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DS. Congreso de los Diputados, Pleno y Dip. Perm., núm. 197, de 12/09/2006
 


CORTES GENERALES
DIARIO DE SESIONES DEL CONGRESO DE LOS DIPUTADOS
PLENO Y DIPUTACIÓN PERMANENTE

Año 2006 VIII Legislatura Núm. 197
PRESIDENCIA DEL EXCMO. SR. D. MANUEL MARÍN GONZÁLEZ
Sesión plenaria núm. 181
celebrada el martes, 12 de septiembre de 2006


ORDEN DEL DÍA:

Debate de totalidad de Propuestas de Reforma de Estatutos de Autonomía:

-Del Parlamento de las Illes Balears, de reforma del Estatuto de Autonomía de las Illes Balears. "BOCG. Congreso de los Diputados", serie B, número 251-1, de 30 de junio de 2006. (Número de expediente 127/000005.) ...
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Exclusión del orden del día ... (Página 9947)

Debate de totalidad de Propuestas de Reforma de Estatutos de Autonomía:

-Del Parlamento de las Illes Balears, de reforma del Estatuto de Autonomía de las Illes Balears. "BOCG. Congreso de los Diputados", serie B, número 251-1, de 30 de junio de 2006. (Número de expediente 127/000005.) (Votación.) ... (Página 9947)

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SUMARIO

Se abre la sesión a la una de la tarde.


Debate de totalidad de propuestas de reforma de estatutos de autonomía:

Del Parlamento de les Illes Balears, de reforma del Estatuto de Autonomía de les Illes Balears. ... (Página 9906)

Los representantes del Parlamento de les Illes Balears, señor Nadal i Buades, la señora Lluch Armengol y el señor Matas Palau, defienden ante el Congreso de los Diputados, por petición expresa del Parlamento de les Illes Balears, la propuesta de reforma del Estatuto de Autonomía de les Illes Balears.


Se suspende la sesión a la una y cuarenta y cinco minutos de la tarde.


Se reanuda la sesión a las cuatro de la tarde.


Contesta la señora vicepresidenta primera del Gobierno, ministra de la Presidencia y portavoz del Gobierno (Fernández de la Vega Sanz)

En turno de fijación de posiciones intervienen la señora Salom Coll, del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso; Xuclà i Costa, del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió); Cerdà Argent, del Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana (ERC); Esteban Bravo, del Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV); la señora Navarro Casillas, del Grupo Parlamentario de Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya Verds; los señores Mardones Sevilla, del Grupo Parlamentario de Coalición Canaria-Nueva Canarias; Rodríguez Sánchez y las señoras Lasagabaster Olazábal y Barkos Berruezo, del Grupo Parlamentario Mixto.


Cierra el turno de fijación de posiciones el señor López Garrido, del Grupo Parlamentario Socialista del Congreso.


En turno de réplica intervienen la señora Lluch Armengol y el señor Matas Palau.


Exclusión del orden del día ... (Página 9947)

La Presidencia, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 68.1 del Reglamento somete al Pleno de la Cámara la exclusión del orden del día de la presente sesión del punto 28, correspondiente a la interpelación del Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana (ERC), sobre el grado de cumplimiento y ejecución de los Presupuestos Generales del Estado para el año 2006 en Cataluña, lo que se aprueba por asentimiento.


Debate de totalidad de propuestas de reforma de estatutos de autonomía:

Del Parlamento de les Illes Balears, de reforma del Estatuto de Autonomía de les Illes Balears. ... (Página 9947)

Sometida a votación de totalidad la propuesta de reforma del Estatuto de Autonomía de les Illes Balears, se aprueba por 307 votos a favor y seis abstenciones.


Se suspende la sesión a las ocho y treinta y cinco minutos de la noche.


Se abre la sesión a la una de la tarde.


DEBATE DE TOTALIDAD DE PROPUESTAS DE REFORMA DE ESTATUTOS DE AUTONOMÍA.


-DEL PARLAMENTO DE LAS ILLES BALEARS, DE REFORMA DEL ESTATUTO DE AUTONOMÍA DE LAS ILLES BALEARS. (Número de expediente 127/000005.)

El señor PRESIDENTE: Comienza la sesión correspondiente al Pleno del Congreso de martes 12 de septiembre de 2006. El primer punto del orden del día es el debate de totalidad de propuestas de reforma de estatutos de autonomía: Reforma del Estatuto de Autonomía de les Illes Balears, presentada por el Parlamento de esta comunidad autónoma.


Antes de comenzar el debate, en primer lugar, done la benvinguda a la representació del Govern i a la delegació del Parlament de les Illes Balears al Congrés dels Diputats. Bienvenidos al Congreso de los Diputados. (Aplausos.) Gracias.


La regulación del debate de totalidad de propuestas de reforma de estatutos de autonomía se encuentra en la Resolución de la Presidencia del Congreso de los Diputados de 16 de marzo de 1993. El procedimiento establecido es el siguiente. En primer lugar, presentación de la propuesta por la delegación de la Asamblea de la comunidad proponente, por un tiempo máximo conjunto de hasta cuarenta minutos, interviniendo en primer lugar el honorable don Miquel Nadal i Buades, a continuación doña Francesca Lluch Armengol y finalmente el muy

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honorable don Jaume Matas. Suspenderemos la sesión, que se reanudará a las dieciséis horas, y se seguirá el sistema ya conocido de fijación de grupos parlamentarios de mayor a menor, también por un tiempo de cuarenta minutos, con la intervención del Gobierno. Terminado este turno, réplicas al amparo del artículo 73 del Reglamento, por un tiempo de diez minutos.
Estas son las condiciones y el formato del debate fijados en Junta de Portavoces.


Corresponde la presentación de la propuesta de reforma del Estatuto al miembro de la delegación de la Asamblea balear don Miquel Nadal.


El señor REPRESENTANTE DEL PARLAMENTO DE LES ILLES BALEARS (Nadal i Buades): Señor presidente, señorías, és per a mi, com a representant d'Unió Mallorquina, un motiu d'orgull poder defensar, avui, aquesta proposta de reforma de l'Estatut d'Autonomia de les Illes Balears, una proposta de reforma que se fonamenta en la idea del pacte. Y me explicaré. Para un diputado nacionalista de Unió Mallorquina es una satisfacción estar hoy en el Congreso de los Diputados defendiendo, en el día que se celebra la Diada de Mallorca, un nuevo Estatuto para las Islas Baleares, un Estatuto que se basa en el pacto, en el acuerdo, en el compromiso. Hoy, día 12 de septiembre, se celebra en las Islas Baleares la Diada. Hoy celebramos que hace más de 700 años Mallorca fue un reino privativo y que el rey don Jaume II otorgó a los ciudadanos de las Islas Baleares la Carta de Privilegis i Franqueses, una Carta Magna, un Estatuto del reino que en ese momento existía en el Mediterráneo, que era el Reino de Mallorca.


Esta propuesta que hoy presentamos, coincidiendo con este día, nace del pacto, del compromiso entre distintos territorios, del compromiso entre distintas sensibilidades, del compromiso entre distintas instituciones, del compromiso entre distintas fuerzas políticas, y pretendemos que sea un compromiso de todo el Estado con los ciudadanos de las Islas Baleares.
Es un compromiso entre territorios. Menorca, Mallorca, Ibiza y Formentera son territorios distintos, con sensibilidades distintas, que aceptamos formar parte de una comunidad autónoma, de una entidad superior, cogiendo las cosas que nos unen y respetando y manteniendo las cosas que nos diferencian. Por eso tenemos instituciones propias, como son los consejos insulares. Este es un texto que viene con el acuerdo de estos distintos territorios. Es también un acuerdo entre los ciudadanos. Para un partido nacionalista de centro y liberal, sobre todo liberal, como es Unió Mallorquina, partido que pertenece a la Internacional Liberal, no podíamos apoyar un texto en el que lo más importante no fueran las personas, los ciudadanos. Este texto significa una mejora importante en la calidad de vida de los ciudadanos de las islas. Es también un texto que significa un acuerdo entre diferentes instituciones. El texto que hoy presentamos viene con el aval no solo del Parlamento de las Islas Baleares, sino que viene con el apoyo del Gobierno, de los consejos insulares de las distintas islas y de los ayuntamientos de las islas. Es un texto en el que todas las instituciones han hecho cesiones importantes, cesiones a reivindicaciones que son muy legítimas, pero en el que ha primado el acuerdo entre todos, en el que ha primado el pacto.
Es también un acuerdo entre distintas fuerzas políticas. El texto que hoy se presenta en este Congreso para su admisión trámite es el texto de todos, y por eso no podía ser de uno solo. El 87 por ciento de los representantes de las Islas Baleares han apoyado este texto. Todos los partidos con responsabilidades de Gobierno en las Islas Baleares -PP, PSOE y Unió Mallorquina- apoyan el texto que hoy hemos presentado.
Cincuenta y dos de los 59 diputados que forman el Parlamento de las Islas Baleares han votado a favor de este texto. Es un texto que se presenta con un amplio consenso y por eso pretendemos que hoy aquí, con esta admisión a trámite, se inicie un pacto entre los ciudadanos de las Islas Baleares y el Estado español.


Las reivindicaciones que contiene este texto no son nuevas. Ya desde el siglo XVIII los representantes de los ciudadanos de Baleares venían a Madrid a reivindicar una compensación para los problemas de la insularidad y unos beneficios fiscales para las importantes cargas que ellos tenían. Hoy precisamente hace once años que otro 12 de septiembre, en este mismo estrado, otro diputado de Unió Mallorquina, la que hoy es presidenta del partido y del Consell de Mallorca, María Antònia Munar, defendía aquí una propuesta nueva de Estatuto para las Islas Baleares. En esos momentos la sensibilidad de este Congreso de los Diputados fue distinta y no fue posible aprobar un texto. Hoy venimos aquí los representantes de los ciudadanos de Baleares a ofrecer un pacto que mejora la calidad de vida de los ciudadanos, un pacto que afianza la estructura institucional de las Islas Baleares, un pacto que aumenta la capacidad de autogobierno de todas las islas y del Gobierno en general, un pacto que concede a las islas competencias tan importantes para ellas como son costas. ¿Cómo se puede entender que unas islas cuyo territorio está rodeado de mar no tengan competencias como las de costas, inmigración o policía autonómica? Es un texto que crea el Consell para la isla de Formentera, un texto que regula el Consell de Justícia, un texto que plasma por escrito los derechos y deberes de los ciudadanos de las islas. Es un texto que se ha aprobado sin que haya polémicas (en las Islas Baleares hemos aceptado el término de nacionalidad histórica sin que se plantee ningún tipo de polémica), pero sobre todo es un texto que acaba con el déficit histórico que han tenido las Islas Baleares en materia de financiación. Las Islas Baleares han estado desde siempre a la cola de las inversiones públicas del Estado en las islas. De cada 100 euros que paga un ciudadano de las islas, el Estado solo reinvierte en inversiones públicas 40 euros. Desde Unió Mallorquina no renunciamos a poder ser en el futuro tan solidarios como son con el Estado los navarros o los vascos con su régimen fiscal, pero el texto que se presenta hoy es suficiente

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y bueno porque significa acabar con el déficit que hasta ahora teníamos los ciudadanos de las islas.


Como representante de los ciudadanos de las Islas Baleares, desde Unió Mallorquina hoy pedimos en este Congreso de los Diputados el apoyo a nuestra propuesta de pacto. Pedimos a las señoras y señores diputados del Partido Socialista que tengan la oportunidad de demostrar que son ciertas las palabras del presidente del Consejo de Ministros, el señor Rodríguez Zapatero, de que si hay un acuerdo suficiente de las comunidades autónomas será posible tener un nuevo Estatuto de las Islas Baleares.
Pedimos a las señoras y señores diputados del Partido Popular que den apoyo a este Estatuto porque viene con el aval de quien gobierna en las Islas Baleares, que es el Partido Popular. Y pedimos a los representantes de los partidos nacionalistas y de los partidos con sensibilidades insularistas que den apoyo a este texto que hoy presentamos porque es un paso adelante en el autogobierno de otra comunidad autónoma, en el autogobierno de las islas.


Desde Unió Mallorquina hoy aquí, en el Congreso de los Diputados, les pediría a ustedes que trabajen por reforzar todo aquello que nos une, que olviden aquellos aspectos que nos separan y, sobre todo -lo más importante-, que respeten la voluntad de los ciudadanos de las Islas Baleares manifestada en el texto que hoy se presenta a admisión a trámite en este Parlamento.


Muchas gracias. (Aplausos.)

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, don Miquel Nadal.


A continuación tiene la palabra doña Francesca Lluch.


La señora REPRESENTANTE DEL PARLAMENTO DE LES ILLES BALEARS (Lluch Armengol): Señor presidente del Congreso, señora vicepresidenta del Gobierno, señores diputados, señoras diputadas, amics y amigues y representants de las Illes Balears, representa para mí un gran honor y, al mismo tiempo, una gran responsabilidad comparecer en esta Cámara para defender la propuesta de reforma de Estatuto de Autonomía que aprobó el pasado 13 de junio el Parlament de las Illes Balears. En realidad es un nuevo Estatuto de Autonomía; un nuevo Estatuto porque es una reforma de fondo, la más importante de cuantas se han aprobado desde 1983.


Desde una valoración positiva de todos cuantos avances se han producido en el autogobierno de las Illes Balears, los socialistas consideramos que el proyecto que ahora estamos debatiendo es el más valiente, avanza cualitativamente en la profundización de la democracia. Como he dicho, las Illes Balears aprobaron su Estatuto en 1983, al final del proceso autonómico. Conseguir este acuerdo necesitó años de negociación. En cambio, hoy, nuestra comunidad autónoma es de las primeras en presentar su propuesta de reforma que llega a esta Cámara con un apoyo ampliamente mayoritario del Parlamento autonómico. Es un acuerdo que comprende a los dos principales partidos de Baleares, el Partido Socialista y el Partido Popular, además de Unió Mallorquina; un acuerdo que hay que valorar especialmente. Es el único acuerdo que se ha producido en esta legislatura en Baleares entre ambos partidos. El Partido Socialista se presentó a las elecciones autonómicas con el compromiso electoral de impulsar una reforma estatutaria, compromiso compartido por los socialistas de toda España en las pasadas elecciones generales, compromiso compartido por el actual Gobierno de España y especialmente por su presidente; un compromiso que vamos cumpliendo.


La descentralización autonómica ha demostrado ser excelente para España y también, cómo no, para las personas que viven en cada autonomía. Por eso vale la pena avanzar en la consolidación del Estado autonómico. Además, hay que modernizar y adecuar nuestras normas institucionales básicas a los nuevos retos del siglo XXI. Como SS.SS. comprenderán, el proceso de debate de este proyecto de Estatuto de Autonomía no ha sido fácil.
Algunos han intentado instalar en España crispación y miedos, lo que dificulta la necesaria tarea de modernizar el país, pero este era nuestro compromiso con los ciudadanos y ese ha sido el empeño de los socialistas de Baleares durante toda esta legislatura. A pesar de todas las dificultades, hemos mantenido siempre nuestra voluntad de negociar, de pactar, de dialogar y de consensuar con el Partido Popular en beneficio de los ciudadanos. A pesar de que nosotros defendíamos un Estatuto que contemplase más derechos sociales, un Estatuto más municipalista, a pesar de que no coincidíamos al cien por cien en algunos aspectos, el Partido Socialista ha decidido apostar por el acuerdo. Es un acuerdo que ha sido posible gracias al trabajo realizado por todos los ponentes del Parlament de las Illes Balears, tanto aquellos que lo apoyaron y lo están apoyando hoy aquí, como quienes finalmente no dieron su voto positivo a la reforma; estos también contribuyeron con sus aportaciones a la mejora del texto. También merece nuestro reconocimiento y consideración la comisión de expertos que elaboró un informe inicial sobre la reforma del Estatuto, y de entre sus miembros quiero hacer una mención especial por el esfuerzo de síntesis en las conclusiones a don Félix Pons Irazazábal.


Señores diputados, señoras diputadas, hoy venimos aquí con un gran acuerdo del Parlament de las Illes Balears. Espero y deseo que SS.SS. avalen la tramitación parlamentaria que, sin duda, enriquecerán y mejorarán con sus aportaciones. Espero el apoyo también del Grupo Popular a pesar de las campañas, a pesar de las reticencias, a pesar de la contradicción que supone oponerse a reformas semejantes en otras comunidades autónomas, porque estamos convencidos de que este Estatut es bueno para Balears, porque con este nuevo Estatuto de autonomía superamos antiguos debates.
Somos una nacionalidad histórica. Existen elementos objetivos que afianzan esta definición: una lengua propia, la catalana, seña de identidad de nuestra tierra, que además es un patrimonio

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compartido con otros territorios, y también el hecho insular o el derecho civil propio. En definitiva, nuestra propia historia, que da forma a nuestra identidad como pueblo. Con el permiso del presidente, y parafraseando al escritor mallorquín Joan Alcover: "Les Illes Balears tenen una ànima, i rebutjar la seva natural expressió és deixar-la morir, i deixar-la morir és renunciar a la seva existència com a poble." (Las Islas Baleares tienen un alma, y renunciar a su natural expresión es dejarla morir, y dejarla morir es renunciar a su existencia como pueblo.)

Este nuevo Estatut supondrá también un avance muy importante en autogobierno gracias a las nuevas competencias: Policía autonómica, políticas de género, innovación, investigación y desarrollo, competencias ejecutivas en inmigración y mecanismos de gestión compartida en puertos y aeropuertos de interés general para el Estado, entre otras. Un mayor techo competencial sin duda es fundamental, aunque no lo es todo. Se necesitan instrumentos de coordinación y cooperación entre Baleares y el exterior. Por eso hemos incorporado un capítulo específico que profundiza en las relaciones con el Estado, tanto multilaterales como bilaterales, así como en la coordinación y cooperación con otras comunidades autónomas. Después de veinte años de pertenencia de España a la Unión Europea, al fin, nuestro Estatut tendrá un capítulo donde se establecen los mecanismos de participación en las decisiones de la Unión Europea, en la dirección que está impulsando el actual Gobierno de España, entendiendo que las comunidades autónomas también son Estado.


Un pilar fundamental de este nuevo Estatut es, sin duda, la reforma institucional propia. La geografía, el hecho insular, condiciona nuestra comunidad autónoma no solamente en su relación con el Estado sino también internamente. Con este nuevo Estatut, los consells insulares adquieren el mayor protagonismo desde su creación como entes preautonómicos en 1979.
Pasan a ser reconocidos como instituciones autonómicas y se salvaguardan sus competencias. Queremos evitar a toda costa el bloqueo partidista de las instituciones, el reparto partidario de las subvenciones; una política desleal que algunos practican en Balears. Apostamos, por tanto, por más autonomía y capacidad de gobierno para los consells, acompañada de la separación electoral para la elección de sus miembros. Por consiguiente, habrá por primera vez una candidatura para los consells separada de la del Parlament autonómico. Los socialistas de Baleares, que compartimos una concepción federal del Estado, también la defendemos en nuestra comunidad autónoma. En consecuencia, hemos incorporado al nuevo Estatut mecanismos de cooperación, coordinación y pacto entre las instituciones autonómicas, como la Conferencia de Presidentes insulares o la Comisión general de consells en el seno del Parlament. Por otra parte, tenemos una isla singular, Formentera, que vive una triple insularidad que le será reconocida con la creación de un consell insular propio. Esta propuesta no puede quedar simplemente como una declaración de intenciones; tiene que concretarse con una decidida dotación de competencias y financiación al actual Ayuntamiento de Formentera. La menor de las islas requiere la mayor atención. Solo actuando así daremos contenido al cuarto consell insular de Baleares. También por primera vez los ayuntamientos tendrán un capítulo específico en el nuevo Estatut. Son las instituciones más próximas a los ciudadanos y, por tanto, el ámbito más directo de la democracia. Requieren compromisos de las instituciones supramunicipales de respeto a la autonomía municipal, a la autonomía competencial y de mejora sustancial de la financiación. Todo ello queda reflejado en este nuevo Estatut.


Como pueden constatar, este Estatut significa un gran avance para las Illes Balears, refuerza notablemente nuestro autogobierno. Hemos introducido medidas como la posibilidad de disolución anticipada del Parlamento autonómico por parte del presidente del Gobierno de las Illes Balears; la mayoría cualificada para las leyes institucionales como la electoral, la de consells o la propia reforma del Estatut; la creación del Consejo de Justicia autonómico y un título específico de medios de comunicación social en el cual se prevé la creación del Consejo Audiovisual de las Illes Balears.


Como saben SS.SS., para poder llevar a cabo unas políticas eficaces y eficientes es imprescindible una financiación adecuada. Por primera vez nuestro Estatut contempla un título específico sobre financiación que representa un cambio histórico para Baleares; por primera vez en la historia un Gobierno de España ha reconocido públicamente los problemas de financiación que padece Baleares; por primera vez en la historia de Baleares un Gobierno de España se ha comprometido, como se está demostrando, a paliar esta situación injusta para nuestra ciudadanía. Del título de financiación quiero destacar cuatro elementos claves: la creación de la Agencia Tributaria de las Illes Balears, la creación de un fondo de insularidad que deberá ser reflejado anualmente en los Presupuestos Generales de Estado para compensar el hecho insular de nuestra comunidad autónoma, el refuerzo de la bilateralidad en la toma de decisiones financieras del Estado con la creación de la Comisión mixta de Economía y Hacienda y, por último, es justo que reclamemos unas inversiones extraordinarias del Estado para Baleares. Arrastramos históricamente un considerable déficit inversor. No hay nada más perverso que tratar igual lo que es diferente, y Baleares parte de una situación de clara desventaja en cuanto a financiación e inversiones. La corrección de este déficit se plantea en una disposición transitoria del Estatut que tendrá que ser analizada con el rigor jurídico y político que caracterizan a estas Cortes, aportando una solución que garantice estas inversiones extraordinarias porque son de vital importancia para Baleares.


Los socialistas hemos puesto gran empeño en mejorar sustancialmente la financiación para Baleares con una única finalidad: servir a la ciudadanía, poner al día infraestructuras y sobre todo servicios públicos, educativos, sociales, de sanidad, de manera que podamos recuperar

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posiciones y estar por primera vez en la historia en la media aritmética de financiación del Estado; y en segundo lugar, avanzar y garantizar desde los poderes públicos más derechos sociales y más libertades. De ahí que el nuevo título sobre derechos, deberes y libertades ha sido una de las propuestas que con mayor vehemencia hemos defendido. Nuestra sociedad ha evolucionado mucho desde 1983 y ahora nos enfrentamos a nuevos problemas, nuevos retos para los que no sirven las viejas soluciones. La inmigración, la igualdad real entre mujeres y hombres o el acceso a nuevas tecnologías merecían una mención destacada en este nuevo Estatut acorde con los tiempos que vivimos y los que vendrán. Afrontamos el debate de hoy conscientes del paso histórico que damos, haciendo realidad un nuevo ámbito de autogobierno que los padres de nuestra autonomía no pudieron soñar en 1983. Afrontamos el debate sobre el nuevo Estatut como un debate sobre nuestro futuro, con conciencia de pertenecer a unas islas que están en el centro del Mediterráneo occidental, que han sido y son encrucijada de civilizaciones, no en vano el Gobierno de España eligió Mallorca para ser la sede de la Alianza de Civilizaciones. Nuestra historia, nuestra gente, nuestra voluntad de ser avalan el proyecto de nuevo Estatut que hoy les hemos presentado.


Finalmente quiero tener unas palabras de recuerdo y, al mismo tiempo, de reconocimiento para quienes me antecedieron en esta misma tribuna hace setenta y cinco años, cuando se debatieron los primeros estatutos de autonomía. Me refiero, entre otros, a los diputados de la República Alexandre Jaume y Gabriel Alomar, escépticos en aquel momento sobre las capacidades para el autogobierno de las Illes Balears y, sin embargo, firmes defensores de nuestro modelo autonómico. Estoy segura de que hoy cumplimos con lo que en su día fue su sueño inalcanzable. Demostramos de esta forma que los ideales y los sueños de ayer son las realidades de hoy. Vale la pena seguir luchando por la utopía.


Muchas gracias. (Aplausos.)

El señor PRESIDENTE: Gracias, señora Lluch.


Corresponde el turno de palabra al muy honorable don Jaume Matas.


El señor REPRESENTANTE DEL PARLAMENTO DE LES ILLES BALEARS (Matas Palau): (Comienza su intervención en catalán.) Buenos días, señor presidente, señorías. No teman, no voy a envolverme en la bandera autonómica ni practicaré planteamientos ridículos al estilo Baleares te habla, España.
Sí les digo sencillamente, porque es verdad, que venimos a presentar la reforma estatutaria de una comunidad autónoma que, como diría el castizo, por esencia, presencia y potencia, al menos económica, tiene tantos o más títulos que cualquier otra autonomía española para exhibir personalidad propia, singularidad diferenciada e historia acreditada de un viejo reino que por estar anclado en el Mediterráneo es la concreción de lo romano, de lo visigótico y de lo árabe y que, tras la reconquista cristiana, se reincorpora para siempre a la Hispania soñada por todos los reinos ibéricos y muy especialmente por Jaume I de Aragón. Además, somos islas, territorios insulares, con todo lo que esto significa, con lengua y cultura propias. A mayor abundamiento, somos la autonomía más solidaria de España, seguida por Madrid y Cataluña. Es decir, somos los que más aportamos per cápita y los que menos recibimos, sin que ello suponga victimismo alguno sino orgullo para nosotros, pero sí títulos especialmente significativos para lo que voy a exponer a continuación a SS.SS. con motivo de la presentación de esta reforma.


Los que le han tratado saben que el Presidente Pujol solía advertir cuando negociaba con alguien: Hablemos antes que nada de los principios. Pues bien, hablemos de entrada de estos principios declarados, el contexto del texto estatutario. Primero, estamos viviendo en una especie de momento constituyente que sorprendentemente focaliza la reforma de toda la arquitectura autonómica cuando, en realidad, la cuestión toral de España y de las autonomías no es esta, sino más que la reforma la recuperación del Estado, que en su progresiva residualidad, como diría el buen amigo Maragall, se va pareciendo cada vez más a un alma en pena que ha perdido o está perdiendo el norte de su propia identidad. Y no es ocioso aquí y ahora subrayar esta realidad porque el Estado es también una cuestión de las autonomías, más aún porque no habrá autonomías fuertes sin un Estado fuerte, no residual, sino con capacidad para ejercer esta imprescindible función coordinadora del todo, redistribuidora y garantizadora de la igualdad y de la libertad de todos los ciudadanos españoles. No hace falta que les recuerde los incendios de Galicia este verano o las enemistades que se producen entre las autonomías a raíz de la gestión del agua para subrayar la importancia de la función arbitral y de la capacidad decisoria del Estado.


Segundo, una interpretación perversa de la Constitución, surgida especialmente en las propias autonomías, ha hablado de autonomías de primera y autonomías de segunda en función de sus vías de acceso, y no hay ni ha habido tal, sino solo modelo autonómico que, por razones de oportunidad coyuntural, utilizó vías y velocidades distintas. Por tanto en este proceso de reforma del Estado no existen razones, ni históricas, ni geográficas, ni culturales, ni económicas, que permitan discriminar a les Illes Balears, más bien incluso al contrario.


Tercero, las autonomías, tal y como las ha diseñado la Constitución, han funcionado muy bien y han constituido una de las más notables aportaciones españolas al constitucionalismo moderno. Y ha sido así especialmente por tres razones básicas: porque ha supuesto una concreción real del principio de subsidiariedad, porque han acercado los centros de decisión a los ciudadanos y, sobre todo, porque han mostrado una sorprendente agilidad y capacidad de reacción rápida a la hora de enfrentarse a los problemas. Sirva solo de ejemplo el caso de las Islas Baleares, donde en la pasada legislatura hemos

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vivido una crisis turística y económica que ha podido ser superada solo porque hemos tenido una capacidad de respuesta impensable en un Estado centralizado. Más aún, observen SS.SS. cómo todas las autonomías fronterizas están convirtiendo las zonas transfronterizas en sus interlands económicos, en una prueba de vitalidad y de dinamismo del hecho autonómico.


Cuarto, es tan fuerte -más de lo que pensamos- la realidad unitaria de España que ha bastado que una comunidad autónoma, Cataluña, desde su derecho legítimo y el respeto, haya alterado con su reforma estatutaria toda la arquitectura del sistema autonómico para que los demás nos viéramos obligados, por razones obvias de supervivencia y de intereses amenazados, a emprender nuestras reformas estatutarias. No hay ahí mimetismo de lo catalán, como se dice torpemente, sino consecuencia inevitable de que, como he dicho en otras ocasiones, si se abre el melón, habrá melón para todos y no solo para uno. (Varios señores diputados: ¡Muy bien!- Aplausos.)

Señorías, el texto estatutario que hoy se somete a la consideración de SS.SS. puede ser contemplado desde dos planos diferenciados: Por un lado, la corrección de las insuficiencias detectadas a lo largo de la experiencia autonómica y, por el otro, la más importante, la financiación estrechamente ligada a la insularidad. Lo primero sí requiere de una reforma estatutaria; lo segundo, no, tanto por razones llamémoslas metodológicas, como por razones de suma cero al tratarse de una cuestión que debería abordarse no tanto en el Estatuto como en el ámbito de la multilateralidad, ya que lo que beneficia a unos puede perjudicar a otros. Es esta multilateralidad la que rompe el Estatuto de Cataluña al introducir la relación bilateral con el Estado, con todo lo que ello supone, se mire por donde se mire, de confederalización de España, y naturalmente la responsabilidad no es del Parlament catalán, que está en su derecho y tiene todo nuestro respeto, pero sí de este Congreso de los Diputados que ha cambiado las reglas del juego también para los demás, y ya veremos cuál es el resultado final.


Desde un punto de vista procesal, el itinerario ha sido impecable. En primer lugar, un informe de una comisión de expertos notables, nombrados por todos los partidos políticos del Parlament, y que hoy tienen la amabilidad de acompañarnos -moltes gracies-, que a lo largo de estos doce meses de intenso trabajo y de coordinación de la vicepresidenta del Govern, Rosa Estaràs, elaboraron lo que son las bases del documento actual. A todos ellos muchas gracias por su gran trabajo. En segundo lugar, acuerdo complicado, difícil, pero acuerdo de los dos grandes partidos de ámbito nacional en las Islas Baleares. Y en tercer lugar, la aprobación, con la suma de Unión Mallorquina, por el 90 por ciento de los votos del Parlament, que hubiera sido del cien por cien si hubiéramos accedido a que, en contra de la tradición liberal de Baleares, hubiera sido declarado obligatorio el conocimiento del catalán.


Llega a esta Cámara, pues, el proyecto de la reforma del Estatuto con todos los sacramentos políticos: constitucionalidad, pacto, consenso generalizado y aprobación abrumadora del Parlament de les Illes Balears.
Esta impecabilidad ejemplar del proceso estatutario constituye, sin duda, una invitación a esta Cámara a respetar lo que en definitiva es la voluntad del pueblo balear, expresada a través de su institución representativa y de los dos partidos políticos que, sumados, integran la mayoría abrumadora del Congreso de los Diputados. Además, el texto que se somete a la consideración de SS.SS. es un acto de fe y de confianza en el Partido Socialista por parte del Partido Popular, al ser de naturaleza distinta las mayorías parlamentarias de aquí y de las Baleares. Pero sería injusto si no afirmara hoy, solemne y públicamente, el noble espíritu consensuador del Partido Socialista Obrero Español de les Illes Baleares y la tranquilidad que nos proporciona el tener la seguridad de que será en este Congreso de los Diputados un excelente y escrupuloso valedor de los intereses de Baleares.


Obviamente no voy a extenderme en la pormenorización de los contenidos estatutarios que se llevará a cabo en la correspondiente tramitación, pero sí me permito indicar a SS.SS. las líneas maestras del texto. En primer lugar, el espíritu que impregna el texto es el de la Constitución de 1978. En segundo lugar, uno de los cambios más importantes que se introduce en el Estatuto es la modificación de la arquitectura institucional autonómica con la consideración de los consells insulars como entes de rango autonómico; Mallorca, Menorca, Ibiza y Formentera son un microcosmos generado por una geografía que hace que una parte de la cuestiones -no todas, obviamente- se agoten en el perímetro insular. En tercer lugar, una de las cuestiones más trascendentales de esta reforma es la creación del Consell Insular de Formentera. Esta iniciativa nace de la propuesta del diputado de Formentera, señor Mayans, de la necesidad de reconocer la mayoría de edad de los ciudadanos de Formentera para poder independizarse de Ibiza y tener su propia institución de autogobierno con todas las garantías. El nuevo Consell Insular de Formentera completa el entramado insular de Baleares y subsana una notoria injusticia para Formentera. En cuarto lugar, la financiación y la insularidad, íntimamente ligadas, que probablemente constituyen la cuestión más importante, de mayor trascendencia para los ciudadanos de les Illes Balarears en este proyecto de reforma. El modelo de financiación que se propone no tiene nada que ver con otros modelos autonómicos. Este modelo se basa en la multilateralidad del debate de las cuestiones de financiación consagrado en el Consejo de Política Fiscal y Financiera, en el principio de lealtad institucional y en la solidaridad, limitando las desigualdades de financiación por habitante para la prestación de los mismos servicios. Y la insularidad, el reconocimiento del hecho insular es el gran elemento diferenciador que afecta decisivamente a todos los ciudadanos de Baleares y, por tanto, a esta reforma. Es en

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este contexto en el que queremos enmarcar el reconocimiento del déficit histórico de infraestructuras por valor de 3.000 millones de euros en les Illes Balears y es aquí también donde queremos enmarcar el tratamiento homogéneo de la insularidad, tal y como reconoce la Constitución, en todo el territorio español.


Señorías, permítanme hacer un apunte final relativo a la insularidad. En el año 1998 este Congreso de los Diputados aprobó por primera vez en España una ley de régimen especial derivado de la insularidad. Esta ley, si bien contó inicialmente con el voto en contra para su admisión a trámite del Partido Socialista Obrero Español, hoy afortunadamente ha sido abrazada y defendida por todos los partidos de Baleares, pero también es cierto que su aplicación ha defraudado a la sociedad civil de les Illes Balears, por parte tanto de los gobiernos del Partido Popular como ahora del Partido Socialista. No solo las instituciones, las administraciones, necesitan medidas para compensar la insularidad. Por este motivo propusimos en el texto inicial la necesidad de que el Estatut contemple una nueva ley de insularidad que recoja medidas económicas y fiscales en el marco de la legislación europea para compensar este coste de insularidad de nuestros ciudadanos, y vamos a intentar conseguir, desde el consenso, este apoyo.


Para acabar quiero recordar que forma parte del espíritu del acuerdo del Parlament de les Illes Balears que la tramitación de este proyecto permita su aprobación para que entre en vigor antes de la convocatoria de las próximas elecciones autonómicas y municipales. Confiamos, sin duda, en que ese acuerdo se cumpla. Señoras y señores diputados, el proyecto que tienen ustedes en sus manos es un honesto y consensuado intento de perfeccionar la autonomía balear, sin romper nada ni ocultar otras intencionalidades. No, para Baleares el Estatuto de Autonomía es, ante todo, un instrumento para la gobernación de las islas dentro del conjunto de España y de acuerdo con los principios y valores que consagra la Constitución de 1978. Espero y deseo que lo traten bien y que lo aprueben.


Muchas gracias. (Aplausos.)

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias al muy honorable don Jaume Matas.


Concluida la presentación de la propuesta, suspendemos la sesión, que se reanudará a las cuatro.


Era la una y cuarenta y cinco minutos de la tarde.


Se reanuda la sesión a las cuatro de la tarde.


El señor PRESIDENTE: Se reanuda la sesión.


En primer lugar, la intervención del Gobierno, representado por la señora vicepresidenta primera.


La señora VICEPRESIDENTA PRIMERA DEL GOBIERNO, MINISTRA DE LA PRESIDENCIA Y PORTAVOZ DEL GOBIERNO (Fernández de la Vega Sanz): Muchas gracias, señor presidente.


Sean mis primeras palabras de saludo afectuoso y bienvenida a toda la delegación que, en nombre del Parlamento de les Illes Balears y presidida por el presidente de su comunidad autónomas, señor Matas, nos acompaña en esta sesión de presentación y toma en consideración de la reforma del Estatuto de Autonomía de les Illes Balears. Señorías, intervengo en nombre del Gobierno para dejar constancia de su satisfacción por la presentación ante estas Cortes Generales de la propuesta de reforma del Estatuto de Autonomía de les Illes Balears, comunidad autónoma que se suma así al proceso de reforma estatutaria iniciado por la Comunidad Valenciana, seguido por Cataluña, Andalucía, Aragón, y al que previsiblemente se unirán en breve otras comunidades autónomas; satisfacción porque los hechos confirman el acierto de nuestro diagnóstico. Apreciamos y defendimos, frente a quienes insistentemente negaban la evidencia de esta percepción, que en España después de 25 años de funcionamiento del Estado de las autonomías existía en la mayoría de las comunidades autónomas una firme demanda de modernización y mejora de la calidad del autogobierno, tanto desde el punto de vista institucional como desde el competencial. Conscientes de esta realidad compartimos la conveniencia de apoyar desde las instituciones del Estado estos procesos de reforma, confiando plenamente en la madurez democrática de los españoles y en el resto de la legalidad constitucional, pero sobre todo lo hemos hecho porque estamos convencidos de que la consolidación y clarificación de nuestro sistema de distribución territorial del poder es el mejor modo de acercar las políticas públicas a los ciudadanos y de alcanzar, sin menoscabo de las culturas y tradiciones, lenguas e instituciones de los pueblos de España -como dice el preámbulo de nuestra Constitución-, un Estado política y socialmente más cohesionado y fuerte, en el que el respeto a la diferencia camine siempre de la mano indispensable de la solidaridad interterritorial.


Los ciudadanos de Valencia, de Cataluña, de Andalucía y ahora los de las Illes Balears, han sentido y manifestado a través de sus representantes políticos, la necesidad de reformar sus respectivos estatutos de Autonomía que, como se sabe, son la norma institucional básica de cada comunidad autónoma y, por tanto, la pieza fundamental en que se concretan, dentro del marco dispuesto por la Constitución -que es el marco común de convivencia-, sus aspiraciones de autogobierno. En cada una de las comunidades autónomas viven españoles con sensibilidades políticas y culturales diversas que se reflejan en sus instituciones. De ahí que no sea mera casualidad que, con independencia del color de las fuerzas políticas que gobiernan en cada comunidad autónoma, todos ellos también coincidan en estimar necesaria la reforma de sus respectivos estatutos de autonomía. Los hechos, por tanto,

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acreditan, señorías, que nos habíamos equivocado y que la necesidad de emprender un proceso de reformas estatutarias nunca fue, como dijo algún líder de la derecha, un antojo de gobernantes. Se comprende por ello mismo que, como vicepresidenta primera del Gobierno, manifieste en esta tribuna nuestra satisfacción por haber decidido apoyar y compartir con tantos españoles ese sentimiento de reforma y de modernización y mejora de la estructura del Estado. El Parlamento de les Illes Balears justifica la reforma, según puede leerse en la exposición de motivos que acompaña al texto de la propuesta, en la positiva evolución del autogobierno, así como en el aumento de la población y en una mayor profundización del hecho insular, razones para una reforma que pretende en último término -y cito literalmente- dar una mejor respuesta a las nuevas necesidades de los ciudadanos. Los ciudadanos de las Illes Balears consideran, pues, que profundizar y mejorar la calidad de su autogobierno es una acción positiva y necesaria, que va a repercutir favorablemente en el ejercicio de sus derechos y en una mayor eficiencia de los servicios y prestaciones que competen a los poderes públicos de la comunidad autónoma en la que viven; y por ello mismo nos proponen hoy una reforma de su Estatuto de Autonomía, una reforma que acentúa su identidad comunitaria y las consecuencias jurídicas vinculadas al hecho diferencial de la insularidad, para que el resto de los españoles tengamos presentes en nuestras decisiones que quienes viven en las Illes Balears consideran que conforman una nacionalidad histórica, como señala el artículo 1 de la propuesta, cuya lengua propia es el catalán, conforme señala el artículo 4.1, con una cultura y unas tradiciones que vertebran su identidad, y que la circunstancia de su insularidad ha de tener consecuencias directas en su organización territorial e institucional y de forma más amplia en el alcance y en el contenido de sus competencias.


Frente a quienes quieren ver en esta clase de afirmaciones o han visto en afirmaciones similares a éstas fórmulas insolidarias -hasta se ha dicho a veces apocalípticamente rupturistas-, el Gobierno al que represento siempre las ha considerado expresión del derecho a la autonomía política, que reconoce el artículo 2 de la Constitución, y por ello mismo hemos defendido la viabilidad de trasladar a los estatutos aquellos hechos diferenciales expresamente reconocidos en la Constitución. La insularidad, como la lengua, es uno de ellos y en consecuencia su reconocimiento estatutario no ha de entenderse como una forma de separar, sino de cumplir la voluntad del constituyente, porque, como bien saben SS.SS., no puede confundirse la igualdad con la uniformidad. Tratar igual aquello que es diferente no solo es injusto desde la perspectiva del principio general de igualdad. En nuestro caso además es radicalmente contrario al principio constitucional de autonomía política, que, como ha declarado expresamente nuestro Tribunal Constitucional en el fundamento jurídico número 10 de la sentencia 37/1987, es frontalmente incompatible con un tratamiento jurídico uniforme de los derechos y deberes de los ciudadanos en todo tipo de materias y en todo el territorio del Estado.
Recordarán que en los debates habidos durante la elaboración de otros Estatutos de Autonomía el reconocimiento en ellos de hechos diferenciales fue un pretexto dialéctico para sostener que se procedía a la disgregación del Estado y a la quiebra de la Constitución. Es un argumento, señorías, que a mí no me ha sorprendido porque yo ya lo había oído en los años noventa, cuando se empezaban a hacer transferencias a las comunidades autónomas en algunos asuntos como, por ejemplo, en el ámbito de la Justicia; ya entonces desde la derecha, que con posterioridad culminó esas transferencias, se hablaba de la quiebra del Estado. De la misma manera, hoy vemos con agrado cómo una propuesta de reforma estatutaria, que cuenta con el apoyo de las dos fuerzas políticas mayoritarias, incorpora con naturalidad el reconocimiento estatutario de hechos diferenciales. Esperamos, pues, que en esta ocasión no surjan voces alegando que la insularidad o que el reconocimiento del catalán como lengua propia son una mera excusa para el establecimiento en el Estatuto de derechos y competencias a favor de los ciudadanos e instituciones de les Illes Balears y en perjuicio de quienes viven en otras partes del territorio del Estado. Qué fácil es, señorías, articular en esta materia un discurso sobre la desigualdad territorial y el juego de los agravios y los privilegios. Los que creemos en la Constitución bien sabemos, sin embargo, cuanto de falaz y demagógico se encierra en ese razonamiento, porque, señorías, la verdadera igualdad entre todos los españoles, la igualdad que inequívocamente dispone nuestra norma fundamental nunca, nunca se puede alcanzar desde la uniformidad territorial y mediante una lectura reduccionista de la diversidad, sino tratando de manera desigual aquello que constitucionalmente es diferente.
Pero el Gobierno también se congratula por otras muchas novedades incorporadas a la propuesta de reforma, cuya conveniencia política y licitud constitucional siempre hemos defendido.


En efecto, al igual que las de la Comunidad Autónoma de Cataluña o Andalucía, la propuesta de las Illes Balears incorpora también un nuevo título, el II, que significativamente lleva por rótulo: De los derechos, los deberes y las libertades de los ciudadanos de las Illes Balears.
Quienes hemos defendido y justificado con anterioridad la validez constitucional y las bondades que para los ciudadanos comporta una decisión legislativa de esta naturaleza solo podemos felicitar al Parlamento de las Illes Balears por haberla adoptado. Si la Comunidad Autónoma de las Illes Balears ostenta competencias sobre muchos ámbitos en los que se materializan el ejercicio de los derechos de los ciudadanos ya sean de libertad o de prestación, como son los de la educación, la sanidad, el empleo, las políticas de igualdad o la vivienda, parece lógico pensar que los ciudadanos de aquella comunidad quieran garantizarlos en su Estatuto de Autonomía, vinculando jurídicamente la actuación de aquellos poderes públicos que precisamente el Estatuto

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de Autonomía configura y regula. Como en otras propuestas de reforma anteriormente sometidas a la consideración de esta Cámara, la de las Illes Balears también busca una mejor delimitación de las materias de su competencia en aras de una mayor concreción y de una mayor seguridad jurídica. En efecto, la propuesta balear acoge bajo otra rúbrica lo que ya se conoce como tipología de las competencias, diferenciando entre competencias exclusivas -en el artículo 28-, de desarrollo legislativo y de ejecución, es decir compartidas -en el artículo 29-, y competencias ejecutivas -en el artículo 30-; pero no solo las diferencia, las clasifica y las ordena. De modo semejante a lo que acontece en el Estatuto de Cataluña o en la propuesta de Andalucía, el texto de la reforma balear también define y determina el contenido y alcance de cada tipo competencial, y lo hace además en términos jurídicos sustancialmente equivalentes a los de aquéllos, aunque ciertamente adopte una técnica expositiva distinta.


A quien no haya reparado en ello invito a que se lea los artículos 83 a 86 de la propuesta. El Gobierno, como les consta a SS.SS., nunca se ha opuesto a la posibilidad de que los estatutos de autonomía pudiesen introducir una tipología de las competencias. Antes bien, desde el primer momento hemos sostenido que la concreción normativa en el bloque de la constitucionalidad al que los estatutos pertenecen, de conceptos y categorías hasta ahora solo utilizados por la doctrina y la jurisprudencia constitucional, aportaba mayor solidez, estabilidad y seguridad jurídica al sistema de distribución de competencias entre el Estado y las comunidades autónomas. Nos alegramos de nuevo de que el Parlamento balear haya desatendido las críticas que se han vertido acerca de esta opción de técnica legislativa, pues, como acabo de exponer, regular en los Estatutos la tipología de las competencias significa a nuestro juicio consolidar y clarificar nuestro modelo de articulación territorial.


Sumándose a la senda inaugurada de propuestas estatutarias anteriores, la balear también ha decidido proceder a una mejor adaptación de la Administración de Justicia a la realidad del Estado de las autonomías, desarrollando los títulos competenciales que la Constitución le concede en esta materia y creando un Consejo de Justicia de les Illes Balears, que entendemos que lo es con arreglo a lo dispuesto en la Ley Orgánica del Poder Judicial. En el debate del dictamen de la Comisión sobre el Estatuto de Autonomía de Cataluña sostuve en esta misma tribuna que adecuar la Administración de Justicia a la estructura territorial del Estado no solo era procedente para dar continuidad a la pauta inaugurada por la primera generación de Estatutos de Autonomía, sino que permitía articular una Administración de Justicia más integrada en el territorio, próxima al ciudadano y conocedora de sus preocupaciones y vivencias jurídicas. Por tanto, no seré yo quien diga ahora que la existencia de consejos judiciales autonómicos conduce a la fragmentación del Poder Judicial del Estado y al fin de la Justicia. Tal aseveración ni era cierta cuando debatimos el Estatuto de Cataluña ni lo es ahora cuando comenzamos en esta Cámara la tramitación de la propuesta de reforma del Estatuto de les Illes Balears.


Señorías, tampoco voy a ser yo quien manifieste preocupación y alarma por el hecho de que la propuesta de reforma del Estatuto de les Illes Balears incorpore un nuevo título, el VII, cuyo capítulo I aparece bajo la rúbrica de: La acción exterior. No ha sido este Gobierno ni el Grupo Parlamentario Socialista el que ha dicho, respecto de las regulaciones sustancialmente similares, que su introducción en los estatutos de autonomía suponía la desaparición del Estado y la creación de una política exterior europea propia de las comunidades autónomas.
Ciertamente, la expresión acción exterior referida a una comunidad autónoma puede resultar un poco equívoca por ambigua, pero la duda se disipa de inmediato cuando se examina el contenido del artículo 100 de la propuesta de reforma y se comprueba que se está haciendo referencia no a las relaciones exteriores, materia que es de la competencia exclusiva del Estado, sino a la proyección exterior y legítima, que puede tener el ejercicio de las competencias de les Illes Balears. Esta última interpretación coincide con la de la jurisprudencia constitucional, que ha sido precisamente la defendida por la mayoría de los grupos parlamentarios que votaron a favor de la propuesta de reforma del Estatuto de Autonomía de Cataluña, cuyo artículo 193 se ve ahora recogido en el artículo 100 de la propuesta balear. Por otra parte, señorías, el Gobierno nunca ha tenido dudas sobre la conveniencia de regular la participación de las comunidades autónomas en la formación de la voluntad del Estado, sobre todo en lo concerniente a la Unión Europea, cuyas decisiones afectan en muchos casos a materias sobre las que las comunidades autónomas ostentan las competencias.


Señorías, las comunidades autónomas también son Estado, por tanto la regulación de mecanismos claros de colaboración y cooperación institucional entre las administraciones implicadas solo puede redundar en una mejor gestión de las políticas públicas comunes y en la formación de una voluntad final del Estado más sólida y más integrada, por lo tanto más al servicio del interés público y de todos los ciudadanos. Por esta razón, el Gobierno apoyó la propuesta que en esta materia ya elevaron los parlamentos de Cataluña y Andalucía y apoyará también la que hoy nos presenta el Parlamento de las Illes Balears. Señorías, la propuesta que se presenta ante estas Cortes Generales es la propuesta de un nuevo Estatuto de Autonomía; un Estatuto que duplica en extensión al vigente -se pasa de 67 a 139 artículos, han trabajado mucho- y que sin duda mejorará la calidad de vida de los ciudadanos de esa comunidad autónoma.
El Gobierno ha dado su respaldo a todas las iniciativas de reforma que, sin confrontar con la Constitución, han pretendido perfeccionar y acrecentar la calidad del autogobierno que corresponde a las comunidades autónomas; reformas que quieren incorporar derechos, perfeccionar el autogobierno tanto en su

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aspecto institucional como en el competencial, adecuar la Administración de Justicia a la realidad del Estado de las autonomías y regular entre otras cuestiones novedosas las relaciones de colaboración de las comunidades autónomas con el Estado y su participación en asuntos relacionados con la Unión Europea. Lo hemos hecho con Valencia, con Cataluña y con Andalucía y hoy lo hacemos con la iniciativa de reforma de las Illes Balears. El Parlamento balear ha hecho su propuesta y ahora corresponde a estas Cortes Generales, sede de la soberanía, examinarla de acuerdo con los procedimientos establecidos y en su caso adecuarla al interés general de España. Perfeccionada la iniciativa, el Gobierno está convencido de que el texto que finalmente resultará será otro muy buen Estatuto de Autonomía; bueno para los ciudadanos de les Illes Balears y bueno para España.


Termino. Señoras y señores diputados, más allá de las palabras permítanme el uso de una metáfora muy visual. La catedral de Palma de Mallorca ha sido capaz de integrar con resultados espectaculares el mural de cerámica del Premio Príncipe de Asturias Miquel Barceló. Esta incardinación del arte contemporáneo en el patrimonio gótico muestra que el pasado es siempre un proyecto inacabado y que el presente es una esperanza que viene de lejos. Este Estatuto, como el mural de Barceló, trabaja sobre la sólida construcción del Estado constitucional para renovar y actualizar sus esperanzas de pluralidad solidaria.


Muchas gracias. (Aplausos.)

El señor PRESIDENTE: Gracias.


Terminada la intervención del Gobierno es el turno de fijación de posiciones de los grupos parlamentarios de mayor a menor. Tiene la palabra la señora Salom por el Grupo Parlamentario Popular.


La señora SALOM COLL: Señor presidente, muy honorable presidente de les Illes Balears, honorable diputada, compañeros de la delegación de Baleares, señoras y señores, muy buenas tardes.


En este Parlamento durante lo últimos tiempos se han dado por históricas muchas jornadas a cuenta de la toma en consideración de reformas estatutarias. Soy consciente como mallorquina de la trascendencia de esta sesión y creo respetar el espíritu de los ciudadanos de Baleares si digo que este es momento de orgullo, cargado de una emotiva sencillez. No se confunda este legítimo orgullo, sincero y merecido, con actitudes visionarias o grandilocuentes ajenas por completo a nuestro pueblo balear. Nos encontramos ante un proyecto que pretende servir a los ciudadanos y mejorar la calidad de vida, en ningún caso es un instrumento para consagrar proyectos identitarios excluyentes. Hoy con la toma en consideración se da un nuevo paso -en este caso en el Parlamento de la nación- en el proceso de reforma del Estatuto de les Illes Balears.
Después de un intenso trabajo el pasado 13 de junio el texto de la reforma fue votado en el Parlamento de Baleares y aprobado por abrumadora mayoría. Esta propuesta ha llegado al Congreso con un alto grado de consenso, pues a él se han sumado no solo los dos partidos mayoritarios sino también Unió Mallorquina, porque se hizo con un espíritu abierto en búsqueda siempre del acuerdo y del entendimiento. Sinceramente, espero y creo que sería bueno que a su paso por esta Cámara los que no se incorporaron al proceso aprovechen ahora para hacerlo, siempre, eso sí, que se haga con el mismo grado de consenso alcanzado entre las principales fuerzas políticas y que sea para sumar apoyos y no para restarlos. No sería bueno para Baleares repetir la experiencia de otras reformas estatutarias que iban perdiendo apoyos conforme avanzaba la tramitación en las Cortes Generales. Tampoco la búsqueda de este consenso puede se excusa para retardar la aprobación de esta reforma.


Señorías, los estatutos son uno de los pilares de nuestro sistema institucional; son parte del bloque constitucional. Ante este hecho, la reforma de un estatuto se debe afrontar con una serie de criterios, que son los que han guiado la elaboración de la propuesta que hoy tomamos en consideración. Un estatuto nunca puede ser un instrumento para dividir y enfrentar a la sociedad, sino que siempre debe ser un punto de concordia, de unión y de entendimiento. Un estatuto nunca puede ser un medio para imponer determinadas concepciones políticas, ideológicas o culturales; debe ser un escenario que permita el libre desenvolvimiento de todas ellas. Un estatuto nunca puede ser una excusa para marginar a una parte de la sociedad, para descalificar su opción vital o para imponer determinadas identidades; debe servir para integrar a todos sin exclusión. Un estatuto nunca puede ser una herramienta para asfixiar la libertad de los ciudadanos, sino que debe ser oxígeno para su enriquecimiento. Un estatuto nunca puede ser una ley para imponer unilateralmente criterios propios a las demás comunidades, intentar gestionar asuntos ajenos, rebasar su área de influencia política, romper la solidaridad entre otras autonomías o consagrar modelos separadores, sino que debe ser fruto de pactos y acuerdos entre todos y sin imposiciones. Un estatuto nunca puede basar su legitimidad en la invocación torticera de la historia, sino en el marco constitucional vigente. Estos han sido los criterios seguidos a lo largo del proceso de reforma que hoy se presenta, por eso no es igual a otras que han llegado a esta Cámara. Esta reforma sí que se puede comparar con las que se han impulsado y se impulsan desde la lealtad al proyecto común, no con aquellas que se han planteado para romperlo, deteriorarlo, hacerlo residual y dividirlo. Baleares es una tierra plural en un sentido amplio.
Islas diferentes acogen a una sociedad abierta, orgullosa de serlo y que es un patrimonio a conservar. La voluntad de los impulsores de este proyecto ha sido que todos puedan caber en él, y creo que lo han conseguido.


Señorías, reformar no es malo, pero tampoco es en sí mismo ni bueno, ni necesario, ni imprescindible. El vigente Estatuto de Baleares ya se había reformado en ocasiones anteriores y se había mostrado como un buen

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instrumento para el progreso de las islas. El Partido Popular no llevaba la reforma de los estatutos en su programa electoral. Entendíamos que no era una prioridad política. Teníamos claro que el reto que suponía hacer de España una sociedad más moderna, próspera y dinámica exigía concentrar los esfuerzos en otra dirección y que afrontar problemas urgentes como la inmigración, la inseguridad, el crecimiento económico, la mejora de los servicios públicos y la protección del medio ambiente deberían ser nuestro principal cometido. Pensábamos que en eso debían estar concentrados todos nuestros esfuerzos. Pero dicen que los que no saben hacer política de Estado terminan haciendo política con el Estado. Por eso el señor Zapatero puso en marcha una reforma del modelo de Estado como peaje de su debilidad política, señorías.


En 1978, los españoles escogimos un modelo de Estado políticamente descentralizado, cuyos rasgos principales concretamos en nuestra vigente Constitución. Las comunidades autónomas gozan de autonomía política porque así lo quiso el pueblo español, único titular de la soberanía. Los estatutos de autonomía son la norma institucional básica o de cabecera de cada comunidad autónoma y existen porque así lo ha querido el pueblo español en el ejercicio de su soberanía. Por encima de los estatutos está la Constitución como norma suprema de aplicación en todos lo territorios de España. Solo teniendo esto claro se puede avanzar en el proceso autonómico sin caer en demagogias oportunistas o en peligrosas huidas hacia delante, como se ha hecho o se está haciendo en otros casos que sin duda obligarán a rectificar. Esa ha sido una de las claves del éxito de nuestra memoria reciente, la otra ha sido que en todas las reformas estatutarias desde 1978 siempre han participado las dos fuerzas mayoritarias del conjunto del Estado y han girado sobre su acuerdo y sobre la sincera búsqueda de pactos con las minorías allá donde las hubiere. En 1978 no quisimos repetir errores del pasado. Nuestra Constitución no podía ser fruto de la imposición de unos sobre otros, sino el marco de convivencia de todos. La experiencia de nuestra historia pasada de construir sobre pilares de arena fue nefasta. Los constituyentes fueron conscientes de que para trazar reglas permanentes era necesario buscar acuerdos entre todos, entre la izquierda y el centro derecha, por eso la transición funcionó y por eso hasta ahora la España de las autonomías había funcionado. Ya hemos visto a qué conduce romper la regla de oro; ya hemos visto las consecuencias que conlleva utilizar la reforma de un estatuto como una operación política de una parte de la sociedad contra otra. Al final, lo pagan todos, y los ciudadanos dan la espalda a este tipo de reformas. Aquellos que iniciaron su reforma estatutaria sobre pactos en los que se prohibía firmar acuerdos con el Partido Popular han terminado desahuciados políticamente. Cuando de modo premeditado se ha buscado dejar al margen al Partido Popular, cuando se ha tratado de arrinconar al Partido Popular, el final ha sido el mayor de los fracasos para sus impulsores y debería servir como advertencia para los que intentan imitarlo. Es necesario dejar claro que las reformas impulsadas en las autonomías gobernadas por el Partido Popular se han hecho siempre buscando el consenso con la oposición. Por eso han tenido éxito. Han tenido éxito porque se ha buscado el pacto y el diálogo abierto, porque no se han hecho con voluntad sectaria sino con espíritu conciliador y tratando de incidir en lo que une y no en lo que divide.


Señorías, la Constitución de 1978 fue una oportunidad para los ciudadanos de las Islas Baleares. La descentralización política y administrativa que promovía permitió que por primera vez en la historia de las islas, a través del Estatuto de 1983, tuviera una herramienta propia para su autogobierno. Por primera vez tuvimos un marco jurídico y político autónomo y común a todas las islas. Baleares es hoy lo que es gracias al trabajo, al espíritu y a la iniciativa de la sociedad balear, que dio todo su apoyo a este Estatuto. Como he dicho, no existía una necesidad imperativa de cambio. Las rupturas y los cambios bruscos tienen poco que ver con nuestro carácter, pero, ante la reforma del modelo de Estado, Baleares sí que ha querido estar presente. No podía ser de otra forma; Baleares tenía que aportar una visión clara de este proceso. No queremos ser menos que otros, tampoco queremos ser más que nadie, a pesar de que somos de los que más aportamos al proyecto común. Este Estatuto es nuestra contribución al proceso. Una contribución realizada desde la fidelidad a la letra y al espíritu de la Constitución. Por eso, se trata de una reforma plenamente adecuada a la Constitución, con referencias continúas a la Carta Magna y con un respeto escrupuloso al modelo de Estado que diseñaron nuestros constituyentes, y quizá sea importante remarcar que esa intención, la intención de respeto al Estado de las autonomías, fue la que votaron todos los españoles. De respeto a un Estado autonómico -por mucho que algunos se empeñen, no es ni plurinacional ni federal ni confederal-, constituido por nacionalidades y regiones y, la verdad, en el que nosotros nos sentimos muy a gusto, porque el marco de referencia que queremos los ciudadanos de las Islas Baleares son España y la Constitución.


Señorías, no formamos parte, ni queremos, de países imaginarios que nunca han existido y que fruto de ambiciones expansionistas tratan de imponernos una ideología y una cultura que no es la nuestra. Somos gente que queremos vivir libres y en paz, junto al resto de los españoles, en un trato de tú a tú y, como dice la filosofía popular en mi tierra, cadascú a ca seva. Si alguien quiere aprovechar el trámite parlamentario para dar rienda suelta a unos delirios identitarios que han conducido a otras reformas a monumentales fracasos, que no cuenten con nosotros, que no traten de repetir con el Estatuto de Baleares ridículos esperpentos que se han observado en otras reformas. Esta reforma se ha elaborado desde la lealtad a España, desde la conciencia de que la Comunidad Autónoma de las Islas Baleares forman parte de un proyecto común que es España y que, por tanto, debe

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tener en cuenta a los demás territorios y debe tener pleno respeto a los demás territorios que con ellos comparten el mismo proyecto. Así, esta propuesta ha recorrido ya un camino basado en la lealtad institucional y en la solidaridad con otras comunidades; una solidaridad y convivencia que a todos nos incumbe. No hay excepciones posibles, señorías, porque la convivencia está basada en la solidaridad tanto de los que en un momento tienen dificultades y son merecedores de ayuda como de los que por diferentes circunstancias y por su excelente estado financiero están en condiciones de acudir al socorro de otros miembros de la misma comunidad.
Como digo, esta es una propuesta formal y materialmente constitucional, no solo porque se ha hecho respetando los procedimientos de reforma sino porque sus contenidos se mantienen dentro de los límites materiales que nuestra norma suprema fija. Se trata, además, de un texto que ha sido fruto de un diálogo constante, transparente y abierto entre los dos principales grupos políticos de este país. Como afirmaron en su día el presidente del Govern, Jaume Matas, y el líder del PSOE en las Islas Baleares, el pacto que se consiguió entre ambos partidos puede calificarse de histórico, pero no se puede hacer historia si no hay altura de miras y generosidad. Por eso, Jaume Matas, que es quien debía liderar el proceso, luchó por conseguir este acuerdo y lo obtuvo. Es un ejemplo que creo que otros líderes autonómicos deberían imitar. Para ello, ambas partes renunciaron a alguna de sus propuestas en aras del consenso, en la mejor tradición de nuestra reciente historia democrática.


El texto que hoy tomamos en consideración fue impulsado por el Gobierno balear desde una actitud de renuncia a la imposición de ningún criterio y buscando el más alto grado de apoyo parlamentario posible. Con este aval y con estos antecedentes creo que hoy no debemos traicionar este espíritu. Es una propuesta realizada entre todos. Así, el texto incorporó las propuestas para el preámbulo presentadas por la oposición. Además, se introdujo por consenso una relación de derechos y deberes de los ciudadanos de las Islas Baleares que en ningún caso entra en conflicto con el catálogo de derechos y libertades fundamentales plasmado en la Constitución ni supone discriminación de unos ciudadanos españoles frente a otros por el hecho de vivir en una u otra parte de España. De igual manera se revisaron durante el trámite parlamentario artículos relativos a la distribución de competencias, siempre dentro del respeto a la Constitución.


El mismo espíritu y la misma generosidad que ha marcado la descentralización del Estado hacia las comunidades autónomas ha tenido un fiel reflejo en el traspaso de competencias del Gobierno de las Islas Baleares a los consejos insulares. Este traspaso venía exigido por la singularidad propia del carácter discontinuo de nuestro territorio, por el hecho de estar fraccionado en cuatro islas habitadas, por el costo que supone la insularidad en todas sus facetas -transporte, sanidad, sobrecosto de materias primas, dificultades para la exportación de productos-, por los costes añadidos que han de soportar por la llamada segunda insularidad Ibiza, Menorca y de forma muy especial Formentera.
Todo ello exigía un reparto competencial específico y generoso, con un sistema que ni impida el blindaje de las competencias, que garantice la financiación y conceda la potestad reglamentaria a los consejos insulares sobre las materias de su competencia. Precisamente el hecho insular condiciona nuestra forma de ser, nuestra estructura institucional, la economía productiva y la economía doméstica. De ahí que la insularidad tiene un tratamiento especial, con una cláusula de garantía para asegurar que cualquier norma aplicable a un territorio insular de carácter estatal o de la Unión Europea sea de aplicación automática en las Islas Baleares, con una excepción obvia: la parte que corresponda a la condición de región insular ultraperiférica.


Se crea en esta reforma la Conferencia de Presidentes, de los cuatro presidentes insulares con el presidente de la comunidad para la coordinación y la toma de acuerdos en política general de la comunidad.
De mutuo acuerdo, aunque a iniciativa del Grupo Popular, se ha reconocido la singularidad de Formentera, algo que era necesario y de justicia con la nueva distribución de competencias y sistema de financiación. Se han incluido también las propuestas de la oposición en materia de régimen local y la creación de un consejo audiovisual, pero hay que recordar, señorías, que este consejo es de carácter consultivo y exclusivamente para los medios de titularidad pública, que no va a fiscalizar a los medios privados. Nosotros nos sentimos a gusto con la libertad y no perseguimos a los que nos critican. También se han admitido enmiendas en lo referente al consejo de justicia, que en todo caso debe ejercer las competencias previstas en la Ley Orgánica del Poder Judicial, sin interferir en las competencias propias del Estado y sin entrar en conflicto por tanto con las tareas que desarrolla el Consejo General del Poder Judicial. Son ejemplos, como digo, de una fructífera tramitación en el parlamento autonómico que, sin duda, hemos de tener en cuenta ahora para no traicionar el espíritu y el clima de consenso con el que este proyecto se formuló en su origen. Evidentemente, esto no quiere decir que el texto no pueda seguir mejorando en su trámite, que se inicia hoy en el Congreso y que después continuará en el Senado; mejoras que en ningún caso pueden retardar la aprobación del mismo, no solo por el grado de consenso sino porque podría suponer traicionar las expectativas de los ciudadanos de Baleares.


El Grupo Popular está abierto a cualquier tipo de mejora. Todo lo que contribuya a enriquecer este texto, con el mismo espíritu de acuerdo y consenso que hasta ahora ha presidido la tramitación en el ámbito autonómico, será bienvenido por nuestra parte. En política nada es eterno, pero tampoco se puede vivir en la permanente provisionalidad. Los estatutos, para que sean efectivos y sean instrumentos de progreso y desarrollo, deben aportar estabilidad. No pueden nacer con fechas

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de caducidad puestas. El pueblo de Baleares no se lo puede permitir.


Señorías, la lealtad al proyecto común es la piedra angular de este Estatuto. Ya en el propio preámbulo del texto se subraya que las Islas Baleares han ejercido su derecho a la autonomía de acuerdo con la Constitución española vigente, y bajo este mismo marco se establece la denominación de la comunidad autónoma como nacionalidad histórica.
Nacionalidad histórica, que no nación, ya que, a pesar de tener una identidad propia, que la tiene, tiene peculiaridades comunes con las demás regiones de España que obligan a reservar el término nación como española y no balear. No hay una soberanía compartida ni una soberanía particularizada de las comunidades autónomas; es única la soberanía española. Y si en un momento histórico votan los ciudadanos de una comunidad autónoma y legislan determinadas normas que solamente se aplican en dicho territorio, no es porque se les pueda atribuir una soberanía propia sino porque, en el ejercicio de la soberanía nacional de todos los españoles, estos deciden que con respecto a determinadas materias en una comunidad autónoma solamente expresen la voluntad los ciudadanos residentes en dicho territorio. Este principio impregna toda esta reforma. Nos sentimos muy, muy cómodos dentro de la Constitución, sin necesidad de sobrepasar sus límites jugando con la palabra nación o inventando realidades nacionales que generan una peligrosa confusión. No creemos que los ciudadanos estén reclamando este tipo de reformas, sino instrumentos que permitan dar respuesta a sus necesidades concretas e inmediatas, que son muchas y muy urgentes. Esa es la realidad que impregna todo el Estatuto y lo que le diferencia de los que han querido convertir las reformas estatutarias en el marco de sus devaneos esencialistas e identitarios. Algo parecido ocurre con la cuestión de la lengua. Sabemos que algunos pretenden hacer de la lengua un instrumento de imposición de determinadas opciones culturales -en ocasiones somos víctima de ello-, pero para nosotros la lengua es un instrumento de comunicación en libertad de los ciudadanos, y como tal hemos abordado este asunto. Somos una comunidad bilingüe por nuestra tradición y pasado singular; hablamos el castellano y el catalán propio de las Islas Baleares con nuestras modalidades -el mallorquín, el menorquín, el ibicenco y el formenterense-, pero somos mucho más; por nuestra historia y por nuestro presente aceptamos con naturalidad una realidad plurilingüe vivida con normalidad, sin exclusiones. No hemos convertido la lengua en un pretexto de discriminación o, lo que es peor, coacción identitaria; en nuestras islas conviven amplias franjas de la población -el inglés, el alemán, el francés, el italiano, el catalán, el catalán propio de las islas y el castellano-, para nosotros eso es parte de una riqueza a la que no estamos dispuestos a renunciar.


La Constitución solo reconoce el deber de conocer el castellano y prohíbe toda discriminación por razones lingüísticas. Por eso, el artículo 4º del proyecto de reforma subraya que nadie podrá ser discriminado por razón del idioma. Ante el desafío que supone un modelo de un mundo global y cambiante, algunos han optado por guetos culturales, modelos cerrados y excluyentes que separan entre lo propio y lo ajeno. Nosotros nunca renunciaremos a nuestro patrimonio cultural y lingüístico, pero tenemos plena conciencia de nuestra inserción en otras realidades más amplias, que son España, el Mediterráneo y Europa. Quizá por nuestro carácter isleño, por estar rodeados de mar, preferimos lo que comunica, lo que une, lo que pone en común, antes que lo que separa, diferencia y divide.
Fruto de la lealtad al proyecto común presente a lo largo de todo el texto, entendemos que, porque juntos vivimos, entre todos debemos decidir, y frente a la bilateralidad que preside las propuestas de reformas estatutarias promovidas por el presidente del Gobierno, nuestro texto está impregnado de la idea de multilateralidad.


El principio de unidad en el que se basa nuestro modelo territorial requiere que se tenga en cuenta como elemento limitador de esta autonomía, y por tanto básico para salvaguardar la cohesión nacional, el principio de solidaridad. Solidaridad y autonomía deben equilibrarse mutuamente, y la solidaridad solo puede practicarse si todas las comunidades autónomas, de modo conjunto, son las que negocian con la Administración Central del Estado aquellas cuestiones clave que no podían ser otras que las que hacen referencia a la materia de la financiación.
Pues bien, este proyecto estatutario se hace con especial hincapié en la multilateralidad frente a la bilateralidad. Así, la revisión del sistema de financiación se hará partiendo de lo que diga la Comisión Mixta de Economía y Hacienda por parte del Consejo de Política Fiscal y Financiera como órgano multilateral de coordinación. Ello no quiere decir que en las cuestiones que afecten solo y específicamente a la comunidad balear no se puedan prever instrumentos de diálogo con la Administración Central, pero en lo que se refiere fundamentalmente a la financiación no se pierden de vista nunca dos principios, el de lealtad institucional y el de solidaridad.


Una de las consecuencias de las reformas impulsadas por el Gobierno de la nación ha sido precisamente romper este principio de solidaridad. Esto ha ocurrido al admitir que cada comunidad autónoma escoja el criterio que le interese, como ha ocurrido recientemente con los textos en los que se ha especificado un modelo de financiación. Si cada uno intenta blindar su parte obteniendo el máximo posible de las arcas del Estado, sin preocuparle lo que ocurra en el resto de las comunidades autónomas de España, ¿dónde queda la solidaridad interterritorial? ¿Qué le queda a la Administración Central del Estado? ¿Con qué recursos podrá hacer frente a los desequilibrios territoriales?

Somos una comunidad próspera porque somos trabajadores y laboriosos ahorradores. Aprovechamos nuestros recursos y gestionamos bien. No nos importa ser contribuyentes netos al proyecto común, pero vamos a

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ser claros y poner las cosas en su sitio. La Comunidad Autónoma de Baleares es la mayor contribuyente neta, la que más aporta al Estado por habitante y la que más reparte a comunidades necesitadas en concepto de solidaridad, no lo olvidemos, incluso en momentos en los que el crecimiento económico ha sido el menor de toda España, como ha ocurrido en cierto periodo reciente. Queremos también que se sepa que en los últimos años nuestra población se ha visto notablemente incrementa. En cuatro años ha aumentado un 25 por ciento. Para ello requerimos una financiación suficiente que palíe el coste que supone la insularidad, el incremento de la población y la consiguiente, como es natural, explosión en la demanda de servicios, de plazas escolares, de plazas hospitalarias, de servicios sociales. A todo ello hay que añadir el déficit histórico arrastrado desde tiempo inmemorial en infraestructuras básicas, como son las grandes redes de transportes, además de nuestra endémica marginación en los planes estatales de desarrollo. No practicamos ningún tipo de victimismo, pero no es faltar a la verdad denunciar que el pueblo de las Islas Baleares ha sido siempre el gran olvidado. Esta situación no puede mantenerse por más tiempo. Este déficit acumulado solo puede paliarse mediante una compensación económica cifrada en el proyecto en la cantidad de 3.000 millones de euros y, aunque todavía estaremos lejos de alcanzar el nivel de infraestructuras de otras regiones peninsulares, al menos esta cifra contribuirá a paliar en gran medida nuestra desventaja.


Respecto a las competencias de la Comunidad Autónoma de las Islas Baleares del título III, el proyecto de reforma rezuma el mismo espíritu de lealtad constitucional. Señorías, hemos de seguir progresando en el desarrollo autonómico, pero no a costa de romper el marco constitucional.
Se pueden concretar, como se hace en el texto, elencos competenciales que respetan lo dispuesto en la Carta Magna, sin intentar ningún tipo de mutación constitucional o de reforma constitucional encubierta, como se ha pretendido en otras ocasiones.


La peregrina teoría de la deconstrucción constitucional, que consiste en atribuir a instituciones y leyes de rango menor la facultad de modificar las de rango mayor, no tiene en este caso aplicación. La reforma del Estatuto de Baleares parte de la conciencia y del convencimiento de sus redactores de que una ley de rango menor no puede modificar las leyes de aplicación general, como una parte del territorio no puede imponerse sobre el todo.


Desde una comunidad no puede decidirse la configuración del Estado. Ya se encargan otros, desde la permisividad con la cosa pública y su dejación de funciones, de ir haciendo muescas a la Constitución y de alentar esa creo que chusca e ilógica teoría de la deconstrucción constitucional.
Alerta con la palabreja, porque necesita una explicación. Deconstrucción no es reconstrucción, que todavía podría tener su justificación.
Deconstrucción es lo contrario de construcción, ya que el prefijo de significa la acción contraria del verbo que le sigue. Los importadores de la teoría del filósofo Jacques Derrida demuestran que la han digerido mal. Por su eterna afición a la perversión del lenguaje tratan de inventar palabras para ocultar hechos vergonzantes. Deconstrucción es simple y llanamente derribo. Lo contrario de construcción o, si prefieren la definición de la Real Academia, el desmontaje de un concepto o de una construcción intelectual. No es este el caso del Estatuto de Baleares, que lo que hace es construir, apoyar y alentar el espíritu constitucional y solidario. Por eso, en el proyecto son continuas las referencias a la Constitución, y el texto, que es ambicioso, se mueve siempre dentro del respeto a los principios constitucionales básicos. En definitiva, estamos ante un texto que se ajusta a lo que debe ser un estatuto de autonomía: por un lado, desarrolla el régimen autonómico de Baleares al amparo de la Constitución y, por otro, no pretende ser una seudoconstitución en la que se regulen todo tipo de situaciones y circunstancias. Se ha evitado un texto de carácter reglamentista o excesivamente codificador. Un excesivo detalle en la concreción de las competencias supondría, además, un encorsetamiento para su ejecución. No se trata de petrificar las normas, y todos sabemos que los procesos de reforma de los estatutos son más complicados que los de las leyes, tanto orgánicas como ordinarias. Es un texto, señorías, que aspira a lo que debe aspirar: a ser la norma de cabecera básica de la comunidad autónoma, pero no la norma suprema. No se trata de sustituir la Constitución española o de poner tantos impedimentos o condicionamientos para su aplicación que al final lleven a vaciar de competencias a la Administración central del Estado, de modo que quede como algo meramente testimonial o, dicho en otras palabras, meramente residual. Al contrario de otros, es un Estatuto sin apellidos; es un Estatuto hecho entre todos, de todos y para todos. Esta reforma, señorías, permitirá a Baleares dar un nuevo impulso; es un instrumento para afrontar y resolver mejor las necesidades reales de los ciudadanos y una herramienta que permitirá afrontar el futuro con más esperanza. Por eso, hoy solicito a los distintos grupos parlamentarios que tengan a bien admitir a trámite la reforma del Estatuto de les Illes Balears hasta conseguir un grado de acuerdo similar al que le avala al llegar al Congreso de los Diputados. Y les puedo añadir que el proyecto de reforma llega envuelto en un compromiso y una voluntad de todas las fuerzas políticas y del pueblo de las Islas Baleares, y no es otro que la entrada en vigor de esta reforma sea efectiva antes de las próximas elecciones autonómicas y municipales. Señoras y señores diputados, no tengan duda de que la decisión que hoy se tome, aunque para ustedes pueda ser un pequeño paso, constituye un gran paso para los ciudadanos de las Islas Baleares.


Muchas gracias. (Aplausos.)

El señor PRESIDENTE: Gracias, señora Salom.


Su turno, señor Xuclà, por el Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió).


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El señor XUCLÀ I COSTA: Muchas gracias, señor presidente. (La señora vicepresidenta, Chacón i Piqueras, ocupa la Presidencia.)

En primer lugar, quiero saludar y dar la bienvenida a la delegación del Parlament de les Illes Balears, a los tres comisionados, entre los cuales está el muy honorable señor presidente, y a los parlamentarios de todas las fuerzas políticas que se encuentran en la tribuna. (Continúa su discurso en catalán.)

Señorías, hoy el Parlamento de les Illes Balears presenta ante la Cámara una propuesta de reforma de su Estatuto de Autonomía que, en ejercicio del principio de autonomía, formula, en primer lugar, un nuevo marco de autogobierno 23 años después de la aprobación de su primer Estatut y, en segundo lugar, plantea también una actualización de su norma de autogobierno en el marco de lo que pronto podremos definir como la segunda ola, la segunda generación de reformas estatutarias. Es en este proceso de actualización del Estatuto autonómico en el cual nos encontramos; un proceso, señorías, en el cual España se reconoce mejor a sí misma, se reconoce mejor en su carácter plural. Un Estatuto, el balear, que define en su artículo primero a les Illes Balears como una nacionalidad histórica; una nacionalidad histórica, señorías, con la cual los catalanes compartimos una lengua, una tradición histórica y cultural.
El president del Govern ha hecho referencia a Jaume I y a la Corona de Aragón, pero también quiero recordar que con Jaume I llegaron los ciudadanos de Cadaqués, de Begur y de la costa catalana. Les decía que compartimos una lengua y una tradición histórica y cultural, un viejo tronco común de derecho público y privado, y es por todo ello que acogemos con fraternal satisfacción este paso adelante en el autorreconocimiento de les Illes Balears. Un Estatuto que también en el artículo 3 pone negro sobre blanco uno de los hechos diferenciales constitucionalmente explicitados y reconocidos. Hago referencia a la insularidad; una insularidad que merece especial protección, que este Estatuto recoge en esta necesidad de especial protección y que nosotros también reconocemos y apoyamos.


Señorías, quiero avanzar, ya de entrada, cuál será la posición y el sentido del voto del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió) en la toma en consideración de la tramitación de este Estatuto de Autonomía de les Illes Balears. Señorías, vamos a votar favorablemente y lo haremos por dos razones. Una primera razón es que es tradición del Grupo Parlamentario Catalán respetar las propuestas de los parlamentos autonómicos como siempre hemos querido que sea respetada en su integridad la propuesta de reforma estatutaria que haya llegado o pueda llegar del Parlament de Catalunya. He hecho referencia a la integridad. Pronto hará un año que el nuevo Estatuto de Autonomía de Cataluña fue aprobado, el 30 de septiembre del año 2005, y quiero dejar dicho que el contenido de lo que aprobó el Parlamento de Cataluña continúa siendo el horizonte de autogobierno al cual aspira Convergència i Unió y este grupo parlamentario. La segunda razón por la cual votaremos a favor de la toma en consideración es porque siempre es bueno el debate democrático; siempre es buena la democracia deliberativa. Lo es cuando discutimos el Estatuto de Autonomía de les Illes Balears, el futuro Estatuto de Autonomía que llegará de Aragón, el Estatuto de Autonomía de Andalucía, el Estatuto de Autonomía del País Vasco, que fue debatido el 2 de febrero del año 2005, o el Estatuto de Autonomía de Cataluña. En definitiva, respetamos y aplaudimos la vocación de profundizar en el autogobierno porque en parte Convergència i Unió reivindica la paternidad y la maternidad de este Estado autonómico. Nos sentimos impulsores de este Estado autonómico, de lo que podríamos definir como la primera ronda del desarrollo autonómico, de los Estatutos de finales de los años setenta y principios de los años ochenta del siglo pasado, y de lo que es esta segunda ronda de reforma de los Estatutos de Autonomía. Por cierto, algunos que ahora reivindican también el Estado de las autonomías, hasta el año 1987 contemplaban en su programa electoral la revisión a la baja del título VIII de la Constitución española. Se lo diré de otra forma en la cual hemos venido defendiendo también el desarrollo autonómico y nuestra posición ante este debate hoy en Pleno y posteriormente en ponencia y Comisión. Este grupo parlamentario siempre ha dicho: Nosotros nunca vamos a negar a las otras comunidades autónomas lo que queremos y lo que hemos deseado para la mejora del autogobierno de Cataluña.
Señorías, esta es la esencia del principio dispositivo de acceso a la autonomía contemplado en el artículo 2 de la Constitución española, precisamente esto, acceder al poder político según las necesidades y las singularidades de cada comunidad autónoma; es esto y no otra cosa. No es, por ejemplo, lo que decía la semana pasada un candidato: No quiero para esta comunidad nada que no quiera para Cataluña. No es eso, porque uno, a título individual y a título colectivo, no se puede afirmar en función de otro, porque uno, básicamente, se tiene que afirmar en función de su identidad, en función de su horizonte y en función de sus necesidades.
Esto vale a título individual y a título colectivo. Señorías, esta mañana, en una intervención absolutamente correcta de los tres representantes comisionados del Parlament de les Illes Balears, el presidente Matas ha venido a decir algo parecido a esto: Se abre el melón del desarrollo autonómico y nosotros también nos apuntamos. Es pertinente preguntarnos si este es un criterio sólido de desarrollo del Estado de las autonomías, o para decirlo de otra manera: ¿Es sólido el argumento de o bailamos todos o cerramos la fiesta? Porque no todos bailamos lo mismo y no todos tenemos las mismas necesidades ni la misma vocación de autogobierno. Señorías, hoy, en esta segunda ola de reforma de los estatutos de autonomía, como sucedió a finales de los años setenta y a principios de los años ochenta, unos sufren el desgaste, desde un punto de vista de desarrollo del Estado de las autonomías, de abrir el debate, de ser vanguardia a la hora de

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profundizar en el desarrollo del Estado de las autonomías, y otros después dicen que se ha abierto el melón y que se deben apuntar a este desarrollo del Estado de las autonomías. Señorías, presidente Matas, creo que a usted siempre le han gustado los melones, pero ha esperado a que a otros les maduren los melones antes de apuntarse también al desarrollo autonómico. Esta mañana usted ha hecho elogio de la proximidad ante el centralismo; ha hecho una referencia elogiosa al presidente Pujol y a los principios. A usted también le gusta el desarrollo autonómico, pero esta mañana ha tenido que hacer un difícil equilibrio entre esta vocación de desarrollo autonómico y los postulados contrarios que ha mantenido el Partido Popular durante esta legislatura, durante estos últimos meses y estos últimos años. Cordialmente, señorías, entre la cláusula Camps -¿Se acuerdan ustedes de la cláusula Camps? Todo lo que algún día reclamen los otros también lo quiere esta comunidad autónoma- y los melones del señor Matas, queda claro que el Partido Popular, uno, o en este momento no tiene modelo de desarrollo del Estado de las autonomías o, dos, una vez más, como a finales de los años setenta o a principios de los años ochenta, llegan tarde a esta segunda ola de reforma y actualización del Estado autonómico. O bien es esto, o bien ustedes han tenido un mal rato político, un muy largo mal rato político, que ya dura toda esta legislatura. En definitiva, señorías, reitero que vamos a votar a favor de esta toma en consideración, a la espera de contribuciones que podamos hacer en la ponencia y en la Comisión a partir del principio de respeto al texto planteado por parte del Parlament de les Illes Balears.


Señorías, paso a otro elemento de mi intervención. Este es un proyecto de reforma que entraña una novedad que no puede dejar de ser subrayada en este debate. Este es un Estatut que está impulsado por un Gobierno con mayoría absoluta del Partido Popular, que ha llegado a un consenso con el Partido Socialista Obrero Español y que incorpora algunos criterios objetivos, competencias, derechos y deberes que niegan e impugnan en lógica la posición del Partido Popular durante la tramitación del Estatut de Autonomía de Cataluña. Nunca dos estatutos, afortunadamente, serán iguales porque los estatutos parten, como les decía antes, del principio dispositivo del artículo 2 de la Constitución española, de libre acceso a la autonomía. Si la portavoz del Grupo Popular decía: Cadascú a ca seva, permítanme que yo recurra a una castiza expresión madrileña: Cada uno es cada cual. Cada uno es cada cual, pero este Estatuto exhibe una importante incoherencia del Partido Popular y el distinto rasero que utilizan cuando apuestan por profundizar el autogobierno en Cataluña o en alguna otra comunidad autónoma. Señorías, ustedes saben perfectamente que el señor Rajoy ordenó, con motivo del debate del Estatuto de Autonomía de Cataluña, a los presidentes autonómicos del Partido Popular paralizar cualquier reforma estatutaria. Pues bien, hoy nos llega una reforma estatutaria de una comunidad autónoma presidida por un Gobierno del Partido Popular, y el Partido Popular, que tiene presentado un recurso de inconstitucionalidad contra el Estatuto de Autonomía de Cataluña, hoy avala un proyecto de Estatuto, el del Estatuto de Autonomía de les Illes Balears, que por ejemplo contempla, sin ánimo de ser exhaustivo, un cuadro de derechos y deberes del artículo 12 al artículo 27, así como una agencia tributaria de les Illes Balears, artículo 133. ¿Se acuerdan del peligro de convertir España en 17 agencias tributarias? Pues bien, el Estatuto de Autonomía de Cataluña aporta una de esas agencias tributarias, pero el proyecto de Estatut de Autonomía de les Illes Balears aporta otra de estas agencias tributarias. Este proyecto de Estatuto de Autonomía también contempla una comisión mixta en materia de economía y hacienda Estado-Illes Balears, que, como muy bien comprenden SS.SS., es expresión genuina de bilateralidad, de esta tan estigmatizada bilateralidad en las relaciones entre el Estado y las comunidades autónomas. Y este Estatuto de Autonomía, que evidentemente levanta la bandera del hecho diferencial, de la insularidad, y los responsables políticos de les Illes Balears pueden comprender perfectamente que a realidades singulares se requieren tratos políticos singulares y que, ante la situación absolutamente singular de la insularidad y de la ultrainsularidad de Canarias, se requieren respuestas absolutamente singulares, como es esta comisión mixta, no en un tema menor, sino en materia de economía y hacienda entre el Estado y les Illes Balears. Este proyecto de Estatut de les Illes Balears contempla un título VII dedicado a la acción exterior, también la acción exterior con la Unión Europea, y a nosotros nos parece muy bien que en el artículo 113 de este proyecto de Estatut de Autonomía de les Illes Balears contemple la posibilidad de que el Gobierno de les Illes Balears inste a presentar un recurso ante el Tribunal de Justicia de las comunidades europeas en caso de conflicto competencial, exactamente como el artículo 191 del vigente Estatuto de Autonomía de Cataluña. A nosotros, dicho sea de paso, esto nos parece muy bien, pues simplemente impugna e invalida las posiciones mantenidas por el principal grupo de la oposición en debates autonómicos recientes. Este proyecto de Estatuto de Autonomía cuya toma en consideración hoy discutimos, en su artículo 92 contempla que el Tribunal Superior de Justicia de les Illes Balears será donde se agotarán las instancias procesales ordinarias. ¿Se acuerdan de aquello de las 17 agencias tributarias que iban a fragmentar España? ¿Se acuerdan de aquello de los 17 poderes judiciales que iban a fragmentar España? Pues bien, el Estatuto de Autonomía de Cataluña ha hecho su contribución a la mejora y al mejor reconocimiento del Estado de las autonomías y comprobamos cómo hoy también, a través del artículo 92, este Estatuto de les Illes Balears a partir de un Gobierno con mayoría absoluta del Partido Popular, también se apunta -y lo celebramos- a la profundización y al mejor reconocimiento del Estado de las autonomías. Este proyecto contempla en su artículo 95 la creación del consejo de

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justicia de les Illes Balears, el tan criticado consejo de justicia, de acuerdo con el Consejo General del Poder Judicial, cuando se trajo en anteriores debates estatutarios. Pero, señorías, la perplejidad podría ser, que no es, máxima cuando este proyecto de Estatuto contempla en el artículo 76 la creación de un consejo audiovisual de les Illes Balears, artículo que nosotros también celebramos; un consejo audiovisual para que los medios de comunicación social, desde el respeto absoluto y en base a la libertad, tengan transparencia y veracidad, como funcionan consejos audiovisuales en Cataluña, pero también en Francia, en Holanda y en la mayoría de países de la Unión Europea. Se ha dicho, y querría matizarlo, que el Consell de l'Audiovisual de Catalunya atiende únicamente a los medios de comunicación de titularidad pública, en contra de lo que se podría desprender de las palabras de la portavoz del Grupo Popular.
Señorías, profundicemos todos conjuntamente también con el Estatuto de les Illes Balears en materia de desarrollo autonómico y de competencias.
Podría referirme, pero no lo haré, al artículo 28.38, que contempla un servicio de meteorología de la Comunidad Autónoma de les Illes Balears, y recuerdo la gran oposición política en el momento de la creación de otros servicios de meteorología de comunidades autónomas. Asimismo, nos parece muy bien el artículo 31, en el que se hace una apuesta por profundizar en la vocación de autogobierno mediante la posibilidad de la creación de la policía de les Illes Balears. Señorías, hablemos también de inmigración, hablemos del artículo 28.50, que da competencias exclusivas al Gobierno de les Illes Balears en materia de integración social y económica del inmigrante -seguramente sería más afortunado hablar en plural de los inmigrantes-, y también del artículo 38.18, en el que se hace una atribución de competencias ejecutivas en materia de inmigración a favor del Gobierno de les Illes Balears. Señorías, podría ser, pero no lo es, mayúscula la sorpresa de este grupo parlamentario cuando vemos que también este Estatuto contempla y reclama competencias ejecutivas -ciertamente solo competencias ejecutivas- en materia de puertos y aeropuertos de interés general en uno de los aeropuertos más importantes del conjunto de España, como es el de Palma de Mallorca. Señorías, y especialmente aquellas que están con un poco de zozobra por saber si el Estado se nos está vaciando -no, señorías-, con esta apuesta, con la segunda ronda de actualizaciones del Estado de las autonomías, estamos mejorando el Estado y estamos profundizando en un principio que esta mañana ha sido evocado por los señores comisionados, que es el principio de subsidiariedad que tanta buena fortuna y tanto éxito ha tenido en la mejora del Estado de las autonomías en el conjunto del Estado español.
Todavía está muy cercano el intenso debate de carácter doctrinal que tuvimos en la Comisión Constitucional discutiendo sobre la tipología competencial del Estatuto de Autonomía de Cataluña, en el que desde las filas de algún grupo parlamentario se negaba la posibilidad de que en estos momentos en un mundo abierto, globalizado y con interdependencias las comunidades autónomas tuvieran competencias exclusivas. Pues bien, señorías, el proyecto de Estatuto de Autonomía de les Illes Balears propone una tipología competencial con competencias exclusivas, competencias de desarrollo legislativo y ejecución y competencias ejecutivas. Señorías, no puedo disimular que a nosotros esto también nos parece muy bien. Simplemente, insisto, este Estatuto invalida e impugna los planteamientos de algunas filas de algún grupo parlamentario, del primer grupo parlamentario de la oposición, en el debate de anteriores estatutos de autonomía y, concretamente, en el debate del Estatuto de Autonomía de Cataluña. Se ha hecho referencia a ello también esta mañana.
Este es un Estatuto que quiere hacer frente al debate de la financiación, a la mejora de la financiación y a lo que el presidente Matas ha definido como la deuda insular. Además, en ejercicio de su potestad legítima, el Parlamento de les Illes Balears propone a estas Cortes Generales una cifra cerrada de lo que supone esta deuda insular: 3.000 millones de euros. Señorías, permítanme que haga, a modo de distracción quizás, un mero ejercicio especulativo. Si tomamos el PIB de les Illes Balears e imputamos los 3.000 millones de euros durante 10 años, veríamos cómo se podría cancelar esta deuda insular precisamente durante un periodo de tiempo cerrado. Ustedes recuerdan perfectamente las grandes críticas y acusaciones hacia el Estatuto de Autonomía de Cataluña por vincular el PIB de Cataluña y el periodo de siete años para cancelar una deuda histórica en materia de inversiones. Solo estoy en una fase especulativa, pero ¿ustedes se imaginan que en la tramitación en el Congreso de los Diputados y en el Senado se proyecten estos 3.000 millones de deuda insular en un cálculo del PIB en unos años determinados? A nosotros nos parecería bien cancelar una deuda en un elemento tan singular de les Illes Balears como es la deuda insular, pero nos parecería muy mal que esto se confrontara con modelos de cancelación de deudas históricas de otras comunidades autónomas.


Señorías, voy terminando, con lo cual evidentemente no voy a consumir los 40 minutos de intervención de mi grupo parlamentario que básicamente expresa el voto favorable a la toma en consideración de esta propuesta, pero desde el respeto a la propuesta del Parlamento de les Illes Balears me permito hacer dos reflexiones sobre la lengua. Quiero insistir, desde el respeto absoluto a la propuesta de les Illes Balears, y estamos de acuerdo en que hablamos afortunadamente la misma lengua y que no tenemos ningún debate desagradable, como el que se vivió en este Congreso de los Diputados hace unos meses con otro Estatuto de Autonomía, pero me permito apuntar, señorías, que cuando hablamos de modalidades lingüísticas no podemos trazar la frontera de cada una de estas modalidades lingüísticas en función de cada una de las islas. Es más preciso, desde un punto de vista filológico y desde el criterio científico, hablar de las ricas modalidades lingüísticas que existen en les Illes Balears y en cada una de las islas. Más allá del mallorquí, del

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menorquí, del eivissenc y del formenterenc es evidente que hay giros lingüísticos y modalidades lingüísticas distintas si habla un mallorquín de Inca, de Pollença o de Andratx, o si habla el catalán del norte de Ibiza, de Sant Joan de Labritja o el catalán de la vila de Ibiza. Por esto, señorías, seguramente en este punto -y soy consciente de la sensibilidad de algunos grupos parlamentarios en esta materia- se podría -no digo tan solo podríamos- mejorar y perfeccionar lo que contempla el artículo 33 de este proyecto de Estatuto de Autonomía de les Illes Balears. Finalmente, señorías, se ha invocado la tradición liberal de Baleares para decir que la lengua propia no debe ser una lengua de conocimiento obligatorio como lo es la lengua común de España. Haciéndome eco de debates que han tenido lugar en el Parlament de les Illes Balears, y el presidente Matas ha recordado el alto índice de consenso con el cual este Estatuto llega al Congreso de los Diputados, el presidente Matas y los grupos que han dado apoyo a este Estatuto saben perfectamente que este apoyo, que es alto, podría haber sido del cien por cien si se hubieran incorporado los grandes conceptos y las grandes definiciones de la Ley de Normalización Lingüística del año 1985 aprobada por Alianza Popular en aquella primera legislatura. La tradición liberal de Baleares habría mejorado con una aprobación y con el aval del cien por cien con esta incorporación de los redactados de los estatutos de segunda generación.


Señorías, termino congratulándome en nombre del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió) por este Estatuto que es un paso adelante bueno para les Illes Balears por sí mismo -y esto es lo más importante-, pero ustedes comprenderán perfectamente que en este debate de toma en consideración no podíamos dejar de subrayar que parece que el Partido Popular o avanza o en algunas comunidades autónomas va por libre respecto a las duras tesis que han llevado a presentar un recurso de inconstitucionalidad ante el Tribunal Constitucional respecto al Estatuto de Autonomía de Cataluña.


Señorías, señores diputados y diputadas del Parlament de les Illes Balears, señores comisionados, no es cuestión de abrir los melones. Señor presidente Matas, no es que nos guste abrir los melones es que nos gusta, como hicimos en el momento de iniciar el Estado de las autonomías y ahora, liderar la profundización y la mejora del Estado de las autonomías respetando las singularidades de cada uno de los territorios. Señorías, Mosén Alcover tiene un magnífico poema que se llama Als Joves -que no voy a recitar- y en el que repite en el inicio de cada verso: Siau qui sou.
Es evidente que hoy les Illes Balears con la presentación de este proyecto de nuevo Estatuto de Autonomía de les Illes Balears hace una apuesta decidida para ser quien es, para ser y reconocerse mejor en su personalidad.


Muchas gracias, señora presidenta.


La señora VICEPRESIDENTA (Chacón i Piqueras): A usted, señor Xuclà.


Continuamos con el turno del Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana y será don Agustí Cerdà quien tomará en su nombre la palabra.


El señor CERDÀ ARGENT: Representantes del Parlamento y el Gobierno balear, presidenta de la Cámara, diputados, muy honorable presidente Matas, voy a ser claro desde el principio. Soy valenciano y hablaré en nombre y representación de un grupo catalán para defender nuestros planteamientos ante la toma en consideración de la reforma del Estatuto de les Illes Balears. Creo que con eso lo digo casi todo y para buenos entendedores pocas palabras bastan. Que Esquerra Republicana es hoy ya L'Esquerra Nacional dels Països Catalans está fuera de cualquier duda y es cualquier cosa -se lo digo claramente y sin ninguna duda- menos una quimera. Si fuera una quimera les aseguro que no se tomarían ustedes tantas molestias en combatir nuestros argumentos. Por cierto -y se lo digo también con toda la sinceridad y con toda la simpatía- yo a les Illes Balears estic en ca meva; tranquilamente. Nadie me dirá desde ninguna posición cuál es y cuál no es mi casa. Sé cuál es mi tierra, sé cuáles son nuestros intereses y defendemos nuestro proyecto con la misma legitimidad y dignidad con la que pueden hacerlo ustedes. Sencillamente, defiéndanlo con la misma convicción, el mismo coraje y el mismo sentimiento como lo hacemos los hombres y las mujeres de Esquerra Republicana. Es pues, en representación del Grupo de Esquerra Republicana de les Illes Balears i Pituisas y en nombre del Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana que voy a exponer hoy nuestros criterios ante la toma en consideración de este proyecto de reforma estatutaria de les Illes Balears.


Presidente Matas, muy honorable (continúa su intervención en catalán, cuyo texto, que entrega al "Diario de Sesiones", dice lo siguiente: Estarem en primera línea defensant el mateix que es concedeixi a Catalunya.) Estaremos en primera línea defendiendo lo mismo que se conceda a Cataluña. No es una frase nuestra, aunque lo pueda parecer; es una afirmación hecha por usted en Mallorca el día 18 de mayo del 2004.
Repito: Estarem en primer línea defensant el mateix que es concedeixi a Catalunya. Hechos son amores y no buenas razones, y los hechos son que esta propuesta dista mucho del Estatuto catalán. Y no le digo nada de la distancia respecto a la propuesta que vino del Parlament de Catalunya, pero si quiere a los hechos nos vamos a remitir.


Hace 28 años, cuando la Comissió dels Onze redactó el Estatut de les Illes, representantes de Alianza Popular -su antecesor político- manifestaron lo siguiente: De Estatut de Autonomía no ha habido ni hay ni habrá en les Illes Balears. Estatuto ha habido y hay, pero igualmente es cierto que en nada se parece la situación actual al estatus político que tuvo el reino de Mallorca, un reino al que usted ha hecho mención y, por cierto, se le ha olvidado decir que compartía rey con Cataluña, con

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Valencia y con Aragón. De todas formas, lejos de recrearnos en justificaciones historicistas, nuestra firme apuesta por los països catalans no es melancolía del pasado, y usted lo sabe, sino una apuesta de futuro, un futuro de libertad y de bienestar para los ciudadanos y ciudadanas de nuestra nación. Nada de enfrentamiento, solo una propuesta sincera, legítima y digna para un futuro de libertad y de bienestar para la gente que nos sentimos diferentes a la nación española. Ni más ni menos. Lo digo claro y sin ambages.


Hicieron esta propuesta de Estatut a la baja, a pesar de que la única presión para su aprobación fue la inminencia de las primeras elecciones autonómicas esa misma primavera. El vigente Estatut de les Illes Balears fue aprobado el 1 de marzo de 1983, dejando a las Balears y Pitiusas a años luz de las denominadas comunidades históricas. Si se compara el vigente Estatuto o el proyecto que hoy se toma en consideración con el anteproyecto, no del de Cataluña sino el de 1931 de les Illes Balears, se evidencia que aquello que hoy tienen les Illes Balears sigue quedando muy lejos de lo que redactaron la Asociació per la cultura de Mallorca y diferentes cámaras de comercio de les Illes Balears. Fue en aquel momento la sociedad civil quien hizo aquel Estatuto, nada más lejos de la realidad actual, donde la opinión, por ejemplo, de la Obra Cultural Balear o de las propias cámaras de comercio no ha sido ni escuchada. Y le pongo dos ejemplos que lo ilustran perfectamente. El artículo 26 de aquel Estatuto de la República establecía el concierto económico como el sistema de financiación para les Illes Balears y el artículo 2 establecía la lengua catalana como necesaria para todos los funcionarios allí destinados. El texto, encabezado por Emili Darder, alcalde de Palma y militante de Esquerra Republicana -como ve, señor Matas, Esquerra tiene más historia en les Illes Balears que su propio partido-, es uno de los referentes democráticos más próximos de la voluntad de la ciudadanía de les Illes Balears y Pitiusas en cuanto a voluntad de ser; referente que no prosperó por la presión de la derecha, que enarbolaba la amenaza del alzamiento militar en contra del régimen democrático y republicano que representaba la República y también, hay que decirlo, por la voluntad de Menorca de integrarse a Cataluña. De la misma manera, por cierto, los señores diputados Gabriel Alomar, Antoni María Esbert, Joan Estelrich y Alexandre Jaume defendieron en el Congreso de los Diputados, aquí mismo, el año 1931 la posibilidad de que les Illes Balears se federaran con Cataluña. Francesc Armengol -su padre- lo conoce sobradamente, ya que la reproduce así el "Diario de Sesiones" de este Parlamento y, además, aparece en el libro de su padre, de don Jaume Armengol, llamado Esquerra y Nacionalisme. Esto, señor Matas, no tiene nada que ver con el folclore.
Es historia cercana del país que usted preside. Es lo que pasó, lo que en aquel momento pensaron muchas de sus gentes y lo que está también en el sentimiento profundo y yo creo que sincero en mucha de nuestras gentes, de las gentes de les Illes Balears.


Durante la mal llamada transición, el miedo o la inhibición de los representantes políticos fijaron los límites del autogobierno. Estos límites han sido desarrollados por leyes orgánicas, leyes que debían dar contenido al autogobierno a los países de nuestra nación y no a las regiones de las de ustedes. Esta era la idea feliz de la transición, pero los conceptos de autogobierno y autonomía siempre son objeto de enmienda y de pactos a la baja. Lamentamos que el Parlament haya aprobado un Estatut que, como el valenciano -no me da ninguna pena reconocerlo-, es de segunda regional, y que aquel Estatuto que reclamaba el presidente Matas: igual que el de Cataluña, haya quedado en reivindicaciones para los fuegos de artificio mediático y para que algún historiador que vaya alguna vez a las hemerotecas vea lo que dijo en cada momento y lo que se está haciendo. Es el mismo sainete con el que nos hemos encontrado en el País Valenciano. El president del País Valencià y el president de les Illes Balears siguen el mismo guión y, por cierto, le han dejado poco o ningún trabajo al señor Guerra para que se luzca con un buen cepillado.
Señor Guerra, gracias por venir. Ustedes le han hecho el trabajo gratis et amore, su trabajo, su impagable trabajo como cepillador oficial de este reino. Le han dejado ustedes apenas sin oficio ni beneficio, otras tareas tendrá, pero esta ya no, porque ustedes ya la han hecho en el Parlamento balear. Volvemos a recordar aquella cláusula -algunos parlamentarios lo han dicho- que de alguna manera se interpreta también en este Estatuto, que es la famosa y comentada cláusula Camps: No sé qué quiero, pero si alguna comunidad autónoma pide más competencias o mejor financiación, nosotros pediremos un poco más de lo mismo. Ya lo dijimos en su momento con referencia al Estatuto Valenciano: Esto tiene poca credibilidad. Alguien ha comentado antes que hay gente que viene aquí a pedir, a discutir o a debatir sobre lo suyo y hay gente que viene aquí para hablar de lo que tienen los otros, de lo que gozan los otros.
Nosotros vamos a hablar de lo que es nuestro, de ca meva, de ca nostra.
En ese sentido intervenimos en este Estatuto, como intervinimos en el catalán y como intervinimos en el valenciano, así.


Lamentablemente la reforma que se nos propone responde más a un acuerdo entre el Partido Popular y el PSOE que a las demandas de la ciudadanía de les Illes Balears; responde más a un acuerdo entre las direcciones estatales del PSOE y del Partido Popular que a pactos entre las sucursales regionales de sus partidos en les Illes Balears. Gracias al acuerdo de Moncloa y Génova les Illes Balears seguirán siendo incompetentes en demasiados ámbitos, y un sistema de financiación que conlleva - efectivamente este lo conlleva igualmente- un déficit fiscal del 15 por ciento del producto interior bruto, será un hándicap que impedirá asumir en condiciones los cambios que se están produciendo.


Señorías, en 23 años el mundo ha cambiado y mucho. La llegada de inmigrantes, la entrada en la Unión Europea, la incorporación de la mujer a la vida social, política y económica, las nuevas tecnologías, la globalización

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son cambios que requieren nuevos marcos normativos, son nuevos retos ante nuestra ciudadanía. Los nuevos retos y el impacto que estos tienen en servicios como la sanidad o la educación sumados al lastre brutal del déficit fiscal han empeorado o empeorarán el bienestar de los habitantes de les Illes Balears. Han empeorado porque ustedes se empeñan en seguir reclamando pescado y no caña. Para suplir un déficit histórico, para solventar una situación de déficit fiscal no hay que pedir dinero que cubra necesidades ahora, sino un sistema fiscal que garantice la suficiencia económica ahora y siempre o, como mínimo, que sea justo, porque al fin y al cabo no le estamos pidiendo nada a nadie. Es el esfuerzo, es el trabajo, es la riqueza que es capaz de generar la gente de les Illes Balears, lo único que se pide gestionar, ni más ni menos; no es denme y cúbranme el gasto, sino un sistema que sea justo para financiar efectivamente las necesidades que tienen -y tienen muchas- les Illes Balears. Si han empeorado porque les Illes Balears no tienen los instrumentos necesarios para actuar ante los cambios que se avecinan y ante los que ya han sucedido. El reto de construir un espacio social basado en los principios de solidaridad civil, cohesión y progreso material y económico solo se podrá lograr -y lo han recordado otros parlamentarios- desde la aplicación efectiva del principio de subsidiariedad. Trasladar la soberanía a las instituciones más próximas es la fórmula adecuada para garantizar el bienestar de los ciudadanos y ciudadanas.


Muy honorable, señoras y señores del Partido Popular y del PSIB-PSOE, ese Estatuto puede ser una herramienta de mejora y profundización en el autogobierno, cierto, pero, además de los déficit que les estamos detallando, ustedes saben que es un paso modesto en comparación con el que podíamos haber dado. Los mallorquins, menorquins, eivissencs y formenterés merecían mucho más. Además, un Estatuto requiere una aplicación posterior y en políticas ambientales y de desarrollo urbanístico, señor Matas, ustedes, como el Partido Popular valenciano, son un claro ejemplo de todo aquello que no se debe hacer. Señorías, hemos contemplado estupefactos -se lo digo de una manera coloquial- el botellón urbanístico que han organizado desde el Partido Popular en les Illes Balears. Es una constatación, de la cual parte de la ciudadanía de les Illes Balears ha tomado consciencia poniéndose en contra de su modelo de crecimiento de desarrollo insostenible y, a nuestro criterio, suicida.
Qui estima les Illes no les destrueix. Ya lo dijimos hace mucho tiempo.
Cada vez hay más habitantes de les Illes Balears que están en esto: qui estima les Illes Balears no les destrueix. Señor Matas, ¿cuántos campos de golf hay actualmente en Mallorca? Claro que lo sabe, mejor que yo. Lo sabe muy bien: veinte. A los que hay que añadir tres más en proyecto y trece más en licitación. En total son treinta y seis. No lo denunciamos solo nosotros, señores del Partido Popular. Partidos políticos, sindicatos y organizaciones de la sociedad civil como el GOB -el Grup Ornitològic Balear- se han opuesto muy seriamente a esta política de depredación territorial. Por no hablar de las autopistas o autovías de Ibiza. Incluso desde Europa, desde las instituciones europeas, tienen que tirarle de las orejas y decirle que se está pasando 25 pueblos, que con el modelo del cemento y de construir por construir para contentar a unos pocos no vamos a ninguna parte. Señor Matas, no se puede hipotecar el futuro de la mayoría de los ciudadanos de les Illes Balears. El bien más preciado de les Illes es su costa, su belleza, su paisaje y su ecosistema. Hay decenas de ejemplos, pero no me extenderé porque los ciudadanos de les Illes Balears saben de sobra de qué hablo. Mencionaré un caso, el de Ses Fontanelles, el macroproyecto de centro comercial que quieren construir en esa preciosa zona de Mallorca. En pocas semanas más de 10.000 ciudadanos han manifestado con su firma su oposición a este proyecto.


Señor Matas, señores del Partido Popular, su modelo de país, su modelo de crecimiento, a todas luces es insostenible. Cada vez somos más los que lo vemos y lo denunciamos. Tiempo al tiempo, quedan escasamente nueve meses para la celebración de los comicios en les Illes Balears. Por mucho que intenten esconderlo o silenciarlo la oposición a su modelo de islas de cemento y chalets de lujo no para de crecer. Por cierto, hablando de su proyecto, el modelo de beneficiar a unos pocos en detrimento de la mayoría, podríamos mencionar la lamentable actitud de su Gobierno y de su partido este verano con la implicación de su persona en los actos subvencionados en defensa de una piscina ilegal de un conocido magnate de la comunicación cuyo nombre todo el mundo sabe. Qué dantesca la imagen de este verano con toda la derecha y la derecha-derecha de les Illes, con los refuerzos venidos desde la península, eso sí con el billete pagado, para defender que un señor esté por encima de la ley y por encima del bien y del mal. Esta es su filosofía: defender sin ningún rubor los privilegios de unos pocos. President Matas, son ustedes de aquellos que hacen buena aquella frase que dice: al amigo el pecho y al enemigo la ley. (Rumores.)

Señorías, ante la toma en consideración de la propuesta de reforma del Estatut de les Illes Balears que hoy debatimos, el Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana votará favorablemente y no porque nos guste la propuesta. Sin embargo, no impediremos con nuestro voto el debate de ninguno de los estatutos que como el valenciano o el catalán y como el balear dividen nuestra tierra. Es una propuesta muy deficitaria. Es necesario un incremento de competencias en inmigración, en la gestión de puertos y aeropuertos. Es necesario un nuevo y buen sistema de financiación. Es necesario equiparar la lengua catalana y la castellana en derechos y deberes. El señor Antich, que también está presente, ha manifestado su deseo de mejorar este Estatut de les Illes Balears en Madrid. ¡Y luego nos llaman a nosotros ingenuos! ¡Qué quiere que le diga! En esta Cámara ahora tiene la oportunidad de reformarlo, de mejorarlo.
Cuenta con el apoyo de Esquerra Republicana. Señor Antich, le damos la

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oportunidad de mejorar aquí aquello que ha sido imposible en el Parlament de les Illes Balears. Pero si quiere mejorar el Estatut de les Illes no es con el Partido Popular con quien debe pactar, sino con el Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana y estoy seguro que también con otros grupos de la Cámara. Sabe usted que el Estatut que ha sido aprobado por el Parlament y que hoy tomamos en consideración no cumple con las demandas de una gran parte de la sociedad civil. Ahora, la Obra Cultural Balear, que cuenta con más de 5.000 asociados -y usted lo es-, reclama la homologación en derechos y en deberes entre la lengua castellana y la lengua catalana. Y digo yo que, para ser liberal, con la misma liberalidad con que usted dice que no impondrán a nadie el catalán, hágalo usted con el castellano. Tampoco vamos a imponer a nadie el castellano. Esto no es ser liberal, esto es hacer trampa. La igualdad jurídica es lo que permite hacer convivir dos lenguas, que cualquier ciudadano pueda y deba conocer las dos lenguas que son oficiales en su país; si no -no tiene nada que ver con la liberalidad-. Usted está primando una lengua en detrimento de la otra, y da la casualidad que la lengua que prima es la castellana frente a la lengua propia de les Illes Balears. No tiene nada que ver con el liberalismo; si no, aplique esa misma liberalidad a la lengua castellana y verá cuáles son los resultados.


De la misma manera, y siguiendo con que no se ha hecho caso a la sociedad civil, la plataforma empresarial de les Illes Balears ha reclamado, en el mes de octubre del año pasado, un cambio en el modelo de financiación. No lo decimos sólo nosotros, la plataforma empresarial aseguró, literalmente, que les Illes Balears se hundirían si el presidente Matas no pedía lo mismo que Cataluña. Es que se dicen las cosas y luego tienen las consecuencias que tienen. Cabe recordar que su presidente, Alexandre Forcadas, fue conseller de Economía durante la presidencia del señor Cañellas. No les han escuchado. Los cambios que introduce la propuesta de financiación nos deja con una capacidad normativa muy restringida: niega cualquier tipo de bilateralidad, el Gobierno sólo participará en los impuestos cedidos, se mantiene el sistema de siempre, el sistema Lofca.
Un incremento de competencias debe llevar aparejado un nuevo régimen fiscal; si no, son competencias que están en el papel pero que son imposibles de desarrollar porque no hay financiación para llevarlas a cabo. A nuestro modo de ver, debería ser similar al sistema fiscal -como ya reclamamos para el País Valenciano y también para Cataluña- del que gozan el País Vasco y Navarra. Un modelo de financiación que debería basarse en criterios europeos, de transparencia y de pacto, es decir, las balanzas fiscales han de ser públicas y basadas en un acuerdo bilateral entre el Gobierno balear y el Estado español. Estos dos elementos de transparencia y de pacto son los que utiliza la Unión Europea para decidir la asignación de los fondos de compensación a los Estados, para saber cuáles son las balanzas fiscales de cada Estado para compensar a los menos beneficiados. Ése es el modelo de financiación, de transparencia y de acuerdo entre dos gobiernos, el central y, en este caso el de les Illes Balears, para llegar a acuerdos sobre financiación.
Además -lo hemos dicho muchas veces-, hay una sentencia del Tribunal Constitucional alemán, que a nosotros nos parece emblemática, que prohibía la transferencia de recursos de un Länder a otro superior al 4 por ciento del PIB del Länder cedente. Se ha comprobado fehacientemente que sobrepasar el 4 por ciento del producto interior bruto tiene graves repercusiones de frenada en la economía del Länder que aporta recursos.
En ese sentido, el déficit reconocido se sitúa en el 15 por ciento del producto interior bruto de les Illes Balears, y es así que les Illes Balear, ¡mira por dónde! incluso con el acuerdo entre el PP y el PSOE, son las islas de Europa más perjudicadas por su propio Estado. El Estado destina a cada ciudadano de las Illes 1.505 euros anuales, 310 euros por debajo de la media estatal española. Estos datos son consecuencia de la liquidación correspondiente al año 2003, cuando ustedes, señores del Partido Popular, mandaban en España. Y no lo digo por nada, porque con el Partido Socialista las cosas siguen siendo prácticamente igual: el déficit fiscal no ha parado de crecer, los ciudadanos de les Illes aportan mucho más de sus impuestos a las arcas del Estado que lo que el Estado invierte en su territorio. Esto no se corrige con una aportación sino con un sistema diferente al que tienen en estos momentos. Es una discriminación de la ciudadanía de les Illes Balears que viene de antiguo y ustedes saben, señores del PP, que el nuevo sistema de financiación que proponen no va a parar la sangría económica que sufren les Illes Balears.
Y ustedes saben, igual que nosotros, que en les Illes Balears no todo el mundo nada en la abundancia, ni es rico, ni va en yate, con o sin fortuna. Ciertamente todos no tiran de fortuna. Los efectos de la inmigración son contundentes y por eso las competencias en inmigración no deben quedarse únicamente en integración social y económica de las personas inmigradas. Las competencias en inmigración deben consistir también en el control, en la procedencia de los contingentes y en la decisión sobre los permisos de residencia. Estamos viendo ya -y estas últimas semanas lo hemos visto- cómo se da una paradoja que va a resultar lesiva para todos, para la propia convivencia y para la propia cohesión, más aún en aquellas comunidades autónomas en las que efectivamente hay lenguas propias, otro tipo de entender la realidad, otra cohesión social, y es que un Gobierno, el central, toma las decisiones y las gobiernos autonómicos han de sufrir las consecuencias. Esto conllevará problemas de funcionamiento que genera toda la globalización y, por consiguiente, también en la inmigración. Sencillamente estamos de acuerdo con que haya un traspaso de competencias en un tema tan grave y de tantas repercusiones en todos los ámbitos como es la inmigración. Es la Comunidad Autónoma de les Illes Balears la que se endeuda cuando otros toman la decisión para dar servicios sociales de sanidad, de educación o

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de vivienda a los inmigrantes que llegan a les Illes. Por eso es lógico que sea la misma comunidad la que tenga las competencias y, por tanto, el presupuesto asegurado para todo aquello que se refiera al fenómeno de la inmigración. Por otro lado, poder tomar las decisiones en esta materia es básico para asegurar la integración de este colectivo y mantener el equilibrio y el bienestar de la sociedad en su conjunto. Además, esta reivindicación fue lanzada, si bien lo recuerdan, el día 17 de noviembre de 2005, justamente por ese comité de sabios, del que usted hablaba esta mañana, que asesoraba al Govern de les Balears sobre la reforma del Estatuto: la competencia en inmigración como competencia exclusiva de la comunidad autónoma. En este punto no nos han hecho caso.


También es necesario, igual que esta transferencia de competencias, tener el poder de decisión sobre puertos y aeropuertos. Son la llave de entrada y salida de las islas, y las islas son islas. Como islas, su llave únicamente puede pasar por puertos y aeropuertos y el poder de decisión en les Illes Balears reside en el poder de gestión de puertos y aeropuertos. Se pueden hacer muchas transferencias, pero tener esa llave en manos de quienes democráticamente representan a la gente que vive allí es de sentido común. ¿Por qué el PP vota repetidamente en contra del traspaso de la gestión de puertos y aeropuertos a Cataluña y en cambio el presidente de las Baleares -usted, señor Matas- quiere que a las Baleares se le transfiera? O todos moros o todos cristianos. Es justamente un modelo de gestión que aumenta -y lo comprobaríamos rápidamente- la calidad del servicio. Estamos de acuerdo en que el Govern de les Illes Balears pueda gestionar y planificar sus puertos y aeropuertos. Solo faltaría. Los incongruentes de vez en cuando son ustedes, los del Partido Popular, que montan la de Dios es Cristo cuando lo reclama Cataluña y en cambio están pidiendo lo mismo que reclama Cataluña para les Illes Balears. Esto tiene nombre, pero no se lo diré porque es feo. Sobre todo es contradictorio, como lo es que su conseller de Economía el pasado 5 de mayo de 2005 pidiera, además de lo que se ha conseguido en Cataluña, que les Illes Balears participaran en el impuesto sobre sociedades. Si está dispuesto a mantener esa afirmación de su conseller de Economía, nosotros le daremos apoyo; ahora bien, no es únicamente una inversión pública en un plazo de diez años. La financiación no debe limitarse a un dinero en infraestructuras durante un periodo concreto sino a un modelo propio con capacidad normativa, ya que la propuesta actual sigue sin solucionar el déficit fiscal, un cambio de modelo que acabe con la sangría fiscal de les Illes Balears. Voy terminando.


Señor Antich, ¿tiene previsto avanzar con Esquerra en las demandas de autogobierno o pactar con el PP como lo hicieron con el Estatut Valencià, donde se votó a favor de la división lingüística de nuestro idioma? Usted defendió en les Illes Balears la igualdad de derechos y deberes entre el catalán y el castellano. Ahora que no necesita al PP aquí -hay otras mayorías posibles- y puede pactar con Esquerra, ¿recuperará su reivindicación o seguirá supeditado a intereses ajenos a los de les Illes Balears? El señor Xuclà ha comentado un poema de un manacorí, hijo de una mujer guineana, Guillem d'Efach, que se titula: Siau qui sou mallorquins.
Y decía así, se lo voy a recordar: (Continúa su intervención en catalán, cuyo texto, que entrega al "Diario de Sesiones", dice lo siguiente: En la nostra llengua un dia/ Dictavem la nostra llei/ I la nostra llengua sempre/ Dictarà la seua llei/ No necessitem cappares/ que ens duguin de la mà/ No som nins de mèl i sucre/ I ens sabem governar.) No tenemos ninguna duda desde Esquerra Republicana de que será así.


Muchas gracias. (Aplausos.)

La señora VICEPRESIDENTA (Chacón I Piqueras): A usted, señor Cerdà, muchas gracias.


Continuamos con el turno del Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV) y será don Aitor Esteban quien en su nombre tome la palabra en el debate de toma en consideración.


El señor ESTEBAN BRAVO: Gracias, señora vicepresidenta.


Tradicionalmente es bien conocido que la posición del Grupo Vasco ante la tramitación de los estatutos de autonomía y su reforma es de facilitar el debate, que, además de discutir, se pueda aprobar y entre en vigor la voluntad manifestada a través de los representantes de aquellas comunidades autónomas. Esta ocasión no va a ser una excepción. A diferencia de lo que sucedió en su momento con el Estatuto de Autonomía legal y constitucionalmente presentado por la Comunidad Autónoma vasca en esta Cámara, que fue rechazado, nosotros de nuevo aquí, como hemos hecho con todas las proposiciones de Estatuto de autonomía, facilitaremos su debate e intentaremos que se concrete en ley la voluntad de ese ámbito autonómico.


Uno de los límites que nos ponemos como grupo y en el que nos fijamos a la hora de debatir acerca del contenido de los estatutos es que no afecte a las competencias vascas. No vamos a entrar en qué nos parece más o menos conveniente para las Islas Baleares o para otra comunidad autónoma, siempre que no afecte de una manera directa o indirecta al ámbito vasco de autogobierno. En consecuencia, mi objetivo en esta tribuna hoy es simplemente constatar algunos hechos que nos llaman la atención, tanto en la tramitación como en el contenido de este Estatuto. Por una parte, creo que es de recibo señalar que es un Estatuto que no llega de una manera cerrada al Congreso, hay temas que todavía están sobre la mesa entre los dos grupos mayoritarios, desde el propio consejo para Formentera a la financiación, tema clave del texto, o las competencias del consejo audiovisual, etcétera.


Lo que sí debo decir es que nos sorprende la justificación que se ha realizado para apoyar la presentación, y es que el discurso de los representantes del Parlamento

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balear ha estado basado, en unos casos más que en otros y en uno de manera muy notoria, en la aprobación de otro Estatuto de autonomía. Ha sido un discurso, el del presidente, que nos ha sorprendido, porque daba la sensación de que, en vez de tener deseos de repetir como presidente de les Illes Balears en unas elecciones que se anuncian próximas, se postulaba más para futuro ministro en un hipotético Gobierno del Partido Popular. Ha manifestado que se ha alterado una realidad unitaria en la estructura del Estado, de manera que los demás nos veamos obligados, por razones de supervivencia e intereses amenazados, a modificar nuestro Estatuto, e incluso la señora Salom ha dicho claramente que no era una prioridad del Partido Popular modificar los estatutos. Por tanto, si estas justificaciones son las únicas, da la sensación de que es algo sobrevenido, no algo provocado por una necesidad de adaptación a un nuevo marco jurídico porque la sociedad o los intereses de esa comunidad autónoma hayan variado, sino algo provocado por el supuesto efecto que una legislación de otra comunidad autónoma puede provocar. Esto contrasta, además, con que esa bilateralidad tan denostada, con una oposición clara -de hecho el señor Matas participó en el referéndum del Estatut para que se votara no-, con que esta crítica tan desaforada a la bilateralidad, ahora se plasma también -y lo han señalado otros representantes catalanes- para las Islas Baleares con una comisión bilateral para políticas comunes y ni qué decir tiene el tema de la financiación en el que entraré posteriormente. Por tanto, conceptos que se combatían hace poquísimo en esta Cámara, en estos momentos son apoyados en un ámbito geográfico determinado por los grupos que la combatían. Y la sensación que le dan al Grupo Vasco los grupos mayoritarios que tanto hablan de política de Estado, Grupo Popular y Grupo Socialista, es que no tienen un modelo ni una política de Estado.
El que se mueva un Estatuto de autonomía porque otro se ha movido no tiene absolutamente ningún sentido. Este carrusel, como lo definió algún representante del PSOE con una palabra concreta, fue provocado con la propuesta de modificación del Estatuto de Autonomía vasco. Después han venido uno tras otro, sin más, cuando no había una necesidad claramente explicitada por el Partido Popular y tampoco otras comunidades autónomas lo habían señalado, y ahora resulta que no una ni dos ni tres, sino una tras otra han entrado en ese engranaje de modificación del Estatuto.


El señor Perales, del Partido Socialista, interrogado el 16 de junio por los periodistas sobre cuál podría ser la tramitación y los tiempos del Estatuto lo dijo bien claro: Lo tenemos calculado. Y comparó el proceso de tramitación de los estatutos autonómicos en el Congreso se los Diputados con una cadena de montaje. Yo tendría mucho cuidado con las cadenas de montaje. Sinceramente creo que los grupos mayoritarios no tienen un modelo de Estado y no saben exactamente a dónde ir, porque los criterios varían de un día para otro y eso creo que hay que señalarlo.
Tengan cuidado con la cadena de montaje, no vaya a ser que el triciclo acabe con cuatro ruedas.


Llama la atención al Grupo Vasco que la gran estrella de este debate esté centrada en la financiación. De hecho, se ha subrayado en la prensa muchísimo más esta característica que otras de ámbito competencial, sobre todo esos 3.000 millones, que al principio era un porcentaje en base al modelo catalán, que están basados en unas razones o cuantificaciones que seguro que existen pero que a nosotros, por lo que se ha explicitado, se nos escapan. Decía el señor Matas: Necesidad real de 3.000 millones. Yo garantizo que las necesidades de inversión en Cataluña son, al menos, si no superiores, las mismas que pueda tener. Por tanto, tenemos que defender la necesidad, posición y situación real de un déficit histórico de infraestructuras importantes que yo cifré -dijo- en esos 3.000 millones. ¿Las razones son un déficit histórico en los términos que los fija Andalucía, o es un déficit histórico en otros términos? Yo fijé en 3.000. Podían haber sido 2.000 ó 5.000. ¿La razón está basada en lo que ha apuntado el representante de Esquerra y también el señor Xuclà, en ese montante, esos diez años, esos 3.000, esa deuda? ¿En qué está basada? Yo no dudo que habrá una necesidad de inversiones fortísima y que debe realizarse, pero de ahí a que se convierta en el tema estrella nos sorprende porque, y lo decía el presidente Marín, es una copia del modelo catalán maquillada, tiene muchas semblanzas. Eso contrasta con la obsesión que se ha manifestado en la Cámara, una y otra vez, acerca de la necesidad de sujeción a la Lofca en el caso de Cataluña. Ahora resulta que se quiere crear una comisión mixta de Economía y Hacienda, una agencia tributaria, etcétera. Yo creo que es legítimo y el Grupo Vasco no va a ser quien lo impida ni quien ponga obstáculos, ya que nos parece perfecto, pero quiero señalar las contradicciones que existen. De nuevo un discurso elaborado desde grupos mayoritarios y resulta que se cambia el calcetín a los pocos días. Algunos representantes de esta Cámara y de algún parlamento autonómico tienen cierto derecho a manifestarse sorprendidos, y en ese sentido vamos a encontrar muchas competencias que antes se habían denostado. Yo no voy a entrar en esa, no diré que exhaustiva, pero sí completa relación que ha hecho el señor Xuclà, creo que ha sido muy gráfica. Desde luego es llamativa la de los puertos y aeropuertos de interés general, y después entraré en alguna más.


Quiero señalar, por otra parte, que con la entrada en vigor de este Estatuto se va a constatar -yo creo que ya es una realidad- la disolución del significado original de nacionalidad histórica. Esto no es ni bueno ni malo, pero lo cierto es que, si en el título preliminar se hizo una diferenciación entre nacionalidades históricas y regiones y en el título VIII se hace una diferenciación en dos grandes modelos, cuando hubo otras vías que se iban uniendo a estos para el acceso a la autonomía, había una voluntad, un significado política en aquello que se hizo. Cada comunidad autónoma tiene derecho a autodenominarse,

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a autocalificarse como quiera, y si les Illes Balears quieren calificarse como nacionalidad histórica, me parece perfecto. Pero quiero constatar al mismo tiempo que esa concepción teórica ha quedado rota y que, por tanto, es un tema que -quién lo sabe- podría traer consecuencias en su momento, a la hora de la construcción del Estado autonómico.


Me ha llamado la atención que se hable abiertamente -lo celebro- y con una claridad evidente de la partipación en organizaciones internacionales; participación directa a través de las representaciones del Estado, pero también directa, en su caso, en organizaciones internacionales, temas tabú en el caso, por ejemplo, de la modificación del Estatuto vasco que ahora aparecen con una normalidad pasmosa, de lo cual me congratulo.
Incluso se llega a hablar de la posibilidad de formalizar tratados y convenios internacionales por parte de la comunidad autónoma, de lo cual también me congratulo.


También hay una referencia interesante -que en su momento causó polémica en el Estatuto vasco, en referencia a las comunidades vascas, en el caso aquel- en el artículo 10, en el que se habla de las comunidades isleñas fuera del territorio, que evidentemente existen y me parece un artículo oportuno. No he visto referencia alguna al tema de votos de residentes ausentes, pero sí al tema de las comunidades de isleños fuera del territorio. Y hablando de justicia, también hemos visto que aparece la creación de un consejo de Justicia de les Illes Balears y que parece que esta disolución del Poder Judicial no está a la vuelta de la esquina y que aquellos pronósticos no eran tan terribles.


Nos congratulamos también de que la lengua catalana se considere como lengua propia y como patrimonio de varias comunidades autónomas. En el Estatuto anterior también aparecía la lengua catalana como lengua propia y creemos que esto facilita el que no haya polémicas como las que en otros momentos han llegado a esta Cámara. Después de la intervención de algún representante en esta tribuna diré que parece curioso que cuando se habla de otros idiomas distintos del castellano siempre estemos subrayando la dialectización. Personalmente soy un gran defensor de dialectos y diversas hablas, pero esas ganas de remarcar la dialectización contrastan con que nadie suele citar cuando se habla del castellano, del extremeño, del canario, de la forma de hablar castellano en Aragón o del andaluz, así como de las diversas variedades del castellano en Andalucía. Hay otra cuestión que también es remarcable y que cambia el esquema del mapa autonómico en el Estado, y es la posibilidad de disolución anticipada del Parlamento que va siguiendo la estela del Estatuto de Valencia. Si el Estatuto balear también va por aquí y viene de la mano de los dos grandes partidos de España, entiendo que también muy posiblemente en próximos estatutos nos encontraremos con esta misma propuesta y esta misma competencia, lo que puede modificar las dinámicas políticas de la propia estructura del Estado en el futuro. No es lo mismo que haya algunas comunidades autónomas que celebren elecciones en algunos casos anticipadamente y diferentes de las municipales que que esto se extienda a todas las comunidades autónomas, pero nos parece una reivindicación legítima y perfectamente apoyable y nosotros lo vamos a facilitar. Ahora bien, es evidente que con cada uno de los estatutos de autonomía se están tomando decisiones que van a afectar en el futuro y, sin embargo -insisto-, sigo teniendo la sensación de que los dos grandes partidos políticos de este Estado no tienen las ideas claras sobre ese mapa autonómico.


Finalizo deseando lo mejor para les Illes Balears y su Estatuto, que su tramitación sea feliz y acabe cuanto antes, y señalando, por último, que me gustaría que se hiciera realidad en el día a día de esta Cámara y no solo en las reformas de los estatutos algo que ha subrayado la representante del Parlamento balear por parte del Partido Socialista y la vicepresidenta, que no hay nada más perverso que tratar igual lo que es diferente. Que así sea y que, entre todos, vayamos poco a poco construyendo una convivencia ordenada.


Muchas gracias, señora vicepresidenta.


La señora VICEPRESIDENTA (Chacón i Piqueras): A usted, señor Esteban, muchísimas gracias.


Señorías, continuamos con el turno del Grupo Parlamentario de Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya Verds. La señora Navarro tomará en su nombre la palabra.


La señora NAVARRO CASILLAS: Gracias, señora presidenta.


(Comienza su intervención en catalán.) ...a quien va dirigida esta propuesta de reforma estatutaria y cuyos intereses desde Esquerra Unida defendemos. Desde Izquierda Unida lucharemos por mejorar este texto, por que sea un Estatuto de todos los ciudadanos; un Estatuto que mire hacia el futuro y mire con valentía -que es precisamente lo que le ha faltado a este Estatuto: valentía- y que se aparte de demagogias, manipulaciones e intereses electorales ajenos a los de la gente, ajenos a los propietarios de la soberanía popular y destinatarios últimos de esta reforma estatutaria. Este ha sido siempre el objetivo de Esquerra Unida y por y para ello tenía en su programa electoral la reforma estatutaria; muy distinto esto, como ha reconocido la portavoz del Grupo Popular, de lo que ustedes defendían. Pero al final el Partido Popular se ve obligado a no quedarse fuera del proceso federalizante. Es evidente que el Estatuto valenciano no ha servido de límite y el doble rasero del Partido Popular queda en entredicho. ¿Se rompe España? No, señorías; evidentemente no.
Cuando les interesa electoralmente se unen a este proceso, pero siempre, eso sí, a medio gas. Seguramente por esa doble personalidad este Estatuto queda a mitad de camino, a pesar de que el señor Matas dijo aquello de: Si Cataluña diez, nosotros once. Señor Matas, ni diez ni once; se han quedado lejos del diez y del once; se han quedado entre el valenciano y el catalán y el andaluz. Por cierto, al Partido Socialista le

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exigimos responsabilidad para que la izquierda federalista forme parte de este Estatuto porque somos los verdaderos impulsores de este proceso federalizante y para que formemos parte este Estatuto debe avanzar más. Y precisamente porque nuestro máximo interés está en el bienestar de la gente, nuestra aspiración fundamental será la mejora del apartado de derechos y deberes, que sean verdaderos derechos, derechos exigibles, derechos garantizados. Ahora mismo, no lo son, y ustedes lo saben bien; se trata de meros principios rectores que se enmarcan en el conjunto de mandatos a las administraciones públicas y que deben ser desarrollados por ley para ser aplicados. No es lo que nosotros queremos; queremos títulos con garantías. Y es precisamente el Estatuto, como Carta Magna de les Illes Balears, el instrumento óptimo para reflejar un verdadero compromiso con los ciudadanos, garantizando esos derechos que hoy no están en la Constitución porque esta no ha sido actualizada. Usted, señor portavoz del Grupo Parlamentario Socialista, ha dicho que fueron defendidos con vehemencia; pues deberían haberlo sido no solo como principios rectores, sino que tendría que haber apostado por esos derechos garantizados que están en el Estatuto andaluz y que están en el Estatuto catalán. Por cierto, ya que estamos con esta tarde de metáforas, puestos a abrir melones, podría haber abierto este melón.


También encontramos en la Constitución, por ejemplo, el derecho a una vivienda digna. ¿Y cómo está establecido este derecho? Como un principio rector. La realidad a la que se enfrentan los ciudadanos es que se trata de un derecho que precisamente está muy maltrecho, muy castigado.
Deberían ser garantizados para que haya un verdadero avance y que los ciudadanos lo perciban, que sus vidas cambien, que la gente vea que este Estatuto mejora su vida. Para ello, derechos sociales, sí; derechos del medio ambiente, sí; derechos de participación, sí, pero garantizados.
Porque, señorías, nosotros, Izquierda Unida, no vendemos humo ni palabras bellas, vendemos realidad, y por eso los queremos así y que no dependan de voluntades coyunturales legislativas, que se pueden ampliar o restringir. En definitiva, no se trata solo de avanzar, se trata de dar pasos rotundos hacia una sociedad de bienestar, y aquí tenían una gran oportunidad. Ahora mismo, tal como han recogido ustedes en el texto estatutario -que, por cierto, puede mejorar durante la tramitación que hoy se inicia- los ciudadanos de Baleares tendrán menos derechos que los ciudadanos andaluces y catalanes. Como le decía, puestos a abrir el melón, tenían ahí una gran oportunidad.


Además, avanzar en derechos también significa recoger derechos de los gays, lesbianas y transexuales y luchar contra su discriminación, y esto no está en el Estatuto. Avanzar también significa no tratar a la familia -su modelo particular de familia- como una entidad jurídica en la que ustedes hacen distinciones ya que, por un lado, hablan de la defensa integral de la familia y, después, de los derechos de las parejas estables. Yo me pregunto: ¿Es que una pareja estable no es una familia? ¿Qué es para ustedes una familia? ¿Una pareja estable que tenga hijos o no los tenga o los adopte -lo que usted quiera- no es una familia? Ahora deciden ustedes lo que es una familia. Esto evidentemente no es legislar para todos. Llegar a acuerdos entre ustedes no significa hacer un Estatuto en el que estemos todos los ciudadanos de les Illes Balears.
Ustedes legislan -se acaba de comprobar- desde una visión parcial y sesgada. Miren hacia fuera y refrésquense, y asuman su obligación de legislar para todos los ciudadanos, al margen de si optan por casarse o vivir juntos como pareja de hecho, de si son heterosexuales u homosexuales, de si son de izquierdas o de derechas. Amplíen su prisma y, a buen seguro, este Estatuto mejorará, pero sean valientes y comprométanse. Tampoco se avanza en derechos como el derecho a morir dignamente, que no está recogido, o el derecho a una renta social básica verdadera, como la tenemos en el País Vasco. Por tanto, todos estos derechos ni son derechos garantizados ni se recogen todos los que la sociedad demanda y necesita.


Otra cuestión fundamental para Izquierda Unida, y reflejo del talante del Partido Popular, ha sido la no inclusión del deber de conocimiento del catalán como lengua propia de les Illes Balears. Señora Salom, el deber de conocimiento del catalán no implica obligar a hablar catalán, no tiene que ir la Guardia Civil persiguiendo a aquellos que no hablen catalán por las calles; no se preocupen, tranquilícense y, desde luego, esto no pasa en Cataluña, se lo aseguro. Todos los grupos querían que este mandato estuviera recogido; ustedes fueron los únicos que se negaron. Esto no ayuda a alcanzar consensos. Y además aquí, tal y como ha sido su intervención, se ha vanagloriado de que determinados grupos no votaran favorablemente esta reforma estatutaria. Se hubiera aprobado por unanimidad y para nosotros desde luego esto es una lástima. Y a la vista de la invitación a la negociación global que ha hecho el Partido Popular, que ha dicho que quiere que no sea un Estatuto excluyente, les digo que aquí tienen una buena oportunidad para abrir la negociación al resto de los grupos. Sencillamente se pide dar el mismo trato a la lengua propia de los ciudadanos de les Illes Balears que a la lengua castellana común, es decir, mirar hacia tu pueblo y que el Estatuto sea su reflejo.
Señorías, es evidente que aquí no han hecho un buen trabajo. Además, se da un paso atrás reconociendo las variedades dialectales de cada isla.
Ustedes saben que dividir una lengua es hacerla más débil y de ahí su campaña secesionista tan conocida con el valenciano. Abrir caminos de división de la lengua es trabajar por su desaparición y aquí se está aplicando aquello del divide y vencerás. Esa puerta desde Esquerra Unida, desde Izquierda Unida, no la queremos abrir. Ahora suenan cantos de sirena, que el Partido Socialista quiere eliminar esta previsión del Estatuto. Desde luego, nosotros la vamos a enmendar y nos gustará mucho que la voten a favor por motivos más que evidentes. Por cierto, cuando en el Estatuto ustedes hablan de las relaciones culturales con las comunidades con la misma

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lengua, ¿incluyen al País Valenciano? Porque a mí me parece lo lógico, para Izquierda Unida absolutamente, pero para sus compañeros del Partido Popular, que hablan de idioma valenciano, algo que votó favorablemente el Partido Socialista, no va a ser lo mismo.


Con respecto al avance del autogobierno, en cuanto al listado de competencias, volvemos a encontrar serias carencias. Para Izquierda Unida, el Estatuto, las comunidades, han de asumir las competencias que a nuestro entender son fundamentales para mejorar los servicios que se prestan, como es el caso -ya ha sido señalado- de puertos y aeropuertos.
Es evidente que con una economía como la balear, basada en más del 80 por ciento en el turismo, es decisivo y fundamental para un gobierno implicado en su comunidad que asuma responsabilidades de gobierno como esta. De hecho, al parecer ahora mismo están arrepentidos y hablan en los medios de comunicación de cogestión. Nosotros apostamos porque la competencia corresponda al cien por cien al Gobierno balear para que avance en este sentido y asuma una responsabilidad tan relevante para les Illes Balears. Tampoco se asumen competencias relevantes, como el régimen penitenciario, la inmigración, que se señala mínimamente, políticas de participación social o fomento de energías renovables, pero lo más grave es que no se asuman competencias en cuanto a políticas laborales y de inspección de trabajo. Por cierto, que también están asumidas en los estatutos andaluz y catalán, estatutos que han tenido éxito y no fueron votados favorablemente por el Partido Popular. La portavoz del Grupo Popular ha dicho que cuando el Partido Popular está las reformas estatutarias tienen éxito. Pues tengo que indicarle que cuando el Partido Popular no está también tienen éxito. (Un señor diputado: Menos.) El mismo. Son competencias fundamentales las políticas laborales y de inspección de trabajo para mejorar la calidad de vida de la gente, es decir, su calidad de trabajo, asumiendo responsabilidades para luchar contra una lacra como la siniestralidad laboral. Todos sabemos que tenemos la tasa más elevada de siniestralidad laboral de la Unión Europea, pero les Illes Balears tienen una tasa todavía mayor, que solo se redujo con el Pacto de Progrés. Les Illes Balears necesitan un gobierno que se preocupe por el cumplimiento de las normas laborales, de las normas de seguridad e higiene en el trabajo, que se preocupe porque el trabajo sea realmente digno y más en una economía como la balear, marcada por la estacionalidad y la temporalidad, que por tanto corre más riesgo en cuanto al grado de siniestralidad.


Es evidente que tenemos serias carencias en cuanto a las competencias, lo que hace que no tengan un verdadero compromiso hacia una mejora de la gestión, una de las claves del proceso de descentralización que estamos viviendo y por tanto del camino hacia un verdadero modelo federal de autogobierno. Reconozcamos que ustedes han dado pasos -no tenemos problemas en reconocerlo-, pues de una comunidad con un Estatuto de tercera categoría han pasado a la segunda, pero han renunciado voluntariamente a la primera categoría. Desde Izquierda Unida defendemos, porque nosotros sí tenemos modelo de Estado, un Estado federal, democrático, plurinacional, solidario y republicano. No hay que temer a los cambios ni alarmar con mentiras a la ciudadanía ni con sus absurdas recogidas de firmas para el Estatuto catalán. Hay que avanzar hacia el modelo que ha traído bienestar y progreso; llevar más autogobierno a las comunidades es acercarlo a los ciudadanos, y ese es el trabajo que tenemos que hacer. Tanto el Estatuto como las leyes que lo desarrollan conforman un ordenamiento jurídico que ha de ser reflejo de la realidad social, cultural y política de la comunidad autónoma a la que va dirigida. El ejercicio de las competencias que afectan a ese territorio es una manera de ejercer Gobierno desde la propia comunidad hacia la comunidad, hacia sus gentes, porque el federalismo une individuos, pueblos, naciones, estados, preservando en cada uno su identidad y todo ello es avanzar en democracia, acercar el Gobierno a la gente.


Ese es, y será siempre, el objetivo de Izquierda Unida. Como hubiera sido avanzar en democracia el haber devuelto a la normalidad democrática la barrera electoral, que, como ustedes bien saben, fue modificada en el año 1994 por el Partido Popular, justo antes de las elecciones autonómicas, con un claro intento de dejar fuera a determinadas fuerzas políticas.
Este atraso se consolida en esta reforma estatutaria y es aceptado por el Partido Socialista. Señorías, con la mayoría de esta Cámara, con esta mayoría distinta que hay en esta Cámara, no permitan que esto se mantenga y, por favor, no nos repitan el espectáculo que nos dieron con el Estatuto valenciano.


En cualquier caso, desde Izquierda Unida no negamos los avances que supone este Estatuto, no hacemos como el Partido Popular que todo lo que no viene de ellos es malo, malísimo hasta el ridículo, es lo que vemos en esta casa todos los días. Reconocemos los avances, pero, señorías, es un estatuto, es una carta magna, que siempre ha de avanzar, actualizarse y mejorar respecto al vigente, para eso se reforma, y no recoger la vuelta a la normalidad democrática bajando la barrera electoral al 3 por ciento -perdónenme- no es avanzar, es consolidar un atraso. No recoger mecanismos de participación ciudadana tampoco es avanzar. Recoger las variedades dialectales y no el deber de conocer el catalán no es avanzar.
Haber obviado competencias clave para les Illes Balears tampoco es avanzar. Por lo tanto, la conclusión es que este Estatuto tiene carencias sustanciales en cuanto a derechos y deberes, en cuanto a avances democráticos, en cuanto a la lengua, en cuanto a competencias. Señorías, queremos un Estatuto para les Illes Balears que sea más democrático, más participativo y más comprometido con la gente. Esa es nuestra aspiración y ese va a ser nuestro trabajo en la tramitación que se inicia ahora mismo en esta casa, en el Congreso y en el Senado. Nosotros, Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya Verds, estamos dispuestos a poner todo de nuestra parte

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para negociar, para eso vamos a presentar más de 50 enmiendas y esperamos que tengan mejor talante que el que se ha tenido en el Parlament de les Illes Balears. Ofrecemos nuestra disponibilidad, pero confiamos en que ustedes demuestren su capacidad de negociación y talante, busquemos puntos de encuentro. En cuanto al tiempo, señor Matas, será el que haga falta no el que a ustedes les interese o el que hayan acordado en el Parlamento, el que haga falta, el que necesitemos para hacer el mejor Estatuto posible.


Nuestro voto hoy será la abstención. De este modo no nos negamos a los avances, pero tampoco renunciamos a aquellas reivindicaciones básicas que estoy exponiendo. No dejen pasar esta oportunidad histórica, como la que han perdido en cuanto al Poder Judicial de les Illes Balears. Para Izquierda Unida el Poder Judicial es una de las estructuras del Estado que requiere mayor democratización y descentralización. La justicia es el servicio peor valorado por los ciudadanos, el que recibe más quejas al Defensor del Pueblo; consideran que es lenta, cara y lejana al ciudadano.
Sin embargo, este Estatuto no aborda medidas suficientes para cambiar esta situación, esta percepción de los ciudadanos, esta realidad, para crear una justicia más cercana al ciudadano, una justicia del siglo XXI que sea un reflejo del Estado de las autonomías, plurinacional y plurilingüe en el que hoy vivimos.


Otra de las claves del modelo federal que defiende Izquierda Unida es el modelo de financiación por el que nosotros abogamos. La comunidad autónoma debe asumir su responsabilidad fiscal, recaudando los impuestos a través de su propia agencia tributaria y, de lo recaudado, parte se dirige al Estado para abordar los servicios comunes, parte como aportación solidaria para el resto de las comunidades autónomas y la mayor parte para les Illes Balears, para sus competencias, para su gestión, para sus necesidades y para sus gentes. Esta reivindicación es un máximo de Izquierda Unidad, un reflejo de nuestra visión del Estado federal y solidario, y estamos convencidos de que es la mejor opción para el pueblo de les Illes Balears. Todo ello, por supuesto, sin negar los avances en financiación de la propuesta que viene del Parlament y, desde luego, en la deuda histórica. ¿Ven como el Estatuto catalán no era tan malo? Por cierto, esta previsión es inexistente en el Estatuto valenciano que, como decía, no ha conseguido frenar ninguna aspiración de ninguna comunidad autónoma. Para nosotros, todos los pasos que se den para recuperar la pérdida progresiva de riqueza relativa de los ciudadanos de les Illes Balears los consideramos positivos, pero lo destacamos, y así constará en nuestras enmiendas; hay espacio para avanzar más.


Para finalizar, en nombre de Izquierda Unida, Esquerra Unida, les haré una llamada de atención sobre un olvido de esta reforma que son los entes locales, los municipios y los ayuntamientos. Si bien es cierto que se avanza en cuanto a la insularidad y su descentralización, el Estatuto olvida la administración más cercana a la gente. No se avanza ni un ápice en cuanto a competencias, no dice cuáles son, dice: sus competencias. De suficiencia financiera también se habla, pero no de cómo, no hay ninguna garantía. Por lo tanto, como señala la Unión Europea en su Carta Europea de Autonomía Local, el ejercicio de competencias públicas debe incumbir preferentemente a las autoridades más cercanas a los ciudadanos y esto, en este Estatuto, no está, incumpliendo, por cierto, la petición de la Federación Española de Municipios y Provincias.


Señorías, gentes de les Illes Balears, desde Izquierda Unida, Esquerra Unida, queremos contribuir al bienestar de los ciudadanos. Esperamos y aspiramos a mejorar el texto en esta tramitación que hoy, sin lugar a dudas, se inicia, pero sin prisas y sin pausas. Queremos incluir compromisos firmes de bienestar y progreso para las gentes de les Illes Balears; ese será nuestro trabajo. Esa es ahora la responsabilidad de esta Cámara, que no es cumplir los acuerdos a los que ustedes han llegado en el Parlament; no es ese nuestro objetivo ni nuestro trabajo. Nuestro objetivo es elaborar el mejor texto estatutario posible para les Illes Balears, y ese es el compromiso de Esquerra Unida.


Gracias.


La señora VICEPRESIDENTA (Chacón i Piqueras): A usted, señora Navarro, muchísimas gracias.


Continuamos, señorías, con el turno del Grupo Parlamentario de Coalición Canaria-Nueva Canarias y será don Luis Mardones el que tome en su nombre la palabra para fijar posición en esta toma en consideración.


El señor MARDONES SEVILLA: Con la venia, señora presidenta.


Señoras y señores diputados, señorías.


Don Jaume Matas, presidente del Gobierno de las Islas Baleares, doña Francesca Lluch Armengol, representante del Grupo Parlamentario Socialista y, en ausencia, honorable don Miquel Nadal, del Grupo Mixto y en nombre de Unió Mallorquina, sean bienvenidos y tengan por anticipado el voto favorable de Coalición Canaria a la toma en consideración, en el trámite de hoy, de este proyecto de Estatuto de les Illes Balears, porque tenemos la sensibilidad de una palabra muy entrañable, que ya la comentaré después, aunque sea de pasada, y es que los ciudadanos españoles de ambas comunidades nos llamamos isleños, nombre histórico; no insularistas ni insulares, sino isleños. Así nos conocen en Hispanoamérica, con una terminología que sentimos que nos hace nuestro traje cultural y nos da nuestras señas de identidad, con la que nos sentimos muy a gusto.


Hace 23 años veíamos con la Ley 2/1983 aquel primer Estatuto de les Illes Balears. Hoy 23 años después, y después de dos reformas intermedias, vamos a discutir una pieza jurídica fundamental, a la que la Comisión Constitucional de esta Cámara, en su momento, y después el Pleno dará la plena ratificación. Mi grupo, al sentirse identificado con la serie de parámetros que han

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representado muchas de las señorías del Parlament de les Illes Balears, da un voto de solidaridad, por lo que mi grupo no presentará ninguna enmienda a este estatuto; faltaría más, partiendo como partimos en Coalición Canaria de un respeto democrático a la decisión que ha tomado el Parlament de les Illes Balears. (El señor vicepresidente, Gil Lázaro, ocupa la Presidencia.) Y lo hacemos por una serie de razones, entre ellas las objetivas de neto carácter político que son que este Estatuto, a nuestro juicio, se ajusta perfectamente al marco de la Constitución española; ese escenario que tiene una generosa cabida y en el que cuando un estatuto como este que nos llega hoy respeta una serie de derechos fundamentales -el título I de nuestra Constitución- nos hace sentirnos cómodos.


También hago un llamamiento especial a las dos fuerzas mayoritarias de este Parlamento, que son en este momento también las dos fuerzas representadas por el Parlamento y el Gobierno de Baleares, que en 1978, cuando se aprobó nuestra Constitución, fueron capaces, junto con UCD, de ponerse de acuerdo para establecer, con un auténtico consenso y pacto, tres documentos fundamentales: la Constitución española, la Ley Electoral y el Reglamento democrático de las Cortes. Porque esto es lo que permite la convivencia democrática y poder ajustarse a este principio de unidad, dentro de la pluralidad, de la rica, cultural, política y sociológicamente, nación española. Y sintiéndonos cómodos en el factor común que nos une y no en la peculiaridad que nos puede distinguir es por lo que vamos a dar nuestro voto afirmativo. ¿Cómo no lo vamos a dar?

Haré un breve repaso de algunas de las cuestiones que se plantean aquí y que estaban ya en la raíz de la Ley Orgánica 2/1983, a la que me he referido antes, del Estatuto de Autonomía. Viene a respetar los mismos principios fundamentales, y el árbol se abre en aquellas competencias que van a ejercer con pleno sentido de responsabilidad democrática tanto el Gobierno de les Illes Balears como todas sus instituciones y, sobre todo, una a la que me referiré más adelante, que son los consejos insulares, que asimilaré, en razón del derecho comparado, con instituciones parecidas de la Comunidad de las Islas Canarias, como son nuestros cabildos insulares, de honda tradición en la historia administrativa y política de España.


Cuando ustedes han aceptado plenamente una definición de les Illes Balears como nacionalidad histórica, están reconociendo una verdad documentada.
Ha sido motivo de sus tres intervenciones de esta mañana porque es el punto de referencia para justificar una personalidad, un quién soy yo histórica y políticamente dentro del conjunto de la nación española o de Europa o de cualquier contexto de tipo cultural, ideológico, religioso, sociológico, al que queramos referirnos, para encontrarnos en nuestro espacio, hablemos la lengua que hablemos, porque con esas lenguas diferenciales estamos todos diciendo unas mismas verdades y conceptos. Un concepto democrático no es más ni menos democrático porque se haga en una lengua o en otra. La lengua es el vehículo de esa idea que el pueblo percibe.


Ustedes han hecho un estatuto con una palabra muy significativa que es ciudadanos. Que se sienta ciudadano en su naturaleza jurídica toda persona que viviendo, trabajando y estando en el suelo de les Illes Balears se siente identificado con sus valores generales, pero a partir del primer valor fundamental: la convivencia democrática. Todo lo demás tiene que ser una confrontación que incluso pudiéramos calificar de tipo deportivo en la que una emulación tiene que llevar precisamente a establecer unos parámetros y unos criterios de convivencia.


Su artículo número 3 es el primero que habla de la insularidad. Un primer punto en el que nos encontramos en sintonía la comunidad balear y la comunidad canaria porque además lo llevan, como he dicho, en el artículo 8 a la condición política de los isleños. Este es un artículo muy oportuno porque esa condición de isleños es la que nos va a permitir una identificación con un Estado que territorialmente en su mayoría es peninsular, en que somos las dos únicas comunidades -la balear y la canaria- que tienen este carácter geográfico de ser archipiélagos -ustedes en el Mediterráneo y nosotros en el Atlántico medio meridional- para que nuestra personalidad y nuestras señas de identidad puedan tener una justa compensación en un Estado solidario. De ahí que en las iniciativas que hemos presentado parlamentarios de las distintas fuerzas políticas del archipiélago balear o del archipiélago canario siempre hemos buscado que aquellas cuestiones que proclamaran un principio de identidad en la solidaridad por la distancia al territorio, al continente, al territorio peninsular, tuvieran una compensación para los ciudadanos. De aquí que hayamos coincidido tantas veces en los Presupuestos Generales del Estado en la subvención al transporte de pasajeros entre la Península y Baleares y entre la Península y Canarias, y que hayamos brindado siempre, por los antecedentes históricos de la Comunidad de Canarias, esa enmienda en la que junto a la palabra Canarias figurara la palabra Baleares, para que se identificaran muchos ciudadanos. Si queremos participar de una unidad patriótica en nuestro territorio, no tenía por qué impedirse, por cuestiones puramente económicas del coste de los billetes, el desplazamiento de un ciudadano español en Baleares o de un ciudadano español en Canarias para acceder a una serie de bienes sociológico y culturales; teniendo en cuenta la extensión territorial de nuestro Estado, la insularidad tenía que tener una compensación con cargo a los Presupuestos Generales del Estado, con cargo hoy en día a las leyes de la Unión Europea. Por tanto, aquí hay otro motivo para apoyar con nuestro voto este proyecto de Estatuto que nos llega hasta aquí.


Les felicito por esta redacción del artículo 8 relativo a la condición política de los isleños. Se lo vamos a copiar. Nuestro Estatuto de Canarias está en puertas también de aprobarse en nuestra comunidad autónoma

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y creemos que esta definición hace una especie de hermanamiento entre los isleños, porque no se dice aquí isleños de Baleares o isleños de Canarias, sino estos españoles, como todos nosotros, que estamos en ese territorio insular con todas sus cuestiones. Hubo antecedentes históricos en la toponimia española con relación a las Baleares y Canarias, porque aunque en el lenguaje habitual de hoy en día hemos colocado el artículo a dos islas más de nuestro archipiélago, como son El Hierro y La Gomera, en el artículo 69 de la Constitución española del siglo XIX solamente se emplea en la isla de La Palma, porque hubo que diferenciarlo de la capital de las Baleares, Palma. Por tanto, nos sentimos también identificados en esa raíz histórica, porque su capital, como aquí se señala, es la ciudad de Palma y nosotros en Canarias tenemos la isla de La Palma. Hubo que hacer esta diferenciación en la toponimia del siglo XIX para evitar el confusionismo en las cartas geográficas. Es una anécdota que quería traer aquí para buscar estas señales de identidad. A lo largo de los siglos, la historia de la navegación marítima, que ha sido patrimonio de sus marinos en el Mediterráneo y patrimonio de nosotros, los canarios, en el Atlántico, nos ha llevado al uso de estas cartas comunes de navegación que hoy nos permiten navegar por la democracia con este sentido que ustedes le han dado al título II, artículo 12, cuando vienen a hablar de los derechos, deberes y libertades reconocidos a los ciudadanos de las Islas Baleares, que compartimos plenamente, porque arrancan de un tronco común, de nuestra Constitución de 1978, y se reflejan plenamente aquí.


En la exposición de motivos, creo que es en el artículo 16, ustedes hablan de unos derechos de identidad del pueblo de les Illes Balears en relación con la creatividad. Una vez visité una tumba que para mi era obligatorio culturalmente al visitar Palma, en la iglesia creo que de San Francesc, que era la tumba de Ramón Llull. Si no somos capaces de asumir este mensaje de un inolvidable pensador mallorquín en los albores de la Edad Media, en 1270 aproximadamente, de un hombre que es capaz de acompañar cuando se va haciendo una unidad histórica, cultural y religiosa en la etapa del rey don Jaime I el Conquistador, no entenderíamos cómo se va formando la nación española. Ramón Llull lo entendió perfectamente.
Ustedes tienen un testimonio de legitimidad histórica, de legitimidad cultural en la historia de occidente, porque él fue verdaderamente un viajero cultural que le permitió en aquella Edad Media, en aquel siglo XIII y en el XIV impartir clases en París, recorrer el norte de África, buscar fórmulas lingüísticas de entendimiento, con el uso bien del mallorquín o del catalán, bien del latín, bien de las lenguas romances, bien del árabe, para entender lo que era una unidad de convivencia cultural como es el Mediterráneo. Si ustedes pueden poner encima de la mesa unas señas de identidad personal y cultural, tienen en Ramón Llull uno de los ejemplos de lo que sería hoy la globalización de un pensamiento positivo en la filosofía y en el entendimiento de las personas. Al final de mi intervención haré solamente un cierre recurriendo a esta persona de la que ustedes como mallorquines pueden sentirse muy orgullosos, como nos sentimos también todos los que participamos de la cultura española y europea.


Entrando en cuestiones más pragmáticas, ¿qué decirles del medio ambiente? ¿Qué decir de la agresión que sufren territorios insulares como Baleares y Canarias debido a la promoción del turismo, que demanda ocupación física del suelo, ya sea para hacer hoteles, apartamentos o instalaciones de cualquier tipo? El señor Matas, por su responsabilidad administrativa y porque fue ministro, conoce perfectamente los problemas de desalación de aguas, de recursos hidráulicos y otros. Esa competencia la tienen que tener los gobiernos autónomos y más cuando ustedes hacen una larga enumeración de competencias exclusivas del Gobierno y del Parlamento de les Illes Balears. ¿Qué decir de la ordenación del territorio? Es una obviedad pedir que esto sea competencia y responsabilidad de las propias autoridades que son elegidas en las islas. El régimen de agua y de recursos hidráulicos en nuestras islas, la perentoriedad con que hay que enfocar este tema y el asunto del turismo, que es nuestro producto interior bruto por antonomasia, requieren un grado de responsabilidad de las fuerzas políticas, porque no solamente tenemos que justificarnos ante el turismo que llega allí, como nos pasa en Canarias, sino que tenemos que justificarnos democráticamente con nuestros electores. Nuestros electores nos colocan en esa responsabilidad con una atribución de competencias fundamental, como es la de este Estatuto, y tenemos que llevar adelante el sentido de la responsabilidad política y administrativa.


En el capítulo IV, ustedes hablan de los consejos insulares, y ahí les damos también nuestro voto de apoyo positivo. La única equivalencia que hay en España, porque no la hay dentro del territorio peninsular, son los cabildos insulares de Canarias, que nos han permitido tiempo ha una serie de responsabilidades de gestión administrativa sobre todos los recursos materiales, humanos, etcétera, que tenemos allí.


Algunos de mis antecesores en el uso de la palabra han entrado a enjuiciar el título VII, de la acción exterior, las relaciones con la Unión Europea, con el Estado y con las comunidades autónomas. Esto, hecho con respeto al principio constitucional de soberanía de lo que son competencias del Estado en política exterior, no excluye que en una serie de problemas que hoy día son muy singulares y afectan a determinadas comunidades autónomas haya una simbiosis de representatividad entre la Administración General del Estado en el exterior y los gobiernos y parlamentos de las comunidades autónomas. Aquí nos entendemos perfectamente las dos comunidades autónomas isleñas de la Constitución española y podemos ir muy al unísono en esas relaciones de comunidad autónoma con comunidad autónoma, porque desde el turismo a los recursos hidráulicos, pasando por el hecho de la insularidad, tenemos los mismos problemas.


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Si hay escenarios internacionales en los que se disputan estos problemas del hecho insular, ahí debemos estar conjuntamente las dos comunidades autónomas, junto a la Administración General del Estado. No hay que repetir aquí lo que no tuvo solución ni siquiera con la Revolución Francesa: los encontronazos entre jacobinos y girondinos. No se trata ni de jacobinismo a ultranza, de un poder centralizado absoluto, ni de girondinismo, es decir, cada uno por su parte, en una nación troceada, sin capacidad de vertebración política, sociológica o económica. Este aserto que ustedes hacen en el artículo 118, convenios con otras comunidades autónomas, nos parece muy acertado, muy necesario y muy conveniente. Cualquier partido que esté en el Gobierno central debe entender que esto es una especie de vigor que se va dando a la gran familia democrática de la convivencia en una nación, en una pluralidad, porque si los problemas son diversos, también tienen que serlo las soluciones; que si hay un factor común, también hay un factor diferenciador dentro del concepto de la unidad; que ningún cuadro está pintado con el mismo color de un extremo a otro, sino con una policromía, dentro del marco constitucional de la obra del cuadro, que es la que nos permite mantener de cara a la historia las mismas raíces que hemos invocado para justificar nuestro carácter -en este caso, de les Illes Balears- de nacionalidad histórica mirando hacia el pasado. Cada día que pasa, pasa a ser pasado, valga la redundancia. Entonces proyectándonos en nuestras Islas Baleares hacia el futuro, como en cualquier comunidad autónoma de España, es imprescindible que eso se pueda realizar.


Ustedes han evitado también, a veces, el efecto comparativo en la disposición adicional sexta cuando han vuelto a referirse a la insularidad. Nosotros creemos que la geografía a unos los ha situado en el Mediterráneo, muy dentro del corazón de Europa, y a nosotros, atlánticos, nos ha situado bastante más abajo. La inteligencia política y democrática de los gobiernos sucesivos en España y de la Unión Europea ha reconocido el hecho que ustedes han relacionado de la ultraperificidad.
En Canarias nos encontramos a miles de kilómetros de estos centros de decisión europeos y se ha respetado el principio de ultraperificidad, que es lo único o lo poco que nos puede diferenciar a las dos comunidades autónomas. Creo que es muy acertado que ustedes, la Comisión y el Parlamento de les Illes Balears, hayan introducido el concepto de ultraperificidad, que está permitiendo a Canarias hacer unos planteamientos como los de zona exenta de IVA, zona dentro de una política de distancia, de territorio, de transportes, de régimen específico, sin menoscabo de nuestra condición de ciudadanos españoles y de ciudadanos europeos. Esa experiencia de intercambio de todos los problemas que nos son comunes, que ustedes han sabido recoger inteligentemente en la disposición adicional sexta, permiten que ustedes reconozcan que la única diferencia en la insularidad de Canarias está en el carácter ultraperiférico del archipiélago. Deben estar refiriéndose a él porque no hay otra comunidad autónoma que haya merecido, desde los tratados de Amsterdam de la Unión Europea, el reconocimiento de región ultraperiférica para territorios de soberanía española, francesa o portuguesa, y en el caso de España solamente el archipiélago canario tiene este carácter de ultraperificidad. Eso también facilita hoy, señorías, señor presidente, señor Matas, señora representante del Grupo Socialista, dar nuestro voto afirmativo. Esto es verdaderamente encontrar unas raíces de identidad, como ustedes han señalado en la exposición de motivos, porque precisamente en esas actuaciones lo que se está recogiendo, con un concepto de modernidad, son unas señas de identidad, para ustedes como ciudadanos de les Illes Balears y para mí como canario y español, que tienen 700 años de antigüedad. Hace más de 700 años Ramón Llull escribió El libro de las maravillas y El árbol de la ciencia, recogiendo unos pensamientos que ya quisieran tener muchos progresistas modernos. Nosotros en homenaje a esa persona, que está en sus señas de identidad y que compartimos, damos con sentido de responsabilidad constitucional y con sentido democrático nuestro voto de apoyo a la toma en consideración de este Estatuto. Enhorabuena, porque hoy es su Diada y queremos que sea también una celebración en esta Cámara.


Muchas gracias.


El señor VICEPRESIDENTE (Gil Lázaro): Muchas gracias, señor Mardones.


Corresponde ahora el turno de fijación de posiciones al Grupo Parlamentario Mixto. Conforme a la distribución del tiempo que el grupo parlamentario ha hecho llegar a la Presidencia, en primer lugar, intervendrá por tiempo de veinte minutos el señor Rodríguez Sánchez y, posteriormente, las señoras Lasagabaster y Barkos, por tiempo de diez minutos cada una.


En nombre del Bloque Nacionalista Galego, tiene la palabra el señor Rodríguez Sánchez.


El señor RODRÍGUEZ SÁNCHEZ: Gracias, señor presidente.


Honorable presidente, dignos representantes de les Illes Balears, es predisposición del Bloque Nacionalista Galego tomar en consideración las propuestas estatutarias que vienen avaladas por los respectivos parlamentos como expresión democrática de una voluntad mayoritaria. Nada que objetar desde este punto de vista en esta ocasión, aunque hubiésemos deseado que por los menos a la hora de contemplar los derechos democráticos fundamentales, especialmente los de las personas, se hubiese tenido una posición mucho más abierta.


Ciertamente la Comunidad Autónoma de Baleares recurrió a reformar su Estatuto en dos ocasiones y ahora lo hace por tercera vez aprovechando, como dijo el señor presidente, la posibilidad abierta por el nuevo contexto político y por la iniciativa catalana. Bueno sería que, por lo menos, se reconociese que este nuevo contexto político y la iniciativa catalana tuvieron la virtud de poder

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debatir muchas cuestiones que no se debatían con esta amplitud después de tantos años de autonomía. En el Bloque Nacionalista Galego no necesitamos que nos aclaren que en este caso se trata de un Estatut autolimitado por una concepción o una interpretación derivada de la Constitución española que aboga, no por reinterpretarla desde el punto de vista de una visión profunda, ampliada o, si ustedes quieren, ampliamente democrática o basada en concesiones a una interpretación muy abierta para posibilitar la evolución hacia una estructura de un Estado plurinacional. Dicho esto, creo que sería conveniente aceptar también que, a pesar de todo, se aprovecha el momento para que las Illes Balears puedan tener nuevas competencias, siempre en consonancia con las leyes actuales y futuras del Estado español. Es curioso que en el texto -enumerando muchísimas competencias, algunas que no tenían- siempre se aluda a la Ley Orgánica del Poder Judicial, a lo que pueda venir en relación con los puertos o aeropuertos de interés general, a lo que sea la ley del Estado en materia de cultura, de industria o de la policía autonómica, que, por cierto, es una policía de la que gozan ya Euskadi y Cataluña y que incluso un Estatuto como el gallego actual contiene, aunque no haya sido desenvuelto, precisamente por falta de creencia y de voluntad política por parte de los que gobernaron Galicia hasta ahora. Se trata, por tanto, de un avance, pero de un avance efectivamente limitado, como limitado es el avance en el terreno cultural y lingüístico. En relación con este tema, nos gustaría hacer algunas reflexiones, que pueden demostrar hasta qué extremo el texto es contradictorio en este aspecto.


Se trata, en el caso de les Illes Balears, de un territorio con lengua, cultura e historia propias, específicas, diferenciadas; en algún caso, en el terreno de la lengua, de la cultura y también de la historia, compartida en muchos momentos por otros territorios que hoy conforman el Estado español, con lo cual no es precisamente una invención denominar en cierta medida a estos territorios, si desde el punto de vista lingüístico y cultural hablamos, de països catalans. Pues bien, señorías, el problema de la lengua catalana en el caso del territorio de les Illes Balears no se puede interpretar como una cuestión de carácter individual porque las lenguas no son cuestiones individuales, son cuestiones de carácter social. Y si se trata de que los individuos podamos ejercer en igualdad de derechos en el caso de que existan dos idiomas, uno de ellos autóctono, propio, y el otro impuesto a través de un proceso histórico, está claro que hay que homologar su estatus jurídico con todas las consecuencias, y esto solamente va a ser un instrumento para poder combatir la desigualdad real que existe en la sociedad, en la economía, en la cultura, en los medios de comunicación, en las posibilidades abiertas, incluso desde el punto de vista de la promoción personal.
Nosotros pensamos que no se puede prescindir de aplicar una concepción constitucional extensiva que homologue también al catalán con el castellano en cuanto a ser un derecho y un deber prioritario, sobre todo, para las administraciones públicas y para quien tenga que tener un puesto en esas administraciones. Difícilmente voy a poder yo ejercer mi derecho de gallego hablante en mi territorio o un catalán parlante en el territorio de les Illes Balears si la Administración de Justicia no me tiene que atender en este idioma, si las ventanillas de cualquier juzgado o registro civil no me tienen que atender en este idioma o si en una empresa privada me pueden poner reparos o me pueden echar del trabajo por utilizar el idioma que, sin duda alguna, se reconoce que es un idioma de carácter oficial. Pero es que, señorías, hay una contradicción porque en el preámbulo se asume -nada menos- que el catalán es elemento vertebrador de la identidad. Nosotros compartimos que el catalán es elemento vertebrador de la identidad de les Illes Balears. Si es el elemento vertebrador, hay que dar una propuesta estructural que garantice que el catalán va a subsistir, resistir y avanzar como lengua propia del país, y que no haya preocupación en absoluto. Aunque el catalán aumente sus usos desde el punto de vista social en su territorio, eso no quiere decir que los catalanoparlantes o la población de les Illes Balears, como la de Galicia, vayan a prescindir del conocimiento de un idioma inevitable desde el punto de vista de su difusión internacional y de los medios que tiene a su alcance. Como me gusta decir, el castellano no se aprende en la escuela. El castellano, desgraciada o afortunadamente, viene ya de la vida familiar, de la vida de la calle, de leer los periódicos, simplemente de adaptarse a las condiciones dominantes de la existencia.
Esto llama la atención en un texto -y es un caso diferenciado respecto de Valencia, que nosotros celebramos y además consideramos que es una gran virtud de la clase dirigente de les Illes Balears-: aceptar que efectivamente el catalán es una lengua única en todos sus territorios. La preocupación por la unidad de la lengua se refleja en el artículo 33, a pesar de esa obsesión, sin duda enxebrista que decimos en gallego, por decir que esa lengua tiene muchas variantes. ¡Hombre, claro! Y el español también tiene muchas variantes, pero no variantes con América, es que simplemente no creo que hable igual un campesino de Santander que uno de Sevilla, en absoluto. No creo que haya más diferencias entre los catalanoparlantes. Esta obsesión dialetalizante es propia de clases dirigentes que no acreditan en el propio país ni en la propia lengua, y ahí eso sería totalmente innecesario.


Es también muy de alabar que haya preocupación por una institución que se ocupa de todo el ámbito cultural-lingüístico catalán, pero, señorías, estaremos de acuerdo en que para eso no se necesita la interferencia del Estado español por medio, solamente es así desde una visión totalmente paternalista de que alguien distinto a nosotros nos tiene que amparar y orientar para que valencianos, catalanes, gente de Rosellón, de Balears o de Alguer tengan una institución donde se traten los problemas comunes.
Igual que están muy bien los convenios con otras comunidades sin miedo a que se vaya a deshacer la unidad del Estado español o los protocolos de carácter

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cultural. Incluso, cómo no, ¿no será posible que los territorios de lengua catalana que comparten una historia común puedan tener un patronato igualitario sobre el archivo de la Corona de Aragón, al margen precisamente de la capacidad competencial del Estado español en este tema? Esto demuestra cómo hay una especie de disfunción o, si ustedes quieren, de dualidad entre lo bien intencionados que son, vuelvo a repetir, muy de ensalzar, los deseos de la clase dirigente de les Illes Balears por reconocer determinados ámbitos y su integración en ellos, y luego esta obsesión por la presencia del Estado español en temas en los que, vuelvo a repetir, no creo que signifiquen ninguna virtud estar bajo su tutela. Efectivamente, hay un patrimonio lingüístico común y celebramos que esto se haya respetado en el caso del Estatut de les Illes Balears.


Nos preocupa como gallegos, y mucho más cuando se lo escuchábamos al Partido Popular, que precisamente se hable de que Baleares contribuye a la solidaridad del Estado español y, sin embargo, no se quiera aceptar un modelo de financiación de las comunidades autónomas radicalmente distinto al actual. Señorías, el problema no es que Baleares tenga un fondo de suficiencia negativo -por cierto, la única con Madrid que lo tiene-, porque eso no indica que los demás no estemos contribuyendo a aguantar el Estado español. ¡Vaya si contribuimos! Galicia, que tiene fama de estar en total declive, en total derrota económica -cosa que es verdad-, tiene capacidad, por los flujos fiscales con el Estado, para mantener el actual autogobierno, según los datos de la Agencia Tributaria de España y la liquidación fiscal de 2003 y 2004, y sobra dinero, señorías. Otra cosa es que a Baleares o a Cataluña les sobre más, pero el Estado español lo estamos sustentando las distintas naciones que lo integramos. Los demás no vivimos de la caridad, señorías, tengan esto en cuenta. Ahora, con un modelo de financiación que provoca que sea un porcentaje de los tributos lo que se cede, el resultado final para Cataluña, Balears, Madrid y Galicia es totalmente distinto; pero, además, una cosa son los flujos fiscales y otra son, señorías, los flujos reales. Y si vamos a eso, con lo que tiene entregado Galicia al Estado español, nada más que en las tarifas de electricidad les puedo asegurar que amamantamos al Estado español durante más de cincuenta años, o con lo que tenemos dado a través de los flujos financieros de la emigración amamantamos a España durante toda la etapa desarrollista del franquismo, y eso es también balanza, pero balanza de flujos reales, no de flujos fiscales.


Por eso, nosotros somos los primeros interesados en la transparencia, en cambiar el modelo: territorialización de los tributos, agencia tributaria propia, y después pongámonos de acuerdo en con cuánto colaboramos cada uno al sustento del Estado común, no este engaño de pensar que vivimos de lo que nos dan Baleares o Madrid, porque es radicalmente falso, y le vuelvo a repetir que esto es así según los datos de la Agencia Tributaria de España. Por cierto, menudo Estado, que la recaudación tributaria en cada territorio no coincide después con la liquidación fiscal, hasta ese extremo está todo viciado, opacado y tergiversado. En el caso de Galicia es que hay nada menos que 3.000 millones de diferencia y a algo se debe, a que es un modelo falsificador; es decir, que hay cantidad de impuestos que pagamos los gallegos que se recaudan en otro sitio, simplemente esto.
No hay manera de saber cuánto pagamos por el IVA, pero se hace el reparto por el consumo de Galicia y salen unas cantidades espectaculares con relación a lo que aparece pagado en la Agencia Tributaria; con el impuesto sobre sociedades exactamente igual, y con el impuesto sobre la renta de las personas físicas lo mismo.


Por tanto, nosotros no le teníamos ningún miedo al diseño inicial del Parlamento catalán, y nos sorprende que se hagan críticas en nombre de la unidad de España a un criterio de ese tipo, cuando de lo que estamos hablando es de qué unidad de España y quién crea el Estado español. El Estado español no nos crea a los gallegos, no existimos gracias a él; el Estado español existe, entre otros, gracias al esfuerzo fiscal de los gallegos, y después podremos hablar de muchas otras cuestiones. Creo que es necesario dejarlo claro en este debate.


Por lo demás -y voy acabando ya, señor presidente-, creo que hoy ustedes tienen la gran oportunidad de presentar y debatir este Estatuto coincidiendo con la Diada de Mallorca, que se celebra con motivo de la otorgamiento de franquicias y privilegios de un reino privativo por parte de un rey que fue Jaume II, hijo de ese rey que conocemos todos por los libros de Historia de España, Jaume I, que dividió el reino y curiosamente hizo el reparto teniendo como sede en aquel momento a Valencia, en 1276. Valencia formó parte de los países catalanes y se volvió a integrar, ya no siendo reino privativo, pero sí reino del área catalanoparlante, políticamente en los países catalanes en 1343, en la corona de Pedro IV, un rey catalán, me imagino que aún de lengua catalana, y después de un periodo de esplendor histórico y cultural del que ya hablaron aquí, representado por la obra en prosa de Ramón Llull.
Yo me pregunto muchas veces: ¿ustedes creen que sería posible una obra de tal envergadura si en aquel momento el área lingüística y política catalana no tuviera una importancia crucial en el Mediterráneo, si su conexión con la cultura y la religión musulmana, con una encrucijada de mundos, no fuera precisamente un hecho cualitativo diferente? ¿Cuál era el estado de la cultura castellana en aquel momento? Pregúntense ustedes.
Yo creo que fue la opción de las clases dirigentes la que llevó al pueblo de Mallorca a una opción como la que hoy tiene de estar integrado en el Estado español, una opción que seguro que no se hizo sin recurso a la violencia. Pero les doy un dato: cuando ustedes volvían a integrarse en la confederación catalanoaragonesa, nosotros perdíamos una guerra fundamental con un bando reaccionario oligárquico castellano, que era el bando de los Trastamara, frente a Pedro I. Para nosotros el siglo XIV significó la integración en la

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corona de Castilla cada vez más como una colonia. Ustedes tardaron mucho más, pero creo que ese proceso histórico explica muchas dependencias mentales y psicológicas. No se trata de volver atrás en la historia, pero sí se trata de recuperar la dignidad propia, la confianza y la autorresponsabilidad. No hay que tener miedo a eso. Cualquier proyecto común compartido por distintos pueblos y distintas naciones tiene que estar basado en la autorresponsabilización, en la dignidad y en una convivencia entre iguales. Esperemos que este Estatuto, aunque en ese aspecto no es una panacea, sea, por lo menos, una aproximación.


Muchas gracias.


El señor VICEPRESIDENTE (Gil Lázaro): Muchas gracias, señor Rodríguez Sánchez.


En nombre de Eusko Alkartasuna tiene la palabra la señora Lasagabaster.


La señora LASAGABASTER OLAZÁBAL: Muchas gracias, señor presidente.


Bienvenida la delegación del Parlamento de les Illes Balears, muy honorable presidente Matas, señora Lluch Armengol, señor Nadal, autoridades e invitados de les Illes Balears. Les adelanto la posición de Eusko Alkartasuna: votaremos a favor de la toma en consideración de la propuesta de reforma del Estatuto de Autonomía de les Illes Balears. Y lo hacemos por un principio democrático clave en cualquier sociedad del siglo XXI: el respeto al Parlamento, el respeto a su Parlamento, que representa a los ciudadanos y a las ciudadanas de les Illes Balears. Y este respeto va mucho más allá de que nos guste más o menos un texto, porque vamos a tomarlo en consideración, como mínimo, para estudiarlo. Y este respeto lo es, no solo al Parlamento, a sus ciudadanos, a su historia -señalaba mi compañero Francisco Rodríguez: a una historia que respetamos, como respetamos la nuestra-, a su Carta de franquezas y privilegios del Reino de Mallorca, bajo la Corona de Aragón, de 1236, a su singularidad, a su singularidad insular, a su cultura, a su lengua.
Todo esto lo respetamos porque evidentemente respetamos también nuestra historia, nuestra singularidad, nuestra propia especificidad y nuestra cultura. Pero este respeto lo es, no solo por lo anterior, que podría ser ya suficiente, sino por una cuestión que una nacionalista, en este caso una nacionalista del siglo XXI, defensora de su nación, tiene claro: el respeto al derecho de los ciudadanos y las ciudadanas a decidir de forma pacífica y democrática. Esto es lo que siempre hemos defendido para nosotros y para los demás, y es lo que siempre hemos hecho con todas las propuestas que los demás parlamentos legítimamente han traído a esta casa, más allá del estudio, trabajo o voto final que hayamos dado. Y ha sido todo este respeto y esta votación a favor sin perjuicio de que tuvieran un 90, un 60, un 70 por ciento de apoyo. Siempre y cuando fuera mayoritaria, democrática y pacífica es evidente que...


El señor VICEPRESIDENTE (Gil Lázaro): Disculpe un momento, señora Lasagabaster. Le he detenido el tiempo. Para que no haya duda en ningún grupo de la Cámara, quiero decirles que al Grupo Parlamentario Mixto le corresponden 40 minutos, que se han distribuido de la manera siguiente: 20 para el señor Rodríguez Sánchez, 10 para la señora Lasagabaster y 10 para la señora Barkos. En este momento, sobre el total de los 40 minutos del Grupo Mixto, tiene consumidos 21.


Muchas gracias y discúlpeme, señora Lasagabaster. Cuando usted guste.


La señora LASAGABASTER OLAZÁBAL: Gracias, señor presidente, por su amparo ya que no había oído ninguna objeción. No se preocupen, lo que tengo que decir lo diré rápidamente porque lo que es importante es votar y votar a favor del respeto a los parlamentos.


Aunque también tengo que decir que es bien conocida la situación en la que nuestro Parlamento fue recibido en esta Cámara. No recibimos ese respeto; no lo recibimos. Esta Cámara no entendió que ni tan siquiera fuera estudiada o tomada en consideración su propuesta, algo que realmente lamentamos porque, en definitiva, no fue respetada la decisión de los ciudadanos y ciudadanas vascas. Pero no vamos a cejar en nuestro empeño, ya se lo adelanto, como he dicho siempre que ha habido ocasión. Vamos a seguir batallando para que la decisión en el futuro, cualquiera que pueda ser, del pueblo vasco, democrática y pacíficamente adoptada, sea respetada.


Entremos en materia. Nos presentan una propuesta haciendo una reflexión que creo que es muy natural y muy común: han pasado 23 años, hemos aprendido y creemos que el autogobierno ha sido bueno -por cierto, esta posición de que el autogobierno es bueno no era la común hace 23 años en muchos lugares; pero hoy sí se entiende que el autogobierno de las comunidades autónomas es bueno, y esto ya es un avance importante-. Y nos han planteado elementos que ustedes creen que pueden ser susceptibles de cambio para mejorar ese autogobierno: su propia organización interna, su estructura en las islas y municipios, consejos, ayuntamientos, la situación de Formentera; en fin, una serie de elementos que nos parecen absolutamente lógicos, razonables y en los que no vamos a entrar.


Nos plantean otra serie de temas que también son comunes en las reflexiones de otras comunidades autónomas, más allá de donde nosotros entendemos que tiene que situarse cada cosa, porque la mejor solución, a veces puede ser la misma y a veces no tiene por qué serlo, y no siempre eso es malo, porque la desigualdad no es mala per se sino que es mala si no satisface, si no soluciona los problemas a los que pretende dar solución. Hay efectivamente algunos temas que han planteado otras comunidades: el tema de la justicia, el tema de la tipología de competencias, detallar más las competencias para que no haya tantas dificultades a la hora de interpretar, cosa que creo que al final también se va a producir;

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nos han planteado que, como decía la sentencia del año 1984, las comunidades autónomas tienen capacidad de hacer en el exterior determinados ejercicios de sus propias competencias, y que eso no es malo, que eso redunda en beneficio de todos, etcétera, o los derechos, deberes y libertades de los ciudadanos de les Illes Balears. Creo que son elementos que no solo merecen un estudio en profundidad, sino que además ciertamente hacen ustedes referencia a los problemas que pueden existir en los elementos comunes de las distintas naciones, los distintos reinos o las distintas nacionalidades históricas: justicia, inmigración, acción exterior, desarrollos, garantías, financiación, etcétera. Lo que hay que hacer es ver cuál es la mejor solución para sus problemas o para las reflexiones de futuro sobre su convivencia y su mejor autogobierno. Esto es lo que vamos a hacer en la ponencia y en la Comisión.


Hablaba el president de feina -no sé si lo digo bien- de tarea, de trabajo. Ciertamente, mucho trabajo. Pero lo que sí me gustaría es que hubiera por parte de los grupos parlamentarios una cierta coherencia.
Realmente no se puede decir que es bueno que haya un consejo de justicia, pero que es malísimo porque es algo dramático o es el apocalipsis si otros plantean lo mismo. No se puede decir que la acción exterior es la desestructuración, la invasión y no se sabe cuántas cosas más, cuando en este caso se reflexiona y se dice que es correcto. Es decir, trabajo y coherencia es lo que pediría a aquellos que tienen la posibilidad de trabajar, de solventar problemas que puedan existir y plantear bases razonables para todos.


Sí haría alusión -y termino, señor presidente- a unas reflexiones que ha hecho el muy honorable presidente Matas esta mañana. Yo venía a esta sesión interesada en conocer por qué habían llegado a esta solución, qué reflexiones habían llevado a su Parlamento a entender que era bueno reformar, qué materias, cómo, qué soluciones daban, etcétera. Me he encontrado con que en la primera parte de su intervención había dos temas: en primer lugar, la defensa del Estado; en segundo lugar, como los demás lo han hecho, nosotros también. Me parece que sus ciudadanos se merecen algo más. Se merecen esto porque se merecen esto, no porque los demás hagan esto, aquello o lo otro. Y del Estado no se preocupe, que en esta Cámara se ocupan mucho del Estado y el Estado es fuerte, fortísimo.
Me ha sorprendido su primera intervención.


Yo votaré a favor en nombre de Eusko Alkartasuna no porque los demás lo hayan hecho, sino porque si su Parlamento ha considerado que era bueno, nosotros, como mínimo, tenemos el deber de respetar y estudiar lo que ellos creen que es bueno para ellos mismos.


Gracias.


El señor VICEPRESIDENTE (Gil Lázaro): Muchas gracias, señora Lasagabaster.


Antes de que continúe la señora Barkos, la Presidencia quiere aclarar que anteriormente he interpretado el gesto de un grupo parlamentario como una reclamación en relación con el tiempo que estaba utilizando el Grupo Parlamentario Mixto y por eso he hecho la precisión correspondiente.
Resulta que lo que se estaba indicando es que el marcador del tiempo en el panel general no funcionaba, aunque sí estaba funcionando en el reloj del presidente. Por tanto, pido disculpas a la Cámara.


Cuando quiera, señora Barkos.


La señora BARKOS BERRUEZO: Gracias, señor presidente.


Señorías, Nafarroa Bai comienza su turno de intervención saludando a la representación de la Cámara balear que esta mañana ha presentado la propuesta de reforma del Estatuto de la Comunidad; una propuesta que, en el ecuador de la legislatura, hace la número cinco. Llevamos cinco propuestas de reforma de estatutos de autonomía cuando arrancamos la segunda mitad de una legislatura que algunos se empeñaron en calificar como la de la ruptura del marco institucional. Pues bien, a mitad de la legislatura y con cinco propuestas de reforma encima de la mesa -cada una en un estado de tramitación-, aquí no solo no se ha roto nada, sino que hoy, con la propuesta balear a examen, aquellos que se empeñaron en el apocalipsis institucional hoy nos dicen -y cito textualmente- que reformar en sí mismo no es bueno ni es malo. Esa era la reflexión de la portavoz del Grupo Parlamentario Popular. Sinceramente, señora Salom, nos parece muy poca conclusión para un viaje tan proceloso y tan tormentoso como el que nos han hecho pasar al conjunto de la sociedad estos dos años. Reformar en sí mismo -nos decía- no es bueno ni malo. Esto es lo que nos dicen hoy y estamos absolutamente de acuerdo, lo que se olvidan de señalar es que el verbo reformar, en sí mismo, indica necesidad de cambio. Y esto es lo que muchos venimos defendiendo desde el arranque de esta legislatura en esta Cámara, que el modelo de Estado requiere hoy reformas, y fundamentalmente reformas estatutarias. De hecho, en esta Cámara ya se han presentado cinco y a las cinco Nafarroa Bai ha dicho sí; sí a su tramitación en esta Cámara y sí a todas y cada una de las propuestas que los representantes de los parlamentos legítimos nos han traído a examen. Ciertamente, este no es un ejercicio de coherencia que nos haya supuesto un especial esfuerzo. Al contrario, lo que nos sorprende muy especialmente en la sesión de hoy es que a estas alturas de legislatura algunos tengan necesidad de llegar a la cuadratura del círculo para poder explicar lo que en unas ocasiones no puede ser y en otras sí puede ser. Así, nos hemos encontrado con posiciones que poco tienen de coherencia política y mucho de posicionamiento partidario. Se nos dice -lo ha dicho hoy el Partido Popular- que la bondad de la propuesta balear estriba, entre otras cosas -y en esto se ha incidido notablemente-, en que reivindica la nacionalidad histórica y no la nación porque la sociedad balear tiene -se nos ha dicho- peculiaridades comunes.
Las peculiaridades pueden ser todo menos comunes y lo común puede

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ser todo menos peculiar. Así que, si es por sus peculiaridades comunes por lo que les Illes Balears son nacionalidad histórica y no nación, me temo, señorías del Partido Popular, que se lo van a tener que mirar.


Argumentos como estos -no voy a extenderme- son los que vuelven a fallar en términos de coherencia. Hablo de falta de coherencia para un proceso que se iniciaba -se ha recordado aquí y quiero insistir yo también en ello- en febrero de 2005 con la propuesta de reforma del Estatuto de Gernika, que, por cierto, fue la única rechazada y ha venido sufriendo vaivenes bien diferentes, en función no de la legitimidad de la propuesta, sino de la firma de los proponentes.


Termino, señorías. Los proponentes hoy nos han pedido un compromiso para con la sociedad balear. En ese deseo Nafarroa Bai apoyará, como siempre y una vez más, la admisión a trámite de la propuesta.


Muchas gracias, señor presidente.


El señor VICEPRESIDENTE (Gil Lázaro): Muchas gracias, señora Barkos.


Para finalizar este primer turno, en nombre del Grupo Parlamentario Socialista tiene la palabra el señor López Garrido.


El señor LÓPEZ GARRIDO: Gracias, señor vicepresidente.


Señor presidente, señorías, amigos y amigas, responsables políticos del Parlamento de les Illes Balears, ante todo quiero felicitar a los representantes del Parlamento de las Islas Baleares que han intervenido esta mañana por haber traído al Congreso de los Diputados, a las Cortes Generales, este texto, una reforma completa del Estatuto de Autonomía de les Illes Balears, y que lo hayan hecho con un consenso muy amplio, que representa cerca del 90 por ciento del Parlamento balear. Es un texto que evidentemente es distinto a otras reformas que ha tenido este Estatuto de Autonomía. Como saben, el originario Estatuto de Autonomía de Baleares es del año 1983; se reforma en 1994 parcialmente; se reforma también parcialmente en 1999, en una reforma competencial mucho más amplia, y también conviene citar el traspaso de competencias sobre comercio que tuvo lugar en 1996 mediante una ley, de acuerdo con el artículo 150.2 de la Constitución. Sin embargo, el texto que hoy se nos trae es muy distinto en su naturaleza y en su ambición a las reformas anteriores. Se intenta llegar a un máximo autogobierno, por tanto estamos ante una pretensión muy seria de revisión del conjunto del Estatuto de Autonomía de Baleares, dándole un impulso enorme a la capacidad de autogobierno de Baleares, y además se inscribe en lo que podríamos llamar la segunda descentralización española o el segundo gran impuso autonómico. El primer impulso fue el que correspondió a los primeros estatutos de autonomía y el segundo es el que estamos viviendo en estos momentos con reformas que están iniciándose o que ya están terminadas en más de la mitad de las comunidades autónomas. (El señor presidente ocupa la Presidencia.) Por tanto, como se ha dicho ya aquí esta tarde, estamos ante una oleada de reformas estatutarias, una etapa política nueva del Estado de las autonomías, una profundización muy seria de ese Estado, llegando probablemente hasta el esquema en que, como máximo, pensaba el constituyente de la Constitución española de 1978, y que corresponde a una demanda social.


El Partido Popular, el señor Rajoy, ha dicho muchas veces que este tipo de reformas es un capricho. Lo hizo especialmente con el Estatuto de Autonomía de Cataluña, pero también lo extendió a estas reformas en profundidad de los estatutos de autonomía, diciendo que eran caprichos del Partido Socialista -llevamos en nuestro programa electoral la profundización del Estado de las autonomías, que es un Estado con un gran éxito y que ha aportado mucho a España y a su progreso en todos los aspectos-, un capricho del presidente del Gobierno, una iniciativa arbitraria por tanto, que nadie pide, para la que no hay ninguna demanda ni ninguna razón. Nosotros no coincidimos en nada con esto. En otros debates de estas mismas características ya hemos dicho muchas veces que hay una auténtica demanda social y política para que hasta esta reforma medie un cuarto de siglo tras la primera etapa política del Estado autonómico, cuando se funda y se crea este Estado autonómico con los primeros estatutos de autonomía. Han pasado muchos años y muchas cosas: hay una adecuación necesaria, porque hemos entrado en la Unión Europea; hay fenómenos nuevos -por ejemplo, siempre se habla del fenómeno de la inmigración-; hay un Estado autonómico que da mucha más fuerza a las comunidades autónomas en pilares del Estado del bienestar, como es el caso de la educación o de la sanidad. Por tanto, hay una demanda -sin duda que la hay- de más derechos de los ciudadanos y ciudadanas de las comunidades autónomas. Los primeros estatutos -vigentes todavía en la mayor parte de las comunidades- es verdad que han estado un poco de espaldas a los ciudadanos. Eran estatutos muy orgánicos, muy del poder y de las competencias, pero poco de los ciudadanos, y sin duda hay demandas de mayor identidad, de mayores competencias y de mayor capacidad de financiación. Eso está ahí y son razones objetivas.


Además de todo eso, por si fueran pocas estas razones, lo que ha sucedido con este Estatuto de Autonomía de Baleares es la prueba del nueve de esa necesidad, porque quien ha intervenido hoy en último lugar como representante de la fuerza mayoritaria en el Parlamento de Baleares ha sido el señor Matas, que es el presidente de esa comunidad y, como todo el mundo sabe, es un miembro del Partido Popular. Es un miembro del Partido Popular, por tanto, si el Partido Popular en Baleares no hubiera querido, no hubiera venido esta reforma, no estaríamos aquí hablando de esto. Si ha venido es evidentemente porque ha querido traerla y no es, pues, un capricho del Partido Socialista o del presidente del Gobierno.
Prueba de ello es que el Partido Popular la ha

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traído junto con el Partido Socialista señaladamente, y si el Partido Popular ha traído este Estatuto de Autonomía junto con el Partido Socialista es que ha debido haber una demanda y muchas razones para que viniera. Por tanto, se cae por su base lo que nos dice siempre el Partido Popular de que es una ocurrencia del PSOE, una ocurrencia que no se corresponde para nada -obedece a las alianzas del Partido Socialista, y por eso se hizo el Estatuto de Autonomía de Cataluña- con las necesidades objetivas de los ciudadanos, aunque lo cierto es que no es así.


Ya pasó con el Estatuto de Autonomía de la Comunidad Valenciana. El Partido Popular participó de esa reforma, y ahora una reforma todavía más profunda e importante que la valenciana, la balear, viene de la mano del Partido Socialista, de la mano del Partido Popular y también de la del Grupo Mixto en el Parlamento balear. Podemos decir que las reformas estatutarias, la nueva etapa de profundización en el Estado de las autonomías es una necesidad objetiva, una realidad que no tiene que ver con las necesidades de las alianzas del Partido Socialista ni nada por el estilo. La prueba es que el Partido Popular también lo trae. Es verdad que el señor Matas ha pedido hoy perdón por traerlo. Podríamos decir que su intervención ha sido de autonomismo vergonzante, pues ha pedido literalmente perdón por traerlo. Ha dicho que si no hubiera sido porque Cataluña ha hecho su Estatuto, él no estaría aquí defendiendo un nuevo Estatuto para Baleares, es decir, que los avances indudables que hay en ese Estatuto de Autonomía en temas de identidad, de lengua, de protección de la lengua catalana como lengua propia de Baleares, en los asuntos relativos al aspecto institucional de las islas -luego hablaré de ello-, en el tema económico -también hablaré luego de ello- o en los derechos no ha sido porque el señor Matas, así como otros miembros del Partido Popular, la señora Armengol y otros miembros del Partido Socialista hayan querido, sino por Cataluña. Al final usted, señor Matas, a lo que ha dado lugar es a que los ciudadanos de Baleares tengan que agradecer a Cataluña que esté aquí este Estatuto. Lo que nos ha venido a decir: gracias a Cataluña tenemos aquí un Estatuto de Autonomía de Baleares. Eso es lo que usted ha dicho esta mañana claramente, con un absoluto desprecio al Parlamento y a los ciudadanos de Baleares; tal como usted lo ha dicho ustedes no son los que tienen el mérito, ni tampoco los parlamentarios, de traer este Estatuto. Usted lo ha hecho porque, como lo hizo Cataluña, van a seguir con el melón. Me parece que ha utilizado el argumento del melón.


Sinceramente, señor Matas, yo no me creo que usted piense eso, por lo que no le estoy acusando de semejante actuación de una cierta indignidad.
Atribuir el mérito de ese Estatuto a Cataluña no deja en buen lugar al Parlamento de Baleares ni a Baleares. Yo no me creo que usted piense lo que ha dicho usted esta mañana; yo no me lo creo. Al contrario, pienso que el Partido Popular de Baleares se ha dado cuenta de que es un callejón sin salida y un absurdo lo que dicen en la sede de Génova y ha hecho un Estatuto de Autonomía porque es algo que demanda la sociedad balear y porque me imagino que usted pensará que la beneficiará, pero no porque Cataluña haya hecho un Estatuto de Autonomía. Yo le concedo a usted mayor sensatez y no creo -fíjese en el argumento-, si piensa que el Estatuto de Autonomía de Cataluña es un disparate, que usted traiga aquí otro disparate, que sería este Estatuto. Siguiendo esa lógica, si ese es un disparate, lo que entonces trae usted aquí, que quiere que se parezca bastante, es otro disparate. Naturalmente eso es un grandísimo disparate, y no me creo que usted llegue tan lejos; sinceramente no me lo creo. Lo que ocurre es que hay una estrategia a nivel nacional del PP absolutamente descabellada que lleva a esas contradicciones; descabellada porque descalifican cantidad de cosas del Estatuto de Autonomía de Cataluña y de otros estatutos de autonomía, pero cuando les toca defenderlas en determinadas comunidades autónomas caen en una contradicción terrible, que es lo que hoy se ha escenificado de una forma muy clara y un tanto patética -si me permite decírselo- en su intervención de esta mañana.


El texto es muy bueno para Baleares, por tanto es bueno con independencia de que Cataluña tenga un Estatuto de Autonomía o no; objetivamente es bueno y tiene aspectos realmente importantes relativos, por ejemplo, a la potenciación de la identidad de las Islas Baleares, que se define como una nacionalidad histórica, y que efectivamente lo es. Ustedes lo saben mejor que nadie; Mallorca fue reino en el siglo XIII y por esos años también se produjo la conquista de Ibiza y de Menorca por Jaime I, y de esta memoria histórica seguramente proviene esa identidad especial que tiene Baleares y la identidad especial que tienen las islas de ese archipiélago, que tienen una identidad propia. De ahí la evolución posterior de ese reino, a diferencia del modelo castellano, del modelo de la Corona de Aragón; aunque se conquista Mallorca, sin embargo es un reino, lo cual es un ejemplo de un cierto protoconfederalismo histórico y que es parte de la historia de Baleares. Eso se refleja en el concepto de nacionalidad histórica que aparece en el Estatuto de Autonomía que trae el Parlamento de Baleares aquí.


Otro aspecto, por ejemplo, es el de la lengua, la importancia de la lengua propia. En la propuesta de reforma del Estatuto de Autonomía el tema de la lengua viene muy potenciado. La lengua propia de las Illes Balears es la lengua catalana, y ustedes añaden: y las instituciones de les Illes Balears tomarán las medidas necesarias para asegurar su conocimiento. Eso no viene en el Estatuto vigente, y además dice: y se crearán las condiciones que permitan llegar a la igualdad plena de las dos lenguas en cuanto a los derechos de los ciudadanos de les Illes Balears. Si eso lo unimos al hecho de que la Administración pública balear tiene que atender a los ciudadanos y ciudadanas de Baleares sea cual sea la lengua que utilicen o al hecho de que, por ejemplo, en el artículo 33

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se diga que hay una institución consultiva para todo lo que se refiere a la lengua catalana, que es la Universidad de les Illes Balears, que es una universidad histórica sin duda como pocas, pero dice que la comunidad autónoma de acuerdo con una ley del Estado podrá participar en una institución dirigida a salvaguardar la unidad lingüística, institución que estará formada por todas las comunidades que reconozcan la cooficialidad de la lengua catalana, me parece un avance importantísimo en el tema de la defensa y la promoción de la lengua propia de Baleares.
Igualmente en el tema de las competencias hay un gran avance en autogobierno. Hay nuevas competencias, por ejemplo, en policía o en gestión aeroportuaria; hay una competencia ejecutiva en inmigración; hay una competencia en política de género, que luego en el texto se ve que lo van a desarrollar los consejos insulares. Es decir, hay un aumento competencial serio y una consolidación competencial tanto de comunidad autónoma como de los potentes consejos insulares, que se potencian mucho en este Estatuto. Hay avances institucionales, por ejemplo, el derecho de disolución del Parlamento, la posibilidad de legislar decretos-leyes.
Esto no figura en el vigente Estatuto. Si no hubiera existido el Estatuto de Autonomía de Cataluña, se hubieran quedado ustedes sin esas posibilidades en las instituciones baleares como en otras muchas cosas.
Hay verdaderos avances de autogobierno en este Estatuto, por ejemplo, el título específico dedicado a los temas de comunicación, la creación de un consejo audiovisual, el fondo de insularidad, que en el Estatuto se establece que tiene que estar previsto en los Presupuestos Generales del Estado, o la respuesta poderosa que da este Estatuto de Autonomía -es discutible, en algunas cosas no coincidimos- a la cuestión económica, a la financiación y al desarrollo económico de las Illes Balears.


El señor Matas, la señora Armengol y los diputados del Parlamento de las Islas Baleares saben que desde hace algunos años la economía de las islas ha experimentado un dinamismo mucho menor que al que nos tenía acostumbrados la Comunidad Autónoma de las Islas Baleares; un crecimiento pequeño en comparación con otras comunidades autónomas. Eso también requiere respuestas importantes y potentes, que intenta dar este Estatuto de Autonomía, a esa economía próspera, efectivamente, que estaba muy centrada en el turismo y que ha tenido problemas últimamente y a la que hay que responder con una capacidad económica en las instituciones del autogobierno balear, que se reflejan aquí y que reconocemos.


Este Estatuto de Autonomía que ustedes nos traen tiene muchos aspectos muy importantes, sin embargo, curiosamente, señor Matas, señores del Partido Popular -supone la mayor contradicción que podemos ver aquí-, ustedes lo han recurrido ante el Tribunal Constitucional cuando han recurrido el Estatuto de Autonomía Cataluña; es una contradicción insalvable que no han explicado y que tendrían que explicarnos. Esta es una buena ocasión seguramente para que lo hagan.


Señor Matas, señores del Partido Popular, les voy a mencionar aquellos puntos importantes del Estatuto de Autonomía que nos traen aquí, a los que todavía no me he referido, que están de forma exactamente igual en el Estatuto de Autonomía de Cataluña y que ustedes los tienen recurridos ante el Tribunal Constitucional, es decir, mantienen un rechazo frontal de esos puntos y los tienen recurridos ante el Tribunal Constitucional por considerarlos inconstitucionales. Voy a ir enumerándolos, porque me parece que merece la pena que nos detengamos un poco en esto, por ejemplo: los derechos y deberes. Este Estatuto de Autonomía tiene un título de derechos y deberes, no lo tiene el vigente, como no lo tenían los que se hicieron al comienzo de la democracia. El Partido Popular ha dicho una y otra vez que esto es absolutamente inconstitucional; que el que haya un título de derechos y deberes es inconstitucional; que esto va contra la Constitución española, porque los derechos iguales para los españoles en todo el territorio nacional son aquellos que están en la Constitución, por tanto que es una especie de herejía constitucional hablar de un título dedicado a los derechos y deberes de los ciudadanos.
El Partido Popular ha recurrido en el Estatuto de Autonomía de Cataluña aquellos sobre los que piensa que existe una reserva constitucional, los superprotegidos de la Constitución. El Partido Popular de Baleares ha admitido el derecho a la educación en este Estatuto de Autonomía que nos traen o la no discriminación por razón de sexo. Estos dos, por ejemplo, están recurridos ante el Tribunal Constitucional por su partido, considerando que es inconstitucional que esté en un Estatuto de Autonomía, pero usted los trae aquí en este Estatuto. El Partido Popular también ha recurrido caracterizar a los titulares de estos derechos como ciudadanos de Cataluña, sin embargo es el mismo criterio -ciudadanos de Baleares- que prevé el artículo 12 del proyecto que vamos a examinar. En el caso del Estatuto de Autonomía de Cataluña el Partido Popular también ha recurrido el Defensor del Pueblo, el Sindic de Greuges, sin embargo lo traen también en este Estatuto.


Si nos vamos a las instituciones, especialmente al tema de las islas, las islas tienen una personalidad especial, lo decía anteriormente, y tienen unos órganos potentes como son los consejos insulares y los consejos ejecutivos. Los consejos insulares son órganos un tanto a mitad de camino entre provincia y comunidad autónoma. Es verdad que incluso tienen capacidad de propuesta legislativa al Parlamento balear, tienen capacidad ejecutiva muy importante en muchos temas, como he dicho anteriormente.
Estos consejos insulares son caracterizados por la Constitución como entidades locales. La Constitución los considera entidades locales también. El recurso que ha presentado el Partido Popular respecto de que el Estatuto de Autonomía de Cataluña considera que lo local también es parte -no todo- de las instituciones autonómicas, eso que está impugnado ante el Tribunal Constitucional, sin embargo ustedes lo sitúan aquí porque consideran a los consejos insulares

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como parte de las instituciones de autogobierno de las Islas Baleares. Es uno de los avances más importantes que hay en este Estatuto. Ustedes tienen recurrido esto en el Estatuto de Autonomía de Cataluña, sin embargo lo traen aquí, y es uno de los elementos más importantes y -debe decirse- en el que más se ha empleado el Partido Socialista de las Islas Baleares para que estuviera incluido en este Estatuto de Autonomía.


La tipología de las competencias ha sido considerada por todas las intervenciones que hemos oído en esta Cámara de los miembros del Grupo Parlamentario Popular -por ejemplo en el debate del Estatuto de Autonomía de Cataluña- como algo directamente inconstitucional. No se puede explicar en un estatuto de autonomía, según el Grupo Parlamentario Popular, lo que es una competencia exclusiva, lo que es una competencia compartida y lo que es una competencia ejecutiva; eso es inconstitucional. Ustedes también lo incluyen, como ha mencionado la vicepresidenta del Gobierno. Aquí hay una serie de artículos - creo que son el 37 y siguientes del proyecto- en los que se define qué es una competencia exclusiva, qué es una competencia de desarrollo legislativo y ejecución y qué es una competencia ejecutiva. Es decir, lo que ustedes han recurrido en el Estatuto de Autonomía de Cataluña lo han situado aquí, a las claras. Tenemos una contradicción, una vez más, que es insalvable, y me gustaría que alguien me lo explicara. La tipología inconstitucional en el Estatuto de Autonomía de Cataluña es constitucional si está metida en el Estatuto de Autonomía de Baleares, lo cual es un ejercicio de magia llamativo que nos deja bastante atónitos, y nos deberían ustedes explicar el porqué.


Otra gran cuestión: Poder Judicial. Estuve en el debate del Estatuto de Autonomía de Cataluña y recuerdo que el señor Astarloa, que intervino por su partido, señor Matas, -señora Salom, usted también lo recordará- nos dijo a todos que los consejos de Justicia, que estaban previstos en el Estatuto de Autonomía de Cataluña, suponían hacer del Poder Judicial español 17 poderes judiciales. Eso es lo que dijo una y otra vez el señor Astarloa. También dijo que el Tribunal Superior de Justicia en el Estatuto de Cataluña -con la misma redacción que está aquí- suponía convertir al Tribunal Supremo en 17 tribunales supremos, es decir la destrucción del Poder Judicial. Eso fue lo que nos dijo el señor Astarloa y lo que sigue diciendo. Los consejos de Justicia supondrían que el órgano del Poder Judicial se dividiese en 17; potenciar los tribunales de justicia, que puedan tener incluso casación en temas de derecho propio, de derecho civil es crear 17 tribunales supremos, es la destrucción del Poder Judicial, es un atentado constitucional, es una especie de golpe de Estado constitucional, como le gustaría decir al señor Astarloa. En este Estatuto de Autonomía que ustedes nos presentan se crea el consejo de Justicia de las Islas Baleares e introduce que el Tribunal Superior de Justicia tiene una serie de competencias, las que establece la Constitución. Lo que está en el Estatuto de Autonomía de Cataluña es inconstitucional pero lo que está en su Estatuto me gustaría saber cómo lo considera usted, señor Matas, porque ustedes lo han recurrido. No sé si ha leído el recurso del PP, pero le aseguro que el PP ha combatido durísimamente la existencia de consejos de Justicia y la existencia de Tribunales Superiores de Justicia con competencias potenciadas, de acuerdo con lo que establece el artículo 152 de la Constitución , y que todavía no se ha puesto en práctica, desgraciadamente.


Si nos vamos a las relaciones institucionales, la acción exterior, las relaciones internacionales y las relaciones con la Unión Europea, nos encontramos algo parecido pero de una forma muy llamativa. En este tema el Estatuto que ustedes nos traen va más allá del Estatuto de Autonomía de Cataluña, claramente lo desborda en cuanto a la capacidad de Baleares de tener una acción exterior y unas relaciones directas con la Unión Europea; va claramente más allá -habrá que verlo en el debate- de lo que el Estatuto de Cataluña establece. Por ejemplo, el artículo 100 habla de las acciones exteriores, de la competencia de Baleares para llevar a cabo acciones exteriores que sean inherentes a las competencias que tiene Baleares. Esto ha sido directamente impugnado por el Partido Popular ante el Tribunal Constitucional, pero con una diferencia, y es que el proyecto que el Parlamento de Baleares presenta va más allá. Mientras el Estatuto de Autonomía de Cataluña dice que esa acción exterior se llevará de forma directa, pero a través de órganos de la Administración General del Estado, el proyecto que estamos viendo no lo dice. Por tanto, hay una clara extralimitación respecto de lo que hemos visto en el caso del Estatuto de Autonomía de Cataluña. Por ejemplo, la participación de Baleares en organismos internacionales es un precepto muy similar al de la participación de la Generalitat en organismos internacionales, que ha sido impugnada ante el Tribunal Constitucional por el PP, sin embargo, viene en el Estatuto que ustedes nos traen. A nosotros nos parece bien lo que dice el Estatuto de Autonomía de Cataluña, pero a ustedes no; ustedes lo han recurrido nada menos que ante el Tribunal Constitucional, pero lo traen aquí. ¿Qué forma de jugar con el Parlamento es esta? No solamente esto, sino prácticamente todo lo relativo al tema de la Unión Europea, al que yo me refería anteriormente, está impugnado ante el Tribunal Constitucional en el Estatuto de Autonomía de Cataluña por el PP.


Todo lo que dicen ustedes aquí está impugnado. Por ejemplo, el artículo 107 del proyecto dice que la comunidad autónoma participará en los asuntos relacionados con la Unión Europea que afecten a las competencias e intereses de les Illes Balear, y el recurso de inconstitucionalidad que presenta el PP dice que el precepto correspondiente de Cataluña desborda el marco constitucional y acude -dice- como criterio de conexión a la expresión: intereses de Cataluña. Cuando se trata de intereses de Cataluña es inconstitucional y cuando se dice intereses de Baleares es constitucional. Eso es lo que aparece una vez más en este proyecto, lo que nos

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deja bastante estupefactos. Por ejemplo, el artículo 108 habla de la información y participación en los tratados de la Unión Europea; es considerado inconstitucional en el caso de Cataluña pero es constitucional en el caso de Baleares. Por ejemplo, el hecho de que la comunidad autónoma pueda ir al Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas también es inconstitucional en el caso de Cataluña, pero es estupendo, es maravilloso si estamos ante el Estatuto de les Illes Balears. En el caso de la bilateralidad también. En este proyecto de Estatuto de Autonomía hay elementos de multilateralidad, pero también de bilateralidad. Se habla de convenios bilaterales, de comisiones mixtas de transferencia, de cooperación con el Estado, y específicamente en temas de economía y hacienda, mecanismos por tanto que son bilaterales pero que en el caso de el Estatuto de Autonomía de Cataluña son recurridos frontalmente porque es reo de lesa Constitución. Aquí no; aquí se ha sanado por un efecto que yo considero mágico porque, si no, no tengo otra forma de explicarlo.


Por último, el Partido Popular ha recurrido también el sistema de financiación que aparece en el Estatuto de Autonomía de Cataluña. Ha recurrido la inversión del Estado en Cataluña, que ahí aparece como un porcentaje al menos equivalente al PIB de Cataluña para los próximos siete años, sin embargo ustedes van mucho más allá -algo en lo que discrepa claramente el Partido Socialista, se lo tengo que decir- y dicen que 3.000 millones de euros en los próximos diez años, porque sí; eso aparece en el Estatuto de Autonomía de Baleares. Es decir, lo que aparece en el Estatuto de Autonomía de Cataluña, que tiene unos criterios objetivados, es inconstitucional, pero lo que aparece en el Estatuto de Autonomía de Baleares, que son 3.000 millones de euros, como podrían ser 4.000, 10.000 ó 1.000, una cantidad absolutamente arbitraria que no se justifica ni se explica, es constitucional. Sucede como con la agencia tributaria, considerada de imposible aceptación en el caso catalán, sin embargo considerada como una agencia tributaria perfecta y estupenda en el caso de Baleares; o como con la figura de la comisión mixta de asuntos económicos y fiscales Estado-Generalitat, que está impugnada, sin embargo a ustedes no les parece así en el caso de las Illes Balears. Es decir, estamos ante una auténtica contradicción, una tremenda contradicción, gracias a la mala cabeza del Partido Popular, que aprueba políticas imposibles a nivel estatal que luego no se pueden llevar a cabo en las comunidades autónomas. Esto lleva a que se produzcan estas contradicciones y a que tenga usted que venir aquí a pedir perdón por haber traído este Estatuto de Autonomía y a decir que ha sido por Cataluña; básicamente nos ha dicho que le perdonen pero es que ha sido por Cataluña. Sin embargo, al Partido Socialista le parece muy bien este Estatuto de Autonomía. Hay cosas que creemos que hay que reformar, que habrá que enmendar y que se enmendarán, pero vamos a respetar los elementos básicos de este Estatuto de Autonomía, vamos a respetar sus pilares y no vamos a desnaturalizar este Estatuto que trae el Parlamento de Baleares con un amplio acuerdo. Lo hacemos porque el Partido Socialista es un partido de Gobierno, no así el Partido Popular, que en este caso ha puesto claramente de manifiesto que no es un partido de Gobierno -hasta ahora, yo creo que por poco tiempo, ha sido un partido de Gobierno en Baleares, pero no en España-, porque la propuesta que hace a nivel nacional es tan disparatada, tan imposible, que contrasta e incluso se rompe por los cuatro costados con las iniciativas autonómicas y no puede ser entendida como la propuesta de un partido de Gobierno. Además, señorías, se podría pensar: ¿A quién favorece que se apruebe este Estatuto de Autonomía? Algunos analistas dirían: Parece que va a favorecer más al partido que gobierna. Además, estamos en vísperas de elecciones y, puestos a hablar de electoralismo, el Partido Socialista podría haber tenido la tentación de no apoyar este Estatuto, de no trabajar por él e incluso de no trabajar para que entre en vigor antes de las próximas elecciones. Pues no es así. Gobernando el Partido Popular en Baleares, como ha pasado en otros sitios, el Partido Socialista ha trabajado por este Estatuto fuertemente y ha trabajado por el acuerdo con toda sinceridad, porque tiene una conciencia autonomista y cree en el Estado de las autonomías. Además, vamos a trabajar para que esté culminado antes de las siguientes elecciones autonómicas en Baleares.
Esta es la prueba clara de una conciencia del Estado de las autonomías, de la necesidad de verlo como una fuente importantísima de estabilidad y de democracia en España. Por eso, naturalmente, cuando vienen estatutos con suficiente consenso, intentamos que aquí se amplíe ese consenso y que se protejan los intereses de los ciudadanos. Por esa razón les decía, señorías, que nosotros vamos a trabajar para que ese Estatuto de Autonomía se apruebe, y lo vamos a hacer intentando garantizar -lo hemos dicho en alguna ocasión con estas mismas palabras o parecidas- cinco principios esenciales que se corresponden con el objeto de un debate como este y con lo que debe ser un Estatuto de Autonomía. En primer lugar, que el Estatuto se adecue a la Constitución, a su modelo territorial, a sus principios, entre ellos el de la unidad del Estado, y a los valores de nuestro Estado, la libertad, la igualdad, la justicia y el pluralismo, y a la soberanía del pueblo español, que está expresada en esta Cámara y en el Senado, en las Cortes Generales. En segundo lugar, vamos a trabajar para que se garantice la profundización en el autogobierno de les Illes, que se amplíen sus competencias al máximo, su capacidad institucional, con criterios generalizables a otras comunidades autónomas, pero respetando la singularidad histórica, política y social de Baleares y el reconocimiento de la identidad de la comunidad de Baleares y de las islas, que tienen una personalidad propia. Esto lo hacemos porque entendemos que es algo que fortalece el proyecto español; no lo fragmenta, sino que lo refuerza. Esa es nuestra concepción del Estado de las autonomías. En tercer lugar, vamos a garantizar que esta reforma se haga para el interés y el bienestar de

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todos los ciudadanos de les Illes y de los ciudadanos españoles, que se van a ver beneficiados también con un buen Estatuto de Autonomía para Baleares. En cuarto lugar, vamos a preservar la solidaridad. La solidaridad es un principio básico de nuestro Estado autonómico, la solidaridad entre comunidades autónomas y entre personas, junto con el de la unidad y la autonomía. Sin duda, les Illes dan un ejemplo de solidaridad -se ha expresado aquí con mucha razón- clarísimo en este Estado de las autonomías. Además, vamos a trabajar para que esto se haga con amplias mayorías parlamentarias, para que haya un amplio consenso, no solo en el Parlamento balear sino también en las Cortes Generales.
Estamos ante una verdadera cuestión de Estado, como todas las reformas estatutarias, donde los intereses de partido deben dejarse al lado. Nunca se pueden dejar del todo, lo comprendemos, pero hay que intentar que predominen los intereses generales, los intereses de Estado, aunque haya unas elecciones inmediatas. Por eso yo les decía que a pesar de que gobierne el Partido Popular en Baleares, y a pesar de que estemos ante una próxima campaña electoral, vamos a trabajar para que este nuevo Estatuto de Autonomía, porque es del interés de todos -de la democracia española, de los ciudadanos, de todos- para muchos años, para muchas elecciones y para distintos gobiernos, salga de aquí como un buen Estatuto de Autonomía. Este Estatuto viene bien enfocado, como todo el proceso de reforma estatutaria. Lo hemos dicho muchas veces. No podemos decir lo mismo del principal partido de la oposición porque en función de quién gobierna y en función de cuál es su interés de partido así actúa, en estos aspectos y en otros, desgraciadamente. Esto es algo que corresponde dilucidar al Partido Popular y que le corresponde dilucidar también ante los ciudadanos, a los que tendrá que dar cuenta en su momento de esa estrategia que conduce a estas aberraciones, a estas contradicciones que vemos que sufre un presidente de una comunidad autónoma que viene a presentar un Estatuto de Autonomía y que no lo hace por el interés de sus ciudadanos; no lo hubiera hecho nunca si no hubieran sucedido otros acontecimientos. La obligación de los responsables políticos es trabajar por el interés general, en este caso por el interés de los ciudadanos y ciudadanas de Baleares y de España.
Señorías, nosotros queremos que de aquí salga un nuevo Estatuto de Autonomía democrático. Un Estatuto que tenga una gran capacidad de autogobierno para Baleares y sus islas, que respete la identidad y que respete la solidaridad con todos los pueblos de España.


Muchas gracias, señor presidente. (Aplausos.)

El señor PRESIDENTE: Gracias, señor López Garrido.


Concluido el turno de fijación de posiciones procedemos inmediatamente al turno de réplica. En primer lugar, la delegación proponente y a continuación los distintos grupos parlamentarios, si bien les advierto que no es necesario utilizar este turno por parte de los grupos.


Adelante.


La señora REPRESENTANTE DEL PARLAMENTO DE LES ILLES BALEARS (Lluch Armengol): Gracias, señor presidente.


Quiero que mis primeras palabras sean de agradecimiento a todos los grupos parlamentarios por sus intervenciones, sobre todo aquellos que han manifestado su apoyo a la tramitación de reforma del Estatuto de Autonomía de les Illes Balears. Igualmente, quisiera agradecer la intervención de la vicepresidenta del Gobierno por demostrar ese apoyo contundente a la reforma del Estatuto de Autonomía que presentamos desde el Parlament de les Illes Balears. Un Estatuto que, como hemos explicado, viene con un gran apoyo político y social. Un apoyo por el que el Partido Socialista ha apostado claramente. El Partido Socialista en Baleares decidió apostar por el diálogo, por el pacto y por el consenso para poder tener para las Islas Baleares un buen Estatuto de Autonomía. Lo hicimos por dos cuestiones: por un deber con la ciudadanía de nuestras islas y por coherencia política. Por un deber con la ciudadanía de nuestras islas porque no podíamos perder la oportunidad histórica de avanzar en una reforma que diera más autogobierno, más competencias, más financiación y más derechos a los ciudadanos de Baleares, y por coherencia política porque, como les he explicado esta mañana, el Partido Socialista se presentó a las elecciones autonómicas y generales con un compromiso ante los ciudadanos: las reformas institucionales, la necesidad de las reformas institucionales básicas de las comunidades autónomas en España.
Y hemos querido cumplir ese compromiso con los ciudadanos a través de la reforma del Estatuto de Autonomía de les Illes Balears.


Esta mañana he pedido expresamente el apoyo del Grupo Parlamentario Popular a la reforma del Estatuto de Autonomía, y lo he pedido expresamente por las contradicciones y la oposición constante del Partido Popular a las reformas institucionales de diferentes comunidades autónomas. A lo largo del día se han podido demostrar, una vez más, las contradicciones del Partido Popular en torno a la necesidad de las reformas institucionales básicas de las diferentes comunidades autónomas.
A nosotros, a los socialistas de las Islas Baleares, no nos han extrañado estas contradicciones, desgraciadamente estamos acostumbrados a ellas. El Partido Popular, en el año 1991, aprobó una reforma del Estatuto de Autonomía de les Illes Balears donde se pedía el concierto económico para nuestra comunidad autónoma -oyen bien, la propuesta de reforma de 1991 pedía el concierto económico para les Illes Balears-; gobernaba el Partido Socialista en España. En la reforma de 1998, el Partido Popular se opuso al término de nacionalidad para denominar nuestra comunidad autónoma; gobernaba el Partido Popular en España. En el año 2006 presentamos un nuevo Estatut, muy ambicioso, semejante

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en muchas cuestiones al catalán o al andaluz, aunque hoy alguno lo haya presentado aquí con un sentimiento de autonomista acomplejado, como si hubiera que pedir perdón a alguien porque estamos defendiendo mayor autogobierno para nuestra comunidad autónoma. Y yo subo a esta tribuna a defender el nuevo Estatut de Autonomía para les Illes Balears con mucho orgullo, con mucha convicción, con mucha ilusión. Defiendo que mi comunidad autónoma necesita y merece mayores cotas de autogobierno, no por reacción a nadie ni contra nadie, sino porque nosotros somos suficientemente maduros para poder plantear lo que necesitamos, lo que es bueno para nuestra comunidad autónoma. Y les repito, lo que planteamos en nuestro nuevo Estatut es bueno para les Illes Balears y también es bueno para España, y ahora es el momento oportuno para plantear esta reforma profunda del Estatuto de Autonomía de las Islas Baleares. Es el momento oportuno porque a nadie se le escapa que en la pasada legislatura había un Gobierno, presidido por José María Aznar -por cierto, del que era ministro un mallorquín-, que se oponía a las reformas estatutarias y que ya había dado por cerrado el proceso de descentralización autonómica.


Les decía que subo orgullosa a esta tribuna, no como reacción a nadie ni a nada, sino porque los ciudadanos de les Illes Balears tenemos derecho a defender un buen Estatuto de Autonomía para nuestra tierra; tenemos derecho a ser denominados nacionalidad histórica, a proteger nuestra lengua propia, que es la catalana; tenemos derecho a más competencias; tenemos derecho a mejores relaciones con el Estado, a instrumentos de coordinación con el Estado, con Europa y con el exterior; tenemos derecho a una reforma institucional potente que garantice más competencias para los consells insulars y que pueda dar el consell insular de Formentera; tenemos derecho a garantizar más deberes, más derechos y más libertades para los ciudadanos de les Illes Balears; tenemos derecho a pedir más financiación para les Illes Balears, reforzando la bilateralidad necesaria con el Estado mediante la Comisión Mixta de Economía y Hacienda. Subo orgullosa a defender esto porque creo que es lo que de una forma madura defienden y necesitan los pueblos de les Illes Balears.
Desde la seguridad de que reforzar las comunidades autónomas es también reforzar el Estado, les pido su apoyo a este nuevo Estatut de Autonomía para les Illes Balears.


Muchas gracias. (Aplausos.)

El señor PRESIDENTE: Gracias.


Su turno, señor Matas, por favor.


El señor REPRESENTANTE DEL PARLAMENTO DE LES ILLES BALEARS (Matas Palau): Muchas gracias, señor presidente.


Señorías, en primer lugar, permítanme que agradezca especialmente a la vicepresidenta y al Gobierno de España el talante con que ha sido recibida esta propuesta y sus palabras, que agradezco sinceramente y que me han parecido muy acertadas. También agradezco a todos los grupos políticos que van a respaldar esta admisión a trámite, su voluntad de favorecer esta propuesta de reforma y que pueda ser una realidad cuanto antes.


En referencia a Esquerra Republicana de Catalunya, tengo que decir que los ciudadanos de Baleares no somos Cataluña, no somos catalanes, tenemos personalidad propia, tenemos identidad propia y pedimos y exigimos respeto. (Aplausos.-Una señora diputada: ¡Muy bien!) Actitudes como esta son las que perjudican gravemente el esfuerzo que muchos hacemos en Baleares para tener realmente una relación y una cooperación fraternal con Cataluña. Prefiero la relación fraternal a la que hace referencia el señor Xuclà y una relación de cooperación entre dos comunidades autónomas. Ahora bien, señor Xuclà, Cataluña no tiene nada que no tenga Baleares, ninguna razón histórica ni política ni social ni económica para discriminar a Baleares. (Aplausos.) Y con todo el respeto que ustedes se merecen, la lengua nunca ha sido un tema de confrontación en Baleares. No estoy dispuesto a permitir que sea ni un tema de confrontación ni un tema de imposición. Tenemos una realidad bilingüe que nos caracteriza y estamos convencidos de la defensa de esa realidad, pero desde el respeto le digo que la lengua no es suya. Nuestra lengua es tan nuestra como suya. No nos dé lecciones y respete a los ciudadanos y a los parlamentarios de Baleares, que han defendido las modalidades lingüísticas del catalán sin cuestionar la unidad de la lengua, el mallorquín, el menorquín, el ibicenco y el formenterense como parte de nuestro patrimonio cultural.


Agradezco sinceramente al señor Mardones su sensibilidad con respecto a la realidad insular.


A la diputada de Izquierda Unida le digo que sí, con prisas, es el acuerdo mayoritario de todos los grupos, incluido Izquierda Unida. No quisiera que hubiera ningún problema para la entrada en vigor de este Estatuto antes de las próximas elecciones.


A todos los demás, naturalmente, les agradezco su predisposición y sobre todo su voto favorable.


Para terminar, permítame, señor López Garrido, agradeciéndole naturalmente su talante, que le diga sinceramente que el Estatuto de las Islas Baleares no era una prioridad para los ciudadanos de Baleares. Ustedes decidieron introducir la financiación en los estatutos de autonomía y la financiación sí que es y era una prioridad para los ciudadanos de Baleares. Hoy, la prioridad para los ciudadanos de Baleares sigue siendo la financiación, la creación del consell insular de Formentera -con lo cual completamos el entramado institucional-, que no existan diferencias entre comunidades autónomas y que esto sea compatible con un Estado fuerte que necesitamos, y defendemos las autonomías. Necesito que usted hable de coste de insularidad, necesito que usted me diga por qué no podemos tener una ley que compense, como pasa en otros territorios insulares, ese coste de la

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insularidad que todos padecemos. Permítame que le diga que los 3.000 millones están absolutamente fundamentados. Le haré llegar el informe que ha pasado por el Parlamento de les Illes Balears y que respalda esta petición, pero solo le quiero decir que de su intervención, al contrario que la del Gobierno, me ha parecido entender que a usted no le importa el Estatuto de Baleares, lo único que le ha importado esta tarde -y no tengo tiempo para corregirle- ha sido utilizar el Estatuto de Baleares como un arma política arrojadiza de unos contra otros y de un partido contra otro. (Aplausos.) Yo soy el presidente de todos los ciudadanos de las Islas Baleares, por encima de cualquier partido político, y he venido aquí a defender los intereses de los ciudadanos de las Islas Baleares, y le pido, desde el respeto, que, por favor, no utilice el Estatuto de Baleares como un arma arrojadiza para tapar su mala conciencia con otros acuerdos, me da igual. Le pido que me garantice los 3.000 millones de euros, le pido que me garantice el nivel competencial de Baleares y el consell de Formentera y que este Estatuto estará aprobado, con el consenso que hemos conseguido, antes de las elecciones. Este texto viene consensuado, no vayamos a romper ni a estropear este consenso, y, por favor, no utilicen a Baleares; hagan su batalla y sus peleas en otro escenario, pero respeten los intereses de los ciudadanos de Baleares.


Muchas gracias. (Aplausos.)

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Matas.


Llevamos unas horas de debate, la Presidencia -sólo la Presidencia- entiende que los puntos de vista de unos y otros han sido expresados de manera suficientemente clara y que en consecuencia tal vez no sería necesario el turno de réplica. Dicho esto, es cierto que se tomó la decisión de que, si algún grupo parlamentario así lo decidiera, lo habría. Así pues, díganme qué grupos parlamentarios desean utilizar el turno de réplica. Si lo piden se hará, pero entiendo que probablemente vamos a repetir y repetir, pero dicho esto, como ustedes quieran.
(Pausa.)

Llamamos a votar, si les parece. Agradezco mucho la comprensión de los señores portavoces. (Aplausos.)

-EXCLUSIÓN DEL ORDEN DEL DÍA.


El señor PRESIDENTE: Antes de proceder a la votación, el Pleno debe tomar una decisión respecto a la exclusión de un punto del orden del día. De conformidad con lo dispuesto por el artículo 68.1 del Reglamento, esta Presidencia somete al Pleno de la Cámara la exclusión del orden del día de la presente sesión del punto 28, correspondiente a la interpelación urgente del Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana (ERC), sobre el grado de cumplimiento y ejecución de los Presupuestos Generales del Estado para el año 2006 en Cataluña.


¿Lo acuerda así la Cámara? (Asentimiento.) En consecuencia, queda aprobada la exclusión del punto de referencia.


DEBATE DE TOTALIDAD DE PROPUESTAS DE REFORMA DE ESTATUTOS DE AUTONOMÍA.


-DEL PARLAMENTO DE LAS ILLES BALEARS, DE REFORMA DEL ESTATUTO DE AUTONOMÍA DE LAS ILLES BALEARS. (VOTACIÓN.)

El señor PRESIDENTE: Procedemos a la votación de totalidad de la propuesta de reforma del Estatuto de Autonomía de les Illes Balears.


Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 313; a favor, 307; abstenciones, seis.


El señor PRESIDENTE: Queda aprobada la votación de totalidad de la propuesta de reforma del Estatuto de Autonomía de les Illes Balears.
(Aplausos.)

Se suspende la sesión.


Eran las ocho y treinta y cinco minutos de la noche.

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