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DS. Congreso de los Diputados, Pleno y Dip. Perm., núm. 85, de 26/04/2005
 


CORTES GENERALES
DIARIO DE SESIONES DEL CONGRESO DE LOS DIPUTADOS
PLENO Y DIPUTACIÓN PERMANENTE

Año 2005 VIII Legislatura Núm. 85
PRESIDENCIA DEL EXCMO. SR. D. MANUEL MARÍN GONZÁLEZ
Sesión plenaria núm. 80
celebrada el martes, 26 de abril de 2005


ORDEN DEL DÍA: Toma en consideración de Proposiciones de Ley: ...


- Del Grupo Parlamentario Mixto (Sra. Fernández y Sr. Rodríguez), de prórroga de la normativa aplicable a la jubilación anticipada de los funcionarios de cuerpos docentes. "BOCG. Congreso de los Diputados", serie B, número 50-1, de 23 de abril de 2004. Corrección de error en "BOCG. Congreso de los Diputados", serie B, número 50-2, de 17 de septiembre de 2004. (Número de expediente 122/000039.) ... (Página 4157)

- Del Grupo Parlamentario de Izquierda Verde-Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya Verds, Orgánica reguladora del derecho de asociación profesional de los miembros de las Fuerzas Armadas. "BOCG. Congreso de los Diputados", serie B, número 80-1, de 28 de mayo de 2004. (Número de expediente 122/000064.) ... (Página 4165)

Tramitación directa y en lectura única de Proyectos de Ley:

- Proyecto de Ley Orgánica por la que se autoriza la ratificación por España del Tratado por el que se establece una Constitución para Europa, firmado en Roma el 29 de octubre de 2004. "BOCG. Congreso de los Diputados", serie A, número 33-1, de 15 de abril de 2005 y 33-2, de 19 de abril de 2005. (Número de expediente 121/000033.) ... (Página 4166)

Página 4154


Modificación del orden del día ... (Página 4166)

Declaración Institucional ... (Página 4166)

Proposiciones no de Ley: ...


- Del Grupo Parlamentario Socialista del Congreso, sobre medidas en materia de prevención y extinción de incendios forestales. "BOCG.
Congreso de los Diputados", serie D, número 142, de 26 de enero de 2005.
(Número de expediente 162/000247.) ... (Página 4166)

- Del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, relativa a la preceptiva audiencia, consulta y autorización de los responsables de la custodia de los fondos documentales del Archivo de Salamanca. "BOCG. Congreso de los Diputados", serie D, número 190, de 22 de abril de 2005. (Número de expediente 162/000325.) ... (Página 4177)

Mociones consecuencia de interpelaciones urgentes: ...


- Del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), sobre la orientación de la actual política de vivienda del Gobierno. (Número de expediente 173/000064.) ... (Página 4186)

- Del Grupo Parlamentario de Izquierda Verde-Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya Verds, sobre el calendario de diálogo y negociación para la elaboración de la Ley de Dependencia. (Número de expediente 173/000066.) ... (Página 4192)

- Del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, en materia de vivienda.
(Número de expediente 173/000067.) ... (Página 4198)

SUMARIO

Se abre la sesión a las cuatro de la tarde.


Toma en consideración de proposiciones de ley ... (Página 4157)

Del Grupo Parlamentario Mixto (señora Fernández y señor Rodríguez), de prórroga de la normativa aplicables a la jubilación anticipada de los funcionarios de cuerpos docentes ... (Página 4157)

Presenta la proposición de ley para su toma en consideración el señor Rodríguez Sánchez, en nombre del Grupo Parlamentario Mixto. Se refiere al derecho para acogerse a la jubilación anticipada de los docentes que estuviesen en activo el 1 de enero de 1990 y que tuviesen 60 años de edad y 15 de servicio efectivo al Estado, recogido en la disposición transitoria novena de Ley Orgánica 1/1990 (Logse). Se refiere asimismo a las nueve prórrogas sucesivas que se hicieron de este modelo y afirma que, ante la necesidad de una nueva prórroga, sería el momento de optar por dar carácter indefinido a esta posibilidad y así acabar de una vez por todas con las graves discriminaciones que se vienen reproduciendo de forma sistemática desde el año 1991 en relación con un grupo importante de docentes de las universidades laborales y de los centros de la antigua organización sindical, que quedan excluidos con el pretexto de que no estaban en el ámbito de las clases pasivas del Estado. Explica el contenido de su proposición de ley, que pretende que el actual Gobierno tenga en consideración sus contenidos en el anteproyecto de ley de educación y no reproduzca miméticamente la jubilación Logse.


En turno de fijación de posiciones intervienen la señora García Suárez, del Grupo Parlamentario de Izquierda Verde-Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya Verds; los señores Esteban Bravo, del Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV); Canet Coma, del Grupo Parlamentario Esquerra Republicana (ERC); la señora Pigem i Palmés, del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió); y los señores Nasarre Goicoechea, del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, y Tabuyo Romero, del Grupo Parlamentario Socialista del Congreso.


Página 4155


Del Grupo Parlamentario de Izquierda Verde-Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya Verds, orgánica reguladora del derecho de asociación profesional de los miembros de las Fuerzas Armadas ... (Página 4165)

El señor Llamazares Trigo, en nombre del Grupo Parlamentario de Izquierda Verde-Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya Verds, anuncia la retirada de esta iniciativa por entender que existen condiciones para un acuerdo entre las fuerzas políticas de este Parlamento en el sentido de mandatar al Gobierno para que presente una iniciativa de las mismas características que la de su grupo.


Tramitación directa ya en lectura única de proyectos de ley ... (Página 4166)

La Presidencia, oída la Junta de Portavoces y de conformidad con lo dispuesto en el artículo 150 del Reglamento, somete a la aprobación de la Cámara la tramitación directa y en lectura única por el Pleno del proyecto de ley orgánica por la que se autoriza la ratificación por España del Tratado por el que se establece una Constitución para Europa, firmado en Roma el 29 de octubre de 2004, lo que se aprueba por asentimiento.


Modificación del orden del día ... (Página 4166)

Asimismo, la Presidencia, de acuerdo con los portavoces de los grupos parlamentarios y de conformidad con el artículo 68 del Reglamento, propone al Pleno de la Cámara la modificación del orden del día, en el sentido de incluir como nuevo punto, a las nueve horas del jueves 28 de abril, la tramitación directa y en lectura única del proyecto de ley orgánica por la que se autoriza la ratificación por España del Tratado por el que se establece una Constitución para Europa, firmado en Roma el 29 de octubre de 2004, lo que se aprueba por asentimiento.


Declaración institucional ... (Página 4166)

Por la señora secretaria (Sainz García) se da lectura a una declaración institucional ante la ejecución por lapidación de una mujer en Afganistán en el día de ayer, siendo aprobada por aclamación.


Toma en consideración de proposiciones de ley. (Votación..) ... (Página 4166)

Sometida a votación la toma en consideración de la proposición de ley del Grupo Parlamentario Mixto (señora Fernández y señor Rodríguez) de prórroga de la normativa aplicable a la jubilación anticipada de los funcionarios de cuerpos docentes, se aprueba por 276 votos a favor.


Proposiciones no de ley ... (Página 4166)

Del Grupo Parlamentario Socialista del Congreso, sobre medidas en materia de prevención y extinción de incendios forestales ... (Página 4166)

El señor Quirós Pulgar, en nombre del Grupo Parlamentario Socialista del Congreso, presenta una iniciativa que busca el consenso y el apoyo de todos los grupos parlamentarios en aras de trabajar fuera de la confrontación política en la prevención y en la lucha contra los incendios forestales, uno de los mayores problemas a que se enfrenta actualmente la sociedad española. Sin querer hacer alarmismo, porque España no es un país incendiario, como lo demuestran las estadísticas, explica que en la década 1994 a 2003 se quemaron más de 1.400.000 hectáreas, siendo esta una realidad preocupante. Sin embargo, en el año 2004 destaca la disminución en un 20 por ciento de los incendios forestales, lo que, a su juicio, pone de manifiesto el esfuerzo que se ha hecho en la lucha contra los incendios forestales. Considera que el problema actual no depende tanto de la disposición de medios y de las políticas de prevención y extinción que realizan las administraciones competentes como de la falta de implicación de la sociedad en general y, en particular, de los ciudadanos del medio rural, que no se corresponde con el esfuerzo público que se realiza por el órgano competente en esta materia.


En defensa de las enmiendas presentadas intervienen las señoras Fernández Davila, del Grupo Parlamentario Mixto, Bonás Pahisa, del Grupo Parlamentario Esquerra Republicana (ERC), y Vázquez Blanco, del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.


En turno de fijación de posiciones intervienen el señor Mardones Sevilla, del Grupo Parlamentario de Coalición Canaria; la señora Navarro Casillas, del

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Grupo Parlamentario de Izquierda Verde-Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya Verds; y los señores señor Beloki Guerra, del Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV), y Guinart Solá, del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió).


A los efectos de aceptar o rechazar las enmiendas presentadas interviene el señor Quirós Pulgar.


Del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, relativa a la preceptiva audiencia, consulta y autorización de los responsables de la custodia de los fondos documentales del Archivo de Salamanca ... (Página 4177)

La señora Rodríguez-Salmones Cabeza presenta, en nombre del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, una proposición no de ley en relación con la forma de tramitación del proyecto de ley sobre la devolución de determinados documentos que en la actualidad están en el Archivo de Salamanca. Se refiere a la forma y no al fondo, pero afirma que en democracia el fondo y la forma van asociados y son indisolubles, por lo que hay que respetar los procedimientos para no elaborar proyectos de ley que creen inseguridad jurídica que luego puedan dar lugar a múltiples recursos. Explica que cuando el pasado 18 de mayo esta Cámara dio un mandato al Gobierno para que buscara una solución al problema del Archivo de Salamanca, se encontró con un mandato parlamentario para solucionar una cuestión que había que armonizar: por un lado, los compresibles, respetables y legítimos deseos de recuperar determinados documentos por parte de algunos particulares e instituciones públicas y privadas y, por otro, custodiar el patrimonio común, armonización que no se ha llevado a cabo por la señora ministra de Cultura, porque no ha enviado a la Cámara, como se pidió, el informe del Patronato de Salamanca y el de la Junta Superior de Archivos, vulnerándose así el artículo 109 del Reglamento del Congreso de los Diputados, el artículo 22 de la Ley de Gobierno y la obligación tanto del Gobierno como de los parlamentarios de conocer en el trámite prelegislativo todos los argumentos y los informes para poder legislar con conocimiento de causa.


En turno de fijación de posiciones intervienen los señores Rodríguez Sánchez, del Grupo Parlamentario Mixto; Herrera Torres, del Grupo Parlamentario de Izquierda Verde-Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya Verds; Esteban Bravo, del Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV); Canet Coma, del Grupo Parlamentario Esquerra Republicana (ERC); Vilajoana Rovira, del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), y la señora Cunillera i Mestres, del Grupo Parlamentario Socialista del Congreso.


Sometida a votación la proposición no de ley del Grupo Parlamentario Socialista del Congreso, sobre medidas en materia de prevención y extinción de incendios forestales, en los términos del texto inicial con la incorporación de las enmiendas números 1 y 3 del Grupo Parlamentario Mixto y la enmienda número 1 del Grupo Parlamentario Esquerra Republicana (ERC), se aprueba por 173 votos a favor y 134 en contra.


Sometida a votación la proposición no de ley del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, relativa a la preceptiva audiencia, consulta y autorización de los responsables de la custodia de los fondos documentales del Archivo de Salamanca, en sus propios términos, se rechaza por 127 votos a favor, 178 en contra y dos abstenciones.


Mociones consecuencia de interpelaciones urgentes ... (Página 4186)

Del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), sobre la orientación de la actual política de vivienda del Gobierno ... (Página 4186)

Presenta la moción consecuencia de interpelación urgente el señor Jané i Guasch, en nombre del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió).
Considera que la interpelación de su grupo sobre la orientación de la actual política de vivienda del Gobierno dio lugar la semana pasada a un debate constructivo, porque no se trataba de ir en contra del Gobierno sino de buscar concreciones para huir de triunfalismos y de posiciones que puedan dividir más que aunar, llegando al máximo acuerdo posible a través de propuestas concretas. Por eso la moción que presentan hoy trata de ser constructiva y de definir una política de vivienda en la que se alcance un consenso de todos, partiendo del respeto a la distribución competencial.


En defensa de las enmiendas presentadas interviene el señor Beloki Guerra, del Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV).


En turno de fijación de posiciones intervienen los señores Mardones Sevilla, del Grupo Parlamentario de Coalición Canaria; Herrera Torres, del Grupo Parlamentario de Izquierda Verde-Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya Verds; Matos Mascareño, del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, y Campos Arteseros, del Grupo Parlamentario Socialista del Congreso.


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Del Grupo Parlamentario de Izquierda Verde-Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya Verds, sobre el calendario de diálogo y negociación para la elaboracióón de la ley de dependencia ... (Página 4192)

Presenta la moción consecuencia de interpelación urgente la señora García Suárez, en nombre del Grupo Parlamentario de Izquierda Verde-Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya Verds. Expone su preocupación por el calendario de los procesos de negociación con los agentes sociales, con las comunidades autónomas y con los ayuntamientos, en definitiva, el compromiso con el modelo que el futuro sistema nacional de dependencia ha de impulsar. Su objetivo fundamental es que el Congreso de los Diputados sea el motor del fortalecimiento del diálogo y del consenso entre los agentes sociales, las comunidades autónomas, ayuntamientos y Gobierno y que de esa fortaleza salga un producto llamado ley de la dependencia, que reconozca un nuevo derecho subjetivo para todas las personas con problemas de limitaciones funcionales. Otro objetivo de la moción, explica, es la necesidad de no dilatar el calendario previsto inicialmente por el Gobierno, intentando reducir al máximo el retraso en la presentación del proyecto de ley.


En defensa de las enmiendas presentadas intervienen el señor Campuzano i Canadès, del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió); la señora Pérez Domínguez, del Grupo Parlamentario Socialista del Congreso, y el señor Echániz Salgado, del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.


En turno de fijación de posiciones intervienen la señora Fernández Dávila, del Grupo Parlamentario Mixto, y el señor Azpiazu Uriarte, del Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV).


Del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, en materia de vivienda ... (Página 4198)

Presenta la moción consecuencia de interpelación urgente el señor Matos Mascareño, en nombre del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso. Se refiere en primer lugar al debate celebrado el pasado miércoles en donde, según su opinión, se pusieron de manifiesto los incumplimientos del Gobierno en relación con su propio plan de choque, puesto que sólo había sido capaz de realizar dos medidas de todas las prometidas. Hace un repaso de estos incumplimientos y considera un fracaso la política llevada a cabo por la señora ministra de la Vivienda, que justifica la moción que presentan hoy y para la cual piden el voto favorable de la Cámara.


En defensa de las enmiendas presentadas intervienen los señores Contreras Pérez, del Grupo Parlamentario Socialista del Congreso, y Herrera Torres, del Grupo Parlamentario de Izquierda Verde-Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya Verds.


En turno de fijación de posiciones intervienen los señores Andreu Domingo, del Grupo Parlamentario Esquerra Republicana (ERC), y Jané i Guasch, del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió).


En turno de aceptación o rechazo de las enmiendas presentadas interviene el señor Matos Mascareño.


Sometida a votación la moción consecuencia de interpelación urgente, del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), sobre la orientación de la actual política de vivienda del Gobierno, en sus propios términos, se aprueba por 183 votos a favor, cinco en contra y 118 abstenciones.


Sometida a votación la moción consecuencia de interpelación urgente, del Grupo Parlamentario de Izquierda Verde-Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya Verds, sobre el calendario de diálogo y negociación para la elaboración de la ley de dependencia, con la incorporación de la enmienda presentada por el Grupo Socialista, se aprueba por 170 votos a favor, uno en contra y 135 abstenciones.


Sometida a votación la moción consecuencia de interpelación urgente, del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, en materia de vivienda, con la incorporación de la enmienda presentada por el grupo proponente, se rechaza por 122 votos a favor y 183 en contra.


Se suspende la sesión a las nueve y cuarenta y cinco minutos de la noche.


Se abre la sesión a las cuatro de la tarde.


TOMA EN CONSIDERACIÓN DE PROPOSICIONES DE LEY.


- DEL GRUPO PARLAMENTARIO MIXTO (SEÑORA FERNÁNDEZ Y SEÑOR RODRÍGUEZ), DE PRÓRROGA DE LA NORMATIVA APLICABLE A LA JUBILACIÓN ANTICIPADA DE LOS FUNCIONARIOS DE CUERPOS DOCENTES. (Número de expediente 122/000039.)

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El señor PRESIDENTE: Comienza la sesión.


Punto I del orden del día: Toma en consideración de proposiciones de ley.
En primer lugar, proposición de ley del Grupo Parlamentario Mixto, señora Fernández y señor Rodríguez, de prórroga de la normativa aplicable a la jubilación anticipada de los funcionarios de cuerpos docentes.


Para turno a favor, por el grupo parlamentario autor de la proposición de ley, tiene la palabra el señor Rodríguez.


El señor RODRÍGUEZ SÁNCHEZ: Gracias, señor presidente.


Señoras y señores diputados, los requisitos para que los docentes puedan acogerse a la jubilación anticipada se plantearon por vez primera en la Ley Orgánica 1/1990, Logse, en concreto, en su disposición transitoria novena. En esa disposición se dejaba aclarado que tendrían derecho al acceso a esta jubilación anticipada los docentes que estuviesen en activo el 1 de enero de 1990, que tuviesen 60 años de edad y 15 años de servicio efectivo al Estado. La pensión de jubilación se calcularía a partir del resultado de aplicar a los haberes reguladores que en cada caso procedan el porcentaje de cálculo correspondiente a la suma de los años de servicio efectivo prestados al Estado. Con este marco jurídico, se hicieron en varios periodos nueve prórrogas sucesivas de este modelo. El primer periodo fue en el año 1991-1996; después, a través de la disposición transitoria primera de la Ley Orgánica 9/1995, de 20 de noviembre, se extendió a todo el periodo de implantación de la Logse, por tanto de 1996 al año 2002; en el año 2001, en el artículo 55 de la Ley de Acompañamiento para 2002, se volvió a establecer un nuevo periodo hasta el año 2006, en el que era posible jubilarse con este marco Logse.
Nuevamente estamos ante la necesidad de una prórroga, y creo que es el momento de afirmar con contundencia que sería necesario que optásemos por dar carácter indefinido a esta posibilidad de jubilación anticipada de los docentes con sesenta años de edad y quince años de servicio efectivo al Estado, pero sobre todo, señorías, es una ocasión importante para que de una vez por todas acabemos con graves discriminaciones que se vienen reproduciendo de forma sistemática desde el año 1991, en cuanto a que hay un grupo importante de profesores y profesoras, de docentes que quedan excluidos precisamente con el pretexto de que no estaban en el ámbito de las clases pasivas del Estado, por ejemplo, todos los docentes de las universidades laborales y de los centros de la antigua organización sindical. Fueron integrados en el cuerpo de enseñanza secundaria, pero lógicamente en aquel momento esto no conllevó su adhesión al régimen de clases pasivas. Este hecho no debe de impedir la integración en estas posibilidades de jubilación, ya que están realizando la misma función que los demás y dependen de la misma administración educativa. Primera discriminación con la que hay que acabar urgentemente.


Segunda discriminación, menos importante, pero que merece también una cavilación. Debían de computarse a efectos de lo que se consideran servicios efectivos al Estado los períodos en situación de servicios especiales, ya que todas las personas que los tienen siguen permaneciendo en el centro, en sus puestos de trabajo, siguen cobrando los trienios precisamente de la administración educativa y volverán a su centro de trabajo cuando acaben precisamente los servicios especiales; es el caso de muchos concejales, alcaldes, diputados o diputadas. También debía de considerarse aquellas personas que tuvieron excedencia voluntaria para el cuidado de sus familiares o hijos en grave situación, o bien que tuvieron licencia de interés particular para ampliar estudios. Es curioso que exista ya la propuesta de atender, por ejemplo, a la demanda de los inspectores y considerarlos a todos los efectos dentro del grupo que se puede beneficiar de este marco de jubilación anticipada y, sin embargo, que se sigan manteniendo al margen estos casos de discriminación tan clamorosa.


La tercera cuestión que intentamos modificar es que el tiempo de servicio para tener derecho a la gratificación sea de 25 años y no de 28, en atención a que en el futuro va a haber menos años de servicio, a tenor de que las personas hoy se integran más tarde en el sistema laboral y, por lo tanto, puedan acceder a la gratificación extraordinaria por una sola vez en su última mensualidad precisamente con menos años de servicio.


Por lo tanto, nuestra proposición de ley se resume en cuatro artículos que sintéticamente se dirigen a lo siguiente. El artículo 1 recoge los requisitos con la clarificación de lo que son servicios efectivos al Estado, acabando por lo tanto con la posibilidad de discriminaciones que se daban hasta ahora. El artículo 2 se refiere a la cuantía de las pensiones. El artículo 3 deja explícita la integración de los discriminados conforme a las condiciones del artículo 1, para que puedan efectivamente acceder a estas condiciones de jubilación anticipada a pesar de haber cotizado a la Seguridad Social o a regímenes distintos de las clases pasivas. Y el artículo 4 deja claro que son 60 años de edad, 25 de servicio efectivos o cotizados con la debida gratificación extraordinaria.


Me gustaría en nombre del Bloque Nacionalista Galego, para que se entendiese mejor la razón profunda de todas estas modificaciones y también el carácter general de la ley en cuanto se posibilite esta jubilación anticipada de los docentes no universitarios, hacer estas aclaraciones. En primer lugar, hasta ahora, a pesar de la ley, en todas las comunidades autónomas -y voy a citar los datos de Galicia- solo un reducido número se jubila anticipadamente, sin duda debido a las limitaciones de la ley en cuanto a las discriminaciones que establece, los de la Seguridad Social no, los de los servicios especiales tampoco, los inspectores hasta ahora tampoco, y también a los escasos incentivos que daban. De tal manera que una persona se retira a los 60 años y

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hasta los 65, aun con la gratificación, no llegaba al equivalente a los ingresos que habría recibido de estar en activo, con lo cual personas que están casadas y con hijos -y algunos con hijos de 30 años en casa- está claro que no solamente aguanta hasta los 65 años, sino que aguantan incluso prórrogas para no jubilarse hasta los 70 con ese modelo desde nuestro punto de vista tan contradictorio que se quiere imponer en la Unión Europea. Pero las estadísticas -y valen para todos los casos más o menos- en el caso de Galicia son las siguientes. Personas entre 60 y 64 años, docentes de primaria y secundaria. En el año 2000: había 1.304 docentes, solamente se jubilaron 247, es decir, el 23, 3 por ciento. Año 2001: había 1.496 entre 60 y 64 años, solamente se jubilaron 285, el 19 por ciento. Año 2002: había 1.465, se jubilaron 314, el 21,4 por ciento.
Año 2003: había 1.415, se jubilaron 318, el 22,4 por ciento. Año 2004: había 1.575 docentes en esta situación, solamente se jubilaron 354, el 22,5 por ciento. Ya ven ustedes que no llega nunca al 25 por ciento de las personas que están en disponibilidad y capacidad de hacer uso de la ley. Y mucho más grave todavía es que, sin embargo, da la casualidad de que el 61 por ciento de los profesores de secundaria piden la prórroga de jubilación para aguantar hasta los 70 años, y el 56,4 por ciento de los de primaria piden la prórroga de jubilación para aguantar hasta los 70 años. Señorías, creo que está claro que esta ley necesita unas modificaciones que impulsen el acceso a este tipo de jubilación anticipada.


Para que ustedes vean que las gratificaciones son escasas y no cubren precisamente la falta de ingresos que se dejan de tener desde que se cumplen 60 años hasta la edad de 65, voy a dar unos datos expresivos también con relación a Galicia, aunque hay casos mejores, como el de la Comunidad Autónoma Vasca. En Galicia, por ejemplo, un maestro de 60 años, con 28 años de servicio, se iría a casa con una gratificación de 5.774 euros, y un maestro de 60 años, con 35 años de servicio, se iría con 14.716 euros. En el caso de los profesores de secundaria, los que tuvieran también 60 años de edad y 28 años de servicio se irían a casa con 6.950 euros, y los que tuvieran 35 años de servicio, se irían con 17.492 euros. En Galicia los profesores técnicos de FP con 60 años de edad y 28 años de servicio se van a casa con 5.774 euros, y si tienen 35 años de servicio se van con 17.492 euros de gratificación, sumando la gratificación de la Xunta de Galicia y la gratificación Logse, cuya cantidad representa un tanto por ciento muy minoritario respecto a lo que les acabo de señalar. Por otra parte, los catedráticos con 28 años de servicio y 60 de edad se irían con 7.637 euros, y en el caso de tener 35 años de servicio, se irían con 23.284 euros. Por tanto, ya ven ustedes que la realidad provoca que un maestro con 62 años de edad y 30 años de servicio, que ganaría hasta los 64 de edad, estando en activo, 94.918 euros, si se jubila ganaría 77.197 euros, lo cual explica que mucha gente no haga uso precisamente de esta jubilación Logse.


Quiero acabar recordándoles a todos ustedes lo siguiente: no se trata de un sistema de jubilación de privilegio, sino que, como verán ustedes después, se trata de una jubilación que entra perfectamente dentro del texto refundido de las clases pasivas del Estado, que ofrece la opción de la jubilación de carácter voluntario a instancia de parte, con 60 años cumplidos. No pretendemos variar esta edad bajo ningún concepto, pero sí que se pueda hacer uso de esta jubilación en debido tiempo y forma, porque estamos seguros de que va a suponer una colaboración muy importante para la mejora del sistema y sus necesidades. ¿Por qué razón? Porque los propios afectados demandan de forma generalizada un cambio de modelo para acabar con las discriminaciones. Habrán recibido telegramas, cartas, y, por supuesto, la posición de los sindicatos es inequívoca. En concreto, en Galicia, el sindicato mayoritario, Ciga, entregó más de 10.000 firmas a la Consellería de Educación pidiendo no solamente la prórroga indefinida, sino también la modificación de todas estas discriminaciones. Asimismo, una gran parte de la oferta de estas plazas, no su amortización, las que vayan dejando los profesores que se jubilan, es una gran oportunidad para reducir el paro, así como una medida, entre otras, para rejuvenecer la plantilla y provocar entusiasmo, algo que es fundamental en la aplicación de cualquier reforma educativa. A pesar de que yo no tengo la creencia de que una persona de 60 años no pueda tener tanto entusiasmo como una de 26 ó 27, sin duda, la opción de una persona de 60 años que lleva 30 ó 35 años trabajando, puede ser la de retirarse, bien porque tenga la convicción de que no está en condiciones de continuar o simplemente porque tenga una concepción social más amplia y quiera dejar paso a los que vienen detrás. Además, señorías, pensamos que, en relación con los profesores, hay algo que no es un tópico. Creo que los profesores de la enseñanza secundaria, que tienen que lidiar con adolescentes de 12 a 16 años, están sometidos a un importante desgaste psicológico, y no cabe duda de que los alumnos de infantil y primaria, que posiblemente signifiquen mucho desde el punto de vista afectivo para sus buenos profesores, provocan gran cansancio físico.


Nosotros presentamos esta proposición de ley con la intención de que el actual Gobierno tenga en consideración sus contenidos en el anteproyecto de ley de educación y no reproduzca miméticamente la jubilación Logse, porque es un clamor que se debe modificar en los núcleos a los que antes nos hemos referido. Nosotros, como Bloque Nacionalista Galego, no vamos a hacer causa de que, si esta proposición de ley se admite a trámite, su debate se acompase al de los contenidos del anteproyecto de ley de educación -lo consideramos lógico- y que en Comisión se hagan las modificaciones oportunas donde sea, o en esta proposición de ley o en el propio anteproyecto de ley, y por supuesto estamos dispuestos a esperar a que se negocie en la mesa sectorial lo que haya que negociar; pero, eso sí,

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desde la idea clara de que el perfil y los objetivos que perseguimos son los que hemos aludido. Pensamos que el profesorado se lo agradecerá, que por lo menos potencialmente y de forma indirecta el sistema educativo puede mejorar sensiblemente y también, por qué no decirlo, que por lo menos contribuiremos a que tantos licenciados y licenciadas que están esperando un puesto de trabajo se puedan integrar en el sistema.


Nada más y muchas gracias.


El señor PRESIDENTE: Gracias a usted, señor Rodríguez.


¿Algún grupo parlamentario desea ejercer su derecho de turno en contra? (Pausa.) Si no es así, turno de fijación de posiciones.


En primer lugar, señora García Suárez, del Grupo Parlamentario de Izquierda Verde.


La señora GARCÍA SUÁREZ: Muchas gracias, señor presidente.


Señorías, adelanto que mi grupo parlamentario va a votar favorablemente la toma en consideración de la proposición de ley que nos ocupa en este punto, que ha sido presentada por el Grupo Parlamentario Mixto en el Congreso y ampliamente defendida y argumentada por su portavoz hace un momento, por lo que intentaré, por problemas de tiempo, reducir mi intervención.


Como no podía ser de otra manera, señorías, votaremos favorablemente porque, como ustedes conocen, nuestro grupo parlamentario tiene presentada una proposición de ley similar y coincidente con algunos de los puntos de la proposición de ley del Grupo Mixto, y también porque compartimos y coincidimos de manera general en los argumentos expuestos y en la necesidad de poner remedio a una discriminación que sufren los colectivos de funcionarios de los cuerpos docentes que no están incluidos en el ámbito de las clases pasivas del Estado en relación con el derecho de jubilación voluntaria anticipada.


Como muy bien ha explicado el portavoz del Grupo Mixto, los antecedentes de esta situación se hallan en la disposición transitoria novena de la Ley Orgánica de Ordenación General del Sistema Educativo, Logse, en su regulación de los requisitos y condiciones aplicables a los docentes no universitarios que deseen acogerse a la jubilación anticipada. Se ha explicado ya que en esta norma se limitaba el derecho al periodo comprendido entre los años 1991-1996; que, como también se ha dicho -y no voy a extenderme-, este periodo se ha ido ampliando en dos ocasiones más, hasta llegar a la Ley 24/2001, de 27 de diciembre, de medidas fiscales, administrativas y del orden social, que amplió el periodo máximo al año 2006, y que por tanto en breve necesitaría de una nueva prórroga. Además, señorías, el interés de esta proposición de ley es solventar, como ya he comentado, el problema discriminatorio del todo injusto, que es el hecho de excluir del sistema de jubilación voluntaria anticipada a todos aquellos docentes que pertenecen a otro régimen.


Nuestro grupo parlamentario es consciente de que nos encontramos en puertas del debate de la nueva ley educativa, la LOE, y también conocemos que esta propuesta tiene otro espacio de debate como es la mesa sectorial, también comentada por el portavoz del Grupo Mixto. No obstante, señorías, no es contradictoria, sino complementaria la tramitación en sede parlamentaria de esta proposición de ley. En primer lugar, dado que sabemos que la LOE no podrá estar vigente desde el inicio de 2006, fecha en la que finalizaría la ampliación recogida en la Ley 24/2001 antes mencionada, podríamos encontrarnos en una situación de vacío legal con todas las complicaciones que esto conlleva. Por todo esto, felicitamos la oportunidad de esta iniciativa, que coincide en parte con la que nuestro grupo también tiene presentada, y daremos por discutido este punto en esta sesión plenaria. Pensamos que es positiva la permanencia del régimen de jubilación anticipada de los cuerpos docentes no universitarios y que esta debe promulgarse. Coincidimos también con la conveniencia de que la nueva legislación debe impulsar y mejorar la gratificación compensatoria para las jubilaciones anticipadas y que esta sea posible para todos los funcionarios de los cuerpos docentes, con independencia del régimen de protección social de cobertura.


Señorías, la propuesta que discutimos tiene para nuestro grupo una especial importancia, pero en un sentido diferente también al que a simple vista puede interpretarse. Es decir, podría parecer que estamos debatiendo y defendiendo unos criterios simplemente corporativos o de reivindicación de un sector profesional, funcionarial, etcétera, en concreto de los colectivos dedicados a la docencia en nuestro país; en nuestra intervención queremos dejar este aspecto lo más claro posible.
Lógicamente, nuestro interés también es, y mucho, solucionar y mejorar las condiciones de trabajo y las posibilidades de jubilación anticipada voluntaria de los colectivos docentes. ¡Faltaría mas! Esto es necesario, es importante y además se soluciona una discriminación en concreto con la corrección de error presentada también por el Grupo Mixto, en la que se propone algo muy importante, como es tener acreditados 15 años de servicios efectivos al Estado, computándose a estos efectos los períodos en situación de servicios especiales, de excedencia voluntaria para el cuidado de familiares o en los que se haya disfrutado de una licencia de interés particular para ampliar los estudios. Puede haber matizaciones en esta propuesta -y el trámite parlamentario será, sin duda, una ocasión en la que todos los grupos vamos a poder debatir y vamos a poder llegar a acuerdos-, pero de alguna forma soluciona algunos problemas, ya que en estos momentos tenemos profesoras y profesores a quienes no se les ha computado los años de servicios especiales prestados como concejales en sus municipios y, por tanto, al no acumular todos los años necesarios, no pueden acogerse a los derechos de la jubilación anticipada que prevé la disposición transitoria de la Logse. Por tanto, es urgente esta toma en consideración y el debate y trabajo parlamentario

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posterior. Pero, señorías, para nuestro grupo es muy importante dejar claro que lo que también nos mueve y nos impulsa con la misma fuerza es que la aprobación o la incidencia en este punto la hacemos desde el convencimiento de que esta posibilidad de jubilación anticipada es un buen criterio educativo para el conjunto del sistema para rejuvenecer las plantillas del profesorado y para facilitar, con la renovación, la mejor adaptación y mejor preparación a los cambios y a la evolución del sistema educativo. Por tanto, señorías, es importante no solamente para el colectivo de docentes, sino también para las personas afectadas por el sistema educativo y, en conjunto, para toda la sociedad.


Por todo eso, quiero volver a insistir que vamos a dar nuestro voto favorable a la toma en consideración de esta proposición de ley porque creemos que va a tener un debate rico e interesante, porque posiblemente va a haber aportaciones que la van a modificar en parte, y porque, sin duda, vamos a tener la oportunidad para que hacer un trabajo importante y necesario.


Muchas gracias.


El señor PRESIDENTE: Gracias a usted, señora García Suárez.


A continuación el Grupo Vasco. Señor Esteban.


El señor ESTEBAN BRAVO: Gracias, señor presidente.


Este es un debate muy manido en esta sede. No hay más que repasar los diarios de sesiones de las dos últimas legislaturas para ver que es un debate que se repite y que los argumentos, además, no han cambiado por ninguna de las partes. En la última legislatura, incluso, el grupo hoy en el Gobierno presentó una iniciativa en el mismo sentido que se debatió junto con otra de Izquierda Unida y otra del propio Bloque Nacionalista Galego.


Nuestro grupo ha apoyado estas proposiciones en todas las ocasiones en las que se han presentado porque nos parece que son interesantes y necesarias. No podemos estar continuamente en la inestabilidad y en la prórroga continua. Por otra parte, nos parece que puede ser una propuesta importante de cara a la motivación y a la renovación del profesorado, y también para acabar con la discriminación de los docentes no incluidos en el ámbito de las clases pasivas del Estado. Nos parece que es importante aprobarla por lo que puede apuntar en una dirección, tenga al final esta proposición de ley una vida propia independiente o pueda incorporar su espíritu a la futura ley de educación, a la futura LOE. En cualquier caso, insisto, creo que merece la aprobación de esta Cámara y, por supuesto, contará con el voto afirmativo de nuestro grupo.


Muchas gracias.


El señor PRESIDENTE: A continuación Esquerra Republicana. Señor Canet.


El señor CANET COMA: Gracias, señor presidente.


Señorías, la Logse establecía la posibilidad de la jubilación anticipada a los docentes no universitarios que hubieran prestado un determinado número de años de servicios efectivos al Estado. Era una manera de facilitar el acceso de nuevos profesionales a la docencia, lo que había de significar una inyección de energía renovada, necesaria para potenciar el periodo de cambios muy significativos que implicaba la implantación de un nuevo sistema educativo. Ello también exigía facilitar el tránsito a la jubilación anticipada de un número de profesores con extensa hoja de servicios. La medida premiaba la dedicación y el esfuerzo y, para qué negarlo, en algunos casos ahorraba al sistema educativo el lastre que podía significar mantener a un sector del colectivo docente, poco entusiasmado con el cambio de rumbo, en activo y en contacto directo con un alumnado que había modificado de manera evidente su perfil con la entrada en vigor de una nueva ley que ampliaba el tramo de educación obligatoria gratuita. La Logse limitaba ese derecho a la jubilación anticipada, como se ha dicho, al periodo 1991-1996. La Lopeg, publicada en el año 1995, mantuvo la vigencia de los planteamientos y tuvo que ampliar el periodo hasta la finalización de la implantación de las enseñanzas que establecía la Logse. La voluntad de perdurabilidad de la norma quedó del todo clara con la Ley 24/2001, de medidas fiscales administrativas y del orden social, que establecía, en su artículo 51, una prórroga de la posibilidad de acogerse a la jubilación anticipada, como ya se ha comentado, hasta el año 2006. De todo eso, de ese recorrido legal, se deduce una voluntad de mantener, como recuerda la exposición de motivos de la proposición de ley del BNG, los criterios primigenios de la Logse, es decir, favorecer la renovación del colectivo docente, reconociendo de hecho la especificidad de la función docente. Quiero aprovechar para recordar que en el Estado español se sigue sin proporcionar al profesorado no universitario instrumentos de perfeccionamiento muy generalizados en otros países. La posibilidad de años sabáticos de formación es una de las carencias más llamativas, sin olvidar que, como nos demuestran multitud de estudios, la docencia es una profesión afectada por una problemática singular que se traduce en alarmantes índices de bajas laborales. Es cierto que en el anteproyecto que ha presentado el Gobierno se aborda el asunto en la disposición transitoria segunda, en la cual se mantiene la posibilidad de la jubilación anticipada, pero sin reconocer todos los perfiles profesionales que deberían poder acogerse y además limitando su extensión temporal al año 2010. En el articulado que se propone en la proposición de ley que debatimos hoy se corrigen además unos requisitos que restringen, sin motivo de peso a nuestro juicio, la posibilidad de acogerse a la jubilación anticipada a determinados colectivos: uno, la exigencia del carácter ininterrumpido de la prestación de servicios y, otro, la exclusión de conceptos de servicios efectivos de situaciones excepcionales pero que no implican dejar de pertenecer a la plantilla de profesores de un centro, por ejemplo la situación

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de servicios especiales, los períodos de excedencia voluntaria para el cuidado de familiares o aquellos cursos en que se haya disfrutado de una licencia de interés particular para ampliar los estudios. Además algunos colectivos que deberían ser equiparados a los que la legislación reconoce el derecho a la jubilación anticipada hoy no lo están con las actuales normas.


En suma, y abreviando, señorías, la proposición de ley permite mantener los criterios de renovación del colectivo docente y de reconocimiento social de los servicios prestados por aquellos que han cumplido un ciclo de quince años de servicio, y además fija con claridad el concepto de servicio efectivo con un criterio mucho más amplio que la actual legislación. Por ello vamos a votar favorablemente la toma en consideración de la proposición de ley del Bloque Nacionalista Galego, y además -quiero subrayarlo- coincidiendo con los dos criterios estratégicos que ha manifestado su portavoz: discutir el contenido simultáneamente al anteproyecto presentado por el Gobierno, pero sobre todo defendiendo a ultranza el nuevo perfil de profesor susceptible de poder solicitar la jubilación anticipada.


Muchas gracias.


El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Canet.


Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), señora Pigem.


La señora PIGEM I PALMÉS: Muchas gracias, señor presidente.


Señorías, desde Convergència i Unió vamos a apoyar la toma en consideración de la proposición de ley que nos trae hoy a debate el Grupo Mixto, el Bloque Nacionalista Galego, y vamos a hacerlo porque es una iniciativa que nos parece muy acertada, necesaria, y además reiteradamente demandada por los propios docentes tal y como se ha expuesto ya no solo en la intervención del propio proponente, sino también en la de los portavoces que me han precedido en el uso de la palabra.


Coincidimos con muchas de las argumentaciones que aquí se han dado, que no vamos a repetir, pero nos gustaría señalar que para Convergència i Unió el objetivo último de la iniciativa que estamos viendo es sin duda permitir una mejora del sistema educativo, incentivando y facilitando la renovación pedagógica, la renovación de los cuadros docentes y la posibilidad de contratación de nuevos profesores, todo lo cual tiene indudablemente mucho que ver con la calidad de la educación, porque son los profesores los encargados de transformar las leyes en trabajo, las leyes en resultados, ya que es evidente que la calidad no puede predicarse de ninguna ley por sí misma. Además para Convergència i Unió esta iniciativa es también un claro signo de apoyo al profesorado y de aprecio y reconocimiento a la labor y a la importantísima función que vienen realizando, una función para la que son necesarias muchas aptitudes pero de manera importante la energía, el entusiasmo y también la motivación que supone el apoyo y la valoración social a su relevante labor, algo que no se viene produciendo con la suficiente intensidad y que habrá que tener en cuenta y corregir en el futuro, porque la satisfacción profesional del profesorado, una auténtica carrera docente, el desarrollo profesional planteado de manera estimulante, la formación permanente y la adecuada valoración social de este trabajo son elementos clave para un sistema educativo realmente eficaz, como se ha venido demostrando por los últimos resultados del informe PISA.


Hemos de reconocer que por una parte esto no ha sido así, que hay una gran desmotivación del profesorado, pero que por otra la propia entrega personal que supone la función docente genera un gran desgaste. A tenor de los datos de que disponemos el desgaste psicológico a que están sometidos los profesores conlleva un gran número de enfermedades profesionales. De ello deriva la necesidad generalizada de poder acogerse a una jubilación voluntaria anticipada; una necesidad a la que se da respuesta en la iniciativa que estamos viendo, que trata no ya de prorrogar o alargar una medida que desde que se reguló por primera vez en 1990, en la disposición transitoria novena de la Logse, no ha dejado de ampliarse y prorrogarse, tanto por los gobiernos del Partido Socialista como por los gobiernos del Partido Popular, en su actual previsión in fine, como ya se ha dicho aquí, en el año 2006, sino que trata de consolidarla para que esté regulada con carácter indefinido y no tengamos que irla prorrogando cada cuatro años, como hasta ahora. A nuestro juicio quince años ratificando una medida es una razón más que suficiente para considerar la bondad y la necesidad de la misma, enmarcada tanto en la necesidad de renovación pedagógica como en el reconocimiento a la función realizada por los docentes. Una iniciativa que trata también de superar las discriminaciones hoy existentes que afectan a los funcionarios de los cuerpos docentes no incluídos en el ámbito de las clases pasivas del Estado, incluyendo a los que están en regímenes distintos, y superar y corregir algo también importante como es el propósito de mejorar las ratificaciones compensatorias, de manera que la actual reducción de haberes no se convierta en un elemento claramente disuasorio a la hora de acogerse a la misma.


Finalizo reiterando nuestro voto favorable y manifestando que, estando como estamos ante una demanda generalizada del profesorado, agradaría a Convergencia i Unió que esta iniciativa mereciera una respuesta positiva y unánime en esta Cámara, tal como la mereció hace tan solo un par de meses una moción que se vio en el Pleno del Senado, con un contenido que recogía los mismos objetivos de la iniciativa que hoy estamos viendo.


Gracias, señor presidente.


El señor PRESIDENTE: Gracias a usted, señora Pigem.


Grupo Parlamentario Popular, señor Nasarre.


El señor NASARRE GOICOECHEA: Gracias, señor presidente. Intervengo en nombre del Grupo Parlamentario

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Popular para exponer la posición de mi grupo sobre la proposición de ley que ha explicado el representante del Grupo Parlamentario Mixto. Mi grupo va a votar favorablemente su toma en consideración, y quiero dar cuenta muy sucintamente de las razones que motivan esta posición de mi grupo. Lo hacemos ante todo por coherencia con nuestra propia iniciativa.


Mi grupo presentó hace algo más de un mes una proposición de ley sobre la misma cuestión que responde a planteamientos similares y con un contenido análogo a la que hoy se somete a nuestra consideración. La semana pasada pedimos su acumulación, que no ha sido posible al no haber cumplido aquella proposición del Grupo Popular todos los trámites a los que se refiere el artículo 126 de nuestro Reglamento. En todo caso el contenido de la proposición de mi grupo, cuyo texto está a disposición de SS.SS., servirá de base para el trabajo de mi grupo a lo largo de la tramitación parlamentaria de la proposición de ley objeto de nuestro debate, si como espero y deseo es tomada en consideración por el Pleno. Como saben SS.SS.
y ya se ha explicado aquí, la disposición transitoria novena de la Ley orgánica de 3 de octubre de 1990 estableció un sistema de jubilación voluntaria anticipada para los funcionarios de cuerpos docentes no universitarios, al que se podía optar hasta el año 1996. Con el impulso de los gobiernos del Partido Popular y con el apoyo de mi grupo en las dos legislaturas anteriores este periodo se amplió por dos veces consecutivas, una hasta el año 2002 y la segunda por la Ley de acompañamiento del año 2001, que lo prorrogó hasta el año 2006; con estas dos prórrogas estaremos a punto de cumplir 16 años, en los que ha funcionado este sistema de jubilación voluntaria anticipada a los 60 años para los maestros y profesores de nuestros centros educativos. Se trata, por tanto, señorías, de una experiencia ya dilatada en el tiempo que podríamos decir que se ha consolidado, que ha sido acogida muy favorablemente por los docentes y que a nuestro juicio ha aportado notables beneficios a nuestro sistema educativo, porque ha favorecido una mayor renovación del profesorado que es, no lo olvidemos, uno de los más importantes factores de la calidad de la educación.


A la vista de esta positiva experiencia, de la aceptación social del sistema que se viene aplicando desde 1990, mi grupo ha creído que era necesario dar ahora un paso más: establecer con carácter indefinido este sistema de jubilación voluntaria anticipada. Creo que ya no tiene sentido proceder a una nueva prórroga más, pues estaríamos convirtiendo esta norma en una especie de disposición transitoria permanente, lo que no deja de ser una contradicción. Por eso, no nos convence en absoluto la solución que ha dado a la cuestión el anteproyecto de la ley orgánica de educación, en virtud de la cual los autores del texto han optado por una nueva prórroga de cuatro años más. El Ministerio de Educación ha actuado en este punto a nuestro juicio con miopía y con una especie de actitud de recelo sin atreverse a dar el paso que todo el mundo educativo demanda y que desde luego mi grupo comparte y propugna. Es de esperar que en este trámite el Grupo Socialista rectifique los planteamientos del ministerio y adopte una posición favorable a esta iniciativa. Por lo demás, el sistema de jubilación voluntaria anticipada reclama, como se ha dicho aquí, algunas correcciones que si tuvieron sentido cuando se promulgó la norma ahora carecen de él.


Concluiré, señor presidente, referiéndome a tres puntos. En primer lugar, ya no tiene sentido mantener la exigencia de haber estado en activo el 1 de enero de 1990; además es contradictoria con el requisito tercero de la misma disposición, 15 años de servicios efectivos en el Estado, que pueden haberse cumplido sin haber estado en activo en aquella remota fecha. En segundo lugar, hay que dar una solución satisfactoria a los funcionarios de los cuerpos docentes acogidos a regímenes de Seguridad Social o de previsión distintos del de clases pasivas, que no pueden verse perjudicados simplemente por estar acogidos por razones históricas a regímenes diferentes de previsión; debemos conseguir en esta nueva norma un trato igual para todos. Y en tercer lugar, hay que dar una solución satisfactoria a funcionarios docentes que por cualquiera de las circunstancias previstas en nuestro ordenamiento hubieran desempeñado a lo largo de parte de su trayectoria profesional tareas en la condición de servicios especiales. Ninguno de estos puntos ni otros que se han señalado en esta sesión están resueltos en el texto del anteproyecto de la ley orgánica de educación, lo que ratifica a nuestro parecer que sus redactores han quedado muy anclados en el pasado y no han mirado al futuro.


En suma, señor presidente, el Grupo Popular cree que esta norma es oportuna y necesaria. Tiene que expresar un respaldo y apoyo de toda la Cámara al profesorado, lo que es justo y merecido; tiene que ser un reconocimiento a la labor desempeñada por nuestros profesores, que han dado y están dando lo mejor de sí mismos a lo largo de dilatadas trayectorias profesionales. Es un respaldo y apoyo que debemos intensificar en los próximos tiempos con medidas que vayan mejorando las condiciones en las que se desarrolla la actividad profesional de los docentes. Este sistema de jubilación voluntaria anticipada a los 60 años nos homologa a la mayoría de los países europeos y además, como se ha señalado en intervenciones anteriores, permite una renovación de los cuadros del personal docente, lo que resulta muy conveniente como factor del gran esfuerzo a favor de la calidad educativa que tenemos que hacer en los próximos años. Esta es una visión compartida por administraciones educativas, organizaciones sindicales, funcionarios docentes y el conjunto del profesorado a los que debemos dar una respuesta a la altura de los tiempos y al servicio de la mejor educación para los españoles.


Muchas gracias, señor presidente.


El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Nasarre.


Por el Grupo Parlamentario Socialista, tiene la palabra el señor Tabuyo.


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El señor TABUYO ROMERO: Gracias, señor presidente.


Señorías, siempre se ha debatido si educar es un apostolado, una ciencia, una tecnología, una profesión, una técnica o un arte. Somos los docentes con nuestras actitudes quienes les damos tal o cual carácter, nivel, categoría o sentido social, tal y como lo demuestran la historia de la educación y nuestra propia historia personal como educadores. El punto que hoy tratamos tiene que ver con la jubilación, pero sobre todo con la motivación, con la calidad y con la educación. La disposición transitoria novena de la Ley Orgánica 1/1990, de Ordenación General del Sistema Educativo, establece un sistema especial de jubilación voluntaria anticipada para los docentes de la enseñanza no universitaria incluidos en el régimen de clases pasivas y con un límite temporal referido a la aplicación y a la implantación de la reforma educativa. El periodo para acogerse a este derecho ha sido ampliado en diversas ocasiones, de tal manera que en la actualidad alcanza hasta el año 2006. Tanto en la VI como en la VII Legislatura el Grupo Socialista ha presentado iniciativas relativas tanto a la prórroga de esta jubilación voluntaria (medida que permitiría la renovación de las plantillas) como las encaminadas a resolver la situación de los docentes acogidos a otros regímenes como los de Seguridad Social o de previsión; todas ellas fueron rechazadas por los votos del Grupo Popular. Estas iniciativas demuestran el interés del Partido Socialista en buscar solución a esta demanda. Una especial relevancia por razón de la unanimidad con la que fue aprobada reviste la proposición no de ley del Grupo Socialista en la sesión de la Comisión de Educación y Cultura del 28 de septiembre de 1999 en la que se instaba al Gobierno a estudiar la modificación del punto 5 de la disposición transitoria novena ya citada.


Hoy volvemos a tratar un tema en el que nos sorprende especialmente que el Grupo Popular diga lo que hoy dice, cuando en ocho años de Gobierno y gobernando la pasada legislatura con mayoría absoluta no solo no soluciona esta cuestión, sino que además en el marco de la imposición de la LOCE tampoco abrió cauce alguno para solventarla definitivamente. ¿Qué ha cambiado de hace un año a hoy? Evidentemente la composición de una nueva mayoría que hoy gobierna. Ello no elimina su responsabilidad en la gestión, que no solucionó las demandas de los colectivos docentes. Se les cayó la venda de repente y con urgencia, pero no hicieron bien sus deberes. Señorías, no resultan ustedes creíbles cuando ahora ven imprescindible algo que durante los últimos ocho años no consideraron ni prioritario ni conveniente; pasaron de puntillas, miraron hacia otro lado y no estudiaron las posibles vías a las que les obligaban los acuerdos tomados por unanimidad en la Comisión de Educación para solucionar una demanda ya histórica de los profesores españoles. Es cierto que la regulación incide únicamente en la jubilación anticipada de funcionarios docentes acogidos al régimen de clases pasivas, y su extensión podría generar peticiones por parte de otros grupos para tener un tratamiento análogo, pero eso no es óbice para que desde otros contextos, como el del Pacto de Toledo, sea tratada esta cuestión para que se busquen o queden perfectamente acreditadas y convalidadas las razones que puedan justificar el tratamiento especial que pueda darse al colectivo de docentes. El programa electoral con el que el Partido Socialista ganó la confianza de los ciudadanos en marzo de 2004 recogía expresamente que se incentivaría la jubilación voluntaria a los 60 años. Por eso nuestra línea de actuación está clara: cumplimos nuestros compromisos con los ciudadanos. Asimismo el anteproyecto de ley orgánica de educación en su disposición transitoria segunda prevé ya la prórroga de la jubilación voluntaria hasta el 4 de octubre de 2010.


Señorías, el informe España 2001 de la Fundación Encuentro pone de manifiesto que buena parte del profesorado es un colectivo profesional insatisfecho por múltiples motivos que abarcan un amplio abanico que va desde el cuestionamiento de su trabajo, la escasa consideración social, las deficientes posibilidades de promoción, los problemas disciplinarios en las aulas o la acumulación de roles más allá de la docencia. Junto a esto hay que mencionar que las transformaciones sociales y tecnológicas se producen con gran celeridad, mientras que el sistema educativo las vive con ritmos más lentos y la organización de centros y trabajo de los profesores que apenas sufrieron variaciones sustantivas en los últimos años.


El anteproyecto de la ley orgánica de educación dedica especial atención al reconocimiento social de la labor docente, con medidas como la sustitución parcial de la jornada lectiva por actividades de otra naturaleza. Se recupera el viejo objetivo de consensuar junto con los sindicatos y las comunidades autónomas un estatuto de la Función pública docente, y en el marco del debate con todos los agentes sociales, sindicatos y comunidad educativa deben plantearse medidas y posibles alternativas que nos permitan avanzar en la búsqueda de soluciones y de nuevos posicionamientos para resolver situaciones como la que hoy tratamos. Ese es el espacio de oportunidad para el debate y las búsquedas de acuerdos. Desde el Grupo Socialista somos conscientes de que cualquier proyecto educativo, sea convencional o alternativo, requiere operadores que lo hagan realidad, a fin de que las propuestas no queden en el nivel de simples ideas o teorías más o menos perfectas, sino que se ejecuten para lograr transformar las prácticas educativas cotidianas. Hacer de la profesión de educar un arte se relaciona con los principios innegables de la pedagogía, a los que el docente añade su sello personal cuando proyecta emoción, sentido y significado en su deseo de formar y en su capacidad para hacerlo. Todo esto tiene que ver con la motivación, con la revalorización social del papel que el docente juega en la comunidad, con la dignidad de estar a la altura de los conocimientos y de los avances tecnológicos en cada momento para ser capaces de despertar el interés por aprender y la curiosidad para avanzar en los

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procesos que conducen al conocimiento. La inversión más rentable a largo plazo es la que se realiza en educación; es la que genera un capital humano que multiplica gracias a su formación las posibilidades de desarrollo de su sociedad. Esto es lo que pretendemos votando favorablemente la toma en consideración de esta proposición de ley: adoptar y defender medidas, estudiarlas y analizarlas para facilitar la renovación de las plantillas y la solución de un problema que viene alargándose en el tiempo. Aun compartiendo el espíritu que ilumina y alienta este texto, existen elementos en esta proposición de ley del Bloque Nacionalista Galego que deberán ser analizados y debatidos en profundidad para conocer el alcance y la filosofía de fondo de algunas de las medidas, como la de reducir en tres años el requisito establecido en la disposición transitoria para tener derecho a la gratificación extraordinaria de los funcionarios que se jubilan voluntariamente, que pretende pasarse de 28 a 25 años, o la no exigencia para la jubilación del desempeño de funciones docentes, o la reducción a 15 años del requisito general establecido para el resto de los funcionarios de 30 años. La extensión de este derecho a los colectivos que figuran acogidos al régimen de Seguridad Social o de previsión puede plantear quizás disfunciones y agravios comparativos de otros colectivos que puedan generar nuevas peticiones que incidan en el sistema común.


Señorías, hablaremos mucho en los próximos meses de educación, de métodos, de recursos y de medidas de apoyo, de diversificación y de nuevas tecnologías de la información y de la comunicación. El foro adecuado es el de la LOE, pero también desde ámbitos externos al entorno parlamentario llegarán voces y propuestas, ideas y planteamientos de futuro para analizar situaciones complejas como la presente. La reunión de la mesa sectorial de Educación con los sindicatos representa una vía idónea para plantear soluciones a estas reivindicaciones. Asimismo los ministerios de Trabajo y Asuntos Sociales, de Administraciones Públicas y de Economía y Hacienda tienen mucho que decir en las diferentes parcelas de su ámbito de actuación y en las alternativas que se puedan aportar, buscando siempre soluciones coordinadas y coherentes de futuro. En resumen, tenemos que aprovechar la idoneidad de las tres vías que hoy tenemos abiertas: primero, el foro de debate de la ley orgánica de educación; segundo, la mesa sectorial con sindicatos y agentes sociales; tercero, el ámbito del Pacto de Toledo, que tiene competencias en esta materia; habría que sumarles un cuarto elemento para el análisis, el que proporcionan los ministerios implicados, como el Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales, el Ministerio de Economía y Hacienda, el Ministerio de Administraciones Públicas y el Ministerio de Educación. Señorías, resolveremos problemas pedagógicos y tendremos recursos, ordenadores y máquinas que nos ayuden, pero habrá siempre una función que seguirá correspondiendo al maestro, la de crear un ambiente emocional para el aprendizaje. No hay máquina alguna que pueda crear el clima necesario para poder establecer la relación bidireccional que se establece entre enseñar y aprender; y esto en el Grupo Socialista lo sabemos bien. Por eso queremos apoyar la toma en consideración de esta proposición de ley no como algo finalista en sí mismo, sino parta estudiar y analizar con rigor el alcance y las consecuencias que diversas medidas (las que sean) deben aportar para favorecer el reconocimiento y el apoyo al colectivo de profesores y su dignificación que debe redundar en una escuela más motivada, en un aprendizaje más efectivo y en la reducción drástica del fracaso escolar.


Muchas gracias.(Aplausos.)

El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Tabuyo.


- DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE IZQUIERDA VERDE-IZQUIERDA UNIDA-INICIATIVA PER CATALUNYA VERDS, ORGÁNICA REGULADORA DEL DERECHO DE ASOCIACIÓN PROFESIONAL DE LOS MIEMBROS DE LAS FUERZAS ARMADAS. (Número de expediente: 122/000064.)

El señor PRESIDENTE: Continuamos con el orden del día: Proposición de ley del Grupo Parlamentario de Izquierda Verde-Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya Verds, orgánica, reguladora del derecho de asociación profesional de los miembros de las Fuerzas Armadas.


Tiene la palabra el señor Llamazares.


El señor LLAMAZARES TRIGO: Gracias, señor presidente.


Intervengo desde el escaño. Mi grupo parlamentario que ha presentado esta iniciativa y que considera que esta es importante y urgente, la regulación del asociacionismo entre el personal de las Fuerzas Armadas, sin embargo considera que en estos momentos puede retirar esta iniciativa porque existen condiciones para un acuerdo entre las fuerzas políticas de este Parlamento en el sentido de mandatar al Gobierno para que presente una iniciativa de estas características, en primer lugar vinculada al actual proyecto de ley de Fuerzas Armadas y, en segundo lugar, que cuente con un amplio consenso por parte de los grupos parlamentarios de la Cámara. Por tanto retiramos esta iniciativa, aunque, como he dicho antes, consideramos que la cuestión de los derechos fundamentales del personal de las Fuerzas Armadas debe tener una regulación a la que mandata la propia Constitución española en su artículo 9; debe tener una regulación porque también en la ley de personal de las Fuerzas Armadas estaba prevista esta regulación legal y finalmente no pudo ser; y debe tener una regulación porque creemos que existen necesidades de expresión de las asociaciones y organizaciones de militares que tienen los mismos derechos (incluso podría plantearse el propio derecho sindical), reconocidos en la Constitución española. Por tanto consideramos que esta medida es necesaria. Es verdad que es mejor que esta medida esté vinculada a la actual ley de defensa

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nacional, que es mejor también que sea más amplia, que tenga que ver con los derechos y deberes de los militares, y que es aun mejor que sea respaldada por todos los grupos parlamentarios de esta Cámara. Por tanto, como hemos llegado a ese acuerdo y nivel de coincidencia, al igual que se ha producido en el Senado, nosotros preferimos esperar a que sea el propio Gobierno, una vez finalizada la tramitación de la ley de defensa nacional, inmediatamente al cabo de un mes,el que presente ante esta Cámara una ley de derechos y deberes que incorpore el asociacionismo de las Fuerzas Armadas.


Muchas gracias.


El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Llamazares.


El grupo proponente ha retirado la proposición; tiene derecho a hacerlo ya que hasta que no se vota la proposición de ley el propietario de la misma es el grupo proponente.


TRAMITACIÓN DIRECTA Y EN LECTURA ÚNICA DE PROYECTOS DE LEY.


El señor PRESIDENTE: Antes de proceder a la votación, debo someter al Pleno dos decisiones. En primer lugar, acuerdo de tramitación directa y en lectura única. La Mesa, oída la Junta de Portavoces y de conformidad con lo dispuesto en al artículo 150 del Reglamento, ha acordado someter a la aprobación de la Cámara la tramitación directa y en lectura única por el propio Pleno del proyecto de ley orgánica por la que se autoriza la ratificación por España del Tratado por el que se establece una Constitución para Europa, firmado en Roma el 29 de octubre de 2004. ¿Lo acuerda así la Cámara? (Asentimiento.)

Queda aprobada la tramitación directa y en lectura única por el Pleno del proyecto de ley de referencia.


MODIFICACIÓN DEL ORDEN DEL DÍA.


El señor PRESIDENTE: En segundo lugar, propuesta de modificación del orden del día. Asimismo, conforme al artículo 68 del Reglamento, la Presidencia, de acuerdo con los portavoces de los grupos parlamentarios, propone al Pleno de la Cámara la modificación del orden del día, en el sentido de incluir como nuevo punto, a las nueve horas del jueves 28 de abril, la tramitación directa y en lectura única del proyecto de ley orgánica por la que se autoriza la ratificación por España del Tratado por el que se establece una Constitución para Europa, firmado en Roma el 29 de octubre de 2004. ¿Lo acuerda así la Cámara? (Asentimiento.)

Queda aprobada la modificación del orden del día.


DECLARACIÓN INSTITUCIONAL.


El señor PRESIDENTE: Finalmente, antes de proceder a la votación, por parte de la secretaria primera se dará lectura a una de declaración institucional, que ha sido acordada por unanimidad por los grupos parlamentarios.


La señora SECRETARIA ( Sainz García): Declaración institucional ante la ejecución por lapidación de una mujer en Afganistán el día de ayer.


El Congreso de los Diputados solicita del Gobierno español que traslade al Gobierno afgano la siguiente declaración institucional: El Congreso de los Diputados desea hacer una vez más una condena severa y una profunda reflexión sobre los gravísimos ataque a los derechos humanos fundamentales que sufren las mujeres en Afganistan y, especialmente, el sufrido ayer por Amina, ejecutada mediante lapidación a manos de autoridades locales y de su propio marido. El Congreso de los Diputados, reiterando su más enérgico rechazo a tales prácticas inhumanas y contrarias a todas las declaraciones de derechos humanos suscritos por la comunidad internacional, exige de las autoridades afganas el esclarecimiento de los hechos, la persecución penal de los autores y la definitiva abolición de la lapidación y de todas las prácticas degradantes contra las mujeres. (Aplausos.)

El señor PRESIDENTE: Queda aprobada la declaración institucional.


TOMA EN CONSIDERACIÓN DE PROPOSICIONES DE LEY. (VOTACIÓN)

El señor PRESIDENTE: Procedemos a la votación de la toma en consideración de la primera proposición de ley, ya que la segunda ha sido retirada por el grupo proponente. Votación de toma en consideración de la proposición de ley del Grupo Parlamentario Mixto (señora Fernández y señor Rodríguez), de prórroga de la normativa aplicable a la jubilación anticipada de los funcionarios de cuerpos docentes.


Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 276; a favor, 276.


El señor PRESIDENTE: Queda aprobada.


PROPOSICIONES NO DE LEY.


- DEL GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA DEL CONGRESO, SOBRE MEDIDAS EN MATERIA DE PREVENCIÓN Y EXTINCIÓN DE INCENDIOS FORESTALES. (Número de expediente 162/000247.)

El señor PRESIDENTE: Punto II del orden del día: proposiciones no de ley.
En primer lugar, del Grupo Parlamentario Socialista del Congreso, sobre medidas en materia de prevención y extinción de incendios forestales. (La señora vicepresidenta, Chacón i Piqueras, ocupa la Presidencia.) (Rumores.)

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La señora VICEPRESIDENTA (Chacón i Piqueras): Señorías, el Pleno continúa.
Por favor, si quieren ausentarse del hemiciclo, háganlo con rapidez y en silencio. Les recuerdo que el Pleno continúa y que hay un miembro de esta Cámara intentando hacer uso de la palabra.


Señor Quirós, adelante.


El señor QUIRÓS PULGAR: Gracias, señora presidenta.


Señorías, debatimos hoy en esta Cámara una iniciativa que busca el consenso y el apoyo de todos los grupos parlamentarios en aras de trabajar fuera de la confrontación política en la prevención y en la lucha contra los incendios forestales, uno de los mayores problemas a que se enfrenta actualmente la sociedad española y este país en general. No se trata de crear alarmismo. España no es un país incendiario, así lo demuestra la estadística, ya que está muy lejos del índice de riesgo de los países de la Unión Europea en cuanto a incendios forestales si cuantificamos el número de incendios por cada 10.000 hectáreas de superficie forestal, pero tampoco se trata de no ver una realidad preocupante cuando la media de superficie forestal quemada ha sido durante el periodo 1994 a 2003 de más de 1.400.000 hectáreas. Es como si se hubiese quemado siete veces el parque natural más grande de este país, es decir, como si hubiese desaparecido siete veces el parque natural de Cazorla, Segura y las Villas para que nos hagamos una idea de la magnitud de este problema.


En el año 2004 ha habido un descenso considerable con respecto a la media de la última década y con respecto al año 2003, que se acercó a la media, con 148.142 hectáreas de superficie quemada. Pues bien, en el año 2004 se han quemado unas 123.818, casi 25.000 hectáreas menos que en el año anterior, lo que representa una disminución del 20 por ciento, que pone de manifiesto el esfuerzo que se ha hecho en la lucha contra los incendios forestales en el año 2004. Los incendios son por tanto una realidad, a pesar de todos los esfuerzos humanos, económicos y materiales que se realizan por parte de las administraciones públicas, que no consiguen romper la tendencia, por lo que el número de conatos se incrementa año tras año: hemos pasado de 10.961, en el año 1994, a 14.109 en el año 2004. Lo que sí ha habido ha sido un descenso del número de incendios, pasando de 8.288 en el año 1994, a 7.266 en el año 2004.
También ha habido un descenso del número de grandes incendios: hemos pasado de 42 en el año 2003, a 17 en el año 2004. Hoy en día se apagan también los incendios antes: hemos pasado de una media de una semana en los grandes incendios, a dos o tres días, a pesar de que las condiciones climáticas son cada vez más adversas, lo que pone de manifiesto la mejora de la eficacia de los retenes por la profesionalización que ha habido en los últimos años.


Los socialistas consideramos que el problema actual no depende tanto de la disposición de medios y de las políticas de prevención y extinción que realizan las administraciones competentes, como de la falta de implicación de la sociedad en general y, en particular, de los ciudadanos del medio rural, que no se corresponde con el esfuerzo público que se realiza por el órgano competente en esta materia. Señorías, todos coincidiremos en la máxima de que ninguna política ambiental tendrá éxito si no se consigue la implicación y participación de la ciudadanía. Muchos pueden ser los elementos que están influyendo en este aspecto, pero quizás los más importantes se deban a la falta de una verdadera política de prevención social, a la sensación de impunidad de los delitos por incendios forestales y a la confrontación política que surge por el uso partidista que se hace muchas veces del fuego, que hace que la ciudadanía en general no participe o no se implique. De ahí que pongamos el acento en un pacto contra el fuego, que excluya los incendios forestales de la confrontación política entre las distintas administraciones competentes y sus distintas instituciones gestoras y políticas. Este tipo de pactos se están pidiendo tanto en Galicia como en Andalucía, así lo han expuesto sus consejeros en sus respectivos parlamentos. El Grupo Parlamentario Socialista se ha hecho eco de estas reivindicaciones autonómicas, porque el fuego no conoce color político, no guarda relación alguna con el signo político de los gobiernos.


Señorías, en el año 1994 las comunidades autónomas más afectadas por el fuego fueron Cataluña, Comunidad Valenciana y Castilla y León; en 1995, lo fueron Galicia, Castilla y León y Andalucía; en 1996, lo fueron de nuevo Galicia y Castilla, y así podríamos seguir todos los años; para cerrar, el año 2004 lo fueron Andalucía, Galicia y Castilla y León. Les puedo decir, señorías, que la comunidad autónoma en la que más superficie forestal se ha incendiado en el periodo comprendido entre 1994 y 2004 inclusive ha sido Castilla y León, con una superficie de 342.000 hectáreas, seguida de Galicia, con 316.694 hectáreas; la Comunidad Valenciana, con 167.590; Andalucía, con 143.000, y Cataluña, con 132.000.
No se trata de sacarle a nadie los colores, por eso no voy a hacer ninguna valoración -que se podría hacer más cruda todavía si lo comparamos con la superficie forestal total de cada comunidad-, mi objetivo era simplemente hacerles reflexionar, señorías, porque nos encontramos ante un fenómeno cuya recurrente existencia anual no guarda relación alguna con el signo político de los gobiernos que se enfrentan al mismo, ni en España ni en ninguna de sus comunidades autónomas, y sin embargo provoca intensos y constantes debates entre las fuerzas políticas, que derivan en una extraordinaria repercusión mediática, que hace más notorio el problema, a la vez que aumenta la autoestima de lo verdaderos pirómanos forestales, que ven engrandecidos los daños provocados. El Grupo Parlamentario Socialista está seguro de que si somos capaces de sacar el fuego de la confrontación política, esto redundará en la implicación de los ciudadanos en este país, que es el pilar que falta para que tengan éxito las políticas de prevención y lucha contra los incendios forestales que están realizando las administraciones competentes

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en esta materia. Por tanto, señorías, este no es un problema solo de los gobiernos, ni de los partidos políticos que los sustentamos, es un problema de la sociedad en general, ya que el 96 por ciento de los incendios forestales tiene su origen antrópico. El ser humano es clave en la generación del problema y la sociedad y las administraciones públicas, de forma conjunta, deben actuar en la búsqueda de soluciones para el mismo, que tienen que pasar por el desarrollo de un marco de prevención social, con medidas para la implicación de los ciudadanos del medio rural, en particular, y de la sociedad, en general, que vayan acompañadas de medidas de persecución del delito y de las infracciones administrativas.


En este sentido se ha avanzado desde que el Grupo Parlamentario Socialista registró estas iniciativas. Concretamente los días 28 y 29 del pasado mes de enero se reunió la Conferencia sectorial de Medio Ambiente en Santander y el tema de incendios forestales fue uno de los más destacados, donde se aprobó un conjunto de propuestas de actuación sobre prevención y lucha contra los incendios forestales, orientada a la optimización de los medios, sistemas de extinción y subordinación, así como impulsar la participación de la sociedad y la mejora de la investigación, de las causas y de la persecución del delito. Estas 28 medidas fueron acordadas conjuntamente por el Gobierno y las comunidades autónomas en esta conferencia sectorial y están a disposición de todos los grupos políticos. No voy a referirme a las 28 medidas para no hacer más extenso el debate de hoy, simplemente voy a referirme -ya se ha hecho referencia a este tema en la comparecencia de la ministra y en las preguntas que se han hecho en el Pleno- al resultado de esta conferencia sectorial.


Señorías, apoyamos e impulsamos estas iniciativas y el buen trabajo que se está realizando en la Conferencia sectorial de Medio Ambiente, donde todos sabemos que participan todas las comunidades autónomas para que sigan elaborando un marco para la prevención social e impulsando las medidas de persecución del delito y de las infracciones administrativas.
Asimismo mi grupo parlamentario considera fundamental que se sigan mejorando los medios y la coordinación en materia de extinción con las comunidades autónomas. En este sentido también se han conseguido importantes avances en la última conferencia sectorial. El documento aprobado en ella señala la necesidad de vincular la extinción a la prevención y la elaboración de un plan general de cobertura. Asimismo también se propuso la revisión del plan estatal para emergencia de protección por incendios forestales, por lo que apoyando esta iniciativa se impulsa también la buena coordinación que tiene que tener el Gobierno de la nación con las comunidades autónomas en la lucha contra los incendios forestales.


También mi grupo parlamentario considera que es imprescindible que la Unión Europea reconozca el monte protector español como un objetivo prioritario de apoyo, frente a los montes más ligados de producción del centro y del norte de Europa, con un tratamiento más singularizado del área mediterránea y del sur de este país, por el mayor esfuerzo en política de prevención y extinción que tienen que realizar por sus condiciones climáticas más adversas y por el hecho de que serán las zonas más afectadas por el cambio climático que se prevé en el avance de este siglo. Las perspectivas financieras comunitarias para el período 2007-2013 no deberían de implicar una disminución de la financiación comunitaria en el sector forestal de nuestro país, máxime cuando actualmente por cada euro destinado a política forestal se destinan 300 euros a la política agraria. Este hecho es fundamental si consideramos que el 60 por ciento de la superficie forestal es propiedad privada.
Tenemos que hacer un frente común para reivindicar ante la Unión Europea el reconocimiento singular proteccionista de nuestros montes, frente que comienza hoy en día con la aprobación de esta iniciativa parlamentaria.


Señorías, mi grupo parlamentario busca esta tarde el consenso y el apoyo de todos los grupos parlamentarios a esta iniciativa, que supone dar un paso importante en la lucha contra los incendios forestales. En aras de este consenso este diputado ha hecho una intervención sin críticas, para no levantar asperezas, porque no se trata de criticar la anterior política forestal de los anteriores gobiernos del Partido Popular -que hay para criticar, créanme, señorías-; se trata de mirar hacia delante para hacer un frente común contra la lucha de los incendios forestales.
Este ha sido el motivo por el que hemos presentado esta iniciativa parlamentaria porque consideramos que se pueden hacer más cosas de las que se hizo anteriormente en esta materia. También, sin querer, esta iniciativa va a ser un indicador que nos mostrará qué partidos políticos vamos a apostar por que haya un consenso y una apuesta decidida en la lucha contra los incendios forestales y quiénes están por hacer una política de tierra quemada para sacar algún rédito político. Sin embargo, todos sabemos que quien juega con fuego al final se quema.


Muchas gracias, señora presidenta. (Aplausos.)

La señora VICEPRESIDENTA (Chacón i Piqueras): Muchas gracias, señor Quirós.


Pasamos a la defensa de las enmiendas presentadas. En primer lugar, la que presenta el Grupo Mixto. Para la defensa de dicha enmienda tiene la palabra la señora Fernández.


La señora FERNÁNDEZ DAVILA: Gracias, señora presidenta.


Señorías, aprovechamos esta proposición no de ley del Grupo Socialista para presentar unas enmiendas no con la intención de desvirtuar el fondo ni la forma de la cuestión que nos plantea y que nos acaba de explicar el portavoz del Grupo Socialista en estos momentos, sino para plantear la problemática que se produce en otras zonas del Estado español, concretamente en Galicia, en lo que se refiere a los incendios forestales. Decía que no es con intención

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de desvirtuar, aunque reconocemos la peculiaridad que el señor proponente matiza y que se recoge en esta proposición no de ley en cuanto a la cuestión climatológica, y concretamente en relación con los incendios forestales del sur del Estado español o la zona mediterránea.


En cualquier caso, decía que quería aprovechar la ocasión para hablar también de otros problemas que se producen con relación a los incendios forestales, concretamente en Galicia. En ese sentido se presentan estas enmiendas, de tal manera que en la resolución que se apruebe se puedan recoger medidas que se puedan aplicar en otras zonas del Estado, concretamente en Galicia, que estén afectadas de manera sobresaliente por los incendios forestales. Hace un momento se hablaba de que la primera comunidad del Estado español era Castilla y León, seguida de Galicia, pero hay que reconocer que la superficie que tiene Galicia de terreno forestal supone el 7 por ciento del total de la superficie del Estado.
Por otro lado, Galicia también representa el 25 por ciento de la superficie afectada por los incendios forestales en todo el Estado español. Por tanto, entendemos que existe una desproporción evidente que -entre comillas- hace que Galicia, en cuanto a los incendios forestales, tenga cierta singularidad como para ser reconocida de una manera especial en aquellas medidas que podamos aprobar hoy. Tampoco hay que olvidar que el 50 por ciento de los incendios que se producen de media anualmente en el Estado español, incendios que a veces se producen de manera provocada y otras de manera accidental, como efecto de la climatología, etcétera, tiene lugar en Galicia.


Como dato (seguramente cualquiera de nosotros y de nuestros respectivas comunidades podemos dar este tipo informaciones) les diré que en los últimos 12 años el costo total de los incendios forestales en Galicia supera los 120.000 millones de pesetas. Por tanto, estamos hablando de un problema serio, de un problema grave, y entendemos que en las medidas que hoy se proponen aquí se debería recoger esa globalidad, sobre todo en el punto cuarto, que modificamos, independientemente de que se nos pueda aceptar la enmienda o cualquier tipo de transacción, porque lo hacemos con la única intención de que lo que se eleve a la Unión Europea tenga un tratamiento más global, así como un carácter específico de aquellas singularidades que pueda haber en distintas áreas territoriales. En este sentido, en Andalucía existe la singularidad de la cuestión climatológica, pero en Galicia existe la singularidad, por ejemplo, de la despoblación del medio rural, y, por tanto, el abandono de muchas de las masas forestales, así como la detección del fuego en el momento más incial. Además, se producen otras singularidades -y creo que en este caso seguramente coinciden con las de la zona mediterránea- que tienen que ver con intereses económicos, espurios, relacionados muchas veces con distintas actividades. Precisamente por esa razón, y por la cuestión concreta que comentamos ahora, coincidimos plenamente con el punto dos de la proposición no de ley. Consideramos que, efectivamente, hay que hacer un trabajo coordinado de prevención, teniendo en cuenta precisamente todos los aspectos que aquí se recogen y los programas de desarrollo rural que es necesario llevar a cabo por parte de las comunidades autónomas. En cualquier caso, el Estado tiene determinadas competencias en materia de agricultura, concretamente aquellas relacionadas con las directrices de la Unión Europea, y en cuanto a la financiación de las políticas de desarrollo del medio rural. Estas políticas tienen que ser gestionadas y desarrolladas por los gobiernos de las respectivas comunidades autónomas, pero su financiación tiene que ser distribuida por el Estado español, aunque en su momento podamos tener la discrepancia correspondiente, y de ahí nuestra modificación del apartado 4 que comentaba anteriormente.


Respecto a nuestra enmienda al apartado 1, permítanme que les diga que la hemos hecho con la mejor intención, porque no entendemos que el pacto que se haga tenga que excluir de la confrontación política. Entre las administraciones con competencia, en este caso, en materia de incendios forestales no debe existir confrontación; otra cosa es que exista discrepancia entre las diferentes administraciones u organizaciones políticas respecto a cómo se puede llevar la gestión, en este caso, del fuego. Pensamos -y de ahí la enmienda que hemos propuesto- que la mejor forma de evitar la confrontación entre las administraciones es respetar las competencias que cada una de ellas tiene en la materia; además, impulsar las políticas que es necesario desarrollar por estas administraciones y, de manera fundamental, tratar de conseguir la máxima coordinación para que ninguna de las administraciones pueda entender que tiene alguna posibilidad de mantenerse al margen de una política que debe ser afrontada por todos, tanto en la prevención como en el momento de acabar con el fuego en los incendios forestales.


Entendemos perfectamente lo que se pretende con la proposición no de ley, pero consideramos que existen peculiaridades y singularidades en otras zonas, por los datos que acabo de dar, concretamente en Galicia, y esperamos que nuestras enmiendas sean tomadas en consideración por parte del proponente. En todo caso, en su momento decidiremos lo que vamos a hacer con la proposición no de ley.


Gracias.


La señora VICEPRESIDENTA (Chacón i Piqueras): Gracias a usted, señora Fernández.


Continuamos con las enmiendas de Esquerra Republicana de Catalunya.


Tiene la palabra para su defensa la señora Bonás.


Adelante, señora Bonás.


La señora BONÁS PAHISA: Gracias, señora presidenta.


Señorías, parece ser que si no ocurre pronto un cambio en la climatología, vamos a enfrentarnos a un verano con

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condiciones climatológicas muy críticas. La práctica ausencia de lluvias hace que la masa boscosa se encuentre en un estado excepcionalmente seco y propicio para encenderse en llamas. El Grupo Socialista nos expone que un 96 por ciento de los incendios tienen su origen en descuidos o intencionalidad, y pide una implicación de la sociedad para luchar contra los incendios. Estamos plenamente de acuerdo; además, creemos que no basta con las acciones, es necesario empezar ya ahora con campañas informativas que promuevan el compromiso de la ciudadanía con la salvaguarda de los bosques. Estamos de acuerdo que en determinadas condiciones atmosféricas, de viento o fuerte calor, y más después de un invierno y una primavera extremadamente secos, frente a un incendio, no hay medios materiales ni humanos posibles para apagarlo. Es fundamental la colaboración de la sociedad en el cuidado del bosque y la prevención, pero permítanme que sea pesimista. En Catalunya se prohibió el acceso al bosque en determinados días, medida difícil de aplicar y por tanto, como se comprobó, fue insuficiente para evitar un gran incendio.


Está muy bien que se proponga concienciar a la ciudadanía, que se impulse un pacto nacional contra el fuego y que se coordinen los esfuerzos de las distintas comunidades autónomas. Por ello, vamos a apoyar esta proposición no de ley del Grupo Parlamentario Socialista, que está en el Gobierno; sin embargo, en los debates que tuvimos en esta Cámara en el pasado se sostuvo que los fuegos se apagan en invierno. Por tanto, habrá que ver qué medidas se han tomado durante este invierno y evaluar su eficacia, porque un pacto nacional contra el fuego, si bien comporta el compromiso de establecer una acción conjunta, no así la ausencia de crítica si se considera que no se han tomado las medidas necesarias o se han tomado las equivocadas.


La afirmación de que los fuegos se apagan en invierno implica la correcta gestión del bosque. Un fuego se produce cuando se dan tres factores: un poco de calor, combustible y aire. El hecho de evitar el foco de calor es un grado de prevención necesario en el que no hay que dejar de intervenir, pero no hay que olvidar el factor necesario y el más importante: el combustible. El gran problema de los bosques mediterráneos es que la mayoría están en manos privadas en un contexto en el que cada vez hay menos opciones de gestión. Su poca rentabilidad como productores de madera y la ausencia de políticas de gestión de recursos forestales nos llevan a la situación actual en la que la mayoría de los bosques se encuentran abandonados y con gran cantidad de sotobosque o matojos, lo que hace que, con situaciones climáticas de baja humedad, elevadas temperaturas y vientos, los incendios de estas masas boscosas sean inextinguibles. Esta gran cantidad de sotobosque o materia inflamable, que además dificulta el trabajo de los equipos extintores, supone un importante número de toneladas de biomasa. (Rumores.) Perdón, señorías, si quieren hablar en voz alta, pueden abandonar la sala.


La señora VICEPRESIDENTA (Chacón i Piqueras): Yo lo haré por usted. Señor Atencia, se lo he dicho por dos veces; le estoy escuchando hablar desde aquí. Por favor, les pido silencio. (Pausa.)

Adelante, señora Bonás.


La señora BONÁS PAHISA: En Cataluña se calcula que cada año aumenta en un millón de toneladas la biomasa. Nuestro grupo considera que es necesario actuar en este ámbito y convertir este combustible, que ahora supone un riesgo, en una fuente de energía limpia y renovable. El propio Plan de Fomento de las Energías Renovables ya preveía para los aclareos cortas como una fuente de provisión de biomasa con aplicaciones energéticas para cogeneración, aplicaciones técnicas industriales y redes de calefacción centralizadas. Hoy existe tecnología preparada para convertir esta biomasa en energía. Existen empresas particulares interesadas en retirar de los bosques la masa leñosa que se considera excedentaria, con lo que se evitaría que se quemase, lo que supone graves riesgos para la población, liberación de masas de CO2 y difícil regeneración ambiental durante largos años de la zona quemada. La energía de biomasa combinada, por ejemplo, con energía solar, permitiría convertir en autosuficientes energéticamente muchas instalaciones situadas en los bosques o en sus cercanías, con lo que se eliminaría parte del trazado eléctrico en el bosque, también causante de muchos incendis, aparte de que supondría una fuente de energía limpia no desestimable. Si tenemos la tecnología, si hay empresas dispuestas a realizar la gestión de los bosques, una gestión sostenible, es decir, retirar de forma segura la masa leñosa no aprovechable para madera, si al mismo tiempo se puede crear una fuente importante de lugares de trabajo para colectivos difíciles de incorporar al mundo laboral, si al mismo tiempo podemos incorporar a la red kilovatios de energía limpia, ¿a qué esperamos? Esperamos a que un Gobierno ágil, del siglo XXI, impulse los cambios legislativos necesarios para que las energías limpias dispongan de una prima que las haga competitivas con las energías contaminadoras; esperamos a que se establezca una línea de subsidios a los ayuntamientos para que instalen cadenas de biomasa para alimentar con energía limpia, por ejemplo, piscinas, polideportivos, albergues, oficinas forestales, etcétera; esperamos a que se impulse un plan de energía fotovoltaica que, combinada con la energía de la biomasa, anule un máximo de trazado de líneas de media tensión que atraviesan los bosques. Es de suma importancia que en la lucha contra el fuego el Gobierno tome en consideración definitivamente uno de los tres ingredientes de los incendios forestales: el combustible. Se deben acometer con urgencia los cambios legislativos necesarios para dar un primer impulso a la obtención de energía a partir de la biomasa procedente de los bosques mediterráneos. Por eso, además de apoyar la proposición del Grupo Socialista, pedimos que se vote a favor de nuestra enmienda para que la inminente y constante modificación del sector

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energético y eléctrico reciba instrucciones del Pleno del Congreso de que hay que tomar en consideración la biomasa forestal no solo como una fuente de energía limpia, sino como un objetivo elemental en la lucha contra los incendios. Así, esperamos que algún día no muy lejano podamos ver los bosques bien gestionados y mejor preparados para evitar los incendios forestales. (Rumores.)

Gracias, señorías, y también agradecería a las señorías que no escuchan, que hablasen en voz baja.


La señora VICEPRESIDENTA (Chacón i Piqueras): Gracias, señora Bonás.
Señores del primer banco del Grupo Popular, les ruego, por favor, que se mantengan en silencio durante los debates en esta tarde. (Rumores.) Señor Fernández Díaz, no ha dejado usted de hablar durante la intervención de la diputada. (Rumores.) Señor Fernández Díaz, no ha dejado usted de hablar ni un solo segundo durante la intervención de la diputada que, por dos veces, les ha pedido silencio. Por favor, si ustedes no quieren seguir el debate, auséntense del hemiciclo, pero no impidan el normal curso de los debates parlamentarios.


Continuamos con la última defensa de las enmiendas presentadas por el Grupo Parlamentario Popular en este caso. Tiene la palabra la señora Vázquez.


La señora VÁZQUEZ BLANCO: Señora presidenta, señorías, hoy debatimos aquí una proposición no de ley sobre medidas en materia de prevención y extinción de incendios forestales, presentada por el Grupo Socialista.
Hoy tengo que reconocer aquí, señor Quirós, que está usted irreconocible e interprételo en el mejor sentido. Únicamente le conocía por los "Diarios de Sesiones" y no me parecía usted el mismo después de la intervención que ha tenido esta tarde.


Tengo que comenzar recordando que las actuaciones propuestas no obedecen a una sensibilidad que lidera el Grupo Socialista, o en este caso el Gobierno Socialista que es lo mismo, sino que ya existe un marco de referencia bastante consolidado en la lucha contra los incendios forestales, gracias al esfuerzo del anterior Gobierno y, sobre todo, de las comunidades autónomas, que son las competentes en gran parte de esta materia de incendios forestales. El Grupo Popular celebra que el Grupo Socialista inste al Gobierno Socialista a que lo haga. Yo me pregunto, ¿por qué? ¿No están ustedes dispuestos a pasar este verano la vergüenza que pasaron el verano de 2004, cuando incluso tuvieron que facilitar datos erróneos en el caso del incendio de Huelva? En esta proposición no de ley le piden de todo al Gobierno. Saben que no ha hecho nada y por eso tienen necesidad de pedirle de todo: un pacto nacional contra el fuego, más medios, ayudas ante la Unión Europea para el levante y el sur de España. Sólo les faltaba especificar Jaén. No sé qué opinan de esto los diputados socialistas del resto de comunidades autónomas de España. Sin embargo, lo más extraño es que el autor de esta proposición no de ley sea el señor Quirós. Esto es lo que más me ha extrañado. El gran defensor de la ministra, el que el 20 de octubre, cuando comparecía la ministra en este Congreso de los Diputados, decía que los incendios que habían acontecido durante este verano no eran para tanto. Ahora se da cuenta usted y presenta una iniciativa, después de que ese día la portavoz del Grupo Popular, Teresa de Lara, le dijera que lo estaban haciendo francamente muy mal. Desde el 20 de octubre hasta ahora no se han dado cuenta de que no estaban haciendo nada y le dice usted a la ministra Narbona, a la que aquí todo el mundo aplaude desde su grupo, que no está haciendo nada y que se ponga, como diríamos nosotros, las pilas, y que empiece a hacer algo. ¿Verdad, señor Quirós?

El Partido Popular manifiesta su lealtad institucional para seguir avanzando en la política antiincendios, tan relevante para el bienestar de la sociedad española. Actitud ésta que no hemos encontrado por parte del Grupo Socialista, y que usted recordará de la anterior legislatura cuando estaba en la oposición, donde se crispaba el debate político a consecuencia de los incendios forestales, algo que ahora siguen haciendo en los parlamentos autonómicos. Le recuerdo que hace unos días en el Parlamento gallego el Partido Socialista debatía una iniciativa en la que se pedían mayores ayudas y recursos en la lucha contra los incendios, aprovechando un periodo de sequía y que los medios de comunicación estaban comentando la sequía que estaba sufriendo Galicia, porque decía que en incendios no se hacía nada.


Al señor Quirós le gusta Galicia porque en todas las intervenciones que ha hecho en materia de incendios forestales siempre ha hablado de Galicia, siempre lo tuvo presente excepto hoy. Hoy en esta iniciativa usted no lo pone por escrito y no se acuerda de Galicia. Cuando habla de evitar la confrontación política, ¿por qué no se lo dice a la ministra de Medio Ambiente que ha contado mentiras al referirse a los datos de los incendios de Galicia de 2004? Ha dicho que se habían quemado 117.000 hectáreas, en vez de decir 44.000. Y luego dice que se le ha interpretado mal. ¿Cómo quiere que entendamos este desfase numérico que ha tenido la ministra, como algo que se debe de interpretar? Lo que ha dicho la ministra ha sido una mentira y a conciencia para perjudicar a la Xunta de Galicia en el verano. ¿Por qué no se lo dice usted al señor Touriño? Le conocerá y si no le digo quién es. Es su candidato para la Xunta de Galicia en las próximas elecciones, que también el pasado verano cuestionó los datos que habían dado los técnicos, ya no los políticos, sino los técnicos de la Xunta de Galicia. Él se atrevió a cuestionarlos para en ese momento quitar una rentabilidad política y luego los utilizó en un debate en el Parlamento gallego para dar jaque mate, pero ya veremos el 19 de junio quién ha sido el matado y una vez que se vea quién fue el que intentó sacar provecho de estos incendios. Es divertido ver cómo el Partido Socialista pide en Galicia lo que el Gobierno Socialista niega en Madrid y mientras tanto, ¿qué hacen los diputados socialistas gallegos? Empiezo porque no los veo, pero después, una vez salga aprobada la iniciativa, aplaudirán, aunque perjudique a Galicia.


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Hagamos un análisis de lo que es esta proposición no de ley. Usted habla en la motivación de una tendencia a la baja en el año 2004, con casi 50.000 hectáreas quemadas en Andalucía usted dice que es una tendencia a la baja. ¿Con un incendio de dimensiones sin precedentes en 150 años en Huelva y Sevilla usted dice que es una tendencia a la baja? Después dice que es falta de implicación de la sociedad en general, que no se corresponde con el esfuerzo público que se realiza, y dice más: la sociedad debe hacer el análisis de los orígenes de los incendios. Señor Quirós, usted más bien parece un cabreado con la sociedad, y no le permitiré que culpe a la sociedad de los incendios forestales, usted no puede culpar a la sociedad española en general de los incendios; usted no puede decir que el Gobierno da más de lo que recibe de la sociedad; usted no puede pedir a los ciudadanos que investiguen los orígenes de los incendios, para eso están las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, para eso está esa enmienda en la que pedimos mayores efectivos de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado en la investigación y en la prevención de los incendios. Señor diputado, deje usted de arremeter contra los ciudadanos, dígale a su Gobierno que gobierne, y sea usted un poco más coherente en sus exposiciones.


En el primer punto habla usted de promover un pacto nacional contra el fuego. Me alegro de que se llevase a cabo esta propuesta, porque el 20 de octubre ya hizo usted referencia a que el consejero de Medio Ambiente de Galicia, señor Barreiro, le había hecho esta propuesta a la ministra, y ustedes hoy la aceptan y la proponen en este texto. Yo me alegro como gallega y los diputados gallegos del Partido Popular estamos enormemente satisfechos de que se recoja en esta iniciativa lo que en su momento había pedido la Xunta de Galicia. Señor Quirós, usted desde luego va a ser el mejor aval para la campaña electoral del Partido Popular en Galicia. Usted es de los que cree en la política de la Xunta, y hoy lo ha puesto de manifiesto al recoger aquí muchas medidas.


Por último, es inadmisible aceptar la distinción que realiza a favor de los montes protectores, así como que pida ayudas para las áreas más mediterráneas y del sur peninsular, porque hay que pedir ayudas para todos los montes, señor Quirós, y también para Galicia. ¿Por qué? Porque el 97 por ciento del monte gallego está en manos privadas y es muy difícil planificar la prevención. ¿Por qué? Porque tenemos mayor superficie arbolada; por ejemplo, tenemos 0,51 frente a Andalucía que tiene 0,29, teniendo en cuenta que no poseemos el último inventario de la Comunidad Autónoma de Andalucía. Usted le puede recordar al señor Chaves que lo envíe, porque así podremos tener unos datos más actuales, aunque también creo que si no tenemos los datos actuales, si no sabemos los árboles que tiene a día de hoy tampoco sabremos cuántos se le queman.


Otro dato, el índice de porcentaje de vegetación del ministerio del último mes nos dice que el más elevado se encuentra en Galicia. Usted que siempre está hablando de que en Galicia hay muchos incendios, que en Galicia es preocupante la situación de los incendios, en cambio, después no hace nada para remediar eso. Usted es también el mejor aval para que incluya a Galicia en esa iniciativa que ha presentado.


Otro punto insta al Gobierno a pedir ayudas ante la Unión Europea. La ministra Narbona no las pidió cuando el Partido Popular le dijo que las reclamase por el incendio de Andalucía. Al contrario, y como a usted le gusta siempre volver al pasado, le recuerdo que la ministra Elvira Rodríguez en el año 2003 sí las pidió a la Unión Europea y sí se las dieron. Por si fuese poco, para que vean lo que no hacen: El PP logra el apoyo de la Comisión de Política Regional del Parlamento Europeo para mantener las ayudas que reciben los agricultores a la prevención de incendios. ¡Qué vergüenza que tenga que pedirlo un grupo parlamentario y que el Gobierno de España a día de hoy todavía no lo haya pedido! ¡Qué vergüenza y qué lamentable, por otra parte!

La ministra de Medio Ambiente fue a Galicia y ofreció ayudas en materia de incendios. No sabemos nada, todo humo. La ministra de Agricultura anuncia después ayudas para los montes de Galicia, y resulta que ahora Galicia queda excluida. El próximo jueves el presidente Zapatero viajará a Galicia. ¿Cuál será ahora la propuesta? ¿Dirá que hoy queda Galicia excluida de estas ayudas? Algunos diputados, como los del Partido Popular, cuando nos levantamos por la mañana pensamos qué podemos hacer para ayudar a los demás. Ustedes, cuando se levantan por la mañana, piensan qué pueden hacer -permítame la expresión, señor Quirós- para fastidiar al Partido Popular, qué pueden hacer para criticar al Partido Popular. Frente a eso, le hago una recomendación: dígale a su ministra que gobierne, dígale a su ministra que pida ayudas para todos, dígale a su ministra que los gallegos pagamos impuestos y somos lo mismo que los andaluces y que el resto de España y que queremos esa igualdad. Después sí será una lucha de todos contra el fuego. Hoy vendrá después a decirnos: el Partido Popular se ha quedado otra vez solo. No. Se quedan ustedes, porque el Partido Popular y los diputados del Partido Popular de Galicia no van a votar hoy una iniciativa que discrimine a nuestros ciudadanos y a nuestros vecinos. Allá lo que hagan los diputados socialistas a los que hoy les pido que voten en conciencia.


Me gustaría finalizar con una expresión de nuestro presidente, Marín, porque habla mucho del ping-pong. Hoy he visto un claro partido de ping- pong en el que se pasan la pelota porque tienen que taparse unos a otros.
Me refiero al Grupo Mixto. Hoy he visto cómo tienen que callar en vista de los resultados que, a lo mejor, puedan tener en Galicia y del pacto que el Bloque Nacionalista Galego tiene aquí con Zapatero, al que está sometido. A ustedes también les digo: voten en conciencia. (Aplausos.)

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La señora VICEPRESIDENTA (Chacón i Piqueras): Gracias, señora Vázquez.


Turno de fijación de posiciones. Señor Mardones.


El señor MARDONES SEVILLA: Muchas gracias, señora presidenta.


Mi grupo va a votar favorablemente esta iniciativa que ha defendido el portavoz del Grupo Parlamentario Socialista. Voy al fondo de la cuestión, no a la forma, que no ha lugar. En el fondo, participamos de esa inquietud como una de las comunidades autónomas que ha venido sufriendo esta calamidad de los incendios forestales. Nosotros queremos dar nuestro apoyo a toda iniciativa parlamentaria en cualquiera de los escenarios posibles, bien en la conferencia sectorial de Medio Ambiente, bien en la conferencia sectorial de Agricultura, en la Industria, pero sobre todo en la de Medio Ambiente, competente en esta materia legislativa con las comunidades autónomas, que se esfuerza porque tiene que ser un efecto solidario y además de múltiples disciplinas, incluso con la participación de aquellas comunidades autónomas competentes en la lucha contra los incendios forestales que tienen además todos sus cuadros técnicos, sus brigadas de bomberos, sus brigadas especializadas en la prevención y control, etcétera, junto con la colaboración que las Fuerzas Armadas o las Fuerzas y Cuerpo de Seguridad del Estado prestan, bien en la persecución de pirómanos, bien en las labores de extinción con los zapadores del Ejército para la lucha contra los incendios forestales.


Si es deseo del grupo proponente la aceptación de las enmiendas que se han presentado, nosotros lo votaríamos también, porque, repito, sintonizamos con el fondo del problema, donde tiene que haber un efecto solidario, por supuesto respetando las competencias y recurriendo también a la Unión Europea para ayudas, auxilios, etcétera, dado que los incendios forestales tienen una sintomatología muy común. Si se aceptan las enmiendas, apoyaríamos la del Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana, pero extendiéndola a aquella biomasa o masas forestales que no son solo mediterráneas, porque en Canarias la flora y los bosques no son de tipo mediterráneo, sino de tipo atlántico con endemismos como la laurisilva y el pinar canario que son propios de allí. Nos sumaríamos porque se quema tanto el bosque mediterráneo, como el bosque atlántico.
Lo suscribiríamos plenamente si se aceptara que junto al bosque mediterráneo, se añada el bosque atlántico o de los endemismos propios de los archipiélagos atlánticos.


Muchas gracias, señora presidenta.


La señora VICEPRESIDENTA(Chacón i Piqueras): A usted, señor Mardones.


Tiene la palabra la señora Navarro, para fijar la posición del Grupo Parlamentario de Izquierda Verde-Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya Verds.


La señora NAVARRO CASILLAS: Gracias, señora presidenta.


Estoy un poco sorprendida porque el Grupo Parlamentario Popular pide ayudas para todo, pero nos ha hecho una intervención centrada exclusivamente en Galicia. ¿Será porque estamos en período preelectoral? Es un misterio. Me lo pregunto. También me pregunto quién gobierna en Galicia, porque parece que es solo el Gobierno central, que por cierto lleva un año gobernando, el que no ha hecho nada, pero allí hay un gobierno autonómico que tendrá algo que ver con todo lo que se ha manifestado. Son preguntas que uno se hace quizá sin respuesta o con respuesta sencilla en realidad. La verdad es que no sé cómo se levantaran los diputados del Partido Popular ni los del Partido Socialista por las mañanas, pero seguro que algunos del Partido Popular con una venda en los ojos, porque el que no quiere ver se pone una venda y sigue adelante y con intervenciones como la que hemos escuchado.


Respecto de la proposición no de ley, a nuestro grupo, Izquierda Verde, lo que no nos gusta es la técnica parlamentaria porque, siendo como es una proposición que se presenta por el grupo que sustenta al Gobierno, parece que en algo nos recuerda a lo que ocurrió en anteriores legislaturas en las que el Grupo Popular hacía lo mismo y no se acababa de entender. Nos parecería mucho más efectivo que se hubiese presentado por el Gobierno una propuesta concreta y elaborada y que estuviéramos debatiendo su contenido.


Hay que recordar que la conferencia sectorial se celebró en octubre de 2004, donde se vieron puntos en común y acuerdos concretos en la lucha contra el fuego. Han pasado seis meses y ahora podríamos tener una propuesta articulada por parte del Gobierno, pero lo que se ha presentado es una proposición no de ley con puntos tan genéricos que estamos de acuerdo con ellos y no permiten votar en su contra; quizás si estuviésemos hablando del texto articulado encontraríamos puntos de discrepancia.


Compartimos la necesidad y la urgencia de abordar la lucha contra el fuego, contra los incendios forestales. Somos conscientes de la magnitud del problema que supone para nuestro medio ambiente y las gravísimas repercusiones económicas y sociales que las zonas afectadas tienen para todo el entorno, incluida, cómo no, la calidad de vida de los habitantes.
Sin embargo, no podemos compartir la lectura que se contiene en la exposición de motivos, en la que sorprendentemente se dice que el problema actual no reside tanto en la disposición de medios y las políticas de prevención como en la implicación de la sociedad en general.
Entendemos que esta afirmación es muy grave, en primer lugar porque se trata de un discurso autocomplaciente del Grupo Socialista que no acabamos de entender; en segundo lugar, es irresponsable, porque supone cargar la eficacia de la lucha contra los incendios forestales en los ciudadanos, algo también incomprensible; en tercer lugar, y en relación con el

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punto anterior, es falso e incluso ofensivo, ya que los primeros en llegar y en volcarse en la búsqueda de soluciones a estas catástrofes son precisamente los vecinos, la sociedad en general, que da muestras de solidaridad, y quien por desgracia no responde adecuadamente en numerosas ocasiones son las administraciones públicas, lo que desde aquí hemos de evitar y debemos poner solución a esta inadecuada actuación. No decimos nada nuevo cuando pedimos más medios y recursos, más coordinación, más cooperación en la lucha contra el fuego. Esta es la cuestión y no nos desviemos hablando de si los ciudadanos actúan o no actúan. Evidentemente es necesaria esa implicación y concienciación social, pero situemos la responsabilidad en su sitio: reside aquí, en el Gobierno, en todas las administraciones públicas implicadas, incluida la gallega.


En cuanto a la parte dispositiva de la proposición no de ley, no nos gusta el enfoque negativo del primer punto que emplea el término excluyente para aludir a la confrontación política. Es evidente que no se deben emplear estas situaciones como arma política, pero lo correcto hubiera sido plantear la propuesta en positivo incidiendo en la cooperación eficaz entre las distintas administraciones públicas.


El punto tercero nos parece innecesario. Estamos de acuerdo con la enmienda de supresión del Bloque Nacionalista Galego porque no se trata de que se siga mejorando. El plan nacional debería recoger un capítulo entero sobre actuaciones y respuestas coordinadas de los medios disponibles en todo el territorio del Estado. Lo lógico es que hubiera una regulación legal para dar una respuesta inmediata y coordinada de todos los recursos disponibles, una respuesta en los cuatro niveles: prevención -acciones de prevención eficaces entre las que se enmarquen las de sensibilización e implicación ciudadana-, detección -detección precoz de esas situaciones-, reacción -reacción eficaz en la extinción de incendios y evacuación de los afectados-, y, por supuesto, restauración.


Gracias.


La señora VICEPRESIDENTA (Chacón i Piqueras): Gracias, señora Navarro.


Para fijar la posición del Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV), el señor Beloki tiene la palabra.


El señor BELOKI GUERRA: Señora presidenta, señorías, el Grupo Parlamentario Socialista nos presenta hoy una proposición no de ley que titula sobre medidas en materia de prevención y extinción de incendios forestales. Se trata de una proposición no de ley en la que sobre una argumentación que me atrevo a calificar incluso de estrambótica, y no solo de sorprendente, como decía la representante de Izquierda Unida, pretende sacar adelante cuatro puntos, tres de ellos dedicados a una serie de medidas que no voy a explicitar, que más que medidas habría que decir que son propuestas muy genéricas, y una última medida en la que el Grupo Socialista propone ni más ni menos que este tema quede fuera de la confrontación política, valiéndose para ello -y ahí es nada- de un pacto que califica de nacional contra el fuego.


El posicionamiento de mi grupo ante esta proposición no de ley puede resumirse en los siguientes términos. En primer lugar, como he dicho anteriormente, nos parece un tanto estrambótico el razonamiento en el que se basan las medidas que se proponen. Esto seguramente no es solo anecdótico sino sintomático, y algo tienen que ver las propuestas que luego se hacen de acuerdo con este razonamiento. ¿Por qué lo califico de estrambótico? Solo citaré un texto que hasta el momento creo que nadie ha citado. Dice: El ser humano es clave en la generación del problema y la sociedad y las administraciones de forma conjunta deben serlo en la búsqueda de soluciones para el mismo, por lo que se necesita una colaboración sin límites por parte de todas las administraciones y la implicación de la sociedad en general. ¿Qué significa esto? ¿Qué significa en concreto colaboración sin límites? Suponemos que no significa sin atender a la distribución competencial; suponemos que no significa sin establecimiento en cada caso de las responsabilidades que suele haber; suponemos que no significa sin las medidas que cada responsable administrativo en el nivel competencial que le corresponda debe tomar para evitarlo tanto a nivel preventivo como para hacer que se apaguen los fuegos; suponemos que no significa sin procedimientos, sin protocolos de actuación; en fin, suponemos que no significa sin orden ni concierto. Entonces ¿qué significa sin límites? Yo no lo entiendo. Podría citar otros apartados del preámbulo que les ahorro.


En segundo lugar, es evidente que hay que actuar en el campo preventivo -es ahí donde hay que actuar sobre todo y en lo que hay que insistir-, pero puestos a hablar de la prevención hay que hacerlo en serio, notablemente más en serio de lo que lo hace esta proposición no de ley.
Mi grupo se pregunta a qué se refiere el Grupo Socialista cuando habla de lograr que los ciudadanos del medio rural se impliquen. ¿Implicarse en qué? ¿En labores policiales o cuasi policiales -como parecen sugerir-, o desde una visión más amplia, que sería la mía, que se impliquen a partir del conjunto de las medidas que hagan que el ciudadano del medio rural se vea plenamente inserto en ese mundo rural? Y para que el ciudadano del mundo rural se vea plenamente inserto y lo defienda también cuando venga el fuego o cuando alguien grite fuego hay que hablar, por ejemplo, de los planes de desarrollo rural. ¿Cómo se quiere que el ciudadano del mundo rural esté implicado hasta donde debe estarlo en el tema del fuego si resulta ser que luego, por falta de medidas en los planes de desarrollo rural, se siente más bien como en fase de transición a la ciudad? Por tanto, si vamos a hablar de implicación del ciudadano rural, habría que hablar de los planes de desarrollo rural, habría que hablar por lo mismo del ministerio y de los organismos competentes en este tema y no menos habría que hablar de estrategias

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ambientales de desarrollo sostenible en este campo. Eso sería hacer que el ciudadano del mundo rural se implique en su mundo, se inserte en ese mundo, que lo sienta como suyo, que trabaje, que vea futuro en ese mundo y que lo defienda también contra el fuego, pero no es este el planteamiento que yo entiendo que subyace en la proposición no de ley del Grupo Socialista.


En tercer lugar, en otro de los puntos sobre los que mi grupo se posiciona se habla de mejorar los medios y la coordinación en materia de extinción con las comunidades autónomas, pero esto es como decir al trabajador que tiene que trabajar. ¿Cómo se puede requerir ningún pacto nacional para decir que las administraciones ante el hecho del fuego en este caso se tienen que coordinar? Eso es una obviedad que en ningún caso debiera plantearse bajo la fórmula necesaria supuestamente de un pacto que se llama nacional contra el fuego para que las administraciones se coordinen cuando hay fuego en algún sitio. Me parece un despropósito y creo sinceramente que no es necesario, pues en la propia proposición no de ley se habla de que los temas van razonablemente bien y se cita la conferencia sectorial celebrada en Mérida. Luego para esto tampoco haría falta en absoluto que se trabajara en la elaboración de un supuesto pacto nacional contra el fuego.


Finalmente -este es el cuarto posicionamiento de mi grupo y el más importante-, nosotros somos muy poco partidarios de este tipo de pactos, y no lo somos porque no creemos en su efectividad. Nosotros no creemos que este pacto sea efectivo en los términos en los que el Grupo Socialista lo propone, entre otras cosas, porque observamos que curiosamente este tipo de pactos se plantean en áreas donde las competencias han sido transferidas. Hoy mismo en este Congreso vamos a hablar de supuestamente dos pactos nacionales, uno en el ámbito del fuego, donde como alguien ha insistido anteriormente las competencias están mayoritariamente transmitidas a las comunidades autónomas, y luego hablaremos de la vivienda, donde las competencias son prácticamente en su totalidad de las comunidades autónomas. ¿Por qué no hablamos de un pacto para la transición a la sociedad digital? Se nos hacen aquí las propuestas de ley sin pacto y sin que nadie plantee su necesidad. Podría poner multitud de ejemplos en los que las cosas van caminando al ritmo que yo creo que deben caminar y en otras, como en esta, se proponen vías que a mi juicio son totalmente -iba a decir inútiles- ineficaces. En este tema de los pactos, teniendo en cuenta los días en que estamos, tampoco es para sentirse muy cómodos. Nosotros somos muy incrédulos con respecto a este tipo de pactos. Podríamos hablar de pactos estatutarios y vemos que todos los días se habla aquí mismo del pacto antiterrorista, que fíjese usted cómo marcha. Observamos que cada día hay menos personas que creen en este tipo de pactos y ahora se nos traen dos pactos nacionales ni más ni menos que contra el fuego y sobre la vivienda.
Sinceramente nos parece que no procede, que no es la vía para hacer lo que en su caso hubiera que hacer contra el fuego. Además, entendemos que a partir de la proposición no de ley no hay contenido para ningún pacto de este tipo, salvo que en el mismo incluyamos obviedades como que tenemos que coordinarnos y hacer no sé qué cosas que hay que hacer con pacto, sin pacto, con ley o sin ley, porque de leyes andamos sobrados y de necesidades de coordinación y de planteamientos de coordinación también, si se hiciera debidamente caso de los mismos y se aplicaran.


Resumiendo, es evidente que el problema del fuego es grave. ¿Es necesario lograr una mayor implicación de los ciudadanos del mundo rural? De todos.
Ahora bien, insisto, haga usted que el ciudadano se integre antes de que le llegue el fuego para que esté bien implicado, no espere a que cuando le llegue el fuego esté todo lo implicado que debiera estar y que estaría de seguro si los planes de desarrollo rural fueran hechos en los términos en que se debieran hacer. ¿Que es necesario que cada nivel institucional con responsabilidades en este campo mejore los medios y todos ellos mejoren la coordinación? Mi grupo no lo duda en absoluto, eso también es una obviedad. ¿Que debiera tenerse sumo cuidado en no someter los incendios forestales a la confrontación política? Mi grupo no lo hará; no lo ha hecho en el pasado, no lo hace en el presente ni lo va a hacer en el futuro. En todo caso, lo que tiene que quedar claro es que hay responsabilidades cada vez que ocurre una de estas cosas, según las competencias que cada cual tenga, y eso no es obviable con ningún pacto; cada cual tendrá las responsabilidades que tenga y a ellas deberá responder. Si para todo ello se desea que la Unión Europea consigne medidas y dinero dentro de un programa de desarrollo rural, pues muy bien, nadie va a objetarlo. Seguramente le hablarán de que dentro de los programas de desarrollo rural hay muchos temas que hay que considerar además de esos, pero en cualquier caso todo ello nos parece una obviedad, tan obvio como que a juicio de este grupo constituye un exceso sin mayor utilidad, sin mayor sentido, plantear a través de una proposición no de ley que se haga un pacto nacional contra el fuego, de ahí que mi grupo estará en contra.


Muchas gracias.


La señora VICEPRESIDENTA (Chacón Piqueras): Gracias, señor Beloki.


Finalizamos con el turno del señor Guinart, en nombre del Grupo Parlamentario de Convergència i Unió.


El señor GUINART SOLÁ: Gracias, señora presidenta.


Señorías, intervengo para fijar la posición de Convergència i Unió ante la proposición no de ley socialista en materia de prevención y extinción de incendios. La referencia anterior a esta proposición debemos situarla en el debate del mes de septiembre sobre la interpelación urgente del Grupo Popular a la que el Grupo Socialista proponía una enmienda en la que ya hablaba de este pacto nacional contra el fuego. Nuestro grupo apoyó aquella moción y se pronunció entonces favorablemente a la

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anunciada voluntad del Grupo Socialista de ese gran pacto que, entre otras cosas, dejara de lado los inevitables incendios forestales de cada verano del debate partidista y su uso como arma arrojadiza coyuntural de unos contra otros, según el color del Gobierno del Estado o de la comunidad autónoma correspondiente. Estábamos en septiembre del año pasado y estamos ya a finales de abril, más de medio año más tarde, el calor empieza a insinuarse y ahora, cuando se acerca el verano y la época caliente para los incendios forestales, el Grupo Socialista plantea que se inste al Gobierno al impulso y la promocione de este pacto. Parece que podía haberse hecho inmediatamente después del anuncio realizado en septiembre. Si hubiera una verdadera y profunda voluntad de establecer este pacto, no creemos que el Gobierno necesite que el Parlamento le inste formalmente a su impulso y de esta forma -lo ha dicho hace un momento la portavoz de Iniciativa per Catalunya-, a través de esta proposición no de ley, porque el Gobierno podía haber actuado motu proprio. A estas alturas del calendario difícilmente este pacto puede estar concluido para la temporada alta de los incendios forestales. No comprendemos por qué se ha retrasado tanto, ¿o es que esta proposición no de ley no es más que una argucia para ganar tiempo o para curarse en salud preventivamente ante la próxima y probable avalancha de incendios forestales de este verano, ya que, como decía la señora Bonás, estamos registrando el abril menos lluvioso de los últimos años y esto augura un verano muy seco y de alto riesgo?

En cualquier caso, nuestro grupo será coherente con la opinión ya manifestada en aquella ocasión y apoyará la proposición socialista sin pedir un calendario para su materialización, como sería deseable dada la naturaleza de un pacto que no depende solo de una parte sino de varias y es siempre compleja su negociación, pero, eso sí, urgiendo a su concreción en contraposición a la lentitud que hasta ahora hemos apreciado en este tema a pesar de las buenas palabras. Vamos a votar a favor de esta proposición porque creemos realmente necesario este pacto dada la importancia de los incendios forestales en la Península, que no es un tema menor ni secundario sino que afecta e impacta a nuestra comunidad, también a nuestra economía, y porque desearíamos que este asunto no fuera utilizado en función de cada caso y coyunturalmente como instrumento y arma de confrontación política, ya que prevenir, extinguir y restaurar los daños causados ha de ser de interés superior al que pueda darse legítimamente en la confrontación política. En segundo lugar, entendemos que la redacción de los cuatro puntos de la parte dispositiva respeta las competencias de las autonomías. La redacción insiste en este respeto y las cita permanentemente para que participen con el Estado en las políticas a fijar en este ámbito y también a nivel de relaciones con la Unión Europea, lo que nos parece importante que se explicite y que se concrete negro sobre blanco, así como hace énfasis en la necesaria prevención e implicación de la sociedad del mundo rural en la actuación ante esta lacra de los fuegos forestales. Respecto a la problemática -nosotros insistimos en ello en nuestra anterior intervención- de la gestión del medio rural, si no es rentable la actuación en el medio rural difícilmente se podrán prevenir a medio y largo plazo los incendios forestales. No es ocioso para nosotros -lo que abunda no sobra- la cita sobre la necesaria mejora de los medios materiales para la extinción y para la prevención y, lógicamente, la coordinación con las autonomías para hacer más eficaz tanto la prevención como la extinción de incendios.
Nos parece acertada la mención a la Unión Europea en cuanto a hacerles entender la problemática específica de la climatología del sur de Europa, entendiendo como clima mediterráneo el que afecta a toda la Península, como explican algunos tratados de geografía, con lo cual no habría ninguna exclusión de ningún territorio de la Península en el concepto expresado en el punto 4, como por ejemplo Galicia.


Finalmente, quiero comentar que en el desarrollo futuro del pacto se tenga en cuenta a las corporaciones locales, ayuntamientos, diputaciones, porque en su situación de proximidad, de inmediatez en relación con esta problemática pueden y deben aportar actuaciones que mejorarán la eficacia en cuanto a prevención y extinción tanto en los caminos rurales para poder llegar a las zonas de riesgo, prohibir el acceso a según qué ámbitos en situaciones de riesgo, el conocimiento próximo de los propietarios privados de zonas boscosas, la necesidad de ayuda en el mantenimiento del sotobosque, etcétera. Es decir, si no se cuenta con las corporaciones locales difícilmente se podrán conseguir resultados eficaces en este pacto. Por otro lado, deben contemplarse en el desarrollo del pacto medidas urgentes de restauración de los daños causados por incendios forestales. Debería establecerse un marco estable, objetivo, automático y que no fuera necesario que el Gobierno cada año tuviera que dictar medidas urgentes para la restauración de los daños causados. Deberían conocerse con objetividad y de antemano cuáles son las condiciones para recibir esas ayudas y qué tipo de ayudas son.


Nuestro grupo va a participar en la negociación en desarrollo de este pacto anunciado y, lógicamente, va a defender las competencias de las comunidades autónomas y las tareas de coordinación necesarias para obtener resultados en este cometido.


Muchas gracias, señora presidenta.


La señora VICEPRESIDENTA (Chacón i Piqueras): Gracias, señor Guinart.


Señor Quirós, tiene la palabra para aceptar o rechazar las enmiendas presentadas.


El señor QUIRÓS PULGAR: Gracias, señora presidenta.


Se han presentado varias enmiendas a cada uno de los puntos de esta proposición no de ley y este grupo parlamentario estaría en disposición de llegar a una transaccional

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en cuanto al punto 1 relativo al pacto contra el fuego. Este punto ha sido enmendado por el Grupo Parlamentario Popular y por el Grupo Mixto y estamos dispuestos a que aparezca la expresión "conjuntamente con las comunidades autónomas". Se trata de cerrar así el texto definitivo de este punto 1.


En cuanto a la enmienda que se ha presentado al punto 2, del Grupo Parlamentario Popular, no la vamos a aceptar ya que es una medida recogida en los acuerdos de la Conferencia Sectorial de Medio Ambiente sobre prevención y lucha contra los incendios forestales, en el apartado de prevención y persecución del delito y de las infracciones administrativas, y por ello tendríamos que incluir las otras 27 medidas aprobadas ese día dicha conferencia sectorial. Este documento, que conocen todas las comunidades autónomas y el Gobierno, fue aprobado el día 29...


La señora VICEPRESIDENTA (Chacón i Piqueras): Señor Quirós, por favor, no reabra el debate; simplemente diga las enmiendas que acepta, las que rechaza y las transaccionales que ofrece. Una cosa es que explique las razones y otra distinta que reabra el debate.


El señor QUIRÓS PULGAR: Estoy intentando no abrir el debate, señora vicepresidenta.


La señora VICEPRESIDENTA (Chacón i Piqueras): Se lo agradezco.


El señor QUIRÓS PULGAR: Al punto 3 se han presentado dos enmiendas, una de adición del Grupo Parlamentario Popular que no vamos a aceptar porque no añade nada nuevo a lo ya acordado en la conferencia sectorial, y otra del Grupo Parlamentario Mixto, de supresión, que tampoco vamos a aceptar porque consideramos que se debe ir mejorando la coordinación con las comunidades autónomas en la extinción de los incendios forestales.


Estamos dispuestos a transaccionar el punto número 4, al que se han presentado enmiendas por el Grupo Parlamentario Popular y el Grupo Parlamentario Mixto, en el sentido de suprimir la palabra proteccionista, cuando entendemos que es lo que realmente debemos presentar ante la Unión Europea para que esa singularidad sea reconocida y recibamos ese tipo de ayuda. Consideramos que están recogidos todos los territorios de España, así lo dice el punto 4 - hay que leérselo bien-, pero estamos dispuestos a llegar a una transaccional para que ningún territorio de este Estado quede marginado. Por eso proponemos llegar a una transaccional también en el punto número 4.


La señora VICEPRESIDENTA (Chacón i Piqueras): Yo le propongo que por favor lo pase por escrito a esta Presidencia, que lo hará llegar al resto de grupos parlamentarios, porque me parece muy generoso por su parte que piense que tenemos capacidad para concluir cuáles son las transaccionales, las enmiendas aceptadas y las rechazadas después de su exposición. Gracias, señor Quirós.


- DEL GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR EN EL CONGRESO, RELATIVA A LA PRECEPTIVA AUDIENCIA, CONSULTA Y AUTORIZACIÓN DE LOS RESPONSABLES DE LA CUSTODIA DE LOS FONDOS DOCUMENTALES DEL ARCHIVO DE SALAMANCA. (Número de expediente 162/000325.)

La señora VICEPRESIDENTA (Chacón i Piqueras): Señorías, pasamos a la siguiente proposición no de ley, del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, relativa a la preceptiva audiencia, consulta y autorización de los responsables de la custodia de los fondos documentales del Archivo de Salamanca. Para la defensa de la proposición no de ley, tiene la palabra la señora Rodríguez-Salmones. (El señor Quirós pide la palabra.)

Dígame, señor Quirós.


El señor QUIRÓS PULGAR: Perdone, señora vicepresidenta, pero con las prisas se me ha olvidado la enmienda que ha presentado Esquerra Republicana. Coincidimos plenamente con la enmienda, pero está también recogida en la conferencia sectorial en los apartados...


La señora VICEPRESIDENTA (Chacón i Piqueras): Señor Quirós, cuando pase usted a esta Presidencia el escrito resultante de sus conclusiones sobre las enmiendas presentadas lo conocerá el Grupo de Esquerra Republicana, pero no continúe con sus argumentos porque ya habíamos pasado al punto siguiente.


El señor QUIRÓS PULGAR: Es que es una transaccional.


La señor VICEPRESIDENTA (Chacón i Piqueras): Muy bien, pues manifieste también por escrito si rechaza o acepta esa enmienda.


El señor QUIRÓS PULGAR: Gracias, señora vicepresidenta.


La señora VICEPRESIDENTA (Chacón i Piqueras): Tiene la palabra, señora Rodríguez-Salmones.


La señora RODRÍGUEZ-SALMONES CABEZA: Muchas gracias, señora vicepresidenta.


Señorías, nuestro grupo parlamentario trae hoy aquí una proposición no de ley en relación con la forma de tramitación del proyecto que tenemos en este momento en la Cámara sobre la devolución de determinados documentos que en la actualidad están en el Archivo de Salamanca. Quiero acotar bien esta cuestión porque estoy hablando de la tramitación, por lo tanto de lo que parece una cuestión formal, pero bien sabemos todos que en democracia fondo y forma van asociados y son indisolubles. Nosotros creemos que naturalmente el Gobierno tiene la iniciativa legislativa, que esta Cámara es soberana, que se pueden hacer leyes nos gusten o no, pero hay

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que respetar los procedimientos, entre otras cosas, para no elaborar leyes que creen inseguridad jurídica que luego pueda dar lugar a múltiples recursos, como puede suceder en este caso. Cuando el pasado 18 de mayo, no hace todavía una año, esta Cámara dio un mandato al Gobierno para que una vez más volviera a buscar una solución al problema que nos ocupa, se encontró con un mandato parlamentario para solucionar una cuestión que tenía dos intereses que había que armonizar y conjugar: los comprensibles, respetables y legítimos deseos de recuperar determinados documentos por parte de algunos particulares e instituciones públicas y privadas y la obligación del Gobierno de custodiar el patrimonio común.
Se trataba no de dar respuesta a uno u otro problema sino a los dos, de encontrar la vía de armonizar estos dos legítimos y obligatorios deberes en materia de custodia. Y quiero decir que nos parecen respetables, legítimas y comprensibles las demandas de recuperación de determinados documentos. Además, saben ustedes muy bien que determinadas personas de nuestro propio partido así lo han demandado, lo que nunca han dicho es que no hubiera que armonizar ambas cuestiones en liza. Ese era el mandato al Gobierno. Esta Cámara dijo que para este mandato eran necesarios dos informes: el del Patronato de Salamanca y el de la Junta Superior de Archivos, que son preceptivos. Veo que por ahí se ríe alguien. A nosotros sí nos parecen muy respetables las juntas superiores de archivos, no nos dan risa los archiveros en sus órganos máximos. Estas dos instituciones son los órganos máximos consultivos, están presididos por la señora ministra de Cultura y esta Cámara dijo que había que pedir sus informes.
Un año después nos encontramos con un proyecto de ley que aborda solo una de las cuestiones (la devolución) y no su deber de custodia, no armoniza estas dos cuestiones, y además nos hurta los dos documentos que este Parlamento le había pedido. A esta ministra le sucede a menudo que por cada solución plantea 10 problemas; es una experta en llenar de problemas las soluciones. Hoy nos encontramos con que un mandato parlamentario no se ha cumplido y unos informes preceptivos tanto del Patronato como de la Junta Superior de Archivos no se han aportado, por lo que desconocemos su opinión, y estamos legislando vulnerando el artículo 109 de nuestro Reglamento, el artículo 22 de la Ley de Gobierno y la obligación tanto del Gobierno de conocer en el trámite prelegislativo todos los argumentos y los informes como la nuestra de legislar con absoluto conocimiento de causa. Es preceptivo, era necesario y se nos está hurtando. ¿Y por qué se nos está hurtando? Se nos está hurtando, primero, porque se ha trabajado muy mal. A este departamento una vez más, en su frivolidad, se le ha pasado un año y no ha reunido a estas instituciones. Se ha trabajado muy mal y además se está cautivo de unos socios parlamentarios que respetamos pero que desde el minuto cero sabían que este iba a ser el texto. Por último, y como consecuencia de todo ello, se ha tenido miedo y no se han atrevido a pedir a estos dos órganos consultivos -insisto, preceptivos, necesarios y mandatados por este Gobierno- su opinión sobre las consecuencias que se derivarían de este acto, y hoy no sabemos cuáles son. ¿Era una cuestión difícil de armonizar? En estos casi 30 años que llevamos de democracia se han abordado cuestiones muy difíciles, mucho más difíciles que ésta, se han armonizado intereses mucho más difíciles de armonizar. Señores del PNV, ustedes saben muy bien que cuando nosotros estábamos en minoría hubo una verdadera demanda en el País Vasco para que fuera el Guernica, era un clamor no del Gobierno vasco, no de su grupo parlamentario sino de todos los ciudadanos, y se consultó a los expertos - no a unos expertos ad hoc sino a los que tenían que ser- que dijeron que no podía ser y eso se aceptó por una y otra parte. Por cierto, pienso que quizá ahora es un buen momento para que ustedes lo pidan y cuando formen gobierno se lo enrollan y se lo mandan porque este Gobierno claramente administra el patrimonio como le convenga políticamente.
(Rumores.)

Sencillamente, no sabemos adónde vamos. Voy a poner un ejemplo. Leído el texto del proyecto de ley, leído el informe de los llamados expertos -que no lo son, porque entre otras cosas decían que no hacía falta una ley y aquí estamos tramitando una-, creo que los ayuntamientos pueden pedir todos sus documentos. Saben ustedes el argumento que da la ministra cuando le preguntan: ¿Y los ayuntamientos qué? Dice: Los ayuntamientos no son nuestra preocupación. ¿Saben por qué? Porque nunca fueron disueltos durante la dictadura. ¡Vaya un argumento! ¿A quién sugiere que pidieran los documentos los ayuntamientos? ¿A Carrero Blanco? ¿Había que pedir los papeles de la represión al represor? No sabemos adónde vamos y, desde luego, la ministra mucho menos que nosotros.


Nosotros hemos pedido que estos informes lleguen a esta Cámara. Sé que esta mañana la Mesa no ha considerado esta petición y ya sabíamos que no iba a suspender la tramitación. Estos documentos son absolutamente necesarios. Podrán ustedes usar los argumentos que quieran, pero saben tan bien como yo que estos documentos que reclamamos son preceptivos y necesarios para saber lo que estamos haciendo y para hacer leyes justas, que den seguridad jurídica.


Muchas gracias. (Aplausos.)

La señora VICEPRESIDENTA (Chacón i Piqueras): Gracias, señora Rodríguez-Salmones.


Comenzamos con el turno de fijación de posiciones. En primer lugar, por el Grupo Parlamentario Mixto, tiene la palabra el señor Rodríguez Sánchez.


Les rogaría que le pusieran las cosas más fáciles de lo que se lo han puesto a la señora Rodríguez-Salmones, a quien desde aquí pido disculpas.


El señor RODRÍGUEZ SÁNCHEZ: Gracias, señora presidenta.


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Señoras y señores diputados, el Bloque Nacionalista Galego cree que se intenta ocultar en una cuestión de método o de forma lo que es una profunda oposición al traslado de los archivos de la Generalitat republicana depositados en Salamanca a la Generalitat restaurada. En definitiva, se trata de intentar consumar, a través de una ceremonia deambulante, un expolio que se hizo brutal e ilegalmente. Hubo, señorías, y hay que recordarlo, un ecuánime informe de una comisión de expertos. Es probable que sea muy interesante recurrir a más organismos, pero sin duda cualquiera de los organismos citados, llámese Patronato del Archivo de Salamanca, Junta Superior de Archivos y no digamos ya Gobierno de Castilla y León, tiene menos cualificación desde el punto de vista científico y desde el punto de vista archivístico que la comisión de expertos que se articuló para opinar de esta cuestión. No sabemos si lo que se intenta es, con informes de carácter negativo, mantener una agitación continua respecto de este problema, ya que nosotros, respetuosamente, tenemos que decir que los organismos a los que se intenta pedir un dictamen o a los que se intenta dar audiencia, tienen en un caso un carácter sesgadamante partidista y en otros casos un carácter suficientemente inclinado a una visión localista y españolista de los problemas, que no es lo que debemos debatir en este momento.


En todo caso, para el Bloque Nacionalista Galego, el Consejo de Ministros aprobó en su sesión del 15 de abril de 2005 ... (Rumores.)

La señora VICEPRESIDENTA (Chacón i Piqueras): Señor Rodríguez Sánchez, disculpe.


Señorías, por favor, lo están poniendo muy difícil esta tarde. Les vuelvo a solicitar silencio por tercera vez durante el debate de hoy. Es casi imposible que la persona que está haciendo uso de la palabra pueda concentrarse en lo que está haciendo. Si no quieren estar en el hemiciclo, auséntense, pero permitan el normal curso del debate de hoy.


Adelante, señor Rodríguez.


El señor RODRÍGUEZ SÁNCHEZ: Decía que el Consejo de Ministros aprobó en su sesión de 15 de abril de 2005 un proyecto de ley al respecto que el Bloque Nacionalista Galego considera justo, utilizando exactamente las palabras de la señora Rodríguez-Salmones; un proyecto que consiste en devolver los documentos incautados, tanto los oficiales como los pertenecientes a personas físicas o jurídicas particulares. Fueron incautados conforme a un decreto, de 26 de abril 1938, que iba destinado a conseguir información para el Estado referente a la actuación de sus enemigos. La forma de devolverlos, tratándose de documentos de la Generalitat y del Parlament, a través de una comisión mixta con un período de tiempo preciso, nos parece correcta, y que sea un período de tiempo más largo para los casos de particulares también sin duda va a dar seguridad jurídica al problema. Sorprende que el Consejo de Ministros diga que los duplicados tienen que pagarlos la Generalitat, en una especie de inclinación abusiva a que tengan que pagar aquellos que fueron robados y también deja claro, por si hay alguna duda sobre la españolidad, que las copias que quedan en Salamanca -que quedan copias- son copias auténticas y encima se le compensa a la ciudad con un nuevo centro de la memoria histórica entre 1936 y 1975.


Realmente, nosotros pensamos que el Gobierno hace bien en atender la reclamación de la Comisión de la Dignidad que lleva movilizando a la sociedad catalana prácticamente, entre unas cosas y otras, 30 años. No creo que en un Estado democrático sea normal esperar 30 años para conseguir un objetivo -vuelvo a repetir- tan justo. No es, desde nuestro punto de vista, aunque no tiene nada de ilegítimo, una cesión a cualquier movimiento de carácter independentista, que sería lógico, de acuerdo a una serie de coincidencias de carácter parlamentario. En todo caso, señorías, llama la atención la reacción descomunal, desproporcionada y significativa contra esta devolución, que sigue tratando como enemigos a una parte de los ciudadanos del Estado español. No cabe duda que esto es así cuando el señor Acebes, un alto representante del Partido Popular, dice que la devolución significa la ruptura del patrimonio nacional y lo identifica con la retirada de estatuas de Franco, con la reforma de los estatutos y con que Batasuna tenga presencia en el Parlamento vasco.
Llama la atención este tótum revolútum que sin duda intenta, primero, crear agitación con la idea de la que la unidad de España está en peligro y, segundo -una cuestión que desde nuestro punto de vista es más grave todavía-, dar a entender que se trata de un expolio en una inversión de la historia incalificable. Con estas conductas lo que se está haciendo es identificar nación española con barbarie; Estado español con robo: nación vencedora, nación única, Estado español, contra naciones vencidas; Generalitat y Parlament de Catalunya no son Estado español, hay una España imperial antidemocrática que no acepta el carácter plurinacional del Estado y que somete la historia y la ciencia a este tipo de criterios.


Quiero decirles una cuestión. En teoría científica, en archivística - por cierto los señores de la Junta Superior de Archivos no se caracterizan por ser archiveros profesionales con conocimiento de causa plena porque en la mayoría de los casos son historiadores, respetables, pero historiadores-, lo único que hay en esta ciencia es que se debe de hacer la devolución en todos los casos al lugar de origen, excepto si se ponen los documentos en peligro, por lo tanto si se destruyen, o son inaccesibles al público. En ninguna parte existe, señorías, el principio de unidad de archivo, sino el principio de respetar la procedencia de los documentos, es decir, dónde se gestaron, y en este caso se gestaron en Cataluña, la Generalitat, el Parlament y los ciudadanos particulares de ese país tienen derecho a ser respetados. En segundo lugar, también hay un motivo científico que es el respeto por su orden natural, es decir que, si los archivos tenían los documentos ordenados de determinada manera, hay que mantenerlos así mientras no se demuestre lo contrario.


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Acabo ya, señora presidenta, con un dato muy elocuente; yo les incito a pensar en él. En todos los casos donde hubo traslados de archivos en lo que se considera plenamente la nación española no hubo problemas de ningún tipo. Por ejemplo, se hizo un traslado del Archivo -y perdonen la denominación que tenía, era así- de la Cruzada de Liberación, que se cambió del Archivo General Militar de Madrid al de Ávila, y hoy hay un Archivo General de la Cruzada de Liberación en Ávila. Nadie protestó porque el cambio se producía dentro de lo que se considera el espacio normal de la nación española: todo queda en casa. Lo mismo sucedió con el traslado de, por ejemplo, todos los documentos nobiliarios de la Casa de Osuna o de Frias del Archivo Histórico Nacional al Archivo de la Nobleza.
Sin embargo, en este caso, cuando está claro que los documentos son catalanes, de la Generalitat, del Parlament y de particulares de Cataluña, se arma todo este tipo de escándalo y se dice que es un expolio realmente injusto.


Señorías, creo que se está perdiendo el norte y que la agitación sobre la idea de la España rota no es tolerable desde el punto de vista democrático. Solamente se puede entender como arrogancia de vencedor sobre vencido. Vuelvo a repetir, para el Bloque Nacionalista Galego los papeles son de Cataluña, pese a quien pese; un pueblo, por cierto, que sufrió una versión de la guerra que merece ser restaurada, o al menos rectificada, en lo que se pueda, del mismo modo que otros sufrimos otra versión de la guerra que esperemos que también pueda ser paliada en todo lo que tiene que ver con su memoria histórica. En todo caso, como gallego, lamento que un Gobierno como el de Galicia haya hecho causa con esto, cuando no movió un dedo por todos los archivos de Galicia de la Edad Media, toda nuestra historia, que está depositada en el Archivo Histórico Nacional, y que no le interese porque partirá también del supuesto de que están muy bien expoliados y de que debemos seguir estando desinformados y sin memoria histórica. No cuenten con nuestra colaboración para este tipo de objetivos. (Aplausos.)

La señora VICEPRESIDENTA (Chacón i Piqueras): Muchas gracias, señor Rodríguez Sánchez.


Continuamos con el turno de fijación de posiciones. Señor Mardones, ¿desea fijar posición? (Pausa.)

Señor Herrera, en nombre del Grupo Parlamentario de Izquierda Verde-Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya-Verds.


El señor HERRERA TORRES: Gracias, señora presidenta.


La verdad es que debatimos sobre un tema recurrente en el Congreso, pero con una visión diferente. Hasta ahora lo hacíamos desde la petición y ahora lo hacemos con una perspectiva de solución. Señorías, portavoz del Grupo Popular, este proyecto de ley hace justicia. Es un proyecto de ley de normalidad democrática y en Cataluña lo celebra casi todo el mundo; es más, lo celebra incluso el señor Piqué, que es del Partido Popular.
Ustedes opinan que esto no es razonable, pero a mí me gustaría saber qué opinaron ustedes cuando el Gobierno alemán devolvía a Polonia los archivos incautados por el Gobierno nazi. (El señor Aragonés Mendiguchía: ¡Qué comparación!) Exacto, qué comparación más apropiada cuando el gobierno nazi era un gobierno fascista y cuando el gobierno franquista también lo era.


La señora VICEPRESIDENTA (Chacón i Piqueras): Por favor, señor diputado, cuando esté usted en el uso de la palabra, la utiliza; mientras, deje a quien esté en el uso de la palabra ejercer la suya.


El señor HERRERA TORRES: A mí me sorprende que estas comparaciones aún escamen a algunos, pero la verdad es que es una comparación muy apropiada. Cuando un gobierno fascista incauta bienes y después entra en el poder un gobierno legítimo, lo que hace es devolverlos. Hoy mismo el Gobierno italiano devuelve a Etiopía un obelisco y ustedes la verdad es que no están nada preocupados; a mí me parece un acto de normalidad. Lo cierto es que es un disparate que alguien hoy aún se escandalice porque casi 70 años después de que la guerra civil estallara, casi 70 años después de que determinados bienes fueran incautados, es un absoluto disparate que alguien hoy aún se escandalice porque esos bienes incautados se devuelvan a sus legítimos propietarios.


Ustedes hablan de la unidad de archivo, pero a mí me gustaría saber qué utilidad tiene para la unidad de archivo los papeles, las primeras redacciones de Teresa Pàmies; qué sentido tiene hoy para esa unidad de archivo que al Partit Socialista Unificat de Catalunya se le devuelvan los archivos que perdió; qué sentido tiene que determinadas litografías hoy estén en los archivos de Salamanca. Para mí, y creo que para cualquier demócrata, no tiene ningún sentido. ¿Cuál es su auténtica preocupación? El patrimonio archivístico castellano-leonés podría ser una preocupación legítima, pero lo cierto es que el patrimonio archivístico castellano-leonés va a quedar intacto. Va a haber una intervención activa, va a haber copia microfilmada -dicho sea de paso, pagado por la Generalitat de Catalunya- (Rumores.) y lo va a hacer pese a que no lo debería hacer. Hoy, el archivo municipal de Salamanca, los monumentos del patrimonio de la humanidad de Salamanca o la intervención sobre el campo de la batalla de Arapiles son ejemplos de que no tiene que haber preocupación alguna.


El acuerdo del Congreso de los Diputados de 18 de mayo de 2004, a través de la proposición no de ley presentada por nosotros y por Esquerra Republicana, instaba al Gobierno a iniciar un proceso de diálogo con el Gobierno catalán con el fin de alcanzar un acuerdo que resolviera el contencioso planteado, que se ha planteado reiteradamente, por la documentación expoliada y depositada en el llamado Archivo de la Guerra Civil de Salamanca. El compromiso no sólo se ve cumplido con el

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proyecto de ley, la restitución de los documentos incautados sin duda alguna se va a dar, pero es que además el proceso se ha seguido con voz de expertos de la archivística, con historiadores, con juristas de reconocido prestigio, es fruto del acuerdo del Patronato del Archivo de la Guerra Civil de Salamanca. Lo que ustedes demandan hoy es precisamente lo que se ha hecho. Lo cierto es que la comisión aprobó su dictamen sin ningún voto en contra. ¿Qué es, lo que se les pasó en el trámite, cuando ustedes lo aprobaron por criterios archivísticos? ¿Qué es lo que reclaman, su descuido? ¿O es que en aquel momento estaban en una postura razonable y hoy vuelven a no estarlo?

A partir de la promulgación de la Constitución de 1978 se han aprobado muchas normas que tienen por objeto restaurar situaciones jurídicas afectadas injustamente por la legislación y por la actuación del régimen dictatorial franquista. Nuestro grupo se felicita porque la ley no sólo restituye la documentación de la Generalitat, sino que restituye, a través de los cauces legales oportunos, los documentos y los materiales incautados a entidades, partidos políticos y personas. Hay que decir que gran parte del material incautado no va a volver porque se destruyó por el camino, se perdió porque se descuidaron los criterios archivísticos que hoy ustedes reclaman.


Si hay argumentos jurídicos, argumentos históricos, argumentos archivísticos que garantizan la mejora del patrimonio archivístico castellano-leonés, ¿cuál es hoy su interés? A nuestro entender, su interés pretende esconder determinadas vergüenzas -y no entiendo por qué quieren esconderlas- e intentar meter cizaña y sacar partido electoral de algo que es simplemente justicia, algo que responde a demandas de justicia que en cualquier país democrático se hubiesen producido desde hace años. ¿Es que no era justo que en el año 1973 se hubiese devuelto a la familia de Fernando de los Ríos su correspondencia, o que en el año 1987 se devolviera a la Fundación Pablo Iglesias, del PSOE, el archivo de la Agrupación Socialista Madrileña? ¿No sería justo el derecho de las personas, de los descendientes, de las entidades herederas de los bienes incautados durante la guerra civil, a que se les devuelva hoy aquello que se les incautó? ¿Cuál es el problema de ese patrimonio archivístico cuando hay copias microfilmadas? Ustedes gesticulan mucho, muchísimo, pero lo alucinante, lo sorprendente es que gesticulen por algo que es simplemente justicia.


A mí me entristece mucho estar en un país en el que pasan cosas absolutamente anómalas. Yo no conozco ningún país ni ninguna capital europea donde haya estatuas de dictadores y la gente o partidos se escandalicen porque se quitan esas estatuas. No conozco ningún país de Europa en el que se restituyan bienes incautados hace 70 años y haya un partido, el principal partido de la oposición, que reclame que estos bienes no se devuelvan. La verdad es que a mí me sorprende, y se lo tengo que decir, me entristece mucho porque estamos hablando de algo muy básico. Cuando Teresa Pàmies reciba sus primeros escritos, ustedes no podrán hablar de la unidad de archivo; cuando Teresa Pàmies reciba sus primeros escritos, lo que habremos visto muchos de nosotros es como, después de casi 70 años, se hace simplemente justicia. Cuando ustedes vean documentos microfilmados y que la unidad de archivo está mejor que ustedes la dejaron, lo que se va a hacer es política archivística y política cultural en este caso en Salamanca. Cuando ustedes vean que con la ley lo que se hace simplemente es dar respuesta a una exigencia de democracia y de rigor histórico, quizás ustedes entren en razón.


Miguel de Unamuno ya dijo en 1936: Venceréis porque tenéis sobrada fuerza bruta, pero no convenceréis. En este caso, tantos años después, lo que podemos decir es que no convencéis, pero por supuesto no venceréis. Si me permiten recordaré unos versos de Salvador Espriu en su libro La pell de brau. (Termina su intervención en catalán, cuyo texto, que entrega a la Redacción del "Diario de Sesiones", dice lo siguiente: "Escolta Sepharad: els homes no poden ser, si no són lliures. Que sàpiga Sepharad que mai podrem ser si no som lliures. Que cridi la veu de tot el poble. Que així sia!") (Aplausos.)

La señora VICEPRESIDENTA (Chacón i Piqueras): Gracias, señor Herrera.


Continuamos, señorías, con el turno del Grupo Parlamentario Vasco. Tiene la palabra para fijar posición el señor Esteban.


El señor ESTEBAN BRAVO: Gracias, señora presidenta.


La verdad es que, con su intervención, me ha dejado epatado por un momento la señora Rodríguez-Salmones. Parafraseando el título del libro de nuestro querido lehendakari Aguirre, no podía decir que se trataba de Salamanca a Gernika, pasando por Madrid; ahora ha sacado a relucir el Gernica de una manera totalmente inesperada. Yo pensaba que igual hasta era para ofrecernos sus votos ante una nueva reivindicación, pero ya he visto que no, que en relación con las periferias nacionalistas, nada de nada.


Es sorprendente el planteamiento que se pretende hacer por el Grupo Popular en cuanto al Archivo de Salamanca porque se basa en excusas procesales para evitar una voluntad mayoritaria en la Cámara. Puedo pensar que quizá el Gobierno socialista lo podría haber hecho mejor y podría haber dado otros pasos; al grupo al que represento no nos ha tenido informado sobre los pasos que se han ido dando y cómo se ha ido avanzando en el tema. Lo que nos parece que no tiene mucho peso es basar la fundamentación de este defecto procesal en una proposición no de ley presentada en esta Cámara, porque es cierto que las proposiciones no de ley son mandatos políticos, un mandato político; si no se respeta, en su caso, se podrían activar otros mecanismos parlamentarios de manera que se exigieran responsabilidades, pero en ningún caso esas proposiciones no de ley son, estrictamente hablando, de obligado cumplimiento, no forman parte del ordenamiento

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jurídico. Por lo tanto, unir esto con el artículo 22.3 de la Ley de Gobierno, que creo que era al que se refería, me parece que no tiene mucha consistencia.


Por otra parte, ha habido también una comisión de expertos en la que han opinado según su forma de ver las cosas, exactamente igual que con el Gernica, cuando hubo tres abstenciones, pero no hubo ningún voto en contra y dieron su opinión favorable al asunto. Son excusas procesales como las que también se están intentando poner en marcha desde las instituciones de Castilla y León, ya que de otra manera no se puede calificar la recién aprobada Ley de Archivos y la Ley de Patrimonio Documental que, por cierto, han sido recurridas por el Gobierno del Estado ante el Tribunal Constitucional. La verdad, es que buscar estas trabas procesales, enfrentándolas a una voluntad mayoritaria de los representantes políticos no tiene mucho sentido, sobre todo, con la filosofía que ustedes aplican en otros campos y en otras decisiones.


Es sorprendente y triste, a mi modo de ver, que el presidente de Castilla y León, el señor Herrera, haya declarado, por ejemplo, que la Junta de Castilla y León está obligada a utilizar todos los instrumentos posibles de sus competencias para defender el patrimonio histórico, cultural o artístico como clave de las señas de identidad, hablando del Archivo de Salamanca, no creo que el Archivo de Salamanca sea una seña de identidad de Castilla y León. No lo creo. Es más, no creo que esa sería una seña de identidad muy honrosa. Creo que Castilla tiene señas muy honrosas (Un señor diputado: Todas.) para poderlas presentar como símbolos de esa comunidad y no este Archivo expoliador de Salamanca.


Por otra parte, se trata de un archivo dependiente del Estado, y el Estado perfectamente podría haber ido a otro método que no hubiera sido el de la ley. Por cierto, también se quiere vender el que es una institución en la que se puede dar una visión para los investigadores del conjunto de la guerra civil y de aquella época. Yo diría que la calidad de ese archivo-almacén es bastante cuestionable como visión de conjunto de la guerra; faltan muchísimos documentos, personas que sin sentencia firme fueron condenadas a batallones de trabajadores, listas de sentencias, etcétera. De hecho, ha habido mucha gente que ha ido a conseguir unas certificaciones para luego acudir a la Administración, a fin de obtener una indemnización por los sufrimientos padecidos en la guerra y se han encontrado con que ni siquiera ahí estaban esos documentos. Dicho eso, también es cierto que hay una gran cantidad de documentos pertenecientes a gobiernos legalmente constituidos como, por ejemplo, el Gobierno vasco y también de particulares y de asociaciones, desde nóminas de batallones, actas de reuniones de los partidos políticos, cartas oficiales de gobiernos, cartas de particulares, miembros de partidos políticos que lo que hacían era relacionar nombres. Es curioso, porque uno va al archivo y lo que se encuentra es que, con aquellos viejos lápices azules y rojos -viejos y todavía actuales- que se utilizaban para estudiar y subrayar, todos los documentos están subrayados. ¿Qué es lo que está subrayado en los documentos? Única y exclusivamente los nombres para hacer una lista que fuera útil después para la represión. Para eso se constituyó y no ha sido utilizado ni impulsado con criterios archivísticos.


Como decía, quizá no hubiera sido necesario que el Gobierno trajera la ley. El Gobierno ha optado por ello supongo que pensando en reforzar su postura. Adelanto que nosotros, estando a favor del proyecto, nos reservamos la posibilidad de hacer nuestras propias enmiendas en el momento de la tramitación del mismo porque consideramos que hay algunos aspectos que no han sido contemplados. No quiero entrar más en el asunto porque mañana en la sesión de control habrá oportunidad para ello y posteriormente en la Comisión de Cultura. En lo que estamos de acuerdo es en que se debe producir la devolución de los documentos almacenados, apilados en ese almacén, y que fueron utilizados lisa y llanamente para la represión. Ya es hora de que esto sea así.


Muchas gracias, señora presidenta. Como ve, me ha sobrado tiempo esta vez.


La señora VICEPRESIDENTA (Chacón i Piqueras): Gracias, señor Esteban, insólito en usted.


Señor Canet en representación del Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana de Catalunya.


El señor CANET COMA: Gracias, señora presidenta.


Señorías, de entrada es sorprendente, pero agradable, ver cómo ha evolucionado la pedagogía política que hace el Partido Popular respecto a los papeles mal llamados de Salamanca. Se empezó por la pedagogía de las barricadas, las apelaciones al derecho de conquista y hemos terminado por una cierta sacralización de las formas como única fuente de problema. En ese sentido, y lo digo sin acritud ni ironía, bienvenido sea el cambio pedagógico, pero cuando hay antecedentes cuesta un poco creer en estos planteamientos. De ese tema, del de los papeles de Salamanca, se han dicho muchas cosas, demasiadas, y se ha actuado poco, demasiado poco. Las decisiones que hace tiempo se anunció que se tomaban no se concretaron y se acabó por elevar a la categoría de problema, que perdura, una situación de simple justicia histórica o injusticia.


Vaya por delante, como ya expresé el día 18 de mayo del año pasado, que resulta incómodo tener que subir a esta tribuna para seguir hablando de los papeles mal llamados de Salamanca, y ahora, afortunadamente, por problemas de forma. Pero lo cierto, formas al margen, es que la decisión del Gobierno, de acuerdo con lo que acordó esta Cámara hace un año, no puede ser todavía lo que debería ser: un simple conciliador acto de dignidad de devolución de papeles; la dignidad del que pide lo que le arrebataron, pero también la dignidad del que en un momento determinado se convirtió en depositario, quizá involuntario, de un botín de guerra.
Formas al margen, insisto, para unos la situación de conflicto a la que hemos llegado ha sido inevitable, porque les han condenado a

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continuar pidiendo 66 años después del final de la guerra la devolución de documentos que les pertenecen y les arrebataron con finalidades represivas como efecto secundario de una derrota; para otros el conflicto, y creo que ustedes saben mucho de esto, era perfectamente evitable pero ha primado el interés político, la rentabilidad electoral disfrazada de discursos que podría haber escrito el mismísimo Jeremías.
Eso sí, parece ahora solo cuestión de formas, los antecedentes no les dan ninguna credibilidad.


Por eso, señora presidenta, señorías, adelantando, y no haría falta, que nuestro voto será contrario a la proposición que tan delicadamente ha defendido la portavoz del Grupo Popular, renunciamos a seguir argumentando la necesidad de un rápido retorno de los papeles a sus legítimos dueños. No hay peor sordo, creemos, que el que no quiere oír.
Pero queremos dejar constancia de nuestra satisfacción por el desenlace que se augura, formas al margen, a este conflicto. Queremos dejar constancia también, porque es de justicia, de nuestra felicitación a este Gobierno por la sensibilidad y el sentido de la justicia histórica que ha demostrado evocando sin complejos la legalidad republicana del momento de la apropiación como botín de guerra de unos papeles. Celebramos que la paciencia, la tenacidad y el rigor de la Comisión de la Dignidad, entidad cívica catalana que ha liderado la reclamación de los papeles desde la sociedad civil, se pueda ver recompensada finalmente con el éxito no solo legal sino también moral. Constatamos como la combinación de la pedagogía, ejercida muy a menudo en ambiente hostil de parte de quien ahora defiende exquisiteces formales, la amplitud de miras y capacidad de comprensión de sectores cada vez más numerosos y heroicos de la sociedad salmantina y castellano-leonesa, pese a las numantinas apelaciones a barricadas que se han hecho muy a menudo. Y, por qué no decirlo, creemos que han ido dando sus frutos la coincidencia de fondo entre todas, y lo subrayo como ha hecho también la portavoz del Grupo Popular, todas las fuerzas políticas catalanas, además de gran parte, por no decir de todas, las fuerzas progresistas del Estado español.


En mi intervención de hace un año afirmé: si se agota la vía política quedará la judicial con la interposición de demandas al Estado por apropiación indebida. Se sabe quién incautó la documentación, cuándo se hizo y dónde se encuentra. Se puede llegar al Tribunal Internacional de La Haya, sí, pero sería deseable un compromiso político que zanjase la cuestión. Ha pasado un año, no hemos zanjado el tema, pero estamos en ello, y espero que se arrope mayoritariamente a un Gobierno que ha demostrado interés -la eficacia formal habrá que demostrarla- por superar los obstáculos que algunos quieren oponer.


Desde Esquerra Republicana queremos dejar constancia también de nuestro deseo de que toda la polémica artificial que se ha desatado sirva para que la ciudad de Salamanca, una vez concluida la digitalización de los llamados papeles, tenga un verdadero archivo de la guerra civil, no, como alguien ha dicho, un almacén donde tesoros del pasado personal y colectivo que fueron arrebatados manu militari a otros ciudadanos se han perdido o deteriorado por verdadera desidia cultural. También deseamos que las autoridades locales de Salamanca, una vez ya no puedan invertir el tiempo provocando polémicas interesadas, puedan dedicarse a sacar del lamentable estado en que se halla el archivo municipal. En esa empresa no encontrarán chivos expiatorios, ni que sean independentistas, a quien culpar. Nos felicitamos. Más temprano que tarde los papeles expoliados por el dictador liberticida volverán a sus antiguos y legítimos dueños.


Quisiera terminar, ya que hoy parece que va de formas, con la declaración pública que hizo la Comisión de la Dignidad a raíz de la suspensión del debate en el Canal 4 del día 21 de mayo del año 2004, sobre el tema del retorno de los documentos del Archivo General de Salamanca. Decía así el comunicado: El viernes 21 de mayo estaba programada la grabación de un programa de debate en Canal 4 de los estudios de Promecal, de Valladolid, que se iba a emitir esa misma noche. El programa iba a tratar del tema del retorno de los documentos catalanes y valencianos almacenados en el Archivo General de la Guerra Civil de Salamanca. A dicho programa estaban inicialmente invitadas personas del Partido Popular y del PSOE, junto con Joan Puig, diputado por Esquerra Republicana y Tony Strubell, coordinador de la Comisión de la Dignidad. A primera hora de la tarde y una vez puesto en camino Tony Strubell en dirección a Valladolid, se le comunica que el programa estaba suspendido. A Tony Strubell no se le da otra explicación por teléfono que decirle que la suspensión había venido de más arriba. Pedidas más aclaraciones sobre el tema, el productor del programa, señor Berruguete, aclara, a petición de Tony Strubell, que la intervención ha sido política. A la pregunta de si alguien del Partido Popular ha podido ejercer esas presiones, la respuesta es: posiblemente.
Señores del Partido Popular, ¿elogio de formas? ¿Fariseismo?

Muchas gracias.


La señora VICEPRESIDENTA (Chacón i Piqueras): Gracias, señor Canet.


Continuamos con el turno del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), señor Vilajoana. Por favor, señorías, les solicitaría silencio.
Debe costarles mucho concentrarse a SS.SS. para ejercer el derecho a la palabra en las intervenciones de esta tarde. Se lo pido de nuevo, por favor, silencio. Inténtelo, señor Vilajoana.


El señor VILAJOANA ROVIRA: Señora presidenta, señorías, señora Rodríguez-Salmones, de entrada debo decirle que aunque nuestro grupo lamenta esta proposición no de ley, el tema del que estamos hablando es por el que hemos luchado nosotros y muchos miembros de esta Cámara y de muchas cámaras anteriores en las ocho legislaturas que hemos desarrollado en este país. Por tanto, este proyecto de ley que el Gobierno aprobó el

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pasado 14 de abril, es para nosotros un hecho muy importante, porque supone un acto de justicia hacia miles de ciudadanos y ciudadanas que sufrieron el expolio por la fuerza de las armas en su casa, en sus sindicatos, en sus partidos, en sus entidades cívicas, o bien en su gobierno o en su parlamento. Hoy estamos hablando de restituir unos documentos que fueron expoliados a estos ciudadanos, a estos partidos, algunos de ellos todavía vivos en esta Cámara. Unió Democrática es uno de los partidos expoliados en 1938. También el PSUC. Pero, repito, estamos hablando de una cosa que todavía hoy está viva. Antes oía a un diputado que preguntaba a quién se le devuelve. A sus legítimos propietarios que fueron expoliados. Es muy simple. Tenemos los nombres, los apellidos y tenemos, además, un gobierno de la Generalitat, que es Estado, que se va a preocupar de estos documentos. Hay una cosa, señores del Partido Popular, que muchas veces no entienden. De momento y hasta que decidamos lo contrario, el Gobierno de la Generalitat es tan Estado como el Gobierno que opera aquí, en Madrid. Por tanto, no se preocupen por este patrimonio, que es de todos. Hoy decidimos restituir como un acto histórico de justicia a los ciudadanos y ciudadanas y a sus gobiernos unos documentos que fueron expoliados, se ha dicho, con un único objetivo. No un objetivo archivístico, sino que estas 160 toneladas de documentos dieron lugar a tres millones de fichas que tuvieron como único objetivo la represión que hizo el sistema franquista después de la guerra. Esta es la realidad. No había ningún objetivo archivístico, y por tanto, no había ninguna unidad, como no ha habido ni hay unidad de documentos de archivo en estos momentos, porque los documentos sobre la guerra civil se encuentran en archivos de distintos puntos de España.


En su proposición no de ley también habla de la junta de archiveros. Hoy, y además ha sido declarado en público privadamente con informes, el mundo de la archivística también se felicita por esta solución, por este proyecto de ley, que supone la restitución de archivos confiscados por actos de guerra y represión política, tal y como prevén los principios archivísticos y los tratados internacionales. La Comisión de la Dignidad, que ha sido una comisión con soporte político de los partidos, del Gobierno de la Generalitat, así como de la sociedad civil y de la junta de archiveros de Cataluña, ha estado dando continuamente soporte técnico a toda esta reclamación. Además, esta junta de archiveros de la Generalitat estaba presente el pasado 14 de abril en el momento en que se notificaba la buena noticia que nos daba el Gobierno de España respecto a este proyecto de ley. Por tanto, la archivística internacional está satisfecha y comparte esta decisión; pero además, y es lo que me sorprende, la comparten todos los partidos políticos con representación en el Parlamento de Cataluña, incluido el Partido Popular, como se ha dicho antes. Asimismo, hoy, con este proyecto de ley también damos satisfacción a muchos diputados y diputadas de esta Cámara que durante muchos años han mantenido viva esta reclamación. Entre ellos me gustaría destacar a un senador muy importante que fue el más votado en Cataluña, don Josep Benet, que ya en el año 1978 reclamaba el retorno de estos papeles en el Senado; por otra parte, el 18 de marzo de 1980 un diputado de Coalición Democrática muy conocido por ustedes, el excelentísimo señor don Manuel Fraga Iribarne, presentaba en el Congreso una proposición no de ley que instaba al Gobierno de Adolfo Suárez a que se traspasara a la Generalitat todos aquellos documentos que constituyeron en su día los archivos de Salamanca. Esto es así y debe constar, como así es, en los archivos de esta casa.


A lo largo de los últimos 25 años, todos los grupos catalanes de esta casa -catalanes y en muchos casos no catalanes- han defendido este retorno, y ha sido y es un elemento constante de proposiciones, propuestas, instancias, etcétera. Desde el año 1980, en todos los gobiernos de la Generalitat presididos por Jordi Pujol, los consejeros de cultura y los ministros de Cultura del Gobierno de Madrid han discutido y buscado soluciones para este retorno. Como se ha dicho antes, el 17 de marzo de 1995 la ministra de Cultura, Carmen Alborch, hoy aquí presente, tomó una decisión muy importante: propuso en el Consejo de Ministros de aquel día al presidente Felipe González este retorno; luego, una realidad externa permitió que esto no fuera publicado, con lo que este tema decayó, pero en el año 1995 ya hubo este esfuerzo por parte de un gobierno socialista.
Asimismo, en el año 1996, cuando gobernaba José María Aznar, esta Cámara aprobó por 300 votos a favor, uno en contra y tres abstenciones una proposición no de ley en la se instaba al Gobierno de Aznar a que preparara una comisión que llevara a término el retorno de estos papeles.
Por tanto, no estamos ante un tema coyuntural de que en este momento es posible este retorno, estamos ante un tema por el cual mucha gente de aquí, de fuera de aquí, en Cataluña, en Salamanca y en toda España ha luchado por esta recuperación, por hacer justicia y poner las cosas donde deben estar.


Por todo ello, nuestro grupo no va a apoyar esta proposición no de ley.
Creo sinceramente que deben recapacitar sobre esta actitud. No comprendemos por qué están haciendo un planteamiento en este sentido, legítimo, pero que en cualquier caso entorpece un proceso que, repito, era una historia que empezó en el año 1937. Lo único que pretendemos es cerrar todo un episodio lamentable que hemos tardado demasiado tiempo en resolver en este país y ahora estamos a las puertas de solucionar un error histórico. Lo único que hace este proyecto de ley es hacer justicia, devolver la dignidad a un conjunto de personas que en estos momentos han luchado y que merecen recuperar sus papeles, sus recuerdos y su memoria.


Nada más y muchas gracias. (Aplausos.)

La señora VICEPRESIDENTA (Chacón i Piqueras): Gracias, señor Vilajoana.


Finalizamos con la fijación de posición del Grupo Parlamentario Socialista. Para ello tiene la palabra la señora Cunillera.


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La señora CUNILLERA I MESTRES: Muchas gracias, señora presidenta.


Señoras y señores diputados, voy a empezar por donde ha acabado el señor Vilajoana y voy a decirles, señoras y señores del Grupo Popular, que yo no les entiendo. En este tema no les entiendo en absoluto y les tengo que decir que casi prefiero no entenderles, porque lo que entiendo me preocupa profundamente. Y todavía comprendo menos a la señora Rodríguez-Salmones. Ha empezado aquí hablando de una iniciativa que realmente es incomprensible que estemos debatiendo cuando ya el proyecto de ley ha entrado en esta Cámara y respecto al que ustedes podrían discrepar cómo se está tramitando, cómo se va a tramitar en el futuro o si hay otros mecanismos. Pero realmente esta proposición no de ley no tiene otro sentido, no tiene otra justificación que incidir una vez más en la demagogia, en el populismo, en todo lo que ha inspirado al Partido Popular en esta situación, porque de la intervención de la señora Rodríguez-Salmones ha quedado clara una cosa: su obsesión por la ministra de Cultura. Usted tiene una obsesión y se la tendrá que curar porque así no se puede debatir, con obsesiones no se va a ninguna parte. Y sabe que se lo digo con mucho cariño. Esto no puede ser. Usted ha hablado aquí de fondos y de formas.


Efectivamente, en democracia el fondo y la forma son seguramente igual de importantes, pero usted se ha limitado a hablar de formas. Usted no ha hablado del fondo de la cuestión y en el fondo de la cuestión seguramente han sido más elocuentes los señores diputados que me han precedido en el uso de la palabra, pero si no hablamos del fondo, ustedes podrían alegar ignorancia, y eso no es verdad. Ustedes no pueden ser ignorantes de lo que realmente se está hablando cuando nos referimos a los mal llamados papeles de Salamanca. Se les llama papeles de Salamanca porque están en una ciudad muy lejana de donde fueron expoliados a fuerza de las armas; se los llevaron, los robaron de instituciones democráticas aquellos que se alzaron en armas contra la normalidad democrática. A usted le parecerá normal, a mí me parece realmente anormal, me parece, entre otras cosas, golpista. Se llevaron documentos de instituciones democráticas votadas por los ciudadanos, como la Generalitat de Catalunya, los partidos políticos o el Parlament de Catalunya, pero se llevaron también los de particulares. ¿Y saben ustedes para qué se llevaron la documentación de particulares? Aquí se ha dicho: no para estudiarla, no para saber cuántos éramos en Cataluña. Se la llevaron porque esa documentación les sirvió de base para hacer esas fichas que sirvieron para juicios sumarísimos, que sirvieron para llevar adelante la represión del franquismo. Eso está en el origen de los papeles de Salamanca y ese es el fondo de la cuestión.
Ese es el fondo que anima la reivindicación que durante todos estos años se ha hecho y que anima también la resistencia de algunos que, también se ha dicho aquí, hablaban de derecho de conquista.


Ustedes no pueden alegar ignorancia respecto de estas cosas, no la pueden alegar en el origen, no la pueden alegar en la tramitación, porque la propia señora Rodríguez-Salmones nos ha recordado que un entusiasta o, como mínimo, un decidido partidario de la devolución a Cataluña de esos papeles se llama -todavía presidente de una comunidad autónoma- don Manuel Fraga Iribarne. Eso ha pasado a lo largo de la historia. Estamos en un momento que ustedes tampoco pueden ignorar, estamos en un momento constitucional de creación de un Estado de las autonomías -también se ha dicho aquí y no me importa repetirlo-, porque tan Estado es la Generalitat de Catalunya como los que estamos aquí. Por eso en este momento estamos hablando de normalidad democrática, estamos hablando de restitución de unos derechos arrebatados por la fuerza de las armas y eso ustedes no lo pueden tolerar. Aquí no caben tonos grises: o se está de acuerdo con el expolio o se está de acuerdo con la restitución, porque los términos medios son muy difíciles de explicar y llevan posiblemente a enfermedades que no se curan con la aspirina. Podremos discrepar a lo largo de la tramitación del proyecto de ley, incluso desde el punto de vista de la tramitación que se le dé, pero hablémoslo en el proyecto de ley. ¿A qué viene esta proposición no de ley si no es para alimentar aquello que -por cierto, quién les ha visto y quién les ve- ustedes llamaban política de pancarta? Ustedes lo alimentan con esta proposición no de ley. Alimentan a determinada gente que no va por la razón, que no va por el sentido democrático, sino por otro sentido, por otros sentimientos que no tienen nada que ver ni con la democracia ni con la restitución de las instituciones ni con nada de aquello en lo que ustedes dicen creer, igual que nosotros. Ustedes lo hacen de una manera, señora Rodríguez-Salmones, que algún día tendremos que abordar con una cierta seriedad, pero no sé si es este el momento. ¿Por qué de manera recurrente, de manera insistente, cada vez que tienen ocasión denigran ustedes los pactos y las negociaciones entre los grupos políticos? ¿Por qué cuando hay una negociación entre grupos políticos ustedes dicen siempre que es cesión, que estamos cautivos, etcétera? Un principio elemental de la democracia es la negociación, el acuerdo entre partidos políticos.


Todos los que estamos aquí, tanto ustedes como los de aquí, como los del centro, hemos sido elegidos por los ciudadanos y ciudadanas españoles, y todos nosotros aportamos nuestra visión de los asuntos que aquí venimos a debatir, unos con más acierto, otros con menos, seguramente unos con más razón que otros, pero los acuerdos sirven justamente para, partiendo de cosas distintas, llegar a un entendimiento y eso no lo puede denigrar un demócrata. Lo que tendría que denigrar un demócrata son los pactos que se hacen fuera de esta casa, los que se hacen con opacidad, sin luz y taquígrafos. Eso, sencillamente, puede que no sean pactos, pero lo que se va a discutir aquí, lo que hemos discutido entre grupos políticos, ¿por qué va a ser malo? ¿Quién lo ha dicho? Porque podríamos recordar aquello que se le atribuye a Winston Churchill, que decía al adversario político: No comparto sus ideas, pero daría mi vida porque las pudiera defender.
Ojalá todos pudiéramos debatir aquí nuestras

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ideas, ustedes y nosotros, y pudiéramos llegar a determinados acuerdos.
Pero ustedes no quieren, ustedes no quieren acuerdos, no quieren la concordia en estos temas, porque si quisieran eso, seguramente estarían preparando sus enmiendas. Pero no, porque aquí lo que vale es la demagogia y el populismo, y siento tener que decir -voy a ser breve porque está todo dicho- que seguramente detrás de esa demagogia y de ese populismo lo único que subyace es el miedo, porque ustedes en este tema tienen miedo. Tienen miedo a debatir con argumentos, tienen miedo a reconocer la realidad, tienen miedo a que cualquiera de nosotros pueda expresar su opinión, que, como habrá visto hoy, ninguna es coincidente con la de ustedes. Y saben qué les digo, señores del Grupo Popular, quédense ustedes con el miedo que nosotros construiremos el futuro.


Muchas gracias. (Aplausos.)

La señora VICEPRESIDENTA (Chacón i Piqueras): Gracias, señora Cunillera.
(El señor presidente ocupa la Presidencia.)

El señor PRESIDENTE: Señorías, vamos a proceder a la votación de las proposiciones no de ley. En primer lugar, la presentada por el Grupo Parlamentario Socialista del Congreso, sobre medidas en materia de prevención y extinción de incendios forestales.


Se han propuesto dos textos transaccionales que han sido distribuidos a los grupos parlamentarios. ¿Algún grupo parlamentario se opone a su tramitación? (Pausa.) El Grupo Parlamentario Popular se opone. En consecuencia no se puede tramitar la enmienda.


Señor Quirós, para que la votación sea clara, me dicen los servicios que, desechada la enmienda transaccional, usted aceptaría el texto inicial del Grupo Socialista más las enmiendas números 1 y 3, del Grupo Mixto, y la enmienda número 1, de Esquerra Republicana. ¿Es así? (Asentimiento.) En estos términos vamos a votar.


Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 307; a favor, 173; en contra, 134.


El señor PRESIDENTE: Queda aprobada la proposición no de ley.


Segunda votación: Proposición no de ley del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso relativa a la preceptiva audiencia, consulta y autorización de los responsables de la custodia de los fondos documentales del Archivo de Salamanca. No habiendo sido presentadas enmiendas se vota en sus términos iniciales.


Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 307; a favor, 127; en contra, 178; abstenciones, dos.


El señor PRESIDENTE: Queda rechazada la proposición no de ley.


MOCIONES CONSECUENCIA DE INTERPELACIONES URGENTES.


- DEL GRUPO PARLAMENTARIO CATALÁN (CONVERGÈNCIA I UNIÓ), SOBRE LA ORIENTACIÓN DE LA ACTUAL POLÍTICA DE VIVIENDA DEL GOBIERNO. (Número de expediente 173/000064.)

El señor PRESIDENTE: Punto III: Mociones consecuencia de interpelaciones urgentes. En primer lugar debatiremos la del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió) sobre la orientación de la actual política de vivienda del Gobierno. (Rumores.-La señora vicepresidenta, Chacón Piqueras, ocupa la Presidencia.)

La señora VICEPRESIDENTA (Chacón i Piqueras): Señorías, el Pleno continúa y un diputado trata de tomar la palabra, así que, por favor, si quieren abandonar el hemiciclo háganlo en silencio y con rapidez. (Pausa.)

Como se ha dicho, comenzamos el debate de la moción, consecuencia de interpelación urgente, del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), sobre la orientación de la actual política de vivienda. Para la defensa de la moción intenta tomar la palabra el señor Jané, pero para ello es necesario que quien desee abandonar el hemiciclo lo haga rápido y en silencio y quien no salga tome asiento en su escaño.


Adelante, señor Jané.


El señor JANÉ I GUASCH: Gracias, señora presidenta.


Señorías, Convergència i Unió trae hoy al Pleno de la Cámara una moción sobre un tema importante, una moción para proponer al Congreso medidas concretas ante el problema de la vivienda. Hubo la pasada semana una interpelación de nuestro grupo que entendemos que generó un debate constructivo. No era una interpelación para ir en contra del Gobierno, era una interpelación, la que defendió este diputado el pasado miércoles, para buscar concreciones, huyendo de los triunfalismos en el tema de la vivienda, huyendo de posiciones que puedan dividir más que aunar y buscando el máximo acuerdo posible a través de propuestas concretas.
Anuncié el miércoles que no íbamos a presentar una moción de oposición; anuncié que íbamos a presentar una moción en positivo, constructiva, que intente clarificar, definir qué es aquello que podemos acordar en el ámbito de la política de vivienda; una política que en todo caso debe partir de la salvaguarda, del respeto a la distribución competencial.
Este es un punto inicial. Cualquier medida que se impulse en el ámbito del suelo y la vivienda debe partir del máximo y absoluto respeto a la distribución competencial, por tanto a las competencias que en este ámbito tienen las comunidades autónomas y tienen también las administraciones locales. Evidentemente desde el Congreso de los Diputados estamos también legitimados para impulsar medidas.


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Hay medidas que pueden generar ese pacto de Estado, ese consenso entre todos. El Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió) adelanta en este debate que agradece la actitud de los distintos grupos parlamentarios en aras de intentar construir con esta moción un punto de consenso en el ámbito de la vivienda, porque nos hace falta ese consenso.
Necesitamos impulsar medidas. ¿Cuáles son las medidas que a través de ese pacto de Estado hoy propone Convergència i Unió? En primer lugar, respeto al ámbito competencial autonómico. Compartimos la enmienda que nos formula el portavoz del Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV), señor Beloki. Compartimos el espíritu de esa enmienda, preside también nuestra moción en el sentido de respetar las competencias autonómicas, pero también adelanto que no vamos a aceptar ninguna enmienda para poder construir hoy en esta Cámara el consenso que todos deseamos en el tema de la vivienda. Por tanto entendiendo los argumentos del Grupo Parlamentario Vasco, no aceptamos la literalidad de dicha enmienda para permitir hoy en este debate una votación de consenso entre todos los grupos; consenso en lo que debe ser el impulso a la vivienda protegida, a través de una oferta estable y suficiente a un precio asequible. Para conseguir esta medida proponemos un aspecto que ha salido ya en alguna conferencia sectorial y en alguna propuesta de los responsables políticos de Convergència i Unió, pero que no se ha ejecutado, y que es el punto 4, poner a disposición de las comunidades autónomas y los ayuntamientos suelo público del Estado para la construcción de viviendas protegidas, evitando ventas y subasta públicas de suelo susceptible de acoger este tipo de viviendas. Queremos huir de las subastas; queremos destinar más suelo público para vivienda protegida. Podemos aprovechar ese suelo público del Estado, que ha sido titularidad de Renfe, del Ejército, de la Guardia Civil y la Policía, y que se desafecta; destinémoslo a las comunidades autónomas y a los ayuntamientos para poder mejorar ese impulso de la vivienda protegida, esa mayor oferta.


Para nosotros hay otro capítulo importantísimo, y es el fiscal. En nuestro apartado 3 proponemos la mejora del tratamiento fiscal a la adquisición y al alquiler de la vivienda. Tuvimos ocasión de detallar algunas medidas durante la interpelación. Queda mucho camino por recorrer tanto en el ámbito fiscal como en el ámbito de la promoción de la vivienda de alquiler. Este es un gran déficit que tenemos. El mercado de la vivienda en España tiene un déficit: hay poca oferta de vivienda en alquiler.


El alquiler no es atractivo y debemos priorizarlo fiscalmente para que lo sea, de ahí que planteemos esta propuesta genérica que tendría muchas concreciones en el ámbito fiscal, en el ámbito del impuesto sobre sociedades para la promoción de esas viviendas que después se destinarán a alquiler con incentivos y bonificaciones en el impuesto sobre sociedades y en el impuesto sobre la renta, manteniendo y reintroduciendo en el IRPF las deducciones por el alquiler que se paga con determinados límites para determinados niveles de renta. Debemos hacer atractivo en el IRPF la vivienda de alquiler, por ello proponemos un conjunto de medidas fiscales que después deberemos concretar cuando se desarrolle esta moción por parte del Gobierno y del conjunto de grupos parlamentarios. Es un aspecto que nosotros entendemos que está pendiente de definición y que pide la sociedad que le demos concreción. También se pide en el ámbito hipotecario, aspecto que lleva Convergència i Unió en su programa, un aspecto de justicia social como es el de la ejecución inmediata de las hipotecas cuando se dejan de pagar por causas de fuerza mayor. Debemos revisar esa legislación; debemos intentar que no se produzca esa ejecución inmediata cuando se dan esos supuestos de fuerza mayor, como debemos modificar la legislación en todo lo que son los criterios de accesibilidad en todas las construcciones, evitando los factores especulativos.


Por último, hay un aspecto que también entendía Convergència i Unió que precisaba de una concreción. Lo discutimos con la propia ministra el pasado miércoles y entendimos que había un punto de acuerdo, que intentamos hoy plasmar en esta moción: debe impulsarse el estudio de las características de las diferentes tipologías de viviendas en función de las distintas demandas existentes. ¿Debe hacerse ese estudio? Sí, pero también es obligación de este Congreso clarificar y concretar, diciendo que queremos impulsar estudios pero que el objetivo de esos estudios y la voluntad de esta Cámara no es finalmente promover la protección oficial de viviendas de 30 metros cuadrados. Este aspecto estaba en el aire y tuvo una respuesta social ampliamente amparada por los grupos parlamentarios de esta Cámara, porque hubo manifestaciones de todos ellos solicitando que la vivienda de protección oficial no ampare viviendas de 30 metros cuadrados. Es importante que hoy se concrete, se clarifique y se apruebe en esta Cámara a través de esta moción. Por tanto, agradezco a todos los grupos el esfuerzo de consenso, especialmente al señor Campos, diputado del Grupo Socialista, que ha hecho posible que entre todos podamos llegar a lo que es hoy este planteamiento que sería positivo que fuera unánime de esta Cámara. Respetando las competencias autonómicas, busquemos aquellos aspectos que en materia de suelo requieren un consenso y de medidas que podemos impulsar en este Congreso de los Diputados. Si lo logramos habrá merecido la pena abrir este debate y habremos dado desde el Congreso de los Diputados una respuesta en positivo ante lo que es un problema grave de la sociedad, el problema de la vivienda, que no quiere triunfalismos sino medidas concretas que puedan ser eficaces.


Muchas gracias.


La señora VICEPRESIDENTA (Chacón i Piqueras): Gracias, señor Jané.


Continuamos con la defensa de las enmiendas presentadas, en particular la enmienda presentada por el Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV). Para su defensa, tiene la palabra el señor Beloki.


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El señor BELOKI GUERRA: Señora presidenta, señorías, desearía iniciar mi intervención destacando un hecho: que ante las dos mociones que hoy vamos a debatir sobre un mismo tema, el de la vivienda, mi grupo ha tomado la decisión de presentar una misma enmienda a las dos mociones, un mismo e idéntico texto. De ahí que la defensa que voy a hacer ahora de nuestra enmienda valga para las dos mociones y de ahí también que ruegue a la presidenta cierta benevolencia para contar con un poco más de tiempo en esta ocasión y ahorrar a SS.SS. la vuelta a los mismos argumentos en la segunda de las mociones.


La posición de mi grupo en relación con los textos presentados por Convergència i Unió y por el Grupo Popular cabe ser resumida en los siguientes puntos. En primer lugar, somos partidarios de que a través de algún medio (una moción puede serlo) clarifiquemos y centremos la política que está siguiendo el Gobierno en el tema de la vivienda. Son demasiados los debates, demasiados los desencuentros no solo políticos, sino también sociales que esta política está suscitando desde su puesta en marcha hace ahora un año. Algo debiera hacer el Gobierno para enderezar este rumbo, y si a ello puede ayudar esta moción mejor que mejor. En segundo lugar, la moción debiera centrarse en lo esencial, en aquello en lo que podamos coincidir las distintas fuerzas políticas presentes en el Congreso, dejando de lado en la medida de lo posible las lógicas discrepancias que también en este campo existen y existirán entre nosotros. En tercer lugar (esta es la razón por la que mi grupo ha presentado una misma enmienda a dos mociones que hoy se debaten aquí), no tiene mucho sentido que todo el mundo presente su propia alternativa y lo haga reivindicando a la vez el acuerdo general. La filosofía de nuestra enmienda consiste básicamente en los siguientes puntos, que están entresacados de ambas cuestiones: Primero, respeto estricto al reparto competencial también en este campo; segundo, respeto al acuerdo mayoritario adoptado la semana pasada en el Congreso de no creación de la sociedad pública estatal de alquiler (este acuerdo también hay que cumplirlo, aunque haya que hacerlo, si se quiere, de forma flexible); tercero, compromiso de acuerdos prácticos del Gobierno central con las comunidades autónomas y entidades locales en una serie de campos que son básicamente los que aparecen en la moción de Convergència i Unió y que nos parece que enmarcan de alguna forma los posibles campos de acuerdo; y cuarto, búsqueda en su caso de un pacto posterior sobre la vivienda con base en la experiencia de dichos acuerdos: primero los acuerdos prácticos, y luego, en su caso, ya se hará un acuerdo más general.


Hace apenas media hora hemos debatido la conveniencia o no de que el Gobierno trabajara a favor de un pacto de Estado, en este caso sobre el fuego, y ahora lo hacemos sobre la vivienda. Los mismos posicionamientos que he expresado en nombre de mi grupo sobre un posible pacto de Estado sobre el fuego son los que ahora defiendo sobre la vivienda. A nuestro juicio se trata de pactos ineficaces y que en absoluto tienen recorrido; no es que nuestro grupo tenga una posición antipacto, pero cree que es una camino sin recorrido. Que nadie entienda esto como que mi grupo está en contra de que existan acuerdos, de que exista entendimiento y de que exista una intensa colaboración en el tema de la vivienda entre las distintas administraciones (Gobierno central, comunidades autónomas y municipios); es justamente lo contrario. Cuando este Gobierno decidió la creación ex novo desde la instalación de la democracia de un Ministerio central de la Vivienda la decisión nos pareció discutible, pero aceptable en la misma medida en que quería ser una expresión clara de una cierta voluntad política en una determinada dirección. Serían sus hechos, sus formas de actuar y sus decisiones, nos dijimos entonces, los que retratarían la voluntad real de este Gobierno y de este ministerio.
Entonces expresamos ya un cierto temor, lo expresamos en concreto en virtud de unas declaraciones de la propia ministra. Recuerdo todavía la primera de las comparecencias en la Comisión de Fomento y Vivienda de la ministra en la que dijo textualmente: El presidente del Gobierno ha indicado que el suelo y la vivienda son ahora una política de Estado cuya coordinación y gestión ha sido encomendada al departamento de Vivienda.
Estamos decididos -continuó- por tanto a solucionar una de las máximas preocupaciones de los ciudadanos. Y añadió: Vamos a recuperar el liderazgo del Gobierno en materia de vivienda, asumiendo uno de los mayores retos políticos y sociales del Ejecutivo actual. Nos preguntamos entonces y hoy volvemos a preguntarnos: ¿Qué es eso de recuperar el liderazgo? ¿Qué es eso de que ahora la vivienda sea una política de Estado? ¿Qué lo era antes, cuando las comunidades autónomas venían ya trabajando en el tema? ¿O resulta ser que la concepción que subyace a este ministerio (he visto que no al Grupo Socialista en otro campo, por una expresión que acabo de escuchar) es que Estado es igual a Gobierno central y punto?

Estos temores no han desaparecido. No desaparecieron entonces, como entendíamos nosotros que era lo lógico, cuando el Grupo Socialista y otros grupos se negaron en el debate presupuestario a que este ministerio se obligara también presupuestariamente a entenderse a la hora del gasto con las comunidades autónomas, llegando a un acuerdo con ellas y transfiriéndolas posteriormente el dinero para lo que en tal caso hubiera sido una auténtica política común de vivienda y una política real de Estado de la vivienda. Vuelven nuestros temores ahora cuando vemos que el ministerio vuelve a colocar la carreta por delante de los bueyes y nos vuelve a crear una sociedad pública de alquiler. Nosotros entendemos que esta no es la vía, que la vía debe ser una vía mucho más práctica. Nos preguntamos por qué al cabo de un año el ministerio que se ha creado no cuenta ya con acuerdos cerrados con las comunidades autónomas; acuerdos que podrán y deberán ser flexibles, acuerdos que deberán alcanzar materias y términos distintos según de lo que se trate, pero que después de concluidos pudieran ser efectivamente

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lo que algunos llaman un plan estatal de la vivienda. Nosotros entendemos que más allá de ir por denominaciones genéricas por donde hay que caminar es por una vía absolutamente práctica, con gente que lleva mucho tiempo trabajando estos temas, cuando existe una distribución competencial establecida, y dentro de ese marco es donde deben concluirse los acuerdos. Si después es posible que haya un acuerdo de mayor alcance, bienvenido sea, pero no pongamos la carreta por delante de los bueyes.
Analizadas las dos mociones observamos que efectivamente hay temas que la propia moción del Grupo Parlamentario Popular deja fuera de este supuesto acuerdo, como cuando dice que se mantengan las deducciones en el IRPF por adquisición habitual; medida que como otras muchas es discutible y sobre la que puede haber opiniones políticas dispares y encontradas. Esta es la vía, que haya acuerdos en lo que haya y que a poder ser se vaya poco a poco conformando una opinión básica y común en los temas en los que es posible hacerlo. Hay que decirlo: Muchas de las políticas de vivienda son y deberán ser discutibles y opinables. Esta la razón justamente del escepticismo con el que observamos nosotros tanta proclama de pacto.
Háganse acuerdos prácticos, uno a uno con las comunidades autónomas, y sabremos si debajo de denominaciones genéricas de pactos de esto y de lo otro existen contenidos reales. Para eso -insisto- creemos que el Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió) había propuesto un esquema básico de áreas de encuentro que no nos parece mal, incluso nos parece bien. El Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió) propone que se camine hacia un pacto de Estado en materia de vivienda y suelo, para el que sitúa orientativamente contenidos que debieran contemplarse, y lo hace como no podía ser de otra forma en términos suficientemente genéricos como para pensar que pudiera haber un acuerdo básico. Mi grupo tiene algunas dudas sobre si bajando a los detalles es posible un acuerdo del conjunto de las fuerzas políticas.


Termino. Desearíamos que en efecto se iniciara de una vez un camino práctico. Desearíamos que el Ministerio de Vivienda enderezara su rumbo, porque nos parece que es un mal camino el que se ha emprendido, aunque creemos que es un camino que debe recorrerse; sin embargo la única forma de recorrerlo es con enorme realismo, con enorme practicismo y siempre sabiendo que los acuerdos con las comunidades autónomas deben ser acuerdos que deben respetar la distribución competencial y que deberán ser, porque la vida obliga a ello, acuerdos que yo calificaría resumidamente como de geometría variable. Esta es la razón por la que hemos presentado nosotros la enmienda de sustitución tanto a la moción de Convergència i Unió como a la del Grupo Popular.


Agradezco a la presidenta la benevolencia que ha tenido para dejarme explayar en lo que para mí ha sido ya prácticamente la presentación de la enmienda a las dos mociones.


Muchas gracias.


La señora VICEPRESIDENTA (Chacón i Piqueras): Gracias a usted, señor Beloki.


Continuamos, señorías, con la fijación de posiciones. ¿Grupos que desean fijar posición? (Pausa.)

Señor Mardones, adelante.


El señor MARDONES SEVILLA: Muchas gracias, señora presidenta.


Mi Grupo va a votar favorablemente la moción que ha presentado el Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), sin perjuicio de lo que, en representación del mismo, ha dicho el señor Jané, y de la intervención del señor Beloki, por parte del Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV), lo cual nosotros consideramos muy sensato. Desde el punto de vista de Coalición Canaria, tanto en el texto de la iniciativa de la moción de Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió) como en esta enmienda del Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV), se cumplen los dos principios fundamentales: uno, que toda medida que se adopte en este Parlamento tenga un respeto constitucional y estatutario escrupuloso de las competencias de la comunidad autónoma. En este sentido, Canarias es una comunidad autónoma que hace tiempo tiene toda una estructura institucional para favorecer el alquiler de viviendas, sobre todo a los segmentos más jóvenes de la sociedad, que necesitan perentoriamente disponer de una vivienda. Las dos iniciativas que se han presentado aquí, la original y la enmienda del Grupo Parlamentario Vasco, respetan esta competencia de la comunidad autónoma. Se hace un planteamiento de respeto, incluso en cuanto a la proposición no de ley que votamos la semana pasada en la correspondiente Comisión de Fomento sobre la oficina estatal de alquiler de viviendas, y nosotros creemos que debe haber armonía y una gran flexibilidad, porque otro gran componente de las competencias referido a la calificación del suelo son los ayuntamientos.
Cuando en un procedimiento de una política nueva para favorecer la construcción y la promoción de viviendas sociales, viviendas protegidas, vemos cuál es la repercusión de los distintos componentes de la construcción en el precio final, resulta tremendamente llamativo, de luz roja encendida, que existe una patología que es la repercusión del precio del suelo sobre el precio final de la vivienda por encima de costes de materiales y de cualquier adición burocrática (licencias, permisos, cánones, tarifas o impuestos municipales o el componente de la mano de obra, aparte del de materiales). Pues bien, ni siquiera el componente de mano de obra, regulado por los convenios colectivos sindicales en el ámbito de la construcción, supera la repercusión del precio del suelo.
Por tanto, en esta cuestión está llamado a participar el ayuntamiento respectivo o la municipalidad correspondiente en este pacto de Estado por la promoción de la vivienda.


Este es un problema candente en este momento y en Coalición Canaria entramos en el fondo de la cuestión apoyando estas iniciativas, que nos parecen muy racionales, en la medida en que tanto en la moción del Grupo

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proponente, Convergència i Unió, como en la enmienda del Grupo Parlamentario Vasco están recogidas todas las exigencias y garantías que nuestro Grupo votará favorablemente. Respondemos así de una manera solidaria y consensuada a una coordinación que puede quedar en la esfera de la Administración General del Estado, pero en la que se sientan cómodas y llamadas a la parte todas las instituciones, en este caso las comunidades autónomas, con sus respectivos parlamentos legislando en la materia competencial estatutaria correspondiente. Por otra parte, si no hay vinculación, fallará todo el sistema. Si en España los ayuntamientos no entran en la solución del problema por la cuestión del suelo, esto estará condenado a no ser más que papel mojado. Como queremos que sea una manera de entrar a resolver el gravísimo problema de la carencia de viviendas de protección oficial y sociales, vinculadas -repito- a la cuestión del suelo y, por tanto, a los ayuntamientos, creemos que aquí hay suficientes pronunciamientos para instar a todos los grupos en un sentido de sensatez y racionalidad. En cuanto a la estructuración que se ha hecho del propio proyecto nosotros nos sentimos cómodamente predispuestos a dar nuestro voto favorable.


Muchas gracias, señora presidenta.


La señora VICEPRESIDENTA (Chacón i Piqueras): Muchas gracias a usted, señor Mardones.


Por el Grupo Parlamentario de Izquierda Verde-Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya-Verds, tiene la palabra el señor Herrera.


El señor HERRERA TORRES: Gracias, señora presidenta. Desde el Grupo Parlamentario de Izquierda Verde quisiera anunciar nuestro voto favorable a la moción de Convergència i Unió a partir también de la reflexión que hacía el señor Beloki.


El señor Beloki comentaba (también lo plantea nuestro Grupo Parlamentario) que en el inicio de la legislatura vio el Ministerio de Vivienda como un ministerio que podía ir bien precisamente por la necesidad de liderazgo y de reorientar las políticas de vivienda, de ordenar mejor la legislación, de marcar una política fiscal distinta, en definitiva permitiendo que se expresase un liderazgo en materia de vivienda que no se había mostrado.
Por supuesto, ante la creación del Ministerio de Vivienda, había una preocupación compartida por el respeto a la distribución competencial en materia de vivienda. Un año después de la creación del ministerio (creo que en el ministerio así lo perciben, y también el Grupo Socialista), la verdad es que existe una cierta preocupación compartida en torno a si el Ministerio de Vivienda va a respetar esa distribución competencial. Y digamos que es una preocupación compartida, ya no por los grupos de la oposición o por grupos que apoyamos al Gobierno y que aprobamos el presupuesto, sino por algunas comunidades autónomas gobernadas por el mismo Partido Socialista. Por eso nuestro grupo valora positivamente la moción de Convergència i Unió -luego expondré una salvedad que espero que el señor Jané entenderá pese a tener posturas distintas-, porque lo que hoy necesitamos es un plan de vivienda concertado con las comunidades autónomas, dando a éstas más margen que el que tenían en la anterior legislatura.


Ustedes saben que las comunidades autónomas -seguro que el señor Matos también lo sabe por experiencia propia- tienen un corsé demasiado estrecho a la hora de hacer vivienda de protección, y lo cierto es que el corsé no puede ser el mismo en Cataluña, en Extremadura o en Canarias, porque son realidades distintas. Por tanto, primera conclusión: el plan de vivienda debe dar mucho más margen a las comunidades autónomas.
Segundo elemento: es necesaria una reforma de la Ley sobre régimen del suelo y valoraciones, que debe hacer el Estado, porque la tesis aquella de que si hubiera más suelo urbanizable y que se pudiese urbanizar mejor, eso permitiría abaratar el precio del suelo se ha demostrado que era falsa. Por tanto, reforma de la ley. Y por último, cambio en la fiscalidad. Aquí es donde le voy a pedir al señor Jané que nos permita hacer una votación separada, concretamente del punto 3, sobre la mejora de los incentivos fiscales. Estamos de acuerdo con los incentivos fiscales al alquiler de vivienda, pero los incentivos fiscales a la adquisición en los últimos años -y me gustaría que la reflexión también la compartiese el Grupo Socialista- han supuesto una traslación de recursos de la Administración del Estado a los promotores, directamente.
De hecho, son muchos los estudios que demuestran que las desgravaciones fiscales en la adquisición lo que suponen, en definitiva, es un encarecimiento del precio de la vivienda, sistemáticamente, siempre. Los derechos adquiridos no se pueden quitar, por supuesto que no, porque son derechos adquiridos y porque además ese precio ya se ha incorporado en el contrato de compra-venta y en la hipoteca que muchos cargan sobre sus espaldas; pero lo que está claro es que hoy tiene que haber una reformulación de la política fiscal, porque la política fiscal no puede continuar siendo la misma. Hay un dato muy significativo. Por cada 100 euros que se destinan a políticas de vivienda en el conjunto de la Unión Europea, 75 euros se dedican a políticas activas de vivienda y 25 a políticas de desgravación. ¿Saben ustedes cuál es la política en España? De cada 100 euros que se destinan (y hay que decir que se destina tres veces menos que en Europa), 83 se dedican a desgravaciones fiscales y tan solo 17 a políticas activas de vivienda. La pregunta es: ¿Tenemos que redundar aún más en el error? No sé si he convencido al señor Jané, espero que sí, pero sobre todo espero haber convencido al portavoz socialista de que, en esta materia, incentivos para el alquiler, por supuesto que sí, porque lo que no podemos hacer en un país en el que precisamente prima la cultura de la propiedad es desincentivar fiscalmente a la cultura del alquiler; pero lo que no podemos hacer es aumentar los incentivos a la adquisición. Eso

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está en contra, no de lo que digo yo, está en contra de su programa electoral. Por tanto, es necesario impulsar más políticas activas.


Veo que ya se ha encendido la luz roja, por tanto, me quedo aquí. En cualquier caso después tendremos ocasión de hablar con el señor Matos.
Nada más y muchas gracias.


La señora VICEPRESIDENTA (Chacón i Piqueras): Gracias, señor Herrera.


En nombre del Grupo Parlamentario Popular tiene la palabra el señor Matos.
(El señor Jané i Guasch pide la palabra.) Señor Jané.


El señor JANÉ I GUASCH: Señora Presidenta, es para hacer una aclaración a la Mesa y también al portavoz de Iniciativa per Catalunya Verds, Joan Herrera, en el sentido de que la nueva redacción del punto 3 ya no habla de incentivos, sino de la mejora del tratamiento fiscal; es un cambio que ya se ha aceptado por la propia Mesa y es el que someteríamos a votación para poder realizar así una votación de conjunto. Por tanto, se lo quiero comunicar al señor Herrera para que sepa que la literalidad del punto 3 ha sido modificada.


La señora VICEPRESIDENTA (Chacón i Piqueras): Gracias, señor Jané. Señor Matos, adelante.


El señor MATOS MASCAREÑO: Gracias, señora Presidenta.


Intervengo para manifestar la posición del Grupo Parlamentario Popular con respecto a la moción de Convergència i Unió. Ya adelantamos que nuestra posición va a ser de abstención. Nos vamos a abstener no porque no valoremos el intento del señor Jané y del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió) de llegar a un voto conjunto de toda la Cámara con respecto a una moción, y, por lo tanto, de eliminar cualquiera de los aspectos que pudieran ser controvertidos, sino porque, dada la manifestación que ha hecho con respecto a que con esta moción lo que quiere Convergència i Unió es sobre todo el pleno respeto a la distribución competencial en el pacto de Estado en materia de vivienda y suelo. A pesar de sus manifestaciones, este es precisamente uno de los puntos controvertidos. Tal como está redactada (incluso es apoyada por grupos que sustentan al Gobierno y que estuvieron a favor de crear la sociedad pública de alquiler), es una moción que, a base de perseguir ser exquisitos y no ser polémicos, es totalmente inocua. Desde luego, nosotros la hubiéramos apoyado si se hubiera contemplado la enmienda presentada por el Partido Nacionalista Vasco, en la cual se hacía una mención expresa al cumplimiento de los acuerdos y de las resoluciones que adopta este Congreso de los Diputados, en particular en lo que se refiere a la sociedad pública de alquiler.


El señor Jané ha mencionado uno de los puntos a los que también ha dado mucha importancia, que es el relativo a las modificaciones legislativas y, por lo tanto, la necesidad de modificar la Ley del Suelo. Tal como está establecido en la moción, es un acuerdo tan inocuo que puede vincular tanto al señor Herrera como a mí, que tenemos puntos de vista seguramente distintos en lo que es la legislación del suelo. Por lo tanto, creo que el esfuerzo de presentar una moción pacífica da como resultado que no es que sea más de lo mismo, sino que no plantea nada concreto.


Nos ha extrañado que la moción no diga nada de la agencia estatal del alquiler. Estoy convencido de que el señor Jané lo ha hecho porque ya da por resuelto este tema en el Congreso de los Diputados porque ya se aprobó una proposición no de ley en la cual se insta al Gobierno a suspender el proceso de creación de la agencia pública de alquiler. Pero no se le escapa al señor Jané que eso no es cierto del todo porque la otra parte, es decir, el Gobierno, no está siendo pacífico con este tema.
En la moción que nosotros defenderemos después como último punto, los grupos que apoyan al Gobierno plantean ya una enmienda en la cual se dice que se apoya a las políticas de mediación del alquiler a través de la sociedad pública de alquiler. Por lo tanto, el Gobierno, tal como adelantó la ministra el otro día, y hoy los grupos que apoyan al Gobierno, lo que dicen en esta Cámara es que les trae completamente sin cuidado lo que se diga y las resoluciones que se aprueben en esta Cámara.
Por tanto, al ser una moción tan inocua, compartiendo mucho del espíritu que tiene, la hubiéramos apoyado con las incorporaciones de la enmienda del Partido Nacionalista Vasco; pero como ha adelantado que no las va a admitir, tal como está hemos optado por la abstención.


La señora VICEPRESIDENTA (Chacón i Piqueras): Finalizamos con el turno del señor Campos en nombre del Grupo parlamentario Socialista.


El señor CAMPOS ARTESEROS: Gracias presidenta.


En primer lugar, queremos indicar nuestro sentido del voto, que es a favor de la propuesta de Convergència i Unió con la corrección de la palabra ya indicada. En segundo lugar, queríamos motivar el voto positivo a la moción. ¿Por qué? Porque creemos que la finalidad, como ha dicho el portavoz de Convergència i Unió, es sumar. Alcanzar un pacto donde se puedan sumar otros grupos de esta cámara, aquellos que sí quieren pactos de Estado -otros no quieren pactos de Estado en nada y esta es una estrategia más- en temas tan importantes como podían ser el de la vivienda. También decimos que sí porque compartimos todas las medidas que recoge esta moción. Creemos que es necesario un pacto porque existe un problema estructural Este no es un problema que se vaya a solucionar ni en seis meses, ni en un año. Lo que es evidente es que las políticas que se hacían antes desde el Gobierno, lo que hicieron fue agravar un problema estructural. Por tanto, ¿qué tenemos que hacer? Un pacto que siente unas medidas que, a corto plazo, tengan una

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reacción y que a medio y largo plazo consigamos que los jóvenes de España se puedan emancipar.


El Partido Popular siempre se escudaba en que el tipo de interés es más bajo. Será más bajo o más alto, pero tienes que pagar una hipoteca durante 40 años de tu vida, y si hacemos el cálculo veremos que hemos hipotecado en toda una generación su poder adquisitivo. Por tanto, sí porque ofrece un pacto. Sí, porque pide el respeto a las competencias. Mi grupo está tranquilo porque el Ministerio de la Vivienda y todos los ministerios que componen el Gobierno van a respetar esas competencias, no porque quiera o no, sino porque un gobierno lo que tiene que hacer es cumplir las leyes. Sí, porque pide hechos concretos, como decía el portavoz. Sí, porque pide impulsar la vivienda protegida. Ya hemos empezado a hacerlo. Hay que decirlo. Este año hay un 31, 7 por ciento más de presupuesto. Mientras gobernaban otros se pasó de un 22 por ciento de vivienda de protección oficial a solo un 5 por ciento. Decimos sí, porque pide dinamizar el mercado de arrendamiento. Creo que en los propios Presupuestos Generales del Estado se incluían medidas en este sentido.
Sí, porque pide acabar con esa especulación que caracterizaba a otros gobiernos donde se quería hacer negocio con el suelo público, donde se quería sacar un provecho para pagar otras cosas. Yo no digo que se tenga que aumentar el presupuesto de otras cosas. Lo que digo, y dice mi grupo, es que con el suelo público no se juega y no se especula, sino que lo que se hace es aumentar la vivienda de protección oficial. Decimos que sí, porque se quieren aumentar este año los recursos públicos para vivienda en un 31,7 por ciento. Decimos sí, porque pide estudiar características de diferente tipología para la vivienda.


Antes de acabar quiero hacer unas cuantas reflexiones. Ahora sí hay una política de vivienda. Es importante que exista el Ministerio de Vivienda.
No hay que olvidar que ha llegado a ser la tercera preocupación de los ciudadanos de España y lo ha sido por las políticas que había y porque hay una generación de jóvenes que se tienen que emancipar tarde y mal, hipotecándose a 40 años. Otros ahora aparecen como solucionadores de problemas, que no voy a decir que los han creado, que sus políticas no ayudaron a resolverlos. Otros prefieren hacer demagogia con lo que surge, cuando debíamos estudiar si aquello que critican lo hicieron ellos y comprobaríamos cómo el Injuve hizo determinadas políticas y cómo el Ayuntamiento de Alicante tiene determinadas políticas que se salta todo el mundo y salen en los titulares, pero lo siguen haciendo. Nosotros estamos cumpliendo y, lo más importante, lo estamos haciendo contando con los jóvenes. El Consejo de la Juventud de España está participando directamente en la gestión de las políticas que van dirigidas a los propios jóvenes. Sin duda ahora podemos opinar, ahora podemos decidir.


Acabaré con una reflexión a todos los grupos. No podemos hablar de jóvenes, no existe ya la palabra joven que abarque desde los 14 hasta los 30; existen jóvenes de 14 a 18; existen jóvenes de 18 a 25; existen jóvenes de 25 a 30; y ahora gracias a unos hay jóvenes de 30 a 35. ¿Esto qué quiere decir? Que también los políticos tenemos que pensar que las soluciones no se deben ajustar a lo que nosotros pensamos que son los jóvenes, como piensan algunos, sino que debemos ajustarnos a lo que dicen los jóvenes que son sus necesidades, y dar respuesta a eso.


Voy acabando, señora presidenta, dando un dato para tranquilizar a todos los grupos. En este último año hay un 2,26 por ciento más de jóvenes emancipados, lo dice el Observatorio Joven de la Vivienda del Consejo de la Juventud, y creo que es un dato grato. Estamos sentando las bases de ese pacto por la vivienda, ese pacto por el suelo que ayudará a solucionar un problema que creo que los políticos debemos resolver.


Gracias. (Aplausos.)

La señora VICEPRESIDENTA: (Chacón i Piqueras): Gracias, señor Campos.


- DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE IZQUIERDA VERDE-IZQUIERDA UNIDA-INICIATIVA PER CATALUNYA VERDS, SOBRE EL CALENDARIO DE DIÁLOGO Y NEGOCIACIÓN PARA LA ELABORACIÓN DE LA LEY DE DEPENDENCIA. (Número de expediente 173/000066.)

La señora VICEPRESIDENTA: (Chacón i Piqueras): Señorías, continuamos con la siguiente moción, del Grupo Parlamentario de Izquierda Verde-Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya Verds, sobre el calendario de diálogo y negociación para la elaboración de la ley de dependencia.


Para la defensa de dicha moción tiene la palabra la señora García Suárez.


La señora GARCÍA SUÁREZ: Muchas gracias, señora presidenta.


La moción que pasaré a defender es la resultante de la interpelación urgente realizada el pasado miércoles al ministro de Trabajo y Asuntos Sociales, que fue debatida en esta Cámara.


Como SS.SS. habrán podido observar, en la exposición de motivos de la moción anunciábamos cuál era nuestra preocupación y nuestra inquietud, que a la vez fueron también expuestas en la interpelación al señor ministro. ¿Qué nos preocupaba, qué es lo que realmente motiva esta moción y motivó la interpelación? Nos preocupaba el calendario; nos preocupaban los procesos de negociación con los agentes sociales, con las comunidades autónomas y con los ayuntamientos; nos preocupaba el compromiso con el modelo que el futuro sistema nacional de dependencia ha de impulsar. Con esta preocupación fuimos a la interpelación y redactamos la moción que SS.SS. a buen seguro conocen.


¿Cuál ha sido nuestro objetivo fundamental y cuál es el que continuamos manteniendo? Ser un motor de fortalecimiento

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del diálogo y del consenso entre los agentes sociales, las comunidades autónomas, como ya hemos dicho, ayuntamientos y el Gobierno, y que de esa fortaleza salga un producto llamado ley de la dependencia, o el nombre que finalmente se acuerde poner, que reconozca un nuevo derecho subjetivo para todas las personas con problemas de limitaciones funcionales, es decir, con problemas que las hacen dependientes debido a no tener los recursos y las prestaciones necesarias, si no seguramente no serían dependientes. Otro objetivo que se desprende de la moción presentada es la necesidad de no dilatar el calendario previsto inicialmente por el Gobierno, intentando reducir al máximo el retraso en la presentación del proyecto de ley.


Estas han sido nuestras motivaciones, señorías, lejos, muy lejos de buscar problemas, dificultades o cuestionamientos del trabajo realizado desde el Gobierno ni desde el ministerio, y mucho menos de los agentes implicados en el diálogo social. Es preciso, por eso, que en temas como el que ahora estamos debatiendo, de una gran trascendencia y un enorme calado social, que sin duda comportará grandes cambios en la calidad de vida de la población en general (digo en general ya que tarde o temprano todos vamos a pasar a tener seguramente problemas de una dependencia u otra) aprendamos a sumar esfuerzos y a comprender que nadie, ninguno de nosotros, ni dentro ni fuera del hemiciclo, tenemos el patrimonio de ningún tema. Una ley como la que pretendemos impulsar ha sido propuesta por todos los grupos políticos con muchos matices y enfoques seguramente diferentes, como en casi todas las leyes, también por los sindicatos, por las comunidades autónomas, por los ayuntamientos y, lo más importante, por la ciudadanía, por las asociaciones, por las asociaciones incluso de mujeres que ahora la están reivindicando, y las asociaciones de afectados. Una ley tan reclamada de manera tan generalizada no puede ser patrimonio exclusivo ni de un sector, ni de un partido, ni de un grupo parlamentario. Tendrá que ser, si llega a serlo, y debe llegar a serlo, patrimonio de todos. (El señor vicepresidente, Cisneros Laborda, ocupa la Presidencia.)

Señorías, nuestra moción instaba al Gobierno a tres puntos que no voy a leer porque SS.SS. los tienen a su disposición. El Grupo Parlamentario Socialista ha presentado una enmienda de sustitución al tercer punto, habiéndose mantenido el primero y el segundo. El segundo punto marca un plazo para la entrega del proyecto de ley, que es a finales de septiembre. Este punto se ha mantenido. La enmienda que ha presentado al punto tercero, que vamos a aceptar, la comentaré después. El Grupo Parlamentario Popular ha presentado una enmienda de modificación que no vamos a poder incorporar y también explicaré por qué. Y el Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió) ha presentado una moción alternativa, que tampoco vamos a poder aceptar, pero nos gustaría razonarla brevemente.


Quizá porque la enmienda de Convergencia i Unió la consideramos alternativa a la nuestra, quisiera comentar a su grupo que nuestra moción pretende impulsar el diálogo social con las comunidades autónomas, ayuntamientos, etcétera. Ustedes también lo expresan en el preámbulo anterior a las propuestas que nos hacen de su moción alternativa. Pero si queremos fomentar el diálogo, no entendemos cómo nos proponen ustedes un listado de ocho puntos bastante cerrados, con un nivel de concreción, alguno de los cuales no corresponde a este nivel de discusión sobre una futura ley que aún no tiene texto y que pretendemos sea pactada y consensuada ampliamente. Aunque estuviera completamente de acuerdo con los puntos que exponen, cosa que no es así porque también hay matices que no compartiría, pero globalmente podría estar de acuerdo, no podría aceptarles esta redacción como sustituta o complementaria a la nuestra.
Podría haberla aceptado en una moción presentada por ustedes, pero no como sustituta a la nuestra, ya que no es este el objetivo de la moción presentada por nuestro grupo. La concreción que usted plantea, seguramente hoy no tendría consenso en esta Cámara, porque pretende que la ley contemple la visión de su grupo. Cada uno de los grupos podríamos presentar un listado de cosas concretas que el resto de los grupos no compartirían. Ese es el debate que pretendemos tener lo antes posible en el Congreso de los Diputados, el de un proyecto de ley que contemple todas las concreciones. Espero que no contemple aquellas concreciones que sean competencia de las comunidades autónomas. Nosotros vamos a vigilar de manera clara este aspecto. Las concreciones que sí contemplará serán las que resulten del consenso y del diálogo con los agentes sociales, comunidades autónomas y ayuntamientos. Después vendrá el debate parlamentario en el que todos deberemos posicionarnos. Entonces habrá que concretar nuestra idea específica.


Señores de Convergencia i Unió, para que vean que no es que no queramos posicionarnos, o no queramos explicar qué es y cómo entendemos que ha de ser esta futura ley, se lo explicaré muy brevemente. Le diré, por ejemplo, que para nosotros el auténtico cuarto pilar del bienestar social no será una realidad hasta que consigamos la universalización del sistema de servicios sociales; igualmente le diré que entendemos que la iniciativa de la nueva ley, por tanto, es en primera instancia básica y de prioridad, dada la situación dramática que viven muchas personas y familias, así que bienvenida sea y a por ella, ya que no será fácil.
Adelantamos que no podemos autoengañarnos pensando que con esta ley tendremos el cuarto pilar, ya que debería enmarcarse en un proyecto más amplio y de verdadero calado de política social, es decir, en clave de igualdad de oportunidades y de derechos sociales universales.


Esta diputada, siempre que le sea posible, recordará allá donde el público se lo permita que los servicios sociales en nuestro país tienen un déficit histórico tanto en derechos como en servicios, prestaciones y recursos, y que la

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responsabilidad sobre esto es de las administraciones públicas, las cuales no hacen más que gestionar, entre otras cosas, recursos asistenciales en el mejor de los casos.


El señor VICEPRESIDENTE (Cisneros Laborda): Señora Suárez, vaya concluyendo, por favor.


La señora GARCÍA SUÁREZ: Sí, señor presidente.


Nosotros partimos de este análisis y tenemos unos planteamientos sobre dónde y cómo debería ubicarse la futura ley de la dependencia, que es en una política de universalización de los servicios sociales, desde donde perfectamente podría conectarse la prestación universal para las personas con problemas de limitaciones funcionales.


Dicho esto, les aclaro que este es nuestro posicionamiento político que, lógicamente, intentaremos que sea entendido y compartido a lo largo del proceso parlamentario y en los próximos años, pero hoy la moción no pretendía simplemente o exclusivamente que se votara nuestro posicionamiento político. Hoy lo que pretendíamos era acelerar el proceso de diálogo y de negociación, comprometer al Gobierno en un plazo y definir un marco de modelo mínimo sobre esta ley. Entendemos que eso sí se ha conseguido en esta moción; pensamos que es un punto de partida y un compromiso que, de ser aprobado de manera mayoritaria por todos los grupos parlamentarios, puede ser un buen inicio para esta futura ley, y por eso pedimos, al igual que a los grupos parlamentarios que nos han presentado enmiendas, que apoyen esta moción.


Por último diré muy brevemente -y lo lamento porque se me acaba el tiempo y el señor presidente me va a volver a llamar la atención-...


El señor VICEPRESIDENTE (Cisneros Laborda): Gracias, lo haré. Su turno se le ha acabado hace algún tiempo.


La señora GARCÍA SUÁREZ: Quisiera haber explicado al Grupo Popular el motivo por el que no podemos votar su enmienda. En todo caso, fuera del hemiciclo puedo hacerlo en cualquier momento; así y con todo, estaríamos de acuerdo en algunos de los puntos que en ella plantean, pero otros evidentemente no los compartimos.


Muchas gracias.


El señor VICEPRESIDENTE (Cisneros Laborda): Muchas gracias, señora García Suárez.


Para la defensa de las enmiendas presentadas a la moción, por el Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió) el señor Campuzano tiene la palabra.


El señor CAMPUZANO I CANADÉS: Gracias, señor presidente.


Señorías, mi grupo tuvo una cierta sorpresa al conocer la iniciativa que planteaba el Grupo Parlamentario de Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya con relación a la cuestión de la dependencia, porque a estas alturas del mes de abril, cuando ya llevamos bastantes meses discutiendo en el Pacto de Toledo y en la Comisión no permanente sobre la discapacidad sobre este asunto, cuando ya el Gobierno hace meses ha entregado el libro blanco, donde desde hace tiempo todos participamos en debates y discusiones sobre esta materia, nos parecía que partíamos de un diagnóstico compartido sobre el problema al que pretendíamos hacer frente: la insuficiencia de recursos en los servicios sociales, los cambios asociados al envejecimiento y al cambio de estructura familiar, los costes para el conjunto de la sociedad de una no política de atención a la dependencia, etcétera; además, nos parecía también que en la discusión sobre cuándo entregaría su proyecto de ley el Gobierno era una cuestión ya bastante resuelta. Poco o mucho, todos sabíamos que este proyecto de ley no entraría antes de este verano. En ese sentido, no entendíamos exactamente lo que pretendía Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya con su iniciativa y luego al leer la moción que se nos presenta aún lo entendemos menos. Es una moción extremadamente light, extremadamente poco comprometida por lo que hace referencia a la acción de impulso que esta Cámara debe dar a la acción de gobierno. Además, cuando ahora vemos que se incorpora una enmienda de modificación del tercer punto que rebaja aún más el compromiso de la Cámara en esta materia, entendemos todavía menos qué pretende el grupo parlamentario que ha presentado esta iniciativa. El debate que hoy sería interesante abrir no es tanto cuándo el Gobierno trae ese proyecto de ley, que lo presentará cuando lo tenga cerrado -hay un compromiso explícito por parte del Gobierno de mostrarlo en durante los próximos meses y mi grupo respeta esa decisión- sino precisamente cuáles son las bases sobre las que se va a sustentar ese proyecto de ley.


La enmienda que planteaba Convergència i Unió pretendía marcar ocho criterios suficientemente generales sobre los que discutir en esta Cámara. Convergència i Unió pretende discutir sobre una ley que garantice el acceso a las prestaciones sociales con carácter universal, que apueste por la equidad en el acceso a las mismas, que apueste por la sostenibilidad económica del sistema de bienestar, que dé prioridad a los servicios de proximidad y atención domiciliaria, que crea en la libertad de elección por parte del usuario, que dé pleno apoyo a los cuidadores, que apueste por la iniciativa privada y especialmente por la iniciativa sin ánimo de lucro y que, finalmente, apueste claramente por el pleno respeto a las competencias legislativas y de gestión de las comunidades autónomas. (La señora vicepresidenta, Chacón Piqueras, ocupa la Presidencia.) Señorías, en el debate abierto ya por el libro blanco, por el propio Gobierno y en el conjunto de la sociedad a mi grupo le preocupa que se contraponga igualdad de los ciudadanos españoles con autonomía.


Es bueno recordar que esa contraposición, tal como se está formulando entra en contradicción con importantes sentencias del Tribunal Constitucional. Por ejemplo, en la sentencia 37/1987, de 26 de marzo, referida a la Ley de

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reforma agraria de Andalucía, el Tribunal Constitucional afirma que la autonomía significa precisamente la capacidad de cada nacionalidad o región para decir cuándo y cómo ejercer sus propias competencias y que el ordenamiento constitucional no exige un tratamiento jurídico uniforme de los derechos y deberes de los ciudadanos en todo tipo de materias y en todo el territorio del Estado, lo que sería frontalmente incompatible con la autonomía; a lo sumo, y por lo que al ejercicio de los derechos y al cumplimiento de los deberes constitucionales se refiere, una igualdad de las posiciones jurídicas fundamentales.


Señorías, en ese proyecto de ley de dependencia o de la autonomía de las personas con dependencia, o el nombre que finalmente el Gobierno opte por darle, uno de los riesgos que se nos plantea es precisamente configurar un marco legal que invada sustancialmente las competencias exclusivas que en materia de asistencia social tienen las comunidades autónomas y que pueda impedir un desarrollo avanzado de esta materia por parte de los gobiernos autonómicos. Mi grupo hubiese agradecido que Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya-Verds hubiese aceptado en su moción una referencia explícita no a una cuestión de propuesta programática de Convergència i Unió o de otros grupos de la Cámara, sino de cumplimiento del marco legal existente, del estatuto de autonomía y de las sentencias del Tribunal Constitucional. La portavoz de Izquierda Unida no lo ha creído oportuno, está en su derecho, pero nos va a obligar a no apoyar su moción; una moción light que no concreta prácticamente nada y cuando además a esa cuestión precisa sobre la que podíamos avanzar tampoco se ha accedido. Por tanto, lamentablemente, Convergència i Unió optará por una respetuosa abstención.


Muchas gracias.


La señora VICEPRESIDENTA (Chacón i Piqueras): Gracias, señor Campuzano.


Señora Pérez Domínguez, en nombre del Grupo Parlamentario Socialista, tiene usted la palabra para la defensa de su enmienda.


La señora PÉREZ DOMÍNGUEZ: Gracias, señora presidenta.


Quiero iniciar mi intervención destacando mi satisfacción por estar hoy aquí hablando de este tema, el cual es importante y del que hay que hablar por ser un tema del máximo interés para todos los grupos, para el suyo, señora García, y también para el mío.


Después de su interpelación del pasado miércoles, quedó patente el espíritu de su formación en el sentido de contribuir y apoyar al Gobierno en su compromiso de desarrollar un sistema nacional de atención a la dependencia o de apoyo a la autonomía de las personas durante la presente legislatura. Estamos, pues, compartiendo una visión política que -coincido con usted- también comparten otros grupos de la Cámara y es que este Gobierno y el Grupo Parlamentario Socialista -quiero que quede bien claro- tienen un compromiso ineludible que se ha dejado patente en esta Cámara en varias ocasiones. La apuesta por la mejora de nuestro sistema de bienestar pasa indefectiblemente por incrementar los servicios y prestaciones que faciliten una mayor independencia, una mayor capacidad de decisión a las personas en relación con su propia vida y, en definitiva, unas condiciones para desarrollar una vida mejor, para mejorar su autonomía. Esta visión, señora García, que creo que compartimos todos, es una apuesta fundamental que forma parte de una manera de entender la política y las políticas, donde la persona, el ciudadano y la ciudadana de este país se convierte en el centro de las políticas públicas y en consecuencia de la acción de gobierno. Estamos hablando de un marco de referencia que es el objetivo de mi grupo parlamentario y del Gobierno de España.


Estando, pues, de acuerdo en lo sustantivo, me va a permitir que matice parte de su intervención o de su justificación de motivos, que a nuestro entender no se ajusta a la realidad y que puede aclarar la preocupación que usted manifiesta respecto al calendario hasta este momento. De no señalarlo ahora, estaríamos colaborando a crear incertidumbre, por lo que creo que es necesario aclararlo. Me refiero al calendario de negociación y diálogo para la elaboración de la ley. Quiero que quede claro que hasta ahora el Gobierno y este Parlamento han cumplido con la planificación existente y tengo interés en recordar a la Cámara las fechas comprometidas que constan en los diferentes "Diarios de Sesiones". El presidente del Gobierno anunció el 30 de junio de 2004 que se estaba trabajando en el libro blanco con comunidades autónomas. Así fue. El 8 de julio pasado se logró el acuerdo sobre competitividad, empleo estable y cohesión social, en el que se marcó este tema como un asunto importante.
El 30 de diciembre el ministro, que tiene la deferencia de acompañarnos hoy en este debate, don Jesús Caldera, informó al Consejo de Ministros sobre el cumplimiento en fecha de la elaboración del libro blanco, que fue presentado en enero a esta Cámara y a las comunidades autónomas y en febrero a los agentes sociales, y se está trabajando en la Mesa de diálogo social, con la que se han mantenido distintas reuniones. Ya ve, señora García, qué cantidad de trabajo sin pausa para poder cumplir con los compromisos, eso sí, de la mejor forma posible, con diálogo y participación. Una ley de este calado no puede elaborarse sin el imprescindible consenso -usted lo ha señalado-; su éxito, su posibilidad de aplicación depende en buena parte de cómo seamos capaces de escuchar, de valorar, de integrar sin desvirtuar los principios basados en el derecho y esto, señorías, además de voluntad, que nos consta a todos, requiere tiempo. Por este motivo mi grupo quiere ser respetuoso con los procesos internos de las organizaciones empresariales y sindicales en la Mesa de diálogo social y con el Gobierno y con la dinámica propia de las comunidades autónomas y de los ayuntamientos, así como de las organizaciones sociales. Por ello vamos a votar favorablemente su iniciativa, que

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nos parece muy importante, agradeciéndole la aceptación de nuestra enmienda, que, al contrario de lo que ha dicho aquí el diputado que ha hablado con anterioridad, viene a definir con más precisión qué se entiende por el sistema de atención a la dependencia y la necesidad de una ley que articule un nuevo derecho que permita a los ciudadanos en situación de dependencia acceder a un catálogo no solo de servicios porque nuestra enmienda incorpora como algo elemental principalmente las prestaciones. Coincido con usted, señora García, en que no es el momento para abrir otro debate. Estamos en las mesas de diálogo, se está negociando y se da por supuesto, señor Campuzano, que se cumplirá la ley.
No hace falta poner en una moción que en este Parlamento vamos a cumplir con la legislación, se da por supuesto que así se hará. Espero contar con la colaboración de este Parlamento cuando llegue el momento de que el Gobierno traiga a esta Cámara, de acuerdo con su compromiso, un proyecto de ley que será un gran paso para este país. No solamente es un proyecto de ley de servicios sociales, de atención social, para atender a unas personas con unas necesidades, sino que es un verdadero proyecto de cambio que va a dar a este país una nueva faz. Aunque tarde y en el siglo XXI tendremos por fin, porque es un compromiso del presidente del Gobierno y de mi grupo parlamentario en esta legislatura, en este año, un proyecto de ley muy necesario para este país y reclamado por los ciudadanos.


Muchas gracias, señora presidenta por su benevolencia. (Aplausos.)

La señora VICEPRESIDENTA (Chacón Piqueras): Gracias a usted, señora Pérez Domínguez.


Tenemos una última enmienda presentada por el Grupo Parlamentario Popular y para su defensa tiene la palabra el señor Echániz.


El señor ECHÁNIZ SALGADO: Muchas gracias, señora presidenta.


Señorías, el contenido del debate de la interpelación del miércoles pasado ya vaticinaba el sentido de la moción de hoy y la justificación para este intento de retraso en la tramitación de la ley de dependencia o de derechos para una vida autónoma y activa, que pretende de alguna forma el Grupo Izquierda Unida para ayudar a que el Gobierno no cumpla con sus compromisos. Eso y no otra cosa es lo que significa -seguro- el punto segundo de la moción en el que piden la prórroga explícita hasta el 30 de septiembre de este año, y en eso, y no en otra cosa también, consistió la intervención del ministro de Trabajo y Asuntos Sociales el miércoles pasado, cuando en varias ocasiones insistió en que la ley de dependencia estaría en la Cámara en 2005, pero sin precisar en qué mes del año.


Señorías, no creo que deban permitir dejar mal al presidente del Gobierno, a don José Luis Rodríguez Zapatero, que en el discurso de investidura se comprometió a presentar esta ley en el Parlamento en junio de este año.
No creo que sea bueno que le hagan ustedes incumplir un compromiso más, porque al final se bastan sus propios ministros para dejarle siempre mal, para rectificarle y hacerle incumplir siempre su palabra. Señorías, esta apreciación no es baladí porque lo importante para nosotros no es salvar la cara a un presidente que pierde credibilidad cada semana, cada vez que viaja o cada vez que abre la boca -y bastante práctica tiene el solito y su Gobierno-, porque lo importante realmente para nosotros es que si la ley no está aquí antes de que acabe este período de sesiones para estudiarla de una forma concienzuda -como merece un texto de estas características y de esta importancia para nuestra sociedad de bienestar-, y, por tanto, poderla debatir inmediatamente después del verano, no podremos conseguir que se incorporen los derechos que reconozca esta legislación a los Presupuestos Generales del Estado para el año 2006, con lo que sin duda habremos perdido una año más en esta materia. A lo mejor esto es lo que quieren ustedes, a lo mejor lo que quieren es repetir el engaño del año pasado y tampoco dedicar en 2006 los mil millones de euros a los que ustedes se comprometieron en sus programas y en sus discursos el año pasado y que también se quedaron en agua de borrajas. A las personas afectadas, a los dependientes, a sus familias, a todo el sector y, desde luego, a los diez millones de ciudadanos que representa mi grupo eso sí nos preocupa mucho; nos preocupa esta estrategia permanente de intentar dilatar la toma de decisiones concretas en el tiempo, cuando las decisiones políticas ya están tomadas, cuando existe un cierto acuerdo previo entre todas las fuerzas políticas para ponerlo en marcha y, sobre todo, para ponerlo en marcha cuanto antes. Por eso, porque creemos que basta ya de maniobras de distracción, hemos presentado una enmienda sencillamente para que el Gobierno pueda cumplir la palabra del presidente del Gobierno, de José Luis Rodríguez Zapatero, que ha dicho que este es un tema importante y que habría ley en junio de este año. Se lo ponemos en bandeja, porque hay mucha gente esperando que ya se ha cansado de la retórica del Gobierno, en la medida en que ha pasado ya un año entre el discurso de investidura de Zapatero, en el que fijó su compromiso en esta materia, y su balance de un año de Gobierno en el que ha vuelto a fijar su compromiso en los mismos términos en este asunto. Exactamente un año y, ¿saben, señorías, qué ha hecho el Gobierno del Partido Socialista en este año por los dependientes? Pues nada, salvo congelar capítulos enteros dedicados a la acción social para las personas mayores y para los discapacitados, disminuyendo las ayudas en un 15 por ciento en los Presupuestos Generales del Estado.


Señorías, hay mucha gente, casi tres millones de personas, además de sus familias, esperando soluciones, esperando que no les defrauden una vez más con maniobras dilatorias y, en la medida en que ya está hecho el diagnóstico, ya tenemos el libro blanco, ya han participado decenas de expertos y de comparecientes en las dos comisiones -Pacto de Toledo y Discapacidad-, ya

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sabemos cuántos son los sujetos susceptibles, quiénes son, qué necesitan, qué se está haciendo en la Unión Europea y cuáles son los recursos existentes y su titularidad -en su mayoría son de comunidades autónomas, de ayuntamientos y de diputaciones-, pasen a la acción. Pasen a la acción, dejen de marear la perdiz, pónganse de acuerdo entre ustedes mismos, como con la reforma del IRPF. La sociedad española no puede estar esperando para avanzar, no puede estar esperando para reforzar y reformar sus estructuras económicas y sociales a que ustedes estén debatiendo interna y permanentemente sus discrepancias por no haber hecho los deberes antes, por no tener programa, por no tener criterio y no tener prioridades. Señorías, no es de recibo. Hay tres millones de personas y sus familias esperándoles y la inmensa mayoría de la sociedad española piensa que esto es necesario y urgente. Convoquen más a la Conferencia Sectorial de Asuntos Sociales, que solo se reunió una vez y, por tanto, están sometiéndola a un diálogo lento y escaso; convoquen más a la Federación Española de Municipios y Provincias, a los agentes económicos, pero sean más diligentes y tampoco hagan esperar otro año a los ciudadanos porque no se lo van a perdonar. Nosotros nos ofrecemos a darles nuestra opinión porque lo hemos trabajado mucho y porque hace un año ya dedicábamos muchos millones a la dependencia como cuarto pilar de la sociedad de bienestar y porque, como dice su propio libro blanco, entre 1995 y 2003, en los ocho años de gobierno popular, se duplicó el gasto social dedicado a las personas con dependencia, además de mejorarse sustancialmente las pensiones y establecer sobre unas bases sólidas nuestro sistema de Seguridad Social. Agradecemos que, cuando menos, el libro blanco de diagnóstico de la situación nos lo reconozca; pero, señores del Grupo Parlamentario Socialista, hagan algo ustedes también, hagan algo para que, al menos, parezca que el tema les interesa.


Muchas gracias, señor presidente. (Aplausos.)

La señora VICEPRESIDENTA (Chacón i Piqueras): Turno de fijación de posiciones.


Comenzamos con el Grupo Parlamentario Mixto. Tiene la palabra la señora Fernández Davila.


La señora FERNÁNDEZ DAVILA: Gracias, señora presidenta.


Señoras y señores diputados, comparecemos para exponer la posición de nuestro grupo respecto de la moción que se está debatiendo así como del asunto que la suscita: la dependencia o las diferentes formas de discapacidad que padecen muchas personas en nuestra sociedad y que podemos llegar a sufrir muchos de nosotros, aunque hoy, afortunadamente, no sea así.


En primer lugar, quiero decir que, dada la expectativa que tiene nuestro grupo en relación con esta ley, no tenemos prisa. No tener prisa tampoco quiere decir dilatar esta cuestión hasta pasados unos años. No; estamos hablando del momento actual y de debatir sin prisa y profundamente las necesidades y, por tanto, las soluciones que tenemos que aportar a esas necesidades. En ese sentido, nos vale perfectamente la moción que nos presenta el grupo de Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya Verds, porque el valor que le damos no es tanto por los puntos que aprobamos, que marcan unas cuestiones básicas que pueden ser lights, como decía el señor Campuzano, sino por el hecho de debatir en este hemiciclo un tema que de alguna manera se está debatiendo ya en la Comisión del Pacto de Toledo y en la Comisión de Discapacidad, así como en la mesa creada con diferentes agentes sociales.


Otra de las cuestiones positivas de la moción que estamos tratando es lo que se refiere al primer punto. Nosotros no presentamos enmienda porque nos parecía que se entiende perfectamente lo que se quiere decir cuando se habla de agentes sociales. Entendemos perfectamente que el Gobierno convoque una mesa con los agentes sociales y económicos, es decir, los representantes de la patronal y las centrales sindicales, o cuando menos con algunas de ellas, concretamente las dos centrales mayoritarias de ámbito estatal. Sin embargo, por agentes sociales entendemos también otras organizaciones representativas de un sector importante de la discapacidad y que no se sienten representadas en aquellas demandas que pueden hacer por las centrales sindicales o los representantes sindicales o asociativos de la patronal y ni siquiera se sienten representados en su totalidad con las propuestas que el Cermi expresó en la Comisión del Pacto de Toledo. Tampoco estoy hablando de que el Gobierno se reúna con todas y cada una de las organizaciones que trabajan en el ámbito de la discapacidad que existen en el Estado español y en las diferentes comunidades autónomas, sino de que estas asociaciones representativas, con agentes sociales que aun estando en el Cermi están también federadas a nivel de Estado y que, por lo tanto, tienen matices que hacer a la propuesta que nos expuso el representante del Cermi en la Comisión del Pacto de Toledo, deberían ser oídas, no por el Parlamento, que ya las está oyendo en estas dos comisiones a las que me he referido, sino por el Gobierno que, en definitiva, es el que tiene que presentar la propuesta para que después nosotros podamos discutirla. En ese sentido, nos parece importante que se esté debatiendo esta cuestión, para que el Gobierno tome en cuenta que existe una preocupación por los agentes sociales que más directamente trabajan en el ámbito de la discapacidad y poner así fin a la falta de predisposición que hasta este momento ha mostrado el Gobierno para dialogar con ellos.


Damos por hecho que este proyecto de ley no va a entrar en el Congreso de los Diputados antes del mes de septiembre -era algo que a preguntas de estos agentes sociales siempre he reiterado-, pero me parece importante que podamos discutir este tipo de cuestiones porque, como ya he señalado anteriormente, la expectativa que tiene mi grupo sobre este proyecto de ley diría que es la misma expectativa social que se respira en toda la sociedad del Estado español, aunque más vivida y más

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sentida por estos grupos de personas que trabajan en el mundo de la discapacidad. Esa expectativa va más allá de que aprobemos una ley que sea sustitutoria de algo parecido a las pensiones no contributivas, a la propia Lismi, que era mejor que las pensiones contributivas o cualquier otra cosa parecida. Tenemos la expectativa de profundizar en una ley que adquiera el rango que tiene actualmente el Sistema Nacional de Salud, porque pensamos, y tendremos tiempo para matizar esas cuestiones, que la situación actual en nuestra sociedad, el cambio de roles, incluido el rol femenino en aquellos asuntos que hasta ahora eran prácticamente responsabilidad de las mujeres y que necesariamente tienen que ser responsabilidad del Estado y la Administración, obliga a hacer cambios profundos en cuestiones tan importantes como es la dependencia. Por tanto, la elaboración de esta ley debe hacerse sin prisas, con profundidad y con el debate necesario; no sé si será posible llegar a obtener el consenso, que sería lo mejor, pero cuando menos que nos permita debatirla en profundidad para tratar de llegar a obtenerlo, aunque después no pueda existir el mismo. En cualquier caso, no debemos desperdiciar esta oportunidad, porque estamos hablando de una ley sobre la dependencia. Espero que esas expectativas nos sirvan para defenderla en profundidad con aquellas diferencias que todos y todas seguramente vamos a tener, pero que al menos nos ayuden a elaborar una ley que sea realmente una ley de la dependencia.


Muchas gracias.


La señora VICEPRESIDENTA (Chacón i Piqueras): Gracias, señora Fernández.


¿El Grupo Vasco quiere fijar posición? (Pausa.) Adelante, señor Azpiazu.


El señor AZPIAZU URIARTE: Gracias, señora presidenta.


Nuestro grupo parlamentario cree firmemente que tenemos que avanzar en los derechos de las personas en situaciones de dependencia. Si de algo debe servir el crecimiento económico y el progreso es para que todos podamos disfrutar de él y las personas dependientes no pueden ser ignoradas en ningún caso.


Estamos básicamente de acuerdo con el espíritu de la moción que hoy nos trae a debate el Grupo Parlamentario de Izquierda Verde-Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya Verds, sin embargo nos preocupa, y así hemos de manifestarlo, porque cuando se habla del sistema nacional de cobertura se nos ponen los pelos de punta. Tenemos la experiencia a lo largo de los últimos años de que cuando se utiliza el término nacional en este Parlamento posteriormente se habla de uniformización, se habla de equiparación y surge una ley básica, lo que siempre significa una evasión competencial y una regresión autonómica. Por tanto, ese término nos preocupa. Aunque parezca innecesario, desde el Grupo Vasco quisiéramos hacer una puntualización en este sentido porque para nosotros y para el apoyo futuro de nuestro grupo al proyecto de ley de dependencia es muy importante. Se habla en la moción de negociación, cooperación y coordinación de todos los agentes económicos e institucionales -comunidades autónomas y corporaciones locales incluidas- y no está mal que se negocie, se coopere y se coordine, es incluso necesario, pero para que no haya ninguna duda se debería incluir en la moción y en el proyecto de ley el respeto escrupuloso a las competencias de las comunidades autónomas y corporaciones locales en la materia objeto de ser considerada en una ley de dependencia, tal y como ha señalado y ha insistido en ello el diputado Carles Campuzano, de Convergència i Unió.


En relación con Euskadi, quisiera referirme a tres cuestiones que son competencia exclusiva de la comunidad autónoma. En primer lugar, está la asistencia social -competencia de la comunidad autónoma-, las competencias municipales que se derivan de la Ley de Régimen Local y el régimen económico de la Seguridad Social, que según la disposición transitoria quinta del estatuto de autonomía es competencia de la comunidad autónoma de Euskadi. En definitiva, una ley, sí, más pronto que tarde, pero que no olvide ni intente esquivar y superar las competencias de las comunidades autónomas y corporaciones locales en las materias a que me he referido. Coordinación y colaboración, sí, y respeto escrupuloso al ámbito competencial, también. A la espera de esta clarificación, nuestro grupo se va a abstener en la votación de esta moción.


Muchas gracias.


La señora VICEPRESIDENTA (Chacón i Piqueras): Gracias, señor Azpiazu.


- DEL GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR EN EL CONGRESO, EN MATERIA DE VIVIENDA.
(Número de expediente 173/000067.)

La señora VICEPRESIDENTA (Chacón i Piqueras): Finalizamos con la moción del Grupo Parlamentario Popular, en materia de vivienda. Para su defensa, tiene la palabra el señor Matos.


El señor MATOS MASCAREÑO: Gracias, señora presidenta.


Señorías, en el debate de la interpelación que celebramos el pasado miércoles se pusieron de manifiesto los incumplimientos del Gobierno con su propio plan de choque. El Gobierno solo había sido capaz de realizar dos medidas de ese plan de choque, no había tenido tiempo en un año de crear la comisión de expertos de alquiler, ni la creación de líneas de crédito en el ICO, ni de crear la comisión interministerial del suelo, ni de reformar la Ley del Patrimonio de las Administraciones Públicas, ni de reformar la Ley del Suelo, ni de crear o aprobar el código ético para el sector. Esto lo calificamos desde el Grupo Parlamentario Popular de un auténtico fracaso, pero ahí no acaban los fracasos del Ministerio de Vivienda. La

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ministra de Vivienda, sabedora de que su ministerio no tiene apenas competencias en materia de suelo y de viviendas, se había volcado en la creación de un organismo que pudiera ser gestionado directamente por ella, la también famosa agencia pública de alquiler. Desde un principio le dijimos el disparate que suponía crear una agencia que realizara las mismas funciones que hacen otras agencias u organismos públicos de carácter autonómico y local. No nos hizo el más mínimo caso y el pasado miércoles la agencia estatal de alquiler, el proyecto estrella de la ministra, fue rechazado por este Congreso de los Diputados. Pero tampoco acaban ahí los fracasos del Gobierno. La última propuesta de la ministra, la de los minipisos de 25 metros cuadrados, también ha sido un fracaso.
Si en aquella ocasión la agencia estatal del alquiler contó con el respaldo de su partido y de Izquierda Unida, la propuesta de los minipisos no ha contado ni con eso. Ya en el debate de la interpelación leí lo que opinaban textualmente de esos minipisos tanto Gaspar Llamazares, de Izquierda Unida, como dirigentes de su propio partido como Joan Clos, o el secretario general de los socialistas canarios Juan Carlos Alemán, que afirmó que a la señora ministra había que ponerla a vivir en un piso de 25 metros porque a lo mejor cambiaba. Hoy el Partido Socialista ha anunciado su apoyo a la moción de Convergència i Unió, que precisamente habla de la prohibición de hacer pisos de 25 metros cuadrados, con lo cual también está votando en contra de la propuesta del ministerio. En resumen, fracaso tras fracaso y un año perdido.


Todo lo expuesto justifica la moción que hoy presentamos y para la cual pedimos el voto de la Cámara. El punto 1 insta al Gobierno a cumplir las resoluciones aprobadas por el Congreso de los Diputados. Créanme si les digo que me dio cierta vergüenza redactar este punto. En principio me pareció que podría ofender a alguien. ¿Cabría en la cabeza de alguien plantearse incumplir una resolución tan contundente de estas Cortes Generales, máxime cuando el presidente Rodríguez Zapatero ha dicho que no se puede gobernar en contra de las comunidades autónomas y que la proposición no de ley que rechazó la agencia pública de alquiler fue rechazada por cuatro partidos políticos que gobiernan en diez de las diecisiete comunidades autónomas? Pues bien, en la cabeza de la ministra Trujillo sí cabía esta posibilidad. El pasado miércoles, tan solo cuatro horas después de que el Congreso aprobara la resolución rechazando la creación de la agencia pública de alquiler, la ministra se subió a esta tribuna y nos empezó a hablar del futuro de la citada agencia como si no hubiera pasado absolutamente nada. Por ello este punto, con gran pesar por nuestra parte, se hace absolutamente necesario.


En el punto 2 se insta al Gobierno a mantener las actuales deducciones fiscales por adquisición de vivienda habitual. Creemos que no se pueden contemplar estos incentivos fiscales solamente como una medida de política económica, sino como una medida de política social que tiene como finalidad descargar a las familias que están comprando su vivienda habitual y pagando su hipoteca de una presión que las demás familias no tienen, es decir, facilitarles la vida. Por eso nunca nos hemos opuesto aquí, en otras propuestas presentadas sobre todo por Convergència i Unió, a que se modifique el tratamiento fiscal de los alquileres.


Con el punto 3, referente al nuevo plan de vivienda, pretendemos que el Gobierno haga lo que tenía que haber hecho y no hizo durante todo este año: concederles la máxima prioridad. Ello hubiera evitado prorrogar el actual plan de vivienda sine die, tal como hizo el Consejo de Ministros el pasado 1 de abril. Ese plan debe ser además suficientemente flexible porque hoy en día, después de 20 años de ejercer sus competencias, son las comunidades autónomas las que desarrollan sus propios programas de vivienda y además aportan el 80 por ciento de la financiación de los mismos.


En el punto 4 se propone instar al Gobierno a dar la mayor prioridad a la negociación de un pacto sobre suelo y vivienda con las comunidades autónomas y con las corporaciones locales. Esta propuesta fue formulada en el mes de octubre por Mariano Rajoy y cuando se hizo también recordamos que en enero de 2003, entonces desde el Gobierno, ya habíamos propuesto un pacto sobre el suelo que fue rechazado por las comunidades autónomas gobernadas por el Partido Socialista. Hace muy pocas semanas, el Ministerio de la Vivienda ha trasladado a las comunidades autónomas el texto de un posible pacto del suelo, pero completamente vacío de contenido. El texto recoge todos los objetivos que tenía el pacto del 2003 y la proposición no de ley presentada por el Partido Popular, pero de verdad sólo sirve como exposición de motivos. El ejemplo más significativo de lo que estoy diciendo es el párrafo dedicado a la movilización de los suelos públicos, que textualmente dice: Las administraciones firmantes se comprometen a ejercer activa y eficazmente las competencias que tengan atribuidas para asegurar que los patrimonios públicos de suelo se dediquen a los destinos a los que están legalmente vinculados. De verdad, esto y nada es absolutamente lo mismo. En este pacto también se propone la modificación de la Ley del Suelo, pero ya hemos dicho al ministerio que es necesario decir qué artículos de la Ley del Suelo y Valoraciones son necesarios modificar, porque yo estoy convencido -y lo dije antes- que una propuesta de modificación de la Ley del Suelo de Izquierda Unida no va a ser la misma que la del Partido Popular o la de Convergència i Unió. Señorías, hasta aquí la moción tal y como nosotros la presentamos el pasado jueves.


Hoy hemos presentado una enmienda de adición en la que además planteamos la reprobación de la gestión de la actual ministra de Vivienda. Y no es que entonces no nos faltaran motivos para plantear la reprobación.
Creemos que el fracaso de todas sus propuestas es motivo suficiente para su reprobación. Fracasó en su propuesta de suprimir la deducción por adquisición de vivienda habitual; fracasó su famoso plan de choque; fracasó en los resultados

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de su gestión: de 16.000 ayudas a los inquilinos, sólo 3.217; de 15.000 ayudas a los propietarios, solamente 277, y el precio de la vivienda sigue aumentado igual que el año pasado. Y su proyecto estrella, la sociedad pública de alquiler, ha sido rechazado por la mayoría del Congreso de los Diputados. También nos parece suficiente motivo para la reprobación el hecho de haber exhibido sin el más mínimo recato su voluntad de seguir adelante con el desarrollo de la agencia estatal de alquiler a pesar del rechazo de la Cámara.


Señorías, si incumplir una resolución de las Cortes Generales, que es donde reside la soberanía popular, es ya suficientemente grave, subir a esta tribuna tan solo cuatro horas después de ser rechazada la agencia estatal del alquiler a evidenciar que le trae sin cuidado lo que diga el Congreso de los Diputados nos parece realmente vergonzoso. Así y todo, el jueves presentamos un texto de moción positivo y pacífico. Pero este fin de semana, al nuevo rechazo de su propuesta de modificar la normativa de vivienda protegida se ha unido la burla y la guasa que ha producido la contradicción de la propuesta que la ministra hace a toda la sociedad con el código de comportamiento político que se aplica. No ha habido ni un solo periódico ni una tertulia de radio ni una charla en toda la geografía nacional que no haya criticado y ridiculizado durante estos días al Ministerio de la Vivienda del Gobierno de España.


La señora VICEPRESIDENTA (Chacón i Piqueras): Vaya concluyendo, señor Matos.


El señor MATOS MASCAREÑO: Concluyo, señora presidenta.


Y eso, de verdad, nos ha producido auténtica vergüenza ajena. Por ello consideramos plenamente justificada la reprobación en los términos que hemos planteado.


Se han presentado dos enmiendas por los grupos de esta Cámara. La enmienda del Partido Nacionalista Vasco la suscribimos en su totalidad. Lo que ocurre es que no podemos admitirla porque por técnica parlamentaria no puede ser votada punto por punto porque, sustituiría plenamente a la nuestra y no se incorporarían algunos puntos que sí consideramos de interés. El Partido Nacionalista Vasco sí dice que se deben cumplir las resoluciones de la Cámara, en particular la proposición no de ley relativa a la suspensión del proceso de creación de la agencia pública de alquiler. La enmienda presentada por Esquerra Republicana, Izquierda Unida y el Partido Socialista la vamos a rechazar. De verdad, después de haber sido tratada y aprobada una proposición no de ley, como fue la de la pasada semana, volver a poner en un punto 3 que las políticas de mediación al alquiler deban seguir siendo a través de la sociedad estatal pública de alquiler nos parece un despropósito y, desde luego, faltar al respeto y a la voluntad de la mayoría del Congreso de los Diputados.


Muchas gracias. (Aplausos.)

La señora VICEPRESIDENTA (Chacón i Piqueras): El señor Beloki, del Partido Nacionalista Vasco, dio por defendida su enmienda en la moción anterior sobre este mismo tema. Por tanto, pasamos a la defensa de las enmiendas presentas, que han sido dos, la del Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV) fue defendida por el señor Beloki en la moción anterior, por lo que pasamos al debate y a la defensa de las enmiendas que conjuntamente han suscrito dos grupos parlamentarios. Para aclaración del señor Matos han sido el Grupo Parlamentario Socialista e Izquierda Verde-Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya Verds.


Empezamos con el turno del Grupo Parlamentario Socialista. Tiene la palabra el señor Contreras.


El señor CONTRERAS PÉREZ: Gracias, señora presidenta.


Señorías, el miércoles de la semana pasada asistíamos al debate de una interpelación del Grupo Popular en materia de vivienda. La intervención del señor Matos, por parte del Grupo Popular, estuvo plagada no solamente de imprecisiones sino de una tergiversación clara de la realidad de lo que ha sido el Plan de vivienda en el año de Gobierno socialista. Y voy a dar algunos datos.


Antes lo calificó de fracaso rotundo. Tanto en la interpelación como en la comparecencia del director general se dieron datos que aseguraban que en el año de Gobierno socialista se habían hecho 154.000 actuaciones; 154.000 actuaciones en un año. Pues bien, señorías, durante los ocho años de Gobierno del Partido Popular esto se puede agrupar en dos partes. En la primera, ejecución del Plan de vivienda 1998-2001: la media de ejecuciones en esos cuatro años fue de 100.000, es decir el 65 por ciento de los objetivos planificados inicialmente. El Tribunal de Cuentas decía que ese plan de vivienda era un fracaso y llamaba la atención de todos los partidos políticos para que se llegara a un acuerdo en materia de suelo y vivienda. (Rumores.) No miento. Es una resolución del Tribunal de Cuentas. Pueden leer ustedes el informe. (Rumores.) Pasemos a los años 2002 y 2003, correspondientes al Plan de vivienda 2002-2005, que se puso en funcionamiento a través del Real Decreto 1/2002, aprobado también por el Gobierno del Partido Popular. En el año 2002 se hicieron 119.000 actuaciones y en el año 2003, 116.000. El Partido Popular considera que se trata de un rotundo fracaso hacer un 33 por ciento más de actuaciones que el Partido Popular en sus ocho años de gobierno. Eso sí que es un rotundo fracaso. (Aplausos.) Señorías, creo que el señor Álvarez-Cascos y el señor Arias Salgado tuvieron mucha suerte de que el señor Matos no estuviese en aquellos momentos en este Congreso de los Diputados, porque si hoy pide la reprobación de la ministra María Antonia Trujillo con este resultado, ¿qué es lo que hubiese hecho con los ministros Arias Salgado y Álvarez-Cascos? (Rumores.) Todos sabemos que todo lo que se le ocurrió decir al ministro Álvarez-Cascos en el ámbito de la vivienda... (El señor Martínez-Pujalte

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López pronuncia palabras que no se perciben.) Ahora llegaremos a los pisos, señor Pujalte. (Rumores.) Ahora hablaremos de los minipisos del señor Zaplana; no se preocupe usted que llegaremos a eso. (Rumores.)

La señora VICEPRESIDENTA (Chacón i Piqueras): Señorías, por favor.


Continúe, señor Contreras.


El señor CONTRERAS PÉREZ: Ahora hablaremos del minipiso del señor Zaplana (El señor Martínez-Pujalte López: ¡En lo público y en lo privado!)

La señora VICEPRESIDENTA (Chacón i Piqueras): Señor Martínez-Pujalte, por favor.


Continúe, señor Contreras.


El señor CONTRERAS PÉREZ: Nosotros, después de esa interpelación -que ya he calificado de agria, de descalificatoria, de no aportar realmente nada para la solución de un problema que afecta a tantos millones de ciudadanos y que esperan el acuerdo de las distintas fuerzas políticas-, pensábamos que nuestra actitud ante esa situación debía ser constructiva.
Y así lo hemos hecho porque evidentemente -creo que hay que reconocérselo al Partido Popular- la moción que presentó es razonable. Me parece razonable que sigan insistiendo en que no se cree la sociedad pública de alquiler y me parece razonable que planteen cuestiones como un pacto por el suelo o impulsar la puesta en funcionamiento del nuevo plan de vivienda. Me parece perfecto, señor Matos. De hecho, usted sabe perfectamente que en nuestra enmienda hemos introducido los puntos 3 y 4 de su moción, igual que hemos introducido los puntos 1 y 2, que los proponían tanto Convergència i Unió como el PNV, y los puntos 5 y 6, que también eran propuestos conjuntamente por PNV y Convergència i Unió, y nosotros añadíamos otros puntos. Por tanto, nadie puede negar que nuestro espíritu al venir hoy a este debate era el de tender la mano para avanzar en la construcción de un consenso de cara a solucionar este problema.
Pero evidentemente ésa no era la intención del Grupo Popular, no era ésa su intención, señor Matos, y hoy nos sorprende, excusándose en no sé muy bien qué, con la reprobación de la ministra; desde luego, no basándose en datos porque los datos los hemos dado.


Podemos pasar al tema de la sociedad pública de alquiler. Usted recurre a un argumento que no se sostiene, y es que como aquí se hizo un acuerdo en el que se decía que no se hiciera la sociedad pública de alquiler, no se puede hacer de ninguna forma. Si es por eso, usted no podía haber traído a esta Cámara esa proposición no de ley porque cuando se aprobaron los Presupuestos Generales del Estado para 2005 había una partida presupuestada que era precisamente para la creación de la agencia pública de alquiler, aprobada por mayoría de este Pleno. (Aplausos.) Y le diré otra cosa. No le voy a negar, señor Matos, que efectivamente ha habido suspicacias en cuanto a la creación de la sociedad pública de alquiler, pero ¿cómo se vencen esas suspicacias? Se vencen negociando y hablando con los distintos grupos parlamentarios, y explicándoles que no es verdad lo que ustedes están diciendo sobre la sociedad pública de alquiler, que ustedes en esto han mentido. No es verdad que la sociedad pública de alquiler vaya a imponer nada a ninguna comunidad autónoma. En las comunidades autónomas que no quieran colaborar con la sociedad pública de alquiler no habrá sociedad pública de alquiler. Se establecerá una colaboración entre la sociedad pública de alquiler y las distintas comunidades autónomas a través de los instrumentos que tienen esas comunidades autónomas, no habrá oficinas paralelas, no habrá competencia, como usted decía el otro día, sino que habrá colaboración y cooperación.


La señora VICEPRESIDENTA (Chacón i Piqueras): Vaya concluyendo, señor Contreras.


El señor CONTRERAS PÉREZ: Voy terminando, señora presidenta.


Solamente quiero decir que ustedes han tergiversado también el tema de los minipisos. Aquí se habló de apartamentos y de estudios, y no son precisamente ni el Decreto 1/2002 ni el Decreto 1721/2004 los que hablan de superficies mínimas útiles, no, son sus comunidades autónomas, señor Matos: Viviendas de protección oficial, Islas Baleares, 26 metros cuadrados (Rumores.); Comunidad Valenciana, 24 metros; Galicia, 26 metros más cuarto de baño. Y así sucesivamente. (Rumores.)

La señora VICEPRESIDENTA (Chacón i Piqueras): Vaya concluyendo, señor Contreras.


El señor CONTRERAS PÉREZ: Señor Matos, esa es la realidad. Ustedes han mentido en el tema de la sociedad pública de alquiler y han hecho demagogia en el tema de los estudios y de los apartamentos. Esa es la realidad. (Rumores.)

La señora VICEPRESIDENTA (Chacón i Piqueras): Señorías, por favor.


El señor CONTRERAS PÉREZ: Y hoy lo han demostrado ustedes con la reprobación a la gestión del Ministerio de Vivienda, cuando no hay datos que lo avalen. (Rumores.)

La señora VICEPRESIDENTA (Chacón i Piqueras): Vaya concluyendo, por favor.


El señor CONTRERAS PÉREZ: Voy terminando. (El señor Martínez-Pujalte López: ¡Y el chalé de El Viso!)

La señora VICEPRESIDENTA (Chacón i Piqueras): Señor Martínez-Pujalte, por segunda vez, por favor.


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El señor CONTRERAS PÉREZ: Señorías, nuestra mano sigue tendida, como lo está al resto de los grupos, también al Partido Popular, para que en una materia tan importante como ésta lleguemos a acuerdos, y cuanto antes mejor, señor Matos.


Muchas gracias, señoría. (Aplausos.)

La señora VICEPRESIDENTA (Chacón i Piqueras): En nombre del Grupo Parlamentario de Izquierda Verde-Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya Verds, el señor Herrera tiene la palabra.


El señor HERRERA TORRES: Gracias, señora presidenta.


En un tono cordial, tal y como hizo el señor Matos en Comisión, yo le recordaría que algunos de los pronunciamientos que usted aquí plantea -y lo sabe bien- no son compartidos por nuestro grupo parlamentario. En el punto 2 plantea que se mantengan las actuales deducciones del IRPF por adquisición de vivienda habitual. Antes lo explicaba y creo que es muy gráfico. Usted y todos los expertos en materia de vivienda saben que las deducciones en el IRPF por adquisición de vivienda se diseñaron en un momento en el que se necesitaba mayor inversión en ese campo porque no despegaba la vivienda y precisamente como un incentivo para que ese sector tirase de la economía. Hoy no se da el caso. En España se construye más que en Italia, Francia y Alemania juntos y, por tanto, lo que eso demuestra es que el problema no es de desgravaciones. Las desgravaciones fiscales, señor Matos, suponen una transferencia de capital directa del Estado al promotor, se interiorizan en el precio de la vivienda, y por tanto lo que ustedes están planteando es, si me permite, la política que fracasó en su momento. De hecho, en los ocho años de Gobierno del Partido Popular las políticas fiscales no ayudaron precisamente al acceso, lo que hicieron fue perjudicar.


En su punto número 4 plantea la transformación del suelo urbanizable en suelo apto para edificar. Yo he escuchado durante muchos años aquello de que es necesario suelo y cuanto más suelo más barato será, pero la realidad está muy alejada de los parámetros que ustedes anunciaron. Su modificación de la Ley del Suelo lo que hizo fue encarecerlo. En el punto 4 -usted sabe que se lo he planteado en diferentes ocasiones- sus políticas son la causa precisamente del disparate que hay en el campo de la vivienda. En el punto 1 plantea que se cumpla las resoluciones, y usted sabe cuál fue nuestra intervención en la Comisión del pasado miércoles. Nuestro grupo entiende que la sociedad pública de alquiler puede ser un incentivo para crear mecanismos técnicos y financieros para que realmente haya instrumentos de estas características, pero usted sabe también que nosotros hemos dicho siempre que estos mecanismos se pueden diseñar desde esa sociedad estatal del alquiler, pero las que tienen que ejercer esas competencias son las comunidades autónomas con los instrumentos que tengan. A usted le parecerá quizás irrelevante, pero a mí me parece muy importante el hecho de que la enmienda presentada por el Grupo Socialista, por nosotros y también por Esquerra, aunque si no la ha firmado es porque su portavoz estaba en ese momento en Comisión, tiene un valor importante. Es así, la había transaccionado antes -recuérdelo usted- con el Grupo Socialista que con nosotros y tiene un valor importante. ¿Y por qué tiene un valor importante? Porque lo que se dice es que se dará desde la sociedad pública de alquiler mediante instrumentos existentes en las comunidades autónomas. ¿Qué significa eso? Simplemente que los instrumentos serán los de las comunidades autónomas, que por supuesto la sociedad pública de alquiler lo que no puede hacer es abrir una oficina en Santa Cruz de Tenerife o en la ciudad de Barcelona, porque eso le compete a las comunidades autónomas. Esta medida es especialmente relevante.


Nuestro grupo entiende que hoy el ministerio debe liderar un cambio y una reorientación de la política en materia de vivienda y que las competencias son de las comunidades autónomas. ¿Y sabe para qué puede servir la sociedad pública de alquiler y el liderazgo del ministerio? Para poner de manifiesto allí donde se hace política de vivienda y allí donde no se hace -antes lo decía en la moción de Convergència i Unió- que lo que necesitamos es una mejor ordenación de la política de vivienda y más margen para las comunidades autónomas, que no ocurra como con el Gobierno anterior que encorsetó a las comunidades autónomas. Por ello nuestro grupo le plantea esta enmienda y por ello nuestro grupo, como le dije en su día, no cree en los puntos 1, 3 y 4. Y vistos los precedentes, vistos los resultados, visto lo que pasa con la gente joven o con la gente mayor, que se queda de patitas en la calle por el moobing inmobiliario, lo que hace falta es reorientar la política anterior y la verdad es que el ministerio con el Plan de la vivienda, con la Ley del Suelo y nosotros creemos también que con una reorientación de la política fiscal, tendrá que cambiar la política que se ha hecho hasta este momento.


Muchas gracias.


La señora VICEPRESIDENTA (Chacón i Piqueras): Gracias, señor Herrera.


¿Grupos que desean fijar posición? (Pausa.) Señor Andreu, es su turno.


El señor ANDREU DOMINGO: Señor Matos, creo que su reprobación y la escalada que nos presenta en la radicalización tienen el origen...


La señora VICEPRESIDENTA (Chacón i Piqueras): Perdone, señor Andreu.
Mientras usted se baja el micro, es importante, señorías, que estén en silencio para que se le pueda oír.


Adelante.


El señor ANDREU DOMINGO: ... en una victoria pírrica en la que interpreta usted la intención de los demás

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grupos sobre la proposición no de ley que se debatió el miércoles pasado sobre la agencia nacional de alquiler. Quisiera expresar por qué razones nuestro voto fue a favor de la enmienda que presentaban ustedes. El 8 de abril en Consejo de Ministros se da autorización para la creación de la agencia pública de alquiler. Tanto en la nota del Consejo de Ministros como en la posterior rueda de prensa de la señora ministra, las comunidades autónomas, que son las que tienen otorgada esta competencia, quedan absolutamente relegadas. En la nota informativa no se habla de las comunidades autónomas. En la conferencia de prensa se las nombra a raíz de una pregunta y dando el mismo rango a las comunidades autónomas que a las corporaciones locales, a los agentes de la propiedad inmobiliaria, al Injuve, a los consejos de juventud, a los administradores de fincas y a las aseguradoras. Nuestro grupo cree que esto no era, ni mucho menos, la traducción sobre el Estado autonómico en la creación de la agencia pública de alquiler. (El señor presidente ocupa la Presidencia.) Pero no nos engañemos. Nosotros dimos nuestro voto porque creíamos que se había faltado al ordenamiento jurídico respecto a las comunidades autónomas, no por todo lo que ustedes dicen. La enmienda de sustitución que ha presentado el Partido Socialista y el Grupo de Iniciativa Els Verds-Izquierda Unida también nuestro grupo la hubiera podido suscribir.
Creemos que en ella quedan subsanados todos estos temores que nos infundó la presentación de la agencia pública de alquiler, tanto en el Plan de vivienda como en el pacto del suelo y en la misma agencia pública de alquiler. Creemos que es absolutamente diáfana la voluntad del Grupo Socialista de ser en todo este tema absolutamente respetuoso con las actuaciones competenciales de las comunidades autónomas. Ante la voluntad manifiesta de esta rectificación que se ha dado, nosotros suscribimos la enmienda de sustitución, y no estamos ni mucho menos en la sintonía que se atribuía después del resultado de la votación de la proposición no de ley. En absoluto les seguiremos en esta escalada que no sé dónde les va a llevar.


Muchas gracias.


El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Andreu.


Tiene la palabra, por el Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), el señor Jané.


El señor JANÉ I GUASCH: Señor presidente, señorías, señora ministra aquí presente, leyendo el texto inicial de la última moción que centra el debate de este martes sobre vivienda, el Grupo de Convergència i Unió entiende que habría podido coincidir en algunas de las medidas que se plantean, pero la forma en que ha sido defendida y sobre todo la autoenmienda de adición provocan que no la podamos aceptar. Convergència i Unió entiende que con una reprobación expresa a la ministra no se tiende un puente para el necesario consenso en materia de vivienda; lo serían algunas de las medidas aisladas que plantea el Grupo Popular en esta moción, pero no lo es en su conjunto. Yo quiero recordar que Convergència i Unió nunca ha votado a favor de ninguna reprobación a un ministro y tampoco votaremos hoy la reprobación de la ministra de vivienda, no es con reprobaciones como vamos a construir un futuro lleno de medidas, que es lo que hace falta en el ámbito de la vivienda: hace falta pacto, acuerdo, medidas y respeto al ámbito competencial autonómico.


Convergència i Unió, en su anterior moción, ha planteado medidas y algunas de las que inicialmente plantea el Grupo Popular podríamos compartirlas.
Por ejemplo, con toda claridad, nosotros no nos desdecimos del voto afirmativo que dimos el pasado 20 de abril a su proposición no de ley en la Comisión de Fomento y Vivienda. Seguimos pensando que la agencia pública estatal de alquiler no es la solución idónea, sobre todo entendemos que, en su planteamiento inicial, puede conculcar competencias autonómicas. Por tanto, que quede en el "Diario de Sesiones" nuestra posición nítida y diáfana sobre esa agencia pública estatal de alquiler, expresamente no la compartimos por el tema competencial. Si después la ministra y el Gobierno dan una explicación distinta del alcance final de esa agencia, Convergència i Unió está abierta a dialogar sobre las medidas de la misma, pero mi Grupo no puede compartir su planteamiento inicial. En ningún caso nos desdecimos, al contrario, entendemos que esa resolución del pasado 20 de abril debe cumplirse, la aprobó la Comisión de Fomento y Vivienda -está aquí su presidente- y las resoluciones que se aprueban por mayoría en un Parlamento deben cumplirse. El Gobierno debería de tener una cierta cautela en todo lo relativo al desarrollo de esa agencia entendiendo que esa mayoría no se dio cuando se votó expresamente el pasado día 20. Hay otras medidas que son coincidentes con esta moción y que van a ser ya aprobadas en la votación subsiguiente.


Termino para no alargar más la sesión, pues está ya avanzada la tarde de hoy, como he empezado al defender nuestra moción. Sobre la vivienda, señora ministra, señorías, no podemos hacer triunfalismos, tenemos que concretar medidas, tenemos que buscar un consenso. Medidas y consenso es lo que ha pretendido Convergència i Unió con su moción y, por tanto, nos congratulamos de que finalmente pueda ver la luz, la podamos aprobar hoy.
Esperamos de su ministerio y del conjunto de las fuerzas parlamentarias, con el máximo y pleno respeto a las competencias autonómicas, ser capaces de dar un mensaje positivo ante el problema de la vivienda. Menos triunfalismo, más medidas en positivo es la línea que hoy propone Convergència i Unió.


Muchas gracias.


El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Jané.


Es turno de aceptación o rechazo de enmiendas. Me dicen que el Partido Popular ha hecho una autoenmienda. Me imagino que estará usted de acuerdo en aceptarla, pero si quiere me lo confirma.


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El señor MATOS MASCAREÑO: Señor presidente, sin duda, la enmienda que ha presentado mi grupo parlamentario es aceptada. Ya expliqué antes desde la tribuna los motivos por los que rechazaba tanto la del Partido Nacionalista Vasco como la de Izquierda Unida y Esquerra Republicana.


El señor PRESIDENTE: Así se hará la votación, señor diputado.


Vamos a proceder a la votación de las mociones consecuencia de interpelaciones urgentes. En primer lugar, moción del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió) sobre la orientación de la actual política de vivienda del Gobierno. Esta moción se vota en sus términos.


Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 306; a favor 183, en contra cinco; abstenciones, 118.


El señor PRESIDENTE: Queda aprobada.


Votación de la moción del Grupo Parlamentario de Izquierda Verde- Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya Verds sobre el calendario de diálogo y negociación para la elaboración de la ley de dependencia, a la cual se incorpora la enmienda presentada por el Grupo Socialista.


Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 306; a favor, 170; en contra, uno; abstenciones, 135.


El señor PRESIDENTE: Queda aprobada.


Votación de la moción del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso en materia de vivienda a la cual se incorpora la enmienda presentada por el grupo proponente.


Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 305; a favor, 122; en contra, 183.


El señor PRESIDENTE: Queda rechazada. (Aplausos.)

Se suspende la sesión.


Eran las nueve y cuarenta y cinco minutos de la noche.

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