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DS. Congreso de los Diputados, Pleno y Dip. Perm., núm. 81, de 07/04/2005
 


CORTES GENERALES
DIARIO DE SESIONES DEL CONGRESO DE LOS DIPUTADOS
PLENO Y DIPUTACIÓN PERMANENTE

Año 2005 VIII Legislatura Núm. 81
PRESIDENCIA DEL EXCMO. SR. D. MANUEL MARÍN GONZÁLEZ
Sesión plenaria núm. 76
celebrada el jueves, 7 de abril de 2005


ORDEN DEL DÍA: Convalidación o derogación de Reales Decretos-Leyes: - Real Decreto-Ley 5/2005, de 11 de marzo, de reformas urgentes para el impulso a la productividad y para la mejora de la contratación pública. ("BOE" núm. 62, de 14 de marzo de 2005.) (Número de expediente 130/000015.) ... (Página 3935)

- Real Decreto-Ley 4/2005, de 11 de marzo, por el que se concede un plazo extraordinario de solicitud de ayudas para las víctimas del terrorismo.
("BOE" núm. 61, de 12 de marzo de 2005.) (Número de expediente 130/000016.) ... (Página 3951)

Dictamen de la Comisión del Estatuto de los Diputados: - Dictamen de la Comisión del Estatuto de los Diputados sobre declaración de actividades de Excmos. Sres. Diputados. (Núm. Reg. 049201.) ... (Página 3957)

Enmiendas del Senado: - Proyecto de Ley sobre saneamiento y liquidación de las entidades de crédito. "BOCG. Congreso de los Diputados", serie A, número 5-1, de 6 de agosto de 2004. (Número de expediente 121/000005.) ... (Página 3958)

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- Proyecto de Ley de supervisión de los conglomerados financieros y por la que se modifican otras leyes del sector financiero. "BOCG. Congreso de los Diputados", serie A, número 6-1, de 6 de agosto de 2004. (Número de expediente 121/000006.) ... (Página 3961)

Propuestas de creación de Subcomisiones: - Propuesta de la Comisión de Industria, Turismo y Comercio, de creación de una Subcomisión para el análisis de las medidas a proponer al Gobierno en relación a los procesos de deslocalización y para estimular las mejoras de la competitividad de la economía. "BOCG. Congreso de los Diputados", serie D, número 169, de 14 de marzo de 2005. (Número de expediente 158/000001.) ... (Página 3966)

Debates de totalidad de iniciativas legislativas: - Proyecto de Ley de medidas urgentes para el impulso de la televisión digital terrestre, de liberalización de la televisión por cable y de fomento del pluralismo.
"BOCG. Congreso de los Diputados", serie A, número 21-1, de 11 de febrero de 2005. (Número de expediente 121/000021.) ... (Página 3967)

SUMARIO

Se reanuda la sesión a las nueve de la mañana

Convalidación o derogación de reales decretos-leyes ... (Página 3935)

Real Decreto-ley 5/2005, de 11 de marzo, de reformas urgentes para el impulso a la productividad y para la mejora de la contratación pública ... (Página 3935)

El señor vicepresidente segundo del Gobierno y ministro de Economía y Hacienda (Solbes Mira) presenta ante la Cámara para su convalidación el Real Decreto-ley 5/2005 de reformas urgentes para el impulso a la productividad y para la mejora de la contratación pública que, junto a tres proyectos de ley y un acuerdo del Consejo de Ministros de 25 de febrero, constituye el primer paquete de medidas en que se materializa el plan de dinamización de la economía e impulso de la productividad. A continuación explica dicho plan, que se enmarca dentro de una estrategia global de política económica, que tiene como objetivo fundamental el aumento de la productividad, en base a cinco ejes: reforma del mercado de trabajo, plan de fomento empresarial, reforma fiscal, compromiso con la estabilidad presupuestaria y plan de dinamización.


En turno en contra interviene el señor Arias Cañete, en nombre del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.


En turno de fijación de posiciones intervienen la señora Fernández Dávila, del Grupo Parlamentario Mixto; y los señores Mardones Sevilla, del Grupo Parlamentario de Coalición Canaria; Pérez Martínez, del Grupo Parlamentario de Izquierda Verde-Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya Verds; Azpiazu Uriarte, del Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV); Puigcercós i Boixassa, del Grupo Parlamentario Esquerra Republicana (ERC); Sánchez i Llibre, del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), y Fernández Marugán, del Grupo Parlamentario Socialista del Congreso.


Real Decreto-ley 4/2005, de 11 de marzo, por el que se concede un plazo extraordinario de solicitud de ayudas para las víctimas del terrorismo ... (Página 3951)

El señor ministro del Interior (Alonso Suárez) presenta en nombre del Gobierno, para su convalidación, el Real Decreto-ley 4/2005, de 11 de marzo, por el que se concede un plazo extraordinario de solicitud de ayudas para las víctimas del terrorismo. Expone las distintas leyes con las que el Estado ha venido prestando ayuda a las víctimas del terrorismo desde hace dos décadas, y pone de manifiesto la dificultad de algunas personas con la consideración

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de víctimas del terrorismo para acogerse a la cobertura de la Ley de Solidariad con las Víctimas del Terrorismo, de 8 de marzo de 1999, por no haberlo solicitado dentro del plazo establecido al desconocer que les asistía ese derecho. Por ello, dice, el Gobierno decidió aprobar la remisión al Congreso del Real Decreto-ley 4/2005, de 11 de marzo, por el que se concede un plazo extraordinario de seis meses para solicitar las ayudas a estas víctimas del terrorismo.


En turno de fijación de posiciones intervienen los señores Mardones Sevilla, del Grupo Parlamentario de Coalición Canaria; Llamazares Trigo, del Grupo Parlamentario de Izquierda Verde-Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya Verds; la señora Uría Etxebarría, del Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV); los señores Cerdà Argent, del Grupo Parlamentario Esquerra Republicana (ERC); Guinart Solá, del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió); y las señoras Torme Pardo, del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, y Unzalu Pérez de Eulate, del Grupo Parlamentario Socialista del Congreso.


Se suspende la sesión.


Se reanuda la sesión con carácter secreto.


Dictamen de la Comisión del Estatuto de los Diputados ... (Página 3957)

Dictamen de la Comisión del Estatuto de los Diputados sobre declaración de actividades de señores Diputados ... (Página 3957)

Sometido a votación el dictamen de la Comisión del Estatuto de los Diputados, es aprobado.


Se reanuda la sesión con carácter público.


Convalidación o derogación de reales decretos-leyes. (Votaciones..) ...
(Página 3958)

Sometido a votación el Real Decreto-ley 5/2005, de 11 de marzo, de reformas urgentes para el impulso a la productividad y para la mejora de la contratación pública, se aprueba su convalidación por 183 votos a favor, 130 en contra y siete abstenciones.


Sometida a votación la tramitación como proyecto de ley del Real Decreto-ley convalidado, se rechaza por 151 votos a favor y 168 en contra.


Sometido a votación el Real Decreto-ley 4/2005, de 11 de marzo, por el que se concede un plazo extraordinario de solicitud de ayudas para las víctimas del terrorismo, se aprueba por unanimidad.


Sometida a votación la tramitación como proyecto de ley del Real Decreto-ley convalidado, se rechaza por 139 votos a favor, 179 en contra y dos abstenciones.


Enmiendas del Senado ... (Página 3958)

Proyecto de ley sobre saneamiento y liquidación de las entidades de crédito ... (Página 3958)

En turno de fijación de posiciones intervienen los señores Mardones Sevilla, del Grupo Parlamentario de Coalición Canaria; Díaz Díaz, del Grupo Parlamentario Socialista del Congreso; Puig Cordón, del Grupo Parlamentario Esquerra Republicana (ERC); Sánchez i Llibre, del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), y Erias Rey, del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.


Proyecto de ley de supervisión de los conglomerados financieros y por la que se modifican otras leyes del sector financiero ... (Página 3961)

En turno de fijación de posiciones intervienen los señores Mardones Sevilla, del Grupo Parlamentario de Coalición Canaria; Azpiazu Uriarte, del Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV); Puig Cordón, del Grupo Parlamentario Esquerra Republicana (ERC); Sánchez i Llibre, del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió); Erias Rey, del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, y Cuevas Delgado, del Grupo Parlamentario Socialista del Congreso.


Propuestas de creación de subcomisiones ... (Página 3966)

Página 3934


Propuesta de la Comisión de Industria, Turismo y Comercio de creación de una subcomisión para el análisis de las medidas a proponer al Gobierno en relación a los procesos de deslocalización y para estimular las mejoras de la competitividad de la economía ... (Página 3966)

Antes de proceder a las votaciones de las enmiendas del Senado, la Presidencia somete a la Cámara la propuesta de la Comisión de Industria, Turismo y Comercio de creación de una subcomisión para el análisis de las medidas a proponer al Gobierno en relación a los procesos de deslocalización y para estimular las mejoras de la competitividad de la economía, lo que se aprueba por asentimiento.


Enmiendas del Senado. (Votaciones.) ... (Página 3966)

Se procede a las votaciones de las enmiendas del Senado al proyecto de ley sobre saneamiento y liquidación de las entidades de crédito.


Asimismo se procede a las votaciones de las enmiendas del Senado al proyecto de ley de supervisión de los conglomerados financieros y por la que se modifican otras leyes del sector financiero.


Debates de totalidad de iniciativas legislativas ... (Página 3967)

Proyecto de ley de medidas urgentes para el impulso de la televisión digital terrestre, de liberalización de la televisión por cable y el fomento del pluralismo ... (Página 3967)

Presenta el proyecto de ley, en nombre del Gobierno, el señor ministro de Industria, Turismo y Comercio (Montilla Aguilera), con la esperanza de que su paso por esta Cámara sirva para avanzar en el acuerdo en torno al mismo, tanto entre las fuerzas políticas como entre los sectores sociales e industriales implicados. Considera que la expectación generada y la gran cantidad de enmiendas presentadas a un proyecto de ley que sólo consta de cuatro artículos y dos disposiciones demuestra la necesidad y la oportunidad de su elaboración, para acometer de manera urgente determinadas reformas en el sector de la radio y la televisión que permitan, por un lado, avanzar en el objetivo de impulsar la televisión digital, avanzar en la liberalización y fomentar el pluralismo, y por otro, afrontar en el futuro el debate de la ley general audiovisual sin las distorsiones que podría suscitar en el mismo alguna de las medidas que se contemplan en este proyecto de ley.


En defensa de la enmienda de totalidad de devolución interviene la señora Montesinos de Miguel, en nombre del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.


En turno en contra de la enmienda de totalidad interviene el señor López Águeda, del Grupo Parlamentario Socialista del Congreso.


En turno de réplica intervienen la señora Montesinos de Miguel y el señor López Águeda.


En turno de fijación de posiciones intervienen el señor Labordeta Subías y la señora Fernández Dávila, del Grupo Parlamentario Mixto; y los señores Pérez Martínez, del Grupo Parlamentario de Izquierda Verde-Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya Verds; Beloki Guerra, del Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV); Puig Cordón, del Grupo Parlamentario Esquerra Republicana (ERC), y Vilajoana Rovira, del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió).


Sometida a votación la enmienda de totalidad de devolución al proyecto de ley de medidas urgentes para el impulso de la televisión digital terrestre, de liberalización de la televisión por cable y de fomento del pluralismo, se rechaza por 128 votos a favor, 163 en contra y nueve abstenciones.


Avocación por el Pleno ... (Página 3984)

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 149.1 del Reglamento, la Presidencia somete al Pleno de la Cámara la avocación de la deliberación y votación final del proyecto de ley de medidas urgentes para el impulso de la televisión digital terrestre, la liberalización de la televisión por cable y de fomento del pluralismo, lo que se aprueba por asentimiento.


Se levanta la sesión a las dos y cincuenta minutos de la tarde.


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Se reanuda la sesión a las nueve de la mañana.


CONVALIDACIÓN O DEROGACIÓN DE REALES DECRETOS-LEYES.


- REAL DECRETO-LEY 5/2005, DE 11 DE MARZO, DE REFORMAS URGENTES PARA EL IMPULSO A LA PRODUCTIVIDAD Y PARA LA MEJORA DE LA CONTRATACIÓN PÚBLICA.
(Número de expediente 130/000015.)

El señor PRESIDENTE: Se reanuda la sesión.


Comenzaremos por el punto IX: Convalidación o derogación de reales decretos-leyes. Procederemos a la votación del dictamen de la Comisión del Estatuto de los Diputados en un momento ulterior de la mañana.


Para la presentación del real decreto-ley, tiene la palabra el señor vicepresidente del Gobierno.


El señor VICEPRESIDENTE DEL GOBIERNO Y MINISTRO DE ECONOMÍA Y HACIENDA (Solbes Mira): Muchas gracias, señor presidente.


Señorías, tengo el honor de presentar para su convalidación el Real Decreto-ley 5/2005, de reformas urgentes para el impulso a la productividad y para la mejora de la contratación pública. Este real decreto-ley, junto a tres proyectos de ley y un acuerdo del Consejo de Ministros del 25 de febrero, constituyen el primer paquete de medidas en que se materializa el Plan de dinamización de la economía e impulso de la productividad. Dicho plan se enmarca dentro de una estrategia global de política económica que tiene como objetivo fundamental el aumento de la productividad, y se estructura en cinco ejes: reforma del mercado de trabajo, plan de fomento empresarial, reforma fiscal, compromiso con la estabilidad presupuestaria y plan de dinamización. En varias de estas áreas el Gobierno ya ha dado pasos importantes y otros se encuentran en fase de estudio, análisis o decisión. El plan de dinamización recoge un conjunto de medidas que el Gobierno pondrá en marcha en áreas tan importantes como competencia, funcionamiento más eficiente de los mercados, investigación y desarrollo, calidad y eficiencia del gasto público y la mejora del marco regulatorio. Cada medida viene acompañada de una fecha límite para su aplicación, así como el ministerio responsable de ponerla en marcha.


Las actuaciones previstas responden, sobre todo, a un diagnóstico de la economía española que creo que no admite discusión. Una parte importante de nuestro problema de productividad es atribuible a que los mercados españoles todavía no funcionan lo bien que deberían. Subsisten numerosos obstáculos a la competencia, tanto por deficiencias del marco regulatorio, como por las limitaciones del marco actual de defensa de la competencia. Son problemas que urge corregir por dos motivos: porque esta situación impide que el consumidor se beneficie en la medida deseable de la creciente eficiencia empresarial, pero también por el insatisfactorio funcionamiento de los mercados españoles que merma nuestras posibilidades de crecimiento. Pedir moderación salarial para contener la inflación es, sin duda alguna, indispensable, pero no basta. Es también necesario un entorno de mayor competencia que asegure que las rentas empresariales son fuente de tensiones inflacionistas.


Permítanme que destaque algunos aspectos que considero importantes del plan. Constituye una muestra clara del compromiso del Gobierno con la transparencia. El plan ha tenido por su propia naturaleza un largo periodo de gestación, las cuestiones tratadas en los documentos son delicadas, se prestan al matiz y afectan a un amplio conjunto de intereses, razón por la cual consideramos necesario un periodo de discusión en el seno del Gobierno previa a su presentación. En tercer lugar, el Gobierno ha querido con la formulación del plan ser respetuoso con el ámbito competencial de las comunidades autónomas ya que, aunque no somos indiferentes a cómo ejercen sus competencias, contemplamos con preocupación el sesgo contrario al mercado de algunas de sus decisiones.
No creemos que inmiscuirnos en sus áreas sea una línea de actuación especialmente productiva, pero pensamos que todos tenemos que trabajar en la misma dirección. Último elemento a destacar, la implicación del plan con la Estrategia de Lisboa. No solo coinciden las áreas del plan con las prioridades de la nueva estrategia, sino que la filosofía es exactamente la misma. La receta para crecer de manera sostenible a medio y largo plazo es poner el acento en el buen funcionamiento de los mercados, la innovación tecnológica y el impulso al capital humano. Por esta razón puede decirse que nos hemos adelantado en cierta medida a los compromisos aceptados en el Consejo Europeo de Lisboa.


La primera entrega del plan de dinamización ha sido el primer paquete de medidas aprobado por el Consejo de Ministros, integrado por los proyectos de ley de medidas generales de impulso a la productividad, el de medidas tributarias, el proyecto de ley regulador de las entidades de capital riesgo, un acuerdo del Consejo de Ministros y el propio real decreto que hoy les presento. Dentro de este conjunto de medidas, el real decreto-ley incluye aquellas en las que se aprecia una extraordinaria y urgente necesidad en su aprobación, incorporando el resto de medidas que exigen rango de ley a los mencionados proyectos que serán objeto del correspondiente trámite parlamentario.


Sobre el punto específico del decreto-ley, puedo señalar que el dictamen del Consejo de Estado considera globalmente que concurren las circunstancias de extraordinaria y urgente necesidad que amparan y justifican su aprobación como real decreto-ley, así como la adecuación entre las medidas propuestas y los fines perseguidos. En el caso de la trasposición de entidades

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financieras, la urgencia se justifica por el plazo de trasposición. La urgencia en las reformas en el sector energético están justificadas por la actual situación del mercado, lo que aconseja no retrasar más las medidas que contribuyen a mejorar la transparencia y el control de precios, así como otras cuya urgencia deriva de hechos puntuales, como la entrada en vigor del mercado ibérico de electricidad o la inminente elaboración del libro blanco de la generación eléctrica, en el caso de retraso de la liquidación de los costes de transición a la competencia.
La urgencia en las reformas del régimen de comercio de derechos de emisión de gases de efecto invernadero se debe a nuevas decisiones comunitarias no incorporadas en su momento a la ley. Y en el caso de las reformas en materia de contratación pública, por la existencia de una reciente sentencia del Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas que debemos aplicar. Voy a hacer algún comentario, aunque sea rápido, sobre el contenido fundamental de este real decreto-ley.


En el ámbito financiero al que se refiere el título I, el real decreto-ley traspone dos directivas comunitarias: la 2000/371, conocida como Directiva de folletos, y la 2002/47, sobre acuerdos de garantía financiera. Son directivas que regulan materias de gran importancia para la competitividad y desarrollo de los mercados financieros. La libertad de movimientos de capital se configura como un elemento esencial de la integración en el marco europeo, pero exige especial diligencia y agilidad del legislador nacional, de tal forma que no solo se traspongan correctamente las directivas, sino que esta trasposición favorezca la competitividad de nuestro sistema financiero nacional. En el caso de la Directiva 2003/71, su objetivo fundamental es armonizar el proceso de aprobación de los folletos exigidos para admisión a cotización de valores en mercados regulados comunitarios y para las ofertas públicas, introduciendo como novedad esencial el que las ofertas de valores autorizadas en otros Estados miembros podrán realizarse en España sin requisitos de información adicionales y sin que deban estar sujetas a autorización por parte de la Comisión Nacional del Mercado de Valores. En este sentido el folleto comunitario se convierte en una especie de pasaporte comunitario para el libre tránsito de las emisiones. Si queremos mantener la posición competitiva del mercado español es imprescindible, como ya están haciendo otros países miembros, trasponer urgentemente la directiva antes de la fecha límite del primero de julio de este año, estableciendo un régimen jurídico que, preservando la necesaria seguridad jurídica, elimine aquellos requisitos que no tengan justificación desde el punto de vista de la protección del inversor o del correcto funcionamiento del mercado. La nueva regulación, además de adaptarse a la directiva en cuanto a las características generales de los folletos y su validez transfronteriza, incorpora, entre otras novedades, la supresión del requisito de autorización administrativa previa para la admisión a negociación de valores en un mercado secundario y la eliminación de la necesidad de escritura pública, inscripción en el Registro Mercantil y publicación en el Boletín Oficial del Registro Mercantil para la emisión de valores. Algo similar sucede con la Directiva 2002/47, sobre acuerdos de garantía financiera, que se encuentra además con el plazo de trasposición vencido. La ausencia de una trasposición adecuada de la misma estableciendo un régimen armonizado de estos acuerdos puede traer consigo un riesgo de deslocalización de la prestación de garantías financieras, con la consiguiente pérdida de negocio para los mercados españoles. La trasposición urgente de la directiva incluye también algunos aspectos de flexibilidad y algunos elementos novedosos sobre los temas de formalidades, regulación del derecho del titular, pacto entre las partes respecto a las variaciones en el precio del objeto de la garantía o ejecución de las garantías financieras.


En el título II del real decreto-ley, pasando ya de la parte financiera a la parte energética, se incluyen o se abordan diversas reformas en el sector energético. Se aprueban las normas necesarias para la puesta en marcha del nivel, el 30 de junio de este año, y se incluye también una serie de medidas destinadas a fomentar un comportamiento más eficiente de los agentes y profundizar en una liberalización ordenada del sector que, dado su carácter de insumo estratégico deben traducirse en ganancias para toda la economía. Desde el punto de vista horizontal se introducen modificaciones al concepto de operador principal de los mercados, teniendo en cuenta exclusivamente las actividades liberalizadas y excluyendo del término las actividades reguladas de transporte en este sector. Se prevé que la Comisión Nacional de la Energía y la Comisión del Mercado de Telecomunicaciones queden obligadas a publicar a través de medios telemáticos los listados de los operadores principales de sus respectivas competencias, lo que favorecerá la transparencia en el mercado. También se regula la figura de operador dominante en los mercados energéticos, con objeto de establecer determinadas obligaciones regulatorias que permitan mejorar el desarrollo de la competencia.


En el capítulo II se contiene un amplio conjunto de medidas en el ámbito del sector eléctrico. Se incorporan una serie de obligaciones de suministro de información sobre los hechos y circunstancias relevantes que afectan a la formación de precios del mercado; lógicamente la existencia de mayor información compartida por todos los agentes redundará en una menor distorsión de la competencia y en un proceso de formación de precios más transparente. En segundo lugar, se introducen medidas de aumento de la productividad a través de la racionalización de costes, prohibiendo la distribución en cascada y garantizando que la propiedad de las redes no da derecho a su uso exclusivo. Pensamos que este elemento es positivo y permite introducir algunos

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elementos adicionales de competencia en un sector como la distribución de energía eléctrica, que tiene características de monopolio natural. En tercer lugar, se aprueba una serie de medidas que permiten la aplicación efectiva del mercado ibérico de la electricidad que debe ponerse en marcha antes del 30 de junio y evidentemente se amplían las posibilidades de contratación y de actuación de los agentes en el mercado. Vinculado a la idea del nivel, es necesario abrir las posibilidades de compra y venta en el mercado diario a todos los agentes, incluyendo a los distribuidores. En este capítulo se introduce también una limitación de participación de las empresas del sector eléctrico en el accionariado de Red Eléctrica Española, reduciéndola al 1 por ciento con el objetivo de garantizar su independencia frente a aquéllas; esta reducción deberá hacerse de forma progresiva en el plazo máximo de dos años a partir del primero de enero del año 2006. El Gobierno también considera necesario modificar y, por tanto, propone modificar el sistema de liquidación de los costes de transición a la competencia y muy especialmente pospone el cierre de la liquidación de los costes correspondientes al año 2004, que no tendrá lugar en todo caso antes del 1 de enero de 2006. Por último, en este capítulo destinado al sector eléctrico, se modifica el fondo para la financiación de las actividades del Plan general de residuos radioactivos, procediéndose a una internalización de los costes de los mismos. Así, las cantidades destinadas a costear la gestión de los residuos radioactivos y del combustible gastado y los costes de desmantelamiento y clausura serán financiados por los titulares de las centrales nucleares a lo largo de su explotación, sustituyendo el actual sistema de financiación con cargo a la tarifa eléctrica, y todo ello a partir del 31 de marzo del año 2005. La traslación de estos costes a las empresas supone evidentemente un incentivo para una mayor eficiencia en su gestión.


Los capítulos III y IV están destinados a regular determinados aspectos relacionados con los sectores de hidrocarburos líquidos y gaseosos. En hidrocarburos líquidos se potencia nuevamente la información a aportar por los operadores al por mayor de productos petrolíferos acerca de las estaciones de servicio que forman parte de su red. Al tratarse de una información necesaria para mantener el censo sobre el que se gestiona la información de los precios de carburante, la introducción de una infracción en caso de incumplimiento, infracción que se considera grave, ha de considerarse urgente y necesaria para garantizar la transparencia y control en la actual situación de altos precios en los mercados internacionales. También se mejora la coordinación entre los registros de instalación de distribución al por menor de comunidades autónomas con los registros del Ministerio de Industria, Turismo y Comercio. En los hidrocarburos gaseosos se introducen modificaciones, entre otros aspectos, en el régimen de autorización, pudiendo destacarse el hecho de que sobre la zona de distribución de gas natural de una autorización administrativa no podrán concederse nuevas autorizaciones para la construcción de instalaciones de distribución. Así, las empresas que obtengan la autorización podrán reducir los costes de sus servicios gracias a las economías de escala.


El último tema o grupo de temas se refiere al régimen de comercio de derechos de emisión de gas de efecto invernadero. Hay que recordar que la aplicación de Kioto y la correspondiente normativa comunitaria se incorporó a nuestro derecho interno por el Real Decreto-ley 5/2004, de 27 de agosto, posteriormente tramitado como proyecto de ley. Su modificación es necesaria como consecuencia de la adopción por parte de la Comisión Europea de dos importantes decisiones durante el mes de diciembre del año 2004. En primer lugar, una decisión del 27 de diciembre, relativa al Plan nacional de asignación de derechos de emisión presentado por España, según la cual resulta imprescindible incorporar al ámbito de aplicación de la ley española todas las instalaciones de combustión de más de 20 megavatios no incluidas con arreglo a la interpretación inicialmente adoptada por nuestro país. En segundo lugar, el Reglamento 2216/2004, relativo a un régimen normalizado y garantizado de registros de emisión.
Ambas decisiones exigen modificación de la ley española, y la decisión relativa al Plan nacional de derechos implica también la necesidad de abrir un nuevo plazo para la solicitud y autorización de derechos para las instalaciones afectadas y habilitar al Consejo de Ministros para modificar el plan vigente con posterior notificación a la Comisión, a fin de que la misma se pronuncie al respecto. Ello justifica una modificación urgente de la ley para proporcionar, en el plazo más breve posible, un marco claro a las empresas sobre la cantidad disponible de derechos asignados, permitiendo una planificación de sus inversiones y evitando problemas de competencia en el mercado interior con instalaciones de similares características contempladas en los planes nacionales. Por su parte, la aplicación del Reglamento comunitario relativo al registro de emisiones requiere también una modificación del régimen legal vigente para garantizar la seguridad del tráfico, precisando que las inscripciones en el registro tienen carácter constitutivo y, por lo tanto, que los terceros adquirentes están amparados por la publicidad registral. Solo de esa forma conseguiremos que el sistema funcione en el ámbito comunitario de manera eficiente.


Último punto: contratación administrativa. En el título IV del Real Decreto-ley se plantea la modificación de diversos preceptos de la Ley de contratos de las administraciones públicas, como consecuencia de la necesidad de ejecutar la sentencia del Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas de 13 de enero de 2005, que además de esta exigencia deben suponer un reforzamiento de la competencia en el mercado único incrementando la transparencia. Por tanto, se incorpora

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al ámbito subjetivo de la ley a las fundaciones del sector público, sometiendo sus contratos de mayor cuantía a las normas de capacidad, publicidad, procedimiento y formas de adjudicación de la ley. En segundo lugar, la totalidad de los contratos de las entidades del sector público empresarial y de las fundaciones, cualquiera que sea su cuantía, se someten a los principios de publicidad y concurrencia de la Ley de contratos del Estado. Esta es una faceta importante de la gestión económica de las sociedades mercantiles estatales y de las fundaciones.
Con esta modificación se refuerzan las exigencias del cumplimiento de unos principios que son esenciales para la buena gestión de los recursos públicos. En tercer lugar, se amplía la sujeción a los procedimientos de la Ley de contratos de los convenios de colaboración entre administraciones públicas, cuyo objeto son los contratos de obra, suministro, consultorías y asistencia o servicios. Y, por último, se redefine el recurso al procedimiento negociado sin publicidad para los supuestos en que los procedimientos abiertos no permitan la adjudicación de los contratos, suprimiendo la posibilidad de variar el precio de contrato hasta un 10 por ciento del mismo, pero sin dejar de incorporar un margen de flexibilidad en la búsqueda de los contratistas en los casos necesarios.


En otro orden de cosas, señorías, hay que destacar que el proyecto de este real decreto-ley fue sometido al dictamen preceptivo del Consejo de Estado ya que, como se ha puesto de manifiesto, un número importante de las medidas que en él se incluyen suponen la aplicación o trasposición de normativa a decisiones comunitarias. El dictamen destaca el cumplimiento de las exigencias imprescindibles en cuanto a su tramitación y, aunque realiza algunas observaciones, ninguna de ellas tiene carácter de esencial, de tal forma que una vez consideradas las mismas por el Gobierno, el proyecto ha podido ser aprobado de acuerdo con el criterio del alto órgano consultivo. De hecho, la mayor parte de las observaciones, sugerencias y recomendaciones han sido incorporadas al texto definitivo.


Por tanto, señorías, se somete hoy para su convalidación una norma que puede considerarse conveniente, urgente y necesaria en el camino emprendido por parte de este Gobierno de fomento de la productividad y mejora de los mercados, elemento fundamental para una mayor eficiencia en el funcionamiento de nuestra economía. Pido a SS.SS. el voto favorable para la convalidación del presente real decreto-ley.


Muchas gracias, señor presidente. (Aplausos.)

El señor PRESIDENTE: Gracias a usted, señor vicepresidente.


¿Algún grupo parlamentario desea ejercer su turno en contra? (Pausa.)

Por el Grupo Parlamentario Popular tiene la palabra el señor Arias Cañete.


El señor ARIAS CAÑETE: Señor presidente, señoras y señores diputados, señor vicepresidente del Gobierno, durante los ocho años de Gobierno del Partido Popular los portavoces económicos socialistas, instalados permanentemente en un discurso catastrofista, auguraron toda suerte de desastres a la economía española por la falta de productividad que generaba el modelo económico aplicado. Ocho años de fallos continuados en las predicciones del señor Fernández Marugán y del señor Sevilla, cinco millones de empleos creados y casi 15 puntos de convergencia real con la Unión Europea -que se verán cuando se revisen las series de la nueva EPA- han puesto de manifiesto el acierto en aquellos momentos de un modelo basado en la estabilidad presupuestaria, la bajada real de impuestos, la reducción del gasto público y la puesta en marcha de reformas estructurales. Producida la alternancia en el Gobierno, cualquiera hubiera pensado, a la vista del discurso económico socialista y de su programa de Gobierno, que se produciría un giro inmediato en la política económica, que el Partido Socialista tenía un verdadero modelo económico alternativo, elaborado por su selecto grupo de economistas 2004 o por los influyentes chicos Intermoney, pero ha pasado todo un año sin que se pusiera en marcha una sola medida de fomento de la productividad; todo lo contrario, el proteccionista ministro de Industria logró dar un vuelco al proyecto de ley regulador de apertura y horarios de establecimientos comerciales, dando un paso atrás en la liberalización de este sector y en el fomento de la competencia, y además el intervencionismo del Gobierno quedó de manifiesto en operaciones como las de BBVA-Sacyr, Aldeasa o la CNMT. Todos los cerebros del Ministerio de Economía y Hacienda, la oficina económica del presidente del Gobierno, que tiene una relación de más de 60 puestos de trabajo -de ellos cubiertos más de 40 y siendo más de 20 puestos de nivel 30-, la pomposa unidad de la productividad, la Comisión Delegada del Gobierno de Asuntos Económicos, después de un año de pasmosa inactividad, de rivalidades incomprensibles en el seno del Gobierno, de declaraciones y globos sonda contradictorios y, desde luego, de vivir de las rentas de la política económica del Gobierno anterior que tanto denostaban, han dado a luz un pomposamente denominado plan de dinamización de la economía, pero en la chistera del señor vicepresidente no había ni siquiera un conejo, apenas un pequeño ratoncillo.


El paquete propone 104 acciones, de las cuales 58 son mandatos a los distintos ministerios, inconcretos y sin plazos de ejecución definidos, 28 se contienen en proyectos de ley que esta Cámara empieza a tramitar y el resto se contienen en un decreto-ley que es más parecido a una ley de acompañamiento por su carácter de cajón de sastre. Y eso que ustedes criticaban la ley de acompañamiento. Pero este decreto-ley tiene el mismo carácter de cajón de sastre, pero sin dar la oportunidad

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de realizar un debate y la capacidad de proposición de enmiendas que la ley de acompañamiento permitía. El plan, por supuesto, no tiene dotación presupuestaria alguna, no tiene calendario de aplicación efectivo, no evalúa su impacto económico, no va acompañado de una memoria explicativa suficiente que nos explique cuál va a ser la eficacia del plan en los distintos sectores y, por lo tanto, es solamente un rosario de intenciones, muchas de las cuales no son nuevas, como el fomento del arrendamiento y la creación de una agencia pública de alquiler -por otra parte innecesaria, vistas las agencias que existen en las comunidades autónomas-, muchas de las cuales nada tienen que ver con la productividad -que me explique alguien si la prórroga de la tarifa del sector eléctrico hasta el año 2100 supone un incremento de la productividad en nuestro país; no lo veo- y otras incorporan la creación de nuevos órganos en el sector público, y no parece que aumentar la burocracia sea la mejor receta para incrementar la productividad.


El plan, por supuesto, no recoge ninguna de las reformas estructurales que los organismos internacionales y la opinión generalizada de los economistas españoles consideran imprescindibles para mantener el crecimiento de la economía española y garantizar su competitividad. Ni la reforma laboral -que se dice que se hará en el marco del diálogo social-, ni la reforma fiscal -porque no se puede considerar reforma fiscal lo que se ha anunciado-, ni políticas serias de suelo y vivienda, ni actuaciones para garantizar la sostenibilidad de las pensiones a medio y largo plazo, ni el apoyo a la internacionalización de la empresa española, ni la liberalización efectiva de los mercados energéticos y de telecomunicaciones se contienen en este plan. Probablemente la división interna en el Gobierno, los compromisos derivados de su debilidad parlamentaria y la falta de voluntad política para tomar cualquier medida que suponga un mínimo desgaste, por necesaria que sea o por alto que sea el precio a pagar en el medio plazo, han llevado a este plan inconcreto, con propuestas de escaso calado y, lo que es más preocupante, señor vicepresidente, sin ninguna negociación con los sectores afectados.
Después de un año, no ha habido ninguna negociación. ¡Olé el talante!

Esta falta de negociación puede llevar a un proceso de resistencia activa de los sectores implicados en la puesta en marcha de las medidas y en su caso a un rosario de acciones legales contra las mismas, que pueden acabar por diluir o anular el efecto positivo sobre la economía, supuestamente buscado, en el paquete presentado. Paquete que, eso sí, señor vicepresidente, se presentó con gran pompa y aparato, aunque probablemente su presentación por fascículos no pudo ser más deplorable.
Primero, en la rueda de prensa el vicepresidente anunció, se lo debo decir -yo la vi en directo-, sin ningún entusiasmo -usted no es un hombre que se prodigue en sus expresiones y en aquella rueda de prensa su entusiasmo brillaba por su ausencia- unas medidas que sorprendieron por su vaguedad y poco calado a la sociedad española y a todos los medios de comunicación presentes en aquella rueda de prensa. Por eso, a media tarde del viernes tuvieron que hacer un cambio de estrategia de comunicación.
Aprobado en el Consejo de Ministros se filtraron a algunos medios de comunicación, que no a todos, listados más concretos de las propuestas.
Eso sí, ni el texto del proyecto de decreto-ley estaba disponible. El martes hubo una rueda de prensa patética en la que por primera vez participaron los tres mosqueteros, los secretarios de Estado Ordóñez, Vegara y el fontanero económico de La Moncloa, señor Sebastián. Y allí volvieron a presentar el paquete. Se aprueba el viernes, se presenta, como se hace mal y con poco entusiasmo, el martes se hace la segunda presentación. Pero en aquella rueda de prensa el secretario de Estado Fernández Ordóñez afirmó una cosa que preocupó a nuestro grupo: que en el plan está prácticamente todo lo que se puede hacer, porque si hacemos algo más entramos en las competencias de las comunidades autónomas. Si eso fuera cierto, si el Gobierno ya ha hecho todo lo que puede hacer para incrementar la competitividad de la economía española, sería una catástrofe, señor vicepresidente. No lo es, y usted lo sabe. Cabe afrontar una reforma laboral rigurosa; cabe una reforma fiscal de alcance, no la minirreforma anunciada; cabe un verdadero plan de apoyo al comercio exterior, no el plan esquelético anunciado por el ministro Montilla (y nuestro grupo le manifiesta que va a presentar una moción, consecuencia de la interpelación del día de ayer, para potenciar ese plan y que no se convierta en papel mojado) y cabe reforzar las atribuciones y la independencia de los órganos reguladores, aunque a este capítulo de su discurso no demuestran mucho entusiasmo, sino todo lo contrario, como ya hemos visto.


Centrémonos en el decreto-ley cuya convalidación el Gobierno solicita a esta Cámara. Nuestro grupo parlamentario discrepa de su contenido por razones formales y por razones de fondo. Respecto de las primeras, no podemos menos que compartir las críticas que el Consejo de Estado ha formulado en su dictamen y que el señor vicepresidente, con gran habilidad, ha soslayado, mencionándolas, pero no dándolas ninguna importancia. En primer lugar, el Consejo de Estado pone de manifiesto la falta de consideraciones detalladas en la memoria explicativa, pero no solo en el decreto-ley, sino en los proyectos de ley y en todo el plan en su conjunto. No hay una explicación conjunta, ordenada y desde luego en detalle.


En segundo lugar, y esto es preocupante, la falta de audiencia a las comunidades autónomas, puesto que muchas medidas afectan a la distribución de competencias, pero también la falta de intervención de otros ministerios. ¿Qué pasa con el Ministerio de Justicia en materia concursal, por ejemplo? ¿O de órganos especialmente

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cualificados en atención a las materias afectadas, como el Banco de España, la Comisión Nacional del Mercado de Valores o como la Comisión Nacional de la Energía, que no han dicho nada en todo este paquete?

En tercer lugar, el Consejo de Estado dice que este decreto-ley es una norma incompatible con su contenido regulatorio, porque la esencia del decreto-ley es una actuación urgente de carácter provisional, coyuntural para una actuación concreta, no regular con carácter permanente las relaciones jurídicas de sectores determinados. Por lo tanto, el Consejo de Estado dice que en estas circunstancias, si vamos a ordenar sectores hacia el futuro y con vocación de permanencia, es fundamental que se tramite el texto de la forma establecida en el artículo 86.3 de la Constitución, como proyecto de ley. Me gustaría, señor vicepresidente, que nos diga si el Gobierno va a acceder a que tramitemos esto como proyecto de ley y los grupos podamos incorporar mejoras sustanciales.


En cuarto lugar, el Consejo de Estado critica la fragmentación del ordenamiento jurídico que se contiene en el real decreto-ley al reformar varias disposiciones o modificar en un mismo texto normativo varias disposiciones, lo cual es una técnica legislativa criticable. Amén de que ustedes modifican una ley en el decreto-ley cuando lo aprueban en el Consejo de Ministros y la ley todavía no había sido publicada, lo cual es ciertamente curioso. Por lo tanto, desde el punto de vista de la técnica jurídica, este decreto-ley se puede calificar como un bodrio.


Respecto del fondo y del contenido del decreto-ley, haré las siguientes observaciones. La reforma de los mercados financieros se limita a trasponer dos directivas, con lo que cumplen ustedes sus obligaciones un año más tarde. Reconociendo que una mayor flexibilidad de los mercados financieros es siempre positiva, el impacto sobre la productividad de estas medidas es limitado.


El contenido fundamental del decreto-ley, no nos engañemos, afecta a los mercados energéticos, y en este título yo le formularía las siguientes observaciones: La redacción actual de los operadores principales y dominantes puede crear situaciones de conflicto o discriminación respecto a operadores extranjeros, porque ¿afectan estas definiciones a Electricidade de Portugal o a EDF de Francia o no? ¿Son compatibles las definiciones con la creación de un mercado único de electricidad con Portugal?

La prohibición de importación de energía por parte de los operadores dominantes, que está regulada en el artículo 22.7, la establecen ustedes con carácter indefinido, lo cual carece de toda lógica y es, por otra parte, una medida intervencionista que puede contravenir directivas comunitarias, no beneficia al consumidor y va a beneficiar a determinadas empresas que pueden ser dominantes en sus mercados principales o en sus países de origen -y me refiero claramente a Gas Natural, por un lado, y a EDP y EDF, por otro- y, desde luego, a costa de la cuenta de resultados de nuestros principales operadores energéticos.


En el artículo 23 modifican los límites máximos de participación del accionariado en Red Eléctrica Española. Nos parece razonable, pero si queremos introducir más competencia en el sector energético, por qué no se establecen en el decreto-ley limitaciones similares que tendrían efectos mucho más importantes en el sector de gas natural o hidrocarburos, donde hay mucho más control por parte de los operadores dominantes.


El real decreto, en su artículo 22.3 y siguientes, establece un nuevo reparto de competencias entre el operador del sistema y el operador del mercado y reduce sustancialmente las del segundo a favor del primero.
¿Qué pretende el Gobierno? ¿Tener más facultades de intervención en el sector utilizando el control accionarial de la SEPI en Red Eléctrica? ¿Por qué se hace esto?

El real decreto-ley, en el artículo 24, introduce cambios muy importantes en el tratamiento del déficit de ingresos en las liquidaciones de las actividades reguladas. La nueva disposición hace recaer la obligación de la cobertura del déficit solo sobre cinco de las empresas participantes en el mercado de producción y, además, con unos porcentajes de participación determinados que se dice que son provisionales, que se fijan de forma arbitraria y no justificada, porque ni del articulado ni de la exposición de motivos ni de la memoria explicativa se puede extraer por qué son estos sujetos los obligados y no otros, y por qué son estos los porcentajes exigidos y no cualquier otro, máxime cuando del examen de estos porcentajes resulta claramente que no están relacionados con ninguna magnitud física o económica relevante y fácilmente identificable.
Por tanto, se establece una obligación de aportar ingresos sin que se conozca el título jurídico habilitante que lo impone, porque los porcentajes afectan solo a parte de las empresas que participan en el mercado y de manera no proporcional al déficit generado por las mismas.
Desde luego, son ustedes unos maestros de la confusión. Además, los responsables de la aparición del déficit son los generadores que tienen ingresos superiores a los pagos realizados por los consumidores de acuerdo con la tarifa. Sería más equitativo que se cubriera el déficit con los excesos de recaudación sobre el precio medio estimado en tarifa, pero cobrados por todas las empresas participantes en el mercado de generación.


Por otra parte, el real decreto-ley establece la exigencia de aportar estos ingresos, pero no incluye ni el régimen jurídico de tales aportaciones ni el mecanismo para su recuperación. Aquí hay algo curioso.
En el sistema anterior, la Orden del Ministerio de Economía 1588, del año 2002, establecía que los pagos aportados para financiar el déficit se reconocían como CTC pendientes de recuperar. ¿Está derogada tácitamente dicha orden? Porque en el primer borrador del real decreto-ley

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que colgaron en la red constaba la derogación expresa; en la versión definitiva, no, pero el resto permanece igual. ¿Hay derogación tácita? ¿Piensa aplicar el Gobierno esta orden? No se sabe, y ustedes, con la técnica del decreto-ley, con vocación de permanencia.


El artículo 25 del real decreto-ley regula el fondo para la fijación de las actividades del Plan general de residuos radiactivos. En la nueva regulación, los residuos, el combustible que se recargue desde el 1 de abril y el resto de los costes de desmantelamiento desde esa fecha pasan a ser financiados por los titulares de las centrales durante su explotación. No hay previsiones de que los costes se puedan recuperar, no hay garantías de que no se incrementen en el futuro de forma incontrolada y la fórmula elegida es la que menor seguridad jurídica ofrece afectando de manera relevante al principio de confianza legítima en el estatus anterior.


En definitiva, señor vicepresidente, este real decreto-ley es una norma que llega tarde, que no ha sido objeto de diálogo ni de negociación con los sectores afectados, que tiene una defectuosa técnica jurídica que pone de manifiesto el Consejo de Estado, que básicamente supone desarrollo de legislación comunitaria o decisiones de la Comisión Europea, que en los extremos en los que quiere innovar rompe la equidad favoreciendo a empresas determinadas, crea inseguridad jurídica en otros casos y, desde luego, conteniendo alguna medida positiva, estas no tienen virtualidad para impulsar incrementos significativos de productividad.
Para tan corto viaje, señor vicepresidente, no hacían falta las alforjas que una norma de esta naturaleza supone. Nuestro grupo no puede apoyar este real decreto-ley en su redacción actual y, por eso, solicitamos expresamente que se tramite como proyecto de ley para que esta Cámara pueda incorporar mejoras de calado que potencien sus propósitos y que lo hagan asumible para los sectores afectados.


Muchas gracias, señor presidente. (Aplausos.)

El señor PRESIDENTE: ¿Algún grupo parlamentario desea ejercer su turno a favor? (Denegaciones.)

Pasamos, entonces, a fijar posiciones.


Por el Grupo Parlamentario Mixto tiene la palabra la señora Fernández.


La señora FERNÁNDEZ DÁVILA: Gracias, señor presidente.


El análisis de los datos recientes de coyuntura económica parece indicar que el crecimiento registrado por la economía española en los últimos años no ha podido ir acompañado de crecimientos parejos en la productividad total y en la competitividad de la economía. Esta es una conclusión ampliamente compartida por los analistas y las principales instituciones de investigación económica. Sin embargo, el acuerdo no es tan amplio sobre cuáles son las causas de esa pérdida de productividad y competitividad y, en consecuencia, tampoco sobre las soluciones que deberían darse por la instancia política. El real decreto que hoy presenta el Gobierno se limita a introducir una serie de medidas consideradas urgentes dentro de su paquete de mejora de la productividad respecto a aspectos parciales; en los mercados financieros se trasponen las directivas sobre los folletos que deben publicarse en los casos de oferta pública o admisión a cotización de valores y sobre los acuerdos de garantía financiera; en los sectores energéticos, modificaciones de los conceptos de operador principal y dominante en el sistema de liquidación de los costes de transición a la competencia, en la participación máxima, en el capital de Red Eléctrica de España, en los requisitos de información del sector de los hidrocarburos líquidos o en el régimen de comercio de emisiones de gases de efecto invernadero y de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas. Consideramos que el impacto de las medidas contempladas en el real decreto-ley será muy limitado y que habrá que avanzar más en el estímulo de la competencia interior en ciertos mercados, particularmente en los casos de los sectores energéticos y la distribución comercial.


La evolución de los precios de los precios de los hidrocarburos, con crecimientos diferenciales sostenidos respecto a los demás países comunitarios, y la evolución reciente de los precios de ciertos productos de primera necesidad en el caso de la distribución comercial son síntomas inequívocos de una falta de competencia real en ambos sectores, cuando no manifestaciones de prácticas restrictivas de la competencia que acaban por trasladar tensiones inflacionistas al resto de la economía. En todo caso, creemos que es necesario mejorar la productividad de la economía y, por eso, aunque consideramos que el alcance de estas medidas será necesariamente limitado, no nos opondremos a la convalidación de este real decreto-ley, especialmente si el Gobierno está dispuesto a promover su tramitación como proyecto de ley, abriéndolo al debate y permitiendo su mejora con las aportaciones de los demás grupos políticos. Pero como el contenido de este real decreto-ley no es más que una pequeña parte de un ambicioso plan de mejora de la productividad, que además se ha convertido en una de las principales banderas de la política económica del Gobierno, nos gustaría dejar clara nuestra posición al respecto, aunque, en cierto modo, ello suponga anticipar futuros debates, y es que cuando se habla de productividad en el Estado español existe la tentación irresistible por parte de algunos analistas, empresarios y también de dirigentes políticos de cargar las tintas sobre la consabida flexibilización del mercado de trabajo. No importa cuál sea la situación real en comparación con los países de nuestro entorno ni las sucesivas desregularizaciones por las que ya hemos atravesado. La verdad es que la flexibilización del mercado de trabajo es un recurso fácil y siempre disponible para destacados portavoces e insignes economistas.


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En nuestro contexto, flexibilización se traduce en llamamientos reiterados a la contención salarial, a la reducción de los costes laborales y especialmente al abaratamiento y facilidad del despido. Queremos decirles que desde el BNG consideramos que es necesario avanzar hacia mejoras de productividad para que nuestros productos sean más competitivos aquí y en los mercados exteriores, pero que no apoyaremos medidas que persigan mejoras de productividad basadas en el deterioro de las condiciones de trabajo. Estudios recientes de importantes instituciones de investigación económica demuestran que las principales causas de las pérdidas de productividad total de la economía española no están justificadas por una menor productividad aparente del trabajo o por crecimientos desmesurados de los costes laborales unitarios. De hecho, según los datos publicados, el crecimiento de la remuneración por hora trabajada en el Estado español ha sido muy inferior al de las principales economías de nuestro entorno, en el seno de la Unión Europea. En el año 2002, la remuneración por hora trabajada era más del doble que la española en Alemania y superior en casi el 80 por ciento en el Reino Unido y Francia. Por el contrario, es en la evolución de los precios de los consumos intermedios y, en particular, en la especialización sectorial de la economía española donde pueden encontrarse causas determinadas de nuestros bajos niveles de productividad. Existen causas estructurales que tienen que ver con la especialización productiva.


No podemos pretender estar a la cabeza del mundo en términos de productividad si nos especializamos en sectores maduros, con escaso margen de ganancias potenciales de productividad y estancados tecnológicamente, donde las principales ganancias de la productividad solo pueden venir por la vía de los salarios. Si queremos ser una economía europea que aspira a estar a la cabeza del mundo en términos de productividad y competitividad, y alcanzar el pleno empleo, tal y como se reclama en la Estrategia de Lisboa, las ganancias de productividad deberían procurarse por la vía de una modernización real de la estructura productiva, por alcanzar niveles competitivos en investigación, desarrollo e innovación, por mejorar la educación superior, por conseguir que los esfuerzos económicos y personales en formación encuentren luego una vía adecuada de aprovechamiento en las empresas, por lograr también en este terreno un equilibrio a nivel territorial que evite la concentración del crecimiento en escasos polos muy localizados.


Este Gobierno tiene importantes retos en materia de mercado de trabajo, pero, tal y como están poniendo las cosas y vista la evolución diferencial de los precios, permítanme decirles que esos retos no están en una mayor desregulación del mercado de trabajo, sino en cómo garantizar una progresiva equiparación en términos de paridades de poder de compra de los asalariados españoles con sus colegas europeos, en cómo aumentar la protección social de los trabajadores o en cómo garantizar una mejor conciliación de la vida laboral y personal o familiar. Existen cambios organizativos que seguramente supondrían ganancias importantes de productividad y, en este sentido, en el Estado español se podría mejorar mucho en materia de organización del tiempo de trabajo, caminando hacia horarios más racionales desde el punto de vista de la organización de la producción y también más vivibles desde la óptica del trabajo. En este sentido todavía no ha hecho nada el Gobierno y desde el BNG le animamos a entablar negociaciones con los agentes sociales para avanzar en este camino.


Por último, no vemos en qué medida van a contribuir a la mejora de la productividad las modificaciones que se introducen en materia de contratación pública. La flexibilización de los principios de la contratación pública en determinados supuestos apartándose de la exigencia de publicidad, concurrencia y capacidad de las empresas, así como de los procedimientos de licitación, a nuestro juicio, no contribuirá en nada a incrementar las ganancias de productividad y no alcanzamos a comprender en qué medida mejorará la contratación de las administraciones públicas.


Por todo ello, señor ministro -que es el que lo presenta y es el responsable de este real decreto-ley-, sin oponernos a su convalidación, que vamos a votar a favor, reiteramos nuestra solicitud de que este real decreto-ley se tramite como proyecto de ley para que se pueda mejorar con las aportaciones de todos los grupos políticos en este Parlamento.


Muchas gracias.


El señor PRESIDENTE: Gracias, señora Fernández.


Por el Grupo de Coalición Canaria, señor Mardones.


El señor MARDONES SEVILLA: Muchas gracias, señor presidente.


Señor vicepresidente segundo del Gobierno y ministro de Economía y Hacienda, mi grupo va a votar favorablemente la toma en consideración de este real decreto-ley, puesto que están suficientemente justificadas las razones de urgencia, por los comentarios que ahora realizaré. Quiero adelantar que dando el voto positivo a su convalidación, si algún grupo lo propone, votaríamos también favorablemente la tramitación como proyecto de ley de este real decreto-ley dada su envergadura y el respaldo que a muchas de las medidas contenidas en el mismo debe darse, sobre todo a lo que ha sido la norma general en este Parlamento y en las propuestas de los sucesivos gobiernos, y es que la incorporación de las directivas comunitarias al conjunto de la legislación española se haga siempre con el rango máximo de ley; no obstante, participamos de los criterios que el señor Solbes ha expuesto aquí sobre la necesidad de su urgencia. Decimos esto porque nos encontramos ante

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la coyuntura no solamente de los compromisos adquiridos en el seno de la Unión Europea con las directivas que se han enumerado por el señor vicepresidente segundo del Gobierno, sino también por los acuerdos y compromisos como el de Kioto, que se encuentran todos ellos ensombrecidos por el precio que está alcanzando el barril de petróleo. Creemos que este real decreto-ley viene a poner en manos tanto de las fundaciones públicas españolas como de todo el sector empresarial en las grandes áreas energéticas, financieras, etcétera, un instrumento muy apropiado para transformar dificultades en avances para conseguir no solamente un impulso de la productividad, sino unas garantías de eficiencia de los recursos financieros que se ponen en circulación. (La señora vicepresidenta, Chacón i Piqueras, ocupa la Presidencia.)

El sector empresarial español, y por tanto sus repercusiones en el empleo y en la generación del producto interior bruto, está necesitado de una norma como la que hoy viene aquí. En primer lugar, cuando se trata de trasponer, por ejemplo, la Directiva 2003/71 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 4 de noviembre de 2003, en cuanto a que tiene que haber transparencia en todas las informaciones, en los folletos informativos clásicos de la Comisión Nacional del Mercado de Valores para dar publicidad a todas las normas y que no haya falta de transparencia u ocultismo. Los mercados financieros españoles en este momento, según prevé la Directiva 2002/47, del Parlamento Europeo y del Consejo, de junio del año 2002, entienden que todos los acuerdos que tienen que aportar garantías financieras deben de tener esa transparencia y el principio de seguridad para las inversiones.


En el campo energético, nuestro grupo pensaba hacer algunas aportaciones o sugerencias parlamentarias por la especificidad canaria, donde es más difícil introducir competidores fuera del área que tiene la empresa Unelco en aquel segmento como una de las que forman parte del holding de Endesa a nivel del Estado español y sumarlo al mercado ibérico de la electricidad, el denominado Mibel, que estaba necesitado precisamente de una legislación adecuada que estableciera la pauta que deben seguir estos sectores energéticos, donde muchas veces las ineficiencias -usted lo conoce bien, señor Solbes- en el ámbito de la distribución son clamorosas. Desde luego, si coexisten varios distribuidores en un mismo ámbito territorial, puede llegar a haber instalaciones redundantes y aumentar los costes de mantenimiento. Lo que ocurre es que esto siempre repercute de una manera o de otra, bien en la factura de la electricidad que paga el ciudadano, o bien en hechos, aunque nadie los quiere reconocer, como los de los apagones o cortes de suministro, que la opinión pública puede pensar que se están utilizando precisamente para conseguir un aumento tarifario o la liberación de las tarifas eléctricas.
Por tanto, creemos que la norma que se contiene en este real decreto-ley viene a significarlo. Señor vicepresidente, nosotros nos congratulamos de que se haya introducido en esta parte energética del real decreto el concepto denominado hecho relevante, porque desde luego son hechos relevantes que hay que conseguir que se mantengan en la legislación.


Paso ahora a otro aspecto importante, que ya hemos discutido tanto en la Comisión de Industria, Comercio y Turismo como en la Comisión de Medio Ambiente a propuesta de la ministra de Medio Ambiente, referido a todos los aspectos derivados del protocolo de Kioto y la emisión de gases de efecto invernadero. Habíamos señalado (precisamente creo que mi grupo fue el primero que lo señaló en la tribuna) que estábamos abriendo unos mercados de activos financieros, porque los derechos de emisión se transforman (aquí tenemos la prueba palpable) en unos activos financieros que requieren una regulación de su escenario de compra-venta, por si fuera la Bolsa de Comercio de Valores u otra pauta para esta cuestión. El régimen de comercio de emisión de gases de efecto invernadero hay que regularlo para garantizar la seguridad en el tráfico. Afortunadamente el real decreto-ley recoge algo que se escapa de las competencias de los Estados miembros de la Unión Europea que suscriben el protocolo de Kioto.
Va a haber un administrador central (era necesario que lo hubiera) que depende de la correspondiente comisión europea. Por tanto, la norma que ahora se trae aquí permite dar una seguridad jurídica financiera a las empresas que tienen que acceder al mercado, para vender o comprar, de esos activos financieros, que son los derechos de emisión, para que se pueda hacer con toda transparencia y claridad. A esto ha venido a sumarse además la Decisión de 27 de diciembre del año 2004 relativa al Plan nacional de asignación de derechos de emisión que presentó España en su momento. Era inevitable también entrar en la modificación de la Ley de contratos de las administraciones públicas. Ya lo discutimos aquí cuando hablamos de la convalidación del Real Decreto-ley 2/2000, de 16 de junio, para que quedara abierta una puerta a las necesidades sobre todo con las fundaciones del sector público, que tienen que someterse al principio de regulación contractual al respecto.


Finalmente, señorías, señora presidenta, señor Solbes, quiero hacer una llamada de atención sobre algo que suscribimos plenamente y que nos facilita dar también nuestro apoyo a la convalidación, y es el tema que se plantea casi al final del texto articulado del real decreto-ley que debatimos sobre las cuestiones introducidas en el ámbito financiero que son de urgente y extraordinaria necesidad, porque el escenario es muy cambiante, y que se refiere fundamentalmente a la deslocalización de las prestaciones de garantías financieras y de las emisiones y las admisiones a cotización de valores hacia mercados con condiciones más favorables. Si no dotamos a nuestros sectores económicos

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empresariales y financieros de un instrumento ágil para poder llegar a la mejor eficiencia y eficacia de las inversiones presupuestarias en el mercado de la compra-venta de valores y se nos desvían, porque están apareciendo en el escenario internacional, en la economía globalizada, porque tenían que venir acompañándola, los mercados de valores que están en condiciones más favorables, nosotros no podemos ir contra ese dumping que pueden estar haciendo estas instituciones.


Le quiero reconocer a usted, señor Solbes, la importante oportunidad política de haber introducido este factor, porque la verdad es que nos estábamos quedando con unas limitaciones al abrirse nuevas posibilidades hoy en el mundo de internet, en el mundo de las transacciones electrónicas, porque no hay un mercado físico de referencia, sino que está on line. Como estamos viendo aparecer bancas on line, en las que ya ni siquiera hay una ventanilla o un mostrador, sino una pantalla de ordenador en la que se puede hacer la transacción, no íbamos a permitir que estuviéramos desprovistos de unos instrumentos de agilidad para evitar que las empresas españolas se desviaran hacia esos mercados que tienen condiciones más favorables. Por todas estas razones, señora presidenta, señor Solbes, señorías, mi grupo va a votar favorablemente la convalidación de este muy importante decreto-ley, que podrá poner en manos del sector económico, financiero, empresarial, laboral y sindical, con todo el arropamiento que necesita, las mejores condiciones de competitividad en las circunstancias actuales de la economía globalizada.


Muchas gracias.


La señora VICEPRESIDENTA (Chacón i Piqueras): Muchísimas gracias, señor Mardones.


Continuamos con el turno del señor Pérez, en nombre del Grupo Parlamentario de Izquierda Verde-Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya Verds.


El señor PÉREZ MARTÍNEZ: Muchas gracias, señora presidenta.


Señorías, este decreto es el producto de un paquete de medidas de dinamización anunciadas por el Gobierno; de él a estas alturas del debate ya hemos oído de todo. Hemos oído hablar de montañas que parieron ratones, hemos oído hablar de humo y, por el lado de los más complacientes con el Gobierno, hemos oído también que se trata de una estrategia minimalista. Para nosotros este tipo de frases es solo frivolidad aparente, pues mucho nos tememos que lo que nos quieren decir es que lo peor está por venir. Nos tentamos la ropa no tanto por estas declaraciones, sino porque, cuando esa llamada unidad para el impulso de la productividad, que no dirige el señor Bono, sino que depende del Ministerio de Economía, se pone en marcha, en la izquierda y en los sindicatos temblamos. Cierto es que debemos separar las quejas de las intenciones. Hemos oído las quejas de la patronal, de la derecha, incluso de ese eficacísimo Consejo de Estado acerca de la vía del decreto-ley y la falta de consulta en las medidas propuestas, y lo hemos oído de quienes ampararon la vía del decretazo una y otra vez para lesionar los intereses de los trabajadores. Por tanto existe un doble rasero, como también que la consulta nunca es suficiente y que el Gobierno debiera hacer más esfuerzos en ese sentido; mejor dicho, debiera hacer algún esfuerzo en ese sentido. Consultar con las comunidades autónomas, con los organismos reguladores y los sectores implicados son cuestiones apuntadas por el Consejo de Estado que merecería la pena escuchar. En fin, son ustedes los que gustan de ese entrañable organismo, no nosotros.


No nos trae este decreto-ley lo más importante de su política económica.
Cierto es que apunta algo que poco tiene que ver con productividad o competitividad, sino más bien con seguridad jurídica, con transparencia, con honestidad pública, con obtención de información, con claridad en los procedimientos administrativos, con trasposición de directivas o imposiciones de Bruselas, etcétera. Bien está y puede ser y será necesario, pero no exageremos la importancia del texto; tampoco la minimizamos. Creíamos que ya no había leyes de acompañamiento y, aunque este decreto es cierto que se acompaña solo, en cierto modo también nos recuerda aquellas leyes. Como decíamos antes, lo realmente sustancial está por venir. El vicepresidente del Gobierno y ministro de Economía, señor Solbes, dijo al presentar el plan dinamizador que el lunar peligroso en la economía española era la productividad, y rápidamente ya tenemos recetas, porque reconocemos aquí que quien sabe de estas cosas es el señor Rato. Hace unos días el Fondo Monetario Internacional hacía público el tradicional informa anual sobre España, en el que tras su análisis proponía medidas para frenar la burbuja inmobiliaria, pero sobre todo las tradicionales reformas en las pensiones, en el mercado de trabajo y en la distribución comercial; es decir: nuevo aviso sobre la incapacidad futura de sostener los sistemas de protección y de pensiones, más flexibilidad laboral, recortar los costes laborales unitarios y ese discurso moderno acerca de la liberalización de los servicios públicos y de que estos deben ser provistos por la iniciativa privada, discurso pretendidamente moderno, pero desde luego muy antiguo y muy conocido.
Mientras tanto se retrasan avances serios en el mercado de trabajo, aunque se haya iniciado la negociación, con serias contradicciones y lejanas expectativas respecto a los compromisos del Gobierno. Seguimos ignorando todo acerca de la burbuja inmobiliaria y no percibimos una cultura de precios que nos permita frenar la voracidad de los beneficios empresariales a costa de la inflación.


Estamos de acuerdo; este real decreto es minimalista, porque apenas dibuja acciones decisivas estructurales sobre el cambio del modelo de la economía española. Como se ha recordado aquí ya en alguna

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intervención, el secretario de Estado de Hacienda, don Miguel Ángel Fernández Ordóñez, decía en la presentación de la correspondiente reseña del Consejo de Ministros que en este decreto está prácticamente todo lo que se puede hacer. No, insistimos en que en el tránsito a una economía más productiva que no se base en el cemento y en el consumo se requieren iniciativas de inversión, de apoyo a la economía industrial, de renovación tecnológica, y ni los Presupuestos Generales del Estado vigentes ni este paquete dinamizador afrontan estas necesidades. Lo que ustedes traen aquí hay que hacerlo, pero no es todo lo que hay que hacer.
Hay que abordar la reforma fiscal, pero no para reducir la capacidad fiscal del Estado; hay que ir a esa reforma del IRPF y a la lucha contra el fraude de manera decidida (de acuerdo), pero también hay que entrar en la reforma del mercado laboral para que haya un mercado laboral efectivamente más flexible y menos rígido para los trabajadores; menos duro para los trabajadores y un poquito más rígido para los enormes beneficios de algunos grandes empresarios. Hay que entrar en el mercado laboral para trabajar en el sentido del empleo estable, del empleo con derechos, para reducir la temporalidad empezando por las propias administraciones públicas, para incrementar la tasa de actividad y lograr que las mujeres de una manera generalizada se incorporen al mundo laboral, se incorporen a la economía y se incorporen por tanto a su verdadera independencia económica, social, política y cultural. Hay que acabar con la precariedad de los jóvenes; hay que apostar por políticas industriales activas y por infraestructuras productivas; hay que apostar por la innovación y por la investigación, pero no solo por la investigación militar, sino por la investigación con mayúsculas; hay que definir sectores de futuro y hay que apoyarlos; hay que incrementar el gasto social para alcanzar verdaderamente niveles competitivos en la Unión Europea que repercutan además en la mejora de las políticas públicas, fundamentalmente en el modelo sanitario, y en un modelo educativo que esté relacionado también con el modelo productivo de nuestro país; hay que avanzar en los derechos; hay que avanzar en los servicios públicos; hay que hacer que verdaderamente todos los ciudadanos y ciudadanas seamos iguales en cuanto a esos derechos, es decir, afrontar el problema de las dependencias empezando en primer lugar por el acceso al empleo y también por cumplir la ley en las propias administraciones públicas. Hay que hacer que esas dependencias no se traduzcan muchas veces en la vida familiar como una carga que asumen las familias, y fundamentalmente las mujeres, de manera que estas tampoco pueden acceder al mercado laboral porque están haciéndose cargo de obligaciones que deberían corresponder al Estado social si se aplicaran las garantías que reconoce la Constitución.


Este primer real decreto afecta a los mercados financieros en el tema de los folletos de emisión; al sector energético, en cuanto a los operadores principales y dominantes; al medio ambiente y a la contratación pública, pero no se puede decir que aquí se contengan extraordinarias invenciones ni modificaciones. Sí pudiera parecer que se quiere avanzar por la puerta de atrás en definir un modelo energético, a través del desarrollo de los proyectos de ley que se derivan de este decreto, que nosotros no compartimos y que creemos que debe ser discutido. Le pido, señor ministro, que me diga que no quieren ustedes imponer un modelo energético basado en la energía nuclear sin ningún debate y a través de la aplicación de la Ley de Expropiación Forzosa, porque evidentemente no estaríamos de acuerdo. Por lo demás nos confesamos expectantes, qué digo expectantes, nos confesamos ansiosos esperando próximas evaluaciones acerca de la transformación económica que se va a derivar de la liberalización de los servicios funerarios o de las concesiones de los estancos. Sinceramente, señorías, es para enfadarse. Ahora que estamos dejando de fumar, porque no se puede fumar prácticamente en ningún sitio, resulta que esto del tabaco y de los estancos es uno de los pilares para el incremento de la productividad. Ciertamente es para enfadarse cuando uno ya casi ha conseguido dejar de fumar. Lo que queremos decir, señorías, es que se están perdiendo oportunidades de afrontar con profundidad, desde una lógica de izquierdas, el cambio económico; que lo que se presenta un día tras otro suena a lo de siempre, cambiando la lógica dirigista, intervencionista, privatizadora y unilateral de la derecha, pero siendo este un cambio necesario no es ni mucho menos suficiente. Nos permitimos recordarles que la dinamización de la economía y la productividad son los dos ejes del diálogo social acordado en junio con los sindicatos y con los agentes sociales. Que nos conste, estas iniciativas se han anunciado sin su conocimiento, sin diálogo con los agentes sociales; o sea mal camino, señorías, mal camino, señoras y señores diputados. Adoptar medidas que se cruzan con temas acordados para el diálogo social dispersa, no contribuye a concentrar los esfuerzos en las mesas de diálogo en marcha.


Por todo ello, no negamos la necesidad de algunas medidas, posiblemente de la mayoría de las medidas que se plantean, pero no podemos admitir que estemos ante las medidas que realmente permitan hablar de una política económica cualitativamente diferente; no de medidas para impulsar una economía diferente, sí quizá de medidas complementarias para lo que debería ser el debate de fondo sobre el problema de la productividad en nuestro país. Por esto y en razón de los contenidos sí vamos a pedir que se tramite como proyecto de ley y vamos a apoyar la tramitación de este real decreto, pero desde una posición crítica que creo que he intentado dejar clara en mi exposición.


Muchas gracias, señora presidenta.


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La señora VICEPRESIDENTA (Chacón i Piqueras): A usted, señor Pérez, muchas gracias.


Continuamos con el turno del Grupo Parlamentario Vasco. Tiene la palabra el señor Azpiazu.


El señor AZPIAZU URIARTE: Gracias, señora presidenta.


Señor vicepresidnete, señorías, desde el Grupo Vasco creemos que es procedente criticar la oportunidad y en particular el tipo de instrumento del real decreto-ley utilizado para insertar en el ordenamiento las normas en cuestión. Con su utilización no se puede afirmar que el Gobierno no esté incurriendo en una continuidad sobre los mismos errores de inseguridad jurídica y de fraude al debate democrático que se achacaba a la práctica de las leyes de acompañamiento a los presupuestos hasta hace bien poco. Tenemos entre manos todo un paquete de proyectos con una conexión más bien difusa con la productividad que nos recuerda a la amalgama que eran las citadas leyes de acompañamiento. Este real decreto, señor vicepresidente, afecta en concreto a nueve leyes. El problema y la errónea solución aplicada, típica de gobiernos inseguros que empiezan a alejarse demasiado pronto en sus prácticas de la necesaria planificación legislativa y gestora, estriba en que así se inicia el camino para acabar produciendo normas sin la más mínima ligazón con las necesidades reales marcadas por los intereses ajenos a la ciudadanía en general. En este caso el uso del instrumento del real decreto-ley tiene en el presupuesto de la urgencia el requisito legal para comprobar su mínima validez formal. Pues bien, desde aquí afirmamos que más allá de la degeneración sobre la correcta aplicación de este requisito formal, al que no nos han podido acostumbrar anteriores gobiernos, sin duda ahora no concuerdan con la racionalidad mínima exigible para conformar el presupuesto de urgencia las circunstancias de encontrarnos ante la obligación de proceder a la trasposición de las directivas europeas (en algún caso se trata de un retraso algo escandaloso, desde diciembre de 2003) o el cumplimiento de una sentencia cualquiera de las restantes actuaciones sobre mercados o actividades privadas que se alegan. Digamos, señor vicepresidente, que son prácticamente de risa las justificaciones de urgencia que se presentan a fin de amparar el dictado y la entrada en vigor de estas normas. Dicho lo anterior, sin embargo, nos parece más escandaloso el grandioso discurso con el que se pretenden enlazar los contenidos normativos con el escenario general de la política económica. No hay manera de ligar un objetivo tan abstracto y genérico como un supuesto modelo de crecimiento económico basado en el aumento de la productividad y del empleo, que perfectamente podría conllevar para su consecución la adopción de medidas en todos los ámbitos afectados, como en otros muchos más, con la adopción de estas concretas medidas coyunturales. Esperamos que aquí no se agote la política económica del Gobierno porque, si no, vamos realmente dados.


Señor vicepresidente, además en la tramitación de este proyecto no se ha dado audiencia a las comunidades autónomas y a otros órganos especialmente cualificados en relación con las materias de que trata el proyecto, como podrían ser el Banco de España o la Comisión Nacional del Mercado de Valores. Por lo demás, baste con recordar que la ley es presentada como parte de un presunto paquete de reformas para impulso de la productividad. En su caso, no se sabe con qué clase de ligazón entre sí y mucho menos con la productividad, han caído en el mismo saco ciertas actuaciones puntuales en el mercado de valores, en la siempre oscura relación del Gobierno con las eléctricas, en la reciente regulación de los derechos de emisión de gases de efecto invernadero, que es modificada casi sin entrar en vigor, y en la legislación de contratación pública.
Esperamos definitivamente con preocupación que esto no sea la política económica que impulse a la productividad. Deseamos que en el futuro no se proceda de esta manera a la hora de legislar y que las medidas que se planteen estén más en consonancia con los objetivos que se pretende alcanzar. Nuestro grupo, sin embargo, no se opone frontalmente a las medidas, y es por ello por lo que vamos a votar a favor de este real decreto-ley, en la esperanza de que sirva además como signo de buena voluntad y de que en el futuro, que puede ser inmediato, el apoyo sea también reconocido por el Gobierno y por su grupo parlamentario cuando desde el Grupo Vasco defendamos otras cuestiones. Nos gustaría, sin embargo, que este real decreto-ley se tramitara como proyecto de ley, de manera que podamos entre todos contribuir a mejorar el texto que hoy propone el Gobierno.


Muchas gracias.


La señora VICEPRESIDENTA (Chacón i Piqueras): Gracias, señor Azpiazu.


Continuamos con el turno del señor Puigcercós, en nombre del Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana de Catalunya. Tiene para ello la palabra.


El señor El señor PUIGCERCÓS I BOIXASSA: Gracias, señora presidenta.


Señoras diputadas, señores diputados, este es el que podríamos llamar (perdónenme la expresión) el entremés del gran paquete de la productividad que tiene que realzar la economía. Digo entremés no porque sea un plato menor, pero sí que es verdad que el calado de alguna de las medidas no es el trascendente para la productividad y la mejora de la competitividad; este es el reto de la economía. Ayer mismo, cuando estábamos aquí valorando la última conferencia europea, desde el Grupo de Esquerra Republicana mostrábamos nuestro convencimiento de que la Estrategia de Lisboa era necesaria para mejorar la competitividad, la productividad,

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y elementos que el patrón de crecimiento de la economía española no ha tenido en cuenta en los últimos años, que es apostar claramente por un modelo industrial, mejorar la formación, las grandes infraestructuras, no solo las viarias, las telecomunicaciones y en este caso el sector energético (hoy tenemos aquí un pequeño paquete de medidas en el ámbito energético), pero sobre todo aumentar la competencia, elemento clave para mejorar la competitividad y evidentemente también la productividad.


Hemos asistido en los últimos diez años a la ficción de la creación de un mercado en el sector energético (digo la ficción porque todavía el peso de los grandes grupos es de monopolio). Estamos muy por debajo de los estándares europeos de lo que se considera competencia. Hemos pasado de monopolios muy regulados a monopolios liberalizados o privatizados que no ofrecen competencia. Estamos en la antesala de lo que tendría que ser un gran paquete dispositivo para mejorar la productividad de la economía, la dinamización de la economía. Esperamos, pues (permítanme la expresión) más contundencia (ya tenemos un proyecto de ley que ha entrado en esta Cámara) porque este paquete de medidas no es suficiente para mejorar los estándares de productividad que están muy alejados de la media europea.
Aunque en el dictamen del Consejo de Estado habrá dudas razonables sobre si este paquete de medidas deben ser tramitadas por urgencia mediante el decreto-ley, concretamente el apartado 3 sobre la suficiencia del rango de la norma, especialmente en aquello que hace referencia a los mercados energéticos, y también el apartado 2 de su tramitación, falta dar audiencia a las comunidades autónomas para examinar el contenido. Desde el Grupo de Esquerra Republicana no nos parece que haya una invasión competencial, porque la referencia del ámbito de competencia es exclusivo del Estado, pero sí hace hincapié el Consejo de Estado en la falta de audiencia. Pese a estas recomendaciones del Consejo de Estado consideramos que las posibles modificaciones para mejorar la competencia en el ámbito eléctrico van a ser posibles también en el proyecto de ley de reformas para el impulso de la productividad. Creemos que hay toda una serie de disposiciones donde podría ser posible encajar algunas de las modificaciones que el Grupo de Esquerra Republicana quisiera introducir en este decreto ley. Aun así, en lo que respecta al decreto-ley el Grupo de Esquerra Republicana cree en lo que se refiere a la regulación de los mercados financieros que no hay nada que decir sobre las medidas a una trasposición europea que mejora la regulación del mercado financiero, porque evita deslocalizaciones de las emisiones hacia mercados con condiciones más favorables. En segundo lugar, en lo que respecta a la regulación de mercados financieros, proponemos la eliminación de obstáculos y dificultades en los requisitos que no conlleven una merma de protección del inversor o del correcto funcionamiento del mercado. En ese sentido este paquete no tiene ninguna dificultad, porque aporta un aspecto positivo. En tercer lugar, en lo que hace referencia al régimen de comercio y derechos de emisión de los gases del efecto invernadero, la trasposición europea supone la creación de un sistema registral especialmente detallado por la regulación de los derechos de emisión, aunque esté en trámite hoy todavía el debate de la asignación; en esto tampoco veríamos un inconveniente. En cuarto lugar, la reforma del sistema de contratación pública es a partir de la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de las Comunidades Europeas del 13 de marzo de 2005.


Otro aspecto, que para nosotros es el más importante de este paquete de medidas, el de la regulación de los mercados energéticos, es el aspecto más delicado del decreto-ley, tanto del sector eléctrico como del de hidrocarburos, y en buena parte más que mejorar la productividad es la constitución del mercado ibérico de la electricidad, hecho positivo que creemos que no tiene ningún inconveniente, pero está la liquidación de los costes de transición a la competencia. Desde este grupo consideramos que ya era hora de que se cortara este regalo, se regulara, se controlara; es un regalo del Gobierno anterior que fue muy criticado desde la oposición porque en definitiva no ofrecía ninguna mejora en la competitividad de los sectores eléctricos, no creaba las condiciones de competencia tan necesarias en este ámbito y sobre todo porque mantenía y consolidaba estos monopolios antaño públicos, hoy poco regulados y de carácter privado. Los costes de transición a la competencia tampoco ofrecieron estándares de calidad eléctrica; es verdad que hubo una merma de los precios mayoristas y minoristas, pero también hay que decir que la paridad de precompra no era precisamente muy halagüeña si hacemos comparaciones con la Europa central o nórdica; no ha sido una rebaja tan importante, ni ha sido un aumento de la competitividad. Por eso celebramos que haya sentido común con los costes de la transición a la competencia, pero en lo que respecta a los mercados eléctricos las medidas son absolutamente insuficientes. Es verdad que se adoptan algunas medidas para incrementar tímidamente la competencia pero, repito, son insuficientes ante el dominio de los grandes grupos.


Finalmente, la reforma de la financiación de los costes de desmantelamiento de las centrales nucleares y gestión de los residuos nos parece precipitado y tendremos que revisarlos en futuros proyectos de ley. El modelo energético en el cual debe basarse no puede ser un modelo precipitadamente hacia lo nuclear. Creemos que hay todo un proceso europeo de reflexión en este sentido. Hace falta que en esta Cámara discutamos cómo tiene que ser el modelo energético sin prisas, con calma, y ver cómo puede afectar esto finalmente a otros sectores implicados en la producción, como el gas o la electricidad. Lo dicho, este es un paquete de medidas modesto que, aparte de reformas en el ámbito eléctrico,

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son trasposiciones directivas y normas europeas que tendremos que tratar con más profundidad en futuros proyectos de ley. Por parte del Grupo de Esquerra Republicana vamos a dar apoyo a este paquete de medidas, porque lo consideramos positivo, pero es verdad que en el futuro tendremos que revisar, analizar, discutir en profundidad algunos aspectos, sobre todo en lo que hace referencia al modelo eléctrico en su competitividad, en la creación de marcos de competencia y servicio público tanto a mayoristas como a minoristas. Hoy un elemento de baja productividad y de baja competitividad es la rigidez del mercado eléctrico. No hay suficiente competencia, no hay suficientes condiciones para mejorar los servicios a las empresas, a las industrias y a los servicios. Creemos que este es un debate que merece más profundidad, y ya hay algunos proyectos de ley donde podremos discutir este ámbito. Desde el Grupo de Esquerra Republicana creemos que el sector eléctrico, como todo sector energético, necesita un debate para abrir estos mercados.


Muchas gracias, señoras y señores diputados.


La señora VICEPRESIDENTA: (Chacón i Piqueras): Muchas gracias, señor Puigcercós.


Continuamos, señorías, con el turno del Grupo Parlamentario de Convergència i Unió. Tiene para ello la palabra el señor Sánchez i Llibre.


El señor SÁNCHEZ I LLIBRE: Muchas gracias, señora presidenta.


Señor vicepresidente del Gobierno y ministro de Economía, señoras y señores diputados, la posición del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió) ante la tramitación en esta Cámara del Real Decreto-ley de reformas urgentes para el impulso a la productividad y para la mejora de la contratación pública es inicialmente de decepción y de escepticismo. ¿Por qué? Porque una vez analizado en profundidad el contenido de estas medidas consideramos que son insuficientes, confusas, de corto alcance y casi nos atreveríamos a decir con poca transparencia, porque tampoco el Gobierno sabe -y lo ha manifestado públicamente el vicepresidente- el coste y el alcance de las mismas. Nosotros somos escépticos y estamos un poco decepcionados porque con la aplicación de las mismas poca cosa podremos hacer para mejorar la competitividad y la productividad de nuestra economía.


Otro aspecto que nos gustaría dejar claro es que dicho decreto-ley no deja de ser una pequeña ley de acompañamiento, señor ministro. Ustedes consideraban la tramitación de las leyes de acompañamiento como una aberración jurídica, y este decreto-ley que estamos hoy debatiendo en esta Cámara no deja de ser también una aberración jurídica ya que se modifican alrededor de doce leyes o decretos-leyes, por lo que no deja de ser una miniley de acompañamiento que ustedes tanto criticaron. Nosotros siempre habíamos mantenido que la tramitación de una ley de acompañamiento de los presupuestos era interesante para incorporar y debatir en sede parlamentaria leyes de impulso a la economía productiva y la creación de empleo. También dudamos del carácter urgente de las medidas que contiene. Hemos de poner en duda, asimismo, la extraordinaria y urgente necesidad que debe contemplar todo decreto-ley.


Este decreto-ley traspone dos directivas europeas y modifica dos reales decretos. Sorprende que ostentando el Gobierno la capacidad reglamentaria introduzca su modificación vía decreto-ley y no lo haga por la vía ordinaria, sin necesidad de control parlamentario directo. Por otra parte, el Gobierno incluye en este decreto-ley medidas que habiéndolas presentado el Grupo Parlamentario Socialista en el Senado como enmiendas a un determinado proyecto de ley, el de la comercialización y derechos de emisión de gases por el efecto invernadero, ante la incapacidad de poderlo aprobar dada la actuación y distribución de la Cámara Alta, no fue factible que dichas enmiendas prosperaran. A partir de ahora vamos a ser testigos de una nueva forma de legislar. Todo lo que el Gobierno no sea capaz de ganar en el trámite parlamentario, se legislará por decreto-ley. Esperemos que no sea así, señor vicepresidente del Gobierno.


Dudamos también de si estas medidas que están incorporadas en dicha legislación van a suponer un impulso a la competitividad, que es lo que en definitiva quiere el Gobierno y también este grupo parlamentario.
Desde esta perspectiva, diferimos del concepto del impulso a la productividad que tiene el Gobierno. El decreto-ley y las llamadas medidas de impulso a la productividad no incluyen medidas de dinamización de la economía en los sectores productivios, no incluyen tampoco medidas que favorezcan la creación de empleo, no asumen el diferencial de la inflación, no pretenden mejorar la situación actual de las exportaciones de las empresas españolas. Tampoco en ningún momento se plantea la posibilidad de iniciar reformas fiscales, como están haciendo otros países de la Unión Europea, para equilibrar el impuesto sobre sociedades a fin de que nuestras empresas tengan más capacidad para la exportación o la internacionalización. Tampoco incluye medidas que pudieran afectar a una reforma laboral que permitiera al mismo tiempo una mayor generación de puestos de trabajo. No entendemos como no incorporando todas estas cuestiones que consideramos básicas para el impulso de la productividad en dicho decreto-ley se puede conseguir el objetivo que ustedes, nosotros y la mayoría de los grupos parlamentarios queremos: incrementar la productividad y la competitividad de nuestra economía. Es cierto que desde la perspectiva de los mercados financieros hay unas trasposiciones que son de obligado cumplimiento. Lógicamente, nosotros estamos de acuerdo con ellas porque eran necesarias, pero consideramos que desde

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la perspectiva financiera podrían incorporarse otras medidas que pudieran mejorar la capacidad de competitividad del mercado español en aspectos orientados a la mejora de los productos financieros, en concreto de renta fija.


En cuanto a algunos otros elementos que consideramos correctos y que hacen referencia a los mercados energéticos, en ningún momento se plantea un marco definitivo, competitivo y moderno para abordar la productividad de la eficiencia energética. España no dispone en estos momentos de un plan de eficiencia energética que module la demanda de la energía, que cada vez es menos asumible. También vemos deficiencias en algunas medidas que se proponen en este real decreto-ley que parecen poco correctas desde la perspectiva comunitaria, como la definición del operador dominante o no permitir que las empresas operen en el mercado bélico o que puedan adquirir energía en el exterior. Tampoco se hace una apuesta energética clara por extender la interconexión intracomunitaria de la electricidad y se crea una tasa para la financiación de los costes correspondientes a la gestión de residuos radiactivos y de los combustibles generados por las centrales nucleares. Esta norma, por tanto, parece disponer de un marco de indefinición y de incertidumbre en la seguridad nuclear y en la gestión de residuos.


Consideramos oportuno que todos estos aspectos se puedan plantear tramitando el decreto-ley como proyecto de ley para que todos los grupos podamos hacer aquellas aportaciones que complementen este plan orientado a mejorar la productividad de la economía española. Vamos a ver cuál es la posición del Grupo Parlamentario Socialista en el sentido de si acepta que se pueda tramitar como proyecto de ley, a través de la Comisión de Economía y posteriormente en el Pleno, para poder incorporar todos aquellos aspectos que la mayoría de los grupos parlamentarios, estando de acuerdo en que son necesarias medidas orientadas a incrementar la productividad y la competitividad de la economía española, estaríamos dispuestos a hacer con nuestras aportaciones positivas. Todos los grupos hemos considerado que son medidas necesarias aunque de corto alcance, insuficientes y hasta cierto punto poco transparentes porque en ningún momento se ha explicitado el coste de las mismas. Sería interesante que por parte del Gobierno existiera esta sensibilidad que todos los grupos parlamentarios hemos demostrado en nuestras posiciones para poder complementar este decreto-ley, que a todas luces no es del agrado de la mayoría de grupos parlamentarios, y con nuestras aportaciones se tramite como proyecto de ley orientado a mejorar la competitividad de la economía española.


Desde esta perspectiva, y habiendo fijado la posición de nuestro grupo parlamentario, creemos que en estos momentos los ministerios de Economía y de Industria tienen planteada una serie de objetivos que definiríamos como melones abiertos muy importantes, como la posible reforma laboral y fiscal, las futuras mejoras en I+D+I y todas aquellas cuestiones que puedan mejorar la competitividad. Pero nos tememos que si el Gobierno actúa a través de decretos-leyes urgentes podría perder este objetivo común de todos los grupos parlamentarios de generar más productividad y más competitividad. Todos deseamos que en el Parlamento podamos debatir las aportaciones y conclusiones de los grupos parlamentarios y alcanzar este objetivo común que yo pienso, señor ministro, que está en la mente de todos los grupos parlamentarios. Por tanto, nuestro grupo se va a abstener en la aprobación de este decreto-ley, pero si el grupo parlamentario que da sustento al Gobierno accediera a que se tramitara como proyecto de ley, nuestro grupo votaría favorablemente dicha iniciativa, porque pensamos que sería importante incorporar las aportaciones de todos los grupos parlamentarios que han intervenido en esta Cámara.


Muchas gracias, señora presidenta, señoras y señores diputados.


La señora VICEPRESIDENTA (Chacón i Piqueras): A usted, señor Sánchez Llibre, muchas gracias.


Finalmente, el señor Fernández Marugán, en nombre del Grupo Parlamentario Socialista, tiene la palabra.


El señor FERNÁNDEZ MARUGÁN: Señora presidenta, señoras y señores diputados, nosotros estamos de acuerdo con el contenido del decreto-ley que se somete hoy a votación en esta Cámara, hacemos nuestros los puntos de vista que el señor vicepresidente del Gobierno ha expuesto en su inicial intervención, y vamos a hacer un análisis necesariamente breve y conciso de algunos aspectos, con la pretensión de ampliar los puntos de vista que ha puesto de relieve el Gobierno.


A mi grupo le parece que resultaría relativamente sencillo encontrar un acuerdo entre los rasgos básicos que caracterizan hoy a la economía española. Hoy tenemos una economía avanzada y moderna que ha ido expandiendo su producción de forma ininterrumpida a lo largo de los últimos tiempos, los ciudadanos gozan de un alto, de un buen nivel de vida y el paro ha ido cayendo a lo largo de los últimos años. Esta buena situación se ha ratificado en el último año como consecuencia de un crecimiento del producto interior bruto bastante o muy aproximado al producto potencial. Es más, en el momento en que se toman en cuenta los últimos datos de ocupación que se han dado a conocer por el Instituto Nacional de Estadística, hay razones para pensar que la tasa de aumento del producto interior bruto se situará por encima del producto tendencial. Por tanto, hay un giro en la economía española que nosotros saludamos de manera muy positiva, y es el de la recuperación del empleo después de muchos años de haber sido un bien extraordinariamente escaso.
Hay en

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España más población trabajando y como consecuencia de esta mayor ocupación hay un PIB mayor que el que veníamos estimando. Pero el que se den estas circunstancias no empece, no es óbice para que haya algún tipo de problema que llama nuestra atención.


Ayer, en el debate sobre el Consejo Europeo, muchos grupos pusieron de relieve la existencia de un grupo de países en la Unión Europea que son capaces de producir las mismas cosas que los españoles pero a un precio más barato. Son rivales comerciales aunque no son los únicos, no son tampoco los más importantes rivales comerciales, pero son el exponente claro de que debemos pensar acerca de si entre nosotros se dan todas las circunstancias que caracterizan a las economías modernas y avanzadas, y la respuesta que nosotros tenemos es claramente no. La economía española, que decimos que es moderna y avanzada, en este momento tiene factores de riesgo que hacen que algunas de sus características no sean las de las sociedades modernas y avanzadas. Esos factores de riesgo pueden poner en peligro y pueden mermar en el futuro las posibilidades de crecimiento económico. No es el momento para decir dónde está el origen de esos factores de riesgo, pero está en los desequilibrios acumulados en procesos anteriores. Uno de esos factores de riesgo es la baja productividad. Lo decimos porque consideramos que no parece muy lógico que una economía como la nuestra se identifique con una economía de baja productividad cuando se expande en Latinoamérica, cuando se diversifica en Europa y cuando quiere tener una presencia muy activa en los principales organismos económicos internacionales. Por tanto, hay una nueva preocupación y es el escaso avance que registra la productividad en España, con las consecuencias que ello tiene para el salario real, para la calidad del empleo y para la posibilidad de financiar las políticas sociales. El Gobierno ha sido consciente de ello, ha sido consciente de que la buena marcha de la productividad es la que hace evolucionar de manera positiva el PIB per cápita, y queriendo elevar la productividad de la economía española, queriendo situarla en una senda capaz de generar empleo y bienestar, ha elaborado un plan de dinamización que es multidisciplinar, con un calendario pautado, preciso y concreto, que constituye la estrategia de política económica más importante que un Gobierno español ha presentado en los últimos años. Es un plan que afecta fundamentalmente al sector servicios y el reflejo del sector servicios se concreta en este decreto-ley, como ha dicho alguno de los portavoces, porque es un sector en el que el grado de concentración económica es muy importante.


De este plan destacaremos en primer lugar un conjunto de actuaciones destinadas a promover y a garantizar la competencia, plan inspirado en criterios emanados de la Unión Europea en los que se pretende evitar que el poder de unos pocos sea utilizado para decidir el destino de muchos.
Para ello establecemos una serie de requerimientos vinculados a los valores democráticos y al bienestar que obligan a producir una regulación capaz de mejorar el funcionamiento de la economía, identificando un conjunto de destinatarios que no son sino empresas que compiten con otras empresas y que queremos que lo hagan bajo el principio de igualdad. Hay que destacar un rasgo más, que es la necesidad de establecer por parte del Estado una garantía de paridad como elemento de seguridad jurídica para los nuevos y para los viejos operadores. Viene a mi memoria una frase de Amato que decía que nadie puede ejercer un poder que no le hubiera sido reconocido en la Unión Europea. Eso hace que nosotros desde el Gobierno, como manifestación de una decisión política, establezcamos una serie de criterios que pretenden lograr un mayor rigor y una mayor exigencia en el funcionamiento del sector privado. Se ha aludido aquí a la existencia de numerosas participaciones cruzadas en el seno del sector energético español. Por tanto, está justificada la existencia de normas que aseguren la independencia de los competidores: ninguna empresa podrá participar activamente en dos empresas competidoras de tamaño relevante dentro de un mismo mercado; la limitación de la participación de las empresas en Red Eléctrica de España para garantizar la independencia de ella; el anuncio de la creación de nuevos reguladores en los servicios postales y en el transporte para separar el papel del propietario o del tutelador o la actuación en los mercados privilegiados de la fe pública o de las concesiones administrativas. También hemos de señalar que esas actuaciones se establecen con arreglo a un criterio que quiere ser de certeza. El decreto-ley establece las normas ineludibles de urgencia en el corto plazo y un proyecto de ley donde se pueden incorporar aquellas propuestas que formulen los grupos parlamentarios de mejora de las actuaciones en los sectores en los cuales se quiere incidir podría ser un mecanismo bietápico de asunción de estas posibilidades. En cualquier caso, hemos de decir que no podemos estar de acuerdo en que este tipo de comportamiento sea el que se ejercía con las leyes de acompañamiento.
Aquí estamos ante un decreto-ley, ante tres proyectos de ley que pueden ser tramitados por los diferentes grupos de la Cámara y ante un acuerdo del Consejo de Ministros que establece una serie de compromisos legislativos.


El segundo rasgo que se encuentra en este proyecto de ley es el de favorecer al conjunto de los ciudadanos. Nosotros partimos del hecho de que nuestros mercados no funcionan todo lo bien que deberían funcionar, que tienen defectos que han de corregirse y subsanarse si queremos que se eliminen los obstáculos a la competencia para que el consumidor -que no ha visto todavía cómo el grado de eficiencia en el sistema económico español le favorece- pueda beneficiarse, y también evitar que ese tipo de funcionamientos insatisfactorios de los mercados cercenen la posibilidad de crecimiento. Este es el planteamiento del Grupo Parlamentario

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Socialista y del Gobierno. Tenemos que conseguir que la economía española despliegue todo su potencial productivo, porque solo así podrá promoverse un crecimiento y un beneficio continuo para el conjunto de los ciudadanos españoles.


Por último, quisiera hacer una reflexión entre productividad, inflación y salarios. La moderación salarial -se ha dicho también aquí esta mañana- es un buen mecanismo para contener las tensiones inflacionistas, pero nosotros somos partidarios de contemplar el fenómeno de los precios desde una perspectiva más amplia. Es bueno pedir moderación salarial, pero también es un lugar común. La moderación salarial no basta; es necesario disponer de un entorno que garantice que las rentas empresariales no se conviertan en fuente de tensiones inflacionista. Por tanto, tenemos que admitir que las tensiones inflacionistas no se generan única y exclusivamente en el componente salarial del valor añadido bruto, sino que también pueden existir tensiones inflacionistas generadas por los márgenes empresariales, siendo en este último caso resultado de un ineficaz e insatisfactorio funcionamiento de los mercados. Por tanto, en nuestra economía hay mercados con insuficiente tensión competitiva que generan una inflación de márgenes. Esa es una situación política que nosotros creemos que debemos abordar. No vale solo reclamar a los agentes sociales que los salarios no vayan detrás de la evolución de los precios, hay que hacer algo más. Debe adoptarse un conjunto de medidas destinadas a limitar el origen de las tensiones inflacionistas. Por tanto, el discurso de la moderación salarial debe ser complementado por un discurso que tome en cuenta otra serie de circunstancias que favorezcan el incremento del salario real en condiciones de competitividad. El plan de dinamización pretende flexibilizar los mercados allí donde la generación de oferta tropieza con rigideces, pretende elevar la productividad facilitando el aumento de los salarios de los trabajadores españoles, pretende favorecer a los competidores permitiéndoles elegir de entre los productos que intentan adquirir aquellos que tienen un precio más bajo, y pretende erosionar la inflación de margen que se da en algunos sectores económicos españoles limitando el poder de mercado de algunas empresas que actúan dentro de ellos. Es el resultado de una buena elección entre las soluciones posibles porque pretende salvaguardar el funcionamiento del mercado allí donde falla o donde falta. Hace algo que no se quiere admitir ni reconocer pero que desde la perspectiva de mi grupo parlamentario es importante: limita el poder económico privado. También abre mercados hasta ahora no desarrollados y que de alguna manera dependían de concesiones administrativas, como la del gas, el agua o los estancos. Y establece un conjunto de beneficios que en unos casos son para los consumidores, produciendo una reducción de los precios, y en otros casos para los trabajadores, posibilitando un mayor salario real.
Por tanto, tres razones, tres buenas causas que permiten que un programa de liberalización económica presentado por un Gobierno de izquierdas encuentre el apoyo de mi grupo parlamentario.


Muchas gracias. (Aplausos.)

La señora VICEPRESIDENTA (Chacón Piqueras): Muchas gracias, señor Fernández Marugán.


- REAL DECRETO-LEY 4/2005, DE 11 DE MARZO, POR EL QUE SE CONCEDE UN PLAZO EXTRAORDINARIO DE SOLICITUD DE AYUDAS PARA LAS VÍCTIMAS DEL TERRORISMO.
(Número de expediente 130/000016.)

La señora VICEPRESIDENTA (Chacón i Piqueras): Continuamos con el siguiente real decreto-ley, que pertenece también a este punto IX del orden del día: Real Decreto-ley 4/2005, de 11 de marzo, por el que se concede un plazo extraordinario de solicitud de ayudas para las víctimas del terrorismo. Para su presentación tiene la palabra el señor ministro

El señor MINISTRO DEL INTERIOR (Alonso Suárez): Gracias, señora presidenta.


Señoras y señores diputados, desde hace más de dos décadas el Estado ha prestado una especial atención a las víctimas del terrorismo y ha ido delimitando normativamente un elenco de ayudas de protección a las mismas. Un hito importante de este elenco fue la Ley 32/1999, de 8 de octubre, de solidaridad con las víctimas del terrorismo, mediante la cual la sociedad española, a través de sus representantes legítimos en sede parlamentaria, se hacía cargo de uno de los aspectos importantes de esta cuestión. La Ley 32/1999 estableció, entre otros extremos, el pago de indemnizaciones por daños físicos o psicofísicos sufridos por las víctimas de actos de terrorismo acaecidos entre el 1 de enero de 1968 y la fecha de entrada en vigor de la ley, el 9 de octubre de 1999. En virtud de esa ley, el Estado asume con carácter extraordinario y por razones de solidaridad el abono de las correspondientes indemnizaciones en concepto de responsabilidad civil, subrogándose frente a los obligados al pago de aquellas y de acuerdo con las previsiones establecidas normativamente en esa ley. Para ello la ley establece que, de no haber recaído sentencia en la que se establezcan las correspondientes indemnizaciones en concepto de responsabilidad civil, esas indemnizaciones se abonarán anticipadamente y con arreglo a un baremo que se determina en la ley. Cuando por sentencia se reconozca posteriormente una indemnización superior, el Estado resarcirá la diferencia entre el importe total abonado anteriormente y el importe reconocido en la sentencia judicial.


En cuanto al plazo de presentación de las solicitudes, se dispuso que los beneficiarios de estas ayudas tendrían un plazo de seis meses, contados a partir de la entrada en

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vigor del reglamento. La fecha de entrada en vigor fue el 23 de diciembre de 1999, lo que supuso, en su día, que solo se pudieran admitir a trámite las solicitudes presentadas antes del 23 de junio de 2000. Dado que el ámbito de la ley solo comprendía los hechos acaecidos entre el 1 de enero de 1968 y el 9 de octubre de 1999, se hizo necesario prorrogar la vigencia temporal de la ley, como se ha hecho sucesivamente a través de las distintas leyes de medidas fiscales, administrativas y del orden social. En efecto, señorías, en el año 2000, la Ley 14/2000, de medidas fiscales, administrativas y del orden social, modifica al ámbito temporal de aplicación de la ley, estableciendo que la misma se extendería a los hechos acaecidos entre el 9 de octubre de 1999 y el 31 de diciembre de 2001, estableciendo un nuevo plazo de seis meses para la presentación de las solicitudes. En los años 2001, 2002, 2003 y 2004, las sucesivas leyes de medidas fiscales, administrativas y del orden social fueron ampliando el ámbito temporal de aplicación de la Ley de solidaridad, abarcando los hechos acaecidos entre el 1 de enero y el 31 de diciembre de esos respectivos años, introduciendo al mismo tiempo una previsión relativa al plazo de solicitud de estas ayudas que se fijó en un año contado a partir de la fecha en que tales hechos se hubiesen producido. En aplicación de la Ley de solidaridad, el Ministerio del Interior del Gobierno de España ha abonado todos los conceptos de la Ley de solidaridad con las víctimas del terrorismo entre los años 2000 y 2004, por un total de 297.153.044,70 euros y se han tramitado un total de 3.010 expedientes. No obstante, la aplicación de esta normativa ha puesto de manifiesto -y aquí es donde está el problema- la existencia de personas con la consideración de víctimas del terrorismo que no habían podido acogerse a la cobertura de la Ley de solidaridad por no haberlo solicitado dentro del plazo establecido al desconocer que les asistía ese derecho. Esta circunstancia ha sido puesta de manifiesto por las diferentes asociaciones de víctimas del terrorismo, quienes han solicitado al Gobierno que tomara las medidas necesarias para corregir esta situación. A ello responde el Real Decreto-ley aprobado por el Gobierno el pasado 11 de marzo, cuya convalidación hoy solicito en esta Cámara.


Según datos obrantes en el departamento que dirijo, se habrían desestimado las siguientes solicitudes por fuera de plazo: 11 derivadas de expedientes por fallecimiento, 16 derivadas de secuestros, 17 de incapacidades permanentes y 40 de lesiones permanentes no invalidantes.
Además, en cuanto a las indemnizaciones por sentencia, existen 23 víctimas de terrorismo con un reconocimiento por sentencia de daños de lesiones a su favor y con una desestimación de su solicitud por haberla presentado fuera de plazo. A los anteriores, naturalmente, habría que añadir una categoría no determinada cuantitativamente, que es la de las víctimas o familiares que ni siquiera han presentado la solicitud.


Por ello, el Gobierno, con la intención inequívoca de rendir un reconocimiento y de seguir prestando el apoyo a las víctimas de los atentados del 11 de marzo, y coincidiendo con el aniversario de esos actos terroristas, decidió aprobar la remisión al Congreso del Real Decreto-ley 4/2005, de 11 de marzo, por el que se concede un plazo extraordinario de seis meses para solicitar las ayudas a estas víctimas del terrorismo. La urgencia del mismo, señorías, está justificada indudablemente en la consideración de que se proceda cuanto antes a reconocer los derechos que, como víctimas, tienen aquellas personas que en el transcurso del plazo de solicitud no pudieron hacerlos efectivos por el largo tiempo transcurrido desde que ocurrieron los actos terroristas indemnizables. Esta realidad es la que ha motivado la aprobación de este real decreto, que contiene un conjunto de medidas que posibilitan que el colectivo de víctimas del terrorismo pueda ejercer su derecho a solicitar las diferentes ayudas establecidas en la Ley de solidaridad a la que antes hacía referencia, y con ello paliar cualquier posible situación de desatención a las víctimas del terrorismo; situación que sería materialmente y desde cualquier punto de vista de una injusticia notoria.


La normativa aprobada consta de un artículo único, en cuya virtud se establece un plazo extraordinario de seis meses, contados a partir de la entrada en vigor del real decreto-ley, para solicitar las ayudas previstas en la Ley de 1999 y sus modificaciones posteriores, y se aplica a los hechos que hayan tenido lugar a partir del 1 de enero de 1968.


En definitiva, señora presidenta, señorías, desde el pasado 12 de marzo, fecha en la que ha entrado en vigor dicha norma, cualquier víctima de acto terrorista dispone de un nuevo plazo de seis meses para solicitar dichas ayudas, siempre que dichos actos no hayan sido indemnizados con anterioridad al amparo de la precitada Ley de solidaridad. Queremos con ello hacer un ejercicio de justicia material y evitar que puedan existir víctimas del terrorismo que queden sin indemnizar por el mero transcurso del plazo fijado normativamente para solicitar las correspondientes indemnizaciones.


Señora presidenta, señoras y señores diputados, muchas gracias.
(Aplausos.)

La señora VICEPRESIDENTA (Chacón i Piqueras): A usted, señor ministro.
Muchas gracias.


¿Algún grupo parlamentario desea ejercer su turno en contra? (Pausa.)

Señor Mardones, para fijar posición en nombre del Grupo Parlamentario de Coalición Canaria, tiene usted la palabra.


El señor MARDONES SEVILLA: Muchas gracias, señora presidenta.


Vamos a votar favorablemente la convalidación de este real decreto-ley que, como bien ha señalado el señor ministro del Interior, viene a dar un plazo de seis meses, que en las circunstancias actuales es perfectamente asumible, fundamentalmente por consideración

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humana. Aquí no vale aplicar criterios de especial urgencia, sino que a todas las víctimas del terrorismo, a sus causahabientes, herederos, etcétera, hay que darles la oportunidad de estos seis meses para que puedan ejercer sus derechos al amparo de la Ley 32 que aprobamos en esta Cámara en el año 1999 y de los dos reales decretos que la han desarrollado, tanto el 1912/1999, como el 288/2003.


Debemos tener este gesto humano, comprensible y razonable, por lo que el voto que nos ha pedido el señor ministro del Interior lo vamos a dar por parte de Coalición Canaria con el mejor sentido de solidaridad y generosidad racional de los procedimientos administrativos.


Nada más, señora presidenta.


La señora VICEPRESIDENTA (Chacón i Piqueras): Muchísimas gracias, señor Mardones.


Por el Grupo de Izquierda Unida, señor Llamazares.


El señor LLAMAZARES TRIGO: Gracias, señora presidenta.


Únicamente para anunciar el voto favorable de mi grupo parlamentario a esta iniciativa que nos parece necesaria y oportuna y que significa avanzar en lo que coincidimos en este Parlamento todas las fuerzas políticas y la gran mayoría por no decir la unanimidad de la sociedad civil en España, que es la prioridad de la protección a las víctimas en casos de atentados terroristas. Por tanto, el respaldo de mi grupo parlamentario a este real decreto.


La señora VICEPRESIDENTA (Chacón i Piqueras): Muchas gracias, señor Llamazares.


Turno del Grupo Parlamentario Vasco. Tiene la palabra la señora Uría.


La señora URÍA ETXEBARRÍA: Muchas gracias, señora presidenta.


Señorías, vaya por delante el dato de que mi grupo va a votar a favor, como ha hecho siempre, de este real decreto, que supondrá que más víctimas del terrorismo resulten indemnizadas, pero sí quisiera manifestar que en esto el Gobierno se ha salido un poco de la pauta, o al menos lo ha hecho en relación con mi formación política, de lo que hasta ahora había sido práctica en esta Cámara, que era que las iniciativas relativas a este tema se consultaban, se tramitaban o se hablaban con las formaciones políticas. La ley cuya posibilidad de indemnización ahora se amplía no fue proyecto de ley, sino proposición de todas y cada una de las formaciones políticas aquí presentes y en otros casos en los que ha habido modificaciones se ha consultado antes. Justo es decir que la señora Unzalu sí habló con esta diputada, pero para consultar cuál sería el sentido del voto de su formación política, no para comentar con anterioridad que se iba a elaborar un real decreto-ley, como tampoco era su cometido, pero sí el del Gobierno.


Le sorprende también a esta formación política que a la hora de citar antecedentes, en relación con lo que es el contenido del real decreto-ley, se olvide lo que para nosotros y para esta Cámara en su conjunto, quiero pensar, fue una importantísima modificación del texto de la ley, y es la que tuvo lugar a través de la Ley 2/2003, de 12 de marzo, que añadía un contenido de fuerte calado ético en relación con la imposibilidad de conceder los honores que la ley prevé, no la indemnización, sí los honores, a quienes hubiesen mostrado comportamientos contrarios a los valores representados en la Constitución, en la presente ley y en las declaraciones de derechos humanos reconocidas en los tratados internacionales. Este espíritu, que también lo será respecto de quienes sigan solicitando el reconocimiento de los honores, porque algunas peticiones de honores seguro que habrá, debiera estar también recogido en la exposición de motivos de la norma.
Quizá la omisión haya sido debida al reciente ascenso con carácter honorario de un golpista, el señor Sáenz de Ynestrillas, pregunta que ha sido formulada por esta diputada y que no ha encontrado la posibilidad de cobijo en el Gobierno, puesto que en ausencia del ministro Bono ningún otro miembro del Gobierno -y eso que la decisión, supongo, que debió de ser colegiada- ha querido contestar a esa pregunta. La pregunta será retirada porque ya he tenido el honor de leer la contestación que el señor Bono daba a esta cuestión en un único medio de comunicación mediante artículo, no mediante opinión periodística, precisamente en La Razón, donde, en su consideración, las muertes por terrorismo igualan a todos. Las muertes puede que sí, que así conste en el "Diario de Sesiones" por si tiene ocasión de leerlo el señor Bono, pero que conste también que las trayectorias vitales no han sido iguales las de todos y creo que había ofensa al ideario político de todas las formaciones políticas de esta Cámara porque el carácter de fuerzas democráticas quiero reconocérselo a todas.


Continúo, señor ministro, con otro reproche que también creo que debo manifestarle. ¿Por qué son ustedes, puesto que se alinean en el campo del constitucionalismo -yo también, pero con otro carácter-, tan escuetos o tan poco respetuosos con el contenido del artículo 86 de la Constitución cuando pide justificar la extraordinaria urgencia y la necesidad? Nada de ello está en el texto de la norma y tampoco usted, señor ministro, lo ha hecho. Bien está que hayan decidido ser correctos con la utilización de los instrumentos normativos y no hagan ya leyes de acompañamiento, pero están haciendo ustedes un número inusitado de decretos-ley -se le ha reprochado al señor vicepresidente segundo en el punto anterior y yo se lo reprocho también a usted- en los que está absolutamente ayuno el cumplimiento de los requisitos que la Constitución exige al respecto.


Se ha referido el señor ministro a reclamaciones que no fueron atendidas por haberse pasado el tiempo de

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plazo o a quienes por no conocer que existía esta normativa no habían solicitado indemnización en su día. Me gustaría que hubiera habido otra cuestión también necesitada de ampliación del plazo, y es el ampliar el campo de las solicitudes de indemnización hasta ahora concedidas. Si conoce el señor ministro lo que se ha sostenido en esta tribuna, no solo por mi formación política, sino también por el Grupo de Izquierda Unida y otras formaciones políticas, es que en el ámbito de la Ley 32/1999 debieron estar incluidos supuestos de personas que habían padecido daños por los poderes públicos de aquella época, por la policía -por qué no decirlo- y que lo hubieran hecho en defensa de derechos y libertades que están reconocidas hoy en la propia Constitución. Desde esta tribuna, en el día que se aprobó en conjunto la iniciativa de la que hoy hablamos, solicité que tuviesen expresa cabida, por ejemplo, los sucesos de Vitoria acaecidos en el año 1973 en el que hubo un número importante de fallecimientos o tantas otras indemnizaciones que tienen su acogida en comportamientos policiales o parapoliciales de los tiempos de la transición. Este reconocimiento nunca se le ha dado, aunque en algunos supuestos quizá sí, porque supuestos o no, no directamente anclados en el texto de la ley, como es el caso del Corona de Aragón, sí fueron objeto en su día de indemnización, no así otros. Esta ampliación del objeto no reconocida en la aplicación directa del texto de la norma sí lo fue como necesidad y exigencia de justicia en la legislatura pasada por el Grupo Socialista, y ahí están las intervenciones del señor Pérez Rubalcaba vertidas en el Pleno el día 25 de junio del año 2002 o en la Comisión de Justicia en la que decía estar plenamente de acuerdo con nuestro planteamiento el 21 de noviembre del año 2002. Nos hubiera gustado oír decir al señor ministro que esta ampliación de los plazos del real decreto-ley era porque también se consideraba que podían estar incursos en la propia Ley de solidaridad y de reconocimiento a las víctimas de terrorismo supuestos de este estilo, o bien nos hubiese podido manifestar que era contenido de la proposición no de ley aprobada ya en esta legislatura el 8 de junio de 2004 cuando se dice que desde el Congreso de los Diputados y desde el Gobierno se va a prestar especial atención a los sucesos a los que me estoy refiriendo.


Nos gustaría también que se nos indicase si hay contradicción o no entre la actuación de ampliación de las personas que van a ser objeto de indemnización con lo que desde los servicios jurídicos del Estado se está haciendo en estos momentos. Existe un supuesto concreto -supongo que le sonará al señor ministro, desde luego en Euskadi es muy conocido- de una ciudadana llamada Norma Menchaca, que reclamó por esta vía al Ministerio del Interior en su día el reconocimiento de las indemnizaciones que le correspondían conforme a esta ley. Le fueron en su día denegadas, litigó ante los tribunales, la Audiencia Nacional le dio la razón y dijo que su supuesto estaba incurso dentro de lo que es el contenido de la Ley 32/1999 y, sin embargo, desde la Abogacía del Estado se ha recurrido el supuesto ante el Tribunal Supremo. Nos parece que hay una cierta incoherencia en la amplitud que se predica respecto del reconocimiento a las víctimas del terrorismo y la ampliación de los plazos con los que estamos plenamente de acuerdo y, sin embargo, se sigan recurriendo sentencias que los tribunales en primera instancia, cuando menos, han reconocido como incursas en este supuesto.


Concluyo, señora presidenta, señorías, señor ministro, diciendo que desde nuestra perspectiva cuantos más supuestos se incluyan mejor. Estamos plenamente de acuerdo con que tengan su oportunidad aquellas personas que no conocieron en su día que podían acogerse a estas ayudas o quienes, habiéndose acogido a ellas, lo hicieron fuera del plazo, pero nos gustaría que se tenga también en cuenta la otra perspectiva respecto de la que ya existe un llamamiento al Gobierno, la proposición no de ley aprobada en esta legislatura, para que pudiese interpretarse la ley con mayor holgura y que tuviesen cabida estos supuestos a los que me he referido acaecidos fundamentalmente en el tardofranquismo y durante la transición.


Muchas gracias, señora presidenta.


La señora VICEPRESIDENTA (Chacón i Piqueras): Gracias, señora Uría.


Continuamos con el turno del Grupo de Esquerra Republicana de Catalunya.
Tiene la palabra el señor Cerdà.


El señor CERDÀ ARGENT: Gracias, señora presidenta.


Intervengo muy brevemente para manifestar que nosotros estamos de acuerdo con la propuesta que nos llega del ministerio. Nos parece que es pertinente y oportuno que se amplíen los plazos y no que por razones de carácter temporal o burocrático puedan quedar fuera de este amparo. Por tanto, votaremos favorablemente la propuesta.


La señora VICEPRESIDENTA (Chacón i Piqueras): Gracias, señor Cerdà.


A continuación es el turno del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió). Tiene la palabra el señor Guinart.


El señor GUINART SOLÁ: Señora presidenta, señorías, intervengo para fijar la posición del Grupo Catalán (Convergència i Unió) en relación con la propuesta de convalidación del real decreto-ley por el que se concede un plazo extraordinario de solicitud de ayudas para las víctimas del terrorismo. En la legislatura anterior se planteó la necesidad de disponer de una disposición legal que permitiera incorporar a nuevos ciudadanos entre los susceptibles de recibir ayudas en su calidad de víctimas del terrorismo y a quien la realidad

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y la casuística evidenciaba la existencia de un grupo colectivo significativo de personas que, teniendo aquella condición de víctimas, por diversos motivos y circunstancias no podían beneficiarse de las ayudas que la normativa prevé. En algunos casos, ciertos ciudadanos víctimas de organizaciones terroristas habían optado, según su criterio particular, ilegítimamente por la vía judicial para buscar el amparo de los poderes públicos y por cuestiones diversas equivocaron sus planteamientos, otros estaban pendientes de documentación o informes definitivos sobre su situación o de valoración de las secuelas sufridas, otros simplemente no habían accedido a la información o desconocían la existencia de tales ayudas, otros tal vez pensaban inicialmente que no querían, por respetables motivos personales, recibir ninguna ayuda pública y más tarde cambiaron de opinión y otros tantos supuestos. En cualquier caso, fuera cual fuera la explicación, existe un número considerable de ciudadanos que, teniendo las condiciones objetivas de víctimas, con lesiones físicas o psíquicas directas, por relación familiar, etcétera, no reciben ningún tipo de ayuda de los poderes públicos, considerando a estos y en este caso como aglutinadores y gestores de la indiscutible y unánime solidaridad de toda la comunidad.
Es justo, pues, y entiende mi grupo que urgente -así se justifica el mecanismo ágil y rápido del real decreto-ley- que se regularice cuanto antes esta situación con ese plazo extraordinario, que no es simplemente una cuestión técnica, sino una cuestión de mayor calado, pues pretende que de forma definitiva y sin exclusiones, por razones circunstanciales o azarosas diversas, ningún ciudadano quede excluido o no sea destinatario de las ayudas que en su condición de víctima de organizaciones terroristas pueda recibir, tal y como está previsto en la Ley 32/1999 y en los dos reglamentos que la desarrollan.


No podemos dejar de reconocer y agradecer en este momento la imprescindible y eficaz tarea que en este ámbito del apoyo a las víctimas desarrollan todas las asociaciones y organizaciones de víctimas; sin su trabajo y colaboración permanente, la Administración difícilmente podría desarrollar un nivel de información, de atención, de acompañamiento, de terapia y de seguimiento del nivel de proximidad, adecuación y empatía como el que estas entidades llevan a cabo, la mayoría de ellas con insuficientes ayudas públicas. Quiero destacar especialmente el papel que esas asociaciones han jugado, precisamente en el fundamento y justificación de ese decreto-ley que hoy convalidamos, pues precisamente a través de esas organizaciones se han detectado y sin duda pueden seguir detectándose personas individuales o familias que todavía puedan acogerse, gracias a ese pacto extraordinario que se abre, a las ayudas de referencia.


Ciñéndonos a nuestro territorio, a Cataluña, quiero mencionar especialmente, sin dejar de hacerlo extensivo al resto de asociaciones, el incansable, riguroso y pertinaz trabajo que ha realizado, por un lado, la AVT, la Asociación de Víctimas del Terrorismo, y, por otro, la Acvot, la Associació Catalana de Víctimes d'organitzacions Terroristes, que han tenido la deferencia de informarnos permanentemente de sus actividades e inquietudes y que valoramos en su justa medida. Celebramos, pues, la iniciativa del Gobierno, sensible a esta necesidad, que responde entre otros al principio de igualdad. Debería haberse hecho antes, como hemos dicho, pues ese debate ya se mantenía en la anterior legislatura y estamos convencidos de que esas ayudas, aunque necesarias, no pueden de ninguna manera compensar el dolor, el sufrimiento y la frustración de las víctimas. A su lado toda la comunidad quiere mostrarles permanentemente algo intangible, pero tan valioso como es nuestro apoyo, nuestra comprensión, nuestra solidaridad personal o humana. Votaremos a favor.


Gracias, señora presidenta.


La señora VICEPRESIDENTA (Chacón i Piqueras): Gracias, señora Guinart.


Continuamos con el turno del Grupo Parlamentario Popular. Tiene la palabra para fijar posición la señora Torme.


Adelante.


La señora TORME PARDO: Gracias, señora presidenta.


El Grupo Parlamentario Popular va a votar a favor de la convalidación de este real decreto-ley que ha presentado el ministro del Interior. Se trata de conceder un plazo extraordinario de seis meses, con el que se va a poder atender a personas que, aun teniendo esa condición de víctimas del terrorismo, habían quedado al margen de esas ayudas, de esas indemnizaciones por determinadas causas, pero fundamentalmente por la prescripción de ese plazo. Por tanto, nosotros estamos de acuerdo y por eso vamos a apoyar la convalidación. Como apoyamos y apoyaremos siempre todas las medidas que supongan el reconocimiento y la solidaridad con todas las víctimas del terrorismo. Afortunadamente la situación de las víctimas del terrorismo ha cambiado muchísimo. Quiero recordar aquí cómo en 1996 se creó la Oficina de Asistencia a las Víctimas del Terrorismo o en el año 1999, que fue fundamental, en el que en esta Cámara todas las fuerzas parlamentarias fuimos capaces de aprobar la Ley de solidaridad con las víctimas del terrorismo. Una ley que ponía fin a esa situación terrible de silencio y de desamparo en la que habían estado las víctimas.


Señorías, con esa proposición de ley que suscribimos todos los grupos de esta Cámara pudimos atender esa deuda de gratitud que tenía toda la sociedad española, que tenemos y teníamos todos los españoles hacia quienes pagaron la barbarie del terrorismo con su vida, con su integridad, con su libertad o con la de sus seres queridos. Ese homenaje, esa expresión de reconocimiento, de gratitud

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y de solidaridad era una deuda pendiente, era un deber democrático y un deber de justicia que teníamos con las víctimas. Por eso, en esta ocasión quiero aquí recordar esa voluntad de diálogo y ese consenso total que hubo cuando fuimos capaces de aprobar esa Ley de solidaridad. Fue todo un hecho insólito que no hubiera ni una sola enmienda presentada por ningún grupo parlamentario de esta Cámara. Quiero recordar esa voluntad de diálogo y ese consenso absoluto que hubo con el deseo de que sigan estando presentes ahora en toda la labor que podamos hacer, tanto desde el Parlamento como la que se haga desde el propio Gobierno, y para que no caigamos y nos apartemos de algunos debates que nos están acompañando en los últimos tiempos.


El Grupo Parlamentario Popular va a apoyar, como había dicho, esa convalidación de este real decreto ley, pero vamos a pedir que se tramite como proyecto de ley. Lo vamos a hacer, señor ministro, porque con esta reforma concreta, con este plazo extraordinario de 6 meses se atienden unas situaciones, que usted ha manifestado aquí, y a unas personas determinadas que no han podido concurrir a esas ayudas por esa prescripción del plazo. Pero hay otros supuestos que pueden quedar también desamparados, que no están incluidos en la normativa que regula ahora mismo las indemnizaciones a las víctimas, y que desde las propias asociaciones nos podrían hacer llegar para poderlas tener en cuenta.
Quiero poner dos ejemplos concretos que tienen que ver exclusivamente con la prescripción, precisamente, del plazo para poder solicitar las ayudas.
Hay casos en que las víctimas del terrorismo en su momento no presentaron una solicitud al Ministerio del Interior para percibir esas ayudas. A lo largo del tiempo, con causas judiciales abiertas contra los autores de esos atentados, con las diligencias policiales y con las investigaciones judiciales se concluye al final en una sentencia firme en la que se reconoce que son víctimas del terrorismo con derecho a percibir unas determinadas indemnizaciones. En esos casos si este nuevo plazo ha prescrito también, esas víctimas podrían encontrarse desamparadas, podrían quedarse al margen de ese marco normativo de la Ley de solidaridad. Por eso nosotros queremos esa tramitación como proyecto de ley para que podamos contemplar esa posibilidad. Señorías, una víctima del terrorismo no deja de serlo porque hayan prescrito los plazos de la Ley de solidaridad y menos si hay una sentencia firme que así lo reconoce.


Puede haber también otros casos en que las víctimas sí que hayan instado en su momento esa solicitud y hayan conseguido una indemnización conforme a los baremos recogidos en la Ley de solidaridad, pero que posteriormente una sentencia judicial reconozca unas indemnizaciones superiores y puedan acudir en este caso, al tener esa sentencia, al Ministerio del Interior.
En este caso nuevamente hay un plazo concreto que prescribe. Señorías, es una cuestión que nos tenemos que replantear, porque la burocracia, señor ministro, no puede ir en contra ni poner trabas a los derechos de personas a las que les debemos tanto. Por ello, para corregir estas situaciones concretas que usted ha planteado hoy u otras que podamos estudiar y podamos atender es fundamental que tramitemos esta iniciativa como proyecto de ley, para que podamos introducir enmiendas que contribuyan a mejorar y a perfeccionar la respuesta que entre todos debemos a las víctimas, que es el objetivo esencial de la Ley de solidaridad.


Quiero concluir mis palabras con unos párrafos de la exposición de motivos de esta Ley de solidaridad que fuimos capaces de aprobar entre todos, palabras que cuando hablamos de estas cuestiones siempre son insuficientes, siempre van a quedar cortas, pero sí intentan expresar ese debido homenaje a las víctimas del terrorismo: la sociedad española rinde tributo de honor a cuantos han sufrido la violencia terrorista. Los grupos parlamentarios del Congreso de los Diputados y del Senado por unanimidad quieren hacer de esta iniciativa una expresión de reconocimiento y solidaridad en orden a ofrecer a las víctimas del terrorismo la manifestación de profundo homenaje que sin duda merece su sacrificio. Se concluye diciendo algo que es esencial: no se trata de sustituir el dolor padecido por las víctimas por el efecto de una mera compensación material, porque ello resultaría de suyo inaceptable. El dolor de las víctimas es y será para siempre un testimonio que ha de servir para que la sociedad española no pierda nunca el sentido más auténtico de lo que significa convivir en paz. Para las víctimas solo el destierro definitivo de la violencia puede llegar a ser su única posible compensación.


Nada más y muchas gracias.


La señora VICEPRESIDENTA (Chacón i Piqueras): Gracias, señora Torme.


Finalizamos este turno de fijación de posiciones con la intervención de la señora Unzalu, en nombre del Grupo Parlamentario Socialista.


La señora UNZALU PÉREZ DE EULATE: Gracias, señora presidenta.


Señorías, buenos días a todos. En primer lugar, quiero decir que el Grupo Parlamentario Socialista también va a votar a favor de la convalidación de este real decreto-ley por el que se concede un plazo extraordinario de solicitud de ayudas a las víctimas del terrorismo, pero antes de entrar en el fondo del asunto quiero referirme con algunas matizaciones a alguna de las intervenciones que me han precedido.


Decía la señora Uría que le ha sorprendido cómo se ha tramitado este proyecto de ley. Me gustaría recordarle como antecedente, sin entrar en ningún juicio de valor, que en la Comisión Constitucional que se celebró el día 25 de febrero de este año el Alto Comisionado de apoyo para las víctimas del terrorismo ya puso de

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manifiesto que había recogido y a su vez canalizado una serie de peticiones de las asociaciones de víctimas del terrorismo, entre ellas la necesidad de abrir un plazo extraordinario para dar cobertura a lo que el señor ministro nos ha explicado. Si yo no recuerdo mal, señora Uría, contamos con el apoyo de su grupo.


Ha hecho referencia a otro aspecto que yo creo que está correctamente canalizado. Hablaba usted de la necesidad de estudiar la ampliación de nuevos supuestos, de dar cobertura a una serie de supuestos en los que se lesionaron los derechos democráticos y que todavía no han tenido el reconocimiento debido. Le quiero recordar que para ello, y se discutió en este Pleno, se estableció en una proposición no de ley el reconocimiento y ayuda a las víctimas de la Guerra Civil, del franquismo y de quienes defendieron la democracia y lucharon por el restablecimiento de las libertades durante la transición. Esperemos que, después de que esta comisión dé sus resultados, tengan cabida muchos de los supuestos que en justicia debían haber recibido una indemnización.


Usted ha hecho referencia a un supuesto muy puntual, a los sucesos de Vitoria. En este caso, señora Uría, podrá reconocer que, siendo vitoriana y habiendo vivido aquellos sucesos tan directamente, tenemos un interés especial, como lo hemos manifestado no solamente en esta Cámara, sino también en numerosas ocasiones en el Parlamento Vasco.


Entrando en el fondo del asunto, yo creo que el engarce de este real decreto, no debemos olvidarlo, está en la Ley 32/1999, que ya ha sido citada en esta tribuna. Lo que me gustaría recordar es que esta ley fue aprobada con la unanimidad de todos los grupos parlamentarios. No hubo matices, se aprobó con la urgencia que requería y por ello incluso se retiraron enmiendas; digo con la urgencia que requería porque bastantes años de retraso se llevaban para poder solventar este problema. Aunque todos ustedes saben que nunca una ley como esta, este contenido indemnizatorio, podrá borrar el horror sufrido ni devolver a las víctimas ni a sus familiares lo que perdieron, a mi grupo le parece justo que las instituciones que representan al conjunto de los ciudadanos y ciudadanas establezcan con la flexibilidad necesaria, señora Mato, medidas que reconozcan y compensen los sufrimientos que han padecido. Miren, señorías, la dimensión de un Estado se mide por las garantías y derechos que es capaz de ofrecer a sus ciudadanos y esto implica realizar todos los esfuerzos necesarios para que esta protección sea efectiva, y hoy convalidando este real-decreto abrimos un plazo extraordinario. Decía la señora Mato que se tramite como proyecto de ley para poder mejorarlo.
¿Qué hacemos, abrimos otro plazo, señora Mato? Nuestro Estado de derecho tiene los mecanismos suficientes para, desde la flexibilidad, ofrecer las garantías que en un caso como este necesitan las víctimas del terrorismo.
Por eso, convalidando hoy este real decreto abrimos un plazo extraordinario para que aquellas víctimas del terrorismo, cuyas solicitudes no obtuvieron el amparo del texto legal, a juicio de las autoridades administrativas que lo gestionaron o la aparición de nuevas peticiones u otras circunstancias que ha enumerado el ministro, puedan tener y recibir el reconocimiento social, moral y económico que el Estado y, por tanto, toda la sociedad española debemos de observar hacia las personas que han sido víctimas de esa violencia irracional y asesina que es el terrorismo. Creo que se lo debemos y que no lo podemos dilatar.


Desde aquí quiero decir que en este tema ha existido una unanimidad y un consenso por parte de todos los grupos que no podemos olvidar. En su intervención la portavoz del Grupo Parlamentario Popular decía que en 1996 se creó la Oficina de asistencia a las víctimas del terrorismo. Sí, se creó eso y se han hecho muchas cosas más con la unanimidad de todos los grupos parlamentarios, pero son cosas que son susceptibles de mejorar. Por ejemplo, esa oficina de asistencia a la que usted hacía referencia era una oficina dispersa; era una oficina que remitía a distintos ámbitos institucionales la solución del problema porque las competencias estaban en el Ministerio del Interior, en el Ministerio de Justicia, en la Audiencia Nacional. ¿Qué es lo que se ha hecho ahora y qué es lo que se pretende y puso de manifiesto el señor Peces-Barba? Que se haga una oficina única que canalice no solamente una tramitación, al amparo de la Ley 32/1999, sino otros factores que las víctimas del terrorismo necesitan, bien sea apoyo emocional, pedagógico, educativo o psicológico. Por tanto, lo que me gustaría es seguir contando con el consenso de toda la Cámara para que las víctimas del terrorismo tengan el reconocimiento que toda la sociedad española les debemos prestar desde esta Cámara. (Aplausos.)

La señora VICEPRESIDENTA (Chacón i Piqueras): Gracias, señora Unzalu. Y para que así conste en el "Diario de Sesiones", la corregiré. Se ha estado usted dirigiendo a la portavoz del Grupo Parlamentario Popular como señora Mato, y era la señora Torme.


Antes de someter a votación los dos reales decretos que hemos debatido, procederemos al debate y votación del dictamen de la Comisión del Estatuto de los Diputados. (El señor presidente ocupa la Presidencia.)

Se suspende la sesión.


Se reanuda la sesión con carácter secreto.


DICTAMEN DE LA COMISIÓN DEL ESTATUTO DE LOS DIPUTADOS.


- DICTAMEN DE LA COMISIÓN DEL ESTATUTO DE LOS DIPUTADOS SOBRE DECLARACIÓN DE ACTIVIDADES DE SEÑORES DIPUTADOS. (Número de registro 049201.)

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Se somete a votación el dictamen de la Comisión del Estatuto de los Diputados, que es aprobado.


Continúa la sesión con carácter público.


- CONVALIDACIÓN O DEROGACIÓN DE REALES DECRETOS-LEYES (Votaciones.)

El señor PRESIDENTE: Votación de los reales decretos-leyes.


En primer lugar, Real Decreto-ley 5/2005, de 11 de marzo, de reformas urgentes para el impulso a la productividad y para la mejora de la contratación pública.


Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 320, a favor, 183; en contra, 130; abstenciones, siete.


El señor PRESIDENTE: Queda convalidado el real decreto-ley.


¿Desea algún grupo parlamentario que se tramite el real decreto-ley convalidado como proyecto de ley? (Asentimiento.)

Vamos a votarlo.


Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 319; a favor, 151; en contra, 168.


El señor PRESIDENTE: Queda rechazada la tramitación como proyecto de ley del real decreto-ley convalidado.


Votación del Real Decreto-ley 4/2005, de 11 de marzo, por el que se concede un plazo extraordinario de solicitud de ayudas para las víctimas del terrorismo.


Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 320; a favor, 320.


El señor PRESIDENTE: Queda convalidado el real decreto-ley.


¿Desea algún grupo parlamentario que se tramite el real decreto-ley convalidado como proyecto de ley? (Asentimiento.)

Vamos a proceder a la votación.


Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 320; a favor, 139; en contra, 179; abstenciones, dos.


El señor PRESIDENTE: Queda rechazada la tramitación como proyecto de ley del Real decreto-ley convalidado.


ENMIENDAS DEL SENADO.


- PROYECTO DE LEY SOBRE SANEAMIENTO Y LIQUIDACIÓN DE LAS ENTIDADES DE CRÉDITO. (Número de expediente 121/000005.)

El señor PRESIDENTE: Punto X del orden del día: Enmiendas del Senado.
(Rumores.)

Señorías, la sesión continúa. Les ruego que guarden silencio.


Enmiendas del Senado al proyecto de ley sobre saneamiento y liquidación de las entidades de crédito. El orden del debate es, en primer lugar, fijación de posiciones de menor a mayor.


¿Grupo Mixto? (Pausa.)

¿Grupo de Coalición Canaria? (Pausa.)

Señor Mardones.


El señor MARDONES SEVILLA: Gracias, señor presidente.


Mi grupo votará favorablemente todas y cada una de las enmiendas que nos llegan de la Cámara Alta, del Senado, a este proyecto de ley de saneamiento y liquidación de las entidades de crédito. (Rumores.)

El señor PRESIDENTE: Señorías, por favor, guarden silencio.


Señor Mardones.


El señor MARDONES SEVILLA: Gracias, señor presidente.


Queremos destacar con respecto a estas enmiendas que, como he dicho, vamos a votar favorablemente para su inclusión definitiva, aunque la mayoría son correcciones que amplifican los aspectos técnicos y dan una mayor garantía de seguridad jurídica, hay algunas que tienen una consideración especial. Así ocurre con la referida al artículo 9, que introduce una modificación que incluye una referencia a la finalidad de la publicación del saneamiento que son importantes para todas las personas que, como consumidores, tienen relaciones con las entidades de crédito cuando llegan los problemas de liquidación de las mismas. Igual sucede con las enmiendas a los artículos 15 y 17, que vienen a señalar determinadas garantías de procedimiento, como que las personas que estén encargadas de una liquidación de una de estas entidades de crédito puedan mantener su actividad en determinados casos para solucionar los problemas de gestión que en esa liquidación y con los organismos de garantía financiera y bancaria ocurren alrededor de la óptica del Banco de España.


Muchas gracias, señor presidente.


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El señor PRESIDENTE: Gracias a usted, señor Mardones.


¿Grupo Vasco? (Pausa.)

¿Grupo Popular? (Pausa.)

¿Grupo Socialista? (Pausa.) Tiene la palabra el señor Díaz.


El señor DÍAZ DÍAZ: Señor presidente, señorías, este proyecto de ley, que trata sobre el saneamiento y liquidación de las entidades de crédito, es importante, pero también hay que decir que deja poco margen de maniobra a este Parlamento. El proyecto es la trasposición de una directiva comunitaria, la 2001/24 del Parlamento y el Consejo de 4 de abril de 2001, relativa al saneamiento y liquidación de entidades de crédito.


Dentro de los escasos márgenes que deja la trasposición de una directiva, creemos que en los trámites de ponencia y Comisión se enriqueció el proyecto con aportaciones plurales. Así, se incorporó con diversas transacciones un total de cinco enmiendas de todos los grupos de la oposición. También enmiendas técnicas de la letrada de la Comisión.


Las enmiendas aceptadas en el Congreso tratan fundamentalmente temas de comunicación y en ellas se reconocen y potencian las diferentes lenguas del Estado. También se aceptó alguna enmienda competencial, con gran cautela, todo hay que decirlo, por considerar que la ley no es el lugar para dirimir estos temas. Todos hicimos un importante esfuerzo y el resultado es un texto homologable en la Unión Europea, que tiene en cuenta, en la medida de lo posible, por la especificidad de la materia, la complejidad político-administrativa del Estado español.


El texto remitido por el Congreso era una buena ley. Las enmiendas del Senado no lo mejoran. En el Senado, no necesariamente tenía que ser así, se discutieron las mismas enmiendas que en el Congreso. Las enmiendas que el Congreso rechazó fueron las que se discutieron en el Senado y sobre ellas se aplicó una mayoría diferente, que sirvió para aprobar dos enmiendas de Convergència i Unió y nueve, o sea todas, del Grupo Popular, rechazándose asimismo cuatro enmiendas de CiU, que eran las únicas que no eran formales.


Las enmiendas aprobadas no aportan nada nuevo y en algunos casos su redacción genera contradicción dentro del propio texto. Esto pasa con lo relativo a las autoridades competentes, que el texto del Congreso fija en el artículo 5.1, entre las autoridades judiciales, de acuerdo con la Ley Concursal.


El proyecto de ley remitido por el Gobierno en este tema defendía las medidas de saneamiento como aquellas que suponen la apertura de concurso, sin perjuicio de que se acuerde la liquidación, por lo que las autoridades competentes serían siempre las autoridades jurídicas, en coherencia con la Ley Concursal. Esto está fijado en el artículo 5.1. En consecuencia, si se fijan en el artículo 5.1 verán que no se modifica y que las autoridades competentes son las autoridades judiciales. Por tanto, es totalmente incoherente aprobar en los artículos 6.1, 6.2, 6.3, 9.1 y 9.3 que las autoridades competentes serán las judiciales y las administrativas. Por ello no es coherente que un grupo político no enmiende el artículo 5.1 y después acepte como buenas las enmiendas a los artículos 6 y 9, que contradicen lo aprobado en el artículo 5.1. Por ello no entendemos algunas manifestaciones de entusiasmo por las enmiendas.


Respecto a las otras cuestiones relativas al artículo 9, tampoco nos parece congruente aceptar el texto del Senado ya que, en primer lugar, por lo que se refiere a la publicidad no podemos aceptar que los efectos de la publicidad sean únicamente para interposición de recursos, porque este texto podrá generar confusión y también inseguridad jurídica. En segundo lugar, no consideramos necesario el desarrollo reglamentario de esta norma, ya que en la propia ley se regula el contenido esencial de la directiva. Además, la trasposición de una directiva comunitaria tiene un tiempo reglado que es igual para todos los Estados miembros y, en consecuencia, remitirse al desarrollo reglamentario sería retrasar la incorporación de España y quedar fuera de la necesaria coordinación de medidas en esta materia que cada vez es más importante, porque estamos en un mercado abierto y cada vez son más las operaciones sujetas a esta normativa.


Por lo que respecta al artículo 15, en sus apartados 1 y 2, no nos parece correcto dejar el uso de las lenguas en las comunicaciones a un posterior desarrollo reglamentario. Creemos que es mejor fijarlas como se hizo en el proyecto de ley. En cuanto al artículo 17, que trata de las competencias de los liquidadores, no se puede aceptar esta enmienda, porque esta posibilidad ya apareció recogida en la disposición final segunda, apartado 3, del texto remitido por el Congreso, por lo que no tiene sentido reiterarla en el artículo 17. En cuanto al artículo 19.1, no es necesario realizar una referencia expresa a los tratados internacionales que ya tienen su propio reconocimiento en nuestro ordenamiento. Respecto al artículo 21, del que el Senado pide la supresión, debe mantenerse, ya que permite una mejor comprensión del conjunto de la regulación. En cuanto a la disposición adicional segunda, no debe aceptarse y si alguien tiene algún problema con el vicepresidente económico que lo plantee abiertamente. Nosotros creemos que la referencia debe realizarse al ministerio competente, al específico en la materia, que en este caso es el Ministerio de Economía. Por ello no vemos necesario suprimir la referencia al Ministerio de Economía y rechazamos esta enmienda.


Por las razones que hemos expuesto se demuestra que las nuevas propuestas no son tales y que tampoco sirven para mejorar un texto que la Comisión de Economía del Congreso aprobó con amplio respaldo. Pedimos el apoyo para el texto aprobado por esta Cámara y,

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en consecuencia, el rechazo de las enmiendas aprobadas en el Senado.


Muchas gracias. (Aplausos.)

El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Díaz.


Tratándose de un turno de fijación de posiciones, en el que lo relevante es que cada grupo parlamentario manifieste cuál es su entendimiento sobre las enmiendas del Senado, de una manera excepcional vamos a reabrir la posibilidad de intervención de los distintos grupos parlamentarios, si bien cuando me he dirigido a la Cámara preguntando qué grupos querían intervenir he obtenido un notable silencio. Como entiendo que se trata de un turno de fijación de posiciones, que no altera sustancialmente el procedimiento legislativo, vamos a empezar de nuevo de menor a mayor, si bien les rogaría que en el futuro estuvieran atentos.


¿El Grupo Vasco me confirma que intervendrá? (Asentimiento.)

Antes que usted iría el señor Pérez. ¿Me confirma que interviene? (Asentimiento.)

Entonces empezamos con un orden normal, a excepción del Grupo Socialista, que entiendo que ya hizo su intervención. No cambia nada, es fijación de posición, señor Díaz. Si nos ponemos todos tan rígidos, esto no funcionaría.


Señor Pérez, ¿no interviene? (Denegaciones.)

Señor Azpiazu.


El señor AZPIAZU URIARTE: Señor presidente, creo que tengo alguna equivocación. ¿Estamos hablando todavía del proyecto de ley de entidades de crédito? En esta el Grupo Vasco no va a intervenir. (Risas.)

El señor PRESIDENTE: Perdonen SS.SS., pero a veces me da la risa floja.
Discúlpenme, señores diputados.


Señor Puig, adelante.


El señor PUIG CORDÓN: Gracias, señor presidente.


Le pido disculpas, porque cuando se ha producido la convocatoria después de las primeras votaciones tenía que estar presente en diversas reuniones y he estado ausente de la sala.


Intervendré brevemente para fijar posición sobre las enmiendas que vienen del Senado. En el caso de las entidades de crédito, las vamos a rechazar, porque han sido modificadas algunas de las enmiendas que propusimos en el Congreso y que afectan al respeto a la pluralidad de lenguas. No entendemos la modificación que se produjo en el Senado en ese contexto y, por tanto, vamos a votar en contra de todas las enmiendas provenientes del Senado.


Muchas gracias.


El señor PRESIDENTE: Gracias a usted.


Por el Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió) tiene la palabra el señor Sánchez i Llibre.


El señor SÁNCHEZ I LLIBRE: Muchas gracias, señor presidente.


Nuestro grupo parlamentario va a votar favorablemente las dos enmiendas que propuso en el Senado: la primera, que hace referencia al artículo 9.3, en la cual se prevé la excepción a los efectos de las medidas de saneamiento en base a decisiones administrativas o a disposiciones legales vigentes, no únicamente a decisiones judiciales, y la segunda, que hace referencia a la disposición final segunda, porque es una mejora técnica.


Vamos a votar en contra de la enmienda formulada al artículo 15, que fue aprobada en el Senado, ya que en ella se sustituye el texto acordado en el Congreso por un futuro despliegue reglamentario. Para nosotros no es aceptable que la futura ley no prevea para las comunidades autónomas con lengua propia el uso de las mismas, dejando la decisión a una futura reglamentación de la misma ley. A pesar de que formulamos una enmienda a este artículo en el trámite del Senado, consideramos que es peor la enmienda aprobada en el Senado que el texto que salió del Congreso. Por esa razón votaremos en contra de esta enmienda.


Muchas gracias, señor presidente.


El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Sánchez i Llibre.


Por el Grupo Parlamentario Popular tiene la palabra el señor Erias.


El señor ERIAS REY: Muchas gracias, señor presidente, señoras y señores diputados.


En primer lugar, le pido disculpas, señor presidente, porque no le he escuchado y por ese motivo no intervine cuando me correspondía.


En todo caso, quiero señalar que este proyecto de ley de saneamiento y liquidación de entidades financieras no es otra cosa que la trasposición de la Directiva 2001/24 de la Unión Europea. Cuando debatimos este proyecto de ley en Comisión, mi grupo hizo algunas observaciones al texto presentado, porque lo consideró muy restrictivo y le pareció que en algunos aspectos resultaba bastante confuso. Para nosotros es muy gratificante que en el paso por el Senado se haya modificado a través de 11 enmiendas, 10 de las cuales han sido presentadas por el Grupo Popular.
Todas estas enmiendas presentadas por nuestro grupo persiguen la misma finalidad: mejorar la trasposición de la directiva propuesta por el Gobierno en una serie de aspectos técnicos que entendemos resultan muy relevantes para el sistema financiero y en pos de ese mercado único. Por esta razón, nos congratulamos de que fuera entendido de este modo por el Senado y que se obtuvieran los apoyos necesarios para que aquí estemos debatiendo las mismas. A continuación, paso al análisis pormenorizado de cada una de ellas.


Tres de estas enmiendas, la 6, 7 y 8, van en la línea de modificar el artículo 6. Creemos que la trasposición

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de la directiva comunitaria fue deficiente, puesto que omitió el papel que tienen que desempeñar las autoridades administrativas en la tarea de saneamiento de las entidades de crédito, dejando únicamente este papel a las autoridades judiciales, las únicas que contemplaban el texto en su primera versión. Nosotros consideramos conveniente que las autoridades judiciales, como resulta obvio, actúen en los procedimientos de liquidación, pero pueden ser las autoridades administrativas las que se encarguen de esta finalidad en las medidas de saneamiento.


Dos de las enmiendas presentadas por el Grupo Parlamentario Popular, las números 9 y 10, modificaron también los apartados 1 y 2 del artículo 9.
La primera de ellas hace referencia a la modificación que nosotros propusimos del apartado 1, que venía a corregir una vez más la mención de las autoridades administrativas al tiempo que recuperábamos del texto original de la directiva la mención explícita al objetivo de la publicación de las decisiones de las medidas de saneamiento. En definitiva, lo que procurábamos con esta enmienda era facilitar la comunicación pública de las decisiones al efecto de permitir la presentación de recursos o, dicho en otras palabras, transparencia. A nuestro juicio, esta es también una enmienda técnica, pues la modificación que propusimos para el apartado 2 de este mismo artículo implica la traslación al desarrollo reglamentario de la regulación específica sobre plazos de presentación de recursos y otros detalles, lo que es coherente además con las recomendaciones aportadas en su día por el Consejo de Estado y que no hace otra cosa que dotar al procedimiento de las garantías que todo procedimiento debe tener.


La enmienda número 2 introduce modificaciones al artículo 15 del texto, al igual que lo hace la recomendación del Consejo de Estado que considera, cuando hace esta propuesta, que, dado el marco del carácter procedimental de las previsiones contenidas en dicho artículo, las modificaciones son más propias de una norma reglamentaria. A su vez, nos parecía oportuno mejorar técnicamente un aspecto que la directiva no contemplaba, pero que parece bastante obvio. Propusimos modificar el artículo 17 para permitir que, una vez iniciado el proceso de liquidación de la entidad de crédito, las personas encargadas de la misma puedan continuar realizando las actividades que resulten oportunas para hacer frente a las necesidades de liquidación.


También introdujimos una modificación técnica de carácter procesal en el artículo 19, en la línea de la Ley 34/2003, de modificación y adaptación a la normativa comunitaria de la legislación de seguros privados, incluyendo una referencia al respecto a lo dispuesto en los tratados de tipo internacional. Finalmente, en el Senado se aprobó también una enmienda de supresión del artículo 21, que entendemos que era plenamente redundante, debido a que el artículo 8 ya contemplaba lo que se reiteraba posteriormente en este artículo 21.


Todas las enmiendas que he mencionado son modificaciones que han mejorado el texto y que consideramos razonables. Solo una de nuestras propuestas había sido aprobada en su momento en la Comisión de Economía y Hacienda del Congreso cuando debatimos esta proposición. Esa enmienda introducía una importante corrección respecto a la concepción de los mercados regulados, puesto que se tienen en cuenta por primera vez los denominados sistemas multilaterales de negociación que estaban contemplados en la Directiva 2004/39.


En consecuencia, creemos que es un buen momento para que desde el Grupo Parlamentario Socialista se modifique la postura de rechazo que mantuvo en la Comisión respecto a todas estas aportaciones y que valore todas las contribuciones realizadas y materializadas por el Senado a este texto, cuyo único objetivo es mejorar el contenido de la proposición de ley y, en última instancia, de la legislación española.


Muchas gracias, señor presidente.


- PROYECTO DE LEY DE SUPERVISIÓN DE LOS CONGLOMERADOS FINANCIEROS Y POR LA QUE SE MODIFICAN OTRAS LEYES DEL SECTOR FINANCIERO. (Número de expediente 121/000006.)

El señor PRESIDENTE: Concluido este punto del orden del día, continuamos, siempre en el apartado de enmiendas del Senado, con el proyecto de ley de supervisión de los conglomerados financieros y por la que se modifican otras leyes del sector financiero.


¿Turno de fijación de posiciones? (Pausa.)

Tiene la palabra el señor Mardones.


El señor MARDONES SEVILLA: Gracias, señor presidente.


Mi grupo va a votar favorablemente todas y cada una de las enmiendas que nos ha remitido el Senado, pero especialmente quiero significar tres de ellas porque fueron enmiendas presentadas por mi grupo, el Grupo Parlamentario de Coalición Canaria, tanto en el trámite previo del Congreso, donde no fueron aceptadas, como en el Senado, donde sí lo han sido. No son unas enmiendas de hondo calado, pero tienen una finalidad garantista: explicitar determinados procedimientos de control.


En primer lugar, me referiré a la enmienda al artículo 4, que recoge una frase completa de nuestra enmienda: siempre que concurran circunstancias excepcionales. Entendemos que, en lo que se vaya a regular reglamentariamente, es una norma de sentido común que las circunstancias excepcionales tengan, digamos, su actuación pertinente en el concepto que se está regulando.


Las otras enmiendas también aceptadas por la Cámara Alta y que fueron presentadas por el grupo de senadores de Coalición Canaria tienen efecto sobre el

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artículo 12 del proyecto de ley de supervisión de los conglomerados financieros y por la que se modifican otras leyes del sector financiero español. Como digo, estas enmiendas tratan de añadir, en el párrafo tercero, una expresión del siguiente tenor: todas las entidades y empresas que los integren deberán contar con mecanismos adecuados para disponer de la información que sea necesaria para el cumplimiento de las normas exigibles al grupo. Es decir, la ley debe explicitar la obligatoriedad de que estas entidades y empresas que están integradas dispongan de los mecanismos de garantía. En política, últimamente estamos haciendo mucha retórica sobre los derechos de los consumidores, sobre las garantías de transparencia y el buen gobierno de las empresas, pues también en todos los conglomerados financieros, para evitar desagradables sorpresas, especulaciones o desviaciones de los principios de legalidad y normas de ética y de transparencia, hay que introducir medidas.
Igualmente, otra enmienda al artículo 12 que ha sido incorporada en el Senado tiene como fin que todas las empresas y entidades aseguradoras cuenten con los mecanismos adecuados de información para que el cumplimiento de las normas exigibles, bien por el acervo comunitario, contenido en las directivas que se están trasponiendo, bien por cualquier otra razón del efecto jurídico -la Ley Concursal, las leyes que están fundamentadas en todos los códigos de comercio, etcétera- se pueda llevar a efecto. Por tanto, esta enmienda tiene un sentido puramente técnico y garantista, pero es que es conveniente que esta ley de las entidades financieras y de los conglomerados contengan los dispositivos técnicos necesarios para darles luz. Se trata, como he dicho muchas veces, de poner un punto de iluminación en lo que puede parecer, sobre todo de cara a los usuarios, a los consumidores, un mundo ininteligible y oscuro de difícil comprensión.


Por estas razones, y sumándome también a las otras enmiendas que llegan de la Cámara Alta, mi grupo va a votar favorablemente.


Muchas gracias, señor presidente

El señor PRESIDENTE: Gracias a usted, señor Mardones.


Por el Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV) tiene la palabra el señor Azpiazu.


El señor AZPIAZU URIARTE: Gracias, señor presidente.


En este momento debatimos las enmiendas aprobadas en el Senado en relación con el proyecto de ley de supervisión de conglomerados financieros y por la que se modifican otras leyes del sector financiero. Tan solo tres enmiendas de nuestro grupo parlamentario fueron aprobadas en la Cámara Alta y esperamos que sean ratificadas hoy aquí por la mayoría del Congreso.


Cuando debatimos el proyecto en la Comisión de Economía y Hacienda, nuestro grupo parlamentario se abstuvo en la votación del proyecto tras obtener el compromiso firme del Grupo Parlamentario Socialista de avanzar en la negociación de los contenidos económico-financieros planteados en las enmiendas que presentamos. En nuestra opinión, los pasos negociadores van lentos, aunque es necesario darlos, y creemos que una muestra de este avance podría ser obtener el apoyo del Grupo Socialista a las enmiendas que hoy estamos defendiendo. El Gobierno y el Grupo Socialista saben perfectamente que el propio Tribunal Constitucional ha instado al Gobierno, ya en 1986 y posteriormente en el año 1999, a dotar de contenido competencial a las comunidades autónomas, no solo a la del País Vasco, en materia de entidades financieras. Los plazos han sido, por lo tanto, generosamente satisfechos, sobrepasados, y es preciso llegar a un acuerdo de manera inmediata. Una buena muestra, insisto, sería conseguir que se aprobaran hoy aquí las enmiendas de nuestro grupo parlamentario; supondría, sin duda alguna, un signo inequívoco de la voluntad política de solucionar los temas pendientes. Posteriormente, y mediante las negociaciones oportunas, podríamos solucionar el resto de los temas. En este sentido, nuestro grupo parlamentario quiere darle, una vez más, un margen de confianza a este Gobierno, pero también esperamos que el Gobierno y el Grupo Socialista se hagan merecedores de la misma.


La primera de las enmiendas es de adición de un apartado 3 bis al artículo 10 del proyecto. No voy a reproducir el contenido de la enmienda, pero sí quisiera señalar que su justificación responde a los requerimientos del propio Tribunal Constitucional. En nuestra opinión, la alusión a las cajas de ahorro y a las cooperativas de crédito sin referencia expresa a otro tipo de entidades financieras y de crédito supone, tal y como lo declara el Tribunal Constitucional, total vaciamiento de las competencias autonómicas previamente reconocidas y asumidas en los estatutos de autonomía en materia de ordenación del crédito. Insisto, el Tribunal Constitucional ha ordenado que la inconstitucionalidad del precepto referido sea remediada por el legislador.


La segunda de las enmiendas plantea una disposición adicional nueva, mediante la que se modifica el Real Decreto-ley 1/2002, de 29 de noviembre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de regulación de planes y fondos de pensiones. En este sentido quisiera señalar que con la publicación de la Ley de regulación de planes y fondos de pensiones nace un nuevo sistema de cobertura, pero nace con una visión centrada en sí misma, puesto que no prevé la posibilidad de que los sistemas vigentes hasta entonces pudieran interrelacionarse con los nuevos. Por ello, originalmente no se plantea la posibilidad de que pudiera haber traspasos entre unos y otros, aun cuando en realidad responden a las mismas necesidades y a los mismos objetivos. Este es el espíritu de la enmienda. El Pacto de Toledo, debo decir, incidió en la necesidad de aprovechar

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todos los sistemas complementarios existentes para esta cobertura de previsión, de forma que no se premiara a unos respecto a los otros. Con la última modificación de la Ley de regulación de planes y fondos de pensiones, la realizada a través de la Ley 44/2002, de 22 de noviembre, se ha ido en esta línea, pero aún queda para concluir con el proceso el reconocer la posibilidad de traspaso entre estos sistemas complementarios. Ello, además de ir en la línea indicada en el desarrollo del Pacto de Toledo, incidirá en la mejora de la competencia entre los proveedores y los sistemas complementarios, que solo puede suponer una economía de costes y, por lo tanto, mayores beneficios para las empresas promotoras y sus trabajadores.


La tercera y última enmienda propone la creación de una disposición final nueva, mediante la cual se modifican los artículos 5, apartado 1, de la Ley 13/1989, de 26 de mayo, de Cooperativas de Crédito, y 104, apartado 2, de la Ley 27/1999, de 16 de julio, de Cooperativas, que quedarán redactados como se propone en nuestra enmienda. Pretendemos que las cooperativas de crédito se rijan por las normativas que dicten las comunidades autónomas en las que radique su domicilio social, respetándose en todo caso el contenido básico de la presente ley y de sus normas de desarrollo, así como las normas que con carácter general regulan la actividad de las entidades de crédito; supletoriamente será aplicable la legislación general de cooperativas autonómica que corresponda. Asimismo, según nuestra enmienda, corresponde a las comunidades autónomas las facultades relativas a la autorización, creación y revocación de la misma, aprobación de estatutos, registro, disciplina e intervención en los términos de la Ley 26/1988, de 29 de julio, sobre disciplina e intervención de las entidades de crédito, y todas aquellas que les atribuya la normativa vigente. El Estado y las comunidades autónomas colaborarán en los aspectos de disciplina e intervención, tal y como lo vienen haciendo ahora en el ámbito de las cajas de ahorro. Esta enmienda responde a la necesidad de establecer una norma de conflicto acorde con las sentencias 86/1992, 87/1993 y 96/1996, atribuyendo a las comunidades autónomas unas competencias de ejecución mínimas y contemplando el establecimiento de mecanismos precisos a los efectos de la coordinación y cooperación entre la autoridad autonómica y estatal y del ejercicio de las competencias de disciplina e intervención que tienen encomendadas. Con las enmiendas que planteamos se corrigen las extralimitaciones en las que el legislador estatal ha incurrido al establecer en materia de cooperativas de crédito un sistema de distribución competencial entre Estado y comunidades autónomas que se aparta, contraviniendo la jurisprudencia constitucional, del sistema vigente en materia de cajas de ahorro, extralimitación en la que el Poder Ejecutivo ha reincidido mediante el Real Decreto 84/1993, de 22 de enero.


Muchas gracias.


El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Azpiazu.


Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana. Señor Puig.


El señor PUIG CORDÓN: Gracias, señor presidente.


Intervengo brevemente para fijar la posición del Grupo de Esquerra Republicana sobre el proyecto de ley de supervisión de los conglomerados financieros. En el trámite en el Congreso de los Diputados aprobamos el proyecto tal como estaba y hoy nos viene con algunas enmiendas del Senado. Entendemos que algunas de esas enmiendas mejoran el respeto a las competencias de las comunidades autónomas, en este caso de la Generalitat de Catalunya, y por tanto algunas de ellas van a ser aceptadas por mi grupo.


Muchas gracias.


El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Puig.


Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió). Señor Sánchez i Llibre.


El señor SÁNCHEZ I LLIBRE: Muchas gracias, señor presidente.


En el trámite parlamentario del Senado, nuestro grupo parlamentario consiguió incorporar cuatro enmiendas al dictamen que hace referencia al proyecto de ley de supervisión de los conglomerados financieros y por la que se modifican al mismo tiempo otras leyes del sector financiero. Quizá la más relevante es la que hace referencia a la nueva disposición adicional, en la que se hace un mandato al Gobierno para que pueda existir un incremento de la fianza mínima exigida a los auditores y al mismo tiempo incluir medidas de proporcionalidad en el régimen sancionador de los auditores y la implantación de un seguro de responsabilidad civil para los administradores de sociedades cotizadas.
Esta enmienda que nuestro grupo consiguió transaccionar en el Senado la consideramos de vital importancia para el colectivo general de los auditores en España ya que, con el objeto de poder dotar de seguridad jurídica a la actividad auditora y, en general, al tráfico económico, entendemos que el Gobierno debería adoptar diversas medidas en el sector auditor en la línea que se está manifestando en la Unión Europea. Es posible que esta enmienda no goce del beneplácito del Grupo Parlamentario Socialista pero, de acuerdo con las conversaciones que hemos mantenido al respecto, en caso de que no se aprobara esta enmienda en este trámite legislativo, el Grupo Parlamentario Socialista junto con otros grupos parlamentarios que estamos sensibilizados en este aspecto podremos tramitar una modificación legislativa para poder subsanar esta cuestión que nosotros consideramos de vital importancia.


Muchas gracias, señor presidente.


El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Sánchez i Llibre.


Grupo Parlamentario Popular. Señor Erias.


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El señor ERIAS REY: Muchas gracias, señor presidente.


Señoras y señores diputados, este proyecto de ley de supervisión de los conglomerados financieros, igual que sucedía en el caso anterior con la ley de saneamiento y liquidación de entidades financieras, se ha visto modificado en su paso por el Senado a través de la aprobación de varias enmiendas, seis de las cuales han sido presentadas por el Grupo Popular.
Estas enmiendas intentan básicamente que la directiva traspuesta por el Gobierno incorpore un conjunto de aspectos de naturaleza técnica que creemos que son suficientemente relevantes. Por esta razón nos congratulamos de que fuera entendida de esta manera por el Senado y de que también fuera posible que los distintos grupos apoyaran estas iniciativas, porque creemos que son muy interesantes para el sistema financiero español y en pos del mercado financiero único.


Una de las enmiendas técnicas aprobadas, coincidente con otra presentada por Coalición Canaria, es la que modifica el artículo 4. Dicha modificación viene a recalcar el carácter de excepcionalidad que tendría que producirse para, a través del reglamento correspondiente, motivar la ampliación del ámbito de aplicación de la ley, reflejando así el carácter de excepcionalidad que se consigue para intentar resolver el problema que se presentaba en la trasposición. Este asunto también había sido puesto de manifiesto por el Consejo de Estado, que de hecho venía a proponer la supresión del artículo 4.3 del dichoso anteproyecto de ley. Esta enmienda iría encaminada a enriquecer el marco normativo de nuestro sistema financiero y a evitar determinadas perplejidades, que incluso se podían anticipar con la denominación dada, cuando en el propio proyecto de ley se habla de modificación de otras leyes del sistema financiero. Esto es tan abierto que ciertamente genera bastante perplejidad y en todo caso que los asuntos que allí se presentaran tuvieran esa naturaleza de excepcionalidad.


La enmienda al artículo 6 que presentamos tanto en el Congreso como en el Senado, donde finalmente fue aprobada, busca mejorar técnicamente la trasposición de la directiva en dos aspectos clave. Por un lado, resalta la necesidad de cooperación entre las autoridades competentes en el intercambio de la información relativa a las entidades reguladas de un conglomerado financiero y, por otro, intenta incluir una mención explícita a las disposiciones sobre secreto profesional y divulgación de la llamada información confidencial. Este último aspecto es especialmente llamativo, puesto que se incluía en el texto de la directiva, pero no en el texto de la proposición de ley que traspone esta directiva en nuestro país.


Otra mejora técnica presentada tanto por nosotros como por Coalición Canaria y aprobada en el Senado viene a modificar el artículo 12.3, circunscribiendo su ámbito a las obligaciones de las entidades aseguradoras que forman parte del llamado grupo consolidable, en contra de lo propuesto inicialmente en el texto original. En el ámbito de los seguros también creemos relevante destacar una mejora introducida por el Grupo Popular y aprobada en el Senado. A través de la modificación del artículo 12.3 hemos tratado de garantizar que la Dirección general de seguros y fondos de pensiones pueda contar con la información relevante para verificar las consolidaciones efectuadas y analizar los riesgos asumidos por el conjunto de las llamadas entidades consolidadas. Creemos que es un buen momento para que desde el Grupo Socialista se modifique la postura que mantuvo en Comisión y valore estas aportaciones realizadas por el Grupo Popular y por otros grupos y apoyadas por la mayoría absoluta del Senado que han quedado materializadas en el texto remitido, cuyo único objetivo es en última instancia tener una mejor legislación.


Por último, creo que debemos hacer mención a las enmiendas que ha presentado el Grupo Popular en virtud de las cuales se ha suprimido tanto la disposición adicional segunda como la disposición transitoria. Ambas enmiendas, que tenían un claro componente político en contra de los aspectos técnicos que he venido recalcando, no podían interpretarse como una mejora para el funcionamiento de nuestro sistema financiero, puesto que afectaban claramente a la Ley Orgánica de las Cajas de Ahorro y además tienen un difícil encaje, como he señalado al principio, en el proyecto de ley objeto de debate. En cualquier caso, creemos conveniente recalcar que mediante este proyecto de ley se traspone una normativa comunitaria que tiene como objetivo fundamental contribuir o ayudar a la estabilidad de los mercados financieros europeos gracias al establecimiento de normas comunes para la supervisión de los llamados conglomerados financieros, sirviendo al mismo tiempo de garantía para que se lleven a cabo todas las prácticas en unas condiciones de competencia equitativas y de seguridad jurídica suficientes.


Por último, quiero recalcar que mi grupo también apoyó con su voto en el Senado las mejoras propuestas por el Partido Nacionalista Vasco, por Convergència i Unió y por Coalición Canaria en lo tocante a los planes y fondos de pensiones, lo que supone una mejora de lo inicialmente debatido en esta Cámara, en la Comisión de Economía. También se da más seguridad jurídica para la actividad auditora y, finalmente, se define con mayor precisión la regulación sobre las cooperativas de crédito, especialmente aquellas que operan en un determinado territorio de forma principal. Por eso consideramos que este es un buen momento para que el Grupo Socialista modifique esa postura que tuvo en la Comisión de Economía, contemple con la mayor profesionalidad lo que representan leyes que tienen un estricto contenido técnico y valore positivamente las aportaciones realizadas por

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la Cámara del Senado al texto que ha remitido la Cámara del Congreso. En consecuencia, que sepan ver los señores diputados que esta nueva redacción viene a mejorar el contenido de la proposición de ley y que en última instancia también servirá para dar mayores garantías a todos los operadores del sistema financiero español y europeo.


Muchas gracias, señor presidente.


El señor PRESIDENTE: Gracias a usted, señor Erias.


Por el Grupo Parlamentario Socialista tiene la palabra el señor Cuevas.


El señor CUEVAS DELGADO: Gracias, señor presidente.


Voy a intervenir con brevedad, aunque el asunto que tenemos entre manos tiene su importancia. No estamos legislando algo baladí, porque afecta al sistema financiero y es necesario clarificar algunas cuestiones fundamentales. Básicamente, para que todo el mundo lo entienda, estamos hablando de trasponer una directiva europea que afecta a la supervisión adicional de las entidades de crédito en su conjunto. Al hilo de esta trasposición de la directiva algunos grupos han creído necesario aportar iniciativas en relación con otros aspectos, seguramente muy importantes, como el tema de las cooperativas de crédito, el de la supervisión o el de los seguros de los supervisores, pero sinceramente creemos que este no es el momento para plasmar todas esas inquietudes. Paralelamente, hay una sentencia del Tribunal Constitucional que reconoce competencias en materia de supervisión a las comunidades autónomas que también es necesario clarificar y trasponer a nuestra normativa, pero con el texto de la enmienda del Senado y con la premura con la que hemos abordado esta negociación, porque vuelvo a repetir que este proyecto no tenía nada que ver con eso sino con otra cuestión, nos parece que, si esto sale tal cual se ha aprobado en el Senado, que va a ser una legislación directamente aplicable, va a tener muchos más problemas que los que entre todos queremos solventar.


Hemos mantenido conversaciones con todos los grupos, y el Grupo Socialista y el Gobierno están dispuestos a considerar y reconocer, como no podía ser de otra forma, la sentencia del Tribunal Constitucional. El Ministerio de Economía está trabajando ya en esa redacción, perfectamente hablada con todos los estamentos que tienen que ver no solamente con el Banco de España, porque en el tema de las cooperativas hay otros ministerios afectados, y en el plazo más breve posible. Incluso hemos ofrecido la posibilidad de una PNL aceptada por todos los grupos, que inste al Gobierno a que realice las modificaciones normativas necesarias para permitir a las comunidades autónomas el pleno ejercicio de sus competencias, especialmente las relacionadas con las potestades de disciplina, inspección y sanción, y que le inste también a que transfiera las competencias de ejecución y de supervisión de estas entidades. El motivo, señor Azpiazu -y lo hemos hablado muchas veces-, no es negar la intención de lo que se pretende hacer aquí. El motivo de no poder aceptar esta enmienda es que con esta redacción no aportamos claridad a lo que ustedes mismos pretenden solventar. Por tanto, estamos hablando de una cosa muy distinta. Estamos hablando de la definición de un conglomerado financiero. Estamos hablando de una supervisión adicional para estos conglomerados financieros, que son cosas muy específicas, que las hemos visto y hemos tenido ocasión de discutirlas durante la tramitación de la ley. Pretender, con ocasión de que esta directiva se esté trasponiendo en estos momentos, añadir aquí otra serie de cuestiones nos parece que no aclara ni beneficia al conjunto del sistema financiero. Entiendo que el Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV) tiene razón cuando en su enmienda del Senado pedía de una forma muy concreta, tal como está redactado aquí, que se asumieran esas competencias. A nosotros nos parece que se pueden asumir, pero no con esa redacción que nos traería muchísimos problemas.
Le hemos ofrecido la posibilidad de la proposición de ley. No sé si estamos todavía en disposición de hacerlo. En este acto estoy diciendo exactamente lo que el Gobierno está dispuesto a hacer. Sería extremadamente bueno para el conjunto del sistema financiero que todos los grupos entendieran la importancia de lo que aquí estamos diciendo, porque -repito- ni siquiera los autores de la enmienda, en el caso de que se aprobara en esta Cámara, tendrían la seguridad de que satisfaría sus intereses, porque esto acarrearía muchísimos problemas, muchísimos recursos y no sería operativa, señor Azpiazu. Por eso, es mucho mejor volver al texto del Congreso con el añadido de la declaración que estamos haciendo aquí. El señor Azpiazu sabe que hemos mantenido conversaciones en el propio ministerio y apelo a la responsabilidad de otros grupos de la Cámara que están manifestando permanentemente la importancia que tiene el sistema financiero para el conjunto del Estado español, que son grupos con vocación de Gobierno y que han hecho posible que se aprobara esta enmienda en el Senado. Por tanto, le digo concretamente al Grupo Parlamentario Popular que sea coherente con sus planteamientos, que no permita en este acto que, por la posibilidad de ganar una votación, se apruebe en el día de hoy una enmienda de esa naturaleza.


Por otra parte -y termino ya-, el resto de las enmiendas tienen la misma consideración. Mi grupo va a apoyar el texto que salió de esta Cámara, el texto que aprobamos todos en este Congreso.


Muchas gracias.


El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Cuevas.


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PROPUESTAS DE CREACIÓN DE SUBCOMISIONES:

- PROPUESTA DE LA COMISIÓN DE INDUSTRIA, TURISMO Y COMERCIO DE CREACIÓN DE UNA SUBCOMISIÓN PARA EL ANÁLISIS DE LAS MEDIDAS A PROPONER AL GOBIERNO EN RELACIÓN A LOS PROCESOS DE DESLOCALIZACIÓN Y PARA ESTIMULAR LAS MEJORAS DE LA COMPETITIVIDAD DE LA ECONOMÍA. (Número de expediente 158/000001.)

El señor PRESIDENTE: Señorías, antes de proceder a la votación de las enmiendas del Senado, solicito de la Cámara que, por asentimiento, apruebe la propuesta de la Comisión de Industria, Turismo y Comercio, de creación de una subcomisión para el análisis de las medidas a proponer al Gobierno en relación a los procesos de deslocalización y para estimular las mejoras de la competitividad de la economía.


¿Lo acuerda así la Cámara? (Asentimiento.)

Queda aprobada.


Asimismo les comunico que, no habiéndose presentado ninguna enmienda, el punto XI del orden del día, convenios internacionales, pasará directamente a comisión. Esto quiere decir que, si el último punto del orden del día se hace correctamente, como se ha producido un pequeño milagro, podríamos terminar en torno a las dos y cuarto o dos y media, si todo sale como está previsto.


ENMIENDAS DEL SENADO (Votaciones):

El señor PRESIDENTE: Vamos a votar, en primer lugar, las enmiendas del Senado al proyecto de ley sobre saneamiento y liquidación de las entidades de crédito.


Se han solicitado dos votaciones: una, la relativa a la enmienda al artículo 15 y otra, el resto de las enmiendas, que votaremos en bloque.


En primer lugar, enmienda al artículo número 15.


Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 312; a favor, 129; en contra, 183.


El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.


Procedemos a votar el resto de las enmiendas en bloque.


Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 313; a favor, 145; en contra, 166; abstenciones, dos.


El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.


A continuación, las enmmiendas relativas al proyecto de ley de supervisión de los conglomerados financieros y por la que se modifican otras leyes del sector financiero. Votaremos hasta nueve enmiendas separadas.


En primer lugar, enmienda al artículo 4.


Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 312; a favor, 144; en contra, 168.


El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.


Segunda votación. Enmienda al artículo 6.


Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 311; a favor, 144; en contra 167.


El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.


Tercera votación. Enmienda al artículo 10.


Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 310; a favor, 24; en contra, 285; abstenciones, una.


El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.


Cuarta votación. Enmienda al artículo 12.


Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 313; a favor, 143; en contra, 168; abstenciones, dos.


El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.


Quinta votación. Enmienda a la disposición final segunda.


Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 311; a favor, 139; en contra, 167; abstenciones, cinco.


El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.


Sexta votación. Enmienda a la primera disposición adicional nueva.


Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 313; a favor, 153; en contra, 160.


El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.


Enmienda a la segunda disposición adicional nueva.


Comienza la votación. (Pausa.)

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Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 312; a favor, 138; en contra, 168; abstenciones, seis.


El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.


A continuación vamos a votar la enmienda a la disposición adicional segunda.


Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 312; a favor, 146; en contra, 166.


El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.


Enmienda a la disposición transitoria.


Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 313; a favor, 140; en contra, 167; abstenciones, seis.


El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.


Finalmente, enmienda a la disposición final nueva.


Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 313; a favor, 152; en contra, 161.


El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.


DEBATES DE TOTALIDAD DE INICIATIVAS LEGISLATIVAS.


- PROYECTO DE LEY DE MEDIDAS URGENTES PARA EL IMPULSO DE LA TELEVISIÓN DIGITAL TERRESTRE, DE LIBERALIZACIÓN DE LA TELEVISIÓN POR CABLE Y DE FOMENTO DEL PLURALISMO. (Número de expediente 121/000021.)

El señor PRESIDENTE: Último punto del orden del día, debates de totalidad de iniciativas legislativas. Proyecto de ley de medidas urgentes para el impulso de la televisión digital terrestre, de liberalización de la televisión por cable y de fomento del pluralismo.


Al tratarse de un debate de totalidad, en primer lugar, tendrá lugar la presentación del proyecto por un miembro del Gobierno; en segundo lugar, turno a favor de la enmienda de totalidad por el grupo proponente, Grupo Popular; en tercer lugar, turno en contra, si algún grupo parlamentario deseara ejercerlo; en cuarto lugar, fijación de posiciones; y por último, se votaría la enmienda de devolución.


La Junta de Portavoces ha solicitado que este proyecto de ley fuera sometido al trámite de avocación al Pleno, que el presidente lo sometería a consideración en el supuesto de que la enmienda a la totalidad fuera rechazada.


Les ruego que abandonen rápidamente el hemiciclo. El milagro al que me refería que se puede producir es que abandonen rápidamente la Cámara, de esta forma ganaríamos bastante tiempo.


Para presentar el proyecto en nombre del Gobierno tiene la palabra el señor ministro de Industria.


El señor MINISTRO DE INDUSTRIA, TURISMO Y COMERCIO (Montilla Aguilera): Gracias, señor presidente,

Señorías, iniciamos el debate parlamentario del proyecto de ley de medidas urgentes para el impulso de la televisión digital terrestre, de liberalización de la televisión por cable y de fomento del pluralismo, con la confianza de que su paso por esta Cámara sirva para avanzar en el acuerdo en torno al mismo, tanto entre las fuerzas políticas como entre los sectores sociales e industriales implicados. Quizá compartan conmigo que la expectación generada con este proyecto de ley, que por cierto consta únicamente de cuatro artículos y dos disposiciones, materializado en la presentación de 95 enmiendas, además de la que hoy debatimos de totalidad, evidencia la necesidad y la oportunidad de su elaboración.


Hoy comienza el debate parlamentario, pero no es la primera vez que hablamos de este proyecto en el Parlamento. Aquí ha habido debates, así como en los medios de comunicación; se han presentado casi veinticinco veces más enmiendas que artículos tiene el proyecto; se han celebrado comparecencias de expertos para opinar sobre el mismo en esta Cámara y también en el Senado, donde hoy mismo comparecen representantes de dos empresas de comunicación. (Rumores.)

El señor PRESIDENTE: Disculpe, señor ministro.


Por favor, mi corrillo preferido. Señor Huertas, por favor, no haga charletas en las escaleras porque se molesta mucho al orador.


Gracias.


El señor MINISTRO DE INDUSTRIA, TURISMO Y COMERCIO (Montilla Aguilera): Gracias, señor presidente.


Todo esto, señorías, a nuestro juicio es señal de la necesidad que tiene este país de acometer de manera urgente determinadas reformas en el sector de la radio y la televisión que nos permitan, por un lado, avanzar en el objetivo de impulsar la televisión digital, avanzar en la liberalización y fomentar el pluralismo, así como, por otro lado, afrontar en el futuro el debate de la ley general audiovisual sin las distorsiones que podría suscitar

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en el mismo algunas de las medidas que se contemplan en este proyecto de ley.


Antes de continuar, señorías, conviene resaltar que el proyecto de ley se enmarca en un plan de impulso de la televisión digital terrestre, de liberalización de la televisión por cable y de fomento del pluralismo, que incluye, en primer lugar, el establecimiento por fin de un calendario claro de implantación de la televisión digital, que coordine y permita a todos los agentes del sector realizar sus planificaciones y sincronizar el lanzamiento de la TDT en los ámbitos estatal, autonómico y local. En segundo lugar, la modificación del plan técnico nacional de la televisión digital durante el tercer trimestre de este año, lo que permitiría conocer las posibilidades de asignación de nuevas frecuencias para televisión. En tercer lugar, y como consecuencia de lo anterior, el plan prevé la asignación de frecuencias para que antes de finales de 2005 pueda ser accesible un número significativo de programas de TDT con cobertura estatal, autonómica y local. En cuarto lugar, el adelanto en dos años del apagón analógico, pasando este de 2012 a 2010. A este respecto quisiera precisar, como ustedes conocen, que las televisiones ya emiten en tecnología digital y el apagón es una fecha para conseguir que el acceso de los ciudadanos sea real. Con este plan España se incorpora a los países de la Unión Europea que han anunciado el apagón analógico para el año 2010 o antes: Alemania, Reino Unido, Italia, Suecia, Finlandia y Austria. Por último, el plan incluye también el proyecto de ley que hoy debatimos. Estas precisiones quizás puedan demostrar que algunas afirmaciones que se han realizado en relación con las consecuencias de la aprobación de la ley no son del todo ciertas, ya que no dependen de estas, sino de otros aspectos del plan, tal es el caso del apagón analógico.


Señorías, sin intención de repetir los argumentos que ya he tenido ocasión de esgrimir en esta Cámara en defensa de la regulación impulsada por el Gobierno, me van a permitir que mencione brevemente las características de este proyecto de ley. Antes de ello quiero recordar que las medidas urgentes que se incluyen en el mismo podían haber sido objeto de aprobación a través de un real decreto-ley, sin embargo se ha seguido el procedimiento del proyecto de ley con la firme voluntad de elaborar un texto que pudiera ser objeto de un mayor debate social y político, más aun si tenemos en cuenta que durante los últimos años medidas de este calado han sido aprobadas por el Gobierno anterior a través de reales decretos y de enmiendas a leyes de acompañamiento de los presupuestos de manera a veces sorpresiva, sin debate y sin transparencia. Por tanto, entendiendo que existen razones para la urgencia, hemos tratado de buscar un equilibrio entre esta y el diálogo entre la rapidez, el debate y el consenso. En este sentido el Gobierno está dispuesto, como ha estado siempre, a debatir y a alcanzar acuerdos y, a pesar de que su tramitación no se realizará por el procedimiento de urgencia, en lo que respecta a la rapidez ésta está ahora en sus manos.


Con respecto al contenido del proyecto, como SS.SS. conocen, modifica cuatro leyes que se encuentran actualmente en vigor: la Ley de ordenación de las telecomunicaciones del año 1987, la Ley de la televisión privada del año 1988, la Ley de televisión local por ondas terrestres del año 1995 y la Ley general de telecomunicaciones (esta más reciente) del año 2003. Como ven, la mayoría de estas leyes fueron aprobadas hace tiempo cuando la realidad del sector en España era muy distinta a la actual; prueba de ello es la propia Ley de Televisión Privada, que en su exposición de motivos dice estar abierta a futuros cambios o innovaciones tecnológicas y establece un límite de tres concesiones, considerando conjuntamente cálculos de viabilidad económica para las empresas concesionarias, exigencias o limitaciones técnicas existentes en el momento de su aprobación (hace ahora ya 16 años) y el interés del público evidentemente por una programación diversificada. A nadie debe extrañarle el interés del público actual por tener esta programación más diversificada a que alude la ley y tampoco debemos tener ni temer problemas de rentabilidad de las empresas concesionarias. Por este motivo y puesto que se dan las condiciones técnicas es por lo que el Gobierno pretende suprimir el límite de tres concesiones, porque a más concesiones más diversidad de oferta, más pluralismo, más competencia y mayores beneficios para los telespectadores, o sea para el conjunto de la ciudadanía. La posibilidad que abrimos para que puedan otorgarse nuevas concesiones de emisión en analógico, en contra de lo que algunos de ustedes puedan opinar, como el Grupo Popular, no supondrá un freno a la implantación de la televisión digital; ambos asuntos son independientes.
Si el espectro lo permite y si, como lo demuestran las solicitudes ya hechas, que ustedes conocen a través de los medios de comunicación, que ha recibido el Gobierno, hay empresas interesadas en emitir en tecnología analógica, qué motivos podrían llevarnos a no atender estas peticiones si pueden resultar beneficiosas para la ciudadanía. Además si hay que achacar a algún Gobierno la falta de compromiso con el impulso de la televisión digital, desde luego no hay que mirar a este, sino al anterior. La situación de la TDT que dejó el anterior Gobierno es la siguiente: tras seis años de soporte legal para la TDT solo unos miles de hogares españoles disponen de la misma, frente al 28 por ciento en el Reino Unido, el 7 por ciento en Italia o el 42 por ciento en Finlandia; es decir, ha habido un estancamiento en el despliegue e implantación de la TDT en nuestro país.


Por otra parte, el fracaso del modelo de TDT basado en la iniciativa de Quiero Televisión y su no sustitución por un modelo alternativo, dejó a las industrias de equipos, difusión, operación y contenidos sin referencias de futuro y por tanto sin capacidad de planificación y

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actuación en materia digital. La carencia de un calendario concreto para la transición a la TDT y de una normativa que permitiera ofertas diferenciadas en digital impidió el adecuado aprovechamiento y efecto demostración de las potencialidades de la TDT. A esta situación negativa cabría añadir además el retraimiento en la oferta de las concesiones digitales, el progresivo relajamiento de las obligaciones contractuales hacia Veo Televisión y Net Televisión, la falta de equipamientos en los hogares (antenas y descodificadores), la inseguridad jurídica para los operadores y los fabricantes de equipos de recepción y la apatía institucional para resolver las crisis provocada por el fracaso del modelo de Quiero Televisión. Es decir, la situación con la que nos encontramos era de total paralización en el despliegue e implantación de la TDT, además de contar con un gran desorden legislativo que precisamente pretendemos solventar con este proyecto de ley entre otros.
Ante esta situación resultaba imposible adelantar a 2008 el apagón analógico porque durante el período 2000-2003 no se han producido las actuaciones suficientes para hacerlo posible. Por eso no deja de sorprender que precisamente sea el Grupo Popular el que haya intentado que se apruebe una iniciativa para que se establezca y se produzca este adelanto al 2008 y no a 2010, como plantea obviamente el Gobierno.
Señorías, ante esta situación dejemos de confundir a la opinión pública con un debate que no es real y digamos claramente que este Gobierno está adoptando las medidas necesarias y lo va a seguir haciendo para que se produzca cuanto antes el apagón analógico y que el aumento de las concesiones en tecnología analógica, si este es posible, no va a interferir en la implantación de la televisión digital terrestre.


Continuando con la exposición del contenido del proyecto de ley, la modificación propuesta de la Ley de ordenación de las telecomunicaciones trata de establecer un marco regulatorio claro para el sector radiofónico que ponga fin a los problemas derivados de una legislación que resulta obsoleta, desmembrada, confusa e inadecuada a la realidad, según argumentos esgrimidos por el propio sector. En particular, la Asociación española de radiodifusión comercial estima que tanto en la radio digital como en la analógica se han producido movimientos empresariales en los últimos años que afectan a la titularidad y a los cruces de participaciones accionariales en concesiones radiofónicas sobre las que sería urgente producir una unificación de la normativa que evite inseguridad jurídica, situaciones discriminatorias o interpretaciones dispares, ya sea en las instancias administrativas de la competencia o judiciales (y cito textualmente un acuerdo de la Asociación española de radiodifusión comercial). Pasamos así a sustituir los términos titularidad y participación por control, a establecer el mismo régimen para la radio analógica y la digital y a contemplar de forma conjunta la onda media y la frecuencia modulada, con todo lo que ello supone para el fomento del pluralismo establecido en la Constitución y que el Gobierno persigue. Con respecto a la Ley de televisión local por ondas terrestres, las modificaciones que se introducen son las siguientes. Las comunidades autónomas podrán aumentar hasta dos el número de programas gestionados por los ayuntamientos en cada una de las demarcaciones, se equipara el periodo de concesión administrativa de las televisiones digitales locales al de las autonómicas digitales, y a las privadas y estatales, ampliándolo de cinco a diez años, y se amplía el plazo de las comunidades autónomas para la convocatoria de los concursos y la adjudicación de las concesiones de televisión digital local, pasando este del 4 de agosto al 31 de diciembre de 2005.


Por último, el proyecto de ley aborda la modificación de la Ley General de Telecomunicaciones para hacer efectiva la prestación en competencia de servicios de difusión de radiotelevisión por cable que estaba limitada hasta ahora. Todo ello, señorías, teniendo presente que al margen de estas reformas urgentes es necesario abordar otras modificaciones en el régimen jurídico del sector audiovisual español, que se contemplarán en el anteproyecto de la ley general audiovisual en la que, como ustedes saben, ya estamos trabajando. Con este nuevo proyecto de ley que se remitirá, como he mencionado, a lo largo de los próximos meses al Parlamento daremos cumplimiento también a un compromiso contraído con la Cámara y con la ciudadanía. Con él el Gobierno pretende regular de manera integral todos los aspectos relativos al sistema de medios audiovisuales, con garantía de libertad y de pluralismo informativo en nuestro país.
Mientras tanto, insisto, resulta necesario acometer ciertas reformas en las leyes que acabo de citar, en el sentido que ha propuesto el Gobierno o en el que ustedes decidan tras el debate de las enmiendas. En todo caso insisto en que la expectación generada a nivel social, tras la aprobación por el Gobierno de este proyecto de ley, el número y el contenido de las enmiendas presentadas por los grupos parlamentarios, las múltiples ocasiones en las que han interpelado a miembros del Gobierno con ocasión de su elaboración o las comparecencias que se han celebrado, incluso, como comenté antes, hoy mismo se están celebrando algunas en la Cámara Alta, dan muestra de que el marco regulatorio actual no es el adecuado.
La impresión que tiene el Gobierno es que todos compartimos la necesidad de una ordenación y de la adecuación del sector a la realidad de este momento. Otra cosa es que podamos estar o no de acuerdo en la orientación que deban tener los cambios. En este caso el Gobierno ha optado por la defensa del interés público o, si lo prefieren, por el interés de los ciudadanos; o, lo que es lo mismo, el Gobierno ha optado por el fomento del pluralismo, que es el fin último de este proyecto de ley.


Esperamos que la ley que surja del debate parlamentario sea reflejo de la voluntad de consenso que ha mostrado el Gobierno y confiamos en que lo tengan también

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sus señorías. Igualmente confiamos en que las enmiendas que incorporen sirvan al objetivo que el propio nombre del proyecto indica: a la defensa del pluralismo, y, cómo no, que pueda entrar en vigor en el momento necesario para que resulte efectiva. Todo ello depende en gran parte de ustedes, y estamos seguros de que los telespectadores, los radioyentes y muchas empresas, grandes y pequeñas, del ámbito audiovisual y el conjunto de la ciudadanía se lo agradecerán.


Muchas gracias. (Aplausos.)

El señor PRESIDENTE: Gracias a usted, señor ministro.


En primer lugar, turno para la defensa de la enmienda presentada por el Grupo Parlamentario Popular. Tiene la palabra la señora Montesinos.


La señora MONTESINOS DE MIGUEL: Señor ministro, lo que ha practicado hace un momento en la exposición del proyecto de ley ha sido un auténtico malabarismo dialéctico que disfraza de pluralidad el abuso que están cometiendo con este proyecto de ley. A mí lo que más me sorprende es que a usted, teniendo en cuenta lo que nos ha dicho al comienzo de su exposición, no le diga absolutamente nada el hecho de que se hayan presentado 95 enmiendas a un proyecto de ley que como usted dice sólo tiene cuarto artículos. Eso no les hace pensar que lo conveniente en este caso sería haber retirado el texto y sentarse de nuevo a hablar con el sector, con el grupo mayoritario de la oposición (que no lo han hecho), con el resto de los grupos de la Cámara (no sé si lo habrán hecho o no, pero con nosotros no) y con las comunidades autónomas. A usted no le dice absolutamente nada eso ni le dice nada que de esas 95 enmiendas un número muy destacado de ellas son del Grupo Parlamentario Socialista. El Grupo Parlamentario Socialista por tanto también disiente bastante de lo que dice el Gobierno o, si no, actúa bajo ese halo de independencia teórica que resulta no ser así.


En cualquier caso, la enmienda a la totalidad que ha presentado nuestro grupo parlamentario lo es también, y por extensión, no solamente al proyecto, sino a toda la política errática en el sector audiovisual que ha sostenido el Gobierno a lo largo de este último año. Es más, la enmienda a la totalidad de este proyecto no solamente la tenía que haber presentado el Grupo Parlamentario Popular; la tenía que haber presentado también el Grupo Parlamentario Socialista para denunciar esa incoherencia que se producía entre lo que aquí se presentaba y lo que dice su programa electoral. Ustedes, los socialistas, se comprometieron en las pasadas elecciones del 14 de marzo (leo textualmente) a llevar al Parlamento un proyecto de ley audiovisual consensuado con los distintos agentes (palabras que a ustedes a estas alturas les producen cierto sarcasmo) que operan en el sector que contemple una regulación integral de la industria audiovisual. Tres líneas en el programa, señor ministro, y tres engaños.


En menos de un año, el Gobierno socialista ha invertido sus prioridades en este asunto para atender, eso sí (y retroceder en el tiempo, porque así nos lo van a tener que explicar), a alguien. ¿A quién? No lo sabemos y esperemos que esta mañana, por fin, lo descubramos. La ley de lo audiovisual no existe, el diálogo brilla por su ausencia, como hemos venido diciendo a lo largo de todo el debate, y la regulación integral del audiovisual ha pasado a una iniciativa legislativa absolutamente parcial y claramente inadecuada. Nos encontramos por tanto ante una revisión radical e injustificada de las promesas electorales del Grupo Socialista y del Gobierno, a través de este proyecto de ley gestado sin ninguna transparencia y con todas las sombras de duda. Descartada sin argumentos por el Gobierno una necesaria ley del audiovisual que sirviera de marco para todo el sector y sin siquiera esperar a conocer el informe para la reforma del sector público audiovisual se ha optado por unas medidas calificadas como urgentes. Esas medidas truncan el profundo y decisivo proceso de cambio representado en la incorporación de nuevas tecnologías, de nuevos operadores y agentes, de más posibilidades y ofertas y del dinamismo de un mercado creciente y en competencia, porque el proyecto de ley no tiene ni una sola medida urgente. El 30 de diciembre del pasado año el Consejo de Ministros anuncia ese rimbombante plan de impulso de la televisión digital terrestre, de liberalización de la televisión por cable y de fomento del pluralismo, de título más largo que la enjundia que realmente tiene tal plan, con el que ha querido vestir de cara a la galería un supuesto interés, que no es tal, por la modernización y por el progreso del sector audiovisual. De una genérica (eso sí, muy propagandística) nota de prensa a final del pasado año, se pasó tiempo después a la elaboración de un anteproyecto de ley en el que se comenzaron a concretar las verdaderas intenciones del Gobierno y que naturalmente poco a nada tenía que ver con la extensión de la televisión digital y aún menos con el fomento del tan cacareado pluralismo. El anteproyecto rebajó las ambiciones del plan de nochevieja hasta el punto de hacerlo totalmente irreconocible. Algo parecido sucedería más tarde en el tránsito del anteproyecto de ley al proyecto de ley, es decir de la nochevieja al viernes de carnaval; las caretas por fin desaparecieron.


Nuestra primera crítica se orienta por todo ello a la inconveniencia temporal del proyecto de ley, presentado sin la existencia de una ley general del audiovisual y sin conocer cuál va a ser el futuro de los medios de titularidad pública. El Gobierno informó que el proyecto de ley que nos ocupa (decía textualmente) había cumplido el correspondiente trámite informativo y se había presentado al sector el 14 de enero, en la última reunión celebrada por el Consejo Asesor de las Telecomunicaciones, conocido como Catsi. Asimismo, seguía

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diciendo el Gobierno, se han mantenido reuniones con diferentes operadores y asociaciones profesionales del sector. En estos encuentros se han recibido sugerencias de la sociedad civil, que en algunas ocasiones se han incorporado al texto definitivo; esa misma versión la reproducía días después el ministro de Industria en respuesta a una interpelación de este mismo grupo. Por tanto, nuestra segunda objeción a este proyecto de ley se basa precisamente en la falsedad de la declaración oficial anterior.


El proyecto de ley que conoció el Catsi no es el mismo proyecto de ley que se aprobó después por el Gobierno. Es más, con toda la gravedad que reviste esto, se aportó una certificación que no se correspondía con lo que sucedió dentro de la propia reunión del Catsi, y eso es de absoluta y extrema gravedad. Con este proyecto de ley el Gobierno ha jugado a ese juego que consiste en unos cubiletes, que esconden una bolita, que se van moviendo haciéndola aparecer y desaparecer ante nosotros. Ese es el engaño permanente y continuado que sobre este tema viene practicando el Gobierno. (Rumores.) En el proyecto, por ejemplo, no se alude para nada a las concesiones de radiodifusión; no en el que se presenta al Catsi, pero sí en el que se trae aquí luego. Es un asunto que se cuela de rondón en el trayecto (no sabemos si fue porque era viernes de carnaval y se disfraza con ese maravilloso nombre), incluyéndose a toda prisa un artículo en el que se modificaban las reglas de juego de la radio en España. En cualquier caso pone de manifiesto la nula relación de este precepto del proyecto de ley con el impulso de la televisión digital terrestre y el fomento del pluralismo, ya que lo que hace es incrementar el dominio y la posesión. Si esta es una palmaria irregularidad que vicia en alguna medida la tramitación de este proyecto, no es menos grave el presunto diálogo que se dice haber mantenido desde el Gobierno con todo el sector. Ha sido precisamente la ausencia de diálogo lo que ha denunciado con más énfasis el propio sector desde el primer momento, una ausencia de diálogo que se hace extensiva a este grupo parlamentario y al conjunto de las comunidades autónomas. Señor ministro, no es posible, no es deseable, no es sensato, no es razonable y desde luego no es conveniente que la reforma para dotar al sector audiovisual de un marco adecuado que aborde la regulación de la radio y la televisión del futuro se haga sin consenso y sin diálogo con los grupos de la oposición y con las comunidades autónomas. Lo peor es que no ha habido diálogo hasta el momento ni tampoco se le espera; no hay más que ver la actitud del ministro, que en este momento, mientras está interviniendo esta portavoz, mira de forma ausente a los frescos de la Cámara. Desde luego el Gobierno no ha dado ni una sola prueba de voluntad de consenso ni de talante positivo en esta materia, y me remito a las actitudes de la mañana de hoy.


La tercera objeción fundamental se refiere al hecho de que el proyecto de ley sea una pieza separada de una ley del audiovisual, que es la verdaderamente necesaria, y usted lo sabe, que es lo más grave. El Gobierno opta, sin embargo, por un parche legislativo absolutamente sospechoso, como lo son todas las actuaciones que ustedes vienen manteniendo en esta materia, renunciando a regular todo el sector por un interés absolutamente partidista y sectario que informa e imprime todo el proyecto de ley.


La cuarta objeción es la apertura de nuevos canales analógicos. A estas alturas solo la órbita del Gobierno socialista defiende que la concesión de nuevos canales analógicos de televisión tiene alguna ventaja o utilidad en el tránsito a la televisión digital terrestre. Son clamorosas y fundadas las voces que señalan el riesgo de lastre, de rémora e incluso de irresponsabilidad histórica que representa esta medida del proyecto de ley. En este punto debemos detenernos en dos mensajes claros del Gobierno socialista. En primer lugar, las concesiones otorgadas a Veo TV, Net TV e incluso Quiero TV no rebasaron el límite previsto por la Ley de la Televisión Privada, ya que se otorgaron al amparo de otra ley, como usted muy bien sabe o debería saber, la Ley 66/1997, de 30 de diciembre, que en su disposición adicional 44.4 dice: Las concesiones para la gestión indirecta de los servicios públicos de radiodifusión y televisión con tecnología digital terrestre (la verdad es que produce tristeza ver como se sonríe el ministro ante estos comentarios referidos a este artículo)serán según la disponibilidad de espectro radioeléctrico y con arreglo a los planes técnicos que aprueba el Gobierno. Además la exposición de motivos habla de problemas de pluralismo televisivo en España, citando casos como el de Alemania o el de Italia. Usted sabe, exactamente igual que yo, que con ese ejemplo lo único que hace es ampararse en una burda manipulación, confundiendo los canales con los propios operadores. Por tanto, no es cierto el argumento de que el proyecto de ley soluciona un exceso (en absoluto) cometido anteriormente con las concesiones digitales ya realizadas. El precepto referido sigue vigente y podría amparar legalmente cualquier otra concesión que se diera en la televisión digital terrestre. Para lo único que sirve la reforma de la Ley de Televisión Privada que incorpora el proyecto de ley y que limitaba a tres las concesiones es sencillamente para abrir la posibilidad de emitir en abierto a un canal, modificando la concesión de pago que se le hizo en su momento. En segundo término, el Grupo Parlamentario Socialista ha insistido mucho en subrayar que el canal analógico de pago podría solicitar su emisión en abierto sin necesidad de la aprobación de este proyecto de ley; sin embargo, el cúmulo de casualidades que se dan cita en torno al mismo a hecho concluir a todos los observadores, analistas y aficionados la tesis absolutamente contraria el pasado mes de febrero. En febrero pasado el Gobierno aprobó un proyecto de ley

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que bajo el pretexto de impulsar la televisión digital terrestre suprime la limitación de las concesiones de la televisión analógica; un proyecto de ley que permite tramitar con carácter de urgencia y a toda costa con mucha prisa. Es en ese momento cuando el llamado comité de expertos hace público su informe para la reforma de los medios públicos y aconseja la limitación sustancial de la publicidad en Televisión Española. La cadena pública por su parte logra en esas mismas fechas los peores resultados de audiencia de toda su historia, espantando a toda la audiencia hacia otros canales generalistas. Por último, en las mismas fechas el concesionario de la televisión analógica de pago pide su conversión en emisión en abierto. Señorías, blanco y en botella.


La quinta objeción alude a la tramitación parlamentaria del proyecto de ley. Rechazamos este proyecto de ley por la descabellada urgencia con la que se está tramitando, sin permitir que se escuchara al sector, como el propio sector ha demandado, y sin favorecer el diálogo con las fuerzas políticas y las comunidades autónomas. Se ha hecho un trámite absolutamente restrictivo de comparecencias, evacuadas por cierto el día de luto oficial decretado por el Gobierno con motivo de la muerte del Papa, y con posterioridad a los plazos de presentación de las enmiendas.
En esta materia, igual que en otras, ustedes han actuado con el trámite del rodillo y de la absoluta mordaza. Han impedido que, como venía defendiendo el Grupo Parlamentario Popular, el sector en su globalidad pudiera comparecer en sede parlamentaria y no uno, recomendado por un grupo parlamentario. Claro que, después de haber asistido a esa Comisión, el Grupo Popular llegó a la conclusión (no solamente nosotros, sino todos los medios) de que el Grupo Parlamentario Socialista, junto con el Gobierno, había impedido a toda costa que comparecieran porque las comparecencias de ese día no le salieron nada bien al Gobierno; incluso el hecho de pedir el adelantamiento del apagón al 2008 (usted ha hecho alusión a ello esta mañana) en ningún caso pareció descabellado ni imposible a los comparecientes, que llegaron a decir que nos pusiéramos en la línea. Los intereses del Gobierno han transformado un reto tecnológico, una apuesta definitiva por la comunicación digital en un instrumento totalmente inútil para dicho fin, restringiéndolo, convirtiéndolo, al favorecer a un grupo de comunicación, en una trágala inoportuna.


En resumen, señorías, el proyecto de ley no contribuye para nada al impulso de la televisión digital terrestre; más al contrario, y usted lo sabe, lo ralentiza y retarda incluso de forma irreversible. Este proyecto de ley no contiene, como saben, ni una sola medida de carácter urgente; no es verdad que las contenga, solo el título y nada más; no hay ley general del audiovisual. Este proyecto nace sin diálogo, sin consenso; no hay plan técnico nacional de televisión digital terrestre; no hay decisión tomada sobre el papel de los medios públicos de comunicación de titularidad del Estado. Señor ministro, señorías, este proyecto de ley es un auténtico parche legislativo para reparar intereses particulares del Gobierno. Ustedes no buscan el pluralismo, sino la quiebra del pluralismo informativo, Desde el Gobierno ustedes han sustituido el pretendido buen talante por la prepotencia sin límites, las palabras huecas por los oídos sordos como han demostrado esta mañana, el interés general por el enfrentamiento social como vienen haciendo desde hace un año; las promesas de regeneración democrática por la arbitrariedad y el amiguismo.
Desde luego ustedes lo único que quieren hacer es consolidar el abuso dominante; eso es lo que están haciendo. En definitiva, señor ministro, este es un mal proyecto de ley, por lo que solicitamos a la Cámara su rechazo y su devolución al Gobierno.


Muchas gracias. (Aplausos.)

El señor PRESIDENTE: Gracias a usted, señora Montesinos.


¿Algún grupo desea ejercer el turno en contra? (Pausa.)

Por el Grupo Socialista tiene la palabra el señor López.


El señor LÓPEZ ÁGUEDA: Gracias, señor presidente.


Señorías, hoy es la segunda ocasión en que debatimos en el Pleno del Parlamento sobre este asunto de la transición a la televisión digital. El martes con motivo de la presentación de la PNL del Partido Popular les dije que el Grupo Popular no lee o no quiere entender lo que lee y se lo demostré. Presentaban una PNL en la que pedían tres cosas, dos de las cuales ya estaban en marcha y la tercera, que era el apagón en 2008, ustedes mismos la hicieron imposible. Hoy, además de ratificarme en que no leen o no quieren entender lo que leen, me doy cuenta de que además no escuchan o no quieren entender lo que escuchan, porque yo acabo de oír al ministro anunciar que habrá una ley general del audiovisual, que llegará a este Parlamento en poco tiempo, y usted está hablando permanentemente como si no hubiera ley general del audiovisual. Por tanto, no escuchan o no quieren entender lo que escuchan. Hay más cosas de su intervención que me llevan a afirmar eso. Hablan de que no hay diálogo y de que se engañó al Catsi porque se introdujo un artículo que habla de la radiodifusión, pero a continuación el ministro nos explica que ese artículo se ha introducido por la demanda de todo el sector de la radiodifusión. Por tanto, no escuchan o no quieren entender lo que escuchan. Hablan también de las enmiendas del Grupo Socialista. La gran mayoría de las enmiendas del Grupo Socialista a la ley son para defender el interés de los ciudadanos de Baleares, que no defiende el señor Matas, y el interés de los ciudadanos de Canarias también, porque pedimos que se contemple la realidad insular; por cierto,

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que ahora, después de que lo haya hecho el Grupo Socialista, lo aplaude el presidente Matas. Insisto, no escuchan o no quieren entender lo que escuchan, porque el ministro les explica que en esta materia todo lo que hizo el Grupo Popular lo hizo por real decreto o por ley de acompañamiento, y hoy estamos debatiendo aquí, en el Parlamento, esta primera ley que forma parte de un plan de medidas y también habrá ley general del audiovisual.


Por último, permítame (en esto sí creo que fue especialmente desafortunada) decirle otra cosa. Hablaba usted de que se celebraron comparecencias en la Comisión de Industria del Congreso el día del luto por la muerte del Papa. Es verdad que hubo esas comparecencias a petición del Grupo Popular y es verdad también que el Grupo Popular no citó a nadie (no se entiende muy bien), pero le recordaré que la última ley que hizo el Grupo Popular en materia audiovisual la hizo el 12 de marzo de 2004 en Consejo de Ministros por la puerta de atrás, al día siguiente de que 192 españoles murieran en el peor atentado terrorista en este país.


La tecnología digital ofrece muchas posibilidades al sector audiovisual, posiblemente estemos hablando del cambio más importante que haya sufrido lo audiovisual desde el paso de la televisión en blanco y negro a la televisión en color. La aparición de la tecnología digital supone la posibilidad de que haya más canales de televisión, lo que supondrá una mejora de los contenidos y un refuerzo del pluralismo; supone también una mejor calidad técnica de esos canales y supone la posibilidad de ofrecer nuevos servicios, especialmente los interactivos y los multimedia. La primera cuestión que se puede afirmar es que la transición a lo digital no perjudica a nadie y beneficia a todos, en primer lugar a los ciudadanos, que se beneficiarán de más y mejores canales; en segundo lugar a los propios medios de comunicación. No hay un solo medio de comunicación que no solicite el impulso de la televisión digital terrestre; le recuerdo que lo piden todos, sin excepción. Es una medida que beneficia también a los fabricantes de equipos, a los anunciantes, al sector tecnológico en general, porque todo ello abre una nueva era de oportunidades en nuestro país -la abría ya cuando llegó lo digital- para liderar en ese terreno.


Señorías, cuando llegó la tecnología digital adecuada para que los medios de comunicación pudieran acogerse a ella, es decir, a finales de los años noventa y a principios del año 2000, quien gobernaba en este país era el Partido Popular. En aquel momento el contador estaba a cero en toda Europa y teníamos una excelente oportunidad para por una vez estar en la máquina del tren y no en el furgón de cola, pero desafortunadamente nos quedamos atrás, España se quedó retrasada, como reconocen todos los sectores afectados. Ahora bien, el PP consiguió unanimidad en algo y es que todo el sector dijera lo mismo, que quedó verdaderamente frustrado por la actitud del Partido Popular. Y lo más grave no es que fracasara el Partido Popular -a mí eso no me importa, no creo que sea importante que el fracaso fuera del Partido Popular-, el problema es que provocó un fracaso de nuestro país, de España, en esta materia; ese es el problema.
Y lo importante no es que lo diga yo sino que lo diga todo el mundo, que el propio Partido Popular lo reconozca todos los días con iniciativas como la que presentó el martes para solicitar el adelanto al año 2008.
Todos los días reconoce el Partido Popular su fracaso en esta materia.
Ustedes, y nadie más, causaron un grave perjuicio a los ciudadanos, a las televisiones, a los fabricantes, a los inversores, a los instaladores, a los publicistas; ustedes y nadie más, que por cierto gobernaban con mayoría absoluta.


Creo que sería bueno que todo el mundo sepa -es bueno que haya transparencia- lo que hicieron ustedes en esta materia, y sólo por un motivo: para no repetir los errores del pasado. Ustedes están diciendo -y está en el origen de esta enmienda a la totalidad- dos cosas: una, que el Gobierno no tiene un plan y, dos, que el Gobierno no dialoga.
Afortunadamente, hoy han tenido la oportunidad de escuchar al ministro explicarles que hay un plan del Gobierno -una vez más, o no escuchan o no quieren entender lo que escuchan- y que se está dialogando con el sector.
Déjenme ahora que le explique a la Cámara cuál era el plan del Partido Popular en materia de televisión digital terrestre, porque tenían un plan. ¿Saben cuál es el plan del Partido Popular? El plan de Juan Palomo, yo me lo guiso y yo me lo como. Ese es el plan que tenía el Partido Popular en materia televisión digital (Aplausos.), sin dialogar con nadie, sin escuchar a nadie, por real decreto y por ley de acompañamiento; un plan que pusieron en marcha. Miren todo lo que hizo el Partido Popular en materia de televisión digital. En primer lugar, todas las modificaciones legales por real decreto o por ley de acompañamiento; en segundo lugar, cargaron todo el peso de la transición a lo digital a las televisiones locales, es decir a la parte más débil, quien menos puede liderar la transición; en tercer lugar, no hicieron nada, absolutamente nada para que quien más posibilidades tenía de liderar el tránsito a lo digital, es decir Radiotelevisión Española, pudiera liderar el tránsito a lo digital -por cierto ahora se está haciendo-; en cuarto lugar, eso sí, concedieron 14 canales -no uno ni dos, 14 canales-, todos al mismo operador, a uno que se llamaba Quiero TV, que por cierto acabó quebrando, con el consiguiente perjuicio económico para la propia plataforma, pero también para el sector en general y, lo más importante, para los ciudadanos, que vieron frustradas sus expectativas y habían hecho un gasto innecesario. Es verdad que ustedes concedieron otros dos canales más, Net y Veo, pero como no hicieron nada -esa es la realidad- para favorecer el tránsito a lo digital tuvieron incluso que modificar las condiciones de la concesión para que estas dos cadenas pudieran seguir emitiendo porque ustedes las dejaron sin espectadores,

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sin usuarios, porque no hicieron nada para adelantar el tránsito a lo digital. Por cierto, planeaban ustedes el apagón analógico en nuestro país para 2012 y ahora piden que sea para 2008, pero actúan ustedes, actuaron en el pasado y siguen actuando no sé si para 2018, porque están haciendo todo lo posible para que en este país no se pueda adelantar el apagón analógico. De ahí venimos, señorías, venimos de un desastre generado por el Partido Popular. Hay que mirar al pasado y es lamentable, pero cuando llegó lo digital quien gobernaba era el Partido Popular.
Insisto, lo importante no es el fracaso del Partido Popular, lo importante es el retraso de nuestro país provocado por el Partido Popular. El pasado vale para aprender de él y no repetir errores. Miremos al presente.


Ya hemos visto que nuestro país necesitaba urgentemente un impulso de la televisión digital terrestre y huelga decir que cuando algo necesita un impulso es o porque está paralizado o porque no está en marcha, pero justo ahora cuando el Gobierno se pone manos a la obra, es decir cuando el sector demanda al Gobierno que impulse la TDT, justo ahora que nuestro país cuenta con una última oportunidad para estar a la cabeza de la era digital, justo cuando todas las partes han solicitado voluntad política, vemos que el Partido Popular, es decir el responsable del fracaso en el pasado de la televisión digital terrestre, trata de torpedear dicha voluntad por parte del Gobierno. Afortunadamente el Gobierno socialista está acreditando esa voluntad, pero el Partido Popular no tiene suficiente con haber fracaso en el pasado, sino que está tratando que otros fracasen en el presente. Lo importante, insisto, no es que fracase el Partido Popular o que triunfe el Partido Socialista; lo importante es nuestro país, que se juega mucho en esta segunda y quizá última oportunidad de estar a la cabeza de lo digital.


Les decía cuáles eran los planes del Partido Popular en el pasado. ¿Les digo lo que está haciendo el Partido Popular en el presente? (Rumores.) Empezaron este debate a nivel público con una gran mentira que siguen sosteniendo hoy aquí, y es que esta ley tenía como objeto favorecer a un grupo de comunicación, para permitir -digámoslo con nombre y apellido- que Canal Plus pudiera emitir 24 horas en abierto. Llevamos un montón de tiempo explicándoselo pero está costando que lo entiendan. Me cuesta tanto explicárselo que he llegado a pensar que a lo mejor para que el Partido Popular lo entienda había que hacer un vídeo, que es la forma en que los señores del Partido Popular entienden las cosas (Aplausos.), pero, eso sí, un vídeo no como los que hace la fundación del Partido Popular sino como los de Barrio Sésamo; ustedes recordarán aquello de 1, 2, 3, 4... (Rumores.) Un ejercicio de buen talante. En nuestro país hay tres cadenas entre las que ya estaba Canal Plus. Lo siguiente fue ralentizar la tramitación de esta ley. Es decir, siguen diciendo que no es urgente pero luego piden que se adelante a 2008. No les entiende nadie. Yo repito lo que les dije el martes y es que están ustedes haciendo una oposición corriendo como pollo sin cabeza. No se entiende pedir el adelanto a 2008 para, a continuación, ralentizar el trámite de esta ley y del resto de medidas que impulsan la televisión digital.
Dijeron también que querían escuchar a todo el sector y por eso piden comparecencias en la Comisión de Industria del Congreso, pero a continuación no citan a nadie. ¿Cómo se entiende escuchar al sector para no citar a nadie? Explíquenmelo, es que no me lo explican. Lo pregunté ya el martes: ¿A quién querían escuchar? ¿No sería que querían paralizar, ralentizar, torpedear esta ley? Ustedes están tratando irresponsablemente que nuestro país fracase de nuevo en esta materia para echarle la culpa el Gobierno socialista. (Rumores.) Lo siguiente que hicieron fue la PNL -se lo decía antes- para pedir tres cosas, dos que ya existen y una que ustedes hicieron imposible, y hoy de nuevo, en coherencia con esa voluntad del Partido Popular para facilitar las cosas en esta materia, presentan una enmienda a la totalidad de esta necesaria ley. Supongo que esto también ayuda al adelanto al 2008 que ustedes quieren. Yo les repito lo que dije el otro día: Con ustedes ni para el 2018. Esta ley es necesaria, esta ley es estratégica para nuestro país, que se juega mucho en el envite. Yo les digo -y hablaremos en el futuro- que el sector les juzgará a ustedes por su actitud irresponsable.


Recordando a la Cámara de nuevo que, como dijo el ministro esta mañana aquí, esta ley es solo parte de un completo plan que incluye medidas, plazos y compromisos, como pedía el Partido Popular en esa PNL inútil para favorecer la transición a lo digital, les pido a ustedes -es verdad que con pocas esperanzas- y al resto de grupos de esta Cámara que nos olvidemos de las zancadillas miopes y cortoplacistas del Partido Popular y que dialoguemos sobre la base de las enmiendas presentadas a la ley para mejorar el texto y superar así el retraso causado por el Partido Popular en esta materia en nuestro país.


Muchas gracias. (Aplausos.)

El señor PRESIDENTE: Tanto el grupo parlamentario que defendió la enmienda a favor como en contra tienen derecho a réplica.


La señora MONTESINOS DE MIGUEL: Gracias, señor presidente.


Como nos tiene acostumbrados el diputado y portavoz del Grupo Parlamentario Socialista aquí solamente hablan ustedes de pasado, pasado y pasado. Decía que hay ley de lo audiovisual. No es verdad, pero si todo es tan falso como esa afirmación que acaba de hacer, todo el proyecto de ley. ¿Pero cómo que hay una ley de lo audiovisual? No hay ley, no hay proyecto de ley y ni tan siquiera anteproyecto de ley. Lo único que hay es un anuncio del Gobierno y de anuncios del Gobierno

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ya estamos todos saturados. Lo único que da el Gobierno son incumplimientos; esa es la política actual del Gobierno.


Usted dice que se asumió la parte relativa a la radio porque todo el sector así lo demandó. Eso es absolutamente falso. Segunda falsedad, y usted lo sabe. No hay más que remitirse a las hemerotecas. Yo me comprometo a entregarle a continuación el dossier de prensa de todos esos días, y usted sabe perfectamente que no es cierto. Fue un clamor, no se pidió la inclusión de lo de la radio en absoluto, fue ni más ni menos un interés del Partido Socialista, del Gobierno Socialista, y ustedes sabrán por qué tenían tanto interés en beneficiar a ustedes saben quién.


En cuanto a las enmiendas, ustedes han tenido que hacerlas porque el Gobierno no ha sido capaz de defender los intereses de los ciudadanos de Baleares, porque el Gobierno está gobernando a espaldas de la ciudadanía y porque al Gobierno le importa bien poco el avance hacia la digital terrestre. Al Gobierno lo que le importa es la práctica de la arbitrariedad y la práctica del amiguismo, que es a lo que nos tienen acostumbrados. Por tanto, es absolutamente falso la propuesta de todo el sector.


No sé qué impulso le están dando ustedes si lo único que hacen es hablar de pasado, que es donde usted ya se ha instalado desde hace mucho tiempo.
Ustedes tienen un complejo de oposición absolutamente tremendo (Rumores.) y se dedican a hacer oposición de la oposición. Gobiernen, sean responsables, utilicen los votos y miren hacia delante y suelten lastre, suelten amarras. De verdad se lo digo, es un gran consejo que les doy. Me gustaría que siguieran como están hasta ahora, sin embargo yo entiendo que la democracia en España se merece algo mucho más digno que este desastre de Gobierno y este desastre de Grupo Parlamentario Socialista.
(Aplausos.-Rumores.)

Usted dice que no entiende por qué el Grupo Parlamentario Popular no llevó a nadie a la Comisión. Pero si usted ni estuvo en la Comisión, pero qué me está contando. Yo sí estuve en la Comisión, este señor estuvo en la Comisión y otros tantos estuvimos y aquí está la secretaria de la Comisión, y podemos certificar, porque así lo hemos estado haciendo, que nosotros lo que hemos demandado desde el primer momento es que comparezca todo el sector y ustedes lo que han hecho ha sido amordazar, porque han impedido que vengan a esta Cámara a hablar, a dialogar y que nosotros les podamos escuchar, y a aportar sugerencias al proyecto de ley. Ni tan siquiera han consentido en trasladar la fecha de las enmiendas para que se pudiera incorporar ni una sola de las sugerencias que se hicieron en la mañana del lunes. Por tanto, una patraña a que nos tiene acostumbrados el Gobierno y a que nos tiene acostumbrados el grupo parlamentario.


Usted lo que hace es repetir los discursos todos los días. Me vuelve a decir que nosotros estamos torpedeando el proyecto de ley. Aquí los únicos que torpedean sus ustedes, pero lo grave es que se torpedean a sí mismos y además en la línea de flotación. Desde luego, como sigan ustedes por esta línea, poco tiempo les depara el futuro. Ustedes lo que hacen es torpedear absolutamente el pluralismo, porque este anteproyecto lo que hace es anular, acabar, finalizar, finiquitar el pluralismo tan cacareado por parte del Gobierno. Ustedes, insisto, han amordazado, no existe diálogo, es absolutamente falso. A ustedes les importa bien poco el progreso. El progreso es la digital terrestre y ustedes nos quieren devolver a las cavernas de la analógica porque eso es lo que beneficia a los amigos, ni más ni menos, y es lo que busca su Gobierno y lo que buscan ustedes como grupo parlamentario. Por tanto, no digan ustedes que el sector está totalmente de acuerdo porque lo que demuestran es que ni ven la televisión ni escuchan la radio ni leen la prensa. Ustedes viven de espaldas al sector, a la opinión pública y a la sociedad, viven en la caverna, en el pasado, son retrógrados. Es triste y lamentable, pero ese es el espíritu dominante en el grupo parlamentario y en el Gobierno socialista. (Risas.)

Después de su exposición, ha quedado claro que lo suyo no es ni la libertad ni el pluralismo ni la trasparencia ni el talante, todas esas palabras que tanto les gustan, que son tan huecas, esas palabras que al Grupo Parlamentario Socialista y al Gobierno les encanta repetir y en relación con las cuales la sociedad empieza a darse cuenta que no conducen a nada, que no dicen nada y que rascando un poquito no hay nada detrás. Ustedes practican lo que yo les decía al principio, ese juego de los cubiletes con la bolita que se basa simple y llanamente en el absoluto engaño del Gobierno. (Rumores.) El Gobierno, insisto -termino, señor presidente-, está instalado en un apagón del progreso digital, en una apagón informativo como el que han impuesto sobre el barrio del Carmelo en Barcelona, y en un apagón de credibilidad y de audiencia de la radiotelevisión pública. El buen talante, señores socialistas, se ha ido al garete y ha lastrado todo esto por la manipulación más absoluta. En definitiva -usted lo sabe muy bien-, los calificativos relativos a este proyecto de ley son el amiguismo, la arbitrariedad y la parcialidad. Su objetivo -lamento que les diguste tanto escucharlo- es único y, desde luego, irrenunciable por su parte: la dictadura de la información.


Muchas gracias. (Rumores.-Aplausos.)

El señor PRESIDENTE: Silencio, señorías, tengamos paz.


Su turno de réplica.


El señor LÓPEZ ÁGUEDA: Gracias, señor presidente.


Señora Montesinos, lamento que mis intervenciones siempre le generen la misma reacción, que la acaben

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sacando de quicio y termine usted con ese tono descalificador. No sé de lo que ha hablado. Más allá de insultar, no le he oído decir absolutamente nada de la ley ni de la enmienda que defiende. No he oído nada, solo insultos y descalificaciones una tras otra, y lo lamento de verdad.
Lamento también profundamente que no le guste que en esta materia le recordemos el pasado. Es normal que no le guste. (Rumores.) Ayer el señor Rajoy, hablando aquí de lo bien que va la economía, decía que fue en la etapa del Partido Popular y de ahí la herencia de hoy. ¿Esto también es herencia? Entiendo que no le guste que hablemos del pasado, pero es inevitable hacerlo, primero por el efecto comparativo y segundo porque esta ley surge de eso, señora Montesinos, de un fracaso estrepitoso. Se lo he dicho una y dos veces y le he pedido responsabilidad. No surge de un fracaso de su partido sino de un fracaso de este país por culpa de su partido. Por tanto, le pido seriedad y -sé que es difícil- que intente participar para entre todos mejorar y arreglar una vez más, como nos pasa en la Comisión de Radiotelevisión Española, un problema que generaron ustedes y nadie más.


Cuando me habla de intereses, le voy a pedir que hable un poco más con los miembros de su grupo y se informe. En la anterior etapa hubo proyectos similares del Partido Popular y se quedaron en nada. Pregunte usted en su grupo, pregunte al señor Piqué por qué no salió adelante una ley que tenía prevista el Partido Popular.


Me habla usted de lastre. No sé si el lastre son las vísceras del vídeo o si por ese lastre del que usted habla algún diputado de los que se sientan en sus escaños quizá no tuviera que estar sentado ahí. Hablando de soltar lastre, ustedes tienen mucho lastre que soltar.


En fin, si en la votación se rechaza esta enmienda a la totalidad, espero que todos los grupos, también el Grupo Popular, aunque sea un poco inútil, se sumen a esta voluntad de diálogo y negocien las enmiendas por el bien de este país, de muchos sectores de este país -el sector de la distribución y el sector de las televisiones-, de los usuarios de este país y de todos, y lleguemos a un acuerdo para solucionar un problema y un retraso de nuestro país generado por ustedes. (Varios señores diputados: ¡Muy bien!-Aplausos.-Rumores.)

El señor PRESIDENTE: Concluidos los turnos a favor y en contra de la enmienda pasamos a fijar posiciones. Por el Grupo Parlamentario Mixto, señor Labordeta.


El señor LABORDETA SUBÍAS: Gracias, señor presidente.


Señorías, anunciamos el voto contrario a la enmienda del Grupo Parlamentario Popular que solicita la devolución del presente texto al Gobierno. Desde Chunta Aragonesista consideramos que es una oportunidad importante el presente proyecto de ley de medidas urgentes para el impulso de la televisión digital terrestre, de liberalización de la televisión por cable y de fomento del pluralismo. Calificamos de alternativa positiva la iniciativa por parte del Gobierno de impulsar la televisión digital terrestre mediante un plan específico que supondrá fundamentalmente un aumento del pluralismo mediático a través del incremento del número de canales. Sin embargo, consideramos que este proyecto de ley, que se encuentra ahora en periodo de tramitación parlamentaria en el Congreso de los Diputados, ha discurrido hasta ahora más entre guerras mediáticas y de grandes grupos empresariales, olvidando a los ciudadanos a los que se dirige esta propuesta. Habría que articular medidas para cumplir con parte de los motivos que han llevado al Gobierno central a promulgarla, como es -entre comillas- ofrecer a los ciudadanos la posibilidad de acceder a un mayor número de programas y de servicios con mayor calidad y garantizar la debida pluralidad de la oferta en España. Tenemos que proceder a incentivar la renovación de los televisores con la financiación, en parte o al cien por cien durante un tiempo, del receptor descodificador externo al televisor, el llamado Set Top Box, imprescindible para poder ver la nueva emisión de TDT sin comprar un nuevo televisor. Como SS.SS. ya saben, las televisiones españolas dejarán de emitir -si Dios no pone inconvenientes- en sistema analógico para hacerlo en digital en el 2012, si es que no se adelanta.
Cada país se ha puesto su propia fecha para cumplir con el denominado apagón analógico, tal y como obliga la directiva europea, que no tiene más objeto que posibilitar la transición tecnológica como en su día pasó del blanco y negro al color. Así que para poder seguir viendo la televisión digital a través de los televisores analógicos será necesario la instalación de estos equipos, pero las industrias competentes en la fabricación de estos dispositivos siguen al ralentí ante la escasa motivación por parte de los consumidores para comprarlos. Queremos destacar en esta intervención que sería necesario establecer, por llamarlo de alguna manera, un plan Renove para reemplazar los viejos televisores por los nuevos digitales en los que no hará falta el descodificador. Por tanto, la televisión digital terrestre va a suponer una gran oportunidad de renovación acelerada de los televisores analógicos de los hogares españoles que suponen casi el 95 por ciento del total actualmente. Por ello, desde Chunta Aragonesista consideramos que se debería diseñar un plan en el que se facilite a las empresas la fabricación de receptores descodificadores abiertos y compatibles, que se concedan ayudas a los usuarios para comprar estos receptores, así como que se incentive un programa para desprenderse de los viejos televisores con el fin de adquirir los digitales. Por otra parte, consideramos que el Gobierno español debería impulsar la fabricación de los nuevos televisores para que también se incluyan aplicaciones interactivas, como el

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acceso a internet y el acceso a una serie de servicios como telebanco, teletienda, etcétera, a través de la inserción de tarjetas en el propio televisor con las que se pueda acceder también a la televisión digital de pago y al servicio de pago por visión. De esta manera simplificaríamos la profusión de los diferentes receptores descodificadores de las diferentes plataformas por satélite. También querríamos apuntar la necesidad de implantar toda una serie de medidas para ayudar a los telespectadores a cambiar la antena colectiva y el cableado de distribución instalados en la comunidad de propietarios. Carencias, en suma, que habrá que atajar.
Esperamos que tras el proceso de debate -si podemos debatir y no enfrentarnos e insultarnos- en Comisión y en Pleno se mejore este texto, salga adelante y el proyecto de ley sirva sobre todo como un instrumento eficaz de comunicación, pluralidad y libertad informativa.


Muchas gracias, señor presidente. (Aplausos.)

El señor PRESIDENTE: Gracias a usted, señor Labordeta.


Señora Fernández.


La señora FERNÁNDEZ DÁVILA: Gracias, señor presidente.


Nuestra posición es que no vamos a apoyar esta enmienda de devolución y vamos a justificarlo con los mismos argumentos que utilizamos para justificar las enmiendas que presentamos al proyecto de ley porque las razones son las mismas.


En los últimos años hemos asistido a un proceso de concentración empresarial en el mundo de la radiodifusión sonora y la televisión, si bien ello se suele atribuir a la dinámica del mercado en este sector, cada vez más competitivo y en constante innovación tecnológica. También es cierto que el régimen legal diseñado no está dotado de mecanismos suficientes para atenuar esas tendencias estimulando la diversidad y el pluralismo informativos y como expresión máxima de una sociedad democrática. Pese a la consideración de servicio público de la radiodifusión sonora y de la televisión, la preocupación de los diferentes gobiernos no ha sido que el control público sobre dichas actividades tuviese como finalidad primordial preservar el pluralismo, asegurando que todas las fuerzas políticas y grupos sociales, culturales, económicos, etcétera, presentes en la sociedad, así como la diversidad cultural y lingüística existiesen, tuviesen presencia en los medios de comunicación social. Al contrario, se ha reforzado un diseño en la comunicación televisiva y sonora con presencia destacada de unos pocos grupos de comunicación, potenciando su presencia a lo largo de todo el territorio del Estado y condicionando claramente las posibilidades de crear espacios propios diferenciados a las comunidades autónomas acordes con sus singularidades políticas, culturales y lingüísticas. Este proyecto de ley ahonda en esa dirección, a pesar de declarar entre sus objetivos el fomento del pluralismo. Si analizamos sus medidas concretas, lo que va a permitir es regularizar ciertas situaciones alegales conforme a la normativa vigente que infringen precisamente los límites de concentración en las concesiones administrativas, sobre todo de la radiodifusión sonora, establecidas para preservar una oferta plural. El papel reservado a las comunidades autónomas es el mismo que vienen desempeñando hasta ahora en materia de regulación del servicio público de radiodifusión sonora y televisión, ejecutar el marco legislativo del Estado hecho a medida para asentar un espacio único y homogéneo de comunicación a nivel estatal, lo que impide el establecimiento de espacios propios por parte de las comunidades autónomas.


Las enmiendas presentadas por el Bloque Nacionalista Galego pretenden que el título de la ley se corresponda con su contenido y, por ello, persiguen fomentar el pluralismo en los medios de comunicación imponiendo límites más estrictos al control por parte de las mismas personas o grupos de comunicación de concesiones de radiodifusión sonora, puesto que la regulación actual ha acentuado la concentración de las concesiones de radio, incluso ha permitido determinadas situaciones alegales que agravaron esta situación que ahora se pretende legalizar con este proyecto de ley, en contradicción con las intenciones que persigue el mismo. Asimismo proponemos regularizar la anómala situación de ocupación libre de frecuencias de radio que nunca habían sido concedidas o para las que se había solicitado u otorgado la correspondiente autorización, para lo que se habilita a las comunidades autónomas a que convoquen los concursos oportunos entre las empresas, de acuerdo con criterios objetivos: fomento del pluralismo, impulso de la lengua y cultura propias, generación de empleo, etcétera.


Finalmente, para respetar las competencias de las comunidades autónomas en materia de comunicación y sobre todo para preservar su derecho a diseñar y establecer espacios propios de comunicación por parte de las mismas, se formulan dos enmiendas para que las competencias de desarrollo y ejecución de las medidas incorporadas a este proyecto de ley sean atribuidas a las comunidades autónomas. En concreto se propone que puedan imponer sus propios límites, en este caso más estrictos, a la concentración de concesiones de radiodifusión sonora. Por otro lado, que la habilitación normativa para adoptar las medidas necesarias para la transición a la televisión digital esté atribuida a las comunidades autónomas y la competencia del Estado solo se circunscriba a aquellas medidas que afecten al ámbito superior al de las comunidades autónomas, de forma que en el ámbito de la comunidad autónoma sean sus órganos competentes quienes ordenen y dirijan esa transición. Estas son nuestra razones para votar en contra de esta enmienda de devolución porque, aunque consideramos necesario modificar la ley que presenta el Gobierno, sí entendemos que la ley actual tiene que

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cambiar y nos parece que solo se puede hacer a través de un nuevo proyecto de ley.


Gracias.


El señor PRESIDENTE: Por Izquierda Unida, tiene la palabra el señor Pérez.


El señor PÉREZ MARTÍNEZ: Muchas gracias, señor presidente.


Señorías, nuestro grupo parlamentario rechazará la enmienda a la totalidad que se nos propone. En nuestra opinión, en poco tiempo hay suficientes datos que permiten confundir el debate político con el debate que podrían protagonizar, y de hecho protagonizan, los mismos operadores del mercado.
Rechazamos que ese debate sea el necesario y por eso rechazamos también esta enmienda, al tiempo que le decimos al Gobierno que fomentar el pluralismo como exigencia democrática no es tampoco cuestión de cuatro artículos y dos disposiciones. Para nosotros pluralismo no es reparto entre los poderosos de los medios de comunicación, de los grandes grupos mediáticos, porque sabemos que, además, una vez exprimido el mercado no dudarán en ser aliados en el momento oportuno. Y lo serán, desde luego, por su interés, no por el de la mayoría de la sociedad del conocimiento.
No compartimos la idea de que la emisión en abierto, y en igualdad de condiciones los tres canales concesionarios actuales, altere ningún equilibrio, sencillamente porque tal equilibrio hoy no existe.


Para nosotros pluralismo tiene que ver con acceso plural y con gestión transparente, democrática y con criterio de servicio público. En ese sentido pensamos que sigue siendo una asignatura pendiente, que no se resuelve tampoco con nuevas concesiones que sigan excluyendo a sectores sociales o profesionales, cuya finalidad fundamental y exclusiva no es el negocio de la comunicación, sino la necesidad de la comunicación y el servicio público, que no necesariamente debe ser económicamente ruinoso.
El pluralismo tiene que ver con límites al control dominante de medios en todos los ámbitos y coberturas. Desde esta lógica no nos opondremos a nuevas concesiones en condiciones de garantías de pluralidad real y eso es lo que queremos saber, en qué condiciones y con qué garantías se harán esas concesiones. De la misma forma que en el momento oportuno plantearemos que el plan nacional sobre televisión digital venga a esta Cámara, justamente por esa misma razón de garantías para el pluralismo.
Pero, al mismo tiempo, no compartimos tampoco la idea de que el pluralismo se garantice a través de la proliferación de nuevas concesiones. Ejemplos hay de cómo la existencia de muchos canales ruinosos pueden caer bajo control de un solo propietario que transforma la comunicación, aparte de en un negocio, en un monopolio privado. En este debate nuestro grupo hará del pluralismo el caballo de batalla que decidirá nuestra posición final.


Cierto es que nos hubiera gustado tener la oportunidad de hacer el debate global acerca del futuro audiovisual, definir una estrategia en lo público en ese futuro y una intervención pública transparente, pensada más para la sociedad que para los grupos de operadores. Además de esta razones, también pretenderemos en estos debates favorecer a los operadores locales y autonómicos, independiente de las empresas beneficiarias de televisión digital terrestre en el ámbito estatal.
Reivindicaremos la radio y la televisión local pública como servicio público de proximidad. Entendemos la televisión y la radio local como contrapeso en los procesos de globalización, como una posibilidad de mayor participación e interactividad de la ciudadanía en su realidad concreta. Entendemos la radio y la televisión local con alta proporción de producción propia y dirigida a su ámbito, prestadora también de servicios adicionales interactivos, y como un impulso al empleo de calidad, a las tecnologías avanzadas que generen también la confianza necesaria en el sector, en los fabricantes, en los creadores, en los profesionales, etcétera. Y creemos que la televisión y la radio local pública debe estar avalada por un modelo de gestión en donde se puede pensar en consejos municipales o intermunicipales que velen por la neutralidad política, por la eficiencia en la gestión, por la calidad de los contenidos.


Señorías, desde este criterio, y para dejar claro con un ejemplo nítido lo que queremos decir, nosotros pensamos que un solo canal gestionado democráticamente puede ser más plural si verdaderamente es representativo que dos, tres o cuatro canales que se gestionen desde criterios partidistas, de reparto o de negocio. Poco tiene que ver nuestra visión con la situación actual de desregulación provocada en las radios y televisiones locales, que se han convertido en la práctica en una oportunidad de mercado y de influencia de diferente signo, que operan bajo intereses de grandes grupos de comunicación, y en los que a menudo prima la lógica empresarial sobre la perspectiva sociocultural, aparte de suponer desde luego una aportación escasa en los contenidos. Es decir, la situación actual de desregulación supone la negación de la función social que justifica, en primer lugar, la existencia de los medios locales, teniendo en cuenta además que más del 40 por ciento de televisiones locales en la actualidad están vinculadas a cadenas, y eso lo que implica es la búsqueda como estrategia de sinergias económicas e industriales y anula el carácter de proximidad de sus contenidos. Esa es la realidad actual. Por tanto, la ley de medidas urgentes, desde nuestra perspectiva, no nos cabe duda de que podrá liberalizar la televisión por cable e impulsará la televisión digital terrestre, pero de fomentar el pluralismo en su texto actual poco, si no se remedia en los debates oportunos.


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El propio señor ministro decía que el pluralismo es el fin último.
Admitirá que esa frase tiene una doble lectura, porque se puede interpretar como que el pluralismo es el último de los fines. Nosotros quisiéramos conseguir una ley en donde el pluralismo sea el principal, el fundamental de los fines de estos proyectos de ley. Es por ello que en su momento propondremos la aprobación del estatuto de las televisiones locales públicas que garanticen de verdad el acceso y la gestión plural.
Quiero insistir mucho en esta cuestión, porque este aspecto, el del pluralismo, será el determinante para nuestra posición en esta y sucesivas leyes que afecten a este sector. Nosotros creemos que hay dos formas de entender el pluralismo: hay quienes escuchan pluralismo e inmediatamente les viene a la cabeza la palabra reparto, a otros nos viene la palabra participación. En cuál de las dos concepciones es en la que se ubica el Gobierno es algo que el Gobierno puede demostrar a través de la tramitación de estas leyes.


Nada más y muchas gracias.


El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Pérez.


Grupo Vasco, señor Beloki.


El señor BELOKI GUERRA: Señor presidente, señorías, señora Montesinos, mi grupo tampoco va a apoyar, va a votar en contra de la enmienda a la totalidad que ha presentado el suyo y, sin embargo, señor ministro y señores del Grupo Socialista, no nos gustan los términos en los que el Gobierno ha abierto este debate. No ha hecho ningún favor a un debate serio y en profundidad, si esto es al menos lo que se viene buscando. Hoy estamos todos en condiciones notablemente peores que ayer para afrontar este debate, complejo y difícil, desde la serenidad e imparcialidad necesarias. Esto afirmamos nosotros el pasado 22 de febrero con ocasión de la moción presentada por el Partido Popular, y hoy lo repetimos.


Hoy es el día en que seguimos sin entender de verdad por qué y para qué se ha lanzado el Gobierno con esta proposición de ley, que no sin pomposidad, como se ha insistido aquí, ha calificado ni más ni menos que de medidas urgentes para el impulso de la televisión digital terrestre, de liberalización de la televisión por cable y de fomento del pluralismo.
Y no creemos ser los únicos que no entendemos, ya se han manifestado otros en esta misma tribuna en el mismo sentido; pero de eso fuimos testigos en las comparecencias que sobre este mismo tema celebramos en la Comisión de Industria del pasado lunes, hasta el punto de que nos sentimos tentados de preguntar si realmente hay alguien que lo entiende de verdad. Miro incluso a las propias filas del Grupo Socialista para formular esta pregunta, porque en el curso de lo que hasta el día de hoy ha sido la tramitación de este proyecto de ley hemos escuchado, no sin extrañeza por nuestra parte, decir a diputados y diputadas del propio Grupo Socialista cosas tales como: Bueno, esta ley es más bien pequeñita que para nada condiciona ni prejuzga y, por supuesto, retrasa la entrada en el Parlamento no ya de lo que pueda ser un proyecto de ley sobre el conjunto de la televisión digital terrestre, sino tampoco de lo que tantas veces se ha anunciado y prometido, que es la ley de lo audiovisual. ¿Por qué? ¿Para qué entonces, aquí y ahora, urgencias incluidas, este proyecto de ley? ¿Hay alguien que se lo explique y que nos lo pueda explicar para que podamos entenderlo de verdad? ¿Por qué en nombre de esos objetivos -que evidentemente compartimos todos- todo se reduce a la modificación de cuatro leyes, las que ha citado usted, señor ministro? ¿Por qué no se modifican otras leyes con esos mismos objetivos? ¿Por qué no se modifica la Ley 4/1980, del Estatuto de radio y televisión en algún aspecto? ¿Por qué no la 46/1983, de regulación del tercer canal de televisión?

No le voy a citar todas las posibles leyes que están moviéndose en este campo y que en uno o en otro extremo podían haberse modificado con estos mismos objetivos. Hasta podría haberse regulado la Ley del secreto profesional en nombre del pluralismo, incluso hasta aspectos del derecho penal o del derecho administrativo, con estos mismos objetivos. Pero de hecho se introducen modificaciones en cuatro leyes, que son las citadas y que no voy a volver a citar. Introduce determinadas modificaciones, porque tampoco es que se modifiquen sustancialmente estas cuatro leyes, sino que se modifican dos párrafos de una disposición adicional de una ley, en su artículo 1; supresión de un apartado en un artículo y nueva redacción de una disposición transitoria en el segundo; se reescriben dos artículos y se modifican dos apartados de dos disposiciones transitorias de otra ley, en un artículo tercero, y se modifican tres párrafos de una disposición transitoria en una tercera ley en el artículo 4. Y los párrafos y los artículos de que constan esas cuatro leyes que se modificaban son centenares y miles, pero se modifica lo que se modifica.
Todo ello se hace con urgencia, incluso creo que ha sido intención del Gobierno hacerlo con mucha urgencia, lo que, si cabe, nos ha desorientado todavía más.


¿Dónde está la urgencia de tener que introducir las modificaciones que se proponen en el artículo 4, de modificación de la Ley 32/2003, general de telecomunicaciones, referida a la posibilidad de otorgar nuevas autorizaciones para la prestación de los servicios de difusión y radio y televisión por cable? ¿Quién les ha dicho que eso es urgente y por qué ustedes de propia cosecha han deducido que lo es? Porque estoy seguro, por ejemplo, de que esa no es una demanda del sector; estoy absolutamente convencido de que incluso en el sector hay quien piensa que medidas de este tipo incrementan la incertidumbre empresarial que existe al día de hoy y por lo mismo incrementan también la incertidumbre del mercado. ¿Y dónde está la urgencia de modificar la ley de televisión privada y suprimir que el

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número de concesiones administrativas para la emisión en analógico de programas de cobertura nacional no podrá ser superior a tres? ¿Responde a una demanda del sector, de alguien, pero del sector?

Coincidimos plenamente con el Gobierno, como coincidieron también cuantos comparecieron el pasado lunes en la Comisión, en que son tiempos para actuar, en que no caben más retrasos, en que hay que actuar con decisión y también con urgencia, pero que nunca se confunda la urgencia con la precipitación. Estamos ante un problema al que hay que hincar el diente, se debía actuar con más solidez y más consistencia de forma previa, porque constituye un enorme problema no hacerlo y porque perdemos también unas grandes oportunidades si no lo hacemos. No cuestionamos, pues, la necesidad de avanzar, si acaso cuestionamos que los pasos que haya que dar hoy y aquí con esta urgencia sean los que el Gobierno establece y no otros en su caso. Sinceramente, nos parecen más pasos que se diseñan y proponen en razón de un esquema, de un marco de intereses y planteamientos, que no sé si calificarlos plenamente de pasada o como una respuesta reactiva a cosas que en el pasado se han hecho mal, o simplemente responden también a un esquema y a unos planteamientos que nos parecen más bien cortoplacistas, que pretenden seguramente resolver algunos problemas del presente, pero no terminamos de ver qué esquemas y planteamientos son los que hacen que estas medidas sean urgentes y sean las que se establecen para que vayamos todos hacia un futuro escenario que esté claro, que esté ordenado y que esté consensuado; de ahí nuestra perplejidad y nuestra discrepancia. Perplejidad porque no cesamos de preguntarnos, sin dar con una respuesta tranquilizadora, cómo encaja este proyecto de ley, por ejemplo, con lo que el Gobierno pretende hacer con el informe llamado de los sabios para Radiotelevisión Española; o con la tan anunciada Ley Audiovisual, tampoco lo sabemos; e incluso con el propio plan de la sociedad de la información que ustedes han anunciado para el año 2006. ¿Cómo encajan en contenidos y calendarios las cosas? ¿Por qué era necesario, si ese encaje no está tan claro, y al menos no está clarificado para los demás, adelantar unos determinados extremos, que esta ley adelanta, y sobre los que ya se han expuesto aquí las razones de ser por una parte y las sinrazones por otra?

En todo caso, lo he dicho de entrada, no vamos a apoyar la enmienda a la totalidad que aquí se debate. No es que no haya razones para hacerlo, pero tampoco entendemos que ello sea necesariamente ni mucho menos el camino más idóneo para ese objetivo que entendemos compartido por todo el mundo, que es el de echar a andar ya con decisión por un camino que nos lleve cuanto antes a la televisión digital terrestre. Nuestro objetivo en relación con este proyecto de ley es otro, el que cuando menos no cometamos de entrada nuevos errores que nos pudieran hipotecar, e incluso gravemente, el futuro. En esa dirección hemos presentado y defenderemos nuestras enmiendas. Nos apuntamos decididamente a favor de una sociedad digital y a favor de un papel de gran valor y eficacia que en esa dirección debe desarrollar la televisión digital terrestre y no queremos más retrasos.


Como el pasado lunes decía el director general de EITB en la Comisión de Industria, en la actualidad es presidente de FORTA, nos apuntamos a que ante el cambio radical que se va a dar y que queremos que se opere, aprendamos de la experiencia, de nuestros aciertos y también de nuestros errores de los pasados 22 y 25 años, que de todo hemos cometido, unos y otros. No volver a cometerlos es seguramente hoy un gran objetivo.
Seguimos apostando, también para la era digital, por un modelo televisivo que refleje e impulse un modelo territorial, que responda a la pluralidad lingüística, cultural y, desde nuestro punto de vista, a la pluralidad nacional que existe en el Estado español. Un modelo en el que la televisión pública, organizada de acuerdo con esa perspectiva y ese esquema, juegue un papel esencial en la promoción de esa era digital, de esa sociedad digital. Un modelo en el que no queremos artificiosidad política, queremos que se atiendan también los criterios de una visión profesional y de un mercado donde por lo mismo, con el protagonismo que le corresponda, estén las empresas privadas, y estén como deban estar, con unos sistemas que para ellos en su especificidad y para el conjunto deben ser sistema viables, y tiene que ser para todo ello un modelo consensuado. Sólo es posible construirlo desde un procedimiento consensuado y, como decía con razón el propio director general de EITB, reposado también. En primer lugar, y quiero clarificarlo, consensuado políticamente. No me vale el supuesto consenso que pueda existir con las empresas privadas si previamente no existe para el sistema general una visión política compartida. Un sistema de televisión digital es un auténtico pilar de lo que debe ser la sociedad en su conjunto y en su complejidad de mañana, de forma que tengamos claro qué sociedad queremos construir y, en función de ello, montemos también el sistema de televisión digital. Este es un punto absolutamente sustancial y para resolverlo hay que hacerlo de forma consensuada y políticamente hablada.
Evidentemente, no solo debe estar consensuado el tema entre los agentes políticos, sino también con la iniciativa privada, también en su pluralidad y en su diversidad. No se trata de consensuar solo con los operadores de televisión; hay que hacerlo también con el conjunto de la industria, cuyo concurso es imprescindible si queremos avanzar.


Termino, señor presidente. A ello nos apuntamos y en ese camino nos encontrará todo el mundo que quiera recorrer el mismo, empezando por el Gobierno si esos son sus propósitos y sus formas de actuar y hacer las cosas.


Muchas gracias, señor presidente.


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El señor PRESIDENTE: Muchas gracias a usted, señor Beloki.


Esquerra Republicana, señor Puig.


El señor PUIG CORDÓN: Gracias, señor presidente.


Señorías, es la tercera vez que subo a esta tribuna para hablar de la televisión digital terrestre, pero hoy lo hacemos en virtud de la enmienda a la totalidad que ha presentado el Grupo Popular al proyecto de ley de medidas urgentes de impulso de la televisión digital terrestre y liberalización de la televisión por cable y fomento del pluralismo. En anteriores ocasiones lo hemos hecho por dos iniciativas parlamentarias del Grupo Popular, más bien encaminadas a establecer un ambiente de bloqueo del proyecto que no a aportar propuestas en positivo que nos sirvan para avanzar en un paso decisivo e importante hacia la televisión digital. En la anterior legislatura el Gobierno del Partido Popular optó por hibernar el proceso de transición al mundo digital. Optó por un apagón digital y no por avanzar al máximo en el apagón analógico, no fuera que las nuevas tecnologías hicieran al ciudadano más libre. Lo comprobamos hace poco más de un año con su política informativa tras los atentados del 11 de marzo. Se intentó el apagón digital, que la ciudadanía echó para atrás. Una vez más la propia sociedad rompió las barreras que un gobierno quiso imponer.


Permítame, señora Montesinos, que exprese mi perplejidad ante sus palabras en relación con la sesión de la Comisión del pasado lunes. Nos ha dicho que el Partido Popular no solicitó comparecencias por ser día de luto.
(Rumores.) Espero que respete las creencias que podamos tener todos dentro de su discrepancia. Supongo que la Iglesia le hubiese perdonado que hubieran solicitado comparecencias. Lo que parece es que a lo mejor, señor Montesinos, tendría que confesarse porque ustedes no solicitaron comparecencias porque tenían que dar respuesta a muchos intereses y no entraban dentro de las comparecencias que ustedes podían solicitar.
Remitiéndome a las palabras pronunciadas el lunes pasado por algunos expertos, llegamos tarde pero aún estamos a tiempo de corregir errores que, a nuestro entender, tiene el proyecto del actual Gobierno. La ventana de entrada a la nueva tecnología lleva años abierta. Algunos países europeos así lo han entendido y han realizado una verdadera apuesta digital. Dicha ventana de entrada tiene una fecha de cierre y, por lo tanto, hemos de actuar con rapidez, pero sobre todo con eficacia para no impedir que la propia sociedad acceda con plena libertad a la tecnología.


Todos hemos podido comprobar estos días de inicio del trámite del proyecto los múltiples intereses que están en juego. Por un lado, los diferentes poderes públicos, independientemente del color político que representan: Gobierno central, comunidades autónomas, ayuntamientos. Por otro lado, los intereses económicos de cada uno de los poderosos grupos mediáticos.
Cada uno intenta tener un representante en cada uno de los grupos parlamentarios. Pero, por encima de todo, desde nuestro grupo parlamentario, entendemos el derecho de los ciudadanos del libre acceso a la información. Tendría que ser este último derecho el que tendría que prevalecer por encima del juego de intereses que conviven en este proyecto de ley.


Por todo ello, vamos a rechazar la enmienda a la totalidad que presenta el Grupo Parlamentario Popular, porque lo único que intenta es seguir llevando el proyecto de ley a sus intereses. Hoy ya no nos sirve el discurso que acompaña a la enmienda a la totalidad, hoy ya no nos sirven sus intentos de aleccionarnos en el ámbito de la libertad de expresión.


Señor ministro, portavoz del Grupo Parlamentario Socialista, queremos el diálogo y vamos a hablar de las enmiendas durante su discusión. Queremos que, sin pausa pero con rigor, se vaya avanzando en el trámite del proyecto de ley; queremos que no se nos cierre la ventana que aún hoy está abierta. Nuestro grupo parlamentario ha presentado, dentro del trámite, un total de 20 enmiendas, que intentan subsanar algunos errores que entendemos contiene el proyecto.


Quiero aprovechar esta intervención para avanzar nuestra postura, aunque ya tendremos tiempo de expresarla con más detalle en el posterior trámite de enmiendas parciales. En primer lugar, queremos que el proyecto de ley corrija algunos errores técnicos que en estos momentos no garantizan el pleno derecho del colectivo de las verdaderas televisiones de proximidad a poder continuar emitiendo en digital después del apagón analógico. Es conocida la importancia que en Cataluña tiene dicho colectivo, verdaderas televisiones que han tenido y tienen un papel importantísimo en el ámbito de la normalización lingüística y cultural del catalán y que han permitido fortalecer a la propia sociedad civil. Nadie entendería en Cataluña que el actual proyecto de ley dejase apagada una buena parte de dicho colectivo. Igualmente, queremos que dichas televisiones locales, públicas y privadas, que creen en las televisiones de proximidad, tengan garantizados sus derechos de continuidad.


En este primer bloque de enmiendas instamos también al Gobierno a que respete el ámbito de las competencias de las comunidades autónomas y que aquellas que tengan desarrolladas radiotelevisiones públicas tengan las herramientas necesarias en igualdad de condiciones que la televisión pública estatal.


Otro bloque de enmiendas proviene de distintas demandas de colectivos de la propia sociedad, entre ellas una que garantice el acceso en igualdad de oportunidades, de no discriminación y de accesibilidad universal al colectivo de personas con discapacidades.


Un tercer bloque de enmiendas hace referencia al respeto a la verdad, al pluralismo lingüístico, cultural y político del Estado español. Después de 16 años de existencia de la ley de televisiones privadas, hoy podemos

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comprobar la vulneración constante del espíritu de la ley de las televisiones privadas. Según dicha ley, el artículo 1.º dice: Es objeto de la presente ley regular la gestión indirecta del servicio público esencial de televisión, cuya titularidad corresponde al Estado. El artículo 3 dice: La gestión indirecta por parte de las sociedades concesionarias se inspirará en los principios expresados en el artículo 4 de la Ley de 10 de enero de 1980. Dicho artículo define que la actividad de los medios de comunicación se inspirará en los siguientes principios: el respeto al pluralismo político, religioso, social, cultural y lingüístico.


En estos momentos, después de estos años, hay un incumplimiento por sí mismo de este artículo de la ley. Hasta el momento, ningún Gobierno, sea del Partido Popular o del Partido Socialista, ha tenido interés en aplicar la ley, una ley que ya nació predestinada a evitar un verdadero ejercicio de respeto al pluralismo. Las televisiones privadas tienen que participar de la obligación de garantizar el respeto a dichos pluralismos lingüísticos y culturales. No puede ser que se mire solo sus cuentas de resultados, no puede recaer solo en el sector público la promoción de las culturas minoritarias del Estado español. Igual que se realizan acciones en promocionar el cine europeo, creemos posible la promoción del cine en las otras lenguas habladas en el Estado español.


Igualmente, en este grupo de enmiendas proponemos diversas medidas en este mismo sentido. Hay que garantizar que aquellas comunidades autónomas con radiotelevisión pública y con lengua propia tengan salvaguardados sus derechos y que puedan incrementar el número de canales bajo su gestión.
También hemos de garantizar al más de un tercio de ciudadanos del Estado que hablan una lengua distinta al castellano que puedan consumir y elegir en su propia lengua en las mismas condiciones que los ciudadanos de lengua castellana. La tecnología no puede representar una barrera para la pluralidad, todo lo contrario, tiene que servir para garantizar el acceso en igualdad de condiciones de todos los ciudadanos, hablen la lengua que hablen.


He dejado para el final el bloque de enmiendas sobre el tema que más dudas nos genera. La ampliación que propone la propuesta del Gobierno del número de canales analógicos nos causa multitud de dudas. En nuestra modesta opinión, desde el ámbito de la viabilidad técnica y económica, puede representar un lastre para la transición con contundencia a la televisión digital, primero, porque no está garantizado que el espectro analógico ofrezca suficiente cobertura para un nuevo canal y, segundo, por el volumen de inversión que requiere no solo a las empresas que pueden salir beneficiadas de esta concesión, sino también a los propios consumidores, que tendrán que adaptar las antenas para poco tiempo después volver a invertir en adaptarlas a la televisión digital terrestre. Nuestro grupo ha presentado dicha enmienda con total libertad y no pendiente de los intereses de los grandes grupos mediáticos, que pueden estar preocupados por un reparto más justo del enorme montante de negocio que representa la publicidad. Por otra parte, no podemos permitir el aumento de canales analógicos si no hay garantía de respeto a la pluralidad cultural, lingüística y política.


Estamos abiertos al diálogo basado en los puntos que nuestro grupo ha presentado hoy en esta Cámara, un diálogo serio, realista y de mutuo respeto. En ese camino nos podremos encontrar para mejorar el actual marco de la ley de la televisión digital terrestre. Llegamos tarde, pero estamos a tiempo de cumplir el propio título del proyecto. Sin respeto al pluralismo no hay libertad de expresión.


Muchas gracias.


El señor PRESIDENTE: Gracias.


Finalmente, por el Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), tiene la palabra el señor Vilajoana.


El señor VILAJOANA ROVIRA: Señor presidente, señorías, señor ministro, estamos viviendo otro debate apasionado y apasionante, que tiene sentido porque estamos regulando un hecho que es la televisión digital terrestre que, señor portavoz del Grupo Socialista, es mucho más importante que el paso del negro al color. ¿Sabe por qué? Porque es una tecnología que no solamente afecta a la televisión, sino a muchos sectores, que tiene mucho que ver con la sociedad de la información y que establece además un nuevo paradigma muy importante: hasta ahora el poder lo tenía el medio, ahora el poder lo tiene el ciudadano. Esto es decisivo y cambia radicalmente todo. Por ello entendemos que impulsar la televisión digital terrestre es fundamental y esto comporta un conjunto de leyes que el Gobierno nos ha dicho que irá sacando.


En primer lugar, discrepamos de una cosa. El orden no es el que hubiéramos seguido nosotros. El Gobierno se ha comprometido -y estamos satisfechos- a presentar en breve una ley general audiovisual. Es imprescindible.
También se ha dicho que lo hará por decreto, y aquí hay una discrepancia clara que justifica una de nuestras enmiendas a esta ley. Entendemos que el plan nacional de la televisión digital terrestre, tanto el estatal como el local, debería ser tratado por ley no por decreto. ¿Por qué? Porque entendemos que ésta debería ser la prioridad. Nosotros hubiésemos empezado elaborando el plan nacional de la televisión digital local, lo que permitiría resolver algunas dudas planteadas en la ley sobre si caben dos, tres o cinco. A continuación, hubiésemos seguido con la ley que ahora estamos tratando y, en paralelo, nos gustaría conocer -aunque hemos tenido información por parte del señor ministro- más datos que afecten a la ley general audiovisual. Esto obliga a nuestro grupo a introducir enmiendas sobre aspectos importantes que debe contener

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la ley, y que seguro habrá de desarrollar la ley general audiovisual, como por ejemplo los elementos de utilización que permite esta tecnología respecto a un tratamiento adecuado de todas las discapacidades, facilitando la situación de la gente con discapacidad auditiva y visual.
Como ahora comentaba el portavoz de Esquerra Republicana, esta tecnología permite el plurilingüismo... (Rumores.)

El señor PRESIDENTE: Perdón, señor Vilajoana.


Sé que es la última intervención, pero no hagan corrillos delante porque el ruido es insoportable.


El señor VILAJOANA ROVIRA: Gracias por su amparo, señor presidente.


El señor PRESIDENTE: Si no el orador no puede hablar por la cantidad de ruido que percibe.


Adelante.


El señor VILAJOANA ROVIRA: Esta tecnología no solamente lo es de la imagen, sino que permite que por cada banda de imagen tengamos ocho bandas de sonido y, además, que el espectador decida sobre el plurilingüismo. Esta es la gran ventaja, no imponemos ninguna lengua, sino que el telespectador puede escoger. Esta ley o la ley audiovisual ha de formular unos planteamientos que permitan que el fondo de doblaje que existe en el país gracias a las televisiones autonómicas se utilice para que el ciudadano pueda escoger la lengua en que quiere ver un programa o una película, desde la versión original a cualquiera de las lenguas oficiales del Estado español. Estos elementos se han de incorporar a esta ley.


Una cosa que nos satisface también es que hemos marcado el final de la apagada analógica y hemos ganado dos años respecto a la propuesta anterior del PP. Otra cosa importante, que también ha comentado el señor ministro, es situar la apagada analógica en el límite del año 2010, aunque probablemente se empiece a hacer en el año 2006. En este sentido, tenemos experiencias europeas que nos marcan que lo razonable es hacer una apagada analógica gradual por provincias, por comarcas o por autonomías. Por lo tanto, la apagada analógica no debe hacerse en el año 2010, sino que hemos de empezar en el año 2006, porque seguro que si no, no llegamos al año 2010. Si somos eficaces, podemos avanzar esta apagada final. Todo esto es positivo.


Por otra parte, entendemos que hay otro factor muy importante. Con este plan nacional necesitamos arreglar cosas que no se han solventado en años, algo que es culpa de todos los gobiernos. Hemos de arreglar la televisión pública, pues se trata de un compromiso de hace 25 años. Ahora tenemos el consejo de los sabios, que todavía nos deja muchas dudas, porque la función de la televisión pública estatal y sobre todo autonómica va a ser decisiva en el impulso de la televisión digital. Es determinante que pongamos en su lugar la televisión pública, pero no en el sentido de hacerla pequeña, sino potente, sobre todo a las televisiones autonómicas. Es muy importante que desentrañemos el marasmo de las televisiones locales, que han hecho una gran labor, porque en estos momentos nos encontramos con televisiones locales legales, ilegales y alegales. Este marasmo debe ser arreglado y son factores en los que debemos incidir de forma clara.


Otro aspecto comentado esta mañana y al que yo quiero aludir es que es cierto que el Gobierno del Partido Popular inició el proceso de la televisión digital terrenal a tiempo, pero no se hizo bien. Hubo errores como el caso de Quiero TV, que fue un fracaso, así como la distribución de Veo TV y Net TV, que no han superado el 25 por ciento. El error no es equivocarse, pues también se equivocó Gran Bretaña, que supo reaccionar, hizo un nuevo planteamiento y en estos momentos está liderando la televisión digital terrenal en Europa. Finlandia no se equivocó, saliendo más tarde que España y Gran Bretaña, y lo ha hecho bien. Alemania lo está haciendo bien y Francia acaba de empezar con un estudio muy potente y muy probablemente no se equivocará. Por tanto nos encontramos ante una ley necesaria, importante, aunque discrepamos en cuanto a la urgencia, Creo que habría sido un error debatir la ley sin, como mínimo, durante el mes que hemos tenido hablar con todos los sectores; hubiese sido un gran error intentar aprobar esa ley en una semana, porque lo importante no es hacerlo rápido, sino hacerlo bien. Aquí el Gobierno adquiere una responsabilidad: que en la ley audiovisual y en el nuevo plan nacional de televisión digital terrenal no nos podemos equivocar. Por eso, señor ministro, pretendemos ser capaces de debatir esto bien e incorporar factores muy determinantes que inciden en este proceso; no solo los operadores, sino el sector de la producción, ver la gran oportunidad que tenemos de desarrollar una industria audiovisual potente en este país y un factor muy importante que paso a explicar. Hasta ahora, el audiovisual ha estado situado, con la excepción del gran trabajo que han hecho las televisiones autonómicas, centralizado en Madrid. Hemos de aprovechar esa nueva tecnología, en la que no es tan importante su ubicación física, para deslocalizar los operadores nuevos que tenga esta nueva televisión.
Es decir, necesitamos descentralizar para descentralizar una industria audiovisual que tiene una gran importancia estratégica en el conjunto del país. En muchas comunidades hay talento y capacidad para ser potentes en este sector.


Otra asignatura pendiente que tiene no solamente España sino Europa es el cine europeo. En la televisión digital, la capacidad de almacenamiento de datos y la oferta de canales puede ser una nueva oportunidad para el cine, para la animación, para los documentales, para los programas. Hemos de conseguir que esta oportunidad no se pierda y aquí es muy importante el trabajo de

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las públicas, pero también una ley general audiovisual que marque cuotas de producción propia, para que no nos encontremos con canales totalmente enlatados con producción de librería y que no supongan una aportación real para los ciudadanos ni para el sector audiovisual.


¿Cuál es nuestra posición? Queremos esta ley, queremos impulsar esta ley, entendemos que el impulso es fundamental. No estamos seguros de algunos artículos de esta ley y tenemos dudas sobre algunos planteamientos respecto a las televisiones analógicas. Entendemos que sería muy importante introducir elementos -que figurarán en nuestras enmiendas- como la deslocalización y también el apoyo a la industria audiovisual, el apoyo a las lenguas y que el plan nacional digital sea tratado en este Congreso mediante una ley.


Hay también una alusión a la televisión por cable. Ustedes plantean la liberalización. Es extraño que la tecnología del cable no haya funcionado mejor en España. Entendemos que a largo plazo va a ser la tecnología imperante, y es una opinión de este diputado. ¿Qué ha ocurrido? La liberalización no es una forma de impulsarlo; puede serlo, pero no lo es cuando, como en estos momentos, el mercado va más a una concentración.
Esto ya pasó con las plataformas de satélite, que empezaron con dos, se arruinaron los dos, tenemos una y veremos cómo acaba esto. En cambio, sí es importante, es un elemento que ha condicionado totalmente el cable, la penetración del cable en el hogar. No tiene sentido que hayamos penetrado las casas de este país con agua, gas, electricidad y no podamos poner el cable. ¿Cuál es la solución? Que en los nuevos edificios y en las casas rehabilitadas introduzcamos como un servicio más el cable en la estructura de base. Este sería el gran impulso del cable, si no tendremos el problema de que habrá operadores, pero que no podrán conseguir llevar su producto a los hogares sencillamente por el problema de invadir, de penetrar las casas de este país.


Repito, es una ley necesaria, pero hay elementos que le sobran y elementos que no se tratan. Por eso no vamos a votar sí a la enmienda a la totalidad -queremos que esta ley salga adelante y por eso hemos presentado catorce enmiendas que mejoran aspectos claros de esta ley-, pero tampoco votaremos en contra; por tanto, nuestra posición va a ser de abstención.


Muchas gracias, señor presidente.


El señor PRESIDENTE: A continuación, votaremos la enmienda a la totalidad, y, en el supuesto de que sea rechazada, les ruego que permanezcan en el hemiciclo porque tendremos que determinar su avocación por el Pleno.


Sometemos a votación la enmienda de totalidad, con una enmienda de devolución, al proyecto de ley de medidas urgentes para el impulso de la televisión digital terrestre, de liberalización de la televisión por cable y de fomento del pluralismo.


Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 300; a favor, 128; en contra, 163; abstenciones, nueve.


AVOCACIÓN POR EL PLENO.


El señor PRESIDENTE: Queda rechazada la enmienda a la totalidad.


A continuación, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 149.1 del Reglamento, se somete al Pleno de la Cámara la avocación de la deliberación y votación final del proyecto de ley de medidas urgentes para el impulso de la televisión digital terrestre, de liberalización de la televisión por cable y de fomento del pluralismo.


¿Lo acuerda así la Cámara? (Asentimiento.)

Queda aprobada la propuesta de avocación.


Se levanta la sesión.


Eran las dos y cincuenta minutos de la tarde.

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