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DS. Congreso de los Diputados, Pleno y Dip. Perm., núm. 100, de 23/06/2005
 


CORTES GENERALES
DIARIO DE SESIONES DEL CONGRESO DE LOS DIPUTADOS
PLENO Y DIPUTACIÓN PERMANENTE

Año 2005 VIII Legislatura Núm. 100
PRESIDENCIA DEL EXCMO. SR. D. MANUEL MARÍN GONZÁLEZ
Sesión plenaria núm. 95
celebrada el jueves, 23 de junio de 2005


ORDEN DEL DÍA:

Convalidación o derogación de Reales Decretos-Leyes:

- Real Decreto-ley 8/2005, de 27 de mayo, por el que se adoptan medidas urgentes para reparar los daños causados por las inundaciones acaecidas en la isla de la Gomera ("BOE" número 127, de 28 de mayo de 2005).
(Número de expediente 130/000019.) ... (Página 5044)

- Real Decreto-ley 9/2005, de 6 de junio, por el que se prorroga el plazo previsto en la disposición transitoria quinta de la Ley Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre, de Universidades, para la renovación de los contratos de los profesores asociados contratados conforme a la legislación anterior ("BOE" número 135, de 7 de junio de 2005). (Número de expediente 130/000020.) ... (Página 5037)

Rechazo del Senado al objetivo de estabilidad presupuestaria:

- Acuerdo del Gobierno por el que, en cumplimiento de los artículos 8 y 13 de la Ley 18/2001, de 12 de diciembre, General de Estabilidad Presupuestaria, se fija el objetivo de estabilidad presupuestaria del conjunto del sector público y de cada uno de los grupos de agentes que lo integran para el período 2006-2008, y el límite de gasto no financiero del presupuesto del Estado para 2006. "BOCG. Congreso de los Diputados", serie D, número 211, de 27 de mayo de 2005. (Número de expediente 430/000002.) ... (Página 5050)

Página 5034


Enmiendas del Senado:

- Proposición de Ley Orgánica de modificación de la Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial, para perseguir extraterritorialmente la práctica de la mutilación genital femenina. "BOCG. Congreso de los Diputados", serie B, número 29-1, de 23 de abril de 2004 (corrección de error en "BOCG. Congreso de los Diputados", serie B, número 29-2, de 26 de abril de 2004). (Número de expediente 122/000015.) ... (Página 5055)

Debates de totalidad de Convenios internacionales:

- Estatuto de la Secretaría General Iberoamericana, hecho en San José (Costa Rica) el 20 de noviembre de 2004. "BOCG. Sección Cortes Generales", serie A, número 151, de 9 de junio de 2005. (Número de expediente 110/000096.)

Debates de totalidad de iniciativas legislativas:

- Proyecto de Ley de restitución a la Generalidad de Cataluña de los documentos incautados con motivo de la Guerra Civil custodiados en el Archivo General de la Guerra Civil Española y de creación del Centro Documental de la Memoria Histórica. "BOCG. Congreso de los Diputados", serie A, número 35-1, de 22 de abril de 2005. (Número de expediente 121/000035.) ... (Página 5058)

- Proposición de Ley del Senado, relativa a la modificación de la Ley 29/1994, de 24 de noviembre, de arrendamientos urbanos, en materia de duración del contrato. "BOCG. Congreso de los Diputados", serie B, número 178-1, de 22 de abril de 2005. (Número de expediente 124/000008.) ...
(Página 5069)

Dictámenes de la Comisión de Asuntos Exteriores sobre Convenios internacionales:

- Estatuto de la Secretaría General de Iberoamérica, hecho en San José, Costa Rica, el 20 de noviembre de 2004. (Número de expediente 110/000096.) ... (Página 5075)

SUMARIO

Se reanuda la sesión a las nueve de la mañana.


Convalidación o derogación de reales decretos-leyes ... (Página 5037)

Real Decreto-ley 9/2005, de 6 de junio, por el que se prorroga el plazo previsto en la disposición transitoria quinta de la Ley Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre, de Universidades, para la renovación de los contratos de los profesores asociados contratados conforme a la legislación anterior ... (Página 5037)

La señora ministra de Educación y Ciencia (San Segundo Gómez de Cadiñanos) expone ante la Cámara las razones que han impulsado al Gobierno a la adopción del Real Decreto-ley 8/2005, de 6 de junio, por el que se prorroga el plazo previsto por la Ley Orgánica de Universidades para la renovación de los contratos de los profesores asociados que vienen prestando sus servicios en las universidades públicas españolas conforme a las previsiones de la legislación anterior. Espera la conformidad de los grupos parlamentarios porque se trata de dar respuesta a una preocupación reiteradamente manifestada por la generalidad de las administraciones educativas, los rectores de las universidades, los sindicatos y, en definitiva, de toda la comunidad universitaria.


En turno de fijación de posiciones intervienen los señores Rodríguez Sánchez, del Grupo Parlamentario Mixto; Mardones Sevilla, del Grupo Parlamentario de Coalición Canaria; la señora García Suárez, del Grupo Parlamentario de Izquierda Verde-Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya Verds; los señores Esteban Bravo, del Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV); Canet Coma, del Grupo Parlamentario Esquerra Republicana (ERC); la señora Pigem i Palmés, del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió); el señor Nasarre Goicoechea, del Grupo Parlamentario Popular en

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el Congreso, y la señora Palma Muñoz, del Grupo Parlamentario Socialista del Congreso.


Real Decreto-ley 8/2005, de 27 de mayo, por el que se adoptan medidas urgentes para reparar los daños en la isla de la Gomera ... (Página 5044)

El señor ministro del Interior (Alonso Suárez) presenta ante el Pleno del Congreso el Real Decreto-ley 8/2005, por el que se adoptan medidas urgentes para reparar los daños causados por las inundaciones en la isla de la Gomera debido al fuerte temporal que se produjo el pasado 17 de enero, con episodios de intensas lluvias torrenciales que afectaron con especial incidencia a las zonas sur y oeste de la isla. El objetivo del Real Decreto-ley es, desde el principio constitucional de solidaridad y con amparo legal en la autorización contenida en el artículo 86 de la Constitución, la aprobación de un catálogo de medidas paliativas y reparadoras que, afectando a varios departamentos ministeriales, se dirigen a favorecer el restablecimiento de los servicios, la reparación de los daños producidos y la vuelta a la normalidad de las zonas objeto del siniestro.


En turno de fijación de posiciones intervienen los señores Mardones Sevilla, del Grupo Parlamentario de Coalición Canaria; Cabrera Matos, del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, y Armas Dárias, del Grupo Parlamentario Socialista del Congreso.


Sometida a votación la convalidación o derogación del Real Decreto-ley 9/2005, de 6 de junio, por el que se prorroga el plazo previsto en la disposición transitoria quinta de la Ley Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre, de Universidades, para la renovación de los contratos de los profesores asociados contratados conforme a la legislación anterior, se aprueba la convalidación por 307 votos a favor.


Sometida a votación la convalidación o derogación del Real Decreto-ley 8/2005, de 27 de mayo, por el que se adoptan medidas urgentes para reparar los daños causados por las inundaciones acaecidas en la isla de la Gomera, se aprueba la convalidación por 307 votos a favor y una abstención.


Rechazo del Senado al objetivo de estabilidad presupuestaria ... (Página 5050)

Acuerdo del Gobierno por el que, en cumplimiento de los artículos 8 y 13 de la Ley 18/2001, de 12 de diciembre, General de Estabilidad Presupuestaria, se fija el objetivo de estabilidad presupuestaria del conjunto del sector público y de cada uno de los grupos de agentes que lo integran, para el período de 2006-2008 y el límite de gasto no financiero del presupuesto del Estado para 2006 ... (Página 5050)

En turno de fijación de posiciones intervienen la señora Fernández Davila, del Grupo Parlamentario Mixto; los señores Mardones Sevilla, del Grupo Parlamentario de Coalición Canaria; Herrera Torres, del Grupo Parlamentario de Izquierda Verde-Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya Verds; Azpiazu Uriarte, del Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV); Puigcercós i Boixassa, del Grupo Parlamentario Esquerra Republicana (ERC); Sánchez i Llibre, del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió); Martínez-Pujalte López, del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, y Fernández Marugán, del Grupo Parlamentario Socialista del Congreso.


Sometido a votación el acuerdo del Gobierno por el que, en cumplimiento de los artículos 8 y 13 de la Ley 18/2001, de 12 de diciembre, General de Estabilidad Presupuestaria, se fija el objetivo de estabilidad presupuestaria del conjunto del sector público y de cada uno de los grupos de agentes que lo integran, para el período 2006-2008 y el límite de gasto no financiero del presupuesto del Estado para el 2006, se aprueba por 167 votos a favor, 147 en contra y tres abstenciones.


Enmiendas del Senado ... (Página 5055)

Proposición de Ley Orgánica de modificación de la Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial, para perseguir extraterritorialmente la práctica de la mutilación genital femenina ... (Página 5055)

En turno de fijación de posiciones intervienen la señora Fernández Davila, del Grupo Parlamentario Mixto; el señor Mardones Sevilla, del Grupo Parlamentario de Coalición Canaria; las señoras García Suárez, del Grupo Parlamentario de Izquierda Verde-Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya Verds; Uría Etxebarría, del Grupo Parlamentario

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Vasco (EAJ-PNV); Bonás Pahisa, del Grupo Parlamentario Esquerra Republicana (ERC); Pigem i Palmés, del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió); Camarero Benítez, del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, y el señor Muñoz González, del Grupo Parlamentario Socialista del Congreso.


Debates de totalidad de iniciativas legislativas ... (Página 5058)

Proyecto de Ley de restitución a la Generalidad de Cataluña de los documentos incautados con motivo de la guerra civil custodiados en el Archivo General de la Guerra Civil Española y de creación del Centro Documental de la Memoria Histórica ... (Página 5058)

La señora ministra de Cultura (Calvo Poyatos) presenta el proyecto de ley de restitución a la Generalidad de Cataluña de los documentos que fueron incautados con motivo de la guerra civil y que se encuentran custodiados en el Archivo General de la Guerra Civil, así como la creación del Centro Documental de la Memoria Histórica que aprobó el Consejo de Ministros, en su reunión de 15 de abril de 2005. Explica el doble objetivo que se marca en este proyecto: por un lado permitir el restablecimiento de las situaciones jurídicas y legítimamente extinguidas en lo que respecta a la Generalidad de Cataluña y a las personas naturales y jurídicas de carácter privado, víctimas en su momento de una injusticia histórica y, por otro, salvaguardar, en razón de su interés histórico y cultural, la integridad funcional del archivo y de los documentos y fondos documentales en él custodiados, reforzando las políticas públicas en orden a garantizar la puesta a disposición de los ciudadanos de toda la documentación generada por la contienda en el futuro Centro Documental de la Memoria Histórica.


En defensa de la enmienda a la totalidad interviene el señor Robles Orozco, en nombre del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.


En turno de fijación de posiciones intervienen la señora Lasagabaster Olazábal, los señores Labordeta Subías y Rodríguez Sánchez, del Grupo Parlamentario Mixto; Herrera Torres, del Grupo Parlamentario de Izquierda Verde-Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya Verds; Esteban Bravo, del Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV); Canet Coma, del Grupo Parlamentario Esquerra Republicana (ERC); Vilajoana Rovira, del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), y la señora Cunillera i Mestres, del Grupo Parlamentario Socialista del Congreso.


Proposición de Ley del Senado, relativa a la modificación de la Ley 29/1994, de 24 de noviembre, de arrendamientos urbanos, en materia de duración del contrato ... (Página 5069)

En defensa de la enmienda de totalidad presentada por el Grupo Parlamentario Socialista del Congreso, interviene el señor Fuentes Guzmán.


En turno en contra interviene el señor Matos Mascareño, del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.


En turno de fijación de posiciones intervienen la señora Navarro Casillas, del Grupo Parlamentario de Izquierda Verde-Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya Verds; y los señores Cerdà Argent, del Grupo Parlamentario Esquerra Republicana (ERC), y Jané i Guasch, del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió).


Dictámenes de la Comisión de Asuntos Exteriores sobre convenios internacionales ... (Página 5075)

Estatuto de la Secretaría General Iberoamericana, hecho en San José, Costa Rica, el 20 de noviembre de 2004 ... (Página 5075)

Sometido a votación, se aprueba por asentimiento.


Enmiendas del Senado. (Votación.) ... (Página 5075)

Proposición de Ley Orgánica de modificación de la Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial, para perseguir extraterritorialmente la práctica de la mutilación genital femenina ... (Página 5075)

Sometidas a votación las enmiendas del Senado a la proposición de ley orgánica de modificación de la Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial, para perseguir extraterritorialmente la práctica

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de la mutilación genital femenina, se aprueba por 326 votos a favor.


Votación de conjunto ... (Página 5075)

Sometida a votación de conjunto por tener la proposición de ley carácter orgánico, se aprueba por 324 votos a favor y una abstención.


Debates de totalidad de iniciativas legislativas. (Votación.) ...
(Página 5076)

Proyecto de Ley de restitución a la Generalidad de Cataluña de los documentos incautados con motivo de la guerra civil custodiados en el Archivo General de la Guerra Civil Española y de creación del Centro Documental de la Memoria Histórica ... (Página 5076)

Sometida a votación la enmienda a la totalidad de devolución del proyecto de ley de restitución a la Generalidad de Cataluña de los documentos incautados con motivo de la guerra civil custodiados en el Archivo General de la Guerra Civil Española y de creación del Centro Documental de la Memoria Histórica, se rechaza por 135 votos a favor, 187 en contra y dos abstenciones.


Avocación por el Pleno ... (Página 5076)

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 149.1 del Reglamento, la Presidencia somete al Pleno de la Cámara la avocación de la deliberación y votación final del proyecto de ley de restitución a la Generalidad de Cataluña de los documentos incautados con motivo de la guerra civil custodiados en el Archivo General de la Guerra Civil Española y de creación del Centro Documental de la Memoria Histórica, lo que se aprueba por asentimiento.


Proposición de Ley del Senado relativa a la modificación de la Ley 29/1994, de 24 de noviembre, de arrendamientos urbanos, en materia de duración del contrato. (Votación.) ... (Página 5076)

Sometida a votación la enmienda a la totalidad de devolución de la proposición de ley del Senado, relativa a la modificación de la Ley 29/1994, de 24 de noviembre, de arrendamientos urbanos, en materia de duración del contrato, se aprueba por 170 votos a favor, 140 en contra y 16 abstenciones.


Se levanta la sesión a la una y cuarenta y cinco minutos de la tarde.


Se reanuda la sesión a las nueve de la mañana.


El señor PRESIDENTE: Se reanuda la sesión.


De conformidad con lo dispuesto en el artículo 131.2 del Reglamento, comunico a la Cámara que la votación relativa al carácter orgánico de la proposición de ley orgánica de modificación de la Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial, para perseguir extraterritorialmente la práctica de la mutilación genital femenina, no tendrá lugar antes de las doce de la mañana.


CONVALIDACIÓN O DEROGACIÓN DE REALES DECRETOS-LEYES:

- REAL DECRETO-LEY 9/2005, DE 6 DE JUNIO, POR EL QUE SE PRORROGA EL PLAZO PREVISTO EN LA DISPOSICIÓN TRANSITORIA QUINTA DE LA LEY ORGÁNICA 6/2001, DE 21 DE DICIEMBRE, DE UNIVERSIDADES, PARA LA RENOVACIÓN DE LOS CONTRATOS DE LOS PROFESORES ASOCIADOS CONTRATADOS CONFORME A LA LEGISLACIÓN ANTERIOR. (Número de expediente 130/000020.)

El señor PRESIDENTE: Punto VIII del orden del día, convalidación o derogación de reales decretos-leyes. En primer lugar, Real Decreto-ley 9/2005, de 6 de junio, por el que se prorroga el plazo previsto en la disposición transitoria quinta de la Ley Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre, de Universidades, para la renovación de los contratos de los profesores asociados contratados conforme a la legislación anterior.
Primero intervendrá un miembro del Gobierno, supongo que la ministra, para justificar las razones que han obligado a la promulgación del real decreto-ley.


Señora ministra.


La señora MINISTRA DE EDUCACIÓN Y CIENCIA (San Segundo Gómez de Cadiñanos): Señor presidente, señoras y señores diputados, comparezco hoy ante la Cámara para exponer las razones que han impulsado al Gobierno a la adopción del Real Decreto-ley 9/2005, de 6 de junio, por el que se prorroga el plazo previsto por la Ley Orgánica de Universidades para la

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renovación de los contratos de los profesores asociados que vienen prestando sus servicios en las universidades públicas españolas conforme a las previsiones de la legislación anterior. Creo que SS.SS. compartirán el interés por esta actuación normativa que hoy se presenta para su convalidación, ya que busca dar respuesta a una demanda, a una honda preocupación reiteradamente manifestada por la generalidad de las administraciones educativas, los rectores de las universidades, los sindicatos y, en definitiva, toda nuestra comunidad universitaria. No podía ser de otro modo pues el problema afecta a cerca de 17.000 profesores asociados, repartidos entre la totalidad de nuestras universidades públicas en las diferentes comunidades autónomas. Aunque es conocida la disposición del Gobierno a modificar diversos aspectos de la LOU para colaborar al mejor funcionamiento de nuestro sistema universitario, el aspecto que nos ocupa se caracteriza por la necesidad de una urgente revisión. La disposición transitoria quinta, referida a los actuales profesores asociados contratados de acuerdo con la anterior normativa, establece un plazo máximo de cuatro años desde la entrada en vigor de la ley para adaptarse al nuevo régimen. Con independencia de que la regulación del profesorado contenida en la LOU vaya a ser objeto de revisión, como ha manifestado su intención de hacer el Gobierno y será analizado en esta Cámara, lo cierto es que el plazo fijado resultaba a todas luces insuficiente para asegurar la transición del viejo al nuevo marco. Como quiera que la fecha efectiva de entrada en vigor de la ley fue el 13 de enero de 2002, el plazo para finalizar estos contratos es el próximo 13 de enero de 2006. Además de que no sea posible garantizar que para entonces el nuevo texto legal haya visto la luz, en cualquier caso para la correcta programación docente de las universidades es extremadamente necesario prorrogar el plazo de operación de esta normativa.


La disposición transitoria afecta a los contratos administrativos de los profesores asociados, que no podrían ser prorrogados, debiendo ajustarse a las nuevas normas sobre contratación laboral previstas en la Ley Orgánica de Universidades. En esta ley el profesor asociado experimenta un cambio apreciable con respecto a su anterior configuración legal, ya que a partir de la LOU solamente es posible la variante de tiempo parcial, sin que se contenga ninguna referencia a los asociados a tiempo completo. El muy numeroso grupo de docentes que integran este grupo en la universidad española tendría que reconducirse a una de las figuras contractuales previstas en la ley orgánica. Todo esto generaría en nuestras universidades, que como SS.SS. saben atienden a millón y medio de estudiantes, una situación de incertidumbre que afectaría de modo importante a la programación docente de los numerosos departamentos o áreas de conocimiento que cuentan con asociados a tiempo completo y que deben realizar la planificación del próximo curso académico durante este verano. Una vez transcurrido el primer trimestre del próximo curso, los profesores asociados a tiempo completo tendrían que ser despedidos o reconvertidos como ayudantes, según la Ley Orgánica de Universidades.
Esta sería la opción posible, que supondría una merma en sus condiciones laborales y salariales y una disminución de la capacidad docente para la propia universidad, porque no podrían hacerse cargo individualmente -una de las nuevas figuras- de la docencia que en estos momentos ocupa un profesor asociado a tiempo completo. Este conflictivo horizonte nos lleva a concluir que la actuación del Gobierno responde a la verdadera existencia de la urgente y extraordinaria necesidad que exige nuestro ordenamiento constitucional para la apelación a este mecanismo normativo, lo que a nuestro entender justifica plenamente la promulgación del real decreto-ley, estableciendo un plazo diferente al previsto en la disposición transitoria quinta que haga compatibles las exigencias de organización y el normal desenvolvimiento de las tareas docentes con la adecuada transición desde el antiguo sistema contractual de la Ley de Reforma Universitaria al nuevo previsto por la Ley Orgánica de Universidades. En definitiva, como les decía al principio, creo que todos compartimos plenamente esta necesidad que ha sido manifestada por todos los representantes de los diversos grupos de la universidad.


Antes de pasar la palabra a SS.SS. para el debate y el análisis de este decreto-ley, les quiero pedir disculpas porque no me va a ser posible asistir a todo el debate, ya que no estaba programado este horario anteriormente. Confío plenamente en que SS.SS. convengan en la apreciación que ha hecho el Gobierno de las necesidades de llevar a cabo este cambio normativo, la premura temporal que hace imprescindible la adopción del real decreto-ley objeto de debate y para el que solicitamos su convalidación.


Muchas gracias.


El señor PRESIDENTE: Gracias, señora ministra.


Quisiera simplemente comunicar a la Cámara que si hemos comenzado por este punto del orden del día es por una solicitud expresa del propio Gobierno.


Por el Grupo Parlamentario Mixto tiene la palabra el señor Rodríguez.


El señor RODRÍGUEZ SÁNCHEZ: Gracias, señor presidente.


El Bloque Nacionalista Galego va a apoyar el real decreto-ley que presenta el Gobierno para hacer esta modificación de la disposición transitoria quinta de la LOU. Pensamos que se trata de una cuestión no solamente de justicia sino incluso funcionalmente necesaria, a no ser que se quisiese poner en grave peligro el funcionamiento del sistema universitario.


De todas maneras, este real decreto-ley pone en evidencia las carencias de la estructura del profesorado de la universidad que se plantea en la LOU.
Y es curioso que esta figura del profesor asociado haya sido cubierta precisamente muchas veces con docentes que provenían de otros niveles educativos, en concreto de la enseñanza

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secundaria, lo cual plantea hasta qué extremo sigue pendiente una fluidez del acceso de los profesores de enseñanza primaria y secundaria a la universidad con los debidos títulos académicos requeridos, es decir, con el grado de doctor. En todo caso, el hecho de que esta figura solamente se contemple a tiempo parcial va a ser un grave impedimento precisamente para esta fluidez entre los distintos niveles del sistema educativo. Por lo demás, celebramos que a los profesores asociados con el título de doctor no se les haga pasar por docencia fuera de sus universidades para poder integrarse en el cuerpo de ayudantes doctores.


Muchas gracias.


El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Rodríguez.


Por Coalición Canaria, señor Mardones.


El señor MARDONES SEVILLA: Gracias, señor presidente.


Coalición Canaria va a votar favorablemente la convalidación de este real decreto porque entendemos -como bien ha expresado la señora ministra de Educación y Ciencia- las necesidades de urgencia, que están plenamente justificadas porque afectan no a ningún programa reglado que tuviera que tener una previsión en el tiempo, sino a una anomalía surgida por una aplicación de un derecho contractual a estos profesores contratados asociados a tiempo completo. La señora ministra ha señalado la cifra de 17.000 personas en esta circunstancia. Una suspensión de contratos o el pase con el sistema legislativo que venía siendo norma para este colectivo de profesores asociados, la Ley Orgánica 11/1983, de Reforma Universitaria, en todos los programas de investigación de los departamentos universitarios que tengan este tipo de contratos y con estos investigadores, supondría un colapso total en la universidad pública española. Hay que prever que todos los equipos disciplinarios y disciplinares en las distintas temáticas de los programas de investigación de los departamentos universitarios tienen un fuerte soporte de colaboración humana, no solo en los cuadros de profesorado propio de la enseñanza universitaria sino en todo este mundo contractual, y como se pueden vulnerar unos derechos favorables adquiridos -los que están basados como he dicho en la Ley Orgánica 11/1983- por la aplicación de la normativa actual, esto llevaría a un caos también contractual y podría dar origen incluso a recursos contenciosos administrativos que nadie desea, ni las universidades públicas ni el profesorado, los profesores, catedráticos o cuadros de investigadores que están desarrollando sus trabajos en ellas. Por tanto, este colectivo se vería penalizado por una falta de sincronía o de adaptación de las distintas legislaciones que se les aplica y la solución no sería que este profesor asociado se transformara en un profesor a tiempo parcial y perdiera una serie de cometidos con efectos económicos financieros repercutiendo en el presupuesto de cada universidad, sino que ello supondría un procedimiento de dislocación dentro de la armonía tanto económica como de seguridad laboral. La fórmula de este real decreto-ley viene a dar una solución puente cuando en su momento, pasados los tiempos de prudencia en que se alarga esta posibilidad, se finiquita el contrato según la norma anterior, precisamente la que había servido, es decir, el reconocimiento de una especie de derecho adquirido contractual para la renovación del contrato en las mismas condiciones de profesor asociado a tiempo completo y que no tenga que verse obligado a trabajar a tiempo parcial porque eso también dislocaría las posibilidades de investigación. Todo ello nos parecen razones suficientes para dar nuestro voto favorable a la convalidación de este real decreto-ley dentro de la sensatez y del sentido común.


Muchas gracias, señor presidente.


El señor PRESIDENTE: Gracias a usted, señor Mardones.


Por Izquierda Verde, señora García.


La señora GARCÍA SUÁREZ: Gracias, señor presidente.


Señorías, señora ministra, el Real Decreto-ley 9/2005, de 6 de junio, relativo a la regulación de la prórroga de plazo previsto en la disposición transitoria quinta de la Ley Orgánica 6/2001, que hoy traemos para su aprobación, como no podía ser de otra manera, va a contar con el voto favorable de nuestro grupo parlamentario. Dicho esto, aunque sea muy brevemente, es preciso situar en el contexto actual este decreto y sobre todo puntualizar una serie de aspectos que a nuestro grupo parlamentario le preocupan especialmente.


La aprobación de este real decreto no es una solución definitiva sino transitoria. Lo verdaderamente urgente es la revisión y modificación de la Ley Orgánica de Universidades, la LOU, compromiso que lleva ya un tiempo encima de la mesa del Gobierno y reivindicación que ha sido expuesta y reclamada desde nuestro grupo parlamentario y otros, también desde los sindicatos y las organizaciones de estudiantes, desde hace años. Señorías, para nuestro grupo parlamentario la LOU fue un retroceso importante que instauró, entre otras muchas cosas, un irracional procedimiento de habilitaciones. Nos encontramos pues, de nuevo, en una situación de puente en que las soluciones como este real decreto no son más que un mal menor, ya que tan solo difiere o retrasa un tiempo la solución global y satisfactoria que necesita nuestro sistema universitario en un momento trascendental en el que se está definiendo el nuevo espacio europeo en el ámbito de la educación y el conocimiento y, por tanto, de la universidad en su sentido más amplio. De no aprobarse este decreto afectaría a más de 17.000 personas - como ya ha comentado la señora ministra y nos muestran los datos- a los que según la LOU se les puede prorrogar, año tras año, el contrato con el tope del 13 de enero de 2006, es decir, cuatro años después de la entrada en vigor de la ley.
Esta situación podría

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generar un despido masivo de los profesores asociados a tiempo completo, que no hubiesen conseguido en enero de 2006 su acreditación con la Aneca o con otra agencia para alguna de las figuras que contempla la LOU, ayudante doctor, colaborador o contratado doctor. Por tanto, la urgencia de este real decreto se justifica, desde nuestro punto de vista, fundamentalmente por los problemas laborales de los profesores asociados, porque supondría una situación de inseguridad que afectaría a todas estas personas y a la planificación del próximo curso académico.


Ahora bien, dicho esto -que hacía falta mencionar por la parte positiva que tiene este decreto y que no queremos dejar en el aire y que no conste-, debemos aprobar este decreto pero también nos corresponde -y nuestro grupo parlamentario así lo va a hacer en esta intervención- asumir el compromiso de resolver este problema de manera definitiva en la modificación y posterior aprobación de la nueva ley universitaria, que no debe retrasarse más de lo imprescindible y que esperamos que ello signifique tener el proyecto de ley en el Congreso en el último trimestre del año. No obstante, señorías, hoy debemos poner el acento no solo en lo que vamos a resolver y aprobar sino en lo que no estamos resolviendo con este decreto. Y no resolvemos el problema de otro colectivo que no por ser más reducido es menos importante. Estamos hablando del colectivo de profesores conocidos como ayudantes, que en la actualidad son aproximadamente más de 900 en todo el Estado, distribuidos de manera muy desigual entre las diferentes universidades. Su situación está contemplada en la disposición transitoria cuarta de la LOU, que no voy a leer por falta de tiempo y porque considero que no es este el tema fundamental. Lo importante es saber que en el caso de los ayudantes no hay una fecha límite para todos en su finalización, sino que depende de la extinción del contrato total y, como se refleja en los artículos 34.3 y 34.5 de la LRU, estos contratos definen que tienen un plazo máximo de cinco años. En estos momentos, señorías, como ya he comentado, el número de profesores ayudantes asciende a 945, muchos de los cuales terminan sus cinco años en septiembre de 2005, que fueron los contratados para empezar el curso en el 2000-2001. La misma situación se producirá en septiembre de 2006 para los contratados en el curso 2001-2002, y lo lógico es que los últimos ayudantes contratados en enero de 2002 finalicen sus contratos en el 2007. ¿Qué estamos diciendo, señorías? Pues que si no se interviene en este tema se puede predecir lamentablemente que se van a producir unos 500 despidos aproximadamente en septiembre de 2005 y a continuación seguramente otros más.


Otro elemento que debe hacer reflexionar es que la distribución de este personal ayudante proveniente de la LRU no es homogénea, debido a que no todas las universidades siguieron de la misma manera el modelo de carrera docente de la LRU. Las que más lo siguieron contrataron ayudantes mientras que otras prefirieron utilizar la figura del profesor asociado, por diferentes razones que tampoco es cuestión de ampliar en esta intervención. ¿Qué pensamos nosotros? Que aunque la naturaleza de ambas figuras es diferente, en la práctica, señorías, la carga docente y el resto de obligaciones es la misma para todo tipo de contratos. Hemos de ser conscientes de que en estas universidades el despido de los ayudantes de la LRU también generaría una situación de incertidumbre que afectaría de forma directa y decisiva a la programación docente de los muy numerosos departamentos o áreas de conocimiento que cuentan con ayudantes, lo que sin duda también produciría problemas irresolubles en la planificación del próximo curso académico. El problema más grave -ya voy acabando- se plantea en el caso de los ayudantes de escuelas universitarias, ya que la mayoría no son doctores sino diplomados o ingenieros técnicos. No tenemos datos precisos del número, pero solo en Madrid hay 100 ayudantes de este tipo, 30 en la Universidad Carlos III; por extrapolación, en el resto de universidades puede haber unos 250. El hecho es que para ambos colectivos, ayudantes y asociados, un cambio legislativo impuesto en aquel momento por el PP a toda la comunidad universitaria, por el que se manifestó en contra el sindicato, rectores y grupos parlamentarios, aquel cambio modificó también bruscamente la carrera profesional y su proyección de futuro.


Por todo lo expuesto, señorías, decimos sí a la aprobación de este real decreto, pero decimos también que la mayor no elude la menor. Es decir, nuestro grupo parlamentario no se va a cruzar de brazos ante este problema planteado que afecta a los profesores llamados ayudantes. La reforma de la LOU es urgente y debe contemplar una solución coherente y seria para la carrera docente. La legislación universitaria necesita cambios profundos para que se adapte al contexto de los nuevos tiempos y a las demandas que nuestra sociedad tiene planteadas. La sociedad del conocimiento, de la investigación y del desarrollo, que tanto preconizamos, no puede continuar basándose en condiciones precarias y desfasadas como las que los colectivos a que nos hemos referido están viviendo. Con este decreto se ha perdido la oportunidad de recoger en las medidas transitorias previstas los cambios introducidos para el resto del profesorado universitario contratado, en lugar de haber dejado fuera, como así ha sido, a los contratados ayudantes. Por eso avanzamos que en breve nuestro grupo parlamentario estudiará fórmulas que presentaremos en forma de la iniciativa parlamentaria correspondiente para evitar las consecuencias que puede tener el no haberlos incorporado en este decreto.
Nos comprometemos desde aquí a ver cómo la reforma que se ha de producir en la LOU recoge esta problemática y a impulsar estas medidas que estaba comentando. Saludamos, pues, este decreto y lamentamos que no sea todo lo completo que nos hubiera gustado.


Muchísimas gracias, señorías.


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El señor PRESIDENTE: Gracias a usted, señora García.


Grupo Vasco, señor Esteban.


El señor ESTEBAN BRAVO: Gracias, señor presidente.


La señora ministra decía que ahora iba a dejar la palabra para que los portavoces debatiéramos el decreto-ley, pero ciertamente el decreto-ley en sí y su contenido no es muy debatible porque es muy concreto y a estas alturas, en el momento del calendario en que nos encontramos, creo que estamos todos los grupos abocados a decir directamente que sí sin más.


Yo pensaba que la ministra en su exposición iba a explicar otra cosa, y lamento que no me escuche porque estoy seguro de que solo se va a enterar de que vamos a votar que sí pero no va a leer el "Diario de Sesiones".
Digo que creía que la ministra iba a explicar otra cosa, pero lo único que ha hecho es limitarse a leernos la exposición de motivos con otras palabras. Sin embargo, lo que habría que explicar ante la solicitud de convalidación del decreto-ley es por qué se está actuando de esta manera puntual y por qué, con el tiempo ya transcurrido desde que está funcionando este Gobierno, no se han ido planteando soluciones genéricas necesarias, apoyadas en el objetivo por la mayoría de los grupos de esta Cámara, como por ejemplo la reforma de la Ley de Universidades. Es un anuncio que está hecho por el Gobierno y que incluso se reconoce en la exposición de motivos del presente decreto-ley, pero que al final se retrasa sine die. Por cierto, igual está ocurriendo con la LOE, porque los plazos que oficial o no oficialmente se nos habían trasladado están pasando, y a fecha de hoy por lo menos este portavoz -quizá la portavoz socialista sí- desconoce la fecha de entrada del proyecto de ley de la LOE, mucho menos el de la reforma de la LOU; reforma de la LOU que es urgente y que sería muy positiva, como quedó patente el otro día en la comparecencia del secretario de Estado de Universidades, por ejemplo, para toda la adecuación al espacio europeo de enseñanza. Nos estaríamos ahorrando toda la polémica acerca del catálogo que estamos teniendo que sufrir y ver en goteo, poco a poco, desde la prensa. Por tanto, poner a estas alturas un parche de este tipo es necesario y vamos a decir todos que sí, sin embargo nos parece que la política del Gobierno no está siendo coherente. Es evidente que por parte de las universidades también hay un problema, porque aquí no se ha movido casi nadie para adecuarse a la ley. Y en contra del colectivo universitario, o éste estaba muy seguro de que iba a haber una prórroga, o tampoco ha habido mucho interés desde ese ámbito universitario por cumplimentar la ley, lo cual señala el problema y es bastante llamativo.


Es urgente que el Ministerio de Educación presente de una vez proyectos ante esta Cámara, y no únicamente paralizaciones parciales de leyes en marcha y asuntos muy puntuales. Como ha señalado la portavoz que me ha precedido, este decreto-ley lo que hace es ganar tiempo pero no resuelve el problema, que habrá que afrontar lo más pronto posible en opinión de este portavoz.


Muchas gracias, señor presidente.


El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Esteban.


Esquerra Republicana, señor Canet.


El señor CANET COMA: Gracias, señor presidente.


Señorías, seré breve para no repetir argumentos que ya se han expuesto y porque parece claro que todos los grupos votaremos a favor de la necesidad de aceptar el recurso al decreto-ley para solucionar un problema, pues concurren circunstancias de clara urgencia. Es evidente que el apartado primero de la disposición transitoria quinta de la LOU podía dañar el desarrollo de un curso académico y, por tanto, es lógico que se acuda a modificaciones legales de carácter excepcional. Aceptamos el contenido en la parte en que resuelve un problema evidente como es la precariedad de un colectivo, de los profesores asociados -más de 17.000 se ha dicho- que amenaza la calidad de la enseñanza que puede recibir otro colectivo, el de los estudiantes. Por tanto, estamos a favor de prolongar en más de dos años el plazo y que la posible extinción del contrato coincida con el final de un curso académico, con lo cual se salvaguarda la preparación del siguiente. Pero, como han dicho los portavoces que me han precedido en el uso de la palabra, alertamos de que esta situación no puede eternizarse y es urgente la elaboración de la nueva LOU. La precariedad laboral afecta no solo al colectivo de profesores asociados, problemática que estamos tratando hoy; también se ha hablado de los ayudantes. En definitiva, urgimos a que más allá de medidas que resuelven puntualmente problemas, se aborde ya la elaboración de la nueva ley universitaria que permita acabar con la precariedad y sobre todo clarificar los mecanismos de acceso a la docencia e investigación universitaria.


Muchas gracias.


El señor PRESIDENTE: Por el Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió) tiene la palabra la señora Pigem.


La señora PIGEM I PALMÉS: Muchas gracias, señor presidente.


Muy brevemente indicaré la posición de mi grupo parlamentario, que será la de apoyar la convalidación de este decreto-ley, por el que se prorroga hasta el comienzo del curso 2008-2009 el plazo de renovación de los contratos de los profesores asociados contratados conforme a la Ley de Reforma Universitaria. Nos parece imperativo apoyarla ya que de lo contrario, tal como ya se ha expuesto, se generaría una situación que afectaría de manera muy negativa a la programación y planificación del próximo curso académico, pues la última prórroga del plazo de contratación acaba, como también se ha

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dicho, el 13 de enero de 2006, justamente a mediados del curso escolar.


Hago mías las reflexiones realizadas por los portavoces que me han precedido en el uso de la palabra. Para ser breves no las voy a repetir, pero me gustaría hacer hincapié en dos reflexiones que se han oído ya y que a mi grupo parlamentario le parecen singularmente merecedoras de atención. La primera de ellas es la constatación de que parte del personal docente investigador, concretamente los ayudantes y los colaboradores, están también en una situación de precariedad y de extinción de sus contratos, y hay que encontrar cuanto antes una solución a su situación. La portavoz del Grupo de Iniciativa per Catalunya Verds ha expuesto ya este tema y, por lo tanto, no me voy a extender en él. La segunda es que habría que acelerar la transición de una situación como la que estamos viendo, que se está resolviendo reiteradamente de manera provisional y transitoria y que obliga a la prórroga de plazos, porque no se acaba de dar la respuesta adecuada y normada a la situación laboral de los profesores asociados contratados al amparo de la LRU; una transición de esta situación provisional hacia un nuevo marco que dote de la estabilidad que necesita el propio sistema. Para ello mi grupo parlamentario insta al Gobierno, a modo de reflexión, a que sin más demora analice las causas por las que nos encontramos en la situación actual, remueva los obstáculos que hay para solucionarlas y, cuanto antes, haga realidad una propuesta, un proyecto de revisión del marco actual, tal y como reiteradamente ha anunciado y se recoge en el texto del real decreto cuya convalidación estamos abordando, porque, de lo contrario y como ha sucedido hasta ahora, es muy posible que antes del comienzo del curso 2008-2009 nos encontremos en la necesidad de una nueva prórroga de la situación actual.


Muchas gracias.


El señor PRESIDENTE: Gracias, señora Pigem.


Por el Grupo Parlamentario Popular, el señor Nasarre.


El señor NASARRE GOICOECHEA: Señor presidente, señorías, mi grupo no se va a oponer a la convalidación de este decreto-ley. Tengo que lamentar que la ministra se haya ausentado. No solo se ha modificado el orden del día de la Cámara a petición del Gobierno, sino que, de una forma que me parece que es una descortesía parlamentaria, no está presente en un debate que, aunque es un tema muy concreto, importa mucho para nuestra universidad.


Si somos sinceros y hablamos con honestidad, este decreto-ley no es una buena noticia para nuestra universidad ni para la sociedad española, porque en el fondo es la expresión de un fracaso en un asunto que afecta a la entraña misma de la universidad, una universidad que debe estar en permanente tensión y a la búsqueda de la excelencia en todas sus misiones. El decreto-ley no hace otra cosa que poner un parche, ganar tiempo -algunos portavoces parlamentarios se han referido a ello-, algo a lo que nos tiene acostumbrados este Gobierno: paralizar o poner parches a la espera de auténticos impulsos políticos. Este parche se produce en medio de un ambiente de desconcierto, de incertidumbre y de desánimo que se está produciendo de modo creciente en la comunidad universitaria y cuyos síntomas son patentes, los vemos en declaraciones públicas. Hasta el presidente de la CRUE recientemente ha denunciado esta situación y la falta de impulso de este Gobierno que no toma decisiones, que no tiene ideas claras, que no ofrece nada ilusionante para la universidad, y así cada vez aumenta más la decepción en la comunidad universitaria.


Señores diputados, quiero hacer unas brevísimas reflexiones sobre la figura del profesor asociado. Como todos sabemos, estaba planteada en el artículo 33 de la LRU, que decía textualmente que sería una figura para seleccionar profesorado entre especialistas de reconocida competencia que desarrollen normalmente su actividad profesional fuera de la universidad.
Nos parece que esta es una figura importante, positiva, que enriquece el conjunto de la comunidad docente universitaria, pero la propia definición conduce a que el profesor asociado lo sea a tiempo parcial, simultaneando y compatibilizando su actividad docente, enriquecedora de la vida universitaria, con sus actividades profesionales. Todos sabemos que a lo largo de la vigencia de la LRU esta figura se fue desvirtuando, corrompiendo, se convirtió en una especie de cajón de sastre, que no era nada bueno para la vida universitaria. Lo saben todos los sectores de la universidad y ha sido objeto de numerosas críticas, análisis y debates.
Para corregir esta situación precisamente la LOU confiere a esta figura el perfil para el que está concebida, que le es propio, la colaboración en las tareas de docencia y de investigación a especialistas, profesionales de reconocida competencia y establece, como es lógico, que deberán ser contratados a tiempo parcial y con carácter temporal.
Nosotros defendemos este planteamiento de la LOU y lo defenderemos en el futuro. Nos parece que es el adecuado y el que necesita una universidad que pretende la excelencia.


La ministra ha alegado que el plazo fijado para transitar de la situación anterior a la LOU a la actual es insuficiente. Mi convicción es que era un plazo razonable con tal de que existiera una clara voluntad de reforma, de resolver esta situación anómala y lo que ha faltado es el impulso político para cumplir todas las operaciones en ese plazo razonable, porque de lo que se trataba no era de expulsar a ese profesorado asociado, sino de reconvertirlo en las distintas figuras que la LOU consagra, bien el profesorado numerario o bien el profesorado contratado, y tengo que decir que por primera vez en nuestra legislación universitaria ya es un contratado con carácter estable. Supongo que los grupos parlamentarios conservarán en el futuro esta aportación de la LOU.
Lo que ha ocurrido es que la universidad ha entrado en una parálisis e incertidumbre con esa falta de

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impulso político. Se está viendo, por ejemplo, en el proceso de Bolonia, cuya confusión va en aumento. Estamos muy preocupados con la deriva de tal proceso, con la poda de carreras que se nos anuncia, con la utilización indebida del modelo de Bolonia y, asimismo, con el profesorado, porque las noticias que llegan a la comunidad universitaria son inquietantes. Ya sé que no es el momento de debatir esta cuestión, pero para finalizar tengo que decir que para mi grupo es irrenunciable la exigente observancia de los principios de mérito, capacidad y publicidad, con plenas garantías para la selección del profesorado, porque las universidades deben acoger a los mejores para el ejercicio de la investigación y de la docencia a través de los procedimientos idóneos.


Hoy, sin un rumbo claro, sin un horizonte despejado, con una universidad sumida en la perplejidad y con creciente desánimo, con manifiestos de profesorados que denuncian esta situación, se nos trae este decreto-ley que es un parche y un modo de ganar tiempo. Es, en definitiva, un triste balance de la gestión del Gobierno en materia universitaria.


Muchas gracias, señor presidente.


El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Nasarre.


Por el Grupo Socialista, doña Montserrat Palma.


La señora PALMA MUÑOZ: Gracias, presidente.


Señoras y señores diputados, para empezar debo expresar una doble satisfacción al hilo de lo que han dicho en la tribuna los portavoces que me han precedido en el uso de la palabra, por una parte, por el apoyo mayoritario a la convalidación de este real decreto y, por otra, por la reclamación mayoritaria respecto a la reforma de la LOU, tema en el que ha abundando especialmente el señor Esteban. La posición del Grupo Socialista va a ser favorable a la convalidación de este real decreto. Se trata de una medida de urgencia a la que nadie querría haber llegado.
Relacionando mi intervención con el final de la del portavoz del Grupo Popular, ha sido necesario aplicar dicha medida para resolver situaciones muy negativas para nuestros profesores y nuestro sistema universitario, heredadas de la época de Gobierno del Partido Popular.


Según la disposición adicional de la LOU que ha sido citada, los profesores asociados a tiempo completo debían transformarse en el plazo de cuatro años y reconducirse a algunas de las figuras contractuales previstas en la legislación, sean profesores colaboradores, contratados doctores o ayudantes, y, si no lo hacían -esto no se ha mencionado y no es objeto del debate de hoy-, a una figura funcionarial. El Grupo Socialista comparte dos cuestiones que se introdujeron en la LOU -muchas no las compartimos, pero estas dos sí-, una, la existencia de profesorado contratado estable en nuestras universidades y otra, que los asociados deben serlo a tiempo parcial y que debían recuperar el espíritu con el que fueron creados a través de la Ley de Reforma Universitaria. La figura del profesor asociado -se ha recordado aquí- fue introducida en el sistema por la LRU y hay que reconocer que después de 1983, en los ochenta y noventa, ha sido utilizada de forma abusiva por nuestras universidades públicas, especialmente por la deriva que ha tenido esta figura a la dedicación a tiempo completo, pervirtiendo de alguna forma la previsión que tenía la LRU para esta figura docente, que estaba pensada para que profesionales de reconocido prestigio desarrollaran su actividad profesional en la universidad, como complemento a la que realizaban en su práctica profesional, con una función muy clara: facilitar el contacto y el intercambio siempre positivo entre el ámbito académico y el profesional. Todos sabemos que muchas universidades echaron mano de la figura del profesor asociado a tiempo completo para cubrir sus necesidades docentes ante una situación de insuficiencia financiera, y esto ha seguido pasando en los últimos años; una situación de insuficiencia financiera que se produce en un momento en el que las universidades deben hacer frente al crecimiento de la demanda de la docencia y la expansión de las enseñanzas universitarias en nuestro país.
Ha sido, pues, un recurso de emergencia, relativamente fácil, incluso económico, del que han sido víctimas los profesores contratados que se han visto obligados a soportar una situación de precariedad laboral y económica.


Quiero recordar hoy aquí que no es un tema nuevo, no aparece hoy ni en los últimos meses, sino que a finales de los noventa llegó a existir una bolsa de entre 20.000 y 25.000 asociados. Al día de hoy tenemos unos 16.000, luego en estos años poca cosa ha cambiado en esta bolsa de profesores asociados. La cuestión debería haber sido abordada con los recursos necesarios para ello. Algunas de SS.SS. recordarán que hubo en algún momento de esta historia reciente un llamado plan de estabilización y mejora del profesorado, a finales de noventa, creo que en 1999, cuando al frente del Ministerio de Educación estaba el señor Mariano Rajoy. Este plan con pocos recursos económicos requería del compromiso de las comunidades autónomas y de las universidades, que se comprometían a aportar una serie de recursos para estabilizar al profesorado en un plazo de tres años, entre ellos, los asociados pero no exclusivamente, estaban también los complementos para profesores titulares, entre otras muchas cuestiones. Algunas universidades hicieron los deberes y otras, no y la prueba es que existen sustanciales diferencias cuando se revisa el número de profesores asociados a tiempo completo y a tiempo parcial en cada una de nuestras universidades. Aquel plan de estabilización ahí quedó, y podríamos decir que pasó sin pena ni gloria y, sobre todo, con muy poca efectividad. Inmediatamente después llegó la LOU y al margen de otras discrepancias, muchas del Grupo Parlamentario Socialista, debemos insistir en que estaríamos de acuerdo en la contratación permanente y en que el profesor asociado debe serlo solo a tiempo parcial. Los hechos han demostrado que esta transformación en cuatro años, a partir de la entrada en vigor de la ley, no ha sido posible y los motivos han sido múltiples, no solo

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económicos. No ha sido posible, no ha habido tiempo suficiente, han aparecido muchas limitaciones, sobre todo para profesores de determinadas áreas de conocimiento que han visto como crecían las dificultades para transformarse a cualquier figura de contratado. Esto indica que no existe un problema puntual para un colectivo de profesores, existe un problema profundo de modelo sobre qué carrera docente e investigadora en la universidad y existe evidentemente todo un cúmulo de consecuencias negativas de la aplicación de la Ley Orgánica de Universidades. No solo los asociados -ya se ha dicho aquí-, sino también los ayudantes y los profesores universitarios funcionarios tienen problemas. Hoy en día son 5.640 los profesores asociados en el conjunto de las universidades públicas españolas que se encuentran ante este problema. La prórroga que contiene el real decreto es necesaria, indispensable y urgente porque si no estos 5.640 profesores verán cómo en enero de 2006 se acabarán sus contratos sin posibilidad de renovación. Es decir, 5.640 profesores irán a la calle y dejarán sin cubrir una parte importante de los programas docentes de nuestras universidades. Bastantes problemas tienen ya como para soportar este tipo de inclemencias. La incertidumbre de los profesores -que es evidente que existe para todos- se habría extendido a las universidades respecto a la planificación académica para el próximo curso.


El Gobierno, a fin de garantizar que las universidades puedan dar respuesta a las necesidades docentes del próximo curso y para que se pueda seguir promoviendo el tránsito de acuerdo con la normativa vigente, promulga este real decreto. Y todo ello a la espera de una reforma de la Ley de Universidades. Señorías, la reforma de la Ley de Universidades está comprometida por el Partido Socialista y por el presidente Rodríguez Zapatero. Es una reforma reclamada insistentemente por la comunidad universitaria ante la gran insatisfacción que dejó la LOU del Partido Popular, reclamada también por la mayoría parlamentaria de esta Cámara.
Debemos aceptar que esta medida que vamos a convalidar hoy es un mal menor a la espera de que llegue esta reforma. Algunos podrían decir -de hecho, ya lo han hecho- que deberíamos haber reformado ya la LOU. Les aseguro que el Grupo Parlamentario Socialista estaría encantado de que ya hubiera sido así. Señorías, en este primer año de Gobierno ha habido diligencia, también buena gestión, agilidad, esfuerzo, voluntad y muchos logros; muchos compromisos se han cumplido, pero milagros, desde luego, no ha habido. Esta es una reforma importante que afectará, entre otras cosas, a gran parte de la regulación del profesorado contenida en la LOU y precisamente por eso debe hacerse con el necesario sosiego y reflexión.
Las prisas no son buenas consejeras y el mejor ejemplo fue la propia LOU.
Se ha avanzado este año en conseguir un acuerdo generalizado y el consenso respecto a los elementos de la LOU que tienen que ser objeto de modificación. Tengan ustedes, la comunidad universitaria también, el pleno convencimiento de que se hará pronto y bien. Mientras llega esta reforma, la Administración no podía dejar de ninguna manera...


El señor PRESIDENTE: Señora Palma, le recuerdo las nuevas disposiciones de la Junta de Portavoces. Ha pasado su tiempo. (La señora Palma Muñoz: ¡Solo me resta una frase!) Una frase brillante. (Risas.)

La señora PALMA MUÑOZ: Muchas gracias, señor presidente.


Como decía, solo una frase. La Administración no podía de ninguna manera dejar a 6.000 profesores en la calle ni a las universidades sin posibilidad de hacer frente a la docencia de forma adecuada durante el próximo curso. No nos cruzaremos de brazos, seguiremos trabajando para que la reforma sea posible.


Muchas gracias. (Aplausos.)

- REAL DECRETO-LEY 8/2005, DE 27 DE MAYO, POR EL QUE SE ADOPTAN MEDIDAS URGENTES PARA REPARAR LOS DAÑOS CAUSADOS POR LAS INUNDACIONES ACAECIDAS EN LA ISLA DE LA GOMERA. (Número de expediente 130/000019.)

El señor PRESIDENTE: Real decreto-ley 8/2005, de 27 de mayo, por el que se adoptan medidas urgentes para reparar los daños causados por las inundaciones acaecidas en la isla de Gomera.


Exposición por un miembro del Gobierno de las razones que han obligado a la promulgación del real decreto-ley. Tiene la palabra el señor ministro del Interior.


El señor MINISTRO DEL INTERIOR (Alonso Suárez): Gracias, señor presidente.


Hoy presento para su convalidación ante el Pleno del Congreso el Real Decreto-ley 8/2005, por el que se adoptan medidas urgentes para reparar los daños causados por las inundaciones en la isla de Gomera. Como SS.SS.
bien conocen, el pasado 17 de enero de 2005 se produjo en Gomera un fuerte temporal con episodios de intensas lluvias torrenciales de más de 260 litros por metro cuadrado que afectaron con especial incidencia a las zonas sur y oeste de la isla, que llegó a originar un corte de suministro eléctrico durante casi 24 horas. Estos fenómenos meteorológicos adversos han originado graves y cuantiosos daños en infraestructuras públicas, especialmente en lo que afecta a redes de saneamiento, estaciones depuradoras, así como en la red viaria de titularidad municipal, insular y regional. Asimismo se han producido daños de menor consideración en instalaciones deportivas, cementerios, establecimientos mercantiles, viviendas y explotaciones agrícolas. El objetivo de este real decreto-ley desde el principio constitucional de solidaridad y con amparo legal en la autorización contenida en el artículo 86 de la Constitución es la aprobación de un catálogo de medidas paliativas y

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reparadoras que, afectando a varios departamentos ministeriales, se dirigen a favorecer el restablecimiento de los servicios, la reparación de los daños producidos y la vuelta a la normalidad de las zonas objeto del siniestro. Las medidas están destinadas a la reparación de los daños ocasionados en los términos municipales de San Sebastián de la Gomera, Hermigua, Agulo, Vallehermoso, Valle Gran Rey y Alajeró. Estas medidas consisten básicamente en los siguientes puntos. En primer lugar, en ayudas para la reparación de infraestructuras locales. Se financian hasta un máximo del 50 por ciento las obras de reparación o restitución de todo tipo de infraestructuras de titularidad municipal, para lo cual se prevé una financiación excepcional por importe de 7.228.171 euros.


En segundo lugar, ayudas para daños y producciones agrícolas. Se indemnizan los daños causados en producciones agrícolas, cuando afecten a producciones aseguradas en las que el riesgo catastrófico no esté cubierto por la póliza de seguros, a producciones que no son susceptibles de aseguramiento y a producciones que fueron aseguradas el año anterior sin que en el vigente se haya iniciado el período de contratación del nuevo seguro.


En tercer lugar, beneficios fiscales. Un catálogo de medidas que afectan al impuesto sobre bienes inmuebles, en el que se establece una exención correspondiente al ejercicio 2005 para viviendas, establecimientos industriales y mercantiles, explotaciones agrícolas y locales de trabajo o similares cuando los daños hayan obligado al realojamiento total o parcial de personas o bienes; al impuesto sobre actividades económicas, estableciendo una reducción proporcional al tiempo de paralización de la actividad a todas aquellas industrias, establecimientos mercantiles y a aquellos profesionales cuyos locales de negocio hayan sido dañados y hubieran tenido que ser objeto de realojamiento o de cierre temporal de la actividad; a las tasas de tráfico, suprimiendo las aplicables a la tramitación de bajas de vehículos y de expedición de duplicados de los permisos de conducir o de circulación cuando se soliciten como consecuencia de estos siniestros y al impuesto sobre el valor añadido y al impuesto sobre la renta de las personas físicas, en cuyos casos se habilita al Ministerio de Economía y Hacienda para que reduzca los módulos de las actividades agrarias a efectos de la determinación de la cuota en estos impuestos.


En cuarto lugar, medidas laborales y de Seguridad Social. Se prevén las siguientes: exoneración al empresario del pago de cuotas a la Seguridad Social mientras dure la suspensión de contratos de trabajo derivados de los siniestros y percepción de la prestación por desempleo del trabajador; el pago por el Fondo de Garantía Salarial, por el Fogasa, de las indemnizaciones a los trabajadores en los casos de extinción del contrato de trabajo con causas en el siniestro; asimismo, las empresas y los trabajadores por cuenta propia obtendrán una moratoria de un año en el pago de las cuotas de la Seguridad Social correspondientes a los dos meses naturales inmediatamente anteriores a la producción del siniestro.


En quinto lugar, se prevén una serie de ayudas de emergencia. El artículo 9 del real decreto-ley habla de la concesión de ayudas a personas por daños causados en la vivienda habitual y en sedes de primera necesidad, así como a corporaciones locales por los gastos de emergencia realizados en el ámbito de sus competencias. Dichas ayudas se abonarán con cargo a los créditos del Ministerio del Interior y se estima que pueden ascender en el caso de las corporaciones locales a unos 2 millones de euros.


En sexto lugar, se prevé la existencia de una línea de crédito preferencial por parte del Instituto de Crédito Oficial a un tipo de cesión del 1,25 por ciento, línea dotada con 3 millones de euros con el fin de que los afectados puedan atender a la reparación o reposición de instalaciones industriales, mercantiles, agrícolas, motocicletas y ciclomotores de uso particular, vehículos comerciales, embarcaciones particulares y locales de trabajo que se hayan visto inutilizados. El real decreto-ley prevé mecanismos para permitir que las actuaciones públicas previstas en el mismo se agilicen al máximo para fomentar la colaboración entre todas las administraciones públicas, de modo que se hace una referencia expresa a la posibilidad de que la Administración General del Estado celebre convenios de colaboración con la Comunidad Autónoma de Canarias, el Cabildo Insular de Gomera y las corporaciones locales afectadas. Este real decreto-ley crea una comisión interministerial para la aplicación de las medidas establecidas en el mismo coordinado por la Dirección General de Protección Civil y Emergencias e integrada por representantes de los Ministerios de Economía y Hacienda, Interior, Fomento, Trabajo y Asuntos Sociales, Agricultura, Pesca y Alimentación, Vivienda así como por el delegado del Gobierno de la Comunidad Autónoma canaria y por un representante del Consorcio de Compensación de Seguros.


Les puede parecer extraño a SS. SS. que la aprobación de este real decreto-ley se haya demorado en algo más de cuatro meses cuando otros decretos-ley de la misma naturaleza apenas han tardado en ponerse en marcha quince días. El 11 de febrero se dictó el Real Decreto 2/2005 -es la referencia- con ocasión de los terremotos producidos 13 días antes, el 21 de enero de 2005, en el municipio de Lorca, como bien saben. Puede asimismo extrañar que no se recoja explícitamente ninguna medida concreta para la reparación de los daños producidos por las inundaciones de numerosos cauces y barrancos de la isla que, según la valoración realizada por el cabildo insular, son los daños de mayor cuantía económica. Esto ha sido así porque se han venido realizando gestiones ante el Ministerio de Medio Ambiente para estudiar la posibilidad de que por parte de ese departamento se tomara alguna iniciativa en orden a que la Administración General del Estado interviniera en la solución de ese asunto con la aportación de recursos

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económicos, pero tanto problemas presupuestarios como de gestión, ya que no está clara la titularidad de los bienes dañados, han impedido adoptar ninguna medida concreta al respecto. No obstante, en estos momentos existen contactos entre el Ministerio de Medio Ambiente y las autoridades insulares para concretar las líneas de actuación que sean pertinentes.


Señoras y señores diputados, señor presidente, muchas gracias.
(Aplausos.)

El señor PRESIDENTE: Gracias, señor ministro.


Pasamos al turno de fijación de posiciones de los grupos parlamentarios.
Por el Grupo Parlamentario de Coalición Canaria, señor Mardones.


El señor MARDONES SEVILLA: Con la venia, señor presidente.


Señor ministro del Interior, el Grupo Parlamentario de Coalición Canaria va a votar favorablemente la convalidación de este Real Decreto-ley que viene a traer una serie de medidas urgentes y de ayudas, de los órdenes que se señalan en el texto del mismo, publicado en el BOE, para atender y tratar de paliar los daños ocurridos en la isla canaria de Gomera, en la que a primeros de este año, concretamente el día 17 del mes de enero -fecha aciaga-, esta isla, para nosotros históricamente también llamada isla Colombina, sufre una serie de daños como consecuencia de unos aluviones producidos por la meteorología, y debido también a la estructura orográfica de la isla se produce una serie de daños en infraestructuras viarias, fundamentalmente en los servicios públicos, que se reflejaron incluso con un apagón generalizado, por la estructura de distribución y de generación eléctrica en las islas Canarias, y Gomera no iba a ser una excepción a la misma. Este apagón de 24 horas produce una serie de daños colaterales añadidos en toda la estructura que depende de una red eléctrica para mantenimiento, conservación de alimentos, redes de frío, visualización, etcétera.


Nos congratulamos, señor ministro, de esta medida. Conocemos las dificultades que conlleva, porque era necesario poner orden en este caos, sobre todo al estar tan localizado en los municipios de la isla de Gomera que se señalan en el texto del real decreto, por lo que hacer un inventario o catálogo de todos esos daños no era una cuestión fácil.
Observamos que se atienden satisfactoriamente con una serie de medidas que van a afectar directamente a las cargas tributarias y a los créditos privilegiados. El ámbito de aplicación entendemos que también es generoso en este real decreto, pues no solamente afecta, en la isla Colombina, a los municipios de Alajeró, Valle Gran Rey, Vallehermoso, Agulo, Hermigua y San Sebastián de la Gomera, sino que producirá después unos efectos que repercutirán en las ayudas de emergencia, en las preferencias de crédito, en la cooperación de las administraciones públicas y en los beneficios fiscales. Es interesante que en los beneficios fiscales se haya podido atender no solamente la exención de cuotas en el impuesto sobre bienes inmuebles o la reducción del impuesto sobre actividades económicas, sino que se atienda también -esto es importante, y lo hemos votado siempre para otras comunidades autónomas o lugares de la geografía española que han sido objeto de catástrofes naturales- la disminución de ingresos en tributos locales que pueden afectar a los ayuntamientos o al Cabildo insular de la isla, dada la peculiar estructura que allí existe, así como que las reducciones fiscales y las medidas laborales y de Seguridad Social que se puedan aplicar a las empresas se puedan corregir.


Quiero hacerle una observación al señor ministro que nace de la peculiar orografía de la isla de Gomera. Al detenernos en el alcance de las medidas específicas que se señalan sobre todo en el artículo 2, en los daños en infraestructuras municipales y en la red viaria del cabildo insular, da la impresión de que no se consideran los daños producidos en los cauces de los barrancos. Las señoras y señores diputados que conocen esta isla saben que es una de las más accidentadas de la geografía insular y no digamos ya de la geografía peninsular. Son típicos sus famosos barrancos y cortaduras. Algunos dicen que esto llevó en su día, en tiempos ancestrales, a que la comunicación tuviera que hacerse, al no haber redes viarias -ni tampoco había telefonía hace 200 años-, mediante el llamado lenguaje del silbo gomero, silbido, una especie de código morse, para que lo entiendan de alguna manera pedagógica sus señorías, que se practica en la isla como única forma de entenderse de pago a pago, separados por un barranco, en los caseríos insulares. Los daños producidos en los cauces de los barrancos, que es por donde en verdad entraron fuertemente los efectos destructores en cultivos o caseríos por la tromba de agua, se tienen que atender. No consideramos necesario llevar esto a un debate con el tratamiento de ley. En el artículo 14 del propio texto del real decreto está la solución. Los representantes parlamentarios, después de las conversaciones con los distintos departamentos ministeriales implicados, sobre todo con el de Fomento, hemos encontrado que la fórmula era la oferta de una vía de convenio entre la Administración Central del Estado y el Cabildo de la isla. El artículo 14 se refiere a convenios con otras administraciones públicas.
Hay un buen entendimiento. Lo hemos comentado con el representante del Grupo Parlamentario Socialista, mi buen amigo don Erasmo, diputado por nuestra circunscripción y oriundo de la isla colombina de Gomera, y estamos plenamente de acuerdo en llevar esto con un sentido práctico y eficaz al amparo del artículo 14 del real decreto-ley, mediante un convenio de colaboración entre el departamento ministerial y el Cabildo insular, que es el que tiene la competencia en obras, servicios, infraestructuras, caminos y carreteras en cada una de las islas y, en concreto, en la de Gomera, para que se pueda llevar a efecto con eficacia por vía de ese convenio directo que atienda con los especialistas de la Administración y del Cabildo insular el catálogo de daños a corregir. Por tanto, señor ministro, nos sumamos al voto favorable a la convalidación

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del real decreto-ley por el que se adoptan medidas urgentes para reparar estos daños ocurridos en la isla de Gomera.


Muchas gracias, señor presidente.


El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Mardones.


Grupo Vasco. Señor Azpiazu. (Pausa.)

Señor Cabrera.


El señor CABRERA MATOS: Muchas gracias, señor presidente.


Señoría, anuncio el voto favorable del Grupo Popular a la convalidación de este Real Decreto-ley 8/2005, de 27 de mayo, por el que se adoptan medidas urgentes para reparar los daños causados por las inundaciones acaecidas en la isla de la Gomera el pasado 17 de enero de 2005. Nuestro voto favorable viene motivado esencialmente porque estimamos que los graves daños producidos en las infraestructuras, fundamentalmente públicas y en menor medida en otras instalaciones como locales de negocio, viviendas y explotaciones agrarias, exigen una necesaria, justa y rápida intervención pública. Sin embargo, de los anteriores calificativos solo el referido a la necesidad se ha cumplido con este real decreto-ley, como más adelante explicaré.


La isla de la Gomera no es la primera vez que vive episodios de este tipo, cargados de ruina, destrozo, desazón y desconsuelo, ni tampoco lo es para los canarios de otras islas. La naturaleza, que ha dejado una impronta de gran belleza, también nos recuerda en determinados momentos su fuerza, en algunos casos como el que nos ocupa, destructiva. Ha de ser, pues, la respuesta solidaria de las administraciones públicas la que devuelva la normalidad con prontitud a los ciudadanos que han sufrido estas catástrofes poniendo a punto las infraestructuras deterioradas, así como otorgando las vitales ayudas a aquellos mediante prestaciones e incentivos de diversa índole.


Permítanme, señorías, antes de entrar en un breve análisis de este real decreto-ley, hacer una reflexión que viene motivada por lo ocurrido a comienzos de este año en esta isla canaria. Para que hoy tengamos que debatir este decreto que se somete a convalidación parlamentaria no solo se ha de producir el hecho natural de la lluvia, aunque fuera copiosa y tormentosa, sino, como algún experto ha señalado, la acción humana primero y después la nula actividad rural que desde hace años ha dejado abandonado por su escaso rendimiento los terrenos agrícolas escarpados, tremendamente dificultosos para el trabajo tanto en la Gomera como en otras islas, lo que permite que las lluvias se lleven enormes masas de este terruño formando lodos que recorren, avanzan y sobrepasan los cauces de nuestros barrancos. Es una realidad grave y todas las administraciones -la insular, la autonómica y la estatal- deben vigilar esta situación de claro desapego hacia lo rural, por todo lo que implica.


Una vez hecha esta precisión, he de manifestar a continuación una relativa sorpresa; relativa porque nos estamos acostumbrando cada vez más a la permanente contradicción del Grupo Socialista cuando hablaba en la oposición y cuando ejecuta desde el Gobierno. Me estoy refiriendo al tiempo que ha transcurrido desde el día en que se produjeron las graves inundaciones hasta que el Gobierno se da cuenta de que ya es hora de aprobar lo que es habitual ante estos graves incidentes. Puede parecer escaso margen más de cuatro meses para su aprobación y más de cinco para su debate y convalidación, pero cuando observamos las exigencias que desde el Grupo Socialista en la oposición se hacían al Gobierno popular en casos similares, aparte de sorpresivo -como decía-, es altamente relevante. Se tachaba al anterior Gobierno en este mismo trámite parlamentario de tardanza e injusticia en la redacción de alguna de las normas que regulaban ayudas similares a las que hoy analizamos. Se hablaba entonces de una tardanza de cuatro meses en la elaboración y convalidación de decretos que regulaban ayudas y compromisos muchísimos más complejos que los que recoge el decreto-ley cuya convalidación dentro de unos momentos votaremos. Tendremos que decir entonces -y así lo hacemos recogiendo los propios argumentos socialistas- que llegan tarde.
Ustedes llegan tarde y ello ocasiona una injusticia comparativa con los gomeros, que han de esperar a que lleguen las ayudas y las inversiones mucho más tiempo del deseado. Para el Gobierno socialista ciertamente estamos bastante lejos. Además, tienen otro ejemplo muy cercano a este, menos reciente y, por desgracia, mucho más traumático. Año 2002, isla de Tenerife, 31 de marzo. Lluvias torrenciales azotan los municipios de Santa Cruz de Tenerife y de La Laguna. El día 5 de abril, es decir, cinco días después, el Gobierno apoyado por el Partido Popular aprueba el Real Decreto-ley 2/2002 con ambiciosas inversiones y ayudas. Hay notables diferencias, claro que las hay.


Por otra parte, el Grupo Popular, el Gobierno en su caso, hubiese hecho un real decreto mucho más ambicioso, con más incentivos y con más claridad a la hora de especificar la implicación directa del Estado. Se han asumido para esta redacción decretos-leyes anteriores, lo que viene a ser normal, puesto que ya son muchos los que existen regulando situaciones como las que analizamos, en los que solo queda adecuarlos a las circunstancias y lugares específicos, Real Decreto-ley 2/2002 ó 5/2003, entre otros; por cierto, este último también resuelto en un solo mes. No obstante, en este caso las pinceladas y algunas modificaciones introducidas en este nuevo decreto lo desmejoran. Así, globalmente considerado y según informa el propio Gobierno, las aportaciones directas a fondo perdido, ya sean ayudas particulares o a entidades públicas, pueden ascender a la cantidad máxima de nueve millones de euros, serían 12 millones de euros si añadimos los tres millones que se destinan para las líneas de crédito abiertas. Pero teniendo en cuenta que los daños mayores se han producido en infraestructuras públicas, mucho nos tememos que, salvo errores de las administraciones que están interviniendo

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en este asunto, se van a quedar muy por debajo de las necesidades. La Administración insular evalúa los daños inicialmente en 45 millones, luego entregó los informes con los daños evaluados por importe de 60 millones; en fin, las cifras, además de mareantes, demuestran cierta distancia. Esperamos, sin embargo, que las posturas se hayan acercado y que los equipos técnicos hayan consensuado las necesarias inversiones, aunque hoy el señor ministro ha dicho claramente que no se contemplan todas las ayudas ni las necesarias inversiones. Más específicamente, en cuanto a las ayudas personales por daños en la vivienda habitual, se excluye a determinadas personas y, además, se aplica una cuantía máxima individualizada por debajo de la recogida en anteriores decretos-leyes; es decir, en virtud del Real Decreto 307/2005, se pasa de una ayuda máxima de 27.500 euros a otra de 12.600, teniendo que acreditar en todo caso la posesión de escasos recursos, y lo mismo ocurre para los enseres de primera necesidad. En cuanto a las ayudas o indemnizaciones por pérdidas agrícolas, no se recoge nada distinto a lo habitual, y lo mismo ocurre con los beneficios fiscales en general, aunque en este decreto no se haga referencia alguna a la exención del IGIC, a la importación de bienes de existencia, que, para el caso de Canarias, resulta atractiva.


No debo terminar -y no voy a hacerlo- sin dejar constancia en las actas de esta casa de lo que resulta obvio para casi todos, que este real decreto era y es una obligación para el Gobierno central; no regala nada a los gomeros. Parece, por algunas manifestaciones que he tenido la oportunidad de leer y escuchar, que el real decreto es producto de una dádiva, de un regalo del Gobierno socialista, cuando, como no podía ser de otra forma, se trata de una exigencia por la igualdad y la solidaridad; tampoco lo fueron los diversos decretos-leyes que el Gobierno popular, en situaciones similares, impulsó y puso en práctica rápidamente.


Señorías, recuperando mis primeras palabras, a pesar de un contenido manifiestamente mejorable en algunos aspectos y a pesar de la tardanza en su elaboración, nuestro voto, por responsabilidad, va a ser favorable, ya que lo que nos importa es que lleguen las ayudas de forma inmediata.
Podríamos invocar para este caso concreto su tramitación como proyecto de ley, lo que nos permitiría regular mejor algunos aspectos, como antes señalaba, con las correspondientes enmiendas, pero, dadas las circunstancias con las que contamos, no podemos permanecer más tiempo en esta situación, a la que nos ha llevado, por su tardanza, el Gobierno socialista perjudicando con esa demora los intereses de la isla de la Gomera y de sus ciudadanos.


Muchas gracias. (Aplausos.)

El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Cabrera.


Por el Grupo Socialista tiene la palabra el señor Armas.


El señor ARMAS DÁRIAS: Gracias, señor presidente.


Señorías, nos ocupa hoy la convalidación de este real decreto para paliar en parte los daños causados por las lluvias torrenciales acaecidas el pasado 17 de enero en la isla de la Gomera. Quiero empezar anunciándole, señor presidente, que no voy a causar un problema ya común, como podría ser, como ha dicho el señor Mardones, que hiciera mi intervención en silbo gomero, el lenguaje de nuestra isla.


Me voy a permitir, a modo de preámbulo, señalar la particular situación que se produce en mi persona en el día de la convalidación de este real decreto. Ciertamente, un sentimiento agridulce embarga el ánimo de este diputado, pues es la primera vez en la historia que se produce un real decreto-ley exclusivo para la isla de la Gomera y la primera vez en la historia que un diputado que ha nacido, vive y trabaja en esa isla defiende y les pide el apoyo (Aplausos.) en la convalidación de este real decreto-ley, agradeciéndoles su apoyo y su no solicitud de tramitación como proyecto de ley.


Estas lluvias provocaron en la isla de la Gomera, por su especial orografía, que ya ha sido señalada -una endiablada orografía de barrancos y de cañadas, también con terrenos suaves y dulces, como puede ser el Parque Nacional de Garajonay, patrimonio de la humanidad-, daños en los barrancos, en los cauces, en las fincas de particulares, en carreteras y en instalaciones industriales y comerciales, especialmente en la central eléctrica de producción de la isla de la Gomera y en las redes de distribución y baja tensión, que, por la particularidad del sistema distributivo eléctrico de las islas Canarias, no es posible sustituir y enlazarlo con otras centrales, como es el caso del sistema peninsular.
Tengo que decir también que aquella situación catastrófica de desbordamiento de todos los barrancos me tocó vivirla en primera persona, in situ, y debido a mi trabajo acudí a atender la central eléctrica, que en menos de doce horas restituyó el servicio, solo en algunas partes, pues el resto de la isla, la capital y otros municipios, estuvo más de 24 horas sin suministro eléctrico. Sin embargo, la solidaridad del Gobierno, expresada a través de la comunicación permanente de la vicepresidenta del mismo con el presidente del Cabildo de la isla de la Gomera y senador por dicha isla, Casimiro Curbelo, fue patente. También quiero señalar aquí mi agradecimiento a muchos diputados compañeros, eso sí, todos de la bancada socialista, que llamaban para apoyarme y para que transmitiera a la sociedad gomera su solidaridad en esos momentos críticos para la isla.
Gracias por ello, compañeros socialistas. (Aplausos.)

Ya se han señalado los graves daños que se ocasionaron en la Gomera. Desde el primer momento se intentó evaluarlos, pero dificultades para ello, como se ha dicho, han hecho imposible que esto se tramitara con anterioridad. Aquí debo responder a algunas de las afirmaciones del portavoz que me ha precedido cuando

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hablaba de la tardanza, y lamento esa nube que se cierne sobre la aprobación unánime de este real-decreto. Quiero señalar dos cosas.
Primero, como decía ayer el portavoz de mi grupo parlamentario, señor Pérez Rubalcaba, a veces algunos, concretamente muchos de esta bancada (señalando al Grupo Parlamentario Popular en el Congreso), tienen memoria selectiva. Hay que recordar, y lo hacía el señor Cabrera, la celeridad con que se aprobó el real decreto-ley con motivo de los daños producidos por el temporal en Santa Cruz de Tenerife y en La Laguna, pero quiero también señalar que eso fue originado por una proposición no de ley del Grupo Socialista en esta Cámara, presentada por el entonces diputado, a quien modestamente sustituyo en esta tribuna, señor Segura Clavell, hoy delegado del Gobierno en la comunidad autónoma, que impulsó ese real decreto-ley; además, tuvo que ser sometido de nuevo a convalidación un real decreto complementario tres meses más tarde porque con las prisas se olvidaron de muchas cosas. Este va a ser el único real decreto porque se han hecho las cosas con celeridad, pero teniendo en cuenta las dificultades que tiene evaluar los daños en la Gomera, y no será necesario complementarlo, como se hizo en aquella otra ocasión, con otro real decreto.


También habla el señor Cabrera de la escasa cuantía que representa. En aquella ocasión, en la que además de los daños materiales fallecieron más de ocho personas, la cuantía del real decreto para las ayudas -y me dirijo casi a usted, señor Matos, porque los otros diputados canarios ni me atienden ni me miran- fue de 18 millones de euros. En esta ocasión son 11 millones de euros -las cuentas del señor Cabrera están mal hechas, puede que de forma malintencionada-, siete en ayudas a infraestructuras, dos millones de emergencia. Por cierto, en cuanto a celeridad, hoy están evaluándolo en la Gomera técnicos de la Dirección General de Protección Civil con técnicos del cabildo y de la comunidad autónoma, que también ha acudido rápidamente en solidaridad con la Gomera para poner rápidamente los dos millones de euros del Ministerio del Interior para la reparación de esos daños, algunos de ellos ya cubiertos por las corporaciones locales al haber sido declarados de emergencia. Además hay un millón y medio de euros para reparaciones del fondo de los barrancos, ya que, como sabe S.S., en los fondos de los barrancos y en las playas es donde más se asienta la población en la Gomera, por lo que es una situación terrible.
Por otra parte, están los créditos de más de tres millones y medio de euros con el ICO, como la vez anterior, y también más de medio millón de euros para el convenio de carreteras que está en ejecución, único por cierto que está en ejecución con los ocho años del Gobierno del Partido Popular en la isla de la Gomera entre Hermigua y Vallehermoso. Son más de 11 millones de euros que con los tres del ICO suman casi 14.500.000 euros, en comparación con los 18 millones que ustedes dieron, señores del Partido Popular, para los daños de Santa Cruz de Tenerife y de La Laguna.


En fin, señorías, quiero terminar, repito, agradeciendo esta solidaridad del resto de la Cámara, sentirla como propia -sepan ustedes que trasladaré a la sociedad de la Gomera ese apoyo recibido por la Cámara, ya que aunque algunos de los grupos no hayan intervenido, me han manifestado su apoyo y su solidaridad- y también mostrar mi agradecimiento por no solicitar el trámite como proyecto de ley.
Indudablemente tengo que agradecerle al Gobierno su solidaridad, que efectivamente no regala nada, pero, como el señor Cabrera ha señalado, con anterioridad han ocurrido estos hechos en la Gomera y en otras islas Canarias. Efectivamente, ocurrieron y le quiero señalar los daños de los puertos cuando el temporal se llevó los de Tazacorte, San Sebastián de La Gomera, Playa Santiago, Los Cristianos, incluso la dársena pesquera y deportiva en Santa Cruz y no hubo real decreto-ley. En la Gomera sufrimos muchos temporales con anterioridad, señor Cabrera, y no hubo un real decreto-ley. Ahora hay un real decreto-ley exclusivo para la Gomera donde participan ocho ministerios y coordina la vicepresidenta y Presidencia del Gobierno. Por eso manifestamos desde aquí nuestro agradecimiento al Gobierno por esta solidaridad que no se había producido con anterioridad y, repito, trasladaré a la sociedad de la Gomera la solidaridad asimismo de la Cámara que hemos recibido de todos los grupos.


Gracias, señor presidente. Gracias, señorías. (Aplausos.)

El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Armas.


Quiero informar a la Cámara de que la votación relativa al carácter orgánico del punto que se refiere a la práctica de la mutilación genital femenina, no tendrá lugar antes de las 12. Ya no hay duda. Vuelvo a insistir: esta mañana anuncié, y hay muchas llamadas, que tenemos una votación de carácter orgánico, relativa a un proyecto de ley que tiene que ver con la mutilación genital femenina, y que esta votación no se producirá en ningún caso antes de las 12 horas. ¿Queda claro? (Asentimiento.) Gracias.


Votación de los reales decretos-leyes.


Real Decreto-ley 9/2005, de 6 de junio, por el que se prorroga el plazo previsto en la disposición transitoria quinta de la Ley Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre, de Universidades, para la renovación de los contratos de los profesores asociados contratados conforme a la legislación anterior.


Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 307; a favor, 307.


El señor PRESIDENTE: Queda convalidado el Real Decreto-ley.


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¿Algún grupo parlamentario desea que se tramite como proyecto de ley? (Pausa.)

Segunda votación. Real Decreto-ley 8/2005, de 27 de mayo, por el que se adoptan medidas urgentes para reparar los daños causados por las inundaciones acaecidas en la isla de Gomera.


Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 308; a favor, 307; abstenciones, una.


El señor PRESIDENTE: Queda convalidado el Real Decreto-ley.


¿Algún grupo parlamentario desea solicitar que se tramite como proyecto de ley? (Pausa.)

RECHAZO DEL SENADO AL OBJETIVO DE ESTABILIDAD PRESUPUESTARIA:

- ACUERDO DEL GOBIERNO POR EL QUE, EN CUMPLIMIENTO DE LOS ARTÍCULOS 8 Y 13 DE LA LEY 18/2001, DE 12 DE DICIEMBRE, GENERAL DE ESTABILIDAD PRESUPUESTARIA, SE FIJA EL OBJETIVO DE ESTABILIDAD PRESUPUESTARIA DEL CONJUNTO DEL SECTOR PÚBLICO Y DE CADA UNO DE LOS GRUPOS DE AGENTES QUE LO INTEGRAN, PARA EL PERÍODO 2006-2008 Y EL LÍMITE DE GASTO NO FINANCIERO DEL PRESUPUESTO DEL ESTADO PARA 2006. (Número de expediente 430/000002.)

El señor PRESIDENTE: Siguiente punto del orden del día. Punto IX: Rechazo del Senado al objetivo de estabilidad presupuestaria.


Al haber sido rechazado por el Senado el objetivo de estabilidad se someterá de nuevo a votación en el Congreso, aprobándose, si éste lo ratifica, por mayoría simple. Procede, pues, el turno de fijación de posiciones. (Rumores.)

En primer lugar, señora Fernández, Grupo Mixto. (Rumores.)

Señorías, por favor.


Adelante, señora Fernández.


La señora FERNÁNDEZ DAVILA: Gracias, señor presidente.


Intervenimos para manifestar que vamos a mantener la misma posición que en la anterior ocasión que debatimos, con la presencia del vicepresidente y ministro de Economía y Hacienda, señor Solbes, y que no fue otra que la de la abstención, porque entendíamos los grupos firmantes, incluido el PSOE, que era radicalmente inconstitucional, y así lo expresamos en aquel momento, a pesar de que el 17 de junio de 2004 se anunciara por el ministro la inminente reforma de las leyes de estabilidad presupuestaria, y que hace más de siete meses se aprobara una proposición no de ley que instaba al Gobierno a modificar dichas leyes de tal manera que se pudiera erradicar de nuestra legislación una situación insólita en nuestro entorno europeo, como es la obligación de que las administraciones públicas aprueben sus cuentas anuales con déficit o superávit, así como para erradicar también la tutela financiera de las comunidades autónomas.


Mantenemos nuestra abstención porque seguimos sin tener información de los acuerdos alcanzados por el Gobierno, el Grupo Socialista y otros grupos, como Esquerra Republicana, Izquierda Verde-Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya Verds, más allá de los que en su momento aparecieron en los medios de comunicación y que nos hacen pensar que los mismos no se ajustan, a nuestro juicio, a los criterios aprobados en la señalada proposición. (Rumores.) Como expusimos en su momento entendemos que la Ley Orgánica complementaria de la Ley General de Estabilidad Presupuestaria persigue única y exclusivamente el establecimiento del control férreo del Gobierno, concretamente del Ministerio de Economía, sobre los presupuestos de las comunidades autónomas, anulando el papel que la propia Constitución y los estatutos reconocen a los ejecutivos autonómicos. (Rumores.)

Por estas razones y las esgrimidas anteriormente en el debate del 2 de junio, seguimos manteniendo nuestra posición de abstención.


Gracias. (Rumores.)

El señor PRESIDENTE: Gracias, señora Fernández.


Señorías, el ruido es bastante notable.


Señor Mardones, su turno.


El señor MARDONES SEVILLA: Muchas gracias, señor presidente.


No voy a reiterar los prolijos argumentos que ya usamos en el debate que tuvo lugar en esta Cámara antes de la remisión de este documento, del acuerdo del Consejo de Ministros, fijando el objetivo de estabilidad presupuestaria. Nos mantenemos en aquellos argumentos de apoyo al documento citado. Estamos en contra de la tramitación positiva del documento que nos llega del Senado. Por tanto, reafirmando nuestro voto de apoyo, cuando tuvimos ocasión de hacerlo, respetándose los principios de la Ley General de Estabilidad Presupuestaria vigente y, al mismo tiempo, concordando con el Gobierno en los objetivos de estabilidad presupuestaria para el trienio 2006-2007-2008, el acuerdo que en su día adoptó el Consejo de Ministros es válido y viable y está dentro de un escenario de prudencia, está dentro de un autocontrol en el gasto público. Cuando se comparan los saldos entre el gasto general del Estado y el de la Seguridad Social, los factores correctores nos parecen los adecuados.


La disciplina presupuestaria, que se recoge en el punto segundo del acuerdo del Consejo de Ministros respecto a las obligaciones de control de los distintos grupos,

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estamentos o agentes implicados, no solo la Administración General del Estado y la Seguridad Social, sino las comunidades autónomas y los entes locales, cabildos y ayuntamientos de toda la geografía española, así como el límite máximo del gasto financiero, es una cuestión que podía ser muy debatida. Nosotros entendemos que la cifra de 133.947 millones de euros establecida por el Gobierno y aprobada en esta Cámara como límite máximo del gasto no financiero del presupuesto del Estado, es una cifra razonable, prudente y dentro de los compromisos que en la estabilidad presupuestaria de toda la parte de contribución española en el área euro de la Unión Europea se satisfacen. Por tanto, nos ratificamos en el voto favorable que dimos en su día al acuerdo de estabilidad presupuestaria del Consejo de Ministros y votaremos el documento que envía el Senado en la forma que ya he indicado.


Muchas gracias, señor presidente.


El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Mardones.


Izquierda Verde, señor Herrera.


El señor HERRERA TORRES: Gracias, señor presidente.


Nuestro grupo parlamentario también se ratifica en los criterios y argumentos que dimos en su día. No me voy a extender. Creemos que llegamos a un buen acuerdo que tiene que pasar por el marco del Consejo de Política Fiscal y Financiera, un acuerdo que va a dar márgenes y vamos a situarnos en un marco de solidaridad presupuestaria, no desde una perspectiva estricta, sino en el ciclo. Dijimos, además, que íbamos a dar apoyo, y así lo hicimos, porque el techo de gasto es suficiente. Un incremento del 7,6 por ciento da márgenes y compromete al Gobierno para que sean unos presupuestos sociales, para que no sean unos presupuestos de transición como lo han sido los presupuestos de 2005. Entendemos que el horizonte es distinto.


Más allá de lo anterior, queríamos introducir una reflexión. No es la primera vez que nos encontramos con un debate de estas características, con el voto negativo que viene del Senado. Nos tenemos que preguntar en este caso cuál es el papel del Senado, si es una segunda Cámara o una Cámara que algunos la presentan como una Cámara de bloqueo, o si el papel del Senado debe ser, que es nuestro punto de vista, una Cámara de representación territorial que juegue el papel que juegan otras cámaras de representación territorial en Estados federales o federalizantes. En este contexto, nuestro grupo parlamentario quiere hacer esta reflexión que se enmarca en lo que para algunos es el Senado: una Cámara exclusivamente de bloqueo. Y en lo que debe ser el Senado: una Cámara de representación territorial que no tenga que hacer que yo hoy, por ejemplo, reproduzca sistemáticamente los argumentos del debate anterior.
No lo voy a hacer. Sin embargo, lo que me preocupa precisamente es que de forma reiterada estemos repitiendo debates, sabiendo cuáles son las mayorías. Más que nunca es urgente la reforma del Senado.


Muchas gracias.


El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Herrera.


Grupo Vasco, señor Azpiazu.


El señor AZPIAZU URIARTE: Gracias, señor presidente.


Señor vicepresidente -que no está-, señoras y señores diputados, nuestro grupo parlamentario, y este diputado concretamente, no es partidario de repetir innecesariamente debates y argumentos una y otra vez, por lo que no lo voy a hacer. Hace tan solo tres semanas tuvimos la oportunidad de fijar nuestras posiciones con relación al acuerdo de estabilidad, por el que se establecen las sendas de déficit público y el límite del gasto no financiero del presupuesto del Estado para el próximo ejercicio, y que hoy viene del Senado tras haber sido rechazado, entre otros, por los votos de nuestro grupo parlamentario. Hoy, en esta Cámara, vamos a mantener la misma posición que defendimos ya hace tres semanas y que también han defendido los senadores vascos. Tan solo quisiera puntualizar tres cuestiones que me parecen importantes. En primer lugar, les recuerdo que ha funcionado el precepto incorporado por el Gobierno en la Ley de Presupuestos Generales del Estado para el año 2005, a través de la disposición adicional trigésima; de lo contrario, el acuerdo de estabilidad habría quedado sin efecto definitivamente. Ahora, en cambio, señores del Grupo Socialista, pueden corregir lo decidido por el Senado.
En segundo lugar, esperamos que, antes de aprobar el límite del gasto y las sendas de déficit para el ejercicio 2007, haya entrado ya en vigor la nueva Ley de estabilidad, que esperamos poder aprobar. En tercer y último lugar, quisiera volver a recordar que el acuerdo que hoy previsiblemente se va aprobar en este Congreso no afectará a la posición de las cuentas públicas de las instituciones públicas vascas para el próximo ejercicio, dado que no ha habido el necesario acuerdo previo en el seno de la comisión mixta de Concierto.


Sin más, reitero la posición negativa de nuestro grupo parlamentario con relación al acuerdo de estabilidad y volveremos a votar lo mismo que hace tres semanas.


El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Azpiazu.


Esquerra, señor Puigcercós.


El señor PUIGCERCÓS I BOIXASSA: Les anuncio, en coherencia con lo que votó el Grupo de Esquerra Republicana y con el debate que tenemos ya desde hace meses con el Gobierno y el Ministerio de Economía, para la concreación de una nueva ley de estabilidad presupuestaria que no cree esta condición dogmática y hasta cierto punto fanática del déficit cero, y que permita que comunidades autónomas y ayuntamientos puedan modular sus superávit y sus déficit a partir de acuerdos

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bilaterales, que nuestro grupo va a dar su apoyo al Gobierno, con lo cual seremos coherentes para levantar el rechazo del Senado.


Muchas gracias.


El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Puigcercós.


Señor Sánchez i Llibre.


El señor SÁNCHEZ I LLIBRE: Muchas gracias, señor presidente.


Nuestro Grupo Parlamentario Convergència i Unió, en coherencia con la postura mantenida por nuestro grupo parlamentario en el Senado y en función de nuestra posición en el debate que mantuvimos en el Congreso de los Diputados hace aproximadamente dos o tres semanas, vamos a votar favorablemente el veto que se interpuso en el Senado, en el sentido de rechazar el objetivo de estabilidad presupuestaria por los mismos motivos que ya anunciamos en nuestra intervención en el Congreso en fechas pasadas. Los motivos, por decirlos muy resumidamente, son los siguientes.
Esta ley está basada en unos objetivos que desde nuestro punto de vista la hacen agresiva, dura, hostil y poco respetuosa con las comunidades autónomas y con las corporaciones locales, y que atenta, lamina, conculca y vulnera el principio de soberanía financiera de las administraciones de las comunidades autónomas y corporaciones locales. También me gustaría recordar que la Generalitat de Catalunya, hace aproximadamente tres años, presentó tres recursos de inconstitucionalidad ya que nosotros entendíamos que era una ley totalmente inconstitucional.


Por estos motivos y en coherencia con los principios planteados en el Senado y en el Congreso, vamos a apoyar el veto que ha hecho el Senado al acuerdo de objetivo de estabilidad presupuestaria.


Muchas gracias, señor presidente, señoras y señores diputados.


El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Sánchez i Llibre.


Grupo Parlamentario Popular. Señor Martínez-Pujalte.


El señor MARTÍNEZ-PUJALTE LÓPEZ: Señor presidente, señorías, por primera vez el Senado ha decidido rechazar el acuerdo del Gobierno sobre el objetivo de estabilidad presupuestaria. Ese rechazo constituye, al menos, o debería constituir un toque de atención muy serio a la política económica del Gobierno. Estamos acostumbrados, señor Fernández Marugán, a que el Gobierno no escuche a nadie. No le importan ni las manifestaciones, ni las votaciones del Senado, ni las opiniones de las víctimas del terrorismo. Da la impresión de que este Gobierno socialista va a la suya, se cree en posesión de la verdad absoluta, desprecia o, en el peor de los casos, incluso detiene a los que no piensan como ellos.
Desde luego, señorías, es peculiar que este Gobierno, que prometió fortalecer el Senado y convertirlo en una auténtica Cámara de representación territorial, hoy vote que no a un acuerdo del Senado.


La Ley de Estabilidad Presupuestaria, señor Fernández Marugán, establecía la exigencia de que las dos cámaras aprobaran este acuerdo del Gobierno, porque el acuerdo del Gobierno contempla el objetivo de estabilidad presupuestaria no sólo para la Administración central, sino también para las administraciones autonómica y local. Por eso, señorías, se decidió que el Senado también tuviera capacidad de veto sobre el techo de gasto.
Es decir, en un tema claramente territorial, donde a las comunidades autónomas se les fija el techo de gasto, el Gobierno socialista quiere despreciar la opinión de la Cámara territorial, y a nosotros eso, lógicamente, nos parece que es una contradicción del Gobierno socialista.
Por eso yo les aconsejo que no levanten el veto, que tomen las decisiones con un mayor grado de consenso, también con el Senado, que dialoguen, porque, además, este acuerdo es profundamente negativo para la economía española. La economía está manteniendo una inercia de crecimiento, yo no se lo voy a negar, la inercia de crecimiento es positiva, pero tiene claros síntomas de enfermedad, que usted mismo, señor Fernández Marugán, denunciaba hace un par de años, y esos síntomas de enfermedad se han agravado muchísimo en los últimos 12 meses, y se han agravado por y ante la inacción del Gobierno. A veces, cuando te reúnes con sectores te cuentan que el Gobierno socialista les transmite que no hacen nada porque sus socios constituyen un peligro. A veces los sectores te transmiten que el Gobierno no manda temas al Parlamento porque entran de una manera y salen de otra, porque el Gobierno socialista le tiene miedo a sus socios.
Pero yo creo, sinceramente, que el Gobierno socialista está muy cómodo deslizándose por la senda -fácil senda para los políticos- del incremento del gasto público. Frente a eso, los desequilibrios son cada vez mayores.
¡Cómo nos criticaban ustedes, señores del Grupo Socialista, por el déficit exterior, por la inflación, por la caída de la inversión directa neta extranjera en España, por la política industrial! Y yo les digo: No sé si un déficit exterior de 10.000 millones de euros, que era el que tenía España, era malo, pero peor será el de 40.000 millones de euros que tenemos ahora. No sé si una inflación del 2,1 por ciento era mala, pero será peor una inflación que supera el 3 por ciento, que es la que tenemos ahora. No sé, señorías, lo que pensará el Grupo Socialista sobre el índice de producción industrial. Sería malo un índice de producción industrial que estaba en el uno por ciento, pero peor será lo que tenemos ahora, que está por debajo del cero por ciento, es decir, una recesión en la producción industrial. Una inversión directa extranjera en España de 14.000 millones de euros sería negativa, pero aún será peor de 7.000 millones de euros, que es la que tenemos ahora.


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Señorías, el déficit exterior representa nuestra capacidad competitiva y hemos alcanzando récords históricos negativos. Hasta El País editorializaba hace una semana diciendo: Es difícil minimizar la importancia del continuo crecimiento del déficit exterior de la economía española. En el primer trimestre la balanza por cuenta corriente registró un déficit de 14.700 millones de euros, desde los ya importantes 7.300. Y concluía El País: Un panorama nada tranquilizador, no tanto por las dificultades de financiación que ocasiona como por las serias limitaciones competitivas que revela.


Otro desequilibrio, los precios, que están por encima del 3 por ciento, con un diferencial respecto a nuestros países competidores de más de un punto. Si grave es, señor Fernández Marugán, la situación de los precios, el IPC, peor es la del deflactor del PIB, que mide el incremento de los precios de los productos producidos en España, que está por encima del 4,5 por ciento. De la inversión extranjera directa neta en España ni hablamos. Hemos pasado de 14.000 millones de euros a 7.000 millones de euros. ¿Esto no es pérdida de confianza? Ante esto, lo único que se le ocurre decir al Gobierno es: Cae la inversión directa en empresas en España -la que produce empleo-. Y dice el Gobierno: Es igual la inversión productiva que produce empleo que la inversión especulativa. No, la inversión productiva crea empleo, crea estructuras empresariales sólidas y la inversión especulativa se va cuando quiere. Ha habido una caída brutal de la producción industrial. Señor Fernández Marugán, hay sectores, como el cuero y la zapatería, que han caído el 15 por ciento -INE dixit- y que no sirva de insulto. La industria textil ha caído un 12 por ciento -INE dixit-. La industria de confección y peletería ha caído casi el 10 por ciento. Las importaciones de productos de consumo están creciendo de manera muy importante cuando la producción española de esos mismos productos cae y lo que eso quiere decir es que no hay un problema de demanda, sino de competitividad. Y el Gobierno se sigue agarrando a los datos de empleo. Señor Fernández Marugán, ¿sabe usted que a pesar del incremento de afiliación y del proceso de regularización, la recaudación neta de la Seguridad Social tiene menos potencia en dos puntos que el año pasado y los pagos de la Seguridad Social están creciendo más? Esto debería explicarlo usted en la tribuna. Desde el año 1997 no se producía una situación donde los pagos de Seguridad Social crecen más que los ingresos, en términos porcentuales. ¿Sabe por qué es? Porque los nuevos cotizantes de la Seguridad Social son cotizantes con salarios bajísimos y empleos temporales, trabajo precario, por eso aportan poco. Sin embargo, los pagos de desempleo y de incapacidad laboral transitoria están creciendo brutalmente. Señorías, estos desequilibrios ponen de manifiesto que la economía está más enferma que hace un año, tiene síntomas de enfermedad. Tenemos una inercia positiva de crecimiento, sí, pero los desequilibrios no se corrigen y eso está repercutiendo en el poder adquisitivo de las familias. Hoy -me dirán ustedes que es por el precio del petróleo- llenar el depósito de gasolina del coche cuesta un 14 por ciento más. Las familias hoy viven peor, por eso creo que no basta con transmitir mensajes falsamente triunfalistas, lo que hay que hacer es ponerse a trabajar y el acuerdo que hoy nos someten a votación no corrige el desequilibrio exterior ni el gasto público influye en desacelerar precios ni va en ayuda de la competitividad de nuestras empresas. Es un acuerdo de más gasto público que incluso ayer les censuró el gobernador del Banco de España. Señorías, es un mal acuerdo que lo mejor sería enviarlo a los toriles.


Muchísimas gracias. (Aplausos.)

El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Martínez-Pujalte.


Por el grupo socialista, señor Fernández Marugán.


El señor FERNÁNDEZ MARUGÁN: Señoras y señores diputados, la jornada va de reiteración de argumentos. Casi todos los grupos que han hecho uso de la palabra, bien desde el escaño o bien subiendo a la tribuna, han venido a decir cosas similares a las que dijeron hace poco más de un mes, cuando vino al Congreso el acuerdo de Consejo de Ministros por el que se fijaba el techo de gasto y los criterios de estabilidad presupuestaria para los próximos ejercicios. Nosotros también vamos a seguir una secuencia parecida. Pusimos de relieve en aquel momento que la economía española vivía un buen momento económico y, por tanto, nos parecía sensato y prudente que intentáramos todos extender la bondad de ese ciclo, alargarlo en el tiempo lo más posible porque las cosas que duran, cuando son buenas, contribuyen al bienestar general. Llevábamos tres o cuatro años creciendo por debajo del potencial. En el año 2005 estamos creciendo ya en el potencial y lo que había que hacer en este momento era ser capaces de llevar un manejo habilidoso y fino de la evolución de la demanda, de tal manera que mantuviéramos los niveles de crecimiento y no se acentuaran los desequilibrios del sistema económico español más de lo que han venido experimentando a lo largo de los últimos años. Por lo tanto, este buen momento económico se produce por algo que tiene mucho que ver con el comportamiento de las economías avanzadas en los últimos años: la confianza, la eliminación de la incertidumbre. A ello ha contribuido un conjunto de iniciativas que ha venido desplegando el Gobierno y que han servido para poner de relieve la existencia de unos comportamientos cooperativos que son muy destacados. No renuncio a enunciar algunos de ellos: una política activa capaz de mejorar la renta de los ciudadanos, sobre todo los que tienen más bajo nivel de vida; una política capaz de generar empleo en una cantidad superior que en ejercicios anteriores y una política de generación de oferta que sea capaz de permitir la aparición de nuevas y mejores oportunidades. Si nos hemos distinguido por hacer unas políticas de comportamiento cooperativo también no hemos distinguido por alejarnos de aquellas políticas que acentúan la desigualdad,

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de aquellas políticas que fracturan la sociedad, que envilecen los valores y que hacen aparecer un marco normativo injusto. Esas políticas son malas porque deprecian la confianza acumulada, como dirían los economistas: porque devalúan la confianza acumulada. Estamos, pues, en un diseño de política económica que sostiene el crecimiento y que distribuye el bienestar, y queremos situarnos en ese diseño a lo largo de los próximos ejercicios. Queremos estar entre el núcleo de naciones que es capaz de alargar en el tiempo ese binomio de crecimiento y equidad. Creo que la sociedad española en su conjunto puede hacer una valoración positiva de lo político y de lo económico, de lo que se ha conseguido a lo largo de estos 20 ó 25 últimos años. Aquí se ha creado confianza en el seno de la sociedad española, y gracias a que hemos sido capaces de crear confianza en la sociedad española en política, en economía y en política económica, hemos producido un avance importante. Nosotros tenemos delante nuevos retos y queremos llevarlos a cabo, queremos alcanzarlos sin cuestionar el crecimiento, la cohesión social y la cohesión territorial, porque los tres son elementos muy favorables para la evolución de la sociedad española. En ese sentido, quiere abordarse la preparación del presupuesto del año 2006 dando continuidad a la fase de crecimiento y a la generación de empleo, dotando de solidez a nuestro incipiente Estado del bienestar y mejorando los niveles educativos, los niveles de investigación tecnológica y los niveles de utilización de elementos de innovación, y a ello contribuye la política económica que hemos venido aplicando el último año y también los acuerdos que sometimos a votación hace unos días en el Congreso y a rechazar hoy la iniciativa del Senado, como va a hacer mi grupo.


No quisiera dejar de señalar que el debate de hoy ha ido dirigido también a una constatación sobre los procedimientos que tenemos para tomar este tipo de acuerdos. La derecha tiene una fijación totémica con la Ley de estabilidad, y yo no voy a dedicarme a desacreditar mucho la Ley de estabilidad; algunos grupos de esta Cámara vamos a cambiar la Ley de estabilidad y tan solo tendría que decir de ella que es una lástima que tuvieran tan poca fe en la Ley de estabilidad quienes la remitieron en su momento al Congreso de los Diputados. Pero en ciertas ocasiones se hacen algunas referencias que mi grupo no querría dejar de tomar en consideración. Se utiliza como elemento referencial el artículo 8, artículo que dice que el acuerdo tiene que ser sucesivo, acumulativo y favorable en el Congreso y en el Senado, norma que parte del hecho de la concurrencia de voluntades en un sistema bicameral como el que nosotros tenemos aquí. Esas cosas ocurren en algunas legislaturas y en otras no, y esta es una de las ocasiones en las que no ocurre. Yo no voy a recordarle a la Cámara cuál ha sido su realidad concreta, me parece que sería un exceso, pero sí cabe la posibilidad de que haya pronunciamientos discordantes, que el acuerdo que se somete a votación en el Congreso tenga un resultado distinto del que se somete a votación en el Senado.
Cuando eso sucede, simplemente porque en el Congreso y en el Senado existen distintas mayorías, yo me preguntaría: ¿qué solución le daba a ese problema la primitiva Ley de estabilidad que envió aquí el Gobierno del PP? Tengo que decir que la única solución que le daba la ley a este problema es volver a remitir otra propuesta de acuerdo al cabo de un mes.
Es una respuesta mecánica. Eso nos lleva a señalar que la ley originaria carecía de un mecanismo de respuesta a la discrepancia y que no se sabía muy bien cómo se podían resolver sucesivas propuestas, votadas en el Congreso y en el Senado, que fueran rechazadas. Pero, además del vacío legislativo, establecía un hecho que tiene alguna trascendencia política: fijaba un procedimiento que situaba en pie de igualdad al Congreso y al Senado. Por tanto, un vacío normativo que no favorecía la solución de un conflicto institucional y un hecho de alguna trascendencia política que hace perder al Congreso la primacía que se le otorga en el sistema político español. Y uno podría decir ¿es que eso ocurre? Yo me pregunto, en otros casos, en otras circunstancias ¿el sistema político español tiene previsto este problema de cómo resolver las discrepancias entre las dos Cámaras? Sí, lo tiene resuelto: hay una comisión mixta que evalúa, que establece vínculos de conciliación en materia no legislativa y hay una decisión del Congreso en materia legislativa que somete a votación las enmiendas que se admiten en el Senado. En cuanto yo baje de la tribuna se subirán otros compañeros a hacer uso de ese derecho, de esa posibilidad que establece nuestra Constitución. Sin embargo, en la primitiva Ley General de Estabilidad Presupuestaria no existe ninguna previsión de resolución del Congreso, pero además proporciona al Senado una especie de veto, un veto impropio -así lo ha definido un letrado de la Casa, el señor Jiménez Díaz, que ha estudiado esta cuestión-, veto impropio que contribuye a retrasar la fase prelegislativa de la elaboración del presupuesto y que impide al Congreso la posibilidad de superar esta situación.


¿Qué hemos hecho nosotros? Nosotros hemos tratado de resolver esta cuestión. Hemos tratado de resolver esa laguna legislativa de la Ley General de Estabilidad Presupuestaria, hemos tratado de restablecer el equilibrio entre las Cámaras que establece la Constitución española y hemos buscado un procedimiento. Podríamos haber recurrido a las soluciones analógicas y no nos pareció bien; nosotros creíamos que el punto y hora que establecía el artículo 8 de la primitiva Ley General de Estabilidad Presupuestaria era una circunstancia, era un precepto mal pensado, equivocado -termino, señor presidente-, y la única solución que en nuestra opinión había que producir es la reforma de ese artículo, y así se hizo en el periodo de sesiones anterior y, como consecuencia de ello, se evita el conflicto institucional y se vuelve a restablecer el equilibrio entre el Congreso y el Senado en los términos que fija la Constitución. Esa es la razón del debate que hoy tenemos aquí, en un momento en el que mi grupo entiende que la confianza

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es el valor fundamental de la economía española y que si somos capaces de hacer durar esta fase de crecimiento de la economía española, de nuevo podremos tener recursos suficientes para garantizar el crecimiento y para proporcionar a las ciudadanas y ciudadanos españoles algo que forma parte de la obligación de esta Cámara: el mayor bienestar posible.


Muchas gracias. (Aplausos.)

El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Marugán.


Vamos a proceder a la votación del punto IX del orden del día: Acuerdo del Gobierno por el que, en cumplimiento de los artículos 8 y 13 de la Ley 18/2001, de 12 de diciembre, General de Estabilidad Presupuestaria, se fija el objetivo de estabilidad presupuestaria del conjunto del sector público y de cada uno de los grupos de agentes que lo integran, para el periodo 2006-2008 y el límite de gasto no financiero del presupuesto del Estado para 2006.


Quisiera hacer una aclaración respecto a esta votación, que es característica de este acuerdo del Consejo de Ministros. Tenemos que votar de acuerdo con lo que señala la propia ley, y para que no haya dudas lo aclaro. Dice la ley: Si aprobado el objetivo de estabilidad por el Congreso de los Diputados el mismo fuese rechazado por el Senado, el objetivo se someterá a nueva votación del Congreso, aprobándose si éste lo ratifica por mayoría simple. Es decir, votar sí es votar a favor del objetivo y votar no es votar en contra. No se vota estrictamente la enmienda del Senado. Es una especialidad que nos señala la ley.


Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 317; a favor, 167; en contra, 147; abstenciones, tres.


El señor PRESIDENTE: Queda aprobado el objetivo de estabilidad.


ENMIENDAS DEL SENADO:

- PROPOSICIÓN DE LEY ORGÁNICA DE MODIFICACIÓN DE LA LEY ORGÁNICA 6/1985, DE 1 DE JULIO, DEL PODER JUDICIAL, PARA PERSEGUIR EXTRATERRITORIALMENTE LA PRÁCTICA DE LA MUTILACIÓN GENITAL FEMENINA. (Número de expediente 122/000015.)

El señor PRESIDENTE: Punto X del orden del día: Enmiendas del Senado.
Proposición de Ley Orgánica de modificación de la Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial, para perseguir extraterritorialmente la práctica de la mutilación genital femenina.


Fijación de posiciones. En primer lugar, por el Grupo Mixto, señora Fernández.


La señora FERNÁNDEZ DAVILA: Muchas gracias, señor presidente.


Intervengo para fijar posición ante estas enmiendas del Senado, que no hacen más que ratificar lo que se aprobó en el Senado tratando de corregir un defecto técnico de la ley, tal y como se aprobó aquí, o por lo menos adaptar la exposición de motivos a lo que aprobamos en su momento en esta Cámara. Por tanto, nuestro voto será afirmativo.


Gracias.


El señor PRESIDENTE: Gracias, señora Fernández.


Coalición Canaria, señor Mardones.


El señor MARDONES SEVILLA: Gracias, señor presidente.


Intervengo con brevedad para manifestar que nuestro voto será favorable a las dos enmiendas que ha introducido el Senado a esta proposición de ley que ya debatimos en su día, poniendo de manifiesto el alcance que tenía que tuviera aplicación en nuestro ordenamiento jurídico el delito de mutilación genital femenina dentro del territorio jurisdiccional español.
Las enmiendas del Senado son puramente técnicas y de adecuación y, por tanto, no hay ningún inconveniente en votarlas favorablemente.


Muchas gracias.


El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Mardones.


Izquierda Verde, señora García.


La señora GARCÍA SUÁREZ: Muchas gracias, señor presidente.


Con la misma brevedad que los portavoces que me han precedido, quiero manifestar que nuestro grupo también votará favorablemente, como no podía ser de otra manera, dado que, en definitiva, estamos hablando de unas enmiendas técnicas que nos llegan del Senado y que nos van a permitir finalizar el trámite parlamentario.


Nuestro grupo quiere reafirmar que lo importante a partir de este momento es adecuar esta normativa que nos va a permitir perseguir extraterritorialmente la práctica de la mutilación genital femenina, pero adecuarla a un verdadero programa de información y de asesoramiento a las familias, que es lo que verdaderamente puede asegurar una prevención en este problema.


Muchas gracias.


El señor PRESIDENTE: Gracias, señora García.


Grupo Vasco, señora Uría.


La señora URÍA ETXEBARRÍA: Muchas gracias, señor presidente.


Cuando llegó a esta Cámara el dictamen de la Comisión, hice desde la tribuna dos observaciones. Una de ellas se refería a que había que adecuar el contenido de

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la exposición de motivos a lo que realmente decía el artículo primero, puesto que se hablaba o de permanencia o de la mera estancia. La segunda de las observaciones ponía de manifiesto que no parecía procedente en una iniciativa de este estilo, que no requería ningún tipo de adecuación orgánica, la vacatio legis que se establecía de seis meses. Ambos aspectos han sido aceptados en el Senado mediante enmiendas presentadas por varias formaciones políticas, incluida la del Grupo de senadores vascos. En buena lógica con lo dije desde la tribuna, mi grupo está satisfecho con lo que se ha introducido en el Senado y, por supuesto, votaremos favorablemente.


Muchas gracias.


El señor PRESIDENTE: Gracias, señora Uría.


Esquerra Republicana, señora Bonás.


La señora BONÁS PAHISA: Gracias, señor presidente.


Nuestro grupo votará a favor de las enmiendas introducidas por el Senado.
Son unas enmiendas técnicas que mejoran la modificación de la ley orgánica y con ello tendrá salida. Nuestro grupo ha votado a favor a sabiendas de que esta ley orgánica tiene tan solo un valor simbólico, que es inaplicable y que quizá sea mejor que así sea. Si nos preocupa realmente erradicar esta práctica debe ir acompañada de otras medidas que nuestro grupo pondrá en breve a disposición de esta Cámara.


Gracias.


El señor PRESIDENTE: Gracias, señora Bonás.


Señora Pigem.


La señora PIGEM I PALMÉS: Muchas gracias, señor presidente.


Mi grupo parlamentario valora positivamente las enmiendas introducidas en el Senado y que de manera literal o transaccionada recogen las presentadas también por mi propio grupo parlamentario. Son unas enmiendas que, como aquí ya se ha dicho, mejoran y sobre todo dan coherencia al texto final porque, tal y como se referencia en el mensaje motivado, una de ellas consiste en la adaptación del texto de la exposición de motivos a lo regulado en la letra g), apartado cuarto, del artículo 23 de la Ley Orgánica del Poder Judicial. Es esta una necesidad que ya se había puesto de manifiesto desde esta tribuna cuando debatimos el dictamen en Comisión, singularmente por la diputada Margarita Uría.


La otra enmienda da una nueva redacción a la disposición adicional segunda, de manera que se acorta la entrada en vigor de la presente ley orgánica y se establece que será al día siguiente de su publicación en el BOE, volviendo de esta manera a lo que era el texto inicial de la proposición de ley presentada por mi grupo parlamentario y a lo que dicta el sentido común, ya que una vacatio legis de seis meses para una reforma que no requiere adaptación ninguna de la organización judicial o policial hubiera podido interpretarse -ya se señaló también aquí- como que se estaba dando una última posibilidad, un último plazo para practicar impunemente fuera de nuestras fronteras este delito que es la mutilación genital, lo que obviamente era justamente lo contrario de nuestra voluntad al legislar.


No quiero alargarme ni reiterar cuanto ya se ha dicho no solo en el día de hoy, sino en las diversas intervenciones que hemos realizado a lo largo de toda la tramitación parlamentaria, únicamente mostrar, eso sí, la satisfacción de mi grupo parlamentario por haber impulsado la tramitación de una iniciativa que hoy da el último paso antes de convertirse en normativa vigente y ser de esta manera un instrumento eficaz -eso esperamos- para disuadir, combatir y erradicar la práctica de la mutilación genital femenina, una brutal práctica que es también violencia de género y que atenta gravemente contra los derechos humanos de mujeres y niñas, un instrumento estrictamente jurídico que completará un ámbito de reproche y de disuasión, pero que deberá complementarse con medidas multidisciplinares, porque, como hemos afirmado tantas veces y queremos reiterar una vez más, la erradicación de la mutilación requiere el desarrollo de estrategias de actuación en ámbitos muy diversos, ciertamente jurídicos, como el que hoy definitivamente va a aprobarse, pero también y de manera importante en ámbitos sanitarios, sociales y educativos. La pedagogía, la sensibilización y la información son instrumentos capitales determinantes para incidir en la erradicación de la mutilación en la medida en que precisamente ayudan a su prevención, evitando que la mutilación se produzca, porque no podemos olvidar que cuando la reforma penal que hoy vamos a aprobar tenga que operar significará que desgraciadamente se ha llegado tarde y se habrá producido ya la conducta que precisamente tratamos de erradicar.


Muchas gracias.


El señor PRESIDENTE: Gracias, señora Pigem.


Por el Grupo Popular tiene la palabra la señora Camarero.


La señora CAMARERO BENÍTEZ: Gracias, señor presidente.


Señorías, hoy finaliza un procedimiento que comenzó en el año 2003 con la modificación del Código Penal y la introducción de la mutilación genital femenina como delito. Además, a partir de hoy este delito se podrá perseguir cuando se cometa fuera del territorio nacional.


Mi intervención no puede ser, como las del resto de las portavoces, muy extensa, porque en intervenciones anteriores hemos tenido ya la oportunidad de dar cifras, argumentos y motivos suficientes que justifican la bondad y el acierto de la iniciativa que hoy aprobaremos definitivamente, pero en este trámite tenemos que hablar de las enmiendas del Senado. El Grupo Parlamentario Popular mantiene al respecto la misma postura que expusimos en el debate de esta Cámara y en el debate

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del Senado del pasado 8 de junio. Desde esa coherencia quiere manifestar que, una vez más, votaremos a favor de esta proposición de ley, pero que eso no es óbice para considerar que no estamos haciendo las cosas todo lo bien que podríamos o, mejor dicho, que debiéramos. Como se ha dicho, en el Senado se aprobaron dos enmiendas, la primera modificando el párrafo final de la exposición de motivos para adecuarlo a la enmienda aprobada en el Congreso, a propuesta del Partido Socialista, de modificación del artículo 23.4.g) de la Ley Orgánica del Poder Judicial, artículo sobre el cual el Grupo Popular ya mostró su disconformidad por la falta de concreción que supone. La segunda enmienda es de modificación de la disposición final segunda y, según figura en su texto, esta ley orgánica entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el BOE. Sin duda alguna, esta enmienda es coherente con la inminente entrada en vigor de los artículos 4 y 5 de la Ley Orgánica de Violencia de Género el próximo día 29 de junio. Sin embargo, el Grupo Popular cree que tras las enmiendas se mantiene, e incluso se refuerza, la ambigüedad del término que los responsables encuentran en España, que desde nuestro punto de vista no es suficientemente concreto y no logra asegurar la finalidad de la ley. Si analizamos tanto la exposición de motivos como la defensa de la posición del grupo proponente, Convergència i Unió, tanto en el Congreso como en el Senado, creemos que la intencionalidad se enmarca en la persecución de la mutilación genital femenina para las personas residentes en España, que aprovechan los periodos de vacaciones para ir a visitar a sus familiares y de donde las niñas ya regresan mutiladas.


Desde el Grupo Popular defendemos el concepto de permanencia, de estabilidad y de residencia que algunos grupos buscábamos con nuestras enmiendas, tanto en el Congreso como en el Senado, para acotar el objetivo de la norma y no dejar la puerta abierta a la ambigüedad de un término que desde nuestro punto de vista puede generar una gran discrecionalidad por parte de los jueces a la hora de su interpretación.
Lamentamos que no se haya empleado la técnica jurídica más adecuada y que el objeto de persecución no haya quedado más acotado para evitar repercusiones prácticas no deseadas por nadie. Desde el Grupo Popular consideramos que estas discrepancias en los términos mantenidas por algunos grupos, entre ellos el nuestro, no son una cuestión menor ni un ligero matiz, porque nos preocupa que esta imprecisión, insisto, pueda desvirtuar la finalidad de la norma al no quedar reflejada la necesidad de que el agresor continúe residiendo en nuestro país. Insisto, como lo han hecho otras portavoces, en que no es suficiente con medidas de carácter legislativo y judicial, sino que éstas deben acompañarse de otras medidas preventivas, educativas y sanitarias. Sin duda es necesario desplegar en paralelo una estrategia integral de educación, de formación y de apoyo sociosanitario si queremos solucionar de verdad y de forma efectiva este problema.


Para terminar, desde el Grupo Popular manifestamos nuestra satisfacción por la aprobación de normas que amplían los derechos humanos y sobre todo los derechos de la mujer y ofrecemos nuestro apoyo y nuestro respaldo a cualquier iniciativa que redunde en la mejora de la salud y el bienestar de nuestras niñas y mujeres.


Muchas gracias.


El señor PRESIDENTE: Gracias, señora Ca-marero.


Por el Grupo Parlamentario Socialista tiene la palabra el señor Muñoz.


El señor MUÑOZ GONZÁLEZ: Gracias, señor presidente.


Intervengo, en nombre del Grupo Parlamentario Socialista, para manifestar nuestro voto favorable a las enmiendas que provienen del Senado en esta proposición de ley orgánica. La primera de ellas, como antes se ha dicho, tiene que ver especialmente con la exposición de motivos y viene a perfilar la acomodación a la enmienda que en su momento se aprobó, que era de nuestro grupo en el Congreso, para dar un contenido distinto al inicialmente previsto en la proposición de ley del artículo 23.4,g). La segunda, como se puso de manifiesto en el trámite parlamentario del Congreso, tiene que ver con la acomodación y la eliminación del periodo de vacatio legis, que es verdad que podría tener algún sentido en relación con el momento en que se toma en consideración esta proposición de ley porque entonces habría que buscar la acomodación a la entrada en vigor de la Ley de violencia, pero al ponerse ya en marcha los juzgados de violencia de forma inmediata conviene eliminar esta vacatio legis, que no tiene ningún sentido ya. (La señora vicepresidenta, Chacón i Piqueras, ocupa la Presidencia.)

Nuestro grupo se congratula de las bases a las que se llegó durante la transacción en el Senado. Es verdad que no todos los grupos se sumaron a la misma, pero también es cierto que todos los grupos votaron de forma unánime el carácter orgánico y por tanto el texto final en el Senado e inicialmente en el Congreso. No quiero dejar de destacar aquí que nos encontramos ante una iniciativa legislativa cuya finalidad no es una cualquiera, sino perseguir extraterritorialmente una práctica aborrecible de tortura que se ejerce fundamentalmente contra las mujeres, contra las niñas, y que además es una violación basada en el género. La responsable del Grupo Popular ha manifestado antes que esta expresión, que se cambió y que se introdujo en nuestra enmienda, de que se penalice siempre que los responsables se encuentren en España crea incertidumbre. Eso no es cierto, lo que crea es certeza, porque esa es una transcripción literal de aquello que vienen a recoger las sentencias del Tribunal Supremo en cuanto a la aplicación extraterritorial de la ley penal española. En conclusión, nos encontramos ante una norma que viene a dar cumplimiento a las obligaciones internacionales que tiene asumidas el Estado

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español, especialmente, por no referirme a muchas de ellas, la Convención de la ONU sobre derechos del niño, que en su artículo 24 obliga a los Estados a adoptar medidas eficaces y apropiadas para abolir las prácticas tradicionales que sean perjudiciales para la salud de los niños y las niñas.


Con esta proposición de ley orgánica que inicialmente fue presentada por el Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), pero que ha sido mejorada durante el trámite parlamentario, España se pone a la vanguardia en la defensa de estos intereses, de estos derechos, de un sector especialmente desprotegido. Esto tiene que ser un punto de referencia para que otros Estados se sumen a este principio de aplicación extraterritorial de la ley penal y, desde este punto de vista, estas medidas, junto con otras que han sido avanzadas ya por algunos portavoces en intervenciones precedentes, serán tan importantes como para lanzar a la sociedad española, que es una sociedad abierta y plural, a la cual se van incorporando, cada día más, muchos emigrantes, el mensaje de que en España estas conductas no tienen que ver con la tradición, no tienen que ver con la religión, sino simplemente con una práctica de tortura que nosotros tenemos que reprobar, rechazar y, en su caso, regirnos por una ley penal que, en virtud a esta iniciativa, podrá ser aplicada por los tribunales españoles.


Muchas gracias. (Aplausos.)

La señora VICEPRESIDENTA (Chacón i Piqueras): A usted, señor Muñoz.


DEBATES DE TOTALIDAD DE INICIATIVAS LEGISLATIVAS:

- PROYECTO DE LEY DE RESTITUCIÓN A LA GENERALIDAD DE CATALUÑA DE LOS DOCUMENTOS INCAUTADOS CON MOTIVO DE LA GUERRA CIVIL CUSTODIADOS EN EL ARCHIVO GENERAL DE LA GUERRA CIVIL ESPAÑOLA Y DE CREACIÓN DEL CENTRO DOCUMENTAL DE LA MEMORIA HISTÓRICA. (Número de expediente 121/000035.)

La señora VICEPRESIDENTA (Chacón i Piqueras): Como habíamos anunciado que la votación de esta proposición de ley al ser orgánica no se realizaría antes de las doce, continuaremos con la siguiente iniciativa que es un proyecto de ley y solo cuando votemos los proyectos de ley, recuperaremos la votación de esta proposición de ley que, como saben, tiene carácter de orgánica.


Entramos en el punto 39, que es el proyecto de ley de restitución a la Generalidad de Cataluña de los documentos incautados con motivo de la guerra civil custodiados en el Archivo General de la Guerra Civil Española y de creación del centro documental de la memoria histórica.


Comenzaremos con la presentación por parte del Gobierno, que corre a cargo de la ministra de Cultura. Adelante, señora ministra.


La señora MINISTRA DE CULTURA (Calvo Poyato): Gracias, señora presidenta.


Señorías, iniciamos hoy el debate del proyecto de ley de restitución a la Generalidad de Cataluña de los documentos que fueron incautados con motivo de la guerra civil y que se encuentran custodiados en el Archivo General de la Guerra Civil. También presentamos hoy en el marco de esta ley la creación del centro documental de la memoria histórica que aprobó el Consejo de Ministros, en su reunión de 15 de abril de 2005, y que como proyecto ha sido remitido a esta Cámara.


Doble es el objetivo que se marca este proyecto. Por un lado, permitir el restablecimiento de las situaciones jurídicas y legítimamente extinguidas en lo que respecta a la Generalidad de Cataluña y a las personas naturales y jurídicas de carácter privado, víctimas en su momento de una injusticia histórica; por otro, salvaguardar, en razón de su interés histórico y cultural, la integridad funcional del archivo y de los documentos y fondos documentales en él custodiados, reforzando las políticas públicas en orden a garantizar la puesta a disposición de los ciudadanos de toda la documentación generada por la contienda en el futuro centro documental de la memoria. Mediante este proyecto se intenta poner fin a un contencioso que se remonta a los primeros años de nuestra transición democrática. Poco después de la restauración de la Generalidad, según el Real Decreto-ley 41/1977, de 29 de septiembre, esta institución ya solicitó formalmente al Gobierno de la nación la restitución de unos documentos de gran valor simbólico que habían sido incautados por la fuerza, reunidos con fines represivos y depositados en su mayor parte en las dependencias de un órgano administrativo creado al efecto y denominado Delegación del Estado para la Recuperación de Documentos, conocido como DERD. Como SS.SS. conocen, el Estatuto de Cataluña aprobado en 1932 permitió una nueva realidad territorial que provocó el traspaso de funciones y servicios a dicha región autónoma para el ejercicio de las competencias atribuidas al propio estatuto. Declarada la guerra civil, el Decreto 108 de la Junta de Defensa Nacional, de 13 de septiembre de 1936, estableció la incautación -abro comillas- de cuantos bienes muebles, inmuebles, efectos y documentos pertenecientes a los referidos partidos políticos o agrupaciones, así como a cuantas organizaciones han tomado parte en la oposición hecha a las fuerzas que cooperan con el Movimiento Nacional, pasando todo ello a propiedad del Estado.


Estas incautaciones fueron confirmadas posteriormente de un modo expreso por la Ley de 9 de febrero de 1939, Ley de responsabilidades políticas, en la que, además, se dispuso -abro comillas-: Los partidos, agrupaciones y organizaciones declaradas fuera de la ley sufrirán la pérdida absoluta de sus derechos de toda clase

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y la pérdida total de sus bienes. Estos pasarán íntegramente a ser propiedad del Estado. Por lo que respecta a Cataluña, la Ley de 5 de abril de 1938, por la que se abolió el Estatuto catalán, declaró revertidos al Estado las competencias de legislación y ejecución que le corresponden los territorios de derecho común y los servicios que fueron cedidos a la región catalana, en virtud de la Ley de 15 de septiembre de 1932. Esta es la ley que aprobó en su momento el Estatuto de Cataluña.


Me detengo brevemente en estos antecedentes y en la naturaleza de esta órgano incautador, ya que es fundamental para comprender la naturaleza y justificación del proyecto de ley que hoy presentamos. La finalidad de este órgano no deja lugar a dudas, ya que en su propia norma de creación, el Decreto de 26 de abril de 1938, y leo literalmente, su objeto fue definido como la recopilación de documentos relacionados con personas e instituciones vinculadas a la oposición al régimen franquista, con el fin de suministrar al Estado información referente a la actuación de sus enemigos. Estos documentos concretos de la DERD, por azares de la historia, acabarán conviviendo con muchos otros en la sección de la guerra civil del Archivo Histórico Nacional. Desde esta situación concreta de incautación, es decir, de sustracción de documentos a sus legítimos propietarios, es desde donde debe interpretarse el presente proyecto. Tanto los documentos cuya titularidad cambió, como la situación irregular en que este cambio se produjo, han motivado, en origen, y dado un sustento moral y de justicia, innumerables peticiones de restitución que, desde la primera época de la transición hasta la fecha de hoy, todos los gobiernos democráticos, sin excepción, han recibido respecto de una parte de la documentación recogida en el Archivo General de la Guerra Civil.


El volumen de estas peticiones ha crecido exponencialmente en los últimos años. En casos como la Generalitat de Cataluña debido al indudable valor simbólico que los documentos tienen para esta institución que ya existía como tal en el marco constitucional en 1936, y en el caso de los particulares por muy variadas y respetables razones de distinta naturaleza. El camino para llegar al punto donde nos encontramos ha sido largo. Los trabajos para identificar la documentación albergada en el archivo correspondiente a la Generalitat se remontan a finales de 1982, tras la suscripción de un convenio de colaboración entre el Ministerio de Cultura y la Comunidad Autónoma de Cataluña para la microfilmación de los documentos procedentes de la antigua Generalitat durante los años 1932 a 1939 entonces conservados en la sección de la guerra civil del Archivo Histórico Nacional. Desde entonces todos los ministros de Cultura han estudiado la viabilidad y/o conveniencia de identificar correctamente los documentos y, en su caso, restituir aquellos que fueron incautados.


Como ustedes recordarán, el pasado 18 de mayo de 2004 se aprobó en el seno de esta Cámara una proposición no de ley por la que se instaba al Gobierno a iniciar un proceso de diálogo con el Gobierno de la Generalitat, a través de los cauces institucionales oportunos, con el fin de alcanzar un acuerdo que permita resolver el contencioso planteado en relación con la documentación incautada. Siguiendo estas instrucciones emanadas del Parlamento, el primer paso realizado por el Gobierno fue la convocatoria del Patronato del Archivo General de la Guerra Civil, en cuyo pleno se acordó la creación de un comité de expertos que dictaminaría sobre la posible restitución de los documentos desde una perspectiva multidisciplinar. Este comité se estructuró en grupos de trabajo de principios generales: perspectiva histórica, perspectiva jurídica y perspectiva archivística. Las conclusiones de las distintas áreas en que este comité se había conformado estuvieron terminadas en diciembre de 2003 y a grandes rasgos fueron las siguientes: Considerar justas y legítimas las razones que avalan la devolución de los fondos documentales a la Generalitat. Aconsejar el establecimiento de un procedimiento administrativo para dar cauce a las reclamaciones de reconocimiento de titularidad y posterior restitución de documentos con condiciones estrictas para el reconocimiento y con la exigencia del depósito de copias auténticas en el archivo en Salamanca, y a la garantía de conservación y plena accesibilidad a los originales. En tercer lugar, la transformación del actual archivo estatal, con el fin de ampliar sus instalaciones y servicios, concentrar en el mismo otra documentación relativa a la guerra civil que se encuentra dispersa, obtener copias digitalizadas de toda la documentación relacionada con el archivo y desarrollar un proyecto de protección de historia oral para preservar en lo posible los testimonios de nuestros mayores.


Además de estas conclusiones fundamentales del Comité de expertos, tanto las recomendaciones técnicas del servicio jurídico del Estado, como el hecho de que, en última instancia, la elaboración de este proyecto partiera de una proposición no de ley del Congreso, llevaron a la conclusión de que era aconsejable la aprobación de una norma con rango de ley, es decir, alcanzar una solución suficientemente investida de legitimidad representativa.


En cuanto al contenido del proyecto, éste distingue entre la restitución a la Generalitat de Catalunya de los documentos que eran de su propiedad y que se produce por disposición de la ley y la restitución a las personas naturales, jurídicas y privadas, que residían en Cataluña, que requerirá la instrucción de un procedimiento previo en el que los interesados deberán acreditar la existencia de un interés legítimo en la devolución de los documentos.


Las líneas básicas de este procedimiento, como son las referidas al modo de identificación de los documentos, acreditación de la titularidad de los mismos, etcétera, se encuentran pormenorizadas en el proyecto que presentamos. En todos los casos la Generalitat se subrogará en los derechos y obligaciones que tiene la Administración General del Estado respecto de los documentos, con lo que quedan garantizadas las

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medidas de protección del patrimonio histórico aplicables a cada caso.


Con objeto de que no haya interrupción en las muy importantes funciones del archivo en relación con los distintos procedimientos administrativos se prevé expresamente el depósito de una copia o duplicado de cada uno de los documentos restituidos que tendrá la consideración de copia auténtica en términos previstos por la legislación de régimen jurídico de las administraciones públicas. No podemos considerar que la ausencia de algunos originales vaya a entorpecer la ordinaria gestión del archivo, sobre todo cuando hoy, a principios del siglo XXI, contamos con unos medios técnicos, como son la microfilmación y la digitalización, que hacen que solo en muy extraordinarias ocasiones los archivos permitan en estos momentos el acceso a los originales. Según el dictamen del Comité de expertos, y cito textualmente, no puede hablarse de ruptura de la integridad del archivo si una parte de los originales de sus fondos de origen y procedencia distinta de los demás fondos se remiten a otra institución con las consiguientes obligaciones de conservación, consulta y, en su caso excepcionalmente acceso a los originales.


Debido al principio constitucional de que todos los españoles tienen los mismos derechos y obligaciones en cualquier parte del territorio del Estado, esta posibilidad de devolución a los particulares no podría únicamente limitarse a los de una sola comunidad autónoma. Por ello la disposición adicional del proyecto prevé que la restitución de los documentos pueda llevarse a cabo por las comunidades autónomas que lo soliciten después de que el Gobierno haya establecido el procedimiento adecuado.


Cierra el proyecto una apuesta por el futuro del archivo, la obligación que asume el Gobierno de crear un centro documental de la memoria histórica con sede en Salamanca, en el que, junto con los fondos del Archivo General de la Guerra Civil, se recoja toda cuanta documentación relacionada con aquellos tristes años pueda ser adquirida a terceros o a otras instituciones.


El proyecto de ley se integra, aunque con retraso obvio, junto a ese grupo de leyes que han ido promulgándose después de nuestra Constitución en prácticamente todas las legislaturas con un objetivo claro: restaurar en la medida de lo posible situaciones jurídicas que ya se vieron afectadas en su momento de un modo injusto por la legislación y la actuación de la dictadura. Participa, pues, del mismo espíritu que las normas de amnistía o las leyes que propiciaron la restitución de documentación o bienes del patrimonio sindical, la restitución o compensación a partidos políticos de sus bienes y derechos incautados, en aplicación de la normativa de responsabilidades políticas, o el reconocimiento de los derechos asistenciales a las personas pertenecientes al ejército republicano.
Independientemente del debate político suscitado, conviene señalar que el fondo de la cuestión trasciende a las meras líneas políticas de los partidos. Permítase recordar cómo de hecho en otras ocasiones distinguidos dirigentes del Partido Popular, caso del señor Fraga en su momento, o el propio Partido Popular en el Parlamento de Cataluña más recientemente, han apoyado la justicia de la restitución de documentos a aquellos que fueron sus legítimos propietarios.


Señorías, el próximo año se cumplirán 70 años del inicio de la Guerra Civil. Ha tenido que pasar todo este tiempo para que nos podamos enfrentar a este contencioso con responsabilidad. Con la aprobación de este proyecto de ley solicitamos el acuerdo de la mayoría de las fuerzas políticas con objeto de dar solución a una situación injusta, que ha propiciado numerosas reclamaciones sobre unos documentos cuya incautación fue en origen ilegal e ilegítima. Es decir, solicitamos su voto favorable en algo que consideramos una cuestión de justicia. Adquirimos, al mismo tiempo, el compromiso de dar un nuevo enfoque al tratamiento de la documentación de la guerra civil. La futura transformación del actual Archivo General de la Guerra Civil en un más amplio proyecto como archivo de la memoria significa que todo forma parte de las soluciones que este Gobierno considera justas y que puede contribuir a restaurar derechos y a mejorar un servicio público que ha prestado de un modo ejemplar -el Archivo General de la Guerra Civil desde su creación así lo ha hecho- y que seguirá prestando ese mismo servicio en el futuro centro documental de la memoria histórica de Salamanca.


Para finalizar mi intervención, con objeto de no aumentar la confusión que la enmienda a la totalidad del Grupo Popular parece alimentar, quiero detenerme en remarcar que, tanto el procedimiento de aprobación del proyecto de ley por parte del Gobierno, como su remisión a las Cortes, ha seguido escrupulosamente lo dispuesto en la Ley de Gobierno y cuenta con los trámites preceptivos que la misma exige. El Gobierno, en uso de su facultad de iniciativa legislativa que le confiere la Constitución española, aprobó, como les he mencionado, el proyecto de ley en virtud de la cláusula competencial de su artículo 149.1.28.ª, que atribuye al Estado competencia exclusiva en materia de archivos de titularidad estatal, sin perjuicio de las competencias transferidas a las comunidades autónomas. El Ministerio de Cultura elaboró el anteproyecto de ley, siguiendo escrupulosamente los trámites previstos en la legislación vigente, teniendo en cuenta las habilitaciones legales y competenciales del departamento del que soy responsable, la titularidad estatal de este archivo y, por último, acompañando al proyecto toda la documentación preceptiva exigida para la elaboración de una norma de este rango.


Decir que el procedimiento ha sido defectuoso porque faltan dictámenes de la Junta Superior de Archivos es no haber leído las normas que regulan este órgano, cuya obligación es asesorar e informar a petición del Ministerio de Cultura o de otros órganos de la Administración sobre aspectos técnicos de investigación, conservación, enriquecimiento, protección o difusión de los bienes que

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integran el patrimonio documental de los españoles. Entre las funciones atribuidas a la Junta Superior de Archivos no consta la emisión de dictámenes o informes de carácter preceptivo ni vinculante. Decir que no se valora la opinión de la Junta Superior de Archivos es una interpretación cuando menos interesada. En el desarrollo de esta ley habrá que abordar, sin duda, aspectos más técnicos y complejos, entre otros los derivados de la transformación y ampliación del actual archivo, si así se estima necesario y, no teman, que así serán también recabados.
En cuanto a la no participación del Patronato del Archivo de Salamanca que se recoge en la enmienda a la totalidad, tampoco se ajusta a la verdad. Vuelvo a reiterar que fue en el seno del Patronato del Archivo General de la Guerra Civil de Salamanca donde fue acordada la creación del Comité de expertos, cuyas conclusiones han servido de base para la elaboración del presente proyecto. En consecuencia, la elaboración del proyecto aprobado por el Gobierno ha seguido todos los pasos necesarios para asegurar la legalidad, acierto y oportunidad de la norma, y ha sido fruto de una adecuada reflexión y consulta entre las partes directamente implicadas y del asesoramiento técnico necesario para la adopción de una norma con las máximas garantías.


Concluyo diciendo, señora presidenta, señorías, que el proyecto de ley viene a resolver las reclamaciones históricas de los documentos incautados, que han ido jalonando durante más de un cuarto de siglo toda suerte de iniciativas, propuestas y peticiones parlamentarias hasta ahora infructuosas. Es, por un lado, esa legítima reivindicación histórica hasta ahora desatendida y, por otro, la salvaguarda de la integridad del archivo como patrimonio cultural lo que inspira este proyecto. Por ello, me gustaría reclamar de todos los grupos parlamentarios la necesaria amplitud de miras en aras de alcanzar el mayor consenso posible con el fin de cumplir estos objetivos.


Muchas gracias, señora presidenta. (Aplausos.)

La señora VICEPRESIDENTA (Chacón i Piqueras): Muchísimas gracias, señora ministra.


Continuamos con el turno a favor de la enmienda a la totalidad que ha sido presentada, para cuya defensa tiene la palabra el señor Robles.


El señor ROBLES OROZCO: Señora presidenta, señorías, defiendo en nombre de mi grupo la enmienda a la totalidad de la ley que bien podría llamarse de la liquidación del Archivo de la Guerra Civil Española. Mi grupo ha presentado esta enmienda de totalidad por tres razones: por el fondo de la cuestión, por la forma y, por último y no menos importante, por el sentimiento general que existe de expoliación y engaño que acaban de demostrar cívicamente miles de ciudadanos. De fondo, porque con esta ley se culmina un proceso que va a llevar a la salida del archivo general de un volumen importantísimo de fondos documentales que van a afectar a la naturaleza del mismo y a su propia identidad como archivo general, por lo que va exactamente en la dirección contraria de lo que debería hacer el Gobierno. El Gobierno debería, cumpliendo con su responsabilidad, velar por el patrimonio común, la conservación, la potenciación y la defensa del patrimonio documental español. Este Gobierno va a tener el triste honor de que el primer proyecto de ley que trae a esta Cámara en materia cultural no sea para potenciar nuestro patrimonio común o políticas de libros, museos, etcétera, sino precisamente para desmantelar parte de nuestro patrimonio común. El Archivo de la Guerra Civil Española constituye un patrimonio documental de interés general para España, y como tal es parte del testimonio de nuestra historia. Su unidad resulta esencial para una visión integral de los fondos y para preservar en un archivo único la memoria -si se quiere triste o dura, pero memoria al fin y al cabo- de una parte de nuestra historia. Según reconoce la propia comisión de expertos que ustedes unilateralmente constituyeron, el archivo ejerce desde la llegada de la democracia una nueva función pública. Al margen de las razones iniciales que movieron a la incautación, lo cierto -dicen los expertos- es que los documentos han cobrado objetivamente una nueva significación y sirven ahora de testimonio de las actuaciones de la dictadura durante la guerra civil en relación con las personas vinculadas a organizaciones que se consideraban enemigas. Este proyecto vulnera todos los criterios científicos sobre custodia de documentos y muy especialmente las recomendaciones de la Unesco sobre política archivística. Saben SS.SS. que la Unesco creó un grupo de trabajo ad hoc precisamente para los archivos de la represión, cuya principal recomendación es el mantenimiento de la unidad de los archivos. Supone, por tanto, una clara dejación de la obligación y de la responsabilidad que tiene todo Gobierno de custodiar el patrimonio documental común.


Hay una segunda razón que en democracia y en un Estado de derecho es tan importante como el fondo: el incumplimiento en las formas, esto es, el cumplimiento de las normativas vigentes. La proposición no de ley aprobada en esta misma Cámara en mayo de 2004 instaba al Gobierno a encontrar una solución mediante el diálogo, que no ha existido, y sobre todo previa audiencia a los órganos técnicos correspondientes, es decir, al Patronato del archivo y a la Junta Superior de Archivos. Huelga señalar, señorías, que no se ha consultado ni al Patronato ni a la Junta Superior de Archivos, probablemente porque su opinión no les iba a gustar. Por tanto, este proyecto llega a la Cámara sin la documentación preceptiva que le exigen las disposiciones legales vigentes. El artículo 22 de la Ley 50/1997 del Gobierno establece la obligatoriedad de que los proyectos de ley vengan acompañados de los estudios e informes sobre su necesidad y oportunidad, y su apartado 4 exige además la remisión del proyecto de ley correspondiente al Congreso o al Senado acompañado de una exposición de motivos de la memoria de los antecedentes necesarios para poderse pronunciar sobre él. Además, el artículo 88

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de la Constitución establece que los proyectos de ley vengan acompañados de los antecedentes necesarios para poderse pronunciar. Nada de esto se ha hecho. El Real Decreto 426/1999, de 12 de marzo, de creación del Archivo General de la Guerra Civil Española, atribuye al patronato el carácter de órgano rector del archivo y dispone que ha de emitir informe preceptivo sobre cualquier propuesta de sus fondos, cosa que tampoco se ha hecho. Abundando en esta obligación de informar adecuadamente las iniciativas legislativas, la Orden de 25 de marzo de 1996, por la que se regula la composición y las funciones de la Junta Superior de Archivos, califica a esta institución como junta consultiva de la Administración del Estado. Para no cumplir estas exigencias y garantías de la legislación vigente, es decir, los informes técnicos del Patronato y de la Junta Superior de Archivos, que como digo previsiblemente no les iban a ser favorables, la razón fundamental que argumenta el Gobierno es exactamente, en contestación parlamentaria por escrito, razones de urgencia. La Ley del Gobierno permite prescindir de estos informes si el Gobierno aprecia razones de urgencia. No sabemos si el Gobierno ha calificado el proyecto de urgente, pero de ser así nos gustaría que nos dijeran cuál es la urgencia que aprecia en este momento para saltarse los informes técnicos, para saltarse la legislación vigente, para no escuchar y para que, por tanto, tengamos ahora que pronunciarnos sin los preceptivos informes técnicos. Yo no sé cuál es la urgencia, a no ser que no sea la urgencia que tienen los socios parlamentarios del Gobierno actual, que en palabras públicas claramente bochornosas, por no calificarlas de otra forma, han presionado claramente a este Gobierno. La urgencia, por tanto, no tiene en este caso nada que ver con el interés general, que es para lo que se ha pensado este tipo de cosas, sino que tiene que ver con la debilidad y la situación parlamentaria del actual Gobierno; tan es así, que muchas personas en nuestro país se preguntan si harían ustedes lo mismo si no necesitaran los votos de Esquerra Republicana de Cataluña. Nuestro grupo quiere que cualquier demanda de fondos documentales sea estudiada por los patronatos y por los órganos de las instituciones, por la Junta Superior de Archivos, y que ambos informes sean preceptivos y vinculantes; pero hay algo más. La norma que regula la Junta Superior de Archivos establece el carácter de informe preceptivo, en cuyo caso no cabe eximir de este informe ni siquiera en los casos de urgencia.


Señorías, como vemos, hay razones de fondo, por lo que supone la dejación de velar por el interés común; razones de forma en la tramitación de la ley, porque hurta a esta Cámara la documentación fundamental para decidir con criterios científicos y técnicos del patronato y de la junta; pero además hay desprecio, falta de diálogo y engaño; engaño porque a ustedes que les gusta justificar sus acciones de Gobierno, por disparatadas que estas sean, en que se limitan a cumplir su programa, díganme por qué no lo encuentro en ninguna página de su programa, en qué parte de su programa figura lo que hoy estamos debatiendo. Si hubiera figurado, señorías, probablemente al señor Caldera, al que no veo en este momento aquí, y al señor Rodríguez Zapatero, que se presenta por Castilla y León, en casi todo el territorio nacional les hubiera resultado más difícil explicar estas cuestiones. Como digo, no figura en ninguna parte de su programa. Sería interesante saber cuándo decían ustedes la verdad. Hace diez años el señor Caldera se manifestaba por las calles de Salamanca y retaba a que los papeles no saldrían de Salamanca. ¿Decía entonces la verdad o ahora, cuando desoyendo a muchos más ciudadanos que en aquel momento se disponen ustedes, con el señor Caldera a la cabeza, a entregar lo mismo a que se oponían hace diez años? Hay desprecio y falta de diálogo con los ciudadanos que por miles se han manifestado cívicamente para expresar su profundo malestar. ¿Les suena a ustedes lo de un Gobierno responsable es el que escucha a los ciudadanos, o aquello de gobernar con la gente y no contra la gente? Son palabras suyas y, por tanto, deberían intentar aplicárselas. No se han molestado en escuchar, en dialogar, en reflexionar, sino que con una gran amnesia intentan desprestigiar e infravalorar lo que ha sido una expresión cívica, modélica y muy distinta, por cierto, a las que ustedes gustaban de frecuentar hace muy poco tiempo. Se ha demostrado la falta de diálogo y de talante haciendo oídos sordos a un número importante de intelectuales, reunidos en Salamanca, que firmaron un comunicado común en defensa de la unidad del archivo y a quienes no se han molestado en recibir ni escuchar, como tampoco lo han hecho, por cierto, al alcalde de la ciudad, don Julián Lanzarote, quien ha pedido repetidas veces entrevistas con altos cargos de este Gobierno, muy especialmente con el presidente del Gobierno. El Gobierno, en su potestad de ejercer la iniciativa legislativa, debería haber sabido afrontar una doble obligación: la de escuchar las sensibilidades y las aspiraciones existentes en determinados sectores de Cataluña y la ineludible de mantener el patrimonio común que le encomienda la Constitución.


En cuanto a la supuesta creación de un centro de la memoria histórica, en marzo de 1999 ya se creó el archivo general y el centro de estudios y documentación. Por tanto, lo que hay que hacer es un plan que lo desarrolle materialmente, en política de personal, en cuanto a acceso de los investigadores, y dejarse de marear la perdiz en un intento de maquillar y envolver una política equivocada; intento banal, señora ministra, porque usted ha podido descubrir en los medios de comunicación lo que ha sido un clamor general. Usted ha presentado un plan vacío, un plan sin proyectos y que no es más que un intento de contraprogramar la manifestación del día 11. Con una falta de sensibilidad notable, usted presentó el día 8 lo que, insisto, toda la prensa ha catalogado unánimemente como un proyecto vacío y sin contenido.


Señorías, por la forma, por el fondo, por el respeto a miles de ciudadanos que, creo yo, tienen al menos el mismo derecho de sentimientos y de razones a los que

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ustedes intentan compensar; porque si les queda algo de sentido de Estado deberían pensarlo -a nosotros sí nos queda el sentido de Estado y el sentido común- y porque estando en minoría -como estuvimos- supimos defender ese interés común, es por lo que presentamos esta enmienda a la totalidad de devolución para que se recobre el sentido de Estado, se dialogue con todos, se escuche a todos y se tomen decisiones en las que todos se sientan representados. Nuestra enmienda quiere corregir su dejación en la obligación de la custodia del patrimonio de todos los españoles, su parcialidad al haber escuchado y atendido solo a una de las partes y las carencias técnicas y formales que tiene esta ley. Además, es un rechazo a su debilidad y es, ante todas las cosas, una defensa del patrimonio común de todos los españoles.


Muchas gracias. (Aplausos.)

La señora VICEPRESIDENTA (Chacón i Piqueras): Gracias, señor Robles.


Le voy a recordar, si le parece, que la regla de oro de la conservación del patrimonio histórico es no dañarlo. Por favor, se puede llevar la pegatina que ha puesto delante de la lámpara. Les rogaría que no lo hicieran más. No hay mejor instrumento para defender sus ideas que la palabra, que era lo que usted tenía. (Aplausos.)

Continuamos, señorías, con la fijación de posiciones de los grupos parlamentarios. La primera de ellas va a ser del Grupo Parlamentario Mixto, en primer lugar, la señora Lasagabaster.


La señora LASAGABASTER OLAZÁBAL: Gracias, señora presidenta.


Intervengo muy brevemente para dar un mensaje muy claro de apoyo a este proyecto de ley, aunque es corto -luego explicaré por qué-, porque de manera justa y legítima debiera realizarse tal devolución a otras administraciones de documentación que fue incautada en aquel momento como botín de guerra, realidad que no se contempla en la iniciativa que estamos debatiendo hoy. Digo que damos nuestro apoyo porque no debiéramos estar en este momento debatiendo una cuestión que simplemente de oficio en la transición debería haber sido realizada de manera clara y automática y con agilidad por parte de las administraciones centrales correspondientes. Lamentamos que se haya tardado casi más de 25 años y que todavía haya algún grupo parlamentario que vea en esta cuestión algo que no es más que una recuperación, un acto de justicia y un acto de devolución de un expolio y un botín de guerra.


Nosotros hemos presentado una enmienda a esta iniciativa porque entendemos que las razones para proceder a esta devolución son las mismas en las que debieran basarse otras devoluciones, como es el caso en concreto que nosotros suscitamos de la devolución de toda la documentación vasca que está en ese archivo, que debiera restituirse a la administración vasca que en ese momento era legal, y todas aquellas documentaciones de personas físicas y jurídicas que fueron expoliadas en una acto que reconocemos fue injusto y botín de guerra. Pedimos que se devuelva también a la Administración vasca lo que es suyo y, por tanto, pedimos la devolución de la documentación vasca que existe en otra serie de fondos en ese archivo. Por consiguiente, votaremos a favor, pero queremos que la ministra y el Grupo Parlamentario Socialista tengan en cuenta que esto es solo una parte de lo que hay que hacer y esperamos que en la tramitación se proceda a la devolución de todas las documentaciones incautadas injustamente. Esta es una cuestión que llega muy tarde pero que debe realizarse ya.


Muchas gracias.


La señora VICEPRESIDENTA (Chacón i Piqueras): A usted, señora Lasagabaster.


Continuamos con el turno del señor Labordeta.


El señor LABORDETA SUBÍAS: Gracias, señora presidenta.


Señorías, el motivo de la intervención es mostrar nuestra postura contraria a la enmienda de totalidad presentada por el Partido Popular a esta iniciativa del Gobierno. Esta norma responde a un acuerdo libre, mayoritario y democrático de esta Cámara y a una situación de justicia con la historia. Devolver la documentación incautada durante la guerra civil en los territorios que permanecieron fieles al orden constitucional vigente en la II República española es el objetivo que también compartimos desde Chunta Aragonesista. Sin embargo, el PP ha convertido en cuestión de enfrentamiento político algo que no tendría que ser más que una cuestión de justicia y dignidad, sobre todo cuando se cuenta ya con el compromiso del Gobierno y de la propia ministra de Cultura de potenciar el Archivo de Salamanca en Salamanca. Desde Chunta Aragonesista apostamos por que esta ley no se bloquee y se discuta en la correspondiente Comisión para poder incorporar determinadas enmiendas parciales que hemos presentado que van a favor de todos y en contra de nadie. Pedimos también que se tenga en cuenta la restitución a personas naturales o jurídicas de carácter público o privado de otras comunidades autónomas. Quiero recordarles que en Aragón hay ayuntamientos también expoliados como Mas de las Matas y Pina de Ebro, que han mostrado su interés en la recuperación de documentos. En las Cortes de Aragón existen sendas resoluciones en las que se acordó la necesidad de no descolgarse de este proceso porque la guerra también fracturó en dos a Aragón, no solo ideológica sino territorialmente, creándose en la zona oriental un Gobierno autónomo, con sede en Caspe, conocido con el nombre de Consejo de Aragón. Por tanto, consideramos también de justicia que el Estado transfiera a las comunidades autónomas que lo soliciten los documentos, fondos documentales y efectos incautados a personas naturales o jurídicas de carácter público o privado que estén custodiados en el Archivo General de la Guerra Civil Española. También pedimos que, en todo caso, en el Archivo

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de la Guerra Civil Española se depositara una copia o duplicado de todos los documentos restituidos cuyo coste económico será asumido por la correspondiente comunidad autónoma. Dicha copia o duplicado tendría la consideración de copia auténtica en los términos previstos en la Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común. Entendemos que el derecho a la restitución a los sujetos previsto deberá ejercitarse en el plazo de un año contado a partir del día siguiente a la notificación del acto de identificación a quienes puedan resultar sus legítimos titulares. Transcurrido dicho plazo, caducará el derecho a la restitución de los documentos, fondos documentales y otros efectos. Además, incorporamos una serie de requisitos como que solo podrá declararse la procedencia de la restitución de documentos, fondos documentales y otros efectos si en el procedimiento referido se cumplen: a) la identificación precisa de los documentos, fondos documentales y otros efectos cuya restitución se solicita; b) la acreditación documental o por cualquier otro medio de prueba admitido en derecho de su titularidad dominical en el momento de la incautación; c) la acreditación documental o por cualquier otro medio de prueba admitido en derecho de la condición de sucesor legítimo en el caso de muerte o declaración de fallecimiento de los titulares que sean personas naturales o de extinción en el caso de personas jurídicas. En definitiva, creemos que si esta norma es buena para Cataluña no puede ni debe tener vocación excluyente para otros territorios, ya sea incorporando estas enmiendas parciales en el presente texto o en otra ley posterior.


Muchas gracias, señora presidenta; muchas gracias, señorías.


La señora VICEPRESIDENTA (Chacón i Piqueras): A usted, señor Labordeta, muchas gracias.


Turno del señor Rodríguez Sánchez.


El señor RODRÍGUEZ SÁNCHEZ: Gracias, señora presidenta.


El Bloque Nacionalista Galego cree que una imagen vale más que 1.000 palabras, como dice el proverbio popular, y cuando vimos la imagen de la manifestación convocada por el Partido Popular en Salamanca pudimos comprobar cómo los que allí eran movilizados pensaban que la unidad del archivo era igual a la unidad de España, sin duda en una concepción de la unidad de España con la que no podemos estar de acuerdo muchísimos de los que formamos parte del Estado español. Pero empezaré por aclarar el problema de la unidad del archivo.


Señorías, es radicalmente falso que exista ninguna teoría científica basada en una supuesta unidad de archivo, tal como la entiende el Partido Popular o supuestos especialistas, que no lo son, a no ser que estén obnubilados por preconceptos y prejuicios de carácter ideológico, cosa que en el Estado español es muy abundante en las instituciones académicas, porque el primer y fundamental principio científico es que se debe respetar la procedencia de los documentos; es decir que si unos documentos fueron expoliados, robados de un archivo originario, deben ser devueltos al lugar de origen. La única otra prueba de carácter científico que existe es respetar el orden natural del archivo, es decir, volver a colocar los documentos en el orden natural en que estaban originariamente, que me imagino que lo sabrán hacer mejor en el lugar de origen, que es el Archivo Nacional de Cataluña, o en todo caso en los archivos dependientes de la Generalitat, que no en un archivo del Estado ubicado en Salamanca. Además, señorías, y esto es lo más importante, desde el punto de vista social y político lo que se está haciendo es una inversión de la historia de España convirtiendo lo ilegítimo en legítimo, es decir, pensando que esos documentos pertenecen por derecho propio a una idea institucional de España que no es la originaria de los documentos, porque esos son documentos de instituciones autóctonas democráticamente legítimas. Por tanto, lo único que se está haciendo es recuperar la legitimidad de una proximidad histórica que es indiscutible incluso desde el punto de vista constitucional que restauró en el año 1997 la institución de la Generalitat. Por otra parte, no cabe duda de que la población catalana que reclama institucional y socialmente estos documentos lo hace desde el punto de vista de la legitimidad histórica, de la legitimidad de procedencia y de la legitimidad del archivo originario; no lo hacen así aquellos que en nombre de ese concepto absoluto de rapiña, de robo que tienen de esa España imperial se manifestaron en Salamanca, sin duda muchos de ellos con confusión mental sobrante y manipulados e intoxicados por un partido político que aprovecha todo para conducirlo al único fin que no es legítimo, a una concepción de la unidad de España que no coincide ni siquiera con el texto constitucional. Y a eso voy para acabar, señora presidenta.


El Partido Popular olvida frecuentemente que el régimen constitucional del Estado español actual es parlamentario y no basado en mayorías de carácter no se sabe si natural en el Estado español. Donde se decide la política es en este Congreso de los Diputados sobre la base de mayorías y minorías, y es tan legítimo que haya una mayoría absoluta que decida lo que quiera, aunque a mí no me guste, desde un partido político como que haya una mayoría pluralista que está avalada por el texto constitucional.
La Constitución española dice que el régimen democrático en el Estado español se fundamenta en el pluralismo político -es más, el presidente del Gobierno fue elegido por una mayoría alternativa en esta Cámara que era plural-, totalmente constitucional, totalmente democrático y totalmente español desde el punto de vista constitucional. Por tanto, nos parece que el texto del Gobierno no solo se incardina en esa legitimidad sino en otra legitimidad superior, la del sentido común y la del respeto precisamente por la historia plural de España. En este aspecto, que los fondos que se van a sacar sean reducidos, que se deje una reproducción

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digital con valor como originarios de los mismos, que encima lo vaya a pagar la Generalitat, que no se entienda que incluso se hace una compensación y un impulso al archivo que se dice que va a ser expoliado, solamente se puede entender como una prueba de intolerancia y de intoxicación que el Bloque Nacionalista Gallego no está dispuesto a avalar. Señorías, se hicieron traslados de archivos de unos lugares a otros y no provocaron ningún conflicto -por ejemplo el de la cruzada de liberación o los archivos de la casa de Osuna al archivo nobiliario-, y no provocaron ningún tipo de conflicto porque nadie intoxicó y porque además eran traslados dentro de lo que en ese concepto de unidad de España consideran algunos que es natural y lógico, y no hubo problemas.
Va siendo hora de aceptar que también es Estado español Cataluña, que también son instituciones españolas las catalanas, las vascas o las gallegas. Y por último les digo, como gallego, que hablar de ruptura del patrimonio nacional me recuerda cuando paseo por mi país y veo todos los monasterios en ruina, todos los monasterios con sus documentos expoliados que están en el Archivo Histórico Nacional de España precisamente para mayor gloria de un concepto de España que a nosotros nos redujo a no tener memoria histórica, a no tener historia ni siquiera en los libros de texto. ¿Y ustedes piensan que ese es el concepto de España que hay que seguir profundizando y avalando? Francamente, como gallegos no estamos dispuestos a hacerlo. En todo caso, en referencia -vuelvo a repetir- a esos cambios de conducta, bendito sea que no haya mayorías absolutas de partidos estatales si el concepto que tienen de España es el que está defendiendo el Partido Popular en este momento.


Muchas gracias. (Aplausos.)

La señora VICEPRESIDENTA (Chacón i Piqueras): Gracias, señor Rodríguez Sánchez.


Continuamos, señorías, con el turno de Izquierda Verde-Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya Verds y tiene la palabra el señor Herrera.


El señor HERRERA TORRES: Gracias, señora presidenta.


Antes de empezar a leer el texto que nos ha transmitido la Comissió de la Dignitat, quería trasladarles que como grupo parlamentario entendemos que el de hoy es un primer paso, que nos ubicamos en un contexto y en un proceso en que se hace justicia con la restitución de los papeles incautados a Cataluña, pero que por supuesto en esta o en posteriores leyes lo que tenemos que hacer es restituir todos los documentos a aquellas instituciones, partidos o asociaciones a los que les fueron incautados en el conjunto del Estado. Dicho esto, quisiera leer el manifiesto que nos ha transmitido la Comissió de la Dignitat porque la reivindicación no es la de uno u otro partido, es la reivindicación de una sociedad, del conjunto de partidos políticos, del PSC, de Esquerra Republicana, de Convergència i Unió, de Iniciativa Verds, de Esquerra Unida i Alternativa que se suman a la Comissió de la Dignitat, y es la reivindicación de las organizaciones sociales, sindicales, del conjunto de la sociedad civil que lo componen. El texto dice lo siguiente.


El sentido del voto negativo a la enmienda a la totalidad al proyecto de ley de retorno de los documentos de la guerra civil no puede ser más claro y más fácil de explicar. Queremos que salga adelante esa ley que se ha ido perfilando en los últimos meses, y lo queremos por varias razones.
En primer lugar, para saldar una deuda largos años pendiente con la justicia histórica. En ese sentido, tengan ustedes por seguro que miles de familias, entidades, sindicatos, partidos e instituciones catalanas, también no catalanas, van a sentir una profunda emoción al ver que al final se hace justicia sin perjuicio de nadie. En segundo lugar, nuestra posición quiere coincidir con la necesidad de cumplir con un hito que se había quedado inexplicablemente marginado en el camino. Si bien la transición democrática como proceso pactado común se había planteado la creación de un Estado donde ya no se hubiera de hablar más de vencidos y de vencedores, sabido es que todavía quedaron áreas sin democratizar.
Esta laguna quedaba, por ejemplo, en el campo de la archivística y en la recomposición de centenares de archivos diezmados por la requisa realizada debido a la guerra, para ponerlos al servicio de la persecución política, según lo recomiendan los cánones de la archivística internacional amparados por Unesco. La existencia de lo que en su día fuera un depósito policial, planeado por golpistas con apoyo logístico de los nazis, pieza clave de una de las operaciones de incautación y represión sin precedentes en la reciente memoria europea, para muchos quedaba como una herida abierta de la derrota. Celebramos, por tanto, esta ley que recoge los anhelos de largas décadas de buena parte del pueblo catalán, que permitirá hacer justicia y devolver los originales que en muy mala hora se incautaron.


Tengan todos la absoluta certeza de que este documento va a seguir siendo objeto de conservación; que esos documentos, su uso documental y su estudio histórico se va a hacer incluso con más esmero, con más cariño.
Se va a trabajar con más cariño, pero también hay que decir que de todo ello quedará copia en el Archivo General de la Guerra Civil Española, donde hasta hoy ha estado confinado, donde hasta hoy ha quedado reducido.
Saludamos también que se cree en Salamanca un gran centro para trabajar en la memoria histórica reciente. Es necesario realizar un gran esfuerzo para que los verdaderos archivos de la guerra y de la represión franquista salgan a la luz -ya que hasta ahora no se ha hecho-, para poder conocer y estudiar aquellos hechos tan reprobables. Este esfuerzo es también un acto necesario de reafirmación democrática, de justicia, de reconocimiento hacia las víctimas de aquella barbarie. No queremos acabar sin romper una lanza en favor de la reconciliación y el acercamiento entre los pueblos que debe derivarse precisamente de este caso. Por encima de los intentos de politizarlo, queremos hacer llegar nuestro más fraternal abrazo a todos aquellos sectores populares,

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universitarios, intelectuales y políticos salmantinos y de Castilla y León -que no han sido pocos- que han sabido ver que no se trataba de miserables rivalidades territoriales lo que estaba en juego, como algunos han querido hacer creer, sino de la recuperación de la memoria histórica, la justicia y la dignidad de muchas personas e instituciones. Comissió de la Dignitat. Madrid, 23 de junio de 2005.


Muchas gracias. (Aplausos.)

La señora VICEPRESIDENTA (Chacón i Piqueras): Muchas gracias a usted, señor Herrera.


Continuamos con el turno del Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV). Tiene la palabra el señor Esteban.


El señor ESTEBAN BRAVO: Muchas gracias, señora vicepresidenta.


Este debate le deja a uno la sensación de un déjà vue, porque lo hemos debatido en innumerables ocasiones, hemos entrado en el fondo y en los detalles y parece mentira que haya pasado tanto tiempo hasta la llegada de este proyecto. Desde luego, ha habido iniciativas en uno y otro sentido para que esta Cámara tomara posiciones. Lo que ha salido de ello es la voluntad aparentemente mayoritaria de que el proyecto viera la luz y saliera adelante. Desde el momento en el que se planteó la posibilidad de devolución de esta documentación, el Grupo Popular ha puesto trabas a todas estas iniciativas en el ámbito parlamentario del Estado, autonómico y con manifestaciones en la calle para que esto no pudiera convertirse en realidad. De esas manifestaciones en la calle y de las declaraciones en los foros parlamentarios uno deduciría poco menos que se van a quemar los papeles o que se va a destruir el patrimonio histórico -patrimonio histórico que, en algunos casos, es de particulares, ni siquiera de instituciones públicas y, mucho menos, del Estado- cuando, en realidad, lo que se va a hacer es conservarlo y mantenerlo de manera adecuada, después de que a principios de los setenta se dejara acceder por primera vez con muchas dificultades y restricciones a particulares a un almacén de documentos para la represión, convertido en archivo represor y cerrado a cal y canto hasta entonces bajo custodia de guardias civiles retirados.
De eso es de lo que estamos hablando. No se puede afirmar que el Archivo de Salamanca sea fundamental para una visión general de la guerra civil de España y de años posteriores porque, incluso, en la propia exposición de motivos de la enmienda a la totalidad del Partido Popular se reconoce que hay archivos militares, como el de Ávila, en los que nos encontramos documentación de todas las unidades franquistas y de bastantes republicanas. También hay otros archivos cuyo contenido habría que revisar, pero es evidente que no toda la documentación existente está en Salamanca, sino que está repartida. Lo que sí es claro es que la documentación que está en Salamanca tenía unos fines represores y fue incautada ilegalmente.


El portavoz del Partido Popular, señor Robles, hablaba de un sentimiento de expoliación y engaño en la calle. Yo le diría que sí, en Cataluña y en Euskadi, por ejemplo. Ahí sí que ha habido un sentimiento de expoliación y engaño durante décadas y décadas porque la expoliación se produjo hace mucho tiempo. La base del proyecto presentado ante esta Cámara es, como ha declarado la ministra y figura en la exposición de motivos del proyecto, la existencia de un Gobierno autónomo legítimamente constituido como tal y con un estatuto aprobado en las Cortes republicanas. Nosotros respaldaremos la iniciativa para que esos papeles vuelvan a Cataluña porque nos parece de justicia y porque ya es hora. Tampoco queremos modificar la base del razonamiento del proyecto, que es la existencia de ese Gobierno autónomo legítimamente constituido, pero por la misma razón y basándonos en los mismos argumentos no queremos pensar que en el trámite parlamentario, en esta institución, se vayan a rechazar las enmiendas que proponen que los documentos se devuelvan también a las instituciones vascas. Se da el caso de que la posición jurídica del Gobierno catalán y del Gobierno vasco eran exactamente las mismas -son dos gobiernos autónomos, con estatutos de autonomía aprobados por las Cortes republicanas- y los dos sufrieron ese expolio. La documentación vasca está incluso catalogada y relacionada, la que existe del Gobierno y de particulares, por ejemplo, la documentación privada de consejeros del Gobierno vasco en aquel momento. No queremos pensar que van a aprobar para Cataluña algo que van a negar a Euskadi, porque sería una injusticia. Hasta ahora no nos han dado razones para negar esa posibilidad. La han negado en alguna iniciativa de mi grupo pero sin razonamientos de peso, porque verdaderamente no los había, ni siquiera han entrado a la cuestión. No hace falta más que leer el "Diario de Sesiones". Euskadi no lo entendería y en nombre de la justicia y de la igualdad, tampoco se entendería. No se puede pensar que este no es el momento. Mi grupo no lo cree así, no se puede argumentar que este no es el momento y que posteriormente se van a abrir otros procedimientos con las instituciones vascas que están en la misma situación. Si ahora se está produciendo el debate y existen las dificultades que hay, no nos quieran hacer creer que dentro de un año van a abrir otro frente de lucha y de polémica parlamentaria. Si hay un momento, utilizando las mismas bases que se han presentado por el Gobierno, es este. Nuestro grupo no tiene la seguridad ni la esperanza de que promesas como que en un futuro se pueda abrir ese tipo de cauces se conviertan en realidad. Lo digo porque la experiencia en las promesas del Grupo Socialista no avala después su cumplimiento. Este es el momento. No queremos disturbar las bases presentadas por el Gobierno, pero creemos que, interpretando esas bases, las instituciones vascas deben ser incluidas. Si no es así, Euskadi, por encima de ideologías políticas, no lo entendería.


Muchas gracias.


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La señora VICEPRESIDENTA (Chacón i Piqueras): Muchas gracias, señor Esteban.


Continuamos con el turno del Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana de Catalunya. Para ello, tiene la palabra el señor Canet.


El señor CANET COMA: Gracias, señora presidenta.


Señorías, como ya se ha comentado, el texto que vamos a leer lo ha escrito la Comissió de la Dignitat en representación de todos los sectores sociales del pueblo catalán. Ya lo ha hecho Iniciativa per Catalunya, lo hará ahora Esquerra Republicana de Catalunya, después Convergència i Unió, y cuenta con el apoyo de los diputados del Partit dels Socialistes de Catalunya. Este hecho le satisface especialmente a Esquerra Republicana porque aquel que quiera oír, leer o escuchar podrá darse cuenta de que esta reivindicación, la de la devolución de los papeles mal llamados de Salamanca, no es de partido, sino que es una reivindicación de país. Esta propuesta se demuestra con la unanimidad que consiguió en el Parlament de Catalunya, en la que se incluía evidentemente a los diputados del Partido Popular. A ellos, a los diputados del Partido Popular en Cataluña, apelo. Apelo a su coherencia y, por tanto, les pido que voten favorablemente este texto o sean coherentes y hagan lo posible -fórmulas hay- para no votar en contra.


Leo el texto: El sentido del voto negativo a la enmienda a la totalidad del proyecto de ley de retorno de los documentos incautados en la guerra civil no puede ser más claro y fácil de explicar. Queremos que salga adelante esa ley que se ha ido perfilando en los últimos meses y lo queremos por varias razones. En primer lugar, para saldar una deuda, largos años pendiente, con la justicia histórica. En este sentido, tengan ustedes por seguro que miles de familias, entidades, sindicatos, partidos e instituciones, catalanas y no catalanas, van a sentir una profunda emoción al ver que al final se hace justicia sin perjuicio de nadie. En segundo lugar, nuestra posición quiere coincidir en la necesidad de cumplir con un hito que se había quedado inexplicablemente marginado en el camino. Si bien la transición democrática, como proceso pactado común, se había planteado la creación de un Estado donde ya no se tuviera que hablar más de vencidos y vencedores, sabido es que todavía quedaron áreas sin democratizar del todo. Esta laguna quedaba, por ejemplo, en el campo de la archivística y en la recomposición de centenares de archivos diezmados por la requisa realizada debido a la guerra para ponerlos al servicio de la persecución política, según recomiendan los cánones de la archivística internacional amparados por la Unesco. La existencia de lo que en su día fuera un depósito policial planeado por golpistas con apoyo logístico nazi, pieza clave de unas operaciones de incautaciones y represión sin precedentes en la reciente memoria europea, para muchos quedaba como una herida abierta de la derrota. Celebramos que esta ley, que recoge los anhelos de largas décadas de buena parte del pueblo catalán, permitirá hacer justicia y devolver los originales que en mala hora se incautaron. Tengan todos la absoluta certeza de que estos documentos van a seguir siendo objeto de conservación, uso documental y estudio histórico, con incluso más esmero y cariño, si cabe, que hasta ahora, a la vez que hay que recordar que de todo ello quedará copia en el Archivo General de la Guerra Civil donde hasta hoy ha estado confinado.
Saludamos también que se cree en Salamanca un gran centro para trabajar en la memoria histórica reciente. Es necesario realizar un gran esfuerzo para que los verdaderos archivos de la guerra y la represión franquista sean puestos a la luz para poder conocer y estudiar aquellos hechos tan reprobables. Este esfuerzo es también un acto necesario de reafirmación democrática, de justicia y de reconocimiento hacia las víctimas de aquella barbarie.


No quisiéramos acabar sin romper una lanza a favor de la reconciliación y el acercamiento entre los pueblos que debe derivarse de este caso; por encima de los intentos de politizarlo, queremos hacer llegar nuestro más fraternal abrazo a todos esos sectores populares, universitarios, intelectuales y políticos salmantinos y de Castilla y León -y no han sido pocos- que han sabido ver que aquí no eran miserables rivalidades territoriales las que estaban en juego, como algunos han querido hacer creer, sino la recuperación de la memoria histórica, la justicia y la dignidad de muchas personas e instituciones. Madrid, 23 de junio de 2005.
Comissió de la Dignitat. (Aplausos.-Protestas.-La señora Sánchez García: ¡Muy mal!)

La señora VICEPRESIDENTA (Chacón i Piqueras): Muchas gracias, señor Canet.


Continuamos con el turno del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió). Tiene la palabra el señor Vilajoana.


Señorías, les ruego el mismo respeto que querrían ustedes para sus intervinientes para el resto de intervinientes.


El señor VILAJOANA ROVIRA: Señora presidenta, señoras y señores diputados, esta lectura que hoy a hacer en representación del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió) de este texto redactado por la Comissió de la Dignitat quiere ser un homenaje a muchos grupos parlamentarios, a muchos diputados, a muchos políticos que en los últimos 25 años han hecho un esfuerzo para conseguir lo que ahora estamos a punto de conseguir.
Dentro de estos diputados -lo dije en una intervención que tuve en esta Cámara sobre este tema-, Coalición Democrática, presidida por el señor Fraga Iribarne, en 1980 presentó una proposición no de ley, que se aprobó por unanimidad, para conseguir este retorno. Repito, es un homenaje a estos políticos, a este hemiciclo, que durante años ha escuchado a políticos de distintos partidos defender esta misma causa y también lo es a entidades cívicas, ciudadanas e instituciones catalanas, que en los últimos 25 años han reclamado este

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hecho que hoy estamos tratando. Por todo esto, voy a dar lectura a este texto.


Dice así: El sentido del voto negativo a la enmienda a la totalidad del proyecto de ley de retorno de los documentos de la guerra civil no puede ser más claro y fácil de explicar. Queremos que salga adelante esta ley que se ha ido perfilando en los últimos meses y lo queremos por varias razones. En primer lugar, para saldar una deuda, largos años pendiente, con la justicia histórica. En este sentido, tengan ustedes por seguro que miles de familias, entidades, sindicatos, partidos e instituciones, catalanas y no catalanas, van a sentir una profunda emoción al ver que al final se hace justicia sin perjuicio de nadie. En segundo lugar, nuestra posición quiere coincidir con la necesidad de cumplir con un hito que se había quedado inexplicablemente marginado en el camino. Si bien la transición democrática, como proceso pactado común, se había planteado la creación de un Estado donde ya no se hubiera de hablar más de vencidos y vencedores, sabido es que todavía quedaron áreas sin democratizar del todo. Esta laguna quedaba, por ejemplo, en el campo de la archivística y en la recomposición de centenares de archivos diezmados por la requisa realizada debido a la guerra para ponerlos al servicio de la persecución política, según recomiendan los cánones de la archivística internacional amparados por la Unesco. La existencia de lo que en su día fuera un depósito policial planeado por golpistas con apoyo logístico nazi, pieza clave de unas operaciones de incautaciones y represión sin precedentes en la reciente memoria europea, para muchos quedaba como una herida abierta de la derrota. Celebramos que esta ley, que recoge los anhelos de largas décadas de buena parte del pueblo catalán, permitirá hacer justicia y devolver los originales que en mala hora se incautaron. Tengan todos la absoluta certeza de que estos documentos van a seguir siendo objeto de conservación, uso documental y estudio histórico, con incluso más esmero y cariño, si cabe, que hasta ahora, a la vez que hay que recordar que de todo ello quedará copia en el Archivo General de la Guerra Civil, donde hasta hoy ha estado confinado. Saludamos también que se cree en Salamanca un gran centro para trabajar en la memoria histórica reciente. Es necesario realizar un gran esfuerzo para que los verdaderos archivos de la guerra y la represión franquista sean puestos a la luz para poder conocer y estudiar aquellos hechos tan reprobables. Este esfuerzo es también un acto necesario de reafirmación democrática, de justicia y de reconocimiento hacia las víctimas de aquella barbarie.


No quisiéramos acabar sin romper una lanza a favor de la reconciliación y el acercamiento entre los pueblos que debe derivarse de este caso; por encima de los intentos de politizarlo, queremos hacer llegar nuestro más fraternal abrazo a todos esos sectores populares, universitarios, intelectuales y políticos salmantinos y de Castilla y León -y no han sido pocos- que han sabido ver que aquí no eran miserables rivalidades territoriales las que estaban en juego, como algunos han querido hacer creer, sino la recuperación de la memoria histórica, la justicia y la dignidad de muchas personas e instituciones. Madrid, 23 de junio de 2005.
Comissió de la Dignitat.


Muchas gracias. (La señora Sánchez García: ¡Muy mal; otro manifiesto, no!)

La señora VICEPRESIDENTA (Chacón i Piqueras): Gracias, señor Vilajoana.
Por favor, señoría.


Finalizamos con el turno del Grupo Parlamentario Socialista. Tiene la palabra la señora Cunillera.


La señora CUNILLERA I MESTRES: Muchas gracias, señora presidenta.


Quiero empezar mi intervención dando las gracias y felicitando a la ministra de Cultura por el diálogo, la transparencia, la voluntad y el entendimiento que ha puesto para solucionar esta cuestión. Nuestro grupo la felicita, y estoy segura, señora ministra, de que lo comparte el resto de los grupos que están en contra de la enmienda de totalidad y la inmensa mayoría de los ciudadanos españoles. Aprovechando este turno de felicitaciones muy sincero, me permitirán que lo haga extensivo a dos ministros de Cultura, socialistas ellos también, que en su momento iniciaron esta devolución de los papeles incautados, el ministro Jordi Solé Tura y nuestra compañera Carmen Alborch. Gracias también a ti, Carmen Alborch. (Aplausos.)

Señorías, aquí hemos hablado muchas veces de los mal llamados papeles de Salamanca, porque aquí no hablamos de papeles de Salamanca; hablamos de papeles de todos los españoles que están residenciados en Salamanca, y no por casualidad ni porque se le ocurriera a alguien que debían estar en Salamanca, sino porque estamos hablando de papeles incautados, expoliados, que sirvieron para la represión por los vencedores de una guerra civil que generaron después una larga dictadura que sirvió para dividir a los españoles. Hoy aquí vamos a ver lo que hemos visto en otras ocasiones: cómo la inmensa mayoría de esta Cámara apoya una ley y cómo una parte mínima de la misma que no quiere dar solución a una injusticia; esa parte es el Partido Popular de la que creo debo excluir a los diputados catalanes del citado partido, que compartirán seguramente lo que han hecho sus compañeros en Cataluña a favor del retorno de estos papeles. (Aplausos.-El señor Fernández Díaz: ¡Yo no!) Es tan mínima esta parte que sería conveniente recordarles que están en contra de la reparación de una injusticia, una injusticia cometida por unos golpistas que se levantaron contra la legitimidad republicana, contra la democracia, y que esos papeles que se incautaron a ciudadanos sirvieron para poder ejercer la represión contra esos propios ciudadanos. Por tanto, somos más los que estamos por la reparación de la injusticia -incluyo, una vez más, a los diputados del Partido Popular por Cataluña- y son muchos menos los que están en contra.


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Me sería muy fácil entrar en una discusión de si había mucha gente, si no había mucha gente y cómo se hacía porque aquí no hemos venido a debatir.
Ustedes han tenido miedo a este debate siempre; ustedes vienen aquí a imponer una opinión, igual, por desgracia, que se impuso la incautación de esos papeles. Les voy a decir una cosa: hoy se va a reparar aquí una injusticia. Lo ha dicho ese texto que otros grupos parlamentarios han leído y que nosotros compartimos. Tenemos claramente delimitada la Cámara en función de dos posiciones: unos, en contra de que se repare el expolio, en contra de que se repare la injusticia a la que se les sometió contra instituciones democráticas y contra ciudadanos que defendieron la legalidad, y otros que estamos decididamente a favor de que eso se repare. Lo hemos hablado muchas veces, está claro y no tiene ya más margen de debate. Pero hay un tema que aquí nunca ha quedado claro y es en qué momento se rompe la unidad del archivo, la unidad que los manifestantes con mucha tranquilidad dijeron que les importaba menos que la unidad de España, como ha recordado el representante del Bloque Nacionalista Galego. ¿En qué momento se rompe la unidad del archivo?

La Delegación del Estado para la Recuperación de Documentos se crea -no hay que olvidarlo- para suministrar al Estado información referente a la actuación de sus enemigos y esa misma delegación, que se crea en el año 1938 con ese objetivo, tercer año triunfal, en ese mismo año, 1938, escribe a una compañía de ferrocarriles para decirle que tiene a su disposición los documentos que le han sido incautados. Se lo dice en 1942 -muy obsequiosamente, por cierto- a una compañía religiosa española. Se lo dice en 1947 a una particular: Aquí le mando la relación de las escrituras que le hemos incautado porque le pueden hacer falta. Se lo dice en 1955 a un marqués: No vaya a hacerle falta su título para poder reclamar la sucesión en el título de marquesado. Se lo dice a mucha gente. En algunos casos es mucho más obsequioso. Le voy a leer simplemente lo que decía esta junta: Entre la documentación aparecida recientemente en esta sección figuran diversos documentos de su propiedad. Como esta delegación está interesada en la devolución de toda clase de documentación de carácter particular, incluyo al dorso nota de la misma para que, si la considera de utilidad, pueda ser retirada de esta dependencia a la mayor brevedad posible. Dios guarde a usted muchos años. Dios guardaba solamente a los vencedores de la guerra, efectivamente. (Aplausos.)

Con este mismo criterio se deberían haber devuelto todos. Con el cambio de criterio -porque todavía no sé cuándo se rompe la unidad de archivo si ya en el tercer año triunfal de la dictadura o ahora cuando pedimos que se devuelva documentación-, ¿con qué legitimidad, con esa misma o con cualquier otra, se le niega a la Generalitat de Catalunya que pueda tener depositados en sus archivos los debates sobre el Estatuto de Autonomía de Cataluña, las entidades civiles, etcétera? Esto que ya es sangrante es un problema mucho más grave cuando hablamos de ciudadanos. A una ciudadana se le dice en el año 1947: Usted puede retirar sus escrituras no sea caso que las fuera a perder, o en 1955 el título de marqués; pero los ciudadanos que habían perdido la guerra no tenían siquiera la voz para poder pedir eso. Hoy que la tienen y les vamos a dar el derecho a que puedan pedirlo, ustedes van a negar a un ciudadano y a sus herederos que puedan tener en su casa una carta de este tipo: Querida amiga M.L., tal vez te cogerá de sorpresa esta carta y su contenido, pero puedes suponerte que cuando yo doy este paso y la mujer a la que me dirijo es una amiga de mis hermanas y de tu formalidad, lo he pensado lo suficiente. Como supongo, te habrás dado cuenta desde que te conocí, me has inspirado un gran cariño y si no te lo he dicho antes créeme que ha sido porque prefería estar en la incertidumbre a tener un desengaño que me sería muy doloroso. Además, temía que tú lo tomaras como una chiquillada y no como el deseo de un hombre formal, pero ya no puedo esperar más y te ruego que me des una contestación categórica: si aceptas o no estas relaciones que te propongo. Pruebas de cariño me parece que te he dado bastante en estos años y además creo que me conoces lo suficiente, así que no andes con dilaciones y sácame de esta duda que me haría sufrir mucho. Créeme que tal vez se te presentarán mejores proposiciones, pero un hombre que te quiera lo que yo, es imposible.
Esperando tu contestación, que te agradecería fuese a vuelta de correo, se despide tu mejor amigo que te quiere más de lo que puedes suponer.
¿Qué aporta esta carta a la unidad del archivo? (Aplausos.)

Les veo excitados. Les voy a leer otra, que si de verdad no les convence a ustedes, es que ustedes tienen un problema. Mamá: Para cuando vuelva a España, ya sabré hablar el ruso y muchas cosas. Ahora ya sé hablar bastante y cantar y bailar ruso. El otro día canté y bailé delante de un aviador que se llama Yumakov, que ha hecho el vuelo de Moscú a América, y me sacó muchas fotos y, si me llegas a ver, se te caería la baba. Las señas se escriben en ruso y en español -sigue el nombre y las señas-.
Mamá, escribirme, porque si no me escribís creo que estoy muerto.


Muchas gracias. (Prolongados aplausos.)

La señora VICEPRESIDENTA (Chacón i Piqueras): Gracias, señora Cunillera.


- PROPOSICIÓN DE LEY DEL SENADO, RELATIVA A LA MODIFICACIÓN DE LA LEY 29/1994, DE 24 DE NOVIEMBRE, DE ARRENDAMIENTOS URBANOS, EN MATERIA DE DURACIÓN DEL CONTRATO. (Número de expediente 124/000008.)

La señora VICEPRESIDENTA (Chacón i Piqueras): Continuamos, señorías, con el último punto del orden del día, que es la proposición de ley del Senado, relativa

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a la modificación de la Ley 29/1994, de 24 de noviembre, de arrendamientos urbanos, en materia de duración del contrato.


Turno a favor de la enmienda a la totalidad. Tiene para ello la palabra el señor Fuentes por el Grupo Parlamentario Socialista. (El señor presidente ocupa la Presidencia.)

El señor FUENTES GUZMÁN: Gracias, señora presidenta.


Señorías, el Grupo Socialista ha presentado una enmienda a la totalidad de devolución de la proposición de ley aprobada en el Senado a iniciativa del Grupo Popular, iniciativa que tiene por objeto la modificación de la Ley 29/1994, de arrendamientos urbanos, en lo referido a la duración del contrato, en concreto, el artículo 9, apartado 1, y artículos concordantes de la citada ley.


Esta reforma pretende reducir la prórroga del contrato de arrendamiento, que es potestativa para el inquilino y obligatoria para el arrendador, de cinco a tres años. En primer lugar, nos cabe la duda del objetivo perseguido por la iniciativa, señorías, y es que, acudiendo al valor interpretativo, que no dispositivo, de la exposición de motivos de la proposición, lo que más claramente se deduce es la intención de favorecer la posición del propietario arrendador, en detrimento de la del inquilino. En efecto, y cito textualmente, su pretensión es ofrecer una mayor flexibilidad al arrendador que, a la hora de ofertar en alquiler una vivienda de su propiedad, no parte necesariamente de la obligación de tener inmovilizado su capital durante un mínimo de cinco años. Dice también: flexibilizar el arrendamiento buscando un equilibrio entre las prestaciones de las partes, con el fin de convertir la vivienda en alquiler en una alternativa real a la vivienda en propiedad. A la vista de estas afirmaciones recogidas en la exposición de motivos, señorías, en su vertiente más benévola y para apoyar mi argumentación en contra de la iniciativa, partiré del supuesto de que la intención no es solamente favorecer simple y llanamente a una de las partes, al propietario arrendador en este caso, sino fomentar el mercado del alquiler y, por tanto, aumentar el parque de viviendas en alquiler en España. Repito, esto lo interpreto, aunque no lo diga así expresamente la exposición de motivos.


Pues bien, presentamos esta enmienda de devolución porque creemos que esta reforma legislativa no tendrá ninguna incidencia en el mercado de alquiler y, en caso de que la tuviera, esta sería negativa tal y como expondré a continuación. Señorías, son muchas las causas que están propiciando la disminución progresiva que ha venido sufriendo el mercado de vivienda en alquiler en nuestro país, que ha caído desde el 11,5 por ciento del año 2001 hasta el 6 por ciento actual del parque total de viviendas, según indicaba precisamente hace unos días el secretario de Estado de Economía, que añadía que en Europa ese porcentaje es del 30 por ciento. Desde el punto de vista del arrendatario se podría decir que el problema está relacionado con el mayor atractivo que ofrece en España la adquisición de una vivienda en propiedad, lo que ha sido, a su vez, una de las causas del aumento exponencial del precio de la misma en los últimos años. No vamos a entrar a pormenorizar en cada una de estas causas, pero sí conviene mencionarlas con el fin de ilustrar la complejidad del problema al que nos enfrentamos.


Quien se plantea arrendar o comprar una vivienda se enfrenta a una decisión de tipo económico básicamente. Piensa en los bajos tipos de interés y en la duración cada vez mayor del plazo de los préstamos hipotecarios. Piensa en la desgravación fiscal que tiene la adquisición de vivienda habitual o en la importante revalorización patrimonial que supone tener un inmueble en propiedad. También inciden motivaciones de tipo sociológico en esta decisión, como la cultura que existe de la propiedad en España y la identificación de esta con un valor seguro para uno mismo y para la familia resguardado de las inclemencias económicas que puedan traer los tiempos.


Desde el punto de vista del arrendador, resulta poco interesante poner en alquiler una vivienda porque es consciente de la falta de agilidad en la resolución de los conflictos judiciales por impagos y, en el caso de que se produzcan esos impagos, se enfrenta con temor a la posibilidad de tener que esperar de uno a dos años para el desahucio y lanzamiento del inquilino, al miedo, en definitiva, a estar dos años sin haber cobrado, con escasas posibilidades de cobrar y con la posibilidad de que el inmueble haya sufrido deterioros que a su vez también costarán dinero al propio arrendador. Si a esto le añadimos que al propietario no le es necesario arrendar para obtener una rentabilidad que ya le ofrece la propia revalorización en el mercado de su inmueble, tenemos algunas de las claves más que posibles de la falta de dinamismo de este sector en España.


Pues bien, la reforma planteada no soluciona ninguno de los aspectos de este problema. Ninguna de las causas que inhiben al posible arrendatario y al posible arrendador queda solucionada o paliada con la reforma que se pretende, más bien al contrario, quien ha decidido poner una vivienda de su propiedad en alquiler lo que espera es que el inquilino tenga el contrato lo más duradero posible, porque eso le garantizará la obtención de la renta durante más tiempo, y quien ha decidido alquilar una vivienda, señorías, lo que espera es tener la seguridad de que durante un tiempo razonable va a tener garantizada su continuidad en el uso de la misma sin tener que andar trasladándose de un sitio a otro porque su contrato no ha sido renovado.


En la reforma de la Ley de 1994 se entendió, creemos que con acierto, que ese período razonable al que me he referido era de cinco años. Pretende esta proposición impulsada por el Partido Popular un supuesto reequilibrio entre las partes del contrato que nadie ha pedido. Nadie en el sector, señorías, se ha pronunciado en el sentido de acortar los plazos de prórroga potestativa del

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arrendatario como solución al problema y, sin embargo, el sector sí se ha pronunciado con claridad acerca de las causas de la falta de atractivo del mercado de alquiler en relación con el mercado de venta, que son básicamente las que he mencionado antes. Ni siquiera desde el punto de vista del arrendador el problema viene derivado de la duración del contrato, sino de la falta de agilidad en la resolución judicial por impago del mismo y en la ejecución de las correspondientes sentencias.
Resulta obvio que si hay un inquilino que paga el arrendador estará encantado con la mayor duración del contrato, y si no lo hace, la menor duración del mismo no le soluciona el problema, pues los impagos suelen producirse siempre en el primer tramo de vigencia del contrato.


Si lo que se pretende, señorías, es dinamizar el mercado, que haya una mayor oferta de vivienda arrendada y, por tanto, se produzca una bajada de precios que haga más atractivo y asequible el alquiler, sobre todo para los colectivos que más lo necesitan, que son aquellos que más dificultades tienen para acceder a la vivienda en propiedad, tendremos que buscar medidas de intervención en el mercado que, dando seguridad a los arrendadores, incorporen al parque de viviendas en alquiler muchos inmuebles que actualmente se encuentran vacíos. Esta iniciativa que hoy debatimos, promovida en el Senado por el Grupo Popular, sencillamente nos parece que no va a contribuir a ello, más bien puede tener un efecto negativo. Para ser más claros, creemos que el problema no se encuentra en la Ley de arrendamientos urbanos. Ustedes, señores del Grupo Popular, están diciendo que hay un desequilibrio en las partes del contrato que a nosotros no nos parece que exista. No creemos que la ley sea un obstáculo tal y como está redactada para que un propietario decida poner una vivienda en alquiler. Creemos que los problemas empiezan cuando una de las partes, normalmente el inquilino, el arrendatario, incumple el contrato. Entonces son los mecanismos judiciales los que tienen que resultar ágiles para intentar cuando menos restituir la posesión del inmueble a su propietario para que pueda volver a poner esa vivienda en alquiler. Fijemos, pues, nuestra mirada no en la Ley de arrendamientos urbanos sino en la agilización de los procedimientos judiciales.


Señores del Grupo Popular, no quiero incidir en su falta de actividad en este sentido durante los ocho años que estuvieron en el Gobierno, pero lo cierto es que podrían haber tenido alguna iniciativa que hubiera dinamizado el mercado de las viviendas en alquiler, o al menos haber puesto en marcha medidas para frenar el descenso de las mismas, ostensible bajo su mandato. Por el contrario, señorías, este Gobierno, muy consciente del problema, está demostrando una enorme voluntad de atajarlo. Partiendo del diagnóstico que he descrito anteriormente, el Ministerio de la Vivienda ha creado la Sociedad Pública del Alquiler, que, en colaboración con las comunidades autónomas y con una red de agentes inmobiliarios, se dispone a hacer aflorar al mercado muchas viviendas garantizando a los propietarios tanto la renta como la reparación de los desperfectos que pueda sufrir el inmueble, y a los inquilinos un precio de renta razonable y asequible a sus posibilidades económicas. Por su parte, el plan de dinamización de la economía que ha aprobado el Gobierno incide en poner en marcha un parque de viviendas profesional potenciando mediante incentivos fiscales el papel de los fondos de inversión inmobiliaria como canalizadores del ahorro para la promoción de vivienda en alquiler tanto libre como protegida.


Estas son las medidas de choque más útiles en este momento y que demuestran que el Ejecutivo se ha puesto manos a la obra en el empeño de aumentar el parque de viviendas en alquiler en España, y si hubiera que plantearse una reforma de Ley de arrendamientos urbanos, señorías, debería realizarse después de evaluada esta experiencia y, desde luego, una vez consultado ampliamente el sector, al que no solamente debemos escuchar con carácter previo -cosa que me temo que los proponentes no parecen haber hecho-, sino al que también tenemos que ofrecer seguridad jurídica mediante normas estables.


En conclusión, señorías, esta reforma es innecesaria porque no contribuye a solucionar ni a mejorar el problema de fondo; contraproducente e injusta porque introduce una medida que favorece muy poco al arrendador y perjudica mucho al arrendatario; y desconcertante y generadora de inseguridad jurídica para un sector al que volvemos a someter a otro cambio legislativo, en un momento en el que precisamente los poderes públicos han generado fórmulas de intervención en el mercado. Por todo lo dicho, señorías, solicito de esta Cámara el apoyo con el voto favorable a la enmienda a la totalidad de devolución que mi grupo ha presentado.


Muchas gracias, señor presidente. (Aplausos.)

El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Fuentes.


¿Algún grupo desea turno en contra? (Pausa.)

Señor Matos.


El señor MATOS MASCAREÑO: Gracias, señor presidente.


Señoras y señores diputados, subo a esta tribuna para fijar la posición de nuestro grupo en contra de la enmienda de totalidad de devolución que el Grupo Socialista ha presentado a la proposición de ley de modificación de la Ley de arrendamientos urbanos en materia de duración del contrato, proposición de ley que fue aprobada por el Senado a iniciativa del Grupo Parlamentario Popular con el apoyo de los grupos de Convergència i Unió y del Partido Nacionalista Vasco. Nuestra posición es de rechazo a la enmienda de totalidad y, por tanto, de total apoyo a la mencionada proposición de ley.


Señorías, el parque de viviendas en alquiler en España se sitúa en unos porcentajes muy bajos. El portavoz del Grupo Socialista lo ha fijado en el 6 por ciento, pero creo que es algo más, que está en cerca del 10 por ciento, frente al 35 por ciento de la media europea. Para el

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Grupo Parlamentario Popular este dato no es bueno ni malo, es solo un dato más, porque lo que no se puede trasladar a la sociedad es el mensaje de que tener una vivienda en propiedad es malo para la economía del país y, sin embargo, ese mensaje es el que han estado dando el Partido Socialista y el Gobierno durante todo este año. Lo que sí es preocupante es que, según otros análisis, la demanda de vivienda en alquiler es muy superior a la oferta. Algunos expertos sitúan esta demanda en tres veces la oferta, a pesar de que, según el ministerio, existen en España dos millones de pisos vacíos. Ese desequilibrio entre oferta y demanda es lo que viene produciendo un importe muy alto de los alquileres que es necesario corregir, en primer lugar, porque hay muchas personas que prefiriendo una vivienda en alquiler por motivos personales, no pueden acceder a ella; y, en segundo lugar, porque comparando el importe de los alquileres con las cuotas de amortización de los prestamos hipotecarios, hoy en día el esfuerzo que tiene que realizar una familia para acceder a una vivienda en alquiler es prácticamente igual que para acceder a una vivienda en propiedad. Por tanto, el mercado actual de alquiler es el que está empujando a un sector de la sociedad, a unas determinadas familias, al mercado de compraventa aumentando la presión de esa demanda. Por ello, todos los grupos de esta Cámara estamos de acuerdo en que es necesario incrementar el mercado de alquiler. Así lo pensamos el Grupo Parlamentario Popular y por eso desde la pasada legislatura llevamos muchísimas iniciativas en torno a incrementar este mercado de alquiler -y no ninguna, como ha dicho el portavoz del Grupo Socialista-. Modificamos, con la Ley 23/2003, la Ley de Enjuiciamiento Civil en las disposiciones referentes a los juicios de desahucio eliminando algunas figuras de protección no deseadas por el legislador utilizadas permanentemente por los arrendatarios. El 1 de enero de 2003 entraron en vigor determinadas modificaciones del impuesto sobre la renta de las personas físicas dirigidas también al fomento de vivienda de alquiler, y con la misma finalidad también en 2003 se modificó el impuesto sobre sociedades otorgando una bonificación del 85 por ciento de la cuota a aplicar a los rendimientos de las sociedades profesionales que ha citado el portavoz, cuyo objeto exclusivo sea el alquiler de vivienda. El ministro Solbes, en su plan de productividad, lo que ha hecho es anunciar que va a seguir impulsando este tipo de sociedades con el objeto del alquiler removiendo obstáculos que todavía tienen para su mejor desarrollo, pero que fueron creadas en 2003 por el Partido Popular. Por último, en diciembre de 2003, cuando se modificó la Ley Orgánica del Poder Judicial se introdujo una disposición adicional en la que se autorizaba la posibilidad de celebrar juicios rápidos civiles en materia de desahucio de fincas urbanas por falta de pago. En relación con esta última iniciativa, el Grupo Parlamentario Popular presentó el pasado 27 de octubre una proposición no de ley por la que se instaba al Gobierno a la aplicación de los citados juicios rápidos civiles, cuya puesta en marcha se había interrumpido por las elecciones generales de marzo de 2004; proposición no de ley que fue rechazada por los partidos que apoyan al Gobierno. Sorprendentemente, el presidente del Gobierno, en su intervención en el debate del estado de la Nación, dijo que a lo largo de 2005 se pondrían en marcha los juicios rápidos civiles para reducir a días la ejecución de las órdenes de desahucio. En igual sentido esta semana pasada la prensa manifestaba que Justicia pondrá en marcha el desahucio exprés para dinamizar el alquiler.
Debe ser que rechazar una iniciativa de la oposición con la que se está totalmente de acuerdo para proponerla como propia tres meses después es lo que ustedes llaman talante. Desde luego, para mí es un claro ejercicio de hipocresía. Pero manifestando coincidencia en la necesidad de incrementar el parque de vivienda en alquiler, no cabe duda que mantenemos criterios diferentes para lograrlo. El Gobierno piensa que lo que hay que hacer sólo es subvencionar al inquilino y nosotros pensamos que eso no es suficiente. Nosotros lo que nos hemos preguntado y se lo hemos preguntado a los agentes económicos y sociales es por qué una persona que haya invertido sus ahorros en la adquisición de una segunda vivienda y que no la necesita para sí renuncia a obtener una renta y prefiere mantenerla vacía. Nadie nos ha contestado que es porque los inquilinos no llegan a pagar el alquiler. Nos han contestado que es porque el plazo del contrato es demasiado largo, sobre todo si no saben si van a necesitar o no la vivienda ni si la relación contractual con el inquilino va a ser buena o no, y, si no es buena, lo tienen que aguantar durante cinco años. También nos han contestado que si el inquilino no paga o les está causando daños en la vivienda, nadie les garantiza que podrán rescindir el contrato antes de los cinco años. Es decir, razones de rigidez de la Ley de arrendamientos urbanos y de seguridad jurídica son las que justifican la proposición no de ley de juicios rápidos civiles que ustedes rechazaron y la proposición de ley que hoy debatimos.
Esta proposición de ley lo que pretende en su artículo 1 es claro e inequívoco, reducir el derecho de prórroga forzosa, como ha dicho el portavoz socialista, de cinco años a tres, salvo que al tiempo de celebrar el contrato se haga constar que el arrendador necesita, en un plazo anterior, la vivienda para destinarla a vivienda permanente para sí. El resto de los artículos plantean modificaciones técnicas, de acuerdo con el artículo 1.


La enmienda a la totalidad del Grupo Socialista plantea que no es en la duración del contrato donde residen las causas del poco dinamismo del sector y que con su oposición pretenden proteger al arrendatario.
Nosotros pensamos que la duración del contrato sí es una de las causas de falta de dinamismo del sector y que la pretendida protección del arrendatario se vuelve en perjuicio para los potenciales demandantes de vivienda en alquiler, que no encuentran una oferta suficiente para sus necesidades, por lo que la pretendida protección de unos agrava el problema del resto. Sin duda, la rigidez

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de la normativa sobre arrendamientos urbanos está distorsionando la oferta al expulsar del mercado de alquiler aquellos inmuebles cuyos propietarios no desean periodos mínimos tan largos. No entendemos la enmienda a la totalidad del Grupo Socialista, que en su día ya llevó a cabo una iniciativa aún más liberalizadora de la que se pretende hoy. Me refiero al decreto Boyer, que liberalizó plenamente el mercado de alquileres en aspectos tales como la duración del contrato y el precio. El citado decreto fue modificado por el propio Partido Socialista en 1994 y tuvo como principal defecto que el mercado del alquiler se segmentó en varios tipos de contrato: los pactados antes de la reforma, con rentas reducidas y prórrogas forzosas, y los posteriores a la reforma del propio Partido Socialista, con rentas de mercado y duración limitada. Sus resultados se pueden medir con los siguientes datos: en 1995 -unos meses después de que ustedes derogaran el decreto del Gobierno socialista-, del total de contratos de arrendamiento existentes en España, el 50 por ciento correspondía a los firmados bajo el decreto Boyer, el 31 por ciento a los anteriores al mismo y el 19 por ciento a los firmados con anterioridad a la Ley de 1964.


Señorías, estamos convencidos de que la política del Gobierno para el impulso del mercado del alquiler basada exclusivamente en las ayudas es insuficiente. Estamos absolutamente convencidos de que, tarde o temprano, como parece que van a hacer con los juicios rápidos civiles, modificarán la Ley de arrendamientos urbanos en términos similares a los que se propone en esta proposición de ley que ustedes rechazan hoy, es decir, liberalizando aún más el contrato de arrendamiento. Si hoy lo rechazan es para darnos una dosis más de su talante, pero su rectificación es solo cuestión de tiempo.


Muchas gracias. (Aplausos.)

El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Matos.


Habiéndose desarrollado los turnos a favor y en contra, no hay réplica.
Fijación de posiciones. En primer lugar, por el Grupo de Izquierda Verde-Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya Verds, señora Navarro.


La señora NAVARRO CASILLAS: Gracias, señor presidente.


En primer lugar, deseo manifestar nuestra oposición a esta proposición de ley y, por tanto, nuestro voto favorable a la enmienda de totalidad.
Supuestamente, lo que pretende la proposición es cumplir con el objetivo de aumentar el parque de viviendas de alquiler mediante una flexibilización en el arrendamiento y, también supuestamente, reequilibrar la relación arrendador-arrendatario. Después de ocho años de padecer especulación inmobiliaria -la seguimos padeciendo con fervor en el País Valenciano-, ocho años sin promoción de viviendas públicas y ocho años sin hacer nada para promocionar la vivienda de alquiler, nos vienen hoy con esta propuesta. ¿De verdad no se les ha ocurrido nada mejor para el desarrollo de ese parque de viviendas en alquiler al que ahora aluden que reducir el plazo mínimo de duración de los contratos de arrendamiento? No solo estaban lejos de la realidad en el Gobierno; lo siguen estando en la oposición. De entrada, en la ley ya se establece el principio de libertad de pactos en cuanto a la duración del contrato de arrendamiento y se fijó un régimen de prórroga a instancias del arrendatario que operaría siempre en el caso de que el plazo contractual inicial fuese inferior a cinco años. Por tanto, ¿de qué reequilibrio hablan en su iniciativa? Sencillamente, por un lado, vemos que hay un enfoque político inútil para aumentar el parque de viviendas en régimen de alquiler y, por otro, vemos una contradicción entre la reforma propuesta y el objetivo supuestamente pretendido por la misma.


Otras cuestiones que aquí no se abordan y por tanto no son objeto hoy de debate -aunque son los puntos que preocupan a este grupo parlamentario y desaniman a los propietarios- son el retraso en los procedimientos judiciales, juicios de desahucio, las rescisiones de contrato y los problemas derivados del impago de rentas al arrendador. Desde luego, para el Grupo Parlamentario de Izquierda Verde-Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya Verds lo importante, y así debe entenderse, es garantizar el derecho de los ciudadanos al disfrute de una vivienda digna y adecuada, que se consagra en el artículo 47 de nuestra Constitución. Dicho artículo -nunca está de más recordarlo, que tome nota el Gobierno- dice así: Los poderes públicos promoverán las condiciones necesarias y establecerán las normas pertinentes para hacer efectivo ese derecho, regulando la utilización del suelo de acuerdo con el interés general para impedir la especulación. Lo cierto es que no se ha hecho así hasta ahora y exigimos del actual Gobierno que lo haga. Además, vuelvo a decir, en el caso del País Valenciano estamos en una situación alarmante gracias al Gobierno del Partido Popular que padecemos.


No creemos en ningún caso que los problemas de acceso a una vivienda digna estén relacionados con la Ley de arrendamientos urbanos en este punto y ni siquiera con la duración de estos contratos. Muy al contrario, en opinión de este grupo, la modificación que se operaría en la ley implica una reducción de la protección del arrendatario, pues reduce el plazo que establece la ley para garantizar la estabilidad de este. En definitiva, nosotros no creemos que flexibilizar las condiciones del propietario que vaya a arrendar una vivienda y restringir las condiciones de la otra parte, del arrendatario, venga a resolver el problema. Tanto Izquierda Unida como Iniciativa tienen entre sus prioridades la política de vivienda y, por lo tanto, exigimos de la ministra de Vivienda soluciones para promocionar las viviendas en régimen de alquiler. Lo que realmente hace falta es iniciativa política para garantizar el derecho constitucional a la vivienda -que antes he leído- y una apuesta decidida por el alquiler social y protegido. Ahí está el ejemplo de Euskadi, el ejemplo de nuestro consejero de Ezker Batua, que ha trabajado por ello con gran éxito.


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Sobre todo son necesarias medidas estructurales e integrales, que dejan en un lugar insignificante propuestas como la que hoy estamos debatiendo.
Para nosotros, desde el punto de vista social, es un escándalo absoluto el número de viviendas vacías cuando millones de ciudadanos no pueden acceder a una vivienda digna. Este es el verdadero reto partiendo de la problemática actual, un urbanismo al servicio del derecho constitucional a la vivienda y el interés general, en el que la promoción de viviendas en alquiler debe jugar un papel importante, pero iniciativas como la que hoy presenta el Partido Popular nada aportan al respecto, alejándose de los auténticos objetivos de una definida política de vivienda que dé cumplimiento al mandato constitucional.


Gracias.


El señor PRESIDENTE: Por el Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana de Catalunya tiene la palabra el señor Cerdà.


El señor CERDÀ ARGENT: Señor presidente, señorías, la proposición de ley que hoy se somete a debate es fruto, tal y como establece su exposición de motivos, del déficit en el parque de viviendas de alquiler. No obstante, no podemos compartir el diagnóstico que hace ni podemos estar de acuerdo con la solución que en ella se propone al reducir la duración del contrato de arrendamiento que actualmente se establece en un mínimo de cinco años, articulado a partir del libre pacto entre las partes sobre la duración inicial del contrato, más un sistema de prórrogas anuales obligatorias hasta alcanzar los cinco años antedichos si el pacto fuera de una duración inferior. Precisamente la actual Ley de arrendamientos urbanos de 1994 nació con el mismo objetivo de mejorar y ampliar la oferta de viviendas de alquiler y acabar con el doble régimen contractual existente hasta entonces. Efectivamente, hasta la entrada en vigor de la LAU de 1994 existían dos regímenes contractuales distintos en lo referente al plazo de duración de los contratos de arrendamiento. Se diferenciaban entonces los contratos celebrados al amparo del Real Decreto-ley 2/1985 y los celebrados con anterioridad, que se amparaban en la Ley de arrendamientos de 1964. Los segundos eran prácticamente contratos perpetuos ya que establecían un régimen de prórroga forzosa del plazo de duración de los contratos para los propietarios y con rentas muy bajas que, con el tiempo, se volvían antieconómicas. Este régimen contractual era totalmente desincentivador para que los propietarios de la vivienda accediesen a su arriendo. En respuesta justamente a esta situación, el Real Decreto-ley 2/1985 derogó el régimen de prórroga forzosa vigente hasta entonces consiguiendo un efecto completamente inverso puesto que se generalizaron los contratos de corta duración, que favorecían la especulación y el encarecimiento de los alquileres y que, de facto, frenaba el interés de los arrendatarios por la inestabilidad y la rotación ocupacional que dichos contratos suponían, haciendo más interesante el mercado de compra que el de alquiler de viviendas.


Creemos que acortar el plazo mínimo de cinco años de duración de los contratos de alquiler de viviendas, como pretende la proposición de ley hoy discutida, comportará un retroceso y, al tiempo, regresar a la situación provocada en el año 1985 con la supresión de la prórroga forzosa de los contratos de alquiler, en la que las rentas se encarecieron y en la que se produjo una alta rotación en la ocupación de dichas viviendas y, por tanto, una inestabilidad para las unidades familiares que pueden ver en esta duración limitada de los contratos un mayor interés en la compra que en el arrendamiento de las mismas. Habida cuenta la experiencia que las distintas reformas de la Ley de arrendamientos urbanos nos ha dado, podemos afirmar sin ningún género de dudas que acortar el plazo de duración de los contratos de arrendamiento no tendrá el efecto presuntamente deseado, que es el de ampliar el mercado y la oferta de viviendas de alquiler. Este es un problema estructural que requiere de otras medidas más amplias, más estructurales que lo que pretende la proposición de ley que, repetimos, provocará un efecto perverso contrario al presuntamente pretendido. No es pues la duración del plazo de contratos de arrendamiento el motivo por el cual hay dificultades de ampliar el parque de viviendas de alquiler, son otros motivos como, por ejemplo, los pocos beneficios fiscales que el alquiler de vivienda supone para el arrendatario y también para el inquilino. En este sentido esperamos que el proyecto de ley de reformas tributarias para el impulso de la productividad que se está tramitando justamente en estos días en la Cámara, con alguna de las enmiendas propuestas por nuestro grupo, haga más atractivo para las sociedades protectoras de viviendas el alquiler de las mismas.


En el mismo orden de cosas, la agilización de los procedimientos de desahucio por falta de pago de las rentas debe ser otro de los aspectos a mejorar para incentivar el alquiler de viviendas, aspectos como acortar el plazo de la acción del desahucio cuando existe previo requerimiento o agilizar aún más los procedimientos de desahucio, quizá no tanto por la modificación de la Ley de Enjuiciamiento Civil como por la mejora del funcionamiento de juzgados de Instancia que aplican esta misma ley, o buscar medidas para meter en el mercado de la vivienda la cantidad ingente de pisos que en estos momentos están vacíos y sin utilizar, se nos antoja que son medidas más apropiadas para incentivar que los propietarios de estas viviendas las ofrezcan en arrendamiento que las que nos ofrece el Partido Popular mediante esta proposición de ley presentada en el Senado.


Por este motivo nuestro grupo, Esquerra Republicana, anuncia su voto favorable a la enmienda a la totalidad presentada por el Grupo Socialista en el Congreso.


Muchas gracias.


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El señor PRESIDENTE: A usted, señor Cerdà.


Finalmente, señor Jané.


El señor JANÉ I GUASCH: Gracias, señor presidente.


Señorías, mi grupo parlamentario considera arriesgado proponer por ley acortar la duración del plazo de cinco a tres años que propone la proposición de ley que hoy nos llega del Senado. Entendemos que necesitaríamos un consenso distinto y que ese acortamiento tendría unos efectos no deseables. De todas formas, mi grupo parlamentario quiere aprovechar que llega hoy esta proposición de ley para enmendarla, pero no en cuanto al plazo. Nosotros tenemos serias dudas de que hoy sea una medida de consenso adecuada, podemos discutirlo, y podemos discutirlo a partir de un conocimiento más cierto de los datos. De ahí que nosotros propongamos, a través de enmiendas parciales, que el Gobierno elabore un informe sobre la aplicación de la Ley de Arrendamientos Urbanos, dando con ello cumplimiento, señor presidente, a lo que fue la aprobación en esta Cámara de una proposición no de ley el 24 de octubre del año 2000.
Sigue sin cumplirse ese mandato -un mandato de esta Cámara- para que el Gobierno presentara ese informe. Por tanto, pedimos que se haga ese informe. Pedimos también a través de otra enmienda una comisión de evaluación y seguimiento del mercado de la vivienda de alquiler. Sería necesario.


Entendemos que debemos dinamizar entre todos ese mercado de la vivienda de alquiler. Todos sabemos que el porcentaje de vivienda de alquiler es muy inferior al que tienen otros países europeos y necesitamos dinamizarlo, pero no con esa proposición de ley que nos llega del Senado, con ese acortamiento de los plazos que puede tener un peligro para las partes de un contrato de arrendamiento si no se acuerda con todos los conocimientos, con todos los informes, con todo el consenso necesario.
Por ello mi grupo hoy va a abstenerse y va a aprovechar, ya que está aquí esta proposición de ley, para poder tramitar esas enmiendas al articulado, porque entendemos que el trámite de esta proposición de ley requeriría una reflexión mucho más profunda y con mayor rigor por parte todos.


Muchas gracias.


DICTÁMENES DE LA COMISIÓN DE ASUNTOS EXTERIORES SOBRE CONVENIOS INTERNACIONALES:

- ESTATUTO DE LA SECRETARÍA GENERAL IBEROAMERICANA, HECHO EN SAN JOSÉ, COSTA RICA, EL 20 DE NOVIEMBRE DE 2004. (Número de expediente 110/000096.)

El señor PRESIDENTE: Señorías, antes de proceder a la votación de las enmiendas de totalidad, recordarán que, por decisión de la Junta de Portavoces y aprobado por el Pleno, se incorporó un nuevo punto del orden del día: Dictamen de la Comisión de Asuntos Exteriores sobre convenios internacionales, relativo al estatuto de la Secretaría General Iberoamericana, hecho en San José, Costa Rica, el 20 de noviembre de 2004, que les propongo que sea aprobado por asentimiento. Dice así: Nuevo punto XII del orden del día, relativo al dictamen de la Comisión de Asuntos Exteriores sobre el Estatuto de la Secretaría General Iberoamericana, hecha en San José de Costa Rica el 20 de noviembre de 2004.


¿Algún grupo desea intervenir en relación con dicho dictamen? (Pausa.)

Se somete al asentimiento de la Cámara la aprobación del mismo. ¿Lo acuerda así la Cámara? (Asentimiento.)

Queda aprobado el referido dictamen.


ENMIENDAS DEL SENADO. (VOTACIÓN.)

- PROPOSICIÓN DE LEY ORGÁNICA DE MODIFICACIÓN DE LA LEY ORGÁNICA 6/1985, DE 1 DE JULIO, DEL PODER JUDICIAL, PARA PERSEGUIR EXTRATERRITORIALMENTE LA PRÁCTICA DE LA MUTILACIÓN GENITAL FEMENINA. (Número de expediente 121/000015.)

El señor PRESIDENTE: Votación de las enmiendas, en primer lugar, del Senado, a la proposición de ley orgánica de modificación de la Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial, para perseguir extraterritorialmente la práctica de la mutilación genital femenina.


En primer lugar, procederemos a la votación de las enmiendas.


Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 326; a favor, 326.


El señor PRESIDENTE: Quedan aprobadas.


VOTACIÓN DE CONJUNTO.


El señor PRESIDENTE: En este momento procede la votación de conjunto, por tener la proposición de ley carácter orgánico.


Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 325; a favor, 324; abstenciones, una.


El señor PRESIDENTE: Queda aprobada.


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DEBATES DE TOTALIDAD DE INICIATIVAS LEGISLATIVAS. (VOTACIÓN.)

PROYECTO DE LEY DE RESTITUCIÓN A LA GENERALIDAD DE CATALUÑA DE LOS DOCUMENTOS INCAUTADOS CON MOTIVO DE LA GUERRA CIVIL CUSTODIADOS EN EL ARCHIVO GENERAL DE LA GUERRA CIVIL ESPAÑOLA Y DE CREACIÓN DEL CENTRO DOCUMENTAL DE LA MEMORIA HISTÓRICA. (Número de expediente 121/000035.)

El señor PRESIDENTE: Enmienda a la totalidad de devolución del proyecto de ley de restitución a la Generalidad de Cataluña de los documentos incautados con motivo de la guerra civil custodiados en el Archivo General de la Guerra Civil Española y de creación del centro documental de la memoria histórica.


Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 324; a favor, 135; en contra, 187; abstenciones, dos.


El señor PRESIDENTE: Queda rechazada la enmienda a la totalidad.
(Aplausos.)

AVOCACIÓN POR EL PLENO:

El señor PRESIDENTE: Existe una solicitud de avocación a Pleno que paso a someter a su consideración. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 149.1 del Reglamento, se somete al Pleno de la Cámara la avocación de la deliberación y votación final del proyecto de ley de restitución a la Generalitat de Catalunya de los documentos incautados con motivo de la guerra civil, custodiados en el Archivo General de la Guerra Civil Española, y de creación del centro documental de la memoria histórica. ¿Lo acuerda así la Cámara? (Asentimiento.)

Queda aprobada la propuesta de avocación.


PROPOSICIÓN DE LEY DEL SENADO, RELATIVA A LA MODIFICACIÓN DE LA LEY 29/1994, DE 24 DE NOVIEMBRE, DE ARRENDAMIENTOS URBANOS, EN MATERIA DE DURACIÓN DEL CONTRATO. (Número de expediente 124/000008.)

El señor PRESIDENTE: Finalmente, votación de la enmienda a la totalidad de devolución de la proposición de ley del Senado, relativa a la modificación de la Ley 29/1994, de 24 de noviembre, de arrendamientos urbanos, en materia de duración del contrato.


Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 326; a favor, 170; en contra, 140; abstenciones, 16.


El señor PRESIDENTE: Queda aprobada.


Se levanta la sesión.


Era la una y cuarenta y cinco minutos de la tarde.

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