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DS. Congreso de los Diputados, Pleno y Dip. Perm., núm. 175, de 11/05/2006
 


CORTES GENERALES
DIARIO DE SESIONES DEL CONGRESO DE LOS DIPUTADOS
PLENO Y DIPUTACIÓN PERMANENTE

Año 2006 VIII Legislatura Núm. 175
PRESIDENCIA DEL EXCMO. SR. D. MANUEL MARÍN GONZÁLEZ
Sesión plenaria núm. 164
celebrada el jueves, 11 de mayo de 2006


ORDEN DEL DÍA:

Dictámenes de Comisiones sobre iniciativas legislativas:

-Proyecto de Ley de capitalidad y de régimen especial de Madrid. "BOCG.
Congreso de los Diputados", serie A, número 72-1, de 27 de enero de 2006.
(Número de expediente 121/000072.) ... (Página 8714)

Enmiendas del Senado:

-Proyecto de Ley sobre técnicas de reproducción humana asistida. "BOCG.
Congreso de los Diputados", serie A, número 39-1, de 13 de mayo de 2005.
(Número de expediente 121/000039.) ... (Página 8726)

-Proyecto de Ley por la que se regula el estatuto del miembro nacional de Eurojust y las relaciones con este órgano de la Unión Europea. "BOCG.
Congreso de los Diputados", serie A, número 40-1, de 20 de mayo de 2005.
(Número de expediente 121/000040.) ... (Página 8735)

-Proyecto de Ley de reforma de la Ley 18/2001, de 12 de diciembre, General de Estabilidad Presupuestaria. "BOCG. Congreso de los Diputados", serie A, número 46-1, de 26 de agosto de 2005. (Número de expediente 121/000046.) ... (Página 8740)

Página 8710


-Proyecto de Ley Orgánica de reforma de la Ley Orgánica 5/2001, de 13 de diciembre, complementaria de la Ley General de Estabilidad Presupuestaria. "BOCG. Congreso de los Diputados", serie A, número 47-1, de 20 de mayo de 2005. (Número de expediente 121/000047.) ... (Página 8740)

-Proyecto de Ley de la radio y la televisión de titularidad estatal.
"BOCG. Congreso de los Diputados", serie A, número 52-1, de 26 de agosto de 2005. (Número de expediente 121/000052.) ... (Página 8745)

-Proposición de Ley de modificación de la Ley Orgánica 3/1984, de 26 de marzo, reguladora de la Iniciativa Legislativa Popular. "BOCG. Congreso de los Diputados", serie B, número 61-1, de 23 de abril de 2004. (Número de expediente 122/000050.) ... (Página 8756)

Dictámenes de la Comisión de Asuntos Exteriores sobre Convenios internacionales:

-Acuerdo entre el Gobierno del Reino de España y el Gobierno de la República Popular de China para la cooperación en los usos pacíficos de la energía nuclear, hecho en Madrid el 14 de noviembre de 2005. "BOCG.
Sección Cortes Generales", serie A, número 242, de 17 de marzo de 2006.
(Número de expediente 110/000142.) ... (Página 8759)

-Acuerdo entre el Reino de España y la República Popular de China para la promoción y protección recíproca de inversiones, hecho en Madrid el 14 de noviembre de 2005. "BOCG. Sección Cortes Generales", serie A, número 243, de 17 de marzo de 2006. (Número de expediente 110/000143.) ... (Página 8759)

-Acuerdo entre el Gobierno del Reino de España y el Gobierno de la República Popular de China sobre el establecimiento de centros culturales, hecho en Madrid el 14 de noviembre de 2005. "BOCG. Sección Cortes Generales", serie A, número 244, de 17 de marzo de 2006. (Número de expediente 110/000144.) ... (Página 8759)

-Convenio entre el Reino de España y la República de Malta para evitar la doble imposición y prevenir la evasión fiscal en materia de impuestos sobre la renta, hecho en Madrid el 8 de noviembre de 2005. "BOCG. Sección Cortes Generales", serie A, número 245, de 17 de marzo de 2006. (Número de expediente 110/000145.) ... (Página 8759)

Dictámenes de Comisiones sobre iniciativas legislativas. (Votación.) ...
(Página 8760)

Enmiendas del Senado. (Votaciones.) ... (Página 8760)

Votaciones de conjunto ... (Página 8761)

-Proyecto de Ley Orgánica de reforma de la Ley Orgánica 5/2001, de 13 de diciembre, complementaria de la Ley General de Estabilidad Presupuestaria. "BOCG. Congreso de los Diputados", serie A, número 47-1, de 20 de mayo de 2005. (Número de expediente 121/000047.) ... (Página 8761)

-Proposición de Ley de modificación de la Ley Orgánica 3/1984, de 26 de marzo, reguladora de la Iniciativa Legislativa Popular. "BOCG. Congreso de los Diputados", serie B, número 61-1, de 23 de abril de 2004. (Número de expediente 122/000050.) ... (Página 8762)

Dictámenes de la Comisión de Asuntos Exteriores sobre Convenios internacionales. (Votaciones.) ... (Página 8762)

Debates de totalidad de iniciativas legislativas:

-Proyecto de Ley Orgánica de modificación de la Ley 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial, en materia de justicia de proximidad y Consejos de Justicia. "BOCG. Congreso de los Diputados", serie A, número 71-1, de 27 de enero de 2006. (Número de expediente 121/000071.) ... (Página 8763)

Debate relativo a la autorización por la Cámara prevista en el artículo 17.1 de la Ley Orgánica 5/2005, de 17 de noviembre, de la Defensa Nacional:

-Solicitud de autorización del Congreso de los Diputados para incrementar los efectivos de las Fuerzas Armadas actualmente destinados en la Fuerza Internacional de Asistencia para la Seguridad en Afganistán (ISAF).
"BOCG. Congreso de los Diputados", serie D, número 380, de 5 de mayo de 2006. (Número de expediente 420/000056.) ... (Página 8779)

Página 8711


Debates de totalidad de iniciativas legislativas. (Votación.) ...
(Página 8792)

-Debate relativo a la autorización por la Cámara prevista en el artículo 17.1 de la Ley Orgánica 5/2005, de 17 de noviembre, de la Defensa Nacional. (Votación) ... (Página 8792)

SUMARIO

Se reanuda la sesión a las ocho de la mañana.


Dictámenes de comisiones sobre iniciativas legislativas. ... (Página 8714)

Proyecto de ley de capitalidad y de régimen especial de Madrid. ...
(Página 8714)

Interviene en nombre del Gobierno el señor ministro de Administraciones Públicas (Sevilla Segura).


Para defender las enmiendas presentadas intervienen los señores Rodríguez Sánchez, del Grupo Parlamentario Mixto y Pérez Martínez, del Grupo Parlamentario de Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya Verds.


En turno de fijación de posiciones intervienen los señores Mardones Sevilla, del Grupo Parlamentario de Coalición Canaria-Nueva Canarias; Olabarría Muñoz, del Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV); Canet Coma, del Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana (ERC); Guinart Solá, del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió); Fernández-Lasquetty y Blanc, del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso; Cuesta Martínez y Aranda Álvarez, del Grupo Parlamentario Socialista del Congreso.


Enmiendas del Senado. ... (Página 8726)

Proyecto de ley sobre técnicas de reproducción humana asistida. ...
(Página 8726)

En turno de fijación de posiciones intervienen el señor Mardones Sevilla, del Grupo Parlamentario de Coalición Canaria-Nueva Canarias; las señoras García Suárez, del Grupo Parlamentario de Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya Verds; Uría Etxebarría, del Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV); Bonás Pahisa, del Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana (ERC); el señor Xuclà i Costa, del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió); la señora Roldós Caballero, del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso y el señor Fidalgo Francisco, del Grupo Parlamentario Socialista del Congreso.


Intervienen para aclaraciones las señoras Bonás Pahisa, García Suárez y el señor Xuclà i Costa.


Proyecto de ley por la que se regula el Estatuto del miembro nacional de Eurojust y las relaciones con este órgano de la Unión Europea. ...
(Página 8735)

En turno de fijación de posiciones intervienen el señor Mardones Sevilla, del Grupo Parlamentario de Coalición Canaria-Nueva Canarias; la señora Uría Etxebarría, del Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV); los señores Cerdà Argent, del Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana (ERC); Xuclà i Costa, del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió); Astarloa Huarte-Mendicoa, del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso y la señora Juanes Barciela, del Grupo Parlamentario Socialista del Congreso.


Proyecto de ley de reforma de la Ley 18/2001, de 12 de diciembre, General de Estabilidad Presupuestaria. ... (Página 8740)

Proyecto de ley Orgánica de reforma de la Ley Orgánica 5/2001, de 13 de diciembre, complementaria de la Ley General de Estabilidad Presupuestaria. ... (Página 8740)

Página 8712


En turno de fijación de posiciones intervienen los señores Azpiazu Uriarte, del Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV); Puig Cordón, del Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana (ERC);Sánchez i Llibre, del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió); Mardones Sevilla, del Grupo Parlamentario de Coalición Canaria-Nueva Canarias; la señora Rodríguez Herrer, del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso y el señor Saura García, del Grupo Parlamentario Socialista del Congreso.


Proyecto de ley de la radio y la televisión de titularidad estatal. ...
(Página 8745)

En turno de fijación de posiciones intervienen los señores Labordeta Subías y Rodríguez Sánchez, del Grupo Parlamentario Mixto; Mardones Sevilla, del Grupo Parlamentario de Coalición Canaria-Nueva Canarias; Llamazares Trigo, del Grupo Parlamentario de Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya Verds; Beloki Guerra, del Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV); Puig Cordón, del Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana (ERC); Vilajoana Rovira, del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió); la señora Montesinos de Miguel, del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso y el señor López Águeda, del Grupo Parlamentario Socialista del Congreso.


Proposición de ley de modificación de la Ley Orgánica 3/1984, de 26 de marzo, reguladora de la Iniciativa Legislativa Popular. ... (Página 8756)

En turno de fijación de posiciones intervienen los señores Llamazares Trigo, del Grupo Parlamentario de Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya Verds; Cerdà Argent, del Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana (ERC); Xuclà i Costa, del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió); Bermúdez de Castro Fernández, del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso y Aranda Álvarez, del Grupo Parlamentario Socialista del Congreso.


Dictámenes de la Comisión de Asuntos Exteriores sobre Convenios internacionales ... (Página 8759)

Acuerdo entre el Gobierno del Reino de España y el Gobierno de la República Popular de China para la cooperación en los usos pacíficos de la energía nuclear, hecho en Madrid el 14 de noviembre de 2005 ...
(Página 8759)

Acuerdo entre el Reino de España y la República Popular de China para la promoción y protección recíproca de inversiones, hecho en Madrid el 14 de noviembre de 2005 ... (Página 8759)

Acuerdo entre el Gobierno del Reino de España y el Gobierno de la República Popular China sobre el establecimiento de centros culturales, hecho en Madrid el 14 de noviembre de 2005 ... (Página 8759)

Convenio entre el Reino de España y la República de Malta para evitar la doble imposición y prevenir la evasión fiscal en materia de impuestos sobre la renta, hecho en Madrid el 8 de noviembre de 2005 ... (Página 8759)

Se suspende la sesión por veinte minutos.


Se reanuda la sesión.


Dictámenes de comisiones sobre iniciativas legislativas (Votaciones.) ... (Página 8760)

Sometidas a votación en un solo bloque las enmiendas del señor Rodríguez Sánchez, del Grupo Parlamentario Mixto, al proyecto de ley de capitalidad y de régimen especial de Madrid, se rechazan por nueve votos a favor, 290 en contra y 16 abstenciones.


Sometidas a votación en un solo bloque las enmiendas del Grupo Parlamentario de Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya Verds al proyecto de ley de capitalidad y de régimen especial de Madrid, se

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rechazan por ocho votos a favor, 292 en contra y 15 abstenciones.


Sometido a votación el texto del dictamen, se aprueba por 308 votos a favor, seis en contra y una abstención.


Enmiendas del Senado. (Votaciones.) ... (Página 8760)

Se someten a votación las enmiendas del Senado al proyecto de ley sobre técnicas de reproducción humana asistida.


Se someten a votación las enmiendas del Senado al proyecto de ley por la que se regula el estatuto del miembro nacional de Eurojust y las relaciones con este órgano de la Unión Europea.


Se someten a votación las enmiendas del Senado al proyecto de ley de reforma de la Ley 18/2001, de 12 de diciembre, General de Estabilidad Presupuestaria.


Se someten a votación las enmiendas del Senado al proyecto de ley Orgánica de reforma de la Ley Orgánica 5/2001, de 13 de diciembre, complementaria de la Ley General de Estabilidad Presupuestaria.


Votación de conjunto. ... (Página 8761)

Sometida a votación de conjunto, por tener la iniciativa carácter orgánico, se aprueba por 181 votos a favor, 135 en contra y dos abstenciones.


Se someten a votación las enmiendas del Senado al proyecto de ley de la radio y la televisión de titularidad estatal.


Se someten a votación las enmiendas del Senado a la proposición de ley de modificación de la Ley Orgánica 3/1984, de 26 de marzo, reguladora de la Iniciativa Legislativa Popular.


Votación de conjunto ... (Página 8762)

Sometida a votación de conjunto, por tener la iniciativa carácter de ley orgánica, se aprueba por 183 votos a favor y 134 en contra.


Dictámenes de la Comisión de Asuntos Exteriores sobre convenios internacionales. (Votaciones..) ... (Página 8762)

Sometido a votación el dictamen de la Comisión de Asuntos Exteriores sobre el acuerdo entre el Gobierno del Reino de España y el Gobierno de la República Popular de China para la cooperación en los usos pacíficos de la energía nuclear, hecho en Madrid el 14 de noviembre de 2005, se aprueba por 305 votos a favor, dos en contra y 11 abstenciones.


Sometidos a votación conjunta el resto de los dictámenes de la Comisión de Asuntos Exteriores que figuran en el orden del día, se aprueban por asentimiento.


Debates de totalidad de iniciativas legislativas. ... (Página 8763)

Proyecto de ley Orgánica de modificación de la Ley 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial, en materia de justicia de proximidad y consejos de Justicia. ... (Página 8763)

El señor ministro de Justicia (López Aguilar) presenta el proyecto de ley Orgánica de modificación de la Ley 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial, en materia de justicia de proximidad y consejos de Justicia.
Señala que con esta iniciativa el Ministerio de Justicia pretende dar cumplimiento a una pieza importante del ambicioso programa del Plan de reformas de la Justicia y de la Administración de Justicia que vertebra el trabajo del Gobierno en esta Legislatura.


En defensa de la enmienda de totalidad de devolución del proyecto de ley, interviene el señor Astarloa Huarte-Mendicoa, en nombre del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.


En turno de fijación de posiciones intervienen las señoras Navarro Casillas, del Grupo Parlamentario de Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya Verds; Uría Etxebarría, del Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV); los señores Cerdà Argent, del Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana (ERC); Guinart Solá, del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió) y Muñoz González, del Grupo Parlamentario Socialista del Congreso.


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La Presidencia llama al orden por primera vez al señor Martínez-Pujalte López.


Finaliza su turno de fijación de posiciones el señor Muñoz González, del Grupo Parlamentario Socialista del Congreso.


La Presidencia llama al orden por segunda vez al señor Martínez-Pujalte López. La Presidencia llama al orden por tercera vez al señor Martínez-Pujalte López y le ruega que abandone el hemiciclo.


El señor Zaplana-Hernández Soro pide la palabra para una cuestión de orden. La Presidencia le informa que se la dará cuando el diputado al que ha llamado al orden abandone el hemiciclo.


Debate relativo a la autorización por la Cámara prevista en el artículo 17.1 de la Ley Orgánica 5/2005, de 17 de noviembre, de la Defensa Nacional. ... (Página 8779)

Solicitud de autorización del Congreso de los Diputados para incrementar los efectivos de las Fuerzas Armadas actualmente destinados en la Fuerza Internacional de Asistencia para la Seguridad en Afganistán (ISAF) ...
(Página 8779)

El señor ministro de Defensa (Alonso Suárez) expone las razones de su ministerio para solicitar la autorización de la Cámara con el fin de incrementar los efectivos de las Fuerzas Armadas actualmente destinados en la Fuerza Internacional de Asistencia para la Seguridad en Afganistán.


En turno de fijación de posiciones intervienen los señores Zaplana Hernández-Soro, del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso; Maldonado i Gili, del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió);la señora Bonàs Pahisa, del Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana (ERC); los señores Olabarría Muñoz, del Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV); Llamazares Trigo, del Grupo Parlamentario de Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya Verds; Mardones Sevilla, del Grupo Parlamentario de Coalición Canaria-Nueva Canarias; Rodríguez Sánchez, del Grupo Parlamentario Mixto y Cuadrado Bausela, del Grupo Parlamentario Socialista del Congreso.


El señor Zaplana Hernández-Soro pide la palabra al amparo del artículo 73.1 del Reglamento, que no le es concedida.


El señor Zaplana Hernández-Soro pide la palabra para una cuestión de orden.


La señora Vázquez Blanco pide la palabra para una cuestión de orden.


El señor Pliego Cubero pide la palabra para una aclaración.


La señora Vázquez Blanco pide la palabra.


Debates de totalidad de iniciativas legislativas. (Votación.) ...
(Página 8792)

Sometida a votación la enmienda a la totalidad de devolución del proyecto de ley orgánica de modificación de la Ley 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial, en materia de justicia de proximidad y consejos de Justicia, se rechaza por 122 votos a favor y 169 en contra.


Debate relativo a la autorización por la Cámara prevista en el artículo 17.1 de la Ley Orgánica 5/2005, de 17 de noviembre, de la Defensa Nacional. (Votación.) ... (Página 8792)

Sometida a votación la autorización del Congreso de los Diputados para incrementar los efectivos de las Fuerzas Armadas actualmente destinados en la Fuerza Internacional de Asistencia para la Seguridad en Afganistán (ISAF), se aprueba por 283 votos a favor, seis en contra y dos abstenciones.


Se levanta la sesión a las cinco y veinte minutos de la tarde.


Se reanuda la sesión a las ocho de la mañana.


DICTÁMENES DE COMISIONES SOBRE INICIATIVAS LEGISLATIVAS:

-PROYECTO DE LEY DE CAPITALIDAD Y DE RÉGIMEN ESPECIAL DE MADRID. (Número de expediente 121/000072.)

El señor PRESIDENTE: Se reanuda la sesión.


Punto VIII del orden del día: Dictámenes de comisiones sobre iniciativas legislativas. Proyecto de ley de capitalidad y de régimen especial de Madrid.


Antes quiero realizar un aviso a la Cámara. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 131.2 del Reglamento,

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comunico a la Cámara que la votación relativa al carácter orgánico del proyecto de Ley Orgánica de Reforma de la Ley Orgánica 5/2001, de 13 de diciembre, complementaria de la Ley General de Estabilidad Presupuestaria y de la proposición de ley de modificación de la Ley Orgánica 3/1984, de 26 de marzo, reguladora de la Iniciativa Legislativa Popular, no tendrá lugar hasta aproximadamente la una y media de la tarde. En ningún caso antes de esa hora.


Continuamos con el orden del día. Presentación de la iniciativa por el Gobierno. Tiene la palabra el señor ministro, señor Sevilla.


El señor MINISTRO DE ADMINISTRACIONES PÚBLICAS (Sevilla Segura): Buenos días, presidente. Señorías, buenos días, y nunca mejor dicho.


El proyecto de ley que presentamos...(Rumores.)

El señor PRESIDENTE: Espere, señor ministro. Señorías, el Pleno ha comenzado. Guarden silencio.


El señor MINISTRO DE ADMINISTRACIONES PÚBLICAS (Sevilla Segura): Muchas gracias, presidente.


Señorías, el proyecto de ley que hoy presentamos constituye una iniciativa necesaria para dar solución a determinados problemas que afectan a una gran ciudad como Madrid, que es además la capital de España. Se trata de una iniciativa que parte de la constatación de que resulta imprescindible que se dote a esta urbe de una gestión diferenciada en función de la complejidad de los distintos factores que singularizan a Madrid. Y ello, no por una cuestión de privilegio o diferenciación respecto a los demás municipios, sino por la evidencia de que los ciudadanos de Madrid han de afrontar dificultades cualitativa y cuantitativamente distintas, que inciden en su calidad de vida y en la cohesión social y que requieren soluciones específicas. También es preciso dar respuesta a las necesidades derivadas de la capitalidad, con un flujo constante de ciudadanos de toda España, que acuden a esta ciudad por motivos laborales, administrativos o económicos.


Estas consideraciones están en la base de la motivación que ha llevado a las tres administraciones del Estado, la local -a cuya representación, encabezada por el alcalde, saludo desde aquí-, la autonómica y la central, a impulsar esta iniciativa que debatimos hoy. Es un proyecto que significa también dar cumplimiento a las previsiones legales e iniciativas políticas, que han abogado desde hace años por dotar a la ciudad de Madrid de un estatus especial, y sobre todo a la Constitución española, que en su artículo 5 reconoce las particulares características de Madrid como capital del Estado. La singularidad de Madrid, tanto institucional como social, ya fue jurídicamente reconocida en 1963, cuando se aprobó por vez primera un régimen especial para la ciudad, y hace ya 23 años que el Estatuto de Madrid, de febrero de 1983, ordenó fijar la singularidad de la capital en una ley especial. Todo ello obligaba por tanto al desarrollo de una norma que determinara la especificidad de las relaciones entre las instituciones estatal, autonómica y local, en el ejercicio de sus respectivas competencias. Y, al igual que hace algunas semanas presentamos para su aprobación en esta Cámara la Carta municipal de Barcelona, hoy tratamos un texto normativo que ofrece soluciones específicas para el mejor gobierno de una gran ciudad como Madrid, ya que clarifica, ordena y simplifica las competencias y la gestión del ayuntamiento en su relación con los ciudadanos y con las administraciones central y autonómica. Porque esta ley no altera competencias, señorías, sino que las pone en común. Para ello, y entrando brevemente en el contenido del proyecto, quiero destacar ante todo la creación de la comisión interadministrativa de capitalidad, configurada como un órgano de cooperación entre el Estado, la Comunidad de Madrid y el ayuntamiento en aquellas materias más directamente relacionadas con la capitalidad, tales como la seguridad ciudadana o la celebración de actos y eventos de carácter oficial. La creación de este órgano de cooperación no altera la titularidad de las competencias de las administraciones participantes en la misma, solamente supone el ejercicio flexible de las mismas, de forma que las competencias de cada Administración seguirán perteneciendo a quien constitucional o legalmente le correspondan.


Voy a hacer un breve resumen de lo que entiendo que son las líneas principales de esta ley. Por una parte, el reconocimiento de la situación especial de Madrid como capital del Estado. Esta es sin duda la parte más novedosa de esta norma, que sitúa a Madrid a la vanguardia de las capitales de los países de nuestro entorno, ya que, si bien en el derecho comparado existen otras ciudades que disfrutan bien de un régimen de capitalidad, bien de un régimen especial por su condición de gran ciudad, no hay ninguna para la que exista un texto legal que aúne ambas características. Por otra parte, tenemos una delimitación más clara de competencias para que se puedan ofrecer unos servicios públicos de más y mejor calidad a los ciudadanos. Así, se da participación al ayuntamiento en la gestión de infraestructuras, servicios y equipamientos, cuya titularidad corresponda a la Administración General del Estado y que afecten directamente a la ciudad de Madrid. La ley recoge también aspectos que buscan una mejora de la seguridad ciudadana, con una mejor coordinación interadministrativa, así como un incremento de la seguridad vial, estableciendo más competencias municipales en la materia. Otros objetivos presentes en la ley son la mejora de la calidad ambiental y de las condiciones de vida de las personas con discapacidad y el fomento de la construcción de más viviendas de protección oficial, con medidas como la posible enajenación de los inmuebles desafectados por el Estado para la construcción de viviendas de protección pública.


Se busca también lograr una mayor eficacia en el funcionamiento de los órganos municipales, mediante una nueva regulación del procedimiento de aprobación de las ordenanzas y la certificación del nuevo modelo de

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organización interna que rige para la Ley de Grandes Ciudades. Quiero destacar ante SS.SS. que el anteproyecto de ley básica reguladora del Gobierno y la Administración local que el Gobierno está preparando va a incluir una regulación similar para todos los municipios, inspirada en la que se ha desarrollado para esta ley de Madrid. Se trata por tanto de un nuevo avance en el ámbito del municipalismo español, que contribuye de modo decisivo a que se ensanche la vía que estamos abriendo en la legislación básica estatal para profundizar en la capacidad de autoorganización que confiere nuestra Constitución a la autonomía local.


El proceso de elaboración de este texto normativo, señorías, ha sido complejo y se ha basado en todo momento en la búsqueda del consenso, no solo entre las diferentes administraciones implicadas, sino también entre los diferentes grupos políticos de diverso signo. A este respecto quiero agradecer la colaboración de todos en la búsqueda de fórmulas que para todos resultasen aceptables, aunque cada uno de nosotros hubiese puesto cosas distintas por separado, como es lógico y natural en un sistema democrático. Es esta una buena muestra de cooperación entre administraciones que cabe elogiar y que señala el camino a seguir en otros muchos ámbitos en los que es conveniente la participación de todos en asuntos de interés común, una participación que -quiero señalarlo- ha proseguido también durante la tramitación en esta Cámara de esta ley, en la que se han incorporado algunas enmiendas que pretenden bien mejorar la calidad técnica del texto o bien introducir modificaciones que en todo caso han sido apoyadas por los grupos mayoritarios. La ley que sale hoy de este Parlamento es mejor que la ley que entró.


Termino mi intervención, señorías, subrayando que con esta ley Madrid podrá afrontar con mayores garantías los importantes retos que el futuro le depara. Ante estos retos, resulta crucial que las administraciones estén preparadas para solucionar más eficazmente los problemas de los ciudadanos, un objetivo que ha inspirado en todo momento la elaboración de esta ley. Y creo que todos podemos compartir el convencimiento de que avanzar hacia un Madrid mejor es sin duda avanzar hacia una España mejor, porque Madrid, este lugar donde se cruzan los caminos, será con esta ley más villa de Madrid y más capital, una capital que nos acoge a todos y que a partir de ahora será aún más abierta, con más participación de los ciudadanos en las decisiones de las administraciones, con más colaboración y competencias compartidas entre todos, al servicio de los madrileños y de todos los que vienen a esta ciudad y se sienten enseguida de esta ciudad, porque Madrid, efectivamente, es de todos.


Muchas gracias por su atención. (Aplausos.)

El señor PRESIDENTE: Gracias, señor ministro.


Turno a favor de las enmiendas presentadas. En primer lugar, por el Grupo Parlamentario Mixto tiene la palabra el señor Rodríguez.


El señor RODRÍGUEZ SÁNCHEZ: Gracias, señor presidente.


Comenzaré por saludar al señor alcalde de Madrid y a sus representantes, que están en la tribuna del Congreso de los Diputados. Quiero aclarar que si hemos presentado alguna enmienda a esta ley de capitalidad de Madrid no es porque tengamos la intención de atentar contra su autonomía municipal, ni mucho menos de inmiscuirnos en un debate que legítimamente se debe dar entre la Comunidad de Madrid, el ayuntamiento y el propio Estado, como ya ha dicho el señor ministro. (Rumores.)

El señor PRESIDENTE: Un momento, señor Rodríguez.


Por favor, no hagan corrillos en las escaleras. Hay mucho murmullo y molestan extraordinariamente al orador.


Continúe, por favor.


El señor RODRÍGUEZ SÁNCHEZ: Lo hacemos porque consideramos que hay algunos aspectos de la ley de capitalidad que afectan a una forma de concepción de lo que es la Administración pública y en particular al ejercicio de algunas funciones. Por eso me van a permitir que haga una pequeña referencia a algunos aspectos de lo que consideramos que deben ser la objetividad y la imparcialidad en el desempeño de la Función pública.


El personal funcionario al servicio de las entidades locales, como todos ustedes saben, se integra por sus funcionarios propios, seleccionados y formados por cada entidad local, y por los funcionarios de la Administración local con habilitación de carácter nacional, como se dice normalmente, y tiene reservado el ejercicio de ciertas funciones declaradas necesarias literalmente para la mejor garantía de la objetividad, imparcialidad e independencia en el ejercicio de la función.
Así se establece en el artículo 92.2 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las bases del régimen local. Estas funciones públicas necesarias son la de secretaría, que se ejerce por los secretarios, y el control y la fiscalización interna de la gestión económica, financiera y presupuestaria, la contabilidad, la tesorería y la recaudación, que se ejercen por los interventores tesoreros. Esta reserva de funciones a favor de funcionarios -vuelvo a repetir- denominados de carácter nacional se asienta en dos aspectos fundamentales: la especialidad técnica y la garantía de independencia y objetividad en el ejercicio de sus funciones.
La necesidad de contar con funcionarios dotados de una especial cualificación obedece, señorías, a una necesidad estructural de las organizaciones locales de determinadas funciones que, por su propia naturaleza, quedan reservadas a determinados funcionarios con un específico grado de formación. A este respecto cabe decir que las irregularidades o deficiencias en el control interno de las entidades locales tienen su origen en gran parte de los casos en la inadecuada cobertura de las

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plazas en los cargos de secretario, interventor y tesorero, y a los hechos nos podemos remitir.


Se debe garantizar, por otra parte, que hay independencia y objetividad en el ejercicio de sus funciones. Estos funcionarios no ejercen funciones propias de la ejecución de políticas públicas municipales, sino funciones más ligadas a una actividad de control de legalidad, de fiscalización, de manejo y custodia de caudales públicos y de recaudación. Los ciudadanos perciben de una forma más positiva que quien ejerza este tipo de funciones tenga un perfil más institucional y menos sujeto a fluctuaciones políticas y todo ello se logra fundamentalmente mediante un régimen de selección, provisión y disciplina, que garantice esa independencia y objetividad. La reserva de funciones a favor de un determinado cuerpo de funcionarios es una técnica conocida en todas las administraciones públicas, en especial cuando se trata de garantizar el sometimiento pleno de la Administración a la ley y al derecho. No parece por tanto razonable que la regulación de las funciones de secretaría, intervención, tesorería y recaudación en el Ayuntamiento de Madrid se aparten del régimen común, del régimen de los municipios de gran población. En consecuencia, con todo lo expuesto, cabe deducir que la existencia de los cuerpos de funcionarios de Administración local con habilitación que se denomina de carácter nacional es una garantía para la adecuada gestión y control de la actividad económico-financiera de las entidades locales, por lo menos tal como está estructurado hoy el Estado español. Otra cuestión es que la estructura del Estado español, consecuentemente con su carácter autonómico, adoptase el criterio de que no fueran funcionarios con habilitación denominada de carácter nacional, aunque sí deberían seguir manteniendo el resto de los requisitos que hay hoy en día, por lo menos según nuestro criterio.


Entendemos que, al no existir estas razones, sería bueno que la ley tuviese coherencia en este aspecto. Por eso presentamos seis enmiendas en esta dirección. Fueron aceptadas en el debate en ponencia con anterioridad e integradas las que se referían a los artículos 23 y 24. La primera enmienda defendía que las funciones de intervención fueran desempeñadas por funcionarios de la Administración local de carácter estatal previa convocatoria pública y, la segunda, que se refería a las funciones de tesorería, exactamente igual. De todas maneras hemos optado por mantener las otras cuatro; una mejoraría técnicamente la redacción del artículo 13, si bien pensamos que es discutible y no tiene mayor importancia, y las otras se refieren a los artículos 16, 26 y 55.
Mantenemos la que se refiere al artículo 16 porque realmente no vemos razón de ningún tipo para que la secretaría de la junta de gobierno no corresponda al secretario general, que es el que debe redactar estas actas y certificarlas; la que se refiere al artículo 26, exactamente igual respecto de las funciones de recaudación, para que sean desempeñadas por funcionarios de la Administración local, y la referida al artículo 55, porque las funciones de fe pública, de actas y acuerdos de órganos unipersonales y demás funciones de fe pública, pensamos que debía desempeñarlas el secretario general o, por delegación, cualquier otro funcionario del ayuntamiento.


Termino diciéndoles lo siguiente: efectivamente una capital como Madrid necesita autonomía, muchísima autonomía municipal; sin duda necesita capacidad política e incluso diríamos que la asunción del carácter político de la institución y no del carácter meramente de gestión administrativa. Es cierto que también debe haber una gestión diferenciada y que hay una singularidad incluso constitucional. Me gustaría, eso sí, instar al Gobierno a que tuviese en cuenta la gestión diferenciada y la singularidad de muchísimos municipios del Estado español y, en general, la de todos aquellos costeros que cuentan con autoridades portuarias. Hay muchísimas ciudades cuyos ayuntamientos realmente no pintan nada en grandes recintos urbanos que son prácticamente virreinatos de la autoridad portuaria de turno; pensamos que esto no es de recibo y habría que cambiar el marco de capacidad de intervención de los municipios.
Exactamente igual ocurre con los terrenos desafectados por Defensa. Hay ciudades en el Estado español que prácticamente son víctimas de mantener grandes terrenos enfeudados a Defensa, que, por cierto, no entrega para realizar ningún tipo de actividad social, y menos viviendas, si no es a cambio de unos costes muy onerosos, en forma de convenios urbanísticos o pagando del erario público. Pensamos que hay necesidad de cambiar muchas cosas para muchos municipios del Estado español. En todo caso, señorías, vuelvo a repetirlo, respeto por la autonomía municipal de Madrid, respeto por la máxima capacidad política del Gobierno municipal, respeto por la gestión diferenciada y también por su singularidad constitucional, pero esto no debe estar en oposición con que determinado tipo de cargos sean idóneos, capaces, basados en la objetividad y en la independencia.
Pensamos que todas las funciones a las que nos hemos referido deberían requerir al menos estas características.


Muchas gracias.


El señor PRESIDENTE: Gracias a usted, señor Rodríguez.


Para la defensa de las enmiendas del Grupo Parlamentario de Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya Verds tiene la palabra el señor Pérez.


El señor PÉREZ MARTÍNEZ: Muchas gracias, señor presidente.


Señorías, quiero reiterar el saludo a la representación del Ayuntamiento de Madrid, encabezada por su alcalde y por las portavoces de los grupos municipales. Asimismo agradezco la avocación a Pleno para el debate de este proyecto de ley, que cuando menos nos permite sacar el mismo del método de sordina con el que ha pasado los primeros trámites.


En el debate en Comisión manifestábamos el contraste que se da entre la expectación despertada por una ley

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reivindicada y anunciada durante años y el proyecto de ley que hoy tenemos. Supongo que es el mismo proyecto de ley al que se refería el señor ministro y que algún día podremos debatir, porque desde luego coincide poco con el que yo tengo. Nosotros dijimos, decimos y vamos a seguir diciendo que esta ley fundamentalmente aclara dos cosas, por otra parte conocidas: una, que Madrid es la capital de España, y dos, que en Madrid quien manda es el alcalde. Estas dos cuestiones, que están claras para la inmensa mayoría de los madrileños -obviamente con acuerdos y desacuerdos-, ya las sabíamos y creemos que es lo que dice primordialmente la ley, que es el acuerdo fundamental de los dos grandes partidos de esta Cámara, también en la Comunidad de Madrid, en el ayuntamiento y en el Gobierno de la propia Comunidad de Madrid. Es un acuerdo, por otra parte, respetado en el trámite parlamentario de forma escrupulosa por el resto de grupos, excepción hecha del portavoz del Grupo Mixto, a través de sus enmiendas en la Comisión, y del Grupo Vasco, que hizo gala de la coherencia acostumbrada en estos temas.


Esta es una ley, señorías, que debiera ser importante para la ciudadanía de Madrid y para la ciudad de Madrid, pero es mucho más importante para los gobiernos, para el Gobierno municipal, para el Gobierno de la comunidad y para el Gobierno de la nación que para la ciudadanía. Una ley que debiera desarrollar, ampliar e impulsar la ciudad desde más democracia, más participación, más competencias, más recursos, más claridad en su relación con otras administraciones, se sumerge fundamentalmente en la organización administrativa del ayuntamiento, muy necesaria, pero se desentiende del fin y del objetivo básico, que debiera ser precisamente la ciudad. Una oportunidad perdida, a nuestro juicio. Y seguramente seguiremos oyendo hablar en el próximo futuro de una administración de proximidad, pero evidentemente esto lo dirán los que estén cerca; al resto, como siempre, les pillará más lejos, aunque ya se sabe que Madrid es una ciudad en la que, por muy lejos que se esté, aparcar siempre cuesta dinero. No es que pensáramos que el señor alcalde de Madrid hiciera una apuesta en el sentido que nosotros pretendemos, ni mucho menos, pero este respiro que la Comunidad de Madrid, el Gobierno y el ayuntamiento se dan en su sin par batalla para acordar esta ley podría haber servido de algo y no solo para decirnos que Madrid es capital.
Semejante pinza sobre la ciudadanía y esta fuerza política tendrá sin duda objetivos políticos, competenciales, electorales, de gestión, pero desde luego no son objetivos, ni comunicados, ni participados, por las gentes de aquí.


Nuestro grupo mantiene enmiendas fáciles de comprender y de explicar, tienen que ver con la necesidad de clarificar la situación competencial, con la necesaria financiación y la reivindicación de un escenario de descentralización y mayor participación ciudadana en los asuntos de la ciudad. En el debate en la Comisión, el portavoz del Grupo Popular lo entendió perfectamente, por eso dijo que nuestras enmiendas tenían que ver con un modelo diferente de ley y con un modelo diferente de ciudad, si bien a continuación se esforzó en convencernos de que todo lo que planteamos y reivindicamos ya está recogido y se practica. Son cosas de la política. A continuación explicó su modelo y ciertamente he de reconocer que le quedó bien; lo que ocurre es que después pretendió explicar el nuestro y créanme que lo dejó irreconocible. Por ello vengo en suplicar que no insista, por favor, en esa línea, porque no nos favorece políticamente, permítame que se lo diga.


Dijimos que queremos más competencias para unas juntas de distrito trabajosamente ignoradas en el proyecto. Hay que ser muy fino, señorías, para reducir los distritos a tres renglones. Nosotros queremos unos distritos con más capacidad de propuesta presupuestaria, con más implicación en el planeamiento urbanístico; queremos que existan planes de actuación en los distritos para mejorar la calidad de vida, pero también para mejorar y revitalizar la vida social y política en los propios distritos de la ciudad; proponemos la posibilidad de consultas locales o abrir la participación al debate presupuestario; queremos potenciar los plenos de las juntas de distrito, su capacidad de control sobre las decisiones. Porque para nosotros, señorías, ciudadanía es reconocimiento social y jurídico de derechos y obligaciones dentro de una comunidad y sabemos que en la ciudad hay edificios, avenidas, sujetos fiscales y clientes -esa una visión de la derecha legítima-, pero para nosotros, además, ciudad es convivencia, intercambio, cultura, participación, corresponsabilidad y también arte, trabajo, comercio, diversión, en definitiva, vida; palabras y conceptos imposibles de intuir en esta ley. La relación más entrañable que se permite este ayuntamiento para demostrar su confianza en la ciudadanía es dejarnos una inmensa deuda para futuras generaciones, que sin duda alguna nos unirá mucho a todos los ciudadanos. Son ventajas e inconvenientes de tener un alcalde obrero; lo digo no por su militancia sindical, que no me consta, sino por esa afición desmedida a cambiar la fisonomía de la ciudad, que sin duda alguna falta le hace, pero quizá con otros tiempos, con otros ritmos y no solamente a gusto del alcalde. Es un alcalde muy de su ciudad y la tiene como él quiere.


Señorías, lo dijo nuestra portavoz en el ayuntamiento, hoy presente aquí.
En febrero de 2006 pidió un incremento de competencias de las juntas municipales y rápidamente, el 30 de marzo de 2006, la junta de gobierno respondió como no podía ser menos, prestamente y con claridad. Así, si antes las juntas tenían la competencia de aprobar las contrataciones cuyo importe sea superior a 120.000 euros e inferior a un millón y medio, estas pasan directamente al concejal presidente, que -eso sí- dará cuenta para que la junta se entere. Y lo explica y leo, señorías: Entre estas medidas se encuentra el proyecto de implantación de la contratación electrónica en el Ayuntamiento de Madrid, que permitirá una gestión más eficiente en los procedimientos de contratación administrativa, el cual ha venido a poner de

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manifiesto -ojo al concepto- la dificultad que para la gestión de la contratación supone la atribución de competencias ejecutivas en esta materia a órganos colegiados. Esto es explicar la incompatibilidad de lo operativo y lo democrático. Y sigue: Por todo ello, se trata de asignar a los concejales presidentes de distrito las competencias ejecutivas actualmente atribuidas a las juntas municipales, a fin de facilitar su gestión sin merma de las facultades de control que corresponden a estas.
Las facultades de control las explica en el punto b) del mismo acuerdo de la Junta de Gobierno. Entre las funciones del concejal presidente está la de dar cuenta a las correspondientes juntas municipales en la primera sesión que celebren de las resoluciones que se refieren a las adjudicaciones de contratos, a efectos de que queden enteradas de las mismas. Se cierran comillas y se cierran las puertas a la participación.
¿Es a esto a lo que se refería el portavoz popular cuando afirmaba que nuestras reivindicaciones eran agua pasada?

Hay que reconocer, en cambio, que la ley sí prevé con buen criterio un órgano para la defensa de los derechos de los vecinos. Está bien que los legisladores ya prevean que efectivamente los vecinos van a necesitar ser defendidos. Es la única vez que se cita a los vecinos para defenderlos de algo, y desde luego con razón se hará. No hay en la ley la más mínima concreción en cuanto a criterios de financiación, y la capitalidad comporta para Madrid obviamente elementos muy positivos y el honor en cualquier caso de la representación, la relación y seguramente la imagen más directa y conocida del Estado.


Junto a beneficios indudables, es preciso compensar los costes, no por cobrar factura alguna, sino por garantizar las mejores condiciones en las que Madrid juega su papel de función de capital, y también sirve el criterio para la Comunidad de Madrid, exactamente el mismo criterio.
Exenciones de impuestos, sede de embajadas, de Administración del Estado, de estas propias Cortes, de la Comunidad de Madrid, eventos, servicios a personas no residentes y un largo etcétera deberían ser al menos reflejados y tomados en cuenta para definir el papel de esta ciudad. En la ley no hay un incremento de recursos ni los costes apuntados de capitalidad, y por lo tanto criterios como suficiencia, equidad y capitalidad no tienen nada que ver con el proyecto. Las competencias que se reconocen por ley son las que tienen los ayuntamientos y nos parecen bien, pero no hacía falta una ley de capitalidad para decir que pueden imponerse multas de tráfico. De cada cien madrileños eso lo saben noventa y nueve y el que hace el número cien es el que las pone. Por lo tanto, no hacía falta decirlo en la ley, porque hasta aquí llegamos. Creemos que este ayuntamiento como tantos otros está prestando servicios en relación con escuelas infantiles, población mayor, urgencias y políticas sociosanitarias que deberían verse incrementadas con los recursos necesarios y suficientes, como por ejemplo servicio de teleasistencia, y no nos parece lógico que siga habiendo solapamiento de servicios de distintas administraciones sin respetar principios como el de subsidiariedad o el criterio de proximidad. Es cierto que quien fuera presidente de la comunidad tiene su parte de responsabilidad en que los ayuntamientos de la misma sufran esta situación y, por lo tanto, el actual alcalde de Madrid debería arreglar cuentas con quien fue presidente antes que doña Esperanza Aguirre, y conociendo a la persona sabemos que capaz es de hacerlo.


En fin, estas son cosas de la derecha. Ahora bien, es justo recordar aquí también -y termino, señor presidente- que en las conclusiones de la Convención de Sevilla de concejales y alcaldes socialistas se aboga por la parlamentarización de los ayuntamientos y se mantiene una posición inquietante acerca de los distritos relacionándolos con los costes de la organización municipal. En otras palabras, se puede opinar de las decisiones, pero no participar en su formación. Ese nos parece un criterio peligroso en términos democráticos. Señorías, creemos que este proyecto se podría retirar y pocos madrileños y madrileñas lo reivindicarían, sencillamente porque no está hecho desde el pulso de la ciudad sino al margen de las organizaciones sociales y representativas.


El señor PRESIDENTE: Señor Pérez, vaya concluyendo, por favor.


El señor PÉREZ MARTÍNEZ: Termino, señor presidente.


Que Izquierda Unida haya sido ninguneada o ignorada no es lo más grave ni condiciona nuestra posición. Nuestra posición en contra del proyecto lo es porque no se abordan las cuestiones que atañen a la capitalidad y se aprovecha para pretender un Madrid más del alcalde y su Gobierno y menos de la ciudad y su ciudadanía.


Muchas gracias, señor presidente.


El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Pérez.


¿Algún grupo parlamentario ejerce el turno en contra? (Pausa.) Pasamos, pues, a fijar posición. En primer lugar, el señor Mardones.


El señor MARDONES SEVILLA: Con la venia, señor presidente.


Quiero enviar un saludo de afecto y cordialidad a la dignísima corporación municipal de la villa de Madrid, con todos sus señores ediles concejales y su presidente, don Alberto Ruiz Gallardón.


Coalición Canaria va a votar favorablemente este proyecto de ley de capitalidad y de régimen especial de la villa de Madrid y consecuentemente en contra de las enmiendas presentadas tanto por el Grupo de Izquierda Unida como por el Bloque Nacionalista Galego, del Grupo Mixto. Queremos fijarnos fundamentalmente en lo que está recogido en los títulos preliminar y I de este todavía proyecto de ley, porque representa la síntesis de una vieja doctrina española mantenida a lo largo de los siglos, que es el municipalismo. En el caso de la villa de

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Madrid nos encontramos no solamente con todos los antecedentes históricos de lo que era una villa por designación real, con sus consistorios respectivos, sino con un estado de derecho reconocido en el decreto del año 1963, que viene a señalar un estatus obligatorio para la villa de Madrid. Cuando entramos en la plenitud democrática y sobre todo en la II Legislatura va a verse reconocida ya muy tempranamente, en el artículo 5 del título I de nuestra Constitución española, la villa de Madrid; o sea, madruga y tiene derecho a este reconocimiento como sede de la capitalidad del Estado, como sede de la Corona, del Congreso de los Diputados, desde el que hablamos hoy, en la madrileña carrera de San Jerónimo, y del Senado, en la plaza de la Marina Española. Por tanto, hay unos valores políticos democráticos que van a constituir los pilares fundamentales del municipalismo ejercido desde la villa de Madrid por su alcaldía y todo su consistorio considerado en pleno con todas las fuerzas políticas democráticas representadas por sus dignos concejales.


Este proyecto de ley trae ese sustrato fundamentalmente de legalidad. No en balde en la II Legislatura aprobamos aquí la Ley orgánica número 3, que viene a establecer un mandamiento y una exigencia municipalista, y sobre todo la Ley 7/1985, de Bases de Régimen Local. En la II Legislatura, por memoria histórica parlamentaria, yo quisiera destacar dos nombres, uno porque fue el portavoz del Grupo Parlamentario Socialista, mi paisano y diputado por Santa Cruz de Tenerife por el PSOE, don Luis Fajardo Spínola, que hizo una gran labor de síntesis con los otros portavoces de los distintos grupos políticos; y también, de una manera emocionada, quisiera recordar a un diputado de aquella II Legislatura, del Grupo de Alianza Popular, que fue don José María Ruiz Gallardón, compañero nuestro de sólida base como jurista, a quien dedico mi recuerdo por aquellas leyes de bases de régimen local de la II Legislatura, de 1983 y 1985, que nos permiten encontrarnos con este soporte de un Estado democrático de derecho, y cuando llegamos a 1992 y venimos a hablar del régimen jurídico de las administraciones públicas y del procedimiento administrativo común, una vez más, vuelve a resaltarse la singularidad de la villa de Madrid en cuanto a su arropamiento y solidez legislativa y de legitimidad constitucional y democrática en todos los aspectos.


No es de la incumbencia de mi grupo parlamentario entrar en lo que aparece desde el título II, administración y régimen interno; que se haga democráticamente merecerá nuestra aprobación. Me cabe resaltar todos los principios de declaración política donde se está residenciando la quintaesencia de la doctrina secular española del municipalismo, representada en este caso por el Ayuntamiento que rige la villa de Madrid. Aquí tenemos su régimen de capitalidad una vez que se ha sentado un principio democrático fundamental que es la autonomía municipal, porque sin autonomía municipal ya podemos tener el escenario que queramos, más o menos democrático, que sin un principio de responsabilidad por parte de las personas y de sus ediles concejales o de la corporación en pleno, en sus actos administrativos democráticos, no existiría la posibilidad de este ejercicio. Además la ley lo señala claramente al pasar a un régimen de capitalidad donde se viene ejerciendo esta autonomía y donde se encuentran las realidades de la estructura democrática del Estado español en este momento con una Administración General del Estado, como aquí ha defendido el ministro de Administraciones Públicas, señor Sevilla, acertadamente; está la Ley de 1983, del Estatuto de Autonomía de la Comunidad de Madrid, que obliga a una relación y por tanto a un ensamblaje de competencias, y el tercer pilar de todo ese sistema democrático representativo institucional está en el ayuntamiento. Por tanto, Administración General del Estado, Comunidad Autónoma y Ayuntamiento de la capital del Estado, de la villa de Madrid, hacen que esa figura quede reflejada en la comisión interadministrativa de capitalidad. Cuando el régimen de capitalidad de la villa de Madrid se sustenta en estos principios jurídicos para los demócratas es una satisfacción, y desde Coalición Canaria, desde esa comunidad, señor alcalde, señores concejales de la capital, la más distante geográficamente, pero la más entrañablemente unida como ciudadanos que somos durante varios días a la semana de la capitalidad de Madrid, nosotros en esta ciudad de síntesis, desde esa España que la Unión Europea llama región ultraperiférica pero tan española como Madrid, nos sentimos identificados, con satisfacción de usuarios de los servicios municipales de la villa de Madrid, para dar nuestro voto totalmente sincero, de adhesión y para bien de todos: de Madrid, de sus ciudadanos, de síntesis, como digo, de España, de la democracia y de la Corona.


Muchas gracias.


El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Mardones.


Grupo Vasco, señor Olabarría.


El señor OLABARRÍA MUÑOZ: Gracias, señor presidente.


Quiero empezar mis palabras también saludando a la delegación del municipio de Madrid, particularmente a su alcalde, buen amigo personal desde hace muchos años, y deseándole suerte en las múltiples tribulaciones que caracterizan el Gobierno municipal y que suelen a veces tener más proyección incluso mediática de lo razonable.


Señor presidente, nosotros vamos a votar esta ley porque no tenemos ninguna objeción particularmente relevante, pero la vamos a votar también sin entusiasmo, y evidentemente el señor Rodríguez lo ha dicho con lucidez, porque hay otras capitales, ciudades que por otras razones y características -algunas de las que sirven de fundamento a la atribución de las facultades exorbitantes que dimanan del estatus de capitalidad- merecerían que se les aplicaran también estas facultades, no solo de carácter económico o industrial, por ubicación

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de puertos de gran dimensión dentro de su ámbito, sino porque en esas ciudades o capitales de otros lugares del Estado español también radican administraciones autonómicas, voluminosas ya, con otras características que podría pormenorizar. Sin perjuicio de esto, las únicas observaciones, que ni siquiera son reservas ni críticas, que se nos antoja hacer son de doble naturaleza y de sentido diametralmente opuesto. En primer lugar, señor ministro, usted ha sido valiente, quizá hasta demasiado, se le ha ido un poco la mano a la hora de regular las facultades dimanantes del estatus de capitalidad porque se ha adelantado a reformas normativas que están pendientes, como las relativas a la Ley Orgánica del Poder Judicial con relación a la configuración de una justicia de proximidad que está pendiente de acometerse dentro de la estructura de la Administración de Justicia por el Congreso de los Diputados; no se sabe con qué suerte va acometerse esta reforma, pero ya se implanta en el estatuto de capitalidad mediante una previsión que está sujeta al riesgo de que al final, en las modificaciones de la ley orgánica o en el proyecto de ley orgánica que hoy mismo se va a debatir con relación a la justicia de proximidad, no se cohoneste con lo que se prevé en el contenido del texto articulado de este proyecto de ley. Lo mismo cabría decir en lo relativo a las competencias en materia de seguridad ciudadana que se atribuyen a la policía local, en este caso de Madrid, y ocurre lo mismo con el estatus de capitalidad de Barcelona, que supone materialmente una modificación de la Ley de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, que también está pendiente de acometerse por esta Cámara. Ya sé que me podrá usted refutar, señor ministro, que estas indicaciones que se incardinan en el texto de este proyecto están de alguna forma vinculadas, mediante una especie de peculiar condición resolutoria, a lo que devenga de estas reformas normativas posteriores, pero imagínese que al final no deviene nada y que no prosperan estos textos, o que no prospera esta forma de entender la Administración de Justicia o esta forma de concebir las facultades en materia de seguridad ciudadana de las policías locales.
Tendríamos un problema normativo que nos preocupa relativamente.


Reflexión de signo inverso sería que la Ley de Bases de Régimen Local, cuyo borrador está siendo negociado con los grupos -y lo está siendo con buen talante por su parte, señor ministro, por lo cual le felicito-, consigna una serie de facultades de tutela de la Administración General del Estado sobre las competencias o el ámbito municipal que nos preocupan. Podríamos citar varias, pero voy a poner un ejemplo paradigmático: la facultad de convocar consultas por parte de los municipios. La facultad de convocar consultas está, en el texto que usted nos ha presentado relativo a la Ley de Bases de Régimen Local, tutelada por la Administración Central del Estado, porque esta y su ministerio pueden avocar para sí la competencia para la convocatoria de esa consulta, con lo cual también se disminuiría el contenido y las facultades que impregnan o caracterizan este proyecto de ley que regula el estatus de capitalidad. Luego hay problemas que son de lex ferenda, señor presidente, no problemas que afecten a estos textos normativos, no son problemas de lex lata, pero que se pueden producir, dicho lo cual, felicito a los madrileños porque han tenido la suerte de que se reconozca un estatus de capitalidad del que dimanan facultades exorbitantes y privilegios. Felicito también a los ciudadanos de Barcelona, porque tienen una situación parecida, y algunos, quizá con la misma legitimidad para pedir, igual hacemos algún tipo de reclamación que se aproxime por razones objetivables fácilmente a lo que se consigna en este importante proyecto de ley.


Muchas gracias, señor presidente.


El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Olabarría.


Esquerra, señor Canet.


El señor CANET COMA: Gracias, señor presidente.


Saludamos también a la delegación del Ayuntamiento de Madrid encabezada por el señor alcalde.


Esquerra Republicana va a votar favorablemente y sin reservas el proyecto de ley de capitalidad y régimen especial de Madrid, porque entendemos que cada país debe poder establecer, si lo considera oportuno, un régimen municipal diferenciado para su capital. El voto favorable y sin reservas que estoy anunciando no significa compartir el concepto de régimen municipal especial que destila el texto, pero en cualquier caso dimos nuestro apoyo a la Carta municipal de Barcelona, capital de Cataluña, y hoy en correspondencia lo daremos al proyecto de ley de capitalidad y régimen especial de Madrid.


Los argumentos a favor de los regímenes especiales para capitales como París, Barcelona o Madrid pueden ser de diversos tipos a partir de una realidad demográfica que las obliga a tener mayor capacidad de incidencia que otros municipios en la organización del devenir cotidiano. También el hecho metropolitano convierte a determinadas ciudades en microestados necesitados de autonomía para conseguir una gestión lo más cercana posible a los problemas reales de los ciudadanos. El régimen local necesita en general mecanismos heterogéneos para dar respuesta a las demandas de la ciudadanía y de los entornos también a menudo heterogéneos. Pueden y deben existir unas bases comunes, pero han de ser lo suficientemente flexibles como para permitir, sin agravios comparativos, dotar de herramientas útiles a cada municipio de acuerdo con sus peculiaridades y su peso demográfico.


Los pasos decisivos para renovar el régimen municipal de Barcelona y Madrid en parte han coincidido cronológicamente. En el pasado mes de diciembre este Pleno del Congreso de los Diputados aprobaba por unanimidad la Carta municipal de Barcelona, mientras el Consejo de Ministros aprobaba, como paso previo al que vamos a dar hoy, el proyecto de ley de capitalidad y régimen

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especial de Madrid, si bien es cierto que Barcelona contaba desde 1998 con una ley autonómica que establecía ya una regulación diferenciada para la capital de Cataluña. Esta relativa coincidencia temporal no significa coincidencia de modelos. Probablemente el texto del proyecto de ley de capitalidad y régimen especial de Madrid parte de una concepción competencial, financiera y descentralizadora bastante distinta a la de la Carta municipal de Barcelona, entre otras razones por la distinta relación política y competencial que se ha establecido o querido establecer con la comunidad autónoma respectiva. No podemos olvidar que la Generalitat de Catalunya y el Ayuntamiento de Barcelona llevan ya años intentando establecer fórmulas de ejercicio competencial compartido.


Desde nuestra visión de cómo debe articularse la autonomía local, entendemos las objeciones que se han planteado al texto por parte de algunos grupos de esta Cámara, en especial Izquierda Unida y el Bloque Nacionalista Galego, cuyas tesis, en general, compartimos. En especial dejamos constancia de nuestra postura favorable a la regulación y concesión de mayor autonomía y capacidad de decisión a los distritos, lo que debería permitir aumentar el nivel de participación y de control de la ciudadanía en las decisiones del gobierno de la ciudad, de cualquier ciudad, no solo de Madrid. Por ello, no votamos en contra de las enmiendas de Izquierda Unida y del Bloque Nacionalista Galego en el paso del texto por la Comisión, pero respetamos -como ya he dicho- que el texto sometido a la aprobación de esta Cámara representa el sentir mayoritario del consistorio de Madrid y ha conseguido un amplio acuerdo institucional.


En definitiva, vamos a dar apoyo al texto del proyecto de ley, no tanto por su contenido como por nuestra concepción de la autonomía municipal, que entendemos como un valor añadido en la tarea de atender las necesidades de los ciudadanos. Por ello, Esquerra Republicana no presentó en su momento ninguna enmienda al articulado del proyecto de ley. Nos basta tener claro que las estructuras del Estado pueden y deben ser lo suficientemente flexibles como para permitir que la capital o las capitales puedan dotarse de regímenes diferenciados de otros municipios.
Como ya expresamos en la Comisión correspondiente, cuando se dan situaciones distintas las soluciones de gestión, políticas, etcétera, también han de ser diferentes, lo exige el principio de eficacia.
Ciudades con el perfil de Madrid y Barcelona, un perfil, por cierto, que no tiene por qué ser exclusivo de estas dos urbes en el Estado español, para satisfacer adecuadamente las demandas de sus ciudadanos y de los de su entorno metropolitano, necesitan poder definir con amplia autonomía su régimen local, sin dejar de lado, eso sí, que ser capital implica un compromiso con el territorio, lo que hace también necesaria la implicación legislativa de la comunidad autónoma. Reiteramos, pues, el voto favorable, seguramente también sin entusiasmo, como ya se ha expresado desde otros ámbitos, pero respetando que representa el sentir mayoritario del Ayuntamiento de Madrid.


Muchas gracias.


El señor PRESIDENTE: Gracias a usted, señor Canet.


Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), señor Guinart.


El señor GUINART SOLÁ: Gracias, señor presidente.


En nombre de Convergència i Unió empiezo con un cordial saludo al alcalde y a los miembros de la corporación municipal de Madrid.


En la sesión plenaria de hoy estamos debatiendo y vamos a realizar la votación del proyecto de ley de capitalidad y régimen especial de Madrid, que al igual que en su día con Barcelona, a través de su Carta municipal, va a permitir a Madrid dotarse de un marco legislativo específico. El proyecto de ley contiene, tal y como se describe en la exposición de motivos -nos lo ha recordado hoy mismo el ministro-, las normas especiales que se aplicarán preferentemente respecto a las previstas en la legislación general a la ciudad de Madrid. El texto se estructura en cuatro títulos, precedidos de un título preliminar, en los que se regulan el régimen de capitalidad, la organización política y administrativa del Ayuntamiento de Madrid, las competencias de titularidad del Estado que se transfieren y las especialidades del régimen jurídico aplicable a la ciudad.


En relación con el contenido, el Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió) no ha presentado enmiendas, como señal de respeto a la decisión de la Asamblea legislativa y de los ciudadanos de la Comunidad de Madrid, así como al importante consenso -esto hay que remarcarlo- con el que ha llegado el proyecto de ley a esta Cámara. En este sentido también es necesario felicitar a Madrid por su carta municipal que, al igual que la de Barcelona, permitirá reforzar su autonomía al servicio de una gestión administrativa eficaz y próxima a las ciudadanas y ciudadanos de Madrid y de una mejora de la calidad de los servicios. Como capitales -se ha dicho-, sin excluir a otras, tanto Barcelona como Madrid se merecen tener una carta, una ley especial que regule su especificidad, su problemática y su complejidad. La de Barcelona es ya una realidad por la Ley 1/2006, de 13 de marzo, por la que se regula el régimen especial del municipio de Barcelona. En unos meses también lo será para Madrid. Por todo ello, nuestro grupo parlamentario votará afirmativamente el texto del dictamen.


En relación con las enmiendas que siguen vivas del Grupo Parlamentario de Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya Verds y del Grupo Parlamentario Mixto, Bloque Nacionalista Galego, nuestro grupo se abstendrá, excepto en el caso de que se formulen enmiendas transaccionales que permitan su consenso

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con otros grupos. En su caso, votaríamos a favor de las transacciones.


Gracias, señor presidente, señorías.


El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Guinart.


A continuación, Grupo Popular, señor Fernández-Lasquetty.


El señor FERNÁNDEZ-LASQUETTY Y BLANC: Señor presidente, permítame que en nombre del Grupo Parlamentario Popular salude al alcalde de Madrid y a los miembros de la corporación municipal que le acompañan esta mañana en la tribuna.


Señorías, uno de los asuntos fijos en la agenda política de Madrid desde hace unos cuantos años ha sido la necesidad de desarrollar lo dispuesto en el artículo 6 del Estatuto de Autonomía, esto es, que una ley votada en las Cortes determinara el régimen especial de la villa de Madrid, derivado en buena medida de su condición de capital de la nación y sede de las instituciones generales. Hoy llega al Pleno de la Cámara el proyecto de ley de capitalidad y régimen especial de Madrid, que ha sido una ley de gestación larga y laboriosa en su formación, como no podía ser de otra manera. Mi grupo parlamentario y mi partido se felicitan hoy por haber logrado que llegáramos hasta aquí y es que el Partido Popular ha trabajado mucho para lograr la aprobación de esta ley de capitalidad.
Consideramos que es una buena ley; una ley que facilitará a las instituciones, y especialmente al ayuntamiento, nuevas maneras de servir a los ciudadanos y de contribuir al crecimiento de Madrid; una ley que proporcionará un marco jurídico mejor adaptado a una ciudad cuyos problemas cambian al mismo ritmo que aumenta el crecimiento, el bienestar y el dinamismo de las personas que en ella viven o que a ella acuden.


Madrid ya no tiene los mismos problemas que existían en los años setenta u ochenta. Lo que Madrid tiene ahora son las circunstancias propias de una ciudad muy avanzada, que ocupa una de las primeras plazas europeas en cuanto a su energía empresarial, a su riqueza artística y cultural o en cuanto a su atractivo para aquellas personas que emigran en busca de un lugar donde labrarse su futuro. Creemos que la ley que hoy discutimos se integra en esa corriente de modernización; una modernización que no se detiene en los límites del término municipal de Madrid, sino que incluye a toda la comunidad autónoma, que participa y protagoniza también este impulso.


Es, lo repito, una buena ley. ¿Significa eso que desde nuestro punto de vista sea una ley inmejorable? No. Coincido en este punto con el ministro. Todos los que hemos participado en ella hubiéramos deseado que se hubieran incluido algunas cuestiones que han quedado en el tintero, pero es una buena ley y es una ley posible, lo que desde nuestro punto de vista ya hace que sea válida. Y es que el proyecto de ley que ahora debatimos nace de un acuerdo entre instituciones y esperamos que sea aprobada, como lo fue en Comisión, con un respaldo parlamentario amplio y representativo. Es fruto del esfuerzo de tres instituciones: el Ministerio de Administraciones Públicas, la Comunidad de Madrid y, naturalmente, el Ayuntamiento de Madrid, a cuyos representantes -también a usted, señor ministro-, en nombre de mi grupo parlamentario, quiero reconocer expresamente su esfuerzo, que ahora va a culminar con éxito.


El proyecto de ley respeta acertadamente las competencias de todas las instituciones. No olvidemos que la ciudad de Madrid, además de ser capital de España, lo es también de su comunidad autónoma. Desde nuestro punto de vista, en esta ley tenemos un ejemplo de que cuando el Gobierno actúa dentro del respeto y la colaboración institucional se consiguen mejores frutos que cuando se opta, como desgraciadamente sucede con frecuencia, por la vía de la confrontación o el hostigamiento a Madrid.
Además, el proyecto de ley constituye una pieza importante en algo que el Partido Popular siempre ha considerado necesario: el fortalecimiento de las instituciones municipales. Somos un partido profundamente municipalista que ha tenido y tiene importantes responsabilidades de gobierno local, y cuando estuvimos al frente del Gobierno de la nación hicimos honor a ese principio impulsando una ley tan importante como la Ley de modernización del gobierno local, que supuso el primer paso en serio que se ha dado en veinte años para la mejora del régimen jurídico de las ciudades en España. El Grupo Parlamentario Popular, por tanto, respalda la orientación y las disposiciones de la ley de capitalidad.
Creemos que permitirá mejorar la eficacia de su ayuntamiento. La condición de capital tiene un reconocimiento que no lleva aparejados ni privilegios ni excesos de retórica legal que estarían fuera de lugar. La capitalidad en lo que se traduce es en un método operativo para funcionar, para que las instituciones resuelvan problemas y para que cooperen en las ocasiones en las que Madrid debe atender acontecimientos para los que, por otra parte, ya ha demostrado estar sobradamente preparada. Ese es el sentido de la comisión interadministrativa de capitalidad, que establece un modelo sencillo y capaz de responder a las necesidades.


Dentro del régimen especial de Madrid consideramos un paso acertado la clara distinción que va a existir entre lo político y lo administrativo, un paso que avanza en lo ya dispuesto en la Ley de 2003, que antes mencionaba, y que va a servir para configurar un pleno caracterizado como órgano de control político y de debate y aprobación de los grandes asuntos. Sometido a él, un órgano ejecutivo encarnado en la junta de gobierno bajo la dirección política del alcalde. El proyecto, señor Pérez, también atiende la necesaria descentralización política y administrativa materializada en las juntas de distrito, que sirven además como cauce de participación de los vecinos. Quiero destacar las competencias que el ayuntamiento podrá desempeñar gracias a esta ley, en particular las que se refieren a problemas determinantes para la ciudad, como la seguridad de los ciudadanos o la regulación de diferentes asuntos de tráfico y aparcamiento.


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El Partido Popular presentó pocas enmiendas a este proyecto de ley porque sabíamos que siendo, como he dicho antes, mejorable, era un proyecto bien trabajado. Nuestras enmiendas pretendían perfeccionar determinados aspectos técnicos ofreciendo soluciones jurídicas mejor adaptadas a las necesidades de Madrid. Quiero agradecer el apoyo unánime de los demás grupos de la Cámara a las enmiendas presentadas por el Partido Popular que ha permitido incorporarlas al dictamen de la Comisión, del mismo modo que nosotros hemos apoyado una enmienda que presentaban el Grupo Socialista y otros grupos.


En cuanto a las enmiendas que llegan al Pleno mantenidas por el Grupo Mixto y por Izquierda Unida -disculpe, señor Pérez, pero cuando uno presenta enmiendas lo que hace es someterlas a opinión y a juicio, empezando por el de la Cámara-, me parecen muy respetables y animadas por la mejor voluntad pero reitero los argumentos expuestos en la Comisión.
En efecto, se trata de enmiendas que se orientan hacia un modelo diferente de capitalidad y de régimen especial. No podemos darle nuestro voto favorable, en muchos casos por disconformidad con el contenido, y en todos ellos por lo dicho, porque configurarían un sistema distinto y que en determinados aspectos supondría la invasión de competencias de otras instituciones. Quiero señalar que sobre el régimen financiero especial contenido en varias enmiendas de Izquierda Unida la posición de nuestro grupo es que nos parece aceptable que sea una futura ley de financiación local la que regule estos aspectos con toda la coherencia necesaria.


Señor presidente, antes de concluir mi intervención me gustaría hacer una reflexión más general. Me parece oportuno realizarla ahora cuando escuchamos continuamente los discursos de los supuestos agravios históricos, las demandas de mayores poderes territoriales y la obsesión por la hiperregulación al servicio de la construcción de naciones. Madrid nunca ha tenido nada que ver con esos discursos y por eso, creo yo, a Madrid le van muy bien las cosas y a los madrileños les van muy bien las cosas. Crecemos porque no queremos tener otra nación que España, avanzamos porque no perdemos energías en crearle problemas de identidad a la gente, sino que nuestras instituciones hacen su trabajo, gastan lo que ingresan y, si pueden, bajan los impuestos. Creamos oportunidades para los madrileños porque ni a las empresas ni a los individuos se les conmina a servir a ninguna causa. Aquí cada uno hace lo que quiere y, si lo hace dentro de la ley, no tiene ningún problema con nadie y gracias a ello todos, cada vez más gente venida de muchos países, vivimos mejor.
Para nosotros, el Grupo Parlamentario Popular, está claro que ese es el camino correcto: hacer España desde nuestra ciudad y desde nuestra región y vivir en libertad y en democracia junto con nuestros compatriotas.


Muchas gracias. (Varios señores diputados: ¡Muy bien!-Aplausos.)

El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Fernández-Lasquetty.


El Grupo Socialista me ha comunicado que será representado por dos oradores que supongo repartirán amigablemente su tiempo de diez minutos, que no significa que si hay dos oradores hay diez minutos más diez minutos, sino diez dividido entre dos, es decir, cinco minutos.


Adelante, señor Cuesta.


El señor CUESTA MARTÍNEZ: Muchas gracias, señor presidente.


En primer lugar, quiero saludar especialmente al alcalde de Madrid, señor Ruiz-Gallardón, a doña Trinidad Jiménez, portavoz del grupo municipal socialista, a doña Inés Sabanés, portavoz del grupo de Izquierda Unida, y a los demás representantes del Ayuntamiento de Madrid. Intervengo como responsable de política municipal del PSOE, aparte de como parlamentario, para expresar, en primer lugar, nuestro agradecimiento a Madrid y a sus ciudadanos, ciudad en la que nadie es un extraño. Hay quien dice que existen tres categorías de habitantes en una gran capital: los vecinos, los commuters y los usuarios. Yo hablo como usuario y, desde ese punto de vista, creo expresar el sentir de la Cámara también en ese agradecimiento, apoyo y solidaridad con la ciudadanía de Madrid. Nadie es un extraño en esta ciudad.


En segundo lugar, quiero afirmar que este proyecto de ley de capitalidad y régimen especial de Madrid es de suma importancia. Queremos recalcar la suma importancia que le merece a mi grupo este proyecto y lo que hoy vamos a aprobar en esta Cámara. Supone -quiero dejarlo también muy claro- el cumplimiento de nuestro programa electoral y del programa de gobierno.
Un pilar fundamental de nuestro programa es lo que denominábamos la democracia de los ciudadanos, un ambicioso proyecto de reformas institucionales y democráticas en clave de derecho de ciudadanía y de calidad democrática, en donde el nuevo gobierno local jugaba un papel de importancia. En ese marco, nos hemos comprometido a impulsar desde el diálogo y desde el acuerdo -y se ha conseguido- del Gobierno de la nación con la Comunidad Autónoma de Madrid y con el ayuntamiento la ley de capitalidad de Madrid. Con esta ley también se cumplen mandatos parlamentarios históricos de esta Cámara y reivindicaciones del municipalismo y de un nuevo diseño del gobierno local. Hay que recordar que en el año 2003 esta Cámara aprobó una proposición no de ley sobre grandes ciudades que hablaba de la necesidad de impulsar la Carta Municipal de Barcelona y la ley de capitalidad de Madrid. El informe sobre ciudades del Senado insistía también en ese mismo sentido. Se desarrollan el tenor del artículo 5 de nuestra Constitución y del artículo 6 del Estatuto de Madrid, por tanto, estamos cumpliendo y desarrollando también nuestro sistema político. Pero no estamos hablando solo de arquitectura institucional, estamos hablando de servicios públicos y

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de ciudadanía. Con esta ley se pone de manifiesto que el nuevo gobierno local está en la agenda política del Gobierno, tanto en medidas de financiación como en la elaboración del libro blanco, la aprobación de la carta municipal de Madrid o la dinámica de consenso que existe con motivo de la negociación del nuevo gobierno local. Estamos ante un proyecto de ley que es el estatuto de la ciudad capital. Julián Besteiro, concejal de Madrid por el distrito de Chamberí, definía a las ciudades como un Estado en pequeño. De alguna forma esta ley, pensando en el futuro, recoge la gestión de las potencialidades de la ciudad en tantos ámbitos de la vida cotidiana que hoy afectan a las necesidades fundamentales de la ciudadanía. Y se ha hecho también impulsando la cooperación, la comisión de capitalidad, o conceptos como atribución de competencias, o la participación de la capital en la gestión de las infraestructuras del Estado que tengan especial incidencia y repercusión en el ámbito urbano.
Ahí existe una filosofía de cooperación y de diálogo que quiero resaltar.
También quiero resaltar el escrupuloso respeto a la autonomía local, porque algunas de las enmiendas intentan convertir esta ley en un reglamento de funcionamiento de la ciudad de Madrid. No, la ciudad de Madrid, en virtud de su propia autonomía local, desarrollará esta ley, precisamente ejerciendo esa autonomía y esa capacidad de autoorganización. Es una ley hecha desde el acuerdo. En nombre del Grupo Parlamentario Socialista hoy quiero anunciar también la voluntad de acordar el nuevo diseño del gobierno local. Estamos trabajando en esa línea, tanto desde el Ministerio de Administraciones Públicas como desde el partido. Hay que impulsar una acción concertada a favor de un nuevo gobierno local, porque hablar de la ciudad es hablar de la gestión de la complejidad, y también del futuro del planeta. El futuro del planeta depende del gobierno de la ciudad. La ciudad se ha convertido de alguna manera en el futuro del hombre.


Acabo con una reflexión final, señor presidente. En un mundo cada vez más globalizado y en el que los Estados-nación y los nacionalismos exacerbados son incapaces de generar procesos de identificación positiva y no agresiva, es en las ciudades desde donde puede construirse una nueva identidad compatible con la tolerancia y el mestizaje étnico y cultural.
Ello exige, por tanto, políticas muy activas de participación ciudadana y un nuevo gobierno local. Necesitamos un sistema de normas totalmente nuevo y una notable inventiva y creatividad institucional. Esta norma está también en ese camino del nuevo gobierno local.


Muchas gracias. (Varios señores diputados: ¡Muy bien!-Aplausos.)

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Cuesta.


Segunda intervención del Grupo Socialista. Señor Aranda.


El señor ARANDA ÁLVAREZ: Señor presidente, en primer lugar, también quiero utilizar mis primeras palabras para saludar a los miembros de la corporación municipal de Madrid, al señor alcalde, a doña Trinidad Jiménez y a doña Inés Sabanés, junto con el resto de los concejales de esa corporación que nos acompaña hoy aquí.


Señorías, en este escaso tiempo que tengo quiero manifestar dos ideas para transmitirle la idea por la que nosotros vamos a votar favorablemente la ley de capitalidad. Voy a centrar mi intervención en dos ideas fundamentales: una de carácter nacional e institucional y otra de carácter local. La de carácter nacional e institucional era para transmitirles que Madrid, capital del Estado, es una pieza más -esto es importante- en el

Estado de las autonomías. No solo porque el artículo 5 de la Constitución, como todos ustedes saben, reconoce a Madrid como capital del Estado, sino también porque la idiosincrasia madrileña expresa de una manera bien clara una forma positiva de convivencia de nuestro Estado. Madrid es la imagen de una ciudad abierta, una ciudad cosmopolita y una ciudad integradora de culturas y pueblos. Madrid siempre ha sido una ciudad que ha acogido con los brazos abiertos a cuantas personas, de dentro y de fuera de España, han querido venir a vivir aquí. Por ello, Madrid es hoy día un mosaico de cultura, de convivencia en paz y en libertad. Todos los que estamos en Madrid trabajamos cada día para hacer esta ciudad más fuerte y más culta. Es por tanto Madrid la mejor expresión de la idea que muchos tenemos de la España de las autonomías: una organización política que desde la unidad respeta y reconoce la identidad y el derecho de autoorganización de todos los pueblos que la conforman. Madrid siempre ha sido eso: la capital de todos, y esta ley de capitalidad debe contribuir para seguir haciéndolo así y fortaleciendo esta idea. Fíjense, señoras y señores diputados, esta no es una idea nueva, es una idea que ya expresara Mesoneros Romanos a mediados del siglo XIX en la obra El viejo Madrid para explicar las razones que llevaron a Felipe II, en 1561, a traer la capital del Reino desde Toledo a la villa de Madrid. Decía en ese momento Mesoneros Romanos: La necesidad de crear una capital nueva, única y general a todos los reinos, tradiciones, simpatías o antipatías históricas de las anteriores y que pudiera ser igualmente aceptable a castellanos y aragoneses, andaluces y gallegos, catalanes y vascongados, extremeños y valencianos, es lo que llevó a Felipe II a traer la capital del Reino a la villa de Madrid. Señorías, el Madrid abierto, el Madrid integrador en la España plural de las autonomías, es el que fortalecemos hoy con la ley de capitalidad.


Además de esta idea de carácter institucional, quiero introducir otra idea de carácter local. Una ley de capitalidad incorpora muchos elementos relevantes de los que podríamos ocuparnos esta mañana aquí. Tan solo me quiero ocupar de uno, de la comisión interadministrativa de capitalidad.
Madrid necesita de forma urgente cooperación

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y coordinación para la gestión y organización de los problemas que tiene la mayor ciudad metropolitana de nuestro Estado. No hace falta ser vecino de Madrid para sufrir los múltiples problemas que tiene nuestra ciudad.
Basta con ser mero transeúnte para comprobar la imperiosa necesidad de afrontar con decisión las mejoras del transporte público, la ordenación del tráfico, la planificación de las obras, la política de vivienda o la seguridad ciudadana. Parece más que evidente que se requiere algo más que bofetadas dialécticas entre el ayuntamiento y la comunidad para solucionar estos y otros muchos problemas que tiene nuestra ciudad.
Madrid es demasiado importante, señoras y señores diputados, como para que la política de la ciudad se dirima a golpe de sainete platanero en una estrategia de márquetin milimétricamente calculada entre el ayuntamiento y la comunidad autónoma. Madrid necesita responsabilidad y perspectiva de futuro y no estrategias electoralistas. La comisión interadministrativa de capitalidad, órgano de cooperación entre las tres administraciones, es un espacio donde se pueden establecer criterios para solucionar estos problemas. Los socialistas -voy concluyendo-, patrocinando esta ley y apoyando y fortaleciendo el acuerdo parlamentario que se ha consolidado en esta Cámara para su aprobación, hemos iniciado ese compromiso con Madrid. Ahora se requiere que todas las administraciones comprometidas también estén en ello. Nosotros ahí estaremos. Que así sea.


Muchas gracias. (Aplausos.)

El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Aranda.


Antes de dar por concluido el debate de este punto, permítaseme despedir con afecto y simpatía a la delegación del Ayuntamiento de Madrid, encabezada por su alcalde y distinguidas y distinguidos muníncipes.
Cuando votemos hacia la una y media de la tarde esta ley podrá constatar las emociones que suscitan las vicisitudes de la villa de Madrid, pero el proyecto continuará su andadura hacia el Senado.


Gracias por su asistencia. (Aplausos.)

ENMIENDAS DEL SENADO.


-PROYECTO DE LEY SOBRE TÉCNICAS DE REPRODUCCIÓN HUMANA ASISTIDA. (Número de expediente 121/000039.)

El señor PRESIDENTE: Punto VI del orden del día: Enmiendas del Senado. En primer lugar, proyecto de ley sobre técnicas de reproducción humana asistida. Pasamos a fijar posiciones de los grupos parlamentarios de menor a mayor. Señor Mardones.


El señor MARDONES SEVILLA: Muchas gracias, señor presidente.


Con relación a las enmiendas que nos remite el Senado sobre este proyecto de ley de técnicas de reproducción humana asistida, mi grupo va a ser muy riguroso y votará en sentido contrario para desechar las enmiendas. Se ha producido en el Senado, desde el punto de vista de Coalición Canaria y en la línea que mantuvimos en la última votación en el Pleno de la Cámara, una línea adecuada en relación con la demanda y exigencias de la sociedad actual. Respetamos, desde nuestro carácter de fuerza moderada, racional y objetiva, cualquier limitación de tipo ideológico, religioso, de actitud personal y de voluntariedad, ético, moral o como se le quiera llamar. La persona siempre merece nuestro respeto. Habíamos hecho un parámetro, igual que con la anterior ley, defendida muy acertadamente en la última legislatura del Grupo Parlamentario Popular por la entonces ministra de Sanidad, para que se produjera un avance, una respuesta positiva a la demanda social. Nos estábamos encontrado problemas con la criogenización de óvulos fecundados, porque no se sabía qué hacer con los sobrantes, a dónde iban a ser conducidos ni qué limitaciones podían tener. Yo creo que se dio un paso adelante y en la actual legislatura nuestra línea es de progresismo. Apoyamos a nuestra ministra de Sanidad, que está aquí presente, para que esto responda a una modernización y a unas exigencias de nuestra sociedad, pero también a una racionalidad. Existirán las limitaciones que la propia ley señale a la clonación, pero que nos opongamos a una clonación completa de la especie humana no impide que apoyemos la clonación con sentido terapéutico. Mi grupo no sería progresista ni se adecuaría a las exigencias actuales si no apoyara la clonación terapéutica como una forma de solucionar problemas que en este momento la medicina y la farmacia no han podido corregir ni evitar y que solamente la genética y la clonación responsable, controlada y con todas las garantías científicas puede resolver. Es importante que exista una ley que dé una señal de iluminación y esperanza a todas aquellas personas limitadas en su capacidad de plena personalidad humana por fenómenos patológicos que pueden ir desde el Alzheimer a la diabetes. Si hay una fórmula que permita esta solución, ahí estaremos con nuestro voto. Por tanto, nos vamos a oponer a las enmiendas del Senado que quieren volver a un texto anterior que en este momento consideramos superado.


Qué mejor manera también de hacer un reconocimiento a las parejas que por problemas de reproducción asistida han tenido que fecundar óvulos de la mujer que después se han quedado en los bancos de congelación de nitrógeno líquido esperando no sé qué, ¿esperando una defunción?, ¿que los mandemos a un horno crematorio? Queremos que sea la voluntad de los padres la que decida el destino de esos óvulos fecundados. Debemos tener pleno respeto si deciden que vayan a una clonación aceptada, que se dediquen a fines terapéuticos o a la investigación. ¿Qué decir de esas enmiendas que vienen del Senado y que restringen este principio? Nosotros defendemos la libertad de los progenitores para decidir voluntaria y racionalmente cuál es el destino de esos óvulos, evitando por supuesto, como hace la ley acertadamente,

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la comercialización soterrada de un bien biológico que debe ser patrimonio de la humanidad y no patrimonio de un sistema económico de circuito oscuro.


Hay una tercera línea de las enmiendas que vienen del Senado a la que nos oponemos, que es la limitación a tres óvulos fecundados. He hablado con especialistas y conozco casos personales pertenecientes a la intimidad familiar en los que ha habido que realizar cuatro, cinco o seis nuevas implantaciones. No se puede limitar solo a tres, creyendo que hay un cálculo de probabilidades que la matemática se encarga de desentrañar negativamente. El cálculo de probabilidades en biología tiene unas cadencias a veces incomprensibles, porque unas veces se acierta en el primer o en el segundo intento y otras veces se acierta en el duodécimo o en el vigésimo segundo intento. Por tanto, vamos a dejar que la profesión médica, de acuerdo con su ética, la racionalidad y el sentido común permitan hacer lo que ya se está haciendo. Con la ley anterior, el especialista no se quedaba en tres óvulos, sino que hacía una fecundación de seis, porque tenía que tener una reserva. Fijémonos por ejemplo en los gastos de facturación de los medicamentos hormonales para sujetar el óvulo implantado en el útero de la mujer. ¿A qué estábamos condenando a las mujeres sin recursos económicos? ¿A qué? Por tanto, esto es también una cláusula de conciencia. Nosotros nos hemos inclinado por el avance social, por dar respuesta a las demandas sociales y por respetar la voluntariedad, porque ninguna ley obliga a una persona a una determinada conducta.


Señor presidente, haremos llegar a los servicios de la Cámara la relación de enmiendas que vienen del Senado a las que vamos a votar en contra, que es una gran parte de ellas. Entendemos que aceptar esas enmiendas desvirtúa el principio que mi grupo había apoyado y que había sido votado mayoritariamente, desvirtúa el principio doctrinal -entre comillas- que tenía el proyecto cuando salió de esta Cámara camino del Senado. Como no queremos caer en una contradicción dialéctica ni que se desvirtúe lo que votamos en su momento favorablemente, repetiremos la misma conducta y la misma votación. Señor presidente, nosotros votaremos que no a esas enmiendas porque entendemos que desvirtúan el texto que salió en su día del Congreso. Sin embargo, votaremos favorablemente aquellas otras enmiendas del Senado que aumentan unas garantías jurídicas, unos caudales técnicos y el principio de solidaridad, porque queremos estar en la línea de la dialéctica, de la exigencia de la mujer en la sociedad y de las parejas que quieren concebir.


Muchas gracias, señor presidente.


El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Mardones.


Señora García Suárez.


La señora GARCÍA SUÁREZ: Muchas gracias, señor presidente.


Señora ministra, de nuevo debatimos la Ley de reproducción asistida teniendo que abordar en este caso una situación producida en el Senado.
Señorías, hemos de reconocer que más que nada estamos hablando de asuntos que tienen más que ver con aspectos religiosos o filosóficos que con aspectos científicos, los cuales están sobradamente claros y demostrados.
En el Senado, el Grupo Parlamentario Popular y Convergència i Unió han querido meter esta ley de lleno en el terreno de las creencias religiosas -aunque también quizás sean filosóficas- de una manera sorprendente. Ha sido sorprendente para el Partido Popular, pero triplemente sorprendente para Convergència i Unió, ya que muchas veces nos recuerdan algunas contradicciones de otros grupos y de otros gobiernos. En este caso, señores de Convergència i Unió, ustedes también tienen una enorme contradicción y un enorme problema dentro de su propia casa porque hoy también tocaría que ustedes votaran a favor de estas enmiendas que vienen del Senado del Grupo Popular y de Convergència i Unió.


¿Por qué digo que ha sido de forma sorprendente? Porque han querido trasladar a la ley de reproducción humana asistida los argumentos de la Conferencia Episcopal Española. En definitiva, se pretende que el Poder Legislativo legisle según los planteamientos de la Conferencia Episcopal Española. ¿Qué cuestiones se pregunta la Conferencia Episcopal Española que coincide en definitiva con estas enmiendas que vienen del Senado? Por ejemplo, se pregunta si la nueva ley de reproducción asistida permite la clonación de seres humanos, si hay que tratar desde el primer momento el embrión con el respeto que merece todo ser humano y otras muchas cuestiones que han derivado y que subyacen en estas enmiendas. Parece ser que el Partido Popular y Convergència i Unió se resisten a aceptar que estamos en un Estado aconfesional y que un Estado acofensional como el nuestro no puede de ninguna forma imponer criterios y creencias religiosas frente a los argumentos de la comunidad científica y, sobre todo, frente a los intereses generales de la mayoría de las personas, porque ustedes están yendo en contra de los intereses de la gran mayoría y pretenden que se legisle para una minoría. Por tanto, ¿qué es lo primero que debe primar en este Estado aconfensional, sobre todo cuando puede haber supuestos de conflictos ideológicos, científicos y religiosos? ¿Cómo se debe legislar? Con leyes laicas. En definitiva, se debe legislar con leyes permisivas que no invadan la conciencia de otros, de modo que quien no las quiera utilizar por sus convicciones no las utilice o, al contrario, aquellos que realmente las quieran utilizar puedan hacerlo. Lo que no puede ocurrir de ninguna forma es que por respetar determinadas ideas religiosas no se pueda avanzar en la elaboración de leyes, que el consenso científico y jurídico, el avance técnico y sobre todo el sentir de una ética general democrática y laica permitan abordar. Este es el caso de la ley que nos ocupa sobre técnicas de reproducción asistida, y por eso vamos a votar en contra de las enmiendas del Grupo Popular y

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de Convergència i Unió que vienen del Senado. Con la aprobación de esta ley se trata, en definitiva, de ayudar fundamentalmente a aquellas mujeres que quieran hacer uso de ella, sin obligar a nadie a que la utilice -esta es la clave que no se quiere entender, y es que nadie está obligado a utilizarla si sus privadas convicciones se lo impiden-, y evitarles un sufrimiento psicológico impresionante que todos sabemos que existe y están viviendo y que constituye una realidad que nadie ni ninguno de los grupos parlamentarios que defendemos esta ley pretendemos inventarnos. Por eso esta ley, tal y como se aprobará hoy en este Pleno, está planteada para quienes pensamos en el bien común, en el bien de la mayoría de la ciudadanía que libremente la quiera utilizar y libremente considere que es perfectamente compatible con sus ideas y con su pensamiento.


Señora ministra, me va a perdonar porque no tenía intención de decirlo, pero ya que usted nos acompaña, en esta misma línea de discurso quiero introducir que absolutamente todo lo que acabo de decir para nuestro grupo es perfectamente asumible en el caso del derecho a una muerte digna. Repito, absolutamente todo lo que acabo de decir sirve para reivindicar este derecho (hay que tener en cuenta que también se está haciendo un uso abusivo a la hora de ligar el derecho a una muerte digna a los cuidados paliativos, que son dos aspectos bien diferentes, y precisamente el último caso sucedido así lo demuestra), y estamos hablando de aquellas circunstancias en las que alguien no pueda de ninguna forma decidir este acto por sí mismo porque sea absolutamente dependiente de una máquina o de otras personas. Ese también es un acto de derecho que tiene que ver con la voluntariedad y al que nadie se obligaría, y en todo caso se trata de una cuestión de buena legislación para dar solución al legítimo derecho de aquellas personas que voluntariamente lo quieran utilizar. Por tanto, esto es lo que defendemos y algunos grupos criticamos -entre ellos evidentemente el nuestro- en cuanto al planteamiento y el posicionamiento absolutamente arcaico y dogmático de algunas fuerzas políticas. Por favor, recordemos que hay otros colectivos, otras situaciones y otras realidades seguramente de minorías, pero esas minorías también tienen todo su derecho legítimo a la dignidad y a decidir por sus propias convicciones religiosas, filosóficas y sobre todo humanas.


Muchas gracias.


El señor PRESIDENTE: Gracias, señora García Suárez.


Por el Grupo Vasco, señora Uría.


La señora URÍA ETXEBARRÍA: Gracias, señor presidente.


Señorías, señora ministra, llegamos a la etapa final de esta ley y a ver si acertamos, puesto que desde la perspectiva de mi grupo estamos regulando una materia realmente importante. Después de este tramo final, creemos que puede quedar una ley realista, acorde con lo que científicamente es necesario y también con lo que es demandado en este momento por la sociedad. Desde el primer momento le manifestamos que para nosotros era importante, repito, que se superase el contenido de la Ley 35/1988, que había quedado ciertamente envejecida, así como el de la Ley 45/2003, que para nosotros se hizo bajo condiciones muy restrictivas.
Esta era una ley de puedo y no quiero o, a lo mejor y de manera más clara -así lo percibo yo-, era una ley de no quiero y voy a hacer algo para que parezca que sí. En nuestra opinión, hay que superar los límites que esta ley tenía. Cuando salió del Congreso de los Diputados camino del Senado, yo hacía referencia a la necesidad de valorar e introducir en el trámite del Senado algo relativo a una querencia para nuestro partido importante, que es evitar el comercio de óvulos. Aludía yo a la Directiva 2004/23, relativa al establecimiento de normas de calidad y seguridad para la donación, obtención, evaluación, procesamiento, preservación, almacenamiento y distribución de células y tejidos humanos. Creemos que este aspecto ha quedado plasmado de manera adecuada en las enmiendas del Senado. Me quejaba, como es habitual desde la formación política a la que represento, de lo restrictiva que podía parecer y poco acorde con lo que en la exposición de motivos se dice de respetar la realidad autonómica del Estado español, que también ha tenido algún sesgo o algún guiño de aceptación a través de las enmiendas del Senado a las que me voy a ir refiriendo.


Lamenta mi grupo que no fuese posible introducir en la exposición de motivos lo que había quedado plasmado en la Comisión, fruto de una transacción consensuada con el grupo mayoritario, Grupo Socialista, y con el propio Gobierno y que hacía referencia al carácter no lucrativo de la donación de óvulos. Haber votado mayoritariamente una enmienda del Grupo Parlamentario Popular que trastoca completamente el contenido y la filosofía de la ley nos lleva a que en este trámite nosotros vayamos a votar en contra de la exposición de motivos que viene del Senado.
Igualmente, vamos a votar en contra de la pretensión del Grupo Popular de sustituir la expresión "preembrión o preembriones" por "embrión preimplantatorio o embriones preimplantatorios". Que exista una definición respecto de esta materia en el artículo 1.2, cuando se establece que a los efectos de esta ley esta expresión tiene un contenido concreto, nos parece que arroja un índice de certeza y que es correcta y adecuada a lo que la ley pretende en este aspecto. Me permitiría hacer un llamamiento, señora ministra, a que creo que es algo que debemos considerar. Existe un precepto en el Código Penal vigente, el artículo 161.1, que castiga con penas muy graves a quienes fecunden óvulos humanos con cualquier fin distinto a la procreación humana. Creo que resulta claro que la interpretación de este precepto, como de todos los preceptos penales, ha de hacerse de manera restrictiva y nos parece que la salida para no considerar que se incurre en ningún ilícito penal es que se deje definitivamente a la clonación terapéutica fuera del Código Penal, pero quizá sería necesaria

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alguna aclaración al respecto o alguna modificación del tipo: si bien indico, creo que el precepto penal deberá siempre ser interpretado conforme a la normativa sectorial existente. Como la normativa sectorial será conforme a la querencia de mi grupo, y espero que la mayoría de los votos será la que plasme que es posible esta fecundación con finalidad terapéutica, no habrá problema con el tipo penal, pero creemos que debería ser examinado desde quien tiene responsabilidad para ello.


En el artículo 2 vamos a votar a favor de una de las enmiendas procedentes del Senado que contempla que, para la actualización de los anexos para los avances científicos, sea necesario el previo informe de la Comisión Nacional de Reproducción Humana Asistida, no en los otros aspectos, de la misma manera que también vamos a votar que no a las modificaciones que se han introducido en el artículo 3. En el artículo 4 se ha recogido en el apartado 2 una enmienda que procede del Grupo de Senadores Vascos y que incluye la mención a la accesibilidad de las personas con discapacidad.
Aunque ya existía en el proyecto una referencia genérica a las mismas, no nos parece mal y vamos a votarla favorablemente en este trámite. En el artículo 5, apartado 3, también votaremos a favor puesto que se trata de una enmienda nuestra referida a la exclusión del carácter lucrativo de las donaciones de óvulos. En el artículo 6 votaremos que no a la introducción que se hace en el apartado 1, ya que se suprime la referencia a que la mujer puede ser usuaria o receptora de técnicas con independencia de su estado civil y orientación sexual -a nosotros nos parece bien que así conste, debe por tanto volverse al texto del Congreso-, y votaremos que sí al apartado 4 porque flexibiliza una exigencia demasiado taxativa para el equipo médico. Votaremos que no a las modificaciones del artículo 9 y del artículo 11 en cuanto que lo que se pretende es volver al texto de la Ley 45/2003, que ya he indicado al comienzo de mi exposición que nosotros queríamos desde el principio modificar. Rechazaremos las modificaciones que se hacen en los artículos 12 y 13, y en el artículo 14 vamos a votar a favor de algo que se introdujo a instancias del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), suprimiendo este apartado y llevándolo al anexo, y es que dentro de las técnicas de reproducción humana asistida se añade también "y procedimientos diagnósticos". A esto, al igual que a la correspondiente modificación del anexo, vamos a votar que sí. Rechazamos las modificaciones que se han introducido en el artículo 14 en las demás cuestiones y también las del artículo 15, así como las modificaciones del artículo 16 y las del artículo 20, señora ministra, a pesar de que en parte el apartado 2 se modificó gracias a una enmienda del Grupo de Senadores Vascos. No nos importa en exceso la pérdida de esta enmienda puesto que es una referencia a las personas con discapacidad y ya he indicado antes que la ley contiene una referencia genérica. El resto de lo que se le añadió a instancias del Grupo Popular no nos satisface y, por tanto, votaremos que no en este trámite. El apartado 7 nuevo sí que va a ser objeto de votación por nuestra parte en cuanto se incluye la necesidad de declaración de actividades e intereses de quienes sean miembros de la Comisión de Reproducción Humana Asistida y puede ser una garantía que añade algo importante al texto de la ley. El resto de las cuestiones no serán votadas por nosotros.


Llego ya al artículo 26, donde en el apartado 2b), referido a infracciones, a instancias de una enmienda de Senadores Vascos se incluye como conducta sancionable la publicidad ofreciendo beneficios o compensaciones a cambio de las donaciones, que era uno de los motivos que guiaba nuestras enmiendas en el trámite del Senado. En lo demás vamos a votar que no. Al artículo 27 y la disposición adicional primera votaremos también que no. La disposición adicional segunda tiene una transacción que añade algún guiño competencial y deja en solo informe lo que en el texto inicial que salió de esta Cámara era informe favorable y además añade una corrección técnica. Votaremos por tanto a favor. En la adicional tercera sí se reconocen competencias de las comunidades autónomas, fruto de enmienda nuestra -creo recordar-, y también será objeto de votación por nuestra parte. Las modificaciones introducidas en la adicional sexta no las votaremos. También rechazamos las modificaciones introducidas en la disposición derogatoria. Y en cuanto a los anexos, el apartado A) no será votado puesto que es fruto de enmiendas del Grupo Popular en el mismo sentido de todas las indicadas anteriormente, y sí lo que está introducido a instancias del Grupo Catalán (Convergència i Unió) sobre procedimientos diagnósticos, que ya he indicado que tiene relación con otra enmienda aprobada en el articulado mediante su supresión.


No quiero concluir mi intervención, señora ministra, sin hacer referencia a dos cuestiones. He hecho ya mención a una referida al Código Penal, que debe ser examinado, pero también debe ser atendida y examinada otra cuestión que en el texto de la norma aparece con referencia al marido cuyo consentimiento se solicita. Teniendo en cuenta que hemos aprobado en esta Cámara y con el voto de mi grupo la posibilidad de matrimonio entre dos mujeres, habrá de entenderse la referencia en alusión a esta posibilidad, ya que en ocasiones no habrá marido sino otra mujer quien sea el cónyuge o la cónyuge de quien quiera ser objeto de técnicas de este estilo y que en tal sentido habrá de modificarse este texto de la norma o bien interpretarse conforme a lo que hemos aprobado en la normativa sectorial correspondiente. Quería volver a insistir más claramente en los datos o las previsiones que en el ámbito europeo se están moviendo en estos momentos en relación con la gratuidad de las donaciones y la necesidad de preservar todo el sistema de donación de óvulos, haciéndome eco de lo que es clamor social en la doctrina. En concreto citaré a la profesora Itziar Alkorta Idiakez, que en fecha reciente acaba de realizar una interesante publicación en la que llama a un necesario debate social en materia de donación de óvulos.


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Además de la directiva que pedí que fuera traspuesta y que en parte hemos hecho en el Senado, existe otra, la 2006, de 8 de febrero, que establece condiciones de los tests de los laboratorios que deban ser aplicados a los donantes de células reproductivas. El debate abierto en Europa en este momento, el hecho de que en determinadas clínicas de determinados ámbitos de nuestro país se están ofreciendo paquetes todo incluido en relación con las donaciones, señora ministra, a lo mejor va a necesitar que en un futuro nos planteemos alguna traslación normativa a este respecto. En todo caso, hoy por hoy concluyo manifestando que el voto de nuestro grupo va a ser paralelo o idéntico al que desde el Grupo Socialista se manifiesta en relación con las enmiendas del Senado, y nos felicitamos y le felicitamos por la aprobación de esta norma.


Muchas gracias.


El señor PRESIDENTE: Gracias a usted, señora Uría.


Señora Bonás por Esquerra Republicana.


La señora BONÁS PAHISA: Gracias, presidente.


Señora ministra, Esquerra Republicana apoyó esta ley principalmente porque modificaba la Ley 45/2003, de 21 de noviembre, que establecía una limitación de producción máxima de tres ovocitos, así como del uso de los preembriones congelados que a partir de noviembre de 2003 solo podían ser destinados a reproducción.


Votamos a favor de esta ley porque dijimos entonces que considerábamos que iba a evitar mucho dolor, el dolor de las personas que desean ardientemente ser padres biológicos y el dolor de familias que tienen niños con enfermedades para las que no hay solución; se han mencionado aquí la diabetes y otras enfermedades neurodegenerativas. La ley anterior establecía unas limitaciones que era necesario cambiar por el clamor que había. La limitación de tres ovocitos, como hemos debatido varias veces, en estos momentos no es real porque en muchos casos obliga a repetir tratamientos, y de esto se trata. Si fuera cierta la presunción de que detrás de permitir más ovocitos hay intereses económicos, hay mecanismos legales de mala praxis para evitarlo. También se presupone que se va a investigar para fines no éticos, y tenemos legislación para fines no éticos. Después de meditar profundamente todos los argumentos que se fueron debatiendo en ponencia -porque en esta ley sí hubo mucho debate en ponencia-, no los vemos sustentados en ninguna premisa lógica. Creemos que el diagnóstico genético preimplantacional para familias con niños enfermos que no tienen solución les abre una vía de esperanza. Con todo respeto a posiciones contrarias, los argumentos son de fondo ideológico y, como no los compartimos, no podemos votar a favor. Ustedes saben que en esta ley hemos debatido mucho en ponencia y al final no ha habido punto de encuentro. Nosotros creemos que es importante aliviar el dolor cuando es posible, hay tecnología suficiente, la ley es suficientemente restrictiva para evitar abusos y, si se oponen a esto solo por motivos filosóficos o ideológicos, aquí no hay punto de encuentro.


Como ustedes comprenderán, no estamos de acuerdo con la mayoría de las modificaciones introducidas en el Senado y solo votaremos a favor de algunas que incluso son innecesarias: por ejemplo, la enmienda al artículo 2.3, en la que se pide el informe de la Comisión Nacional de Reproducción Asistida en la incorporación de nuevas técnicas, que ya estaba previsto en la ley; al artículo 4.2, en la que se garantiza el acceso de personas con discapacidad a los centros, que también es innecesario porque ya está mencionado y hay otras normativas; al artículo 5.3, que intenta dar más seguridad de que la donación no tendrá motivos lucrativos al no permitir alentar la donación mediante oferta de compensaciones económicas, pues la ley es suficientemente restrictiva para que no haya motivos lucrativos, pero no está de más que se evite la publicidad, aunque se podría penalizar con la ley tal como salió del Congreso; o la enmienda al artículo 6.4 en cuanto suaviza la exigencia de similitud fenotípica del donante de semen y la mujer receptora. Era complicado establecer esta similitud fenotípica por ley y creemos que es importante darle un poco más de flexibilidad. También votaremos a favor de la enmienda al artículo 20.7, que exige a los miembros del Centro Nacional de Reproducción Asistida una declaración de actividades. Creemos que la ley se ha excedido un poco en las incompatibilidades indirectas, porque en la mayoría de los casos va a haber intereses indirectos, pero la fórmula más adecuada que se ha encontrado es así, aunque es muy probable que la mayoría de los miembros del consejo tengan intereses indirectos por cuanto son profesionales. El artículo 26.2.b), relacionado con las compensaciones económicas, las clasifica de incentivo grave. Por tanto, por coherencia vamos a votar a favor. La enmienda a la adicional segunda nos parece más una corrección técnica pero la votaremos. La adicional tercera introduce las comunidades autónomas como órganos sujetos de atribuciones, y ya comentamos en el debate anterior que esta ley le da al poder central más regulación. Ante la preocupación, sobre todo del Grupo Popular, de que esta ley tenga motivos económicos y lucrativos y se quiera imponer una restricción y que se crea que es mejor que haya un centro restrictivo y que ordene, nosotros pensamos que no es siempre así. Ahora vengo de la Unión Europea donde se ha manifestado que la gestión cercana es la mejor. Hemos estado en Alemania y nos ratificaron que en Europa se está viendo que en los países federales es donde hay una mejor gestión y un mejor control. En este momento esto es así en este Estado y no lo vamos a cambiar ahora ni en muchos años, por lo que aceptamos la ley tal como es. Creemos que esta ley es importante para la ciudadanía y que la mayoría de ella coincide y está representada en la Cámara. (El señor vicepresidente, Vilajoana Rovira, ocupa la Presidencia.) Las objeciones en contra en este momento no son mayoría en el Estado. Por tanto,

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debemos hacer lo que nos pide la ciudadanía, que es evitar un dolor innecesario y avanzar en procesos que puedan aliviar enfermedades, y sentimos que una parte de ustedes no esté de acuerdo.


Muchas gracias.


El señor VICEPRESIDENTE (Vilajoana Rovira): Muchas gracias, señor Bonás.


Tiene la palabra el señor Xuclà.


El señor XUCLÀ I COSTA: Señorías, intervengo en nombre del Grupo Parlamentario de Convergència i Unió para fijar la posición en el último acto de la tramitación parlamentaria de la ley sobre técnicas de reproducción humana asistida, a partir del mensaje motivado que nos llega del Senado con la incorporación de algunas enmiendas que, como muy bien saben SS.SS., este Pleno del Congreso debe aprobar o rechazar.


No voy a reproducir hoy aquí el grueso de la intervención y de la orientación de mi grupo parlamentario sobre esta ley. Simplemente me quiero remitir al debate inicial y a los debates en Comisión. Es evidente que estamos ante una actualización de una ley y que cada ley tiene su sentido, su corriente de fondo y sus pretensiones. Y llegamos a la tramitación final de esta ley con un texto remitido del Senado que, si me permiten la expresión coloquial, se nos presenta exactamente como un max-mix entre el espíritu de la Ley de 2003 y el planteamiento de la Ley del año 2006, fruto de una determinada correlación de fuerzas en el Senado y de la votación final en su Pleno, que es el que nos remite estas enmiendas. Creo que es indispensable que volvamos a introducir, desde la discrepancia y la coincidencia en algunos puntos, esta coherencia de la cual adolece este proyecto de ley en este momento final de tramitación.


Como bien saben SS.SS., Convergència i Unió ha hecho algunas aportaciones a esta ley en el trámite del Senado. Concretamente voy a hacer referencia a cuatro incorporaciones: al artículo 2.3, al artículo 14.3, al artículo 20.7 y a las disposiciones finales; incorporaciones, dicho sea de paso -y después volveré a ello-, hechas desde el consenso y concertadas con otros grupos parlamentarios que representan una amplia mayoría de la Cámara y que en cuatro casos concretos también coinciden con enmiendas del Grupo Popular pero que en todo caso fueron fruto de transacciones con el Grupo Socialista, con el Partido Nacionalista Vasco y con la Entesa Catalana de Progrés. Quiero anunciar el voto favorable de Convergència i Unió a cuatro enmiendas que traen causa y origen a partir de un texto inicial del Partido Nacionalista Vasco y también a una enmienda a partir de un texto inicial de la Entesa Catalana de Progrés.


Les decía al principio que debíamos definirnos por un modelo o por la actualización o no de este modelo, por la Ley del año 2003 o por la actualización del año 2006. En esta actualización el Grupo Parlamentario de Convergència i Unió ha estado guiado por un objetivo que ha presidido nuestros trabajos en las distintas fases de la tramitación parlamentaria.
Hago referencia a la necesidad y a la coincidencia con el Gobierno respecto a los tres pilares, a las tres finalidades, a los tres destinos posibles de los embriones, pero también a la necesidad de incrementar el control público sobre los mismos. Para decirlo de forma muy esquemática -las personas que han intervenido en los trabajos en ponencia y en Comisión sabrán perfectamente de qué les hablo-, teníamos que hacer y hemos hecho un esfuerzo para acercarnos al modelo británico de una mayor presencia del sector público, porque evidentemente debe haber una presencia y un control del sector público en estas materias y han hecho referencia a ello varios portavoces. Nuestra enmienda al artículo 20.7, que supone una incorporación de la exigencia de la declaración de bienes y actividades de los miembros de la Comisión Nacional de Reproducción Humana Asistida, va exactamente en esta línea de mayor transparencia, de mayor control de los poderes públicos porque, como muy bien saben SS.SS.
y como muy bien nos repetimos en el debate final en el Congreso de los Diputados, esta es una ley necesaria, muy necesaria, con fuerte presencia y de control público, porque básicamente nos estamos moviendo en un contexto que se regula en un marco estatal que tal vez puede quedar desbordado por otros marcos estatales. Esta es una realidad del mundo globalizado, es una realidad de las sociedades abiertas que debemos tener muy presente cuando estamos discutiendo estas materias.


Voy a hacer un par de consideraciones para terminar, señor presidente. En la intervención del debate final de este Pleno yo me dirigí a la señora ministra para decirle que esta es básicamente una ley para regular la reproducción humana asistida, pero podría ser que tuviéramos la tentación de hacer entrar por la puerta de atrás algunas materias que son más propias de la ley de investigación biomédica que en breve plazo esta Cortes Generales van a ver. Pues bien, señorías, exactamente lo que decía en aquel momento referido al Gobierno ahora lo quiero decir referido al Grupo Popular. No podemos afrontar el debate final de esta ley introduciendo por la puerta de atrás el texto de la Ley de 2003, que no es coincidente y que en algunos puntos sería claramente discrepante e inviable con el texto del año 2006. Antes he hecho referencia a algunas coincidencias, concretamente en cuatro enmiendas entre las que ustedes y nosotros hemos presentado, pero debemos hacer una ley coherente.


Finalmente, ustedes comprenderán que debo hacer y haré una pequeña referencia a la intervención de la portavoz del Grupo de Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya Verds. Señora García, a la primera uno suele tener el beneficio de la duda, y yo en la Ley del Medicamento mantuve el beneficio de la duda, pero a la segunda uno se permite retirar, como lo hago, el beneficio de la duda y partir de una nueva hipótesis. Con todo el respeto y con toda la cordialidad parlamentaria, usted no se lee las leyes, usted no se lee las enmiendas y muchas veces usted habla con poca propiedad desde esta tribuna respecto

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a materias referidas a sanidad. Señora García, estamos hablando de enmiendas acordadas con el Gobierno, estamos hablando de enmiendas acordadas con otros grupos parlamentarios. Qué distancia más kilométrica entre el rigor de algunas portavoces de otros grupos parlamentarios y los prejuicios con los cuales usted ha subido a esta tribuna a largar -si me permite la expresión informal- un discurso a partir de un desconocimiento de las cuatro enmiendas incorporadas por el Grupo de Convergència i Unió.
A la primera uno le permite el beneficio de la duda; a la segunda yo me instalo en la nueva hipótesis que le he expresado. Un escritor de origen irlandés pero claramente incorporado a la cultura británica, Oscar Wilde, dejó escrito que de lo sublime a lo ridículo solo hay un paso; y a veces los discursos muy sublimes a partir del desconocimiento terminan con un ridículo monumental.


Muchas gracias.


El señor VICEPRESIDENTE (Vilajoana Rovira): Gracias, señor Xuclà.


Para fijar su posición, tiene la palabra por el Grupo Popular la señora Roldós.


La señora ROLDÓS CABALLERO: Gracias, señor presidente.


Señora ministra, señorías, estamos en el último trámite para la aprobación del proyecto de ley sobre técnicas de reproducción humana asistida, tras su paso por el Senado. El Grupo Parlamentario Popular va a votar a favor de todas las enmiendas aprobadas en el Senado. Son enmiendas presentadas por iniciativa del Grupo Parlamentario Popular y de otros grupos encaminadas a establecer límites y garantías de cara al respeto a la salud y a la ética y también a un mayor rigor científico; enmiendas que pudieron ser aprobadas, en parte, gracias al ejercicio de responsabilidad que practicaron los senadores socialistas, que prefirieron ausentarse ejerciendo su libertad de conciencia ante un proyecto de ley complejo, con un alto contenido científico, social, ético y jurídico, porque no quisiéramos pensar que se ausentaron irresponsablemente, haciendo dejación de sus funciones como representantes de los ciudadanos, anteponiendo sus aficiones lúdico-deportivas. No queremos pensar eso.
(Aplausos.) Esperamos que hoy los diputados del Grupo Socialista también ejerzan su responsabilidad, si es que les dejan, y se apruebe un proyecto de ley centrado en las necesidades de las personas con problemas de infertilidad, que es y debe ser el objeto de esta ley, preservando los niveles de protección de la salud de la mujer y la dignidad del embrión humano.


Este proyecto de ley modifica la Ley 35/1988 y la Ley 45/2003, que modifica a su vez la anterior. El Gobierno socialista ha planteado una reforma sin justificación clínica ni demanda social apenas dos años después de la entrada en vigor de la ley vigente, sin que se haya denunciado ningún problema en su aplicación. Este proyecto de ley solo responde al programa electoral del Partido Socialista, con el único objetivo de borrar todos los avances que lograron los gobiernos del Partido Popular, poniendo en marcha reformas que ya están hechas y planteando una ética que no responde a la que comparte la mayoría de la sociedad española.


Señorías, los cambios introducidos en el Senado permitirán aprobar un proyecto de ley acorde a lo establecido en la mayoría de las legislaciones europeas sobre reproducción humana asistida, acorde a los criterios de los comités de bioética de todo el mundo y a la tradición jurídica española en materia de bioética; en sintonía con nuestro Código Penal vigente, que castiga la fecundación de óvulos humanos con cualquier fin distinto a la procreación; en sintonía con el Convenio de Oviedo, ratificado y acordado con el Gobierno de España con rango de ley orgánica, Convenio de Oviedo que prohibe la creación de embriones humanos con fines de investigación; en sintonía con la reciente declaración de Naciones Unidas y con las resoluciones del Parlamento Europeo manifestándose en contra de cualquier tipo de clonación. Pero esta mañana ya la radio oficial viene anunciando que los socialistas votarán en contra de estas enmiendas del Senado y que se permitirá finalmente la clonación terapéutica.


Las enmiendas del Senado evitan el giro radical hacia el mercantilismo del cuerpo humano que pretendía el Gobierno socialista, contraviniendo el Convenio de Oviedo, la Constitución europea y la práctica habitual en materia de donación no lucrativa de órganos y tejidos, que ha llevado a España a ser líder mundial en donaciones. Lo que se ha aprobado en el Senado está de acuerdo con el artículo 2-63 del Tratado de Constitución europea, que prohibe las prácticas eugenésicas, como pretendía el Gobierno socialista, seleccionando embriones humanos siguiendo un criterio diferente al de la propia vitalidad y viabilidad del embrión como pudiera ser la histocompatibilidad con un tercero, dejando la decisión en manos de órganos asesores en función de elementos tan difusos como las características sociales. Señorías, con el objeto de impulsar el tratamiento de enfermedades que exijan la donación de precursores histocompatibles se promoverá la conservación y utilización de la sangre de cordón umbilical, impulsando el sistema de donación eteróloga y abriendo la puerta al uso autólogo, en línea con lo que están haciendo otros países de nuestro entorno.


Señorías, nuestro modelo defiende la salud de la mujer y la dignidad del embrión, ajustando los tratamientos para evitar estimulaciones hormonales abusivas perjudiciales para la salud de la mujer, los embarazos y partos múltiples que ponen en riesgo la salud y la vida de las mujeres y de los futuros niños, la práctica de la reducción embrionaria y la generación de embriones sobrantes. Sí, señora ministra, de esos embriones que, a día de hoy, usted todavía no nos ha confirmado cuántos hay crioconservados, sobre todo, en clínicas privadas de nuestro país.


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Señorías, las enmiendas del Senado promueven la sustitución progresiva de la crioconservación de embriones por la crioconservación de ovocitos; contemplan medidas para reducir la demora en el acceso a estas técnicas, incorporándolo a la cartera de servicios del Sistema Nacional de Salud con garantía de tiempos máximos, posibilitando que las mujeres con problemas de fertilidad que tengan menos recursos económicos puedan alcanzar su legítimo deseo de ser madres. Con las enmiendas del Senado aprobadas se establecen las adecuadas cautelas normativas para evitar la posible especulación económica con relación a la comercialización de células y tejidos y la necesaria tutela de las administraciones públicas en relación con los diferentes usos de los embriones, células y tejidos.
Con las enmiendas del Senado se establece un registro de donantes y de actividad moderno, no como el que traía el proyecto de ley, que era un registro obsoleto que no cumplía ni con la normativa española ni con la europea. Con las enmiendas del Senado, por tanto, tendremos un registro de donantes y de actividad moderno que permita el análisis caso a caso de los tratamientos y que cumpla con las exigencias previstas en la reciente normativa europea. Se impulsará la investigación con todo tipo de células procedentes de tejidos adultos: de placenta, de cordón umbilical, etcétera.


Señorías, yo quisiera recordarles una vez que más que, a día de hoy, en todo el mundo no hay un solo paciente que haya sido ayudado o curado mediante el uso de células madre embrionarias y que, sin embargo, más de 80 enfermedades se tratan a día de hoy en todo el mundo -en nuestro país también- con células madre adultas y con células procedentes de sangre de cordón umbilical. De verdad quisiera enviar un mensaje a todas SS.SS.
-casi una súplica- para que seamos rigurosos en temas científicos. Me va a permitir una licencia, señora Bonás, y en ese sentido tengo que manifestar mi acuerdo con el señor Xuclà. Señora Bonás, usted que alude al rigor científico, no quisiera recordarle la enmienda que tuvo que retirar en ponencia sobre los donantes de semen a efectos de paternidad, en la que pretendía sustituir la palabra varón por persona. Hay algo elemental, señora Bonás, y es que el donante de semen tiene que ser inexcusablemente varón porque, aparte de su inclinación sexual o del sexo psicosocial sobre el que ayer se debatía en esta Cámara, los donantes de semen ineludiblemente tienen que ser varones. (Aplausos.) En aras de ese rigor científico, la súplica es que no creemos expectativas a corto plazo en la curación de enfermedades produciendo frustración a los pacientes.


Por último, me van a permitir una nueva licencia. Y es que en aras de ese rigor científico -se lo digo a usted, señora ministra, que es una reconocida melómana- hay mucha gente en esta Cámara del Grupo Socialista y del Gobierno socialista que en temas científicos toca de oído.
Finalizo, pidiendo a esta Cámara que apoye lo que han aprobado los senadores españoles. Señorías, la Cámara Alta nos ha dado la razón apoyando los criterios defendidos por el Grupo Popular.


Muchas gracias. (Aplausos.)

El señor VICEPRESIDENTE (Vilajoana Rovira): Muchas gracias, señora diputada.


Para fijar la posición del Grupo Parlamentario Socialista tiene la palabra el señor Fidalgo.


El señor FIDALGO FRANCISCO: Señora ministra, su presencia en este Pleno, en el que debemos aprobar definitivamente la ley sobre técnicas de reproducción humana asistida, es importante. En todos los plenos celebrados anteriormente ha expuesto usted con convicción y decisión las aportaciones de la nueva ley como respuesta a los problemas de fertilidad, a las nuevas posibilidades técnicas y a las nuevas demandas sociales desde la reflexión y el diálogo en beneficio de los pacientes y, como usted misma ha dicho, buscando el más amplio consenso político y social y teniendo siempre en cuenta las recomendaciones de los expertos en la materia. Esta es una muestra más del compromiso del Ministerio de Sanidad con los avances a favor de la salud y hacia una sociedad más moderna, más libre y en la que cada persona ejercite con responsabilidad su derecho a decidir sobre las cuestiones que más íntimamente le atañen y a recibir la información adecuada para tomar la decisión en colaboración y diálogo con los profesionales en los que confía. Así de simple pero también así de difícil.


Son las líneas de modernización y ciudadanía que viene desarrollando el Gobierno a lo largo de estos dos años, pero que en la protección de la salud adquiere especial énfasis porque una gran mayoría de los españoles deposita cada día sus esperanzas en las ciencias de la salud y en sus profesionales; esperanzas que saben que en muchos casos ya hoy tienen respuesta pero otras muchas personas confían en el suceder imparable de los avances científicos y en las decisiones políticas y equilibradas que los hagan realmente efectivos. Por eso, desde que el proyecto de ley inició su tramitación parlamentaria hace un año ha recibido un creciente apoyo social. Miles de parejas y de mujeres en nuestro país siguen con expectación todo el debate con el deseo de que lo que aprobemos hoy les facilite un poco más su vida, les ponga más fácil cumplir su deseo de tener hijos biológicos cuando ellas quieran, con quien quieran y como quieran, con la plena garantía de su salud que la ley prevé, es decir, la mayor tasa de éxito con el menor riesgo para la salud de la mujer y con el máximo amparo ético y jurídico. Además, serán esas parejas y esas mujeres las que decidan y determinen el destino de los embriones sobrantes, incluidos los de investigación. Muchas familias aguardan con expectación informada y responsable la posibilidad de que mediante estas técnicas puedan concebir un hijo que pueda contribuir con el trasplante de algunas de sus células a salvar la vida de un hermano ya nacido con una enfermedad grave e incurable

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de otra manera. ¿Por qué no puede ser esto? Enfermedad, por cierto, que podrá evitarse gracias a que la ley va a regular la aplicación de técnicas para la prevención de enfermedades con mayor profundidad y amplitud, priorizando el beneficio de la salud sobre otras consideraciones de índole especulativa que hasta ahora dificultaban la utilización normalizada de estas técnicas. La normalización es muy importante. Mayor seguridad, mayores garantías y mayor normalidad, como corresponde a una sociedad madura y democráticamente avanzada.


En este sentido, la ley va a incorporar transparencia, por su empeño en garantizar una información concreta y clara, tanto en cada actuación concreta e individual como sobre las actividades y resultados de los centros y servicios donde se practican. A mejor información mayor autonomía en la decisión personal y mayor seguridad. Se trata de decidir conociendo, no de que otros decidan por mí o por otros imponiendo sus convicciones morales, respetables, pero suyas. Señorías, este es un ejercicio de maduración democrática, del ciudadano tutelado al ciudadano pleno. Por eso, esta ley es una ley de progreso social. Como lo es también porque es una ley abierta al interés común y al progreso científico, a la incorporación de nuevas técnicas que sin duda irán surgiendo de la ciencia al servicio de la humanidad, como siempre ha sido, siguiendo, eso sí, criterios éticos, jurídicos y de salud pública, pero abierta también porque incorpora a muchas personas que por su estado civil, orientación sexual o determinadas limitaciones personales estaban hasta ahora de facto excluidas.


Durante el año transcurrido en la tramitación de este proyecto de ley, todos los grupos parlamentarios hemos recibido sugerencias, hemos atendido demandadas ciudadanas y hemos realizado aportaciones importantes al debate, incluidas las del Partido Popular desde sus posiciones inmovilistas. Es indudable que el texto ha mejorado. Por tanto, muchas gracias a todos los diputados y senadores que han trabajado en este proyecto de ley. Ha mejorado, primero, durante su recorrido por el Congreso, de donde salió ya con el apoyo mayoritario de casi todos los grupos parlamentarios y, posteriormente, en su debate en ponencia y Comisión en el Senado. Son precisamente esas mejoras de las que hoy hemos hablado, muchas de ellas acordadas por unanimidad, las que hoy vamos a refrendar aquí. Sin embargo, aunque no necesitaría recordarlo porque se ha hecho con anterioridad, las estrecheces de las mayorías en aquella Cámara, coaligadas con las ausencias desafortunadas, permitireron al Grupo Popular aprobar sus enmiendas. Y permítanme que aquí haga alusión a lo comentado por la portavoz del Grupo Parlamentario Popular, que me parece impropio de una diputada que representa a un grupo, pero que no me extraña porque está en consonancia con la actitud que permanentemente tiene el Grupo Parlamentario Popular, y en concreto esta diputada, de atribuirse la propiedad de juzgar todo el tiempo con soberbia y aleccionar a los demás, a todos y a cada uno de los ciudadanos, a todos y a cada uno de los diputados y a todos los grupos de la Cámara.
(Aplausos.) Esa actitud soberbia y prepotente es la que les ha hecho perder las elecciones hace dos años, y aún no se han enterado. Señorías, parece que tienen la propiedad de tener la verdad absoluta; parecen el ojo de Dios, y la señora Roldós su profeta. (Risas.) Esas ausencias permitieron al Partido Popular, en el Pleno del Senado del día 26 de abril, rechazar otros acuerdos transaccionales -a los que también se ha aludido- alcanzados con los demás grupos parlamentarios y aprobar solamente sus propias enmiendas que, como auténtica transcripción de la ley de 2003, han echado, echan o intentan echar por tierra el impulso innovador realizado. Por eso, ahora mismo, señorías, fruto de esas enmiendas introducidas en el Senado por el Grupo Parlamentario Popular, el texto que ha entrado hoy en el Pleno es sustancialmente, en su núcleo, la ley restrictiva de 2003. Ha sido para el PP todo un éxito involutivo.
Pero, señorías, señora ministra, el mundo se mueve y, afortunadamente, nunca la sospecha ni el fanatismo ni la maldición han conseguido pararlo.
La peste tampoco se paró ni con el miedo ni con el agua bendita. Solo la razón al servicio del trabajo científico y de la ética han llevado a nuestro entorno privilegiado a una esperanza de vida superior a los 80 años, por cierto, duplicando la del tiempo de las hogueras, el de Galileo y Copérnico. Por eso vamos a rechazar las enmiendas del Grupo Parlamentario Popular, porque en su conjunto significan una vuelta atrás en las expectativas ilusionadas de muchas personas. Aún hay muchas hogueras en el mundo actual, pero al menos en España y en Europa estamos trabajando para que cada día más personas puedan sentirse todavía más satisfechas y que otras puedan mirar al futuro sin la desesperación de la impotencia ante la fatalidad. En este sentido, decía Borges que el destino es solamente el nombre que aplicamos a la infinita operación incesante de millares de causas entreveradas. Por tanto, podemos trabajar para eliminar las causas de la fatalidad. ¿A quién le parece mal? ¿A quién hace mal este trabajo? ¿Qué tipo de disquisición ensimismada puede negar ese trabajo?

Señorías, somos diputados y diputadas que representamos a la gente para solucionar cada vez más y mejor los problemas de la gente, legislamos para ello y con esta ley que aprobaremos dentro de un par de horas haremos a mucha gente un poco más feliz, y de eso se trata.


Muchas gracias. (Aplausos.)

El señor VICEPRESIDENTE (Vilajoana Rovira): Muchas gracias, señor Fidalgo.
(La señora Bonás Pahisa pide la palabra.)

Señora Bonás.


La señora BONÁS PAHISA: Señora Roldós, sin acritud. Usted sabe, si tiene memoria, que la enmienda a la que usted se ha referido estaba dentro de un bloque de enmiendas presentadas por grupos sociales de familias monoparentales y homosexuales que propusieron

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retirar adjetivos de la ley. Algunas fueron aceptadas, pero en este caso se vio que era innecesario. No pretenda insultar a mi inteligencia porque, como usted sabe, en nuestra sociedad hoy hay familias monoparentales, hay familias homosexuales, hay una realidad social diferente que no se tenía en cuenta en la ley y que gracias a esta ley se ha tenido en cuenta. Ya sé que a ustedes no les gusta esta realidad, pero este es nuestro país.


Gracias.


El señor VICEPRESIDENTE (Vilajoana Rovira): Muchas gracias, señora Bonás.
(La señora García Suárez pide la palabra.)

Señora García Suárez.


La señora GARCÍA SUÁREZ: La alusión ha sido totalmente personal, por lo que le agradezco estos segundos.


Señor Xuclà, no ofende quien quiere, sino quien puede. Fíjese en la diferencia, yo he hablado de su grupo, de Convergència i Unió, de sus incoherencias, de sus diferencias incluso entre el Senado y el Congreso, pero no he hablado de usted personalmente. No le he atacado personalmente; usted sí lo ha hecho. Usted no puede decir nada de mi grupo parlamentario en cuanto a incoherencias, esta es la diferencia.


Gracias. (El señor Xuclà i Costa pide la palabra.)

El señor VICEPRESIDENTE (Vilajoana Rovira): Señor Xuclà, cinco segundos.


El señor XUCLÀ I COSTA: Necesito menos, señor presidente.


Partimos de un principio que es imposible: la diferencia entre una persona y un grupo. Este diputado habla en nombre de un grupo y cuando usted habla al grupo, evidentemente, habla al diputado, y este diputado le replica en nombre del conjunto del grupo parlamentario.


Muchas gracias.


-PROYECTO DE LEY POR LA QUE SE REGULA EL ESTATUTO DEL MIEMBRO NACIONAL DE EUROJUST Y LAS RELACIONES CON ESTE ÓRGANO DE LA UNIÓN EUROPEA. (Número de expediente 121/000040.)

El señor VICEPRESIDENTE (Vilajoana Rovira): Pasamos al punto siguiente del orden del día: proyecto de ley por la que se regula el Estatuto de miembro nacional de Eurojust y las relaciones con este órgano de la Unión Europea. Para fijar su posición tiene la palabra por el Grupo Canario el señor Mardones. Señor diputado, cuando usted quiera.


El señor MARDONES SEVILLA: Muchas gracias, señor presidente.


Las enmiendas que llegan de la Cámara Alta a este proyecto de ley, en el que se hace una regulación del estatuto del miembro nacional de Eurojust y las relaciones con este órgano de la Unión Europea, van a merecer el voto negativo de mi grupo las referidas al artículo 2, al artículo 3, al primer párrafo del artículo 4, al artículo 6, al artículo 8, al artículo 14 y a la disposición adicional primera. Las restantes enmiendas las vamos a votar favorablemente, fundamentalmente la enmienda que llega como nueva disposición cuarta, que viene a regular de alguna manera el respeto a las competencias de la Ley Orgánica del Poder Judicial y del Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal, adaptándolas a la normativa que viene en este proyecto de ley objeto de votación. También vamos a votar favorablemente la enmienda al artículo 13, dado que el nuevo apartado viene a clarificar de manera expresa que la desatención a los requerimientos de Eurojust será objeto de sanción disciplinaria.
Igualmente votaremos afirmativamente la nueva disposición transitoria segunda, la nueva disposición final primera y la disposición final segunda, que únicamente cambia de ubicación.


Muchas gracias, señor presidente.


El señor VICEPRESIDENTE (Vilajoana Rovira): Muchas gracias, señor Mardones.


Por el Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV), señora Uría, tiene usted la palabra.


La señora URÍA ETXEBARRÍA: Muchas gracias, señor presidente.


Creo que no consumiré el tiempo que se me concede, pero sí quería subir a la tribuna para hacer una reflexión al señor ministro en relación no con el contenido que debiera tener la ley sino con el contenido que ha llegado a tener por la inclusión de algunas enmiendas en el Senado.


Se conoce en esta Cámara, y así consta en el "Diario de Sesiones", que mi formación política no presentó ninguna enmienda a este proyecto de ley porque, desde el principio, nos pareció correcto. Estábamos regulando el miembro nacional de Eurojust y siempre hemos considerado correcto que se adscriba orgánicamente al Ministerio de Justicia y que se vincule al Ejecutivo, no pareciéndonos satisfactorias las pretensiones que alentaba el Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió) -lo digo con toda cordialidad- y el Grupo Parlamentario Popular de acercamiento al Consejo General del Poder Judicial o al Consejo Fiscal. Votamos el texto del dictamen y también su aprobación aquí en el Pleno. De lo que se ha introducido en el texto del Senado vamos a rechazar lo que hace referencia a esta cuestión, que no nos parece satisfactoria, sin embargo votaremos favorablemente la introducción que se ha hecho en el punto 4 del artículo 4, en el que se dice que el miembro nacional de Eurojust, cesado por expiración del plazo de nombramiento, continuará desempeñando sus funciones hasta la toma de posesión del nuevo miembro designado,

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suprimiéndose la referencia que se hacía en el texto salido de esta Cámara al artículo 7.2 por parecernos correcto técnicamente. También nos satisface que se haya añadido un apartado al artículo 13 como punto 2, en el que se considera materia sancionable en relación con las autoridades españolas la desatención a los requerimientos de Eurojust, que podrá ser sancionada disciplinariamente. La disposición adicional cuarta hace referencia a que en el plazo de tres meses se procederá a promover las modificaciones necesarias en la Ley Orgánica del Poder Judicial y en el Estatuto del Ministerio Fiscal para la adecuación con esta norma. Me permito hacer un llamamiento al Gobierno para que ya que tenemos abiertos dos proyectos de ley en relación con la Ley Orgánica del Poder Judicial aprovechásemos este viaje e introdujésemos ahora las modificaciones, no vayamos a aprobar dos modificaciones de la Ley Orgánica del Poder Judicial y una tercera en breve para los retoques que esta norma requiera.


Llego ya al aspecto que me parece importante en cuanto a las modificaciones introducidas en el Senado en lo que hace referencia a la disposición adicional primera nueva y a la transitoria segunda, en la que se regula materia referida a los procuradores de los tribunales, materia propia de la Ley de Enjuiciamiento Civil. Señorías, la ley trata de regular el miembro nacional de Eurojust, que nada tiene que ver con otras cuestiones referidas al enjuiciamiento civil. Se está consolidando en esta Cámara una práctica lamentable que nosotros vinculábamos a tiempos pasados. Todos conocemos que en tiempos del Partido Popular se introdujo materia de incompatibilidades de miembros del Tribunal Supremo, por cierto para excepcionarlas, en una ley en la que se regulaba el Consejo de Hombres Buenos de Murcia. Llegaron a introducirse tipos penales en una ley que regulaba las modificaciones de una ley orgánica vinculada a la Ley de Arbitraje. Pero en esta legislatura hemos hecho ya algunas cosas estupendas, como la de introducir modificaciones en una ley en la que se trasponía una directiva referida al sector eléctrico que beneficiaban a los despachos profesionales que tenían abiertos expedientes sancionadores en materia de contratación o por tener como colaboradores a abogados no dados de alta en la Seguridad Social. Ahora resulta que vamos a arreglar otra cuestión, aprovechando que cualquier ley está abierta, sin que tenga relación ninguna. Creemos que esto no debe efectuarse así y que deben ustedes revisar esta práctica lamentable que, a lo mejor, es debida a que ustedes anunciaron de manera pomposa que no van a hacer leyes de acompañamiento, que solían servir para todas estas cosas. No hacen leyes de acompañamiento, efectivamente, y eso está bien, sin embargo, examínense el número de decretos leyes que han traído ustedes a esta Cámara, en los que se regula en muchas ocasiones materia propia del acompañamiento, y también estas lamentables prácticas que empiezan a generalizarse. Menos mal que el secretario de Estado para las Relaciones con las Cortes organizó, no hace mucho, unos cursos de corrección normativa, a los que invitó a varios portavoces de la Cámara. Supongo que se excepcionaban estos supuestos o se refería solo a la corrección normativa que deben tener las normas administrativas y no a las legislativas.


Con las indicaciones que he efectuado, mi grupo va votar favorablemente el texto de la norma porque ya hemos dicho que no hemos tenido objeción alguna a lo que debiera ser el proyecto de ley, pero, insisto, a riesgo de parecer pesada, no hagan ustedes estas chapuzas que tan lamentables resultan para la corrección de los textos normativos.


Muchas gracias.


El señor VICEPRESIDENTE (Vilajoana Rovira): Muchas gracias, señora Uría.


Para fijar posición tiene la palabra por el Grupo de Esquerra Republicana el señor Cerdà.


El señor CERDÀ ARGENT: Intervendré brevemente, señor presidente.


Este proyecto de ley desarrolla una potestad del Gobierno que es la regulación del nombramiento de un miembro del Estado español de Eurojust.
Por tanto, aborda una competencia íntegramente estatal, una trasposición de una directiva europea. Al igual que el Grupo Vasco, Esquerra Republicana no presentó ninguna enmienda en el Congreso y tampoco lo ha hecho en el Senado Entesa Catalana de Progrés. Este proyecto de ley nos parece correcto y suficiente -ya lo hemos expresado en diversas ocasiones- y no compartimos las medidas incorporadas por el Senado a través de las enmiendas del Grupo Popular y de Convergència i Unió, por lo que ya anunciamos que las rechazaremos.


Por lo que respecta a las enmiendas aprobadas por el Senado a propuesta del Grupo Socialista, es decir la adición de una nueva disposición adicional y de dos transitorias por las que se introduce la exigencia del requisito de licenciatura en derecho para el ejercicio de la profesión de procurador, a nuestro entender podrían incorporarse durante la tramitación en el Senado de la ley de acceso a la abogacía y a la procuraduría. Creemos que es un poco forzado incorporarlas como enmienda del Senado a este proyecto de ley. Aun así, anunciamos que nuestro grupo las votará favorablemente, igual que el proyecto de ley.


Muchas gracias.


El señor VICEPRESIDENTE (Vilajoana Rovira): Muchas gracias, señor Cerdà.


Por el Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió) tiene la palabra el señor Xuclà.


El señor XUCLÀ I COSTA: (Comienza su intervención saludando en catalán.)

Intervendré muy brevemente en el trámite final de este proyecto de ley, que es el debate de las enmiendas que vienen del informe motivado del Senado. Quiero destacar

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el que en el Senado se haya incorporado -esto permitirá que hoy podamos sumar una mayoría más que suficiente- la enmienda número 21 del Grupo Parlamentario de Convergència i Unió, que supone una modificación de la disposición adicional cuarta.


Por otra parte, siguiendo algunas reflexiones de otros grupos parlamentarios, ciertamente -por qué nos vamos a engañar, mejor dejarlo negro sobre blanco en el "Diario de Sesiones"-, la disposición transitoria segunda, la disposición final primera y la disposición final segunda se han incorporado en el Senado para dar encaje y resolución a una situación creada a partir de una sentencia sobre las exigencias y los requisitos de los procuradores. Puedo coincidir con la diputada doña Margarita Uría en que esta ley sirve coyunturalmente, por razones de urgencia, para la incorporación de estos requisitos con el fin de ajustarnos a los criterios jurisprudenciales. En este sentido, señorías, a diferencia de otros grupos parlamentarios, este grupo es partidario de las leyes de acompañamiento en su justo término y de forma comedida, no como en los últimos años. Lo que hoy vamos a votar en estas disposiciones finales es un ejemplo claro de las aportaciones que se podrían incluir en una ley de acompañamiento, aunque esta ley se había convertido en los últimos años en una selva legislativa. Quiero anunciarles nuestro voto favorable, porque creemos que se trata simplemente de ajustar la legalidad a la realidad a la luz de esa sentencia, pero les invito a reflexionar sobre la conveniencia de recuperar en sus justos términos la ley de acompañamiento.


Muchas gracias, señor presidente.


El señor VICEPRESIDENTE (Vilajoana Rovira): Gracias, señor Xuclà.


Para fijar posición, por el Grupo Parlamentario Popular tiene la palabra el señor Astarloa.


El señor ASTARLOA HUARTE-MENDICOA: Muchas gracias, señor presidente.


Con la misma brevedad que los restantes señores diputados que han intervenido para fijar la posición de sus grupos, fijo la del Grupo Popular en relación con las enmiendas que vienen del Senado sobre el proyecto que desarrolla el Estatuto Nacional de Eurojust.


Empiezo por decir algo que no es la primera vez que me oyen decir SS.SS. y es que este es un proyecto aparentemente técnico, de cuestiones técnicas menores, pero de gran relevancia para algo que nosotros consideramos no solo relevante sino decisivo, como es el buen desarrollo del espacio de libertad, seguridad y justicia europeo. Se trabajó mucho en el pasado por conseguir desarrollar los instrumentos básicos de ese espacio de libertad, seguridad y justicia, tanto aquellos que venían a armonizar ordenamientos como la decisión marco de armonización del terrorismo como aquellos que creaban instrumentos comunes, afortunadamente revolucionarios, como la conocida como Euroorden, o lo que hoy tenemos encima de la tribuna que es el desarrollo de figuras en el seno de la Unión que permitiesen la actividad común de nuestros jueces y fiscales como es el afortunado caso de Eurojust. Eurojust nació, y yo me he congratulado en esta tribuna del éxito que eso significó para quienes entonces estaban en la vanguardia del desarrollo de ese espacio de libertad y de seguridad europeo, que eran efectivamente España y su Gobierno, que hicieron todo lo necesario para que la figura naciese. Hoy sencillamente estamos desarrollando el estatuto jurídico necesario para que esa figura que nació, crezca y se desarrolle y permita que, en efecto, jueces y fiscales de todos los países miembros de la Unión trabajen juntos contra todo tipo de criminalidad y muy especialmente contra la criminalidad organizada y contra el horror del terrorismo.


Cuando se debatió este proyecto en el Congreso el Grupo Parlamentario Popular dijo tres cosas. Dijo que este era un proyecto obligado; dijo que no había discrepancia política básica con la finalidad del proyecto y con el desarrollo del núcleo esencial contenido en el proyecto; pero añadió que era triste que no habiendo discrepancia política sobre el contenido de esta ley no se hubiese conseguido el consenso de todos los grupos en relación con todos los extremos de esta ley -añadí entonces, no se hubiese hecho el esfuerzo más allá de lo que se hizo para conseguirlo- y no se hubiesen aceptado propuestas que sin duda mejoraban el contenido de la ley. Esas propuestas -algunas de ellas, no todas- hoy están incorporadas en las enmiendas que nos remite el Senado. Además vienen a cubrir algo que ya dijimos que era una preocupación innecesaria, entiendo que del Ministerio de Justicia, en todo el caso del Gobierno, que remitió el proyecto de ley, que era la preocupación por que Eurojust España tuviese una dependencia orgánica y funcional directa del Ejecutivo y concretamente del Ministerio de Justicia. Con esa finalidad en el proyecto de ley se refuerzan innecesariamente todos los instrumentos de dirección y control por parte del Gobierno de Eurojust España y se desprecia la intervención de quien puede ayudar a que el estatus y la actuación de Eurojust España sea la más efectiva, operativa, en nuestro derecho, llámese Consejo General del Poder Judicial en primer plano, pero también todos los demás.


Yo invitaba al ministerio y al Gobierno a reflexionar para que, sin necesidad de volver al dictamen del Consejo vinculante para el Gobierno, por lo menos se escuchase a este a la hora de nombrar al titular y a los auxiliares de Eurojust. O se mantuviese un estatus de Eurojust España que le permitiese seguir teniendo autoridad en el seno de la carrera para que cuando se dirija a sus compañeros -no ya al Ejecutivo sino a sus compañeros, jueces y fiscales- se le reconozca esa autoridad y cumplan aquello que nacido en Europa se transmite a España como una instrucción a través de Eurojust España. Todo eso se ha ido incorporando, señores de la mayoría socialista, al proyecto en las enmiendas del Senado; todo eso mejora el proyecto; todo eso resuelve esa innecesaria obsesión de mantener un control, pero

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despreciando la intervención y los instrumentos que permiten que el propio Poder Judicial en su conjunto se implique en el apoyo y en el fortalecimiento de Eurojust; y, finalmente, todo eso que viene del Senado permite no ya el consenso en la parte de la ley que lo obtuvo en su tramitación en el Congreso, sino también en la votación final de la ley.


Señor presidente, quiere decirse con esto que vamos a votar a favor de todas las enmiendas que vienen del Senado, incluidas, por cierto, las enmiendas que como la transitoria segunda nueva o la final primera nueva se refieren efectivamente, como han destacado los demás portavoces, a algo que en absoluto tiene que ver con la regulación de Eurojust, como es la resolución de una necesidad legislativa como consecuencia de una sentencia que exige un rango legislativo a la regulación del tema de los procuradores y que aquí se introduce. Vamos a votar a favor de esto, repito, pero no sin hacer dos consideraciones. Una, sencillamente, es que coincidimos con el resto de los portavoces en el reproche de que se esté haciendo constantemente alusión por parte del Gobierno y de la mayoría parlamentaria a la cuestión de que se han suprimido las leyes de acompañamiento, cuando, desde luego en el ámbito de las materias que se refieren a la justicia, tenemos que decir que efectivamente el Gobierno ha suprimido la Ley de acompañamiento pero ha convertido las restantes leyes en leyes de acompañamiento, en las que siempre se acaba encontrando uno algo que no tiene nada que ver con el objeto de la regulación de la ley. No hago más reproche que el de que, por favor, al menos tengan el sentido común de no andar diciendo que esto forma parte de ese maravilloso paquete que ustedes venden desde la propaganda oficial y que llaman regeneración democrática.


Por otra parte, quiero hacer una segunda reflexión. Estamos en un trámite de examen de enmiendas del Senado y con demasiada facilidad -aparte de absoluta frecuencia- veo pasar por esta tribuna a portavoces del Grupo Socialista no solo votando en contra de las enmiendas del Senado, sino desmereciendo el hecho de que en el Senado se hayan aprobado cosas distintas a las que se aprueban en el Congreso de los Diputados. Hoy hemos tenido un ejemplo particularmente patológico de esa forma de actuar, porque hemos visto en esta tribuna a un portavoz del Grupo Socialista que para explicar las razones -parece ser inconfesables- por las cuales este grupo perdió no sé qué votación en el Senado decía que la culpa la tenía..., y a partir de ahí venía un ditirambo absolutamente contrario a la persona de una diputada del Grupo Parlamentario Popular.
Señorías, por lo menos no engañen a la gente y digan que ustedes quieren regenerar el Senado, porque cada vez que viene aquí algo mejorado del Senado, ustedes lo tumban sin piedad y el único argumento que encuentran para hacerlo -y es bastante impresentable- es el ataque personal a quien ha defendido lo que en el Senado, la otra Cámara de las Cortes Generales, se aprobó con toda legitimidad. Por tanto, vamos a votar a favor de todas las enmiendas del Senado en la idea, además, de que el Senado ha hecho un excelente trabajo que si ustedes apoyan -y me temo lo peor- permitirá que esta ley, sin tener ningún problema político, mejore todavía técnicamente y provoque de verdad el consenso entre todos los grupos. Si no lo hacen, qué quieren que les diga, no tendrán el consenso del Grupo Parlamentario Popular. (Aplausos.)

Muchas gracias.


El señor VICEPRESIDENTE (Vilajoana Rovira): Muchas gracias, señor Astarloa.


Para fijar posición por parte del Grupo Parlamentario Socialista, tiene la palabra la señora Juanes.


La señora JUANES BARCIELA: Gracias, señor presidente.


Señorías, señor ministro de Justicia, en primer lugar, quiero agradecer su presencia en este último trámite del debate de este proyecto de ley.


Quiero comenzar mi intervención valorando positivamente este proyecto de ley, como lo ha hecho el resto de los grupos en los distintos trámites.
Como apunta la propia exposición de motivos, el objeto de este proyecto no es establecer una regulación completa de Eurojust, puesto que esta le corresponde al derecho comunitario europeo, sino dictar las disposiciones mínimas para hacer posible su aplicación. Un proyecto de ley que es eminentemente técnico y que, primero, quiere actualizar nuestra legislación para cumplir el importante objetivo de construcción del espacio de libertad, seguridad y justicia europeo, el llamado tercer pilar -Eurojust se suma a otros instrumentos, como la Eurolista, la Euroorden o la Europol-; segundo, refuerza las medidas estructurales para hacer posible la mejor coordinación de las autoridades competentes en materia de investigación y enjuiciamiento penal, especialmente en los procesos referidos a la criminalidad grave u organizada de carácter transnacional que cubran el territorio de más de un Estado miembro. Es un paso más, por tanto, para poner cerco de forma eficaz a los terroristas, narcotraficantes, que hasta ahora han podido aprovecharse de las lagunas legales que aún quedan en el espacio de libertad, seguridad y justicia, y sobre todo supone un paso de gigante en el nacimiento de un sistema de justicia penal europeo.


Señorías, el Senado nos remite un informe con una serie de modificaciones y de enmiendas que son objeto de análisis y de estudio en este momento.
Evidentemente, la postura del Grupo Parlamentario Socialista no puede distar de la que mantuvimos en la sede de la Cámara Alta por razones de coherencia parlamentaria y política. Del conjunto de las enmiendas del Senado, les anuncio que de aquellas introducidas por el Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió) aceptaremos la enmienda 21, y del Grupo Parlamentario Popular las enmiendas 4 y 6 -aun no siendo estrictamente necesarias, las aceptaremos-, y votaremos en contra del resto de enmiendas del Grupo Parlamentario Popular y del

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Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió) porque no mejoran ni complementan el texto desde ninguna óptica jurídica; además, creemos que deben decaer por sus propios fundamentos. Entendemos que técnicamente no es que aporten poco al texto que salió de esta Cámara hacia el Senado, sino que contradicen la posición española en el seno de la Unión Europea en el espacio de seguridad y justicia. Conviene tener en cuenta un dato significativo y no perderlo de vista. El Ministerio de Justicia es la autoridad central en materia de cooperación jurídica internacional y, como bien dijo algún interviniente en el trámite anterior, esta figura tiene que estar vinculada al Ministerio de Justicia, lo estaba cuando se creó con el Gobierno del Partido Popular y debe seguir estándolo como consecuencia de la aprobación de esta ley.


Me van a permitir que explique grosso modo algunas cuestiones que han sido objeto de debate en las intervenciones que me han precedido. Respecto a la enmienda al artículo 2.2, es suficiente con el informe del Consejo General del Poder Judicial o, en su caso, con el informe de la Fiscalía General del Estado sobre el cumplimiento de los requisitos legales, es decir, que dichos órganos certifiquen los diez años de servicio y la acreditada experiencia en la jurisdicción penal de los candidatos propuestos. Por tanto, no es necesario añadir nuevas previsiones de un informe previo sobre la idoneidad o méritos del candidato; precisamente, para valorar la idoneidad o méritos están la experiencia y la antigüedad en el servicio.


En relación con el artículo 4, apartado 1, letra d), este debería quedar como estaba en el texto original que salió del Congreso. Nos parece oportuno que esta posibilidad tenga que estar prevista porque no hemos optado por acentuar el perfil funcionarial, sino por acentuar el perfil institucional del representante de España ante la Unión Europea.


En cuanto a la enmienda al artículo 14.2, sigo sin entender la preocupación que late en alguna intervención respecto a las facultades que se atribuyen a la figura de la Fiscalía General del Estado. Ya argumentamos en la Comisión que nos parece más adecuado que sea un órgano constitucional como el ministerio fiscal, que actúa bajo el principio de unidad de actuación, el que fije la posición del Estado español, y tampoco parece necesario que las decisiones adoptadas por el fiscal general del Estado en esta materia se sometan a la consideración de los jueces de instrucción. Les vuelvo a recordar que, en los términos en los que está redactado este precepto, no ha sido objeto de críticas ni por el Consejo General del Poder Judicial ni por la Fiscalía General del Estado -pueden leer lo mismo en informes de estos dos órganos-; además, son muchos los países de la Unión Europea los que han optado por este modelo.


Votaremos favorablemente las enmiendas del Grupo Parlamentario Socialista incorporadas en forma de disposiciones: disposición transitoria segunda, disposición final primera y disposición final segunda, que se refieren a la modificación de la Ley de Enjuiciamiento Civil, para incorporar, a partir de la entrada en vigor de esta ley, la exigencia de que los procuradores que actúen ante los tribunales sean licenciados en derecho.


He de hacer previamente una consideración con la que quiero salir al paso de algunas exigencias vehementes que hace el Partido Popular en cuanto a las enmiendas que hemos presentado el Grupo Socialista en el Senado. En términos de técnica legislativa, cuanto antes abordemos esta cuestión mejor. Respecto al fondo ha quedado claro que todos los grupos estamos de acuerdo, incluso en la forma podemos defender la urgencia y la oportunidad. Respecto a las razones de urgencia lo mejor es preguntarle al sector si esta cuestión es urgente o no, y más teniendo en cuenta la sentencia del Tribunal Supremo, de junio de 2005, donde planteaba que la exigencia de titulación para ejercer la profesión de procurador ha de contenerse en una norma con rango de ley, no siendo bastante a estos efectos el Estatuto General de los Procuradores, aprobado por Real Decreto-ley 1281/2002, de 5 de diciembre. De ahí que hayamos buscado una fórmula para solventarlo lo antes posible y producir tranquilidad entre quienes en la actualidad están desempeñando tan digno oficio, y a ello atiende única y exclusivamente esta enmienda. (La señora vicepresidenta, Chacón i Piqueras, ocupa la Presidencia.)

Señorías, pueden quedar tranquilos porque no utilizaremos el Senado para legislar a gusto del Gobierno como hizo el anterior Ejecutivo, y no se deben sorprender, porque en el arte de colgar enmiendas en el Senado el Partido Popular fue tan experto, tuvieron tanta habilidad, que incluso rozaron la osadía. Todo aquello que querían poner en vigor con prisas y poca reflexión iba en una enmienda inesperada adherida a cualquier ley.
Esto es lo que se llama, o lo que yo llamo, coloquialmente colgar enmiendas, y lo hicieron hasta extremos escandalosos, y le puedo poner muchos ejemplos porque las leyes que pasaban por el Senado salían provistas de colgajos legislativos. Es más, les recuerdo que pretendieron reformar, como bien ha dicho Margarita Uría, el Código Penal a través de la Ley de Arbitraje e intentaron reintroducir el delito político en el Código Penal con esta reforma. Y yo, modestamente, creo que este no es el caso.


Para terminar, señorías, más allá de que los distintos grupos podamos coincidir o no en las enmiendas aprobadas en el Senado, lo cierto es que en todos los grupos parlamentarios hay una buena disposición para sacar este proyecto de ley de la forma más consensuada posible, y digo esto porque en anteriores trámites en esta Cámara se han producido modificaciones que agradecemos y reconocemos al resto de los grupos porque han mejorado el texto. Será la experiencia la que muestre en el futuro si las normas vigentes en los Estados miembros son suficientes para dar cumplimiento a la decisión de Eurojust y hacer de ella un instrumento eficaz y eficiente; un texto que, por cierto, tiene una buena técnica legislativa y que no solo adapta el ordenamiento jurídico español a

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las obligaciones impuestas por el órgano europeo de cooperación jurídica, sino que supone un paso adelante en nuestra legislación. No solamente estamos sintonizando nuestro derecho europeo con nuestro ordenamiento jurídico, sino que Eurojust, como órgano de la Unión Europea encargado de coordinar las actuaciones penales, es la pieza clave de lo que puede llegar a ser una auténtica fiscalía europea, un observatorio privilegiado de las diferentes legislaciones europeas.


En cualquier caso, quiero agradecer el estilo y el tono europeísta que han expresado los distintos grupos de la Cámara para que España siga jugando un papel de referencia en el desarrollo del tercer pilar en el conjunto de la Unión Europea. Vamos a votar, como es lógico, a favor de este proyecto de ley que viene del Senado para cumplir, repito, este importante objetivo de la construcción del espacio de libertad, seguridad y justicia. Termino como empecé. Del buen funcionamiento de este órgano, dependerá en gran medida que el espacio judicial europeo comience a ser una realidad en el ámbito de la lucha contra la delincuencia más grave.
Muchas gracias. (Aplausos.)

La señora VICEPRESIDENTA (Chacón i Piqueras): Muchas gracias a usted.


-PROYECTO DE LEY DE REFORMA DE LA LEY 18/2001, DE 12 DE DICIEMBRE, GENERAL DE ESTABILIDAD PRESUPUESTARIA. (Número de expediente 121/000046.)

-PROYECTO DE LEY ORGÁNICA DE REFORMA DE LA LEY ORGÁNICA 5/2001, DE 13 DE DICIEMBRE, COMPLEMENTARIA DE LA LEY GENERAL DE ESTABILIDAD PRESUPUESTARIA. (Número de expediente 121/000047.)

La señora VICEPRESIDENTA (Chacón i Piqueras): Señorías, continuamos con el debate del siguiente proyecto de ley, el del número 39. Dado que en Junta de Portavoces no se consultó este tema y los portavoces que van a intervenir en estas leyes son los mismos, el debate puede ser conjunta o separadamente. ¿Hay algún grupo que desee el debate separadamente? (Pausa.) Si no es así, señorías, lo más razonable sería, si acaso de forma flexible a la hora de otorgar los tiempos, que hiciéramos el debate de ambas leyes de manera conjunta. Por lo tanto, pasamos a debatir, como les decía, conjuntamente, el proyecto de ley de reforma de la Ley 18/2001, de 12 de diciembre, General de Estabilidad Presupuestaria, y a su vez el proyecto de ley orgánica de reforma de la Ley Orgánica 5/2001, de 13 de diciembre, complementaria de la Ley General de Estabilidad Presupuestaria. Comenzaremos con la fijación de posiciones de los distintos grupos parlamentarios. Por el Grupo Parlamentario Vasco (PNV), tiene la palabra el señor Azpiazu.


El señor AZPIAZU URIARTE: Muchas gracias, señora presidenta.


Señoras y señores diputados, tras un periplo de más de seis meses desde que se debatieron las enmiendas a la totalidad de estos proyectos de ley de reforma de las leyes de estabilidad, hoy llegan a la estación termini y serán aprobadas definitivamente. Ya era hora, porque los esfuerzos dedicados por los distintos grupos parlamentarios, y en concreto por el Grupo Vasco, han sido considerables con relación a las leyes de estabilidad presupuestaria aprobadas inicialmente por el Gobierno anterior del señor Aznar y reformadas cuatro años y medio más tarde por el Gobierno socialista.


Estando básicamente de acuerdo con el contenido material de estos proyectos, tal y como hemos manifestado en las ocasiones en las que nos hemos pronunciado al respecto, nuestro grupo parlamentario presentó inicialmente en el Congreso, y posteriormente en el Senado, una enmienda que, a juicio de nuestro grupo, era de gran importancia. Planteábamos, como saben, la supresión de la disposición adicional tercera, que establecía que las normas reglamentarias que en desarrollo de esta ley apruebe la Administración General del Estado tendrán carácter de básicas cuando constituyan el complemento necesario respecto a normas que tengan atribuida tal naturaleza conforme a la anterior disposición final. Lo argumentábamos basándonos en la resolución presentada por el Grupo Vasco y aprobada el 17 de mayo de 2005, por la que el Congreso instaba al Gobierno a utilizar únicamente normas con rango de ley para introducir normativa básica en el ordenamiento jurídico. Parecía, pues, obligada y coherente su supresión, como así ha ocurrido definitivamente en el Senado. Nos alegramos por ello, y creemos que desde el punto de vista del respeto competencial es un paso importante, máxime siendo conscientes de que las coherencias y las cuestiones que parecen obvias no siempre se resuelven como se debiera. No ha sido este el caso y nos felicitamos por ello. En consecuencia, votaremos a favor de las enmiendas aprobadas en el Senado a los textos de los proyectos de reforma de las leyes de estabilidad.


No quisiera, sin embargo, concluir sin recordar en este debate una cuestión que tampoco por obvia deja de ser importante. Como saben SS.SS., hace dos días el Consejo de Política Fiscal y Financiera aprobó, con el vicepresidente a la cabeza, el objetivo de estabilidad presupuestaria de las comunidades autónomas de régimen común para el período 2007/2009.
Espero que en el caso de la Comunidad Autónoma de Euskadi, que es el que más me preocupa lógicamente, se llegue a un acuerdo entre las partes en el seno de la Comisión Mixta del Concierto, tal y como la legislación relativa a la estabilidad presupuestaria establece y como se pactó en la última reunión celebrada por dicha Comisión. Espero además que este acuerdo se adopte, tal y como lo exigen la normativa y el sentido común, con anterioridad al debate que se ha de producir en esta Cámara sobre el techo de gasto no financiero para el

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próximo ejercicio y las sendas de déficit o superávit para los tres años venideros.


Gracias.


La señora VICEPRESIDENTA (Chacón Piqueras): Muchas gracias, señor Azpiazu.


Continuamos con el turno del Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana, y en su nombre intervendrá el señor Puig.


El señor PUIG CORDÓN: Gracias, señora presidenta.


Antes de entrar a valorar las enmiendas que nos llegan del Senado, muchas de las cuales son meramente técnicas y de correcta remisión normativa y que en casi nada vienen a modificar el texto que se aprobó en esta Cámara, mostramos nuestra total conformidad con este proyecto de ley, partiendo de la consideración de que entendemos necesarios los criterios de estabilidad y de rigor presupuestario previstos en la ley, que impiden un uso discrecional de los saldos presupuestarios. Era y es necesario, no obstante, redefinir, matizar y flexibilizar el denominado déficit cero para todos los ejercicios presupuestarios, tal y como preveía la anterior reforma acometida por el Partido Popular. En ello nuestro grupo parlamentario estaba y está conforme y se muestra partidario de que se aplique el citado concepto de déficit cero en ciclos plurianuales, permitiendo saldos presupuestarios positivos en fases de crecimiento y negativos en la fase de recesión, tal y como ya hemos manifestado alguna vez en esta Cámara. Este proyecto de ley que ha pasado por el trámite parlamentario sin apenas modificaciones no es más que la respuesta al diagnóstico realizado por la mayoría de expertos que había calificado de inalcanzable el objetivo presupuestario de la actual Ley de Estabilidad.
La reforma que hoy definitivamente aprobaremos está más cerca del espíritu real del Pacto de Estabilidad que nace con la moneda única que de la actual norma que prevé el déficit cero, que daba un duro margen de maniobra para llevar a cabo políticas anticíclicas, que ha sido muy criticada más allá de las fronteras del Estado español y de la que no existe ningún ejemplo en los países que forman parte de la actual Unión Europea. El actual sistema, a cuya defunción hoy asistimos, impedía a las administraciones locales y a las comunidades autónomas hacer propuestas de largo alcance en materia de inversiones y, asimismo, sobre generaciones actuales del contribuyente. A partir de la entrada en vigor de la presente ley, se facilitará alcanzar déficit para grandes inversiones, con el control necesario, mediante los mecanismos que prevé la propia ley y siempre con el acuerdo entre comunidades autónomas, municipios y el Ministerio de Economía. Finalmente la presente ley deja atrás una concepción centralista y de desconfianza hacia las comunidades autónomas que inspiraba el texto en vigor, que partía de la premisa de que las comunidades autónomas no son lo suficientemente maduras para aplicar criterios de estabilidad presupuestaria. En la reforma que aprobamos hoy se abandona este concepto centralista y de desconfianza y se crean mecanismos de cooperación y de confianza mutua y, lo que es más importante, de autodisciplina sobre las comunidades autónomas y los ayuntamientos. Es decir, se profundiza sobre la corresponsabilidad en las diferentes administraciones y en la concepción, a nuestro entender tímida, del Estado español como un Estado descentralizado. Nuestro grupo parlamentario hubiera profundizado más en este modelo de cogestión y cooperación. No obstante, apreciamos como importante el cambio de tendencia y de modelo que va en la línea de lo que siempre hemos defendido y por ello daremos nuestro sí definitivo a este proyecto de ley.


Respecto a las enmiendas introducidas en el Senado, ya hemos manifestado al inicio de nuestra intervención que la mayoría obedece más a cuestiones de técnica legislativa y de correcta remisión normativa que a aspectos materiales o de fondo. Las apoyamos porque aportan mayor claridad al texto. En cuanto a las enmiendas del Senado al proyecto de ley de reforma de la Ley orgánica complementaria de la Ley General de Estabilidad Presupuestaria, quiero comentar la relativa al artículo 3.3 en la que se establece que cada comunidad autónoma negociará bilateralmente con el Ministerio de Hacienda el objetivo de estabilidad presupuestaria. Vamos a dar nuestro voto favorable a los dos proyectos que hoy se remiten a esta Cámara.


Muchas gracias.


La señora VICEPRESIDENTA (Chacón i Piqueras): A usted, señor Puig.


Continuamos con el turno del señor Sánchez i Llibre en nombre del Grupo Parlamentario de Convergència i Unió.


El señor SÁNCHEZ I LLIBRE: Muchas gracias, señora presidenta.


Señoras y señores diputados, nuestro grupo parlamentario va a votar favorablemente las enmiendas que se aprobaron en el Senado, tres de las cuales hacen referencia a nuestro grupo y otra, al Partido Nacionalista Vasco. Las citadas enmiendas suponen un tímido avance, de acuerdo con los objetivos marcados por Convergència y Unió, en el proceso de dar mayores competencias sobre financiación a las comunidades autónomas y a las haciendas locales, desde la perspectiva de que esa financiación de los ayuntamientos y de las diferentes autonomías no quede siempre bajo la tutela del Consejo de Política Fiscal y Financiera. Es cierto que con la aprobación de la reforma de la Ley Orgánica 5/2001 presentada por el Partido Popular en la anterior legislatura Convergència i Unió instó al Gobierno de la Generalidad a presentar sendos recursos de inconstitucionalidad porque, en primer lugar, sacralizaba el déficit cero. Convergència i Unió ha mantenido de forma constante el axioma de que debería existir rigor presupuestario y de que las administraciones públicas nunca deberían gastar más de lo que ingresan. Pero desde este axioma

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hasta la sacralización del déficit cero hay un trecho y entendemos que es un gran disparate. Esta reforma que introdujo el Gobierno del señor Aznar invadía, cercenaba y era muy poco respetuosa con las competencias autonómicas, no solo de las diferentes comunidades autónomas, sino también de las administraciones y de las haciendas locales. Con el avance que hemos experimentado durante esta legislatura, a través de una proposición no de ley pactada y consensuada por la mayoría de formaciones políticas, entre las que se encuentra nuestro grupo, hemos mejorado ostensiblemente la Ley Orgánica de Estabilidad Presupuestaria que aprobó el Partido Popular en esta Cámara en la anterior legislatura.


La aprobación de las enmiendas presentadas por nuestro grupo y por el Partido Nacionalista Vasco en el Senado pretenden un mayor margen de maniobra en cuanto al endeudamiento, financiación y fijación de los diferentes déficits presupuestarios de las comunidades autónomas y de las haciendas locales. Sin embargo, no queremos negar a esta Cámara que nuestro grupo parlamentario va a seguir profundizando en una serie de cuestiones muy relevantes para introducir en la financiación de las comunidades autónomas y de los entes locales modalidades europeas más modernas y ágiles que las que vamos a aprobar en esta Cámara. Estamos de acuerdo con estos planteamientos, pero queremos destacar que existen serias limitaciones en cuanto a la financiación de las comunidades autónomas y a la tutela financiera de las corporaciones locales. Es un punto de partida aceptable, que valoramos positivamente, pero nuestro objetivo final ha de ir en la dirección que acabo de manifestar, de eliminar limitaciones en las competencias de las corporaciones locales y de las autonomías en materia financiera. En este sentido, hemos presentado alguna iniciativa parlamentaria que va en esa dirección.


Quiero apuntar en este momento que todas las formaciones políticas tendríamos que estar de acuerdo -sería importante que el grupo parlamentario que da soporte al Gobierno, el Grupo Socialista, también estuviera sensibilizado- en que las comunidades autónomas pudieran incurrir en un mayor déficit destinado a la inversión, lo que significa que en el futuro el cumplimiento de la estabilidad, la creación de riqueza y la actividad económica irán ligados a la inversión. La Comisión Europea viene estudiando el que la inversión en crecimiento económico, en infraestructuras, en medios de comunicación, en todas las cuestiones que puedan modernizar las autonomías y los países de la Unión Europea no sea contabilizada como déficit. Si se contabiliza como tal no podrán realizarse unas inversiones que indirectamente inducirán a la generación de empleo y al incremento de la actividad económica. Desde esta perspectiva podríamos estar ante el caso del pez que se muerde la cola y que no tuviera solución. Se trata de una iniciativa que se ha analizado en diferentes ocasiones por la Comisión Europea. Valdría la pena que estas modalidades de inversión que no computan como déficit en algún momento de esta legislatura pudieran ser analizadas por todos los grupos de la Cámara. Al inicio de esta legislatura, mi grupo parlamentario presentó una iniciativa con el fin de debatir monográficamente sobre esta cuestión. Repito que deberíamos estudiar la posibilidad de que no se contabilizara como déficit público ese endeudamiento originado por inversiones en infraestructuras en sectores relevantes de las economías de las diferentes autonomías o países. Con las enmiendas que va a aprobar en este momento la mayoría de los grupos de la Cámara, daremos un paso adelante -no el paso definitivo- que va a suponer volver a la normalidad en el sistema de financiación de las comunidades autónomas, normalidad de la que nunca nos hubiéramos tenido que mover.


Muchas gracias. (El señor Mardones Sevilla pide la palabra.)

La señora VICEPRESIDENTA (Chacón i Piqueras): Muchas gracias, señor Sánchez i Llibre.


Señora Rodríguez, si no le importa, ha llegado el señor Mardones y me pide la palabra para fijar posición. Si los portavoces no tienen inconveniente, señor Mardones, adelante.


El señor MARDONES SEVILLA: Gracias, señora presidenta, por su benevolencia y cortesía, dado que me he tenido que desplazar desde el edificio número 3 y no he conseguido bajar la marca de los diez minutos hasta llegar al hemiciclo. Estaba consultando con el grupo de senadores canarios sobre las votaciones en estos dos proyectos de ley y vamos a votar favorablemente las enmiendas que nos ha remitido el Senado, tanto al proyecto de Ley Orgánica 5/2001, como al proyecto de ley de reforma de la Ley General de Estabilidad Presupuestaria, Ley 18/2001. Coalición Canaria, consecuentemente con sus votos en el Senado, votará favorablemente las enmiendas a estos dos proyectos de ley que llegan de la Cámara alta.


Muchas gracias, señora presidenta.


La señora VICEPRESIDENTA (Chacón i Piqueras): Gracias, señor Mardones.


Ahora sí, señora Rodríguez. En nombre del Grupo Parlamentario Popular tiene la palabra para fijar su posición en estos puntos números 39 y 40 del orden del día.


La señora RODRÍGUEZ HERRER: Muchas gracias, señora presidenta.


Ya saben que se dice que a la tercera va la vencida, pero realmente era cuando me tocaba. Subimos a la tribuna nuevamente para hablar de la reforma de las leyes de estabilidad, una de esas reformas que, por lo que dice el señor Azpiazu, el Gobierno se ha dado prisa en hacer por razones políticas, que no económicas, una vez más sin atender a lo que realmente se necesita y que en este caso es la garantía para que nuestra economía evolucione de la manera mejor y más saneada posible. Hoy aquí no podemos arreglar nada. Solo vamos a decidir respecto a

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las enmiendas que se han introducido en el Senado. Lo lamentable es que prácticamente -y digo prácticamente porque falta por intervenir el portavoz socialista, pero nos tememos lo peor- todo el pescado está vendido. Esto, señorías, no es un chascarrillo, es una metáfora muy adecuada para lo que hoy culmina aquí.


Señorías socialistas, es cierto que en su programa hablaban de la estabilidad en el ciclo y de que nuestra ley no les gustaba, pero en realidad esta modificación arranca de los pactos de gobernabilidad para el tripartito catalán -que ya ven cómo está hoy- y de sus compromisos puntuales en esta Cámara. Y esto no es algo que diga yo, sino que se demuestra con el "Diario de Sesiones" en la mano; "Diario de Sesiones" que, por cierto, también demuestra que en ocasiones aquí se ha apelado a falsedades para construir su discurso, porque, señor Saura, portavoz socialista, yo no he variado mi posición respecto a esta modificación. En el debate de la enmienda de totalidad no dije en ningún momento que si aprobábamos esta ley se rompía España, entre otras cosas, porque eso es una tontería y yo no suelo decirlas, al menos en estas materias, lo que no sé si sucede con otros. Lo que sí he asegurado todas las veces que he intervenido es que la modificación no era buena para nuestra economía, que la mezcla de relajación y disciplina que tiene la norma va a producir irresponsables y que cuando se renuncia, en parte, al principal instrumento con el que cuenta el Gobierno para cumplir con su responsabilidad en política económica, es decir, a la política fiscal, el futuro no aparece muy optimista.


Decía al comienzo de mi intervención que todo el pescado está vendido, además con estas enmiendas del Senado ustedes han pasado por caja. En el trámite de ambas leyes en el Senado se han aprobado dos tipos de enmiendas: unas técnicas y de corrección de errores, que ya anuncio que votaremos a favor, y otras que se pactaron con grupos nacionalistas y que van encaminadas a diluir las competencias estatales. En el caso de la Ley General de Estabilidad se ha suprimido la posibilidad de que la normativa de desarrollo de los preceptos básicos de esta ley tenga la consideración de básica. Ya opinamos sobre esta enmienda a su paso por esta Cámara en primera instancia. No nos parece correcto que deban decaer las competencias del Gobierno en materia de política económica. Pero, además, se anuló un texto contenido en el proyecto que entró en esta Cámara y debemos suponer que no era superfluo. La conclusión obvia a la que se llega es que la normativa básica en esta materia va a quedar incompleta, porque yo no he visto ninguna ampliación de los textos de otros artículos en paralelo a esta renuncia de la reglamentación básica. En el caso de la Ley orgánica complementaria a la Ley de Estabilidad, se han aprobado dos enmiendas transaccionales que nuestro grupo no apoyó. No lo hizo porque en ambos casos su objetivo, y por lo tanto su consecuencia, es la limitación conceptual o de hecho de las competencias y, por lo tanto, de las obligaciones y de la responsabilidad del Gobierno en esta materia.
Especialmente significativa es la modificación del artículo 5.3, procedimiento de fijación del objetivo de estabilidad presupuestaria de las comunidades autónomas; modificación que especifica los extremos de la negociación bilateral e incluye que se han de tener en cuenta; literalmente se dice: pudiendo tenerse en cuenta. Pero, señorías, ¿qué significa esto en un artículo de procedimiento en una ley orgánica? Dice: La situación económica. Yo pregunto: ¿La general o la de la comunidad autónoma, señor Sánchez i Llibre? El nivel de competencias asumidas. ¿La tendencia no era que las competencias asumidas fueran todas las mismas al final del proceso que estamos volviendo a comenzar? El nivel de endeudamiento. ¿Para qué? ¿Para ser más duros con aquellos que tienen más endeudamiento y dejar que los que tiene menos incurran en él? Se refiere también a las necesidades o al déficit de infraestructuras, a las que el señor Sánchez i Llibre ha dedicado buena parte de su intervención. Y eso, ¿cómo se mide? ¿Por población o por PIB del territorio en el que estemos? La realidad es que en la ley se introduce un factor de subjetividad adicional al de la propia bilateralidad que puede ser causa de tratamientos diferenciados no justificados por situaciones objetivas; factor similar al que en estas materias, las financieras, ya hemos discutido y denunciado en el proceso de debate del Estatuto de Cataluña; cuestión que, por otra parte, como decía, no nos debe sorprender porque al seguir el debate en el Senado la paternidad de la modificación se le atribuye -aunque la enmienda transaccional se firme por todos los grupos, menos por el Grupo Popular- al portavoz del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió) y, como decía, ya lo hemos oído en el discurso del señor Sánchez i Llibre. Señor Saura, esta disposición y la propia filosofía y conformación de la reforma puede producir diferencias y privilegios. Creemos que no cumple el objetivo de ayudar a nuestra economía, que tiene graves problemas de competitividad, de inflación y de desequilibrio exterior, pero que por sí sola no rompe España. Señor presidente, señorías, vamos a votar a favor de las enmiendas técnicas y de corrección porque, a pesar de que no nos gusta la reforma deseamos que, por lo menos, esta quede lo más aseada posible, y votaremos en contra de las otras tres enmiendas que he comentado.


Muchas gracias.


La señora VICEPRESIDENTA (Chacón i Piqueras): A usted, señora Rodríguez.


Finalizamos el debate de estos dos proyectos de ley con la intervención del Grupo Parlamentario Socialista. Tiene la palabra su portavoz en esta materia, el señor Saura.


El señor SAURA GARCÍA: Gracias, señora presidenta.


Señorías, termina un largo debate sobre las necesarias reformas en las leyes de estabilidad presupuestaria. Vamos a repetir alguno de los argumentos que se han dicho durante la tramitación parlamentaria. Debe quedar claro que durante los años que gobernó el Partido

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Popular no hubo reformas estructurales. La portavoz del Grupo Parlamentario Popular hablaba ahora de que hay problemas en la economía española en relación con la competitividad, la productividad y la inflación, pero en aquellos años no hubo reformas estructurales en materia económica. Las leyes de estabilidad del Grupo Parlamentario Popular fueron insuficientes para lograr la disciplina fiscal en el conjunto de las administraciones públicas. Los dirigentes del Grupo Parlamentario Popular se fueron dejando a la sombra más de 15.000 millones de euros; dichas leyes no garantizaban una política presupuestaria restrictiva -a los datos me remito- y, además, garantizaban una política económica procíclica. Hay algunos datos que demuestran lo que acabo de decir. La mayoría de las comunidades autónomas no hicieron suyas las leyes de estabilidad presupuestaria del Partido Popular, tanto es así que diez comunidades autónomas no cumplieron los objetivos de estabilidad. En cuanto a las entidades locales, es preciso poner de manifiesto que en el primer ejercicio de aplicación de las leyes todavía vigentes de las 6.425 entidades locales que rindieron la liquidación presupuestaria del ejercicio 2003 más de la mitad presentaron déficit. Por lo tanto, las administraciones locales y autonómicas no hicieron suyas estas leyes de estabilidad presupuestaria. El Partido Socialista concurrió a las elecciones generales con un compromiso de más transparencia y unas cuentas públicas equilibradas. Ahora que estamos a mitad de la legislatura los objetivos se están cumpliendo, los compromisos se están cumpliendo: estabilidad presupuestaria, no hay ninguna duda; rigor, no hay ninguna duda; reputación de las cuentas públicas, por primera vez en democracia tenemos superávit de las cuentas del Estado -0,4 por ciento del PIB en el caso del Estado y 1,1 por ciento del PIB en relación con el conjunto de las administraciones- y unas leyes de estabilidad presupuestaria que terminamos de discutir ahora que apuestan por el rigor y por la racionalidad económica. Para ello, evidentemente, había que cambiar las leyes de estabilidad presupuestaria buscando una política fiscal sana y rigurosa, como he dicho anteriormente, y una mayor racionalidad económica aplicada al nuevo principio de estabilidad presupuestaria, es decir, que en momentos de bonanza económica hay que exigir superávit y en los momentos complicados del ciclo se podría tener déficit.


Estos cambios en las leyes de estabilidad presupuestaria deben tener en cuenta el nivel de descentralización de España, que nuestro país tiene un conjunto de comunidades autónomas y hay que combinar -y estas leyes lo hacen correctamente- las relaciones bilaterales con las relaciones del conjunto de comunidades autónomas con el Estado. El Consejo de Política Fiscal y Financiera juega un papel central en la estabilidad presupuestaria y el Estado juega también un papel central a la hora de relacionarse con cada comunidad autónoma porque al Estado le corresponde el cierre cuando hay problemas a la hora de cerrar los acuerdos entre las comunidades autónomas. Hemos elaborado una reforma de las leyes que permita una adecuada coordinación con las iniciativas de disciplina fiscal de la Unión Europea. El Pacto de Estabilidad y Crecimiento de la Unión Europea se basa en el concepto de estabilidad presupuestaria a lo largo del ciclo económico. Asimismo se pretende compatibilizar la estabilidad presupuestaria con los gastos necesarios para incrementar la productividad y la competitividad. En términos económicos, esta compatibilidad se conoce como regla de oro de las finanzas públicas. En estas leyes de estabilidad presupuestaria es importante separar los objetivos de estabilidad de cada Administración para conseguir mayor transparencia y para preservar la financiación futura de las pensiones.
Se pretende ser más eficiente, desde el punto de vista de la disciplina, con mecanismos preventivos, como la alerta temprana.


Nuestro grupo parlamentario va a apoyar todas las modificaciones introducidas en el Senado porque, señora portavoz del Grupo Parlamentario Popular, la normativa sobre ordenación económica y estabilidad presupuestaria sigue siendo básica, a pesar de que se apoyen las enmiendas introducidas en el Senado. Proponemos la introducción de dos correcciones técnicas en el proyecto de ley de reforma de la Ley de Estabilidad Presupuestaria. En el párrafo segundo del artículo 19.2, artículo 1.17 del proyecto de ley, donde dice artículo 7.3, esta remisión es incorrecta y debería sustituirse por una remisión al artículo 7.5. En segundo término, en la parte final del artículo 20.3, artículo 1.18 del proyecto de ley, donde dice artículo 7.3 debería sustituirse por una remisión al artículo 8.2. Proponemos a la Cámara estas dos correcciones técnicas.


La política presupuestaria y económica del actual Gobierno tiene unos resultados concretos. No les hablo de previsiones, hablo de resultados concretos: más de 900.000 empleos creados en este último año; un crecimiento del empleo a una tasa del 4.9 por ciento; superávit de las cuentas públicas por primera vez en democracia; suben los asalariados en contratos indefinidos y bajan los asalariados en contratos temporales; las exportaciones de bienes han comenzado el año con una fortaleza muy superior a la esperada; tirón de la inversión en bienes de equipo; la producción industrial continúa a principio de año recuperándose; el crecimiento de la productividad a principios de año -no hablo de previsiones, sino de datos reales- está en torno a un 0.4 por ciento; un crecimiento de la economía en el primer trimestre de 2006 que puede situarse, con estos datos que acabo de comentar anteriormente, entre el 3.7 y el 3.8 por ciento de crecimiento. Señorías, ¿se acuerdan de que el Partido Popular -los señores Rajoy y Aznar- nos decía que con el nuevo Gobierno de España íbamos a tener menos empleo, que las cuentas públicas no iban a cuadrar siquiera a martillazos y que España se iba a romper? El señor Rajoy nos dijo en el debate presupuestario que para el año 2007 no habría un presupuesto del Estado, puesto que España se iba a romper. Qué mal ojo

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el del Partido Popular, el de Aznar y el de Rajoy. Se crea más empleo que anteriormente, se crece más y las cuentas públicas no solamente están en equilibrio, sino que hay superávit del Estado y del conjunto de las administraciones públicas. Además, España no se rompe, acaba de decirlo la portavoz del Grupo Parlamentario Popular. El año que viene habrá un presupuesto del Estado -vaya ojo que tienen los dirigentes del Partido Popular-, más empleo, más crecimiento, más estabilidad económica y más cohesión de España.


Gracias, señora presidenta. (Aplausos.)

La señora VICEPRESIDENTA (Chacón i Piqueras): Muchísimas gracias, señor Saura.


-PROYECTO DE LEY DE LA RADIO Y LA TELEVISIÓN DE TITULARIDAD ESTATAL.
(Número de expediente 121/000052.)

La señora VICEPRESIDENTA (Chacón i Piqueras): Señorías, debatidos estos dos proyectos de ley, entramos en el punto siguiente del orden del día de hoy, el punto 41: proyecto de ley de la radio y la televisión de titularidad estatal.


Dado que el debate resulta en fijación de posiciones, comenzaremos con las del Grupo Parlamentario Mixto. Primeramente tomará la palabra el señor Labordeta y a continuación el señor Rodríguez. Adelante, señor Labordeta, cuando quiera.


El señor LABORDETA SUBÍAS: Muchas gracias, señora presidenta.


Vamos a votar favorablemente esta ley y también, de las enmiendas que vienen del Senado, la número 4, porque nos parece que este país necesita una estructura de televisión lo suficientemente importante y fuerte para que tengamos una conexión entre todos nosotros; si no, acabamos olvidándonos de que existe un Estado que se llama España. Vamos a votar favorablemente la número 5, porque es muy importante. Vamos a no votar la número 6, porque la Orquesta y Coro de Televisión no acepta que se haga una fundación con ellos; ellos consideran -y nosotros también- que deben seguir siendo, como hasta ahora, miembros dentro de la corporación de Radiotelevisión Española y no una fundación, que nunca se sabe dónde va y dónde acabará. La enmienda que se refiere a la designación de los consejeros y del presidente de la corporación de Radiotelevisión también vamos a votarla favorablemente.


Esperamos que con esta ley podamos tener una televisión verdaderamente libre e independiente y que no pueda ser manipulada por el Gobierno de cada momento.


Muchas gracias, señora presidenta.


La señora VICEPRESIDENTA (Chacón i Piqueras): A usted, señor Labordeta.


Adelante, señor Rodríguez.


El señor RODRÍGUEZ SÁNCHEZ: Gracias, señora presidenta.


El Bloque Nacionalista Galego va a apoyar esta ley con las modificaciones que vienen del Senado y lo hace a pesar de la paradoja de que se tenga el trámite parlamentario justamente cuando hay en marcha una importante reestructuración de Radiotelevisión Española. Sin duda alguna hubiera sido mucho mejor que la ley hubiera estado aprobada, para después tomar las medidas en función de su contenido. No ha sido así y nos encontramos con que vienen del Senado algunas modificaciones positivas, en el sentido de intentar rectificar o paliar alguno de los objetivos empresariales actualmente en marcha. Uno de esos objetivos es precisamente desmantelar la Radiotelevisión Española en su cobertura territorial. Por eso vamos a apoyar en concreto la modificación del número 4 del artículo 7 de la ley, para que la Radiotelevisión Española cuente con una estructura territorial necesaria para atender la adecuada prestación de su función de servicio público en todo el territorio del Estado español, contribuir así a la cohesión interterritorial y hacerlo con desconexiones en las lenguas propias de cada nación del Estado español. Ciertamente hay algunas expresiones que no son afortunadas para un Estado como el actual, por ejemplo hablar de contenidos regionalizados, pero en todo caso lo importante es que se abogue por mantener una estructura mínimamente necesaria para estos objetivos y que se adopte el criterio de que se haga en la lengua del propio país. Asimismo es importante que no solamente los informativos respondan al criterio de producción propia, sino que también se impulse el criterio de que la mayor parte de la programación de la televisión pública sea de este tipo de producción.


Los trabajadores de la Orquesta y Coro de Radiotelevisión Española afectados no están en efecto a favor de una fundación. En todo caso hay un argumento más importante para que esta parte, que se intentó modificar, no figure y es que son trabajadores que tienen una actividad constante. Realmente tienen que funcionar todos los días, no solamente en ensayos, sino en actividades de carácter musical y por tanto se puede considerar una especie de departamento normal y ordinario de la propia corporación.


Por último, quiero decir que la modificación de la disposición transitoria cuarta, lo que se añade, es fundamental para atender situaciones de bloqueo, desbloqueándolas pasado un tiempo prudencial y acertado, en la elección de los doce consejeros y del presidente de la compañía de Radiotelevisión por mayoría absoluta. Esperamos que esta ley contribuya por lo menos a tener una televisión menos gubernamentalizada, más plural y más respetuosa con las distintas ideologías políticas y con el pluralismo social, y que la mejora de la calidad como servicio público sea una constante adaptada al carácter plurinacional, plurilingüe y pluricultural del Estado español.


Muchas gracias.


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La señora VICEPRESIDENTA (Chacón i Piqueras): A usted, señor Rodríguez, muchas gracias.


Señor Mardones, continuamos con usted en nombre de Coalición Canaria.


El señor MARDONES SEVILLA: Muchas gracias, señora presidenta.


Comienzo por hacer un juicio de valor sobre este proyecto de ley, que viene a sustituir a la primitiva ley de la época de la transición, del primer Gobierno de la Unión de Centro Democrático, para hacer de la radio y la televisión de titularidad estatal un instrumento de Estado fundamental. Nos parece que estamos ante una buena ley, ante una ley muy buena, que es necesario desarrollar, y nosotros vamos a votarla favorablemente.


Cuando este proyecto de ley salió de la Cámara Baja camino del Senado y después surgieron los acuerdos del Consejo de Administración del Ente Público Radiotelevisión Española, tomando para sus acuerdos el imperativo que obligaba a la SEPI, como dueña del capital social del ente público actual, quedamos preocupados por sus efectos, que considerábamos altamente perjudiciales para el centro de producción de programas de Televisión Española en la Comunidad Autónoma de Canarias, así como para su propio centro regional. Como bien es sabido, esto ha motivado movilizaciones de todo el personal en el archipiélago canario y el apoyo de las instituciones. Nos preocupaba, como he dicho, que no nos veíamos reconocidos en el texto que salió del Congreso y el acuerdo del Consejo de Administración.


Quiero ahora decir que nos sentimos satisfechos y que vamos a votar favorablemente la enmienda que viene del Senado, dirigida al artículo 7 del proyecto de ley. Quiero también reconocer el buen entendimiento que ha habido, y que hemos utilizado, tanto del Grupo Parlamentario Socialista como del Grupo Parlamentario de Coalición Canaria, y su portavoz está en el Congreso de los Diputados. Aprovechando el paso del proyecto por el Senado, hemos podido digamos solventar esto con esa enmienda, que tuvo el apoyo de un grupo parlamentario, de otro no, pero que lo explique él -no tengo yo por qué explicar los votos de otro grupo parlamentario-. Sí quiero hacer este reconocimiento a quienes votamos favorablemente esta enmienda, que viene a hacer un reconocimiento del hecho insular. Se ha empleado la terminología regiones ultraperiféricas -ante la Constitución europea todavía no se ha hecho una norma general en toda Europa, pero sí en España, donde la votamos favorablemente-.
Canarias es la región ultraperiférica del Estado español. Se dice muy acertadamente que esto se pueda proveer de contenidos regionalizados a la realidad estatal, contribuir al desarrollo de la cohesión interterritorial, atendiendo al hecho insular y las condiciones de región ultraperiférica. Más adelante se añade que la corporación RTVE impulsará la producción propia de su programación de forma que esto abarque la mayoría de los programas difundidos en las cadenas generalistas. Leyendo esto se ratifica el buen entendimiento que ha habido. Yo me congratulo de que esto vaya a permitir un tratamiento especializado -recordaba el otro día en la Comisión, cuando se discutía una proposición no de ley del Grupo Parlamentario Popular a este respeto, que así se había establecido en el diálogo positivo entre el presidente de la Comunidad Autónoma de Canarias y la señora Caffarel, directora general del ente público-, un régimen excepcional, exceptuado, un régimen específico, al centro de producción de programas, por razones estatales, de política general y de difusión de un medio del Estado. Antes no se contemplaba -no hubo nunca ocasión de hacerlo en 1980, cuando arranca el Estatuto de la Radio y la Televisión en España- y hoy día nos vemos así reconocidos y favorecidos.


Vuelvo a reconocer al portavoz socialista el buen diálogo y el buen entendimiento que ha existido para solucionar un problema de crispación que nadie deseaba. Se trataba de la defensa de unos legítimos intereses que afectaban a los derechos laborales del personal de este centro emisor y productor de programas del archipiélago canario. Esta enmienda nos parece que servirá de soporte jurídico para todas aquellas actuaciones que se hayan de realizar para resolver un problema en sintonía y no solo por imperativo de la SEPI, que tendrá sus razones económicas. Aquí estamos para valorar las razones políticas, en el mejor sentido democrático de la palabra. Mi grupo, señora presidenta, reconoce este entendimiento, que afortunadamente se ha aprovechado en la Cámara Alta de forma inteligente, y que nos permite dar hoy nuestro voto favorable a esta enmienda. De esta forma daremos tranquilidad en todos los órdenes a la Comunidad Autónoma de Canarias, para que Radiotelevisión Española siga siendo un baluarte de democracia de lo que es una política de Estado, en libre competencia con las cadenas privadas o autonómicas.


Muchas gracias, señora presidenta.


La señora VICEPRESIDENTA (Chacón i Piqueras): A usted, señor Mardones, muchísimas gracias.


Continuamos con el turno del Grupo Parlamentario de Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya Verds y en su nombre tomará la palabra el señor Llamazares.


El señor LLAMAZARES TRIGO: Gracias, señora presidenta.


Señorías, mi grupo, el Grupo Parlamentario de Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya Verds, va a votar favorablemente las enmiendas que vienen del Senado, salvo -como han dicho los representantes de otros grupos parlamentarios- la que viene como número 6, no porque creamos que es una mala enmienda, sino porque pensamos que, si no cuenta con el apoyo de los interesados, es mejor dejarla para otro momento en la negociación posterior.


En primer lugar quiero valorar esta iniciativa, la ley sobre la Radiotelevisión pública, sobre la nueva corporación, como una iniciativa de regeneración democrática,

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de regeneración democrática de los medios de comunicación en nuestro país.
La Radiotelevisión pública ha venido jugando el papel de servicio gubernamental, no de servicio público. Era una radiotelevisión controlada directamente desde el Gobierno, controlados sus contenidos informativos, y por otra parte era una radiotelevisión hipotecada desde el propio Gobierno para limitar también su autonomía financiera. En definitiva, era una radiotelevisión gubernamental y no una radiotelevisión pública. Con esta ley se ponen las bases de una radiotelevisión pública, independiente desde el punto de vista informativo y desde el punto de vista formativo, y también independiente desde el punto de vista económico, con una clara financiación que no hipoteca al modelo de radiotelevisión y que por tanto configura una radiotelevisión pública y no una radiotelevisión gubernamental. Nosotros apoyamos esta iniciativa y apoyamos las mejoras que vienen del Senado a esta Cámara.


Señorías, en nuestra opinión, esta iniciativa parlamentaria, esta ley, es una ley positiva. En un panorama complejo como es el de la Radiotelevisión, cada vez con un mayor número de cadenas y al mismo tiempo cada vez con mayor concentración del poder económico y del poder informativo, en el contexto de nuestro país y también en el contexto de la mejora y del avance tecnológico, estamos convencidos de que es imprescindible la participación de lo público; imprescindible porque es la garantía del servicio a la ciudadanía y también del pluralismo informativo. Por esa razón consideramos que es un buen momento para esta corporación de la Radiotelevisión Española y para la aprobación de esta ley.


Es verdad, como se ha dicho aquí por parte de otros grupos parlamentarios, que nos encontramos ante una evidente paradoja y es que al mismo tiempo que elaboramos esta ley nos encontramos con una iniciativa de saneamiento, en nuestra opinión contradictoria con el contenido de la ley. A nosotros nos gustaría que esta ley no solo supusiera que la Radiotelevisión pública es una radiotelevisión pública no gubernamental y es una radiotelevisión pública, de servicio público, sino que además la Radiotelevisión pública es una radiotelevisión pública de una dimensión suficiente para competir en el mercado con la radiotelevisión privada y es una radiotelevisión pública con dimensión sólida en el marco de la Unión Europea para afrontar el reto de la radiotelevisión digital. En nuestra opinión he ahí un reto muy importante y nosotros creemos que eso debe llevar necesariamente a reconsiderar el Plan de saneamiento que ha presentado la SEPI sobre la Radiotelevisión pública. Ese Plan de saneamiento en nuestra opinión es contradictorio con el texto que hoy aprobamos, porque el texto que hoy aprobamos y las enmiendas que vienen del Senado apuestan claramente por una dimensión suficiente, por un liderazgo televisivo e informativo de la Radiotelevisión pública en el contexto del conjunto de la radiotelevisión y por un modelo laboral estable y un modelo territorial sólido de la Radiotelevisión pública.
Esas son las enmiendas que hoy vienen del Senado y que mejoran la ley, enmiendas que hemos pactado con otros grupos parlamentarios, que hemos también consensuado con las organizaciones sindicales y por tanto que tienen un apoyo sustancial. En primer lugar, son enmiendas que hacen referencia a la programación pública, a la programación de Radiotelevisión Española sin cesiones a terceros. En segundo lugar, hacen referencia a la consolidación de los contratos-programa de la Radiotelevisión pública. En tercer lugar, tienen que ver con la consolidación, mejora y ampliación en su caso de los centros territoriales en nuestro país.


Nosotros consideramos que la enmienda número 6 debería votarse por separado. Nosotros no vamos a votarla favorablemente, porque creemos que no cuenta con el acuerdo del sector ni cuenta con el acuerdo de los trabajadores de la Orquesta sinfónica. No merece la pena hacer vanguardismo en esa materia y tendrán que ser los propios trabajadores y el propio ente público los que finalmente hablen y garanticen su futuro.
Por todas estas razones nosotros vamos a votar favorablemente esta ley y pedimos a la SEPI que reconsidere su Plan de saneamiento a la luz de la ley. No ha sido conveniente introducir como un palo en la rueda el Plan de saneamiento frente al acuerdo parlamentario. El acuerdo parlamentario ha tenido lugar y está teniendo lugar y por tanto debería dirigir los esfuerzos de la dirección de Radiotelevisión Española y hacer que se reconsidere lo que en nuestra opinión es un exceso, el Plan de saneamiento, para presentar un verdadero plan de viabilidad del conjunto de la Radiotelevisión Española sobre la base de la consolidación de la radiotelevisión en el marco europeo, sobre la base de la mejora de las condiciones laborales y el mantenimiento de los derechos de los trabajadores y sobre la base de afrontar por parte de la Radiotelevisión pública española el reto del liderazgo y el reto del liderazgo en el marco de lo digital.


Esos son los planteamientos de nuestro grupo parlamentario, estamos satisfechos de esta ley, satisfechos de este modelo de autonomía y también de la participación del modelo de radiotelevisión pública.
Creemos que esta ley y este modelo de autonomía y participación deben dirigir el futuro de la radiotelevisión y consolidar nuestra Radiotelevisión, la Radiotelevisión pública, como una aportación fundamental al servicio público, a la libertad de información y al derecho de expresión de los ciudadanos en nuestro país.


Muchas gracias.


La señora VICEPRESIDENTA (Chacón i Piqueras): A usted, señor Llamazares, muchas gracias.


Continuamos con el turno del Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV) y tiene en su nombre la palabra el señor Beloki.


El señor BELOKI GUERRA: Gracias, señora presidenta.


Señorías, en su todavía reciente comparecencia en la Comisión de Radiotelevisión Española de este Congreso,

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la directora general, antes de pasar a explicar el Plan de saneamiento de Radiotelevisión Española, afirmaba entre otros extremos lo siguiente, y cito textualmente: El escenario audiovisual europeo y español ha vivido en los últimos veinte años un proceso de mutación y modernización de profundo calado. Sigo citando: El desarrollo de las nuevas tecnologías, con la creciente digitalización de las emisiones, con la universalización de la televisión digital terrestre, con la omnipresencia de Internet, llena de nuevas potencialidades y con la proliferación de ofertas televisivas de todo orden, obliga a una radical reconsideración del funcionamiento de las radiotelevisiones de servicio público. Hasta aquí la cita.


Pues bien, mi grupo suscribe literalmente estas palabras de la directora general, Carmen Caffarel. Aunque no fuera más que por estas palabras, es evidente que Radiotelevisión Española estaba y está plenamente necesitada de una profunda reforma, pero su necesidad no solo deriva de las profundas transformaciones tecnológicas y sociológicas que están teniendo lugar en el campo general de las telecomunicaciones, en especial del campo de los medios audiovisuales, sino que constituía y constituye también un secreto a voces, compartido por todo el mundo, que en la gestión de Radiotelevisión Española en los últimos veinte años, tal y como ha sido interpretada y llevada a efecto por los distintos directores generales que, desde la puesta en marcha del estatuto jurídico de Radiotelevisión Española, fueron nombrados por los diversos gobiernos -un día por el Partido Popular y otro día por el Partido Socialista Obrero Español; un día por el Partido Socialista Obrero Español y otro por el Partido Popular-, se alcanzó la cumbre al respecto de algo que estaba siendo una obligación imperativa que era que se produjera de una vez un giro radical, al menos en los siguientes aspectos: giro radical en su gestión económica.


Radiotelevisión Española ha parecido ser algo así como ese monstruo Gargantúa que traga todo lo que le den, sin límite. Ha ido creciendo en exceso por una gestión empresarial que se puede calificar de indolente y de irresponsable, se le daba de comer y comía cuanto se le daba e iba creciendo, lo cual ha constituido un auténtico escándalo, que ha sido denunciado prácticamente por todo el mundo, escándalo al que, por cierto, las instituciones europeas obligaban y obligan ya a poner un límite.
También debería producirse un giro radical en su gestión profesional. Más allá de expresiones y declaraciones formales, la supeditación no solo de la dirección general, sino de la forma en que se han constituido sus consejos de Administración; la supeditación de unos y otros a los requerimientos, gustos e incluso caprichos de políticos, partidos y personas de turno que les nombraban, se había convertido en una especie de costumbre o regla de juego inveterada que solo se discutía a efectos dialécticos cuando quien había nombrado hoy pasaba mañana a la oposición y desde allí lo criticaba. Era un juego dialéctico a practicar desde la oposición; una vez en el Gobierno se seguía actuando en los mismos términos.


No ha sido este el único fallo evidente en la gestión profesional de Radiotelevisión Española. Como hemos sabido todos y se lo hemos escuchado repetidas veces a la actual directora general, la gestión de Radiotelevisión Española ha sido durante demasiados años un mundo sin control, a la deriva, al albur de todo tipo de intereses. Ha adolecido de elementales sistemas de control necesarios para una gestión responsable, ha llevado a cabo una gestión de personal incontrolada, si no simplemente anárquica; ha prevalecido la desidia y vaya usted a saber cuántas cosas más, algunas de las cuales hemos podido escuchar de diversas personalidades que hemos llamado a comparecer en el Congreso de los Diputados con motivo del inicio del trámite parlamentario de la ley que hoy estamos aprobando. De forma que los cambios tecnológicos, sociológicos y organizativos, que se imponen en la nueva sociedad, que se imponen a todas las empresas, por qué no imponerlas a las empresas públicas y desde luego a aquellas empresas que son públicas pero que al menos en una parte importante, como es el caso de Radiotelevisión Española, tienen que competir con empresas privadas.


Pues bien, a ese tipo de obligación de cambios profundos en Radiotelevisión Española le ha llegado el momento, le había llegado ya hace bastante tiempo, y a este Gobierno hay que reconocerle el mérito de haber entrado a matar; si bien o mal, ya se verá, pero ha entrado a matar, en el buen sentido de la palabra. No voy a recordar nuevamente los pasos que ha dado este Gobierno, ni para discutírselos ni, a estas alturas, para decirle lo acertado de este paso o lo menos acertado de aquel. Prácticamente esto es ya historia pasada, a eso me he referido ya en diversas ocasiones anteriores y no es necesario volver sobre lo mismo.


Hoy, que, como he señalado, damos el último paso parlamentario de unas medidas que el Gobierno ha tomado para hacer frente a la situación y necesidades a las que anteriormente me refería, quisiera resumir la opinión y el posicionamiento de mi grupo en los siguientes puntos. Uno -el básico y principal-: El valor y el alcance del paso que hoy terminamos de dar, la aprobación definitiva del estatuto jurídico de Radiotelevisión Española, no se van a medir por el pasado sino por el futuro. El pasado podrá explicar que era necesario hacer algo, pero el valor de lo que hoy hacemos se medirá por lo que ocurra en el futuro. La propiedad y el valor de las medidas que se toman tendrán ese sistema de medición, qué pasa desde hoy en adelante en Radiotelevisión Española, y no habrá otro sistema de medición. Dos -estrechamente ligado a lo anterior-: Los textos jurídicos -y de eso estamos hablando hoy-, por muy acertados que sean y salgan de esta Cámara, no resuelven los problemas por sí mismos y desde luego no van a resolver, ni de lejos, sin más, los problemas presentes y futuros de Radiotelevisión Española. Sinceramente, tampoco creo que la desastrosa gestión que se ha llevado con Radiotelevisión Española, a la que se ha hecho alusión, se deba al estatuto

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jurídico que estaba en vigor hasta ahora. Yo creo que con ese mismo estatuto jurídico se pudieron hacer cosas de manera muy distinta, pero también hay que reconocer que una ley mejorada da un mejor marco para eso que es lo definitivo, lo que ocurra a partir de ahora. Tres: En todo caso, mi grupo opina que este texto mejora el texto anterior y que permite sentar las bases de una gestión más ajustada a los tiempos, más ajustada a las necesidades actuales y futuras y más ajustada a los requerimientos democráticos exigibles a una radiotelevisión pública que va a ser pagada, en lo que al servicio público se refiere, por todos los ciudadanos del Estado, sin distinción de ideología, sin distinción de credo, sin distinción del número que estén sentados en estos escaños, todos ellos y cada cual va a pagar, y a eso tendrá que responder, en lo que al servicio público se refiere, la nueva Radiotelevisión Española. Y porque entendemos que ello es posible y que efectivamente se puede echar a andar mejor con el texto jurídico que hoy aprobamos, que es posible una televisión nueva, es por lo que mi grupo va a dar su voto afirmativo al texto que hoy, aquí, vamos a terminar aprobando.


Y último punto del posicionamiento de mi grupo: La aprobación hoy no significa que vayamos a permanecer dormidos por lo que a partir de hoy ocurra, más bien lo contrario. Estaremos atentos, estaremos vigilantes, seremos exigentes sobre la aplicación de la ley que hoy aprobamos; estaremos especialmente vigilantes, incluso, como corresponde a las necesidades que arrastra Radiotelevisión Española y no menos a las necesidades y oportunidades que le va a deparar el futuro inmediato, futuro que, como decía la directora general, nos obliga -y esto es lo más importante- a una radical reconsideración. Esperemos que así sea. En beneficio de que eso puede ser así es por lo que daremos nuestro voto afirmativo.


Muchas gracias.


La señora VICEPRESIDENTA (Chacón i Piqueras): Gracias, señor Beloki.


Continuamos con el turno del Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana y tomará en su nombre la palabra el señor Puig. Adelante, cuando quiera.


El señor PUIG CORDÓN: Gracias, señora presidenta.


Subo a esta tribuna con un sabor agridulce. Creo que este proyecto de ley empezó mal, porque tramitar este proyecto de ley y tramitar el Plan de saneamiento de Radiotelevisión Española me parece que es un mal inicio.
Teníamos que haber hecho las cosas por partes. Este proyecto de ley nace en una situación que podía haber llegado a más; como mínimo, nuestro grupo parlamentario esperaba más de un partido de izquierdas, del Partido Socialista, en defensa de la Radiotelevisión pública. Digo que ha sido así porque, en definitiva, hoy vamos a votar las enmiendas que vienen del Senado, solo vamos a hacer esto. Ya se tramitó el proyecto de ley en Comisión, con capacidad legislativa plena. En ese trámite, que yo calificaría de confuso como mínimo, nuestro grupo se tuvo que abstener, porque era complicado y difícil saber cómo quedaba el proyecto de ley.
Soy novato en ese Congreso de los Diputados, pero creo que el trabajo que se hizo, en el que nuestro grupo parlamentario aportó propuestas serias, tuvo un mal final en su trámite en Comisión en el Congreso. Hoy viene aquí con unas enmiendas del Senado, algunas de las cuales suponen una mejora y, por lo tanto, las vamos a apoyar. No ocurre lo mismo con la enmienda sobre la fundación, porque el grupo que la introdujo ahora no la va a votar y nosotros lógicamente no vamos a entrar en ello ni vamos a votarla.


Ese proyecto de ley que podía haber ido mucho más allá, que podía haber garantizado una Radiotelevisión pública que cumpliese los principios constitucionales, va a quedar en el ámbito de la teoría. El Gobierno y el Grupo Socialista van a tener que demostrar que van a cumplir dicha teoría. La enmienda que hoy viene del Senado está bien, aunque algunos términos son más propios del pasado que del presente. Hablar de contenidos regionalizados me suena a algo del pasado. Podía haber sido mejorada, pero llega. Si esto lo gestionase nuestro grupo, no habría ningún problema, garantizaríamos lo que dice aquí. Tengo dudas de que el Partido Socialista y el Gobierno cumplan lo que se dice aquí, y la prueba la tuvimos esta misma semana en la Comisión de Radiotelevisión Española, en la que sorprendentemente el partido del Gobierno, el Partido Socialista, no votó a favor de una proposición no de ley que hablaba del mantenimiento de los centros territoriales. Si hoy esa enmienda, que lleva su apoyo, va a ser votada por el Grupo Socialista, me es difícil entender por qué dicho grupo no votó la proposición no de ley que presentamos Izquierda Unida- Iniciativa per Catalunya, Convergència i Unió y Esquerra Republicana y que contó con el apoyo de los demás grupos excepto el del Grupo Socialista. No lo entiendo. ¿O es que no va a cumplir el Grupo Socialista lo que dice esta enmienda y que hoy va a votar? Van a tener que demostrar que esta ley va en serio y que esta vez se la van a creer. En democracia unas veces se gana y otras se pierde.
Espero que el Gobierno cumpla esta proposición no de ley. Tiene una ley que en la teoría lo dice. Espero que lo cumpla, que cumpla la Constitución. Dicen algunos: los de Esquerra, los independentistas...
Pero viendo ciertos aspectos de la reforma del modelo de Radiotelevisión Española parece que a algunos nos echan, porque me asombra que se diga que va a haber reducción de las desconexiones de un simple informativo, que vamos a cerrar la histórica Ràdio 4 y que lo diga el Partido Socialista; además, sus compañeros del Partido Socialista de Cataluña en el Parlamento de Cataluña votaron una propuesta de apoyo a Ràdio 4 que inició el Partido Popular, y ustedes la apoyaron. Por tanto, me gustaría que el portavoz socialista realizase un compromiso de cumplimiento de esa proposición no de ley y diese garantías a los trabajadores

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de los centros territoriales y a los trabajadores de Ràdio 4 de que esto se va a cumplir -esto es la democracia-; si no la gente va a perder la confianza. Aunque sea una propuesta que no contó con su apoyo, acepten el juego de la democracia, que es mucho más serio. Me parece que ese tendría que ser el camino, y además lo dice la Constitución. Si dicen que en Cataluña, Euskadi o Galicia ya hay unas televisiones autonómicas y por tanto Radiotelevisión Española no tiene que competir, vamos a agilizar el tema. Dejen de competir con la televisión de Esperanza Aguirre; ya hay una televisión autonómica y, que yo sepa, Radiotelevisión Española en la Comunidad de Madrid no va a cerrar las puertas. Yo les invito a que compitan con la televisión del tripartito si quieren, pero cumplan el requisito constitucional de que hay que mantener los centros territoriales y respetar el plurilingüismo. No nos basta que ya lo hagan TV3 y su corporación. Es la obligación del Gobierno, del grupo Radiotelevisión Española gastarse su dinero en cumplir esto.


Nuestro grupo parlamentario cree que hay informes que avalan esta decisión. No se puede empezar la reestructuración, el plan de saneamiento liquidando aquello que para ustedes es más fácil diciendo que ya lo hacen algunos otros. No, ya que van a competir con la televisión de Esperanza Aguirre, compitan con la televisión del tripartito, del Gobierno de la Generalitat, con la televisión del Gobierno de Euskadi y de Galicia. Me parece que es su obligación. Espero que cumplan lo que hoy aprobamos.
Estas enmiendas que vienen del Senado van a contar con nuestro apoyo, pero cumplan esta voluntad específica. Empezamos mal esta semana, espero que rectifiquen, que cumplan, que se den garantías de respeto y entonces podremos avanzar. Esperemos que este proyecto de ley, que sin lugar a dudas es una mejora, se cumpla y se respete. En la elección del Consejo de Administración y del director del ente la designación por parte del Parlamento sin lugar a dudas es una mejora, pero esperemos que se respete esta pluralidad política cuando se produzca la elección de dicho consejo.


La tecnología tendría que servir para facilitar la pluralidad lingüística.
Hasta el momento, Radiotelevisión Española solo ha pronunciado palabras, pero en los nuevos canales de la televisión digital no hay ofrecimiento de posibilidades de fomentar ese plurilingüismo. Me parece que tendrán que demostrar que esto va en serio, que se lo creen, que eso que escriben lo van a cumplir. Nosotros vamos a apoyar esas enmiendas, que sin duda son una mejora, el proyecto de ley es una mejora, pero, como he dicho antes, con este sabor agridulce. Yo esperaba más, se lo digo sinceramente, esperaba que el Partido Socialista fuese más valiente con el papel de la Radiotelevisión pública plural. No nos basta con decir que en la anterior legislatura el Partido Popular manipulaba la televisión pública. Demuestren que esto no es así, utilicen esta televisión para desarrollar esta capacidad de pluralismo, la riqueza que representan las lenguas del Estado. No lo han demostrado, espero que lo hagan, que cumplan la proposición no de ley, que se salve Ràdio 4, que se salven las desconexiones territoriales y que se haga aquello que dice la Constitución. No nos echen. Para un partido independentista nos lo ponen fácil: ¿para qué vamos a pagar una Radiotelevisión pública que no nos sirve para nada a los ciudadanos de Cataluña, que no vemos respetado lo que dice la Constitución cuando muchos millones de personas del Estado español tienen una lengua diferente, un pluralismo diferente? No empiecen el plan de saneamiento por cerrar los centros territoriales, que son expresión de esta pluralidad, son una manera de conocernos todos, de evitar algunas situaciones que se producen. Aprovechen esto, es la oportunidad que ofrecemos desde nuestro grupo parlamentario a este proyecto de ley, que es una mejora, pero que se queda corto. Podíamos haber ido mucho más allá y ustedes no han querido.


Muchas gracias.


La señora VICEPRESIDENTA (Chacón i Piqueras): A usted, señor Puig, muchas gracias.


Continuamos con el turno del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió) y en su nombre tomará la palabra el señor Vilajoana.


El señor VILAJOANA ROVIRA: Señoras y señores diputados, el Grupo Catalán de Convergència i Unió entendía y entiende que era imprescindible dotar a la radio y a la televisión de titularidad estatal de un régimen jurídico que garantice su independencia, su neutralidad y su objetividad; que establezca estructuras organizativas y un modelo de financiación que les permita cumplir su tarea de servicio público con eficacia, con calidad y con reconocimiento público y hacerlo con el adecuado control del Parlamento de este país. La ley también prevé la supervisión de su actividad por una autoridad audiovisual independiente, a lo que el Gobierno se ha comprometido, y estoy seguro que lo cumplirá, en esta legislatura y concretamente en este período de sesiones.


La ley recoge las principales propuestas del informe del llamado consejo de sabios y asume la necesidad de reforma para elevar las exigencias de neutralidad, transparencia y calidad. Se debía superar, entendemos nosotros, una regulación insuficiente y claramente anticuada y establecer un mecanismo de financiación estable y adecuado a los principios comunitarios que la Unión Europea nos exige de proporcionalidad y de transparencia en la gestión del servicio público de radio y televisión evitando un proceso de financiación de déficits corrientes mediante el recurso al endeudamiento. Este año se ha dado una situación muy curiosa.
Decíamos: Televisión Española nos cuesta mucho dinero. Lo lamentable no es que nos cueste mucho dinero, sino que se lo va a costar a nuestros hijos, a nuestros nietos, etcétera. El endeudamiento era una fórmula de mirar hacia ninguna parte y de ir atrasando una solución que era imprescindible.


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La reforma resultaba y resulta inevitable, además, en un contexto de desarrollo tecnológico, con la aparición de nuevos operadores públicos y privados, con unos nuevos operadores autonómicos públicos y privados, con la aparición de la difusión por cable y por satélite y con la coexistencia con una sociedad de la información que estamos potenciando, y es positivo, pero genera nuevas formas de difusión, de ver la televisión y de comunicación que cambian todo el sistema audiovisual de este país. Hemos aprobado una ley de impulso de la televisión digital terrestre que marca un apagón analógico en el año 2010 como límite, con lo cual estamos en un proceso donde este apagón se va a empezar a producir muy a corto plazo y donde entendemos que la televisión pública debe ocupar una función de liderazgo que esta nueva corporación de Radiotelevisión Española debe acometer. Por todo esto aprobamos esta ley, le dimos nuestro apoyo -introdujimos previamente mejoras en un proceso de enmiendas en Comisión en este Congreso- y hoy vamos a aprobar las enmiendas que ha introducido el Senado. Concretamente vamos a apoyar las enmiendas a los puntos 4 y 5 del artículo 7; en el apartado 4 porque aunque nosotros entendíamos que en la ley la organización territorial y la capacidad de producción y de información estaban garantizadas, algunas decisiones, no solo movimientos, tomadas por la actual dirección general en su plan de saneamiento han forzado a que en el Senado la mayoría de los grupos parlamentarios hayan dejado claro que la organización territorial y una televisión pública deslocalizada son importantes y que los centros territoriales de Televisión Española han de aportar información y producción al conjunto del Estado y han de ser capaces de producir información y programas para su propia comunidad; es decir, hablamos de la localización y también de la globalización desde una estructura territorial descentralizada. Entendemos que era así y que aunque la ley lo dejaba al mandato-marco de nueve años controlado por el Parlamento, este elemento era factible. Es bueno -y por esto la vamos a apoyar- que dado que ha habido estos movimientos creo que erróneos por parte de la actual Dirección General de Televisión, quede claro en la ley que es necesaria la territorialización. Otro aspecto que compartimos plenamente es el carácter plurilingüe de esta televisión estatal y que las desconexiones respeten y utilicen las lenguas propias de las comunidades autónomas donde se difunden. Nos parece bien. Entendíamos que en la ley esto quedaba claro, nos parece bien que quede tan claro como ahora se especifica en esta enmienda que se ha aprobado en el Senado y que nosotros vamos a apoyar.


Estamos satisfechos, en esta línea de incertidumbre que han generado algunas decisiones de la dirección general, con la proposición no de ley que hace dos días se aprobó en esta Cámara, en el sentido de que, repito, esta descentralización, estos centros territoriales de Canarias y de Cataluña estén garantizados; que Ràdio 4, que ha hecho una gran aportación a la cultura y a la lengua en Cataluña -fue la primera emisora que a nivel global en Cataluña emitió en catalán, antes Ràdio Olot empezó a hacerlo pero solamente en el ámbito de Olot-, es una radio que debe buscar nuevos proyectos, que debe de ser relanzada y todo esto es lo que se aprobó anteayer en esta Cámara. Apoyamos completamente este tema.


También apoyamos la segunda enmienda, relativa al apartado 5 del artículo 7, porque se potencia la producción propia en Televisión Española, que no solamente se realizará en puntos centralizados, sino que se descentraliza. De esta forma, desde Canarias o desde Cataluña, se podrá mantener un nivel importante de producción y de aportación a la televisión del Estado y se aprovecharán al máximo posible las estructuras tecnológicas y humanas, el talento que sin duda hay actualmente en la corporación, que no solamente está en Madrid, sino que también está en Canarias, en Cataluña, en Galicia, en el País Vasco y está en el conjunto de territorios, donde está operando, repito, con un nivel muy alto de profesionalidad. Luego, que el plan de saneamiento o quien sea decida lo que sea en cuanto a la estructura, pero que conceptualmente no perdamos de vista este elemento. Por eso nosotros vamos a apoyar claramente estas dos enmiendas.


Finalmente, votaremos a favor de la enmienda a la disposición transitoria cuarta. Nos parece correcto el acuerdo sobre la elección de los miembros del Consejo de Administración y en este caso del presidente de este consejo, que tendrá carácter ejecutivo, y que deben ser escogidos por esta Cámara y por el Senado con mayorías de dos tercios. Nos parece bien, pero también nos lo parece esta enmienda a la transitoria que dice que si en el plazo de dos meses esto no se consigue, se vaya a la mayoría. Es decir, se trata de que haya una presión que creo que llevará al acuerdo.
No es admisible la situación que se ha dado en el pasado de que no se puedan hacer cambios en el Consejo de Administración sencillamente porque el partido que sea no se pone de acuerdo. Ahora mismo, como dice usted muy bien, señor López, tenemos bloqueado el Consejo de Administración porque, por quien sea, unas veces por culpa de un grupo y otras por culpa de otro, no somos capaces de conseguir la mayoría necesaria para cambiar y mantenemos eternamente consejos de administración desmotivados, reducidos y hacemos que la dirección general -y mi experiencia en este aspecto es clara- se encuentre desasistida en un consejo donde realmente no tiene el apoyo ni la fuerza necesaria para tomar decisiones que una dirección de la importancia que tiene la de Radiotelevisión Española debe tomar. Por tanto, estamos muy de acuerdo con la enmienda a esta disposición transitoria, que lo que debe de hacer es forzar a todos los grupos de esta Cámara a encontrar lo antes posible las mayorías necesarias para llevar a cabo una buena elección de este Consejo de Administración y de este presidente ejecutivo, que va a tener una gran responsabilidad pero también una gran oportunidad de ofrecer al conjunto del Estado español una televisión pública potente, fuerte, competitiva, plural, objetiva y además con el objetivo de construir una

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España plural desde el punto de vista lingüístico y cultural, y poliédrica y plural también en relación con los centros de producción. Apoyaremos estas enmiendas y estamos seguros de que seremos capaces, con el control de este Parlamento, de conseguir una televisión pública al servicio de los ciudadanos, que es el objetivo central que debe tener nuestra labor aquí en esta Cámara.


Muchas gracias, señora presidenta, señoras y señores diputados.


La señora VICEPRESIDENTA: (Chacón i Piqueras): A usted, señor Vilajoana, muchísimas gracias.


Continuamos, señorías, con el turno del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso y en particular con el de su portavoz en esta materia, la señora Montesinos.


La señora MONTESINOS DE MIGUEL: Gracias, señora presidenta.


Estamos ante un proyecto de ley cuyo tránsito parlamentario pasará a la historia por no haber logrado mejorar nada su contenido en todo el trayecto; es más, es sensiblemente peor que el que gestó el Gobierno en el verano del año pasado, y eso que el listón estaba muy alto. Entre el Congreso y el Senado los distintos grupos parlamentarios han propuesto más de 500 enmiendas, y mayoritariamente el Grupo Parlamentario Popular.
A nosotros nos pasa un poco como al Grupo de Esquerra Republicana de Cataluña esta mañana, que tenemos dos sentimientos encontrados, por una parte, la satisfacción de poder decir ahora que nos hemos sentido muy honrados de ser los portavoces de las demandas de muchos trabajadores de Radiotelevisión Española y de otras organizaciones y entidades con las que compartimos la idea fundamental, el diseño y la organización básica de un servicio público tan importante como es este; por otra, la decepción más profunda por la nula permeabilidad que el Grupo Socialista ha demostrado a lo largo de todo el recorrido y a la que luego nos referiremos con mayor detalle.


Hace veintiséis años el Parlamento reguló, con el respaldo de una amplísima mayoría política y con una voluntad de consenso inequívoca por parte de todos los grupos parlamentarios, la Radiotelevisión pública estatal mediante el Estatuto de la Radio y la Televisión. En esta ocasión el Grupo Socialista, haciendo gala de su falso talante, no ha tenido el menor interés por alcanzar un acuerdo de Estado en torno al futuro de la Radiotelevisión Española. El Grupo Socialista ha adoptado ahora la misma posición cerril que mantuvo durante los ocho años de Gobierno del Partido Popular, durante los cuales fue imposible siquiera contar con ellos en el ámbito de un reducido grupo de trabajo, creado en el seno de esta misma Cámara, una subcomisión, para proponer y consensuar un nuevo modelo de Radiotelevisión pública estatal. Finalmente, sería el Partido Popular el único grupo que registró en esta Cámara su propuesta, aunque el guión que desde el primer día le escribieron al portavoz del Grupo Parlamentario Socialista diga lo contrario, pero la verdad es esta.


Señorías, desde el primer momento del debate parlamentario hemos mantenido que la discusión de este proyecto estaba viciada, estaba afectada por la existencia simultánea -como se ha dicho aquí esta mañana por parte de otros grupos parlamentarios- de un plan de saneamiento previsto en la disposición adicional trigésimo quinta de los presupuestos generales. El tiempo ha demostrado la incompatibilidad e inconveniencia de tratar a la vez ambas iniciativas; de la misma forma lo han apreciado los trabajadores y, como decía, los mismos grupos parlamentarios que me han precedido. Es decir, la casa se ha empezado por el tejado; pero no solamente es eso, sino que se han visto afectados los cimientos de la reforma.


Creemos que la reforma de la Radiotelevisión pública estatal debería servir para reafirmar su fortaleza, su utilidad social y para adecuar su papel al nuevo panorama audiovisual. Y lo que nos hemos encontrado tras dos años de Gobierno socialista es un panorama absolutamente desolador y desalentador, donde la Radiotelevisión pública española nunca como ahora había estado tan debilitada, tan gubernamentalizada ni tan entregada a un partido como es el Partido Socialista. La mejor prueba de que el Senado no ha corregido los defectos de este proyecto y de que ni siquiera parece que ha debatido el mismo texto que conocemos los demás es releer alguna intervención, sobre todo la del portavoz del Grupo Socialista en el Senado. Él decía: Los principios inspiradores han sido: primero, mantener la titularidad pública de la radio; segundo, garantizar su independencia mediante un organismo supervisor configurado como autoridad independiente; tercero, conciliar su rentabilidad social con la necesidad de dirigirse a la más amplia audiencia en su programación; cuarto, una gestión económica ordenada y viable. La realidad es absolutamente distinta. La titularidad pública ha adelgazado soberanamente y se han abierto las puertas a las emisiones codificadas y de pago; no hay ninguna autoridad audiovisual independiente; la audiencia ha caído más de cinco puntos y medio, en un descenso continuado e imparable desde hace dos años; y la gestión económica ha hecho perder a Radiotelevisión Española ni más ni menos que 160 millones de euros, solo por la caída en ingresos publicitarios. Eso lo dijo el director general de la SEPI, no es un invento del Grupo Parlamentario Popular. Calculó a 28,7 millones de euros por punto de audiencia perdido; multipliquen y verán cómo les salen los 160 millones. Por tanto, las limitaciones publicitarias de las que se hablaba tampoco se concretan.


Señorías, las enmiendas del Senado, de acuerdo con el mensaje motivado que viene de esta Cámara, tienen que ver con cuatro puntos muy concretos del proyecto de ley: estructura territorial, producción propia, Orquesta y Coro y elección del consejo y presidente. La referencia a la estructura territorial de Radiotelevisión ha ido dando tumbos desde la ausencia clamorosa en el

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texto inicial, como pudimos ver, hasta la expresión tímida que el Grupo Socialista acepta incluir en el Congreso, eso sí, maquillada un poco la última versión, que es la del Senado.


La realidad es que los centros territoriales no se citan expresamente.
Tampoco se alude, por supuesto, ni a esa utilidad pública que tienen ni a nada por el estilo. El Grupo Socialista ha ido a rastras en este punto, hasta ceder en una referencia absolutamente enclenque, que es exactamente el papel que han reservado a los centros territoriales. Esto es -yo les ponía el ejemplo el otro día- como cuando se nos hace creer que en un municipio se mantiene la casa cuartel porque se puede decir que hay presencia de la Guardia Civil en tal municipio, y resulta que lo que se hace es demoler la casa cuartel y dejar un motorista. Claro que hay presencia de la Guardia Civil, pero de la dotación que tenía inicialmente a la que ha quedado hay una diferencia. Esto es también como cuando la ministra de Vivienda dijo que a cada joven se le entregaría un piso, y hemos pasado del piso a unas zapatillas virtuales para: póngase usted a buscar un piso. Esa es la misma realidad trasladada a los centros territoriales y, por supuesto, al centro territorial de Canarias.


En cuanto a la producción propia, continúa diciendo el portavoz socialista: En la programación de Radiotelevisión ha sido un objetivo preferente de nuestro grupo, toda vez que en la etapa del Gobierno anterior se han confundido en algún caso las productoras privadas y los programas informativos, algo que no podemos compartir. Nuestras enmiendas, por tanto, se han dirigido siempre a la importancia y la relevancia que tiene la producción propia. Pero lo claro es que hasta ahora la factoría Caffarel solo ha sabido regalar a otras cadenas el horario estelar de la televisión sumando para ello la nómina de absolutos fracasos.


Por lo que se refiere a la Orquesta sinfónica y el Coro, recibían tristemente en el Senado la puntilla de su desafectación del ente público, algo que nosotros sospechábamos desde el primer día. La Orquesta y el Coro tienen el mismo presupuesto que lo que le ha costado la actual dirección general a las arcas del ente público por la pérdida solo -insisto, solo- de 30 décimas de audiencia. Recordemos que han sido más de 5,5 puntos lo que ha caído en estos últimos dos años. Si una Orquesta sinfónica y un Coro con un bagaje de cincuenta años y una calidad indiscutible a sus espaldas no es un servicio público en neto, entonces, ¿qué es una actividad de servicio público audiovisual? Es el mismo caso de Radio Nacional de España o de Ràdio 4. Son más de 160 millones de euros lo que la dirección general ha perdido por su obcecado sectarismo y contrastada ineptitud para la gestión del ente público: el presupuesto de Radio Nacional de España de todo un año; quince años del presupuesto de la Orquesta sinfónica y el Coro o veinte años del presupuesto de Ràdio 4.


Señorías, es falso que el saneamiento económico y la estabilidad de Radiotelevisión sean el objetivo esencial del Gobierno ni del Grupo Parlamentario Socialista. Desde hace dos años la Radiotelevisión Española se está cediendo o regalando a trozos: se regala la audiencia, se regalan los ingresos publicitarios, como ha dicho el presidente de la SEPI, porque se han perdido nada más y nada menos que 28,7 millones de euros por punto de audiencia. Se cierra Ràdio 4, se cierra el centro de producción de Canarias, se envía al régimen de clases pasivas a más de la mitad de la plantilla de Radiotelevisión Española y eso viene a corroborar lo que nosotros estamos diciendo: que el plan de saneamiento está absolutamente vinculado, y lo dice hoy un medio al que, por cierto, ustedes han facilitado la última reforma.


La última modificación propuesta es, desde nuestro punto de vista, la más lesiva para Radiotelevisión Española, la que muestra la auténtica falta de voluntad para garantizar la independencia del medio, la que delata el interés supremo en rebajar los controles y los mecanismos reforzados de elección de los principales órganos previstos para el Consejo de Administración y el presidente de la futura corporación. Cuando el proyecto de ley llegó al Senado era precisa una mayoría de dos tercios.
Hoy ya solo es necesaria mayoría absoluta. ¿Por qué? Porque aquello de lo que se le está llenado la boca al Gobierno, la necesidad de desgubernamentalizar la televisión, a lo que lleva es a encontrar la fórmula mágica para no necesitar los dos tercios de la Cámara, a poder hacerse a su medida y cortarse bien cortado el traje; eso sí, solo sería en la primera ocasión, con motivo de la fundación de la nueva corporación. A partir de ese momento volveríamos a los dos tercios necesarios para la elección. Es decir, cuando gobierna el Partido Socialista vale la mayoría absoluta para colocar a los suyos y a los que le interesen, y cuando no, entonces sí hablamos, para el resto de los partidos de distinto signo, de que es necesario el pluralismo, pero mientras gobierna el Partido Socialista no. Vamos a un consejo monocolor que puedan gobernar y dirigir como Radiotelevisión Española. Queda bien claro que con este nuevo modelo no están garantizados la independencia ni, desde luego, el pluralismo.


Termino, señorías, esta ley de Radiotelevisión Española no durará los veintiséis años que ha durado la ley precedente, a la que va a sustituir.
Esta ley es una mala regulación de un servicio público cuyo devenir está plagado de sombras y dudas. Esta ley facilita el control de los medios públicos por parte del Gobierno socialista, pero hace un flaco servicio a la sociedad española y al pluralismo político que se representa en esta Cámara. Con esta ley otros operadores -salvo, eso sí, Radiotelevisión Española- tienen el campo absolutamente despejado para alcanzar sus fines pero no van a prestarse mejor las funciones que ya tiene encomendadas.
Esta ley está totalmente condicionada a un plan de saneamiento que no se debate aquí y votar a favor de esta ley lleva parejo el cierre de Ràdio 4, la desaparición de los centros territoriales, el abandono de la Orquesta y el Coro, la renuncia al liderazgo social y, por supuesto, el cierre del

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centro de producción de Canarias. Resulta cuanto menos sorprendente que hace escasamente dos días prosperaran una serie de iniciativas, alguna del Grupo Parlamentario Popular, pidiendo la permanencia del centro de producción de Canarias, apoyando la permanencia de Ràdio 4 con las delegaciones de Radio Nacional y los centros territoriales y, sin embargo, hoy se vaya a consumar con los votos de los grupos parlamentarios que van a votar favorablemente que se cierre Ràdio 4, que se cierre el centro de producción de Canarias, que se adelgacen los centros territoriales y se transformen en delegaciones o corresponsalías de un cámara o un periodista. Eso es lo que van a consentir ustedes. Por lo tanto, esta ley es el principio del fin de Radiotelevisión Española y votarla afirmativamente es contribuir a su entierro, es firmar su acta de defunción. Por tanto, pido que cuanto menos reflexionemos sobre lo que conlleva la aprobación de esta ley. Queda muy claro que el Grupo Parlamentario Popular se opone a una pantomima como la que esta mañana se va a celebrar.


Muchas gracias. (Aplausos.)

La señora VICEPRESIDENTA (Chacón i Piqueras): Gracias, señora Montesinos.


Finalizamos este debate con la intervención del Grupo Parlamentario Socialista, en particular con su portavoz en esta materia, don Óscar López.


El señor LÓPEZ ÁGUEDA: Gracias, señora presidenta.


Culminamos hoy la tramitación de una ley muy importante para nuestro país; importante porque mejora el servicio público de Radiotelevisión, lo que supone una mejora importante de la calidad de nuestra democracia porque los ciudadanos tienen derecho a una televisión pública fuerte, de calidad, que les informe y que no les manipule. Han sido muchos meses de trabajo de mucha gente para sacar adelante este proyecto, por eso quiero comenzar mi intervención agradeciendo el trabajo al comité de expertos que durante nueve meses recabó múltiples opiniones para la elaboración de su propuesta. Quiero agradecer a los múltiples expertos que han comparecido en este Parlamento para enriquecer el debate de esta ley, a los sindicatos que han trabajado intensamente para mejorarla y también el trabajo de todos los grupos parlamentarios que ha servido para mejorar el texto de esta ley. Un trabajo parlamentario que ha permitido ir ampliando progresivamente el apoyo a esta ley mediante el diálogo para llegar finalmente a un consenso que ya no es noticia en esta legislatura: el consenso de todos los partidos menos uno. Porque el PP se ha vuelto a quedar solo en el rechazo a un proyecto de ley. Un consenso que ha permitido que el Senado nos envíe hoy -que es lo que debatimos hoy aquí y no la ley, como decía la señora Montesinos- cuatro enmiendas; cuatro enmiendas que son fruto del acuerdo entre todos los grupos menos uno, claro, como decía, y que mejoran de nuevo la ley.


En relación con las cuatro enmiendas les diré -y están aquí los representantes de la Orquesta y Coro de Radiotelevisión Española- que el Grupo Parlamentario Socialista votará en contra de la ley de la Orquesta y Coro dado que los grupos proponentes así lo han manifestado y, por lo tanto, el Grupo Parlamentario Socialista mantiene su posición de siempre, que fue que la ley no era el sitio para resolver el futuro de la Orquesta y Coro y, dado que los grupos proponentes votarán en contra, el Grupo Parlamentario Socialista también votará en contra de esa enmienda, que es lo que quiere la Orquesta y Coro de Radiotelevisión Española.


La representante del Grupo Parlamentario Popular -que va en esa autopista en la que todos los coches van en contra y al final la que va en sentido contrario es ella- decía una serie de cuestiones bien interesantes. En primer lugar, quiero recordarle que el plan de saneamiento que está llevando a cabo el Gobierno ha sido votado en este Parlamento, luego es un mandato de este Parlamento que está cumpliendo el Gobierno y Radiotelevisión Española. No sé si para usted son importantes los Presupuestos Generales del Estado, pero los Presupuestos Generales del Estado para 2006 exigen ese plan de saneamiento. En segundo lugar, quiero guardar el acta de la sesión de hoy porque en el futuro inmediato llegará al Congreso una ley para generar esa autoridad audiovisual que usted votó recientemente cuando la propuso CiU y quiero ver lo que vota usted aquí cuando llegue esa autoridad audiovisual, ya que se queja de que no existe. Por lo tanto, tan pronto como llegue, quiero saber qué dice el Grupo Parlamentario Popular al respecto. Y no me hable usted sobre dos tercios, mayorías reforzadas o forma de elección parlamentaria; usted no, por favor. Porque esta ley establece que la elección de la dirección de Radiotelevisión Española será en el Parlamento, mientras que durante su Gobierno siempre ha sido desde el Gobierno. Señorías, la televisión cumple hoy cincuenta años en nuestro país porque Radiotelevisión Española cumple cincuenta años. Fue Radiotelevisión Española quien hizo posible que los españoles pudieran disfrutar a lo largo de estos cincuenta años de la radio y la televisión como un servicio público. Radiotelevisión Española fue pionera en la era de la televisión analógica, y estoy seguro de que será pionera de nuevo en la era de la televisión digital. La regulación de ese servicio público cuenta ya con más de 25 años, con 26 años. En estos 26 años han aparecido en España las televisiones privadas, las televisiones autonómicas, las televisiones locales, la televisión digital, la televisión por cable, por satélite, por internet, e incluso ahora también por teléfono móvil. Señorías, hoy España también forma parte de la Unión Europea. En definitiva, teníamos una regulación propia de una televisión en régimen de monopolio, y necesitamos una regulación propia de la era digital y de la proliferación de los medios audiovisuales y las nuevas tecnologías. Señorías, teníamos una legislación antigua para una televisión moderna.


Estos argumentos por sí solos serían más que suficientes para afirmar la necesidad y la urgencia de esta

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ley, pero hay más. El modelo de radio y televisión pública en nuestro país ha derivado hacia el control político y el endeudamiento económico. Así lo reconocía el candidato Aznar en el año 1996. Por eso el señor Aznar se comprometió a hacer una Radiotelevisión Española independiente y saneada económicamente. Sin embargo, el ya presidente entonces, Aznar, se dedicó durante ocho años a nombrar directores de Radiotelevisión Española tan independientes como la señora Ridruejo, el señor López-Amor o el señor Cabanillas. (Aplausos.) El señor Aznar consiguió tanta independencia para Radiotelevisión Española que todos los españoles tuvimos que sufrir el bochorno de una condena judicial por manipulación informativa, así como diversos pronunciamientos por parte de organismos internacionales por el mismo motivo. Por cierto, como recordaba antes algún portavoz, también por parte de la Unión Europea en relación con la deuda. Claro, que entonces corría el tiempo en que las huelgas generales no existían en Radiotelevisión Española, el tiempo en el que las catástrofes ecológicas eran hilillos, el tiempo en el que los que dudaban sobre la autoría de un atentado eran miserables. Menudo servicio público, señorías, cuando los ciudadanos tenían que acudir a otros medios, incluso a medios internacionales extranjeros, para saber qué había pasado en las costas de Galicia o en unos trenes de cercanías de Madrid. Ese sí que era un servicio público, el que prestaba el Partido Popular. (Rumores.) Claro que la manipulación salía cara. En la etapa de Gobierno del Partido Popular la deuda de Radiotelevisión Española se multiplicó por seis, hasta llegar al 1 por ciento del PIB de nuestro país, señorías. Ironías de la vida. Los mismos ciudadanos que fueron manipulados por su Radiotelevisión Española van a tener que pagar ahora la deuda que ustedes generaron en Radiotelevisión Española. En definitiva, señorías, teníamos un modelo antiguo de Radiotelevisión Española al cual el PP le metió el turbo en la manipulación y en la deuda. Por eso aún es más urgente y necesaria esta ley. Por eso hoy en este Parlamento vamos a poner fin a la televisión de partido, de la deuda y de la manipulación. (Aplausos.) Por eso, señorías, vamos a acabar con un modelo antiguo de televisión. Por eso hoy vamos a pasar de la televisión del siglo XX a la televisión del siglo XXI. Una televisión -son los contenidos de la ley- cuya dirección se elija en el Parlamento mediante consenso y no por el Gobierno de turno. Una televisión cuyo mandato marco y cuyo contrato-programa establezcan claramente cuáles son sus cometidos y la financiación adecuada para llevarlos a cabo, reforzando la independencia y la profesionalidad de sus profesionales. Señorías, esta ley, lo saben ustedes bien porque conocen el texto, pone fin al endeudamiento ilimitado de Radiotelevisión Española garantizando una financiación mixta acorde con las obligaciones de Radiotelevisión Española, pero exigente con el rigor en la gestión de sus directivos que, como ustedes saben, es incluso motivo de cese si no cumplen con sus compromisos presupuestarios.


En política -algunos no lo creen, pero yo sí- son muy importantes la coherencia y la palabra. Por eso me he tomado la molestia de comparar el programa electoral del Partido Popular en el año 2004, y es verdad que en materia de televisión pública el programa del Partido Popular no era muy ambicioso, tenía muy pocos puntos. Además, es muy curioso porque el programa que hizo el Partido Popular en el año 2004, cuando estaba en el Gobierno, tenía siempre una estructura: balance de lo que habían hecho en cada materia y propuestas en cada materia. En materia de radio y televisión públicas, el balance era cero, está en blanco en el programa del Partido Popular; hay que reconocer que por una vez fueron coherentes, no tenían nada que vender sobre lo que habían hecho durante cuatro años.
Las propuestas -repito, están en el programa del Partido Popular- se las resumo porque son muy sencillas: El Partido Popular está comprometido con una radio y una televisión públicas de calidad, con un nuevo modelo de financiación de las televisiones públicas y que culmine el procedimiento de saneamiento financiero del Ente Público RTVE.


Señorías, después de leer este cortito pero bien orientado programa, que es un reconocimiento propio de su fracaso en Radiotelevisión Española, y después de leer lo que dice la Ley de Radiotelevisión Española, no entiendo cómo el Partido Popular no puede votar a favor de esta ley; no lo entiendo. O sí, a lo mejor sí lo entiendo, a lo mejor, porque para el Partido Popular el modelo no es el que recoge su programa. Quizás el modelo del Partido Popular sea el que ha estado practicando durante ocho años en Radiotelevisión Española y el que sigue practicando hoy en televisiones tan independientes y tan ejemplares como Telemadrid, Canal 9 o IB3, que son ejemplo de la pluralidad y de la buena gestión económica.
(Aplausos.) Lo decía el propio director de Telemadrid: somos la reserva espiritual de España. Lo decía el director de Telemadrid, señorías.
(Risas.) Sí, ahí está el reconocimiento por parte del propio Partido Popular de cuál es su modelo de Televisión Española, no el que estaba en el programa, sino el que aplicaron durante ocho años y el que siguen aplicando de manera indigna en las comunidades autónomas en las que gobiernan. En todo caso, señoría, además de tener otro modelo, esta ley tiene otro problema para el Partido Popular. Esta ley tiene un problema fundamental para el Partido Popular porque supone una reforma, y sabemos que los conceptos reforma y Partido Popular casan mal. Lo hemos visto durante mucho tiempo, lo conocemos ya en la democracia de este país, lo saben muy bien las personas que trabajaron en la redacción de la Constitución española, lo saben muy bien las personas que han trabajado durante muchos años para que las personas del mismo sexo puedan contraer matrimonio, lo saben muy bien las personas que trabajaron para que hubiera una ley de divorcio; todos ellos saben que ustedes no hicieron nada para aquello, pero luego se beneficiaron como los primeros de todas esas reformas. (Aplausos.) Y yo les digo, señorías, que a pesar de que una vez más el Partido

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Popular llegue tarde, una vez más trate de vetar esta reforma, de impedir esta reforma, de torpedear esta reforma, que es lo que ha hecho a lo largo de seis meses, a pesar de esto, a los que tenemos voluntad de reformar no nos van a parar y vamos a seguir reformando. Les hago un adelanto: en un futuro inmediato Radiotelevisión Española será un modelo ejemplar para las televisiones en nuestro entorno europeo y estará saneada económicamente y algunos, que serán ustedes, sacarán pecho sobre la reforma que en su día se hizo en Radiotelevisión Española. Pero no se preocupen, señorías, que todo el mundo sabe qué es lo que han hecho ustedes en el pasado y lo que siguen haciendo en el presente.


Muchas gracias. (Aplausos.)

La señora VICEPRESIDENTA (Chacón i Piqueras): A usted, señor López, muchísimas gracias.


-PROPOSICIÓN DE LEY DE MODIFICACIÓN DE LA LEY ORGÁNICA 3/1984, DE 26 DE MARZO, REGULADORA DE LA INICIATIVA LEGISLATIVA POPULAR. (Número de expediente 122/000050.)

La señora VICEPRESIDENTA (Chacón i Piqueras): Debatido este punto 41, señorías, entramos en el debate del punto 42 del orden del día de hoy referido a la proposición de ley de modificación de la Ley Orgánica 3/1984, de 26 de marzo, reguladora de la iniciativa legislativa popular.
Debate constituido por turnos de fijación de posiciones. ¿Grupos parlamentarios que deseen fijar posición? (Pausa.) Comenzamos con el turno del Grupo Parlamentario de Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya Verds y, en particular, con su portavoz don Gaspar Llamazares. Cuando quiera. (Rumores.) Silencio.


El señor LLAMAZARES TRIGO: Gracias, señora presidenta.


Comparezco como grupo parlamentario proponente de la reforma de la iniciativa legislativa popular en lo que es su último tramo legislativo.
Nosotros anunciamos que votaremos a favor de las enmiendas que provienen del Senado, que no hacen más que mejorar el texto consensuado por todos los grupos parlamentarios de esta Cámara con respecto a una institución bastante desconocida, pero muy antigua, desde la Constitución de Weimar, por tanto, una institución básica de las democracias contemporáneas. Es verdad que en nuestro país siempre ha habido, desde la Constitución de 1978, una desconfianza de fondo a lo que podríamos denominar las instituciones de la democracia participativa. Con razón, porque estas instituciones en épocas autoritarias se han utilizado contra Montesquieu, contra la democracia representativa. En este caso no pretende contraponer la mejora de la iniciativa legislativa popular a las instituciones representativas o a la democracia representativa. Rousseau no se enfrenta a Montesquieu en este caso, sino que pretendemos complementar las instituciones de la democracia representativa con mecanismos más participativos, más transparentes y más abiertos para los ciudadanos de forma colectiva o de forma individual. En nuestra opinión, con las condiciones de los inicios del siglo XXI y de la globalización, se hace cada vez más necesario no solo revitalizar la democracia representativa y sus instituciones, sino mejorar y consolidar las de la democracia participativa como son el referéndum o la iniciativa legislativa popular, el derecho de petición, los consejos participativos, etcétera. Por eso hemos promovido esta reforma de la iniciativa legislativa popular, que no pretende otra cosa que superar la desconfianza de la democracia española hacia esta institución y remover los mecanismos que suponían una verdadera carrera de obstáculos para promover una iniciativa legislativa popular por parte de este Congreso, por parte del poder público. Por tanto, el resultado final no es la propuesta inicial de nuestro grupo parlamentario ni remueve todos los obstáculos, pero avanza en el sentido correcto para remover los principales de la iniciativa legislativa popular. Así, esta iniciativa legislativa popular, por una parte, permite en el marco del reglamento de las Cámaras la participación directa de los proponentes, cosa que no estaba permitida con anterioridad. En segundo lugar, esta iniciativa legislativa popular no tiene por qué tener unidad temática sino no ser incongruente o contradictoria en sí misma con distintos puntos de materias disímiles. Plantea la congruencia, pero no plantea tantos requisitos como la iniciativa legislativa popular anterior. Por otra parte, tiene más tiempo para los proponentes -prácticamente dobla el tiempo de la recogida de firmas en la iniciativa legislativa popular- y por primera vez se establecen mecanismos ciertos de financiación de los grupos que promueven las iniciativas legislativas populares, es decir, se facilita la iniciativa legislativa popular. Es verdad que se mantienen contradicciones de fondo, que no hemos podido superar en alguno casos por barreras constitucionales y en otros casos por barreras legales, que no voy a referir en esta intervención porque es solo para fijar la posición de mi grupo. Agradezco que después de un año esta iniciativa se haya aprobado en el Congreso y en el Senado y que vaya a aprobarse ahora definitivamente como ley orgánica, así como el consenso de las fuerzas políticas parlamentarias, que no es muy frecuente, y saludo también que a partir de hoy la iniciativa legislativa popular, como mecanismo de participación directa, será más fácil en nuestro país y que, por tanto, igual que con la iniciativa anterior avancemos en la regeneración y revitalización democrática en España.


Muchas gracias.


La señora VICEPRESIDENTA (Chacón i Piqueras): A usted, señor Llamazares.


Continuamos con el turno del Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana de Cataluña. Tomará en su nombre la palabra el señor Agustí Cerdà.


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El señor CERDÀ ARGENT: Gracias, señora presidenta.


De todos es conocido que Esquerra es un partido político que apuesta y ha apostado siempre por la participación ciudadana. Ha quedado demostrado patentemente en las últimas semanas. La iniciativa legislativa popular puede considerarse la cúspide o la expresión máxima de la participación, aunque tiene sus límites, y alguno debe tener. La iniciativa legislativa colectiva está expresamente prohibida por el artículo 87.3 para regular materias propias de ley orgánica, tributarias, de carácter internacional ni en lo relativo al derecho de gracia, pero parece que el Partido Popular aún no se ha enterado. La iniciativa legislativa popular está expresamente prohibida también para reformar la Constitución por el artículo 166 de la misma, también está prohibida la iniciativa legislativa popular, y ustedes, señores del Partido Popular, lo saben, en virtud del artículo 92 de la Constitución española. Tal y como está regulado, únicamente el presidente del Gobierno ejerce este derecho.
Ninguna otra persona, grupo o institución puede iniciar un proceso legal que conduzca a un referéndum estatal. Aparte, toda institución local, autonómica o de cualquier tipo necesita de la autorización del Estado, y no será el Grupo de Esquerra Republicana quien defienda acérrimamente estos límites u otros a las libertades políticas y democráticas, como pudiera ser por ejemplo la prohibición de un referéndum o la negación de un referéndum de autodeterminación. Efectivamente, este no es el debate de hoy, este debate seguramente lo tendremos, y de un cierto nivel, la próxima semana.


Por ello, vistos los límites fijados de entrada por la Constitución, que ustedes deberían conocer, Esquerra Republicana ha puesto de manifiesto en los diferentes trámites parlamentarios de la proposición de ley y en la defensa de sus enmiendas que debe flexibilizarse el procedimiento de participación ciudadana en las Cortes Generales. No tienen por qué agravarse los requisitos de tramitación más de lo estrictamente necesario. La proposición de ley ha adaptado tímidamente la realidad lingüística al posibilitar el bilingüismo en las hojas de recogida de firmas y ha flexibilizado el procedimiento de la iniciativa legislativa popular, incorporando incluso alguna de las enmiendas de nuestro grupo parlamentario, pero se han mantenido algunas exigencias, que nos parecieron excesivas, en los trámites de admisión y de toma en consideración. Se ha impedido, por ejemplo, introducir la posibilidad de presentar la iniciativa de forma articulada o de forma genérica, tal y como se recoge en el ordenamiento constitucional helvético. Aun así, se ha avanzado considerablemente y, por ello, votaremos a favor de las dos enmiendas presentadas por el Senado y del dictamen final de la proposición de ley orgánica. Votaremos favorablemente la reforma de la ley orgánica porque, en definitiva, supone un pequeño avance en la calidad democrática. Esquerra ha dado recientemente un ejemplo de democracia. Ello nos permite eludir grandes discursos sobre la participación. La iniciativa legislativa corresponde, y así es la ley, al Gobierno, al Congreso y al Senado, pero también a las asambleas de las comunidades autónomas y a la ciudadanía, tal como recoge el artículo 87 de la Constitución. Las libertades políticas más clásicas de la ciudadanía son justamente la iniciativa legislativa popular y el referéndum. Hoy aprobaremos una reforma en la que se proponen algunas de las demandas clásicas respecto a la tramitación de las iniciativas legislativas populares. Esperemos que el camino sea el de la profundización de las libertades políticas y democráticas. Si lo es, allí nos encontrarán.


Muchas gracias.


La señora VICEPRESIDENTA (Chacón i Piqueras): Gracias, señor Cerdà.


Continuamos con el turno del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió). Tiene la palabra el señor Xuclà.


El señor XUCLÀ I COSTA: Señorías, intervengo brevemente en nombre del Grupo Parlamentario de Convergència i Unió para fijar la posición ante estas dos enmiendas que traen causa del informe motivado que nos llega del Senado. Anuncio nuestro voto afirmativo, deseando, como creo que así será, que se incorporen en la redacción final de esta ley.


En este momento final de la tramitación de esta ley, vuelvo a felicitar al grupo promotor de la misma, al Grupo Parlamentario de Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya Verds, porque supone una mejora en los mecanismos de participación directa y, por tanto, en la maduración de la calidad democrática y de una vía más de participación democrática. Como han dicho otros grupos parlamentarios, estamos hablando de dos enmiendas cargadas de sentido común, que permiten la posibilidad de que un representante de la comisión promotora de la iniciativa legislativa popular pueda intervenir en la presentación de dicha iniciativa en el ámbito parlamentario y de acuerdo con nuestra norma de autorregulación, que es el reglamento parlamentario de cada una de las cámaras. Esto nos parece analógicamente muy razonable, pues está de acuerdo con la posibilidad de que los representantes de las comunidades autónomas no solo puedan, sino que intervengan en la presentación de las proposiciones de ley a iniciativa de las comunidades autónomas. Por otra parte, en la nueva redacción del artículo 4 de la ley, muy razonable, se contempla la posibilidad de la firma electrónica, a la espera de que la evolución de la técnica haga definitivamente posible la incorporación de esta forma de adhesión a la iniciativa legislativa popular.


Por estas razones, anunciamos nuestro voto favorable a estas dos enmiendas y valoramos muy positivamente esta ley.


Muchas gracias, señora presidenta.


La señora VICEPRESIDENTA (Chacón i Piqueras): Muchas gracias, señor Xuclà.


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Señorías, continuamos con el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso y tomará en su nombre la palabra el señor Bermúdez de Castro.


El señor BERMÚDEZ DE CASTRO FERNÁNDEZ: Muchas gracias, señora presidente.


Señorías, intervendré con brevedad. Debatimos dos enmiendas que nos remite el Senado a la Ley orgánica reguladora de la iniciativa legislativa popular y lo hacemos con el mismo ánimo de consenso que ha presidido toda la tramitación parlamentaria de esta reforma, en la que hemos buscado como objetivo eliminar trabas y cautelas innecesarias, reducir requisitos y formalismos y simplificar procedimientos, todo ello en aras a facilitar el ejercicio de este derecho constitucional. Objetivo -y lo digo con satisfacción- que sin duda se ha cumplido con creces mejorando sustancialmente la hasta ahora vigente Ley de 1984. La enmienda al artículo 7 -ya se ha dicho- es de carácter técnico que trataba de evitar no sé si la cacofonía, pero sí al menos la reiteración clara que suponía el texto aprobado en esta Cámara referido a la firma electrónica que remitía a la regulación de la legislación. Es evidente que la redacción era susceptible de mejora, por lo que aceptamos de buen gusto la corrección que nos hace la Cámara Alta. Sin embargo, la que hace referencia al artículo 13 tiene un mayor calado, pues nos lleva a perfilar aún más si cabe la propia naturaleza jurídica y el alcance y efectividad de este derecho constitucional, de este instrumento de democracia semidirecta que se configura en nuestro sistema como excepción a la democracia representativa, que es el modelo que con carácter general consagra nuestra Constitución. Señorías, es verdad que nos encontramos ante el instrumento más laborioso de todos los previstos para conformar la voluntad del Estado y que por ello esta reforma tenía que tener por objeto -como así ha sido- eliminar todas cuantas trabas fueran necesarias para favorecer su ejercicio por parte del conjunto de la sociedad. Pero una cosa es reducir o suprimir formalismos y otra bien distinta considerar, como opinan algunos, que la proposición que impulsa la iniciativa legislativa popular no tiene que salvar el trámite de la toma en consideración por las Cortes, como ocurre con el resto de las proposiciones de ley, viniendo obligada las Cortes a hacerla suya.


Ya hemos debatido mucho sobre este tema a lo largo de toda la tramitación parlamentaria, pero debo recordar que este derecho, este mecanismo de participación, supone exclusivamente la capacidad de iniciar el procedimiento legislativo. Un derecho que se desarrolla mediante la recogida de firmas como expresión y a la vez requisito de respaldo de la proposición que se postula y que logra su plena efectividad en el acto mismo del debate de su toma en consideración por las Cortes. Entonces es cuando las Cámaras deciden hacer suya o no la iniciativa y, si lo hacen, son las Cámaras y sólo las Cámaras las únicas titulares de la misma, pudiendo introducir como sede de la soberanía popular todas cuantas modificaciones estimen oportunas. Por eso la iniciativa legislativa popular, a diferencia del referéndum, es un mecanismo de participación semidirecta, porque consigue su plena eficacia en el inicio del procedimiento legislativo correspondiendo posteriormente a las Cámaras -si así lo estiman conveniente- su examen, discusión, reforma y, en su caso, aprobación de la proposición que se postula. Ahora bien, una cosa es que la iniciativa legislativa popular deba tramitarse como toda proposición de ley y por tanto salvar el trámite de la toma en consideración, y otra que dicho trámite se establezca como mandato legal con independencia de lo que en la actualidad o en un futuro establezcan los reglamentos de las Cámaras. Eso es precisamente lo que corrige la enmienda del Senado al artículo 13 al referir a los reglamentos de las Cámaras no solo el debate de la toma en consideración, sino la totalidad de su tramitación parlamentaria. Así, la iniciativa legislativa popular deberá pasar el trámite de la toma en consideración por las Cortes como toda proposición de ley, pero si un día los reglamentos de las Cámaras eliminan ese requisito para el resto de las proposiciones de ley, también se eliminará para este derecho constitucional. En eso estamos de acuerdo y sin duda la enmienda del Senado mejora y aclara el alcance de la redacción dada en su día por el Congreso.


Por ello termino, señorías, anunciando el voto favorable de mi grupo a estas dos enmiendas, mostrando de nuevo nuestra satisfacción por el consenso alcanzado en esta reforma gracias al esfuerzo de todos los grupos parlamentarios, lo cual, siendo muy importante y deseable en todo el proceso legislativo, lo es aún más tratándose, como es el caso, de una ley orgánica de desarrollo de un derecho constitucional.


Muchas gracias.


La señora VICEPRESIDENTA (Chacón i Piqueras): A usted, señor Bermúdez de Castro.


Señorías, finalizamos este debate con el turno del Grupo Parlamentario Socialista, en cuyo nombre tomará la palabra en esta tribuna el señor Aranda.


El señor ARANDA ÁLVAREZ: Señora presidenta, señoras y señores diputados, subo a esta tribuna para fijar la posición del Grupo Parlamentario Socialista en relación con las dos enmiendas del Senado referidas a la iniciativa legislativa popular. Como ha señalado el resto de los portavoces de los grupos que han intervenido, y como voy a hacer yo, estas dos enmiendas suponen la mejora del texto que remitimos desde esta Cámara y, por tanto, ya adelanto que nuestra posición también va a ser positiva a la hora de votarlas, tanto la enmienda formulada al artículo 7.4 como la referida al artículo 13.2, por cuanto que suponen una mejora de carácter gramatical en el primer caso y una mejora de carácter de reforzamiento de la autonomía parlamentaria en el segundo. Por tanto, al Grupo Socialista le parecen aceptables estas dos enmiendas y, como hará con el resto del texto, las votará favorablemente.


Señorías, como digo, creemos que en este caso se mejora el texto y se hace algo que también es relevante

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en este trámite parlamentario, como es mantener el consenso que esta Cámara alcanzó en torno a la reforma de la iniciativa legislativa popular. Además de señalar este aspecto, que es lo relevante en esta discusión, permítanme que utilice el tiempo que tengo para hacer una pequeña reivindicación a favor del instituto de la iniciativa legislativa popular y el valor que tiene en nuestro sistema constitucional. Yo sé, como seguro que muchos de ustedes saben, que en el fragor político de esta Cámara esta es probablemente una cuestión menor que no está en los elementos fundamentales del debate de ninguno de los grupos parlamentarios, pero la institución de la iniciativa legislativa popular es un instrumento de revitalización, de fortalecimiento de la democracia y sinceramente creo, señoras y señores diputados, que la democracia consolidada por el paso de estos años desde la aprobación de la Constitución de 1978 necesita también en estos tiempos de instrumentos que fortalezcan la participación ciudadana. Señorías, la iniciativa legislativa popular junto con el derecho de petición y el referéndum son de los pocos institutos que tiene nuestra Constitución para que los ciudadanos puedan hacer llegar sus impresiones y sus reivindicaciones a esta Cámara de una forma directa. También es bien cierto que tanto el derecho de petición como el referéndum no son precisamente de los institutos que más se suelen utilizar. Por tanto, que fortalezcamos la iniciativa legislativa popular despojando la ley que desarrolla este instituto de aquellos elementos que suponen dificultar su ejercicio es, sin duda alguna, un buen servicio a la democracia. En 1978, cuando se aprueba la Constitución española, la posición doctrinal y también de los grupos parlamentarios era de diferente signo en torno a la iniciativa legislativa popular. Hubo algunos grupos parlamentarios que en el debate constitucional manifestaron su preocupación y sus recelos a que en el que hoy es el artículo 87, apartado 3, de la Constitución se estableciese esta institución, pero finalmente se introdujo en este punto. Sin duda alguna se hizo con todos los recelos propios del contexto político en el que vivía nuestro país en 1978. En 1984 se aprueba la Ley de desarrollo de la iniciativa legislativa popular y también en aquel momento los recelos y las susceptibilidades ante este instituto hicieron que se estableciesen ciertas limitaciones, ciertas precauciones. Después de 25 años de democracia, después del proceso de consolidación de la democracia en nuestro país, es la oportunidad, es el momento para poder fortalecer esta institución. Hoy, señoras y señores diputados, lo que necesita la sociedad española es una democracia más participativa, una democracia más fortalecida y, por supuesto, mantener estas posibilidades modificándolas en el marco de una democracia parlamentaria racionalizada, que es lo que establece la Constitución española, es una manera de revitalizar políticamente la sociedad. Además, esos instrumentos de revitalización política de la sociedad, con la reclamación a que los ciudadanos puedan expresar sus opiniones, se hace de acuerdo con las previsiones constitucionales cuando se respetan los procedimientos. Por eso, señoras y señores diputados -ya voy concluyendo-, creo que el trabajo que hemos hecho, aunque modesto, ha mejorado sustancialmente la iniciativa legislativa popular y va a suponer, sin duda, una nueva oportunidad, un elemento más para que la democracia española se vea fortalecida con este instituto.


Muchas gracias. (Aplausos.)

La señora VICEPRESIDENTA (Chacón i Piqueras): Muchas gracias, señor Aranda.


DICTÁMENES DE LA COMISIÓN DE ASUNTOS EXTERIORES SOBRE CONVENIOS INTERNACIONALES.


-ACUERDO ENTRE EL GOBIERNO DEL REINO DE ESPAÑA Y EL GOBIERNO DE LA REPÚBLICA POPULAR DE CHINA PARA LA COOPERACIÓN EN LOS USOS PACÍFICOS DE LA ENERGÍA NUCLEAR, HECHO EN MADRID EL 14 DE NOVIEMBRE DE 2005. (Número de expediente 110/000142.)

-ACUERDO ENTRE EL REINO DE ESPAÑA Y LA REPÚBLICA POPULAR DE CHINA PARA LA PROMOCIÓN Y PROTECCIÓN RECÍPROCA DE INVERSIONES, HECHO EN MADRID EL 14 DE NOVIEMBRE DE 2005. (Número de expediente 110/000143.)

-ACUERDO ENTRE EL GOBIERNO DEL REINO DE ESPAÑA Y EL GOBIERNO DE LA REPÚBLICA POPULAR CHINA SOBRE EL ESTABLECIMIENTO DE CENTROS CULTURALES, HECHO EN MADRID EL 14 DE NOVIEMBRE DE 2005. (Número de expediente 110/000144.)

-CONVENIO ENTRE EL REINO DE ESPAÑA Y LA REPÚBLICA DE MALTA PARA EVITAR LA DOBLE IMPOSICIÓN Y PREVENIR LA EVASIÓN FISCAL EN MATERIA DE IMPUESTOS SOBRE LA RENTA, HECHO EN MADRID EL 8 DE NOVIEMBRE DE 2005. (Número de expediente 110/000145.)

La señora VICEPRESIDENTA (Chacón i Piqueras): Finalizado este debate, señorías, el siguiente punto del orden del día corresponde a los dictámenes de la Comisión de Asuntos Exteriores sobre convenios internacionales.


Un grupo parlamentario ha solicitado votación separada del punto 43, relativo al Acuerdo entre el Gobierno del Reino de España y el Gobierno de la República Popular de China para la cooperación en los usos pacíficos de la energía nuclear, hecho en Madrid el 14 de noviembre de 2005. Así procederemos, como saben, señorías, a las 13:30. ¿Algún grupo parlamentario desea

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intervenir respecto de alguno de los convenios internacionales? (Pausa.)

Señorías, en ese caso, dado que estaba anunciada la votación para las 13:30 y para no introducir un nuevo debate que alteraría la posibilidad de realizar esa votación, vamos a suspender la sesión por diez minutos y a las 13:20 horas llamaremos a votación para poder estar votando a las 13:30. (Pausa.)

DICTAMENES DE COMISIONES SOBRE INICIATIVAS LEGISLATIVAS (VOTACIONES).


-PROYECTO DE LEY DE CAPITALIDAD Y DE RÉGIMEN ESPECIAL DE MADRID. (Número de expediente 121/000072.)

El señor PRESIDENTE: Señorías, vamos a proceder a votar los distintos puntos del orden del día.


Votación del proyecto de ley de capitalidad y de régimen especial de Madrid; en primer lugar, el bloque de las enmiendas del señor Rodríguez, del Grupo Parlamentario Mixto.


Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 315; a favor, nueve; en contra, 290; abstenciones, 16.


El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.


Votación de las enmiendas del Grupo Parlamentario de Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya Verds. Se votan en bloque todas ellas.


Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 315; a favor, ocho; en contra, 292; abstenciones, 15.


El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.


Procedemos a la votación del dictamen.


Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 315; a favor, 308; en contra, seis; abstenciones, una.


El señor PRESIDENTE: Queda aprobado.


ENMIENDAS DEL SENADO (VOTACIONES):

-PROYECTO DE LEY SOBRE TÉCNICAS DE REPRODUCCIÓN HUMANA ASISTIDA. (Número de expediente 121/000039.)

El señor PRESIDENTE: Votación de las enmiendas del Senado al proyecto de ley sobre técnicas de reproducción humana asistida. En primer lugar, votación de las enmiendas a los artículos 2.3, 4.2 y 20.7 y a la disposición adicional tercera, punto 3.


Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 315; a favor, 315.


El señor PRESIDENTE: Quedan aprobadas.


Votación de las enmiendas al artículo 26.2.b) 6ª bis.


Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 315; a favor, 311; en contra, cuatro.


El señor PRESIDENTE: Quedan aprobadas.


Votación de las enmiendas al artículo 20.2 y a la disposición adicional sexta nueva.


Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 314; a favor, 133; en contra, 181.


El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.


Votación de las enmiendas a los artículos 5.3, 6.4 y 14.3 y a la disposición adicional segunda.


Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 315; a favor, 314; abstenciones, una.


El señor PRESIDENTE: Quedan aprobadas.


Votación de las enmiendas al anexo, letra B).


Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 314; a favor, 313; abstenciones, una.


El señor PRESIDENTE: Quedan aprobadas.


Votación de las enmiendas al artículo 12.


Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 314; a favor, 136; en contra, 178.


El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.


Votación de las enmiendas a los artículos 1.1.c), 1.2, 1.3, 5.5, 9.2, rúbrica del artículo 11, artículo 13, rúbrica del capítulo IV, artículo 14.2, rúbrica del artículo 15, artículo 15.1 en lo referido al término embriones preimplantatorios, artículo 15.1.b) y 15.1.e), rúbrica del artículo 16, artículo 16.1 y 16.2, artículo 17, artículo 26.2.b) 11ª, artículo 26.2.c) 1ª, 4ª, 5ª, 6ª y 8ª,

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artículo 27.2 y disposición adicional primera y final nueva.


Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 315; a favor, 136; en contra, 179.


El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.


Finalmente votamos el resto de las enmiendas.


Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 316; a favor, 134; en contra, 182.


El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.


-PROYECTO DE LEY POR LA QUE SE REGULA EL ESTATUTO DEL MIEMBRO NACIONAL DE EUROJUST Y LAS RELACIONES CON ESTE ÓRGANO DE LA UNIÓN EUROPEA. (Número de expediente 121/000040.)

El señor PRESIDENTE: Votación de las enmiendas del Senado al proyecto de ley por la que se regula el estatuto del miembro nacional de Eurojust y las relaciones con este órgano de la Unión Europea.


Votamos, en primer lugar, las enmiendas a los artículos 4.4, 13.1 y 13.2, a la disposición adicional cuarta nueva, disposición transitoria segunda, disposición final primera nueva y disposición final segunda.


Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 315; a favor, 312; en contra, uno; abstenciones, dos.


El señor PRESIDENTE: Quedan aprobadas.


Finalmente votamos el resto de las enmiendas.


Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 317; a favor, 135; en contra, 175; abstenciones, siete.


El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.


-PROYECTO DE LEY DE REFORMA DE LA LEY 18/2001, DE 12 DE DICIEMBRE, GENERAL DE ESTABILIDAD PRESUPUESTARIA. (Número de expediente 121/000046.)

El señor PRESIDENTE: Votación de las enmiendas del Senado al proyecto de ley de reforma de la Ley 18/2001, de 12 de diciembre, General de Estabilidad Presupuestaria.


Votamos, en primer lugar, la enmienda a la disposición final tercera.


Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 318; a favor, 182; en contra, 134; abstenciones, dos.


El señor PRESIDENTE: Queda aprobada.


Finalmente, votación del resto de las enmiendas con las correcciones técnicas que han sido distribuidas.


Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 317; a favor, 315; abstenciones, dos.


El señor PRESIDENTE: Quedan aprobadas.


-PROYECTO DE LEY ORGÁNICA DE REFORMA DE LA LEY ORGÁNICA 5/2001, DE 13 DE DICIEMBRE, COMPLEMENTARIA DE LA LEY GENERAL DE ESTABILIDAD PRESUPUESTARIA. (Número de expediente 121/00047.)

El señor PRESIDENTE: Votación de las enmiendas del Senado al Proyecto de Ley Orgánica de reforma de la Ley Orgánica 5/2001, de 13 de diciembre, complementaria de la Ley General de Estabilidad Presupuestaria.


Votación de las enmiendas al artículo único, apartado 1, por el que se modifica el artículo 3.3 de la Ley Orgánica 5/2001 y al artículo único, apartado 3, por el que se modifica el artículo 5.3 de la Ley Orgánica 5/2001.


Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 318; a favor, 184; en contra, 133; abstenciones, una.


El señor PRESIDENTE: Quedan aprobadas.


Votamos el resto de las enmiendas.


Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 318; a favor, 318.


El señor PRESIDENTE: Quedan aprobadas.


VOTACIÓN DE CONJUNTO.


El señor PRESIDENTE: Al tener este proyecto de ley carácter orgánico, haremos una votación final de conjunto.


Comienza la votación. (Pausa.)

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Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 318; a favor 181; en contra, 135; abstenciones, dos.


El señor PRESIDENTE: Queda aprobada.


-PROYECTO DE LEY DE LA RADIO Y LA TELEVISIÓN DE TITULARIDAD ESTATAL.
(Número de expediente 121/000052.)

El señor PRESIDENTE: Votación de las enmiendas del Senado al proyecto de ley de la radio y la televisión de titularidad estatal. En primer lugar, votación de las enmiendas al artículo 7, apartado 6.


Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 318; a favor, uno; en contra, 317.


El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.


Finalmente, votamos el resto de las enmiendas.


Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 317; a favor, 183; en contra, 134.


El señor PRESIDENTE: Quedan aprobadas.


-PROPOSICIÓN DE LEY DE MODIFICACIÓN DE LA LEY ORGÁNICA 3/1984, DE 26 DE MARZO, REGULADORA DE LA INICIATIVA LEGISLATIVA POPULAR. (Número de expediente 122/000050.)

El señor PRESIDENTE: Votación de las enmiendas del Senado a la proposición de Ley de modificación de la Ley Orgánica 3/1984, de 26 de marzo, reguladora de la iniciativa legislativa popular. Votación en bloque de las enmiendas.


Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 316; a favor, 316.


El señor PRESIDENTE: Quedan aprobadas.


VOTACIÓN DE CONJUNTO.


El señor PRESIDENTE: Por tener la proposición de ley carácter orgánico, procedemos a la votación final de conjunto.


Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 318; a favor, 317; abstenciones, una.


El señor PRESIDENTE: Queda aprobada.


DICTÁMENES DE LA COMISIÓN DE ASUNTOS EXTERIORES SOBRE CONVENIOS INTERNACIONALES (VOTACIONES):

-ACUERDO ENTRE EL GOBIERNO DEL REINO DE ESPAÑA Y EL GOBIERNO DE LA REPÚBLICA POPULAR DE CHINA PARA LA COOPERACIÓN EN LOS USOS PACÍFICOS DE LA ENERGÍA NUCLEAR, HECHO EN MADRID EL 14 DE NOVIEMBRE DE 2005. (Número de expediente 110/000142.)

El señor PRESIDENTE: A continuación punto VII del orden del día: Convenios internacionales. Un grupo parlamentario ha solicitado la votación separada del punto 43, relativo al acuerdo entre el Gobierno del Reino de España y el Gobierno de la República Popular de China para la cooperación en los usos pacíficos de la energía nuclear, hecho en Madrid el 14 de noviembre de 2005. Procedemos, pues, a la votación sobre este acuerdo específico.


Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 318; a favor, 305; en contra, dos; abstenciones, 11.


El señor PRESIDENTE: Queda aprobado.


-ACUERDO ENTRE EL REINO DE ESPAÑA Y LA REPÚBLICA POPULAR DE CHINA PARA LA PROMOCIÓN Y PROTECCIÓN RECÍPROCA DE INVERSIONES, HECHO EN MADRID EL 14 DE NOVIEMBRE DE 2005. (Número de expediente 110/000143.)

-ACUERDO ENTRE EL GOBIERNO DEL REINO DE ESPAÑA Y EL GOBIERNO DE LA REPÚBLICA POPULAR CHINA SOBRE EL ESTABLECIMIENTO DE CENTROS CULTURALES, HECHO EN MADRID EL 14 DE NOVIEMBRE DE 2005. (Número de expediente 110/000144.)

-CONVENIO ENTRE EL REINO DE ESPAÑA Y LA REPÚBLICA DE MALTA PARA EVITAR LA DOBLE IMPOSICIÓN Y PREVENIR LA EVASIÓN FISCAL EN MATERIA DE IMPUESTOS SOBRE LA RENTA, HECHO EN MADRID EL 8 DE NOVIEMBRE DE 2005. (Número de expediente 110/000145.)

El señor PRESIDENTE: En lo que concierne al resto de los acuerdos internacionales pregunto a la Cámara: ¿Puede procederse a la votación agrupada y por asentimiento del resto de los dictámenes? (Asentimiento.)

En tal caso, se somete a votación conjunta y por asentimiento la aprobación de la globalidad de los restantes

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dictámenes reproducidos en el orden del día. ¿Lo acuerda así la Cámara? (Asentimiento.)

En consecuencia, quedan aprobados los referidos dictámenes. Muchas gracias.


DEBATES DE TOTALIDAD DE INICIATIVAS LEGISLATIVAS.


-PROYECTO DE LEY ORGÁNICA DE MODIFICACIÓN DE LA LEY 6/1985, DE 1 DE JULIO, DEL PODER JUDICIAL, EN MATERIA DE JUSTICIA DE PROXIMIDAD Y CONSEJOS DE JUSTICIA. (Número de expediente 121/000071.)

El señor PRESIDENTE: Continuamos con los debates de totalidad. Punto IX del orden del día: Proyecto de ley orgánica de modificación de la Ley 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial, en materia de justicia de proximidad y Consejos de Justicia.


Me atrevo a sugerirles que la votación no será antes de las cuatro de la tarde. Vamos a intentarlo.


Para la presentación del proyecto, el señor ministro de Justicia tiene la palabra. (Rumores.) Por favor, el Pleno continúa y les rogaría que permitieran la pronta continuación del debate. Silencio, por favor. Señor ministro, tiene usted la palabra.


El señor MINISTRO DE JUSTICIA (López Aguilar): Gracias, señor presidente.


Señorías, subo a la tribuna para defender una iniciativa legislativa del Gobierno por la que el Ministerio de Justicia pretende dar cumplimiento a una pieza importante del ambicioso programa Plan de reformas de la Justicia y de la Administración de Justicia, que vertebra nuestro trabajo en esta legislatura. (Rumores.)

El señor PRESIDENTE: Disculpe, señor ministro.


Por favor, no hagan corrillos en las escaleras, porque el murmullo hace que quien esté en la tribuna no pueda expresarse con la necesaria tranquilidad. Gracias.


El señor MINISTRO DE JUSTICIA (López Aguilar): Gracias, señor presidente.


Hemos descrito a la Administración de Justicia como un servicio público aquejado de lo que hemos denominado gráficamente un síndrome de fallo múltiple, por tanto, un cuadro complejo de problemas y defectos percibidos con claridad por la ciudadanía cuando se le pregunta al respecto. Tiene importancia, porque ese servicio público, el de la Administración de Justicia, realiza derechos fundamentales a través de ese trabajo distintivo que el Estado ha encomendado a jueces y magistrados que integran el Poder Judicial, que es el de tutelar de manera efectiva los derechos que se invocan ante los tribunales y los intereses legítimos de la ciudadanía. Ese problema nos importa, en la medida en que si es un problema para la ciudadanía tiene que serlo para el Gobierno, y el Gobierno ha asumido el compromiso que sabemos que requiere coraje, liderazgo, pero también la humildad y la modestia necesaria para percibir la envergadura del esfuerzo, la necesidad de sostenerlo en el tiempo, la visión estratégica, la luz larga, el sentido del recorrido y, por tanto, la convocatoria permanente, no solamente de los grupos parlamentarios en lo que toque a la dimensión legislativa de la estrategia y de su ejecución, sino también al conjunto de instituciones y órganos constitucionales del Estado que tienen algo que decir al respecto y lo dicen.


Por ello diseñamos un conjunto de iniciativas en el inicio de la legislatura y las hemos ido poniendo en marcha por su orden. La que hoy llega al Congreso de los Diputados es una importante, principal; afecta a la Ley Orgánica del Poder Judicial. Es una reforma parcial de la Ley Orgánica del Poder Judicial, por ello mismo es proyecto de ley orgánica, en lo relativo al establecimiento de la justicia de proximidad, en lo relativo a los consejos autonómicos de Justicia y también a algunos otros alcances cuyo detalle sintetizaré en este turno de defensa de la iniciativa en el debate de totalidad y, de modo particular, frente a la enmienda a la totalidad presentada por el Grupo Parlamentario Popular.
Quiero subrayar que no es la única iniciativa afectante a la Ley Orgánica del Poder Judicial que hemos adoptado esta legislatura, pero está revestida de una unidad de sentido y por ello acomete, por un lado, el establecimiento de un primer escalón en la arquitectura del sistema judicial al que denominamos justicia de proximidad, siguiendo una acuñación terminológica que se ha ido haciendo fuerte en el transcurso de los últimos años, al hilo del debate sobre la necesidad de reformar algunas piezas de nuestro sistema de Justicia y de la Administración de Justicia y que tiene referencias en el derecho comparado, en particular en el derecho francés y en el británico, pero que también intenta actualizar la función del Gobierno, del Poder Judicial y de la Administración de Justicia a un estado de maduración de la descentralización territorial que arrancó en España a partir de la activación del artículo 2 de la Constitución y de los artículos contenidos en su título VIII, es decir, lo que hemos llamado la construcción en España del Estado de las autonomías, por consiguiente, de la España autonómica.


La idea rectora del proyecto es claramente la de servir al compromiso de hacer una justicia más pronta, de mayor calidad, con mayor capacidad de respuesta, más eficaz, más responsable y, por tanto, más satisfactoria para los derechos de la gente. Sabemos que ninguna de las iniciativas legislativas que hemos puesto en marcha ni las que vendrán satisfacen enteramente la ambición del proyecto de reforma y de cambio que tenemos entre manos, pero todas ellas, enhebradas, en conexión, lo llenan de sentido. Es este el caso del establecimiento de ese primer escalón, el de la justicia de proximidad. Hemos dicho muchas veces que el sistema judicial es una arquitectura que se visiona gráficamente bajo la imagen de una pirámide en cuya cúspide se sitúa el Tribunal Supremo e iluminando esa cúspide el Tribunal Constitucional, que es el supremo intérprete de la Constitución

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y, por tanto, el responsable de garantías constitucionales. Así lo recuerda el artículo 123 de la Constitución cuando describe las funciones del Tribunal Supremo. El Tribunal Supremo debe ser reformado. Lo hemos hecho. Para poder descongestionar el Tribunal Supremo hay que intentar potenciar el escalón infraordenado al Supremo que representan en estos momentos, rindiendo muy por debajo de sus potenciales, los tribunales superiores de Justicia, que deben ser reformados. Lo hemos hecho.


Para asegurar la sucesión de grados e instancias de jurisdicción en los distintos órdenes de jurisdicciones hay que reformar también las audiencias provinciales. Lo hemos hecho. Por supuesto que hay que potenciar la planta, y lo estamos haciendo. Pero también hay que incorporar la idea que estaba en el programa electoral que nos ha traído al Gobierno y que comprometimos con la ciudadanía de intentar descongestionar también el primer grado de jurisdicción, la primera instancia, especialmente en los órdenes civil y penal y de modo particular en las grandes ciudades donde también existe un déficit de rendimiento que se pone de manifiesto de manera especialmente clara en la ejecución de las sentencias. He descrito muchas veces los males de la justicia con el suficiente detalle como para no perder de vista que el problema no está solo en el tiempo de la primera respuesta, que también ahí está, sino en que cuando la justicia llega se ejecute, que eso es parte -como ha declarado el Tribunal Constitucional- del derecho a la tutela judicial efectiva. En eso consiste también el derecho a la tutela judicial efectiva, al fallo fundado en derecho, a la resolución fundada en derecho, pero también en que la sentencia se cumpla.


Para ayudar a descongestionar ese primer escalón de jurisdicción se ha ideado la justicia de proximidad y la propuesta que traemos en el proyecto de ley orgánica que hoy inicia su trámite en el Congreso de los Diputados quiere cumplir los principios que de acuerdo con la Constitución deben regir la organización de la jurisdicción y también el estatuto de los titulares de esa jurisdicción: jueces y magistrados de carrera. Por ello, se establece el acceso a la justicia de proximidad como un primer escalón de acceso a la carrera judicial. Se efectúa esta opción político-legislativa con todas las garantías. Para empezar, mérito y capacidad en la selección y en el reclutamiento. Continuamos con la preservación de la función que la Constitución encomienda al Consejo General del Poder Judicial de nombrar jueces y magistrados, de modo que esta función queda encomendada al Consejo General del Poder Judicial. Se articula un procedimiento de selección objetivado, basado en la acreditación de mérito y capacidad y al mismo tiempo se abre el acceso a la carrera judicial a juristas que tengan experiencia práctica de al menos seis años. Se valorará el ejercicio previo de funciones jurisdiccionales, lo que también significa una posibilidad de prestar funciones a la sociedad desde la resolución de asuntos en derecho a aquellos que ya lo hayan hecho, que lo tengan en su currículum, en su experiencia. No se puede ignorar que un buen número de las sentencias, por las limitaciones del sistema de reclutamiento de jueces y magistrados, que se resuelven en este país todos los días son dictadas por jueces sustitutos y por magistrados suplentes que han atesorado, a través de un conducto legalmente contemplado, experiencia en la resolución de pleitos en derecho. También se garantiza que a esa selección objetivada de conformidad con los principios de mérito y capacidad se superpone un curso de formación en la Escuela Judicial y, por tanto, una pátina adicional de entrenamiento y de especialización en los requerimientos profesionales de la función jurisdiccional para servir a la comunidad. Se les da cometidos distintivos que intentan descargar de materia a los saturados juzgados de primera instancia e instrucción en las grandes ciudades. Por ello se radicarán territorialmente en los núcleos poblacionales que la Ley de Bases de Régimen Local describe como grandes ciudades -artículo 121-, ciudades de más de 250.000 habitantes o capitales de provincia que tengan al menos 175.000 habitantes, sin perjuicio de que por ley autonómica -así está contemplado actualmente en la legislación- se pueda extender este concepto y, por tanto, esta categoría de legibilidad a algún otro núcleo poblacional que lo haya decidido por ley la correspondiente comunidad autónoma, siempre y cuando, naturalmente, exista una dotación de juzgados de primera instancia e instrucción en esa localidad, con la intención clara de que la jurisdicción no se solape con la que en estos momentos se encomienda a los juzgados de primera instancia e instrucción, sino que, por el contrario, se concentre en asuntos -digámoslo claro- de menor entidad. En lo civil: mediación, conciliación y desahucios por falta de pago, que son procedimientos que saturan normalmente la jurisdicción civil en la primera instancia, por menos de 3.000 euros; en lo penal, faltas, y en lo contencioso-administrativo, la posibilidad de resolver sobre sanciones impuestas por los entes locales por cantidades menores a los 1.000 euros.
Por tanto, estamos hablando de asuntos de poca monta que puede resolver perfectamente un juez de las características de acceso que acabo de describir de manera muy sintética y que puede ayudar, llevando esos asuntos, a que funcione con mayor agilidad la jurisdicción de primera instancia e instrucción que, como digo, en las grandes ciudades padece también su punto de saturación.


Esto se efectúa con todas las garantías de competencia, de profesionalidad y, por supuesto, de acuerdo con la ley; por tanto, principio de legalidad que rige no solamente el sistema de acceso, la objetivación de los principios de mérito y capacidad, el sistema de selección del que responde el Consejo General del Poder Judicial y el tipo de tribunal que efectúa la propuesta de selección que se eleva al Consejo General del Poder Judicial, sino también la planta y su organización, porque la vía de acceso se contemplará con respecto de aquellas demarcaciones para las que el propio Consejo General del Poder Judicial haya establecido reserva de plaza, en su caso, para con las comunidades autónomas que hayan

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asumido competencias, habiendo oído y recibido el informe de esas comunidades autónomas. Se obtiene además una ventaja funcional que no quiero soslayar y es la de la radicación al territorio, porque el acceso apuesta por la preservación de la continuidad y de la dedicación al servicio jurisdiccional a la comunidad inmediata al menos por nueve años, lo cual nos ayudará a combatir el exceso de rotatitividad y, consiguientemente, defectos de cobertura, que son característicos de los juzgados de primera instancia e instrucción en grandes ciudades, y en especial en algunas demarcaciones territoriales, que podrían ser objeto de comentario en una intervención de mayor extensión. Esa apuesta por la radicación es una apuesta por el servicio y por la imbricación para con la comunidad a la que se sirve desde la jurisdicción, exactamente lo mismo que la cláusula que contempla la valoración del conocimiento del derecho civil, foral o especial -en su caso, en aquellas comunidades que lo tengan reconocido por la propia Constitución- y de la lengua cooficial. Todo ello es un conjunto de instrumentos que quieren potenciar la radicación, la cercanía, el conocimiento del medio, la identificación del juez a la comunidad a la que sirve, en definitiva, la proximidad, que es el adjetivo que va a distinguir esta nueva categoría de acceso a la carrera y a la función judicial.


Por tanto, tenemos una respuesta legislativa a un problema real: saturación de la primera instancia, del primer grado de jurisdicción, especialmente en las grandes ciudades, con tiempos muy lentos de resolución, exceso de rotatitividad y defectos de cobertura del servicio, y también, una vez más, la apuesta del Gobierno por abrir el acceso a la carrera judicial y, consiguientemente, a la jurisdicción a fuentes de experiencia y probidad en la resolución de pleitos por cauces de reclutamiento complementarios al tradicionalmente hegemónico en el derecho estatutario judicial que es el sistema de oposición para acceder a la carrera judicial. Creemos que con ello estamos dando cumplimiento a un compromiso muy explícito y cargado de sentido de nuestro programa de Gobierno que sirve a la justicia, que sirve a la sociedad y que dota en estos tres órdenes de un cauce revestido de todas las garantías para la resolución de asuntos de menor entidad perfectamente confiable a juristas conocedores del medio y de la sociedad a la que desean servir. La garantía de la legalidad de la competencia está establecida en el sistema de selección por el tribunal y, en definitiva, por la potestad de resolución del concurso que se preserva, como no podía ser de otro modo, al Consejo General del Poder Judicial como órgano de gobierno del Poder Judicial.


La segunda pieza que se trae en este proyecto de ley es la relativa a la desconcentración de la función de gobierno del Poder Judicial a determinados efectos, congruente con la maduración del Estado de las autonomías, respetuosa con aquellas funciones de gobierno del Poder Judicial que la Constitución encomienda de manera exclusiva y excluyente, por tanto, indisponible, al Consejo General del Poder Judicial: nombrar jueces, promoverlos o ascenderlos, inspeccionar juzgados y tribunales y, en su caso, imponer y deducir sanciones disciplinarias. En la medida en que esas funciones le son atribuidas directamente por la Constitución al Consejo General del Poder Judicial, nuestro proyecto de ley es plenamente respetuoso con esta reserva constitucional de atribución al Consejo General del Poder Judicial, artículo 122, pero al mismo tiempo lo es con el estado de madurez del propio orden competencial autonómico, con la realidad de que las comunidades autónomas, todas, tienen reconocidas en sus estatutos de autonomía importantes competencias en materia de justicia y administración de justicia: personal no judicial al servicio de la Administración de Justicia, medios materiales, infraestructuras y tecnologías; la necesidad de dar un cauce institucional de colaboración y cooperación a esa interlocución entre la administración autonómica y las profesiones del derecho, además de los órganos jurisdiccionales radicados en el territorio de la comunidad autónoma. Perfectamente congruente con la doctrina del Tribunal Constitucional y respetuoso, por tanto, con las competencias que la Constitución reserva al Consejo General del Poder Judicial es la idea de los consejos autonómicos de justicia, que viene además a ahormar en la sede apropiada, en la Ley Orgánica del Poder Judicial, experiencias institucionales que ya están teniendo lugar de forma más o menos heteróclita, variopinta, en el paisaje de la realidad institucional de la España de las autonomías.


La propuesta de nuestro proyecto de ley es la de que estos consejos autonómicos sean presididos por el presidente del Tribunal Superior de Justicia y se incorporen a estos consejos autonómicos tres categorías de miembros. En primer lugar, miembros natos, que serían los presidentes de sala de cada Tribunal Superior de Justicia y los presidentes de audiencias provinciales, con una salvedad específica para aquellas comunidades autónomas que tengan más de cuatro provincias, en las que se establece un mecanismo rotativo precisamente en aras de la contracción del número total de miembros del consejo autonómico, siguiendo aquí una indicación efectuada en el trámite consultivo por el Consejo General del Poder Judicial. Una segunda categoría de miembros es la de los electos, que contempla una doble variante: por un lado, jueces y magistrados, al menos uno tendrá que ser de la categoría de juez; jueces y magistrados elegidos por los miembros de la carrera judicial en el territorio de la comunidad autónoma respectiva, de modo que se efectúa una apuesta legislativa ya experimentada en la conformación de las Salas de Gobierno, introduciéndose aquí la corrección dirigida a favorecer la pluralidad y, consiguientemente, el pluralismo en la conformación de la componente judicial de los consejos autonómicos, de modo que los electores, que serán los jueces y magistrados radicados en el territorio de la comunidad autónoma, podrán votar hasta dos tercios de la totalidad de los miembros que deban elegir para que pueda existir una representación de aquellas candidaturas que resulten minoritarias en el territorio autonómico. En

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tercer lugar, también electos, habrá juristas de reconocido prestigio y competencia con más de diez años de ejercicio profesional en el territorio autonómico y que no pertenezcan a la carrera judicial. Los elegirá el Parlamento autonómico respectivo por mayoría cualificada de tres quintos para garantizar amplios consensos. Serán también miembros de este consejo autonómico el fiscal jefe de la comunidad autónoma, los decanos liberados del ejercicio de potestad jurisdiccional, es decir, los jueces decanos, y actuará como secretario de ese Consejo el secretario de Gobierno del Tribunal Superior de Justicia respectivo. De manera que tenemos aquí una organización al servicio de la interlocución, la colaboración y la cooperación interinstitucional en el territorio de la comunidad autónoma en los asuntos relativos a la Administración de Justicia. Las funciones que podrá asumir en desconcentración de esa función de gobierno, que ya está cuajada en la ley tal y como actualmente la conocemos, en la Ley Orgánica del Poder Judicial en vigor, porque contra la apariencia que a menudo se hace pasar por la totalidad de la realidad es un hecho que la función de gobierno no la desempeña solo el Consejo General del Poder Judicial, sino que, como cualquier jurista especializado en la materia debe saber, la comparte con las salas de gobierno de los tribunales superiores de Justicia, la comparte con las presidencias de las audiencias provinciales y la comparte con los jueces decanos liberados de funciones jurisdiccionales, son, por lo menos, las siguientes: La elaboración de aquellos informes territorializados que le encomiende el Consejo General del Poder Judicial, la asunción de las competencias que le dé el estatuto de autonomía respectivo y que no sean contradictorias con el orden competencial o con las cláusulas constitucionales indisponibles, entre ellas, por supuesto, la reserva de funciones que la Constitución establece a favor del Consejo General del Poder Judicial, las funciones que en su caso le pueda delegar el Consejo General del Poder Judicial, siempre y cuando se las delegue por igual a todos los consejos autonómicos de justicia por mayoría de tres quintos, por mayoría cualificada del propio Consejo, informes sobre algunos nombramientos discrecionales en el territorio autonómico que no perjudicarán la potestad de nombramiento, que continúa siéndole preservada al Consejo General del Poder Judicial, y las funciones que actualmente la Ley Orgánica del Poder Judicial en el artículo 152 atribuye a las salas de gobierno, en la medida en que estos consejos autonómicos van a ser versiones reforzadas a estos efectos en su comisión judicial de las salas de Gobierno, es decir, los nombramientos de los jueces de paz, el reparto de ponencias, la asignación de turnos y, en su caso, la colaboración a efectos disciplinarios y visitas de inspección e informativas con el Consejo General del Poder Judicial. Por tanto, tenemos así un órgano que tiene sentido, un órgano que se corresponde con el punto de maduración del Estado de las autonomías, un órgano que además va a contemplar una pauta de establecimiento general, uniforme en el conjunto del territorio español y, por supuesto, cuya regulación se efectúa en la sede legislativa que le corresponde, que es la Ley Orgánica del Poder Judicial.


Terminaré señalando la importancia de otros dos elementos que completan de forma muy sinóptica las modificaciones que introducimos por este específico proyecto de ley orgánica de reforma de la Ley Orgánica del Poder Judicial. Una, el deber de comparecencia ante el Parlamento de los vocales del Consejo General del Poder Judicial, que es una expresión de transparencia, de respeto al Parlamento, que es la representación de la soberanía popular, y de un entendimiento constitucionalmente adecuado, cual es el trabajo de colaboración y de interlocución que corresponde a los titulares de los distintos órganos constitucionales del Estado. No debe interpretarse, lo he dicho muchas veces, como signo de injerencia ni de forma burda ni mecanicista de control, sino pura y exclusivamente como un mecanismo de comunicación interinstitucional perfectamente adecuado a la lógica de nuestra democracia parlamentaria, tal y como nuestra Constitución la establece. Este Parlamento es la representación de la soberanía popular. Este Parlamento es la nación española representada.
Este Parlamento es el pueblo español representado. No es ningún gravamen venir al Parlamento ni debe verse así en ningún caso. Venir a este Parlamento no es ninguna humillación ni ninguna ofensa. Debe ser siempre un honor y así debe verse en todos los casos. Ser convocado por el Parlamento debe asumirse siempre como la ocasión de cumplimiento de un trámite de encuentro con la representación del pueblo español, honorable en todos sus extremos. Ayudar al Parlamento a formarse un juicio, a formarse una opinión, a tener una visión cabal y completa de los asuntos que interesan a la opinión pública o que pueden inspirar la acción legislativa y la respuesta de los poderes públicos es el mayor honor ciudadano que cabe conseguir en una democracia que se llama parlamentaria. (Aplausos.) Por ello pensamos que la regulación de este deber de comparecencia es perfectamente congruente con la arquitectura institucional que diseña la Constitución.


Del mismo modo le damos importancia a la apuesta por el pluralismo que se efectúa en la composición de una de las tres unidades organizativas por las que se manifiesta el consejo autonómico. Una será el pleno, presidido por el presidente del Tribunal Superior de Justicia respectivo; otra será la comisión permanente, que integrará al presidente y a otros seis miembros, cuatro de ellos electos, dos de origen judicial y dos de origen de extracción parlamentaria, designados por la asamblea parlamentaria respectiva, y dos miembros natos, judiciales, por tanto, también; y la comisión judicial, que será la sala de gobierno reforzada, estrictamente judicial, para el desempeño de funciones de gobierno que incidan sobre la actividad estrictamente jurisdiccional. Esa comisión judicial será estrictamente judicial, por tanto, tendrá al presidente, a dos miembros natos y a otros dos miembros electos de origen judicial. Pero para la composición de esta componente judicial del consejo autonómico se introduce la cláusula de representación

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de las minorías, que incide, por tanto, en la proporcionalidad de la representación de la judicatura en la colaboración con la función de gobierno que acabo de describir. Ya en la práctica, en la realidad de las cosas, se está haciendo desconcentrada a partir del modo en que actualmente se estructura entre el Consejo General del Poder Judicial, las salas de gobierno, las presidencias de las audiencias provinciales y los decanos liberados con funciones exclusivas.


Quiero terminar señalando que este proyecto de ley, porque es de carácter orgánico, quiere una vez más buscar amplia mayoría y amplio consenso.
Hemos conocido la enmienda a la totalidad presentada por el Grupo Popular. Hay dos argumentos que espero que tengan ocasión de ser refutados a lo largo del trámite parlamentario que hoy arranca. Uno es el relativo a esta retórica del desmembramiento, de la deconstrucción o de la destrucción de España, que ya he tenido ocasión de denunciar en su inconsistencia, en su falta de correspondencia con la realidad de las cosas, en su grandilocuencia y altisonancia, tan desprovista de sustancia, que se pone de manifiesto cuando contemplamos que los tribunales superiores de Justicia ya existen, las competencias de las comunidades autónomas ya están distribuidas en materia de justicia y es mucho lo que tenemos que hacer para ahormar y articular y, por tanto, para salir al paso de cualquier retórica de deconstrucción o de destrucción de la unidad española. El otro argumento es el relativo a una visión de la profesionalización de la justicia, que tampoco tiene correspondencia con lo que este proyecto de ley trae a conocimiento de la Cámara.


La justicia de proximidad será justicia con todas las garantías, los jueces de proximidad serán jueces con todas las garantías y, en todo caso, la pauta temporal para su implantación nos da un margen de maniobra amplio y extenso por delante para hacer el trabajo de manera concienzuda y hacerlo bien. Déjenme decir que la propia ley contempla como pauta para su implantación el que, a partir de la entrada en vigor de esta reforma de la Ley Orgánica del Poder Judicial, se establecerá un plazo de dos años para modificar la Ley de demarcación y de planta judicial, solo después de la cual las comunidades autónomas elevarán sus propuestas para el establecimiento de una primera hornada de justicia de proximidad.
Somos conscientes de que estamos hablando de un lapso temporal que nos lleva a un trabajo de varios años por delante, pero también de que este es el enfoque serio cuando hablamos de este tipo de asuntos. Cualquier otra cosa incurre en eso que he denunciado como autoemplazamientos voluntaristas del legislador, faltos de rigor, faltos de seriedad, faltos de verosimilitud, en definitiva, no creíbles, propagandísticos; derecho orgánico propagandístico, derecho penal propagandístico es un escenario que hemos denunciado demasiadas veces como para permitirnos practicarlo.
Precisamente porque sabemos que esto va a requerir el trabajo y el concurso de muchas instituciones y un curso de ruta sostenido en el tiempo, hemos establecido un guión que tiene varios años por delante, pero pensamos que este es el guión serio, creíble, el que merece, en definitiva, un asunto tan importante como es la reforma de la justicia, que no va a operar milagros en 24 horas, que no va a pasar en 24 horas de las musas al teatro, pero que, sin duda ninguna, nos va a encarrilar hacia un mejor rendimiento del sistema judicial, que es el compromiso que tenemos contraído.


Gracias. (Aplausos.)

El señor PRESIDENTE: Concluida la presentación del proyecto por el señor ministro de Justicia, pasamos al turno a favor de la enmienda a la totalidad presentada por el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.
Tiene la palabra el señor Astarloa por un tiempo de 15 minutos.


El señor ASTARLOA HUARTE-MENDICOA: Con su permiso, señor presidente.


Defiendo la enmienda de totalidad de devolución del proyecto de ley que el señor ministro acaba de presentar en nombre del Grupo Parlamentario Popular y empiezo por decir que parece una maldición, pero cada vez que ustedes llegan al poder sienten la necesidad de reformar de arriba abajo la Ley Orgánica del Poder Judicial, es decir, el modelo de justicia de este país, reformas -no hace falta que lo añada- que no responden al interés general -la historia está ahí-, sino a intereses concretos muy determinados. Esta legislatura, señor ministro -me lo ha oído decir muchas veces-, la iniciaron con una reforma que nosotros consideramos bochornosa, desleal, antidemocrática e inconstitucional de la Ley Orgánica del Poder Judicial, para castigar a un Consejo General del Poder Judicial que no se ha querido plegar al ordeno y mando del Gobierno, modificando la forma de elección de magistrados para que no se nombre ni uno que no tenga el plácet del Gobierno, y ahora nos meten en un lío extraordinario con este proyecto que consideramos -intentaré argumentar por qué- es un estropicio brutal en nuestro Poder Judicial a cuenta de algo que además tiene su historia. Usted estuvo aquí, presentó su programa y nosotros ya le dijimos al inicio de la legislatura que nos preocupaban cosas, pero, claro, desde el inicio de la legislatura hasta hoy ha habido un recorrido en el que -S.S. lo ha insinuado desde la tribuna- ha ido evolucionando una cosa que se llamaba el proyecto de reforma del Estatuto de Cataluña, que ha incorporado un Poder Judicial propio para Cataluña que ustedes han presentado ante la opinión pública bajo la idea de la limpieza de patena y que, en definitiva, como usted ha explicado muy bien, a día de hoy nos trae aquí no solo esta ley, sino ese proyecto de Estatuto más esta ley, que es, entre otras, como usted decía muy bien, formando un conjunto, pero muy especialmente esta, la clave de bóveda de lo que sin duda -a usted le parecerá grandilocuente, pero es lo que nosotros pensamos y con toda claridad se lo decimos- es el desmantelamiento del modelo del Poder Judicial que está en nuestra Constitución, por arriba y por abajo. Como dije en el debate

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del susodicho proyecto de Estatuto, cuando se debate allí se remite a que todo está muy bien, porque se remite a la Ley Orgánica del Poder Judicial, y hoy viene usted aquí con el bonito juego de decir en la Ley Orgánica del Poder Judicial que se remite a lo que dice el estatuto de autonomía, y está el ciclo cerrado. Todo esto -apelaba usted al final de su intervención al consenso- sin haber estimado conveniente hablar del cambio radical de nuestro Poder Judicial a fondo ni con el partido mayoritario de la oposición ni por supuesto con la comunidad jurídica a la que usted afecta directamente. Así pues, el talante, como también le he dicho en muchas ocasiones, muy especialmente en materia de justicia, consiste en romper cualquier consenso con el partido de la oposición y en dar la máxima satisfacción posible, en este caso, a las demandas de los partidos nacionalistas que apoyan que usted esté sentado en ese escaño.
Había otra alternativa -la firmamos juntos en la legislatura anterior- que se llamaba Pacto de Estado y quiero recordarle, señor ministro, a usted y a todos los ciudadanos que estén siguiendo este debate, como si las propuestas que usted nos trae hoy aquí fuesen inexorables, que ni una sola de las cosas que dice este proyecto de ley estaba en el Pacto de Estado que firmamos juntos para la reforma de la justicia. O ustedes tenían una visión de la justicia completamente diferente a la que tienen hoy o, efectivamente, señor ministro de Justicia, como le he dicho, ustedes firman pactos que rompen inmediatamente después de haberlos firmado en cuanto tienen ocasión, y eso es lo que está pasando, una vez más, en este momento. Esto es gravísimo, porque en definitiva esto genera la fragmentación de uno de los tres poderes del Estado con una estructura orgánica territorializada y muy vulnerable a la influencia del poder político, es decir, esto nos lleva a la hiperpolitización del Poder Judicial y, por supuesto, a la fragmentación de lo que en la Constitución es un poder único. Esto se acredita solo con examinar cada uno de los disparates que están contenidos aquí, imagínese todos juntos, y los voy a enumerar. Uno, pasamos de tener un Consejo General del Poder Judicial a diecisiete y la Constitución solo habla de un órgano de gobierno del Poder Judicial único. Pasamos al desapoderamiento del Tribunal Supremo sustituido por 17 tribunales supremos o tribunales superiores de Justicia, que no es de esta ley, porque es de la que con mucho tino defendió aquí la enmienda a la totalidad, en nombre del Grupo Parlamentario Popular, el señor Padilla el otro día. La creación de un escalón nuevo en nuestra planta judicial aleatorio y, como luego explicaré, arbitrario, que usted llama la justicia de proximidad. El modelo de juez que deja de ser el juez de carrera, que acredita lo que tiene que acreditar para ponerse a tomar decisiones sobre la vida y hacienda de los demás, sustituido por una -expresamente dicho en la ley- nueva categoría de juez. Ya tenemos cuatro: magistrados del Tribunal Supremo, magistrados, jueces y jueces de proximidad, que no son jueces de carrera con los requisitos necesarios para el ejercicio de la función judicial, como también le he demostrado. Me paro en esta rúbrica para decirle que de todo lo que voy enumerando, mire que va siendo grave, esto es probablemente lo más grave, porque además viene acompañado de la politización -naturalmente que sí- del gobierno del Poder Judicial. Usted sustituye las salas de gobierno, que acompañaban al único Consejo General del Poder Judicial, formadas por profesionales para el autogobierno del Poder Judicial, por órganos de decisión política y con composición decisivamente política -ese es el efecto que usted produce con esta ley- y rompe las salas de gobierno, a las que -usted me decía que no con la cabeza- sí nos referimos en el Pacto de Estado de la Justicia y dijimos: incrementemos las facultades de las salas de gobierno. Pero no de estas salas de gobierno en las que la presencia de señores nombrados por los parlamentos resulta rigurosamente decisiva y que asumen competencias que hoy tiene el Consejo General del Poder Judicial. Esas, señor ministro, no fueron las que firmamos usted y yo; naturalmente que no. Añado, señor ministro -fíjese que voy enumerando nada más, porque no tengo tiempo para entrar en los detalles-, la consideración de la lengua oficial en las comunidades autónomas como elemento determinante y obstativo para quien no la conoce para el ejercicio de cualquier profesión de la Justicia, que ustedes vuelven a incluir aquí, por si cabía alguna duda después de lo que han aprobado en el Estatuto de Cataluña. Le añado, señor ministro, la desaparición de los cuerpos nacionales -y no es la primera vez que hablamos de esto y fíjese la de cosas que vamos sumando-, porque no es ya la rotura de los cuerpos nacionales y su troceamiento, que pasan a ser gobernados por las comunidades autónomas, que además pueden crear sus propios cuerpos -usted ha votado eso, yo no-, es que en esta ley de hoy, al mismo tiempo que se está tramitando en esta Cámara la creación de la nueva oficina judicial, usted dice con toda la claridad que la oficina judicial de estos magnos juzgados de proximidad será atendida o por personal funcionario de la Administración de Justicia o por personal de las comunidades autónomas o por personal de los entes locales. Les voy a aclarar un matiz, para que vean SS.SS. de qué estamos hablando: se crean unos juzgados que, como usted decía, por ejemplo, en lo contencioso, van a controlar la regularidad del régimen sancionador de los ayuntamientos.
Esos juzgados se crean por los ayuntamientos, se mantienen por los ayuntamientos y son servidos por personal funcionario del ente local; el que pone la multa y el que controla al que pone la multa; en origen y en destino. Y dice que lo que ustedes están inventando no tiene color político. ¡Por el amor de Dios! Cuenten que les encanta que tenga color político, pero no engañan a nadie. Termino la enumeración diciendo -usted lo defiende desde hace muchos años, y sabe que discrepo rotundamente-: Y además hacemos un gran beneficio a la democracia, porque introducimos mecanismos democráticos de saneamiento, fundamentalmente tres: uno, que los parlamentos van a nombrar ahora a los órganos de gobierno de los jueces para la división de poderes, para la independencia judicial y para la igualdad de los ciudadanos ante la ley en todo el territorio nacional.
Formidable. Es otra maldición, porque es brutal que donde ustedes no controlan cambian las reglas: para elegir los magistrados cambiaron la mayoría y ahora cambian el sistema de elección de las salas de gobierno, porque dice usted que es bueno que esté pluralizado. No, mire usted, listas abiertas, que es lo que hay, cada uno vota a cualquier nombre de cualquier lista y los que más votos tienen son los que representan a la mayoría de la gente. Lo otro, que es lo que usted hace aquí, es manipular para que las mayorías que usualmente están saliendo en el gobierno del Poder Judicial, que a usted no le gusta, se cambien con un cambio del sistema electoral. En la última de las cuestiones en la que no podemos estar más en desacuerdo con ustedes es en que este Parlamento puede obligar por ley al Poder Judicial a que venga aquí, al Senado o a los parlamentos autonómicos cada vez que a nosotros nos parezca. Usted dice, con un eufemismo que tapa la verdad: A que nos formen, a que nos ilustren, a modo de academia; es un honor venir al Parlamento a informar a modo de academia. Cuando a su grupo parlamentario no le gusta el consejo que hay en esta legislatura y ha pretendido deslegitimarlo hasta la raíz, ha traído aquí al presidente del Tribunal Supremo para que dé razones de sentencias del Tribunal Supremo o para controlarle de manera absolutamente contraria a la mínima cortesía en la relación entre poderes que se haya podido ver en Parlamento alguno del mundo. Control absoluto, como si fuese la última autoridad de su ministerio. Eso es lo que ustedes están metiendo aquí, para consagrar en la ley lo que han querido consagrar en la práctica, con algunos accidentes de recorrido, el control del Poder Judicial por el Ejecutivo a través de la mayoría parlamentaria.
Eso no es que sea bueno o malo, más democrático o más antidemocrático, es que es rotundamente inconstitucional y contrario a las esencias, a los principios de construcción de un régimen parlamentario. En un régimen parlamentario esta casa, el Parlamento, no controla a todo el mundo, por mucho honor que sea traerlo aquí a darle de bofetadas, señor ministro: ni al presidente del Tribunal Supremo ni a la presidenta del Tribunal Constitucional ni a los financieros más importantes del país, que seguro que sienten el mismo honor si se les llama. No; en un régimen parlamentario el único sujeto objeto del control -artículo 66 de la Constitución- es usted. ¿Que no le gusta? Lo siento, pero es esta casa la que controla al Gobierno y no el Gobierno el que controla en el Parlamento a ninguno de los restantes poderes del Estado, entidades públicas, entidades privadas o ciudadanos de cualquier naturaleza. Así de claro.


Defiendo la enmienda de totalidad de devolución del proyecto de ley que el señor ministro acaba de presentar en nombre del Grupo Parlamentario Popular y empiezo por decir que parece una maldición, pero cada vez que ustedes llegan al poder sienten la necesidad de reformar de arriba abajo la Ley Orgánica del Poder Judicial, es decir, el modelo de justicia de este país, reformas -no hace falta que lo añada- que no responden al interés general -la historia está ahí-, sino a intereses concretos muy determinados. Esta legislatura, señor ministro -me lo ha oído decir muchas veces-, la iniciaron con una reforma que nosotros consideramos bochornosa, desleal, antidemocrática e inconstitucional de la Ley Orgánica del Poder Judicial, para castigar a un Consejo General del Poder Judicial que no se ha querido plegar al ordeno y mando del Gobierno, modificando la forma de elección de magistrados para que no se nombre ni uno que no tenga el plácet del Gobierno, y ahora nos meten en un lío extraordinario con este proyecto que consideramos -intentaré argumentar por qué- es un estropicio brutal en nuestro Poder Judicial a cuenta de algo que además tiene su historia. Usted estuvo aquí, presentó su programa y nosotros ya le dijimos al inicio de la legislatura que nos preocupaban cosas, pero, claro, desde el inicio de la legislatura hasta hoy ha habido un recorrido en el que -S.S. lo ha insinuado desde la tribuna- ha ido evolucionando una cosa que se llamaba el proyecto de reforma del Estatuto de Cataluña, que ha incorporado un Poder Judicial propio para Cataluña que ustedes han presentado ante la opinión pública bajo la idea de la limpieza de patena y que, en definitiva, como usted ha explicado muy bien, a día de hoy nos trae aquí no solo esta ley, sino ese proyecto de Estatuto más esta ley, que es, entre otras, como usted decía muy bien, formando un conjunto, pero muy especialmente esta, la clave de bóveda de lo que sin duda -a usted le parecerá grandilocuente, pero es lo que nosotros pensamos y con toda claridad se lo decimos- es el desmantelamiento del modelo del Poder Judicial que está en nuestra Constitución, por arriba y por abajo. Como dije en el debate del susodicho proyecto de Estatuto, cuando se debate allí se remite a que todo está muy bien, porque se remite a la Ley Orgánica del Poder Judicial, y hoy viene usted aquí con el bonito juego de decir en la Ley Orgánica del Poder Judicial que se remite a lo que dice el estatuto de autonomía, y está el ciclo cerrado. Todo esto -apelaba usted al final de su intervención al consenso- sin haber estimado conveniente hablar del cambio radical de nuestro Poder Judicial a fondo ni con el partido mayoritario de la oposición ni por supuesto con la comunidad jurídica a la que usted afecta directamente. Así pues, el talante, como también le he dicho en muchas ocasiones, muy especialmente en materia de justicia, consiste en romper cualquier consenso con el partido de la oposición y en dar la máxima satisfacción posible, en este caso, a las demandas de los partidos nacionalistas que apoyan que usted esté sentado en ese escaño.
Había otra alternativa -la firmamos juntos en la legislatura anterior- que se llamaba Pacto de Estado y quiero recordarle, señor ministro, a usted y a todos los ciudadanos que estén siguiendo este debate, como si las propuestas que usted nos trae hoy aquí fuesen inexorables, que ni una sola de las cosas que dice este proyecto de ley estaba en el Pacto de Estado que firmamos juntos para la reforma de la justicia. O ustedes tenían una visión de la justicia completamente diferente a la que tienen hoy o, efectivamente, señor ministro de Justicia, como le he dicho, ustedes firman pactos que rompen inmediatamente después de haberlos firmado en cuanto tienen ocasión, y eso es lo que está pasando, una vez más, en este momento. Esto es gravísimo, porque en definitiva esto genera la fragmentación de uno de los tres poderes del Estado con una estructura orgánica territorializada y muy vulnerable a la influencia del poder político, es decir, esto nos lleva a la hiperpolitización del Poder Judicial y, por supuesto, a la fragmentación de lo que en la Constitución es un poder único. Esto se acredita solo con examinar cada uno de los disparates que están contenidos aquí, imagínese todos juntos, y los voy a enumerar. Uno, pasamos de tener un Consejo General del Poder Judicial a diecisiete y la Constitución solo habla de un órgano de gobierno del Poder Judicial único. Pasamos al desapoderamiento del Tribunal Supremo sustituido por 17 tribunales supremos o tribunales superiores de Justicia, que no es de esta ley, porque es de la que con mucho tino defendió aquí la enmienda a la totalidad, en nombre del Grupo Parlamentario Popular, el señor Padilla el otro día. La creación de un escalón nuevo en nuestra planta judicial aleatorio y, como luego explicaré, arbitrario, que usted llama la justicia de proximidad. El modelo de juez que deja de ser el juez de carrera, que acredita lo que tiene que acreditar para ponerse a tomar decisiones sobre la vida y hacienda de los demás, sustituido por una -expresamente dicho en la ley- nueva categoría de juez. Ya tenemos cuatro: magistrados del Tribunal Supremo, magistrados, jueces y jueces de proximidad, que no son jueces de carrera con los requisitos necesarios para el ejercicio de la función judicial, como también le he demostrado. Me paro en esta rúbrica para decirle que de todo lo que voy enumerando, mire que va siendo grave, esto es probablemente lo más grave, porque además viene acompañado de la politización -naturalmente que sí- del gobierno del Poder Judicial. Usted sustituye las salas de gobierno, que acompañaban al único Consejo General del Poder Judicial, formadas por profesionales para el autogobierno del Poder Judicial, por órganos de decisión política y con composición decisivamente política -ese es el efecto que usted produce con esta ley- y rompe las salas de gobierno, a las que -usted me decía que no con la cabeza- sí nos referimos en el Pacto de Estado de la Justicia y dijimos: incrementemos las facultades de las salas de gobierno. Pero no de estas salas de gobierno en las que la presencia de señores nombrados por los parlamentos resulta rigurosamente decisiva y que asumen competencias que hoy tiene el Consejo General del Poder Judicial. Esas, señor ministro, no fueron las que firmamos usted y yo; naturalmente que no. Añado, señor ministro -fíjese que voy enumerando nada más, porque no tengo tiempo para entrar en los detalles-, la consideración de la lengua oficial en las comunidades autónomas como elemento determinante y obstativo para quien no la conoce para el ejercicio de cualquier profesión de la Justicia, que ustedes vuelven a incluir aquí, por si cabía alguna duda después de lo que han aprobado en el Estatuto de Cataluña. Le añado, señor ministro, la desaparición de los cuerpos nacionales -y no es la primera vez que hablamos de esto y fíjese la de cosas que vamos sumando-, porque no es ya la rotura de los cuerpos nacionales y su troceamiento, que pasan a ser gobernados por las comunidades autónomas, que además pueden crear sus propios cuerpos -usted ha votado eso, yo no-, es que en esta ley de hoy, al mismo tiempo que se está tramitando en esta Cámara la creación de la nueva oficina judicial, usted dice con toda la claridad que la oficina judicial de estos magnos juzgados de proximidad será atendida o por personal funcionario de la Administración de Justicia o por personal de las comunidades autónomas o por personal de los entes locales. Les voy a aclarar un matiz, para que vean SS.SS. de qué estamos hablando: se crean unos juzgados que, como usted decía, por ejemplo, en lo contencioso, van a controlar la regularidad del régimen sancionador de los ayuntamientos.
Esos juzgados se crean por los ayuntamientos, se mantienen por los ayuntamientos y son servidos por personal funcionario del ente local; el que pone la multa y el que controla al que pone la multa; en origen y en destino. Y dice que lo que ustedes están inventando no tiene color político. ¡Por el amor de Dios! Cuenten que les encanta que tenga color político, pero no engañan a nadie. Termino la enumeración diciendo -usted lo defiende desde hace muchos años, y sabe que discrepo rotundamente-: Y además hacemos un gran beneficio a la democracia, porque introducimos mecanismos democráticos de saneamiento, fundamentalmente tres: uno, que los parlamentos van a nombrar ahora a los órganos de gobierno de los jueces para la división de poderes, para la independencia judicial y para la igualdad de los ciudadanos ante la ley en todo el territorio nacional.
Formidable. Es otra maldición, porque es brutal que donde ustedes no controlan cambian las reglas: para elegir los magistrados cambiaron la mayoría y ahora cambian el sistema de elección de las salas de gobierno, porque dice usted que es bueno que esté pluralizado. No, mire usted, listas abiertas, que es lo que hay, cada uno vota a cualquier nombre de cualquier lista y los que más votos tienen son los que representan a la mayoría de la gente. Lo otro, que es lo que usted hace aquí, es manipular para que las mayorías que usualmente están saliendo en el gobierno del Poder Judicial, que a usted no le gusta, se cambien con un cambio del sistema electoral. En la última de las cuestiones en la que no podemos estar más en desacuerdo con ustedes es en que este Parlamento puede obligar por ley al Poder Judicial a que venga aquí, al Senado o a los parlamentos autonómicos cada vez que a nosotros nos parezca. Usted dice, con un eufemismo que tapa la verdad: A que nos formen, a que nos ilustren, a modo de academia; es un honor venir al Parlamento a informar a modo de academia. Cuando a su grupo parlamentario no le gusta el consejo que hay en esta legislatura y ha pretendido deslegitimarlo hasta la raíz, ha traído aquí al presidente del Tribunal Supremo para que dé razones de sentencias del Tribunal Supremo o para controlarle de manera absolutamente contraria a la mínima cortesía en la relación entre poderes que se haya podido ver en Parlamento alguno del mundo. Control absoluto, como si fuese la última autoridad de su ministerio. Eso es lo que ustedes están metiendo aquí, para consagrar en la ley lo que han querido consagrar en la práctica, con algunos accidentes de recorrido, el control del Poder Judicial por el Ejecutivo a través de la mayoría parlamentaria.
Eso no es que sea bueno o malo, más democrático o más antidemocrático, es que es rotundamente inconstitucional y contrario a las esencias, a los principios de construcción de un régimen parlamentario. En un régimen parlamentario esta casa, el Parlamento, no controla a todo el mundo, por mucho honor que sea traerlo aquí a darle de bofetadas, señor ministro: ni al presidente del Tribunal Supremo ni a la presidenta del Tribunal Constitucional ni a los financieros más importantes del país, que seguro que sienten el mismo honor si se les llama. No; en un régimen parlamentario el único sujeto objeto del control -artículo 66 de la Constitución- es usted. ¿Que no le gusta? Lo siento, pero es esta casa la que controla al Gobierno y no el Gobierno el que controla en el Parlamento a ninguno de los restantes poderes del Estado, entidades públicas, entidades privadas o ciudadanos de cualquier naturaleza. Así de claro.


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uno, que los parlamentos van a nombrar ahora a los órganos de gobierno de los jueces para la división de poderes, para la independencia judicial y para la igualdad de los ciudadanos ante la ley en todo el territorio nacional. Formidable. Es otra maldición, porque es brutal que donde ustedes no controlan cambian las reglas: para elegir los magistrados cambiaron la mayoría y ahora cambian el sistema de elección de las salas de gobierno, porque dice usted que es bueno que esté pluralizado. No, mire usted, listas abiertas, que es lo que hay, cada uno vota a cualquier nombre de cualquier lista y los que más votos tienen son los que representan a la mayoría de la gente. Lo otro, que es lo que usted hace aquí, es manipular para que las mayorías que usualmente están saliendo en el gobierno del Poder Judicial, que a usted no le gusta, se cambien con un cambio del sistema electoral. En la última de las cuestiones en la que no podemos estar más en desacuerdo con ustedes es en que este Parlamento puede obligar por ley al Poder Judicial a que venga aquí, al Senado o a los parlamentos autonómicos cada vez que a nosotros nos parezca. Usted dice, con un eufemismo que tapa la verdad: A que nos formen, a que nos ilustren, a modo de academia; es un honor venir al Parlamento a informar a modo de academia. Cuando a su grupo parlamentario no le gusta el consejo que hay en esta legislatura y ha pretendido deslegitimarlo hasta la raíz, ha traído aquí al presidente del Tribunal Supremo para que dé razones de sentencias del Tribunal Supremo o para controlarle de manera absolutamente contraria a la mínima cortesía en la relación entre poderes que se haya podido ver en Parlamento alguno del mundo. Control absoluto, como si fuese la última autoridad de su ministerio. Eso es lo que ustedes están metiendo aquí, para consagrar en la ley lo que han querido consagrar en la práctica, con algunos accidentes de recorrido, el control del Poder Judicial por el Ejecutivo a través de la mayoría parlamentaria.
Eso no es que sea bueno o malo, más democrático o más antidemocrático, es que es rotundamente inconstitucional y contrario a las esencias, a los principios de construcción de un régimen parlamentario. En un régimen parlamentario esta casa, el Parlamento, no controla a todo el mundo, por mucho honor que sea traerlo aquí a darle de bofetadas, señor ministro: ni al presidente del Tribunal Supremo ni a la presidenta del Tribunal Constitucional ni a los financieros más importantes del país, que seguro que sienten el mismo honor si se les llama. No; en un régimen parlamentario el único sujeto objeto del control -artículo 66 de la Constitución- es usted. ¿Que no le gusta? Lo siento, pero es esta casa la que controla al Gobierno y no el Gobierno el que controla en el Parlamento a ninguno de los restantes poderes del Estado, entidades públicas, entidades privadas o ciudadanos de cualquier naturaleza. Así de claro.


En los quince minutos que tengo no puedo entrar en el detalle de la suma de lo que he calificado de disparates hasta conformar un gran estropicio, que es romper el modelo de Poder Judicial que está en la Constitución, pero alguna cosa tengo que decir en el tiempo del que dispongo. A usted le molesta mucho que nosotros digamos que esto de la creación de los diecisiete consejos rompe la unidad. Dice: desmesura, propaganda, cultura de España... Moléstese lo que quiera. A ustedes les está pasando con esto una cosa, y es que quieren explicar que esto es lo que quedaba pendiente de desarrollo de la transición democrática, porque este es un Estado descentralizado y lo único que queda por descentralizar es el Poder Judicial, cuando resulta que el Poder Judicial es el poder más descentralizado de todos los poderes que llega al último ayuntamiento. A continuación, añaden: No digan ustedes que esto rompe la unidad del Poder Judicial porque es poca cosa, unos informitos no vinculantes, lo que antes hacían las salas de gobierno... Aquí se produce lo siguiente: para explicar todo eso en la ley no usan el término descentralización, usan el término que ha justificado la máxima centralización, que es la palabra desconcentración. Y para continuar con la simulación de que esto es pequeña cosa, añaden que los nuevos consejos de Justicia están subordinados al Consejo General del Poder Judicial. Al mismo tiempo -fíjense, señorías-, hay un articulín pequeñito, un párrafo. Ustedes han aprobado ya un estatuto de autonomía. Por cierto, señor ministro, lapsus grave, ningún estatuto de autonomía contiene amplias competencias sobre el Poder Judicial; los dos últimos se acaban de aprobar en términos bien distintos. En el Estatuto de Cataluña viene una larga enumeración de cuáles son las competencias del nuevo órgano de gobierno solo para Cataluña, y ustedes limpian la patena y dicen: En los términos que se establezcan en la Ley Orgánica del Poder Judicial. Cuando yo debatí con el señor López Garrido sobre el Estatuto de Cataluña, me dijo: No sea usted pelmazo, porque esto lo hemos sanado y está en la Ley Orgánica del Poder Judicial. Don Diego seguro que se acuerda. Ahora llegamos aquí, ¿y qué dice de las competencias de los consejos de Justicia autonómicos? Dice: una, dos, tres -todas esas que usted ha enumerado- y cuatro.
Aquellas que se le otorgan en los estatutos de autonomía. Limpieza de patena completa por un lado y por el otro. Sean sinceros. ¿Creen que tiene que haber diecisiete órganos de gobierno en vez de uno, o uno más diecisiete, con más competencias de los diecisiete que del uno? Bien, sería su modelo. Díganlo con toda claridad. Eso sí, para decirlo con claridad, respeten los procedimientos. Para hacer eso, hagan lo que tienen que hacer, que es traer aquí la modificación de la Constitución española de 1978 y la debatimos. Y si esta Cámara y luego todos los españoles les dicen que sí, tendremos otro Poder Judicial. Lo que no vale, señor ministro, y menos con simulación y trampa, es cambiar entero el Poder Judicial diciendo que se está haciendo lo que no se está haciendo, admitiendo en definitiva lo que está pasando de verdad y que ya hemos debatido también en esta Cámara. Ustedes, hasta hace un minuto, en la historia de España, han dicho en esta tribuna lo mismo que nosotros ante decenas de iniciativas de los grupos parlamentarios nacionalistas.
Hemos rechazado juntos una y

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otra vez la lengua como requisito, los diecisiete consejos autonómicos, la ruptura de los cuerpos nacionales. Más aún, señor ministro -no está don Emilio Olabarría, pero esta doña Margarita Uría-, usted le dijo de todo a don Emilio Olabarría al principio de esta legislatura cuando le propuso un modelo de Consejo General del Poder Judicial autonómico para el País Vasco como el que ahora nos trae. Le dijo que ya había otro modelo, que eran los consejos asesores, que efectivamente existen en otras comunidades autónomas.


El señor PRESIDENTE: Señor Astarloa.


El señor ASTARLOA HUARTE-MENDICOA: Voy terminando, señor presidente.


El señor PRESIDENTE: Su minuto de cortesía concluyó ya.


El señor ASTARLOA HUARTE-MENDICOA: Muy bien. Muchas gracias.


Como le dijeron en el Estatuto de Cataluña y le dicen hoy, porque no han presentado enmiendas, los grupos nacionalistas están encantados, porque finalmente ustedes hoy les dan aquello por lo que han estado peleando durante años y ustedes y nosotros les hemos dicho que no, porque eso estaba fuera de la Constitución. Hoy, ustedes están históricamente haciendo ese servicio. Suya es, como le dije al señor López Garrido, la responsabilidad histórica de romper la unidad del Poder Judicial de España aceptando los proyectos nacionalistas de poderes judiciales propios para cada comunidad autónoma.


Termino en efecto, señor presidente, con dos anotaciones. La justicia de proximidad, señor ministro...


El señor PRESIDENTE: Señor Astarloa, lo lamento profundamente, pero ya lleva un exceso de tiempo.


El señor ASTARLOA HUARTE-MENDICOA: Termino en un minuto, señor presidente.


El señor PRESIDENTE: Sí; si lo tengo que hacer multiplicado por ocho dos veces, comprenda que no puede ser. Concluya, por favor.


El señor ASTARLOA HUARTE-MENDICOA: Concluyo de verdad, señor presidente.


Justicia de proximidad. Ustedes saben -no solamente el señor ministro- que todo el mundo de la justicia les ha dicho que esto es una locura, porque es una locura prever, como ustedes hicieron en el primer papel y siguen manteniendo hoy, que se creen juzgados en unos sitios sí y en otros no al albur de la decisión política y económica de los ayuntamientos y bajo la égida de ayuntamientos que tienen que poner hasta el agua corriente.
Ustedes lo saben y añadían: Y los nombran los alcaldes. Era tan escandaloso que les dijeron de todo y lo cambiaron. Ahora no sé dónde dirán lo de los alcaldes -podrán decirlo las leyes autonómicas- y, salvo en el sistema de nombramiento, mantienen intacto algo que ustedes se cargaron en el año 1985.


El señor PRESIDENTE: Señor Astarloa, lo lamento.


Con toda cortesía le he pedido que concluya. No me diga que va a concluir pues ya ha consumido un exceso de tiempo que rompe las reglas del Pleno.
Le ruego que concluya. Termine y seguimos el orden del día correctamente.


El señor ASTARLOA HUARTE-MENDICOA: Decía que era lo que se cargaron en el año 1985. Hoy lo presentan ante la sociedad como diciendo, por fin hay...
No, ustedes lo rompieron en el año 1985. Ahora lo traen aquí pero con jueces que con seis años, después de haber acabado la carrera, acabarán convirtiéndose a los nueve años siguientes en jueces magistrados del Tribunal Supremo, magistrados como los demás. Esa es la gran ruptura de este proyecto.


Señor presidente -por no hacerme llamar más la atención-, añado un último dato para que usted sepa...


El señor PRESIDENTE: Señor Astarloa, su tiempo ha concluido. Comprenderá que esto es excesivo por su parte. Su tiempo ha concluido, por favor.


El señor ASTARLOA HUARTE-MENDICOA: Señor presidente, en dos segundos verá que contesto. (Rumores.)

El señor PRESIDENTE: Su tiempo ha concluido. Ya me lo ha dicho tres veces.
Su tiempo ha concluido. Lo lamento mucho, por favor.


El señor ASTARLOA HUARTE-MENDICOA: Señor ministro... (Rumores y protestas.)

El señor PRESIDENTE: Señor Astarloa, su tiempo ha concluido. Pasamos al siguiente orador. (El señor Astarloa Huarte-Mendicoa pronuncia palabras que no se perciben.)

Señor Astarloa, pasamos al siguiente orador.


El señor ASTARLOA HUARTE-MENDICOA: Señor presidente...


El señor PRESIDENTE: Señor Astarloa, su tiempo ha concluido. Esto no es un autoservicio donde uno se sube a la tribuna y se marca el tiempo que quiere y como quiere.


Por favor, su tiempo ha terminado. (Rumores.)

El señor ASTARLOA HUARTE-MENDICOA: Luego le cuento lo que le propongo porque no se le puedo contar ahora. (Aplausos.)

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El señor PRESIDENTE: Lo lamento profundamente, pero las reglas valen para todos. (Un señor diputado: Para los que tenemos 148 escaños.-El señor Atencia Robledo: ¡Vaya intolerancia!.-Rumores.)

El señor PRESIDENTE: Señor Atencia, por favor sea correcto. El presidente no ha hecho sino aplicar el Reglamento con una enorme cortesía. Insisto en que el Parlamento no es un autoservicio donde cada uno interpreta cómo se conducen los debates. Este presidente administra los tiempos con enorme largueza, como está acreditado.


¿Algún grupo parlamentario desea ejercer su turno en contra? (Pausa.)

Fijación de posiciones. En primer lugar, señora Navarro.


La señora NAVARRO CASILLAS: Muchas gracias, señor presidente y muchísimas gracias por amparar a toda la Cámara ante el exceso en el tiempo de algunos diputados. (El señor Padilla Carballada: ¡Tiene narices!.-Rumores.) En este caso, además con una conocida reincidencia en la que incurre el diputado Astarloa. (Rumores.)

Una nueva enmienda a la totalidad basada en un argumento que también es recurrente: España se rompe. ¿Por qué? Por el Estatuto catalán. La pregunta que este grupo parlamentario al que represento se formula es la siguiente: ¿Las comunidades autónomas rompen España? ¿La transferencia de la justicia a algunas comunidades autónomas ha roto España? ¿Los parlamentos autonómicos, las competencias exclusivas, las compartidas también han roto España? ¿Por qué avanzar en la realidad autonómica en el ámbito del Poder Judicial rompe, según su criterio, España? Ustedes se oponen de nuevo a la reorganización de la Administración de Justicia con el autogobierno de las comunidades autónomas.


A nuestro grupo parlamentario, sobre la propuesta de justicia de proximidad, hay cosas que nos gustan más que otras. Estamos dispuestos en la tramitación parlamentaria a aportar nuestra visión de lo que ha de ser esta justicia y mejorar profundamente el texto que ha remitido el Gobierno. Si es positivo y funciona, debe extenderse a todos aquellos municipios que lo requieran en función de la carga de trabajo. Por tanto, no debe importar donde residan, si es en un municipio más grande o más pequeño, sino el grado de conflictividad que éstos padezcan. También es mejorable en cuanto a las materias atribuidas a estos juzgados. Todo esto debemos discutirlo en la tramitación parlamentaria, siempre sin olvidar nuestra apuesta por articular un sistema de mediación y conciliación en materia civil y penal, que, recuerdo, es un compromiso que está en la Ley del Divorcio y que mi grupo parlamentario arrancó al Gobierno en la tramitación. Deben cumplir ese compromiso, deben presentar ese proyecto de ley, deben abordar la Ley de Mediación.


Como decía, consideramos que la propuesta del Gobierno es ampliamente mejorable, pero ustedes, señorías del Grupo Popular, no quieren mejorar absolutamente nada. Quieren engañar a los ciudadanos haciéndoles creer que la descentralización implica la quiebra del Estado español y lo único que le pide el resto de los grupos parlamentarios es que se calmen. Es cierto que la justicia tiene problemas, es un hecho objetivo; es percibida, con fundamento, como lenta y cara, en absoluto próxima, y con serios problemas de credibilidad. Lo que tenemos que hacer es buscar soluciones, pero no pongamos obstáculos a las ruedas, mejorémoslas a través de esta tramitación parlamentaria que se inicia. Como decía, una solución para nosotros es la mediación prejudicial que evite los procesos para que no se dé esa justicia tan lenta que estamos padeciendo. Al Grupo Socialista queremos pedirle que esté abierto a todas las mejoras y a un amplio debate, porque éstas, como manifiesto, son necesarias y el modelo requiere importantes ajustes y ese debate amplio que se debe dar entre todos los grupos parlamentarios.


Respecto a la creación de consejos de Justicia -por cierto, ustedes votaron a favor del Consell Valencià de Justicia recogido en el artículo 33 del Estatuto Valenciano-, quiero decir que nos encontramos ante la misma situación. También es mejorable la propuesta que hace el Gobierno porque es un paso importante en la descentralización real de la justicia, pero al mismo tiempo es un paso tímido. Recordemos que ahondar en la descentralización de la justicia significa precisamente acercar la justicia a la ciudadanía y crear una justicia más eficaz, una justicia como es el Estado español: una sociedad compleja con diecisiete comunidades autónomas, plurinacional y plurilingüística, por lo que necesitamos unos consejos de Justicia adecuados a esa sociedad civil específica de cada territorio. Por todo esto, rechazamos profundamente su enmienda de totalidad.


Muchas gracias.


El señor PRESIDENTE: Gracias, señora Navarro.


Por el Grupo Vasco tiene la palabra la señora Uría.


La señora URÍA ETXEBARRÍA: Muchas gracias, señor presidente.


Podría ser muy breve mi intervención. Oída la presentación de la enmienda a la totalidad por el señor Astarloa, me podría limitar a manifestar que por lo que a el no le gusta, a mí me gusta; que las razones de su no van a ser las de mi sí, eliminados, por supuesto, los inevitables excesos en que ha incurrido, puesto que ha dicho que el proyecto contempla cuestiones que mi grupo reivindica hace mucho y que sin embargo no están en el proyecto. Ha dicho que los nacionalistas estaríamos encantados. Yo soy nacionalista y encantada, encantada, no estoy. No tengo los entusiasmos que ha acreditado el señor ministro en la presentación del proyecto, pero precisamente por eso quiero que se tramite, porque así podré presentar enmiendas parciales y lo podré enmendar.


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Señorías, el proyecto que ha presentado el señor ministro de Justicia a una hora tan poco proclive para ser escuchado contiene básicamente dos modificaciones: la que hace referencia a lo que se va a llamar justicia de proximidad y la creación de los consejos de Justicia. La justicia de proximidad pretende instaurarse como primer eslabón de la carrera y de la planta judicial y busca en el parámetro local -veremos si lo consigue- su puerta de entrada a la actual organización de la justicia. Aparecen así los juzgados de proximidad como ligados a determinadas ciudades y municipios con adscripción de asuntos sencillos y de escasa cuantía económica. En concreto, su creación está prevista para ciudades de más de 200.000 habitantes, capitales de provincia, capitales de comunidad autónoma, y en determinados casos especiales aun si la ciudad no supera los 75.000 habitantes. En cuanto a los asuntos a resolver en el orden civil, se encargarán de la conciliación y mediación de juicios verbales del artículo 250.2 de la Ley de Enjuiciamiento Civil; proceso monitorio de cuantía inferior a 3.000 euros; desahucios y tercería de dominio. En el orden penal, de juicios de faltas, salvo los que corresponden a los juzgados de Violencia contra la Mujer. Y en lo contencioso, de sanciones de entidades locales inferiores a mil euros. Esta es, así de endeble y de escasa, la conexión con lo local que presenta la creación de los juzgados de proximidad. El sistema de acceso a la categoría de jueces de proximidad implica innovaciones respecto al sistema ordinario de ingreso en la carrera judicial, de ahí la fuerte respuesta corporativa. Por un lado, el ingreso se producirá mediante concurso de méritos -se incluye prueba práctica y entrevista-, siendo imprescindible una experiencia como jurista de seis años de ejercicio profesional. Estos concursos se convocarán -no vemos, por tanto, mucho motivo para la alarma- por el Consejo General del Poder Judicial, se identificarán los municipios donde se encuentren las plazas convocadas y las bases de la convocatoria, y serán aprobadas por el Consejo General del Poder Judicial a propuesta de los consejos de Justicia que la propia ley crea. El tribunal nombrado por el Consejo General del Poder Judicial, a propuesta de los consejos de Justicia, tendrá la formación determinada que en él se plasma, existiendo la presencia de un letrado con diez años de experiencia, un catedrático y un secretario judicial. Se prevé asimismo que transcurridos nueve años desde la situación de haber adquirido la condición de juez de proximidad, se pueda acceder a la categoría de juez.


En el ámbito material y de personal, es decir, en las materias en las que se ha producido el traspaso a las comunidades autónomas, el proyecto experimenta con los juzgados de proximidad, ofreciendo a las comunidades autónomas con competencias en materia de Administración de Justicia, de manera sorprendente, determinadas capacidades que niega, o al menos no termina de otorgar de una vez, en otras instancias de la organización judicial. Así, posibilita que estas comunidades determinen la estructura de la oficina judicial de aquellos juzgados y permite que los puestos puedan ser provistos no solo por funcionarios de los cuerpos de Administración de Justicia, sino también por los de las comunidades autónomas. "La generosidad" -entre comillas- se desboca cuando se prevé que en dicha provisión puedan también participar los funcionarios de las entidades locales. Esta misma atípica apertura a los intereses locales se aprecia cuando posibilita que sean los ayuntamientos los que se responsabilicen de los medios materiales e instalaciones, incluyendo el edificio judicial de los juzgados de proximidad. Eso que se va a ahorrar el ministerio, la Administración General del Estado, en las zonas en las que no existe transferencia.


He indicado que se crean los consejos de Justicia de las comunidades autónomas. El proyecto crea estos consejos como órganos colegiados dependientes del propio Consejo General del Poder Judicial en los cuales el consejo desconcentra determinadas funciones. Cada comunidad autónoma dispondrá de un consejo cuyos miembros tienen relación con los órganos jurisdiccionales que actúan en el ámbito del correspondiente tribunal de Justicia y entre los que se integran vocales elegidos por los parlamentos autonómicos, cuestión esta que le parece fatal al grupo enmendante, cuando todos o un número importantísimo de los miembros del Consejo General del Poder Judicial son elegidos por esta Cámara. La interferencia de órganos parlamentarios no veo por qué tiene que ser de inferior calidad o peor para la independencia de que ha de gozar el Poder Judicial si es de parlamentos autonómicos en lugar de la de estas Cortes Generales, tanto en la variable Congreso de los Diputados como Senado, puesto que la politización o la cercanía con el Poder Ejecutivo en la trayectoria del presente Consejo General del Poder Judicial, y también de todos los pasados -así hay que reconocerlo-, es evidente para cualquiera que quiera examinarlo.


Con carácter general, asumen estos consejos las funciones de las actuales salas de gobierno, que vienen a desaparecer, excepción hecha de las de los tribunales del Tribunal Supremo y de la Audiencia Nacional, que permanecen y además asumen otras funciones que actualmente tiene el Consejo General del Poder Judicial; funciones básicamente de informe, aquellas que el Consejo General del Poder Judicial les delegue y las que los respectivos estatutos de autonomía les atribuyan en materia de justicia. Por cierto, la aproximación de este órgano -ahí no le falta razón al señor Astarloa- a lo dispuesto en el Estatuto de Cataluña -ayer aprobado por el Senado y solo falto del sometimiento a referéndum- debería ser mayor, puesto que no es lo mismo lo que se dice en este proyecto de ley que lo que ha quedado definitivamente plasmado en el Estatuto de Cataluña.


Se ha aludido a la figura o cargo que representa el presidente del Consejo General del Poder Judicial, aduciendo que ha sido traído a esta Cámara para cuestiones que hacían referencia a una supuesta politización o sometimiento al control del Legislativo. Se le ha llamado, pero no ha venido, señor Astarloa, usted lo sabe de sobra. Se le ha llamado porque él se ofreció -en su

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primera comparecencia en esta Cámara fue absolutamente generoso diciendo que vendría cuantas veces fuera llamado-, y también porque convendrá usted conmigo -creo que podrá convenir todo el mundo- en que se trata de un presidente que ha opinado fuera de esta Cámara cuantas veces ha tenido cerca un micrófono o una cámara. Eso sí, desde que ha sido llamado, está inusitadamente callado. A lo mejor, de algo han servido estas peticiones de comparecencia a las que él se negó y que se resiste a efectuar, aunque había afirmado que antes de que culminase este periodo de sesiones en algún momento vendría.


Cerrado este paréntesis, voy a hacer referencia a las enmiendas que mi grupo pretende formular, razón por la cual queremos que esta iniciativa continúe viva en esta Cámara. Alguna de las sugerencias que hacemos responde a antiguas demandas que ya hemos hecho en anteriores ocasiones con motivo de otras reformas de la Ley Orgánica del Poder Judicial. Nada nuevo, por tanto, al amparo de las modificaciones de los distintos estatutos de autonomía, si bien el grueso de ellas, las relativas a los cuerpos de funcionarios de la Administración de Justicia -por cierto, no sé de donde deduce las innovaciones que el señor Astarloa ha expresado porque a nosotros nos parece que no están en esta ley ni tampoco en la paralela, que se está tramitando a la vez-, a la oficina judicial o a la necesidad de que la organización judicial culmine en los tribunales superiores de Justicia dejando en manos del Tribunal Supremo la unificación de doctrina, las hemos planteado en otro proyecto de ley orgánica que ya fue objeto de debate de totalidad, que adapta la legislación procesal a la Ley Orgánica 6/1985, de reforma del recurso de casación, y generaliza la doble instancia penal que, como ya he indicado, se está tramitando a la vez -eso deseamos-, si es que culminan las prórrogas de los plazos de enmiendas. Quedan, no obstante, cuestiones tales como la intervención de las comunidades autónomas con competencia en materia de justicia en la creación de secciones y de juzgados, una demanda de participación más cualificada de las comunidades autónomas en la determinación de la planta judicial; la participación de las comunidades autónomas en determinadas actuaciones instrumentales que ostenta el consejo, así como su participación en la fijación de la planta orgánica del personal judicial o en la regulación de su estatuto orgánico; la posibilidad de que en la oficina judicial figuren funcionarios de la Administración de la comunidad autónoma y no únicamente de los cuerpos de la Administración de Justicia.


En otro orden de cosas, queremos precisar que la naturaleza de estos consejos autonómicos como órganos concentrados del Consejo General del Poder Judicial y como órganos de gobierno del Poder Judicial en cada comunidad autónoma deberá quedar así perfilada y no tal y como consta en el proyecto. Así, se le atribuye al presidente del Consejo de Justicia las funciones de representación del Poder Judicial en el territorio respectivo de cada comunidad autónoma. Trataremos de mejorar -así lo haremos en las enmiendas parciales- el listado de atribuciones de los consejos de justicia, haciéndoles partícipes de las funciones inspectoras, sancionadoras y disciplinarias o del nombramiento de los jueces sustitutos, de los magistrados suplentes y de las propuestas de nombramiento de los presidentes de los tribunales superiores de Justicia.
Queremos también que asuma competencias en el nombramiento de los presidentes de sala de los tribunales superiores de Justicia, de los presidentes de las audiencias provinciales y del resto de los nombramientos discrecionales, así como que participe en la fijación de la plantilla orgánica del personal judicial, que informe de las propuestas de demarcación y planta judicial y apruebe las normas de reparto de los asuntos. Nos gustaría que la composición de los consejos de Justicia fuese distinta, rebajando el número de los miembros al excluir a los presidentes de sala de los tribunales superiores de Justicia y reduciendo a tres el número de los magistrados o jueces a elegir por los miembros de la carrera judicial. Por otra parte, se deja en manos de las propias comunidades autónomas la determinación de la forma de elección de los miembros del consejo que le toca designar.


En cuanto a los juzgados de proximidad, únicamente hemos visto la necesidad de asegurar el contenido de las competencias que hemos asumido en materia de Administración de Justicia en cuanto a aplicación de las cláusulas subrogatorias. No nos tiene que indicar una ley estatal determinadas cosas: aseverar que las funciones y servicios traspasados y medios materiales y personales corresponden a las comunidades autónomas con competencia en la materia es nuestra querencia y en ese sentido irán nuestras enmiendas. Como tales, son estas instituciones las responsables de la política en tales áreas, y no como pretende el proyecto hacer partícipes a las entidades locales en estas materias, cosa inaceptable que no creemos sea propio, puesto que vulnera las competencias asumidas por las comunidades autónomas para que una parte de la organización judicial le resulte -a lo mejor ya lo he indicado con anterioridad- más barata en cuanto que los órganos locales deberán poner a su disposición los correspondientes edificios.


Por último, excediendo el texto del proyecto, presentaremos enmiendas en relación con el funcionamiento de la Audiencia Nacional y de otros órganos judiciales. En relación con la elección de miembros del Consejo General del Poder Judicial...


El señor PRESIDENTE: Señora Uría, debe concluir.


La señora URÍA ETXEBARRÍA: Termino en medio segundo, señor presidente.


Ya sabemos que está siendo objeto de pacto por parte de los dos partidos mayoritarios -para algunas cosas no cuentan con otras formaciones políticas- y con determinados extremos del estatuto de los magistrados del Tribunal Supremo. Por todo esto, porque queremos traer a la Cámara estos debates, los que están en relación con el contenido del proyecto y otros ajenos pero muy

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cercanos, es por lo que nuestro grupo rechazará la enmienda a la totalidad de devolución del Grupo Parlamentario Popular y va a apostar por la tramitación del proyecto.


Muchas gracias.


El señor PRESIDENTE: Gracias, señora Uría.


Por el Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana tiene la palabra el señor Cerdà.


El señor CERDÀ ARGENT: Gracias, señor presidente.


Señor Astarloa, no se me vaya que siempre es un encanto discutir con usted. Quisiera hacer un primer apunte para dejarlo claro. No somos los grupos nacionalistas sino los grupos de la zona templada del Parlamento, porque al final nacionalistas somos todos, cada uno de su nación y ya está, y cada uno expresa conforme quiere ese derecho y esa característica identitaria; y poco más. No me parece justo que se nos llame nacionalistas solo a aquellos a los que justamente no se nos ha reconocido de ninguna manera ese hecho nacional diferente al que pueda ser mayoritario o contundente.


Dicho esto, no somos los grupos nacionalistas los que estamos exactamente contentos con este proyecto de ley, pero tampoco estamos de acuerdo con el Grupo Popular que solicita la devolución del proyecto de ley que el Gobierno ha remitido por una larga suma de importantes argumentos y razones que se exponen y que justifican de alguna manera el inmovilismo del Partido Popular, que se reiteran una vez tras otra: El Estatuto de Cataluña y con ello se rompe España; la unidad del Poder Judicial se rompe, haciendo referencia expresa a la desmembración del Poder Judicial; la composición del consejo tiene un componente político decisivo; se expone también como justificación de la devolución del proyecto de ley el control parlamentario del Poder Judicial, sentando la obligatoriedad de que los miembros del Consejo General del Poder Judicial concurran al Parlamento; el Pacto de la Justicia también se ha alterado y ha suscitado un proceso legislativo de alteración de la estructura constitucional, y se abre una puerta inaceptable al control y a la fiscalización de la política judicial, por la cual se socava, desde luego, la división de poderes. Es como aquello de que viene el lobo, que viene el lobo; el lobo siempre está viniendo y al final los ciudadanos y ciudadanas del Reino de España saben que lobos quedan pocos o también, como diría mi propia hermana pequeña, menos lobos, Caperucita, que hay lo que hay.


Y ni España se rompe ni el Poder Judicial se desmembra ni se altera la estructura constitucional, ni mucho menos. Los consejos, tal y como están configurados en el proyecto de ley, han sido pactados y votados por ustedes en el Estatut valencià, fijando los límites, como bien ha recordado la señora Navarro.


El proyecto cuya devolución se solicita no es, por supuesto, el que Esquerra esperaba para disponer de un sistema judicial al servicio de la ciudadanía y sobre todo eficaz. Desde Esquerra -ya se lo anuncio- presentaremos decenas de enmiendas. Es un proyecto que no es acorde no ya con nuestro proyecto pactado sino que tampoco lo es con el del señor Mas y el señor Zapatero; tampoco es acorde con esto. Debemos debatir sobre la reforma territorial y democrática del Poder Judicial, que es evidente que no gusta a nadie; es un problema que hay que abordar, porque no es práctica, no es eficaz, no está al servicio de la ciudadanía. Les pido una cosa: salgan de vez en cuando del búnker, apuesten por una reforma en la que se democratice y se agilice el Poder Judicial al servicio de la ciudadanía, al servicio de la justicia, con mayúsculas. En una encuesta recientemente publicada, los jueces y magistrados suspenden al Poder Judicial como garante de su independencia. Yo no haré ningún comentario más, la encuesta es suficientemente explícita. Deben garantizarse también los derechos lingüísticos de la ciudadanía, se deben reformar los cuerpos estatales; creen los consejos judiciales territoriales que aproximen la justicia a la ciudadanía sin dispersar el poder; democraticemos, por tanto, en una palabra, el Poder Judicial -no se trata de desestructurar sino de ajustarlo a una realidad que es plural, como es la realidad del Estado español-, para evitar despotismos e injerencias que también son impropias. Lo inadmisible es que se hagan declaraciones por parte del presidente de uno de los poderes del Estado representando al Poder Judicial; lo inadmisible es -entendemos- que el presidente del Consejo General del Poder Judicial desoiga un mandato constitucional y se niegue a comparecer ante las Cortes a informar, a explicar o a exponer lo que considere efectivamente necesario.


Por lo que respecta a la justicia de proximidad, ustedes saben que es una demanda municipalista, instada por la Carta Municipal de Barcelona.
Agilicemos, reformemos y, en definitiva, pongamos en marcha una justicia diferente que esté al servicio de la ciudadanía. Insistimos de nuevo en que adaptar la justicia a la realidad autonómica es igual a democratizar la justicia, significa agilizar, mejorar y normalizar.


Mi querido amigo Astarloa, obviamente no vamos a coincidir ni con sus argumentos, ni mucho menos con su planteamiento. Va en contra de nuestros principios y también de nuestro programa. Después de 25 años constatamos que es un grave problema al que no se ha dado solución, que es un problema estructural que demanda reformas en un sentido o en otro, pero una enmienda a la totalidad bloquearía cualquiera de las reformas. El proyecto de ley desde nuestro punto de vista también es deficiente, pero intentaremos mejorarlo y colaboraremos mediante propuestas que profundicen, como he dicho antes y reiteradamente, en la democratización de la administración de la justicia y también del Poder Judicial.


Muchas gracias.


El señor PRESIDENTE: Convergència i Unió. Señor Guinart, por favor.


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El señor GUINART SOLÁ: Señor presidente, señorías, intervengo en nombre del Grupo Catalán (Convergència i Unió) para fijar nuestra posición ante la enmienda a la totalidad del Grupo Popular a la pretensión del Gobierno de modificar la normativa en materia de justicia de proximidad y de consejos de justicia. Nuestro grupo justifica la necesidad y oportunidad de esta reforma, puesto que tanto la justicia de proximidad, como la descentralización del Poder Judicial han sido dos reclamaciones históricas de Cataluña.


En cuanto a la justicia de proximidad conviene recordar que el propio Consejo General del Poder Judicial, en el documento Propuestas para la reforma de la justicia sobre la base del Libro Blanco de la Justicia, ya puso de manifiesto, entre otros aspectos y partiendo del propio libro blanco en el que se definieron las grandes reformas de la Administración de Justicia -y cito-: La necesidad de facilitar el acceso de los ciudadanos a la justicia programando una descongestión y aligeramiento de las tareas de los órganos de primera instancia civil, mediante una redefinición y simplificación de sus funciones, con la creación de una nueva estructura organizativa que contribuya a la paulatina desaparición de los retrasos y colapsos existentes. Termina la cita. En esa dirección se aborda precisamente la denominada justicia de proximidad que incluye, por un lado, la creación de nuevos juzgados para potenciar esa justicia próxima, ágil, eficaz, percibida positivamente por la ciudadanía, para el enjuiciamiento de conflictos de pequeña entidad derivados de la convivencia ciudadana con criterios de mediación, conciliación, celeridad, simplicidad procesal y proximidad al conflicto, incluido el conocimiento en el orden penal de determinadas faltas y cuya implementación debería llevarse en un primer momento a cabo en las grandes ciudades.


No existe ninguna duda de que grandes ciudades, como Barcelona, por citar una bien conocida por nosotros, deben contar con esos órganos judiciales, tanto por su población como por las especiales circunstancias que esos núcleos demográficos tienen desde muchos puntos de vista. Debe considerarse singularmente que la primera reclamación de implantación de justicia de proximidad provenía, se ha dicho hace un momento, de la propuesta de la Carta Municipal de Barcelona, aprobada por el pleno del ayuntamiento en este caso. Asimismo el proyecto del nuevo Estatut para Cataluña recoge la mención a la justicia de proximidad.


En cuanto al segundo gran tema que inspira esta reforma, los consejos de justicia, hay que recordar que el Estado autonómico exige también tener una proyección en la organización de los órganos de Gobierno del Poder Judicial. En el Libro Blanco de la Justicia el consejo apuntó que ciertamente la división territorial del poder en el Estado de las autonomías no afecta directamente al Poder Judicial o, al menos, no al núcleo de este, puesto que el artículo 149.1.5ª de la Constitución reserva esta competencia para el Estado, pero ello no significa que la organización del gobierno del Poder Judicial no pueda y deba reflejar la realidad subyacente al Estado de las autonomías.


En sus propuestas para el gobierno de la Administración de Justicia el consejo general concluía que la estructura de los tribunales, su actuación y el cumplimiento eficiente de sus funciones exigen una coordinación y unidad de actuación con las autoridades autonómicas, sobre todo aquellas comunidades autónomas que han asumido competencias en materia de administración de justicia. La competencia exclusiva del Estado sobre la Administración de Justicia que establece el citado artículo 149 de la Constitución y las previsiones del artículo 122 de la misma impiden la existencia de órganos autonómicos o independientes del Consejo General del Poder Judicial, sin embargo, ello no excluye -siempre según el propio consejo- que las potestades de gobierno del Poder Judicial se ejerzan de forma desconcentrada en aquellas materias que, por referirse al gobierno interno de los jueces y tribunales, puedan asumir las salas de gobierno de los tribunales superiores de justicia, o bien que se adopten fórmulas efectivas de cooperación. El Estado integral, compuesto, plurinacional, exige tener una proyección en la organización de los órganos de gobierno del Poder Judicial ejerciendo de forma desconcentrada aquellas materias que se refieren al gobierno interno de los jueces y tribunales, sin perjuicio de las competencias que correspondan al Consejo General del Poder Judicial. Por ello era necesario impulsar la descentralización de las funciones del gonsejo general en los territorios de las comunidades autónomas con competencias en materia de administración de justicia, con la creación de los correspondientes órganos territoriales y la participación de las comunidades autónomas en el órgano de gobierno del Poder Judicial. A pesar de que en líneas generales creemos que el contenido del proyecto de ley abre la puerta a realizar dos grandes modificaciones en el campo de la justicia, en el trámite parlamentario podremos, mediante la presentación de enmiendas al articulado, perfilar algunos aspectos que consideramos importantes.


El primer objetivo del proyecto de ley es dar cobertura a las necesidades específicas de las ciudades, que permita un modelo judicial más próximo, más ágil y sensible a las problemáticas de los ciudadanos. Este objetivo conllevará naturalmente la descongestión de los órganos jurisdiccionales superiores en ciertos ámbitos objetivos que puedan ejercer perfectamente los nuevos juzgados de proximidad, pero no debe olvidarse que la creación de la justicia de la proximidad responde al derecho y a la necesidad de los ciudadanos de disponer de un auténtico servicio público, efectivo y ágil de administración de justicia. Desde esta perspectiva, la característica de cercanía a la ciudadanía reclama que en aquellas ciudades de comunidades autónomas con lengua y derechos propios se exija el conocimiento suficiente para el nombramiento como juez de proximidad.


Respecto a la organización de la oficina judicial de los juzgados de proximidad debe tenerse en cuenta en las comunidades autónomas que ostentan competencias

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en este ámbito la necesidad de que sean estas las que ejerzan plena y efectivamente sus prerrogativas sobre la ordenación de los medios materiales y personales al servicio de estos órganos, ya sea con relación a los criterios y requisitos de personal como por lo que respecta a su planta. No creemos que sea oportuno aprobar una legislación que no permita a las comunidades autónomas competentes ejercer las competencias en este ámbito. Por ello, la previsión de la Ley Orgánica del Poder Judicial debe ser flexible en estos supuestos. La competencia jurisdiccional que corresponderá a estos órganos prevista en el proyecto de ley parece demasiado restrictiva Así, se considera que debería ampliarse, según nuestro punto de vista, la competencia en el orden civil y en el orden contencioso-administrativo. En materia de competencia objetiva de los juzgados de proximidad, como su propio nombre indica, creemos que sus órganos deben acoger todos aquellos asuntos o supuestos que más directamente afectan a las necesidades de los ciudadanos con objeto de dar una respuesta ágil, rápida y directa, repetimos, a todos aquellos conflictos que se pueden producir en su ámbito territorial de jurisdicción. Por otro lado, a nuestro juicio se plantea un consejo de justicia demasiado encorsetado y poco funcional. No se incorpora a los presidentes de las salas de los tribunales superiores ni a los de las audiencias ni a los jueces de elección directa por el propio sector.
Desde nuestra perspectiva debe definirse un consejo claramente diferenciado del modelo del proyecto, más ágil y con más competencias que permitan hacer realidad la descentralización del Consejo General.


En resumen, como prevé el artículo 97 del todavía proyecto Estatut de Catalunya, queremos hacer realidad que el Consejo de Justicia de Cataluña sea el órgano de gobierno del Poder Judicial, que actúe como órgano desconcentrado del Consejo General del Poder Judicial sin perjuicio, como finalmente se ha pactado, de las competencias de este último. Como consecuencia de estos argumentos, nuestro voto va a ser negativo a la pretensión del Grupo Popular de enmendar la totalidad de este proyecto de ley.


Señor presidente, señorías.


El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Guinart.


Finalmente, el Grupo Socialista, señor Muñoz.


El señor MUÑOZ GONZÁLEZ: Señor presidente, señorías, subo a esta tribuna no ya para hablar del proyecto que ha sido perfectamente expuesto por el señor ministro, sino para intentar desmontar los argumentos que han sido utilizados por el portavoz del Grupo Parlamentario Popular en la defensa de su enmienda de totalidad. Es cierto que toda la diatriba que nos ha soltado el señor Astarloa está construida sobre una o varias falsedades que pretenderé desmontar y que no porque estén pronunciadas por su boca dejan de serlo. Vamos a ir empezando a desgranar algunos de los argumentos de su enmienda de totalidad y sobre todo la exposición que aquí ha hecho, porque, en definitiva, la enmienda de totalidad no pasaba de ser dos hojas.


En primer término habla usted de consenso. Señor Astarloa, cuando suba a esta tribuna a hablar de consenso recuerde que en los 14 años de gobierno del Partido Socialista se modificó en dos ocasiones la Ley Orgánica del Poder Judicial, y en los cuatro últimos años de gobierno del Partido Popular se modificó en seis ocasiones. La última, la reforma del 2003, si quiere la ponemos como ejemplo del consenso, porque en ella afrontaban ustedes reformas absolutamente estructurales de la oficina judicial y de la forma de acceso a la carrera judicial. Por tanto, no hable usted de consenso, señor Astarloa, porque está poco autorizado para dar ese argumento.


Vamos a hablar ahora, si le parece, de justicia de proximidad, otra de las cuestiones que ha utilizado usted para hacer ver a toda la Cámara que con este proyecto va a desaparecer la imparcialidad, el carácter que tiene la justicia en la actualidad. Al final ha rectificado usted, aunque lo ha dejado caer aquí, porque como usted sabe el proyecto no contempla la elección por parte de los alcaldes ni de los ayuntamientos de los jueces de proximidad sino por el Consejo General del Poder Judicial. Por cierto, le tendré que decir a usted que lo que estará cuestionando entonces es el concurso de méritos u otras formas de acceso que no sean la oposición. En ese caso yo le digo a usted que tampoco sería mala forma porque, entre otras, una de las personas que ha accedido a la carrera judicial no por oposición es el actual presidente del Consejo General del Poder Judicial, señor Hernando.


Dicho esto, señor Astarloa, le tendría que explicar que esto es el cumplimiento estricto del programa electoral del Partido Socialista en materia de justicia, y cuando un Gobierno llega a obtener primero el respaldo de los ciudadanos y luego la investidura de esta Cámara, tiene la obligación de cumplir con su programa electoral, en ese aspecto ese es el cumplimiento del mismo. Además, no solamente es esto, es que en el Pacto de la Justicia que usted firmó, y cuando al menos era usted subsecretario entonces, se dice expresamente que se potenciará la justicia de proximidad; y en la Ley del Régimen Especial de Barcelona, que ustedes aprobaron hasta por aclamación en el Senado, se dice expresamente, en el título III de la misma: Justicia de proximidad, un nuevo escalón judicial dirigido a la ciudadanía sin los inconvenientes de formalismo y lentitud que en ocasiones sufre la justicia ordinaria. Una vez más esa es la incoherencia del Partido Popular.


Ha dejado caer la diferencia de trato, pero si la pone usted en relación con el artículo 14 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, que dice en el proyecto que en unos casos será juzgado por los jueces de proximidad o, en otros, por los jueces de primera instancia e instrucción, yo le voy a recordar que hay otro artículo actualmente vigente de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, que dice que si la falta se comete en la capital del partido judicial, por ejemplo, en Móstoles, le va a juzgar a usted un juez

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de primera instancia e instrucción, y si se comete, por ejemplo, en Boadilla, le va a juzgar a usted un juez nombrado por el ayuntamiento, que es el juez de paz. Por tanto, no juguemos con ese argumento, porque esa es una realidad existente ya consolidada por nuestra Ley de Enjuiciamiento Criminal en cuanto al reparto de las faltas.


El personal. Dice usted: La ruptura de los cuerpos nacionales. Otra falacia que viene usted a pregonar en este Parlamento. Usted tenía que conocer, porque ha sido responsable en el Ministerio de Justicia, que existen los artículos 50 y 51 de la Ley de Demarcación y Planta Judicial, y que en los mismos se establece, y además el 50 fue ratificado por una sentencia del Tribunal Constitucional, que los secretarios judiciales en los casos de juzgados de paz de municipios de más de 7.000 habitantes o que no conforman agrupaciones de secretarías de juzgados de paz los nombra el ayuntamiento; en los casos de esos municipios también establece el artículo 51 que el personal que sirve en esa Administración de Justicia es del ayuntamiento. Por tanto, si era tan malo y eso rompía los cuerpos nacionales, haberlo cambiado ustedes cuando gobernaban pero no diga que este sistema es distinto, porque este sistema existe.
(Aplausos.) Hasta tal punto existe que está perfectamente prevista la implementación de medios en relación con esta cuestión.


Consejo de Justicia. (El señor ministro de Defensa, Alonso Suárez, hace su entrada en el hemiciclo.-Rumores.-Una señora diputada: Dimisión.-El señor Martínez-Pujalte López: Dimisión, ministro.-La señora Sánchez Díaz: Un poco de respeto.) Un poco de respeto.


El señor PRESIDENTE: Por favor, señor Martínez-Pujalte, le ruego mantenga silencio. Le llamo al orden por primera vez, señor Martínez-Pujalte, y lamento hacerlo pero respete al orador.


El señor MUÑOZ GONZÁLEZ: Gracias, señor presidente.


Consejos de Justicia. La ruptura, los 17 sistemas de justicia. Nuevamente está usted faltando a la verdad. Nuestro programa electoral establecía la incorporación de juristas de reconocido prestigio elegidos por los parlamentos autonómicos y, por tanto, con este proyecto de ley estamos cumpliendo con nuestro programa electoral. Es más, en el pacto que se firmó con la reforma de la justicia, que nosotros firmamos, que ustedes incumplieron y por ello se rompió, se establecía aumentar las competencias de los tribunales que tienen más cerca la relación con las comunidades autónomas. Le voy a leer a usted un párrafo del informe al anteproyecto que hace el Consejo General del Poder Judicial sobre este tema. Textualmente dice: Esta fórmula, la de los consejos de justicia, es admisible, pues las competencias de las antiguas salas de Gobierno se mantienen en las comisiones judiciales integradas exclusivamente por miembros judiciales. Estas son palabras no de un socialista ni de ningún miembro del Grupo Socialista, sino del señor Requero que hizo este informe, miembro del Consejo General del Poder Judicial. Por tanto, como usted indica que esto es la consecuencia del Estatuto de Cataluña, le voy a leer algunos artículos del Estatuto de Autonomía de la Comunidad Valenciana porque yo voté el Estatuto valenciano y voté el Estatuto de Cataluña. Dice el artículo 33, Consejo de Justicia de la Comunidad Valenciana, que una ley de las Cortes valencianas determinará su estructura, su composición, sus nombramientos y sus funciones. Eso dice el Estatuto que usted votó conmigo de la Comunidad Valenciana. Si quiere que profundicemos sobre hasta dónde se ha llegado más lejos, si en uno o en otro estatuto, eso es opinable, pero en relación, por ejemplo, con la demarcación, cuando nuestra Constitución establece en su artículo 152 que las comunidades autónomas participan en la demarcación, en ese caso le voy a trasladar lo que dicen uno y otro estatuto. El valenciano en el artículo 36 dice que la Generalidad fijará la delimitación de las demarcaciones. El catalán dice que el consejo informará sobre las propuestas de revisión. ¿Qué es más avanzado fijar o informar? Creo que la respuesta es bastante clara.


Sistema electoral. Usted dice que el sistema lo que va a hacer es pervertir la existencia de mayorías. No, al contrario, el sistema lo que va a hacer es precisamente lo contrario y así lo han dicho muchas asociaciones judiciales. Se va a respetar a las mayorías, pero se va a afirmar también el respeto por las minorías.


En cuanto a las comparecencias del presidente del Consejo General del Poder Judicial y de los miembros del mismo, señor Astarloa, le reitero y le repito aquí el artículo 109 de la Constitución, que establece la posibilidad y la obligación que tienen las autoridades del Estado de venir cuando son llamadas por los representantes de la soberanía popular al Parlamento. Por tanto, todo lo contrario a lo que usted está diciendo.
El artículo 119.3 del proyecto establece un trámite de comparecencia que se perfila con relación a lo que actualmente está, y en este caso le tengo que decir que lo que no podrá hacer nunca este Parlamento, y eso sí sería atentar contra la división de poderes, es hacer que venga aquí el presidente del Tribunal Supremo a hablar de un tema jurisdiccional o hacerlo con otro magistrado porque eso sí atentaría al principio de división de poderes, pero no lo que se está sometiendo aquí. En absoluto eso tiene nada que ver con lo que aquí se está sometiendo. Le voy a reiterar otra vez lo que dice el señor Requero, que es el vocal del consejo que hizo el informe sobre este anteproyecto. Dice: No resulta de principio contrario al texto constitucional ni afecta a la independencia del consejo ni a la naturaleza y el ejercicio de su función de gobierno establecer nuevos cauces de colaboración entre las Cortes Generales o sus órganos y el consejo. Eso dice el informe del Consejo General del Poder Judicial. Y ahora que ya está aquí el señor Olabarría, imagino que no le gustará a él, pero no compare usted los consejos de justicia con la propuesta que en su momento hizo el señor Olabarría, que eso sí se podía entender como un Consejo General del Poder Judicial en y para Cataluña.


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Señor Astarloa, usted sabe de esto. Por tanto, cuando usted se sube a esta tribuna a decir las cosas que dice no cabe atribuirle a usted ignorancia inexcusable. Tampoco voy a llegar más lejos ni le voy a decir que su actuación es dolosa, pero permítame que le diga (Risas.-Rumores.) que es tremendamente imprudente subirse a esta tribuna a hacer soflamas que no se sustentan en ningún dato cierto.


Muchas gracias. (Aplausos.-El señor Martínez-Pujalte López: Importa mucho la policía.-El señor Martínez-Pujalte López y la señora Salom Coll cruzan las muñecas en forma de equis.)

El señor PRESIDENTE: Damos por concluido este punto del orden del día. (El señor Martínez-Pujalte López: Señor ministro, que nos detienen.)

Señor Pujalte, le llamo al orden por segunda vez. Le llamo al orden por segunda vez. (Rumores.-El señor Martínez-Pujalte López: ¿No me va a detener?) Le advierto que si tuviera que llamarle al orden por una tercera vez le invitaré a abandonar el hemiciclo. (Rumores.) Quiero que lo tenga usted en cuenta. (El señor Martínez-Pujalte López: La policía.) Señor Pujalte, le llamo al orden por tercera vez. Abandone el hemiciclo.
(Aplausos.-Protestas.) Abandone el hemiciclo. (Fuertes protestas. El señor Martínez-Pujalte López: Que me detengan.) Abandone el hemiciclo.
Esto no puede ser. Le ruego que abandone el hemiciclo. (El señor Zaplana Hernández-Soro pide la palabra.) Después de que abandone el hemiciclo, señor Zaplana. (Un señor diputado: No puede ser.-Varios señores diputados: Que lo detengan.-El señor Madero Jarabo: Que vengan las fuerzas del orden.) Señor Zaplana, le concederé la palabra, pero el señor diputado al cual le he invitado, creo que correctamente, a que tomara conciencia de que le estaba llamando al orden porque está alterando el debate, tiene que abandonar el hemiciclo. (Protestas.-Un señor diputado: No hay tal alteración.-El señor Zaplana Hernández-Soro: Para una cuestión de orden.) Después se la daré. Abandone el hemiciclo. El presidente se lo está rogando. (El señor Zaplana Hernández-Soro: Le pido la palabra para una cuestión de orden.) Se la concederé, sin ninguna duda, usted lo sabe, pero el señor diputado al cual le he llamado tres veces al orden tiene que abandonar el hemiciclo. (Protestas.-La señora Vázquez Blanco: Queremos libertad.-Una señora diputada: Nos vamos todos.-El señor Madero Jarabo: ¿Viene la policía?-La señora Hermosín Bono: La policía no, el Reglamento.-El señor Estrella Pedrola: Lee el Reglamento.-El señor Zaplana Hernández-Soro sube a la Presidencia.-Pausa.) Le ruego que abandone el estrado. Señor ujier, acompáñelo para abajo, acompáñelo.
Abandone la tribuna. (Fuertes protestas.)

Señorías, el artículo 104 dice lo siguiente: El diputado u orador que hubiera sido llamado al orden tres veces en una misma sesión, advertido la segunda vez de las consecuencias de una tercera llamada, le será retirada, en su caso, la palabra y el presidente, sin debate, le podrá imponer la sanción de no asistir al resto de la sesión. Le ruego, pues, señor Martínez-Pujalte que acate la decisión del presidente, porque el presidente entiende que le ha advertido con absoluta claridad (Protestas.-Un señor diputado: No hay derecho a esto.-El señor Madero Jarabo: Que venga la policía.) y, a continuación, le ruego que se ausente del hemiciclo. (Varios señores diputados cruzan las muñecas en forma de equis.) Continuamos.


Voy a dar lectura, antes de proceder, al apartado segundo... (Rumores.-La señora Hermosín Bono: ¡Qué gallinero!) Silencio, por favor. El apartado segundo dice así: Si el diputado sancionado no atendiere el requerimiento de abandonar el salón de sesiones, el presidente adoptará las medidas que considere pertinentes para hacer efectiva la expulsión. (Varios señores diputados: ¡Alonso!-Protestas.) En este caso, la Presidencia, sin perjuicio de lo establecido en el artículo 101, podrá imponerle además la prohibición de asistir a la siguiente sesión. (Protestas.) Abandone el hemiciclo. (El señor Atencia Robledo: Menos cintura que un armario.-El señor Martínez Pujalte-López abandona el hemiciclo haciendo una reverencia hacia los escaños del Grupo Parlamentario Socialista y otra a la Presidencia.-Aplausos.-Varios señores diputados: ¡Ministro, dimisión!-El señor Guerra Zunzunegui: Nunca se ha llamado al orden por nosotros.-La señora Salom Coll: Que venga Alonso a detenerle.) Señor Zaplana, usted había solicitado la palabra para una cuestión de orden.
Adelante.


El señor ZAPLANA HERNÁNDEZ-SORO: Señor presidente, me hubiera encantado que se me hubiera concedido esta oportunidad de dirigirme a la Presidencia como cuestión de orden con anterioridad a hacer efectiva la decisión del presidente, decisión que no guarda ningún tipo de proporción con los hechos que se han producido en el hemiciclo. Hay infinidad de hechos de mayor gravedad... (Fuertes y prolongados rumores.) Dejen que me exprese. (Fuertes y prolongados rumores.)

El señor PRESIDENTE: ¿Cuál es la cuestión de orden? (Los señores diputados del Grupo Parlamentario Popular: ¡Dimisión! ¡Dimisión! ¡Dimisión!)

El señor ZAPLANA HERNÁNDEZ-SORO: Señor presidente, no existe motivo, como he dicho, ni ha mediado el tiempo suficiente entre los tres avisos de la Presidencia, para que pudiera haber fundamentado su decisión definitiva.
Entiendo, señor presidente, que lo que ha querido la Presidencia esta tarde es provocar deliberadamente a mi grupo. (Rumores.-Aplausos) Le anuncio hoy, señor presidente, que la Presidencia se someterá a una reprobación por parte de mi grupo. (Un señor diputado: ¡Sí, señor!-Aplausos.-Rumores.)

El señor PRESIDENTE: El Pleno continúa. (Rumores.-Un señor diputado: ¡Lamentable!- El señor López Garrido pide la palabra.) No concederé

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más cuestiones de orden y entiendan que es preferible que continuemos este debate. El presidente, naturalmente, acepta el punto de vista expresado por el portavoz del Grupo Popular, como no podía ser menos (Un señor diputado: ¡Faltaría más!-Rumores), y así constará en el "Diario de Sesiones", pero el presidente cree que ha actuado conforme al reglamento, con gran sentido de la prudencia, advirtiendo de las consecuencias, y ustedes comprenderán que así no podíamos seguir. Dicho esto, naturalmente -el Tribunal Constitucional justamente esta semana acaba de dictar doctrina respecto a estos incidentes-, siempre queda el recurso de amparo ante el Tribunal Constitucional que ustedes pueden ejercer. (Rumores y protestas.)

DEBATE RELATIVO A LA AUTORIZACIÓN POR LA CÁMARA PREVISTA EN EL ARTÍCULO 17.1, DE LA LEY ORGÁNICA 5/2005, DE 17 DE NOVIEMBRE, DE LA DEFENSA NACIONAL.


-SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN DEL CONGRESO DE LOS DIPUTADOS PARA INCREMENTAR LOS EFECTIVOS DE LAS FUERZAS ARMADAS ACTUALMENTE DESTINADOS EN LA FUERZA INTERNAICONAL DE ASISTENCIA PARA LA SEGURIDAD EN AFGANISTÁN (ISAF) (Número de expediente 420/000056.)

El señor PRESIDENTE: Continúa el debate. Tiene la palabra el señor ministro. (Los señores diputados del Grupo Parlamentario Popular: ¡Alonso, dimisión! ¡Alonso, dimisión! ¡Alonso, dimisión!-Aplausos.-Los señores diputados del Grupo Parlamentario Popular: ¡Libertad! ¡Libertad! ¡Libertad!-Aplausos.-Fuertes y prolongados rumores.-El señor González Pérez: Unos mandan detenernos y otros nos echan de aquí.)

Señor ministro, le ruego que inicie su intervención. (Los señores diputados del Grupo Parlamentario Popular: ¡Dimisión! ¡Dimisión!, ¡Dimisión!)

El señor MINISTRO DE DEFENSA (Alonso Suárez): Con su permiso, señor presidente. Señoras y señores diputados... (Los señores diputados del Grupo Parlamentario Popular: ¡Dimisión! ¡Dimisión! ¡Dimisión!-Aplausos.)

El señor PRESIDENTE: Les ruego que mantengan silencio. (Los señores diputados del Grupo Parlamentario Popular: ¡Dimisión! ¡Dimisión! ¡Dimisión!-El señor Estrella Pedrola: ¡Cuánta democracia!) Les ruego silencio.


El señor MINISTRO DE DEFENSA (Alonso Suárez): En definitiva, señor presidente... (Los señores diputados del Grupo Parlamentario Popular: ¡Dimisión! ¡Dimisión! ¡Dimisión!- Un señor diputado: ¡Libertad!)

Con su permiso, señor presidente... (Los señores diputados del Grupo Parlamentario Popular: ¡Dimisión! ¡Dimisión! ¡Dimisión!

El señor PRESIDENTE: Les ruego que mantengan silencio. (Los señores diputados del Grupo Parlamentario Popular: ¡Dimisión! ¡Dimisión! ¡Dimisión!

El señor MINISTRO DE DEFENSA (Alonso Suárez): En definitiva, señor presidente, señoras y señores diputados (Rumores.), esta es la España que quiere el Partido Popular (Aplausos.), la del enfrentamiento descarnado y cainita (Rumores.), la de la manipulación del Parlamento, donde están representados los ciudadanos. (Rumores.-Los señores diputados del Grupo Parlamentario Popular: ¡Fuera! !Fuera! ¡Fuera!-) Se sirven para ello de mentiras y de manipulaciones, es su estilo, nada nuevo al respeto. (Los señores diputados del Grupo Parlamentario Popular: ¡Fuera! ¡Fuera!-El señor Soravilla Fernández: ¡Fuera!-Los señores diputados del Grupo Parlamentario Popular: ¡Dimisión!-El señor Soravilla Fernández: ¡Fuera, fuera y fuera!-Un señor diputado: ¡Justicia, justicia!-Un señor diputado: ¡Fascista!-Un señor diputado: ¡A la calle!-Una señora diputada: ¡Represor!-Los señores diputados del Grupo Parlamentario Popular: ¡Libertad! ¡Libertad!-Fuertes y prolongados rumores.)

El señor PRESIDENTE: Vamos a continuar. Continuemos a pesar de todo, señor ministro.


El señor MINISTRO DE DEFENSA (Alonso Suárez): Yo he venido aquí a trabajar por mi país en algo tan decisivo como la política exterior de defensa.
(Rumores.-Un señor diputado: ¡Justicia!) La España de Zapatero, la que se dedica a trabajar por sus ciudadanos. (Un señor diputado: ¡Fuera!-Aplausos.-Los señores diputados del Grupo Parlamentario Popular: ¡Dimisión! ¡Dimisión! ¡Dimisión!) En relación con Afganistán y el incremento de nuestro contingente ISAF, les doy a modo de recordatorio algunos datos. (Rumores.) La naturaleza del ISAF, señoras y señores diputados (El señor Soravilla Fernández: ¡Fuera!-Rumores.), está definida por la ONU como una misión para el mantenimiento de la seguridad, les cito textualmente, para que las autoridades afganas y el personal de las Naciones Unidas y otro personal civil internacional, dedicado en particular a operaciones humanitarias y de reconstrucción, pueda actuar en un entorno seguro (El señor Soravilla Fernández: ¡Fuera!-Rumores.); nada menos. Nuestra participación en dicho país en los términos actuales, como SS.SS. sabrán (El señor Soravilla Fernández: ¡Fuera!-Rumores.), ha tenido estado parlamentario desde el mes de julio de 2004, cuando el Gobierno recién constituido (El señor Soravilla Fernández: ¡Fuera!-Rumores.) fijó el número de 540 efectivos al tiempo que decidía la retirada de fuerzas en la operación Libertad Duradera y la concentración en

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ISAF. (Fuertes y prolongados rumores.-El señor Olabarría Muñoz hace gestos indicando que no se oye.-El señor Soravilla Fernández: ¡Fuera!) Desde entonces hasta ahora, señoras y señores diputados, ha habido hasta cinco comparecencias y, tanto por las informaciones como por los viajes que algunos de ustedes han podido analizar (Varios señores diputados: ¡Dimisión!-Rumores.), creo que la situación actual es bien conocida. El contingente español se encuentra desplegado en la región oeste de Afganistán. España lidera una base de apoyo avanzada con una unidad de helicópteros y un hospital en Herat que presta apoyo a cuatro equipos provinciales de reconstrucción, PRT. Asimismo, tenemos un equipo de reconstrucción desplegado en Qala-i-naw, capital de la provincia de Bagdis, donde la Agencia Española de Cooperación Internacional, de acuerdo con las autoridades afganas, ha identificado tres proyectos principales. En primer lugar, el acondicionamiento, ampliación y compactado de una carretera que une Qala-i-naw con Herat, así como el puente sobre el río que da acceso principal a la ciudad, que es un proyecto muy importante; en segundo lugar y mucho más importante, la traída, canalización y distribución de agua hasta la ciudad y, en tercer lugar, la reconstrucción del hospital provincial. Además, se han desarrollado otros proyectos de impacto rápido y se ha repartido material, concretamente 13 grupos electrógenos, 14 ordenadores, casetas de vigilancia, 1.650 mantas, leña, más de 1.500 camisetas, 3.000 raciones de provisión, juguetes, material escolar, semillas de trigo, bombas de agua, etcétera. (Rumores.) Nuestros soldados, señoras y señores diputados, dan seguridad a estos proyectos y a quienes trabajan por ellos. La situación general del país es de gravísimas carencias, pero lentamente -y gracias al esfuerzo de la comunidad internacional y a la participación de países como España-, se van produciendo avances en pos de una mejora de las condiciones de vida de los afganos, la reconstrucción del país, el desarrollo de la democracia y la construcción de la paz. He estado hace poco en Afganistán, he encontrado a nuestros soldados tranquilos y conscientes de su misión, sabiendo que están ayudando a uno de los países más pobres del mundo, trabajando y dando seguridad para que otros puedan trabajar. ¿Qué está ocurriendo en Afganistán y por qué motivo solicitamos ahora este incremento? Cuando en febrero de 2005 fuimos a la zona oeste lo que hicimos fue desplazar el número de efectivos que por aquellas fechas teníamos en Kabul, es decir, el autorizado en junio de 2004. En aquellas circunstancias era suficiente, porque estaban aún por determinar los proyectos y la cooperación civil y porque la comunidad internacional se encontraba en proceso de expansión en el territorio, iba ganando espacios y extendiendo la presencia del Estado y de la autoridad del Gobierno cada vez a más lugares. Esta ampliación, de acuerdo con los planes previstos por la comunidad internacional y el Gobierno afgano, continuará hasta completar todo el territorio. La situación ahora es diferente. Considerando esos mismos elementos, tengo que decirles, por un lado, que a medida que se incrementa la cooperación civil deben aumentarse los recursos de seguridad y, por otro, que a medida que la seguridad y el orden tienen lugar sobre más territorio, es decir, conforme se eliminan refugios y zonas de delincuencia, la inseguridad no solo disminuye sino que también se dispersa, lo cual es difícil de cuantificar pero no es difícil de entender.


En consecuencia, señorías, de acuerdo con las necesidades determinadas sobre el terreno, el Consejo de Ministros del pasado 28 de abril acordó solicitar autorización a este Parlamento para incrementar el número de efectivos. Pretendemos autorización del Parlamento para un incremento de hasta 150 efectivos. Estos nuevos efectivos reforzarían el equipo provincial de Qala-i-Naw para cometidos de seguridad, así como la compañía de reacción rápida de Herak, que apoya los cuatro equipos provinciales en la zona oeste, en donde se desplegaría también un avión de transporte. Asimismo, incrementaríamos nuestra presencia, una cantidad menor que en los otros dos lados, en el cuartel general del mando oeste.
Pero insisto en que su misión, en definitiva, es aumentar sobre todo la seguridad global de la misión encargada por Naciones Unidas, que les recuerdo que encargó a la comunidad internacional ayudar a reconstruir un país que tiene un tejido social muy débil, que tiene un tejido estatal muy débil y que lo necesita mucho. Es el quinto país más pobre del mundo y tiene una situación geoestratégica que le hace especialmente interesante y necesario para la intervención de la comunidad internacional. Señorías, este es el propósito del Gobierno que hoy sometemos al parecer de la Cámara. Para finalizar, quiero decirles que mi reciente viaje a Afganistán me ha impresionado. En el primer desplazamiento que he hecho para conocer de cerca la actividad de nuestros soldados en misión, he podido ver la realidad a la que se enfrentan, los esfuerzos que hacen, las dificultades que asumen y la labor que realizan. Podemos y debemos estar legítimamente orgullosos de ellos (Rumores.). El objetivo de nuestras Fuerzas Armadas en sus misiones internacionales, hoy más que nunca, es la consecución de la paz y la estabilidad internacional, exactamente igual que otras Fuerzas Armadas de los países de la comunidad democrática internacional. Hay que defender nuestra soberanía, nuestro territorio y el orden constitucional, pero la evolución lógica de las Fuerzas Armadas las va a dar un papel más importante en el exterior de nuestro país. Nuestros soldados actúan con toda la profesionalidad, con toda la corrección, con toda la solidaridad y con absoluta sensibilidad en el medio en el que se desenvuelven. Cuando se les necesita van a donde sea, que es su obligación; cumplimiento de la obligación de la que, insisto, podemos y debemos estar muy legítimamente orgullosos. A mejorar todo esto dedicaré los próximos meses (Aplausos.-Los señores diputados del Grupo Parlamentario Popular: ¡Fuera! ¡Fuera! ¡Fuera!), a la eficacia en cuanto al cumplimiento de sus fines, la capacidad y el buen funcionamiento de nuestras Fuerzas Armadas. (Los señores diputados del Grupo Parlamentario Popular: ¡Dimisión! ¡Dimisión! ¡Dimisión!)

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Esta, la tarea internacional es una tarea muy importante para la que recabo su apoyo en general y el apoyo del aumento de efectivos que solicitamos hoy en particular. Señoras y señores diputados, vamos a seguir trabajando por la defensa de España, vamos a seguir trabajando por los españoles.


Muchas gracias. (Prolongados aplausos de las señoras y señores diputados del Grupo Parlamentario Socialista, puestos en pie.-Los señores diputados del Grupo Parlamentario Popular: ¡Dimisión! ¡Dimisión! ¡Dimisión!)

El señor PRESIDENTE: Pasamos a la fijación de posición de los grupos parlamentarios, de mayor a menor.


Por el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso tiene la palabra el señor Zaplana, por un tiempo de diez minutos. (Rumores.-El señor Pliego Cubero hace gestos con la mano.)

El señor ZAPLANA HERNÁNDEZ-SORO: Con la venia, señor presidente. (La señora Vázquez Blanco: ¿Le habéis visto? Ha hecho un gesto. ¡Payaso!)

Señor ministro, señorías, ya que S.S. ha introducido en su intervención referencias a la España que quiere el Partido Socialista (Rumores.-El señor Madero Jarabo: ¡Cuidado con los gestos! ¡Cuidado con los gestos!) o a la España que quiere su Gobierno, le voy a decir de verdad cuál es la España que queremos nosotros. (Rumores.) La España que queremos nosotros es la España en la que no se pueda detener ilegalmente a las personas por el mero hecho de ser militantes de un partido político. (Prolongados aplausos de las señoras y señores diputados del Grupo Parlamentario Popular, puestos en pie.-Rumores.) Esa es la España que queremos. La España que queremos es la que no permita que el ministro responsable de esas detenciones venga encima a insultar al grupo parlamentario de la oposición. (Varios señores diputados: ¡Bien! ¡Bien!-Aplausos de los señores diputados del Grupo Parlamentario Popular, puestos en pie.) Esa es la España que queremos. Un ministro que permite que sus subordinados sean condenados y, sin embargo, él no asume ninguna responsabilidad y se quita cobardemente de en medio. (Aplausos.) La España que queremos, señor presidente (Rumores.), es la de un Parlamento democrático, en la que el presidente no provoque al grupo de la oposición (Varios señores diputados: ¡Bien! ¡Muy bien!-Aplausos.), ni tome decisiones irregulares, contrarias al reglamento, expulsando a un miembro de la Cámara.
(Prolongados aplausos.) La primera consecuencia que ha tenido la sentencia que confirma la detención ilegal de dos militantes del Partido Popular, desde el punto de vista parlamentario, ha sido la expulsión de un diputado de la oposición. Esa es la primera consecuencia. (Aplausos.) Esa es la primera consecuencia. (Prolongados aplausos de los señores diputados del Grupo Parlamentario Popular, puestos en pie.-Varios señores diputados del Grupo Parlamentario Popular: ¡Dimisión! ¡Dimisión! ¡Dimisión!) Señor presidente, militantes detenidos, diputados expulsados, esa es la España del Partido Socialista Obrero Español. (Aplausos.-Varios señores diputados: ¡Bien! ¡Bien!) Ya le anuncio, señor presidente, como he dicho antes, que me veré obligado a presentar, en nombre de mi grupo, la reprobación de S.S. por considerar su decisión tremendamente arbitraria y contraria al reglamento. (Aplausos.) Señorías, no pueden pedirnos que actuemos como si no hubiera ocurrido nada. No es posible actuar así, porque estaríamos haciendo dejación de nuestra obligación de ejercer la oposición democrática en este Parlamento, como si no hubiera existido nadie condenado, como si no hubieran sido detenidos ilegalmente militantes del Partido Popular, como si no se hubieran falseado documentos, como si no se hubieran ocultado pruebas, como si las afirmaciones del ministro en sede parlamentaria no hubieran sido falsas, señor ministro, por mucho que se empeñe en decir lo contrario, como si la dimisión del delegado del Gobierno no hubiera aceptado responsabilidades políticas claramente; no pueden pedirnos que no le señalemos a usted, señor ministro, y al Gobierno que le apoya y que le ampara como responsables de esas detenciones ilegales. (Aplausos.)

Señor presidente, señorías, hace seis meses se aprobó la Ley de Defensa Nacional, una ley con la que el Gobierno voluntariamente y a bombo y platillo adquirió el compromiso formal de autorizar las operaciones militares por vía parlamentaria y con carácter previo a la realización de las mismas. Señor ministro, no deja de sorprender que siendo esto así el debate de hoy se produzca no con la voluntad del Ejecutivo, sino a petición precisamente de otros grupos parlamentarios, entre los que se encuentra el que yo represento. Señor ministro, no hay excusa. No importa que estos días se haya probado por primera vez el traje de ministro de Defensa o que haya estado dedicado a intentar desviar sus responsabilidades en el asunto que nos ha ocupado anteriormente. Usted está aquí de forma obligada y no de forma voluntaria. No se puede aprobar una ley simplemente para ejercerla o utilizarla cuando más convenga al Gobierno. Hoy ustedes están arrastrados en este debate parlamentario e intentan que su decisión pase lo más desapercibida posible. Sabemos que la finalidad del aumento de tropas en Afganistán responde a una razón de seguridad, una realidad incómoda que ustedes intentan disimular sin éxito en los últimos tiempos. Sin embargo, le aseguro que el Partido Popular siempre velará por la seguridad de las tropas españolas y estará a favor de cualquier medida que garantice su protección máxima. Nuestros militares no están sino para cumplir una misión en representación de España. Cuando en opinión de quien se está jugando la vida es necesario aumentar el contingente, seremos siempre partidarios de mantener e incrementar las tropas militares en Afganistán. Es nuestra obligación con ellos y con el desempeño de sus cometidos. Pero también por la protección y por la seguridad de los hombres y mujeres de nuestras Fuerzas Armadas, les exigimos, señor ministro, seriedad y transparencia.


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Tienen ustedes la costumbre de confundir -lo han hecho muchas veces en esta legislatura- la lealtad institucional con el seguidismo ciego a las políticas y decisiones del Gobierno. Señor ministro, no entiendan nuestro apoyo a esta medida como un cheque en blanco al Ejecutivo. No lo es, porque para nuestras Fuerzas Armadas supone un riesgo añadido contar con un Gobierno que dice un día una cosa y al día siguiente justo la contraria. Por eso exigimos información sobre el tipo de operación que el ministro no ha facilitado y si se van a asumir nuevas misiones. Estos interrogantes deberían quedar esta tarde suficientemente despejados por su señoría. Señor ministro, no es el momento de revivir tragedias del pasado, pero tengo que recordar que en Afganistán, bajo su Gobierno, murieron diecisiete soldados españoles al caer el helicóptero en el que se desplazaban. Hoy no es que las causas de ese siniestro no estén claras, es que tampoco están claras las misiones que estaban desempeñando allí nuestros soldados. Por tanto, señor ministro, déjense de una vez de rectificaciones y sean coherentes y serios. Primero, el presidente del Gobierno negó un plan inminente de ampliación del contingente español en suelo afgano -lo hizo el 18 de abril-, para luego apostillar que solo se daría lugar al incremento en caso de inseguridad de las tropas. Dos días después, solo dos días después, con los mismos informes -no había otros- sobre la mesa, la vicepresidenta del Gobierno salió a la palestra para anunciar tibiamente -eso sí- un aumento de los efectivos para dar, según dijo, una mayor protección y seguridad a los militares destinados en la zona. Tras este lío de negaciones y afirmaciones posteriores a las que, por otra parte, el Gobierno nos tiene muy acostumbrados, ustedes siguen en la línea de la ambigüedad, de una cosa y de justo la contraria. El Gobierno remite al Congreso un documento escueto firmado por el Ministerio de la Presidencia y por el Ministerio de Defensa en el que se reconoce la falta de estabilidad de la zona, pero al mismo tiempo -y fíjense, señorías, esto no tiene desperdicio- se asegura que el objetivo no es la autoprotección, sino incrementar la seguridad. Señor ministro, ¿de qué estamos hablando? ¿Por qué tiene tantos reparos en llamar a las cosas por su nombre? ¿Acaso tienen miedo de que la gente se dé cuenta de que ya han cambiado, que ya no llevan la pegatina de ¡No a la guerra!? (El señor Campos Arteseros: ¡No a la guerra!) Desde la tribuna de esta sede parlamentaria ya lo dijo el presidente de mi partido en junio del año 2004: Nosotros no mandamos a los soldados a ayudar a cruzar a ancianitas ni a poner tiritas, sino a una región donde hay terroristas armados hasta los dientes. Sabemos, y no por ustedes, sino por los últimos informes de la OTAN, que la situación allí empieza a ser complicada y, sobre todo, que puede empeorar mucho más a medio plazo.
Vuelve la percepción ya generalizada de que se ha convertido en una región de alto riesgo y no hay que olvidar -aunque, señor ministro, no lo haya dicho esta tarde aquí- que nuestros soldados han sufrido ya varios ataques. No es casualidad que sea en este momento cuando nuestros mandos militares solicitan al Gobierno que se mejore la seguridad y pidan aumento de efectivos; lo único cierto, y lo sabe el señor ministro, es que el peligro tabilán está reviviendo y mucho. Señorías, no queremos otra sorpresa como la de hace pocos meses con la fragata Álvaro de Bazán.
Señor ministro, para obtener confianza necesitan despejar preguntas como las que yo he planteado esta tarde. Necesitan sobre todo algo que ya sé que es difícil pedirle a usted: no engañar; decir la verdad.
(Protestas.-Rumores.) Queremos saber si ustedes están proporcionando los medios y los efectivos que los mandos de las Fuerzas Armadas les están reclamando. Pedimos transparencia, porque sabemos del doble lenguaje que ustedes utilizan de puertas para dentro y de puertas para fuera. Los asuntos militares exigen ser tratados desde la precisión, desde la claridad y desde el rigor, y no con la ambigüedad que ustedes están acostumbrados a abrazar. Por ello, señor ministro, le pido que aproveche esta oportunidad y explique aquí desde esta tribuna y en esta Cámara a los españoles su posición, la del Gobierno, ante la propuesta que se está discutiendo en el seno de la Alianza Atlántica.


El señor PRESIDENTE: Señor Zaplana, le ruego que vaya concluyendo.
(Protestas.)

El señor ZAPLANA HERNÁNDEZ-SORO: Acabo, señor presidente.


Queremos saber qué piensa el Gobierno sobre una posible unificación de las dos operaciones internacionales que se llevan a cabo en estos momentos en Afganistán, la estadounidense de Libertad Duradera, focalizada en la guerra contra el terror -léase Bin Laden- y la ISAF, encargada bajo el mando de la OTAN de las labores de reconstrucción del país. Señor ministro, queremos saber en qué afectaría esto a las tropas españolas, ¿o es que cree que en ningún caso la transformación repercutirá en nuestra misión actual? Si es así, dígalo en sede parlamentaria; dígalo porque tiene la oportunidad de informarnos. Lo único que le pedimos -y concluyo, señor presidente- es transparencia y verdad. Señor ministro, pedimos algo paradójico, un Gobierno que no mienta o, mejor dicho, un Gobierno que deje de mentir. (Protestas.-Aplausos.-Varios señores diputados: ¡Muy bien!) Fíjense qué diferencia con respecto a ustedes, eso sí que es responsabilidad. Yo sé que es muy difícil, en esta coyuntura, que usted sea precisamente el que nos tenga que ofrecer esa verdad y esa transparencia, pero si a la política acomplejada de su Gobierno en cuestiones de defensa nacional le añadimos su propia situación política y personal, comprenderá que esta relación entre el grupo de la oposición y el ministro de Defensa se hace insostenible.


Muchas gracias, señor presidente. (Aplausos.)

El señor PRESIDENTE: Grupo Parlamentario Catalán (CiU). Señor Maldonado.


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El señor MALDONADO I GILI: Gracias, señor presidente.


Señor ministro, nuestro grupo procurará ser, como siempre, sereno, tranquilo, para aportar alguna dosis de tranquilidad a esta tensa sesión en la cual, desde nuestro grupo, miramos con perplejidad esta situación que, estoy seguro de que los ciudadanos de la calle no entenderán. Si esto es política, que venga Dios y lo vea. Por tanto, vamos a hablar de lo que nos compete, de la petición del Gobierno para ampliar la presencia de las tropas españolas en Afganistán, y comparezco para fijar la posición del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió).


Señor ministro, usted pide a esta Cámara el visto bueno o no para poder ampliar la presencia de las tropas de España en Afganistán; ampliación relativa, son solo unos 150 soldados ante los muchos que ya están en Afganistán pertenecientes a alrededor de treinta y siete países de todo el mundo. Este es, curiosamente, un trámite que se estrena, este es un trámite -se ha dicho antes por otro portavoz- basado en la obligación de la nueva Ley Orgánica de Defensa, ley que se aprobó con el voto de Convergència i Unió y que, con nuestras enmiendas, creo que ayudamos a mejorarla y a que fuera una buena ley. Hoy hacemos un acto de consolidación de la democracia también en defensa; hoy son los ciudadanos del Estado español los que decidirán ampliar o no la presencia de España en Afganistán. Es, por tanto, un acto de democracia plena.


Quisiera empezar diciendo: ser o no ser, una expresión muy manida, muy utilizada, pero que nos sirve para introducir nuestro debate. Ser o no ser. Ser un partido que se implica en la gobernabilidad del Estado, a pesar de no formar parte del Gobierno, a pesar de no haber dado apoyo con su voto al Gobierno, a pesar de ser un partido que en su programa electoral no habla nunca de ejércitos, no tiene definiciones armamentísticas ni bélicas, pero hoy vamos a dar apoyo a esta petición.
Podríamos hacer otro discurso. Ser partido de gobernabilidad, ser partido de responsabilidad o ser partido de discurso hacia la galería. Ser o no ser. Ser partido que da apoyo a una petición o ser partido que se dirige a la galería con un discurso light, un discurso con tintes románticos, pero que en el fondo no tiene nada de realista. La realidad es que sabemos que en Afganistán hay problemas, y problemas graves. La democracia es incipiente. Por tanto, ¿por qué Convergència i Unió dirá sí a la petición del Gobierno? Por un aspecto democrático, para ayudar a consolidar la democracia, porque en Afganistán es demasiado incipiente.
Por el terrorismo, porque desgraciadamente los terroristas están sacando la nariz nuevamente en Afganistán; los señores de la guerra siguen presentes, sigue habiendo presencia y voluntad de guerra de sectores minoritarios, pero poderosos y potentes; vuelve a haber atentados, vuelve a haber problema terrorista, por tanto, para consolidar la democracia y para seguir luchando contra esta lacra del terrorismo. En tercer lugar, porque Afganistán ha sido y es una zona de paso y de tráfico de drogas.
Sigue siendo una zona donde los traficantes de droga tienen su espacio, su poder y su presencia y, si las fuerzas internacionales se van, estos traficantes, estos grupos entrarán en el poder político y dominarán el país. Por tanto, para consolidar la democracia, para luchar contra el terrorismo y para luchar contra esta lacra, que es el tráfico de drogas.
¿Por qué Convergència i Unió da apoyo a esta petición? Básicamente para hacer una política posibilista, porque sabemos que si hiciéramos lo fácil, que es irnos hoy, Afganistán volvería a ser el de ayer, aquel Afganistán terrible, donde las mujeres no tenían libertad, estaban privadas de las libertades más básicas, como es ir a la escuela, entre otras cosas. Afganistán está mal hoy, sí, pero estaba peor antes. No queremos el Afganistán de hoy, pero menos el de ayer y creemos que se debe estar a las verdes y a las maduras. Hoy hay que estar presente para de alguna forma intentar ser un país que vaya hacia la libertad y la democracia. Como no queremos el Afganistán de hoy, que no nos convence, pero menos el de ayer, hay que dar apoyo a esta petición que quiere hacer cosas básicas, no solo consolidar la democracia, levantar las libertades de los ciudadanos de aquel país -de los hombres, de las mujeres y de los niños-, sino incluso ayudar al quinto país más pobre del mundo, ayudarles en los servicios, a llevar agua a los poblados, a que tengan luz, a construir escuelas, a hacer puentes y carreteras.


Sé que hay un debate. Hay quien dice que las Fuerzas Armadas no deben hacer esto. Nosotros creemos que allí donde haga falta sí, allí donde haya terremotos hay que ayudar a las víctimas, allí donde no haya libertad hay que ir a luchar por ella, allí donde no haya agua, luz, escuelas, donde haya hambre, hay que ir a ayudar al lado de las ONG y de los gobiernos establecidos sin duda, pero una de las posibilidades del ejército también es trabajar para que el nivel de calidad de vida de estos ciudadanos no sea el quinto más pobre del mundo, sino que sea más alto, más justo y más libre. Hoy nosotros daremos apoyo a esta petición.
Se lo decía en la Comisión, señor ministro: vamos a dar apoyo totalmente convencidos de que hay que hacerlo, sin ninguna rémora, sin ninguna duda, pero con un mensaje de que hay que reflexionar, no solo España sino las instituciones internacionales, Naciones Unidas, los países que están allí, porque si después de tanto tiempo la democracia sigue siendo incipiente, si sigue habiendo actos terroristas, si sigue habiendo tráfico intenso de droga, si las libertades no están en el nivel que deberían estar, algo pasa, algo falla. Por tanto, debemos reflexionar y debemos tener un cierto sentimiento de que algo no va bien. Hay grupos sociales, hay entidades, instituciones que en la calle nos dicen que nos lo pensemos. Hace pocos días hablaba con representantes de Justicia i Pau y me decían: el camino no es este. Yo dije: daremos apoyo a la petición.
Pero Justicia i Pau sabe que en parte de su mensaje hay melancolía, hay sentimentalismo, hay altruismo, hay ilusión, hay solidaridad, pero también hay realismo. Es verdad que algo pasa, porque no va bien. Por tanto, tiene que haber un debate interno, una reflexión en Naciones

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Unidas, en Europa, en los treinta y siete países que están en Afganistán, porque después del tiempo que llevamos en Afganistán no se ha llegado a donde había que llegar. Siguen faltando cosas: hay falta de libertad, de democracia, hay terrorismo, hay tráfico de drogas, menos que antes, sin duda; basta con recordar el Afganistán de ayer: las mujeres no eran libres, el patrimonio de la humanidad fue volado, los niños morían en la guerra, había más tráfico de drogas que ahora, no había democracia, era peor; pero ahora no estamos bien. Por tanto, el mensaje desde Convergència i Unió es que hay que hacer una reflexión. Vamos a dar apoyo a esta solicitud por responsabilidad política, por serenidad, por convencimiento, pero también debemos empezar a pensar que es verdad que no estamos en Libertad Duradera, estamos en ISAF, estamos bajo el paraguas de Naciones Unidas, estamos legalmente; no estamos como en Irak que no se estaba bajo ningún mandato ni del pueblo español ni de este Congreso ni de Naciones Unidas; en Afganistán se está legalmente. Pero empieza a ser positivo escuchar algunas voces críticas que nos dicen que algo no va bien, que hay que mejorar, que hay que perfilar, que hay que aumentar según que aspectos. Hagámoslo.


Señor ministro, tiene nuestro apoyo en la línea que usted ha expuesto: en la línea del respeto a la legalidad, de apoyo solidario y de prevención del terrorismo y en la de la lucha para consolidar la democracia. Allí nos encontrará siempre que haga falta.


Muchas gracias.


El señor PRESIDENTE: Por el Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana tiene la palabra la señora Bonàs.


La señora BONÀS PAHISA: Gracias, señor presidente.


Señorías, estamos debatiendo hoy la solicitud del Gobierno de ampliación de efectivos para la misión que se está desarrollando en Afganistán. Esta solicitud es fruto de la aplicación de la actual Ley de Defensa. El Gobierno solicita la ampliación de 150 efectivos para cubrir y reforzar una serie de necesidades que constan en el documento de solicitud, para reforzar la misión de ISAF, fuerza internacional de asistencia para la seguridad en Afganistán que tiene las siguiente coberturas: Resolución 1386 del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, de 20 de diciembre de 2001; acuerdo del Consejo de Ministros de 27 de diciembre de 2001; Resolución 1623 del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, de 13 de septiembre de 2005; acuerdo del Pleno del Congreso de los Diputados, de 6 de julio de 2004. Esquerra Republicana dio apoyo al envío de tropas para esta misión en Afganistán en julio de 2004 y el 21 de febrero de 2005.
Hoy vamos a votar a favor de esta ampliación que nos solicita el Gobierno.


Señorías, conocemos -algunos de ustedes también- la situación de Afganistán. En Afganistán no hay estructura de Estado; en Afganistán hay un caos fuera de Kabul; en Afganistán la población civil vive a merced de grupos armados. La presencia de estas fuerzas es imprescindible para garantizar unas mínimas condiciones de vida. Si el ejército tiene alguna misión es esta: defender a la población civil.


Señor Maldonado, algo falla cuando el imperio norteamericano desde los despachos del Pentágono decide intervenciones sobre plano; decidieron una vez ir a Afganistán, decidieron una vez ir a Irak, sembraron el caos, la destrucción y luego tienen que ir los ejércitos de los pueblos democráticos y solidarios a garantizar unas mínimas condiciones de vida.
Esto está pasando en Afganistán y pasará en Irak.


Vamos a apoyar esta resolución por solidaridad con las mujeres, con los hombres y con los niños afganos. Queremos manifestar también nuestra preocupación ante el empeoramiento de la situación en la zona. Vemos con preocupación que, si bien es necesaria la presencia de fuerzas militares para garantizar la seguridad e ir avanzando para estabilizar la zona, esto no va al ritmo suficiente. Siempre hemos afirmado la necesidad de aumentar la cooperación desde el mundo civil, desde las ONG porque si no corremos el peligro de confundir los términos y de que no se distingan las misiones militares de las civiles. Lo que en un principio tiene que servir para garantizar la seguridad luego se complica y lo estamos viendo en esta zona. Nuestro grupo parlamentario, Esquerra Republicana, quiere que las cosas estén claras. Ante la Comisión de Defensa esta misma semana advertimos del peligro de la confusión y preguntamos por la posible fusión de las dos misiones: la de Libertad Duradera y la de ISAF y agradeceríamos alguna aclaración en este sentido. Ante la situación actual veríamos en positivo un aumento de las actuaciones desde el mundo de la cooperación, más protagonismo a la cooperación y menos a la presencia militar. Creemos que tiene que haber una reflexión sobre la situación actual, pero sabemos que sin el paraguas de los militares las ONG en Afganistán simplemente hoy no pueden actuar. Por tanto, vamos a apoyar este incremento de tropas, aunque creemos necesario un cambio de actitudes y, sobre todo, aumentar los fondos de cooperación y medios para llevarlos a cabo.


Gracias, señorías.


El señor PRESIDENTE: Grupo Parlamentario Vasco. Señor Olabarría, por favor. Gracias.


El señor OLABARRÍA MUÑOZ: Señor presidente, señorías, señor ministro, tengo que confesarle honestamente que no he podido oír su locución y tengo que realizar una precisión iuris tantum, que su locución ha sido correcta y se corresponde con la iniciativa legislativa que ha presentado en su tenor literal. No he podido oír porque ha habido circunstancias parlamentarias de difícil catalogación que nos han impedido, a los que estamos de la tercera o cuarta fila para atrás, materialmente oír lo que usted nos ha explicado y que nosotros vamos a apoyar.


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Yo estoy actuando por sustitución en esta iniciativa. No soy un experto en temas militares, incluso me pude librar de la mili, y desconocía que usted lo fuera, pero yo tengo un reconocimiento transversal y amplio sobre sus capacidades intelectuales para afrontar cualquier reto, seguramente que este lo podrá acometer con la misma eficiencia que ha acometido otros anteriores. En primer lugar, me va a permitir que le felicite por una circunstancia, y esto hay que solemnizarlo adecuadamente, porque esta es la primera vez en la historia del parlamentarismo en que se somete a la consideración y autorización del Parlamento, de las Cortes Generales del Estado (Aplausos.) una actuación de las tropas españolas en una actuación que está incardinada en un mandato del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas y bajo el mandato de la OTAN. Desde esta perspectiva no creo que sea el momento, por circunstancias colaterales a este elemento que es de una trascendencia política profunda y relevante que no se puede relativizar, de introducir cuestiones colaterales como han podido ser introducidas por otros grupos porque este es un tema que nosotros le damos la dimensión política que merece.


En segundo lugar, señor ministro, tengo que comentar que lo que usted nos propone es razonable, pero no sin ignorar los riesgos innegables que supone una actuación, aunque sea una actuación que tiene un perfil humanitario y de reconstrucción civil de un país, Afganistán, que políticamente hay que asumir, señor ministro. Estamos ante un país multiétnico, es un país mal construido, es un país difuso no solamente en su entramado institucional, sino en su entramado sociológico en donde comparten y malviven o conviven con dificultades etnias y grupos políticos diferentes -podemos hablar de los tayikos, podemos hablar de los hazars, podemos hablar de otros grupos-; de alguna manera, por razón de la forma de construcción de los Estados que se han producido siempre a través de impulsos bastardos o perversos, están conviviendo en una situación de gran dificultad, pero además hay que afrontar otra serie de riesgos que no son cuestiones baladíes o riesgos que sean objeto de relativización. Estamos hablando del primer o segundo país productor de opio del mundo en estos momentos, estamos hablando de un país donde el tráfico de armas está prácticamente institucionalizado, estamos hablando de un país donde Al Qaeda tiene sus células de funcionamiento fundamentales y estamos hablando de un país donde el incremento de riesgo para las tropas españolas y las de los treinta y seis países coparticipantes en la actuación del ISAF se ha incrementado notablemente en los últimos tiempos por el rearme y la reorganización de las células de Al Qaeda y de otros grupos que no comparten lo que ha sido calificado eufemísticamente en este debate parlamentario de esta tarde como incipiente democracia. Estamos hablando, en el mejor de los casos, de una democracia quizás embrionaria, y me atrevería a llamarla -ya que hemos hablado esta mañana de la ley de fecundación humana asistida- incluso preembrionaria. Las incipientes democracias son otras, y no voy a señalizar para no ofender a nadie, señor ministro. Desde esa perspectiva solo vamos a manifestar nuestro apoyo mediante un sistema de cata a ciegas -lo que se llama en La Rioja a cata ciegas porque no hemos podido oír sus explicaciones- basado en una triple condición. En primer lugar, nos gustaría que esta incorporación de nuevos soldados españoles se incardine en lo que usted pretendidamente ha comentado, garantizar la seguridad de los que ya están, manteniendo el sentido profundo y esencial, incluso legal, de la misión de las tropas españolas en Afganistán de naturaleza humanitaria, basada o destinada a la reconstrucción civil de un país atrozmente castigado por múltiples guerras civiles y de un país complejo y con múltiples problemas que hemos citado de forma muy superficial en este momento. En segundo lugar, le vamos a pedir, incluso me atrevería a usar exigir, que si el problema se va incrementando -y provoca los incidentes que se han generado en la región del Herat en este momento con intercambio de disparos, con auténticas acciones armadas-, que la aportación de información a esta Cámara sea inmediata o automática incluso, en virtud de los requerimientos asumidos por usted y por el presidente de su Gobierno en el debate de investidura, con relación a que se pueda incrementar la presencia de nuevas tropas españolas por un pretendido goteo continuo, porque no es descartable que para garantizar la seguridad de los que ahora no están haya que remitir también más tropas. Nosotros le pedimos, incluso le exigimos, que la autorización sea inmediata y automática. Le vamos a pedir también -y este sería el segundo requerimiento- que el sentido de la presencia de las tropas españolas en Afganistán no se modifique, no se nove y siga siendo una presencia en la búsqueda de objetivos humanitarios y de reconstrucción civil del país. Hay ya noticias que hemos podido leer u observar en medios de comunicación en donde parece que se va a modificar el sentido, la dimensión o los objetivos de las tropas en Afganistán prácticamente incorporándolas a otras tropas extranjeras que están allí ubicadas y que están realizando operaciones de naturaleza muy similar a la operación denominada patéticamente Libertad Durarera, en la que la misión de las tropas españolas no consistiría solo en la búsqueda de los objetivos humanitarios que justifican su presencia o en la reconstrucción civil del país, sino en la confrontación directa con organizaciones terroristas o con organizaciones armadas allí implantadas. Usted entiende perfectamente a lo que me estoy refiriendo. Yo no quiero que las tropas españolas se incorporen a operaciones como la denominada por Estados Unidos Libertad Duradera, eufemismo verdaderamente patético y vergonzante. Es una garantía que nosotros le pedimos que manifieste de manera clara y concreta.


Por último, y con esto acabo mi locución, señor ministro, que no carece de complejidades porque está basada en una reflexión por su parte que no he tenido la oportunidad y el gusto de escuchar, las acciones humanitarias del Gobierno que usted representa en este momento con presencia militar ya son de una cuantía idéntica prácticamente a la mitad de todas las consignaciones

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presupuestarias del Estado español destinadas a cooperación internacional.
Esto nos preocupa como fenómeno, señor ministro. La cooperación internacional debería tener otros objetivos más amplios y no debería de estar tan vinculada a actuaciones con la presencia de tropas militares, aunque esa presencia se incardine en acciones humanitarias y de reconstrucción civil del país, porque en materia de cooperación internacional estamos muy lejos de los requerimientos de organismos internacionales, como Naciones Unidas, y nos parece una perversión política en cierta manera que la mitad del presupuesto en materia de cooperación internacional esté vinculado en este momento a actuaciones que tienen o que conllevan la presencia de tropas militares. Con estos tres requerimientos, señor ministro, usted va a contar con nuestra adhesión incondicional. Si estos requerimientos que yo le he explicitado no son objeto de cumplimiento, provocará reservas políticas e intelectuales en nuestro grupo y requeriremos las responsabilidades o las explicaciones complementarias que sean pertinentes. Yo solo le agradecería que responda a las tres preguntas concretas que le he hecho.
Sin perjuicio de que este debate haya resultado un tanto tumultuoso y difícil de articular, nosotros hemos pretendido atenernos a la cuestión.
Dentro de los requerimientos parlamentarios el atenerse a la cuestión es algo que no debía relativizarse nunca, porque a las personas que no estamos en determinadas broncas políticas, señor ministro, se nos complica nuestra actividad parlamentaria hasta límites que usted seguramente sí se puede imaginar.


Gracias, señor presidente.


El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Olabarría.


Izquierda Unida; señor Llamazares.


El señor LLAMAZARES TRIGO: Señor presidente, señor ministro, señorías, mi grupo parlamentario va a rechazar el incremento de tropas en Afganistán.
No es la primera vez, pero creemos tener razones para ese rechazo.
Después de legislatura y media en esta Cámara uno está acostumbrado a todo y además el antagonismo y el conflicto es propio del sistema democrático. Lo que he percibido hoy, no me ha preocupado sino que me ha dado miedo, no es el antagonismo y el conflicto sino el afilado colmillo del odio que podríamos decir. En ese sentido intervengo preocupado en esta Cámara por el afilado colmillo del odio.


Señorías, mi grupo parlamentario valora también que este debate y la votación del Congreso de los Diputados sean acogidos de forma tan ilusionada por parte de todos los grupos parlamentarios. Saludo el apoyo al voto parlamentario del envío de tropas a Afganistán por parte de aquellos grupos parlamentarios que enviaron tropas en su momento, al margen del Derecho Internacional, contra la opinión de la Cámara y que además se permitieron votar en contra de la Ley de Defensa Nacional en lo que tenía que ver con la votación del Congreso de los Diputados del envío de tropas españolas. Por tanto, señorías, hemos de considerar, en primer lugar, que no solamente es adecuado que el Parlamento debata estos temas y los vote, sino que además con estos debates y estas votaciones el Parlamento ejerce una pedagogía parlamentaria que por suerte llega a los grupos parlamentarios que nunca han ejercido esta pedagogía democrática y que recientemente han rechazado las votaciones del Congreso de los Diputados.


Nosotros hemos estado de acuerdo con el Gobierno en la retirada de tropas de Irak y hemos estado de acuerdo también en la retirada de nuestros efectivos de la operación Libertad Duradera en Afganistán. Nuestras razones eran evidentes. En nuestra opinión, en ambas operaciones se iba más allá de las resoluciones de Naciones Unidas y del derecho internacional y en ambas operaciones fuimos incluidos sin el preceptivo acuerdo del Congreso de los Diputados. Por eso respaldamos estas posiciones del Gobierno. Pero son estas mismas razones desde la diferencia entre ambos casos, el caso iraquí y el caso de Afganistán, que no nos confunden, las que nos han llevado a rechazar iniciativas anteriores en Afganistán y las que nos han llevado también en el día de hoy a rechazar esta ampliación de tropas en Afganistán.


Señorías, no hemos estado de acuerdo ni siquiera en quedarnos en Afganistán en el marco de la operación de la ISAF, porque ustedes saben perfectamente que esa operación de la ISAF, que tiene el aval de Naciones Unidas y que tiene también el aval de esta Cámara, es una operación complementaria de la operación Libertad Duradera. Sin esta operación no existiría Libertad Duradera y sin Libertad Duradera no existiría la operación de ISAF. Son complementarias, a tal punto que los principales límites a la operación de ISAF están fundamentalmente en la estabilización y la seguridad. ¿Y por qué no puede ir más allá ISAF de la estabilización y de la seguridad? Porque es incompatible una guerra abierta con la reconstrucción de un país y con las necesarias operaciones de carácter humanitario. Esto se ha visto a lo largo de los últimos meses en Afganistán, señorías. No quiero poner a Afganistán únicamente en negro, pero que tiene grises es evidente, señorías. Afganistán, después de la intervención militar norteamericana y ahora en el marco de la ISAF, es un narcoestado, señorías, más narcoestado que lo era antes de la intervención norteamericana. Hoy prácticamente el 90 por ciento de la droga que se extiende en la Unión Europea proviene de Afganistán. Por tanto, narcoestado que continúa, y no hagamos alabanzas a un estado democrático que no existe. Por otra parte, la violencia y el terrorismo continúan o se incrementan día a día en Afganistán. Los informes de la inteligencia norteamericana y británica y los informes de Amnistía Internacional lo acreditan; acreditan que en Afganistán hay ahora terrorismo y hay violencia y que la violencia frente a las tropas se incrementa paulatinamente en la medida en que aumenta la ofensiva norteamericana de Libertad Duradera.


Señorías, tampoco para verlo únicamente en negro, los avances democráticos no son precisamente esplendorosos en Afganistán. Ustedes saben, algún portavoz lo

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ha dicho, que en Afganistán no solamente hay talibanes, sino señores de la guerra y también señores del opio. Pues bien, no todos los señores de la guerra y los señores del opio están del lado de los talibanes, sino que muchos de ellos forman parte de las fuerzas que hoy están representadas en las últimas elecciones en Afganistán. Es así; desgraciadamente es así; no avanza mucho la democracia y no avanza mucho el humanitarismo en Afganistán con esta estrategia. Pero lo más preocupante, y por eso nuestro rechazo y nuestra petición de debate en Pleno, es que este incremento de tropas es cualitativo, señorías, y no por el número, sino por lo que está ocurriendo en la OTAN, por lo que está ocurriendo en la operación Libertad Duradera. No digo palabras de Izquierda Unida, son palabras del embajador español en Afganistán. Dice: Ya no estamos ante una posible fusión de ISAF y de Libertad Duradera, es decir, de la guerra y de la operación de Naciones Unidas, porque ha sido dificultada en el marco de la OTAN -por suerte, entre otros, por el Gobierno español-, sino que estamos ante una integración -lo ha dicho así recientemente en la Cadena Ser el embajador- de la operación Libertad Duradera en la operación de la OTAN. Es decir que ahora los Estados Unidos disminuyen su volumen de tropas en el marco de Libertad Duradera, pero se aumentan las tropas en el marco de la OTAN para ejercer el mismo papel, esto es, para continuar con la guerra y con la ocupación de Afganistán. Esa es, en nuestra opinión, la razón fundamental para que el Gobierno tomase con más cuidado esta propuesta de incremento de tropas, porque hoy mismo se está produciendo también un debate sobre el incremento de tropas británicas en la misma zona, con objetivos parecidos, que no son, en nuestra opinión, los objetivos únicamente de la seguridad o de la reconstrucción, sino que, desgraciadamente, cada vez parecen más los objetivos de la ocupación y de la complementariedad con la operación Libertad Duradera.


Señorías, muestra de ello es que lo más reciente que ha provocado esta invitación de las Fuerzas Armadas al incremento de tropas es la inseguridad que en estos momentos se produce en determinadas zonas del oeste de Afganistán a raíz de la ofensiva en el sur y en el este.
Recientemente, saben ustedes, hemos tenido más dificultades de las habituales, nuestras tropas han sido agredidas de la misma manera que lo han sido las tropas italianas y de la misma forma también que se han producido otros accidentes y otros percances en Afganistán. Señorías, nosotros no vamos a hacer la contabilidad de los accidentados o de los fallecidos, porque entonces tendríamos que repartir de forma asimétrica las responsabilidades. Nosotros vamos a hablar únicamente de este envío de tropas con el que no estamos de acuerdo, se lo transmitimos así al Gobierno. Sabemos que en esta Cámara estamos solos en esta posición, pero nos conforta que en la sociedad española hay una mayoría que no entiende nuestra implicación en esta operación que cada vez tiene más tintes de ocupación y cada vez menos de apuesta por la seguridad, la reconstrucción y la acción humanitaria en Afganistán. Yo solicito al Gobierno que reconsidere esta decisión y anuncio el voto en contra de nuestro grupo parlamentario; voto en contra democrático, voto que reconoce la mayoría de la Cámara y que no se identifica, como decía Machado, con aquella España zaragatera y triste que, cuando utiliza la cabeza, embiste.


Muchas gracias. (Aplausos.)

El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Llamazares.


Grupo Parlamentario de Coalición Canaria, señor Mardones, por favor.


El señor MARDONES SEVILLA: Con la venia, señor presidente.


Señorías, señor ministro de Defensa, intervengo en nombre de Coalición Canaria para fijar nuestra posición que, como ya adelantamos hace unos días en la Comisión de Defensa, va a ser favorable. Quiero que mis palabras hoy tengan un doble sentido convergente, en primer lugar, en una línea formal al amparo del imperativo legal del artículo 17.1 de la Ley 5/2005, de Defensa Nacional, que dice que estas autorizaciones de misiones en el exterior tendrán dos justificaciones: la defensa de España o el interés nacional. Aquí estamos jugando con el interés nacional y, por tanto, este voto cumple con una formalidad, bajo el imperativo legal de una ley que se estrena prácticamente en este artículo hoy en la Cámara y eso tiene que ser una satisfacción para todos los demócratas, para todas las fuerzas políticas de la Cámara que hemos estado a favor de esta disposición que rige desde noviembre y que hoy utilizamos. Tiene el amparo de dos resoluciones de Naciones Unidas, tiene un mandato de Naciones Unidas y tiene un acuerdo del Consejo de Ministros del año 2004.
Esto nos tiene que dar la seguridad jurídica de que estamos actuando precisamente dentro del principio de legitimidad y con el compromiso de todas las fuerzas políticas de la Cámara, sea cual sea el voto, a favor o en contra, porque ambos son plenamente democráticos en el ejercicio de las libertades.


Cuando decimos que vamos a votar favorablemente, quiero manifestar que vamos a mandar 150 efectivos humanos para que dentro de ISAF desarrollen una función de apoyo para la seguridad de nuestras fuerzas en Afganistán, pero no solo de nuestras fuerzas, porque en la zona de Herat vamos a tener que seguir garantizando con esos nuevos 150 efectivos humanos, hombres y mujeres de las Fuerzas Armadas españolas, de nuestro Estado democrático, con cuatro PRT que hay en la zona, no solamente el español, pues estos equipos de reconstrucción provincial requieren una cobertura.
Vamos a mandar efectivos, un avión, cuestiones de tipo logístico al cuartel general oeste.


Cubierto este trámite puramente formal, quisiera que la segunda interpretación de mis palabras fuera dirigida a los que van a ser beneficiarios de esta resolución de la Cámara. No sé quiénes me estarán escuchando, pero a los que me oigan -desconozco si alguna cadena de

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televisión está emitiendo esta tarde nuestras imágenes en el Parlamento a las Fuerzas Armadas españolas que están allí- que sepan que el mensaje que les llegue de la patria, como ellos dicen, es un mensaje de apoyo, de solidaridad inquebrantable, porque ellos son los que necesitan un mensaje moral. Igual que como miembros operativos de las Fuerzas Armadas necesitan un blindaje en el casco y en el chaleco antibalas, necesitan la protección de esta Cámara y eso es muy importante para su moral. Así pues, si estas palabras e imágenes llegan a nuestras fuerzas en Afganistán, que sepan que no les olvidamos, que van a ir 150 efectivos humanos para reforzar su seguridad y para que al menos eso que queda de Estado en Afganistán no termine siendo una desvertebración, un caos en la anarquía y un país de señores de la guerra, que eso ni es país ni es nada que se le pueda parecer. Nuestro homenaje de hoy es nuestra palabra de que la Cámara va a enviar 150 efectivos compartidos para blindar su seguridad, que van a correr un riesgo. Nosotros estamos diciendo aquí que autorizamos una misión internacional, pero esta no es una misión internacional más que se hace bajo la bandera pacífica de la Cruz Roja o bajo la bandera blanca de los que no tienen nada que ofertar en beligerancia. Son nuestras tropas las que están en una misión de riesgo, donde junto a su voluntad de estar han puesto encima de la mesa el riesgo de su propia vida. ¿Cómo no van a merecer los centenares de hombres y mujeres de las Fuerzas Armadas españolas que están allí ese respaldo moral y político de la soberanía popular, expresada en nuestra Constitución a través del Congreso de los Diputados, del Parlamento español, de las Cortes Generales, del Reino de España, para que su moral y su sacrificio se vean compensados, que solamente en el orden moral de lo que ellos llaman el valor patriótico se puede expresar?

De ahí que nuestro voto será de apoyo al Gobierno en los efectivos que los mandos militares estimen que se necesitan. Para eso tenemos nuestras Fuerzas Armadas y este grupo que yo represento y este diputado prefiere que nuestras Fuerzas Armadas estén en la luz o en la oscuridad de los campos de Afganistán que entre los cuatro muros de los cuarteles dentro de España. Allí es donde hacen falta, allí es donde están cumpliendo una misión que les ennoblece y qué menos que este Parlamento responda con este principio de apoyo y solidaridad. Señor ministro, los que se necesiten, 150 ó 300, porque un servicio de interés nacional en la defensa de los derechos internacionales de España, que forma parte de una colectividad, exige no este sacrificio, como otros lo pueden interpretar, sino sencillamente el cumplimiento de este deber. Votar hoy a favor de esta propuesta que nos eleva el Gobierno tiene que ser sencillamente un motivo de natural satisfacción y, si nos están escuchando, les enviamos el mensaje de que aquí unos españoles más no les olvidan y les dan su protección técnica, política, democrática y humana.


Muchas gracias.


El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Mardones.


Grupo Mixto, señor Rodríguez.


El señor RODRÍGUEZ SÁNCHEZ: Gracias, señor presidente.


Señoras y señores diputados, señor ministro, lamento tener que tratar un tema tan importante en una atmósfera transida por otro problema del que no compartimos que sea ni el momento ni la forma ni mucho menos la interpretación que se le ha dado en este momento. Voy a ir a lo que interesa. Me va a permitir que realice una cierta perspectiva histórica, que espero que me perdone si tiene algo de pedante, y es hablar de la geopolítica como filosofía imperial, que tiene los antecedentes bien ilustrativos en algunos personajes fundamentales de la política imperial de Gran Bretaña, Alemania y Estados Unidos. En concreto son: el señor Harold Mackinder, británico, el señor Karl Haushofer, alemán, y el señor Nicholas John Spykman, alemán-americano, los cuales expresaron precisamente la filosofía imperial de su geopolítica entre el Tratado de Versalles y la Segunda Guerra Mundial. Ellos pusieron de manifiesto la importancia de los países de la Europa oriental para el control de Eurasia. En el caso concreto de Karl Haushofer, habló del espacio vital y del destino de algunas naciones y aplicó la doctrina Monroe al caso de Europa, ya que se trataba de la defensa del imperio alemán, y en el caso de Nicholas John Spykman, se refirió a los terrenos, territorios que él conocía como rimland, es decir, terrenos bordes, fronteros o circundantes.


Este tipo de filosofía imperial, de geopolítica imperial, fue abandonada después de la Segunda Guerra Mundial, porque se sentía muy vinculada al nazismo, pero fue restaurada en la década de los ochenta-noventa, nada menos que por un personaje de negro recuerdo, el señor Kissinger, que reforzó la posición de los Estados Unidos, en concreto en el Golfo Pérsico, y que un presidente como Carter estableció en el debate del Estado de la nación, en enero de 1980, como doctrina Carter, consistente en que los Estados Unidos consideraban el Golfo Pérsico vital para sus intereses y vital, por tanto, para los intereses de la humanidad por extensión imperial. Pueden comprobar cómo, a partir de entonces, los hechos se concatenan: Irán-Irak, guerra 1980-1988, inexplicable sin la interferencia de Estados Unidos; guerra en el Golfo Pérsico en 1991; Afganistán en el año 2001; Irak en el año 2003 y, por supuesto, desde el año 1991, desaparecida ya la Unión Soviética y convertidos los Estados Unidos en una potencia única. Hubo una versión de ese tipo de filosofía -digamos light- que mezclaba la globalización económica y la geopolítica imperial, que fue la expresada por el señor Clinton, pero en el caso de Bush el énfasis es exclusivo en la geopolítica imperial. Así, señorías, tenemos la guerra global, universal y prolongada contra el terrorismo, que es la forma de justificar la expansión del poder imperial de los Estados Unidos, sobre todo desde el 11 de septiembre del año 2001, porque, en frase de Mackinder, no hay cabida nada más que para un único imperio mundial.


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El objetivo, señorías, es la dominación del petróleo. Las mayores reservas están en el Golfo Pérsico, en el Mar Caspio y en el África occidental, es decir, que se trata de ocupar precisamente la zona Eurasia sur-central en esta filosofía estratégica imperial. Es curioso que si se comprueba el mapa militar del Pentágono se parece muchísimo al elaborado por Karl Haushofer para el Ejército alemán en el año 1931. Por tanto, señorías, Afganistán está en la raíz del problema, antes y después del año 1991, cerca del Mar Caspio, tierra de tránsito, frontera con Rusia, China e Irán, situado en ese rimland del que hablaba el señor Nicholas John Spykman. La Casa Blanca no lo oculta. Hay un documento de marzo de 2006, The National Security Strategy of USA, al que se puede acceder, donde se dice: Afganistán e Irak son el corazón de una región geopolíticamente vital. Y, además, habla del trabajo conjunto -son palabras literales- con la OTAN para intervenir en situación de conflicto. La OTAN es un pilar vital de la política externa de los Estados Unidos. Por tanto, señoría, la ISAF, liderada por la OTAN desde el año 2003 con autorización de la ONU, es el brazo armado también de los Estados Unidos, porque no cabe duda que no se puede hacer una separación cuando los cuarteles conjuntos y el mando único son una realidad cada vez más incuestionable. No se puede hablar de imparcialidad política ni decir que hay una parte que es un ejército de ocupación y otra que es complementaria -que no lo es- ni mucho menos abandonar los objetivos políticos fundamentales en nombre de que aceptábamos supuestos objetivos de carácter humanitario. La operación Libertad Duradera tiene unos objetivos estratégicos clarísimos y hay una coincidencia, por lo menos indirecta, de lo que es la ISAF en este objetivo estratégico imperial. En concreto, el documento aludido de marzo de 2006 dice: Ganar la guerra al terror requiere ganar las batallas de Afganistán e Irak en paralelismo. Y sigue diciendo: Hay que aumentar la capacidad de los Estados para intervenir en situaciones de conflicto.
Creemos con toda honestidad que la ampliación de efectivos entra dentro de esta estrategia, por eso no nos escandaliza ver que estamos con una estrategia imperial similar a la de la guerra fría, pero ahora en función de otro pretexto ideológico y de un marco donde en apariencia hay solo una gran potencia. Recuerden, por ejemplo, cómo James Burnham, que fue el estratega geopolítico de Truman y Reagan, es recordado en los discursos de la Casa Blanca y, en particular, en el documento The National Security Strategy of USA.


Pero hay algo más, señorías. ¿Cómo podemos estar impasibles ante el hecho de que el dimitido director de la CIA, el señor Peter Goss, haya reconocido en una entrevista en noviembre en la cadena ABC algo tan brutal como lo siguiente: Sabemos mucho más de lo que podemos hacer público sobre Osama Bin Laden y Abu Musab al-Zarqawi; no se encuentran porque no quieren que los encontremos y se aseguran de que así sea? Señorías, no vamos a dar nuestro apoyo, no lo dimos nunca, pero ahora somos más conscientes que nunca de que no debemos colaborar en esta visión geopolítica del mundo, al servicio del imperio único y expresada con claridad en los documentos de la Casa Blanca, del Pentágono y en las descaradas declaraciones de la CIA. Comprendemos el estrecho margen del Gobierno en este contexto, en concreto dentro de la Unión Europea, a partir de sus relaciones con Estados Unidos y mucho más después de haber retirado las tropas de Irak, pero no lo podemos avalar. Defendemos unos objetivos totalmente antitéticos a la estrategia imperial, a la geopolítica como filosofía imperial. Nosotros no queremos saber nada de dominio geopolítico imperial. Abogamos por otro orden internacional y no tenemos inconveniente en que nos tachen de anticuados y de fundamentalistas.


Muchas gracias.


El señor PRESIDENTE: Señor Cuadrado.


El señor CUADRADO BAUSELA: Gracias, señor presidente.


Señorías, hoy vamos a votar aquí una autorización de envío de tropas españolas al exterior, porque hace dos años cambió el Gobierno de España y cambió la mayoría. Si no, hoy no votaríamos un envío de tropas al exterior. Hoy hemos tenido aquí un debate en el que el ministro del Gobierno ha explicado cuáles son las razones de esa petición de autorización, por cierto con un intento de boicoteo por parte de la oposición, que no estaba interesada en absoluto en el debate ni, por lo que se ve, en la votación. El señor Zaplana nos decía hace un momento en ese debate que en España hace falta un Gobierno que no mienta. Se ha debido olvidar que en ese Gobierno que hoy gobierna en España ya no está él (Aplausos.), que hace dos años cambió el Gobierno que había en España, que mentía, que no hacía otra cosa que mentir, señor Zaplana. (Aplausos.) ¿O es que ya han encontrado ustedes las armas de destrucción masiva, señor Zaplana? (Varios señores diputados: ¡Oh!) ¿Es que va a olvidar usted, con la habilidad que le caracteriza, que en la guerra de Irak, que usted ha recordado, aquel mensaje de no a la guerra que sacó a los españoles a la calle era un no a la guerra ilegal a la que ustedes nos llevaron? (Aplausos.) Señorías, llevan ustedes dos años de bronca en el Parlamento. ¿Cuándo se van a poner a trabajar? Dos años de bronca.
(Aplausos.)

Hoy, señor Zaplana, ha subido usted a la tribuna y nos ha demostrado que no le interesan las misiones en Afganistán. Usted no tiene ninguna idea sobre la misión. Confunde usted todo. Sigue usted armándose un lío.
Confunde el batallón electoral de las legislativas con las presidenciales, confunde usted la misión de PRT con una misión en Kabul, que fue la inicial. Sigue usted confundiéndolo todo y, señorías de todos los grupos, las que se han posicionado en un sentido o en otro, los españoles necesitan saber exactamente qué hacen las tropas españolas en Afganistán. (Rumores.) Porque si por ustedes fuera, los españoles no sabrían en absoluto lo que es esta misión ni para qué es necesario ampliar las tropas. (Rumores.) Por ejemplo, el señor Zaplana dice que hay que integrar la misión Libertad Duradera, de combate, de

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las que les gustan a ellos, en una misión de reconstrucción, la de la ISAF. (Una señora diputada: Al grano.) ¿No le han explicado a usted, señor Zaplana, que el pasado 8 de diciembre ya se votó y ya se acordó que están separadas y siguen separadas, entre otras cosas porque los gobiernos de España, de Francia, de Alemania y de Turquía no quieren que estén juntas? (Aplausos.) No se entera usted, señor Zaplana. Es importante que los españoles sepan hoy aquí, en este debate, el gran interés de la estrategia política de los señores Rajoy, Acebes y Zaplana: la bronca permanente, la escenificación de la bronca. (Varios señores diputados: ¡Libertad! ¡Libertad!) ¿Quieren ustedes que España les vea en bronca? Pues, señores diputados, que España les vea en bronca.
(Aplausos.)

Señor ministro, ¿por qué el Grupo Socialista va a autorizar la petición del Gobierno de una ampliación de efectivos en nuestra misión de reconstrucción en Afganistán? Primero, porque es una misión de Naciones Unidas. No es que haya una resolución que apruebe esta misión, es que es de Naciones Unidas. A nuestros soldados y a nuestros cooperantes les dirige Naciones Unidas. El señor Zaplana, que no se lee ningún informe de Naciones Unidas, si los hubiera leído, hubiera visto que Naciones Unidas nos dice cuándo tenemos que ir, dónde tenemos que estar y cómo van las cosas. Es de Naciones Unidas. (Una señora diputada: Te lo estás inventando todo.) Pero como al Partido Popular no le interesa Naciones Unidas, como al Partido Popular le parecen insignificantes, ni leen sus informes, ni les importa, ni han hablado de una misión de nuestros soldados en el exterior. Estamos allí a las órdenes de Naciones Unidas.
Hace poco se ha aprobado una resolución, nos dice que estemos hasta el 13 de octubre del año 2006. Ese es el mandato y ahí estamos. Señorías, esto no es Irak, no es la guerra ilegal de Irak, no es una misión de combate.
Aquí y por decisión del Gobierno y del presidente del Gobierno, porque se comprometió a ello, puedo decirles, en nombre del Grupo Socialista: Es una misión de Naciones Unidas, de Naciones Unidas, de Naciones Unidas.
Esa es la diferencia con estos señores del Partido Popular. (Aplausos.) Es una misión de reconstrucción y, con un alarde doctoral, el señor Zaplana nos dice que hacen falta chalecos antibalas. Pues claro que sí, y balas, y vehículos blindados. Pues claro que sí. ¿Es que no les han visto los chalecos antibalas y el escudo de Naciones Unidas? ¿Es que no lo han visto? ¿Todavía no se han enterado de lo que es una misión de imposición de la paz, de reconstrucción o de estabilización? Señorías, siguen ustedes anclados en Irak; no salen de Irak; no hay día que no estén en la referencia constante a Irak. (Rumores.-El señor Posada Moreno pronuncia palabras que no se perciben.)

Señorías, voy a decirles algunas diferencias con Irak. Señor Llamazares, es verdad que Afganistán es un Estado fallido. Es verdad, y nosotros se lo decimos al Gobierno estudiando los informes de la ONU -no las cosas que se dicen, los informes de la ONU-, que hay luces y sombras, y estamos allí por las sombras, porque todavía no hay un Estado que sea capaz de establecer la autoridad en el territorio con todas las consecuencias, pero, señor Llamazares, hoy podemos decir que no hay un ejército de 70.000 hombres o mujeres, que es lo que hace falta; hay 35.000 -no es poco, señor Llamazares- y gracias a la labor de reconstrucción. Hoy sigue habiendo señores de la guerra. Aproximadamente, según los últimos informes de Naciones Unidas, tienen unos 20.000 miembros, pero la misión de Naciones Unidas ha desmovilizado a 60.000 combatientes de los señores de la guerra. Señor Llamazares, hoy, hay cinco millones de niños en las escuelas; había menos de un millón y no había ninguna niña. Hace cuatro años no había ninguna niña; hoy existen dos millones de niñas. ¿Usted cree que si nos retiramos de allí es posible esto? Actualmente existe una labor de la Organización Mundial de la Salud consistente en vacunar contra la polio, etcétera. ¿Usted cree que sería posible hacerla -ya hay seis millones de vacunados- si no hubiera fuerzas que hicieran respetar la labor de estos cooperantes? Sería imposible, señor Llamazares. Es verdad que hoy seguimos viendo la imagen de los burkas y que a todos nos producen un determinado efecto, pero, señorías, hoy hay sesenta parlamentarias afganas, que representan el 27 por ciento. ¿Es poco? Menos es lo que había porque no había absolutamente nada. Por tanto, señor ministro, damos nuestro apoyo porque se están consiguiendo resultados. Y hay riesgos, y todavía existe una economía basada en gran parte en la producción de droga, y hay que hacer un esfuerzo en este sentido, pero, señorías, son 11.000 las armas pesadas que ha retirado Naciones Unidas.
Por tanto, hay luces y sombras, pero las misiones están avanzando. Cuando se habla del proyecto de la Alianza de las Civilizaciones se habla de esto, exactamente de esto. Señorías, quisiera hacer la siguiente reflexión a quienes van a votar negativamente esta propuesta. ¿Por qué a Afganistán no y a Kosovo sí? ¿Por qué a Afganistán no y a la República Democrática del Congo sí? Por qué a Afganistán no y a Haití sí? ¿Por qué? Caigan en la cuenta. ¿Quién quiere que nos vayamos de allí? Caigan en la cuenta. La alternativa es: Naciones Unidas o guerra preventiva. Si hoy dan su voto a favor, dan su voto a favor de la multilateralidad y de Naciones Unidas. Esta es la gran diferencia con la idea que ellos tienen de que Irak es igual que Afganistán. (Un señor diputado: ¡Mentiroso!)

Señorías, hay -se ha dicho aquí, en la tribuna- una España del pasado; una España a la que hay que darle la espalda; una España que mira hacia atrás; una España que -como usted decía, señor Llamazares, recordando a don Antonio Machado- utiliza la cabeza para embestir, como ha embestido esta tarde. Es verdad que hay una España del pasado, pero hay una España del futuro, señor Llamazares. Le voy a leer lo que declaraba una soldado, Carla Merino, de 22 años, a una corresponsal del diario El País el pasado mes de marzo. Cuando le preguntaba: ¿Está usted satisfecha con lo que está haciendo? Esta muchacha de 22 años dijo lo siguiente: Estoy muy satisfecha de haber tenido la oportunidad de asistir a este proyecto y descubrir una realidad

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que te obliga a replantearte los valores de la sociedad en que vivimos.
Señorías, esta es nuestra España, la España que está trabajando en Afganistán, que está dejando una imagen de España de futuro, una imagen que representa la soldado Carla Merino, no el señor Zaplana.


Muchas gracias. (Prolongados aplausos.-El señor Zaplana Hernández-Soro pide la palabra.)

El señor PRESIDENTE: Dígame, señor Zaplana.


El señor ZAPLANA HERNÁNDEZ-SORO: Señor presidente, ya que no hay intervención del ministro y, por tanto, no se propicia la réplica, quiero invocar el artículo 73 del Reglamento, cuyo punto número 1 establece: "En todo debate, el que fuera contradicho en sus argumentos por otro u otros intervinientes tendrá derecho a replicar o rectificar por una sola vez y por tiempo máximo de cinco minutos." (Rumores.)

El señor PRESIDENTE: Señor Zaplana, el artículo 73 tiene dos partes; se olvidó usted de la fundamental (Varios señores diputados: ¡Ah!): "...sin perjuicio de las facultades del presidente para ordenar el debate y las votaciones, oída la Junta de Portavoces..." (Varios señores diputados: ¡Bueno!-Los señores Atencia Robledo y Cortés Martín pronuncian palabras que no se perciben.) La Junta de Portavoces, teniendo en cuenta que nos enfrentábamos a una situación que tenía una cierta indefinición reglamentaria porque se trata de poner en marcha por primera vez la Ley de la Defensa Nacional, y en concreto su artículo 17, estableció, a propuesta del presidente, cosa que aceptaron todos los portavoces -usted también-, una ordenación del debate. Sería un debate clásico: intervención del Gobierno, fijación de posiciones de los grupos parlamentarios, contestación del Gobierno y, sobre la base de la contestación del Gobierno -que es lo que usted ha obviado-, se montaría el mecanismo de la réplica, cosa que, usted aceptará, este presidente hace siempre. Así pues, si el Gobierno no reabre el debate, el debate está concluido. Lo lamento y creo que estoy respondiendo impecablemente al Reglamento y a la decisión de la Junta de Portavoces.
(Aplausos.-Protestas.-El señor Zaplana Hernández-Soro pide la palabra.) Dígame.


El señor ZAPLANA HERNÁNDEZ-SORO: Señor presidente, en la Junta de Portavoces hablamos de una posible réplica de tres minutos, pero además he sido aludido directamente y en numerosas ocasiones. (Protestas.)

Señor presidente, efectivamente es la primera vez que en aplicación de la Ley de la Defensa Nacional se produce este debate. No creo que sea un exceso por parte de S.S., después de lo acontecido anteriormente, que deje que pueda intervenir. (Protestas.)

El señor PRESIDENTE: Lo lamento profundamente, pero el presidente está respetando el Reglamento y la decisión tomada en Junta de Portavoces. Lo lamento. (Protestas.-Una señora diputada: ¡Dimisión!-El señor Zaplana Hernández-Soro pide la palabra.) Dígame.


El señor ZAPLANA HERNÁNDEZ-SORO: Es para otro tema. Señor presidente, se trata de una cuestión de orden. Solicito de la Presidencia que permita al señor diputado que ha sido injustamente expulsado de la Cámara que pueda participar en esta votación. Señor presidente, le argumento brevísimamente por qué. Con tanto como le gusta al señor presidente decirnos que hay que conectar con la opinión pública y con la sociedad española para que entienda las decisiones de esta Cámara, estoy seguro de que la sociedad española no entendería que el ministro responsable de las detenciones ilegales estuviera aquí y no pudiera estarlo ese diputado.
(Protestas.-Aplausos.-Varios señores diputados: ¡Muy bien! ¡Dimisión! ¡Dimisión!)

El señor PRESIDENTE: En primer lugar... (Rumores.-La señora Vázquez Blanco pide la palabra.)

Dígame.


La señora VÁZQUEZ BLANCO: Gracias, señor presidente. Una cuestión de orden.


En el debate anterior se ha producido por parte de un diputado del Grupo Socialista un gesto obsceno, ofensivo y machista hacia las diputadas que estábamos aquí sentadas. Sin decir el nombre, porque él sabe quién es y así lo ha reconocido en los pasillos, simplemente queremos que él pida disculpas, y pido el amparo de la Mesa para que se soliciten esas disculpas. (Prolongados aplausos.)

El señor PRESIDENTE: Señora diputada, la situación está suficientemente complicada... (Varios señores diputados: ¡Fuera! ¡Fuera!-Rumores y protestas.) Tranquilos.


Señoría, no se preocupe, sabe de sobra que el presidente tiene el hábito de, cuando terminan las sesiones, si hay reclamaciones, solicitar tanto el soporte visual como el propio "Diario de Sesiones" y, sobre esta situación, tomar la decisión. (Fuertes protestas.-El señor Ayala Sánchez: No; aquí, en público.-Señoras y señores del Grupo Parlamentario Popular pronuncian palabras que no se perciben.)

Yo les rogaría que entendieran la dificultad de la sesión, simplemente eso. (El señor Pliego Cubero pide la palabra.)

Señor diputado.


El señor PLIEGO CUBERO: Señor presidente, quiero aclarar que la diputada ha contado solamente una pequeña parte de la película...(Fuertes protestas.)

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El señor PRESIDENTE: Perdone, déjeme... (Continúan las protestas.) Pero, ¿no comprenden? Por favor, silencio.


El señor PLIEGO CUBERO: Señor presidente, yo no tengo ningún problema en aceptar lo que usted me diga. Lo que le quiero indicar es que cuando yo hacía palmas al ministro por incorporarse, la señora diputada que ha hablado me ha llamado gilipollas... (Fuertes protestas.)

El señor PRESIDENTE: Se ha terminado.


DEBATES DE TOTALIDAD DE INICIATIVAS LEGISLATIVAS. (VOTACIÓN.)

-PROYECTO DE LEY ORGÁNICA DE MODIFICACIÓN DE LA LEY 6/1985, DE 1 DE JULIO, DEL PODER JUDICIAL, EN MATERIA DE JUSTICIA DE PROXIMIDAD Y CONSEJOS DE JUSTICIA.


El señor PRESIDENTE: Señorías, comienza la votación del debate de totalidad de iniciativas legislativas. Enmienda a la totalidad, de devolución... (Fuertes protestas.-Señoras y señores diputados del Grupo Parlamentario Popular pronuncian palabras que no se perciben.-La señora Vázquez Blanco pide la palabra.)

Dígame, señora diputada, pero no se preocupe usted, que, como hago siempre que tengo una reclamación, inmediatamente terminado el Pleno, haré la verificación oportuna. El Pleno no se va a suspender porque no lo he hecho nunca, y dense cuenta de la situación, una vez más, de bochorno, que se está creando. (Continúan las protestas.) Supongo, señora, que usted quiere decir que no ha emitido esa palabra. Dígalo, señora.


La señora VÁZQUEZ BLANCO: Señor presidente, yo, si el señor diputado hiciera palmas, no diría gesto obsceno, ofensivo y machista, porque hacer palmas no es eso. Y si él se ha dado por ofendido cuando no he dicho su nombre, es porque ha hecho algo más que eso. (Aplausos.)

El señor PRESIDENTE: Ya. No se preocupe.


La señora VÁZQUEZ BLANCO: Yo no le he insultado y quiero que conste en el "Diario de Sesiones" que no le he insultado ni he dicho la palabra que él ha dicho. Simplemente eso, señor presidente. (Aplausos.)

El señor PRESIDENTE: Votación del debate de totalidad de iniciativa legislativa. Enmienda a la totalidad de devolución del proyecto de ley orgánica de modificación de la Ley 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial, en materia de justicia de proximidad y consejos de justicia.
Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 291; a favor, 122; en contra, 169.


El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.


DEBATE RELATIVO A LA AUTORIZACIÓN POR LA CÁMARA PREVISTA EN EL ARTÍCULO 17.1 DE LA LEY ORGÁNICA 5/2005, DE 17 DE NOVIEMBRE, DE LA DEFENSA NACIONAL. (VOTACIÓN.)

-SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN DEL CONGRESO DE LOS DIPUTADOS PARA INCREMENTAR LOS EFECTIVOS DE LAS FUERZAS ARMADAS ACTUALMENTE DESTINADOS EN LA FUERZA INTERNACIONAL DE ASISTENCIA PARA LA SEGURIDAD EN AFGANISTÁN (ISAF).


El señor PRESIDENTE: A continuación -segunda votación-, votación relativa a la autorización del Congreso de los Diputados para incrementar los efectivos de las Fuerzas Armadas actualmente destinados en la Fuerza Internacional de Asistencia para la Seguridad en Afganistán (ISAF).


Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 291; a favor, 283; en contra, seis; abstenciones, dos.

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