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DS. Congreso de los Diputados, Pleno y Dip. Perm., núm. 75, de 10/03/2005
 


CORTES GENERALES
DIARIO DE SESIONES DEL CONGRESO DE LOS DIPUTADOS
PLENO Y DIPUTACIÓN PERMANENTE

Año 2005 VIII Legislatura Núm. 75
PRESIDENCIA DEL EXCMO. SR. D. MANUEL MARÍN GONZÁLEZ
Sesión plenaria núm. 70
celebrada el jueves, 10 de marzo de 2005


ORDEN DEL DÍA:

Convalidación o derogación de reales decretos-leyes ... (Página 3595)

- Real Decreto-ley 1/2005, de 4 de febrero, por el que se adoptan medidas urgentes para paliar los daños ocasionados en el sector agrario por las heladas acaecidas en el mes de enero de 2005. ("BOE" núm. 34, de 9 de febrero de 2005) (Número de expediente 130/000012.) ... (Página 3595)

- Real Decreto-ley 2/2005, de 11 de febrero, por el que se adoptan medidas urgentes para reparar los daños causados por los movimientos sísmicos acaecidos el 29 de enero y los primeros días del mes de febrero de 2005 en Lorca (Murcia). ("BOE" núm. 37, de 12 de febrero de 2005.) (Número de expediente 130/000013.) ... (Página 3606)

- Real Decreto-ley 3/2005, de 18 de febrero, por el que se adoptan medidas en relación con la prestación de servicios portuarios básicos y se amplía el plazo para la transformación de las sociedades estatales de estiba y desestiba en agrupaciones portuarias de interés económico. ("BOE" núm.
43, de 19 de febrero de 2005.) (Número de expediente 130/000014.) ...
(Página 3611)

Declaración institucional ... (Página 3618)

Convalidación o derogación de reales decretos-leyes (continuación) ...
(Página 3620)

Página 3592


Dictámenes de la Comisión de Asuntos Exteriores sobre Convenios Internacionales:

- Convenio Básico de cooperación entre el Reino de España y Bosnia y Herzegovina, hecho en Sarajevo el 11 de junio de 2003. "BOCG. Sección Cortes Generales", Serie A, número 85, de 4 de enero de 2005. (Número de expediente 110/000055.) ... (Página 3621)

- Convenio Marco de Cooperación entre el Reino de España y la República de Perú, hecho en Madrid el 6 de julio de 2004. "BOCG. Sección Cortes Generales", Serie A, número 87, de 17 de enero de 2005. (Número de expediente 110/000056.) ... (Página 3621)

- Convenio del Instituto Forestal Europeo, hecho en Joensuu (Finlandia) el 28 de agosto de 2003. "BOCG. Sección Cortes Generales", Serie A, número 88, de 17 de enero de 2005. (Número de expediente 110/000057.) ...
(Página 3621)

- Acuerdo de diálogo político y cooperación entre las Comunidades Europeas y sus Estados miembros, por una parte, y las Repúblicas de Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras, Nicaragua y Panamá, por otra parte, hecho en Roma el 15 de diciembre de 2003. "BOCG. Sección Cortes Generales", Serie A, número 90, de 25 de enero de 2005. (Número de expediente 110/000058.) ... (Página 3621)

- Acuerdo de diálogo político y cooperación entre las Comunidades Europeas y sus Estados miembros, por una parte, y la Comunidad Andina y sus Países miembros (Bolivia, Colombia, Ecuador, Perú y Venezuela), por otra parte, hecho en Roma el 15 de diciembre de 2003. "BOCG. Sección Cortes Generales", Serie A, número 91, de 25 de enero de 2005. (Número de expediente 110/000059.) ... (Página 3621)

- Protocolo sobre los privilegios e inmunidades de la Organización Europea de Investigación Nuclear (CERN), hecho en Ginebra el 19 de diciembre de 2003. "BOCG. Sección Cortes Generales", Serie A, número 92, de 25 de enero de 2005. (Número de expediente 110/000060.) ... (Página 3621)

- Convenio Internacional relativo a la constitución de un Mercado Ibérico de la Energía Eléctrica entre el Reino de España y la República Portuguesa, hecho en Santiago de Compostela el 1 de octubre de 2004.
"BOCG. Sección Cortes Generales", Serie A, número 93, de 25 de enero de 2005. (Número de expediente 110/000061.) ... (Página 3621)

- Declaración de aceptación por España de la adhesión de las Islas Seychelles al Convenio sobre la obtención de pruebas en el extranjero en materia civil o mercantil, hecho en La Haya el 18 de marzo de 1970.
"BOCG. Sección Cortes Generales", Serie A, número 95, de 28 de enero de 2005. (Número de expediente 110/000062.) ... (Página 3621)

- Declaración de aceptación por España de la adhesión de la República de Rumania al Convenio sobre la obtención de pruebas en el extranjero en materia civil o mercantil, hecho en La Haya el 18 de marzo de 1970.
"BOCG. Sección Cortes Generales", Serie A, número 96, de 28 de enero de 2005. (Número de expediente 110/000063.) ... (Página 3621)

Debates de totalidad de iniciativas legislativas:

- Proposición de ley orgánica de modificación del Código Penal. "BOCG.
Sección Cortes Generales", Serie B, número 125-1, de 29 de octubre de 2004. (Número de expediente 122/000110.) ... (Página 3621)

SUMARIO

Se reanuda la sesión a las nueve y cinco minutos de la mañana.


Convalidación o derogación de reales decretos-leyes ... (Página 3595)

Real Decreto-ley 1/2005, de 4 de febrero, por el que se adoptan medidas urgentes para paliar los daños ocasionados en el sector agrario por las heladas acaecidas en el mes de enero de 2005 ... (Página 3595)

Página 3593


La señora ministra de Agricultura, Pesca y Alimentación (Espinosa Mangana), somete a la consideración de la Cámara el Real Decreto-ley 1/2005, de 4 de febrero, por el que se adoptan medidas urgentes para paliar los daños ocasionados en el sector agrario por las heladas acaecidas en el mes de enero de 2005 en las comunidades autónomas de Andalucía, Baleares, Región de Murcia y Comunidad Valenciana y, con menor incidencia, en comunidades como Cataluña, Aragón y Castilla-La Mancha.
Explica las medidas adoptadas por el Gobierno, poniendo de relieve la rapidez en la actuación, basándose en la obligación que tienen las instituciones públicas de intentar reparar los daños y propiciar la vuelta a la normalidad de las zonas afectadas en el menor plazo posible y en facilitar que los gobiernos de las comunidades autónomas afectadas pudieran desarrollar legislación propia, que complementaría al Real Decreto-ley.


En turno de fijación de posiciones intervienen los señores Labordeta Subías, del Grupo Parlamentario Mixto; Mardones Sevilla, del Grupo Parlamentario de Coalición Canaria; Pérez Martínez, del Grupo Parlamentario de Izquierda Verde-Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya Verds; Ramón Torres, del Grupo Parlamentario Esquerra Republicana (ERC); Grau i Buldú, del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió); Madero Jarabo, del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, y la señora Ortiz Rivas, del Grupo Parlamentario Socialista del Congreso.


Real Decreto-ley 2/2005, de 11 de febrero, por el que se adoptan medidas urgentes para reparar los daños causados por los movimientos sísmicos acaecidos el 29 de enero y los primeros días del mes de febrero de 2005 en Lorca (Murcia.) ... (Página 3606)

El señor ministro del Interior (Alonso Suárez) comparece ante la Cámara para pedir la convalidación del Real Decreto-ley 2/2005, de 11 de febrero, por el que se adoptan medidas urgentes para reparar los daños que han causado los movimientos sísmicos en Lorca (Murcia) los pasados meses de enero y febrero. Explica el objeto de este Real Decreto-ley que no es otro que, desde el principio constitucional de solidaridad y con amparo legal en la autorización contenida en el artículo 86 de la Constitución, la adopción de medidas paliativas y reparadoras para hacer frente a la situación en que se encuentran numerosas familias que han visto destruidas sus viviendas y a los graves daños sufridos en las infraestructuras.


En turno de fijación de posiciones intervienen la señora Navarro Casillas, del Grupo Parlamentario de Izquierda Verde-Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya Verds; y los señores Canet Coma, del Grupo Parlamentario Esquerra Republicana (ERC); Pérez Laserna, del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, y Saura García, del Grupo Parlamentario Socialista del Congreso.


Real Decreto-ley 3/2005, de 18 de febrero, por el que se adoptan medidas en relación con la prestación de servicios portuarios básicos y se amplía el plazo para la transformación de las sociedades estatales de estiba y desestiba en agrupaciones portuarias de interés económico ... (Página 3611)

La señora ministra de Fomento (Álvarez Arza) comparece ante la Cámara para pedir la convalidación del Real Decreto-ley 3/2005, de 18 de febrero, que tiene como objeto fundamental establecer una moratoria temporal para la entrada en vigor de determinadas medidas contenidas en la Ley 48, de 26 de noviembre de 2003, sobre la prestación de servicios de los puertos de interés general con objeto de disponer del tiempo necesario para poder debatir con el sector y con los diferentes grupos parlamentarios la mejor forma de abordar determinados contenidos de dicha ley.


En turno de fijación de posiciones intervienen los señores Mardones Sevilla, del Grupo Parlamentario de Coalición Canaria; Beloki Guerra, del Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV); Andreu Domingo, del Grupo Parlamentario Esquerra Republicana (ERC); Jané i Guasch, del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió); Ayala Sánchez, del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, y De la Encina Ortega, del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.


Se suspende la sesión.


Declaración institucional ... (Página 3618)

Se reanuda la sesión con una declaración institucional de la Presidencia sobre el aniversario del más cruel y terrible atentado terrorista de la historia reciente de España y de Europa, cometido el 11 de marzo del año pasado.


El Pleno de la Cámara guarda unos momentos de silencio escuchando la interpretación por el maestro Damián Martínez Marco de la zarabanda de la Suite número 5 para violonchelo de Johann Sebastian Bach.


Se suspende la sesión unos momentos.


Se reanuda de nuevo la sesión con la intervención que quedó sin finalizar del señor De la Encina Ortega, del Grupo Parlamentario Socialista del Congreso.


Página 3594


Real Decreto-ley 1/2005, de 4 de febrero, por el que se adoptan medidas urgentes para paliar los daños ocasionados en el sector agrario por las heladas acaecidas en el mes de enero de 2005. (Votación.) ... (Página 3620)

Sometido a votación el Real Decreto-ley 1/2005, de 4 de febrero, por el que se adoptan medidas urgentes para paliar los daños ocasionados en el sector agrario por las heladas acaecidas en el mes de enero de 2005, se aprueba su convalidación por unanimidad.


Sometida a votación la tramitación como proyecto de ley del Real Decreto-ley convalidado, se rechaza por 136 votos a favor, 181 en contra y dos abstenciones.


Real Decreto-ley 2/2005, de 11 de febrero, por el que se adoptan medidas urgentes para reparar los daños causados por los movimientos sísmicos acaecidos el 29 de enero y los primeros días del mes de febrero de 2005 en Lorca (Murcia) (Votación..) ... (Página 3620)

Sometido a votación el Real Decreto-ley 2/2005, de 11 de febrero, por el que se adoptan medidas urgentes para reparar los daños causados por los movimientos sísmicos acaecidos el 29 de enero y los primeros días del mes de febrero de 2005 en Lorca, se aprueba su convalidación por unanimidad.


Sometida a votación la tramitación como proyecto de ley del Real Decreto-ley convalidado, se rechaza por 138 votos a favor, 181 en contra y dos abstenciones.


Real Decreto-ley 3/2005, de 18 de febrero, por el que se adoptan medidas en relación con la prestación de servicios portuarios básicos y se amplía el plazo para la transformación de las sociedades estatales de estiba y desestiba en agrupaciones portuarias de interés económico. (Votación.) ... (Página 3620)

Sometido a votación el Real Decreto-ley 3/2005, de 18 de febrero, por el que se adoptan medidas en relación con la prestación de servicios portuarios básicos y se amplía el plazo para la transformación de las sociedades estatales de estiba y desestiba en agrupaciones portuarias de interés económico, se aprueba su convalidación por 182 votos a favor, cinco en contra y 130 abstenciones.


Dictámenes de la Comisión de Asuntos Exteriores sobre Convenios Internacionales ... (Página 3621)

Convenio Básico de cooperación entre el Reino de España y Bosnia y Herzegovina, hecho en Sarajevo el 11 de junio de 2003 ... (Página 3621)

Convenio Marco de Cooperación entre el Reino de España y la República de Perú, hecho en Madrid el 6 de julio de 2004 ... (Página 3621)

Convenio del Instituto Forestal Europeo, hecho en Joensuu (Finlandia) el 28 de agosto de 2003 ... (Página 3621)

Acuerdo de diálogo político y cooperación entre las Comunidades Europeas y sus Estados miembros, por una parte, y las Repúblicas de Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras, Nicaragua y Panamá, por otra parte, hecho en Roma el 15 de diciembre de 2003 ... (Página 3621)

Acuerdo de diálogo político y cooperación entre las Comunidades Europeas y sus Estados miembros, por una parte, y la Comunidad Andina y sus Países miembros (Bolivia, Colombia, Ecuador, Perú y Venezuela), por otra parte, hecho en Roma el 15 de diciembre de 2003 ... (Página 3621)

Protocolo sobre los privilegios e inmunidades de la Organización Europea de Investigación Nuclear (CERN), hecho en Ginebra el 19 de diciembre de 2003 ... (Página 3621)

Convenio Internacional relativo a la constitución de un Mercado Ibérico de la Energía Eléctrica entre el Reino de España y la República Portuguesa, hecho en Santiago de Compostela el 1 de octubre de 2004 ... (Página 3621)

Página 3595


Declaración de aceptación por España de la adhesión de las Islas Seychelles al Convenio sobre la obtención de pruebas en el extranjero en materia civil o mercantil, hecho en La Haya el 18 de marzo de 1970 ...
(Página 3621)

Declaración de aceptación por España de la adhesión de la República de Rumania al Convenio sobre la obtención de pruebas en el extranjero en materia civil o mercantil, hecho en La Haya el 18 de marzo de 1970 ...
(Página 3621)

Se someten a votación conjunta los dictámenes de la Comisión de Asuntos Exteriores sobre convenios internacionales, que son aprobados por asentimiento.


Debates de totalidad de iniciativas legislativas ... (Página 3621)

Proposición de ley orgánica de modificación del Código Penal ... (Página 3621)

En defensa de la enmienda de totalidad realizada a esta proposición de ley orgánica de modificación del Código Penal, interviene el señor Astarloa Huarte-Mendicoa, en nombre del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.


En turno de fijación de posiciones intervienen la señora Lasagabaster Olazábal, del Grupo Parlamentario Mixto; el señor Mardones Sevilla, del Grupo Parlamentario de Coalición Canaria; las señoras Navarro Casillas, del Grupo Parlamentario de Izquierda Verde-Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya Verds, y Uría Etxebarría, del Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV); y lo señores Cerdà Argent, del Grupo Parlamentario Esquerra Republicana (ERC); Jané i Guasch, del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), y Cuesta Martínez, del Grupo Parlamentario Socialista del Congreso.


Replica el señor Astarloa Huarte-Mendicoa, y duplica el señor Cuesta Martínez.


Sometida a votación la enmienda a la totalidad de texto alternativo presentada por el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso sobre la proposición de ley orgánica de modificación del Código Penal, se rechaza por 133 votos a favor, 177 en contra y dos abstenciones.


Se levanta la sesión a la una y cincuenta y cinco minutos de la tarde.


Se reanuda la sesión a las nueve y cinco minutos de la mañana.


CONVALIDACIÓN O DEROGACIÓN DE REALES DECRETOS-LEYES:

- REAL DECRETO-LEY 1/2005, DE 4 DE FEBRERO, POR EL QUE SE ADOPTAN MEDIDAS URGENTES PARA PALIAR LOS DAÑOS OCASIONADOS EN EL SECTOR AGRARIO POR LAS HELADAS ACAECIDAS EN EL MES DE ENERO DE 2005. (Número de expediente 130/000012.)

El señor PRESIDENTE: Señorías, se reanuda la sesión.


Les explico brevemente el motivo de mi retraso. A las doce de la mañana se procederá a la lectura de una declaración institucional, seguida de un momento de recogimiento. Para ello, y en función del desarrollo de los debates, la Presidencia suspenderá en torno a las once y media o doce menos cuarto para distinguir claramente los dos momentos que va a interpretar España en el Congreso. Así pues, sobre esa hora suspenderemos la sesión para proceder luego a las doce de la mañana a una sesión en memoria de las víctimas del terrorismo.


Comenzamos con el orden del día: Convalidación o derogación de reales decretos-leyes. El primero, Real Decreto-ley 1/2005, de 4 de febrero, por el que se adoptan medidas urgentes para paliar los daños ocasionados en el sector agrario por las heladas acaecidas en el mes de enero de 2005.


Exposición por un miembro del Gobierno de las razones de la promulgación de este real decreto-ley. Por parte del Gobierno tiene la palabra la señora ministra de Agricultura.


La señora MINISTRA DE AGRICULTURA, PESCA Y ALIMENTACIÓN (Espinosa Mangana): Gracias, señor presidente.


Señorías, el Real Decreto-ley 1/2005, de 4 de febrero, por el que se adoptan medidas urgentes para paliar los daños ocasionados en el sector agrario por las heladas acaecidas en el mes de enero de 2005, se somete hoy a la consideración de esta Cámara. Como ustedes saben, las bajas temperaturas de los últimos días de enero provocaron importantes daños en las comunidades autónomas de Andalucía, Baleares, Región de Murcia y Comunidad Valenciana y con menor incidencia en otras comunidades autónomas, como Cataluña, Aragón y Castilla-La Mancha; daños que afectaron a los cultivos de hortalizas

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y flores, a las cosechas de frutas y cítricos, a la producción de invernadero e incluso provocaron daños en la madera de cultivos leñosos, como el olivar.


El Gobierno, sensible a los graves perjuicios generados por estas heladas y cuando apenas había transcurrido una semana desde que se produjeran, aprobó en Consejo de Ministros de 4 de febrero el Real Decreto-ley 1/2005. La rapidez en la actuación del Gobierno se basa, señorías, en la obligación que tienen las instituciones públicas de intentar reparar los daños y propiciar la vuelta a la normalidad de las zonas afectadas en el menor plazo posible y en facilitar que los gobiernos de las comunidades autónomas afectadas pudieran desarrollar legislación propia, que complementaría al real decreto-ley. Considero, por tanto, que el Gobierno, de acuerdo con el principio de solidaridad, respondió con rapidez y sensibilidad a la gravedad de la situación creada.


La primera actuación que se realizó fue constituir la oficina permanente para situaciones de adversidad climática o medioambiental. La oficina permanente está regulada por una orden, la APA 3.056/2003, formada por funcionarios de diferentes áreas del Ministerio de Agricultura, y tiene como objetivo analizar los daños climáticos, propiciar propuestas, promover soluciones y delimitar los ámbitos territoriales de actuación, oídas las comunidades autónomas y las organizaciones agrarias. Hasta el momento, se han celebrado dos reuniones con las comunidades autónomas y con las organizaciones profesionales agrarias y cooperativas. En estas reuniones, por una parte, se ha estudiado el contenido del real decreto, con el objeto de que las medidas en él contenidas fueran conocidas por el sector y por las comunidades autónomas. Pero, además, se ha ido delimitando el ámbito territorial sobre el cual actuará el real decreto.
La información necesaria para fijar este ámbito territorial debe partir de las comunidades autónomas y a este respecto quiero comunicarles que se han recibido informes de las comunidades autónomas de Andalucía, Murcia, Valencia, Islas Baleares, Cataluña, Aragón y Castilla-La Mancha.


Creo que es importante resaltar en lo referido al ámbito territorial, que si bien el real decreto-ley menciona a cuatro comunidades autónomas como las más afectadas, esta mención no excluye de ninguna de las maneras a otras que sufrieron daños, y la prueba de ello es que la orden que delimitará las localidades afectadas, a fecha de hoy, comprendería ya a siete comunidades autónomas. Los datos provisionales que tenemos, a última hora del día de ayer, de los términos municipales afectados son, en lo referido a daños en frutas y hortalizas, los siguientes: Andalucía, 300 municipios; Comunidad Valenciana, 250 municipios; Región de Murcia, 32 municipios; Islas Baleares, ocho municipios, y Cataluña 60 municipios, cifras que en total rondan los 600 municipios. Incluyendo también el olivar, la cifra de municipios aumentaría en unos 400 más en Andalucía y más de 200 en Castilla-La Mancha.


Quiero señalar que los daños motivados por las heladas en el olivar que pueden haber afectado a la capacidad productiva del árbol se apreciarán en la próxima cosecha, puesto que la actual estaba ya prácticamente finalizada. Reitero que estamos hablando de cifras provisionales, aunque esperamos que el proceso de delimitación de los municipios afectados se cierre en un plazo muy breve. De hecho, mañana viernes, día 11 de marzo, se reunirá de nuevo la oficina permanente con siete comunidades autónomas, al objeto de ultimar el borrador de la orden ministerial; orden que, tras el pertinente proceso de consulta, se publicaría en el Boletín Oficial del Estado.


A continuación, señorías, expondré brevemente el contenido de las medidas adoptadas. Creo que es importante comentar el contenido del real decreto-ley para que se pueda comprender con claridad la necesidad de su convalidación. Como ustedes conocen, debido a la naturaleza e incidencias de los daños generados en las producciones y en las rentas, las actuaciones del Gobierno, además de la actuación sobre los daños directos que han sufrido los cultivos, abarcan también materias referidas a fiscalidad, Seguridad Social o líneas de crédito. Por este motivo, en la aplicación del real decreto-ley participan tres ministerios: el Ministerio de Trabajo, el de Economía y Hacienda y el de Agricultura.


Las medidas adoptadas son las siguientes: La exención de las cuotas del impuesto sobre bienes inmuebles correspondiente al ejercicio 2005. De esta exención se beneficiarán todos los agricultores afectados dentro de los términos municipales delimitados por la orden ministerial. Esta medida les permitirá disponer de mayor liquidez para afrontar el mantenimiento de la actividad. La disminución de ingresos que supondrá esta medida en tributos locales será compensada por los Presupuestos Generales del Estado. Estamos por tanto ante una medida que va a sufragar en exclusiva la Administración General del Estado. El real decreto establece además reducciones fiscales especiales para las actividades agrarias. El Ministerio de Economía y Hacienda, a la vista de un informe que debe elaborar el Ministerio de Agricultura, podrá autorizar con carácter excepcional la reducción de los índices de rendimiento neto en el método de estimación objetiva del impuesto sobre la renta de las personas físicas y el régimen especial simplificado del impuesto sobre el valor añadido para el año 2005. Esto supondrá que los agricultores afectados tributarán menos a Hacienda en este ejercicio 2005, siendo por lo tanto una medida que supondrá una menor recaudación para la Administración General del Estado.


El real decreto recoge también las siguientes medidas laborales y de Seguridad Social: Se establece que los expedientes de regulación de empleo que tengan su causa en los daños producidos por las heladas tendrán la consideración de provenientes de una situación de fuerza mayor. Esto significará que las empresas que no puedan disponer de la producción de sus proveedores

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habituales o, en el caso de cooperativas de producción, de sus agricultores asociados puedan beneficiarse de las medidas establecidas para estos casos excepcionales. Por otro lado, las empresas y los trabajadores por cuenta propia incluidos en cualquier régimen de la Seguridad Social podrán solicitar y obtener, previa justificación de los daños sufridos, una moratoria de un año sin interés en el pago de las cotizaciones a la Seguridad Social correspondientes a los meses de febrero, marzo y abril del año 2005.


Otra de las medidas contempladas es la que se refiere a las líneas preferentes de crédito. Esta medida va destinada a todos los agricultores, tanto a los que tenían producciones aseguradas como a los que no las tenían, y busca favorecer la captación de fondos por parte de los agricultores para que puedan invertir con el objeto de reiniciar la actividad en el menor plazo posible. El interés del préstamo, con una cesión del Instituto de Crédito Oficial, será del 1,25 por ciento TAE.
Los Presupuestos Generales del Estado cubrirán el diferencial entre este tipo rebajado y el coste de mercado de la obtención de recursos financieros por parte del Instituto de Crédito Oficial. Por otra parte, se está negociando con la Sociedad Anónima Estatal de Caución Agraria (SAECA) la posibilidad de disponer de avales que permitan a los agricultores acceder con mayor facilidad a los créditos de esta nueva línea subvencionada. Esta línea de créditos, además puede ser complementada por las comunidades autónomas mediante una aportación financiera que sirva para rebajar el tipo de interés de cara al agricultor o mediante ayudas directas para reponer plantones.


Quiero detenerme un momento en un aspecto que considero muy relevante y que ha generado malos entendidos por falta de comprensión del contenido del real decreto. La línea de crédito inicialmente instrumentada es de solo 15 millones de euros, pero tal y como se expone en el texto, literalmente se dice: Puede ser ampliada por el Ministerio de Economía y Hacienda en función de la evaluación de los daños y de la demanda consiguiente. Vista la magnitud de los daños, es prácticamente seguro que la cuantía inicial de 15 millones de euros, de la que hablábamos, tenga que ser ampliada. En este caso de necesidad de ampliación el procedimiento a seguir es sencillo, basta con una orden ministerial del Ministerio de Economía y Hacienda. Pero también es evidente que la cuantía exacta de la ampliación se debe establecer en cuanto valoremos, junto con las comunidades autónomas, las necesidades reales de crédito.
En definitiva, la posibilidad de ampliar el montante de los créditos ya se reflejaba con claridad en el texto del real decreto-ley y es intención del Gobierno llevarlo a cabo.


Otro aspecto referido a los créditos es el uso para el que se pueden destinar. Estos créditos podrán destinarse a sufragar los costes derivados de asegurar la continuidad de la actividad y también la recuperación de la capacidad productiva de los cultivos leñosos que hayan sufrido daños en madera, mediante la poda o su posible replantación.
Estos aspectos que parecían no quedar claros en la redacción original han sido subsanados por el Gobierno mediante una corrección de errores de redacción que hoy mismo se ha publicado en el Boletín Oficial del Estado.
Esta corrección sugerida en las reuniones que se han mantenido con las comunidades autónomas y el sector, mejora el texto y expresa con mayor claridad cuál era la intención del Gobierno en lo referido a los créditos.


Otra medida recogida en el real decreto-ley, en su artículo 7, establece un adelanto en la contratación y entrega inmediata de cítricos a la transformación. La finalidad de esta medida es que la producción de cítricos afectada por las heladas y que no puede ser comercializada en fresco pueda destinarse a la transformación y de esta forma tenga un destino útil. Esta medida fue especialmente reclamada por algunas comunidades autónomas y por el sector y se publicó en el Boletín Oficial del Estado como orden APA/406/2005, de 24 de febrero.


Por último, señorías, quiero centrarme en las ayudas directas que se van a otorgar por daños en los cultivos. Estas ayudas, recogidas en el artículo 2 del real decreto-ley, se orientan hacia aquellos agricultores que han confiado en el sistema de seguros agrarios. Estamos hablando de los casos que teniendo seguro o con clara intención de suscribirlo no recibieran indemnización al no estar amparados por las aseguradoras privadas que forman parte de Agroseguro. Por lo tanto, serán objeto de indemnización los daños provocados por las heladas en las explotaciones agrarias que, teniendo pólizas en vigor amparadas por el plan de seguros agrarios combinados, hayan sufrido en sus producciones pérdidas no cubiertas por las líneas de seguros agrarios y también serán amparados aquellos agricultores que todavía no habían contratado el seguro en la fecha de la ocurrencia de la helada por tener abierto el período de suscripción o que todavía no hubiesen formalizado la correspondiente póliza de seguro, siempre y cuando hubiesen estado asegurados contra el riesgo de helada en la campaña anterior. Quiero remarcar aquí que la redacción final corregida recoge que el requisito es haber estado asegurado en la campaña anterior y no en las dos anteriores, como se recogía previamente. Será el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, por medio de la Entidad Nacional de Seguros Agrarios, junto a las comunidades autónomas, los que se harán cargo de estas indemnizaciones en un esfuerzo común por el que cada parte asumirá el 50 por ciento del montante de las ayudas que se otorguen.


Llegados a este punto, considero que es importante realizar una reflexión sobre nuestro sistema de seguros agrarios. He reiterado en múltiples ocasiones que España tiene el sistema de seguros agrarios más avanzado de Europa y que este sistema ha logrado en sus 25 años

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de historia y de existencia afrontar de forma satisfactoria los riesgos a los que se enfrentan los agricultores. No existe en la Unión Europea un sistema semejante. De hecho la Comisión adoptó ayer un informe de propuesta sobre modelos de apoyo público a la gestión de riesgos en la agricultura, cuestión que llevamos haciendo en España desde hace más de dos décadas. Se puede discutir acerca de su perfeccionamiento, de su ampliación o cualquier otro debate que se quiera suscitar, pero lo que debe ser incuestionable es el sistema en sí mismo. Cuestionar el sistema de seguros agrarios es lo que haríamos si cada vez que se producen daños se otorgaran ayudas directas, con independencia de que el agricultor haya suscrito o no un seguro. Esta postura la comparten también las comunidades autónomas, puesto que ningún gobierno autonómico, del signo político que sea, ha propuesto que se den ayudas directas para paliar los daños a los no asegurados, y por supuesto tampoco contemplan esta posibilidad los decretos autonómicos que recientemente se han aprobado.


Señorías, son muchos los recursos públicos que se emplean en apoyar el sistema de seguros agrarios. Para dar una idea de la importancia del esfuerzo presupuestario que se realiza debe tenerse en cuenta que en el presente ejercicio, el Ministerio de Agricultura destinará más de 224 millones de euros -creo que debemos dar un paso atrás hacia la historia y recordar que son unos 37.000 millones de pesetas-, y esto se destina a subvencionar a los productores; subvenciones al coste del seguro que contemplan también en su presupuesto muchas comunidades autónomas. Como contraste de esta realidad, Francia sólo destinará, de manera excepcional, cinco millones de euros en este año para financiar los seguros a sus agricultores. Además, el plan anual de seguros agrarios es un proyecto común elaborado entre todos los agentes del sector. En la elaboración de este plan anual intervienen las comunidades autónomas que participan en el desarrollo del sistema de seguros agrarios a través de las comisiones territoriales y también participan en el órgano máximo de decisión, que es la comisión general de entidad estatal de seguros agrarios, Enesa, en la que están presentes también los representantes del sector agrario. Me estoy refiriendo a organizaciones profesionales agrarias y a cooperativas agrarias.


El plan anual del año 2005, en el que está presente mi firma como ministra de Agricultura, establece con claridad el compromiso de la Administración General del Estado de no conceder ayudas extraordinarias por riesgos asegurables. Pero este compromiso no es de ahora, es un compromiso consustancial al seguro agrario y, de hecho, en el acuerdo de bases 2004 a 2006 que actualmente rige el sistema de seguros agrarios, son las firmas del anterior ministro de Agricultura, don Miguel Arias Cañete, y del actual presidente del Fondo Monetario Internacional, don Rodrigo Rato, las que están estampadas.


Con esta extensa descripción del sistema lo que quiero remarcar es que en el diseño del sistema de seguros agrarios combinados participamos todos, administraciones públicas y sector; en consecuencia, también todos somos responsables de su defensa y de su buen funcionamiento. Por lo tanto, creo que es responsabilidad de todas las instituciones públicas mantener una posición firme de defensa y potenciación del actual sistema de seguros agrarios españoles porque, señorías, coincidirán conmigo en que se trata de un tema de Estado. El haber adoptado la figura de un real decreto-ley ha permitido que los gobiernos de las comunidades autónomas afectadas hayan elaborado decretos autonómicos que completen y complementen a este real decreto-ley, partiendo y compartiendo las mismas líneas básicas que justifican sin duda la urgencia que requería su publicación. El ámbito temporal de este real decreto-ley está referido a las heladas acaecidas en el mes de enero del año 2005. Somos conscientes de que en algunos lugares concretos, como en Almería, se han producido daños por pedrisco que han dañado incluso a estructuras de invernaderos.
De hecho, el Ministerio de Agricultura ya ha adoptado una medida conjunta con la Junta de Andalucía, que ha sido refrendada en un acuerdo con el sector productor de Almería referido a la modernización de invernaderos, que permitirá destinar fondos a fomentar nuevos invernaderos, de mejor calidad, que sustituyan a los dañados.


Somos conscientes de que se han producido otras heladas en el curso del mes de febrero e incluso en el mes de marzo, pero también es justo decir que han sido heladas de menor intensidad que las registradas en el mes de enero; no obstante, todas estas cuestiones se están evaluando en la oficina permanente y si de su evaluación procede actuar, se podrán recoger las medidas oportunas en una ampliación de este real decreto-ley o en uno nuevo. Es voluntad de este Gobierno actuar para paliar los efectos de una climatología adversa, como la que hemos venido enfrentando con las heladas y la que enfrentaremos también con la actual sequía, que si bien se ha paliado recientemente en algunas zonas por las precipitaciones recibidas en los últimos días afectará a otras a medida que avance la primavera.


Como conclusión, este real decreto-ley es un buen ejemplo de la necesaria colaboración de las administraciones públicas y de la celeridad con que las mismas deben actuar para paliar los efectos de situaciones como las provocadas por las heladas y que ha creado un marco que ha permitido actuaciones conjuntas en beneficio de los afectados. En consecuencia de todo lo anteriormente mencionado, señorías, solicito de esta Cámara la convalidación del Real Decreto-ley 1/2005, de 4 de febrero.


Muchas gracias, señorías; muchas gracias, señor presidente. (Aplausos.)

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El señor PRESIDENTE: Gracias a usted, señora ministra.


¿Algún grupo parlamentario desea ejercitar el turno en contra? (Pausa.) Si no es así, pasamos a fijar posición.


En primer lugar, Grupo Mixto, señor Labordeta.


El señor LABORDETA SUBÍAS: Muchas gracias, señor presidente.


Señora ministra, nos produjo una enorme extrañeza encontrar de pronto que la Comunidad Autónoma de Aragón no estaba considerada en el real decreto porque Aragón ha sufrido este año las más bajas temperaturas de los últimos 20 años. Nos quedamos un poco asombrados, no sabíamos por qué la Consejería de Agricultura había ignorado que nuestra comunidad autónoma estuviese incluida en este real decreto. Las declaraciones de todos los sindicatos, lo mismo UAGA que UPA, y las asociaciones de productores de hortalizas demuestran que se ha perdido el 90 por ciento de las hortalizas y, sin embargo, nuestra consejería desoye esta situación y no pide que Aragón sea incluida en el real decreto. Nuestra intención, señora ministra, era que fuese tramitado como proyecto de ley para incluir enmiendas en el mismo. Alguien nos dijo que en el artículo 2.º de este real decreto cabía la posibilidad y la esperanza de que otras comunidades autónomas que no aparecieran nominadas podrían ser incluidas.
Yo lo leí y no lo veía muy claro, pero en el Senado ayer o anteayer -no lo recuerdo- usted dijo exactamente: La convalidación no es cerrada porque el Gobierno es consciente de que algunos núcleos de otras comunidades autónomas pueden haber sufrido los mismos efectos. Esta mañana usted ha vuelto a citar dos comunidades que no estaban en el real decreto, Cataluña y Aragón. Si este compromiso, que espero cumpla -me fío de su palabra-, se mantiene votaremos a favor del real decreto y no solicitaremos que sea tramitado como proyecto de ley.


Muchas gracias, señor presidente; gracias, señora ministra.


El señor PRESIDENTE: Gracias a usted, señor Labordeta.


Coalición Canaria, señor Mardones.


El señor MARDONES SEVILLA: Muchas gracias, señor presidente.


Mi grupo va a votar favorablemente la convalidación de este real decreto-ley para atender con carácter de prioridad y urgencia todos los daños ocasionados en el sector agrario por las heladas que han acaecido en este pasado mes de enero del corriente año, en la misma línea de los principios de solidaridad y de legalidad que ha expresado la señora ministra de Agricultura, Pesca y Alimentación. Quiero resaltar de la intervención de la señora ministra algo sobre lo que tenemos que ir tomando más conciencia: los seguros agrarios combinados. Todavía quedan secuelas y raíces de un Estado benefactor en el que la Administración central tenía que hacerse cargo siempre al cien por cien de todo perjuicio o daño meteorológico en cultivos y cosechas y en bienes del sector agroganadero y forestal en España. La política estructural y el diseño de los seguros agrarios combinados, como bien ha señalado la señora ministra, tiene que formar parte de toda una cultura de la prevención de riesgos en el campo de manera solidaria y compartida. Junto a las aportaciones de la Administración General del Estado y de las comunidades autónomas está el que los agricultores y ganaderos suscriban los correspondientes seguros agrarios combinados como principio de solidaridad. Sería inimaginable que hoy en el sector, por ejemplo, del automóvil no existiera una cobertura de riesgos, pero no el seguro obligatorio con un fondo del Estado, que es la parte subsidiaria final de todo el proceso, sino las pólizas de seguros suscritas por los que ostentan la propiedad o el uso del medio económico de transporte que define la sociedad de la automoción. Pues bien, en la sociedad agraria existe el instrumento de los seguros agrarios combinados. Tenga la certeza, señora ministra, que desde mi grupo insistiremos siempre en la misma línea que usted ha señalado sobre la corresponsabilidad que tienen que tener los agricultores y sus organizaciones agrarias para que la política y la cultura del seguro agrario combinado sea suficientemente solidaria. No se puede vivir jugando con el azar de la climatología para no asegurar las cosechas porque hayan venido unos años buenos de sol, de humedad, de lluvia, de carencia de plagas o de accidentes meteorológicos.
Desde esa línea de coincidencia, mi grupo va a votar favorablemente la convalidación de este real decreto-ley.


Muchas gracias.


El señor PRESIDENTE: Gracias a usted, señor Mardones.


Izquierda Unida, señor Pérez.


El señor PÉREZ MARTÍNEZ: Muchas gracias, señor presidente.


Señorías, señora ministra, el real decreto de ayudas urgentes que aprobó el Consejo de Ministros el 4 de febrero supone una actuación rápida que, a nuestro juicio, pretende abordar toda la complejidad del problema, que no es sólo un problema de los agricultores sino de toda la economía que gira en torno a la agricultura en nuestro país. Dicho esto, tenemos la impresión, que comparten de forma amplia las organizaciones agrarias, de que las medidas contempladas en el real decreto son insuficientes y poco efectivas; opinión que puede extenderse a las medidas aprobadas por las comunidades autónomas para crear una línea de ayudas complementarias al texto nacional.


Consideramos insuficientes las medidas propuestas por el Ministerio de Agricultura para paliar las graves

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consecuencias ocasionadas por la ola de frío que arrasó las hortalizas, los cítricos y las frutas extratempranas del arco mediterráneo. Unos 60.000 agricultores que se dedican a estas producciones se encuentran en una situación de desamparo que precisa, en nuestra opinión, de ayudas directas urgentes. Las propuestas ministeriales del tipo de rebajar los módulos, descuentos en el IRPF, facilidades en la Seguridad Social o créditos blancos no solucionan ni levemente la catástrofe agrícola del mes de enero ni las que han seguido produciéndose. Las pérdidas son millonarias y estas disposiciones sin ayudas directas no serán eficaces para reactivar el sector hortofrutícola. En el capítulo de seguros agrarios parecería necesario ampliar la cobertura a las pérdidas que se pongan de manifiesto en la próxima campaña, así como la habilitación de una línea especial de ayudas para las explotaciones cuyo seguro no contempla el riesgo de heladas. Creemos que el Ministerio de Agricultura no tiene, a día de hoy, una evaluación de los daños provocados por las sucesivas heladas que hemos padecido y, por tanto, no se concretan ni se cuantifican las ayudas destinadas a los agricultores cuyas producciones se han visto gravemente afectadas o se han perdido en su integridad. En nuestra opinión, las medidas a adoptar están en línea cuantitativamente diferente a las que se proponen desde el ministerio, y pasarían por ampliar la cobertura recogida en el real decreto para incluir daños provocados por las heladas y pedriscos sufridos durante el mes de febrero, si bien entendemos que ha habido una declaración de intenciones en ese sentido; exenciones y no moratorias en los pagos a la Seguridad Social del año 2005 para los productores afectados; los créditos ICO deben ser al cero por ciento de interés y que deben realizarse reducciones de módulos en la declaración de la renta de 2005 para los ingresos referidos a 2004. Todo eso debe ser complementado con ayudas directas para reparar infraestructuras del tipo de invernaderos e instalaciones de riego.


La tesis del Ministerio de Agricultura de que lo asegurable no es indemnizable no resuelve el problema del actual sistema de seguros agrarios, muy ineficaz en muchas de sus líneas, bien sea por el escaso periodo de tiempo que llevan incorporadas o por el bajísimo nivel de contratación que tienen entre los productores. En este sentido, el Ministerio de Agricultura debería contemplar posibilidades de indemnización más amplias. Después de las heladas de enero se ha producido una situación climática extrema que ha afectado principalmente a Andalucía y sobre todo al olivar en las provincias de Jaén, Córdoba, Granada, Málaga y Almería, donde un 30 por ciento de los olivos están afectados en mayor o menor grado. Los frutales y cítricos también se han visto dañados en el valle del Guadalquivir y en pueblos de la costa de Granada el frío ha causado daños en cultivos tropicales. En Valencia el sector más afectado es el de los cítricos y en Murcia la nueva ola de frío ha golpeado con mayor intensidad a los frutales. En torno al 50 por ciento se estiman las pérdidas en las cosechas de cítricos en algunas comarcas de Tarragona. Esta situación, prolongada por la sequía que afecta desde hace meses a amplias zonas de Andalucía, Extremadura, Castilla-La Mancha, Castilla y León y Aragón, se debe analizar con rigor para poner en marcha medidas de apoyo urgente a los agricultores y ganaderos afectados. Insistimos, por tanto, en la insuficiencia de este real decreto. Creemos que se ha reaccionado rápido -y esto es positivo- en relación con otros momentos, pero la reacción no aborda ni el conjunto de los problemas ni permite a los agricultores resolver la grave situación que atraviesan. No obstante, teniendo en cuenta todo ello, votaremos afirmativamente, pero no lo haremos desde la satisfacción sino teniendo en cuenta el compromiso adquirido hoy aquí en su intervención en cuanto a las nuevas medidas que respondan a la realidad, más allá de las heladas de enero.


Muchas gracias, señor presidente.


El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Pérez.


Por el Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana tiene la palabra el señor Ramón.


El señor RAMÓN TORRES: Gracias, señor presidente.


Señora ministra, señoras y señores diputados, nos presenta hoy el Gobierno un real decreto que marca las medidas para paliar los daños ocasionados en el sector agrario por las bajas temperaturas de principios de este año; inclemencias que han arrasado las hortalizas, los cítricos y las frutas extratempranas de comunidades como Andalucía, Cataluña, Illes Balears, País Valencià, Murcia, entre otras, provocando pérdidas en los cítricos en el cien por cien en Andalucía, en el 55 por ciento en Cataluña, en el 60 por ciento en Murcia o en el 50 por ciento en el País Valencià; en las hortalizas Andalucía ha perdido el 70 por ciento de su cosecha, Cataluña el 55 por ciento, el País Valencià el 80 por ciento.


Nuestro grupo, señora ministra, va a votar favorablemente este real decreto. Entendemos que es positiva la celeridad con que ha tramitado el Gobierno esta línea de ayudas, lo que hará que parte de los afectados puedan beneficiarse de ellas lo antes posible, y no suceda como en muchas ocasiones que se tardaba excesivamente en implantar cualquier tipo de ayudas. Sin embargo, creo que hoy es oportuno que en este debate le haga una serie de consideraciones a lo que nos propone este real decreto.
Preocupa a nuestro grupo que se hayan articulado medidas sin tener demasiado en cuenta la realidad del sector afectado. Nos preocupa también que se puedan beneficiar personas que no hayan sido afectadas por las heladas y que en buena parte van a ser estas ayudas insuficientes. El real decreto en su artículo segundo marca quién cobrará las indemnizaciones por daños y concreta que serán objetivo de

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indemnizaciones las explotaciones agrícolas que tengan pólizas en vigor amparadas en el plan de seguros agrarios combinados y hayan sufrido en sus producciones pérdidas no cubiertas por las líneas de seguros agrarios. También indica que podrán percibir indemnizaciones las producciones que en fecha tuvieran el periodo de suscripción abierto. A nuestro entender, esto puede plantear un problema importante, ya que uno de los sectores más afectados es el de los horticultores. Este es uno de los sectores con menor número de hectáreas aseguradas, y ello es debido a que las pólizas son muy elevadas y resultan prácticamente inviables para los agricultores que se dedican a esta actividad. Además, las extraordinarias temperaturas que se han alcanzado estos días son desconocidas en los territorios afectados, lo que hace ilógico suscribir un seguro tan elevado para un riesgo tan sumamente remoto. Para darle un dato que refrende esta afirmación le diré que el número de explotaciones de huertas aseguradas en Cataluña es de 113, mientras que el total de explotaciones censadas que se dedican a esta actividad pasan de las 11.000; es decir, solo un 1 por ciento de las explotaciones están aseguradas. A nivel estatal, por ejemplo, en la berenjena o la alcachofa solo asegura el 1 por ciento de los agricultores, y entre las horticulturas más aseguradas está la lechuga con un 18 por ciento. Esto nos da un número de asegurados muy pequeño y nos indica que serán muy pocos quienes se beneficien de estas indemnizaciones. Es verdad que la Ley de seguros agrarios no permite establecer ayudas a las explotaciones que no están aseguradas, pero también es verdad que debido a la excepcionalidad de este real decreto que hoy debatimos se podía, de forma especial, haber levantado esta limitación, llegando de esta manera a paliar las grandes pérdidas económicas para el mayor número de afectados.
Por otra parte, señora ministra, en el artículo tercero se plantean beneficios fiscales; se concede la exención de las cuotas del impuesto sobre bienes inmuebles correspondientes al ejercicio 2005 que afecte a las explotaciones agrarias situadas en el ámbito geográfico de implantación de este real decreto. Como ya he señalado anteriormente, también nos preocupa que se puedan beneficiar de las ayudas agricultores que no hayan sufrido pérdidas, porque estas exenciones del impuesto de bienes inmuebles se aplicarán a los agricultores de los municipios afectados hayan sufrido pérdidas o no. De todas maneras, estas ayudas generarán un beneficio muy pequeño debido a que más del 90 por ciento de las explotaciones de los horticultores tienen una superficie media de una a tres hectáreas. Si hacemos un pequeño cálculo veremos que este tipo de ayudas para este sector supone unos pocos euros. El hecho de que estas explotaciones sean pequeñas hará que los agricultores no se puedan beneficiar de las medidas laborales y de Seguridad Social que nos propone el artículo quinto, ya que estas explotaciones cuentan con muy pocos trabajadores contratados. Por otro lado, nos da la impresión y nos preocupa que las líneas preferentes de crédito que nos propone el real decreto solo sirvan para endeudar aún más un sector ya elevadamente hipotecado.


Señoras y señores diputados, estas consideraciones nos llevan a pensar que estas ayudas serán insuficientes, pero como ya he avanzado al principio de mi intervención votaremos favorablemente a la convalidación de este real decreto-ley. Creemos que la urgencia con la que ha tramitado el Gobierno estas ayudas es positiva, lo que hará que parte de los afectados puedan ver paliadas sus grandes pérdidas económicas lo antes posible, pero espero que las consideraciones que he expuesto en mi intervención sirvan para solicitar al Gobierno medidas efectivas a largo plazo, con la definición y mejora de nuevas líneas de seguros adaptados al sector y económicamente accesibles para dar amparo a los agricultores frente a los desastres climatológicos como las heladas de este año, y que sirvan también, como usted ha avanzado, para que existan nuevas líneas de ayudas de las que se beneficie el grupo de agricultores que no podrán beneficiarse de las indemnizaciones que marcan este real decreto.


Gracias, ministra; gracias, señoras y señores diputados; gracias, señor presidente.


El señor PRESIDENTE: Gracias a usted, señor Ramón.


Tiene la palabra el señor Grau, por el Grupo Parlamentario de CiU.


El señor GRAU I BULDÚ: Muchas gracias, señor presidente.


Señora ministra, nuestro grupo quiere tomar posición a favor de la convalidación de su real decreto-ley para paliar los daños de las heladas. Igual que hicimos en el debate en Comisión, nuestro grupo votará favorablemente este real decreto porque creemos que es importante para la eficacia de la gestión, pues se trata de soluciones muy inmediatas como el ajuste del IBI, los módulos del impuesto sobre la renta de las personas físicas, las cotizaciones a la Seguridad Social y la apertura de las líneas del Instituto de Crédito Oficial a favor de este colectivo.


Usted sabe que en el Congreso de los Diputados preferimos la gestión de proyectos de ley y no estamos a favor de la votación de reales decretos-leyes. Desde el primer momento de las heladas hubiéramos querido una declaración del Gobierno fijando su posición favorable a las ayudas y a la resolución de este tema, marcando las líneas generales de apoyo a la gestión y, después, con un poco más de sosiego, votar este real decreto-ley. Digo esto porque en Cataluña nos ha sorprendido que no haya habido ninguna declaración de apoyo del Gobierno de la Generalitat por los daños catastróficos de las heladas. Después del debate en la Comisión se ha corregido -usted lo ha hecho- y de

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las cuatro comunidades autónomas que se incluían en el real decreto ahora se ha pasado a siete. Ello nos congratula y nos anima a votar favorablemente su real decreto-ley. Posiblemente, una declaración en un primer momento hubiera animado a las comunidades autónomas con daños importantes -aunque creo que sí fueron informadas-, sobre todo, como ha declarado el señor Ramón en su intervención anterior, en el campo de la horticultura que posiblemente no vaya a estar cubierto. En lo que respecta a los olivares, que usted ha citado, también ha habido que hacer una corrección que puede repercutir en la próxima campaña por heladas que se han producido después. Finalmente, observamos también que los cítricos de Cataluña han sufrido daños entre el 15 y el 90 por ciento.
Posiblemente, además de incluir dentro de las organizaciones afectadas a los agentes sociales, a los sindicatos agrarios y a los gobiernos autonómicos, algún ayuntamiento debería haber declarado zona catastrófica y habérselo hecho saber al Gobierno de la Generalitat de Cataluña y al ministerio para que se sensibilizaran a la hora de tomar decisiones. Esta habría sido la vía más diligente en la voluntad del ministerio de ser ágil y atento a la problemática escuchando al sector afectado.


Nuestro voto afirmativo abre la vía para que ustedes mejoren esta ley, y prueba de ello es la corrección de errores. Usted ha anunciado que hoy mismo se reunirá la oficina permanente, supongo que para hacer una primera aproximación a los daños que quedan incluidos y que, como ha explicado la señora ministra en la exposición del real decreto-ley, no será una declaración cerrada porque, aunque nos consta que han llegado datos de Cataluña, probablemente tendrán que ser corregidos, por lo que se cerrará más adelante siempre en la línea de ayudar al sector. Las correcciones respecto al olivar son positivas y, asumiendo las declaraciones del anterior interviniente sobre que en determinados sectores, como el de las hortalizas, no es tan corriente la práctica del agroseguro, debería ser posible una cobertura distinta a la que se da en estos momentos o la posibilidad de incluir los beneficios fiscales que proponen. El invierno no ha terminado, ha sido un invierno muy seco y se han producido heladas posteriores, por lo que sería necesario estar atentos con prontitud a los resultados nefastos de esta situación para que -y en este caso ya le anticipo nuestro voto positivo- el ministerio pueda presentar otros reales decretos que ayuden a los agricultores en esta temporada que por lo que vemos no es del todo positiva. Le anuncio que nuestro grupo va a votar favorablemente esta convalidación, pero no su tramitación como proyecto de ley, aunque nos gustaría presentar en el futuro una iniciativa por la cual se cree un marco de actuaciones del Gobierno de forma que apoyada por una ley salida de esta Cámara para que los sectores necesitados reciban ayuda en su momento.


Muchas gracias, señor presidente.


El señor PRESIDENTE: Gracias a usted, señor Grau.


Grupo Parlamentario Popular, señor Madero.


El señor MADERO JARABO: Gracias, señor presidente.


Señorías, intervengo en nombre de mi grupo en este punto del orden del día para la convalidación del real decreto-ley por el que se adoptan medidas para paliar los daños ocasionados por las heladas en el mes de enero de 2005. Como aquí se ha dicho, los daños ocasionados al campo por las adversidades climatológicas han sido de unas proporciones enormes y se ha creado un problema muy importante en muchos puntos de España, no solamente por la pérdida de cosechas en esta campaña sino por la merma importante de producciones en campañas venideras.


Señora ministra, en la comparecencia del señor subsecretario en la Comisión de Agricultura, hace unas fechas, mi compañera la señora Sánchez Fernández dijo -y yo hago mías sus palabras- que ante la magnitud e importancia del problema el Gobierno ha reaccionado con celeridad -no hay quien lo discuta-, pero también es verdad que ha reaccionado con poca eficacia. Esta celeridad se ha traducido en improvisación y precipitación, y a las pruebas me remito, pues tienen que empezar a publicar corrección de errores, a considerar más amplio el marco geográfico donde actuar, es decir, incluir comunidades autónomas que no estaban en el real decreto-ley, así como a decir que las cuantías son solo a título orientativo. Es decir que se trata de quedar bien, de salir en la foto, pero hay que ser eficaz y dar una respuesta adecuada a un problema tan grave como el que nos ocupa.


Quisiera señalar que este real decreto apareció -y así lo dijimos en la Comisión de Agricultura- en el boletín sin que las organizaciones agrarias -así lo confiesan- hubieran opinado sobre el tema. Es decir, es una medida que se toma de espaldas al sector y sin haber efectuado las deseables consultas a los interesados, antes de sacar la publicación, no después. Además, señora ministra, dijimos en Comisión y lo ratificamos ahora que este real decreto es prácticamente una declaración de intenciones, ya que hay una serie de medidas absolutamente inconcretas en las que no se cuantifican las indemnizaciones, no se concretan los porcentajes de los beneficios fiscales y se establecen unas condiciones muy limitadas para acceder a los préstamos bonificados. Repito que es una declaración de intenciones y, siendo así, malamente va a cumplir este real decreto la buena intención de restablecer la normalidad económica en las zonas afectadas, tal y como se dice en el texto de la norma. Pues bien, si nos referimos concretamente al apartado de medidas fiscales, hay alguna cuya bondad reconocemos, pero también tiene que reconocer la señora ministra que tienen unas carencias tan importantes que casi las invalidan. Por ejemplo, no

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se habla para nada -se ha señalado por algún portavoz- del incremento de la deducción de gastos de difícil justificación en el régimen de estimación directa, y sobre todo no se contempla para nada la subida del IVA compensatorio para los productos afectados. Entiende mi grupo que estas dos medidas de carácter fiscal son muy importantes y son dos carencias muy notables de la norma que hoy convalidamos.


Si hablamos de otras medidas económicas, y en concreto de los préstamos, el real decreto se limita a oficializar ante el Instituto de Crédito Oficial una norma para crear una línea de préstamos por importe de 15 millones de euros. Ya nos dice la señora ministra que puede ser ampliada esta cantidad. ¿Por qué no se amplía en el propio boletín? ¿Nos obliga a creer que se va a hacer después lo que no se hace ahora? Señora ministra, esta cantidad nos parece absolutamente ridícula. Mucho más que eso han habilitado solamente ya las comunidades de Murcia, Valencia y Andalucía, y cuando los daños se estiman por encima de los 2.000 millones de euros, la cuantía de los préstamos subvencionados por el ministerio nos parece sencillamente irrisoria y, ni de lejos, ayudará a paliar el problema. Aun diré más hablando de prestamos. Señorías, muchos agricultores, aun necesitándolo, no acudirán a solicitarlos. Y no lo harán porque, aunque sean préstamos subvencionados, es dinero que hay que devolver, y en la mayoría de los casos, no es que no se quiera, es que no se puede incrementar ya la deuda de la explotación agrícola. Además, como tales préstamos, no nos engañemos, será, al final, un cara a cara, una negociación de cada agricultor, de cada ganadero con una entidad bancaria. Y ahí, ¿quién avala ese préstamo? ¿Quién pone las garantías? El de siempre, y si pueden lo harán. En muchos casos no lo harán no porque no quieran, sino porque no pueden. Señora ministra, reiteramos que, por su naturaleza y cuantía, esta es otra medida insuficiente, casi insultante.


Si nos referimos a medidas de carácter laboral, y así lo señalamos en la Comisión hace unas fechas, el real decreto posibilita la moratoria del pago a la Seguridad Social de los meses de febrero, marzo y abril, afectando esta medida a las empresas y a los trabajadores por cuenta propia. Poca cosa es, pero es que, además, en este punto, señora ministra, señorías, mi grupo quiere apuntar dos cosas: una, que simplemente es aplazar un pago, lo cual significa que dentro de un año hay que pagar el doble y el campo no está para estas bromas. Y la segunda cosa que queremos señalar es la falta de sensibilidad social de este Gobierno que no adopta ni una sola medida en favor de los trabajadores por cuenta ajena, y especialmente algún tipo de ayuda a los temporeros que, por cierto, y fundamentalmente son inmigrantes en alguna de las zonas afectadas. Existe una falta de sensibilidad social absoluta.


También queremos señalar que en el capítulo relativo a los seguros agrarios hay que puntualizar algunas cuestiones. En primer lugar, creemos total y absolutamente en nuestro sistema de seguros agrarios, el cual hemos defendido siempre. En los 25 años que lleva funcionando este sistema nuestro partido siempre ha defendido y ha tratado de mejorar el sistema de seguros agrarios. No podemos decir lo mismo del Grupo Socialista que aquí en esta tribuna, en esta Cámara, desde el año 1996 a 2004 ha criticado agriamente y ha vilipendiado el sistema de seguros agrarios.


Dicho esto hay que decir, en primer lugar, lo ha dicho algún portavoz y lo reiteramos nosotros, que han sido unas heladas de carácter excepcional y por ello el porcentaje de seguros que habían suscrito los agricultores era muy bajo y nuestra propuesta, señora ministra, antes de que se vaya es que si los daños son excepcionales también sean excepcionales las ayudas ofrecidas, sin que ello suponga agravio comparativo con los agricultores que tengan suscrito el seguro, y ello es posible, deseable y así se lo proponemos y, si no lo saben hacer, nosotros le ofrecemos asesoría para que se haga correctamente. En segundo lugar, en nombre de estos profesionales que tienen suscrito un seguro, le exigimos, señora ministra, y si usted no lo oye ya alguien se lo contará, que el ministerio intervenga para una correcta peritación de los daños y evitemos esas situaciones escandalosas y dolorosas que se producen cuando la actuación de los peritos que tasan los daños supone un perjuicio enorme para el agricultor, y de esto en el campo existen abundantes precedentes. Primero viene un pedrisco y el segundo pedrisco muchas veces son los peritos tasadores. Que intervenga el ministerio para evitar situaciones desagradables.


Finalmente, dentro del capítulo de seguros, reclamamos, una vez más, así lo hicimos en la Comisión y lo volvemos a hacer ahora, que entre otras contingencias se cubran los riesgos de cualquier adversidad climática, es decir, que se complementen las líneas de seguro. Pero es que nos consta que una cosa que hay que hacer es el seguro de rentas, ya se han hecho numerosos estudios, y pedimos que ese tipo de seguros de rentas sea una realidad para la campaña próxima. Están hechos todos los estudios, estaba prevista la dotación financiera y es posible que este seguro de rentas pueda funcionar en la campaña próxima.


Señorías, antes de terminar mi intervención quisiera que alguien le dijera también a la señora ministra que hay algunas carencias más que devalúan gravemente la importancia de este real decreto, como hemos dicho al principio, que se elaboró con rapidez, con celeridad, pero con absoluta ineficacia. Este real decreto da cobertura teórica a los daños por heladas en enero exclusivamente, es decir, que a partir del 31 de enero por orden del Gobierno, o ya no helaba, o las heladas que producían daños no estaban cubiertas por este real decreto. Además, quedan fuera de cobertura, en cuanto a las heladas, repito, los meses de febrero y marzo que han sido muy importantes, y el porqué no se cubren estos

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daños es la pregunta que se hacen los agricultores cuyos cultivos han sufrido daños por heladas en los meses de febrero y marzo. Además, ha habido unos daños muy cuantiosos durante los últimos cuarenta días en Andalucía, Comunidad Valenciana, Murcia, Castilla-La Mancha, Baleares, Cataluña, Extremadura, que no ha citado la señora ministra, Aragón, también algo en Rioja, Navarra y Castilla y León. No entendemos por qué lo que ocurre en enero sí se cubren los riesgos y los daños y no en febrero y marzo, es incomprensible cuando ha habido heladas, repito, que no solamente han afectado a hortalizas sino también a olivos y vides y que afectarán no solamente, repetimos una vez más, a las cosechas de este año, sino a las de campañas venideras. Es auténticamente patético el espectáculo en Huelva cuando se contempla la fresa, en Valencia con los cítricos, o en Andalucía con los olivos, con daños importantísimos por las heladas cuyas consecuencias, repetimos una vez más, se pagarán durante varias campañas.


Señorías, no solamente se quedan cortas en el tiempo las ayudas previstas en este Real Decreto, sino que ha habido importantísimos daños por la sequía y de esto el real decreto no dice ni una palabra, como tampoco habla del granizo que ha arrasado el arbolado en Valencia y Murcia y que ha destruido miles de hectáreas de invernaderos en Almería. En este caso, cuando se ha destruido un invernadero, el problema, señorías, ya no es sólo la pérdida de cosecha del presente, sino que hay que volver a empezar y no de manera fácil, sino con inversiones costosísimas desde cero, en muchos casos desde una cifra negativa con un grave endeudamiento por parte del sector.


Por cierto, si la señora ministra no tiene tiempo ni de debatir este real decreto que nos presenta, malamente con una agenda tan cargada va a poder acudir a visitar a los damnificados. De verdad, señorías, que los agricultores que han sufrido daños en sus cosechas y en sus instalaciones han echado de menos una visita de quien dice -algunos sabemos que es sólo un dicho- defender sus intereses.


Termino, señor presidente, reiterando nuestra opinión de que ante la adversidad del campo el Ministerio de Agricultura no ha dado una respuesta adecuada, dejando a los agricultores absolutamente desamparados para que ellos se busquen la solución de su problema. Esta es una prueba más de la falta de sensibilidad de este Gobierno para el campo español.
Esta es una prueba más, y se demuestra una vez más, de que ni el campo ni los agricultores le importan lo más mínimo al Gobierno socialista.


Nada más y muchas gracias. (Aplausos.)

El señor PRESIDENTE: Por el Grupo Socialista, señora Ortiz.


La señora ORTIZ RIVAS: Gracias, señor presidente.


Señorías, se somete hoy a la consideración de esta Cámara la convalidación del Real Decreto de medidas urgentes para paliar los daños por las heladas en la agricultura.


Efectivamente, los cambios climáticos producidos en las condiciones meteorológicas en el mes de enero (heladas, granizo, nieve a ras de costa y en el sur), no sabría yo decir si como consecuencia del cambio climático o no, pero la realidad es que han producido en algunas zonas agrícolas de España importantes daños, sembrando preocupación en el sector y, sobre todo, en muchas economías familiares. Ante esta situación, lo primero que quiero destacar es la respuesta inmediata del Ministerio de Agricultura, que el día 4 de febrero aprobó una serie de medidas para paliar los daños. En menos de una semana ya había una respuesta de la Administración tras haberse constituido, como ha dicho la ministra, la oficina permanente para situaciones adversas y tras haberse reunido con las organizaciones del sector. Quiero reiterárselo al portavoz del Grupo Popular, que decía que no se había tenido en cuenta la opinión del sector. Previamente, repito, la ministra se reunió con las organizaciones del sector. Como digo, una respuesta rápida de la Administración, que, aunque debe ser lo habitual, en otras ocasiones hay que recordar que no ha sido así; una respuesta rápida que además es obligada en el caso de la agricultura, puesto que muchas de las ayudas que se contemplan deben servir para que se puedan volver a sembrar cosechas y esas cosechas no se pueden sembrar en el mes de agosto. Como digo, aunque debería ser la norma, en otras ocasiones no ha sido así. Por citar algún ejemplo, le diré que los daños producidos en Andalucía en el año 2000, gobernando el Partido Popular, conllevaron un decreto-ley que se aprobó en el mes de junio de 2001, seis meses más tarde.


Por otro lado, en cuanto al contenido del real decreto, que ya ha explicado la ministra, quiero subrayar algunas cuestiones. En primer lugar, con respecto al ámbito de aplicación, como el propio real decreto indica, este se determinará por una orden ministerial oídas las comunidades autónomas. Si bien es cierto que el real decreto señala como zonas con una incidencia especial Andalucía, Baleares, Murcia y Valencia, también lo es que se han producido daños en otras comunidades que han sido citadas ya por la ministra y por otros portavoces, como Aragón, Cataluña y Castilla-La Mancha. En todo caso, reitero que la delimitación de los municipios afectados no está cerrada -así lo ha indicado la ministra- y, como se ha dicho, se hará tras el correspondiente período de consulta a las comunidades.


En cuanto a las medidas adoptadas por el real decreto, se recogen las siguientes: indemnizaciones por daños, beneficios fiscales, exención en el IBI, reducción

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en el índice de rendimiento neto del IRPF, en el IVA, moratorias sin intereses en los pagos de las cotizaciones a la Seguridad Social y una línea preferente de crédito a través del Instituto de Crédito Local de 15 millones -lo ha mencionado ya la ministra, pero además lo recoge el propio real decreto-, ampliable en función de los daños y de la demanda.
La ministra ha adquirido este compromiso en la tribuna, pero, si uno lee el real decreto con detenimiento, podrá comprobar que eso está recogido taxativamente. Y por último, también se recogen medidas relativas a la contratación y a la entrega inmediata de los cítricos para su transformación.


Para finalizar, quiero subrayar las correcciones que se han indicado y que se introducen en el real decreto. Una en el artículo 2, que hace referencia a la necesidad de que la póliza de seguros no sea por dos años, sino por uno, en concordancia con lo que han establecido los decretos de las comunidades autónomas, y otra en el artículo 6, que se modifica en el sentido de que los cultivos leñosos que hayan sufrido daños en la madera no tienen el compromiso de aseguramiento que por otra parte era obvio. De esta manera, podrán incluirse en este tipo de ayudas cultivos como el del olivar.


En cuanto a las líneas de financiación del decreto, quiero reiterar dos cuestiones. Una, lo que ya dije al principio, la partida de 15 millones de euros para la línea preferente de crédito a través del ICO, que podrá ser ampliada en función de los daños. Esto hay que reiterarlo, puesto que, obviamente, en función de la evaluación y de los daños ocasionados, habrá un crédito para poder ayudar a los agricultores. (La señora vicepresidenta, Chacón i Piqueras, ocupa la Presidencia.) Y por otro lado, la partida presupuestaria para las indemnizaciones por daños dependerá de la evaluación de los mismos, algo que parece absolutamente razonable.


Dicho todo lo anterior, señorías, el Grupo Socialista está convencido de que se trata de un real decreto que va a ayudar al campo y a los agricultores. Y, aunque puedo comprender que algún grupo de la Cámara no esté de acuerdo con las medidas contenidas en el real decreto y piense que se puede pedir más dinero -siempre es posible pedir más-, que se pueden pedir más exenciones fiscales, lo que no puedo entender es la posición del Grupo Popular. El Grupo Popular no puede venir aquí, como si nunca hubiese tenido responsabilidad de Gobierno y con una ausencia total de memoria, no ya de memoria remota, sino de memoria inmediata, a plantear una posición, olvidando que no hace un año trajeron a esta Cámara algunos reales decretos-leyes como, por ejemplo, el Real Decretoley 8/2000, de sequía y otras adversidades, el Real Decreto-ley 10/2001, para las lluvias persistentes en Andalucía o el Real Decreto-ley 1/2002, de condiciones climáticas adversas. Pues bien, ninguno de esos reales decretos-leyes tuvo una cobertura más amplia en las medidas que las que se plantean ni se hizo por supuesto con más rapidez y, desde luego, está por ver la comparación en la dotación presupuestaria que en su momento el Grupo Popular daba a esos reales decretos-leyes.


Por otro lado, el Grupo Popular está planteando que las ayudas a los agricultores no estén condicionadas a que se produzcan por daños no asegurables, aunque es verdad que el portavoz del Grupo Popular en esta tribuna ha hecho un alegato en defensa de los seguros agrarios. Pero, aparte de eso, por sus intervenciones y por las iniciativas presentadas en forma de proposiciones no de ley en esta Cámara y en las comunidades autónomas, cuanto menos se presta a confusión la posición política en torno a las ayudas y a los seguros agrarios. El portavoz del Grupo Popular planteaba en esta tribuna que había que verlo como una excepcionalidad para omitir el tema de los seguros. Yo no sé muy bien en función de qué hay que establecer esa excepcionalidad, quizás la excepcionalidad sea porque ahora no gobierna el Partido Popular y gobierna el Partido Socialista. Por tanto, hay que pedir lo máximo, cuanto menos para crear confusión entre los propios agricultores en relación con lo que está pidiendo el Partido Popular. Esto por decirlo de una forma suave.


Es necesario recordar que la obligatoriedad del aseguramiento en la agricultura es un compromiso de la legislatura anterior. Además, hay que recordar que el 31 de julio de 2003 el Gobierno de la nación en el Consejo de Política Económica determinó que las adversidades climáticas cuando tienen cobertura de seguro no podrán ser objeto de indemnización por parte del Gobierno. Podría leerles la intervención de un miembro del Grupo Popular en el año 2001 afianzando la posición de que no era posible dar ayuda a los agricultores no asegurados. Solo leeré la última frase.
Palabras del Grupo Popular y de su portavoz en el año 2001: Los agricultores deben de saber que para garantizar las cosechas debe suscribirse una póliza de seguros. Ahora mismo el Grupo Popular no gobierna, pero las iniciativas, sus discursos y sus mensajes a los agricultores cuanto menos están siendo ambiguos y se presta a confusión.


Respecto a la posición que mantiene el Grupo Popular en el tema de la exención a la Seguridad Social, es también una posición bastante increíble, porque ustedes jamás lo recogieron en ninguno de los reales decretos aprobados por daños catastróficos, salvo en el caso del Prestige. En ningún otro caso se recogieron exenciones, sí moratoria en el pago a la Seguridad Social, como recoge el actual real decreto-ley.


Por último, quiero decir a los diputados del Partido Popular que lo que no pueden hacer ustedes es pedir, como han pedido en Andalucía y en concreto para Almería, la declaración de zona catastrófica a través de iniciativas parlamentarias y ante los medios de comunicación, sin saber el alcance real de las heladas ni la opinión de los propios interesados, porque eso no se

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corresponde con la realidad. Es verdad que ha habido algunos agricultores que han sufrido una ruina total en sus cosechas y en sus invernaderos, pero no todos. Como ustedes saben, han tenido que salir los propios agricultores y el propio sector a pedirles, por favor, que no planteen esa barbaridad porque estaban hundiendo los mercados, estaban transmitiendo a los mercados internacionales que en Almería no había productos válidos para seguir vendiéndolos. Como digo, antes de lanzar un mensaje, como usted muy bien decía, hay que reunirse con el sector y escuchar a los agricultores. Yo me alegro de la intervención de la ministra, que ha recogido una necesidad del sector de frutas y hortalizas de los invernaderos en la provincia de Almería, así como su compromiso de ayuda a los daños estructurales sufridos en los invernaderos por el pedrisco. Ya sabíamos que a través del decreto 613 de la Junta esas ayudas a los daños estaban siendo prioritarias y había dotación presupuestaria. Pero, como digo, agradezco a la ministra que en esta tribuna haya dejado constancia de ese interés.


En definitiva, señorías del Grupo Popular, es difícil pedirles que hagan una oposición responsable como hizo el Grupo Parlamentario Socialista en su momento, pero por lo menos hagan una oposición real que escuche a los agricultores por el bien de los ciudadanos.


Termino. Vuelvo a reiterar que este real decreto es necesario en estos momentos para el campo y es acorde con los decretos de las comunidades autónomas afectadas. Por cierto, todos van en la línea del real decreto del Gobierno, tanto las gobernadas por el Partido Popular como por el Partido Socialista. Por tanto, pido el apoyo de esta Cámara para la convalidación de este real decreto.


Nada más y muchas gracias. (Aplausos.)

La señora VICEPRESIDENTA (Chacón i Piqueras): Muchas gracias, señora Ortiz.


- REAL DECRETO-LEY 2/2005, DE 11 DE FEBRERO, POR EL QUE SE ADOPTAN MEDIDAS URGENTES PARA REPARAR LOS DAÑOS CAUSADOS POR LOS MOVIMIENTOS SÍSMICOS ACAECIDOS EL 29 DE ENERO Y LOS PRIMEROS DÍAS DEL MES DE FEBRERO DE 2005 EN LORCA (MURCIA). (Número de expediente 130/000013.)

La señora VICEPRESIDENTA (Chacón i Piqueras): Continuamos, señorías, con el debate del siguiente Real Decreto-ley, el 2/2005, de 11 de febrero, por el que se adoptan medidas urgentes para reparar los daños causados por los movimientos sísmicos acaecidos el 29 de enero y los primeros días del mes de febrero de 2005 en Lorca (Murcia).


Tiene en primer lugar la palabra el ministro del Interior.


El señor MINISTRO DEL INTERIOR (Alonso Suárez): Muchas gracias, señora presidenta.


Señoras y señores diputados, hoy presento para su convalidación ante el Pleno del Congreso el Real Decreto-ley 2/2005, de 11 de febrero, por el que se adoptan medidas urgentes para reparar los daños que han causado los movimientos sísmicos en Lorca (Murcia), los pasados meses de enero y febrero.


Como SS.SS. conocen, el 29 de enero de 2005 se produjo en las pedanías de Zarcilla de Ramos y La Paca, del municipio de Lorca (Murcia), un terremoto de magnitud 4,7 grados en la escala Richter, que fue seguido de múltiples réplicas de diferente intensidad en los primeros días del mes de febrero. Este fuerte terremoto produjo importantes daños en las localidades citadas, especialmente en infraestructuras y viviendas. Baste citar que resultaron afectadas unas 700 viviendas, lo que supone más del 60 por ciento del total de las viviendas de ambas localidades.


El objeto de este real decreto-ley, desde el principio constitucional de solidaridad, y con amparo legal en la autorización contenida en el artículo 86 de la Constitución, es la adopción de medidas paliativas y reparadoras para hacer frente a la situación en que se encuentran numerosas familias que han visto destruidas sus viviendas y a los graves daños sufridos por las infraestructuras de estas localidades.


En la elaboración del presente real decreto-ley han participado representantes de los ministerios del Interior, Economía y Hacienda, Presidencia, Administraciones Públicas y Vivienda, así como representantes de la comunidad autónoma y localidades afectadas. Y las medidas que contiene están destinadas a financiar cuatro tipos de gastos, que les resumo: en primer lugar, las ayudas a particulares para alquiler de vivienda. Cuando la vivienda habitual haya resultado totalmente destruida o haya sido preciso la demolición de la misma, a sus ocupantes, si son propietarios, se les financiará el alquiler de una vivienda y si son inquilinos se les abonará la diferencia entre la renta que pagaban y la del nuevo alquiler. Se calcula que precisarán ser realojadas 80 familias, y la cuantía máxima que pueden alcanzar estas ayudas no podrá superar el importe de 70,87 euros por metro cuadrado alquiler-año por vivienda. La financiación de estas ayudas corresponderá al Ministerio del Interior en un 50 por ciento y el 50 por ciento restante a las otras administraciones implicadas, según los acuerdos que se alcancen.


Segundo extremo, ayuda para la reconstrucción de las viviendas afectadas por los movimientos sísmicos en mayor o menor medida, unas 700 como les decía anteriormente. Para el cálculo de las ayudas se han establecido los siguientes baremos en función del tipo de daños que se han producido en cada vivienda. Si la destrucción es total, un máximo de 54.600 euros; si los daños son muy graves, un máximo de 24.000 euros; por daños sustanciales, un máximo de 14.000 euros y por

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daños leves, un máximo de 3.000 euros. Estas ayudas para la reconstrucción o reparación de las viviendas destruidas o dañadas serán financiadas en un 50 por ciento por el Ministerio de la Vivienda y el 50 por ciento restante por las otras administraciones públicas implicadas, según los acuerdos que también se alcancen. Los particulares que soliciten estas ayudas en los dos supuestos anteriores, para adquirir y para reparación, rehabilitación y reconstrucción de viviendas, deberán acreditar, en primer lugar, tener su residencia en las pedanías mencionadas y que la vivienda siniestrada constituya su domicilio habitual; en segundo lugar, justificar los gastos generales y reunir la condición de propietario, usufructuario o arrendatario de la misma y, en tercer lugar, acreditar la escasez de recursos para hacer frente a los gastos derivados de la catástrofe.


El tercer tipo de ayudas son las que conciernen a las entidades locales.
Se les abonará el cien por cien de los gastos de emergencia en que hubieran incurrido para garantizar la vida y la seguridad de las personas, así como el funcionamiento de los servicios públicos esenciales. Estos gastos los va a financiar en exclusiva el Ministerio del Interior. El coste de las obras de reparación o restitución de infraestructuras o equipamiento de servicios, como mercados municipales, instalaciones deportivas, transportes, etcétera, se financiará hasta en un 50 por ciento por el Ministerio de Administraciones Públicas.


El cuarto tipo de ayudas tiene que ver con medidas de carácter fiscal.
Comprenden exenciones en el impuesto sobre bienes inmuebles de los inmuebles afectados y exenciones por parte de las entidades locales de las tasas por licencia de obras que afecten a las viviendas siniestradas.
Este Real Decreto-ley 5/2005 crea, en consecuencia y para todo lo referido, una comisión mixta que, copresidida por el delegado del Gobierno de la Comunidad Autónoma de Murcia y el consejero de Obras Públicas, Vivienda y Transporte del Gobierno de esta comunidad autónoma, está compuesta por un representante de la Administración General del Estado, otro de la Comunidad Autónoma de Murcia y un tercero del Ayuntamiento de Lorca. La finalidad es dar rapidez y agilidad a la concesión de las ayudas a los particulares. La comisión se encargará de visar y analizar las solicitudes y elevar al órgano competente la propuesta de resolución. En segundo lugar, una comisión interministerial, integrada por el delegado del Gobierno en la comunidad autónoma y por representantes de la Presidencia del Gobierno y de los ministerios de Economía y Hacienda, Interior, Administraciones Públicas y Vivienda, así como por un representante del Consorcio de Compensación de Seguros. La finalidad es agilizar las medidas contenidas en esta norma, determinar los daños y evaluar las necesidades atendidas.


Por último, en el real decreto-ley se faculta al Gobierno y a los titulares de los departamentos ministeriales, en el ámbito de sus respectivas competencias, para dictar las disposiciones necesarias en ejecución de lo establecido en el mismo.


Señora presidenta, señoras y señores diputados, muchas gracias.
(Aplausos.)

La señora VICEPRESIDENTA (Chacón i Piqueras): Muchas gracias, señor ministro.


¿Algún grupo desea utilizar su turno en contra? (Pausa.)

Pasamos al turno de fijación de posiciones de los grupos parlamentarios.
Comenzamos por la señora Navarro, en nombre del Grupo de Izquierda Unida.


Es su turno, señora Navarro.


La señora NAVARRO CASILLAS: Gracias, señora presidenta.


Nos encontramos ante la convalidación de un real decreto destinado a la reparación de daños causados por movimientos sísmicos en Lorca. Nuestro grupo está totalmente de acuerdo con la necesidad de adoptar medidas urgentes que palien los terribles daños ocasionados por estos movimientos. Casi medio centenar de familias tuvieron que desalojar sus casas; son más de 500 las casas afectadas y los vecinos que quedaron sin hogar ahora mismo están siendo alojados en casas prefabricadas. Esta realidad que padecen los vecinos afectados merece una respuesta urgente tanto por parte del Gobierno como de esta Cámara, por lo que aunque discrepamos de una de las cuestiones fundamentales -que paso a exponer- recogida en el real decreto, la premura en la reacción impone el voto favorable a la convalidación.


Entendemos que las ayudas económicas deben cubrir el cien por cien de los gastos que ocasione la reparación o construcción de las viviendas, es decir, el cien por cien de los daños, no estando conformes con las limitaciones porcentuales recogidas en el real decreto. No aprobamos regateos con los afectados por una catástrofe natural. Por ello, pedimos al Gobierno que se comprometa a abonar el cien por cien de la reparación de los daños por la reconstrucción y que presione en la Comisión creada con la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia para que esta se implique en el abono del cien por cien de los daños ocasionados.


Gracias.


La señora VICEPRESIDENTA (Chacón i Piqueras): Gracias, señora Navarro.


Por el Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana, tiene la palabra el señor Canet.


El señor CANET COMA: Gracias, señora presidenta.


Nuestro grupo va a votar favorablemente la convalidación del real decreto.
Nos parece que el Gobierno ha actuado con rapidez. Esta es una obligación de los

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poderes públicos cuando se producen catástrofes naturales de honda repercusión en la vida de los ciudadanos, una obligación no solo política, sino ética y, además, derivada del principio de solidaridad.


Dicho esto, nos parece que el real decreto se ha elaborado con relativa rapidez y puede garantizar la eficacia de las medidas. En cuanto al contenido, estamos básicamente de acuerdo con las ayudas a los afectados, con la compensación al Ayuntamiento de Lorca por los gastos derivados de la situación de emergencia y con las exenciones fiscales, pero también debemos decir que nos parece mejorable, mejorable en la duración temporal de la percepción de las ayudas, en su cuantía y en los requisitos para acceder a las mismas, alguno de los cuales, como acreditar la escasez de recursos, puede ser cuestionable. En conjunto, por necesidad de urgencia y rapidez, el contenido, bastante favorable, aunque mejorable, exige nuestro voto favorable tal como nos pide el Gobierno.


Gracias.


La señora VICEPRESIDENTA (Chacón i Piqueras): Gracias, señor Canet.


Por el Grupo Parlamentario Popular, tiene la palabra el señor Pérez Laserna.


El señor PÉREZ LASERNA: Gracias, señora presidenta.


Señorías, si hay algún ejemplo paradigmático para la aprobación de un real decreto-ley es sin duda el motivado por una catástrofe. En este caso se trata de una catástrofe que tiene su causa en la acción de los terremotos, una de las fuerzas más violentas de la naturaleza. Durante los últimos quince años, las pérdidas acumuladas por los terremotos en la Región de Murcia alcanzan ya los 70 millones de euros; de ellos, cerca de 9 millones corresponden a este último seísmo. No es una casualidad que mi grupo haya decidido que sea el que les habla ponente en este debate, pues si bien este caso ha sido y es objeto de preocupación e interés para todos los grupos, a mí me afecta personalmente en el sentido de que soy murciano, lorquino de nacimiento y concejal de Ayuntamiento de Lorca, en cuyas pedanías ocurrieron los terremotos.


Señorías, como ha comentado esta mañana el ministro del Interior al exponer las líneas básicas del real decreto, el pasado 29 de enero, las diputaciones de Zarcilla de Ramos y La Paca, pertenecientes al término municipal de Lorca, fueron sacudidas por uno de los movimientos sísmicos más importantes de los habidos en la comunidad autónoma en los últimos años, con una magnitud de 4,7 grados en la escala Ritcher. Pudo haber sido una catástrofe de dimensiones dramáticas, pero por fortuna no hubo que lamentar pérdidas de vidas humanas ni daños personales. Sin embargo, en poco tiempo los tejados y las paredes de las viviendas se resquebrajaron sin apenas dejar tiempo para que sus inquilinos pudieran abandonarlas. Es difícil para cualquier persona que no viviera esas horas de angustia hacerse una idea siquiera aproximada del sufrimiento de esas familias, que se echaban a la calle presas de un estado de ánimo muy cercano al pánico.


Desde el 29 de enero hasta el día de hoy se han producido más de 374 réplicas del terremoto, lo que tampoco es una casualidad, ya que en Lorca se encuentra la falla nacional más activa a consecuencia del empuje de la placa tectónica africana sobre la placa euroasiática, que provoca tensiones en la corteza terrestre. Hasta la fecha han resultado afectadas, como decía esta mañana el señor ministro, más de 700 viviendas, así como diversos edificios públicos, aunque siguen apareciendo nuevos daños estructurales en los inmuebles de ambas pedanías.


Ante esta trágica situación provocada por la naturaleza, desde el primer momento y a diferencia de la catástrofe de El Carmel, que no ha sido provocada por la naturaleza, el Gobierno regional y su presidente, el señor Valcárcel, y el Ayuntamiento de Lorca, de signo contrario, gobernado por los socialistas, y su alcalde estuvieron y continúan estando en estrecha coordinación y colaboración para tratar de mitigar en la medida de lo posible los efectos del siniestro. Fruto de la colaboración descrita fue que dos días después del seísmo se reunió el Consejo de Gobierno en sesión extraordinaria tomando los primeros acuerdos tendentes a la adopción de aquellas medidas más urgentes. Como consecuencia de esos acuerdos el Instituto de la Vivienda de la Región de Murcia realizó un convenio con el Ayuntamiento de Lorca, dotado con más de 500.000 euros para el realojo de las familias sin hogar y la Dirección General de la Vivienda, Arquitectura y Urbanismo inició la tramitación de la orden de ayuda para paliar los daños ocasiones, que se publicó solamente una semana después por la Consejería de Obras Públicas, Vivienda y Transportes de la Región de Murcia. El Gobierno regional tramitó un proyecto de ley de suplemento de crédito para el pago de subvenciones, contratación del personal necesario para atender las necesidades de evaluación y tramitación de expedientes.


Quisiera destacar el esfuerzo realizado por el Pleno del Ayuntamiento de Lorca que, al margen de los convenios anteriormente citados, ha suscrito con el Colegio Oficial de Arquitectos y con el de Arquitectos Técnicos de la Región de Murcia sendos convenios para que los honorarios de dichos profesionales referentes a los proyectos y dirección técnica sean abonados al 50 por ciento entre dichos colegios y el ayuntamiento.
Sensibilizados todos los grupos municipales ante la tragedia -como debiera ocurrir en todos los sitios ante estas catástrofes y desgraciadamente no ocurre- firmamos una moción conjunta para eximir a los vecinos de dichas pedanías del cobro de impuesto sobre bienes inmuebles, así como del impuesto sobre construcción y tasas y licencias de obras. Y es a que estos del sur nos

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podrán negar el agua, pero no el razonado ejercicio de la solidaridad y la responsabilidad que a otros les falta.


El 11 de febrero de 2005 el Gobierno, en Consejo de Ministros, atendiendo a la razonable petición realizada por el presidente Valcárcel a la vicepresidenta primera del Gobierno aprobó el Real decreto-ley 2/2005, por el que se adoptan medidas urgentes para reparar los daños causados por el terremoto. Igualmente, el Consejo de Gobierno murciano acordó solicitar del Gobierno de la nación la declaración de zona de interés especial, lo que conocemos como zona catastrófica, y que esa declaración se expresase en términos parecidos y con medidas análogas a las aprobadas en su día tras el terremoto ocurrido en la ciudad de Mula en el año 1999, cuando gobernaba el Partido Popular; en concreto el Real decreto-ley 9/1999, de 21 de mayo. El Grupo Parlamentario Popular va a votar afirmativamente este real decreto. Sin embargo, tenemos que hacer una serie de objeciones y matizaciones.


El Real Decreto-ley de 1999 contemplaba ayudas para enseres de primera necesidad, dotadas con una cuantía máxima de 250.000 de las antiguas pesetas, que en el real decreto de hoy no existen. El artículo 2 establece que las ayudas a los gastos de reparación y rehabilitación de las viviendas dañadas tendrán como cuantía máxima 24.000 euros, cantidad que consideramos muy inferior a la establecida y a la reconocida en 1999 por el Gobierno popular que ascendía a la cantidad de 36.000 euros. Es más, en la misma orden publicada por la Consejería de Obras Públicas el día 2 de febrero de 2005 estas ayudas ascienden incluso hasta los 54.600 euros. Asimismo, el artículo 6 del Real decreto-ley de 2005 establece la financiación de ayudas por alquiler de vivienda al 50 por ciento entre la Administración central y las demás administraciones, cuando en el Real decreto-ley de 1999, en la época en que gobernaba el Partido Popular, lo era a cargo exclusivo del Estado.


De otra parte, se contempla que solo se prestarán ayudas cuando se trate de residencia habitual y se acredite la insuficiencia de recursos económicos para hacer frente a las reparaciones, sin determinar cómo se va a acreditar esa insuficiencia de recursos. Cicatería, leve o grave; tacañería, mayor o menor. Lo cierto es que hasta las 35 viviendas prefabricadas para realojar a los vecinos que se han quedado sin vivienda han sido íntegramente costeadas por la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia con un coste de 650.000 euros, facilitando el Ayuntamiento de Lorca sendos solares en cada una de las diputaciones afectadas dotadas de servicios de agua potable, electricidad y saneamientos y en el año 1999, cuando gobernaba el Partido Popular, estas viviendas fueron sufragadas íntegramente por el Gobierno. Señores del Gobierno, yo me pregunto: ¿A qué se debe? ¿Por qué se nos discrimina a los lorquinos, a los murcianos? ¿Por qué ahora la Administración regional, el Ayuntamiento de Lorca tiene que soportar esa carga? Sean más generosos y cuanto menos abonen el 50 por ciento de dichas viviendas prefabricadas. No se nos diga a continuación que mientras en 1999 el decreto se hizo pasados cuatro meses después del terremoto, el decreto de 2005 se ha elaborado de forma inmediata porque, siendo cierto, también lo es que por la experiencia derivada de aquella situación hoy todos los protocolos, los criterios para las ayudas, los baremos y la creación de comisiones ya estaban hechos.


Quiero destacar en nombre de mi grupo la creación, a petición del presidente de la Región de Murcia, de una comisión mixta en la que con el objetivo de evaluar los daños ocasionados por el terremoto y establecer las ayudas a los afectados están presentes las tres administraciones. Es de suma importancia y de necesaria transparencia que cuantas ayudas se concedan sean seguidas por los propios afectados o por sus organizaciones representativas. Se trata, en definitiva, de que los recursos lleguen en cantidad suficiente a quien los necesita y que no haya ni una sombra de trato a favor, sino que todos los que tienen derecho a esta atención, la reciban.


El dicho popular dice que las desgracias no vienen solas y, valga la redundancia, por desgracia el dicho popular se hizo realidad también en nuestra región. Me van a permitir recordar que la región padeció el pasado mes de enero -y se ha debatido en el primer punto de esta mañana- fuertes heladas que han azotado al campo murciano, provocando la destrucción total de las cosechas de invierno de cítricos y frutales. El Gobierno de la Región de Murcia no ha dudado en calificar esta situación de catastrófica para nuestra agricultura, el presidente Valcárcel así lo reclamó y también el señor Rajoy en su visita a Murcia (por cierto, habría que preguntarse por qué el señor Zapatero no ha ido a visitar a los damnificados); sin embargo, dichas heladas, como han visto, al día de hoy no han sido calificadas de la misma manera, y hoy y mañana seguiremos reclamando dicha declaración del Gobierno de la nación, por razonada y justa.


Por todo lo expuesto, consideramos que al Gobierno de la nación le sobran razones para mostrarse más generoso con los murcianos de lo que hasta ahora viene siéndolo en esta situación de desastre. En consecuencia, y ratificando el voto afirmativo a la convalidación de este real decreto-ley, solicitamos que, a efectos de su perfeccionamiento para cubrir estas lagunas que he apuntado, se considere la posibilidad de tramitarlo como proyecto de ley.


Concluyo, señorías, pero no quiero hacerlo sin realizar un reconocimiento expreso a todos los que han participado en las tareas que hasta ahora se han llevado a cabo en la zona, bomberos, Policía local, Guardia Civil, psicólogos, Protección Civil de Lorca, trabajadores sociales y voluntarios, a todos ellos el reconocimiento por la extraordinaria labor que han desarrollado y que aún hoy continúan desarrollando; a los vecinos de ambas pedanías, por su solidaridad y, cómo no, a los

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medios de comunicación, tanto locales como regionales y nacionales, por su labor informativa.


Señorías, ante esta desgracia, como ante cualquier otra desgracia o accidente pasado, presente o futuro, ha de imperar siempre la responsabilidad política, la lealtad institucional y la colaboración entre las distintas administraciones, dejando a un lado los intereses de partido, para que nunca más, en tan tristes momentos, ni en Galicia ni en Cataluña ni en ningún otro lugar de España, con vaselina o sin vaselina, con suflé o sin suflé, se haga política de partido ante lo que solo requiere el recto y honrado proceder de la actividad política.


Muchas gracias. (Aplausos.)

La señora VICEPRESIDENTA (Chacón i Piqueras): Muchas gracias, señor Pérez Laserna.


Continuamos con el turno de palabra del señor Saura, en nombre del Grupo Parlamentario Socialista.


El señor SAURA GARCÍA: Gracias, señora presidenta.


Estamos hablando de una catástrofe que tiene unas consecuencias humanas y materiales importantes, tal como ha descrito el señor ministro, en una región como la de Murcia, en mi región. El Gobierno de España ha hecho una propuesta que el Grupo Parlamentario Socialista, señorías, va a votar a favor porque entendemos que el Gobierno de España ha estado a la altura de las circunstancias, nuevamente, y además ha estado claramente con la Región de Murcia, no solamente en el terremoto sino también con relación a las heladas. Además me gustaría dar mi opinión sobre la actuación del Gobierno en Lorca, más concretamente en La Paca y en Zarcilla de Ramos, porque desde luego ha habido una situación grave y, como decía anteriormente, el Gobierno ha estado a la altura de las circunstancias.


El Gobierno, a mi juicio, ha actuado de forma rápida y eficaz, ha actuado con la necesaria sensibilidad y, además, ha actuado con una óptima coordinación entre la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia y el Ayuntamiento de Lorca. Es fácilmente demostrable que el Gobierno ha actuado eficazmente, que ha actuado de una manera coordinada, que ha actuado rápidamente y que ha actuado con la máxima sensibilidad. Digo que es fácilmente demostrable porque en la comarca de Mula, también de la Región de Murcia, en el año 1999 hubo un terremoto de similares características. El Gobierno de España aprueba el real decreto que estamos discutiendo en ese momento, cuando tan solo han transcurrido 12 días desde la fecha del suceso. ¿Cuánto dirán SS. SS. que tardó el anterior Gobierno ante un hecho semejante en aprobar un real decreto? Más de dos meses y medio. Por tanto, no quiero la eficacia del Partido Popular. La Comisión Mixta para aprobar las ayudas por el terremoto de Mula, de 2 de febrero de 1999, se reúne por primera vez el 24 de septiembre. No quiero esa eficacia y esa sensibilidad del Partido Popular. Sobre el terremoto de Mula, que como he dicho anteriormente se produjo el 2 de febrero de 1999, tengo aquí un titular de periódico del 18 de enero de 2002 y dice: Cientos de viviendas continúan agrietadas tres años después del terremoto de Mula. Estamos hablando de tres años después. No quiero esa eficacia del Partido Popular. Otro titular de periódico que tengo aquí de aquellas fechas dice: El consejero de Economía y Hacienda de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia echa mano de las ayudas solicitadas en el seísmo de Mula para una modificación de créditos para pagar gastos de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia. Señorías, no quiero la eficacia del Partido Popular. Estamos tratando de comparar para ver si efectivamente el Gobierno de España ha actuado correctamente, eficazmente, de forma rápida sobre el problema de este terremoto de Mula. He dicho al principio de mi intervención que sí, por estas comparaciones que estoy haciendo con un terremoto similar en la Región de Murcia en el año 1999. Bien digo que el problema del terremoto de Mula no solamente fue la tardanza, sino que dejaron fuera a las segundas viviendas y a otras instalaciones. Este real decreto incluye las segundas viviendas y otras instalaciones; por tanto, no quiero la eficacia del Partido Popular para el terremoto de Lorca. Además en 1999 dejaron al municipio de Pliego, de la comarca de Mula, fuera de las ayudas. Señorías, me quedo con esta eficacia y no con la eficacia y la rapidez del Partido Popular. Sin embargo, lo más llamativo es que el consejero del Gobierno de Murcia de Obras Públicas iba repartiendo con talones las ayudas a los vecinos por los pueblos. (El señor Ayala Sánchez: ¡Eso es mentira!-Aplausos.) Yo no me quedo con esa actitud democrática del Partido Popular.


La señora VICEPRESIDENTA (Chacón i Piqueras): Señor Ayala, por favor.
Señor Ayala.


Continúe, señor Saura.


El señor SAURA GARCÍA: Las cosas no terminan ahí. En agosto de 2002 también hubo un terremoto, prácticamente en el mismo lugar que la actual zona afectada. ¿Cuándo empezaron a venir las ayudas? Tres meses después.
Desde luego no me quedo con la eficacia del Partido Popular. En ese terremoto del año 2002 que afectó a zonas muy similares, los damnificados tuvieron que pagar el IBI y el IAE porque el Ministerio de Hacienda del Partido Popular no quiso compensar al Ayuntamiento de Lorca en aquel momento; por tanto, yo me quedo con esta eficacia, no me quedo con la eficacia del Partido Popular. Estamos hablando de actuaciones del Partido Popular en la misma zona ante hechos similares, terremotos y movimientos sísmicos. El problema es la credibilidad, y ustedes, los del Partido Popular, pueden pedir más, pero es poco creíble.


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Los ciudadanos no se lo creen porque ustedes han gobernado en las mismas circunstancias y no han hecho lo que dicen que tiene que hacer ahora el Gobierno de España que, además, ha abordado el terremoto de Lorca con la máxima sensibilidad. La vicepresidenta del Gobierno de España ha visitado dos veces Lorca en ocho días y las zonas afectadas, antes de las ayudas y después de las ayudas; antes, para tratar de recoger las inquietudes y la problemática de los vecinos y después, con la máxima transparencia, para explicar las ayudas que el Gobierno de España había aprobado un par de días antes.


Como novedad conviene señalar que los créditos aprobados en este real decreto-ley se ajustan a los daños producidos porque tienen la consideración de ampliable. Dicho de otra manera, se asegura que en ningún caso se dejarán de satisfacer por falta de crédito las ayudas aprobadas, porque estamos hablando de créditos ampliables. El Gobierno de España, no solo ha trabajado en la dirección de paliar los daños del terremoto, sino que ha encargado un estudio para minimizar las consecuencias de los terremotos en la zona reiteradamente afectada por los movimientos sísmicos. Si habláramos de eficacia, el Gobierno regional de Murcia no tiene aprobado todavía un plan de protección civil de riesgos sísmicos. Ni siquiera se ha constituido un grupo de trabajo. Esto tendría que haberse aprobado con relación a un real decreto del año 1992, y no solo no está el plan, es que ni siquiera está funcionando el grupo de trabajo. Yo no me quedo con esa eficacia. Como les decía anteriormente, señorías, lo importante en política es la credibilidad, y ustedes han perdido la credibilidad, señores del Partido Popular.


Muchas gracias, señora presidenta. (Aplausos.)

La señora VICEPRESIDENTA (Chacón i Piqueras): Muchas gracias, señora Saura.


- REAL DECRETO-LEY 3/2005, DE 18 DE FEBRERO, POR EL QUE SE ADOPTAN MEDIDAS EN RELACIÓN CON LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PORTUARIOS BÁSICOS Y SE AMPLÍA EL PLAZO PARA LA TRANSFORMACIÓN DE LAS SOCIEDADES ESTATALES DE ESTIBA Y DESESTIBA EN AGRUPACIONES PORTUARIAS DE INTERÉS ECONÓMICO. (Número de expediente 130/000014.)

La señora VICEPRESIDENTA(Chacón i Piqueras): Continuamos con el debate del último Real Decreto del orden del día, 3/2005, de 18 de febrero, por el que se adoptan medidas en relación con la prestación de servicios portuarios básicos y se amplía el plazo para la transformación de las sociedades estatales de estiba y desestiba en agrupaciones portuarias de interés económico. Tiene la palabra la ministra de Fomento.


La señora MINISTRA DE FOMENTO (Álvarez Arza): Gracias, señora presidenta.


Señorías, el Real Decreto-Ley 3/2005, de 18 de febrero, publicado en el Boletín Oficial del Estado el día 13 de febrero de 2005, cuya convalidación traemos a esta Cámara, tiene como objeto fundamental establecer una moratoria temporal para la entrada en vigor de determinadas medidas contenidas en la Ley 48, de 26 de noviembre de 2003, sobre la prestación de servicios de los puertos de interés general con objeto de disponer del tiempo necesario para poder debatir con el sector y con los diferentes grupos parlamentarios la mejor forma de abordar determinados contenidos de dicha ley.


El mencionado real decreto-ley contempla dos cuestiones. La primera, ampliar el plazo para la puesta en marcha de las agrupaciones de interés económico previstas en la Ley 48, de 16 de noviembre de 2003, de prestación de servicios de los puertos de interés general, que sustituirían a las actuales sociedades de estiba en la gestión de los censos de trabajadores portuarios eventuales en los puertos. En segundo lugar, ampliar los plazos para la elaboración de los nuevos pliegos reguladores y las prescripciones particulares de los servicios portuarios básicos, estableciendo un sistema transitorio que permita a las autoridades portuarias otorgar los títulos habilitantes para la prestación de los citados servicios, de acuerdo con los pliegos utilizados anteriormente.


En cuanto al primero de ellos, me gustaría hacer las siguientes precisiones. En la práctica portuaria, no solo la española, con anterioridad a esta ley, todos los servicios portuarios esenciales suelen ser de titularidad pública, si bien prestados en régimen de gestión indirecta, esto es, por particulares o empresas prestadoras de servicios portuarios, en virtud de contratos celebrados con la autoridad portuaria y sometidos al ordenamiento jurídico. Un sistema que combine la defensa de los intereses generales mediante la presencia de la Administración pública, que controlará la actuación de los particulares a través de un contrato en el que se recojan las condiciones adecuadas para ello y cuyo cumplimiento supervisará la autoridad portuaria; por tanto, se combina esta actuación de la Administración con la flexibilidad de la actuación empresarial en este ámbito. Un modelo de gestión que otorgue capacidad a la autoridad portuaria para que, como líder de la oferta de servicios portuarios, pueda arbitrar entre los intereses en ocasiones contrapuestos de los distintos operadores y entre estos y los cargadores y armadores, jugando un papel además de arbitraje, de conciliación, que la experiencia demuestra muy útil y conveniente. Un servicio de estiba y desestiba que incluya fundamentalmente las labores de carga y descarga, estiba y desestiba y transbordo de mercancías objeto del tráfico marítimo, de los buques y dentro de la zona portuaria, con la consideración de servicio público esencial de titularidad

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del Estado atribuida a las autoridades portuarias. En este mismo sentido me gustaría señalarle que la falta de regularidad del tráfico portuario ha venido históricamente planteando la necesidad de disponer de un pool de trabajadores portuarios eventuales que son contratados en régimen diario por las empresas que prestan el servicio de estiba y desestiba, que por razones económicas derivadas de la falta de continuidad del trabajo no disponen de una plantilla suficiente con la formación y capacitación exigible para atender puntas de actividad. Esta es fundamentalmente la motivación para la creación de las sociedades estatales como empresas de trabajo temporal. La pérdida de la titularidad pública del servicio y su consideración como una actividad comercial que desarrolla la empresa privada puede suponer la alteración del concepto de servicio portuario y la de publicatio de los denominados servicios portuarios básicos. La posición en estas actividades de la autoridad portuaria se conforma, por tanto, como una cuestión primordial para la prestación del servicio portuario. La regulación actual de esta cuestión plantea interrogantes que tienen que ser analizados desde la perspectiva de todas aquellas cuestiones a que antes he hecho referencia. Por ello, planteamos la moratoria de la entrada en vigor de la norma que la regula en la ley. Asimismo, la falta de presencia de la autoridad portuaria en las agrupaciones de interés económico está produciendo inquietud, tanto por la contradicción que se plantea entre la liberalización del sector frente a la excesiva regulación en este ámbito, como por las dificultades de operar en este contexto.


Por lo que se refiere al régimen transitorio para la prestación de servicios portuarios básicos, la Ley 48, de 26 de noviembre de 2003, de régimen económico y de prestación de servicios de los puertos de interés general, modifica parcialmente el concepto precedente de servicios portuarios, definiéndolos como actividades de prestación de interés general que se desarrollan en la zona de servicio de los puertos, clasificando dichos servicios en generales, cuya titularidad y prestación se reserva a la autoridad portuaria, y básicos, definidos en la propia ley como aquellas actividades comerciales que permiten la realización de operaciones de tráfico portuario. Asimimo y en relación a esto último, los servicios básicos se clasifican en practicaje, remolque portuario, amarre y desamarre de buques, servicios al pasaje, servicios de estiba y desestiba y recepción de deshechos generados por buques. Me gustaría resaltar que los servicios básicos son los que tienen mayor importancia dentro de la operativa y la situación económica en los puertos. La prestación de estos servicios portuarios básicos requiere, con arreglo a la nueva normativa, la obtención de una licencia que deberá sujetarse al correspondiente pliego regulador y a las prescripciones particulares del servicio. Además, estos servicios estarán sujetos a las obligaciones del servicio público previstas en la ley que deberá desarrollarse en los correspondientes pliegos reguladores de los servicios, con la finalidad de garantizar su prestación en condiciones de seguridad, continuidad, regularidad, cobertura suficiente, calidad, precio razonable y respeto al medio ambiente. La disposición adicional novena de la Ley 48/2003 establece que no se podrán otorgar nuevas licencias hasta la aprobación de los correspondientes pliegos reguladores y de las prescripciones particulares. El complejo proceso de preparación y elaboración de estos pliegos y prescripciones y la necesidad de llevar a cabo un análisis previo y muy detallado de la actividad y un posterior desarrollo de la misma motivan la necesidad de un plazo adicional para su aprobación.
Efectivamente, en la ley a la que estamos haciendo mención, a pesar de que se liberaliza la prestación de los servicios portuarios básicos, se exige para su autorización o licencia la aprobación de los aludidos pliegos, que han de contener un exhaustivo detalle de las obligaciones de servicio público que se les impone a las empresas que han de prestar estos servicios y además los requisitos que deben cumplimentarse para ello.


La concreción de estas obligaciones de servicio público exige que se realice para cada servicio un estudio minucioso de las características de la demanda en cada puerto de interés general. Además de las mencionadas obligaciones del servicio público, en los pliegos reguladores deberán establecerse los criterios de cuantificación de dichas obligaciones, los criterios generales para la consideración de una inversión como significativa y esencial para la fijación del plazo de licencia y el estatuto jurídico de los derechos y deberes que se incorporarán a la licencia. En definitiva, los estudios y análisis previos que han de realizarse para poder acometer la elaboración de los pliegos son de tal naturaleza que el plazo establecido para su aprobación requiere de una ampliación.


Señorías, tras un proceso de diálogo con los interlocutores sociales y empresariales del sector, así como con las autoridades portuarias y con los diferentes grupos parlamentarios, que nos ha permitido conocer sus posiciones favorables a la entrada en vigor de una moratoria sobre las dos cuestiones analizadas, el Gobierno ha decidido aprobar el Real Decreto-Ley que hoy se somete a la convalidación de esta Cámara, con objeto de poder considerar con mayor profundidad y alcanzar el mayor grado de consenso en la puesta en marcha de las medidas previstas en la vigente ley, debiendo analizarse, en cuanto a la transformación de las sociedades de estiba y desestiba, ante la incertidumbre constatada sobre la implantación de las agrupaciones portuarias de interés económico, la conveniencia de la presencia de la Administración a través de dichas autoridades portuarias, dada la importante labor arbitral de éstas conciliando los intereses, como ya he dicho anteriormente, muchas veces contrapuestos, de las empresas estibadoras y los trabajadores portuarios,

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así como los de los usuarios y operadores y para facilitar e impulsar la negociación colectiva.


De acuerdo con las conversaciones mantenidas, puedo afirmar que existe un sentimiento muy generalizado en el sector sobre la necesidad de la presencia de la Administración en las entidades que gestionan los pools de trabajadores portuarios, puesto que es un soporte para el normal funcionamiento de un sector con gran complejidad en sus relaciones laborales y de gran incidencia económica en la actividad portuaria.
Téngase en cuenta que en el transporte internacional de mercancías los puertos de interés general representaron en 2003 el 83 por ciento de las importaciones y el 57 por ciento de las exportaciones.


En cuanto al régimen transitorio para la prestación de servicios portuarios básicos, resulta necesario que los interesados en prestar estos servicios puedan incorporarse a la actividad portuaria. De ahí que de forma transitoria se mantenga la posibilidad de que lo hagan con las condiciones que hasta ahora se han venido aplicando, mientras se exige el intenso proceso de reflexión sobre las cuestiones a las que me vengo refiriendo. Para ello solicito a SS.SS. el voto favorable a la convalidación del Real Decreto-Ley 3/2005, de 18 de febrero, que aprueba la moratoria que se ha estimado necesaria a tales fines.


Muchas gracias.


La señora VICEPRESIDENTA (Chacón i Piqueras): A usted, señora ministra, muchas gracias.


¿Tiene algún grupo parlamentario el deseo de ejercer el turno en contra? (Pausa.) Entonces, ahora sí, señor Mardones, es su turno para fijar posición en nombre del Grupo de Coalición Canaria.


El señor MARDONES SEVILLA: Con la venia, señora presidenta.


Señora ministra de Fomento, mi Grupo Parlamentario de Coalición Canaria va a dar su voto favorable para la convalidación de este Real Decreto-Ley, y queremos hacer las siguientes observaciones y matizaciones al mismo. Qué duda cabe de la trascendencia que la legislación y la normativa de los puertos de interés general tiene en la Comunidad Autónoma de Canarias, ya que, sometido nuestro archipiélago por la incidencia de la geografía y del comercio a una relación no solamente interinsular sino también con los continentes -ya sea el europeo, con nuestra Península o con la Unión Europea, ya sea con África o con América-, es el punto de distribución y de llegada de mercancías o de pasajeros por vía marítima. De aquí que en nuestra estrategia de infraestructuras, junto a los aeropuertos, los puertos de interés general sean bastión fundamental y de ahí nuestra permanente sensibilidad e interés en un correcto funcionamiento del entramado administrativo, jurídico, económico, social y laboral de los puertos de interés general.


Este real decreto-ley, como ha especificado la señora ministra, viene a tratar de resolver dos problemas con que nos encontramos al haber intentado aplicar y no haber obtenido resultados la Ley 48/2003, de régimen económico y de prestación de servicios de los puertos de interés general. ¿Qué ha ocurrido? Que las disposiciones adicionales de esta ley señalaron unos plazos para la entrada en vigor de algo muy importante que mi grupo apoyó -y que apoyamos mayoritariamente en esta Cámara-, que era la obtención de una licencia que permitiera que -en relación con lo que era de hecho un monopolio de determinadas concesionarias, al amparo de la legislación anterior, sobre todo la derivada de puertos y de la marina mercante-, ante las nuevas normas de exigencia de la competencia a la que está obligada también España dentro del marco del acervo legislativo europeo de lucha contra cualquier impedimento o barrera a la libre competencia, en los puertos de interés general pudiera haber otros operadores desempeñando las funciones de carga, estiba, desestiba o transbordos de la mercancía recibida o expedida por vía marítima a través de la infraestructura de esos puertos. De ahí que el artículo 1 de este real decreto-ley que vamos a convalidar se refiera a la disposición adicional sexta, que señaló un año como plazo para obtener todos los requisitos previos que llevaran a la obtención de la licencia, pero lo que ocurre es que la Ley 48/2003 fijó dos requisitos para obtenerla: en primer lugar, que la exigencia de la existencia de un pliego regulador se pudiera aplicar a los nuevos operadores y, en segundo lugar, unas prescripciones particulares del servicio, precisamente para que tuvieran acceso nuevos operadores a la prestación de los servicios de carga, descarga, estiba y desestiba en los puertos de interés general. Se añade -y son los argumentos fundamentales que ha expuesto la señora ministra y que figuran en la exposición de motivos- que esto obedece a la complejidad del proceso. Estamos de acuerdo. Tal vez el legislador que lo propuso en su día fue demasiado ingenuo al pensar que en un año se iba a poder solventar la complejidad de un pliego regulador entre todos los puertos del Estado que operan con distinta sistemática o distintas ubicaciones en estos momentos. Por tanto, ha habido que modificar la disposición adicional sexta pasando de un año a un año y medio -18 meses como dice el proyecto-. ¿Por qué? Porque le han aplicado lisa y llanamente una exigencia que es la Ley 12/1991 de agrupaciones de interés económico. La nueva normativa que aprueba la Ley 48/2003 para la prestación de los servicios en los puertos de interés general señala la personalidad jurídica y dice que estas agrupaciones portuarias de interés económico tendrán personalidad jurídica, carácter mercantil y se regirán por la Ley 12/1991, de agrupaciones de interés económico. Precisamente estas sociedades estatales de estiba y desestiba tienen que someterse a esta nueva regulación. El plazo de

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un año no se ha podido cumplir; ahora vamos a un año y medio y esperemos que esto sea así.


El real decreto-ley entra en otro terreno que es el que se rige por el artículo 2 de la presente norma cuya convalidación debatimos, el régimen de acceso a la prestación de servicios portuarios básicos. Para adecuarnos al ritmo de los problemas, la Administración se ve obligada a modificar la disposición adicional novena, que señaló un plazo de seis meses desde la entrada en vigor de la ley para aprobar los pliegos reguladores y las prescripciones particulares de los servicios. No se han aprobado. Se añade también como justificación que la causa es la alta complejidad. Nosotros lo compartimos porque hemos vivido este problema precisamente con la defensa de los propios intereses de los estibadores portuarios a través de sus organizaciones representativas y reivindicativas de sindicatos específicos. La historia del sindicalismo español desde la Segunda República para acá habría que haberla estudiado sobre todo en los puertos de Barcelona, Valencia, Bilbao, A Coruña, Vigo y los de Canarias, ver incluso las representaciones políticas, curisiosísimas, del anarcosindicalismo que hubo en los estibadores portuarios, donde incluso los grandes sindicatos, UGT y Comisiones, a veces disputaban muy fuertemente con relación a los sindicatos propios de los estibadores portuarios. Ellos han reivindicado legítimamente una demanda sindical y han entrado en negociaciones con los empresarios, los que estaban en las concesiones anteriores y los que tratan de estar ahora con una nueva normativa que hay que ajustar.


La disposición adicional novena de la ley venía a establecer un criterio restrictivo: no podrán otorgarse nuevas licencias si no se cumple la exigencia previa de la existencia de un pliego regulador y las prescripciones particulares del servicio. Por tanto, eso hay que ampliarlo. Pero ocurrió una cosa con la Ley 48/2003, que le quitó poder a la autoridad portuaria para resolver las concesiones. Aquí es donde yo quisiera que la señora ministra me prestara atención, porque vamos a apoyar la convalidación de este real decreto, mi grupo no va a pedir que se tramite como ley, pero si un grupo lo solicita, lo vamos a apoyar.
¿Por qué razón? Porque en el artículo 2 de este real decreto-ley, cuando se amplía a 18 meses el plazo para que se puedan aprobar los pliegos reguladores y las prescripciones particulares de los servicios, recogido en la disposición adicional novena, se dice: Las autoridades portuarias -que habían perdido esta potestad por la Ley 48/2003- podrán otorgar el título que habilita para la prestación de los servicios portuarios básicos de conformidad con los pliegos de cláusulas de los servicios que fueron aprobados conforme a lo dispuesto en el artículo 67.3 de la Ley 27/1992, de Puertos del Estado y de la Marina Mercante. Señora ministra, este artículo que se invoca está derogado; por tanto, cuando leemos la disposición derogatoria única de la Ley 48/2003, de régimen económico y de prestación de los servicios de los puertos de interés general, dice que, entre otros, queda derogado el artículo 67. No sé, jurídicamente, el alcance de esto, pero vamos a evitar que se presenten contenciosos. Como digo, se invoca el punto 3 del artículo 67, el que dictaba a la autoridad portuaria las normas que debía exigir, y dice: Con anterioridad a la celebración del contrato para la prestación por particulares de los servicios portuarios que se estimen convenientes, la autoridad portuaria deberá aprobar los respectivos pliegos de cláusulas de los servicios, previo informe de Puertos del Estado, en los que deberán figurar las condiciones, garantías, precios y, en su caso, la productividad mínima exigible para cada actividad o tipo de operación portuaria, así como las penalidades, etcétera. Pues bien, esta facultad está perdida por la autoridad portuaria en razón de la disposición derogatoria de la Ley 48/2003. La pregunta jurídica que me hago es: ¿se puede invocar aquí rehabilitar, entre comillas, del artículo 67.3 derogado por la Ley 48/2003? Es la única salida y si algún grupo plantea que se tramite como ley, que sería una ley sencilla, de artículo único, que rehabilitara jurídicamente -que no sea ni el fantasma del comendador en Don Juan Tenorio que aparece en la mesa, ni la sombra del padre del Hamlet; son licencias poéticas y literarias- un procedimiento derogado en este momento, nosotros lo apoyaremos. Si el decreto-ley tiene este alcance o este valor -cosa que no puedo determinar, porque no ha sido analizado todavía por el Consejo de Estado-, teniendo en cuenta la importancia económica y social que tienen los puertos del Estado en toda España, particularmente los puertos canarios, nosotros no queremos poner ninguna piedra en el camino para que en el plazo de 18 meses se puedan redactar las dos exigencias que permitan a los nuevos operadores que prestan servicio en la estiba y desestiba de los puertos de interés general obtener las licencias correspondientes.


Dicho esto, reitero, señora ministra, señorías, señora presidenta, nuestro voto de convalidación de este real decreto-ley, porque hay que dar una solución al problema.


Muchas gracias.


La señora VICEPRESIDENTA (Chacón i Piqueras): Muchísimas gracias, señor Mardones.


Señor Beloki, en nombre del Grupo Parlamentario Vasco.


El señor BELOKI GUERRA: Gracias, señora presidenta.


Mi grupo va a votar favorablemente la convalidación de este real decreto-ley que, hasta donde nosotros entendemos, significa por parte del Gobierno la solicitud de una moratoria de 18 meses para que las cosas vayan marchando razonablemente bien en un campo en el que, de otra forma, habría problemas. Entendemos esta moratoria como una especie de tiempo muerto que

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el Gobierno solicita ¿para qué? Esa es la pregunta que nos hacemos. No es precisamente para que las cosas sigan tal cual. Los tiempos muertos suelen ser para cambiar de estrategia, para situar en un nuevo contexto las cosas y que estas echen a andar como lo debieron hacer en un comienzo y no lo hicieron. De forma que nuestro planteamiento sería sí a un tiempo muerto y no a una prórroga sin más. Sí porque básicamente no hay más que preguntar a los propios responsables de las autoridades portuarias para decir hoy aquí cómo van y pueden ir las cosas y no hay otra alternativa real que la de que sigamos andando por donde hasta ahora marchan las cosas en el corto plazo.


La vida y la actividad económica en los ámbitos portuarios no van al ritmo de una u otra disposición adicional que los legisladores nos podamos sacar de la manga con mejor o peor buena intención. Cuando las leyes se hacen con una excesiva precipitación -aunque se puedan hacer desde un cierto sentimiento de autosuficiencia política pero son poco ajustadas a la realidad- ocurren estas cosas. La sociedad y la economía, en general, no van al ritmo de las leyes ni tienen por qué ir en muchos aspectos. Son más bien las leyes las que tienen que acomodarse al ritmo de la sociedad y de la economía, y, en este caso, en los ámbitos portuarios ocurre eso.
Es demasiado complejo lo que con facilidad uno cree que puede hacer por medio de una disposición adicional equis. De forma que no queremos más problemas, no queremos que haya más desajustes de los que ya hay, que son muchos en los puertos, para hacer frente a los desafíos económicos. Es un sí, pues, pero es un sí con pero, porque no son las disposiciones adicionales sexta y novena los únicos peros que nosotros tenemos a la Ley 48/2003 de Puertos del Estado. No tengo ningún ánimo de reavivar aquí el debate que tuvo lugar cuando se aprobó aquella ley sobre las cosas que dijo mi grupo, pero son verdades. Seguimos pensando lo que pensábamos entonces y habría que recordar por lo mismo que, puestos a resituar las cosas, más nos vale resituarlas en la complejidad en la que en su momento no se situaron. Dieciocho meses, pues, no solo para que un día pueda cumplirse con una disposición adicional sexta, sino que nosotros desearíamos que estos 18 meses fueran para más; tiempo para poder trabajar en lo que puede ser una buena Ley 48/2003, que tiene muchos defectos. No se trata, pues, y con esto termino, de decir sí a una prórroga sin más. Ocurre como en los ámbitos deportivos. Está bien solicitar tiempo muerto para cambiar de estrategia, pero las prórrogas para que pase el tiempo y para poder salvar como sea el partido acaban muchas veces en derrotas, aunque los jugadores sean galácticos. Ese es nuestro posicionamiento.


Muchas gracias.


La señora VICEPRESIDENTA (Chacón i Piqueras): Gracias, señor Beloki.


Señor Andreu, es su turno en nombre del Grupo de Esquerra Republicana de Catalunya.


El señor ANDREU DOMINGO: Presidenta, señorías, ministra, como en otras ocasiones, estamos aplazando o quitando una moratoria sobre todo un proceso de liberalización de servicios públicos que en el último período del Gobierno del Partido Popular se llevó a cabo, y creemos más que justificada esta moratoria. Discusiones y exposiciones como la de ayer en la Comisión de Fomento sobre la privatización de Aldeasa nos hacen ser muy cautos en la liberalización de sectores públicos vitales de las infraestructuras de nuestro país. Es cierto que tenemos que actuar en el sistema y en los servicios de estiba y desestiba de los puertos de interés general. La situación actual deja mucho que desear. Se ha hecho mención a que a lo mejor en los puertos sería uno de los lugares donde tendríamos que rastrear la historia del sindicalismo de nuestro país. Es cierto, pero también lo es que se han producido cambios tecnológicos: no tiene nada que ver la estiba y desestiba actual con lo que era en los años cuarenta o cincuenta. También es cierto que en este momento el sindicalismo en los puertos tiene unas patologías endogámicas que son un gran freno a la modernización y a la eficacia de los puertos de este país.


Desde nuestro Grupo de Esquerra Republicana vamos a apoyar esta moratoria y creemos que en este tiempo, dada la complejidad de la actividad portuaria, tendríamos que fijar que este nuevo marco de la estiba y desestiba no vaya en menoscabo de lo que es la autoridad portuaria. La liberalización que se pretende de la estiba y desestiba tiene que salvaguardar el principio de autoridad portuaria y a la vez también el de autonomía portuaria que tantas veces hemos reclamado desde nuestro grupo parlamentario.


Muchas gracias.


La señora VICEPRESIDENTA: (Chacón i Piqueras): A usted, señor Andreu.


Continuamos con el turno del Grupo Parlamentario Convergència i Unió.
Tiene la palabra el señor Jané.


El señor JANÉ I GUASCH: Gracias, señora presidenta.


Señorías, señora ministra de Fomento, Convergència i Unió hoy va a dar un sí a la convalidación de este decreto-ley, pero va a dar un sí distinto al que nos propone la señora ministra, un sí diferenciado de los propios argumentos que la ministra ha expuesto, argumentos que en buena parte compartimos. Voy a explicar, por tanto, cuál es la posición en este debate del Grupo de Convergència i Unió.


Se nos pide hoy un aplazamiento en la entrada en vigor de un aspecto introducido en la Ley 48/2003, de 26 de noviembre, de régimen económico y de prestación de servicios de los puertos de interés general.
Concretamente se nos dice que la transformación de las sociedades estatales de estiba y desestiba en las agrupaciones portuarias de interés económico necesita de

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una ampliación y que en este ámbito debemos tener en cuenta también las funciones que debe tener la autoridad portuaria. Por tanto, compartimos, señora ministra, lo que nos propone. Le daremos un sí a la tramitación del real decreto-ley, pero es un sí diferenciado en el sentido de que ya en el primer periodo de sesiones de esta legislatura la misma ministra de Fomento nos pidió a los portavoces una ampliación en la entrada en vigor de la ley del año 2003 hasta finales de año, la prorrogamos seis meses.


Yo recuerdo que en aquel debate pregunté a la ministra qué íbamos hacer después, porque Convergència i Unió no estuvo de acuerdo con la aprobación de esa ley en la pasada legislatura. Nosotros mantuvimos una posición muy crítica, pues entendíamos que dábamos marcha atrás en lo que debía ser un aumento de la autonomía portuaria y en el reconocimiento de las competencias autonómicas en este ámbito. Y como no aprobamos esa ley del año 2003, nos dirigimos a la ministra de Fomento, aquí presente, y le preguntamos: ¿qué haremos en este período de ampliación de su entrada en vigor, qué haremos durante estos seis meses? Recuerdo que la ministra me contestó: Jordi, no te preocupes, vamos a negociar un cambio de la ley y quizás utilizaremos el propio proyecto de ley de medidas de acompañamiento a los presupuestos de 2005, que se hubiese aprobado en diciembre del año 2004, para negociar con los grupos y cambiar algunos aspectos de esa ley que acordábamos entonces prorrogar seis meses. Pues bien, no hubo ley de acompañamiento, no tramitamos ese proyecto de ley de medidas fiscales, administrativas y del orden social en el año 2004. Por tanto, no teníamos percha normativa y aquella negociación que nos prometió entonces la ministra no tuvo lugar, porque esa percha normativa que es la ley de acompañamiento no se tramitó. Finalmente, entró en vigor la ley, en contra de la cual había votado mi grupo en la pasada legislatura, y hoy se nos pide -y le vamos a dar nuestro voto a favor- que ampliemos hasta 18 meses un aspecto concreto que ya he justificado que compartimos, pero sigue sin resolverse la negociación pendiente.
¿Cuándo va a negociar el Gobierno con los grupos parlamentarios la modificación global de esa ley del año 2003? Es una asignatura pendiente, señora ministra, y no la podemos zanjar en este debate. Cuando se nos pide el sí, nosotros decimos sí, pero también nos gustaría que se adquiriera un compromiso. Aquel no te preocupes que se nos dijo en el primer semestre de esta legislatura nos gustaría que hoy se repitiera y que se nos proporcionara un marco futuro de negociación de esta ley.


Para acabar, señora presidenta, señorías, el señor Mardones destacaba un aspecto que debería haberse pulido en el articulado de este real decreto-ley. Entendemos el artículo 2, pero puede conllevar errores de interpretación jurídica. Nosotros entendemos que debemos salvar una transitoriedad y dar potestad a la Autoridad Portuaria. Le podemos por tanto decir a la Autoridad Portuaria que, dado que no están en vigor las sociedades estatales de estiba y desestiba y tampoco entran en vigor las agrupaciones portuarias de interés económico, algún marco transitorio deben tener, pero la fórmula ha sido desafortunada, señora ministra. No es que resucitemos la vigencia del artículo 67.3, artículo que ya está derogado, sino que lo que hacemos es dar valor a los pliegos de cláusulas que fueron aprobados en su día de acuerdo con el artículo 67.3 cuando estaba vigente. Pero qué desafortunada fórmula jurídica hemos utilizado, porque da la sensación de que volvemos a dar vigor a un artículo ya derogado. Por tanto, es una fórmula desacertada y, si se acordara tramitar este real decreto-ley como proyecto de ley -mi grupo no lo pide expresamente-, sería una ocasión propicia para evitar un germen de pleitos jurídicos futuros, aspecto sobre el que seguro no habría consenso en esta Cámara. De todas formas mi grupo no va a pedir que se tramite como proyecto de ley, y como mi grupo también cree en la interpretación auténtica de las normas que es aquella que damos en el momento de aprobarlas quienes tenemos la potestad para hacerlo y hoy esta Cámara tiene la potestad de aprobar y convalidar este decreto-ley, que sirva esta interpretación mía también como interpretación auténtica. Entiendo que no hacemos revivir el artículo 67.3, sino que lo que hacemos revivir es en todo caso que aquellos pliegos de cláusulas que en su día se aprobaron de acuerdo con ese artículo pueden seguir vigentes. Mientras no se produce esa reforma global que nos gustaría, señora ministra, desearíamos que nos diera algún calendario que alentara la esperanza que tenemos algunos grupos de esta Cámara, algunos grupos que también defendemos una composición plural del Estado pro autonómica y pro autonomía portuaria, defendemos un cambio de esa ley del año 2003 y nos gustaría también que hoy nos fijara un horizonte de futuro sobre cómo vamos a negociarla pues se frustró el intento de la ley de acompañamiento porque no hubo el proyecto de ley de medidas fiscales, administrativas y del orden social. Por tanto, tenemos esa asignatura pendiente que algún día debemos aprobar.


Muchas gracias.


La señora VICEPRESIDENTA (Chacón i Piqueras): Gracias, señor Jané.


Continuamos con el turno del Grupo Parlamentario Popular. Tiene la palabra el señor Ayala.


El señor AYALA SÁNCHEZ: Muchas gracias, señora presidenta.


Señoras y señores diputados, señora ministra, la Ley 48/2003, de 26 de noviembre, de régimen económico y de prestación de servicios de los puertos de interés general, introdujo en España un modelo de gestión más eficaz y rentable de nuestro sistema portuario, habiendo ayudado de forma importante a la coordinación de

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las autoridades portuarias a través de la entidad Puertos del Estado. La ley dotó de un marco jurídico a los puertos estableciendo los regímenes económico, tributario y de utilización del dominio público portuario persiguiendo una política de transportes, basada en la intermodalidad, en observancia con el Libro Blanco sobre la política europea de transporte y estableció un marco de libre competencia que ha redundado en un mejor servicio y en haber conseguido unos puertos más competitivos. En aplicación de esta ley la conjunción de los servicios portuarios básicos, que se prestan por los particulares con los servicios públicos de prestación por las autoridades portuarias y el nuevo régimen concesional que ha dado un impulso a la explotación del dominio público portuario, podemos señalar que se ha conseguido un sistema portuario moderno, competitivo y que se ha adelantado a las directivas europeas.


Es justo señalar también que en el PIP 2000-2007 las inversiones en puertos han tenido una importante trascendencia siendo este sector donde se corrigió al alza la inversión privada precisamente por la aceptación del empresariado de la oferta portuaria. No es baladí señalar que en una inversión privada prevista inicialmente del 37 por ciento, en diciembre del año 2003 ya era del 45 por ciento. La modernización y mejora de nuestros puertos ha resultado esencial para poder atender los incrementos de demanda y en beneficio de la competitividad del sistema portuario para garantizar su nuevo protagonismo como nodos logísticos dentro de las cadenas intermodales de transporte. Es verdad que los puertos españoles de interés general constituyen un elemento decisivo para el comercio exterior y para la competitividad de la economía española en el escenario de la globalización. La actividad que se desarrolla en los mismos contribuye de modo decisivo a la generación del producto interior bruto.
Como decía la ministra en nuestros puertos se ha producido un importante incremento de los tráficos portuarios. La evolución histórica desde el año 1996 resulta elocuente. En el año 1996, 282 millones de toneladas y en el año 2003 más de 384 millones, un incremento del 35 por ciento. Hay que destacar que esta ley actualizó nuestro modelo al contexto europeo de liberalización que no es otro que el del principio de subsidiariedad del Estado y al que nuestra pertenencia a la Unión Europea, máxime ahora, nos obliga a mantener. Y, dentro de ello, la privatización de los servicios portuarios tuvo por fundamento superar dos problemas estructurales: uno, el libre acceso a la prestación de servicios a terceras empresas, es decir, a la libre competencia, que ha sido destacado por el señor Mardones, y, dos, suprimir desde la titularidad pública unos servicios que de hecho ya se realizaban por la actividad privada.


Ahora se nos trae este real decreto con dos objetivos básicos y que también se han señalado: prórroga para la transformación de las sociedades estatales de estiba y desestiba en agrupaciones portuarias de interés económico. Bien es verdad que con la Ley del año 2003 nos adelantábamos a la directiva europea de acceso a los mercados de servicios portuarios, que estaba a punto de aprobarse, y que finalmente no tuvo refrendo del Parlamento Europeo, a pesar de haber pasado todos los trámites previos. Podemos considerar, por tanto, que se hace menos perentoria y por tanto el que no se hayan hecho las transformaciones no supone una situación tan grave como la prevista. Me consta que el presidente de Puertos del Estado, efectivamente, no ha estado de brazos cruzados, sino atendiendo a sus responsabilidades.


Con todos mis respetos, un pequeñísimo matiz a la señora ministra. Que la autoridad portuaria tenga que liderar la oferta integral del puerto en nada dificulta la puesta en funcionamiento de las agrupaciones; la autoridad portuaria siempre conserva sus facultades dimanantes de ser titular del servicio público portuario y, en extremo, siempre conserva el ius princeps. Las razones son otras y no ésa. En segundo lugar, el real decreto-ley pretende que durante ese mismo plazo, o inferior si se aprobaran los pliegos reguladores y prescripciones de los servicios, se puedan otorgar licencias para la prestación de los servicios portuarios básicos con los pliegos que fueron aprobados conforme a la ley de 1992.
Y, por una vez, y sin que sirva de precedente, voy a defender el texto del real decreto. Y, con todos mis respetos y, por supuesto, la consideración jurídica y profesional que me merecen tanto el señor Mardones como el señor Jané, creo que el que se haya derogado el artículo 67 de la Ley de 1992 en nada empece que unos pliegos de condiciones que fueron aprobados conforme a esa ley, pero que en ese mismo momento adquirieron el rango reglamentario oportuno y, por supuesto, la vigencia oportuna, insisto, en nada empece que se derogara el artículo para que esos pliegos que fueron aprobados en su momento puedan ser aplicados ahora al otorgamiento de nuevas licencias. Distinto sería que ahora se pretendiera aprobar nuevos pliegos de condiciones con base a un artículo derogado, que en este caso evidentemente sí que sería atentatorio contra el ordenamiento jurídico. Pero entiendo que tienen vigencia propia, puesto que alcanzaron el nivel jerárquico que correspondía a los pliegos dentro del ordenamiento jurídico y por tanto la derogación del artículo en nada empece. Es, simplemente, por significar una diferencia que en nuestro caso no entendemos que se concrete en el texto de la ley.


Es evidente, por tanto, que si se aborda la prórroga del artículo 1 no se puede mantener el sistema sin poder otorgar títulos para la prestación de los servicios portuarios básicos -entre los que se encuentra precisamente la estiba- durante más tiempo, porque se atentaría contra uno de los principios básicos de la ley, que es la libre concurrencia. También es verdad que esta situación de interinidad no puede eternizarse y el plazo otorgado huelga poder cumplir la finalidad. Es por

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tanto de esperar, y en ello insistimos, que el ministerio agilice la solución para la transformación de la sociedad de estiba en un plazo más breve que el concedido. Así pues, el Grupo Parlamentario Popular no se va a oponer a la convalidación de este real decreto-ley, tal y como ya tuvimos ocasión de señalarle a la señora ministra.


Muchas gracias. (Aplausos.)

La señora VICEPRESIDENTA (Chacón i Piqueras): Gracias, señor Ayala.


Finalizamos con la intervención de don Salvador de la Encina, en nombre del Grupo Parlamentario Socialista.


El señor DE LA ENCINA ORTEGA: Gracias, señora presidenta.


Señora ministra, señorías, como no puede ser de otra manera, mi grupo va a votar favorablemente la convalidación del Real Decreto-ley que plantea el Gobierno, por el que se amplía a 18 meses el plazo para la transformación de las sociedades de estiba y desestiba en agrupaciones portuarias de interés económico, conocidas como APIE, y que la disposición adicional sexta de la Ley 48/2003, de 26 de noviembre, de régimen económico y de prestación de los servicios de puertos de interés general del Estado, situaba como fecha límite el pasado 27 de febrero.


En primer lugar, quiero agradecer la sensibilidad que han mostrado en su exposición y en los diálogos que hemos mantenido antes de debatir hoy aquí la convalidación todos los grupos parlamentarios en general y, por supuesto, en especial destacaré la responsabilidad mostrada en este caso por el Partido Popular. Señorías, no cabe duda de que ese plazo se demostraba absolutamente insuficiente por la enorme dificultad que tiene un proceso de elaboración y discusión en cada una de las autoridades portuarias que, además, planteaban serias dudas sobre la necesidad de constituir agrupaciones portuarias de interés económico, tal como ha señalado la propia ministra de Fomento. No dudo tampoco de la buena voluntad del anterior Gobierno del Partido Popular para perseguir un noble objetivo con esa transformación que planteaba la Ley 48/2003, pero no es menos cierto -y esa es la realidad- que hoy por hoy se provoca una gran inquietud en las autoridades portuarias, en los operadores y en los trabajadores. Como bien saben ustedes, la finalidad que contemplaba la Ley 48/2003 sobre las APIE era mejorar y facilitar los resultados de la actividad de sus socios, como consecuencia de la irregularidad de la demanda de la mano de obra necesaria para llevar a cabo los servicios de estiba, desestiba, carga, descarga que se produce en las mercancías de los puertos españoles. Como se ha señalado, se hace indispensable ampliar en 18 meses el plazo que establecía la disposición adicional sexta.


Quiero trasladarles algo que me parece significativo. En la pasada legislatura el Grupo Parlamentario Socialista -está recogido en el "Diario de Sesiones" de fecha 7 de julio de 2003- ya manifestó que el fin último de los puertos españoles debía ser la defensa del interés general, lo que justificaba su titularidad pública. En este sentido pensábamos -y lo seguimos pensando ahora- que su objetivo debe ser que nunca constituya un impedimento sino un estímulo para el desarrollo de la economía en su conjunto y en especial de la zona de influencia donde se encuentran radicados los 29 puertos de interés general del Estado. Ya advertíamos también de que la liberalización de los servicios portuarios implicaría para el Estado, a través de las autoridades portuarias, abandonar el actual sistema de gestión de los servicios portuarios. Por tanto, en la pasada legislatura, en el año 2003, ya advertíamos en el debate de la reforma de la ley que no había razón concreta para un cambio de titularidad que se proponía en el proyecto de ley ni para la elevación de la categoría del principio general de actuación de las actividades portuarias, el de la libertad de acceso a la prestación de los servicios portuarios, salvo, eso sí, la limitación de los prestadores de servicios.


La señora VICEPRESIDENTA (Chacón i Piqueras): Señor de la Encina, discúlpeme. Por razones que usted conoce, vamos a suspender el Pleno hasta más allá de las doce. Cuando reanudemos retomará usted la palabra, dado que todavía le quedan cinco minutos. Pero por razones técnicas, y por otras que, repito, usted conoce, tengo que suspender el Pleno en este momento. Mil disculpas. Después continuaremos con su intervención.


Se suspende la sesión. (Pausa.)

DECLARACIÓN INSTITUCIONAL

El señor PRESIDENTE: Señorías, se reanuda la sesión.


Vamos a proceder a la lectura de una declaración institucional. Terminada ésta, invitaré a la Cámara a tener unos momentos de recogimiento; al final, levantaremos la sesión.


Declaración institucional: Mañana se cumplirá un año del más cruel y terrible atentado terrorista de la historia reciente de España y de Europa. Ese fatídico día, el terrorismo sembró de dolor y desolación la ciudad de Madrid, 192 personas perdieron la vida y miles más sufrieron heridas físicas y psicológicas que posiblemente les acompañen el resto de sus días. Fue un golpe directo contra nuestra convivencia en paz y libertad, que rompió el corazón de todos los ciudadanos. Frente a ello, el Congreso de los Diputados, en nombre del pueblo español, dice que la unidad de las fuerzas políticas, la firmeza del Estado de derecho y la solidaridad con las víctimas son los pilares inquebrantables de la respuesta democrática al terrorismo.


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El pasado 11 de marzo de 2004, toda la sociedad española, especialmente el pueblo de Madrid, se movilizó en ayuda de las víctimas de los atentados, se produjo una conmovedora y espontánea manifestación de solidaridad. El Congreso de los Diputados quiere proclamar su reconocimiento al pueblo español por esa manifestación de ciudadanía y expresar su gratitud y su homenaje a cuantos acudieron en auxilio de los heridos y de las familias en aquellos momentos dramáticos. El Congreso de los Diputados expresa su profunda convicción de que, ante el terrorismo, todas las víctimas son iguales, son seres inocentes a los que un destino fatal convierte en objeto de actos criminales e injustificables. Por eso, el Congreso quiere expresar su solidaridad y reconocimiento a todas las víctimas que durante años han sufrido el azote bárbaro del terrorismo.


El paso del tiempo nos debe afirmar cada vez más en la perseverancia para luchar contra el olvido de quienes han sufrido y sufren la consecuencia de la barbarie terrorista, cualquiera que sea su origen. Además de recordarles con emoción siempre, debemos de estar con ellos y ayudarles en todo momento a satisfacer todas sus necesidades. Solo así volverán a estar entre nosotros como nosotros queremos que estén y solo así podremos hacer justicia con ellos. En este sentido, el Congreso de los Diputados traslada a las víctimas del salvaje atentado un compromiso firme y decidido de apoyo permanente e integral, alienta a la sociedad a secundarlo con generosidad y desea instar a los poderes públicos a una acción continuada y eficaz en la atención a todas las víctimas del terrorismo y a sus familias, que parta siempre del más profundo respeto a su dignidad y su dolor y se concrete en cuantas medidas sean necesarias para asegurar su reparación moral y económica y su plena reinserción social.


En 1978, los españoles fuimos capaces de alcanzar un gran acuerdo para instituir un marco de convivencia pacífica y democrática en el que cupiesen todos y que fuese capaz de encauzar todas las legítimas demandas. Cada atentado terrorista es un brutal ataque a ese profundo deseo de convivencia pacífica que albergamos la inmensa mayoría de los ciudadanos y nos golpea, por tanto, de forma directa a todos y a cada uno de nosotros. En el aniversario de los atentados del 11 de marzo el Congreso de los Diputados reitera la necesidad de perseverar en la unidad de los representantes de la soberanía popular, en la condena sin paliativos de los atentados y en el compromiso irrenunciable de seguir luchando contra todo tipo de terrorismo. El Congreso de los Diputados expresa asimismo su confianza en el Estado de derecho y particularmente en quienes, como los miembros de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad y del Poder Judicial, velan por garantizar la paz, el disfrute de los derechos y las libertades de los ciudadanos y aplican la ley a quienes atacan y ponen en riesgo nuestra convivencia democrática. El Congreso de los Diputados renueva por ello su compromiso por hacer de la lucha antiterrorista la prioridad fundamental de toda la acción política, lucha que ha de estar dirigida con igual intensidad a todas las formas de terrorismo.


El Congreso de los Diputados exhorta al Gobierno de España, a la Unión Europea, a las Naciones Unidas y al resto de las organizaciones internacionales a cooperar activamente para prevenir y perseguir los actos de terrorismo. La colaboración internacional en la lucha contra el terrorismo es el activo más importante con que cuentan los Estados y la comunidad internacional para erradicar una lacra que asola nuestras sociedades y para profundizar en las condiciones políticas, económicas y sociales que contribuyan a la paz y la seguridad en el mundo. Convencidos de que la pérdida irreparable de 192 vidas, junto a las otras muchas pérdidas a causa del terrorismo, ha tenido como respuesta la unión de las fuerzas y voces de todas las personas de buena voluntad e instituciones en la lucha contra el terrorismo, en la solidaridad con sus víctimas y en la preservación de la convivencia, el Congreso de los Diputados quiere proclamar una vez más estas convicciones fundamentales. Esta Cámara sella hoy con solemnidad su compromiso ético con la reparación social que exige la memoria de los ausentes y muestra su confianza en que a pesar del durísimo golpe recibido, nuestro pueblo siempre tendrá fe en que sobre la fuerza bruta, la violencia y el terror se impondrán los valores en que creemos y que constituyen nuestro modo de vida irrenunciable: la libertad, la igualdad, la justicia, el pluralismo político y la democracia.


Señorías, les pido unos momentos de silencio. (Pausa.-El maestro violonchelista Damián Martínez Marco interpreta la zarabanda de la Suite número 5 para violonchelo de Johann Sebastian Bach.)

Termina así, señorías, este simple y sentido homenaje a las víctimas del terrorismo.


Se suspende la sesión. (Pausa.)

El señor PRESIDENTE: Señor De la Encina, le quedan por recuperar unos minutos. Adelante. (La señora vicepresidenta, Chacón i Piqueras, ocupa la Presidencia.)

El señor DE LA ENCINA ORTEGA: Muy brevemente para reiterar el agradecimiento del Grupo Parlamentario Socialista a los demás grupos por el apoyo a la convalidación del real decreto-ley, incluida la actitud responsable que en este caso ha tenido el Grupo Popular que, como saben, va a implicar una vacatio legis de 18 meses, para llevar a cabo la transformación de las sociedades de estiba y desestiba en los puertos por asociaciones empresariales de interés portuario.


Para finalizar, en aclaración a lo manifestado especialmente por el portavoz de CiU en cuanto a la reforma de la Ley de Puertos, quiero añadir que la ministra de Fomento ya ha explicitado la voluntad inmediata del

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Gobierno de proceder a la reforma de la Ley de Puertos, especialmente lo que estamos debatiendo, la prestación de servicios. Este hecho que ya ha sido comunicado... (Rumores.)

La señora VICEPRESIDENTA(Chacón i Piqueras): Disculpe, señor De la Encina.
Señorías, silencio, por favor. (Pausa.) Adelante.


El señor DE LA ENCINA ORTEGA: Se ha manifestado ya la voluntad inmediata del Gobierno de proceder en el mes de mayo a la reforma de la Ley de Puertos. Se les ha comunicado a todos los presidentes de las autoridades portuarias españolas la reforma de la Ley 48/2003, que recuerdo que el Partido Socialista también votó en contra. Se tramitará inmediatamente en sede parlamentaria y podremos corregir lo que hoy hacemos con la convalidación del real decreto.


Muchas gracias. (Aplausos.)

La señora VICEPRESIDENTA (Chacón i Piqueras): Gracias, señor De la Encina, por su comprensión. Pasamos a la votación de los tres decretos. (El señor presidente ocupa la Presidencia.)

CONVALIDACIÓN O DEROGACIÓN DE REALES DECRETOS-LEYES.


- REAL DECRETO-LEY 1/2005, DE 4 DE FEBRERO, POR EL QUE SE ADOPTAN MEDIDAS URGENTES PARA PALIAR LOS DAÑOS OCASIONADOS EN EL SECTOR AGRARIO POR LAS HELADAS ACAECIDAS EN EL MES DE ENERO DE 2005. (VOTACIÓN.)

El señor PRESIDENTE: Votamos los reales decretos-leyes. En primer lugar, votación del Real Decreto-ley 1/2005, de 4 de febrero, por el que se adoptan medidas urgentes para paliar los daños ocasionados en el sector agrario por las heladas acaecidas en el mes de enero de 2005.


Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dijo

El señor PRESIDENTE: Queda convalidado por unanimidad.


¿Desea algún grupo parlamentario que se tramite el real decreto-ley convalidado como proyecto de ley? (Asentimiento.) En caso afirmativo, sometemos la decisión a la Cámara. Votamos la tramitación o no como proyecto de ley.


Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 319; a favor, 136; en contra, 181; abstenciones, dos.


El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.


- REAL DECRETO-LEY 2/2005, DE 11 DE FEBRERO, POR EL QUE SE ADOPTAN MEDIDAS URGENTES PARA REPARAR LOS DAÑOS CAUSADOS POR LOS MOVIMIENTOS SÍSMICOS ACAECIDOS EL 29 DE ENERO Y LOS PRIMEROS DÍAS DEL MES DE FEBRERO DE 2005 EN LORCA (MURCIA). (Número de expediente 130/000013) (VOTACIÓN.)

El señor PRESIDENTE: Votación del Real Decreto-ley 2/2005, de 11 de febrero, por el que se adoptan medidas urgentes para reparar los daños causados por los movimientos sísmicos acaecidos el 29 de enero y los primeros días del mes de febrero de 2005 en Lorca.


Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 318; a favor, 318.


El señor PRESIDENTE: Queda convalidado el real decreto-ley.


¿Desea algún grupo parlamentario que se tramite como proyecto de ley? (Asentimiento.)

Vamos a votar este punto.


Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 321; a favor, 138; en contra, 181; abstenciones, dos.


El señor PRESIDENTE: Queda rechazada la tramitación como proyecto de ley del real decreto-ley convalidado.


- REAL DECRETO-LEY 3/2005, DE 18 DE FEBRERO, POR EL QUE SE ADOPTAN MEDIDAS EN RELACIÓN CON LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PORTUARIOS BÁSICOS Y SE AMPLÍA EL PLAZO PARA LA TRANSFORMACIÓN DE LAS SOCIEDADES ESTATALES DE ESTIBA Y DESESTIBA EN AGRUPACIONES PORTUARIAS DE INTERÉS ECONÓMICO. (Número de expediente 130/000014) (VOTACIÓN.)

El señor PRESIDENTE: Real Decreto-ley 3/2005, de 18 de febrero, por el que se adoptan medias en relación con la prestación de servicios portuarios básicos y

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se amplía el plazo para la transformación de las sociedades estatales de estiba y desestiba en agrupaciones portuarias de interés económico.


Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 317; a favor, 182; en contra, cinco; abstenciones, 130.


El señor PRESIDENTE: Queda convalidado el real decreto-ley.


¿Algún grupo parlamentario solicita que se tramite este real decreto-ley como proyecto de ley? (Denegaciones.) Muchas gracias.


DICTÁMENES DE LA COMISIÓN DE ASUNTOS EXTERIORES SOBRE CONVENIOS INTERNACIONALES:

- CONVENIO BÁSICO DE COOPERACIÓN ENTRE EL REINO DE ESPAÑA Y BOSNIA Y HERZEGOVINA, HECHO EN SARAJEVO EL 11 DE JUNIO DE 2003. (Número de expediente 110/000055.)

- CONVENIO MARCO DE COOPERACIÓN ENTRE EL REINO DE ESPAÑA Y LA REPÚBLICA DE PERÚ, HECHO EN MADRID EL 6 DE JULIO DE 2004. (Número de expediente 110/000056.)

- CONVENIO DEL INSTITUTO FORESTAL EUROPEO, HECHO EN JOENSUU (FINLANDIA) EL 28 DE AGOSTO DE 2003. (Número de expediente 110/000057.)

- ACUERDO DE DIÁLOGO POLÍTICO Y COOPERACIÓN ENTRE LAS COMUNIDADES EUROPEAS Y SUS ESTADOS MIEMBROS, POR UNA PARTE, Y LAS REPÚBLICAS DE COSTA RICA, EL SALVADOR, GUATEMALA, HONDURAS, NICARAGUA Y PANAMÁ, POR OTRA PARTE, HECHO EN ROMA EL 15 DE DICIEMBRE DE 2003. (Número de expediente 110/000058.)

- ACUERDO DE DIÁLOGO POLÍTICO Y COOPERACIÓN ENTRE LAS COMUNIDADES EUROPEAS Y SUS ESTADOS MIEMBROS, POR UNA PARTE, Y LA COMUNIDAD ANDINA Y SUS PAÍSES MIEMBROS (BOLIVIA, COLOMBIA, ECUADOR, PERÚ Y VENEZUELA), POR OTRA PARTE, HECHO EN ROMA EL 15 DE DICIEMBRE DE 2003. (Número de expediente 110/000059.)

- PROTOCOLO SOBRE LOS PRIVILEGIOS E INMUNIDADES DE LA ORGANIZACIÓN EUROPEA DE INVESTIGACIÓN NUCLEAR (CERN), HECHO EN GINEBRA EL 19 DE DICIEMBRE DE 2003. (Número de expediente 110/000060.)

- CONVENIO INTERNACIONAL RELATIVO A LA CONSTITUCIÓN DE UN MERCADO IBÉRICO DE LA ENERGÍA ELÉCTRICA ENTRE EL REINO DE ESPAÑA Y LA REPÚBLICA PORTUGUESA, HECHO EN SANTIAGO DE COMPOSTELA EL 1 DE OCTUBRE DE 2004.
(Número de expediente 110/000061.)

- DECLARACIÓN DE ACEPTACIÓN POR ESPAÑA DE LA ADHESIÓN DE LAS ISLAS SEYCHELLES AL CONVENIO SOBRE LA OBTENCIÓN DE PRUEBAS EN EL EXTRANJERO EN MATERIA CIVIL O MERCANTIL, HECHO EN LA HAYA EL 18 DE MARZO DE 1970.
(Número de expediente 110/000062.)

- DECLARACIÓN DE ACEPTACIÓN POR ESPAÑA DE LA ADHESIÓN DE LA REPÚBLICA DE RUMANIA AL CONVENIO SOBRE LA OBTENCIÓN DE PRUEBAS EN EL EXTRANJERO EN MATERIA CIVIL O MERCANTIL, HECHO EN LA HAYA EL 18 DE MARZO DE 1970.
(Número de expediente 110/000063.)

El señor PRESIDENTE: Continuamos con el punto VIII del orden del día.
Vamos a solucionarlo, si es posible, por asentimiento.


Punto VIII del orden del día, relativo a los dictámenes de la Comisión de Asuntos Exteriores sobre convenios internacionales, números de expedientes que van desde el 110/000055 al 110/000063.


¿Algún grupo parlamentario desea intervenir sobre estos dictámenes? (Denegaciones.)

¿Algún grupo parlamentario desea votación separada? (Denegaciones.)

En tal caso se somete a votación conjunta y por asentimiento de la Cámara la aprobación de la globalidad de los citados dictámenes reproducidos en el orden del día. ¿Lo acuerda así la Cámara? (Asentimiento.)

En consecuencia, quedan aprobados los referidos dictámenes.


DEBATES DE TOTALIDAD DE INICIATIVAS LEGISLATIVAS.


- PROPOSICIÓN DE LEY ORGÁNICA DE MODIFICACIÓN DEL CÓDIGO PENAL. (Número de expediente 122/000110.)

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El señor PRESIDENTE: Vamos a abordar el último punto del orden del día: Debates de totalidad de iniciativas legislativas.


Proposición de ley orgánica de modificación del Código Penal. (La señora vicepresidenta, Chacón i Piqueras, ocupa la Presidencia.-Rumores.)

La señora VICEPRESIDENTA (Chacón i Piqueras): Señorías, por favor, les ruego que quienes deseen abandonar el hemiciclo lo hagan ya, de manera que podamos continuar con el Pleno y el señor Astarloa en nombre del Grupo Parlamentario Popular pueda dar inicio al debate de totalidad en defensa de la enmienda a la totalidad presentada a esta proposición de ley orgánica de modificación del Código Penal.


Adelante, señor Astarloa.


El señor ASTARLOA HUARTE-MENDICOA: Muchas gracias, señora presidenta.


Me permitirá empezar con una declaración de solidaridad, en nombre de mi grupo parlamentario, con los más de 160 profesores encerrados en un instituto de Bilbao a quienes niegan sus derechos laborales aquellos que hacen de la lengua no un elemento de unión sino un elemento ideológico de exclusión y de confrontación. (Aplausos.) Estoy seguro -y espero que lo estén también otros grupos- de que de ellos y de otros muchos y de sus derechos más elementales vamos a tener que hablar, y mucho, en esta Cámara en los próximos tiempos.


He tomado la palabra, señora presidenta, para defender la enmienda a la totalidad del Grupo Parlamentario Popular a la proposición de ley presentada por el resto de los grupos parlamentarios sobre la derogación de algunos artículos del Código Penal, aquellos que se refieren a la penalización de la convocatoria de referéndum ilegales y a la financiación por autoridades públicas de partidos declarados ilegales por su vinculación al terrorismo. Hemos presentado esta enmienda a la totalidad fundamentalmente por tres motivos. En primer lugar, por lo que ustedes conocen en la Cámara, señorías, por nuestra completa, total y absoluta oposición al contenido de la proposición de ley que ya debatimos en su momento, que consideramos totalmente desacertada, innecesaria y manifiestamente inconveniente. En segundo lugar, porque si, cuando debatimos este asunto el 23 de noviembre por primera vez en la Cámara ya había motivos más que sobrados para que el Estado de derecho mantuviera los elementos de defensa frente a desafíos como la anunciada convocatoria de referéndum ilegal de secesión, todavía más oportuno y más importante es que ratifiquemos ahora los argumentos que en su día dimos para mantener el Código Penal en sus términos, dado que tras los últimos acontecimientos, que conocen muy bien todas SS.SS., tenemos en esta misma Cámara y de palabras del presidente del Gobierno vasco certeza completa del desafío, de los riesgos y de las dificultades que tenemos por delante ante el anuncio cierto de la convocatoria de un referéndum, si está en condiciones de hacerlo en el inmediato futuro, por parte del señor Ibarretxe. Les dijimos entonces: no quiten defensas al Estado de derecho; les decimos hoy especialmente, señores de la mayoría, señores del Grupo Socialista, señores del Gobierno: no se precipiten, renuncien a concesiones al nacionalismo para aplacar al nacionalismo porque estamos hablando de temas muy serios que tienen que ver con la entraña misma, con el corazón, con el núcleo de nuestro Estado de derecho.


La cuestión importante que se dilucida aquí, y creo que todos somos perfectamente conscientes, es muy sencilla: ¿Cuál debe ser la reacción del Estado de derecho frente a la amenaza y, en su caso, a la consumación de una convocatoria de referéndum de secesión de España realizada por un presidente de comunidad autónoma? Ni más ni menos que de eso estamos hablando. Insisto en que no hablamos de hipótesis, sino de hechos anunciados e, incluso, reivindicados como parte de la acción política corriente, con una muy perversa naturalidad, como si fuese una cosa normal. La pregunta de cuál es la reacción del Estado de derecho nada menos que frente a la amenaza de la convocatoria de un referéndum de ruptura de España está recibiendo a día de hoy tres órdenes de respuesta.
Hay una minoría en esta Cámara de carácter nacionalista, que no solo considera que no debe tener respuesta penal, sino que, incluso, considera que no debe tener ninguna otra respuesta, porque es legítimo y alientan su celebración.


Resumo esta forma de pensar con unas palabras -aunque podría traer muchas- de la que era portavoz de Esquerra Republicana de Catalunya cuando se debatió el Código Penal de 1995, que decía: evidentemente, nosotros queremos recordar desde Esquerra Republicana y también desde el sentido democrático que nuestro objetivo democrático, que nuestro objetivo final es precisamente que el Parlamento catalán, sede de la soberanía del pueblo catalán, por mayoría y, por tanto, desde el sentido democrático, ejerza algún día el derecho de autodeterminación y declare a Cataluña como un Estado independiente. Y concluyó afirmando que intentarían llevar a cabo esa independencia a través de esos actos -comillas- ahora que el Código Penal no lo penaliza. Esa es una respuesta de un sector de esta Cámara. Hay otra respuesta, la del Grupo Parlamentario Popular, en su día mayoría, y convertida en Ley en el Código Penal, que supone con toda naturalidad responder con la ley. Quien está dispuesto, rompiendo todas las reglas de juego, a convocar un referéndum ilegal de secesión, tiene las consecuencias naturales de quien viola la ley de manera tan grave.


Hay una tercera línea de respuesta, a la que responde en esencia la presentación de la enmienda de texto alternativo, que yo calificaría de indescifrada, si me lo permiten, porque a estas alturas, señores de la mayoría,

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es imposible que sea más confuso su mensaje y su respuesta a la pregunta de qué van a hacer si, como está anunciado, se consuma que un presidente de comunidad autónoma convoque un referéndum de secesión. De hecho, lo menos que esperamos de este debate parlamentario no es que se apruebe tal o cual enmienda, sino que sirva para que ustedes aclaren definitivamente, no en esta Cámara, sino ante todos los ciudadanos, qué es lo que van a hacer cuando, como está anunciado, un presidente convoque y lleve a la práctica un referéndum de secesión.


Hasta hoy, déjenme repasar, ustedes nos han contestado esencialmente con razones formales, de procedimiento, apelando a cómo se aprobó en su día esta reforma. Si quieren volvemos a debatirlo hoy, aunque me parece que quedó suficientemente debatido en su día y déjenme que les diga que me parecerá sobrio, por lo menos sobrio, que hoy no volvamos sobre estas cuestiones, no ya por los cientos de precedentes que yo alegué en su día para explicar que lo que ustedes criticaban era moneda corriente en el trabajo parlamentario, sino por lo que hemos conocido sobre su forma de legislar en esta legislatura, que podría resumirlo muy bien recordando cómo aprobaron ustedes aquí la reforma de la Ley Orgánica del Poder Judicial. Así que, por favor, sobriedad hoy si piensan volver a subir a esta tribuna a dar lecciones sobre procedimiento de debate parlamentario.
Pero no me voy a quedar en lo formal, porque me parece que el tema es mucho más serio como para hacer un puro debate de procedimiento. Hasta hoy, señores del Grupo Parlamentario Socialista, cuando ustedes han entrado en el fondo del debate parlamentario lo han hecho explicando una serie de cosas que yo no voy a repetir ahora, porque no creo que deban volver hoy -también por sobriedad, espero-, argumentos que en su día llamamos apocalípticos, del estilo del de la recuperación del delito político, de todos a la cárcel, de la vuelta a los años sesenta, de la criminalización de la discrepancia, o de la criminalización del nacionalismo. No estamos hablando de eso, lo saben muy bien. Hagamos un debate, cada uno con sus argumentos, con toda honestidad. No estamos diciendo quién puede o quién no puede tener una ideología o una forma de pensar; estamos diciendo que se respeten las reglas del juego y que cuando se violen tengan las consecuencias jurídicas que han de tener.


Sí argumento sobre lo que más nos preocupa, que es la forma en que ustedes contestan a la pregunta: ¿Y qué van ustedes a hacer, señores del Gobierno, señores de la mayoría? La confusión es máxima porque dicen dos cosas. La primera, que ya hay en el Código Penal un número interminable de tipos penales suficientes para acometer esto, y enumeran en sus manifestaciones -me he tomado la molestia de ir tomando nota-: usurpación de funciones, prevaricación, desobediencia, malversación, sedición, rebeldía, asociación ilícita o extralimitación de funciones. Dije en su día y repito hoy: Por favor, no nos vuelvan a contestar eso, elijan cuál de ellos, uno, pero lo que no puede pasar es que nos digan que quieren quitar tipos penales porque ya hay docenas de tipos penales de los que no sabemos cuál pueden aplicar. Nos dicen una segunda cosa de la que trae causa directa -ténganlo en cuenta para la reflexión jurídica en este debate- la enmienda de texto alternativo: Al margen del Código Penal hay instrumentos suficientes para afrontar esto. Es verdad que lo dicen también de una manera extremadamente confusa, porque -lo dije en su día y lo vuelvo a repetir hoy con un reproche añadido- ni siquiera se han tomado la molestia de presentar enmiendas a su exposición de motivos, que es una catástrofe -y lo saben-, porque en ella dicen que no hay que aplicar el Código Penal y al mismo tiempo que ya hay instrumentos suficientes en el mismo sin necesidad de los tipos que ahora se derogan.
Y no lo dicen una vez sino más de una en la exposición de motivos. Pues a todo esto que ya hemos debatido, que ahora muy pálidamente he resumido para no alargar la intervención más de lo debido, tenemos que añadir algunas cosas en este importante debate.


Desde el 23 de noviembre, en que hicimos estas reflexiones, han pasado cosas muy serias que afectan a esta materia. El 30 de diciembre el Pleno del Parlamento vasco aprueba con los votos de los miembros del tripartito y de algunos diputados de Batasuna el plan Ibarretxe, el plan de ruptura y de secesión que Ibarretxe nos plantea. Siguiendo la hoja de ruta del señor Ibarretxe se han producido conversaciones -lo saben- entre el señor Ibarretxe y el Gobierno, y otras conversaciones, y en su día le pusieron alfombra roja cuando estuvo en esta tribuna para defender, en un debate que saben que nosotros consideramos que jamás se tenía que haber producido, el plan de secesión en esta Cámara, y para anunciarnos desde esta misma tribuna en la que yo estoy en este momento que si las Cortes Generales no aceptan lo que dice que las Cortes Generales tienen que aceptar él convocará a los ciudadanos para celebrar un referéndum de secesión. Y el que no le haya oído es porque no le ha querido oír, porque en esta Cámara dijo con toda claridad semejante cosa. Tenemos el desafío ratificado, sabemos que si está en condiciones, como el resto de las cosas que ha dicho que haría, lo hará. Y ahora vuelve a aparecer la pregunta: ¿Y ustedes qué piensan hacer? Hasta hoy -aquí empiezan nuestras graves preocupaciones de un tiempo a esta parte- ustedes han practicado una cosa que nos inquieta muchísimo, que es la disponibilidad del derecho por las razones políticas, y va apareciendo un largo listado de cuestiones -algunas han sido parcialmente debatidas en esta Cámara- que nos hablan de eso que yo he llamado un Estado de derecho light, una debilitación de los instrumentos y las defensas del Estado de derecho.
Por ejemplo, la actitud de la Fiscalía General del Estado en el llamado caso Atutxa; la tramitación del plan Ibarretxe; la decisión de la Mesa del Parlamento

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vasco con el diferente voto de los representantes socialistas allí y en el Congreso de los Diputados; la decisión de no presentar el recurso de inconstitucionalidad que procedía. Todo ello con efectos nefastos, no sólo por el mensaje que están lanzando a la ciudadanía de que aquí va a acabar saliendo gratis realizar este tipo de cosas, sino porque cada una de ellas en sí misma tiene efectos. Decían ustedes, por ejemplo: El recurso de inconstitucionalidad consideramos que es mejor que se presente y plantee una vez que se haya hecho política en el Parlamento y se haya hecho un debate político. Consecuencia, ya no cabe presentar el recurso de inconstitucional; ya no cabe que el Tribunal Constitucional se pronuncie sobre algo que todo el mundo sabe pero que no ha dicho quien tenía que decirlo, el único que lo podía decir, el Tribunal Constitucional, y es que el plan de secesión del señor Ibarretxe es radicalmente, de la primera a la última letra, inconstitucional, y que sobre ese plan quiere convocar un referéndum saltándose la legalidad y que ustedes quieren eliminar algunas de las importantes defensas que nuestro ordenamiento jurídico tiene para evitar que se haga ese referéndum ilegal para ratificar un plan ilegal e inconstitucional.


En ese marco se inscribe lo que ustedes quieren hacer con el Código Penal, y saben que esto está dando lugar a dos tipos de debates, uno político y otro jurídico. Desde el punto de vista político todo esto aparece como una excusa -así se interpreta y ustedes tienen que ser conscientes- para mantener posturas partidistas de cara a unas elecciones y, más aún, para pactar con los nacionalistas. No digo solo para pactar un Gobierno después de las elecciones -que en eso no entro-, digo más y más grave, para pactar con los nacionalistas cuánto nacionalismo tenemos que conceder los demás para que nos dejen convivir a todos juntos en paz.
(Aplausos.) En lo jurídico no es menos grave. Se les pregunta: ¿Qué van ustedes a hacer? Responden esto de los tipos y de que el ordenamiento tiene soluciones. Se les sigue diciendo: Aclaren ustedes qué soluciones.
Y contestan -hablo en genérico pero podría reproducir palabras de muchos de ustedes y en particular del ministro de Justicia-: Recurso contencioso- administrativo. Les vuelven a preguntar: ¿No les parece poco suficiente para el nivel del desafío? Entonces suben el listón y dicen: No, recurso suspensivo ante el Tribunal Constitucional. Y les vuelven a preguntar: ¿Y qué harán ustedes si a pesar de lo que diga el Tribunal Constitucional siguen vulnerando la ley y convocan fácticamente lo que han dicho que van a convocar? Y vuelven ustedes al Código Penal y dice expresamente el ministro de Justicia: En ese caso el Código Penal tiene instrumentos suficientes para evitar que se desobedezca una decisión judicial. Pues, señores de la mayoría, si están de acuerdo con lo que dice el señor ministro de Justicia aprueben, por favor, nuestra enmienda de texto alternativo, porque lo que dice nuestra enmienda de texto alternativo -lo saben muy bien- es que se incluya en el Código Penal, además de lo que no se debe suprimir, la previsión expresa de lo que ustedes, a día de hoy, han sido capaces de alumbrar como solución, que es que los jueces hablen, y nosotros añadimos si los jueces no hablan que tengan las consecuencias jurídicas penales que tiene que tener quien, además de convocar un referéndum ilegal, está dispuesto a no respetar lo que diga ni el juez ordinario ni el Tribunal Constitucional. Aprueben, por favor, nuestra enmienda de totalidad porque eso exactamente es lo que dice.


La señora VICEPRESIDENTA (Chacón i Piqueras): Le ruego que vaya concluyendo, señor Astarloa.


El señor ASTARLOA HUARTE-MENDICOA: Termino, señora presidenta, con dos consideraciones que me parecen también importantes para la reflexión de la Cámara. La primera, no olviden por favor, señores de la mayoría -y sé que muchos de ustedes están de acuerdo con lo que yo estoy diciendo en este momento, estoy seguro- que además de derogar los artículos del Código Penal que penalizan la convocatoria ilegal de un referéndum de secesión están planteando derogar el artículo del Código Penal que dice que las autoridades que en ejercicio de su función pública proporcionan medios económicos, subvenciones, abonan gastos a un partido declarado ilegal por formar parte de una organización terrorista tienen que tener consecuencias penales. Échennos todas las culpas que quieran de procedimiento o de lo que sea, pero no cometan el solemne e increíble disparate de decir que no debe tener consecuencias penales el que un alcalde, un presidente de diputación o un lehendakari esté dispuesto a poner dinero para financiar partidos políticos que forman parte de una organización terrorista. (Aplausos. Varios señores diputados: ¡Muy bien, muy bien!)

La señora VICEPRESIDENTA: (Chacón i Piqueras): Señor Astarloa, le ruego concluya.


El señor ASTARLOA HUARTE-MENDICOA: La segunda y última consideración, señora presidenta -agradeciéndole como siempre su benevolencia-, es que sean conscientes de que todo esto está generando una gran incertidumbre, la está generando en la sociedad vasca, pero es que con todo lo que está pasando la está generando en el conjunto de la sociedad española, y no se puede trasladar a la sociedad española al mismo tiempo, todo junto, que no tiene consecuencias convocar referendos ilegales, que son respetables aquellas candidaturas que se presentan a las elecciones cuando puede estar detrás el brazo político del terrorismo, y es necesario -apelamos en sede parlamentaria a que lo hagan desde ya, con todas sus consecuencias- que nadie esté en este momento haciendo lo preciso para

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que Batasuna, con cualquiera de sus rostros, se pueda presentar a las elecciones; decir que no tiene importancia modificar los artículos, por ejemplo el 2 de la Constitución, llamando comunidad nacional a las nacionalidades y, al mismo tiempo, que hay que cambiar el criterio de nacionalidad de la idea de territorio a la idea del pueblo, al folk, a estas alturas. Y ahí andan ustedes con los líos de intentar hoy explicarse entre ustedes qué es lo que quiere decir lo que están proponiendo. Todo esto no tiene lógica, es un barullo, un lío, un disparate, y lo es también el que estemos diciendo al mismo tiempo que el Estado de derecho tiene la fortaleza para combatir a cualquiera que cometa la insensatez de querer romper España convocando un referéndum directamente apelando a la gente y eliminar los mecanismos que con toda lógica permiten evitarlo. Así que, señores de la mayoría, por mantener las defensas de nuestro Estado de derecho, porque ustedes reintegren los mecanismos jurídicos y no políticos para preservar nuestro ordenamiento constitucional, para que ustedes no cometan el error incalculable de decir que esto se acaba ganando las elecciones, cuando saben que si las pierden también tienen que hacer lo que les corresponde como gobernantes; por todo esto y por todas las cosas que han ido saliendo en este debate, yo les digo que la única forma de responder sensatamente en esta cuestión es que reflexionen, se suban a esta tribuna y digan que aprueban y apoyan la enmienda de texto alternativo que ha presentado el Grupo Popular.


Muchas gracias. (Aplausos.)

La señora VICEPRESIDENTA: (Chacón i Piqueras): Gracias, señor Astarloa.


Señorías, ¿algún grupo parlamentario desea utilizar el turno en contra? (Pausa.)

Pasamos al turno de fijación de posiciones. Comenzamos con la señora Lasagabaster en nombre del Grupo Parlamentario Mixto.


La señora LASAGABASTER OLAZÁBAL: Gracias, señora presidenta.


Señorías, señor Astarloa, usted decía que el objetivo de su iniciativa, que luego ha quedado absolutamente diluido entre múltiples argumentos, variados y variopintos, era respetar las reglas del juego. Yo le pediría que ese principio lo aplique directamente a esa cuestión previa que ha suscitado, porque debiera saber mejor que nadie que las reglas del juego señalan que en materia de competencia educativa no es esta Cámara la que tiene que establecer ni pronunciarse ni valorar ningún tipo de actuación, que en materia educativa la Comunidad Autónoma del País Vasco tiene plena competencia derivada de su propio estatuto de autonomía y con un refuerzo especial de la Constitución -usted mejor que nadie debiera saberlo porque ha sido letrado mayor del Parlamento vasco- y derivado del ejercicio de esa competencia y aplicando de manera legal, igualitaria y justa una legislación que se ha aprobado en el Parlamento vasco, las instituciones vascas decidirán lo que competa en relación con esta materia. Esto es respetar las reglas del juego. ¿Por qué ha suscitado esta cuestión previa? Lo único que se me ocurre es que están tan deprimidos en la precampaña electoral de las elecciones vascas que no les queda más remedio que venir aquí a hacer campaña electoral. Es lamentable y triste.
Las cuestiones debieran suscitarse en cada ámbito y respetarse las reglas del juego, cosa que ustedes ni hacen ni han hecho en el pasado.


Voy a entrar en el tema, aunque tampoco sé cuál es, señor Astarloa, porque de la enmienda de totalidad se desprende que es una cuestión específica de reforma legislativa, pero en su argumentación ha derivado a los cien mil hijos de San Luis, que no sabemos exactamente cuáles son: el caso Atutxa, el debate en este Parlamento de la propuesta del Parlamento vasco, la ilegalización de Batasuna, la convocatoria de un referéndum o no sabemos qué. En definitiva, un problema con el que ustedes no saben muy bien que hacer, pues lo único que pretenden -este es el quid de la cuestión- es no respetar determinadas ideologías, y sobre todo no respetar la posición mayoritaria de lo que pueda decidir una sociedad, en este caso la vasca. Su problema es que para intentar que la mayoría de la sociedad vasca se pueda pronunciar tienen que establecer instrumentos jurídico-legislativos de carácter regresivo y represivo para evitar la expresión pacífica y democrática de una serie de sectores que no concuerdan con los suyos. Este es su grave problema, un problema de política represiva que han ejercitado a lo largo de su mayoría absoluta, un problema interior que tendrán que solucionar ustedes. Lo que no vamos a hacer los demás -se lo aseguro-, porque ustedes no respeten otras manifestaciones ideológicas políticas, es hacer dejación de nuestras propias ideas. Eso no lo vamos a hacer nunca, así que aplíquense el cuento y resuelvan sus problemas.


Por lo que se refiere a la cuestión concreta, no voy a volver a repetir el debate del 18 de diciembre de 2003 ni el del 23 de noviembre de 2004, pero sí quiero decir que lo que ustedes han hecho a lo largo de la última legislatura ha sido utilizar el llamado derecho penal del enemigo, utilizar el derecho penal como instrumento para ir en contra de determinadas ideas políticas, en definitiva, para no permitir el ejercicio democrático de otras ideas distintas a las de ustedes. Este es su grave problema. Plantearon multitud de iniciativas legislativas y, por lo que se refiere al Código Penal, cuatro reformas de las cuales ninguna abordaba principios básicos del derecho penal, como pueden ser los de proporcionalidad, de intervención mínima en este caso en concreto o de seguridad jurídica. Lo único que pretenden es utilizar un instrumento represivo y regresivo para evitar, anular, impedir o combatir la expresión mayoritaria de los ciudadanos. Desde luego, tienen ustedes un problema serio y lo único que voy a hacer es

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comentarles una cuestión muy clara. En el año 2003 se debatía en ponencia y comisión en el Parlamento vasco -ustedes no quisieron participar; gran expresión de democracia no participar en los debates parlamentarios- un nuevo marco jurídico-político. El 23 de noviembre de 2004 ese debate se estaba terminando y no se sabía qué podía pasar. Yo en nombre de Eusko Alkartasuna les dije a todos ustedes en diciembre de 2003 y en noviembre de 2004 que si en el Parlamento vasco se aprobaba de manera clara, serena y democrática, con los requisitos legales que exigía esta reforma -una mayoría absoluta-, un nuevo marco jurídico-político, nosotros en un ambiente de civilidad, en un ambiente pacífico, en un ambiente democrático íbamos a facilitar y a intentar asegurar, como dice la propia expresión de lo que ustedes quieren retomar, que los ciudadanos vascos puedan decidir en el futuro lo que mejor les conviene para su convivencia. Hoy hay un paso más. Efectivamente, hay un nuevo marco jurídico-político aprobado por mayoría absoluta del Parlamento vasco.
Ustedes no han querido dialogar ni negociar. Nosotros queremos que esta iniciativa siga vigente. Es una iniciativa cuya propiedad y titularidad la tiene el Parlamento vasco y, por tanto, será el Parlamento vasco el que decida. Nosotros, como miembros de ese Parlamento vasco que esperamos ser más en la próxima legislatura, abogaremos -y se lo digo claramente- por asegurar, facilitar y promover que sean los ciudadanos vascos, en un ambiente de civilidad, los que puedan decidir en cada momento histórico el futuro de su marco de convivencia entre ellos y con otros pueblos con los que queremos tener un buen marco de convivencia.


Lo he dicho tres veces y lo repetiré tantas veces como sea necesario.
Ustedes harán lo que consideren oportuno, pero iniciativas represivas y regresivas responden más a épocas absolutistas y poco garantizadoras de la democracia que a la época en que vivimos. Por mucho que se empeñen va a ser imposible -se lo aseguro- que los ciudadanos vascos no decidan lo que quieren en el futuro. Una vez más lo digo, y lo diré tantas veces como sea necesario.


Muchas gracias, señora presidenta.


La señora VICEPRESIDENTA (Chacón i Piqueras): Muchas gracias, señora Lasagabaster.


Continuamos con el señor Mardones en nombre del Grupo Parlamentario de Coalición Canaria.


El señor MARDONES SEVILLA: Muchas gracias, señora presidenta.


Intervengo brevemente porque ya en anteriores debates sobre esta materia en la legislatura pasada tuvimos ocasión de manifestarnos. Desde Coalición Canaria hemos suscrito el texto y la presentación de esta proposición de ley orgánica de modificación del vigente Código Penal y también lo que hacía referencia -aunque eso no se toca- a potestades del Consejo General del Poder Judicial. Lo hemos hecho por normalizar una serie de relaciones políticas en la vida española y, concretamente, lo que traía causa en su día de estos debates, que era la posición del señor lehendakari en el Gobierno autónomo del País Vasco. No se cita pero estaba en el ambiente de lo que se trataba de regular fundamentalmente.
Nosotros partimos de un principio que ha sido recogido en el texto de la proposición de ley orgánica en virtud de las sentencias y la jurisprudencia que viene señalando el Tribunal Constitucional. Se dice -y nosotros nos hemos sentido reconocidos- que el derecho penal se rige por principios de intervención mínima y proporcionalidad. Muchas veces los problemas se tratan de resolver con la utilización del instrumento legal, que es el Código Penal, pero una aplicación desproporcionada complica más el problema, haciéndolo irresoluble, que resolverlo verdaderamente. Las leyes tienen que tener el sentido de inteligencia y no solamente de oportunidad sino de dedicación y de evitar que la aplicación de las mismas no solamente no resuelva el problema sino que lo agrave en mayores niveles de intensidad. Cierto es que la cuestión es opinable, pero nosotros preferimos regirnos por este principio de intervención mínima y proporcionalidad por las reiteradas sentencias y pronunciamientos del Tribunal Constitucional al respecto, que ha velado fundamentalmente por el principio constitucional de la libertad. Privar a una persona de la libertad tiene que tener el respaldo de la legalidad, pero puede ser conculcada si se le priva de este derecho de libertad.


Nuestro ordenamiento jurídico vigente establece la potestad para promover consultas a quien no la tiene legalmente reconocida. Ese principio que dice que ya hay facultades que no tienen reconocidas determinadas instituciones o personalidades o cargos de las comunidades autónomas está en nuestro ordenamiento, por tanto no puede hacer uso de una potestad quien no la tiene reconocida por ley. No se trata tampoco de que nadie se vaya gratuitamente de una infracción o conculcación del Código Penal, sino de la adecuación del ámbito en que está actuando esa autoridad. En definitiva, cautelas las que sean necesarias constitucional y democráticamente, cautelas a más de no son procedentes en un ordenamiento jurídico, penal y constitucional y que encima pudieran no contribuir a una armonización de la convivencia pacífica en estas actuaciones. Hallar puntos de encuentro y de sosiego es una obligación y una exigencia de la Constitución y todo el ordenamiento jurídico que se derive de ello debe supeditarse al buen entendimiento y a la armonía de las leyes constitucionales y democráticas. De ahí que votemos en contra de esta enmienda de totalidad y nos reafirmemos en las razones que he dicho respecto de la proposición de ley orgánica que los diversos grupos que la firmamos traemos hoy aquí de modificación del Código Penal.


Muchas gracias, señora presidenta.


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La señora VICEPRESIDENTA (Chacón i Piqueras): Muchas gracias, señor Mardones.


Continuamos con la señora Navarro, en nombre del Grupo Parlamentario de Izquierda Verde-Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya Verds.


La señora NAVARRO CASILLAS: Gracias, señora presidenta.


Este es un debate ya recurrente, señorías del PP, señor Astarloa. Esta enmienda a la totalidad demuestra que al menos en este punto el Partido Popular está siendo coherente porque últimamente presenta cosas que nunca aprobaron o votan a favor de aquellas que tampoco votaron nunca a favor en la anterior legislatura, y uno piensa que todo es posible. Pero no, todo no. La persecución de una simple convocatoria de una consulta popular hay que continuarla; una consulta a través de la cual los ciudadanos puedan manifestar su opción y que nosotros tengamos conocimiento de qué piensan los ciudadanos. En definitiva, se trata de la persecución de un delito político, señor Astarloa -así se lo dije en la anterior intervención y me ratifico en ello-, un delito político que ustedes introdujeron en la anterior legislatura. ¿Y cómo lo hicieron? Usted no quiere abordar esa cuestión pero a lo mejor los demás sí. Ya se lo comentamos en el anterior debate: a través del Senado, sin que se pudiera debatir aquí como corresponde, tratándose del Código Penal, una de las grandes leyes. Ustedes siguen siendo coherentes en este punto pero es una lástima que no se acerquen a los principios democráticos, a la esencia de la democracia que significa la libertad de pensar diferente -ustedes defienden lo contrario-, incluso la libertad de no querer pertenecer a un Estado y de que la gran mayoría de los ciudadanos decidan si quieren o no pertenecer a un Estado, y con ello la posibilidad nuestra de saber si ello es así o no, lo que sólo es posible a través de la consulta. Para ustedes esto no debe suceder porque un régimen en el que las cosas se imponen es mucho mejor, un régimen en el que se impone lo que ustedes creen; esa es su manera de pensar. Pues eso no es democracia, señorías del PP; no lo es. No se puede imponer a todos su manera de pensar; no. No se pueden imponer las reglas del juego que ustedes creen que son las adecuadas. Hay unas reglas en la democracia y son ustedes los que se alejan. De hecho, llevar al Código Penal una divergencia política es precisamente eso, apartarse de los principios democráticos. Las decisiones aprobadas en la pasada legislatura son las que les descubren ante la ciudadanía como esa derecha radical que son, esa derecha radical que les representa precisamente en el contenido de esta enmienda a la totalidad, que se aleja sin vergüenza de los principios que inspiran tanto el Código Penal como la Constitución española, los pilares que sustentan el Estado democrático que debemos disfrutar y que dejamos de disfrutar bajo su mandato; sí, bajo su mandato con mayoría absoluta.


Señor Astarloa, en el anterior debate hablaba del desafío. Del desafío ¿de quién? Del desafío del lehendakari. También lo ha hecho en esta intervención. Reconoce explícitamente que se trata de un traje a medida.
Se trata de un artículo del Código Penal que va dirigido a una persona en concreto; no a la generalidad de los ciudadanos sino a una persona. El Código Penal no debe utilizarse así porque eso es apartarse de los principios que deben regir su contenido: la generalidad propia del derecho penal. Ese traje a medida es lo que se llama el delito político.
Desde luego, no debe ampararse en una medida de estas características, es absolutamente vergonzoso. Aparte de que el término desafío nos da a entender la situación política en la que se movió el Partido Popular, parecía casi un desafío personal enfrentarse a esa arrogancia que caracterizó las decisiones adoptadas por el anterior presidente que se sintió desafiado y que por tanto respondió, utilizando la mayoría absoluta de la que disfrutaban, con esa máxima sanción que hay en derecho, que es, efectivamente, el Código Penal. Es triste que un gobierno legisle de esta manera, que responda a ese tipo de estímulos, es triste señor Astarloa. El País Vasco necesita un referéndum -lo necesita, sí- que deberá ser convocado en paz, por supuesto; pero necesita un referéndum y no como arma electoral utilizada ni por unos ni por otros, tampoco dentro del plan que se presentó a esta Cámara que desde luego tenía contenidos muy mejorables, pero sí como mecanismo para que los vascos se manifiesten en paz sobre su futuro y que les una ese referéndum, con un consenso entre las distintas fuerzas políticas.


Les invito a que dejen de perseguir penalmente a los que quieren convocar un referéndum, aunque no les guste, aunque no les parezca bien, aunque no coincida con lo que ustedes piensan, porque en democracia ello ha de ser posible necesariamente. Señorías del PP, sencillamente les invito a que se acerquen a la democracia. También les invito a que dejen de confundir la política antiterrorista con la política antinacionalista. No engañen a la gente, no pretendan confundirla. Usted ha hablado aquí como si los nacionalistas fueran portavoces de los terroristas y eso no es aceptable, no lo es; ustedes son capaces de todo por ganar votos. El Plan Ibarretxe también lo presentaron como la gran hecatombe; se rechazó por esta Cámara, no ha pasado nada, se va a un proceso electoral en democracia, con tranquilidad. También les invito a eso, señores del PP, a que se tranquilicen, están ustedes en campaña electoral, pero las contiendas políticas no se solventan en el Código Penal.


Gracias.


La señora VICEPRESIDENTA (Chacón i Piqueras): Gracias, señora Navarro.


En nombre del Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV), tiene la palabra la señora Uría.


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La señor URÍA ETXEBARRÍA: Gracias, señora presidenta.


Señorías, señor Astarloa, ¡qué cosas dice usted! Ha pasado de ser un excelso y riguroso jurista a ser un cúmulo de proclamas, parecidas a las que se distribuyen en determinadas formaciones políticas como, por cierto, a la que usted pertenece, a modo de argumentario. Basta con hacer la proclama sin contrastar desde el punto de vista del derecho, desde luego no desde el del derecho penal, para convertirlo en argumento en esta tribuna. Supongo que su grupo está haciendo un esfuerzo tenaz empecinándose en que continúen siendo delito conductas que toda la Cámara consideramos en su día incorrectamente introducidas en nuestro ordenamiento, no desaprovecha ocasión, no ya desde esta tribuna sino incluso en las comparecencias del señor ministro de Justicia en Comisión o ante el fiscal general del Estado, para volver a insistir una y otra vez en la necesidad de la utilización de los instrumentos penales frente a lo que es la defensa de determinados proyectos políticos. Claro que si ustedes gobernasen hoy quizá nos hubiésemos encontrado esta mañana con que nos proponían la tipificación de un nuevo delito para perseguir a presidentes del Consejo de Estado que opinasen sobre un concepto determinado de comunidad nacional en desayunos-coloquio. De considerar el concepto como no normal o como de pesadilla se pasaría, casi inevitablemente, a la conveniencia de tipificarlo en el Código Penal.
Todas las formaciones políticas de la Cámara queremos hacer desaparecer esta aberración y ustedes incluso la mejoran o aumentan con el texto que ahora nos proponen, por cierto, también con deficiente técnica legislativa.


Toda la Cámara, excepto el Grupo Popular, propone que se derogue la totalidad de los preceptos que se introdujeron, el 506 bis, el 509 bis, el 521 bis y el 576. Sin embargo, para sustituir a esa derogación de los cuatro tipos ustedes sólo hacen referencia a dos preceptos, al 506 bis e introducen uno nuevo, el 509 -al que me referiré-, sobre desobediencia a la justicia. No sé si consideran que permanecerían vivos los que nosotros pretendemos derogar; desde nuestra perspectiva hay dos preceptos que ustedes no tocan y creemos que está hecho de manera inadecuada o indebida, porque, insisto, lo suyo pretende ser alternativa a la derogación total que nosotros proponemos. Por cierto, vuelven a hacer trampa, como han hecho en anteriores ocasiones, y a incumplir el Reglamento en cuanto al contenido mínimo que ha de tener una enmienda a la totalidad. El Reglamento dice claramente -y usted mejor que nadie lo conoce- en el artículo 110, que en la enmienda a la totalidad deben expresarse las razones de oportunidad, principios y espíritu del proyecto y que esto ha de hacerse por escrito. La presencia en la tribuna (con independencia de que a mí tampoco me parezca que haya expresado usted oportunidad, principios y espíritu de su proyecto, sí intencionalidad política) no consta desde luego en lo que nos han presentado por escrito.
Ciertamente, admitimos que en la tribuna ha de jugar el factor sorpresa, pero hay que ser mínimamente riguroso incumpliendo los requisitos legales.


Voy a referirme a los aspectos concretos. Me parece curioso que a una formación tan europeísta como la suya se le olvidase en el artículo 506 bis que nos proponían como tipo penal hacer mención a las elecciones europeas, pero es ciertamente pintoresca la tipificación que hacen de un nuevo tipo, introduciendo una sección tercera de desobediencia a la justicia, en un artículo 509 bis del Código Penal, que reduce la comisión de delito en el caso de incumplimiento de resoluciones judiciales a que las resoluciones judiciales tengan como contenido la referencia a convocatoria de elecciones, nuevamente generales, europeas o autonómicas.
Se supone que esto es más grave que otros incumplimientos de resoluciones judiciales, claro que mientras ustedes gobernaban tuvieron el tupé -permítanme que utilice la expresión- de inejecutar resoluciones judiciales firmes a través de la Ley de Acompañamiento. Lo he mencionado en otras ocasiones y así es, alguna ilustre diputada de su formación política sabe perfectamente de lo que estoy hablando. De la misma manera, otro miembro de su formación política, desde esa misma parte de la bancada, solicitó del Gobierno que inejecutase una sentencia del Tribunal Constitucional, porque le parecía excesivamente autonomista el criterio que estaba sosteniendo en relación con la gestión de los parques nacionales. Se han dictado recientemente dos nuevas sentencias, y será conveniente que este mismo diputado vuelva a instar al Gobierno a que inejecute sentencias del Tribunal Constitucional.


Cuando se produjo el debate de la toma en consideración de la iniciativa que ustedes enmiendan de totalidad en esta Cámara, me referí a que era una barbaridad jurídica y un abuso político; le indicaba además cómo cuando se produjo la introducción de estos tipos penales -no lo olvidemos, en la Ley de Arbitraje y a través de enmiendas en el Senado- no hubo participación en la votación de ninguna formación política; que desde determinados escaños se había gritado: ¡Manos arriba! ¡Esto es un atraco!; o que se había dicho: ¡Todos a la cárcel! Hoy nos preside la señora Chacón, que aludió -y así consta en la negrilla del "Diario de Sesiones"- a lo solos que estaban ustedes en su cometido. Efectivamente, la votación de hoy volverá a acreditar lo solo que esta el Partido Popular en esta atropellada pretensión de conducir cualquier debate político a los requisitos o a los parámetros del Código Penal y a descalificar ideas políticas haciéndolas merecedoras de penas nada menos que de cárcel. Se habló y se debatió sobre qué bien jurídico protegido era el que ustedes pretendían tutelar con estos tipos penales. Se aludió a que la legislación penal se estaba convirtiendo en un instrumento para la acción política, cuando jamás debe ser eso, y se habló una vez más de la calidad democrática de las normas.


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No tuvieron ustedes adhesiones, no las han tenido ni en la doctrina, solo el Consejo General del Poder Judicial -su mayoría conservadora, por supuesto, y su Presidencia-, que en aquel entonces, curiosamente, no reivindicó emitir informes nada más y nada menos que sobre reformas del Código Penal, pareció partidario de la reforma. Hoy también ha manifestado, a través de su presidente -la mayoría conservadora, insisto, no todo el Consejo, no la institución-, que le parecía inadecuado que se produjese la derogación que hoy pretendemos aquí. Los propios medios de comunicación cercanos a ustedes no les alabaron en exceso por la técnica empleada. En el diario El Mundo se habló de propósito discutible por un camino equivocado, incluso el diario ABC, tan cercano a sus propias proclamas, habló de uso abusivo, porque se respondía con una artimaña legal a un problema político.


Quienes me han precedido en el uso de la palabra han hablado de la utilización del derecho penal de enemigo. Más que de enemigo es esto, puesto que el derecho penal de enemigo justifica un derecho con menos garantías so pretexto de hacer frente a fenómenos excepcionales, como pueden ser el terrorismo, el narcotráfico o la inmigración ilegal, pero nunca justifica tampoco que se creen tipos penales ad hoc, con flagrante transgresión de todos los principios que iluminan el derecho penal.


Está claro que todas las tipificaciones que se contienen, lo que pretende introducir esta enmienda de sustitución del texto derogatorio que nosotros pretendemos, solamente intentan paralizar, creando un tipo delictivo con argumentos supuestamente jurídicos, lo que no es más que un proyecto político legítimo sostenido por determinadas formaciones políticas, por la mayoría absoluta del Parlamento vasco. Tal y como está referido, aunque si hacemos caso del señor Astarloa no se está refiriendo en exclusiva a los proyectos vasco, también a los de otras formaciones políticas en ámbitos territoriales distintos, no servirá para paralizar ningún proyecto mediante tipos de este estilo.


Señorías, es cierto -y lo vuelvo a admitir, señor Astarloa- que el sufragio universal del día 17 de abril acreditará que el proyecto político de mi formación y de la mayoría absoluta del pueblo vasco que en este momento sostiene va a seguir adelante como imparable.


Muchas gracias.


La señora VICEPRESIDENTA (Chacón i Piqueras): Gracias, señora Uría.


Continuamos, señorías, con el turno del Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana de Cataluña. Tiene la palabra el señor Cerdà.


El señor CERDÀ ARGENT: Muchas gracias, señora presidenta.


Señorías, señor Astarloa, no redundaré más en argumentos, porque ya se han expuesto en esta Cámara, de carácter técnico, de carácter político y de carácter penal. Creo que es un tema -como han dicho también otros comparecientes- recurrente que puede dar réditos en muchas cuestiones.


Quiero agradecerle ya de entrada el recordatorio de aquella primera diputada de Esquerra Republicana de Catalunya, doña Pilar Rahola, y decirle que seguimos pensando exactamente igual desde el año 1992 al 1995 y en el año 2005, pues es nuestro planteamiento, nuestra doctrina política y el porqué de nuestra gente no esta circunscrito solo a Cataluña, sino también circunscrito al País Valenciano. Quiero decirle que dan argumentos para el miedo y para que se asuste mucha gente de las Españas profundas que llevamos nosotros, pero quiero que sepan que también hay otras realidades y que efectivamente hay otros pueblos que sentimos de otra manera. Me parece que esta es la clave o el meollo de esta cuestión. No es la pregunta cuánto más nacionalismo necesitamos, sino cuánto menos ultranacionalismo español necesitamos para establecer un marco de convivencia entre iguales, un marco de convivencia entre pueblos diferentes. Yo no me siento español. Eso a usted le puede parecer bien, mal o todo lo contrario. Sin embargo, sé que legalmente tengo que estar, y de hecho estoy, y soy un ciudadano de un Estado, pero mi adscripción identitaria, aquellos que entiendo que son los míos, mi grupo de identidad y de realidad no corresponde con la nación española. Ustedes pueden pensar que eso es reprimible; nosotros entendemos que eso es riqueza para una convivencia. Por tanto, ante la diversidad ustedes implantan mecanismos de represión y es una conducta que han repetido a lo largo de la historia, ya les pasó con la independencia de Cuba. Aquí vinieron los cubanos a decir: sólo queremos representación parlamentaria en estas Cortes Generales. Y desde esta Cámara, en aquella época, se les dijo que no. La consecuencia la conocen ustedes tan bien como nosotros.
Tendamos una mano. Su ideología ultranacionalista les lleva a lo que nos lleva. Después de ocho años de su Gobierno nosotros hemos pasado de una diputada -a la que usted ha recordado- a ocho diputados. Reflexionen también. Apostar por la represión de la diversidad es apostar por el conflicto; apostar por el reconocimiento de la diversidad es apostar por la convivencia. Por tanto, sean serios y retiren la propuesta.


La señora VICEPRESIDENTA (Chacón i Piqueras): Gracias, señor Cerdà.


Continuamos con la intervención del señor Jané, por el Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió).


El señor JANÉ I GUASCH: Gracias, señora presidenta.


Señorías, hoy debatimos una enmienda a la totalidad, con texto alternativo, a una proposición de ley firmada

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por siete de los ocho grupos parlamentarios de esta Cámara. El grupo no firmante presenta, de acuerdo con los mecanismos parlamentarios establecidos, una enmienda a la totalidad a la propuesta ya tomada en consideración por una mayoría más que absoluta de esta Cámara. Nosotros, señor Astarloa, vamos a ser coherentes con lo que pensamos, con lo que hemos votado y con lo que hemos propuesto a nuestros electores en esta materia concreta, y por coherencia absoluta hoy vamos a votar que no a su texto alternativo, que no es otra cosa que volver a lo que ya fue una marcha atrás en la proposición de ley que tomó en consideración este Pleno. Nosotros nunca vamos a poder aprobar una enmienda alternativa a esta proposición porque el primer grupo que la presentó en esta legislatura fue Convergéncia i Unió, que después ofreció al resto de grupos que pretendían la derogación de lo que fue, a nuestro entender, una precipitada modificación del Código Penal al final de la pasada legislatura, que se sumaran a la firma de lo que inicialmente era una proposición de ley nuestra, presentada el 5 de abril en el registro de esta Cámara. Por tanto, no podemos más que votar en contra.


Quiero recordar algunos aspectos. Cuando, a finales de la anterior legislatura, a finales del año 2003, a través de un mecanismo previsto en el Reglamento, que es una enmienda en el Senado, en el proyecto de ley orgánica que acompañaba a la Ley de Arbitrajes se introduce una modificación del Código Penal, mi grupo, en el Senado y en esta Cámara cuando hubo que ratificar esa enmienda del Senado en el Congreso, en ambas cámaras votó en contra. Fue la modificación del Código Penal introduciendo un nuevo tipo delictivo más rápida que ha conocido este Parlamento. No hay ningún precedente de modificación del Código Penal para introducir un tipo delictivo de la naturaleza del que se nos proponía a finales de la pasada legislatura, que nosotros no compartimos, y el señor Astarloa, que es un excelente letrado y además tiene experiencia parlamentaria, lo sabe.


Lo primero que hicimos nosotros fue votar en contra en el Senado, votar en contra en el Congreso cuando vino la enmienda del Senado y, como estábamos ya en puertas de las elecciones generales de 2004, en nuestro compromiso electoral con la ciudadanía, en nuestro programa electoral ya manifestamos que nosotros íbamos a proponer derogar aquella reforma del Código Penal; de acuerdo con la fuerza que nos dieran las elecciones, pero nuestra propuesta electoral era derogar aquella modificación, a nuestro entender precipitada, que se introdujo a finales del año 2003.
Por tanto, cumpliendo nuestro programa electoral, presentamos la proposición de ley el primer día de legislatura; cumpliendo nuestro programa electoral, propusimos que esa inicial proposición de ley de Convergència i Unió fuera compartida por todos los demás grupos de esta Cámara; cumpliendo nuestro programa electoral, no hemos presentado enmiendas a esa proposición de ley tomada en consideración por el Pleno; cumpliendo con nuestro programa electoral, votaremos hoy en contra de la enmienda a la totalidad, con texto alternativo, que nos plantea hoy el Grupo Parlamentario Popular. Van a quedar solos en esta votación, sus razones tendrán; pero los grupos que vamos a votar en contra de esta enmienda a la proposición de ley lo hacemos por coherencia con lo que votamos en la pasada legislatura y con lo que hemos propuesto específicamente en nuestro programa electoral.


Ante esta modificación -lo ha dicho también algún otro portavoz-, entendemos que debe abrirse también una reflexión sobre en qué forma debe modificarse el Código Penal en esta Cámara, y siento que ahora no esté presente el señor ministro de Justicia, que lo estaba cuando han intervenido anteriores portavoces. ¿Cómo se modifica el Código Penal? Sin ninguna duda, la forma en que se modificó en la pasada legislatura no era la más idónea, incluso miembros de la Comisión General de Codificación lo han manifestado así. No pasó ningún cauce. No es sólo el tema formal, que nos podríamos perder en el mismo. Por razones de contenido mi grupo tampoco comparte la modificación que se introdujo a finales de la pasada legislatura. Por tanto, hoy votaremos en contra de esta enmienda a la totalidad.


Nada más y muchas gracias.


La señora VICEPRESIDENTA (Chacón Piqueras): Gracias, señor Jané.


Finalizamos con la intervención del Grupo Parlamentario Socialista. Es el turno del señor Cuesta.


El señor CUESTA MARTÍNEZ: Señora presidenta, señoras y señores diputados, después de escuchar, señor Astarloa, sus palabras en la justificación de su discurso tengo que decirle que lamento haberlas escuchado. Y tengo que decirle además que me siento, no yo solo individualmente, profundamente dolido por los términos argumentales que usó en su justificación de esa enmienda alternativa, en esa identificación perversa entre nacionalismo y terrorismo, en ese desafío de cuánto nacionalismo hay que aceptar para que nos dejen vivir en paz. Me parece que con esa afirmación ha insultado usted a toda la Cámara y nos ha insultado a todos. Yo me siento especialmente insultado. (El señor Fernández Díaz: Y yo también.) Mire, señor Astarloa, señor ex secretario de Estado de Seguridad, en un día como hoy, donde lo que tendríamos que estar buscando es la prudencia, es el consenso y es el respeto, el tono y los argumentos que ha usado hoy en la tribuna son claramente intolerables. (Aplausos.) ¿Qué tenemos que hacer para pasar el control de calidad en la defensa de la integridad territorial de España y de la defensa de nuestro orden constitucional, señor Astarloa? ¿Qué tiene que hacer el conjunto de esta Cámara?

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¿Qué tenemos que hacer, señor Astarloa, para merecer su respeto en la lucha contra el terrorismo? ¿Qué tenemos que hacer después de sus palabras? Porque con su identificación, con sus insinuaciones, con sus falsas imputaciones que nos ha hecho en su intervención nos ha identificado a todos los miembros de esta Cámara como cómplices del terrorismo. No le tolero eso. (Aplausos.) Ha venido usted a intentar dar algunas lecciones hoy aquí. Usted o ustedes no tienen ninguna capacidad, ninguna competencia ni cualificación para dar esas lecciones. (El señor Aragonés Mendiguchía: Desarrolla, desarrolla.) ¿Qué credibilidad (Un señor diputado: Ninguna.) puede tener un discurso suyo cuando usted ha sido incapaz, usted muy especialmente, de desautorizar, de rectificar, de pedir perdón públicamente por las palabras que ayer pronunció su portavoz de Interior en el Senado, cuando nada más y nada menos que a un ex presidente del Congreso, a un ponente constitucional le calificó como alta autoridad para el diálogo y el amparo de los verdugos terroristas? (Rumores.) Usted no tiene ninguna credibilidad, señor Astarloa, ni ninguno de sus portavoces mientras no desautoricen esas palabras.
(Aplausos.)

Creo que ya son suficientes argumentos para descalificar su texto alternativo, porque están hechos como proposiciones exclusivamente para intentar hacer un uso perverso, una instrumentalización perversa de tanto dolor que causa el terrorismo y ustedes lo quieren usar políticamente en su provecho, lo quieren instrumentalizar desde la descalificación generalizada que han formulado con sus argumentos. Además, ¿qué se regula en su texto alternativo? Aquí estamos todos los grupos parlamentarios haciendo frente a un auténtico fraude parlamentario, que es que en la Ley de Arbitraje se regula un tipo penal que pretende enviar gente a la cárcel, enviar ciudadanas y ciudadanos a la cárcel. En un tema tan importante que afecta a las garantías y a los derechos fundamentales de la persona, le merece tal importancia al Partido Popular que introduce en el Senado una represión que afecta a los temas de libertad y de garantías y derechos fundamentales, al amparo de la tramitación de una ley civil de arbitraje en el Senado. Esa defraudación parlamentaria, hemos dicho por activa y por pasiva que por decencia democrática y en el primer momento que aquí hubiera otra mayoría se iba a reponer para recuperar un mínimo de decencia y de crédito al Código Penal, que es el Código Penal de la democracia.


¿Qué pretenden ustedes incriminar? Se ha centrado su intervención en la convocatoria de un referéndum, pero aquí se está regulando un delito que recoge la convocatoria ilegal de elecciones, un delito de tipo imposible.
Se pretende incriminar porque se considera que los cimientos de nuestra democracia están en peligro, porque hay un peligro de que alguien -no sé si usted, el señor Acebes o el señor Zaplana- pueda sentir la tentación de usurpar funciones y convocar anticipadamente unas elecciones. Por eso lo pretenden incriminar. Nuestra democracia ha vivido desde 1977, cuando se celebraron las primeras elecciones democráticas, sin que en el Código Penal existiera un tipo penal de convocatoria ilegal de elecciones. ¿Qué defiende hoy el Partido Popular en esta tribuna? Ya no solo la represión generalizada en una cierta orgía penal; no, defiende una introducción de nuevos tipos penales.


Se nos dice en el texto alternativo que hay que mejorar todavía lo que introdujeron en el Senado en la Ley de Arbitraje, porque hay que introducir de rondón en el Senado (se les había olvidado hace año y medio a legisladores tan brillantes y tan previsores como el señor Astarloa) la penalización e incriminación de la convocatoria de elecciones europeas.
Hoy vienen y lo meten. Además, se les había olvidado -por eso en su texto alternativo presentan también un nuevo tipo- crear un tipo agravado de desobediencia de la justicia para aquellos que habiendo convocado elecciones o referéndum ilegales desobedecieren resoluciones de la justicia declarándolas ilegales. Es decir, año y medio después vienen con una nueva reforma sobre su propia reforma. ¿Qué solvencia y qué rigor le podemos dar a un tema tan importante como este que pretende llevar gente a la cárcel, que afecta a las libertades, cuando tan solo hace año y medio ustedes presentan una iniciativa fraudulenta, y hoy todavía la quieren corregir porque se les ha olvidado algo? Observo que tienen ustedes un afán incriminador impulsivo. Pero observo también un problema que siempre me llama la atención. ¿Por qué cada vez que hay unas elecciones convocadas ustedes en vez de presentar un programa electoral nos presentan una reforma del Código Penal? Esto es lo que ocurre, porque hoy con el texto alternativo nos presentan ya no una oposición a una proposición que hay en la Cámara. No, nos presentan un furor de todavía mayor incriminación, en vez de un programa electoral, como digo, una reforma de Código Penal. Además ustedes no son solventes, señor Astarloa.
No voy a entrar muy a fondo en este argumento, pero si se rechaza, como espero, la enmienda de texto alternativo, todo lo que sostienen en esa enmienda de texto alternativo no lo han defendido en las enmiendas parciales al articulado, es decir, que encima lo que dicen hoy, lo que han escrito hoy, no lo sostienen ni siquiera para mañana, ¿y cómo vamos a poner un Código Penal, nada más y nada menos que afecta a libertades y a garantías fundamentales de las personas, en manos de tales imprevisores? Es temeraria su actitud, señor Astarloa. Me ha decepcionado. Nos ha decepcionado la actitud del Grupo Popular. (Rumores.) Nos ha decepcionado el Grupo Popular en un día como hoy en el que le ha faltado coraje para pedir perdón, coraje para rectificar a uno de sus portavoces, coraje para buscar la recuperación de un necesario clima de entendimiento (Aplausos.-Protestas.). Le ha faltado, señora presidenta, señoras y señores diputados, al Grupo Popular coraje democrático, tolerancia...
(Protestas.)

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La señora VICEPRESIDENTA (Chacón i Piqueras): Señorías, guarden silencio, por favor.


El señor CUESTA MARTÍNEZ: Le ha faltado sobre todo una concepción abierta que huya de conceptos tan tiránicos como el derecho penal del antiguo régimen que, como muy bien definen los clásicos, es el que está basado en aquellas penas que no se deriven de la estricta necesidad. ¿Y sabe cómo se puede definir a los códigos penales basados en penas que no estén fundamentadas en la absoluta necesidad? Tiránicos.


Muchas gracias. (Aplausos.)

La señora VICEPRESIDENTA (Chacón i Piqueras): Gracias, señor Cuesta.


Señorías, abriremos un turno de réplica de cinco minutos para el grupo enmendante a la totalidad, para el señor Astarloa, y posteriormente un breve turno de dúplica de no más de tres minutos.


Señor Astarloa, esta vez sí que le pido, por favor, dado que fue amplia su exposición anterior, que se atenga al tiempo.


El señor ASTARLOA HUARTE-MENDICOA: Así lo haré.


Señor Cuesta, no le voy a seguir porque el camino de la demagogia lleva siempre a mal sitio. Vamos a argumentar. Usted da sus razones, yo doy las mías, como por lo demás, con todo respeto, han hecho los demás miembros de la Cámara, porque tenían algo que decir. Usted ha oído que en esta Cámara hay quien piensa que no se siente español, que solo los vascos tienen derecho a decidir su futuro -lo ha oído- y tienen plena legitimidad para pensarlo; y lo que nosotros pensamos y ustedes califican, lamentablemente, es conocido.


Señoría, convocar un referéndum de ruptura de España y de secesión tiene que tener consecuencias jurídicas, no es impune y es razonable y lo podemos discutir. Lo que no podemos discutir es lo que ustedes piensan, porque no lo sabemos. Es que no lo sabemos. El fondo de la cuestión, señoría, y usted ha estado en esta tribuna y me ha precedido en el uso de la palabra un buen rato, es que no ha dicho ni una sola palabra sobre el fondo de la cuestión.(Aplausos.) Con su estilo parlamentario ha dicho una serie de cosas que, según usted tendrán que ver con la periferia de la cuestión, pero dejo constancia en el "Diario de Sesiones" para quien nos quiera seguir, de que mientras no se demuestre lo contrario ustedes no tienen ni una sola perspectiva de respuesta jurídica a un hecho que preocupa gravemente a la mayoría de las personas normales de este país, que es eso que la representante de Izquierda Unida llamó la simple convocatoria de un referéndum de secesión en cualquier parte del territorio nacional por un presidente autonómico porque le da la gana, prescindiendo total y absolutamente de las previsiones legales, estatutarias, constitucionales, prescindiendo total y absolutamente de la voluntad de la soberanía nacional representada, señor Cuesta, en este Parlamento.


Primera cuestión. Ya que no me deja hablar del fondo, tendré que hablar de algunas de las cosas que usted ha dicho. Nunca en mi vida, ni antes ni hoy ni mañana, por mucho que usted me quiera interpretar, me verá vincular nacionalismo y terrorismo, nunca. El nacionalismo es lo que es y no lo comparto; el terrorismo es lo que es, es uno de los mayores azotes que sufren los seres humanos, y espero que todos estamos de acuerdo en que tenemos que combatirlo. Le agradeceré mucho que cuando quiera interpretarme para hacer su demagogia, por favor, ese tema no lo utilice, porque en ese tema ustedes y nosotros tenemos que estar no solo unidos en la política, sino especialmente en el recuerdo de que tenemos que trabajar para evitar que fuera de la legalidad se produzcan cosas por las que unos señores -no todos los nacionalistas, sino los terroristas- están matando a su gente y a la nuestra. Y añado: Sé que no lo he dicho -lo aclaro por cualquiera de las señorías del Grupo Socialista que han podido pensar, no escuchándome, que lo he dicho-, pero si de alguna de mis palabras se ha podido interpretar -que sé que no- lo que S.S. ha querido interpretar, por supuesto tengan claro que no he estado afortunado en la expresión. Pero no lo he dicho, señor Cuesta. Ahora déjeme que le diga que jamás me deje decir semejante cosa. Si me ve decirlo mal, recuérdemelo, pero no eleve el tono para decir a quien desde luego -y ha recordado mi perspectiva profesional y política- ha guiado toda su actividad pública hacia la lucha para acabar con quienes matan a los demás para imponerles sus ideas, que confunde lo que es el terrorismo.
Insisto, no lo vuelva a hacer jamás, por favor. (Aplausos.)

Por último, no zanjen esta cuestión a grito limpio diciendo que los señores de esos bancos son o dejan de ser; arguméntenlo. Está aquí el ministro de Justicia. Usted preguntaba qué pretende incluir esa enmienda a la totalidad que presentamos y que no tiene ningún fundamento. Pretende incluir lo que ha dicho el ministro de Justicia cuando le han preguntado para que explique qué tiene en la cabeza hacer el Gobierno cuando se convoque -si es que definitivamente se consuma el desafío anunciado- un referéndum de secesión de España. Después de contestar -se lo vuelvo a recordar, no sé si no quiere hablar de esto-, después de contestar con el contencioso-administrativo, con el Tribunal Constitucional, y de decirle nuevamente: y si no se atienen a lo que hacen los tribunales, ¿ustedes que hacen?, con muy buen juicio el señor ministro dice: ahí está el Código Penal. Y nuestra enmienda de totalidad es el Código Penal. Además, usted sube a la tribuna y me vuelve a decir que el Código Penal es volver al delito político y a los años del no sé qué. No se desmientan a ustedes mismos, que unas veces contestan eso y otras veces con trece tipos diferentes

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del Código Penal, según quien sea el interlocutor. ¿A quién quieren engañar?

La señora VICEPRESIDENTA (Chacón i Piqueras): Señor Astarloa, ahora sí le pido que concluya.


El señor ASTARLOA HUARTE-MENDICOA: Termino haciendo una última reflexión.


Para que entienda muy bien lo que le ha dicho este grupo parlamentario esta mañana y no utilice nuestras palabras en lo no debido le haré dos aclaraciones importantes. La primera, cuando le digo -y se lo vuelvo a decir- que lo que nos preocupa y mucho de lo que ustedes están haciendo con esto y con otras cosas -con el Fiscal General del Estado, con la forma de reaccionar al plan Ibarretxe aprobado el 30 de diciembre, con su decisión en la Mesa, contraria a la que tomaron en la Mesa del Parlamento vasco, etcétera-, es que ustedes están poniendo encima de la mesa -si quieren le pongo un nombre- una cosa llamada el plan López, entre otras cosas, y a eso es a lo que yo llamo afrontar el futuro planteando un acercamiento a los nacionalistas para ver cuánto nacionalismo tenemos que dar para que nos dejen convivir en la sociedad vasca. Fíjese si es sencillo de ver. Y eso será verdad o mentira, pero en todo caso es lo que nosotros pensamos.


La segunda aclaración es que usted, jugando peligrosamente con las palabras, me decía: desmienta usted..., hoy es un día en el que ustedes, después de lo que pasó ayer en el Senado... ¡Hombre!, no ventile usted este debate parlamentario sobre temas que tanto preocupan a los ciudadanos de España con una apelación a si en un debate político se dice una cosa u otra. Podemos hablar de eso, ¡cómo no!, podemos hablar de eso, pero hable usted también de lo que tiene que hablar, y no habla, para poder escaparse hablando de cosas como esas. En relación con esto, déjeme que añada una cosa.


La señora VICEPRESIDENTA (Chacón Piqueras): Señor Astarloa, para finalizar, por favor.


El señor ASTARLOA HUARTE-MENDICOA: Termino.


Déjeme que añada una cosa. Ayer, esta cuestión que usted ha planteado tuvo una consecuencia positiva, que usted, si quiere, me reconoce: que, por fin, después de que el señor alto comisionado para las víctimas dijera repetidamente, incluso en esta Cámara, que no había dicho a una asociación de víctimas lo que les había dicho, ayer el alto comisionado lo reconoció y nosotros nos alegramos de que, por fin, lo haya reconocido.


Muchas gracias, señor presidente. (Aplausos.)

La señora VICEPRESIDENTA (Chacón Piqueras): Gracias, señor Astarloa.


¿Algún grupo parlamentario desea utilizar un turno de dúplica? (Denegaciones.)

Entonces, señor Cuesta, tiene la palabra por tres minutos.


El señor CUESTA MARTÍNEZ: Con suma brevedad, porque el trámite va a tener suficientes fases para entrar en lo que no ha querido entrar el señor Astarloa, que es en el contenido de la proposición que ha presentado el Grupo Popular, una proposición de Código penal que crea en España un nuevo delito consistente en convocar elecciones europeas. Yo no acabo de ver verosímil que un funcionario o autoridad pública, por ejemplo el señor Zaplana, convoque por su cuenta elecciones europeas y le siga la Junta Electoral. No lo veo, no lo veo. Creo que es un tipo legal imposible, y que un jurista como usted sostenga la creación de ese tipo delictivo me produce pánico, porque no estamos hablando de legislación administrativa, sino de una legislación más importante, que afecta a una parte nuclear de las garantías y los derechos, que es el Código Penal, señor Astarloa.


En segundo lugar, nuestro ordenamiento jurídico -y lo desarrollaré en ulteriores fases- tiene suficientes instrumentos, como el conflicto constitucional positivo de competencias, los recursos contencioso-administrativos, pasando por la desautorización política, la aplicación de la legislación sobre referéndum y, en su caso, la aplicación del Código Penal, para que nuestro Estado y nuestra democracia no estén desarmados ante un riesgo de sedición, que solo usted ve de una manera alarmista, que afecta a la integridad territorial de España. Yo creo que el suyo es un planteamiento de sobreactuación. Vuelvo a recordarles, qué casualidad, que siempre que hay elecciones en algún sitio ustedes no presentan programas, sino códigos penales, aberraciones jurídicas. (Rumores.)

Acabo, señora presidenta.


La señora VICEPRESIDENTA (Chacón Piqueras): Silencio, señorías, por favor.


El señor CUESTA MARTÍNEZ: Señoras y señores diputados, agradezco que el señor Astarloa haya clarificado que no nos estaba llamando a nadie de los aquí presentes cómplices con el terrorismo, agradezco que el señor Astarloa haya rectificado y haya dicho que nacionalismo no es equiparable a terrorismo, pero le falta rectificar algo para que tenga usted auténtico crédito y es la desautorización de quien de una manera lamentable y ruin identificó al alto comisionado para la defensa de las víctimas del terrorismo como el alto comisionado a favor del diálogo con los verdugos terroristas. (Aplausos.) Rectifique usted, si tiene gallardía y responsabilidad institucional.


Muchas gracias. (Prolongados aplausos.)

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La señora VICEPRESIDENTA (Chacón i Piqueras): Gracias, señor Cuesta.


Vamos a proceder a la votación. (El señor presidente ocupa la Presidencia.)

El señor PRESIDENTE: Procedemos a la votación de la enmienda a la totalidad de texto alternativo presentada por el Grupo Parlamentario Popular, sobre la proposición de ley orgánica de modificación del Código Penal.


Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 312; a favor, 133; en contra, 177; abstenciones, dos.


El señor PRESIDENTE: Queda rechazada la enmienda a la totalidad.


Se levanta la sesión.


Era la una y cincuenta y cinco minutos de la tarde

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