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DS. Congreso de los Diputados, Pleno y Dip. Perm., núm. 132, de 24/11/2005
 


CORTES GENERALES
DIARIO DE SESIONES DEL CONGRESO DE LOS DIPUTADOS
PLENO Y DIPUTACIÓN PERMANENTE

Año 2005 VIII Legislatura Núm. 132
PRESIDENCIA DEL EXCMO. SR. D. MANUEL MARÍN GONZÁLEZ
Sesión plenaria núm. 124
celebrada el jueves, 24 de noviembre de 2005


ORDEN DEL DÍA:

Convalidación o derogación de Reales Decretos-leyes:

-Real Decreto-ley 13/2005, de 28 de octubre, por el que se modifica la Ley 4/1986, de 8 de enero, de cesión de bienes del patrimonio sindical acumulado. ("BOE" número 263, de 3 de noviembre de 2005). (Número de expediente 130/000024.) ... (Página 6692)

Prórroga de plazo.


Debates de totalidad de iniciativas legislativas:

-Proposición de Ley del Senado, relativa a la modificación del Real Decreto Legislativo 1/1994, de 20 de julio, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley General de la Seguridad Social. "BOCG. Congreso de los Diputados", serie B, número 204-1, de 30 de septiembre de 2005.
(Número de expediente 124/000013.) ... (Página 6706)

-Proposición de Ley del Senado, relativa a la modificación del Real Decreto Legislativo 1/1995, de 24 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores. "BOCG.
Congreso de los Diputados", serie B, número 209-1, de 7 de octubre de 2005. (Número de expediente 124/000015.) ... (Página 6713)

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Tramitación directa y en lectura única de iniciativas legislativas:

-Proyecto de Ley Orgánica por la que se autoriza la ratificación por España del Tratado de Adhesión a la Unión Europea de la República de Bulgaria y de la República de Rumanía. "BOCG. Congreso de los Diputados", serie A, número 55-1, de 21 de octubre de 2005 y 55-2, de 25 de octubre de 2005. (Número de expediente 121/000055.) ... (Página 6718)

Informe anual sobre la Cuenta General del Estado:

-Dictamen de la Comisión Mixta para las Relaciones con el Tribunal de Cuentas en relación con la Declaración sobre la Cuenta General del Estado del ejercicio 2002, así como la Resolución adoptada por dicha Comisión.
(Número de expediente 250/000005.) ... (Página 6724)

SUMARIO

Se reanuda la sesión a las nueve de la mañana.


Convalidación o derogación de Reales Decretos-leyes ... (Página 6692)

Real Decreto-ley 13/2005, de 28 de octubre, por el que se modifica la Ley 4/1986, de 8 de enero, de cesión de bienes del patrimonio sindical acumulado ... (Página 6692)

El señor ministro de Trabajo y Asuntos Sociales (Caldera Sánchez-Capitán) expone ante la Cámara las razones que han llevado al Gobierno a la promulgación del real decreto-ley Señala que el objetivo del real decreto-ley es muy claro, dar cumplimiento definitivo y total a lo que ya estableciera la disposición adicional cuarta de la Ley 4/1986, de 8 de enero, de cesión de bienes del patrimonio sindical. Manifiesta que a pesar de haber transcurrido 20 años desde la entrada en vigor de la ley, la realidad es que no se ha conseguido cumplir el fin perseguido por la misma en la parte que se refiere al patrimonio histórico, como es la restitución a las organizaciones sindicales de los bienes y derechos que constituyen su patrimonio histórico y la restauración de las situaciones jurídicas afectadas por la guerra civil, y a día de hoy solo se puede hablar de reparación parcial, reparación que no debe esperar más.
Solicita el voto favorable a la convalidación de este decreto-ley que supone una reparación justa de derechos que fueron incautados por la dictadura entre los años 1936 y 1939.


En turno en contra interviene el señor Martínez-Pujalte López, del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.


En turno de fijación de posiciones intervienen la señora Barkos Berruezo, el señor Labordeta Subías y la señora Fernández Davila, del Grupo Parlamentario Mixto; los señores Mardones Sevilla, del Grupo Parlamentario de Coalición Canaria-Nueva Canarias; Pérez Martínez, del Grupo Parlamentario de Izquierda Verde-Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya Verds; Olabarría Muñoz, del Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV); Tardá i Coma, del Grupo Parlamentario Esquerra Republicana (ERC); Campuzano i Canadés, del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió) y Membrado Giner, del Grupo Parlamentario Socialista del Congreso.


Interviene el señor ministro de Trabajo y Asuntos Sociales (Caldera Sánchez-Capitán), sin ánimo de reabrir el debate. Quiere agradecer a los grupos parlamentarios sus posiciones, y se compromete a atender las dos peticiones formuladas, una por parte de la representante del Grupo Parlamentario Mixto, en el sentido de convocar la Comisión consultiva nacional de patrimonio sindical acumulado y la otra del representante del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), que pide un compromiso claro del Gobierno para corregir y encontrar salida a este problema, que permita la efectiva y equitativa devolución del patrimonio sindical incautado.


Prórroga de plazo ... (Página 6706)

La Presidencia, de conformidad con el acuerdo adoptado por la Mesa de la Cámara, oída la Junta de

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Portavoces, somete al Pleno la prórroga del plazo otorgado a la subcomisión para el análisis de las medidas a proponer al Gobierno en relación a los procesos de deslocalización y para estimular las mejoras de la competitividad de la economía, constituida en el seno de la Comisión de Industria, Turismo y Comercio, para rendir informe por un plazo de seis meses, lo que se aprueba por asentimiento.


Convalidación o derogación de Reales Decretos-leyes (votación) ...
(Página 6706)

Sometida a votación la convalidación o derogación del Real Decreto-ley 13/2005, de 28 de octubre, por el que se modifica la Ley 4/1986, de 8 de enero, de cesión de bienes del patrimonio sindical acumulado, se aprueba la convalidación por 173 votos a favor, 134 en contra y 11 abstenciones.


Debates de totalidad de iniciativas legislativas ... (Página 6706)

Proposición de Ley del Senado, relativa a la modificación del Real Decreto Legislativo 1/1994, de 20 de julio, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley General de la Seguridad Social ... (Página 6706)

En defensa de la enmienda a la totalidad presentada por el Grupo Parlamentario Socialista del Congreso, interviene la señora López i Chamosa.


En turno en contra, interviene la señora Martín Mendizábal, del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.


En turno de réplica, intervienen la señoras López i Chamosa, del Grupo Parlamentario Socialista del Congreso y Martín Mendizábal, del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.


En turno de fijación de posiciones intervienen los señores Mardones Sevilla, del Grupo Parlamentario de Coalición Canaria-Nueva Canarias; Pérez Martínez, del Grupo Parlamentario de Izquierda Verde-Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya Verds; Olabarría Muñoz, del Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV); Puig Cordón, del Grupo Parlamentario Esquerra Republicana (ERC) y Campuzano i Canadés, del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió).


Proposición de Ley del Senado, relativa a la modificación del Real Decreto Legislativo 1/1995, de 24 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores ... (Página 6713)

En defensa de la enmienda de totalidad presentada por el Grupo Parlamentario Socialista del Congreso, interviene la señora Sánchez Rubio.


En turno en contra interviene el señor Azpiroz Villar, del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.


En turno de fijación de posiciones intervienen el señor Pérez Martínez, del Grupo Parlamentario de Izquierda Verde-Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya Verds; Olabarría Muñoz, del Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV) y Campuzano i Canadés, del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió).


Sometida a votación la enmienda de totalidad a la proposición de ley del Senado relativa a la modificación del Real Decreto Legislativo 1/1994, de 20 de julio, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley General de la Seguridad Social, se aprueba por 161 votos a favor, 144 en contra, siete abstenciones.


Sometida a votación la enmienda de totalidad a la proposición de ley del Senado relativa a la modificación del Real Decreto Legislativo 1/1995, de 24 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores, se aprueba por 165 votos a favor, 139 en contra y ocho abstenciones.


Tramitación directa y en lectura única de iniciativas legislativas ...
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Proyecto de Ley Orgánica por la que se autoriza la ratificación por España del Tratado de adhesión a la Unión Europea de la República de Bulgaria y la República de Rumanía ... (Página 6718)

El señor ministro de Asuntos Exteriores y de Cooperación (Moratinos Cuyaubé) presenta el proyecto de ley orgánica por el que se autoriza la ratificación por España del Tratado de adhesión a la Unión Europea de la República de Bulgaria y de la República de Rumanía, que tuvo el honor de firmar en nombre del Gobierno español, que culminó el proceso negociador iniciado en el año 2000 para la

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integración de ambos países en la Unión Europea. En estos momentos difíciles que atraviesa la Unión Europea adquiere aún más importancia reafirmar el compromiso de España con la ampliación, y por ello desde el primer momento apoyamos las justas expectativas que se abrieron a los países de Europa central y oriental tras la caída del muro de Berlín.
España no ha escatimado esfuerzos para apoyarles y ayudarles en este empeño. La rápida ratificación por parte de España y los demás Estados miembros del Tratado de adhesión sería el mejor y más deseado mensaje de apoyo a los gobiernos y sociedades de estos dos países amigos y ayudaría a revitalizar su motivación y determinación, tan necesarios para lograr su entrada en la Unión Europea en enero de 2007. La Unión Europea se beneficiará en su conjunto y se verá más equilibrada cuando ingresen estos dos países. Finaliza reiterando el interés y la confianza del Gobierno en que la ratificación pueda tramitarse en el periodo más breve posible y con el amplio consenso logrado en el caso de la adhesión de los diez, consenso que reflejaba el sentir mayoritario del pueblo español.


En turno de fijación de posiciones intervienen los señores Mardones Sevilla, del Grupo Parlamentario de Coalición Canaria-Nueva Canarias; Llamazares Trigo, del Grupo Parlamentario de Izquierda Verde-Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya Verds; Maldonado i Gili, del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió); Ricomá de Castellarnau, del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso y la señora Rodríguez Ramos, del Grupo Parlamentario Socialista del Congreso.


Sometido a votación final el conjunto del texto del proyecto de ley orgánica, se aprueba por 303 votos a favor y uno en contra.


Informe anual sobre la Cuenta General del Estado ... (Página 6724)

Dictamen de la Comisión Mixta para las Relaciones con el Tribunal de Cuentas en relación con la Declaración sobre la Cuenta General del Estado del Ejercicio 2002, así como la resolución adoptada por dicha Comisión ... (Página 6724)

En turno de fijación de posiciones intervienen los señores Mardones Sevilla, del Grupo Parlamentario de Coalición Canaria-Nueva Canarias; Llamazares Trigo, del Grupo Parlamentario de Izquierda Verde-Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya Verds; Vilajoana Rovira, del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió); la señora Rodríguez Herrer, del Grupo Parlamentario Socialista del Congreso y el señor Vallès Vives, del Grupo Parlamentario Socialista del Congreso.


Sometido a votación el dictamen de la Comisión Mixta para las Relaciones con el Tribunal de Cuentas en relación con la declaración sobre la Cuenta General del Estado del ejercicio 2002, así como la resolución adoptada por dicha Comisión, se aprueba por 286 votos a favor y uno en contra.


Se levanta la sesión a la una y cincuenta minutos de la tarde.


Se reanuda la sesión a las nueve de la mañana.


CONVALIDACIÓN O DEROGACIÓN DE REALES DECRETOS-LEYES:

-REAL DECRETO-LEY 13/2005, DE 28 DE OCTUBRE, POR EL QUE SE MODIFICA LA LEY 4/1986, DE 8 DE ENERO, DE CESIÓN DE BIENES DEL PATRIMONIO SINDICAL ACUMULADO. (Número de expediente 130/000024.)

El señor PRESIDENTE: Señorías, se reanuda la sesión con el punto VI del orden del día: Convalidación o derogación de reales decretos-leyes. Real Decreto-ley 13/2005, de 28 de octubre, por el que se modifica la Ley 4/1986, de 8 de enero, de cesión de bienes del patrimonio sindical acumulado. El señor ministro de Trabajo expondrá las razones que han llevado al Gobierno a la promulgación del real decreto-ley.


Señor ministro, adelante.


El señor MINISTRO DE TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES (Caldera Sánchez-Capitán): Gracias, señor presidente.


Señoras y señores diputados, me dirijo hoy a la Cámara para presentar para su convalidación, como indicaba el señor presidente, el Real Decreto-ley 13/2005, que aprobamos el 28 de octubre. Su objetivo, señorías, es muy claro: dar cumplimiento definitivo y total a lo que ya estableciera la disposición adicional cuarta de la Ley 4/1986, de 8 de enero, de cesión de bienes del patrimonio sindical. A este respecto quiero hacer una aclaración previa para que se eviten posibles lecturas desacertadas. A pesar de que la denominación formal de la ley del año 1986 hace mención al patrimonio sindical acumulado, es decir, a lo que la propia ley denomina la titularidad de bienes y derechos procedentes de la antigua organización sindical y de las demás entidades sindicales anteriores al nuevo sistema de libertad y pluralidad sindicales consagrado por la Constitución, lo

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cierto es que el objeto de aquella norma consistía en resolver dos problemas diferentes. Uno, el mencionado, el que hacía referencia al patrimonio sindical acumulado, y el otro, también al correspondiente a la devolución o compensación de los bienes del llamado patrimonio sindical histórico, referido a los bienes y derechos que poseían las organizaciones sindicales o sus entes afiliados y que perdieron como consecuencia de la guerra civil española. Por tanto, aquella ley se refería al patrimonio acumulado, pero también al patrimonio histórico.
Tal diferenciación en cuanto a las dos cuestiones tratadas por la ley del año 1986 no solo es nítida desde el punto de vista conceptual, sino que además está plasmada de forma inequívoca en la propia norma, tanto en su exposición de motivos como en el contenido concreto de lo legislado, de tal forma que la ley establece una regulación diferenciada en cada uno de los supuestos, como no podría ser de otra manera. Con el propósito de que no quede ninguna duda al respecto, quiero leer textualmente a SS.SS. lo que dice en su inicio la disposición adicional cuarta de la Ley 4/1986.
Dice esa norma: Sin perjuicio de lo dispuesto por la presente ley, quedarán excluidos de la misma los bienes y derechos que por virtud de la Ley de Responsabilidades Políticas de febrero de 1939 fueron incautados a las organizaciones sindicales o a sus entes afiliados o asociados de carácter sindical entonces existentes. Con ello creo que queda suficientemente aclarado el objeto y el ámbito tanto de la mencionada disposición adicional de la Ley 4/1986 como del real decreto-ley que hoy se presenta a su convalidación. Quiero ahora justificar el contenido material de este decreto-ley.


Señorías, han transcurrido dos décadas, 20 años, desde la entrada en vigor de aquella ley del año 1986, y la realidad es que no hemos conseguido cumplir el fin perseguido por la misma en la parte que hace referencia al patrimonio histórico: la restitución a las organizaciones sindicales de los bienes y derechos que constituyen su patrimonio histórico y la restauración de las situaciones jurídicas afectadas por la guerra civil.
A día de hoy, señorías, solo se puede hablar de reparación parcial y, por cierto, sensiblemente inferior a la pretendida en el año 1986. Hemos tenido varias dificultades, objetivamente constatadas, para cumplir lo previsto en la mencionada norma; dificultades que expondré a continuación. Primero, esas dificultades han venido determinadas por los requisitos que la norma impuso en cuanto a la acreditación de la titularidad de los bienes y derechos, unas exigencias que no tuvieron en cuenta, en mi opinión, las excepcionales circunstancias derivadas de una guerra civil y un largo periodo posterior de dictadura, que se traducen, dado el tiempo transcurrido, en una enorme dificultad, cuando no imposibilidad, de acreditar la concurrencia de dichos requisitos; concurrencia exigida por la norma del año 1986. La problemática de los expedientes reside básicamente en dos cuestiones: tratarse de patrimonio inmobiliario, mobiliario o financiero cuyos titulares eran entidades sobre las que hay que probar su carácter sindical (sociedades obreras, cooperativas, sociedades de socorros mutuos, fundaciones, etcétera, que todo el mundo sabe que pertenecían a las organizaciones sindicales, era algo patente, pero la norma del año 1986 establecía tales requisitos que la prueba jurídica se ha convertido poco menos que en imposible) o la vinculación con la organización sindical reclamante de las mismas, o inmuebles, en los que debe acreditarse suficientemente su incautación. En segundo lugar, la dificultad de acreditar los requisitos exigidos por la ley afecta también al valor de los bienes y derechos a efectos de su compensación. El tiempo transcurrido desde la entrada en vigor de dicha norma ha originado, en el momento de la compensación de los bienes y derechos del denominado patrimonio sindical histórico, un perjuicio como consecuencia de la forma de valoración dispuesta en la normativa, que toma el valor normal de mercado que tenían los bienes y derechos en el momento de la entrada en vigor de la ley, es decir, el año 1986. Es necesario subrayar además, como hace la memoria justificativa del real decreto-ley, la ausencia de un plazo para la presentación de solicitudes por los reclamantes; carencia de la ley que en la práctica ha llevado a que hasta el día de hoy se sigan presentando solicitudes ante la Administración en reclamación de los legítimos intereses de los solicitantes. De este modo, en la actualidad, como les decía antes, continúan presentándose reclamaciones, haciendo interminable el proceso iniciado en el año 1986. Por otro lado, no debe olvidarse que de lo excluido, en principio, de devolución podría producirse la obligación del Estado de devolver lo incautado en caso de que así lo determinara una sentencia judicial firme.


Así pues, señorías, ante esta situación de incertidumbre, y con la perspectiva de una posible y poco deseable judicialización de este asunto en aquellos supuestos de denegación por parte de la Administración, se considera necesaria y urgente la modificación de la Ley 4/1986, de 8 de enero, por razones primero de justicia y después de seguridad jurídica, y ante el estado de paralización y bloqueo en que se encuentra la aplicación de esta legislación. La modificación de la disposición adicional cuarta de la Ley 4/1986 opera en tres direcciones complementarias para solucionar definitivamente la problemática expuesta.
Primero, en este decreto-ley se sustituye el requisito de la incautación en virtud de la ley de responsabilidades políticas del año 1939 por el de pertenencia de los bienes o derechos a las organizaciones sindicales o personas jurídicas afiliadas, asociadas o vinculadas a aquéllas, existentes en el momento de la entrada en vigor del decreto de 13 de septiembre de 1936, norma dictatorial que, como saben ustedes, prohibía una actividad democrática. Me estoy refiriendo al decreto de 13 de septiembre de 1936, que supongo que todos rechazamos en esta Cámara, mediante el cual se declaraba la ilegalidad de las fuerzas políticas democráticas y de las agrupaciones políticas o sociales que integraban el Frente Popular. Y esta sustitución se hace porque la privación de sus bienes a los sindicatos tuvo lugar de diversas formas, normalmente mediante su

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incautación, pero también en algunos casos por la vía de hecho o por otros sistemas de privación de sus bienes y derechos a los legítimos propietarios. Segundo, se establece un plazo tasado definitivamente para la presentación de solicitudes, el 31 de enero del año 2006, inscribiéndose a nombre del Estado los bienes y derechos cuya reintegración no se solicite en el plazo establecido. Por último, la valoración a efectos de compensación de los bienes y derechos se realizará considerando como tal el valor normal de mercado que a la entrada en vigor de la Ley 4/1986 tendrían los citados bienes y derechos de haber seguido perteneciendo a las organizaciones sindicales o a las personas jurídicas afiliadas, asociadas o vinculadas a aquéllas, y aplicando, debido al tiempo transcurrido desde el momento de esa valoración, es decir, desde el año 1986, a la cantidad resultante el interés legal del dinero desde dicha entrada en vigor hasta el último día del mes anterior al que se acuerde la compensación.


En suma, señorías, el decreto-ley no constituye sino una actualización de lo establecido en la ley del año 1986, con la única y clara finalidad de resolver los problemas derivados de esta norma y dar respuesta definitiva al propósito que esta se fijó hace ya veinte años. Tengo que destacar que los criterios utilizados para realizar esta actualización legislativa y para buscar una fórmula de resolución definitiva han sido, por un lado, las sucesivas sentencias del Tribunal Supremo -hasta once- que se han producido a lo largo de los últimos años y que han venido a poner en claro y a reconocer la naturaleza y el carácter o vinculación inequívocamente sindicales de sociedades obreras, mutualidades y múltiples cooperativas, sociedades de socorros mutuos y fundaciones, así como la titularidad de las organizaciones sindicales afectadas respecto a los bienes que en su día eran propiedad de tales entes, ya reconocidos en la ley del año 1986. Por otro lado, la Ley 43/1998, de 15 de diciembre, de restitución o compensación a los partidos políticos de bienes y derechos incautados en aplicación de la normativa sobre responsabilidades políticas del periodo 1936/39, nos indicó claramente el camino a recorrer al tomar como referencia no la simple afiliación o asociación a un partido político de la entidad titular del bien, sino el criterio más amplio de vinculación a un partido político de dichas entidades, además del criterio de pertenencia de los bienes y derechos existentes en el momento de la entrada en vigor del decreto de 13 de septiembre del año 1936, que ilegalizó los partidos y agrupaciones políticas y sociales. Por último, la aplicación del criterio administrativo consolidado de aplicar el tipo de interés legal del dinero como factor normal de actualización de las valoraciones realizadas a la fecha de entrada en vigor de la Ley 4/1986. Se trata, como saben ustedes, de un criterio que encuentra su base tanto en el Código Civil y en la Ley de Enjuiciamiento Civil como en la Ley General Tributaria, todo ello enmarcado en un proceso en el que se establece una fecha de finalización cierta del proceso de reclamaciones de restitución y compensación de bienes ante el Estado. En resumen, este decreto que presento permite contar con un nuevo marco normativo adecuado y operativo para lograr una solución real del problema y atiende claramente a los principios de justicia, de devolución de un patrimonio incautado por la dictadura, por tanto justicia, y de seguridad jurídica.


Permítanme, para acabar, que realice algunas consideraciones que van más allá de las imprescindibles cuestiones jurídicas y legales a las que ya me he referido. Quiero situarme en el terreno más estrictamente político para realizar el complemento de las razones jurídicas que he explicado.
No son, en absoluto, razones nuevas, ya encontraban su origen, señorías, y fundamento en la ley del año 1986 y en la de 1998 para los partidos políticos, y son sobre todo razones que se inscriben en la recuperación misma de nuestra democracia hace más de 25 años. La legítima devolución del patrimonio histórico a las organizaciones sindicales, porque son varias, a las que les fueron incautadas por la dictadura sus bienes entre los años 1936 y 1939 constituye ante todo la reparación de una deuda ética y moral y la reparación de una injusticia histórica que proviene de un acto intrínsecamente antidemocrático, como fue la ilegalización de las organizaciones sindicales y políticas como consecuencia de un levantamiento militar. Supongo que todos los aquí presentes estaremos de acuerdo en estas apreciaciones. La recuperación de la democracia, señorías, y la legalización de las organizaciones sindicales libres, junto con el reconocimiento al más alto nivel de la libertad sindical en nuestra Carta Magna, no finalizaron el proceso de restitución y reparación a las mismas de lo que les fue, de forma ignominiosa, incautado. Es imprescindible, pues, que se repare y se devuelva lo que es suyo, lo que es de sus afiliados, lo que crearon los trabajadores que formaron entonces parte de las organizaciones sindicales y que ahora deben recibir sus legítimos sucesores. Y esa reparación, que no se ha hecho completamente en más de 20 años, no puede, no debe esperar más. En consecuencia, el Gobierno entiende, señorías, que el conjunto de la sociedad española tiene a este respecto, como decía antes, una deuda moral y material con las organizaciones sindicales que fueron expoliadas, y convendrán, señorías, que el sistema planteado por la Ley 4/1986 ha devenido en buena medida disfuncional, inoperante y carente de seguridad jurídica. Les daré un dato que permite comprender bien la situación: desde el 14 de enero del año 1986, fecha de la entrada en vigor de aquella ley, se han reintegrado o compensado a las organizaciones sindicales poseedoras de patrimonio histórico 577 inmuebles reclamados.
Estas devoluciones se han ido haciendo por los sucesivos gobiernos que han precedido al nuestro y que, por cierto, son buenos conocedores de las dificultades que plantea resolver el problema con aquel marco legal y se plantearon en varias ocasiones la posibilidad de reformarlo. Pues bien, señorías, sin embargo, casi 20 años después hay pendientes de resolver más de 4.000 expedientes que afectan a inmuebles, cuentas financieras y bienes de muy distinta naturaleza. En definitiva, estamos ante el caso de una normativa

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que ya no sirve a los objetivos marcados y, salvo que quisiéramos revisarlos, cosa que no creo que queramos hacer aquí, es imprescindible modificarla.


También justificaré la urgencia de este decreto ley. En buena medida tales razones se derivan o están en parte implícitas en los fundamentos a los que he hecho referencia con anterioridad, pero explícitamente creo preciso referirme a los siguientes. Primero, el mantenimiento de una normativa inadecuada u obsoleta y las disfunciones que esta padece están impidiendo dar solución a un problema tan especial por su vinculación a un hecho de excepcional alteración de los principios de orden democrático. Esta situación está incidiendo negativamente en el cumplimiento de los fines de recuperación de reparación de la incautación de los bienes de las organizaciones sindicales democráticas que justificaron la adopción de las disposiciones en este sentido de la Ley 4/1986. La actual regulación, por tanto, no debe mantenerse por más tiempo. Segundo, se trata de concluir con un proceso de reparación de hechos injustos que se mantiene abierto, generando además una situación de incertidumbre y de inseguridad jurídica en cuanto a la titularidad de los bienes y derechos y en cuanto a los deberes del Estado respecto a su reintegración o compensación. Es preciso, en consecuencia, terminar cuanto antes el proceso. Tercero, la actualización con la aplicación del tipo de interés legal a las valoraciones de los bienes implica, con el transcurso del tiempo, un impacto sobre el gasto público, coste, señorías, que se va incrementando con el paso del tiempo. Si no actuamos ahora, en el futuro resolver este problema sería mucho más costoso para la Administración. Por ello, la reducción del efecto de esta compensación requiere que la puesta en práctica del nuevo sistema de valoración y la adopción de los correspondientes acuerdos se produzca con la mayor brevedad posible, conciliando de este modo la finalidad compensatoria derivada de la actualización de las valoraciones con la tutela del gasto público.


Aparte de todo ello, señorías, considero que hay una cuestión que explica por encima de todas las demás la necesidad de utilizar vías más rápidas y directas para la solución del problema. Yo me pregunto si no es urgente restituir a las organizaciones sindicales sus legítimos bienes, que fueron incautados, expoliados de forma antidemocrática a sus legítimos dueños, a sus propietarios, que en esta ocasión, para mayor indignidad, eran y son organizaciones sindicales. ¿Hay algo que justifique más la urgencia que esto, en especial, señorías, cuando una normativa que ha estado vigente durante 19 años no lo ha hecho posible? Está justificado, por tanto, abreviar el proceso, utilizar la vía más rápida, el mecanismo más directo para realizar la total y definitiva reparación, y desde luego con el respeto absoluto a todas las garantías jurídicas. Es por ello, señorías, por lo que me permito solicitar de todos ustedes el voto favorable a la convalidación de este decreto-ley, que supone una reparación justa de derechos que fueron incautados por la dictadura entre el año 1936 y el año 1939.


Muchas gracias. (Aplausos.)

El señor PRESIDENTE: ¿Algún grupo parlamentario desea ejercer un turno en contra? (Pausa.)

Grupo Parlamentario Popular.


El señor MARTÍNEZ-PUJALTE LÓPEZ: Señor presidente, señorías, señor ministro, París bien vale una misa y un ministerio algunas veces bien vale el papelón que le toca hacer aquí en tribuna, porque vaya papelón le ha tocado hoy.


Quiero comenzar mi intervención manifestando el profundo reconocimiento de mi grupo parlamentario a la tarea que vienen desarrollando en nuestro país las organizaciones sindicales. El papel esencial que corresponde a los sindicatos en nuestro sistema constitucional se encuentra expresamente subrayado por el artículo 7 de la Constitución, y, en efecto, en mi opinión y en opinión de mi grupo, Comisiones Obreras, UGT y sindicatos con menos implantación, como USO, CSIC y otras organizaciones sindicales han desempeñado una tarea enormemente positiva a lo largo de su historia. En los ya más de 25 años de democracia parlamentaria los sindicatos han trabajado de una manera eficaz para consolidar un modelo económico y social que garantice la cohesión y la solidaridad, y desde luego no es estilo de mi grupo descalificar (Rumores.-Varios señores diputados: ¡No, no!) a quien no comparte nuestra opinión, como nos tienen acostumbrados los ministros del Partido Socialista (Rumores.). Mi grupo está seguro de que las centrales sindicales van a seguir cumpliendo una extraordinaria labor, y por tanto los poderes públicos deben permitir, como han hecho hasta ahora, que dispongan de los recursos y de las garantías suficientes para que puedan desarrollarla.


Para hacer efectivos los derechos sindicales, cuando gobernaba el centro político en los primeros años de la democracia, el Gobierno transfirió el uso y usufructo de todo el patrimonio sindical acumulado a los agentes sociales, y eso se hizo con una amplísimo consenso parlamentario.
Posteriormente, cuando ya gobernaba el PSOE, todos los partidos apoyaron la ley de 1986, que permitía restituir el patrimonio histórico de aquellos bienes incautados a partidos políticos y sindicatos tras la contienda civil. Durante los años de gobierno socialista y, posteriormente, durante los años de gobierno popular se siguieron tramitando expedientes de restitución, porque entendemos, como entendimos desde 1978 y en todo momento, que era de justicia y que eso conllevaría un mayor entendimiento entre todos los españoles. Dicho esto, señorías, digo también que este decreto-ley que hoy nos someten a convalidación nada tiene que ver con ello, ni siquiera con lo que el ministro ha dicho en tribuna parlamentaria. Se puede subir a la tribuna y contar lo que ha contado, señor ministro, pero todos los diputados de esta Cámara y todos los agentes sociales saben que este real decreto-ley nada tiene que ver con lo que usted ha dicho. Bajo la apariencia de devolución de un patrimonio histórico se está simplemente permitiendo la condonación de un crédito que un determinado sindicato tiene en el ICO. Lo sabemos todos

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los diputados de esta Cámara, lo sabe el señor ministro, aunque no ha hecho referencia a ello, y lo saben todos los grupos políticos, porque todos, señor ministro, hemos hablado con las centrales sindicales. Es un crédito que tiene un determinado sindicato con el ICO como consecuencia de un tremendo error de gestión de ese sindicato -no quiero ir más allá: tremendo error de gestión-, que empezó a realizar unas actividades mercantiles no propias de la actividad sindical, porque este crédito nada tiene que ver con la actividad sindical ni con la defensa de los trabajadores, y que concluyó con la quiebra de la PSV y con 12.000 trabajadores que habían puesto dinero para comprar una vivienda y que perdieron sus ahorros. Mi grupo tampoco, lo quiero dejar bien claro, habría tenido inconveniente en debatir y buscar una solución para el problema generado por la mala gestión sindical de UGT. No hubiéramos tenido problema para debatirlo si se hubiera hecho de una manera clara y transparente, dando participación en el debate con mayor claridad a todos los partidos y fuerzas sindicales. Pero el Gobierno ha preferido la utilización del decretazo; decretazo -y el señor ministro lo sabe- con nocturnidad y alevosía, aprobado por el Consejo de Ministros antes de comunicárselo a otras centrales sindicales, en un día previo a un puente, para que pasara cuasi in oculto y además queriendo que este decretazo se tramitara con el menor debate posible y dejando al margen a todos, tanto a partidos políticos como a otras centrales sindicales. En nuestra opinión, no es un decreto-ley -y por eso vamos a votar que no- para servir a intereses generales, sino para arreglar problemas particulares.
Estamos ante un decreto ley que no busca mejorar la actividad sindical, que no busca que los sindicatos tengan márgenes para realizar una mejor defensa de los trabajadores. Estamos ante un decreto-ley que lo que busca es arreglar un problema particular que tiene un determinado sindicato.
Detrás de este decreto-ley, señorías, se esconde un manejo opaco y adulterado del dinero de los contribuyentes, desvirtuando el sentido de una reparación histórica, cuya legitimidad siempre hemos defendido, señor Caldera, como usted sabe -y tiene los expedientes en el ministerio-, pero que haciéndolo de esta manera se puede volver incluso -y usted lo sabe, señor Caldera- contra la propia imagen de la central sindical. (El señor Campos Arteseros: No faltes a la verdad.) ¿Todos los diputados del Grupo Parlamentario Socialista están de acuerdo con la convalidación de este decreto-ley? ¿Me pueden garantizar que si dejaran votar con libertad a todos los diputados socialistas votarían que sí? ¿Van a votar todos que sí hoy, incluso el que se sienta ahí enfrente, a la convalidación de este decreto-ley? No, señorías, y esa es la prueba irrefutable de que no estamos devolviendo un patrimonio histórico, sino arreglando un problema concreto. Se acude a la fórmula del decreto-ley sin que esté justificada en ningún punto la urgencia. ¿Urgencia? El señor ministro ha dicho: Ahora voy a explicar la urgencia. Yo le he prestado atención, pero luego ha añadido: Como es un tema de hace 20 años, para el que aprobamos una ley del PSOE, ahora lo introduzco por decreto-ley. No, se tramita como decreto-ley para hurtar al Parlamento la posibilidad de debatir con sosiego una normativa a la que se podrían presentar enmiendas,y que permitiría analizar con profundidad los trámites de restitución y las fórmulas para hacerlo. ¡Qué cosas nos decía el señor Caldera cuando presentábamos decretos-ley en la legislatura pasada! ¿Verdad, señor Caldera? Cómo cambian las tornas: de decretazos a decretos-leyes aprobados en puentes.


El real decreto-ley plantea la modificación de la disposición adicional cuarta de la Ley de 1986, como ha señalado el ministro. Desde ese año, se han resuelto cientos de expedientes en los que se pedía la restitución, y el señor ministro lo ha dicho en la tribuna. UGT ha recibido más de 5.000 millones de pesetas de aquellos bienes cuya propiedad ha podido acreditar. Además, señor ministro, como usted y los diputados saben, este el patrimonio acumulado, que nada tiene que ver con el patrimonio histórico del que están disfrutando los sindicatos y las organizaciones empresariales. Se han resuelto expedientes, como también ha dicho el ministro, a lo largo de todas las legislaturas, pero ahora, señor ministro, lo que se plante. Usted lo sabe, aunque no lo ha dicho en la tribuna- es una modificación de las condiciones para la restitución que busca un objetivo, y es dotar a la central sindical de financiación suficiente para hacer frente al crédito del ICO, y usted lo sabe, señor ministro. Para ello, además del procedimiento de urgencia -absolutamente injustificado-, se establece un sistema que llena de inseguridad el procedimiento, porque los partidos políticos -y ahí veo al señor Olabarría, al señor Campuzano o a sus compañeros de Unió- cuando han pedido la restitución han tenido que acreditarlo, como el Partido Socialista, y ahora usted pide que ese sistema de seguridad jurídica se quiebre. Le cito textualmente lo que dijo el portavoz socialista en la Comisión de Política Social y Empleo, que entonces se llamaba así: Nosotros creemos que resolvemos definitivamente el tremendo problema creado en 1939 con la disposición adicional cuarta. Resolvemos el problema diciendo que su patrimonio -el de los sindicatos-, el expoliado en 1939, puede pasar a sus legítimos propietarios. Se aprueba esa disposición, cuyo desarrollo es la devolución de un patrimonio que asciende a 5.000 millones de pesetas más o menos, señor ministro. Ahora estamos hablando de 25.000, que viene a coincidir -¡oh, casualidad!- con el crédito del ICO.


En aquella Comisión -la Ley es de 1986 y la Comisión se celebró el 26 de noviembre de 1985- estaba sentado el actual secretario general de UGT, porque era diputado socialista; votó favorablemente el texto legislativo y no dijo nada. Posteriormente a esa Comisión y a la aprobación de esa Ley, el PSOE gobierna diez años, tiempo durante el que se tramitan expedientes y se solucionan problemas, y se sigue haciendo durante las legislaturas en las que gobierna el Partido Popular. Pero ahora el cambio legislativo supone un cambio de las condiciones para que, sin seguridad jurídica, se pueda dotar a UGT de financiación para arreglar un problema concreto

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que nada tiene que ver con la actividad sindical ni con la defensa de los trabajadores, sino con un tremendo problema de quiebra de una actividad mercantil que nunca tuvo que realizar la UGT. Ese es el problema.


El Gobierno, señor Caldera, no ha consultado a quien por ley -en mi opinión, por ley- viene obligado a hacerlo: a la Comisión consultiva nacional de patrimonio sindical, dando así la espalda a los procedimientos establecidos y dejando sin voz a Comisiones Obreras y al resto de los sindicatos. Hay que tener en cuenta, señorías, que en España, como he dicho antes, para facilitar el cumplimiento del artículo 28 de la Constitución, se había dado a los sindicatos el patrimonio acumulado de los sindicatos verticales del franquismo para que pudieran desarrollar su actividad. Hasta ahora, para poder repartir ese patrimonio, todo se había hecho en esa Comisión consultiva, a la que también se había llevado el patrimonio histórico. Pero esta operación, señorías, se ha hecho de manera arbitraria y opaca. ¿Cómo pueden entender los ciudadanos que sea necesario un trámite de urgencia para dar cumplimiento a la disposición adicional cuarta de la Ley de 1986, cuando ya han pasado más de 20 años y se han devuelto cantidades económicas importantes? ¿Creen que es normal, señoría, y resto de los partidos políticos, que para solucionar el problema de un crédito que tenga la UGT tengamos que cambiar una Ley de 1986 de devolución del patrimonio histórico sindical? ¿Qué relación tiene la quiebra de la PSV con el patrimonio histórico sindical? ¿Qué relación tiene, señor Caldera? Porque eso es lo que estamos tramitando hoy. ¿Puede entender un ciudadano que se haga este tipo de manejos legales para arreglar el problema de la quiebra de una cooperativa de viviendas?

El señor PRESIDENTE: Debe ir concluyendo, señor Martínez-Pujalte.


El señor MARTÍNEZ-PUJALTE LÓPEZ: Señorías, este decreto busca arreglar, con dinero de todos los españoles, el problema de la organización sindical afín al Partido Popular. (Rumores.) Y muchos se preguntan si eso... Del partido Socialista. (Rumores.) Figúrense si saben que es afín a ustedes; figúrense si lo saben, porque probablemente este Real Decreto-ley responde al apoyo que dio la organización sindical en el Congreso del PSOE al señor Zapatero para que fuera secretario general.
(Rumores.)

Voy concluyendo, señor presidente, de verdad.


El señor PRESIDENTE: No, ha concluido ya el minuto de cortesía que está atribuido para que se cierren las intervenciones. Usted me está diciendo: voy concluyendo, voy concluyendo, y me va ganando un minuto cada vez.
Concluya, porque fíjese en que ya se ha pasado un minuto de cortesía, que es lo que suele dar la Presidencia para hacerlo.


El señor MARTÍNEZ-PUJALTE LÓPEZ: Señor presidente, usted dirige el debate y, por tanto, tiene toda la razón. Me parecía un tema importante.


El señor PRESIDENTE: Concluya.


El señor MARTÍNEZ-PUJALTE LÓPEZ: En este caso, el Gobierno ha llevado a UGT a una situación difícil, ha quebrado la unidad sindical. El Gobierno vuelve a hacer favores a sus amigos con el dinero público, y eso nos parece mal; sobre todo nos parece mal cuando se hace de manera opaca y poco transparente. Por eso, señor Caldera, vamos a votar que no. Si usted lo hubiera hecho bien, todos los grupos estaríamos dándole hoy nuestro apoyo, pero -repito- haciendo bien las cosas. Usted lo ha hecho mal porque antepone los intereses particulares a los intereses generales, que es lo que este real decreto hace.


Muchas gracias. (Aplausos.)

El señor PRESIDENTE: ¿Algún grupo parlamentario desea ejercer un turno a favor? (Pausa.)

Si no es así, pasamos a fijar posiciones.


En primer lugar, Grupo Mixto, señora Barkos.


La señora BARKOS BERRUEZO: Gracias, señor presidente.


Voy a ser muy breve. Nafarroa Bai se abstendrá en la votación de este real decreto-ley por razones bien claras. Estamos absolutamente de acuerdo con el objetivo declarado por el ministro esta mañana en la presentación del real decreto. El propio señor Caldera señalaba que hay que terminar cuanto antes con el proceso iniciado en 1986, y creo que todos en esta sala estamos absolutamente de acuerdo en que debe ser así. Sin embargo, no estamos en absoluto de acuerdo con el camino elegido; prueba de ello, prueba de que no es buen camino, prueba de que se trata en este caso de un atajo, es que no contenta a un porcentaje importante de una de las partes, en este caso de la parte sindical, y debiéramos tener en cuenta esas protestas que se centran en porcentajes muy importantes de la parte sindical. De ahí nuestra abstención al real decreto.


Anuncio que votaremos a favor de su tramitación si llega a ser aprobado, como así parece, como proyecto de ley.


Muchas gracias.


El señor PRESIDENTE: Señor Labordeta.


El señor LABORDETA SUBÍAS: Muchas gracias, señor presidente.


Nosotros vamos a votar a favor de este real decreto-ley porque pensamos que hay razón para devolver esos dineros que fueron retirados por la dictadura franquista y la guerra civil. Cada vez que oigo al Partido Popular me quedo absolutamente asombrado porque dice que es dinero para favorecer a los amigos con el dinero público. Que lo dijera yo me parecería bien, pero que lo diga el

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señor Martínez-Pujalte me parece que no es muy correcto, que no es muy honrado (Rumores.-Aplausos.), porque para favorecer a amigos, ustedes.
Ustedes han favorecido a todos los amigos. Ustedes.
(Rumores.-Aplausos.-El señor Martínez-Pujalte López: Ocho millones...) A mí no me habéis favorecido nada. ¡Qué me vais a favorecer a mí! (Rumores.) Yo voy a votar a favor del real decreto-ley.


Muchas gracias. (Aplausos.)

El señor PRESIDENTE: Gracias.


La señora Fernández, del BNG, tiene la palabra.


La señora FERNÁNDEZ DAVILA: Gracias, señor presidente.


Señorías, señor ministro, con respecto al Real Decreto-ley 13/2005, de 28 de diciembre, no podemos dejar de hacer una serie de consideraciones, porque no compartimos con ustedes la necesidad de abreviar el proceso ni su urgencia. No discutimos -y esto queremos dejarlo claro- ni planteamos desacuerdo sobre la decisión de devolver patrimonio histórico, sus propiedades, a los legítimos dueños, es decir, a aquellas organizaciones que fueron incautadas por el franquismo a través del Decreto del 13 de diciembre de 1936. Lo que discutimos es la falta de criterio y transparencia del Gobierno a la hora de la devolución, teniendo en cuenta que actualmente existe para devolver tanto patrimonio sindical histórico como patrimonio sindical acumulado. Nosotros pensamos que incluso hay que discutir cuando menos qué parte de ese patrimonio histórico puede estar dentro del criterio de patrimonio acumulado, porque evidentemente existe un patrimonio histórico que modificó a través del tiempo sus condiciones y situación y, por tanto, esto también cambió el propio valor de ese patrimonio. En consecuencia, mucho patrimonio que podría ser entendido como histórico es evidentemente patrimonio acumulado. Por eso entendemos que la urgencia que se le da a este real decreto le resta transparencia y sobre todo un criterio que tenga presente la posición y las opiniones del resto de las centrales sindicales.


Desde nuestro punto de vista, esta situación debería resolverse a través del diálogo con las distintas centrales sindicales representativas y, por supuesto, fuera del marco del diálogo y negociación social que se está desarrollando en este momento, porque entendemos que el reparto o devolución de patrimonio sindical no debe ser utilizado como condicionante en las relaciones sindicales e institucionales. Hay algo que no entendemos y que aprovechamos para decirlo ahora. En la actualidad, hay un importante patrimonio sindical que continúa en manos de la Administración, una parte del cual -como dijimos anteriormente- es histórico y otra acumulado. Es indiscutible que el reparto de este último tiene que tener en cuenta a las distintas centrales sindicales, de acuerdo con la representación que tiene cada una en el mundo laboral como, por cierto, con más o menos acuerdos, se hizo en ocasiones anteriores. Como consecuencia de esos desacuerdos, actualmente queda patrimonio sin repartir. Por eso nos parece que el Gobierno debería iniciar esa negociación con los sindicatos a fin de poder llegar a esos acuerdos, cuando menos sobre los criterios según los cuales ese patrimonio debe ser repartido, en vez de resolver una parte del problema por la vía de la urgencia del real decreto.


No es de extrañar que distintas centrales sindicales -y puedo asegurarle que consultamos a más de una- entiendan que, atendiendo al procedimiento seguido por el Gobierno, se pretendan resolver problemas de carácter crematístico de una parte de esa representación de los trabajadores, es decir, de la única parte que sería beneficiaria del real decreto. De todas maneras, votaremos a favor de este real decreto, señor ministro, porque, como dijimos al principio, no discutimos el derecho a la devolución del patrimonio histórico de aquellas organizaciones a las que les fue incautado por el franquismo y por un Gobierno no precisamente legítimo.


Antes de finalizar, permítame decirle, señor ministro y señores del grupo que apoya al Gobierno, que, aunque hoy sea aprobado este Real decreto -como parece que ocurrirá- debe convocar de inmediato la Comisión consultiva nacional del patrimonio sindical y a todas las centrales sindicales legítimas con representación en el ámbito laboral. Esta comisión consultiva se creó en el año 1986, y venía siendo el lugar donde se tomaban las decisiones sobre esta cuestión, con consenso y con alguna discrepancia. Evidentemente ha habido años en los que esta Comisión no se ha reunido, pero ya que este Gobierno está predispuesto a afrontar un problema que hasta ahora no se quiso resolver -al menos una parte importante de él-, esperamos que esta decisión sea tomada con el debido consenso con todas las centrales sindicales y que se resuelva el problema del patrimonio sindical histórico y acumulado.


Insisto en nuestro voto a favor, pero seguimos reclamándole una disposición al diálogo con todas las centrales sindicales.


Gracias.


El señor PRESIDENTE: Gracias, señora Fernández.


Por el Grupo de Coalición Canaria, señor Mardones.


El señor MARDONES SEVILLA: Muchas gracias, señor presidente.


Mi grupo anuncia que si este real decreto-ley es convalidado en el trámite de hoy, pedirá que se tramite como proyecto de ley. Voy a hacer algunas reflexiones que llevan al Grupo Parlamentario de Coalición Canaria-Nueva Canarias a abstenerse en la votación sobre la convalidación de este real decreto.


Me ha sorprendido que cuando las cosas se pueden hacer bien y dentro de los raíles que llevan a la solución sensata de los problemas, estos se compliquen. Parece que en toda administración debería haber una especie de dirección general de asuntos complicables y que se dijera ¿en qué sector está pacificada la propia entidad, como

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puede ser en este caso la sindical? Si los grandes sindicatos están comportándose en este momento en la política laboral, social y económica de España con un grado de sensatez altísimo, con una calidad de interlocución tanto con la CEOE como con el Gobierno a través del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales, parece que alguien dice: a ver si podemos poner ahí la manzana de la discordia y lo que está pacificado lo agitamos, cuando se pueden hacer los arreglos consecuentes sencillamente por unas vías de procedimiento. Porque no hay manera mejor de producir un agravio comparativo en un colectivo de entidades jurídicas separadas que meterles una manzana de la discordia y encima retrotraer la titularidad supuesta de los hechos a una guerra civil y a los decretos de 1936, en que existían unos sindicatos que han podido llegar históricamente hasta hoy, y hay hoy otros sindicatos que no estaban en aquella tesitura de la guerra civil española y los decretos de la dictadura franquista haciendo el expolio del patrimonio sindical que tenían las organizaciones declaradas ilegales en aquel momento.


Se podía llegar a un entendimiento para solucionar estos problemas de una manera que no fuera gravosa para un procedimiento político, porque esto lo que ha generado o lo que va a generar es una agitación política en el mundo sindical, bien por agravios comparativos, bien por defectos de forma, y parece ser que no se han cumplido ni siquiera procedimientos que ya la Ley de 1986 establecía como es la consulta permanente a la Comisión consultiva nacional del patrimonio histórico sindical, que es una mesa de encuentro colegiada donde precisamente todas las vicisitudes pueden tener su arraigo. Aquí se ha llamado la atención sobre que, estando ya vigente después de 20 años la actual Ley de Compensaciones por el patrimonio sindical acumulado, la cesión de bienes, han transcurrido también unas circunstancias políticas; no son 20 años de un calendario anodino políticamente; de esos 20 años hay diez del Gobierno de don Felipe González, del Partido Socialista, hay ocho del Gobierno del señor Aznar, del Partido Popular, va a haber pronto dos del nuevo Gobierno socialista del señor Zapatero, y encajar ahí lo que la Constitución española y nuestro derecho positivo procedimental señalan como causas de especial urgencia, sabiendo que una cosa que no se ha resuelto en 20 años va a ser llamada a especial urgencia para justificar constitucionalmente un real decreto-ley, significa que mal anda la interpretación constitucional.


Quisiera circunscribirme, porque este es el motivo de situarnos en un voto de abstención, a que no se ha cumplido y no se ha sometido este procedimiento a la norma reglada que estaba estipulada. No había necesidad de entrar en este circuito a tropezones. No había necesidad de entrar en la solución de compensaciones sin dar unas seguridades jurídicas, porque con esto se está conculcando uno de los principios de la Ley de 1986, que era la acreditación. Falla el procedimiento de la acreditación, porque en un Estado de derecho la carga de la prueba en todo el sistema judicial es fundamental, y la carga de la prueba en este tema sindical era la acreditación del patrimonio. Había y hay una serie de requisitos jurídicos legales en la Ley de 1986 para hacer la acreditación, pero no solamente eso, porque la exposición de motivos de este real decreto-ley, sobre todo en su apartado cuarto, es de lo más rocambolesco que yo he leído. Parece que se tiene una especie de mala conciencia, que se es consciente de que se está haciendo chapuceramente algo y se trata de hacer unas justificaciones que chirrían en el mejor sentido común de un respeto al derecho administrativo español.


Fíjense, señorías y señor presidente, que se dicen expresiones en el apartado 4, después de haberse dicho en la primera entrada en el apartado 1, que también deben acreditarse la identidad o la sucesión del sindicato -ahí es nada-, que, por un lado, la finalidad reparadora de la ley 4/1986 no alcanza a quienes pueden ser acreedores de reparación, ya que la interpretación de la actual normativa no permite identificarlos como tales. Pero he estado viendo los órganos consultivos que tiene el Estado para referirse a lo que pudiera ser un contencioso interno sindical en relación con la administración española, y cuando se habla aquí, a continuación, de los valores económicos muy alejados de los de la situación del mercado, ¿qué valor económico se le va a dar? ¿Deja claro este real decreto que el valor económico del bien que va a ser compensado lo va a ser a precios de solar, de suelo y de edificios del año 1986 o del año 2005, con la dinámica que tiene en este momento en España el precio de la vivienda, y, por lo tanto, el precio del suelo, que es el que repercute en estas cuestiones? Creemos que esto se podía haber hecho de una manera mucho más racional y mucho más sensata. En el apartado 2 de la parte dispositiva de este real decreto-ley, se dice, sin embargo, y se viene a dar entrada a que no pudieran ser acreditados por cualquier causa. Pero ¿cómo que no pueden ser acreditados por cualquier causa? Alguna causa habrá. En un Estado de derecho la carga de la prueba -vuelvo a decirlo- es fundamental, y si no hay carga de la prueba no puede haber sentencia y no puede haber decisión judicial competente en la que se diga, al final, que el Estado le compensará pecuniariamente su valor.
Esto es entrar por la puerta de atrás a los Presupuestos Generales del Estado.


Por esta razón, señoría, y con el ánimo de concordia o de mantenernos a distancia de estas cuestiones, y para pacificar también de una manera prudente la armonía de las grandes organizaciones sindicales españolas, sean las que sean beneficiadas, existentes o no existentes en aquel momento histórico de España -1936-1939 y la dictadura franquista-, en la situación democrática actual vamos a evitar encrespar con un agravio comparativo la vida sindical, porque mucho debe la democracia española, y le debemos, a la armonía de los sindicatos obreros en España.


El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Mardones.


Izquierda Unida. Señor Pérez.


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El señor PÉREZ MARTÍNEZ: Muchas gracias, señor presidente.


Señorías, nuestro grupo parlamentario no puede convalidar este real decreto-ley no solo por razones formales, sino por razones fundamentalmente políticas. Las razones formales quizás nos llevaran a una posición de abstención, puesto que nosotros no cuestionamos el legítimo derecho de las organizaciones sindicales al patrimonio que les corresponde. Ahora bien, creemos que el contexto en el que se toma esta decisión no es bueno, que el momento no es idóneo y que la forma no es correcta.


En estos días, señorías, oímos que desciende la credibilidad de la política entre nuestros conciudadanos, y queremos decirles que medidas unilaterales de estas características no van a ayudar a recuperar la confianza de la ciudadanía en la política. Les guste o no, y a nosotros no nos gusta, estas cosas suenan a trato de favor. La opinión de nuestro grupo es que sitúan a una organización histórica en el ojo del huracán, y ustedes saben -porque lo tenemos acreditado- que no apuntaremos en esa dirección, pero no lo haremos por nuestras convicciones, no porque ustedes no estén dando razones para la duda. Estamos convencidos y sabemos, nos consta, que han tenido la posibilidad de abordar esta cuestión de forma dialogada desde el comienzo de esta legislatura, de la misma forma que saben ustedes que se viene haciendo desde 1986. Hacen falta razones muy poderosas para ignorar las reglas del juego y obviar a la Comisión consultiva nacional de Patrimonio, dejar de lado el diálogo social o, sencillamente, renunciar a la tramitación normalizada de un proyecto de ley. Si las razones no son esas, señorías, solo cabe pensar en un acceso de prepotencia, y hay suficiente experiencia política ya en nuestro país para saber que los principales perjudicados por la prepotencia son precisamente aquellas fuerzas políticas que la ejercen.
No haremos hincapié en los nuevos criterios de revalorización ni cuestionamos -repito- el derecho de las organizaciones sindicales al patrimonio sindical que les corresponde, ni de la UGT ni de ninguna otra, pero, señorías, no entendemos las razones de urgencia que justifiquen un real decreto de estas características, y mucho nos tememos que ustedes tampoco las pueden explicar. No podemos creer que ustedes no hayan caído en el detalle de que nos encontramos ante un proceso electoral sindical, y que este real decreto viene a intervenir en la forma y en el sentido más indeseado. Ustedes saben, como sabemos nosotros, que el diálogo social, a día de hoy, no ofrece réditos notables. A nosotros, a Izquierda Verde-Izquierda Unida- Iniciativa per Catalunya Verds, a toda la izquierda, nos interesa un sindicalismo de clase fuerte, lo más convergente y articulado posible, que defienda los intereses de los trabajadores desde la independencia y desde un clima sindical normalizado, y para que así sea las organizaciones sindicales tendrán que superar injerencias de estas características que no ayudan precisamente en ese sentido. Para este Grupo de Izquierda Verde hoy no es un buen día.
Un gobierno al que venimos apoyando desde la lealtad política, no siempre correspondida, interviene mal, urgentemente y sin necesidad en un campo para nosotros muy sensible, interviene esquivando el consenso sin explicación lógica, interviene creando sospechas y dudas desde la arbitrariedad, interviene dividiendo lo que no debe dividirse y, además, con este decreto no se reparan todas las causas pendientes del franquismo ni en el ámbito social, ni en el sindical, ni en el político. Queremos decirles con toda seriedad que si este es el marco que diseñan para la reforma del mercado laboral o para la reforma de las pensiones deben saber desde ya que ese marco es incompatible con nuestro concurso.


Señoras y señores del Gobierno, nos colocan ustedes ante una situación difícil que para nosotros solo tiene una opción; tenemos que decirles con toda claridad que no podemos convalidar una torpeza interesada y, con la misma claridad, que defendemos y seguiremos defendiendo los derechos que la represión y el fascismo negaron. Pero les decimos que queremos conseguirlo todos, para todos, democráticamente, con transparencia y respetando las normas que nos hemos dado. Para esto sí pueden contar con nosotros.


Muchas gracias, señor presidente. (Aplausos.)

El señor PRESIDENTE: Gracias a usted, señor Pérez.


Por el Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV) tiene la palabra el señor Olabarría.


El señor OLABARRÍA MUÑOZ: Gracias, señor presidente.


Señor ministro, esta norma que usted nos presenta a convalidar hoy nos provoca dudas metafísicas. Yo comparto su argumentación, su exordio inicial relativo a la actitud absolutamente criticable y brutal consistente en la ilegalización de las organizaciones sindicales y políticas y la incautación de su patrimonio durante y tras la guerra civil, lo que pasa es que estas argumentaciones tan solemnes y tan bien articuladas por usted se pueden volver en su contra. Aquí se podría parafrasear esa conocida frase de las películas norteamericanas de serie negra: tenga cuidado, todo lo que usted pueda decir puede ser utilizado en su contra. La verdad es que cuando estamos hablando de un problema de esta envergadura, cuando estamos hablando de la reparación del patrimonio histórico incautado a las organizaciones sindicales y a los partidos políticos -un proceso que está avanzando no sin dificultades-, la fórmula elegida no es la más adecuada; el procedimiento legislativo elegido no es el más adecuado para afrontar un problema de esta profundidad, de esta nobleza y de esta dimensión político-histórica, y usted, honestamente, tiene que estar de acuerdo conmigo en esta argumentación. Estamos hablando de un real decreto-ley para afrontar un problema, el relativo a la devolución del patrimonio histórico incautado a las organizaciones sindicales tras la guerra civil, corrigiendo las disfunciones, las lagunas, las dislocaciones que provocó la norma originaria de 1986, que adolecía de problemas graves hasta el punto

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de que 50 diputados del Partido Popular y la totalidad del Grupo Parlamentario Vasco impugnaron esta norma ante el Tribunal Constitucional, con poca suerte. Y lo hicieron por entender que se vulneraba el principio de igualdad ante la ley y el contenido esencial del derecho a la libertad sindical que consagra el artículo 28 de la Constitución. Aquí hay dos problemas que nos provocan severos reparos, señor ministro, y que usted conoce porque se los hemos comentado ya. En primer lugar, el procedimiento legislativo utilizado. La figura del real decreto-ley está regulada por el artículo 86 de la Constitución y tiene dos requerimientos específicos ineludibles, uno de los cuales es la acreditación de la urgencia. En relación con la acreditación de la urgencia, señor ministro, yo he estado leyendo y releyendo la exposición de motivos y la parte dispositiva, el contenido material del real decreto-ley, y no se hace referencia alguna a las razones de urgencia que justifican la aprobación de un real decreto-ley, pero es que tampoco usted, en su exposición verbal de presentación de este real decreto-ley, ha dado ningún argumento que justifique las razones de urgencia que exige una presentación tan perentoria para resolver un problema de esta dimensión, de esta profundidad, de esta envergadura y de este calado político.


En segundo lugar, el artículo 86 de la Constitución, a la hora de utilizar la figura del real decreto-ley, exige que no se alteren, se afecten o relativicen todos los derechos previstos en el título I de la Constitución. Aquí es posible que estemos aproximándonos peligrosamente a la vulneración de la libertad sindical o del derecho de libertad sindical o del principio de libertad sindical, que consagra a su vez el artículo 28 de la Constitución, como usted sabe, que sí está ubicado sistemáticamente en el título I de la Constitución. ¿Por qué? Porque, como usted sabe también, señor ministro -no le voy a dar lecciones sobre esta materia-, el Tribunal Constitucional en prolija jurisprudencia, y particularmente en una lúcida sentencia de 8 de abril de 1981, establece cómo se debe concebir o cómo se debe entender el contenido esencial de todo derecho constitucional. Lo hace de la siguiente manera, mediante una expresión que me parece, repito, particularmente lúcida: El contenido esencial de todo derecho constitucional lo constituyen aquellas posibilidades y facultades de actuación que permiten reconocer ese derecho como pertinente al tipo abstracto definido por la Constitución, en este caso en el artículo 28.


En materia de libertad sindical, el Tribunal Constitucional en numerosas sentencias, en ya prolija jurisprudencia, se ha preocupado de indicar que la actuación de los poderes públicos en relación con la actuación de los sindicatos tiene que garantizar la libertad de los mismos, la libertad funcional, la libertad de actuación, que tiene que posibilitar dos derechos, uno de signo positivo y otro de signo negativo, la posibilidad de afiliarse libremente o de no afiliarse a ningún sindicato y, sobre todo, el tratamiento institucional desde las instituciones a los sindicatos tiene que ser particularmente neutro o enfáticamente neutro, mejor dicho. Esto se hará de forma que no pueda haber ningún tipo de privilegio, ni de naturaleza económica ni de naturaleza normativa ni de cualquier naturaleza, que coloque en una posición de ventaja a una organización sindical con relación a otra cuando normalmente concurren en las elecciones sindicales para buscar espacios sindicales que a su vez les proporcionan una situación de privilegio, que es la que deriva del concepto de la noción de mayor representatividad sindical con todas las consecuencias, las facultades ultra vires, que de la ostentación de esa facultad derivan. Desde esa perspectiva, leyendo el contenido del real decreto-ley, pero también leyendo la memoria económica que le acompaña (ya le reconozco que la memoria económica no forma parte del cuerpo normativo de la norma, pero sí puede darnos pistas sobre cómo va a ser ejecutada gubernativamente la disposición que en este momento estamos en trance de convalidar), nos da la impresión de que se trata de una norma intuitus personae, una norma destinada específicamente a determinada organización o a determinada organización y marginal y accesoriamente a otra. Aunque la memoria económica no forma parte del contenido de la norma, señor ministro, nos produce particulares prevenciones porque la norma económica da pistas sobre cómo la Administración, por lo menos en los primeros tiempos de aplicación del real decreto-ley, piensa comprometerse presupuestariamente en la aplicación, en la ejecución de este real decreto. Desde esa perspectiva, cuando estamos hablando de la recuperación de la memoria histórica, de la reparación de los bienes incautados a las organizaciones sindicales, a los partidos políticos, estamos en una situación en la que no terminamos de comprender correctamente la ubicación de este particular real decreto.


Nosotros, para recuperar los bienes que fueron incautados al Partido Nacionalista Vasco, señor ministro, hemos tenido que recurrir a la jurisdicción contencioso-administrativa, impugnando en esta vía jurisdiccional los actos administrativos de incautación de nuestros bienes. Sin embargo, otras organizaciones encuentran, a través de fórmulas legislativas peculiares como esta, una gran facilidad para recuperar su patrimonio mediante elementos de flexibilización de los elementos de acreditación de su titularidad. Como esta norma incorpora elementos de legitimación que posibilitan acreditar que personas jurídicas, cooperativas, mutualidades u otras tenían un vínculo, que permiten acreditar que estas organizaciones o estas cooperativas, estas mutualidades, estas personas jurídicas estaban vinculadas a la organización sindical, por vía de esa ampliación de los elementos de legitimación para la recuperación del patrimonio sindical, se podrá hacer. Esto no sería malo si no estuviera tan encorsetado por la memoria económica que acompaña a este real decreto-ley que se va a convalidar en la actualidad.


Por tanto, señor ministro, esto nos sume en un mar de dudas; no sabemos muy bien qué hacer, porque si bien no nos parece mal que se flexibilicen los elementos de acreditación de la titularidad de los bienes incautados mediante la utilización de locuciones como personas

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jurídicas titulares de bienes que manifiestamente pertenecían a determinado partido u organización sindical, o cooperativas que manifiestamente estaban vinculadas a determinado partido u organización sindical -en este caso, organización sindical-, o determinadas mutualidades que manifiestamente estaban vinculadas a determinada organización sindical, otros sindicatos históricos también tendrían derecho o legitimidad para solicitar la incautación, mediante esta ampliación de los elementos de flexibilidad, del patrimonio que les fue incautado, y esto no es bueno. En este sentido, le haría una doble sugerencia. En primer lugar, deberíamos haber trabajado en paralelo con relación al patrimonio incautado a los partidos políticos y a los sindicatos. Son situaciones anómalas que requerían un tratamiento simultáneo. Y en segundo lugar, este es un problema de una gran profundidad política, es un problema pendiente de regeneración democrática, de recuperación de la memoria histórica. Desde la perspectiva de nuestro grupo, en este punto incardinamos este tipo de cuestiones y la fórmula de un real decreto-ley cuya memoria económica acredita que es un real decreto-ley casi intuitus personae, destinado a solucionar determinado problema específico de determinada organización, no nos parece la mejor forma de afrontar un problema de esta envergadura.


Señor presidente, desde ese punto de vista y estando en una situación que casi raya en la esquizofrenia política y jurídica, le adelantamos ya la posición de nuestro grupo, que va a consistir en una doble abstención: Una abstención con relación a la convalidación del real decreto-ley y una abstención también con relación a su eventual tramitación como proyecto de ley.


Muchas gracias, señor presidente.


El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Olabarría.


Por Esquerra Republicana tiene la palabra el señor Tardá.


El señor TARDÁ I COMA: Señor presidente, señorías, seré breve y conciso porque no quisiéramos dar pie a ningún tipo de manipulación que pudiera resultar contraproducente para el sindicalismo de clase, su crecimiento y su arraigo social.


Vamos a votar a favor de la convalidación del Real Decreto-ley 13/2005, de 28 de octubre, por el que se modifica la Ley 4/1986, de cesión de bienes del patrimonio sindical acumulado; no podemos ni debemos actuar de otra manera. El patrimonio sindical fue robado, incautado por los fascistas a sus legítimos propietarios y debe ser restituido; no hay lugar para la duda. Es más, lo lamentable es que todavía tengamos que estar hablando de ello en el año 2005. Quizás ayer muchos de ustedes estuvieron celebrando los 30 años de monarquía posfranquista, pero la vergüenza es que todavía hoy tengamos que estar discutiendo aquí y ahora sobre cómo restituir lo robado por aquellos que se levantaron contra la legalidad constitucional republicana. (El señor Aragonés Mendiguchía: ¡Olé!)

Todo llega tarde y mal. Primero fue la Ley de 1986, que no resolvió nada, y ahora en el año 2005, pretende hacerse a través de un real decreto-ley.
Nosotros no entendemos demasiado bien la necesidad de esta urgencia que ha creado tensiones entre las centrales sindicales, y se lo puedo decir como miembro de Esquerra Republicana. Ustedes saben que en nuestro partido los independentistas y republicanos catalanes militan en diversos sindicatos, algunos incluso de ámbito español como Comisiones Obreras y UGT, y otros de carácter estrictamente nacional catalán. Ciertamente ha habido tensiones y lo lamentamos; es más, creo que nos han hecho un mal favor. Aun así, lo más importante es que compartimos con aquellas centrales sindicales susceptibles de recibir bienes incautados, muebles e inmuebles, la legitimidad de la reclamación. Es más, los republicanos catalanes nos atribuimos parte del resultado del combate ideológico y político llevado a cabo durante los últimos 25 años para que en ningún momento pudiera prevalecer o ganar posición cualquier idea o argumento que tendiera a olvidar o tergiversar los derechos que, en este caso concreto, los sindicatos, como víctimas de la dictadura, tienen derecho a gozar. Esta modificación legislativa debe permitir restituir los bienes incautados a los sindicatos, directamente o a través de otro tipo de entidades, como mutualidades, cooperativas, etcétera, articuladas de una forma u otra a ellos; entidades que, como ha fallado el Tribunal Supremo, pertenecen al ámbito sindical, en relación y competencia con el ámbito estricto de los partidos políticos.


Bienvenida, pues, la modificación legislativa, aun cuando entendemos que debería haberse procedido de otra forma, en concreto mediante un proyecto de ley, en aras de una mayor claridad y transparencia y asumiendo un papel pedagógico ante la sociedad, puesto que nada tenemos que esconder y sí mucho que educar a la sociedad. Por eso debería haberse tomado como ejemplo de transparencia, en consonancia con la madurez de nuestra sociedad, para que de una forma solemne, con claridad y con contundencia se repararan los males del fascismo, en este caso para con las organizaciones sindicales. Por ello, nosotros no emitiremos nunca, ni por asomo, ninguna opinión desde esta tribuna que sirva para deteriorar el prestigio del sindicalismo de clase o pudiera ser utilizado para afianzar argumentos que persiguen equiparar organización sindical a apéndice gubernamental o del aparato estatal en beneficio de la no afiliación o de la pérdida de preeminencia de los sindicatos como forma fundamental de organización obrera. Por eso, obviamos los avatares económicos de una u otra central sindical como pretextos de la razón de ser de este real decreto. Ello es secundario, lo prioritario es la razón, la justicia de la reparación de unos bienes incautados. Si el patrimonio sindical incautado hubiese sido restituido en su momento, tal como se requería, quizás algunos no hubieran tenido que recurrir a según qué tipo de operaciones crediticias para avanzar en el arraigo del sindicalismo en la sociedad actual. Pero ello no nos incumbe, lo que hay que llevar a cabo es la culminación del proceso

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de restitución de los bienes. Ahora bien, hubiéramos preferido, tal como he dicho, luz y taquígrafos, es decir, un proyecto de ley.


Por todo ello, vamos a solicitar que este real decreto que convalidamos sea tramitado mediante un proyecto de ley, por muchas razones. Sin duda, para que, sin entorpecer su ejecución, pueda ofrecerse un marco de debate y enmienda a la vista de la necesidad, probable, de incorporar, dotándonos de más tiempo, otras variables y otras casuísticas. Entendemos que la fecha del 31 de enero permite poco tiempo. Pero existe para nosotros una razón de mayor peso: la transparencia. A nadie se le escapa que esta es la legislatura que deberá poner las cosas en su sitio respecto a los déficits que arrastramos desde el año 1977 en cuanto a todo lo relacionado con lo que hemos convenido en llamar memoria histórica. No es casual que distintos grupos parlamentarios hayamos registrado en la Cámara proyectos de ley encaminados a la modificación de la Ley 43/1998, de restitución o compensación a los partidos políticos de bienes y derechos incautados en aplicación de la normativa sobre responsabilidades políticas del periodo 1936-1939. ¿Con qué finalidad? Justamente para hacer posible lo mismo que ha de permitir este real decreto que hoy se pretende convalidar, para hacer justicia, para restituir lo que nos robaron a los partidos políticos democráticos. ¿Se le ha ocurrido al Gobierno, que es apoyado por un grupo político que también sufrió miles de incautaciones, aprobar un real decreto ad hoc? No les quepa la menor duda de que nuestro grupo político, que se halla entre los más interesados en recibir lo que nos incautaron, no ha creído necesario presionar a favor de un real decreto. ¿Por qué tenemos que colarnos por la puerta de atrás? No hay ninguna razón. ¿Por qué no aprovechar el proyecto de ley para clarificar ante la sociedad qué es lo que ocurrió y por qué? Es más, en caso de que hoy no se llegara a aprobar el trámite legislativo que vamos a solicitar estaríamos saboteando, a nuestro parecer, lo que debemos afrontar próximamente y respecto a los partidos políticos. En cambio, si se actúa de forma más o menos coincidente, más allá de resolver cuestiones técnicas que no son baladíes, como por ejemplo qué ocurriría ante una reclamación sindical aceptada que posteriormente fuese reclamada por un partido político al entender que este inmueble, por ejemplo, debería haber sido adjudicado a él, una acción paralela, decía, permitiría una mayor capacidad de resolución.


Existe además otra razón que nos lleva a votar la convalidación y a la vez la demanda de solicitud de proceder a su tramitación como proyecto de ley. Me refiero al proyecto de ley de nuestro grupo parlamentario que también ha sido presentado por el Grupo Parlamentario de Izquierda Verde-Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya Verds, registrado en esta Cámara, que el presidente Rodríguez Zapatero también se comprometió en esta Cámara desde esta tribuna a presentar. Nos referimos a la ley de la memoria republicana y antifascista. En este proyecto de ley existen diversos capítulos, al menos en nuestro proyecto, que, más allá de reivindicar la condición jurídica de víctimas a todas las personas que sufrieron la dictadura, invoca la necesidad de restituir bienes inmuebles, muebles o monetarios. No se les escapa a ustedes que el proyecto de ley del Gobierno deberá asumir estas demandas.


Después de un año de trabajo ininterrumpido de la comisión interministerial estamos convencidos de que el resultado del proyecto de ley que deberá llevar el Gobierno incluso puede mejorar nuestras demandas, o así debería ser. Entendemos, pues, que sería poco creíble no asumir una demanda conjunta de las tres acciones, de las tres iniciativas: por un lado, la restitución de los bienes incautados a los sindicatos; en segundo lugar, la demanda...


El señor PRESIDENTE: Señor Tardá, debería ir concluyendo, por favor.


El señor TARDÁ I COMA: Decía que, en segundo lugar, actuar a favor de la restitución de los bienes muebles e inmuebles incautados a los partidos políticos, y finalmente, restituir todos los bienes, muebles e inmuebles, a todas las víctimas de la dictadura, entendiendo, pues, que más allá de los sindicatos, más allá de los partidos políticos, existen centenares de colectivos que vieron incautados sus bienes, repito, muebles e inmuebles, por la dictadura. Se trata, pues, de actuar conjuntamente y de forma paralela. Por todo ello anunciamos que votaremos a favor de la convalidación del real decreto y que pedimos su tramitación como proyecto de ley.


Muchas gracias.


El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Tardá.


Por el Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió) tiene la palabra el señor Campuzano.


El señor CAMPUZANO I CANADÉS: Gracias, señor presidente.


Señor ministro, como puede usted deducir del debate que se está produciendo esta mañana, ha trasladado al conjunto de los grupos de la Cámara una enorme sensación de incomodidad por lo muy mal que ustedes han tramitado todo este proceso. Ustedes hoy buscan el aval de esta Cámara a una decisión poco transparente, torpe y hecha en este momento social y político desde una enorme irresponsabilidad. Torpeza, falta de transparencia y escasísima responsabilidad en un elemento central en nuestra vida colectiva, en nuestra vida política, como es todo aquello relacionado con el diálogo social, con el papel y la representación de las organizaciones sindicales, en las que todos coincidimos en entender que son instrumentos fundamentales en la construcción del Estado social y de derecho. Enorme torpeza, falta de transparencia y poca responsabilidad en un momento en el que, estando abiertos todos los frentes del diálogo social -la reforma laboral, la reforma de la Seguridad Social, la puesta en marcha de la atención a la dependencia, etcétera-, ustedes introducen elementos de

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grave tensión con el conjunto de las organizaciones sindicales del Estado español, y especialmente con aquellas que tienen un papel fundamental en todos estos procesos abiertos. Torpeza, falta de transparencia y poca responsabilidad cuando resuelven aquello que toca a un sindicato histórico, pero son incapaces de haber mantenido durante un año y medio con otro sindicato fundado en 1911 en el País Vasco y que también tiene derechos legítimos a reclamar la devolución de su patrimonio histórico incautado por el franquismo después de la guerra. Torpeza, falta de transparencia y poca responsabilidad a pocos meses de la celebración de la fase final de las próximas elecciones sindicales, que precisamente crean un clima de especial sensibilidad por parte de todos los sindicatos en estas cuestiones por las repercusiones económicas que este decreto-ley va a tener en el juego legítimo entre estas fuerzas. Torpeza, falta de transparencia y poca responsabilidad por aquellos aspectos que se mueven entre la estética y la ética que envuelven a esta cuestión, que flotan en el aire y han estado presentes en los medios de comunicación. Y finalmente, torpeza, falta de transparencia y poca responsabilidad en la utilización del mecanismo excepcional del real decreto-ley, pensado no estrictamente para supuestos como el que hoy usted nos plantea.


Hechas estas consideraciones, es evidente que mi grupo no puede pretender bloquear con su voto la resolución de un problema legítimo que vienen planteando los sindicatos que durante la etapa republicana eran legales, estaban vigentes y representaban a los trabajadores del Estado español.
Esas legítimas aspiraciones de devolución de ese patrimonio sindical incautado durante la guerra y después de la misma deben encontrar cauce para volver a sus legítimos propietarios. Si la Ley de 1986 impedía que esa devolución se produjese con efectividad, era necesario abordar la modificación de la misma. Mi grupo en este sentido no discute el legítimo derecho de la UGT y de la CNT de haber recuperado su patrimonio histórico sindical. Por tanto, no queremos con nuestro voto bloquear y no hacer posible esa devolución. Pero sí le planteamos y le exigimos al señor ministro un compromiso hoy en esta Cámara, que a esa incomodidad que ha generado en el conjunto de los grupos de la Cámara le encuentre solución y salida. Para corregir esa torpeza, para permitir una efectiva devolución equitativa de todo el patrimonio sindical incautado después de la guerra civil y para corregir las posibles inseguridades jurídicas que se nos generen, le pedimos un compromiso claro, inequívoco del Gobierno, del señor ministro en este debate. Compromiso, además, que debería de concretarse con fechas, si quiere que el Gobierno encuentre nuestro apoyo en esta tramitación. Si no es así, mi grupo no podrá participar de esa iniciativa en los términos que ha impulsado el Gobierno, eso sí, manteniendo nuestro voto favorable a la convalidación del mismo real decreto precisamente para no entorpecer esa devolución de los bienes que en su día fueron incautados a la UGT, a la CNT y al conjunto de los sindicatos históricos.


Señor ministro, la pelota está en su tejado. Mi grupo espera que responda en justa correspondencia.


Muchas gracias.


El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Campuzano.


Grupo Socialista, señor Membrado.


El señor MEMBRADO GINER: Señor presidente, señorías, nunca habría creído necesario tener que intervenir en este debate para defender las posiciones del Gobierno, porque nunca pensé que hubiese nadie que se opusiese de una forma tan radical a un decreto cuya tramitación es de estricta justicia, según estimo yo y mi grupo también. No hay razones para pensar, como decía anteriormente el señor Pujalte, que estamos asistiendo a un proceso oscurantista, que produce favoritismo a una organización sindical, que conculca la seguridad jurídica de su tramitación y que condona implícitamente un crédito a una organización sindical. No estamos asistiendo a eso; si no, nos tendría que explicar el Grupo Popular a qué estábamos asistiendo en los años 1999, 2001 y 2002 cuando, con un procedimiento absolutamente normalizado y con menos claridad que lo que estamos haciendo hoy aquí, se produjo una condonación de 39 inmuebles a una organización sindical. No estamos, por tanto, asistiendo a aun proceso oscurantista, ni a un proceso de favoritismo; con la convalidación de este real decreto estamos procediendo, señorías, es la reparación de una más de las numerosas injusticias que la guerra civil ocasionó en nuestro país.


Señorías, al debatir hoy este real decreto, estamos hablando de recuperar una parte de nuestra memoria histórica, con las incomodidades que esto produce y que todos estamos conociendo, pero con la seguridad de que la devolución del patrimonio sindical es un acto de justicia democrática difícil de eludir. Hablar de restituir el patrimonio histórico de las organizaciones sindicales, que sufrieron la incautación de todos sus bienes por el Decreto del 13 de septiembre de 1936 y por la Ley de Responsabilidad Política del 9 de febrero de 1939, es recuperar una deuda y, lo más importante, recuperar una parte de nuestra historia, una parte de la historia del primer tercio del siglo xx. Señorías, hoy estamos hablando, y conociendo en parte, que además de represión, de odio y de muertes, la dictadura trajo también consigo expolios, saqueos, incautaciones y robo de patrimonio y de inmuebles. Por eso estamos recuperando una parte importante de la memoria histórica de nuestro país.
Señorías, ustedes saben tan bien como yo que los pueblos que no tienen historia, que no sienten la historia como algo propio, son pueblos condenados al empobrecimiento. También estamos hablando de restituir un valor fundamental de la democracia, como es el respeto y la consideración hacia aquellos que, en la defensa de su legitimidad, sufrieron persecución y destierro, aquellos que lo dieron todo por la vía democrática. Hoy nadie puede dudar de las decenas de sindicatos y organizaciones obreras que fueron masacradas, expoliadas, como consecuencia de su compromiso democrático; sindicatos

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y organizaciones que a día de hoy tienen dificultades para recuperar lo que les fue robado.


La Ley 4/1986, del 8 de enero, sobre Patrimonio Sindical Acumulado, permitió compensar a las organizaciones sindicales que acreditaron propiedades incautadas, tal y como recoge su exposición de motivos. Su intención, su espíritu, amplio y claro, choca con las exigencias de acreditar las titularidades de los bienes y de los derechos de un patrimonio sindical histórico que pasó una guerra y una dictadura. Ha sido muy complicado recuperar ese patrimonio histórico a través de documentación y de memoria. Conforme se ha ido investigando y analizando la documentación bancaria de inmuebles o de archivos en diferentes fuentes, pueden documentarse nuevas propiedades perfectamente comprobables. Señorías, estén tranquilos, el Estado, el Gobierno, ni puede ni quiere acreditar aquello que no tenga el soporte documental adecuado. Para eso está la Abogacía del Estado y la intervención correspondiente. Ese es su papel y esperamos que lo cumpla estrictamente.
Fruto de todo ello y con la experiencia de la aplicación de la ley de 1986, se desarrolló por el Partido Popular la Ley de 1998, de restitución o compensación del patrimonio histórico incautado a los partidos políticos, que recoge en parte algunas sentencias del Tribunal Supremo sobre reclamaciones anteriores. Más tarde, en 1999, en 2001 y en 2002, el Gobierno del Partido Popular restituyó a UGT 39 inmuebles, pero quedan pendientes otros cientos de ellos, así como cuentas corrientes, depósitos financieros, muebles y enseres, además de patrimonio documental que por la propia restricción de la ley de 1986 resulta muy difícil resolver.


Señorías, el Tribunal Supremo en diferentes sentencias, hasta 14, ha creado jurisprudencia sobre la vinculación de las organizaciones sindicales Unión General de Trabajadores y CNT con las sociedades obreras, lo mismo que con las cooperativas, con las mutualidades de trabajadores, con las sociedades de socorro mutuo y otras de ámbito semejante. El Tribunal Supremo reconoce en 14 sentencias que estos organismos eran básicamente organizaciones y entidades de propiedad y creación sindical, con vinculación sindical de todas ellas. Como muy bien refleja una de las sentencias, en la época actual, en el siglo xxi, las organizaciones sindicales son diferentes a las de la época anterior a 1936. Entonces no había una malla de seguridad y de Estado de bienestar y las organizaciones sindicales respecto de sus afiliados funcionaban como elementos de apoyo y de complemento a temas de carácter sanitario, educativo o de mutualidades. Todo ello implicaba abundantes recursos patrimoniales. Por todo ello, señorías, este decreto que hoy debatimos modifica solo en tres aspectos la disposición adicional cuatro de 1986, en la definición o determinación de los bienes y su relación con los beneficiarios actuales de la restitución, dando prioridad a la idea de que se restituyan todos los bienes que pertenecían a las organizaciones sindicales históricas y a las entidades vinculadas a estos, bien sean de carácter cooperativo o de otro ámbito. Actualmente hay pendientes de resolver más de 4.000 expedientes documentados que afectan a propiedades y bienes de muy distinta naturaleza. Hoy solo estamos hablando de aquello que está documentado y que ha entrado en gran parte en los archivos del ministerio correspondiente y también la valoración de los bienes y derechos, actualizándolos aplicando como interés de demora el interés legal del dinero del año 1986, tema normalizado de forma más que suficiente, y en los plazos de presentación de solicitudes.


No podemos tener abierta una ley 20 años más. En el mes de enero del próximo año se cumplen 20 años de la ley de 1986 y eso produce situaciones de inseguridad y problemas derivados de la adecuación de las sentencias del Tribunal Supremo. Desde el Grupo Parlamentario Socialista consideramos que la modificación de la norma de 1986 es imprescindible, tanto para garantizar la ejecución del patrimonio, como para hacer en este caso una restitución justa. Al mismo tiempo consideramos también que el procedimiento tiene que hacerse por decreto-ley, porque ni la actual regulación ni la incertidumbre ni la inseguridad se pueden mantener por más tiempo. Hay otra razón de carácter estrictamente objetivo que muchos de ustedes han estado esgrimiendo hoy. Igual que se plantearon problemas en los debates de 1985 y 1986, y por ello se recurrió al Constitucional la ley de 1986, esta ley plantea problemas de interpretación, plantea zozobra e inquietud.


El señor PRESIDENTE: Señor Membrado, vaya concluyendo, por favor.


El señor MEMBRADO GINER: Cuanto antes se resuelva este tema, mucho mejor.


Señorías, el fundamento de este real decreto es hacer justicia con las organizaciones sindicales, castigadas y maltratadas por la dictadura, recuperar una parte importante de la memoria histórica de este país y ser consecuentes como demócratas ante una injusticia como esta. Lo hacemos después de casi 20 años, cuando un Gobierno socialista aprobó la primera ley sobre el patrimonio sindical. Pues bien, me cabe el orgullo de poder decir que con otro Gobierno socialista se ponen las bases para cerrar este capítulo que nunca debió abrirse.


Muchas gracias. (Un señor diputado: ¡Muy bien!-Aplausos.)

El señor PRESIDENTE: ¿Desea intervenir el ministro? (Pausa.)

Adelante.


El señor MINISTRO DE TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES (Caldera Sánchez-Capitán): Gracias, señor presidente.


Sin ningún ánimo de reabrir el debate, solo quiero agradecer a los grupos parlamentarios sus posiciones, especialmente a quienes apoyan la convalidación del decreto-ley, pero también a quienes discrepan, con cuya

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discrepancia por supuesto no concuerdo, aunque respeto. Quiero agradecer a todos sus aportaciones.


Se me han hecho dos peticiones concretas que respondo en menos de un minuto, señorías. La primera de la representante del Grupo Mixto, la señora Barkos, que planteaba la posibilidad de que en nombre del Gobierno me comprometiera a una convocatoria de la Comisión consultiva nacional de patrimonio sindical acumulado. Así será. Quiero decirle que ya estaba en mis previsiones. He hablado con las organizaciones sindicales y así será para dar cauce y solución a otros problemas que existen con el patrimonio sindical acumulado.


Quiero dejar claro que la norma que hoy discutimos afecta al patrimonio histórico, y también hay otras organizaciones sindicales, además de las citadas, que deben recuperar su patrimonio histórico. Me he comprometido con todas ellas a resolver su situación. Por tanto, este no es un decreto-ley hecho a la medida de un solo sindicato, hay varios sindicatos afectados con los cuales me comprometo en el plazo de un año a resolver todos sus problemas e igualmente, porque está en la voluntad de este Gobierno, a convocar la Comisión consultiva nacional de patrimonio sindical acumulado y a dar cauce a todas las legítimas reivindicaciones de los actuales sindicatos en España. El Gobierno quiere resolverlo y se compromete ante todos ustedes a hacerlo en el plazo de un año.


Muchas gracias. (Aplausos.)

Perdón, se me han hecho dos peticiones, una de la representante del Grupo Mixto y otra del representante de Convergència i Unió. He respondido a ambas, aunque he olvidado citar al final la petición de Convergència i Unió, a la que por supuesto me comprometo.


PRÓRROGA DE PLAZO.


El señor PRESIDENTE: Señorías, antes de proceder a las votaciones, dos avisos. En primer lugar, de conformidad con el acuerdo adoptado por la Mesa de la Cámara, oída la Junta de Portavoces, esta Presidencia somete al Pleno la prórroga del plazo otorgado a la subcomisión para el análisis de las medidas a proponer al Gobierno en relación a los procesos de deslocalización y para estimular las mejoras de la competitividad de la economía, constituida en el seno de la Comisión de Industria, Turismo y Comercio, para rendir informe por un plazo de seis meses. ¿Lo acuerda así la Cámara? (Asentimiento.)

Queda aprobada la prórroga del citado plazo.


Segundo aviso. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 131.2 del Reglamento, comunico a la Cámara que la votación relativa al carácter orgánico del proyecto de ley orgánica, por el que se autoriza la ratificación por España del Tratado de Adhesión a la Unión Europea de la República de Bulgaria y de la República de Rumanía, no tendrá lugar antes de las doce horas.


CONVALIDACIÓN O DEROGACIÓN DE REALES DECRETOS-LEYES:

- REAL DECRETO-LEY 13/2005, DE 28 DE OCTUBRE, POR EL QUE SE MODIFICA LA LEY 4/1986, DE 8 DE ENERO, DE CESIÓN DE BIENES DEL PATRIMONIO SINDICAL ACUMULADO. (VOTACIÓN.)

El señor PRESIDENTE: Vamos a votar el Real Decreto-ley 13/2005, de 28 de octubre, por el que se modifica la Ley 4/1986, de 8 de enero, de cesión de bienes del patrimonio sindical acumulado.


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 318; a favor, 173; en contra, 134; abstenciones, 11.


El señor PRESIDENTE: Queda convalidado el real decreto-ley. (La señora Pigem Palmés pide la palabra.)

¿Señora Pigem?

La señora PIGEM PALMÉS: Señor presidente, quiero señalar que ha habido un error en la votación porque estaba sentada en otro escaño, que he apretado sin darme cuenta, y luego he vuelto a votar desde mi escaño.
Aquí se ha producido una abstención. Quiero señalar que es un error porque el diputado Xuclà no está.


El señor PRESIDENTE: Le agradezco que lo señale así. Creo que la votación está clara y la señora Pigem admite que ha cometido un error. Le agradezco su honestidad. Así se corregirá.


Algunos grupos parlamentarios han manifestado su posición favorable a que se tramite el real decreto-ley como proyecto de ley. Por tanto, vamos a votarlo.


Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 318; a favor, 144; en contra, 161; abstenciones, 13.


El señor PRESIDENTE: Queda rechazada la tramitación como proyecto de ley del real decreto-ley convalidado.(Aplausos.)

DEBATES DE TOTALIDAD DE INICIATIVAS LEGISLATIVAS:

-PROPOSICIÓN DE LEY DEL SENADO, RELATIVA A LA MODIFICACIÓN DEL REAL DECRETO LEGISLATIVO 1/1994, DE 20 DE JULIO, POR EL QUE SE APRUEBA EL TEXTO REFUNDIDO DE LA LEY GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL. (Número de expediente 124/000013.)

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El señor PRESIDENTE: Punto VII del orden del día: Debates de totalidad de iniciativas legislativas. Proposición de ley del Senado, relativa a la modificación del Real Decreto Legislativo 17/1994, de 20 de julio, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley General de la Seguridad Social.


Existe una enmienda a la totalidad presentada por el Grupo Socialista.


Para un turno a favor de la enmienda, Señora López i Chamosa. (La señora vicepresidenta, Chacón i Piqueras, ocupa la Presidencia.-Rumores.)

La señora VICEPRESIDENTA (Chacón i Piqueras): Silencio, señorías, por favor.


Señora López i Chamosa, vamos a intentarlo.


La señora LÓPEZ I CHAMOSA: Gracias, señora presidenta.


Señorías, paso a defender la enmienda de totalidad a la proposición de ley del Senado, relativa a la modificación del Real Decreto Legislativo 1/1994, de 20 de junio, referido a la Ley de la Seguridad Social.
Señorías, la modificación que se nos plantea propone una modificación -valga la redundancia- del periodo de carencia necesario para tener acceso a los permisos de maternidad. La iniciativa plantea pasar de los 180 días necesarios en la actualidad a 90 días. Es decir, en estos momentos, para acceder al permiso de maternidad se requieren 180 días de cotización a la Seguridad Social en los cinco años inmediatamente anteriores al hecho causante. Estamos hablando de seis meses dentro de un período de cinco años y lo que nos propone la iniciativa es pasar a 90 días. Seguramente muchos de ustedes estarán pensando que la propuesta no está mal porque supone reducir a la mitad el periodo necesario, pero señorías, les propongo hacer una reflexión conjunta de lo que supone esta iniciativa. Hablamos de derechos necesariamente causados por las cotizaciones en un sistema público, la Seguridad Social... (Rumores.)

La señora VICEPRESIDENTA (Chacón i Piqueras): Disculpe, señoría, paro el tiempo. Señorías, por favor, hay una persona intentando ejercer su turno de portavoz en defensa de esta enmienda. Les ruego que guarden silencio.


Adelante.


La señora LÓPEZ I CHAMOSA: Hablamos de un periodo de 180 días, señorías, seis meses. Fíjense, para acceder a una pensión de orfandad hacen falta 500 días y, para un permiso de maternidad, 180 días, y ahora nos proponen que sean 90 días. Yo incluso me preguntaría por qué 90 días, por qué tres meses. La exposición de motivos de la iniciativa nos dice que una de las causas de esta modificación es para que las personas que trabajan a tiempo parcial o en contratos de otra naturaleza no sufran ninguna discriminación. Pues bien, señorías -aunque seguramente ustedes ya lo saben-, el artículo 11 del Estatuto de los Trabajadores y el Real Decreto 488/1998, de 27 de marzo, ya establecen el derecho al permiso por maternidad, con la misma extensión que lo tiene cualquier trabajador con contrato fijo, para todas aquellas personas que tengan otro tipo de contrato. Por lo tanto, no existe esa discriminación. De lo que estamos hablando pura y duramente es de reducir el tiempo necesario para acceder a una prestación determinada.


Mi grupo yo y podríamos estar de acuerdo en tener ese debate, pero todos los grupos parlamentarios presumimos y hablamos de las excelencias de lo que significó para el afianzamiento de nuestro sistema el Pacto de Toledo, y en una de sus recomendaciones, la décima, se habla de la contributividad del sistema. Señorías, esta proposición afecta a la contributividad del sistema porque hablamos de reducir a la mitad un periodo ya bastante reducido como es el de 180 días. Además, en la última revisión aprobada en esta Cámara por la totalidad de los grupos, con la única abstención positiva del Grupo de Izquierda Unida, se dice que aquello que nosotros recomendamos desde aquí se negocie con los agentes sociales. A partir de junio del año pasado se llega a un acuerdo con los agentes sociales para abrir mesas de negociación, entre ellas la Mesa de la reforma de la Seguridad Social. Es más, recientemente, este mismo mes, el Gobierno ha entregado una propuesta de reforma del sistema de Seguridad Social a los agentes sociales, es decir, las negociaciones están avanzadas y seguro que en el siguiente periodo de sesiones vendrán a esta Cámara propuestas de reforma. Sin embargo, recibimos aquí una propuesta del Grupo Popular procedente del Senado para modificar un precepto muy concreto del sistema. Señorías, por coherencia deberíamos decir que se está negociando y que las posibilidades de acuerdo no están tan lejos. Esperemos y, si hemos de hablar de esta reducción, hagámoslo dentro de la reforma que ha de venir en el próximo periodo de sesiones porque, si no, señorías, los agentes sociales también nos pueden plantear que solo les llamamos cuando hemos de introducir reformas que afectan negativamente a las prestaciones, pero que, cuando hemos de mejorar el sistema en algunos apartados, lo hacemos aquí y les dejamos a ellos lo otro.


Señorías, hemos de ser coherentes, dejarlos dentro de esa reforma y que los agentes sociales negocien. Sé que algún grupo me va a decir que llevan más de un año negociando y no se han puesto de acuerdo, y es verdad. Pero es que nosotros necesitamos en esta Cámara 3 años para ponernos de acuerdo en la revisión de las recomendaciones del Pacto de Toledo. Si necesitamos 3 años para ponernos de acuerdo, no es excesivo que los agentes sociales necesiten un año y medio, o más o menos. Repito, no es que mi grupo esté frontalmente en contra de esta proposición, podemos hablar de ella. Pero, ¿por qué han de ser 90 y no 100 días? En lo que no estamos de acuerdo es en que se haga en este momento. Hagámoslo en el período de sesiones próximo cuando entre en esta Cámara la reforma de la jubilación y de otras

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materias de Seguridad Social porque es mejor hacerlo todo en un conjunto.


Soy de las que pienso que hay dos formas de acabar con el Estado del bienestar. Hay dos formas de debilitarlo: una, no poniendo medios, no dando dinero para desarrollar las prestaciones y, otra, generalizando totalmente las prestaciones. Si las generalizamos con una amplia cobertura y sin exigir una serie de requisitos le estamos haciendo tanto daño como si no pusiéramos los medios para desarrollarlo. Soy también de las firmes convencidas de que si hay algo en este país que funciona perfectamente, que tiene futuro, es viable y ha significado lo más fundamental para dar cohesión a este país y a esta sociedad es la Seguridad Social. Asimismo, soy de las que pienso que mis nietos y biznietos cobrarán del sistema público de pensiones. Precisamente porque tenemos ese convencimiento, cuando modificamos la Seguridad Social lo hemos de hacer pensando en hoy, pero también en el mañana y haciendo un sistema viable donde la contributividad sea proporcionada a las prestaciones y a las necesidades. Señorías, 180 días, repito, no son excesivos. ¿Se puede hablar? ¡Claro que se puede hablar! No han de ser 90 días, a lo mejor han de ser 150 ó 100, pero acordémoslo con ese conjunto de medidas que debemos adoptar. Los agentes sociales están en un momento de avance de la negociación y estamos hablando de no debatirlo en estos momentos sino dentro de tres meses. Por todo ello, les pido el voto a favor de esta enmienda a la totalidad de devolución y les propongo trasladar el debate al momento en el que el Gobierno envíe a esta Cámara la reforma de la Seguridad Social. Con eso estaremos garantizando, por un lado, el desarrollo del Pacto de Toledo que todos hemos votado, estaremos contribuyendo a desarrollar y fortalecer un sistema público como el de la Seguridad Social, que es uno de los valores de esta sociedad, y estaremos dando respuesta -porque no les digo no, sino en otro momento- a estas reformas que se plantean en todos los aspectos de nuestra vida.


Muchas gracias, señorías. Gracias, señora presidenta. (Aplausos.)

La señora VICEPRESIDENTA (Chacón i Piqueras): Gracias a usted, señora López i Chamosa.


¿Algún grupo desea ejercer turno en contra? (Pausa.)

Adelante, señora Martín.


La señora MARTÍN MENDIZÁBAL: Señorías, subo a esta tribuna en nombre del Grupo Popular a esta tribuna para ejercer un turno en contra de la enmienda a la totalidad, como bien ha dicho la portavoz del Grupo Socialista, a una proposición de ley aprobada en el Senado, presentada en esa Cámara por el Grupo Popular y apoyada por el Grupo Catalán (Convergència i Unió). Es una iniciativa en línea con la actuación del Grupo Popular en el Gobierno y en la oposición. El Gobierno del Partido Popular, cumpliendo el Pacto de Toledo firmado por todos los grupos, como también se ha dicho salvo Izquierda Unida, saneó económicamente el sistema e incrementó mejoras en las prestaciones, mejoras al ampliar la protección social a contratos que no la tenían, al facilitar el acceso a las prestaciones, en materia de maternidad permitiendo el disfrute a tiempo parcial del permiso de maternidad, permitiendo que el padre disfrute de diez semanas en lugar de dos, incluyendo dentro de la maternidad no solo a la maternidad biológica o a la adopción, sino también al acogimiento, etcétera. Pues bien, en esta misma línea va esta proposición de ley del Senado que consiste, como ya se ha explicado muy bien aquí, en reducir el periodo previo de cotización exigido para tener derecho a esta prestación, pasando de 180 a 90 días. Cuando hablamos de esta prestación hay que tener en cuenta que es un subsidio que se agota en sí mismo y que es de duración fija de unas semanas. Quiero decirles que no es una pensión, no hipoteca con su reconocimiento futuros incrementos ni endosa obligaciones añadidas al sistema. Es un subsidio que se abona cuando se suspende la relación laboral prevista en el Estatuto de los Trabajadores y cuando suspendida la relación laboral, se reúnen las condiciones de seguridad. Lo que quiero resaltar es que la suspensión de la relación laboral se produce por la maternidad. No dejemos sin prestación ni cobertura a muchas mujeres y ampliemos la posibilidad de que accedan más mujeres -u hombres, en caso de adopción- a esta prestación por maternidad reduciendo el periodo de cotización exigido.


El propio ministro de Trabajo y Asuntos Sociales estos días decía: En España hay 420.000 nacimientos al año, tenemos la tasa de natalidad más baja del mundo. Yo les digo, señores, estén a favor de esta iniciativa y retiren la enmienda a la totalidad. Esta proposición de ley es hacer política a favor de la familia, a favor de la natalidad, a favor de las mujeres que sabemos que cada vez se incorporan más tarde al mercado de trabajo. Aunque no es el tema que nos ocupa, debemos apuntarlo, un mercado de trabajo con una alta tasa de temporalidad situada en los mismos niveles que dejó el Partido Socialista en 1996, en el 34 por ciento; en 18 meses hemos subido 4 puntos. Esta proposición favorece la conciliación de la vida laboral y familiar. Hay que recordar, señorías, que en el año 1994 se deslinda el subsidio de maternidad del subsidio por incapacidad temporal. ¿Por qué? Porque no es una enfermedad y porque tiene motivaciones distintas. Por eso no podemos seguir con los mismos días de cotización exigidos para la incapacidad temporal -es decir, 180 días- porque no tienen el mismo origen ni la misma finalidad. Preguntaba la portavoz del Grupo Socialista por qué 90 días. De acuerdo, estamos dispuestos, pero no comprendemos por qué no 180 días. ¿Igual que en 1967, igual que una incapacidad temporal cuando todos sabemos que no es lo mismo?

Dice S.S. que podemos discutirlo, pero con el diálogo social no. Eso no es base suficiente y le voy a decir por qué. El diálogo social no puede ser una burbuja donde el Gobierno se mete y sale cuando le conviene. La mejor prueba de esto la tuvimos anteayer, cuando el propio ministro Caldera -de su partido- pregona la nueva

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prestación por paternidad y, según se desprende de los medios de comunicación, no parece que haya pasado por la mesa de diálogo social.
Por cierto, esa medida me ha dejado una seria duda porque en el mismo escrito se dicen dos cosas diferentes y no sé si lo que cuesta son 500 millones de euros al año o a la semana. Pero lo que no puede ser, y no se lo voy a consentir, dicho con todo cariño, es que le hable al Grupo Popular de diálogo; de diálogo social no nos va a dar lecciones al Grupo Popular, que en la primera legislatura firmó 12, 14 ó 15 acuerdos -no me acuerdo exactamente cuántos- con los agentes sociales. Por otra parte, no puede utilizar el diálogo social como burbuja para hurtar a los grupos políticos la presentación de propuestas de carácter social si son, como ésta, propuestas que no afectan a la sostenibilidad futura del sistema, mejoras en la protección social, pero que no afectan al futuro del sistema de Seguridad Social porque estamos hablando de un subsidio de tiempo fijo: semanas. Lo único que pasará es que habrá más mujeres que accedan a ese subsidio. Además -y SS.SS. lo saben-, el Grupo Popular ha sido, es y será responsable y prudente en sus propuestas. Lo que sí afecta -y se lo digo con todo respeto- a la sostenibilidad futura del sistema y, por tanto, a la proporcionalidad y a la contributividad es que, según los Presupuestos Generales del Estado, en dos ejercicios, 2005 y 2006, la Seguridad Social va a poner 150 millones de euros de cotización más para el complemento a mínimos que en 2004, como dijo el portavoz del Grupo Popular en la Comisión de Trabajo, señor Azpiroz. Eso sí es ir para atrás, eso es ir en contra del Pacto de Toledo, eso es ir en contra de la primera recomendación del primer Pacto de Toledo, que es la separación de las fuentes de financiación. El Grupo Socialista rechazó una enmienda del Grupo Popular que decía que los incrementos de las pensiones mínimas -que compartimos que es necesario elevar- más allá del IPC se financien con aportaciones del Estado. Eso es lo que afecta a la proporcionalidad, a la contribución y a la sostenibilidad del sistema.
Habla S.S. en su enmienda de la posible utilización fraudulenta de la prestación si se reduce el tiempo de carencia exigido. Ahí ni voy a entrar, simplemente le diré dos cosas: primera, qué hubiera dicho el Partido Socialista si eso lo afirma el Partido Popular y, segunda, nadie tiene un hijo por quedarse unas semanas en casa con un subsidio.


Señorías, con esta proposición de ley lo que se hace es adaptarse a las medidas y a las realidades sociales, como dice la declaración para el diálogo social, que también la ha citado, de 8 de julio de 2004. Digo expresamente la fecha porque a lo mejor hay alguna de julio de 2005. Si es así, la desconozco y le pido disculpas de antemano. Decía que menciono expresamente la fecha, que la he sacado de la página web de UGT, porque en la enmienda a la totalidad se habla del pasado 8 de julio. Me da la impresión de que desde hace un año utilizan el mismo formato para denegar todo, para rechazar todo, y eso no me parece serio. Pues bien, esa misma declaración de 8 de julio de 2004 dice en su punto 13: Nuestra protección social debe adaptarse a las nuevas realidades, que configuran nuevas necesidades, y a la mejora de la protección familiar. Por tanto, no entiendo que el Grupo Socialista presente una enmienda a la totalidad a esta proposición de ley del Senado. Señoría, eso es un portazo a la posibilidad de avanzar y de mejorar en la protección social, especialmente para las mujeres. Me permito sugerir al Grupo Socialista que retiren la enmienda a la totalidad, que hagan realidad lo que dice el ministro de Trabajo y Asuntos Sociales. El otro día presentando esa nueva prestación por paternidad, decía: También vamos a valorar otras medidas para mejorar la protección de la madre. Ahora tienen la ocasión.


Como senadora les pido, si me permiten, que se valore la proposición que viene de otra Cámara; que así es como se revitaliza esa Cámara Alta, no con actos extraparlamentarios y fotos; que no desprecien la iniciativa legislativa del Senado y no la veten. Vamos a hablar, practiquen lo que dicen y que pase a la Comisión. Vamos a negociar, a lo mejor no tienen que ser 90 días, como ha dicho la portavoz socialista, pero pueden ser 100, 110 ó 120. Estamos seguros de que no podemos seguir manteniendo 180 días, repito, igual que en 1967, como se exige para una incapacidad temporal. Esto va en detrimento del derecho de las mujeres que van a tener en su vida una media de menos de dos hijos por mujer. Por favor, piénsenlo, medítenlo y hablemos de una propuesta que mejora nuestro sistema de protección social y va a mejorar el bienestar de los ciudadanos. Vamos a hablarlo. Simplemente se trata de eso. Dejen que esta iniciativa pase a debate a la Comisión, no la veten.


Por último, quiero decir que hay dos enmiendas de adición, una de Esquerra Republicana y otra de Coalición Canaria. Entiendo que son de adición a la propuesta que viene del Senado y que se podrán debatir en la Comisión.
Por tanto, entiendo que están a favor de esta proposición de ley. Acabo diciendo que lo piensen, aunque ya queda poco tiempo, a ver si es posible que podamos debatir esta iniciativa en Comisión.


Muchas gracias. (Aplausos.)

La señora VICEPRESIDENTA (Chacón i Piqueras): A usted, señora Martín.


Pasamos al turno de réplica. Señora López i Chamosa, es su turno por un tiempo de cinco minutos.


La señora LÓPEZ I CHAMOSA: Gracias, señora presidenta.


Quiero comentar dos o tres cuestiones. Primera, usted sabe que para otra persona o para alguno de nosotros podría haber confusión. Para usted no puede haberla cuando hablan de los 420 millones porque conoce el sistema mejor que yo y sabe que esa cuantía semanal o mensualmente es inviable.


En segundo lugar, discrepo con S.S. en que hacen lo mismo en la oposición que en el Gobierno. Mientras estuvieron en el Gobierno esto fue de todo punto indiscutible, era inviable la discusión. En esta Cámara en la legislatura pasada no pasó ni un tema de Seguridad Social

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parcial y le aseguro que votábamos la inmensa mayoría de grupos parlamentarios. Por tanto, de igual nada.


En tercer lugar, en cuanto al respeto al Senado, sin duda. Podrán enseñarnos muchas cosas, pero no que no respetemos al Senado. Respetamos profundamente lo que viene del Senado, pero eso no significa dar la razón a todo lo que venga de esa Cámara. Es más, dos grupos parlamentarios en el Senado defendieron lo mismo que yo estoy defendiendo ahora y aquí, el no a esta iniciativa. Como bien dice usted -tiene S.S. razón en cuanto a que la declaración es de 2004 y no de 2005, tal como figura en la enmienda- eso va a la mesa de negociación, incluido lo que afirma el ministro. Cuando el ministro habla de un permiso de paternidad de 7 días este asunto va a ir a la mesa de negociación, porque la conciliación de la vida familiar y laboral también es un tema de negociación. Señorías, les estamos diciendo que dejemos que la concertación social llegue a un acuerdo y, luego, discutamos. Discrepo de S.S. de la idea de que ninguna mujer en este país vaya a decidirse a ser madre porque la concedamos un permiso de 90 días; ninguna. Porque la decisión de ser madre tiene mayor profundidad y el importe de la ayuda que recibe una persona por el permiso de maternidad no creo que la lleve a adoptar una decisión en un sentido u otro. Por otra parte, no quieran marcar los tiempos al Gobierno desde la oposición; déjenle que marque los tiempos con los que está negociando; déjenle que siga un ritmo, igual que nos dejaron a nosotros cuando negociamos la revisión del Pacto de Toledo, cuando nadie nos apremió a que fuéramos más deprisa o más despacio. Le repito lo que le dije a su compañero: está habiendo más aportación a complementos a mínimos en el último año que en varios años de su Gobierno. Usted sabe que las aportaciones, es decir, las subidas adicionales que se hacen a las pensiones mínimas, van a complementos a mínimos y el Gobierno socialista tiene el compromiso de cumplir el Pacto de Toledo, y, desde luego, cada año los presupuestos del Estado irán absorbiendo más complementos a mínimos. Señoría, esa es la realidad. Si quiere un día debatimos sobre eso y hablamos de en qué porcentaje de aportación a mínimos estábamos en el año 1996 y en qué porcentaje estábamos en 2004.
Señoría, esa es la historia. Le agradezco su tono cuando afirma que consolidamos la situación de la Seguridad Social, porque hasta hace poco decían que la Seguridad Social estaba en quiebra. Cuando se ha visto que respecto a los presupuestos que se han presentado ante esta Cámara es una mentira comprobable en el "Diario de Sesiones" y que históricamente, desde el año 1977, en que los presupuestos ingresan en esta Cámara, la Seguridad Social tiene un superávit contributivo, ahora ya moderamos.
Vamos por buen camino. Con los complementos a mínimos pasará lo mismo.
Ahora mantienen una posición, pero es demostrable, año tras año, que el Gobierno socialista va a cumplir que cada año haya más aportación a los complementos a mínimos en los Presupuestos Generales del Estado.
Señorías, si hay algo que queremos y defendemos es el desarrollo del Pacto de Toledo, porque lo sentimos como propio, igual que ustedes, y lo vamos a cumplir.


Termino diciéndole que aspiramos a que esta Seguridad Social se fortalezca y funcione perfectamente; mejor que lo que ya lo hace, que ya es difícil, porque funciona muy bien. Hay que reconocer que los trabajadores de la Seguridad Social son eficientes e hemos de reconocerlo más a menudo, pero también queremos eliminar las desigualdades en las pensiones mínimas que todavía hay. Tenemos que mejorar esos 3 millones de pensiones mínimas ya que es inasumible que en un país como el nuestro tengamos esa situación.
En eso estamos y ahí está el compromiso del 26 por ciento más en las pensiones mínimas al final de la legislatura. Señorías voten favorablemente nuestra enmienda; añádanse al diálogo social y en el próximo período de sesiones ya debatiremos en Comisión y en Pleno estos temas y muchos más relacionados con la reforma de la Seguridad Social.


Muchas gracias. (Aplausos.)

La señora VICEPRESIDENTA (Chacón i Piqueras): A usted, señora López i Chamosa.


Señora Martín, su turno de réplica.


La señora MARTÍN MENDIZÁBAL: Gracias, señora presidenta.


Señora portavoz del Grupo Socialista, a la confusión me ha llevado el ministro, que es quien ha afirmado que eran 500 millones de euros al año, y por eso posteriormente ha rectificado. Además, creo que también está confundido con lo de 500 millones de euros a la semana. En cualquier caso, no tengo tiempo para estas explicaciones y no son motivo del debate.


Yo no discrepo de usted. Lo que yo he dicho es que nadie va a tener un hijo por reducir el periodo de cotización exigido para la prestación por maternidad. Son ustedes los que hablan de posible utilización fraudulenta de la prestación. No; nadie va a tener un hijo por irse a casa unas semanas con un subsidio. Estamos de acuerdo y son ustedes los que tienen que quitar ese razonamiento de la enmienda a la totalidad. Ha hablado S.S. del complemento a mínimos. Yo no voy a dudar de que el Gobierno del Partido Socialista va a cumplir el Pacto de Toledo (espero que sí, por el bien de todos, así lo creo y lo deseo), pero lo que sí le puedo decir es que en los años 2005 y 2006, en este punto, se han incrementado las pensiones mínimas, por lo tanto los complementos a mínimos, y desde mi grupo lo compartimos (es verdad que hay pensiones muy bajas que tienen que ir subiendo y nosotros mismos lo hemos hecho en años anteriores, no son ustedes los primeros, más allá del IPC); sin embargo, las aportaciones del Estado a la Seguridad Social por complementos a mínimos son inferiores a lo que suben los complementos a mínimos. Pero tampoco es el debate esencial de hoy. Yo se lo decía porque eso afecta mucho más a la sostenibilidad y a la proporcionalidad del sistema.


Por último, solo quiero decirle una cosa. No me den la razón, lo único que quiero es que no veten esta iniciativa

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y que podamos hablar en Comisión de una reforma pequeña, de una reforma que no afecta económicamente al sistema en gran medida, pero que sí afecta a muchas mejoras que se van a ver beneficiadas por esta modificación. A mí se me plantea una duda: ¿Qué hacemos en la Comisión de Trabajo el Grupo Popular o cualquier otro grupo que no apoye al Gobierno, solo esperar a que vengan las iniciativas del Gobierno y del diálogo social? Señorías, yo estoy de acuerdo con el diálogo social, pero tienen que dejarnos un poco de margen porque, si no, no podemos participar, ni apoyar, ni tener iniciativas. El señor Olabarría pronunció unas frases en un Pleno en este sentido, que en este momento no recuerdo. En definitiva, quiero decirles que es una propuesta razonable, que está razonada y que no invalida el diálogo social que nosotros compartimos.


Muchas gracias.


La señora VICEPRESIDENTA (Chacón i Piqueras): Muchas gracias, señora Martín.


Señorías, pasamos al turno de fijación de posiciones.


¿Grupos parlamentarios que desean fijar posición? (Pausa.)

Comenzaremos con el señor Mardones, en nombre del Grupo Parlamentario Coalición Canaria.


El señor MARDONES SEVILLA: Muchas gracias, señora presidenta.


En el debate de totalidad de esta proposición de ley del Senado, quiero señalar -y lo ha recordado aquí la señora Chamosa- que el pasado 8 de julio se firmó la declaración para el diálogo social y nosotros entendemos que en el espíritu de esa declaración está ir resolviendo estos problemas, que nacen en su conjunto de los acuerdos de todas las fuerzas políticas en el Pacto de Toledo, para llevar adelante una política en todas las reformas legales relativas a la conciliación laboral y familiar. Por tanto, somos partidarios de agrupar todas estas iniciativas y no ir desgajándolas una por una, sobre todo cuando en el Pacto de Toledo y en la declaración para el diálogo social el criterio es hacer un escenario común y llevarlo a una fecha. Por tanto, exigimos en primer lugar el compromiso del Gobierno, a través del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, a traer el proyecto, globalizado y generalizado, de todas estas ayudas, cualquiera que sean sus formas -de subsidio o no subsidio, de prestaciones-, porque eso dará origen a tener una doctrina y un criterio comunes. Vamos a dar tiempo al tiempo, vamos a no entrar en premuras y vamos a esperar al próximo período de sesiones, el año que viene, para que el Gobierno, en un plazo prudencial que estime pertinente, pueda recoger todas estas iniciativas. Con esta en concreto mi grupo está plenamente de acuerdo, no nos oponemos a ningún subsidio; discutiremos si son 90 días o si son 180, si las cotizaciones son de cinco años previos o de tres, lo que sea. Precisamente para eso tenemos la declaración del diálogo social, el Pacto de Toledo, y que esto sea un cuerpo doctrinal de ayudas que permitan todas las reformas legales relativas a la conciliación social y laboral.


Nuestro criterio es votar en contra de este trámite y que se devuelva, tal como se pretende, y votaremos a favor de la enmienda del Grupo Parlamentario Socialista que ha defendido su portavoz, la señora López i Chamosa.


Muchas gracias.


La señora VICEPRESIDENTA (Chacón i Piqueras): A usted, señor Mardones.
Muchas gracias.


Seguimos con el señor Pérez, en nombre de Izquierda Verde.


El señor PÉREZ MARTÍNEZ: Muchas gracias, señora presidenta.


Voy a intervenir con mucha brevedad. Nosotros no vamos a oponernos a la tramitación de esta proposición de ley, creemos que se trata de una medida concreta que no pone en cuestión el equilibrio de la Seguridad Social. No se trata de un conjunto de medidas, en cuyo caso deberían ser tratadas en la mesa del diálogo social, pero creemos que estamos ante una medida que fundamentalmente va a beneficiar a mujeres jóvenes, que no pone en cuestión el principio de contributividad, sino que añade un cierto criterio de solidaridad, y no nos parece que los agentes sociales estén descontentos de la participación que tienen en la mesa del diálogo ni de su protagonismo en el debate social en nuestro país.


Alguna vez hemos manifestado que el diálogo social no puede ser en ningún caso una manera de anular o de sustituir de una forma absoluta al Parlamento y a las fuerzas políticas, y prueba evidente de ello nos la da de vez en cuando el propio ministro de Trabajo anticipando medidas que no consulta, excepto, supongo yo, con su equipo y con su buen saber y entender, cuestión de la que nos alegramos profundamente.


Muchas gracias.


La señora VICEPRESIDENTA (Chacón i Piqueras): Gracias, señor Pérez.


Continuamos con el turno del señor Olabarría en nombre del Grupo Vasco.


El señor OLABARRÍA MUÑOZ: Gracias, señora presidenta, también con mucha brevedad.


Nos parece pertinente que el diálogo social vaya prefigurando las condiciones para regular esta materia. Lo que pasa es que esto del diálogo social ya se está convirtiendo en una especie de tótem de difícil comprensión. Uno no sabe muy bien qué es el diálogo social, si es algo concreto, si es algo metafísico, espiritual o esotérico, no se sabe de qué se está negociando, no acaba nunca, es una especie de río que no cesa. Nos está marcando incluso el calendario legislativo a los legisladores, no sé hasta qué punto está comprometiendo incluso el rol institucional que corresponde a esta institución. A mí no me parece mal esperar al diálogo social, pero pediría a quien sepa algo sobre en qué consiste esta benemérita

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institución del diálogo social que inste a los que la están practicando, suponiendo que la prueba práctica sea pertinente para lo que se esté haciendo allí, a que sean un poco más diligentes y nos presenten propuestas que puedan convertirse en iniciativas legislativas y que los legisladores podamos hacer aquello para lo que hemos sido designados y está previsto en la Constitución.


En un Estado como este, que carece de política familiarista alguna, en el que la Ley de familias numerosas aprobada desde el año 2003 no ha sido objeto de desarrollo reglamentario y que tiene una prefiguración constitucional sobre el sistema público de pensiones en el artículo 51, que obliga a atender de forma suficiente cualquier situación de necesidad y de forma no regresiva, donde ya se podrían incardinar perfectamente las propuestas que se nos presentan, reduciendo a la mitad el período de carencia para este subsidio, a nosotros no nos parecería mal, pero como somos tan respetuosos con el diálogo social, como ya he comentado en el frontispicio de mi intervención, vamos a esperar a ver si tienen a bien decirnos algo los del diálogo social y ya fijaremos posición en ese momento.


La señora VICEPRESIDENTA (Chacón i Piqueras): Gracias, señor Olabarría.


Continuamos con el turno del señor Puig en nombre de Esquerra Republicana de Catalunya.


El señor PUIG CORDÓN: Gracias, señora presidenta.


Nuestro grupo coincide en buena parte con la propuesta que hace el Grupo Popular, por eso presentamos esta enmienda, por si fuese al trámite de Comisión, pero, en la línea en que se ha expresado el portavoz del Grupo Parlamentario Vasco, a veces hemos de asumir responsabilidades y las asumimos en el sentido de que vamos a esperar al diálogo social, con esta visión crítica de que con tanto diálogo social vamos a hacer esperar a los beneficiarios, en definitiva a los ciudadanos. Por tanto, quiero decir al Grupo Socialista, que tiene responsabilidades de Gobierno, que de una vez por todas empiece a actuar y entre de lleno a estudiar las ayudas y propuestas de mejora para todos los ciudadanos, ya que no podemos estar permanentemente a la espera de ese diálogo social y dejando pasar el tiempo.


Nosotros vamos a votar a favor de la enmienda de totalidad del Grupo Socialista, para la devolución, pero queremos advertir, ya que estamos casi a la mitad de la legislatura, que ya es hora de actuar en estas promesas en favor de las prestaciones de las mejoras de los temas sociales de todos los ciudadanos. Por esa responsabilidad -entre comillas- de nuestro grupo parlamentario, vamos a votar, repito, a favor de la enmienda a la totalidad del Grupo Socialista, pero queremos que de una vez por todas se empiecen a tomar decisiones para conseguir las necesarias mejoras que den respuesta a lo que nos piden los ciudadanos.


Muchas gracias.


La señora VICEPRESIDENTA (Chacón i Piqueras): Muchas gracias, señor Puig.


Finalizamos con el turno del señor Campuzano en nombre del Grupo de Convergència i Unió.


El señor CAMPUZANO I CANADÉS: Muchas gracias, señora presidenta.


Señorías, mi grupo va a rechazar esta enmienda a la totalidad del Grupo Socialista y va a votar a favor del texto que nos llega del Senado, en coherencia con el debate que mantuvimos en esa Cámara.


Esta iniciativa se engloba en un momento social muy concreto, que es aquel que se caracteriza por la parálisis del proceso de diálogo social del Gobierno con los agentes sociales; en el debate anterior también nos hemos referido a ello. Tenemos la mesa de la reforma del mercado de trabajo bloqueada, una reforma del mercado de trabajo que no se va a producir, un incipiente diálogo sobre la reforma de la Seguridad Social iniciado hace escasísimos días y con muy poca ambición para resolver las cuestiones de fondo de nuestro sistema de la Seguridad Social y, además, una clamorosa ausencia de una política de apoyo a las familias por parte del Gobierno. En esta legislatura no se ha producido ninguna iniciativa sustancial de apoyo a las familias y menos de apoyo a las familias con niños y niñas pequeños.


Con esa iniciativa que se aprobó en el Senado, podríamos haber dudado si era necesario apoyar una reforma puntual, como la que se plantea, de ampliación de los niveles de protección familiar, o quizás nos debíamos haber esperado a una reforma mucho más amplia de todo el capítulo de políticas de apoyo a la familia, en el marco de una modificación de la ley de conciliación de la vida familiar y personal. Pero mi grupo, en ese contexto de ausencia de iniciativas del Gobierno y de parálisis del diálogo social, apostó por apoyar esa proposición de ley, porque en su contenido material mi grupo coincide. Reforzamos un aspecto que puede permitir abordar mejor a las familias jóvenes todos los riesgos asociados a la situación de maternidad. En la medida en que las consecuencias económicas de esta iniciativa son hoy perfectamente asumibles por nuestro sistema de protección social, nos parece coherente dar apoyo a su toma en consideración, permitiendo al mismo tiempo que este debate fuese un estímulo por la vía legislativa a las modificaciones que en este campo necesitamos de manera urgente.


Mi grupo, específicamente en el ámbito de las políticas de apoyo a la familia y en la línea de lo que les he comentado, entiende que las familias jóvenes necesitan más servicios para poder hacer frente a lo que supone tener hijos. Necesitan también más tiempo para poder dedicarse a la educación de sus hijos, y ahí continua, lo mismo que el Guadiana, apareciendo y desapareciendo la referencia al reconocimiento del permiso de paternidad para los hombres, iniciativa que hemos presentado en esta Cámara y que la mayoría gubernamental ha rechazado, aunque parece ser que el Gobierno lo vuelve

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a plantear en el diálogo social, unos días de una manera y otros día de otra.


Finalmente, más prestaciones familiares. Hoy el Estado español continúa a la cola de las prestaciones a las familias con hijos a cargo. Por tanto, nos parece inevitable mantener el apoyo a la tramitación de esta proposición de ley, expresando esa preocupación sobre las reformas necesarias de fondo que necesita nuestro sistema de protección social desde tres puntos de vista: desde el punto de vista de la mejora de las pensiones más bajas del sistema -hoy hay millones de ancianos que viven con pensiones inferiores a 500 euros al mes-; ante la ausencia de reformas orientadas a facilitar que las personas jóvenes tengan hijos, a que se pueda ejercer ese derecho, aumentando al mismo tiempo nuestras tasas de fertilidad desde la perspectiva de la propia sostenibilidad de nuestro sistema de pensiones; y finalmente, desde las reformas de fondo que necesita el sistema de protección social en la línea de otras reformas que se han venido impulsando en los últimos tiempos en diversos países de la Unión Europea, algunas de ellas impulsadas por gobiernos socialdemócratas. Mi grupo, repito, no solo va a mantener esa posición favorable a la continuación de la tramitación parlamentaria, sino que exige al Gobierno que se tome de una vez en serio las políticas sociales y que nos pongamos de verdad a trabajar.


Gracias.


La señora VICEPRESIDENTA: (Chacón i Piqueras): Gracias a usted, señor Campuzano.


-PROPOSICIÓN DE LEY DEL SENADO, RELATIVA A LA MODIFICACIÓN DEL REAL DECRETO LEGISLATIVO 1/1995, DE 24 DE MARZO, POR EL QUE SE APRUEBA EL TEXTO REFUNDIDO DE LA LEY DEL ESTATUTO DE LOS TRABAJADORES. (Número de expediente 124/000015.)

La señora VICEPRESIDENTA: (Chacón i Piqueras): Señorías, continuamos con la siguiente iniciativa del orden del día de hoy, la número 37, que es una proposición de ley del Senado, relativa a la modificación del Real Decreto legislativo 1/1995, de 24 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores.


Tenemos una enmienda a la totalidad y para su defensa tiene la palabra, por el Grupo Parlamentario Socialista, la señora Sánchez.


La señora SÁNCHEZ RUBIO: Gracias, señora presidenta.


Señorías, hoy debatimos una iniciativa mediante la cual se pretende la modificación del artículo 37 del Estatuto de los Trabajadores para permitir la elección de la jornada de trabajo, cuando esta se desarrolle a turnos, en determinadas circunstancias familiares. Si la finalidad última de esta proposición de ley es facilitar que el trabajador o trabajadora cumplan con sus obligaciones familiares, me atrevo a afirmar que este objetivo es compartido por mi grupo y por todos los grupos que integran esta Cámara.


Facilitar la conciliación de la vida personal, laboral y familiar, se encuentra entre las medidas contenidas en el programa electoral que llevó al Partido Socialista a ganar en las últimas elecciones generales.
Además, es una demanda y una necesidad de la sociedad, a la cual debemos ser capaces de responder. Si, como digo, compartimos el fin, lo que no podemos compartir son los tiempos y los medios que el grupo proponente del Senado ha escogido en esta ocasión. La iniciativa, de un lado, afecta de forma exclusiva a la empresa privada y, dentro de la misma, a la pequeña empresa o gran empresa, puesto que los trabajadores y trabajadoras de la Administración se rigen por otras normas. Sería por tanto solo un aspecto. De otro lado, la posibilidad de acogerse a la reducción de jornada contenida en el mismo artículo, el artículo 37 del Estatuto de los Trabajadores, ha demostrado ser eficaz para el cumplimiento de los fines para los que se puso en marcha y se ha debido, entre otras razones, a que la opción ejercida por el padre o la madre no implicaba especiales conflictos en el ámbito laboral. Sin embargo no ocurre lo mismo con la medida que debatimos hoy. La realidad es que en las empresas en las que se trabaja a turnos suele haber unos turnos más deseados que otros, y otros más duros, que hacen difícil compaginar el trabajo con la familia, el descanso, el ocio, las actividades de formación, etcétera. Debemos asimismo tener en cuenta la inevitable interferencia de preceptos legales como, por ejemplo, el que establece la imposibilidad de trabajar de noche durante más de dos semanas consecutivas; en casos así podría resultar imposible la elaboración de un cuadrante de turnos, por una sencilla razón, y es que habría más trabajadores de los necesarios asignados de manera obligatoria a un turno y menos de los imprescindibles para el otro. Este sería uno de los muchos ejemplos que podríamos poner de las posibles distorsiones. Por tanto, es una medida que puede resultar conflictiva y que alteraría el clima laboral de aprobarla sin calibrar la situación adecuadamente y sin negociarla.


Señorías, creo que estamos de acuerdo en que un clima laboral de tensión y malestar es enormemente perjudicial, tanto para la empresa como para los trabajadores y las trabajadoras. Por ello, es una materia cuya regulación, para que sea adecuada, operativa, funcional y no genere conflicto, debe ser negociada y acordada en la mesa de diálogo social.
Cualquier nueva regulación sobre conciliación de la vida personal, familiar y laboral de estas características concretas, debería adoptarse en el marco del proceso de diálogo social. Como han comentado antes, ya saben SS.SS. que actualmente el Gobierno ha entablado una negociación con los agentes sociales, cuyo arranque se plasmó formalmente con la declaración de diálogo social de 8 de julio de 2004. En esa declaración se subraya que el Gobierno y los interlocutores sociales, mediante los instrumentos a su alcance, buscarán de manera concertada soluciones que

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promuevan la integración laboral de las mujeres y que mejoren sus condiciones de trabajo. Igualmente, procurarán la conciliación de la vida personal, familiar y laboral. Todo ello es conforme con el principio de igualdad de oportunidades y de no discriminación.


Son los agentes sociales, representantes de empresarios y trabajadores, quienes deben realizar un estudio global, valorando los pros y los contras de cada modificación, sobre todo si genera conflictos, como es el caso. En cuanto a la posibilidad de establecer, mediante negociación colectiva, el procedimiento por el que el trabajador pueda elegir el horario más acorde con el cumplimiento de sus obligaciones familiares, nada impide que, con la redacción actual, esta materia se regule en convenio colectivo o acuerdo de empresa, atendiendo a las características y peculiaridades concretas de cada actividad de producción y de cada ámbito de negociación, ya que el propio Estatuto de los Trabajadores, en su artículo 85.1, contempla lo que el grupo proponente del Senado incluye en su proposición de ley. Hablan de la posibilidad de establecer, mediante negociación colectiva, el procedimiento por el que se pueden elegir horarios, etcétera. Ese artículo, el 85.1, establece que, dentro del respeto a las leyes, los convenios colectivos podrán regular materias de índole económico, laboral, sindical y cuantas otras afecten a las condiciones del empleo y al ámbito de las relaciones del trabajador o trabajadora con los empresarios. Por tanto, su propuesta, en este ámbito de la negociación colectiva, ya está contemplada en el citado artículo 85.1 del Estatuto de los Trabajadores.


Cabe recordar, por último, que esta misma semana han comenzado los trabajos de la subcomisión que estudiará la ordenación y adecuación del tiempo de trabajo, en la que van a tener lugar comparecencias de profesionales y expertos que mucho tienen que decir y que aportar.
Señorías, vamos a escucharles, que para eso van a venir, y vamos a analizar todo lo que nos digan para sacar conclusiones útiles para todos.
Quiero destacar una de las frases de la señora Durán, que dijo en la mencionada subcomisión que, en materia de conciliación en la vida personal, laboral y familiar, ninguna medida es buena si no se toma en un contexto global y más amplio. No se trata solo de horarios, nos debemos plantear una reconceptualización de los tiempos y de los espacios. Por eso las medidas legales adoptadas en esta materia, en concreto las que contempla la Ley 39/1999 para conciliar la vida laboral y familiar de las personas trabajadoras, no han sido suficientes. Fue un abordaje parcial, ya que, de un lado, no se fue al fondo del problema, que es la transformación social en la asunción de los papeles asignados tradicionalmente a las mujeres. Y, de otro lado, porque no se contemplaron los servicios necesarios para cubrir las necesidades de atención a la infancia o a las personas mayores o con discapacidad en situación de dependencia. Tal como nos informó en el día de ayer en esta Cámara el ministro de Trabajo y Asuntos Sociales, el señor Caldera, el Gobierno está ultimando la futura ley de igualdad entre hombres y mujeres, ley que enmarcará los temas relativos a la conciliación y concretará medidas para mejorar las existentes.


Por todo ello, el Grupo Socialista ha presentado, como ustedes saben, una enmienda de devolución de la proposición de ley, porque entendemos que no es la forma ni el momento adecuado para aprobar esta modificación del Estatuto de los Trabajadores. Apelo, señorías, a su responsabilidad para evitar tomar decisiones aisladas y poco meditadas que, pretendiendo resolver un problema, creen nuevos y graves conflictos. Muchísimas gracias, señora presidenta. (Aplausos.)

La señora VICEPRESIDENTA (Chacón i Piqueras): Muchas gracias, señora Sánchez.


¿Algún grupo parlamentario desea ejercer el turno en contra? (Pausa.) Así lo va a hacer el Grupo Parlamentario Popular y para ello tiene la palabra el señor Azpiroz.


El señor AZPIROZ VILLAR: Gracias, señora presidenta.


En nombre del Grupo Popular voy a mostrar nuestra oposición a la enmienda de totalidad con solicitud de devolución que ha presentado el Grupo Socialista a esta proposición de ley, que es del Senado y que por lo tanto en esos términos la estimamos.


Se han expuesto hace un momento las razones sobre las que se sustenta esa enmienda y voy a hacer una serie de reflexiones, siguiendo el mismo orden con que se ha sistematizado la misma. En primer lugar, se arguye que se rompe el equilibrio en la prestación del trabajo en perjuicio de los trabajadores que lo hacen en forma de turno o equipo. Se añade también que, en el supuesto en que el trabajador, como pretende la reforma del artículo 37 del Estatuto de los Trabajadores, pueda elegir y optar por el turno que le interese cuando su trabajo es de turno, no incurre en el sacrificio que para el trabajador se produce cuando opta por una reducción de la jornada y elección del período en el cual la quiere desarrollar. Igualmente se nos dice que se modifican las condiciones de los trabajadores turnistas.


La primera consideración que he de hacer es por qué en una acción que pretende conciliar la vida laboral y familiar o que pretende favorecer medidas que atenúen las situaciones de dependencia o de falta de autonomía personal en las familias, por qué en algo que constitucionalmente es protegible, se nos establece la necesidad de que deba existir un sacrificio real, como, por ejemplo, cuando uno, lógicamente al hacer una jornada reducida, tiene la contraprestación de tener un salario también reducido. Incluso poniéndome en la posición, que no comparto, de por qué esto es así, he de decir al Grupo Socialista que estamos en un debate de totalidad en la toma en consideración de una proposición de ley. La cuestión es: ¿Resulta inoportuno o uno está totalmente, en términos políticos, en contra de la filosofía que sustenta la proposición del Senado? Porque si no es así, hay un procedimiento parlamentario que permite las enmiendas parciales y la modificación de lo que se pretende.


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Si la preocupación del Grupo Socialista es que debe haber un sacrificio real por el trabajador para poder optar por la elección de un turno determinado, tiene fácil solución -y no digo con ello que yo la comparta-: que tenga una retribución salarial no acorde con la especial y más alta retribución que suelen tener los trabajadores de a turno. Y habríamos resuelto, si ustedes creen que ese es el problema, la situación.


Se nos plantea asimismo, como acabo de exponer hace un momento, una especie de desequilibrio entre el trabajador que tiene un turno con el que a lo mejor no está muy satisfecho y el que ha optado, ya que está en situación de poder hacerlo, por la guarda legal de un hijo menor de 6 años, de un discapacitado o de una persona dependiente que tiene en casa.
Yo diría que ese otro trabajador tiene una expectativa de derecho, una disponibilidad, una opción futura de ser él quien, llegado el caso en que concurran esas circunstancias en su familia, en su persona y en su trabajo, pueda disfrutar de este derecho de opción de turno que le permita conciliar la realidad de atención del menor o del discapacitado en su familia con el trabajo que viene desarrollando. Por lo tanto, tiene una expectativa de derecho que vale, que no es una cuestión baladí ni ajena.


Se está ofreciendo desde el Senado una medida de conciliación y de apoyo a la dependencia, de la cual tanto hablamos. El martes pasado hubo aquí un interesante debate, a instancias de Convergència i Unió, sobre un tema que no es menor: el tratamiento del patrimonio para la vejez y la dependencia de las personas mayores y su tratamiento fiscal -por cierto, ya lo hemos dicho más de una vez, y nosotros en su día formulamos una iniciativa creo que en la Comisión de Fomento, que afecta mucho más allá de lo que constituye el IRPF, por supuesto, sucesiones, transmisiones, plusvalías, el IRPF, etcétera-, así como una concepción global de la atención al tratamiento de ese patrimonio para que sea un elemento de compensación y de disposición paliativa de estas situaciones de vejez o dependencia. Esta es una medida que favorece eso. Si por la noche no hay nadie en mi casa, es difícil que yo pueda hacer un turno de noche y a la vez pueda atender a la abuela, que tiene 87 años y está con un inicio de demencia senil; es difícil. Esta es la cuestión que se está planteando desde el Senado y no otra, señores socialistas. Además, ya hay jurisprudencia en este sentido. Es más, no actuar de esta forma, con una integración interpretativa del artículo 37, de conformidad con la Constitución, va a dar lugar a un incremento cada día mayor de la judicialización de esta cuestión. Hay precedentes y, si hay turno de réplica, no tengo inconveniente en citárselos a SS.SS., aunque seguro que los conocen; si no es así, serviría para su ilustración.


Hablan de que no es necesaria la referencia a la negociación colectiva en el segundo punto de los tres que articulan su enmienda a la totalidad.
Hay un dicho que afirma que lo que abunda no daña, sobre todo si lo que abunda es bueno. El hecho de que en el Senado se introduzca una referencia explícita a la voluntad de que existan mecanismos que puedan ser reguladores de un proceso objetivo, que sirva para que el trabajador pueda elegir un determinado horario, no de una forma arbitraria sino de una forma justa y que sirva a los fines que se pretenden, que son conciliar la vida laboral y la vida familiar, obviamente puede entrar y entra en el contexto de los elementos que se debaten en la negociación colectiva, pero no está de más que el legislador haga una expresa mención a que la voluntad de las partes en las relaciones laborales signifique introducir mecanismos que puedan evitar situaciones como la siguiente: Como trabajo en una tienda, pido la reducción de 12 a 2, que es cuando viene todo el mundo a comprar y así no trabajo. No. ¿Usted de 12 a 2 tiene el problema de un enfermo? ¿Es verdad? ¿Sí? ¿No?

Hace un momento hemos hablado también de los turnos. Hay que recordar el tenor literal del artículo, porque parece que estamos hablando de que la mitad de la plantilla decide que no acepta el turno y que esto afecta al resto de los trabajadores, que se ven impelidos a una situación injusta o a padecer el peor régimen laboral, por tener el turno más dificultoso, el que es de noche o el menos deseado. Al finalizar el artículo se dice: No obstante, si dos o más trabajadores de la misma empresa generasen algunos de estos derechos -de los que hemos hablado antes usted y yo- por el mismo causante, el empresario podrá limitar su ejercicio simultáneo. El Senado hace una deriva más clara aún, habla de que la negociación colectiva articule esto, incluso que se pueda modificar o limitar. Lo que no puede ser es que, si hay diez trabajadores a turno y nueve objetivamente se pueden acoger a esta situación, los nueve decidan que hacen turno de día y quede solo uno para el de noche. Eso es algo inasumible.


Como tercer gran motivo -y quizás me vea ahora en la obligación de reiterar los argumentos expuestos en el debate precedente- se habla del diálogo social y de un proyecto de ley que nos dice el Gobierno que está redactando -supongo que en el contexto del diálogo social- sobre igualdad entre hombres y mujeres. Hace muy poquito tiempo el señor Cuevas salió replicando con rapidez y contundencia -creo recordar que fue este lunes pasado- a unas declaraciones de la secretaria general de Igualdad de Oportunidades, que decía que se iba a establecer un permiso de paternidad de dos semanas de duración. Con independencia de la cuestión de fondo, en la cual no voy a entrar ahora, él afirmaba que esto no se había sometido al debate en la mesa de negociación y que por tanto los interlocutores sociales no se habían pronunciado y se enteraban por la prensa de la voluntad unilateral del Gobierno de hacer esto así. Es verdad que al día siguiente el ministro de Trabajo y Asuntos Sociales rectificó esta medida que piensa adoptar el Gobierno, diciendo que, por su coste, la reducía a una semana de permiso por paternidad y no a dos. Lo que parece es que el mecanismo lo está empleando el Gobierno cuando le interesa. Cuando me interesa remito todo al debate en el diálogo social y a partir de ahí nada es tocable por nadie, incluido el legislador, que somos nosotros, pero cuando

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a mí me interesa declaro que voy a hacer esto. ¿Qué debate va a haber sobre la discusión del permiso de paternidad de una semana? Primero dos y ahora una. Si ya ha dicho que es una, será una; poco debate cabe. El único debate que cabrá no es si me parece bien o mal, sino quién lo paga, si lo paga el empresario, lo paga la Seguridad Social o lo pagamos con impuestos. Pero más debate que ese, adoptada la medida por el Gobierno, no cabe. Lo que digo es que esto es contradictorio con el pedimento reiterado que se hace en esta Cámara. Además, es que se hace cuando hace más de año y medio que se inició el diálogo social, que se inicio no en julio, como ha dicho en el debate anterior un portavoz, en julio de 2004, no de 2005. Se dice en julio cuando estamos acabando el año y parece que nos referimos a este año. No, en julio de 2004. Fíjese si esta cuestión nadie la ve clara que incluso sus socios de Izquierda Unida, el 16 de octubre, han formulado una moción en el Senado, y esta moción empieza diciendo algo que es digno de ser leído: El Senado insta al Gobierno a: primero, que en el caso que no fructifique con acuerdo la mesa de diálogo social se acometan las reformas que..., y propone seis puntos de reformas. ¿Qué significa esto? Primero, que Izquierda Unida, igual que nosotros y que otros en la Cámara, según se acaban de pronunciar, parece que tiene escasa fe en que lo que todos deseamos, que es que hubiera un amplio acuerdo de reformas, se produzca, y, en segundo término, que ya está planteando iniciativas concretas. Es decir, esto se ventilará no sé cuándo. No creo que esté sine die en el congelador a la expectativa de si esperamos año y medio más a ver si hay acuerdo o no hay acuerdo. Esto se va a debatir parlamentariamente también en la Cámara Alta y habrá que adoptar una decisión al respecto. Evidentemente, no creo que Izquierda Unida sea sospechosa de hacer causa ni pinza con el PP en esta cuestión.
Simplemente no ven que haya avances, porque los propios participantes en el tema no ven avances, y cuando pasa el tiempo y no hay avances, la verdad es que es más bien un retroceso, y ojalá nos equivoquemos y haya acuerdo. Mientras no lo hay, nosotros invocaremos algo que ha hecho mi compañera María Eugenia Martín Mendizábal, que fue miembro de la Mesa del Senado en la anterior legislatura. Quizá por eso lo ha hecho con más prudencia o elegancia de la que yo lo pueda hacer.


Aquí se invoca, con reiteración también, el importante papel de las Cámaras, la revitalización del Senado, la democratización y que haya capacidad de ser correlatos de lo que la sociedad plantea para que seamos sensibles y planteemos propuestas y soluciones, y a la hora de la verdad no es, como creo que ha dicho antes mi estimada amiga la señora López i Chamosa, que en este caso no estamos de acuerdo y rechazamos pero respetamos mucho al Senado, sino que sistemáticamente cualquier iniciativa -o muchas iniciativas; habría que ver el listado de las que están llegando del Senado al Congreso de los Diputados- son rechazadas. Y eso nos parece que ya empieza a ser una cuestión de falta de consideración, de falta de respeto, de falta de la debida delicadeza institucional, si se puede hablar en estos términos. Además, amparados en todo ello -el señor Olabarría se ha referido a ello hace un momento, y el señor Campuzano a continuación del señor Olabarría y yo a continuación de ellos-, nos empezamos a plantear qué hacemos aquí, porque todos queremos un acuerdo, pero cuando el acuerdo no se produce, cuando transcurre el tiempo, cuando hay iniciativas, cuando hay problemas, cuando los problemas demandan soluciones, cuando hay soluciones realizables, cuando el legislador quiere aportar medidas legislativas, ¿por qué no se debate? Yo no le estoy diciendo a usted además que asuman la integridad del texto literal que proviene del Senado, lo que le estoy proponiendo y pidiendo es que consideren que no es baladí que se abra el debate de esta proposición como proyecto y podamos retocar aquellos aspectos que usted considere imprescindibles o que desde el Grupo Socialista se considere que es necesario adecuarlos a una situación real en la que se viene demandando una mayor flexibilidad a la hora de elegir la jornada, sin perjuicio de que luego pueda haber, y habrá, multitud de medidas diferentes, complementarias, auxiliares, retributivas, de jornada, o no, en relación con este tema. Lo que nos preocupa es que podamos entrar en una anquilosis que suponga una paralización no ya del Legislativo -cosa que no me preocupa- sino también de la posibilidad de dar una solución a los ciudadanos en los problemas que tienen planteados y cuya resolución tenemos la obligación y el derecho de intentar razonablemente conseguir.


Me quedan pocos segundos de tiempo y no voy a entrar en ello para no prolongarme, pero también podría entrar a fondo en la cuestión que se ha suscitado. El año pasado la sentencia del Juzgado de lo social número 35 de Madrid, haciendo una interpretación de dos sentencias del Tribunal Supremo en relación con un análisis desde la Constitución y desde el artículo 37 del Estatuto de los Trabajadores, admitió la petición de una trabajadora de que se le diera un turno determinado por la guarda de un hijo menor, en este caso de ocho meses. Por tanto, nos parece que eso está ahí y que la interpretación del juez ha sido la adecuada, pero que, siéndolo, es mejor aún que exista una cobertura legal que no dé pie a litigios o interpretaciones sobre si a unos sí se les concede y a otros no.


Muchas gracias.


La señora VICEPRESIDENTA (Chacón i Piqueras): A usted, señor Azpiroz, muchas gracias.


Pasamos al turno de réplicas. ¿Señora Sánchez? (Pausa.)

Pasamos al turno de fijación de posiciones. ¿Grupos parlamentarios que desean fijar posición? (Pausa.)

Comenzaremos con el señor Pérez, en nombre del Grupo Parlamentario de Izquierda Verde.


El señor PÉREZ MARTÍNEZ: Muchas gracias, señora presidenta.


Nosotros sí consideramos que esta modificación del Estatuto de los Trabajadores tiene implicaciones mayores

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que deben ser estudiadas en un marco más amplio, y a él apelamos y no necesariamente a esa mesa de diálogo social infinito que no sabemos exactamente hasta cuándo tendrá pendiente este tipo de trabajos. Además, lo que se plantea en esta proposición de ley puede ser abordado, y de hecho lo es, en la negociación colectiva, tal y como se recoge en el artículo 85 del Estatuto de los Trabajadores. Es obvio también que la cuestión de fondo tiene más que ver con la ley de dependencia, que es el mecanismo que nosotros creemos que debe resolver eficazmente la mayor parte de estas cuestiones. No solo es necesaria la igualdad entre hombres y mujeres o una ley para la conciliación de la vida laboral y familiar, sino que también lo es la ley de dependencia, que es el problema de fondo que plantea esta cuestión y no tanto la facilidad o no para cambiar el horario de trabajo. En cualquier caso, parece que la posibilidad real de que esto salga adelante sería eficaz en medianas y grandes empresas, que es donde la negociación colectiva está más articulada y, por tanto, estas necesidades más atendidas.


Por todo ello creemos que esta proposición de ley presentada ahora de manera aislada podría crear más problemas que soluciones, y por ello apoyaremos su devolución.


Muchas gracias.


La señora VICEPRESIDENTA (Chacón i Piqueras): A usted, señor Pérez, muchas gracias.


Señor Olabarría, por el Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV).


El señor OLABARRÍA MÚÑOZ: Gracias, señora presidenta.


Comparto buena parte de los argumentos que ha expuesto la portavoz del Grupo Socialista y no los voy a repetir ya que ella los ha explicado con mucha corrección. Sí quiero reproducir la inquietud que la iniciativa anterior nos ha suscitado a varios portavoces. Quienes tenemos hijos pequeños conocemos unos personajes que se llaman pokemon que desarrollan su actividad en un mundo denominado virtual. No estamos seguros de si el diálogo social se está desarrollando en el planeta Tierra -extramuros de esta institución, sí- ni tampoco si en un mundo real o virtual. Nos gustaría saber si vamos a tener estas prefiguraciones vinculadas a acuerdos interprofesionales o a acuerdos entre interlocutores para poder legislar sobre cualquier cosa de naturaleza socio-laboral cuando menos antes de que acabe la legislatura, aunque solo sea para tener tiempo material para tramitarla. No sé si la portavoz del Grupo Socialista está en condiciones de ilustrarnos sobre esta importante cuestión.


Voy a utilizar un ejemplo que es particularmente desafortunado y que, lógicamente, quiero que se tome en un sentido irónico e incluso alegórico. Recuerdo que un famoso ministro del franquismo decía que cada vez que oía la palabra cultura sacaba la pistola. Yo no voy a decir tanto en relación con el diálogo social, no digo que cuando oigo la expresión diálogo social saco la pistola, pero sí me empieza a preocupar cierta inquietud y nerviosismo y, por qué no decirlo, incluso pánico en la mitad de la legislatura. Dicho esto, comparto las argumentaciones de la portavoz del Grupo Socialista, muy pertinentes en cuanto a la naturaleza de la negociación colectiva laboral en el ámbito de las empresas o en ámbitos superiores a las mismas y en cuanto a los contenidos que tienen naturaleza normativa una vez aprobado un convenio colectivo. Los convenios colectivos son una fuente de derecho, como es sabido, su eficacia normativa está reconocida por la Constitución y por el propio Estatuto de los Trabajadores, se incorporan a nuestro ordenamiento jurídico, y ahí es donde se pueden ubicar estas cuestiones que, como bien decía el portavoz de Izquierda Unida, tienen más profundidad de lo que parece. Si vamos a ser ilustrados a través de una serie de comparecientes que pueden hablarnos desde la doble perspectiva del derecho del trabajo y de la dependencia, esta ilustración hace que en este momento tomar una decisión sobre esta proposición que dimana del Senado resultaría un tanto precipitado.


Muchas gracias, señora presidenta.


La señora VICEPRESIDENTA (Chacón i Piqueras): Gracias, señor Olabarría.


Finalizamos con el turno del señor Campuzano. Adelante.


El señor CAMPUZANO I CANADÉS: Muchas gracias, señora presidenta.


Señorías, efectivamente este debate es parejo al debate que hemos tenido hace un rato en relación con la anterior proposición de ley que también nos llegaba del Senado, y mi grupo debe reproducir las cuestiones de fondo: ineficacia del Gobierno en ser capaz de articular un diálogo social orientado a la modernización de nuestro sistema de relaciones laborales y a la modernización de nuestro sistema de protección social, e insuficiencia en esta legislatura del conjunto de las políticas públicas de ayuda a la familia, servicios, prestaciones económicas familiares y tiempo para las familias con hijos pequeños o con personas con discapacidad a cargo.


Podríamos considerar si tiene sentido valorar la iniciativa que nos plantea el Senado de manera puntual o si debiera producirse en el contexto de una reforma más amplia en este caso del Estatuto de los Trabajadores. Pero como empezamos a estar aburridos y cansados de las buenas palabras sobre la viabilidad del diálogo social, no tenemos más remedio que ser coherentes con aquello que hicimos en el Senado, que es reclamar que esta proposición de ley siga el trámite parlamentario correspondiente para permitir que estas Cortes Generales asuman sus responsabilidades en cuestiones que afectan muy directamente a la vida de las familias. Existe además una corriente de fondo en el marco de las relaciones laborales, que se va extendiendo en el conjunto de la Unión Europea, en la línea de entender que hemos de ser capaces de combinar medidas que introduzcan flexibilidad para las empresas y seguridad para los trabajadores en un nuevo contexto del mundo laboral. Pues

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bien, justamente esa medida introduce seguridad para el trabajador frente a la situación de encontrarse en el ejercicio de responsabilidades de carácter familiar, mejorando su situación en los supuestos de empresas donde se trabaje a turno. Por tanto, es una medida que refuerza esa línea de fondo orientada a hacer real el ejercicio de esas responsabilidades.


Además, mi grupo cree entender que en el propio texto de la iniciativa existen suficientes cautelas de tipo legal precisamente por un lado vinculadas a la negociación colectiva, pero también vinculadas a la capacidad del empresario, si fuesen dos o más trabajadores quienes planteasen este tipo de situaciones, que permitirían al empresario articular de manera razonable y razonada esas situaciones que afectasen al buen funcionamiento de la empresa. Por tanto, nos parece que hay suficientes elementos de prudencia para entender que no ponemos en riesgo la viabilidad del mundo económico. Me chocó leyendo en su momento el "Diario de Sesiones" del Senado el debate en cuestión y me ha chocado hoy que la portavoz del Grupo Parlamentario Socialista haya reiterado un argumento, que es la referencia a que esta medida afecta a la empresa privada. No entiendo exactamente cuál es el problema. ¿Es que tan solo se pueden beneficiar de medidas de apoyo a la familia los trabajadores del sector público? ¿Es que condenamos a los trabajadores del sector privado a estar siempre en peores condiciones que el conjunto de los funcionarios? ¿O entendemos que solo puede asumir sus responsabilidades sociales la Administración pública y no las empresas privadas, aunque sabemos que cuando los gobiernos aprueban medidas en el ámbito de la mejora de la gestión del tiempo para los trabajadores del sector público eso termina afectando al sector privado? Se me escapa esa argumentación de fondo. Es más, si el Gobierno y el Grupo Socialista entienden que medidas que refuercen la seguridad de los trabajadores ante las situaciones de responsabilidades familiares pueden perturbar de alguna manera la buena marcha de las empresas, el Gobierno y el Grupo Socialista tienen la obligación de poner encima de la mesa qué medidas concretas articulamos en apoyo de aquellas empresas que, efectivamente, deben hacer frente a las nuevas situaciones de carácter familiar de sus empleados.


Finalmente, somos conscientes de que hay abierta una subcomisión en el seno de la Comisión de Trabajo y Asuntos Sociales que aborda el amplísimo paquete de la flexibilidad horaria, y es bueno recordar que fue una iniciativa del Grupo Parlamentario Popular y que hace muy pocos días que ha empezado su actividad. Alguien puede decir que esperemos a que la subcomisión termine. Mi grupo entiende que es perfectamente compatible al mismo tiempo que estamos abriendo el debate global sobre esa cuestión dar cauce a una tramitación que no deja de ser puntual y muy concreta, que no afecta al funcionamiento del sistema y que además estamos seguros de que si se terminase convirtiendo en ley publicada en el Boletín Oficial del Estado mejoraría las condiciones de vida de aquellas personas que trabajan y que tienen responsabilidades familiares. Por tanto, mi grupo, con mucha tranquilidad, reclama que demos paso a la tramitación de esta proposición de ley y que rechacemos la enmienda a la totalidad que nos plantea el Grupo Socialista.


La señora VICEPRESIDENTA (Chacón i Piqueras): A usted, señor Campuzano, muchas gracias.


Señorías, estamos llamando a votación. (El señor presidente ocupa la Presidencia.)

El señor PRESIDENTE: Vamos a votar. Enmienda de totalidad a la proposición de ley del Senado relativa a la modificación del Real Decreto Legislativo 1/1994, de 20 de julio, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley General de la Seguridad Social.


Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 312; a favor, 161; en contra, 144; abstenciones, siete.


El señor PRESIDENTE: Queda aprobada.


Enmienda de totalidad a la proposición de ley del Senado relativa a la modificación del Real Decreto Legislativo 1/1995, de 24 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores.


Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 312; a favor, 165; en contra, 139; abstenciones, ocho.


El señor PRESIDENTE: Queda aprobada.


TRAMITACIÓN DIRECTA Y EN LECTURA ÚNICA DE INICIATIVAS LEGISLATIVAS:

-PROYECTO DE LEY ORGÁNICA POR LA QUE SE AUTORIZA LA RATIFICACIÓN POR ESPAÑA DEL TRATADO DE ADHESIÓN A LA UNIÓN EUROPEA DE LA REPÚBLICA DE BULGARIA Y DE LA REPÚBLICA DE RUMANÍA. (Número de expediente 121/000055.)

El señor PRESIDENTE: Punto VIII del orden del día: Tramitación directa y en lectura única de iniciativas legislativas. Proyecto de ley orgánica por el que se autoriza la ratificación por España del Tratado de adhesión a la Unión Europea de la República de Bulgaria y de la República de Rumanía.


El procedimiento es el siguiente: intervención, en su caso, de un miembro del Gobierno, el señor ministro de Asuntos Exteriores (Rumores y protestas.-Varios señores diputados: ¡Ah!), y a continuación habrá turno

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de fijación de posiciones de los grupos parlamentarios. (Pausa.-Rumores.)

Señorías, les ruego silencio. Tiene la palabra el señor ministro de Asuntos Exteriores. (Rumores.) Guarden silencio, por favor.


Adelante.


El señor MINISTRO DE ASUNTOS EXTERIORES Y DE COOPERACIÓN (Moratinos Cuyaubé): Gracias, presidente. Gracias señorías.


Con la firma en Luxemburgo, el 25 de abril de 2005, del Tratado de adhesión de la República de Bulgaria y de la República de Rumanía en la Unión Europea, que tuve el honor de firmar en nombre del Gobierno español, culminó el proceso negociador iniciado en el año 2000 para la integración de dichos países en la Unión Europea. De conformidad con lo previsto en el artículo 93 de nuestra Constitución, resulta necesario que la prestación del consentimiento del Estado para ratificar el referido Tratado de adhesión sea autorizado mediante ley orgánica, tal como ocurrió con ocasión de la adhesión de los diez Estados miembros, República Checa, Estonia, Chipre, Letonia, Lituania, Hungría, Malta, Polonia, Eslovenia y la República Eslovaca, a la Unión Europea en el año 2004. Me gustaría subrayar que en realidad la adhesión de Rumanía y Bulgaria no representa un nuevo proceso de ampliación, sino que es la culminación de la segunda fase de la quinta ampliación que abrió las puertas de la Unión a los países de Europa Central y Oriental, a Chipre y Malta. Solo esta razón justificaría por sí misma dar el mismo trato procedimental a la adhesión de Bulgaria y Rumanía que el que se dio en su día a esos países. Me complace evocar ahora que la adhesión de los Diez fue ratificada en su momento por las Cortes por una abrumadora mayoría -solo un voto en contra y una abstención en el Congreso y unanimidad en el Senado- y que fue tramitada por el procedimiento de urgencia, siendo España el segundo Estado miembro que depositó el correspondiente instrumento de ratificación en Roma tras Dinamarca. Quiero agradecer, en nombre del Gobierno, al Pleno de esta Cámara que en su sesión del día 3 de noviembre decidiera, atendiendo a la solicitud del Gobierno, al amparo del artículo 150 de su Reglamento, la tramitación directa y en lectura única del proyecto de ley que presento hoy.


En estos momentos difíciles que atraviesa la Unión Europea actualmente, adquiere aún más importancia si cabe reafirmar el compromiso de España con la ampliación, y por ello desde el primer momento apoyamos decididamente las justas expectativas que se abrieron a los países de Europa central y oriental tras la gran sacudida de la historia que significó la caída del muro de Berlín, para ser parte de la familia europea tan pronto como cumplieran los requisitos necesarios para ello.
España no ha escatimado esfuerzos para apoyarlos y ayudarlos en este empeño, y, de manera muy significativa, a través de los programas de cooperación técnica de larga duración denominados acuerdos de hermanamiento, particularmente en el ámbito de la reforma judicial. Una rápida ratificación de España y los demás Estados miembros del Tratado de adhesión sería en estos momentos el mejor y más deseado por su parte, el mejor mensaje de apoyo a los Gobiernos y sociedades de estos dos países amigos, y ayudaría a revitalizar su motivación y determinación, tan necesarias para comandar con éxito su entrada en la Unión en enero de 2007.


La Unión Europea se beneficiará en su conjunto, y se verá más equilibrada cuando ingresen esos dos países. España contará con dos buenos amigos y aliados en su seno, con los que compartimos intereses y posiciones muy próximos en numerosas áreas. Para Rumanía y Bulgaria la adhesión significará, como sabemos bien por experiencia propia, el mejor camino para la modernización, la estabilidad, el progreso y la democracia. Como ha afirmado el alto representante de la Unión Europea, don Javier Solana, la ampliación es nuestra más formidable realización estratégica. Se trata, sin duda, de la herramienta más poderosa para la Unión en política exterior para difundir la paz, la democracia y el progreso económico. No obstante, y a pesar de que nunca hemos tenido tanto éxito en el desarrollo del proceso de construcción europea, incluida la ampliación hacia el este, como atestigua el que los nuevos miembros estén entre los más dinámicos económicamente, no podemos ignorar que en amplios sectores de la población europea existe un sentimiento de rechazo frente a la evolución actual. En esta situación influye de forma muy significativa el desasosiego que suscita el cambio reversible de la geometría política de Europa, causado por la ampliación de la Unión a Veinticinco, pronto a Veintisiete, así como el temor e incertidumbre ante las futuras adhesiones previstas. Por ello es muy importante que la política de ampliación de la Unión Europea se lleve a cabo conforme al documento de estrategia recientemente adoptado por la Comisión, siguiendo esas líneas directrices: consolidación, condicionalidad y comunicación.


Termino esta presentación del proyecto de ley orgánica reiterando el interés y la confianza del Gobierno en que la ratificación del Tratado de adhesión a la Unión Europea de Bulgaria y Rumanía pueda tramitarse en el periodo más breve posible, y recabe un consenso tan amplio como en el caso de la adhesión de los Diez, consenso que reflejaba cabalmente el sentir mayoritario del pueblo español.


Muchas gracias, señor presidente. (Aplausos.)

El señor PRESIDENTE: Gracias, señor ministro.


Siquiera pro forma, ¿alguien quiere ejercer su turno en contra? (Pausa.)

Pasamos al turno de fijación de posiciones. Coalición Canaria.


El señor MARDONES SEVILLA: Gracias, señor presidente.


Como bien ha recordado el señor ministro de Asuntos Exteriores, en esta Cámara ya existen trámites previos en este sentido, así como un pronunciamiento que en Coalición Canaria coincide con lo que ha dicho el señor

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Moratinos, un testimonio de persistencia de extensión europea ante las adhesiones de nuevos países, en este caso, de Bulgaria y Rumanía. Por tanto, nosotros mantenemos la congruencia de nuestro voto desde la peculiaridad de la adhesión de España a la Unión Europea, dentro de esa peculiaridad que es fundamentalmente el estatus especial de Canarias. No se trata de ninguna reserva frente a otros Estados miembros de la Unión Europea o que lo vayan a ser en el futuro, como Bulgaria y Rumanía.
Nuestro voto va a ser favorable precisamente para que se pueda hacer la tramitación correspondiente y dar la autorización para su ratificación.


Por tanto, el voto de Coalición Canaria será favorable a la ratificación por parte del Reino de España de la adhesión de Bulgaria y Rumanía, en este espíritu europeísta y de unión de futuro.


Muchas gracias, señor presidente.


El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Mardones.


Por Izquierda Unida, señor Llamazares.


El señor LLAMAZARES TRIGO: Gracias, señor presidente.


De igual forma -y muy brevemente-, también votaremos favorablemente la ratificación de la adhesión de Bulgaria y de Rumanía, en la convicción de que supone superar la división europea. Pero al mismo tiempo queremos manifestar nuestra preocupación por la situación actual de la Unión Europea, donde no solamente tenemos problemas a corto plazo en relación con los escenarios financieros, sino problemas a medio y largo plazo.
Aumentan los vagones del tren europeo, pero la locomotora europea cada vez tiene menos fuerza, y la orientación europea cada vez está más indefinida. Esa es nuestra opinión. Votaremos favorablemente, pero no nos engañamos en relación con la crisis que vive la Unión Europea.


El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Llamazares.


Señor Maldonado.


El señor MALDONADO I GILI: Gracias, señor presidente.


Señor ministro, señorías, miembros de los cuerpos diplomáticos de Bulgaria y de Rumanía, señoras y señores, con el trámite parlamentario que hoy celebramos, este Parlamento colabora en la culminación de un proceso exitoso que se inició al final de los años ochenta, cuando el derrumbe del bloque soviético, y que cristalizó el 1º de mayo de 2004 con diez nuevos Estados que se incorporaron a la Unión Europea y que terminará cuando lo hagan Rumanía y Bulgaria, los Estados protagonistas del tratado que hoy va a ratificar esta Cámara. Cuando estos dos Estados se incorporen, habremos dado definitivamente este nuevo paso.


El pasado 13 de abril, el Parlamento Europeo dio su conformidad al dictamen relativo a la inclusión de la quinta ampliación de la Unión, la que comprende a Bulgaria y a Rumanía, y en el debate previo, el 12 de abril, en Estrasburgo, el presidente del Consejo en ejercicio, el ministro luxemburgués de relaciones exteriores, Nicolas Schmidt, iniciaba su intervención con unas palabras que, por su claridad y por representar, a su vez, el poso ideológico que guía a mi grupo parlamentario en política europea, me permitirán que les cite. El señor Schmidt empezaba su intervención diciendo: Señor presidente, señorías, los padres fundadores de la Comunidad manifestaron claramente en 1957, en el Tratado de Roma, que estaban resueltos a sentar las bases de una unión cada vez más estrecha entre los pueblos europeos. En el preámbulo de dicho Tratado, los Estados miembros invitan a los demás pueblos de Europa, incluidos los países que estaban separados de ella en aquella época y que compartan los mismos ideales de paz y libertad, a que se asocien a su proyecto de construcción de una Europa unida.


Sobre esta base ideológica ha empezado la Unión Europea, de manera inexorable, desde la inicial Comunidad Europea del Carbón y del Acero, hasta la Unión Económica y Monetaria. Esta vocación de unión cada vez más estrecha entre los pueblos ha sido la que ha ido impulsando, cuando el movimiento político lo ha aconsejado o lo ha hecho posible, el progresivo crecimiento de esta entidad, hoy en crisis, pero en crisis de crecimiento, que es la Unión Europea. En cierta medida, como decía san Francisco de Asís, comienza haciendo lo que es necesario, después lo que es posible, y de repente estarás haciendo lo imposible. Posiblemente -y salgo un poco del guión- la crisis que hoy vive la Unión es más debida a que estamos afrontando esta última fase, que no a una verdadera crisis de identidad. Y sobre esta también se ha andado camino durante las últimas ampliaciones, la de 2004 y la que hoy tratamos, y de hecho -lo ha dicho el señor ministro- son un mismo proceso y, si cabe, en estas dos últimas ampliaciones ha tenido más sentido que nunca la invitación hecha en su momento a todos los pueblos de Europa. No ha sido un camino exento de dificultades el de Bulgaria y Rumanía, así como también el de los ocho Estados que se incorporaron hace año y medio y que provenían, como ellos, de la llamada Europa del Este. Sin desdeñar en ningún caso los esfuerzos hechos por la República Checa, Hungría, Polonia, Eslovaquia, Lituania, Letonia, Estonia y Eslovenia, esfuerzo que en la mayoría de los casos siguen haciendo, sin desdeñar estos esfuerzos es necesario reconocer desde esta tribuna los esfuerzos ingentes realizados por Bulgaria y Rumanía. Partiendo de la desastrosa situación en que los habían dejado las largas dictaduras comunistas que ambos países, como los otros ya reseñados, han sufrido, Bulgaria y Rumanía han pasado, primero, por la decisión que en su día los dejó fuera del primer grupo de países que se iban a incorporar a la Unión Europea. En segundo lugar, y no menos importante según el parecer de nuestro grupo parlamentario, han tenido que hacer gran parte del trabajo en un ambiente europeo mucho más difícil y complicado.


Sin entrar a realizar un exhaustivo análisis histórico, es necesario recordar que los ocho países antes citados,

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más Malta y Chipre, terminaron sus negociaciones de adhesión en diciembre de 2003, de forma más o menos simultánea al fracaso del Consejo Europeo de Bruselas, celebrado también en diciembre de 2003, que supuso un atraso en la aprobación del tratado por el que se constituye una constitución europea. Estos diez Estados se incorporaron a la Unión en mayo de 2004, antes de la incorporación por parte del Consejo de dicho tratado constitucional, tratado del que por otra parte todos son copartícipes, también los todavía candidatos. En cualquier caso, todos ellos celebraron sus debates internos y los procesos de ratificación correspondientes ante el portal de la crisis que se avecinaba, pero no inmersos en ella, como les ha tocado hacer a Bulgaria y Rumanía. Bulgaria y Rumanía están haciendo sus deberes, con sus éxitos, sus retos y sus dificultades, y deben convencer a los ciudadanos de la bondad de la incorporación a la Unión Europea en un ambiente totalmente distinto. No sólo el tratado constitucional ha sufrido serios reveses, sino que las negociaciones sobre las perspectivas financieras están encalladas, y dichas negociaciones forman parte de las esperanzas de los pueblos búlgaro y rumano. Ellos han puesto en este proceso negociador muchas esperanzas.
Bulgaria y Rumanía cierran -lo decía al principio- el gran proceso de ampliación europea, de la reunificación europea, un proceso que puede observarse, analizarse y juzgarse desde muchos puntos de vista, pero que Convergència i Unió definirá siempre, en primer lugar, como una cuestión de justicia y de reparo.


El comisario europeo para la ampliación, el finlandés Olli Rehn, el pasado 25 de octubre, ante el Parlamento Europeo y en la presentación del correspondiente informe del seguimiento de los procesos de adhesión de ambos países, decía que Bulgaria y Rumanía habían seguido unos procesos positivos para complementar los requisitos de ampliación, y, resumiendo, explicaba cómo Bulgaria, que tras el proceso electoral, de manera lógica, había entorpecido un poco la marcha de los trabajos, había vuelto a poner manos a la obra, trabajando de forma enérgica para recuperar el tiempo perdido, mientras que Rumanía había cogido lo que podríamos calificar como tren o velocidad de crucero, sobre todo en los campos de la reforma de la justicia, la política y la competencia y en cuestiones de ayudas al Estado, así como en la relación a nivel global de armonización con la legislación de la Unión. De todas formas, también destacaba el comisario la necesidad y la responsabilidad que ambos países tienen de hacer progresos más importantes en determinados ámbitos, como la reforma de la administración pública, la implementación efectiva de la reforma del sistema judicial, el establecimiento de un sistema de lucha contra la corrupción, en especial la corrupción de alto nivel, así como destacadas mejoras en el área de derechos humanos y de protección de las minorías y de los grupos vulnerables. En cualquier caso, queda claro de la lectura de los informes de la Comisión Europea que ambos países todavía tienen un largo camino por recorrer y que hay muchos campos en los que todavía es necesario un gran progreso.


Señorías, no ha sido mi intención ni la de mi grupo sacar a colación algunas dificultades por las que pueden pasar Bulgaria y Rumanía. Nada más lejos de nuestra intención. Pero nos parece importante en estos momentos de aproximación entre la Unión y estos dos países candidatos que podamos decir las cosas con meridiana claridad. No se trata de reproches.
Se trata de discernir. El vaso se está llenando, no está medio lleno o medio vacío. Decía Abraham Lincoln: quien tiene el derecho de criticar, debe tener el corazón de ayudar. Convergència i Unió entiende y ha entendido siempre que la pertenencia a la Unión Europea no tiene ningún valor sin un fuerte compromiso, con lealtad a los valores fundacionales de la Unión. Y de ese compromiso y de esa lealtad concluimos que es necesario hablar con franqueza y decir a los pueblos húngaros y rumanos: adelante, vais por buen camino, os estamos esperando, os vamos a ayudar, hay que acabar los deberes, y sabemos que lo estáis haciendo con un único ánimo: seguir avanzando, más o menos deprisa, pero, sobre todo, con paso firme.


Termino con una cita de Jean Monnet: No coaligamos Estados, unimos hombres. Yo diría: unimos hombres y mujeres. Así pues, sobre la base de esta filosofía, damos la bienvenida a los pueblos búlgaro y rumano, prestando el apoyo de este grupo parlamentario, CIU, al Tratado relativo a la adhesión de las repúblicas de Bulgaria y Rumanía a la Unión Europea.
Sean bienvenidos, y suerte en este su futuro europeísta.


Muchas gracias.


El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Maldonado.


Grupo Popular. Señor Ricomá.


El señor RICOMÁ DE CASTELLARNAU: Muchas gracias, señor presidente.


Señor ministro, la Unión Europea está viviendo en los últimos años una de sus más importantes ampliaciones con la incorporación, en mayo de 2004, de diez nuevos Estados y con la propuesta de que, en enero de 2007, hagan lo propio dos más, Bulgaria y Rumanía, consiguiendo con ello un fuerte ensanchamiento no solo de su población y de su superficie sino también de su dimensión política, social y económica. Estos recientes procesos de ampliación supondrán un paso decisivo hacia la reunificación, la primera que se desarrolla de forma pacífica, el fortalecimiento del peso de Europa en el mundo y el logro de mayores cotas de paz, estabilidad y prosperidad para la Unión. La ampliación constituye por ello una responsabilidad histórica, un deber de solidaridad y un proyecto político económico de primera magnitud para el futuro de Europa.


El Grupo Parlamentario Popular, creyente convencido y leal defensor de este proyecto de construcción, ha apoyado en todo momento cualquier acción dirigida a favorecerlo, dejando constancia práctica de ello cuando, a lo largo del primer semestre del año 2002, el entonces Gobierno del Partido Popular asumió la Presidencia de

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turno de la Unión Europea, desarrollando una gran labor para conseguir cerrar los capítulos que le correspondían respecto a la ampliación, así como muchos otros que agilizaron y favorecieron este proceso para las presidencias posteriores.


Corresponde ahora abrir el turno, abrir las puertas a dos nuevos Estados, a dos nuevos socios, Bulgaria y Rumanía. En este sentido, bastará dejar constancia de lo que ya expresó el Grupo Popular en septiembre de 2003, en un trámite gemelo al que ahora vivimos, con motivo de la autorización de España a la adhesión a la Unión Europea del paquete de los diez últimos países que lo consiguieron, cuando, a través de su portavoz, se expresó en los siguientes términos: aunque no les corresponda en estos momentos, quiero expresar el compromiso y apoyo del Grupo Parlamentario Popular para que la incorporación de Bulgaria y Rumanía a la Unión Europea sea una realidad en 2007. Palabras, pues, que dejan bien claro nuestro deseo en el pasado y la satisfacción que sentimos en la actualidad al comprobar cómo dos nuevas piezas se añaden al proceso de unificación europeo, cómo dos nuevos países de Europa central y oriental recuperan su sitio en el viejo continente, en el que muchos de sus vínculos culturales e históricos son comunes a la totalidad de la ciudadanía. Un nuevo paso adelante en el camino de la ampliación europea, que deja una estela de gran simbolismo geoestratégico y geopolítico al incorporar a dos países del antiguo Este, Bulgaria y Rumanía, a esta nueva Europa que todos contemplamos, nacida de la reconciliación entre los dos bloques en los que, desafortunadamente, dividió a Europa el telón de acero. Un nuevo paso adelante que, añadido al producido en mayo de 2004, habrá permitido incorporar a la Unión Europea a doce nuevos países con instituciones estables, capaces de garantizar la democracia, el Estado de derecho y el pleno respeto a los derechos humanos y a las libertades fundamentales, consiguiendo de esta manera ampliar la familia de Estados comprometidos en el seno de la Unión Europea con idénticos principios y valores, caracterizados, además, por ser los únicos que permiten el progreso de las sociedades y el bienestar de sus ciudadanos.


Señorías, si son importantes las razones políticas y estratégicas de esta nueva ampliación no lo son menos las motivaciones económicas, y, lógicamente, el impacto que van a tener tanto en el ámbito de la Unión como su repercusión en España. Hemos de tener presente que la incorporación de estos doce nuevos países amplía en más de cien millones de habitantes la Unión, con lo que va a quedar definido un mercado interior superior a los quinientos millones de personas en el que, con políticas y actuaciones adecuadas, se posibilitará la generación de un mayor crecimiento del producto y del empleo, se posibilitará también la disminución de costes por el efecto de la economía de escala, y, además, tendremos un previsible crecimiento de los intercambios de bienes, de servicios, de tecnología y de capital. Estamos hablando de países con economías emergentes, con grandes expectativas de crecimiento que, en su inmensa mayoría, han tenido que seguir un proceso de transición desde una economía planificada y centralizada a otra economía de mercado y abierta al exterior. Ello debe suponer para sus ciudadanos una oportunidad de mejorar su nivel de vida, y para la Unión un incremento del mercado en el que normas y disposiciones comunes van a permitir definir un marco más estable y seguro para la actividad económica.


En el terreno bilateral, no podemos olvidar que, de tener unos intercambios comerciales insignificantes, los doce países de las últimas ampliaciones han pasado ya a ser el noveno socio comercial de España y a constituir un destino en continuo crecimiento para nuestras inversiones.
Del mismo modo podemos señalar que nuestras economías son más complementarias que competitivas. Sirva como ejemplo la agricultura, en la que los productos cítricos y oleaginosos españoles pueden complementarse perfectamente con los cereales y los típicos productos de la climatología continental. Además, los efectos de la liberalización, de la privatización y de la modernización de que ha gozado la economía española en los últimos diez años abre posibilidades a muchos sectores para el entendimiento y la cooperación entre nuestros agentes económicos y los de los países de la ampliación.


Es obvio que para aprovechar estas oportunidades España debe tener la capacidad de salvar aquellos obstáculos que la colocan en situación de desventaja con los otros socios tradicionales comunitarios, principalmente dos. Por un lado, el acumulado retraso en el desarrollo de las relaciones bilaterales. Durante largos años, España no mantuvo relaciones diplomáticas plenas con los países de la ampliación del Centro y Este de Europa. Fue solo a partir del año 1997 cuando se empezaron a abrir algunas embajadas en dichos países. Por otro lado, está la posición de privilegio de nuestros actuales y tradicionales socios comunitarios.
La gran mayoría de ellos están vinculados geográfica e históricamente, compartieron algunas experiencias comunes y participaron en realidades históricas conjuntas. Por ejemplo, formaron parte del Imperio Austrohúngaro y fueron víctimas del nazismo y/o del comunismo. Por tanto, nuestros socios tradicionales tienen una similitud en cuanto a tradiciones y costumbres que los ubica en una posición privilegiada en relación con España.


No podemos finalizar nuestra valoración sobre esta cuestión sin introducir aquellos matices que reflejan la actualidad del proceso de adhesión de Bulgaria y Rumanía, aquellas cuestiones que, además, dependen solo y en exclusiva del esfuerzo que hagan estos países para su integración. En este sentido, es obvio que tienen al alcance de su mano ratificar su ingreso en la fecha preestablecida, en enero del año 2007. Bulgaria y Rumanía han dado pasos significativos hacia el cumplimiento de los criterios políticos y económicos exigidos, de los criterios conocidos como criterios de Copenhague. Ambos países pueden considerarse economías de mercado viables. Han avanzado de forma importante en el control fronterizo y han adoptado nuevas leyes y reglamentos

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en la dirección de asumir el acervo comunitario. No obstante -y se ha señalado hoy aquí-, continúa habiendo alguna reserva sobre algunos de los aspectos, según ha manifestado hace pocos días la Comisión. En consecuencia, estos países deben tener bien presentes, y actuar en consecuencia, las advertencias del comisario Rehn, cuando afirmó hace pocos días que no tendría miramientos en posponer un año la adhesión de Bulgaria y Rumanía si no despejaban las dudas y los interrogantes sobre las cuestiones que ya se han señalado, básicamente vinculadas a la evolución, a los cambios que se están produciendo en su sistema judicial, para combatir aquellos casos que permanecen en algunas etapas de la cotidianidad del país de corrupción, de tráficos, en definitiva, problemas que el Grupo Parlamentario Popular tiene la certeza de que los dos países sabrán solventar. En cualquier caso, y con todo el deseo de que atiendan y resuelvan esta tarjeta amarilla que les han sacado, esta advertencia que les hizo el comisario, el Grupo Parlamentario Popular apoya con convicción la autorización española a la adhesión de Bulgaria y Rumanía. En un proceso de estas características, en el que el desencuentro ha sido el denominador común a lo largo de los tiempos, no debemos perder de vista la gran aportación a la historia, a la cultura, a la identidad europea que cada uno de los países representa y lo mucho que podrán aportar al futuro de la Unión Europea. La incorporación de nuevos candidatos debe aproximar a España a unos países sin los que Europa quedaría incompleta, consiguiendo desde esta común participación mejorar, no solo sus niveles de estabilidad, de desarrollo y de bienestar, sino también los de la Unión Europea y, cómo no, también los de España.
Muchísimas gracias.


El señor PRESIDENTE: Gracias a usted, señor Ricomá. Finalmente, señora Rodríguez, por el Grupo Parlamentario Socialista.


La señora RODRÍGUEZ RAMOS: Gracias, señor presidente.


Señorías, el Grupo Parlamentario Socialista va a votar favorablemente esta ley orgánica por la que se debe ratificar el Tratado de adhesión de las repúblicas de Bulgaria y Rumanía, firmado el 25 de abril de 2005. España ha sido siempre partidaria de la ampliación de la Unión Europea a los países de la Europa central y oriental y a los países del Mediterráneo, Chipre y Malta, y por varias razones. La primera, por nuestra propia experiencia, ya que España, después de su ingreso en la Unión, ha sufrido un proceso enormemente beneficioso en todos los ámbitos (político, económico y social), y también por una razón de profundo convencimiento de que la ampliación forma parte, junto con el principio de profundización en la integración de políticas económicas, sociales y políticas, de la propia esencia del proyecto de unión política europea.
Este apoyo español se sustenta, como hoy estamos viendo en esta Cámara, en una amplia aceptación de todas las fuerzas políticas españolas y, también, para nuestra satisfacción, en una amplia aceptación de la opinión pública española.


Además de todo esto, el proceso de Rumanía y Bulgaria es la conclusión de la quinta ampliación de todos los países de la Europa central y oriental.
Sabemos que supone el fin de la división histórica, ficticia y dolorosa, del continente europeo así como la base necesaria para proseguir el camino de una Unión Europea fuerte desde el punto de vista político. Sin esta ampliación sabíamos que nuestro camino en la consecución de la unión política europea estaba truncado. Podemos decir, por lo tanto, que la adhesión de Rumanía y Bulgaria forma parte de esta quinta ampliación de un proceso irreversible y va a concluir con el camino iniciado en junio de 1993 con aquel Consejo de Copenhague, donde se fijaron los criterios para la adhesión, que hizo posible que el 1 de mayo de 2004 fuera real la adhesión de diez países candidatos y que, esperemos, el 1 de enero de 2007 finalice definitivamente con la entrada de Rumanía y Bulgaria.
Técnicamente Bulgaria concluyó sus negociaciones el 15 de junio de 2004, Rumanía lo hizo el 14 de diciembre de 2004 y el Consejo Europeo de 2004 dio la bienvenida y mostró su satisfacción por la conclusión de este proceso negociador. Es cierto que en este Consejo de diciembre de 2004 se establecieron dos importantes elementos o circunstancias a tener en cuenta. Por una parte, tanto la Comisión como el Consejo establecieron un proceso de seguimiento monotorizado para, desde esa fecha hasta el 1 de enero de 2007, verificar que los criterios de convergencia y las obligaciones asumidas por estos dos países se estaban cumpliendo. En este sentido, hay que señalar que en los tratados de adhesión de Rumanía y Bulgaria se ha establecido una cuarta cláusula de salvaguarda no existente en los tratados de adhesión de los Diez. En el caso de la cláusula de salvaguarda de Bulgaria, se señala la posibilidad de que, a propuesta de la Comisión y con la aprobación por unanimidad del Consejo, si se valorara en este proceso de seguimiento monotorizado que no se han cumplido algunas de las condiciones necesarias para la convergencia el 1 de enero de 2007, sea posible aplazar en un año la adhesión. En el caso de Rumanía, esta cuarta cláusula de salvaguarda se establece para los capítulos de competencia y mercado interior y para justicia e interior.


De todos modos, sabemos, porque esta ha sido la experiencia, que tanto Rumanía como Bulgaria han hecho importantes esfuerzos para estar dentro de los principios de convergencia y poder cumplir sus obligaciones en cada uno de los criterios y de los escenarios políticos, económicos e institucionales de Copenhague. Lo sabemos porque estos esfuerzos los han realizado de forma extraordinaria en la fase de preadhesión a través de los programas, que han resultado claramente operativos y exitosos, Phare, Ispa y Sapar. Me gustaría señalar que en todos estos programas España ha tenido un compromiso claro con la adhesión de Bulgaria y Rumanía, y creo que lo citó antes el ministro. En los programas de Bulgaria y Rumanía, dos de los países candidatos,

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España ha tenido una participación muy importante en relación concretamente con sectores que eran claramente sensibles y donde, por ejemplo, el Estado de Rumanía tenía las mayores dificultades. Los sectores de cooperación en ambos países, en los que España se ha mostrado más activa, están especialmente relacionados con los asuntos de política interior y de justicia, vigilancia de fronteras, formación de policía, jueces y magistrados y lucha contra la corrupción.


Para ir concluyendo, quisiera decir que en el curso de todo el proceso de negociación los dos principios esenciales para España han sido indudablemente el respeto al acervo comunitario, el cumplimiento de los criterios de convergencia de estos países y la salvaguarda de los intereses nacionales. Podemos decir que estos tres objetivos se han conseguido. Pero, además, desde el punto de vista político y de Estado miembro, sabemos que hoy, con la ratificación de los tratados de adhesión de Bulgaria y Rumanía, se incorporan a la Unión Europea dos países meridionales con una gran sensibilidad mediterránea y, concretamente, en el caso de Rumanía, un país con un tamaño medio -22 millones de habitantes- que tiene una gran tradición y una gran cultura latina.


También sabemos que la quinta ampliación -lo que supuso la ampliación a los diez Estados que hoy ya son miembros y a Rumanía y Bulgaria, que esperemos indudablemente que lo sean el 1 de enero de 2007- conlleva importantes retos desde el punto de vista institucional, económico y también desde el punto de vista político. Pero el Grupo Socialista no ha olvidado nunca, y siempre lo ha dicho así, que aunque la ampliación tenía sus riesgos suponía sobre todo una gran oportunidad política para Europa y también para España. Esto se demuestra observando cómo hace quince años nuestras relaciones exteriores con los doce países que serán nuevos miembros -ahora son diez, y Rumanía y Bulgaria lo serán en 2007- suponían tan solo un 0,8 por ciento de nuestras relaciones comerciales exteriores y hoy suponen ya más del 4 por ciento. Por tanto, hay una gran oportunidad política, una gran oportunidad económica y lo mejor que podemos hacer para salir airosos de este gran reto es mantener nuestra buena situación económica, nuestra buena convergencia de España con la Unión Europea, seguir trabajando con rigor en nuestra política macroeconómica y desde luego trabajar y avanzar por las orientaciones de Lisboa. Nuestro último programa nacional de reformas indica claramente que esta es la senda.


Concluyo diciendo que el Grupo Socialista votará sí a esta Ley Orgánica para ratificar el Tratado de Adhesión de Bulgaria y Rumanía.


Muchas gracias. (Aplausos.)

La señora VICEPRESIDENTA (Chacón i Piqueras): Gracias, señora Rodríguez.


Procedemos a la votación del proyecto de Ley Orgánica por la que se autoriza la ratificación por España del Tratado de Adhesión a la Unión Europea de la República de Bulgaria y de la República de Rumanía.


Conforme a lo establecido en el artículo 150.2, por tramitarse la iniciativa por el procedimiento de lectura única, y en el artículo 131 del Reglamento, por tener carácter orgánico, se somete a votación final el conjunto del texto del proyecto de ley.


Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 304; a favor, 303; en contra, uno.


La señora VICEPRESIDENTA (Chacón i Piqueras): Queda aprobado.


INFORME ANUAL SOBRE LA CUENTA GENERAL DEL ESTADO:

-DICTAMEN DE LA COMISIÓN MIXTA PARA LAS RELACIONES CON EL TRIBUNAL DE CUENTAS EN RELACIÓN CON LA DECLARACIÓN SOBRE LA CUENTA GENERAL DEL ESTADO DEL EJERCICIO 2002, ASÍ COMO LA RESOLUCIÓN ADOPTADA POR DICHA COMISIÓN.
(Número de expediente 250/000005.)

La señora VICEPRESIDENTA (Chacón i Piqueras): Señorías, pasamos a debatir el punto IX del orden del día, relativo al informe anual sobre la cuenta general del Estado, y en particular el dictamen de la Comisión Mixta para las Relaciones con el Tribunal de Cuentas en relación con la declaración sobre la cuenta general del Estado del ejercicio 2002, así como la resolución adoptada por dicha Comisión.


Señorías, debatiremos este punto mediante la fijación de posición de los grupos parlamentarios de menor a mayor. ¿Grupo Parlamentario Mixto? (Pausa.)

Por el Grupo Parlamentario de Coalición Canaria-Nueva Canarias, señor Mardones. (Rumores.)

Por favor, señorías, si desean abandonar el hemiciclo les rogaría que lo hicieran de manera rápida y en silencio por cuanto querríamos seguir con el debate del orden del día de hoy.


Adelante.


El señor MARDONES SEVILLA: Gracias, señora presidenta.


Intervendré rápidamente porque ya manifestamos en la Comisión Mixta Congreso-Senado de Relaciones con el Tribunal de Cuentas que votaríamos favorablemente todas y cada una de las 16 propuestas de resolución que se elevan hoy al Pleno para su ratificación y especialmente la que mi grupo había presentado, la propuesta de resolución número 6, referente a las mutuas de accidentes de trabajo y enfermedades profesionales de la Seguridad Social. Todas han sido recogidas, ya que fueron aprobadas por unanimidad, de lo que nos congratulamos. Esperamos que con la elevación al Gobierno de estas propuestas de resolución el cumplimiento de las mismas quede garantizado por los diferentes servicios

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de auditoría y de inspección de funcionarios y de organismos competentes en la materia para que todas las acertadas recomendaciones que plantean estas propuestas de resolución puedan llevar a una cada vez más positiva mejora de los análisis de auditoría de la cuenta general del Estado, en este caso la referida al año 2002, que incorpora una serie de observaciones que van a ir perfeccionando un sistema de transparencia para conocer cómo, dónde y cuándo el gasto público tiene su realización.
En consecuencia, votaremos favorablemente.


Muchas gracias, señora presidenta.


La señora VICEPRESIDENTA (Chacón i Piqueras): Muchas gracias a usted, señor Mardones.


Continuamos con el Grupo Parlamentario de Izquierda Verde-Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya Verds. Tiene la palabra el señor Llamazares.


El señor LLAMAZARES TRIGO: Gracias, señora presidenta.


Compartimos las conclusiones del Tribunal de Cuentas. Si acaso nuestra preocupación es porque esas conclusiones sean sobre un periodo ya lejano, es decir, que tienen escasa operatividad en la actualidad. En todo caso, nos manifestamos a favor de las resoluciones presentadas. Las votaremos favorablemente e intentaremos que se agilice su cumplimiento, tanto como que se agilice el funcionamiento del Tribunal de Cuentas en relación con la cuenta general del Estado.


La señora VICEPRESIDENTA (Chacón i Piqueras): Muchas gracias, señor Llamazares.


¿Grupo Parlamentario Vasco? (Pausa.)

Será el señor Vilajoana quien tomará la palabra por el Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió).


Adelante.


El señor VILAJOANA ROVIRA: Muchas gracias, señora presidenta.


Intervengo muy brevemente para afirmar y para manifestar que el Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió) va a emitir su voto favorable a este dictamen en coherencia con nuestra posición en las resoluciones, en el análisis y en el debate que se hizo en la Comisión Mixta Congreso-Senado de Relaciones con el Tribunal de Cuentas.


También quiero manifestar la valoración positiva y no solamente por el debate, sino por la unanimidad que se registró alrededor de las 16 resoluciones. Respecto a estas, nos gustaría expresar que apoyamos lo que se pide en la resolución 5, que tiene que ver con la deuda del Holding Olímpico, Holsa, por un importe de 370.000 miles de euros, y es que el Gobierno analice la posibilidad de incorporar al pasivo del balance de la cuenta de la Administración General del Estado estas deudas contraídas por el Grupo Holding Olímpico de Barcelona, de la misma forma que se ha hecho con otras deudas históricas, como las de Renfe, Televisión Española, etcétera. También queremos seguir instando al Gobierno para que avance en el proceso de consolidación de las cuentas públicas ya iniciado, al objeto de obtener una visión más global de las actividades desarrolladas por el sector público estatal. En este sentido, también quiero adherirme a lo manifestado por el portavoz de Izquierda Unida, en el sentido de que sabemos que el Tribunal de Cuentas hace un gran esfuerzo, pero en cualquier caso es fundamental ir avanzando en las fechas y que no ocurra lo de ahora, que estamos aprobando unas cuentas de 2002 a finales de 2005.


Finalmente, en la resolución 15 pedimos al Gobierno que se avance en la declaración de la cuenta general del Estado y en la misma se dé información de los últimos cuatro ejercicios presupuestarios y se especifiquen claramente las partidas pendientes de imputar al presupuesto, así como las imputadas al mismo que corresponden a ejercicios anteriores, todo esto con el objetivo fundamental de que la transparencia sea mayor y que sea más fácil su análisis.


Dicho todo esto, señora presidenta, señoras y señores diputados, reitero la voluntad de voto afirmativo por parte del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió).


Muchas gracias.


La señora VICEPRESIDENTA (Chacón i Piqueras): A usted, señor Vilajoana.


Señora Rodríguez, es su turno para fijar posición en nombre del Grupo Parlamentario Popular.


Adelante.


La señora RODRÍGUEZ HERRER: Gracias, señora presidenta.


Señorías, subo a la tribuna para fijar la posición del Grupo Parlamentario Popular respecto a la declaración definitiva sobre la cuenta general del Estado de 2002 y la resolución que sobre la misma adoptó la Comisión Mixta Congreso-Senado para las Relaciones con el Tribunal de Cuentas el 8 de noviembre pasado. Antes de comenzar no quiero dejar pasar la oportunidad de agradecer al tribunal en general su trabajo en relación con esta cuenta y al presidente en particular por la información que nos facilitó en la Comisión Mixta.


La declaración sobre la cuenta general del Estado para 2002 fue aprobada por el Pleno del Tribunal de Cuentas el 22 de diciembre de 2004 y tuvo entrada en la Comisión Mixta el 30 de diciembre de ese mismo año. Algo hemos ganado desde que pasamos este mismo trámite respecto a la cuenta general de 2001, fue en febrero de este mismo año. Y si cumplimos en la Comisión Mixta nuestras propias resoluciones, espero que en la de 2003 hayamos regularizado los tiempos de análisis y discusión.


La cuenta general del Estado para el año 2002 se formó de acuerdo con lo establecido en la Orden del Ministerio de Hacienda de 12 de diciembre de 2000, que desarrollaba el artículo 132 del entonces vigente texto refundido de la Ley General Presupuestaria. Recuerdo nuevamente a SS.SS.
que las Cortes Generales aprobaron

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una nueva Ley General Presupuestaria, con fecha 26 de noviembre de 2003, aunque en estas cuestiones se mantuvo prácticamente lo establecido con anterioridad, que provenía de una reforma que se empezó a aplicar en la cuenta de 1999. Como SS.SS. conocen, la reforma supuso, de una parte, la configuración de la cuenta general del Estado como un documento informativo formado por la agregación o consolidación de las cuentas rendidas por los responsables de las distintas entidades públicas, con la finalidad de ofrecer una visión de conjunto de la actividad desarrollada por todo el sector público estatal y, por otro lado, que el contenido, la estructura, las normas de elaboración y los criterios de agregación o consolidación debían en todo caso suministrar información sobre la situación económico-financiera y patrimonial del sector público estatal, sobre los resultados económico-patrimoniales del ejercicio y sobre la ejecución y liquidación de los presupuestos. Es precisamente en este campo, en el de la información suministrada, en el que el Tribunal de Cuentas vuelve a poner de manifiesto su insatisfacción por considerar que no se aportaba la suficiente para llegar a una conclusión clara respecto de la situación financiero-patrimonial del sector público estatal. Como consecuencia de esas manifestaciones que ya efectuó el tribunal respecto de las cuentas anteriores, se le solicitó que en el ejercicio de sus funciones realizara una moción, clarificando cuál era la información que se debía facilitar en la cuenta general del Estado y, en especial, cuál debiera ser el procedimiento de consolidación de las cuentas rendidas y cuál el contenido de la memoria que debe acompañar a cada una de las partes de la cuenta general. Esa moción se analizó en la misma sesión de la Comisión Mixta que discutió sobre la cuenta general de 2002 y sobre la misma se aprobaron, también por unanimidad, unas resoluciones que espero que se tengan en cuenta en próximas rendiciones y que resuelvan las discrepancias reiteradas por el tribunal. Por otra parte, el tribunal efectúa un extenso informe que da soporte a la declaración y que culmina con una propuesta, que es la que da origen al dictamen y a la resolución de la Comisión Mixta que hoy recibe este Pleno para su aprobación.


En el debate en la Comisión Mixta pusimos de manifiesto, al igual que en el correspondiente a la cuenta de 2001, que, analizado el contenido concreto del referido informe, nuestro grupo había llegado a la conclusión de que la cuenta general del Estado para 2002 debía ser aprobada por varias razones: en primer lugar, por la falta de representatividad relativa de los defectos observados por el tribunal; en segundo lugar, por la falta de representatividad relativa de las entidades no incluidas por la falta de recepción en el momento de cierre de la cuenta; y, en tercer lugar, porque la falta de información que se señala por el tribunal no le impidió emitir opinión sobre las cuentas rendidas. Además, nuestro grupo realizó en la Comisión una serie de propuestas de resolución que fueron aceptadas por el resto de los grupos, e igualmente aceptamos sus propuestas. Por eso hoy se presenta aquí, aprobado por unanimidad, un dictamen que propone al Pleno del Congreso de los Diputados aprobar la declaración sobre la cuenta general del Estado del ejercicio 2002, integrada por la cuenta de las administraciones públicas estatales, por la de las empresas estatales y por la de las fundaciones estatales, y por eso también se realizaron y aprobaron por unanimidad las resoluciones que se acompañan. Con esas propuestas hemos querido actuar en el sentido constructivo de ir avanzando por el camino que acabe mostrando, por una parte, una cuenta general del Estado que sea lo más sintética posible, sin renunciar a la información básica que debe contener, para que cada ciudadano sea capaz de reconocer cuál es la situación financiero-patrimonial del Estado y cómo se han ejecutado los presupuestos que aprobó este Parlamento, y, por otra, que se le facilite al tribunal toda la información que necesite para poder opinar sobre la bondad de las cuentas rendidas. En este sentido, quiero hacer especial mención al punto primero de la resolución, en el que se insta al Gobierno a que se dé cumplimiento, en el plazo más breve posible, a las resoluciones de la Comisión relacionadas con la moción del tribunal relativa a la formación, al alcance y al contenido de la cuenta general del Estado; y al punto segundo, en el que se le solicita al Gobierno que, en colaboración con el Tribunal de Cuentas, dé una solución definitiva a las diferencias de criterio que se vienen observando ejercicio tras ejercicio. Así, cuando trabajemos sobre las cuentas posteriores nos podremos centrar en los nuevos extremos que, en su caso, puedan calificar cada uno de los ejercicios.


Concluyo, señora presidente, reiterando que, por todo lo anterior, vamos a votar favorablemente el dictamen de la declaración sobre la cuenta general del Estado del ejercicio 2002, integrada, como les decía, por la cuenta de las administraciones públicas estatales, por la de las empresas estatales y por la de las fundaciones estatales, e igualmente la resolución que, con 16 puntos, consecuencia de las propuestas de todos los grupos, aprobó la Comisión Mixta a la vista del dictamen emitido en relación con esa declaración, dictamen que supone textualmente que la cuenta general del Estado del ejercicio 2002 presenta la estructura y contenido establecido en las disposiciones que le son de aplicación, es coherente internamente y con la documentación complementaria que le sirve de fundamento y refleja adecuadamente la actividad económico-financiera, así como su situación patrimonial.


Muchas gracias.


La señora VICEPRESIDENTA (Chacón i Piqueras): Muchísimas gracias, señora Rodríguez.


Finalizamos con la intervención del señor Vallès, en nombre del Grupo Parlamentario Socialista.


El señor VALLÈS VIVES: Muchas gracias, señora presidenta.


Señorías, en nombre del Grupo Socialista voy a fijar posición sobre el dictamen elaborado por la Comisión Mixta Congreso-Senado para las Relaciones con el

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Tribunal de Cuentas, relativo a la cuenta general del Estado del ejercicio 2002, aprobado el pasado día 8 de este mes.


Hace poco menos de un año, como recordará también la portavoz del Partido Popular, subí a esta tribuna con ocasión del debate y votación de la cuenta general del Estado del ejercicio 2001, anunciando entonces nuestro voto afirmativo y rompiendo así con una tradición que mi grupo mantenía de forma coherente desde la cuenta general del año 1996. Como saben SS.SS., mi grupo venía pronunciándose en contra de las distintas cuentas que se iban presentando en esta Cámara, entre otros motivos porque el dictamen aprobado por la Comisión Mixta, que es lo que realmente se somete a la consideración de este Pleno, no incluía ninguna de las propuestas de resolución presentadas por los distintos grupos parlamentarios, propuestas que se derivaban de las propias recomendaciones efectuadas por el Tribunal y cuya única finalidad era la de mejorar el cumplimiento de la legalidad contable por parte del Gobierno. No pretendíamos entonces, como tampoco ahora, cuestionar la profesionalidad, la corrección o la calidad técnica de la declaración del Tribunal de Cuentas. Difícilmente se entendería desde una óptica constitucional que esta Cámara rechazara un informe que goza de la máxima pulcritud técnica, y mucho menos aún que lo hiciese en este preciso momento. En definitiva, se trataba de comprobar si la resolución adoptada por la Comisión Mixta con relación a la declaración definitiva de la cuenta general elaborada por el Tribunal de Cuentas incorporaba sus propias recomendaciones y conclusiones; a nuestro juicio, señorías, no lo hacía y, al no hacerlo, la convertía en una resolución manifiestamente incompleta y, en consecuencia, profundamente sesgada. Hoy, sin embargo, como ya sucedió el año pasado, la situación política en que se discute esta cuenta general es muy distinta, y es distinta porque el dictamen que hoy presentamos recoge íntegramente las propuestas de resolución formuladas por los distintos grupos parlamentarios, habiéndose aprobado todas ellas, por segundo año consecutivo, por unanimidad. Es precisamente esta voluntad de diálogo y de esfuerzo en la búsqueda del consenso y en beneficio de la estabilidad, el respeto y la credibilidad de nuestras instituciones lo que merece ser destacado.


Mi grupo va a votar hoy favorablemente el dictamen elaborado por la Comisión Mixta porque entendemos que con ello contribuimos con responsabilidad y eficacia, a mejorar los mecanismos de conformación de la cuenta general, a corregir irregularidades contables y a garantizar una mayor transparencia en la gestión de los recursos públicos.
Comprenderán, sin embargo, que mi grupo no haya hecho uso de un turno a favor, como tampoco lo hizo el año pasado, en defensa de esta cuenta general, entre otros motivos porque no vamos a ser nosotros quienes nos hagamos responsables de la anterior gestión o, mejor dicho, de su mala gestión presupuestaria, como puso de manifiesto el Tribunal cuando sacó a relucir los incumplimientos contables y las numerosas irregularidades cometidas por el anterior Gobierno del Partido Popular y cuyo único objetivo era el de ocultar la realidad económica y contable a los ciudadanos.


Les voy a dar algunos ejemplos. El Tribunal de Cuentas nos vuelve a insistir este año en el hecho de que la representatividad de la cuenta general está afectada por un conjunto de limitaciones y salvedades, referidas tanto a los resultados presupuestarios y económicos derivados de la actividad llevada a cabo por el sector público estatal como a su situación financiera y patrimonial. Con relación a la cuenta general de las administraciones públicas, el Tribunal considera que la información que se suministró por los anteriores responsables de la Intervención General de la Administración del Estado en relación con la situación económica, financiera y patrimonial es insuficiente y escasa en relación con lo previsto en el Plan General de Contabilidad Pública. En cuanto a la cuenta general de las empresas estatales, el Tribunal afirma que su representatividad se ha visto afectada de forma negativa, fundamentalmente por haberse aplicado el método de agregación de las cuentas individuales de las empresas sin haber realizado los ajustes y eliminaciones que serían necesarios para que los resultados contables reflejasen adecuadamente los resultados de la actividad del sector público estatal, para corregir así duplicidades y sobrevaloraciones. El Tribunal ya llamó la atención al anterior Gobierno del PP en la cuenta de 2001 y ha vuelto a reforzar su crítica en esta. Las teóricas dificultades atribuidas entonces a la supuesta novedad que suponía la introducción del método de la consolidación deberían haberse resuelto ya. Hoy es inadmisible que este problema siga existiendo, más aún en el sector de las empresas públicas estatales.


También afirma el Tribunal que existen distintas deficiencias que afectan a su representatividad, por ejemplo, el activo inmovilizado de Renfe o el saldo procedente de ferrocarriles de vía estrecha. El Tribunal constata también que no se han agregado las cuentas anuales individuales de 28 entidades públicas entre sociedades mercantiles, entidades públicas empresariales y entidades de derecho público a las que les es de aplicación la normativa contable del sector privado. Además, entre las cuentas agregadas se incluyen las de 68 entidades en las que el auditor, en su informe de auditoría, ha formulado opinión desfavorable o la ha emitido con salvedades. Sobre la cuenta general de las empresas estatales, el Tribunal concluye que todo ello da lugar a que los estados financieros no muestren adecuadamente la realidad económico-financiera y los resultados de la actividad empresarial del sector público estatal.
Valga decir en este apartado que la cuenta de pérdidas y ganancias agregada del ejercicio 2002 refleja unas pérdidas de 1.884 millones de euros procedentes principalmente de la SEPI y de Radiotelevisión Española.


Con todos estos elementos podemos afirmar que el anterior Gobierno no hizo ningún esfuerzo para mejorar la transparencia de las cuentas públicas ni para mejorar la aplicación de la legalidad contable, de acuerdo a las recomendaciones que ha ido efectuando el Tribunal de Cuentas, con el fin de poder obtener un conocimiento

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más ajustado de las cuentas públicas, esfuerzo que este Gobierno ya ha empezado a realizar con la aprobación de la Orden Ministerial 553 de 2005, del Ministerio de Economía y Hacienda, que entre otros aspectos contempla la obligación de que, a partir de la cuenta general de 2005, se incluya información consolidada del presupuesto.


Lo que resulta más alarmante de todos estos datos, señorías, es que, frente a un supuesto superávit de 864 millones de euros, que el Partido Popular quiso vender en su momento al conjunto de los españoles, el Tribunal, como consecuencia de las comprobaciones efectuadas, ha tenido que reducir en 470 millones de euros el resultado presupuestario del ejercicio 2002. Eso no es todo, señorías, el Tribunal además ha sacado a relucir la existencia de operaciones pendientes de imputar a presupuesto a final del ejercicio fiscalizado, cuantificadas en 4.207 millones de euros, que no aparecían por ningún lado en la cuenta general remitida por la Intervención General de la Administración del Estado. Señorías, todo ello significa, que una vez realizados los debidos ajustes contables por parte del Tribunal y observadas las obligaciones no reconocidas, así como las pendientes de aplicación, el resultado definitivo de las cuentas del año 2002 no es precisamente el de superávit, sino que realmente se sitúa en un total de 2.628 millones de euros de déficit. Por si esto fuera poco, señorías, con carácter adicional el Tribunal cuantifica en 5.941 millones de euros el importe negativo neto derivado de las operaciones de regularización que, en consecuencia, deberá ser soportado por la cuenta de resultados económico-patrimonial de ejercicios posteriores al de 2002.
Este es, señoras y señores diputados, el magnífico legado económico que nos dejó el Gobierno del Partido Popular.


En definitiva, estamos ante una declaración del Tribunal de Cuentas que saca a relucir un año más la operación de maquillaje contable a que el anterior Gobierno nos tenía acostumbrados. Sin embargo, señora presidenta, nuestro grupo una vez más, en un ejercicio de responsabilidad democrática, va a votar hoy a favor del dictamen de la Comisión sabiendo que el hecho de aprobar dichas cuentas no implica en ningún caso desconocer el cúmulo de incumplimientos, errores, opacidades e irregularidades contables utilizados para ocultar su mala gestión, pero que gracias al Tribunal han podido finalmente salir a la luz pública.
Votaremos a favor, sobre todo porque dicho dictamen contiene, a diferencia de los de la anterior legislatura, todas las propuestas de resolución presentadas por los distintos grupos parlamentarios, unas propuestas cuya finalidad principal consiste en dirigir mandatos al Gobierno para poder mejorar así el cumplimiento de la legalidad contable por parte de la Administración. Votaremos a favor también porque en esta ocasión su aprobación coincide en el tiempo con la aprobación de una moción elaborada por el Tribunal de Cuentas sobre la formación, el contenido y el alcance de la cuenta general del Estado largamente reclamada y que finalmente va a permitir superar aquellas limitaciones que vienen afectando de forma sistemática a su representatividad, de manera que de una vez por todas la cuenta general del Estado pueda cumplir de un modo efectivo el objetivo de facilitar información ajustada y real sobre la situación económica, financiera y patrimonial del sector público estatal. Finalmente, votaremos a favor también porque con ello contribuimos a llevar a cabo nuestro compromiso político para conseguir un funcionamiento mucho más ágil, eficaz, eficiente y transparente de nuestra Administración que el que lamentablemente estábamos acostumbrados a ver en los últimos años.


Muchas gracias, señora presidenta.


La señora VICEPRESIDENTA (Chacón i Piqueras): Muchas gracias, señor Vallès.


Señorías, procedemos a la votación del dictamen de la Comisión Mixta para las Relaciones con el Tribunal de Cuentas en relación con la declaración sobre la cuenta general del Estado del ejercicio 2002, así como la resolución adoptada por dicha Comisión.


Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 287; a favor, 286; en contra, uno.


La señora VICEPRESIDENTA (Chacón i Piqueras): Quedan aprobados el dictamen y la propuesta de resolución.


Señorías, se levanta la sesión.


Era la una y cincuenta minutos de la tarde.

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