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DS. Congreso de los Diputados, Pleno y Dip. Perm., núm. 190, de 29/06/2006
 


CORTES GENERALES
DIARIO DE SESIONES DEL CONGRESO DE LOS DIPUTADOS
PLENO Y DIPUTACIÓN PERMANENTE

Año 2006 VIII Legislatura Núm. 190
PRESIDENCIA DEL EXCMO. SR. D. MANUEL MARÍN GONZÁLEZ
Sesión plenaria núm. 179
celebrada el jueves, 29 de junio de 2006


ORDEN DEL DÍA:

Convalidación o derogación de Reales Decretos-Leyes:

-Real Decreto-ley 5/2006, de 9 de junio, para la mejora del crecimiento y del empleo. ("BOE" núm. 141, de 14 de junio de 2006.) (Número de expediente 130/000032.) ... (Página 9554)

-Real Decreto-ley 6/2006, de 23 de junio, sobre pensiones excepcionales derivadas de atentados terroristas. ("BOE" núm. 150, de 24 de junio de 2006.) (Número de expediente 130/000033.) ... (Página 9569)

-Real Decreto-ley 7/2006, de 23 de junio, por el que se adoptan medidas urgentes en el sector energético. ("BOE" núm. 150, de 24 de junio de 2006.) (Número de expediente 130/000034.) ... (Página 9576)

Dictamen de la Comisión del Estatuto de los Diputados:

Dictamen de la Comisión del Estatuto de los Diputados sobre declaración de actividades de excelentísimos señores Diputados. (Número de registro 138266.) ... (Página 9588)

Convalidación o derogación de Reales Decretos-Leyes. (Votaciones.) ...
(Página 9588)

Página 9550


Enmiendas del Senado:

-Proyecto de Ley de semillas y plantas de vivero y de recursos fitogenéticos. "BOCG. Congreso de los Diputados", serie A, número 41-1, de 24 de junio de 2005. (Número de expediente 121/000041.) ... (Página 9588)

-Proyecto de Ley de Agencias Estatales para la mejora de los servicios públicos. "BOCG. Congreso de los Diputados", serie A, número 42-1, de 26 de agosto de 2005. (Número de expediente 121/000042.) ... (Página 9593)

-Proyecto de Ley de garantías y uso racional de los medicamentos y productos sanitarios. "BOCG. Congreso de los Diputados", serie A, número 66-1, de 16 de diciembre de 2005. (Número de expediente 121/000066.) ...
(Página 9596)

-Proyecto de Ley por la que se regulan los derechos de acceso a la información, de participación pública y de acceso a la justicia en materia de medio ambiente (incorpora las directivas 2003/4/CE y 2003/35/CE). "BOCG. Congreso de los Diputados", serie A, número 68-1, de 23 de diciembre de 2005. (Número de expediente 121/000068.) ... (Página 9607)

Dictámenes de la Comisión de Asuntos Exteriores sobre Convenios internacionales:

-Convención sobre la protección y promoción de la diversidad de las expresiones culturales, hecho en París el 20 de octubre de 2005. "BOCG.
Sección Cortes Generales", serie A, número 261, de 26 de mayo de 2006.
(Número de expediente 110/000149.) ... (Página 9612)

-Acuerdo entre el Gobierno del Reino de España y el Gobierno de la Federación de Rusia sobre cooperación en el campo de la exploración y del uso pacífico del espacio ultraterrestre, hecho en Madrid el 9 de febrero de 2006. "BOCG. Sección Cortes Generales", serie A, número 262, de 26 de mayo de 2006. (Número de expediente 110/000150.) ... (Página 9613)

-Acuerdo entre el Gobierno español y el Gobierno macedonio relativo a la readmisión de personas en situación irregular, hecho "ad referéndum" en Skopje el 6 de febrero de 2006. "BOCG. Sección Cortes Generales", serie A, número 263, de 2 de junio de 2006. (Número de expediente 110/000151.) ... (Página 9613)

-Convención Internacional contra el dopaje en el deporte, hecho en París el 18 de noviembre de 2005. "BOCG. Sección Cortes Generales", serie A, número 264, de 2 de junio de 2006. (Número de expediente 110/000152.) ... (Página 9613)

Dictámenes de Comisiones sobre iniciativas legislativas:

-Proyecto de Ley de medidas para la prevención del fraude fiscal. "BOCG.
Congreso de los Diputados", serie A, número 81-1, de 24 de marzo de 2006.
(Número de expediente 121/000081.) ... (Página 9613)

-Proyecto de Ley Orgánica de protección de la salud y de lucha contra el dopaje en el deporte. "BOCG. Congreso de los Diputados", serie A, número 82-1, de 31 de marzo de 2006. (Número de expediente 121/000082.) ...
(Página 9621)

Enmiendas del Senado. (Votaciones.) ... (Página 9631)

Dictámenes de la Comisión de Asuntos Exteriores sobre Convenios internacionales. (Votaciones.) ... (Página 9634)

Dictámenes de Comisiones sobre iniciativas legislativas. (Votaciones.) ... (Página 9634)

Votación de conjunto:

-Proyecto de Ley Orgánica de protección de la salud y de lucha contra el dopaje en el deporte. "BOCG. Congreso de los Diputados", serie A, número 82-1, de 31 de marzo de 2006. (Número de expediente 121/000082.) ...
(Página 9635)

Página 9551


SUMARIO

Se reanuda la sesión a las ocho de la mañana.


Convalidación o derogación de reales decretos-leyes. ... (Página 9554)

Real Decreto-ley 5/2006, de 9 de junio, para la mejora del crecimiento y del empleo. ... (Página 9554) ) El señor ministro de Trabajo y Asuntos Sociales (Caldera Sánchez-Capitán), en nombre del Gobierno, expone las razones que han obligado a la promulgación del real decreto-ley.


En turno de fijación de posiciones intervienen la señora Lasagabaster Olazábal; el señor Labordeta Subías y la señora Fernández Davila, del Grupo Parlamentario Mixto; los señores Mardones Sevilla, del Grupo Parlamentario de Coalición Canaria-Nueva Canarias; Llamazares Trigo, del Grupo Parlamentario de Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya Verds; Olabarría Muñoz, del Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV); Tardà i Coma, del Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana (ERC); Campuzano i Canadés, del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió); Azpiroz Villar, del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso y Membrado Giner, del Grupo Parlamentario Socialista del Congreso.


Real Decreto-ley 6/2006, de 23 de junio, sobre pensiones excepcionales derivadas de atentados terroristas. ... (Página 9569)

El señor ministro del Interior (Pérez Rubalcaba), en nombre del Gobierno, expone las razones que avalan la convalidación del real decreto-ley.


En turno de fijación de posiciones, intervienen la señora Lasagabaster Olazábal, del Grupo Parlamentario Mixto; Mardones Sevilla, del Grupo Parlamentario de Coalición Canaria-Nueva Canarias; Llamazares Trigo, del Grupo Parlamentario de Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya Verds; la señora Uría Etxebarría, del Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV); los señores Cerdà Argent, del Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana (ERC); Guinart Solá, del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió); y las señoras Torme Pardo, del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso y Unzalu Pérez de Eulate, del Grupo Parlamentario Socialista del Congreso.


La Presidencia da la bienvenida a una delegación de las cámaras filipinas presentes en la tribuna de invitados.


Real Decreto-ley 7/2006, de 23 de junio, por el que se adoptan medidas urgentes en el sector energético ... (Página 9576)

El señor ministro de Industria, Turismo y Comercio (Montilla Aguilera), en nombre del Gobierno, expone las razones que han obligado a la promulgación de este real decreto-ley.


En turno en contra interviene el señor Martínez-Pujalte López.


En turno de fijación de posiciones intervienen la señora Fernández Davila, del Grupo Parlamentario Mixto; Mardones Sevilla, del Grupo Parlamentario de Coalición Canaria-Nueva Canarias; Herrera Torres, del Grupo Parlamentario de Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya Verds; Beloki Guerra, del Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV); Ramón Torres, del Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana (ERC); Sánchez i Llibre, del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió) y la señora Velasco García, del Grupo Parlamentario Socialista del Congreso.


Continúa la sesión con carácter secreto para debatir el dictamen de la Comisión del Estatuto de los Diputados, que es aprobado.


Convalidación o derogación de reales decretos-leyes. (Votaciones.) ...
(Página 9588)

Sometido a votación el Real Decreto-ley 5/2006, de 9 de junio, para la mejora del crecimiento y del empleo, se aprueba por 304 votos a favor, 10 en contra y cinco abstenciones.


Sometida a votación su tramitación como proyecto de ley, se aprueba por 321 votos a favor y una abstención.


Sometido a votación el Real Decreto-ley 6/2006, de 23 de junio, sobre pensiones excepcionales derivadas de atentados terroristas, se aprueba por 322 votos a favor.


Página 9552


Sometido a votación el Real Decreto-ley 7/2006, de 23 de junio, por el que se adoptan medidas urgentes en el sector energético, se aprueba por 189 votos a favor, 130 en contra y tres abstenciones.


Sometida a votación su tramitación como proyecto de ley, se rechaza por 130 votos a favor, 187 en contra y cinco abstenciones.


Enmiendas del Senado ... (Página 9588)

Proyecto de ley de semillas y plantas de vivero y de recursos fitogenéticos ... (Página 9588)

En turno de fijación de posiciones intervienen la señora Fernández Davila, del Grupo Parlamentario Mixto; Mardones Sevilla, del Grupo Parlamentario de Coalición Canaria-Nueva Canarias; Pérez Martínez, del Grupo Parlamentario de Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya Verds; Ramón Torres, del Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana (ERC); Grau i Buldú, del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió); Pintado Barbanoj, del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso y la señora De Armengol Criado, del Grupo Parlamentario Socialista del Congreso.


Proyecto de ley de agencias estatales para la mejora de los servicios públicos ... (Página 9593)

En turno de fijación de posiciones intervienen la señora Navarro Casillas, del Grupo Parlamentario de Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya Verds; los señores Olabarría Muñoz, del Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV); Canet Coma, del Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana (ERC); Jané i Guasch, del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió)¸ y las señoras Torme Pardo, del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso y Malaret García, del Grupo Parlamentario Socialista del Congreso.


Proyecto de ley de garantías y uso racional de los medicamentos y productos sanitarios ... (Página 9596)

En turno de fijación de posiciones intervienen la señora Fernández Davila, del Grupo Parlamentario Mixto; el señor Mardones Sevilla, del Grupo Parlamentario de Coalición Canaria-Nueva Canarias; las señoras García Suárez, del Grupo Parlamentario de Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya Verds; Uría Etxebarría, del Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV) y Bonàs Pahisa, del Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana (ERC); los señores Xuclà i Costa, del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió); Sánchez Fierro, del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso y la señora Pozuelo Meño, del Grupo Parlamentario Socialista del Congreso.


Proyecto de ley por la que se regulan los derechos de acceso a la información, de participación pública y de acceso a la justicia en materia de medio ambiente (incorpora las directivas 2003/4/CE y 2003/35/CE) ... (Página 9607)

En turno de fijación de posiciones intervienen la señora Bonàs Pahisa, del Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana (ERC); los señores Herrera Torres, del Grupo Parlamentario de Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya Verds; Guinart Solá, del Grupo Parlamentario Catalán ( Parlamentario Popular en el Congreso y Amuedo Moral, del Grupo Parlamentario Socialista del Congreso.


Dictámenes de la Comisión de Asuntos Exteriores sobre convenios internacionales ... (Página 9612)

Convención sobre la protección y promoción de la diversidad de las expresiones culturales, hecho en París el 20 de octubre de 2005 ...
(Página 9612)

Acuerdo entre el Gobierno del Reino de España y el Gobierno de la federación de Rusia sobre cooperación en el campo de la exploración y del uso pacífico del espacio ultraterrestre, hecho en Madrid el 9 de febrero de 2006 ... (Página 9613)

Acuerdo entre el Gobierno español y el Gobierno macedonio relativo a la readmisión de personas en situación irregular, hecho "ad referéndum" en Skopje el 6 de febrero de 2006 ... (Página 9613)

Página 9553


Convención internacional contra el dopaje en el deporte, hecho en París el 18 de noviembre de 2005 ... (Página 9613)

Dictámenes de comisiones sobre iniciativas legislativas ... (Página 9613)

Proyecto de ley de medidas para la prevención del fraude fiscal ...
(Página 9613)

En defensa de las enmiendas presentadas interviene la señora Fernández Davila, del Grupo Parlamentario Mixto; Llamazares Trigo, del Grupo Parlamentario de Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya Verds ; Puig Cordón, del Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana (ERC); Sánchez i Llibre, del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió); Mardones Sevilla, del Grupo Parlamentario de Coalición Canaria-Nueva Canarias y Madrazo Díaz, del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.


En turno de fijación de posiciones, interviene la señora Castillejo Hernández, del Grupo Parlamentario Socialista del Congreso.


Proyecto de ley orgánica de protección de la salud y de lucha contra el dopaje en el deporte ... (Página 9621)

Interviene la señora ministra de Educación y Ciencia (Cabrera Calvo-Sotelo), en nombre del Gobierno.


En defensa de las enmiendas presentadas, interviene la señora Fernández Davila, del Grupo Parlamentario Mixto; los señores Esteban Bravo, del Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV) y Grau i Buldú, del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió).


En turno de fijación de posiciones intervienen el señor Mardones Sevilla, del Grupo Parlamentario de Coalición Canaria-Nueva Canarias; la señora García Suárez, del Grupo Parlamentario de Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya Verds; los señores Canet Coma, del Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana (ERC); González Pérez, del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso y Jiménez Pérez, del Grupo Parlamentario Socialista del Congreso.


Enmiendas del Senado. (Votaciones.) ... (Página 9631)

Se someten a votación las enmiendas del Senado al proyecto de ley de semillas y plantas de vivero y de recursos fitogenéticos.


Se someten a votación las enmiendas del Senado al proyecto de ley de agencias estatales para la mejora de los servicios públicos.


Se someten a votación las enmiendas del Senado al proyecto de ley de garantías y uso racional de los medicamentos y productos sanitarios.


Se someten a votación las enmiendas del Senado al proyecto de ley por la que se regulan los derechos de acceso a la información, de participación pública y de acceso a la justicia en materia de medio ambiente (incorpora las directivas 2003/4/CE y 2003/35/CE.


Dictámenes de la Comisión de Asuntos Exteriores sobre convenios internacionales. (Votaciones.) ... (Página 9634)

Se someten a votación los dictámenes de la Comisión de Asuntos Exteriores sobre convenios internacionales, que se aprueban por asentimiento.


Dictámenes de comisiones sobre iniciativas legislativas. (Votaciones.) ... (Página 9634)

Se someten a votación las enmiendas al proyecto de ley de medidas para la prevención del fraude fiscal, así como el texto del dictamen.


Se someten a votación las enmiendas al proyecto de ley orgánica de protección de la salud y lucha contra el dopaje en el deporte.


Votación de conjunto ... (Página 9636) )

Sometida a votación de conjunto, por tener la iniciativa carácter de ley orgánica, se aprueba por 300 votos a favor y cinco abstenciones.


Se levanta la sesión a las cinco y cuarenta minutos de la tarde.


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Se reanuda la sesión a las ocho de la mañana.


DICTAMEN DE LA COMISIÓN DEL ESTATUTO DE LOS DIPUTADOS:

DICTAMEN DE LA COMISIÓN DEL ESTATUTO DE LOS DIPUTADOS SOBRE DECLARACIÓN DE ACTIVIDADES DE SEÑORES DIPUTADOS. (Número de Registro 138266.)

El señor PRESIDENTE: Se reanuda la sesión.


En primer lugar, comenzamos por el punto V del orden del día: Dictamen de la Comisión del Estatuto de los Diputados.


¿Algún grupo parlamentario desea intervenir? (Pausa.)

CONVALIDACIÓN O DEROGACIÓN DE REALES DECRETOS-LEYES:

-REAL DECRETO-LEY 5/2006, DE 9 DE JUNIO, PARA LA MEJORA DEL CRECIMIENTO Y DEL EMPLEO. (Número de expediente 130/000032.)

El señor PRESIDENTE: Pasamos al siguiente punto del orden del día: Convalidación o derogación de reales decretos-leyes. Real Decreto-ley 5/2006, de 9 de junio, para la mejora del crecimiento y del empleo.


En primer lugar, exposición por un miembro del Gobierno de las razones que han obligado a la promulgación del real decreto-ley.


Tiene la palabra el ministro de Trabajo, señor Caldera.


El señor MINISTRO DE TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES (Caldera Sánchez-Capitán): Muchas gracias, señor presidente.


Señoras y señores diputados, el Consejo de Ministros aprobó el pasado día 9 de junio este decreto-ley que hoy les presento y que refleja el acuerdo alcanzado con los representantes de los empresarios y de los trabajadores el pasado día 9 de mayo, con el objetivo prioritario de reducir la precariedad y promover el empleo estable. Con ello damos cumplimiento al objetivo plasmado en la declaración del diálogo social de 8 de julio del año 2004. A juicio de los firmantes de aquella declaración el acuerdo de 9 de mayo, que se ha convertido en este decreto-ley que hoy presento a SS.SS. para convalidación, refleja exactamente eso: unas modificaciones legales consensuadas por todas las partes que suponen compromisos equilibrados en materia de flexibilidad y de seguridad. Las medidas que contiene este decreto-ley se incorporan a la regulación de nuestro mercado de trabajo, de modo que no solo no debilitan, señorías, sino que profundizan el equilibrio entre seguridad y flexibilidad, que debe ser uno de los grandes principios inspiradores de su adaptación continuada y progresiva a las nuevas condiciones derivadas del marco económico internacional. Ese es el primer valor de este decreto-ley, consenso social, pero es además un decreto-ley que va en la línea adecuada para lograr más empleo y más competitividad y también más inclusión social, en definitiva, la vía para modernizar el modelo social europeo.


Quiero señalar que la existencia de un consenso sobre esta vía de modernización y reforma de nuestro mercado de trabajo es algo de una importancia extraordinaria, poco común en Europa, un elemento estructural, podríamos decir, que va mucho más allá del valor que tienen las medidas concretas de esta norma. El Gobierno considera que la capacidad de los interlocutores sociales para llegar a acuerdos que reformen el mercado de trabajo es un activo fundamental con el que cuenta la sociedad española. El consenso, por cierto el primero que se logra desde hace bastantes años, garantiza la paz social y la moderación salarial, y ambos constituyen elementos básicos para el mejor funcionamiento de nuestro mercado de trabajo. El objetivo prioritario de este acuerdo, que espero apoyen todos los grupos parlamentarios, consiste en reducir la precariedad, que es la temporalidad mal entendida, mal aplicada. También quiere impulsar la creación de empleo estable y de calidad, y promover el marco de flexibilidad necesaria para que nuestras empresas puedan seguir creando empleo en un sistema cada vez más competitivo.


Esta reforma persigue también mejorar la protección de los desempleados, así como las prestaciones del Fondo de Garantía Salarial. Cada reforma tiene su orientación y sus objetivos, y esa es la que hoy corresponde a este decreto-ley. No tenemos un problema de creación de empleo en España, crece el empleo más rápidamente que en ningún país de Europa y que en ningún país de la OCDE, pero sí tenemos un problema de precariedad. Ese es el problema que tenemos que atajar. Por eso, al convertirse en norma legal el acuerdo para el crecimiento y el empleo tengo que decir que esto significa una apuesta estratégica, pero no solo del Gobierno, las organizaciones empresariales y sindicales, por la estabilidad del empleo, es una apuesta estratégica de toda la sociedad española, estoy convencido de ello.


El texto tiene como antecedentes y profundiza en el acuerdo del año 1997; introduce instrumentos novedosos, encadenamiento de contratos temporales, medidas para impedir ese encadenamiento de contratos temporales, y otros muchos aspectos: mejoras de la protección social; rebajas de cotizaciones empresariales al empleo estable, al empleo indefinido; potenciación de los servicios públicos de empleo e inspección de trabajo, que no formaban parte de acuerdos anteriores. La aplicación, por tanto, conjunta y coordinada de todos estos aspectos supondrá un avance para reducir la precariedad, para impulsar la creación de empleo, para afianzar la seguridad y los derechos de los trabajadores, y para preservar la flexibilidad de nuestras empresas.


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Este decreto-ley que presento hoy a la Cámara es una norma laboral de ámbito dilatado en cuanto que aborda un conjunto de espacios del ordenamiento y de las instituciones laborales, tocando la regulación del sistema de contratación, la política de estímulos, la subcontratación, la inspección, la protección por desempleo, el mecanismo del Fogasa, las cotizaciones sociales, el ámbito de las nuevas políticas de empleo, entre otros, casi una treintena de medidas se incorporan a este nuevo acuerdo.
Es una norma, como les he dicho, de consenso, de objetivo social y de progreso, dirigida a los grupos sociales, que deben ser la prioridad de toda acción de Gobierno, y estoy convencido que del interés también de los grupos parlamentarios, los jóvenes, que son quienes padecen más la precariedad en España, y las mujeres, que también son quienes padecen más la precariedad. Por eso, en relación con ambos colectivos, las medidas son agravadas, incentivadas más todavía; por eso esta reforma va dirigida fundamentalmente a estos grupos: jóvenes y mujeres. Por tanto, el decreto-ley tiene por objeto dar urgente ejecución a aquellas medidas contenidas en el acuerdo. Con estas medidas, que se van a ejecutar en el ámbito de las relaciones laborales, dependiendo por ello de manera sustancial de los criterios y actitudes de sus protagonistas, la norma quiere recoger con fidelidad los criterios y propuestas que han expresado los interlocutores sociales firmantes del acuerdo como garantía de efectividad de la nueva regulación. Y al tiempo que les pido su voto favorable, señorías, les pido también que respeten en lo esencial y en lo que puedan el contenido de este acuerdo en el Parlamento.


Junto a ello es preciso poner de manifiesto las razones de urgencia que han motivado la utilización de la vía del decreto-ley. Como expresa la exposición de motivos de este texto, la creación de empleo, el impulso de la contratación indefinida, la reducción de la tasa de temporalidad, la mejora de la protección de los trabajadores ante la falta de empleo y la modernización de los servicios públicos de empleo, son, en todo caso, los objetivos, tan legítimos como inaplazables, de los que van a derivarse efectos beneficiosos para nuestra economía y para nuestro mercado de trabajo, y más en general para la sociedad española. Estos objetivos, por la transparencia habida en el método de elaboración -diálogo social-, que ha permitido a los agentes económicos el conocimiento de buena parte de las medidas a introducir en la reforma del mercado de trabajo, no podrían dilatarse en el tiempo, señorías, porque si eso sucediera y no usáramos la vía del decreto-ley, condicionarían decisiones empresariales de empleo y contratación que producírían movimientos indeseados en el mercado laboral. Esa es la razón por la que acudimos a la vía de extraordinaria y urgente necesidad para ponerlas en marcha. Nuestros trabajadores, nuestros jóvenes, nuestras mujeres no pueden esperar a disfrutar de estos nuevos beneficios, conviene que lo hagan de inmediato, porque estamos resolviendo proyectos de vida, estamos atendiendo al futuro de millones de trabajadores españoles que estarán mucho mejor con un contrato estable que con un contrato precario. Por eso defiendo la vía urgente del decreto-ley.


Es evidente que el conjunto de las medidas acordadas debía ser puesto en práctica con carácter inmediato, y por ello les traigo este decreto-ley que se estructura, brevemente, en tres capítulos. Primero, aquel que quiere impulsar los contratos estables, los contratos indefinidos y que incluye varias medidas, entre ellas, una nueva formulación del programa de fomento del empleo, que se concentra en el fomento de la contratación indefinida y que presenta las siguientes líneas generales. A partir del año 2007 solo se ayudará, solo habrá incentivos económicos, solo habrá bonificaciones para los contratos indefinidos, nada más. Queremos crear una nueva cultura: que la ayuda de las administraciones públicas solo se produzca cuando haya un contrato estable, indefinido, con la finalidad de desincentivar el procedimiento actual. Todos los nuevos contratos son temporales, y algunos de ellos luego se convierten en indefinidos.
Tenemos que cambiar esa cultura, señorías, porque no es positiva para el trabajador, pero tampoco para la empresa. Hay que cambiar la cultura y, por tanto, vamos a arriesgarnos a situar las ayudas, las políticas de estímulo únicamente, señoras y señores diputados, al inicio de la contratación indefinida; es decir, cuando se contrate de modo estable a un trabajador. Por tanto, a partir del 1 de enero de 2007 solo serán objeto de ayuda los contratos indefinidos iniciales; con carácter excepcional solo cabrá la bonificación o la ayuda de algunos contratos temporales cuando se trate de personas con discapacidad, personas en situación de exclusión social o víctimas de violencia de género o doméstica. Ustedes entenderán que por sus circunstancias especiales, incluso aunque sea con un contrato temporal, debemos ayudar a su incorporación al mercado laboral. Además, al mismo tiempo que establecemos esta nueva norma, creamos un plan extraordinario para la reducción de la temporalidad que durará desde el 1 de julio al 31 de diciembre de 2006. En este tiempo sí será posible por última vez convertir empleos temporales en indefinidos y acogerse a las bonificaciones, incluso con una mejora adicional: con más dinero, con más ayudas, con más bonificaciones. Por tanto, la conversión de todos los contratos temporales actuales vigentes en contratos indefinidos tendrá una duración de seis meses. Durante seis meses nuestros empresarios podrán acogerse a la conversión de la bolsa de contratos temporales vigentes en contratos indefinidos y además con más ayudas de las actuales para que aprovechen este momento. Yo pido que se utilice el plan extraordinario para la reducción de la temporalidad.


Tercera gran medida, se sustituyen los actuales porcentajes de bonificación de cuotas de la Seguridad Social cuyos beneficios actúan de forma proporcional a las retribuciones -es decir, quien tiene un salario más alto percibe más ayudas en este momento- por módulos fijos de ayuda mensual distintos para los diferentes colectivos. ¿Qué va a suponer esta medida? Va a suponer una mejora notable en las ayudas a los empleos menos cualificados,

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justamente donde se sitúa la mayor tasa de precariedad. Por eso, con el esfuerzo económico que haremos entre todos sin duda vamos a mejorar y mucho la posibilidad de que esos contratos precarios, que normalmente afectan a trabajos menos cualificados, puedan convertirse en contratos estables.


Cuarta decisión, hoy las ayudas para el empleo estable duran dos años. Hoy se bonifica durante dos años la conversión de un contrato temporal en indefinido; esto dejará de bonificarse a partir del 1 de enero del año que viene y se ayudará solo al contrato indefinido inicial. Pues bien, el decreto-ley que les someto a consideración amplía la ayuda a cuatro años, la dobla. No solo serán dos años, sino cuatro, señorías. Esto quiere decir que beneficiará la permanencia de los contratos; por cierto, manteniéndose el carácter indefinido, las ayudas no serán de cuatro años sino indefinidas, es decir, para toda la vigencia del contrato, para los mayores de 45 años y para los discapacitados, aumentándose de forma importante las ayudas a los discapacitados: más de un 30 por ciento de incremento respecto a la ayuda que se concede ahora cuando se contrata a una persona con discapacidad, y esa bonificación durará toda la vida del contrato. Además, se extienden los incentivos a los jóvenes varones desempleados entre 16 y 30 años que hoy están excluidos del mismo y se incluye un nuevo incentivo a la contratación indefinida de mujeres que se reincorporen al empleo después de cinco años de inactividad, cuando acrediten un periodo de ocupación mínima con alta en Seguridad Social de tres años con anterioridad a su retirada del mercado de trabajo. También se reagrupan y simplifican los colectivos de trabajadores cuya contratación da derecho a percibir incentivos por parte de la empresa.
Hay una ampliación temporal para el uso del contrato de fomento de la contratación indefinida, que supone su extensión para las conversiones de contratos temporales en indefinidos, siempre que los contratos temporales se celebren antes del 31 de diciembre de 2007. En la regulación vigente el contrato temporal tenía que haberse celebrado antes del 31 de diciembre del año 2003.


Señorías, el siguiente gran capítulo para fomentar el empleo estable es la reducción de las cotizaciones empresariales por contratos indefinidos.
Esto incluye la reducción de las cotizaciones empresariales por desempleo, limitadas solo a los contratos estables o indefinidos en medio punto entre el 1 de julio de 2006 y el 1 de julio de 2008. Se elimina el recargo en la cotización por desempleo de los contratos temporales celebrados por empresas de trabajo temporal y se reduce a la mitad la cotización empresarial al Fogasa, que pasará a ser de 0,20 frente a los actuales 0,40.


El segundo objetivo que contienen las medidas para mejorar la utilización de la temporalidad son las prestaciones del Fondo de Garantía Salarial y la transparencia en la subcontratación de obras y servicios y su delimitación respecto de la cesión ilegal de trabajadores, destacando, señorías, brevemente y para acabar las siguientes. Por su importancia y novedad en nuestro sistema de relaciones laborales destaca la regla contra el encadenamiento abusivo de sucesivos contratos temporales. Con carácter general, todo trabajador -esta es una medida que tendrá importantísimo alcance- que habiendo suscrito dos o más contratos temporales con la misma empresa acumule un periodo de prestación de servicios en el mismo puesto de trabajo superior a 24 meses dentro de un periodo de 30 meses, adquirirá la condición de trabajador indefinido; pero, fíjense, esta no será una presunción que se pueda destruir aportando pruebas el empresario de que el contrato es temporal. No, será automática. Todo trabajador que lleve 24 meses en la misma empresa y que haya suscrito al menos dos contratos de trabajo -y se considerará para ese cómputo el contrato actual, el contrato que disfruta el 1 de julio de este año- automáticamente pasará a ser considerado como trabajador estable. Igualmente se deroga el contrato de inserción y se refuerza el carácter formativo de los contratos para la formación limitando la edad máxima para celebrarlos. Se hace una definición legal más precisa de la figura de la cesión ilegal de trabajadores para atajar situaciones abusivas que se producen en la actualidad, que pasan a calificarse como prestamismo laboral ilícito. Se amplían los derechos de información y actuación coordinada de los representantes de los trabajadores de las empresas principales y de los contratistas y subcontratistas. La protección del Fogasa en caso de insolvencia empresarial mejora para los trabajadores. Se mejora la protección de los salarios adeudados. Se amplía la cuantía máxima del salario abonable del duplo al triple del salario mínimo interprofesional. Se eleva el número máximo de días abonables de 120 a 150 días y se incluye en el abono de la parte proporcional de pagas extraordinarias. También se mejora la protección de las indemnizaciones por despido. La base del cálculo para el abono de indemnizaciones pasa de 25 a 30 días por año de servicio y se amplía el tope de la indemnización del duplo al triple del salario mínimo interprofesional. Se incluyen, por último, indemnizaciones por finalización de contrato temporal, conciliación judicial y artículo 64 de la Ley Concursal.


El último capítulo del real decreto contiene las mejoras en la protección por desempleo de colectivos específicos de trabajadores. En efecto, la protección de los trabajadores ante la falta de empleo se ve completada con las modificaciones que se introducen en el Texto Refundido de la Ley General de Seguridad Social. Un examen del sistema de protección por desempleo ha permitido identificar determinados colectivos específicos cuya protección conviene reforzar, como son, entre otros, los mayores de 45 años sin responsabilidades familiares, trabajadores fijos discontinuos. Por todo ello se incluyen una serie de medidas para mejorar la cobertura y protección de estos colectivos.


Se articula en el real decreto-ley la necesaria consulta y participación de los interlocutores sociales en la definición de los objetivos y programas de la inspección en los ámbitos estatal y autonómico y también se incluye el necesario establecimiento de un plan global de modernización de los servicios públicos de empleo tanto estatal

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como autonómico. Finalmente y en coherencia con el compromiso que asumimos en el año 2004, en cuanto al estudio de la revalorización de instituciones laborales como la Comisión consultiva nacional de convenios colectivos, se incorpora a este real decreto-ley una disposición para que asuma funciones de observatorio de la negociación colectiva, previéndose la adaptación por el Gobierno de su marco jurídico institucional.


Señorías, ya para acabar definitivamente, como dice la exposición de motivos de este real decreto-ley, el Gobierno está convencido de que el crecimiento más estable es el que se basa en el empleo estable y que el desarrollo de más calidad es el que se basa en el empleo de calidad. Por todo ello estamos seguros de que la aplicación conjunta y coordinada de estas medidas supondrá un avance en la sociedad española para reducir la precariedad -y de forma importante-, para impulsar la creación de empleo -y de forma importante-, para afianzar la seguridad y los derechos de los trabajadores -esta reforma no limita ningún derecho de los trabajadores, los amplía; amplía su protección sin tocar la flexibilidad necesaria para el funcionamiento de nuestras empresas- y por estos motivos, señoras y señores diputados, les pido el voto favorable. Creo que la sociedad española así lo está esperando y sin duda se lo agradecerá.


Muchas gracias. (Aplausos.)

El señor PRESIDENTE: Gracias, señor ministro.


¿Algún turno en contra? (Pausa.)

Pasamos al turno de fijación de posiciones. En primer lugar, por un tiempo, de diez minutos, el Grupo Mixto, que tiene inscritos tres oradores: Lasagabaster, Labordeta y Fernández. Si les parece cada uno intervendrá por un tiempo de tres minutos.


La señora LASAGABASTER OLAZÁBAL: Gracias, señor presidente. Por mi parte, consumiré dos minutos y dejaré el resto del tiempo a mis compañeros.


Vamos a votar en contra y lo voy a exponer en tres titulares que se entienden fácilmente. En primer lugar, porque una vez más se están normativizando acuerdos concretos que curiosamente no tienen en cuenta determinadas mayorías sociales sindicales que, como decía, en naciones y territorios puntuales tienen un peso importantísimo, peso sindical que no se tiene en cuenta, mientras que se advierten como gran consenso social determinados acuerdos que en muchos casos no responden a las realidades evidentes. Una vez más se vuelve a dar esta situación. En segundo lugar, porque entendemos que las mejores medidas para conseguir esa mejora del empleo estable y del crecimiento no son las que están normativizadas.
Además consideramos que en este marco no se está respetando lo que para nosotros es una cuestión muy evidente y clara, como es un marco propio de relaciones laborales, algo que desde luego nosotros siempre hemos defendido para Euskadi. Y en tercer lugar, y por distinta naturaleza, aunque también es algo importantísimo, porque hay elementos tremendamente gravosos en este real decreto-ley, por ejemplo, para los centros especiales de empleo que dan trabajo a personas con discapacidad. Con esta regulación se está causando un perjuicio tremendo en lo que se refiere al cambio de las bonificaciones de cuota empresarial a la Seguridad Social, que va a dar lugar a que estas empresas que desde luego en Euskadi tienen una gran reputación y están haciendo un grandísimo esfuerzo y una labor importantísima para dar empleo a personas con vulnerabilidad, curiosamente con esta regulación van a tener graves perjuicios y un futuro realmente difícil. Nosotros pediremos en la tramitación como proyecto de ley que desde luego determinados elementos se modifiquen y esperamos que el Gobierno y los grupos parlamentarios atiendan esta solicitud de tramitación parlamentaria para mejorar, si cabe, algunos elementos de un real decreto-ley que no va a tener nuestro apoyo.


Muchas gracias, señor presidente.


El señor PRESIDENTE: Señor Labordeta.


El señor LABORDETA SUBÍAS: Gracias, señor presidente.


Señorías, Chunta Aragonesista considera que la reforma laboral no aborda en profundidad los problemas de los trabajadores, y aunque contiene algunos aspectos -pocos- positivos, es claramente escasa e insuficiente.
Echamos de menos que esta reforma no haya apostado por una legislación y una política de empleo claras como la contratemporalidad y que el Gobierno se limite a anunciar un plan de choque. Son medidas puntuales con un plazo y un presupuesto determinados que no solucionan el problema.
Pese a que el Gobierno ha anunciado un plan de choque para reducir la temporalidad, este será reducido en el tiempo, como un plan de choque que es, y por tanto, una vez transcurrido este breve periodo de tiempo la temporalidad volverá a subir. Además, este plan de choque es una injerencia en la competencia de las comunidades autónomas, con las que, por cierto, y a pesar de tener competencias en este ámbito, no se ha contado. Decíamos injerencia competencial, ya que esta reforma se basa en medidas sobre políticas activas de empleo.


Finalmente, quiero hacer referencia a dos aspectos también relevantes. La reforma no profundiza ni aporta medidas para buscar una mayor igualdad entre hombres y mujeres en el mercado laboral, y, como ha dicho la compañera de Eusko Alkartasuna, ha causado problemas al colectivo de los discapacitados. En definitiva, esta reforma es una gran oportunidad perdida tanto para el conjunto de los trabajadores como, y en especial, para las mujeres y discapacitados. Por estos motivos, desde Chunta Aragonesista no podemos apoyar el Real decreto-ley 5/2006, de 9 de junio.


Muchas gracias, señor presidente.


El señor PRESIDENTE: Señora Fernández.


La señora FERNÁNDEZ DAVILA: Gracias, señor presidente.


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Señorías, señor ministro, voy a empezar por algo que tenía previsto para el final pero que seguramente no nos iba a dar tiempo a abordar, y que fue algo que resaltó en el inicio de su intervención de manera especial, como es el trabajo de consenso y diálogo, e incluso expuso a un nivel inusitado o inaudito dentro de la propia Unión Europea. Por nuestra parte, quiero decirle -como ya ha señalado la señora Lasagabaster- que no podemos estar de acuerdo con su postura de que esta reforma laboral está basada en el consenso y en el diálogo entre todos los agentes sociales, porque, señor ministro, usted dejó fuera a agentes sociales muy representativos de los trabajadores y trabajadoras. En Galicia la Conferación Sindical Galega representa real, formal y legalmente a más del 25 por ciento de las personas asalariadas. Podemos entender, aunque no lo compartimos, las dificultades formales que, por intereses de algunas o de todas las partes firmantes, no se quiera reconocer la representatividad de las centrales sindicales de ámbito autonómico para que formen parte de la mesa establecida para el diálogo social, pero usted, señor ministro, se comprometió a recabar opinión y a establecer diálogo con los sindicatos que, siendo representativos, no lo son en el ámbito estatal. Ese diálogo y ese interés por las opiniones de los mismos sobre la reforma laboral no existió, señor ministro, aunque usted diga que sí se ha reunido con ellos y que no tiene problemas para volver a reunirse; pero de la reforma, de esta reforma que usted hoy nos presenta y que vamos a convalidar como real decreto, no se habló, señor ministro.
Volvemos a decir que efectivamente el consenso no funcionó como usted expone que fue. En principio, lo que tenemos es un real decreto para valorar un acuerdo de reforma laboral, y ya le hicimos conocer nuestra postura cuando usted compareció en Comisión. Analizados la reforma y el real decreto que hoy se debate, lo que sí tenemos es un constatable desequilibrio entre las medidas que se acuerdan, las destinadas a abaratar los costes empresariales y las dirigidas a garantizar una mayor contratación indefinida. Es así que las distintas subvenciones a las empresas, bonificaciones en la cuota de la Seguridad Social establecidas en cuotas anuales y durante cuatro años o las que se contemplan como reducciones de la cuota empresarial al Fondo de garantía social en un 50 por ciento, así como la reducción de las cotizaciones empresariales por desempleo de los contratos indefinidos en un 0,50 por ciento, al igual que la reducción del 1 por ciento de la cuota empresarial por desempleo de los contratos de duración determinada, señor ministro, deberían estar condicionadas a garantizar porcentajes de estabilidad y calidad en el empleo, por tanto, a invertir cuando menos los actuales porcentajes existentes en contratación indefinida y temporal.


En cuanto a la reducción de la cuota en el fondo de garantía salarial, señor ministro, entendemos razonable que se introduzca en el acuerdo en un momento de bonanza económica, como es el de estos últimos años, teniendo en cuenta que es una reclamación empresarial desde hace mucho tiempo. Nuestra preocupación -ya se lo manifestamos en otra ocasión- es que, de acuerdo a las previsiones de crecimiento económico que hacen las fuentes estadísticas europeas, sea oportuno para el futuro de la suficiencia del fondo, del mismo modo que nos preocupa el futuro de la suficiencia del Fogasa y del seguro de desempleo por lo que estos acuerdos significan en la reducción de ingresos. Nos sorprende -lo decimos con todo respeto- que los sindicatos firmantes estén de acuerdo con las reducciones de estas cuotas empresariales, cuando hasta ahora eran criterios que no compartían y que -volvemos a decirlo- no están en consonancia con las contrapartidas introducidas como mejoras en las condiciones laborales. Sobre la cuestión de la temporalidad, y sin dejar de valorar positivamente las medidas que a este respecto se toman, no se aporta solución a los problemas reales de este tipo de contratación. Se mantiene el actual modelo de contrato por obra, pero se perdió la oportunidad de afrontar el debate del verdadero problema que causa la temporalidad, es decir, la descentralización productiva generalizada, que provoca los efectos de la desregularización laboral, y se tomó como base para la reforma los acuerdos de 1997.


Señor ministro, me temo que esta reforma es de las cosas de este Gobierno con las que el Partido Popular se siente más a gusto. De hecho, recuerdo la intervención del Grupo Parlamentario Popular en la Comisión en que usted compareció y era de auténtica complacencia. Por tanto, señor ministro, no vamos a poder apoyar este real decreto que hoy nos presenta para su convalidación y pedimos, señor presidente, su tramitación como proyecto de ley.


Muchas gracias.


El señor PRESIDENTE: Gracias, señora Fernández.


Coalición Canaria, señor Mardones, por favor.


El señor MARDONES SEVILLA: Con la venia, señor presidente.


Señorías, señor ministro de Trabajo, el Grupo Parlamentario de Coalición Canaria ha estudiado muy detenidamente este real decreto-ley que hoy nos viene a convalidación fundamentado en la peculiaridad del sistema económico y territorial de la comunidad autónoma de Canarias. En este momento comunico, con mi justificación, que vamos a dar nuestro apoyo a la convalidación de este real decreto-ley, porque entendemos que todo es mejorable, que lo mejor es enemigo de lo bueno y que se da un paso para resolver fundamentalmente dos grandes problemas que hay actualmente en la estructura económico-laboral en España. En primer lugar, existe una serie de problemas que producen fuertes índices de descenso de la capacidad productiva española, tanto en el mercado interior como en la exportación, por lo que los problemas de productividad y eficiencia tienen que ser resueltos por una serie compleja de medidas entre las que está la calidad del empleo. Hay que buscar un empleo de calidad -participamos de una de las aseveraciones que ha hecho el señor Caldera en su intervención-; hay que buscar precisamente una relación entre la calidad del empleo, la

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calidad del producto y la calidad de la función laboral de todo trabajador en una empresa.


¿Cuál es el segundo problema? La precariedad del empleo. Desde hace años tratamos de legislar para fomentar la creación de empleo; medidas que tenían que apartarse, por una realidad socioeconómica, empresarial y de cotizaciones a la Seguridad Social, en las que el empresario huía de firmar contratos fijos de trabajo y nos íbamos al empleo precario y a la temporalidad. Para dar nuestro voto positivo hoy entendemos que este real decreto-ley contribuye precisamente a luchar contra la precariedad en el empleo -así se señala en su propio texto-, y que hay que potenciar la transformación de contratos temporales a indefinidos; se hace una mejora sustantiva, pasando de dos años actuales a cuatro. Las cuentas de la Seguridad Social, que presentaba el otro día el señor vicepresidente económico del Gobierno, señor Solbes, para el objetivo presupuestario, con 0,6 puntos, nos daban una tranquilidad al encontrarnos con un colchón de financiación, al que están contribuyendo los inmigrantes que se han legalizado y han aflorado un mercado de trabajo limpio y transparente.
Para que todo el colectivo laboral español tenga seguridad en sus pensiones y en la ayudas que vengan de la Seguridad Social debemos potenciarlo con estas actuaciones. Mi grupo quiere ser consecuente con un acuerdo de respeto. Si previamente, el 9 de mayo, se ha firmado por el Gobierno con los interlocutores sociales (CEOE, Cepyme, UGT y Comisiones Obreras), es bueno que tengamos el marco para que después con la disposición final primera de este real decreto-ley, señor ministro, se cumplan los tres meses de plazo para que se cree ese órgano por la Administración y que las comunidades autónomas encuentren aquí el sitio en el que realizar sus competencias laborales o de prestaciones sociales en sus respectivos ámbitos. Por eso, nosotros queremos ser sensatos y comprensivos en la realidad de lo que hay que articular y transformar, desde cuestiones de mentalidad, como bien se ha señalado por el señor Caldera, en cuanto a que sobre todo tengamos pacificado el mercado laboral -como así viene siendo- y la sociabilidad del encaje de los trabajadores en sus reivindicaciones sociales por su Estatuto correspondiente. La verdad es que en España tenemos afortunadamente un índice de huelgas bajísimo en este momento y tenemos una paz social. Esto tiene que obedecer a unos motivos políticos, económicos o de cualquier índole, pero si se comprueba cuál es el grado de conflictividad laboral, estamos bajo mínimos, afortunadamente. No hay una conflictividad social, salvando las cuestiones puntuales de una empresa determinada, como lo que le ha pasado a Astilleros o efectos puramente marginales; no hay una inquietud o desasosiego laboral y social en la convivencia pacífica de los ciudadanos. Con este acuerdo se cubre fundamentalmente, para su mejora y crecimiento, un fomento del empleo. Apoyamos que el grado de bonificaciones en esta contratación indefinida es realista y sensato.
Recoger las cuestiones laborales de las mujeres y de los discapacitados nos parece un avance social, y vamos a apoyarlo con nuestro voto. Hay que tener en cuenta una cuestión; si se va a hacer una reducción de las cotizaciones empresariales por los contratos indefinidos, nosotros pediríamos que todas las medidas de refuerzo de la inspección de trabajo funcionen. Aquí también tienen su papel las comunidades autónomas; junto a los servicios de inspección -inspectores de trabajo del ministerio, de la Administración General del Estado- debe darse el funcionamiento de los servicios de inspección de las comunidades autónomas para que esto tenga una transparencia total y absoluta. También nos parece acertado que a las empresas de trabajo temporal se las regule y se les diga qué pueden y qué no pueden hacer en una línea de bonificaciones. Estamos hablando de un esfuerzo para que los resultados de la caja de la Seguridad Social sean positivos, en superávit, pero esto no significa que podamos regalar, tirar con pólvora de rey una serie de medidas que tratan de beneficiar no solo al trabajador sino crear el efecto inducido en el empresario porque es el que contrata. Por tanto, tengamos en los dos sectores un grado de compatibilidad y de ensamblaje entre los legítimos intereses del empresario, que tiene que tener una cuenta de resultados positiva, por tanto la productividad la tiene que encontrar en una calidad de los empleados y trabajadores que vaya en esa línea. Los asuntos sociales como los discapacitados y otras cuestiones merecen también nuestro apoyo, por tanto mi grupo, señor ministro, señorías, señor presidente, va a votar favorablemente la convalidación de este real decreto-ley porque lo considera oportuno, necesario y preciso en la economía social y laboral en España.


Muchas gracias.


El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Mardones.


Grupo Parlamentario Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya Verds, señor Llamazares.


El señor LLAMAZARES TRIGO: Señor presidente, señorías, mientras nuestra economía creció de forma sostenida durante la última década a un ritmo muy superior a la media de los países de la Unión Europea, nuestro mercado laboral continúa manteniendo elevadísimos niveles de temporalidad, precariedad, siniestralidad y desempleo absolutamente insostenibles.


Las reformas laborales realizadas de manera unilateral que históricamente se han impuesto a manos de anteriores gobiernos de uno y otro signo en la dirección de abaratar costes, flexibilizar el despido, reducir las prestaciones sociales y fortalecer el poder unilateral de la empresa frente al poder del diálogo han supuesto un deterioro alarmante de nuestro escenario laboral; véase y mídase como se quiera. La temporalidad no ha disminuido, la siniestralidad laboral es irrefrenable en nuestro país, casi el 60 por ciento de los titulados de nuestro país trabajan en tareas profesionales ajenas a su preparación, los jóvenes formados y sin formar son mano de obra en muchos casos precaria y sin derechos. La resultante es clara: los salarios

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pierden peso en nuestro producto interior bruto a la vez que el excedente empresarial y el beneficio recupera presencia de forma alarmante, generando cada día mayores índices de desigualdad económica y social; beneficio que no se invierte en un país donde el gasto tecnológico en investigación y desarrollo no alcanza todavía la mitad de lo que ese gasto representa en los países medios de la Unión Europea. Por otro lado, cualquier reforma laboral ha de conectarse de forma imprescindible con un objetivo general: la construcción de un nuevo paradigma de competitividad. La reforma del mercado laboral es una pieza del cambio de modelo económico que ha de interrelacionarse con un conjunto de nuevas políticas y de papel del Estado y el sector público; políticas de igualdad, conciliación, revalorización de las instituciones laborales -como la inspección del trabajo y los organismos de solución de conflicto- y de un enfoque de la reforma de la negociación colectiva que valorice el papel de los sindicatos en el Gobierno y en la organización del trabajo. Nuestros objetivos, parafraseando a las organizaciones sindicales mayoritarias, son dos: establecer los instrumentos que permitan el pleno empleo productivo mediante la inversión pública y privada y mejorar e incrementar la calidad y cantidad del empleo mediante la estabilidad, la igualdad y el cumplimiento de las normas laborales en los centros de trabajo.


En Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya valoramos la aportación de los acuerdos sociales a nuestro sistema democrático y, en particular, las propuestas sindicales que han sido en este caso restringidas por las propuestas de la patronal y por una actitud pasiva del Gobierno en la materia. El real decreto que se nos propone convalidar, fruto del debate de un dilatado marco de diálogo social, no cubre las importantes expectativas que había concitado el Gobierno en su compromiso de abordar los gravísimos problemas de temporalidad y de precariedad de nuestro mercado laboral, y sobre todo en el objetivo de modificar nuestra política económica basada en un abaratamiento de los costes laborales y en una baja presión fiscal y ambiental sobre las empresas. El fuerte crecimiento sostenido que nuestra economía viene teniendo en los últimos 11 años no se ha correspondido con la mejora de la calidad, que no de la cantidad, del empleo generado. Es verdad que ha tenido lugar un fuerte crecimiento del empleo, pero solo nueve de cada cien contratos que cada día se registran en nuestras oficinas de empleo tienen un carácter estable o indefinido. El resto, más del 90 por ciento, son contratos eventuales aun cuando los puestos a cubrir tengan una naturaleza indefinida. Tenemos la tasa de temporalidad más alta de nuestros países socios, en torno al 35 por ciento. La reforma laboral, por tanto, debe ir unida a una reforma de la política económica que el Gobierno parece haber abandonado, por eso no podemos apoyar el decreto.


Señorías, no es posible resolver un problema de esta dimensión con las medidas propuestas en el presente decreto, sobre todo porque no recoge una de las propuestas más importantes planteadas por los sindicatos en la mesa de negociación: la recuperación del principio de causalidad en la contratación, es decir contrato eventual o temporal para un puesto de trabajo temporal y contrato estable indefinido para un puesto de trabajo de esta naturaleza, es decir la gran mayoría. La temporalidad no solo plantea problemas de falta de calidad, seguridad e igualdad en sí misma; la temporalidad genera problemas de precariedad y siniestralidad laboral gravísimos. En el año 2005 han perdido la vida en su puesto de trabajo 990 personas, 35 más que el año anterior y la circunstancia más común de todas estas tragedias es precisamente el trasfondo de la temporalidad.
Buena parte de las medidas planteadas en el real decreto son ya conocidas, vienen poniéndose en marcha desde años atrás y no rectifican la gravedad de la situación. Las bonificaciones propuestas en el capítulo 1, aun habiendo mejorado su método, duración y control, se han demostrado insuficientes, aunque reconocemos que representan un avance. Lo que no se justifica en modo alguno es la reducción de cotizaciones empresariales que en su sección tercera se proponen, no solo porque los años de crecimiento económico que vivimos están representando un crecimiento histórico de los beneficios empresariales y una pérdida de presencia de los salarios en el producto interior bruto sin representar a su vez una mejora en la calidad y seguridad del empleo, sino porque supone una pérdida en la recaudación global que limita las necesarias inversiones presupuestarias para abordar el principal problema de nuestra economía y nuestro empleo, que no es otra cosa que la mejora de nuestras herramientas productivas, de nuestro sistema productivo. Esta no es la vía adecuada para favorecer un empleo de calidad, y menos en un momento económico como el actual y con un modelo de redistribución de la riqueza que generamos con tan poca justicia.


Tampoco nos parece razonable la ampliación hasta diciembre de 2007 del denominado contrato de fomento de la contratación indefinida, porque lo que hace en la práctica no es otra cosa que reducir de forma importante la indemnización por despido en uno de los países de los de nuestro entorno económico con los salarios más bajos, porque la indemnización es una parte del salario; sin ir más lejos el salario mínimo español es la mitad del salario mínimo francés, a pesar de los esfuerzos realizados por el actual Gobierno. Estas son medidas del decreto que no compartimos. Hay otras medidas, sin embargo, incorporadas por las organizaciones sindicales, que sí compartimos y que son las que pueden abrir una protección adicional frente al abuso que se practica en la contratación temporal. Aun no siendo suficiente, es positivo el intento de limitación del encadenamiento de los contratos, aunque habrá que vigilar que las empresas no despidan a sus trabajadores antes del límite de los 24 meses.
También es positivo limitar la cesión ilegal de mano de obra de trabajadores o los aspectos de representación de los trabajadores en aquellos centros de trabajo compartidos por la empresa principal con contratas y subcontratas o el registro de estas en los términos propuestos también en el sector de la construcción y la mejora de las prestaciones

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por desempleo para los fijos discontinuos. También compartimos el propósito de mejorar e impulsar los servicios públicos de empleo esperando que en los próximos presupuestos se aprueben las enmiendas realizadas por nuestro grupo parlamentario para hacer creíble realmente esta apuesta compartida y en la misma dirección la mejora e incremento de los recursos humanos técnicos y administrativos para la inspección laboral. Globalmente no nos parece suficiente este real decreto para abordar un tema tan grave como el de la temporalidad. Esta sigue siendo la asignatura pendiente de su Gobierno, una reforma laboral que apueste por la calidad, la seguridad y la igualdad en nuestro empleo, pero también una reforma de nuestro sistema productivo, que no se garantiza con propuestas como la contrarreforma fiscal. Nuestro grupo aspira a poder reforzar precisamente aquellas propuestas sindicales que, tal como estaban planteadas en su plataforma sindical, eran las acertadas para caminar hacia el fortalecimiento, la modernización de nuestro entramado productivo y un impulso de racionalización en la contratación en nuestro país, en la orientación de recuperar el principio de causalidad.


Nuestro voto crítico lo desarrollaremos mediante enmiendas alternativas en la fase de proyecto de ley y nuestro voto final dependerá de la voluntad del grupo mayoritario de la incorporación de enmiendas en el sentido que hemos planteado: en primer lugar, para fomentar el empleo estable y de calidad recuperando el principio de causalidad en los contratos; en segundo lugar, para regular legalmente contratas y subcontratas, limitando los procesos de subcontratación y estableciendo la responsabilidad subsidiaria, igualando el trabajo de mujeres y de jóvenes, democratizando las relaciones laborales con medidas de participación de los trabajadores y las trabajadoras en las empresas, reduciendo la temporalidad en el empleo público y con políticas sectoriales de autoempleo, de economía social, de apoyo a la investigación y al desarrollo y mejorando el papel de los servicios públicos de empleo y el fortalecimiento de la inspección laboral. En ese sentido irán nuestras enmiendas en la tramitación del real decreto que deseamos como proyecto de ley.


Muchas gracias.


El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Llamazares.


Grupo Vasco, señor Olabarría.


El señor OLABARRÍA MUÑOZ: Gracias, señor presidente.


Señorías, señor ministro, ha terminado usted su intervención mediante una invocación que dialécticamente está un poco gastada en nuestra opinión, que es la siguiente: afirmar que esta es la norma que espera la sociedad española. Permítame que dudemos de este aserto, señor ministro. No creo que esta sea la norma para resolver los importantes problemas que pretende sustanciar la sociedad española, porque tiene numerosos déficits que a usted no le ha dado tiempo seguramente a citar en su intervención, que ha sido apologética, una glosa enfática y entusiasta de lo que aquí se consigna, pero hay numerosas reservas que nosotros le vamos a citar en nuestra función como partido de la oposición.


El primer déficit hace referencia al sistema de gestación de este real decreto-ley que usted tiene a bien presentarnos aquí, en virtud del cual en un lugar escondido, en un régimen de cuasi clandestinidad y bajo el subterfugio de una alocución denominada diálogo social, se ha estado trabajando durante dos años para lograr al final un acuerdo tan poco fructífero como este a efectos de evitar los altos índices de precarización de temporalidad y de subcontratación en cascada. La verdad es que en dos años de trabajo, señor ministro, se podía haber hecho algo más. El problema en relación con la gestación es que puede incorporar al acuerdo interprofesional, que da lugar a este real decreto-ley y por proyección al real decreto-ley, un vicio de nulidad radical. Le voy a explicar por qué, señor ministro. Los sindicatos más representativos, una vez aprobada la Ley Orgánica de Libertad Sindical, evidentemente superan su vocación privatista y se incorporan al ejercicio de funciones públicas y cuasi públicas. Algunas de estas funciones públicas o cuasi públicas consisten en contribuir con el legislador a elaborar las normas reguladoras del mercado laboral, que configuran el derecho del trabajo, pero de forma tasada. Usted sabe que la invocación que realiza el artículo 7 y siguientes en materia de representatividad institucional de las organizaciones sindicales y patronales o empresariales más representativas está tasada cuando hace referencia a la capacidad de colegislar; sin embargo, en este momento en el ámbito de las competencias normativas que dimanan, que vienen a este órgano legislativo, pero que es de su ministerio, nos encontramos con que los diputados no nos enteramos de nada de lo que ocurre, como dónde se articulan las normas que son objeto de aprobación por esta institución, mediante lo que puede calificarse casi de una usurpación de funciones legislativas. Nos viene todo predeterminado y hacemos una función de pura compilación, casi de edición de las normas que ya vienen predeterminadas mediante estos acuerdos de interlocución con algunos de los sindicatos más representativos, ni siquiera con todos, y con algunas de las asociaciones empresariales más representativas.


¿Dónde está el vicio de nulidad radical? En el ámbito de la representación institucional deben estar todas las organizaciones, sin excepción -enfatizo la palabra todas-, que ostentan la condición de mayor representatividad sindical. Cuando digo todas me refiero a aquellas de ámbito del Estado que han superado las últimas elecciones sindicales, en total el 10 por ciento de representantes sindicales electos, pero también a aquellas que en el ámbito no estatal superan el 15 por ciento y 1.500 en el ámbito de actuación de dichas organizaciones sindicales. Aquí faltan por lo menos dos organizaciones sindicales que habían contribuido a la conformación de este acuerdo interprofesional y de este real decreto que usted nos trae a efectos de su convalidación posterior. Falta en concreto la Confederación Sindical Galega, que ostenta la condición

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de sindicato más representativo, y falta ELA-LSTV, que en el ámbito de Euskadi, en el ámbito vasco, ostenta esa misma condición, la de mayor representatividad sindical. Desde esa perspectiva, faltando dos de las que están obligatoriamente llamadas a conformar la opinión de los interlocutores sociales, se incorpora un vicio de nulidad radical al acuerdo del que dimana este real decreto-ley, y por proyección al propio real decreto-ley, que solo se podría regenerar mediante su conversión en un proyecto de ley en el que esta disfunción, este déficit de legitimidad de origen, porque estamos hablando de un déficit de legitimidad de origen, sería susceptible de ser corregido.


Usted me tendría que explicar, señor ministro, cuando haga uso de la palabra otra vez, por qué han sido preteridos sindicatos que por mandato expreso de la Ley Orgánica de Libertad Sindical tienen que estar presentes en los lugares donde se conforman estos acuerdos interprofesionales que nacen con la vocación de convertirse en normas jurídicas posteriormente. ¿Por qué no ha estado ELA-LSTV, por qué no ha estado la Confederación Sindical Galega y por qué no han estado patronales que ostentan la condición de más representativas en virtud de los requerimientos de la disposición adicional sexta del Estatuto de los Trabajadores? Esto es un vicio. Está bien que los sindicatos y las organizaciones empresariales más representativas superen su vocación privatista y entren en el ejercicio de las funciones públicas o cuasi públicas, pero todos, señor ministro, todos. ¿Por qué unos sí y otros no? También los que les he indicado, y usted tiene la obligación de recepcionar sus opiniones a efectos de la configuración de estas normas.


En cuanto a la filosofía del proyecto, hay un primer elemento respecto al cual nosotros discrepamos radicalmente, señor ministro. Para la conversión de los contratos temporales en fijos y para acabar con los altos índices de temporalidad contractual, que es una vocación que tiene este real decreto-ley, que nosotros compartimos evidentemente, como no puede ser de otra manera, el abaratamiento del coste del despido no es la mejor medida. Cualquier persona en el ámbito científico, político, sindical o social que se haya aproximado empíricamente al problema de la temporalidad de los contratos sabe que no es el abaratamiento del despido el mejor instrumento para acabar con los índices de precariedad, que son altísimos en el Estado español. De hecho, el año pasado el 70 por ciento de los nuevos contratos concertados eran de carácter temporal, y no faltaban tampoco ofertas normativas. Llegó a haber en momentos históricos del Estado español hasta catorce fórmulas contractuales de carácter temporal, ahora no hay tantas; pero no es solo que el abaratamiento del despido no sea la fórmula idónea, sino que además vulnera uno de los fundamentos ontológicos que justifica la propia esencia del derecho del trabajo.


Señor ministro, si el derecho del trabajo ha nacido, si el ordenamiento jurídico del sector laboral tiene algún sentido es proteger los intereses de los trabajadores, es su carácter tuitivo en relación con los trabajadores, porque se parte del presupuesto, de fácil comprobación empírica y experimental, de que los signatarios del contrato de trabajo no están en una situación de igualdad; el empleador y el trabajador no están en una situación de igualdad. El sinalagma de ese contrato es imperfecto: no existe la conmutatividad, la bilateralidad y equilibrio de prestaciones que emanan de los contratos civiles o de los contratos mercantiles. Luego se crea un derecho ex novo que pretende compensar la desigualdad primigenia que aflora de la fórmula contractual existente en este sector del ordenamiento jurídico, para lo cual se consagran ontológicamente dos funciones que impregnan nuestro ordenamiento laboral en su conjunto y que están consignadas expresamente en el artículo 3 del Estatuto de los Trabajadores, del que le sé perfecto conocedor, como son los principios de norma mínima y condición más beneficiosa. Estos principios se consagran jurisprudencial y normativamente en lo siguiente.
Una vez elaborado el derecho del trabajo y configurado en una norma laboral, el ámbito de protección del trabajador se petrifica absolutamente, de manera que cualquier reforma de esa norma solo puede mejorar en beneficio de los trabajadores lo previsto en la misma, no empeorar, no acometer reformatio in peius, que es lo que se hace a través de este real decreto-ley, reduciendo el coste del despido, lo cual nos lleva a otra cuestión que va a tener dificultades para superar un control de constitucionalidad, suponiendo que el Tribunal Constitucional algún día se pronuncie sobre ese real decreto-ley, que yo tengo importantes esperanzas en que se modifique profundamente a través de su tramitación como proyecto de ley. Usted piensa que no y yo pienso que sí, señor ministro. Una vez convertidos los contratos temporales en fijos, todos estos trabajadores son de igual condición: son trabajadores fijos, trabajadores que están vinculados a un empleador o a una empresa por un contrato indefinido. Sin embargo, un segmento de este colectivo de los trabajadores posee una indemnización por despido de 33 días por año trabajado, con un límite máximo de 24 mensualidades, y otros que tienen su misma condición tienen 45 días de despido por año trabajado, con un límite de 42 mensualidades. Señor ministro, esta situación no resiste los requerimientos estrictos que la jurisprudencia ha diseñado y ha sedimentado sobre el principio de igualdad ante la ley que consagran los artículos 9 y 14 de la Constitución. ¿Por qué se establecen diferenciaciones en relación con dos colectivos de trabajadores que tienen la misma identidad jurídica? Ambos son fijos de plantilla, ambos tienen contratos temporales, aunque el procedimiento sea diferente: en un caso desde el origen y en otro caso por conversión de un contrato temporal en un contrato por tiempo indefinido. Es una cuestión de constitucionalidad sobre la cual usted debería reflexionar detenidamente.


Señor ministro, hay otras fórmulas para acabar con la temporalidad en el empleo y yo le voy a sugerir la más importante, que es la actuación de la Inspección de Trabajo, de la autoridad laboral -ya acabo, señor presidente-, utilizando algo que está previsto en la Ley sobre infracciones y sanciones en el orden social, que es acabar con el fraude consistente en que actividades estables por

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su propia naturaleza en la empresa sean cubiertas mediante una concatenación de contratos temporales. Eso se hace en fraude de ley y es reprimible porque ya está previsto como sanción muy grave por la Ley sobre infracciones y sanciones en el orden social, pero ni la Inspección de Trabajo ni el ministerio ni autoridad laboral alguna han acabado con esta lacra. En materia de subcontratación en cascada usted invoca algo pretendidamente importante, como es que por fin se ha conseguido evitar la cesión ilegal de trabajadores para acabar con esta lacra. ¡Pero si es que esto ya está prohibido por la legislación actual! ¿En qué mejora lo que se prevé en este real decreto a lo que prevé el artículo 43 del Estatuto de los Trabajadores, que ya prohibe expresamente y considera una falta grave también la cesión ilegal de trabajadores por esta razón?

Señor ministro, estamos jugando con problemas muy importantes de constitucionalidad -son mis últimas palabras, señor presidente-, de ontología. El derecho del trabajo está llamado a desaparecer en este ambiente, en esta coyuntura neoliberal con la que todos estamos conviviendo, cosa peligrosa porque el derecho del trabajo nació, a pesar de que los laboralistas somos progresistas por definición, como garantía de la propiedad privada contra los impulsos revolucionarios de la primera revolución industrial -en contra de lo que se piensa-, pero está en trance de desaparecer. No contribuya usted a darle la puntilla con normas de esta naturaleza, señor ministro.


Por ultimo, lo que ha dicho la señora Lasagabaster es absolutamente cierto. En relación a los centros especiales de empleo, la modificación del sistema de bonificaciones a la Seguridad Social, establecido en 3.000 ó 2.000 según las contrataciones sean de carácter fijo o de carácter temporal, y derogando la orden que establecía un cien por cien de bonificación en materia de cotizaciones, supone que desaparezcan los tres importantes que hay en Euskadi, de luenga tradición, que están haciendo un trabajo con los discapacitados digno de encomio.


Señor ministro, son muchos los problemas que nos obligan a votar que no.
Vamos a ver si este real decreto-ley es regenerable una vez tramitado como proyecto de ley. Nosotros le adelantamos que vamos a presentar enmiendas en abundancia, pero esta no es la norma que la sociedad española, como usted invocaba, espera. La sociedad española seguramente espera una norma mucho más progresista, mucho más atinente a los fundamentos ontológicos del derecho del trabajo y mucho más garantista de la posición de los trabajadores desde la perspectiva de la ampliabilidad.
Usted lo ha hecho mal, lo ha hecho clandestinamente, lo ha hecho sin que nos enteremos, lo ha hecho usurpando las funciones del Parlamento, rayando en lo que se denomina técnicamente contrafuero. Por favor, queremos saber en tiempo real que están negociando usted y parte de los interlocutores sociales, ni siquiera todos los que tienen que negociar por imperativo legal.


Gracias, señor presidente.


El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Olabarría.


Turno de Esquerra Republicana, señor Tardà.


El señor TARDÀ I COMA: Señor presidente, señorías, nuestro grupo parlamentario va a votar favorablemente la convalidación del real decreto que hoy llega a Pleno en la medida en que somos conocedores de que una mayoría de grupos comparte, al igual que Esquerra Republicana, la necesidad de tramitarlo como proyecto de ley, entendiendo que nuestro apoyo definitivo será posible en la medida en que se incorporen aquellas enmiendas que nuestro grupo parlamentario va a presentar o, al menos, parte de lo que nosotros presentemos.


Es legítimo y de sentido común que el Poder Legislativo tome en consideración las propuestas que puedan aportar los agentes implicados en el diálogo social para la mejora del mercado de trabajo y la protección social, pero ello -hay que decirlo hoy aquí- no debe confundirse con un foro que pueda ir más allá de las propuestas. El diálogo social es un medio, no un fin. Las mesas de diálogo social no deben hacer perecer el debate en materia legislativa, que recae en este Parlamento. Incluso la urgencia de la toma de medidas no puede hacer desvanecer la legitimidad y autoridad de esta Cámara para desarrollar el debate acerca de las medidas que requiere nuestro mercado de trabajo, más allá de las reservas -ustedes ya las conocen- que mantiene mi partido político sobre la representatividad de los agentes sociales en la mesa del diálogo social.


Entrando en materia, en primer lugar, queremos destacar la sorpresa que nos produjo la poca ambición de lo que ha sido llamado reforma. Hay medidas interesantes, ciertamente, pero no estamos ante una verdadera reforma laboral por cuanto no se avanza suficientemente en la seguridad.
Las críticas hacia el contenido del acuerdo por parte de la patronal cesaron el día de la publicación del real decreto, por cuanto legitimaba en el contexto de los despidos libres, que ya legitimó el Partido Popular, los despidos rebajados a 33 días. Si ya era técnicamente discutible el uso del despido automático con indemnización de 33 días, el real decreto ha dado seguridad a una práctica que ha rebajado la indemnización de los contratos de fomento de la contratación indefinida.
Estamos ante un intento de reforma que si bien pretende incidir en algunos elementos claves de la precariedad, como es la contratación eventual y en cadena, con la previsión de conversión tácita en indefinidos de determinados contratos, no trae consigo medidas efectivas que puedan amoldarse a los parámetros de la Unión Europea. La gran batalla de los sindicatos era no reducir el coste de los despidos y ahora ya no podemos decir lo mismo. Los jóvenes siguen sin tener herramientas razonables y efectivas de transición hacia el mercado de trabajo.
Introducir la bonificación para el colectivo de varones de menos de 30 años en el fomento de la contratación indefinida es solo resolver una pequeña disfunción. Necesitamos herramientas de transición que aseguren la ocupación de nuestros jóvenes y que garanticen su inserción laboral con parámetros de realidad de la ocupación, y nada de ello aparece en el paquete de medidas sobre las que debatíamos. Valoramos la regeneración de los incentivos a la contratación indefinida al

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introducir bonificaciones en cuota única por cuanto benefician a los salarios más bajos. En lo que no estamos demasiado de acuerdo es en los incentivos a la contratación de personas discapacitadas, que pueden verse reducidos en algún caso y que deberán ser reconsiderados.


En cuanto a las medidas de refuerzo de la inspección, aun cuando no podamos estar en contra de ellas, nos parecen insuficientes. Necesitamos más inspectores y mejor pagados. Por lo que a medidas en materia de protección por desempleo se refiere, nos mostramos favorables a las propuestas, especialmente en lo relativo a los trabajadores fijos discontinuos. Nos mostramos abiertamente favorables a la reducción de cotizaciones; razonable la propuesta para Fogasa, con los números que venía arrojando, e igualmente el incremento de la protección que supone.
Por lo que a cotización por desempleo se refiere, decimos lo mismo pero con una salvedad. Si bien nos parece lógica la distinción a efectos de cotización empresarial entre trabajadores fijos y eventuales, lo que no nos parece demasiado razonable es el diferencial de cotización entre los mismos. No puede revertir en el propio trabajador el hecho de no tener un contrato indefinido. Apostamos en ese sentido, aprovechando la reformulación de los porcentajes de cotización que se proponen, porque a efectos de los trabajadores -repito, a efectos de los trabajadores- se igualen las cotizaciones de los contratos indefinidamente y no los no indefinidos, con el objeto de no hacer recaer en ellos mismos su propia desgracia, todo ello entrecomillado.


Otra oportunidad perdida es el marco de subcontratación y cesión ilegal.
Evidentemente, el avance de la externalización en la prestación de servicios por parte de empresas y administraciones públicas ha hecho que en nuestro tejido productivo lo extraño sea que la empresa ejecute actividad alguna de forma directa. A nuestro entender, se requería un cambio de mayor calado en dicho artículo, al estilo de lo que se ha hecho recientemente en cuanto a la construcción. Si bien no es negativo, lo aportado es insuficiente. Por lo que atañe a la cesión ilegal en el contexto del artículo 43 del Estatuto de los Trabajadores, no se pretende otra cosa que trasladar aquello que la jurisprudencia viene diciendo desde hace algunos años acerca de lo que debe considerarse como cesión ilegal. Ciertamente es positivo que las normas cumplan un deber informador, y en esto estamos, pero no se intenta avanzar en este aspecto. Entendemos acertada la supresión del contrato de inserción por desuso y porque genera cierto grado de precariedad. La tímida medida acerca del contrato de formación nos parece adecuada por cuanto es un contrato generador de mucha inestabilidad y precariedad. Por tanto, evitar que los inmigrantes, con independencia de la edad, puedan ser titulares de dichos contratos nos parecía cuanto menos discriminatorio por razones de origen. En la reformulación de este contrato debe recaer el peso de la ayuda de los poderes públicos y del Poder Legislativo a los reyes de la precariedad, es decir, a los jóvenes, a los que anteriormente me refería. En la reformulación de esta modalidad de contratación debemos instrumentar herramientas efectivas que faciliten la transición de los jóvenes al mercado de trabajo.


La limitación de las bonificaciones a la conversión en indefinidos de los contratos eventuales durante este año 2006, así como los incentivos a la indemnización por la conversión mediante el contrato de fomento de empleo, pueden ser medidas de choque temporal, pero necesariamente deberían mantenerse en el futuro. Repito, entendemos que necesariamente deberían mantenerse en el futuro. Solo con que estas medidas de conversión beneficien a un solo trabajador ya se justifica su mantenimiento. Debe mantenerse, como hasta ahora, el incentivo permanente a la transformación, puesto que ello contribuye a menudo a la decisión favorable de la estabilización del contrato de trabajo eventual. La propuesta de conversión tácita de contratos eventuales en indefinidos cuando hubieran superado los 24 meses en franja de 30 meses, por medio de dos o más contratos y para un mismo puesto de trabajo, nos parece una medida positiva pero tímida y poco efectiva. De entrada, este supuesto se produce escasamente y es una medida que afectará únicamente a los contratos eventuales por circunstancias de la producción, por lo que a los de obra poco puede amoldarse la medida, puesto que por cada obra existe un puesto de trabajo distinto. En cualquier caso, no les quepa la menor duda de que a partir de ahora, para evitar el efecto de la norma, el empresario va a contratar 23 meses y 29 días. En definitiva, los que apuestan por la estabilidad y la calidad en el empleo convertirán en indefinidos los contratos, como ya venían realizando. Aquellos que apuesten por la precariedad constante no superarán este límite. Pero para el control del abuso de la precariedad y contratación fraudulenta ya existen mecanismos, que se están utilizando, tanto de control administrativo como judicial, con lo que creemos que la medida poco aporta en la práctica diaria y, aun cuando entendemos que es buena, dudamos de su eficacia.


En definitiva, se ha propuesto poco o muy poco. Estamos en un momento en que nuestro mercado de trabajo reclama cambios importantes y no estamos ante una reforma que los lleve a cabo, sino más bien ante un ajuste puntual y tímido de algunas cuestiones. Sin embargo, aun siendo pequeño el avance que se propone vamos a votar favorablemente, tal como he dicho anteriormente, la convalidación del real decreto. En la medida en que durante el trámite parlamentario se puedan discutir y aprobar aquellas enmiendas que presente nuestro grupo, así como el resto de grupos parlamentarios, podremos dar un voto favorable al finalizar el trámite.


Muchas gracias.


El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Tardà.


Convergència i Unió, señor Campuzano.


El señor CAMPUZANO I CANADÉS: Muchas gracias, señor presidente.


Señorías, señor ministro, el debate de esta mañana y la lectura de la prensa económica de los expertos en las últimas semanas ponen de manifiesto que la reforma

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laboral que el Congreso de los Diputados va a convalidar esta mañana en este real decreto es básicamente continuista respecto al modelo de las políticas de generación de empleo que se vienen impulsando en España desde 1997. Y en la medida en que es continuista es insuficiente desde las necesidades, a medio plazo, de nuestras empresas y de nuestros trabajadores frente a los dos problemas de nuestro mercado de trabajo: la baja productividad -estamos a la cola en la OCDE en productividad por horas trabajadas- y la excesiva temporalidad -esa temporalidad abusiva que a lo largo de la mañana todos los grupos venimos poniendo de manifiesto-. Como digo, es continuista pero insuficiente, pero ello no va a ser obstáculo para que Convergència i Unió vote favorablemente la convalidación del real decreto, y lo vamos a hacer fundamentalmente como expresión de respeto a lo que ha sido el proceso de diálogo social de estos últimos años y de asunción de la complejidad del acuerdo que finalmente se ha trasladado en norma de derecho positivo. Tal como decíamos hace unas semanas en la Comisión de Trabajo y Asuntos Sociales, el contenido de esta reforma pone en evidencia cuáles son los límites del diálogo social, tanto desde la perspectiva de la profundidad de las reformas que necesitamos -los portavoces del País Vasco y de Galicia lo ponían de manifiesto- como de los límites de la representatividad de los interlocutores sociales a nivel estatal. Señorías, los límites del diálogo social son esos. Todos reconocemos que el diálogo social es el mejor instrumento para construir la normativa de ámbito laboral, pero hay que empezar a ser conscientes de que no nos sirve para profundizar en las reformas que necesitamos. Los agentes sociales, la patronal y los sindicatos deben reflexionar sobre sus límites en su capacidad de negociación.


El Gobierno ha orientado esta reforma básicamente desde la perspectiva de la lucha contra la precariedad y el abuso de la temporalidad. Existe un diagnóstico de la situación que compartimos, que comparte el conjunto de la sociedad, los agentes sociales, el Gobierno, los expertos, etcétera.
España tiene un mercado de trabajo con una excesiva temporalidad. También es bueno recordar las diferencias territoriales que existen en esta materia: Andalucía, con un 45 por ciento de tasa de temporalidad, la máxima en el conjunto del Estado; Cataluña, con un 25 por ciento de tasa de temporalidad. Hay sitios donde el mercado de trabajo está funcionando mejor que en otros. También existen diferencias por sectores: 63 por ciento en agricultura, 56 por ciento en construcción y 15 por ciento en intermediación financiera. Es una realidad que pretendemos abordar desde el año 1997 a través de una serie de medidas que, insisto, están demostrando sus límites. En los últimos años, nuestra tasa de temporalidad ha crecido en buena parte de los sectores económicos y en buena parte de las comunidades autónomas.


Anthony Giddens publicaba en La Vanguardia el pasado día 10 de junio un artículo: ¿Es posible enderezar Italia?, que planteaba una reflexión interesante y creo que aplicable al caso español. Afirmaba Giddens: "En primer lugar, debe producirse una reforma del mercado de trabajo. Todos los países nórdicos han reestructurado sus mercados laborales partiendo del principio: protege al trabajador, no al trabajo. Un mercado laboral flexible no significa el estilo estadounidense de contrato y despido.
Ayudar a que los trabajadores se muevan entre los diferentes empleos es el mejor principio en un mundo de gran innovación tecnológica. Una reforma así es clave en Italia para volver al crecimiento y a una mayor justicia social. Italia tiene un mercado laboral dividido entre quienes están dentro (los poseedores de trabajos seguros) y los que están fuera (quienes están desempleados o están sujetos a elevados niveles de inseguridad laboral). El resultado es que reúne lo peor de ambos mundos: un comportamiento económico pobre junto con un alto grado de desigualdad." España no es Italia, pero de estas afirmaciones de Giddens deberíamos retener dos ideas: proteger al trabajador, no proteger al trabajo. No puede ser que dos tercios de nuestros trabajadores estén dentro del sistema con empleo estable y seguro, y un tercio de trabajadores fuera del sistema, fundamentalmente mujeres, jóvenes, inmigrantes y personas con discapacidad.


Cuando mi grupo afirma que la propuesta de reforma laboral es continuista, lo hace basándose en la siguiente idea. Necesitamos un cambio de cultura de nuestro mundo laboral que deje de poner el acento de la seguridad de los trabajadores en los costes del despido y lo ponga en la capacidad de tener la formación y la empleabilidad necesarias para encontrar trabajo cuando lo pierde. Ese es el principal cambio que necesita nuestro mercado de trabajo: dejar de poner el acento en el coste del despido y ponerlo en que al perder el puesto de trabajo, el sistema público, la formación, la empleabilidad, los servicios públicos de empleo son capaces de acompañarte para conseguir uno nuevo. Mi grupo hubiese preferido que esta reforma laboral avanzase hacia la generalización de un contrato indefinido de empleo, con un coste de indemnización inferior al de 45 días, y que hubiese implicado la presencia activa del sector privado en las políticas de intermediación del mercado de trabajo. Hoy en día tan solo un 15 por ciento de las ofertas de empleo, de la relación entre empleado y empresa, entre persona que busca empresa y empresa que busca trabajador, se produce a través del servicio público de empleo.
Necesitamos reforzar nuestros servicios públicos de empleo -es un reto de las comunidades autónomas- e introducir mayor competencia con una mayor presencia del sector privado en esa materia. Nos consta que el Gobierno comparte nuestro análisis, aunque el acuerdo social finalmente no ha permitido avanzar en esa dirección. Creemos que en el Estado español en los próximos tiempos es necesario avanzar en esa materia, en esa perspectiva de lo que en los países nórdicos se viene definiendo como la flexiseguridad, esa combinación entre flexibilidad y seguridad, porque la empleabilidad y la formación son los retos de nuestro mercado de trabajo, pero a pesar del importante gasto público que dedicamos a esa materia no terminamos de avanzar. Estamos a la cola de la productividad en el ámbito de la OCDE. En el año 1990 estábamos en el número 15

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y en el presente estamos en el número 20 de la OCDE en productividad por hora trabajada. Es un reto de nuestro sistema productivo que no depende solo del mercado de trabajo sino también de otras muchas políticas públicas. Pero para avanzar en la productividad también necesitamos avanzar en una relación diferente entre jornada, salario y productividad.
Hay que abordar a fondo tanto las previsiones actuales del Estatuto del Trabajador como los mecanismos de funcionamiento de la negociación colectiva para que esas variables, salario, jornada y productividad, sean capaces de trabajar en la lógica de la flexibilidad y productividad que necesitan las empresas y en la nueva seguridad y flexibilidad que también necesitan los trabajadores. Tampoco abordamos en esta reforma con toda la intensidad y con la novedad que necesitamos marcos de relaciones laborales específicamente adaptados a las necesidades de las microempresas y de las pequeñas empresas. Todas las reformas laborales de los últimos diez años han obviado la necesidad de avanzar en una mayor capacidad de definir modelos de relaciones laborales en la pequeña empresa y en la microempresa. Ese es otro reto de nuestro mercado de trabajo.


Señorías, voy terminando. Como algunos portavoces han dicho, del conjunto de las propuestas que el Gobierno ha aprobado en este real decreto a mi grupo le preocupa especialmente el cambio en el sistema de bonificaciones para la contratación de porcentajes a tanto alzado referido al empleo de discapacitados y al empleo protegido, el de los centros especiales de empleo. Hay una marcha atrás que el trámite parlamentario debe resolver de manera urgente. Ponemos en cuestión un modelo de creación de empleo para uno de los sectores más vulnerables de nuestra sociedad, el de las personas con discapacidad. De ahí, señorías, que la tramitación como proyecto de ley de este decreto-ley nos parezca fundamental. El señor ministro ha apelado expresamente al respeto de los grupos parlamentarios y al contenido de ese acuerdo social. Convergència i Unió actuará con responsabilidad en el trámite parlamentario analizando a fondo las cuestiones, respondiendo al interés general, pero siendo conscientes de que el texto que llegue a la Cámara sea el resultado de un consenso social que ha sido difícil de construir y que por sentido de la responsabilidad vamos a procurar no alterar en aquellos aspectos esenciales, eso sí, sin renunciar a mejorar aquello que sea mejorable y convencidos de que la potestad legislativa reside en las Cortes Generales, que son las que tienen que legislar en la materia laboral que afecta al conjunto de los ciudadanos, a las familias, a los trabajadores y a las empresas.


Muchas gracias.


El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Campuzano.


Grupo Popular, señor Azpiroz.


El señor AZPIROZ VILLAR: Gracias, señor presidente.


Señor ministro, subo a la tribuna para fijar la posición del Grupo Parlamentario Popular en relación con el Real Decreto-ley 5/2006, de reforma del mercado laboral. (El señor vicepresidente, Gil Lázaro, ocupa la Presidencia.) Según nuestro criterio, más que una reforma laboral stricto sensu, estamos abordando aquí la convalidación de una reforma temporal sobre la temporalidad. Con franqueza diremos que esperábamos más, habida cuenta de las expectativas iniciales y del tiempo transcurrido, y en este sentido voy a reiterar algunos argumentos que ya tuve oportunidad de exponer en el debate en Comisión cuando el ministro de Trabajo y Asuntos Sociales compareció para hablar de esta cuestión.
Nosotros, como grupo parlamentario -y retomo las palabras con las que hace un momento concluía el señor Campuzano su intervención-, valoramos positivamente lo que implica y significa para el conjunto de la sociedad española un acuerdo social, un acuerdo de esta naturaleza, un acuerdo que va a producir eficacia. Es un acuerdo, como se ha dicho y yo acabo de reiterar, que afecta fundamentalmente a la temporalidad. Y solo haré una observación, que también en su momento efectué, y es que la temporalidad en España que recibió en el año 1996 el Gobierno popular rondaba el 35 por ciento (un 34,83 por ciento) y la redujo al 30,1 por ciento, redujo un 16 por ciento la temporalidad. Lo cual, por cierto, era objeto de críticas de muchos grupos parlamentarios y específica y señaladamente del entonces principal grupo de la oposición diciendo que había una alta tasa de temporalidad y precariedad en nuestro mercado laboral.
Paradójicamente, dos años y pico de Gobierno socialista han desandado todo el camino de reducción de la temporalidad que consiguió con gran esfuerzo el Gobierno popular, y por eso lamentablemente resulta si cabe más particularmente relevante que se aborde desde una reforma de determinadas normas del mercado laboral la lucha contra la temporalidad.


Sin embargo hay cuestiones que nos hubiera gustado que también se abordaran y que esperamos y confiamos que en el futuro sean objeto de acuerdo en otras mesas de negociación por los interlocutores sociales.
Por ejemplo, la flexibilidad en el mercado de trabajo; la reducción de la temporalidad en las administraciones públicas que exige una acción específica y es donde más significadamente a lo largo de los últimos años han ido creciendo las tasas de temporalidad de nuestros ciudadanos, muy particularmente de los jóvenes que se incorporan al mercado de trabajo; incidir más en medidas de actualización de la siniestralidad laboral, particularmente en lo que hace mención a los accidentes mortales y muy graves que han tenido un repunte desgraciado en estos últimos tiempos; probablemente sería importante abordar la estructura y definición del contrato de obra o servicio. Y, por supuesto, un tema nuclear para nuestro mercado de trabajo, un tema estructural, un tema que algún día se deberá abordar cual es la negociación colectiva, fundamentalmente referida a la indexación de los salarios, a la cláusula de ultraactividad de los convenios o al ámbito de aplicación de los mismos.


Hace dos meses el Grupo Parlamentario Esquerra Republicana de Catalunya traía una proposición de ley en esta dirección de modificación de las normas de la negociación

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colectiva. El Grupo Parlamentario Popular la rechazó, y no porque no esté de acuerdo con la necesidad de que haya una actualización de las normas de juego que permita adaptarse a los requerimientos de nuestra economía y de nuestro mercado de trabajo y a la globalización y todo lo que implica e incide en nosotros, sino porque consideramos que son justamente los partícipes en los procesos de negociación los que deben establecer las modificaciones que se puedan hacer en esas reglas de juego. Se podría, por tanto, decir que este real decreto debe ser ampliamente modificado.
Sin embargo, yo me voy a atener a la petición de tratamiento como proyecto de ley de este real decreto que se va a hacer desde el Grupo Parlamentario Popular, y yo creo que todos los intervinientes lo han hecho ya y espero que, a la vista de las palabras que vertió aquí el ministro de Trabajo pidiendo que las reformas en el trámite parlamentario sean las mínimas y las atinentes a la materia objeto del acuerdo, también el Grupo Parlamentario Socialista así lo haga, tanto por fuero, porque somos los legisladores, como en parte, y a continuación expondré, por uebo, porque hay cuestiones objeto de la ontología, de la esencia del acuerdo, que deben ser modificadas -algunas ya se han señalado- y sobre las que yo me detendré a continuación. Por tanto desde el Grupo Parlamentario Popular también queremos el trámite como proyecto de ley.
Por la responsabilidad a la que aludía el señor Campuzano o por el valor que el señor Mardones concedía al acuerdo social como un elemento de estabilización de la convivencia pacífica y de la cohesión de nuestra sociedad, que nosotros también reconocemos y valoramos, lo que vamos a hacer nosotros es, desde el respeto al marco que se aborda por los interlocutores sociales y el Gobierno y que es objeto de este real decreto, circunscribir fundamentalmente nuestra actuación hacia lo que consideramos cuestiones abordadas equivocadamente o claramente perjudiciales en este real decreto pero que no atañen a otras materias en las que no se ha podido llegar a acuerdo o en las que se está debatiendo para llegar a un acuerdo social, que es lo que ha sido eficaz cuando se ha producido y que nosotros demandamos incluso, y he dicho materias tan importantes como la negociación colectiva. Por tanto, nosotros votaremos a favor de la convalidación desde ese valor positivo y votaremos a favor del trámite parlamentario como proyecto de ley.


Voy a exponer dos temas fundamentales -alguno de carácter técnico adicional habrá a lo largo del debate- que son los que a nosotros nos preocupan. Por una parte, hay un tema que es bien intencionado y que hay que intentar que sea operativo y eficaz en la práctica, como es la transformación en indefinidos de los contratos temporales encadenados a lo largo de un periodo de 30 meses con dos o más contratos temporales por 24 meses trabajados. Para empezar, algunos expertos no exentos de razón nos recuerdan que puede dar lugar a una incertidumbre o inseguridad jurídica porque existen diversas interpretaciones en relación con el tenor literal del real decreto-ley, que habla de puesto de trabajo al referirse al artículo 15.5 del Estatuto de los Trabajadores, cuando nuestra semántica, nuestra nomenclatura laboral, más habitualmente utiliza y tiene una expresión concreta: los conceptos de categoría profesional o grupo profesional. En este punto deberíamos intentar establecer mecanismos clarificadores que impidan que semánticamente se cambie un aparente puesto de trabajo o categoría profesional para eludir fraudulentamente el impacto de esta norma que pretende que esos contratos, que realmente ya no son temporales por encadenarse en el tiempo con tantos trabajos, se puedan transformar en indefinidos. En segundo lugar, hay una cuestión que nos preocupa poderosamente y ya ha sido apuntada por varios de los intervinientes que me han precedido en el uso de la palabra, aunque yo lo voy a hacer con mayor nivel de extensión.
Creemos que el real decreto-ley -y lo digo con claridad- se equivoca en materia de bonificaciones, sobre todo en relación con el colectivo de discapacitados. Al establecerse bonificaciones fijas de 3.000 euros por año estamos primando solamente los contratos de escasa cualificación, por tanto, estamos impidiendo la inserción laboral de discapacitados que tienen un grado de formación o cualificación superior, porque básicamente a partir de un salario anual que supere los 15.000 euros queda ya escasa la cuantía fija de la bonificación de los 3.000 euros. Pensemos que las mujeres en función de si tienen más o menos de 45 años y son discapacitadas, al día de hoy gozan de una bonificación del 90 por ciento en un caso y del cien por cien en el otro en las cuotas de la Seguridad Social, y si es hombre, los porcentajes son del 70 y del 90 por ciento de bonificación en la Seguridad Social respectivamente. Por tanto, esto ha supuesto un retroceso muy importante que va a penalizar la inserción de los colectivos más desfavorecidos de nuestra sociedad, de los discapacitados, y sobre todo de aquellos discapacitados que hayan hecho un esfuerzo por tener un determinado nivel de formación, de preparación y de participación activa y formada en nuestro mercado de trabajo.
Consideramos que esta es una modificación ineludible, como lo es que haya desaparecido esa distinción entre el contrato del discapacitado ordinario o el contrato con empleo protegido. Los colectivos de discapacitados, y específicamente la Cermi, han puesto de manifiesto una protesta que nosotros asumimos como propia. Creemos que se produce una regresión en los derechos que tenían hasta el momento, lo cual va a traducirse en una dificultad futura de inserción en el mercado laboral de los discapacitados si no lo modificamos. Estoy seguro de que esto no estaba ni en la voluntad del Gobierno ni de los sindicatos ni de la patronal, por tanto, tengo el convencimiento de que podremos hacer modificaciones a lo largo del trámite parlamentario que resuelvan esta cuestión que retrotrae el mundo de la discapacidad respecto de los avances y progresos que habían tenido durante estos años al año 1985. También anuncio que si finalmente en esta Cámara no saliera hoy aprobado el debate de este real decreto-ley como proyecto de ley, nos veríamos en la precisión, justamente por la importancia de la materia de los discapacitados, de aportar rápidamente una iniciativa bajo la forma de proposición no de ley y un requerimiento expreso, ahora que acaba el periodo de sesiones, para que en la Diputación Permanente se solicitara

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al señor ministro su comparecencia a efectos de explicar cuáles son las razones -si las hay- que avalan este retroceso en los derechos de los discapacitados. Por cierto, justamente cuando en la sesión del martes pasado de la Comisión de Trabajo y Asuntos Sociales en una de las recomendaciones del informe de la subcomisión sobre responsabilidad social y empresarial se establecía y se decía que había que actuar en líneas de fomento, de incorporación al mercado de trabajo y de plenitud de derechos de las personas que padecen discapacidad, que son los que hoy la tienen, pero mañana cualquiera de nosotros puede encontrarse en esa situación. Estas son las materias nucleares objeto de la modificación del real decreto. Anuncio también con ello que mi grupo, por el respeto al acuerdo a que antes aludía entre los interlocutores sociales, que si no han llegado en otra materia será por problemas objetivamente difíciles de resolver, actuará en esta dirección y, por tanto, no actuará en otras direcciones, pero en ésta y en la defensa del mundo de la discapacidad tengan por cierto que pelearemos con denuedo. Nosotros creemos en la igualdad, nosotros respetamos el artículo 14 de la Constitución en cuanto proclama este principio de igualdad, pero lo que no queremos ni creemos es en la igualdad por la miseria. En consecuencia, intentaremos reponer los legítimos derechos de los discapacitados para que puedan tener un futuro laboral y humano en nuestra sociedad.


Muchas gracias.


El señor VICEPRESIDENTE (Gil Lázaro): Muchas gracias, señor Azpiroz.


En nombre del Grupo Parlamentario Socialista tiene la palabra el señor Membrado.


El señor MEMBRADO GINER: Señor presidente, señorías, el real decreto que presenta hoy el Gobierno para su convalidación y posterior tramitación no es un decreto que venga aislado dentro de las medidas que referidas al mundo social y al ámbito del trabajo se vienen realizando por parte de este Gobierno. Es un real decreto que recoge un trabajo realizado durante dieciocho meses entre las organizaciones sindicales más representativas, la patronal y el Gobierno, pero que también es el cúmulo de otra serie de acuerdos -de veinte- firmados en estos dos años, fruto de la concertación social. Acuerdos tan dispares como la reglamentación del Decreto sobre la Extranjería, la dependencia, la formación continua, la igualdad, los trabajadores eventuales agrarios, demuestran que en nuestro país el diálogo social y la concertación están dando sus frutos y son frutos abundantes en distintos ámbitos que afectan al conjunto de la sociedad.
Sin duda este es un decreto y una normativa que afecta directamente al mercado de trabajo, que tiene una especial trascendencia, ya que continúa con la tradición de la concertación laboral en nuestro país y, es más, tiene una estrecha vinculación con la reforma del año 1997, que no con la de 2002 ni con la contrarreforma posterior, que se produjo después de la huelga general de ese año. Por tanto, está perfectamente integrado en ese ámbito.


La concertación viene realizándose en nuestro país desde prácticamente el año 1977, con los primeros pactos de La Moncloa. Una concertación que se hace fundamentalmente sobre la base de un acuerdo político entre las dos organizaciones sindicales mayoritarias -representan casi el 80 por ciento de delegados sindicales y de miembros de comités de empresa- y una patronal; una concertación fundamentalmente de carácter político y social, no es una mesa de negociación colectiva donde tienen que estar presenten aquellos que están recogidos en la Ley Orgánica de Libertad Sindical y en el Estatuto de los Trabajadores con capacidad para entrar en esa negociación colectiva. Ese es el elemento que diferencia en estos momentos la interpretación de con quién hay que negociar, realizada por parte de algunos portavoces que me han precedido, y la historia de la negociación en este país, que históricamente se viene realizando así. Ha dado sus frutos y, por tanto, no debe ponerse en cuestión. En cada uno de los territorios la concertación se hace con el ámbito de representación que se marca en ese territorio, y punto. Pretende también reformar aquello que no funciona, sin grandes experimentos. Esta no es una reforma laboral de amplio recorrido, como la que se hizo en el año 1997. Por cierto, señor Olabarría, en el año 1997 se modificaron las condiciones de despido por causas objetivas de 45 a 33 días por año a aquellos trabajadores que tenían que realizar un contrato de fomento de empleo.
Desde el año 1997 hasta el año 2006 han pasado, que yo sepa, nueve años; en esos nueve años no ha habido recursos de inconstitucionalidad y en esos nueve años ha funcionado bien el mercado en ese ámbito. Por cierto, la reforma del año 1997 la votaron ustedes también. Por tanto, invocar en estos momentos los problemas de constitucionalidad de un despido de 33 días no tiene sentido y, además, es crear una cierta alarma innecesaria.
Lo que recoge este decreto, ¿qué es? Es el fruto del consenso, del consenso desde la primera hasta la última coma, es el mínimo común denominador de las tres partes para disminuir las altas tasas de temporalidad de nuestro mercado de trabajo. ¿Que nos hubiese gustado que fuese más amplio y que el consenso se hubiese hecho en algunos temas que no están recogidos? Pues claro. Pero el consenso es eso: ceder por un lado y ganar por otro. El Gobierno ha tenido una parte activa en el proceso, se ha mojado en el mismo, porque lo comprometió electoralmente al hacer la concertación y porque el presidente del Gobierno expuso, en el discurso de investidura, el compromiso de realizar una reforma laboral dirigida a reducir la temporalidad y a fomentar la estabilidad. Señorías, aquí está el compromiso perfectamente reflejado. Además, por otro motivo fundamental, porque el Gobierno hace del diálogo un fin en sí mismo y no un medio para resolver los problemas, no es un instrumento; cree en el diálogo, lo potencia, lo activa, y eso da una enorme fuerza a este decreto y a cualquier otro de los acuerdos que se hacen. Ese es el efecto que producirá un arrastre posterior muy positivo sobre el mercado de trabajo y no tengo ninguna duda sobre ello.


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Señorías, este acuerdo no se hace en un momento de crisis, ahora no hay un proceso de reconversión industrial importante, no hay una caída del empleo, se hace precisamente en un momento de euforia económica, con un crecimiento alto, el mayor de la Unión Europea. Esta no es una reforma para relanzar el empleo, sino para corregir y reducir la tasa de temporalidad, la mejora de la protección de los trabajadores ante la falta de empleo y la modernización en los servicios públicos de empleo; y estos son objetivos que benefician a todos los ciudadanos. En este país las reformas laborales se han hecho habitualmente con caídas de empleo, señorías, con reconversiones y con crisis, por lo que aprovechar este momento para hacer una reforma de estas características es una apuesta valiente de los firmantes y es apostar por otro modelo de crecimiento.
Esto es lo que significa el real decreto.


Este es un Gobierno comprometido con la ciudadanía y, lejos de optar por el camino más cómodo, optó por cumplir con sus compromisos y por apostar por una reforma consensuada con las organizaciones empresariales y las confederaciones sindicales. Conocemos experimentos en los que esto no se hizo y sabemos las repercusiones que tuvieron. Es cierto que algunas de las características de nuestro mercado de trabajo pueden cuestionar en estos momentos el alto grado de temporalidad, pero no es menos cierto que hay que reconocer que el problema fundamental de nuestro mercado de trabajo es tener casi el 35,6 de las mujeres y el 31,6 de los hombres con un contrato temporal; este es el elemento fundamental. Por ello el objetivo fundamental de este acuerdo es atacar la temporalidad creando cultura empresarial; no hay norma que reduzca la temporalidad por sí sola, no hay ley que obligue en estos momentos a transformar el mercado de trabajo por mucho consenso que tuviésemos. Hay que introducir mecanismos que vayan creando paulatinamente un cambio de cultura, primando la contratación indefinida desde el inicio de las relaciones laborales. Esto se logrará, sin duda, gracias al programa de incentivos y por la supresión, a partir de enero de 2007, de las ayudas por la conversión de contratos temporales en fijos. Además, en el decreto se establece una regla contra el encadenamiento abusivo y sucesivo de los contratos temporales que tendrá efectos disuasorios para la utilización de sucesivos contratos temporales por las empresas.


Por otra parte, se introducen mejoras en la protección social. El decreto no hace una afección exclusivamente a los temas relacionados con el empleo. Se hacen mejoras en la protección social; se amplían las prestaciones por desempleo de algunos colectivos de trabajadores que tenían lagunas en su protección: los fijos discontinuos mayores de 45 años sin responsabilidades familiares, que estaban hasta ahora desprotegidos, van a cambiar su situación; los socios temporales de cooperativas también; se mejoran las prestaciones de abono a los trabajadores del Fondo de Garantía Salarial por los supuestos de insolvencia empresarial y existen también medidas enfocadas a lograr una mayor transparencia y calidad en nuestro mercado de trabajo. Por primera vez, señorías, se define de manera precisa la figura de la cesión ilegal de trabajadores, que estaba recogida en el Estatuto de los Trabajadores pero que indudablemente planteaba problemas de interpretación, señor Olabarría. Por eso se hace una definición nueva, más ajustada a las sentencias de los tribunales centrales de Trabajo y la jurisprudencia. Se mejoran los derechos de información y actuación coordinada de los representantes de los trabajadores de las empresas principales y de las subcontratas.


Por último, quisiera destacar... (Rumores.)

El señor VICEPRESIDENTE (Gil Lázaro): Discúlpeme, señor Membrado.
Señorías, ruego facilitemos la intervención del orador. Muchas gracias.


Continúe, señor diputado.


El señor MEMBRADO GINER: Por último quisiera destacar el acierto que supone sustituir las actuales bonificaciones de cuotas de la Seguridad Social por cuotas fijas, que sabemos que en estos momentos plantean un problema en los centros especiales de empleo. Estoy seguro que tanto el Grupo Parlamentario Socialista como el Gobierno buscarán las medidas para resolver este problema en su tramitación posterior, no solamente fruto de la petición que nos han hecho algunos grupos, sino también porque indudablemente hemos visto que plantea lesiones que pueden perjudicar a colectivos importantes.


En resumen, señorías, hoy podemos afirmar que estamos ante un acuerdo realista, ambicioso y coherente. Estoy convencido de que además será eficaz y que dentro de pocos meses podremos constatar sus resultados positivos: la mejora de la calidad del empleo, el aumento de la contratación indefinida, el uso adecuado de la contratación temporal y la conversión del empleo temporal en fijo. Hay que darle a la vía parlamentaria un impulso fundamental para que este acuerdo se ponga en marcha lo antes posible y tenga la garantía y la seguridad de que tanto los trabajadores como los empresarios tendrán una base para disponer de forma inmediata. En ese sentido, nuestro grupo apoyará cualquier trámite que permita reducir el tiempo para la efectividad de la norma.


Muchas gracias. (Aplausos.)

El señor VICEPRESIDENTE (Gil Lázaro): Muchas gracias, señor Membrado.


-REAL DECRETO-LEY 6/2006, DE 23 DE JUNIO, SOBRE PENSIONES EXCEPCIONALES DERIVADAS DE ATENTADOS TERRORISTAS. (Número de expediente 130/000033.)

El señor VICEPRESIDENTE (Gil Lázaro): Finalizado el debate de este punto del orden del día, pasamos a la convalidación o derogación del Real Decreto-ley 6/2006, de 23 de junio, sobre pensiones excepcionales derivadas de atentados terroristas. Para la presentación en nombre del Gobierno tiene la palabra el señor ministro del Interior.


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El señor MINISTRO DEL INTERIOR (Pérez Rubalcaba): Señor presidente, señoras y señores diputados, el decreto-ley que presento hoy en esta Cámara tiene su origen en la sensibilidad de todos los gobiernos de la democracia española para instrumentar un sistema de protección hacia las personas que han sufrido la violencia terrorista y sus familias. Asimismo y de una manera precisa responde a una demanda del alto comisionado para el Apoyo a las Víctimas del Terrorismo que detectó la existencia de supuestos individualizados en los que las normas generales impiden otorgar algunas prestaciones cuya concesión resulta razonable y, sobre todo, justa. En concreto, ni en la normativa aplicable en materia de pensiones extraordinarias motivadas por actos de terrorismo, ni en el sistema de la Seguridad Social, ni en el régimen de las clases pasivas del Estado se prevé que puedan ser beneficiarias las personas que, aun manteniendo análoga relación de efectividad, no tuvieran la condición de cónyuge del fallecido por esta causa. En este supuesto existirían un número de afectados por los atentados terroristas que no podrían acceder a la pensión extraordinaria sobre la base de su estado civil, es decir, por no constar vínculo matrimonial con el causante de la pensión. Todo ello en tanto en cuanto no se conforma la legislación civil cuya reforma para el reconocimiento legal de las parejas de hecho se encuentra actualmente en fase de examen y valoración por el Gobierno.


El decreto-ley que hoy presenta el Gobierno para su consideración en esta Cámara tiene un precedente en el caso Yakolev en el que, mediante Real Decreto-ley 8/2004, de 5 de noviembre, concretamente en su disposición adicional segunda, que fue votada por unanimidad por todos los grupos que integran esta Cámara, se reconocieron pensiones para situaciones excepcionales de parejas de hecho, equiparando de esta manera las relaciones afectivas estables con el vínculo matrimonial, que es exactamente lo que este real decreto pretende hacer. El mecanismo legal utilizado no puede ser otro que el real decreto-ley; de una parte, porque la concesión de pensiones extraordinarias no previstas en nuestro ordenamiento jurídico tiene reserva de ley y, de otra, porque resulta prioritaria la necesidad de atender a las víctimas de forma urgente, supliendo la falta de cobertura normativa y sin demorar más la adopción de estas medidas. Con ello, señorías, no hacemos sino incorporar al sistema de pensiones, en el caso de las víctimas del terrorismo, la equiparación o asimilación que ya existe en el sistema de indemnizaciones en el cual esta Cámara reconoció legalmente la situación de pareja de hecho desde la aprobación de la Ley de solidaridad con las víctimas del terrorismo. Los beneficiarios relacionados en la norma son parejas de hecho de fallecidos en atentados terroristas que ya han solicitado al Ministerio del Interior las ayudas derivadas de la normativa sobre víctimas, exceptuadas lógicamente las pensiones, y a los que se han concedido dichas ayudas porque en la normativa vigente, repito, no existe vínculo matrimonial con el fallecido para ser beneficiario de las mismas.
La cuantía de la pensión reconocida en este real decreto se determinará y percibirá con arreglo a las normas relativas a las pensiones de viudedad por actos de terrorismo según el régimen de que se trate, Seguridad Social o clases pasivas.


Estamos, pues, señorías, ante un procedimiento excepcional que tiene su origen en la necesidad de atender a las víctimas del terrorismo. La larga historia de esta lacra en nuestro país hace previsible que en el futuro aparezcan nuevos casos que lógicamente requerirán este mismo tratamiento.
Habrá que habilitar los mecanismos análogos al que hoy consideramos en esta Cámara, por razones de justicia y de equidad, a fin de que las personas que se encuentren en la situación prevista en la norma que hoy discutimos y que puedan demostrarlo fehacientemente accedan también a este tipo de pensión excepcional.


En resumen, señorías, el decreto-ley que aquí se presenta salva la situación de desigualdad que se estaba produciendo con las mencionadas parejas de hecho en materia de pensiones en el caso de las víctimas del terrorismo. Es así un acto más del reconocimiento que esta Cámara, en nombre de toda la sociedad española, quiere trasladar a quienes han sufrido la violencia y la sinrazón del terrorismo. Es una demostración más de que permanecen y permanecerán siempre en nuestra memoria y en la de todos los ciudadanos españoles.


Muchas gracias, señor presidente, señoras y señores diputados.
(Aplausos.)

El señor VICEPRESIDENTE (Gil Lázaro): Muchas gracias, señor ministro.


¿Algún grupo desea consumir un turno en contra de la convalidación? (Pausa.) ¿Algún turno a favor? (Pausa.) Entramos, por tanto, en fijación de posiciones y, en primer lugar, tiene la palabra por el Grupo Mixto la señora Lasagabaster.


La señora LASAGABASTER OLAZÁBAL: Gracias, señor presidente.


En nombre de Eusko Alkartasuna adelanto, lógicamente, nuestro voto a favor de este real decreto-ley, como lo hemos hecho siempre en todas las medidas e iniciativas legislativas en relación con la protección, el reconocimiento económico, social y moral de las víctimas del terrorismo y las víctimas de todo tipo de violencia. Me gustaría ampliar una afirmación que ha señalado en la tribuna el señor ministro del Interior diciendo que todos los gobiernos han tenido sensibilidad y voluntad para afrontar la protección y el reconocimiento a las víctimas del terrorismo.
Yo señalaría que no solo los gobiernos. Hay que recordar que precisamente la Ley de víctimas del terrorismo que hoy tenemos, que probablemente deba ser mejorada, fue una proposición de ley de esta Cámara y, por tanto, de todos los grupos parlamentarios. Por ello me gustaría dejar claro que no solo los gobiernos sino que todos los grupos parlamentarios hemos tenido la sensibilidad y la voluntad de proceder desde el inicio -quizás un poco tardío, también es verdad, hay que hacer autocrítica- a establecer un régimen de protección, de reconocimiento

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en todo orden. Es verdad que a lo largo del tiempo hemos ido observando(lo ha hecho la subcomisión de víctimas de este Congreso que llevó a cabo su trabajo en relación con este tema recibiendo a todas aquellas personas que han sido víctimas del terrorismo y a aquellas asociaciones que les representan, así como el alto comisionado para este tema) que hay elementos que requieren mejorar o que hay otras personas que por distintas razones no habían podido acceder a este reconocimiento, a esta pensión y que realmente han tenido que pasar un largo trámite, en algunos casos judiciales, hasta que ha habido tribunales que les han reconocido esta necesidad de protección o, en este caso, a través de un real decreto-ley donde se ha podido amparar a personas que, por tener una regulación legal diferenciada a la que se recogía en las leyes, no podían acceder a este reconocimiento y a esta protección. Pero, en todo caso, nosotros estamos de acuerdo, en este caso concreto desde luego, con esta medida excepcional porque lo único que hace es reparar una injusticia, lo que no se podía hacer a través de otra medida.


Quiero señalar también que para el futuro Eusko Alkartasuna está en disposición, lo hemos estado siempre, de proceder no solo al estudio, sino a la adopción de todas las medidas necesarias para intentar, dentro de lo que se puede, que evidentemente no solventa el gran sufrimiento, visualizar qué otra serie de medidas puede ser necesario adoptar. Sabemos que hay temas como por ejemplo la protección de apoyo psicológico, sabemos que en materia educativa hay personas como los menores que han sufrido y que han necesitado apoyo educativo especial y no han tenido esas medidas que, quizas, hubiese sido necesario abordar antes. En definitiva, es un tema en el que vamos a tener que seguir trabajando, nos gustaría que lo hiciéramos por consenso, que no hubiera las discrepancias que ha habido en relación con la actuación del alto comisionado, ya que, aunque a nosotros tampoco se nos consultó, siempre hemos querido apoyar su trabajo. Además, este tipo de cuestiones deben tener una reflexión más allá, no solo de las víctimas del terrorismo sino también de las víctimas de violencia a veces de Estado, que no han tenido el amparo que en este caso han tenido las víctimas del terrorismo. No quiero mezclar ambas cuestiones, simplemente dejo en la mente de todos que hay temas pendientes en este Congreso de los Diputados, de víctimas de violencia y de víctimas de lo que se ha denominado excesos policiales y tenemos un retraso de casi un año y pico en abordar esa protección y ese reconocimiento. Pero lo que hoy nos ocupa son las medidas excepcionales para personas que por ley no se podían acoger a esta pensión extraordinaria. Por un acto de justicia hoy debemos, de manera clara y sin lugar a dudas, apoyar esta medida, este real decreto-ley, para que puedan acceder a esta protección que desgraciadamente no paliará su sufrimiento, pero ayudará al menos en los problemas económicos y también en el reconocimiento por parte de esta Cámara y, al menos en lo que yo puedo representar, de Eusko Alkartasuna.


Muchas gracias, señor presidente.


El señor VICEPRESIDENTE (Gil Lázaro): Muchas gracias, señora Lasagabaster.


En nombre del Grupo Parlamentario de Coalición Canaria-Nueva Canarias tiene la palabra el señor Mardones.


El señor MARDONES SEVILLA: Muchas gracias, señor presidente.


Mi grupo va a dar su voto favorable a este real decreto-ley que nos ha presentado el señor ministro del Interior, el señor Rubalcaba, porque consideramos, en todos los órdenes, tanto por la especial urgencia como por la especial sensibilidad de justicia social, por derecho y por imperativo constitucional, que todos los grupos políticos de la Cámara estamos obligados democráticamente a apoyar y a secundar.


Como bien ha señalado el señor ministro del Interior, nos encontrábamos aquí con que no podían acogerse ni a las normas de la Seguridad Social ni a las de clases pasivas, los que tuvieran el carácter de funcionarios civiles del Estado, porque la normativa actual no reconoce la figura afectiva de las parejas de hecho. Ha sido bien oportuno recordar que tuvimos que tomar una determinación con las víctimas del Jakolev al aparecer una serie de causahabientes, vamos a llamarlo así, con un derecho, aunque fueran parejas de hecho, y solventamos aquel problema porque entendimos que era también de justicia social, de justa reparación a quien resultaba víctima de una catástrofe de ese tipo, como en este caso de ahora por terrorismo, para que su compañero o compañera sentimental, como pareja de hecho, pueda tener acceso a estos beneficios de las pensiones. Además, en el real decreto-ley vienen perfectamente reguladas incluso las incompatibilidades o cuando hay un cese de esta percepción por incompatibilidades con la percepción de otra pensión o cambio de su status o situación civil legal a todos los efectos que puedan generar las pensiones.


Solamente le quería hacer una reflexión, señor ministro. En este decreto se cita a las dieciocho personas beneficiarias y no sé si sería conveniente para casos posteriores -no sé si incluso se consultó- que por un derecho a la intimidad de las víctimas del terrorismo que pudieran percibir estas pensiones se las especificara por sus números del documento nacional de identidad y no con nombres y apellidos. Hago esta reflexión porque me ha llamado la atención ver el nomenclátor de las dieciocho personas a las que les afecta con los nombres de las víctimas del atentado terrorista. Para unos se ha puesto una clave o un número -supongo que será el del documento nacional de identidad o el de un expediente- y para otros el nombre del cónyuge. Amparándome en el derecho a la intimidad, hago esta reflexión, que no tiene nada que ver con el sentido de nuestro voto a favor que vamos a dar para su convalidación con plena responsabilidad y siguiendo la recomendación que nos ha hecho el señor Rubalcaba como ministro del Interior del Gobierno.


Muchas gracias.


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El señor VICEPRESIDENTE (Gil Lázaro): Gracias, señor Mardones.


Por el Grupo Parlamentario de Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya Verds, tiene la palabra el señor Llamazares.


El señor LLAMAZARES TRIGO: Gracias, señor presidente.


Mi grupo parlamentario también va a dar apoyo a este real decreto que nos parece necesario para superar una injusticia que se produce con aquellos que tienen una relación de hecho y que no ha sido hasta ahora reconocida, sobre todo, respecto a la pensión de las administraciones públicas. De igual manera que ha ocurrido recientemente en relación con el accidente del Yak-42, esta medida pretende reponer una injusticia y tratar igual a los que son iguales.


Nosotros vamos a votar a favor de la iniciativa, no sin hacer alguna reflexión en relación con el planteamiento del propio Gobierno respecto al hecho de que sea necesario mantener dos años de convivencia para el reconocimiento de dicha pensión. Sabemos que es lo mismo que se ha hecho en el Yak, pero es una cuestión que de alguna manera mantiene una diferencia entre el hecho matrimonial y la pareja de hecho. Eso ocurre como consecuencia de la falta de regulación en nuestro país mediante ley de las parejas de hecho, por tanto, es una necesidad, en nuestra opinión urgente que se produzca una regulación en esa materia para que no haya ni siquiera ese periodo de transición necesario en las parejas de hecho y no necesario en el matrimonio, y para que seamos todos iguales, independientemente de la fórmula que adoptemos en nuestras relaciones.


Por otra parte, queremos inscribir esta medida en la nueva ley integral de atención a las víctimas, anunciada por el presidente del Gobierno para los próximos meses, que nosotros respaldamos, pero queremos plantear una reflexión que nos parece importante y es que no siendo las víctimas de nadie, no siendo las víctimas de ningún partido ni tampoco de ningún Gobierno, sería imprescindible que se produjese en la nueva ley de solidaridad integral con las víctimas el mismo consenso que va a haber en torno a este real decreto y el mismo consenso que se produjo en torno a la Ley de solidaridad con las víctimas. Para ello hay que abrir, en nuestra opinión, un proceso de diálogo y de negociación entre las fuerzas políticas para que finalmente la ley sea la ley de todos, de todas las fuerzas políticas, no la ley de un partido ni la ley de un Gobierno porque las víctimas no son patrimonio de partido ni patrimonio del Gobierno. Esa es nuestra convicción y, por tanto, instamos al Gobierno a que se produzca una actitud de diálogo y de consenso en esta materia que nos parece fundamental.


Sabemos que hay cuestiones en relación con las víctimas que no están suficientemente reguladas -y lo ha planteado el propio comisionado para las víctimas- que tienen que ver con víctimas que se han producido por bandas terroristas de extrema derecha, que no están incluidas, con el censo de víctimas que todavía no existe en nuestro país, con las oficinas de atención a las víctimas y con medidas psicológicas, educativas, etcétera, que son, en nuestra opinión, claramente mejorables. Por eso instamos a que esta nueva ley integral de atención a las víctimas sea motivo de un amplio consenso en nuestro país, pero de acuerdo con lo que he dicho antes, que las víctimas del terrorismo son de todas las ciudadanas y de todos los ciudadanos españoles, no son de ningún partido ni de ningún Gobierno. Por tanto, la futura ley integral de atención a las víctimas debe ser objeto de consenso.


Muchas gracias.


El señor VICEPRESIDENTE (Gil Lázaro): Muchas gracias, señor Llamazares.


Por el Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV) tiene la palabra la señora Uría.


La señora URÍA ETXEBARRÍA: Muchas gracias, señor presidente.


Señorías, la votación de mi grupo va a ser favorable a la convalidación pura y simple del decreto ley que estamos examinando y en contra, en el caso de que alguien lo pida, de su necesidad de tramitación como proyecto de ley. Con este real decreto-ley, como bien ha expresado el señor ministro, se quiere dar respuesta a las necesidades derivadas de situaciones familiares no necesariamente conyugales, puesto que todos conocemos que existe una variedad de posibilidades en la actualidad. La respuesta de este decreto ley se sitúa en el impulso del alto comisionado para el Apoyo a las Víctimas del Terrorismo, impulso que le agradecemos y le reconocemos, ya que la normativa aplicable en materia de pensiones extraordinarias motivadas por actos de terrorismo no prevé ni en el sistema de Seguridad Social ni en el régimen de clases pasivas del Estado que puedan ser beneficiarias personas respecto de las que no existiera la relación de cónyuge del fallecido. Esta situación figura en la exposición de motivos y lo ha manifestado el ministro, sin embargo, sí tuvo reconocimiento en la iniciativa, que hoy es la Ley 32/1999, de 8 de octubre, de solidaridad con las víctimas del terrorismo, respecto de la cual algo tuvo que ver quien hoy preside esta Cámara -justo es reconocerlo-, pero no fue un proyecto que fuese tramitado a instancia de ningún Gobierno sino que lo fue a impulso de todos los grupos parlamentarios en esta Cámara y votado también por unanimidad.


La acreditación fehaciente de la convivencia y los dos años que se exigen han sido objeto de comentario por parte de algunos de los intervinientes y, aunque sé que es idéntico a lo que se ha pedido en otros supuestos, también merecen por parte de esta diputada algún comentario. Existen uniones convivenciales que no necesariamente consisten en la convivencia continuada, incluso en los casos de matrimonio habría que revisar si el requisito de la convivencia se cumple hoy, dado que los tipos de familia y las necesidades de trabajo o incluso la propia voluntad de vivir separado hace que en muchos casos no sea posible acreditar

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la convivencia continuada en los dos años anteriores al fallecimiento, que con tanta exigencia se plasma.


Desde el punto de vista de la técnica legislativa, y aunque lo admito, llega a resultar hasta simpático que lo que la Constitución previó como algo extraordinario en materia de legislación, la regulación de normas con rango de ley mediante el procedimiento del decreto ley, exigiendo que se acreditase la extraordinaria urgencia y la necesidad, pueda haber llegado a despacharse mediante tres escasas líneas en la exposición de motivos. Reconocemos que existe, pero creemos que, puesto que es legislación extraordinaria, lo normal hubiese sido la presentación o la tramitación de una ley con todos los pasos que la propia Constitución estableció como necesarios; no lleguemos, señorías, a hacer simples decretos porque no haya leyes de acompañamiento para cubrir las lagunas que mediante norma con rango de ley tienen que ser cubiertas.


Señorías, tengo alguna duda respecto de otra cuestión que el señor Mardones ha expresado de manera distinta a como lo va a hacer esta diputada. No sé por qué en esta disposición para conceder pensiones excepcionales no hay ninguna disposición o previsión de carácter general.
Él ha indicado el carácter nominativo, la cita por nombre y apellidos de las dieciocho personas que van a ser beneficiarias y le parecía que podía haber alguna falta de respeto a la intimidad. Yo hago la consideración desde otra perspectiva. Todos queremos que no haya ya más víctimas, pero me pregunto si no hubiese sido posible introducir en esta norma, puesto que se le va a dar rango de ley, una previsión de carácter general, de tal forma que si hubiera más personas que pudieran ser en un futuro destinatarios de esta norma, pudieran beneficiarse de ella y no fuese necesario recurrir al trámite de elaborar un nuevo decreto ley. Lo digo, señorías, porque he pensado que quizá la mención nominal de todas las personas podía tener relación con que, por el mero hecho de ser citados, estaban ya excusadas de la necesidad de iniciar un procedimiento administrativo. Pero esto no es así, puesto que se dice que a instancias del Ministerio del Interior se procederá al reconocimiento de las pensiones. Es decir, procedimiento va a haber. Si no se les evita el procedimiento, no sé por qué la cita nominal -quizá algo se me escapa-.
Debía haber habido una previsión de carácter general. En todo caso, sí quisiera, desde el respeto y la consideración que todas las víctimas del terrorismo me merecen, hacer cita especial de doña Encarnación Carrillo Villén, cuya imagen se nos quedó a todos grabada en la retina, citada como viuda -viuda de hecho- de Manuel Indiano, mujer embarazadísima cuando ETA cometió el atentado mortal contra su marido. Ha pasado tiempo desde que este hecho se produjo, pero nos alegramos de que esta mujer en concreto haya tenido el reconocimiento que su situación merecía.


Señorías, hay otra referencia que quiero hacer desde el punto de vista de la corrección y de la técnica legislativa. Como es preceptivo, se ha unido al proyecto de real decreto-ley el informe sobre el impacto por razón de género y se dice lo que se dice siempre. No sé para qué modificamos el procedimiento de elaboración de las normas para que hubiese necesidad de cumplir este trámite, puesto que se despacha en tres líneas diciendo que no merece la pena decir nada porque no hay impacto de valoración de género en la disposición que se presenta. Pues alguno hay, porque de las dieciocho personas afectadas doce son mujeres. Esto quiere decir que hasta en los casos de terrorismo la situación de desamparo en que han quedado las personas ha afectado hasta ahora en mayor manera a las mujeres que a los hombres y este informe de impacto de género debiera haber hecho alguna consideración.


Señorías, al igual que han hecho otros representantes, quiero decir que por supuesto vamos a votar que sí y no vamos a pedir ninguna aclaración, pero me gustaría aprovechar el trámite para recordar al Gobierno el reconocimiento de indemnizaciones de otras situaciones de quienes han padecido daños en defensa de los derechos fundamentales, singularmente a los del periodo de la transición, algo a lo que el Gobierno se ha comprometido formalmente, pero que es una asignatura todavía pendiente.
Esperamos que se produzca para el siguiente periodo de sesiones. Sin más, señorías, mi grupo se alegra de que esta disposición llegue, aunque lamenta que llegue tarde, así como también lamenta el daño añadido que algunas víctimas han padecido por este motivo.


Muchas gracias.


El señor VICEPRESIDENTE (Gil Lázaro): Muchas gracias, señora Uría.


En nombre del Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana de Catalunya, tiene la palabra el señor Cerdà.


El señor CERDÀ ARGENT: Señor presidente, señorías, tal y como recoge la exposición de motivos, razones de justicia material y de equidad que justifican el real decreto-ley llevan al Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana a votarlo favorablemente, pues permite otorgar prestaciones o pensiones extraordinarias motivadas por actos de terrorismo a personas parejas de hecho de víctimas mortales de atentados terroristas. Votaremos afirmativamente también en base a la necesidad extraordinaria de atender a las víctimas de forma urgente y suplir la falta de cobertura normativa a las necesidades derivadas de las situaciones familiares de convivencia, que ya han tenido reflejo en normas precedentes. Como ya se puso de manifiesto en el debate de diferentes iniciativas parlamentarias relativas a la regulación de las parejas de hecho, ni el sistema de Seguridad Social ni el régimen de clases pasivas del Estado español prevén que puedan ser beneficiarias las personas que, aún manteniendo una larga relación de afectividad, no tengan la condición de cónyuge de la persona fallecida por esta causa. Es justo como mínimo regular la situación de las personas afectadas por los atentados terroristas que no han podido acceder a la pensión extraordinaria por no constar vínculo matrimonial con el causante de la pensión, pero también es necesario ampliar la regulación y la extensión de las pensiones a las parejas de hecho. Esquerra ha defendido constantemente la necesidad de otorgar seguridad jurídica a las parejas de

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hecho y así quedó reflejado en una iniciativa legislativa, en la que proponíamos la inscripción en el Registro Civil de las parejas de hecho para dotar a la relación como mínimo de seguridad jurídica. Esta misma Cámara aprobó la toma en consideración de cuatro proposiciones de ley que regulaban la situación jurídica de las parejas de hecho, algunas de ellas contemplando expresamente la reforma de la Ley General de Seguridad Social, de tal manera que las parejas de hecho disfrutaran también de las diferentes prestaciones estatales, entre ellas las pensiones. Estas cuatro proposiciones de ley están en fase de informe en la Comisión de Justicia, como tantas otras iniciativas legislativas de los grupos parlamentarios tomadas en consideración desde octubre de 2004. Les instamos a agilizar la tramitación de estas proposiciones de ley con la finalidad de regular, de dar seguridad jurídica a todo tipo de relaciones afectivas, a todo tipo de familias y evitar así la discriminación que están sufriendo miles y miles de personas en el Estado español. Por ello pueden contar una vez más con el apoyo de Esquerra Republicana para aprobar las pensiones opcionales derivadas de atentados terroristas que nos propone su Gobierno, pero les animamos a emprender las reformas legales que permitan vivir en condiciones de igualdad a toda la ciudadanía del Estado español y en este caso a las parejas que han optado por una forma de relación distinta del matrimonio, evitando así situaciones desgraciadas, como las que son objeto de este real decreto legislativo, víctimas al mismo tiempo de un vacío legal de cuya demora ustedes empiezan ya a ser responsables.


Muchas gracias.


El señor VICEPRESIDENTE (Gil Lázaro): Muchas gracias, señor Cerdà.


En nombre del Grupo Catalán de Convergència i Unió, tiene la palabra el señor Guinart.


El señor GUINART SOLÁ: Señor presidente, señorías, intervengo para fijar la posición de nuestro grupo en relación a la convalidación del Real Decreto 6/2006, sobre pensiones excepcionales derivadas de atentados terroristas. Nuestra posición no puede ser otra que la de asentir a esa convalidación por dos motivos básicos: uno de justicia y otro de coherencia. Es de justicia extender la concesión de una pensión extraordinaria a las personas que convivían con una víctima del terrorismo sea cual fuere el vínculo formal, jurídico o simplemente de hecho que les uniera, pues el hecho que se pretende compensar con una retribución permanente, como es la pérdida de ingresos en aquella relación familiar rota por la acción terrorista, no tiene ninguna base relevante en que exista formalmente un vínculo de matrimonio, y es de justicia universalizar esa contribución del Estado y no discriminarla en función del estado civil formal. Es de justicia para las víctimas del terrorismo, sin duda, como lo es, dicho sea de paso, a nuestro juicio, para el resto de las parejas estables de hecho que, habiendo ya convivido un largo periodo de tiempo y contribuido con sus cuotas a la Seguridad Social, se dé la circunstancia de la pérdida de uno de los miembros de la pareja, que también debería tener derecho a la pensión de viudedad, lógicamente si se demuestra aquella estabilidad en la relación. Y así se está tramitando en la actual reforma de la Seguridad Social donde se contempla esta eventualidad que nuestro grupo no solo apoya sino de la que ha sido impulsor destacado.


Por coherencia. Por una triple coherencia. Nuestra formación política ha sido pionera, hace ya muchos años, en impulsar en el Parlamento de Cataluña, desde una sensibilidad contrastada en este aspecto, el reconocimiento de derechos a las parejas de hecho, igualándolas a las parejas de derecho, incluidas las del mismo sexo. En segundo lugar nuestro grupo apoyó ya en las disposiciones de la llamada Ley de Víctimas del Terrorismo que las ayudas que allí se preveían no discriminaran a las parejas de hecho, como así se legisló. En tercer lugar, nuestro compañero Jordi Jané ha presentado sendas iniciativas en forma de preguntas interesándose por las pensiones de viudedad generadas por el atentado del 11-M, pronunciándose expresamente sobre la necesidad de que sean extensibles también a las parejas de hecho, lo que demuestra nuestra voluntad de equiparar esas prestaciones de pensiones extraordinarias independientemente del estado civil de las víctimas.


Como sea que para poder conceder pensiones extraordinarias debe tramitarse individualmente con rango de ley y, por tanto, esa convalidación permitirá que las personas nominativamente reseñadas puedan percibir esas prestaciones extraordinarias, lo cual, al menos desde el punto de vista económico, paliará en cierta medida la pérdida de una persona con la que convivían, y como sea que también en la exposición de motivos ya se expresa que las medidas excepcionales previstas en el real decreto-ley se extenderán en el futuro a quienes acrediten fehacientemente haber convivido con una persona fallecida en un atentado terrorista, porque nos consta que hay una casuística que va más allá de los ciudadanos nominativamente reseñados en esta normativa, nuestro grupo va a votar afirmativamente esta convalidación del decreto ley de referencia.
Entendemos que el contenido preciso del real decreto, la celeridad y la seguridad que los beneficiarios esperan del mismo aconsejan que no se tramite como proyecto de ley, y así pues votaríamos en contra si algún grupo lo propusiera.


El señor VICEPRESIDENTE (Gil Lázaro): Muchas gracias, señor Guinart.


En nombre del Grupo Parlamentario Popular, tiene la palabra la señora Torme.


La señora TORME PARDO: Gracias, señor presidente.


Señorías, el Grupo Parlamentario Popular va a votar a favor de la convalidación de este real decreto-ley que, como ha señalado el señor ministro del Interior, reconoce una pensión excepcional a dieciocho personas que eran pareja de hecho de víctimas mortales de actos terroristas

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y que precisamente por este motivo no podían acceder a una pensión de viudedad, a pesar de estar unidas al causante por una relación afectiva análoga al matrimonio. Apoyamos esta medida, como apoyamos y como apoyaremos siempre todo cuanto suponga el reconocimiento y la solidaridad con todas las víctimas del terrorismo. (La señora vicepresidenta, Chacón i Piqueras, ocupa la Presidencia.)

Pero, señor ministro, permítame que le diga que concluimos este período de sesiones con un balance de la actuación del Gobierno hacia las víctimas del terrorismo que no puede ser calificado como positivo. Un balance que podemos extender a estos dos años de la actual legislatura. Usted hoy trae un real decreto-ley que afecta a dieciocho personas y que, por supuesto, como ya le he dicho, nosotros vamos a apoyar, pero, ¿qué pasa con el resto de víctimas, qué pasa con los cientos de víctimas de terrorismo que hay en España?

Ustedes prometieron presentar en este período de sesiones una nueva ley de solidaridad con las víctimas del terrorismo, y no lo han hecho, es otra promesa incumplida. Prometió hace tiempo el señor Peces-Barba que traerían una ley en marzo; el señor Rodríguez Zapatero también prometió que en este período de sesiones, antes de junio, presentarían y traerían aquí una nueva ley de apoyo a las víctimas del terrorismo; han incumplido estos plazos. ¿Dónde esta esa ley de víctimas? ¿Dónde está ese consenso prometido? Porque también ustedes prometieron que trabajarían con el principal partido de la oposición, que hablarían con las asociaciones de víctimas del terrorismo para consensuar este proyecto, esta nueva ley de víctimas. No hemos visto un borrador, no lo han visto tampoco las principales asociaciones de víctimas, de manera que nosotros lo que le podemos decir es que no hay ley y tampoco ha habido ninguna intención de trabajar para conseguir ese consenso que ustedes habían prometido.


Permítame, señor ministro, que cuando menos le plantee algunas dudas. ¿Qué ha pasado en estos meses desde que el señor Rodríguez Zapatero prometió que traería una nueva ley de víctimas? ¿Por qué ha incumplido su promesa? ¿Es que ahora, acaso, hay unas nuevas circunstancias que hacen cambiar al Gobierno el tratamiento a las víctimas del terrorismo? Permítame también, señor ministro, que le recuerde que este año todavía no se han concedido a las asociaciones de víctimas las subvenciones convocadas por su ministerio. O que le recuerde lo que también ocurrió el año pasado, cuando se suprimieron desde el Ministerio de Trabajo esas ayudas. Lo que supongo que no hace falta que le recuerde es que en estos dos años de legislatura ha habido cuatro manifestaciones convocadas por las asociaciones de víctimas, todas con una participación multitudinaria: el 22 de enero de 2005, el 4 de junio de 2005, el 25 de febrero de 2006 y el 10 de junio de 2006. En todas ellas se pedía algo tan legítimo como memoria, dignidad y justicia.


Señor ministro, voy a concluir con unas palabras que usted pronunciaba hace poco menos de un mes en su primera comparecencia como ministro del Interior. No sé si le interesará que se las recuerde, pero yo en todo caso, aunque no me escuche, así lo voy a hacer. Señalaba usted que la fortaleza y la superioridad ética de nuestra resistencia democrática frente al terrorismo descansa en el respeto a las víctimas, a sus familias y a sus seres queridos. Decía que nunca se podrá hacer lo suficiente para borrar el profundo dolor y el quebranto causado a las víctimas del terrorismo, porque ese dolor siempre les va a acompañar. Es nuestro deber cívico, nuestro deber moral y nuestro deber político estar siempre a su lado prestándoles atención, apoyo y solidaridad, sin regatear ningún tipo de esfuerzo.


Pues bien, señor ministro, yo le recuerdo sus palabras y le pido que no regatee ningún esfuerzo hacia las víctimas del terrorismo, y le pido que en estas circunstancias, o en cualquiera otras que puedan venir, que sus palabras no sean mera retórica, que haga honor a las mismas. Usted en esa comparecencia también decía: Somos más fuertes cuando estamos juntos y con memoria, con la memoria de quienes sufrieron directamente la brutalidad del terrorismo, con la memoria de las víctimas. Yo le pido, señor ministro, que haga honor a sus palabras y sobre todo que haga honor a la memoria, a la justicia y a la dignidad de las víctimas.


Muchas gracias. (Aplausos.)

La señora VICEPRESIDENTA: (Chacón i Piqueras): Gracias, señora Torme.


Finalizamos con el turno de la señora Unzalu, en nombre del Grupo Parlamentario Socialista.


La señora UNZALU PÉREZ DE EULATE: Muchas gracias, señora presidenta.


Señorías, permítanme que mis primeras palabras sean para agradecer la labor de las asociaciones de víctimas del terrorismo, así como la labor del alto comisionado, señor Peces-Barba. Su trabajo nos permite que hoy convalidemos este real decreto sobre pensiones excepcionales derivadas de atentados terroristas. Con este sí de todos los grupos parlamentarios conseguimos que se extiendan estas prestaciones a parejas de hecho víctimas del terrorismo, conseguimos que se haga justicia, y no es la única vez, son numerosas las veces que hemos coincidido todos los partidos en esta Cámara para ayudar, solventar, hacer justicia con las víctimas. Decía que el reconocimiento de las víctimas y la reparación debe ser público, social y moral, pero también es preciso un reconocimiento personalizado, una atención individualizada, que asegure la protección económica, material y asistencial de las víctimas.


Ya se ha dicho desde esta tribuna, y se incluye en la exposición de motivos de este decreto-ley, que la legislación sobre pensiones extraordinarias por actos de terrorismo no permite que puedan ser beneficiarios de estas prestaciones quienes no tengan un vínculo matrimonial con el sujeto causante. Sin embargo, esta laguna en otras legislaciones sectoriales ha sido solventada -da igual que hablemos de la Ley de Propiedad Horizontal o que

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hablemos de la Ley de Arrendamientos Urbanos. Pero sobre todo hay una ley que me interesa citar al hilo de algunas intervenciones que se han realizado en esta tribuna, que es la Ley 32/1999, la Ley de solidaridad, que ya da cobertura como beneficiarios a los miembros integrantes de la pareja de hecho. En este texto que hoy debatimos se cita nominativamente a los beneficiarios de estas personas, porque se trata de personas que siendo parejas de hecho de fallecidos en atentados han solicitado previamente del Ministerio del Interior las ayudas que les corresponden en función de esta ley y han acreditado su situación ante dicho ministerio. De esta manera, se concede una pensión excepcional a personas que ya han sido beneficiarias de las ayudas por víctimas del terrorismo y que, como tales, como decía, han acreditado cumplir con el requisito de la convivencia. Hay otra apreciación o matiz. Desde mi grupo no entendemos que este decreto-ley tenga un carácter limitativo o finalista al citar a dieciocho beneficiarios, sino que, como también recoge la exposición de motivos, se dice que la condición de beneficiario se extenderá en el futuro a quienes acrediten esta situación de convivencia afectiva.


En definitiva, señorías, razones de equidad y de justicia avalan este real decreto-ley destinado a mitigar el enorme e injusto padecimiento de estas personas, porque compartiendo el espíritu, tal vez no los matices y en ocasiones ni siquiera la intención de lo que se ha dicho aquí, evidentemente existe un compromiso de la sociedad, plasmado en esta Cámara, con las víctimas que debe ser continuo y permanente.


Muchas gracias. (Aplausos.)

La señora VICEPRESIDENTA (Chacón i Piqueras): A usted, señora Unzalu, muchas gracias.


Señorías, antes de pasar al siguiente decreto-ley, quiero comunicarles que tenemos con nosotros a una delegación de las Cámaras filipinas. Sean ustedes bienvenidos. (Aplausos.)

-REAL DECRETO-LEY 7/2006, DE 23 DE JUNIO, POR EL QUE SE ADOPTAN MEDIDAS URGENTES EN EL SECTOR ENERGÉTICO. (Número de expediente 130/000034.)

La señora VICEPRESIDENTA (Chacón i Piqueras): Pasamos al siguiente punto del orden del día, referente al Real Decreto-ley 7/2006, de 23 de junio, por el que se adoptan medidas urgentes en el sector energético.
Comenzaremos con la exposición por parte de un miembro del Gobierno de las razones que han obligado a la promulgación de este real decreto-ley.
Tiene para ello la palabra el señor ministro de Industria, Turismo y Comercio.


El señor MINISTRO DE INDUSTRIA, TURISMO Y COMERCIO (Montilla Aguilera): Gracias, señora presidenta.


Señorías, el Gobierno presenta hoy para su convalidación el Real Decreto-ley 7/2006, por el que se adoptan medidas urgentes en el sector energético, aprobado por el Consejo de Ministros el pasado día 23 de junio. Esta norma contiene un conjunto de medidas urgentes dirigidas a impulsar la eficiencia energética y desarrollar las energías renovables en nuestro país, a disminuir el coste de la energía, a fomentar la utilización del carbón autóctono y a apoyar a instalaciones de generación de energía eléctrica de especial relevancia tecnológica, a modificar la metodología del cálculo de las tarifas eléctricas a fin de racionalizar estas tarifas y a mejorar la seguridad del suministro del gas en el próximo periodo estacional de alto consumo. Estas medidas, cuya adopción, insisto, resulta de urgente necesidad, afectan tanto a la Ley 54/1997, del Sector Eléctrico, como a la Ley 34/1998, de Hidrocarburos.


Con relación al sector eléctrico, que es el que recibe mayor atención en el real decreto-ley, se establecen las siguientes medidas. En primer lugar, se acometen unas reformas que afectan al régimen especial de retribución de la generación eléctrica de origen renovable y de la cogeneración. La Ley del Sector Eléctrico establece las bases de la regulación relativas al régimen especial. En concreto fija la necesidad del autoconsumo eléctrico de las plantas que utilizan cogeneración primando solamente los excedentes eléctricos para las instalaciones de menos de 10 MW. Además, para las instalaciones de régimen especial la ley establece en la actualidad una banda de retribución de entre el 80 y el 90 por ciento de la tarifa media o de referencia. El desarrollo de la política de fomento de eficiencia energética, en sintonía con los principios y criterios de la política comunitaria en esta materia y la plena eficacia de las actuaciones de apoyo a la generación eléctrica con fuentes de energía renovable, hace necesario que se retribuya adecuadamente toda la electricidad generada, con independencia del tamaño de las instalaciones, y que se dote de mayor flexibilidad a la política de establecimiento de primas e incentivos a la producción de energía eléctrica de régimen especial.


La nueva regulación en materia de cogeneración es plenamente coincidente con las orientaciones de la Unión Europea y será implementada y desarrollada mediante la trasposición de la Directiva de cogeneración. El establecimiento urgente de un régimen jurídico claro e incentivador en esa materia favorecerá los necesarios desarrollos normativos pendientes que permitirán abordar objetivos importantes de la política energética y medioambiental del Gobierno. Por ello se elimina la necesidad de autoconsumo eléctrico de las plantas que utilizan la cogeneración primando no solamente los excedentes eléctricos sino toda la electricidad cogenerada. Se clarifica el sistema de primas señalado en la ley estableciendo la posibilidad de que todas las plantas sean retribuidas con el complemento de una prima por encima del precio de mercado y se elimina la banda de retribución entre el 80 y el 90 por ciento de la tarifa media o de referencia, ya que no permite en muchos casos que la retribución sea suficiente para que se desarrollen las diferentes tecnologías. En consecuencia, el real decreto-ley desvincula la revisión de la tarifa eléctrica media de los precios, primas, incentivos y tarifas que

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forman parte de la retribución del régimen especial. Por otra parte, se emplaza al Gobierno a desarrollar el régimen retributivo de las instalaciones incluidas en el régimen especial, trabajos que tenemos muy avanzados, que esperamos concluir con prontitud, y para comentar el contenido de los mismos también me tienen ustedes a su disposición, como ayer puse de relieve a algunos de los grupos parlamentarios que han mostrado interés en la materia y predisposición a dar apoyo a este real decreto-ley.


Por lo que se refiere a la liberalización de la contratación del suministro, resulta que la contratación a plazo de energía eléctrica mediante mecanismos de mercado no puede desarrollarse plenamente debido a la restricción existente relativa al periodo de vida de los contratos vigentes en el sector eléctrico, que la limitan a un año. El impulso al proceso de liberalización del suministro eléctrico para determinados grupos de consumidores y la necesidad de mantener precios competitivos de la energía eléctrica para las empresas que realizan sus actividades en entornos competitivos requiere actuar en este caso ampliando para periodos superiores al año natural el plazo de vigencia de los contratos.
Para ello, mediante una modificación de la disposición adicional decimosexta de la Ley del Sector Eléctrico, se habilita al Gobierno a establecer por vía reglamentaria mecanismos de mercado y fomentar la contratación a plazo. La inacción en esta materia contribuiría al mantenimiento de los efectos negativos de un sistema de contratación de energía eléctrica apoyado en exceso sobre el mercado diario.


En relación con la metodología para la aprobación o modificación de la tarifa eléctrica media o de referencia a partir del 1 de julio del año 2006, se faculta al Gobierno para que en el cálculo de la tarifa media que aprueba pueda fijar los límites máximos anuales al incremento de dicha tarifa, así como los costes a considerar. La experiencia en la aplicación de la normativa por la que se establece la metodología para la aprobación o la modificación de la tarifa media o de referencia, aprobada por el Real Decreto 1432/2002, especialmente desde el año 2005 -año en que, como saben, se incorpora al ordenamiento jurídico español el régimen comunitario de derechos de emisión de gases de efecto invernadero-, hace necesaria una habilitación al Gobierno que permita modificar los costes a considerar, así como flexibilizar los límites de variación tarifaria y de los diferentes grupos tarifarios, y ello con la urgencia determinada por la revisión tarifaria prevista para el 1 de julio del año 2006 como fecha límite en el real decreto por el que se aprueba la tarifa para dicho año 2006, tal y como ustedes saben. El real decreto-ley introduce los cambios mínimos indispensables para alcanzar este objetivo hasta que se desarrolle la nueva metodología tarifaria.


Asimismo se eliminan los costes de transición a la competencia. La Ley del Sector Eléctrico, como ustedes saben, estableció un mecanismo general de retribución a la generación eléctrica basado en los precios de mercado y en su disposición transitoria sexta un mecanismo complementario y transitorio, los costes de transición a la competencia -los famosos CTC-, con el objetivo de facilitar la transición desde un entorno regulatorio y planificado a uno competitivo en el que la recuperación de las inversiones dependería solo de la rentabilidad de las mismas. Sin embargo, el mecanismo de los CTC ha devenido ineficiente, en primer lugar porque generan distorsiones en los precios de mercado al ser integrados como determinantes en las estrategias de oferta; en segundo lugar porque han quedado obsoletas y absolutamente desfasadas las hipótesis sobre las que se hicieron los cálculos de los CTC al promulgarse la ley, y por último porque los informes disponibles también revelan un alto grado de amortización de las instalaciones afectadas. En suma, se trata de un mecanismo innecesario y distorsionador que requiere una urgente supresión, lo que se lleva a cabo mediante la derogación de la mencionada disposición transitoria sexta de la Ley del Sector Eléctrico.


Con el objetivo de preservar los regímenes contenidos en la mencionada disposición transitoria sexta, de incentivos de consumo al carbón autóctono y de apoyo a determinadas instalaciones que desarrollen planes de especial relevancia tecnológica, se añade una nueva disposición adicional a la Ley del Sector Eléctrico. Esta disposición adicional autoriza al Gobierno, por una parte, a establecer por motivos de seguridad del suministro un sistema de primas hasta un límite máximo de 10 euros por MW/hora producido que permita la entrada en funcionamiento de instalaciones generadoras que utilicen fuentes de energía primaria autóctonas; y por otra, previo informe de la Comisión Delegada del Gobierno para Asuntos Económicos, se autoriza a este a aprobar con carácter excepcional planes de financiación extraordinarios para instalaciones de generación de energía eléctrica de especial relevancia tecnológica que demuestren especiales dificultades financieras hasta el punto de poner en peligro el desarrollo de las actividades de la empresa.
Hasta aquí, señorías, las modificaciones que el real decreto-ley realiza a la Ley del Sector Eléctrico del año 1997.


Por lo que respecta al sector del gas, el real decreto-ley modifica la vigente Ley de Hidrocarburos introduciendo tres nuevas disposiciones adicionales que afectan fundamentalmente a los almacenamientos de gas natural. Por una parte, se establece que los peajes de regasificación y de transporte y distribución incluirán el derecho al uso de las instalaciones necesarias para el transporte de gas y el derecho a un almacenamiento operativo mínimo necesario para poder operar en el sistema. En cuanto al almacenamiento subterráneo, la normativa en vigor establece como criterio único para la asignación de capacidad en los almacenamientos subterráneos el criterio cronológico. Dicho criterio sólo resulta eficiente en situaciones de insuficiencia de gas en el sistema, que fue la situación predominante entre el año 2001, fecha de publicación de la norma, y el año 2005, fecha en que se publicaron las normas de gestión técnica del sistema gasista y el primer plan invernal. Con estas medidas se implantó un sistema de responsabilidades de los operadores de manera que se penalizan las situaciones de desbalance y se ordenan los

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programas de extracción de gas fijándose reservas para lo que podríamos llamar las olas de frío. Como consecuencia de lo anteriormente dicho y como consecuencia también de que el sistema gasista español presenta una oferta que excede de la capacidad disponible de los almacenamientos subterráneos, el sistema de asignación de la capacidad de almacenamiento basado en criterios cronológicos deviene ineficiente y surge la necesidad de definir otros criterios de asignación que permitan optimizar la gestión de la misma y garantizar la seguridad del suministro. En particular y con relación a las inyecciones y extracciones de gas para los meses inmediatos -de ahí la urgencia de la medida-, se establece un sistema de reparto basado en las ventas totales de los agentes en el año anterior con una reserva de capacidad para el mercado doméstico comercial. Con ello se pretende establecer un mecanismo que permita una asignación ordenada de la capacidad disponible evitando el acaparamiento y mejorando la garantía de suministro de cara al próximo periodo invernal.


Señorías, en opinión del Gobierno, el conjunto de medidas descritas anteriormente, cuya adopción requiere disposiciones con rango de ley, reúne las características de extraordinaria y urgente necesidad; extraordinaria, por cuanto afectan a aspectos básicos de la regulación de un sector fundamental en nuestra economía, como es el energético, y urgente, dado que la modificación de la regulación debe tener eficacia inmediata, ya que en caso contrario, es decir, si se produjera mediante la tramitación de un proyecto de ley, se generaría un periodo de incertidumbre, perjudicial para la necesaria toma de decisiones inmediatas por los agentes del sector. Este real decreto-ley además implica un paso importante en la implementación de la política energética del Gobierno, da respuesta a algunas de las cuestiones demandadas por diversos grupos parlamentarios a lo largo de esta legislatura y sin duda las medidas contempladas contribuirán también a fortalecer algunos de los sectores energéticos de nuestro país, de manera muy singular las energías renovables, y a mejorar las condiciones competitivas del mercado energético español. Por todo ello, solicitamos a esta Cámara la convalidación del Real Decreto-ley 7/2006.


Muchas gracias. (Aplausos.)

La señora VICEPRESIDENTA (Chacón i Piqueras): A usted, señor ministro.


Señorías, ¿algún grupo parlamentario desea ejercer el turno en contra de la convalidación de este real decreto-ley? (Pausa.) Tiene la palabra el señor Martínez-Pujalte para ejercer turno en contra por un tiempo de quince minutos en nombre del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.


El señor MARTÍNEZ-PUJALTE LÓPEZ: Gracias, señora presidenta.


Señorías, señor ministro, posiblemente esta sea su última intervención en el Pleno del Congreso de los Diputados si se confirma la convocatoria electoral en Cataluña para principios de otoño. Le deseo lo mejor en el plano personal, aunque políticamente creo que su paso por el ministerio ha sido ostensiblemente mejorable y una prueba de ello es este decreto-ley.


Usted ha hablado hoy aquí de cogeneración, del régimen especial, de renovables, de CTC, de contratación a plazo, de la asignación de los criterios cronológicos para el almacenamiento de gas natural, y en medio de todo eso, señor ministro, ha dicho lo único importante que tiene este decreto-ley. Lo único importante de este decreto-ley es que mañana suben las tarifas. Este decreto-ley es urgente porque mañana van a subir las tarifas, porque estamos debatiendo un decreto-ley cuando hoy, esta mañana a las nueve, ha empezado una reunión en la Comisión Nacional de Energía que va a autorizar lo que usted propuso y es una subida de las tarifas por encima de lo que marca la ley; por eso usted tenía que cambiar la ley, porque quiere subir las tarifas por encima de lo que marca la ley, y para eso toda una parafernalia.


Hoy debatimos aquí en esta Cámara el tercer decreto-ley sobre el sector energético en menos de seis meses. Señor ministro, en lo que llevamos de año se han aprobado siete decretos-leyes y tres de ellos afectan al sector eléctrico. Señorías, señor ministro, solo por la inseguridad jurídica que supone una regulación a golpe de decretazo y de manera continua, habría que decir que no. El sector eléctrico, como muy bien dijo el Gobierno hace poco tiempo, es un sector estratégico y las decisiones de inversión se toman, debido al amplio periodo de maduración que exigen, sobre la base de la existencia de un marco regulatorio estable a largo plazo. Tres decretos-leyes en menos de seis meses, señor ministro, coincidirá conmigo que suponen una incertidumbre regulatoria mala para el sector, mala para las inversiones, y por tanto para la garantía del suministro, y es mala al final, en la calidad y precio, para los consumidores.


Señor ministro, dos años al frente de la responsabilidad del Ministerio de Industria y Energía y usted no ha definido un modelo energético. Se lo decía ayer mi compañero, el señor Castelló, en la comparecencia que usted tuvo en Comisión y se lo reitero porque es la pura verdad y lo que está en los medios de comunicación. Usted no ha definido un modelo energético.
Cuando llegó había un marco regulatorio. Sería mejorable o no. Siempre todo es mejorable en la vida, en eso coincidirá conmigo, y siempre se pueden perfeccionar las cosas. Usted dijo que lo que había no le servía y encarga un libro blanco y se lo encarga a quien quiere y como quiere. Le hacen el libro blanco y así nos pasamos ya un año largo con incertidumbre en el sector energético, porque había un nuevo libro blanco y eso a los agentes les da una cierta incertidumbre de futuro, porque no saben lo que va a poner, negro sobre blanco, ese informe y por la regulación posterior. Usted presenta el libro blanco con grandes alharacas, y con las mismas alharacas de su presentación lo archiva. Porque usted, señor Montilla, la única política energética que ha realizado ha sido el impulso para la creación de un grupo energético catalán que respondiera a la cláusula firmada en el

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Pacto del Tinell y que además diera satisfacción, señor Montilla, a una determinada entidad financiera catalana que le condonó un crédito al partido político del que usted era primer secretario. Eso ha sido lo único que usted ha hecho a lo largo de este tiempo. Para la creación de ese grupo energético -no es responsabilidad del Gobierno crearlo- usted impulsó una opa, preparó el camino para que la opa tuviera recorrido, y después de presentada usted la acompañó con medidas que favorecieran a algunas empresas para que la opa fuera posible y perjudicaran a otras para evitar piedras en el camino. Estos últimos días hemos sabido que incluso compartió algún consejo de administración con alguno de los consejeros de la empresa opante. La política de nombramientos en ese sentido fue clarísima. La propia presidenta de la Comisión Nacional de Energía, que usted trae y le ruego se lleve también a sus nuevas responsabilidades porque estaría muy bien, ha incurrido al menos en una incompatibilidad ética, porque debía haberse inhibido. (El señor Campos Arteseros pronuncia palabras que no se perciben.) La política de tarifas que usted ha hecho ha sido para beneficiar a unos, perjudicar a otros y que la opa tuviera recorrido. De hecho, la decisión de aprobación de la opa por parte del Consejo de Ministros está suspendida por el Tribunal Supremo alegando que podría causar daños irreversibles a los consumidores. Solo eso, que al propio Consejo de Ministros el Tribunal Supremo le paralice una decisión por el daño que puede causar a los consumidores, debería haberles hecho reflexionar e incluso aceptar alguna dimisión. Pero no, ustedes siguieron y este decreto-ley es una nueva muestra del carácter arbitrario y lleno de inseguridad de la regulación energética impulsada por usted.


Pocos meses después de aprobar dos decretos-leyes, uno de los cuales modificaba bastantes artículos de otras leyes, hoy nos trae otro. ¿Hay algo de lo que usted ha dicho hoy en la tribuna que no se supiera hace tres meses? ¿Hay algo de lo que usted ha dicho en la tribuna que no se pudiera regular dentro de tres meses? ¿Hay algo que pudiera no regularse a través de un proyecto de ley ordinario y no a través de un real decreto-ley? Sí, una cosa, señor ministro: la subida de tarifas. Lo único urgente que hay en este decreto-ley es la habilitación al Gobierno para que no tenga topes para subir las tarifas a las familias y a los consumidores. La ley fijaba un tope del 2 por ciento y hoy se rompe ese tope y se habilita al Gobierno para que suba por encima de ese tope.


El marco regulatorio debe ser previsible y estable, no puede depender de decisiones a golpe de decreto-ley y que cada viernes usted pueda modificar las condiciones del marco beneficiando a unos o perjudicando a otros, dependiendo de dónde se reúna usted, con quién se reúna o haciendo apaños en el traje. Nada de lo que usted ha hecho, señor ministro, ha sido en beneficio del consumidor y este decreto-ley tampoco es en beneficio del consumidor. Lo comprendo, usted tiene que decir: para el consumidor es fantástico que le subamos las tarifas y que rompamos el tope que tiene fijado la ley para poder subir las tarifas por encima de ese tope. Además su grupo le puede aplaudir cuando anuncia que va a subir las tarifas, porque lo que ha hecho usted aquí es anunciar que va a subir la tarifa mañana. Lo ha dicho con palabras enrevesadas para que no le entendamos, pero eso es lo que ha dicho hoy aquí. Eso es lo que está aprobando esta mañana ya en una reunión la Comisión Nacional de Energía y eso es lo que usted aprobará mañana definitivamente en el Consejo de Ministros.


Podemos darle vueltas a todos los temas. Usted envió el proyecto de subida de tarifas por encima del tope fijado en la ley a la Comisión Nacional de Energía ya la semana pasada, antes de la convalidación de este decreto-ley. Todas las demás medidas, señor ministro, la asignación de criterios cronológicos en el almacenamiento del gas, la contratación a plazo, la cogeneración y si es bueno que el excedente del autoconsumo se vaya todo o no, todo eso lo podríamos discutir y además habrá aspectos positivos en los que nos podríamos poner de acuerdo. En lo que no nos vamos a poner de acuerdo, señor ministro, es en la subida de tarifas. La opa no era buena, se lo dijimos, y de la opa vienen estas subidas de tarifa. Usted me dirá que no, que son las condiciones coyunturales del mercado, pero condiciones coyunturales ha habido siempre, señor ministro.
Ya que al señor presidente del Gobierno le gustan mucho los cuadros (El señor Martínez-Pujalte López muestra un gráfico.), con el Gobierno del Partido Popular las tarifas bajaron esto. En los años del Gobierno del Partido Popular hubo bastantes coyunturas. Con el Gobierno socialista las tarifas han subido todos los años muy por encima de lo que estaban y ahora quieren cambiar la ley para que puedan subir por encima de los topes fijados en la ley.


Suben las tarifas, señor ministro, para las familias y suben las tarifas para las empresas. Usted las está castigando, señor ministro, y hoy los que le den al botoncito aprobando la convalidación de este real decreto-ley lo deben saber, están asumiendo que el recibo de la luz que van a pagar las familias sea más caro dentro de tres días y que las empresas paguen más por el recibo dentro de tres días. Eso es lo que estamos aprobando hoy. ¿Tiene sentido? Ahora saldrá la portavoz del PSOE y dirá que tiene mucho sentido subir las tarifas y me dirán que hago demagogia (Rumores.), pero yo he entrado en Internet y he visto las cuentas de las compañías: Endesa, beneficio del año pasado, 3.282 millones de euros; Iberdrola, beneficio, 1.282 millones de euros; Fenosa, casi 1.000 millones de euros. ¿Hay que subir las tarifas a las familias y a las empresas? ¿Hay que romper el tope que tenemos previsto de subida de tarifas? En mi opinión, no. Ayer le decía el señor Sánchez i Llibre en su comparecencia que usted estaba matando a la industria española -utilizó esta expresión-, aunque ahora el señor Sánchez i Llibre querrá congraciarse porque va a aprobar la subida de tarifas, pero dijo que usted estaba matando a la industria española. ¿Por qué? Porque esta subida de tarifas va a dañar la competitividad de las empresas. ¿Es lógico una subida de tarifas por encima del 6 por ciento en un contexto

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de inflación del 4 por ciento? En mi opinión no, señor ministro. Flaco favor les hacemos a todos.


Señor ministro, creo que este real decreto-ley es una muestra más de improvisación, de beneficio a unos y perjuicio a otros. Pero este real decreto-ley tiene una cosa más grave, y es que los perjudicados son las familias y las empresas españolas. ¿Y sabe qué le digo, señor ministro? Que hace muy bien en irse -no puedo decirle que se vaya porque se va-, y enemigo que huye puente de plata, porque será mejor para las familias y para las empresas españolas, y no le arriendo la ganancia a los catalanes.


Muchas gracias. (Aplausos.)

La señora VICEPRESIDENTA (Chacón i Piqueras): A usted, señor Martínez-Pujalte.


Señorías, ¿algún grupo parlamentario desea ejercer el turno a favor de la convalidación de este decreto-ley? (Pausa.) Pasamos al turno de fijación de posición y comenzamos con el turno del Grupo Parlamentario Mixto y, en particular, de la señora Fernández.


Adelante.


La señora FERNÁNDEZ DAVILA: Gracias, señora presidenta.


Intervengo para posicionarme con respecto a este real decreto y manifiesto que nuestra postura en la votación va a ser de abstención. Lo vamos a hacer porque la urgencia con que el Gobierno está resolviendo a través de reales decretos cuestiones básicas para el sector de la energía no nos parece la mejor forma para solucionar los problemas actuales del sector, que no dudamos que necesitan de modificaciones legislativas.


Este real decreto, junto con el de las tarifas que vendrá próximamente, nos parece una forma de poner parches a un sistema que no resiste la legislación actual. Y aprovechando que el señor ministro nos anunció la subida de tarifas, he de decirle que, a nuestro juicio y con carácter general, es imprescindible redefinir un modelo, de acuerdo también con lo que decíamos anteriormente, ya que debido a todos los factores que han generado un fuerte incremento en los costes de generación, el actual modelo resulta inadecuado para dar respuesta a las necesidades de los consumidores y a las demandas de las compañías del sector. A nuestro entender, no se justifica suficientemente la necesidad de este incremento ni el cambio de metodología tarifaría a aplicar. Ello es particularmente importante porque los incrementos que se derivan son extremadamente lesivos para los grandes consumidores e introducen un escenario de pérdida de competitividad que podría degenerar en procesos no deseados de deslocalización a favor de áreas en las que exista disponibilidad de energía eléctrica en condiciones económicamente más favorables.


Desde nuestro punto de vista, consideramos que el Gobierno debe afrontar una reforma seria de la legislación contando con el sector y las comunidades autónomas, a fin de procurar una ley lo más acorde posible con las necesidades y la realidad del sector energético actual. Usted sabe, señor ministro, que muchas empresas ya se han manifestado incómodas con este real decreto, y la incomodidad de las comunidades autónomas también es real en la medida en que en algunos casos no se contó con ellas y en otros se contó tarde para que pudieran exponer su postura al respecto. Por tanto, entendemos que es conveniente que desde el Gobierno se afronte una legislación en serio para el sector energético, contando con las comunidades autónomas que tienen competencias en esta materia y también con el sector implicado.


Nuestra postura de abstención la justificamos en tanto que consideramos que efectivamente existen, como usted expuso, unas necesidades extremadamente urgentes que hay que resolver legislativamente. Por tanto, no nos vamos a oponer a este real decreto, pero sí le pedimos encarecidamente que se afronte una legislación para el sector de la energía en condiciones que hagan frente a la realidad actual.


Gracias.


La señora VICEPRESIDENTA (Chacón i Piqueras): A usted, señora Fernández.
Muchas gracias.


Continuamos con el turno del Grupo Parlamentario de Coalición Canaria-Nueva Canarias. Señor Mardones, adelante.


El señor MARDONES SEVILLA: Muchas gracias, señora presidenta.


Mi grupo va a prestar su conformidad y votará favorablemente la convalidación de este real decreto-ley que permite al Gobierno adoptar medidas urgentes en el sector energético. Creemos que es un paso más para racionalizar una situación que en este momento es estructuralmente inconveniente. En primer lugar, consideramos positiva la supresión de una vez por todas de los CTC, es decir, de los costes de transición a la competencia que venían establecidos por la Ley 54/1997. Efectivamente, esta ya era una fórmula, la de los costes de transición a la competencia, que había quedado obsoleta y totalmente ineficaz. Hay que regular también una serie de incorporaciones a la potencia en red de megavatios de los productores individuales que, bien para autoconsumo eléctrico o bien por otras razones, presentan un excedente de potencia que tienen que trasladar a la red general de distribución. La verdad es que nos estábamos encontrando con un problema fundamental que tuvimos ocasión de anunciar el año pasado cuando debatimos la adscripción de España a la normativa comunitaria y a los acuerdos de Kioto en cuanto a la preservación del medio ambiente y la cuestión del efecto invernadero y, sobre todo, la emisión de gases que lo generan. Al establecer una serie de medidas de protección en todos los sistemas técnicos e industriales que son generadores de gases, de CO2 o de cualquiera de ellos, que van a producir el efecto invernadero, se trasladaba a las empresas -y así lo advertimos- un coste de instalaciones para reducirlo y, sobre todo, para la compraventa de los derechos de emisión que pudiera haber. Al repercutir sobre las industrias esas instalaciones, la apertura

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de un mercado de comercio de derechos de emisión de gases de efecto invernadero hace entrar un input de encarecimiento en el coste de la energía producida. Nos estábamos encontrando también con una realidad lamentable, los llamados apagones, producidos por una serie de deficiencias estructurales y técnicas en la capacidad de la red, tanto en los centros de producción como en la red de distribución, debido a las situaciones que se han ido presentando en determinados territorios españoles por demanda turística, por ampliación de zonas industriales, por un mayor número de viviendas o por el consumo de aparatos electrodomésticos tanto para luchar contra el frío como contra el calor.
Este tirón de potencia que se estaba dando en la red principal obliga a un replanteamiento de sentido común. ¿Que hay que hacer un reajuste de tarifas? Pues hágase antes de los apagones y de no garantizarle al país el suministro eléctrico, porque si no entramos en una especie de autodemagogia al no querer tomar una decisión impopular como puede ser la subida de tarifas. Si la subida de tarifas viene regulada por un efecto de mercado hay que ajustarse a él porque estamos en una economía libre de mercado, con unas protecciones determinadas, y no creo que porque tengamos que aprobar un instrumento que permita al Gobierno una subida de tarifas en el sector eléctrico esto tenga que llevar a creer que es un cheque en blanco para las industrias o empresas generadoras de electricidad, las tres o cuatro grandes de España o cualquiera de las pequeñas subsidiarias que tengan que entrar en el sistema. Creemos que lo importante es garantizar a todo el sector industrial y a todos los ciudadanos unas potencia eléctrica de aporte continuo las 24 horas del día, dentro de la racionalidad de todo Gobierno que tendrá que venir a dar cuentas a esta Congreso de los Diputados sobre cuál es la razón y la justificación de los porcentajes de aumento que se hagan sobre las tarifas eléctricas. Pero no se puede vivir de espaladas a una realidad de mercado, de costes, de instalaciones y de infraestructuras que son características del sector energético productor de electricidad, en el que seguiremos avanzando, no ya porque ahora quitamos el efecto de los CTC, sino que algún día tendremos que plantearnos la cuestión de la moratoria nuclear y aquellas fuentes de energía eléctrica que tengan para el usuario las mejores relaciones de calidad-precio.


Muchas gracias, señora presidenta.


La señora VICEPRESIDENTA (Chacón i Piqueras): A usted, señor Mardones.


Continuamos con el turno del Grupo Parlamentario de Izquierda Verde-Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya Verds. El señor Herrera tomará en su nombre la palabra para fijar posición.


El señor HERRERA TORRES: Gracias, señor presidenta.


Nuestro grupo va a apoyar el decreto-ley que plantea el Gobierno porque entendemos que introduce medidas de racionalización en el mercado eléctrico. Cuando el señor Martínez-Pujalte ha hablado, la verdad es que me han sorprendido algunos datos que ha aportado. Lo cierto es que hoy el mercado eléctrico y la Ley de Piqué y Fernández Cuesta lo que han supuesto es que no haya planificación indicativa, lo que ha supuesto es que España sea el país más ineficiente desde el punto de vista energético de toda la Unión Europea y lo que ha supuesto es que la intensidad energética en este país sea un auténtico desastre porque por cada punto del PIB la demanda energética se doblaba. (El señor Martínez-Pujalte López: Pero bajada de tarifas.) ¿Y saben por qué? Porque pensaron que las eléctricas podían regular el mercado. ¿Y saben qué pasó? Que lo que hicieron las eléctricas fue hacer un negocio redondo, absolutamente redondo. Nosotros creemos que este real decreto lo que hace es seguir el Real Decreto 3/2006, lo que hace es introducir algunos elementos que van en la buena línea, pero nosotros tenemos una incógnita en torno a una de las medidas. ¿Por qué? Porque las medidas que se aprueban, por ejemplo, plantean la supresión de los CTC, de los costes de transición a la competencia, y todos sabemos que los costes de transición a la competencia han sido una medida que ha favorecido básicamente a las compañías eléctricas, porque se gana eficiencia a través de la cogeneración y además se eliminan los límites impuestos en la metodología de las tarifas. ¿Por qué es importante eso? Porque hoy en España lo que acaba pasando es que precisamente aquellos consumos suntuarios no pagan más que los consumos básicos, y lo que es necesario precisamente es la distribución por tramos de la tarifa para que los consumos suntuarios paguen mucho más que los consumos básicos; lo que hacemos en la política de agua en el área de Barcelona, que nos permite bajar el consumo de agua un 6 por ciento, mientras que en Madrid, con la política de agua que hace la derecha, o con la política de agua que hizo Convergència i Unió, sube el consumo del agua un 6 y un 7 por ciento. Lo que planteamos nosotros es la distribución por tramos de la tarifa. Por eso consideramos que es positivo, porque hay un aumento de la competencia a través de las subastas virtuales, porque se plantean políticas y propuestas razonables en el sector gasista y porque se acaba con una política industrial, ya que era un absurdo la política industrial de este país, de los señores del PP, que era que la competencia de las grandes compañías era mediante un recibo de la luz barato. Nosotros lo que decimos es que la política industrial debe ser activa con otras medidas, pero que no puede ser precisamente con una intensidad energética desastrosa, porque hoy la tarifa de la luz es mucho más cara no en Francia, no en Alemania, sino en Portugal; en Portugal, hoy, es mucho más cara la tarifa de la luz. Por eso nosotros consideramos que hay medidas que son positivas, como, por ejemplo, que se dé apoyo al carbón autóctono o a las diferentes medidas que se han implementado. Y son positivas porque en definitiva lo que hacemos es seguir el Real Decreto 3/2006. Ahora bien, ¿todas las medidas que se aprueban en este real decreto son buenas? No. Nosotros, ayer mismo, en la comparecencia del señor Montilla, se lo decíamos. A nosotros nos surgen algunas dudas en torno a dos aspectos. El primero

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de ellos cuando se modifica el artículo 29, en el que se dice que cuando las condiciones de suministro eléctrico lo hagan necesario, el Gobierno, previo informe de las comunidades autónomas, podrá limitar para un periodo determinado la cantidad de energía que puede ser incorporada al sistema de los productores de régimen especial. Entendemos que esto en torno a la directiva puede arrojar algunas dudas, entendemos el sentido de la misma disposición porque sabemos que hay determinados momentos en los que precisamente las puntas de eólica pueden aconsejar que se desconecte, pero esto se suma a otra medida como es que la revisión de la tarifa media que efectúe el Gobierno no será de aplicación a los precios, primas, incentivos y tarifas que formen parte de la retribución de la actividad de producción de energía eléctrica en régimen especial. Vamos a desligar las renovables de la tarifa. ¿Y por qué nos preocupa? Porque en el sector de las renovables han surgido algunas incertidumbres debido a que hay muchas incógnitas en torno a la reforma del decreto 436 que habla de las primas de las renovables, no sabiendo, en definitiva, cuáles son las certidumbres de las renovables en un futuro. Ante estos interrogantes, estas dos medidas han despertado algunas alarmas en el sector. Por eso nosotros ayer le trasladábamos al señor Montilla esta inquietud y él se comprometió a negociar y pactar la reforma del decreto 436 que se va a producir en el mes de julio. No tiene por qué ser negativo que las renovables, que la energía eléctrica en régimen especial, se desasocie de la tarifa, pero se tiene que garantizar que las primas sean razonables.


El señor Montilla, ayer, en su comparecencia, decía: yo no estoy de acuerdo con que los de las renovables se acaben forrando. Yo tampoco.
Ahora bien, tiene que haber un trato equitativo entre todos los sectores, porque lo cierto es que hoy hay determinados sectores que se forran, y se forran mucho, señor Montilla; usted lo sabe tan bien como yo. Por ejemplo, en la moratoria nuclear, llevan años forrándose. Cuando en el año 1984 se fijó la moratoria nuclear, el valor era de 2.748 millones de euros. ¿Sabe cuánto hemos pagado? 8.278 millones de euros, y aún nos queda por pagar. Por tanto, cuando hablamos de las excelencias de la energía nuclear, de lo barata que es, nos olvidamos precisamente de estos datos. Yo estoy de acuerdo con que ningún sector se tiene que forrar, pero tampoco se tienen que forrar los que son ineficientes, desde el punto de vista ambiental, como la energía nuclear, que produce residuos radiactivos que ahora empezamos a internacionalizar, pero que durante muchos años lo hemos estado pagando entre todos, con lo cual racionalidad y equidad en todos los sectores, pero especialmente en aquellos que nos hacen depender del exterior, y la energía nuclear -hay que recordarlo- depende del exterior porque el uranio viene de fuera.


Nos parecen positivos todos los elementos que se plantean en el real decreto, pero tenemos dudas en torno a dos elementos que trasladamos ayer mismo a la portavoz del Grupo Socialista. Estas dudas se solventarían con ese compromiso, que después de las palabras del señor Montilla ratificará también la portavoz socialista, de poder acordar con el sector y con los grupos parlamentarios, que estamos demostrando una fuerte sensibilidad ambiental en esta materia, la reforma del decreto 436. Es un elemento crucial y fundamental. Está claro que se tiene que aprobar este real decreto, pero se plantea el interrogante sobre si se tiene que tramitar como proyecto de ley o no. Nosotros, visto lo visto, entendemos que no.
Le voy a decir de una forma muy clara y muy diáfana por qué entendemos que no. Somos conscientes de que la tramitación de este real decreto como proyecto de ley supondría precisamente que los intereses, no de los consumidores, señor Martínez-Pujalte, sino de las compañías eléctricas, que a veces ustedes protegen muy bien, acabarían colándose en la tramitación del proyecto de ley. (El señor Martínez-Pujalte López pronuncia palabras que no se perciben.) Nosotros tenemos cinco diputados, somos mucho menos poderosos que los intereses de esas compañías eléctricas y sabemos que algunos grupos parlamentarios intentarían colar determinadas enmiendas que lo que harían sería precisamente que la supresión de los CTC, los elementos de eficiencia energética y la posibilidad de la distribución por tramos de la tarifa, no saliese adelante.


Lo que hizo el Partido Popular fue hacernos trampa. Decía que el mercado estaba liberalizado, pero los precios de los carburantes no se internalizaban en la tarifa. (Rumores.-El señor Martínez-Pujalte López pronuncia palabras que no se perciben.) Es urgente cambiar la ley Piqué, Fernández-Cuesta. Señor Montilla, estamos de acuerdo con las medidas del Real Decreto 3/2006 y con este, pero es urgente cambiar de una vez por todas la ley Piqué, Fernández-Cuesta. Lo que es urgente no es intervenir a medias, como ustedes están planteando, sino hacer planificación indicativa y hacer lo que hacen todos los países de la Unión Europea o los países que, en definitiva, tienen problemas de ineficiencia, como los que tenemos nosotros. Es urgente acometer la reforma de la ley Piqué, Fernández-Cuesta. Esa ley no tiene que ser tan solo una trasposición de la directiva, sino que tiene que ser ambiciosa, una ley que haga simple y llanamente lo que nos decía Pérez Arriaga en el Libro Blanco de la energía, que es lo que estamos diciendo nosotros: instrumentos de planificación, estrategia de ahorro y eficiencia y una empresa pública que haga lo que no hacen las empresas eléctricas, que es una correcta estrategia y una correcta inversión en materia de ahorro y eficiencia.
Está claro que a las eléctricas les interesa que la gente consuma mucho, que los aires acondicionados se instalen en toda España y que, a poder ser, el código técnico de la edificación no se aplique para que haya más ineficiencia en los hogares. Así hacen negocio y así incumplimos con Kioto como los que más.


Muchas gracias.


La señora VICEPRESIDENTA (Chacón i Piqueras): Gracias, señor Herrerra. (El señor Martínez-Pujalte López pronuncia palabras que no se perciben.) Señor

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Pujalte, usted tuvo sus quince minutos, por favor, deje al resto de portavoces hablar con tranquilidad.


El Grupo Vasco es el siguiente en fijar posición, y lo hará el señor Beloki en su nombre. Adelante.


El señor BELOKI GUERRA: Señora presidenta, señorías, el Gobierno nos presenta hoy para su convalidación o derogación el Real Decreto-ley 7/2006, de 23 de junio, por el que se adoptan medidas urgentes en el sector energético. Adelanto la posición favorable de mi grupo a los contenidos que recoge y regula dicho decreto-ley. Estamos de acuerdo con que se supriman los CTC. Coincidimos con el Gobierno en que se trata de un mecanismo de cobro que, si pudo responder con más o menos acierto a una coyuntura energética pasada, hoy es claramente ineficiente, influye negativamente al alza en el precio de la energía y, consiguientemente, lo menos que se puede decir es que ha pasado su tiempo, de forma que si se mantuviera hacia el futuro éste resultaría condicionado en mala dirección por su mantenimiento. Estamos, pues, de acuerdo con que se haga desaparecer la disposición transitoria sexta de la Ley 54/1997. Puestos a matizar algo, alguna reflexión cabría hacer de que se siga así, sin más, con el establecimiento de primas al carbón autóctono, al menos desde el punto de vista de la eficiencia energética y de ir en el mejor mix energético. Podríamos llamar la atención también sobre la necesidad de ser rigurosos, estrictos y justos en los planes de viabilidad que elaborará el Gobierno a partir de este real decreto de las empresas de producción eléctrica con dificultades financieras. Este es un margen muy ancho en el que el Gobierno deberá actuar con rigurosidad, de forma estricta y con justicia, pero vamos a apoyar lo uno y lo otro y seremos a continuación exigentes y rigurosos con el Gobierno en la aplicación de estas medias.


Estamos también de acuerdo en que es necesario fomentar la producción de energía secundaria mediante tecnologías de cogeneración, hacerlo de forma más eficiente y con mayor calidad. En consecuencia, apoyaremos las medidas que propone el Gobierno. También en este punto podríamos y, seguramente, deberíamos matizar algunos extremos que nos propone el Gobierno. Ya era hora de que el Gobierno empezara a cumplir la Directiva de Cogeneración 2004/8 de la Unión Europea, y así mismo de que el Gobierno lleve a cabo de una vez la revisión de las primas a la producción de energía eléctrica en régimen especial contenidas en el Real Decreto-ley 436/2004. A este respecto, quien me ha precedido en el uso de la palabra ha insistido en una serie de reflexiones y preocupaciones de su grupo, que mi grupo comparte. Que ahora, tras tanto retraso, tengamos que hacerlo con la urgencia y con los rasgos de excepcionalidad necesarios para justificar que se haga a través de un real decreto tiene su qué de paradójico, pero, en fin, es cuestión de no retrasarlo más.
Señor ministro, no retrase más lo que es imprescindible y urgente, como es la revisión del Real decreto-ley 436/2004.


Apoyamos también el resto de medidas, como es la que busca fomentar, al estilo de lo que ocurre en los países europeos, la contratación a plazo y a bajo coste de grandes consumidores, para lo que se habilita al Gobierno a regular subastas virtuales de capacidad a terceros sin el límite temporal existente en la actualidad de un año. Confiamos en que a la postre sea un mecanismo de provecho para el gran consumidor a través de la rebaja del coste de la energía en el mercado diario. Apoyamos asimismo las medidas que se proponen con el objetivo de que la metodología de cálculo de la tarifa eléctrica pierda esa excesiva rigidez, adquiera mayor flexibilidad y avance en eso que es una necesidad indiscutible, una necesidad ampliamente reclamada -recuerdo el Libro Blanco de la generación eléctrica- de progresiva adaptación de la evolución de las tarifas eléctricas a la realidad del mercado energético, que recuerdo no es un mercado energético nacional, sino internacional, y que debe hacer frente a muchos compromisos, entre otros, evidentemente, a los contraídos en materia medioambiental. Resultará lo que resulte de esta adaptación progresiva de las tarifas eléctricas al mercado y a las realidades presentes y aprobaremos el que en cualquier caso se opere con mayor flexibilidad, sin la rigidez que hasta ahora existía. Y apoyamos finalmente que se establezca un nuevo criterio de asignación de capacidad en los almacenamientos subterráneos de gas, que hasta ahora solo dependían del criterio cronológico. En adelante, deberán tomarse en consideración otras variables que son más lógicas, como las ventas totales a los agentes del año anterior, junto con una reserva para el mercado doméstico comercial. En cualquier caso, es evidente que con estas medidas no queda ni de lejos hecho todo el trabajo que el Gobierno debiera estar haciendo en el ámbito energético. No es tampoco seguro que lo esté haciendo just in time y en el orden debido, por cierto.


Seguramente el aspecto más discutible de este real decreto no son sus contenidos, sino que ese carácter de urgencia y excepcionalidad que el Gobierno atribuye al mismo es lo que, respecto a numerosas medidas, podría dar un margen amplísimo a la discusión. Todo lo que no se hace en su momento, a la postre, se vuelve urgente, pero eso no suele ser un mérito de quien va retrasando las decisiones, sino demérito de quien procede así, y la actuación del Gobierno tiene atisbos de que eso es lo que está ocurriendo en parte. En todo caso, lo dicho. A día de hoy, es urgente que se eche a andar, y apoyamos que se haga, no sin recordar nuevamente al Gobierno, para terminar, que no es poco lo que le queda por hacer y que, estando en el momento en que estamos, cada vez deberá hacerlo de forma más urgente. Hágalo sin necesidad de recurrir a los reales decretos la próxima vez y, señor ministro, si es la última vez que usted presenta una medida de este tipo en este Congreso, en el traspaso de poderes dígale a quien la suceda que no recurra a los reales decretos.


Muchas gracias.


La señora VICEPRESIDENTA (Chacón i Piqueras): A usted, señor Beloki.
Muchas gracias.


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Continuamos con el turno del Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana.
Será el señor Ramón quien en su nombre tome la palabra para fijar posición sobre este decreto-ley.


El señor RAMÓN TORRES: Gracias, señora presidenta.


Señoras y señores diputados, señor ministro, déjeme que le diga para empezar que nos encontramos de nuevo con una modificación discrecional de la Ley del Sector Eléctrico a través de un real decreto. Sin margen para participar en el contenido del texto, sin comparecencias de expertos, sin contar con la opinión de asesores, de productores o de organismos reguladores, de nuevo la Ley del Sector Eléctrico se modifica sin estar conceptualizada en un cambio conocido, planificado o contrastado, ni tan siquiera consensuado.


Señoras y señores diputados, tanta discrecionalidad merecería una actitud de rechazo, pero hoy el señor ministro nos lo ha puesto francamente difícil, porque entendemos y compartimos que es urgente eliminar los CTC como mecanismo de distribución a las grandes compañías, que es urgente trasponer la directiva de Fomento de la cogeneración, que es urgente revisar el diseño de la tarifa; en definitiva, que hay muchas condiciones que harán que hoy nuestro grupo parlamentario apoye también este real decreto que modifica la Ley de la energía. Una opinión contraria al real decreto-ley supondría un lastre para el interés general, pero recordamos de nuevo que estas urgencias lo son desde hace años y, como saben, deberían ir acompañadas de una modificación global de otros aspectos del mercado eléctrico y de su regulación. Como expondré a continuación, las reformas que proponen siguen siendo parciales y sesgadas.


El señor ministro considera unilateralmente que los cambios que tocan hoy son los que nos proponen, pero, según el parecer de nuestro grupo, entendemos que hoy tocan otra serie de cambios. Es importante trasponer definitivamente la directiva sobre certificación energética de los edificios, abrir la puerta a las licitaciones de nuevas ofertas energéticas renovables, internalizar los costes de las energías convencionales y avanzar en la trasposición de la Directiva sobre la eficacia del uso final de la energía y de los servicios energéticos.
Entendemos también que es necesario comprometer más al gestor de la red de transporte para aceptar una nueva oferta renovable y crear certificados blancos que promuevan el ahorro de energía. Pero no tenemos opción. Todavía no se ha permitido un avance democrático en la legislación del sector eléctrico, aunque nuestro grupo seguirá esperando que la participación de los grupos parlamentarios en esa regulación pueda ser una realidad en el futuro. No insistiré más, señor ministro, en la ausencia de planificación y de debate, pero es que esta Cámara ha modificado ya la Ley del sector eléctrico bajo cuatro reales decretos, dos leyes no sectoriales, como el impulso de la productividad, entre otras acciones legislativas colaterales. Nuestro grupo se pregunta si no creen que la reforma del sector y del mercado eléctrico debería hacerse en un marco más parlamentario, sobre todo cuando hay un consenso sobre el modelo que se tendría que reformar, con un debate estable donde digamos todos lo que nos apetezca sobre la regulación del sector eléctrico.


Señoras y señores diputados, hoy resulta definitivamente posible eliminar los CTC. Hace años se detectó que esta retribución estaba pervirtiendo el mercado y permitía una posición de dominio a determinadas compañías y hasta hoy no ha sido posible eliminarlos. Se ha demostrado que los CTC han amortizado sobradamente las inversiones anteriores a la liberalización y desde nuestro grupo nos preguntamos hasta cuánto más hemos amortizado estas inversiones. ¿Por qué hasta hoy no ha sido conveniente eliminar estos CTC? ¿Se prevén algunas acciones para que las eléctricas compensen una posible actitud de lucro indebido? Nos preguntamos también si se prevén algunas acciones para poder compensar estas sobreamortizaciones que han tenido las empresas eléctricas gracias a los CTC que no hemos eliminado hasta hoy o si, al final, van a ser los consumidores los que van a pagar en sus tarifas el aumento de beneficio de algunas eléctricas.


Sabemos que la eliminación de los CTC era un paso previo necesario para poder asociar el coste de la electricidad a la tarifa con el coste real de la energía. Por eso le preguntamos, señor ministro, cuándo va a iniciar esta asociación y si ustedes saben que la reducción del déficit tarifario que se producirá es fruto de contratos bilaterales obligados y que la eliminación de los CTC será parcial hasta que no se considere el coste real de la energía.


Señorías, las medidas sobre la cogeneración eran una reclamación permanente del sector y una necesidad derivada de la obligada trasposición de la directiva relativa al fomento de la cogeneración. Cabe apuntar que llevan más de cuatro meses de retraso en adecuarse a esta normativa europea y algunas de las implicaciones de la misma son las que hoy se recogen en el texto: la eliminación del autoconsumo, la flexibilización de las primas y la independencia del tamaño. En este sentido querríamos saber si dan por traspuesta la directiva sobre el fomento de la cogeneración, porque entendemos que lo que hoy nos proponen aquí es lo que está diciendo la directiva y que esa trasposición tiene que ser ya una realidad.


Sobre la contratación al plazo también tenemos diversas dudas. ¿Señor ministro, no cree que un fomento de la contratación a largo plazo en un contexto de precios crecientes puede crear relaciones bilaterales de privilegios para determinadas empresas? ¿Los precios de los contratos a plazos se incorporarán en la definición de la tarifa? ¿Serán públicos los precios entre particulares? Estas son dudas que nos abre esta situación de contratación y tendrían que ser despejadas.


Otra cuestión que preocupa a nuestro grupo es que parece que las modificaciones que se introducen hacen consolidar la redistribución en barras de central. Al margen de coincidir en que ya no hay que hablar de electricidad excedentaria ni de autoproductores, lo que nos preocupa es que no se considere la posibilidad de retribuir

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la electricidad en razón de la que realmente se utiliza. Creemos que es perder una oportunidad y es una señal de localización en la red de transporte para una nueva oferta eléctrica.


Desde el año 1999 existe un procedimiento de la red eléctrica española para calcular coeficientes de pérdidas, pero todavía no se ha puesto en práctica. Le recuerdo, señor ministro, que el Real Decreto 1955/2000, sobre pérdidas en la red, obliga a su implementación, pero después de seis años seguimos incumpliendo la ley en este sentido. Es más, consolidaremos este incumplimiento con el real decreto que hoy se nos trae a aprobación.


Preocupa a nuestro grupo la contratación que se mantiene en la ley sobre la limitación de la entrada de las energías renovables en la red. Esto se lo comentaba ayer en su comparecencia. Nuestro grupo no entiende esta limitación, sobre todo a la entrada de energías renovables en la red, y en el artículo 30, que se modifica hoy, sigue prevaleciendo esta limitación. Las restricciones de la convivencia de la energía eólica deberían ser a nivel ambiental o local, pero es inaceptable que lo sean por deficiencias técnicas. Usted sabe que la Directiva 2001/77 obliga a priorizar claramente la conexión y evacuación de energías renovables y que la Directiva sobre el mercado interior de la electricidad establece en su artículo 111.3 que todos los Estados miembros podrán imponer al gestor de la red de transporte la obligación de que en el ordenamiento del funcionamiento de las instalaciones generadoras dé preferencia a las instalaciones de generación que utilicen fuertes energías renovables.
Nosotros ya le comentábamos ayer esa paradoja que se da entre las directivas europeas y las normativas españolas. Nosotros creemos que no cortamos con esa limitación de la entrada de las energías renovables en la red, y nuestro grupo entiende que esas limitaciones no tendrían que existir. Esto puede ser un ejemplo claro de que estas modificaciones discrecionales no están bajo un paraguas de planificación y adaptación a las normas comunitarias, ni comprometidas con una participación mucho más sostenible.


También le recuerdo, como le decía al principio de mi intervención, que la regulación del marco energético se ha hecho vía reales decretos. Nosotros creemos que habría que abrir un debate parlamentario mucho más exhaustivo, pero con lo que regulariza hoy este real decreto ello hará que nuestro grupo parlamentario dé apoyo al mismo.


Muchas gracias, señor presidente. Gracias, señor ministro.


La señora VICEPRESIDENTA (Chacón i Piqueras): Gracias, señor Ramón.


Continuamos con el turno del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió). Tiene la palabra el señor Sánchez i Llibre para fijar su posición sobre este real decreto.


El señor SÁNCHEZ I LLIBRE: Gracias, señora presidenta.


Señor ministro, señoras y señores diputados, la posición del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió) sobre la convalidación del Real Decreto-ley 7/2006, de 23 de junio, por el que se adoptan medidas urgentes en el sector energético, va a ser votarlo favorablemente, pero al mismo tiempo quisiéramos exponer algunas consideraciones sobre ciertos aspectos que nos preocupan seriamente. Entendemos que es el momento de plantear estas reflexiones, en presencia de todos los grupos parlamentarios, para intentar corregir algunos aspectos que, repito, a mi grupo le preocupan seriamente.


En primer lugar, quisiéramos decirle, señor ministro, que al Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió) le preocupa enormemente la actual situación de incremento de precios energéticos que existe en estos momentos en el mercado y que pensamos va a afectar y está afectando muy seriamente a las economías domésticas, a la economía productiva y al tejido industrial español. Tanto es así, señor ministro, que ayer en su comparecencia hicimos unas afirmaciones contundentes, en el sentido...
(Rumores.)

La señora VICEPRESIDENTA (Chacón i Piqueras): Señorías, por favor, les pido silencio; un compañero de ustedes está en la tribuna tratando de fijar su posición.


Adelante.


El señor SÁNCHEZ I LLIBRE: Muchas gracias, señora presidenta.


Tal como le decía, señor ministro, nosotros entendemos -y ayer lo manifestábamos durante su comparecencia- que si no se toman medidas drásticas la actual política energética de su ministerio, que debido a estos incrementos que se están produciendo en el mercado -que más adelante detallaré- son una realidad, está matando el tejido industrial español y está afectando muy negativamente al colectivo de pequeñas y medianas empresas. Hay que tomar medidas para intentar que esto no vaya en esta dirección, porque es evidente que en algunas compañías industriales españolas, básicamente pequeñas y medianas -las grandes realmente ya han pactado con los grandes operadores y distribuidores y probablemente la factura energética no sea un elemento relevante en cuanto a que pueda afectar a sus cuentas de explotación-, las facturas eléctricas que deben reflejar en sus cuentas de explotación, en el año 2006 respecto al año 2005, han experimentado variaciones que oscilan entre el 20 y el 30 por ciento. Esto difícilmente lo pueden consolidar en sus correspondientes cuentas de resultados.


Esta es una primera reflexión que entiendo que valdría la pena tener en cuenta en el desarrollo de los oportunos reglamentos, y en otros aspectos que ya hemos comentado con su ministerio, para que esta transición y la aplicación de este real decreto que vamos a aprobar hoy no pueda afectar negativamente, tal como he dicho al inicio de mi intervención, a las familias, a las economías domésticas y al tejido industrial.


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También entendemos que su ministerio está abusando de la utilización del real decreto para legislar en materias energéticas. Esta es la tercera vez que utiliza la figura del real decreto-ley para modificar la regulación del sector energético. Desde Convergència i Unió creemos que la manera más acertada para modificar el sistema eléctrico no es a golpe de decretazos que desestabilizan un sector de vital importancia y en ciertos aspectos no dejan de crear una cierta incertidumbre al respecto.
También habríamos de recordar que en la actualidad el marco regulador de la energía se basa en leyes aprobadas por las Cortes Generales que hacen referencia a la Ley 54/1997 y a la Ley 34/1998. Señor ministro, consideramos positiva la eliminación de los CTC, que es procedente y que promoverá una mayor transparencia y competencia en el mercado eléctrico.


Respecto a la eliminación del límite del incremento de la tarifa, esta será una de las cuestiones que podría afectar más negativamente a los incrementos de las tarifas eléctricas que puedan regir para las economías domésticas y para nuestro tejido industrial. Si hacemos un breve repaso de los incrementos de los años 2005 y 2006, veremos que en enero se incrementó en un 4,48 por ciento la tarifa doméstica y un 5,06 por ciento para las industrias, además de un incremento medio del 5,67 por ciento que se aprobó en octubre del año 2005. También las noticias indican que el Consejo de Ministros de mañana aprobará una subida media de tarifas del 1,38 por ciento, suponiendo para la industria un incremento del 6 por ciento y para el consumo doméstico del 0,8 por ciento. Si también, señor ministro, nos atenemos a cuáles han sido los incrementos de los índices de precios industriales, veremos que son datos realmente preocupantes, ya que las tarifas industriales estaban más o menos congeladas hasta el año 2003 y que a partir de 2004 y de 2005 los índices de precios industriales experimentaron unas subidas del 6,1 por ciento. Deberíamos buscar unas respuestas adecuadas de por qué han experimentado estos incrementos los índices de precios industriales y deberíamos buscar estas respuestas en las subidas de los precios de la energía que han supuesto en el año 2005 un 14 por ciento y que en el año 2006 están creciendo por encima del 18 por ciento. Por eso nosotros hacíamos unas referencias tan contundentes, porque si no ponemos solución a estos incrementos desmesurados de los precios energéticos -ya sabemos que todo no está en manos de su ministerio- probablemente será cierta la afirmación -que, aunque pueda parecer muy beligerante, es una previsión- de que mataríamos nuestro tejido industrial ya que no podría absorber estos incrementos de precios industriales en sus respectivas cuentas de explotación. Confiamos en que en la aplicación de este real decreto su ministerio no sea agresivo y tenga un comportamiento prudente para poder aplicar la liberalización de la tarifa eléctrica en cuanto se van a suprimir los topes de incremento del 2 por ciento vigentes hasta la fecha.


Nosotros teníamos una duda razonable sobre si este real decreto afectaría negativamente a la estabilidad del sistema de las energías renovables.
Inicialmente considerábamos que este real decreto desestabilizaba el sistema de las energías renovables. Hemos mantenido una conversación en profundidad con el ministro y con los cargos directivos del ministerio.
Nos han tranquilizado y después de las conversaciones mantenidas con el Grupo Parlamentario Socialista, en concreto con su portavoz la señora Mendizábal, y con los altos cargos ministeriales, la parte representante de Convergència i Unió ha llegado a la conclusión de que este real decreto no desestabiliza desde ningún punto de vista el sistema de energías renovables. Podemos dar una noticia positiva a este sector de la economía productiva orientada a la producción de energías renovables, ya que en ningún momento va a representar una baja de las primas para este sector y en algunos casos va a comportar un incremento de las mismas.Vamos a estar atentos y vamos a negociar conjuntamente el desarrollo del Decreto 436 para dar seguridad al sector y también para dar esta buena noticia sobre desarrollo de las energías renovables, que es uno de los aspectos que desde Convergència i Unió hemos apoyado reiteradamente a lo largo de los últimos años.


Muchas gracias, señora presidenta, señoras y señores diputados.


La señora VICEPRESIDENTA (Chacón i Piqueras): Muchas gracias a usted, señor Sánchez i Llibre.


Finalizamos los turnos de los grupos parlamentarios con el del Grupo Parlamentario Socialista. Será la señora Velasco quien tome la palabra en su nombre para fijar posición sobre este real decreto.


La señora VELASCO GARCÍA: Gracias, señora presidenta.


Señorías, antes de manifestar la posición de mi grupo parlamentario no puedo por menos que hacer referencia a algunos comentarios que se han hecho aquí por parte del portavoz del Grupo Parlamentario Popular. Así lo creo porque es de justicia refrescarle la memoria sobre intervenciones y actuaciones muy recientes del Grupo Parlamentario Popular.


Habla el Grupo Parlamentario Popular, en un escenario de permanente demagogia, de que este real decreto sube las tarifas eléctricas. Yo les quiero recordar que los costes de transición a la competencia y el déficit tarifario de 3.800 millones de euros fueron consecuencia de las políticas desarrolladas por el Partido Popular o, mejor dicho, de las políticas que tenía que haber desarrollado y no desarrolló el Grupo Parlamentario Popular. Les recuerdo también que los costes de transición a la competencia tal y como ustedes los aplicaron fueron recurridos por la Comisión Europea y posteriormente se inventaron lo del déficit tarifario. Desde luego, señores del Partido Popular, ustedes hacen ingeniería financiera con los presupuestos e ingeniería tarifaria con las tarifas eléctricas. (Aplausos.)

Dicho esto, cuando hablan de la incertidumbre del marco regulatorio tengo que decirles que ustedes no regulaban. Ustedes eran un Gobierno que como regulador, en

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su compromiso de regular, no regulaban. Lo dejaban todo a intereses de los regulados, es decir a intereses de las empresas. Eran las empresas eléctricas las que tomaban las decisiones y ustedes como Gobierno las aplicaban. (El señor Martínez-Pujalte López: ¡Gas Natural, sobre todo Gas Natural!) Venir aquí, a esta tribuna, con ese cinismo a hablar en estos momentos de marco regulatorio inestable me parece, cuando menos, demagogia por parte del Grupo Parlamentario Popular. (Una señora diputada: ¡Muy bien!). Pero no solo eso. En el marco regulatorio y en otros aspectos en cuanto a la planificación energética este Gobierno tiene que recuperar el tiempo perdido. Mucho tiempo perdido por el Partido Popular en su acción de Gobierno en cuanto a estrategias y políticas energéticas. Cada vez que hablamos de planificación energética, si tanto interés tienen por la planificación energética deberían subir a la tribuna y plantear propuestas, pero usted, en concreto usted, sale siempre a esta tribuna obsesionado de forma enfermiza con el ministro de Industria, con el Pacto del Tinell y desde luego totalmente alejado de hablar de una planificación energética y de aportar como partido de la oposición al Gobierno sus estrategias o sus posiciones políticas respecto a la planificación energética. (Aplausos).


Nos trae el Gobierno para que lo convalidemos un real decreto que nos parece un instrumento muy importante para avanzar en la política energética con la que se ha comprometido. Una política energética que tiene como prioridad la garantía en el suministro, la mejora en la eficiencia energética, la apuesta por el desarrollo de las energías renovables y un respeto al medio ambiente. Por cierto, señores del Grupo Parlamentario Popular, también dejaron una asignatura pendiente, que fue el Plan nacional de asignación de emisiones de gases de efecto invernadero. Eso también lo tuvo que hacer este Gobierno.


Nuestro grupo parlamentario entiende que es necesario convalidar este decreto porque supone un instrumento necesario para poder desarrollar las estrategias energéticas del Gobierno y porque también compartimos los criterios que se definen en este decreto. Por un lado, minimiza el impacto de las subidas de los precios de la electricidad en las economías domésticas, rebaja el coste de la energía en el mercado diario, mejora la eficiencia energética y potencia el carbón autóctono. Asimismo, les recuerdo a los señores del Grupo Popular que el pacto del Plan del carbón va a suponer un avance muy importante en el desarrollo de las comarcas mineras. Se ha logrado un acuerdo con todos los sindicatos, con mayor financiación que el Plan del carbón que ustedes firmaron, y desde luego con menos pérdida de empleo. También se garantizan las condiciones de almacenamiento para los almacenadotes de gas.


Respecto a la supresión de los costes de transición a la competencia, nuestro grupo parlamentario comparte la posición que ha trasladado aquí el ministro de Industria y también el resto de los portavoces parlamentarios. Efectivamente los CTC distorsionan los precios e incentivan a las empresas para que hagan ofertas ineficientes a los mercados. La verdad es que el escenario en el que se aprobaron los costes de transición a la competencia ha cambiado de una forma sustancial y era necesario abordar con valentía la retirada de estos incentivos. Asimismo, los costes son innecesarios porque el grado de amortización que han hecho las empresas ya ha sido superado, ya que es obvio que los ingresos que se han producido han estado muy por encima de los previstos en 1996, cuando se definieron estos costes de transición a la competencia. Paralelamente, la supresión de los CTC habilita al Gobierno a establecer unos planes de financiación extraordinaria para aquellas sociedades titulares de instalaciones de producción de energía eléctrica que muestran especiales dificultades financieras, así como a establecer fuera del pago de los costes de transición a la competencia primas al consumo del carbón autóctono. Esto posibilita nuevamente que fuera de los costes de transición a la competencia se financien los compromisos del Gobierno con el acuerdo alcanzado en el Plan del carbón.


Hay otro aspecto en el que también me gustaría insistir, y es que a la mayoría de los grupos parlamentarios se les ha generado alguna duda respecto de la modificación del Real Decreto 436. En mi opinión, el ministro en su comparecencia de ayer dejó muy claro ante toda la Comisión de Industria que este real decreto iría seguido de otras medidas y de otros instrumentos legislativos, y en concreto habló de la modificación de ese decreto. Por tanto, a nuestro grupo no le queda ninguna duda de que a partir de ahora se seguirá legislando para avanzar en la liberalización del mercado, así como en la apuesta clara y firme por las energías renovables y en ningún caso estropear el objetivo del Gobierno de apuesta por las energías renovables, modificando primas que realmente no supongan esa apuesta clara y el compromiso claro del Gobierno respecto a este tipo de energías.


De otro lado, en este real decreto se toman otras medidas que nos parece muy importante destacar, como es el apoyo a la cogeneración. En este sentido se toman medidas como la eliminación del autoconsumo eléctrico para recibir las primas, para lo que se actualiza el sistema de primas de régimen especial porque actualmente existen asimetrías en las condiciones de las plantas de cogeneración. También se establece la posibilidad de que todas las plantas sean retribuidas con el complemento de una prima por encima del precio del mercado, mientras que en la actualidad solo pueden cobrar primas las instalaciones menores de 10 MW. Entendemos, pues, que es un avance importante para la apuesta por la cogeneración.
Igualmente se elimina la banda de retribución de estas instalaciones entre el 80 y el 90 por ciento de la tarifa media de referencia, ya que en algunos casos no nos permite que la retribución sea suficiente para que se desarrollen las diferentes tecnologías. Por tanto, este real decreto es un instrumento que da flexibilidad al Gobierno para que pueda primar la producción en la generación eléctrica con energías renovables con unas condiciones más ajustadas a los costes reales de producción. En cuanto a la protección de los consumidores domésticos, elimina los límites impuestos para efectuar la revisión de la tarifa media o de

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referencia fijada actualmente en un 2 por ciento y, como decía, desvincula las tarifas del régimen especial.


Por último, nuestro grupo parlamentario apoya claramente este decreto, porque confía en este Gobierno, ya que ha dado pruebas a lo largo de estos dos años de un compromiso con una planificación energética sostenible para nuestro país, y creemos que es necesario este instrumento para avanzar en esas medidas de planificación energética.


Muchas gracias. (Aplausos.)

La señora VICEPRESIDENTA (Chacón i Piqueras): Muchas gracias, señora Velasco. (El señor presidente ocupa la Presidencia.)

Continúa la sesión con carácter secreto.


DICTÁMENES DE LA COMISIÓN DEL ESTATUTO DE LOS DIPUTADOS:

-DICTAMEN DE LA COMISIÓN DEL ESTATUTO DE LOS DIPUTADOS SOBRE DECLARACIONES DE ACTIVIDADES DE SEÑORES DIPUTADOS. (NÚMERO DE REGISTRO 138266.)

Se somete a votación el dictamen de la Comisión del Estatuto de los Diputados, que es aprobado.


Se reanuda la sesión con carácter público.


CONVALIDACIÓN O DEROGACIÓN DE REALES DECRETOS-LEYES (VOTACIONES):

-REAL DECRETO-LEY 5/2006, DE 9 DE JUNIO, PARA LA MEJORA DEL CRECIMIENTO Y DEL EMPLEO. (Número de expediente 130/000032.)

El señor PRESIDENTE: Continuamos las votaciones. Real Decreto-ley 5/2006, de 9 de junio, para la mejora del crecimiento y del empleo.


Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 319; a favor, 304; en contra, diez; abstenciones, cinco.


El señor PRESIDENTE: Queda convalidado.


Algún grupo parlamentario solicitó que se tramitase como proyecto de ley.
Vamos a votar.


Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 322; a favor, 321; abstenciones, una.


El señor PRESIDENTE: En consecuencia queda aprobada la tramitación como proyecto de ley del real decreto-ley convalidado.


-REAL DECRETO-LEY 6/2006, DE 23 DE JUNIO. SOBRE PENSIONES EXCEPCIONALES DERIVADAS DE ATENTADOS TERRORISTAS. (Número de expediente 130/000033.)

El señor PRESIDENTE: Segunda votación. Real Decreto-ley 6/2006, de 23 de junio, sobre pensiones excepcionales derivadas de atentados terroristas.


Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 322; a favor, 322.


El señor PRESIDENTE: Queda convalidado el real decreto-ley.


¿Algún grupo parlamentario desea que se tramite como proyecto de ley? (Denegaciones.)

-REAL DECRETO-LEY 7/2006, DE 23 DE JUNIO, POR EL QUE SE ADOPTAN MEDIDAS URGENTES EN EL SECTOR ENERGÉTICO. (Número de expediente 130/000034.)

El señor PRESIDENTE: Continuamos con las votaciones. Real Decreto-ley 7/2006, de 23 de junio, por el que se adoptan medidas urgentes en el sector energético.


Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 322; a favor, 189; en contra, 130; abstenciones, tres.


El señor PRESIDENTE: Queda convalidado el real decreto-ley.


¿Algún grupo parlamentario desea que se tramite el real decreto-ley como proyecto de ley? Hay una petición.


Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 322; a favor, 130; en contra, 187; abstenciones, cinco.


El señor PRESIDENTE: Queda rechazada la tramitación como proyecto de ley del real decreto-ley convalidado.


ENMIENDAS DEL SENADO:

-PROYECTO DE LEY DE SEMILLAS Y PLANTAS DE VIVERO Y DE RECURSOS FITOGENÉTICOS. (Número de expediente 121/000041.)

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El señor PRESIDENTE: Continuamos con el punto VII del orden del día.
Comunico a la Cámara que de conformidad con lo dispuesto en el artículo 131.2 del Reglamento la votación relativa al carácter orgánico del proyecto de ley orgánica de protección de la salud y de lucha contra el dopaje en el deporte no tendrá lugar antes -estimación optimista- de las 16 horas. (Rumores.) Señorías, al objeto de que ustedes se organicen la jornada la Presidencia había pensado que lo mejor era acumular las votaciones sobre las cuatro de la tarde; no obstante, si el Grupo Parlamentario Popular quiere que llame a votar las enmiendas del Senado sobre las dos o dos y media, llamaré a votar a esa hora. (Rumores.) Pónganse de acuerdo y no me vuelvan loco porque intento facilitarles la vida, pero hay alguien que parece que quiere crear problemas. En consecuencia, creo que lo más razonable es hacerlo hacia las cuatro de la tarde; como el presidente entiende que esto es lo más razonable así se hará. (Aplausos.)

Punto VII del orden del día: Proyecto de ley de semillas y plantas de vivero y recursos fitogenéticos.


Fijación de posiciones. En primer lugar, la señora Fernández.


La señora FERNÁNDEZ DAVILA: Gracias, señor presidente.


Si bajan la voz SS.SS. nos oiremos mucho mejor los que tenemos que intervenir.


Voy a fijar nuestra posición respecto a las enmiendas que se aprobaron en el Senado sobre la ley de los fitogenéticos. Vamos a votar a favor de la mayoría de ellas porque representan una mejora del texto sin entran a modificar en absoluto el fondo las consideraciones de la ley. En cambio, vamos a votar en contra de una de las enmiendas aprobadas en el Senado y que tiene que ver con la cuestión sancionadora. Queremos aprovechar este turno de posicionamiento sobre la ley de productos fitogenéticos porque en su momento nuestro grupo político, el Bloque Nacionalista Galego, votó en contra del proyecto de ley cuando se tramitaba en esta Cámara porque posibilita la apropiación por empresas transnacionales de los recursos fitogenéticos que tradicionalmente los agricultores, en este caso de todo el Estado español, conservaron o cultivaron desde siempre por sus características, adaptación al medio, sabores, resistencias, variedades, etcétera, suponiendo -repito- una privatización de un patrimonio de la humanidad para convertir, mediante el registro de una variedad, un bien público en un bien privado o comercial. Así se desprende del análisis que nosotros hacemos del proyecto y de la propia exposición de motivos, que, en la página 2, dice que en el Registro de Variedades Protegidas se inscribirán aquellas variedades para las cuales se concede un derecho de propiedad a su obtentor, lo que se traduce en una exclusividad de producción y de comercialización. Incidiendo en los argumentos que damos en la exposición de motivos, esto se ratifica en el apartado 4 del artículo 2, donde se hace la definición de variedades de conservación que, vuelvo a decir, refrenda lo que nosotros entendemos como una privatización de las semillas. En su momento, durante la tramitación, las propuestas que presentamos iban orientadas a modificar estos aspectos, al mismo tiempo que a dar más capacidad normativa a las comunidades autónomas teniendo en cuenta la variedad, incluso climatológica, que puede incidir en este tipo de semillas. Por tanto, dada nuestra posición contraria a este proyecto de ley aprobado en su momento en el Congreso y en la medida en que las enmiendas del Senado, como dije anteriormente, mejoran el texto, vamos a votarlas favorablemente, pero en el aspecto sancionador vamos a mantener la propuesta que salió de esta Cámara porque entendemos que es más adecuada para la realidad del sector.


Gracias.


El señor PRESIDENTE: Gracias, señora Fernández.


Por Coalición Canaria, señor Mardones.


El señor MARDONES SEVILLA: Gracias, señor presidente.


La labor de la Cámara Alta ha sido perfeccionadora técnicamente. Nosotros en Coalición Canaria, y con la peculiaridad de nuestra comunidad autónoma, la valoramos positivamente. Es una buena ley. Era necesario ordenar también después de tantos años los reglamentos que se han regulado desde el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación sobre las semillas y plantas de vivero, y ahora con los recursos fitogenéticos que trae este proyecto de ley. En mi grupo lo consideramos, como he dicho, positivo, conveniente y necesario. Las enmiendas del Senado han introducido fundamentalmente un perfeccionamiento también de carácter técnico, no de seguridad jurídica, por lo que vamos a votarlas favorablemente. Queremos hacer una observación doble porque hay una que no votaremos. Dado que el comercio de semillas y plantas de vivero y sobre todo recursos fitogenéticos hoy día está en su gran mayoría en manos de algunas grandes multinacionales, que con un carácter internacional pueden traer y llevar a veces determinados tipos de semillas que pueden tener una confrontación con legislaciones proteccionistas de tipo genético o sanitario en diversos países, tendríamos que tener el cuidado disuasorio. El cuidado disuasorio son las sanciones y multas. Igual que ha dicho la portavoz del Grupo Mixto, por el Bloque Nacionalista Galego, nosotros también vamos a votar en contra de la modificación a la baja que se ha hecho de las sanciones en la Cámara Alta; proponemos, por tanto, que se mantengan los techos de sanción que estaban en el proyecto que salió en su día de este Congreso de los Diputados camino de la Cámara Alta, por tanto el voto positivo a las restantes enmiendas, y que se aclare muy bien si con las comunidades autónomas es una cuestión de cooperación, de colaboración o de apoyo mutuo. Nosotros creemos que debe ser una función coordinada fundamentalmente desde el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación con los correspondientes servicios y consejerías de las comunidades autónomas para que se pongan de acuerdo las mesas sectoriales sobre esta peculiaridad.


Muchas gracias, señor presidente.


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El señor PRESIDENTE: Por el Grupo Parlamentario de Izquierda Verde-Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya Verds tiene la palabra el señor Pérez.


El señor PÉREZ MARTÍNEZ: Muchas gracias, señor presidente.


Intervendré con brevedad. Nosotros vamos a mantener nuestra posición favorable al proyecto de ley, evidentemente. Se trata de una ley positiva que va a dar coherencia al régimen jurídico aplicable a la producción y comercialización de semillas y plantas de vivero. Sin duda alguna esta ley va a permitir dar ese marco legal coherente en un sector que viene incorporando diversas modificaciones provenientes de directivas europeas.En el trámite parlamentario nosotros hemos incorporado algunas enmiendas que modestamente creemos que ayudarán a dar mayor claridad y garantías a esta ley. Nos hubiera gustado -lo tenemos que decir- introducir en el artículo 28 la declaración de zonas libres de cultivos de variedades modificadas genéticamente con el intento de garantizar la producción ecológica de calidad. No ha sido posible, aunque seguimos creyendo que es necesario, pero las mayorías mandan, evidentemente.
Estamos de acuerdo con casi todas las enmiendas porque que son consecuencia de un consenso amplio, pero no compartimos rebajar las sanciones. No votaremos, por tanto, la enmienda al artículo 63 y tampoco votaremos la inclusión del apartado 7 al artículo 31 con la redacción actual porque introduciría alguna imposibilidad a la hora de hablar de etiquetado.


Muchas gracias.


El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Pérez.


Por Esquerra, señor Ramón.


El señor RAMÓN TORRES: Gracias, señor presidente.


No vamos a debatir hoy otra vez la Ley de Semillas, ya lo hicimos en ponencia, en Comisión y también en Pleno, pero quiero recordarles que algunas enmiendas que presentó nuestro grupo referidas al tema competencial no se tomaron en consideración, y si recuerda el portavoz Socialista hacían referencia a una posible contradicción con el nuevo texto estatutario. Hoy que vienen estas enmiendas del Senado el texto estatutario ya está aprobado, y el nuevo Estatut de Catalunya dice claramente que la Generalitat tendrá competencia exclusiva en semillas y plantas de vivero. En definitiva, estamos a la expectativa de que ese despliegue tan agradable que quiere hacer el señor Zapatero de este nuevo Estatuto no infrinja competencias de las comunidades autónomas en este sentido.


Por lo que se refiere a las enmiendas que llegan del Senado, como ya lo ha comentado algún portavoz que me ha precedido en el uso de la palabra, muchas pueden mejorar técnicamente el texto. Nuestro grupo no tiene ninguna objeción en aprobarlas, pero me gustaría hacer referencia a dos enmiendas que votaremos hoy y que también han comentado los portavoces que me han precedido en el uso de la palabra. En primer lugar, sobre la que hace referencia a minimizar las sanciones que venían del texto que salió de esta Cámara, nuestro grupo no va a apoyar esa reducción de las sanciones porque estamos más a favor de las cantidades que salieron de esta Cámara. Nuestro grupo aprobó las cantidades de las sanciones que se propusieron en esta Cámara, por eso no vamos a apoyarla. La otra enmienda que me gustaría comentar es de tema competencial, y enlazo con lo que he dicho inicialmente en mi exposición. Como la Generalitat tendrá competencia exclusiva en este sentido, vamos a apoyar esa enmienda que lo que hace es dar más competencias a las comunidades autónomas en el etiquetado de las semillas.


En definitiva, no tenemos ningún inconveniente en votar a favor de la mayoría de las enmiendas que vienen del Senado porque son técnicas, pero no apoyaremos, como también han dicho otros grupos, la que propone que rebajemos la cantidad de las sanciones.


Muchas gracias, señor presidente.


El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Ramón.


Convergència i Unió, señor Grau.


El señor GRAU I BULDÚ: Gracias, señor presidente.


Intervengo para fijar nuestra posición en relación con las enmiendas y reiterar los posicionamientos que defendimos en el Congreso y en el Senado. Ha habido nuevos acuerdos que han permitido mejorar el texto de la ley que nos viene del Senado y perfilar al menos técnicamente muchos posicionamientos que habían llegado a altos niveles de consenso aquí.
Nuestra posición ha sido muy favorable al sector productor porque en Cataluña tiene el mayor peso específico de todo el Estado. Esta ley ha dejado de lado al sector productor defendiendo otros intereses, poniendo de manifiesto diferencias de sensibilidad entre todos los grupos y el nuestro.


Me referiré, en primer lugar -empiezo por la última enmienda que no pasará en este Pleno-, a la enmienda referida al tema sancionador. Si comparamos el aumento del precio de las semillas, que está en torno al 25 ó 50 por ciento, con el de las sanciones, observaremos que supone un 500 por ciento. También hay una diferencia en cuanto a la aplicación, que posiblemente tenga justificación, en determinados tipos de semillas, como los cereales, para los que se habla de sanciones -es lo que se nos brinda para aprobación- completamente desproporcionadas respecto a otros tipos de semillas que tienen muchísimo valor pero menos cantidad de producción.
Por ello nuestro grupo insiste en mantener como desajustada esta propuesta porque no es generalista, sino que va dirigida solamente a semillas de gran producción. Paralelamente, se actúa solo por la vía económica y no por la vía concesional. En este sentido, también hemos sido muy rigurosos a la hora de pedir que los registros, cualificaciones y valoraciones de los productores sean mucho más exigentes de lo que eran antes. En esto se han basado muchas de nuestras propuestas y por esta razón la vía de eliminación de la concesión es más aplicable que la de

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una gran multa, porque si una empresa es pequeña lo más seguro es que no pueda pagar y si es grande es mucho más efectivo quitarle una concesión que pagar determinadas sanciones. En este caso, el resultado es mucho más favorable para el sector que el del importe de las sanciones que se proponen.


En segundo lugar, reiteramos el acuerdo que mantuvimos con el Partido Popular y que nos manifiestan varios grupos de la Cámara en el sentido de que cuando hablamos de la cooperación entre la Administración del Estado y las comunidades autónomas hablamos de acuerdo, no de colaboración, porque esta es la palabra que incluye el nexo que define la capacidad competencial de las comunidades autónomas. Esta no es una cuestión baladí sino de mutuo respeto. Por esta razón pedimos a la Cámara que entienda el sentido de nuestra proposición y que vote favorablemente.


Nuestro grupo manifestará su posición favorable a todas las enmiendas que vienen del Senado por cuanto participamos básicamente de todas ellas, y más especialmente de las dos que suscitan más controversia, que son la del artículo 37.1 y la del régimen sancionador, para las cuales -reitero- nuestro voto también será positivo.


Muchas gracias, señor presidente.


El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Grau.


Grupo Popular, señor Pintado.


El señor PINTADO BARBANOJ: Muchas gracias, señor presidente.


Este proyecto de ley que hoy termina su tramitación en el Congreso, independientemente de que tenga unas implicaciones de carácter técnico muy importantes, no deja de tener una trascendencia desde el punto de vista económico y de lo que supone la transferencia tecnológica a un sector muy necesitado de la misma. Algún portavoz ha dicho en su intervención en cuanto a las sanciones, a las que posteriormente me referiré, que solo y exclusivamente son grandes multinacionales las que están trabajando en este sector de cara a la agricultura española, lo cual está lejos de la realidad. El sector de producción de semillas en España, en comunidades autónomas como Cataluña, Andalucía, Navarra o Castilla-León, tiene un peso muy importante. En este sentido, nos parece que es un mal criterio mantener una serie de sanciones que están muy por encima de la realidad y la moderación, y que en definitiva lo que pueden hacer es perjudicar por cuestiones menores a la producción, a la obtención, a la investigación y a esa transferencia tecnológica a que nos referíamos a la hora de su aplicación en el sector agrario.


El fondo de esta iniciativa, que lógicamente mejora el actual marco regulatorio -con más de treinta años de vigencia- se ha debatido en el ámbito de las competencias y también en el ámbito técnico, como son el régimen sancionador y otras cuestiones que se han aclarado desde el punto de vista conceptual. Desde el Grupo Popular nos apuntamos a esa teoría de que no importa quién ostente la competencia, sino quién es la Administración que mejor puede atender, que mejor puede beneficiar a los usuarios en este sentido, tanto a las empresas como a los agricultores.
El hecho de que definitivamente quede el título de obtentor de variedades en manos de las comunidades autónomas va a suponer por parte de las administraciones en general y, en particular, de las comunidades autónomas y del Ministerio de Agricultura un sobreesfuerzo en cuanto al control de las garantías de las semillas que se ofertan a los agricultores. Este es uno de los caballos de batalla de este proyecto de ley. Sabemos que hay un volumen de fraude muy importante en nuestro territorio y, paradojas de la vida, al final se sanciona a aquellos productores que intentan hacer bien las cosas, que están legalizados y que en definitiva son los que padecen las inspecciones, y no a aquellos otros que están fuera de la ley y que tienen un campo amplio para tratar de hacer negocios de una forma espuria.


Hablamos del artículo 63. Las modificaciones que se han introducido en el Senado van más en la línea de lo que se planteó aquí en fase de ponencia y en fase de comisión, especialmente por el Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió) y el Grupo Popular, sobre la moderación de esas sanciones en cuanto a una armonización más realista en función de los tipos de semillas y de las infracciones que se plantean. Bien es cierto que en el trámite en Comisión el Grupo Socialista que apoya al Gobierno aceptó in voce una medida cautelar referida a una interpretación que dejaba en manos de las comunidades autónomas, de la Administración, generar e interpretar en función de las semillas y de los tipos de sanciones. Este ajuste que se ha introducido en el Senado responde mucho más a la realidad de lo que inicialmente estaba previsto por la ley, aunque por las interpretaciones y los comentarios que han hecho hoy los distintos portavoces en la Cámara parece ser que va a decaer y que volveremos al texto original. En coherencia con lo que el Grupo Popular comentó en Comisión, nosotros queremos hacer un seguimiento de la aplicación de esta ley en función de cómo va a afectar tanto al sector de la producción de semillas de nuestro país como a los agricultores.


Nos parece relevante una medida introducida en el Senado, con una matización mayor de la que fuimos capaces de lograr en el Congreso de los Diputados, en un aspecto fundamental como es la dotación económica que se hace desde los instrumentos del Ministerio de Agricultura, así como el llamamiento a las administraciones de las comunidades autónomas para que tengan una mayor dotación tanto de medios económicos como de medios humanos para controlar este sector, para apoyar y, en definitiva, para tratar de atajar de una forma decidida y clara la competencia desleal que se ejerce dentro de este sector. Quiero hacer una reflexión en este sentido y es que el Congreso de los Diputados tiene la potestad legislativa, la potestad de modificar las normas y de elaborar otras nuevas, pero tenemos que ser lo suficientemente conscientes como para que cuando se genere este tipo de normas, en las que se establecen mayores obligaciones e implicaciones de cara a los ciudadanos,

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en este caso concreto de cara a los usuarios, las administraciones también tienen que velar y hacer un esfuerzo añadido a la hora de disponer de esos medios. La disposición adicional cuarta, aparte de hablar de la necesaria coordinación entre las comunidades autónomas y la Administración General del Estado, en este caso el Ministerio de Agricultura, contiene esa dotación de medios técnicos tanto para la Oficina Española de Variedades Vegetales como para el Instituto Nacional de Investigación Agraria que nos parece fundamental.


Con toda sinceridad, me gustaría que este proyecto de ley supusiese un avance dentro del sector agrario. Queremos aparcar nuestras dudas en cuanto a las autorizaciones de los títulos de obtentor de variedades por parte de las comunidades autónomas y el régimen sancionador. Vamos a tener tiempo para valorarlo e incluso si esa iniciativa que yo propuse que se hiciese conjuntamente con otros grupos políticos fuera adelante y fuésemos capaces de tener una información real tanto de las administraciones autonómicas como del Ministerio de Agricultura podríamos plantear modificaciones de aquí a no mucho tiempo.


Termino diciendo, señor presidente, que nuestro país es muy importante desde el punto de vista del sector de la producción de semillas, aunque bien es cierto, en contra de lo que decía algún portavoz anteriormente, que las semillas de mayor valor, de mayor valor añadido, se están elaborando fuera de nuestro país, quizá por una legislación que hace mejores aportaciones y tiene menos trabas desde el punto de vista de la comercialización y de la investigación en ese sector. En definitiva, hay que trabajar para que nuestros obtentores, sean multinacionales o empresas españolas, tengan un marco jurídico claro y adecuado. La ley aquilata mucho y muy bien aspectos que anteriormente quedaban a la interpretación de distintas administraciones. El Grupo Popular anuncia su voto favorable a las enmiendas y va a seguir muy celoso el proceso de aplicación de esta nueva ley.


Muchas gracias.


El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Pintado.


Señora De Armengol, por el Grupo Socialista.


La señora ARMENGOL CRIADO: Muchas gracias, señor presidente.


Señorías, la verdad es que el tema que estamos tratando no levanta demasiadas pasiones, pero aunque a muchos les parezca increíble esta ley es tan importante como necesaria, y lo es porque el empleo de semillas y plantas de viveros es un factor básico para la actividad agraria. Las inversiones en esta actividad tienen un efecto multiplicador muy elevado y una significativa y positiva incidencia en la capacidad productiva, en la resistencia a los agentes adversos y en la calidad de las cosechas.
Mediante las semillas y las plantas de vivero se logra, además, una transferencia plena de tecnología de vanguardia desde el laboratorio de investigación al campo de cultivo. La obtención de nuevas variedades se ha convertido en una actividad altamente especializada que demanda grandes inversiones y que requiere amplios periodos de tiempo y equipos humanos multidisciplinares y especialmente cualificados para su realización. La gran dependencia entre los sectores relacionados con las semillas y plantas de viveros -a saber, los obtentores de variedades, los productores y comerciantes de semillas y plantas, los agricultores, las industrias agroalimentarias, los distribuidores y, por fin, los consumidores- hace necesaria una regulación adecuada y equilibrada de las actividades más importantes en esta materia a fin de que queden claramente definidos los derechos y las obligaciones de cada sector.


La normativa vigente es una ley preconstitucional del año 1971 y, obviamente, es hora de adaptarla tanto a la realidad económica actual como al marco constitucional desde el punto de vista competencial y también a la necesaria incorporación a nuestro ordenamiento jurídico de las directivas europeas. El proyecto que estamos aprobando no solo reúne y simplifica el complejo y entramado marco de normas aplicables a la producción y al registro de semillas y plantas de vivero, sino que es perfectamente respetuoso y equilibrado con el marco competencial, teniendo en cuenta las competencias exclusivas de agricultura en las comunidades autónomas. Me gustaría resaltar de este proyecto su carácter novedoso en el sentido de incluir los preceptos relativos a la protección y gestión de los recursos fitogenéticos, incorporando los preceptos asumidos por España en los diversos tratados internacionales sobre los mismos. Se incorpora el concepto de variedad de conservación, variedades autóctonas y ecotipos locales. También viene recogida en la ley la regulación de producción de semillas y plantas de vivero de agricultura ecológica, respondiendo todo ello a una demanda del sector.


Como pueden comprobar SS.SS., esta ley es eminentemente técnica y en el fondo de la cuestión prácticamente todos los grupos parlamentarios hemos estado de acuerdo. Los puntos que más problemas han planteado en la discusión han sido los competenciales, las cuantías de las sanciones y los grandes temores en todo lo referente a los transgénicos y las precauciones que se pretenden introducir. Quiero resaltar que ha sido una ley muy discutida en innumerables reuniones, en contactos parlamentarios y en ponencia, tanto de una Cámara como de la otra. Por tanto, podemos estar satisfechos de los resultados del trabajo parlamentario porque ello significa que es bueno para el conjunto de los usuarios de esta ley, que no son solamente los obtentores, productores y comerciantes de semilla y plantas de viveros, sino también los agricultores que han seguido esta ley con gran atención porque les va mucho en ello, les va la cosecha en ello. Algún grupo parlamentario no ha tenido suficientemente en cuenta a los agricultores y ha centrado demasiado su interés en atender únicamente las reivindicaciones de uno de los agentes de esta ley, olvidándose de que la interdependencia de este sector hace que el afectado por una mala praxis no es el agricultor sino el usuario, que en este caso es el agricultor.


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La gran mayoría de las enmiendas que nos han llegado del Senado las vamos a votar a favor, excepto dos. Estamos de acuerdo con la supresión de la letra e) del artículo 27, puesto que fue un error que cometimos en la Comisión de Agricultura del Congreso; estamos de acuerdo con la modificación de los apartados 1 y 4 del artículo 36; estamos de acuerdo, cómo no, con las modificaciones de los artículos 45.3, 46.3 y 47.4 presentadas por el Grupo Socialista sobre recursos filogenéticos, que son mejoras técnicas aprobadas por amplia mayoría; estamos de acuerdo con la modificación de la letra b) del artículo 61, presentada por el Grupo Popular, que también fue aceptada por la mayoría de los grupos del Senado; e igualmente estamos de acuerdo con la modificación de los artículos 61 y 62 presentada por el Grupo Popular y aceptada por la mayoría de los grupos del Senado. En cuanto a las modificaciones a las disposiciones finales segunda y cuarta introducidas en el Congreso, así como las introducidas en el Senado, han contado con el rechazo del Grupo Socialista, pero hay que decir que las modificaciones introducidas en el Senado mejoran el texto en relación con la propuesta salida del Congreso.
Por ello en este último trámite parlamentario vamos a apoyar estas enmiendas.


Para terminar voy a centrarme en las dos enmiendas que nos quedan. En cuanto a la adición del punto 7 del artículo 31, la ponencia del Senado aprobó por unanimidad que el ejercicio de esta competencia del Estado se hiciese en colaboración con las comunidades autónomas, pero el texto aprobado en Comisión después de la introducción de una enmienda in voce puede ser una fuente de conflictos y problemas. En efecto, el ministerio no puede declinar su responsabilidad ante la Unión Europea y ante el sector porque no se han meditado ni calibrado suficientemente las repercusiones de la enmienda que se hizo in voce. Y no me vale la justificación, como algún parlamentario ha dicho, de que esta es una petición del sector. No es cierto. Es más, al sector le perjudica esta nueva redacción porque un productor no solo produce para su territorio sino también para el exterior. Por tanto, vamos a votar en contra.


En cuanto a la modificación del artículo 63, sobre las cuantías de las sanciones pecuniarias, mi grupo piensa que hay que volver al texto aprobado por el Congreso, al entender que el efecto disuasorio de las cuantías fijadas se pierde en gran medida al reducirse a un tercio de su valor, por ejemplo, de 300.000 euros a 100.000 mil euros. Esta sí que es una petición clara del sector representado por la patronal más importante. Que sea una petición del sector me parece lógico y normal, pero que lo aprobemos los parlamentarios que tenemos la obligación de velar por los intereses del conjunto de los ciudadanos, a fin de evitar que los abusos que se cometan les puedan afectar, no es serio por nuestra parte. No voy a entrar en consideraciones peregrinas como que la cuantía de las multas se ha multiplicado por 500 y el precio de las semillas por dos desde el año 1971, porque la sociedad ha cambiado y nada tiene que ver el poder sancionador de un Estado dictatorial al de un Estado democrático. O que existen muchas empresas ilegales y no se puede castigar a las legales; si una empresa legal es sancionada es porque ha infringido la ley y ha producido en la mayoría de los casos un daño a terceros que casi siempre es el agricultor, que ha pagado sus semillas y puede tener una merma importante en su cosecha, y solamente con una sanción ejemplar se puede disuadir a los posibles infractores. De esta forma podremos luchar contra el fraude de manera efectiva, y todos sabemos que la sanción importante es el principal instrumento que tenemos para combatirlo. Hay que añadir a ello que estas sanciones son las mismas que las que se recogen en la Ley de Sanidad Vegetal, y estas cuantías máximas y mínimas son modulables. Por tanto, también vamos a votar en contra de esta enmienda del Senado.


Para terminar, quisiera agradecer a todos los grupos parlamentarios su colaboración y su apoyo a esta ley que, sin duda, beneficiará a todo el sector agrario.


Muchas gracias. (Aplausos.)

El señor PRESIDENTE: Gracias, señora De Armengol.


-PROYECTO DE LEY DE AGENCIAS ESTATALES PARA LA MEJORA DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS. (Número de expediente 121/000042.)

El señor PRESIDENTE: Proyecto de ley de agencias estatales para la mejora de los servicios públicos. ¿Fijación de posiciones? (Pausa.) Doña Isaura Navarro, de Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya Verds.


La señora NAVARRO CASILLAS: Gracias, señor presidente.


Como portavoz de Izquierda Unida ya dije en su día que esta no es nuestra ley, y a la vuelta del Senado sigue sin serlo, si bien nuestras aportaciones al texto -que han sido muchas, hay que reconocerlo- consideramos que han implicado una mejora. Hemos aportado un mayor control parlamentario y democratización en el funcionamiento, la presencia sindical y su participación en todos los espacios, también una mejora del funcionamiento y estructura tanto de las agencias como de las condiciones de trabajo de los empleados públicos. Estas son nuestras aportaciones, que consideramos altamente positivas para el texto. Sin embargo, no se ha corregido tampoco en el Senado el carácter presidencialista del texto que mantiene los dos cargos, esto es, el presidente más el director, que para nosotros implica una disfunción en la actividad. Por lo que optamos desde Izquierda Unida en nuestras enmiendas fue por un único presidente nombrado por el Consejo de Ministros y que las competencias del director se atribuyeran al consejo rector, con el objetivo de aportar una mayor democratización en el funcionamiento y en la estructura. Tampoco se ha solventado en el Senado la desaparición del personal directivo, si bien gracias a la aportación de Izquierda Unida se ha mejorado sustancialmente eliminando la referencia a la pertenencia al grupo A, ampliándose a la de titulados superiores, preferentemente

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funcionarios. Como reivindicaba Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya Verds, esto es buscar primero dentro de casa y no lanzarse a buscar fuera, aportando una visión mercantilista de los servicios públicos.


En definitiva, hemos hecho aportaciones al texto que implican -implicaron también en su día- un voto favorable, excepto en los puntos de mayor discrepancia. Es un texto que vino con muchas carencias, con una visión mercantilista desmesurada y que el Parlamento ha mejorado sustancialmente, si bien algunas de las carencias se siguen manteniendo.
En conclusión, en mi grupo nos sentimos parcialmente satisfechos y por eso no nos oponemos a esta ley -no nos opusimos en su día- y votaremos favorablemente las enmiendas que vienen del Senado.


Gracias.


El señor PRESIDENTE: Por el Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV) tiene la palabra el señor Olabarría.


El señor OLABARRÍA MUÑOZ: Muchas gracias, señor presidente.


La verdad es que nosotros, en relación con esta ley, tal como ha quedado configurada tras el debate en el Senado, no tenemos grandes objeciones, solo una en concreto, por lo cual mi intervención va a ser particularmente breve.


Señor presidente, los objetivos de esta ley no pueden ser más que compartidos. Tenemos una organización administrativa que se parece mucho al gran Leviatán que describía Hobbes como esa estructura que no para de crecer. Entre Administración del Estado, organismos autónomos, entidades gestoras, reales academias, etcétera -la propia exposición de motivos lo dice-, tenemos 138 organismos públicos, 47 de los cuales presentan peculiaridades, muchas de ellas configuradas por un estatuto de creación y de funcionamiento propio. Esta no es una forma de garantizar un derecho de estos que se denominan de nueva generación, incluso ya asignado en la cumbre de derechos fundamentales del Tratado de Niza como derecho de los ciudadanos al buen gobierno. Sin embargo, señor presidente, nos llama mucho la atención una locución que se utiliza en la disposición adicional tercera que hace referencia a la nomenclatura usada para denominar a todas las agencias estatales. Y es que todas se llaman así: agencias estatales, menos una, que es la antidopaje, que se llama agencia estatal antidopaje de España. Yo no sé si el legislador se ha querido curar en salud para evitar que se pueda regular aquí la agencia antidopaje de Francia, de Corea del Sur o de Corea del Norte. No sé cuál es el motivo que justifica la adición a una agencia estatal como todas las demás de la expresión España, que podría también complementarse con la expresión una, grande y trina o alguna otra locución que mejorara un poco las prestaciones del texto.


Dicho esto, señor presidente, y estando muy sorprendido por la modificación de la estructura semántica utilizada para la definición de las agencias estatales, y como esto además contradice una ley que se va a debatir después, que es la Ley antidopaje, donde se ha llegado a otros acuerdos en cuanto a la denominación de estas agencias estatales, le manifiesto mi perplejidad por esta reflexión, lo cual no impide que nos adhiramos al espíritu, a la ontología, a la filosofía y al contenido articulado de esta ley, a su contenido material, salvo las reticencias o reservas mentales que nos provoca esta particular disposición adicional tercera que sencillamente no terminamos de entender.


Muchas gracias, señor presidente.


El señor PRESIDENTE: Por el Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana, señor Canet.


El señor CANET COMA: Gracias, señor presidente.


A nuestro grupo le pareció razonable el texto que salió del Congreso y, compartiendo en parte la argumentación que acaba de hacer el portavoz del Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV), seguimos manteniendo el apoyo al texto. Las enmiendas que vienen del Senado son básicamente formales y en alguna medida de mejora técnica. Con la salvedad que hemos hecho, seguimos manteniendo el apoyo al texto.


Muchas gracias.


El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Canet.


Por el Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), señor Jané.


El señor JANÉ I GUASCH: Señor presidente, señorías, mi grupo parlamentario no va a votar a favor de las enmiendas del Senado, y no lo hará por una razón estrictamente de valor a la palabra dada a mi grupo parlamentario, de respeto a la palabra dada por el ministro de Administraciones Públicas, señor Sevilla, a este portavoz que les está hablando. Ese valor se ha roto para nosotros en la ley que ahora vamos a votar. Por tanto, con independencia de si el conjunto de enmiendas mejoran o no el texto, nosotros no las vamos a apoyar de manera testimonial por ese alejamiento -repito- de la palabra dada.


Nuestro grupo presentó una sola enmienda en el Senado, la número 103, a la disposición adicional tercera. En esa enmienda proponíamos otro nombre para la agencia española antidopaje: agencia estatal antidopaje.
Entendemos que es una mención mucho más ajustada al objeto de la ley, las agencias estatales. Además, cuando la agencia es estatal -y la agencia antidopaje lo será- queda muy claro su ámbito competencial. El ámbito competencial de las agencias estatales, de acuerdo con el artículo 2 -artículo que mejoramos a través de transacciones a enmiendas del Grupo de Convergència i Unió en el Congreso para que quedara claro este extremo-, es el cumplimiento de políticas públicas que desarrolla la Administración General del Estado en el ámbito de sus competencias. Por tanto, queda claro que la mención a agencia estatal es para competencias de la Administración General del Estado. Como decía el señor Olabarría, todas son agencias estatales: la de inmigración y emigración, la

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de seguridad aérea, la de seguridad del transporte terrestre, la de artes escénicas y musicales, la de meteorología, y en cambio a la agencia estatal antidopaje le añaden la expresión "de España". ¿Con qué voluntad? ¿Con la voluntad de que sea la única agencia que haya en España en materia antidopaje? ¿Con la finalidad de que pueda ser la única que opere internacionalmente en este ámbito? Si es así, nosotros discrepamos de esa interpretación, aunque algunos dirán que la enmienda final se transaccionó por los distintos grupos en el Senado. Pues mi grupo en el Congreso no hace suya esa transacción que se acordó en el Senado, como otros grupos cuando llegan aquí transacciones del Senado no las votan a favor. Les puedo asegurar que la intención que tenía y tiene mi grupo y a lo que se comprometió -valor de la palabra dada- con el ministro de Administraciones Públicas fue a darle el nombre de agencia estatal antidopaje, el mismo nombre que en Comisión se ha aprobado en la Ley orgánica de protección de la salud y lucha contra el dopaje en el deporte que se tramitará después. Incluso a consultas del ministro sobre si se le podía añadir la expresión "de España", mi grupo le contestó que no y que era la única enmienda que presentábamos en el Senado. Por tanto, no entendemos qué se pretende con esa denominación, no lo podemos entender.
No sabemos si aquí hay gato encerrado o no. Lo que sí sabemos es que se ha aprobado en Cataluña un Estatut que está a punto de ser publicado en el BOE y que atribuye a la Generalitat competencias específicas sobre el control y el seguimiento médico deportivo y de salud de los practicantes de la actividad física y deportiva. Por tanto, le atribuye a la Generalitat competencias en la lucha contra el dopaje y también habrá una agencia de la Generalitat en lo que es la lucha contra el dopaje. Que la haya o no dependerá al final de la voluntad de quien gobierne en Cataluña, pero el Estatuto lo permite, y no podemos entender que al final la redacción dada se aparte del compromiso que el ministro adquirió con el portavoz que les habla. Con independencia de lo que después se aprobara en el Senado había un compromiso personal. Lo sabe el señor ministro perfectamente, lo saben los miembros de su Gabinete perfectamente, y como ese valor fue ante una petición que le hacía Convergència i Unió, no podemos, repito, por ese respeto al valor de la palabra dada que mi grupo y este portavoz que les habla tendrá siempre en esta Cámara, y más desde la tribuna solemne del Congreso de los Diputados -mi grupo no quiere faltar a la palabra dada y yo no lo haré-, mi grupo siente hoy tener que discrepar en este aspecto concreto a pesar de que preferimos la redacción final a la inicial, que era aún peor. Porque la redacción inicial era: agencia española antidopaje. Se apartaba así totalmente de lo que dice la ley, que es agencia estatal, y por tanto todo son agencias estatales. Repito, si yo hoy aceptara votar simplemente estas enmiendas porque mejoran el texto estaría faltando al compromiso al que había llegado; al que había llegado mi grupo, no el Congreso, el portavoz de Administraciones Públicas que les está hablando en el Congreso nada más y nada menos que con el propio ministro de Administraciones Públicas. Ante un compromiso con el ministro mi grupo pensaba que estaba acordado el texto, que se habría aprobado literalmente nuestra enmienda 103. No ha sido así y lo lamentamos.


Por otra parte y globalmente esperamos que la ley de agencias estatales cumpla con la misión de mejora de los servicios públicos que va inherente con su presentación. Lo esperamos. Mi grupo ha contribuido como el que más a que ello sea posible. Pero, repito, no podemos hoy dar un voto afirmativo a lo que entendemos que ha sido apartarse de ese acuerdo entre el Gobierno y el Grupo Parlamentario Catalán en el Congreso en un aspecto que para nosotros es sensible, es importante y al que no queremos renunciar.


Muchas gracias, señor presidente, señoras y señores diputados.


El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Jané.


Grupo Popular, señora Torme.


La señora TORME PARDO: Gracias, señor presidente.


Señorías, en la tramitación de este proyecto de ley en el Congreso no fue posible que alcanzáramos un consenso de todos los grupos parlamentarios y lamento que los problemas que había y que le planteamos al ministro de Administraciones Públicas en ese momento no se hayan resuelto en el Senado.


Los motivos que nos llevaron a presentar una enmienda a la totalidad siguen plenamente vigentes. En el Senado únicamente se han admitido dos enmiendas, una al artículo 23 por la que se elimina el requisito de que el personal directivo de las agencias sea nombrado entre funcionarios del grupo A, y otra que modifica la disposición adicional tercera aumentando respecto del proyecto de ley el número de agencias que se crean y exponiendo con algo más de detalle la competencia y funciones de las mismas, aunque a nuestro parecer sigue siendo claramente insuficiente. No es esa demanda que nosotros pedíamos de creación por ley, acompañando memoria, estatutos y con un debate sosegado en la Cámara. Se ha perdido la oportunidad de modificar en el Senado los errores y los problemas que presenta este proyecto de ley.


Ya tuve ocasión de señalar en esta misma Cámara, en el debate del pasado 6 de abril, que este proyecto no responde a un modelo concreto de Administración, sino que es un ejemplo más de esa política errática que sigue el Gobierno socialista en muchos ámbitos, según la cual se conoce vagamente cómo se inicia un proceso pero no se sabe cómo se finaliza. En aquella ocasión y en ese debate planteamos muchos interrogantes al señor ministro de Administraciones Públicas, pero todos ellos siguen sin respuesta. Teníamos y seguimos teniendo una profunda discrepancia con los señores de la mayoría. Para el Grupo Popular es fundamental la intervención de las Cortes Generales en la creación de las agencias estatales, pero ahora el papel de las Cortes queda muy disminuido. Antes los organismos públicos se creaban por ley; ahora, con

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este proyecto de ley, las agencias las crea el Gobierno. Desde luego, ello supone un gran retroceso de los principios democráticos y del papel del Parlamento. De esta manera se hurta del debate político la creación de entes públicos, por ello lamentamos que finalmente se pierda la ocasión de aprobar un texto que efectivamente sirviera para prestar de una forma más eficaz los servicios públicos que todos los ciudadanos nos merecemos.


Gracias.


El señor PRESIDENTE: Gracias, señora Torme.


Finalmente, por el Grupo Socialista tiene la palabra la señora Malaret.


La señora MALARET GARCÍA: Gracias, señor presidente.


Intervengo muy brevemente, porque la posición de nuestro grupo ya fue lo suficientemente razonada en los anteriores debates de esta Cámara, aunque, por lo que he podido ver ahora tras la intervención del Grupo Popular, no se enteraron entonces y no se han enterado todavía de lo que supone el carácter reformista de esta ley y la orientación prociudadana.
Quizá con un poco de atención a las reformas que se han hecho en los países de nuestro entorno desde los años ochenta se podría entender qué supone esta ley, pero cuando uno está anclado en el pasado continúa en el pasado. El Grupo Parlamentario Socialista va a votar afirmativamente las enmiendas del Senado por coherencia, porque las formulamos nosotros para responder a los compromisos que habíamos adquirido a lo largo de la tramitación en esta Cámara, una tramitación dialogada que ya permitió generar un amplio consenso que se tradujo entonces en una votación afirmativa por parte de todos los grupos, excepto el Grupo Popular, y por los acuerdos a que habíamos llegado en el Senado estábamos convencidos de que hoy se reafirmaría en esta Cámara. Como digo, las enmiendas responden a compromisos que habíamos adquirido y que nosotros hemos cumplido escrupulosamente, incluso en relación con el Grupo Popular, que hoy tampoco se ha sumado al consenso. Por ello, la disposición adicional tercera expone con mayor minuciosidad los objetivos y cometidos de las agencias que se crearán, así como por respeto a la palabra dada por el señor ministro -y yo estaba en la conversación-, por la que se comprometió a arreglar la denominación de la agencia antidopaje en el Senado. Por eso, por acuerdo de todos los grupos en el Senado excepto del Popular, se presentó una enmienda que aclaraba el ámbito de competencias de la agencia y el ámbito territorial en su proyección exterior. Se introdujo la mención estatal, porque así lo quería Convèrgencia i Unió -por eso ahora se propone que la agencia se denomine agencia estatal antidopaje de España- y porque todas las instituciones que tienen que operar más allá de su territorio, sean catalanas, vascas, castellano-manchegas o madrileñas, tienen que incluir en su denominación el territorio del que provienen, por lo que la agencia pasará a denominarse agencia estatal antidopaje de España, para poder identificar el territorio. Pero, como bien sabe el ponente de Convèrgencia i Unió, la denominación nunca supone una exclusión porque esta es una cuestión interna de distribución de competencias y, como bien sabe, no la va a alterar la ley de agencias. Por tanto, por respeto a los compromisos, por respeto a la palabra dada y por respeto a la propuesta que hicimos de arreglarlo en el Senado, nunca se cerró una denominación concreta, sino una propuesta de arreglo en el Senado que incluyera la terminología estatal. Este fue el compromiso, incluir la referencia estatal y respetar el acuerdo del Senado, un compromiso que recogió la intervención del ponente de Convèrgencia i Unió en la Comisión de Educación con el debate del Senado, por lo que vamos a votar afirmativamente estas enmiendas, ya que además la otra enmienda, fruto de los acuerdos con Izquierda Unida, también ha mejorado los requisitos y las condiciones que se van a exigir para poder ser directivo de la agencia eliminando reservas incoherentes con la figura.


Finalmente, pero no en último lugar, celebramos que con la aprobación de esta ley se inicie el proceso para la creación de la agencia de evaluación de las políticas públicas y la calidad de los servicios. Esta agencia será una pieza fundamental en la política de modernización de la Administración del Estado. Era un compromiso electoral, un compromiso con la transparencia en la rendición de cuentas. La creación de la agencia de evaluación supone un marco institucional que expresa un compromiso político de alto nivel para mejorar la eficacia y la eficiencia en la gestión de las políticas públicas mediante la herramienta de la evaluación, una evaluación que deberá permitir conocer mejor, porque solo si se conoce más y mejor se puede mejorar la gestión.


Muchas gracias. (Aplausos.)

El señor PRESIDENTE: Gracias, señora Malaret.


-PROYECTO DE LEY DE GARANTÍAS Y USO RACIONAL DE LOS MEDICAMENTOS Y PRODUCTOS SANITARIOS. (Número de expediente 121/000066.)

El señor PRESIDENTE: Continuamos con el proyecto de ley de garantías y uso racional de los medicamentos y productos sanitarios. Para fijar posiciones, en nombre del Grupo Parlamentario Mixto tiene la palabra la señora Fernández.


La señora FERNÁNDEZ DAVILA: Muchas gracias, señor presidente.


Intervengo para fijar posición respecto de las enmiendas que se aprobaron en el Senado relacionadas con la ley del medicamento, como popularmente la denominamos. En primer lugar, he de decir que vamos a abstenernos en unas cinco enmiendas -y explicaré por qué- y vamos a votar a favor de un número similar de otras enmiendas, porque desde nuestro punto de vista mejoran el texto que salió del Congreso y no inciden en ningún tipo de modificación

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de los criterios de la ley aprobada en esta Cámara. Sin embargo, vamos a votar en contra de la mayoría de las enmiendas que se presentan en el Senado, sobre todo de aquellas que suprimen artículos, porque pudiendo estar de acuerdo con algunas de ellas, su inclusión en la ley harían de la misma una ley incoherente porque no hay una debida conexión en el articulado entre unos artículos y aquellos que las enmiendas modifican.


Tenemos que decir que en el transcurso del trámite parlamentario en el Congreso de esta ley, sobre todo dadas las circunstancias, cómo se votó esta ley en Comisión o cómo se fueron incorporando enmiendas en ponencia, una de las preocupaciones que teníamos era la incongruencia en que podía incurrir la ley dada la gran cantidad de enmiendas que se presentaron, y la gran incongruencia podía estar fundamentada en que todos los grupos partíamos en nuestras enmiendas de traer al Congreso y a este trámite parlamentario el sentir y los intereses de los distintos agentes que concurren en todo el ámbito del medicamento, desde los facultativos al personal de enfermería, la industria, el sector farmacéutico, etcétera.
En algunos casos las enmiendas no siempre eran coincidentes y, por ese motivo, dado cómo fueron incorporadas algunas de ellas, nos preocupaba que crearan esta inconexión en la ley. Este problema fundamentalmente lo vemos en las enmiendas que mayoritariamente se aprobaron en el Senado.
Por tanto, vamos a votar en contra.


Nos vamos a abstener, en concreto, en los artículos 91, 92 y en la disposición adicional decimocuarta, porque estando de acuerdo con algunas de las cuestiones que se plantean, entendemos que, para que pudieran ser introducidas en la ley, tendrían que tener alguna matización que no las hiciera incompatibles con otros artículos de la misma.


Hay una cuestión en la que nos vamos a abstener en este momento por un mínimo de coherencia con nuestra actuación en el Senado, que fue favorable a la enmienda, mientras que en el Congreso no lo fue o por lo menos no la planteamos, que corresponde al artículo 77 y a la disposición adicional decimocuarta y es la relacionada con el sector de los enfermeros y enfermeras, para que se establezcan reglamentariamente protocolos para que puedan ser utilizados y, en su caso, autorizados.
Pensamos que esto no casa con el artículo 77, que habla de la receta médica pública y de la prescripción facultativa. Entendemos que el sector de enfermería puede utilizar un medicamento que previamente fue prescrito por el facultativo, pero no creemos que los profesionales de la enfermería estén facultadas para la prescripción, por lo que la utilización tendrá que ser, como actualmente es, de acuerdo con aquellos medicamentos que previamente fueron prescritos. La excepcionalidad no es necesario ni siquiera plantearla en ley, porque se da cuando la urgencia así lo requiere, no hay otra posibilidad e incluso hay situaciones de vida y muerte en las que un enfermero o enfermera tiene que actuar. No estamos de acuerdo con la enmienda que se ha aprobado en el Senado y la posición de abstención es por no mantener una posición contraria con la de nuestro compañero en el Senado, pero queremos exponerlo claramente.


Manifestamos nuestra satisfacción por que esta ley acabe su trámite y sea aprobada, porque pensamos -y lo dijimos en su momento- que tiene un importante aspecto legislativo que mejora la calidad del medicamento, pero desde el primer momento vimos -y se lo hicimos saber a la señora ministra- que era muy oportuna para conseguir la reducción del gasto sanitario y del gasto farmacéutico; cuestión que nos preocupa porque realmente es un problema grave en todo el Estado y que sufren particularmente las comunidades autónomas de acuerdo con las competencias que tienen en materia sanitaria.


Quiero felicitar a la señora ministra porque creemos que la ley va a tener finalmente el éxito que usted espera.


El señor PRESIDENTE: Gracias, señora Fernández.


Coalición Canarias, señor Mardones.


El señor MARDONES SEVILLA: Muchas gracias, señor presidente.


Desde que entró en esta Cámara el proyecto del Gobierno para regular las garantías y uso racional de los medicamentos y productos sanitarios, mi grupo y este portavoz le prestaron una atención especial. En primer lugar, porque entendíamos que hacer una reglamentación de todo este mundo de las garantías y del uso racional de los medicamentos era positivo por la anarquía que a veces se produce en el ámbito de las recetas, en los ambientes que desbordan la medicina humana y que entran en la medicina animal, por lo que era necesario una ordenación. Al mismo tiempo era necesario establecer una serie de garantías para el usuario, empezando por la especificidad del producto farmacológico, farmacéutico o terapéutico que iba a emplear. Todo ello nos llevó precisamente a adoptar una postura de colaboración con el proyecto del Gobierno, porque entendemos que este proyecto es necesario, conveniente y, en muchas áreas, verdaderamente imprescindible, al mismo tiempo que se cumple con las directivas y normativas que proceden de los consejos de la Unión Europea y del uso racional de productos terapéuticos y de medicamentos en España. Nos hemos llevado una sorpresa al comprobar que lo que viene del Senado es algo distinto de lo que habíamos aprobado aquí. Nosotros habíamos apoyado toda una estructura, un escenario y un entendimiento de las resolución del problema, por lo que había que actualizar y modernizar todo el programa de medicamentos bajo un epígrafe, fundamentalmente legislativo, que diera garantías de su uso y aplicación y que defendiera también la propia idoneidad de los productos y la claridad con la que tienen que moverse en toda esta materia las industrias farmacéuticas y los usuarios de los mismos. El cambio que se ha hecho en el Senado es de tal magnitud que ha desvirtuado prácticamente, como he dicho, el proyecto que salió de esta Cámara. Por tanto, apoyando mi grupo el proyecto que salió de esta Cámara, vamos a votar en contra de la inmensa mayoría de las

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enmiendas que vienen del Senado. Solamente hay una serie de enmiendas, muy pocas -que he hecho llegar a los servicios de la Cámara-, en las que hemos visto que en el Senado hubo práctica unanimidad de todo el espectro político y a las que vamos a votar afirmativamente porque son complementarias a lo que se decía. En esa línea vamos a votar sí a cuatro enmiendas del Senado y al resto, quitando un par de ellas que haremos llegar a los servicios de la Cámara, vamos a votar en contra para que se pueda recuperar el espíritu, la intencionalidad, el alcance legislativo del proyecto que salió de esta Cámara y que apoyamos, y no este que nos viene ahora desvirtuado del Senado.


Vamos a votar afirmativamente la enmienda al artículo 29.2 que se refiere a una cuestión del grado de eficacia de las garantías, porque la garantía tiene que significar una eficacia del producto y de la aplicación del mismo. Es una aclaración técnica que da garantías de eficacia cuando se están haciendo pruebas de medicamentos. Igualmente votaremos sí a la enmienda al artículo 40, relativo a los ensayos clínicos con medicamentos de uso veterinario, porque a veces es muy difícil la experimentación con animales en el ámbito de la medicina ganadera por las razones obvias de su explotación a la intemperie. Hay otra enmienda dirigida al artículo 38 referida a la flexibilidad del papel del farmacéutico en los medicamentos de uso veterinario que nos parece razonable y fue ampliamente aceptada en la Cámara. Define una competencia de tipo profesional pero racionalizada entre el destino para la producción animal y el farmacéutico o el responsable correspondiente, que no tenga que ser de una rigidez cuyo cumplimiento sería deseable para el sector industrial. Finalmente, votaremos favorablemente la enmienda que incluye una disposición adicional segunda nueva, que viene a hacer una modificación de la Ley de Sanidad Animal del año 2003 por entender que cuando los productos biológicos sean necesarios para su aplicación en la sanidad ganadera, el Ministerio de Agricultura podrá someter los lotes de productos al control oficial. Nos estamos refiriendo fundamentalmente a las vacunas. En el campo ganadero hay vacunas polivalentes, por ejemplo, las que se usan contra la fiebre aftosa, en las que es necesario que el virus que se está empleando en la cepa para la obtención de la vacuna sea la tipificación que hayan hecho los servicios de campo, que dicen cuál es el virus que está operando en ese momento en una plaga ganadera. En los productos biológicos lo normal es que el Ministerio de Agricultura haga el chequeo, haga las pruebas de contraste y de idoneidad de las muestras biológicas de las vacunas con base vírica para que esto se pueda racionalizar. Creo que tiene el apoyo de todos los grupos en la Cámara Alta y por eso nuestro voto es positivo.


Reitero, señor presidente, que mi grupo vuelve a la línea que había traído aquí el Gobierno y que nosotros le expusimos a la señora ministra de apoyo a ese diseño de ley y no al que han modificado la avalancha de enmiendas que han desvirtuado aquel proyecto. Por eso vamos a votar no a todo lo que haya desvirtuado el proyecto original.


Muchas gracias, señor presidente.


El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Mardones.


Señora García, por favor.


La señora GARCÍA SUÁREZ: Gracias, señor presidente.


Señorías, hoy celebramos que finalmente estemos realizando el último debate de una ley tan importante como es la ley de garantías y uso racional de los medicamentos y productos sanitarios.


Nuestro grupo en su momento, en las diferentes sesiones tanto en Comisión como en el Pleno -sobre todo en la última sesión- dejó constancia de que, a pesar de que sí se habían producido en algunos momentos conversaciones, no nos habíamos sentido suficientemente escuchados en la negociación y tramitación de esta ley. A pesar de eso ya en el debate parlamentario resaltábamos algunos aspectos importantes de la misma y que la incorporación de algunas de nuestras enmiendas mejoraba su contenido. No obstante, quedaron aspectos muy relevantes que no fueron recogidos y que motivaron que dejáramos vivas para el Senado una parte importante de nuestras enmiendas, como las relacionadas con la regulación de la promoción comercial y de publicidad en los centros de salud y también para que se realizara esta promoción fuera de la jornada laboral, evitando así una publicidad sin unas garantías suficientes de salud.
También dejamos vivas enmiendas para una mayor transparencia de las administraciones sanitarias y medicamentos a financiar por el Sistema Nacional de Salud, así como enmiendas que iban en la línea de un mayor reconocimiento de las competencias de las comunidades autónomas y un mayor papel del Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud, así como otras que considerábamos fundamentales para una mayor garantía y uso racional de los medicamentos. Por eso en estos momentos, señorías, nuestro grupo parlamentario intentará ser coherente con sus actuaciones y con el planteamiento que hicimos en los diferentes momentos de debate y discusión de esta ley.


La ley, a su paso por el Senado, ha tenido una serie de modificaciones, muchas de las cuales no compartimos -después lo explicaré- y por tanto vamos a votar negativamente a muchos de los cambios y modificaciones que se han planteado, pero otras sí son coincidentes con nuestras aspiraciones en el Congreso y con nuestras propuestas de enmienda. A pesar de que sabemos que quizá puede suponer alguna incomodidad, no vamos a negar que vamos a poner por delante realmente los intereses de lo que consideramos que defendimos en cada momento, como es, por ejemplo, el impulso de las comunidades autónomas en el modelo territorial que propugnamos y la defensa de la aplicación de sus competencias. Estas son cosas que además de decirlas en los procesos de campaña electoral deben demostrarse, día a día, debate a debate y negociación a negociación. En este sentido, comienzo pues a desarrollar rápidamente el sentido de nuestro voto a las enmiendas del Senado que estamos debatiendo.


Votaremos a favor de la enmienda al artículo 90, relativa a la fijación del precio. Nuestro grupo ya defendió en

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esta Cámara esta enmienda que lo que propone es que la fijación de precios, si bien es competencia exclusiva del Estado, también cuente con el previo acuerdo del Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud, ya que las comunidades autónomas son en realidad quienes acaban financiando los medicamentos y, por tanto, esa decisión de competencia estatal tiene una repercusión muy importante en los presupuestos de sanidad de las comunidades autónomas. La enmienda, pues, introduce que, además del Consejo de Ministros, del decreto-ley y de la propuesta de los ministros de Economía y Hacienda, Industria, Turismo y Comercio y de Sanidad y Consumo, haya también un previo acuerdo en el Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud. Nuestro voto va a ser favorable en coherencia con nuestras enmiendas presentadas y defendidas hasta el último momento. No sabemos en estos momentos cuál será el sentido del voto de la mayoría de los grupos, pero no es en todo caso lo que nos preocupa en este momento. Lo que nos preocupa es intentar ser lo más fieles posible a aquello que hemos considerado que era una mejora en esta ley. Creemos que debemos avanzar más hacia un modelo de corresponsabilización y lealtades entre la Administración central y las comunidades autónomas y la fijación de precios, el compromiso y la obligación de contar con todos los actores del Estado que intervienen de una u otra manera es fundamental. Votaremos a favor también de la enmienda a la disposición adicional decimotercera, sobre revisión de medicamentos sujetos a prescripción, en la que, en definitiva, se regula una práctica que ya en muchas comunidades autónomas es habitual y que consiste en que otros profesionales, sobre todo enfermería primaria y hospitalaria, puedan prescribir y orientar sobre medicamentos, siempre con la autorización y participación del equipo médico, en programas de seguimiento de determinados tratamientos. También vamos a votar a favor de la supresión de la disposición adicional duodécima, sobre la publicación anual de un listado de genéricos susceptibles de ser comercializados en los cinco años siguientes. La pretendida bondad para la autorización de genéricos de un listado a cinco años de equivalentes farmacéuticos genéricos es en realidad, desde nuestro punto de vista, un freno a los mismos y, de hecho, constituye una continuación de facto de un intento monopolístico de alargar la vida de las patentes. El resto de las enmiendas introducidas en el Senado y a las que vamos a votar favorablemente son las relativas a la actualización de la directiva vigente en la exposición de motivos, la relativa a la remisión reglamentaria de la presencia de los farmacéuticos en las explotaciones ganaderas, la relativa a la atribución de competencias a las comunidades autónomas en materia de depósitos farmacéuticos de los centros penitenciarios y otras dos de mejoras técnicas que son, concretamente, a la disposición final segunda bis y al artículo 29.2.


En cuanto a las enmiendas que se han incorporado en el Senado y que votaremos en contra, hay algunas de especial importancia que crean confusión, desde nuestro punto de vista, disminuyen también el control de calidad que debe primar en todo lo relativo a los medicamentos y reducen notablemente la seguridad para los ciudadanos e incluso impediría cualquier control de los medicamentos que se pusieran en el mercado. Por ejemplo, los artículos que se han suprimido, y que vaciarían de contenido la ley si no recuperamos el texto aprobado por el Congreso de los Diputados, implicarían ausencia de seguridad para los ciudadanos al no regular a quién le corresponde la custodia, conservación y dispensación de medicamentos, artículo 6.2.19, o por ejemplo la eliminación de todas las definiciones establecidas en la normativa comunitaria, artículo 8.
Tampoco se regularía cómo se debe proceder para obtener la autorización de medicamentos y, por ejemplo, se eliminan las garantías de transparencia del artículo 16. Tampoco se podrían controlar la puesta en el mercado de medicamentos, artículo 21.3; la ausencia de seguridad también para los ciudadanos al no regular las garantías de información inherentes a los medicamentos, artículo 31; la eliminación de toda referencia a los medicamentos homeopáticos y medicamentos de plantas medicinales, lo que ocasiona lagunas en la fabricación y comercialización del mercado de medicamentos; la imposibilidad de crear un sistema homogéneo de farmacovigilancia, con el consiguiente riesgo para la seguridad de los pacientes; la eliminación de garantías de transparencia en la realización de ensayos clínicos y un largo etcétera en el que no me detengo, porque no podría comentar el otro paquete de enmiendas que ha sido incorporado al Senado y que nuestro grupo va a votar también en contra. Son modificaciones que empeoran notablemente el texto que salió aprobado y son las referidas a los artículos 11.2 y 11.7, que atribuyen a las comunidades autónomas todos los tipos de control de calidad, confundiendo el control de calidad que debe realizar el laboratorio en el procedimiento de fabricación con los programas de control de calidad que realizan las autoridades sanitarias en el ejercicio de sus competencias de inspección; la referida al artículo 15.4; la modificación introducida en el artículo 40.2 o la referida al artículo 59.5 y 59.8 relativa al deber de comunicar previamente la información a las comunidades autónomas de los riesgos de carácter grave, circunstancia inviable en la práctica y que derivaría en la imposibilidad de responder con la necesaria rapidez en los casos de grave riesgo para el conjunto de los ciudadanos, pues no afectaría únicamente a una comunidad autónoma. Muy grave también nos parece la modificación incluida en el artículo 79 que abriría una vía peligrosa en materia de publicidad de determinados medicamentos con el consiguiente riesgo para la salud de los ciudadanos.


Por todo esto, nuestro grupo parlamentario, como ya he comentado, votará en contra de todas estas modificaciones y a favor de aquellas enmiendas que han ido en línea con las enmiendas que a lo largo del proceso parlamentario en el Congreso nuestro grupo ha mantenido tanto en Comisión como en el debate plenario y que dejamos vivas para su debate y consideración en el Senado. Ahora algunas de ellas vuelven y nosotros consideramos, como

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ya he dicho, que mejoran en todo caso el trámite y la aprobación definitiva de esta ley.


Muchas gracias.


El señor PRESIDENTE: Gracias, señora García.


Por el Grupo Vasco, señora Uría.


La señora URÍA ETXEBARRÍA: Muchas gracias, señor presidente.


Señorías, señora ministra, debo manifestar, no sé si es habitual sincerarse en la tribuna, que este proyecto de ley, que será ley dentro de poco en cuanto aparezca en el boletín, es una de las que más profunda decepción le ha causado a esta diputada en su tramitación en esta Cámara, decepción en cuanto a que no se ha recogido prácticamente ninguna de las reivindicaciones que sosteníamos en relación con ella referidas al escaso respeto que, desde nuestro punto de vista, el legislador estatal manifiesta con la distribución competencial en esta materia. Decepción también porque creemos que la técnica legislativa va a resultar absolutamente defectuosa cuando se examine con posterioridad cuál ha sido el desarrollo de este texto. Decepción también, señorías, por la imputación que desde el grupo mayoritario se ha hecho a mi formación política de haber estropeado -dicho sea entre comillas- el texto por haber logrado que algunas de sus enmiendas fuesen aprobadas en el Senado, como si el objetivo de conseguir que las enmiendas que uno ha presentado desde el comienzo de la tramitación de una norma no fuese el objetivo normal de toda formación política. Quien las vote o como se consiga que lleguen al texto es cuestión que todos intentamos procurar a lo largo de las tramitaciones de las normas. Si nos hubiese sido aceptado algo en la tramitación en el Congreso, si algo se nos hubiese dado en las negociaciones previas, referido sobre todo a lo que ha sido el leitmotiv de nuestra intervención en esta norma, que es el reconocimiento de algunas competencias propias de las comunidades autónomas, no se hubiera producido esta circunstancia. Y decepción también, señor presidente -por qué no decirlo-, porque el debate en Pleno en esta Cámara coincide con un momento en el que se está produciendo aquí, a escasos metros, el anuncio que para esta diputada es el más importante de toda la vida política que le ha tocado en suerte vivir en esta Cámara. Que se vayan a empezar unas negociaciones, que yo creo que culminarán bien, en relación con la finalización del terrorismo, no me parece que sea una circunstancia que deba perderse una diputada que lleva diez años en esta Cámara por atender en este momento a otros requerimientos. Pero, en fin, sé que no le incumbe a usted, señor presidente, la puesta en escena que se ha organizado respecto de esta cuestión, pero sí quería dejar constancia de que para mí -lo siento por todos los sectores implicados y hasta por los destinatarios de esta norma- es más importante el anuncio que se está produciendo a escasos metros, o por lo menos me impresiona más, que la tramitación definitiva de la ley que ahora nos traemos entre manos, a pesar de lo cual creo que voy a ser razonable y sensata en cuanto a la postura de mi grupo que voy a manifestar a continuación.


He dicho que me parecía injusta la imputación que se hacía sobre el supuesto destrozo que se había producido en el texto de la norma por haberse aceptado, por el juego de distintas alianzas políticas, algunas enmiendas durante la tramitación en el Senado. Mi formación política va a procurar que el texto no quede inconexo y que los artículos que han desaparecido puedan volver a formar parte del texto de la norma. No obstante, debo decir que voy a votar a favor de todas aquellas enmiendas que han sido introducidas por la intervención de mi grupo y que era además lo que sosteníamos desde las fases de anteproyecto en las que se estaba todavía gestando lo que sería el texto de esta norma. Me voy a referir, por tanto, no a lo que rechazaremos de lo que ha venido del Senado, sino a lo que diremos que sí.


Para empezar, en la exposición de motivos se ha introducido, a instancias del Grupo Parlamentario Socialista, un añadido que nos parece correcto y lo votaremos, pero que no es muy feliz en su expresión, puesto que se ha sustituido la mención a una directiva del año 2001 por una del año 2004, y eso está bien, porque hay que actualizar las referencias, pero es que la directiva del año 2004 no contiene la expresión literal que a continuación se introduce como dicha por la directiva porque es dicción literal de la de 2001. Quizá lo más correcto hubiera sido mantener la cita a las dos. En todo caso, admitimos la actualización, es una enmienda del Grupo Socialista y la votaremos a favor.


En el artículo 3 bis, que también será objeto de votación por nuestra parte, aunque sabemos que no tendrá la aceptación de los grupos mayoritarios que trasladarán su voto favorable a la disposición adicional decimocuarta, se regula la fabricación y comercialización de productos sanitarios a medida con el tenor literal de lo que era una enmienda de mi formación política y que voy a votar a favor, en coherencia con lo allí hecho. En el artículo 11.2 se habla de las comunidades autónomas en la garantía de calidad. Las enmiendas competenciales eran el eje conductor de nuestra intervención en la tramitación de esta norma y obligado es que vote a favor, como votaré también al apartado 7 de este mismo artículo 11 cuando se considera que las comunidades autónomas pueden tener algún papel como vehículo de notificación de anomalías en la trayectoria de la fabricación de medicamentos. En el artículo 14 se pretende añadir denominación en el título, además del de identificación. Nos parece correcto. Y en el 14.2 hemos sostenido a lo largo de toda la tramitación que a los genéricos los preferimos sin denominación de fantasía o comercial. En el artículo 15, la mención al precio en el etiquetado ha sido uno de los motivos que se esgrimían desde las asociaciones de consumidores y que a mi grupo le ha parecido siempre interesante que así constase en el texto de la norma. En el artículo 55 nuevamente entran las comunidades autónomas en farmacoepidemiología y gestión de riesgos. En el artículo 59.5 también se les da a las comunidades autónomas alguna consideración como

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administraciones sanitarias en investigaciones y ensayos, y tiene también nuestra aceptación. El artículo 59.8 tiene idéntico sentido. En el artículo 62.6 quiero hacer una llamada de atención a los señores diputados que van a ser destinatarios -todos lo somos, pero algunos especialmente- del recientemente aprobado Estatuto catalán. Preferimos la desaparición de este artículo en el Senado porque el texto del Congreso da carácter básico a futuros reglamentos. Considerarán ustedes que el Estatuto recién aprobado les da competencias importantísimas en materia de farmacia. A la vez o coetáneamente se ha tramitado un precepto, que supongo que pretende volver a la dicción del 62.6, que da carácter básico a reglamentos del futuro. No sabemos lo que van a decir, pero serán básicos -eso que quede bien claro-, lo cual parecería impedido con el tenor literal del Estatuto catalán. Además, se da otra circunstancia. El señor presidente del Gobierno prometió en esta Cámara que iba a intentar que en la medida de lo posible lo básico fuese siempre en norma con rango de ley. El artículo 77.1, referido a la receta médica y a la prescripción hospitalaria de otros profesionales sanitarios, sabemos que no va a ser objeto de aceptación por determinadas formaciones políticas. Es fruto de enmienda presentada por mi propio grupo y no tendríamos inconveniente en aceptar, quizá, que lo que quede vivo no sea este precepto sino la disposición adicional decimotercera. Veremos en qué queda en relación con las intervenciones de las demás formaciones políticas, pero nos gustaría que constara algo a este respecto porque hay llamada al reglamento bastante explícita, puesto que hace referencia a profesionales sanitarios que no pueden prescribir y es a partir de ahí donde empieza la intervención de otros profesionales. El artículo 79, referido a publicidad de productos con supuestas propiedades para la salud, también va a ser objeto de votación favorable, así como el 81.2 a), en el que se reconoce que las comunidades autónomas pueden ser estructuras de soporte para el uso racional de medicamentos y productos sanitarios en atención primaria. En el 87.2, comunidades autónomas en trazabilidad, creemos que algo tienen que decir. Han sido también enmiendas presentadas y defendidas desde el principio por mi propio grupo. En el artículo 90, fijación del precio e intervención del consejo interterritorial, nuevamente nos encontramos ante el eje de las numerosas enmiendas que mi grupo presentó a este respecto, igual que en el 91 y en el 92, en cuanto a revisión de los precios o la información económica. Señalo ya desde ahora que, sin embargo, procuraremos con nuestro voto que el artículo 93 vuelva a tener un contenido, puesto que los precios de referencia deben de tener constancia y regulación específica en el texto de la norma, de la misma manera que daremos nuestro voto -el mío y el de mi grupo- a que vuelva al texto el artículo 111, en el que se hacía una regulación de la tasa. En cuanto a la disposición adicional cuarta, la vamos a votar.
Desde el comienzo hemos creído que en materia de centros penitenciarios la regulación referida al hospital más cercano debió ser la que ya se aceptaba en el trámite en comisión. No pudo ser en aquél momento. Quedó una redacción enormemente confusa, y fruto de la aceptación en el Senado, creo que de todos los grupos, ha quedado una dicción que nos parece mucho más clara y, sobre todo, con posibilidades de realidad práctica. Por tanto, esta disposición adicional cuarta, con la dicción introducida en el Senado, también va a ser objeto de aceptación por nuestra parte. He hecho ya alusión a la disposición adicional decimotercera en relación con la posibilidad de autorizar medicamentos. Creemos que queda bien claro en el texto que es en el médico, una profesión de licenciado, en quien se centra, y la referencia a las demás profesiones sanitarias que se incluyen tiene este tenor y con tal convicción va a ser objeto de votación por nuestra parte. La disposición adicional decimocuarta es la colocación o puesta en servicio de productos sanitarios a medida. Creemos que es suficiente para dar claridad al aspecto que antes hemos mencionado y, por tanto, va a ser objeto de votación por nuestra parte.


Señorías, lamento que esta intervención haya tenido el tono de citas inconexas. Para quien no haya seguido con anterioridad el tenor de la tramitación de la norma le puede parecer una fea intervención de cara a la salida de la Cámara de un proyecto tan importante como este, pero creemos que es necesario por cómo entró el proyecto de ley en el Senado y cómo ha salido. Era justo y necesario ir puntualizando todas y cada una de las materias que van a ser objeto de aceptación por nuestra parte. La postura política general de nuestro grupo empezó siendo muy optimista, creyendo que algo se podría obtener, sobre todo en materia de competencias de las comunidades autónomas. Me remito a lo que ya consta en el "Diario de Sesiones" de esta Cámara en el debate de totalidad que tuvo esta ley, en el debate en comisión y cuando salió definitivamente de esta Cámara para volver al Senado.


Procuraremos con nuestra votación, señora ministra, señorías, la coherencia en el texto pero también la coherencia con nuestra postura política y con las competencias que hemos sostenido siempre que les corresponden a las comunidades autónomas en materia de medicamentos.


Muchas gracias, señor presidente.


El señor PRESIDENTE: Gracias, señora Uría.


Por Esquerra Republicana tiene la palabra la señora Bonàs.


La señora BONÀS PAHISA: Gracias, señor presidente.


Señorías, señora ministra, hemos llegado ya al trámite final parlamentario de un proyecto de ley que ha suscitado mucha polémica y que, a la vista del resultado y de las enmiendas del Senado, sigue suscitando polémica.
Esquerra Republicana ya dijo en el trámite del Congreso que a este proyecto de ley quizá le había faltado algo más de diálogo y de consenso en las líneas generales que debían regir esta ley. Es un proyecto de ley complicado, resultado de equilibrios con muchos intereses muchas veces contrapuestos, y satisfacer todos los intereses es muy complicado.
Nuestra postura siempre ha sido la de

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intentar ser lo más técnicos posibles y huir de discursos políticos. Ya dijimos que no creíamos conveniente en este momento, después del difícil resultado, introducir demasiados cambios, por lo que vamos a oponernos a la mayoría de las enmiendas del Senado. Vamos a votar a favor de la exposición de motivos y de otras mejoras técnicas, como el artículo 29.2 y la nueva disposición final segunda. También vamos a votar a favor de la enmienda al artículo 38.2, referida a la reglamentación de la actuación de los farmacéuticos en las explotaciones ganaderas. La presencia obligada de farmacéuticos en las explotaciones ganaderas, tal como implicaba el texto del Congreso, se reveló de difícil cumplimiento. Por tanto, creemos que es una mejora. Asimismo, vamos a votar a favor de la modificación del artículo 77.1, sobre la receta médica y la prescripción hospitalaria. Durante el debate en el Congreso, Esquerra Republicana ya mantuvo que hay profesiones sanitarias, como la enfermería, que son clave en el uso racional del medicamento y que no tuvieron suficiente relevancia en la ley. Esta modificación supone un paso adelante en cuanto que se reglamentarán protocolos consensuados de actuación en circunstancias específicas, con mención expresa de los grupos de medicamentos que puedan ser usados o en su caso autorizados por otros profesionales sanitarios, y nos parece bien que no se definan qué profesionales sanitarios, pues deberá estudiarse cada caso específico. No es, como se ha dicho, que esto abra el abanico a la prescripción de cualquier medicamento a todas las profesiones sanitarias. Está claro que será en circunstancias específicas y en protocolos consensuados. Por tanto, también votaremos a favor de la disposición adicional decimotercera, en la que se promulga que se establecerán los medicamentos que pueden ser autorizados por estos profesionales. Repito, no es que se abra la prescripción a todos los profesionales y a todos los medicamentos, sino que deberá concretarse qué medicamentos podrán ser utilizados y en qué profesiones. No aceptar esta enmienda es negarse a reconocer que existe un vacío legal, que existen profesiones sanitarias, como la enfermería, cuya actuación debe ser revalorizada. Igualmente, vamos a votar a favor de la disposición adicional cuarta, pues atribuye de facto a las comunidades autónomas la competencia en materia de depósitos farmacéuticos en los centros penitenciarios. Y vamos a votar a favor de suprimir la disposición final segunda por cuanto que se ha considerado que podría tener resultados contraproducentes para lo que se pretendía, que es facilitar la introducción de genéricos. Por lo demás, votaremos en contra del resto de las modificaciones, pero no porque en algunos casos no estemos de acuerdo conceptualmente con las modificaciones propuestas, como por ejemplo con la supresión de la disposición adicional sexta, que en origen fue una enmienda presentada por Esquerra Republicana. Ya he dicho que esta ley ha sufrido tantas modificaciones que cualquier modificación más supondría una serie de modificaciones posteriores. Esta ley hubiera mejorado si las instituciones dirigidas a la financiación del Carlos III no hubiesen sido incluidas en esta ley. Nos hubiéramos ahorrado muchas discusiones, pero ya que están aquí, ya que llegamos a una especie de acuerdo para que la disposición adicional sexta no fuera tan lesiva para la industria y no supusiera un freno para la investigación, vamos a mantener lo que ya se consiguió.


Respecto al otro tema de debate, la participación de las comunidades autónomas en procesos de decisión, la ley contiene una disposición adicional décima en la que se establece que las comunidades autónomas participarán en los regímenes establecidos reglamentariamente en el consejo rector de la Agencia Española del Medicamento y Productos Sanitarios como órgano colegiado de la dirección del organismo. No es en esta ley en la que debe desarrollarse el reglamento de participación. Las comunidades autónomas junto con el ministerio serán quienes deberán establecer los mecanismos más idóneos que permitan una toma de decisiones consensuada y ágil. Las decisiones en materia de medicamento y gasto farmacéutico deben tener un carácter técnico y no utilizarse como arma política. La participación de las comunidades autónomas en los procesos de decisión del gasto farmacéutico es una reclamación de todas las comunidades autónomas que deberá ser correctamente reglamentada, pero de forma que no suponga un impedimento al funcionamiento de la Agencia del Medicamento. Por tanto, votaremos en contra de las enmiendas que han venido del Senado en este sentido, porque no creemos que facilitaran la participación de las comunidades autónomas y sí podrían dificultar mucho el funcionamiento de la Agencia del Medicamento.


Artículo 15. Precio en las cajas. Esquerra Republicana mantuvo desde el principio que era innecesario que figurara en las cajas el precio. Hoy en día hay procedimientos tecnológicos y el precio del medicamento puede ir incluido en la barra. El cambio de precios supone una destrucción importante de cajas. Es más, no es ético tener que destruir medicamentos cada año o cada equis año por que haya un cambio de precio, cuando hay procedimientos electromagnéticos por los que el paciente, el consumidor, puede ver reflejado el precio en la pantalla. Por tanto, mantener el precio en la caja nos parece una disposición más del siglo XIX que del siglo XXI.


Respecto al artículo 87, la enmienda que se propone a la trazabilidad, también nos parece del siglo XIX porque hoy existen medios tecnológicos que permiten la trazabilidad del medicamento desde el laboratorio hasta el paciente. El trasvase de información excesiva al ministerio y a las comunidades autónomas, si bien parece que competencialmente es mejorable, no es así, porque hoy en día los datos existen en la red de forma telemática y se puede disponer de ellos en cualquier momento. Por tanto, es cuestión de pequeñas inversiones en las farmacias, en el ministerio y en las comunidades autónomas para que la información esté disponible en cualquier momento y hora.


Nuestro voto va a ser favorable al proyecto de ley, no porque creamos que este proyecto de ley no sea mejorable, sino por dar un voto de confianza al ministerio y a la señora ministra, que esta llevando esta gestión muy difícil, en un

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ministerio muy complejo, y que ya ha manifestado su voluntad de catalizar voluntades en las distintas comunidades autónomas y de liderar la gestión farmacéutica. Nosotros apostamos por que este sea el camino: catalizar, liderar, consensuar con las comunidades y mejorar en la gestión farmacéutica, que es el gran reto de nuestra sociedad. Todos sabemos que hoy la gestión sanitaria será el gran reto de una población que aumenta rápidamente -hoy en Cataluña sabemos que tenemos un millón más de habitantes inmigrantes- y que solo se puede hacer con un ministerio fuerte, valiente, decidido y que entienda que las competencias deben consensuarse, catalizarse y liderarse.


Muchas gracias.


El señor PRESIDENTE: gracias, señora Bonàs.


Convergència i Unió. Señor Xuclà.


El señor XUCLÀ I COSTA: Muchas gracias, señor presidente.


Señorías, intervengo en nombre del Grupo Parlamentario Catalán de Convergència i Unió en esta recta final de la tramitación del proyecto de ley de la llamada Ley del medicamento.


Como bien saben SS.SS. el día 14 de marzo del año 2006, justo y casualmente a la mitad de la legislatura, hubo en este Pleno del Congreso de los Diputados un debate de totalidad que culminó también con el anuncio de un acuerdo político importante entre el grupo de la mayoría y otros grupos parlamentarios, entre los cuales estaba el Grupo Parlamentario de Convergència i Unió, para el impulso y la aprobación de esta ley. Los pactos son para cumplirse. En este sentido nosotros vamos a respetar y desear que en las votaciones que se producirán volvamos básicamente al texto de este proyecto de ley tal como salió del Congreso de los Diputados. Insisto en que los pactos son para cumplirse y que esta ley requerirá de mucho desarrollo reglamentario -se han anunciado más de 14 reglamentos de desarrollo- y que la competencia reglamentaria es una función del Gobierno que no corresponde al Poder Legislativo, pero nuestro grupo parlamentario confía en que también en la tramitación de estos reglamentos se mantendrán algunos de los extremos en su literalidad, pero también la filosofía que inspiró este acuerdo.


Nosotros estamos básicamente de acuerdo con el texto aprobado en el Congreso de los Diputados, pero a la vez vamos a votar algunas enmiendas incorporadas en el Senado que consiguieron un amplio consenso de los distintos grupos parlamentarios. Hago referencia a la modificación de la exposición de motivos número 8 en el párrafo 2; al artículo 29.2; y al nuevo redactado del artículo 38.2 relativo a remitir a una norma reglamentaria la presencia de los farmacéuticos en las explotaciones ganaderas. Creo que hemos llegado a un punto de consenso importante ya que el redactado inicial iba mucho más allá de lo que era viable para otro sector importante que tiene que tener las garantías sanitarias correspondientes, pero también debemos contemplar la viabilidad del sector de las explotaciones ganaderas.


Vamos a votar también la modificación de la disposición adicional cuarta, que atribuye a las comunidades autónomas competencias en materia de depósitos farmacéuticos de los centros penitenciarios a partir de la iniciativa del Grupo Nacionalista Vasco, a la cual también se han incorporado algunas enmiendas. Vamos a votar la supresión de la disposición adicional duodécima, que introducía más confusión que claridad en el propio sector que iba a regular. También vamos a votar el redactado de la nueva disposición final segunda bis, que modifica la Ley de Sanidad Animal.


Me gustaría hacer algunas referencias casi de técnica legislativa a cómo nos ha llegado, señorías, el texto desde el Senado. Lo hago desde la consideración al Senado en mi condición de ex senador y apreciando la capacidad y la posibilidad que tiene el Senado de ejercer una importante función de mejora, en segunda lectura, de las leyes, y este es el papel que básicamente tiene que hacer. Pero, señorías, ustedes saben perfectamente, porque se han estudiado en profundidad esta ley, que esta ley nos viene del Senado de forma bastante ininteligible y con contradicciones entre un artículo y otro de los votados por parte de los mismos grupos parlamentarios. Sería bueno apelar aquí a la autorresponsabilidad, porque no se trata -si me permiten la expresión absolutamente informal- de practicar aquella función informática de cortar y pegar en una Cámara con la convicción de que en la lectura final en el Congreso de los Diputados ya se le volverá a dar coherencia. Creo que esta ley en su tramitación en la Cámara Alta ha tenido algún punto de incoherencia. Por esto es por lo que nosotros vamos a votar en contra de algunas introducciones del Senado.


Una tercera reflexión sobre la vertiente competencial y autonomista de esta ley, dicho, formulado y defendido claramente y sin complejos por parte de un grupo parlamentario territorial, de un grupo parlamentario nacionalista. No es verdad que esta ley no haya introducido acentos y puntos de vista de carácter autonómico. Se ha hecho referencia a ello, y yo quiero recordar el nuevo redactado de la disposición adicional décima que introduce a las comunidades autónomas en la Comisión del Consejo Interterritorial que fija los precios. Dicho esto, señorías, nos parece bastante incoherente que quienes antes gobernaban y no les parecía que las comunidades autónomas tenían que fijar los precios, ahora lo hagan como un planteamiento de vanguardia en la defensa de esta ley. No es verdad, como les decía, que no haya una participación de las comunidades autónomas. Si creemos que debe existir el Ministerio de Sanidad -y, señora ministra, yo creo que debe existir-, la función y fijación de los precios es una competencia mínima del Ministerio de Sanidad que además introduce previsibilidad, estabilidad y posibilidad de acuerdo en el marco de la fijación de los mismos. Si trasladamos este mismo marco al Consejo Interterritorial ustedes saben que podría ser un marco de gran inestabilidad. Nosotros somos partidarios de que las leyes de bases y los reglamentos sean de mínimos. Por esto es por lo que estamos negociando

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algunas leyes de bases con el Gobierno que representan claramente una reducción de lo que supone el concepto de leyes de bases, y en breve veremos, por ejemplo, un nuevo redactado muy afortunado y muy distinto de una gran ley, como es la de Bases de Régimen Local del año 1985. Por esto es por lo que no nos sentimos para nada ni aludidos ni interpelados sobre la introducción de enmiendas de carácter autonómico y autonomista en este proyecto de ley y en la tramitación final del mismo.


Una referencia final, señorías, al discutido artículo 77 del proyecto de ley y a la disposición adicional decimotercera. Quiero recordar que este portavoz y este grupo parlamentario fueron los únicos que en la discusión final en el Congreso de los Diputados apuntó la necesidad de encontrar una solución, una salida y una articulación a la incardinación del colectivo de las enfermeras y enfermeros, de los podólogos y podólogas en la tramitación de una función, como es la de prescripción, que claramente corresponde a médicos y odontólogos, de acuerdo con el artículo 77.1, pero al lado del mismo teníamos que encontrar una solución. Me quiero remitir al "Diario de Sesiones" para decir que este grupo parlamentario deseó desde el principio encontrar un equilibrio razonable en este punto.
Reconozco que la redacción que nos llega del Senado no es la mejor desde un punto de vista técnico, ni seguramente desde un punto de vista político, aunque fue realizada precisamente por un médico, pero, más allá de eso, expresa una voluntad política clara, que también recogen otros grupos parlamentarios, la voluntad política de encontrar el papel justo que tienen enfermeros, enfermeras, podólogos y podólogas en la actividad sanitaria. Por eso anunciamos que en caso de que no se encontrara una solución, en la tramitación final de esta ley presentaríamos una iniciativa parlamentaria para acordar serenamente y de forma concertada entre el Ministerio de Sanidad y el Ministerio de Educación una salida.
No puede ser que el Colegio de Enfermeros y el Colegio de Podólogos tengan la callada por respuesta ante un planteamiento que nosotros venimos sosteniendo desde el inicio de la tramitación de esta ley.


Voy a hacer una última reflexión. Si hoy discutimos la incorporación de algo más en la redacción del artículo 77, es porque un grupo parlamentario -que, por cierto, está a muy pocos escaños de la mayoría absoluta en la Cámara Alta, en el Senado- votó favorablemente esta redacción. Creo que cada uno debe tomar nota de la coherencia en sus posiciones y de la responsabilidad de encontrar una solución a este punto y aprovecho estos últimos segundos para reiterar que debemos encontrar esa solución.


Señorías, creo que debemos pasar del artículo a la categoría, no considerando el artículo como anécdota, y terminar como empezamos diciendo que es una ley importante, una ley que marca un decenio o más de un decenio, una ley que no quería ser solo la ley de contención del gasto sanitario sino una ley integral. Después de un intenso trabajo, creo que lo hemos conseguido.


Muchas gracias.


El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Xuclà.


Por el Grupo Parlamentario Popular tiene la palabra el señor Sánchez Fierro.


El señor SÁNCHEZ FIERRO: Señor presidente, señorías, señora ministra, hoy es un día importante, llegan los restos del proyecto de ley de garantías y uso racional del medicamento a esta Cámara. Y digo los restos porque realmente del proyecto inicial que remitió el Gobierno a esta Cámara queda muy poco. Digo también los restos porque la cantidad de supresiones, la cantidad de huecos que han quedado tras su trámite en el Senado determinan que nos encontremos realmente en una situación muy extraña, muy poco común, yo diría que de las más extrañas dentro de las experiencias parlamentarias. Esto se debe fundamentalmente a un hecho, que ha sido la presentación de un mal proyecto y una escasa capacidad de negociación y de diálogo por parte del Gobierno y del Grupo Parlamentario Socialista.


Quiero recordar algunos detalles. El primero es que este proyecto de ley se hizo acreedor de casi 600 enmiendas cuando se recibió en el Congreso.
Se presentaron tres enmiendas a la totalidad. Nuestro grupo presentó una de ellas con el mejor espíritu constructivo, cual era ofrecer un texto alternativo. Ciertamente, en el trabajo parlamentario en el Congreso, la Comisión de Sanidad introdujo mejoras considerables, pero también hay que decir que por el funcionamiento de la lógica aritmética en el Pleno del Congreso, muchos avances que se hubieran podido introducir en ese momento a favor de una ley del medicamento propia de la sanidad española no pudieron ver la luz. Naturalmente, todavía quedaba trabajo por hacer en una proporción importante dentro del Senado. Por eso no puede extrañarnos que también en el Senado este proyecto de ley cosechara un número muy importante de enmiendas.


Realmente, hay que hablar de enmiendas pero también de supresiones. Casi una treintena de artículos han sido suprimidos. Verdaderamente el respeto al trabajo del Senado debe ser considerado como una cuestión relevante.
El Senado ha llevado a cabo la supresión de una serie de artículos que en su configuración, en su redacción, eran perjudiciales para el Sistema Nacional de Salud y para la sanidad española. De otra manera no se entendería el trabajo del Senado. No voy aquí a desgranar todos y cada uno de los aspectos que han sido suprimidos. Algunos intervinientes anteriores lo han hecho y yo me acojo a ello también para no cansarles a ustedes en exceso. Han quedado suprimidos artículos que afectan a aspectos fundamentales de la ley relativos a la custodia, a la dispensación, a la prescripción, a la autorización de medicamentos, al funcionamiento de los laboratorios, al sistema de precios de referencia, en definitiva, a una parte muy sustancial del núcleo de la ley. En realidad, hay que decir que el trámite en el Senado adoleció de una falta considerable de capacidad de diálogo y de entendimiento por parte del Grupo Parlamentario Socialista y por parte del Gobierno. Hubiera sido muy bueno y conveniente haber hecho un intento y

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un esfuerzo de consenso y de diálogo. Podemos decir, ahí está la experiencia y están los resultados en términos parlamentarios, que el Grupo Popular alcanzó, junto con otros grupos parlamentarios, importantes acuerdos que se tradujeron no ya en estas supresiones que suponen evidentemente la eliminación de problemas para el Sistema Nacional de Salud, sino en la aportación de enmiendas muy positivas. Probablemente hubiera sido muy interesante una actitud más constructiva y evidentemente un mayor apoyo, señora ministra, desde el propio Ministerio de Sanidad en la tramitación en el Senado. Quiero decirles que ese espíritu de entendimiento que hemos echado de menos en la tramitación de esta ley, no ya en el Congreso sino sobre todo y de una manera muy especial en el Senado, hubiera sido muy importante para hacer -como es el deseo de todos los que aquí estamos- del proyecto de ley de garantías y uso racional del medicamento un buen texto legal, que es lo que necesita la sanidad española. Desgraciadamente, esto no ha podido ser así, no por falta de ganas ni por falta de esfuerzos.


Permítanme recordarles aquí qué diferencia tan considerable hay en el consenso que existe detrás de esta ley y el consenso que alcanzaron las leyes sanitarias que se promovieron durante el Gobierno del Partido Popular. Existe la Ley de cohesión y de calidad del Sistema Nacional de Salud, uno de cuyos artículos, como bien saben sus señorías, se refiere a la prestación farmacéutica y a la calidad de esa prestación. Esa voluntad de calidad en la prestación y ese espíritu de coincidencia y de consenso se echan muy de menos en este proyecto de ley. Sin embargo, debo decir que el trabajo que se ha hecho por los senadores ha sido importante y se ha traducido en mejoras que afectan a cuestiones realmente relevantes. La referencia que ha hecho algún interviniente anterior a nuestra fe autonomista responde más posiblemente a una exposición puramente táctica, porque basta con recordar que durante la gestión de los gobiernos del Partido Popular se transfirieron competencias a diez comunidades autónomas en materia de sanidad, para explicar y confirmar hasta la saciedad esa voluntad, que evidentemente en modo alguno presupone favorecer ninguna descoordinación. Cada uno tiene sus competencias, pero las comunidades autónomas también deben tener las suyas en la tramitación, sobre todo en lo que se refiere a financiación pública de los medicamentos.


En el Senado se han hecho aportaciones muy importantes y que no pueden ser desdeñadas, por ejemplo, las que afectan a la transparencia y a la claridad a favor de los consumidores y usuarios. Me refiero, en primer lugar, a la aparición en los envases del precio de los medicamentos -esto era algo demandado por las organizaciones de consumidores y usuarios y también por importantes colectivos profesionales dentro del sector farmacéutico- y a la aparición de símbolos impresos en los envases que adviertan a los consumidores y a los usuarios qué riesgos o qué problemas pueden surgir o pueden devenir. Me parecen importantes otras aportaciones concretas que afectan a cuestiones muy relevantes que también cabría señalar, pero me permito destacar las que afectan a los profesionales desde el punto de vista de su formación. Creemos que la atención, la preocupación, el apoyo a los profesionales sanitarios en este terreno es una obligación, un mandato y una responsabilidad de todos. Nosotros hemos sido siempre consecuentes con este planteamiento y ahí está la Ley de ordenación de las profesiones sanitarias como la mejor evidencia de que esto es así. Nos hubiera gustado que se hubieran producido determinados avances en este terreno, pero también tengo que decir que los avances en este terreno tienen que producirse con un consenso y con la participación de todos. No puede ser una herramienta ni una especie de bumerán de unos contra otros. En este sentido, nosotros siempre estaremos en la línea de buscar soluciones llenas de sentido común y también de sentido del realismo. Aunque estas enmiendas y otras que podríamos mencionar son importantes, son positivas y son útiles, sin embargo, dentro de este conjunto de artículos que han sido suprimidos, se convierten en unas piezas insuficientes como para convertir un mal proyecto de ley en un buen proyecto de ley.


Señorías, creemos que no solamente es necesaria otra política farmacéutica -y tuve ocasión de señalarlo en una intervención anterior-, sino que es posible; es posible, evidentemente, con el entendimiento, con la voluntad, con el diálogo y con el apoyo de todos, con unas actitudes más abiertas y con menos cerrazón que las que hemos podido observar, y yo diría padecer, durante la tramitación de este proyecto. Es evidente que nosotros queremos una política farmacéutica en la que el centro de referencia fundamental sea el paciente, en la que la igualdad de tratamiento de todos y la sostenibilidad estén absolutamente garantizados, en la que la calidad sea un objetivo y una realidad y en la que al mismo tiempo haya un buen sistema de precios de referencia, no cualquier sistema, que ayude a hacer ahorros en los bolsillos de los consumidores y de los usuarios y también en las cuentas del sistema público español para poder aplicar el Sistema Nacional de Salud a otras prestaciones que tanto lo demandan en este momento. Creemos que es necesaria y es posible otra política más atenta a las nuevas tecnologías, más atenta a la investigación y al desarrollo, en definitiva, una política coherente con el papel de liderazgo que corresponde al Ministerio de Sanidad y Consumo y con el papel que le corresponde al consejo interterritorial. En este caso es evidente que no es así. Por eso, nuestra valoración del proyecto de ley no puede ser positiva.
Nosotros, desde este momento, les llamamos a todos ustedes, señorías, a considerar la posibilidad de que en el futuro haya una legislación farmacéutica como la que España necesita.


Muchas gracias. (Aplausos.)

El señor PRESIDENTE: Gracias, Sánchez Fierro.


Tiene la palabra por el Grupo Socialista la señora Pozuelo.


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La señora POZUELO MEÑO: Gracias, señor presidente.


Señorías, señora ministra, iniciamos finalmente, después de seis meses de su tramitación parlamentaria, el debate de un proyecto de ley que va a tener una gran trascendencia en el conjunto de nuestro país y de nuestros ciudadanos. Durante este tiempo hemos tenido la oportunidad de estudiar detenidamente el proyecto, de escuchar las diferentes voces de los distintos sectores afectados, así como de realizar numerosas propuestas de mejora con el propósito de trasladar al texto las diferentes sensibilidades de los grupos parlamentarios en una materia de un gran calado social como es el modelo de la prestación farmacéutica que queremos y debemos garantizar para todos nuestros ciudadanos y ciudadanas. Así, nos hemos reunido y hablado con todos los grupos parlamentarios y con todos los sectores afectados; de todos hemos recibido opiniones, sugerencias y se han recogido en el texto, de todos, salvo del Partido Popular, que no se ha sumado al consenso y al acuerdo general en esta ley y que ha mantenido una posición de rechazo frontal a la misma. Además, debo decir que algunas de las cuestiones defendidas por el Grupo Popular en este caso son diametralmente opuestas a las mantenidas con tanta vehemencia, crispación y amenazas de desintegración del Estado por este grupo en anteriores debates que todos hemos conocido.
El texto que hoy nos viene del Senado, consecuencia de las aportaciones inestimables realizadas por este grupo, es incoherente e inviable y de aprobarse abriría un horizonte normativo para el medicamento francamente desolador y que pondría en grave riesgo la salud de nuestros ciudadanos, algo de lo que estoy convencida que ninguno de ustedes quiere. Han hecho realmente un auténtico destrozo con esta ley.


Señorías, en el texto del proyecto que nos llega desaparece, entre otras cuestiones, el equilibrio que se había logrado en el Congreso entre el mantenimiento del tejido industrial farmacéutico, el fomento de la investigación y desarrollo y la sostenibilidad del Sistema Nacional de Salud. También han hecho ustedes desaparecer el sistema de precios de referencia, tan querido y del que tanto presumían, con lo que se deberían buscar otras vías para garantizar el mantenimiento del Sistema Nacional de Salud, eso sin tener en cuenta los graves perjuicios derivados de la paralización de hecho del funcionamiento del sistema. Además, en su irresponsabilidad hacen desaparecer también de la ley la posibilidad de incorporar nuevos medicamentos al sistema, ya que al no regularse este aspecto en la misma, se produciría un vacío legal que derivaría en una quiebra del modelo sanitario. A todo esto se eliminarían, siguiendo su criterio, aspectos tan esenciales para el sistema como son el procedimiento para otorgar la autorización del funcionamiento de los laboratorios, la farmacovigilancia veterinaria, las condiciones de prescripción, la regulación de los medicamentos homeopáticos y de plantas medicinales, y así una enorme cantidad de aspectos esenciales para el sistema, con lo que parece que lo único que buscan es conseguir la creación de un vacío normativo que desemboque en una situación de inestabilidad y de inseguridad para el conjunto de la sanidad española.
Por eso, señorías, vamos a votar en contra de todas las enmiendas que el Grupo Popular ha incorporado en el Senado, restituyendo además los veintinueve artículos que han suprimido de la ley.


Esta ley nace con una vocación de permanencia. Es una ley innovadora, equilibrada, con un equilibrio que por su propia naturaleza no coincide con las posiciones de partida de ninguno de los protagonistas. Vamos a aprobar una ley que incorpora una serie de medidas orientadas a reforzar el uso racional del medicamento, resaltar la importancia de la receta médica y articular medidas estructurales de racionalización del gasto en el Sistema Nacional de Salud. Se trata también de un proyecto -no lo olvidemos- que aborda el nuevo papel, la nueva realidad que tienen que cubrir las comunidades autónomas dentro del Sistema Nacional de Salud.
Por primera vez, señorías, los expertos de las comunidades autónomas van a incorporarse al proceso de determinación de la utilidad terapéutica de los medicamentos a través de la Agencia Española del Medicamento y se van a incorporar también al consejo rector de esta agencia y van a recibir información puntual, completa e inmediata sobre todas las decisiones en materia de incorporación de medicamentos y de fijación de precios. En la regulación de las medidas de impacto económico las comunidades autónomas tienen una particular consideración en esta ley. Tan es así que los fondos generados por las aportaciones de la industria al Sistema Nacional de Salud que se contemplan en la ley van en buena parte destinados a estas administraciones, bien a través del Fondo de Investigación Sanitaria o bien a través de las actuaciones a favor de una mayor y mejor información y formación de los profesionales. Son estos, los profesionales sanitarios, la clave en nuestro Sistema Nacional de Salud, y por supuesto también en la prestación farmacéutica. (La señora vicepresidenta, Chacón i Piqueras, ocupa la Presidencia.)

En el proyecto se definen con claridad las funciones de cada uno de los profesionales sanitarios implicados en la prestación farmacéutica con relación a sus competencias y se articulan medidas de apoyo a su formación y al acceso a la información sobre medicamentos. Se resalta el carácter de la oficina de farmacia como establecimiento sanitario privado de interés público y se le reconocen al farmacéutico sus funciones en materia de atención farmacéutica en el campo de las estructuras de gestión de la atención primaria, un modelo que permite que el 90 por ciento de la población tenga una oficina de farmacia en su propio lugar de residencia. El médico es una figura central, puesto que es quien, sobre la base de su capacidad de información y formación, establece un tratamiento con medicamentos, y por tanto en gran medida la calidad de la prestación farmacéutica depende de él. No respetar este papel no puede sino traer un empeoramiento de la calidad de la prestación y de la salud de los ciudadanos. Por ello no puedo dejar de mencionar la importancia que tiene resaltar el papel de los médicos y odontólogos como los

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únicos profesionales con la formación y la competencia necesaria e imprescindible para prescribir medicamentos. Son ellos y solo ellos los que en el ámbito de nuestro Sistema Nacional de Salud lo pueden hacer con todas las garantías necesarias para el paciente. Cualquier modificación de este principio podría poner en riesgo la salud de nuestros ciudadanos, y estoy convencida de que no es esto lo que pretendemos. En relación precisamente con los ciudadanos quiero decirles que también esta ley los convierte en protagonistas. Se incorporan medidas para proporcionar a los pacientes información suficiente sobre la identificación del medicamento e instrucciones sobre su uso, información que deberá recogerse en el alfabeto Braille con el fin de garantizar su accesibilidad a todas las personas con discapacidad visual.


Quisiera referirme a los medicamentos genéricos. La novedad más importante en este ámbito es la incorporación de la cláusula Bolar, que permitirá aumentar en gran medida los medicamentos genéricos en nuestro mercado.
Estos medicamentos tienen como gran cualidad, como gran valor añadido el hecho de que, siendo de igual calidad, seguridad y eficacia que los medicamentos originales de referencia, tienen un precio más competitivo.
El proyecto de ley incorpora medidas de control del gasto objetivas, transparentes y cuya entrada en vigor y efectos son perfectamente previsibles dotando así al sector de un marco de referencia estable como no había habido anteriormente.


Volviendo al principio de mi intervención, esta es una ley orientada hacia los ciudadanos, que serán los máximos beneficiarios de su aplicación.
Este proyecto incorpora las garantías y la transparencia como principios fundamentales en la regulación del sector farmacéutico y ambos conceptos son básicos en la regulación de la trazabilidad del medicamento, cuestión que por primera vez se recoge en una norma de este rango. De esta manera se podrá garantizar el abastecimiento cuya consecuencia directa es que el ciudadano disponga en su farmacia del tratamiento que necesita en el momento en que lo necesita.


Antes de finalizar me gustaría destacar que por primera vez se hace una regulación de los medicamentos veterinarios por su importante papel en la protección de la salud pública y sus evidentes repercusiones en la cadena alimentaria. Esta ley supone una oportunidad de desarrollo empresarial innovador, consolida el modelo de oficina de farmacia, establece unas reglas del juego transparentes, estables y objetivas que facilitan las decisiones empresariales, apoya a los profesionales, con formación, información y respeto a las funciones de cada uno, es respetuosa con los diferentes espacios que componen el sector y sobre todo vela por la calidad de la prestación farmacéutica, por su seguridad, por la garantía del acceso universal a los medicamentos, por la sostenibilidad del sistema y por la salud de los ciudadanos. En definitiva, señorías, es una ley hecha por todos y para todos y, con toda seguridad, de su correcta aplicación se va a derivar un beneficio para el conjunto de nuestros ciudadanos y ciudadanas. Espero, señorías, que después del apoyo que los distintos grupos parlamentarios den a esta ley, a partir del día de hoy contemos con una mejora muy importante para el futuro en la prestación del servicio farmacéutico en nuestro país.


Muchas gracias, señora presidenta. (Aplausos.)

La señora VICEPRESIDENTA (Chacón i Piqueras): Muchas gracias, señora Pozuelo.


-PROYECTO DE LEY POR LA QUE SE REGULAN LOS DERECHOS DE ACCESO A LA INFORMACIÓN, DE PARTICIPACIÓN PÚBLICA Y DE ACCESO A LA JUSTICIA EN MATERIA DE MEDIO AMBIENTE (INCORPORA LAS DIRECTIVAS 2003/4/CE Y 2003/35/CE). (Número de expediente 121/000068.)

La señora VICEPRESIDENTA (Chacón i Piqueras): Procedemos a abrir el debate del punto 40 del orden del día de hoy, referente al proyecto de ley por la que se regulan los derechos de acceso a la información, de participación pública y de acceso a la justicia en materia de medio ambiente, que incorpora, como saben, señorías, las directivas 2003/4 y 2003/35. Dado que es turno de fijación de posiciones, comenzaremos, de menor a mayor, por el Grupo Mixto. ¿Desean hacer uso de la palabra? (Pausa.) Señora Uría, ¿el Grupo Vasco desea fijar su posición? (Pausa.) ¿Lo desea hacer Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana? (Pausa.) La señora Bonàs tomará en su nombre la palabra.


La señora BONÀS PAHISA: Señorías, votaremos a favor del artículo 1, apartado 2, ya que recoge en parte una enmienda de Esquerra Republicana sobre la puesta a disposición del público de la información ambiental precisando que debe hacerse de forma paulatina, sistemática y con una tecnología lo más amplia posible; si bien este concepto de tecnología amplia quizá jurídicamente no sea el más acertado, da a entender que deben utilizarse nuevas tecnologías en cuanto sea posible.


También estamos a favor del artículo 2.4.2, que añade a la definición de autoridad pública a las personas físicas o jurídicas cuando asuman responsabilidades públicas o presten servicios relacionados con el medio ambiente o con obras públicas. Es una enmienda importante. Precisamente el ámbito de obra pública es el más opaco y sobre el que los ciudadanos tienen más dificultades para conseguir información. Nos abstenemos en la enmienda al artículo 9.2. Esquerra Republicana estuvo en contra de este apartado que exime de difundir información en los casos en los que existe amenaza para la salud humana cuando concurran causas de defensa nacional o salud pública. Precisamente creemos que cuando existe una amenaza de salud pública es cuando la población tiene mayor derecho a ser informada.
La enmienda del Senado intentaba paliar este atentado a la democracia limitando la excepción solo a que existan causas de especial gravedad.
Nuestra pregunta sería, ¿quién decidirá si el atentado a la salud pública es de especial gravedad?

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Votaremos a favor del artículo 19.a) porque el Consejo Asesor de Medio Ambiente tiene un carácter estatal, por tanto debe dedicarse especialmente a emitir informes sobre cuestiones que afectan a la normativa básica. Las comunidades autónomas ya disponemos de nuestros propios consejos asesores, cuya función es emitir informes sobre normativas de competencia autonómica. También votaremos a favor de la disposición final séptima, especialmente relevante, creemos, porque establece que el Gobierno elaborará en el plazo de un año una memoria económica que calculará el coste de aplicación de la ley o los efectos económicos de la misma para los entes locales, así como el modo de financiación de dichos costes, por medio de la dotación de recursos económicos suficientes para poder cumplir las nuevas obligaciones que impone esta ley. Señorías, sin recursos suficientes, esta ley, como tantas otras, se convertirá en un documento de buenas intenciones. Son de sobra conocidas las dificultades de financiación de las haciendas locales y las repercusiones que está teniendo en el medio ambiente, ya que a falta de una correcta financiación, el recurso al que acuden los ayuntamientos es a la generación de plusvalías, con la consecuente depredación del territorio, que ya es noticia incluso a nivel internacional. Sería contraproducente que una ley elaborada en el Ministerio de Medio Ambiente con la finalidad de proteger el entorno contribuyera a la depredación del suelo. Señorías, si no se resuelve la financiación necesaria para poder aplicar esta ley, promulgada con el fin de mejorar la preservación del medio ambiente, creemos que el resultado sería negativo.


También votaremos a favor de otras enmiendas que consideramos que aportan mejoras técnicas, como al artículo 5 b), al 13.1.c), al 21.3, a la disposición adicional primera, a la adicional quinta, a la adicional duodécima, disposición final primera, disposición final tercera, apartado 2. Votaremos negativamente el resto de las enmiendas porque no mejoran sustancialmente la ley. En el caso de la enmienda al artículo 17 porque supone una invasión competencial clara.


Con esto, señorías, se termina el trámite parlamentario y nos felicitamos de que, por fin, una ley muy esperada por todos los ciudadanos que se preocupan por el medio ambiente, salga adelante. La primera iniciativa que presenté a la Cámara como diputada fue precisamente pedir al Gobierno la ratificación del Convenio de Aarhus y la puesta en marcha de los instrumentos legales y administrativos necesarios para su desarrollo efectivo. Desde la aprobación de esta proposición no de ley hemos preguntado reiteradamente al Gobierno por el estado de la ratificación del Convenio de Aarhus y la trasposición de las directivas europeas 2003/4 y 2003/35. Ha llegado la trasposición de las directivas con cierto retraso, pero por fin disponemos de un instrumento que favorece el acceso a la información. Hoy es imprescindible que la población y las asociaciones ambientales puedan ser parte en la toma de decisiones para poder defender estos bienes comunes con una visión a largo plazo y, en su caso, tener garantizados los procesos administrativos y judiciales para formular cualquier queja al respecto. La transferencia en la información y las posibilidades de participación son también un buen instrumento para el necesario proceso de corresponsabilización de la ciudadanía en la toma de decisiones; cuestión explícitamente recogida en la motivación del Convenio de Aarhus.


Por ello, señorías, creemos que hoy es un buen día y esperamos que esta ley pueda ser utilizada y nos sirva a todos para mejorar en la conservación del medio ambiente y ceder a las próximas generaciones un espacio más cuidado y más habitable.


Gracias, señorías.


La señora VICEPRESIDENTA (Chacón i Piqueras): A usted, señora Bonàs.
Muchas gracias.


Si no hay ningún problema continuaremos con el turno del señor Herrera, que había llegado tarde. Por tanto, tomará la palabra el Grupo Parlamentario de Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya Verds.


El señor HERRERA TORRES: Gracias, señora presidenta.


Agradezco a los grupos parlamentarios que nos hayan permitido, por la velocidad con la que se desarrolla el Pleno, intervenir ahora. Valoramos de forma muy positiva la trasposición del Convenio de Aarhus y que a partir de ahora las organizaciones sociales, pero también el público en general, tengan un instrumento poderosísimo para la protección del medio ambiente y para disponer de toda la información que afecta al mismo. En este sentido, valoramos especialmente la incorporación de una de las enmiendas que nosotros habíamos presentado en el Senado -también la habíamos planteado aquí, pero finalmente no pudo prosperar-, que es la relativa al artículo 21.3, en la que se menciona que la cuantía de las multas coercitivas se calcule atendiendo al interés público de la pretensión ejercida, lo que puede hacer precisamente que la cuantía de estas multas sea proporcional al bien jurídico a proteger. Este es un paso adelante importante que mejora la ley.


El segundo elemento que quería destacar es que vamos a apoyar las enmiendas del Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV) -creo que son tres- que se incorporaron en el Senado y que hacen que desde un punto de vista competencial la ley mejore de forma sustancial. Valoramos muy positivamente estas enmiendas, así como otras que presentan otros grupos parlamentarios y que van en el sentido de respetar el tema competencial.
Había enmiendas como, por ejemplo, las relativas al papel del consejo asesor en torno a la legislación básica, que nosotros habíamos dicho desde el principio que el consejo asesor tenía que opinar especialmente sobre esa legislación básica, y así vamos a proceder.


En tercer lugar, si bien vamos a apoyar algunas enmiendas del Grupo Popular que mejoran técnicamente la redacción del texto y su contenido, hemos detectado que las enmiendas de este grupo lo que hacían mayoritariamente

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es que la ley fuese menos exigente y que las administraciones tuvieran menos exigencias ante el público en general y ante las entidades o asociaciones que pudieran acceder a esta información. Por eso ya les anuncio que votaremos en contra de estas enmiendas, que lo que hacen es descafeinar la ley e impedir que los ciudadanos españoles puedan tener los mismos derechos que los ciudadanos europeos en materia de información ambiental. Parece que no todas pero sí muchas enmiendas del Grupo Popular incorporadas en el Senado pretenden hacer una ley menos exigente, por lo que no vamos a apoyarlas.


Para acabar, señora presidenta, lamentamos que finalmente no se haya incorporado un elemento en la ley en el que, como sabe la señora Colldeforns, nosotros insistimos mucho, que es precisamente la acción pública. Para la acción pública se exige que la entidad jurídica que tenga que ejercerla lleve funcionando dos años. Pues bien, solo les digo que en ninguna trasposición de ningún país europeo existe esta exigencia de dos años. Nosotros les dijimos que no la compartíamos y presentamos una enmienda. Creíamos y creemos que lo que hacíamos era ponernos a la cola en materia de acción pública de contexto europeo. También tenemos que decir que hacemos una muy buena valoración de la trasposición de la directiva -lo sabe la portavoz socialista- y hemos trabajado como todo el mundo en esta ley, pero en algunos aspectos, por ejemplo, en el de los campos de golf -la señora Colldeforns lo recordará- y en algunos otros podíamos haber mejorado. En cualquier caso, a partir de ahora vamos a tener un gran instrumento, que esperamos no desnaturalizar y que las diferentes administraciones lo que hagan es cumplir con lo que dice la ley.


Gracias por su amabilidad.


La señora VICEPRESIDENTA (Chacón i Piqueras): Muchas gracias, señor Herrera.


Continuamos con el turno del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió). Será el señor Guinart quien tome la palabra.


El señor GUINART SOLÁ: Señorías, en el trámite final de esta ley con las enmiendas del Senado que siguen vivas, que deberían ser menos que las que íbamos a votar si no se hubieran producido algunos descuidos en las últimas votaciones, vamos a resolver los últimos detalles de una normativa medioambiental que es consecuencia, como se ha dicho, de la trasposición de una directiva europea que, como tal, deja un margen de maniobra relativamente pequeño al legislador estatal español. Esta norma pasó por un gran consenso en los trámites legislativos en esta Cámara a nivel de Comisión con potestad legislativa. Nuestro grupo ya se pronunció entonces sobre muchos de los conceptos que reaparecen ahora en las enmiendas vivas, sobre todo en las del Grupo Parlamentario Popular. Por tanto, nuestro grupo va a mantener su posición inicial, la de esta Cámara, votándolas en contra. Por otra parte, vamos a votar favorablemente las enmiendas que se han pactado o transaccionado en el Senado y también las enmiendas de carácter técnico, que no son pocas.


En cuanto a la única enmienda que sigue viva de nuestro grupo, la que hace referencia a la disposición adicional duodécima, que ha sido consensuada con el grupo mayoritario en esta Cámara, pretende conseguir un espectro más amplio en cuanto a la difusión de la información ambiental, incluyendo los diversos operadores económicos, por lo que se establece que las administraciones públicas promuevan que aquellos operadores que no estén obligados ya a ello por imperativo legal, informen sistemática y periódicamente a la comunidad sobre aquellas actividades o productos que puedan tener un efecto o impacto relevante y significativo sobre el medio ambiente, con el objetivo de que, a partir de una mayor transparencia e información, la comunidad, a través de sus organismos de encaje de estructuración social -partidos políticos, sindicatos, ONG, colectivos empresariales, universidades, medios de comunicación- puedan reaccionar, si fuera el caso, ante los nuevos proyectos medioambientales. Confiamos en el voto positivo del resto de los grupos parlamentarios a esta enmienda que, como decía, está ya consensuada y, por tanto, que se repita la posición del Senado.


Muchas gracias, señora vicepresidenta, señorías.


La señora VICEPRESIDENTA (Chacón i Piqueras): Gracias, señor Guinart.


Continuamos con el turno del señor Esteve en nombre del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.


El señor ESTEVE FERRER: Gracias, señora vicepresidenta.


En primer lugar, tenemos que congratularnos de que una de las grandes lagunas que tenía el texto cuando salió del Congreso haya sido tapada, pues ya denunciamos en su día que de los dos objetivos que recogía la Directiva 2003/4, en su artículo 1, uno de ellos no se trasponía a la ley. Gracias a la tenacidad de Esquerra Republicana, esta vez vía Entesa, se ha convencido al Grupo Parlamentario Socialista de que ese objetivo faltaba. Una vez garantizada, repito, gracias a Esquerra Republicana, por la ley la difusión y puesta a disposición del público de la información ambiental de carácter general, solo faltaba que eso, una vez que se explica en qué consiste el derecho al acceso a la información, se especificara, y así ha sido, aunque imagino que el Grupo Parlamentario Socialista lo va a echar para atrás.


El Grupo Socialista tampoco ha aprendido en el trayecto de aquí al Senado y su vuelta del Senado que el primero de los objetivos, además de garantizar el acceso a la información medioambiental, disponía la obligación de establecer unas normas y condiciones básicas, así como unas modalidades prácticas de ejercicio de este derecho. Por lo menos en el Senado se ha recogido, y el Grupo Socialista se opone basándose en otros argumentos; uno que defiende la portavoz socialista en el

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Senado de que no es objeto de la ley -lo que no se entiende porque si estamos transcribiendo algo que dice la directiva a la ley que debe trasponer la directiva, no entendemos por qué no es objeto de la ley- y el otro argumento que se usaba aquí era de respeto competencial, lo que quiere decir que o la directiva es irrespetuosa con los Estados o nosotros no podemos serlo con las comunidades autónomas. Lo que hay que dar es seguridad jurídica, que en cada comunidad autónoma no se aplique el ejercicio de este derecho de una forma distinta. No es que queramos que sea menos exigente, señor Herrera, lo que queremos es que sea más segura, que haya más seguridad jurídica, que haya menos posibilidad de desigualdades en función de en qué comunidad autónoma o ante qué administración pública se solicite la información o se pretende participar. ¿Cómo creemos que se debe dotar de más seguridad jurídica al texto? Por ejemplo, suprimiendo que los consejos consultivos estén entre los órganos que tienen la condición de autoridad pública a efectos de esta ley. Si resulta que expresamente se excluye a los poderes legislativos entre los órganos que tienen que dar la información, los consejos consultivos sirven para auxiliar el poder legislativo y a través de los órganos consultivos vamos a poder pedir a los legislativos que den una información, se hace una exclusión y se abre una puerta de atrás vía consejos consultivos para hacer lo que para nosotros mismos excluimos; lo cual no tiene mucho sentido. Se excusa el Grupo Socialista en que la directiva los incluye pero el Consejo General del Poder Judicial ha explicado hasta la saciedad que la normativa común aplicable a la trasposición de directivas a los ordenamientos jurídicos internos no obliga a transcribir literalmente las directivas, sino a dar cumplimiento a los objetivos de la norma comunitaria como ocurre con el texto que nos llega desde el Senado. También se mejora la seguridad jurídica con una mayor precisión conceptual sobre qué se tiene que entender por corporaciones de derecho público y demás personas físicas o jurídicas cuando ejerzan funciones públicas. Una mayor precisión conceptual que pedía el Consejo General del Poder Judicial que proponía una redacción y que el Senado ha asumido. Una vez que se ha definido a más, lo que ha hecho el Senado ha sido excluir el nombramiento de notarios y registradores como autoridades públicas en este sentido. ¿Por qué? Porque el Gobierno lo que hace es incluir a notarios y registradores a través de una pregunta que el Consejo de Estado se formula a sí mismo: esto está muy indefinido, ¿se refieren ustedes a los profesionales colegiados una vez que sus trabajos sean visados en los colegios profesionales? ¿Se refieren ustedes a notarios y registradores? Esto no está bien definido, y en vez de definirlo mejor el Grupo Socialista se mantiene en su postura de no definir mejor, no contestar qué pasa con los colegios profesionales e introducir a notarios y registradores pero sin introducir una disposición final que modifique la legislación que ahora mismo regula qué materias estos notarios y registradores tienen la obligación de dar acceso público y cuál es el procedimiento que se ha de seguir. Eso ya está tramitado y aquí lo tramitamos de otra forma pero sin trabajar en aquello.


También se da seguridad jurídica quitándoles a los funcionarios la obligación de dar consejo. Entendemos que es una traducción literal del francés que no tiene mucho sentido, porque la Ley 30/1992 obliga a los funcionarios a informar y asesorar, pero ¿qué es eso de dar consejo? ¿Y si se equivocan en el consejo que dan? ¿Y si un funcionario no quiere dar consejo, es decir, su opinión personal sobre algo, significa que se está denegando el acceso a la información? No tenía sentido y vemos bien que se haya quitado. Lo mismo podemos decir en cuanto a que había que fijar a partir de qué momento los ciudadanos tenían derecho a participar en la elaboración de planes, programas y disposiciones de carácter general. Lo que decía el proyecto de ley -y creo que el Grupo Parlamentario Socialista quiere que vuelva a decir- es que cuando estén abiertas todas las posibilidades ¿esa indefinición tan ambigua qué significa? ¿Que se puede acceder a la información basándonos en el borrador? ¿Que cuando algún político en los medios de comunicación diga que está pensando en hacer algo es el momento en que están abiertas las posibilidades para solicitar la información? Repito, es un concepto metajurídico que había que transformar y que el Senado ha transformado en un concepto jurídico-administrativo más preciso y que aplaudimos. Lo mismo podemos decir de especificar un poco más en qué consiste el derecho de participación pública en los asuntos de medio ambiente. Creo que el Senado ha buscado un punto de equilibrio entre dar respuesta individualizada y motivada a toda aportación que se haga por los ciudadanos y el punto que defiende el Gobierno de que con un esfuerzo razonable de información es suficiente. Cuando se pueda dar contestación a las aportaciones, que se den, y cuando no, por lo menos, que se informe en qué ha quedado el proceso de participación pública, porque cuando un ciudadano se toma la molestia de hacer aportaciones y sugerencias a un plan, programa o disposición de carácter general hace un esfuerzo muy importante, y ha ejercido el derecho a opinar, pero si no sabe si se ha leído lo que ha aportado o no sabe qué se ha tenido en consideración de lo que ha aportado, no se materializa el derecho a participar, que es lo que esta ley establece. Lo mismo podemos decir sobre la definición de qué se entiende por personas jurídicas sin ánimo de lucro que vengan ejerciendo de modo activo las actividades que dicen sus estatutos. Si la Administración es la que tiene que decidir cuándo alguien ejerce de modo activo una actividad o no, lo que tenemos es indefinición e seguridad, y creemos que el Senado lo ha concretado mejor con las aportaciones hechas por el Grupo Popular. No es que no se quiera tener flexibilidad, no es que se restrinja la acción popular, sino todo lo contrario, lo que se pretende es evitar el intrusismo, que se creen plataformas ad hoc en un momento determinado con el disfraz de organización ecologista sin serlo, simplemente con

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la intención de ralentizar programas, proyectos o disposiciones. Lo que nosotros hacemos es beneficiar a las organizaciones no gubernamentales y ecologistas en la participación en los asuntos medioambientales, más que restringirlos, porque lo que permite es que otros no se inmiscuyan. Y, por último, para dar seguridad en los términos de la seguridad jurídica, la entrada en vigor. No tiene sentido que dos derechos -acceso a la información y participación pública- entren en vigor en un momento y el acceso a la justicia entre en otro, por dos razones: una, porque si yo ejerzo el derecho a la información y no me la dan, no puedo acudir a la justicia, porque el acceso a la justicia no ha entrado en vigor, y, dos, porque las comunidades autónomas necesitan tiempo para programar, para dotarse de medios y dar formación a sus funcionarios. Además, las propias comunidades autónomas lo solicitaron en la conferencia intersectorial.


En otro sentido, aplaudimos la aportación hecha por CiU en el Senado respecto a la aprobación de la labor informativa de los operadores económicos. Nos parece bien, pero es curioso que al Grupo Socialista le parezca bien un esfuerzo mayor de los operadores económicos y, sin embargo, intente matizar, votando en contra de las modificaciones que ha hecho el Senado -como va a hacer seguramente-, el esfuerzo de la Administración pública, eso sí, siempre y cuando esa Administración pública no sean los entes locales, a los que se les exige mucho pero con poca ayuda. Cuando se confecciona la ley, en la memoria económica no se tuvieron en cuenta los costes económicos que las entidades locales iban a tener, no se les solicitó en ningún momento su opinión ni se les recabó informe de la Comisión Nacional de la Administración Local ni de la Federación Española de Municipios y Provincias.


El resto de enmiendas son mejoras técnicas que no merecen mayor valoración, salvo, tal vez, dos: una, que ha explicado muy bien la portavoz de Ezquerra Republicana, en relación con las obras públicas y que suscribo literalmente y, dos, que la legislación autonómica pueda ampliar la relación de materias objeto de información de acceso público y, sin embargo, el legislador estatal tenga que modificar expresamente esta ley para poder ampliar las materias que son de acceso público. Por tanto, del tenor de mi intervención se entiende que vamos a aprobar todas las modificaciones realizadas en el Senado, entre otras cosas porque, de las 28, 22 han sido aportaciones del Grupo Popular, y solo vamos a votar en contra de dos; una propuesta por nuestro propio grupo, en cuanto a que se ha introducido una enmienda al punto 2 del artículo 9 cuando era una enmienda que tenía que ir dirigida al punto 1 de dicho artículo, que en ponencia ya advertimos del error, pero que se ha vuelto a producir en el Senado, por lo que tendremos que votar en contra, y la enmienda de Grupo Parlamentario de Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya Verds sobre las cuantías de las multas coercitivas porque entendemos que es una invasión competencial. No se puede remitir a la normativa autonómica la regulación del derecho sancionador y ahora decir cómo debe modular ese derecho.
Espero que el Grupo Socialista rebata con argumentos los que este grupo ha planteado en defensa de las mejoras realizadas por el Senado y no nos hable solo de la bonhomía de esta ley, que no hace más que transcribir una directiva europea, cuyo mérito del Gobierno, como mucho, será haberla traspuesto demasiado tarde.


La señora VICEPRESIDENTA (Chacón i Piqueras): A usted, señor Esteve, muchas gracias.


Finalizamos este debate, señorías, con el turno del Grupo Parlamentario Socialista y, en particular, con el señor Amuedo.


El señor AMUEDO MORAL: Muchas gracias, señora presidenta.


Señorías, como bien se describe en la exposición de motivos de este proyecto de ley, el artículo 45 de la Constitución configura el medio ambiente como un bien jurídico de cuyo disfrute son titulares todos los ciudadanos y cuya conservación es una obligación que compete a los poderes públicos y a la sociedad en su conjunto. Por otro lado, el Convenio de la Comisión Económica para Europa de Naciones Unidas sobre acceso a la información, la participación del público en la toma de decisiones y acceso a la justicia en materia de medio ambiente, conocido como Convenio de Aarhus y firmado por España en 2004, postula que para que los ciudadanos puedan disfrutar del derecho a un medio ambiente saludable y cumplir el deber de respetarlo y protegerlo, deben tener acceso a la información medioambiental, deben estar legitimados para participar en los procesos de toma de decisión y deben tener acceso a la justicia cuando tales derechos les sean denegados.


La Unión Europea, señorías, al igual que todos los Estados miembros, firmó el Convenio de Aarhus, para cuyo desarrollo ha realizado dos directivas, la 2003/4, sobre el acceso del público a la información ambiental, y la 2003/35, por la que se establecen medidas para la participación pública en determinados planes y programas relacionados con el medio ambiente.
Por tanto, este proyecto de ley viene a cumplir y a desarrollar fundamentalmente el Convenio de Aarhus y las directivas comunitarias que he mencionado anteriormente. Señorías, la futura ley permitirá a los ciudadanos ejercer en mejores condiciones su derecho de acceso a la información medioambiental, a hacer propuestas a las administraciones públicas y a cooperar en la preservación del medio ambiente. Al mismo tiempo, señora presidenta, señorías, no ocultamos que esta ley supone para nuestro grupo, para al Grupo Socialista, cumplir uno de los grandes objetivos del compromiso electoral, que no es otro que incrementar el poder de los ciudadanos frente a la Administración pública a través de más y mejor información medioambiental. En esta futura ley no solo se facilita hacer valer los derechos de los ciudadanos frente a las posibles decisiones erróneas u omisiones de las autoridades administrativas, sino que se amplía este derecho a través de la Administración de Justicia. Al mismo tiempo, este proyecto de ley se reafirma

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en que la información medioambiental deberá ser difundida adecuadamente aunque no sea explícitamente demandada, y ello no precisamente por la corrección o por la enmienda que hace en el Senado el Grupo Popular a su artículo 1, apartado 1, sino que la propia ley en su apartado 2 de ese mismo artículo, dice textualmente: Esta ley regula igualmente el régimen jurídico de la difusión y puesta a disposición del público de la información ambiental. La futura ley, en consecuencia con lo que he dicho anteriormente, reduce los plazos en los que la Administración debe responder a las demandas de información medioambiental, demandas que tendrán que ser contestadas en un mes como máximo y en dos meses si la información requerida es muy compleja.


En definitiva, señorías, se trata de un proyecto de ley que con las mejoras introducidas en este Congreso por acuerdo de la mayoría de los grupos y en el Senado -exceptuando las enmiendas del Grupo Popular aprobadas en esa Cámara, con las que no estamos de acuerdo y a las que más tarde me referiré-, va a constituir un avance importante en materia de democracia ambiental que puede facilitar la conducta ciudadana para la preservación de la salud y calidad de vida mediante el ejercicio de sus derechos basados en criterios adquiridos mediante el acceso a la información ambiental, participación en planes y programas, iniciativas y acciones contenidas medioambientales y accediendo a la justicia si se vulneran las normas medioambientales.


Como he dicho, votaremos a favor de todas las enmiendas del Senado que han sido consensuadas con la mayoría de los grupos y en contra de aquellas que no han obtenido ese consenso. A este grupo no se le podrá achacar que no ha intentado consensuar en todo lo posible el proyecto de ley que nos ocupa, al igual que tengo que agradecer la predisposición a dicho consenso y el trabajo del resto de los grupos, sintiendo que el Grupo Popular no haya hecho un último esfuerzo por transaccionar algunas de sus enmiendas en el Senado.


Señorías, no podemos aceptar las enmiendas al artículo 1 que introducen una modificación en la redacción de la letra a) en cuanto al derecho a recibir información cuando ustedes saben que el convenio de Aarhus recoge en esta materia ponerlo a disposición. Por tanto, señorías, se trata de trasladar lo que recoge el convenio y la normativa europea, fundamentalmente la normativa europea, y no se trata, señorías, de ser en este caso más papistas que el Papa e ir más allá de lo que pone la propia normativa europea. ¿O sí? Creo que no. Igualmente, señorías, no podemos estar de acuerdo con las enmiendas al artículo 1 bis; al artículo 2.3, en el que se modifica la redacción de la letra c); al artículo 3.1, en el que se introduce una nueva letra a) bis; al artículo 17.1, en el que se introducen dos nuevas letras e) bis y e) ter. No podemos estar de acuerdo porque todas ellas son solamente enmiendas redundantes de la propia ley o porque existen leyes específicas, como pasa, por ejemplo, cuando se propone que una de las materias de participación en relación con la elaboración, modificación y reducción de los planes y programas sean también las que versen sobre materias de montes, aprovechamientos forestales y vías pecuarias, cuando todos sabemos que hay una ley específica de esta materia.


Tampoco podemos estar de acuerdo con aquellas enmiendas del Grupo Popular que suponen recortar los derechos de los ciudadanos con respecto al texto que salió de este Congreso como, por ejemplo, ocurre en el artículo 2.1.4 al suprimir la letra c), porque se está suprimiendo que los órganos públicos consultivos -y lo ha dicho usted con anterioridad- no tengan la consideración de autoridad pública a efectos de esta ley, teniendo esto como consecuencia, entre otras consideraciones, que los órganos consultivos no tengan que velar para que la información recogida por ellos en materias de medio ambiente y recogidas en su nombre esté actualizada y sea susceptible de comparación para poder ser consultada por cualquier persona que así lo desee.


Me gustaría discutir todas y cada una de las enmiendas que han salido del Senado, pero creo que no vamos a tener tiempo para ello. Podemos discutir todas las que han quedado vivas, sobre todo las del Grupo Popular, pero sería agotar tiempo y no se llegaría a nada porque creo que el Grupo Popular no quiere llegar a acuerdos en estos temas. Con lo que no podemos estar de acuerdo nunca es con aquellas enmiendas que se intentan camuflar con el argumento de mejoras técnicas y que no lo son. Sí estamos de acuerdo, lógicamente, con aquellas que sí son mejoras técnicas. ¿O ustedes creen, por ejemplo, que es una mejora técnica su enmienda al artículo 16.2 en el que proponen que las administraciones públicas puedan puntualmente otorgar la condición de personas interesadas a aquellas personas físicas o jurídicas sin cumplir, y digo sin cumplir porque lo ponen ustedes así en su enmienda, los requisitos o circunstancias que estima esta ley? Es decir, ustedes pretenden que las condiciones que deba reunir una persona para que pueda ser declarada por la Administración persona interesada a los efectos de esta ley lo defina la propia Administración y no solo esta ley. ¿Es esta una mejora técnica? ¿O es esto algo a la carta para cualquier Administración que defina esta cuestión? En cualquier caso, no estamos de acuerdo con eso y lo que no entiendo o no sé es en quién o en quiénes estaban ustedes pensando cuando hicieron esa propuesta.


Muchas gracias. (Aplausos.)

La señora VICEPRESIDENTA (Chacón i Piqueras): A usted, señor Amuedo.
Muchas gracias.


DICTÁMENES DE LA COMISIÓN DE ASUNTOS EXTERIORES SOBRE CONVENIOS INTERNACIONALES:

-CONVENCIÓN SOBRE LA PROTECCIÓN Y PROMOCIÓN DE LA DIVERSIDAD DE LAS EXPRESIONES CULTURALES, HECHO EN PARÍS EL 20 DE OCTUBRE DE 2005. (Número de expediente 110/000149.)

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-ACUERDO ENTRE EL GOBIERNO DEL REINO DE ESPAÑA Y EL GOBIERNO DE LA FEDERACIÓN DE RUSIA SOBRE COOPERACIÓN EN EL CAMPO DE LA EXPLORACIÓN Y DEL USO PACÍFICO DEL ESPACIO ULTRATERRESTRE, HECHO EN MADRID, EL 9 DE FEBRERO DE 2006. (Número de expediente 110/000150.)

-ACUERDO ENTRE EL GOBIERNO ESPAÑOL Y EL GOBIERNO MACEDONIO RELATIVO A LA READMISIÓN DE PERSONAS EN SITUACIÓN IRREGULAR, HECHO "AD REFEÉNDUM" EN SKOPJE EL 6 DE FEBRERO DE 2006. (Número de expediente 110/000151.)

-CONVENCIÓN INTERNACIONAL CONTRA EL DOPAJE EN EL DEPORTE, HECHO EN PARÍS EL 18 DE NOVBIEMBRE DE 2005. (Número de expediente 110/000152.)

La señora VICEPRESIDENTA (Chacón i Piqueras): Continuamos con el punto VIII del orden del día: Dictámenes de la Comisión de Asuntos Exteriores sobre convenios internacionales.


¿Tiene intención alguno de ustedes de intervenir en este punto? (Pausa.)

Los votaremos al final de los dictámenes de comisiones sobre iniciativas legislativas, que es el punto siguiente del orden del día.


DICTÁMENES DE COMISIONES SOBRE INICIATIVAS LEGISLATIVAS:

-PROYECTO DE LEY DE MEDIDAS PARA LA PREVENCIÓN DEL FRAUDE FISCAL. (Número de expediente 121/000081.)

La señora VICEPRESIDENTA (Chacón i Piqueras): Punto IX del orden del día: Dictámenes de comisiones sobre iniciativas legislativas. En primer lugar, debatimos el proyecto de ley de medidas para la prevención del fraude fiscal.


¿Algún diputado de la Comisión desea presentar el dictamen? (Pausa.)

Si no es así, comenzamos con los turnos a favor de las enmiendas que se han presentado a este proyecto. Comenzamos por la señora Fernández Davila para que defienda las enmiendas del Grupo Parlamentario Mixto.


La señora FERNÁNDEZ DÁVILA: Gracias, señora presidenta.


Señorías, voy a intervenir en defensa de las enmiendas que mantenemos vivas a la Ley de prevención del fraude fiscal. Las enmiendas que presenta nuestro grupo a este proyecto de ley pretenden contribuir a mejorar el texto del proyecto para potenciar la justicia tributaria, reduciendo el fraude fiscal relativamente generalizado en determinados sectores de contribuyentes, alimentando un elevado volumen de economía sumergida, estimado entre el 20 por ciento y el 23 por ciento del producto interior bruto. Es evidente que la presión del fisco sobre las rentas que admiten cruces informáticos es poco menos que asfixiante, dando como resultado la sensación generalizada de control en un sector de contribuyentes, frente a la sensación de impunidad percibida por las rentas profesionales y empresariales. De ahí que el criterio empleado para presentar las 22 enmiendas que mantenemos vivas sea la de mejorar el control del fraude fiscal desde una óptica orientada a garantizar una mejor distribución de la riqueza y la justicia social. Así, la enmienda 60 la presentamos porque consideramos que es necesario reconocer, a efectos fiscales, las nuevas formas de convivencia que conforman asimismo núcleos familiares socialmente equiparables al matrimonio. No podemos entender que, desde la perspectiva fiscal, no se tengan en cuenta estas nuevas circunstancias familiares, cuando en el día de hoy aprobamos un real decreto en que sí se tenían en cuenta, y era lo fundamental del real decreto, respecto de las indemnizaciones de pensiones por cuestiones de víctimas del terrorismo; cuestión que votamos a favor porque estamos totalmente de acuerdo, pero no entendemos por qué en la cuestión fiscal, en cambio, ni en la reforma del IRPF, ni en la de prevención del fraude fiscal este tipo de nuevas formas de convivencia familiar no se tienen en cuenta. Las enmiendas 61, 62, 81 y 82 que presentamos inciden en procurar evitar el fraude fiscal generalizado en las transmisiones de inmuebles.
(El señor presidente ocupa la Presidencia.) Nos hacemos eco de recientes encuestas que apuntan la enorme dimensión del fraude inmobiliario en el Estado español. Es constatable que el fraude inmobiliario afecta considerablemente a la cuantía global de los ingresos fiscales recaudados en las fases del consumo final. Desde nuestro punto de vista parece conveniente, a efectos de prevenir el fraude fiscal en las primeras transmisiones de inmuebles, establecer mecanismos de valoración a precios de mercado. Téngase en cuenta que el sector inmobiliario ha alcanzado una importancia extraordinaria en todo el territorio del Estado. En la actualidad se calcula que el 14 por ciento del producto interior bruto tiene su origen en la construcción y que el subsector de la vivienda constituye el 40 por ciento de esta cifra; es decir, el 5,6 por ciento de la economía. Desagregar la cifra de la economía sumergida y estimar la composición sectorial de la misma es difícil de realizar, pero a nadie se le escapa que el blanqueo de capitales y la actividad inmobiliaria son los grandes agujeros del fraude fiscal por su importancia cuantitativa y cualitativa dado el origen presuntamente delictivo que pueden tener.


Queremos mencionar específicamente las enmiendas 77, 78 y 79, que en términos parecidos presentan otros grupos parlamentarios, porque recogen la demanda de una parte de los profesionales de la Agencia Tributaria, ya que nos parecen justas desde el punto de vista profesional y laboral, pero sobre todo nos parecen oportunas, pues consideran que se debe habilitar suficientemente a los técnicos del Ministerio de Economía y Hacienda para

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combatir el fraude fiscal y el blanqueo de capitales, así como el control de subvenciones y el gasto público. No es conveniente olvidar que la cuantificación de la economía sumergida solo puede realizarse por estimaciones. Los últimos estudios concluyen que la estimación de la economía sumergida en el Estado español supera el 23 por ciento del PIB.
Además nos parecen oportunas estas enmiendas por las razones expuestas en el preliminar de este documento y del proyecto de ley, al objeto de que la prevención del fraude fiscal que se pretende con esta ley de medidas sea realmente eficaz y se le dé a la Administración financiera un instrumento fundamental para cumplir ese objetivo. A esos efectos se propone la inclusión de estas tres nuevas disposiciones adicionales que están relacionadas con los subinspectores de Hacienda.


Señorías, esperamos que algunas de las enmiendas que presentamos tengan su acogida para su aprobación.


Muchas gracias.


El señor PRESIDENTE: Gracias, señora Fernández.


El señor Mardones no se encuentra en el hemiciclo y si no defiende sus enmiendas decaen. Un momento, es por proteger los derechos del señor Mardones. (Pausa.) Lo siento.


Señor Llamazares, su turno.


El señor LLAMAZARES TRIGO: Gracias, señor presidente.


Señorías, el proyecto de ley de medidas para la prevención del fraude fiscal está muy lejos de convertirse en una ley eficaz para reducir el fraude, el blanqueo de capitales y la economía sumergida. El dictamen es aún menos ambicioso que el proyecto inicial, un dictamen pactado con Convergència i Unió y Coalición Canaria, en un ejercicio de nueva línea política que dicta el Ministerio de Economía y Hacienda, a pesar de que en esta Cámara varios grupos de la izquierda votamos favorablemente la presentación del proyecto de ley.


Nuestro grupo parlamentario presentó unas enmiendas que mejoran la eficacia de la prevención y la lucha contra el fraude fiscal, y se pueden agrupar en las siguientes: primero, propuestas técnicas para mejorar el contenido de las leyes modificadas; segundo, propuestas para prevenir el fraude inmobiliario y el blanqueo de capitales; tercero, propuestas para eliminar las facturas falsas, reservando este régimen de la estimación objetiva por módulos a los microempresarios que destinen sus actividades al consumidor final; cuarto, propuestas de garantías de los contribuyentes en los procedimientos tributarios y sancionadores; quinto, propuestas para mejorar el índice de cobro de las deudas tributarias para hacer responsables a los administradores de hecho y a los subcontratistas en el caso de cadena de subcontratas y varias propuestas técnicas para evitar el impago o las dilaciones indebidas en el pago; y sexto, propuestas para hacer efectivo el Plan de prevención del fraude fiscal, como la creación del Cuerpo Superior Técnico de Hacienda. Pues bien, señorías, estas propuestas no han tenido éxito, no han tenido la sensibilidad progresista y de izquierdas por parte del Ministerio de Economía y Hacienda más que por parte del Grupo Parlamentario Socialista, porque en definitiva ha sido el Ministerio de Economía y Hacienda quien ha dictado la línea política tanto en la reforma fiscal como en la prevención del fraude.


Señorías, el volumen de fraude en nuestro país es enorme; se podría decir que es enorme pero sus cifras se desconocen. Es uno de los primeros temas sobre los que merece la pena reflexionar en este debate. La última estadística del Banco de España, de mayo de 2006, revela que en España hay 103 millones de billetes de 500 euros, 51.432 millones de euros, que se dice pronto, en las cajas de seguridad. La economía sumergida asciende aproximadamente al 23 por ciento de nuestro producto interior bruto.
Señorías, esto demuestra la importancia del volumen de fraude fiscal y, por tanto, la importancia de esta ley, una ley que hubiéramos deseado que fuera mucho más ambiciosa. En relación con el fraude inmobiliario y el blanqueo de capitales, en España se blanquean solo por narcotráfico 7.500 millones de euros cada año, según información de Fernández Ordoñez, el 27 de junio de 2004, en el Senado. Varias encuestas indican que el 90 por ciento de las promotoras inmobiliarias aceptan dinero negro y que, de ellas, un 60 por ciento lo exige como requisito imprescindible para vender una vivienda. En las propuestas de Izquierda Unida-Inciativa per Catalunya Verds debatidas en la Comisión parlamentaria del día 21 se incluyen algunas que hemos defendido, tales como valorar a precio de mercado las transmisiones de inmuebles para todos los impuestos, controlar los pases y establecer una retención en las transmisiones de inmuebles y la afección del inmueble al pago. Estas propuestas, además de prevenir el fraude inmobiliario, evitarían el blanqueo de capitales.
Además, estas medidas tendrían un impacto positivo en la desaceleración de los precios inmobiliarios, al eliminar del mercado cada año al menos la demanda de los 7.500 millones de euros procedentes del blanqueo solo del narcotráfico.


En segundo lugar, hemos pretendido cambiar la actuación de la Agencia Tributaria y del Ministerio de Economía y Hacienda, que creemos que son obstáculos en la lucha contra el fraude fiscal. Ambos organismos adoptan una actitud poco ambiciosa en la prevención del fraude. Sorprende que el señor Solbes asegurase el 21 de junio de 2006, en respuesta a una pregunta del senador Cuenca, de Izquierda Unida, que no tenía constancia de la supuesta afloración de 11.000 millones de euros en dinero negro no declarado, que se generaron principalmente entre el primer y tercer trimestre de 2001, como consecuencia de la entrada en vigor del euro, y que no existe ningún informe oficial sobre estas cifras. Debe ser que el ministro no se ha enterado de lo que es un clamor en la Agencia Tributaria. Queda una pregunta en el aire. Después de casi 30 años, ¿cómo es que el ministerio y la Agencia Tributaria no tienen ninguna estimación oficial del fraude?

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Los estudios de la Unión Europea y de otros expertos coinciden en situar la economía sumergida en España en el 23 por ciento del PIB; en 2005 representaría 200.000 millones de euros de dinero negro. Un reciente estudio desvela que en 2005 en España había 186.600 españoles con un patrimonio disponible de más de 1 millón de dólares, excluyendo vivienda habitual, coches y obras de arte. Sin embargo, esta cifra dista mucho de los declarados, 24.190 contribuyentes, que declararon en 2004 un patrimonio personal por encima del millón de euros.


En tercer lugar, hemos pretendido mejorar el funcionamiento del Ministerio de Hacienda y de la Agencia Tributaria mediante la creación del cuerpo superior técnico de Hacienda. La normativa interna del ministerio y de la Agencia Tributaria establece que en toda España 700 inspectores y 100 interventores realizan casi toda la gestión tributaria, aduanera y de control de gasto público del Estado, puesto que la otra mitad ocupa puestos de confianza o directivos. Buena parte de las competencias de los 8.000 técnicos del ministerio están limitadas desde 1992 a las comprobaciones de microempresas que facturan menos de 1,8 millones de euros, límite que ha permanecido invariable y, por tanto, anacrónico durante estos 14 años y que resulta claramente desfasado. Por ello, 57.700 empresas que facturan entre 1,8 y 6 millones de euros, el 95,85 por ciento del total, escapan anualmente al control tributario. Señorías, el 95 por ciento de las empresas escapan al control tributario en las situaciones actuales. Una ley para prevenir el fraude debe contar con manos para ser aplicada, para lo que Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya Verds propone la integración de los 8.000 técnicos en un nuevo cuerpo superior técnico de Hacienda para que esas manos se dediquen a controlar tan enorme fraude. Los grupos parlamentarios de Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya Verds, Esquerra Republicana, Convergència i Unió, Coalición Canaria y Mixto presentamos enmiendas a este proyecto para la creación de este nuevo cuerpo superior técnico de Hacienda, que ha contado con 6.000 firmas de los técnicos en apoyo. El Grupo Popular también presentó otra enmienda similar, aunque a lo largo de un proceso temporal. El Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV) expresó la conveniencia de crear este nuevo cuerpo superior. Las autoridades del Ministerio de Hacienda y de la Agencia Tributaria frustraron tal iniciativa de seis grupos parlamentarios para crear este cuerpo superior, con una transaccional presentada por el Grupo Parlamentario Socialista y aceptada por Convergència i Unió, otra vez. Esta transaccional es claramente insuficiente y se considera otra cortina de humo como la considerara Ley 50/1998 y el artículo 49 de la Ley 21/2001. Nuestro grupo parlamentario recuerda que en el año 1998 el Partido Socialista votó a favor de un nuevo cuerpo del grupo A; en el año 2001 el Partido Socialista abanderó las primeras 6.000 primeras firmas en el Congreso; varios grupos parlamentarios, incluido el Socialista, reconocieron en la Comisión de Administraciones Públicas que había que dar una solución a este cuerpo, y varios diputados del Partido Socialista consideran hoy justo y conveniente que el servicio público se cree mediante este nuevo cuerpo técnico. ¿Cuáles son las verdaderas razones, sin excusas, por las que no se permite que el Ministerio de Economía y Hacienda aumente su capacidad para prevenir el fraude y realizar el control del gasto público con 8.000 técnicos que se responsabilicen de aplicar sin cortapisas la Ley de Prevención del Fraude? No lo entendemos. La AEAT y el ministerio mantienen una gestión de recursos humanos que ha ocasionado más de 240 sentencias firmes que han declarado que se han vulnerado diferentes leyes. En más de 140 de ellas el Tribunal Supremo declara ilegal que no se describan las funciones de las RPT. En definitiva, no ha habido sensibilidad del Gobierno a nuestras enmiendas. El Ministerio de Economía y Hacienda ha decidido su alianza preferente con la derecha, con Convergència i Unió y Coalición Canaria. La Ley del fraude se convierte así en una ley de mínimos. Por tanto, nuestro voto será la abstención, porque no estamos convencidos de que con el resultado de esta Ley del fraude fiscal se aborden de forma decidida las enormes bolsas de fraude fiscal ni que se haga mediante unos recursos suficientes y eficaces.


Muchas gracias.


El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Llamazares.


Turno de Esquerra Republicana de Catalunya. Señor Puig, por favor. (El señor vicepresidente, Gil Lázaro, ocupa la Presidencia.)

El señor PUIG CORDÓN: Gracias, señor presidente.


Señorías, nuestro grupo ya manifestó en Comisión que el proyecto de ley sobre la prevención del fraude fiscal quedaba corto. Esta reforma para nosotros es tímida y no podía ser de otra manera después del acuerdo al que han llegado con el Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió).
Nuestro grupo mostró ganas de colaborar para intentar mejorar esta ley y que atacase de forma clara y contundente la prevención del fraude fiscal.
En ese sentido, en el trámite en Comisión aceptamos tres transaccionales que el Grupo Parlamentario Socialista presentó y que entendíamos que iban en esa línea de colaboración para mejorar esa ley que ustedes planteaban cuando estaban en la oposición. Eso es así, hoy esa ley ya no es la que ustedes habían planteado cuando estaban en la oposición y, por eso, repetimos, se queda en una reforma tímida. Indudablemente hay unas mejoras, por eso hemos aceptado, pero hubiese sido mejorable si hubiésemos trabajado como mínimo en transaccionar más enmiendas de las que ha presentado mi grupo parlamentario, ya que hubiesen aportado mejoras a esta ley que pretende prevenir y luchar contra el fraude fiscal. Me parece que esta tenía que haber sido la opción escogida por el Grupo Parlamentario Socialista. Ya hubo un mal principio, que fue en la reforma del IRPF, ya lo dijimos desde esta tribuna, que ustedes, otra vez, prefirieron llegar a un acuerdo, legítimo, con Convergència i Unió, por lo que los máximos beneficiarios de la reforma fiscal no

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fueron las clases medias, las clases populares, sino las que tienen rentas más altas, como así lo han reconocido expertos en el resultado de esta reforma fiscal que en su momento Convergència aceptó y que representará un coste superior para las comunidades autónomas, porque soportarán parte de esa rebaja fiscal de las rentas altas, principalmente la Comunidad Autónoma de Cataluña, tal como le dije al señor Sánchez i Llibre.


Las enmiendas transaccionadas fueron tres. No sé si el Grupo Socialista tenía mucha voluntad de que fuera así, pero el deseo de nuestro grupo de poder llegar a un acuerdo para hacer de esta ley un buen instrumento para la prevención del fraude fiscal nos llevó a aceptar la transaccional a nuestras enmiendas 51, 54 y 55. El resto de nuestras enmiendas, algunas de las cuales coinciden con las de otros grupos, están vivas y creemos que mejorarían el efecto que tiene que tener esta ley, pero ustedes no han querido entrar en esa negociación. En consecuencia, nuestro grupo parlamentario entiende que, aunque hay unas pequeñas mejoras, se quedan cortas y, por tanto, esta ley no va a servir para luchar verdaderamente contra el fraude. Han preferido un acuerdo con Convergència i Unió y así ha salido la ley. Se lo digo sinceramente, la ley se queda corta. A partir de su entrada en vigor veremos los resultados que obtendrá Hacienda en la lucha contra el fraude y comprobaremos si los objetivos que ustedes predicen se cumplen o no. Nuestro grupo parlamentario entiende que no va a ser así.


En cuanto a las enmiendas del resto de los grupos parlamentarios, ya manifestamos nuestra posición en Comisión. Algunas son técnicas y las apoyaremos. Respecto a las enmiendas de los grupos del Bloque Nacionalista Galego y de Izquierda Unida que coinciden con las nuestras, también las votaremos favorablemente. El sentido de nuestro voto a este proyecto de ley sería la abstención porque tenemos serias dudas de que esto represente un avance importante en la lucha contra el fraude. Igual que ocurrió con la reforma del IRPF, se ha quedado en un tímido avance.
Esperemos que con el paso del tiempo ustedes recuperen la tradición del Grupo Socialista y vuelvan a hacer políticas más progresistas, en beneficio de la mayoría de los ciudadanos y no solo para ciertos lobbies.
Me parece que este no es el papel del Partido Socialista.


Muchas gracias.


El señor VICEPRESIDENTE (Gil Lázaro): Muchas gracias, señor Puig.


Para la defensa de las enmiendas en nombre del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), tiene la palabra el señor Sánchez i Llibre.


El señor SÁNCHEZ I LLIBRE: Muchas gracias, señor presidente.


Señoras y señores diputados, nuestro grupo parlamentario de Convergència i Unió ha pactado con el Grupo Parlamentario Socialista este proyecto de ley que hoy estamos debatiendo para la prevención del fraude fiscal, y lo hemos hecho con todas sus consecuencias. Nos congratulamos del resultado de este acuerdo ya que, desde nuestra perspectiva, en este proyecto de ley se establecerán medios más efectivos y más modernos para poder combatir el fraude fiscal.


Señorías, yo discrepo de algunas afirmaciones que han hecho los portavoces de los dos grupos parlamentarios que me han precedido en el uso de la palabra en el sentido de que ellos representan a las fuerzas progresistas del Estado español, cuando lo que han demostrado es que han sido realmente incapaces de hacer progresar el país donde han gobernado.
Progresismo quiere decir progreso y, hasta hoy, el progreso solamente lo han demostrado algunas fuerzas políticas, como Convergència i Unió, que a lo largo de los últimos 23 años ha llevado a Cataluña a unas cotas insospechadas. No es progresismo lo que han hecho los grupos que han gobernado Cataluña en los últimos tres años, es decir, Iniciativa per Catalunya, Izquierda Unida e Izquierda Verde (ICV-EUiA), muchas siglas juntas, y Esquerra Republicana conjuntamente con el PSC de Cataluña, que, más que progresar, lo que han hecho es retroceder al pasado. Progresismo es progresar, y si alguna fuerza progresista existe en este Congreso de los Diputados es Convergencia i Unió. Me parece muy bien que ustedes hablen siempre de progreso, pero no sé a qué tipo de progreso se refieren. Progresar es avanzar, y donde han estado ustedes siempre hemos retrocedido. Por tanto, quisiera hacer esta aclaración solamente a efectos del "Diario de Sesiones".


Vamos ya directamente al grano. Todavía existen mecanismos que no se han incorporado a esta ley de fraude fiscal que lógicamente, desde nuestro punto de vista, comportarían una lucha más eficaz contra el fraude fiscal, porque no hay que olvidar -y lo ha dicho la representante del BNG- que en España existe un 25 por ciento de economía sumergida, y desde esta perspectiva tendríamos que utilizar todos los medios de los que dispone la Agencia Tributaria -y posteriormente me referiré a la misma-, para intentar buscar, canalizar y aflorar esta economía sumergida, porque esto va en detrimento de la economía productiva más competitiva y que está declarando todos sus impuestos habitualmente. Por tanto, hay una bolsa de fraude que probablemente todos sabemos donde está operando, y no sé por qué motivo desde la Agencia Tributaria no se ponen los mecanismos suficientes para poder desenmascararla. Hoy, si hacemos un estudio estadístico de dónde están operando todas las inspecciones, veremos que la mayoría de ellas lo hace en clientes, en compañías, en sujetos pasivos o en familias que satisfacen sus impuestos tradicionalmente y con la máxima efectividad. Por tanto, señorías, continuamos pensando que existe una agujero muy importante de economía sumergida, en el que el Ministerio de Hacienda y la Agencia Tributaria deberían destinar el máximo esfuerzo.


También es cierto que nuestro grupo parlamentario planteó en el trámite de esta ley en la Comisión correspondiente una enmienda que correspondía a unas inquietudes importantes del cuerpo de subinspectores y del

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cuerpo técnico de la Agencia Tributaria española. Siempre hemos mantenido a lo largo de estas últimas legislaturas una sensibilidad con todos los cuerpos de inspección, con los subinspectores y los inspectores, y siempre habíamos pensado que para luchar contra el fraude era necesario una unidad de trabajo conjunto entre los mismos. Esta es una responsabilidad única y exclusiva de la Administración tributaria y del Ministerio de Hacienda, y hoy lo que existe en estos momentos en la Agencia Tributaria es un problema latente entre estos cuerpos, entre los superiores y los técnicos. ¿Qué hemos hecho desde Convergència i Unió? Como siempre, escuchamos a todos los colectivos y personas que nos vienen a ver y hemos recogido esta sensibilidad, la hemos presentado y la hemos negociado con el grupo parlamentario que apoya al Gobierno y hemos llegado a una solución. No es la solución que estos cuerpos técnicos nos planteaban, estoy de acuerdo, pero teníamos que buscar una. Convergència i Unió no está gobernando en el Estado español y nunca podremos hacerlo, porque somos un partido con una representanción territorial y no aspiramos a tener la mayoría en esta Cámara. Por tanto, es una solución que le corresponde dar al Gobierno o al grupo parlamentario que le apoya.
La solución planteada es correcta, es muchísimo mejor lo que está en estos momentos en el dictamen de la ley que lo que había anteriormente, que no había absolutamente nada. De entrada, queda muchísimo camino por recorrer, pero animaría al grupo parlamentario que da soporte al Gobierno a que influyese en el Gobierno para que resuelva esta papeleta. No podemos estar con un conflicto interno en la Agencia Tributaria porque repercute negativamente en el trabajo de inspección. Realmente lo que va a favorecer este conflicto interno es que no existan inspecciones y que el fraude sea un poco más generalizado. Por tanto, entendemos que esta es una responsabilidad única y exclusiva del Gobierno y que lo han de resolver.


Desde Convergència i Unió hemos sido capaces de plantear esta papeleta en el Congreso de los Diputados y hemos llegado a una transacción con el grupo parlamentario mayoritario, que creo que ha sido también votada por algunas otras fuerzas parlamentarias. Ahora bien, la papeleta está encima de la mesa, el problema sigue subsistiendo y lo único que podemos hacer en Convergència i Unió es animar al Gobierno a que se ponga las pilas para resolver esta situación que, repito, no beneficia en ningún sentido a la imagen que pueda dar desde un punto de vista corporativo la Agencia Tributaria. Por parte de Convergencia i Unió nos podemos comprometer desde esta tribuna a estar atentos a este compromiso que se tradujo en la enmienda transaccional que aprobamos la semana pasada en la Comisión, a hacer el seguimiento correspondiente y a seguir siendo un grupo parlamentario receptivo a todos los sectores, tanto el sector de los cuerpos técnicos como de los cuerpos superiores, para intentar resolver esta situación.


Planteamos también otra cuestión dirigida al cuerpo superior de vigilancia fiscal y aduanera porque entendíamos que valdría la pena buscar una solución a este colectivo tan importante; no ha sido posible, pero repito que hay una situación latente, hay una enmienda transaccional; pienso sinceramente que hay un reconocimiento por parte del Gobierno de que esta situación anómala existe y hay que resolverla. Yo no me quiero extender más en esto, solo decirles que desde Convergència i Unió vamos a estar a favor de que se resuelva esta situación.


Habíamos mantenido la enmienda 85, pero ya hemos llegado a un acuerdo con el Gobierno para poderla resolver técnicamente en el Senado, por lo que la retiramos, lo que menciono para que los servicios técnicos de la Cámara puedan tomar debida nota. Desde el punto de vista de las enmiendas aceptadas en la negociación parlamentaria, consideramos que el pacto que hemos mantenido con el Grupo Socialista es realmente progresista porque vamos a hacer progresar la Agencia Tributaria para que sea más efectiva con el fraude. No hemos hecho caso de todas aquellas enmiendas que hacían retroceder en la lucha contra el fraude porque no eran progresistas y, en este sentido, creo que hemos atinado. Por tanto, mostramos nuestra satisfacción porque hemos resuelto una cuestión que afectaba a la tributación y a las retenciones de las facturas de los autónomos. El Gobierno planteaba el 3 por ciento y hemos llegado al acuerdo de que sea el uno por ciento; es un mal menor, pero pienso sinceramente que gran parte del colectivo de los autónomos lo agradecerá.


Finalmente quiero destacar algunas enmiendas transaccionales que iban en la dirección de poder rebajar todas aquellas deudas tributarias que, sin que medie la inspección, gozarán de unas rebajas sustanciales si hay una declaración voluntaria, y algunos aspectos que hacen referencia a todas las luchas contra las tramas de fraude de IVA para que todas aquellas personas que no estuvieran involucradas en las mismas puedan, a través de unas mejoras técnicas que hemos sustanciado en la ley, no verse perjudicadas por las sanciones y por la responsabilidad subsidiaria que inicialmente estaban perfectamente reflejadas en esta ley.


Muchas gracias.


El señor VICEPRESIDENTE (Gil Lázaro): Muchas gracias, señor Sánchez i Llibre.


La Presidencia quiere hacer constar a efectos del "Diario de Sesiones" su agradecimiento a la cortesía de la señora Castillejo, en nombre del Grupo Parlamentario Socialista, y de la señora Madrazo, en nombre del Grupo Parlamentario Popular, que facilita que el señor Mardones, en nombre del Grupo Parlamentario de Coalición Canaria-Nueva Canarias, pueda defender sus enmiendas en este acto. Muchas gracias.


El señor MARDONES SEVILLA: Muchas gracias, señor presidente, y muchas gracias a la cortesía de los Grupos Parlamentarios Popular y Socialista.
Seré breve respondiendo a esa cortesía. Vamos a mantener para el trámite de votación las enmiendas números 2, 3, 4, 5 y 11

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del Grupo Parlamentario de Coalición Canaria, que doy por defendidas dado que ya se habló de ellas en la Comisión. Tendría que remitirme al texto correspondiente y para no ser reiterativo quedan defendidas en los términos de la justificación que opera en manos de todas SS.SS, lo que me permite hacer omisión de esta extensión. Como he dicho, para los servicios de la Cámara, solamente se someten a votación las enmiendas que he citado.


Muchas gracias.


El señor VICEPRESIDENTE (Gil Lázaro): Muchas gracias, señor Mardones.


Para la defensa de las enmiendas, en nombre del Grupo Parlamentario Popular tiene la palabra la señora Madrazo.


La señora MADRAZO DÍAZ: Muchas gracias, señor presidente.


Señorías, la postura del Grupo Parlamentario Popular en la lucha y prevención del fraude fiscal ha estado y estará siempre claramente posicionada a favor de su persecución. Compartimos totalmente las palabras dichas en esta tribuna por el portavoz de Convergència i Unió sobre lo que es progresismo y aquello que no lo es, y pensamos sinceramente que la sociedad no avanza gracias a las políticas de izquierda sino, muchas veces, a pesar de las políticas de izquierdas.
(Rumores.)

Consideramos que el comportamiento defraudatorio es -y lo hemos repetido en muchas ocasiones- insolidario y antisocial, que produce graves perjuicios a los contribuyentes que cumplen honestamente con sus obligaciones fiscales. Por tanto, medidas legislativas cuyo objetivo sea atajar de verdad estos comportamientos serán siempre bien recibidas por mi grupo, pero nunca podremos dar nuestro apoyo a un proyecto de ley que, por un lado, desde nuestro punto de vista, no aporta nada nuevo y, en consecuencia, constituye una más de sus campañas de marketing a las que ya el Gobierno socialista nos tiene acostumbrados. Por otro lado, muchas de las medidas que se recogen en este proyecto constituyen lo que desde mi grupo hemos denominado patada tributaria al contribuyente, por lo que contienen de merma de las garantías jurídicas y de un aumento de la inseguridad jurídica en el campo tributario, complejo y muchas veces susceptible de interpretación. En consecuencia, mi grupo no puede aceptar ese tipo de medidas.


Este es un proyecto de ley absolutamente vacío de contenido, porque es la consecuencia inmediata de un plan de prevención del fraude fiscal que contenía 300 medidas que se anunciaron a bombo y platillo a los ciudadanos, diciéndoles que el Gobierno socialista iba a perseguir y sancionar debidamente a los defraudadores. Pero ustedes saben que esas 300 medidas no eran más que un compendio de otras que se venían aplicando ya en la Agencia Tributaria cuando el Partido Popular tuvo la responsabilidad de gobernar. En los planes de control y de objetivos que anualmente elaboraba y elabora la Agencia Tributaria, se venían ya centrando las actuaciones de la inspección de Hacienda en fenómenos donde se encuentran localizadas las mayores bolsas de fraude, como son las tramas de IVA, el sector inmobiliario, la emisión de facturas falsas, los paraísos fiscales, etcétera. Por tanto, nada nuevo y más de lo mismo con la acostumbrada campaña publicitaria. Todas estas actuaciones que la Agencia Tributaria ya venía desarrollando desde hace años, ustedes las han convertido en un plan de prevención del fraude fiscal que no es más que eso: un resumen y un compendio de lo que existía, con el gran envoltorio de frases grandilocuentes, como la de: vamos a sacar a los inspectores a la calle, cuando la realidad que todos conocemos es que no se ha adoptado ninguna medida en este sentido.


Pero si es malo lo que deja de hacer este proyecto de ley, que no contiene más medidas para la prevención del fraude que el propio título de la ley, es peor lo que hace, que es mermar -como he dicho anteriormente- las garantías jurídicas de los contribuyentes y hacerles en algunas ocasiones responsables y cómplices del fraude, creando, a nuestro juicio, situaciones de auténtica indefensión jurídica en una materia complicada y sensible, como es la tributaria. Además, les hace cómplices y responsables basándose en unos conceptos absolutamente ambiguos, que solo contribuyen a crear situaciones de inseguridad jurídica.


Otro aspecto que ustedes introducen en este proyecto de ley, y que no nos gusta en absoluto, es un aumento de las obligaciones formales. Se trata de dar más información a la Administración tributaria, suministrar más información, más libros registro, más facturas y más papeles. ¿No les parece realmente injusto cargar siempre las tintas sobre los mismos, sobre aquellos contribuyentes cumplidores que aportan sus facturas, sus libros registro? ¿Por qué no se centran más en investigar y perseguir a aquellos que no cumplen con sus obligaciones fiscales con Hacienda?

En un proyecto de ley que contiene diez artículos es llamativo que se hayan presentado 151 enmiendas, especialmente en una materia tan compleja y tan difícil como es la tributaria. El Grupo Popular en concreto ha presentado 32, por cierto, todas ellas rechazadas tras su debate en la Comisión de Economía y Hacienda, como prueba, una vez más, de que el Partido Socialista no quiere llegar a ningún tipo de acuerdo con el Partido Popular, aunque algunas de ellas eran coincidentes con las de otros grupos que sí han conseguido incorporarse al dictamen final de la Comisión. No me voy a detener en cada una de estas enmiendas porque evidentemente me excedería del tiempo que tengo asignado para mi intervención, pero sí haré mención de las que me parecen más significativas. Por un lado, propusimos un grupo de enmiendas destinado a suprimir la redacción que este proyecto de ley da a determinados artículos. Nos gustaba más la redacción que estos artículos tenían con anterioridad. En este primer grupo mencionaré el cambio que se ha hecho en la tributación de las operaciones vinculadas, pasando de una facultad potestativa de la Administración consistente en poder comprobar valores, a una obligación por parte del contribuyente de declarar valores de mercado y

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además de aportar la documentación que lo justifique. Por otro lado, nos ha parecido importante la supresión del nuevo supuesto de responsabilidad subsidiaria en las tramas de IVA, porque no nos parece de recibo en un Estado de derecho con unas mínimas garantías jurídicas hacer responsable al empresario que adquiera unas mercancías de las deudas tributarias de sus proveedores antecesores. Pero si además se definen en el proyecto de ley conceptos como: debieran razonablemente presumir, o precios notoriamente anómalos, y se apoya en estos conceptos para hacer cómplice al contribuyente, sinceramente entendemos que se vulnera el principio de seguridad jurídica. Tanto es así que el propio Grupo Socialista se ha visto obligado a introducir una enmienda que intenta delimitar y precisar más este nuevo supuesto de responsabilidad, pero la redacción de este artículo nos sigue pareciendo realmente inaceptable y además vulnera los criterios de la Sentencia, de 11 de mayo de 2006, del Tribunal de Justicia de la Unión Europea. Nuestro grupo considera, que en los nuevos supuestos que se establecen de levantamiento del velo societario a efectos del establecimiento de responsabilidades en materia tributaria, es importante continuar manteniendo en estos supuestos el control judicial para ofrecer mayores garantías jurídicas. Asimismo, somos partidarios de seguir manteniendo el trámite de audiencia previa al interesado en los casos de traslado del expediente de la vía administrativa a la vía judicial por existir indicios de delito fiscal.
Todas ellas persiguen mayores garantías jurídicas. Por último, también nos oponemos al establecimiento de una retención para los contribuyentes en módulos.


Hay otro grupo de enmiendas que se han incorporado como, por ejemplo, la reducción del 25 por ciento de los recargos por regularización voluntaria, que hemos presentado varios grupos y que finalmente se ha incorporado al dictamen, cosa que alegra a nuestro grupo. Otra serie de enmiendas introducían aspectos novedosos e importantes para combatir eficazmente el fraude fiscal, de las que podríamos destacar la creación de un registro de morosos, la potenciación de la denuncia pública tributaria, la mejora de la coordinación de la Agencia Tributaria con otras instituciones como el Banco de España o la Comisión Nacional del Mercado de Valores, el incremento del número de plazas y especialistas de jueces y magistrados destinados a conocer de las resoluciones en materia tributaria, etcétera.


Sin embargo, quizás la mayor contradicción e incoherencia entre el discurso político del actual Gobierno y la realidad de los hechos que les desmienten son, por un lado, los medios materiales y humanos puestos a disposición de la Agencia Tributaria y, por otro lado, su falta de compromiso político real en la lucha contra el fraude cuando están poniendo en tela de juicio con la aprobación de los nuevos estatutos de autonomía cuál será el modelo de Agencia Tributaria en el futuro. Porque, ¿cuál es el modelo de Agencia Tributaria que este Gobierno propone y quiere para el futuro? Sinceramente no lo sabemos. ¿El modelo de las 17 agencias tributarias? ¿Realmente saben cuál va a ser ese modelo futuro? En este sentido, quisiera destacar que el Grupo Parlamentario Popular presentó una enmienda para blindar las actuales competencias de la Agencia Tributaria en todo el territorio nacional, porque lo contrario va en perjuicio de la efectiva persecución del fraude fiscal.


Por último hemos presentado un conjunto de enmiendas destinadas a aumentar los recursos materiales y humanos a disposición de la Agencia Tributaria para que constituyan realmente una herramienta eficaz en la lucha contra el fraude. Tenemos una potente organización como la Agencia Tributaria, que ha tenido una brillante evolución desde su creación en el año 1991.
Su trabajo ha sido objeto de reconocimiento nacional e internacional y tenemos trabajando en ella unos funcionarios cuya profesionalidad y entrega ha estado siempre fuera de toda duda. Trabajan con una enorme responsabilidad y estoy segura de que asumirían nuevos proyectos y nuevos trabajos encantados, siempre que se les dote de los medios necesarios para ello.


Para concluir mi intervención, diré que mi grupo votará favorablemente algunos artículos de este proyecto de ley que, aunque no constituyen novedades importantes para combatir el fraude, sí consideramos que mejoran en alguna medida algunos textos vigentes, por lo que el Grupo Parlamentario Popular votará a favor de unos artículos y en contra de otros.


Muchas gracias.


El señor VICEPRESIDENTE (Gil Lázaro): Muchas gracias, señora Madrazo.


¿Desea fijar posición el Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV)? (Denegaciones.)

Gracias, señor Esteban.


Finalmente, para fijar posición en nombre del Grupo Parlamentario Socialista tiene la palabra la señora Castillejo.


La señora CASTILLEJO HERNÁNDEZ: Gracias, señor presidente.


Señora Madrazo, no andan ustedes muy finos últimamente, puesto que parece contradictorio afirmar al mismo tiempo que esta ley que hoy volvemos a debatir en este Pleno es un refrito de medidas anteriores y, por otro lado, que las medidas propuestas son excesivas, aumentan las cargas formales o generan inseguridad, porque si esas medidas existían con anterioridad, los vicios que se le achacan no serían responsabilidad de este Gobierno, sino del Gobierno del Partido Popular. Un partido que, cuál es nuestra sorpresa, hoy compite también por ser más progresista que nadie, por cierto, una competición en la cual el Partido Socialista no necesita participar, porque los hechos nos avalan y también los ciudadanos. Durante los distintos trámites que ha tenido esta ley, hemos reiterado nuestro compromiso con la prevención y lucha contra el fraude fiscal, un compromiso plasmado no solo en el programa electoral del Partido Socialista, sino también en el discurso de investidura del presidente del Gobierno. Nuestro grupo considera que las actitudes defraudatorias

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conllevan graves consecuencias para la sociedad en su conjunto, ya que no solo suponen una merma para los ingresos públicos, sino que además condicionan el nivel calidad de los servicios públicos y las prestaciones sociales.


Desde el comienzo de esta legislatura, el Gobierno se planteó que la prevención y la lucha contra el fraude es un objetivo prioritario de su acción, de su política, y fruto de ese objetivo político se puso en marcha el Plan de prevención del fraude fiscal. Ese plan, que se basa en el refuerzo de la investigación y de la disuasión del fraude, se ha dirigido a la modificación del modelo de control reforzando los mecanismos de integración y coordinación. El plan de prevención esbozaba algunas propuestas necesitadas de modificaciones de carácter legal, concretadas en este proyecto de ley, que introduce, como se ha dicho ya, cambios en distintas normas, entre las que se encuentra la Ley General Tributaria y las leyes reguladoras de distintos tributos. Este proyecto, que después del trámite en Comisión ha mantenido e incluso mejorado sus principales rasgos, pretende combatir distintos tipos de fraude de especial gravedad. En ese sentido, quiero volver a hacer un repaso de los principales objetivos. En lo que hace referencia al sector inmobiliario, se establece la obligación de incluir en la escritura pública los medios de pago utilizados en la compra de un inmueble y el NIF de los que intervienen para poder inscribirla en el Registro de la Propiedad, con el objetivo de conocer con precisión los datos de las transacciones inmobiliarias y evitar la utilización de dinero negro en las operaciones de compra-venta inmobiliaria. Además, establece la exigencia de que los contratos de arrendamiento de suministro de energía eléctrica incluyan la referencia catastral para detectar la existencia de arrendamientos no declarados, pudiéndose verificar si determinados inmuebles están o no ocupados, un procedimiento al cual hemos dotado de mayores facilidades en el trámite del debate de enmiendas en Comisión.


En el ámbito de la lucha contra las tramas de fraude en el IVA, se contempla que pueda exigirse responsabilidad subsidiaria por el IVA no ingresado a las empresas que realicen adquisiciones de mercancías a entidades pertenecientes a tramas de fraude en el IVA. Esta medida se prevé para aquellas empresas que debieran razonablemente presumir que han adquirido mercancías a entidades que no van a ingresar el IVA repercutido y que por ello han obtenido un beneficio extraordinario derivado del impago de los impuestos. Creemos que este nuevo supuesto de responsabilidad subsidiaria se ajusta perfectamente a la jurisprudencia europea, que ha demostrado eficacia práctica en los países de nuestro entorno que lo aplican y no compartimos en ese sentido las enmiendas que proponen su acotación o la eliminación del mismo. Asimismo este proyecto prevé que cuando se aprecien indicios de delito fiscal se remita el expediente al ministerio fiscal sin trámite de audiencia previa al interesado, un trámite que algunos grupos insisten en mantener con sus enmiendas. Sus señorías, conocen que este es un elemento que constituye una excepción en el ordenamiento jurídico, que ha venido concediendo un privilegio a la delincuencia fiscal frente a otros tipos de delitos y que en muchas ocasiones ha puesto en riesgo determinadas investigaciones lo que a nuestro juicio justifica plenamente la eliminación de esta figura.
Además, el proyecto de ley prevé una retención del uno por ciento después del acuerdo con Convergència i Unió en las facturas emitidas por los empresarios en régimen de estimación objetiva destinadas a otros empresarios. Esta retención, cuya única misión es el control, contribuirá a evitar la emisión de aquellas facturas falsas emitidas por determinados empresarios de este régimen con el objetivo de que otros empresarios puedan deducir gastos y cuotas ficticias. Entendemos que esta retención no va a producir un aumento en las obligaciones fiscales al pequeño contribuyente -como se ha afirmado-, ya que la mayoría de los empresarios en módulos solo se relacionan con consumidores finales. También se establece la revocación del número de identificación fiscal a sociedades o entidades ficticias o inactivas con la misión de impedir inscripciones en los registros públicos y la realización de movimientos en sus cuentas mientras no se les rehabilite el NIF o se obtenga otro nuevo.


Otra gran apartado de esta ley está destinado a los paraísos fiscales. Las novedades introducidas pretenden prevenir el fraude que se ampara en la falta de información y opacidad propia a los paraísos fiscales y otros territorios de nula tributación. Sin duda una de las novedades que más enmiendas ha recibido por parte de los grupos parlamentarios es el nuevo tratamiento que se otorga a las operaciones vinculadas. El objetivo principal de las normas previstas en esta materia y con las modificaciones que también hemos introducido en Comisión, es adaptar la normativa española a los métodos de valoración y a las exigencias de documentación adoptadas por numerosos países en el marco de las recomendaciones de la OCDE, con la finalidad de garantizar que los valores y precios declarados en operaciones vinculadas sean los precios de mercado. Este elemento, del cual entendemos que no establece nuevas obligaciones ni genera inseguridad jurídica -como se ha afirmado-, contribuye a evitar que se transfieran rentas de una entidad a otra para disminuir o diferir su tributación. Finalmente también se modifican algunas medidas previstas en fase recaudatoria, previendo que cuando se utilicen sociedades interpuestas para eludir el pago de las obligaciones tributarias, la Administración podrá exigir directamente la responsabilidad tributaria a quien tenga el control efectivo de las sociedades defraudadoras.


En la tramitación de este proyecto se han presentado muchas enmiendas, la gran mayoría entendemos que con carácter constructivo, pero que mi grupo o bien no comparte o entendemos que no se deberían incluir en un proyecto cuyo contenido material es esencialmente tributario y concretamente dirigido y destinado a la prevención del fraude. Ese es el caso de las distintas propuestas destinadas a plasmar las reivindicaciones laborales de distintos colectivos de funcionarios de la Agencia Tributaria, algunos de cuyos representantes están hoy aquí. En este punto quiero reiterar nuestro reconocimiento a los funcionarios

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del cuerpo técnico y la labor que desempeñan, haciendo frente a una parte importantísima de la carga de trabajo de la Agencia Tributaria. En ese sentido entendemos que, dada la actual situación, se hace necesario dar una respuesta a sus perspectivas y carrera profesional, una respuesta desde el marco del diálogo, desde el marco de la Función pública, plasmada en una enmienda transaccional ya incorporada al dictamen que, por cierto quiero que quede bien claro, ha sido apoyada por todos los grupos de la Cámara a excepción del Grupo Popular que se abstuvo y presentó una bastante similar; una enmienda que establece la obligación del Gobierno de llevar a cabo un estudio que desemboque en un plan operativo de recursos humanos con el objetivo de posibilitar el desarrollo de la promoción profesional de este colectivo entre otros aspectos.


No quisiera entrar de nuevo en las críticas vertidas concretamente por parte del Grupo Popular con respecto a varias cuestiones que ya debatimos tanto en Comisión como en el debate de totalidad, pero quiero volver a manifestar la falsedad que encierra la afirmación sobre el fraccionamiento de la Agencia Tributaria. Es falso que con los nuevos Estatutos de autonomía -ni con el catalán ni con el valenciano ni con ninguno- se vaya a fraccionar la Agencia Tributaria y es falso que se ponga en peligro la actividad de esta en relación con la lucha contra el fraude; más bien al contrario -se lo dijo también el vicepresidente en el debate de totalidad-, a mayor cooperación entre las administraciones tributarias, a mayor intercambio de información y a mayor trabajo conjunto, más posibilidades tendremos de evitar y combatir el fraude. Por tanto, sobre la base de estos criterios, mi grupo adoptó en Comisión, y lo hará hoy, su posición de voto con respecto a las enmiendas de otros grupos. Hay una serie de correcciones técnicas que hemos trasladado a los grupos, también a la señora letrada, que solicitaríamos que se incorporen al dictamen. En todo caso, y para finalizar, valoramos positivamente aquellas aportaciones constructivas que entendemos han contribuido a mejorar este proyecto de ley, el cual -tenemos la convicción- contribuirá a dar una nueva orientación a la prevención y lucha contra el fraude fiscal, ese gran elemento de inequidad de nuestro Estado de bienestar.
(Aplausos.)

El señor VICEPRESIDENTE (Gil Lázaro): Muchas gracias, señora Castillejo.


-PROYECTO DE LEY ORGÁNICA DE PROTECCIÓN DE LA SALUD Y DE LUCHA CONTRA EL DOPAJE EN EL DEPORTE. (Número de expediente 121/000082.)

El señor VICEPRESIDENTE (Gil Lázaro): Finalizado este punto del orden del día, pasamos al último. Dictamen de Comisión del proyecto de ley orgánica de protección de la salud y de lucha contra el dopaje en el deporte.


En primer lugar, para la defensa de las enmiendas presentadas por el Grupo Parlamentario Mixto, tiene la palabra la señora Fernández. (La señora ministra de Educación y Ciencia, Cabrera Calvo-Sotelo, pide la palabra.)

La señora FERNÁNDEZ DAVILA: Gracias, señor presidente.


Queremos defender las enmiendas...


El señor VICEPRESIDENTE (Gil Lázaro): Perdón, ruego me disculpe, señora Fernández, y ruego me disculpe, señora ministra, porque no la había visto. Estaba más pendiente de la señora Fernández, que creía que se iba, que de su señoría.


En nombre del Gobierno tiene la palabra la señora ministra.


La señora MINISTRA DE EDUCACIÓN Y CIENCIA (Cabrera Calvo-Sotelo): Muchas gracias, señor presidente.


Señorías, la Ley orgánica de protección de la salud y de lucha contra el dopaje en el deporte que hoy se votará en el Pleno del Congreso de los Diputados es resultado de más de un año de intenso trabajo, de diálogo y de escucha con los agentes implicados, por supuesto con los deportistas, tanto los de alta competición profesional como los practicantes y aficionados de alguna actividad física y deportiva, pero también con una amplia relación de especialistas en disciplinas muy distintas, así como cuantas personas, organizaciones y dirigentes del sistema deportivo español han querido aportar sus opiniones. Antes de su aprobación por el Consejo de Ministros para ser remitido al Parlamento, este proyecto de ley ha superado los preceptivos dictámenes de la Agencia de Protección de Datos, del Consejo General del Poder Judicial, del Consejo Fiscal y del Consejo de Estado. Los cuatro dictámenes fueron aprobados por unanimidad de los órganos constitucionales que los emitieron y sus recomendaciones han sido incorporadas al texto. Es de destacar también el hecho de que sean cuatro los departamentos ministeriales coproponentes del proyecto de ley, Educación y Ciencia, Justicia, Sanidad y Consumo e Interior, una evidencia más de la ambición de una iniciativa de carácter integral que busca el impulso de una acción transversal de los poderes públicos, así como de la complejidad que ha revestido su puesta a punto en forma de un texto articulado.


La ley que van a votar SS.SS. es una consecuencia directa del Plan de acción integral contra el dopaje en el deporte, aprobado por el Consejo de Ministros el 11 de febrero del pasado año. El plan incluía 59 medidas concretas, casi todas ellas ya en marcha, que se proyectan en los ámbitos de la prevención, el control y la sanción del dopaje en el deporte, sin embargo, algunas de las medidas previstas, muy especialmente las más novedosas y de mayor alcance, requieren para ser más efectivas y acordes a nuestro ordenamiento jurídico y al consenso internacional alcanzado en la lucha contra el dopaje en el deporte,

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de medidas y de reformas legales que este proyecto de ley orgánica recoge y sistematiza en su texto articulado.


Quiero destacar y agradecer a todos los grupos parlamentarios de esta Cámara un hecho relevante, el consenso político alcanzado en los debates y conversaciones que han jalonado la tramitación parlamentaria de la ley en la Comisión de Educación y Ciencia, precedido por opiniones favorables al texto expresadas por una serie de expertos en la materia ante la ponencia constituida al efecto.


Señorías, el preámbulo y el texto articulado de esta ley orgánica de protección de la salud y de lucha contra el dopaje en el deporte llega al Pleno de esta Cámara respaldado por una votación abrumadoramente favorable en la Comisión parlamentaria en que se ha tramitado: 32 votos a favor, una abstención y ningún voto en contra. Además, todas las enmiendas transaccionales fueron aprobadas por unanimidad y se aceptaron enmiendas de todos los grupos parlamentarios que presentaron alguna propuesta de modificación al texto inicial: la Chunta Aragonesista, el Bloque Nacionalista Galego, el Partido Nacionalista Vasco, Esquerra Republicana de Catalunya, Convergència i Unió y Partido Popular.
Permítanme destacar en este punto el esfuerzo y el trabajo desarrollados por el actual equipo del Consejo Superior de Deportes, liderado por la Secretaría de Estado para el Deporte, en el largo proceso de gestación, elaboración material, debate social y tramitación parlamentaria de esta ley orgánica. Diversas razones avalan y explican el compromiso político que el Gobierno ha mantenido a favor de la salud de los deportistas y en la lucha contra el dopaje en el deporte, así como la voluntad resuelta de mantener, como hasta ahora, una política de tolerancia cero contra estas prácticas. La posición del Gobierno refuerza el creciente consenso internacional en torno a la consideración del dopaje en el deporte como una lacra social cuya peligrosidad aumenta, amenazando así los valores éticos que dan sentido y fundamentan la competición deportiva. Ante esta amenaza, una actitud tolerante y permisiva por parte de la sociedad y de los poderes públicos provoca la rápida extensión del problema más allá de la alta competición deportiva hasta convertirse en un grave problema de salud pública, un problema que además deteriora la convivencia social al consagrar la idea de que, con tal de ganar, todo está permitido. Así lo percibe también una amplia mayoría de la sociedad, como lo demuestran los datos extraídos por el Centro de Investigaciones Sociológicas de su encuesta del año 2005. En el caso del deporte profesional, el uso de sustancias o el recurso a métodos prohibidos para mejorar el rendimiento físico en la competición resultan incompatibles con la ética deportiva, las reglas de una competición entre iguales y los principios del juego limpio. Asimismo, es una práctica socialmente peligrosa que mina gravemente la salud e integridad de deportistas profesionales y aficionados, además de socavar valores educativos que la práctica deportiva comporta en el desarrollo y formación integral de las personas, en especial de los niños, adolescentes y jóvenes. El dopaje en la práctica deportiva es resultado de una combinación de factores individuales, culturales, sociales, económicos y fisiológicos. Prevenir su expansión y poner los medios necesarios para erradicarlo es una obligación de los poderes públicos derivada del mandato constitucional de promover el deporte y, en consecuencia, preservarlo de aquellas amenazas que desvirtúan sus dimensiones ética, cultural y saludable, en tanto que es uno de los fenómenos sociales más relevante, exitoso y característico de nuestro tiempo. En torno a esta idea básica, el Comité Olímpico Internacional, las federaciones deportivas y gobiernos de los cinco continentes han ido forjando en los últimos años un amplio consenso internacional que ha permitido la puesta en marcha de la Agencia Mundial Antidopaje y la aprobación de un código mundial antidopaje. Ambos hechos son una referencia insoslayable para los países comprometidos en la lucha contra el dopaje a la hora de armonizar sus legislaciones respectivas.


Los objetivos principales que motivan, pues, esta iniciativa legislativa del Gobierno son los siguientes. En primer lugar, dar respuesta a una creciente preocupación ciudadana ante la amenaza social del dopaje, que pone en riesgo la salud pública en general y, más particularmente, la salud e integridad de los deportistas, tanto en la alta competición profesional como en la práctica deportiva de carácter recreativo y saludable que desarrollan hoy más de 12 millones de mujeres y hombres en este país. En segundo lugar, proteger los fundamentos de la competición deportiva entre iguales, el principio de jugar bajo unas mismas reglas, sin trampas y sin que nadie goce de ningún tipo de ventajismo. Se trata, en suma, de defender los valores del juego limpio y la dimensión formativa del deporte que tanto ayudan a forjar el carácter de las personas, la confianza en sí mismas, la disciplina libremente asumida y el desarrollo de hábitos saludables que mejoran su calidad de vida. En tercer lugar, cumplir el compromiso del Gobierno de considerar la lucha antidopaje una prioridad, desarrollando una política de tolerancia cero y una acción de los poderes públicos que se extienda mucho más allá del ámbito estrictamente deportivo. En cuarto lugar, armonizar nuestra legislación con el consenso alcanzado en materia de lucha contra el dopaje en el deporte, con la incorporación a nuestro ordenamiento de los compromisos internacionales recientemente alcanzados, que persiguen un deporte limpio de dopaje gracias a la acción concertada de los poderes públicos y de las organizaciones del sistema deportivo internacional. En quinto lugar, situar a España y nuestra legislación contra el dopaje en el grupo de países que lideran la ofensiva internacional contra el dopaje en el deporte.


En los dos últimos años, las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado han llevado a cabo en España las operaciones policiales más exitosas e importantes desarrolladas en Europa para desmantelar redes ilegales que trafican con sustancias prohibidas en el deporte. El compromiso del Gobierno, iniciativas como esta ley orgánica y la acción decidida de los poderes públicos en este terreno, han obtenido el reconocimiento internacional de la Agencia Mundial Antidopaje, que eligió Madrid como

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sede de la III Conferencia mundial contra el dopaje que se celebrará en el año 2007.


Quiero reiterar el hecho de que primero el plan antidopaje, y desde septiembre pasado el anteproyecto de ley orgánica, han sido objeto de un amplio e intenso debate social con las organizaciones deportivas y las asociaciones profesionales de deportistas. Antes de su aprobación como proyecto de ley el Gobierno arbitró un trámite de audiencia pública y remitió el texto en forma de anteproyecto para ser sometido a la consideración de un amplísimo espectro de entidades deportivas españolas e internacionales. Asimismo, se han firmado convenios de colaboración con la organización médica colegial y organizaciones profesionales de deportistas masculinos y femeninos de fútbol, baloncesto, balonmano, ciclismo, atletismo y fútbol sala, con el objeto de que asesoren al Consejo Superior de Deportes en el desarrollo reglamentario de la ley. La Ley orgánica de protección de la salud y de lucha contra el dopaje en el deporte, sometida hoy a la consideración de SS.SS., se estructura en cuatro títulos precedidos de un preámbulo y se complementa con una serie de disposiciones adicionales, transitorias, derogatoria y finales. Se regula la organización administrativa de la protección de la salud y de la lucha contra el dopaje; la obligación de someterse a controles de dopaje y de salud, detallando el alcance y las garantías que estos deben cumplir; el régimen de infracciones y de sanciones en esta materia y el tratamiento a seguir con los datos más sensibles relativos al dopaje en el deporte, así como su estricta adecuación a nuestra legislación sobre protección de datos. El Título II supone una novedad en nuestro ordenamiento jurídico y en la legislación internacional, puesto que regula las medidas de control y de supervisión de productos, medicamentos y complementos nutricionales que contienen sustancias prohibidas en la actividad deportiva. En el Título III se hace efectiva la tutela penal de la salud pública en actividades relacionadas con el dopaje, que castiga al entorno, hasta ahora impune, del deportista mediante la incorporación de un nuevo artículo 361bis al Código Penal. Además, el Título IV establece un sistema de información en materia de protección de la salud y de lucha contra el dopaje en el deporte abierto a la participación y cooperación interterritorial de las comunidades autónomas.


Las principales novedades que la ley introduce en nuestro ordenamiento son las siguientes. La reforma de cuatro leyes vigentes y la modificación de los títulos VIII y XI de la Ley del Deporte en lo referente a la normativa sobre dopaje y disciplina deportiva, que ha estado en vigor durante los últimos 15 años. En este tiempo, esta amenaza social, sanitaria y deportiva ha experimentado un cambio inquietante y vertiginoso, razón por la que el ámbito de aplicación de la ley afecta tanto al deporte profesional de alta competición como a la práctica deportiva de base. Asimismo, la Ley orgánica incorpora en sus disposiciones finales la modificación de determinados preceptos de la Ley de Seguridad Ciudadana con el fin de facilitar la acción de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado en la represión del dopaje, especialmente en establecimientos deportivos, como tiendas de complementos nutricionales o gimnasios, que podrán ser clausurados en caso de vender ilegalmente y favorecer el consumo de sustancias susceptibles de producir dopaje entre sus clientes. Se modifica también algún precepto de la Ley reguladora de la jurisdicción Contencioso-administrativa, de forma que la tramitación administrativa de los expedientes sancionadores por dopaje se agilice lo máximo posible, sin mermar por ello las garantías de los deportistas afectados. Incorpora la extracción de muestras sanguíneas en la realización de controles de dopaje en nuestro país. Regula la creación y puesta en marcha de la Agencia Estatal Antidopaje, como organismo de prevención, control e investigación, que se regirá, además de por esta ley, por la Ley de agencias estatales para la mejora de los servicios públicos. Asimismo, configura un organismo de nueva creación, la Comisión de Control y Seguimiento de la Salud y el Dopaje, que será el organismo que impulse y coordine los esfuerzos de las distintas administraciones públicas en estas materias. Se establece también la localización y realización de controles por sorpresa fuera de la competición, incorporando una serie de límites horarios y de procedimiento que preservan el derecho al descanso, a la intimidad y a la dignidad de los deportistas profesionales. Incorpora a nuestra legislación la posibilidad de efectuar un control, inspección y posible decomiso de sustancias prohibidas en botiquines de los equipos médicos que intervienen en competiciones deportivas. Establece un nuevo procedimiento administrativo, que tiene como finalidad acortar plazos, evitar dilaciones en la resolución de expedientes sancionadores por dopaje e introducir una fórmula arbitral de resolución de expedientes que desincentive el sistemático recurso a la justicia ordinaria en caso de expedientes sancionadores por haber dado positivo en controles de dopaje.
Regula las sanciones por venta ilegal de suplementos nutricionales que contengan sustancias prohibidas en el deporte y peligrosas para la salud y, por último, pone en marcha la tarjeta de salud del deportista y la realización de controles de salud a los deportistas españoles de alto nivel. En definitiva, señorías, si esta ley orgánica obtiene su respaldo el Gobierno espera conseguir más eficacia en la política de tolerancia cero contra el dopaje, una mejor protección de la salud de los deportistas y un mayor compromiso social con una cultura del juego limpio, incompatible con la impunidad de las trampas y de los juegos tramposos. El consenso político alcanzado por esta Ley orgánica de protección de la salud y de lucha contra el dopaje en el deporte demuestra, una vez más, que el deporte es un lugar de encuentro abierto y sin barreras en el que tienen cabida todos los colores y sensibilidades, que une y cohesiona a la sociedad. Un espacio idóneo para desarrollar consensos básicos y políticas de Estado que hagan del acceso universal al deporte un derecho básico de ciudadanía.


El Gobierno en su conjunto, y este ministerio en concreto, estamos firmemente comprometidos en seguir trabajando con todos los grupos parlamentarios de esta

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Cámara para fortalecer y desarrollar el consenso social y político alcanzado en torno al deporte y a este ley orgánica que me cabe el honor de someter a la consideración y el voto soberano de sus señorías.


Muchas gracias. (Aplausos.)

El señor VICEPRESIDENTE (Gil Lázaro): Muchas gracias, señora ministra.


En turno de defensa de sus enmiendas, en nombre del Grupo Parlamentario Mixto, tiene la palabra la señora Fernández.


La señora FERNÁNDEZ DAVILA: Gracias, señor presidente.


Voy a exponer nuestra posición respecto a este proyecto de ley, y sobre todo respecto de las enmiendas que mantenemos vivas, que solamente es una. Estamos a favor de un deporte limpio, que deberá desarrollarse a través de un sistema de deporte educativo, favorecido y fortalecido por sistemas integrales de lucha contra el dopaje, donde el proyecto de ley que hoy debatimos, cuando entre en vigor, deberá ser en España un punto de inflexión. Por tanto, compartimos con la Confederación española de institutos y facultades de Ciencias de la Actividad Física y del Deporte que la Ley orgánica de protección de la salud y de la lucha contra el dopaje en el deporte es acertada, convencidos de que será un buen instrumento para la lucha contra el dooping y de que, además de contribuir a la protección de la salud pública e individual en el deporte, aumentará el juego limpio en la competición, que tanto afecta a los niños, jóvenes y deportistas en formación por el modelo que significan los deportistas, por el rol de profesor-entrenador y por el reparto de responsabilidades que requieren de la participación de la familia, de la comunidad escolar y vecinal, de los políticos y de los medios de comunicación.


A este proyecto de ley presentamos cinco enmiendas, tres de las cuales, la 81, 82 y 85, fueron incorporadas al dictamen a través de transacciones; la 83 la mantenemos y esperamos tenga la aceptación de esta Cámara y retiramos la enmienda 84.


Muchas gracias.


El señor VICEPRESIDENTE (Gil Lázaro): Muchas gracias, señora Fernández.


Para la defensa de sus enmiendas, en nombre del Grupo Parlamentario Vasco, tiene la palabra el señor Esteban.


El señor ESTEBAN BRAVO: Gracias, señor presidente.


Evidentemente, nuestro grupo comparte con el resto de los grupos parlamentarios la necesidad de la lucha contra el dopaje en el deporte, la necesidad de una regulación en este ámbito, que ha sufrido un desarrollo espectacular en los últimos tiempos. Desde la relativamente reciente creación de la AMA ha habido avances, tímidos pero avances, en el control del dopaje en algunas legislaciones autonómicas, como, por ejemplo, la Ley vasca del deporte, y se ha avanzado mucho a nivel internacional, y ahora corresponde hacerlo a nivel más local en todos estos ámbitos, porque los sucesivos casos de dopaje a los que está asistiendo la ciudadanía provocan perplejidad en ella y una desconfianza, muchas veces no acertada, hacia personas que son consideradas referentes y modelos por muchos jóvenes en el mundo deportivo, que es muy atractivo y que tiene muchas potencialidades en el desarrollo de nuestra sociedad.


En este ámbito entramos en materia de deporte, y la materia deportiva, las competencias deportivas son exclusivas de las comunidades autónomas, como ha sido declarado una y otra vez por el Tribunal Constitucional. Por eso, la verdad es que me han extrañado un poco las palabras de la ministra cuando afirmaba que es el ámbito adecuado para establecer consensos básicos y políticas de Estado. No sé si una competencia exclusiva es exactamente el mejor ámbito para hacer políticas de Estado. Uno podría pensar que como el objetivo es justo, es loable, la persecución del dopaje es algo que todos debemos apoyar sin más, no deberíamos reparar en otros asuntos. Sin embargo, yo creo que el examen de la ley, si bien debe abarcar esos aspectos estrictos, también debe abarcar otros como el reparto competencial y el carácter propio de la ley. Por una parte, un carácter orgánico que ha sido muy debatido, que pensamos, junto con otros grupos, que no era necesario en esta ley precisamente por la exclusividad de las competencias autonómicas, y una delimitación competencial que se ha ido definiendo, ciertamente ha habido un diálogo fluido con el Gobierno para delimitar las competencias de esa futura agencia estatal del dopaje y las competencias autonómicas, pero que aún así crean un sistema complejo y alambicado.


Nuestra idea en el ámbito no de lo autonómico o de lo competencial, sino en cuanto al contenido de la ley era reforzar la dureza de la ley contra todas aquellas actitudes favorables al dopaje. En ese sentido nos congratulamos de que haya habido un acuerdo para que las enmiendas en las que nos oponíamos al perdón absoluto en el caso de confesión por parte de los deportistas se haya dejado en una parcial remoción de la sanción. Nos congratulamos también de que, más allá de una lista de profesionales que rodean a los deportistas, entrenadores y preparadores físicos, se hable ya en la ley del entorno del deportista, porque son unos mundos cada vez más complicados, en los que intervienen más profesionales y a veces no profesionales directamente implicados con el deportista, y creemos que es mucho más apropiado que la ley abarque esto de manera más general.


Nos hubiera gustado que en esta lucha por el dopaje se hubiera ido un poquito más allá, no solo en cuanto a los controles médicos, sino también en la posibilidad de interrogatorios a los deportistas. Ciertamente, hemos avanzado desde el texto inicial. Hay que reconocer que el secretario de Estado ha tenido una actitud comunicativa desde el primer momento y que ha habido algunos aspectos en los que hemos ido avanzando, por ejemplo, en la delimitación de los artículos orgánicos o en centrar

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un poquito más el ámbito competencial del Estado a través de la modificación del artículo 1. También queremos dejar claro que no todas las competiciones en las que participen deportistas de otros países o cualquier competición internacional deben ser necesariamente competencia de la agencia estatal. Entendemos que, dependiendo del ámbito y de quién sea el promotor de esa competición, el control del dopaje debe corresponder al ámbito autonómico. También se ha llegado a un acuerdo en cuanto a la tarjeta de salud, que aunque no es completamente satisfactorio para nosotros, abre una puerta a posibles acuerdos futuros.
Si ya hay un sistema de servicios de salud completamente desarrollado, en el que se ha armonizado el funcionamiento de las diferentes administraciones autonómicas y del ministerio correspondiente, podríamos utilizar ese modelo y servirnos de él para la emisión de la tarjeta de salud del deportista. De hecho, lo que nosotros defendíamos en nuestra enmienda es que, tal y como se hace hoy en día, fuera la propia comunidad autónoma la que emitiera esa tarjeta. Es cierto que va a haber algunos deportistas de alto nivel que van a gozar de unos derechos que otros no van a alcanzar, pero no creemos que eso sea un impedimento, conociendo además quiénes son esos deportistas, para que esa tarjeta fuese emitida por las propias comunidades autónomas.


También entendemos, aunque no ha sido aceptado, que la modificación que se hace del Código Penal, con cuyo contenido coincidimos, por pura técnica legislativa, debería haber sido encuadrada en una disposición adicional, como se ha hecho con las modificaciones de la Ley Contencioso-Administrativa o de Seguridad Ciudadana. Creemos que esto también se debería haber hecho en el ámbito del Código Penal.


En cualquier caso, nos tememos que va a haber tensiones a la hora de aplicar esta ley -ojalá nos equivoquemos-, porque en algunos casos da la sensación de que los ámbitos competenciales están en una cierta nebulosa.
De las enmiendas que tenemos vivas, quiero centrarme en tres aspectos que nos parecen fundamentales. Vamos a mantener, aunque sea simbólicamente, las enmiendas que plantean la no necesidad de la agencia estatal. De hecho, quiero subrayar un asunto que ya ha salido en la sesión de hoy en otro punto del orden, que es la denominación de la agencia. En la Ley de Agencias Estatales, es la única que tiene apellido. Según nos viene del Senado, parece ser que se quiere denominar agencia estatal antidopaje de España. Si esto no es necesario con el resto de las agencias, no entendemos que tenga que serlo aquí, a no ser que se pretenda que tenga un reflejo en el ámbito internacional. Eso me lleva a la siguiente reflexión. Mantenemos una enmienda que consideramos importante, que es la número 40. Si tenemos competencia exclusiva en materia deportiva y las comunidades autónomas pueden crear -y esto no lo niega ningún grupo parlamentario- sus propios organismos antidopaje, estos organismos deben poder integrarse en los organismos internacionales que entiendan de la misma materia. En otros países existe esa posibilidad. Hagamos que esto se refleje claramente en la ley, por si alguien tenía alguna duda. No parece que los grupos parlamentarios mayoritarios, concretamente el grupo del Gobierno, estén por la labor de aceptar esto. A nuestro grupo le da la sensación de que no solo se pretende impedir la presencia de los niveles autonómicos en la competición, sino que se intenta impedir cualquier otro tipo de representación, como puede ser la de los organismos técnicos de lucha contra el dopaje. En este sentido, nos parece preocupante ese apellido que podría adoptar la Agencia Estatal Antidopaje. Además, no concuerda con los acuerdos y con el texto que se mantiene en estos momentos en el proyecto de ley.


Por último, mantenemos la enmienda -y con esto voy finalizando, señor presidente- número 76. Es una reivindicación que mantenemos en todos los debates de deporte y también queríamos reflejarla en esta ley. Esta enmienda pretende modificar la Ley de Deporte -entendemos que en puridad no sería necesario, pero nos dicen los grupos mayoritarios que sí lo es- en el sentido de que pueda haber a nivel oficial selecciones deportivas autonómicas. Es una enmienda reivindicativa, en la que insistiremos una y otra vez que se traten materias deportivas en el ámbito de esta Cámara.


Quisiera señalarle, antes de finalizar mi intervención, señor presidente, que voy a retirar las enmiendas 34, 63, 64 y 80, que se refieren a la modificación del Código Penal y que son más bien de técnica legislativa.
Una de ellas es a la exposición de motivos. Esas enmiendas quedarían retiradas y también voy a dar por retirada la enmienda número 39, dada la modificación que se hizo en su momento del artículo 1.2. Mantuve reservas en la Comisión, pero que entiendo que debería retirarla después del acuerdo alcanzado con el Grupo Parlamentario Socialista y el resto de los grupos.


Por último, señalarle que me gustaría, si fuera posible, que nuestras enmiendas se votarán en conjunto, excepto las enmienda números 40 y 76, para las que solicito votación separada.


Muchas gracias.


El señor VICEPRESIDENTE (Gil Lázaro): Muchas gracias, señor Esteban.
(Rumores.)

Señorías, el nivel de murmullo en la Cámara es excesivo y a buen seguro que perturba a los oradores. Ruego una cierta moderación.


Para la defensa de sus enmiendas, en nombre del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), tiene la palabra el señor Grau.


El señor GRAU I BULDÚ: Gracias, señor presidente.


Señorías, comparezco ante ustedes en nombre del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió) para expresar nuestra posición ante el proyecto de ley orgánica de protección de la salud y de lucha contra el dopaje en el deporte. Queremos empezar diciendo que saludamos en su día, y lo seguimos haciendo ahora, la llegada de este proyecto de ley. Era una necesidad reclamada

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a gritos por la sociedad y por todo el mundo del deporte. Queremos dejar claro que los mismos dirigentes deportivos y los deportistas en general querían y quieren esta ley. Esta es una ley antitramposos, antiaquellos que quieren llegar más lejos haciendo trampas, utilizando instrumentos ilegales que además perjudican la salud del deportista. Por ello, Convergència i Unió quiere que quede claro, quiere dejar constancia de que el deporte en España es limpio en su inmensa mayoría. Pero -siempre hay un pero- hay poquísimos, pero poquísimos -todas las excepciones confirman la regla-, que deben ser perseguidos y castigados. Por tanto, esta ley es una positiva y como tal le damos la bienvenida.


Cuando llegó el proyecto de ley a esta Cámara nuestro grupo no veía ni valoraba la ley como lo hace hoy, después de los trabajos parlamentarios.
Hoy vemos bien su contenido y nuestro voto inicial, que hubiera sido negativo, hoy será muy diferente y, por tanto, daremos nuestro voto favorable a esta ley. ¿Y por qué? Porque era una ley que invadía competencias de las comunidades autónomas con competencias en el deporte, como es el caso de Cataluña, y porque existían algunos déficits en su contenido que hacían que nos pareciese que esta ley no reflejaba la realidad político-deportiva del Estado. Por esto, nuestro grupo presentó doce enmiendas, la mayoría de las cuales, sobre todo las de contenido competencial, han sido aceptadas e incluidas en el proyecto que hoy se nos presenta. Esto me permite reiterar, como ya dejó constancia nuestro portavoz en su intervención en la Comisión, don Josep Maldonado, la voluntad negociadora existente por parte del secretario de Estado, señor Lissavetzky, y de su equipo del Consejo Superior de Deportes. Esta voluntad permitió acercar posiciones y votar hoy a favor de esta ley, aunque entendemos que hay algunos elementos que no se llegaron a incorporar, entre ellos la agencia estatal antidopaje. Por ello mantenemos vivas nuestras enmiendas 129, 130, 131, 132, 136 y 137, con el ánimo de que hoy los grupos mayoritarios reconsideren su posición y cambien la postura que manifestaron en la Comisión; en caso de que no sea así, para que quede constancia de nuestra posición en estos temas.


Pormenorizando nuestro comentario sobre las enmiendas, la enmienda 129 pretende conseguir un alto grado de armonización u homogeneización en el tratamiento del dopaje en nuestro país, transfiriendo todos los aspectos relacionados con la lucha antidopaje a la agencia estatal antidopaje. La enmienda 130 pretende establecer que la comisión antidopaje de Cataluña pueda determinar que las pruebas en Cataluña son de obligado control de antidopaje. Esto está basado en las competencias exclusivas que Cataluña tiene ya en materia deportiva. Las enmiendas 131, 132 y 133, así como la 129, pretenden clarificar las competencias de esta agencia estatal antidopaje. Y la enmienda 136 pretende enmendar el error de ignorar la existencia de las federaciones deportivas autonómicas, sobre todo teniendo en cuenta el gran papel que juegan en Cataluña como instrumento de dirección y dinamización del deporte y que en Cataluña tenemos la figura de la UFEC, la Unió de Federacions Esportives de Catalunya, entidad que aglutina a todas las federaciones catalanas. La enmienda 137 pretende reforzar el papel de las comunidades autónomas y de sus competencias.


Una vez explicadas y defendidas nuestras enmiendas, quería resaltar también algunos aspectos positivos de la ley. Hemos dicho al iniciar esta intervención que la ley era necesaria para la salud de los deportistas y para mantener en la sociedad la opinión de que los deportistas son gente honesta, por definición; pero también hacía falta un aviso para navegantes, y me explico. Esta ley les dice a los tramposos, a los infractores, que no quedarán impunes sus actos de consumo o de facilitar a otros el consumo de drogas o elementos tóxicos. Este es un aspecto que nuestro grupo considera muy importante porque queremos destacar que esta ley pena y condena no solo al que consume productos prohibidos, sino también al que los proporciona o incita al consumo. Esto es muy importante porque, hasta ahora, muchas veces los deportistas eran engañados por su entorno y el inductor quedaba exento; ahora no será así.
Entendemos que esta es una buena ley para facilitar el control y penalizar a todos los que están relacionados con el dopaje, sin excluir a los inductores.


Valoramos que se aprobara por unanimidad, entre otras, la enmienda 127, que pretendía que la agencia de antidopaje se llamara agencia estatal antidopaje. Esta enmienda se presentó con el único objetivo de adecuar la nomenclatura a la realidad territorial de España, que es un Estado autonómico, y pretende que de la Ley de Agencias Estatales, que vamos a votar hoy, se exceptúen las agencias de cooperación y de antidopaje como españolas. Previamente al acuerdo con el ministro señor Sevilla, se decidió que pasaría a llamarse agencia estatal de antidopaje y el texto recoge íntegramente lo que se aprobó en la Comisión por unanimidad, aunque hemos oído cantos de sirena que nos alertan de que el grupo que sostiene al Gobierno, el Partido Socialista, podría intentar...
(Rumores.)

El señor VICEPRESIDENTE (Gil Lázaro): Perdóneme, señor Grau. Señorías, ruego un mínimo de delicadeza con la persona que está en el uso de la palabra. La Presidencia no tiene ninguna vocación de intervenir en el debate ni de llamar la atención a SS.SS., pero el señor Grau está haciendo un auténtico ejercicio por poder desempeñar bien su trabajo y se merece el respeto de todos. Muchas gracias. Continúe, señor Grau.


El señor GRAU I BULDÚ: Gracias, presidente, por su amparo.


Decía que el Grupo Socialista podría intentar cambiar en el trámite del Senado el nombre de la agencia y ponerle el de agencia estatal española.
Ya anuncio que con este acto político se rompería un pacto establecido con un ministro y nuestro grupo podría variar el sentido de su voto en el Senado. Esta enmienda se presentó en coherencia con el artículo 134 del proyecto de estatuto, recientemente aprobado por el pueblo de Cataluña, y sería muy triste que, después de la apuesta del presidente Zapatero

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para que este Estatut fuera adelante, ahora, a los pocos días y en la primera ocasión después de su aprobación, su partido tuviera una iniciativa contraria al mismo.


Quiero destacar la enmienda número 135, que se nos aprobó y que para nosotros representó una importante mejora para la ley. Incorpora un artículo al Código Penal en el que se castigará con penas de prisión, con multas y con inhabilitación, a aquellos que, sin justificación, prescriban, proporcionen, dispensen, suministren o administren a deportistas federados no competitivos, a deportistas que practiquen el deporte con fines no competitivos o de recreo o a deportistas que participen en competiciones organizadas en España por entidades deportivas, sustancias prohibidas. Hay que destacar que se amplía también a aquellos deportistas que practican el deporte no competitivo, que no son deportistas de alto nivel; la ley obliga a estos deportistas que, sin precisarlo y sin necesidad de hacer marcas, podrían ser inducidos, por razones de estética, en gimnasios o en otras instalaciones deportivas, a tomar anabolizantes, sustancias tóxicas o dopajes, que fueran nocivos para la salud. Si hablamos de protección del deportista, esta categoría tenía que incluirse y nosotros lo agradecemos.


Podríamos extendernos en otras consideraciones de la ley, pero para no excedernos en el tiempo acabamos anunciando nuestro voto favorable en el Congreso a esta ley, en aras del juego limpio en el deporte, proclamando una vez más que para Convergència i Unió los deportistas practican el mens sana in corpore sano y solo unos pocos nos obligan a hacer esta ley, al igual que lo han hecho la mayoría de los países europeos.


Muchas gracias.


El señor VICEPRESIDENTE (Gil Lázaro): Muchas gracias, señor Grau.


Pasamos al turno de fijación de posiciones. En primer lugar, en nombre del Grupo Parlamentario de Coalición Canaria-Nueva Canarias, el señor Mardones.


El señor MARDONES SEVILLA: Mi grupo, señor presidente, no había formalizado ninguna enmienda porque estamos conformes con el texto y con las resoluciones que se han tomado y vamos a votarlo favorablemente. Se trata de un proyecto de ley necesario ya que, por las denuncias que ha habido reiteradamente en determinadas actividades deportivas, la práctica del dopaje debe ser perseguida con todos los instrumentos legales. De ahí nuestro voto de apoyo al proyecto.


Muchas gracias.


El señor VICEPRESIDENTE (Gil Lázaro): Muchas gracias, señor Mardones.


A continuación, en nombre del Grupo de Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya Verds, la señora García Suárez.


La señora GARCÍA SUÁREZ: Gracias, señor presidente.


Nuestro grupo parlamentario tampoco ha presentado enmiendas a este proyecto de ley, porque en general consideramos que es un buen ejemplo de legislación completa y que, una vez aprobado, podrá ser una buena herramienta para luchar contra el dopaje en el deporte, ya sea de elite o recreativo.


En primer lugar, consideramos que eso es así porque el objetivo prioritario de la ley es la salud de los deportistas, con la introducción de la tarjeta sanitaria y preservando derechos fundamentales de este colectivo en lo relativo a la privacidad y confidencialidad en la protección de datos de carácter personal. En segundo lugar, porque se introduce la criminalización para determinadas actividades relacionadas con el dopaje que pretenden acabar con la impunidad que rodeaba hasta ahora el entorno del deportista y a los inductores a prácticas dopantes.
Por último, desde mi grupo parlamentario hemos considerado de vital importancia la prevención de determinadas sustancias tanto en el dopaje en el deporte de alto nivel como en la actividad deportiva no competitiva -gimnasios y centros escolares-, unido a los mecanismos de control y supervisión de productos, medicamentos y complementos nutricionales que contengan sustancias prohibidas en la actividad deportiva. Puede ser un buen instrumento para prevenir el dopaje, luchar contra el mismo y crear buenas prácticas en las actividades deportivas.


Por todos estos motivos y esperando que los grupos parlamentarios que han mantenido enmiendas para este Pleno puedan llegar a acuerdos y que esta ley pueda ser aprobada con el mayor consenso posible, mi grupo parlamentario votará a favor del dictamen de la Comisión y felicita, ya que está presente, a la ministra de Educación por esta ley.


Muchas gracias.


El señor VICEPRESIDENTE (Gil Lázaro): Muchas gracias, señora García Suárez.


En nombre del Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana de Catalunya tiene la palabra el señor Canet.


El señor CANET COMA: Gracias, señor presidente.


Señorías, Esquerra Republicana va a apoyar, como ya hizo en la Comisión de Educación y Ciencia, el conjunto del proyecto de ley de protección de la salud y de lucha contra el dopaje, aun manteniendo ciertas diferencias.
Lo vamos a apoyar, entre otras razones, porque estamos convencidos de que la legislación española dejaba hasta ahora huérfanas a las autoridades deportivas y sanitarias para luchar contra el dopaje. Siempre hemos pensado que hacían falta instrumentos legales contundentes, y queremos recordar que en Cataluña están desde hace tiempo ya en marcha.


A pesar de esta coincidencia inicial, presentamos en su momento una enmienda a la totalidad. Estábamos y estamos de acuerdo en que la ley es necesaria y en que tiene la virtud de dar un enfoque global a la lucha contra el dopaje, pero considerábamos que no tenía suficientemente en cuenta las competencias de las comunidades

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autónomas, algunas de las cuales, como Cataluña, y ya lo he comentado, llevan tiempo apostando por la lucha contra el dopaje. No disentíamos de la filosofía, de los planteamientos del proyecto de ley, sino que discrepábamos en cómo y quién debía aplicar los instrumentos que contiene. Creemos que el proyecto inicial no establecía la lucha contra el dopaje como una coordinación con las comunidades autónomas que quisieran implicarse, una coordinación que es fundamental, porque la lucha contra el dopaje no es posible sin la colaboración de todas las administraciones públicas.


De ahí nuestra enmienda a la totalidad, seguida luego de una larga batería de enmiendas al articulado que partían de una premisa: la Generalitat de Catalunya y las comunidades autónomas que lo deseen deben poder implicarse plenamente en la lucha contra el dopaje, con las siguientes funciones: ejecutar las medidas y actuaciones antidopaje que adopte la Administración del Estado en el ámbito de sus competencias; determinar y ejecutar las actuaciones antidopaje en las comunidades autónomas sobre los deportistas que no compitan bajo la tutela u organización de una federación española -esta tarea se debe realizar en el ámbito de los organismos autonómicos y sobre la base, en el caso de Cataluña, del decreto antidopaje de Cataluña, actualmente en fase de elaboración y concreción-; determinar, coordinar y ejecutar las actuaciones antidopaje de las comunidades autónomas en cualquier tipo de competición más allá de las ejecutadas a instancias de la Administración central, debiéndose establecer los necesarios mecanismos de coordinación, y desarrollar la protección de la salud de los deportistas en el ámbito competencial que les es propio.


Pensamos también que debía clarificarse el ámbito competencial de la Administración General del Estado en la lucha contra el dopaje en la protección de la salud. A nuestro entender, en lo referente al mundo deportivo se ha de tener en cuenta la transferencia exclusiva de competencias a las comunidades autónomas. La intervención de la Administración General del Estado debe limitarse en este ámbito deportivo que gire en torno a las competiciones oficiales de ámbito estatal o internacional, organizadas o promovidas por las federaciones españolas, y a los deportistas que participen. El resto de la intervención en el ámbito del deporte, incluida la ejecución de las medidas determinadas por la Administración central, corresponde a las comunidades autónomas por sí mismas o por medio de las federaciones autonómicas, y esta delimitación competencial no estaba clara en el proyecto de ley. Por ello presentamos un paquete de enmiendas que pretendían delimitar con claridad la competencia de la Administración General del Estado en materia de dopaje, limitándola, como he dicho, a las competiciones oficiales de ámbito estatal o internacional, en tanto que promovidas u organizadas por las federaciones españolas, y a los deportistas que participen en estas actividades. Delimitar con claridad la competencia del Estado y de las comunidades autónomas en materia de protección de la salud, al tratarse de un principio constitucional que afecta a las diferentes administraciones públicas. No dar a la ley el carácter de orgánica, como ya ha comentado antes el portavoz del Partido Nacionalista Vasco, y establecer la agencia estatal antidopaje y la comisión de control y seguimiento de la salud y el dopaje como organismos de coordinación con las administraciones de las comunidades autónomas, las cuales ejecutarán las determinaciones estatales en su territorio, las completarán con las actuaciones que crean oportunas, al margen de determinar y ejecutar las actuaciones correspondientes en el ámbito de los deportistas que no estén habilitados para participar en competiciones patrocinadas u organizadas por las federaciones españolas. Por cierto, señora ministra, nos satisface que usted haya utilizado la expresión agencia estatal antidopaje, sin el añadido del apellido España, que ya ha provocado hoy bastantes controversias en puntos anteriores del orden del día, y también en este mismo.


Pese a la reticencia inicial, el proceso de diálogo que se inició con la Secretaría de Estado para el Deporte nos llevó a retirar la enmienda a la totalidad, vista la disposición a introducir cambios que garantizasen las competencias en el ámbito deportivo y sanitario de las comunidades autónomas. Hemos de reconocer que los hechos, aceptación de bastantes enmiendas de los diferentes grupos, han demostrado que las palabras respondían a un interés real por primar el fondo, la lucha contra el dopaje, respetando en buena medida la forma, las competencias autonómicas. El resultado final, fruto de las transacciones, la aceptación y la retirada de enmiendas, ha sido la consecución de un texto que vemos susceptible de apoyar, aun no compartiéndolo en su totalidad.


Muchas gracias.


El señor VICEPRESIDENTE (Vilajoana Rovira): Muchas gracias, señor Canet.


Por el Grupo Parlamentario Popular tiene la palabra el diputado señor González Pérez.


El señor GONZÁLEZ PÉREZ: Gracias, señor presidente.


Señoras y señores diputados, me van a permitir que en mi intervención haga algo que no es habitual en un portavoz de la oposición. Quiero agradecer la presencia en este hemiciclo del secretario de Estado, señor Lizzavetzky, de sus directores generales y de su equipo, porque se ha trabajado duro y bien para conseguir que este proyecto salga con el mayor consenso posible. Quiero hacer una mención especial a la señora ministra, porque no es habitual que un ministro de Educación, del ámbito de la Cultura, en este caso, salga a defender un proyecto que habla del deporte. Muchas gracias, señora ministra. Es algo que hay que tener en cuenta. Al final le diré algo.


Desde el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso nos felicitamos por llegar a este punto del trámite parlamentario con un amplio nivel de acuerdo en esta ley orgánica que tiene como fin mejorar la protección de los deportistas ante el dopaje. Eso ha sido posible porque los proponentes de la ley han aceptado gran parte de las propuestas

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que desde este grupo -y desde otros- se han planteado, mejorando que el modelo de lucha antidopaje sea más claro, en aras de una mejor aplicación de la ley. Las enmiendas del Grupo Popular son fruto de meses de trabajo y seguimiento de la ley, desde que se presentó como anteproyecto hasta su debate actual en el Congreso. A lo largo del proceso manifestamos nuestro desacuerdo con el contenido de muchos artículos de la ley, en consonancia con lo expresado sobre la misma por el Consejo General del Poder Judicial, el Consejo de Estado o la propia fiscalía, quienes emitieron críticas y recomendaciones en sus informes sobre la ley; la mayoría de ellos -hay que decirlo- han sido incluidos a la llegada al Congreso, aunque no todos.


El modelo del Partido Popular y por tanto de este grupo parlamentario pasaba por la creación de una agencia española antidopaje, como única responsable en la materia, integrando la comisión nacional existente en su seno para evitar la duplicidad de funciones. Ello se consigue en buena medida con la enmienda al artículo 4.3, creando un órgano de cooperación, participación e información, que incluya a las comunidades autónomas en su estructura como administraciones con competencias plenas en salud y en deporte, salvo las que tiene el propio Consejo Superior de Deportes. No obstante, desde el Grupo Parlamentario Popular, mantenemos reticencias a los aspectos penales de la ley, ya que, aunque se excluye al deportista de la responsabilidad penal, se le incluye indirectamente en el proceso penal, al incitar a la denuncia de los inductores al dopaje como forma de evitar su responsabilidad y los problemas de derecho al honor y la privacidad, al no existir garantías de plena confidencialidad, por la mera sospecha de haberse dopado.


Estamos de acuerdo con un comentario que ha hecho el portavoz del Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV) con respecto a la exención total de responsabilidad del deportista, porque se podría llegar a unas circunstancias un tanto rocambolescas. Todos sabemos que en el mundo del deporte se mueven muchísimos millones y eso podría ser motivo de que en algún club o en algún tipo de actuación con respecto al dopaje de un deportista pudiera haber un chivo expiatorio pactado para que el deportista tuviera la exención de la responsabilidad administrativa -no de la penal, que no la tendría en ningún caso-, a través de la sanción federativa correspondiente, pudiera seguir participando en la competición y el chivo expiatorio se comiera el marrón, dicho en términos coloquiales. Es un tema que tendremos que seguir vigilando y que tendremos que estar encima de él, porque podría ser una vía de escape que ningún grupo parlamentario ni ninguna persona que ame el deporte, como los que estamos aquí debatiendo esta cuestión, quiere llegar a ver en ningún caso. Se quieren evitar las insinuaciones y las filtraciones de posibles nombres de deportistas a raíz de un sumario, como la operación Puerto que acabamos de ver. Mientras que el juez no haya decretado diligencia alguna en relación con presuntos afectados, ¿quien repararía el daño y la imagen del deportista si luego no hay inculpación del delito? Es uno de los temas que más nos preocupa. No obstante, estamos hablando de una ley orgánica, lo que implica precisamente que puede afectar a los derechos fundamentales de la persona y este sería un punto básico sobre el que tenemos nuestras reticencias, que no son óbice para que apoyemos el proyecto, en este caso el dictamen de la Comisión.


Nuestra duda continúa sobre lo recogido en la ley, y ahí no ha habido acuerdo con el Gobierno, porque prescribir -en el sentido de indicar- qué medicamento tiene que tomar u ofrecerlo queda en entredicho y parece que son hechos delictivos. Es uno de los temas que nos preocupan. Muchos de los grupos farmacológicos prohibidos no ponen en peligro la vida o la salud de nadie y ese es un tema a tener en cuenta. Simplemente aumentan el rendimiento del deportista, adulterando, eso sí, los resultados de la competición. Sería la parte administrativa y la parte federativa la que tendría que intervenir en estos casos. El deportista siempre podrá hablar de engaño; la famosa frase de: me dijeron que eran vitaminas.
Consecuencia: el culpable será el médico, el profesional sanitario o aquel que esté en el entorno. Seguimos creyendo que con la normativa actual, el Código Penal, se puede perseguir el tráfico y los entornos y, si no, la operación Puerto es el mejor ejemplo. La criminalización de estas conductas hace que puedan ser incluidas en el tipo básico de delitos contra la salud pública o en algún otro de los ya existentes en nuestro Código Penal de la misma categoría. Estamos de acuerdo con el Consejo General del Poder Judicial cuando afirma que, si ya se cuestionaba con carácter general la necesidad y conveniencia del recurso al derecho penal a estos efectos, anticipar criminalizando la respuesta penal al mero ofrecimiento, sin esperar siquiera a la eventual actualización del riesgo para la salud del deportista derivada de la aceptación, debe considerarse excesivo. Por otro lado, anticipar la consumación del delito del mero ofrecimiento de la sustancia o método prohibido solo tendría sentido si el riesgo para la salud se produjese en todo caso con la ingestión de la misma o con la práctica de aquel, lo que equivale a decir cuando la sustancia o el procedimiento fuesen por su propia naturaleza esencialmente nocivos o lesivos para la salud. Como ha señalado el Tribunal Constitucional, el principio de legalidad impone al legislador el deber de conformar los preceptos legales que determina la potestad sancionadora, especialmente en el ámbito penal, de forma que se deduzca con la máxima claridad posible la conducta prohibida o la acción ordenada, según una sentencia del Tribunal Constitucional.


La disposición al consenso del Grupo Socialista y del Gobierno, la participación en aquellas conversaciones con el secretario de Estado y todas las enmiendas aceptadas con cambios sustanciales para traer al Congreso la ley son los motivos por los que el Grupo Popular va a apoyar este dictamen de la Comisión. Sí es cierto que nuestro objetivo por encima de todo es la defensa suprema del deportista y de sus derechos, con la defensa suprema, precisamente, de algo que ellos representan, que es el deporte español;

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la imagen de ellos será la imagen de este país fuera y dentro.


Ahora me permitirá la señora ministra que le haga una pequeña rectificación y una petición. La rectificación, señora ministra, de su exposición es que no solamente en los dos últimos años en este país se ha trabajado, ha habido antes detenciones y ha habido importantes redadas contra el mundo del dopaje. Hace casi tres años hubo una modificación a través de la ley de acompañamiento de la Ley del Deporte y de algunos aspectos del Código Penal para que esto se pudiera realizar. Por último, señora ministra, recupere el nombre del deporte para su ministerio.


Muchas gracias. (Aplausos.)

El señor VICEPRESIDENTE (Vilajoana Rovira): Muchas gracias, señor diputado.


Por el Grupo Socialista tiene la palabra el señor Jiménez.


El señor JIMÉNEZ PÉREZ: Muchas gracias, señor presidente.


Señoras y señores diputados, quiero que mis palabras en nombre del Grupo Parlamentario Socialista, al que me honro en representar en este debate, sean palabras de agradecimiento a todos los grupos parlamentarios de esta Cámara. Agradecimiento por el interés con el que todos han participado y han debatido y por la voluntad de llegar a acuerdos de todos ellos.
También quiero agradecer de manera especial el enorme trabajo del secretario de Estado y del Consejo Superior de Deportes, señor Lissavetzky, por su impulso, su esfuerzo personal, para llevar a cabo, llevar a buen puerto el desarrollo de esta ley. En segundo lugar, todos hemos de felicitarnos por el consenso social que se ha alcanzado en un tema tan importante como es la protección de la salud del deportista y la lucha contra el dopaje en el deporte. Como decía la señora ministra, este proyecto de ley es el resultado de un año intenso de trabajo y de diálogo con mucha gente: con deportistas, con especialistas en disciplinas deportivas muy distintas y con los sectores y organizaciones del sistema deportivo español. Para mí, creo que para todos, el grado de satisfacción sería máximo si consiguiéramos también hoy, como espero, el consenso político alcanzado en el debate y aprobación de este proyecto en la Comisión de Educación y Ciencia la semana pasada. Este es el deseo del Grupo Parlamentario Socialista, y así se explica el gran número de enmiendas aceptadas y transaccionadas, un total de 68. En su tramitación parlamentaria, el texto ha mejorado sensiblemente con la ayuda de todos y se ha incidido fundamentalmente en el respeto a los ámbitos competenciales nacionales, autonómicos e internacionales, en la prevención y en la protección de la salud de los deportistas, en el control del dopaje y en la reserva y protección de datos de los deportistas.


El proyecto de ley presenta un doble objetivo: por una parte, proteger la salud e integridad de los deportistas y, por otra, respetar las reglas de juego limpio entre iguales, y es una consecuencia directa del Plan de acción integral contra el dopaje en el deporte, aprobado el 11 de febrero de 2005; ha pasado pues casi año y medio. El plan incluía 59 medidas concretas, casi todas ellas puestas en marcha, que se proyectan en los ámbitos de la prevención, el control y la sanción del dopaje en el deporte. El gran objetivo de este plan era el reforzar en la sociedad española la cultura del juego limpio y de un deporte saludable, donde los beneficiarios son los deportistas, las organizaciones deportivas y el público espectador, en definitiva el deporte, y los perseguidos son aquellos que recurren al engaño y se lucran con el tráfico ilegal de sustancias dopantes. La nueva norma regula la organización administrativa de la protección de la salud y lucha contra el dopaje, la obligación de someterse a controles, el régimen sancionador y la adecuación a la legislación española sobre protección de datos relativos al dopaje en el deporte. También precisa las medidas de control y supervisión de productos, medicamentos y complementos nutricionales que contienen sustancias prohibidas en la actividad deportiva. Además, se establece un sistema de información en materia de protección de la salud y de lucha contra el dopaje en el deporte. Este proyecto de ley pretende armonizar la normativa estatal de lucha contra el dopaje con los principios que proclama el código mundial antidopaje, como ya han hecho algunos países de nuestro entorno, que precisamente hoy vamos a ratificar al aprobar los dictámenes de la Comisión de Asuntos Exteriores; concretamente el de la Convención internacional contra el dopaje en el deporte.


Señorías, esta reforma legislativa que propone el Gobierno, para quien la lucha antidopaje es un compromiso político y una prioridad, es totalmente oportuna, sitúa a España en el grupo de países que lideran la ofensiva internacional contra el dopaje en el deporte y rompe con la percepción bastante extendida hasta hace poco tiempo de que éramos un país permisivo con el dopaje. En los dos últimos años las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado han llevado a cabo las tres operaciones policiales más exitosas e importantes desarrolladas en Europa para desmantelar redes ilegales que trafican con sustancias prohibidas en el deporte. El compromiso y la acción decidida del Gobierno en este terreno han obtenido el reconocimiento internacional de la Agencia Mundial Antidopaje al elegir Madrid como sede de la III Conferencia mundial contra el dopaje, que se celebrará el próximo año 2007.


Finalmente, el proyecto de ley presenta una serie de novedades entre las que quiero destacar las siguientes. La modificación de la Ley del Deporte en lo referente a la normativa sobre dopaje, vigente durante los últimos 15 años. En este tiempo esta amenaza social, sanitaria y deportiva ha experimentado un cambio vertiginoso, razón por la que el ámbito de aplicación de la ley afecta tanto al deporte profesional de alta competición como a la práctica deportiva de base con fines recreativos y saludables. Se crea la Agencia Estatal Antidopaje para la gestión de todas las actividades de carácter material en relación con la prevención y el control de la salud del dopaje en el deporte. También se crea la Comisión de control y seguimiento de

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la salud y el dopaje a la que le corresponde la determinación de los controles a realizar, el seguimiento de la actuación de las federaciones deportivas, así como la instrucción y el fallo de los expedientes disciplinarios. Se reforma el Código Penal introduciendo un nuevo artículo que supone el fin de la impunidad que hasta ahora ha rodeado al entorno del deportista, sea este profesional o aficionado. (Rumores.) Hablaré un poco más fuerte. Los controles por sorpresa fuera de la competición se realizarán de modo respetuoso con los derechos de los deportistas, estableciéndose límites horarios que tienden a preservar su derecho a la intimidad personal y familiar. Señorías, la protección del deportista se coloca en el centro del sistema. Se establece un régimen de infracciones y sanciones en materia de dopaje, incluyéndose novedades tendentes a evitar dilación en la tramitación de los expedientes disciplinarios de un modo garantista para el deportista, introduciendo la figura del arbitraje administrativo. Se crea la tarjeta de salud del deportista, generalizando la realización de controles de salud y reconocimientos médicos. (Rumores.)

El señor VICEPRESIDENTE (Vilajoana Rovira): Un segundo, señor diputado.
Por favor, cállense un momento porque no puede acabar el diputado, que lo hará inmediatamente.


Muchas gracias.


El señor JIMÉNEZ PÉREZ: Voy a ser muy breve. Termino ya reiterando mi agradecimiento a todos los grupos parlamentarios, con unas palabras del presidente del Comité Olímpico Internacional: Un campeón es mucho más que un ganador; un campeón es alguien que respeta las reglas de juego, rechaza el dopaje y compite dentro del espíritu de juego olímpico.


Muchas gracias. (Aplausos.)

El señor VICEPRESIDENTE (Vilajoana Rovira): Muchas gracias, señor diputado. Le agradezco el esfuerzo de hablar en este entorno tan complejo.


Llamamos a votación. (El señor presidente ocupa la Presidencia.)

El señor PRESIDENTE: Vamos a proceder a las votaciones de los puntos del orden del día que han sido debatidos esta tarde.


ENMIENDAS DEL SENADO. (VOTACIONES.)

-PROYECTO DE LEY DE SEMILLAS Y PLANTAS DE VIVERO Y DE RECURSOS FITOGENÉTICOS. (Número de expediente 121/000041.)

El señor PRESIDENTE: Comenzamos, en primer lugar, con la votación de las enmiendas del Senado al proyecto de ley de semillas y plantas de vivero y de recursos fitogenéticos. Votación de la enmienda al artículo 31.


Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 307, a favor, 139; en contra, 167; abstenciones, una.


El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.


Votación de las enmiendas al artículo 59.


Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 309; a favor, 309.


El señor PRESIDENTE: Quedan aprobadas.


Votación de la enmienda al artículo 63.


Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 308; a favor, 132; en contra, 176.


El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.


Votación de las enmiendas a los artículos 46 y 62.


Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 307; a favor, 306; abstenciones, una.


El señor PRESIDENTE: Quedan aprobadas.


Votación de las enmiendas al preámbulo y al artículo 27.


Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 308; a favor, 307; abstenciones, una.


El señor PRESIDENTE: Quedan aprobadas.


Finalmente, votamos el resto de las enmiendas.


Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 309; a favor, 309.


El señor PRESIDENTE: Queda aprobado.


-PROYECTO DE LEY DE AGENCIAS ESTATALES PARA LA MEJORA DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS. (Número de expediente 121/000042.)

El señor PRESIDENTE: Votación de las enmiendas del Senado al proyecto de ley de agencias estatales para la mejora de los servicios públicos.
Votación de la enmienda al artículo 23.2

Comienza la votación. (Pausa.)

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Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 308; a favor, 180; en contra, 126; abstenciones, dos.


El señor PRESIDENTE: Queda aprobada.


Votamos la enmienda a la disposición adicional tercera.


Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 308; a favor, 163; en contra, 138; abstenciones, siete.


El señor PRESIDENTE: Queda aprobada.


-PROYECTO DE LEY DE GARANTÍAS Y USO RACIONAL DE LOS MEDICAMENTOS Y PRODUCTOS SANITARIOS. (Número de expediente 121/000066.)

El señor PRESIDENTE: Votación de las enmiendas del Senado al proyecto de ley de garantías y uso racional de los medicamentos y productos sanitarios. En primer lugar, votación de las enmiendas a la exposición de motivos, apartado VIII, párrafo dos y a la disposición adicional duodécima.


Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 309; a favor, 309.


El señor PRESIDENTE: Quedan aprobadas.


Votación de las enmiendas a la disposición adicional cuarta.


Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 309; a favor, 309.


El señor PRESIDENTE: Quedan aprobadas.


Votación de las enmiendas al artículo 3, apartado 3 bis nuevo.


Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 309; a favor, siete, en contra, 302.


El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.


Votación de las enmiendas al artículo 29, apartado dos.


Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 309; a favor, 303; en contra, 6.


El señor PRESIDENTE: Quedan aprobadas.


Votación de la enmienda al artículo 38.


Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 309; a favor, 303; en contra, 5; abstenciones una.


El señor PRESIDENTE: Queda aprobada.


Votación de la enmienda al artículo 40.2.


Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 309; a favor, 127; en contra, 182.


El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.


Votación de las enmiendas al artículo 77.1 y a la disposición adicional decimotercera.


Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 309; a favor, 22; en contra, 158; abstenciones, 129.


El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.


Votación de la enmienda al artículo 81.2, letra h).


Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 306; a favor, 131; en contra, 175.


El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.


Votación de las enmiendas a los artículos 87.2, 91 y 92.


Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 307; a favor, 128; en contra, 177; abstenciones, dos.


El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.


Votación de las enmiendas a la disposición adicional decimocuarta.


Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 308; a favor, 301; en contra, 7.


El señor PRESIDENTE: Quedan aprobadas.


Votación de la enmienda a la disposición final segunda bis nueva.


Comienza la votación. (Pausa.)

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Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 309; a favor, 178; en contra, 130; abstenciones, una.


El señor PRESIDENTE: Queda aprobada.


Votación de las enmiendas a los artículos 11.2, 11.7, 14, título, 14.2, 15, 55, 59.5, 59.8, 62.6, 79, 81.2, letra a) y 90.


Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 308; a favor, 129; en contra, 179.


El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.


Finalmente procedemos a la votación del resto.


Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 309; a favor, 123; en contra, 186.


El señor PRESIDENTE: Queda rechazado. (La señora Fernández Davila pide la palabra.)

Disculpe, señora Fernández.


La señora FERNÁNDEZ DAVILA: Señor presidente, al amparo del artículo 89 del Reglamento, ¿puedo consumir un turno de explicación de cambio de voto?

El señor PRESIDENTE: Lo puede hacer en la medida en que su voto haya sido distinto y haya cambiado de opinión.


La señora FERNÁNDEZ DAVILA: En la intervención explicité un voto no favorable a la enmienda al artículo 77 y a la disposición adicional decimotercera. El debate, así como las consideraciones de los profesionales de enfermería, me hicieron reflexionar y voté a favor.
Quiero que conste en el "Diario de Sesiones".


Gracias.


El señor PRESIDENTE: Constará en el "Diario de Sesiones" que ha cambiado de voto.


-PROYECTO DE LEY POR LA QUE SE REGULAN LOS DERECHOS DE ACCESO A LA INFORMACIÓN, DE PARTICIPACIÓN PÚBLICA Y DE ACCESO A LA JUSTICIA EN MATERIA DE MEDIO AMBIENTE (INCORPORA LAS DIRECTIVAS 2003/4/CE Y 2003/35/CE). (Número de expediente 121/00068.)

El señor PRESIDENTE: Votación de las enmiendas del Senado al proyecto de ley por la que se regulan los derechos de acceso a la información, de participación pública y de acceso a la justicia en materia de medio ambiente. Votación de las enmiendas a la exposición de motivos y al artículo puntos 1.2.


Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 309, a favor, 307; en contra, dos.


El señor PRESIDENTE: Quedan aprobadas.


Votación de las enmiendas a los artículos 2 apartados 4.2, al artículo 5 y a la disposición final séptima bis nueva.


Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 309; a favor, 132; en contra, 177.


El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.


Votación de la enmienda al artículo 9.


Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 309; a favor, cinco; en contra, 296; abstenciones, ocho.


El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.


Votación de la enmienda al artículo 21.


Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 309; a favor, 181; en contra, 128.


El señor PRESIDENTE: Queda aprobada.


Votación de las enmiendas al artículo 13.1 letras a) y c); al artículo 19; a las disposiciones adicionales primera, quinta y decimosegunda nueva, y a la disposición final primera.


Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 308; a favor, 304; en contra, cuatro.


El señor PRESIDENTE: Quedan aprobadas.


Votación de la enmienda a la disposición final tercera, apartado 2.


Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 307; a favor, 134; en contra, 173.


El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.


Votamos el resto de las enmiendas.


Comienza la votación. (Pausa.)

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Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 307; a favor, 127; en contra, 180.


El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.


DICTÁMENES DE LA COMISIÓN DE ASUNTOS EXTERIORES SOBRE CONVENIOS INTERNACIONALES:

-CONVENCIÓN SOBRE LA PROTECCIÓN Y PROMOCIÓN DE LA DIVERSIDAD DE LAS EXPRESIONES CULTURALES, HECHO EN PARÍS EL 20 DE OCTUBRE DE 2005. (Número de expediente 110/000149.)

-ACUERDO ENTRE EL GOBIERNO DEL REINO DE ESPAÑA Y EL GOBIERNO DE LA FEDERACIÓN DE RUSIA SOBRE COOPERACIÓN EN EL CAMPO DE LA EXPLORACIÓN Y DEL USO PACÍFICO DEL ESPACIO ULTRATERRESTRE, HECHO EN MADRID EL 9 DE FEBRERO DE 2006. (Número de expediente 110/000150.)

-ACUERDO ENTRE EL GOBIERNO ESPAÑOL Y EL GOBIERNO MACEDONIO RELATIVO A LA READMISIÓN DE PERSONAS EN SITUACIÓN IRREGULAR, HECHO "AD REFERÉNDUM" EN SKOPJE EL 6 DE FEBRERO DE 2006. (Número de expediente 110/000151.)

-CONVENCIÓN INTERNACIONAL CONTRA EL DOPAJE EN EL DEPORTE, HECHO EN PARÍS EL 18 DE NOVIEMBRE DE 2005. (Número de expediente 110/000152.)

El señor PRESIDENTE: Votación relativa a los dictámenes de la Comisión de Asuntos Exteriores sobre convenios internacionales. ¿Algún grupo desea intervenir en relación con dichos dictámenes? (Pausa.) ¿Algún grupo solicita que se proceda a la votación separada de alguno de los dictámenes? (Pausa.) En tal caso, se somete a votación conjunta y por asentimiento de la Cámara la aprobación de la globalidad de los citados dictámenes reproducidos en el orden del día. ¿Lo acuerda así la Cámara? (Asentimiento.) En consecuencia, quedan aprobados los referidos dictámenes.


DICTAMENES DE COMISIONES SOBRE INICIATIVAS LEGISLATIVAS. (VOTACIONES.)

-PROYECTO DE LEY DE MEDIDAS PARA LA PREVENCIÓN DEL FRAUDE FISCAL. (Número de expediente 121/000081.)

El señor PRESIDENTE: Votación del proyecto de ley de medidas para la prevención del fraude fiscal. En primer lugar, votación de las enmiendas del Grupo Parlamentario Mixto, señora Fernández Davila. Votamos en bloque sus enmiendas.


Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 306; a favor, 14; en contra, 279; abstenciones, 13.


El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.


Grupo Parlamentario de Coalición Canaria-Nueva Canarias. Votación de la enmienda número 2.


Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 304; a favor, 125; en contra, 166; abstenciones, 13.


El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.


Votación de la enmienda número 3.


Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 308; a favor, 132; en contra, 171; abstenciones, cinco.


El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.


Votación de la enmienda número 4.


Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 308; a favor, 134; en contra, l67; abstenciones, siete.


El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.


Votación de la enmienda número 5.


Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 308; a favor, 132; en contra, 167; abstenciones, nueve.


El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.


Votación de la enmienda número 11.


Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 307; a favor, 11; en contra, 171; abstenciones, 125.


El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.


Grupo Parlamentario de Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya Verds.
Votación en bloque de sus enmiendas.


Comienza la votación. (Pausa.)

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Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 308; a favor, 12; en contra, 289; abstenciones, siete.


El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.


Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana. Votación de las enmiendas 52 y 53.


Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 308; a favor, 133; en contra, 166; abstenciones, nueve.


El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.


Votación del resto de las enmiendas.


Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 308; a favor, nueve; en contra, 281; abstenciones, 18.


El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.


Grupo Parlamentario Popular. Votación de las enmiendas 120, 122, 125 a 127, 130, 135 a 141, 144, 147, 149 y 150.


Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 308; a favor, 124; en contra, 176; abstenciones, ocho.


El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.


Votación de las enmiendas 118, 119, 121, 123, 124, 128, 129, 131 a 133, 143, 146, 148, 151 y 152.


Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 308; a favor, 125; en contra, 178; abstenciones, cinco.


El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.


Votamos a continuación el resto de las enmiendas del Grupo Popular.


Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 307; a favor, 124; en contra, 179; abstenciones, cuatro.


El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.


Votación del dictamen, con la incorporación de las correcciones técnicas distribuidas. En primer lugar, votación de los artículos primero dos, segundo uno, segundo dos, tercero dos, tercero tres, quinto uno, quinto cuatro, quinto cinco, quinto ocho, quinto nueve, quinto quince, octavo, décimo uno y décimo dos; disposición adicional segunda, disposición transitoria primera, tercera a quinta y séptima, y disposición final primera.


Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 308; a favor, 171; en contra, 127; abstenciones, diez.


El señor PRESIDENTE: Quedan aprobados.


Votación del artículo seis, apartado uno pre.


Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 306; a favor, 171; en contra, tres; abstenciones, 132.


El señor PRESIDENTE: Queda aprobado.


Votación del preámbulo y de la disposición adicional cuarta (nueva).


Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 306; a favor, 172; en contra, dos; abstenciones, 132.


El señor PRESIDENTE: Quedan aprobados.


Votamos el resto del dictamen.


Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 308; a favor, 295; en contra, dos; abstenciones, 11.


El señor PRESIDENTE: Queda aprobado.


-PROYECTO DE LEY ORGÁNICA DE PROTECCIÓN DE LA SALUD Y DE LUCHA CONTRA EL DOPAJE EN EL DEPORTE. (Número de expediente 121/000082.)

El señor PRESIDENTE: Votación del proyecto de ley orgánica de protección de la salud y de lucha contra el dopaje en el deporte.


Grupo Parlamentario Mixto, señor Rodríguez Sánchez, votación en bloque de las enmiendas.


Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 308; a favor, 23; en contra, 285.


El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.


Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV), votación de la enmienda número 40.


Comienza la votación. (Pausa.)

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Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 306; a favor, 21; en contra, 285.


El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.


Votamos la enmienda número 76.


Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 307; a favor, 20; en contra, 169; abstenciones, 118.


El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.


Votamos el resto de las enmiendas del Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV).


Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 306; a favor, 21; en contra, 284; abstenciones, una.


El señor PRESIDENTE: Queda rechazado.


Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió). Votación en bloque de las enmiendas.


Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 306; a favor, 22; en contra, 169; abstenciones 115.


El señor PRESIDENTE: Queda rechazado.


Votación del dictamen con las correcciones técnicas distribuidas.


Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 307; a favor, 302; abstenciones, cinco.


El señor PRESIDENTE: Queda aprobado.


VOTACIÓN DE CONJUNTO.


El señor PRESIDENTE: Al tratarse de ley orgánica tenemos que hacer la votación de conjunto.


Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 305; a favor, 300; abstenciones, cinco.


El señor PRESIDENTE: Queda aprobada. (Aplausos.)

Sin más asuntos que tratar, se levanta la sesión.


Eran las cinco y cuarenta minutos de la tarde.

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