianza, desde la autoconfianza de Andalucía, y no desde el agravio y la desconfianza. En ese sentido, desde la confianza en el pueblo andaluz, el resultado final del capítulo financiero y también de la adicional segunda es satisfactorio. Hasta hace muy poco tiempo la deuda era incalculable e impagable; la deuda histórica andaluza se parecía a la deuda externa. En estos momentos, algo hemos avanzado, porque la deuda es pagable y, desde nuestro punto de vista, también se puede y se debe calcular. En cualquier caso, es pagable, porque establecemos procedimientos y plazos en este Estatuto, y se puede calcular, porque hay una metodología de cálculo que tendrá que tener un resultado final, y esa será la responsabilidad del Gobierno andaluz y del Gobierno español en la Comisión Mixta. En todo caso, en estos momentos la deuda ya es cuantificable y pagable y en unos plazos que no son excesivamente amplios. Después de esperar 25 años en relación a la deuda histórica -bien dicho lo de deuda histórica-, que se planteen 18 meses para calcular y tres años para el pago completo, desde el primer año después de la aprobación del Estatuto, es un plazo razonable. Hubiéramos deseado un resultado más ágil, pero ha habido que negociar de forma dura con el Ministerio de Economía y Hacienda y, finalmente, el resultado es el que es, no es en absoluto negativo, sino un resultado que plantea claramente el objetivo y los plazos para conseguirlo. Podríamos decir aquello de bien está, si bien acaba y, en este caso, bien

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ha acabado porque, conociendo otras reformas, otra de las salidas podía haber sido -esa posibilidad existió desde el inicio de la reforma del Estatuto- que lo que fue histórico, ya no fuera parte de este Estatuto de Autonomía y ni siquiera se hiciera referencia a ese compromiso y a esa deuda con los andaluces con relación al nivel de los servicios públicos: a la sanidad, a la educación y a los servicios sociales. Sin embargo, se hace una referencia clara, se adquiere el compromiso y se establece un plazo que, aunque hubiéramos deseado más ágil, es creíble e importante para nosotros. Por tanto, en el conjunto del modelo de financiación, nuestro grupo no enfoca este resultado desde la desconfianza y desde el agravio, sino que enfoca el resultado del modelo de financiación que luego se trasladará a la nueva ley orgánica de financiación de las comunidades autónomas desde la confianza y desde la colaboración en el marco del Estado.


El señor PRESIDENTE: Tiene la palabra el señor Albendea.


El señor ALBENDEA PABÓN: Vamos a hablar de las disposiciones adicionales, respecto a las que tenemos varias enmiendas. Nuestra enmienda 285, a la disposición adicional segunda, está referida a la deuda histórica, que es esta mañana la protagonista del debate. Esa enmienda hemos de ponerla en relación con nuestra enmienda 290, a la disposición transitoria tercera.
La obligación del Estado respecto al concepto de deuda histórica nosotros la mantenemos en los mismos términos que en el Estatuto vigente, pero su inexcusable cumplimiento lo referimos cuantitativamente, como mínimo, a las cantidades avaladas por el Parlamento de Andalucía que, quiero recordar, eran 1.148 millones de euros, luego no es una cifra incalculable, señor Llamazares, estaba calculada y avalada por el Parlamento de Andalucía; repito, 1.148 millones de euros. Eso en cuanto a la cuantía.


En cuanto a la temporalidad, nosotros proponemos que deberán ser abonadas en el primer ejercicio presupuestario tras la entrada en vigor del nuevo Estatuto. Debo recordar -para su debida constancia en el "Diario de Sesiones" - que cuando hablamos de la deuda histórica, lo hacemos con el antecedente, del que podemos presumir con orgullo, de que el único Gobierno que satisfizo a Andalucía 20.000 millones de las antiguas pesetas como anticipo a cuenta de la deuda histórica fue el Gobierno del Partido Popular, presidido por José María Aznar. Ya sé que me van a decir ustedes que fue un acuerdo previo del Gobierno Socialista. Estoy de acuerdo. Ahora lo que quieren ustedes es repetir la jugada con el acuerdo al que llegaron anoche, con nocturnidad, el Partido Socialista e Izquierda Unida en el sentido de que en 18 meses ustedes fijan la cantidad. Y cuando en las próximas elecciones ya gobierne el Partido Popular, el Gobierno del Partido Popular la paga. (Rumores.) Esa es la argucia, que me parece que es inteligente...


El señor PRESIDENTE: Una Comisión que estaba aburrida la está animando usted con ese optimismo. (Risas.)

El señor ALBENDEA PABÓN: Perdón, señor presidente, repita, porque no le he oído. (Una señora diputada: El optimismo.)

El señor PRESIDENTE: Va bien. Usted siga.


El señor ALBENDEA PABÓN: La enmienda 286, con su referencia al artículo 138 de la Constitución habla de solidaridad y la solidaridad en una cabal interpretación de este precepto constitucional no solo tiene -que la tiene- una dimensión ética, sino que, como dice la mayor parte de los tratadistas, la Constitución le ha dado a ese artículo 138 un marcado carácter económico. Por eso, cuando en la disposición adicional tercera se habla de equilibrio territorial, nosotros le añadimos el adjetivo económico, en sintonía con la interpretación más conteste de la Carta Magna. Además, sabemos que Andalucía no avanza en la convergencia con la media española y con la media europea. Por eso, para acelerar el proceso de convergencia y compensar el incremento de la población, proponemos en esta enmienda un compromiso del Estado sobre inversiones en infraestructuras en Andalucía de 4.500 millones de euros en un periodo de siete años, que se incrementarán a la inversión base de cada año. Si no es con estos procedimientos extraordinarios, nunca vamos a alcanzar esa deseada convergencia.


Nuestra enmienda 287 propone la supresión de la disposición adicional cuarta; enmienda que ha sido incorporada en la ponencia. En nuestro afán de que el Estatuto respete escrupulosamente la Constitución no se puede aceptar la utilización del Estatuto como instrumento de transferencia o delegación, pues ello implicaría dar rigidez a una decisión estatal en una forma que no es la deseada por el constituyente y que choca con la máxima flexibilidad que los instrumentos del artículo 150.2 han de poseer. Además, con este sistema que se propone, a la transferencia o delegación le faltaría el enunciado final del citado artículo, cuando prescribe que la ley preverá en cada caso la correspondiente transferencia de medios financieros, así como las formas de control que se reserve el Estado. Serían, por tanto, unas transferencias o delegaciones no solo inconstitucionales, sino inaplicables por carecer de la congrua dotación financiera.


Con la enmienda número 288 proponemos la supresión de la disposición adicional quinta, que trata de establecer alguna excepción a lo previsto en el artículo 79.2, que se refiere a juegos y apuestas en la Comunidad Autónoma de Andalucía. En coherencia con la enmienda que hemos presentado a todo el título II, relativo a las competencias, entendemos que no cabe

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condicionar la intervención de las comunidades autónomas a la aprobación o modificación de juegos y apuestas por ser competencia exclusiva del Estado.


En cuanto a las disposiciones transitorias, a la disposición transitoria primera, relativa al mecanismo establecido para el traspaso de competencias, hemos presentado la enmienda número 289. En esta enmienda consideramos saludable que los representantes de la Junta de Andalucía en la Comisión mixta de transferencias acudan periódicamente al Parlamento de Andalucía a dar cuenta de su gestión. Parece una norma elemental de calidad democrática. También nos parece razonable que la publicación de los decretos del Gobierno español sobre los acuerdos de la Comisión mixta de transferencias sea simultánea en el Boletín Oficial del Estado y en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía, adquiriendo vigencia a partir de esa doble publicación.


Con nuestra enmienda 290 proponemos una nueva disposición transitoria, que sería la tercera y de la que ya he hablado, que pretende alcanzar dos objetivos: uno, que se ponga plazo límite a la constitución de la comisión mixta que va a negociar la deuda histórica. Nosotros proponemos que ese plazo sea el de seis meses, y no el de 18, que fue el que pactaron ustedes anoche. De no hacerlo así, este tema de la deuda histórica podría demorarse ad calendas graecas. El segundo objetivo -ya lo hemos dicho antes también- es cuantitativo, en cuanto ha de referirse a las cantidades avaladas por el Parlamento de Andalucía, y también temporal, ya que establece que las cantidades acordadas han de ser abonadas en el primer ejercicio presupuestario, es decir, en el año 2009.


El señor PRESIDENTE: Tiene la palabra doña Concha Caballero.


La señora REPRESENTANTE DEL PARLAMENTO DE ANDALUCÍA (Caballero Cubillo): Como creo que es la última intervención que realizo en esta Comisión Constitucional, quisiera dar las gracias a los compañeros de la ponencia, a los compañeros de esta Comisión, al presidente y a los medios de comunicación, muy especialmente a los medios de comunicación andaluces que se desplazan junto con nosotros a cubrir estas sesiones tan importantes para la Comunidad Autónoma de Andalucía.


En estos momentos, tengo que recordar forzosamente las palabras que pronunció el señor Rajoy en el inicio de este proceso en el debate de totalidad el 23 de mayo de 2006, cuando dijo que estamos, una vez más, ante el empecinado empeño de alterar la estructura de la nación, con cambios que nadie reclama, que nadie sabe a qué responden, que a nadie les mejora la vida, pero que tienen la virtud taumatúrgica de complicarlo todo, de dividir a los ciudadanos, de abandonar los problemas reales y de llenar el futuro de incertidumbre. Es una frase grandilocuente, compleja y cargada de malos augurios para lo que ha sido después el trabajo de la ponencia y de la Comisión y que espero que a lo largo del día se vea corregida a través de los debates que finalizan. Igualmente planteaba que no hay exigencia ciudadana alguna respecto a la reforma y que el único interés del Estatuto andaluz es pretender disimular lo ocurrido en Cataluña, para atenuarlo, en fin, suponía una especie de coartada para el Estatuto catalán. Hemos demostrado en esta Comisión que hemos sido capaces de mejorar incluso el Estatuto que venía del Parlamento de Andalucía. Nuestra labor ha consistido en conseguir avances sociales en muchas materias, en recuperar competencias que estaban en peligro por alguna enmienda de recorte y en recuperar los términos sobre la financiación autonómica que había redactado el Parlamento de Andalucía.


Quiero referirme de forma especial al tema de la deuda histórica de Andalucía. Por cierto, respecto a la transaccional que se plantea hay un error, porque no es una transaccional al Grupo Popular, sino a Izquierda Unida. La llamada deuda histórica de la comunidad actualmente está en la disposición adicional segunda y simbólicamente la vamos a mantener como disposición adicional segunda para mantener viva esa reivindicación de la comunidad autónoma que ha cumplido recientemente veinticinco años, y veinticinco años de gravísimo incumplimiento. La deuda histórica para Andalucía es una reivindicación económica, pero también es una reivindicación política y simbólica del pueblo andaluz. Es una reivindicación económica, porque desde sus inicios se plantea como la necesidad de convergencia de Andalucía con el conjunto del Estado y la necesidad de dotarse de unos fondos adicionales para ir llegando a los mismos niveles básicos de funcionamiento, fundamentalmente, de los grandes servicios públicos. Por tanto, en su inicio era una reivindicación de carácter económico, pero posteriormente ha ido adquiriendo mayores tintes políticos en el sentido de que dar cumplimiento a esta reivindicación era también dar satisfacción a Andalucía y reconocer que había habido un crecimiento desigual en el conjunto del Estado. Finalmente, el pago de la deuda histórica, además de económico, se ha convertido en un factor simbólico importante, para determinar el peso de Andalucía en el conjunto del Estado y para conocer también la permeabilidad del Estado en cuanto a esta reivindicación.


Los sucesivos gobiernos que ha tenido este país no han sido sensibles ante esta reclamación andaluza. Lo decimos desde una fuerza modesta pero que ha mantenido una gran coherencia en torno a esta demanda. Fueron catorce años de Gobierno de Felipe González sin que se pagara a Andalucía la deuda histórica y se creara este mecanismo de nivelación que el Estatuto vigente contempla. Catorce años. Solamente seis meses antes de abandonar La Moncloa se firmó un acta de la comisión mixta haciendo constar un primer pago de la deuda, que efectivamente fue abonada por el Gobierno siguiente. A esta incongruencia del Partido Socialista de catorce años le siguió la incongruencia de un Partido Popular que durante ocho años de Gobierno se negó a pagar sistemáticamente

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un solo euro a la Comunidad Autónoma de Andalucía en este concepto. Es más, algunos de los miembros de esta Comisión Constitucional, ilustres miembros e incluso amigos, han desempeñado cargos ministeriales. El señor Arenas fue ministro de Administraciones Públicas- y podría haber sido valedor del pago de la deuda histórica para Andalucía. Sin embargo, durante ocho años no se abonó la deuda histórica para Andalucía. Que el Partido Popular diga hoy en esta Comisión que el plazo de la transaccional que Izquierda Unida ha acordado con el Partido Socialista es insuficiente carece de rigor y credibilidad histórica y, si me lo permiten, de técnica.


Tengo que recordar al señor Albendea, que no se lo habrá leído, que su enmienda lo que hace es quitar el plazo de pago, al que precisamente él ha hecho referencia. Por tanto, no es, como ha planteado el señor Albendea, la defensa de los seis meses y de un año, sino que, por el contrario, es quitar todo tipo de plazo, por considerar que no se le podían poner plazos al Estado en esta materia. (El señor Albendea Pabón: No es verdad.) Por otra parte, tampoco nos afecta la decepción del Partido Andalucista, porque, cuando todo decepciona el problema está más en uno mismo que en los demás. Es un partido que no ha conseguido votar ni un solo artículo de nuestro Estatuto de Autonomía en esta Comisión, ni siquiera los de la paridad de género o algunos otros parecidos que suscitan la unanimidad política de esta Comisión. Nosotros hemos conseguido, con el acuerdo que se presenta como enmienda transaccional, tener un plazo cierto y determinado para el pago de la deuda histórica.
Sin duda nos hubiera gustado que se pagara no en el plazo de un año sino en el plazo de una semana. Es más, nuestro grupo parlamentario, representado por Gaspar Llamazares, ha presentado enmiendas a los Presupuestos Generales del Estado para que el pago se haga con carácter inmediato y hemos conseguido, después de una dura negociación, un plazo cierto de tres años para el abono completo de la deuda histórica para la Comunidad Autónoma de Andalucía. Nos parece que es una buena noticia para esta comunidad.


Quiero llamar la atención de los diputados sobre una disposición que plantea que se podrán adelantar cantidades a cuenta de la liquidación final de la deuda histórica. ¿Qué conseguimos con esta disposición? Conseguimos la posibilidad de seguir reclamando desde el mismo día de la aprobación del Estatuto el pago de la deuda histórica en cada uno de los ejercicios presupuestarios. Quiero aclarar, por si a alguien se le pasa por la cabeza, que los tres años de plazo son el total del plazo. Es decir, no hay dieciocho meses para la cuantificación y tres años para el pago, sino que habrá tres años para liquidar el pago de la deuda histórica. Es un buen acuerdo. Sin duda nos hubiera gustado un pago bastante más inmediato, pero es una buena noticia para Andalucía, que nunca, nunca, hemos sostenido en ningún texto legal un reconocimiento cierto del tiempo en el que se va a abonar la deuda histórica. Hemos tenido declaraciones de prensa y hemos tenido mítines de determinados dirigentes diciendo cuándo se va a proceder a su pago, pero este es el primer texto jurídico, y mucho más dentro de un Estatuto de Autonomía, que establece cuándo se va a producir la liquidación completa y el pago de la deuda histórica. Estamos de enhorabuena en el día de hoy, es una buena noticia para los andaluces y para la fuerza política a la que representamos, que siempre hemos estado trabajando para que en coherencia se cumpliera la disposición adicional segunda del Estatuto vigente, que seguirá siendo disposición adicional segunda del próximo Estatuto.


Doy por defendidas el resto de las enmiendas, porque no tienen mayor entidad. La fundamental era la que hacía referencia a la deuda histórica de Andalucía.


El señor PRESIDENTE: Como acaba de decir la señora Caballero, se han vuelto a distribuir las enmiendas transaccionales a la disposición adicional segunda, apartados 3 y 4, y a la disposición final primera del Grupo Socialista, porque había un error en la titulación de las enmiendas, que no en el texto. Son exactamente los mismos textos, pero no eran unas enmiendas transaccionales a otras enmiendas del Grupo Parlamentario Popular, sino del Grupo Parlamentario de Izquierda Unida.


El señor ALBENDEA PABÓN: Señor presidente, le pido la palabra por una cuestión de contradicción evidente con la señora Caballero, que me dice que nuestra enmienda no dice lo que dice.


El señor PRESIDENTE: Llevamos toda la mañana de contradicciones, señor Albendea.


El señor ALBENDEA PABÓN: Pero es que lo dice claramente la disposición transitoria tercera, que creo que debe leérsela antes de contradecir.


El señor PRESIDENTE: Lo sabemos, señor Albendea. Le agradezco mucho la información.


El señor Rodríguez Domínguez tiene la palabra.


El señor REPRESENTANTE DEL PARLAMENTO DE ANDALUCÍA (Rodríguez Domínguez): Con la venia, señor presidente.


Señorías, paso a fijar los criterios y el posicionamiento del Grupo Popular con respecto a las disposiciones adicionales segunda y tercera.
Quiero referirme en primer lugar a la disposición adicional segunda, a la deuda histórica. Nuestro actual Estatuto de Andalucía ya contemplaba dicha deuda histórica y veinticinco años después sigue sin resolverse. Se ha dicho ya, se dijo en la sesión anterior y se ha dicho a lo largo de la mañana. Si hasta ahora ha habido un solo Gobierno que ha tenido compromiso y sensibilidad política con Andalucía ha sido el Gobierno del Partido Popular, el Gobierno del

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señor Aznar. Señora Caballero, eso no es una incongruencia; eso es el pago de 20.000 millones de pesetas. Digo yo y dicen muchos, aunque no lo ha dicho usted, que en esos 20.000 millones de pesetas algo tendría que ver el señor Arenas, que se sentaba en aquellos momentos en el Consejo de Ministros. Hago mío -yo también soy de pueblo y lo llevo a legítimo orgullo- un refrán que utilizaba su compañero el señor Romero en la sesión anterior, que dice: mucho te quiero, perrito, pero pan, poquito.
Al menos los panes del Partido Popular, hablando en pesetas, fueron 20.000 millones. Se podría decir, en términos baloncestísticos abultados: Aznar, 20.000 millones, González, cero y Zapatero más de lo mismo. Eso es una realidad objetiva, señoría.


La posición del Partido Popular ha sido siempre mantener su vigencia como un derecho de Andalucía, pero además hemos creído conveniente que, junto a este derecho, se garantizara un calendario concreto para su pago y se partiera al menos para el criterio y alcance de dichas asignaciones de las cuantías ya avaladas en el Parlamento de Andalucía.


Efectivamente, lo iba a decir el señor Albendea pero por razones logísticas de la sesión no lo ha podido decir. Sin embargo, se lo voy a decir yo, señora Caballero, a tenor del Boletín Oficial de las Cortes Generales, Congreso de los Diputados, del 13 de septiembre de 2006, número 246-5, Congreso de los Diputados, en cuanto a la enmienda presentada por el Grupo Parlamentario Popular a la disposición transitoria tercera, dice: Los criterios y alcances de dichas asignaciones deberán garantizar al menos las cuantías ya avaladas por el Parlamento de Andalucía, cuantías que comenzarán a ser abonadas en el primer ejercicio presupuestario. (La señora Caballero Cubillo: Comenzarán.) Sosiéguese, señoría. Si la luz y taquígrafos al final están para algo. Ahí queda.


Señorías, el Partido Socialista modificó con sus enmiendas lo aprobado por el Parlamento de Andalucía. Una señoría notable del Partido Socialista en Andalucía llegó a tachar de brindis al sol los plazos contemplados en la disposición adicional, que quiero recordar que habían sido fijados en un año. Señorías, siguiendo con los términos taurinos, más que brindis al sol, si no se enmienda de nuevo, lo que el Grupo Parlamentario de Izquierda Unida y el Grupo Parlamentario Socialista pretenden con el tema de la deuda histórica más bien es una faena de aliño con estocada baja y desprendida. (El señor Albendea Pabón: ¡Muy bien!)

Las enmiendas presentadas por el Grupo Socialista en el Congreso de los Diputados supusieron un clamoroso paso atrás, ya que lo que en un principio debería quedar saldado en un año pasaba ahora a siete años.
Ahora, ustedes lo han enmendado sobre las enmiendas de la otra enmienda.
En el día de ayer se produjo un hecho insólito; en una negociación en la que no se pretende el consenso de todos, se cogen de nuevo de la mano el Partido Socialista e Izquierda Unida para acordar una nueva redacción del artículo. Ese es el espíritu de los dos tercios al que yo me refería anteriormente, señora Moro, cuando hablaba del título décimo y no a una chusca disquisición técnico-jurídica en una alusión personal, en la que yo no voy a entrar porque entiendo que forma parte del gracejo habitual que a usted siempre la caracteriza. Ese era el espíritu de los dos tercios; espíritu de los dos tercios que en el día de ayer, como viene siendo habitual y por la puerta de atrás, no llevó a cabo el Partido Socialista con el apéndice de Izquierda Unida. Ese acuerdo, señorías, parece más bien una provocación al desacuerdo. Podríamos calificarlo de una gran torpeza y de un error estratégico en los momentos finales de la negociación. Señorías, lo acordado resulta insuficiente para Andalucía.
Se vende como un triunfo rebajar a tres años el plazo para liquidar la deuda histórica cuando en realidad lo que se ha acordado es retrasar en dos años lo acordado por el Parlamento andaluz. Desde aquí les anuncio que el Grupo Popular considera insuficiente -y subrayo lo de insuficiente- lo acordado bilateralmente entre solo dos grupos políticos de los cuatro representados en la Cámara andaluza. Veinticinco años no han sido suficientes para conseguir su pago, mientras vemos que otras comunidades en tan solo dos tardes resuelven deudas de nuevo cuño.


Señorías, para terminar con respecto a esta disposición adicional segunda, ahondando en lo dicho anteriormente y suscribiendo las enmiendas que ha presentado hasta ahora el Partido Popular, permítanme que, frente a grandes citas de las que siempre se aprende en estos días anteriores de Comisión, uno siga acudiendo al viejo y sabio refranero español y que en este caso acuda a aquel que dice: Amigo y más amigo y el más amigo la pega y no hay mejor amigo que unos duros en la faltriquera. En las faltriqueras andaluzas faltan de momento, a pesar del Gobierno amigo, entre comillas, 1.148 millones de euros. Eso también está cuantificado y es una realidad objetiva aprobada y refrendada por el propio Parlamento de Andalucía.


Con respecto a la disposición adicional tercera el texto aprobado por el Parlamento de Andalucía fijaba que el gasto de inversión del Estado con destino a nuestra comunidad debería garantizar de forma efectiva el equilibrio económico territorial y que la garantía de dicho equilibrio suponía que la inversión destinada a Andalucía fuera equivalente al peso de la población. En esta ocasión las enmiendas presentadas por el Grupo Socialista vuelven a suponer un recorte para Andalucía, ya que la misma limita a siete años estas inversiones. La posición del Grupo Popular a este respecto ha sido defender que la soberanía reside en las Cortes Generales. Por ello, en nuestra enmienda mandatamos a los poderes públicos para que en todos los ámbitos donde estén representados velen y garanticen un trato equitativo para Andalucía. Para ello hemos considerado que la inversión imprescindible por parte del Estado para compensar el incremento de la población y el todavía existente déficit de infraestructuras sea de 4.500 millones de euros, que se incrementarán a la inversión base de cada año.


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Por último, para terminar y para que la señora Moro se quede tranquila, aunque está retirada yo sí voy a referirme a la disposición adicional cuarta aunque sea unos breves segundos, para alegrarnos precisamente de esa retirada de las enmiendas del Grupo Socialista. Quisiera decir, cómo no, que el Grupo Popular, desde el Parlamento de Andalucía, venía advirtiendo de la inconstitucionalidad de esta disposición y así lo reiteramos en nuestras enmiendas en el Congreso. Señorías, un Estatuto de Autonomía no puede convertirse nunca en una ley de transferencias y por ello felicitamos su supresión.


Muchas gracias, señor presidente, por su benevolencia en los 59 segundos que me he excedido.


El señor PRESIDENTE: ¿Debo interpretar, señor Rodríguez, que la enmienda 287 a la disposición adicional cuarta queda retirada? (El señor Rodríguez Domínguez hace gestos negativos.) No debo interpretarlo así.


A continuación tiene la palabra don Luis Pizarro.


El señor REPRESENTANTE DEL PARLAMENTO DE ANDALUCÍA (Pizarro Medina): Señorías, es para mí una enorme satisfacción, ya lo han expresado todas las parlamentarias y parlamentarios que han tenido la oportunidad de intervenir en esta Comisión en el Congreso de los Diputados, intervenir en esta cuestión, en el tema relacionado con las disposiciones adicionales. A lo largo de la ponencia y de las propias intervenciones en esta Comisión nos hemos podido dar cuenta de que efectivamente estamos ante un debate de una gran trascendencia política para nuestra comunidad autónoma; en un debate que no es baladí para los partidos políticos con representación parlamentaria en Andalucía; en un debate que no es menor, sino todo lo contrario, en un debate sobre la disposición adicional segunda, deuda histórica, como nosotros en nuestra comunidad autónoma la denominamos, que tiene un profundo calado simbólico y una enorme trascendencia política.


Un ejemplo de lo que estoy diciendo es que llevamos en Andalucía aproximadamente dos años y medio de legislatura, desde marzo 2004 hasta la fecha, y en este periodo de tiempo de legislatura, en esos dos años, en el Parlamento de Andalucía ha habido veintiocho debates específicos, sin remontarme a recordar los cientos de debates que se han producido en el Parlamento de Andalucía desde que se aprobó el Estatuto de Autonomía relacionados con esta materia, con la disposición adicional segunda. Sin embargo, para que veamos la importancia que tiene solamente en estos dos años de legislatura ya ha habido veintiocho debates específicos en el Parlamento de Andalucía, en relación con iniciativas planteadas por las distintas fuerzas políticas con representación parlamentaria. Además de todas aquellas resoluciones, en cada uno de los debates generales -debates de investidura, debates del estado de la comunidad, debates sobre los Presupuestos Generales del Estado, debates sobre los presupuestos de la Comunidad Autónoma de Andalucía, debates de financiación- hay un número importante de resoluciones presentadas por los partidos políticos con representación parlamentaria. También los diputados de Andalucía, en el Congreso de los Diputados, han traído a lo largo de la historia el debate de la disposición adicional segunda más pasada y más presente y han tomado iniciativas. De hecho, el presidente del grupo parlamentario de Andalucía, don Javier Arenas, ayer anunciaba que el Partido Popular -lo digo para que veamos la trascendencia, la importancia y la relevancia que tiene este tema- iba a presentar una enmienda a los Presupuestos Generales del Estado para que se aprobara la cantidad de 120 millones de euros a cuenta de la disposición adicional segunda del Estatuto de Autonomía de Andalucía.


Quizás una de las dificultades que tenemos desde Andalucía, y nosotros lo hemos reconocido, es que en Madrid -lo ha dicho alguna parlamentaria en su intervención- se entienda de qué estamos hablando. Allí decimos desde Santa Elena para arriba. La disposición adicional segunda, la deuda histórica, no se entiende como la entendemos los andaluces. Seguramente será verdad porque no hemos sabido explicarlo, por las diferencias que hemos tenido a lo largo de toda la historia del debate de la disposición adicional segunda las fuerzas políticas para ponernos de acuerdo en qué estábamos solicitando o reivindicando al Estado o al Gobierno central. Es verdad que, en ocasiones, la deuda histórica se ha utilizado usando unos y otros parámetros económicos; unas veces se ha utilizado la deuda histórica para reivindicar inversiones al Estado, para reivindicar los atrasos históricos que mi tierra tuvo en relación con el trato que el Estado central le daba, y otras veces se ha utilizado para plantear reivindicaciones desde Andalucía. Quizás también -lo voy a reconocer públicamente, lo he hecho en más de una ocasión cuando he tenido oportunidad de hablar sobre este tema en el Parlamento de Andalucía- haya una responsabilidad de los dos partidos políticos mayoritarios que hemos tenido responsabilidad de Gobierno en Madrid, durante los ocho años de Gobierno del Partido Popular y durante la etapa de Felipe González, del PSOE, porque es verdad que a veces hemos mantenido posiciones contradictorias. Gracias precisamente al debate de la reforma del Estatuto de Autonomía de Andalucía, estamos comenzando a acercar posiciones -dos años de debate que culmina hoy con este debate en la Comisión Constitucional- las distintas fuerzas políticas con relación al asunto de la deuda histórica. Ya estamos reconociendo en nuestras propias intervenciones que la disposición adicional segunda habla de nivelación de servicios mínimos, de cantidades que el Estado, que el Gobierno central tenía que transferir a la Comunidad Autónoma de Andalucía para poder tener efectivamente recursos suficientes y cumplir las prestaciones en los servicios mínimos para las políticas en educación, en servicios sociales y en

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salud. Estamos hablando y nos estamos poniendo de acuerdo en que hay una cantidad pendiente todavía de liquidar de la deuda histórica, de esas transferencias mal dotadas en su momento, de esas transferencias infravaloradas en los servicios de educación, en los servicios de sanidad y en los servicios sociales. Nos estamos acercando a esa posición y sinceramente creo que estamos en el momento en que la reforma del Estatuto de Autonomía de Andalucía está poniendo las bases, en nuestras discusiones, en nuestras enmiendas, en los acuerdos producidos en el Parlamento y en las transaccionales que estamos presentando hoy para una solución final de la disposición adicional segunda del Estatuto de Autonomía de Andalucía.


Venimos con muy buen talante desde Andalucía el Grupo Socialista para intentar buscar ese gran acuerdo total con el Grupo Popular en el Congreso de los Diputados. No pudimos alcanzarlo en Andalucía por razones que no vienen al caso que yo tenga que explicar aquí, pero venimos con ese buen talante. Tengo que decir que si hay algún partido que no tiene una gran credibilidad -no voy a decir poca o ninguna credibilidad- para sacar pecho en relación con la discusión que estamos manteniendo sobre la disposición adicional segunda es precisamente el Partido Popular. Es verdad que el Partido Popular -lo ha dicho el señor Albendea- pagó los 20.000 millones de pesetas a cuenta de un acuerdo de la comisión mixta Estado-Junta de Andalucía en febrero del año 1996. Lo pagó el señor Aznar, porque estaba obligado a pagarlo, en enero del año 1997. Es verdad, tenemos que reconocerlo y lo hacemos públicamente, pero también es verdad -y no me gustaría torcer la realidad- que el señor Aznar podía haber cumplido el acuerdo de la comisión mixta de transferencias entre el Estado central y la Junta de Andalucía que se refería a la cantidad a cuenta de los 20.000 millones de pesetas y que estaba mandatada para cuantificar definitivamente la cantidad que el Estado central debía a Andalucía en relación con la disposición adicional segunda, y si eso hubiera ocurrido -señor presidente, termino- posiblemente hoy no estaríamos en este escenario. En esos ocho años de Gobierno el Partido Popular podía haber hecho un esfuerzo, podía haber hecho el mismo esfuerzo de intentar convencernos de sus bondades en esta materia, para haber resuelto definitivamente este problema. Pero vamos a ser nosotros, junto con Izquierda Unida, que no ha tenido vértigo ni les han temblado las piernas para llegar a un acuerdo con el Partido Socialista en esta cuestión; hemos buscado una fórmula con la que, con absoluta seguridad y con toda sinceridad, estamos buscando la respuesta definitiva para resolver el tema de la disposición adicional segunda en los términos en que se ha planteado la transaccional.


Señorías, tenemos la razón jurídica y política desde Andalucía. Lo hemos dicho en todos aquellos foros a nivel interno del partido y lo hemos defendido también públicamente. Quizás se nos pueda acusar de que tardamos demasiado tiempo en resolverlo. También había otras prioridades en Andalucía, pero llegó el año 1996 y dimos un gran paso, en el sentido de llegar a acuerdos con el Gobierno de Felipe González para empezar a desbloquear, a resolver, esa situación; se dio la cantidad a cuenta de 20.000 millones de pesetas y se constituyó la comisión mixta para cuantificar la cantidad. Hoy aquí espero contar con el apoyo mayoritario de los grupos con representación parlamentaria. Hoy, los ciudadanos andaluces nos están demandando un gesto de todas las fuerzas políticas de Andalucía para apoyar esta transaccional, porque esto significa buscar el camino, buscar la vía, para la solución definitiva de la disposición adicional segunda. (Aplausos.)

El señor PRESIDENTE: Tiene la palabra don Alfonso Perales.


El señor PERALES PIZARRO: Señor presidente, señorías, quería comunicar, en primer lugar, siguiendo las directrices del presidente en sesiones anteriores, que el Grupo Parlamentario Socialista ofrece una enmienda transaccional al voto particular a la disposición adicional segunda del Grupo Parlamentario de Izquierda Unida, que tienen SS.SS., en el sentido de modificar el párrafo tercero de lo aprobado en la ponencia para incluir que la aplicación de los acuerdos referidos a la disposición adicional segunda se realizará en el plazo de tres años a partir de la entrada en vigor del presente Estatuto y un cuarto apartado que dice: en el procedimiento establecido en el apartado anterior, la Administración General del Estado podrá otorgar anticipos a cuenta. También ofrecemos una enmienda in voce a la disposición final primera del Grupo de Izquierda Unida, en cuyo apartado segundo introducimos un párrafo que establece que el plazo de cinco años que esta disposición final establece para todos los apartados financieros previstos en el Estatuto, en el caso de que en alguna decisión fuera posible buscar un plazo excepcional, como acabamos de ver en la disposición adicional segunda, pudiera también quedar reflejado. Estas son las dos enmiendas transaccionales que el Grupo Parlamentario Socialista presenta para las que esperamos contar con la mayoría y, si fuera posible, con la unanimidad de apoyo de todos los grupos presentes de la Comisión Constitucional y de la Delegación del Parlamento andaluz.


Por lo demás, quiero decir que se ha hecho un buen trabajo en este apartado y en el título anterior. Las contradicciones y paradojas del trabajo parlamentario van a hacer que muy probablemente aprobemos dentro de un cuarto de hora o menos el resto del Estatuto y nos quede solo pendiente el preámbulo y el artículo 1. De forma que tendríamos aprobado el cien por cien de las disposiciones del Estatuto por una amplia mayoría en la mayor parte de los contenidos y esta tarde estaríamos solo a expensas del acuerdo en una materia del Estatuto, el preámbulo, al que no le resto valor, pero no lo tiene jurídicamente, sino políticamente, y del artículo 1, sobre el que habrá acuerdo sin ningún problema. Por tanto,

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estamos abocados al acuerdo y es muy importante que sepamos que, con lo que aprobemos ahora, hemos aprobado el cien por cien de los contenidos jurídicos de la propuesta de reforma del Estatuto que llegó al Congreso de los Diputados y que creo que de manera eficaz la Comisión Constitucional, con la Delegación parlamentaria y la ponencia, ha hecho su trabajo que es el de acomodarlo al interés general, redactar, corregir, mejorar y modificar alguno de los aspectos. Por tanto, señorías, sin restar ningún valor a lo que vamos a aprobar, que lo tiene y mucho, tengo que decir que la envergadura del capítulo en derecho, en competencias materiales, en lo que hemos aprobado en financiación es sustancialmente muy superior a lo que vamos a aprobar ahora por importante que es, y muy superior al propio preámbulo y a algunas decisiones que nos restan. Creo que esto es necesario que lo diga, porque es verdad, porque son capítulos que forman el núcleo central de cualquier reforma estatutaria y afortunadamente la ponencia y la Comisión han conseguido niveles muy altos de acuerdo en esos apartados que son los sustanciales. Cualquier otra cosa exigirá de estos miembros de la Comisión ejercicios muy notables de pedagogía política y de explicación política porque el Estatuto queda, sin restar valor a lo que resta, muy aprobado y consolidado en las partes más importantes.


Señor presidente, por lo que se refiere a las disposiciones adicionales, no cabe ninguna duda que la disposición adicional más importante de todas las que vamos a aprobar, si es que finalmente se aprueba, es la disposición adicional tercera que dice que el Gobierno de España se compromete a invertir en Andalucía en los próximos siete años una cantidad de recursos que tiene como referencia la población andaluza. Por tanto, a quienes les gusta analizar los estatutos en un ejercicio de competencia, si este es mejor que el valenciano, mejor que el catalán o será mejor que el balear o el aragonés, para quienes tienen esa dedicación de comparar estatutos, que es muy respetable, para quienes lo miden en forma de competencia, podemos decir con claridad y nadie puede desmentirlo que la disposición adicional tercera, si se aprueba hoy en la Comisión, garantiza para Andalucía la inversión del Estado en el criterio que más conviene a Andalucía y a los andaluces. Se podía haber buscado otro. Hay comunidades autónomas que están estudiando otras fórmulas, pero no hay ningún criterio que beneficie más a Andalucía en este momento que el de población. Es muy probable que dentro de ocho años a Andalucía le convenga, si es que hay posibilidad de rectificar, el criterio del producto interior bruto, porque Andalucía crece como una de las comunidades que más lo hacen en el resto del territorio español, pero en este momento este criterio es el que más conviene. Por tanto, los aficionados de la competencia y de la competición pueden descansar porque no habrá ningún criterio para el que puedan afirmar con credibilidad que esta adicional queda por debajo de ninguna otra que haya sido aprobada.
Por tanto, por parte del Grupo Socialista hay mucha satisfacción y acuerdo. Es muy importante que no se mantenga la estrategia, un poco absurda, de jugar a la moneda: si la moneda se tira hacia arriba, sale cara, yo gano y, si la tiro arriba y sale cruz también. No es posible, como ha hecho alguna de S.S., sin ningún ánimo de polémica porque no creo que el tono lo permita, decir que la disposición adicional tercera, que compromete seriamente al Estado con Andalucía, es una decisión crítica y que mientras, el presidente del grupo parlamentario del mismo portavoz que acaba de intervenir hace un rato, en el debate de los Presupuestos Generales del Estado, pusiera el grito en el cielo diciendo que no será posible dirigir un país si cada comunidad autónoma -en este caso Cataluña o Andalucía- incorporan criterios. Por tanto, creo que el juego de la moneda no tiene cabida en este ambiente parlamentario de seriedad y respeto que se ha mantenido en los trabajos parlamentarios, tanto en ponencia, como en la Comisión. Ese juego es más propio de otros ámbitos que de este porque no tiene credibilidad ninguna. No se puede criticar que se establezcan solo siete años para restar valor a la decisión, cuando SS.SS. saben que siete años es el marco de envolvente financiera que se establece en la Unión Europea, por el que Andalucía tiene derecho a los importantes y voluminosos fondos de la Unión Europea que va a recibir en los próximos siete años, y es el criterio, para los amantes de la competencia y de la competición, que se ha utilizado también en Cataluña como todo el mundo tiene presente. Por tanto, señorías, aprobamos una disposición adicional tercera que es muy importante para Andalucía y también porque el Gobierno de España y el Estado, en la versión del Gobierno de España, se compromete a garantizar una inversión en Andalucía cuyo marco de referencia es el que más le conviene a Andalucía en este momento, el de la población.


En segundo lugar, señorías, se aprueba una disposición adicional segunda, denominada de deuda histórica, que creo que viene a actualizar y a comprometer al Gobierno en lo siguiente. Se actualiza una decisión del año 1981. No era posible, nadie puede sostener aquí ni fuera de aquí que en el año 2006 Andalucía no puede pagar los servicios mínimos de sanidad, de educación o los servicios sociales esenciales; afortunadamente nadie lo puede sostener aquí ni fuera de aquí. Por tanto, había que actualizar la redacción para que quedara claro que en el año 1981 Andalucía sí necesitaba financiación adicional, que entonces la necesitaba para corregir la diferencia con otras comunidades, pero que afortunadamente hoy necesitará otras cosas, como lo contenido en la adicional tercera, pero no ese criterio que el tiempo ha liquidado. Lo que se reconoce es que hay una disposición legal, aprobada en 1981, que no se ha satisfecho en su totalidad. Por tanto, se actualiza, se reconoce y se compromete a la Administración del Estado y a las Cortes Generales para que insten a la Comisión Mixta, integrada por la Junta de Andalucía y por el Gobierno de España, a que en el plazo de dieciocho meses ambas delegaciones busquen el método, busquen la técnica,

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busquen los criterios y acuerden las cantidades que supone ese compromiso que se acordó en el año 1981 y que no ha sido satisfecho en su totalidad.
Por tanto, las Cortes Generales emplazan a la Comisión Mixta Junta de Andalucía-Gobierno a que en ese plazo que se ha acordado, si se aprueba la transaccional que hemos presentado, trabajen con dedicación, con eficacia y con energía para lograr en ese plazo, y si es posible mucho antes, el método, los criterios y las cantidades para que eso pueda quedar satisfecho.


También es sorprendente escuchar a algunos grupos que es insuficiente.
Naturalmente esto es flexible. A nosotros nos parece que es un esfuerzo muy importante por parte del Grupo Parlamentario Socialista, que respalda el Gobierno de España, pero comprendemos que a alguno le parezca que es insuficiente. Queremos decir que el Gobierno de España, las Cortes Generales, a propuesta del Grupo Parlamentario Socialista, lo que hace es comprometer, actualizar y exigir a la Comisión Mixta que resuelva ese problema. Creo que ningún grupo se va a deslizar por la senda de la demagogia, cifrando las esperanzas de desarrollo de Andalucía y de su futuro en una disposición adicional que lo que tiene que hacer es reparar una injusticia que no ha sido reparada en muchos años; todos los grupos parlamentarios que están aquí saben que el desarrollo económico de Andalucía depende más del esfuerzo de los andaluces, del sistema de financiación que hemos aprobado en el título correspondiente y de la disposición adicional tercera que de ese acuerdo, que hay que cumplir y que se cumplirá, que viene que satisfacer una exigencia histórica, pero que, una vez satisfecha, afortunadamente pasará a la historia de los compromisos de la Administración General del Estado con Andalucía, pero no puede ser una baza fundamental para el desarrollo económico, social y de todo tipo de Andalucía.


Tenemos que decir que hemos llegado a este acuerdo con el Grupo Parlamentario de Izquierda Unida, que se ha hecho como se debe: llegando a un acuerdo político importante. Estaríamos encantados de que el resto de los grupos, el Grupo Parlamentario Popular, el Grupo Andalucista y otros, se sumaran a ese acuerdo para que esta disposición, que creo que pone un punto final definitivo al debate sobre la disposición adicional segunda, llamada deuda histórica, se aprobara por unanimidad, lo que sería muy importante.


Por último, señor presidente, hemos incluido unas disposiciones finales, que reconozco que han sido tomadas de otros textos estatutarios, que vienen a plantar que los preceptos financieros que se integren en el Estatuto de Autonomía que finalmente se apruebe en el Pleno del Congreso y en el del Senado tienen un marco, un calendario y unos compromisos, lo que llama el despliegue del Estatuto en todos los apartados financieros y económicos. Se establece un calendario, tanto en el apartado primero como en el segundo de la disposición, que viene a dar mayor seguridad jurídica y mayor garantía para que los compromisos que se aprueben en el Estatuto no queden solo en literatura jurídica, sino que sean compromisos reales para cumplir el objetivo del Estatuto, que es ser un elemento de utilidad y convertirse en un elemento que haga más agradable y mejor la vida de los ciudadanos a los que se dirige, que no son otros que los ciudadanos andaluces y españoles en su conjunto.


El señor PRESIDENTE: Con esto hemos terminado el debate de los título IX y X y de las disposiciones. Habíamos establecido que en función de la hora a la que terminásemos podríamos entrar o no en el capítulo final, que sería el preámbulo y el artículo 1. Como ven ustedes, la capacidad oratoria de las señoras y señores comisionados es amplia y larga y no vamos a entrar en el último turno de preámbulo y artículo 1.


Por tanto, vamos a proceder a las votaciones de las enmiendas y de los textos a que hacen referencia los títulos y disposiciones debatidos en este momento. Prepárense para las votaciones, que son complicadas, como siempre.


Señor Llamazares.


El señor LLAMAZARES TRIGO: Señor presidente, quería retirar el voto particular de nuestro grupo parlamentario a la adicional segunda.


El señor PRESIDENTE: Retirado. Gracias.


El señor LLAMAZARES TRIGO: También quería pedir votación separada de los artículos 236 y 244.


El señor PRESIDENTE: De acuerdo.


He recibido algunas peticiones de votación separada del Grupo Parlamentario Popular que iré diciendo en cada momento.


Comenzamos con la votación de las transaccionales presentadas por el Grupo Socialista. Hay una enmienda transaccional, que ha sido defendida por el señor Jáuregui, al artículo 220. Votamos esa enmienda transaccional.


Votación de la Comisión Constitucional.


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 34; abstenciones, tres.


El señor PRESIDENTE: Votamos de la Delegación del Parlamento de Andalucía.


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 37; en contra, dos.


El señor PRESIDENTE: El señor Jáuregui explicó también una enmienda transaccional, queriendo precisar que el nombre del capítulo IV del título IX sea acción exterior.


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Votación de la Comisión Constitucional.


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 34; abstenciones, tres.


El señor PRESIDENTE: Votación de la delegación del Parlamento de Andalucía.


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 39.


El señor PRESIDENTE: Queda aprobada.


Pasamos ahora a votar las tres enmiendas y los tres votos particulares del Grupo Parlamentario Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya Verds.


Votación de la Comisión Constitucional.


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, dos; en contra, 33; abstenciones, dos.


El señor PRESIDENTE: Votación de la Delegación del Parlamento de Andalucía.


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, dos; en contra, 35; abstenciones, dos.


El señor PRESIDENTE: Quedan rechazados.


Votamos ahora las seis enmiendas del Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV).


Votación de la Comisión Constitucional.


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, dos; en contra, 33; abstenciones, dos.


El señor PRESIDENTE: Votación de la Delegación del Parlamento de Andalucía.


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, dos; en contra, 35; abstenciones, dos.


El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.


Votamos la enmienda 281 del Grupo Parlamentario Popular.


Votación de la Comisión Constitucional.


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 15; en contra, 22.


El señor PRESIDENTE: Votación de la Delegación del Parlamento de Andalucía.


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 13; en contra, 26.


El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.


Votamos el dictamen de los artículos del título IX que van del 215 al 243.
Ha sido solicitado por parte del Grupo Parlamentario Popular que se vote separadamente el 227 y por el señor Llamazares la votación separada del 236.


Votamos ahora el texto del dictamen del artículo 227.


Votación de la Comisión Constitucional.


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 21; en contra, 15; abstención, una.


El señor PRESIDENTE: Votación de la Delegación del Parlamento de Andalucía.


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 24; en contra, 13; abstenciones, dos.


El señor PRESIDENTE: Queda aprobado.


Votamos ahora el texto del dictamen del artículo 236.


Votación de la Comisión Constitucional.


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 35; abstenciones, dos.


El señor PRESIDENTE: Votación de la Delegación del Parlamento de Andalucía.


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 35; abstenciones, cuatro.


El señor PRESIDENTE: Queda aprobado.


Pasamos a votar el resto del dictamen de los artículos que van del 215 al 243, excluidos los dos votados.


Votación de la Comisión Constitucional.


Efectuada la votación, dijo.


El señor PRESIDENTE: Queda aprobado por unanimidad.


Votación de la Delegación del Parlamento de Andalucía.


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 37; en contra, dos.


El señor PRESIDENTE: Queda aprobado.


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Pasamos a votar el título X.


En primer lugar, las dos enmiendas del Grupo de Izquierda Unida más el voto particular que tiene al artículo 244.1 b).


Votación de la Comisión Constitucional.


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, dos; en contra, 33; abstenciones, dos.


El señor PRESIDENTE: Votación de la Delegación del Parlamento de Andalucía.


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, dos; en contra, 35; abstenciones, dos.


El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.


Votamos ahora las tres enmiendas del Grupo Parlamentario Popular.


Votación de la Comisión Constitucional.


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 15; en contra, 22.


El señor PRESIDENTE: Votación de la Delegación del Parlamento de Andalucía.


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 13; en contra, 26.


El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.


Votamos ahora el dictamen de los artículos que van del 244 al 246 pero ha sido solicitada la votación del 244 por separado.


Votación del artículo 244.


Votación de la Comisión Constitucional.


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 33; abstenciones, cuatro.


El señor PRESIDENTE: Votación de la Delegación del Parlamento de Andalucía.


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 35; en contra, dos; abstenciones, dos.


El señor PRESIDENTE: Queda aprobado.


Votamos ahora los artículos 245 y 246.


Votación de la Comisión Constitucional.


Efectuada la votación, dijo.


El señor PRESIDENTE: Quedan aprobados por unanimidad.


Votación de la Delegación del Parlamento de Andalucía.


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 37; abstenciones, dos.


El señor PRESIDENTE: Quedan aprobados.


Con esto hemos terminado la votación del título X.


Pasamos ahora a las disposiciones adicionales. En primer lugar, hay una transaccional presentada por el Grupo Socialista a la enmienda de Izquierda Unida a la disposición adicional segunda, apartados 3 y 4.


Votación de la Comisión Constitucional.


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 20; en contra, 15; abstenciones, dos.


El señor PRESIDENTE: Votación de la Delegación del Parlamento de Andalucía.


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 24; en contra, 15.


El señor PRESIDENTE: Queda aprobada.


El voto particular de Izquierda Unida ha sido retirado y votamos ahora las cuatro enmiendas del Grupo Parlamentario de Izquierda Unida. Votación de la Comisión Constitucional.


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, dos; en contra, 33; abstenciones, dos.


El señor PRESIDENTE: Votación de la Delegación del Parlamento de Andalucía.


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, dos; en contra, 35; abstenciones, dos.


El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.


Votamos ahora las siete enmiendas del Grupo Parlamentario Vasco. Votación de la Comisión Constitucional.


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, dos; en contra, 33; abstenciones, dos.


El señor PRESIDENTE: Votación de la Delegación del Parlamento de Andalucía.


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, dos; en contra, 35; abstenciones, dos.


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El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.


Pasamos a votar las tres enmiendas del Grupo Parlamentario Popular dado que la número 287, como había preguntado con anterioridad, queda retirada porque no existe la disposición adicional cuarta. Votamos, por tanto, las tres enmiendas del Grupo Parlamentario Popular. Votación de la Comisión Constitucional.


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 15; en contra, 22.


El señor PRESIDENTE: Votación de la Delegación del Parlamento de Andalucía.


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 13; en contra, 26.


El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.


Pasamos a votar las disposiciones transitorias. Enmienda número 40 de Izquierda Unida. Votación de la Comisión Constitucional.


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, dos; en contra, 33; abstenciones, dos.


El señor PRESIDENTE: Votación de la Delegación del Parlamento de Andalucía.


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, dos; en contra, 35; abstenciones, dos.


El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.


Hay una transaccional que veremos con las disposiciones finales.


El señor JÁUREGUI ATONDO: Presidente, me ha quedado otra duda y es si hemos votado el dictamen de las disposiciones adicionales.


El señor PRESIDENTE: No, no lo hemos votado.


La señora REPRESENTANTE DEL PARLAMENTO DE ANDALUCÍA (González Modino): Presidente, falta también la votación del voto particular del Grupo Andalucista.


El señor PRESIDENTE: Tiene razón S.S., a la disposición adicional segunda.


El señor JÁUREGUI ATONDO: Y luego el dictamen.


El señor PRESIDENTE: Tienen razón. Seguimos con las transitorias y luego votaremos el dictamen de las disposiciones adicionales y el voto particular andalucista.


Votamos la enmienda 160 del Grupo Parlamentario Vasco. Votación de la Comisión Constitucional.


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, dos; en contra, 33; abstenciones, dos.


El señor PRESIDENTE: Votación de la Delegación del Parlamento de Andalucía.


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, dos; en contra, 35; abstenciones, dos.


El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.


Votamos las enmiendas números 289 y 290 del Grupo Parlamentario Popular.
Votación de la Comisión Constitucional.


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 15; en contra, 22.


El señor PRESIDENTE: Votación de la Delegación del Parlamento de Andalucía.


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 13; en contra, 26.


El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.


Hay una enmienda transaccional a la disposición final primera, derivada de la disposición transitoria, que ha sido presentada por el Grupo Socialista. Votación de la Comisión Constitucional.


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 20; abstenciones, 17.


El señor PRESIDENTE: Votación de la Delegación del Parlamento de Andalucía.


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 24; abstenciones, 15.


El señor PRESIDENTE: Queda aprobada.


Antes de votar el dictamen de todas las disposiciones, adicionales, transitorias y finales, vamos a votar el voto particular del Partido Andalucista a la disposición adicional segunda. Votación de la Comisión Constitucional.


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, dos; en contra, 33; abstenciones, dos.


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El señor PRESIDENTE: Votación de la Delegación del Parlamento de Andalucía.


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, dos; en contra, 35; abstenciones, dos.


El señor PRESIDENTE: Queda rechazado.


Nos toca ahora votar el dictamen de las disposiciones adicionales. Hay petición de votación separada de las disposiciones adicionales segunda y tercera. Votamos, pues, la disposición adicional segunda.


Votación de la Comisión Constitucional.


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 20; en contra, 15; abstenciones, dos.


El señor PRESIDENTE: Votación de la Delegación del Parlamento de Andalucía.


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 24; en contra, 15.


El señor PRESIDENTE: Queda aprobada. Votamos ahora el dictamen de la disposición adicional tercera.


Votación de la Comisión Constitucional.


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 20; abstenciones, 17

El señor PRESIDENTE: Votación de la Delegación del Parlamento de Andalucía.


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 24; en contra, dos; abstenciones, 13.


El señor PRESIDENTE: Queda aprobado. Votamos ahora el resto de las disposiciones adicionales. Votación de la Comisión Constitucional.


Efectuada la votación, dijo

El señor PRESIDENTE: Quedan aprobadas por unanimidad.


El señor PRESIDENTE: Votación de la Delegación del Parlamento de Andalucía.


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 37; en contra, dos.


El señor PRESIDENTE: Quedan aprobadas.


Pasamos ahora a votar el dictamen de las disposiciones transitorias. No se ha pedido votación separada, por tanto, votamos todas las disposiciones transitorias.


Votación de la Comisión Constitucional.


Efectuada la votación, dijo

El señor PRESIDENTE: Quedan aprobadas por unanimidad.


Votación de la Delegación del Parlamento de Andalucía.


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 37; abstenciones, dos.


El señor PRESIDENTE: Quedan aprobadas.


Votamos las disposiciones finales, sobre las que no se ha pedido votación separada. Ya hemos votado la enmienda transaccional y se ha aprobado con el texto completo. No hace falta votar el dictamen, porque está aprobado.
Votamos las disposiciones finales.


Votación de la Comisión Constitucional.


Efectuada la votación, dijo

El señor PRESIDENTE: Quedan aprobadas por unanimidad.


Votación de la Delegación del Parlamento de Andalucía.


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 37; abstenciones, dos.


El señor PRESIDENTE: Quedan aprobadas.


Quedan ustedes convocados a las cuatro y media de la tarde para el debate y aprobación del preámbulo y del artículo 1.


Se suspende la sesión.


Eran las dos y veinticinco minutos de la tarde.


Se reanuda la sesión a las cinco y quince minutos de la tarde.


El señor PRESIDENTE: Señoras y señores comisionados, no se hagan muchas ilusiones. (Risas.) Debo pedirles excusas por el retraso, que no ha terminado todavía. ¿Algún diputado quiere exponer sus criterios o razones?

El señor JAUREGUI ATONDO: En primer lugar, quiero pedir disculpas a todos los comisionados de la delegación del Parlamento de Andalucía y al resto de los

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compañeros de la Comisión Constitucional del Congreso. Como suele ocurrir en estos casos -y creo que eso engrandece el debate parlamentario- las negociaciones para alcanzar un acuerdo pleno en torno al Estatuto en este momento se han concentrado en lo que se refiere al preámbulo del Estatuto, lo que, por otra parte, también es conocido. Nuestro grupo, en la creencia y convicción de que es posible alcanzar una aproximación en esa redacción, quería pedir un pequeño receso antes de empezar. Realmente nuestro grupo tiene la obligación de presentar las enmiendas transaccionales al preámbulo y al artículo 1; en relación con este último no hay problema porque ya es conocido que hay un texto, pero en relación con el preámbulo todavía no y queremos agotar los minutos porque la ocasión merece, en mi opinión, un esfuerzo por parte de todos y la comprensión de todos los grupos. Esto es lo que me lleva a solicitar al presidente que nos den todavía 45 minutos de receso antes de empezar la sesión.


El señor PRESIDENTE: Señor Jáuregui, señoras y señores diputados y delegados del Parlamento de Andalucía, el esfuerzo compensa si el resultado es el que muchos pretenden.


El señor REPRESENTANTE DEL PARLAMENTO DE ANDALUCÍA (Romero Ruiz): Hay que cambiar los billetes.


El señor PRESIDENTE: Les solicito que tengan ustedes paciencia y que vayan cambiando los billetes de tren y de avión, porque esos cuarenta y cinco minutos se esperarán. Después, reanudaremos la Comisión. Muchas gracias, tengan paciencia y perdonen.


Se suspende la sesión a las cinco y veinte minutos de la tarde.


Se reanuda la sesión a las siete y cinco minutos de la tarde.


El señor PRESIDENTE: Señoras y señores, les quiero comunicar que, dados los aplazamientos que se están solicitando para un fin objetivamente beneficioso, pero cuyo resultado no se ve, deberíamos tomar una decisión en el sentido de que, si no podemos comenzar la sesión en 15 minutos, convocaríamos para mañana por la mañana. Vamos a esperar un poco y, si no, convocamos para mañana para no hacerles estar aquí durante horas y horas esperando la negociación. Muchas gracias.


Se suspende la sesión a las siete y diez minutos de la tarde.


Se reanuda la sesión a las siete y veinticinco minutos de la tarde.


El señor PRESIDENTE: Vamos a reanudar la sesión, señoras y señores de la Delegación del Parlamento de Andalucía, que están más ordenadamente sentados, y señoras y señores diputados, que están muy desordenadamente de pie.


Vamos a comenzar el debate del artículo 1 y del preámbulo. Como saben ustedes, hay una enmienda transaccional al artículo 1 presentada por el Grupo Socialista y luego hay otras enmiendas, que ustedes recordarán, que son la número 2 de Izquierda Unida, la número 42 del Grupo Vasco y la número 176 del Grupo Popular. Además, hay cuatro enmiendas del Grupo Mixto al preámbulo, la enmienda número 1 del Grupo de Izquierda Unida, la 41 del Grupo Vasco y la 175 del Grupo Popular. Vamos a hacer, como saben ustedes, un solo turno para la defensa de las enmiendas o la toma de posición del preámbulo y del artículo 1. Cuando terminemos este debate, en un solo turno ambas cosas, se votarán las enmiendas, el dictamen del artículo 1 y del preámbulo y después haremos la votación de conjunto que establece el artículo 143. Quiero decir que en este turno, sin pasarse de tiempo, si quieren hacer una valoración global, sería el momento de hacerla, porque después pasaremos a la votación global del texto de la reforma del Estatuto de Autonomía de Andalucía.


Comenzamos el debate dando la palabra al señor Llamazares, que ha presentado la enmienda número 1 al preámbulo y la enmienda número 2 al artículo 1.


El señor LLAMAZARES TRIGO: Señor presidente, ¿no sería mejor presentar la transacción antes? Le pido amparo. (Un señor diputado: Se está repartiendo.)

El señor PRESIDENTE: Hay una repartida, la del artículo 1, pero no se ha repartido la del preámbulo, porque acaba de llegar y se está fotocopiando.


El señor LLAMAZARES TRIGO: Lo que planteo es una cuestión de procedimiento, señor presidente.


El señor PRESIDENTE: Lo entiendo.


El señor LLAMAZARES TRIGO: ¿No sería más adecuado que se presentasen las propuestas de transacción de los grupos parlamentarios, como se ha hecho en otros capítulos, y que luego nosotros fijásemos la posición y presentásemos nuestras enmiendas?

El señor PRESIDENTE: Esa es la norma habitual que ha seguido esta Presidencia y es la que tiene lógica. El problema es que al ser un debate final, quizás quería intervenir, como así lo había solicitado, el Grupo Socialista. Efectivamente, presentan las dos enmiendas transaccionales, una ya repartida y otra que se va a repartir inmediatamente. (El señor Torres Vela pide la palabra.)

El señor Torres Vela tiene la palabra.


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El señor TORRES VELA: Si fuese necesario, mi grupo parlamentario apelaría al final para hacer una valoración final.


El señor PRESIDENTE: ¿Una toma de posición final?

El señor TORRES VELA: Si fuese necesario.


El señor PRESIDENTE: Si lo hacen en el tiempo que tienen asignado, con mucho gusto la daré.


El señor TORRES VELA: En cualquier caso, señor presidente, señoras y señores diputados, hoy llegamos en la Comisión Constitucional al final del proceso en el que, el Grupo Parlamentario Socialista ha estado orientado desde el inicio a conseguir el máximo acuerdo posible en torno al Estatuto de Autonomía para Andalucía. El primer día dijimos -lo reiteramos hoy al final- que nos movíamos entre dos ejes que para nosotros eran fundamentales; el primero de ellos era respetar la voluntad del Parlamento de Andalucía en sus elementos esenciales y el segundo era ampliar el consenso al máximo. Podemos llegar al final diciendo que podemos valorar satisfactoriamente el objetivo. Nos hubiera gustado que el acuerdo hubiese sido total, pero si no ha podido ser lo sentimos.


Señor presidente, hemos planteado dos enmiendas transaccionales: una al artículo 1 y otra al preámbulo. La del artículo 1 es en la que me quiero detener más, porque el artículo 1, el del contenido normativo del Estatuto es el que establece de manera taxativa cuál es la definición de Andalucía como comunidad política dentro de la España constitucional. Es en el artículo 1 donde se hace esa opción. La opción de Andalucía, que desde el Grupo Parlamentario Socialista de las Cortes Generales respetamos, es la de definirse como nacionalidad histórica. Andalucía elige una de las dos posibilidades que abrieron los constituyentes en el artículo 2 de la Constitución. Fue en el artículo 2 en el que los constituyentes decidieron que el derecho a la autonomía lo podrían obtener nacionalidades o regiones. Andalucía ya eligió el camino de denominarse nacionalidad en tanto en cuanto esta se vinculaba de manera inequívoca en el proceso autonómico a la amplitud del artículo 151 de la Constitución española. Hemos hablado mucho en estos días del 28 de febrero, pero probablemente el significado más exacto del 28 de febrero era la voluntad inequívoca de los andaluces de participar en la construcción de la España constitucional, de la España plural, desde el máximo nivel de autogobierno, con mecanismos para conseguir el máximo nivel competencial y como exigencia a los niveles del Estado del compromiso de la solidaridad y también, por qué no decirlo, de no aceptar discriminaciones en el terreno simbólico que pudiesen argüirse posteriormente como posiciones de preeminencia política. Tuvimos un proceso de autonomía difícil para saldar una deuda que probablemente nosotros no habíamos establecido, pero que aceptamos. La Constitución española aceptó, en un reconocimiento histórico, la autonomía para Cataluña, el País Vasco y Galicia. El acceso al autogobierno es un hecho diferencial. Nosotros, con nuestro proceso, saldamos definitivamente cualquier diferencia que se pudiese establecer en esa denominación.


En segundo lugar -está en nuestra enmienda al artículo 1-, el derecho a la autonomía de la nacionalidad andaluza no entra en competición ni en conflicto con la unidad de España, porque el andalucismo político y el andalucismo histórico nunca han entrado en contradicción con la unidad de España. Podríamos recordar a Blas Infante cuando en 1915 escribía: Si lo que pudiera argüirse es que entonces vendrían las regiones a ser naciones subordinadas a una forma de nación superior, contestaría que no merece este punto ser discutido, porque llámese, España nación o supernación y las regiones naciones o regiones, lo cierto es que siempre vendrán a ser pueblo, formando la unidad de España. Derecho a la autonomía, denominación de Andalucía como nacionalidad histórica en el seno de la unidad de España y artículo 2 de la Constitución es el traje en el que los andaluces nos sentimos plenamente cómodos. Este Estatuto incorpora también un preámbulo que, como todo preámbulo de un texto legal, trata de definir el objeto al que se va a referir el texto propuesto. En el preámbulo, señorías, se habla de Andalucía, de su realidad geográfica diversa -por cierto, mejorada sustancialmente en el trámite de ponencia en el que hemos añadido la Penibética a la Bética-, de su realidad histórica pasada; en definitiva habla de todo su proceso político, recupera el andalucismo histórico, habla de Blas Infante y de que ese proceso político tiene su expresión hoy en una Andalucía reconocible como una realidad nacional. Es a lo largo de ese proceso en el que se ha ido construyendo esa realidad que este Estatuto en su preámbulo recoge, engarzando además -como lo ha hecho de otra manera en otros títulos- lo que fueron las propuestas del andalucismo histórico de los siglos XVIII y XIX con el proceso autonómico andaluz de 28 de febrero de 1980. En definitiva, hemos buscado y hemos hallado un punto de encuentro en el que, sin ánimo de ostentar una representación, que no me corresponde, estoy seguro que se encuentran la inmensa mayoría de los andaluces que hoy saben que hemos cumplido con nuestro trabajo. (Aplausos.)

El señor PRESIDENTE: Tiene la palabra don Gaspar Llamazares.


El señor LLAMAZARES TRIGO: Gracias, señor presidente, por la palabra y por el amparo. Nosotros ahora sabemos mejor, con la intervención del Grupo Parlamentario Socialista, de qué hablamos. No estamos hablando únicamente de un preámbulo y de un artículo 1, sino también de una determinada enmienda transaccional

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previa con el Grupo Popular que altera el contenido del preámbulo y del artículo 1.


Nuestro grupo parlamentario ha presentado una enmienda que pretende defender el carácter nacional de Andalucía, la nación andaluza. Nosotros no vemos problema político ni constitucional en que aparezca ese término en el preámbulo, incluso dentro del artículo 1, porque en nuestro país existen distintas naciones culturales -en algunos casos naciones políticas-, y todo ello se enmarca dentro de una pluralidad nacional que es España. En ese sentido, no tenemos ningún problema, sino, al contrario, defendemos esta posición que es mucho más clara que la que venía en el preámbulo y por supuesto que la hoy se nos ofrece en la enmienda. Respecto a la enmienda, nuestro grupo parlamentario -los compañeros lo dirán más en concreto con relación a la propuesta que venía de Andalucía- considera que se ha ido demasiado allá según lo que podemos denominar la dilución o la pérdida de contenido del preámbulo, y no tanto con relación al artículo 1, porque se ha ido demasiado allá. Nosotros no tenemos ningún problema con la incorporación del Grupo Popular -lo hemos dicho en muchas ocasiones- a un Estatuto de máximos, ni pretendemos que su incorporación a un estatuto de máximos en el que no ha participado en un principio, sea bajo las orcas caudinas, pero tampoco vemos bien que en esta materia en concreto entre bajo palio; y no ha sido así en el conjunto del Estatuto, que sigue siendo un Estatuto de máximos. Sin embargo en relación con el preámbulo el Grupo Parlamentario Socialista ha sobreactuado en su voluntad de consenso y de acuerdo con el Grupo Popular.


Me explicaré acerca de los términos de la enmienda transaccional que tenemos que valorar. Hay dos términos que se modifican y que para nosotros tienen relativa importancia. En primer lugar, la realidad nacional, que antes estaba íntimamente unida a dos aspectos muy importantes de la identidad: a la identidad histórica, la identidad cultural, y, por otra parte, a la identidad política, al hecho de que Andalucía alcanza el máximo de autogobierno por su iniciativa política, por un movimiento político que logra el 151 para Andalucía. Pues bien, la propuesta que se nos hace ahora conecta relativamente con esta realidad política y vincula únicamente la realidad nacional a la cuestión o a la identidad histórica. En nuestra opinión, esa es una dilución que va más allá de lo que considerábamos que podía ser un texto más equilibrado.
Pero lo que más nos llama la atención en el artículo primero y en la parte final del preámbulo es lo que podemos denominar una sobreactuación retórica cuando se habla no ya de la unidad de España sino de la unidad indisoluble de la nación española. Esto dicho en algún otro estatuto de autonomía puede ser un aviso para navegantes. Dicho en el Estatuto de Autonomía de Andalucía es como aquel cura que reñía a los asistentes porque los demás no iban a misa. (Risas.) Da la impresión de que es una sobreactuación innecesaria y, por tanto, no nos gusta, no porque no nos guste la unidad de España, sino porque creemos que es un término caduco, que tuvo su sentido en su momento pero que hoy no lo tiene, y porque además traslada a la ciudadanía una inseguridad sobre la unidad de este país, que estoy seguro que no la tienen ni los españoles ni los andaluces. La gran mayoría de los ciudadanos no tienen ninguna inseguridad con respecto a la unidad de nuestro país, porque la gran mayoría viven cómodos y conviven en España. Por tanto, veo en ello, como he dicho antes, una dilución de la propuesta inicial y una sobreactuación con respecto a la propuesta que venía inicialmente. En ese sentido, nuestro grupo parlamentario marcará su diferencia con respecto a este párrafo que supone el acuerdo con el Grupo Parlamentario Popular y seguirá defendiendo que en nuestro país es posible defender la nación, al igual que la nacionalidad. La primera, en términos de nuestro diccionario, es una forma de organización y la segunda, la nacionalidad, una situación. La nacionalidad podía ser en su momento una situación.
Hoy, Andalucía es una forma de organización y, por tanto, puede ser denominada nación o realidad nacional, sin tener ningún miedo a esa denominación. Nosotros seguiremos defendiendo esa posición y, por tanto, marcamos claramente nuestra diferencia con respecto a este acuerdo. En todo caso, volvemos a reiterar que valoramos la importancia de un acuerdo de fondo con respecto al Estatuto de Andalucía, por Andalucía y también por el conjunto de las tierras de España, de los pueblos de España o de las comunidades autónomas. (Aplausos.)

El señor PRESIDENTE: Por el Grupo Popular tiene la palabra don Javier Arenas.


El señor ARENAS BOCANEGRA: Señor presidente, señoras y señores diputados, miembros del Parlamento de Andalucía, tengo que empezar esta intervención pidiendo excusas a todos los miembros de la Comisión Constitucional y del Parlamento de Andalucía que no han estado implicados directamente en las conversaciones finales de esta tarde. Han tenido ustedes la paciencia de esperarnos para mantener la esperanza de un final, que a mí desde luego se me antoja como un final feliz. Esta gratitud tiene que ser muy especial, señor presidente, hacia la Presidencia y los miembros de la Mesa, que han sido perfectamente conscientes de la trascendencia del debate que nos ha ocupado estos días y que, como explicaré brevemente, señorías, es un debate que trasciende incluso el devenir futuro de Andalucía y, en mi modesta opinión, afecta mucho, en términos de certezas, en términos de tranquilidad y en términos de futuro, al conjunto de España. Esta petición de disculpas tiene que hacerse extensiva a los medios de comunicación, que han estado esperándonos todo el día para conocer, en su caso, sin ningún tipo de prejuicio, si había un final feliz o no lo había. A ellos también nuestras disculpas.


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Empezaré diciendo, sin perjuicio del turno global que creo que va a conceder la Presidencia... (Rumores.) ¿No hay turno global? Señor presidente, voy a continuar, me voy a atener al tiempo y no voy a provocar su impaciencia, porque han tenido ustedes mucha paciencia. Me atengo al tiempo, y si hace falta que no haya turno global, no habrá turno global. Por mi parte, señor presidente, no estoy dispuesto a que esta noche aparezca en mi vida ningún tipo de problema. (Risas.) Espero que la Presidencia entienda por qué. (Aplausos.) Voy a ser breve y, si este es el turno, haré una pequeña valoración global y punto.


El señor PRESIDENTE: Señor Arenas, si es posible evitar otro turno después, se lo agradeceríamos todos.


El señor ARENAS BOCANEGRA: Por nuestra parte, señor presidente, délo por evitado.


Decía que no quiero problemas esta noche, porque la verdad, señorías, es que he tenido la honrosa experiencia de participar en más de un acuerdo de esta índole -acuerdos entre varios partidos, acuerdos entre organizaciones sindicales y empresariales- y ninguno de ellos era tan complejo como el que certificamos en el día de hoy.


Me queda una pequeña insatisfacción, y es que públicamente tengo que reconocer el trabajo serio, riguroso, honesto y digno de los parlamentarios del Partido Andalucista en esta Comisión Constitucional.
Ese trabajo, en solitario en ocasiones, no suele ser muy grato -digo el trabajo en sí; ustedes, por supuesto, han cumplido con su obligación-. Sé que hay dificultades políticas y dificultades reglamentarias, pero nos queda pendiente el debate político diario en Andalucía, nos queda pendiente el debate en el Pleno del Congreso y nos queda pendiente el debate del Senado. Ojalá los cuatro grupos representados en el Parlamento de Andalucía seamos capaces de estar en el barco del sí y del consenso.
Nos vamos hoy con la satisfacción de que nuestro Estatuto tiene hoy un amplio respaldo, pero esa satisfacción no es plena si no están ustedes, los representantes del Partido Andalucista en nuestra tierra.


Señor presidente, para nosotros, objetivo cumplido. En esta Comisión estos días he oído en varias ocasiones poco menos que decir que ahí está el Tribunal Constitucional. Es cierto que está el Tribunal Constitucional, pero nadie pretenderá hurtar a un dirigente político su valoración sobre si algo es constitucional o no. Yo tengo libertad para expresar permanentemente, en el día a día, si considero que algo es acorde o no con la gran Carta Magna española. Tengo que decir que hace dos meses mi grupo parlamentario consideraba que el texto que teníamos no era acorde con la Constitución y que hoy considera que es un texto impecable en términos constitucionales.


Veníamos además a esta Comisión con un segundo objetivo, que también he reiterado en varias ocasiones: queríamos ampliar el consenso, queríamos ampliar la mayoría del respaldo. Eso también se ha cumplido. ¿Por qué es buena la transaccional que se nos presenta y que provocará al final una decisión de mi grupo con respecto a las enmiendas que tiene presentadas en este momento? La transaccional es buena porque clarifica mucho. En el preámbulo, tal como queda redactado finalmente, hay algunas cosas claras.
Todo lo que se dice es cierto; todo, todo, todo, como diría mi hijo Carlitos. Es cierto que los andalucistas, a principios de siglo, en el manifiesto andalucista en la Asamblea regionalista de Ronda, 1918 ó 1919 -cuidado con las fechas cuando hablamos de alguna emblemática para Andalucía-, hablaron de realidad nacional. Eso es cierto, y esta enmienda transaccional sitúa la realidad nacional en términos de certeza, pero se va más allá. Se dice que partiendo de esa afirmación histórica hay un compromiso ineludible de Andalucía con el autogobierno, con la Constitución española. Con todos los respetos, señor Llamazares, en mi modesta opinión -y respeto mucho la suya- en los tiempos que corren no crea usted que está mal afirmar con rotundidad la indisoluble unidad de la nación española. (Aplausos.-Un señor diputado: ¡Muy bien!) Crea usted que no está mal. Esa es nuestra opinión. Por eso también en el artículo 1 del nuevo Estatuto, partíamos ya de un texto que nosotros no hemos puesto en cuestión con respecto a su constitucionalidad. Sin embargo, con las aportaciones de la transaccional que formulan los socialistas, lo que se hace es fortalecer el autogobierno en el marco constitucional que es en lo que nosotros creemos y también -no sobra en absoluto -se vuelve a decir:- en el marco de la unidad de la nación española.


Señorías, este es un Estatuto muy andaluz y me parece también que es un Estatuto muy español. Además, creo que es un Estatuto muy andaluz porque coincide con el sentir mayoritario de los andaluces. Acudamos a cualquier tipo de estudios, a nuestros paseos por la calle, a nuestras visitas a los pueblos y ahí observaremos cómo la inmensa mayoría de los andaluces se consideran por supuesto andaluces, pero también se consideran españoles. En la primera intervención en esta Comisión Constitucional de hace una semana hice unos elogios al papel de los políticos en la transición española con el pacto constitucional. Con el consenso de hoy les evitamos a los andaluces un problema. Fíjense, en Andalucía no existe ningún problema de eso que hoy se llama identitario, no lo hay, pero, somos muy conscientes de que sin un amplio consenso en nuestro Estatuto les creábamos un problema a los andaluces de confrontación ante algo que no palpan como tal problema. De esta forma, estamos consiguiendo un Estatuto con el que se pueden identificar el 90 por ciento de los andaluces y en el que se pone de manifiesto algo muy claro: los andaluces no queremos ser más que nadie, pero tampoco aceptamos bajo ningún concepto ser menos que nadie.


Termino, señor presidente. He dicho al principio que el trabajo que culminamos estos días tiene mucho que ver con un referente para toda España. Espero que lo que

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hemos hecho estos días sea un referente para muchas comunidades autónomas de cara al futuro porque lo que hemos hecho es fortalecer el autogobierno en el marco constitucional y huir de algunas tentaciones que hoy se dan.
En este Estatuto ha sido posible el acuerdo por una razón fundamental.
Este Estatuto cuando llega al Congreso de los Diputados podía traer imperfecciones, que nosotros intentamos corregir, pero ¿saben ustedes, en mi modesta opinión, por qué ha sido posible el acuerdo? Porque este Estatuto ni traía ni se lleva ninguna tentación separatista y ningún afán soberanista. Por eso ha sido posible este acuerdo. (Aplausos.) Yo lo he dicho siempre, en la propuesta del Partido Socialista y de Izquierda Unida no subyacía una filosofía soberanista que impregnara todo el texto y que hiciera imposible su corrección sobre la base de enmiendas parciales, sean muchas o sean pocas.


Señorías, es discutible pero para nosotros este Estatuto significa una apuesta por la España común, por la cohesión social y por la igualdad de los españoles; significa una apuesta por la solidaridad y, desde luego, es un refuerzo extraordinario a la legalidad constitucional que yo creo que sigue siendo la mejor garantía para los andaluces, que es lo mismo que decir que es la mejor garantía para los españoles. (Aplausos.-El señor Albendea Pabón: ¡Muy bien!)

El señor PRESIDENTE: En nombre del Partido Andalucista, tiene la palabra doña Pilar González.


La señora REPRESENTANTE DEL PARLAMENTO DE ANDALUCÍA (González Modino): Señorías, esta será nuestra última intervención en esta Comisión y quiero empezarla agradeciendo. Doy las gracias al presidente de la Comisión por haber facilitado nuestro trabajo, por haberlo hecho incluso amable en algún momento. Sí, ha sido un trabajo duro, pero ha sido grato. Veníamos con una misión muy clara y nos vamos serenos y seguros, con la convicción de haberlo intentado.


Quiero agradecer, en nombre de mi compañero, en mi propio nombre, en nombre de mi grupo parlamentario y de mi partido, a los compañeros del Parlamento de Andalucía la cordialidad personal, que ha hecho más fácil nuestro trabajo y nuestra presencia. Muchas gracias, a todas y a todos.
Quiero agradecer también a los diputados de las Cortes Generales su complicidad en algún caso, su incomprensión también en algún otro, lo que ha servido para definir con claridad las posiciones de todos, para entender que tenemos posiciones diferentes pero que utilizamos las herramientas que todos hemos decidido emplear: el diálogo, el intento de convencer al contrario y, en caso de no conseguirlo, la fuerza de los votos.


Señorías, hemos venido a hacer nuestro trabajo desde el sentido de la responsabilidad, desde la convicción, a veces apasionada, de que Andalucía es nuestra razón y es nuestra tarea, sin más equipaje que las ganas de intentarlo. Por eso estamos serenos y probablemente seguros de haberlo intentado. Es importante el acuerdo, señorías, sin duda alguna.
Por nuestra parte también lo hemos intentado, hemos dado muestras, tanto en la ponencia como en la Comisión, de voluntad de alcanzar acuerdos. Lo que no podemos hacer, señorías, es renunciar a defender aquello en lo que creemos y nosotros creemos que Andalucía es una nación, lo ponga el Estatuto, no lo ponga el Estatuto o incluso lo niegue el Estatuto.


Señorías, un estatuto, una ley le da un rango jurídico, un rango legal a una comunidad preexistente, a una comunidad que existía antes de la ley.
Son los pueblos los que hacen las leyes. Las leyes definen a los pueblos, pero son antes los pueblos. Señorías, estas son nuestras ideas y, en el terreno de las ideas, permítanme hacerles la afirmación de que las nuestras valen lo mismo que las de los demás. En el terreno de las ideas estamos en igualdad de condiciones. En todo lo demás, no; en el terreno ideológico, sí. Pero el problema no es nuestro, señorías. Los nacionalistas andaluces no hemos generado el problema. Es más, nosotros compartimos el modelo del presidente del Gobierno de España acerca de un Estado plurinacional en el que la unidad no significa uniformidad y en el que el centralismo político a veces es una parte del problema y no de la solución del debate territorial. Nosotros compartimos la idea de que España no se debilita cuando reconoce el autogobierno y la identidad de sus pueblos, y no hay conflicto de identidad en Andalucía, señorías, no lo hay. En nuestro pueblo se vive con una pluralidad serena y lúcida en la que convivimos y en la que cabemos todos y todas. El problema lo han generado quienes no creen en un Estado descentralizado compuesto, en un Estado plural. Señorías, a veces es difícil encontrar quiénes creemos en estas cosas, además del presidente del Gobierno y los nacionalistas. El problema lo han generado quienes, sin creer en este modelo de Estado, han votado a favor de un status político de primera para Cataluña y van a votar algo diferente para Andalucía. La conquista del 28 de febrero del pueblo andaluz es la conquista decidida y definitiva del primer nivel que permite la Constitución. La opción era nacionalidad o región, Andalucía dijo nacionalidad hace 25 años. En nuestro tiempo, en el presente, en el momento en el que vivimos ahora, las opciones se han actualizado; esa voluntad del constituyente, de la que tanto hablamos, se ha actualizado en el presente, señorías. Ya nadie es región, ya no queda nadie en España que quiera ser región (El señor Trillo-Figueroa Martínez-Conde: Murcia, y a mucha honra.) y nacionalidad queda pequeño y estrecho en ese traje de un Estado plurinacional en el que nosotros creemos.


Señorías, lo esencial de este debate es el papel de Andalucía en la articulación del Estado. Por eso, y tomando prestadas las palabras de quien nos preside, sin acritud, queremos dejar constancia de la extraordinaria oportunidad que pierde Andalucía con esta reforma de su Estatuto. Lo decimos, señorías, porque es nuestra obligación, es nuestra responsabilidad. Alguien tiene que

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quedar como masa crítica en Andalucía, alguien tiene que decirles a ustedes, que tienen tanto poder: No es esto, no es esto. Al final, la solución viene de la mano de la historia y, siguiendo con Ortega y Gasset, precisamente el hombre, la persona, por ser un animal mutable e histórico, puede aumentar o dilapidar el caudal heredado de sus antepasados, y precisamente es la posibilidad de tener el futuro lo que hace que tengamos que recurrir al pasado.


A nuestro juicio con estas transaccionales ofrecidas por el Partido Socialista, aceptadas por el Partido Popular y por los grupos parlamentarios respectivos, en este acercamiento del Grupo Parlamentario Socialista a las posiciones del Grupo Popular se achica el Estatuto de Andalucía. La solución viene de la mano de la historia, pero también en 1918 en el Manifiesto de la Nacionalidad -que es como se llama el manifiesto de Córdoba- los andalucistas hablaron de nación. Naturalmente, ustedes escogen la parte de la historia que más les interesa. Eso es legítimo e igualmente lo es que nosotros escojamos la parte de la historia que más nos interesa.


Respecto de las transaccionales, lo que nos deja un punto amargo es que es precisamente en el Estatuto de Andalucía -donde no hay conflictos de identidad, donde nadie cuestiona la unidad del Estado, la unidad de España- donde afirmamos con toda rotundidad, incluso con exceso, eso del marco de la unidad española o el marco de la unidad indisoluble de la nación española. No lo cuestiona nadie en Andalucía, señorías. Quienes podríamos cuestionarlo únicamente somos nosotros, y no lo hacemos. Lo saben con claridad. Luego es excesivo a nuestro juicio tener que recurrir, en uno de los pueblos de España que no cuestiona en ningún caso la unidad del Estado, a poner toda esta clase de fórmulas alambicadas para conseguir el acuerdo. El acuerdo desde nuestro punto de vista, era mucho más sencillo y fácil y estaba mucho más enraizado en el lenguaje que hablan y entienden los andaluces y que es mucho menos alambicado de lo que está escrito en su Estatuto.


Esa es nuestra valoración final con respecto al Estatuto de Andalucía, una oportunidad perdida. Este texto, finalmente, no es el instrumento dinámico y útil para el relanzamiento económico, social y cultural del pueblo andaluz por el que nosotros hemos trabajado. Señorías, quiero terminar en contra de nadie, con la mano tendida a las mujeres y a los hombres de Andalucía que día a día vencen los afanes cotidianos para sacar sus vidas adelante. Voy a terminar con las últimas palabras de Blas Infante, que por cierto la primera vez que las dijo fue en Córdoba en 1918. La lucha de Blas Infante es nuestra vanguardia como Partido Andalucista. Las palabras de Blas Infante son patrimonio de todos los andaluces. Señorías, ¡viva Andalucía libre! (Un señor diputado: ¡Viva!)

El señor PRESIDENTE: Gracias, señora González, especialmente por sus primeras palabras amables sobre el presidente, aunque debo decirle que en las casi últimas me ha dado la propiedad del producto acritud, que no era mío, y no quiero que nadie interprete que quien era propietario lo había usurpado de ningún otro. (La señora González Modino: Siempre pensé que era suyo.) Muchísimas gracias, señora González.


Tiene la palabra el señor Romero.


El señor REPRESENTANTE DEL PARLAMENTO DE ANDALUCÍA (Romero Ruiz): Señoras y señores diputados, estamos en la última fase para el dictamen del Estatuto de Autonomía de Andalucía en esta Comisión Constitucional y quiero reconocer y felicitar a los servicios de la Cámara del Congreso de los Diputados y del Parlamento andaluz, a nuestros letrados, que han trabajado intensamente para que el texto llegara a la Comisión Constitucional. En cuanto a la dirección de los debates, si hubiera carné por puntos para los presidentes de Comisión, usted, señor Guerra, no habría perdido ninguno (Risas), y eso le honra a la hora de facilitar el debate y el desarrollo de la defensa de los títulos y de los artículos del Estatuto de Autonomía de Andalucía.


España ha contado a lo largo de su historia con muy pocos períodos de libertad y con unos períodos constitucionales muy escasos. En términos meteorológicos ha habido más borrascas y tormentas que días despejados en la historia de España, pero cuando en España se ha producido un periodo de libertad democrática y de constitucionalismo, en la I República, en la II República, en la Constitución de 1978, que es el periodo más dilatado de libertades y de constitución democrática en el que han vivido los españoles -en el que vivimos los españoles-, siempre se ha planteado el modelo de Estado. En estos periodos de libertad y de constitución se ha abierto siempre el debate sobre el modelo territorial del Estado español.
En el mundo hay tres arquitecturas jurídico-políticas, tres modelos de Estado: el Estado centralista y unitario, el Estado federal y el Estado confederal. Nosotros creemos -y así se ha planteado siempre por las fuerzas progresistas en España- que el Estado federal es el que mejor se adecua a la unidad de España, a su fortaleza, a su unidad de cara al futuro, porque un poder autonómico fuerte no significa un poder central débil, sino todo lo contrario, los poderes autonómicos fuertes, el autogobierno de las comunidades autónomas, significan un poder del Estado español fuerte. No vamos hacia un Estado ineficaz, inviable y anoréxico por fortalecer las competencias y los recursos de las comunidades autónomas. Las comunidades autónomas, como los ayuntamientos, son también Estado, y el Estado no está en peligro, España no se rompe, sino que se fortalece en un debate que ha planteado la reforma de los estatutos de autonomía para encarar en mejores condiciones los retos y los desafíos de nuestras sociedades de cara al siglo XXI, y profundizar en el Estado autonómico es caminar hacia un Estado de corte federal. Por tanto, en Andalucía no se ha acariciado nunca ninguna

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tesis independentista, hemos defendido la unidad de España, de la España plural, de la España federal, porque no hay un único modelo para organizar España, España no está en propiedad del Partido Popular ni de ninguna otra fuerza política, a España la dirigen y se expresan sobre ella los españoles y las españolas en las urnas y en democracia introduciendo los cambios que consideran en la arquitectura político-jurídica.


Desde Izquierda Unida-Los Verdes-Convocatoria por Andalucía venimos defendiendo la necesidad de dotar a Andalucía de un nuevo Estatuto que dé respuesta a las nuevas demandas de la sociedad andaluza del siglo XXI, abriendo camino a su vez a un Estado más autonómico, más federal y más solidario. Tenemos un Estatuto, el de Carmona, que hunde sus raíces en una gloriosa e histórica movilización del pueblo andaluz el 4 de diciembre -repito de nuevo-, con la sangre derramada de García Caparrós en Málaga, el 28 de febrero y la ratificación posterior. Por todo ello, debemos lealtad al 28 de febrero, y los términos nación y realidad nacional son lealtad al 28 de febrero. Yo comprendo que el señor Arenas y el Partido Popular no contemplen lo que significó el 28 de febrero, dado que no participaron en aquella gesta del pueblo andaluz, pero nuestra autonomía no es regalada ni otorgada por el poder central, fue ganada en las urnas, amasada con sangre, con unidad y con el voto democrático del pueblo andaluz. Andalucía está jugando un papel, y lo va a jugar, de punta de lanza en el debate sobre el modelo territorial de España por su peso político, demográfico, económico y cultural. Andalucía tiene que defender, como hizo el 4 de diciembre y el 28 de febrero de 1980 -y lo ganamos-, que el Estatuto que debatimos hoy está en pie de igualdad.
Nuestro grupo ha dejado claro que no aceptaremos ni un milímetro menos de autogobierno que Cataluña y el País Vasco. Esta apuesta política, el nuevo Estatuto, tiene que estar a una altura que no tolere agravio y al mismo tiempo debe ser garantía de solidaridad en una España plural, sin asimetrías ni privilegios.


Está claro que la identidad nacional de Andalucía no es un invento, no es un falso problema, no es una broma, no es un disparate. La historia está demostrando que Andalucía tiene credenciales de carácter histórico que podría esgrimir -la Constitución de Antequera, la Asamblea de Ronda, la Asamblea de Córdoba, la Junta Liberalista, la lucha por la autonomía y el autogobierno en la II República-, pero en España para nosotros hay cuatro realidades nacionales: Cataluña, el País Vasco y Galicia, de carácter histórico, y Andalucía, que la conquistó el 28 de febrero de 1980. El que la identidad nacional sea nación o sea realidad nacional es muy importante, porque eso significa no bajar el listón que el pueblo andaluz puso el 28 de febrero. Eso significa blindar el 28 de febrero y equipararnos para que no haya agravios, ni discriminaciones, ni asimetría en las nacionalidades históricas, que fue lo que consiguió el pueblo andaluz el 28 de febrero. Por tanto, los términos que figuran son: Andalucía ha sido la única comunidad que ha tenido una fuente de legitimidad expresada en las urnas mediante referéndum, lo que le otorga una identidad propia y una posición incontestable en el seno de la configuración territorial del Estado, y así la Constitución española en su artículo 2 reconoce la realidad nacional de Andalucía como una nacionalidad. La realidad nacional, por tanto, cuelga de dos hechos importantes: del referéndum del 28 de febrero y de la Constitución española, del modelo autonómico de nuestro Estado. Aquí se incorpora también una alusión a la asamblea de Córdoba, al manifiesto de Córdoba que significa una legitimidad histórica, que completa la legitimidad histórica con la legitimidad del 28 de febrero de la calle, de la movilización democrática y del voto del pueblo andaluz en las urnas, y de la Constitución. Esos son los tres anclajes que tiene la identidad de Andalucía, que es una identidad fuerte. Y no hay que alarmarse. No es separatismo, ni poner en riesgo la unidad de España cuando se dice que en el mundo hay 2.000 naciones y solo hay 200 Estados con asiento en la ONU.
Una cosa es una realidad nacional o una nación y otra cosa es un Estado organizado con sus funciones y sus competencias adecuadas. Por tanto, es muy importante para nosotros que figure todo lo que significa la historia más reciente de la lucha por la autonomía, que nos avala para introducir en el preámbulo una enmienda que dice textualmente: Esta lucha singular del pueblo andaluz por la autonomía en torno al 28 de febrero es la que le da derecho a reclamar la máxima capacidad de autogobierno e igual rango y tratamiento equiparable con cualquier otra comunidad autónoma de España. Ello supone hoy la consideración de Andalucía como una nación.
Andalucía en su proceso de construcción nacional quiere avanzar en este Estatuto, afianzando su seña de identidad en el marco de sus relaciones solidarias con los distintos pueblos de España hacia una democracia plena que, por serlo, debe estar basada en el protagonismo colectivo, en la justicia social. Los poderes públicos deben estar así al servicio de la calidad de vida, de la paz, de la promoción indispensable de los servicios públicos de calidad, de la protección integral del medio ambiente, del pleno empleo, de la plena protección, de la igualdad entre hombres y mujeres, de la lucha permanente frente a las desigualdades y frente a cualquier tipo de discriminación.


Señorías, Andalucía tiene una identidad histórica singularizada, una identidad cultural y una identidad política conquistada en la calle. No estamos ante razones simbólicas o de oportunidad. Andalucía posee identidad nacional y esta identidad, como expresión de realidad nacional o nación, es hoy nuestro artículo 151. Hoy esta definición es nuestro artículo 151 y la garantía de que no nos descolgamos de las nacionalidades históricas. Aquí no nos pueden temblar las piernas, ni hoy en este debate, ni en la votación del Estatuto, ni en la tramitación del Estatuto en las Cortes Generales, porque el consenso, señorías, señores del PP, es un valor muy apreciado por la sociedad andaluza y española. El acuerdo es positivo,

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pero siempre que se haga sobre contenidos de máximo autogobierno, de máximas competencias, de máximos derechos sociales para los andaluces, porque el consenso del 28 de febrero no se hizo sobre las tesis de la UCD ni de Lauren Postigo, y tampoco podemos hacerlo hoy sobre otras tesis que hubieran hecho inviable que el Estatuto esté hoy aquí. Por ejemplo, la actitud del Partido Popular habría hecho inviable que el Estatuto hubiese llegado a la Comisión Constitucional del Congreso de los Diputados para su dictamen en el día de hoy. Izquierda Unida lo ha hecho posible. Y no nos darán ningún codazo para echarnos de un Estatuto que es nuestro. De la calle no vendrá quien de nuestra casa nos echará, porque nosotros estamos muy satisfechos con la valoración global de un Estatuto preñado de derechos sociales que incorpora la democracia paritaria, la renta básica, el derecho a una muerte digna, la enseñanza laica, aumenta las competencias y garantiza una financiación solidaria y una deuda histórica que tiene un plazo para ser abonada al pueblo andaluz.


Nosotros compartimos la totalidad del preámbulo, y queremos reforzarlo con nuestra identidad nacional, y también el artículo 1. Por eso, la enmienda que ha presentado con carácter transaccional el Partido Popular nos parece que sobra; es una desconfianza, que no merece el pueblo andaluz, decir que Andalucía está en el marco de la unidad indisoluble de la nación española. Nadie amenaza la unidad de España, pero creemos que es un artículo que se cita en varias ocasiones. Hemos llenado el Estatuto de referencias al marco constitucional, al artículo 2 de la Constitución española. Reproducirlo es una sobredosis y una expresión arcaica y milenarista que no está en ningún otro estatuto de autonomía. ¿Por qué no está en el Estatuto de Baleares? ¿Por qué no está en el Estatuto de Aragón? ¿Por qué no está en el Estatuto del País Valenciano? ¿Por qué en España hay un Estatuto que se denomina del Reino de Valencia y se dice también Reino de Navarra y no se consideran monarquías alternativas a la monarquía constitucional española? (Risas.) Es un dato muy importante para que no se sacralice la denominación de nación o de realidad nacional. Considero que los partidos que se quieren ganar en el último minuto son los de baloncesto, pero es en el último minuto y no en las últimas dos horas que nos han hecho cambiar a todos los billetes de Renfe en varias ocasiones. (Risas.) Bienvenido sea a este Estatuto, bienvenido sea al acuerdo y al consenso el Partido Popular, pero no era necesario que al PSOE le temblaran las piernas en la definición de la realidad nacional y que incorporara lo de la indisoluble unidad de la nación española, porque eso no lo tiene ningún otro estatuto de autonomía. Es como si uno llevara un cartel (Concha Caballero dijo el otro día, con razón: no soy un delincuente), diciendo no soy un separatista, no quiero la independencia, y ese cartel colgara del pecho en todos los artículos del Estatuto de Autonomía de Andalucía. Creemos que no hay que ridiculizar la identidad nacional de Andalucía, Andalucía tiene razones históricas, culturales y de defensa de la solidaridad. Lo ha ganado en la calle, lo ha ganado democráticamente en las urnas. Ya hemos hablado con el presidente para separar ese párrafo, defender nuestras posiciones, la realidad nacional y la denominación de nación para Andalucía en el marco de la unidad de España.


El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Romero, por su intervención y por las amables palabras que me dedicó con su afición a la metáfora. Con esto del carnet por puntos me hizo crear la expectativa de que me iba a dar dos puntos más. Pero no, me dejó igual. En nombre del Grupo Parlamentario Popular, tiene la palabra el señor Sanz.


El señor PRESIDENTE DEL PARLAMENTO DE ANDALUCÍA (Sanz Cabello): Sean mis primeras palabras de agradecimiento y felicitación a los servicios de la Cámara, a la Mesa de esta Comisión, al presidente de la ponencia y de esta Comisión por la consideración y, sobre todo, por la ayuda que ha prestado y por la buena dirección con la que ha llevado los debates, tanto de la ponencia como de esta Comisión que hoy pone un broche muy satisfactorio y de altura a la demanda que los andaluces nos habían hecho. Desde que se toma la iniciativa en el Parlamento de Andalucía de la reforma estatutaria, estoy convencido de que ambicionaban que este Estatuto naciese con el consenso de una gran mayoría de los andaluces. En ese sentido, el Partido Popular ha dicho siempre que solo alcanzaríamos un Estatuto de primera si conseguíamos un Estatuto de consenso. Hoy podemos decir que estamos ante un Estatuto que agrupa a la práctica totalidad de los andaluces. Por eso podemos hablar de un Estatuto de primera. Estoy convencido de que hemos construido un Estatuto útil al servicio de los intereses de Andalucía y adaptado a las nuevas realidades de la Andalucía del siglo XXI.


Mi grupo considera que el consenso no solo le da una mayor y máxima cobertura popular, que evidentemente supone un paso muy importante de máxima legitimidad, sino que además -y es importante cuando se habla de los máximos textos normativos que rigen el funcionamiento de nuestro país, como son las constituciones o, como en este caso, el Estatuto de Autonomía- estoy convencido de que el consenso le otorga una máxima garantía temporal, cosa que desde el punto de vista de constituciones y estatutos es un objetivo irrenunciable. Por eso creemos que ha valido la pena la espera, y sin duda alguna ha merecido el reconocimiento -como se está haciendo- del trabajo de esta Comisión, el que se haya aprovechado el Parlamento para dar salida y cobertura a un conjunto de enmiendas transaccionales, de enmiendas de los grupos que, sin duda, han transformado y también, enriquecido el texto.


Algunos se empeñan en negar la evidencia. Hoy estamos ante un Estatuto que para Andalucía es de orgullo porque estamos ante un Estatuto de máximos pero, además, estamos ante un Estatuto plenamente

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constitucional, le pese a quien le pese y le duela o no lo quiera ver quien no lo quiera ver. Alguna de las enmiendas que se plantea respecto al cuerpo normativo, en torno al artículo 1, al Grupo Parlamentario Popular le complace íntegramente, porque hablamos de una constitucionalidad perfecta. El artículo 1, sencillamente, señorías -lo reitero-, digan lo que digan algunos, es lo que somos. Somos lo que somos en Andalucía y evidentemente no se trataba de inventar ni de mentir a nadie. Somos y debíamos seguir siendo una autonomía de primera dentro de la España constitucional, y la única denominación que podía integrarse en el Estatuto era la denominación de Andalucía como nacionalidad histórica.


Creíamos que el marco de las enmiendas que debían conllevar el consenso final deberían servir para que el Estatuto finalmente fuese la garantía de cohesión de España. El Estatuto de Andalucía tenía que ser garante de la cohesión de España frente a previsibles desigualdades o insolidaridades que amenazaban a nuestra comunidad autónoma y a nuestro país. Había que dejar clara la unidad de España, reconocida ya en nuestro Estatuto de Autonomía. Quiero señalar aquí una clara contradicción de quienes hoy apelan al espíritu del 28 F y al Estatuto del año 1981, y es que precisamente quienes quieren apropiarse en exclusiva del espíritu del 28 F y del Estatuto del año 1981 no quieren reconocer ahora que ese es el Estatuto que ya define a Andalucía como nacionalidad en el marco de la unidad indisoluble de la nación española. Por tanto, señorías, si son ustedes quienes más apelan, con un sentimiento de apropiación -por cierto, indebida- a ese espíritu del 28 F y al Estatuto del año 1981, reconozcan que evidentemente no se trata de ir más lejos sino de incorporar lo que realmente somos, lo que ya se decía en el Estatuto de 1981 y lo que no podíamos dejar de ser. Por tanto, lo que nos preguntamos es por qué les molesta, por qué les preocupa, si todo eso lo dice la Constitución, si la Constitución es el punto de encuentro donde estamos todos, la apelación que desde el Estatuto se hace a ese punto de encuentro que está residenciado en la Constitución. Por tanto, creo que son absolutamente pertinentes todas las referencias que en el Estatuto se hacen a la Constitución, porque es precisamente la Constitución el punto de encuentro del conjunto de las fuerzas políticas españolas y, evidentemente, andaluzas. En ese sentido, desde algún grupo político se pretende incidir en una visión excluyente de Andalucía y este Estatuto también viene a poner freno y coto a quienes se empeñan en dotar a Andalucía de una visión excluyente desde una visión arcaica y manipulada del pasado, cuando la visión deseable, que sin duda alguna es la que reside en el Estatuto que hoy estamos debatiendo es que Andalucía no puede ser patrimonio de nadie, que tiene que ser patrimonio de todos. Por tanto, el avance conseguido es pasar de un Estatuto de todos los andaluces, como es el Estatuto de 1981 a este Estatuto y no lo olvide, señor Romero, ese Estatuto es el Estatuto de todos los andaluces porque ahí estábamos todos -a alguno no nos dio tiempo porque estábamos en ese momento en el colegio, dicho sea de paso- pero nos representaba a todos los andaluces, luego no empeñe su tiempo en distraer y manipular la realidad porque ese es el gran paso que hemos conseguido con el trabajo de esta Comisión y esta ponencia, acercarnos y encaminar este Estatuto a un Estatuto de la gran mayoría de los andaluces, un Estatuto donde quepamos todos, un Estatuto que no sea ni de izquierdas ni de derechas, sino que sea de todos los andaluces. No se equivoque, no le estamos ofreciendo un Estatuto a un partido político porque ni usted ni nadie se puede sentir dueño de este Estatuto, ni de cuando salió ni de cuando resulte aprobado en el Congreso de los Diputados. Lo que estamos haciendo aquí es un Estatuto que le ofrecemos a los andaluces, no que los partidos políticos nos sintamos dueños del Estatuto. Lo que aquí estamos aprobando es un Estatuto que ponemos al servicio de los andaluces, que le ofrecemos a todos los andaluces y ese es el gran resultado del trabajo de esta Comisión. Por tanto, creemos que se pone un broche final muy satisfactorio, un final feliz como aquí se ha dicho, y estamos ante un texto nuevo, ante una profunda transformación del texto.


No quiero terminar mi intervención sin agradecer la confianza al Partido Popular de Andalucía y al Partido Popular de España por la oportunidad que al conjunto de los diputados que aquí representamos al Parlamento de Andalucía en nombre del Grupo Parlamentario Popular nos ha ofrecido. Ha sido una experiencia humana y política que para nosotros va a ser inolvidable. Pero lo más importante no es que este trabajo forme parte, gracias a la confianza de nuestro partido, de la historia de Andalucía y de nuestra historia personal, sino que estamos convencidos de que con el trabajo de todas SS.SS., hoy lo más importante es que ganamos todos los andaluces y, por ende, ganamos todos los españoles. (Aplausos.)

El señor PRESIDENTE: Gracias por su intervención y por sus palabras amables sobre la Presidencia y la Mesa.


Tiene la palabra don Manuel Gracia.


El señor REPRESENTANTE DEL PARLAMENTO DE ANDALUCÍA (Gracia Navarro): Señorías, voy a empezar por una afirmación muy sencilla. En nombre del Grupo Socialista del Parlamento de Andalucía tengo que decir que me encuentro satisfecho porque hemos conseguido el objetivo que en el propio debate en el Pleno de esta Cámara el pasado 23 de mayo tuve el honor de anunciarles a SS.SS. Nuestro propósito era que el Estatuto que venía de Andalucía, sin renunciar a su columna vertebral, sin renunciar a sus elementos esenciales que fundamentalmente eran ser un Estatuto de máximos en el marco y el respeto a la Constitución, al servicio de la ciudadanía y, por lo tanto, con un fuerte componente social de derechos sociales, derechos de

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ciudadanía, y con un principio claro de garantía de un sistema de financiación en condiciones de igualdad -esas eran las coordenadas-, tuviera un apoyo al acabar su tramitación en esta Cámara superior a aquel con el que llegaba a ella. Y eso creo que estamos a punto, dentro de algunos minutos, de que se consiga con el voto de los miembros de la Comisión Constitucional y de los miembros de la Delegación del Parlamento de Andalucía. Por tanto, satisfacción. ¿Eso quiere decir, señorías, que este es el Estatuto que hubiera hecho, no ya Manuel Gracia, sino el Grupo Socialista del Parlamento andaluz? Es evidente que no. ¡Ojalá no hubiera sido eso nunca posible; sería una barbaridad que el Estatuto resultante fuera el del Partido Socialista! Yo no tengo ningún inconveniente en reconocer que no estaba en la escuela cuando se aprobó el Estatuto ni cuando se aprobó la Constitución; yo estaba en el Senado de España cuando se aprobó la Constitución y les tengo que decir, señorías, que ese espíritu está hoy aquí y me parece que eso no es para que ninguno nos azotemos la espalda con ello, sino todo lo contrario (Rumores.) Ojalá la vida política española tuviera algo más de ese espíritu y menos del cainismo que en ocasiones abunda.


Veníamos aquí con un objetivo muy claro, como digo, y con unos destinatarios en la retina de nuestros ojos, en el corazón de nuestras voluntades, si me permiten esta licencia, no diré que lírica porque el presidente seguro que me va a hacer alguna apostilla después, (Risas.) -que sabe de eso mucho más que yo- pero sí al menos con voluntad de adorno. ¡Hombre! Nosotros veníamos con algo muy claro como destinatarios de nuestra reforma, no me voy a cansar de decirlo hasta la noche en que se cierren las urnas en la votación del referéndum de febrero próximo, si la voluntad democrática de esta Cámara y del Senado de España así lo quieren: que queríamos una reforma útil a los ciudadanos y ciudadanas de Andalucía, que no queríamos la reforma para quitarle nada al Estado ni teníamos ninguna tentación -permítanme la expresión, pero yo creo que nos entendemos todos porque a veces el lenguaje coloquial es muy fácil para la gente- papanatista. (Rumores.) No queríamos más autogobierno para decir: tenemos más autogobierno. No, no era esa nuestra voluntad, no era esa nuestra intención. Nuestra intención era una reforma útil a los ciudadanos y ciudadanas que son los destinatarios de esta reforma. Por tanto ¿hemos sido fieles a lo que queríamos para esos destinatarios? Yo quiero decir en nombre del grupo parlamentario que represento en el Parlamento de Andalucía, y en cuyo nombre hablo, que sí creemos, que estamos convencidos de que hemos sido fieles. No hay merma de ni uno solo de los nuevos derechos sociales y de ciudadanía que se reconocían, que se desarrollaban o que se ampliaban en el título que salió del Parlamento andaluz en el que finalmente se ha dictaminado en esta comisión. No ha habido merma de ninguno de los objetivos programáticos que se establecieron en el artículo 10 de la propuesta que salió del Parlamento de Andalucía en el artículo 10 que ha dictaminado esta Comisión. Al contrario, se han ampliado, se han incrementado. Por tanto también estamos satisfechos porque hemos sido fieles a nuestros destinatarios, a nuestras destinatarias: los andaluces y las andaluzas.


En tercer lugar, yo me voy a sumar a todos los agradecimientos que se han hecho aquí, para que nadie se quede sin aludir, y desde luego a los actores de esta situación política en la que nos encontramos esta noche.
Quiero agradecer a los miembros del Partido Andalucista, no ya su trabajo aquí sino su actuación a lo largo de toda la tramitación de esta propuesta de reforma, y estoy seguro de que lo van a seguir haciendo igual hasta que termine. Naturalmente que sí, porque me consta que personal y políticamente han hecho todo lo que en sus manos ha estado para intentar que sus posiciones encontraran el mayor reflejo posible en el texto que finalmente se someta a la consideración del pueblo andaluz en febrero del año que viene. Yo les diría tan solo que en este texto que vamos a dictaminar en su votación de conjunto esta noche, como así espero, hay mimbres suficientes para justificar una posición favorable del Partido Andalucista en el referéndum de febrero. Se lo digo porque estoy convencido de que es así, de que este texto es mucho mejor desde la perspectiva del autogobierno, desde la perspectiva de los derechos sociales, desde la perspectiva de la participación de Andalucía en la defensa de sus intereses, en el conjunto de España y de la Unión Europea, de lo que era el Estatuto de Carmona, hoy todavía en vigor.


En cuanto a Izquierda Unida, nosotros valoramos su actitud como absolutamente responsable, fundamental para que pudiéramos llegar a esta Cámara con un texto salido con la votación suficiente del Parlamento andaluz, comprometida con el mismo y con el proceso de reforma; es una formación política, quiero decirlo también en público esta noche, que ha actuado en todo momento con plena lealtad hacia nuestro partido, hacia nuestras posiciones, como creo que hemos actuado nosotros respecto a ellos. Por tanto, quiero agradecerle ese compromiso, esa responsabilidad y esa lealtad.


Respecto al Partido Popular -tengo que decirlo también en honor a la verdad- considero que su incorporación al acuerdo con el que vino esta propuesta de reforma a esta Cámara era importantísima; para nosotros lo era, para ellos lo era, y creo que para el bien común de Andalucía también. Señorías, creo que han estado a la altura de las circunstancias.
Si para el acuerdo era imprescindible la reproducción del artículo 2 de la Constitución española en el preámbulo, ¿por qué no íbamos a aceptarlo? ¿Alguien me puede dar un argumento sólido, profundo, de que si era imprescindible para el acuerdo que se mencionara la unidad indisoluble de la nación española, que es repetición de un enunciado del artículo 2 de nuestra Constitución el Partido Socialista Obrero Español de Andalucía, en cuyo nombre hablo, se opusiera? ¿Alguien habría entendido el desacuerdo en el conjunto ya de la reforma, a la altura en que estábamos esta tarde, por un desacuerdo sobre una palabra? ¿De

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verdad alguien piensa que eso hubiera sido comprensible para la ciudadanía? ¿De verdad alguien piensa que las mujeres y los hombres de Andalucía -no hablo del resto de España- hubieran merecido esta noche el espectáculo de un desacuerdo por una palabra? ¿Era fácil de explicar eso para cualquiera de nosotros, con independencia de quiénes estuviéramos mejor posicionados para defender una tesis u otra? Sencilla y llanamente quiero decirles que estoy convencido de que no y nos van a agradecer todos y todas a todos que hayamos sido capaces de alcanzar este acuerdo.


Respecto a los contenidos, señor presidente, de lo que hemos abordado esta tarde-noche aquí, desde luego, siempre dijimos que en el artículo 1.1 era donde estaba la definición. Se han vertido ríos de tinta -no creo que se vayan a verter tantos de ahora en adelante, porque siempre el desacuerdo es periodísticamente más noticia que el acuerdo, desgraciadamente- en los que se han leído muchos textos que demostraban una palmaria ignorancia de lo que salió del Parlamento de Andalucía, porque nunca se ha definido a Andalucía, en el texto que salió del Parlamento de Andalucía, como una realidad nacional, nunca; no se definía a Andalucía como una realidad nacional, entre otras cosas porque el preámbulo no puede definir porque no es texto articulado y, en segundo lugar, porque la literalidad de lo que decía el párrafo décimo de la propuesta que salió de Andalucía no definía; la Constitución reconocía en su artículo 2 la realidad nacional de Andalucía, que es otra cosa bien distinta, en todo caso. Pero, en última instancia, ni siquiera eso es lo importante, lo importante es que la definición que mantenemos en virtud de la transaccional que se va a someter a votación de esta Comisión dentro de unos momentos al artículo 1 en su apartado primero deja perfectamente claro que Andalucía, en una redacción creo que más afortunada que la del Estatuto de Carmona, es una nacionalidad histórica y, en el ejercicio del derecho de autogobierno que reconoce la Constitución, se constituye en comunidad autónoma en el marco de la unidad de la nación española y conforme al artículo 2 de la Constitución. Voy a recordar tan solo, señorías, porque seguro que habrá quien hable de la redacción poco afortunada del párrafo del preámbulo cuya transaccional vamos a votar a continuación y a la que ahora me voy a referir, lo que dice el artículo 1.1 del actual Estatuto de Carmona. Se lo voy a leer: Andalucía, como expresión de su identidad histórica y en el ejercicio del derecho al autogobierno que la Constitución reconoce a toda nacionalidad, se constituye en comunidad autónoma en el marco de la unidad indisoluble de la nación española, patria común e indivisible de todos los españoles. Redacción directa, clara, sencilla, como dicen en mi tierra, por la otra punta. Redacción alambicada, complicada, donde todo el mundo tenía que encontrarse, redacción que fue el punto de encuentro -el presidente de la Comisión hace gestos con la cabeza porque vivió aquello muy bien-, la que permitía el acuerdo de los distintos grupos políticos que apoyamos la misma en la asamblea de Córdoba de 1981 y que contó con el apoyo de todos los diputados y senadores del Parlamento nacional -entonces no había Parlamento andaluz-, menos los del Partido Socialista de Andalucía que se incorporaron al final, antes de que se sometiera el texto a ratificación en referéndum. Pues bien, esa redacción me parece que ha sido mejorada y, sobre todo, se le da un contenido en el artículo 1.1 que hace referencia claramente al carácter de nacionalidad histórica. ¿Y en el preámbulo, qué hemos hecho con esta transaccional que hemos acordado y que ha motivado el retraso de esta tarde de tantas horas?

Pues bien, la atribución a Andalucía, señorías, del carácter de realidad nacional, según el texto que vamos a aprobar, emana del referéndum del 28 de febrero y se encauza en la Constitución española de 1978; léanlo con detenimiento. La expresión realidad nacional se utilizó en la Asamblea de Ronda, se utilizó en el Manifiesto de Córdoba -la primera, en 1918; el segundo, en 1919-, la utilizó Blas Infante, pero su sustrato, su fundamento político, tal como aparece en esta redacción, es la posición singular que Andalucía conquistó el 28 de febrero de 1980, posición que le otorga una identidad propia y una posición incontestable en la configuración territorial del Estado.


Quiero agradecer expresamente al señor Arenas que haya reconocido que el texto que vino de Andalucía, el que sale hoy de esta Comisión, pero también el que vino, no tenía ninguna tentación soberanista. Le agradezco ese reconocimiento expreso; seguramente hubiera sido bastante clarificador que esa misma seguridad hubiera sido expresada por otros dirigentes políticos en el mes de mayo pasado, porque entonces no parecía tan claro que el texto que venía de Andalucía fuera un texto sin tentaciones soberanistas. Pero bien está lo que bien acaba, y ha habido hitos en este acuerdo que se ha plasmado esta tarde que, señor presidente, voy a mencionar tan solo de pasada. Hemos acordado materias relativas a derechos sociales y derechos de ciudadanía tan importantes como el derecho a vivir un proceso digno ante la muerte, como el derecho a que la enseñanza pública sea laica en nuestra comunidad autónoma y el derecho que asiste a los padres para que sus hijos reciban la formación religiosa y moral que esté de acuerdo con sus propias convicciones. Hemos resuelto la caracterización o tipología de las competencias, lo que en ocasiones en otra terminología se ha denominado el blindaje, y sobre todo la metodología de las materias de las competencias de una manera en la que de forma satisfactoria y suficiente se puede homogeneizar, incorporar y homologar con cualquier otro Estatuto de Autonomía de características similares al nuestro. Hemos resuelto esa especie de nuevo derecho que mi compañero Ramón Jáuregui mencionaba esta mañana, esa suerte de nuevo derecho de participación, la participación de Andalucía, que Andalucía a través de sus instituciones democráticas sea tenida en cuenta, según y como proceda en cada caso, allí y en cada momento en que se afecte a su interés general. Hemos

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resuelto también de manera satisfactoria que los principios de la financiación de la comunidad autónoma sean congruentes con los principios de suficiencia, de responsabilidad y del derecho a la igualdad entre todos los españoles y españolas con independencia del territorio en el que residan. También hemos resuelto, señorías -no puede pasar desapercibido en un día como hoy-, un contenciosos tan largo ya en el tiempo como el de la disposición adicional segunda del antiguo Estatuto -el que dentro de poco quedará sustituido y derogado por este- y del nuevo Estatuto, el de la llamada deuda histórica, donde se ha alcanzado un acuerdo en una redacción que garantiza que, en un plazo máximo, desde la entrada en vigor de esta norma, de tres años, deberá estar liquidada.
Estamos resolviendo ahora también -y termino- la definición de Andalucía y cómo entronca esa definición y ese carácter de realidad nacional con su propia historia, con su presente, el del 28 de febrero, y con la singularidad que se conquistó en aquella fecha.


Señorías, sin aspavientos, sin alharacas, sin grandilocuentes golpes de pecho, aquí está, y lo digo con absoluta modestia, no porque yo hable en su nombre, sino porque la representamos todas y todos nosotros, Andalucía otra vez, está aquí, como aquel 28 de febrero, pero con serenidad, en el marco de la Constitución española y en el respeto a las instituciones democráticas también como entonces, solo que con un clima y con un resultado absolutamente distinto por mejor. Aquí está Andalucía con una reforma estatutaria de máximo techo de autogobierno, atravesada de nuevos derechos sociales y de ciudadanía, basada y que sirve de garantía y de basamento al derecho de igualdad entre todos los españoles. En suma, una reforma que nosotros modestamente consideramos nuestra -no de los socialistas, de los andaluces y andaluzas-, la que queremos los andaluces y andaluzas y la que quiere -espero- esta noche esta Comisión Constitucional.


Estoy convencido de que con la ayuda de todos será también este texto el que quiera la soberanía del pueblo español dentro de pocos días y espero que en febrero del año próximo sea también el que quiere el pueblo andaluz. (Aplausos.)

El señor PRESIDENTE: Muy agradecido, señor Gracia. Hemos terminado el debate.


Procedemos ahora a las votaciones. Antes de votar las enmiendas y el dictamen del artículo 1 y del preámbulo, les quiero hacer dos observaciones. Una es que esta mañana, cuando votamos las disposiciones adicionales transitorias y finales, el presidente olvidó que hay otra disposición, la disposición derogatoria, que no sometimos a votación, tal vez porque derogatoria y reforma, al menos para mí, resultan un poco contradictorio. Así que vamos a proceder, en primer lugar, a votar la disposición derogatoria.


Votación de la Comisión Constitucional.


Efectuada la votación, dijo

El señor PRESIDENTE: Queda aprobada por unanimidad.


Votación de la Delegación del Parlamento de Andalucía.


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 37; abstenciones, dos.


El señor PRESIDENTE: Queda aprobada.


La segunda observación que quería hacerles es que en la Mesa se ha recibido un escrito, firmado por seis grupos parlamentarios del Congreso de los Diputados y apoyado por los cuatro grupos de representación del Parlamento de Andalucía, ambivalente, porque en un primer folio se solicita sobre la base del artículo 114.3, que sean admitidas como enmiendas una serie de propuestas o bien como enmiendas in voce unas enmiendas que afectan a un número importante de artículos, con objeto, dice, de homogeneizar el lenguaje utilizado en la propuesta de reforma del Estatuto de Autonomía para Andalucía desde la perspectiva de género.
Los firmantes han comprendido claramente que enmiendas, ni del artículo 114.3 ni in voce pueden hacerse sobre textos que ya están debatidos y votados. Han utilizado una segunda trinchera, por si esto no pasaba, sabiendo que no iba a pasar, y en otro folio del mismo documento se dice que lo que hacen es proponer al presidente de la Comisión Constitucional que, junto con los servicios de la Cámara, determinen la procedencia de incorporar las reformas para homogeneizar desde la perspectiva de género.
Ya no es una enmienda, eso es que, desde el punto de vista reglamentario, el presidente y los servicios, los letrados, podrán ver si efectivamente algunas de las propuestas responden a lo que dice el Reglamento que tengan por finalidad subsanar errores o incorrecciones técnicas, terminológicas o gramaticales. Ese estudio se hará y verán reproducido lo que se puede aceptar sobre la base de los términos que acabo de señalar.


Entramos en la votación de las enmiendas del artículo 1. Hay en principio vivas tres enmiendas: la 2, de Izquierda Unida, la 42, del Grupo Vasco y la 176, del Grupo Popular. A la vista de la enmienda transaccional, ¿alguno retira? (Pausa.) El Grupo Popular retira y los demás, no. Es decir, que votaremos dos enmiendas vivas más la enmienda transaccional lógicamente.


Votamos, en primer lugar, la enmienda transaccional al artículo 1 presentada por el Grupo Socialista.


Votación de la Comisión Constitucional.


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 33; abstenciones, tres.


El señor PRESIDENTE: Votación de la Delegación del Parlamento de Andalucía.


Página 41


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 35; en contra, dos; abstenciones, dos.


El señor PRESIDENTE: Queda aprobada.


Votamos la enmienda número 2, del Grupo Parlamentario de Izquierda Unida.


Votación de la Comisión Constitucional.


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, dos; en contra, 33; abstenciones, una.


El señor PRESIDENTE: Votación de la Delegación del Parlamento de Andalucía.


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, dos; en contra, 35; abstenciones, dos.


El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.


Votamos la enmienda número 42, del Grupo Parlamentario Vasco.


Votación de la Comisión Constitucional.


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, uno; en contra, 33; abstenciones, dos.


El señor PRESIDENTE: Votación de la Delegación del Parlamento de Andalucía.


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, cuatro; en contra, 35.


El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.


Hemos terminado la votación de las enmiendas al artículo 1. Pasamos ahora a la votación del dictamen del artículo 1.


Votación de la Comisión Constitucional.


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 33; abstenciones, tres.


El señor PRESIDENTE: Votación de la Delegación del Parlamento de Andalucía.


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 35; en contra, dos; abstenciones, dos.


El señor PRESIDENTE: Queda aprobado.


Pasamos a la votación de las enmiendas que hay al preámbulo. En primer lugar, hay una enmienda transaccional presentada por el Grupo Socialista.
Votamos la enmienda transaccional.


Votación de la Comisión Constitucional.


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 33; abstenciones, tres.


El señor PRESIDENTE: Votación de la Delegación del Parlamento de Andalucía.


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 35; en contra, dos; abstenciones, dos.


El señor PRESIDENTE: Queda aprobada.


Pasamos a votar cuatro enmiendas del Grupo Mixto, de la señora Lasagabaster y del señor Labordeta.


Votación de la Comisión Constitucional.


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos en contra, 33; abstenciones, tres.


El señor PRESIDENTE: Votación de la Delegación del Parlamento de Andalucía.


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos en contra, 35; abstenciones, cuatro.


El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.


Votamos la enmienda número 1, del Grupo Parlamentario de Izquierda Unida.


Votación de la Comisión Constitucional.


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, dos; en contra, 33; abstenciones, una.


El señor PRESIDENTE: Votación de la Delegación del Parlamento de Andalucía.


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, dos; en contra, 35; abstenciones, dos.


El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.


Votamos la enmienda 41, del Grupo Parlamentario Vasco.


Votación de la Comisión Constitucional.


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos en contra, 33; abstenciones, tres.


El señor PRESIDENTE: Votación de la Delegación del Parlamento de Andalucía.


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, dos; en contra, 35; abstenciones, dos.


Página 42


El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.


Pregunto al Grupo Parlamentario Popular si ha retirado la enmienda 175.
(Asentimiento.) Queda retirada.


Hemos terminado de votar las enmiendas del preámbulo. Ahora votamos el dictamen del preámbulo y el señor Romero había solicitado que un párrafo se votara por separado. Señor Romero, ¿me dice qué párrafo es?

El señor REPRESENTANTE DEL PARLAMENTO DE ANDALUCÍA (Romero Ruiz): Sí, señor presidente. Una vez incorporada la transaccional del Grupo Socialista a la del Grupo Popular, sería el párrafo que dice, al final, después de un punto y seguido: Hoy la Constitución en su artículo 2 reconoce a Andalucía como una nacionalidad en el marco de la unidad indisoluble de la nación española. Ese párrafo solo, por un lado, y el resto del preámbulo, por otro.


El señor PRESIDENTE: Si me lo puede repetir el señor Romero. ¿Es el segundo párrafo de la transaccional?

El señor REPRESENTANTE DEL PARLAMENTO DE ANDALUCÍA (Romero Ruiz): Una vez incorporada la transaccional al preámbulo...


El señor PRESIDENTE: Usted qué quiere ¿votar separadamente un trozo de la transaccional o un trozo del texto anterior a la transaccional?

El señor REPRESENTANTE DEL PARLAMENTO DE ANDALUCÍA (Romero Ruiz): Un trozo de la transaccional, que ya es parte del preámbulo.


El señor PRESIDENTE: Si usted quiere que se vote separadamente, sí, pero con haber votado en la forma que haya votado en la enmienda ya sería suficiente.


El señor REPRESENTANTE DEL PARLAMENTO DE ANDALUCÍA (Romero Ruiz): Pero ahora queremos votar globalmente un preámbulo que tiene un texto nuevo y un párrafo solo que no compartimos.


El señor PRESIDENTE: Se entendería que, si votaran a favor, estarían votando a favor del preámbulo, menos lo que han votado de la enmienda transaccional en contra. Pero, si usted quiere, se vota y no perdemos tanto tiempo.


¿Quiere decir de dónde a dónde va el párrafo, señor Romero?

El señor REPRESENTANTE DEL PARLAMENTO DE ANDALUCÍA (Romero Ruiz): Al final, segundo párrafo.


El señor PRESIDENTE: No, señor Romero. Me está usted pidiendo votar separadamente un párrafo de un párrafo. Si quiere usted, quitamos el párrafo entero, desde el manifiesto andalucista hasta nación española.
(Rumores.-Varios señores diputados: ¡No, no!) Si quiere eso, sí.


El señor REPRESENTANTE DEL PARLAMENTO DE ANDALUCÍA (Romero Ruiz): No. (Un señor diputado: Que se vote separado.)

El señor PRESIDENTE: Señor Romero, como usted sabe, yo he permitido votar, según dice el Reglamento, los párrafos por separado, pero no un fragmento de un párrafo. Si usted quiere votar separadamente ese fragmento, tiene que solicitar votar separadamente el conjunto del párrafo, no del preámbulo; del párrafo.


El señor REPRESENTANTE DEL PARLAMENTO DE ANDALUCÍA (Romero Ruiz): De todos maneras, lo que queremos hacer constar es que nuestra discrepancia es solo con ese párrafo no con el anterior.


El señor PRESIDENTE: Bien. Vamos a votar desde el manifiesto hasta nación española separadamente. ¿De acuerdo?

Identifican ustedes que, de la enmienda transaccional, que ya es texto del dictamen, vamos a votar separadamente de todo el preámbulo solo la segunda parte de la enmienda transaccional, que ya es dictamen.


Votación de la Comisión Constitucional.


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 33; abstenciones, tres.


El señor PRESIDENTE: Votación de la Delegación del Parlamento de Andalucía.


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 35; en contra, dos; abstenciones, dos.


El señor PRESIDENTE: Queda aprobado ese párrafo del dictamen.


Votamos ahora el conjunto del preámbulo, excluido lo que acabamos de votar.


Votación de la Comisión Constitucional.


Efectuada la votación, dijo

El señor PRESIDENTE: Queda aprobado por unanimidad.


Votación de la Delegación del Parlamento de Andalucía.


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 37; en contra, dos.


Página 43


El señor PRESIDENTE: Queda aprobado.


Ya solo nos queda votar lo que establece el artículo 143 para los estatutos de autonomía que tomaron el camino del 151 y que no hay para ninguna otra ley en este Parlamento, y es una votación de conjunto en la Comisión.


Durante unos segundos me van a permitir ustedes decir unas palabras sobre el desarrollo de la Comisión en estos días. Yo quiero agradecer la colaboración de todos y cada uno de ustedes, de todos y cada uno de los delegados del Parlamento de Andalucía y de los señores y señoras diputados del Congreso de los Diputados y también su paciencia; hoy han tenido una paciencia grande, por lo que tengo que disculparme, pero creía que lo que se podría conseguir valía más que el perjuicio de estar haciendo esperar, y en una situación poco edificante, a la Comisión Constitucional y a la Delegación del Parlamento de Andalucía. Lo hice porque creía que sería bueno.


El 13 de septiembre, cuando nos reunimos por primera vez para fijar quiénes serían los ponentes que estudiarían en la ponencia el texto que venía del Parlamento andaluz, les anuncié que la Presidencia tendría como misión fundamental garantizar la libertad de la exposición de cada uno y el respeto de las distintas posiciones. El Estatuto se ha examinado en ponencia y en Comisión con libertad y con responsabilidad. Cada grupo ha defendido, con toda legitimidad, sus posiciones, sin que nadie pueda descalificar esas posiciones, a veces triunfando unos y a veces perdiendo otros en las votaciones, pero todas las posiciones han sido bien escuchadas y legítimamente defendidas. El resultado es un Estatuto que se parece poco al Estatuto vigente y también en algunos aspectos se parece poco al Estatuto que llegó a este Congreso de los Diputados. Se puede hacer un cómputo de la mejora del Estatuto o de la no mejora del Estatuto tomando como consideración la comparación con el vigente, en el que claramente todos admitirán que hay un avance en competencias y en autogobierno importante, o una comparación con el Estatuto que llegó a la Cámara y que nosotros empezamos a estudiar. Para unos será una tramitación que ha traído unos cambios excesivos y para otros, unos cambios insuficientes. Pero nadie podrá decir que el cambio que se ha producido entre el Estatuto vigente y el que sale de esta Comisión sea irrelevante; es un cambio importante.


Es mi deseo que la Comisión haya acertado en el Estatuto que ha elaborado, para bien de todos los ciudadanos de Andalucía y para la mejor convivencia de todos los ciudadanos de España. Debo agradecérselo a los delegados y delegadas del Parlamento de Andalucía, a los diputados y diputadas de la Comisión Constitucional, a los señores letrados que nos han asistido, a todos los servicios de la Cámara, personal administrativo, personal de ujieres, personal de cafetería, que nos han ayudado a llevar adelante este trabajo, y a los profesionales de los medios de comunicación, que han transmitido lo que hemos ido haciendo en estos días.


Espero que mi intervención, que ha querido ser siempre la menor posible en la ponencia y en la Comisión, haya ayudado a reducir momentos de tensión política y a facilitar el consenso. Si miramos qué ha ocurrido en el plazo que va del 13 de septiembre hasta el día de hoy, resulta que un Estatuto, bueno o malo para cada uno según lo considere, que salió del Parlamento de Andalucía con un apoyo del 61 por ciento, por las manifestaciones de los señores delegados y delegadas del Parlamento de Andalucía, va a obtener el 95 por ciento. Salió con el 61 y aquí obtendrá el 95 por ciento. En el Congreso de los Diputados, cuando se hizo la toma en consideración, tuvo el 57 por ciento de los votos. Podría ser, por lo que hemos oído, que aquí en la Comisión tuviera el apoyo del cien por cien de los diputados y diputadas de esta Cámara. Es decir, al margen de las satisfacciones o insatisfacciones que tenga cada uno sobre cada uno de los títulos y artículos, tanto los diputados como los delegados pueden sentirse satisfechos, porque el paso de este Estatuto por la Comisión, más allá de los contenidos, con la importancia que tienen, tiene también el valor de pasar del 61 al 95 por ciento de los representantes de Andalucía y del 57 tal vez al cien por cien de los representantes del Parlamento de España. Cada uno hará ahora su propia interpretación. Unos dirán que se han acercado más a mí, los otros dirán que se han acercado más a ellos. Todo esto es importante, pero es irrelevante respecto a la importancia de haber logrado que al paso del Estatuto por la Comisión se haya logrado un consenso y que pueda servir para todos, con el posterior consenso social en Andalucía, cuando se celebre el referéndum. Esta ha sido la tarea de la Comisión y yo les quiero agradecer y felicitar por el trabajo.


Muchas gracias. (Aplausos.)

Muchas gracias, señoras y señores delegados, señoras y señores diputados.
Procedemos ahora a la votación importante que es la votación de conjunto de la propuesta de reforma del Estatuto de Autonomía de Andalucía.


Votación de la Comisión Constitucional.


Efectuada la votación, dijo

El señor PRESIDENTE: Queda aprobado por unanimidad.


El señor PRESIDENTE: Votación de la Delegación del Parlamento de Andalucía.


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 37; en contra, dos.


El señor PRESIDENTE: Queda aprobado.


Con este resultado queda aprobado el Estatuto de Autonomía de Andalucía.
Muchas gracias. (Prolongados aplausos de las señoras y señores diputados, puestos en pie.)

Se levanta la sesión.


Eran las nueve y diez minutos de la noche.

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