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DS. Congreso de los Diputados, Pleno y Dip. Perm., núm. 52, de 25/11/2004
 


CORTES GENERALES
DIARIO DE SESIONES DEL CONGRESO DE LOS DIPUTADOS
PLENO Y DIPUTACIÓN PERMANENTE

Año 2004 VIII Legislatura Núm. 52
PRESIDENCIA DEL EXCMO. SR. D. MANUEL MARÍN GONZÁLEZ
Sesión plenaria núm. 48
celebrada el jueves, 25 de noviembre de 2004


ORDEN DEL DÍA:

Dictámenes de Comisiones sobre iniciativas legislativas: - Proyecto de Ley Orgánica por la que se modifica la Ley Orgánica 3/1980, de 22 de abril, del Consejo de Estado. "BOCG. Congreso de los Diputados", serie A, número 4-1, de 2 de agosto de 2004. (Número de expediente 121/000004.) ...
(Página 2458)

Declaraciones institucionales ... (Página 2469)

Tramitación directa y en lectura única de iniciativas legislativas: - Proyecto de Ley Orgánica por la que se modifica la Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial. "BOCG. Congreso de los Diputados", serie A, número 12-1, de 22 de octubre de 2004. (Número de expediente 121/000012.) ... (Página 2471)

Debates de totalidad de iniciativas legislativas: - Proyecto de Ley de modificación de tasas y de beneficios fiscales de acontecimientos de excepcional interés público. "BOCG. Congreso de los Diputados", serie A, número 11-1, de 15 de octubre de 2004. (Número de expediente 121/000011.) ... (Página 2500)

Página 2456


Propuestas de creación de Subcomisiones: - Propuesta de la Comisión de Agricultura, Pesca y Alimentación de creación de una Subcomisión sobre el seguimiento de las consecuencias derivadas del hundimiento del "Prestige". (Número de expediente 158/000010.) ... (Página 2509)

SUMARIO

Se reanuda la sesión a las nueve y cinco minutos de la mañana.


Dictámenes de comisiones sobre iniciativas legislativas ... (Página 2458)

Proyecto de ley orgánica por la que se modifica la Ley Orgánica 3/1980, de 22 de abril, del Consejo de Estado ... (Página 2458)

La señora vicepresidenta primera del Gobierno, ministra de la Presidencia y portavoz del Gobierno (Fernández de la Vega Sanz) presenta el proyecto de ley orgánica por la que se modifica la Ley Orgánica 3/1980, de 22 de abril, del Consejo de Estado. Antes de entrar en la exposición recuerda, en el día declarado por la Asamblea General de Naciones Unidas el día internacional de la eliminación de la violencia contra las mujeres, a todas y cada una de las mujeres que sufren violencia, que padecen el menoscabo vergonzante de su dignidad y su libertad por razón del sexo.


A continuación muestra su satisfacción, en primer lugar, porque es el primer proyecto legislativo impulsado desde su departamento para fijar las líneas generales de su política y, en segundo lugar, porque se ha logrado en esta ocasión un amplio consenso entre los grupos parlamentarios. El presente proyecto de ley es el primer paso en el proceso de reforma constitucional concreta y limitada que el presidente del Gobierno anunció durante el debate de investidura, y afirma que la voluntad del Gobierno es buscar el mayor consenso posible para que el Consejo de Estado, con su nueva composición y sus nuevas funciones, esté en condiciones de poder realizar una contribución relevante a la calidad y al nivel de reflexión y debate que una reforma constitucional merece.
Explica el contenido del proyecto de ley que, considera, fortalece y moderniza al supremo órgano consultivo del Gobierno, y agradece a todos los grupos políticos el esfuerzo que han hecho para tratar de alcanzar un consenso tan mayoritario.


En defensa de las enmiendas presentadas intervienen la señora Navarro Casillas, del Grupo Parlamentario de Izquierda Verde-Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya Verds; los señores Esteban Bravo, del Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV), y Tardà i Coma, del Grupo Parlamentario Esquerra Republicana (ERC).


En turno de fijación de posiciones intervienen los señores Mardones Sevilla, del Grupo Parlamentario de Coalición Canaria; Xuclà i Costa, del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió); Trillo-Figueroa Martínez-Conde, del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, y la señora Malaret García, del Grupo Parlamentario Socialista del Congreso.


Declaraciones institucionales ... (Página 2469)

La señora secretaria (Sainz García) lee dos declaraciones institucionales: una, con motivo del día internacional para la eliminación de la violencia contra la mujer y, otra, relativa al día mundial en recuerdo de las víctimas de accidentes de tráfico, que son aprobadas por asentimiento.


Dictámenes de comisiones sobre iniciativas legislativas ... (Página 2470)

Proyecto de ley orgánica por la que se modifica la Ley Orgánica 3/1980, de 22 de abril, del Consejo de Estado. (Votaciones.) ... (Página 2470)

Página 2457


Antes de proceder a las votaciones el señor López Garrido retira la enmienda transaccional presentada.


Se procede a la votación de las enmiendas presentadas, que son rechazadas.


A continuación se somete a votación el texto del dictamen, que es aprobado por 286 votos a favor, 12 en contra y nueve abstenciones.


Finalmente, al tratarse de una ley orgánica, se somete a votación de conjunto el proyecto de ley, siendo aprobado por 286 votos a favor, 12 en contra y nueve abstenciones.


Tramitación directa y en lectura única de iniciativas legislativas ...
(Página 2471)

Proyecto de ley orgánica por la que se modifica la Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial ... (Página 2471)

La Presidencia comunica a la Cámara que la Junta de Portavoces acordó hacer dos debates por tratarse de un proyecto de ley que se tramita por el procedimiento de urgencia: en primer lugar, y después de la exposición del señor ministro, un debate sobre las enmiendas a la totalidad y, en segundo lugar, otro debate sobre las enmiendas al articulado.


El señor ministro de Justicia (López Aguilar) presenta, en nombre del Gobierno, al Parlamento y al conjunto de la sociedad el proyecto de ley orgánica por la que se modifica la Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial y, haciendo frente a la enmienda a la totalidad, explica la finalidad, el objeto y el contenido de la reforma que este proyecto de ley contiene respecto a la Ley Orgánica 6/1985, del Poder Judicial. Asimismo aprovecha la ocasión para salir al paso de algunas argumentaciones que se han producido a lo largo de los últimos meses en relación con la iniciativa.


En defensa de la enmienda a la totalidad de devolución interviene el señor Astarloa Huarte-Mendicoa, en nombre del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.


Replica el señor ministro de Justicia, y duplica el señor Astarloa Huarte-Mendicoa.


Cierra el debate el señor ministro de Justicia (López Aguilar).


El señor Astarloa Huarte-Mendicoa interviene por una cuestión de Reglamento.


El señor presidente da por concluido el debate entre el ministro de Justicia y el señor Astarloa Huarte-Mendicoa.


En turno de fijación de posiciones intervienen el señor Mardones Sevilla, del Grupo Parlamentario de Coalición Canaria; las señoras Navarro Casillas, del Grupo Parlamentario de Izquierda Verde-Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya Verds; Uría Etxebarría, del Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV); y los señores Jané i Guasch, del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), y Villarrubia Mediavilla, del Grupo Parlamentario Socialista del Congreso.


Cierra el debate de la enmienda a la totalidad, el señor ministro de Justicia (López Aguilar).


En defensa de las enmiendas al articulado intervienen los señores Jané i Guasch, del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió); Astarloa Huarte-Mendicoa, del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, y Villarrubia Mediavilla, del Grupo Parlamentario Socialista del Congreso.


En turno de fijación de posiciones interviene la señora Uría Etxebarría, del Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV).


Para fijar posición en relación con las enmiendas transaccionales propuestas interviene el señor Jané i Guasch, del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió).


Sometida a votación la enmienda a la totalidad de devolución del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, se rechaza por 127 votos a favor y 165 en contra.


A continuación se procede a la votación de las enmiendas transaccionales, que son aprobadas, y de las enmiendas parciales al articulado.


Votación de conjunto ... (Página 2500)

Al tramitarse la iniciativa por el procedimiento de lectura única, artículo 150.2, y al tener carácter orgánico, artículo 131, se procede a la votación de conjunto del texto del dictamen, siendo rechazado el proyecto de ley por 169 votos a favor, 124 en contra y una abstención, al no haber obtenido la mayoría absoluta de 176 votos que establece la ley.


Página 2458


Debates de totalidad de iniciativas legislativas ... (Página 2500)

Proyecto de ley de modificación de tasas y de beneficios fiscales de acontecimientos de excepcional interés público ... (Página 2500)

Presenta el proyecto de ley el señor vicepresidente segundo del Gobierno y ministro de Economía y Hacienda (Solbes Mira), en nombre del Gobierno.
Explica que el proyecto de ley que tiene el honor de presentar a la Cámara se debe a la decisión del Gobierno de suprimir este año la Ley de medidas fiscales, administrativas y del orden social, siendo necesario llevar las reformas precisas a otros proyectos legislativos. En ese contexto sitúa el actual proyecto de ley que abarca dos tipos de cuestiones diferentes: un primer título sobre las tasas estatales y un segundo título sobre los beneficios fiscales aplicables a determinados acontecimientos de excepcional interés público. Explica el contenido concreto del proyecto de ley y destaca, finalmente, que es una iniciativa que pretende sistematizar las modificaciones que anteriormente se realizaban de forma menos transparente a través de las leyes de acompañamiento, para la que pide el voto favorable de la Cámara.


En defensa de la enmienda a la totalidad interviene el señor Utrera Mora, del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.


En turno de fijación de posiciones intervienen los señores Mardones Sevilla, del Grupo Parlamentario de Coalición Canaria; Pérez Martínez, del Grupo Parlamentario de Izquierda Verde-Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya Verds; Sánchez i Llibre, del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), y Turiel Sandín, del Grupo Parlamentario Socialista del Congreso.


Sometida a votación la enmienda a la totalidad de devolución del proyecto de ley de modificación de tasas y de beneficios fiscales de acontecimientos de excepcional interés público, presentada por el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, se rechaza por 106 votos a favor, 147 en contra y cinco abstenciones.


Propuesta de creación de subcomisiones ... (Página 2509)

Propuesta de la Comisión de Agricultura, Pesca y Alimentación de creación de una subcomisión sobre el seguimiento de las consecuencias derivadas del hundimiento del Prestige ... (Página 2509)

Sometida a votación la propuesta de creación de una subcomisión sobre el seguimiento de las consecuencias derivadas del hundimiento del "Prestige", se aprueba por 151 votos a favor y 108 abstenciones.


En turno de explicación de voto intervienen el señor Rodríguez Sánchez, del Grupo Parlamentario Mixto; García Díez, del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, y Louro Goyanes, del Grupo Parlamentario Socialista del Congreso.


Se levanta la sesión a las tres y veinte minutos de la tarde.


Se reanuda la sesión a las nueve de la mañana.


DICTÁMENES DE COMISIONES SOBRE INICIATIVAS LEGISLATIVAS.


- PROYECTO DE LEY ORGÁNICA POR LA QUE SE MODIFICA LA LEY ORGÁNICA 3/1980, DE 22 DE ABRIL, DEL CONSEJO DE ESTADO. (Número de expediente 121/000004.)

El señor PRESIDENTE: Señorías, continuamos con el orden del día.


En primer lugar, dictámenes de comisiones sobre iniciativas legislativas.
Proyecto de ley orgánica por la que se modifica la Ley Orgánica 3/1980, de 22 de abril, del Consejo de Estado.


Quiero anunciarles, de conformidad con el artículo 131 del Reglamento, que la votación relativa al carácter orgánico del proyecto de ley orgánica por la que se modifica esta ley del Consejo de Estado, en principio, no será antes de las 10 de la mañana.


La señora vicepresidenta, en nombre del Gobierno, presentará esta iniciativa a la Cámara.


La señora VIDEPRESIDENTA PRIMERA DEL GOBIERNO, MINISTRA DE LA PRESIDENCIA Y PORTAVOZ DEL GOBIERNO (Fernández de la Vega Sanz): Señor presidente, señores diputados, permítanme que mis primeras palabras en el día de hoy, declarado por la Asamblea General de Naciones Unidas Día internacional de la eliminación de la violencia contra las mujeres, vayan dirigidas a todas y cada una

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de las mujeres que sufren violencia, que padecen el menoscabo vergonzante de su dignidad y su libertad por razón del sexo y que soportan la manifestación brutal de la discriminación (Aplausos.). Quiero decirles desde esta tribuna que ha cesado la hora del silencio y que llega el momento del vigor, de la respuesta de nuestra sociedad para que accedan plenamente al libre ejercicio de sus derechos como personas. No toleraremos la persistencia entre nosotros de ámbitos de dominación, que pretenden anular la autonomía de la mujer.


Señor presidente, señorías, debatimos hoy en este Pleno el proyecto de ley de modificación de la Ley Orgánica del Consejo de Estado y mi satisfacción es doble. En primer lugar, porque es el primer proyecto legislativo impulsado desde el departamento que dirijo y cuya presentación en esta Cámara comprometí en mi primera comparecencia ante la Comisión Constitucional para fijar las líneas generales de la política de mi departamento. En segundo lugar, porque también en esta ocasión se ha logrado un amplio consenso entre los grupos parlamentarios. El trabajo de la ponencia y de la Comisión ha sabido integrar los distintos puntos de vista y ha conseguido la conjunción de voluntades en torno al texto que hoy se debate. El grado de acuerdo alcanzado está a la altura de la estabilidad que precisa toda reforma legislativa de la arquitectura y funcionamiento de un órgano de relevancia constitucional, como es el Consejo de Estado, y señala la divisa que entiendo debe guiar la labor de reforma de los elementos estructurales del Estado.


El presente proyecto de ley es el primer paso en el proceso de reforma constitucional concreta y limitada que el presidente del Gobierno anunció durante el debate de investidura. En ese proceso, buscar el más amplio acuerdo es y será nuestro objetivo y nuestro método de trabajo. Un consenso construido a partir de la discusión razonada y razonable entre todas las fuerzas políticas. La voluntad del Gobierno es que el Consejo de Estado, con su nueva composición y sus nuevas funciones, esté en condiciones de poder realizar una contribución relevante a la calidad y el nivel de reflexión y debate que una reforma constitucional merece.
Estoy segura de que lo hará desde la precisión técnica y la reflexión serena, desde una posición de imparcialidad y al margen de consideraciones de oportunidad política. Estamos convencidos de que contar con la colaboración inicial del Consejo de Estado, alejado de la presión de la hora política, será un punto de partida y un apoyo eficaz y fructífero al proceso de reforma constitucional. Por ello, una de las ideas nucleares del proyecto ha sido la de revitalizar y fortalecer las funciones del Consejo de Estado en esa dirección. Junto a la tradicional función consultiva, se han incorporado dos nuevas funciones. La función de estudio y la de elaboración de propuestas legislativas o de reforma constitucional que el Gobierno le encomiende. Esta última función es característica de este tipo de órganos consultivos en los que países que comparten nuestra tradición jurídico-política permitirá, sin duda, aumentar ya su relevante contribución a la labor deliberante del Gobierno.


Para el desempeño de sus nuevas funciones, se crea en el seno del Consejo de Estado una comisión de estudios integrada por su presidente, dos consejeros natos, dos consejeros permanentes y dos consejeros electivos; y se prevé que el presidente del Consejo pueda encomendar al Centro de Estudios Políticos y Constitucionales la realización de tareas determinadas o recabar la colaboración de otros organismos autónomos, unidades o servicios administrativos para el mejor cumplimiento de sus fines.


La atribución de estas nuevas funciones al alto órgano consultivo no supone un demérito de las ya existentes; al contrario, el proyecto fortalece la función consultiva del Consejo de Estado, adecuando su ejercicio a la nueva realidad legal y potenciando aquellos de sus aspectos que permitan que sus dictámenes se emitan con carácter previo a la toma de decisiones. Por eso se ha eliminado en el texto sometido a aprobación la posibilidad de que el dictamen sobre las impugnaciones de normas autonómicas que ante el Tribunal Constitucional formule el Gobierno pueda solicitarse tras la interposición del recurso. El carácter previo del dictamen es ahora regla sin excepciones. Asimismo se ha fijado una cuantía mínima exigible para que el Consejo dictamine sobre reclamaciones en concepto de indemnizaciones por daños y perjuicios con el fin de preservar la funcionalidad y capacidad de trabajo del órgano.


La composición del Consejo de Estado se ha enriquecido con la integración de personas que han acumulado una relevante experiencia política y un conocimiento directo de la realidad del Estado. El texto que se somete a la consideración del Pleno, señorías, incorpora a los ex presidentes del Gobierno como consejeros natos con carácter vitalicio, desde la creencia de que las aportaciones de los nuevos consejeros acrecentarán las virtudes que ha expresado la institución en su labor de garantía de la calidad y del rigor de la actuación del Gobierno. La razón jurídica es una combinación de ciencia y prudencia, de espíritu geométrico y, si me permiten decirlo, de firmeza jurídica y política. La composición del Consejo de Estado debe aproximarse a ese equilibrio ideal entre ambas.
Esa es la opción del proyecto que hoy se somete a su consideración.


La pluralidad de puntos de vista y de experiencias en el seno del Consejo se ha acrecentado también con la posibilidad de que formen parte de él personas que, por ejemplo, hayan desempeñado el cargo de presidente de Gobierno autonómico durante al menos ocho años o hayan ejercido las funciones de juez del Tribunal de Justicia de la Unión Europea o de abogado

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general. El Consejo de Estado se abre así en su composición a Europa y a las comunidades autónomas. De esta forma podrá reunir en su seno una visión más plural y global de los asuntos públicos sobre los que deba informar.


Señorías, en mi opinión el proyecto fortalece y moderniza al supremo órgano consultivo del Gobierno con el fin de que, entrado ya el siglo XXI, siga expresando las virtudes que han hecho del Consejo de Estado un órgano eficaz en la defensa del Estado de derecho a lo largo de nuestra tradición jurídico-pública. El Gobierno, en el ejercicio de sus funciones, que le encomienda el artículo 97 de nuestra Constitución, debe saber decidir, pero también debe saber escuchar. Las decisiones fundadas en razones rigurosas y aquilatadas son un componente esencial de la calidad de la acción política. Creemos que el proyecto supone una decisiva contribución para lograrlo; permitirá que la actividad del Consejo de Estado redunde sin duda en beneficio de la Administración y de los ciudadanos a los que esta sirve. Es por ello por lo que confío en que la reforma propuesta merezca su aprobación.


Aprovecho la oportunidad para dar las gracias a todos los grupos políticos por el esfuerzo que han hecho para tratar de alcanzar un consenso tan mayoritario.


Muchas gracias. (Aplausos.)

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señora vicepresidenta.


A continuación, turno a favor de las enmiendas presentadas.


En primer lugar, en nombre del Grupo Parlamentario de Izquierda Verde-Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya Verds, tiene la palabra la señora Navarro.


La señora NAVARRO CASILLAS: Gracias, señor presidente.


Hoy, previsiblemente, se va a aprobar la modificación del máximo órgano consultivo del Gobierno y se va a hacer consolidando y ampliando uno de los defectos de los que adolece, esto es, su independencia. Cuando el artículo 1.2 de la ley manifiesta que este órgano ejerce la función consultiva con autonomía orgánica y funcional para garantizar su objetividad e independencia, vemos que recoge tres términos fundamentales: autonomía, objetividad e independencia. Esas son las directrices de la función que ha de desempeñar el Consejo de Estado y, por tanto, su razón de existir. Sorprendentemente, para garantizar estas misiones más aún -el dictamen dice enriquecer su labor- se incorpora la figura de los ex presidente del Gobierno. Desde Izquierda Verde no alcanzamos a comprender cómo pueden unos ex presidentes, que siguen haciendo campaña electoral, que sus declaraciones son siempre partidistas, cumplir con autonomía, objetividad e independencia las funciones consultivas del Gobierno.


Es más, se prevé que ello sea con carácter vitalicio, para siempre, exonerándoles de la jubilación a pesar de tratarse, supuestamente, de un trabajo técnico de consulta el que han de desempeñar, aportando los conocimientos que han adquirido. Los letrados sí que se jubilarán, que son los que hacen efectivamente ese trabajo tan técnico; los ex presidentes, no. Con esto no queremos decir que los ex presidentes no tengan nada que aportar al Estado, pero sí que desde luego este no es el lugar adecuado. Aquí la propuesta del Gobierno no nos parece acertada y, por tanto, no la podemos apoyar. Por eso presentamos la correspondiente enmienda.


Respecto a las demás reformas que se han llevado a cabo y las enmiendas que a ellas se han presentado, quisiera manifestar el total apoyo a la enmienda número 9 del Grupo Vasco, que amplía las materias sobre las que el Consejo de Estado debe ser consultado, pues esta sí que es una reforma que aporta más contenido a la figura y, por tanto, sí que enriquece y potencia su papel. Igualmente, apoyamos la actualización de la institución al vigente marco legal, incluido el derecho comunitario, y la creación de la citada comisión de estudios, si bien estas consideraciones no son suficientes para votar a favor, pues la reforma entendemos que debería haberse hecho en otra dirección, como ya se ha manifestado.


Por lo que se refiere a la enmienda presentada para que los ex presidentes del Gobierno no formen parte de este órgano consultivo con carácter nato y vitalicio, hemos llegado a una transaccional con el Grupo Socialista, mediante la que pretendemos ahorrar al erario público pagarles a los ex presidentes dos sueldos, en primer lugar, durante veinticuatro meses, y durante el resto de sus vidas un sueldo y una indemnización. Los ciudadanos han de saber que los ex presidentes, al igual que otros muchos altos cargos, perciben indemnizaciones compatibles con cualquier tipo de retribución, incluidas las que tienen origen en una misma administración.
Es decir, tenemos a una misma administración que paga dos retribuciones o dos sueldos, dos indemnizaciones, como se quiera ver, porque se pagan mensualmente. Gracias a Izquierda Verde, al menos en este caso, no va a suceder así y las elevadas retribuciones que se percibirán por los ex presidentes como consejeros natos vitalicios no serán compatibles con ningún otro tipo de sueldo o indemnización. De esa manera entendemos que mejoramos sustancialmente respecto al erario público la propuesta que se efectuaba por parte del Gobierno y del Grupo Socialista.


Mientras aquí se debate si las pensiones se incrementan o no o en cuánto, si son compatibles o no con otro tipo de pensiones o retribuciones, tenemos a altos cargos que tienen compatibilidad en sueldos muy elevados.
Entendemos que este es el primer paso -mediante esta enmienda transaccional- para que

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esto no se lleve a cabo en este caso y abrimos un camino para mejorar esta situación y que todos recibamos un trato más justo y más equilibrado por parte de los Presupuestos Generales del Estado y de la Administración del Estado.


Gracias.


El señor PRESIDENTE: Gracias a usted, señora Navarro.


Para la defensa de sus enmiendas, corresponde el turno al Grupo Parlamentario Vasco, señor Esteban.


Adelante, señor diputado.


El señor ESTEBAN BRAVO: (El señor diputado comienza su intervención en vasco, cuyo texto, que entrega a la Redacción del "Diario de Sesiones", dice lo siguiente: Jaun-Andreok, gaur Jaurlaritzak arrapaladan sartu gura izan dauan lege egitasmoa aztertzen dogu, zoritxarrez ez dogu, proposamenagaz bat.- El señor diputado continúa su intervención en castellano.) Evidentemente, en la opinión del Grupo Vasco, a tenor de los debates que hemos tenido en ponencia y Comisión, la institución del Consejo de Estado es una de las que necesita una readaptación, una renovación en su estructura, en su funcionamiento, en sus funciones, y todo ello no sólo porque han transcurrido ya muchos años desde la aprobación de la ley que la regula, sino también porque se hizo en un momento en el que había que construir esa estructura básica del Estado, y creo que después de esos tiempos de prisas, entre comillas, han pasado muchas cosas y se han ido sentando bastantes otras como para que pudiera haberse entrado a una renovación genérica de la propia institución.


Sorprende, en ese sentido, que la propuesta hecha por el Gobierno no haya sido una revisión radical y que haya sido tan precipitada, o si se quiere, si no precipitada, sí pronta en el tiempo, en el comienzo de la legislatura, y que sin embargo los dos temas básicos que se hayan tocado y que han sido un poco la estrella de la reforma hayan sido, por una parte, la participación de los ex presidentes del Gobierno dentro del Consejo de Estado y, por otra parte, la intervención en las reformas constitucionales de esta institución.


Ambos puntos han suscitado muchas dudas en nuestro grupo, especialmente el referente a la participación del Consejo de Estado en la reforma constitucional, entre otras razones porque, como todos conocemos, la Constitución, a diferencia de otras del entorno europeo, es abierta, modificable en todo su articulado y no mantiene ningún artículo o título que no sea reformable y que, por consiguiente, pudiera estar sometido a un examen de legalidad.


La Constitución es, en este sentido -o así en las instancias del Estado se ha manifestado continuamente-, fruto de acuerdos políticos. Nosotros creemos que una posible reforma constitucional entraña un acuerdo entre los actores no sólo a nivel del Estado, sino también, dado el carácter de una estructura compleja en la que existen poderes legislativos autonómicos, un acuerdo con esos poderes, esas estructuras; y es el Gobierno y los que hayan manifestado su acuerdo con la reforma que se propusiera en su momento quienes tienen que asumir la responsabilidad de haber llegado a un acuerdo, puesto que ésta no está limitada por el ordenamiento jurídico.


A nosotros nos gustaría que en el futuro, si se aborda, que creo que quizá sería necesario, una reforma más detallada del Consejo de Estado, se subrayara el carácter jurídico del mismo y la labor jurídica que desarrolla. En ese sentido, en esta tarea de reforma constitucional no vemos la necesidad de la participación del Consejo de Estado porque no hay que salvaguardar ninguna seguridad jurídica ni hacer ningún examen con el resto del ordenamiento jurídico, del cual la Constitución es vértice y norma principal. Nosotros habíamos planteado una enmienda, que no ha sido aceptada, para modificar esa propuesta por parte del Gobierno.


En cuanto a la participación de los ex presidentes en el Consejo de Estado, es bien cierto que es una práctica en otras instituciones similares, en otros lugares de Europa y fuera de ella, y en principio no tiene por qué llamar a escándalo alguno. El problema quizá venga dado porque normalmente, cuando se producen estas circunstancias, las personas que han ocupado las presidencias de los gobiernos pasan después ya a un segundo plano y a estar fuera del debate político del día a día. Desde nuestro grupo tenemos serias de que esto esté sucediendo en estos momentos en España con algún o algunos ex presidentes del Gobierno. Pero, en principio, sí que podríamos comprender la medida y la propuesta del Gobierno, de lo que no estamos tan seguros es de que el momento sea este.


Aparte de todo esto, nuestras enmiendas han sido defendidas con no mucho éxito, a pesar del supuesto consenso que se ha manifestado por la representante del Gobierno, aunque bien es cierto que una de ellas sí se ha aceptado, pero me ha parecido entender de las manifestaciones de la vicepresidenta -o yo lo he entendido así- que venía ya directamente en el proyecto del Gobierno y no ha sido así. La enmienda que se ha aceptado del Grupo Vasco consiste en que, antes de la presentación de los recursos de inconstitucionalidad, sea necesaria la consulta al Consejo de Estado y la elaboración por éste de un dictamen, cosa que hasta ahora era potestativa y que desde luego no se usaba en demasiadas ocasiones. Eso ha sido fruto de una enmienda del Grupo Vasco, no porque fuera incluido en el proyecto, y desde luego sí que agradezco a los grupos que lo adoptaran en el trámite de ponencia.


Sin embargo, ha habido otras enmiendas que han sido rechazadas. Una de ellas intentaba subrayar este carácter jurídico exclusivamente que debería predominar en el Consejo de Estado y lo que pretendíamos es

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que, así como ocurre en comunidades autónomas, por ejemplo en Euskadi, todos los proyectos de ley del Gobierno fueran dictaminados por el Consejo de Estado y que esa documentación y ese examen sirviera también como dato, como documentación a las Cortes Generales a la hora de examinar los proyectos. Insisto en que no se trata de exigir a un órgano consultivo lo que no se exige para otros. Es una práctica que en algunos lugares como en Euskadi se viene dando y creíamos que era posible. Viendo que no se iba a alcanzar un consenso en ello, intentamos también acotar los proyectos de ley que fueran enviados al Consejo de Estado, pero finalmente tampoco en ese punto hemos podido llegar a un acuerdo.


Por otra parte, lo que se pretendía con otra enmienda del Grupo Vasco era que en la reforma constitucional, como he subrayado antes, aparte de los agentes estatales existe también, desde luego, o debería existir, la participación de los entes autonómicos, y si el Consejo de Estado iba a elaborar el dictamen, sería muy interesante que por parte de aquellos consejos consultivos autonómicos que lo desearen se pudiera enviar sus observaciones a esa reforma constitucional. Tampoco se ha aceptado en estos términos. Se ha querido contemplar al Consejo de Estado -y evidentemente eso es así, es el órgano consultivo del gobierno del Estado-, absolutamente en todos sus aspectos, como un órgano estanco cuando quizás esa composición de estructura plural y compleja del Estado, si no en todos los aspectos del Consejo de Estado, sí en algunos de ellos, en algunos de sus trabajos, podría haber sido contemplada y dar un carácter más abierto al propio Consejo. Esperemos que sea importante la aprobación de esta enmienda, y que ello conlleve, al menos desde la experiencia vasca, que las leyes aprobadas en nuestro Parlamento no sea recurridas sistemáticamente, muchas de ellas con muy poco éxito, pero sí impidiendo su aplicación, provocando una suspensión y recurridas caprichosamente en muchos casos, y que el Consejo de Estado pueda poner un poquito de serenidad y de racionalidad en esos recursos que se planteen.


Por las razones apuntadas, por nuestras dudas con respecto a aspectos sustanciales de la reforma y por otras enmiendas que hemos presentado y que al final no han podido ser consensuadas, el Grupo Vasco no va a votar favorablemente el proyecto de ley, sino que se va a abstener.


Muchas gracias.


El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Esteban.


Para la defensa de sus enmiendas, Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana, señor Tardà.


El señor TARDÀ I COMA: Señor presidente, señorías. (El señor diputado comienza su discurso en catalán.)

El señor PRESIDENTE: Señor Tardà, limítese a manifestar su protesta, no me importa, creo que todo el mundo tiene derecho a manifestar la protesta, pero, por favor, no cargue la barca, porque la barca, si se la carga demasiado, a veces se hunde. Limítese, pues, a protestar, tiene derecho, lo estoy concediendo a todos los grupos parlamentarios, pero no olvide este consejo: la barca no se puede cargar en exceso. Limítese, pues, a protestar, todo el mundo tiene derecho a protestar.


El señor TARDÀ I COMA: Debería poder proseguir mi intervención en lengua catalana, en mi lengua, queda claro que no puedo hacerlo, en todo caso, voy a traducirles las pocas palabras que se me han permitido pronunciar.


El Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana presenta una enmienda al apartado 7 del proyecto de ley orgánica del Consejo de Estado para posibilitar la incorporación como consejeros permanentes de un miembro en representación de cada una de las nacionalidades -Galicia, Euskadi y Cataluña- que tendrían que ser presentados por sus parlamentos nacionales. Exigimos el reconocimiento de nuestras realidades nacionales, que estén presentes en el máximo órgano consultivo del Estado, convencidos de la utilidad de una medida como la que se postula a las puertas de una reforma constitucional.


El legislador de 1977, además de incorporar los derechos individuales y los derechos sociales de la ciudadanía, introdujo una mínima plasmación de unas realidades históricas y nacionales profundas, tan profundas como la española, fortalecidas, todavía más, en la lucha antifranquista y antifascista. Para ello el combate nacional de los pueblos gallego, vasco y catalán también fue determinante en la obtención de las libertades democráticas de que hoy gozamos.


Las hipotecas de aquel momento histórico determinaron no ya la negación de nuestras aspiraciones como independentistas, como republicanos y la misma imposibilidad de plantear la articulación de los países catalanes, sino que ni tan siquiera se concretó cuáles eran las nacionalidades que la propia Constitución reconocía. Aun así, después de veinticinco años de aprobada la Constitución, nadie puede negar que aquel texto, a pesar de ser el resultado de una negociación de carácter político entre el aparato franquista y los demócratas en un plano de absoluta desigualdad, reconocía una asimetría entre nacionalidades y regiones. Les pedimos que en el año 2004 no sigan siendo prisioneros de las grandes servidumbres impuestas por la transición, una transición o reforma política que fue diseñada tan bien desde el aparato franquista que permitió dotar a los protagonistas de la dictadura de una cierta legitimidad democrática, cuyo primer beneficiario fue el ciudadano Juan Carlos de Borbón y Borbón, que aun habiendo jurado fidelidad a los principios fundamentales del Movimiento Nacional, de la mano y amparo del dictador

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Franco, hoy puede ejercer de jefe de Estado de una democracia.


Se ha construido, pues, a partir de aquellas excepcionalidades, un nuevo Estado, una de cuyas características fue la generalización del régimen autonómico, fruto de los pactos en 1981 entre UCD y PSOE. Hoy día son diecisiete las autonomías bajo los principios de la unidad y la igualdad, aunque en un primer momento, y hasta la consolidación del modelo simétrico autonómico, quedaban abiertas otras posibilidades, por ejemplo, la no generalización del sistema autonómico, como hubiera podido desprenderse de la distinción entre nacionalidades y regiones. En la coyuntura actual de pretendidas reformas a las que el Estado español se ve abocado en parte para resolver los déficit de entonces y de las que no se escapa este mismo proyecto de ley, entendemos que debe permitirse a los parlamentos nacionales de las nacionalidades, que la Constitución de manera no explícita reconoce, esta singularidad.


Consideramos que esta enmienda permitirá al Consejo de Estado dotarse de otra perspectiva de análisis, hecho que, sin ninguna duda, enriquecería su objetivo y cometido como órgano consultivo encargado de asesorar al Gobierno. Mayor eficacia, pues, por un lado, y, por otro, mostraría que existe receptividad por parte de la mayoría de actuar como catalizador pedagógico de la realidad plurinacional del actual Estado español.
Teniendo en cuenta, pues, las nuevas coyunturas que se avecinan y los profundos desencuentros que deberían evitarse en un futuro inmediato, entendemos que la aceptación de la enmienda sería de interés, en la medida en que el Consejo de Estado incorporaría la voluntad de tener presente en sus funciones la realidad plurinacional. Su rechazo, para el Grupo de Esquerra Republicana, es un síntoma de anquilosamiento, que pone en duda la voluntad profunda de cambio de los grupos mayoritarios respecto a la cuestión nacional. De no ser aceptada la enmienda, que entiendo que será así en tanto en cuanto no ha habido interés por parte de la mayoría de llegar a ningún tipo de transaccional, vamos a votar en contra. Cuesta creer que en el año 2004 no sean capaces de aceptar una enmienda que, repito, para Esquerra Republicana de Cataluña es de gran calado y es suficiente para haber determinado nuestra posición, más allá de otras opiniones ya reflejadas en la Comisión.


Muchas gracias y les recuerdo que sigue siendo una reivindicación prioritaria que podamos expresarnos en nuestra lengua.


Gracias. (Aplausos.)

El señor PRESIDENTE: Gracias a usted, señor Tardà.


Concluidos los turnos a favor de enmiendas, ¿algún grupo parlamentario desea utilizar el turno en contra? (Pausa.)

Antes de la fijación de posiciones, se puede ejercitar un turno en contra, que al ser turno en contra da derecho a réplica y si no fuera así pasamos a fijación de posiciones. Lo digo para que luego no haya malos entendidos entre los grupos. (Pausa.) No hay turno en contra.


¿Fijación de posiciones? (Pausa.) Tiene la palabra el señor Mardones.


El señor MARDONES SEVILLA: Muchas gracias, señor presidente.


Mi grupo va a votar favorablemente el dictamen tal como nos ha venido de la Comisión correspondiente, para esta modificación de la Ley Orgánica 3/1980, del Consejo de Estado.


Se ha hecho una labor, señorías, señor presidente, muy prudente y respetuosa con una historia y con una estructura del Consejo de Estado.
Nos había preocupado en un principio recibir algunas enmiendas que diversos grupos, sobre todo el mayoritario, el Grupo Socialista, había introducido que, sin discutir la legitimidad y buena intención, podrían, de alguna manera, conmover las estructuras de un organismo con el carácter histórico, administrativo y político que el Consejo de Estado tiene en España. Nos congratulamos de la retirada, nuestro grupo también retiró sus enmiendas, como hicieron otros grupos, para no causar una dislocación de estructuras orgánicas operativas del Consejo de Estado e incluso lo que a veces podía ser una acusación al decir: hay un corporativismo con la estructura orgánica de los letrados del Consejo de Estado. Creo que fueron muy afortunadas las intervenciones en Comisión tan clarificadoras y de una índole verdaderamente respetuosa con el Consejo de Estado que efectuaron tanto el portavoz del Grupo Parlamentario Popular, don Federico Trillo, como el portavoz del Grupo Parlamentario Socialista porque recondujeron la situación.


No se puede cuestionar un organismo porque haga una selectividad de un órgano operativo de una estructura orgánica como pueden ser los letrados.
¿Qué diríamos en el Parlamento, en las Cortes, en el Congreso de los Diputados y en el Senado, si el prestigioso cuerpo de letrados fuera sometido a unas dudas sobre la estructura de funcionamiento, de adecuación cuando vienen profesionalmente prestando estos servicios de un reconocimiento administrativo, político e histórico fundamental? No se puede cuestionar precisamente que en toda comisión, en todo órgano de trabajo los servicios jurídicos, los letrados hagan su aportación, que será escrita u oral, será una manifestación de voz; que después en las secciones, bajo la presidencia de un consejero del Consejo de Estado, los letrados hagan estas aportaciones verbalmente y se tome la decisión permanente, no puede llevar a cuestionar, digamos, la eficacia de un servicio. Nos congratulamos, por tanto, de que aquellas enmiendas que hubieran podido traer una crispación, una distorsión en lo que es un verdadero

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sustrato de calidad de exigencia hayan sido retiradas. Cada organismo pone el listón de exigencia de los profesionales del derecho o de la economía o de cualquier rama universitaria o facultativa donde entiende que, para una selección de calidad, por la responsabilidad que contraen, se debe colocar.


El proyecto que hoy vamos a votar introduce fundamentalmente una figura, la de la comisión de estudios, que enriquece, de una manera, digamos muy vinculada a una exigencia intelectual, jurídica, profesional, las aportaciones que pueda hacer. Trae también una vinculación con el Consejo de Estudios Constitucionales, que puede asimismo lograr una simbiosis de profesionalidad, de aportaciones. En 1980, en la Ley 3, del Consejo de Estado -que es un compromiso en aquel momento del Gobierno de don Adolfo Suárez, de UCD, y con la aportación del Partido Socialista y de las otras fuerzas políticas de la Cámara-, se dan cuenta de que el Estado no puede prescindir y tiene que dar una nueva legitimidad democrática, de ahí la fecha de 1980, cambiando lo que venía siendo cambiable y adecuado al sistema democrático constitucional de la anterior Ley del Consejo de Estado -para no remontarnos en la historia del régimen anterior, de la época de la República y de lo que impregna precisamente el Consejo de Estado todos los mandatos de los gobiernos de la monarquía del Rey Alfonso XIII en el siglo XX- para consolidar, precisamente, esta figura de la cual el Parlamento tiene que ser muy sensible en la custodia fundamental de su grado de calidad jurídica, de su grado de compromiso fundamental al asesorar al Gobierno, al dar sus dictámenes, bien preceptivos bien aleatorios, sobre las demandas que se puedan hacer, y que puedan llegar al Gobierno no solamente los acuerdos del Pleno del Consejo de Estado, sino de su Comisión Permanente. Aparte de esto, la junta que va a salir para ir creando una experiencia con la comisión de estudios se podrá llevar felizmente a término. Creo que un Estado democrático tiene que sentirse enriquecido con esta figura.


En cuanto a la otra modificación, que es el reconocimiento como consejeros natos con carácter vitalicio de aquellos ex presidentes del Gobierno de España que manifiesten su deseo explícito, mi grupo la va a votar sin ninguna discusión. No podemos ser cicateros y que quien ha sido presidente del Gobierno de una nación quede como una especie de ciudadano que se ha usado y al que se deja ahí cuando deja el cargo, cuando tiene el imperativo legal de seguir manteniendo el secreto de las deliberaciones del Consejo de Ministros que presidió. La cicatería no honra a ninguna sociedad ni a ningún parlamento democrático que quiera hacer transitable la vida de una persona que ha rendido el tributo de ser presidente del Gobierno de la nación y que queda sometida a una serie de limitaciones incluso en su vida personal. Otros países -Italia, Francia- lo han resuelto de otra manera, Italia tiene la figura del senador vitalicio para quien ha desempeñado la jefatura del Gobierno, el Estado se considera obligado a darle una protección, unos mínimos servicios de decoro.


Si nuestro proyecto de ley permite que los ex presidentes del Gobierno puedan ser consejeros natos del Consejo de Estado, ¿qué mejor contribución de continuidad que la experiencia profesional, política y administrativa de un cargo? Máxime cuando han sido pocos los presidentes de Gobierno que han desempeñado las más altas magistraturas en los años que llevamos de democracia parlamentaria en España desde la aprobación de nuestra Constitución. Mi grupo apoyará cualquier medida para la dignificación de la consideración del ex presidente del Gobierno y su aportación desde el punto de vista de la experiencia profesional. La memoria histórica y política en una democracia no solo se basa en los documentos escritos o gráficos de la labor política, sino en la aportación personal, mientras vivan, de quienes han tenido la máxima responsabilidad. De aquí que mi grupo, señor presidente, votará con plena satisfacción a favor del texto de este nuevo documento sobre un órgano tan prestigioso que tenemos la prudencia y la cautela de apoyar con todo merecimiento, como es el Consejo de Estado, los funcionarios que lo sirven y los consejeros que lo componen.


Muchas gracias, señor presidente.


El señor PRESIDENTE: Gracias a usted, señor Mardones.


Continuamos con el turno de fijación de posiciones. Tiene la palabra, por el Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), el señor Xuclà.


El señor XUCLÀ I COSTA: Muchas gracias, señor presidente.


Intervengo para fijar la posición de este grupo parlamentario en la recta final de la tramitación parlamentaria, ya en Pleno, de la reforma de una ley orgánica, de una ley que define una parte fundamental de la arquitectura institucional del Estado y que a partir de ahora intervendrá de una manera importante en las modificaciones de este diseño constitucional.


Como ha hecho referencia algún otro portavoz, quizás esta no es la reforma definitiva que requiere y merece el Consejo de Estado. Esta es una reforma de urgencia y a la luz de lo que anunció el presidente del Gobierno en su discurso de investidura en cuanto a la voluntad de incorporar a los ex presidentes del Gobierno y de hacer participar al Consejo de Estado en el trámite inicial de cualquier reforma de carácter constitucional. Estos son los dos grandes temas de esta reforma, que se pueden sintetizar y resumir en la incorporación de los ex presidentes de Gobierno y en la participación del Consejo de Estado en este trámite de reforma constitucional, queriendo dar -volveré sobre el tema- un barniz, un carácter jurídico, una dimensión jurídica y un cuerpo a la reforma.
Este grupo parlamentario

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tiene algunos interrogantes sobre esta forma de inicio de la tramitación de una reforma constitucional, pero sobre el particular haré referencia posteriormente.


Todos los grupos, legítimamente, podemos incorporar a estos dos grandes enunciados de la reforma de la Ley Orgánica del Consejo de Estado un tercer referente incorporado en ponencia que es la aceptación de la enmienda número 8 del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió) que pasa a formar parte de la ley en el artículo 9, punto 2, por el cual dos ex presidentes de comunidades autónomas se incorporan como miembros del Consejo de Estado. Quiero subrayar que es la primera vez que incorporamos las comunidades autónomas a un órgano central del Estado.
Este es un viejo y reiterativo discurso de los partidos nacionalistas y también en estos momentos de otros partidos sobre la necesidad de adecuar los órganos centrales del Estado a la nueva realidad del Estado de las autonomías, de tal manera que en este caso en el consejo consultivo pero también en la elección de miembros para otros órganos centrales nucleares del Estado haya una participación de las comunidades autónomas. Este viejo discurso, este importante discurso, este nuclear discurso ha tenido su primera expresión jurídica, su primera expresión práctica con esta enmienda, una enmienda que iba en paralelo al hecho de que si la reforma era para ex presidentes del Gobierno, sin querer aquí equiparar dos cargos distintos, incorporábamos la sensibilidad, el punto de vista, la dinámica del Estado de las autonomías con la presencia de ex presidentes de comunidades autónomas. Hay otras fórmulas de participación de las comunidades autónomas en los órganos centrales del Estado y singularmente en el Consejo de Estado; se ha hecho referencia a los consejos consultivos, que es la aportación del Grupo Parlamentario Vasco y a nosotros nos parece bien; se ha hecho referencia a las nacionalidades históricas, a los parlamentos concretamente, que es la enmienda de Esquerra Republicana, que en términos generales también nos parece bien, aunque hay una referencia sobre el contenido y límites de la expresión nacionalidades históricas, pero en todo caso saludamos muy positivamente la incorporación de esta enmienda. Queremos expresar en Pleno nuestra gratitud por el esfuerzo que se hizo en la recta final con una enmienda in voce, con la participación de todos los grupos y muy singularmente de los grupos mayoritarios de esta Cámara, ya que gracias a una enmienda transaccional conseguimos esta incorporación. En la Comisión Constitucional subrayaba que esta no era una enmienda de caso único y que esta no era una enmienda con nombre y apellido y algunos miembros de la Comisión expresaban un cierto escepticismo ante esta afirmación. Creo que ahora podrán comprobar que el ánimo y la voluntad de este grupo parlamentario era la incorporación del punto de vista del Estado de las autonomías.


Respecto a las enmiendas que quedan vivas en el trámite en Pleno, quiero expresar que nuestro grupo tiene una posición contraria a la enmienda planteada por el Grupo de Izquierda Verde. Discrepamos con el hecho de que no se incorpore a los ex presidentes del Gobierno porque si nuestro grupo ha defendido y ha conseguido con la enmienda número 8 que se incorporen ex presidentes de comunidades autónomas, por un simple discurso coherente no podemos coincidir con esta enmienda; enmienda que por cierto abre un debate muy interesante sobre el aprovechamiento de la larga y meritoria trayectoria así como la experiencia acumulada que siempre tiene un ex presidente del Gobierno y su incardinación. Sus señorías saben que a este tema, que en el sistema constitucional español no estaba resuelto, en otros sistemas constitucionales se le da respuesta de forma distinta. A mí me parece muy acertado, por ejemplo, el diseño constitucional italiano por el cual los ex presidentes en este caso de la república -si fueran del Gobierno habría una inflación extraordinaria- son senadores vitalicios; también me parece bien el modelo francés por el cual se incorporan al Consejo Constitucional, etcétera. En el sistema constitucional español quedaba pendiente dar salida, dar relevancia, capitalizar la experiencia política de los ex presidentes del Gobierno.
Esta fórmula quizá no es la definitiva pero nos parece una buena fórmula.


Votaremos favorablemente la enmienda de Esquerra Republicana. Nos parece una buena opción, al lado de la nuestra, pero esta enmienda, cuando habla de nacionalidades históricas, nos lleva a retomar un viejo debate de esta Cámara, un viejo debate territorial sobre cuáles son las nacionalidades históricas. Cataluña, que es nacionalidad histórica, no puede ni debe negar a ninguna otra comunidad autónoma el derecho a definirse como nacionalidad histórica. Aquí tenemos un debate pendiente sobre la configuración de España como un Estado pluricultural, plurilingüístico y plurinacional e indicar cuáles son estas distintas naciones que conforman el Estado español.


Finalmente, pero no por ello menos importante, cabe señalar las enmiendas del Grupo Parlamentario Vasco. La enmienda número 3 es la que expresa el deseo del Grupo Parlamentario Vasco de que el Consejo de Estado no entre en la reforma constitucional ni tan siquiera en esta consulta previa del Gobierno. Este es el gran debate, señorías, este es el debate central de esta reforma, porque, al final, el Consejo de Estado, el autoórgano consultivo del Gobierno, se convierte en un híbrido. No negamos ni una décima ni un centímetro de su carácter técnico, pero, evidentemente, con la incorporación de personas que han sido muy relevantes en la vida política, podría haber la tentación de que se convirtiera en un híbrido técnico-político. En ese sentido, es una aportación muy positiva la enmienda del Grupo Parlamentario Popular por la cual se mandata expresamente al Gobierno que delimite previamente el perímetro

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de la reforma constitucional. Nosotros, legisladores, nosotros, Parlamento, nosotros, Cortes Generales, no podemos dejar a un órgano de carácter técnico que dé cuerpo, que dé garantía ni tan solo que dé validez o invalidez a una decisión que tiene una naturaleza clara y únicamente política. Sus señorías saben que el trámite de reforma legal, constitucional, puede ser iniciado por el Gobierno o por las Cortes Generales. La próxima reforma constitucional será una reforma iniciada por el Gobierno pero creo que es muy importante que previamente haya una delimitación de esta propuesta de reforma constitucional por parte del mismo. La mejor forma de construir consensos en un tema tan sensible como la reforma constitucional sería la constitución de una ponencia parlamentaria, como en ponencia parlamentaria se elaboró la Constitución y como en ponencia parlamentaria deberemos tener los grandes debates sobre la reforma parcial, acotada, tasada en cuatro puntos según el Gobierno, en esta reforma de epoxi que se prevé iniciar el próximo año.
Por eso quiero subrayar la aportación positiva del Grupo Popular en tanto que el Consejo de Estado es un órgano consultivo y no puede convertirse en un híbrido que intervenga bajo una óptica aparente y estrictamente jurídica en un debate que es de naturaleza claramente política. Ante la enmienda número 3 el propio Grupo Vasco plantea una alternativa, que es la enmienda número 4, creemos que las dos son apreciables. En cambio, no votaremos favorablemente la enmienda número 9. Algunas comunidades autónomas contemplan en su diseño estatutario que cualquier tipo de ley habrá de ser consultada al Consejo consultivo de la comunidad autónoma y esta enmienda prevé lo mismo para todas las leyes que se tengan que tramitar en las Cortes Generales. Creemos que es un mal diseño para las comunidades autónomas que exactamente todas las leyes, tasadamente, tengan que ser consultadas al Consejo consultivo y creemos que lo que es malo en diseño estatutario no se tiene que trasladar al diseño constitucional.


Termino, señor presidente, expresando el voto favorable del Grupo Catalán (Convergència i Unió) al conjunto de la ley, más allá de pedir votación separada para algunas de las enmiendas a las que he hecho referencia.
Quisiera señalar positivamente el impulso de esta reforma, porque en nuestro sistema constitucional quedaba pendiente capitalizar la presencia de los ex presidentes del Gobierno en alguna institución importante del Estado. Esta es una propuesta que cristalizará en cuestión de semanas, no más allá de dos meses, según la disposición transitoria de esta ley, aunque quizá también habría otras vías. No nos parece mal una aportación de carácter estrictamente jurídico del Consejo de Estado. Celebramos y agradecemos a los grupos parlamentarios el apoyo a la enmienda número 8, por la cual se incorpora a las comunidades autónomas por primera vez en un órgano central del Estado. Finalmente, nos emplazamos, señorías, grupos parlamentarios, para una reforma más completa y definitiva de este órgano central del Estado.


Muchas gracias, señor presidente.


El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Xuclà.


Grupo Parlamentario Popular, señor Trillo.


El señor TRILLO-FIGUEROA MARTÍNEZ-CONDE: Señor presidente, señorías, el Grupo Parlamentario Popular va a apoyar el proyecto de reforma de la ley orgánica del Consejo de Estado enviado por el Gobierno a la Cámara tras recoger todas las observaciones que al mismo formuló el supremo órgano consultivo del Gobierno, de acuerdo con el artículo 107 de la Constitución.


Señorías, la importancia de la ley que modificamos está reforzada por la importancia de la labor de reforma que con ella se inicia. Por ello nos parece conveniente recordar sumariamente, de entrada, que estamos hablando estrictamente, como se ha dicho por alguno de los portavoces y por la vicepresidenta del Gobierno, de la función consultiva, nada más y nada menos. No estamos hablando de una iniciativa legislativa nueva ni de una forma compartida de iniciar la reforma constitucional. Se trata sólo de recabar el consejo de quien tiene acreditado, según la exposición de motivos, un saber independiente y riguroso en materias jurídicas y especialmente jurídico-públicas. Desde cualquier filosofía clásica, pedir consejo es el fundamento de una decisión prudente. Déjenme que deje constancia para el "Diario de Sesiones" que así lo exige cualquier filosofía ética, desde el Libro de la Sabiduría a la Ética de Aristóteles, a las Analectas de Confucio o incluso al escolástico más aplicado de Aristóteles que decía que el consejo es el acto ínfimo de la prudencia, su acto supremo es el precepto y, el intermedio, el juicio. En la historia de las instituciones hay también constantes referencias a esa máxima prudencial de recabar consejo, desde el consejo que se pide en Los espejos de príncipes cristianos, en El Fuero Juzgo, en Las Partidas o en la Teoría de los Consejos del tacitismo español de nuestro Siglo de Oro, que configura después de Iustus Lipsius toda esa escuela de consejos que son Álamos de Barrientos, Furió Ceriol, Ramírez de Prado, Gracián Saavedra Fajardo e incluso alguien tan a veces escasamente prudente como Antonio Pérez. Todo eso, señorías, es historia, y lo sé. Pero el Estado contemporáneo es también reflejo de la historia de los pueblos, es el depositario de su confianza y el que ha de garantizar su convivencia en un orden de derecho. Por eso es prudente que ese orden de derecho, quien tiene atribuida la responsabilidad directiva del Estado, el Gobierno, lo consulte con quien tiene la competencia máxima, la técnica más depurada para dar ese consejo. Por eso, desde los comienzos del Estado constitucional, en nuestra historia, la función consultiva se atribuye al Consejo de Estado. Así lo hace la Constitución de 1812, en el

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artículo 231, el Estatuto Real de 1834, en su artículo 4, los textos constitucionales de 1845, de 1856, de 1857, de la Gloriosa de 1869, de la Restauración de 1876, la de la Segunda República de 1931 y hasta las Leyes Fundamentales. Y si traigo a colación todo este decurso histórico de la presencia constitucional del Consejo de Estado es para señalar que una institución procedente del antiguo régimen en sentido estricto, no en el de las leyes que acabo de citar, se reconvierte en institución constitucional en nuestra historia contemporánea y es respetada por todas las constituciones con independencia no ya de la alternancia de Gobierno sino incluso de los cambios de régimen. ¿Y por qué se mantiene así el Consejo de Estado? Creo que el señor Mardones lo ha señalado con acierto.
Porque ha demostrado a lo largo de varios siglos que su funcionamiento ejerciendo la función consultiva merece el aprecio, por su independencia, de cualquier gobierno de cualquier régimen político constitucional. De ahí que la reforma comience paladinamente en su exposición de motivos señalando que el Consejo de Estado ha tenido un papel determinante en la garantía de la calidad, la técnica y el rigor de la actuación del Ejecutivo, llevando a cabo una labor capital en la defensa del Estado de derecho.


La propia exposición de motivos a la que acabo de referirme introduce así el primero de sus dos ejes de reforma. Se trata de enriquecer y potenciar tan relevante función consultiva incorporando a los ex presidentes del Gobierno, creando para ello la categoría de consejero nato con carácter vitalicio. Nada que objetar por el Grupo Popular. Es una pretensión largamente sostenida por todos los gobiernos de nuestra democracia que el actual Gobierno viene a hacer realidad en esta reforma y reserva a los ex presidentes la decisión sobre su incorporación al Consejo. Querría subrayar que hay cierta reciprocidad institucional, si lo quieren observar así, que hay cierto camino de ida y vuelta porque, señorías, en nuestra historia tres miembros del Consejo de Estado han sido presidentes del Gobierno: don José Posada Herrera, don Francisco Silvela y don Niceto Alcalá Zamora, que además, como es sabido, lo fue de la Segunda República. Quizás en un término más modesto déjenme recordar, por cierta vanidad personal, que también tres han sido presidentes de esta Cámara.
Sobre la enmienda de Izquierda Unida en ese punto en que predica la incompatibilidad de retribuciones, hemos de atender al redactado final pero estaríamos dispuestos, como es natural, a aceptarla en búsqueda del máximo consenso.


El otro eje de la reforma es la dotación al Consejo de una comisión de estudios que, se estima, también cabe en la función consultiva. Y es verdad, señorías, que nada más connatural a la función consultiva que ha desarrollado el Consejo de Estado que la labor de estudio, que es el fundamento y, si me lo permiten, también el excedente o la sobreabundancia de esa misma actividad. Me explico. El citado Niceto Alcalá Zamora decía del Consejo de Estado que es escuela de buena administración y observatorio de la mala. Y no puedo dejar de citar que durante muchos años fue precisamente lo que algunos denominan la escuela del derecho administrativo del Consejo de Estado la que ha puesto los fundamentos del derecho público que sustentan la vigente Constitución española. ¿Quién puede negar que el magisterio de un Jordana de Pozas, de un Eduardo García de Enterría, de un José Antonio García Trevijano, de un José Luis Villar Palasí o de un Gómez Ferrer justamente ha ido señalando la tipología de la acción administrativa, el concepto del propio derecho administrativo, la lucha contra las inmunidades del poder, la organización administrativa, la teoría del grupo normativo o la rehabilitación de la categoría de obra pública, que por cierto luego ha derivado desde una figura decimonónica en la ley actual de financiación privada de obras públicas? En consecuencia, si me lo permiten, el Consejo de Estado tenía ya la auctoritas para esa función de estudio y ahora se añade la potestas, se crea una comisión. Si quieren, podría incluso reforzar esa auctoritas con la cita de algún importante jurista que tuvo también la condición de letrado: Jaime Guash, indiscutible, Manuel Alonso Olea, creo que no menos indiscutible, o el quizá más discutido pero indudablemente ponente constitucional, mi compañero y maestro Miguel Herrero de Miñón. Lo nuevo es la orgánica de esa comisión de estudio. Hay que decir que se acoge el modelo francés y el modelo italiano, quizás el de los experimentos más logrados del derecho comparado, el Conseil d'État y el Consiglio di Stato. Fue Alexis de Tocqueville el que en el antiguo régimen y en la revolución señaló que gobernar, dirigir, ejecutar es función de uno, deliberar de varios. Y precisamente el citado García de Enterría, en su prólogo a la obra de Moony, que luego recogió en los estudios sobre administración española, señalaba que había dos formas de configurar una labor de estudio, una labor consultiva; a saber, el sistema colegial, en el que se incorpora la competencia técnica de carácter general o específica -también hay otros consejos, como el Superior de Obras Públicas- y el sistema de estado mayor o línea de mando, el staff-line. Un sistema semejante a este, al de asesores, es el que configura hoy los gabinetes de los ministros o el que tienen en el Tribunal Constitucional sus magistrados, asesores que esbozan los proyectos de autos, sentencias que hayan de elaborar los magistrados o incluso, a mi juicio contra natura de las cosas, contra natura rerum, los magistrados del Tribunal Supremo, que tienen sus propios asesores. Los letrados del Consejo de Estado no son asesores de ninguna línea de mando; son miembros del Consejo de Estado. De ahí que en Comisión, y con el apoyo de la mayoría y con la gratitud -que yo a su vez devuelvo- de Coalición Canaria y de Convergència i Unió, se haya mantenido la estructura orgánica del Consejo, que se ha mostrado eficaz a lo largo al menos del último siglo y medio; es decir, los

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círculos concéntricos de sección, comisión permanente o ahora comisión de estudios y pleno.


Tengo algo que decir -y finalizo, señor presidente- sobre el contenido de esas nuevas funciones o especificaciones de la función consultiva.
Respecto a que podrá el Consejo elaborar informes, nos gustaría que si alguna adición pudiera hacerse en otros trámites, si es que ha de hacerse, al texto se incorporara que los informes sean de naturaleza jurídica. El Consejo de Estado puede tener una alta calidad en sus dictámenes y en sus informes, pero estrictamente jurídica. No es el Consejo de Obras Públicas ni podría hacer un dictamen sobre recientes incidentes o accidentes -no voy a referirme, por cuestiones de estética y ética, a alguno de ellos-, pero obviamente si se le pide un dictamen sobre el Prestige será sobre las consecuencias jurídicas de la deriva del buque, no sobre si estaba bien o mal llevarlo a puerto o fuera de puerto.
Por tanto, sería preciso incorporar el carácter jurídico a los informes.
En cuanto a la reforma constitucional agradecemos que la mayoría, y desde luego las minorías, hayan apoyado nuestra propuesta de que por el Gobierno se fijen previamente los objetivos, criterios y límites de la reforma constitucional pretendida. Otra cosa sería, en efecto, entrar a compartir la iniciativa legislativa, que sólo corresponde a esta Cámara y desde esta Cámara al Gobierno, como tal Gobierno, o a través del grupo de la mayoría. Por todas estas consideraciones vamos a apoyar la reforma.


Me refería al principio de mi intervención a los distintos fundamentos filosóficos y éticos del Consejo como necesaria virtud para conseguir la más alta virtud de la prudencia. Y decía Aristóteles en este sentido -la cita, por tanto, no es sospechosa- que quienes no se bastan a sí mismos piden consejo a los más sabios. Hasta aquí el acuerdo del Grupo Popular con el Gobierno. Efectivamente el Gobierno -y este Gobierno de manera particular- para muchas cosas no se basta a sí mismo, y hace bien, y por eso le apoyamos en pedir consejo a los más sabios; pero a partir de aquí, además de a los sabios, tendrá que apelar a los políticos, y sin el Grupo Parlamentario Popular no irá a parte alguna.


Muchas gracias. (Aplausos.)

El señor PRESIDENTE: En su turno de fijación de posiciones, por el Grupo Parlamentario Socialista, la señora Malaret.


La señora MALARET GARCÍA: Gracias, señor presidente.


Señorías, el Consejo de Estado, la institución objeto del proyecto de ley que hoy estamos debatiendo y que vamos a aprobar -como ha sido puesto de manifiesto en las anteriores intervenciones- con un amplio respaldo de esta Cámara, es una institución antigua que en su estado actual es fruto de los remiendos que se le han ido haciendo a lo largo del tiempo. Como sucede siempre que se examina una institución, sólo la historia nos permite explicar su estado actual, sólo la historia nos permite suministrar las claves para explicar la institución como la vemos. El Consejo de Estado español es una institución singular en el panorama de los consejos de Estado de nuestro entorno, de los consejos que llevan la misma denominación, fruto de la influencia de la irradiación del Consejo de Estado francés. Es una institución singular en sus funciones por su carácter limitado; es sobre todo una institución singular por su composición. Algo de ello ha aflorado en los debates de estos días. Sin embargo, el Consejo de Estado tiene anclaje constitucional. Es el órgano consultivo del Gobierno, nos dice el artículo 107, y en el Estado actual es un suministrador de pareceres; un órgano de apoyo a la función del Gobierno, un órgano que permite tomar decisiones de mayor calidad, un órgano que cumple una función preventiva de evitación de conflictos.


El proyecto de ley tiene como objetivo reforzar este cometido, esta posición de apoyo, esta función de ilustración de las decisiones del Gobierno, de suministrar razones y argumentos. Son precisamente estas características las que vamos a ver que se refuerzan con el proyecto.
Efectivamente, se le añaden dos funciones complementarias: realizar estudios y elaborar proyectos; dos funciones que en la experiencia comparada, y señaladamente la del Conseil d'État, han permitido una mayor irradiación de las tareas de este consejo, han permitido un refuerzo de su función institucional y han convertido al Conseil d'État en el gabinete de estudios del Gobierno francés. Esta atribución de nuevos cometidos tiene su complemento en una vertiente orgánica. Se crea así la comisión de estudios y se adscribe al Consejo el Centro de Estudios Políticos y Constitucionales para apoyarle en la realización de estos cometidos para, como digo, poder suministrar estudios y trabajos que permitan cumplir las tareas que se le encomiendan. El proyecto ha sido enmendado, como ha sido puesto de relieve por otros intervinientes, en la tramitación; unas enmiendas que han permitido enriquecer y ampliar el abanico de personas que pueden acceder al Consejo de Estado; una ampliación que pretende reforzar la proyección institucional de este órgano y, sobre todo, enriquecer los mimbres, las razones que fundamentan los pareceres, los estudios y los proyectos que elabore la institución.
Así, se podrán incorporar personas que hayan desarrollado previamente sus tareas en órganos de las comunidades autónomas o en órganos de las comunidades europeas.


Finalmente, en relación con las enmiendas que hoy todavía están vivas, señalo que hemos presentado enmiendas transaccionales a las enmiendas presentadas por el Grupo de Izquierda Unida; unas enmiendas que tienen un objetivo común: clarificar y mejorar el estatus y la posición de los ex presidentes cuando, en su caso, se incorporen al Consejo de Estado. Sin embargo, no vamos a apoyar las enmiendas presentadas por el Grupo Vasco y por el de Esquerra Republicana, pero

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quisiera señalar algo y es que las razones que obedecen a esta no aceptación de las enmiendas del Grupo Vasco y del Grupo de Esquerra Republicana son muy diferentes. Yo diría que sólo milímetros nos separan de las enmiendas del Grupo Vasco, enmiendas que refuerzan precisamente los cometidos y las tareas consultivas del Consejo de Estado. Quizá la superposición, el abanico, el exceso de órganos consultivos que tiene hoy en día el sistema institucional español explique las razones de nuestro rechazo, pero -ya digo- son milímetros los que nos separan de estas enmiendas. Es distinta en cambio nuestra posición en relación con la enmienda de Esquerra Republicana. Hay razones potentes de orden técnico que nos llevan a rechazarla. Nos parece difícil que puedan existir representantes de parlamentos de comunidades autónomas, por muy singulares que estas sean, cuando los miembros del Consejo de Estado actúan con independencia funcional. No es este el órgano en el que tienen que estar los representantes de los parlamentos de las comunidades autónomas, hay otros órganos que deben cumplir esta función. Por tanto, no vamos a aceptar estas enmiendas.


Antes de terminar, déjenme agradecer la colaboración y el diálogo de todos los ponentes que hemos trabajado en este proyecto. Fruto de este trabajo amplio es el consenso que hoy dará a luz esta reforma; una reforma limitada pero que seguramente permitirá empezar a andar de manera racional y pausada en todas las reformas que deberemos realizar ahora que, transcurridos tantos años de andadura constitucional, algunas piezas han mostrado limitaciones y debilidades.


Muchas gracias. (Aplausos.)

El señor PRESIDENTE: Gracias, señora Malaret.


¿El Gobierno desea concluir? (Pausa.)

Señorías, si las negociaciones en curso pueden producir resultados, no me importa esperar otros cinco minutos más. (Pausa.)

Seguimos entonces.


DECLARACIONES INSTITUCIONALES

El señor PRESIDENTE: Vamos a proceder a la lectura de una declaración institucional.


Tiene la palabra la señora secretaria primera.


La señora SECRETARIA (Sainz García): Declaración institucional conmemorativa del día 25 de noviembre, Día internacional para la eliminación de la violencia contra la mujer.


El Pleno del Congreso de los Diputados, con motivo del Día internacional para la eliminación de la violencia contra la mujer, quiere denunciar nuevamente las situaciones en que se ven inmersas muchas mujeres víctimas de los malos tratos en todo el mundo y destacar la importancia de luchar contra esta lacra social que termina cada año con muchas mujeres muertas.


El Congreso de los Diputados quiere manifestar su satisfacción por la aprobación en esta Cámara del proyecto de ley orgánica de medidas de protección integral contra la violencia de género y declarar que es necesario continuar trabajando para garantizar el respeto hacia las mujeres y los colectivos más débiles y vulnerables. Desde aquí, hacemos un llamamiento a todas las instituciones para que pongan en marcha todos los recursos de que dispongan para lograr que desaparezcan malos tratos contra las mujeres y discriminación por condición de su sexo y para que propugnen la tolerancia cero hacia esas acciones.


En este día, el Congreso de los Diputados declara su total rechazo a la violencia que se viene ejerciendo contra las mujeres, tanto en España como en el resto del mundo. Su compromiso de permanecer alerta para apoyar las medidas legislativas que sean necesarias para garantizar los derechos de las mujeres. Su compromiso de ejercer su tarea de control para que desde el Gobierno y las instituciones públicas se desarrollen todas las medidas necesarias para que desaparezca esta forma de maltrato.
(Aplausos.)

El señor PRESIDENTE: ¿Aprueba la Cámara la declaración institucional? (Asentimiento.)

Queda aprobada por asentimiento.


Vamos a proceder a la lectura de una segunda, relativa esta al Día mundial en recuerdo de las víctimas de accidentes de tráfico.


Señora secretaria.


La señora SECRETARIA (Sainz García): Propuesta de declaración institucional que realiza la Comisión de Seguridad Vial y Prevención de Accidentes de Tráfico del Congreso de los Diputados al Pleno de la Cámara, en relación con el Día mundial en recuerdo de las víctimas de los accidentes de tráfico.


El pasado domingo, día 21 de noviembre, fue el Día mundial en recuerdo de las víctimas de los accidentes de tráfico. Con este motivo, el Pleno del Congreso de los Diputados considera que la seguridad vial en nuestras carreteras es un problema preocupante que requiere de una atención prioritaria por parte de los poderes públicos. En el año 2003 se produjeron en España 99.987 accidentes de circulación, con el trágico balance de 5.399 víctimas mortales. Los accidentes de circulación son, además, la primera causa de muerte de la población de menos de 35 años.
En esta legislatura, el Congreso de los Diputados ha situado la seguridad vial y la prevención de los accidentes de tráfico entre sus prioridades, con la creación de una comisión específica para estudiar e impulsar medidas que permitan disminuir las altas cifras de siniestralidad.


Por todo ello, el Pleno del Congreso de los Diputados reafirma su voluntad unánime de trabajar en el estudio e impulsar las acciones oportunas, tanto de concienciación y formación como de mejora de infraestructuras

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viales y de atención a las víctimas, tendentes a la prevención y reducción de la accidentalidad vial. (Aplausos.)

El señor PRESIDENTE: ¿Aprueba la Cámara esta declaración institucional? (Asentimiento.)

Queda aprobada por asentimiento.


Muchas gracias.


DICTÁMENES DE COMISIONES SOBRE INICIATIVAS LEGISLATIVAS.


- PROYECTO DE LEY ORGÁNICA POR LA QUE SE MODIFICA LA LEY ORGÁNICA 3/1980, DE 22 DE ABRIL, DEL CONSEJO DE ESTADO (VOTACIÓN)

El señor PRESIDENTE: Vamos a proceder a la votación del proyecto de ley orgánica por la que se modifica la Ley Orgánica 3/1980, de 22 de abril, del Consejo de Estado.


Esta Presidencia, para ordenar las votaciones, debe preguntar -porque son las dos primeras enmiendas que habría que votar- si lo que los portavoces conocen como enmienda transaccional 31071 se mantiene viva o no.


Lo plantearé de otra manera: ¿algún grupo parlamentario se opone? (Pausa.-El señor López Garrido pide la palabra.)

Adelante, señor López Garrido.


El señor LÓPEZ GARRIDO: Retiramos la transaccional presentada.


El señor PRESIDENTE: Queda retirada.


En ese caso, procederemos a la votación sucesiva de las enmiendas de Grupo Parlamentario de Izquierda Verde-Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya-Verds, Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV), Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana (ERC), del dictamen y, al final, por tratarse de una ley orgánica, votación de conjunto.


Votación de las enmiendas 7 y 8, del Grupo Parlamentario de Izquierda Verde-Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya-Verds.


Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 305; a favor, 21; en contra, 284.


El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.


A continuación, votamos las enmiendas del Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV) de las que se desea votación separada. Enmienda número 3, del Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV.)

Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 306; a favor, 29; en contra, 275; abstenciones, dos.


El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.


Votación de la enmienda número 4, del Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV.)

Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 307; a favor, 29; en contra, 277; abstenciones, una.


El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.


Finalmente, votación de la enmienda número 9, del Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV.)

Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 306; a favor, 21; en contra 277; abstenciones, ocho.


El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.


Enmienda número 10, del Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana.


Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 307; a favor, 29; en contra, 277; abstenciones una.


El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.


Votación del texto del dictamen.


Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 307; a favor, 286; en contra, 12; abstenciones, nueve.


El señor PRESIDENTE: Queda aprobado.


VOTACIÓN DE CONJUNTO.


El señor PRESIDENTE: Al tratarse de una ley orgánica procede ahora votar el conjunto, que deberá obtener mayoría absoluta.


Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 307; a favor, 286; en contra, 12; abstenciones, nueve.


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El señor PRESIDENTE: Queda aprobado.


TRAMITACIÓN DIRECTA Y EN LECTURA ÚNICA DE INICIATIVAS LEGISLATIVAS.


- PROYECTO DE LEY ORGÁNICA POR LA QUE SE MODIFICA LA LEY ORGÁNICA 6/1985, DE 1 DE JULIO, DEL PODER JUDICIAL. (Número de expediente 121/000012.)

El señor PRESIDENTE: Vamos a proceder a la tramitación directa y en lectura única del proyecto de ley orgánica por el que se modifica la Ley Orgánica 6/1985, del Poder Judicial.


En aplicación del Reglamento, les comunico que la votación no será antes de las doce y media, aproximadamente.


Les informo, tratándose de un proyecto de ley por el procedimiento de lectura única, que la Junta de Portavoces adoptó el acuerdo de hacer dos debates diferenciados. (Rumores.) En primer lugar, y después de la presentación del proyecto por parte del Gobierno, habrá un debate sobre las enmiendas a la totalidad. Una vez concluido el debate sobre las enmiendas a la totalidad, pasaremos a discutir en otro debate diferenciado las enmiendas al articulado.


Por parte del Gobierno, tiene la palabra el señor ministro de Justicia para presentar esta iniciativa. (Rumores.) Señorías, por favor, guarden silencio.


El señor MINISTRO DE JUSTICIA (López Aguilar): Señor presidente, señorías, subo a esta tribuna para presentar esta mañana un proyecto de ley...(Rumores.)

El señor PRESIDENTE: Señor ministro, discúlpeme. Por favor, el habitual corrillo del fin de la escalera, ¿tendría la amabilidad...? (Rumores.) Por favor, señores diputados, atraviesen la puerta y continúen allí sus corrillos. (Rumores.) Muchas gracias.


Señor ministro, tiene la palabra.


El señor MINISTRO DE JUSTICIA (López Aguilar): Señorías, subo a la tribuna para presentar ante el Congreso de los Diputados, y a través de este Parlamento al conjunto de la sociedad, un proyecto de ley. Y haciendo frente a la enmienda a la totalidad, es oportuno utilizar el turno para explicar la finalidad, el objeto y el contenido de la reforma que este proyecto de ley contiene respecto de la Ley Orgánica 6/1985, del Poder Judicial, y también salir al paso de las argumentaciones que hemos tenido ocasión de escuchar en el curso, no ya de las últimas semanas, sino de los últimos meses, con relación a la iniciativa.


En cuanto al objeto y la finalidad, responde a un mandato parlamentario que se encierra en la proposición no de ley adoptada por este Congreso de los Diputados el pasado 21 de septiembre, que fue presentada por la práctica totalidad de los grupos parlamentarios de la Cámara, es decir, por todos menos uno, el grupo mayoritario de la oposición parlamentaria.
Esa proposición mandataba al Gobierno a incluir en la anualidad presupuestaria para el próximo año 2005 un incremento de la planta judicial que pudiese dar cobertura a 250 nuevas unidades judiciales, es decir, 250 jueces, entre los cuales se señala de manera expresa a los jueces actualmente sin destino. Se mandata igualmente al Gobierno a impulsar con carácter urgente medidas dirigidas a reforzar la posición institucional y la independencia del Poder Judicial como poder del Estado, actuando de modo especial en la independencia del Tribunal Supremo y las presidencias de los tribunales superiores de Justicia. Se mandataba al Gobierno a reforzar la formación de los miembros de los distintos cuerpos al servicio de la Justicia y de la Administración de Justicia, a impulsar medidas para garantizar la plena efectividad de una proposición de ley adoptada previamente por el Congreso de los Diputados, destinada a modificar la Orgánica del Poder Judicial y cuyo origen era una iniciativa legislativa del Parlament de Catalunya, tomada en consideración el pasado día 1 de junio, así como reforzar la lealtad institucional en la cooperación con las comunidades autónomas y apuntar al incremento de competencias de los tribunales superiores de Justicia de las comunidades autónomas.


Pues bien, quiero afirmar que todos estos mandatos parlamentarios están en la agenda del Gobierno, se corresponden con los objetivos que como ministro de Justicia apunté en el Congreso de los Diputados en mi primera comparecencia y que resumí en tres. En primer lugar, extender derechos de ciudadanía, introducir reformas legislativas destinadas precisamente a garantizar la igualdad con que los derechos y libertades que la Constitución consagra son ejercidos por la ciudadanía. En segundo lugar, reforzar la capacidad de respuesta del sistema judicial en su conjunto ante la demanda de tutela judicial que esos derechos plantean a diario al Poder Judicial. En tercer lugar, hacer de la justicia una referencia de seguridad, entendida ésta como derecho fundamental, como valor y como servicio público que atiende a un objetivo prioritario en una sociedad desarrollada, en especial en la lucha contra el crimen y su peor expresión, como modalidad de criminalidad organizada, que era el terrorismo.


Pues bien, en estos tres objetivos se comprenden los que acabo de referir en esta proposición no de ley que fue adoptada, como he dicho, el 21 de septiembre. En respuesta a algunos de estos mandatos, el Boletín Oficial de las Cortes Generales, en su edición del 22 de octubre, publica un proyecto de ley acordado en Consejo de Ministros. Este proyecto de ley ocupa en su publicación apenas dos páginas y, como primera muestra de esta voluntad de cumplimiento de los mandatos parlamentarios, propone una modificación específica, escueta, en tres artículos de la Ley Orgánica del Poder Judicial: los artículos 127, 200 y 335. Por tanto, nos

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encontramos ante la presentación y debate de una iniciativa legislativa, un proyecto de ley que responde a un mandato parlamentario muy breve en su formulación, de escueto contenido y que atiende específicamente a algunos de estos mandatos -los quiero referir-: los que apuntan al fortalecimiento del crédito y de la independencia del conjunto del Poder Judicial al mismo tiempo que se actúa sobre los jueces y magistrados que los integran. Efectivamente, la intención, el contenido esencial de la modificación legislativa que se propone afecta a la extensión de la mayoría por la que el Consejo General del Poder Judicial, como órgano político constitucional, órgano colegiado y además órgano plural, dada su configuración constitucionalmente determinada de 21 miembros, adopta sus decisiones, que son, como puede verse, de clara naturaleza ejecutiva en lo esencial, son las que la Constitución le consigna: nombramientos, ascensos, lo que quiere decir promoción y escalafón en la carrera judicial, inspección, en definitiva, régimen disciplinario y en su caso sanciones. Como puede verse, son competencias claramente ejecutivas las del Consejo General del Poder Judicial que sin embargo se adoptan por un órgano que por su composición, constitucionalmente determinada -lo subrayo, está en el artículo 122 de la Constitución-, especialmente numerosa además de colegiada, tiene que ser necesariamente plural. Ese pluralismo viene reforzado además por el mecanismo de elección de todos y cada uno de los vocales del Consejo General del Poder Judicial, porque su legitimación -y así la quiere y la sostiene el Grupo Parlamentario Socialista y en esa legitimación cree por supuesto el Gobierno- es una legitimación parlamentaria, de modo que, siendo esa legitimación parlamentaria requerida de mayorías especiales, tres quintos de cada una de las cámaras, no es extraño que el Consejo General del Poder Judicial tenga, además de una composición colegiada, una composición plural en el sentido profundo de la palabra. Nos encontramos ante un órgano político constitucional que integra diversas tendencias, diversas sensibilidades, diversas aproximaciones a las decisiones de política judicial, y nos parece bueno que sea así porque plural es todo en la vida, plural es la judicatura española y plural es también la sociedad a la que la judicatura sirve, pero plural, y no por casualidad, es y debe ser también el Consejo General del Poder Judicial, y no está mal, por tanto, que las decisiones políticas que adopta expresen -nos parece que hay en ello un claro designio constitucional- este pluralismo, esta pluralidad interna del propio Consejo y de la sociedad a la que el Consejo, como todo órgano constitucional, sirve.


Por tanto, el contenido esencial -lo sabemos- de esta modificación muy escueta de la Ley Orgánica del Poder Judicial es una reforma del artículo 127 de la Ley Orgánica del Poder Judicial por la que se extiende la mayoría de tres quintos a determinados nombramientos. ¿Cuáles? Aquellos más relevantes en la estructura de la jurisdicción, los órganos judiciales situados en la cúspide de nuestro sistema judicial. Son los nombramientos relativos a la integración del Tribunal Supremo, un órgano especialmente numeroso y con funciones muy cualificadas en nuestro ordenamiento jurisdiccional, la Presidencia de los tribunales superiores de Justicia, la Presidencia de las salas del Tribunal Supremo y el o los magistrados de la Sala segunda o tercera de lo penal o de lo contencioso administrativo del Tribunal Supremo competentes por designio de la Ley Orgánica para controlar las actividades del Centro Nacional de Inteligencia, es decir, para autorizar las actividades del Centro Nacional de Inteligencia y de los servicios de inteligencia de nuestro país que inciden en derechos fundamentales, en particular en los derechos fundamentales consagrados en el artículo 18.2 y 18.3 de la Constitución.
Esos nombramientos, por su especial relevancia, van a ser objeto, a partir de la modificación, de una mayoría extensa, más amplia de la actualmente contemplada, una mayoría que asciende a tres quintos de los miembros del Consejo General del Poder Judicial. Asimismo se modifica el artículo 200 de la Ley Orgánica del Poder Judicial para establecer el régimen por el que los magistrados del Tribunal Supremo, a partir de la jubilación, pueden ser designados magistrados eméritos cuando así lo soliciten, reúnan los requisitos legalmente establecidos y de acuerdo con las necesidades de refuerzo de la sala correspondiente.


Finalmente, en el artículo 335.3 se establece un refuerzo de la plaza del jefe del Servicio de Inspección del Consejo General del Poder Judicial, que deberá ser proveída por un magistrado del Tribunal Supremo con antigüedad de al menos dos años o por un magistrado con antigüedad de al menos 10 años de servicios en la categoría de magistrado, una de las categorías que estructuran la carrera judicial, de tal modo que durante el tiempo de ejercicio de esa jefatura del Servicio de Inspección del Consejo General del Poder Judicial ostentará la consideración de magistrado del Tribunal Supremo. Es este un claro refuerzo de la autoridad y del prestigio de una de las funciones constitucionalmente distintivas del Consejo General del Poder Judicial, la inspección de los servicios de la Administración de Justicia, la inspección del funcionamiento ordinario de los tribunales de Justicia.


Se trata de tres modificaciones muy específicas, muy circunscritas a un objeto muy delimitado, que ocupan muy poco espacio en el Boletín Oficial de las Cortes Generales y, por tanto, este Congreso de los Diputados ha resuelto la posibilidad de su tramitación por el procedimiento previsto en el artículo 150 del Reglamento del Congreso, que es el objeto de este trámite, dado que se trata de una iniciativa de contenido muy específico que no exhibe ninguna complejidad ni extensión en su alcance y que, por tanto, puede ser objeto de un debate

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de totalidad en unidad de acto como el que está teniendo lugar. Esta es la definición del contenido de la reforma. Déjenme que les diga que, respondiendo al mandato parlamentario, creo que se trata de reformas perfectamente razonables. Es perfectamente razonable que los nombramientos relativos a órganos de determinada importancia en el sistema judicial sean objeto de una cualificación de la mayoría como técnica constitucional y legalmente asegurada para reforzar su legitimación de origen. Mayorías de tres quintos son las que determinan en esta misma Cámara los nombramientos del Consejo General del Poder Judicial, de sus 20 miembros. Por mayoría de tres quintos estos 20 miembros del Consejo General del Poder Judicial eligen en el primer acto constitutivo del Consejo General del Poder Judicial al presidente del Consejo General del Poder Judicial; por mayoría de tres quintos eligen los vocales del Consejo General del Poder Judicial a los magistrados del Tribunal Constitucional que le corresponden igualmente por mandato constitucional. Por mandato de la Constitución, un tribunal de 12 miembros es elegido cada tres años por terceras partes por el Congreso de los Diputados, por el Senado y simultáneamente por el Gobierno y por el Consejo General del Poder Judicial, votando éste esa decisión por mayoría de tres quintos. Por mayoría de tres quintos elige igualmente el Congreso y el Senado al Defensor del Pueblo y sus adjuntos. Por tanto, es una mayoría que tiene presencia en nuestro ordenamiento jurídico como expresión de la búsqueda de una cualificación de la bondad de la decisión.


¿Cuál es el trasfondo de una cualificación de la mayoría de estas características? Evidentemente, buscar en la medida de lo posible un acuerdo transversal, un acuerdo que transcienda las fronteras aritméticas habituales de un grupo parlamentario, por poderosa que pueda ser su mayoría circunstancial, o de un solo partido, o de una sola fuerza política, o de una sola sensibilidad, o de una sola corriente, o de una sola tendencia. Una mayoría cualificada busca integrar, a través precisamente del refuerzo, el acuerdo del modo más extenso posible, y una mayoría cualificada es una técnica constitucional que claramente propende al consenso, busca el consenso, lo busca activamente e intenta por tanto a la hora de decidir que quienes tengan que participar de la decisión estén obligados a establecer un diálogo previo, una negociación, un intercambio de opciones de modo que la decisión final venga revestida de la mayor legitimación, del mayor refuerzo posible. Esto me parece perfectamente razonable en relación con los nombramientos de que se trata, además me parece congruente con la búsqueda de una dignificación de los magistrados y magistradas del Tribunal Supremo, que por cierto ha venido avalada desde la propia judicatura en una búsqueda bastante perceptible y transparente de equiparación con los magistrados del Tribunal Constitucional. En la búsqueda de una equiparación simbólica, estatutaria y retributiva con los magistrados del Tribunal Constitucional, no deja de llamar la atención que pueda sin embargo objetarse como si fuese una mala técnica para la designación la mayoría de tres quintos, que es exactamente la misma que legitima la decisión por la que el Congreso y el Senado eligen a los magistrados del Tribunal Constitucional y por supuesto por la que el Consejo General del Poder Judicial elige a los magistrados del Tribunal Constitucional que según la Constitución le corresponden.


Nos encontramos por tanto con una reforma razonable, una reforma que sirve al objeto de la proposición no de ley, que intenta reforzar esa imagen de credibilidad, de prestigio y de confiabilidad de órganos constitucionales en función de la importante atribución y competencias que le corresponden en el sistema y de la proyección de las decisiones de las que entienden.
Precisamente por ello pensamos que es funcional y positivo que esas decisiones resulten pacíficas en origen. Evidentemente, la situación de la que trae causa la reforma no se corresponde exactamente con este ideal teórico; no se corresponde. Por el contrario, pienso que es bastante honesto reconocer que nos encontramos ante un órgano que a menudo ha pasado por tesituras de conflicto que repercuten en la credibilidad y confiabilidad de sus técnicas y procedimientos de decisión. Resulta, por tanto, razonable intentar subvenir a esa situación de modo congruente con las prioridades y con el propio programa que está desarrollando el Gobierno a través del Ministerio de Justicia. Ahora resulta que estas iniciativas -difíciles de objetar desde el punto de vista de la razonabilidad y de su adecuación al razonamiento y al debate democrático del que corresponde entender a este Congreso de los Diputados-, que creo que se sostienen muy bien y que resultan perfectamente razonables: la legitimación de los tres quintos para los nombramientos de los tribunales superiores del sistema; la designación como eméritos de magistrados que a menudo todavía están en disposición de servir y pueden ayudar a desatascar la importante bolsa de pendencia que padecen las salas más saturadas del Tribunal Supremo, especialmente la primera y la tercera; y la necesidad de reforzar al jefe del servicio de inspección, que es una de las funciones constitucionalmente distintivas del Consejo, sin embargo, a pesar de esa razonabilidad, hemos escuchado algunas objeciones a las que me gustaría salir al paso. Una primera, la de que la reforma es inconstitucional (no hablo a humo de pajas, estoy contestando a una argumentación que ha quedado reflejada por escrito en el dictamen, en el informe preceptivo, como todo el mundo sabe, pero no vinculante, en una competencia, por cierto, atribuida por la Ley Orgánica del Poder Judicial porque no tiene asiento directo en la Constitución); la competencia consultiva del Consejo General del Poder Judicial en relación con iniciativas legislativas que corresponden a los órganos constitucionalmente legitimados, entre los

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cuales está el Gobierno y el Congreso de los Diputados, por supuesto, por la que supuestamente esta reforma sería inconstitucional. Realmente resulta llamativo que pueda invocarse un argumento de inconstitucionalidad sin valerse de ninguna técnica reconocible de interpretación de la Constitución, ninguna. Existen distintas técnicas -todo el mundo lo sabe- de interpretación de la Constitución pero, por donde quiera que me mueva en el espectro de la argumentación constitucional, no acabo de ver de qué manera puedo encontrar un argumento por el que se pueda decir que esta reforma es inconstitucional porque, en última instancia, será inconstitucional lo que contradiga la literalidad de algún precepto de la Constitución y su interpretación razonable. Pero, por más que recorro la Constitución de arriba abajo, no encuentro dónde puede haber apoyatura para esa forma de invocar apodícticamente y sin ninguna fundamentación, sin ninguna consistencia, una objeción de constitucionalidad porque, sencillamente, no la hay. No hay ninguna objeción de inconstitucionalidad. (El señor vicepresidente, Vilajoana Rovira, ocupa la Presidencia.) Resulta grotesco pretender que pueda deducirse una argumentación de inconstitucionalidad simplemente porque se la invoca, porque se la formula, sin ningún apoyo. No, hace falta señalar dónde está la contradicción con la Constitución, dónde está la contradicción con su espíritu.


En segundo lugar, hemos escuchado que la reforma afecta la independencia judicial, incluso que la ataca. Hemos oído incluso en el Senado decir que la reforma hiere de muerte la independencia judicial. Es otra argumentación realmente sorprendente porque la función de la que entiende el Consejo General del Poder Judicial es precisamente la garantía de la independencia judicial. Pero todo el mundo sabe que tanto en España como en las experiencias de los sistemas del derecho comparado son distintas las vías por las que se accede a un determinado órgano jurisdiccional e incluso a la propia judicatura. El examen de compatibilidad de esas distintas vías con respecto del valor constitucional de la independencia no tiene nada que ver con la mayoría que pueda legitimar un nombramiento en un momento u otro, ni siquiera con el órgano de procedencia, sino con el modo en que se ejerce la jurisdicción y las garantías de que se reviste el ejercicio de la jurisdicción. La independencia judicial no depende del modo en qué uno llegue a la carrera judicial. No es más independiente el juez que llega por oposición que el juez que llega por el quinto turno al Tribunal Supremo. Tienen los dos la misma independencia. No es más independiente el juez que es elegido en el Reino Unido por el primer ministro a propuesta de lord chancellor que el juez que llega elegido directamente por la ciudadanía, porque el parámetro no está en la procedencia ni en el origen, el parámetro está en las garantías con las que se ejerce la jurisdicción, con la que se entiende de los pleitos de los que uno es competente. El parámetro está en qué es lo que puedo esperar de presión cuando ejerzo jurisdicción, no solo del poder político, sino también desde dentro de la propia judicatura, desde dentro de la propia jerarquía de la organización judicial, a lo mejor, presiones que provengan desde dentro del Consejo General del Poder Judicial, que también alguna experiencia tenemos en la memoria que apunta a eso, o de otras esferas que no estén en el sistema de los poderes constitucionales, como por ejemplo de los medios de comunicación. Esas afectaciones de la independencia tienen que ver con qué es lo que pasa cuando el órgano ejerce jurisdicción y qué presiones pueden ejercerse sobre los titulares de ese órgano de la jurisdicción, no sobre el modo en que se elige al titular de un determinado órgano de jurisdicción, y desde luego no veo ninguna razón por la que pueda ser más independiente quien es elegido por mayoría simple que quien es elegido por mayoría de tres quintos, porque mi razonamiento apuntaría a lo contrario. Mi razonamiento apunta a que cuando se ha elegido por tres quintos la garantía, la confiabilidad, el prestigio, el apoyo que uno recibe para ejercer jurisdicción, como mínimo, tendrá tanta buena dosis que cuando uno es elegido por mayoría simple. A lo mejor podría razonarse que más, pero, como mínimo, tendrá tanta buena dosis que cuando uno es elegido por mayoría simple. Evidentemente, lo que razono en este turno es que, cuando se elige a alguien por tres quintos para el ejercicio de responsabilidades especialmente cualificadas en el sistema de jurisdicción, se tiene mayor confiabilidad, mayores garantías de que se ha hecho un esfuerzo de integración y de consenso también para buscar a los mejores, a los más aceptables, a aquellos que puedan recibir mayor apoyo, mayor garantía de confiabilidad precisamente porque la mayoría que lo ha decidido es más amplia.


Hemos escuchado que esta reforma altera las reglas de juego. No lo creo.
No creo que tenga nada que ver con las reglas de juego del Consejo General del Poder Judicial el que se cualifique la mayoría con la que produce determinados nombramientos que son una competencia suya distintiva. ¿Por qué no alteró las reglas de juego el artículo 137 de la Ley Orgánica del Poder Judicial, modificada por la Ley Orgánica 19/2003, en las postrimerías de la anterior legislatura bajo mayoría absoluta del Partido Popular? ¿Qué es lo que establece ese artículo 137? El quórum de constitución del Consejo General del Poder Judicial. Llevaba 20 años establecido precisamente en tres quintos, hacían falta tres quintos para constituirse el quórum, para poder reunirse y decidir, y esa reforma -introducida, por cierto, de manera subrepticia, de la que no se habló en los turnos de palabra que aquí tuvieron lugar- rebajó el quórum de constitución a mayoría simple. ¿Cuál es el resultado práctico de esa modificación a la baja del quórum para constituir el Consejo General del Poder Judicial? Lo diré claramente. El resultado práctico consiste en que una misma mayoría de un órgano plural y colegiado,

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que es el Consejo General del Poder Judicial, puede constituir el órgano, sin necesidad de consultar con nadie más. Esa mayoría se basta y se sobra para constituir el órgano y además puede decidir y resolver cualquier nombramiento, de manera que la misma mayoría por sí y ante sí puede autoconvocarse, puede autoconstituirse, puede resolver sin haber siquiera dialogado, razonado o negociado absolutamente nada con el resto de los miembros del órgano de que se trata, el Consejo General del Poder Judicial. Eso desde luego no favorece el consenso, no favorece el acuerdo; por el contrario, lo empece, multiplica las probabilidades de funcionamiento mecánico de la misma mayoría en todos los nombramientos relevantes con desprecio o, como mínimo, con absoluta ignorancia con respecto de los planteamientos que puedan provenir de otras sensibilidades o de otras corrientes de opinión o de otras posiciones legítimas o candidaturas legítimas que puedan provenir del resto de los miembros del Consejo. De manera que, cuando escucho decir que la mayoría de tres quintos va a impedir el funcionamiento normal del Consejo, yo me pregunto si este ha sido el caso de los nombramientos de los miembros del Tribunal Constitucional que han sido elegidos por el Consejo por mayoría de tres quintos durante los últimos 25 años. Y la respuesta es no. La respuesta es que, por el contrario, precisamente porque la mayoría es de tres quintos la práctica demuestra que la tendencia ha sido la de hablar y convenir antes de votar, de manera que en el seno de ese órgano plural se llegue a un acuerdo por el que, cuando se ha nombrado a los dos magistrados del Tribunal Constitucional por mayoría de tres quintos, uno provenía de una determinada sensibilidad u orientación legítima y otro de otra, precisamente porque habían hablado con carácter previo y por tanto había habido una búsqueda activa del consenso. Eso no ha empecido los nombramientos del Tribunal Constitucional; al contrario, ha funcionado bien y marcan la pauta de cómo debieran funcionar por ejemplo los nombramientos de los magistrados del Tribunal Supremo, por ejemplo, de presidentes de los tribunales superiores de Justicia. Resulta, pues, razonable inferir de la buena experiencia de los nombramientos de los magistrados del Tribunal Constitucional que la mayoría de tres quintos funciona, que resulta funcional y por tanto puede ser gestionada positivamente, sin que eso entorpezca ni dificulte ni mucho menos impida el funcionamiento ordinario del Consejo General del Poder Judicial.


Finalmente, hemos escuchado también que la reforma que se propone cuenta con la oposición del Consejo General del Poder Judicial. Esto es perfectamente asimilable y entendible. Desde luego, es legítimo que la mayoría que en estos momentos existe en el Consejo General del Poder Judicial, con una composición que no es misteriosa y que yo me explico muy bien, pues trae causa de unas coordenadas históricas que son las de la anterior legislatura, se oponga a esta reforma, pero eso no debe impedir que el Parlamento pueda decidir en su ámbito de atribuciones, en su ámbito de soberanía. A este Parlamento le corresponde legislar y no al Consejo General del Poder Judicial estatuir de manera corporativa o con independencia de lo que pueda decir al respecto el legislador su propio régimen interno, porque esta es una función que la Constitución reserva a la ley orgánica. Es la Constitución la que, en su artículo 122, reserva al legislador orgánico que estos asuntos puedan ser resueltos por ley orgánica y eso es lo que estamos haciendo aquí, resolverlos por ley orgánica. La Constitución establece que las funciones del Consejo son nombramientos, ascensos, inspección y régimen disciplinario y no el trámite consultivo que le ha sido conferido por la ley. Desde luego, la composición del Consejo General del Poder Judicial establecida por la Constitución no anuda necesariamente ninguna consecuencia sobre el régimen de elección de los miembros. Por eso, cuando escuchamos decir que el Consejo General del Poder Judicial puede plantearse incluso algo que se parezca a un conflicto de atribuciones ante el Tribunal Constitucional, tenemos que decir que tenemos una experiencia al respecto y que la recordamos muy bien. Sucedió en los años ochenta y la resolvió el Tribunal Constitucional en la sentencia 45/1986 diciendo que el legislador tenía razón, que este Parlamento tenía razón, que el Consejo General del Poder Judicial no pertenece a los vocales del Consejo, tampoco pertenece a los jueces ni a la judicatura, puesto que el Consejo General del Poder Judicial no es un órgano de los jueces ni un órgano de representación de los jueces ni un órgano de autogobierno de los jueces.
Lo dice la sentencia 108/1986, que resolvió el recurso que en dicho año interpuso Alianza Popular contra la Ley Orgánica del Poder Judicial. El Consejo General del Poder Judicial no es un órgano de autogobierno de la judicatura, es el órgano de gobierno de la judicatura, un órgano político-constitucional que ejerce funciones de gobierno y no pertenece a los jueces, y lo que corresponde a este Parlamente este Parlamento tiene el derecho y el deber de ejercitarlo.


Por último, quiero afirmar que estas medidas que se proponen, siendo, como entiendo, razonables, se corresponden en su esencia no solamente con el margen de apreciación política de oportunidad que corresponde al Parlamento y de la mano del Parlamento y con el apoyo del Parlamento al Gobierno, que tiene su legitimidad en la mayoría en este Parlamento, sino también con el programa del Gobierno socialista, programa que intento desarrollar, un programa que intenta sacar adelante reformas institucionales que propicien un mejor clima en el ámbito de la justicia y que la hagan más funcional, con mayor capacidad de servicio a la ciudadanía y de realización de un servicio público judicial sensible, atento y comprometido con los derechos de la ciudadanía, al que por supuesto vamos a intentar asegurar también los medios personales, materiales y, con

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la colaboración de las comunidades autónomas, los recursos presupuestarios necesarios para poder impulsar estas reformas y sacarlos adelante.


Creemos que las otras medidas contenidas en la proposición no de ley, el aumento de la planta, la modernización, la implantación de nuevas tecnologías, están ya en marcha, están razonablemente incardinadas en la estrategia del Ministerio de Justicia. Para sacar adelante estas reformas, vamos a intentar conseguir los mayores apoyos posibles. Hemos tenido dos reuniones con las comunidades autónomas, en conferencia sectorial, en apenas siete meses, dos reuniones con órdenes del día densos y apretados, muy cargados. Vamos a intentar sacar adelante las reformas de la Oficina judicial, comprometidas por la Ley Orgánica 19/2003, las estamos ya impulsando, algunas de sus piezas normativas y reglamentos los tenemos bien trabados. Estamos, por tanto, en disposición de sacar adelante estas reformas, intentando llamar a todos a la razonabilidad, a la disposición al diálogo, intentando conseguir un clima que propicie esas reformas. Esperamos para ello la colaboración de todos y agradeceré de antemano el apoyo que puedan prestar los grupos parlamentarios, desde luego todos los que suscribieron la iniciativa e, incluso, déjenme decirle al Grupo Popular, que presenta su enmienda a la totalidad, que no veo ninguna razón por la que el Grupo Popular pueda pensar que esto es una agresión a sus posiciones. Le he escuchado decir -es mi última consideración- que esto permite al Grupo Socialista o al Partido Socialista copar la magistratura o copar el Tribunal Supremo.
Usted me reconocerá, señor Astarloa, con todo respeto y cordialidad, que la argumentación no se sostiene. El Grupo Socialista o el Partido Socialista o los vocales que en su momento puedan haber recibido el apoyo o el impulso o haber sido candidatos bajo propuesta del Grupo Parlamentario Socialista no están en disposición de copar los nombramientos del Tribunal Supremo, y mucho menos por mayoría de tres quintos. Comprenderá que con esa mayoría de tres quintos, teniendo en cuenta no solo la aritmética parlamentaria de esta legislatura, sino la habitual en el pluralismo parlamentario de nuestra democracia, con esa mayoría de tres quintos ningún grupo parlamentario puede por sí solo copar ningún nombramiento. Y desde luego ninguna corriente o tendencia o grupo, por legítimo que sea en su expresión de pluralismo en el Consejo General del Poder Judicial, puede por sí solo copar ningún nombramiento.
¿Quiere que le diga cuándo puede por sí solo copar algún nombramiento? En las coordenadas actuales, y usted lo sabe muy bien. Es ahora cuando un grupo por sí solo copa nombramientos; cuando un grupo por sí solo no solo puede copar, sino que los copa y ejerce el mando en plaza, porque por sí solo se basta para constituir el órgano y resolver. La extensión de la mayoría a tres quintos, por el contrario, conjurará ese riesgo que usted virtualmente invoca y que sabe inviable como yo, porque ni en esta legislatura ni en la que viene producirá un efecto de marginación sobre grupos minoritarios ni en el Consejo ni en el Parlamento. Por el contrario, extendiendo la mayoría, seremos más capaces, estaremos mejor invitados de trabar acuerdos, consensos, a través de la conversación previa y, en su caso, de la negociación que, como sabe, es perfectamente legítima y además imprescindible en democracia.


Gracias. (Aplausos.)

El señor VICEPRESIDENTE (Vilajoana Rovira): Muchas gracias, señor ministro.


Para ejercer la defensa de la enmienda a la totalidad del Grupo Parlamentario Popular, tiene la palabra el señor Astarloa.


El señor ASTARLOA HUARTE-MENDICOA: Señor presidente, señorías, buenos días.


Con el mismo tono, que agradezco, del señor ministro, que es el suyo y el mío, voy a defender las razones por las cuales hemos presentado una enmienda de devolución a este proyecto de ley. Insisto, con el mismo tono, pero también con la misma firmeza y claridad en las ideas que expondré como respecto de las suyas ha hecho el señor ministro.


Es un debate que empezamos hoy y terminamos hoy, porque ustedes lo han querido. Así que vamos a sustanciar en una las cuatro lecturas habituales de un proyecto de ley que, si no le ha entendido mal la Cámara, y creo que no, tiene para ustedes la importancia, la relevancia, la significación que habría exigido en cualquier circunstancia normal debatir con normalidad, correspondiendo a la importancia, a la significación y al valor. Pero ustedes no han querido eso. Ustedes han querido que en ese debate yo tenga la enorme dificultad de hacer al mismo tiempo un debate de totalidad, al articulado, fijar la posición sobre mi enmienda de totalidad, que será contestada por el señor portavoz (El señor Villarrubia Mediavilla pronuncia palabras que no se perciben.) -ya empieza a ser contestada desde el escaño-, y además, señor ministro, usted me ha contestado a la enmienda de totalidad antes de que yo intervenga. Bien, pues vamos a este debate.


Pienso con toda sinceridad -y quiero que conste en el "Diario de Sesiones"- que el Gobierno hoy y el grupo mayoritario están consumando, por un lado, la mayor cacicada procedimental que se ha perpetrado en esta Cámara desde el inicio de la transición, lo pienso con toda sinceridad, y pienso con la misma sinceridad -si quiere lo debatimos- que con este proyecto de ley estamos ante el mayor ataque -decía S.S. que no era verdad; sí es verdad- que se ha producido en la España contra la independencia del poder judicial y estamos a tiempo de evitarlo. Así que no le extrañe que diga que vamos a debatir y vamos a votar una de las leyes para nosotros más injustas y también más nocivas de nuestra historia moderna. Decía usted: no se sientan

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agredidos. Pero ¿cómo no nos vamos a sentir agredidos, señor ministro? Esto no es un debate intelectual sobre cuál es la mejor fórmula para que en el Consejo General del Poder Judicial se adopten decisiones, donde cosas que S.S. ha dicho desde esta tribuna en ese contexto serían razonables, pero el contexto no es ese. El contexto no es que usted nos ha citado a los grupos parlamentarios al principio de la legislatura porque ha pensado que era importante que hiciésemos una reforma de la Ley Orgánica del Poder Judicial porque usted tiene buenas ideas para mejorar su funcionamiento y, en consecuencia, quiere que hablemos de esas buenas ideas e intelectualmente acordemos lo que sea más sensato. El contexto de esto es exactamente el contrario. El contexto -y ustedes no lo pueden evitar porque son los hechos y porque ustedes han hablado muy clarito a lo largo de estos meses- es que ustedes han tenido un recorrido en estos meses que va de la no preocupación sobre esta cuestión ni en su programa electoral ni en su programa de gobierno presentado ante esta Cámara ni en los primeros momentos de explicación pública de lo que ustedes iban a hacer, a acumular una preocupación creciente por lo que yo he descrito desde esta tribuna, que ha sido un proceso, primero, de intimidación al Consejo para que estuviera en una línea que ustedes querían que estuviese; después, de deslegitimación, y hoy, dado que no lo han conseguido, de traer un proyecto de ley a esta Cámara sencillamente para neutralizar un Consejo General del Poder Judicial cuya composición consideran que no se ajusta a sus intereses. Ese es el contexto y ustedes lo han ido contando en cada uno de sus pasos. No sube a esta tribuna para decir: tengo una buena idea, hagamos un debate intelectual, no se den ustedes por agredidos. Esto es por lo que es y tiene que quedar muy claro que esto no viene de un razonamiento intelectual para mejorar el Consejo.
Esto viene de la consideración de que ustedes, allí donde no han podido controlar, cambian las reglas del juego, efectivamente, durante el partido, para controlar, para neutralizar.


No me voy a detener mucho -tengo tanta dificultad para contestar y afrontar al mismo tiempo tantos frentes- en las vicisitudes del procedimiento, pero tiene que constar en el "Diario de Sesiones", por lo menos, un pálido resumen de cómo se ha hecho esto. Ustedes las conocen bien. Tras la vuelta del verano, en el breve plazo de diez días, el Grupo Socialista, con el Grupo de Izquierda Unida y el Grupo de Esquerra Republicana de Catalunya, presentaron, incluyeron en el orden del día y aprobaron una proposición no de ley, de la que usted dice que viene toda la legitimación del Gobierno, que concretaba la amenaza del Gobierno al Consejo General del Poder Judicial de hacer lo que su secretario de Estado ya había anunciado: vamos a tener que hacer ingeniería jurídica, tal y como se está poniendo este asunto. Cuarenta y ocho horas después de ese debate, de ese debate limpio, cada uno con sus argumentos de la proposición no de ley, el Gobierno aprobaba el proyecto de ley, y no sabemos todavía, señor ministro (si nos lo quiere contar, nos lo cuenta hoy), si esa aprobación se hizo saltándose, porque era imposible de otra manera, todos y cada uno de los requisitos internos para la tramitación gubernamental de los proyectos de ley, opcional, o lo que a mi juicio por lo menos sería peor todavía, sabiendo lo que SS.SS. saben que yo pienso de esta Cámara, habiéndonos hecho hacer a todos los grupos parlamentarios un debate fraudulento sobre la proposición de ley para poder estar usted aquí diciendo hoy que esto viene de un mandato parlamentario que además apoyaron todos los grupos parlamentarios menos ustedes. Se reclamó a continuación el preceptivo dictamen del Consejo General del Poder Judicial (estaría bueno que tampoco en esto lo hubiesen reclamado, señor ministro); naturalmente, eso sí, se lo reclamaron por urgencia, denegándose además la prórroga que solicitó el Consejo para emitir el dictamen, y por supuesto, qué decir, desatendiendo todas y cada una de las aportaciones que el Consejo les hizo, todas y cada una. Llegó a esta Cámara menos de un mes después de haber empezado todo este recorrido.
Desde entonces no ha pasado otro mes y ya vamos a aprobarlo sin que hasta hoy, como les dije, hayamos tenido ni un solo debate en esta Cámara sobre el mismo. Eso va a ser posible (lo sabe el señor ministro, lo saben todas SS.SS.) porque la mayoría, con el beneplácito del resto de los grupos, ha acumulado todos los procedimientos especiales que el Reglamento prevé para acortar cualquier plazo o trámite, es decir, aplicar el procedimiento de urgencia y acumular la lectura única, eliminando ponencia, comisión y pleno. Ese es el contexto de lo que usted considera un interesante y razonable debate intelectual, señor ministro, y me parece que no me equivoco si les digo que nunca en los últimos 25 años se han acumulado tantas decisiones para imponer la ingeniería legislativa de la mayoría. Por eso concluí de entrada lo que concluí, que nunca se ha producido de verdad tanto abuso de las reglas de procedimiento, tanto desprecio a las formas mínimas del procedimiento, es decir de la democracia, y algo probablemente todavía peor que deja el poso que deja en esta casa (nos lo deja a todos), que es el desprecio a criterios comúnmente aceptados como los que se han sentado para la extraordinaria utilización de la lectura única en el pasado y que han sido elementos hasta hoy para la convivencia parlamentaria basada en un mínimo común denominador repetido por todos.


Su mensaje es, así lo entiendo yo, señor ministro, vale todo, no hay barreras ni límites, el ejercicio del poder tal y como usted lo concibe es irresistible, esta buena idea intelectual en dos meses está en el Boletín Oficial del Estado, y si tengo que saltar por lo que sea, salto por lo que sea. ¿Qué quiere que le diga? Este supuesto talante formidable, regenerador, purificador no lo compartimos, y además lo que más nos preocupa

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es que no acaba aquí, porque no se agota ni solo ni principalmente en el destrozo de los procedimientos, se proyecta también y sobre todo en el fundamento y objetivo de la reforma que persigue. A partir de ahí, señor ministro, yo tendría que decirle una serie de cosas importantes sobre el fondo que están en la literalidad de la enmienda de devolución. Lo voy a hacer muy rápidamente (remito, por favor, a SS.SS a la lectura de lo escrito), porque no quiero dejar sin contestar, aunque sea en dos o tres minutos, lo que durante 50 minutos largos S.S. me ha ido diciendo.


Digo, para que conste en el "Diario de Sesiones" (sé que usted no lo comparte, porque me lo ha dicho ya en esta Cámara), que no encontramos ninguna explicación, señor ministro, para que ustedes hayan organizado esta soberana bronca entre poderes, que no ha hecho más que empezar y que lleva trazas de acabar en un conflicto gravísimo. Hay quien dice, fíjese, que esto es crónico y conocido. Usted mismo ha mencionado, usted sabrá por qué, los precedentes de los años 80; usted sabrá por qué trae en defensa de su argumentación los tremendos precedentes de los años 80 en esta materia. Hay quien dice: esto es la reedición de aquello; yo le digo que es peor, porque después de los años 80 vino el desierto, vino la confrontación, vino el conflicto y el desencuentro profundo en el mundo de la justicia y en esta Cámara, en el mundo político en relación con la política de justicia, y haciendo un gran esfuerzo todos ( Partido Popular y Grupo Popular en el Gobierno, con mayoría absoluta, y el Partido Socialista y Grupo Socialista en la oposición) fuimos capaces de buscar, encontrar y firmar un punto de encuentro, que era lo que desde hacía años la justicia esperaba de nosotros en el Gobierno y de ustedes en la oposición; para eso (usted lo sabe bien, mejor que nadie) el Grupo Parlamentario Popular, el Gobierno Popular renunció al ejercicio de la mayoría absoluta y de la imposición del modelo alternativo que durante 15 años había sostenido frente al destrozo que ustedes hicieron en los años 80. Han bastado cinco minutos de que ustedes vuelvan al Gobierno para que todo aquello que firmaron (siendo ustedes hoy además una minoría mayoritaria) desaparezca, se incumpla la palabra dada y se sea desleal, señor ministro (se lo estoy diciendo yo a usted) con lo que se negoció, se acordó y se firmó, con lo que se resolvió, con lo que resolvimos juntos, que era: nunca más confrontación (repito, nunca más confrontación) entre las fuerzas políticas sobre la composición y el funcionamiento del Poder Judicial. Lo acordamos y lo ejecutamos, pero ahora ustedes incumplen lo firmado.


Creo que no hace falta (si quiere lo repetimos) que vayamos repasando cómo ha ido evolucionando todo esto y las justificaciones que ustedes han ido dando en estos meses, el rosario de disparates de los que ha traído causa lo que hoy estamos debatiendo. Hemos visto a un ministro descalificando los informes del Consejo General del Poder Judicial (que no le gustan, evidentemente) por las razones del pensamiento del ponente y al Gobierno diciendo: Usted no ha hecho los nombramientos que yo quería que se hicieran, en consecuencia a usted le voy a cambiar el régimen de mayorías por el cual usted puede adoptar los nombramientos; este es el contexto. A usted le extraña que nosotros hablemos no ya del daño profundo que se hace a la independencia judicial, sino de que socialmente exista la extraordinaria preocupación (que comparte, reconózcalo, la generalidad del Poder Judicial) de que ustedes están en el camino de la neutralización del órgano de gobierno del Poder Judicial y de la instrumentación y ocupación del Poder Judicial mismo. ¿Cómo no entenderlo de todo lo que les estoy contando que ha pasado en tan brevísimo plazo de tiempo? Me dice usted, señor ministro, que cómo podemos decir que esto hiere de muerte la independencia del Poder Judicial, y para explicármelo empieza a razonar sobre una de sus ideas, que ya sabe que respeto, pero que no comparto: que los jueces son igual de independientes cualquiera que sea su origen. No lo comparto, pero en todo caso no es el debate de hoy, y desde luego no justifica nada de lo que le estoy diciendo en relación con lo que esto significa para la independencia del Poder Judicial.


El gran problema que tenemos para la independencia del Poder Judicial (usted sabe muy bien que yo no confundo lo que es el Poder Judicial y lo que es el órgano de gobierno del Poder Judicial, que es el Consejo General del Poder Judicial; aunque me lo repita todas las veces, sabe muy bien que jamás lo confundo) es que desde el primer minuto ustedes están lanzando al Poder Judicial y sus miembros, Consejo incluido, el mensaje de que ahora mandan ustedes y ellos no se han enterado; que no hacen lo que ustedes quieren que hagan y que, como no hacen lo que ustedes quieren que hagan, ustedes están dispuestos a tocar todas las leyes que afecten y regulen el Poder Judicial. Si no le parece que esto es poner en entredicho, en riesgo y en quiebra el principio de independencia judicial, no sé qué le parece a usted que es poner en riesgo dicho principio.


El señor VICEPRESIDENTE (Vilajoana Rovira): Tendría que ir acabando, señor diputado.


El señor ASTARLOA HUARTE-MENDICOA: Voy terminando, señor presidente.


Hemos hablado ya mucho (no en esta Cámara, porque es el único día, y ya me ha llamado la atención el señor presidente sobre mi tiempo) en estos meses de las razones absolutamente lamentables que les han llevado a actuar así y traernos esto. Déjeme que hable al final dos minutos del futuro, diciéndole lo que creo de verdad. Creo que estamos en tiempos muy malos para la justicia, señor ministro, que estamos en tiempos muy malos para su independencia, que de la filosofía de la modernización, que era absolutamente imprescindible para mejorar esto, volvemos a la del conflicto y a la de

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la ocupación, y vamos a vivir tiempos reeditados de conflicto, de esterilidad y tiempos, que creíamos olvidados, en los que probablemente vivamos juntos aquí la inestabilidad máxima que ustedes vuelven a traer a la justicia de forma absolutamente gratuita después de lo que se había avanzado la pasada legislatura. Eso es lo más importante que me interesa dejarle como mensaje, pero le añado otro para que no haya dudas en el seno de esta Cámara. Además del bloqueo, la inestabilidad y en definitiva la insatisfacción de los derechos de los ciudadanos que se va a producir, por seguir en el debate político en relación con la justicia en vez de ir atendiendo y satisfaciendo sus necesidades, ustedes reintroducen en toda su crudeza (es su exclusiva responsabilidad) un desencuentro político máximo con el Grupo Parlamentario Popular. Sé que ustedes dicen: Esto lo estamos aprobando todos menos uno, y a veces (probablemente me lo repetirá el ilustre portavoz en materia de justicia ahora, cuando suba a la tribuna): ¿Ustedes qué se creen? ¿Que están en el derecho de poner veto a la decisión de los demás? Déjeme que se lo explique desde la perspectiva de los que estamos sentados en los bancos de la derecha.
Fuimos capaces de promover y conseguir el acuerdo, y ustedes ahora no sólo lo rompen, sino que desprecian a quienes en su día les ofrecieron y firmaron con ustedes el acuerdo (Aplausos.); desprecio desde el principio hasta el final de esta historia. No tengo capacidad de veto alguna (cuando me lo dice el señor portavoz sabe que es retórica su argumentación; ustedes tienen sus socios, han escogido socios y ejercerán la mayoría), solo puedo decir humildemente que el Grupo Parlamentario Popular hubiese sido extraordinariamente feliz en esta legislatura si hubiésemos podido seguir trabajando juntos para resolver los problemas de la justicia. No puede ser así, y ustedes no cuentan con nosotros...


El señor VICEPRESIDENTE (Vilajoana Rovira): Señor diputado, tendría que ir acabando.


El señor ASTARLOA HUARTE-MENDICOA: Sí; es un segundo, señor presidente.


No cuentan ustedes con nosotros en materia de justicia para nada. No vengan pasado mañana a decir que tienen otra buena idea, que intelectualmente sería muy conveniente trabajar, después de la deslealtad, después de imponerlo en este momento, no, señoría, para que vaya a funcionar mejor el Consejo General del Poder Judicial; no, no.
Ustedes, por lo menos, se aseguran en este minuto que neutralizan la capacidad del Consejo General del Poder Judicial para ejercer de forma independiente, en nombre del Poder Judicial, sus criterios en el conjunto del funcionamiento de las instituciones del Estado.


Muchas gracias, señor presidente. (Aplausos.)

El señor VICEPRESIDENTE (Vilajoana Rovira): Gracias, señor Astarloa.


Señor ministro, tiene usted la palabra.


El señor MINISTRO DE JUSTICIA (López Aguilar): Gracias, señor presidente.


Señorías, consumiré un breve segundo turno, para decirle, señor Astarloa, que agradezco, créame, el tono respetuoso y articulado de la mejor factura parlamentaria que caracteriza sus intervenciones; lo ha hecho también en esta ocasión. Creo que hace honor a esta Cámara; ojalá consiguiéramos mantener siempre debates de estas características, aunque el patio de butacas no está concurrido, en lugar de permitirnos demasiado a menudo la indulgencia de transgredir las maneras y el decoro que debemos a esta Cámara. Créame también si le digo que el placer de debatir con usted incluye también el placer de discrepar; lo incluye largamente.
Para mí, es un placer discrepar de sus argumentos, porque efectivamente no ha podido por menos de aferrarse al guión, y ha omitido algunas de las consideraciones (a mi juicio, políticamente descabelladas) que he oído durante estas semanas, en particular la de la inconstitucionalidad, pero no ha podido por menos de hacer valer algunas otras, insistiendo en ellas, en una clave que definía antes como apodíctica, es decir, formulando un axioma como si fuese indiscutible, porque cuando en realidad la premisa es falsa toda la secuencia lógica también, y las consecuencias por supuesto.


La premisa es falsa. En primer lugar, cuando alude a la premura o la prisa con la que se ha acometido este procedimiento, solo tengo que señalar que el Congreso de los Diputados acordó esta proposición no de ley el 21 de septiembre, el proyecto de ley apareció publicado en el Boletín del Congreso el 22 de octubre y hoy estamos a 25 de noviembre, es decir estamos ante un Parlamento de tramitación lenta. Por consiguiente, si queremos acometer un objetivo, nadie puede reprocharle al Gobierno que después de deliberar responda, que es lo que hizo en el Consejo de Ministros inmediatamente posterior al debate que tuvo lugar aquí, en el Congreso de los Diputados. Claro que yo comprendo muy bien el reflejo psicológico, me lo explico muy bien, de quien, perteneciendo a su grupo parlamentario y habiendo ostentado responsabilidades en el Gobierno anterior, que modificó el Código Penal en diez días por medio de una enmienda a la Ley de arbitraje en el trámite parlamentario en el Senado, quiere agarrar por los pelos cualquier otra iniciativa para intentar esgrimirla como un atropello a los procedimientos parlamentarios, porque creo sinceramente que aquella sí que fue insuperable; que aquella quedará en los anales como un verdadero desprecio de las reglas de procedimiento que se deben al Parlamento, máxime en materia penal. Le recuerdo que en aquella ocasión, concerniendo como concernía al Código Penal y siendo por tanto competencia

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consultiva indiscutible del Consejo General del Poder Judicial, se evitó el trámite.


Segundo punto: sí, hemos acudido al trámite consultivo del Consejo General del Poder Judicial, pero le recuerdo que la decisión está en este Parlamento. Por eso traía a colación los precedentes de los años 80, porque en aquella época una argumentación que tenía claros tintes (permítame la expresión, porque creo que la estoy utilizando en este caso con propiedad) reaccionarios reivindicó para el Consejo General del Poder Judicial la representación de los jueces de España, como un Poder Judicial independiente en disposición de confrontar con el Parlamento lo que el Parlamento pudiera establecer o no por ley orgánica en el margen de la Constitución. No, subrayo aquí que el Consejo General del Poder Judicial no es la representación de los jueces, y desde luego no son los jueces. Subrayo además que la competencia para resolver sobre los modos y las mayorías de decisión del Consejo General del Poder Judicial corresponden a este Parlamento; es algo tan sencillo como eso. A la vista está (escuchando las argumentaciones que provienen de la mayoría en el Consejo, que es lógicamente el voto que prevalece, porque esta es la regla esencial de la democracia) que esta verdad, a mi juicio indiscutible y constitucionalmente sólida, todavía no ha sido comprendida por determinados segmentos de opinión, que están representados en la mayoría del Consejo. Por tanto, no me reproche usted, señor Astarloa, que cuando el Consejo emite tanta crítica política a veces incluso de forma tan agresiva al Gobierno o al Parlamento, en el turno de palabra el ministro de Justicia que responde ante este Parlamento, y en el Parlamento, no pueda aludir a los dictámenes del Consejo y expresar alguna opinión discrepante con respecto a lo que dicen estos dictámenes.
Esto no significa descalificar los dictámenes del Consejo; significa salir al paso de sus argumentaciones que, como digo, son jurídicamente inconsistentes, y en lo que tienen de político como mínimo podrán ser respondidas desde la política parlamentaria, porque es donde se residencia la representación de la soberanía popular.


Ha emitido usted también un juicio con respecto a la voluntad de ejercer el poder absoluto, cuya desembocadura sería el ataque a la independencia.
De nuevo discrepo; perdone, pero no. Déjeme que le diga que mayoría absoluta pura y dura la ha habido en muchas ocasiones importantes en el Consejo. Creo que esto ha sido constatado por la Cámara; estaba en el origen de la decisión de extender la mayoría a tres quintos intentar forzar, impulsar e incentivar el diálogo previo, el acuerdo y a través de la negociación decisiones más pacíficas que redunden en mejor crédito y prestigio del Consejo General del Poder Judicial. Donde ha habido mayoría absoluta y, por tanto, se ha abocado a la confrontación ha sido precisamente en el Consejo. Creo que esta imagen triste no debe ser sustraída al debate, no debe ser ocultada al juicio de la opinión pública que está representada también en este Parlamento; lo sabe la gente ahí fuera. En el Consejo General del Poder Judicial se dialoga poco y a menudo se producen confrontaciones o enfrentamientos. Por tanto, si está en el margen de maniobra del Parlamente subvenir una solución creo que debemos intentarlo. Además de ningún modo ello interfiere en la independencia del Poder Judicial porque, subrayo, el modo en que se haya llegado al Tribunal Supremo no condiciona la independencia. Tan independiente, lo dije antes, es el magistrado que llegó por quinto turno como el magistrado que llegó por antigüedad en el escalafón; tan independiente será el magistrado que haya sido votado en su origen, en su día por mayoría simple, como el que en su momento lo será por mayoría de tres quintos. La independencia no está afectada. ¿Quiere que le diga lo que está afectado? La continuación en el mandato del actual Consejo General del Poder Judicial de la misma mecánica por la que la misma mayoría de forma inexorable, de forma inmisericorde, sin ninguna transacción viene resolviendo por sí y ante sí; eso sí es lo que está en juego, señor Astarloa. De manera que si usted me hace juicios de intenciones con respecto a lo que puede haber detrás de esta iniciativa, déjeme que yo como mínimo replique y le espete a usted ante el espejo cuáles puedan ser las intenciones de un grupo parlamentario que se empeña o se empecina en que la misma mayoría continúe resolviendo en un modo que, a la vista está en la ejecutoria del actual Consejo, no solamente no redunda en un mejor prestigio o credibilidad de los nombramientos, sino que tampoco ha evitado la confrontación ni la división en su seno.


Por último, la apelación al futuro. Créame que le invito a trabajar seriamente porque estoy, con determinación y la mejor intención, resuelto a convocarle muchas veces para hablar de los asuntos de justicia. Déjeme que le diga que resulta un sarcasmo, que no tiene gracia, el que al Grupo Socialista o al Partido Socialista en su conjunto se le pueda acusar de deslealtad respecto al modo en que ejerció y honró sus compromisos en la anterior legislatura. Suscribimos acuerdos con el Grupo Popular y el Partido Popular y los respetamos. Tenemos nuestro memorial de agravios y recordamos muy bien cómo, en los acuerdos que suscribimos, el Grupo Parlamentario Socialista y el Partido Socialista fue ignorado en unas ocasiones, despreciado en otras, ninguneado en otras; cómo se produjeron acontecimientos muy importantes, que estaban a cubierto del Pacto por las libertades y contra el terrorismo, en los que no se consultó al Partido Socialista; cómo se tomaron decisiones de política antiterrorista que aparecían en los telediarios antes que estuvieran en conocimiento del Partido Socialista; y cómo también el Grupo Parlamentario Socialista y el Partido Socialista vivieron con decepción el modo en que el Consejo General del Poder Judicial, que surgió de aquellas reglas acordadas en el año 2001, el Consejo

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General del Poder Judicial que surgió de aquella fuerte legitimación que le dio la votación parlamentaria en su momento, derivó de forma inmediata a una nueva reedición de esa divisoria, por la que una mayoría claramente perfilada e identificada de forma transparente con algunas posiciones que tienen su presencia en esta Cámara actuaba sin vinculación a la transacción o al diálogo que era esperable, teniendo en cuenta la composición que queríamos (y así la entendemos) legítima, plural del Consejo General del Poder Judicial. Esté seguro que también nosotros hemos vivido con estupor lo que consideramos que ha sido una deriva poco ejemplar y poco compatible con los parámetros de lealtad que usted mismo ha invocado.


Yo le ofrezco, le reitero, señor Astarloa, la mejor intención de que podamos trabajar con todos los grupos parlamentarios y con las instituciones y también con el Consejo porque está ahí, está en la Constitución, repito, con el Consejo del Poder Judicial y con las comunidades autónomas para mejorar la respuesta judicial, el servicio judicial y por supuesto la tutela judicial efectiva como derecho fundamental de los ciudadanos. Quiero creer que sus palabras son las obligadas por un guión que nos enfrenta, pero que no tienen lo que de profecía autocumplidora tienen a menudo los mensajes que al Grupo Parlamentario Popular le escucho en esta Cámara; una profecía autocumplidora por la cual ellos anuncian que todo va a ir muy mal. Todos podemos interpretar que en realidad lo que desean es que todo vaya muy mal, como escuchamos ayer aquí; que la política exterior, la economía va muy mal. Todos escuchamos con transparencia que en realidad lo que están deseando es que vaya muy mal, pero tenga por seguro que en lo que esté en nuestra mano las cosas van a ir bien, y voy a intentar contar con usted y con su grupo para que las cosas vayan bien.


Muchas gracias. (Aplausos.)

El señor VICEPRESIDENTE (Vilajoana Rovira): Muchas gracias, señor ministro.


Señor Astarloa, tiene la palabra por cinco minutos.


El señor ASTARLOA HUARTE-MENDICOA: Señor ministro, gracias por subir a la tribuna a contestar mi discurso. La acumulación de turnos de este debate y su cesión va a ser difícil de dar a entender hacia fuera, pero le agradezco muy sinceramente que haya subido aquí y en el mismo tono haya discrepado, decía usted que con placer. Yo no; yo no siento ningún placer en hacer el debate que estamos haciendo hoy, ninguno. Siento tristeza y preocupación por haber tenido que hacer este debate, que nunca, jamás se tenía que haber producido, y menos después de los antecedentes que yo he relatado aquí en esta tribuna, y lo lamento mucho, de verdad. Discrepar intelectualmente con usted siempre es un placer, hacerlo en el día de hoy en este debate le aseguro que para mí no.


Le decía a S.S. que no me ha contestado a todo lo que le he dicho (reconózcame que con ventaja; yo tengo alguna limitación por el tiempo, porque el señor presidente cuando subo aquí me dice como ahora que dispongo de cinco minutos, pero a usted no le enciende farolillo, porque está en su derecho de utilizar el tiempo que usted quiera); no me argumente así, arguménteme sobre el fondo de las cosas. Sobre el fondo de las cosas le digo que, pese a que usted dice que quiere debatir conmigo si este proyecto de ley es constitucional o es inconstitucional, cuando usted en la tribuna ha comentado que alguien ha dicho que esto era inconstitucional con quien se ha ido a debatir es con el Consejo General del Poder Judicial, no conmigo. Si quiere, dedicamos un debate monográfico para hablar de las dificultades de constitucionalidad que tiene este proyecto, que se resumen en una, señor ministro, y facilísima de entender por cualquier ciudadano, incluso lego en derecho, que es que algo está funcionando mal respecto de la buena Constitución que tenemos cuando las reglas básicas del funcionamiento de uno de los poderes del Estado se pueden modificar, como ustedes lo están modificando, en mitad del partido, eliminando la legitimación con la cual ha nacido en la pasada legislatura y transformándola en otra. Algo así, señor ministro (para que nos entienda todo el mundo, y no hablando entre juristas) como si ustedes estuviesen aprobando hoy una reforma del Reglamento de la Cámara en la que se dijese que todas las leyes que aquí se aprueban por mayoría simple a partir de ahora requieren el acuerdo del Grupo Parlamentario Popular para poder ir al Boletín Oficial del Estado.
(Aplausos.) Así lo entiende fácilmente cualquier ciudadano. Eso es lo que ustedes están haciendo con el Poder Judicial.


Usted ha justificado las razones en el juego de dos conceptos: pluralismo y consenso. Esto nace del pluralismo y tiene que llegar al consenso.
Primero tengo una pregunta, señor ministro. ¿Por qué se preocupa usted del pluralismo en el Consejo del Poder Judicial 25 años después? ¿Por qué nunca les preocupó el pluralismo del Consejo General del Poder Judicial cuando no necesitaban reforzar las mayorías para la adopción de decisiones porque las decisiones las adoptaban por mayoría quienes ustedes querían que las adoptasen por mayoría? Hoy sí tenemos preocupación por el pluralismo. Hoy del pluralismo traducimos la exigencia. Como los otros son -en su lenguaje- los que tienen la mayoría, lo que tenemos que hacer es dignificar la democracia, ya que la mayoría no es nuestra -siga la lógica-, para acabar promoviendo el consenso. No, no. El Consejo General del Poder Judicial con los mismos parámetros democráticos que el resto de las instituciones del Estado: un hombre, un voto -principio mayoritario para adopción de decisiones-; pero no: un hombre, tantos votos como necesita el Gobierno socialista para que se adopten o no se adopten determinados acuerdos en el Consejo General del Poder Judicial.


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(Aplausos.) No nos haga trampa, señor ministro -pequeña trampa la que le voy a decir-, para justificar que esto ha tenido una tramitación modélica. El Gobierno aprobó esto el 22 de octubre. No es verdad, el Gobierno aprobó esto en Consejo de Ministros -lo sabe mejor que yo- a los dos días, a las cuarenta y ocho horas de tener aquí el debate de la proposición no de ley. Y si usted no quiere contestarme a las preguntas que yo le hago no me las conteste. Cuando yo estoy diciendo que ustedes lo aprobaron cuarenta y ocho horas después y que han destrozado todos los procedimientos que se han encontrado por el camino, no piense quien esté escuchando esto y los ciudadanos españoles que yo no estoy diciendo la verdad. Ustedes lo han hecho, asuman su responsabilidad, pero no digan cosas que no son la verdad.


El capítulo que más me ha preocupado en esta discrepancia con usted -y voy terminando, señor presidente- es volver a recordar, y no sólo volver a recordar sino reivindicar, en esta materia como gozosos los felices ochenta y decir aquello de: Ya se demostró que el Consejo General del Poder Judicial no podía hablar en nombre del Poder Judicial... Señor ministro, en el año 1985 ustedes organizaron una bronca histórica que ha perdurado años, porque con la misma idea en su fundamento que tienen hoy, que usted no hace explícita -a lo mejor el portavoz del grupo parlamentario lo hace, no lo sé-, pero que en todo caso otros grupos firmantes de aquella proposición no de ley sí han hecho ya explícita en esta Cámara, lo del consenso, lo del pluralismo, todo eso que es estupendo, pero no está en el origen del fundamento de lo que ustedes están haciendo hoy. Lo que estaba en el origen y fundamento lo dijo otro portavoz en esta tribuna y se ratificó clarísimamente en la sesión de la Comisión de Justicia en la que compareció el señor presidente del Consejo General del Poder Judicial, que es que ustedes consideran que debe producirse un equilibrio ideológico en determinados puestos del Poder Judicial. Así de sencillo. Fíjese, no es que sólo que la mayoría conservadora...


El señor VICEPRESIDENTE (Vilajoana Rovira): Vaya terminando.


El señor ASTARLOA HUARTE-MENDICOA: Termino, señor presidente.


No es que sólo la mayoría conservadora pueda tomar las decisiones, que todos sean de la mayoría... No, no. Ustedes quieren que los señores que responden a lo que ustedes creen que debe ser un juez que hoy tenga responsabilidades, tengan una mayor representación en los órganos judiciales que la que les corresponde por su peso en la carrera. A eso lo llaman el equilibrio ideológico del Poder Judicial. Lo que nosotros decimos es: mérito y capacidad; los mejores.


Señor presidente, termino. Hay un punto que no quiero dejar pasar, como es lógico, que es el del futuro. Me conoce, señor ministro, creo que me conoce bien, hemos trabajado mucho juntos, ahora se ve que para llegar a poco resultado, y sabe que siempre cumplo lo que digo, lo sabe, y lo que he dicho es lo que he dicho, y no me ha entendido bien o no me ha querido entender. No me convoque, señor ministro, porque no voy a ir. Ustedes han tomado la decisión de trabajar con los socios con los que quieren trabajar en esta legislatura en materia de justicia, y yo lo respeto, como es natural, y usted ha tomado la decisión de hacer al Grupo Parlamentario Popular en fondo y forma la agresión a la que me he referido en la primera intervención. Y lo que yo le digo es: no espere inconsecuencia del Grupo Parlamentario Popular, no cuenta usted para nada con el Grupo Parlamentario Popular en una legislatura que probablemente será absolutamente estéril en materia de justicia, porque, entre otras cosas -se lo digo también porque, si no me ha entendido, es bueno que lo deje claro-, cuando los ciudadanos nos vuelvan a dar la confianza, y algún día llegará, para estar en el Gobierno, de lo que hoy estamos viviendo aquí en este día histórico, de la lectura única de esta reforma y lo que se va a producir a partir de aquí, tenga usted la seguridad de que lo único que quedará en pie será el mal recuerdo de este día histórico.


Muchas gracias, señor presidente. (Aplausos.)

El señor VICEPRESIDENTE (Vilajoana Rovira): Señor ministro.


El señor MINISTRO DE JUSTICIA (López Aguilar): Señor Astarloa, no hace falta tener mucha experiencia parlamentaria para saber que los turnos del Gobierno no son limitados en tiempo y que el Gobierno cierra los debates, pero puedo recordar muy bien la legislatura anterior, en la que con mayoría absoluta del Partido Popular y con una Presidencia claramente del Partido Popular los turnos no se disfrutaban con ninguna flexibilidad, con ninguna elasticidad, cuando ese piloto se ponía rojo el orador era expulsado de la tribuna como agua sucia, lo recuerdo muy bien.
(Aplausos.) Yo estoy teniendo, sí, placer en disfrutar -déjeme que se lo repita o que se lo explique, porque veo que no lo ha entendido- de un debate con argumentos y con razonamientos, donde los turnos son administrados con flexibilidad, como viene siendo la norma de recuperación de la fortaleza de este Parlamento, precisamente de la mano de las elecciones del 14 de marzo y de su resultado, que, se lo recuerdo, son los que les retiraron a ustedes la confianza para gobernar.


En segundo lugar, ha hecho la argumentación de constitucionalidad y la estaba esperando, porque esa argumentación, se lo repito, no basta con invocarla, hay que probarla o razonarla, hay que argumentarla, y resulta que usted ha hecho una comparación con respecto a las mayorías de esta Cámara que sí están consignadas en la Constitución. Usted sabe bien, señor

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Astarloa, que el artículo 79 de la Constitución es el que señala cuáles son las mayorías necesarias para producir cada tipo de acto y de decisión que corresponde a este Parlamento. No sucede así con el Consejo General del Poder Judicial, cuyas mayorías corresponden a la ley orgánica y deben ser establecidas por ésta. La ley orgánica que estamos debatiendo hoy tiene toda la legitimidad para decir cuál es la mayoría con la que el Consejo General del Poder Judicial puede producir sus decisiones, pero sí cambió las reglas del juego en el curso del partido, señor Astarloa, una reforma que rebajó el quórum de constitución y que ha permitido desde entonces que la misma mayoría, esta mayoría que usted con tanto ahínco defiende porque se identifica con ella -dígalo con claridad-, constituya el Consejo, decida y resuelva sin haber debatido siquiera con respecto a cuáles puedan ser los mejores, como si a esa mayoría le correspondiera el patrimonio exclusivo de lo que resulta mérito y capacidad para acceder al Tribunal Supremo o a los tribunales superiores de justicia. (El señor Padilla Carballada pronuncia palabras que no se perciben.) Y no, señor Astarloa, sencillamente no.


Déjeme que le recuerde que usted está identificando aquí a esa mayoría y yo precisamente estoy, sí, intentando reforzar el pluralismo, porque una mayoría más extensa es la que convoca a distintos grupos y distintas sensibilidades y orientaciones que son legítimas en el pluralismo, que, se lo recuerdo, es un valor superior del elemento jurídico, a la hora de adoptar determinadas decisiones, sobre todo cuando son nombramientos que en el caso del Tribunal Supremo se proyectan vitaliciamente hasta la edad de la jubilación. Por tanto, es perfectamente razonable vincular pluralismo con una extensión de la mayoría, porque cuando la mayoría absoluta decide por sí y ante sí, reconózcamelo, habrá menos pluralismo en las decisiones que cuando la mayoría es de tres quintos. La prueba la tienen -se lo he recordado- en los nombramientos del Tribunal Constitucional, que precisamente por ser de tres quintos, normalmente, han significado para todo consejo, no éste actual, que lo ha hecho, sino otros anteriores, por lo menos el esfuerzo de convocarse para hablar y dialogar a la hora de decidir cuáles podrían ser las propuestas que emergieran del consenso y no las propuestas que emergieran de una sola mayoría, porque habría que ver qué habría hecho a la hora de nombrar al Tribunal Constitucional, por ejemplo, este Consejo General del Poder Judicial, si hubiera podido hacerlo con la misma mayoría absoluta con la que resuelven los nombramientos del Tribunal Supremo.


Finalmente, le invito a hablar claro, porque usted pretende leer las intenciones de esta iniciativa y decir: reconozcan que no les gusta la actual mayoría del Consejo General del Poder Judicial. Reconozca que a usted le encanta. (Aplausos.) Reconozca que le encanta y que precisamente porque le encanta está aferrado a una regla de decisión que es la que ha permitido precisamente esta situación de confrontación y de fractura interna entre el Consejo General del Poder Judicial, que seguramente el establecimiento de un mayor acuerdo y base de consenso para decidir y para resolver producirá una recuperación de la credibilidad y de la normalidad institucional que todos deseamos para el Consejo General del Poder Judicial.


Usted dice que esta legislatura será estéril. No. No lo decide usted, señor Astarloa, ni el Grupo Popular, ni el Partido Popular. Esta legislatura la han resuelto millones de ciudadanos yendo a las urnas el 14 de marzo, y tiene mucho trabajo por hacer, y tenemos muchísimo que mejorar este país, sus servicios públicos y la garantía de los derechos fundamentales. Este Gobierno lo va a asegurar, esta mayoría lo va a favorecer, con usted o sin usted, señor Astarloa. (Aplausos.) (El señor Astarloa Huarte-Mendicoa pide la palabra.)

El señor VICEPRESIDENTE (Vilajoana Rovira): Señor Astarloa, yo le he cedido la palabra en función del artículo 73 del Reglamento por el que usted tiene derecho a intervenir por cinco minutos, y he sido generoso en el tiempo, por una sola vez. Yo creo que este debate ha sido muy rico, muy interesante, lo daría por acabado entre el Grupo Popular y el Gobierno y entraríamos en la fijación...


El señor ASTARLOA HUARTE-MENDICOA: ¿Me permite una reflexión, señor presidente? (Rumores.)

El señor VICEPRESIDENTE (Vilajoana Rovira): No. De verdad, señor Astarloa, de verdad.


El señor ASTARLOA HUARTE-MENDICOA: Es sobre el Reglamento, señor presidente. (Rumores.) Calma, calma.


El señor VICEPRESIDENTE (Vilajoana Rovira): Le he dado la palabra en función del artículo 73, señor Astarloa, y es muy claro este artículo.


El señor ASTARLOA HUARTE-MENDICOA: Pido la palabra por una cuestión de Reglamento.


El señor VICEPRESIDENTE (Vilajoana Rovira): ¿Perdón?

El señor ASTARLOA HUARTE-MENDICOA: Pido la palabra por una cuestión de Reglamento. ¿De acuerdo? Yo comprendo -voy a hablar sólo de Reglamento- que en el tipo de debate que estamos teniendo y que jamás deberíamos haber tenido, que no acaba de hacer más que empezar... (Rumores.) Escúchenme, escuchen, por Dios, escuchen. Serénense. En el tipo de debate que estamos teniendo, uno acaba de perder exactamente el sentido de dónde está. Estoy defendiendo mi enmienda de totalidad, y en la contestación a la

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defensa de mi enmienda de totalidad en vez de contestar el portavoz del Grupo Socialista ha contestado el ministro, cosa que he agradecido. Y a la réplica que yo he hecho a la contestación que me ha dado el ministro acaba de contestarme el ministro, y el último que tiene que intervenir es el que está defendiendo la enmienda de totalidad. (Rumores.) Señor presidente, si usted no lo entiende así, yo lo acepto. Lo acepto, pero que conste que yo estoy todavía defendiendo mi enmienda de totalidad ante el señor ministro, que tiene el derecho de intervenir en cualquier momento y que me gustaría poder contestarle. No me deja S.S. y lo acepto.
(Rumores.)

El señor VICEPRESIDENTE (Vilajoana Rovira): Señor Astarloa, tal como se fijó en la Junta de Portavoces, hemos dividido el debate en dos partes.
Ahora estamos en la primera parte, que es la enmienda a la totalidad, y usted podrá volver a intervenir para defender las enmiendas parciales que su grupo ha presentado a esta ley en ese momento. Esta parte del debate queda terminada por parte del Grupo Popular y del Gobierno y ahora tienen la palabra los grupos parlamentarios para fijar su posición respecto a esta enmienda.


Tiene la palabra el señor Mardones, del Grupo de Coalición Canaria.


El señor MARDONES SEVILLA: Con la venia, señor presidente.


Señorías, señor ministro de Justicia, mi grupo parlamentario de Coalición Canaria fija su posición en esta primera parte del debate que hace referencia, como ha señalado la Presidencia, a la enmienda de totalidad presentada por el Grupo Parlamentario Popular, porque nosotros no vamos a intervenir, por razón de economía procesal de tiempos, en la segunda parte del debate cuando se refieran a las enmiendas al articulado, sino que explicitaremos el voto final en el concepto de ley orgánica.


Vamos a apoyar el proyecto que ha traído el Gobierno aquí y, por tanto, vamos a votar en contra de la enmienda de totalidad que ha presentado el Grupo Parlamentario Popular. ¿En razón de qué? En primer lugar, una declaración de principios. El Grupo de Coalición Canaria en todas las legislaturas siempre ha prestado su colaboración al ministro de Justicia de turno o al Gobierno de turno para encontrar posicionamientos comunes en algo tan importante como tiene que ser, en una política de consenso o en una política de Estado, todo lo que se refiera a la alta administración de la justicia. Una democracia sin un buen sistema judicial no es una buena democracia. Una democracia sin un poder judicial perfectamente normalizado dentro del canon legal correspondiente no es buena en ese sentido.


¿Qué trae el proyecto de ley del Gobierno? Tres cuestiones: la forma de elección de los presidentes de sala del Tribunal Supremo, de los magistrados del Tribunal Supremo y de los presidentes de los tribunales superiores de Justicia, sobre lo que quiero hacer una advertencia. En las líneas de modificación de otros textos legales, cuando llevamos al ámbito máximo de la comunidad autónoma la casación de las sentencias, estamos destacando una relevancia nueva y especial a este respecto. Quiero destacar aquí las palabras con las que, en anteriores legislaturas, el portavoz del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), señor Silva, ejemplarmente y con un conocimiento estricto, defendió siempre un principio por parte de su grupo, que el mío compartió y apoyó también, sobre el derecho y sobre el recurso de casación en los tribunales superiores de Justicia. Por tanto, la figura del presidente del Tribunal Superior de Justicia de cada comunidad autónoma toma una especial relevancia; tenemos que ser cuidadosos y exigentes democráticamente en la forma en que se elige a este presidente. Vienen también otras figuras menores en este proyecto de ley, como son los magistrados eméritos que, una vez que se han jubilado, pueden seguir en la sala correspondiente o en la jurisdicción correspondiente del Tribunal Supremo. Pero vemos que el meollo del debate y la polémica está en la fórmula de tres quintos para elegir a estos magistrados, presidentes de sala o presidentes de tribunales superiores de Justicia. Pues bien, mi grupo lo apoya porque entendemos que hay que armonizar lo que estaba hecho ya con parámetros similares, a raíz del imperativo del articulado de nuestra Constitución, y es la fórmula de los tres quintos para resolver estos problemas.


Señorías, la Ley Orgánica 3/1981, del Defensor del Pueblo, señala la exigencia parlamentaria de obtener los tres quintos de los votos de la Cámara para la elección del Defensor del Pueblo. La Constitución española exige a la Cámara los tres quintos para elegir a los correspondientes miembros del Tribunal Constitucional. Fue una sabia e inteligente medida política que nuestros constituyentes pusieran un listón muy alto en las mayorías cualificadas, los tres quintos, para la elección de determinados puestos de muy alta responsabilidad: el Defensor del Pueblo, el Tribunal Constitucional y miembros del Consejo General del Poder Judicial. Por tanto, miembros del Tribunal Constitucional, miembros del Consejo General del Poder Judicial, Defensor del Pueblo, tres quintos de exigencia a esta Cámara. ¿Por qué? Porque se pensó que había que forzar a las clases políticas, a los grupos parlamentarios, a los partidos políticos a que, no teniendo ninguno mayoría simple, como las administraciones corrientes, se fueran a un listón de exigencia que obligara a un noble trabajo político, que es el del consenso. El consenso no es un trabajo fácil, ya lo sabemos; consensuar es buscar comunes denominadores de calidad, de profesionalidad, de aceptación política, de independencia, de prestigio, como se le quiera llamar, para elegir a estas figuras.


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Si el Consejo General del Poder Judicial tiene capacidad para las propuestas y nombramientos de los miembros del Tribunal Supremo y de los tribunales superiores de Justicia, en razón de este principio de similitud, de homologación y de simetría, llévese también la exigencia de las tres quintas partes, porque eso dará mayor calidad democrática a la persona que resulte elegida. No podemos condenar a una persona a estar en una especie de discusión de precariedad democrática cuando por el poder que tienen en su uso jurisdiccional le hemos rebajado a la exigencia de una simple mayoría. Esto no es bueno, puede ser cómodo, pero no es bueno democráticamente, en cuanto a las decisiones que se puedan tomar. Lo curioso también es que en un órgano de 21 miembros, pasar de la mayoría simple a la mayoría cualificada de tres quintos, supone un miembro o dos más, la mayoría simple son 11 miembros y la mayoría cualificada con los tres quintos va a ser de 12 ó 13, porque hay que redondear 2,6 hacia arriba. Esta diferencia de dos miembros del Consejo General del Poder Judicial tiene que significar de cara a la opinión pública como un mayor nivel de exigencia. Hay una serie de organismos que tienen que seleccionar a determinadas personas para organismos internacionales, competiciones internacionales, etcétera, en que se exigen mayorías cualificadas para no llevar personas degradadas o con un debate a rastras que no dice nada bueno del prestigio que tiene que tener ese organismo.


El señor ministro ha resaltado, y me gustaría que lo escuchase, un argumento importante. La última modificación de la Ley Orgánica del Consejo General del Poder Judicial fue la Ley Orgánica 19/2003, de diciembre de 2003, en la que se modificó el artículo 137. Comparto lo que ha dicho el señor ministro de Justicia. El primer párrafo quedó como reflejaba la Ley Orgánica 6/1985, pero se modifica el segundo párrafo, y aquello constituyó una advertencia de preocupación para mi grupo, porque modificó el quórum necesario. La Ley Orgánica 19/2003, del 23 de diciembre del pasado año, una vez que se refiere a que los acuerdos del Consejo serán adoptados por mayoría de los miembros presentes, introduce un segundo párrafo que dice: Sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 129 y concordantes de esta ley. ¿Qué dice el artículo 129? Textualmente: El Pleno quedará válidamente constituido cuando se hallaren presenten un mínimo de 14 de sus miembros. Ahora, tendrá que haber allí 13. Seguimos dentro de una holgura que la propia Constitución consagra. Un mínimo de 14 de sus miembros con asistencia del presidente o de quien legalmente le sustituya. Pero, ¿qué hace la Ley 19/2003? Altera esto, y eso es muy grave. Dice el segundo párrafo: Sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 129, que es el que he leído, con 14 como mínimo para el quórum.
El tema, señor ministro, coincido con usted, está en el quórum, en la modificación que se hizo. ¿Por qué se hizo? Que lo explique otro, yo no.
No poder adoptarse acuerdos por falta del número de miembros para constituir el órgano, podrá efectuarse una segunda convocatoria en la que bastará la mayoría necesaria para la constitución de los órganos colegiados en la legislación común del régimen jurídico de las administraciones públicas. Modifiquemos esto. No podemos igualar una decisión del Consejo General del Poder Judicial en una exigencia de calidad profesional, si se quiere, pero sobre todo calidad democrática de un órgano que tiene que tener como órgano colegiado un quórum.


Lo que no se puede hacer es pasar de las exigencias de la Constitución en cuanto a la calidad de los 21 miembros con que cuenta este órgano, comenzando por su propio presidente, en relación con el cual la Constitución señala que también es el presidente del Tribunal Supremo, y que se homologue con la legislación de los órganos colegiados del régimen común jurídico de las administraciones públicas. Deberíamos cambiar esto, pues se presta a una auténtica degradación. El Tribunal que haga una homologación de este tipo tiene que reconocer que el Consejo General del Poder Judicial debe exigir política y jurídicamente con rigor, por lo que al quórum se refiere, y no admite comparación con la legislación común del régimen jurídico de las administraciones públicas, que se pueden permitir los grados de libertad que quieran exigiendo sencillamente mayoría simple para la toma de sus decisiones. Degradar en el sentido de que se haga una segunda convocatoria y entonces se aplique el régimen común de las administraciones públicas no es de recibo. Mi grupo entiende que aumenta la calidad democrática y que se obliga a un sano ejercicio a un órgano que -coincido plenamente con lo que ha dicho el señor ministro- no representa profesionalmente a los jueces, sino que es un órgano representativo de los jueces. Ellos tienen sus asociaciones para que les resuelvan sus problemas, por lo que no se debe transformar un órgano colegiado constitucional en una especie de consejo general de colegios o de asociaciones en el que se puedan mezclar jueces y magistrados, puesto que en el Consejo General del Poder Judicial no todos son jueces ni magistrados. Por tanto, vamos a ser racionales y vamos a no confundir los términos ni a degradar los procedimientos. A ellos también les corresponde una participación en la complejidad de buscar consensos, pero eso será en beneficio de la calidad democrática del órgano, del principio y de los miembros que lo constituyen. Si yo, como cualquier ciudadano, tuviera la opción de ir al Consejo General en las condiciones que marca la ley, me gustaría hacerlo arropado democráticamente por los tres quintas partes de sus miembros como mínimo.


Muchas gracias, señorías.


El señor VICEPRESIDENTE (Vilajoana Rovira): Muchas gracias, señor Mardones.


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Por el Grupo Parlamentario de Izquierda Verde-Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya Verds, tiene ahora la palabra la señora Navarro.


La señora NAVARRO CASILLAS: Gracias, señor presidente.


Yo sí que voy a ser breve, no como los portavoces que me han precedido en el uso de la palabra. En primer lugar, cuando el Grupo Popular -no sé si dirigirme a ellos porque los escaños están bastante vacíos, bastante más de lo habitual, diría yo- manifiesta que estamos ante la mayor cacicada que se ha visto desde la transición, tengo que decir que esto no es una cacicada. Seguramente, muchos estarán de acuerdo con que la mayor cacicada se produjo cuando se estableció penalmente la convocatoria del referéndum a través de una enmienda a la Ley de arbitraje en el Senado.
Eso sí que fue una gran cacicada, introduciendo un delito político, y no lo que estamos haciendo nosotros, que más bien es todo lo contrario.


Tuvimos ocasión de exponer nuestros argumentos en la comparecencia del presidente del Consejo General del Poder Judicial y por eso no me voy a extender. De todas formas, lo dije entonces y lo vuelvo a decir ahora, estamos absolutamente convencidos de que la exigencia de una mayoría cualificada para llevar a cabo los nombramientos obliga al diálogo entre todos los componentes del órgano que ha de tomar la decisión. Es una cuestión de pura lógica. Entendemos por qué el Grupo Popular emplea esos argumentos, pero nos parece una manera de utilizar el lenguaje la mar de curiosa. Ojalá -de eso no estamos tan convencidos- que mediante esta modificación legal se acabe con el bochornoso espectáculo que nos ofrece actualmente el Consejo General del Poder Judicial. Exigir una mayoría cualificada, que es calificada por el Partido Popular en su enmienda como un desatino calculado arbitrariamente, con un claro propósito partidista, es más bien todo lo contrario; es al revés, está calculado para acabar con el uso partidista que uno de los sectores está ejecutando, haciendo de vergonzosa oposición al actual Gobierno su actuación. Les voy a decir más: mantenemos el profundo convencimiento de que implica una mayor independencia del Poder Judicial, por obligar a que aquellos que en su día fueron nombrados precisamente por los partidos políticos, es decir, los miembros del Consejo, se pongan de acuerdo para nombrar cargos relevantes del Poder Judicial.


El Poder Judicial, para Izquierda Verde, no es suficientemente independiente, y debería serlo. Consideramos que deben arbitrarse mecanismos para alcanzar una mayor independencia, y para ello el sector progresista del Congreso debe ponerse de acuerdo, pues la reforma de hoy debe ser sólo un primer paso en ese camino. Imagino que si seguimos dando pasos en ese sentido el Partido Popular volverá a dar la vuelta a todo, acusándonos de lo que ellos más practican, pero esta es la cruz de esta legislatura, y por lo que se refiere a Izquierda Verde no nos pararán.


En definitiva, no queremos que el portavoz del órgano de gobierno del Consejo General actúe como portavoz del partido mayoritario de la oposición; no queremos que el presidente del Consejo, elegido por consenso y unanimidad, se atrinchere en uno de los dos sectores y abandone la negociación y el consenso como prácticamente él mismo reconoció en la comparecencia. Queremos una justicia eficaz e independiente y para ello un Consejo General que actúe, en cuanto a los nombramientos, con una mayoría cualificada, obligándoles a cumplir con el papel que les corresponde y dejen a los políticos hacer política. Ahora tendrán que convencer a dos miembros más. Sólo les obligamos al diálogo y que de esa manera se aplique el principio de igualdad, mérito y capacidad y no el de afinidad, que es el que últimamente se está aplicando.


Gracias.


El señor VICEPRESIDENTE (Vilajoana Rovira): Muchas gracias, señora diputada por su concreción y rapidez.


Tiene ahora la palabra la señora Uría para defender la posición del Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV).


La señora URÍA ETXEBARRÍA: Muchas gracias, señor presidente.


Señorías, señor ministro, gracias por estar aquí. Sé que es lo habitual, pero no lo reglamentariamente necesario en caso de enmiendas a la totalidad a proyectos de ley. Me sirve darle las gracias hoy para recordarle que hubiese sido bueno que hubiese estado el martes cuando tomamos en consideración una proposición de ley que servía para arrojar del ordenamiento político lo que desde mi formación política se entendía como una tropelía. Sé que no es lo mismo una proposición que un proyecto de ley, pero aquella proposición tenía también el aval de una promesa hecha por usted en sede de esta misma Cámara, en la sesión de control al Gobierno, y del propio presidente del Gobierno al portavoz de mi grupo.
Hubiera estado bien que ustedes simbolizasen lo importante de depurar el ordenamiento jurídico en aquel caso con la presencia de usted, señor ministro, si es que va a escuchar mi intervención, perdóneme que se lo manifieste así.


Me sirve además para enlazar con una de las argumentaciones que se han hecho por el representante del grupo mayoritario de la oposición cuando ha comparado el trámite rápido y abreviado por el que hoy vamos a debatir este proyecto de ley con el utilizado en relación con la aprobación del Código Penal. Aquello sí que fue expeditivo, y sobre todo hay una cuestión importante a señalar: en aquel caso no hubo derecho a presentar enmiendas. En este trámite, por rápido, por acelerado que sea, el grupo mayoritario ha tenido ocasión de presentar

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enmienda a la totalidad y de debatirla y hay enmiendas parciales de las que hablaremos después.


Se va a debatir por un trámite desdoblado que a nosotros nos resulta extraño, puesto que si uno mira lo que es el derecho parlamentario parecería que al valorar los parámetros que se deben tener en cuenta para aceptar o no una enmienda a la totalidad, uno valora primero la necesidad de regular o no y después si el producto que se presenta por el Gobierno, aun con enmiendas parciales, va a ser suficiente para poder regular de manera adecuada lo que se pretende. Parecería por tanto que el trámite de enmienda a la totalidad sería bastante para poder hablar también de las enmiendas parciales presentadas. Entiendo, y se lo reconozco al representante de la mayoría de la oposición, que lo haya hecho así por la necesidad de disponer de más tiempo para sus argumentos, como claramente ha manifestado en su intervención.


Hay también una pequeña trampa, que en parte es habilidad procesal pero en parte tiene un componente tramposo, en lo escueta que es la presentación por escrito de la enmienda a la totalidad. Digo que es habilidad procesal porque así no se adelantan argumentos que puedan ser debatidos, pero en parte tiene un componente de trampa si uno lee los preceptos del Reglamento. Los artículos 109 y 110, más la consabida resolución de la Presidencia, dicen que hay que explicar por escrito la oportunidad, principios y el espíritu de lo que se pretende debatir. Sólo de manera muy generosa se puede entender que lo que el Grupo Popular ha presentado cumple estos requisitos reglamentarios. En todo caso, me referiré a la parte final de lo que es el escueto texto. De ninguna manera mi grupo puede admitir que se hable de breve tiempo de esperanza mientras duró el Pacto para la reforma de la justicia, puesto que no lo percibimos como tal. Al contrario, creemos que fue un tiempo oscuro, un tiempo de retroceso en importantes parámetros de democracia. Por ejemplo, que el presidente del Consejo General del Poder Judicial no se abstuviese de votar el informe referido a la Ley de partidos, cuando él mismo era presidente de la sala que iba a decidir luego sobre la ilegalización del partido para el que expresamente se hacía la ley, nos parecía un escándalo. De la misma manera, nos ha parecido escandaloso cuantas veces el Consejo en sus informes sugería al Gobierno que endureciese los distintos preceptos que pretendía introducir en las normas. Así, cuando se hablaba de posibilidades de aplicación retroactiva en materia de cumplimiento de penas o vigilancia penitenciaria era el propio Consejo quien decía al Ejecutivo cómo había que legislar. Para nosotros ese tiempo -que él llama tiempo de esperanza- fue un tiempo de importantísimos pasos atrás en las garantías democráticas de la separación de poderes, de intervención del Poder Judicial en el debate político, de inquietante confusión en la separación de poderes. Por ello pensamos que esta frase concreta que ocupa casi la mitad de su enmienda a la totalidad es desafortunada.


Se dice que el proyecto de ley que hoy debatimos trae causa de una proposición no de ley aprobada al comienzo de la legislatura que habla de modificaciones estables y profundas por la importancia de la función constitucional encomendada a la justicia. Ni estables ni profundas han sido las modificaciones referidas al Consejo General del Poder Judicial, no ya en los últimos tiempos sino también en el pasado. Del debate habido entre el señor ministro y el portavoz de quien interpone la enmienda a la totalidad se deduce que la regulación del Consejo no ha acabado de tener acomodo. Se ha hablado de los años ochenta, de reformas posteriores e incluso de las habidas en la legislatura pasada. El Consejo General del Poder Judicial -lo he dicho una y otra vez, señorías- es una institución francamente desafortunada en el encaje constitucional. A casi veinticinco años de su despegue continúa volando muy bajo, incluso con llamativos tumbos, en una permanente crisis de legitimación, con fiel reflejo en el endémico desafecto de sus gobernados, los jueces, hacia el Consejo. Se trata de un hecho tan evidente que por nadie es negado. Por lo tanto, si hablamos de modificaciones estables y profundas, a ver si en este caso conseguimos acertar porque tal es nuestro propósito cuando hemos decidido votar favorablemente la iniciativa que se nos propone. Decía que cuando se aprobó en esta Cámara el texto de la proposición no de ley tenía tres párrafos, más la enmienda del Grupo Catalán (Convergència i Unió) que se admitió. De ellos, sólo el segundo es objeto de este proyecto de ley.
Habrá que pensar que el primero, que hablaba de consignaciones presupuestarias, fue objeto de debate en tiempos pasados y que, efectivamente, el Gobierno ha cumplido el compromiso al que le instábamos dotando los Presupuestos Generales del Estado de cuantías suficientes para las reformas que se propone. Insisto, sólo la segunda parte es objeto de desarrollo y bien nos hubiera gustado que en algo se tuviese en cuenta la tercera cuando se habla de la formación del personal al servicio de la administración de justicia y, sobre todo, de regular la especial relevancia del conocimiento y el uso de las lenguas oficiales y del derecho propio de las comunidades autónomas que queda -como tendré ocasión de decir en el punto final de mi intervención- para más adelante.
Cuando se habla del Poder Judicial -también cuando se habla de esta Cámara- siempre la utilización de las lenguas es asignatura pendiente.


En el debate de la proposición no de ley argumenté las dudas sobre si esto se hacía por razones de modelo democrático o por la posibilidad, también apuntada por el señor Astarloa, de dar entrada a determinadas opciones ideológicas en la elección y renovación de determinados magistrados del Tribunal Supremo y de los tribunales superiores de justicia. Nos tememos, y somos escépticos, señor ministro, que esto va a mantener el

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sistema de cuotas, quizá con una cierta mayor proporcionalidad en la concreción de lo mío y lo tuyo -como en lenguaje coloquial suele decirse, los míos o los tuyos- dentro del Consejo o dentro de los nombrados para estos altos órganos judiciales, sean tribunales supremos, sean tribunales superiores. Nosotros, le insisto, tenemos dudas de que esto se vaya a traducir en otra cosa, pero quiero pensar, como ha manifestado la señora Navarro, que exigir mayorías más cualificadas introduce el valor de obligar a negociar y en la obligación de negociación siempre habrá la ventaja de posibilitar el equilibrio, que nos gustaría que fuese unido a la exigencia de mérito y capacidad; no sólo ponerse de acuerdo sobre personas o sobre cuotas, sino que el mérito y la capacidad quedasen establecidos en la forma que, por cierto, pretende una de las enmiendas que presenta el Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió).


Hay en la exposición de motivos de la iniciativa un guiño que se nos hace a quienes tenemos otra concepción de la justicia dentro del Estado autonómico, porque, si bien se dice que se quiere potenciar el Tribunal Supremo, se hace la referencia, que está en todos los estatutos, de que los tribunales superiores de justicia sean los órganos que culminen la organización judicial en las comunidades autónomas, promesa que, por cierto, forma parte del programa electoral del Partido Socialista y que el señor ministro ha explicitado en distintas ocasiones.


Respecto del contenido concreto, la mayoría de tres quintos que se elige -ya en dos casos es evidente que existe y se extiende a otros supuestos- nos parece que introduce un valor que obligará a la negociación y a ponerse de acuerdo, pero, sobre todo, le vemos especial mérito en lo que hace referencia a que en la evacuación de informes previstos por la ley para ejercer la potestad reglamentaria por el Consejo vaya a ser necesario que estos se consensúen. Nos parecen llamativos -y luego tendré ocasión de referirme a ello- los contenidos, las calificaciones, el talante abiertamente político, que no jurídico, que han llegado a tener algunos de los informes emitidos por el Consejo General del Poder Judicial. El añadido que se le hace al artículo 200.5 lo vemos con un cierto escepticismo; nunca hemos sido partidarios de prolongar la edad de estancia de los magistrados en el Tribunal Supremo, entendiendo que esto no existe en otros órdenes de la actividad profesional y nos parece bien, por tanto, que el propio Gobierno haya hecho caso a las recomendaciones que se le hacían, tanto en votos particulares como en el contenido del informe, de vincular esta posibilidad de mantenerse como eméritos quienes ya estén jubilados a las necesidades de refuerzo, que no aparecían en el texto inicial y que tampoco aparecen en la exposición de motivos. No todo jubilado tendrá que ser emérito, solamente si se necesita ese refuerzo en el Tribunal Supremo. Por cierto, es un paso intermedio entre el número de magistrados del Tribunal Supremo que por lo que abogan, y nos piden a las formaciones políticas que les ayudemos, es por elevar la edad de jubilación. Lo que el texto contempla es que están jubilados, pero pueden mantenerse como eméritos.


En lo referido al artículo 335.3, la plaza del jefe del Servicio de Inspección, perdonarán que se sea tan mal pensado pero tiene toda la pinta, da la impresión de ser precepto pensado para persona concreta.
Quizá no sea así; en todo caso, no nos hemos opuesto o no lo hemos enmendado por entender que sí abre el abanico de personas posibles a ser destinatarias de la jefatura de la Inspección y, por tanto, la mayor posibilidad de elección, con los requisitos, que, por cierto, se establecen también en el propio precepto, no nos parece en sí mismo malo, aunque tiene toda la pinta, insisto, de ser intuitus personae. El que luego se añadan sendos apartados, el 4 y el 5, al artículo 348 bis nos parece bien porque en este momento existe una contradicción entre este precepto y el artículo 352, pero, desde luego, en lo que hace referencia a que mantenga la categoría de fiscal del Tribunal Supremo el Fiscal General del Estado, pareciéndonos bien, también tiene en la actualidad destinatario concreto, lo que evidencia la condición de magistrado del Supremo que tiene el actual Fiscal General del Estado.


Había hecho mención a que en alguna medida quería referirme al contenido concreto del informe del Consejo General del Poder Judicial. Nos parece, y se lo hemos manifestado en otras ocasiones, por ejemplo con relación al informe emitido sobre la Ley de Violencia de Género, que el Consejo General del Poder Judicial excede con mucho lo que es el contenido del artículo 108 de la Ley Orgánica del Poder Judicial. El contenido que deben tener sus informes no supone que puedan incluirse en ellos descalificaciones como las que se contienen hablando de disposición potencialmente perturbadora, hablando del dramatismo con que se invoca la necesidad de la reforma, de que el sistema de mayorías en la formación de la voluntad no puede ser calificado sino de intempestivo, se habla de reforma insidiosa y disfuncional. No son calificativos que a norma alguna deba dar un órgano constitucional, como es el Consejo General del Estado.


Además, se utiliza un argumento que el señor Astarloa ha esgrimido en su segunda intervención, no en la primera, respecto del cual resultaría imposible modificar un órgano durante el tiempo que dure la vigencia de los mandatos. Parece tan extraño como indicarle al presidente de esta Cámara, tan empeñado en la reforma del Reglamento, que todos nosotros hemos accedido a la condición de diputados para esta legislatura con este Reglamento y que, por tanto, no toleraremos que nos lo sustituya por otro. El que la normativa que regula una determinada institución esté en alguna forma vinculada a la duración de los mandatos por los que uno fue elegido cualquier alumno de derecho constitucional lo

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encontraría como argumento totalmente inadmisible, como inadmisible es que se haya utilizado en el informe del Consejo y, por ello quizá, solo muy de pasada lo ha citado el señor Astarloa. Las alegaciones en cuanto a la inconstitucionalidad tienen el contenido absolutamente endeble al que se ha referido el señor ministro. Hablar de violación del artículo 122 cuando el propio artículo 122 de la Constitución reserva al Consejo con claridad solo nombramientos, ascensos, inspección y régimen disciplinario, y dice tal y como lo regule la ley orgánica, y la ley orgánica precisamente es lo que estamos intentando modificar en este momento, y hablar del artículo 9.3 que consagra la interdicción de la arbitrariedad resulta absolutamente poco adecuado dado el tenor de la norma que estamos examinando.


El señor VICEPRESIDENTE (Vilajoana Rovira): Señora diputada, tendría que ir acabando.


La señora URÍA ETXEBARRIA: Sí, señor presidente.


Como inadecuadas nos parecieron -profundamente inadecuadas- las amenazas que el propio presidente del Consejo General del Poder Judicial -como tal las entendió esta diputada por lo menos- vertió al presentar este año la memoria anual para el supuesto de que esta ley llegase a ser aprobada.
Cierto es que en tiempos anteriores -se han referido ustedes a la virulencia de la confrontación en los años 80, y así fue- se decidió que los miembros del Consejo de elección entre magistrados tuviesen que ser también votados por esta Cámara. Hubo entonces un conflicto constitucional de competencias, pero nos parece en este caso que la amenaza al Legislativo provenga del propio presidente del Consejo General del Poder Judicial, insisto, está fuera de todo contexto.


Nos gustaría hacer hincapié, si el señor presidente me lo permite, en uno de los votos particulares en cuanto a que el magistrado Alfonso López Tena consagra con expresión feliz la idea del rodillo al reparto y él aboga en su apartado final que se debe acabar con el rodillo en beneficio del reparto pero que también deberá tenerse en cuenta el mérito y la capacidad que deben asegurarse con medidas complementarias; medidas complementarias a las que, como he indicado, llama una de las enmiendas presentadas por el Grupo Catalán (Convergència i Unió).


Concluyo. Señor ministro, no nos parece malo lo que ustedes nos proponen, nos parece poco. Esperamos la reforma del Consejo General del Poder Judicial con detenimiento, esperamos la reforma de la justicia con detenimiento para adecuarla realmente al Estado autonómico, al Estado compuesto, con la posibilidad de existencia de consejos judiciales locales, como mi grupo pretende con la desaparición de los cuerpos nacionales, con una regulación seria y sensata del uso de las lenguas. En la esperanza de que eso quede como asignatura pendiente para otro día, en este momento rechazamos la enmienda a la totalidad presentada por el Grupo Popular y nos apuntamos al tímido posibilismo al que creo que nos lleva la normativa que desde el Gobierno se nos ha propuesto. Insisto, votaremos que sí a la continuación de la tramitación y nos posicionaremos sobre las enmiendas concretas en el trámite posterior.


Muchas gracias.


El señor VICEPRESIDENTE (Vilajoana Rovira): Muchas gracias, señora diputada.


Tiene la palabra para fijar su posición don Jordi Jané, del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió).


El señor JANÉ I GUASCH: Honorable president, señoras y señores diputados, señor ministro de Justicia. (El señor vicepresidente, Cisneros Laborda, ocupa la Presidencia.)

Hoy en el pleno de la Cámara, y ante la presentación de una enmienda a la totalidad de devolución, el ministro de Justicia ha venido a defender su proyecto de ley y ha utilizado un argumento parlamentario: -proyecto que deriva del mandato de esta Cámara. El proyecto de ley que hoy estamos debatiendo tiene su origen en una proposición no de ley que fue debatida y aprobada por el pleno del Congreso de los Diputados el pasado 21 de septiembre. Mi grupo parlamentario no ha presentado enmienda a la totalidad, pero quiere recordar en este debate que nosotros aprobamos esa proposición no de ley que legitima después ese mandato al Gobierno y el proyecto de ley mismo que estamos debatiendo, nosotros aprobamos -repito- esa proposición no de ley tras haber negociado con el resto de grupos de la Cámara unas enmiendas a la misma, que provocaron que finalmente lo que era una propuesta de tres apartados se aprobara con seis apartados. La proposición no de ley que salió de este pleno no era la misma que había entrado. En aquel debate mi grupo requirió del ministro de Justicia y del Gobierno la necesidad de buscar amplios consensos, incluso le instó a que en la presentación originaria de esa proposición no de ley hubiese contado el Grupo Parlamentario Socialista con el consenso inicial de otros grupos. No fue así, pero, finalmente, en aquel Pleno sí que se permitió negociar unas enmiendas y dar un mandato al Gobierno de seis puntos. Como consecuencia de ese mandato -aprobado en los seis apartados de ese famoso Pleno de 21 de septiembre-, hoy debatimos un proyecto de ley que da cumplimiento parcial a esa proposición no de ley. ¿Le da cumplimiento? Sí, pero parcial.


En este debate a la totalidad, mi grupo quiere recordar -como hacía ahora la señora Uría en nombre del Grupo Parlamentario Vasco- que quedan aspectos pendientes de cumplimiento de aquella proposición no de ley. Si es buena para legitimar este proyecto, buena

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será también para impulsar aspectos relativos a la normalización lingüística en el ámbito de la administración de justicia, al conocimiento del derecho civil propio, al cumplimiento de lo que se apruebe en el trámite parlamentario en la proposición de ley orgánica del Poder Judicial del Parlament de Cataluña que establece como mérito el conocimiento de la lengua y de ese derecho civil propio; que se impulse la necesaria lealtad institucional y la necesaria compensación a las comunidades autónomas, de acuerdo con lo que la Lofca establece y prevé, cada vez que el legislador estatal tome decisiones que después tengan un coste para esas comunidades autónomas que han asumido competencias en materia de administración de justicia. Se decía también que íbamos a impulsar una Ley Orgánica del Poder Judicial, para incrementar las competencias de los tribunales superiores de justicia de las comunidades autónomas y para aumentar las competencias de las salas de Gobierno de los mismos. El señor ministro sabe que tenemos un planteamiento similar al que defiende el Grupo Parlamentario Vasco tanto en materia de casación como en lo que se refiere a la posibilidad de crear unos consejos generales del Poder Judicial de ámbito autonómico, de acuerdo con los propios límites que la Constitución establece, y nosotros hacemos aquí una apuesta importante. Esos aspectos que estaban en la proposición no de ley de aquel 21 de septiembre hoy no están en el proyecto de ley que finalmente presenta el Gobierno.


Nosotros no vamos a apoyar la enmienda a la totalidad. Permitiremos que este proyecto de ley siga su curso parlamentario en el Pleno de hoy y en el Senado, pero sí queremos aprovechar la ocasión de este debate de totalidad, pues es nuestra obligación como grupo enmendante de aquella proposición no de ley, para recordar que quedan aspectos pendientes de cumplimiento. Tanto el señor Mardones como la señora Uría han hecho una reflexión de fondo sobre lo que en realidad va a suponer este proyecto a la hora de variar y modificar la mayoría establecida en la designación de magistrados del Tribunal Supremo y presidentes del Tribunal Superior de Justicia. Hasta este momento, la mayoría absoluta requería 11 vocales del Consejo sobre 21. Ahora, vamos a elevar esa mayoría de manera similar a la ya establecida para otros órganos constitucionales, como es el caso del Tribunal Constitucional. ¿Qué supondrá este cambio aritméticamente? No nos engañemos, que lo que hoy es una mayoría de 11 vocales, pase a ser de 13 vocales. ¿Qué espera mi grupo parlamentario de este cambio? Quiero adelantar que tenemos dudas sobre las consecuencias finales que este cambio pueda tener en aras a reforzar claramente el mérito y la capacidad en los nombramientos, aunque tenemos la esperanza de que, si se aumenta el quórum requerido, será necesario siempre un mayor consenso, que impedirá que un solo grupo pueda decidir un nombramiento, se va a tener que negociar un poco más. En principio, esperamos que el requerimiento de negociar más redunde en un mejor cumplimiento de la obligación de considerar el mérito y la capacidad.


No obstante, es una esperanza que no defiende con pasión este portavoz.
Repito que tenemos nuestras dudas sobre si, finalmente, tras la aprobación de este proyecto de ley, no se originará lo que algunos vocales del Consejo General del Poder Judicial expusieron en su voto particular. Por ejemplo, el vocal Alfonso López Tena manifestó claramente en un voto particular que había que introducir el necesario respeto a los principios de mérito y capacidad, si queremos superar realmente el rodillo y si queremos que del rodillo no se pase a un mero reparto, tantos para ti y tantos para mí. En definitiva, si queremos superar una mecánica de funcionamiento que el Congreso de los Diputados no podría legitimar, según entiende mi grupo parlamentario, debemos de alguna forma introducir en el proyecto de hoy que hoy se va a aprobar el necesario respeto a esos principios de mérito y capacidad que efectivamente se mencionan en el proyecto de ley. ¿Sabe dónde? En la exposición de motivos. No hay una sola referencia a los principios de mérito y capacidad en el articulado del proyecto de ley. Mi grupo entiende que debemos reforzar estos principios, y tendremos ocasión de hacerlo en el debate correspondiente. Tenemos la esperanza de que, aumentando el quórum, podamos aunar decisiones más respetuosas con el imperativo constitucional. Es una esperanza que tenemos. No sentimos pasión por lo que este proyecto implica, como decía, porque tenemos nuestras dudas, aunque, por otra parte, en ningún lugar está escrito que 13 votos no garanticen un mayor consenso que 11. Y, como en este momento la mayoría la constituyen 11 y a partir de este proyecto de ley lo harán 13, esperamos que esto pueda redundar en un mayor consenso sobre los nombramientos. Este es el deseo del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió.)

Hay otro aspecto que mi grupo apoya del proyecto de ley: permitir a los magistrados del Tribunal Supremo jubilados que así lo deseen que puedan seguir ejerciendo sus funciones jurisdiccionales como magistrados eméritos. No deja de ser una manera de aprovechar la experiencia, señor ministro. Estamos de acuerdo en esta medida, y entendemos que deberíamos trasladarla también a otra figura: a los fiscales de sala del Tribunal Supremo, de modo que, una vez jubilados, también ellos puedan ser fiscales de sala eméritos en el Tribunal Supremo. Sería una manera de aprovechar su dilatada experiencia igualmente. Tendremos ocasión de defenderlo en el trámite de enmiendas al articulado. Dado que el proyecto lo aplica a los magistrados, sería bueno aplicarlo también a los fiscales, pero con una salvedad jurídico-formal que deberíamos respetar: si modificamos este aspecto para los fiscales, quizá lo más idóneo sería trasladarlo al Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal, que es donde debe regularse en todo caso la

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nueva situación de los fiscales de sala del Tribunal Supremo cuando se jubilan. Quizá la ubicación más idónea de este planteamiento de Convergència i Unió sería el Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal.


Termino ya, señor presidente, señorías. Queda una asignatura pendiente: la proposición no de ley no se ha cumplido en su totalidad. Quedan aspectos importantes que debemos desarrollar. Por mi parte, señor ministro, aprovecho para ofrecerle la colaboración de Convergència i Unió en esta legislatura, como hemos hecho siempre con los ministros de Justicia.
Ahora bien, igual que le ofrezco esta colaboración, le pido que intentemos consensuar cada una de las propuestas desde su inicio. El consenso no puede ser un contrato de adhesión; el consenso debe ser una fórmula para negociar previamente los proyectos de ley. En este caso, quiero recordar mis palabras del 21 de septiembre. Entonces, nuestro grupo se encontró con una proposición no de ley firmada por el Grupo Parlamentario Socialista, por el Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana (ERC) y por el Grupo Parlamentario de Izquierda Verde-Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya-Verds, para la que se nos pedía: votadla. Nosotros negociamos ese día unas enmiendas y también hoy, en que se debate el futuro de las negociaciones, tendrá la colaboración de Convergència i Unió, pero bajo los parámetros de no firmar en cada proyecto un contrato de adhesión sino de negociar claramente los contenidos que pensemos abordar para las grandes reformas que necesita esta legislatura en materia de justicia. Usted ha anunciado algunas de ellas en sus comparecencias: los recursos de amparo, la Ley de Enjuiciamiento Criminal, el Código Penal, la adaptación de la Administración de Justicia al Estado autonómico, la supresión de los cuerpos nacionales, el requisito de la lengua y del derecho propio, no únicamente un mérito, nuevas funciones en el ámbito del Consejo General del Poder Judicial con los consejos generales del Poder Judicial de ámbito autonómico. Hay una larga lista y un largo camino por recorrer, apasionante sin duda. Tendrá la colaboración de mi grupo, pero no -repito- como un contrato de adhesión sino como una colaboración franca y sincera en la elaboración y los contenidos de cada proyecto de ley.


Muchas gracias.


El señor VICEPRESIDENTE (Cisneros Laborda): Por el Grupo Parlamentario Socialista tiene la palabra, para fijación de posición, el señor Villarrubia.


El señor VILLARRUBIA MEDIAVILLA: Gracias, presidente señor Cisneros.


Señorías, señor ministro, quiero empezar, en contra lógicamente de lo que decía el portavoz del Grupo Parlamentario Popular, por felicitar al Gobierno por traer este proyecto de ley, en cumplimiento del mandato de esta Cámara, aprobado el día 21 de septiembre de los corrientes, en el que se le instaba a la adopción de una serie de medidas que, como bien dice el portavoz de Convergència i Unió, hoy no se agotan en este proyecto, naturalmente; otras han sido ya recogidas en el proyecto de presupuestos para el año 2005, como la creación de los 250 órganos jurisdiccionales nuevos y los 135 fiscales, el aumento en dotaciones para formación -que, entre paréntesis, reflexionamos que tendremos que hacer un esfuerzo aún mayor que el que va en presupuestos- y, en definitiva, alguna otra medida que habrá que complementar pero que no era objeto de este proyecto, y dedico esta pequeña cuestión al portavoz del Grupo Catalán de Convergència i Unió.


Quiero mostrar, al igual que el portavoz del Grupo Popular, porque estamos en el trámite de contestación a la enmienda de totalidad, mi preocupación, de verdad, una preocupación seria por este anuncio de obstrucción a la labor de la justicia que ha hecho dicho portavoz en nombre de su grupo. Tengo que lamentarlo porque, viniendo de una de las personas que es de las caras amables, en mi modesta opinión, del Partido Popular, explica ese nivel de crispación que existe y que llega a límites poco deseables en el funcionamiento democrático. A veces, señor Astarloa, la soberbia enturbia la luz del entendimiento, y quisiera hacerle una pequeña reflexión. La justicia, el poder judicial no es de la derecha, no es siquiera de los jueces, es del pueblo. No tiene origen divino tampoco; es del pueblo. Su enmienda a la totalidad es una auténtica -lo digo suavemente, no voy a ser tan duro como usted- perversión, es un despropósito. Utilizando algún adjetivo que viene de usted, es un disparate. Por lo menos la han presentado, porque resulta que el Grupo Popular presentó una enmienda de totalidad a los presupuestos sin motivar ni una línea. Aquí, aunque sea de manera disparatada, justifican algo pero de forma errónea, señor Astarloa, porque hablan de que la reforma del año 1985 era frontalmente inconstitucional, cuando esto está resuelto en la Sentencia 108/1986. ¿Todavía está anclado en el pasado de esta forma? ¿En las tesis de Alianza Popular de esa fecha que fue resuelto por el Tribunal Constitucional? Además, dicen que con el sistema de elección de los vocales que acabó con la discordia y el enfrentamiento en la política de nombramientos. ¿Pero es que estamos ajenos a la realidad del atropello y la ocupación que se está produciendo en los últimos años? ¿Pretende además el proyecto de ley modificar el sistema de nombramiento de los vocales, señor Astarloa? ¿Cambia las reglas del juego, señor Astarloa, de una manera fraudulenta? Me preocupa, de verdad, que una persona demócrata, como sin duda es usted, pueda deslegitimar a este Parlamento de la forma tan gratuita y ostentosa que lo ha hecho. Además, se habla del Grupo Socialista y sus socios despectivamente. Nuestros socios, entre comillas, en este tema es todo el Parlamento, los siete grupos parlamentarios menos ustedes, que están solos. (Aplausos.) Y nuestros socios tienen nuestro total respeto cuando coincidan y cuando no

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coincidan, porque su acta de diputado no tiene un plus ni un prurito de calidad democrática superior a cualquier acta de diputado de los 350 que componemos este Parlamento. (Una señora diputada: ¡Muy bien!) Señor Astarloa, ¡qué usted diga que no tiene por qué debatirse esto! Esto y lo que sea. Afortunadamente, no lo decide ni usted ni la mayoría absoluta del Partido Popular, que ha pasado a la historia; lo decide la mayoría del pueblo, que se ha expresado en las urnas. (Aplausos.)

Señor Astarloa, la mayor cacicada procedimental... (El señor Padilla Carballada: ¡Sigue, sigue!) Sí, don Julio Padilla, no es para tomárselo a risa ni a broma, es muy serio lo que estamos debatiendo. ¡Ataque a la independencia del Poder Judicial! ¡Cambiar las reglas del juego! Y se queda usted tan a gusto, después de veintitantos años. Es que hay que tener, dicho suave, poca vergüenza política. (Una señora diputada: ¡Hay que tener talante!- Rumores.) ¿Qué hicieron ustedes? Porque usted se dirige al señor ministro. Explíquemelo usted a mí también, señor ministro. ¿Qué hizo el Partido Popular en la Ley 19/2003, de forma vergonzosa? Cambiar las reglas del juego. Eso sí que fue cambiar las reglas del juego. ¿Saben qué hicieron? Los tres quintos que exigían para la válida constitución de cualquier sesión del Consejo, para que la oposición no les molestara, la tiraron fuera y con su mayoría absoluta cambiaron en la ley orgánica los tres quintos por la mayoría simple, es decir, por la gente que a dedo tiene metida el Partido Popular en el Consejo General del Poder Judicial. (Aplausos.) Eso sí que es perversión, eso sí que es atropello. Por favor, señor Astarloa, un poco de vergüenza torera. Hablan de la ruptura del pacto de Estado por el Gobierno. No, por el Grupo Parlamentario Socialista, y además bastante antes de ganar las elecciones. Las razones no fueron sólo presupuestarias, que también, fueron por la ruptura del consenso, por el atropello en el funcionamiento del Consejo, por el atropello en los nombramientos, por el atropello, en definitiva, y por el desprecio a quien de buena fe, que era el Grupo Parlamentario Socialista, entonces encabezado por el actual ministro en este ámbito, que propició el pacto de Estado y que ustedes despreciaron.
Y lo despreciaron con atropellos tan auténticos como tramitar la modificación de una ley tan importante como el Código Penal despachándonos con ni una sola llamada de teléfono y con diez minutos de ponencia. ¿Ese es el modelo procedimental de atropello que usted viene a reivindicar hoy aquí? Tengamos un poco de decencia y de vergüenza política. (Aplausos.)

Habla usted de ocupación y cultura del conflicto. Si se le escucha a usted parece que estamos en otro debate y en otra galaxia. Lo que hacemos es para que once señores de la derecha judicial no sigan ocupando, que ya lo han hecho, el Tribunal Supremo -la Sala Segunda especialmente- al cien por cien, los TSJ en su conjunto, las audiencias provinciales, y lo sigan haciendo durante año y pico que les queda. Porque usted omite que lo que planteamos desde el Grupo Parlamentario Socialista y desde el resto de la Cámara, socios y no socios, es que no ya el Grupo Parlamentario Popular sino, en su caso, si tuviera la pretensión o la intención de hacerlo, el Grupo Parlamentario Socialista con una mayoría -y le recuerdo que hemos ganado las elecciones- no pueda hacerlo. Y es que ustedes se mantienen inconscientemente en esa soberbia de su mayoría absoluta, con ese atrincheramiento en el Poder Judicial, que creen que es suyo. Pues bien, lo que pretendemos es no ya que ustedes tengan que negociar y que buscar un consenso mayor, sino que si nosotros en un momento posterior y futuro quisiéramos hacer lo mismo -y hemos ganado las elecciones- no podamos.
Esa es la grandeza de lo que estamos planteando aquí (Aplausos.); esa es la grandeza democrática de lo que estamos planteando aquí. (El señor Padilla Carballada: ¿Y los fiscales?) Señor Padilla, pida luego un turno si le he aludido, si le nombro es porque está interrumpiendo una vez más -antes ha interrumpido al señor ministro- y es bueno tener un poco de respeto.


En definitiva, el Grupo Parlamentario Popular en esta propuesta -fíjense, en esa perversión a la que aludía el señor ministro- parte de una premisa falsa para construir todo el discurso. Vienen a decir: Con esto lo que pretende el Grupo Socialista es que no se puedan efectuar nombramientos sin contar con otros. ¡Es que ahí está la realidad! ¿Pero saben qué ocurre? Que de los veintiuno el Partido Popular tiene once, con lo cual no se podrá realizar ningún nombramiento sin el visto bueno del Partido Popular. Pero no se conforman con eso, quieren ocupar el Poder Judicial y todos los órganos. Ese es el problema. España es plural y habrá que llevar no a las asociaciones, que no las defendemos, señor Astarloa, ni a una asociación ni a otra, sino la pluralidad social y del pueblo, que es donde radica la legitimación y el origen del Poder Judicial.


Resumiendo, trasladamos situaciones tan concretas como las mismas mayorías que ahora mismo tiene el Consejo para elegir a su presidente, a su vicepresidente, a los dos vocales del Tribunal Constitucional, también por tres quintos, a la mayoría que tenemos en el Congreso y en el Senado para los miembros del Tribunal Constitucional, también para los miembros del Consejo; lo mismo. ¿Quién puede entender con sentido común, salvo que tenga nublada la luz del entendimiento, señor Astarloa, que una mayoría más cualificada va en detrimento de una mayor calidad democrática? ¿Quién puede entender eso? ¿Por qué no tener un poco más de altura de miras, señor Astarloa? Creo que cuando usted lea su intervención en privado -jamás lo reconocerá en público- se dará cuenta de algún error importante. Piense que la voluntad del Grupo Parlamentario Socialista -y así lo ha manifestado también el Gobierno- es luchar por la mejora del servicio público de la justicia. Para ello queremos contar con

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todos, socios y no socios, y de manera importante con el Grupo Parlamentario Popular. Si por esta cuestión usted y su grupo se tiran al monte, como ha anunciado, y hacen una obstrucción directa por este atropello sin precedentes, atropello que consiste lisa y llanamente en lo que hemos dicho, allá con su responsabilidad. Desde el grupo parlamentario les seguiremos convocando a cuantas mesas sean precisas y seguro que desde el Gobierno también en las suyas. Allá con su responsabilidad. Desde luego, afortunadamente la democracia es tan fuerte, el sistema es tan fuerte que a pesar de esas posturas seguiremos avanzando y mejorando.


Muchas gracias. (Aplausos.)

El señor VICEPRESIDENTE (Cisneros Laborda): Muchas gracias, señor Villarrubia.


Tiene la palabra el señor ministro.


El señor MINISTRO DE JUSTICIA (López Aguilar): Gracias, señor presidente, por permitirme unas breves palabras para valorar las intervenciones de los portavoces de los grupos parlamentarios que no han presentado enmienda a la totalidad, que han manifestado su determinación de votar en contra de la misma y, por tanto, de favorecer el trámite parlamentario del proyecto de ley que se ha traído a esta Cámara.


He escuchado el recordatorio de que el proyecto de ley, que responde al mandato de la proposición no de ley, no cumple por entero la respuesta a los distintos puntos que articulaban la proposición no de ley. Es verdad, yo mismo lo he reconocido en la tribuna. Quiero manifestar que desde el Gobierno somos conscientes de ello y de que algunas de esas reformas, por su envergadura y su ambición, requieren un tratamiento detenido para el que ya estoy en interlocución con los portavoces de los grupos parlamentarios presentes en esta Cámara y resuelto a trabajar en el curso de esta legislatura para darle cumplida satisfacción. No resulta trasplantable el método de trabajo que hemos establecido para poder resolver algo como lo que afecta a los artículos 127, 200 y 335, por su carácter muy escueto y específico, al tratamiento nada menos que de la posición de los tribunales superiores de justicia en nuestro ordenamiento judicial y su refuerzo, como quiere la Constitución, para que sean la culminación de la organización jurisdiccional en los territorios de las comunidades autónomas y sean al mismo tiempo la culminación de la sucesión de instancias allí donde la primera instancia haya tenido radicación también en el territorio de la comunidad. Ese es un objetivo de legislatura, requiere un trabajo de mayor envergadura y, por tanto, responderemos en el curso de la legislatura, ténganlo presente y seguro los portavoces de los grupos parlamentarios.


En particular expresaron sus dudas la portavoz del PNV y el portavoz del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió) y, a pesar de ello, han manifestado su disposición favorable a la tramitación de este proyecto de ley. Yo les agradezco su buena disposición y les correspondo. Voy a trabajar para que a lo largo de la legislatura encontremos acuerdos en todos estos objetivos de modernización, refuerzo del servicio y en particular su dimensión autonómica, que alcanza al impulso a la cooficialización lingüística en la Administración de Justicia y en el funcionamiento de los tribunales, y refuerzo también de los tribunales superiores de justicia,

Finalmente se hacía una mención a un aspecto que yo destaqué y que ha resultado menos controvertido pero tiene su importancia en el proyecto de ley, y es el que se refiere al aprovechamiento del caudal de capacidad de los magistrados jubilados del Tribunal Supremo. Efectivamente, plantea, y así ha sido históricamente, alguna comparación con respecto de otras situaciones de cuerpos cualificados de servidores del Estado, pero también alguna diferencia, y esa diferencia es relevante. El Tribunal Supremo es el que culmina la organización jurisdiccional del Poder Judicial -el artículo 123 de la Constitución lo señala como el superior en todos los órdenes de la jurisdicción-, es un tribunal de estructura compleja -cinco salas- y muy numeroso. Normalmente los requisitos de mérito y capacidad se acendran de manera especial para acceder al Tribunal Supremo, al menos quince años de antigüedad, y el acceso es competitivo. Precisamente por ello muchos de los magistrados que cumplen la edad de jubilación están en disposición de desatascar la tremenda bolsa de pendencia que tanto perjudica a la satisfacción del derecho a la justicia y sobre todo de hacerlo sin dilaciones indebidas, de modo que el Tribunal Supremo es hoy en día un paradigma de dilaciones y de retraso en el paisaje judicial. Por tanto, resulta razonable optar por esta vía de su aprovechamiento como magistrados eméritos en lugar de esa vía, que ha sido discutida en tantas ocasiones y que ofrece una trayectoria muy errática en estos años, de prolongación de la edad de jubilación. Por consiguiente, creo que esa medida está justificada en el mejor servicio a la justicia.


De nuevo repito que no es todo, que hay mucho por hacer. Lo vamos a hacer, vamos a reformar la Ley Orgánica del Poder Judicial con mayor alcance y de nuevo convocaremos al consenso, y se lo garantizo en especial al portavoz de Convergència i Unió, que ha puesto énfasis en este punto, lo vamos a hacer desde el principio. Vamos a intentar compartir el calendario, el programa y las iniciativas desde el principio. Una vez más reiteraré que contaremos para ello también con el Grupo Parlamentario Popular. Ojalá estén también disponibles para el ejercicio de la responsabilidad que nos compete a todos de mejorar la justicia en este país. (Aplausos.)

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El señor VICEPRESIDENTE (Cisneros Laborda): Muchas gracias, señor ministro.


Sin solución de continuidad, de acuerdo con los términos que se convinieron en la Junta de Portavoces, iniciamos la segunda fase de la tramitación de este proyecto, la defensa de las enmiendas al articulado, también por diez minutos. En primer término, de acuerdo con el orden de presentación, por el Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió) tiene la palabra el señor Jané.


El señor JANÉ I GUASCH: Muchas gracias, señor presidente.


Señorías, señor ministro de Justicia, mi grupo parlamentario ha presentado a este proyecto de ley dos enmiendas muy concretas que paso a defender en este trámite. Previamente quería hacer una consideración ligada a mi intervención anterior en el debate de totalidad. Nos hubiera gustado presentar más enmiendas sobre los puntos que quedan por desarrollar de esa proposición no de ley, pero compartimos con el señor ministro que algunos de esos puntos requieren una tramitación absolutamente pausada, una tramitación distinta a la que estamos llevando a cabo en este proyecto de ley. Señor ministro, son dos enmiendas pero hubiesen sido más si mi grupo hubiese planteado en este trámite el conjunto de asignaturas pendientes que quedan de esa proposición no de ley, pero sin duda tendremos ocasión de emprenderlo a partir de la tramitación hoy de este proyecto de ley. Quiero que quede constancia de que es una asignatura pendiente.


Mi grupo se ha centrado en el texto presentado y sobre la base del mismo realiza una primera enmienda para trasladar al articulado lo que se proclama en la exposición de motivos. Yo creo que ningún grupo parlamentario va a poder estar en contra de que si en la exposición de motivos argumentamos que las nuevas mayorías van a suponer un mejor cumplimiento del principio de mérito y capacidad, bueno es que ese requerimiento que está en la exposición de motivos se traslade al articulado del proyecto de ley. Eso es lo que intenta mi grupo parlamentario a partir de la enmienda número 11 que presenta al articulado de este proyecto de ley. En aras de su aprobación, quiero manifestar a la Cámara que es una enmienda de adición, con lo cual adicionando el texto de esa enmienda el proyecto sigue siendo el mismo pero con la garantía suplementaria de que vamos a respetar ese principio de mérito y capacidad. Este es el objetivo de nuestra enmienda y sabemos, señor ministro, que hay voluntad por parte del grupo mayoritario de la Cámara de enmendar nuestra enmienda número 11 a través de una transacción. Mi grupo parlamentario ya avanza una exigencia previa a cualquier enmienda a nuestra propuesta inicial. Cualquier enmienda a nuestra propuesta inicial vía transacción debe conllevar que la exigencia del cumplimiento de los principios de mérito y capacidad estén en el articulado del proyecto; se aumenta el quórum pero debe figurar en el proyecto ese necesario cumplimiento del principio de mérito y capacidad.
Eso es una garantía para todos de que no se pueden realizar nombramientos de forma arbitraria, que debe en todo caso cumplirse ese principio de mérito y capacidad. Cualquier transacción debe pasar por la introducción de esos conceptos, no en la exposición de motivos, que no es vinculante -sabemos que no lo es-, sino en el articulado del proyecto de ley, que sí que es vinculante. Mi grupo parlamentario entiende que esto reforzaría el objetivo que teóricamente se plantea en el proyecto de ley como necesidad de salvaguardar, de garantizar esos principios de mérito y capacidad. En esa línea iría la transacción que puede aceptar mi grupo parlamentario si así se lo plantean. Si finalmente se llegara a una transacción, se podrá compartir o no su contenido final, pero lo que pediría mi grupo es que nadie obstaculizara que se pudiera tramitar, porque es cierto que incluso el contenido que finalmente se pueda adicionar al proyecto seguro que lo mejora. A pesar de que un grupo pueda tener una posición muy crítica al proyecto, seguro que la aprobación de unas transacciones va en la línea de mejorarlo, en ningún caso de empeorarlo. Por tanto, si al final se impidiera su tramitación y no se pudieran votar, mi grupo parlamentario entiende que no sería positivo, por lo menos en aras de permitir el debate y esa votación. Es una apelación que hago con la mayor sinceridad posible.


Presentamos una segunda enmienda. Decía en el debate de totalidad que se avanza -y entendemos que de manera positiva- en permitir aprovechar la experiencia de los magistrados del Tribunal Supremo que, una vez jubilados, puedan ser designados magistrados eméritos. Lo mismo pedimos para los fiscales de sala del Tribunal Supremo. Igual que decía al referirme en el debate de totalidad a este aspecto, si lo acordáramos, también vía transaccional, quizá sería oportuno plantearla como una nueva disposición al Estatuto orgánico del ministerio fiscal; quizá sería esa la ubicación más coherente con lo que la propia enmienda defiende. Por tanto, si vamos a transaccionar ese aspecto, pido al grupo mayoritario que dado que lo transaccionamos lo mejore en la transacción y que, por consiguiente, la redacción transaccional que podamos acordar sea a través de la adición de una nueva disposición en el Estatuto orgánico del ministerio fiscal que entendemos que, por lógica, es el ámbito normativo más idóneo para realizar esa previsión que sin ninguna duda va a ser positiva. Va a ser positivo, señorías, señoras y señores diputados, que al final se permita también aprovechar esa experiencia de los fiscales de sala del Tribunal Supremo. Mi grupo lo plantea así, vía enmienda, y espera que con la aceptación de las transaccionales podamos también avanzar en este ámbito.


Termino ya, señor presidente, señorías, volviendo a expresar mis dudas sobre el resultado final que va a

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tener este proyecto de ley, el nuevo quórum que se exige. Si realmente lo que se pretende es avanzar hacia un mayor consenso, de momento el debate de hoy no ha ido por esa línea y mi grupo parlamentario entiende que aumentar la mayoría puede requerir de ese mayor consenso, pero también puede en ocasiones introducir en el Consejo una mayor sensación de reparto de cargos entre grupos, porque todos tenemos que entrar para conformar esos 13. Por tanto, si el objetivo es primar ese mérito y esa capacidad, señor ministro, que por lo menos ese necesario cumplimiento del mérito y la capacidad figure como tal en el texto del proyecto de ley.


Muchas gracias.


El señor VICEPRESIDENTE (Cisneros Laborda): Gracias, señor Jané. Ruego que haga llegar a los servicios de la Cámara el contenido de esas transacciones que nos anuncia.


Para la defensa de sus enmiendas, números 2 al 10, por el Grupo Parlamentario Popular tiene la palabra el señor Astarloa.


El señor ASTARLOA HUARTE-MENDICOA: Muchas gracias, señor presidente.


Con su permiso, de forma telegráfica porque lo fundamental que quería decir el Grupo Popular quedó dicho en el debate de totalidad, junto a la enmienda de totalidad hemos presentado nueve enmiendas más al articulado.
La más importante -ni siquiera hace falta que me detenga en ella- es aquella que pide la supresión del apartado uno del artículo único; es decir, la supresión del disparate completo que significa, como hemos dicho anteriormente, cambiar las reglas del juego en medio del partido, que, por mucho que les moleste que lo diga, es exactamente lo que están haciendo ustedes.


Hemos presentado cuatro enmiendas a la exposición de motivos. No me voy a detener en ellas; léanlas, por favor, señorías, porque ponen muy claramente de relieve la discrepancia profunda que hay entre lo que se quiere y lo que se dice que se quiere. Se habla en la exposición de motivos -que ya es audacia- del pacto de Estado, como si fundasen lo que en este momento se perpetra. No las repito, porque la verdad es que se dice que se va aplicar la fórmula de consenso, que esto verdaderamente favorece la democracia; alguna cosa verdaderamente insólita, como que el principio de la mayoría no contribuye a crear una justicia de calidad.
Fíjense, señorías. Aunque no me hagan caso en nada de lo demás, háganme caso en esto. No están afortunados con las exposiciones de motivos, y esta semana hemos podido comprobarlo. Cambien esas cosas, justifiquen lo que quieren hacer como quieran justificarlo, pero no digan estas cosas que dicen en la exposición de motivos.


Hay dos enmiendas a los apartados siguientes. Nos parecen razonables, responden en gran medida a sugerencias que se han hecho desde el propio Poder Judicial y del Consejo General del Poder Judicial, como que se ordene la actividad de los magistrados eméritos sobre la base de que haya alguien que lo ordene. Parece razonable que sea el Consejo General del Poder Judicial y que se limite a los magistrados del Tribunal Supremo, si es lo que se quiere, y no se amplíe a otro tipo de magistrados con 10 ó con 20 años de antigüedad el ejercicio de la inspección. Hay una última, que conocen muy bien SS.SS., que es pedir que esto no entre en vigor, como dice el proyecto, al día siguiente de su publicación en el Boletín Oficial del Estado, sino que tengan por lo menos la honestidad de respetar los ciclos institucionales y, en consecuencia, apliquen esto que les parece intelectualmente, y solo intelectualmente, una muy buena idea cuando intelectualmente, y solo intelectualmente, no destrocen todo lo demás, entre otras cosas la buena relación entre las instituciones y la independencia del Poder Judicial.


Si no me ven insistir mucho más es porque pueden imaginar que la fe que yo tengo en que el Grupo Socialista apoye esto es razonablemente limitada.
Ahora le escucharemos. No quiero dejar de fijar posición sobre las otras enmiendas. A Convergència i Unió le digo: A todo no se puede estar, señor Jané. No se puede no estar con la proposición no de ley, pero sí estar con la proposición no de ley, tener graves reparos sobre el proyecto de ley, pero estar con el proyecto de ley. Ustedes han elegido en este momento, por las causas que el grupo mayoritario ha querido impulsar esto, estar ahí, y ustedes asumen, como es natural, su propia responsabilidad de presente y de futuro. Le digo algo, porque usted me ha hecho una apelación desde la tribuna. No tengo el más mínimo inconveniente en nombre del Grupo Popular en decir, cuando las conozca, que se tramiten las transacciones, si ello va a permitir acuerdos en esta Cámara, aunque en ese acuerdo no esté el Grupo Parlamentario Popular.


A pesar de las enormidades que me ha dicho desde la tribuna el portavoz del Grupo Socialista -me refiero en este caso a las personales-, habrá muchos diputados como yo en este hemiciclo que consideran esta casa como la más importante para el trabajo político y, en consecuencia, en la medida en que por nuestra parte podamos facilitar la fluidez en el trabajo político, en eso no vamos a poner el más mínimo obstáculo, sin perjuicio de decirle que supongo que no vamos a estar de acuerdo con el contenido. No lo sé, cuando me las presente, se lo diré.


Termino, señor presidente, con unas reflexiones en este turno multiuso, que me dijo la Presidencia anteriormente que volvería a tener, sobre el fondo de la cuestión o sobre cómo ha planteado el fondo de la cuestión en su intervención el portavoz del Grupo Socialista. Le digo dos cosas de entrada. De verdad que no pensaba yo que una intervención como la mía fuese a ponerles tan nerviosos, no lo pensaba, pero sus motivos tendrán.
En todo caso, lamento, señor Villarrubia, que,

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a diferencia de en otras ocasiones y a diferencia de lo que ha sido el tono del debate entre el señor ministro y el portavoz del Grupo Popular, haya usted decidido usar otro tono. Lo lamento de verdad. No voy a contestar, voy a intentar no hacerlo nunca, a las consideraciones personales y a los juicios de valor personales que usted ha deslizado en el discurso. Se ve que es una regla de la casa, puesto que no es la primera vez que nos pasa a los portavoces del Grupo Popular. A lo mejor hasta tiene usted razón, pero para qué vamos a discutir eso. Jamás voy a hacer un juicio de valor sobre la persona que se suba a esta tribuna; lo haré sobre sus razones, sobre sus fundamentos, sobre aquello con lo que yo estoy de acuerdo o no (Aplausos.), pero jamás voy a hacer un juicio de valor sobre cualquier orador que suba a esta tribuna. Todos tienen mi máximo respeto.


En cuanto al fondo, como entiendo que S.S. no ha entrado en lo que para nosotros es el fondo de la cuestión, realmente no tengo mucho más que argumentar que lo que le he argumentado al señor ministro, pero, como hay ene cosas que me gustaría que quedasen claras en el "Diario de Sesiones", de esas ene cosas voy a hablar muy brevemente. Primera cosa. Suele usted usar como fórmula de estilo en la mayoría de los debates aquello de que el que no está de acuerdo con usted tiene poca vergüenza política. Lo hace con una enorme frecuencia, yo ya se lo he escuchado muchas veces.
Estoy seguro de que la mayoría de los señores que están en los bancos de la izquierda, como los que están en el centro o como los que están en la derecha, esto del concepto de la vergüenza lo entienden como yo: vergüenza para robar, vergüenza para engañar, vergüenza para mentir, vergüenza para incumplir los pactos que uno firma. Para subirse a la tribuna y argumentar en democracia con limpieza lo que uno cree, vergüenza ninguna. (Un señor diputado: ¡Qué barbaridad!)

Ha dicho una cosa que me tiene atónito: ¡Ustedes no quieren que debatamos aquí; la justicia es del pueblo y tengo derecho a debatir...! Lo ha dicho aquí. Bueno, ha dicho hasta que la justicia es de la derecha: Ustedes creen que la justicia es de la derecha. Esto entre todas las cosas que ha dicho. Léase y lo verá. No confunda a nadie, don Julio. Lo que yo he dicho, y se lo repetiré todas las veces que quiera y me leeré, como usted quiere, en la intimidad y seguiré pensando lo mismo, es que el procedimiento que ustedes han elegido para aprobar lo que hoy van a aprobar es la mayor cacicada que se ha hecho en esta Cámara en los 25 años de democracia desde la transición. Eso es lo que he dicho y no que aquí no se quiera debatir, que ustedes no quieren que debatamos aquí con tranquilidad y normalidad, con las lecturas debidas y sin imponer una lectura única, que hoy está demostrándose categóricamente que era una mala idea, porque aquí andamos con un barullo en el que ustedes suben, otros bajamos, otros venimos y ya no sabe mucha gente en qué parte del debate estamos. No le tolero, señor Villarrubia, que usted diga que yo quiero deslegitimar el Parlamento. Sencillamente no se lo tolero y además es que no lo voy a argumentar. No se lo tolero y punto.


Por lo que se refiere a la enmienda de presupuestos, que ha traído usted aquí a colación, como tantas otras cosas, yo no sé por qué, ha dicho que no la justificamos. No hacía falta, señor Villarrubia. Ustedes prometieron lo que prometieron y en el presupuesto para la justicia de este año lo han incumplido todo: los 180 millones de euros adicionales anuales y la carrera hacia el 2 por ciento de los Presupuestos Generales del Estado. Y si hubiese sido sólo una promesilla electoral, pues para qué recordarlo, pero es que fue el argumento según el cual ustedes estimaron que a tres meses de las elecciones era llegado el momento de romper un pacto de Estado. Así de sencillo.


Dos últimas cosas, señor presidente. Primera. Lo ha dicho el señor ministro y luego usted, aunque usted lo hace con gran frecuencia. Ha hablado de los 11 vocales conservadores, que dicen, que hacen... Yo le he contestado en otro ámbito muchas veces que es asombroso que ustedes, para explicar todo esto, pongan el foco en una parte del Consejo y se olviden de eso -vuelvo a decirlo una vez más- que deben considerar de forma inequívoca, los vocales progubernamentales. Esos sí tienen libertad de expresión, libertad de pensamiento y libertad de opción, a esos no hay que hacerles ningún comentario. Naturalmente, todo el razonamiento de ustedes va por dónde va. Y eso enlaza con algo muy serio. Decía el señor ministro: es que a usted le gustará esta mayoría. Supongo que como a usted le gustaría la mayoría durante 20 años, en que no se preocupó del pluralismo y del consenso y no quería cambiar la ley.


Hemos tenido un debate en esta casa en el que cuando se ha argumentado, por parte de quien tenía que argumentar, que no se está produciendo ni rodillo ni imposición y que la distribución, entre otras cosas, da que las asociaciones que se supone que a ustedes les gustaría que tuviesen más nombramientos están recibiendo mayor representación que la que les corresponde. Y cuando se ha argumentado -y ustedes tienen una gran responsabilidad en lo que voy a decir- que en las últimas elecciones a los órganos de gobierno del Poder Judicial la asociación que ustedes deben considerar la malvada, ha recibido abrumadoramente más apoyo que nunca, ustedes han contestado que ni la representación de las asociaciones ni el resultado electoral les parece representativo.
Entonces yo les he preguntado: ¿Y qué es lo representativo? ¿Lo que dicen ustedes que es lo representativo? Y les he preguntado una cosa que es posible que hoy lo volvamos a debatir o no, que es: si ustedes creen que la representación judicial hay que medirla sobre la base de los apoyos que cada uno tiene dentro de la carrera, ¿por qué cambiaron en el año 1985 la fórmula de elección de Consejo General del Poder Judicial? ¿Por qué? ¿Para volver al origen del círculo?

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Última consideración, y muchas gracias, señor presidente, por su benevolencia. Usted es muy dueño de interpretarme y de decir que yo he anunciado obstrucción y de decir que yo he dicho que me tiro al monte y no sé qué disparates más. No conozco el concepto de obstrucción, no la he practicado nunca, y en lo del monte, regular; más bien de asfalto, señoría. ¿Que no quieren entenderme? No me entiendan. ¿Que nos gustaría, como hicimos la pasada legislatura, poder construir todos juntos la mejora de la justicia? Sí. ¿Que a partir de la ruptura que ustedes provocan, con nosotros no cuentan para nada? También. ¿Tarea del Grupo Popular en materia de justicia esta legislatura? Ingente. En primer lugar, como siempre, su mejor colaboración para el funcionamiento de las instituciones. Esa nunca faltará. Y, en segundo lugar, la demostración ante los ciudadanos de que ustedes, entre otras razones por la pésima concepción que tienen del Poder Judicial y de su independencia, merecen cuanto antes no seguir en el Gobierno.


Muchas gracias, señor presidente. (Aplausos.)

El señor VICEPRESIDENTE (Cisneros Laborda): Gracias, señor Astarloa.


Existe, por último, una enmienda, la número 13, que aparece suscrita por los grupos parlamentarios Socialista, de Esquerra Republicana, Vasco (PNV) e Izquierda Verde-Izquierda Unida. Aquellos firmantes que no intervengan ahora lo pueden hacer en el turno de fijación de posición.


Para su defensa, el señor Villarrubia tiene la palabra.


El señor VILLARRUBIA MEDIAVILLA: Gracias, señor presidente.


Si me permite, planteo una pequeña cuestión para colaborar en la agilidad del procedimiento. Si quiere en el mismo turno defiendo la enmienda y contesto la aceptación o no de las del resto. Lo digo para no intervenir dos veces.


El señor VICEPRESIDENTE (Cisneros Laborda): Estamos llevando un debate muy flexible y ejemplar.


El señor VILLARRUBIA MEDIAVILLA: Gracias por su flexibilidad, porque además creo que es bueno para todos.


Es obligado, lógicamente, señor Astarloa, que le conteste en el turno de aceptación o no de enmiendas con toda la amabilidad y con el respeto que de verdad sabe que le tengo. Ni siquiera cuando está practicando la ortodoxia del procedimiento de forma verbal, don Ignacio, lo respeta. No ha intervenido defendiendo las enmiendas parciales, que es el turno en el que estamos ahora, y sigue con el debate anterior aludiendo: no voy a caer en ello. Tan sólo por el respeto que le tengo le digo: si en algún momento en la intervención anterior hay alguna alusión personal, al margen de la que le he hecho de decir que es una de las caras amables de su grupo, en este mismo acto lo retiro. Las valoraciones políticas, ni una sola y las valoraciones que he realizado sobre la oportunidad del proyecto e inoportunidad de su enmienda de totalidad, lo mantengo íntegramente. Y cuando le digo -eso sí, pero políticamente, señor Astarloa- que usted en su primera intervención -y léalo porque seguro que no es su intención- ha desnaturalizado o deslegitimado de alguna forma un acuerdo de este Parlamento, cuando despectivamente dice que el 21 de septiembre se aprueba la proposición no de ley por todos los grupos es actuar de forma fraudulenta, califíquelo usted -no voy a reproducir el calificativo-, cómo entiende e interpreta eso. En cualquier caso, no voy a entrar de nuevo en el debate de fondo, largamente producido de forma brillante por el señor ministro, y modestamente por este portavoz.


Entro ya en lo que es estrictamente este turno, que consumiré rapídisimo, en dos o tres minutos, no más. Sobre las enmiendas del Grupo Popular, 2 a 10, que no han sido defendidas aquí, las doy por defendidas y respetuosamente le contesto diciendo que, como decía en la enmienda de totalidad, no se sujetan por sí mismas porque cada una de ellas van a intentar impedir la aplicación efectiva del proyecto de ley que creo -adelantándome al anuncio que han venido realizando los distintos portavoces- que va ser aprobado en este Pleno. Sí deseo indicarle que en las enmiendas 5 y 7 están recogidas parcialmente de forma más eficaz, a mi modesto entender, en el proyecto de ley. Sepa que no vamos a votar favorablemente esas enmiendas. A alguna especialmente le debería contestar políticamente como a la referente al pacto de Estado que se arrogan de forma impropia, pero doy por reproducido lo dicho con anterioridad.


Ya en positivo, hay dos enmiendas transaccionales con el Grupo de Convergència i Unió, a las enmiendas 11 y 12. La enmienda transaccional a la número 11 se ha presentado muy a última hora, como es lo propio en estos casos en los que seguimos negociando hasta el final, y habíamos acordado más o menos una transaccional que ha sido mejorada por la sugerencia que ha realizado in voce el señor Jané en el sentido de que lo que se refiere a los fiscales eméritos, figura de nueva creación, en lugar de ir en el artículo 200, apartado 6 nuevo -donde iba en la transacción inicial-, iría mejor en el Estatuto orgánico del ministerio fiscal y así se recoge en la transacción que obra en poder de la Mesa y de todos los grupos que ya la tienen, por lo que evito su lectura en aras de la brevedad. Cierto es que hay otra enmienda con la que compartíamos la filosofía, pero no el contenido, porque podía ser perverso en la aplicación de lo que persigue, en la aplicación, valga la redundancia, efectiva de los principios de mérito y capacidad. La transacción que hemos ofertado consiste en que para efectuar las propuestas de nombramiento previstas en este apartado, el Pleno del Consejo General del Poder Judicial velará en todo caso por el cumplimiento

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de los principios de mérito y capacidad. Se refiere, lógicamente, al primer párrafo de los tres que figuraban en la enmienda número 12.


Finalmente, en referencia a la enmienda número 13, que era el origen de este turno de intervención, varios grupos parlamentarios -el Grupo Vasco, el de Izquierda Unida, el de Esquerra y Grupo Parlamentario Socialista- hemos presentado esta enmienda que es de disposición final única de entrada en vigor. Lo dispuesto en el apartado 1 del artículo 127 de la Ley orgánica será también de aplicación a las propuestas de nombramiento para las vacantes que, anunciadas con anterioridad a la entrada en vigor de la presente ley, no hayan sido acordadas. Muchos podemos pensar -incluso quien les está hablando- que esta enmienda podría resultar casi innecesaria, teniendo en cuenta que seguro que el Consejo General del Poder Judicial tiene sensibilidad democrática y cuando sabe que el Parlamento está acordando esto no va a utilizar ningún tipo de subterfugio para conseguir fines poco claros, pero como lo que abunda no daña, se introduce esta enmienda ad cautelam para que, efectivamente, la voluntad soberana del pueblo, aprobada en este Congreso, sea de aplicación efectiva.


Cumplo con lo dicho, señor presidente, porque sobran cuatro minutos y 17 segundos.


Muchas gracias. (Aplausos.)

El señor VICEPRESIDENTE (Cisneros Laborda): Gracias a usted, señor Villarrubia.


¿Grupos que deseen fijar posición en este turno de enmiendas al articulado? (Pausa.) Por el Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV) la señoría Uría tiene la palabra.


La señora URÍA ETXEBARRIA: Muchas gracias, señor presidente.


Señorías, seré telegráfica al fijar la postura del Grupo Vasco (EAJ-PNV) dando por sentado, como frontispicio de mi intervención, que nos posicionamos en relación con las enmiendas en coherencia con la exposición más larga que he hecho en el turno anterior. Así, respecto de la enmienda número 2 hemos de manifestar que el Grupo Popular sangra por sus heridas -manifiesta que lo que tan pomposamente se llamó Pacto de Estado para la reforma de la justicia ha acabado siendo un pacto solo consigo mismo-. Que el señor Astarloa nos diga en esta tribuna: lo que acordamos todos juntos, ese "todos juntos" se refiere al Partido Popular y al Partido Socialista, los demás no acordamos, simplemente se nos permitió hacernos algunas fotos con los que eran firmantes de la iniciativa. Que no quiera que se mencione ahora por quien fue su álter ego en la firma de ese pacto nos resulta en cualquier caso sorprendente.


Respecto a la enmienda número 3, párrafo 5, quizá no sean muy felices las expresiones que se emplean, pero a mi formación política la que más le interesa es la referencia al mérito y a la capacidad, que nos parece que no quedaba realmente salvaguardada con el tenor literal de la iniciativa.
Sin embargo, la enmienda que, con la transacción que le ofrece el grupo mayoritario, ha aceptado el Grupo Catalán (Convergència i Unió) introduce alguna mejora. El que se diga que el sistema de mayorías no contribuye a crear una justicia de calidad no quiere decir que la impida, con lo cual nos parece una excesiva susceptibilidad, puesto que, además, desde la perspectiva de mi grupo hemos apostado por que así se introduzca este sistema de mayorías cualificadas. En parecidos términos nos pronunciamos en relación con la enmienda número 14. Se dice que ninguna mayoría reforzada asegura el consenso. La perspectiva de mi grupo ha sido entender que, por lo menos, sí lo propicia.


Las enmiendas números 5, 8 y 9 tienen que ver con el criterio manifestado por quien ha intervenido en nombre del Grupo Popular, que prefieren que la jefatura de servicio de inspección del Consejo General del Poder Judicial siga siendo desempeñada solo por magistrados del Tribunal Supremo. Nosotros hemos dicho que nos parecía o teníamos cierta sospecha de que quizá se estaba pensando en personas concretas pero, en todo caso, y si iba a quedar plasmado como norma de carácter general, nos parecía bien la apertura del abanico de posibilidades de cara a elegir una persona que pueda desempeñar con la idoneidad que se dice un servicio tan central y tan vital como es el servicio de inspección del Consejo.


La enmienda número 6 es el grueso de la reforma a la que hemos dicho que sí, por lo tanto, es una enmienda a la que difícilmente, por no decir de manera imposible, podríamos dar ahora el sí.


No ha manifestado el representante del Grupo Popular, y quizá debiera haberlo hecho por generosidad, que su enmienda número 7 ha tenido ya cabida en el propio texto de la norma, puesto que lo que pretendía era que la posibilidad de que existan magistrados eméritos fuera de acuerdo con las necesidades de refuerzo de las salas correspondientes, no con carácter general, sino de acuerdo con las necesidades de refuerzo, lo que también es coherente con lo que antes he tenido ocasión de manifestar desde la tribuna.


La enmienda número 10 nos parece profundamente inapropiada desde el punto de vista de la corrección tecnicojurídica. Pensar que un alto órgano constitucional no puede ser modificado mientras dura el mandato de sus miembros nos llevaría a pensar que la modificación que hemos aprobado con anterioridad respecto del Consejo de Estado debiera posponerse hasta que exista una renovación de los miembros que no tienen el carácter de permanente; lo he indicado antes, nos llevaría a pensar que el Reglamento de esta Cámara solo podrá ser modificado cuando se trate del comienzo o de la convocatoria de una legislatura siguiente. No nos parece

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que tiene justificación alguna esperar a un futuro nombramiento o composición del Consejo General del Poder Judicial, no existe petrificación de la normativa mientras dura el mandato de un alto órgano constitucional.


Nos gustaban las enmiendas números 11 y 12 del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), que han sido luego -se me permitirá decirlo- ligeramente descafeinadas, fruto de la transacción que se les ofrecía desde el grupo mayoritario. Eso sí, en la enmienda número 11 queda por lo menos plasmado en alguna medida la posibilidad de refuerzo de lo que ha de ser el norte de cualquier nombramiento, de los hechos por el Consejo, el mérito y la capacidad. Y respecto de la enmienda número 12, que se posibilite que también puedan tener la condición de eméritos los miembros del ministerio fiscal, ello sí, deberá hacerse, como se ha manifestado por el propio portavoz del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), mediante la modificación oportuna del Estatuto orgánico del ministerio fiscal.


La enmienda número 13, obviamente, va a ser objeto de votación por parte del grupo al que pertenezco, puesto que es firmante de la misma y actuará en coherencia con lo manifestado. Nos parece que concreta las situaciones transitorias, reforzando de manera notable el principio de seguridad jurídica.


Muchas gracias, señor presidente.


El señor VICEPRESIDENTE (Cisneros Laborda): Muchas gracias, señora Uría.


Para fijar posición sobre las enmiendas transaccionales, por el Grupo Catalán (Convergència i Unió), tiene la palabra el señor Jané.


El señor JANÉ I GUASCH: Gracias, señor presidente.


Señorías, vamos a aceptar las dos transacciones que se nos ofrecen por parte del Grupo Parlamentario Socialista. Quiero destacar dos aspectos.
En primer lugar, agradecer de manera expresa que ningún grupo parlamentario obstaculice que se puedan tramitar estas transacciones. En segundo lugar, en relación con la transacción a nuestra enmienda número 11, quiero manifestar que la aceptamos, en aras de que pueda ser aprobado un aspecto fundamental para nosotros, a pesar de que preferíamos el texto original de nuestra enmienda. (Rumores.) Queremos recalcar una frase que ha pronunciado el propio portavoz del Grupo Parlamentario Socialista, diciendo que estaba de acuerdo en la literalidad de la finalidad que se perseguía en la enmienda. (Rumores.)

El señor VICEPRESIDENTE (Cisneros Laborda): Silencio, por favor, señorías.
Estamos en sesión.


Señor Jané.


El señor JANÉ I GUASCH: Por lo tanto, pensando que todos compartimos esa finalidad, entendemos del todo necesario que, por lo menos, en el articulado de la ley figure, como va a figurar si se aprueba la transacción, que para efectuar las propuestas de nombramiento el Pleno debe velar siempre para que se cumplan los principios de mérito y capacidad. Esto no estaba en la ley y, al final, va a estar en el articulado final. Repito que preferíamos nuestra enmienda originaria, pero es cierto que preferimos esta redacción a que, finalmente, no hubiera ninguna referencia en el texto a esos principios de mérito y capacidad.


Muchas gracias.


El señor VICEPRESIDENTE (Cisneros Laborda): Me ha parecido entender, señor Astarloa, que el Grupo Parlamentario Popular no se oponía a la transacción. (Asentimiento.)

¿Hay algún otro grupo que pretenda oponerse a la transacción anunciada? (Pausa.)

En consecuencia, no serán votadas las enmiendas 11 y 12 del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), sino las formulaciones transaccionales que sobre ellas se han producido. (El señor vicepresidente, Vilajoana Rovira, ocupa la Presidencia.)

El señor VICEPRESIDENTE (Vilajoana Rovira): Señoras y señores diputados, vamos a iniciar las votaciones.


En primer lugar, vamos a proceder a la votación de la enmienda a la totalidad de devolución del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.


Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 292; a favor, 127; en contra, 165.


El señor VICEPRESIDENTE (Vilajoana Rovira): Queda rechazada.


Enmiendas del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), transaccionadas con el Grupo Socialista. Son dos, que votaremos separadamente.


Enmienda transaccional a la enmienda 11.


Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 293; a favor, 169; en contra, 124.


El señor VICEPRESIDENTE (Vilajoana Rovira): Queda aprobada.


Transaccional a la enmienda 12.


Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 292; a favor, 167; en contra, uno; abstenciones, 124.


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El señor VICEPRESIDENTE (Vilajoana Rovira): Queda aprobada.


Enmiendas del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso. Votación conjunta de las enmiendas 2 a 10.


Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 281; a favor, 130; en contra, 148; abstenciones, tres.


El señor VICEPRESIDENTE (Vilajoana Rovira): Quedan rechazadas.


Enmienda 13, presentada por el Grupo Socialista del Congreso, Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana, Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV) y Grupo Parlamentario de Izquierda Verde-Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya Verds.


Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 293; a favor, 168; en contra, 124; abstenciones, una.


El señor VICEPRESIDENTE (Vilajoana Rovira): Queda aprobada.


VOTACIÓN DE CONJUNTO.


El señor VICEPRESIDENTE (Vilajoana Rovira): A continuación, conforme a lo establecido en el Reglamento, artículo 150.2, por tramitarse la iniciativa por el procedimiento de lectura única, y en el artículo 131, por tener carácter orgánico, se somete a votación final el conjunto del texto del proyecto de ley.


Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 294; a favor, 169; en contra, 124; abstenciones, una.


El señor VICEPRESIDENTE (Vilajoana Rovira): Señoras y señores diputados, al no alcanzarse la mayoría que establece la ley, de 176 votos, no se aprueba este proyecto de ley orgánica y se devuelve a la Comisión.
(Rumores y aplausos.)

DEBATES DE TOTALIDAD DE INICIATIVAS LEGISLATIVAS.


- PROYECTO DE LEY DE MODIFICACIÓN DE TASAS Y DE BENEFICIOS FISCALES DE ACONTECIMIENTOS DE EXCEPCIONAL INTERÉS PÚBLICO. (Número de expediente 121/000011.)

El señor VICEPRESIDENTE (Vilajoana Rovira): La Mesa ha decidido continuar la sesión. Entraremos en el punto siguiente del orden del día: Debates de totalidad de iniciativas legislativas. Proyecto de ley de modificación de tasas y de beneficios fiscales de acontecimientos de excepcional interés público.


Señor vicepresidente del Gobierno, cuando usted quiera, puede intervenir.
(Rumores.)

Señoras y señores diputados, les ruego guarden silencio. (Continúan los rumores.)

Señoras y señores diputados, les ruego se mantengan en silencio. El señor ministro de Economía va a intervenir para presentar el proyecto.


Señor ministro, adelante.


El señor VICEPRESIDENTE SEGUNDO DEL GOBIERNO Y MINISTRO DE ECONOMÍA Y HACIENDA (Solbes Mira): Muchas gracias, señor presidente.


Señorías, el Gobierno ha optado este año por remitir a las Cortes únicamente la Ley de presupuestos, suprimiendo el proyecto de ley de medidas fiscales, administrativas y de orden social, y reservando a otros proyectos legislativos, con coherencia sistemática interna y tramitados por los procedimientos legislativos habituales, las reformas que sean precisas, todo ello para mejorar la calidad de nuestra legislación. En ese contexto se sitúa el proyecto de ley de modificación de tasas y beneficios fiscales; proyecto de ley que abarca dos tipos de cuestiones diferentes. Por una parte, un primer título sobre las tasas estatales, y un segundo título sobre los beneficios fiscales aplicables a determinados acontecimientos de excepcional interés público.


Con objeto de mantener los principios recogidos en la normativa de tasas y precios públicos, la Ley de presupuestos establece para cada ejercicio la actualización de las tasas por la cuantía fijada, en función del importe del índice de precios al consumo esperado para el año siguiente. Esta previsión general es aceptable para adecuar los importes en la mayoría de los casos, pero no cuando tienen que producirse modificaciones de cuantía diferente, lo cual en el caso de las tasas suele suceder con alguna frecuencia dada la vinculación de las tasas a los servicios prestados.
Como consecuencia de lo anterior, la ley contiene las modificaciones de tasas que no pueden incluirse en la Ley de presupuestos. Para la determinación del importe de cada tasa se toman en consideración los costes directos e indirectos, inclusive los de carácter financiero, amortización del inmovilizado y, en su caso, los necesarios para garantizar el mantenimiento y un desarrollo razonable del servicio o actividad por cuya prestación o realización se exige la tasa, y todo ello con independencia del presupuesto con cargo al cual se satisfaga. La cuota tributaria puede consistir en una cantidad fija señalada al efecto, determinarse en función de un tipo de gravamen o establecerse conjuntamente por ambos procedimientos.


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En la memoria económica que se acompaña a este proyecto se detallan los cálculos realizados.


Haré una enumeración somera -todos ustedes conocen la norma- sobre las modificaciones que incluye el proyecto de ley. En primer lugar, se modifica la Ley del Sector Ferroviario en lo que afecta a la tasa por seguridad en el transporte ferroviario de viajeros, modificación de carácter instrumental sin efectos económicos. En segundo lugar, se crea una nueva tasa para la expedición de tarjetas del aparato de control llamado tacógrafo digital en el sector del transporte por carretera. Este nuevo sistema aprobado por la Unión Europea exige que existan cuatro tipos de tarjetas que hace necesario modificar tanto el coste del funcionamiento del sistema como la tasa correspondiente. En tercer lugar, se suprime la tasa por inscripción catastral y se modifica la tasa de acreditación catastral para adecuarla a los servicios que dan lugar a la misma, así como los importes de las tarifas para cubrir los costes de prestación de dicho servicio. Se modifica la tasa por los servicios de expedición de certificados de seguridad radioeléctrica. Es un cambio de la gestión de la tasa que pasa de ser notificada a ser autoliquidable y que no tiene trascendencia ni en la recaudación ni en la cobertura de los costes de prestación del servicio. También se modifica la tasa por prestación de servicios y realización de actividades en materia de navegación aérea, sin que tampoco en este caso tenga consecuencias económicas, si bien con esta medida se agilizará la gestión de los servicios a prestar, quedando reducidas las consultas y reclamaciones al eliminarse la posibilidad de interpretaciones sobre dichos aspectos. Se crea la tasa exigible por la expedición, refrendo y renovación del certificado internacional de protección de buques, cuyo objeto es acreditar que existe un procedimiento operativo para hacer frente a actos ilícitos, concretamente el terrorismo, y se modifican varios epígrafes de la tasa por los servicios de inspección y control de la Marina Mercante para adecuar nuestra legislación a la legislación internacional. En el ámbito de Aeropuertos Españoles y Navegación Aérea (AENA), hay algunas modificaciones de interés. Se actualizan los importes de las tasas unitarias de aproximación, exigibles para reducir la diferencia entre la cuantía actual y los costes efectivos. Se incrementa la tasa de aterrizaje para evitar la pérdida de recaudación que se acumula desde el período 1999 a 2004. En cuanto a la tasa de seguridad aeroportuaria, se actualizan las cuantías en vigor en el año 2005 en un 3 por ciento. En resumen, los incrementos propuestos mantienen las condiciones de competitividad de los aeropuertos y no deben tener impacto significativo en el sector turístico debido a lo reducido de su aumento. Se establece también la exoneración de la tasa de aproximación a los vuelos de aeronaves militares de policía y de aduanas, al tratarse de aeronaves de Estado. Se modifica asimismo la regulación de las tasas de la Agencia Española del Medicamento. Las tasas exigidas por dicha agencia son sensiblemente inferiores al coste real del servicio que la agencia presta a la industria y, por lo tanto, tal como se explica en la memoria económica, parece aconsejable aproximarse a estos costes reales. También se modifica la Ley de Sanidad Vegetal para recoger todas las tasas por pruebas y controles oficiales previos a la exportación establecidos, así como para establecer una tasa por la inspección fitosanitaria a la importación de determinados vegetales y productos vegetales consecuencia de la legislación comunitaria. Y para terminar, se modifican determinados extremos de la tasa por reserva del dominio público radioeléctrico y se crea la tasa por replanteo de líneas límites jurisdiccionales, que permitirá gravar la actividad de replanteo de líneas límites entre términos municipales en base a los trabajos realizados por el Instituto Geográfico Nacional.


El artículo 134.7 de la Constitución exige una ley tributaria sustantiva para la modificación de los tributos, y la decisión del Gobierno de suprimir la Ley de acompañamiento nos ha forzado al planteamiento que hoy le hago. La ley, en su título II, se refiere a acontecimientos de excepcional interés. La Ley 49/2002, de 23 de diciembre, de régimen fiscal de las entidades sin fines lucrativos y de los incentivos fiscales al mecenazgo, regula en su artículo 27 los programas de apoyo a acontecimientos de este especial interés público y a los incentivos fiscales específicos que se puedan aplicar. Por esa razón, el proyecto de ley propone la modificación de la disposición final primera de la Ley 49/2002, con la finalidad de habilitar la Ley de Presupuestos Generales del Estado de cada año para modificar el tipo de gravamen, los porcentajes y los límites de las deducciones. El proyecto de ley da cumplimiento al mandato contenido en la Ley de mecenazgo y recoge la regulación del programa de apoyo a la celebración del aniversario de la finalización de la construcción de la Plaza Mayor de Salamanca, denominado Salamanca 2005, Plaza Mayor de Europa, y se modifica el régimen fiscal con motivo del acontecimiento Copa América 2007, de acuerdo con una serie de medidas fiscales vigentes para el año 2004 y siguientes y que se concretarán en exonerar del impuesto especial sobre determinados medios de transporte las embarcaciones directamente implicadas en la celebración y, de acuerdo con la Comunidad Autónoma de Valencia, algunas modificaciones en las adquisiciones mortis causa y las cantidades percibidas por los beneficiarios del seguro de vida cuando el causahabiente o beneficiario haya adquirido la residencia en España como consecuencia de su desplazamiento a nuestro territorio con motivo de la celebración del evento.


En resumen, y para finalizar, quiero destacar que el proyecto de ley es una iniciativa que pretende sistematizar las modificaciones que anteriormente se realizaban de forma menos transparente a través de las leyes de acompañamiento. Por todo ello, solicito su apoyo al

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proyecto de ley de modificación de tasas y de beneficios fiscales de acontecimientos de excepcional interés público.


Muchas gracias, señorías. (Aplausos.)

El señor VICEPRESIDENTE (Vilajoana Rovira): Muchas gracias, señor ministro.


Para defender la enmienda a la totalidad del Grupo Parlamentario Popular, tiene la palabra el diputado señor Utrera.


El señor UTRERA MORA: Muchas gracias, señor presidente.


Con este proyecto de ley nos encontramos ante la primera medida efectiva de orden tributario que impulsa el actual Gobierno. Esta primera medida consiste en un incremento puro y duro de los tributos; un incremento desproporcionado, en la mayor parte de los casos, y desde luego no justificable ni por el coste de los servicios prestados a los contribuyentes ni por la situación de los sectores que los soportan, en particular, el sector de transporte aéreo y el sector turístico.


En efecto, este proyecto de ley modifica un conjunto -ya lo ha señalado el señor vicepresidente del Gobierno- muy heterogéneo y numeroso de tasas sobre las que se aplican incrementos que en algunos casos pueden llegar a multiplicar hasta por cuatro el importe actual de su cuantía. Estos incrementos no responden, entendemos, a un criterio unificador de la obligación tributaria que se deriva de hechos tan heterogéneos como los recogidos en este proyecto de ley. En algunos casos se argumenta que las subidas pretenden cubrir el coste del servicio prestado por la Administración; en otros se procede a una actualización superior a la ya incluida del 2 por ciento en el articulado del proyecto de ley de Presupuestos Generales del Estado para el año 2005, recién aprobado en esta Cámara; en otros, en fin, se establecen tasas como porcentajes sobre otras tasas sin graduar y, por supuesto, sin establecer conexión ninguna con coste de prestación de servicio.


La lectura atenta del proyecto de ley nos suscita una conclusión, señor ministro y vicepresidente del Gobierno, y es que cada ministerio competente en las materias tratadas en este proyecto de ley -que son muchas y, por tanto, son varios los ministerios, en especial los ministerios de Fomento y Sanidad- han diseñado la subida que han considerado conveniente, y una vez más el Ministerio de Economía y Hacienda ha sido incapaz de adoptar una línea de reforma congruente y común. En conclusión, suben los tributos en España, lo hacen de forma desordenada y desatendiendo las necesidades objetivas de la situación económica actual, sin que el Ministerio de Economía y Hacienda ponga coherencia en el proceso.


Este proyecto de ley pone en evidencia, una vez más, la pretendida y repetida hasta la fatiga transparencia -transparencia entre comillas- que tanto ha reiterado el Gobierno. Cuántas veces se ha repetido en este hemiciclo en estas últimas semanas ese nuevo talante y esa novedosa transparencia -insisto, entre comillas- del Gobierno que, como la montaña que parió un ratón, ha quedado reducida a la no presentación este año de la Ley de medidas de acompañamiento a los Presupuestos Generales del Estado. Quiero recordarle, señor Solbes, que fue usted, en su etapa de ministro de Economía en la década de los noventa, quien dio carta de naturaleza a ese instrumento legal, a la Ley de acompañamiento; quiero recordarle a usted y a SS.SS. que en las disposiciones adicionales del proyecto de ley de Presupuestos Generales del Estado para el año 2005 se han modificado del orden de unas veinte leyes sustantivas sin que esas modificaciones encuentren encaje en su concepto de transparencia. Pero es que además ahora, con este proyecto de ley de tasas, se quiebra de nuevo el concepto de transparencia -entre comillas- por una doble vía: en primer lugar, porque este proyecto de ley se tramita por el procedimiento de urgencia con el fin de que entre en vigor el 1 de enero del año 2005, es decir, acompaña; este proyecto es de acompañamiento a la Ley de Presupuestos Generales del Estado para el año 1995. Hemos cambiado una ley de acompañamiento por otra del mismo rango pero de distinto alcance; sin embargo, este proyecto acompaña a los Presupuestos Generales del Estado para el año 2005. Estamos ante una nueva modalidad de acompañamiento, y también aquí se modifican leyes sustantivas. Quiero recordarle una modificación que entendemos muy importante y muy perjudicial en la Ley General de Telecomunicaciones, de la que después comentaré algo.


En segundo lugar, además del acompañamiento de este proyecto de ley a los Presupuestos Generales del Estado y quizá -permítame una reflexión personal- tratando de ocultar este acompañamiento hacia el futuro para que no quiebre ese triste concepto de transparencia -entre comillas-, habilitan mediante este proyecto de ley la Ley de Presupuestos Generales del Estado para modificar cada año en el futuro lo que hasta ahora requería ley sustantiva propia. Es decir, pretenden que la Ley de presupuestos de cada año modifique la cuantía de tasas y algunos otros elementos esenciales en la configuración de la cuantía de las mismas, como son las exenciones, de tal forma que sin memoria económica, sin explicación ni siquiera vaga, como es el caso del proyecto de ley que nos ocupa, de la relación con el coste de prestación de los servicios, podrán modificarse estos tributos a voluntad por la ley de Presupuestos Generales del Estado de los próximos años, o dicho de otra forma, para el año 2206 y siguientes en materia tributaria las leyes de presupuestos se acompañarán a sí mismas, porque podrán introducir modificaciones tributarias no permitidas en la actualidad, y este es el final de esa transparencia -entre comillas- a lo que ha derivado esa transparencia -entre comillas- después de reiterar, como digo, hasta la fatiga que no

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habría Ley de acompañamiento. Estamos atravesando amplios conceptos del acompañamiento, desde una ley sustantiva y sistematizada a una ley específica tributaria, y en el futuro la propia Ley de presupuestos se acompañará.


Permítanme SS.SS. un rápido recorrido a los principales elementos del proyecto de ley que, junto a las razones expuestas, fundamentan nuestro rechazo al mismo. En primer lugar, la tasa de acreditación catastral. El hecho cierto es que se incrementa del orden de un 25 por ciento, algunos epígrafes algo menos, pero en promedio hemos estimado que del orden del 25 por ciento. Ese crecimiento del 25 por ciento se compadece muy malamente con el crecimiento del 5 por ciento desde el año 1997, fecha de creación de la tasa, hasta la actualidad, a razón de 0,75 por ciento de incremento anual. Comparemos un 25 por ciento de crecimiento en la primera ocasión que el Gobierno tiene de incrementar esta tasa frente al crecimiento del 5 por ciento en un período de siete años anterior. No está mal, un crecimiento del 25 por ciento a la primera ocasión. Pero es que además, de acuerdo con la memoria económica que acompaña a este proyecto de ley -y cito textualmente-, estos documentos -nos referimos a los de acreditación catastral- son principalmente certificados y, en menor medida, datos catastrales en los soportes informáticos disponibles.
Se debe mencionar a este respecto la gran diversidad de productos contemplados y la existencia de supuestos de no sujeción en el caso de que los productos sean directamente obtenibles por los interesados a través de los medios telemáticos que la Dirección General del Catastro está poniendo a disposición de los ciudadanos, cumpliéndose de este modo el doble objetivo de reflejar los menores costes que para la Administración supone la posibilidad de facilitar los productos a través de Internet, al mismo tiempo que se incentiva de una manera efectiva la implantación de las nuevas tecnologías en las relaciones de la Administración con los ciudadanos. Este enunciado no tiene nada que sea reprochable, pero de este enunciado se deriva una reflexión que termina en paradoja, paradoja que espero que el señor ministro y vicepresidente del Gobierno sea capaz de resolver en este debate. Los certificados que se obtienen por vía telemática para quienes acceden por esta vía, por disponer de los medios técnicos adecuados y de la información y de la capacitación para ello, no están sujetos al tributo, no están sujetos a la tasa, mientras que los que solicitan los ciudadanos que no dispongan de esas herramientas informáticas, de los conocimientos o de la información, sí quedan sometidos a la tasa, y además a una tasa incrementada en un 25 por ciento, como hemos visto. Es decir, el resultado sería que pagan menos contribuyentes -y entendemos que pagarán bastantes menos contribuyentes-, pero que pagarán bastante más los contribuyentes que quedan sometidos a esta tasa, que es justo lo contrario de lo que cualquier propuesta razonable de reforma fiscal moderna nos llevaría a proponer, es decir, ampliar las bases de contribuyentes y reducir la carga para todos y cada uno de ellos. Por el contrario, aquí se procede a reducir la base sobre la que se aplica una tasa que crece un 25 por ciento. Lógicamente la conexión con el coste de los servicios nos llevaría en el límite a elevar la tasa infinitamente, según se nos vayan reduciendo los contribuyentes por el avance de la tecnología, de los medios telemáticos. Observen, por tanto, que esto es una paradoja que esperemos que se resuelva y, más que se resuelva, que se enmiende este artículo concreto para que la tasa no crezca a ese porcentaje del 25 por ciento. En segundo lugar, tenemos las tasas de aeropuertos y navegación aérea, tanto las de aproximación como las de aterrizaje, como la de prestación de servicios, incluido el handling, la tarifa H. Proponen un incremento del 3 por ciento, un 50 por ciento superior, un punto porcentual, a los incrementos por actualización que se practicaron los años anteriores (2002, 2003, 2004) y un punto superior, se lo recuerdo también, a lo que hubiese resultado el crecimiento por la actualización del articulado de la Ley de Presupuestos que hemos aprobado aquí; es decir, estas tasas hubieran podido crecer a un 2 por ciento tal como se prevé en general para las tasas en la Ley de Presupuestos Generales del Estado. Lo paradójico, aparte de que crezcan por encima de ese 2 por ciento general, es la justificación para ese incremento que yo he visto en la memoria, que pensé que usted, señor ministro, no iba a mencionar en su intervención pero que ha mencionado. La justificación del crecimiento del 3 por ciento entendemos nosotros que es una confesión, quizá la más clara que yo he leído hasta el presente, del fracaso de sus previsiones económicas, y además esa declaración procede del propio Gobierno. (El señor Vicepresidente, Cisneros Laborda, ocupa la Presidencia)

Estamos asistiendo al absurdo de que los Presupuestos Generales del Estado para el año 2005 no recogen la totalidad del plan de ingresos y gastos, lo cual rebaja la calidad de estos presupuestos, Plan de carreteras aparte, etcétera. No nos acostumbramos a esto, pero mucho menos a la fragilidad de las previsiones económicas incluidas en los Presupuestos Generales del Estado. Según la memoria económica (en este caso no cito textualmente por no alargarme) que acompaña a este proyecto de ley de tasas el objetivo perseguido con esta propuesta, la de incrementar en un 3 por ciento las tasas sobre transporte aéreo, es no incrementar la pérdida de valor que acumulan las tasas aeroportuarias durante el periodo 1999-2004. Además se estima esa pérdida de valor en torno al 11 por ciento. Es decir, lo que se reconoce en la memoria y que usted mismo ha asumido desde esta tribuna es que en los años anteriores las tasas han crecido por debajo de la tasa de inflación, han crecido poco; aún así, AENA presenta resultados

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de explotación muy positivos, por encima de 200 millones de euros, pero en el año 2005 esto no va a ocurrir. No va a ocurrir porque del razonamiento expuesto no va a haber deterioro monetario en la tasa; dicho de otra forma, la previsión de inflación para el próximo año, a pesar de que usted en los presupuestos haya incluido el 2 por ciento, alguien en la Ley de tasas le ha incluido a usted una previsión de inflación del 3 por ciento, por eso la actualiza al 3 por ciento y por eso lo justifica como evitar la erosión en la tasa que se ha padecido en los años anteriores en el valor monetario de la misma.


Señor Solbes, entendemos que le han vuelto a desautorizar. Le han vuelto a desautorizar (suponemos que será desde Fomento) en un proyecto de ley que es suyo, del Ministerio de Economía y Hacienda, un proyecto de ley que debería usted haber controlado con mimo y hacerlo coherente con las previsiones económicas que ya sabemos, tanto la del precio del barril de crudo como la de crecimiento económico que también el Banco de España ha revisado a la baja en casi medio punto para el próximo año; ahora sabemos también que la previsión de inflación (no sabemos bien de quién, si de su departamento o del de Fomento) no es del 2 por ciento para el próximo año sino del 3 por ciento, el importe de actualización de las tasas aeroportuarias y sobre aterrizaje y demás servicios. Además esta tasa incide muy negativamente sobre un sector sometido en los momentos actuales a incertidumbres geopolíticas importantes, que influyen sobre su futuro tanto por la menor disposición a viajar de pasajeros como también por el fuerte incremento de costes de operación que supone el encarecimiento de combustibles. Es además un hecho que el sector turístico español, en más del 70 por ciento, es cada vez más dependiente del transporte aéreo para atraer a los consumidores, a los turistas de nuestros principales mercados. Un crecimiento de la tasa del 3 por ciento, cualquiera que sea ese crecimiento, es directamente repercutible sobre los pasajeros y, por tanto, tiene un efecto negativo directo y cuantificable sobre un sector que atraviesa una coyuntura difícil, tal y como el Gobierno está reconociendo. Esto aconseja que durante el año 2005 no se practique una elevación de la tasa, ni siquiera aunque cambien ustedes la previsión de inflación del 2 al 3 por ciento, sino que esta tasa permanezca al mismo importe que en la actualidad, cero por ciento en el sentido de las enmiendas que nosotros hemos presentado, o que como mucho crezca levemente, nunca por encima del 1 por ciento.


En tercer lugar, tenemos las tasas de la Agencia Española del Medicamento.
No me voy a detener en esto...


El señor VICEPRESIDENTE (Cisneros Laborda): Por favor, no lo haga, señor Utrera, porque ha concluido su tiempo.


El señor UTRERA MORA: No lo haré, señor presidente, muchas gracias.


Sencillamente, permítame una reflexión: ustedes están manejando mal el sector del medicamento. Están manejando mal los precios, están manejando mal las tasas, con crecimientos que a veces superan el 300 por ciento, multiplicando por cuatro el importe de la tasa, y eso desde luego no tiene nada que ver con el coste de la prestación del servicio precisamente porque la Agencia Española de Medicamentos no tiene problema ninguno de resultados de explotación, y esa es la mejor medida del coste de prestación de servicio. Además lo están manejando mal en las leyes que usted nos trae aquí, señor vicepresidente. La Ley de presupuestos establece una cosa extraña, un pago coactivo al cual ustedes prefieren no llamar tributo y que lógicamente la Constitución española no permite que se modifique en la Ley de presupuestos, y del cual, entiendo yo, tendremos que hablar mucho en el futuro. Ahora repican con una Ley de tasas en la cual hay epígrafes. El epígrafe normal viene a crecer un 100 ó 120 por ciento, aunque hay algunos epígrafes que, como le digo, presentan crecimientos próximos al 400 por ciento.


Por último, la tasa sobre reserva de espacio radioeléctrico. Usted, señor Solbes (tampoco me voy a extender en esta materia) conoce perfectamente, porque se le explicó con detalle, el origen, la gestación de esta tasa, la de reserva de espacio radioeléctrico. Conociendo ese origen sabrá usted que la reducción es un elemento esencial; la exención del 75 por ciento del importe de la tasa es un elemento esencial, y no solo tributario sino esencial a la naturaleza misma de la tasa, que debe quedar recogido en la Ley general de telecomunicaciones y no, como hacen en este proyecto de ley, ponerlo a disposición del debate anual de la Ley de Presupuestos Generales del Estado, además también con una pintoresca justificación, en este caso no solo en la memoria sino también en la exposición de motivos, diciendo que van a aclarar conceptos. No aclaran concepto alguno, lo que están diciendo es que la reducción del 75 por ciento pasará a ser del 75 o no; que podrá ser del 75, del 70, del 15 o del 8 o del 1 o del 0,001, y que eso se decidirá cada año en el debate de los Presupuestos Generales del Estado. Sabiendo que este es un elemento esencial en la configuración de esa tasa cuya relación con el coste de prestación de servicio es la que es y usted conoce muy bien, le ruego que en este punto concreto y por tratarse de un sector fundamental para el desarrollo de la sociedad de la información y para el desarrollo económico de España no corramos aventuras como es poner a disposición de ese concepto suyo de transparencia, suyo y del Gobierno, y a disposición de los Presupuestos Generales del Estado de cada año una modificación tan sustancial en un elemento tan delicado de una tasa tan importante como la de reserva del espacio radioeléctrico.


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El señor VICEPRESIDENTE (Cisneros Laborda): Concluya, señor Utrera, por favor.


El señor UTRERA MORA: Termino, señor presidente, señalando que por los motivos expuestos pedimos al resto de los grupos parlamentarios que avalen y apoyen con su voto la enmienda de totalidad que presenta el Grupo Parlamentario Popular y al Gobierno que en los próximos proyectos de reforma fiscal nos traiga algo más, aparte de puros y duros incrementos tributarios.


Muchas gracias, señor presidente.


El señor VICEPRESIDENTE (Cisneros Laborda): Gracias, señor Utrera.


¿Turno en contra? (Pausa.)

En consecuencia, fijación de posición por los grupos parlamentarios que deseen intervenir. (Pausa.) Por el Grupo Parlamentario de Coalición Canaria, el señor Mardones tiene la palabra.


El señor MARDONES SEVILLA: Muchas gracias, señora presidenta.


Intervengo con gran brevedad. Respecto a la enmienda de totalidad que ha presentado el Grupo Popular, mi grupo se va abstener. Hemos presentado una serie de enmiendas al articulado referidas a la repercusión de las tasas aeroportuarias de AENA en el archipiélago canario, así como las referidas a la repercusión en los laboratorios farmacéuticos y lo que afecta a la Agencia Española del Medicamento, no solamente con destino a terapia humana, sino a terapia ganadera, porque la repercusión en el sector agropecuario puede ser muy sensible. Esperamos que en su día, cuando se tramite la aprobación definitiva ante el Pleno de la Cámara, como es nuestra voluntad política, podamos dar el voto favorable al proyecto de tasas del Gobierno, porque ahora no lo podemos hacer hasta ver el grado de aceptación de nuestras enmiendas, sobre todo las dos que hemos presentado al asunto de las tasas aeroportuarias.


No es lo mismo el comportamiento en territorio peninsular del ciudadano que se desplaza dentro de su comunidad autónoma, que no está fragmentada, que no utiliza apenas el transporte aeronáutico entre diversos puntos de la provincia, porque no lo requiere, que por ejemplo el que se realiza en la circunscripción de la que soy diputado, Santa Cruz de Tenerife, que la constituyen cuatro islas, que están unidas a través de aeropuertos y en el que el transporte de mercancías, pero sobre todo el desplazamiento de personas, se realiza como si tuviéramos que coger un avión entre Madrid y Guadalajara o Madrid y Cuenca. Ese trayecto allí es de obligado uso aeronáutico. Si al encarecimiento de los billetes de avión por la repercusión de los combustibles le sumamos la repercusión de la tasa aeroportuaria bien por aproximación, bien por aterrizaje, bien por handling, eso puede significar una repercusión económica verdaderamente injusta, de agravio comparativo. Esperamos que en las conversaciones que mantiene el Grupo Parlamentario de Coalición Canaria con el Grupo Parlamentario Socialista y con el Ministerio de Economía y Hacienda se encuentre una aplicación atemperada a la realidad archipielágica, que también nosotros apoyamos tanto para Ceuta y Melilla como para el archipiélago balear. No queremos hacer ninguna distinción, sino sentirnos solidarios con esta repercusión.


Yo le pediría al señor ministro de Economía y Hacienda y vicepresidente del Gobierno, señor Solbes, la mejor consideración racional de la aplicación de una ley que puede tener unos efectos determinados en el territorio peninsular, donde el ciudadano no está diaria o semanalmente utilizando el avión para desplazarse dentro de su propia provincia, como nos ocurre en las dos provincias canarias, y más concretamente en la provincia de Santa Cruz de Tenerife con respecto a los tráficos entre Tenerife, Gomera, Hierro o La Palma y estas islas periféricas hacia la Península donde no tienen vuelos directos. Esa repercusión de tasas aeroportuarias se transforma en algo verdaderamente injusto, si no hay un factor de corrección, de atemperación al respecto. Este es el motivo por el cual mi grupo, dejando abierta una negociación con el Ministerio de Economía y Hacienda y con el Grupo Parlamentario Socialista, se va a abstener por estas razones objetivas en la votación de esta enmienda de totalidad que ha presentado el Grupo Parlamentario Popular.


Muchas gracias, señor presidente.


El señor VICEPRESIDENTE (Cisneros Laborda): Muchas gracias, don Luis.


Por el Grupo Parlamentario de Izquierda Verde, el señor Pérez Martínez tiene la palabra.


El señor PÉREZ MARTÍNEZ: Gracias, señor presidente.


Nosotros votaremos en contra de la enmienda a la totalidad que presenta el Grupo Popular, porque creemos en sí ya positivo el hecho de que haya un proyecto de ley de estas características, que significa que no hay ley de acompañamiento, eso que ha venido en llamarse ley de acompañamiento en los Presupuestos Generales del Estado, que quería decir en los últimos años que los Presupuestos Generales del Estado acompañaban a la ley de acompañamiento. Por tanto, saludamos el hecho de que exista una ley de estas características.


En segundo lugar, nosotros creemos que esta norma que afecta a 14 tasas, tres de ellas de nueva creación, no altera la presión fiscal. Creemos además sentirnos corresponsables con el ahorro que se produce como consecuencia de esta ley, si bien no estamos desde luego de acuerdo con el argumento que relaciona una disminución parcial del IRPF con la compensación a

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través de tributos indirectos, puesto que no aceptamos la regresividad que esa filosofía supone. Me refiero a unas declaraciones del propio ministro, que en este sentido no compartimos.


Por último, en aras de la brevedad, puesto que la hora y la intensidad del trabajo durante toda la mañana lo exige, es cierto que la derecha incluye esta ley en su discurso cuando quiere hablar de la subida de impuestos de la izquierda, pero no es necesario que en esta Cámara se refleje cuál es la realidad de los municipios en los que gobierna el Partido Popular, una realidad en la que todo tiene un precio, absolutamente todo, y la inflación no es más que una simple referencia lejana y desde luego sobrepasada. Por lo tanto, como estamos a favor del proyecto de ley, votaremos en contra de la enmienda.


Muchas gracias.


El señor VICEPRESIDENTE (Cisneros Laborda): Muchas gracias, señor Pérez Martínez.


Por el Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), tiene la palabra don Josep Sánchez i Llibre.


El señor SÁNCHEZ I LLIBRE: Muchas gracias, señor presidente.


Señoras y señores diputados, señor vicepresidente, el Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió) se va a abstener en la votación de esta enmienda a la totalidad presentada por el Grupo Parlamentario Popular.
Para nosotros, este proyecto de ley que ha presentado hoy el Gobierno ante la Cámara va a pasar por el Congreso sin pena ni gloria, pues es un proyecto insulso y con poca consistencia legislativa. Básicamente, este proyecto tiene como objetivo fundamental (lo ha explicado perfectamente el señor ministro) que se pueda habilitar en los Presupuestos Generales del Estado que puedan modificarse las tasas que a veces implican determinados servicios prestados por el Estado. Por lo tanto, debido a esta poca consistencia, a que es un proyecto insulso y a que pasará sin pena ni gloria, nosotros nos vamos a abstener en la votación, ya que tampoco vemos condicionantes importantes desde la perspectiva legal que inciten a mi grupo parlamentario a presentar una enmienda de estas características.


De todas formas, este proyecto contempla algunos aspectos con los que nosotros no estamos de acuerdo y que intentaremos modificar en el trámite parlamentario. En primer lugar, pensamos que el Gobierno ha perdido una gran oportunidad para racionalizar y simplificar algunas de las tasas que se pretenden modificar; en segundo lugar, también ha perdido una gran oportunidad para incorporar a las comunidades autónomas a la gestión.
Además, algunos de las modificaciones de las tasas que se contemplan en ciertos servicios son materias que les están transferidas. Por tanto, desde esta perspectiva ha existido poca sensibilidad por parte del Gobierno hacia las comunidades autónomas, y tenemos dos ejemplos muy significativos. Se modifican algunas tasas correspondientes al catastro; hay un incremento del 25 por ciento en algunas de ellas, pero en ningún momento se ha dejado participar a las comunidades autónomas para poderlas implicar en unos aspectos que inciden muchísimo en las competencias municipales. Otro aspecto que nosotros también consideramos muy importante es que se hubieran podido modificar algunas tasas correspondientes a la Administración de Justicia, materia por cierto en algunas comunidades autónomas traspasada íntegramente. Es otra oportunidad perdida al no haberlas hecho partícipes en la gestión.


También consideramos que en este proyecto de ley existe un incremento abusivo de las tasas correspondientes a los aeropuertos, por lo que vamos a plantear en el trámite parlamentario una rebaja del 33 por ciento de las mismas. Este incremento, como ha dicho el señor Mardones en su intervención, puede perjudicar notablemente a la economía de muchísimos ciudadanos que habitualmente toman el avión. Consideramos que estos incrementos son abusivos, ya que dos terceras partes de los ingresos que van a revertir al Estado procederán del incremento de tasas aeroportuarias. Otro aspecto que vamos a plantear en el trámite parlamentario es el relativo a la congelación de tasas de los aeropuertos que suben de categoría, como es el aeropuerto de Girona y de Reus.
Nosotros solicitamos que dichas tasas puedan congelarse, para lo que vamos a intentar sensibilizar al grupo parlamentario que apoya al Gobierno, al Grupo Parlamentario Socialista.


Finalmente, hay otro aspecto que nos preocupa muchísimo y que no tiene absolutamente nada que ver con la Ley de Tasas. Entendemos que finalizado este periodo de sesiones, y no habiendo más posibilidades legislativas, ya que no se ha presentado la ley de acompañamiento, tendríamos que intentar resolverlo, porque afecta a muchísimas pequeñas y medianas empresas. En otras ocasiones hemos intentado resolver esta situación, pero como el trámite para poder resolver la externalización de los premios de jubilación finaliza el 31 de diciembre del año 2004, Convergència i Unió no tenía otra opción que intentar limitar la externalización de los premios de jubilación para muchísimas pequeñas y medianas empresas de los sectores metalúrgico, alimentario, textil, etcétera, que los llevan incorporados en sus convenios. Quisiéramos que se pudiera tramitar a través de este proyecto de ley, por lo que solicitamos, señor presidente, la sensibilidad por parte de los diputados socialistas para poder llegar a un acuerdo positivo para una cuestión que va a afectar, si no lo resolvemos, a las finanzas y a los recursos propios de muchísimas pequeñas y medianas empresas, ya que en caso de no resolverlo se verían abocadas irreversiblemente a una suspensión de pagos o a una quiebra.


Muchísimas gracias, señor presidente, señoras y señores diputados.


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El señor VICEPRESIDENTE (Cisneros Laborda): Gracias, señor Sánchez Llibre.


Cierra este turno de fijación de posiciones, en nombre del Grupo Parlamentario Socialista, el señor Turiel Sandín.


El señor TURIEL SANDÍN: Gracias, señor presidente.


Señoras diputadas y señores diputados, nos presenta el Grupo Popular una enmienda a la totalidad basada según figura en el escrito de interposición de la enmienda a la totalidad en cuatro puntos, aunque aquí ha sido expuesta de una manera bastante más caótica y ha entrado en temas que no son propios de la enmienda a la totalidad, sino del debate en Comisión.


El primer punto que objetan en la enmienda a la totalidad es que se incrementa el importe de numerosas tasas y con ello la primera ley de medidas tributarias del actual Gobierno, diciendo que se limita a un incremento de tributos, lo que no es cierto. Es verdad que se aumenta la cuantía de determinadas tasas, pero no es menos cierto que hay regulaciones de otras tasas que afectan a materias como la recaudación, como la gestión o como la liquidación de las mismas, que no significan un incremento de cuantía. Por ejemplo, hay preceptos relativos a la tasa de seguridad en el transporte ferroviario de viajeros que no significan un incremento de cuantía, o cuando se habla de determinados aspectos, al margen de lo que pudiera ser un incremento en la tasa de prestación de los servicios y en la realización de actividades en materia de navegación aérea, donde es mucho más amplia la regulación nueva que se tiene que lo que es el mero incremento de cuantía. Es verdad que algunas tasas suben de cuantía, pero también hay alguna tasa que se suprime, como la de inscripción catastral; una tasa que ustedes introdujeron en la ley de acompañamiento de finales del año 1996 para el año 1997 y que ha dado unos efectos absolutamente perversos. Como usted conoce perfectamente, es una tasa que ha inducido a muchos de los promotores en el momento de intentar dar de alta las nuevas unidades catastrales a ahorrarse la tasa, no declarando el importe total de las unidades catastrales, lo que ha provocado enormes retrasos en el funcionamiento de la actualización del catastro urbano. Fue una tasa absolutamente desafortunada, y su supresión es un acierto importante del Gobierno por lo que ha pasado durante estos años con ella; la supresión era absolutamente obligada.


Cuando hacemos la evaluación total de lo que suben las tasas catastrales ustedes no tienen en cuenta que se suprime esta tasa, y cuando están hablando de un incremento generalizado del 25 por ciento resulta que el incremento final es solo del 7 por ciento, suprimido el importe de esa tasa. Si tenemos en cuenta que, como se ha dicho, durante los años anteriores ha aumentado solamente un 5 por ciento, dado que el importe acumulado es del 12 ó 13 por ciento, teniendo en cuenta los años transcurridos desde 1996 hasta el momento actual, no ha existido ningún incremento por encima del IPC. También sorprende que este sea un argumento que se utilice para presentar una enmienda a la totalidad, teniendo en cuenta que la ley tiene dos títulos: uno primero que se refiere a las tasas y un segundo que se refiere a los beneficios fiscales por acontecimientos de especial interés público. No han dado ningún argumento, por lo que resulta incomprensible que se presente una enmienda a la totalidad cuando solo se está en desacuerdo con un título de la ley.
Lo lógico es que, si se presenta una enmienda a la totalidad, ésta abarque toda la ley y no que se trate, como hacen ustedes, de una enmienda parcial a un título, el primero.


Dicen ustedes (no sé cuánto tiempo se lo llevó oyendo) que esto realmente, unido a la Ley de presupuestos, es una auténtica ley de acompañamiento y que falta transparencia, pero eso no es así. Para empezar esta ley se tramita con absoluta independencia de lo que ha sido la Ley de presupuestos. Hoy estamos debatiendo una enmienda a la totalidad, cuando, como todos recordamos, hace algo más de un mes que se debatieron las enmiendas a la totalidad de los Presupuestos Generales del Estado. Creo que es una prueba palpable. Esta ley está teniendo una tramitación parlamentaria absolutamente independiente de la Ley de Presupuestos Generales del Estado, por lo que no tiene mucho sentido que ustedes pretendan venderla como una ley de acompañamiento disfrazada. Además, esta ley tiene solamente 16 artículos, una disposición adicional y una disposición final. La ley de acompañamiento del año 2003 tenía 136 artículos, 44 disposiciones adicionales, 8 transitorias y 19 disposiciones finales, lo que suponían 119 páginas del Boletín Oficial del Estado, con, como todos sabemos (a medida que somos mayores lo sabemos mejor), una letra muy pequeña. Además, esta ley, ni sola ni aunque acompañara, que no la acompaña, a la Ley de Presupuestos Generales del Estado modificaría (como lo hizo la Ley 13 de 1996, la primera ley de acompañamiento del Partido Popular), leyes como la reguladora de las organizaciones interprofesionales agroalimentarias, la de medidas para la reforma de la función pública, la de incompatibilidades del personal al servicio de las administraciones públicas o la de régimen jurídico de las federaciones deportivas de Ceuta y Melilla. Tampoco modifica la Ley de Presupuestos Generales del Estado, como hizo la Ley 62/2003, que es la última Ley de acompañamiento del Partido Popular, el Estatuto de los Trabajadores, la Ley de procedimiento laboral, la Ley sobre infracciones y sanciones en el orden social, la Ley reguladora del derecho de asociación, otra vez más la Ley de medidas de reforma de la Función Pública, el texto articulado de la Ley de funcionarios civiles del Estado, la Ley de autonomía del Banco de España, el texto articulado de la Ley sobre tráfico y circulación de vehículos a motor, la Ley reguladora del Centro Nacional de Inteligencia, la

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Ley de creación del Consejo de Seguridad Nuclear, la Entidad Pública Empresarial RED.ES, la Ley de régimen jurídico de las administraciones públicas y procedimiento administrativo común, la Ley reguladora de la jurisdicción contencioso- administrativa, la Ley del sector eléctrico, la Ley del sector de hidrocarburos, la Ley sobre energía nuclear, la Ley de defensa de la competencia, la Ley del mercado de valores, la Ley de regulación de las normas básicas sobre órganos rectores de las cajas de ahorro, la Ley de auditoría de cuentas, la Ley de sociedades de responsabilidad limitada, el Código de Comercio, la Ley de sociedades anónimas, la Ley de puertos, la Ley de patrimonio histórico español, la Ley de sanidad animal, el texto refundido de la Ley de Aguas, la Ley del Plan Hidrológico Nacional, el texto refundido de la Ley Hipotecaria, la Ley de Enjuiciamiento Civil, el Fondo de Ayuda al Desarrollo, la Ley de la televisión local por ondas terrestres, la Ley de la televisión privada. Estas son, entre otras que he citado, parte de las 110 disposiciones legales que modificó su última ley de acompañamiento.
Además en materia de tasas, específicamente el título I, si hacemos la referencia histórica, también quiero recordarle que esta es una ley muy modesta comparada con lo que fue su ley de acompañamiento. Su primera ley de acompañamiento -no se acordará ya- creó 14 tasas; tenía 240 artículos, de los cuales 23 estaban dedicados a las tasas, y crearon 14 tasas nuevas. En 1998 se crearon nueve tasas nuevas, en los años 2001 y 2002, cinco tasas, en el año 2003 se crearon 24 tasas nuevas. Fíjese la diferencia que había entre su ley de acompañamiento y lo que ahora se presenta.


Hablan ustedes de transparencia. El Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero está haciendo precisamente transparencia. Es verdad, tiene usted razón, que con quien es vicepresidente del Gobierno empezó la ley de acompañamiento, pero, como ya se había dicho aquí un día, la ley de acompañamiento en sí misma no era ni buena ni mala, depende del uso que se haga, y ustedes en ocho años hicieron tan mal uso que comenzaron, legislativamente hablando, con una dispersión y terminaron en un caos absoluto; en ocho años de ley de acompañamiento han pasado ustedes a crear un auténtico caos jurídico, que nadie es capaz de seguir qué es lo que modificaba la ley de acompañamiento.


Dicen ustedes también -tercer motivo- que no se sigue un criterio coherente en cuanto al incremento de las tasas. Lo que sería incoherente e incongruente es pensar que todas las tasas se hubieran tenido que modificar en la misma cuantía, cuando obviamente los costes de prestación de los servicios se pueden modificar en cuantías diferentes. Por ejemplo, en el caso de la seguridad aeroportuaria hay unos equipos cada vez más sofisticados y también más caros, de una amortización más inmediata que provoca que sus costes estén ligados a lo que son inversiones. En cambio, cuando estamos hablando de las tasas de acreditación catastral el elemento fundamental es el personal, que tiene que dedicarse a prestar servicios en el catastro. Consecuentemente, es normal que la diferente variación de las tasas obedezca a la variación en la composición de los costes de prestación de los servicios.


No voy a entrar a pormenorizar el análisis que el Partido Popular ha hecho de lo que son los incrementos de las diferentes tasas porque no es propio de una enmienda a la totalidad. Vamos a tener este examen en el debate en Comisión. Solamente le quiero decir -porque ha sido objeto de crítica también-, en cuanto a las tasas aeroportuarias -usted lo sabe perfectamente, y todos-, que incluso las cuantías que se han fijado actualmente no cubren el coste total de los servicios, y eso es lo que exige la ley de tasas. La ley de tasas exige que se cubra de modo total el coste de los servicios o, por lo menos, de la forma más aproximada posible. El Gobierno ha sido sensible a la situación del sector y, consecuentemente, ha fijado un incremento moderado para las tasas aeroportuarias.


Por último, señor Utrera, en su enmienda a la totalidad hablan de la habilitación que esta ley hace a las futuras leyes de presupuestos generales del Estado para que se modifiquen los elementos definitorios de la cuantía de las tasas. Están ustedes faltando a la verdad. La ley autoriza a modificar la cuantía de las tasas, pero no los elementos definitorios de las mismas. Por ejemplo, cuando estamos hablando de tasas aeronáuticas, un elemento definitorio de la cuantía de las tasas es el peso de la aeronave, que se multiplica por la cuantía de las tasas. La ley permite modificar la cuantía de esas tasas, pero no permite como elemento definitorio algo distinto del peso de las aeronaves. Es atrevido pretender que ese proceder sea inconstitucional, porque la inclusión de la previsión de la modificación de la cuantía en una ley sustantiva, como es la de este proyecto, cumple escrupulosamente con lo establecido y lo exigido en el artículo 134.7 de la Constitución española.


Por lo expuesto nuestro grupo va a solicitar a los demás grupos que voten en contra de la enmienda de totalidad.


Nada más. Muchas gracias, señor presidente. (Aplausos.)

El señor VICEPRESIDENTE (Vilajoana Rovira): Muchas gracias, señor diputado.


Señoras y señores diputados, vayan ocupando sus escaños.


Vamos a proceder a la votación de la enmienda a la totalidad presentada por el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.


Comienza la votación. (Pausa.)

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Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 258; a favor, 106; en contra, 147; abstenciones, cinco.


El señor VICEPRESIDENTE (Vilajoana Rovira): Queda rechazada.


PROPUESTA DE CREACIÓN DE SUBCOMISIONES.


- PROPUESTA DE LA COMISIÓN DE AGRICULTURA, PESCA Y ALIMENTACIÓN DE CREACIÓN DE UNA SUBCOMISIÓN SOBRE EL SEGUIMIENTO DE LAS CONSECUENCIAS DERIVADAS DEL HUNDIMIENTO DEL PRESTIGE. (Número de expediente 158/000010)

El señor VICEPRESIDENTE (Vilajoana Rovira): Ahora vamos a votar la propuesta de la Comisión de Agricultura, Pesca y Alimentación de creación de una subcomisión sobre el seguimiento de las consecuencias derivadas del hundimiento del Prestige.


Les informo que después de esta votación intervendrán los portavoces de tres grupos parlamentarios que han solicitado hacer uso de la palabra para explicar el voto.


Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 259; a favor, 151; abstenciones, 108.


El señor VICEPRESIDENTE (Vilajoana Rovira): Queda aprobada la creación de la subcomisión.


Tiene la palabra, para explicación de voto, el diputado señor Rodríguez, del BNG.


El señor RODRÍGUEZ SÁNCHEZ: Muchas gracias, señor presidente.


Voy a ser muy breve. El Bloque Nacionalista Galego ha votado afirmativamente por los siguientes motivos. En primer lugar, porque se trata de un compromiso del presidente del Gobierno con el Bloque Nacionalista Galego en la sesión de investidura. En segundo lugar, porque esperamos que la tardanza en constituirla no sea un síntoma de desinterés del partido que sustenta al Gobierno. En tercer lugar, porque esperamos que se inicie un debate positivo, de información, que aleje este tema de la inacción y de la tendencia a la apariencia y a la propaganda. Cabe recordar que aún quedan 72.000 toneladas de residuos pendientes de tratamiento. Y, por último, porque pensamos que es la mínima satisfacción que se puede dar a la conciencia de la sociedad gallega en relación con que hay que mejorar la prevención ante catástrofes de este tipo y estar dispuestos a actuar conforme a las necesidades y problemas objetivos creados después de esta catástrofe. Por tanto, esperamos que los 18 meses sirvan para dar un debate abierto, claro y plural, con conclusiones beneficiosas para superar las consecuencias de la catástrofe, como espera la sociedad gallega y en particular el movimiento Nunca Máis, y, además, para que se cree una conciencia política en el Gobierno sobre un tema tan fundamental como es la seguridad marítima. Por todo esto hemos dado nuestro voto favorable a la creación de esta subcomisión.


Muchas gracias.


El señor VICEPRESIDENTE (Vilajoana Rovira): Muchas gracias, señor Rodríguez.


Tiene la palabra para explicación de voto el diputado del Grupo Popular señor García Díez.


El señor GARCÍA DÍEZ: Gracias, señor presidente.


Voy a ser muy breve. Nuestro grupo parlamentario se ha abstenido, tal y como ya había anunciado en la Comisión donde se acordó la creación de esta subcomisión. Nuestro grupo parlamentario ha estado durante mucho tiempo trabajando en este tema; ha estado muchas veces solo trabajando en este tema y hoy, aprobada la subcomisión, trabajaremos en la línea de alcanzar los objetivos que pensamos que realmente interesan a los gallegos. De estos sucesos se aprende, se toma nota y, si hay que corregir errores, se corrigen. No obstante, la falta de fuerza argumental que se ha expuesto por los dos grupos proponentes en la Comisión ha hecho que nosotros, sin dificultar la creación de esta subcomisión, nos abstuviéramos; no nos hemos opuesto, sino que nos hemos abstenido, fundamentalmente porque dos años después de ese terrible suceso Galicia ya ha superado el problema, y hoy a Galicia, a los gallegos, lo que les importa realmente es el futuro y no volver constantemente la vista atrás.
Lo que los gallegos esperan de nosotros, de sus parlamentarios y de su Gobierno no es precisamente esta subcomisión, no es seguir revolviendo el pasado, es la solidaridad, que ya tuvo del Gobierno anterior y que espera de este Gobierno y de este Parlamento. (Aplausos.)

El señor VICEPRESIDENTE (Vilajoana Rovira): Muchas gracias, señor García Díez.


Tiene ahora la palabra el señor Louro Goyanes, en representación del Grupo Socialista, para explicar su voto.


El señor LOURO GOYANES: Gracias, señor presidente.


La subcomisión que acabamos de aprobar es un compromiso del Gobierno de España, por medio del Grupo Parlamentario Socialista, y tiene la finalidad de hacer un seguimiento específico de las consecuencias de una catástrofe que en su día nos conmovió a todos, y que ha afectado de forma notable a la economía de Galicia y -hay que decirlo también- a la de otras

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zonas marítimas y otras comunidades autónomas de España.


Para el Grupo Parlamentario Socialista, que en su día se negó a enterrar el asunto, esta subcomisión es una apuesta de futuro. No es una mirada al pasado, es una mirada al futuro. Entendemos que en Galicia y en las comunidades autónomas del Cantábrico quedan por neutralizar los efectos negativos de una catástrofe que derivó de la mala gestión de un mal Gobierno.


El Grupo Parlamentario Socialista ha votado afirmativamente a la subcomisión, con ese ánimo y con esa ambición.


Muchas gracias. (Aplausos.)

El señor VICEPRESIDENTE (Vilajoana Rovira): Señoras y señores diputados, se levanta la sesión.


Eran las tres y veinte minutos de la tarde.

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