DS. Congreso de los Diputados, Pleno y Dip. Perm., núm. 62, de 28/12/2004
CORTES GENERALES
DIARIO DE SESIONES DEL CONGRESO DE LOS DIPUTADOS
PLENO Y DIPUTACIÓN PERMANENTE
Año 2004 VIII Legislatura Núm. 62
PRESIDENCIA DEL EXCMO. SR. D. MANUEL MARÍN GONZÁLEZ
Sesión plenaria núm. 58
celebrada el martes, 28 de diciembre de 2004
ORDEN DEL DÍA: Enmiendas del Senado: ...
- Proyecto de Ley de modificación de tasas y de beneficios fiscales de
acontecimientos de excepcional interés público. "BOCG. Congreso de los
Diputados", serie A, número 11-1, de 15 de octubre de 2004. (Número de
expediente 121/000011.) ... (Página 2974)
Convalidación o derogación de Reales Decretos-Leyes: ...
- Real Decreto-Ley 10/2004, de 23 de diciembre, por el que se amplía el
plazo de adaptación de las comisiones de control de los planes de
pensiones de empleo. (Número de expediente 130/000010.) ... (Página 2982)
- Real Decreto-Ley 11/2004, de 23 de diciembre, por el que se modifica, en
materia de pensiones públicas, la Ley de Presupuestos Generales del
Estado para el año 2005. (Número de expediente 130/000011.) ... (Página 2982)
Proyecto de ley de modificación de tasas y de beneficios fiscales de
acontecimientos de excepcional interés público ... (Página 2974)
En turno de fijación de posiciones sobre las enmiendas del Senado al
proyecto de ley de modificación de tasas y de beneficios fiscales de
acontecimientos de excepcional interés público, intervienen los señores
Pérez Martínez, del Grupo Parlamentario de Izquierda Verde-Izquierda
Unida-Iniciativa per Catalunya Verds; Mardones Sevilla, del Grupo
Parlamentario de Coalición Canaria; Azpiazu Uriarte, del Grupo
Parlamentario Vasco (EAJ-PNV); Puig Cordón, del Grupo Parlamentario
Esquerra Republicana (ERC); Sánchez i Llibre, del Grupo Parlamentario
Catalán (Convergència i Unió); Utrera Mora, del Grupo Parlamentario
Popular en el Congreso, y Turiel Sandín, del Grupo Parlamentario
Socialista del Congreso.
A continuación se procede a la votación de las enmiendas del Senado al
proyecto de ley.
Convalidación o derogación de reales decretos-leyes ... (Página 2982)
Real Decreto-ley 10/2004, de 23 de diciembre, por el que se amplía el
plazo de adaptación de las comisiones de control de los planes de
pensiones de empleo ... (Página 2982)
Real Decreto-ley 11/2004, de 23 de diciembre, por el que se modifica, en
materia de pensiones públicas, la Ley de Presupuestos Generales del
Estado para el año 2005 ... (Página 2982)
El señor ministro de Trabajo y Asuntos Sociales (Caldera Sánchez-Capitán)
presenta en nombre del Gobierno, para su convalidación, el Real
Decreto-ley 10/2004, por el cual se amplía el plazo de adaptación de las
comisiones de control de los planes de pensiones de empleo, aprobado el
pasado viernes por el Consejo de Ministros, que se enmarca dentro del
conjunto de medidas que el Gobierno está promoviendo en el ámbito de la
previsión complementaria para que el desarrollo de la misma se realice de
manera consensuada dentro del diálogo con los agentes sociales.
Asimismo presenta a la Cámara las razones para la convalidación del
segundo bloque de reales decretos-leyes de modificación de la Ley de
Presupuestos Generales del Estado para 2005 y el decreto de
revalorización de pensiones del sistema de la Seguridad Social para el
ejercicio de 2005.
En turno de fijación de posiciones intervienen la señora Fernández Dávila,
del Grupo Parlamentario Mixto; los señores Mardones Sevilla, del Grupo
Parlamentario de Coalición Canaria; Herrera Torres, del Grupo
Parlamentario de Izquierda Verde-Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya
Verds; Azpiazu Uriarte, del Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV); Tardà i
Coma, del Grupo Parlamentario Esquerra Republicana (ERC); Campuzano i
Canadès, del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió); Echániz
Salgado, del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, y la señora
López i Chamosa, del Grupo Parlamentario Socialista del Congreso.
Sometido a votación el Real Decreto-ley 10/2004, de 23 de diciembre, por
el que se amplía el plazo de adaptación de las comisiones de control de
los planes de pensiones de empleo, se aprueba por 318 votos a favor.
Sometido a votación el Real Decreto-ley 11/2004, de 23 de diciembre, por
el que se modifica, en materia de pensiones públicas, la Ley de
Presupuestos Generales del Estado para el año 2005, se aprueba por 318
votos a favor.
Se levanta la sesión a las dos y veinticinco minutos de la tarde.
Se abre la sesión a las doce y cinco minutos del mediodía.
ENMIENDAS DEL SENADO.
- PROYECTO DE LEY DE MODIFICACIÓN DE TASAS Y DE BENEFICIOS FISCALES DE
ACONTECIMIENTOS DE EXCEPCIONAL INTERÉS PÚBLICO. (Número de expediente
121/000011.)
El señor PRESIDENTE: Comienza la sesión correspondiente al martes 28 de
diciembre de 2004. En primer lugar, enmiendas del Senado al proyecto de
ley de modificación de tasas y de beneficios fiscales de acontecimientos
de excepcional interés público. Tal y como ha sido adoptado en Junta de
Portavoces, procede un turno de fijación de posiciones de los grupos
parlamentarios de menor a mayor. Por el Grupo Parlamentario de Izquierda
Verde, señor Pérez Martínez.
El señor PÉREZ MARTÍNEZ: Muchas gracias, señor presidente.
Señorías, debatimos hoy las enmiendas procedentes del Senado al proyecto
de ley de tasas. (La señora vicepresidenta, Chacón i Piqueras, ocupa la
Presidencia.) Nuestro grupo comparte el acuerdo general con el proyecto
de ley ya manifestado en el debate anterior en esta sede parlamentaria de
no aceptar la subida de los impuestos indirectos y de las tasas como
mecanismos de compensación para rebajar los impuestos directos porque
creemos que establece una relación no deseable y porque es un elemento de
regresividad fiscal. Estamos en desacuerdo con beneficiar fiscalmente
tasas con el solo y simple argumento de proteger actividades, empresas o
zonas concretas de forma discriminatoria, rompiendo criterios de equidad.
Tampoco compartimos que se beneficie, como se propone en alguna de las
enmiendas, a viajeros de aeropuertos concretos al margen de la finalidad
de su viaje o por el simple hecho de llegar a un sitio u otro; desde
criterios basados en la solidaridad, en la equidad y en la idea clara de
que las tasas deben reflejar... (Rumores.)
La señora VICEPRESIDENTA (Chacón i Piqueras): Disculpe, señor Pérez. Por
favor, señorías, silencio. Es imposible ejercer el derecho a la palabra
en esta Cámara con este alboroto.
Adelante, señor Pérez.
El señor PÉREZ MARTÍNEZ: Muchas gracias, señora presidenta. Voy a intentar
hablar flojito para no molestar a las amables charlas.
Desde esos criterios, pero compartiendo los necesarios acuerdos de
insularidad, desde políticas activas dirigidas a los ciudadanos afectados
por la desigualdad que genera esa insularidad y por lo tanto con
políticas financiadas con los Presupuestos Generales del Estado, con los
que gestiona el Gobierno central pero también con los que gestionan los
gobiernos autonómicos, estamos de acuerdo con tasas de carácter
finalista, fundamentalmente de naturaleza medioambiental o para
implementar políticas solidarias y de equilibrio. Defendemos, pues, no
relacionar la ley de tasas y los Presupuestos Generales del Estado porque
las tasas deben reflejar ese coste real de los servicios y no ser un
mecanismo de compensación de los presupuestos. En línea con alguna
enmienda del Grupo Popular, estamos de acuerdo con la transparencia, pero
no solo en el caso de AENA, pues creemos que todas las empresas deben
publicar los costes reales de sus servicios, y estamos también de acuerdo
con la enmienda que presenta Convergència i Unió, en el sentido de
bonificar las tasas a los centros públicos de educación superior. Con
estas excepciones que votaríamos favorablemente, el resto de las
enmiendas presentadas por los otros grupos, fundamentalmente por
Coalición Canaria, por Convergència i Unió y por el Grupo Popular, parten
de criterios que nuestro grupo no puede compartir.
Muchas gracias, señora presidenta.
La señora VICEPRESIDENTA (Chacón i Piqueras): Muchas gracias, señor
Pérez.
A continuación, por el Grupo de Coalición Canaria, señor Mardones.
(Rumores.)
Señorías, es imposible que se hagan audibles los diputados intervinientes
con el alboroto que tienen hoy aquí. Por favor, respetémonos.
Adelante, señor Mardones.
El señor MARDONES SEVILLA: Muchas gracias por su amabilidad, señora
presidenta.
Mi grupo quiere resaltar que va a votar favorablemente las enmiendas que
vienen del Senado al artículo 8.º, sobre las tasas de aeropuertos
españoles y de navegación aérea. Se trata de dos enmiendas que no fueron
aceptadas en el Congreso, que mi grupo parlamentario en el Senado
presentó y defendió, en relación con las cuales en la votación final la
Cámara Alta se pronunció a su favor, contando también con el apoyo del
Grupo Parlamentario Popular y de otros grupos. Vienen hoy aquí y nosotros
queremos defenderlas por entender que se adaptan a unos parámetros justos
y beneficiosos tanto para el archipiélago canario como para el balear y
las ciudades de Ceuta y Melilla sobre lo que hemos considerado unas
desproporcionadas tasas aeroportuarias que repercuten negativamente en
los ciudadanos de estos territorios, tanto de los archipiélagos citados
como de las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla, que dependen del
sector del transporte aéreo. Si hoy se preguntase a los usuarios del
transporte aéreo entre su territorio y las islas, como ocurre en Baleares
y en Canarias, o entre las islas y la Península, igual que a los de
Melilla, responderían que las tasas del proyecto son excesivas, que los
billetes de avión han sido objeto de un encarecimiento indebido y que por
tanto hay una restricción del tráfico normal. Tengan en cuenta, señorías,
que la circunscripción de Las Palmas de Gran Canaria, por ejemplo, tiene
tres islas y la de Santa Cruz de Tenerife cuatro, lo que obliga a sus
ciudadanos a desplazarse entre las mismas sin salir de su provincia. Cada
vez que un avión despega y aterriza genera unas tasas aeroportuarias para
AENA que han tratado de corregirse con las enmiendas que vienen del
Senado. Sobre este criterio, el Grupo de Coalición Canaria
adoptará el criterio de votación final, pero siempre a favor del
mantenimiento y la aprobación de estas enmiendas sobre las tasas
aeroportuarias, reduciéndolas en un 25 por ciento en los vuelos entre las
islas y la Península y en un cien por cien en la bonificación en los
vuelos interinsulares.
Muchas gracias.
La señora VICEPRESIDENTA (Chacón i Piqueras): Muchas gracias, señor
Mardones.
Continuamos con el turno del Grupo Parlamentario Vasco. Tiene la palabra
el señor Azpiazu.
Adelante.
El señor AZPIAZU URIARTE: Gracias, señora presidenta.
Muy brevemente quisiera fijar la posición de mi grupo sobre el proyecto de
ley de modificación de tasas y de beneficios fiscales de acontecimientos
de excepcional interés público. Mi grupo nada tiene que oponer a la
regulación de las tasas como medio para sufragar el coste de los
servicios que la Administración presta a los ciudadanos. Lo único que
cabe objetar es que se producen incrementos desorbitados en los importes
que los ciudadanos van a abonar por esta prestación. El Gobierno no debe
olvidar que también a través de las tasas se incrementa la presión fiscal
y que los incrementos deben limitarse al crecimiento esperado de la
inflación y éste es, según los cálculos del Gobierno, el 2 por ciento.
En relación con el título II de este proyecto de ley de beneficios
fiscales aplicables a determinados acontecimientos de excepcional interés
público, cabría señalar por parte de nuestro grupo que la Ley 49/2002, de
23 de diciembre, de régimen fiscal de las entidades sin fines lucrativos
y los incentivos fiscales al mecenazgo, regula en su artículo 27 los
programas de apoyo a acontecimientos de excepcional interés público y en
particular el conjunto de incentivos específicos aplicables a las
actuaciones que se realicen para asegurar el adecuado desarrollo de tales
acontecimientos. Asimismo, en el citado artículo se establece que dichos
acontecimientos han de determinarse por ley y que ésta deberá regular al
menos la duración del programa de apoyo, la creación de un consorcio o la
designación de un órgano administrativo que se encargue de la ejecución
del programa y de las certificaciones de gastos e inversiones, así como
las líneas básicas de actuaciones que se organizan en apoyo al
acontecimiento y los beneficios fiscales aplicables a dichas
actuaciones.
Los últimos acontecimientos han sido regulados en disposiciones
adicionales de las leyes de medidas fiscales, administrativas y de orden
social, la llamada Ley de Acompañamiento, que se aprobaba cada año. Así
se hizo el Foro Universal de las Culturas de Barcelona 2004; el Año
Jacobeo 2004; Caravaca Jubilar 2003; Juegos del Mediterráneo: Almería
2005; IV Centenario del Quijote; Copa de América 2007, etcétera. Como
puede observarse, la ley utilizada para éstos ha sido la Ley de
Acompañamiento, que muchas veces se ha criticado. Ahora, al desaparecer
esta ley, se ha utilizado el primer proyecto que pasaba por ahí para
introducir nuevos acontecimientos, dando como resultado la unión de dos
materias que poco en común tienen: tasas y acontecimientos de especial
interés público. En ese proyecto de ley se modifican acontecimientos
anteriores y se incorporan nuevos mediante las enmiendas presentadas por
los grupos, con lo que van a conseguir una proliferación insólita de
acontecimientos de excepcional interés público, lo cual no es
intrínsecamente malo dado que se promoverán esos acontecimientos, pero sí
quizás provoquen un cierto agotamiento de la medida. Para acabar, el
proyecto modifica la Ley de Mecenazgo para establecer que podrá ser ley
de presupuestos, sustituyendo a la clásica Ley de Acompañamiento, la que
pueda definir estos acontecimientos. Por lo tanto, el Gobierno decide
abandonar la práctica abusiva de los últimos años de estas leyes de
acompañamiento y a renglón seguido va colando en las leyes de
presupuestos su contenido. Hay que estar a las duras y a las maduras y si
hay que tramitar un proyecto de ley para aprobar este tipo de
acontecimientos se tramita. No debemos caer en la trampa de incorporar en
la ley de presupuestos el contenido de las leyes de acompañamiento.
Finalmente, nuestro grupo quisiera trasladar una reflexión a este
Parlamento en relación con los beneficios fiscales. Como ustedes saben,
dadas las características del régimen fiscal del Concierto Económico, el
otorgamiento de beneficios fiscales a empresas que apoyan determinados
acontecimientos afecta también a su declaración tributaria en el País
Vasco en función del volumen de negocios de las empresas beneficiarias.
Eso significa una menor recaudación para Euskadi y a pesar de ello
estamos de acuerdo, no nos oponemos a su objetivo. Queremos que de manera
recíproca este Gobierno no ponga impedimientos cuando medidas similares
se planteen llevar a cabo en el País Vasco e incluso podría también
impulsar acontecimientos excepcionales en Euskadi, que nunca lo hace y no
estaría nada mal que lo hiciera en el futuro.
Muchas gracias.
La señora VICEPRESIDENTA (Chacón i Piqueras): Muchas gracias, señor
Azpiazu.
Continuamos con el turno del Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana
de Cataluña. Tiene la palabra el señor Puig.
El señor PUIG CORDÓN: Gracias, señora presidenta. (Comienza su
intervención en catalán continuando en castellano.)
Siendo esta la última intervención en el Pleno de este periodo de
sesiones, quiero expresar el convencimiento de que el próximo año sea ya
una realidad que nos
podamos expresar en lengua catalana, lengua hablada por los ciudadanos y
ciudadanas de los països catalans.
Vamos a fijar posición respecto a las enmiendas que vienen del Senado en
relación con en el proyecto de ley de modificación de tasas. Algunas de
las enmiendas modifican los presupuestos aprobados la semana pasada en
este Pleno, por tanto, por coherencia hemos de votar en contra. Sin
embargo, quiero referirme a algunas que vienen hoy al Pleno, que
consideramos de efecto nulo, pues la manera en la que llegan al Pleno
cambia totalmente la opción original de las mismas. Me refiero a dos
enmiendas de Convergència i Unió. La primera, relativa a la publicación
de costes de los aeropuertos en función de las tasas que se ingresan por
el Estado. La enmienda original pretendía establecer la relación de
ingresos aeropuerto por aeropuerto, pero tal como se pretende se
establece a nivel generalista de todos los aeropuertos. Por tanto, esta
enmienda no tiene ningún sentido, pues para conocer los costes sería
mucho más real que éstos llegasen aeropuerto por aeropuerto.
En cuanto a la segunda enmienda, sobre bonificaciones fiscales a las tasas
de los centros públicos de educación superior, estamos de acuerdo con el
sentido de la misma, pero en el caso de Cataluña el departamento de
universidades tiene previstas estas deducciones en las tasas de educación
superior en el caso de los discapacitados. Otra enmienda de Convergència
i Unió afecta a la modificación de la Ley de presupuestos. Consideramos
que esta enmienda no es adecuada ni es este el momento oportuno para
modificarla. Además, tenemos serias dudas de que beneficie a los
ciudadanos, más bien puede beneficiar a algunas empresas. En su momento,
la señora Bonàs, en representación de nuestro grupo parlamentario,
introdujo enmiendas para que aquellas empresas del sector de farmacia que
invirtiesen en investigación tuvieran bonificaciones fiscales. Por tanto,
esta enmienda de Convergència i Unió no tiene sentido ya que hace escasos
días votamos la Ley de presupuestos.
En cuanto al resto de las enmiendas presentadas, nuestro voto va a ser en
contra.
Muchas gracias.
La señora VICEPRESIDENTA (Chacón i Piqueras): Gracias, señor Puig.
Para fijar posición, por el Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i
Unió) tiene la palabra el señor Sánchez Llibre.
El señor SÁNCHEZ I LLIBRE: Muchas gracias, señora presidenta.
Señoras y señores diputados, el Grupo Parlamentario de Convergència i Unió
mantiene vivas cuatro enmiendas, pues con el consenso de diferentes
grupos parlamentarios en el Senado consiguió que se pudieran aprobar e
incorporar al dictamen que estamos debatiendo en estos momentos. Todas
ellas son importantes para nuestro grupo y afectan a diferentes sectores
de la sociedad, por lo que vamos a intentar conseguir el consenso de las
diferentes fuerzas parlamentarias y, en especial, la aceptación del grupo
parlamentario que sustenta al Gobierno.
En primer lugar, en la enmienda a la disposición adicional séptima
pretendemos que se pueda eliminar la inclusión de cualesquiera otros
productos sanitarios de la nueva tasa de medicamentos. En su momento
fijamos nuestra posición sobre la tasa que afectaba a las industrias
farmacéuticas que fabricaban productos de especialidad farmacéutica que
se incorporó en los Presupuestos Generales del Estado y dijimos que la
considerábamos un nuevo impuesto. Conseguimos consensuar con el Partido
Socialista una rebaja sustancial de dicha tasa, pero es cierto que se
incorporaban una serie de empresas que no se dedican a la fabricación de
especialidades sanitarias, sino de productos sanitarios. A dichas
empresas desde 1998 al 2004 se les ha mantenido una congelación de
precios muy importante, no se les ha permitido incrementar los precios.
Esta enmienda afecta directamente a la cuenta de explotación de dichas
compañías, ya que todas las que se dedican a la fabricación de productos
sanitarios tienen unos descuentos con las diferentes comunidades
autónomas que oscilan entre el 15 y el 20 por ciento. Desde nuestra
perspectiva es una enmienda importante y de justicia. Nosotros estamos
convencidos de que se debe a un error en la presentación de los
Presupuestos Generales del Estado el que las citadas compañías que se
dedican a la fabricación de productos sanitarios tengan reducidas las
tasas, ya que, desde nuestro punto de vista, las empresas que fabrican
especialidades farmacéuticas no tienen nada que ver con las que fabrican
productos sanitarios. Repito que en el Senado conseguimos el consenso de
diferentes formaciones políticas y nos gustaría mucho que en este tema el
Partido Socialista tenga la sensibilidad suficiente de no perjudicar a
una serie de compañías que abrigan a muchísimos trabajadores, ya que
dicha tasa podría perjudicar notablemente sus cuentas de explotación.
El señor Puig dice que no tiene sentido incorporar esta enmienda porque ya
se debatió en los Presupuestos Generales del Estado. Pero yo le diría al
señor Puig que en los Presupuestos Generales del Estado tampoco tendría
que haberse creado una nueva tasa que perjudica notablemente a diferentes
compañías del sector farmacéutico. La única posibilidad que teníamos de
subsanar esta injusticia era aprovechar la ley de modificación de tasas y
por este motivo la hemos presentado en este debate. Esta es una primera
cuestión a la que damos una importancia relevante.
Tenemos otra enmienda a la disposición adicional quinta que permite la
bonificación de las tasas obligatorias de los centros públicos que
imparten títulos de educación superior para aquellas personas con un
grado de discapacidad igual o superior al 33 por ciento. Proponemos
asimismo la modificación de la Ley de régimen económico y de prestación de
servicios en aeropuertos de interés general porque clarifica la inclusión
de los clubes náuticos o marítimos sin ánimo de lucro en la exención de
la tasa de aprovechamiento especial y en la tasa por servicios generales
para actividades portuarias de interés deportivo. La última enmienda que
defendemos y que vamos a votar favorablemente en este trámite es la
relativa a la disposición adicional quinta y propone la publicación del
coste real del servicio aplicable a cada una de las tasas aeroportuarias.
(El señor presidente ocupa la Presidencia.)
Estas son básicamente las cuatro enmiendas que nuestro grupo defiende en
este trámite. Esperamos conseguir el máximo consenso posible con todas
las formaciones políticas para que puedan ser aprobadas finalmente, tal y
como se produjo en el debate parlamentario del Senado.
Muchas gracias, señor presidente.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Sánchez i Llibre.
Por el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, señor Utrera.
El señor UTRERA MORA: Muchas gracias, señor presidente.
Señorías, en el Senado se han introducido 22 enmiendas en la Ley de tasas
y de beneficios fiscales de acontecimientos de excepcional interés. El
Grupo Parlamentario Popular en el Congreso apoya todas y cada una de las
22 enmiendas que se han incorporado en el Senado con el concurso
mayoritario de los grupos que las han apoyado, al igual que el Grupo
Popular también ha apoyado a otros grupos. De tal forma que tenemos la
mayor parte de estas enmiendas a propuesta del Grupo Parlamentario
Popular en el Senado, enmiendas de Coalición Canaria y cuatro enmiendas
de Convergència i Unió. Tenemos dos enmiendas del Grupo Parlamentario
Socialista, que también apoyamos, aunque no deja de resultar paradójico
que una de ellas es la corrección de errores a una enmienda que se
introdujo en el Congreso porque la cuestión que se trataba, las tasas de
control meteorológico, no había sido incluida originalmente en la ley.
Por tanto, incluso con esas correcciones y recorrecciones del Grupo
Parlamentario Socialista, nosotros apoyaremos esta enmienda.
Estamos particularmente satisfechos del estado actual de este proyecto de
ley. Podría reiterar una vez más las objeciones que llevaron a nuestro
grupo a presentar enmienda de totalidad, ya que algunas de esas
objeciones siguen formando parte del proyecto de ley que hoy vamos a
aprobar; no obstante, las modificaciones introducidas a través de estas
22 enmiendas dan lugar, entendemos nosotros, a un proyecto de ley que
satisface muchos de los intereses que en algunos sectores había que
considerar y que el proyecto de ley original sencillamente había obviado.
Me gustaría hacer referencia a algunas de estas cuestiones principales.
En primer lugar, la reducción de las tasas aeroportuarias, tanto las de
aterrizaje como las de prestación de servicios, lo cual es plenamente
coherente con el estado actual del sector, plenamente coherente también
con el encarecimiento de combustibles y plenamente coherente con la
situación de otro sector querido de nuestra actividad económica, como es
el sector turístico español. Esto también guarda relación con las dos
enmiendas de Coalición Canaria que nosotros apoyamos en el Congreso,
apoyamos en el Senado y que gracias a nuestra mayoría están hoy incluidas
en el proyecto de ley. Hoy votaremos afirmativamente, una vez más, estas
enmiendas de Coalición Canaria que lo que hacen es abaratar el coste del
tráfico aeroportuario en los aeropuertos insulares.
Es también particularmente importante la reducción de tasas en la Agencia
Española de Medicamentos y Productos Sanitarios. Dijimos y denunciamos en
el trámite en el Congreso de los Diputados que el presente proyecto de
ley incluía un aumento desorbitado de tasas, que tendrían además un
pesado efecto negativo para la investigación en uno de los sectores
punteros de nuestra actividad de I+D, y que consecuentemente esas tasas
tenían que ser reducidas y reconducidas a un estatus normal. Pues bien,
de acuerdo con el proyecto de ley, después de la incorporación de las
enmiendas del Senado, estas tasas tienen un crecimiento -crecimiento en
línea con la previsión de inflación- del 2 por ciento, que entendemos que
es un crecimiento más que razonable para el próximo ejercicio.
Es importante la modificación que se ha introducido con este proyecto de
ley en la Ley General de Telecomunicaciones mediante la práctica
supresión, la eliminación o por lo menos la creación de un ámbito de
ambigüedad amplísimo en cuanto a las reducciones de la tasa de control de
espectro radioeléctrico, la reducción del 75 por ciento establecida en la
Ley General de Telecomunicaciones. Vuelve a su estado original y, por
tanto, entendemos que esta es una modificación importante para el
desarrollo de la telefonía móvil en España, que nosotros apoyamos y sobre
la cual llamamos su atención.
Me gustaría referirme a dos cuestiones que están íntimamente vinculadas a
la ley de Presupuestos Generales del Estado de cada año. La primera es la
supresión... (Rumores.)
El señor PRESIDENTE: Señorías, por favor, guarden silencio, se lo ruego.
El señor UTRERA MORA: La primera es la supresión de la disposición por la
que la Ley de tasas permite que cada año se modifique por ley de
presupuestos la cuantía de las tasas; no tanto su actualización, sino la
modificación de los elementos que configuran la cuantía
de las tasas. Creo que el celo que el Grupo Parlamentario Popular, bajo la
denominación de transparencia, ha puesto en la eliminación de la ley de
acompañamiento debe de mantenerse y, en la cuestión de las tasas, debe de
practicarse mediante ley separada, no dentro de la ley de presupuestos de
cada año, cualquier modificación que altere la cuantía de las tasas.
Por último, quiero señalar que para nosotros una de las más graves medidas
introducidas en la Ley de Presupuestos para el año 2005, como es el
rappel sobre ventas en la industria farmacéutica, la disposición
adicional cuadragésimo octava, tiene graves problemas de
constitucionalidad por cuanto crea un tributo que no está previsto. Mejor
dicho, en la Constitución española expresamente se indica que la ley de
presupuestos no puede crear tributos mediante esta ley, la Ley de tasas,
y concretamente en las enmiendas del Senado se propone la eliminación de
esa disposición adicional. La Ley de tasas no solamente se ha mejorado en
el trámite del Senado, sino que también hemos contribuido a mejorar la
Ley de Presupuestos del Estado para el año 2005 y para sucesivos
ejercicios desde el momento en que no pueden modificarse las cuantías de
las tasas a voluntad mediante las leyes anuales de presupuestos. Por
tanto, reitero nuestro apoyo a todas y cada una de las enmiendas
incorporadas en el Senado a este proyecto de ley.
Muchas gracias, señor presidente.
El señor PRESIDENTE: Gracias a usted, señor Utrera.
Por el Grupo Parlamentario Socialista, el señor Turiel.
El señor TURIEL SANDÍN: Señor presidente, señorías, vienen hoy a
conocimiento de esta Cámara las enmiendas introducidas por el Senado en
la Ley de modificación de tasas y beneficios fiscales de acontecimientos
excepcionales. Querría empezar mi exposición por explicar un poco, como
ya se hizo en su momento en la Comisión, cómo debe fijarse la cuantía de
las tasas. Saben que, además de importante, lo justo es que, salvo casos
muy justificados, las tasas cubran el coste de los servicios o
actividades prestados a las personas que los demandan, porque si existen
actividades o servicios que se prestan solamente a una parte de la
población y su coste no se cubre enteramente con la tasa, el déficit se
tendrá que cubrir con impuestos que son satisfechos por la totalidad de
la ciudadanía, incluso por las personas más necesitadas. Mi grupo cree
que este es un tema importante. Antes de admitir que las tasas no cubran
los costes de los servicios, se debe tener en cuenta quiénes son las
personas a las que se prestan esos servicios, porque si estas personas en
media gozan de niveles de renta más elevados que los que gozan también en
media quienes pagan los impuestos, que como he dicho es toda la
ciudadanía, se está produciendo una injusta transferencia de renta desde
personas que con una parte de sus impuestos están contribuyendo a cubrir
el déficit de unos servicios que su capacidad económica no les permite
disfrutar a otras personas que pueden disfrutar de tales servicios porque
disponen de una mayor capacidad económica.
Paso seguidamente a exponer la posición de mi grupo respecto a las
enmiendas introducidas por el Senado. Al preámbulo, respecto a la
enmienda de supresión de los párrafos duodécimo y decimotercero del
preámbulo, hay que decir que la misma iba ligada a una enmienda de
supresión del artículo 8 que finalmente fue retirada, por lo que dicha
enmienda ha quedado carente de sentido y la votaremos en contra. Respecto
a las restantes enmiendas de modificación o de supresión de párrafos del
título II del preámbulo, las votaremos en contra en coherencia con
nuestra posición respecto a las enmiendas al articulado. En cuanto al
articulado, en la enmienda al artículo 3, apartado 2 se ignora que aunque
sube la tasa de acreditación catastral se suprime, sin embargo, la tasa
de inscripción catastral. El resultado final es que la subida acumulada
en el período 1997 a 2005 es de solo un 12 por ciento, sensiblemente
menor al incremento que han tenido los costes de personal en ese tiempo y
que son la clave para la determinación de cuál debe ser la tasa del
catastro. Consecuentemente, mi grupo va a votar en contra de esta
enmienda. Respecto a la enmienda al artículo 4.5, relativo a la cuantía
de las tasas por expedición de los certificados de seguridad
radioeléctrica, la memoria económica justifica las cuantías que se
proponen y no se justifica que no se cubra el costa del servicio, por lo
que votaremos en contra.
Respecto a las enmiendas a los apartados 1 y 3 del artículo 8, relativas a
la cuantía de las tasas de Aeropuertos Españoles y Navegación Aérea, hay
que resaltar lo que antes se decía. Los usuarios del transporte aéreo
obtienen un beneficio adicional debido a que la tasa que pagan no llega a
cubrir el coste del servicio, por lo que se produce una transferencia de
renta hacia los mismos de la generalidad de los contribuyentes, y hay que
preguntarse: ¿tiene sentido que el déficit no cubierto por las tasas
aeroportuarias se tenga que financiar también en parte con el 4 por
ciento que incluso las familias más necesitadas pagan por los alimentos
de primera necesidad? Evidentemente, no.
Por otro lado, AENA tiene un marcado déficit. En el caso de las tasas de
aproximación, aun con las actualizaciones de tarifas que propone el
proyecto de ley, el déficit ascendería a 90,19 millones de euros, y en la
tasa de aterrizaje, aun con la subida del 3 por ciento, el déficit
ascendería a 193,96 millones de euros. No parece que pueda tener ningún
sentido que se pretenda aumentar este déficit cuando además las tasas
aeroportuarias que se exigen en España son sensiblemente inferiores a las
que se exigen, por ejemplo, en Europa por unos servicios similares, en
algunos casos hasta un
70 por ciento menos. ¿No es hasta cierto punto cínico, políticamente
hablando, que quienes han promovido en el Senado una enmienda para
reducir el incremento de las tasas aeroportuarias, incluso por debajo del
IPC previsto, hayan impuesto una subida del transporte público en el área
metropolitana de Madrid del 8,4 por ciento? Nuestro grupo votará en
contra de esta enmienda.
Respecto a las enmiendas de adición de los apartados 4 y 5 del artículo 8
introducidas en el Senado por el cambio del sentido de voto del Partido
Popular, evidencian un problema de fondo en relación con los residentes
en las islas y en Melilla que, sin embargo, no debe resolverse mediante
una reducción de las tasas, porque las reducciones de las tasas por
imperativo legal tienen que aplicarse a la totalidad de los usuarios; es
decir, cualquier usuario que pretenda ir de Madrid a Canarias, de Madrid
a Baleares o de Madrid a Melilla, sea o no residente en el lugar de
destino, tendría derecho a esa reducción, lo que tiene escaso sentido.
Creemos que utilizar un mecanismo de reducción general para compensar un
problema particular no es el camino. El camino debería ser, como ya se ha
planteado en una proposición no de ley aprobada en el Pleno del Congreso,
mediante compensaciones de otro tipo a favor de los residentes en estos
territorios, pero en ningún caso con una reducción general de las tasas
aeroportuarias por razón del origen o del destino del vuelo. Nuestro
grupo también votará en contra de esta enmienda e invita al Partido
Popular a volver a la posición originaria.
En cuanto a la enmienda al artículo 9, de la cuantía de las tasas de la
Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios, hay que decir
que de la memoria económica que acompaña al proyecto se deduce que las
cuantías que se proponen son las adecuadas para cubrir los costes de
prestación del servicio, por lo que votaremos en contra.
Respecto al artículo 10.2, letra c), la enmienda que introduce el Senado
significa que 1,26 hectáreas de cultivo pagarán como dos hectáreas y no
como 1,26 hectáreas, que es como pagan en la actualidad, por lo que
votaremos en contra. Votaremos a favor de la enmienda al artículo 10.2,
letra d), con la corrección técnica de hacer la referencia al artículo
10.2 de la Ley 43/2002 en lugar de al artículo 10.1.
En cuanto a la enmienda de supresión del artículo 11.1, relativo a las
tasas por reserva de dominio público radioeléctrico, no existe razón para
no permitir que este parámetro se determine en la ley de presupuestos de
cada año, por lo que votaremos en contra.
Respecto al artículo 12.5, votaremos a favor, y votaremos a favor de las
modificaciones introducidas por el Senado en el artículo 13. Respecto a
la enmienda de adición de un nuevo artículo 13 bis introducido en el
Senado por el cambio del sentido del voto del Partido Popular, que
pretende eximir de determinadas tasas portuarias a los clubes náuticos o
marítimos sin ánimo de lucro, hay que señalar que se pide una exención
con carácter general de los clubes náuticos o marítimos en vez de la
situación actual, que permite una apreciación de la autoridad
aeroportuaria, por lo que votaremos en contra, e invitamos al Partido
Popular a que vote en contra, como ya lo hizo en este Congreso.
En lo que se refiere a la enmienda de supresión del artículo 14, de
modificación del artículo 19 de la Ley de tasas y precios públicos, para
permitir que en lo sucesivo la cuantía de las tasas se pueda modificar en
la ley de presupuestos, sorprende que se mantenga que se infringe el
artículo 134.7 de la Constitución, que exige, para que la ley de
presupuestos pueda introducir modificaciones tributarias, que estén
amparadas por una ley sustantiva. ¿Y qué es esto, sino una ley
sustantiva? Consecuentemente votaremos en contra de la enmienda.
Votaremos en contra de la enmienda a la disposición adicional primera,
porque no parece que sea muy lógico que se pretenda reducir al 30 por
ciento, como máximo, la cantidad de la tasa de seguridad que debe
ingresarse en el Tesoro, cuando en el momento actual el cien por cien de
la tasa de seguridad se ingresa en el Tesoro y el proyecto de ley marca
como un índice a tener en cuenta el 50 por ciento del presupuesto o el
porcentaje que se fija en la ley de presupuestos. Respecto a las
enmiendas de adición de una nueva disposición adicional cuarta y séptima,
que son contradictorias entre sí porque la cuarta prevé la supresión y la
séptima la modificación, tenemos que decir que este tema ya fue debatido
en esta Cámara con ocasión de la discusión de los Presupuestos Generales
del Estado para el año 2005 y no es este el momento para repetir tal
debate. Los argumentos de uno y de otro son sobradamente conocidos, pero
no parece parlamentariamente admisible que, con motivo de esta ley, se
pretenda eliminar lo que es el trámite especial que conlleva en sí mismo
la aprobación de las leyes de presupuestos. Votaremos a favor de la
enmienda de adición de una nueva disposición adicional quinta. Respecto a
la enmienda de adición de una nueva disposición adicional sexta, que
pretende imponer a AENA la publicación anual del coste real de los
servicios prestados en los aeropuertos, tal y como ha quedado
transaccionada en el Senado, la votaremos a favor.
El señor PRESIDENTE: Vamos a proceder a las votaciones.
Entiendo que los señores portavoces disponen del guión relativo a las
votaciones.
La señora SÁNCHEZ DÍAZ: Señor presidente, acabamos de recibir el guión de
la ordenación de las votaciones. Le pedimos un minuto, porque además está
mal ordenado. ¿Nos deja un minuto simplemente para poder ordenar la
votación?
El señor PRESIDENTE: Vamos a votar siguiendo el orden de votación que ha
sido distribuido por los servicios de la Cámara, que estaba bien teniendo
en cuenta que se trata de enmiendas del Senado y, en consecuencia, no se
votan como enmiendas que pertenecen a tal grupo o a tal otro, sino como
enmiendas del Senado.
Votación de las enmiendas que afectan al artículo 12.5 y al artículo
13.4.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 326; a
favor, 326.
El señor PRESIDENTE: Quedan aprobadas las enmiendas.
Enmiendas que afectan a la exposición de motivos, artículo 3.2, artículo
4.5, artículo 8 apartados 1 y 3, artículo 9, artículo 10.2.c).
Comienza la votación. (La señora Sánchez Díaz pide la palabra.)
¿Señora Sánchez?
La señora SÁNCHEZ DÍAZ: Señor presidente, hemos pedido votación separada
del artículo 10.2.d).
El señor PRESIDENTE: Es la votación que voy a proponer a continuación. Si
estamos siguiendo el mismo orden, es justamente la votación que voy a
proponer a continuación.
La señora SÁNCHEZ DÍAZ: ¿Letra c) o letra d)? ¿Puede aclararlo?
El señor PRESIDENTE: Existe, efectivamente, una votación separada, que es
la que voy a proponer a continuación, que es la relativa a la letra d).
La señora SÁNCHEZ DÍAZ: Nosotros hemos pedido votación separada de la
letra c). ¿Se va a votar la letra c) o la letra d), simplemente queremos
saber eso, señor presidente?
El señor PRESIDENTE: Este tipo de votaciones es complicado y probablemente
esto nos tiene que hacer reflexionar acerca del futuro; es un tipo de
decisión parlamentaria necesario, pero de difícil comprensión. Digo esto
para favorecer el trabajo de los servicios.
Respecto al bloque de votaciones número 2 -y entiendo que todos los
portavoces tienen el mismo guión que el presidente-, el Grupo Socialista
pide votación separada del artículo 10.2.c). ¿Es así?
La señora SÁNCHEZ DÍAZ: El Grupo Parlamentario Socialista ha pedido
votación separada de la letra d), de Dinamarca.
El señor PRESIDENTE: Hace unos minutos le he dicho que, siguiendo el
guión, es la que viene a continuación. Estamos diciendo lo mismo; era
ocioso este debate.
Continuamos las votaciones siguiendo el guión previsto, que está bien
hecho.
Enmienda que afecta al artículo 10.2.d).
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 327; a
favor, 326; abstenciones una.
El señor PRESIDENTE: Queda aprobado el artículo 10, apartado 2, letra d),
para que no haya ningún tipo de dificultad.
A continuación, volvemos a lo anterior, que estaba bien precisado cuando
se presentó el voto a la Cámara.
Votamos las enmiendas que afectan a la exposición de motivos; artículo 3,
apartado 2; artículo 4, apartado 5; artículo 8, apartados 1 y 3; artículo
9 y artículo 10, apartado 2, letra c), como se dijo.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 327; a
favor, 152; en contra, 173; abstenciones, dos.
El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas estas enmiendas.
Continuamos. Votación de las enmiendas que afectan a los artículos 11 y 14
y a las disposiciones adicionales primera y cuarta.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 327; a
favor, 153; en contra, 173; abstenciones, una.
El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas las enmiendas.
Votación de las enmiendas que afectan al artículo 8, apartado 4, y al
artículo 8, apartado 5.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 327; a
favor, 152; en contra, 174; abstenciones, una.
El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas las enmiendas.
Votación de la enmienda que afecta al artículo 13 bis.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 327; a
favor, 153; en contra, 173; abstenciones, una.
El señor PRESIDENTE: Queda rechazada la enmienda.
Votación de la enmienda que afecta a la disposición adicional quinta.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 326; a
favor, 149; en contra, 172; abstenciones, cinco.
El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.
Votación de la enmienda que afecta a la disposición adicional sexta.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 327; a
favor, 316; abstenciones, 11.
El señor PRESIDENTE: Queda aprobada.
Finalmente, votación de la enmienda que afecta a la disposición adicional
séptima.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 323; a
favor, 147; en contra, 175; abstenciones, una.
El señor PRESIDENTE: Queda rechazada la enmienda.
CONVALIDACIÓN O DEROGACIÓN DE REALES DECRETOS-LEYES.
- REAL DECRETO-LEY 10/2004, DE 23 DE DICIEMBRE, POR EL QUE SE AMPLÍA EL
PLAZO DE ADAPTACIÓN DE LAS COMISIONES DE CONTROL DE LOS PLANES DE
PENSIONES DE EMPLEO. (Número de expediente 130/000010.)
- REAL DECRETO-LEY 11/2004, DE 23 DE DICIEMBRE, POR EL QUE SE MODIFICA, EN
MATERIA DE PENSIONES PÚBLICAS, LA LEY DE PRESUPUESTOS GENERALES DEL
ESTADO PARA EL AÑO 2005. (Número de expediente 130/000011.)
El señor PRESIDENTE: Concluidas las votaciones, continuamos con el orden
del día que, por decisión de Junta de Portavoces, cuyos puntos se van a
tratar acumuladamente y tienen que ver con el Real Decreto-ley de 23 de
diciembre, por el que se amplía el plazo de adaptación de las comisiones
de control de los planes de pensiones y Real Decreto-ley de 23 de
diciembre, por el que se modifica, en materia de pensiones públicas, la
Ley de Presupuestos Generales del Estado para el año 2005.
A continuación, se expondrán, por parte de un miembro del Gobierno, las
razones que han obligado a la promulgación de los dos reales
decretos-ley.
Señor ministro, adelante.
El señor MINISTRO DE TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES (Caldera Sánchez-Capitán):
Gracias, señora presidente.
Señorías, presento para su convalidación el Real Decreto-ley 10/2004, por
el cual se amplía el plazo de adaptación de las comisiones de control de
los planes de pensiones de empleo, aprobado el pasado viernes por el
Consejo de Ministros. La aprobación de este decreto-ley se enmarca dentro
del conjunto de medidas que el Gobierno está promoviendo en el ámbito de
la previsión complementaria para que el desarrollo de la misma se realice
de manera consensuada dentro del diálogo con los agentes sociales. En
este sentido, junto con la medida propuesta en el presente real
decreto-ley, se ha introducido una enmienda en el proyecto de ley de
modificación de tasas y beneficios fiscales de acontecimientos de
excepcional interés público, por la cual se incluye una disposición
adicional tercera que amplía también y durante el mismo periodo el plazo
de adaptación de los llamados premios de jubilación. En ambos casos el
plazo finalizaba el 31 de diciembre y ha sido ampliado un año más, hasta
el 31 de diciembre del 2005. La finalidad fundamental de estas medidas
radica en la conveniencia de desarrollar de manera equilibrada los
instrumentos de previsión complementaria en el seno de las empresas bajo
el fruto del diálogo entre los agentes sociales. Por ello, próximos a
finalizar ambos plazos, se amplían para permitir la profundización de ese
diálogo y eliminar la influencia que el cumplimiento de tales plazos
pudiera acarrear. En este sentido, dentro del marco de la Mesa de
Seguridad Social y como parte del diálogo social, se ha constituido un
grupo de trabajo sobre sistemas complementarios para avanzar en su
desarrollo orientado por el Pacto de Toledo y las conclusiones de la
Comisión parlamentaria encargada de su seguimiento. Consideramos que esta
es la vía idónea para avanzar en ese desarrollo de sistemas que son fruto
de pactos de empresa y en definitiva del diálogo social.
Centrándonos en el contenido concreto del real decreto-ley, hemos de
retomar, aunque sea de modo sucinto, la evolución normativa en la materia
para comprender la necesidad de la misma en el momento presente. La
originaria Ley de planes y fondos de pensiones exigía la mayoría absoluta
de representación de los
partícipes en las comisiones de control de los planes de pensiones frente
a la representación del promotor. La Ley 24/2001, de 27 de diciembre, de
medidas fiscales, administrativas y del orden social, que entró en vigor
el 1 de enero de 2002, modificó el artículo 7.3 de dicha Ley de planes y
fondos de pensiones, estableciendo con carácter general el sistema de
representación paritaria del promotor o promotores en las comisiones de
control de los planes de pensiones de empleo. Dicha Ley 24/2001 concedió
un plazo que acababa el 31 de diciembre de 2004 para que los planes de
empleo existentes a 1 de enero de 2002 adaptasen sus comisiones de
control a lo previsto en el citado artículo 7.3 mediante acuerdo
colectivo. A partir del 1 de enero de 2005, de no haberse adoptado tal
acuerdo, se aplicaría directamente el sistema general de representación
paritaria.
Por otro lado, el nuevo reglamento de planes y fondos de pensiones
desarrolla esta normativa sobre la composición de las comisiones de
control en este tipo de planes desarrollando las excepciones al criterio
general de la paridad permitidas en la norma. En concreto se señala que
se puede adoptar una composición diferente de la paritaria siempre que
así sea establecida mediante acuerdo de negociación colectiva. Esta nueva
circunstancia abre la posibilidad de establecer una comisión de control
con mayoría de la representación de los trabajadores o de la empresa,
siempre que así se pacte en la negociación colectiva. Una vez más el
desarrollo de la figura pasa por la introducción de flexibilidades
basadas en la existencia de un acuerdo entre las partes.
La normativa de 2001 establecía un periodo transitorio de adaptación
próximo a finalizar, en el cual los planes de empleo formalizados antes
del 1 de enero de 2002 deberían fijar la composición y el régimen de
acuerdo de sus comisiones de control mediante acuerdo expreso de
negociación colectiva. A falta de tal acuerdo, a partir del 1 de enero de
2005 se aplicará directamente el criterio general de composición
paritaria, lo que podría generar conflictos de intereses entre las partes
que no hayan podido impulsar a tiempo el proceso de negociación. La
automaticidad del criterio general podría introducir inseguridad jurídica
respecto de las actuaciones de dicho órgano, con riesgo de bloqueo de su
funcionamiento, lo cual podría perjudicar los intereses de los partícipes
y beneficiarios, que son los sujetos realmente protagonistas de estos
instrumentos. Por otro lado, la existencia de nuevas posibilidades lleva
a la necesidad de replantear las posturas de cara al acuerdo de
negociación colectiva, que debería adoptarse para llevar a cabo la
adaptación legal de estas comisiones de control. Esta circunstancia,
junto con la situación real derivada de la vigencia, en muchos casos
plurianual, de los acuerdos colectivos, lleva a la necesidad de dar el
tiempo suficiente a las partes para que puedan afrontar esas
negociaciones sin la presión del cumplimiento del plazo.
Dada la naturaleza de los plazos aludidos se hace necesario que la
modificación legal de los mismos entre en vigor con antelación a la
finalización de los anteriores, de manera que estos puedan ser
prorrogados, sin generar la incertidumbre de un periodo en el que no
estuviera vigente esa posibilidad transitoria de adaptación. Por un lado,
la ampliación del plazo referido a los premios de jubilación se ha
introducido mediante la correspondiente enmienda en la recién aprobada
Ley de Modificación de Tasas, y próxima la finalización de los plazos y
ante la ausencia de otro vehículo legislativo que garantice la entrada en
vigor de la norma con antelación al 1 de enero de 2005, se hace necesaria
la aprobación de la norma mediante un real decreto-ley que establezca la
adecuada seguridad jurídica al proceso de negociación aludido.
Paso, señorías, a presentar las razones para la convalidación del segundo
bloque de reales decretos-ley de modificación de la Ley de Presupuestos
Generales del Estado para 2005 y el Decreto de revalorización de
pensiones del sistema de la Seguridad Social para el ejercicio de 2005.
Como saben, señorías, el pasado jueves 23 de diciembre el Gobierno aprobó
dos reales decretos: el Real Decreto-ley de modificación de la Ley de
Presupuestos Generales del Estado para el año 2005 en materia de
pensiones públicas y el Real Decreto-ley sobre revalorización de las
pensiones del sistema de la Seguridad Social, para los que les pido a
todos ustedes encarecidamente el voto a favor de su convalidación. Estos
instrumentos, como ustedes saben, cumpliendo un compromiso del Gobierno
para con todos los pensionistas, al tiempo que mejoran su calidad de vida
nos permiten converger con la Unión Europea en estándares de bienestar
social. En este sentido, quiero mostrar mi satisfacción por la
participación y el diálogo mantenido con los grupos políticos y con los
agentes sociales, que han hecho posible traer hoy aquí estas normas,
cumpliendo los preceptos establecidos en los artículos 41 y 45 de nuestra
Constitución, respecto a la seguridad, a la asistencia y a las
prestaciones sociales para todos los ciudadanos, así como la suficiencia
económica de las personas mayores resultante de sus pensiones y de su
actualización periódica, lo cual incide de lleno en el desarrollo
integral de la dignidad de las personas. Un diálogo y una resultante que
tienen su origen en el compromiso ciudadano del 14 de marzo y en el
discurso de investidura del presidente del Gobierno en los cuales, entre
otras cosas, se hacía un especial hincapié en la idea de los espacios
públicos de participación como base de legitimidad a través de los
instrumentos que procura el consenso. En materia de pensiones, señorías,
se afirmaba la necesidad de mejorar las pensiones mínimas con subidas
superiores al índice de precios al consumo, también la propuesta de
subidas de las pensiones de viudedad en el marco de una reforma global de
esta cobertura adaptada a las situaciones derivadas de las nuevas formas
familiares, así como la
compatibilización del SOVI. Tal y como se afirma, señorías, en la
Declaración del diálogo social firmada el 8 de julio pasado, la situación
financiera de la Seguridad Social se ha visto favorecida tanto por el
incremento de la actividad económica y la incorporación creciente de las
mujeres españolas a la población activa ocupada como por la incorporación
de más de un millón de inmigrantes cotizantes, así como por el efecto
demográfico derivado del menor número de jubilaciones de personas
procedentes de las generaciones de la Guerra Civil y de la postguerra.
Esta situación, el compromiso contenido en el Pacto de Toledo
garantizando el mantenimiento del poder adquisitivo, el desarrollo de los
compromisos asumidos con los ciudadanos el pasado 14 de marzo y la
imposibilidad de incorporar la evolución del IPC entre noviembre de 2003
y noviembre de 2004 para establecer las previsiones de incremento como
consecuencia del veto aprobado por el Senado en la sesión del pasado 13
de diciembre han hecho obligatorio que hoy se presente en esta sesión la
propuesta de convalidación que hará posible no solo la revalorización de
las pensiones para el año 2005 sino el abono de una paga única que
absorba la diferencia de precios interanual. Tal y como se dice en su
preámbulo, de no hacerlo, si no aprobáramos este decreto-ley, señorías,
si ustedes no lo convalidaran hoy -estoy seguro de que lo van a
convalidar-, se originaría un grave quebranto a los pensionistas
españoles, contradictorio con el compromiso del Gobierno de España de
mantenimiento del poder adquisitivo de las pensiones y la elevación
paulatina de la cuantía de las pensiones más bajas. Las compensaciones
que estamos poniendo sobre la mesa derivadas de la modificación de los
presupuestos generales del Estado para 2005 benefician a más de 8
millones de pensionistas con prestaciones contributivas y a medio millón
con pensiones no contributivas, con un coste de 1.873 millones de euros.
Esta cantidad se abonará en dos partes, la que compensa la pérdida del
poder de compra del año 2004, en el mes de enero de 2005 y la que absorbe
los atrasos producidos se hará en la nómina del año 2005. Respecto a la
primera, en forma de paga única, quisiera informarles que para una
pensión media la desviación del poder adquisitivo equivale a una paga de
134,51 euros. El pacto entre generaciones, señorías, que supone el
sistema público de pensiones y su desarrollo a partir del Real Decreto
sobre revalorización de las pensiones para 2005 trasciende, va más allá
de las garantías mínimas contempladas en la Ley de racionalización y
consolidación de las pensiones de 1997, heredera de la Ley General de
Seguridad Social de 1994 y ello porque nuestras pensiones más bajas no se
han visto beneficiadas, no se vieron beneficiadas por el incremento de la
riqueza nacional los últimos ocho años; no se vieron beneficiadas y
siguen estando, por tanto, por debajo de los umbrales de necesidad
compartidos por los agentes sociales, económicos y políticos, habiendo
perdido equivalencia con la renta media por ocupado. Por ello durante
esta legislatura vamos a garantizar a más de 3,5 millones de pensionistas
con menos recursos que puedan llevar una vida digna. En el año 2005 van a
tener un aumento general, para todas las pensiones, del 3,5 por ciento
pero, además, para estos 3,5 millones de pensionistas la subida alcanzará
hasta el 8 por ciento. Señorías, este es el modo de comprometernos con
los que menos tienen, con los que más necesidades tienen.
Como ampliación a lo dicho anteriormente, para acabar quiero informarles
de que las pensiones mínimas con cónyuge a cargo aumentarán un 8,07 por
ciento; aquellas que no tienen cónyuge a cargo aumentarán un 6,55 por
ciento; las pensiones no contributivas y las del SOVI aumentarán un 4,5
por ciento; todas las pensiones de viudedad, señorías, especialmente las
pensiones mínimas, aumentarán un 6,55 por ciento y, por primera vez, se
reconocerá a los pensionistas de incapacidad permanente total que tienen
entre 60 y 64 años de edad la garantía de pensión mínima, una mejora que
beneficiará a 41.000 pensionistas. Por último, el Real Decreto-ley de
revalorización actualiza el límite de ingresos compatible con la
condición de beneficiario de las asignaciones de hijo a cargo, así como
en los supuestos de hijos discapacitados con 18 ó más años y una
discapacidad igual o superior al 65 por ciento. El incremento de estas
asignaciones equivale al 5 por ciento; los años anteriores solo fue del 2
por ciento, este año subirá un 5 por ciento.
El Gobierno ratifica así su voluntad de incrementar las pensiones mínimas
un 26 por ciento antes de que acabe esta legislatura, pero no de
cualquier modo, no de forma unilateral, sino a través de un proceso
participativo, de permanente diálogo entre las fuerzas sociales y
políticas dentro de un prudente equilibrio del sistema, así como a partir
de una perspectiva amplia que evite actuaciones aisladas que pongan en
peligro acuerdos y actuaciones de carácter global. Por todo ello,
señorías, el Gobierno les pide su actitud favorable a la convalidación de
estos dos reales decretos-leyes, cuyo fin último no es otro que el de
garantizar no solo la máxima dignidad de las personas ante eventualidades
de la edad o de otra índole, sino la de la apuesta definitiva de España
por instalarse en el corazón de los países más avanzados respecto a la
atención y la seguridad de sus miembros más vulnerables.
Muchas gracias. (Aplausos.)
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor ministro.
Para el turno de fijación de posiciones, Grupo Parlamentario Mixto, señora
Fernández Davila.
La señora FERNÁNDEZ DÁVILA: Gracias, señor presidente.
Intervengo para expresar nuestra posición en la convalidación de los dos
reales decretos-leyes en sentido positivo, partiendo de nuestra
responsabilidad con
todas y todos los pensionistas de todo el Estado español. Al mismo tiempo,
aun reconociendo el incremento importante de las pensiones mínimas, según
acaba de decir el señor ministro, seguimos pensando -corroborado también
por lo que acaba de explicar el señor ministro- que las pensiones siguen
estando en una situación que, lamentablemente, no podemos considerar que
mejorarán la calidad de vida, sobre todo la de aquellas personas que
están cobrando esta pensión mínima. Por otro lado, a pesar de este voto
favorable por sentido de la responsabilidad, como decía antes, nosotros
no podemos dejar de seguir manifestando la posición que el BNG ya ha
expresado en otras ocasiones en el sentido de que es necesario que desde
la Seguridad Social, desde el Gobierno se habilite algún tipo de elemento
corrector que elimine las grandes diferencias que existen entre
determinadas zonas o territorios del Estado, como el caso de Galicia, en
cuanto a las pensiones mínimas y la media del Estado, unas diferencias
considerables que pensamos que en justicia es necesario eliminar. Esta es
nuestra expresión de lo que pensamos y nuestra posición de voto favorable
a la convalidación.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señora Fernández Davila.
Grupo de Coalición Canaria, señor Mardones.
El señor MARDONES SEVILLA: Gracias, señor presidente.
Mi grupo parlamentario va a votar favorablemente la convalidación de estos
dos reales decretos-leyes por las siguientes razones. En primer lugar,
con respecto al Real Decreto-ley 10/2004, que viene a ampliar el plazo de
adaptación de las comisiones de control de los planes de pensiones de
empleo, lo hacemos en razón de que ya la Ley 24/2001 había establecido
una fecha límite, el 31 de diciembre del año 2004, para adaptar estas
comisiones de control. Se habían recogido tanto las disposiciones de la
Ley 8/1987 respecto de la regulación de planes y fondos de pensiones como
también lo que el Real Decreto Legislativo 1/2002, de 29 de noviembre,
estableció con respecto al sistema de paridad para habilitar la
negociación colectiva.
En cuanto a las razones de urgencia que aduce el Gobierno, las vemos
razonables, pues de no producirse un aplazamiento desde el 1 de enero de
2005 para que se pueda poner como límite el 31 de diciembre del próximo
año 2005, nos podríamos encontrar que con un criterio general de
composición paritaria esto puede dar lugar a conflictos y tensiones en
las empresas entre patrocinadores y personal laboral. Por tanto,
sencillamente se trata de ampliar el plazo hasta el 31 de diciembre de
2005 para la adaptación de las comisiones de control de planes de
pensiones del sistema de empleo existentes a 1 de enero del año 2002 a lo
que estaba previsto en el apartado del texto refundido que he citado. Así
pues, aceptamos estas razones y, como he dicho, votaremos favorablemente.
También votaremos a favor del Real Decreto-ley 11/2004, que viene a
modificar en materia de pensiones públicas la Ley de Presupuestos
Generales del Estado para el año 2005. Como en razón del veto del Senado
no se pudo contemplar la evolución del índice de precios al consumo entre
noviembre del año 2003 y noviembre del corriente año, 2004, es
preceptivo, si queremos que la Cámara cumpla el acuerdo alcanzado entre
todos los grupos -el mantenimiento del poder adquisitivo de las pensiones
reflejado en el Pacto de Toledo-, que esto había que resolverlo no
solamente para las pensiones del sector público, personal civil,
funcionarios, militares, etcétera, sino también para el sector privado,
en las pensiones contributivas y las no contributivas. Se trata de un
imperativo constitucional y político de solidaridad y así evitar una
situación de pobreza encubierta si no se atiende, tal y como hemos venido
haciéndolo en España desde los últimos quien años, al mantenimiento del
poder adquisitivo de las pensiones.
Por todos estos requisitos, aceptando también las razones de urgencia que
he manifestado derivadas del veto del Senado y para que el 1 de enero del
próximo año estemos en disposición de aplicarlo, votaremos favorablemente
su convalidación, señor presidente.
Gracias.
El señor PRESIDENTE: Gracias a usted, señor Mardones.
Por el Grupo de Izquierda Verde tiene la palabra el señor Herrera.
El señor HERRERA TORRES: Gracias, señor presidente.
Mi grupo va a votar a favor de los reales decretos que plantea el
Gobierno. Compartimos los motivos de urgencia tanto del primero como del
segundo y no voy a ahondar en mi intervención en los motivos que han
expuesto los anteriores portavoces, así como el mismo ministro. De hecho,
en el caso del segundo real decreto, esto se deriva también del mismo
Pacto de Toledo, de la misma Ley General de la Seguridad Social, yendo en
algunos casos más allá de lo que exige la ley, pero en lo fundamental, en
el núcleo central simplemente lo que hace es reflejar precisamente
aquello que demanda la ley. Mi grupo no va a entrar en la valoración
política de la cuestión, sino que simplemente estamos cumpliendo con la
ley y lo que estamos intentando es acercarnos a Europa.
Lo que es importante destacar es en qué momento y por qué se tiene que
recurrir al real decreto. Si realmente se tiene que recurrir es porque
precisamente hoy intentan convertir al Senado -lo dije en la discusión
que tuvimos en torno al veto del Senado la semana pasada- en una Cámara
de bloqueo y lo que antes se
incorporaba en la tramitación de las enmiendas en el Senado hoy se tiene
que incorporar mediante este real decreto. La conclusión es que tenemos
que sacar algunas lecciones de lo que ha acontecido en el Senado y lo que
tenemos que conseguir precisamente es que aquellos vicios del presupuesto
se corrijan en su trámite parlamentario para el próximo año en el
Congreso. De hecho, mi grupo parlamentario presentó algunas enmiendas que
así lo corregían y nos dijeron que nos esperásemos al trámite del Senado.
Pues bien, para el próximo año tanto el Gobierno como el Grupo Socialista
deberán atender con más atención aquellas enmiendas que se introduzcan en
el Congreso para que no sean necesarios reales decretos como los que
estamos discutiendo hoy. Simplemente con esto se evitaría el carácter de
urgencia de este real decreto, claramente fundado, pero que se podría
evitar en esta tramitación.
Nuestro grupo parlamentario entiende que la mayoría que hoy sustenta al
Gobierno debe tomar nota de los hábitos parlamentarios, que en esta
legislatura van a cambiar; los hábitos parlamentarios dan mayor
protagonismo al Congreso en la tramitación de enmiendas y sitúan al
Senado en Cámara de bloqueo o de intento de bloqueo en una tramitación
que no es útil para mejorar los presupuestos. Por todo ello, nuestro
grupo parlamentario va a votar favorablemente los dos reales decretos.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Herrera.
Grupo Vasco, señor Azpiazu.
El señor AZPIAZU URIARTE: Gracias, señor presidente.
Nuestro grupo va a votar favorablemente los dos reales decretos que ha
presentado esta mañana el señor ministro. En relación con el segundo
quisiera simplemente hacerles una breve reflexión. Hoy el Gobierno nos
trae a esta Cámara este real decreto con el fin de actualizar las
pensiones públicas en función de la desviación habida en los precios
respecto al IPC previsto, que el Gobierno año tras año lo sitúa en el 2
por ciento. Los precios han subido entre noviembre de este año y
noviembre del año pasado en un 3,5, por lo que a efectos de mantener la
capacidad adquisitiva de las pensiones hay que incrementarlas en un 1,5
puntos porcentuales adicionales. El veto aprobado en el Senado a los
Presupuestos Generales del Estado ha obligado al Gobierno a presentar en
esta Cámara este real decreto-ley, que ha de interpretarse jurídica y
políticamente como un efecto colateral de dicho veto y, por lo tanto, un
toque de atención al Gobierno. No será evidentemente nuestro grupo
parlamentario el que se oponga a su tramitación y aprobación, porque
creemos que es urgente y absolutamente necesario que sea de aplicación a
partir del próximo 1 de enero. No solo creemos que es obligado mantener
el poder adquisitivo de las pensiones, sino que sería deseable que muchas
de ellas se incrementaran sustancialmente.
Desde el Gobierno se nos dice que los resultados habidos en la Seguridad
Social son excepcionales, que los ingresos por cotizaciones están a
niveles récord y que el superávit de la Seguridad Social alcanza cotas
impensables hace tan solo unos pocos años; el superávit de la Seguridad
Social compensa el déficit público de las administraciones del Estado y
se destina fundamentalmente a la dotación de un fondo de reserva para las
pensiones. No es momento de cuestionar desde el punto de vista
macroeconómico de la contabilidad pública las bondades o no de un fondo
de estas características (nuestro grupo parlamentario ya se ha definido
al respecto), pero sí sería conveniente reflexionar sobre el destino de
tan abultado superávit. Amén de dotar razonablemente el fondo de reserva,
¿no se podría destinar un porcentaje considerable de dicho superávit a
elevar las pensiones más bajas? ¿Cree alguien aquí presente que con una
pensión de 524 euros, si es con cónyuge a su cargo, o con 438,71 euros al
mes, sin cónyuge o en situación de viudedad, se puede sobrevivir
dignamente? Menos de 15 euros al día, señorías. Creo que este dato merece
una reflexión. Soy consciente de que es preciso mantener el equilibrio de
las cuentas públicas, pero también que con los importes señalados no se
puede mantener el equilibrio de las cuentas privadas. Tan solo quisiera
invitarles a profundizar en esta reflexión y aprovechar la buena
coyuntura económica para dar un impulso considerable a las personas que
tienen rentas más bajas. No es un tema ni de izquierdas ni de derechas,
sino de números y de dignidad humana.
Eskerrik asko.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Azpiazu.
Esquerra Republicana, señor Tardá.
El señor TARDÁ I COMA: Señor presidente, señorías (Comienza su
intervención en catalán, cuyo texto, que entrega a la Redacción del
"Diario de Sesiones", dice lo siguiente: "En aquesta última intervenció
de l'actual període de sessions repetim allò mateix que vam promunicar en
la primera intervenció d'aquest mateix període: volem veure reconeguts
els nostres drets lingüística. Esperem assolir-ho l'any 2005. Depèn també
de la seva solidaritat i del seu sentit de la justicia".-El señor
diputado continúa su intervención en castellano.), en esta última
intervención del actual periodo de sesiones repetimos las mismas palabras
que pronunciamos en la primera intervención en este mismo periodo:
Queremos ver reconocidos nuestros derechos lingüísticos. Esperamos
alcanzarlo en el año 2005. Depende también de su solidaridad, de su
sentido de la justicia y sobre todo de su voluntad política.
Es de ustedes conocida la argumentación con la cual nuestro grupo
parlamentario ha postulado su compromiso de apoyo a la Ley de
Presupuestos Generales del Estado para el año 2005, cuyo contenido fue
negociado previamente por parte del Gobierno con los grupos
parlamentarios que comprometieron el voto favorable. Es por ello que,
como no podía ser de otra forma, vamos a apoyar la convalidación de los
dos reales decretos, por el primero de los cuales se modifica la actual
Ley de Presupuestos Generales del Estado en materia de pensiones, con la
finalidad de poder llevar a cabo su actualización, actualización sin la
cual aquellos ciudadanos y ciudadanas que deben recibirlas verían
mermados sus derechos como pensionistas de clases pasivas y de la
Seguridad Social, tanto en su modalidad contributiva como no
contributiva, en la medida en que no se les garantizaría el mantenimiento
íntegro del poder adquisitivo de sus pensiones. Una vez fijadas las
posiciones políticas de cada uno de los grupos parlamentarios en esta
misma Cámara durante el debate de los presupuestos y una vez planteados
por las mismas fuerzas políticas que en aquella ocasión mostraron de
nuevo su desacuerdo con el proyecto presentado por el Gobierno mediante
la presentación del veto en la Cámara Alta, el Grupo Parlamentario de
Esquerra Republicana entiende que nos hallamos ante un problema
estrictamente técnico, que es el que hoy nos ocupa; aun así, nuestro
grupo entiende que el veto del Senado no ha permitido introducir algunas
enmiendas que sin duda hubieran mejorado si cabe los presupuestos salidos
del Congreso, y lo afirmamos como representantes de parte de la
ciudadanía catalana al entender que algunas enmiendas de Entesa Catalana,
así como otras que se hubieran transaccionado con Convergència i Unió
(por ejemplo las obras de remodelación del Palau de la Música Catalana u
otras enmiendas relativas a las aportaciones económicas del Estado al
Institut d'Estudis Catalans o al Institut Ramon Llull), sin duda hubieran
llegado a buen puerto y hoy podríamos sentirnos aun más satisfechos de
las cuentas del Estado del próximo año en cuanto a las aportaciones del
Estado a las instituciones culturales catalanas. Lamentamos que el Grupo
de Convergència i Unió se dejara arrastrar por el hooliganismo
antisocialista del Partido Popular.
Dicho esto, repetimos que hoy nos ocupa un hecho estrictamente técnico:
resolver el impedimento que significó la presentación del veto; un hecho
-repetimos- estrictamente técnico, puesto que conllevó el impedimento de
contemplar a manera de enmienda la evolución del IPC entre noviembre de
2003 y noviembre de 2004, como en otras ocasiones. Por todo ello, nuestra
posición ahora y aquí responde solo a posibilitar la viabilidad de una
actuación, la revalorización anual en función de la evolución del índice
de precios al consumo que viene llevándose a cabo desde hace quince años;
sin lugar a dudas aquellos grupos no desearían que no se revalorizaran.
Tal como manifestó nuestro portavoz en la presentación y discusión del
proyecto de presupuestos que se debatió en esta Cámara el día 27 de
octubre, más allá de compartir los objetivos centrales de fundamentar el
crecimiento económico en el aumento de la productividad y el empleo a
partir de la búsqueda de un modelo económico para dotarnos de mejores
bienes de equipo, infraestructuras más modernas y capaces y mayor
capacidad de capital humano, compartíamos justamente unos espacios de
intersección ideológicos y estratégicos respecto al carácter social de
las cifras finalmente aprobadas. Que el gasto social crezca un 9,5 por
ciento, más de tres puntos por encima del crecimiento de la economía, y
que la mitad del presupuesto se destine a gasto social configuran las
bases de nuestra aceptación, en la medida en que visualiza el inicio de
unas políticas sociales que deben llevarnos a la consolidación y
profundización del Estado de bienestar. Para el Grupo Parlamentario de
Esquerra Republicana nos hallamos en el inicio de un proceso de
interlocución entre las fuerzas de izquierdas del Estado español, que
debe llevarnos al fortalecimiento del Estado de bienestar, cuya razón
primera no puede ser otra que la mayor socialización de la riqueza y la
protección de la ciudadanía, atendiendo prioritariamente a los sectores
social y económicamente más desfavorecidos. De todos son conocidas las
alarmantes cifras de pobreza encubierta en el Estado español y que
estamos muy por encima de la media de Estados miembros de la Unión
Europea respecto al gasto social. Por ello, pese a los puntos de
desacuerdo mostrados en el debate por parte de nuestro grupo
parlamentario, nosotros entendimos que existían las suficientes
coincidencias tanto más de proyecto de futuro como en la actualidad, con
lo cual somos responsables de la esperanza depositada en las cuentas del
Estado para el año 2005.
De igual manera vamos a apoyar la convalidación del Real Decreto-ley
10/2004, por el que se amplía el plazo de adaptación de las comisiones de
control de los planes de pensiones de empleo, al compartir el criterio de
la necesidad de contar con los acuerdos del diálogo social y la
negociación colectiva para hacer posible la composición de mayoría
absoluta en la representación de los partícipes en las comisiones de
control y poder mejorar el actual criterio de representación paritaria
susceptible de generación de conflicto de intereses.
Muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Tardá.
Por el Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), señor
Campuzano.
El señor CAMPUZANO I CANADÉS: Gracias, señor presidente.
Señorías, el Gobierno nos trae hoy a la Cámara dos reales decretos.
Respecto al primero, por el que se amplía el plazo de adaptación de las
comisiones de control de los planes de pensiones de empleo, mi grupo
evidentemente va a votar favorablemente a la convalidación de esta
iniciativa; sin embargo, sí quisiera trasladar al Pleno tres reflexiones
muy concretas. Nosotros sentimos preocupación por la falta de fortaleza
de la previsión social complementaria, porque tan solo estamos hablando
de 561 partícipes de este tipo de iniciativas, que es un número escaso
del conjunto de personas que hoy se pueden beneficiar de planes de
pensiones privados, por tanto, necesidad de una política desde el
Gobierno de común acuerdo con los agentes sociales para potenciar estas
medidas. También sentimos preocupación porque ante esta debilidad de
partícipes de estos instrumentos de previsión social los mensajes que ha
lanzado el Gobierno en este ámbito y muy especialmente el secretario de
Estado de Hacienda, el señor Fernández Ordoñez (ya tuvimos ocasión de
discutirlo hace un par de semanas en la Comisión de seguimiento del Pacto
de Toledo), son de dudas sobre la necesidad de que se apoye desde el
Gobierno la previsión social complementaria, poniendo en duda la eficacia
de los incentivos fiscales a estos mecanismos. Además, al hilo de estas
mismas cuestiones continúa abierta (en parte se ha resuelto, aunque hemos
vuelto a aplazarlo) toda la polémica en relación con la consideración de
la necesidad o no de externalizar los denominados premios de jubilación.
Hemos conseguido un nuevo plazo para que este proceso continúe abierto,
pero mi grupo entiende necesario que, si de verdad queremos apoyar a las
pequeñas y medianas empresas, los premios de jubilación no deben de ser
externalizados. Estas son cuestiones que están pendientes al hilo de este
debate, pero insisto en que mi grupo va a votar favorablemente la
propuesta concreta que hoy nos llega a la Cámara.
El segundo paquete de cuestiones que abordamos tiene mar de fondo. Tanto
en la exposición de motivos como en la propia intervención del señor
Tardá, y no sé si en la intervención del portavoz del Grupo Socialista,
se nos pretende argumentar que el ejercicio democrático del derecho al
veto que se ejerció hace unas cuantas semanas en el Senado impidió la
mejora de esos presupuestos también en esta materia. Mi grupo deber
recordar a los grupos que han apoyado los Presupuestos Generales del
Estado que si algunas cuestiones que se plantean en este real decreto y
en esta materia se hubiesen corregido en el trámite del Congreso, quizás
el veto de Convergència i Unió podía haberse evitado. En concreto existen
tres cuestiones muy claras, contenidas precisamente en el real decreto
que convalidamos que fueron objeto de enmiendas de Convergència i Unió y
que la mayoría que aprobó los presupuestos no aceptó. Por ejemplo, en los
Presupuestos Generales del Estado (en el real decreto queda de nuevo
reflejado) las pensiones que menos suben son las más bajas del sistema.
Las pensiones que menos suben de todo el conjunto de pensiones mínimas
son las pensiones no contributivas y las pensiones SOVI. En los
Presupuestos Generales del Estado la pensión no contributiva sube un 3
por ciento, y con la mejora derivada de la adaptación al nuevo IPC se
sitúa en ese 4,5 por ciento: 288 euros al mes. Algunos portavoces
catalanes hemos tenido ocasión de entrevistarnos hace pocas semanas con
la Asociación de personas receptoras de pensiones no contributivas, que
nos han mirado a la cara y nos han preguntado si podríamos vivir con 288
euros al mes; ninguno de nosotros nos hemos atrevido a decirles que sí.
Pues bien, esas son las pensiones que menos suben en este cuadro.
Seguramente, si los grupos que han apoyado los presupuestos hubiesen
votado las enmiendas de Convergència i Unió, que pretendían subir estas
pensiones no el 3 sino el 5 por ciento, continuaríamos siendo incapaces
de mirar a la cara a estas personas, pero al menos hubiésemos hecho un
esfuerzo más en esta materia. Yo creo que ahí hemos perdido una buena
oportunidad de mejorar esas pensiones.
Señorías, este real decreto corrige también un simple error material en
los presupuestos en relación con la cuantía del Iprem, pero mi grupo
quiere aprovechar esta tramitación para recordar que la actualización del
Iprem para el año 2005, según figura en los Presupuestos Generales del
Estado, es simplemente de un 2 por ciento. Según el Iprem, que constituye
sin lugar a dudas uno de los principales instrumentos de articulación de
las políticas del ámbito social, se pierde poder adquisitivo, con las
consecuencias que ello tiene para el sistema de becas, para el sistema de
ayudas a viviendas o para el conjunto de apoyos públicos vinculados a ese
nuevo indicador. Sube un 2 por ciento, perdemos capacidad adquisitiva.
Vamos a ver si este viernes el Gobierno aprueba o no un nuevo sistema de
revalorización del Iprem, pero el 2 por ciento que figura en los
Presupuestos Generales del Estado y que Convergència i Unió enmendó podía
haberse articulado de una manera más consolidada respecto a la propia
evolución del IPC, evitando que el Iprem fuese un instrumento que
supusiese también una degradación de las prestaciones sociales. Quizás,
si se hubiesen aceptado las enmiendas de Convergència i Unió en el Pleno
del Congreso de los Diputados, se hubieran ahorrado ese veto que hoy
obliga al Gobierno a plantear esta iniciativa.
En este real decreto se introducen, también como modificación de un error
material, unas referencias a lo que se conoce como las deudas de los
hospitales concertados; una problemática muy presente en nuestro país y
en Cataluña en concreto son las famosas deudas a la Seguridad Social del
sistema de hospitales concertados. Mi grupo, ahí también, quiere reclamar
al Gobierno y a los grupos que han apoyado los presupuestos el valor
político para no dejar aparcada esta cuestión, sino abordarla de frente y
apostar por la condonación de esa deuda. La condonación de la deuda a la
Seguridad Social del sistema de hospitales concertados es una cuestión
que también se hubiese podido corregir en los Presupuestos Generales del
Estado y que no se quiso corregir.
Todas ellas son cuestiones que al hilo de este real decreto mi grupo
hubiese querido corregir en el trámite del Congreso pero, en la medida en
que tampoco fue posible llegar a un acuerdo con el Grupo Parlamentario
Socialista, nos obligaron a votar ese veto. Eso sí, vamos a votar esta
convalidación porque estamos aplicando el Pacto de Toledo, porque estamos
aplicando la Ley de la Seguridad Social que votamos entre todos en 1997 y
porque es de justicia hacerlo, aunque también les tenemos que trasladar
una reflexión cara al futuro. Señorías, ¿es normal que la adaptación de
la cuantía de las pensiones al IPC real se deba articular a través de una
enmienda del grupo que sustenta al Gobierno en el Senado? Es el sistema
que ha funcionado hasta ahora, que ha funcionado en la pasada
legislatura; desde la lógica del Pacto de Toledo, entendiendo que lo que
hacemos no es una decisión política del Gobierno en función de sus
prioridades, sino de aplicación estricta de la ley, ¿debe ser a través de
una enmienda en el Senado como se introduzca esta modificación? Mi grupo
entiende que no y que habrá que explorar mecanismos que no obliguen al
Gobierno a aprovechar el trámite del Senado para introducir estas
modificaciones, sino que sea más automático. De hecho en los Presupuestos
Generales del Estado también en el trámite del Congreso Convergència i
Unió planteó una enmienda en esa línea para evitar que el trámite del
Senado tenga esa función. Mi grupo quiere profundizar sobre esa cuestión
convencido de que, si alguien se quiere colgar la medalla de que estos
son unos presupuestos sociales, haber apostado por esa subida baja,
mínima de las pensiones no contributivas de esos 288 euros al mes y haber
mantenido el Iprem regularizado tan solo en un 2 por ciento nos sitúa en
un escenario donde la defensa del carácter social de estos presupuestos
es como mínimo discutible. Eso, señorías, no va a quitar nuestro voto
favorable a esta convalidación.
Muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Gracias a usted, señor Campuzano.
Señor Echániz, por el Grupo Popular, su turno.
El señor ECHÁNIZ SALGADO: Muchas gracias, señor presidente.
Señorías, nos encontramos esta mañana aquí, en este Pleno de finales de
año, como consecuencia de la gran capacidad de este Gobierno para
diseñar, para negociar, para pactar y también para enmendar unos
Presupuestos Generales del Estado, sus primeros, por su gran previsión y
sobre todo por su gran sentido de la eficiencia en el empleo del tiempo.
A este Gobierno le gusta la perfección, tiene un gran sentido del
perfeccionismo, ya que nos trae en este momento modificaciones al
presupuesto con estos dos decretos, a los escasos seis días de su
aprobación; nos traen modificaciones al presupuesto incluso antes de que
entre en vigor, lo cual también es muy novedoso y fruto del talante. Ya
saben ustedes que desde este año 2004 la palabra talante tiene nuevas
acepciones en el Diccionario de la Real Academia de la Lengua, como
talante, a pesar de los vetos tira p'adelante, o destruir al adversario
pa' salir triunfante, o defender los intereses de España no es lo más
elegante. Estas modificaciones nos las traen para su aprobación el día de
los Santos Inocentes, y esto tampoco nos extraña; no nos extraña esta
freudiana casualidad. Lo que en definitiva han hecho con este
presupuesto, con sus modificaciones, repito, es una auténtica inocentada;
es una broma de mal gusto y sobre todo una tomadura de pelo.
Señorías, la penúltima ha sido el dictamen del Consejo de Estado a este
decreto. El Consejo de Estado ha censurado al Gobierno que utilice el
mismo real decreto para actualizar las pensiones y a la vez para
incorporar variaciones en el acceso a las mismas, porque esta mezcla de
disposiciones sin duda crea inseguridad jurídica; dicho de otra manera,
eliminan la ley de acompañamiento, pero usan los reales decretos-leyes o
la ley que hemos debatido anteriormente para aprobar cosas dispares en un
totum revolutum en el que es peor el remedio que la enfermedad, eso sí
como culpa de esta forma chapucera de hacer las cosas que se está
convirtiendo de forma preocupante en la forma habitual de proceder de
este Gobierno. De la misma manera el Consejo de Estado también le ha
reprochado al Gobierno que no haya consultado a todos sus agentes
sociales, el mismo, lo cual también es un ejemplo de talante, y me
gustaría saber si se ha consultado al Consejo Económico y Social en un
tema que entendemos también es susceptible de su informe.
Decía que es la penúltima, señorías, porque la última ha sido la
convocatoria de una Mesa y Junta de Portavoces extraordinaria como
consecuencia de que estos reales decretos no han podido ser publicados
por el Boletín Oficial del Estado (agárrense a los escaños) porque se ha
estropeado la máquina del BOE; sí, sí, no es una broma; quizá es una
inocentada propia del día que al Gobierno por primera vez en la historia
se le haya estropeado el BOE. Señorías, esto es auténticamente un chiste
y no acaban de cometer la última chapuza cuando ya cometen la siguiente.
(Un señor Madina Muñoz: Un respeto, ¿eh?) El Gobierno del Partido
Socialista ha sido vago a la hora de legislar, porque sin duda se
encuentran cansados, pero cuando ha habido que presentar la ley más
importante del año, la más importante a la hora de desarrollar las
políticas de un Gobierno, han traído la mayor chapuza que nunca se
presentó en este Parlamento por la falta de acuerdos estables, por las
negociaciones y las presiones que no han explicado a los españoles y para
las que los españoles todavía esperan una respuesta, con carreras en los
pasillos, con el primer veto en la historia de una Cámara democrática
representativa de la soberanía nacional, como es el Senado, la Cámara de
representación territorial
por excelencia, esa a la que antes daba tanta importancia el señor
Rodríguez Zapatero y que desde este varapalo se ha convertido en una
Cámara sin importancia, una Cámara irrelevante, que en cualquier país
hubiera hecho dimitir al Gobierno o al menos al ministro de Economía, o
al menos hubiera hecho retirar el presupuesto y presentar otro. Es un
presupuesto cargado de errores, de lagunas, de inconsistencias, de
contradicciones, que les obliga a ustedes a autoenmendarse con casi
sesenta enmiendas en el Senado; un presupuesto que ustedes no supieron
negociar en el Senado con una enorme falta de cintura política; un
presupuesto que volvió a esta Cámara con todos esos errores y un
presupuesto que se ha aprobado con todas esas faltas y todos esos
errores, chapuceando con la aprobación de estas nuevas normas que sin
duda van a convertir al ministro de Economía (emulando a los clásicos) en
Pedro Solbes y el gran enmendador de España; un presupuesto, en
definitiva, con anotaciones a lápiz al margen, donde las cifras no
coinciden, donde el informe no está completo, donde ustedes facilitan a
los grupos dos minutos antes de su votación un texto sin reasignación de
las enmiendas negociadas, que tuvimos además que votar sin saber lo que
votábamos, de forma apresurada, cuyas cifras no se corresponden con los
créditos reales consignados, donde estaban sin reasignar las altas y las
bajas y que ha supuesto sin duda un auténtico cheque en blanco a este
Gobierno. Es un presupuesto, señorías, que no solo es irreal, sino que no
es creíble, y ahí está la rectificación de crecimiento del producto
interior bruto, de crecimiento de la economía para el año que viene,
realizada por el señor Solbes antes incluso de que los presupuestos
saliesen de la cocina parlamentaria, que incumplen la Ley de estabilidad
y que no son los que necesita España para seguir avanzando en una senda
de crecimiento sostenido, sino que además están plagados de
irregularidades. No saben echar las cuentas, y esto es algo muy serio y
que no pasaría de ahí si de lo que hablásemos no fuese de una ley de
obligado cumplimiento, como todas, y además la ley más importante del
ejercicio y la que da su capacidad operativa al Gobierno. A ustedes,
señorías, les da igual, les da igual hacer mal una ley y tener luego que
traer a esta Cámara todas las rectificaciones que haga falta; eso sí, por
votar que no quede, ya lo hemos visto en la rocambolesca tramitación de
la Ley del Consejo General del Poder Judicial, y ustedes con todas estas
actitudes muestran una absoluta falta de respeto al Poder Judicial y al
Poder Legislativo, que sin duda son las bases de la convivencia
democrática de la sociedad española.
Señorías, todo esto no es el fruto de la casualidad, no lo es. Comenzamos
con lo de: no te preocupes, que de esto te enteras en dos tardes, y hemos
acabado aquí con los presupuestos más chapuceros de la historia de la
democracia española; comenzamos con los problemas en la confección del
programa electoral del Partido Socialista y acabamos sin programa
económico para España; comenzamos con dos propuestas de reformas fiscales
y acabamos con una guerra sin cuartel entre el Ministerio de Economía y
Hacienda y la Oficina Económica de la Presidencia del Gobierno, con el
señor Sebastián; empezamos cuestionando la estabilidad económica y
presupuestaria y acabamos anunciando nuestra mala posición en la
negociación de las perspectivas financieras. Señorías, no es de recibo
que cuando han tenido que actualizar el programa de estabilidad que
mandan a Bruselas hayan rebajado la previsión de crecimiento de 2005
desde el 3 por ciento al 2,9, a pesar de que ya en 2004 nos tenían
acostumbrados, porque lo rebajaron por dos veces, del 3 al 2,8 por ciento
y después del 2,8 al 2,6; y no es de recibo porque el crecimiento del
producto interior bruto, el crecimiento de nuestra economía, forma parte
del cuadro macroeconómico que soporta a los Presupuestos Generales del
Estado, y a pesar de habérselo anunciado repetidamente en septiembre
ustedes lo han modificado ahora, antes incluso de la entrada en vigor del
presupuesto. Ya les dijimos entonces que las bases no eran ciertas, que
las bases eran falsas; se lo dijimos nosotros y se lo dijeron todos los
analistas económicos de este país. Para más inri ustedes se ven obligados
a corregir al alza el crecimiento del año 2003, del 2,4 al 2,5 por
ciento. Qué duro tiene que ser para un Gobierno corregir a la baja el
presupuesto que todavía no se ha puesto en funcionamiento y el
crecimiento de la economía, al alza durante un Gobierno que ha sido
previamente el responsable de la misma. Pero ahora con el Partido
Socialista llega el tiempo de las rebajas -estamos casi en enero- del
crecimiento económico y de la prosperidad, y lo más grave, señorías, es
que ustedes anuncian ahora un superávit para 2004, a pesar de haber
engañado a la opinión pública hablando del déficit oculto del Partido
Popular, y contabilizando además en un solo ejercicio sus mentiras sobre
Radiotelevisión Española, sobre Andalucía o sobre Renfe. Lo han hecho,
además, en un ejercicio de falsedad que les va a permitir, eso sí,
mejorar, aunque sea muy poco, las ratios de déficit público en el futuro.
Lo más importante, señorías, que pone en evidencia esa corrección es que
todo lo que habían dicho, que todo su discurso en esa materia era
absolutamente falso. Eso sí, lo que no es falso es que a ustedes se les
ha disparado la inflación. En este año, desde marzo, con un 2,1 por
ciento, hasta la actualidad, con un 3,5 por ciento, se ha disparado la
inflación y esto, señorías, no es inocuo. Cada décima por encima de la
previsión de inflación le cuesta al Estado 125 millones de euros en
materia de pensiones, como consecuencia de la paga compensatoria y de la
consolidación de las mismas. Por eso, señorías, es bueno que no se
dispare la inflación. En este momento tenemos un diferencial de inflación
con Europa que está aumentando y nos está haciendo cada vez más
vulnerables, y ser más vulnerables es ser cada vez más pobres en relación
con los europeos. Esto
es consecuencia sin duda de que ahora en España la política económica se
hace de un día para otro y solo se contempla en el corto plazo. Por eso
es esencial -tampoco nos vamos a cansar de repetírselo- avanzar en las
reformas en materia económica, y ustedes, especialmente señor Caldera,
señor Solbes, no han tomado ni una sola medida en los últimos ocho meses
que llevan gobernando. Han hecho caer el esfuerzo inversor a casi la
mitad en estos Presupuestos Generales del Estado y aún tenemos un mercado
laboral con rigideces y una dependencia energética manifiestamente
mejorable. Lo único que han hecho, eso sí, en materia de horarios
comerciales, es decir, en el ámbito de la competencia, es disminuirla
junto con la productividad y la estabilidad presupuestaria. Ya se lo
hemos dicho, señorías, no se puede vivir siempre de las rentas. Ya sé que
ustedes en general y el ministro de Economía en particular tienen el
complejo del hijo pródigo que dilapida su fortuna, y esto no tendría
mayor inconveniente si no fuera porque la fortuna que aquí están
dilapidando es la riqueza, es la prosperidad y es el bienestar de todos
los españoles.
Señorías, hoy se traen a convalidación estos dos reales decretos-leyes,
que son para subsanar, en definitiva, los errores del Gobierno del
Partido Socialista, y, a pesar de eso, los vamos a respaldar porque
entendemos que los pensionistas españoles no tienen la culpa de la
incapacidad de este Gobierno; y los vamos a respaldar también porque
creemos en el Pacto de Toledo, porque nos sentimos muy orgullosos de
haber sido los responsables de que en España la revalorización del poder
adquisitivo de las pensiones se haga de una forma automática, se haga por
ley y en función del IPC -y no de una forma graciable, oportunista,
partidista o sectaria-, gracias a la Ley de consolidación y
racionalización del sistema de Seguridad Social aprobada por el Partido
Popular; y porque nos sentimos también muy orgullosos de haber
estabilizado y consolidado la Seguridad Social en este país desde un
déficit presupuestario del 0,72 por ciento que había en el año 1995 con
sucesivas operaciones de saneamiento, de haber conseguido récords
permanentes en la afiliación a la Seguridad Social y de haber creado un
fondo de reserva que garantiza las pensiones del futuro y, sobre todo,
por haber revalorizado las pensiones mínimas un 25 por ciento en solo
tres años y algunas hasta el 79 por ciento. (Un señor diputado:
¡Tiempo!)
Señorías, son otros y no nosotros quienes tienen que explicar por qué
pedían a los ciudadanos en 1995 que constituyeran fondos de pensiones
privados porque las pensiones públicas no iban a ser capaces de hacer
frente a las prestaciones futuras. Algunos siguen sentados hoy en el
Consejo de Gobierno, los mismos que ahora diez años más tarde se
cuestionan las deducciones fiscales en estos fondos, los mismos que se
han olvidado de su promesa bien reciente de dedicar este año 1.000
millones de euros en los Presupuestos Generales del Estado a la
dependencia, es decir, a los mayores y a las personas dependientes. (Un
señor diputado: ¡Tiempo!)
Señorías, hoy se traen a convalidación dos reales decretos que rectifican
distintos errores, distintas chapuzas del Gobierno: la actualización de
las pensiones; la determinación del indicador público de rentas de
efectos múltiples para 2005; la prórroga por un año del pago de las
deudas de algunas instituciones sanitarias sin ánimo de lucro a la
Seguridad Social; o la prórroga por un año en el plazo de adaptación de
las comisiones de control de los planes de pensiones de empleo.
Sinceramente esperamos de nuevo que esta precipitación no les juegue
malas pasadas y que este real decreto no vuelva a estar cargado de
errores para que nos convoquen la semana próxima a otro Pleno donde
aprobemos otro real decreto que rectifique los errores que cometa este de
hoy.
Por último, permítanme que le pida al Año Nuevo un deseo para España y
para los españoles, o si lo prefieren a los Reyes Magos, si no les
molesta. Permítanme que les pida un Gobierno que deje de gobernar de una
forma inestable, que deje de ser frágil, que deje de ser vulnerable y
sometido a presiones permanentes. Permítanme que les pida un Gobierno que
se aleje del sectarismo, del radicalismo y de la política de tierra
quemada. Permítanme que les pida un Gobierno que deje de perder las
votaciones en esta Cámara -ya son cinco derrotas las que han sufrido, más
las innumerables del Senado-; un Gobierno, en definitiva, que llegue a un
acuerdo público, transparente y por escrito que le permita no seguir
pagando diezmos en cada votación, para que los españoles no se sigan
viendo diezmados. Permítanme que les pida un Gobierno que no rompa las
reglas del juego democrático, ni el consenso constitucional, ni la
división de poderes, violentando las bases más elementales del Estado
para acomodar a quien no se arrodilla a sus intereses, y además
fracturando como nunca antes la independencia de la judicatura española.
(Rumores.) Permítanme que les pida...
El señor PRESIDENTE: Señor Echániz, vaya concluyendo.
El señor ECHÁNIZ SALGADO: Termino, señor presidente.
Permítanme que le pida al Año Nuevo, decía, otra política exterior, otro
ministro de Asuntos Exteriores...
El señor PRESIDENTE: Señor Echániz, concluya. Le llamo a la cuestión.
Estamos hablando de dos decretos-leyes que no tienen nada que ver con
esto.
El señor ECHÁNIZ SALGADO: ...que cometa menos torpezas y que haga menos el
ridículo.
Otro Gobierno más coherente, más competente y más trabajador.
Muchas gracias, señor presidente. (Aplausos.)
El señor PRESIDENTE: Gracias.
Para fijar su posición, Grupo Socialista, señora López i Chamosa.
La señora LÓPEZ I CHAMOSA: Gracias, señor presidente.
Señorías, convalidamos hoy dos decretos, uno de los cuales hace referencia
a los fondos de pensiones y que lógicamente había que traer. La ley en su
inicio establecía el requisito de mayoría absoluta de representación de
los partícipes en las comisiones de control de los fondos de pensiones,
pero el Partido Popular, mediante la Ley de acompañamiento, la modificó y
prácticamente obligaba a que si a 31 de diciembre de 2004 no había habido
acuerdo a través de la negociación colectiva, las comisiones de control
fueran paritarias, es decir, quitaba el mencionado requisito de mayoría
absoluta de representación de los partícipes. Pues bien, señorías, como
no ha sido posible en este periodo que las negociaciones colectivas de
las distintas empresas adoptaran el acuerdo sobre la composición, por
algo que incluso también decía el ministro, como es que a veces la
vigencia de los convenios colectivos es plurianual, es necesaria una
ampliación del período para facilitar que se pueda llegar a acuerdos
entre los partícipes de los planes de pensiones y así poder establecer
las comisiones de control que mejor defiendan los intereses. Por tanto,
creo que es un decreto cuya urgente necesidad está justificada, porque si
no se prorrogara el plazo hasta el 31 de diciembre de 2005, el 1 de enero
del año próximo se aplicaría el apartado 3 del artículo 7 de la Ley de
Fondos de Pensiones que modificó el PP. Por ello, creo que ha sido
acertado traerlo aquí y darle una opción a la negociación colectiva entre
las partes.
Respecto a la intervención del señor Campuzano, en la que hablaba de las
declaraciones del señor secretario de Estado, S.S. sabe que no es
intención del Gobierno ni del secretario de Estado retirar ni cambiar los
incentivos fiscales de los fondos y planes de pensiones. Lo que dijo el
señor secretario de Estado -y además les invitó a participar- es que dado
que la previsión social complementaria se ha demostrado que no es eficaz,
que no sirve para aquellos objetivos a los que debe servir, habrá que
introducir modificaciones y que, así, llegue a un segmento más amplio de
la población española; es decir, que llegue a las pequeñas y medianas
empresas, que llegue a los trabajadores en su conjunto, trabajen en una
gran empresa o en una empresa pequeña. Eso es lo que pretende el
Gobierno, y el secretario de Estado les invitó a participar en ese
debate, cara al futuro, para fortalecer la previsión social
complementaria.
Paso al decreto de revalorización de pensiones. Primero hay que señalar
por qué estamos aquí. Al oír a alguno de los portavoces parecería que
estamos aquí hablando de un decreto para revalorizar las pensiones porque
se le ha ocurrido al Gobierno socialista o al señor ministro. No,
señorías, estamos aquí porque se ha utilizado la Cámara Alta, el Senado,
para boicotear, para impedir, para poner pegas a la gobernabilidad del
Estado, y se ha impedido que se pudiera materializar la enmienda que se
introduce cada año de revalorización de pensiones. (Aplausos.)
¿Por qué se tiene que hacer en el Senado? Porque hasta el 15 de diciembre
no se sabe cuál ha sido la inflación interanual de noviembre de 2003 a
noviembre de 2004. Si se sabe en diciembre, no se puede presentar la
enmienda en septiembre, dos meses antes. Eso lo saben, y no es de recibo
que dos grupos como Convergència i Unió y el Partido Popular, que han
gobernado a distintos niveles, vengan aquí ahora a intentar convencernos
o a intentar convencer a la opinión pública de que no se dieron cuenta de
que vetando los presupuestos no había debate ni, por tanto, enmienda
posible. (Un señor diputado: ¡Muy bien!) No, señorías, no es creíble.
Ustedes saben que el veto a una ley significa que no puede haber debate
de esa ley; eso significa un veto, imposibilidad de debatir. Si ustedes
tenían otras posibilidades, otras proposiciones, haberlas presentado, a
través de enmiendas, en el Senado. (Aplausos.) Si tenían los votos para
vetar los presupuestos, tenían los votos para aprobar las enmiendas. No
engañan a nadie.
Señor Campuzano, a usted le parecen pequeñas las pensiones no
contributivas. Y a mí, y a mi grupo. Son pensiones que no dan para vivir
y hay que ir avanzando en mejorarlas, como estamos empezando a hacer,
pero dígame usted, señor Campuzano, cómo les va a explicar a esos
pensionistas que usted votó los presupuestos de 2001, de 2002 y de 2003
con aumentos para esas pensiones del 2 por ciento y ahora dice que no los
vota porque el aumento está en el 5 por ciento. (Aplausos.) La gente que
nos dedicamos a la política tenemos por lo menos que ser coherentes y no
intentar engañar a los que menos tienen, porque lo que ustedes intentan
decirles es: yo les hubiera subido más. Pues haberlo hecho en el Senado,
que tenían los votos. (Aplausos.)
Señor Echániz, solo desde la ignorancia o la mala fe se puede hacer una
intervención como la suya, y, desde luego, ignorancia no es. Señores del
PP, acostúmbrense, han perdido las elecciones. En cuanto lo asuman,
empezaremos a ir mejor. No es posible venir a hacer un discurso como el
que usted ha hecho aquí. En principio pensé que era de debate de
totalidad de presupuestos, pero luego, como se mete además en Exteriores,
pensé que era un debate sobre el estado de la nación. ¡Si acabamos de
llegar al Gobierno! Todavía no nos toca, señorías. Me da la sensación de
que por la forma en que están actuando ustedes van a quedarse muchísimos
años en la oposición, porque no se puede engañar de esa forma a la gente;
no se puede engañar de esa forma a la gente. (Aplausos.)
Usted no puede venir a decirnos que modificamos los presupuestos porque
los hemos hecho mal. No, señoría, los modificamos porque con sus votos
impidieron que prosperara esa enmienda en el Senado; con sus votos,
señoría. ¿Qué pretendían, que los pensionistas no tuvieran la paga por
desviación de la inflación? ¿O es que lo que les molesta es que este sea
el aumento más importante de los últimos quince años? ¿O lo que les
molesta es que el señor Caldera no vaya a destinar ni un solo euro a
campañas de publicidad y todo vaya a aumento de pensiones? (Aplausos.)
¿Es lo que les molesta, señorías? Si es eso, díganlo.
Me habla usted aquí de respeto a la democracia, mezcla lo del País Vasco
sin saber siquiera lo que ha pasado hoy. Un fallo electrónico no es lo
mismo que la ausencia del portavoz (El señor Cuesta Martínez: Oreja.),
porque el señor Oreja se ausentó (Aplausos.), y un fallo electrónico
puede producirse en cualquier momento. Me hablan de democracia. Empiece a
revisar en su grupo, porque tanto afán tienen de votos en su grupo que
hoy mismo ha habido un voto de alguien que no está en esta Cámara.
Empiecen a mirar eso, señoría, y luego me hablan de participación, de
democracia y de otras cosas, pero mientras revisen bien su casa.
Termino. Vamos a convalidar un decreto y vamos a aprobar una
revalorización de pensiones que se encarna en lo que decía aquí el
ministro en su presentación, en el objetivo del Gobierno de mejorar las
pensiones mínimas por encima de la inflación. Esa va a ser la política de
este Gobierno socialista para los próximos cuatro años, para que al final
de la legislatura las pensiones más bajas de este país hayan tenido un
incremento importante que las haya ido acercando más a la media europea.
Seguramente seguirán siendo insuficientes, pero creo que este es el
camino que hay que seguir para que los pensionistas de este país vayan
teniendo mejores condiciones y mayor calidad de vida. Y sí, señor
Echániz, son los presupuestos de mayor contenido social de la historia de
la democracia en España. Lo siento, no son suyos, son nuestros.
(Aplausos.)
El señor PRESIDENTE: Vamos a votar los dos reales decretos-leyes. En
primer lugar, Real Decreto-Ley 10/2004, de 23 de diciembre, por el que se
amplía el plazo de adaptación de las comisiones de control de los planes
de pensiones de empleo.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 318; a
favor, 318.
El señor PRESIDENTE: Queda convalidado el real decreto-ley.
¿Desea algún grupo parlamentario que el real decreto-ley convalidado se
tramite como proyecto de ley? (Denegaciones.) Muchas gracias.
Procedemos a la votación del Real Decreto-Ley 11/2004, de 23 de diciembre,
por el que se modifica, en materia de pensiones públicas, la Ley de
Presupuestos Generales del Estado para el año 2005.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 318; a
favor, 318.
El señor PRESIDENTE: Queda aprobado el real decreto-ley. (Aplausos.)
¿Desea algún grupo parlamentario que el real decreto-ley convalidado se
tramite como proyecto de ley? (Denegaciones.) Muchas gracias.
Feliz Año.
Se levanta la sesión.
Eran las dos y veinticinco minutos de la tarde.
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