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DS. Congreso de los Diputados, Pleno y Dip. Perm., núm. 58, de 14/12/2004
 


CORTES GENERALES
DIARIO DE SESIONES DEL CONGRESO DE LOS DIPUTADOS
PLENO Y DIPUTACIÓN PERMANENTE

Año 2004 VIII Legislatura Núm. 58
PRESIDENCIA DEL EXCMO. SR. D. MANUEL MARÍN GONZÁLEZ
Sesión plenaria núm. 54
celebrada el martes, 14 de diciembre de 2004


ORDEN DEL DÍA: Toma en consideración de Proposiciones de Ley de Comunidades Autónomas: ...


- Del Parlamento de Cataluña, Orgánica de transferencia de los servicios meteorológicos situados en Cataluña que dependen del Estado. "BOCG.
Congreso de los Diputados", serie B, número 6-1, de 16 de abril de 2004.
(Número de expediente 125/000006.) ... (Página 2692)

Toma en consideración de Proposiciones de Ley: ...


- Del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), Orgánica de modificación de la Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial, para perseguir extraterritorialmente la práctica de la mutilación genital femenina. "BOCG. Congreso de los Diputados", serie B, número 29-1, de 23 de abril de 2004. (Corrección de error en "BOCG.
Congreso de los Diputados", serie B-29-2, de 26 de abril de 2004.) (Número de expediente 122/000015.) ... (Página 2702)

Modificación del orden del día ... (Página 2712)

Proposiciones no de Ley: ...


- Del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, relativa a la cobertura financiera para el ejercicio 2005 de todas las actuaciones recogidas en el Plan Galicia. "BOCG. Congreso de los Diputados", serie D, número 74, de 27 de septiembre de 2004. (Número de expediente 162/000148.) ...
(Página 2713)

Página 2688


- Del Grupo Parlamentario Mixto (Sra. Fernández y Sr. Rodríguez), relativa a compromisos presupuestarios para el Plan Galicia. "BOCG. Congreso de los Diputados", serie D, número 65, de 10 de septiembre de 2004. (Número de expediente 162/000137.) ... (Página 2713)

- Del Grupo Parlamentario Socialista del Congreso, sobre el ejercicio del derecho de maternidad de los cargos electos. "BOCG. Congreso de los Diputados", serie D, número 112, de 29 de noviembre de 2004. (Número de expediente 162/000204.) ... (Página 2721)

- Del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), por la que se insta una modificación de la actual legislación para que las personas que ostenten cargos electos puedan ser sustituidas en caso de maternidad o paternidad y puedan compaginar la vida política con la familiar.
(Procedente de la Proposición no de Ley en Comisión número de expediente 161/000180.) "BOCG. Sección Cortes Generales", serie A, número 44, de 19 de julio de 2004. ("Corrección de error en "BOCG. Congreso de los Diputados", serie D, número 107, de 19 de noviembre de 2004). (Número de expediente 162/000180.) ... (Página 2721)

Mociones consecuencia de interpelaciones urgentes: ...


- Del Grupo Parlamentario de Izquierda Verde-Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya Verds, sobre medidas a adoptar para frenar los brotes de violencia y racismo en los eventos deportivos. (Número de expediente 173/000041.) ... (Página 2732)

- Del Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana (ERC), sobre la previsión de comunicaciones del eje mediterráneo desde Algeciras a Perpinyà. (Número de expediente 173/000042.) ... (Página 2738)

- Del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, sobre los principios que rigen la política exterior del Gobierno. (Número de expediente 173/000043.) ... (Página 2743)

Propuesta de creación de subcomisiones:

- Propuesta de la Comisión de Trabajo y Asuntos Sociales de creación de una Subcomisión para potenciar y promover la responsabilidad social de las empresas. (Número de expediente 158/000003.) ... (Página 2750)

SUMARIO

Se abre la sesión a las cuatro de la tarde.


Toma en consideración de Proposiciones de Ley de Comunidades Autónomas ... (Página 2692)

Del Parlamento de Cataluña, Orgánica de transferencia de los servicios meteorológicos situados en Cataluña que dependen del Estado ... (Página 2692)

En defensa de la toma en consideración de la proposición de ley intervienen el señor Rull i Andreu, la señora Carrera González y el señor Vendrell i Segura, todos ellos representantes del Parlament de Catalunya.


En turno de fijación de posiciones intervienen los señores Rodríguez Sánchez, del Grupo Parlamentario Mixto; Herrera Torres, del Grupo Parlamentario de Izquierda Verde-Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya Verds; Olabarría Muñoz, del Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV); Canet Coma, del Grupo Parlamentario Esquerra Republicana (ERC); Jané i Guasch, del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió); y las señoras Nadal i Aymerich, del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, y Colldeforns i Sol, del Grupo Parlamentario Socialista del Congreso.


Toma en consideración de Proposiciones de Ley ... (Página 2702)

Del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), Orgánica de modificación de la Ley Orgánica 6/1985, del Poder Judicial, para perseguir extraterritorialmente la práctica de la mutilación genital femenina ... (Página 2702)

Defiende la toma en consideración de la proposición de ley la señora Pigem i Palmés, en nombre del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), en base a que la presencia en España de familias procedentes de diversas culturas donde se

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practica la mutilación genital femenina hace necesario desarrollar estrategias de actuación para su prevención en diversos ámbitos: el sanitario, el social, el educativo y también el jurídico, siendo éste último el que aborda la proposición de ley, que tiene por objeto una modificación de la Ley Orgánica del Poder Judicial que permita que la práctica de la mutilación genital femenina pueda también perseguirse cuando personas residentes en España la realicen fuera de nuestras fronteras.


En turno de fijación de posiciones intervienen la señora Fernández Dávila, del Grupo Parlamentario Mixto; el señor Mardones Sevilla, del Grupo Parlamentario de Coalición Canaria; las señoras García Suárez, del Grupo Parlamentario de Izquierda Verde-Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya Verds; Uría Etxebarría, del Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV); Bonás Pahisa, del Grupo Parlamentario Esquerra Republicana (ERC); Camarero Benítez, del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, y el señor Muñoz González, del Grupo Parlamentario Socialista del Congreso.


Modificación del orden del día ... (Página 2712)

La Presidencia, conforme al artículo 68 del Reglamento, de acuerdo con los portavoces de los grupos parlamentarios, propone al Pleno de la Cámara la modificación del orden del día en el sentido de que el punto 37 correspondiente a la propuesta de la Comisión de Trabajo y Asuntos Sociales de creación de una subcomisión para potenciar y promover la responsabilidad social de las empresas pase a tramitarse como último punto de la sesión de hoy martes, día 14 de diciembre de 2004, lo que se aprueba por asentimiento.


Toma con consideración de Proposiciones de Ley de Comunidades Autónomas ... (Página 2713)

Del Parlamento de Cataluña, Orgánica de transferencia de los servicios meteorológicos situados en Cataluña que dependen del Estado. (Votación.) ... (Página 2713)

Sometida a votación la toma en consideración de la proposición de ley del Parlamento de Cataluña, orgánica de transferencia de los servicios meteorológicos situados en Cataluña que dependen del Estado, se aprueba por 184 votos a favor y 136 en contra.


Toma en consideración de Proposiciones de Ley ... (Página 2713)

Del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), Orgánica de modificación de la Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial, para perseguir extraterritorialmente la práctica de la mutilación genital femenina. (Votación.) ... (Página 2713)

Sometida a votación la toma en consideración de la proposición de ley del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), orgánica de modificación de la Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial, para perseguir extraterritorialmente la práctica de la mutilación genital femenina, se aprueba por 322 votos a favor y uno en contra.


Proposiciones no de Ley ... (Página 2713)

Del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, relativa a la cobertura financiera para el ejercicio 2005 de todas las actuaciones recogidas en el Plan Galicia ... (Página 2713)

Del Grupo Parlamentario Mixto (Sra. Fernández y Sr. Rodríguez), relativa a compromisos presupuestarios para el Plan Galicia ... (Página 2713)

Defiende la primera de las proposiciones no de ley, que tiene como fin hacer justicia con Galicia y con el compromiso de Estado que supuso el Plan Galicia aprobado el 24 de enero de 2003, el señor Delgado Arce, en nombre del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso. Acusa al Gobierno y al Partido Socialista de mostrarse fríos, distantes e indiferentes con las enmiendas presentadas a los presupuestos por su grupo y por el Grupo Nacionalista Galego en relación con el Plan Galicia, y afirma que mientras que a Galicia se le niega lo que en justicia le corresponde, otros territorios salen claramente beneficiados. Se refiere a las enmiendas presentadas a la proposición no de ley y pide el voto favorable porque la iniciativa, dice, es buena para Galicia y responde a compromisos votados el 22 de junio por unanimidad en el Pleno de la Cámara.


Defiende la segunda de las proposiciones no de ley relativa a los compromisos presupuestarios para el Plan Galicia, el señor Rodríguez Sánchez, del Grupo Parlamentario Mixto. Considera que el Plan Galicia era y es un plan virtual y sólo responde a una política de propaganda por encima de la realidad

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de los hechos. Afirma que no hay voluntad política de acelerar las obras que se están ejecutando y así acabar con una de las características de las obras públicas de Galicia que es la lentitud, incluso cuando se actúa, y expone que sus prioridades tienen como objetivo integrar las obras del Plan Galicia en el Plan estratégico de infraestructuras de transportes, conforme a criterios y compromisos definidos. Finaliza refiriéndose a las enmiendas presentadas.


En defensa de las enmiendas presentadas interviene el señor Louro Goyanes, del Grupo Parlamentario Socialista del Congreso.


En turno de fijación de posiciones intervienen los señores Herrera Torres, del Grupo Parlamentario de Izquierda Verde-Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya Verds; Beloki Guerra, del Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV), y Jané i Guasch, del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió).


Del Grupo Parlamentario Socialista del Congreso, sobre el ejercicio del derecho de maternidad de los cargos electos ... (Página 2721)

Del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), por la que se insta una modificación de la actual legislación para que las personas que ostenten cargos electos puedan ser sustituidas en caso de maternidad o paternidad y puedan compaginar la vida política con la familiar ...
(Página 2721)

Defiende la proposición no de ley del Grupo Parlamentario Socialista del Congreso la señora Pérez Anguita, quien considera que este debate era impensable hace unos años porque, desde las primeras Cortes Constituyentes hasta la legislatura actual, el porcentaje de mujeres en la Cámara se ha incrementado progresivamente del 5,71 por cieno hasta el 36,29 por ciento. Explica la necesidad de establecer la igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres y de desarrollar más medidas de conciliación de la vida familiar y laboral, y anuncia la elaboración de un texto conjunto de su grupo y del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), instando al Gobierno a realizar los estudios necesarios para promover una modificación legislativa que dé solución al problema planteado.


Defiende la segunda de las proposiciones no de ley sobre el mismo tema la señora Pigem i Palmés, del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió). Afirma que para su grupo la protección de las familias es un objetivo que merece una atención absolutamente prioritaria y por eso ha presentado y seguirá presentando cuantas iniciativas sea necesarias para avanzar en lo que consideran instrumentos esenciales para dar respuesta a las necesidades actuales de las familias: prestaciones económicas directas o indirectas, creación de servicios para niños y personas dependientes y desarrollo de la conciliación de la vida familiar y laboral.


En defensa de la enmienda presentada interviene la señora Bonás Pahisa, del Grupo Parlamentario Esquerra Republicana (ERC).


En turno de fijación de posiciones intervienen la señora Fernández Dávila, del Grupo Parlamentario Mixto; el señor Mardones Sevilla, del Grupo Parlamentario de Coalición Canaria; las señoras Navarro Casillas, del Grupo Parlamentario de Izquierda Verde-Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya Verds; Uría Etxebarría, del Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV), y Roldós Caballero, del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.


Sometida a votación la proposición no de ley, del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, relativa a la cobertura financiera para el ejercicio 2005 de todas las actuaciones recogidas en el Plan Galicia en los términos de la enmienda transaccional, se rechaza por 156 votos a favor y 174 en contra.


Sometida a votación a continuación la autoenmienda del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso en su párrafo primero, se rechaza por 137 votos a favor, 191 en contra y tres abstenciones.


Sometido a votación finalmente el segundo párrafo de la autoenmienda del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, se rechaza por 154 votos a favor y 177 en contra.


Sometidas a votación las proposiciones no de ley que se han debatido acumuladamente del Grupo Parlamentario Socialista, sobre el ejercicio del derecho de maternidad de los cargos electos, y del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), por la que se insta una modificación de la actual legislación para que las personas que ostenten cargos electos puedan ser sustituidas en caso de maternidad o paternidad y puedan compaginar la vida política con la familiar, en los términos de la enmienda de sustitución suscrita por los dos grupos parlamentarios autores de la iniciativa, se aprueban por 327 votos a favor, uno en contra y una abstención.


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Mociones consecuencia de interpelaciones urgentes ... (Página 2732)

Del Grupo Parlamentario de Izquierda Verde-Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya Verds, sobre medidas a adoptar para frenar los brotes de violencia y racismo en los eventos deportivos ... (Página 2732)

Presenta la moción consecuencia de interpelación urgente la señora García Suárez, en nombre del Grupo Parlamentario de Izquierda Verde-Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya Verds. El motivo, dice, fue ampliamente explicado y contrastado con la señora ministra de Educación y Ciencia la semana pasada, y está segura de que todos los grupos comparten la preocupación, la inquietud y la necesidad de adoptar urgentemente las medidas necesarias para que no se vuelvan a repetir las conductas, que no son nuevas pero que se han ido produciendo en los últimos meses con más frecuencia, de falta de respeto y de consideración, que llevan al racismo y a la xenofobia, en los campos de fútbol fundamentalmente. Explica los seis puntos de la moción y se refiere asimismo a las enmiendas planteadas por los grupos Socialista, Catalán y Popular.


En defensa de las enmiendas presentadas intervienen los señores Campuzano i Canadès, del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió); González Pérez, del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, y Jiménez Pérez, del Grupo Parlamentario Socialista del Congreso.


En turno de fijación de posiciones intervienen los señores Olabarría Muñoz, del Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV), y Cerdà Argent, del Grupo Parlamentario Esquerra Republicana (ERC).


A los efectos de aceptar o rechazar las enmiendas presentadas interviene la señora García Suárez, del Grupo Parlamentario de Izquierda Verde-Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya Verds.


Del Grupo Parlamentario Esquerra Republicana (ERC), sobre la previsión de comunicaciones del eje mediterráneo desde Algeciras-Perpinyà ... (Página 2738)

Presenta la moción consecuencia de interpelación urgente el señor Cerdà Argent, del Grupo Parlamentario Esquerra Republicana (ERC). Considera que la moción que presenta su grupo es de vital importancia para el desarrollo económico de su país y también para el conjunto del Estado, y trata de planificar con tiempo una estrategia de infraestructuras que favorezca el eje comercial más dinámico del Estado, que es, sin duda, según él, el del arco mediterráneo, y asegure un reequilibrio territorial de regiones y también de zonas en expansión como lo son las de Murcia y Andalucía oriental. Ante el anunciado colapso del transporte de mercancías por carretera, es necesario, asegura, plantear sin demora la posibilidad de habilitar una red ferroviaria para mercancías de ancho europeo que sea capaz de absorber el potencial exportador existente y el del futuro inmediato. Se refiere asimismo a las enmiendas del Grupo Parlamentario Socialista y del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió).


En defensa de las enmiendas presentadas intervienen los señores Jané i Guasch, del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), y De la Encina Ortega, del Grupo Parlamentario Socialista del Congreso.


En turno de fijación de posiciones intervienen los señores Beloki Guerra, del Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV), y Ayala Sánchez, del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.


A los efectos de aceptar o rechazar las enmiendas presentadas interviene el señor Cerdà Argent.


Del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, sobre los principios que rigen la política exterior del Gobierno ... (Página 2743)

Presenta la moción consecuencia de interpelación urgente el señor De Arístegui y San Román, en nombre del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, a causa, dice, de las muestras de radicalidad del Gobierno en materia de política exterior. Se refiere a las relaciones con Cuba, Venezuela, el Sahara, Gibraltar y al grave deterioro de las relaciones con los Estados Unidos, que empieza a tener ya consecuencias políticas y económicas muy claras. Considera que el señor ministro de Asuntos Exteriores ha dado muestras de no estar capacitado para ejercer sus funciones por las graves y calumniosas acusaciones vertidas en un programa televisivo y reiteradas en la Comisión de Asuntos Exteriores, por lo que piden la reprobación del señor Moratinos y de toda su política exterior.


En defensa de la enmienda presentada interviene el señor Rodríguez Sánchez, del Grupo Parlamentario Mixto.


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En turno de fijación de posiciones intervienen los señores Herrera Torres, del Grupo Parlamentario de Izquierda Verde-Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya Verds; Erkoreka Gervasio, del Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV); la señora Bonás Pahisa, del Grupo Parlamentario Esquerra Republicana (ERC); y los señores Xuclá i Costa, del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), y Estrella Pedrola, del Grupo Parlamentario Socialista del Congreso.


A los efectos de aceptar o rechazar la enmienda presentada interviene el señor De Arístegui y San Román.


Propuesta de creación de subcomisiones ... (Página 2750)

Propuesta de la Comisión de Trabajo y Asuntos Sociales de creación de una subcomisión para potenciar y promover la responsabilidad civil de las empresas ... (Página 2750)

Sometida a votación la creación de una subcomisión para potenciar y promover la responsabilidad social de las empresas, dentro de la Comisión de Trabajo y Asuntos Sociales, se aprueba por 317 votos a favor y tres abstenciones.


Mociones consecuencia de interpelaciones urgentes. (Votación.) ...
(Página 2750)

Sometida a votación la moción consecuencia de interpelación urgente del Grupo Parlamentario de Izquierda Verde-Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya Verds, sobre medidas a adoptar para frenar los brotes de violencia y racismo en los eventos deportivos, más las enmiendas de adición del Grupo Parlamentario Socialista y del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), se aprueba por 187 votos a favor y 133 abstenciones.


Sometida a votación la moción consecuencia de interpelación urgente del Grupo Parlamentario Esquerra Republicana (ERC), sobre la previsión de comunicaciones del eje mediterráneo desde Algeciras a Perpinyà, en los términos de la enmienda transaccional propuesta, se aprueba por 317 votos a favor, uno en contra y dos abstenciones.


Sometida a votación la moción consecuencia de interpelación urgente del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, sobre los principios que rigen la política exterior del Gobierno, se rechaza por 133 votos a favor, 187 en contra y una abstención.


Se suspende la sesión a las diez y cincuenta minutos de la noche.


Se abre la sesión a las cuatro de la tarde.


TOMA EN CONSIDERACIÓN DE PROPOSICIONES DE LEY DE COMUNIDADES AUTÓNOMAS:

- DEL PARLAMENTO DE CATALUÑA, ORGÁNICA DE TRANSFERENCIA DE LOS SERVICIOS METEOROLÓGICOS SITUADOS EN CATALUÑA QUE DEPENDEN DEL ESTADO. (Número de expediente 125/000006.)

El señor PRESIDENTE: Comenzamos nuestra sesión plenaria.


Punto primero del orden del día. Toma en consideración de proposiciones de ley de comunidades autónomas. Del Parlamento de Cataluña, orgánica de transferencia de los servicios meteorológicos situados en Cataluña que dependen del Estado.


Al tratarse de una iniciativa del Parlament de Catalunya, su defensa en el trámite de toma en consideración corresponde a la delegación que ha sido enviada por el propio Parlamento de Cataluña, los cuales disponen de un turno de 15 minutos. En primer lugar, para la defensa de esta proposición de ley orgánica de transferencia de los servicios meteorológicos situados en Cataluña que dependen del Estado, tiene la palabra el ilustrísimo señor don Josep Rull i Andreu, del Grupo Parlamentario de Convergència i Unió.


El señor REPRESENTANTE DEL PARLAMENTO DE CATALUÑA (Rull i Andreu): Muchas gracias, señor presidente.


Señoras y señores diputados, comparezco en representación del Parlament de Catalunya para presentar esta iniciativa que para nosotros tiene bastante trascendencia, bastante relevancia, básicamente porque hoy tendremos la posibilidad de ensayar uno de los artículos quizá más importantes para nosotros, nacionalistas, de la Constitución, que es el artículo 150.2, por el cual competencias exclusivas del Estado se pueden transferir a las comunidades autónomas, y lo hacemos en el marco de las competencias en materia de meteorología. Se trata de una situación bastante excepcional en el marco jurídico tanto estatal como nacional de Cataluña. ¿En qué sentido? En el sentido de que estamos ante lo que la doctrina ha coincidido en denominar las competencias indistintas o competencias

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paralelas que se suscitan cuando tanto Estado, como en este caso la Generalitat de Catalunya, tienen exactamente las mismas competencias en materias indistintas. Por tanto, ambas administraciones pueden desarrollar al máximo su capacidad de Gobierno con relación a esta materia.


¿Cuál es la realidad en estos momentos y aquello que nos motiva a presentar esta iniciativa muy ampliamente consensuada en el Parlamento de Cataluña? Pues miren ustedes, es que la Generalitat ha llenado de contenido su competencia a través de una ley que creaba el servicio meteorológico de Cataluña, el Servei Meteorològic de Catalunya, mientras que el Estado en los últimos 12 años ha hecho una clara dejación de sus funciones. Ha habido una mínima voluntad de colaboración, incluso después del convenio firmado en tiempos del ministro Matas, que desafortunadamente el actual Gobierno del Estado tampoco ha desarrollado.
El Instituto Nacional de Meteorología, para nosotros Instituto Estatal de Meteorología, está estancado en equipamientos desde hace más de 12 años.
Este déficit de infraestructuras le impide llevar a cabo adecuadamente sus funciones, las climatológicas, de predicciones, de vigilancia. La dotación que tienen determinados instrumentos, determinados servicios es irrisoria: estaciones automáticas muy por debajo del potencial del Servei Meteorològic de Catalunya; nula presencia en el ámbito de radiosondas; de red de detección de relámpagos; de red de radares. Están infradotados. El Instituto Nacional de Meteorología, Instituto Estatal de Meterología en Cataluña, no invierte, no colabora. Aquí, en España, tienen un refrán que dice aquello del perro del hortelano que no come ni deja comer. Pues es exactamente esto. Ante la imposibilidad de colaborar ambas administraciones recurrimos a la vía que la Constitución nos ampara, que es la vía del artículo 150.2, racionalidad económica y administrativa. No tiene sentido doblar los servicios, ningún servicio. Por otro lado, también existe un factor que para nosotros no es intrascendente, que es el factor del derecho que tiene la nación catalana y también un factor histórico. Recordemos que el insigne meteorólogo Eduard Fontserè ya en el año 1921 creó el Servei Meteorològic de Catalunya, que se integró en la OMI, en la Organización Meteorológica Internacional, mucho antes.


Por tanto, señoras y señores diputados, hoy creo que podemos hacer un ejercicio de racionalidad, un ejercicio de justicia, un ejercicio de sentido común, de no duplicar esfuerzos, de intentar traspasar todos los servicios que tiene el Instituto Estatal de Meteorología en Cataluña al Servei Meteorològic de Catalunya, y lo vamos a hacer a partir -y voy terminando, señor presidente- de un instrumento que solo se ha utilizado en muy contadas ocasiones: el artículo 150.2 de la Constitución. Creemos que esta nueva etapa que se abre en este Estado plural que nosotros preferiríamos que fuese plurinacional, es una buena vía para poder llenar de contenido real el poder de los diversos territorios del Estado.
Cataluña tiene capacidad, tiene solvencia técnica, calidad del servicio, derecho y voluntad política. Nos gustaría que con su apoyo, con su voto favorable hoy demos un paso adelante, quizá sea simbólico, pero con fuertes trascendencias prácticas.


Gracias, señor presidente, señoras y señores diputados. (Aplausos.)

El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Rull.


A continuación, doña Teresa Carrera González, del Grup Parlamentari Socialistes-Ciutadans pel Canvi.


La señora REPRESENTANTE DEL PARLAMENTO DE CATALUÑA (Carrera González): Gracias, señor presidente.


Señoras y señores diputados, al igual que el diputat que ha intervenido anteriormente, intervengo yo ahora para defender la resolución del Parlament de Cataluña por la que se acordó presentar a la Mesa de este Congreso la proposición de ley orgánica de transferencia de los servicios meteorológicos en Cataluña que dependen del Estado. Esta resolución se aprobó en el Parlamento el 14 de abril de 2003 con los votos a favor de todos los grupos parlamentarios excepto los del Partido Popular de Cataluña.


Nuestro grupo pide ahora a los miembros de este Congreso el voto a favor de la toma en consideración de esta iniciativa por los motivos que les expondré a continuación. Primero, porque consideramos que las disposiciones constitucionales y las del Estatuto de Autonomía de Cataluña habilitan a la Generalitat para recibir la transferencia de los servicios meteorológicos situados en Cataluña. Segundo, porque la Generalitat de Cataluña dispone además de un servicio meteorológico propio con la infraestructura necesaria para las funciones de ejecución de la legislación del Estado en materia de meteorología. Y en tercer lugar, porque las condiciones que establece el artículo 2 de esta proposición de ley orgánica para la ejecución de las competencias que se transfieran permiten mejoras importantes en los servicios meteorológicos que repercutirían en un mejor ejercicio de las respectivas competencias del Estado y de la Generalitat. Las condiciones de ejecución de las transferencias que recoge el artículo 2 de esta proposición de ley orgánica establecen que el ejercicio por la Generalitat de Catalunya de las funciones cuya transferencia se plantea en el artículo 1 se han de ajustar a los principios de eficacia, coordinación y colaboración con la Administración del Estado y que la Administración del Estado y la Generalitat se han de facilitar recíprocamente el acceso y la gestión de la información. En estas condiciones, las transferencias que planteamos en esta proposición de ley orgánica facilitan, en primer lugar, la aplicación de criterios de economía de escala que eliminarían equipamientos redundantes y reducirían gastos de mantenimiento. En

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segundo lugar, facilitan también la delimitación clara de las funciones de cada organismo, evitando duplicidades en las tareas realizadas y racionalizando los recursos. En tercer lugar, permiten concentrar toda la información meteorológica de Cataluña en una base de datos, base de datos a la que, por supuesto, tendría que tener acceso directo el Instituto Nacional de Meteorología y que permitiría la integración y homogeneización de toda la información histórica existente y la generada por los diferentes equipamientos situados en Cataluña. Además, las condiciones de ejecución de las transferencias que recoge esta proposición de ley orgánica facilitan la simplificación de los mecanismos de acceso a la información meteorológica, además de ofrecer al ciudadano un interlocutor único en Cataluña. Por último, favorecen el establecimiento de mecanismos de colaboración que garantizan intercambios ágiles de información y el cumplimiento de los compromisos internacionales del Instituto Nacional de Meteorología y una mayor eficacia en el ejercicio de las competencias, tanto del Instituto Nacional de Meteorología como del Servicio Meteorológico de Cataluña.


Como ya dijo la portavoz de nuestro grupo parlamentario en el debate sobre la presentación de esta proposición de ley orgánica, nosotros creemos que es posible un acuerdo para la administración de los servicios meteorológicos en Cataluña, pero no desde una visión reduccionista, porque la complejidad de los conocimientos científicos actuales y el avance de las tecnologías de la información y la comunicación requieren y permiten, sobre todo, establecer unos mecanismos de colaboración técnica e institucional que han de ser potenciados por los acuerdos políticos.
Obviamente, los fenómenos meteorológicos no conocen fronteras y por ello los socialistas catalanes consideramos que en un Estado diverso y plural como el que queremos contribuir a desarrollar desde Cataluña, como el que está desarrollando ya nuestro presidente, José Luis Rodríguez Zapatero, la necesaria unidad de acción ejecutiva se ha de combinar con la voluntad política y con los criterios de proximidad, subsidiariedad, racionalidad y eficacia en la prestación de servicios públicos.


Por todo ello, en nombre del Grupo Parlamentario del Partido Socialista de Catalunya, pido a todos los miembros de esta Cámara el voto favorable a la toma en consideración de la proposición de ley orgánica de transferencia de los servicios meteorológicos situados en Cataluña y que dependen del Estado.


Gracias, señoras y señores diputados. (Aplausos.)

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, doña Teresa Carrera.


Finalmente, don Xavier Vendrell i Segura, del Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana de Catalunya.


El señor REPRESENTANTE DEL PARLAMENTO DE CATALUÑA (Vendrell i Segura): Gracias, señor presidente.


Señoras y señores diputados, nosotros no venimos aquí a quitarles la lluvia ni el sol, ni tan siquiera pretendemos decidir cuándo va a llover ni cuándo va a salir el sol; simplemente estamos aquí para que nos permitan saber directamente cuándo va a llover o cuándo va a salir el sol. Ya en 1921 se creó el Servicio de Meteorología de Cataluña por el profesor Eduard Fontserè. Fontserè luchó, como decía él, contra...
(Continúa su intervención en catalán.-Sigue su intervención en castellano.)

En el estatuto se prevén plenas competencias, competencias exclusivas por parte de la Generalitat de Catalunya y fruto de esto en 1996, después de que en 1939 fuese desmantelado e incautadas las fichas como botín de guerra y se pudriesen en un aeródromo en Getafe, se crea nuevamente el Servei Metereològic de Catalunya. Hoy tenemos, pues, el Instituto Nacional de Meteorología y el Servei Meteorològic de Catalunya y entendemos que tiene que haber en esta materia un único responsable, un único interlocutor. La meteorología es un elemento estratégico para la protección del medio ambiente, para la planificación y gestión de la agricultura, para la protección y seguridad de las personas, para la orientación y seguridad de los pescadores, para la eficacia en las obras públicas, para el turismo, para el desarrollo de los transportes. Por todo ello queremos un único servicio abierto a entidades, empresas, organizaciones, instituciones y ciudadanos y entendemos que la discusión que hay en estos momentos, de acuerdo todos en que tiene que haber una sola autoridad, en que tiene que haber un solo servicio, es en manos de quién está este servicio, de quién está esta titularidad y es ahí donde venimos a apelar aquí, a este Congreso de Diputados, esa España plural que muchos nos han ofrecido. Queremos constatar que realmente existe esa España plural, nos gustaría constatarlo y esta puede ser una buena prueba. En la anterior legislatura no fue posible abordar una reforma del estatuto que nos hiciese avanzar en determinadas competencias en Cataluña por un bloqueo pactado por el Partido Popular y Convergència i Unió.
Ahora tenemos la ocasión de abrirlo y queremos que haya una prueba en la materia de meteorología, donde encontramos que hay competencias concurrentes y tenemos que abordarlo y solucionarlo políticamente, es una decisión política que está en manos de los partidos representados en esta Cámara.


Nos gustaría que no se eternizase. Va a haber presiones. Hoy tomamos en consideración esta propuesta, pero aquí solo empezamos un camino que nos tiene que llevar a aprobar una modificación legislativa que tiene que permitir transferir estas competencias al Gobierno catalán y ahí queremos confiar en todos los partidos que, de una forma u otra, han venido a trabajar para ir abasteciendo este nuevo Estado plural que se preconiza desde las filas

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del Gobierno y que se preconiza por parte de su propio presidente.
Queremos, señorías, poder constatar que las cosas han cambiado, que no son como en otros tiempos. En el franquismo había una frase que se decía en Cataluña que era: un fresco general -hablando de meteorología- procedente de Galicia reina en España con tendencia a empeorar. Nos gustaría al final de esta legislatura poder decir: una cálida brisa nacida en León ha frenado el temporal procedente de Génova.


Gracias, señoras y señores diputados. (Aplausos.)

El señor PRESIDENTE: Gracias a usted, señor Vendrell.


Concluida la defensa por parte de la delegación del Parlamento de Cataluña, entramos en turno de fijación de posiciones de los grupos parlamentarios.


En primer lugar, Grupo Mixto, señor Rodríguez.


El señor RODRÍGUEZ SÁNCHEZ: Gracias, señor presidente.


En primer lugar, queremos, como siempre, saludar la presencia de los representantes y la representante del Parlamento de Cataluña, que también, como siempre, nos ofrecen la posibilidad de debatir problemas que afectan de una manera sustantiva a la Comunidad Autónoma de Cataluña, a la nación catalana, y que tienen una gran trascendencia para otras naciones del Estado español. En este caso, el de los servicios de meteorología, que efectivamente, tal como está establecido el ordenamiento constitucional, tiene una contradicción que sería necesario deshacer: la contradicción entre la tesis de que los servicios son competencia exclusiva del Estado, tal como se establece en el artículo 149.1.20.ª de la Constitución española, y sin embargo el hecho de que el propio Estatuto de Autonomía de Cataluña establezca claramente en el artículo 9.15 que es una competencia de la comunidad autónoma. Sin duda, afortunadamente, estamos en un Estado donde estas contradicciones se pueden deshacer a través de un artículo de la propia Constitución y a través de lecturas políticas de carácter positivo, que es sin duda lo que necesitamos en este momento político en el Estado español. Pero contar con un servicio meteorológico de calidad para nosotros es fundamental no solo en Cataluña sino también en el caso específico de Galicia, porque sin duda tiene mucho que ver con el problema del turismo, con el problema del tráfico, con el tema de la pesca y de la agricultura, sustanciales y fundamentales, sobre todo el primero en el caso de Galicia, con el tema de la protección civil e incluso con la prevención de todo tipo de incidentes que puedan venir provocados por consecuencias de carácter meteorológico.


Es por eso que a nosotros siempre nos resultó imperativo demandar esta competencia y de hecho el propio Gobierno gallego actual, con todas sus limitaciones de carácter ideológico-político, solicitó en la anterior legislatura al Gobierno de España esta transferencia, con nulo resultado.
Lo hizo porque se dieron cuenta, a pesar de sus limitaciones ideológicas, de que efectivamente Galicia siempre sale representada como una unidad desde el punto de vista meteorológico, lo cual es totalmente falso desde el punto de vista del contraste con los hechos empíricos. En segundo lugar, porque todo el mundo comprobamos que no hay manera de que acierte el servicio meteorológico español con lo que pasa en Galicia, siempre van retrasados, cuando anuncian que una cosa va a pasar ya está prácticamente pasando, por lo menos en la costa. En tercer lugar, porque a nadie se le oculta que Galicia ocupa un papel crucial, muy complicado desde el punto de vista de la predicción meteorológica, y desde luego porque necesitamos un servicio adaptado a nuestras necesidades. Tanto es así que la propia Xunta de Galicia hizo un amago de servicio meteorológico propio, desde luego no comparable al marco legal que establece la ley catalana, pero sin duda indicativo de la necesidad que tenemos en nuestro país.


Por tanto, esperamos que la negativa del anterior Gobierno sea superada en estas circunstancias nuevas políticamente y que Cataluña cuente con el servicio meteorológico que necesita y que afortunadamente abra las puertas a que un país como Galicia, tan necesitado en este aspecto por los motivos a que antes me referí, pueda contar también con este servicio meteorológico apropiado, cuya necesidad no niega ni siquiera el actual presidente don Manuel Fraga Iribarne.


Muchas gracias.


El señor PRESIDENTE: Izquierda Verde. Señor Herrera.


El señor HERRERA TORRES: Gracias, señor presidente. (Comienza su intervención en catalán.-Continúa en castellano.)

Quisiera dar la bienvenida a los diputados y a la diputada del Parlament de Catalunya, un parlamento que también es nuestro y una propuesta que también votamos en su día en el Grupo Parlamentario de Iniciativa per Catalunya-Verds.


¿Qué discutimos hoy? Hoy discutimos una proposición de ley de transferencia de servicios meteorológicos situados en Cataluña y que dependen en este caso de la Administración del Estado, una proposición de ley que fue aprobada prácticamente por unanimidad en el Parlament de Catalunya; tan solo un grupo parlamentario no dio su apoyo y ese grupo parlamentario, no se les escapará a SS.SS., fue el que en Cataluña en estos temas competenciales se queda casi siempre solo, el Partido Popular. Una proposición de ley que además tuvo ese apoyo mayoritario porque sin duda alguna obedecía a algo con mucho sentido común. ¿Por qué hubo tanta unanimidad? Porque hoy, es cierto, tanto el estatut como la Constitución reclaman como propias las competencias en materia de predicción meteorológica, pero también es verdad que la interpretación doctrinal

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de ambos textos hace una lectura favorable al estatut, limitando las competencias de la Administración Central del Estado a la meteorología relacionada con la aeronáutica, la defensa y la representación internacional. Es en este contexto en el que se aprueba la Ley 15/2001, la Ley catalana de meteorología, y lo que hace precisamente es desarrollar las competencias de la Generalitat, y lo que plantea en su disposición adicional -y para nuestro grupo parlamentario, así como para los proponentes, es trascendente- es la transferencia de todos los servicios en meteorología situados en Cataluña y que aún dependan precisamente de esa Administración Central del Estado.


Con posterioridad ustedes sabrán que ha habido diferentes convenios entre el Ministerio de Medio Ambiente y el Departament de Medi Ambient, entre el Servei Meteorològic de Catalunya y el Instituto Nacional de Meteorología y que en estos convenios se ha establecido colaboración.
Pero lo que también es cierto es que no se ha abordado aún la delimitación de competencias y funciones que así reclamaba precisamente la ley. Hoy el Servei Meteorològic de Catalunya debe pronosticar, vigilar y hacer seguimiento de situaciones meteorológicas de riesgo y prestar de forma permanente asesoramiento oficial a las diferentes administraciones e instituciones en materia de protección civil en Cataluña. ¿Cuál es la situación? Que el Instituto Nacional de Meteorología hace lo mismo, alerta de las situaciones de riesgo pero, eso sí, lo hace tan sólo con apenas quince personas para un territorio de las dimensiones de Cataluña.
¿Hoy tiene sentido que existan dos estructuras cuando una hace bien su trabajo y cuando la otra lo hace a medias? ¿Tiene sentido hoy? Nuestro grupo entiende precisamente que no. Por poner ejemplos, hoy, dependiendo del Instituto Nacional de Meteorología, existe un cuerpo de 300 personas que colaboran con este Instituto Nacional de Meteorología. ¿Con quién deberían colaborar estas 300 personas con el Instituto Nacional de Meteorología o con el Servei Meteoròlogic de Cataluña que funciona y que haría que estas 300 personas fuesen activos reales, sociedad civil comprometida con la definición precisamente de la meteorología en Cataluña? ¿Tiene sentido que hoy existan cuatro radares, tres del Servei Meteorològic de Catalunya, en Vallirana, Cruillas y Montmaneu y un tan solo en Corbera de Llobregat? Nuestro grupo entiende que no, lo que debería ocurrir es que todos en este caso dependieran del Servei Meteorològic de Catalunya, haciendo una definición de su política claramente racional y que no se solape con el Instituto Nacional de Meteorología. ¿Tiene sentido hoy que el Servei Meteorològic de Catalunya no pueda participar de forma activa en el Centro Europeo de Predicción a Medio Plazo no abriéndole la puerta a este servicio el Instituto Nacional de Meteorología? Nuestro grupo entiende que no, entiende que precisamente la definición, la predicción meteorológica se garantiza con colaboración, con coordinación, pero sin duda dejando hacer y colaborando en este caso con el Servei Meteorològic de Catalunya.


¿Qué es lo que se somete hoy a discusión? Una mejora técnica, poner al servicio de la mejora técnica la distribución competencial. Hoy lo que no tiene sentido es que continuemos multiplicando, duplicando trabajadores y equipos técnicos. Se trata de aplicar el criterio de subsidiariedad, el criterio más razonable precisamente en la predicción meteorológica. Se trata, en definitiva, de poner la distribución competencial al servicio de la ciencia y no hacer de una batalla de distribución competencial un problema para la ciencia. A partir de ahí lo que se trata de garantizar es coordinación y está claro que hoy el Servei Meteorològic de Catalunya, de desarrollarse la ley, de transferirse todas las competencias, de transferirse todos los medios, va a colaborar y va a continuar colaborando con el Instituto Nacional de Meteorología. Todos y todas sabemos que la meteorología pasa no sólo de las fronteras catalanas, pasa y sobrepasa las fronteras del Estado español, los límites de la Unión Europea y, por tanto, un elemento fundamental es precisamente esta colaboración. Pero esta colaboración tiene que partir de este principio de subsidiariedad y del principio, en definitiva, de que las competencias deben ser para aquel que las debe ejercer y aquel que las debe ejercer en este caso es la Generalitat de Cataluña.


Quisiera acabar con una última reflexión: esta proposición de ley trata de agotar, simplemente, los límites competenciales del estatut y de la Constitución. Lo que es insólito es que ante debates tan básicos, tan elementales, haya quien plantee que no se deben agotar estos límites. Más insólito aún es que aquellos que dicen que no se tienen que agotar estos límites no quieran plantear una reforma constitucional que aborde realmente una reforma del modelo de Estado yendo más allá del actualmente existente. Lo que no vale es decir: No agotamos el modelo competencial, el modelo de transferencias, pero tampoco cambiamos la Constitución.
Ambas cosas son como mínimo, si me permiten, contradictorias.


Señor Xavier Vendrell, no sé si tiene que venir una nueva brisa de León para cortar precisamente los malos tiempos que proceden de Génova, pero a estas alturas creo que nos podríamos conformar con una borrasca, pues hoy en día son mejores las borrascas que los anticiclones y más ante el cambio climático que se avecina y que va a afectar al Estado y también a Cataluña si no nos apresuramos; una borrasca de pluralidad, una borrasca de correcta distribución competencial, en definitiva, una borrasca con sentido positivo para aprobar esta proposición de ley y para que agotemos la transferencia de competencias y abordemos -relacionado con esto- un nuevo modelo de Constitución que nos permita -y es nuestra opinión- ir hacia un modelo de Estado federal.


Muchas gracias.


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El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Herrera.


A continuación, Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV), señor Olabarría.


El señor OLABARRÍA MUÑOZ: Gracias, señor presidente.


También quiero saludar a los representantes del Parlament de Catalunya, felicitarles por la pertinencia de la iniciativa e incluso por la frescura e ironía de sus intervenciones, que insufla un poco de aire fresco a un tipo de debate un tanto ritual y solemne que es el que se practica aquí con excesiva frecuencia, en mi opinión. Desde esa perspectiva, más por empatía ideológica que por otras razones, vamos a votar a favor esta proposición porque nos parece muy pertinente.


No se me ocurre ninguna metáfora climatológica que utilizar como los compañeros que me han precedido en el uso de la palabra (ya me gustaría encontrar alguna pero no estamos dotados del ingenio de otros portavoces para usar la climatología en la dialéctica parlamentaria), pero sí quiero decirles que desde la perspectiva de Euskadi nuestro problema es otro sustancialmente diferente: la vía del 150.2 y la delegación de las competencias nos provoca recelos. Primero les deseo suerte también. De todas las iniciativas que derivan de parlamentos autonómicos, expurgando la estadística del Congreso, sólo tres se han transformado en ley publicada en el Boletín Oficial del Estado, o sea que les deseo bastante más suerte que tantas que al final han visto frustrado su íter legislativo en alguna de las dos cámaras que constituyen las Cortes Generales. Contando con esto, la vía del 150.2 tiene dos problemas que nos preocupan: en primer lugar, el carácter transitorio de estas delegaciones y la facilidad que tiene la Administración del Estado para el rescate, lo que técnicamente se denomina el rescate de la competencia.
Esta es una competencia que a Euskadi se le debe porque así lo dice la Constitución y su estatuto de autonomía; es una competencia de las 38 debidas a Euskadi porque están así consignadas como exclusivas de Euskadi por el Estatuto de Autonomía de Gernika, y en tanto en cuanto ni esta ni ninguna de las otras 37 están siendo desbloqueadas en Euskadi hay planteada una reforma estatutaria profunda, por entender -y mucha gente lo entiende legítimamente- que el incumplimiento de las competencias que deben ser objeto de transferencias ha amortizado el estatuto de autonomía como instrumento político de articulación de las relaciones de los vascos con los españoles. Desde esa perspectiva, teóricamente nuestro planteamiento hubiese sido otro en términos ideológicos o técnico-jurídicos, y sencillamente hubiésemos recurrido a una exigencia que está consignada por la propia Constitución y el estatuto de autonomía, es decir, por el bloque de constitucionalidad: atribúyase a cada comunidad autónoma aquellas competencias que la Constitución y el estatuto de autonomía les reconoce como propias. Esto ni afecta al sol ni a las borrascas ni al ciclón ni al anticiclón ni a nada, esto sencillamente es cumplir con la legalidad. Y que seamos tildados con menciones que no voy a utilizar aquí los que estemos en la tesitura de tener que defender los requerimientos de la Constitución y de los estatutos de autonomía, es decir que seamos los reales constitucionalistas nosotros, comprendo que pueda resultar un tanto paradójico y chocante pero el problema es este. En todo caso, nos parece pertinente su petición. Creemos que el método genera algunas reservas conceptuales, porque que es una competencia legítimamente exigible como tal, y nosotros la exigiríamos, primero, porque nos corresponde al ser una competencia exclusiva de las previstas en el artículo 10 del Estatuto de Autonomía de Gernika; su financiación tendría que ajustarse a los requerimientos de la Ley del concierto económico -nuestro régimen financiero también es especial- y la aceptaríamos en esas condiciones, no en otras. La vía de la delegación sencillamente nos parece delicada y nos genera algunas reservas. De todas formas, nos parece adecuado descentralizar esta competencia, atribuírsela a quien mejor la está ejerciendo en primer lugar y, en segundo lugar, a quien constitucionalmente le corresponde, que en este momento es al Gobierno de la nación catalana.


Les deseamos suerte en la tramitación. Cuenten con nuestro apoyo para hacer todo lo posible para que fructifique esta iniciativa que nos parece de la mayor pertinencia y, desde luego, la climatología es probable que no cambie por algo que no supone más que cumplir los requerimientos de la Constitución.


Muchas gracias, señor presidente.


El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Olabarría.


Grupo de Esquerra, señor Canet.


El señor CANET COMA: Gracias, señor presidente.


Desde Esquerra Republicana damos la bienvenida a los representantes del Parlament de Catalunya y anunciamos que votaremos favorablemente la toma en consideración de la proposición de ley orgánica del Parlament de transferencia de los servicios meteorológicos situados en Cataluña que dependen del Estado, entre otras razones y sin metáforas de ningún tipo por considerar beneficiosa la aplicación de los principios de subsidiariedad y de eficacia en la prestación del servicio, que van de la mano claramente en este caso.


Como ya se ha dicho, el Servei Meteorològic de Catalunya fue creado en 1921 en plena mancomunidad, desmantelado en 1939 al inicio del franquismo y resucitado al amparo del Estatut de Catalunya en 1996, y viene desarrollando -se está demostrando continuamente- una tarea muy bien valorada por la ciudadanía, pero eso sí, en paralelo a la función que debería realizar pero no realiza a satisfacción el Servicio Nacional de Meteorología. Por tanto, la realidad de la

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situación obliga a plantearse la necesidad de unificar esfuerzos, de no duplicarlos y de economizar recursos. Creemos, señores diputados, que para conseguir estos objetivos conviene disponer de un interlocutor único que por razones de eficacia y de proximidad, con todas las competencias asumidas, ha de ser el Servei Meteorològic de Catalunya. Deberá actuar, eso sí, de manera coordinada con el Servicio Nacional de Meteorología y todas las instancias necesarias. Ello se contempla claramente en el articulado de la ley orgánica cuya toma en consideración por parte de esta Cámara debatimos. Se establece la obligación de la Generalitat de Catalunya de facilitar a la Administración del Estado la información que le sea solicitada y se fija la obligación de reciprocidad en el acceso y la gestión de la información.


Así pues, por entender que la transferencia a la Generalitat de los servicios meteorológicos situados en Cataluña que dependen del Estado se ajusta a lo establecido en la legislación vigente -ya se ha hablado del artículo 150.2 de la Constitución- y por entender que la aplicación del principio de subsidiariedad, de acercar al ciudadano a la toma de decisiones, redunda en una mayor eficacia, votaremos favorablemente la toma en consideración de la proposición de ley. Y no creemos que ningún grupo de esta Cámara pueda oponerse, salvo que se quiera caer en la mezquindad institucional o se pretenda continuar anclado en concepciones nacionalistas españolas excluyentes.


Muchas gracias.


El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Canet.


Grupo de Convergència i Unió, señor Jané.


El señor JANÉ I GUASCH: Señor presidente, ilustre diputada Teresa Carrera, ilustre diputado Josep Rull, ilustre diputado Xavier Vendrell, bienvenidos al Congreso de los Diputados.


Señorías, es para mí un motivo de satisfacción fijar posición desde Convergència i Unió a favor de la toma en consideración de la proposición de ley que hoy nos trae aquí el Parlament de Catalunya. Es una proposición de ley importante, una proposición de ley orgánica que tiene su base en el artículo 150 de la Constitución que en su apartado 2 posibilita ampliar las competencias de las comunidades autónomas en materias que inicialmente están atribuidas al Estado. Supone una ampliación extraestatutaria de competencias; sin modificar el estatuto de autonomía podemos ampliar el marco competencial. Es una apuesta para la Administración única. La Lofage, aprobada en esta Cámara el año 1997, en su preámbulo afirmaba de forma nítida y clara: Hay un objetivo a conseguir, la Administración única; que la Administración de cada comunidad autónoma sea la propia de su país, la ordinaria en su territorio. Este era el principio acuñado en el texto de la Lofage y que después nos hemos olvidado de desarrollar. Nos hemos olvidado de desarrollar el principio de la Administración única. Nos hemos olvidado de utilizar una potestad que está en el artículo 150.2 de la Constitución. Las leyes orgánicas de transferencia están en la Constitución y llevamos ya más de una legislatura en que su desarrollo está paralizado. Creo recordar que nuestro grupo impulsó en la legislatura 1996/2000 un acuerdo para hacer efectivo el desarrollo de este tipo de leyes, un acuerdo importante que permitió que los Mossos d'Esquadra, la policía de Cataluña, pudieran desplegar plenamente competencias en materia de tráfico, gracias a la aplicación del artículo 150.2 de la Constitución. En esta legislatura vienen responsables del MAP ante la Comisión de Administraciones Públicas, les pregunta el diputado que les habla qué hay del principio de Administración única, qué hay del cumplimiento del 150.2, y se olvidan y nos dicen que no tienen previsto aplicar el 150.2. Pues bienvenida sea hoy esta propuesta del Parlament de Catalunya. Avancemos en lo que debe ser la Administración única, avancemos en esa dirección en todos aquellos ámbitos en que se pueda.
Dice la Constitución que puede realizarse una transferencia ante materias que por su propia naturaleza sean susceptibles de transferencia o delegación. Lo dice la Constitución, no es nada inconstitucional, es plenamente constitucional. Y como afirmaba en esta Cámara de manera didáctica y clara, como siempre le ha caracterizado en el Parlament de Catalunya, el diputat Josep Rull, es un ejercicio claro de prestar un mejor servicio a la ciudadanía, y no sólo por motivos competenciales que evidentemente desde un punto de vista de identidad nacional de Cataluña mi grupo comparte.


Compartimos la ampliación de competencias para la Generalitat, evidentemente, pero no sólo para ese aspecto competencial y político, sino para el aspecto más directamente relacionado con el servicio que prestamos a los ciudadanos. Vamos a prestar un mejor servicio. La Generalitat de Catalunya está preparada, está bien preparada para prestar este servicio. Y no vale aquí realizar una duplicación del Instituto Meteorológico por un lado y el Servei Meteorològic de Catalunya por otro.
Apostemos por el organismo público creado desde la Generalitat, que está prestando bien sus competencias. Démosle más fuerza institucional, más presupuesto, más personal y mejores medios ¿a través de qué? A través de la transferencia de los servicios meteorológicos del Estado que deben traspasarse a la Generalitat. Por tanto, el MAP nos anuncia que no va a desplegar el 150.2, el Parlament de Catalunya nos insta hoy a desplegarlo tomando en consideración una proposición de ley orgánica que hará posible ese traspaso a la Generalitat de Catalunya. ¿Quién se va a beneficiar de ese traspaso? Se van a beneficiar, en primer lugar, los ciudadanos de mi país, los ciudadanos de Cataluña, porque el servicio meteorológico es importante para la ciudadanía y ese servicio va a tener mejores medios, incluso los avances tecnológicos ya prevén esos mejores

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medios, pero con ese traspaso se va a posibilitar y a potenciar. Por tanto, mejores medios, beneficio para los ciudadanos de Cataluña, para los ciudadanos de mi país. Segundo, aumento del nivel competencial de la Generalitat de Catalunya, y esto para nosotros siempre es importante. Una ley como la que hoy se nos propone no sería necesaria con un nuevo estatuto para Cataluña, porque sería quizá una de las competencias que hubieran ido complementarias al estatuto, pero como estas leyes permiten esa asunción competencial sin modificar el estatuto, de momento hoy estamos ampliando las competencias de Cataluña, segundo elemento importante. Y tercer elemento, importantísimo, el conjunto de la población destinataria de los presupuestos que aprobamos en esta Cámara, el conjunto del Estado. Esto también es importante porque, tal y como están funcionando hoy esos servicios en Cataluña -que no es la mejor gestión de un presupuesto público-, ese presupuesto estará mejor gestionado si realizamos la transferencia, si unificamos los medios y si la Generalitat asume plenamente la competencia con ese traspaso desde la Administración General del Estado hacia la Generalitat de Catalunya. Por tanto, argumentos de servicio público, argumentos a favor de ese desarrollo competencial y de mayor autogobierno para Cataluña e incluso argumentos de mejor gestión de los presupuestos que se aprueban en esta Cámara. Por todo ello, bienvenida sea hoy esta proposición de ley del Parlament de Catalunya. Esperamos -lo pido expresamente- que en la tramitación parlamentaria de la misma seamos respetuosos con el texto que se nos trae y no le pongamos agua al vino. El objeto es claro: ley orgánica de transferencia de unos servicios que ahora son del Estado y que pasarán a la Generalitat de Cataluña. Esperamos que durante el trámite parlamentario se respete la voluntad del Parlament de Catalunya.
Mi grupo velará desde su posición para que esta transferencia vea la luz.
Esperamos que tenga el máximo consenso en esta Cámara, incluso pediría al Grupo Popular que también apoyara hoy esta proposición de ley porque, como digo, beneficia al conjunto de la ciudadanía y beneficia al presupuesto estatal. Sé que no tuvo el voto favorable en circunstancias distintas en el Parlament de Cataluña, pero siempre puede haber una rectificación. Créanme, también sería bueno que esta proposición de ley saliera desde la unanimidad, porque si desde Galicia el señor Fraga se postulaba por la aplicación del 150.2 y por la Administración única, después se olvida que nadie lo aplica en ningún lugar y nosotros hoy, desde el Parlament de Cataluña, planteamos que ese principio de Administración única sea una realidad en un ámbito muy concreto, en el ámbito de los servicios de meteorología.


Acabo ya, señores y señores diputados, ilustres diputados del Parlament de Catalunya, con una última reflexión. Esta proposición de ley tiene también un origen legal, estamos ante el cumplimiento de una ley del Parlament de Catalunya, la ley aprobada en 1991 que creaba los Servicios Meteorológicos de Cataluña, y en esa ley había una previsión específica en sus disposiciones adicionales, la previsión de que se impulsaría el traspaso que hoy nos proponen desde el Parlament de Catalunya. No hacemos otra cosa que cumplir lo que ya era una ley, aprobada con el consenso de Esquerra Republicana en el Parlament de Catalunya en 1991 e impulsada por el entonces Govern de Convergència i Unió. Lo que estamos haciendo hoy a través de esta proposición de ley es darle cumplimiento. Espero que este traspaso sea una realidad cuanto antes y veamos pronto, muy pronto, la propuesta que hoy nos trae el Parlament de Catalunya publicada como ley orgánica en el Boletín Oficial del Estado.


Muchas gracias a todos.


El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Jané.


Por el Grupo Popular tiene la palabra la señora Nadal.


La señora NADAL I AYMERICH: Muchas gracias, señor presidente.


Señoras y señores diputados, en primer lugar, como han hecho quienes me han precedido en el uso de la palabra, quiero dar la bienvenida a los ilustres diputados señores Josep Rull y Xavier Vendrell y también a la ilustre diputada señora Carrera, que vienen a presentarnos una proposición de ley del Parlamento de Cataluña. Bienvenidos.


Tratamos hoy, a instancia del Parlament de Catalunya, la transferencia a la Generalitat de los servicios meteorológicos situados en Cataluña que dependen del Estado a través de la utilización del artículo 150.2 de la Constitución. Tal como se ha mencionado anteriormente por casi todos los intervinientes, mediante la Ley 15/2001, de 14 de noviembre, se creó el Servicio Meteorológico de Cataluña. Fue esta ley la que recogió, con una técnica legislativa digamos que peculiar, muy peculiar, y en una disposición adicional única, que el Gobierno de Cataluña se comprometía a remitir en el plazo de seis meses una proposición de ley al Parlament, y que este a su vez la transmitiera al Congreso de los Diputados, para obtener la transferencia de los servicios de meteorología situados en Cataluña.


Quiero llamar su atención, señorías, sobre dos hechos relevantes. En primer lugar, el ejercicio pleno de esta competencia tardó 22 años en llevarse a cabo. El Gobierno de Cataluña tardó 22 años en llevar a efecto el ejercicio de esta competencia. Cierto es que en 1996 se había hecho un desarrollo parcial, pero se tardó 22 años en desarrollar un artículo del Estatuto de Cataluña. El artículo 9 apartado 15 del Estatut no habla de competencias en materia meteorológica; de lo que habla el apartado 15 del artículo 9 del Estatut es de la competencia exclusiva sobre el Servei Meterològic de Catalunya. Hay que decir esto porque creo que tenemos que reconducir el debate. Para ello es importante

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que vayamos a los diarios de sesiones del Parlamento catalán. Si ustedes miran el "Diario de Sesiones" del Parlament número 121, de 9 de abril de 2003, verán en su página 23 que la fuerza política que tenía -efectivamente, señor Jané- la responsabilidad de gobierno en Cataluña, y que por tanto impulsó esta ley -con 22 años de retraso, por cierto, pero la impulsó-, por boca de su representante el señor Josep Rull nos decía lo siguiente: Aquí estamos discutiendo si Cataluña es una nación o no lo es. ¿Por qué Cataluña, como nación, ha de ser tutelada? ¿Por qué no tenemos un Estado propio? Y terminaba dejando claro el objetivo de la proposición de ley que estamos debatiendo hoy y afirmaba: Nosotros aquí lo que pretendemos básicamente con esta cuestión es recuperar una parte de la soberanía. Esto es lo que decía el señor Rull, que es perfectamente legítimo, pero creo que no se corresponde con el interés general ni con el interés de la mayor parte de los ciudadanos. De modo que deberíamos reorientar este debate.


Quiero recordar también el debate anterior puesto que, como se ha dicho, esta proposición de ley trae causa de una ley aprobada. Es un debate que se produjo en el Parlament, y les invito a leer el Boletín Oficial número 68, de 7 de noviembre de 2001, especialmente las páginas 24 a 27. Lo voy a traducir literalmente, señorías. Es la intervención de la actual consellera de Interior, Montserrat Tura, que en aquel momento fue la ponente del Grupo Socialista; un grupo que presentó enmienda a la totalidad a este proyecto de ley, la defendió y la sometió a votación, incluyendo la disposición adicional de la que emana la proposición de ley que hoy estamos aquí debatiendo y que dio lugar a un intenso debate en el Parlament de Catalunya precisamente entre el señor Rull y la señora Tura.
Decía la ponente socialista: La opción que estamos a punto de tomar hoy, lejos de racionalizar la actual situación de duplicidad, nosotros creemos que la consolida y que toda la ciudadanía catalana ha de saber que tendrá que pagar unos mapas del tiempo duplicados. Y concluye la señora Tura -no el Grupo Popular o esta diputada-: Estamos estructurando una duplicidad.
Se extiende después en duplicidades respecto a redes de radar y de detección, etcétera, en las que no puedo entrar por falta de tiempo. Hay también una crítica muy clara a la técnica legislativa utilizada. Es decir que se presentó una enmienda a la totalidad y se produjo una crítica durísima, propia de una enmienda a la totalidad, a la estructuración que se estaba haciendo del servicio y a los mecanismos utilizados. En cambio, se terminó votando favorablemente, con las contradicciones propias del Partido Socialista, el íter final de la tramitación. Frente a este planteamiento, nuestro criterio es el que siempre hemos mantenido en el Parlament y que hoy reiteramos en este Congreso. Nosotros consideramos que los bienes y servicios del Servicio Meteorológico del Estado son los necesarios e imprescindibles para el ejercicio de las competencias del Estado en esta materia porque dan respuesta a las necesidades de todos los ciudadanos de la nación y dan respuesta al interés general, y eso ni perjudica ni puede perjudicar, ni estamos dispuestos a que pueda llegar a perjudicar la competencia, el ejercicio del autogobierno de Cataluña en esta materia. Pero también quiero dejar claro un criterio que ha mantenido siempre el Grupo Popular y que quiero reiterar, y es que para nosotros la posibilidad de atribución de derechos no puede distinguir a una comunidad autónoma de otra. Es decir, una comunidad autónoma no es más que otra, tampoco es menos pero tampoco es más. Esa calidad generalizable del modelo que defiende el Grupo Popular implica limitarlo a casos muy excepcionales. Se refería el señor Jané al traspaso de competencias a Cataluña en materia de tráfico a los Mossos d´Esquadra en la etapa de Gobierno del Partido Popular, pero siempre se ha hecho de forma muy extraordinaria porque si se utiliza este mecanismo extraordinario de forma ordinaria lo que estamos haciendo es cambiar completamente el modelo y dejarlo al albur de la coyuntura política del momento. Ya sé que ustedes siempre me dicen que nosotros defendemos el modelo del café para todos. Y yo les digo siempre lo mismo, que nosotros defendemos la calidad del café. Nosotros defendemos el interés general y el bienestar de los ciudadanos, no reivindicaciones que son muy legítimas pero, como les decía al inicio de mi intervención, creo que debemos reorientar y resituar este debate.


Para el Grupo Popular, señorías, no sólo en esta materia sino en todas, no se trata de aumentar o disminuir el poder político y las competencias en una determinada administración en detrimento de las otras administraciones con las cuales tienen que prestar en colaboración y cooperación un servicio público, ni de debilitar el peso, la presencia y la relevancia de la Administración del Estado en Cataluña o en cualquier otra comunidad autónoma, porque eso no es Administración única, señor Jané, eso es voluntad de debilitar la presencia del Estado en Cataluña, y es lo que se ha planteado por parte de algunas fuerzas políticas. De lo que se trata es que los ciudadanos reciban respuestas adecuadas a sus necesidades y creo por eso esencial, como he dicho anteriormente, reorientar el debate político en ese sentido. Lo que necesitan los ciudadanos de Cataluña no es si una determinada administración tiene más o menos competencias, porque además vemos que se tarda 22 años en ejercer esa competencia, lo que interesa es qué es lo mejor para dar respuesta a sus necesidades, en este caso un servicio público de meteorología que satisfaga a una sociedad moderna pero que satisfaga también el interés general de todos los ciudadanos, es decir, del conjunto de los españoles.
Se ha motivado también la solicitud de transferencia no por los motivos más reivindicativos sino también por cuestiones técnicas, y se ha hecho con una cierta tendencia poética. Está claro que se deben considerar modelos de ámbitos territoriales mayores en un momento de desarrollo

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tecnológico tan importante porque ya no estamos en la época de Eduard Fontseré. Estamos plenamente de acuerdo y por eso impulsamos y se consiguió con un gobierno del Partido Popular (lo ha recordado también el señor Jané) el acuerdo entre la Generalitat de Catalunya y el Ministerio de Medio Ambiente. Por tanto, estas cuestiones supraterritoriales se tienen que resolver a través de los mecanismos de cooperación entre comunidades autónomas y el Gobierno del Estado. Por lo tanto (termino ya, señor presidente), ahí están las contradicciones que se producen no solo en el Grupo Socialista, en el Parlament y en el Congreso, sino dentro del propio Gobierno de la nación, donde el presidente del Gobierno nos dice que él no sabe muy bien lo que es la nación, que no tiene muy claro el concepto de nación, mientras que el señor Bono nos obsequia con una soflama patriótica que nos llama a defender la nación española y la Constitución el día de la Inmaculada en el patio de armas de la Academia de Infantería. Contradicciones, vientos de Toledo, no lo sé, señorías; contradicciones en el Grupo Socialista y en el Gobierno socialista sin duda y claras. Desde el Grupo Popular mantendremos la misma posición, con la misma coherencia, en el Parlament, en el Congreso...


El señor PRESIDENTE: Le ruego que concluya, señora Nadal.


La señora NADAL I AYMERICH: Termino, señor presidente.


La mantuvimos cuando estábamos en la oposición, la mantuvimos cuando estábamos en el Gobierno, la mantenemos ahora que estamos en la oposición por convicción y porque tenemos la certeza de que más pronto que tarde, señorías, volveremos a estar en el Gobierno.


Muchas gracias, señor presidente, señoras y señores diputados. (Aplausos.)

El señor PRESIDENTE: Gracias, señora Nadal.


Señora Colldeforns, para fijar la posición del Grupo Socialista.


La señora COLLDEFORNS I SOL: Gracias, señor presidente.


Benvinguts. Bienvenidos y un saludo más cordial a los diputados del Parlamento de Cataluña que hoy vienen aquí a pedirnos la toma en consideración de la proposición de ley de transferencias de los servicios de meteorología existentes en Cataluña. La posición del Grupo Parlamentario Socialista es favorable a esa toma en consideración y creo pertinente que para explicar esta posición recordemos las circunstancias políticas en las que tuvo lugar su debate y aprobación en la Cámara catalana. Fue casi el final de una legislatura de mayoría absoluta del Grupo Popular que negaba cualquier colaboración al funcionamiento del Estado autonómico. Era una legislatura en la que no se respetaban los acuerdos y en la que, recordemos, señorías, a golpe de enmiendas de última hora en el Senado, se modificaban leyes tan importantes como el Código Penal. Incluso en un ámbito tan alejado de la política como la meteorología (por lo menos hasta ahora ésta era mi impresión, pero después de lo que he oído sobre la relación entre la meteorología y la nación a la diputada del Partido Popular, ya lo dudo), en un ámbito tan alejado en mi opinión de lo político se propició un desencuentro real y creciente entre administraciones. Para poner un ejemplo, en marzo de 2002 (la diputada del Partido Popular lo ha mencionado) se firmó un convenio de colaboración entre el Ministerio de Medio Ambiente y la Generalitat de Cataluña y dicho convenio (vale la pena explicarlo) no suponía ningún gasto adicional, ponía el énfasis en el intercambio de datos y en la participación conjunta en actividades de formación y de investigación.
Pues bien, ninguno de los acuerdos tomados se cumplió, ninguno de los compromisos adquiridos se cumplió y algunos eran tan sencillos como facilitar una clave de acceso. Por tanto, señora diputada y señorías del Grupo Popular, recuerden que no es suficiente con firmar convenios, hay que cumplirlos. Es en este clima de desconfianza se aprobó esta ley y lo quisiera contraponer con la situación actual en la que un cambio (esto es importante recordarlo) de los partidos que gobiernan, tanto en la Generalitat de Cataluña como en el Gobierno de España, ha propiciado un cambio sustancial, un cambio que a corto plazo ha supuesto ya un cambio de talante (no quería decir la palabra) en las acciones de colaboración que ya se están llevando a término y también sobre todo unas nuevas expectativas respecto a la reforma de la Constitución y del Estatuto de Cataluña, expectativas que esperamos que permitan un avance sustancial en la configuración de esta España plural y diversa en la que estamos comprometidos.


El Grupo Parlamentario Socialista cree razonable considerar que precisamente estas nuevas circunstancias son las que hacen pensar que el marco adecuado para discutir esta transferencia o cualquier otra sería sin lugar a dudas la comisión de trabajo sobre la reforma del Estatuto que ya está constituida en el Parlament de Catalunya y que además, señorías, ya ha iniciado sus trabajos. Precisamente este proceso que ya se ha iniciado, y no solo en Cataluña (recordemos que otras comunidades autónomas han anunciado su intención de revisar su estatuto), exige una visión de conjunto, un marco claro del procedimiento de discusión y toma de acuerdos, por lo que es evidente que el lugar adecuado sean precisamente estas comisiones de trabajo; sin embargo, y para significar que estamos de acuerdo con estos trabajos de revisión, es conveniente dar nuestro apoyo a esta proposición de ley. Justamente porque esta revisión ya está en marcha es por lo que creemos que la vía del 150.2, que tanto espacio ha ocupado de la exposición de la señoría de Convergència, no es la más adecuada.


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Creemos que esta vía se corresponde en periodos de estabilidad estatutaria, en la que de la práctica, del ejercicio de las competencias en un territorio concreto se pueda deducir razonablemente la conveniencia de plantear una ampliación de competencias por esa vía que es extraestatutaria. Por tanto, lo que procede es dar un margen de confianza a la comisión del Parlament de Catalunya que en este momento está discutiéndolo para que sea en su seno donde se lleven a cabo las consideraciones sobre el contenido concreto y el alcance razonable de una posible transferencia de los servicios meteorológicos del Estado. Además (aquí se ha hablado mucho de las competencias concurrentes) este proceso de discusión nos brinda una oportunidad única precisamente para hacer una reflexión sobre cuál es el diseño más adecuado de competencias que, precisamente como la del servicio meteorológico, se caracterizan por su tenor eminentemente técnico e instrumental y además científicamente bastante complejo.


Es obvio que el servicio meteorológico es un servicio tecnificado, que gracias a las modernas tecnologías de la información permite trabajar en un entorno local y global a la vez y que su prestación como servicio público es una cuestión no tanto de opción política sino de gestión eficiente de los recursos humanos y de los equipos materiales que se dedican a ello. En este sentido estamos de acuerdo con las señorías que han apelado a esta idea de coordinación y colaboración en el sentido de racionalizar la gestión de unos recursos. Me gustaría señalar además que como servicio público es cada vez más importante no solo ya para la navegación aérea o la marítima o la defensa como en el pasado, sino también para temas como el cuidado de las cosechas, la prevención y mejor control de los incendios, los episodios de contaminación atmosférica, la predicción de situaciones de riesgo o incluso desde una perspectiva menos dramática la planificación del ocio individual, el turismo; desde luego la información pública es un bien que tiene además un valor económico. Es evidente que deben articularse unos mecanismos de cooperación y coordinación que permitan la prestación de este servicio de calidad en el ámbito no solo de la comunidad autónoma, sino también de país y yo diría que de organización mundial. La circunstancia de que en estos días se esté celebrando en Buenos Aires precisamente la décima Conferencia de las partes de la Convención marco de las Naciones Unidas sobre el cambio climático añade relevancia y perspectiva a esta discusión. Creemos que esta nueva perspectiva de los mecanismos de colaboración técnica es la que debe resolver esta contradicción, esta unicidad, esta posición del todo o nada que nos planteaban las señorías del Grupo Popular o de Convergència i Unió. El Grupo Parlamentario Socialista cree sinceramente que esta nueva perspectiva de articulación es posible, y en este sentido damos nuestro apoyo a la proposición de ley con el compromiso en su caso de incorporar en lo posible esta nueva perspectiva, cuya última finalidad, como siempre, mal que les pese a los señores del Grupo Popular, es servir mejor a nuestros ciudadanos.


Gracias, señorías. (Aplausos.)

El señor PRESIDENTE: Gracias a usted, señora Colldeforns.


Finalizado el debate, procederemos a su votación acumuladamente con la otra toma en consideración de la proposición de ley. Quisiera en este momento dar las gracias a la delegación del Parlament de Catalunya.


TOMA EN CONSIDERACIÓN DE PROPOSICIONES DE LEY:

- DEL GRUPO PARLAMENTARIO CATALÁN (CONVERGÈNCIA I UNIÓ), ORGÁNICA DE MODIFICACIÓN DE LA LEY ORGÁNICA 6/1985, DE 1 DE JULIO, DEL PODER JUDICIAL, PARA PERSEGUIR EXTRATERRITORIALMENTE LA PRÁCTICA DE LA MUTILACIÓN GENITAL FEMENINA. (Número de expediente 122/000015.)

El señor PRESIDENTE: A continuación, punto II del orden del día: Toma en consideración de la proposición de ley del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), orgánica de modificación de la Ley Orgánica del Poder Judicial para perseguir extraterritorialmente la práctica de la mutilación genital femenina.


Para su defensa, tiene la palabra la señora Pigem.


La señora PIGEM PALMÉS: Muchas gracias, señor presidente.


Señorías, la presencia en España de familias procedentes de diversas culturas donde se practica la mutilación genital femenina puso de relieve hace ya un tiempo la indudable importancia de desarrollar estrategias de actuación para su prevención desde diversos ámbitos: el sanitario, el social, el educativo y también el jurídico. Pues bien, en este último ámbito, en el ámbito estrictamente jurídico trae hoy a debate el Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió) la toma en consideración de una proposición de ley que tiene por objeto una modificación de la Ley Orgánica del Poder Judicial que permita que la práctica de la mutilación genital femenina pueda también perseguirse cuando personas residentes en España la realicen fuera de nuestras fronteras. Si, como esperamos, esta reforma prospera, complementará la penalización ya aprobada por consenso en la pasada legislatura cuando este tema salió a la luz precisamente a raíz de que varias niñas solicitaron ser protegidas por temer que se les fuera a practicar la ablación durante viajes que iban a realizar a sus lugares de origen; una iniciativa, señorías, enmarcada dentro del reiterado compromiso de Convergència i Unió en defensa de los derechos humanos de las mujeres, porque la práctica dolorosísima y terrible de

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la mutilación genital es sin ninguna duda, tal como se ha dicho en múltiples foros y también en esta Cámara, un delito contra la integridad física y psíquica, un claro acto de violencia contra las mujeres y una violación por tanto de los derechos humanos de las mujeres y de las niñas, quienes, al menos las que viven... (Rumores.)

El señor PRESIDENTE: Disculpe, señora Pigem.


Por favor, reclamo silencio y respeto a quien está en el uso de la palabra.


La señora PIGEM PALMÉS: Gracias, señor presidente.


Decía que es una violación de los derechos humanos de las mujeres y de las niñas, quienes, al menos las que viven entre nosotros, tienen el derecho irrenunciable a librarse de una práctica tan degradante como peligrosa para su salud y frente a la que no vale aducir el derecho a la diversidad cultural, ideológica o religiosa, porque contra la dignidad de las personas y sus inalienables derechos fundamentales no puede haber diversidad cultural que valga. Por ello, y como ustedes recordarán, en la pasada legislatura se procedió tras un mandato unánime de la Cámara a la modificación de lo dispuesto en el artículo 149 del Código Penal, una modificación para que el mismo recogiera explícitamente que la práctica de la mutilación genital constituía un delito de lesiones. Se hizo, como digo, atendiendo un mandato de la Cámara, que a su vez recogía y hacía suyas las recomendaciones y el contenido de numerosos compromisos internacionales suscritos por España, con cuya relación pormenorizada no voy a cansarles, pero voy a traer únicamente a colación la propia Declaración de los Derechos Humanos, la Conferencia de Pekín, la Convención de Naciones Unidas en El Cairo, la Convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra las mujeres, la Convención sobre los derechos del niño y de la niña, así como diversas resoluciones del Parlamento Europeo; no obstante, esta modificación no alcanzó a que dicha práctica pudiera perseguirse también cuando la comisión del delito se realizara en el extranjero. No se hizo a pesar de que la posibilidad de persecución extraterritorial se consideraba necesaria tanto por el Consejo General del Poder Judicial, que se había pronunciado explícitamente al respecto, como por nuestro propio grupo parlamentario, que recogiendo el parecer de amplios sectores así lo propuso en una enmienda que fue entonces rechazada.


Esta necesidad de persecución extraterritorial venía y viene sustentada por la evidencia de que en muchas ocasiones la mutilación no es en España donde se practica, sino que se hace en los países de origen aprovechando los viajes o estancias de vacaciones. Es evidente, por tanto, que un adecuado reproche penal requiere que la jurisdicción española, que los tribunales españoles puedan juzgar estos hechos relativos a la mutilación genital, aunque los mismos se realicen fuera de territorio español. A todo ello obedece la proposición de ley que Convergència i Unió trae a debate; una iniciativa para la que les solicito su voto favorable, al tiempo que, tratándose de una medida que se circunscribe por la propia naturaleza de lo que es una proposición de ley al ámbito estrictamente jurídico-penal, me permito significar que la erradicación de la mutilación genital debe forzosamente enmarcarse en unas medidas más amplias, no solo punitivas, y que deberían pivotar alrededor de los siguientes ejes: en primer lugar, que no se trata ni de demonizar ni de estigmatizar a los inmigrantes, lo cual dificultaría su integración, ni tampoco hacerlo a ninguna religión determinada, puesto que mutilan a las mujeres tanto los animistas como los musulmanes y también los cristianos, sin que ninguna de estas religiones lo establezca, porque es una costumbre al margen de prescripciones religiosas. La necesidad de prevenir y erradicar la mutilación genital debe asociarse a la necesidad de erradicar la violencia contra las mujeres, tenga la forma que tenga y se dé donde se dé. Es evidente que ninguna superioridad moral podemos tener cuando estamos precisamente en la necesidad de aprobar una ley de medidas integrales para tratar de acabar con la violencia de género que hay, y de manera grave y extensa en nuestra cultura y en nuestra sociedad. Por ello, por entender que la mutilación genital precisamente es una forma de violencia de género, mi grupo parlamentario había presentado esta modificación de la Ley Orgánica del Poder Judicial que ahora estamos viendo como una enmienda a la Ley Integral, pero en aras del consenso logrado en el Senado al respecto hemos aceptado presentarla separadamente a través de la iniciativa que ahora estamos viendo, ya que la Ley Integral pretende circunscribirse a la violencia ejercida por los cónyuges o por personas ligadas por análoga relación de afectividad, y desde este punto de vista quedaría fuera la figura sobre la que estamos debatiendo. Penalización, pues, y clara contundencia, pero con la sensibilidad necesaria para no estigmatizar ni demonizar a los inmigrantes sería un primer eje importante en el que debe enmarcarse la erradicación de la mutilación genital femenina.


Finalmente, un segundo eje es que no podemos olvidar que la mayor parte de las mujeres y hombres que la practican no solo tienen el convencimiento de que la mutilación genital no tiene consecuencias nocivas, sino que la ven como legítima y necesaria por razones de diversa índole: cultural, ritual, simbólica e incluso sanitaria; es más, creen que todas las mujeres del mundo han sido mutiladas y les sorprende enormemente el hecho de que no sea así. En este contexto es evidente que como en tantas otras cuestiones la penalización por sí sola no logrará el objetivo deseado, porque la efectiva erradicación solo será posible si las mujeres afectadas toman conciencia del problema. Por ello insistimos en que la solución no debe ser únicamente penal, sino global y multidisciplinaria, porque ninguna ley será eficaz si no va acompañada de políticas informativas y

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educativas. Es más, la respuesta penal siempre llegará tarde porque significará que ya se ha producido la conducta que justamente tratamos de evitar. Pedagogía, sensibilización e información son a nuestro entender los instrumentos básicos para poder avanzar en la erradicación de cualquier práctica de mutilación genital. Por ello es necesario que se proceda al exhaustivo y riguroso cumplimiento de la proposición no de ley que por unanimidad se aprobó en la Cámara el día 19 de junio de 2001, en la que se instaba al Gobierno a que en colaboración con las comunidades autónomas y naturalmente con respeto a sus competencias se llevaran a cabo medidas en diversos ámbitos: en el de la prevención y detección de situaciones de riesgo, con la elaboración de protocolos de actuación de los distintos colectivos profesionales para poder prevenir y tratar la mutilación, tal como se ha hecho ya, por ejemplo, en Cataluña en una magnífica guía para profesionales, editada por la Associació Catalana de Llevadoras, un estudio coordinado por Adriana Kaplan; medidas para desarrollar programas sanitarios, sociales, informativos no solo de lo nocivo de esta práctica, sino de que la misma está prohibida y penada en el Estado español; medidas para fomentar la cooperación con los países que han adoptado ya políticas legislativas y de Gobierno para la erradicación de la mutilación y medidas para reforzar la protección de las mujeres que se hayan visto obligadas a abandonar su país de origen debido a cualquier forma de violencia de género. Son pues medidas multidisciplinares, sin olvidar que el reproche penal supone también una medida pedagógica de indudable importancia y trascendencia, un reproche penal al que obedece hoy la iniciativa de Convergència i Unió que les proponemos y para la que finalizo reiterando la solicitud de su voto favorable.


Muchas gracias.


El señor PRESIDENTE: Gracias, señora Pigem.


Por el Grupo Parlamentario Mixto, tiene la palabra la señora Fernández.


La señora FERNÁNDEZ DÁVILA: Gracias, señor presidente.


Intervendré brevemente para argumentar nuestro apoyo a esta proposición de ley, que es un paso más en el intento de erradicar una práctica de máxima violencia a la que están sometidas muchísimas mujeres en el mundo. Datos de Unicef cifran en más de 120 millones las mujeres que son víctimas de estas prácticas en más de 28 países, en los que se ejerce impunemente con el pretexto de costumbres ancestrales arraigadas en su cultura. Las razones esgrimidas pueden ser diferentes, pero todas desde nuestro punto de vista hacen posible la existencia de la opresión de las mujeres y un atentado a la libertad de las mismas, además, como así lo entiende la Organización Mundial de la Salud, de ser una violación de la salud de estas mujeres, pues habitualmente miles de niñas y adolescentes mueren como consecuencia de estas prácticas de ablación y, por tanto, de otros problemas derivados de la salud, como infecciones, dificultades en el parto, etcétera. No nos vamos a extender en este punto, pues entendemos que no es el objeto del debate, pero sí consideramos la importancia de esta iniciativa, pues, si bien esta es una práctica instalada en culturas fundamentalmente del continente africano, como consecuencia de la inmigración cada vez se están dando más casos de estas prácticas en otros muchos lugares, como en la Unión Europea, donde se asientan contingentes de inmigrantes de estos colectivos culturales procedentes de países en los que la práctica de la que estamos hablando en estos momentos es habitual y está arraigada y entendida como parte de las creencias religiosas o supersticiosas de la culturas de las que proceden estas personas.


En el Estado español actualmente se ha detectado que muchas mujeres pertenecientes a estos colectivos de inmigrantes fueron víctimas de estas prácticas de ablación, si bien es cierto que todo parece indicar que fueron sometidas a las mismas en sus países de origen o de procedencia, como decía la diputada de Convergència i Unió, aprovechando los viajes por vacaciones o de otro tipo. Además en las familias de estos colectivos culturales es habitual considerar obligatorio y necesario cumplir con estas prácticas que están arraigadas en su cultura y consideradas como algo que es necesario e inevitable cumplir. Por lo tanto, esta iniciativa, en la medida en que pretende penalizar aquellos delitos que aun no siendo cometidos en España sí afectan a personas, mujeres en este caso inmigrantes que viven en el Estado español, es una medida positiva en la lucha y en la campaña que todo el mundo tenemos que intentar hacer para conseguir la erradicación de las prácticas ablacionistas. Nosotras estamos convencidas y convencidos de que, para que efectivamente esas prácticas se erradiquen realmente de las culturas donde están enraizadas, son precisas campañas de formación, de educación, de políticas que permitan desenvolverse a estos colectivos en sus diferentes culturas, de tal manera que desde sus propias realidades puedan adquirir la necesidad y el convencimiento de que estas prácticas no obedecen absolutamente a ninguna necesidad de la que hoy están convencidos precisamente por esas realidades y costumbres ancestrales de las que yo hablaba y que mucho más ampliamente acaba de exponer la diputada que defendía esta propuesta de ley.


Compartimos también con la señora diputada que, además de las medidas punitivas que pretende esta propuesta, son necesarias otras medidas no solamente destinadas a los colectivos inmigrantes vulnerables en el Estado español (medidas relacionadas con las políticas de educación, de formación y de información y también de detección de los casos que efectivamente puedan existir dentro de las fronteras del Estado), sino que también es necesario que contribuyamos en esas campañas

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que se están haciendo directamente en los sitios concretos donde estas culturas tienen realmente sus raíces. Somos conocedoras de que muchos colectivos, fundamentalmente de mujeres, están haciendo estas campañas, que podemos entender que de momento tienen resultados pobres pero esperanzadores. Pensamos que del mismo modo que en un momento histórico de la humanidad a las mujeres se nos reconoció (voy a abrir y cerrar comilla) alma, por la misma evolución de la cultura de estas personas sometidas a esta execrable violencia se va a conseguir que efectivamente puedan liberarse de unas prácticas que cualquiera de nosotros puede considerar aborrecibles pero que en su cultura son entendidas de una manera, y si no se superan esas limitaciones va a ser muy difícil erradicarlas.


Muchas gracias.


El señor PRESIDENTE: Gracias a usted, señora Fernández.


A continuación, Grupo de Coalición Canaria. Señor Mardones.


El señor MARDONES SEVILLA: Gracias, señor presidente.


Mi grupo va a votar favorablemente la toma en consideración de esta proposición de ley que ha defendido la señora doña Mercè Pigem, por el Grupo Catalán (Convergència i Unió). Queremos dejar constancia al dar nuestro voto de que ningún atentado contra los derechos humanos nos debe ser ajeno, aunque no se practique ni cultural ni física ni clínicamente, por decirlo de alguna manera, en nuestro territorio español. En este caso la extraterritorialidad del delito tiene que permitir que sean competentes los órganos judiciales españoles (se trata fundamentalmente en esta iniciativa de que a través del Consejo General del Poder Judicial puedan ser competentes las autoridades judiciales) para aquellos residentes legalmente en España que por cualquier motivo estén en estos avatares de la mutilación genital de las mujeres en su ámbito cultural, teniendo también en cuenta la fuerte emigración que a Europa, y concretamente a España, está llegando de países del área subsahariana, del África negra, en algunos de los cuales se hacen estas prácticas para nosotros tremendamente aberrantes. Pues bien, cuando se encuentren con estos casos bien el foro de Naciones Unidas, o bien el foro de la Organización Mundial de la Salud, o bien los foros de los derechos humanos, España tendrá que demostrar que no somos ajenos ni ética ni legislativamente, por tanto nuestro ordenamiento jurídico lo tendrá que reconocer también no solamente como un fin testimonial, sino como un fin disuasorio y como un fin pedagógico en la defensa de los derechos humanos para estar en esta línea. De ahí, señor presidente, que mi grupo votará favorablemente esta toma en consideración de la proposición de ley del Grupo Catalán que ha defendido la señora Pigem.


Muchas gracias.


El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Mardones.


Izquierda Verde, señora García Suárez.


La señora GARCÍA SUÁREZ: Muchas gracias, señor presidente.


Nuestro grupo parlamentario será breve en el posicionamiento de la toma en consideración de la propuesta del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió) Seré breve, dado que, por un lado, la exposición realizada por la diputada Mercè Pigem, tal como nos tiene acostumbrados, ha sido clara y con la suficiente profundidad como para que todos lo presentes nos hayamos situado ante la dimensión y trascendencia de la problemática de la práctica de la mutilación genital femenina. También he vuelto a revisar -como supongo que es costumbre en todos los diputados, fundamentalmente en la primera legislatura- las intervenciones ya realizadas en anteriores legislaturas y como mínimo la realizada el día 19 de junio de 2001 por los diferentes portavoces del Grupo Parlamentario Socialista, el Grupo Parlamentario Popular, Convergència i Unió, Esquerra Republicana, el Grupo Parlamentario de Izquierda Unida y el Grupo Parlamentario Mixto, en concreto, por don Joan Saura. Todas estas intervenciones se desarrollaron con motivo de la acumulación de las diferentes proposiciones no de ley de todos los grupos, lo que tuvo como resultado la aprobación de un texto transaccional sobre medidas para la erradicación de la práctica de la mutilación genital femenina.


Señorías, créanme si les digo -porque me considero una persona optimista y no es fácil que pierda la voluntad de trabajo ni de insistencia en los temas de justicia y de derechos humanos- que, en honor a la verdad, cada vez que reviso las iniciativas anteriores al ir a preparar un debate me causa un cierto desconcierto y preocupación que con demasiada frecuencia se repiten las mismas propuestas, o similares, y los mismos acuerdos, sin que después haya muchos avances al respecto. Esta propuesta es otro ejemplo de ello, pues la aprobación del texto transaccional dio como resultado que se aprobaran, valga la redundancia, ocho puntos importantísimos para el abordaje serio de este problema, que, como ya se ha dicho por la diputada, fue aprobado con total unanimidad. No los voy a leer, pues sería absurdo y, además, una pérdida de tiempo, que a todos nos hace muchísima falta, pero sí mencionaré que el primero de los puntos tiene que ver con la propuesta que hoy nos trae de nuevo el Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió). Dicho punto decía que en el seno de la comisión técnica que está revisando el sistema de penas del Código Penal se efectúe un análisis de la legislación española y estudie las posibles modificaciones legislativas, a fin de que estas prácticas resulten sancionadas adecuadamente, sea cual sea el lugar donde se hayan llevado a cabo y siempre que las personas responsables se encuentren en España. Esto tuvo lugar en junio de 2001 y, tres años después, nos

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encontramos en el mismo lugar. Donde no estamos en el mismo lugar, señorías, es, por un lado, en el ámbito europeo, donde se han introducido y concretado de nuevo previsiones específicas sobre la mutilación en la recomendación sobre protección de las mujeres contra la violencia, adoptada por el Comité el 30 de abril de 2002, por las que se insta a los Estados a promulgar una legislación nacional apropiada, que reafirme los principios establecidos en los instrumentos internacionales correspondientes. Por otro lado, y dentro de nuestro país, otro de los cambios ha sido que, en estos momentos, tenemos mucha más población susceptible de poder sufrir esta mutilación. Por suerte, tenemos profesionales de la sanidad, de los servicios sociales y de los centros educativos -más preocupados y sensibilizados por el tema- que están abordando esta realidad cultural y social, en muchos casos en soledad y con escasos recursos. Por suerte, también tenemos un país con una fuerte red de entidades y asociaciones que, de manera voluntaria, trabajan diariamente en sus diferentes ámbitos, entre los que se encuentran entidades que están intentando hacer un trabajo de concienciación, de información, de apoyo y de sensibilización a las mujeres y a las familias que sufren este problema. Lamentablemente, todo esto no se ha hecho, salvo en poquísimas excepciones, con la ayuda, la colaboración, la implicación y la responsabilidad de la Administración central. Debo recordar aquí que los primeros casos detectados en España fueron en el año 1993, así consta en las ONG y en los archivos que he encontrado, concretamente en Cataluña. Los dos casos fueron denunciados por personal sanitario y se utilizó una mediación antropológica que permitió una mejor salida de aquel problema familiar y de aquella agresión a los menores. No obstante, tampoco en Cataluña se ha avanzado excesivamente en estos últimos años, aunque esperamos ver pronto otros frutos.


Quisiera dejar constancia de la intervención realizada por el entonces diputado Joan Saura, por considerarla vigente en estos momentos y por el profundo planteamiento que realizó de las causas de este problema. Él recordaba -y yo lo vuelvo a repetir- que no será solo la reforma del Código Penal la que cambie esta situación y esta realidad cultural, serán otras decisiones -y no solo las punitivas- las que modifiquen estos comportamientos, como ya han dicho aquí otros portavoces. Hemos de dar apoyo y formación a los profesionales que pueden detectar estas situaciones; hemos de dar información y asesoramiento a las familias sobre las causas negativas que tiene esta práctica para sus hijas; hemos de aproximarnos y respetar sus costumbres para así acceder de manera preventiva a estas prácticas y evitarlas desde la comprensión; hemos de informar sobre la situación legal y, por tanto, de la ilegalidad de esta práctica y las consecuencias que puede tener; se tienen que hacer campañas sectoriales cercanas a las zonas con más posibilidad de incidencia y se ha de hacer una actuación contundente en el ámbito punitivo cuando se hayan realizado todas estas previas y no se respete la legalidad. En resumen, hace falta contar mucho más con las ONG que desde hace años trabajan de manera seria, rigurosa y profunda en el cambio de mentalidad del uso de esta práctica y hacen falta recursos financieros y apuesta clara por la educación y la formación desde el respeto a estas comunidades, teniendo siempre en cuenta que el contacto cercano con las mujeres, las madres y las niñas nos puede proporcionar la llave del verdadero cambio. Por último, sin duda hace falta contar también con las comunidades autónomas y escuchar las experiencias que cada territorio pueda tener y haya realizado durante estos años.


Vuelvo a repetir que nuestro voto será favorable, deseando que la reforma del Código Penal, al menos para esta cuestión concreta, no haga necesario traer una nueva iniciativa, sino que las iniciativas den un paso más allá en la prevención y actuación educativa.


Muchas gracias.


El señor PRESIDENTE: Gracias, señora García Suárez.


Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV), señora Uría.


La señora URÍA ETXEBARRÍA: Vaya por delante el criterio de que la formación política a la que represento, mi grupo parlamentario, va a decir que sí a esta modificación que se nos propone mediante proposición de ley por el Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), que es extraordinariamente sincero cuando en su exposición de motivos dice que al modificarse, mediante la Ley Orgánica 11/2003, distintos preceptos del Código Penal, y entre ellos el que hace referencia a la práctica de la mutilación genital femenina, no fue posible introducir lo que este grupo pretendía, y algunos apoyábamos, que es la posibilidad de perseguir extraterritorialmente esta práctica.


Es cierto, señorías, que entre las múltiples modificaciones del Código Penal que hubo en la legislatura pasada, extrañas y fraccionadas reformas, reformas en fascículos, como fueron calificadas por esta diputada en algunas ocasiones, lo que constituyó finalmente la Ley 11/2003, de 29 de septiembre, era la referida a seguridad ciudadana, violencia doméstica, integración social de los extranjeros, que hacía un bloque con distintas modalidades delictivas, algunas que merecían nuestra aceptación, otras no, pero en lo que hace referencia a la violencia doméstica y al añadido que se introdujo en el artículo 149.2 del Código Penal, sí gozó esta modificación -modificación, insisto, fraccionada y por fascículos para conseguir la mayor publicitación de las reformas- del apoyo de la formación política a la que represento. Efectivamente, aunque pudiera parecer que el apartado 1 del artículo 149 incluye todo tipo de lesiones, está bien la explicitación específica -si se

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me permite la redundancia- respecto a la mutilación genital femenina. Se trata de dar adecuada respuesta a un problema concreto, porque la mutilación genital de mujeres y de niñas es una práctica -dice la exposición de motivos de aquella ley- que debe combatirse con la máxima firmeza -y mi grupo está de acuerdo-, sin que pueda en absoluto justificarse por razones pretendidamente religiosas y culturales. Añado yo, es una auténtica salvajada. Por eso estábamos de acuerdo en que se modificase el artículo 149 del Código Penal manteniendo expresamente un nuevo apartado 2, de mutilación genital, en cualquiera de sus manifestaciones, como una conducta encuadrable entre las lesiones que recoge dicho artículo, específicamente determinada y castigada con una prisión de seis a doce años. Se prevé, además, que si la víctima fuera menor de edad o incapaz se aplicase la pena de inhabilitación especial para el ejercicio de la patria potestad si el juez lo estimaba adecuado al interés del menor.


Desde hace tiempo, antes incluso de que esa tipificación fuese así específicamente establecida en el Código Penal, ya la doctrina se venía preguntando por la persecución en España de las mutilaciones genitales que se practicaban en el extranjero. Ha explicado muy bien la diputada del Grupo Catalán (Convergència i Unió) cómo ocurre que, puesto que estas conductas podían estar más perseguidas en nuestro país que fuera, como simples lesiones y no como específica mutilación genital, era práctica habitual, lo sigue siendo, el que se efectúen fuera de España. Existían dificultades a la hora de comprobar si las mutilaciones genitales se habían llevado a cabo en territorio español, lo cual representaba un enorme obstáculo para que nuestros tribunales pudiesen conocer de los pocos casos entonces, ahora cada vez más, que han podido ser documentados. En la doctrina algunos profesionales del Derecho y grupos políticos concretos proponían que se extendiese la protección de los tribunales españoles mediante una reforma del artículo 23 de la Ley Orgánica del Poder Judicial, que es precisamente lo que ahora se pretende con la iniciativa planteada por el Grupo Catalán (Convergència i Unió), que ya lo propuso también en la legislatura pasada.


Señorías, podría caber la duda de si antes de que existiese esta apertura específica los actos realizados en España de gestación y promoción del delito de mutilación genital que luego se consumaba en el extranjero podían ser penados, pero nos llevaría a disquisiciones mucho más complejas respecto de conductas tan abiertamente aberrantes, como he indicado que lo son desde la perspectiva de la formación política a la que yo represento. El principio de universalidad como fundamento de la competencia de los tribunales españoles para conocer este tipo de cuestiones daba una cobertura bastante y suficiente para que pudiera entenderse como criterio general que la mutilación genital femenina representaba, en opinión de nuestra formación política, un grave atentado contra derechos fundamentales de las mujeres y de las niñas que lo padecen. En consecuencia, no parece existir causa alguna de carácter cultural que la justifique, como tampoco se sostiene la impunidad con la que estas agresiones se siguen practicando. Por tanto, la apertura que introduce un nuevo precepto dentro del artículo 23 de la Ley Orgánica del Poder Judicial, que es la que establece que corresponde al orden jurisdiccional penal español, un apartado nuevo dentro del número 4 de este artículo, nos parece profundamente adecuada, puesto que entra dentro de los cuatro criterios seguidos en nuestro entorno jurídico para delimitar la competencia de los tribunales españoles: el de la territorialidad más radicado en la especialidad de la soberanía española; el de la personalidad o nacionalidad del delincuente, consecuente con la regla durante mucho tiempo aceptada de la no extradición de los nacionales; el de la protección del Estado frente a los delitos que más directa y gravemente le perjudican; y el de la universalidad, justicia universal o comunidad de intereses respecto de delitos que atacan intereses que afectan a todos los Estados de la comunidad internacional.
Eso sí, de tomarse en consideración esta iniciativa, a la formación política que represento le parece que tendría que tener una puntualización importante, como es que debiera quedar específicamente establecido el que, además de penarse a quienes practiquen fuera de España este tipo de mutilaciones genitales, debería añadirse: siempre que el delito fuese cometido durante el período legal o ilegal de residencia en este país. Lo que se pretende con la ley es evitar el fraude de ley que supondría que un extranjero residente en España aprovechase un viaje ocasional a su país de origen para cometer el delito y luego volviese a España sin que pudiera ser juzgado en este país por el principio de territorialidad de la ley penal. Nos parece que la norma, sin embargo, no pretende que sea juzgado en España un extranjero que antes de residir en España o después de residir en España cometiese este delito en el extranjero. De la misma manera que hemos hecho la matización de que no debe considerarse sólo la residencia legal, sino también la residencia ilegal a los efectos de haber cometido una conducta punible.


En todo caso, estamos por la aceptación de la toma en consideración de esta iniciativa. Este pequeño matiz que hemos introducido de que debe ser posible establecer que la conducta punible debe haberse cometido durante un periodo de residencia legal o ilegal en España, lo introduciríamos mediante enmiendas parciales. No nos queda sino felicitar a la autora de la iniciativa, que cubre lo que puede ser una impunidad de conductas que causan un grave trastorno a la conciencia colectiva y efectivamente es absolutamente adecuado que sean así contempladas en el Código Penal. Bien estuvo la introducción del precepto concreto en el Código Penal, pero la modificación correspondiente en la Ley Orgánica del Poder Judicial nos parece absolutamente

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adecuada y, por tanto, mi formación política, como ya he indicado desde el principio, votará a favor de su toma en consideración.


Muchas gracias.


El señor PRESIDENTE: Gracias, señora Uría.


Por el Grupo de Esquerra Republicana la señora Bonàs tiene la palabra.


La señora BONÀS PAHISA: Gracias, señor presidente.


Señorías, con la denominación de mutilación genital femenina se reconocen una serie de prácticas que atentan contra la integridad física de las mujeres y que consisten en general en la extirpación o mutilación total o parcial de los órganos genitales femeninos. Es posible distinguir entre diversas clases de intervención: la ablación de prepucio del clítoris o de los labios mayores, quedando superficies en carne viva que después de cosen o se mantienen unidas, con el fin de que al cicatrizar tapen la vagina. La infibulación, también llamada circuncisión faraónica, que incluye la extirpación parcial o total del clítoris; y la excisión o extirpación total de los labios menores. Cuatro niñas son mutiladas cada minuto en el mundo. Generalmente se lleva a cabo entre los cuatro y los ocho años, aunque según la OMS la media de edad está disminuyendo. La mutilación genital femenina es posiblemente una de las violaciones sistemáticas más extendidas de los derechos humanos de mujeres y niñas.
Según los informes aportados por diversos organismos e instituciones, como la OMS o Unicef o distintas ONG, en el mundo hay entre 120 y 135 millones de mujeres y niñas que han sido mutiladas, cifra a la que se añaden dos millones de ellas anualmente. La mutilación genital femenina se practica de forma generalizada en más de 28 países africanos y en algunos de Oriente Próximo. Debido a los movimientos migratorios la mutilación genital se ha extendido a otros lugares de Asia, Latinoamérica y también a Europa, entre ellos España.


La costumbre, la tradición, son las razones más invocadas para justificar esta práctica. A esto se añade el control de la sexualidad femenina, la higiene y la religión en los países musulmanes donde se practica. La mutilación genital femenina es de hecho una forma de tortura. Es una clara violación de los derechos humanos universalmente reconocidos de mujeres y niñas. Es obligación del Gobierno y también nuestra obligación proteger estos derechos y tomar las medidas necesarias para erradicar esta práctica. Para ello debemos revisar toda la legislación estatal y comprobar con qué grado de eficacia las leyes y su aplicación en la práctica protegen a las mujeres y a las niñas del grave atentado que representa una forma de control de la sexualidad femenina y de sometimiento de la mujer, que representa un grave atentado contra los derechos humanos; además no sólo se lesiona la integridad física y la salud física y psíquica, sino el derecho libre al desarrollo y disfrute de la sexualidad. La mayoría de los países en los que se practica la mutilación genital femenina no cuenta con una legislación que persiga esta costumbre. En los últimos años se ha producido un cambio de actitud en la mayoría de los gobiernos, adoptando algunas medidas educativas, aunque muy pocos de estos países han aprobado alguna ley que condene expresamente estas prácticas. Hace ya más de diez años que se detectaron en el Estado español los primeros casos de mutilación genital en niñas y mujeres procedentes del África subsahariana residentes en varias zonas de Cataluña y Baleares. En el 2001, algunas pediatras y ginecólogas que prestaban sus servicios y atención en Cataluña decidieron presentar las primeras denuncias. Se encontraron, en primer lugar, con que no existía conciencia social y con las reticencias de otros profesionales médicos que creían preferible no perseguir a la familia, o con la falta de respuesta por parte de los jueces, ya sea debido a una falta de diligencia o a la existencia de trabas legales para perseguir estos hechos.


El problema fundamental para la persecución penal de los casos de mutilación detectados en el Estado español consiste en las dificultades a la hora de probar si las intervenciones se han producido dentro del territorio del Estado. Bebés o niñas que no estaban mutiladas aparecen en una nueva revisión médica con la mutilación genital femenina practicada.
Por lo tanto, el primer obstáculo para la persecución penal de la mutilación genital nace de las dificultades existentes para localizar y denunciar los casos concretos. Después, cuando los médicos deciden denunciar nos encontramos con un segundo problema. Los juzgados y tribunales no pueden probar que las mutilaciones se hayan efectuado en el territorio del Estado, a pesar de que los médicos creen que la mayoría de las mutilaciones son efectuadas en nuestro territorio por curanderas que se desplazan desde los países de origen y que las realizan a cambio de una cierta cantidad de dinero, de forma clandestina y sin control sanitario. Por su parte, los individuos que se mantienen firmes en continuar sus costumbres, aunque supongan una vulneración de los derechos humanos de mujeres y niñas, han aprendido que deben simular que la mutilación se ha llevado a cabo fuera del Estado para evitar la intervención de la justicia. Para ello realizan o simulan realizar un viaje de vacaciones a los países de origen.


¿Qué ocurre con las mutilaciones que son llevadas a cabo en los países de origen por medio del llamado viaje de vacaciones? ¿Pueden intervenir los tribunales españoles? En esta proposición de ley, como se había propuesto sin éxito con anterioridad, se insta a la modificación del artículo 23.4 de la Ley Orgánica del Poder Judicial, incluyendo la mutilación genital femenina dentro de la lista de delitos que, de acuerdo con el principio de universalidad o de justicia universal, pueden ser perseguidos por los tribunales españoles, con independencia de la nacionalidad de los delincuentes o del

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territorio en que se haya cometido el delito. Sería también interesante -y así lo haremos constar mediante enmiendas en el procedimiento legislativo consiguiente a la toma en consideración de esta proposición de ley- la inclusión en este artículo de los supuestos de ampliación de la jurisdicción penal por legitimidad pasiva, tal y como recoge el apartado c) del artículo 5 de la Convención contra la Tortura, de manera que se cumpla con la exigencia que se hace en este artículo a los Estados para suplir un vacío legal que impide la persecución de importantes violaciones de derechos humanos.


Consideramos también que aunque las mutilaciones genitales se encuentren ya castigadas en el Código Penal vigente -ya que pueden estar y están incluidas en los artículos 147 y siguientes, que tipifican las lesiones y más concretamente en el 149, que se refiere a las formas de lesión más graves de la integridad física- es preciso decidir sobre la inclusión expresa entre las lesiones más graves de la mutilación genital femenina, sin que quede la posibilidad de recurrir a la lesiones menos graves que contempla el artículo 150. Además, no se entiende que si la provocación de impotencia, que supone un importante daño al disfrute de la sexualidad masculina y al derecho a la paternidad, merece una mención expresa, no merezca estar incluida la mutilación genital femenina como una lesión grave especificada en el Código Penal. Una legislación no sexista exige poner al mismo nivel las dos clases de agresiones. Esta protección penal y la ampliación de la jurisdicción penal de los juzgados y tribunales del Estado español debe estar acompañada de otros mecanismos de prevención y asistencia, siempre por parte de las administraciones competentes, como desarrollo de programas de educación y protección a las menores, a las mujeres y en general a la población inmigrante.


Además de la persecución extraterritorial a la que se insta en esta proposición de ley y las medidas enriquecedoras que hemos apuntado, como la inclusión de la legitimación pasiva en el artículo 24 de la Ley Orgánica del Poder Judicial y la tipificación expresa en el Código Penal, estimaríamos una buena aportación que el Gobierno español considerase la mutilación genital femenina como un motivo para acceder y obtener asilo en razón de persecución basada en el género, que entra en el ámbito de la aplicación de la Convención de la ONU sobre el Estatuto de los Refugiados. El hecho de emprender acciones no es una elección sino una obligación contraída en virtud del derecho internacional sobre los derechos humanos. Por ello, nuestra obligación es votar a favor de la toma en consideración de esta proposición de ley presentada hoy para perseguir extraterritorialmente la práctica de la mutilación femenina.


Gracias.


El señor PRESIDENTE: Gracias, señora Bonás.


A continuación, el Grupo Parlamentario Popular, señora Camarero.


La señora CAMARERO BENÍTEZ: Gracias, señor presidente.


Señoras y señores diputados, hoy me gustaría comenzar utilizando las célebres palabras de Virgilio en La Eneida: Aunque tuviera cien bocas y cien lenguas y mi voz fuese de hierro no podría enumerar todo el horror, repudio e indignación que personalmente me producen las mutilaciones genitales de niñas.


Quiero reconocer, señor Pigem, la oportunidad de su iniciativa y manifestar el rechazo del Grupo Popular ante este gravísimo y vergonzoso problema que sigue produciéndose en pleno siglo XXI. Los datos, señorías, son alarmantes. Hablamos de que dos millones de niñas al año, aproximadamente 6.000 cada día, cinco cada minuto, pasan por esta terrible práctica que les ocasiona importantes trastornos, tanto físicos como psíquicos: esterilidad, anemia, complicaciones en el parto o desgarros. Esto si sobreviven, porque muchas niñas mueren cada año por hemorragias o infecciones generalizadas después de haber sido sometidas a esta experiencia. Cada niña mutilada es un ataque intolerable contra la dignidad de todos los seres humanos.


Esta práctica surge de estructuras sociales basadas en la desigualdad entre los sexos y en relaciones desequilibradas de poder, dominio y control, en las que la presión social y familiar es el origen de la violación de un derecho fundamental como es el respeto a la integridad de la persona. El artículo 3 de la Convención Europea de los Derechos Humanos lo define como tratamiento inhumano y degradante. La mutilación genital no sólo viola la Declaración Universal de los Derechos Humanos, sino todas las declaraciones y convenios internacionales de las Naciones Unidas y de otros organismos e instancias internacionales, además de constituir un flagrante atentado contra la libertad, contra la dignidad, contra la integridad de las personas.


En Europa las cifras no son menos preocupantes, son ya muy elevadas.
Podemos decir que más de 60.000 mujeres han sido víctimas de mutilación y 20.000 niñas y mujeres están hoy en situación de riesgo, especialmente en las comunidades de inmigrantes de estos países. Por ello, en toda la Unión Europea ya hay países que han legislado sobre el tema; podemos hablar de Suecia, Suiza, Inglaterra, Holanda, Italia y de la propia España. La mutilación genital femenina, es decir, la extirpación parcial o total de los órganos genitales femeninos, es posiblemente una de las violaciones sistemáticas de los derechos humanos de mujeres y niñas más extendidas; en el mundo, 135 millones de ellas han sido mutiladas genitalmente y dos millones más se añaden a esta cifra cada año, como he comentado anteriormente. Las mutilaciones sexuales impuestas a las niñas merecen la condena más rotunda de los poderes públicos y de la sociedad y constituyen una violación manifiesta de la normativa internacional y nacional protectora de la infancia y sus derechos.


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El hecho de que sea un rito ancestral hace que lo primero sea la cultura y lo segundo la vida; no obstante, en España lo más habitual es que el rito se lleve a cabo de forma clandestina o que las mujeres inmigrantes aprovechen sus vacaciones de vuelta al país de origen para practicarlo.
Por ello, y como se ha dicho en esta tribuna, el Consejo General del Poder Judicial y muchos juristas españoles avalan la necesidad de perseguir la ablación como delito de jurisdicción universal, desterrando el argumento de que es una peculiaridad cultural, algo en lo que coincide el Grupo Popular.


El derecho a la integridad física, a no ser mutiladas, a la salud mental, a no sufrir daños, el derecho a la vida debe primar sobre cualquier otra posición. No hay política de reconocimiento ni teoría acerca de la peculiaridad cultural que pueda vencer esta sensibilidad ante el dolor de víctimas inocentes y ello, creo, es expresión de progreso moral. La tolerancia ante estas cuestiones lleva a la barbarie moral. El mito de la culturalidad tiene un límite, el respeto a los derechos y libertades fundamentales. Así pues, señorías, tolerancia cero ante estos actos, pero, para acabar con ellos, no debemos olvidar que es preciso un conjunto de medidas y actuaciones legislativas, judiciales, penales y preventivas. Se trata de acercar a todos hacia la proclamación, el reconocimiento y la protección de los derechos humanos.


Me gustaría, señorías, hacer una referencia a los antecedentes en España de esta proposición de ley. Han sido numerosas las iniciativas parlamentarias sobre el tema presentadas tanto en el Congreso como en el Senado. Iniciativas aprobadas en su mayoría por unanimidad, ya que es un tema que no suscita diferencias ideológicas, y se trata sólo de buscar la solución más acertada para ayudar a las niñas que padecen estas prácticas y de erradicarlas. Se presentaron iniciativas en la Comisión Mixta de los Derechos de la Mujer en 1998, que sirvieron de antecedentes para que el 26 de junio de 2001 se aprobara una enmienda transaccional a proposiciones no de ley presentadas por cinco grupos de esta Cámara; entre ellos, el Grupo Parlamentario Popular. Por ella se aprobaron siete medidas tendentes a erradicar la práctica de la mutilación genital femenina, algunas de ellas en marcha en la actualidad. También en el Senado se han debatido iniciativas similares para la represión de estas prácticas en España.


Se han debatido iniciativas de distintos grupos en el Parlamento Europeo, como ha dicho la señora Pigem, por las que se pide la tipificación como delito de estas prácticas, así como la realización de campañas de prevención y protección. Campañas realizables no sólo en los países donde existe la costumbre, sino también en el territorio de la Unión Europea.
Además, se pide a los Estados miembros la aplicación de una estrategia integral, que tenga en cuenta la dimensión normativa, sanitaria, social y de integración de la población inmigrante. Además, la comisaria europea Emma Bonino convocó el 29 de noviembre de 2000, en el Parlamento Europeo, el Día internacional de la mutilación genital femenina. Asimismo, Naciones Unidas celebró el 6 de febrero de 2004 el Día internacional para la tolerancia nula frente a las mutilaciones genitales femeninas.


También hemos visto recogidas estas iniciativas en el IV Plan de igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres. Y, hace pocas fechas, continuó el debate durante la tramitación de la Ley de violencia de género, aunque -como ha dicho la señora Pigem- se decidió aplazar su toma en consideración hasta este momento. Pero la iniciativa más importante, sin duda, señorías, es la Ley 11/2003, de 29 de septiembre, de medidas concretas en materia de seguridad ciudadana, violencia doméstica e integración social de los extranjeros, aprobada durante la pasada legislatura, y que reguló por primera vez esta práctica en España. El Gobierno del Partido Popular introdujo entonces la condena por el ejercicio de estas prácticas por medio de una reforma del Código Penal, cuyo artículo 149.2 establece pena de prisión de seis a doce años para el que causara a otro mutilación genital en cualquiera de sus manifestaciones, además de establecer pena de inhabilitación especial para el ejercicio de patria potestad, tutela, curatela, guarda o acogimiento, si la víctima fuera menor o incapaz. Esta ley es, sin duda, un avance importante en la lucha contra la mutilación genital. El Gobierno reconocía que, con la integración social de los extranjeros en España, aparecen nuevas realidades a las que el ordenamiento debe dar adecuada respuesta, y pedía que la mutilación genital de mujeres y niñas se combata con la máxima firmeza, sin que pueda justificarse por razones pretendidamente religiosas o culturales.


Todos estos antecedentes, señorías, han sido fundamentales para crear la sensibilidad social necesaria ante estas prácticas, y para poder ir atajándolas. Teniendo en cuenta que hoy la mutilación genital femenina ya se encuentra recogida en el Código Penal, esta proposición quiere dar un paso adelante: modificar la Ley Orgánica del Poder Judicial, para poder condenar también los delitos cuando se cometan fuera de España por ciudadanos españoles. Y, conociendo los datos que nos aportan los expertos y las organizaciones no gubernamentales, creemos que es el momento oportuno para hacerlo. Como se ha explicado, desde que se persiguen y castigan estas conductas en España, ante el peligro de ser denunciados en nuestro territorio, algunos inmigrantes se llevan a las niñas a sus países de origen, a visitar a los abuelos u otros familiares, y vuelven mutiladas.


El Grupo Parlamentario Popular ha apoyado siempre todas las iniciativas tendentes a proteger la integridad física de las mujeres, y hoy no podía ser de otra forma. Además, nos felicitamos por la aprobación de la iniciativa por unanimidad, como parece que ocurrirá, porque supone un triunfo de la libertad y de la tolerancia; un triunfo de los derechos de la mujer frente a tradiciones y prácticas execrables, humillantes, denigrantes y vergonzantes.


Muchas gracias. (Aplausos.)

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El señor PRESIDENTE: Gracias, señora Camarero.


Finalmente, turno del Grupo Socialista. Señor Muñoz González.


El señor MUÑOZ GONZÁLEZ: Gracias, señor presidente.


Intervengo en nombre del Grupo Parlamentario Socialista en este turno de fijación de posición en relación con la toma en consideración de la proposición de ley del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), y lo hago manifestando desde este mismo momento el voto favorable de nuestro grupo a la citada toma en consideración de esta proposición de ley que tiene un contenido relativamente simple. En definitiva, nos encontramos ante la incorporación de la letra g) al apartado 4 del artículo 23 de la Ley Orgánica del Poder Judicial, pero detrás esconde la problemática que, como bien han manifestado las personas que me han precedido en el uso de la palabra, es fundamental que aquí abordemos, que lo hagamos con el rigor que merece; y que además lo hagamos dándonos cuenta que esta realidad que antes ya existía en los países del África subsahariana, en Oriente Próximo y en otras zonas ahora es una realidad que, por virtud de la inmigración, se ha trasladado también a los países de Europa, y dentro de ellos al nuestro.


Según los datos de Amnistía Internacional, nos encontramos ante una realidad que afecta a cerca de 135 millones de personas. La diputada que me ha precedido en el uso de la palabra decía que, según esos datos, dos millones de niñas se suman anualmente a esta práctica absolutamente aberrante y denigrante. Por tanto, toda la actuación que se pueda hacer desde los poderes públicos e incluso la actuación de la ley penal, que es lo que aquí se pretende para evitarlo, será siempre bienvenida por parte del Grupo Parlamentario Socialista. En definitiva, estamos ante una práctica violenta que viola los derechos humanos con una causa basada fundamentalmente en el género y que ha sido objeto de preocupación de diversos movimientos sociales y, desgraciadamente, sólo tardíamente de los Estados cuando el problema se ha trasladado por la vía de la inmigración a las personas que residen en nuestro país.


Como se ha dicho anteriormente, existen antecedentes parlamentarios. Yo quería referirme brevemente a algunos de ellos. Por ejemplo, la actuación que se llevó a cabo en la anterior legislatura a través del Grupo Parlamentario Socialista en el Senado, donde nuestro compañero, ahora alcalde de Zaragoza, señor Belloch defendió la toma en consideración de una proposición de ley para extender la aplicación del artículo 23 (el principio de actuación de justicia universal) a estos delitos ocurridos fuera de nuestro país cuando se cometan por personas que o bien residen en España por ser españoles, o bien residen en España por su situación de inmigrantes. Desgraciadamente, la terminación de la legislatura hizo que esa iniciativa caducara cuando se encontraba en el trámite de ponencia.
También en el Congreso de los Diputados hay referencias desde la V Legislatura de preguntas formuladas por compañeras de nuestro grupo, pero es especialmente en la anterior legislatura cuando compañeras de nuestro grupo, hoy algunas de ellas europarlamentarias, como Teresa Riera, llevaron a cabo iniciativas en relación con este tema tan importante que tiene que concitar, como bien se ha dicho y así parece, la unanimidad de todos los grupos de esta Cámara porque nos encontramos ante una actuación absolutamente vejatoria y denigrante. Nuestra compañera Micaela Navarro también presentó iniciativas en aquella legislatura y muchas de ellas llegaron a puntos de transacción entre todas las fuerzas políticas.


Quisiera referirme a la iniciativa que se adoptó en el Parlamento Europeo, donde destaca la resolución sobre mutilación genital femenina 2001/2035, en la que tuvo un papel destacadísimo nuestra compañera eurodiputada Elena Valenciano. En esa resolución el Parlamento Europeo hablaba de una condena enérgica y sin paliativos de estas prácticas que suponen una violación de los derechos fundamentales. Se pedía a la Unión Europea y a los Estados miembros de la misma que llevaran a cabo una armonización de la legislación existente y, además, se buscaba, como se ha dicho anteriormente aquí, que hubiera un enfoque estratégico integral con programas educativos y con campañas de sensibilización.


Por último, el Parlamento Europeo se definía a favor de que se persiga, procese y castigue penalmente a cualquier residente que haya cometido el delito, aunque éste haya ocurrido fuera de sus fronteras; por tanto, un principio de aplicación de la extraterritorialidad de la ley penal.
También la Resolución del Parlamento Europeo 803/2004, de 21 de abril, donde se aprueba un programa de acción comunitario 2004-2008 para prevenir y combatir esta violencia ejercida fundamentalmente contra las mujeres y, en primer término, contra las niñas. Pero no debemos olvidar que nos encontramos hablando del encuadramiento penal. Por tanto, cuando hablamos del encuadramiento de una conducta en el ámbito penal estamos ante una situación que requiere de las garantías lógicas en un país y en un Estado de derecho como es España. De ahí deriva esa complejidad jurídica que no tiene que ver con que nos encontremos ante una norma que simplemente es añadir un punto g) al apartado 4 del artículo 23 de la Ley Orgánica del Poder Judicial. Esto tiene una complejidad porque, si bien es cierto que todos los autores al final acaban decantándose por que tenemos que ir a la reforma del artículo 23 de la Ley Orgánica del Poder Judicial, como bien se ha dicho (en la Ley 11/2003 ya se hablaba en el informe al anteproyecto por parte del Consejo General del Poder Judicial de la necesidad de aplicar y de introducir en el artículo 23 la vía de la extraterritorialidad), es verdad también que hay posturas que vienen a destacar que tenemos que ser rigurosos en este procedimiento.


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Voy a citar simplemente una parte de la doctrina. En primer lugar, a la vocal del Consejo General del Poder Judicial, a la fiscal doña María Ángeles García García, que en un artículo que tenía un nombre absolutamente definitorio de lo que estamos hablando: Crímenes de lesa humanidad, decía el 8 de junio de 2004 que la persecución penal es un instrumento idóneo, pero que ha tenido escaso éxito en nuestro país, que no se conoce ninguna sentencia penal condenatoria, pese a la existencia del tipo penal del 149, y es verdad que ahora se ha introducido el punto 2 del 149 en virtud de la Ley 11/2003. Y concluía diciendo que era necesario suplir el olvido del legislador con una reforma del artículo 23 de la Ley Orgánica del Poder Judicial, incluyendo la mutilación genital entre la lista de delitos que, según el principio de universalidad, pueden ser perseguidos por los tribunales españoles.


Hay también artículos de diversos profesores que especialmente se han dedicado a tratar sobre esta materia. Destacaría en este sentido el de la profesora Julia Ropero Carrasco, que en un estudio sobre el derecho penal ante la mutilación genital femenina hace un balance, en primer término, de por dónde ha ido en España toda esta lucha en la que ya llevamos tiempo. Se refiere a la actuación, por ejemplo, de nuestros compañeros, del grupo de concejales del Ayuntamiento de Zaragoza, que ya en su momento y desde ese propio grupo procedieron a denunciar conductas en relación con este tema. Pero es verdad que estaba el choque de la actuación penal, de cómo poder perseguir penalmente esto si no dejábamos abierta la vía del artículo 23 de la Ley Orgánica del Poder Judicial.
Aunque también es cierto que había algunos profesionales de primer orden, como el fiscal jefe del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, el señor Mena, que ya hablaban al principio -lo ha dicho también la parlamentaria señora Uría- de que podía entenderse que no era necesaria la reforma del artículo 23 si partíamos de la competencia de los tribunales españoles en la medida en que la gestación de este delito se llevaba a cabo en España y, como consecuencia, cabría castigar a sus promotores.


Ha habido algunas otras actuaciones, algunos otros trabajos y se ha manejado aquí por la persona que ha intervenido en nombre de Esquerra Republicana de Cataluña hablando de la posibilidad de extender aquí también el derecho de asilo a las personas que sufren y tienen el temor de que la mutilación genital femenina se produzca si se ausentan, en los denominados viajes de vacaciones. En este sentido, entendemos que en el trámite parlamentario subsiguiente a la toma en consideración, habrá que razonar en relación con esto porque no podemos desconocer, muy al contrario, que incluso los menores son susceptibles de solicitar el derecho de asilo, como se reconoce a las niñas en el Convenio de Nueva York sobre los derechos del niño del año 1989 y esto cabe en relación con el artículo 15.4 del Reglamento de Asilo. En este sentido, y sobre el derecho de asilo, citaríamos algún trabajo del hoy secretario del Grupo Parlamentario Socialista del Congreso. Tenemos también que referirnos, porque se está actuando ya en otros países de nuestro entorno, a que la extraterritorialidad está empezando a contemplarse, afortunadamente, en el Código Penal y concretamente se contempla ya en el artículo 222.20 del Código Penal francés.


Con arreglo a la doctrina -para algunos una doctrina extraordinariamente restrictiva- que se ha llevado a cabo por el Tribunal Supremo en la sentencia de fecha 25 de febrero de 2003, en el caso denominado Rigoberta Menchú en relación con el genocidio maya, nosotros creemos que está perfectamente legitimada la acción de incluir el artículo 23 en un nuevo apartado para este tipo delictivo, porque además, como se ha especificado por el Tribunal Supremo, es verdad que no corresponde a ningún Estado en particular ocuparse unilateralmente de estabilizar el orden recurriendo al derecho penal, pero también es cierto que existiendo puntos de conexión que legitimen la extensión extraterritorial sí cabe la actuación en relación con los tribunales españoles. También tenemos que decir que el principio de no intervención en los asuntos de otros Estados, el artículo 27 de la Carta de Naciones Unidas, admite limitaciones en lo referente a hechos que afectan a los derechos humanos... (Rumores.)

El señor PRESIDENTE: Guarden silencio, por favor.


Señoría, vaya concluyendo, por favor.


El señor MUÑOZ GONZÁLEZ: Pero estas limitaciones tienen que ver, por supuesto, con la comunidad internacional.


Concluyo ya con dos reflexiones. Una primera que se ha hecho ya por la señora Uría. Tenemos que incluir, y eso lo haremos en el trámite de enmiendas, que las personas que residan legalmente en España no pueden ser solo objeto de actuación de este artículo. Debemos extenderlo a todos los extranjeros porque, si no, estaríamos cayendo en una contradicción con relación a este punto g) del artículo 23.4.


Por último, tenemos que ser capaces de impulsar que el trámite de esta proposición de ley se efectúe en el menor tiempo posible para que todas las personas que están hoy esperando la acción positiva de este Parlamento, especialmente las niñas, sepan que vamos a ser claros, terminantes y nítidos en todo esto que está en juego, que no es ni más ni menos que la integridad física, la dignidad personal y la libertad de las niñas y de las mujeres.


Muchas gracias. (Aplausos.)

MODIFICACIÓN DEL ORDEN DEL DÍA.


El señor PRESIDENTE: Someto a la consideración del Pleno la siguiente propuesta de modificación del

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orden del día. Conforme al artículo 68 del Reglamento, la Presidencia, de acuerdo con los portavoces de los grupos parlamentarios, propone al Pleno de la Cámara la modificación del orden del día en el sentido de que el punto 37 correspondiente a la propuesta de la Comisión de Trabajo y Asuntos Sociales, de creación de una subcomisión para potenciar y promover la responsabilidad social de las empresas, pase a tramitarse como último punto de la sesión de hoy martes, día 14 de diciembre de 2004.


¿Lo acuerda así la Cámara? (Asentimiento.)

Queda aprobada la modificación del orden del día.


TOMA EN CONSIDERACIÓN DE PROPOSICIONES DE LEY DE COMUNIDADES AUTÓNOMAS:

- DEL PARLAMENTO DE CATALUÑA, ORGÁNICA DE TRANSFERENCIA DE LOS SERVICIOS METEOROLÓGICOS SITUADOS EN CATALUÑA QUE DEPENDEN DEL ESTADO. (Número de expediente 125/000006.) (VOTACIÓN.)

El señor PRESIDENTE: Votación relativa a la toma en consideración de la proposición de ley del Parlamento de Cataluña, Orgánica de transferencia de los servicios meteorológicos situados en Cataluña que dependen del Estado.


Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 320; a favor, 184; en contra, 136.


El señor PRESIDENTE: Queda aprobada la toma en consideración de la proposición de ley.


TOMA EN CONSIDERACIÓN DE PROPOSICIONES DE LEY:

- DEL GRUPO PARLAMENTARIO CATALÁN (CONVERGÈNCIA I UNIÓ), ORGÁNICA DE MODIFICACIÓN DE LA LEY ORGÁNICA 6/1985, DE 1 DE JULIO, DEL PODER JUDICIAL, PARA PERSEGUIR EXTRATERRITORIALMENTE LA PRÁCTICA DE LA MUTILACIÓN GENITAL FEMENINA. (Número de expediente 122/000015.) (VOTACIÓN.)

El señor PRESIDENTE: Votación de la toma en consideración de la proposición de ley del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), orgánica de modificación de la Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial, para perseguir extraterritorialmente la práctica de la mutilación genital femenina.


Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 323; a favor, 322; en contra, uno.


El señor PRESIDENTE: Queda aprobada la toma en consideración de la proposición de ley.


PROPOSICIONES NO DE LEY:

- DEL GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR EN EL CONGRESO, RELATIVA A LA COBERTURA FINANCIERA PARA EL EJERCICIO 2005 DE TODAS LAS ACTUACIONES RECOGIDAS EN EL PLAN GALICIA. (Número de expediente 162/000148.)

- DEL GRUPO PARLAMENTARIO MIXTO (SEÑORA FERNÁNDEZ Y SEÑOR RODRÍGUEZ), RELATIVA A COMPROMISOS PRESUPUESTARIOS PARA EL PLAN GALICIA. (Número de expediente 162/000137.)

El señor PRESIDENTE: Continuamos con el orden del día. Punto III: Proposiciones no de ley. Se debatirá de forma acumulada la proposición no de ley del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, relativa a la cobertura financiera para el ejercicio 2005 de todas las actuaciones recogidas en el Plan Galicia, y la del Grupo Parlamentario Mixto (señora Fernández y señor Rodríguez), relativa a compromisos presupuestarios para el Plan Galicia, al tener las dos proposiciones no de ley identidad de objeto. (Rumores.)

Silencio, por favor. El Pleno continúa.


Por el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, que defenderá en el mismo turno sus enmiendas, tiene la palabra el señor Delgado, don Celso.
(Continúan los rumores.)

Señorías, el orador está literalmente obstruido. (Rumores.)

Señorías, por favor, guarden silencio y quienes deseen abandonar la sala háganlo rápido y, en la medida que puedan, en silencio. (Continúan los rumores.)

Por favor, guarden silencio.


Tiene la palabra el señor Delgado.


El señor DELGADO ARCE: Con la venia, señor presidente.


Señorías, intervengo en nombre de mi grupo, el Grupo Parlamentario Popular, con la finalidad de defender nuestra proposición no de ley relativa a la cobertura financiera para el ejercicio 2005 de todas las actuaciones recogidas en el Plan 2005. (Rumores.)

El señor PRESIDENTE: Perdone, señor Delgado.


Por favor, hay un orador en la tribuna. Ustedes no son conscientes del ruido que hay en la sala.


Adelante, señor Delgado.


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El señor DELGADO ARCE: Decía que debatimos una proposición no de ley que fue registrada en el mes de septiembre y que ahora, mediante una enmienda de actualización que luego comentaré, busca hacer justicia con Galicia y con el compromiso de Estado que supuso el Plan Galicia aprobado el 24 de enero de 2003.


Señorías, como es notorio, las diputadas y diputados del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, en el ejercicio de nuestros derechos y también obligaciones parlamentarias, desde la toma de posesión del nuevo Gobierno socialista venimos actuando lealmente y en sede parlamentaria en labores de impulso y control de la ejecución del Plan Galicia. Ustedes, que decía el señor Zapatero que el Parlamento sería el reino de la palabra, con sus hechos en esta y en otras materias, como el pasado debate de la Ley Orgánica del Poder Judicial, están evidenciando que esto se está realmente devaluando. Y lo digo en relación con este tema, señorías, porque el Grupo Parlamentario Socialista está propiciando el incumplimiento de las resoluciones y acuerdos de las Cortes Generales.


Si hacen un poco de memoria y se sitúan en el 16 de junio, en esta misma tribuna se interpelaba a la ministra de Fomento con un talante constructivo, como ella misma reconoció, y le preguntábamos sobre qué iba a hacer con el Plan Galicia. Muy buenas palabras, pero nosotros le dijimos que habría que concretar en el otoño en los Presupuestos Generales del Estado cómo se traducirían en expresión presupuestaria esas intenciones. Pues bien, el 22 de junio aprobábamos por unanimidad una moción en el Pleno de esta Cámara, cuyos términos son conocidos de todos, pero que en definitiva venían a poner plazos a todas las actuaciones ferroviarias, portuarias y en materia de autovías del Plan Galicia, y el Congreso aprobaba instar al Gobierno a incrementar las dotaciones presupuestarias actualmente previstas, a mejorar los plazos y a atender incluso los incrementos presupuestarios necesarios.


Todos estos antecedentes fueron seguidos después con absolutas descalificaciones del Plan Galicia por parte de la ministra de Fomento y nuevas dudas sobre su viabilidad y sobre su ejecución. Por ello, propiciamos el 14 de septiembre una nueva proposición no de ley, que se sustanció el 5 de octubre ante la Comisión de Fomento y que fue aprobada por la Comisión por 20 votos a favor, 18 en contra y una abstención, por la que el Congreso instaba al Gobierno a que, cumpliendo la moción aprobada por el Pleno el 22 de junio, se diese cobertura financiera a todas las actuaciones del Plan Galicia y que se modificasen los Presupuestos Generales del Estado para incluir partidas presupuestarias por importe de 1.559 millones de euros.


Pues bien, señorías del Grupo Parlamentario Socialista y miembros del Gobierno del señor Rodríguez Zapatero, ustedes han incumplido deliberadamente estos dos acuerdos del Congreso y también la moción del Senado del día 22 de junio. Han tenido en sede parlamentaria la oportunidad de congraciarse con Galicia, pero no les ha interesado.
Estamos, si me permiten, utilizando una terminología acuñada ayer en esta casa, ante un engaño, ante un engaño masivo en esta ocasión al pueblo gallego. Además, señorías, se han dado pruebas notorias de falta de talante. Su ministra de Fomento se ha cansado desde que tomó posesión de ningunear el Plan Galicia, de hacer referencias escatológicas al mismo, sin pedir disculpas por ello, y se muestra enfadada y desabrida cada vez que este tema es objeto de debate. El Gobierno socialista y el Grupo Parlamentario Socialista se han mostrado fríos, distantes e indiferentes con las enmiendas del Grupo Parlamentario Popular y del Bloque Nacionalista Galego a los Presupuestos Generales del Estado. Ni una sola enmienda de las que reclamaban los 940 millones de euros que faltaban ha sido aceptada. Mientras a Galicia se le negaba lo que en justicia le corresponde, otros territorios salían claramente beneficiados.


También se ha acreditado la debilidad, la enorme debilidad del Partido Socialista de Galicia. El exponente más claro es la falta de convicción y la defensa de los intereses de Galicia, que desde luego no han protagonizado. Su líder, el señor Pérez Touriño, que siendo ya secretario de Estado de Infraestructuras en el Gobierno socialista y con el ministro señor Borrell, marginó a Galicia excluyéndola por completo del mapa de infraestructuras ferroviarias, porque el tren de alta velocidad, recordemos, no llegaba más que a León; se erigió tras las elecciones generales del 14 de marzo, según nos dijo a todos, en el garante del cumplimiento del Plan Galicia. Pues bien, los hechos han demostrado que en lugar de ser el garante ha sido el dinamitador del Plan Galicia y que el Partido Socialista de Galicia y su líder carecen de peso alguno en Madrid. Mientras líderes socialistas de otras comunidades, como el señor Montilla, defendían inversiones en su territorio, nosotros veíamos como ni una sola de nuestras enmiendas era aprobada. (La señora vicepresidenta, Chacón i Piqueras, ocupa la Presidencia.) Pues bien, hace un año, en 2003, con ocasión del debate de los Presupuestos Generales del Estado de 2004, los mismos socialistas de Galicia que hoy no han aceptado ni una sola enmienda ni un solo euro a mayores en el trámite parlamentario a los grupos que reivindicaban más, reclamaban la inclusión inevitable de 2.700 millones de euros para Galicia; una clara diferencia.
Pues bien, las cifras del presupuesto de este año 2005 cantaron la realidad. De los 1.559 millones de euros reclamados por el Parlamento de Galicia faltan 940, lo cual ha provocado la reacción absoluta de toda Galicia, desde los sindicatos a la patronal, a la prensa y a los partidos políticos, incluidas personas muy destacadas del Partido Socialista de Galicia. Los socialistas gallegos han decidido convertirse en los palmeros del Gobierno, propagandistas de un presupuesto regresivo y, para justificarse hasta el último momento, alegaron la posibilidad de un

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acuerdo en el Senado. Pero, señorías, en el Senado no ha habido voluntad ninguna de llegar a acuerdos. La prueba más evidente es la ausencia durante todos estos días de su líder, el señor Pérez Touriño, que ha decidido marcharse a Argentina a otros cometidos mientras aquí se decidían los auténticos temas que preocupan e interesan a nuestra comunidad. Mientras otros reivindicaban más dinero para sus territorios, aquí se nos intenta convencer de que nos quejamos de vicio.


Pues bien, señorías, lo cierto es que ayer se produjo un desenlace en la Cámara Alta, en el Senado. Su proyecto de ley de Presupuestos Generales del Estado para 2005 ha sido vetado, y lo ha sido por el Grupo Parlamentario Popular, por el Grupo Parlamentario de Convergència i Unió, por el Grupo Parlamentario Vasco y por el Grupo Parlamentario Mixto, a través del senador del Bloque Nacionalista Galego; veto que ha sido refrendado por los 14 senadores del Partido Popular de Galicia y uno del Grupo Parlamentario Mixto, del Bloque Nacionalista Galego. ¿Qué argumentos han utilizado para rechazar los presupuestos generales? De carácter general, muchos, y de carácter territorial y específico de Galicia, el insuficiente, el flagrante agravio que suponen estos Presupuestos Generales del Estado. Por tanto, señorías, que no les extrañe nada a ustedes que el primer punto de nuestra proposición no de ley, hoy enmendado, inste a la Cámara a que -ya que el Gobierno, que es el autor del proyecto de ley y que es dueño del mismo en tanto en cuanto su tramitación opere en esta Cámara así como en la Cámara Alta y, por tanto, tiene la facultad de retirarlo- pida al Gobierno de España que retire estos Presupuestos Generales del Estado y elabore otros que atiendan las ausencias y carencias que hay en muchos ámbitos y apartados, pero que en lo que respecta al Plan Galicia, incluyan los 1.559 millones de euros que están reclamados en justicia por el Parlamento de Galicia.


Al mismo tiempo, señorías, en el punto segundo de nuestra proposición no de ley queremos que el Congreso inste al Gobierno a que mantenga íntegramente en el futuro plan estratégico de infraestructuras, que se nos anuncia como inminente para dentro de unos días, la totalidad de las actuaciones del Plan Galicia, de manera que se ejecuten en los plazos comprometidos en la moción aprobada por unanimidad el 22 de junio por el Pleno del Congreso, y a tal efecto se doten con las partidas presupuestarias que aseguren plurianualmente su cumplimiento.


He estudiado con atención las enmiendas que han planteado los otros grupos parlamentarios a nuestra proposición no de ley. En relación con la planteada por el Grupo Parlamentario Socialista, he de decir que no nos vemos en condiciones de aceptarla, porque las generalizaciones que incluyen los tres puntos que resumen su intención son absolutamente voluntaristas, no evidencian ningún compromiso y tampoco ninguna rectificación en relación con lo que nosotros calificamos como unos presupuestos de agravio para Galicia.


En relación con la enmienda de sustitución que plantea el Grupo Parlamentario Mixto, a través del Bloque Nacionalista Galego, del señor Rodríguez y la señora Fernández, nuestra intención es admitirla, siempre y cuando se integren algunas modificaciones que comento rápidamente. En el punto 1.2, cuando se habla de los plazos del eixe atlántico y de concluirlo en esta legislatura, decimos que hay que mantener el plazo que está establecido y aprobado por la Cámara, que es el año 2007. En el punto 1.4 debe añadirse que el plazo de finalización es el año 2009. En el punto 1.5 debe añadirse, al finalizar el párrafo, que estos trayectos que se mencionan deben tener características de alta velocidad.
Finalmente, en el capítulo de infraestructuras viarias, cuando se habla de la autovía A Cañiza-Pontevedra, entendemos que es correcto referirse a la autovía A-52, Pontevedra, y en el último punto, cuando se habla del puerto exterior de A Coruña y de comprometerse a la búsqueda de financiación, entendemos que no hay que comprometerse a la búsqueda de financiación, sino a garantizar su financiación, con independencia de que, por supuesto, es necesario seguir recabando, como se viene haciendo, la oportuna financiación adicional desde instancias comunitarias.


Esta es nuestra posición, señorías, y les pido a todos ustedes que apoyen nuestra proposición no de ley porque es buena para Galicia y responde a compromisos votados el 22 de junio por unanimidad en el Pleno de esta Cámara.


Nada más, señor presidente, señorías. Muchas gracias. (Aplausos.)

La señora VICEPRESIDENTA (Chacón Piqueras): Muchas gracias, señor Delgado.


Continuamos con la defensa de la proposición no de ley. En este caso, por el Grupo Parlamentario Mixto tiene la palabra el señor Rodríguez Sánchez.


El señor RODRÍGUEZ SÁNCHEZ: Gracias, señora presidenta.


El Bloque Nacionalista Galego va a realizar este debate justo en el tramo final del debate sobre los Presupuestos Generales del Estado, que llegarán nuevamente a esta Cámara la próxima semana; unos Presupuestos Generales del Estado que desgraciadamente para Galicia significaron continuar con la teoría de la propaganda por encima de la teoría de los hechos, de tal manera que un plan que era virtual, el Plan Galicia, sigue siéndolo ahora también, pero lo que es más grave, años más tarde y cuando no se quiere discutir algo que tiene que ver fundamentalmente con la voluntad política. Porque es voluntad política, señorías, aceptar que obras que se están ejecutando se puedan acelerar precisamente para acabar con uno de los defectos o una de las deficiencias o una de las discriminaciones más claras

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que se cometen siempre con Galicia, incluso cuando se actúa, que es la lentitud, característica de las obras públicas de Galicia. Ya les he dado muchas veces el dato de que nada menos que 160 kilómetros se planifican en 1998 y se van a acabar en el año 2008-2010, y eso en el lugar del Estado español donde en términos relativos más se usa el tren.
Comprenderán que si ni siquiera eso se quiere modificar, no sé qué clase de diálogo se puede establecer con el Gobierno.


En segundo lugar, porque pensamos que era el momento de acabar con la insensibilidad política en relación con el país, que significa sobre todo que los gobiernos de España siempre consideran que lo que se invierte en Galicia no solamente es suficiente, sino que es mucho más lo que el país merece por su entidad política, digo yo, porque no es demográfica ni siquiera económica cuando se hacen las cifras y se analizan comparativamente. Además, si se considera que un plan es excesivo y no solamente propagandístico, sino grandilocuente, tampoco se quiere entrar por la vía de decir esto sí, esto no o esto otro de esta otra manera, con estas rectificaciones, sino que acaban todos por apuntarse al bombardeo que sobre todo provoque confusión en la sociedad. El resultado es que al final nos encontramos con que Galicia nunca pesa por sí misma, nunca es específica en sus intereses, de tal manera que no se tiene en cuenta ni su atraso relativo en relación con la media del Estado y de la media de la Unión Europea ni tampoco se tienen en cuenta condiciones que se dan en un caso específico, como son las consecuencias de la catástrofe del Prestige.


Realmente nadie más que el Bloque Nacionalista Galego tiene un interés especial en acabar con esta tendencia a situar los debates de Galicia en el terreno de la propaganda, y acabamos de asistir los últimos días a un nuevo reintento, a una contraofensiva para demostrar contra toda razón que el Gobierno hizo un esfuerzo histórico con nuestro país, pero el esfuerzo histórico, señorías, no se ve por ninguna parte porque la realidad es tozuda y objetiva. Seguimos siendo la sexta comunidad autónoma en cifras absolutas por inversión desde 1996 y la octava si tenemos en cuenta la relación de población-inversiones. Por lo tanto, no lo estamos planteando en este momento, puesto que hemos presentado una enmienda de sustitución a una proposición no de ley que fue registrada en agosto del año 2004 para encaminarla por la vía del futuro. Por eso, esperamos que el Plan estratégico de infraestructuras de transporte del Gobierno no consista solamente en un plan virtual, capaz de integrar propagandísticamente lo que le echen, sino en un plan realista, con voluntad política, con compromisos concretos, con los proyectos necesarios y ordenados por prioridades.


Nosotros queremos dejar claro en esta Cámara que nuestras prioridades tienen como objetivo integrar las obras del Plan Galicia en el Plan estratégico de infraestructuras de transportes, conforme a criterios y compromisos definidos, para que todos nos vayamos retratando. Lo primero que queremos retratar -y es algo que hicimos repetidas veces, siendo reiterativos hasta el cansancio- es que el Bloque Nacionalista Galego aceptará cualquier plan de futuro que dé prioridad a las infraestructuras ferroviarias de una manera clara. En primer lugar, queremos que quede claro que la priorización del ferrocarril en Galicia debe pasar por el criterio de vertebración del país, algo fundamental, y en segundo lugar, de conexión con Portugal, la meseta y la cornisa cantábrica. Por eso, pensamos que es de recibo exigir del Gobierno que sea urgente en la ejecución de las obras que están en marcha entre A Coruña y Vigo, de tal manera que se cumpla taxativamente y se acaben en esta legislatura, y más específicamente lo que aprobó el Grupo Parlamentario Socialista para el año 2007, con catenaria incluida, es decir, con electrificación.


Quiero llevar al ánimo de la Cámara, -por si me escucha alguien que no tenga que ver con Galicia- que estamos hablando de un eje ferroviario que hoy está en funcionamiento al mismo tiempo que se están ejecutando las obras, en el tramo del Estado español, vuelvo a repetir, con más ocupación en términos relativos. ¿Es mucho pedir que acabemos en el año 2007, para poner en funcionamiento un ferrocarril que va a 150 kilómetros por hora, que no es ni siquiera un tren de alta velocidad? Por lo tanto, esto es inexcusable para nosotros y no vamos a aceptar ningún planteamiento que no pase por la aceleración de estas obras. De igual modo, nos parece vital y prioritario que el eje no quede con patas cojas para el norte y para el sur. No hay derecho a que Ferrol no se integre en la conexión con A Coruña, como tampoco es de recibo que Vigo no tenga una conexión con la frontera portuguesa cuanto antes, entre otras cuestiones, para presionar a las autoridades portuguesas para que cumplan los compromisos de llevar a cabo la conexión Porto-frontera con Galicia cuanto antes, por lo menos en el año 2009. Les puedo asegurar que la ejecución de obras por parte del Estado español no se trata de más de 30 kilómetros. Es verdad que existe el problema de crear una infraestructura necesaria en Vigo, adecuada a las necesidades de esa ciudad, lo que se llama la salida sur, es decir, el eje atlántico, toda la vertebración del ferrocarril por una de las zonas de la península Ibérica que sirva de contrapeso demográfico, económico y social de importancia prácticamente semejante a la de Levante. A partir de ahí, vendremos con la siguiente infraestructura. Ustedes están llevando a cabo la ejecución de las obras Ourense-Santiago, cumpliendo la obra iniciada, que sirve de conexión exterior con la meseta, cuya finalización está prevista para el año 2008.
Posteriormente, la continuación lógica sería la conexión entre Ourense-Lubián, para entrar en la meseta, cosa que no tenemos garantizada ni siquiera para el año 2010. El segundo esquema básico sería la conexión Ourense-Lugo y Ourense-Vigo, teniendo en cuenta y analizando la alternativa

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de Cerdedo. Nosotros queremos trasladar al ánimo de esta Cámara que queremos un ferrocarril compatible para mercancías y para viajeros. Por lo tanto, estamos dispuestos a que, manteniendo las características de la alta velocidad, se trate de un ferrocarril útil y no nos encontremos con una fantasía -caso de que lo virtual se hiciese real- que después no fuese capaz de cubrir nuestras necesidades. Por lo tanto, hay un amplio margen de debate sobre este tipo de proyectos, igual que con el de Lugo-A Coruña y Ponferrada-Monforte o esa gollería del AVE del cantábrico que estábamos dispuestos a discutir, haciendo alguna priorización cronológica, aunque sea fuera del período comprendido desde el día de hoy hasta el año 2009, y todo ello, señorías, con responsabilidad.


Nosotros queremos que, a partir de la vertebración del territorio, no se creen disfuncionalidades excesivas en la red interior de Galicia. Es decir, si vamos a tener un ferrocarril en el que al llegar a Santiago hay que hacer un intercambiador para seguir hacia Ourense y otro en Ourense para seguir hacia Lubián durante muchos años, comprenderán que en Galicia tendríamos un mapa ferroviario de disparate auténtico. Hay que empezar a pensar con claridad el ancho de vía, las velocidades medias y sobre todo que podamos tener una red que, cuando menos, sea coherente desde el punto de vista de adaptación del material móvil. Por eso, señorías, nosotros queremos, a partir de ahora, ser claros en nuestros objetivos y que también el Gobierno lo sea. Que nos diga cuánto va a invertir en Galicia a través de las obras que se integran en el PEIT, que nosotros defendemos que sean todas estas, que lo desglose por anualidades y que podamos discutir los proyectos concretos. Y a lo mejor nos convence de que alguno no hay que hacerlo o algún otro hay que adecuarlo a otro tipo de características. Tengamos ese debate con claridad. Para nosotros esto es el inicio de este proceso de clarificación.


Termino diciendo dos cosas. Para nosotros las infraestructuras viarias son muy importantes, necesarias. Pero también hay que decir hoy aquí que Galicia está muy mejorada en este terreno, gracias al esfuerzo de los últimos años. Yo no tengo el prejuicio de admitir aquí que Galicia en este aspecto hoy está discriminada; hoy está, más o menos, sobre la media del Estado, si bien es cierto que padecemos muchas infraestructuras viarias con peaje. Este es un problema para el futuro de un país con serias dificultades económicas y sociales. El problema del puerto de A Coruña es producto de una falta de planificación, de la que nosotros no somos responsables, pero una vez que se hace mal la planificación y el puerto es necesario, el Gobierno debe ayudar a buscar la financiación y, por lo tanto, poner encima de la mesa sus compromisos de carácter práctico.


Concluyo diciendo que no podemos aceptar la enmienda del Grupo Parlamentario Socialista porque es la legitimación del trato que se nos dio en los presupuestos generales del año 2005, sería absurdo, no podemos aceptarlo. Estamos dispuestos a aceptar pequeñas modificaciones en una transacción que nos hace el Partido Popular, porque es cierto que consiste en poner en práctica lo que aprobó el Grupo Parlamentario Socialista, las fechas concretas de 2007 para el eje atlántico Coruña-Vigo y de 2009 en el caso de Vigo-Ourense y Ourense-Lugo, con características de alta velocidad y como es una expresión suficientemente ambigua la aceptamos también. Hay un problema técnico, el de la autovía A-52, Pontevedra, que es correcto. Por último, me referiré al puerto exterior de A Coruña y el compromiso en su financiación. Todo ello no desvirtúa nuestro intento de empezar la calificación.


Respecto de la enmienda del Partido Popular, nosotros no la podemos apoyar. Comprendemos que cada uno tiene sus estrategias políticas, nos parece todo legítimo, pero las reglas del juego son las que son y nosotros las vamos a respetar, a pesar de que políticamente el Grupo Parlamentario Socialista no está actuando con corrección y el Gobierno mucho menos en esta cuestión. Apoyaremos el segundo punto, porque es lo mismo que defendemos nosotros, si bien de una forma sintetizada y sin entrar en una modulación concreta de cara al futuro.


Nada más y muchas gracias.


La señora VICEPRESIDENTA (Chacón Piqueras): Gracias, señor Rodríguez.


Señor Louro, es el turno de la defensa de la enmienda que ha presentado el Grupo Parlamentario Socialista del Congreso, y tiene para ello la palabra.


El señor LOURO GOYANES: Señora presidenta, señorías, escuchamos a los portavoces del Grupo Popular y del Bloque Nacionalista Galego defender dos proposiciones no de ley en relación con la cobertura financiera del Plan Galicia en los Presupuestos Generales del Estado para el año 2005.
Debo empezar mi intervención diciendo que no podemos compartir las dos proposiciones no de ley porque entendemos que sería negativo para el trabajo que estamos haciendo desde el Grupo Parlamentario Socialista y desde el Gobierno.


Señorías, señores del Partido Popular, debemos y podemos estar tranquilos.
Ahora el Plan Galicia está en buenas manos, está en manos del Gobierno Socialista, es cosa del Gobierno Socialista, y este Gobierno tiene voluntad política para llevarlo adelante, este Gobierno tiene un compromiso expreso con el Plan Galicia y este Gobierno ha presupuestado para el año 2005 un volumen presupuestario que no tiene precedentes en la historia de la democracia ni en la historia presupuestaria en relación con Galicia por parte de cualquier Gobierno de España de cualquier color político.


Señorías, los socialistas confiamos además en el trabajo del Gobierno a la hora de ejecutar estos presupuestos. Estos presupuestos, señoras y señores diputados,

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en relación con Galicia marcan una senda inversora que asegura la realización del Plan Galicia, que asegura un proceso modernizador en Galicia que no tiene precedentes y que neutraliza los efectos negativos de la catástrofe del Prestige que ha sucedido en Galicia en el año 2002 por la ausencia de dos gobiernos: del Gobierno de España y del Gobierno de Galicia; sus presidentes estaban ausentes: el presidente de Galicia estaba de caza y el ministro de Fomento también estaba de caza, y no estaban a la tarea, no estaban a gobernar el país.


Señorías, yo digo que el Plan Galicia tiene recursos para el año 2005. El Plan Galicia tiene voluntad política del Gobierno, pero al Plan Galicia le sobran desde el primer momento propaganda y demagogia del Partido Popular. Señor Delgado, ustedes están en una campaña que pretende desprestigiar los Presupuestos Generales del Estado en Galicia. Se están equivocando. Ustedes nunca presupuestaron para Galicia lo que este Gobierno presupuesta para el año 2005. Hay que decir que la herencia del Gobierno del Partido Popular en ocho años con Galicia y en relación con la gestión y la ejecución del Plan Galicia, señor Delgado, es escasa o nula. Ustedes abandonaron el Gobierno y dejaron escasos estudios informativos; ustedes abandonaron el Gobierno y no dejaron declaraciones de impacto ambiental de los distintos proyectos y de las distintas actuaciones recogidas en el Plan Galicia, y ustedes abandonaron el Gobierno y no dejaron proyectos constructivos que poder desarrollar y que poder presupuestar en el año 2005. Ustedes únicamente dejaron un relatorio de intenciones, cargado en cierta medida de falta de verdad y con el ánimo de crear confusión.


Los presupuestos del año 2005 para Galicia, señoras y señores diputados, son los mejores desde la restauración democrática. Nosotros decimos en Galicia que son históricos, y lo son porque nunca un Gobierno de España ha presupuestado tanto en Galicia. La inversión directa en Galicia para el año 2005 con cargo al capítulo 6 asciende a 1.325 millones de euros.
¿Sabe cuánto significa esto, señor Delgado, en relación con los presupuestos del año 2004? Un incremento del 40 por ciento. Debía usted empezar a reconocerlo, y usted también, señor Rodríguez, debía empezar a reconocerlo. Además, hay que añadirle a los 1.325 millones de euros 249,5 millones de euros para el Plan Galicia para compensar a las personas, entidades e instituciones que vieron lesionados sus intereses por la catástrofe del Prestige, que, por cierto, ustedes no lo hicieron desde el Gobierno de España, que era el Gobierno competente en su momento. El Gobierno de España lo va a hacer con cargo a los Presupuestos Generales del año 2005. En total, señoras y señores diputados, casi 1.600 millones de euros de inversión para Galicia, 270.000 millones de las antiguas pesetas. Nunca tanto ni parecido, señor Delgado, por parte del Gobierno del Partido Popular.


Hay que decir también, señorías, que en el año 2005 se duplica la inversión media del Partido Popular en los últimos ocho años. La inversión media en Galicia del Partido Popular en los últimos ocho años ha sido de 630 millones de euros. El Gobierno socialista presupuesta para el año 2005 1.325 millones de euros, a lo que hay que sumar las compensaciones del Prestige. Además, todas las actuaciones y todos los proyectos estratégicos para Galicia están recogidos y están presupuestados en los presupuestos generales del año 2005. Alguien puede pensar que se podía presupuestar más. Se puede presupuestar y se debe presupuestar aquello que se puede ejecutar, y donde hay que hacer un estudio informativo, hay que presupuestar un estudio informativo; y donde hay que hacer una declaración de impacto ambiental, hay que presupuestar una declaración de impacto ambiental; y donde hay que hacer un proyecto constructivo, hay que presupuestar el proyecto constructivo y no la obra, señor Delgado. Una vez que haya proyectos habrá que presupuestar las obras. Ustedes están intentando confundir, porque ustedes en este momento, señores del Grupo Popular, señor Rodríguez, están pensando más en una campaña electoral y en un horizonte electoral, que en la defensa de los intereses de Galicia. (Aplausos.)

Señorías, los números son rotundos. Pero permítanme que les recuerde algunas cosas. En el pasado mes de mayo, el presidente de la Xunta de Galicia y el actual vicepresidente de Galicia, el señor Núñez Feijóo, ¿sabe usted cuanto pedían, cuánto reclamaban para el Plan Galicia? 800 millones de euros. Está publicado en los medios de comunicación de Galicia. Pedían 800 millones de euros y ahora ustedes piden 1.600 millones de euros. ¿Podía explicarle a este Parlamento este cambio de criterio, señor Delgado? ¿Responde eso a los intereses de Galicia o responde eso a los intereses del Partido Popular? Pero hay que decir más, señorías. En lo que tenía programado el ministro de Fomento, el señor Alvarez-Cascos, para el Plan Galicia para el año 2005, se contemplaba una inversión de 1.052 millones de euros. Lo tiene el señor Orza, el conselleiro de Economía, señor Delgado; pídaselo, que se lo dé y así lo ve para que pueda hacer intervenciones más coherentes y más respetuosas con este Parlamento. Pedían 1.052 millones de euros y ahora piden 1.600 millones de euros, y usted, señor Rodríguez, los acompaña. (Aplausos.)

La señora VICEPRESIDENTA (Chacón i Piqueras): Muchas gracias, señor Louro.


El señor LOURO GOYANES: Termino, señora presidenta.


La señora VICEPRESIDENTA (Chacón i Piqueras): Perdone, pensaba que había acabado. Vaya acabando, por favor.


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El señor LOURO GOYANES: En La Voz de Galicia está publicado, señor Delgado, que el señor Fraga Iribarne pedía 800 millones de euros para el Plan Galicia -estoy hablando del día 11 de mayo-, y usted hoy aquí viene con otra historia. Esta actitud del Partido Popular no es seria ni rigurosa, es demagógica y pretende confundir a los ciudadanos. Señorías, la ejecución y la realización del Plan Galicia necesita del trabajo y de la colaboración de todos. Es un proyecto de Estado y es un proyecto que requiere la colaboración y la lealtad institucional de todos y de todas la instituciones. La Xunta de Galicia no puede seguir así, tiene que cambiar su conducta, tiene que cambiar su manera de hacer, no puede seguir trabajando como un Gobierno oposición al Gobierno de España, porque está traicionando los intereses de Galicia. Señorías, Galicia está bien atendida en los Presupuestos Generales del Estado para el año 2005.
Galicia necesita ahora la eficacia y la diligencia del Gobierno de España para ejecutar esos presupuestos. Y Galicia necesita, señoras y señores diputados, que la sensibilidad que tuvo el Gobierno de España en estos presupuestos tenga continuidad en los sucesivos ejercicios presupuestarios. Galicia y el Plan Galicia necesitan lealtad y colaboración entre las instituciones. En ese sentido, el Grupo Parlamentario Socialista presentó una enmienda...


La señora VICEPRESIDENTA (Chacón i Piqueras): Señor Louro, por favor, vaya terminando.


El señor LOURO GOYANES: ... una enmienda que debe ser asumida por el Grupo Parlamentario Popular y por el Grupo del Bloque Nacionalista Galego. Les adelanto que estamos dispuestos a hablar de la enmienda. Les adelanto también que el Grupo Parlamentario Socialista rechaza las dos proposiciones no de ley: la presentada por el Grupo Parlamentario Popular y por el Grupo Mixto, BNG.


Muchas gracias, señor presidente. (Aplausos.)

La señora VICEPRESIDENTA (Chacón i Piqueras): A usted, señor Louro. Muchas gracias.


Señorías, ¿grupos parlamentarios que deseen fijar posición? (Pausa.)

Izquierda Unida. Adelante, señor Herrera, su turno.


El señor HERRERA TORRES: Gracias, señora presidenta.


Nuestro grupo cree que el Plan Galicia se presentó precisamente como tapadera, como excusa para dar respuesta a una catástrofe ecológica, una catástrofe ecológica que tenía responsables; en definitiva, para tapar una de las grandes vergüenzas del Gobierno anterior. Una fue la guerra y la otra vergüenza, sin duda alguna, fue la catástrofe del Prestige. De hecho, cuando se presentó, el Plan Galicia tenía más elementos de propaganda que de realidad. La exposición de motivos de la proposición no de ley del Bloque Nacionalista Galego así lo expresa. El señor Aznar fijó un compromiso de cumplimiento, pero un compromiso muy difícil de cumplir.
Lo hizo con unas elecciones en puertas y sin preocuparse de que hubiese partidas presupuestarias. De hecho, este era el sentido del Plan Galicia cuando se presentó, un Plan Galicia que se presentaba como arma arrojadiza para intentar enfrentarnos al resto de grupos parlamentarios y para intentar situarnos, en definitiva, en contra de una inversión que era y es necesaria. El Plan Galicia fue entonces eso, un arma arrojadiza que, a nuestro entender, hoy se presenta de nuevo en forma de proposición no de ley. El Gobierno anterior no tenía previsto absolutamente nada, ni ponerlo en marcha, ni presupuestos, ni recursos ni, diría más, concreción. El Gobierno anterior intentó tapar una catástrofe ecológica con más autopistas y con más ferrocarriles, algunos de ellos precisamente no los más urgentes ni necesarios. De hecho, esa era la respuesta que daban tantos y tantos gobiernos anteriores ante las catástrofes: si yo lo hago mal, saco la chequera y acabo solventándolo. Nuestro grupo parlamentario, tanto el Grupo de Izquierda Unida en su día, como el señor Saura desde el Grupo Mixto, dio apoyo, pero fue un apoyo muy crítico a sus planteamientos.


Lo más terrible es que hoy se nos presenta esta proposición no de ley con unas elecciones en puertas, con objetivos más electorales que de intentar cambiar la realidad y habiendo terminado ya el debate presupuestario. Lo cierto es que el presupuesto ha ido como ha ido. Nuestro grupo parlamentario ha contribuido con varias enmiendas a que haya más recursos para Galicia y para dicho plan. (Rumores.) Sí, sí. Pero lo cierto es que el presupuesto va al Senado y ustedes renuncian a modificar y mejorar ese presupuesto, vetándolo y haciendo que se devuelva. (Aplausos.) Permítanme que les diga que ahí hay una contradicción porque, sin duda, los presupuestos son mejorables -nuestro grupo ha dicho que eran unos presupuestos de transición que, por supuesto, no daban satisfacción a todas y cada una de nuestras demandas-, pero lo que teníamos que hacer, en cualquier caso, es intentar mejorarlo en el Congreso y también en el Senado. Pero es que su actitud ha sido la de vetar y la verdad es que yo creo que su actitud en el Senado es contradictoria con su actitud ante la proposición no de ley. Nuestro grupo cree que Galicia hoy necesita medidas; algunas están en el Plan Galicia, muchas de ellas en la enmienda del Bloque Nacionalista Galego, medidas en materia de prevención marítima, medidas para que realmente no vuelva a suceder lo que sucedió -el desastre debido precisamente a la falta de servicios públicos, a la negligencia en la prevención-, la recuperación de las zonas afectadas, pero un plan de recuperación económica, de impulso económico hoy no pasa necesariamente -y ya no solo lo digo por Galicia, sino también para otras zonas del Estado- por la cultura y la política del cemento. Hay una cultura muy antigua que ustedes

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lideraron y transmitieron, pero que también ha sido transversal y a veces el Partido Socialista hace gala de esa cultura: ante una mala situación económica, más cemento; simplemente, la solución es más cemento. Nuestro grupo entiende que tiene que haber un replanteamiento no solo del Plan Galicia, sino de los modelos e infraestructuras a impulsar a lo largo de todo el territorio y, por tanto, que necesitamos más recursos para Galicia y así se ha planteado en los presupuestos con esas enmiendas en las que también nuestro grupo ha participado, pero entiende que lo que necesitamos en Galicia y en el conjunto del Estado es un replanteamiento del modelo de infraestructuras hacia otro modelo más sostenible desde el punto de vista ambiental, más sostenible desde el punto de vista económico, que tenga más recorrido, que no nos haga tan dependientes del petróleo, más sostenible a favor del transporte de la mayoría, lo que significa más a favor del transporte ferroviario.


Por todo ello, nuestro grupo va a votar en sentido contrario, sabiendo que su actitud no es la misma que la del BNG, sabiendo que el BNG plantea una retahíla, una serie de propuestas, algunas de las cuales compartimos, pero también entendemos que por una cuestión procedimental, precisamente por el momento en que estamos, en el último tramo de los presupuestos, no es oportuno que salgan adelante. Sabemos que hoy necesitamos con urgencia una mayor inversión en Galicia, una mayor inversión que se ha empezado a producir, que nos hemos quedado a medio camino, que sin duda no hemos llegado a lo que deberíamos haber llegado, pero son unos presupuestos de transición y se empieza a avanzar.


Muchas gracias. (Aplausos.)

La señora VICEPRESIDENTA (Chacón i Piqueras): Muchas gracias, señor Herrera.


Continuamos con la fijación de posición del Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV). Tiene la palabra el señor Beloki.


El señor BELOKI GUERRA: Muchas gracias, señora presidenta.


Mi grupo no desearía entrar ahora en el debate de los presupuestos del año 2005, y mucho menos en lo que alguien puede entender que es una inconsecuencia, que en el Senado se podían haber mejorado las cosas que aquí no han ido bien y más si viene de boca de quienes aquí mismo han ayudado a empeorar algunas cosas que ellos mismos mejoraron en la Comisión en orden a la mayor dinámica y mayor transferencia de dineros a las comunidades autónomas en materia de vivienda. Luego, dejemos el debate presupuestario donde está; desde luego, no es ese el asunto sobre el que mi grupo fija posición ahora.


Queremos hablar del Plan Galicia que, si no estamos muy equivocados, debió aprobarse hace algo así como dos años menos un mes, un 24 de enero en un Consejo de Ministros que se celebró en A Coruña. Dos años más tarde de la aprobación, entiendo, por lo que escucho -y este grupo no tiene el más mínimo interés político frente a unas elecciones que ustedes van a tener próximamente; ese es un campo en el que mi grupo no juega-, estamos hablando y casi no sabemos qué entra dentro del Plan Galicia. Esa es la realidad. Lógicamente, en el presupuesto de 2005 habrán entrado algunas cosas. Nosotros no discutimos eso, pero hoy es el día en que este grupo no sabe de verdad qué es el Plan Galicia, y mi grupo ya fue crítico cuando ese Plan Galicia más parecía responder a una urgencia y a una necesidad del momento que a un auténtico plan, por lo que tenemos que seguir siendo críticos sobre los que están gestionando el mismo, porque hoy es el día en que este grupo no sabe qué es el Plan Galicia, de verdad, ese plan que se tiene que desarrollar sobre la base de qué prioridades durante los próximos años, con qué compromisos y en qué plazo de tiempo -no lo saben-. Sobre todo, entiende mi grupo que, por muchas veces que hablemos, mientras sigamos haciéndolo en los términos en que lo hacemos aquí, los gallegos, hombres y mujeres, no han de saber a qué atenerse.


Desde esta perspectiva, mi grupo va a apoyar, sobre todo, la proposición no de ley que ha presentado el BNG. Ha dicho su portavoz, al final de su intervención: Deseamos que arranque un proceso de clarificación del Plan Galicia, para que sepamos de qué estamos hablando y de qué no, de qué plazos y de qué compromisos. Hay que establecer prioridades. Yo, de verdad, cuando leo que en el Plan Galicia entran con el mismo grado, no sé si de importancia, el Plan de dinamización turística de O Salnés y una infraestructura ferroviaria o viaria, me pierdo. Y me pierdo mucho más si todo esto se quiere meter en el PEIT; eso ya no lo entiendo en absoluto.
De forma que habrá que establecer prioridades, habrá que establecer plazos y habrá que establecer compromisos; y convendría ir dando pasos en esa dirección.


Mi grupo no juzga la oportunidad o no de que en este momento se presenten estas dos proposiciones no de ley. Se han presentado, y creo que todos deberíamos hacer un esfuerzo para que la voluntad política que yo no tengo por qué negarle a nadie de entrada sea una voluntad que, además de la política -entendida como una cosa que en un momento dado decimos los políticos-, lleve a que los ciudadanos de Galicia, hombres y mujeres, sepan y crean que se van a hacer de verdad algunas cosas, en un plazo determinado y con unos compromisos claros. Desde esa perspectiva, no vamos a apoyar la proposición no de ley del Grupo Parlamentario Popular, porque, aunque somos críticos con este presupuesto -como es sabido- por múltiples motivos, una vez tomadas las decisiones que se han tomado en los ámbitos correspondientes, no nos parece en absoluto que se deba abordar en este momento el punto primero de la proposición no de ley del Partido Popular.


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Respecto al segundo punto, no vemos cómo pueden caber en el PEIT cosas que figuran en esta relación, en la que hay, como decía, planes turísticos, etcétera.


Nos inclinamos más por la vía de la proposición que presenta el BNG -el Grupo Parlamentario Mixto-, y ya que han llegado a un acuerdo de transacción, al parecer, en algunos puntos, nos parece que eso debería servir para lo que ha dicho el portavoz del BNG: para iniciar de una vez un proceso de clarificación de prioridades, y de establecimiento de compromisos y de plazos.


Muchas gracias.


La señora VICEPRESIDENTA (Chacón i Piqueras): Muchas gracias, señor Beloki.


Continuamos con la fijación de posición. Por el Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), tiene la palabra el señor Jané.


El señor JANÉ I GUASCH: Muchas gracias, señora presidenta.


Señorías, hoy se presentan dos proposiciones no de ley, y el debate de hoy es extemporáneo, si me permiten decirlo así, puesto que las proposiciones no de ley se presentan en el momento previo al de la aprobación de los Presupuestos Generales del Estado, y se realiza además cuando dichos presupuestos están a punto de volver al Congreso, con un veto del Senado, la próxima semana. De ahí la necesidad de encontrar fórmulas transaccionales por medio de enmiendas, por el hecho de que la literalidad de las proposiciones no de ley, tal y como se habían presentado estas inicialmente, tenía una incidencia en el proyecto de ley de presupuestos que ya no es posible que tenga, puesto que el debate de los mismos está finalizando.


La intervención de Convergència i Unió en este debate será muy similar a la que acaba de señalar el señor Beloki, en nombre del Grupo Parlamentario Vasco. Nosotros coincidimos con el Bloque Nacionalista Galego en el texto transaccional que ha presentado a los grupos, en el sentido de que se trata de intentar que el Plan Galicia no sea un brindis al sol, que no se quede en buenas palabras o en una operación de buenas intenciones o propaganda, sino que se concrete por medio de compromisos que entendemos que resume de forma acertada el Bloque Nacionalista Galego. De ahí que nuestro grupo parlamentario le vaya a dar su apoyo.


En cuanto a la autoenmienda que ha presentado el Grupo Parlamentario Popular a su propia proposición no de ley, no puede merecer hoy el voto favorable del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió) incluso por una cuestión formal: no vamos a poder votar por apartados la proposición no de ley; al haber una enmienda, tendremos que votar su literalidad. Y su literalidad plantea un aspecto, señor Delgado, sobre el que yo preferiría que se reflexionara bien, incluso antes de someter la proposición al Pleno de la Cámara para votación. No podemos pedir ahora la retirada de los presupuestos, incluso si se aprobara, porque la retirada de los presupuestos tiene su trámite parlamentario, que es el debate de totalidad con una enmienda de devolución, enmienda que mi grupo presentó porque tampoco coincidía con las cifras del presupuesto y que legítimamente otros grupos también pueden haber presentado. Esas enmiendas se debatieron, no prosperaron y el proyecto de presupuestos ha seguido su andadura y va a volver con el veto del Senado al Pleno del Congreso de la próxima semana. Entendemos que formalmente, a través de una proposición no de ley sobre el Plan Galicia, no sería el mecanismo adecuado para que el Gobierno tuviera que retirar un proyecto de ley de presupuestos cuyas enmiendas a la totalidad de devolución no prosperaron a pesar de que distintos grupos sí que las presentamos. En democracia se gana o se pierde dependiendo de la mayoría que en cada momento se plasme en el Pleno de la Cámara y en este caso el Pleno no aprobó las enmiendas de devolución.


Compartimos plenamente los objetivos marcados por el Bloque Nacionalista Galego a través de su portavoz, señor Rodríguez, y en ese sentido votaremos favorablemente su proposición no de ley.


Muchas gracias.


La señora VICEPRESIDENTA (Chacón i Piqueras): Muchas gracias, señor Jané.


En el turno de aceptación o rechazo de enmiendas, señor Rodríguez, entiendo que existe una autoenmienda, que es una transaccional del BNG que acoge algunas de las cuestiones de la proposición no de ley del Grupo Popular. (Asentimiento.) En cualquier caso votaríamos por un lado la transaccional que usted ha presentado y por otro lado la del Grupo Popular en su estado originario.


Muchas gracias, señorías.


- DEL GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA DEL CONGRESO, SOBRE EL EJERCICIO DEL DERECHO DE MATERNIDAD DE LOS CARGOS ELECTOS. (Número de expediente 162/000204.)

- DEL GRUPO PARLAMENTARIO CATALÁN (CONVERGÈNCIA I UNIÓ), POR LA QUE SE INSTA UNA MODIFICACIÓN DE LA ACTUAL LEGISLACIÓN PARA QUE LAS PERSONAS QUE OSTENTEN CARGOS ELECTOS PUEDAN SER SUSTITUIDAS EN CASO DE MATERNIDAD O PATERNIDAD Y PUEDAN COMPAGINAR LA VIDA POLÍTICA CON LA FAMILIAR. (Número de expediente 162/000180.) (Procedente de la Proposición no de Ley en Comisión número de expediente 161/000180.)

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La señora VICEPRESIDENTA (Chacón i Piqueras): Puntos 5 y 6 del orden del día, que se debaten acumuladamente. Proposición no de ley del Grupo Parlamentario Socialista del Congreso sobre el ejercicio del derecho de maternidad de los cargos electos, y proposición no de ley del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió) por la que se insta una modificación de la actual legislación para que las personas que ostenten cargos electos puedan ser sustituidas en caso de maternidad o paternidad y puedan compaginar la vida política con la familiar.


En primer lugar, para la defensa de la proposición no de ley del Grupo Parlamentario Socialista, tiene la palabra la señora Pérez.


La señora PÉREZ ANGUITA: Muchas gracias, señora presidenta.


Señorías, el debate de la proposición no de ley que hoy presentamos en esta Cámara hubiera sido impensable hace unos pocos años. Digo esto porque desde las primeras Cortes Constituyentes hasta la legislatura actual el porcentaje de mujeres en esta Cámara se ha incrementado progresivamente desde el 5,71 por ciento de representación en las Cortes Constituyentes hasta alcanzar el 36,29 por ciento, lo que supone un incremento considerable. El comité para la igualdad entre hombres y mujeres del Consejo de Europa recomendó en 1988 poner en marcha estrategias destinadas a establecer la igualdad de oportunidades a través de medidas que permitieran corregir discriminaciones que fuesen el resultado de prácticas o sistemas sociales encaminados a vencer los desequilibrios históricos y estructurales de género. Más tarde, la cumbre de mujeres en el poder, celebrada en 1992 en Atenas, plantea la necesidad de alcanzar una representación igualitaria de hombres y mujeres en el poder político, acuñando por primera vez el concepto de democracia paritaria. La cumbre pide a los Estados que reflexionen sobre la necesidad de eliminar los obstáculos que impidan en la práctica esa igualdad, invitándoles e instándoles a impulsar un nuevo concepto de democracia más participativa que aproveche adecuadamente todos sus recursos. Se afirmó que solo una participación en estos términos conducirá a un mundo más justo y equilibrado tanto para las mujeres como para los hombres. En la IV Conferencia mundial sobre la mujer, que tuvo lugar en Pekín en 1995, se renovó el compromiso de la comunidad internacional para lograr la igualdad entre los géneros. Así, se invitó a los gobiernos a integrar la perspectiva de género en todas las políticas y programas con el fin de analizar sus consecuencias para las mujeres y los hombres respectivamente.


Señorías, es importante el número de mujeres en la actividad política. Es una actividad que históricamente ha sido realizada casi en exclusividad por los hombres y, por tanto, la realidad, el enfoque de los problemas, las soluciones de los mismos o los comportamientos han sido siempre masculinos y las mujeres que estamos aquí representamos al 50 por ciento de la población, pero es que las mujeres somos el 50 por ciento de la población. La adopción de todas estas medidas por parte de algunos partidos y formaciones políticas dentro de sus normas internas han contribuido a la realidad de tal forma que hoy es impensable que haya una lista electoral que no tenga mujeres, y en ello tiene mucho que ver la proposición no de ley que estamos tratando. Sin duda alguna en el siglo XXI no se puede ni se debe concebir la política sin la plena contribución de las mujeres. La participación de las mujeres y de los hombres en puestos de responsabilidad política y en los centros de decisión se ha planteado a escala europea desde hace años como una cuestión de principios democráticos. Ya en el tratado constitutivo de la Comunidad Económica Europea de 1957 se establecía el principio de retribución entre los trabajadores masculinos y femeninos para un mismo trabajo. A partir de ese principio, el Consejo de Ministros adoptó directivas que convertían la igualdad de trato entre hombres y mujeres en la norma para los Estados miembros. Incluso el Tribunal de Justicia Europeo ha establecido la igualdad como un principio fundamental de la legislación europea, sancionando la discriminación directa e indirecta. Recientemente ha sido también recogida en la Carta de Derechos Fundamentales. La propia Comisión Europea ha pedido en reiterados informes que los países favorezcan el equilibrio de género en todas las políticas y en todas las comisiones, tanto en el ámbito europeo como en los Estados. Desde el inicio de la incorporación de la mujer a la política, que fue con el sufragio universal que en Europa se sitúa en torno a 1920, las mujeres tuvimos que superar esa negativa basada fundamentalmente en la idea absurda de que las mujeres no estábamos preparadas para la política, lo que provocó el cambio en el sistema electoral de muchos países europeos para permitir el voto de las mujeres. Por tanto, en el derecho somos iguales hombres y mujeres, las leyes de nuestro Estado así lo reconocen.
Desde entonces hasta hoy el parlamentarismo español ha experimentado en los últimos años el mayor incremento de participación de mujeres de Europa y actualmente estamos sentadas en estos escaños 127 diputadas, lo que representa el 36,2 por ciento de la representación parlamentaria, el mayor porcentaje de representación femenina de toda la historia. Pero, aunque se ha avanzado en el número de mujeres, ello no ha venido acompañado de una redistribución de las responsabilidades familiares y existen demasiadas dificultades para compaginar la absorbente vida política sin un desarrollo del permiso de maternidad y paternidad, lo cual está dificultando la incorporación de más mujeres a la vida política.


Es obvio que la maternidad no debe constituir un obstáculo, sino que debe ser tenida en cuenta en todos los ámbitos de la vida social, económica y política,

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debiéndose arbitrar los mecanismos necesarios para compatibilizar la participación política de las mujeres y la maternidad. Tiene que dejar de ser una carga y motivo de discriminación para las propias mujeres.
Señorías, hacen falta más medidas de conciliación que permitan a mujeres y hombres conciliar la vida familiar y laboral. Otros países de nuestro entorno, como Portugal, Irlanda o Dinamarca, ya han contemplado en sus legislaciones sistemas de sustitución de las parlamentarias electas durante su baja por maternidad e incluso algunos como Portugal han contemplado en sus estatutos sistemas de sustitución por baja laboral o motivos similares. En sede parlamentaria varios ministros del Gobierno han adquirido compromisos relacionados de manera directa con la propuesta de nuestra proposición no de ley. La vicepresidenta primera, ministra de la Presidencia y Portavoz del Gobierno, señora Fernández de la Vega, ha manifestado en este sentido la necesidad de llevar a cabo alguna reforma para que quede garantizado el ejercicio de la maternidad de las diputadas y senadoras sin alterar con ello la actividad parlamentaria de los propios grupos. También se ha pronunciado en torno a una modificación necesaria en la reforma de la Ley Electoral para la aplicación del principio de paridad entre hombres y mujeres en la formación de las candidaturas electorales. Asimismo, comunicó que se está elaborando la ley de igualdad con el fin de eliminar toda desigualdad y discriminación directa o indirecta entre mujeres y hombres, con objeto de garantizar la igualdad de oportunidades principalmente en los ámbitos de la vida política, económica, social y cultural. El ministro de Trabajo y Asuntos Sociales, señor Caldera Sánchez-Capitán, se comprometió a elaborar una ley de protección a las familias, que entre otras medidas incluya mecanismos de conciliación, como permisos de paternidad. El ministro del Interior, señor Alonso Suárez, dijo que en materia electoral se impulsarán las reformas que tiendan a garantizar la paridad de sexos en la composición de las listas electorales.


El Grupo Parlamentario Socialista al que represento hoy en la Cámara es consciente de que estamos en una sociedad cambiante y no hay que tener miedo al cambio, más bien hay que saber afrontarlo. Hay que dar respuesta a nuestra sociedad con leyes que se ajusten a la realidad, que solucionen los problemas actuales de las personas, pero a la vez que se reflexione para realizarlas bien y con el máximo consenso. Sabemos que lo que pedimos tiene una especial complejidad, pero el problema que estamos tratando requiere una pronta solución. Por eso presentamos hoy aquí esta proposición no de ley ante esta Cámara.


El Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió) ha presentado una proposición no de ley semejante a la que presenta mi grupo y hemos elaborado un texto conjunto instando al Gobierno a realizar los estudios necesarios para promover una modificación legislativa que dé solución al problema que he ido planteando a lo largo de mi intervención.


Muchas gracias, señoras diputadas, señores diputados. (Aplausos.)

La señora VICEPRESIDENTA (Chacón i Piqueras): Gracias, señora Pérez Anguita.


Continuamos con la defensa de la proposición no de ley presentada por Convergència i Unió. Para su defensa, tiene la palabra la señora Pigem.


La señora PIGEM I PALMÉS: Muchas gracias, señora presidenta.


Señorías, la señora Pérez en su magnífica intervención ha centrado la defensa de la iniciativa del Grupo Socialista desde la perspectiva de la igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres y desde la perspectiva de que esta igualdad de oportunidades sea también una realidad cuando se trata del acceso a los lugares de toma de decisiones. Este es un punto de vista que compartimos absolutamente desde Convergència i Unió, pero que para no repetirlo en nuestra intervención en defensa de la iniciativa que ha presentado mi grupo parlamentario voy a enfocar su justificación desde otro punto de vista, que no es contradictorio, al contrario, es complementario y que es el de la protección de las familias y de la necesaria articulación de políticas para que se pueda conciliar la vida familiar y la vida laboral, en este caso la vida política.


Para mi formación, para Convergència i Unió, la protección de las familias es un objetivo que merece una atención absolutamente prioritaria. Por ello mi grupo parlamentario ha presentado y seguirá presentando cuantas iniciativas sean necesarias para avanzar en lo que consideramos instrumentos esenciales para dar respuesta a las necesidades actuales de las familias: prestaciones económicas directas o indirectas, creación de servicios para niños y personas dependientes y desarrollo de la conciliación de la vida familiar y laboral, que es el tema que precisamente hoy nos ocupa. Con este objetivo, con el objetivo de impulsar el desarrollo de la conciliación de la vida familiar, política en este caso, Convergència i Unió trae a debate una iniciativa, una proposición no de ley que tiene como finalidad instar al Gobierno para que estudie y promueva las modificaciones legales pertinentes para hacer posible que el periodo de baja legalmente establecido con carácter general para los supuestos de maternidad, adopción y acogimiento pueda hacerse efectivo y pueda por tanto compatibilizarse con el ejercicio de las funciones públicas representativas. Dicho con otras palabras, para que también las personas que ocupan cargos electos, los hombres y las mujeres que ocupamos cargos electos podamos acceder a los permisos por maternidad o paternidad. Esto es algo, señorías, que aunque parezca insólito no sucede en la actualidad. Los miembros de esta Cámara, por ejemplo, los parlamentarios y parlamentarias

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que aprobamos para la generalidad de la población la normativa de conciliación de la vida familiar y laboral, a la que tenemos no sólo derecho sino incluso un cierto y pedagógico deber de acogernos, tenemos paradójicamente muy difícil hacerlo, por no decir imposible, porque a diferencia de cualquier empleo las personas que ocupan cargos electos no tienen previsto legalmente un mecanismo -el que sea- de sustitución, de su sustitución durante esta baja parental por maternidad. En consecuencia dicha baja no puede hacerse efectiva, ya que los y las titulares de la misma deben asistir a los debates y a las votaciones porque su acta es personal y con la actual legislación su voto es intransferible. Si a ello añadimos que las mayorías políticas hacen en más ocasiones de las que pueda parecer -porque estamos hablando de todos los cargos electos, Congreso, Senado, parlamentos autonómicos y también ayuntamientos- que el resultado de las votaciones dependa de varios o incluso de un solo voto, es evidente que si queremos que la normativa de conciliación pueda aplicárseles no tenemos más remedio que abordar las modificaciones legales que hagan posible un mecanismo de sustitución, una fórmula en definitiva que debería poder aplicarse a diversas situaciones, porque hoy estamos hablando de conciliación y de permisos de maternidad o paternidad, pero es indudable que otras circunstancias tales como una larga enfermedad o la recuperación de un accidente requerirían también de la previsión de un mecanismo de este tipo.


¿Qué soluciones adoptan los países de nuestro entorno? La limitación del tiempo de que dispongo para presentar esta iniciativa me va a impedir hacer un análisis pormenorizado de los mismos, que por otra parte también ha mencionado la diputada que me ha precedido en el uso de la palabra, pero me permito recomendarles al respecto la lectura del trabajo realizado por el profesor titular de derecho constitucional de la Universidad de Valencia y letrado también de las Cortes Valencianas, don Lluís Aguiló, el trabajo titulado Los permisos parentales de diputadas y diputados, enmarcado en los estudios realizados en homenaje al profesor Francisco Rubio Llorente titulados La democracia constitucional, que nos habla de tres sistemas distintos. Un primer sistema se llama pairing, tradicionalmente utilizado en Inglaterra, básicamente bipartidista, que consiste en que por cada miembro de un partido que deba ausentarse acceda a ausentarse también un miembro del otro partido para de esta manera dejar inalterable el equilibrio entre mayoría y minoría. Esta es una práctica que se ha utilizado también en España, si bien de manera muy puntual. En todo caso, estimamos que es una práctica que no casa bien con nuestro sistema de pluralidad de partidos con representación parlamentaria, ni se adapta a la naturaleza de un permiso de larga duración como es el de maternidad. Otro sistema sería el de delegación de voto, que consiste en que el cargo electo acogido al régimen de permiso parental pudiera delegar, con permiso de la Cámara, el voto en otro diputado o diputada. Este es el sistema que se lleva a cabo en países como Luxemburgo o Francia, si bien no está específicamente previsto para el caso de maternidad sino para los otros casos que también he mencionado como larga enfermedad, desplazamiento, etcétera. Tiene el inconveniente de que tal y como está pensado en estos países es un permiso corto aunque renovable. Otro inconveniente de este sistema sería que la delegación supondría únicamente el ejercicio del derecho de voto, pero no la sustitución en las demás posibilidades del ejercicio de las funciones, tales como la presentación o la defensa de iniciativas en Pleno o en Comisión. Y a nuestro juicio tiene también otro obstáculo importante, un obstáculo a nivel constitucional, porque según el artículo 79.3 de la Constitución española la delegación de voto está expresamente vedada. Un tercer sistema sería el que permitiera la posibilidad de sustitución de manera que el diputado o diputada que solicitara un permiso parental fuera sustituido -se podría estudiar- mientras durara el permiso por una persona que podría ser la siguiente de su candidatura. Esta es la solución que se ha adoptado en Dinamarca, en Suecia y en Portugal, en donde la ley del estatuto de los diputados establece que se pueda solicitar su sustitución por un periodo global no superior a 18 meses en cada mandato, plazo durante el cual serían sustituidos por un suplente.
En España el único precedente es el del Parlamento andaluz, que por la vía de modificación del Reglamento introdujo en 1995 la posibilidad de una peculiaridad en la votación, de manera que en casos de embarazo o parto reciente, para que el voto fuera válido, no sería necesario que la diputada afectada estuviera presente en la Cámara. Este precedente, con todo el mérito que tiene de abordar la situación y de dar salida a situaciones puntuales de voto, no acaba de resolver -a nuestro entender- en toda su extensión la situación de un permiso por maternidad o paternidad, que es el objetivo de la iniciativa que estamos viendo.


A nuestro juicio, el sistema en el que mejor se acomodaría un permiso relativamente largo, como el parental, sería alguno similar al de sustitución, pero con todo tampoco este mecanismo deja de plantear algunos problemas legales, incluso constitucionales, que es preciso resolver para abordar con éxito las necesarias modificaciones para que la vida familiar, en definitiva tener y cuidar de los hijos en sus primeros meses de vida, sea compatible también con la vida política. A ello va dirigida nuestra iniciativa, a impulsar que tras los estudios pertinentes se promuevan las reformas necesarias para que las y los cargos electos puedan también asumir sus responsabilidades familiares. Quiero hacer especial hincapié en que esta no es una iniciativa sólo para las mujeres, aunque indudablemente su necesidad se ha evidenciado por el afortunadamente cada vez mayor número de mujeres en cargos electos, sino que es también para los hombres, va dirigida a los

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hombres, porque creyendo como creemos en Convergència i Unió en el valor pedagógico de la norma estamos convencidos de que el que un elevado número de políticos se acogiera a un permiso parental, tanto al derivado de la madre que tienen actualmente, o al propio si algún día prospera la iniciativa impulsada por mi grupo parlamentario al respecto, sería sin duda un buen ejemplo y un claro impulso para que los hombres se implicaran más en las responsabilidades familiares, algo necesario para ir superando las bajísimas estadísticas de participación que tenemos actualmente. Es una iniciativa a la que con posterioridad se presentó otra con idéntico objetivo por el Grupo Parlamentario Socialista y que ha sido defendida por la señora Pérez, y en aras del consenso se ha negociado un texto transaccional, un texto que creemos que recoge también la literalidad y el espíritu de la enmienda presentada por Esquerra Republicana y que insta al Gobierno a presentar en el plazo más breve posible, y en todo caso antes de un año, los estudios y trabajos necesarios para que esta reforma se aborde en toda su amplitud; un texto, señorías, y con ello finalizo, señora presidenta, para el que solicito su voto afirmativo.


Muchas gracias. (Aplausos.)

La señora VICEPRESIDENTA (Chacón i Piqueras): Muchísimas gracias, señora Pigem.


La señora Bonás, del Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana, ha presentado una enmienda y es su turno para defenderla.


La señora BONÁS PAHISA: Gracias, señora presidenta.


Señorías, esta proposición no de ley es de hondo calado y creo que es importante profundizar en el tema. Durante el pasado siglo, las mujeres han ido haciendo visible su presencia en la sociedad al ir accediendo a cargos de responsabilidad en ámbitos profesionales y en política.
Efectivamente, son cada vez más las mujeres que ocupan cargos públicos.
Es un proceso difícil porque para acceder a un lugar tradicionalmente ocupado por un varón hay que demostrar ser mucho más eficiente y porque en la práctica se ha demostrado que es difícil compaginar maternidad con vida profesional, mucho más que la paternidad. Y si es difícil compaginar una vida profesional con la maternidad, lo es mucho más la vida política con cargos de responsabilidad pública, como lo demuestran las estadísticas. Según las estadísticas, el porcentaje de diputadas divorciadas es mucho más elevado que el de diputados y el número de hijos por diputada es mucho menor que por diputado. De estas cifras es fácil deducir que el acceso de las mujeres a los cargos públicos de responsabilidad en muchos casos no es compatible con la vida familiar. No ocurre lo mismo en el caso de los hombres, porque por lo visto cuentan con una pareja dispuesta a sacrificar su proyección profesional y a asumir ella sola las responsabilidades familiares. Por lo visto no es tan fácil para las mujeres conseguir una pareja dispuesta a sacrificar su vida profesional. Tampoco hay que olvidar el factor biológico. Hasta ahora siguen siendo las mujeres las que conciben y paren los hijos. Hay determinados momentos en los que la madre no tiene sustituto: en el parto y en los meses posteriores, cuando el bebé necesita amamantarse con leche materna. La responsabilidad de la vida parlamentaria no permite una ausencia, aunque sea temporal, de las diputadas o diputados. Esta dificultad se ve aumentada en los grupos minoritarios en que los diputados y diputadas participan en múltiples comisiones y en legislaturas como la actual en que no hay una clara mayoría y en determinados momentos todos los votos son imprescindibles. Las mujeres que deciden seguir adelante con su proyección política ven seriamente disminuidas las posibilidades de llevar una vida familiar con éxito. Los partidos políticos están haciendo un esfuerzo para incorporar a las mujeres en sus listas electorales, pero en muchos casos el sacrificio de la vida familiar no es asumible por las futuras candidatas. La futura ley de paridad para fomentar la presencia de mujeres en las listas podría ser un fracaso si no viene acompañada de medidas que faciliten compaginar la maternidad y la ocupación política. Si queremos que esta Cámara sea un reflejo de la sociedad, si creemos que en esta Cámara debería haber una proporción de hombres y mujeres al 50 por ciento, debemos tomar las medidas necesarias para que ocupar un cargo público no sea impedimento para llevar una vida familiar. Por ello consideramos que las diputadas deberían tener derecho a los meses de maternidad legalmente establecidos y, para hacerlo factible en la práctica, los grupos deberían establecer los mecanismos para suplir la vacante durante estos meses.


Pero debemos ir más allá. Según la proposición original, por lo visto después autoenmendada, se asume que exclusivamente es la mujer la que está a cargo del recién nacido. Se supone que los señores diputados en el caso de paternidad, adopción o acogida deben delegar su responsabilidad en su pareja. Por tanto, se supone que las parejas de los señores diputados no tienen compromisos profesionales y que compartir vida familiar con un político supone asumir todas las responsabilidades familiares para la pareja. Esta Cámara debería ser un ejemplo en asumir la importancia de compaginar la vida familiar y laboral. La plena incorporación de la mujer a la vida política, laboral y social no será posible si no va acompañada de un cambio en las pautas familiares en que las responsabilidades se repartan a un 50 por ciento. Debe existir la facultad de compartir parte de los cuatro meses de maternidad establecidos ahora por la ley entre los dos miembros de la pareja. Aunque en el caso de la maternidad biológica es la mujer la que aporta la mayor dedicación, esto no impide que el otro miembro de la pareja adopte desde el principio un

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papel mucho más activo que facilite a la mujer seguir con su vida profesional si así lo desea. Debe existir la opción de repartirse entre los dos el cuidado del recién llegado a la unidad familiar. Debemos facilitar no solo la incorporación de la mujer a la vida política sino también la incorporación de los políticos a la vida familiar. Compaginar la vida laboral y familiar será posible si cambian las pautas familiares, si las responsabilidades se reparten al 50 por ciento.


Tal como está redactada, la exposición de motivos sigue con un modelo patriarcal en el que la mujer asume el papel de cuidado de la familia, y si desea asumir otras responsabilidades debe ser por su cuenta y riesgo; como mucho le facilitaríamos algo las cosas para que pudiera disponer de unos meses de baja maternal. No contempla que el cuidado de la familia debe ser un rol compartido y que la responsabilidad del cuidado de los niños es al 50 por ciento de los miembros de la pareja. Por eso nuestra enmienda, señorías, propone que además de las mujeres también los hombres, si así lo desean, puedan solicitar permiso de paternidad y que la Cámara decida en su Reglamento cómo sustituye a los diputados y diputadas que solicitan este permiso. Tampoco debemos olvidar que las parejas homosexuales en las que ambos son varones, en el caso de adopción o acogida deben disfrutar de los mismos derechos que las parejas heterosexuales. Esta Cámara debe ser un reflejo de la sociedad, una sociedad constituida por un 50 por ciento de hombres que piden ser parte activa de la sociedad y un 50 por ciento de mujeres que también tienen que serlo. Las mujeres y los hombres de Esquerra Republicana creemos que poder compaginar la vida laboral y familiar es un derecho, como lo es el poseer el tiempo suficiente para dedicarlo a la educación y al disfrute de los hijos sin menoscabo del derecho de la proyección individual. Por ello creemos que esta proposición no de ley es un primer paso que debe servir como ejemplo que deberá llevarse a cabo en otras modificaciones de normas laborales, de horarios, de pactos sociales. Ya que la proposición no de ley en principio se ha autoenmendado y ha incluido también la posibilidad de que los hombres puedan disfrutar del permiso paternal, consideramos nuestra enmienda ya aceptada, por lo que con una sola votación creemos que será suficiente.


Gracias. (Aplausos.)

La señora VICEPRESIDENTA (Chacón Piqueras): Muchas gracias, señora Bonàs.


Señorías, pasamos al turno de fijación de posiciones. Por el Grupo Parlamentario Mixto tiene en primer lugar la palabra la señora Fernández.


La señora FERNÁNDEZ DÁVILA: Gracias, señora presidenta.


Señoras y señores diputados, seré breve porque las portavoces anteriores expusieron con mucha claridad los argumentos que hacen posible que ninguna de nosotras, sobre todo los varones de esta Cámara, puedan poner en duda la importancia de la propuesta que estamos debatiendo. Incluso la portavoz del Grupo Catalán (Convergència i Unió) nos ilustró magistralmente sobre cómo en el ámbito de la legislación, no solamente de la existente, se puede llegar en diferentes formas a modificar la ley actual para poder cumplir con el propósito que tiene la propuesta que hoy se debate. Simplemente quiero manifestar algo en lo que es evidente que coincidimos todas, que además estuvo implícito y explícito en los discursos de las portavoces anteriores, y es que esta propuesta no solamente es para articular legalmente la posibilidad de compatibilizar la vida laboral -en este caso la vida política- de las mujeres con la vida familiar, o que incide en la igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres, sino que estamos debatiendo una vez más la necesidad de crear en nuestra sociedad, por tanto en nuestra legislación, las condiciones que permitan que esa igualdad sea posible en algún momento. La Cámara en el inicio de la democracia estaba compuesta solo por el 4,57 por ciento de mujeres, actualmente llegamos al 36 por ciento; en los parlamentos autonómicos en el año 1983 representaban el 5,62 por ciento, ahora casi el 36 por ciento, y las concejalas en el año 1995 eran el 16,45 por ciento, ahora el 27 por ciento. Quiero hacer hincapié en este 27 por ciento porque es sustancialmente diferente al de las mujeres en el Parlamento del Estado y los parlamentos autonómicos. Me parece que es un matiz importante que de alguna manera quisiera comentar. Si tenemos esto en cuenta hemos de ser conscientes todas y todos de que la posibilidad de llegar a esta presencia femenina en un hemiciclo como éste no fue producto de la casualidad ni de que nadie nos regalara absolutamente nada. Seguramente en lo que decimos puede considerarse que existen connotaciones feministas, y yo digo que no puede ser porque si no fuera por las ideas feministas no hubiera habido la lucha suficiente como para hacer posible lo que hoy es una realidad. Costó muchísimo trabajo, pero sobre todo cuesta y sigue siendo muy difícil hacer posible que la actividad política de las mujeres, igual que cualquier otra pública, incluso de cargos de una determinada entidad en la empresa privada, sea fácil de compatibilizar no solamente con la vida familiar y la maternidad, sino también con otro tipo de actividades, mientras que vemos que los varones no tienen esas mismas dificultades, y no solamente por lo que ahora tratamos aquí y que las propuestas de las dos diputadas que las defendieron lo recogen -equiparar ese derecho al permiso de paternidad/maternidad a diputados y diputadas-, sino porque independientemente de ello hay muchos hábitos de actuación en la vida política que dificultan que las mujeres podamos actuar en las mismas condiciones que los varones, muchas cosas que tienen que ver incluso con usos y costumbres de cómo hacer política más allá de lo que

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puede ser el debate parlamentario, como las comidas y cenas de negocios y unos horarios que dificultan tremendamente cualquier tipo de actividad política.


Hace poco discutíamos en esta Cámara una propuesta del Parlamento canario para tratar de hacer una legislación que contemple el 60/40 en las listas electorales. Cada vez que se trata este tema en cualquier grupo político o en la sociedad en general siempre suscita una respuesta recurrente, igual que recurrente es la contestación a esta consideración, y es que si se legisla que los grupos políticos tienen que hacer una lista con el 60/40 se van a encontrar con dificultades, porque no siempre tenemos mujeres para incluir en ellas y que asuman una responsabilidad pública y política. Esta situación se agrava en las listas electorales de las corporaciones municipales. Algunas veces nos hemos preguntado por qué fuimos capaces de avanzar en los parlamentos y en las corporaciones municipales seguimos estando tan atrasados. La dificultad con la que se encuentra una mujer que se dedica a la vida municipal no solo consiste en compatibilizar vida familiar con vida política y actividad institucional, sino que tiene que compatibilizarla con la vida laboral. Es decir, no solamente se trata de compatibilizar la doble jornada laboral de las mujeres sino la triple jornada laboral, algo muy difícil de conseguir.
Otra de las portavoces hizo referencia a las dificultades que tenemos las mujeres que queremos compatibilizar nuestra vida laboral con la participación en política, por otra serie de razones. Está claro que este no es más que un debate para avanzar en que las mujeres podamos adquirir esa paridad o, por lo menos, la mayor igualdad posible en la actividad política e institucional. Hemos de tener en cuenta que así como las mujeres avancemos en la actividad política institucional, legislativa y de gobierno, avanzarán las mujeres en general en la sociedad. Yo estoy convencida de que son raras las ocasiones -aunque sabemos que hay excepciones- en que las mujeres que llegamos a la vida institucional tengamos una posición antifeminista o antiderechos de las mujeres o derechos por la igualdad. Por tanto, la mayor presencia de las mujeres en la vida política y en los centros de poder va a hacer posible que, en general, las mujeres puedan conseguir en la sociedad mayores cotas de igualdad y mayor capacidad para una vida pública y social que hoy, compatibilizando familia y vida laboral, se hace completamente imposible.
No olvidemos -de ahí la importancia de que se llegara a esa transacción a través de estas enmiendas, lo que suponíamos al ver la autoenmienda de Convergència i Unió- que es importante que lo que se apruebe hoy -que yo creo que se va a aprobar- sea para hombres y mujeres, diputados y diputadas, porque es importante también que en la sociedad avancemos en la corresponsabilidad de esa vida familiar o de lo que podemos denominar históricamente como vida doméstica o vida de lo privado. Sin asumir la corresponsabilidad de hombres y mujeres en esta parte importante de la vida diaria va a ser imposible que hombres y mujeres alcancemos esa igualdad que las mujeres estamos reclamando porque los varones ya no la necesitan, somos nosotras las que tenemos que llegar a ella.


Desde el primer momento de conocer esta iniciativa teníamos claro que la íbamos a apoyar y con la transacción se ha llegado a un acuerdo que recoge mejor el espíritu de la corresponsabilidad. Se dará el caso, por ejemplo, de que las madres de los hijos de algunos diputados también trabajen en otras empresas y serán ellas las que vayan a trabajar y ellos los que tengan la baja de maternidad. Como decía la señora Bonás, a veces es importante que los políticos den ejemplo al asumir esa corresponsabilidad en el permiso de paternidad.


Muchas gracias. (Aplausos.)

La señora VICEPRESIDENTA (Chacón Piqueras): Muchas gracias, señora Fernández.


Continuamos, señorías, con la fijación de posición. En nombre del Grupo Parlamentario de Coalición Canaria tiene la palabra el señor Mardones.


El señor MARDONES SEVILLA: Gracias, señora presidenta.


Mi grupo va a votar favorablemente estas iniciativas en el texto del que nos han informado y hecho llegar las portavoces del Grupo Parlamentario Socialista y del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió). Es una enmienda de síntesis que agrupa una intencionalidad a la que nosotros nos sumamos. Aprobando esta proposición no de ley el Gobierno pondrá en marcha unos mecanismos que a mi grupo le resultan tremendamente interesantes desde un punto de vista constitucional, una vez que se ha aclarado perfectamente por todas las intervinientes que no se trata solamente de compaginar la vida familiar por causa de maternidad fundamentalmente con la vida política de las mujeres, sino que se extiende también a los hombres en aquellas limitaciones que puedan tener para su ejercicio político por las razones que fueran. La aprobación de esta proposición no de ley en esta Cámara puede ser aplicada en cualquier ayuntamiento o corporación que tenga un órgano colegiado, concejales, consejeros, diputados, etcétera. Los partidos se encuentran con un problema de fondo que consiste en cubrir las ausencias prolongadas y al final del camino también existe esa situación. Cuando las fuerzas políticas municipales o parlamentarias están muy justas de votos, la ausencia de uno de sus miembros puede resultar de una afección política muy importante. No se nos ocultan algunos casos de diputados -no solamente los de maternidad de diputadas o senadoras- que han sufrido accidentes de tráfico o enfermedades que los han mantenido apartados del foro correspondiente por largos periodos de tiempo. Todo ello es importante porque podría plantear un problema constitucional, con la Ley Electoral General

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y las sentencias correspondientes del Tribunal Constitucional. Cuando un diputado o un senador, una diputada o una senadora sean sustituidos han de quedar claras las condiciones de representatividad que el sustituto ostenta ante la Cámara, porque tendrá que jurar acatamiento a la Constitución, tendrá que adquirir la condición de diputado y cuando el que sustituido se reincorpore debemos resolver el problema de quitarle la condición que ha adquirido de diputada o diputado, de senador o senadora.
Se abre un programa de estudio. De igual manera que el Gobierno ha recurrido al Tribunal Constitucional para que diga si hay contraposición entre el proyecto de Constitución europea y la Constitución española, que diga si hay que modificar o no la Constitución española y por supuesto la Ley Electoral General sobre qué se entiende por la condición de diputado, en qué condiciones se adquiere y en qué condiciones ex novo se tendría que perder. Es un tema verdaderamente apasionante desde un punto de vista de debate intelectual constitucional. Como se insta al Gobierno a buscar fórmulas de estudio y análisis, habrá que llegar a la consulta al Tribunal Constitucional y si se quiere forzar la solución habrá que saber qué fórmulas hay para hacerlo. El tema lo consideramos apasionante desde este punto de vista. Mi grupo se suma a la intencionalidad que hay en este momento no solamente de una manera testimonial sino activa para que estas situaciones se puedan solventar con la claridad suficiente y teniendo también en cuenta el derecho comparado de los parlamentos de nuestro sistema de libertades democráticas y de derechos constitucionales de los diputados y diputadas.


Nuestro voto va a ser favorable para apoyar este texto común al que se ha llegado. Espero que algún día podamos ver qué posibilidades constitucionales y electorales resuelven este problema complejo y complicado pero también apasionante de debatir.


Muchas gracias, señora presidenta.


La señora VICEPRESIDENTA: (Chacón i Piqueras): A usted, señor Mardones, muchísimas gracias.


Continuamos con la señora Navarro, que fijará posición en nombre del Grupo Parlamentario de Izquierda Verde-Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya Verds.


La señora NAVARRO CASILLAS: Gracias, señora presidenta.


Señorías, poco queda por decir después de las intervenciones que me han precedido, pero tendré que exponer mis argumentos que son coincidentes con los ya expuestos.


Mediante las proposiciones no de ley que hoy debatimos pretendemos que se aborde un problema de compleja solución pero al mismo tiempo imprescindible. La compatibilidad del trabajo que implica el ejercicio de funciones públicas representativas con la posibilidad de tener y cuidar a los hijos es sin duda muy complejo, y así ha sido expuesto por la portavoz del Grupo Catalán, a la vista de la legislación que tenemos. Se trata de un impedimento que se vive con mayor intensidad en la mujer por la discriminación social existente, que no podemos negar, y que hemos de erradicar, pero también hemos de exigir y reivindicar ese derecho para los hombres que tienen el mismo que las mujeres a poder ejercer la responsabilidad del cuidado de los hijos y disfrutarla.


La mujer se ha incorporado a la vida laboral con tremendas dificultades y discriminación (conocemos el techo de cristal, los salarios más bajos, etcétera) y el hombre se va incorporando paulatinamente a la vida familiar. Sigamos trabajando por que cada vez haya menos desigualdad en cuanto a los dos sexos y los dos ámbitos de la vida referidos: el laboral y el familiar. Por ello aplaudimos desde el grupo parlamentario al que represento la modificación del Grupo Catalán en su iniciativa respecto a la inclusión de los hombres para disfrutar de este derecho fruto de una positiva reflexión. Señorías, vamos avanzando. En el caso que nos ocupa, como ya se ha dicho también, el acta es personal y nuestra legislación no prevé la sustitución, por lo que ante la compleja situación que planteamos al Gobierno, si se aprueba la PNL (parece ser que así será afortunadamente) es necesario el mayor consenso para que se haga efectiva la modificación legislativa necesaria en el ámbito que sea para que nosotros y nosotras, los cargos públicos, podamos disfrutar de ese gran derecho que es la maternidad y la paternidad.


La Ley 39/1999, para promover la conciliación de la vida familiar y laboral de las personas trabajadoras, dio algún paso adelante, insuficiente, en cuanto a la situación de padres y madres trabajadores.
Izquierda Verde presentó una iniciativa, que fue rechazada, para mejorar la situación de igualdad en cuanto a esta responsabilidad de maternidad y paternidad. La voluntad política de dar pasos hacia delante requiere la aprobación hoy de esta iniciativa para disminuir ese obstáculo más con el que se encuentran las mujeres para participar en la política y en los hombres para que, en definitiva, aprendan a conciliar la vida familiar y laboral, pues son precisamente los hombres los que menos concilian la vida familiar y laboral. Hemos de acabar con la desigualdad y para ello fomentar que los cuidados y responsabilidades derivados de la maternidad y paternidad sean asumidos y compartidos por el conjunto de los hombres y mujeres, y todo ello, por supuesto, con la verdadera participación e implicación del Estado. Si realmente se pretende que cada vez haya más mujeres en la política a través de medidas como las listas paritarias, listas cremallera en el caso de Izquierda Unida, o porcentajes (sabemos que las medidas tendentes a la igualdad nunca deben ser aisladas), deben ir acompañadas de amparo y empujes legislativos y sociales que impliquen un verdadero reparto de ambos ámbitos, el familiar y el laboral, esto es, el reparto de las tareas

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domésticas y la accesibilidad en igualdad de condiciones en este caso a la vida política. Como ya he comentado, es algo que con la actual regulación en la Ley 39/1999 precisamente no se logra, pues obliga a optar por uno de los dos para cumplir con un ámbito, el laboral o el familiar, no coincidiendo en esa baja, lo que sería necesario. De esa manera supone el reparto y no compartir al cien por cien esa responsabilidad y ese disfrute. La discriminación que sufre la mujer en el trabajo por su función procreadora, que ya es histórica, se produciría si el permiso pudiera ser disfrutado simultáneamente por el padre. En el caso de los cargos públicos de representación hemos de partir de la necesidad de compartir las responsabilidades de la vida familiar y también de que los hombres y mujeres podamos disfrutar de un derecho que actualmente se nos niega: compatibilizar precisamente la maternidad y la paternidad con nuestra peculiar vida laboral, ligada actualmente, como ya se ha comentado, a un acta personal y un voto intransferible. Es evidente que requerimos una solución. El verdadero acceso de la mujer a la vida política, como también se ha manifestado, solo se logrará a través de medidas como esta, siempre que se haga partiendo de la liberación del rol reproductor y que se comparta con el hombre en igualdad de condiciones, esto eso al cien por cien; ni la mujer debe renunciar a la vida familiar por la política ni el hombre. Tenemos la obligación de acabar con los obstáculos hoy vigentes que dificultan el ansiado acceso de la mujer a la vida política. Recordemos que el 60 por ciento de las diputadas solo está una legislatura en el Congreso. Por el contrario, el 2,8 por ciento de las mujeres permanecen tres o más legislaturas frente al 20 por ciento de los varones. La adopción de medidas como esta proposición no de ley nos acerca a la igualdad en este camino largo y que está dejando tantas víctimas, que es la lucha por derrotar la discriminación por razón de sexo. Los valores, necesidades y experiencias de la mujer deben tomar significación política y el hombre debe asumir su papel en la vida familiar; así romperemos la actual dinámica. Trabajemos, señorías, por compartir el mundo de lo público y lo privado a partes iguales; trabajemos por cambiar la sociedad para que sea más justa, más igual; trabajemos por una realidad política con participación equitativa de hombres y mujeres sin renuncias de ninguno de los dos a ninguno de los ámbitos de la vida, por un mundo de igualdad, por un mundo de mujeres y hombres.


Gracias. (Aplausos.)

La señora VICEPRESIDENTA (Chacón i Piqueras): Muchas gracias, señora Navarro.


Continuamos con el turno del Grupo Parlamentario Vasco. Tiene la palabra, para fijar posición, la señora Uría.


La señora URÍA ETXEBARRÍA: Muchas gracias, señora presidenta.


Señoras y señores diputados, esta es una de las cuestiones a las que una, dadas sus convicciones, casi por instinto manifiesta su adhesión una vez que lee la iniciativa. Aunque no me correspondía a mí, según el orden normal de distribución material de los asuntos en mi grupo (tampoco diría a quién; así quedarán diluidas las culpas, si es que existen, entre mis compañeros de grupo), sí me sirve para hacer la reflexión de que casi siempre, excepción hecha de Coalición Canaria que no tiene mujeres dentro de él, se residencia en nosotras luchar por nuestras propias causas. No está mal que así sea puesto que así lo hacemos quizá con una mayor convicción. Como causa para la defensa de la iniciativa que se propone se ha utilizado por parte de la representante del Grupo Socialista el derecho de las mujeres a la paridad, noble causa por cierto. Por parte de la representante del Grupo Catalán (Convergència i Unió) se ha hecho más hincapié en la conciliación de la vida familiar y política, si bien ha hecho un análisis desde el punto de vista jurídico y constitucional enormemente interesante, en algunos de cuyos aspectos incidiré yo también.


Hay un tercer aspecto, señorías (sobre todo me dirijo a las señorías mujeres), que no se nos debe ocultar, y es el de la configuración de las mayorías. Estamos en tiempo; esta es una legislatura de mayorías escasas, y es del interés de las formaciones políticas el que por una baja por maternidad no puedan perder un asunto que tenga interés político. Por lo tanto, llegar a regular la suplencia de las mujeres en determinadas circunstancias a lo mejor va a acabar produciéndose finalmente por cuestiones de interés político, ajenas a la idea de la lucha por la paridad o por la conciliación de la vida familiar y política, que es algo (lo tengo para mí) que está detrás de la solución que se le ha dado en el Parlamento andaluz. No obstante, desde mi perspectiva y desde la perspectiva de mi grupo prefiero situarme en lo que la iniciativa presentada por el Grupo Socialista tiene como exposición de motivos cuando cita la cumbre Mujeres en el Poder, celebrada en Atenas en 1992, donde se habló de la democracia paritaria y se planteó no solo la necesidad de alcanzar una igualdad de representación de hombres y mujeres en el poder político sino también la necesidad de eliminar los obstáculos que en la práctica impiden esa igualdad y un nuevo concepto de democracia más participativa y que aprovecha adecuadamente todos sus recursos, también los que suponemos que somos las mujeres.


La actividad parlamentaria no es ajena a esta realidad ni a las dificultades de conciliar el ejercicio de la maternidad con las responsabilidades en el ejercicio del espacio político; no solo se limita a la maternidad, como se ha manifestado, sino que puede haber circunstancias distintas que sugieran establecer en el ordenamiento jurídico sistemas de sustitución de las y los parlamentarios

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electos durante su baja por maternidad o por otras causas. Hay países como Portugal que incluso han contemplado en sus estatus jurídicos sistemas de sustitución por baja laboral o por situaciones similares; sin embargo, señorías, a la hora de trasladarlo al ordenamiento jurídico concreto existen problemas importantes no solo de tipo constitucional (la señora Pigem ha hecho referencia a que el artículo 79 de la Constitución establece que el voto es personal e indelegable), sino también problemas derivados del hecho de que al estatus de diputado (que debería ser objeto de modificación en la Ley Orgánica del Régimen Electoral General) se le une un estatus concreto de inmunidad y de inviolabilidad que difícilmente, o por lo menos de manera complicada, iba a poder ser trasladado a quien ejerciera la sustitución por períodos de maternidad, que es un período relativamente largo, o por otro tipo de bajas; repito que se me antoja realmente difícil. Existen además un tipo de actividades en la Cámara que no son propias de la formación política sino que son personales como, por ejemplo, las solicitudes de información, que también van firmadas por la representación del grupo pero que pertenecen a cada diputado en concreto, de la misma manera las preguntas orales o escritas; estas decaerían o desaparecerían en el caso de que se produjese una sustitución. Estamos ahora en tiempos en los que hablamos constantemente de la modificación del Reglamento. Tampoco se alcanza el porqué esta Cámara va a pedir al Gobierno que traiga una norma que regule estas cuestiones cuando muchas de ellas podrían ser tratadas en el propio Reglamento de la Cámara, si bien creo que la Ley Orgánica del Régimen Electoral General tendría mucho que decir a este respecto. Caben dudas sobre si lo más correcto sería que cada electo o cada lista de posibles electos tenga un suplente o bien que hubiese un corrimiento de las candidaturas, lo que supone también una diferencia importante de tratamiento entre las circunscripciones grandes y las pequeñas; se me ocurren las de Madrid o Barcelona, donde siempre quedan miembros suplentes para el devenir de una legislatura concreta, pero en esta Cámara ha habido situaciones de circunscripciones en las que solamente hay cuatro diputados y en las que, por el devenir de la candidatura, de la legislatura y por existir, por ejemplo, elecciones locales de por medio, ha habido dificultades para poder encontrar quien sustituyera a una persona concreta. Habría que estudiar si se debería establecer siempre un listado de suplentes o bastaría con el mero corrimiento de las listas.


Todas estas son cuestiones importantísimas que afectan a principios plasmados en el propio texto constitucional, pero también a leyes orgánicas como es la del régimen electoral. En todo caso y como estamos hablando de la toma en consideración de una iniciativa, yo lo dejo a la labor del Gobierno para que estudie, decida y nos presente un texto. A las dificultades que suponen los obstáculos que he comentado le superan desde mi perspectiva personal (la adelanto, y desde lo que mi grupo parlamentario viene sosteniendo) la idea de democracia paritaria y la idea de representación de hombres y mujeres en el poder político en condición igual. Por lo tanto, en este momento decimos que sí a que se inste al Gobierno a lo que pretenden ambas proposiciones no de ley, con las enmiendas, por cierto, que se han presentado y que son absolutamente importantes para la paridad, puesto que establecen respecto de los hombres un idéntico tratamiento. El grupo al que represento -insisto- dirá que sí a que el Gobierno tome en consideración y actúe conforme a lo que se le insta en ambas proposiciones no de ley.


Muchas gracias.


La señora VICEPRESIDENTA (Chacón i Piqueras): Muchas gracias, señora Uría.


Finalmente, fijará posición el Grupo Parlamentario Popular. Tiene para ello la palabra la señora Roldós.


La señora ROLDÓS CABALLERO: Muchas gracias, señora presidenta.


Señorías, el Grupo Parlamentario Popular va a votar favorablemente la enmienda de sustitución presentada por el Grupo Parlamentario Socialista y por el Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió) porque mejora notablemente el texto presentado por cada uno de los grupos, que sorprendentemente habían olvidado los permisos de paternidad; vamos a votar favorablemente porque ha sido un Gobierno del Partido Popular el primero de la democracia española que desarrolló una ley de conciliación de la vida laboral y familiar introduciendo normas que ayudan a la conciliación del trabajo con el cuidado de la familia, normas que han sido complementadas con el desarrollo reglamentario de esta ley en el marco del Plan integral de apoyo a la familia. Por tanto, nosotros, impulsores por primera vez de esa Ley de conciliación de la vida familiar y laboral, no podemos votar en contra de algo que es simplemente un estudio y un trabajo necesario para ver cómo sería posible compatibilizar el ejercicio de la Función pública representativa con el derecho de las madres y de los padres a los periodos de baja por maternidad, adopción y acogimiento.


Señorías, yo quisiera recordar aquí cuál fue el objetivo y la filosofía inspiradora de la Ley de conciliación de la vida familiar y laboral: el reparto equitativo de las responsabilidades familiares. Por eso, al Grupo Popular nos sorprendía que se hubieran olvidado del permiso paternal, porque la maternidad, el cuidado de los hijos no debe ser exclusivamente responsabilidad de las mujeres, responsabilidad de las madres, sino que debe ser una tarea compartida, como lo recoge la filosofía de la Ley de conciliación de la vida familiar y laboral. Además se está haciendo en un momento oportuno, cuando el presidente de esta Cámara, de acuerdo con la mayoría de los grupos parlamentarios, está proponiendo

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una reforma del Reglamento del Congreso, de la misma manera que se propondrá una reforma del Reglamento del Senado.


Nosotros queremos ir más allá, no solamente atender a un problema de conciliación de la vida familiar y laboral. Ese estudio, esa reforma debe recoger, además de los supuestos de maternidad y paternidad, aquellos acontecimientos que de manera natural o accidental suceden en la vida de los cargos de representación; me estoy refiriendo, por ejemplo, a las bajas por enfermedad grave, a los accidentes, a las lesiones que sufren las personas y que las incapacitan para desarrollar su vida parlamentaria durante un periodo concreto de tiempo. Me gustaría recordar algo importante, que esas ausencias temporales de los diputados por motivos relevantes han sido a lo largo del tiempo, haciendo un análisis del derecho comparado en los distintos países, solucionadas de diferentes maneras. Yo estoy muy de acuerdo con la portavoz del Grupo Parlamentario Vasco cuando hacía referencia a que la base democrática del parlamentarismo exige que el Parlamento sea una cámara de representación, porque esa representatividad surge de las urnas y porque no solamente debemos dar la idea de que el diputado es alguien que de vez en cuando viene a apretar un botón, sino que el diputado es algo más, es quien está representando al pueblo en la función legislativa y en la función de control al Gobierno.


Yo quisiera hacer un breve repaso de los antecedentes que hay en nuestro país con respecto a estas modificaciones. En el Parlamento de Andalucía en el año 1995 (desde luego su espíritu no fue el de la conciliación de la vida familiar y laboral sino el de la aritmética parlamentaria, que venía a suponer que había una mayoría ajustada que impedía en aquel momento la investidura del presidente de la Junta de Andalucía) se modificó el reglamento. De la misma manera el reglamento del Parlamento de Canarias en 1999 recogió la figura del embarazo y del parto reciente, así como la del diputado o diputada que estuviera hospitalizado. Desde luego el espíritu no fue el de la conciliación de la vida laboral y familiar o, en este caso, de la vida política. Las soluciones que encontramos en el derecho comparado a estas ausencias temporales de los diputados por motivos relevantes son varias. Una de ellas, quizá la más antigua, es el voto por delegación, la que asumieron la Asamblea francesa y el Senado francés, y que también tiene la Cámara de Diputados de Luxemburgo. Esa delegación del voto no cabe en nuestro ordenamiento jurídico ni en nuestro parlamentarismo, porque la Constitución española dice en el artículo 79.3 que el voto es personal e indelegable, y el artículo 67.2 habla de la prohibición expresa del mandato imperativo. De modo que no nos parece una solución adecuada, máxime teniendo en cuenta la experiencia del Parlamento francés, donde la norma ha dado lugar a que algo que debería tener carácter excepcional se convierta en algo cotidiano, llevando al absentismo la representación en la Cámara de Diputados de Francia. Debemos tener cuidado a la hora de legislar y de buscar la fórmula más adecuada, teniendo en cuenta los errores que se han cometido en otros países, o los perjuicios que se han ocasionado.


Otra fórmula sería el llamado voto electrónico, haciendo uso de las nuevas tecnologías. Muchos países europeos tienen en cuenta las nuevas tecnologías. Indudablemente, como decía la portavoz del Grupo Parlamentario Vasco, hay problemas difíciles de solventar, como es la presencia, el quórum; ahí está la presencia para el voto por medio de vídeoconferencias, de las nuevas tecnologías, una vez más. Además hay algo que deberíamos tener en cuenta también: la presencia dentro del Parlamento. No debemos olvidarnos de que nuestro sistema democrático, nuestro sistema parlamentario es un referente para todos los ciudadanos.
No debemos hacer una Cámara en la que las soluciones excepcionales se conviertan en algo cotidiano.


Una fórmula más sería la de la sustitución, de la que se ha hablado aquí ya, a la que nuestra Constitución no hace ninguna referencia y que podría tener encaje. Estoy de acuerdo con el señor Mardones en que tendríamos que ser muy cuidadosos a la hora de asegurar los derechos y deberes del sustituto, no vaya a ser que creemos un sustituto que sea diputado de segunda categoría, o que acabemos introduciendo en el Parlamento los llamados contratos-basura.


Hay incluso otra fórmula, que se ha aplicado en el parlamentarismo español, la del pairing, utilizada en el Parlamento británico, en Estados Unidos, en Bélgica y en Canadá; como digo se ha utilizado en ocasiones puntuales en el parlamentarismo español, que no es más que ese sistema de compensación, ese acuerdo tácito o ese código de buena conducta o de buenas maneras y de honorabilidad entre los distintos grupos que permite que, cuando se produce la ausencia de un diputado por motivos relevantes, otro grupo no se aproveche de la situación y un diputado suyo se ausente también de la Cámara.


Por todos estos motivos, señorías, vamos a votar a favor de esta proposición no de ley. El Grupo Parlamentario Popular siempre ha sido favorable a conciliar la vida familiar y, en este caso, la vida política.
No quiero abandonar esta tribuna sin hacer un llamamiento, señora presidenta, para que, con el máximo consenso en esta Cámara, aprovechemos la reforma reglamentaria...


La señora VICEPRESIDENTA (Chacón i Piqueras): Disculpe un momento, señora Roldós.


Señorías, tratamos de agilizar el Pleno llamando a votación mientras está interviniendo todavía un diputado o diputada, pero esto exige un poco de silencio mientras entran en la Cámara. Por favor, señorías, les ruego silencio.


Adelante, intente acabar, señora Roldós. (El señor presidente ocupa la Presidencia.)

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La señora ROLDÓS CABALLERO: Señorías, quisiera hacer un llamamiento desde aquí para conciliar la vida laboral y familiar para que seamos un ejemplo para el resto de instituciones y el resto de las empresas y para que en las nuevas instalaciones de esta Cámara, que pronto se van a inaugurar, haya una guardería que permita no solamente a los diputados y a las diputadas conciliar la vida laboral, política y familiar sino también al resto de trabajadores de esta casa.


Muchas gracias. (Aplausos.)

El señor PRESIDENTE: Vamos a proceder a la votación de las proposiciones no de ley que han sido debatidas acumuladamente. Proposición no de ley del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso relativa a la cobertura financiera para el ejercicio 2005 de todas las actuaciones recogidas en el Plan Galicia y proposición no de ley del Grupo Parlamentario Mixto (señora Fernández y señor Rodríguez) relativa a compromisos presupuestarios para el Plan Galicia. Se ha presentado una enmienda transaccional. ¿Se opone algún grupo parlamentario a su tramitación? (Pausa.) Si no es así se entiende incorporada. También se ha producido una autoenmienda presentada por el Grupo Parlamentario Popular que tiene dos puntos de los que se solicita votación separada. Así pues, procedemos a la votación de las dos proposiciones no de ley acumuladas sobre la base, en primer lugar, de la enmienda transaccional, y a continuación votaremos la nueva propuesta del Grupo Parlamentario Popular en votación separada.


Primera votación. Proposición no de ley con su enmienda transaccional.


Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 330; a favor, 156; en contra, 174.


El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.


En segundo lugar, enmienda propuesta por el Grupo Popular, que solicita votación separada para el primer párrafo y el segundo párrafo. Entiendo que todos los portavoces disponen de ella.


Votación del primer párrafo.


Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 331; a favor, 137; en contra, 191; abstenciones, tres.


El señor PRESIDENTE: Queda rechazado.


Votación separada del segundo párrafo.


Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 331; a favor, 154; en contra, 177.


El señor PRESIDENTE: Queda rechazado.


Vamos a votar a continuación las proposiciones no de ley que se han debatido acumuladamente del Grupo Socialista del Congreso, sobre el ejercicio del derecho de maternidad de los cargos electos y del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), por la que se insta una modificación de la actual legislación para que las personas que ostenten cargos electos puedan ser sustituidas en caso de maternidad o paternidad y puedan compaginar la vida política con la familiar.


Se ha presentado una enmienda de sustitución suscrita por los dos grupos parlamentarios autores de la iniciativa. Vamos, pues, a votar esta enmienda de sustitución.


Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 329; a favor, 327; en contra, uno; abstenciones, una.


El señor PRESIDENTE: Quedan aprobadas las proposiciones no de ley sobre la base del texto de la enmienda de sustitución.


MOCIONES CONSECUENCIA DE INTERPELACIONES URGENTES:

- DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE IZQUIERDA VERDE-IZQUIERDA UNIDA-INICIATIVA PER CATALUNYA VERDS, SOBRE MEDIDAS A ADOPTAR PARA FRENAR LOS BROTES DE VIOLENCIA Y RACISMO EN LOS EVENTOS DEPORTIVOS. (Número de expediente 173/000041.)

El señor PRESIDENTE: Iniciamos el punto IV del orden del día: mociones consecuencia de interpelaciones urgentes.


En primer lugar, moción consecuencia de interpelación urgente, del Grupo Parlamentario de Izquierda Verde, sobre medidas a adoptar para frenar los brotes de violencia y racismo en los eventos deportivos.


Tiene la palabra la señora García Suárez. Adelante.


La señora GARCÍA SUÁREZ: Muchas gracias, señor presidente. (Rumores.)

El señor PRESIDENTE: Espere, por favor.


Por favor, hay una oradora. Piensen que alguna vez les tocará a ustedes ser los primeros y solo se acuerdan de este problema cuando le toca a uno o a una. Les ruego que abandonen el hemiciclo en la medida que puedan en silencio. (Pausa.)

Adelante, señora diputada.


La señora GARCÍA SUÁREZ: Muchas gracias, señor presidente.


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Señorías, nuestro grupo parlamentario trae a la consideración y aprobación o no de esta Cámara la moción consecuencia de la interpelación urgente sobre medidas a adoptar para frenar los brotes de violencia y racismo en los eventos deportivos realizada la semana pasada. El motivo fue ampliamente explicado y contrastado con la señora ministra y, sin duda, compartimos todos los grupos la preocupación, la inquietud y la necesidad de adoptar urgentemente las medidas necesarias para evitar los acontecimientos que se han ido produciendo en los últimos meses con más frecuencia, pero que sin duda tampoco son una novedad porque, por desgracia, venían sucediendo desde hace años esporádicamente. La gravedad reside ahora precisamente en la frecuencia con que ocurren actuaciones de falta de respeto, de falta de consideración y dicho de manera políticamente tajante de racismo y xenofobia en los campos de fútbol fundamentalmente. Sin ir más lejos, señorías, este sábado pasado en el partido de fútbol Albacete-Barcelona, jugado en Albacete, se volvieron a repetir los sonidos grotescos y xenófobos contra uno de los jugadores. En esta ocasión, y lo celebramos, el árbitro haciendo uso del derecho que le otorgan las recomendaciones de la UEFA recogió en el acta los acontecimientos que estaban ocurriendo. Esperamos y deseamos que la práctica de la responsabilidad de todos los agentes implicados en este problema sea el camino para la superación de estos comportamientos.
Debemos recordar en este sentido que, aun felicitando al mencionado árbitro, su potestad llega incluso a pedir que sean retiradas banderas o signos racistas del campo o incluso a parar el partido si las actuaciones afectan al respeto y a los derechos humanos, a los cuales nadie debe renunciar ni hacer dejación propia ni para aquellos a los que está representando. Por todo esto, señorías, esta moción pretende poner el acento en este grave problema, que sin duda, si no hacemos realmente actos valientes y consecuentes, si no tenemos una actitud responsable desde todos los ámbitos y todas las instituciones, puede ir degenerando hacia comportamientos cada vez más peligrosos.


Nuestra moción plantea seis puntos que mencionaré de manera sintética para no alargar innecesariamente mi intervención. Además, adelanto que el Grupo Socialista, el Grupo Catalán (Convergència i Unió) y el Grupo Popular han presentado una serie de enmiendas. El Grupo Socialista y el Grupo Catalán (Convergència i Unió) han presentado dos, una cada grupo, las cuales mejoran y amplían nuestra propuesta y no entran en contradicción con la filosofía y el planteamiento de nuestra moción. Por tanto, las aceptamos con el convencimiento de que mejoran claramente nuestra propuesta.


En cuanto a las enmiendas presentadas por el Grupo Popular, no acabamos de ver cómo pueden acoplarse a nuestra moción, por lo que sin entrar en su valoración -no es mi intención hacerlo en este momento-, ni tan siquiera a calificarlas de más o menos acertadas desde nuestro punto de vista, simplemente consideramos que es otra moción, otra propuesta que respetamos, pero que distorsionaría completamente nuestro planteamiento.


Nuestra moción recoge, en primer lugar, que se revise el código de ética deportiva, de forma que quede explícitamente claro que, al aceptarlo, se adquiere un compromiso que impone una actuación decidida contra las actitudes racistas y xenófobas en todas sus manifestaciones, y que dicho código, que es lo importante desde nuestro punto de vista, se difunda entre todos los estamentos implicados en la organización y desarrollo de las actividades deportivas. En segundo lugar, que se desarrolle un plan concreto en colaboración con las comunidades autónomas sin menoscabo de sus competencias en esta materia, un plan que sea lo más amplio posible, lo más transversal y que verdaderamente tenga en cuenta en sentido positivo las consecuencias, las raíces y todos los proyectos tanto desde el punto de vista preventivo y educativo como desde el punto de vista del fomento del deporte. En tercer lugar, que se desarrollen campañas institucionales de concienciación sobre los valores a favor de la tolerancia y la no discriminación y contrarias a las actitudes racistas y xenófobas. En cuarto lugar, que se den las instrucciones precisas a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado y a los clubes y estamentos que contratan servicios de seguridad privada, que vigilan y controlan precisamente los eventos deportivos, para que se exija el cumplimiento estricto de la legalidad definida en la Ley 10/1999, de 15 de octubre.
Por último, que se promueva ante las autoridades gubernativas pertinentes que las sanciones que se impongan por incumplimientos de la Ley del Deporte se ajusten al baremo definido para infracciones leves, graves o muy graves, sobre todo por lo que a los actos de racismo y xenofobia se refiere. Aquí quiero volver a recordar, como hice con motivo de la interpelación, que en estos momentos hay un incumplimiento gravísimo en este sentido, puesto que los actos de xenofobia se están imputando como infracciones graves y se están poniendo al mismo nivel que cualquier acto puramente juvenil, como colarse en un campo de fútbol. Por tanto, este es un tema importante.


Por último, la enmienda del Grupo Catalán (Convergència i Unió) propone que en el punto 2, donde dice desarrollar un plan concreto en colaboración con, se añada que a estos efectos se tendrá en cuenta la opinión de las comisiones antiviolencia de las comunidades autónomas donde existan. En el caso del Grupo Parlamentario Socialista, al final del punto 6, añadir: ... y crear un observatorio contra el racismo y la intolerancia en el deporte, para fomentar la investigación y el desarrollo de acciones de prevención en la lucha contra el racismo en la comunidad deportiva.


Estos dos puntos nos parecen realmente muy acertados, celebramos que el conjunto de la moción haya sido del agrado de estos grupos y esperamos que lo sea también del resto de los grupos del Parlamento.


Muchas gracias.


El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señora García Suárez.


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A continuación, para la defensa de las enmiendas presentadas, interviene el señor Campuzano, del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió). Adelante.


El señor CAMPUZANO I CANADÈS: Gracias, señor presidente.


Voy a intervenir brevemente y desde el escaño.


Nos plantea el Grupo de Izquierda Verde-Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya Verds esta iniciativa oportuna. Hemos leído con atención el debate que se suscitó con la ministra de Educación el pasado Pleno y mi grupo ha presentado una enmienda concreta, que pretende situar la actividad que realizan las comisiones antiviolencia que han impulsado diversos gobiernos autonómicos como un eje central de cualquier política en esta materia.


Esta es una enmienda que ha impulsado el portavoz de Convergència i Unió del área de deportes, don Josep Maldonado, que no ha podido asistir a este debate, como a él le hubiese gustado. Está redactada desde la experiencia de su ejercicio como secretario general del Deporte en la pasada legislatura en el Gobierno de Cataluña, habiendo impulsado precisamente mecanismos que desde el trabajo conjunto con la sociedad civil organizada, en este caso del ámbito deportivo, puedan permitir el desarrollo de esta política contra la violencia; una etapa que el señor Maldonado hizo acompañado del hoy vicepresidente segundo del Congreso de los Diputados, Jordi Vilajoana, que era consejero de Cultura y que tenía bajo su responsabilidad las cuestiones del deporte.


Precisamente desde esta experiencia de la acción política de Convergència i Unió en el Gobierno de la Generalitat, nos parece que la iniciativa que hoy suscita este debate es oportuna y necesaria. La situamos en un contexto, además, triple: un aumento de la población inmigrante en nuestro país, un aumento del racismo y la xenofobia, vinculada a esa mayor presencia de la población inmigrada y que enlaza con problemas de racismo y xenofobia que el conjunto de nuestra sociedad arrastra desde hace tiempo -quizás olvidamos que una comunidad como la gitana en esta sociedad continúa siendo objeto muchas veces de discriminación- y finalmente una debilidad de las políticas públicas en general orientadas a combatir la xenofobia y el racismo en el Estado español.


La iniciativa que estamos discutiendo se circunscribe exclusivamente al ámbito deportivo, donde como apuntaba muy bien la señora García en los últimos tiempos -ella misma recordaba que hace escasamente una semana- se han venido produciendo situaciones que han provocado incluso un escándalo internacional. Hemos echado en falta una respuesta contundente por parte de los poderes públicos frente a este tipo de situaciones. Por tanto, ausencia de políticas públicas, persistencia de problemas de xenofobia y racismo y auge de la presencia de personas emigradas que pueden hacer aumentar las condiciones objetivas para que esas situaciones se continúen produciendo e irrupción de esta realidad en el mundo del deporte.


La iniciativa del Grupo Izquierda Verde-Izquieda Unida-Iniciativa per Catalunya Verds tiene una virtud interesante que enlaza con experiencias que se han dado en Cataluña en los últimos tiempos. Combatir el racismo y la xenofobia en los estadios deportivos exige el absoluto compromiso y la absoluta complicidad de las directivas de los clubes deportivos. Sin esa complicidad de los clubes es imposible hacer frente a esta realidad dramática. Uno de los clubes más significativos de nuestro país, de Cataluña, el Fútbol Club Barcelona, con su nueva directiva, ha demostrado su capacidad para hacer frente de manera valiente y arriesgada, jugándose el tipo -si me permiten la expresión coloquial-, y expulsar del Nou Camp a aquellos grupos que han exhibido símbolos neonazis y fascistas y han fundamentado su presencia en el Nou Camp precisamente en los valores del racismo y la xenofobia. Ese compromiso de la junta directiva del Barça para expulsar del Nou Camp a estos grupúsculos impresentables es un buen ejemplo -estoy seguro que hay otras experiencias en el resto del Estado que ahora desconozco- que nos indica que tan solo desde el compromiso de los clubes deportivos es posible avanzar en esta materia. En este sentido, el fortalecimiento del código de ética deportiva y el compromiso de los clubes en torno al mismo, que es la primera propuesta que nos formula Izquierda Verde-Iniciativa per Catalunya en su moción, nos parece absolutamente sustancial.


España tiene pendiente una política de lucha contra el racismo y la xenofobia. Es cierto que la experiencia de las políticas europeas en este ámbito no invita al optimismo. Países europeos con una tradición sostenida en el tiempo de iniciativas en este ámbito han visto cómo la extrema derecha se instalaba en las sociedades con éxitos electorales sustanciales y cómo han aparecido problemas graves de discriminación y de racismo. Esto aconseja al nuevo Gobierno que, junto con la puesta en marcha de la política necesaria en esta materia, debe aprender de los errores que el resto de los socios de la Unión Europea han cometido en esta materia.


Hoy El País publica un artículo del señor Rifkin, sugerente e interesante, en el que viene a decir, entre otras cosas, que nos jugamos el sueño europeo frente al fenómeno migratorio. Ser capaces de aplicar a los ciudadanos extranjeros que se han incorporado en nuestras sociedades los mismos principios y valores que aplicamos a los ciudadanos europeos será lo que permita comprobar si el modelo social europeo, si el modelo social en el que se fundamenta la convivencia en nuestras sociedades es capaz de mantener esos principios y valores también para esta población. La discusión, el debate y las propuestas contra el racismo y la xenofobia suscitan nuestra capacidad de hacer posible que el modelo social europeo, que el sueño europeo del que habla Rifkin llegue también de verdad a las personas extranjeras, a las personas diferentes de nuestra sociedad. En este sentido, sabiendo que el Grupo Parlamentario de Izquierda Verde-Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya Verds va a aceptar nuestra enmienda, vamos a votar favorablemente esta moción.


Muchas gracias.


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El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Campuzano.


Por el Grupo Parlamentario Popular tiene la palabra el señor González Pérez.


El señor GONZÁLEZ PÉREZ: Señor presidente, señorías, cuando hace dos semanas se trajo a este Pleno este tema en concreto, el Grupo Popular lo vio con muy buenos ojos, porque entendía que estaba planteado en tiempo y forma. También es cierto que pensábamos que lo que se pretendía era ser valientes, avanzar e intentar conseguir precisamente lo que se había iniciado en anteriores legislaturas, que era combatir sin ningún género de ambigüedad todo lo que está sucediendo en los terrenos de juego, sea en fútbol, sea en balonmano, sea en baloncesto o sea en cualquier actividad deportiva.


Decía la portavoz de Izquierda Unida en su intervención inicial que este fin de semana hemos podido observar como en algún campo ha habido alusiones racistas. Tengo que decir que no solamente en el campo del Albacete se insultó a un jugador -aunque en el fondo no es un insulto al jugador, es un insulto a todos nosotros, a todos lo que repudiamos absolutamente el ámbito xenófobo o el ámbito racista-, porque esto también ocurrió, por ejemplo, en el campo del Athletic de Bilbao. Hubo insultos absolutamente xenófobos hacia los españoles por parte de algunos aficionados, de algunos descerebrados, porque estoy absolutamente seguro de que la afición del Athletic de Bilbao no piensa así. Eso también es xenofobia y, por tanto, pretendemos erradicar todo eso, lo de un campo y lo de otro, que el deporte sea deporte y que todos salgamos ganando. Sin embargo, nos hemos quedado insatisfechos. Desde aquí voy a anunciar que, como la portavoz de Izquierda Unida ha dicho que no van a aceptar ninguna de nuestras enmiendas, sin calificarlas, vamos a presentar una proposición no de ley que, desde nuestro punto de vista, cumplimente todo lo que entendemos que se queda en el aire.


Hay que decir de forma clara que no se puede pretender erradicar de nuestros campos de fútbol, de nuestros campos de balonmano, de nuestros campos de baloncesto, del ámbito deportivo la violencia o la xenofobia si no contamos fundamentalmente con una parte esencial, que en este caso son los actores o participantes en las actuaciones deportivas, y quiero clarificar: federaciones deportivas, clubes de fútbol, televisiones, todo aquello que está implicado en sí en lo que es la transmisión, en lo que es la extrapolación hacia el resto de la sociedad de lo que sucede en los campos de fútbol.


Nosotros entendemos que en este caso ha habido un elemento de inhibición por parte de los autores y del resto de los grupos, que hemos visto que han enmendado pero que se han quedado cortos desde nuestro punto de vista. Era una oportunidad magnífica para que todos demostráramos realmente nuestra absoluta voluntad de acabar desde las instituciones, desde nuestra responsabilidad, desde la responsabilidad que tenemos aquí con esa violencia, con esa xenofobia, con esos brotes de racismo, que son muy pocos los que los realizan pero que, en el fondo, están llegando a comprometer situaciones mucho más relevantes. Quiero decir que actitudes como ésa afectan lógicamente a aspiraciones como pueden ser, en este caso, de eventos deportivos de carácter internacional que todos deseamos, estoy absolutamente seguro. Pues bien, como desde nuestro punto vista todo esto se queda corto, presentaremos, como he dicho, una proposición no de ley, que espero sea respaldada. La moción queda coja precisamente porque las administraciones no quedan implicadas en todo aquello en lo que nosotros entendemos que tiene que participar en la actividad para la realización del deporte y por ello nos vemos en la obligación de mantenernos en una abstención en este caso positiva. Entendemos que es un avance pero no llega a satisfacer lo que tiene que ser la finalidad a conseguir desde las instituciones, que cerremos este capítulo tan absolutamente desagradable y reprobable de lo que sucede en los campos.
Además voy a leer brevemente el texto en el que nosotros basamos lo que acabo de decir: En el convencimiento de que es necesario garantizar un amplio consenso en la lucha contra la violencia social al deporte, así como garantizar la coordinación y la colaboración y la conjunción de los esfuerzos de todas las instituciones públicas o privadas con responsabilidades en la materia y afectadas por este fenómeno. Eso falta, desde nuestro punto de vista, en la moción. En segundo lugar, la conveniencia de abordar una eventual adaptación de nuestro ordenamiento jurídico partiendo de la experiencia acumulada, que la ha habido -ha habido modificaciones del Código Penal y modificaciones en la Ley del Deporte en las anteriores legislaturas- para la prevención, reducción y erradicación de la violencia social al deporte a lo largo de la próxima década como mínimo. En tercer lugar, la búsqueda de un mayor equilibrio entre las dimensiones preventiva y represiva que permitan articular medidas adoptadas en este campo, adaptando y actualizando los instrumentos punitivos y de control, cuyo mantenimiento nadie discute e impulsando medidas de naturaleza socioeducativa para fomentar y favorecer las actitudes de no violencia en el deporte. Si solamente al final participan comunidades autónomas, ayuntamientos, Gobierno, les garantizo desgraciadamente que no vamos a avanzar nada. Así que desde esta abstención positiva que vamos a realizar en la votación, anunciamos que presentaremos una proposición no de ley, y estamos absolutamente dispuestos a que se nos sugieran aportaciones a este texto porque en el fondo lo que importa no es quién gana una votación, sino cómo acabamos con la violencia en el deporte.


Muchas gracias, señor presidente. (Aplausos.)

El señor PRESIDENTE: Gracias, señor González Pérez.


A continuación, para la defensa de las enmiendas, Grupo Parlamentario Socialista, señor Jiménez.


El señor JIMÉNEZ PÉREZ: Señor presidente, señorías, el Grupo Parlamentario Socialista va a apoyar

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la moción presentada por Izquierda Verde-Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya Verds al corresponderse los apartados que se recogen en la moción con las medidas que ya está tomando el Consejo Superior de Deportes a través de la Comisión nacional contra la violencia en los espectáculos deportivos. Asimismo, el Grupo Parlamentario Socialista se felicita porque ante los hechos acaecidos recientemente, y que son motivo de la moción que hoy estamos debatiendo, la reacción del Gobierno fue inmediata y decidida. En primer lugar, se produjeron manifestaciones de condena, firmes y contundentes, por parte del gabinete de la Presidencia del Gobierno, del Ministerio de Asuntos Exteriores y Cooperación, de la ministra de Educación y Ciencia y del propio secretario de Estado de Deportes.


En segundo lugar, se produjo la convocatoria urgente de la Comisión nacional contra la violencia, donde, entre otras, se tomaron las siguientes decisiones. Primero, instar a la Federación Española de Fútbol, organizadora de los partidos donde se produjeron los incidentes, a valorar los hechos y a tomar las medidas preventivas y disciplinarias oportunas en el ámbito de su competencia. Segundo, instar a los coordinadores de seguridad, para que en las actas previas y en los informes posteriores a los espectáculos deportivos se aborden las medidas preventivas y se reflejen todos los incidentes de corte racista o xenófobo, para elaborar las correspondientes propuestas de sanción.
Tercero, promover, a través del Consejo Superior de Deportes, junto a la Federación Española de Fútbol y la liga nacional de fútbol profesional, campañas de educación y prevención contra las actitudes racistas. Cuarto, pedir la sensibilización ante este problema a todos los estamentos del deporte, para coordinar esfuerzos en su decidida política de erradicar estos comportamientos.


El Grupo Parlamentario Socialista, conocedor de la firme voluntad del Gobierno por erradicar las manifestaciones de racismo y xenofobia, apoyará decididamente las políticas a llevar a cabo para cumplir este objetivo. Hay un amplio consenso entre los expertos sobre la eficacia de las medidas represivas y de control policial, cuya necesidad y validez está fuera de dudas, pero hay que tratar de diseñar dispositivos de seguridad para el aficionado, no contra el aficionado. No obstante, todos los especialistas coinciden en apostar por un modelo de prevención que impulse medidas socio-educativas, estructurales y con proyección a largo plazo. No estamos hablando aquí de deporte de elite o de tecnificación, sino de deporte como instrumento para resolver otros conflictos, los conflictos de los no deportistas. Es necesario apostar por estas medidas a temprana edad, pues se ha demostrado que, a medida que aumenta la edad, se incrementan las actitudes antideportivas. La solución pasa por formar a nuestros niños y jóvenes, ofreciéndoles una educación basada en valores positivos que los conviertan en personas tolerantes y respetuosas con los demás. También tendremos que actuar en el deporte de base, en colaboración con las comunidades autónomas y los ayuntamientos, siendo su papel muy importante como la institución más próxima al ciudadano. Son las autoridades locales las que están en mejor posición para asegurar que se tomen las medidas adecuadas.


En el campo del deporte profesional hay que mejorar la colaboración con las federaciones y los clubes deportivos. Los clubes han de potenciar la acción de aquellos grupos de aficionados o peñas que promuevan la tolerancia, la igualdad y que colaboren a que se sancionen conductas racistas. Todos compartimos el interés por actuar, porque todos compartimos los valores positivos asociados al deporte. El deporte debe ser el reflejo de nuestros mejores valores de comportamiento individual y social. Todos estamos implicados, autoridades, administraciones públicas, organizaciones deportivas, clubes, deportistas, padres, madres, educadores, aficionados y también los medios de comunicación. Por tanto, colaboremos todos juntos en la lucha por erradicar estos comportamientos que tanto avergüenzan al conjunto de la sociedad.


Muchas gracias. (Aplausos.)

El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Jiménez.


Turno de fijación de posiciones. Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV).
Señor Olabarría.


El señor OLABARRÍA MUÑOZ: Gracias, señor presidente.


Quiero manifestar el apoyo de nuestro grupo a la moción presentada por el Grupo de Izquierda Unida. No es posible refutar ninguna de sus argumentaciones, son todas pertinentes. Sí cabría implementarlas con otras reflexiones, hechas también de forma pertinente, tanto por el portavoz del Grupo Popular como por el portavoz del Grupo Socialista. Nos encontramos solo en el ámbito de la violencia, en el entourage del deporte, por razones de xenofobia o racistas. Nos encontramos también con grupos ultras identificados ideológicamente, de forma clara, como grupos fascistas que utilizan emblemas y símbolos preconstitucionales, liderados por delincuentes, reincidentes y peligrosos en muchas ocasiones, que en los últimos tres años han asesinado a cuatro seguidores de equipos rivales. Es un problema de dimensión creciente que nos debe hacer reflexionar profundamente a todos los grupos parlamentarios y recabar consensos.


Voy a apoyar su moción y la proposición no de ley que ha anunciado el Partido Popular y otras que puedan complementar la dimensión más amplia de la violencia en el ámbito del deporte y en sus aledaños, que forma parte de una patología social que se debe afrontar desde una perspectiva educativa, una perspectiva formativa, lo cual siempre produce efectos a medio y largo plazo, como bien indicaba la portavoz de Izquierda Unida y de forma inmediata, apelando a dos cuestiones que han sido comentadas aquí y que deben ser objeto de particular consideración. A la fehacientemente probada connivencia de algunos clubes de fútbol o de otras disciplinas deportivas con estos grupos, con los más violentos, hasta el punto de que se proporcionan gratuitamente entradas para determinados partidos a grupos liderados

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por auténticos delincuentes profesionales, que es una de las razones que está provocando estos problemas que hoy estamos debatiendo, y a la inhibición de las federaciones deportivas en actos que hemos vivido recientemente que, aunque son entidades de derecho privado, ejercen funciones públicas o cuasi públicas.


Tengo que comentar, señor presidente, que mi grupo parlamentario ha sido pionero presentando una pregunta respecto a las declaraciones, vamos a usar una expresión eufemística y amable, poco afortunadas de determinado seleccionador de una selección de fútbol de España, que ha producido un rebrote de las actitudes violentas en materia deportiva. Todo lo demás está bien argumentado por la proponente de la proposición. Nada que refutar. Solo quiero decir que determinadas declaraciones públicas que son susceptibles de estimular la violencia latente, que está provocada seguramente por circunstancias extra deportivas, además de las vinculadas a la competencia deportiva en sí mismas, siempre se incrementa cuando se hacen declaraciones de esta naturaleza que pueden constituir, además, un injusto penal, previsto en el artículo 14 de Código Penal, que es aquel consistente en aquellas manifestaciones que exalten actitudes racistas, xenófobas o que se dirijan a colectivos por razones de sexo, raza, religión, ideología u otros, artículo 514 del Código Penal. No estoy diciendo que ninguna persona en concreto haya cometido este delito, este injusto penal, en su caso hay órganos de la Administración de justicia que deberían valorarlo, pero hay que ser terriblemente prudentes con determinadas manifestaciones y sí que me preocupa, como le preocupaba al señor Campuzano y a otros portavoces, la inhibición de las personas o de las instituciones que tienen competencias disciplinarias, que han mantenido un silencio verdaderamente preocupante. Me estoy refiriendo tanto a la Federación Española de Fútbol, como a la FIFA, que ha actuado con más diligencia que otros órganos, y a otras organizaciones que al final sí han podido actuar convenientemente, como la Comisión Nacional contra la Violencia, la propia UEFA, etcétera. Desde esa perspectiva nos encontramos con una patología social, la podemos calificar claramente así, de signo creciente además exponencialmente.


La violencia en el mundo, sobre todo del fútbol y otras disciplinas deportivas de una gran acumulación de espectadores, está creciendo espectacularmente, además con unas connotaciones extrañas, vinculadas a actitudes xenófobas, a actitudes delictivas, a actitudes ideológicas absolutamente ajenas a las prescripciones que establece la Constitución, el sistema de derechos fundamentales y libertades públicas, y eso lo tenemos que atajar por el doble procedimiento con que se atajan las patologías sociales: desde una perspectiva formativa, educativa, preventiva, pero también desde una perspectiva punitiva. Y desde esa perspectiva punitiva es de donde nosotros apelamos a una mayor diligencia por los órganos que tienen estas competencias, indicando que es muy razonable lo que usted ha dicho en relación a cómo se aplica la Ley 10/1990, en su redacción dada por la Ley 53/2001, y cómo se aplica la Ley del Deporte en relación a las infracciones, que pueden ser leves, graves y muy graves, tendiendo la administración deportiva siempre a rebajar la gravedad de la sanción por entender que forma parte, es una reflexión un tanto subliminal, casi consustancial a determinadas manifestaciones o espectáculos deportivos, de un cierto componente de violencia de acompañamiento, y eso es terriblemente preocupante. Hay que ser duros desde una perspectiva legítimamente punitiva, y desde luego hay que realizar todas las labores preventivas de naturaleza educativa, vinculando a clubes deportivos, vinculando a federaciones de municipios, a las asociaciones familiares, que es donde se puede erradicar la transmisión a los hijos de cuáles son las conductas adecuadas en ese ámbito, a las instituciones escolares, donde también se pueden inocular valores vinculados a la práctica limpia...


El señor PRESIDENTE: Señor Olabarría, vaya concluyendo.


El señor OLABARRÍA MUÑOZ: Voy concluyendo ya.


En definitiva, quiero felicitar al Grupo de Izquierda Unida por la oportunidad y por la pertinencia de la iniciativa presentada.


Gracias, señor presidente.


El señor PRESIDENTE: Señor Cerdá, Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana.


El señor CERDÁ ARGENT: Señor presidente, señorías, no es un problema deportivo, sino de orden público y de seguridad, y también judicial. El problema de la intolerancia y la violencia en el ámbito del fútbol es desgraciadamente una realidad de hace demasiados años. Las gradas de los estadios de fútbol son, como ya hemos visto reiteradamente, caldo de cultivo para reclutar a adeptos y exhibir simbología nazi. Esta realidad contrasta con la ausencia de medidas sociales, educativas y judiciales eficaces para erradicarlas. Las actividades de los intolerantes en los estadios contrasta también con la escasa cooperación y colaboración de los órganos directivos e instituciones organizadoras de los eventos deportivos.


Debo con satisfacción felicitar, en nombre de mi grupo, y como lo han hecho también otros grupos, la actuación valiente y decidida de la junta directiva del Fútbol Club Barcelona, que puso fin a los grupos violentos que se vanagloriaban en el Camp Nou y aplaudimos su valentía y decisión e instamos a que los otros clubes actúen en el mismo sentido.


La pasividad institucional a nivel europeo tocó fondo con la tragedia del estadio de Heysel, en Bruselas, cuando una carga de hooligans contra la afición italiana acabó con la vida de 40 personas. En el Estado español son numerosos los ejemplos que desde 1975 vinculan a algunos miembros de hinchadas radicales del fútbol con agresiones y asesinatos de naturaleza racista e intolerante. En abril de 1992 la primera encuesta policial confirmó la existencia de skins nazis en nueve de los 38 grupos de aficionados que había en el momento. Concretamente,

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los Boixos Nois, Brigadas Blanquiazules de Barcelona, los Ultrayomus de Valencia, que impunemente exhibían una pancarta y la concernían al joven antifascista Guillemo Agulló que había sido asesinado por el grupo neonazi Acción Radical; las Brigadas Blancas de Albacete, el Frente Atlético y los Ultrasur de Madrid, las Juventudes Verdiblancas de Santander, el Ligallo Fondo Norte de Zaragoza y los Ultravioletas del Valladolid. Catorce años después de la entrada en vigor de la Ley del Deporte en 1990 la violencia en el ámbito del fútbol no puede ser erradicada y esto es una realidad. Son demasiados los incidentes que se producen dentro y fuera de los campos de fútbol en cada jornada.


El asesinato de Aitor Zabaleta en 1998 por el grupo Skin Bastión produjo una enorme conmoción que no fue acompañada de una reacción institucional.
Ni la actividad policial, ni la judicial, ni la falta de voluntad de los clubes ha disminuido la actividad de los grupos neonazis en los estadios de fútbol. Las instituciones deberían ser más exigentes en el cumplimiento de la legalidad dentro y fuera de los estadios, puesto que el fútbol ejerce un enorme atractivo entre gran parte de la población, con medidas para muchos jóvenes en un modelo preferencial asociativo.
Entendemos que no se puede desvincular esta iniciativa de la violencia que reiteradamente ejercen los movimientos de skins nazis en nuestra sociedad. Este viernes pasado falleció un joven que fue apuñalado en una agresión neonazi mientras disfrutaba de las fiestas de Gracia. Desde esta tribuna y solemnemente Esquerra Republicana quiere expresar el duelo a la familia, a los amigos, a los compañeros, quiere expresar nuestra profunda indignación e impotencia. La regulación existe, sólo falta aplicarla. Por ello estamos de acuerdo con la moción presentada por Grupo Parlamentario de Izquierda Verde-Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya Verds.


El Gobierno debe adquirir el compromiso de actuar decididamente contra las actitudes racistas y xenófobas y ha de fomentar un plan integral de prevención y cumplimiento de la legalidad vigente. Por todo ello ya hemos dicho que votaremos a favor, pero también debe acabar con la violencia skin nazi en otros ámbitos más allá de los deportivos. Es necesario, desde nuestro punto de vista, un análisis, un seguimiento y un control, junto con las asociaciones, ONG y todos los sectores implicados en este tipo de violencia, de los grupos que impulsan la violencia en el Estado español. Es necesario que dejen de tildarse como peleas entre jóvenes o entre tribus urbanas, cuando en realidad se trata de agresiones por razones ideológicas, y este caso está tipificado ya en nuestro Código Penal. Es necesario un equipo especializado en violencia urbana en las fuerzas de seguridad competentes. Es necesario que la fiscalía persiga activamente el amplio abanico de delitos relacionados con la violencia urbana, el racismo y la intolerancia y por ello la posibilidad de crear una fiscalía especializada.


Por último, es primordial el apoyo a las víctimas del racismo y la intolerancia neonazi. El trato que reciben las víctimas de la violencia skin nazi en el Estado español no es el que se espera en una sociedad avanzada, democrática y moderna. Consideramos, pues, de justicia que las víctimas de la violencia skin nazi se equiparen legalmente a las víctimas del terrorismo. Son medidas que presentaremos en breve como iniciativas parlamentarias diferenciadas en el Congreso, puesto que amplían el ámbito de aplicación, como también han apuntado otros grupos, de esta moción limitada exclusivamente, y no por ello menos oportuna, a la violencia en el deporte.


Muchas gracias.


El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Cerdà.


Desearía que el grupo parlamentario proponente dijera las enmiendas que acepta o rechaza.


La señora GARCÍA SUÁREZ: Muchas gracias, señor presidente.


Como ya he anunciado en mi intervención, pero ahora reitero, aceptamos las enmiendas del Grupo Socialista y las enmiendas del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), y como también ya he dicho, rechazamos las enmiendas del Grupo Popular.


Muchas gracias.


El señor PRESIDENTE: Gracias.


- DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE ESQUERRA REPUBLICANA (ERC), SOBRE LA PREVISIÓN DE COMUNICACIONES DEL EJE MEDITERRÁNEO DESDE ALGECIRAS A PERPINYÀ. (Número de expediente 173/000042.)

El señor PRESIDENTE: Continuamos con la siguiente moción del Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana, sobre la previsión de comunicaciones del eje mediterráneo desde Algeciras a Perpinyà.


Para su defensa, tiene la palabra el señor Cerdà.


El señor CERDÀ ARGENT: Presidente, señorías, la moción que mi Grupo de Esquerra Republicana presenta es de vital importancia para el desarrollo económico de nuestro país y también para el conjunto del Estado, para planificar con tiempo una estrategia de infraestructuras que favorezca el eje comercial más dinámico del Estado que es, sin duda, el del arco mediterráneo, y asegure un reequilibrio territorial de regiones y también de zonas en expansión, como lo son las de Murcia y Andalucía oriental.
(Rumores.) Murcia, sí, y Andalucía oriental, lo siento. Dos proyectos de infraestructuras ferroviarias están en estos momentos sobre la mesa: uno, con el trazado Algeciras-Madrid-Zaragoza-Barcelona-Perpiñán y el otro con el trazado Algeciras-Málaga-Almería-Murcia-Alicante-Valencia-Tarragona-Barcelona-Perpiñán. Son dos proyectos de infraestructuras ferroviarias con trazados radicalmente diferentes pero con propuestas similares. Las dos propuestas hablan de la necesidad de la construcción de una red ferroviaria de ancho europeo para mercancías, respondiendo a la previsible necesidad de desviar el tráfico de mercancías por

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tren, que en estos momentos tiene que compartir las vías con el tránsito de viajeros.


El anunciado colapso del transporte de mercancías por carretera en muy pocos años en este eje mediterráneo hace necesario que nos planteemos sin demora la posibilidad de habilitar una red ferroviaria para mercancías de ancho europeo que sea capaz de absorber el potencial exportador existente y el del futuro inmediato. Pero si este anunciado colapso del transporte por carretera es hoy en día y en la práctica ya una realidad, si en algún punto de ese eje mediterráneo es una realidad concreta es exactamente entre Valencia y Barcelona y muy especialmente en los tramos Valencia-Castellón de la Plana y Tarragona-Barcelona, tanto por carretera convencional como por la autopista A-7 de peaje; tramos sobrecargados a los cuales se les añade el cada vez más numeroso caudal de mercancías provenientes de Andalucía, Murcia y Albacete. Ferroviariamente, este eje no tiene previsto hasta dentro de demasiados años ninguna infraestructura de corredor de alta velocidad que alivie la actual y sobrecargada línea férrea para pasajeros ni tampoco ninguna línea nueva específica para mercancías. Si añadimos que aún quedan tramos viarios sin desdoblar, que este es el eje por donde pasa el 70 por ciento del conjunto de las exportaciones del Estado y, además, que el volumen de mercancías y viajeros se va a incrementar previsiblemente en esta década, como así lo vienen prediciendo todos los indicadores, entenderemos el interés estratégico que tiene mi partido por dotar a este corredor de los cauces necesarios para garantizar sus funciones y asegurar el crecimiento y los flujos comerciales interpeninsulares, intermediterráneos y con el centro de Europa. Tenemos que empezar a preverlo ya mismo, antes de que la sobresaturación, tanto por carretera como por ferrocarril, obture el buen riego comercial.


El Grupo Socialista dice en su enmienda que van a incluir en el Plan Estratégico de Infraestructuras y Transportes las actuaciones en materia de infraestructuras ferroviarias adecuadas para garantizar el nivel de servicio y capacidad del corredor multimodal de transporte a lo largo del conjunto del eje mediterráneo, tanto para el servicio del movimiento de personas como de mercancías. Nuestras preguntas, como ya saben, son meridianamente claras al respecto: cómo y cuándo, porque entendemos que el porqué ya lo hemos argumentado en esta exposición. ¿Cómo piensan dar servicio al movimiento de pasajeros y mercancías sin construir una línea de AVE y dejando el ferrocarril con el trazado actual para mercancías? O, en el caso contrario, ¿cómo piensan hacerlo sin construir una línea férrea de ancho europeo que conecte Algeciras con Perpiñán, vía Valencia, y ésta con los núcleos comerciales europeos, que aligere y habilite la actual vía ferroviaria sólo para pasajeros, reforzando las frecuencias de trenes Euromed o Alaris entre Valencia y Barcelona?

Con la actual línea férrea es literalmente imposible absorber el volumen de mercancías y de pasajeros por la misma vía, por tanto, ustedes dirán: línea de AVE o nuevo trazado de ancho europeo. Si no se hace así, asfixiarán todas estas zonas al no dotarlas de las arterias comunicacionales necesarias para su desarrollo. Cualquier otro trazado, al menos para Andalucía oriental, Murcia y el País Valenciano, no supone una solución a la arterioesclerosis comunicacional, a pesar del importante incremento que ha tenido en los últimos tiempos el transporte marítimo, puesto que dejaría a la ciudad de Valencia a 300 kilómetros más de los que hay en la actualidad del resto de Europa, es decir, casi al doble de distancia que en los trazados actuales. Tampoco hay un cuándo ni un calendario que concrete las actuaciones en materia de infraestructuras ferroviarias; tendremos que esperar, y así lo haremos, a la publicación del Plan Estratégico de Infraestructuras y Transportes para ver el cómo y el cuándo de estas necesarias arterias comerciales. Paciencia.


No obstante, he de reconocer que la aportación del Grupo Parlamentario Socialista y del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió) ha servido para que se incluya en el Plan Estratégico de Infraestructuras y Transportes la necesidad de actuaciones concretas en este arco mediterráneo y también para la concreción de una serie de actuaciones durante el año 2005, actuaciones que si bien no son todas, las recogidas en la enmienda transaccional lo son. Por tanto, entendemos que esta transaccional recoge, a la espera de la presentación del PEIT, las demandas expresadas por estos grupos y que la información de que ahora disponemos nos parece suficiente para continuar con el trabajo de necesaria planificación estratégica que este eje mediterráneo requiere para el bien de todos.


Muchas gracias.


El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Cerdà.


Para la defensa de las enmiendas, en primer lugar las presentadas por el Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), tiene la palabra el señor Jané.


El señor JANÉ I GUASCH: Señor presidente, señoras y señores diputados, mi grupo parlamentario comparte la necesidad de impulsar el corredor del mediterráneo, ese eje mediterráneo que debe permitir la unión de todo Levante con Cataluña, con Francia, hasta el propio enlace con Andalucía y Murcia; es decir, comparte el sentido de esta moción. Entonces, ¿por qué hemos presentado una enmienda? Porque compartiendo, como compartimos, el sentido de la moción, su literalidad, podría suceder que, al final, no llegara a buen término la aplicación de lo que la propia moción quiere hoy conseguir; no hay plazos y no hay en ningún caso una medida concreta que permita a este Parlamento exigir el cumplimiento de la moción al Gobierno, que, evidentemente, debe cumplirla porque es un mandato del Congreso de los Diputados. Por tanto, faltan plazos, faltan concreciones y de ahí que nuestra enmienda simplemente pida que se informe semestralmente a este Congreso de los Diputados a través de un informe que presentaría el Gobierno a la Comisión de Fomento y Vivienda, de forma que los diputados que formamos parte de la mencionada

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Comisión tendríamos un instrumento de seguimiento, esos informes semestrales a través de los cuales podríamos ir cotejando si realmente se van cumpliendo los objetivos de esta moción y, además, también a través de esos informes, tendríamos oportunidad de concretar presupuestariamente las dotaciones que debemos destinar para este importante corredor mediterráneo. A mí me consta que el Grupo Socialista tenía problemas con la literalidad de nuestra enmienda, como me consta también que no los tenía el grupo proponente. De lo que se trata hoy es de que se apruebe la moción y, por tanto, se ha presentado un texto transaccional. Mi grupo, señor presidente, señorías, ya adelanta que para contribuir a la aprobación de esta moción va a votar favorablemente el texto transaccional, a pesar de que Convergència i Unió considera que en algún aspecto concreto podía haber sido más atrevido.


Quiero simplemente leer un aspecto de este texto transaccional que vamos a votar: votaremos que, durante el año 2005... Concreción anual: año 2005.
Cuando uno lo lee, piensa: bien, algo que se va a hacer en el año 2005.
¿Y qué vamos a hacer en el año 2005? Vamos a proceder a la continuación de los programas y trabajos en curso. ¡Faltaría más! ¿Cómo no vamos a continuar durante el año 2005 los programas y trabajos que ya están en curso? ¡Es evidente, no podríamos hacerlo de otra forma! Que el Parlamento no aprobara esto haría que apareciesen con un sesgo peyorativo las funciones de control que debemos realizar. Y continúa: ...desde Tarragona hasta la frontera francesa, para que sea una realidad en el menor plazo posible. O sea que en el año 2005 votamos que vamos a continuar los programas para que esto sea una realidad posible dentro de un plazo.


Nos fiamos, pues, de su buena voluntad; por nosotros no va a quedar.
Preferimos que el Congreso de los Diputados apruebe hoy la moción, pero pedimos también, en este caso al grupo mayoritario, que a la hora de transaccionar las enmiendas tratemos de buscar algún compromiso más sólido. Precisamente este punto, el que va desde Tarragona a la frontera francesa, es el que afecta más directamente a mi país, a Cataluña, y va a quedar absolutamente abierto. Cuando sea posible cumpliremos los plazos; de momento, el año próximo seguiremos trabajando. Esto es lo que vamos a votar en el último punto de esta trasacción; es verdad que en otros aspectos concretamos algo más.


Se ríe el señor Cerdá, del grupo proponente. Yo le entiendo, porque creo que compartimos el mismo espíritu y la misma voluntad de llegar finalmente a acuerdos. Seguro que es la misma voluntad que tienen hoy todos aquí.


Nada más y muchas gracias.


El señor PRESIDENTE: Gracias a usted, señor Jané.


Las enmiendas del Grupo Parlamentario Socialista las defiende el señor De la Encina.


El señor DE LA ENCINA ORTEGA: Muchas gracias, señor presidente.


El PSOE, al igual que el Gobierno, ha valorado muy positivamente la voluntad que ha mostrado el sector empresarial aportando sus ideas sobre las infraestructuras. Les quiero recordar que se ha producido recientemente un encuentro entre la patronal española -la Confederación Española de Organizaciones Empresariales, CEOE- y la ministra de Fomento, que se ha materializado en una propuesta que nosotros consideramos muy satisfactoria, y que supone la apertura de un cauce de diálogo sincero entre el Gobierno socialista y las organizaciones empresariales. Ese es un síntoma democrático sano cuando hay un cambio de Gobierno. Sin embargo, esa reunión de la patronal con la ministra de Fomento ha provocado cierta inquietud en Esquerra Republicana, hasta el punto de llevarles a presentar una interpelación urgente el día 1 de diciembre, y hoy se debate la moción consecuencia de dicha interpelación. Entiende Esquerra Republicana que lo que se refiere al punto quinto, al quinto plan de construcción y explotación del eje ferroviario Algeciras-Perpiñán, con el trazado Algeciras-Madrid-Zaragoza-Barcelona-Perpiñán, y sobre la base de lo que se había publicado en los medios de comunicación sobre su inclusión en el Plan estratégico de infraestructuras y transportes, podría causar ciertos perjuicios, especialmente al puerto de Valencia y al entorno de la Comunidad Valenciana.


Señor Cerdà, le quiero decir algo que ya le dijo la ministra durante el debate de la interpelación urgente: no hay ningún motivo para la preocupación; quizá haya existido un error de apreciación por parte de Esquerra Republicana al confundir Algeciras-Perpiñán, que discurre por el interior, con el corredor mediterráneo, que discurre por el litoral, desde Almería hasta Perpiñán. Hoy, en nombre del Grupo Parlamentario Socialista, le quiero tranquilizar porque en el PEIT, en el Plan Estratégico de Infraestructuras y Transportes -que ya anuncio a esta Cámara que será presentado en pocos días al Consejo de Ministros-, no sólo figura el arco mediterráneo como uno de los ejes más dinámicos de este país, sino que además se van a plantear en el mismo de forma específica actuaciones que van a mejorar mucho en el horizonte del plan el arco mediterráneo que hoy estamos debatiendo. El PEIT planteará también la conveniencia de adaptar los itinerarios ferroviarios básicos, tanto de pasajeros como de mercancías, al ancho internacional al que usted, señor Cerdà, se refería anteriormente. Ya le he dicho en privado que es un objetivo serio del Gobierno, pero este Gobierno no quiere caer en la demagogia en que cayó el anterior Gobierno de comprometerse en temas que luego no puede cumplir, y el ancho internacional es un objetivo a medio y largo plazo y de forma progresiva porque, como también le he dicho, el eje mediterráneo no se encuentra incluido en los ejes transeuropeos aprobados por la Unión Europea y por tanto cofinanciados por Bruselas. Partimos de un déficit importante y este Gobierno, que lleva ocho meses, no puede acometer grandes infraestructuras, como es todo un corredor mediterráneo que va por el litoral desde Algeciras hasta Perpiñán, en ocho meses; ni siquiera

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quizá en los próximos tres años de legislatura, si es que duramos los tres años de legislatura. (Risas.) Nunca se sabe cuánto puede durar una legislatura, eso nada más que lo sabe el presidente del Gobierno. Pero supongamos que agotamos la legislatura, difícilmente se puede acometer un proyecto de estas características en tres años, y más como lo hemos encontrado, porque tienen que saber ustedes que el corredor mediterráneo lo hemos encontrado en unas condiciones pésimas en cuanto a la ejecución del anterior Gobierno.


No obstante, señorías, quiero dejar muy claro que para el Gobierno socialista la Comunidad Valenciana, en el ámbito de las infraestructuras del transporte, es una prioridad, una apuesta, independientemente de lo que haya o no hablado la ministra con la CEOE en el ámbito de la inversión privada. Para el PSOE el corredor mediterráneo va a constituir en el PEIT uno de los ejes principales en materia económica y territorial para el desarrollo del país. Nosotros no queremos caer, señor Jané, en la demagogia e incumplir grandes obras. Usted, señor Cerdà, me pregunta cómo y cuándo. Le contesto: Desde luego, de distinta forma a como lo hizo el anterior Gobierno, prometiendo y no cumpliendo. Primero, presentando al Consejo de Ministros en los próximos días un plan estratégico de infraestructuras. Y segundo, comprometiéndonos al diseño de todo el recorrido del arco mediterráneo.


Señor Jané, no me diga usted que no hay concreción en la enmienda transaccional que hemos presentado; usted solamente ha leído una parte pero yo le voy a leer lo que usted no ha leído. Decimos que durante el año 2005 se proceda: uno, a los estudios informativos desde Almería hasta el límite de la provincia de Murcia; dos, a la conclusión de los proyectos constructivos en la provincia de Murcia para iniciar las correspondientes obras; tres...


El señor PRESIDENTE: Señor De la Encina, vaya concluyendo, por favor.


El señor DE LA ENCINA ORTEGA: Termino enseguida, señor presidente. Me quedan tres puntos nada más para decir el contenido que no se ha dicho.


Tres, a la conclusión de estudios y el avance de los proyectos y de las obras desde Murcia hasta Alicante y Valencia; cuatro, a la continuación de los trámites entre Valencia y Castellón una vez que se obtenga la declaración de impacto ambiental, que no se ha obtenido todavía; cinco, a la conclusión de los proyectos constructivos entre Vandellòs y Tarragona para iniciar las correspondientes obras, y sexto punto -que es al que el señor Jané se ha referido-, a la continuación de programas y trabajos desde Tarragona hasta la frontera francesa, que no hay mucho que digamos.


Por tanto, es una enmienda completa, realista, seria y que a buen seguro va a suponer que a finales de 2005 el corredor mediterráneo, que no sólo es Cataluña, que no sólo es Valencia, que no sólo es Murcia, que es Algeciras-Perpiñán, esté mucho más completo de lo que hoy está, que es muy poco. Como digo, es una enmienda realista, seria, que estoy convencido que va a apoyar plenamente esta Cámara y a buen seguro el Gobierno socialista cumplirá el contenido de la misma en el año 2005.


Muchas gracias. (Aplausos.)

El señor PRESIDENTE: Gracias, señor De la Encina.


Fijación de posiciones. Señor Beloki.


El señor BELOKI GUERRA: Gracias, señor presidente.


Señor Cerdà, le anuncio mi voto favorable y le voy a explicar por qué, pero además quiero felicitarle; deseo felicitarle en esta época prenavideña. Con más o menos esperanza, con más o menos ilusión, nosotros también estamos esperando el PEIT. Creo que todo el mundo en esta Cámara, más o menos, está esperando el PEIT, que va a ser algo así como un regalo navideño de una reina maga, que en este caso será la ministra de Fomento.
Sabemos poco del PEIT, sabemos su acrónimo, que es PEIT; sabemos tan poco que hoy en esta sesión hemos podido comprobar que el Partido Popular, cuando ha presentado la proposición no de ley sobre el Plan Galicia, hablaba del PEIT como Plan Estratégico de Infraestructuras; ustedes le llaman Plan Estratégico de Infraestructuras de Transportes; el Partido Socialista, que debía ser el que supiera de este tema, le llama el Plan Estratégico de Infraestructuras y Transportes, y ahora en esta enmienda transaccional ustedes le llaman Plan Estratégico de Infraestructuras y Transporte. De forma que sabemos el acrónimo, que se llamará PEIT, pero no sabemos su nombre. Sabemos el envoltorio con el que va a venir, pero poco más. Algo más sabemos, también es cierto, porque el día que usted presentó la interpelación urgente, la ministra volvió a recordar que tendrá algunos contenidos, que al parecer diseñará un modelo no radial, que abordará el tema en términos de multimodalidad y también le dijo a usted que estaría el eje mediterráneo.


Hoy hemos sabido otra cosa que para mi grupo es importante, y es que en el PEIT la iniciativa privada va a estar presente. El Grupo Socialista se ha felicitado de que la iniciativa privada va a estar presente en la ejecución del PEIT, con lo cual empieza a abordar un tema que, a juicio de este grupo, es duro y difícil, que es el tema de la financiación. Pero al parecer el Grupo Socialista, el grupo mayoritario, abre sus puertas, se ha felicitado de que la CEOE ponga dinero -supongo que no se felicitará porque dé ideas, sino porque ponga dinero-, luego estamos hablando de que va a haber un sistema, al parecer, de financiación del PEIT público-privado. Vamos sabiendo las cosas poco a poco, pero en cualquier caso, lo que al parecer sabemos, porque la ministra lo ha dicho muchas veces y el Gobierno también, es que este regalo llega en Navidades, llega a final de año, va a ser el regalo de Navidades o de Reyes, en este caso de la reina maga, de este año. Usted además sabe que va a tener determinadas cosas porque hoy en la enmienda transaccional ya se habla de determinados contenidos. En ese envoltorio va a haber esas cosas.


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Usted con esto tiene suficientes motivos para volverse monárquica. Yo sigo siendo republicano, pero le apoyo.


Gracias.


El señor PRESIDENTE: Turno de fijación de posición. Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, señor Ayala.


El señor AYALA SÁNCHEZ: Muchas gracias, señor presidente.


Señoras y señores diputados, esta moción en su texto original repetía prácticamente la argumentación y los planteamientos de la interpelación, es decir, no había sacado ni una sola consecuencia de la comparecencia de la señora ministra. No es que vaya yo a defender a la señora ministra, ni mucho menos, pero creo que la señora ministra dijo cosas que cuando menos podían haber permitido mejorar el texto de la moción, incluso instar al Gobierno con mejores argumentos. No obstante, nosotros no entendemos bien cuál es la política de Esquerra Republicana de Catalunya en estos temas territoriales, ya que apreciamos cierta esquizofrenia -dicho con todos mis respetos- o por lo menos diferencias sustanciales según quién sea el portavoz que defiende los planteamientos. Ayer -me refiero al pasado reciente- su portavoz, el señor Andreu, en dos ocasiones decía que no conocía el Levante nada más que como un equipo de fútbol y que solo reconocía Cataluña, el País Valenciano y Europa, y otrora decía que confundía el Levante con el sur de su país. Y ahora nos encontramos con una preocupación inusitada por la Andalucía oriental -que, por cierto, es Levante español- y por el contrario se habían olvidado de otras zonas colindantes, que han corregido en su exposición porque por lo visto se lo han señalado ya que el olvido era absolutamente monstruoso, porque se habían olvidado de la colindancia geográfica de la Comunidad Valenciana.
Esa ignorancia del mapa físico y del mapa político de España parece que no es muy de recibo en alguien que es diputado del Congreso de los Diputados de España. Eso es lo que trae querer estudiar solo el plano de una parte de España, eso es lo que trae que su atlas no tenga más que un trozo de la realidad. Por cierto, esa realidad con la cual ustedes juegan, de la cual participan y de la que obtienen pingües beneficios.
Ustedes, que sistemáticamente son celosos exigentes del Estatuto de Cataluña, se dedican a incumplir y a vulnerar el Estatuto de la Comunidad Valenciana que, como dice su artículo 1, se llama así y no País Valenciano. No nos extraña que lo diga usted, señor Cerdà, que es de Canals, de Valencia, presidente de la llamada Esquerra Republicana del País Valencià, que como partido se presenta a las elecciones generales por la provincia de Valencia, pero no usted, que para ser elegido diputado se tuvo que refugiar en la lista de Barcelona...


El señor PRESIDENTE: Señora Ayala, le tengo que llamar a la cuestión.
Estamos hablando de un eje mediterráneo y se está usted deslizando a unas consideraciones políticas que no tienen nada que ver.


Por favor, vuelva al tema.


El señor AYALA SÁNCHEZ: Señor presidente, estoy en mi tiempo...


El señor PRESIDENTE: Está usted en su tiempo, pero vuelva a la cuestión, porque se está hablando de carreteras y ha hecho usted un deslizamiento hacia una serie de críticas políticas en las que probablemente lleve razón, pero, por favor, vuelva a la cuestión.


El señor AYALA SÁNCHEZ: Señor presidente, la moción hablaba de País Valencià y el País Valencià no existe en nuestro ordenamiento jurídico, en nuestra Constitución...


El señor PRESIDENTE: Si en esa parte probablemente esté de acuerdo con usted, pero las consideraciones de tipo personal de si este señor vive aquí o allá, yo creo que sobran. Volvamos al tema.


El señor AYALA SÁNCHEZ: Si solo quería señalar que el señor Cerdà había puesto tierra por medio para poder ser elegido diputado, simplemente, señor presidente.


El señor PRESIDENTE: Vamos a hablar de carreteras.


El señor AYALA SÁNCHEZ: Muy bien, señor presidente. Hablo de carreteras.
La importancia del corredor mediterráneo, del Levante español, está fuera de toda duda, pues ni usted tiene que venir a reivindicarlo ni la propuesta de la CEOE dice lo que a usted le interesaba que dijera en su momento. La CEOE simplemente establecía el aprovechamiento para el transporte de mercancías de dos corredores ferroviarios, uno desde Algeciras hasta Perpiñán y el otro desde Almería hasta Perpiñán, con una serie de obras necesarias para su funcionalidad. Mi grupo no va a decir nada de esto, pero repito la postura de antes, una moción con un texto idéntico que conectaba el Levante con Francia y expresamente haciendo mención a la conexión de la Comunidad Valenciana con Cataluña fue votado en contra por ustedes, yo creo que solo porque era del Grupo Popular. Hoy se ha corregido, se ha enmendado, el Grupo Socialista presenta una enmienda en la cual corrige los desconocimientos que había en su moción y se acepta una enmienda, que por cierto ignora a Algeciras, en absoluto hace referencia a Algeciras. Yo le tengo que decir al señor De la Encina que existe la ayuda de la red transfronteriza europea a la conexión Algeciras-Francia, lo que pasa es que habrá que saber buscarla, emplearla y presentar los proyectos para que Europa dé el dinero. Desde luego hay una cuestión claramente deficiente en el planteamiento de Esquerra Republicana de Catalunya, y es que no sé cómo orográficamente pretende conectar Almería con Algeciras cuando no quiere oír hablar de la conexión por Córdoba.


No voy a entrar en debate con el señor De la Encina, porque cuando presenten el PEIT discutiremos quién lo

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ha hecho mejor o peor o quién lo va a hacer mejor, pero hay una cuestión clara. Nosotros vamos a aceptar la enmienda transaccional ya que, a pesar de que Partido Popular lo hizo todo mal, a pesar de que el Partido Popular no cumplió nada, a pesar de que el Partido Popular ha dejado España hecha un desastre -¡qué casualidad!-, las enmiendas transaccionales responden a la continuación de todos los trabajos que se habían hecho en el PDI 2000-2007. Es decir, que han tenido que utilizar el PDI 2000-2007 para presentar una enmienda transaccional, y esa es la razón por la que nosotros, que nunca hubiéramos votado a favor de la moción de Esquerra Republicana de Catalunya, la vamos a votar.


Una última cuestión -espero que el señor presidente no entienda que me salgo del tema- se refiere a una manifestación que hizo el señor Cerdà con motivo de la interpelación del pasado 1 de diciembre. Usted cometió una injusticia y le dio una patada a la historia al decir que los valencianos tuvieron que pagar la riada de 1957 con el famoso sello del Plan Sur. Es tremendamente falso y también injusto para toda España, que se volcó con Valencia, pero fundamentalmente injusto con Murcia, que inició un programa denominado España por Valencia, que extendió a través de programas de radio especiales a todo el territorio nacional para recaudar fondos para Valencia y que dio pie al inicio del Plan Sur y al pago en toda España del sello que se emitió para ello. Hay en el Congreso un diputado, un gran profesional de la radio, que fue el artífice de ese programa España por Valencia, que supuso la mayor recogida de ayudas económicas para la riada de Valencia. Aunque solo sea para no ofender su labor, la próxima vez, antes de hablar sin saber, más vale que se calle.
El diputado es don Adolfo Fernández, diputado por Murcia del Partido Popular, quien en el año 1957, con 19 años, supo sacar lo mejor de cada uno de los españoles, que, como digo, se volcaron con Valencia. Eso, señor Cerdà, es demostrar solidaridad y lo demás son palabras huecas.


Muchas gracias, señor presidente. (Aplausos.)

El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Ayala.


Aceptación o rechazo de enmiendas por parte del grupo proponente.


El señor CERDÀ ARGENT: Señor presidente, ya he dicho que mi grupo ha aceptado una enmienda transaccional. ¿Tengo derecho a intervenir?

El señor PRESIDENTE: No, señor Cerdà, y la explicación es simple. Si el señor Ayala hubiera continuado, le hubiera concedido un turno por alusiones, pero le he llamado a la cuestión y el señor Ayala ha aceptado la recomendación del presidente. He creído que no convenía progresar más de lo que se ha progresado, pues era -lo lamento mucho- un debate sobre carreteras, para trascender a otra serie de cuestiones.


- DEL GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR EN EL CONGRESO, SOBRE LOS PRINCIPIOS QUE RIGEN LA POLÍTICA EXTERIOR DEL GOBIERNO. (Número de expediente 173/000043.)

El señor PRESIDENTE: Continuamos con el orden del día y entramos en la última moción consecuencia de interpelación, del Grupo Parlamentario Popular, sobre los principios que rigen la política exterior.


Para la defensa de la moción, tiene la palabra el señor De Arístegui.


El señor DE ARÍSTEGUI Y SAN ROMÁN: Señor presidente, señorías, en siete meses y medio este Gobierno ha dado inquietantes muestras de radicalidad en su política exterior. (Rumores.) Ya lo anunciamos en nuestra interpelación urgente y todo esto va concretándose de manera inquietante.
Hemos observado la política exterior desde la buena voluntad, desde la lealtad, pero, francamente, es difícil no ver lo que acabo de decir. Lo que parecían errores de principiantes, virajes bruscos, bandazos e incoherencias obedecen claramente a una estrategia más clara. Tenemos Cuba, Venezuela y el Sahara. Fíjense ustedes, el presidente del Gobierno dijo sobre el Sahara, cuando salía de ver al presidente de la República francesa, señor Chirac, que lo iba a arreglar en seis meses. Han pasado siete meses y medio y no es que esté mejor, es que está claramente peor.
En fin, otro más de los incumplimientos, de los virajes, de las incoherencias. El caso de Gibraltar ya lo debatiremos la semana que viene en una proposición no de ley. Por lo tanto, a eso nos atenemos.


El grave deterioro de las relaciones con los Estados Unidos empieza a tener ya consecuencias políticas y económicas muy claras. ¿Qué pasó con los contratos para construir las fragatas israelíes por Izar? ¿Qué pasó con la Sexta Flota y Rota? ¿Qué pasa con los exportadores de cítricos y de hortalizas del Levante? Algunos nos dan informaciones muy preocupantes de pérdidas de contratos y de licencias por la actitud del Gobierno de España con los Estados Unidos. Aducen, entre otras cosas, las declaraciones del presidente del Gobierno el 15 de marzo con lenguaje muy duro. También hablan de las declaraciones de Túnez, francamente desafortunadas, hechas en un momento en el que estaban secuestradas dos cooperantes italianas. También hablan, obviamente, de la retirada de las tropas y de las condiciones en las que se hizo. Todo esto ha tenido ya serias consecuencias, como digo. Y nosotros le preguntamos al presidente del Gobierno sobre su absentismo en materia de política exterior, que nos parece preocupante y serio.


Hablaremos en el futuro también, y presentaremos pruebas claras, de que se están perdiendo importantes contratos de los exportadores de Levante. Ya explicamos en la interpelación urgente el cronograma que a nuestro juicio se está produciendo, como dicen ahora los modernos, de la política exterior del Gobierno socialista. No vuelven al 2002, no vuelven al 2000, no vuelven a 1996,

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no vuelven a 1986, no vuelven a 1982; están en los años setenta, en la política exterior de los partidos socialistas de corte marxista, no en los partidos socialistas socialdemócratas, centrados y equilibrados; no están ahí. (Rumores.) Ustedes quieren volver al movimiento de los no alineados, están fascinados con eso, pero somos un país alineado, moderno y próspero, y ustedes parece no darse cuenta de ello. Y lo hacen por dos razones: primero, por las hipotecas y peajes que tienen con sus socios de coalición no declarada y, segundo, porque esperan conservar el voto de un número de españoles, de un grupo sociológico de españoles, un voto radical que perdieron en 1986 con el referéndum de la OTAN. Ustedes están gobernando sobre todo para ellos. Y uno de los ámbitos en los que sale gratis esto es en la política exterior, y usted están dándole claras señas a este grupo para que le siga votando. Buena prueba de todo ello es que los partidos políticos que les siguen a ustedes en esta materia están felices con esta política exterior, señorías; son partidos políticos que no son socialdemócratas, no son de centro-izquierda, señorías. Esa es la muestra más evidente de lo que decimos. Su nueva política exterior es más una política exterior revolucionaria -ya lo dijo un jefe de Estado que nos visitaba- en toda la extensión de la palabra.


El señor ministro de Asuntos Exteriores ha dado tristemente muestras de no estar capacitado ya para ejercer sus funciones tan importantes. Sus graves acusaciones calumniosas han sido reiteradas y reafirmadas en la Comisión de Asuntos Exteriores; su falta de prudencia en aquel programa de televisión ha sido seguida por otras y no ha dado muestras de suficiente templanza, y esa es una virtud importante en la función política pero también en la diplomática. Se ha mostrado incapaz de rectificar, se ha mantenido en sus trece, ha seguido manteniendo sus calumniosas afirmaciones. ¿Qué pasó con el respeto a la oposición que ustedes anunciaron? ¿Qué pasó con su talante? ¿Es eso respetar a la oposición? Ya se lo preguntamos al señor ministro en la Comisión de Asuntos Exteriores. Pero el caso de Venezuela, señorías, no es cualquier cosa, es muy grave: la maliciosa, malintencionada, sesgada y torticera glosa de los telegramas cifrados que el propio embajador de España había calificado de secretos. Obviamente ustedes preguntaron a los servicios jurídicos, que decían que usted podía revelarlos. De acuerdo, adelante, no me meto en eso. Pero desde luego se pueden derivar consecuencias graves para la seguridad de algunas personas que están citadas en esos papeles. Es información sensible, son párrafos enteros sacados de contexto, párrafos que tal y como estaban cortados y glosados -una especialidad de su partido-ustedes querían que dijeran una cosa que no decían. (Rumores.) Y si se leen enteros esos telegramas -por eso hemos pedido que se publiquen- evidentemente queda desmentida su versión.


Pero lo peor es que el ministro de Asuntos Exteriores tenía una versión distinta, se la había dado el embajador de España en Venezuela, el protagonista de aquellos días. Usted, señor ministro de Asuntos Exteriores, acudió a la Comisión de Asuntos Exteriores sabiendo esa versión, pero no dijo nada de aquello. Por tanto, ocultó a la Comisión una versión, distinta de la suya, del protagonista de aquellos días, y eso tiene un solo nombre, eso se llama mentir, señoría, mentir a sabiendas a la Comisión de Asuntos Exteriores, claro que sí. (Aplausos.) Usted tenía esa información desde el 26 de noviembre, porque el embajador Biturro se la mandó a usted por carta. Nosotros tenemos un papel del embajador Biturro en el que dice exactamente todo eso, además de las conversaciones que mantuvo conmigo en los años 2002 y 2003 sobre ese tema; 16 páginas de su puño y letra, aquí están. Usted tiene esa carta, pero no dijo nada de ella; le dijeron exactamente lo que ocurrió aquellos días y usted, a pesar de todo, mantuvo su versión. Por eso, señorías, hemos pedido la comparecencia del ex embajador de España en Caracas, señor Biturro, en la Comisión de Asuntos Exteriores.


Todas estas cuestiones son suficientemente graves no solo para pedir la reprobación del ministro de Asuntos Exteriores, sino para que este acto del Grupo Parlamentario Popular sea también un acto de reprobación a toda su política exterior en la persona del ministro de Asuntos Exteriores.
(La señora Cunillera i Mestres: ¡Qué duro! ¡Qué duro!-Aplausos.)

El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Arístegui.


Para defender la enmienda presentada a la moción, por el Grupo Mixto, tiene la palabra el señor Rodríguez.


El señor RODRÍGUEZ SÁNCHEZ: Gracias, señor presidente.


Para el Bloque Nacionalista Galego es muy importante dejar claro en esta Cámara que consideramos vital para la humanidad que se mantengan cuando menos una serie de principios en la política internacional, principios a los que quiero aludir y que son los que justifican nuestra posición: en primer lugar, la defensa de la paz como un valor supremo; en segundo lugar, la defensa de la convivencia y el diálogo entre los pueblos. Estos deben ser los rectores básicos de la política internacional. Está claro que para lograrlo o bien se considera que estamos entre pueblos iguales y por tanto hay que actuar como si los demás tuvieran los mismos derechos que nosotros, hay que actuar en mutuo beneficio y respeto entre los Estados y que todos los pueblos de la tierra tienen derecho a autogobernarse y a ser dueños de sus riquezas. Si a esto añadimos que hay un contexto internacional, que hay derechos, que hay una serie de deberes que son compartidos por la comunidad internacional desde un punto de vista teórico, creo que tenemos un cuadro para atenernos a él. En la medida en que el actual Gobierno esté aplicando cuando menos el eco de estos principios a casos que necesitaban una rectificación importante, como el caso de Cuba o el de Venezuela, está claro que cuenta con el apoyo del Bloque Nacionalista Galego, que no es un aliado del Gobierno y que tiene serias discrepancias, en particular en lo que afecta a nuestro país, Galicia.


Por lo demás, pensamos que si el señor Moratinos es el responsable de estas rectificaciones no merece más

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que el apoyo. En todo caso, sería para nosotros elocuente e importante que el Gobierno, en otros casos que no fueran el de Latinoamérica, donde razones de proximidad histórica, cultural y lingüística hacen obvio y natural que el comportamiento sea la norma que estamos siguiendo con Cuba y Venezuela, sin dudar de su integración en la Unión Europea e incluso en la Organización del Tratado del Atlántico Norte, no tiene por qué mantener posiciones de alineamiento confesional con Estados Unidos. En ese aspecto es en el que nos preocupa la evolución que pueda tener la Unión Europea y valoramos, aunque sea de forma pequeña y cauta, los distanciamientos críticos para no involucrarnos en al agresión contra Irán. Hubiésemos deseado no estar presentes en Afganistán o en Haití, hubiésemos deseado otra política con el Sáhara, pero sin duda estamos dispuestos a promover el multilateralismo, la no injerencia, a no aceptar las guerras preventivas y, desde luego, a no dar por buena la ocupación de países como Irak.


En todo caso, señorías, se trata de alejarnos de la posición unipolar y unilateral que conduce solamente a injusticias. En la medida en que el Gobierno actúe así, tendrá el apoyo del Bloque Nacionalista Galego, que es desde luego pequeño pero consideramos que no baladí.


Por último quiero decirles cordialmente al Grupo Popular que pienso que la única política que no necesita el Estado español es la de ser un satélite de Estados Unidos, y en este aspecto pensamos que cualquier opción en esta dirección es más que preocupante porque realmente considero que la mayoría del mundo no es que no esté en esa óptica, es que no puede estar por motivos de subsistencia en esa perspectiva. Por lo tanto, esto explica que nosotros vayamos a votar en contra de la moción del Grupo Parlamentario Popular.


Muchas gracias.


El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Rodríguez.


A continuación, en turno de fijación de posiciones, Izquierda Verde. Señor Herrera.


El señor HERRERA TORRES: Gracias, señor presidente.


Supongo que ocho años de Gobierno deben dar aires de suficiencia y una mayoría absoluta más aún, pero, sin duda alguna, después de unas elecciones, ese aire de suficiencia, más si pierdes, yo creo que se debería perder. Lo cierto es que hoy me sorprende el aire de suficiencia, el aire de suficiencia en materia de política exterior, porque una de las razones por las que ustedes perdieron fue precisamente por la política exterior. Es sorprendente, si me permiten la expresión, alucinante, que hoy exista reprobación por parte del Grupo Popular cuando si alguna reprobación hubo en la anterior legislatura fue a la política del Gobierno Popular por su política exterior. Ustedes saben, lo saben bien, lo que hicieron en Irak; ustedes saben y saben muy bien cuál fue la relación que dejaron con los países árabes; ustedes saben y lo saben perfectamente bien cuál fue su política hacia Estados Unidos y cuál fue su alejamiento del corazón de la política de la Unión Europea, y lo que es sorprendente, lo que en términos coloquiales se podría decir alucinante, es que ustedes tilden hoy de caótica precisamente la política exterior del Gobierno actual. Si alguna cosa había caótica y ciertamente preocupante era la política exterior del Gobierno anterior.


Nuestro grupo lo que quiere plantear de forma muy escueta, porque ya lo hicimos en la comparencia del señor Moratinos, es que vamos a seguir apoyando una política exterior distinta a la suya, una política exterior democrática que impulse la democracia y con una línea progresista, una política exterior que no se apunta a bombardeos -y qué bombardeos se apuntaron ustedes-, una política exterior para rehacer las relaciones de Oriente Medio, con nuestros vecinos, con la Unión Europea y que no haga seguidismo de aquellos que alimentan el choque de civilizaciones. Nuestro grupo cree que el señor Moratinos lo está haciendo bien y en muchas cosas, y en algunas tiene que mejorar. ¿Pero saben en qué tiene que mejorar? Desde nuestro punto de vista, en el Sáhara o en lo que ha pasado en Afganistán -coincido con lo que decía el señor Rodríguez-, pero, en cualquier caso, la orientación de su política, sin duda alguna, está más en el sentimiento, en la voluntad del conjunto de ciudadanos del Estado, del conjunto de la Unión Europea y, sin duda alguna, está en las antípodas del disparate que ustedes llegaron a hacer.


Para acabar, ustedes fueron a la comparecencia del señor Moratinos a acusar y, lamentablemente para ustedes, salieron acusados; ustedes fueron a que el Gobierno pasase recibo y quienes lo recibieron precisamente fueron ustedes. Después de la comparecencia del señor Moratinos, de lo que explicó y de cómo ustedes lo recibieron, hubiese sido más prudente, hubiese sido menos suficiente, máxime después de eso y de las elecciones generales.


Por último, ustedes pueden dar lecciones en poquitas cosas. Algunas las hicieron mal, otras regular y algunas, incluso, medianamente bien, pero una que hicieron fatal, y así lo entendió la mayoría de la ciudadanía, fue precisamente la política exterior. Hoy necesitamos una política exterior que apueste por la democracia, que lo haga en América Latina, en Oriente Medio y en la Unión Europea, y que no aliente el choque de civilizaciones. Eso es algo que, hoy, está liderando el señor Moratinos, por supuesto, desde las antípodas de lo que fue la política exterior más nefasta de los años que llevamos de democracia, precisamente, su política.


Gracias, señor presidente. (Aplausos.)

El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Herrera.


Por el Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV), tiene la palabra el señor Erkoreka.


Adelante, señor Erkoreka.


El señor ERKOREKA GERVASIO: Gracias, señor presidente.


Señorías, el Grupo Parlamentario Popular somete a la consideración de la Cámara una moción en la que se pide, nada menos, que la reprobación del ministro de Asuntos Exteriores. Según se expresa en la parte resolutiva

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del texto registrado en la Cámara para formular esta moción, lo hace por su desastrosa gestión de la política exterior española, culminada, asegura, por sus gravísimas y reiteradas acusaciones lanzadas contra el Gobierno anterior por haber apoyado el golpe de Estado ocurrido en Venezuela en abril de 2002. Mi grupo -ya lo adelanto al comienzo de mi intervención- no comparte esta apreciación, pero, más allá de que la comparta o no, cree que el problema de la moción -problema que yo tengo la impresión de que se está convirtiendo en algo crónico en esta legislatura- es que no parece ni concebida ni redactada para recabar el máximo apoyo posible de los grupos de la Cámara; más bien, parece concebida para lo contrario, para satisfacer tan solo a quienes pueden estar dispuestos a suscribir, punto por punto, las drásticas y rotundas posiciones del grupo que las formula. Sinceramente, creemos que si la aspiración y el propósito del grupo proponente hubiese sido que los restantes grupos apoyasen esta moción, su concepción y su redacción, desde el preámbulo hasta la última letra, hubiesen sido radicalmente distintas.


Mi grupo, señorías, no comparte absolutamente todo lo que hasta la fecha ha hecho el Gobierno socialista en el ámbito de la política exterior.
Hemos reconocido y reconocemos el esfuerzo de transparencia y de consenso que viene desarrollando en el Parlamento para el diseño de esa política y, básicamente -digo, básicamente-, respaldamos los principios que inspiran esta política, cosa que hemos expuesto en numerosas ocasiones en comisión. También hemos manifestado en comisión, tanto en el Congreso como en el Senado, que mantenemos reticencias respecto al modo en que el Gobierno socialista está gestionando asuntos concretos que afectan a la agenda exterior. Uno de ellos, quizá el más claro, es el saharaui.
Veremos qué desarrollo futuro tendrán los pasos dados por el Gobierno hasta la fecha en esta materia. Otro de ellos puede ser el caso de Venezuela, origen de la controversia que motiva esta moción.


El Gobierno -y a continuación voy a hablar del Ejecutivo íntegramente, y no singularmente del ministro de Asuntos Exteriores- no puede, a nuestro juicio, jactarse de haber hecho todo bien con ocasión de la visita del presidente Chávez a España, y creo que sería inútil afirmar lo contrario.
El propio ministro de Asuntos Exteriores reconoció la inadecuación de la manera en que formuló en televisión la acusación que ahora se le reprocha por parte del Partido Popular, pero pidió públicamente disculpas por ello y creo que su responsabilidad está completamente salvada. Pero hubo más, con motivo de la visita del señor Chávez, pues durante la visita del presidente venezolano el Gobierno tendió una especie de cerco profiláctico en torno a su persona que, sencillamente, al menos a nuestro juicio, resulta inconcebible en las relaciones entre países amigos, donde los contactos entre los cargos y los responsables políticos han de ser libres, francos y fluidos. Dos hechos acreditan esto que digo, señorías.
A solicitud de nuestro grupo parlamentario en el Senado, el ministro de Asuntos Exteriores -y lo hizo bien- logró concertar para el martes, día 23, un breve encuentro de trabajo entre Chávez y los grupos de la Cámara Alta, tan solo media hora para que los senadores de los diferentes grupos parlamentarios pudieran plantearle, personal y directamente, alguna de las quejas e inquietudes que todos los días recibimos de aquel país.
Alguien, supongo que más poderoso que el ministro de Asuntos Exteriores, abortó este encuentro. Desafortunadamente impidió que se produjera esa relación. La noche del miércoles 24, volvió a repetirse una operación similar. Esa noche tuvo lugar una cena en la Moncloa que, en principio, tenía por objetivo reunir a los miembros de la Comisión de Exteriores de esta Cámara con el presidente venezolano. ¿Qué ocurrió? Que no estuvieron invitados todos los miembros de la Comisión de Exteriores, ni tan siquiera todos los miembros de la Mesa y Portavoces, solo algunos miembros de la Mesa y algunos portavoces. ¿Los amigos? Es posible. ¿Los menos incómodos? Es posible también. No lo sé. Pero a mi grupo le parece que en este punto se actuó mal, el Gobierno actuó mal. Se hizo algo que no tiene precedentes en la Cámara y que merece la crítica de nuestro grupo. Ahora bien, se nos dice, ¿estos son motivos suficientes para apoyar la reprobación del ministro de Asuntos Exteriores? Creemos que no.
Por ese motivo nosotros no vamos a apoyar la moción del Grupo Popular, pero creemos sinceramente que el percance debería servir -sería bueno que sirviera- de reflexión al Gobierno a la hora de encauzar sus futuras relaciones con la República Bolivariana de Venezuela.


Compartimos plenamente con el ministro de Asuntos Exteriores la necesidad de mantener con Venezuela firmes relaciones de amistad y cooperación, pero deben ser relaciones -lo tenemos claro- que velen por que el país amigo y con el que colaboramos, gobernado por un régimen indudablemente democrático, pero cuanto menos singular, no se deslice, como algunos aseguran y otros ya abiertamente denuncian, por una pendiente autoritaria que pueda resultar gravemente limitativa de algunas libertades y de algunos derechos fundamentales. Hay, efectivamente, luces rojas que nos alertan todos los días sobre el riesgo de que la legitimidad obtenida en las urnas pueda acabar malográndose en el empeño de sofocar la disidencia. Numerosas organizaciones -no lo digo yo- han expresado su preocupación en torno a los peligros que la llamada -por la oposición- ley mordaza pueda plantear de cara a la libertad de expresión. Lo ha hecho el Instituto Internacional de la Prensa, lo ha hecho la Sociedad Interamericana de la Prensa, más recientemente una sociedad tan prestigiosa como Reporteros sin Fronteras, el grupo Human Rights Watch y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Son muchas asociaciones ya, señorías, las que están planteando y alertando sobre estos riesgos.
No resulta, a nuestro juicio, fácil sustraerse a esta avalancha de denuncias y dejar de compartir, como mínimo, algunas de sus preocupaciones. El Gobierno español y el propio ministro de Asuntos Exteriores no desconoce la enorme controversia que se ha planteado en Venezuela con esta controvertida ley. Un periódico venezolano, El Universal, hace solamente unos días, ponía en boca del señor Moratinos una frase: Espero que la ley dé libertad a todos los medios de información. Señor Moratinos,

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está perfectamente informado de la controversia que está planteada en relación con este asunto.


Mi grupo parlamentario, señorías, espera que el Gobierno en sus relaciones futuras con la República Bolivariana de Venezuela actúe efectivamente, de manera que se pueda garantizar de verdad que la esperanza del ministro...


El señor PRESIDENTE: Concluya, señor Erkoreka.


El señor ERKOREKA GERVASIO: ...que nosotros compartimos, que pueda convertir en una realidad permanente y cotidiana.


Muchas gracias.


El señor PRESIDENTE: Gracias a usted, señor Erkoreka.


Por el Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana tiene la palabra la señora Bonás.


La señora BONÁS PAHISA: Gracias, señor presidente.


El portavoz del Grupo Popular he empezado su exposición de motivos diciendo que la política del ministro Moratinos da inquietantes muestras de radicalidad. Los ciudadanos del Estado español estábamos bastante más inquietos en la anterior legislatura. Hagamos memoria. Política de relaciones diplomáticas de la anterior legislatura. Estrechamiento de relaciones con Estados como el ruso, el colombiano, el turco o el israelí, que han mostrado un total desprecio a los derechos humanos, legitimando políticas represivas contra pueblos como el checheno, el kurdo o el palestino. Política de alejamiento de la Unión Europea, en el seno de la cual una de las grandes preocupaciones fue subrayar el carácter cristiano del continente, en detrimento de otras confesiones.
Esta política, basada en seguir los dictados del presidente Bush de Estados Unidos, que dañaron las relaciones históricas con Cuba, tuvo su culminación en la foto de las Azores. En política de cooperación internacional, apoyo a una política de cooperación supeditada a intereses comerciales y económicos de los países ricos y sus empresas multinacionales que buscaban el apoyo y la connivencia de gobiernos corruptos. Los casos más paradigmáticos son, en primer lugar, el del dinero aportado por el Estado español a Nicaragua después del huracán Mitch que, como denunció Intermon Oxfam, no fue destinado a las zonas más perjudicadas por dicha catástrofe, sino que sirvió para construir una autopista para una zona turística. Destino de la ayuda a países de renta media, que supone la mitad de la ayuda al desarrollo del Estado español, mientras que la cantidad destinada a los países más pobres fue del 13 por ciento, lo que situó a España, junto a Grecia y Estados Unidos, como uno de los países que menor esfuerzo realizaba a favor de los países menos adelantados.


Venta de armamento. Amnistía Internacional, Greenpeace e Intermon Oxfam, con la asistencia técnica de la Escuela de Cultura de la Paz, de la Universidad Autónoma de Barcelona, han contrastado la información ofrecida por el Gobierno sobre las exportaciones españolas de armas en 2003, y han constatado que cuatro de cada diez países a los cuales España exportó armas en 2003 no cumplen con los requisitos que estipula el código de conducta de la Unión Europea. Entre estos se encuentran el democrático Estado de Israel. Asimismo indica que España ha doblado el volumen de sus exportaciones en los últimos tres años alcanzando la cifra de 621 millones en 2003. Este mismo informe señala que ustedes vendieron armas a Venezuela. ¿A quién las vendieron exactamente? Política belicista: toma militar del islote de Perejil, que sirvió para estrechar las relaciones con el Estado de Marruecos, en una vergonzosa operación militar en que el nacionalismo español hizo gala de una enorme capacidad diplomática para solucionar los conflictos. Por último, ataque a Irak, apoyo a un ataque militar, ilegal e ilegítimo al Estado iraquí que contó con la oposición de todo el Parlamento y del 91 por ciento de la población del Estado español, con la promesa de grandes negocios.


Tengo aquí ahora una nota de prensa de la Agencia Efe recibida hace un momento, que dice que la propuesta de los expertos de los Estados miembros de suspender las acciones europeas contra Cuba puede ser un paso clave hacia la reorientación de las relaciones de la Unión Europea con el Gobierno y la disidencia cubana en la línea defendida por España. El consenso mostrado hoy por los técnicos permite aventurar un respaldo más o menos generalizado de los socios comunitarios a las posiciones defendidas por el ministro Miguel Angel Moratinos. Seguramente el ministro Moratinos se equivocará durante su gestión, pero nosotros estamos mucho menos inquietos que hace un año. En realidad hubiésemos querido presentar una enmienda de reprobación a posteriori a los ministros Piqué y Palacio, pero estamos ya cerca de Navidades e imbuidos del espíritu navideño vamos a dejarlo en votar simplemente en contra de su moción.


Gracias. (Aplausos.)

El señor PRESIDENTE: Gracias, señora Bonás.


Grupo Parlamentario Catalán, señor Xuclà.


El señor XUCLÀ I COSTA: Muchas gracias, señor presidente.


Fijo la posición en nombre del Grupo Parlamentario de Convergència i Unió expresando las dudas de este grupo parlamentario sobre la coherencia entre lo presentado por parte del Grupo Parlamentario Popular y el tenor del artículo 184 del Reglamento del Congreso de los Diputados, donde se plantea la coherencia que debe haber entre el planteamiento de una interpelación y el planteamiento de la moción consecuencia de la interpelación. La Mesa ha aceptado esta moción, con lo cual no hay dudas desde un punto de vista formal, pero es evidente que esta moción, que sigue a un debate sobre política exterior, no plantea en su texto una alternativa. No ejerce en el ámbito del debate parlamentario algo importantísimo como es el planteamiento de una alternativa en materia de política exterior.


Nuestra discrepancia con esta moción también es una discrepancia que hemos venido manteniendo en el tiempo

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desde el Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió) en tanto y en cuanto el diseño constitucional español contempla la moción de censura contra el Gobierno, pero no contempla en ningún caso la moción de reprobación. Es el presidente del Gobierno quien nombra y separa libremente los miembros de su Gobierno y también están a cuenta del crédito del Gobierno y de su presidente las responsabilidades del ejercicio de los miembros de su Gobierno. Creemos que es falsear las normas del juego del parlamentarismo, de la forma de conceder la responsabilidad política, de la forma de otorgar la confianza y la censura, la práctica de la reprobación. Este es un planteamiento perfectamente coherente con la práctica de Convergència i Unió, porque el Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió) nunca ha votado en esta Cámara y en las Cortes Generales favorablemente una reprobación contra un miembro del Ejecutivo. Este no es el caso del Partido Socialista, este no es el caso del Partido Popular, este no es el caso del Partido Socialista en Cataluña que en el Parlamento de Cataluña ha practicado esta forma singular de reprobación contra la lógica del sistema constitucional y de la asunción de responsabilidades políticas por parte del Gobierno.


Hasta aquí he hecho un par de consideraciones en lo que podríamos señalar como los aspectos formales, pero si se trata de hablar de política exterior, vamos a entrar en el fondo, en la materia. El debate sobre política exterior en este Parlamento, en las Cortes Generales puede ser muy inútil o a veces se puede convertir en muy inútil. El Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió) cree que el debate en política exterior es muy útil cuando es el debate que se concentra en las posiciones que son beneficiosas para el día a día de los ciudadanos, para el día a día del desarrollo de este Estado. Necesitamos este tipo de debates. Necesitamos debatir ahora y más en el futuro sobre Europa, sobre el vínculo trasatlántico, sobre el proceso de Barcelona, sobre la dimensión mediterránea de nuestra política, sobre la posible aportación de España en el conflicto de Oriente Próximo, sobre Iberoamérica; sobre todo esto es interesante discutir en la política exterior. Pero en cambio no creemos que sea útil ni interesante convertir la política exterior muchas veces en puro y duro elemento de desgaste del debate y de la lógica de la política interior.


Señorías, señor presidente, no vayamos a somatizar, no vayamos a interiorizar hasta los debates ideológicos más apasionantes, aspectos que no forman parte de los elementos nucleares de la agenda de la política exterior de este Gobierno ni de este Parlamento. No parece muy sensato, no parece muy de sentido común que el vector que divida, que el vector que presida el debate político español se divida entre prochavistas y antichavistas. La agenda de la política exterior española tiene aspectos mucho más importantes, y este debe ser un debate basado más en el matiz y bastante más alejado de las adhesiones políticas, ideológicas incondicionales. La exposición de motivos de la moción del Grupo Popular apunta varios aspectos, pero es evidente que apunta el debate político sobre Venezuela. El ministro de Asuntos Exteriores, el excelentísimo señor ministro de Asuntos Exteriores (Rumores.) expresó un evidentísimo error de forma y pidió disculpas formalmente en la Comisión de Asuntos Exteriores que fueron aceptadas por este grupo parlamentario. Pero este grupo parlamentario también insistió en que no estábamos y no estamos sólo ante un error de forma.


El señor PRESIDENTE: Señor Xuclà, le ruego que vaya concluyendo, por favor.


El señor XUCLÀ I COSTA: Voy concluyendo, señor presidente.


El señor ministro también expresaba en la Comisión de Asuntos Exteriores de hace 15 días: No es mi intención reabrir expedientes diplomáticos.
Pues bien, para defenderse, para defender la posición del Gobierno, el ministro de Asuntos Exteriores abrió expedientes diplomáticos del pasado y para el bien de la política exterior del Estado español no creemos que esto sea -para decirlo con un término diplomático- lo más apropiado.


Termino, señor presidente. Es evidente que hoy, finalizando 2004, no hay consenso sobre la política exterior del Estado español en este Parlamento. No la hay porque se rompió en la anterior legislatura; no la hay porque reabrir expedientes diplomáticos no ayuda a recomponerla; no la hay porque esta moción no ayuda a que lo haya porque no presenta alternativas. El Grupo Parlamentario de Convergència i Unió votará negativamente esta moción...


El señor PRESIDENTE: Señor Xuclà.


El señor XUCLÀ I COSTA: Termino, señor presidente.


... y apuesta y apostará por una política exterior útil, de altura y con amplitud de miras. Quizás es un consenso imposible este año, quedan pocos días para el próximo, esperemos que 2005 sea el año de la recomposición de la política exterior en el Estado español.


Muchas gracias, señor presidente.


El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Xuclà.


Grupo Socialista, señor Estrella.


El señor ESTRELLA PEDROLA: Señor presidente, señorías, hace sólo tres meses el sucesor de Aznar salió en televisión y nos dijo: Hola, soy Mariano Rajoy, quiero ofrecer al Gobierno un pacto de Estado en política exterior. (Un señor diputado: ¡Qué chiste!) Tres meses después, la moción que hoy presenta el Grupo Popular se puede resumir en las siguientes palabras: Hola, soy Eduardo Zaplana, olvídense de lo que dijo Rajoy, es irrelevante, ya saben cómo es. (Risas.-Aplausos.) Por cierto, señor Zaplana, en torno -refiriéndose a alrededor- se escribe separado. (Un señor diputado: ¡Qué nivel!-Protestas.)

El señor PRESIDENTE: Señorías, silencio, por favor.


Continúe.


El señor ESTRELLA PEDROLA: Señorías, hoy el Grupo Popular no está en los desiertos ni en la política

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de Estado; está en las montañas, está en la desestabilización y en la confrontación, también en política exterior. (Rumores.) Y si esta moción representa una desautorización o un recorte de la autonomía del señor Aznar como líder del Partido Popular es el problema del Partido Popular; no vamos a entrar en ello. (Protestas.-El señor Mancha Cadenas pronuncia palabras que no se perciben.) Pero no tiene ningún crédito, señorías...


El señor PRESIDENTE: Señor Mancha, le llamo al orden por primera vez. Le ruego que guarde silencio. (Rumores.)

Silencio, por favor.


Continúe, señor Estrella.


El señor ESTRELLA PEDROLA: Señorías, no tiene ninguna credibilidad quien en septiembre ofrece un pacto de Estado en política exterior y en diciembre hace una autoenmienda a la totalidad, descalifica el conjunto de la política exterior del Gobierno e intenta recusar al ministro de Asuntos Exteriores, al que además, señor Zaplana, le llaman algo así como persona con posiciones ideológicas radicales. El Grupo Popular, seamos claros, no está en desacuerdo con el ministro, está en desacuerdo con toda la política exterior y el corolario es que está en desacuerdo con la política mediterránea, con la política trasatlántica, con la política con América Latina, con la política europea, con la política hacia Gibraltar.
¿Con qué política están ustedes de acuerdo? Dígannoslo. ¿Sobre qué bases quieren hacer el consenso en política exterior que anunció hace tres meses el señor Rajoy? Por cierto, ¿apoyan ustedes la política contra el terrorismo internacional en los términos en que ayer la planteaba el presidente del Gobierno y el señor Zaplana, que tenía muchos más agujeros, no pudo responder o apoyan ustedes la visión -nunca desautorizada- extremista y radical del señor Aznar cuando dijo que el problema del terrorismo y de Al-Qaeda no empieza con Al-Qaeda sino hace 13 siglos, cuando los moros invadieron la Península? (Aplausos.)

Señorías, la moción es una desmesura, una hipérbole, como todo en la estrategia de crispación del Partido Popular; un paso más hacia la montaña, donde se les oirá más alto, pero donde estarán no en minoría sino más solos, totalmente aislados. Cuando uno está solo, como ustedes, cuando está aislado, cuando ve que sus posiciones no las comparte ni uno solo de los restantes siete grupos de la Cámara, ¿no es normal en unas personas sensatas preguntarse si no estarán equivocados? ¿No es normal eso? Háganlo, pregúntenselo. (Rumores.-Un señor diputado: ¡Tú sabrás!)

El señor Arístegui ha hecho referencia a algunas cuestiones específicas que quiero comentar. Ha hablado de Venezuela y ha dicho que no hubo ni un solo telegrama del embajador Viturro que fuese secreto ni confidencial, que no había nada clasificado en ese material. Creo que todos tenemos a nuestra disposición en la oficina del subsecretario los despachos y los telegramas, y se utilizaron porque al ministro se le acusó de haber faltado a la verdad. Y yo le quiero hacer una oferta. Aceptemos que lo que hubo fue simplemente una gestión inadecuada de la situación por parte del Gobierno, una gestión no acorde con la práctica diplomática y me da igual si el señor Aznar habló una vez o dos con el golpista, aceptemos eso y pasamos la página, lo dejamos atrás. Para nosotros es incidente terminado. (Protestas.)

Ha hablado el portavoz popular de otras cuestiones y ha hablado de las relaciones trasatlánticas y del malestar porque nos fuimos de Irak. ¿Qué están proponiendo ustedes? Díganlo claramente, ¿están proponiendo que volvamos a Irak con las tropas españolas? Díganlo. (Aplausos.) Porque, señorías, el consenso en política exterior no es la uniformidad pero sí el entendimiento y la lealtad mutuas. Estamos a poco tiempo de un referéndum sobre la Constitución europea y ustedes están mirando de lado, están dando un sí casi inaudible, como por señas, y aquí hay siete grupos parlamentarios con posiciones muy distintas ante el referéndum (Rumores.), pero desde el europeísmo más firme y desde la lealtad de Estado haciendo una labor para que el referéndum sea un ejercicio de participación ciudadana, porque eso beneficia a España y va a beneficiar a Europa. Ese es el compromiso que les pedimos a ustedes. (Aplausos.) Pero ustedes, como les pide algún predicador desde esa Libertad Digital, están queriendo... (Protestas.)

El señor PRESIDENTE: Señor Estrella, vaya concluyendo, por favor.


El señor ESTRELLA PEDROLA: Señor presidente, la moción no es un hecho aislado. (Rumores.)

El señor PRESIDENTE: Silencio, por favor.


El señor ESTRELLA PEDROLA: Señor presidente, la moción que se nos presenta no es un hecho aislado. En dos semanas el Grupo Popular reprueba al ministro de Asuntos Exteriores, amenaza con reprobar al presidente del Congreso, se marchan del Congreso, dicen que rompen relaciones con el Ministerio de Justicia y algunas cosas más. ¿Qué será lo próximo? ¿El señor Zaplana y tal vez el señor Rajoy poniendo los pies encima del escaño? (Rumores y protestas.-Aplausos.) ¿Cuál es, señorías...? (Protestas.)

El señor PRESIDENTE: Señor Estrella, concluya, por favor.


El señor ESTRELLA PEDROLA: ¿Cuál es, señorías...? (Continúan los rumores y protestas.)

El señor PRESIDENTE: ¡Silencio!

Señor Estrella, concluya, por favor. (Rumores.)

Señor Estrella, concluya en breve para que pasemos a votar.


El señor ESTRELLA PEDROLA: Señor presidente, ¿qué alternativa se nos presenta en política exterior? ¿Se quiere pasar página o reafirmar la política exterior del Gobierno anterior? Porque esa política, que parece ser

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que se quiere reafirmar, del desprecio a la ONU, de la guerra ilegal y estéril de Irak y de la confrontación con Europa es la que ha sido reprobada por los españoles. Y si eso es lo que quieren también, usar la política exterior -y con esto acabo, señor presidente- para desestabilizar, para añadir crispación a la vida política, será mejor que sigan solos y aislados. (Rumores y protestas.)

El señor PRESIDENTE: Concluya. Señor Estrella, lo lamento.


El señor ESTRELLA PEDROLA: Hoy sabemos -y concluyo, presidente- que quien dijo hace tres meses: Hola, soy Mariano Rajoy, quiero ofrecer un pacto en política exterior, se ha quedado sin conejo y sin chistera; desnudo hasta la ausencia de hoy en su falta de liderazgo; prisionero, reprobado en la política exterior... (Continúan los rumores y protestas.-Aplausos.)

El señor PRESIDENTE: Señor Estrella, concluya.


Gracias.


Señor Arístegui, tiene la palabra en turno de aceptación o rechazo de la enmienda presentada por el Grupo Parlamentario Mixto.


El señor DE ARÍSTEGUI Y SAN ROMÁN: Obviamente la rechazamos, señor presidente. (Un señor diputado: ¡Muy bien, Gustavo!-Rumores.)

El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Arístegui.


PROPUESTA DE CREACIÓN DE SUBCOMISIONES:

- PROPUESTA DE LA COMISIÓN DE TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES DE CREACIÓN DE UNA SUBCOMISIÓN PARA POTENCIAR Y PROMOVER LA RESPONSABILIDAD SOCIAL DE LAS EMPRESAS. (Número de expediente 158/000003.)

El señor PRESIDENTE: Antes de las mociones consecuencia de interpelaciones urgentes, procederemos a votar la creación de una subcomisión para potenciar y promover la responsabilidad social de las empresas, dentro de la Comisión correspondiente de Trabajo y Asuntos Sociales.


Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 320; a favor, 317; abstenciones, tres.


El señor PRESIDENTE: Queda aprobada.


MOCIONES CONSECUENCIA DE INTERPELACIONES URGENTES. (VOTACIONES.)

El señor PRESIDENTE: Votación de la moción del Grupo Parlamentario de Izquierda Verde-Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya Verds sobre medidas a adoptar para frenar los brotes de violencia y racismo en los eventos deportivos, más las enmiendas de adición del Grupo Socialista y del Grupo de Convergència y Unió.


Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 320; a favor, 187; abstenciones, 133.


El señor PRESIDENTE: Queda aprobada.


Moción del Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana sobre la previsión de comunicaciones del eje Mediterráneo desde Algeciras a Perpinyà. Se ha presentado una enmienda transaccional. ¿Algún grupo parlamentario se opone a su tramitación? (Denegaciones.) En consecuencia se vota el texto sobre la base de la enmienda transaccional.


Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 320; a favor, 317; en contra, uno; abstenciones, dos.


El señor PRESIDENTE: Queda aprobada.


Moción del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso sobre los principios que rigen la política exterior del Gobierno.


Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 321; a favor, 133; en contra, 187; abstenciones, una.


El señor PRESIDENTE: Queda rechazada. (Aplausos.)

Se suspende la sesión hasta mañana.


Eran las diez y cincuenta minutos de la noche.

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