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DS. Congreso de los Diputados, Pleno y Dip. Perm., núm. 216, de 23/11/2006
 


CORTES GENERALES
DIARIO DE SESIONES DEL CONGRESO DE LOS DIPUTADOS
PLENO Y DIPUTACIÓN PERMANENTE

Año 2006 VIII Legislatura Núm. 216
PRESIDENCIA DEL EXCMO. SR. D. MANUEL MARÍN GONZÁLEZ
Sesión plenaria núm. 200
celebrada el jueves, 23 de noviembre de 2006


ORDEN DEL DÍA:

Convalidación o derogación de Reales Decretos-Leyes:

-Real Decreto-Ley 10/2006, de 10 de noviembre, por el que se modifican los tipos impositivos del impuesto sobre las labores del tabaco. ("Boletín Oficial del Estado" número 270, de 11 de noviembre de 2006.) (Número de expediente 130/000037.) ... (Página 10943)

Enmiendas del Senado:

-Proposición de Ley reguladora de la gestión de la deuda externa. "BOCG.
Congreso de los Diputados", serie B, número 33-1, de 23 de abril de 2004.
(Número de expediente 122/000019.) ... (Página 10946)

-Proposición de Ley relativa a la inclusión en el régimen general de la Seguridad Social y a la extensión de la protección por desempleo a determinados cargos públicos y sindicales. "BOCG. Congreso de los Diputados", serie B, número 163-1, de 1 de abril de 2005. (Número de expediente 122/000142.) ... (Página 10949)

-Proyecto de Ley Orgánica por la que se modifica la Ley Orgánica 5/2000, de 12 de enero, reguladora de la responsabilidad penal de los menores.
"BOCG. Congreso de los Diputados", serie A, número 76-1, de 27 de enero de 2006. (Número de expediente 121/000076.) ... (Página 10953)

Página 10940


Debates de totalidad de iniciativas legislativas:

-Proyecto de Ley contra la violencia, el racismo, la xenofobia y la intolerancia en el deporte. "BOCG. Congreso de los Diputados", serie A, número 93-1, de 8 de septiembre de 2006. (Número de expediente 121/000093.) ... (Página 10966)

Convalidación o derogación de Reales Decretos-Leyes. (Votación.) ...
(Página 10979)

Enmiendas del Senado. (Votaciones.) ... (Página 10979)

Votación de conjunto.


-Del Proyecto de Ley Orgánica por la que se modifica la Ley Orgánica 5/2000, de 12 de enero, reguladora de la responsabilidad penal de los menores. "BOCG. Congreso de los Diputados", serie A, número 76-1, de 27 de enero de 2006. (Número de expediente 121/0000076.) ... (Página 10980)

Debates de totalidad de iniciativas legislativas:

-Proyecto de Ley contra la violencia, el racismo, la xenofobia y la intolerancia en el deporte. "BOCG. Congreso de los Diputados", serie A, número 93-1, de 8 de septiembre de 2006. (Número de expediente 121/000093.) (Votación.) ... (Página 10981)

Debates de totalidad de iniciativas legislativas:

-Proyecto de Ley de Suelo. "BOCG. Congreso de los Diputados", serie A, número 96-1, de 8 de septiembre de 2006. (Número de expediente 121/000096.) ... (Página 10981)

-Proyecto de Ley Orgánica por la que se modifica la Ley Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre, de Universidades. "BOCG. Congreso de los Diputados", serie A, número 101-1, de 8 de septiembre de 2006. (Número de expediente 121/000101.) ... (Página 10998)

SUMARIO

Se reanuda la sesión a las nueve de la mañana.


Convalidación o derogación de reales decretos-leyes. ... (Página 10943)

Real Decreto-ley 10/2006, de 10 de noviembre, por el que se modifican los tipos impositivos del impuesto sobre las labores del tabaco. ...
(Página 10943)

El señor vicepresidente segundo del Gobierno y ministro de Economía y Hacienda (Solbes Mira) expone las razones que han impulsado al Gobierno a la adopción del Real Decreto-ley 10/2006, de 10 de noviembre, por el que se modifican los tipos impositivos del impuesto sobre las labores del tabaco. Manifiesta que en el convenio marco de la Organización Mundial de la Salud para el control del tabaco, ratificada por España, se reconoce la eficacia de los impuestos como medio para elevar el precio del tabaco y lograr una reducción del consumo, en particular por los jóvenes.


Finaliza señalando que la norma respeta en todos sus extremos las condiciones exigidas por la normativa comunitaria vigente, constituida por las directivas 92/79 CE y 95/59 CE, relativas a la aproximación de los impuestos sobre los cigarrillos y a los impuestos distintos sobre el volumen de negocios que gravan el consumo de labores de tabaco.


En turno de fijación de posiciones intervienen la señora Fernández Davila, del Grupo Parlamentario Mixto; los señores Llamazares Trigo, del Grupo Parlamentario de Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya Verds; Olabarría Muñoz, del Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV); Puig Cordón, del Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana (ERC); Utrera Mora, del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso y Armas Dárias, del Grupo Parlamentario Socialista del Congreso.


Página 10941


Enmiendas del Senado ... (Página 10946)

Proposición de ley reguladora de la gestión de la deuda externa ...
(Página 10946)

En turno de fijación de posiciones intervienen la señora Fernández Davila, del Grupo Parlamentario Mixto; los señores Llamazares Trigo, del Grupo Parlamentario de Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya Verds; Robles Orozco, del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso y Madina Muñoz, del Grupo Parlamentario Socialista del Congreso.


Proposición de ley relativa a la inclusión en el régimen general de la Seguridad Social y a la extensión de la protección por desempleo a determinados cargos públicos y sindicales ... (Página 10949)

En turno de fijación de posiciones intervienen los señores Llamazares Trigo, del Grupo Parlamentario de Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya Verds; Olabarría Muñoz, del Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV); Ramón Torres, del Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana (ERC); Campuzano i Canadés, del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió); Martínez-Pujalte López, del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso y Cuesta Martínez, del Grupo Parlamentario Socialista del Congreso.


Proyecto de ley orgánica por la que se modifica la Ley Orgánica 5/2000, de 12 de enero, reguladora de la responsabilidad penal de los menores ...
(Página 10953)

El señor Esteban Bravo pide la palabra para una cuestión de orden. La Presidencia estima que no hay tal cuestión de orden.


En turno de fijación de posiciones intervienen las señoras Lasagabaster Olazábal y Fernández Davila, del Grupo Parlamentario Mixto; García Suárez, del Grupo Parlamentario de Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya Verds; Uría Etxebarría, del Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV); los señores Cerdà Argent, del Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana (ERC); Jané i Guasch, del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió); las señoras Matador de Matos, del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso y Polonio Contreras, del Grupo Parlamentario Socialista del Congreso.


En nombre del Gobierno interviene el señor ministro de Justicia (López Aguilar).


Debates de totalidad de iniciativas legislativas ... (Página 10966)

Proyecto de ley contra la violencia, el racismo, la xenofobia y la intolerancia en el deporte ... (Página 10966)

La señora ministra de Educación y Ciencia Cabrera Calvo-Sotelo presenta el proyecto de ley contra la violencia, el racismo, la xenofobia y la intolerancia en el deporte. Manifiesta su satisfacción por presentar hoy este proyecto de ley, pues uno de los objetivos del Gobierno en materia deportiva es el juego limpio, es decir, entender el deporte como vehículo de transmisión de valores hacia la sociedad. Esta es una iniciativa en defensa del juego limpio, orientada a preservar que el deporte sea una escuela de vida y de ciudadanía, especialmente para la infancia, la adolescencia y la juventud españolas; que eduque y no deforme, que sea un acontecimiento festivo y no trágico, que favorezca la fraternidad, el respeto y la convivencia social en vez del odio y el rechazo hacia quien es diferente; en definitiva, un espectáculo en el que prime la belleza de una competición entre iguales, sin barreras y abierta a todos.


Hace un repaso de las iniciativas del Gobierno en esta legislatura para erradicar la violencia en el deporte y señala los aspectos que regula el proyecto de ley, como las obligaciones y responsabilidades tanto de quienes organizan las competiciones como la de los asistentes a los mismos y de los dispositivos de seguridad.


Finaliza manifestando que espera el respaldo de todos los grupos y desea que con la participación de todos se apruebe una ley con un mensaje claro y contundente a la sociedad y es que el deporte también es incompatible con la violencia, el racismo, la xenofobia y la intolerancia.


En defensa de las enmiendas a la totalidad de devolución presentadas intervienen los señores Maldonado i Gili, del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió) y Tardà i Coma, del Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana (ERC).


En turno de fijación de posiciones intervienen el señor Mardones Sevilla, del Grupo Parlamentario

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de Coalición Canaria-Nueva Canarias; la señora García Suárez, del Grupo Parlamentario de Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya Verds; los señores Esteban Bravo, del Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV); González Pérez, del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso y la señora Gómez Santamaría, del Grupo Parlamentario Socialista del Congreso.


Interviene la señora ministra de Educación y Ciencia (Cabrera Calvo-Sotelo)

El señor Martínez-Pujalte López, pide la palabra para una cuestión de orden.


Convalidación o derogación de reales decretos-leyes. (Votación.) ...
(Página 10979)

Sometida a votación la convalidación o derogación del Real Decreto-ley 10/2006, de 10 de noviembre, por el que se modifican los tipos impositivos del impuesto sobre las labores del tabaco, se aprueba por 320 votos a favor, uno en contra y dos abstenciones.


Enmiendas del Senado. (Votaciones.) ... (Página 10979)

Se someten a votación las enmiendas del Senado a la proposición de ley reguladora de la gestión de la deuda externa.


Sometidas a votación las enmiendas del Senado a la proposición de ley relativa a la extensión de la protección por desempleo a determinados cargos públicos y sindicales, se aprueban por 321 votos a favor y una abstención.


Se someten a votación las enmiendas del Senado al proyecto de ley orgánica por la que se modifica la Ley Orgánica 5/2000, de 12 de enero, reguladora de la responsabilidad penal de los menores.


Votación de conjunto ... (Página 10980)

Sometida a votación de conjunto por tener la iniciativa carácter orgánico, se aprueba por 185 votos a favor, 136 en contra y dos abstenciones.


Debates de totalidad de iniciativas legislativas. (Votación.) ...
(Página 10981)

Sometidas a votación las enmiendas de totalidad de devolución del proyecto de ley contra la violencia, el racismo, la xenofobia y la intolerancia en el deporte, se rechazan por 29 votos a favor, 287 en contra y siete abstenciones.


Debates de totalidad de iniciativas legislativas ... (Página 10981)

Proyecto de ley de Suelo ... (Página 10981)

La señora ministra de Vivienda (Trujillo Rincón) presenta el proyecto de ley del suelo aprobado por el Consejo de Ministros el pasado 17 de julio.
Es un proyecto en contra de la especulación urbanística, a favor de la transparencia y la participación de los ciudadanos y es un proyecto para hacer ciudades más sostenibles y cohesionadas. Manifiesta que la iniciativa es el resultado de un arduo y prolongado trabajo de elaboración y negociación, que ha pasado por una fase de consultas con todas las administraciones afectadas y con las organizaciones más representativas del sector. Define el proyecto de ley que hoy se presenta como innovador, que propone una renovación valiente de las bases del régimen jurídico del suelo, bases que combinan la eficiencia económica con la calidad ambiental y con la cohesión social.


Finaliza resumiendo los objetivos del proyecto en cuatro: ampliar la transparencia del sector y la participación de los ciudadanos en la toma y en el control de las decisiones urbanísticas; asentar las políticas urbanas sobre las bases de un desarrollo territorial y urbano sostenible; asegurar una mayor oferta efectiva de suelo para vivienda protegida y aumentar la eficiencia de los mercados de suelo, desincentivando la especulación.


En defensa de las enmiendas a la totalidad presentadas, intervienen los señores Matos Mascareño, del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso; Rodríguez Sánchez, del Grupo Parlamentario Mixto y Jané i Guasch, del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió).


En turno de fijación de posiciones intervienen los señores Herrera Torres, del Grupo Parlamentario de Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya Verds; Beloki Guerra, del Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV); Andreu Domingo, del Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana (ERC) y Contreras Pérez, del Grupo Parlamentario Socialista del Congreso.


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Interviene la señora ministra de Vivienda.


Interviene el señor Rodríguez Sánchez, del Grupo Parlamentario Mixto para anunciar la retirada de su enmienda a la totalidad.


Proyecto de ley orgánica por la que se modifica la Ley Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre, de Universidades ... (Página 10998)

La señora ministra de Educación y Ciencia (Cabrera Calvo-Sotelo) presenta el proyecto de ley orgánica por la que se modifica la Ley Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre, de Universidades. El Gobierno está convencido de que la política universitaria debe ser una política de Estado, por lo que es un asunto en el que desean el mayor consenso posible. El ministerio desde que comenzó a trabajar en la reforma de la Ley Orgánica de Universidades ha apostado por el diálogo, diálogo con el consejo de coordinación universitaria, con las organizaciones sociales, con los sindicatos, con los empresarios y con los representantes de otros colectivos. Dada la importancia de la reforma la ministra apela a la responsabilidad de todos aquellos que están dispuestos a conseguir que nuestras universidades ofrezcan un servicio público de calidad para que se sumen a esta iniciativa.


Expone las líneas generales sobre las que gira la reforma de la Ley de Universidades, que son las mismas cuestiones que preocupan a nuestros socios europeos, cuyas políticas universitarias caminan en la dirección que estamos proponiendo.


Finaliza señalando que en el ministerio están convencidos de que esta es la reforma que necesitan ahora nuestras universidades, pero están abiertos a la negociación con todos los grupos políticos, a escuchar las sugerencias que sean necesarias y a incorporar al proyecto todos los cambios que puedan mejorar la futura ley.


En defensa de la enmienda a la totalidad presentada, interviene el señor Nasarre Goicoechea, del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.


En turno de fijación de posiciones intervienen los señores Rodríguez Sánchez, del Grupo Parlamentario Mixto; Mardones Sevilla, del Grupo Parlamentario de Coalición Canaria-Nueva Canarias; la señora García Suárez, del Grupo Parlamentario de Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya Verds; Esteban Bravo, del Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV); las señoras Cañigueral Olivé, del Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana (ERC); Pigem i Palmés, del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió) y Palma Muñoz, del Grupo Parlamentario Socialista del Congreso.


Interviene la señora ministra de Educación y Ciencia.


Sometidas a votación las enmiendas a la totalidad de devolución del proyecto de ley del suelo, se rechazan por 136 votos a favor, 160 en contra y cinco abstenciones.


Sometida a votación la enmienda a la totalidad de devolución del proyecto de ley orgánica por la que se modifica la Ley Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre, de Universidades, se rechaza por 128 votos a favor y 173 en contra.


Se levanta la sesión a las cinco y quince minutos de la tarde.


Se reanuda la sesión a las nueve de la mañana.


CONVALIDACIÓN O DEROGACIÓN DE REALES DECRETOS-LEYES:

-REAL DECRETO-LEY 10/2006, DE 10 DE NOVIEMBRE, POR EL QUE SE MODIFICAN LOS TIPOS IMPOSITIVOS DEL IMPUESTO SOBRE LAS LABORES DEL TABACO. (Número de expediente 130/000037.)

El señor PRESIDENTE: Comenzamos con el punto VII del orden del día. Señalo a la Cámara que, debiendo producirse una ley de naturaleza orgánica relativa a la responsabilidad penal de los menores, vamos a situar todas las votaciones en torno a la una de la tarde.


El señor MARTÍNEZ-PUJALTE LÓPEZ: ¿Las enmiendas de totalidad también?

El señor PRESIDENTE: También, todas, a petición de su grupo parlamentario.
(El señor Martínez-Pujalte López pronuncia palabras que no se perciben.) No discutamos más porque, si no, lo hacemos una por una. No me enrede. A petición de su grupo parlamentario se concentrarán todas las votaciones a la una de la tarde.


Convalidación o derogación del real decreto-ley por el que se modifican los tipos impositivos del impuesto sobre las labores del tabaco. Tiene la palabra el señor vicepresidente segundo.


El señor VICEPRESIDENTE SEGUNDO DEL GOBIERNO Y MINISTRO DE ECONOMÍA Y HACIENDA (Solbes Mira): Muchas gracias, señor presidente.


Señorías, el Real Decreto-ley 10/2006, cuya convalidación se somete hoy a esta Cámara, constituye un nuevo instrumento en el marco de las políticas desarrolladas

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por el Gobierno para prevenir y combatir el tabaquismo. Aun cuando la imposición sobre las labores del tabaco tuvo en su origen una finalidad básicamente recaudatoria, se ha convertido cada vez en mayor medida en un importante instrumento de apoyo a la política sanitaria. En el convenio marco de la Organización Mundial de la Salud para el control del tabaco ratificado por España se reconoce la eficacia de los impuestos como medio para elevar el precio del tabaco y, por tanto, lograr una reducción del consumo, en particular por los jóvenes. El Gobierno no puede fijar los precios de venta de las labores del tabaco, pero sí puede determinar los impuestos que inciden sobre las mismas. A su vez, las compañías tabaqueras pueden decidir trasladar al precio el incremento impositivo o bien absorber la totalidad o parte del mismo en sus márgenes. Como conocen SS.SS., el Gobierno ya ha aprobado durante el presente año dos reales decretos-leyes que han incrementado los tipos impositivos del impuesto sobre las labores del tabaco. En el segundo de ellos, el Real Decreto-Ley 2/2006, de 10 de febrero, se estableció un tipo mínimo para los cigarrillos exigible cuando la suma de las cuotas resultantes de la aplicación de las dos tarifas, la ad valórem o proporcional y la específica, fuera inferior al referido tipo mínimo. Sin embargo, hay una fracción significativa del mercado de cigarrillos cuyos precios de venta al público se encuentran todavía por debajo de los niveles considerados deseables desde la perspectiva sanitaria. Ante esta situación, el Gobierno ha entendido que los objetivos de política sanitaria exigían un nuevo incremento de la fiscalidad, que, insisto, es la única vía que tenemos para influir sobre los precios sin distorsionar la libre competencia. Nuestro objetivo principal es, por tanto, lograr una elevación de los precios de venta que haga disuasorio el consumo. Por esta razón, el presente real decreto-ley, que consta de un único artículo, procede a una elevación del citado tipo mínimo, que se incrementa desde un importe de 55 euros por mil cigarrillos hasta 70 euros por mil cigarrillos. La medida afecta únicamente a las marcas cuyo precio de venta era inferior a 2,17 euros por cajetilla de veinte cigarrillos. Por tanto, es previsible que estos productos eleven sus precios de venta al público. Los cigarrillos que tienen un precio igual o superior al indicado no se verán afectados ya que la suma de su tributación por el elemento ad valórem y el elemento específico continúa siendo superior a 70 euros por mil cigarrillos.


En cuanto a la figura jurídica a través de la cual se aprueba esta medida, debe destacarse que se adopta una modificación que afecta a los tipos impositivos y a la cuota tributaria a satisfacer, elementos sujetos al principio de reserva de ley. Si tal medida se adoptase mediante una ley ordinaria sujeta a una tramitación parlamentaria normal, el prolongado periodo de tiempo entre su conocimiento y su entrada en vigor afectaría negativamente a su efectividad y podría provocar además distorsiones y conductas especulativas en el mercado del tabaco. Estas circunstancias justifican el recurso a la figura jurídica del real decreto-ley al concurrir el supuesto habilitante de la extraordinaria y urgente necesidad que nuestra Constitución exige para su utilización. El Tribunal Constitucional ha respaldado el empleo del real decreto-ley en situaciones análogas. Así, en su sentencia 108/2004, de 30 de julio del año 2004, enjuicia un supuesto esencialmente idéntico al actual, como es la subida de los tipos de los impuestos sobre el alcohol y bebidas derivadas y sobre labores de tabaco que llevó a cabo el Real Decreto-ley 12/1996, del 26 de julio. El Tribunal Constitucional confirmó plenamente la posibilidad de utilizar la figura del real decreto-ley para proceder a un incremento de los tipos impositivos de los impuestos especiales.


Por último, señorías, no quiero concluir sin apuntar que, como no podía ser de otro modo, la norma para la cual solicito su respaldo respeta en todos sus extremos las condiciones exigidas por la normativa comunitaria vigente sobre la materia constituida por la Directiva 92/79CE, del Consejo, de 19 de octubre de 1992, relativa a la aproximación de los impuestos sobre los cigarrillos, y por la Directiva 95/59CE, del Consejo, de 27 de noviembre de 1995, relativa a los impuestos distintos de los impuestos sobre el volumen de negocios que gravan el consumo de labores del tabaco.


Muchas gracias, señor presidente, señorías. (Aplausos.)

El señor PRESIDENTE: Gracias, señor vicepresidente.


¿Turno en contra? (Pausa.) ¿Fijación de posiciones? (Pausa.)

Comenzamos por el Grupo Mixto. Tiene la palabra la señora Fernández.


La señora FERNÁNDEZ DAVILA: Gracias, señor presidente.


Intervengo solamente para decir que vamos a apoyar este real decreto.


Gracias.


El señor PRESIDENTE: Gracias.


Señor Llamazares.


El señor LLAMAZARES TRIGO: Anuncio que nuestro voto será favorable porque somos partidarios.


El señor PRESIDENTE: Gracias.


Señor Olabarría.


El señor OLABARRÍA MUÑOZ: Gracias, señor presidente.


Doy por reproducidas las argumentaciones prolijas y sustanciosas de los que me han precedido en el uso de la palabra.


El señor PRESIDENTE: Gracias.


Señor Puig.


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El señor PUIG CORDÓN: En la misma línea, vamos a dar apoyo al decreto.


El señor PRESIDENTE: Gracias.


Señor Utrera.


El señor UTRERA MORA: Gracias, señor presidente.


Me permitirán que me extienda un poquito más dentro de nuestro apoyo a este decreto-ley. Voy a basar mi breve intervención en dos apartados.
Primero, el de los hechos. Es el tercer decreto-ley sobre lo mismo a lo largo del año. Nosotros ya anunciamos en el anterior, en el número 2, correspondiente al 10 de febrero, que se había iniciado una modificación sustancial y adecuada en el impuesto especial sobre el tabaco al establecer una fiscalidad mínima, una imposición mínima que garantiza un suelo de tributación que permite, por tanto, actuar sobre precios mucho mejor que con el tipo ad valórem, el tipo proporcional, al tiempo que anunciábamos también en aquel caso que proponíamos mejoras y pedíamos la tramitación como proyecto de ley del decreto-ley. Precisamente las mejoras a las que hacíamos referencia eran el establecimiento de un impuesto mínimo suficiente para alcanzar el objetivo de política sanitaria de que el precio no fuera inferior a 2 euros por cajetilla. Eso es justamente lo que nos trae el Gobierno, con un tipo mínimo que sube 30 céntimos por cajetilla, pasando la tributación mínima de 1,1 a 1,4 por cajetilla.


En cuanto a la historia, voy a ser muy breve al decir que votamos en contra del primer decreto-ley que trajo el Gobierno, porque inducía una distorsión en el mercado de tabaco mucho más grave de la que entonces ya se estaba operando y, por tanto, contribuía a inestabilizar todavía más ese mercado. Todavía recuerdo las críticas que se nos hacían desde otros grupos parlamentarios, fundamentalmente desde el socialista. En primer lugar se decía que estábamos solos, lo cual nos congratula, sobre todo en situaciones como esta en la que al final el Gobierno se aviene a nuestros argumentos. En segundo lugar se decía que defendíamos a determinados grupos empresariales. Supongo que el portavoz del Grupo Socialista no lo repetirá, porque si lo dice es que se ha salido de la órbita de lo que el Gobierno propone, puesto que el Gobierno y nosotros coincidimos ahora en los argumentos que yo utilizaba el pasado mes de febrero. En el segundo real decreto nos abstuvimos porque creíamos, como he dicho antes, que era mejorable, y votaremos a favor del tercer real decreto porque la mejora que creíamos que se podía hacer al segundo se ha hecho al primero. La pena es que hemos perdido siete meses para conseguir el objetivo de política sanitaria, que era situar el precio más bajo de la cajetilla de tabaco en España en torno a 2, 2,10 ó 2,15 euros.


Queremos llamar a la reflexión primero al Gobierno para que reconozca que se ha equivocado en la fiscalidad del tabaco durante muchos meses, y también a los otros grupos parlamentarios, que, con tan pocos argumentos como hoy y en el pasado con algunos argumentos más, lo apoyan todo; apoyan lo que es malo como apoyan lo que es bueno y además sin despeinarse, como comúnmente se dice. Por tanto, quienes hemos estado solos y en nuestro sitio hemos sido el Grupo Parlamentario Popular, y ahora seguimos en nuestro sitio pero, eso sí, acompañados -incluido el Gobierno- en nuestra argumentación de que había que establecer un tipo mínimo suficiente para compatibilizar la política recaudatoria del impuesto especial con la pretendida política sanitaria de encarecimiento de las cajetillas de tabaco más baratas.


Muchas gracias, señor presidente.


El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Utrera.


Finalmente, por el Grupo Socialista, señor Armas.


El señor ARMAS DÁRIAS: Gracias, señor presidente.


Señorías, intervengo para manifestar nuestro apoyo a este real decreto-ley del Gobierno en el que fija el impuesto mínimo y único sobre las cajetillas, independientemente de que la suma del ad valórem y el específico llegue a esta cantidad de 70 euros cada 1.000 cigarrillos.
Como se ha señalado, esta es la tercera vez en el presente año que el Gobierno presenta un real decreto-ley sobre el impuesto sobre las labores del tabaco. En la primera ocasión no se quería -y de ahí nuestro apoyo al Gobierno- armar una revolución en el impuesto, lo que ustedes, el Grupo Popular, criticarían adecuadamente. Se quería modificar el impuesto del tabaco para, en relación con la llamada Ley antitabaco, elevar los precios moderadamente, y también se pretendía equilibrar la diferencia entre las llamadas marcas baratas y las marcas de más alto precio. En aquella ocasión las marcas reaccionaron bajando el precio y el impuesto ad valórem -como usted sabe, es el único procedimiento que tiene el Gobierno para intervenir en el precio del tabaco porque realmente lo fijan las distribuidoras- disminuyó. Fue un ataque, insisto, de las multinacionales al interés del Gobierno por reducir el consumo, al cual ustedes se unieron, y no se lo dije yo exclusivamente sino que el resto de los grupos parlamentarios también se lo dijeron. En cuanto a la soledad a la que usted se refiere en la última parte de su intervención en la que ha atacado, entre comillas, al resto de los grupos parlamentarios, es evidente que están cada vez más solos, señor Utrera, usted y su grupo.


Con esta medida se intenta que el precio medio -solo incidirá este impuesto sobre las marcas de bajo precio- de las marcas de bajo precio aumente. Ya lo están haciendo; ya se están publicando en el Boletín Oficial del Estado los precios, y las cajetillas que antes se vendían a 1,95 euros ahora están en 2,11; las de 2,17 euros siguen equilibradas y no suben, aunque algunas sí lo han hecho a 2,20 euros, lo cual es bueno, porque la medida no es recaudatoria -como ya ha señalado el señor vicepresidente en la defensa del real decreto- sino una medida sanitaria para disminuir o desincentivar el consumo, especialmente de los menores, que según la

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Organización Mundial de la Salud es el mejor procedimiento para conseguirlo. Como se explicó en la comparecencia del secretario de Estado de Hacienda del pasado martes, que usted pudo atender, el consumo del tabaco en España se ha reducido en un 4 por ciento después de la aprobación de la Ley 28/2005 y tras la subida de impuestos. El segundo real decreto-ley no solo modificó los impuestos sino que también creó por primera vez en España el impuesto mínimo único, además de otras cuestiones, como modificar la citada Ley antitabaco para regular la venta en los quioscos de vía pública y también el porcentaje de los estanqueros.


Por lo anteriormente expuesto, defendemos y apoyamos este real decreto-ley porque va en la línea del interés de este Gobierno de reducir el consumo de tabaco. Las medidas adoptadas en esta línea han llevado a que a la ministra de Sanidad se le haya dado una distinción internacional, por lo que le pedimos, señor vicepresidente, que traslade a la ministra la felicitación de este grupo por tal distinción.


Muchas gracias. (Aplausos.)

El señor PRESIDENTE: Gracias.


ENMIENDAS DEL SENADO.


-PROPOSICIÓN DE LEY REGULADORA DE LA GESTIÓN DE LA DEUDA EXTERNA. (Número de expediente 122/000019.)

El señor PRESIDENTE: Punto VIII del orden del día. Enmiendas del Senado.
Proposición de ley reguladora de la gestión de la deuda externa. Fijación de posiciones por los grupos parlamentarios. En primer lugar, Grupo Parlamentario Mixto.


La señora FERNÁNDEZ DAVILA: Gracias, señor presidente.


Anuncio nuestro apoyo a la mayoría de las enmiendas que vienen del Senado en la medida en que entendemos que clarifican, por un lado, la transparencia y, por otro lado, los criterios de cooperación del Estado español con terceros países, y daremos el voto negativo a algunas de las enmiendas que proceden del Senado porque entendemos que no mejoran el texto sino que lo dejan un poco más confuso.


Gracias.


El señor PRESIDENTE: Gracias, señora Fernández.


Señor Llamazares.


El señor LLAMAZARES TRIGO: Gracias, señor presidente.


Es conocida nuestra posición crítica y la de buena parte de las organizaciones relacionadas con la deuda externa ante el proyecto -ya casi ley- de la deuda externa. Creemos que es una oportunidad perdida. Se producen algunos avances, aunque, en nuestra opinión, queda muy lejos de las aspiraciones de las organizaciones relacionadas con la deuda externa y, sobre todo, de los países afectados. En ese sentido, mantenemos nuestras diferencias de fondo respecto a la orientación de los créditos FAD, Fondo de Ayuda al Desarrollo, y también mantenemos nuestras diferencias de fondo respecto a la ley de la deuda, por lo que vamos a ser muy críticos con la misma.


Muchas gracias.


El señor PRESIDENTE: Gracias.


Grupo Parlamentario Popular, señor Robles. (El señor Herrera Torres entra en el hemiciclo y pronuncia palabras que no se perciben.)

Lo lamento, señor Herrera, pero es que ya se ha producido la intervención de su grupo.


Señor Robles, adelante, por favor.


El señor ROBLES OROZCO: Gracias, señor presidente.


En primer lugar pido disculpas porque desconocía que se había modificado el orden del día y por eso he llegado con retraso. Estamos en la recta final de la presentación de la ley de la deuda, y voy a intervenir rápidamente para motivar la posición de mi grupo sobre las enmiendas del Senado a dicha ley. Efectivamente, se ha producido un esfuerzo, una vez más, como en la tramitación del Congreso, para llegar a acuerdos entre los diferentes grupos parlamentarios, lo que ha servido para mejorar en algunos aspectos técnicos la ley y también para introducir en ella algunas cuestiones, como el cómputo de la AOD al final de los objetivos que se ha planteado el conjunto de la sociedad española.


Entrando en la cuestión de fondo, mi grupo está de acuerdo con la modificación que se ha producido en los artículos quinto y sexto. Son cuestiones que realmente mejoran el texto de la ley. Quiero recalcar muy especialmente lo relativo a la disposición final primera, sobre la que se ha producido, como digo, un acuerdo entre todos los grupos que ha mejorado el texto pero ha dejado dudas entre las ONG del sector. Por lo tanto, después de revisar y de plantearnos cuál es el texto mejor, en mi opinión sería más conveniente volver al texto del Congreso. Por eso mi grupo no va a apoyar este texto que básicamente repite la misma orientación pero deja fuera una cuestión importante, que es conocer los objetos del contrato en los temas que hacemos referencia. Vamos a estar de acuerdo en la disposición adicional cuarta como también en la disposición adicional quinta. Quiero resaltar que ha habido un aspecto conflictivo con el sector de las ONG que se refiere a la creación de una comisión distinta de la que en este momento ya existe tanto en el Consejo de Cooperación como en la Comisión de Cooperación del Congreso, que va a introducir confusión. Como lo que se pretende es que esta ley mantenga el consenso desde el principio, nosotros hemos reconsiderado nuestra posición y no vamos a apoyar la creación de esa comisión, y, por lo tanto, vamos a seguir confiando de alguna

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manera en la Comisión de Cooperación del Congreso y también en el Consejo de Cooperación, en el bien entendido, lógicamente, de que el Gobierno será el que tenga la responsabilidad de enviar toda la información.
Quiero resaltar especialmente la disposición transitoria cuarta (nueva), que ha supuesto una vez más un esfuerzo de acuerdo entre los diferentes grupos parlamentarios, con objeto de dejar de contabilizar aquellas operaciones de deuda que no deben computarse como AOD una vez alcanzada la cifra del 0,7. Esta ha sido quizá la gran aportación que se ha conseguido hacer en el Senado.


No quiero extenderme más sin decir que este es un momento para felicitarnos por dos cosas: primero, por el hecho en sí de que vamos a tener una ley de deuda, que es una demanda de todos los que trabajamos en cooperación, que es un nuevo instrumento para la financiación de la cooperación al desarrollo; y, segundo, cuando estamos hablando de alcanzar los objetivos del Milenio y encontrar nuevos instrumentos para la financiación de este desarrollo, realmente la política de cancelación de deuda o conversión de deuda es un instrumento tan positivo o más que los temas de los que a veces hablamos respecto a alcanzar o no los porcentajes derivados de la AOD. Hay realmente una aportación novedosa.
España va a ser, además, el segundo país que tenga una ley en esta dirección, lo que sin duda es bueno, y que responde además a las inquietudes que en este momento sectores sociales y todos los actores que trabajan en la cooperación nos han demandado. Probablemente no llegaremos a las expectativas que se habían creado, como en casi todo lo que pasa en la vida, pues en un proceso de negociación evidentemente siempre hay cosas que cada uno de nosotros hubiéramos querido, pero el final del proceso es que tenemos una ley de deuda que es un buen instrumento para la financiación del desarrollo, que ha habido un esfuerzo importante de diálogo en esta Cámara y también en el Senado y que responde acertadamente a estos objetivos. Además existe el compromiso de seguir trabajando en otros aspectos importantes, como la nueva regulación de los créditos FAD, estudiar el impacto que realmente han tenido y que pueden tener en las políticas de desarrollo. Por lo tanto, vamos completando en esa escala de articulación jurídica y política -desde la Ley de cooperación del año 1998 a esta ley de deuda más la regulación que tenga que venir por los créditos FAD- una estructura razonable, equilibrada, sensata para que España siga comprometida, como ya lo hicimos en la cumbre de Monterrey, con los objetivos del Milenio. Por tanto, doy las gracias a todos los que han trabajado y han hecho posible este diálogo y les reitero cuál es la posición de nuestro grupo sobre cada uno de estos asuntos.


Muchas gracias.


El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Robles.


Para evitar cualquier malentendido, señor Robles, quisiera señalarle que el orden del día no se ha cambiado, es exactamente el que estaba previsto. Si se está produciendo esta situación es porque en el primer punto del orden del día no ha intervenido prácticamente ningún grupo parlamentario y en vez de durar una hora ha durado solo diez minutos.
Pero el orden del día no se ha cambiado, quiero dejarlo claro para que no haya malentendidos.


Tiene la palabra el señor Madina.


El señor MADINA MUÑOZ: Gracias, señor presidente.


Señorías, quiero comenzar, como señalé en la anterior intervención, cuando esta tramitación de ley salió del Congreso para viajar al Senado, su segundo trámite legislativo, remarcando que mi grupo celebra que por fin estemos ya debatiendo y cerrando el proceso de tramitación de esta ley que busca un modelo de regulación de la gestión de la deuda externa. Sin duda ha sido una tramitación larga, llena de contactos entre los partidos políticos, los grupos políticos y la sociedad civil, que ha generado un debate amplísimo, profundo, cargado de argumentos y que hoy viene aquí en un texto lleno de inspiraciones de muchos grupos de la sociedad civil, de muchas ONG que han participado activamente en todo lo relativo a la construcción, a la arquitectura de esta ley. Por ello quiero que mis primeras palabras sean para ellos, para agradecerles el trabajo realizado, las propuestas transmitidas a los grupos políticos y el interés mostrado por hacer que esta ley sea la mejor ley posible.
Asimismo quiero dar las gracias a todos los grupos políticos -a todos- por el excelente trabajo que han realizado, por su capacidad para el debate, dado que en el documento de hoy estamos muy lejos de donde estábamos cuando esta tramitación comenzó. Su capacidad para el acuerdo político ha permitido que hoy vayamos a dibujar sobre el mapa de la cooperación española una nueva línea de avance, alcanzada en este caso sobre el interés compartido por todos de hacer de nuestra solidaridad internacional una política mejor, más moderna, más avanzada y también más regulada.


Además, señorías, esta ley llega justo en su momento, en el momento oportuno, porque en esta legislatura la política de deuda en la defensa de un modelo de condonación de créditos por desarrollo la ha practicado España, la ha practicado este Gobierno desde sus primeros momentos y la ha defendido en cumbres multilaterales de todo tipo de una forma contundente y bien evidente. Se desprende por tanto de las políticas desarrolladas un modelo permanentemente defendido, que es canjear créditos pendientes de España con terceros países por inversiones en desarrollo en esos mismos países. Es un modelo en el que hoy estamos dando un paso en legislación que creo que viene correctamente y, como digo, en el tiempo concreto. Esta no es una ley ni para condonar ni para cancelar créditos, y si ha habido alguien que así lo haya entendido fuera de esta Cámara yo le digo que no es una ley ni para cancelar ni para condonar, es una ley que busca crear un marco que regule las operaciones de deuda para el futuro en este país, por tanto, un mandato legislativo que establece una forma de operar con deuda, una forma de gestionar la deuda,

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una forma de tratar las políticas de deuda, un mecanismo regulador que imprime sistemas avanzados de control parlamentario y social y que apunta a los objetivos de las políticas de deuda y establece las prioridades de las mismas. Y su principal secreto, su clave de bóveda es que vincula políticas de deuda con políticas de desarrollo, es decir que se entiende que la deuda es un instrumento que puede estar a favor del desarrollo, se vincula la liberación de créditos pendientes con inversiones de desarrollo sobre las prioridades que cada región tenga en materia de desarrollo según están establecidas en la biblia de la cooperación española, que es su Plan Director de la Cooperación, en este caso, 2005-2008. Es una ley que se alinea con el objetivo 8 de la Declaración del Milenio como expresión del compromiso de los países desarrollados con las políticas de reducción de la pobreza y de lucha contra el hambre en el marco del pacto de asociación de los países que lo necesitan. En esta ley destaca, en primer lugar, el principio de condicionalidad, es decir el compromiso del país deudor de utilizar los recursos liberados en inversiones para su propio desarrollo a través de estrategias de lucha contra el hambre y de reducción de la pobreza. En segundo lugar, son de señalar también avances sustanciales que quedan recogidos en este texto en el objetivo de la progresiva desvinculación de la ayuda y la primacía de la iniciativa local como mecanismo generador de capacidades productivas en la utilización de dichos recursos. Damos un paso más en el principio de apropiación de desarrollo por parte del país deudor. En tercer lugar, en cuanto al principio de armonización, es importante señalar que nuestro país armoniza su política de gestión de deuda en torno a instrumentos y políticas que tienen un carácter multilateral, que es un modelo de actuación por el que este Gobierno ha avanzado y apostado desde sus primeros momentos y que esta ley vuelve a recoger con el acuerdo de la enorme mayoría de las fuerzas políticas que están representadas en esta Cámara. En cuarto lugar, España se alinea con aquellos países que orientan sus políticas hacia la prevención de nuevos sobreendeudamientos, lo que queda explícitamente recogido en esta ley, y mi grupo lo celebra de forma especial así como también otros grupos que están aquí representados.


Por lo anteriormente expuesto, consideramos que en su conjunto esta ley es un avance porque establece instrumentos para su aplicación y desarrolla además los mecanismos de seguimiento y control adecuados. Se ha establecido, como decíamos en la anterior intervención, a partir de la nivelación de tres elementos. En primer lugar, las comisiones de Economía del Congreso de los Diputados y del Senado, también las comisiones de Cooperación Internacional para el Desarrollo del Congreso de los Diputados y del Senado, y la participación de la sociedad civil, que por primera vez tiene otorgados mecanismos de control nivelados con las Cámaras que quedan recogidos en esta ley para control en materia de operaciones de deuda en todo lo relativo a cada una de estas dentro de lo que la Ley de Cooperación prevé como un instrumento privilegiado para la participación de la sociedad civil, es decir el Consejo de Cooperación.
Son también importantes o reseñables, desde el punto de vista de mi grupo, las disposiciones que definen los mecanismos de control de esta ley: las disposiciones adicionales primera y tercera, que otorgan unos niveles de transparencia muy elevados para todas las operaciones de deuda en materia de concesión y de liberación de créditos, y eso implica, en primer término, control democrático por parte de la sociedad civil y de ambas Cámaras de las Cortes Generales y, por otro lado, claridad de gestión. Si hubo un tiempo en el que tuvimos algunas dudas en materia de claridad de gestión años atrás, hoy ya por ley quedan difuminadas para el futuro y para siempre. Además, la ley hoy aprobada -porque se aprobará previsiblemente por una amplia mayoría- llevará en su interior un mandato al Gobierno para que envíe para su debate en esta Cámara un proyecto que regule el Fondo de Ayuda al Desarrollo, como sabemos, uno de los principales instrumentos generadores de deuda, pero también de desarrollo, y cuya revisión hará del mismo un instrumento más acorde con las nuevas políticas de solidaridad internacional que desde hace ya tres años está desarrollando este país.


Con todo, es una evidencia que hoy este Parlamento puede decir que son pocos los parlamentos nacionales de la Unión Europea o de los países occidentales que han debatido y tramitado proyectos de ley tan avanzados en materia de deuda y en un sentido tan amplio. Como antes señalaba, esta ley llega en un momento muy oportuno y se convierte en el marco legislativo más avanzado de todos los países de la Unión Europea. España puede decir hoy que aporta una ley que es la más avanzada de todos los países de la Unión Europea en un momento, como digo, en el que la cooperación al desarrollo está dando un avance importantísimo y en el que, como vemos hoy, damos un paso más, ajustando la agenda de este Parlamento a la agenda política del Gobierno. Con esta ley la deuda será en el futuro un elemento más sujeto al control del Parlamento, un elemento más adecuado a la nueva política de cooperación que España está desarrollando y un elemento más moderno, más democrático y mejor legislado.


Quiero señalar una vez más, antes de fijar la posición sobre las enmiendas procedentes del Senado, que lo que más valora mi grupo es la labor que todos los grupos, organizaciones no gubernamentales y colectivos de la sociedad civil han realizado por la vía de las aportaciones, del interés demostrado sobre esta ley, y que sin ellos hoy esta ley, tan avanzada desde el punto de vista de mi grupo, habría quedado algunos pasos atrás.
Por tanto, y agradeciendo también la labor de los compañeros senadores en su segundo tramo de tramitación de este documento legislativo, mi grupo quiere señalar que fijará posición a favor de la aportación al artículo quinto de la proposición de ley, donde se da un nuevo campo de participación a la sociedad civil. También diremos sí a la aportación al artículo sexto en su párrafo segundo,

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así como al artículo séptimo, apartado 1. Diremos no a la disposición adicional primera en su nueva redacción del Senado, porque desde el punto de vista de la técnica legislativa está mejor explicitada y mejor señalados los registros de control que las cámaras del Congreso y Senado tienen sobre lo que en deuda opere este o cualquier otro Gobierno y, por tanto, votaremos que no para volver a la redacción inicial que salió del Congreso. Diremos sí a la disposición adicional cuarta, que es una enmienda de mi grupo, por la que 528 millones de euros se irán, a través de iniciativas del Ministerio de Asuntos Exteriores y de Cooperación, a contribuciones o donaciones a los organismos multilaterales de desarrollo para vehicular un modelo de FAD que no generará deuda en los países que lo reciban. Diremos también sí a la disposición adicional quinta, que permite su ejecución. Diremos no a la disposición adicional sexta, porque el mandato al Gobierno para la reforma del instrumento FAD estaba mejor explicitado en la salida del Congreso que en la vuelta del Senado.
Diremos también no a la disposición adicional séptima, porque esta comisión se puede trabajar por la vía de un decreto y donde corresponde, esto es, el Consejo de Cooperación. Diremos no a la disposición transitoria tercera, porque si se considera necesaria la reforma de Cesce se puede hacer desde la perspectiva de reforma del instrumento FAD.
Finalmente, diremos sí a una disposición que incluye un paso más importante, según mi amigo Joan Herrera me señalaba el otro día, en el que cuando España alcance el objetivo del 0,7, según el compromiso de este Gobierno en el año 2012 y cumpla así con los objetivos y la declaración del milenio, las operaciones de liberación de créditos de deuda pendiente serán contabilizadas adicionalmente al cómputo general de AOD. Incluimos así el principio de adicionalidad para cerrar una ley que pasará a la historia como uno de los momentos estelares de la cooperación al desarrollo en materia de control, en materia de legislación, aportando al conjunto de los países de la Unión Europea un marco de legislación, de regulación y de control de un instrumento, la deuda, que bien tratado puede ser un motor a favor del desarrollo de quienes más lo necesitan.


Muchas gracias, señor presidente. (Aplausos.)

El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Madina.


-PROPOSICIÓN DE LEY RELATIVA A LA INCLUSIÓN EN EL RÉGIMEN GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL Y A LA EXTENSIÓN DE LA PROTECCIÓN POR DESEMPLEO A DETERMINADOS CARGOS PÚBLICOS Y SINDICALES. (Número de expediente 122/000142.)

El señor PRESIDENTE: Siguiente punto: Proposición de ley relativa a la inclusión en el régimen general de la Seguridad Social y a la extensión de la protección por desempleo a determinados cargos públicos y sindicales.


Señor Llamazares.


El señor LLAMAZARES TRIGO: Gracias, señor presidente.


Nuestro grupo parlamentario va a reiterar la defensa de esta mejora de la protección social de los cargos públicos y sindicales desde la perspectiva de que tanto el compromiso social como el compromiso político deben estar basados en una situación de dignidad sin privilegios. El hecho de que haya cargos públicos y sindicales que carezcan de esa protección social no es un buen mensaje para el compromiso político en nuestro país, que además desgraciadamente tiene una tradición de que el compromiso político y el compromiso sindical no están suficientemente valorados. En ese sentido, es muy importante que esta Cámara dé contenido de protección social a ese compromiso que hoy se está realizando por parte de muchas personas en el ámbito social y en el ámbito político y, por otro lado, también en relación con la coyuntura, en relación con la situación actual, es hora de hablar de ese compromiso con dignidad y sin privilegios. No se plantea en esta iniciativa ninguna situación de privilegio que no tendríamos derecho a demandar ni por nuestro compromiso social ni por nuestro compromiso político, pero sí al menos de no situar a nuestros compañeros en desventaja con respecto al resto de los ciudadanos. Es un tema importante. No se plantea ningún privilegio. El político o el sindicalista no tiene en ese sentido más privilegios que el resto de los ciudadanos, pero sí un compromiso que debe ser ejercido en todo caso con dignidad y con los mismos derechos que el resto de la ciudadanía; ni un derecho más, pero también ni un derecho menos.


Muchas gracias.


El señor PRESIDENTE: Gracias.


Grupo Vasco. Señor Olabarría.


El señor OLABARRÍA MUÑOZ: Gracias, señor presidente.


En relación con este proyecto de ley que llega del Senado, comparto las opiniones manifestadas por el señor Llamazares. Evidentemente, la perspectiva analítica de lo que aquí se consigna analizada desde el punto de vista del pretendido privilegio, no deja de ser más que pura y simple demagogia. Estamos de alguna forma removiendo una injusticia histórica que afecta a quienes se dedican al ejercicio de cargos públicos en el ámbito de las corporaciones locales y en otras instituciones que expresamente se consignan en el proyecto de ley, las juntas generales -hay que decir que el proyecto de ley ha sido mejorado en el Senado desde una perspectiva técnico-jurídica de forma notable-, los junteros son los miembros de las juntas generales de los territorios históricos, los miembros de los cabildos insulares en las islas Canarias, los miembros de algunas sociedades públicas y aquellos representantes sindicales de sindicatos que ostentan la condición de mayor representatividad sindical y que se liberan para ejercer el ejercicio de funciones públicas y cuasipúblicas, que son las que

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hoy están ejerciendo los representantes sindicales a través de la etérea a veces institución denominada diálogo social y que predetermina todo lo que se aprueba posteriormente en esta Cámara; es decir, están colegislando prácticamente. Luego es de pura justicia y es un requerimiento del ordenamiento jurídico el reconocimiento de la protección de la contingencia de desempleo a personas que han trabajado en el ámbito público y que luego pierden su actividad y su retribución.
Esto lo consigna así y se trata de armonizar el requerimiento del artículo 205 del real decreto legislativo por el que se aprueba el texto refundido de la Ley General de la Seguridad Social, el 1/1994, con su homónimo de la Ley de Bases de Régimen Local de 1985 y, en concreto, el artículo 75 de esta ley, y además atender a los requerimientos de la sentencia 4/2004 del Tribunal Constitucional, que estable que es una opción de política legislativa legítima reconocer la protección por la contingencia de desempleo de aquellos cargos públicos que aquí se consignan que, una vez abandonada la función, pierden su retribución y desaparece su actividad. Desde esa perspectiva, por fin hemos logrado remover lo que constituía una verdadera injusticia histórica -nosotros hemos utilizado expresiones más fuertes: una verdadera atrofia democrática- y nos congratulamos, porque esta fue una iniciativa parlamentaria presentada originariamente solo por nuestro grupo parlamentario, pero que afortunadamente fue asumida por todos los demás, fue universalizada y, por tanto, estamos corrigiendo la situación que afecta al desempleo muy lacerante en ocasiones, señor presidente, de personas que pertenecen o ejercen sus funciones públicas -en el sentido más noble de la expresión- en el ámbito local, en el ámbito de las corporaciones locales, en el ámbito foral, en el ámbito de las juntas generales de los territorios históricos, en el ámbito de los cabildos insulares y mediante el ejercicio de la representación institucional que corresponde a los miembros de los sindicatos liberados que ostentan la condición de mayor representatividad sindical. Con esto quiere decir, señor presidente, que es a todos, no solo a los sindicatos liberados de ámbito estatal, aquellos que tienen más del 10 por ciento del total de los representantes electos en las últimas selecciones sindicales, sino también de otros ámbitos diferentes al estatal, como son los que en el ámbito autonómico tienen en las últimas elecciones sindicales más del 15 por ciento y 1.500 representantes... (Rumores.)

El señor PRESIDENTE: Disculpe, señor Olabarría.


Por favor, el señor Olabarría está interviniendo y le están molestando.
Gracias.


El señor OLABARRÍA MUÑOZ: Terminaba ya, señor presidente, y además compatibilizando razonablemente bien mi disertación con la interesante conferencia que se estaba produciendo delante de mi escaño.


En definitiva, la perspectiva de la remoción de una injusticia no admite ningún tipo de invocación, como se ha hecho en algunos medios de comunicación y por algún partido político -desgraciadamente-, vinculada a la generación de falsos privilegios. Este es un requerimiento de justicia social, es un requerimiento de la jurisprudencia constitucional, es un requerimiento normativo y por fin históricamente podemos ya pensar que la Función pública adquiere la dimensión de dignidad, también desde la perspectiva de la protección que muchas personas que se dedican a esta noble función, obviamente cuando se ejerce noblemente -aunque parezca tautológico conviene decirlo-, merecen, como cualquier otro trabajador, porque los representantes políticos en estos ámbitos son representantes políticos y son también trabajadores. Aunque esto parezca una tautología, señor presidente, no es malo repetirlo y hacerlo con cierta reiteración en esta Cámara y en otras.


Muchas gracias, señor presidente.


El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Olabarría.


Por Esquerra Republicana, el señor Ramón.


El señor RAMÓN TORRES: Gracias, señor presidente.


Cómo no, voy a unirme a las palabras de los portavoces que me han precedido. Nuestro grupo parlamentario entiende que una vez aprobada esta ley, después de las enmiendas que nos vienen del Senado, resolveremos una grave injusticia a la que se veían abocados determinados cargos electos de la Administración local y de las organizaciones sindicales. Por lo que a la Administración local compete, la Ley General de la Seguridad Social, a partir del año 1985, incluyó en el régimen general de la Seguridad Social a los cargos electos con dedicación exclusiva, pero no resolvió entonces la contingencia por desempleo. Esta situación se corrige en esta ley y se reconoce así la aportación de muchas personas que dejaron sus puestos de trabajo para dedicarse al ejercicio de cargos electos municipales o sindicales y que cuando finalizaban este cometido, sin poder reincorporarse a su antiguo puesto de trabajo, no tenían ninguna cobertura por desempleo, siendo esta, a nuestro entender, una grave desigualdad que ha durado muchos años. Quizá esta ley podía haber ido un poco más allá, podía haber sido un poco más ambiciosa y haber reconocido este mismo derecho a otros miembros electos, como pueden ser diputados de asambleas territoriales o a senadores y diputados. Esta desigualdad también tendrá que corregirse en alguna otra iniciativa que impulsemos desde esta Cámara.


Por lo que se refiere a las enmiendas que vienen del Senado, muchas son de carácter técnico, que entendemos que van a mejorar el texto, pero me gustaría resaltar una que introduce una nueva disposición adicional que contiene un mandato al Gobierno para que apruebe las disposiciones normativas necesarias a efectos de computar para los miembros de las corporaciones locales que ejercieron su mandato con anterioridad a la Ley de Bases

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del Régimen Local del año 1985, es decir, aquellos que ocuparon un cargo entre los años 1979 y 1985, el tiempo que estuvieron ejerciendo su cargo y que no les fue permitido cotizar por su falta de inclusión en el régimen general de la Seguridad Social. Es una enmienda que apoyaremos, con la que, al igual que con el texto completo de la proposición de ley que aprobamos hoy con el apoyo de todos los grupos parlamentarios -eso cabe destacarlo-, como decían los anteriores portavoces, vamos a acabar con esa injusticia social de estas personas que muchas veces se han dedicado a ayuntamientos pequeños. No creo que sea ningún privilegio, pues muchos de ellos están cobrando muy poco, tienen remuneraciones bastante bajas y dedican muchas horas a desempeñar una tarea básicamente en beneficio de la sociedad. Como he dicho a lo largo de mi intervención, creo que vamos a acabar con una injusticia bastante importante. Esa gente que se está dedicando a los ayuntamientos pequeños -también a los grandes-, que está dedicando muchas horas en beneficio de sus municipios, hoy va a ver recompensada esta tarea y, cuando cesen en su puesto político, si no pueden reincorporarse a un puesto de trabajo, al menos podrán tener el desempleo.


Muchas gracias, señor presidente. Gracias, señoras y señores diputados.


El señor PRESIDENTE: Por el Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió) tiene la palabra el señor Campuzano.


El señor CAMPUZANO I CANADÉS: Gracias, señorías.


Con la venia, señor presidente. Creo que reflejo la opinión de los portavoces de otros grupos parlamentarios, en el sentido de que hubiésemos entendido una gestión del anterior punto del orden del día que nos permitiese a los diversos portavoces defender nuestra opinión en el trámite en el Congreso de las enmiendas del Senado a la Ley de Deuda Externa...


El señor PRESIDENTE: Señor Campuzano, le ruego, por favor, que se dedique al punto del orden del día que estamos discutiendo. El presidente no es responsable de que se produzcan aceleraciones en los debates, ya lo he explicado. En consecuencia, le ruego que se centre en el debate. A las nueve de la mañana empieza la sesión y todos los diputados de esta Cámara tienen que estar disponibles y al servicio del Pleno. Siga, por favor.


El señor CAMPUZANO I CANADÉS: Me centraré, lógicamente, señor presidente, en esta intervención, pero creía necesario hacer ese comentario, que, insisto, refleja la posición del resto de portavoces que no hemos podido intervenir.


El señor PRESIDENTE: Ustedes no han podido intervenir porque han llegado tarde y todo diputado a partir de las nueve de la mañana tiene que estar disponible. Le llamo a la cuestión ahora formalmente por primera vez.
Continúe con el punto del orden del día que estamos discutiendo, se lo ruego, por favor.


El señor CAMPUZANO I CANADÉS: Gracias, señor presidente. Tendremos ocasión de continuar discutiéndolo.


Mi grupo va a votar favorablemente las enmiendas que introduce el Senado a esta proposición de ley que fue impulsada por todos los grupos y muy específicamente quiero destacar la incorporación de una disposición adicional nueva, que regula el régimen de cotizaciones sociales de los miembros de las corporaciones locales con dedicación exclusiva que ejercieron con anterioridad a la inclusión de los concejales en el sistema de la Seguridad Social. Esa es una demanda del mundo municipal desde hace muchísimos años y pretende reconocer a aquellos concejales y alcaldes que dedicaron buena parte de su vida en el inicio de la recuperación democrática, en el inicio de los primeros ayuntamientos democráticos, y que entonces no pudieron ver reconocido ese esfuerzo en términos de las pensiones que deberían cobrar cuando alcanzasen la edad de jubilación. Mi grupo, al defender esta cuestión en el trámite del Congreso, citó al alcalde de Sabadell, el señor Farrés, como una de las personas que habían batallado este tema. Recordemos que también nos acompañó en los debates de esta proposición de ley el señor Mas, histórico alcalde del Ayuntamiento de Mataró; y nos parecía de justicia reconocer ese esfuerzo cívico que hicieron alcaldes y concejales en esos primeros años seguramente difíciles en la consolidación de nuestra democracia. El texto que incorpora el Senado abre la vía para resolver esa cuestión, dando, por tanto, respuesta justa a una vieja demanda del mundo municipalista. Más allá de esa consideración, nos parece que con esta proposición de ley resolvemos la protección social de personas con dedicación cívica, de personas que se dedican a tareas fundamentales para consolidar nuestro sistema democrático, y creo que estamos ante una buena noticia.


Muchas gracias.


El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Campuzano.


Finalmente, Grupo Popular, señor Pujalte.


El señor MARTÍNEZ-PUJALTE LÓPEZ: Señor presidente, intervengo con brevedad, manifestando que yo llevo aquí desde las nueve de la mañana, y sin ánimo de enredar en absoluto, sino de colaborar a que se desarrolle el Pleno con normalidad. Paso a fijar la posición de mi grupo en torno a las enmiendas del Senado a una proposición de ley que impulsamos todos los grupos parlamentarios. Mi primera reflexión hoy es de satisfacción porque se lleve a buen término una proposición de ley cuya iniciativa viene de los grupos parlamentarios. Lo común es que las leyes que van al BOE provengan de la iniciativa del Gobierno, de proyectos de ley, pero

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esta proviene de una proposición de ley que, además, contó en su inicio con el consenso de todos los grupos parlamentarios. Todos los grupos parlamentarios fuimos los impulsores de esta proposición de ley. Por tanto, expreso mi satisfacción porque hemos encontrado un tema en el que todos pudimos ponernos de acuerdo y en el que además hubo un consenso inicial y en cada uno de los pasos que se han ido dando; por eso, votamos a favor de la toma en consideración y contó con la unanimidad en todos los pasos.


Quiero señalar que el título que irá al BOE es algo confuso, porque habla de extensión de la protección por desempleo a determinados cargos públicos y sindicales, y no es a todos los cargos públicos. Los que firmamos esta proposición de ley tuvimos muy en cuenta pedir un derecho para cargos públicos, pero no para los que firmábamos esa proposición de ley. Estamos hablando de la extensión de una protección social para cargos públicos locales y sindicales. Algunas de las enmiendas que se han incorporado en el Senado incluyen cabildos insulares y organismos locales distintos de los ayuntamientos, pero siempre circunscribiéndonos a los cargos locales. En esta proposición de ley, que será ley cuando reciba la aprobación de esta Cámara esta mañana, no se habla de asambleas legislativas ni autonómicas ni nacionales, estamos hablando de cargos públicos locales y sindicales. Por tanto, los que impulsamos esta proposición de ley tuvimos buen cuidado de circunscribir esta proposición de ley a un determinado colectivo que, a nuestro entender, se lo merecía.


Tercera reflexión que me gustaría que quedara bien clara en el "Diario de Sesiones": No supone privilegio para nadie. Estamos hablando de una proposición de ley que equipara las prestaciones sociales de los trabajadores en todos los ámbitos. Decía el señor Llamazares, y no suelo coincidir con él, pero en este punto coincido: Hay que dignificar la posición de los que dedican una parte de su tiempo a la vida local y a la vida sindical. Desde luego, no tenía ningún sentido que hubiera un trato discriminatorio de las personas que trabajan con exclusividad en tareas ejecutivas locales o en tareas sindicales con otro tipo de trabajadores.
No se habla de dar prestación social a quien no haya cotizado, se habla de que las prestaciones sociales por desempleo también las puedan percibir personas que han trabajado con exclusividad y han cotizado. Aquí no se habla de extender ninguna prestación a nadie que no haya efectuado la correspondiente cotización. Eso conviene dejarlo muy claro, porque, de hecho, en la disposición adicional que ha mencionado algún diputado que me ha precedido en el uso de la palabra se dice que hasta el año 1985 -creo que era-, en el que todavía no se había cotizado, se pueda cotizar si se quiere recibir la prestación actualmente, pero siempre la prestación posterior a la cotización. Eso conviene dejarlo bien claro. Mi grupo no sabe si esto también habría que extenderlo en el futuro a las asambleas legislativas. Nosotros entendemos que esta proposición de ley ha sido un primer paso para reconocer la labor que hacen los que trabajan con exclusividad en todos los gobiernos locales: ayuntamientos, diputaciones, cabildos, etcétera, y en las organizaciones sindicales. Si esto hay que ir ampliándolo para todos aquellos que realizan un trabajo durante muchos años y equiparar su situación a la de otros trabajadores, habría que estudiarlo, pero se ha dado un paso en tratar con justicia a muchas personas que dedican muchos años de su vida a actividades públicas, que lo hacen con honestidad y que tienen derecho a tener las mismas prestaciones que cualquier otro trabajador.


Muchísimas gracias.


El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Martínez-Pujalte.


Finalmente, Grupo Parlamentario Socialista, señor Cuesta, por favor.


El señor CUESTA MARTÍNEZ: Señor presidente, señorías, intervengo en nombre del Grupo Parlamentario Socialista y como responsable de política municipal del Partido Socialista, que conoce perfectamente el sentir y la demanda que había en relación con la proposición que hoy aprobamos en este último trámite y el enriquecimiento en su contenido que ha significado también el debate y las aportaciones del Senado. En efecto, reparamos una justicia histórica. Aquí no estamos hablando de privilegios, sino del ejercicio de una función de representación de la ciudadanía, del ejercicio de algo que ha sido clave además para el desarrollo, no solo de la democracia y del periodo democrático que venimos viviendo desde la aprobación de la Constitución, sino en el diseño de los mejores principios de lo que debe ser el futuro de la democracia y los mejores modelos de gestión y de modernización. Les decía que no es un privilegio. Además, es una reivindicación histórica, tan histórica que un partido, como el Partido Socialista, que tiene en el municipalismo una de sus esencias fundamentales y de sus raíces, venía defendiendo. Les contaré una anécdota histórica. Pablo Iglesias, que fue concejal en 1905 en Madrid, glosaba los veintisiete concejales que el Partido Socialista había conseguido en las elecciones de 1902 en toda España. Para aquellas elecciones había presentado en el ámbito municipal un programa electoral común para toda España, en el que había un compromiso de garantizar, por ejemplo, comedores para los hijos de las mujeres trabajadoras o dos pares de botas al año para calzar a los niños.
Había propuestas aparentemente muy ingenuas pero de un hondo calado social, que incluso en algunos casos significaron un adelanto de los mejores modelos del Estado del bienestar de nuestros días. Entre aquellas reivindicaciones se hablaba de dignificar el ejercicio de la función de concejal porque, si no, los trabajadores no podían dedicarse a la digna tarea de representar a los ciudadanos en los ayuntamientos. En aquel programa se hablaba hasta de la retribución y los derechos de los concejales. Es decir, no estamos ante un privilegio sino ante una remoción de obstáculos para

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ejercer un derecho constitucional, que es el derecho de participación ciudadana, en este caso el ejercicio de la función de concejal.


En nombre de mi grupo quiero agradecer a todos los grupos esta iniciativa conjunta, que se viene gestando desde hace bastante tiempo en el municipalismo español y que nunca había cristalizado. Se hace justicia a personas abnegadas al reconocer algo tan elemental por lo que se venía luchando durante estos últimos veinticinco años: la inclusión en el régimen general de la Seguridad Social y la extensión de la protección por desempleo fundamentalmente a representantes en el ámbito local y a cargos sindicales. Además el Senado completa y mejora los derechos que se reconocen en la proposición originaria. En esta disposición adicional nueva se insta al Gobierno para que, en el plazo máximo de seis meses a partir de la aprobación de la ley, se pongan en marcha las disposiciones normativas necesarias a los efectos de computar a los miembros de las corporaciones locales con dedicación exclusiva que ejercieron su cargo político con anterioridad a la aprobación de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las bases de régimen local, el tiempo que estuvieron ejerciendo su cargo, en el que no les fue permitido cotizar por su falta de inclusión en el sistema de la Seguridad Social, con objeto de que se le reconozca el derecho a la percepción de la pensión de jubilación denegada o a una cuantía superior a la que tienen reconocida. Esto arregla una injusticia histórica, que ya en el debate en el Congreso fue puesta de manifiesto por otro histórico que hoy tenemos del municipalismo en la Cámara, Manel Mas, a quien quiero hacer también hacer un público reconocimiento, porque es una persona que podría ser simbólicamente el representante de ese municipalismo, ahora que vamos a celebrar el 28.º aniversario de la Constitución Española y también del municipalismo -en marzo se cumplirán veintiocho años de ayuntamientos democráticos-. Desde entonces se ha recorrido un largo camino. Los ayuntamientos y la labor de aquellos primeros concejales fueron claves para vertebrar España, para crear un tejido, una red de protección y articulación de nuestra Constitución y de desarrollo democrático. A aquellas primeras corporaciones locales llegaron gentes procedentes de la lucha antifranquista, sindicalistas, vecinos implicados en los movimientos vecinales, gentes generosas e imaginativas que inventaron una forma de hacer que dio vida a la democracia y a la modernidad de nuestro país. Es más -lo decía antes-, las mejores experiencias de gestión, los mejores modelos de política social y de impulso cultural y democrático surgieron de unos ayuntamientos que, por inventar, inventaron hasta sus propias competencias, muchas respuestas y un funcionamiento institucional que sin duda alguna ha creado escuela, porque muchas de SS.SS. han pasado por los ayuntamientos ejerciendo esa digna función de concejal. Son por tanto legión los miles de concejales -añado algo más en estos tiempos: legión de concejales honestos): 8.111 ayuntamientos, más de 60.000 concejales en España. Puede haber casos aislados escandalosos de corrupción, pero la generalidad de las personas que representan a sus convecinos en los ayuntamientos son honestas. (Aplausos.-El señor Martínez-Pujalte López: ...Ciempozuelos.) Lo ha puesto de manifiesto, fíjense ustedes, el último barómetro del Centro de Investigaciones Sociológicas, cuando habla de la confianza que a los ciudadanos les merecen determinadas instituciones.
Fíjense, entre las instituciones que aprueban entre los cuatro primeros puestos figura el ayuntamiento; como anécdota también les digo que la última en el ranking es el Poder Judicial. La alta valoración que tienen los ayuntamientos pone de manifiesto que con esta ley estamos haciendo justicia.


Acabo, señorías. Práctica y cultura de la ciudadanía, sindicalismo moderno, defensa de los trabajadores, estabilidad y crecimiento económico de España y ciudades inteligentes, capaces de potenciar las posibilidades vitales y culturales de sus ciudadanos, ese es sin duda alguna el legado de aquellos a quienes hoy honramos con esta proposición de ley.


Muchas gracias. (Aplausos.)

El señor PRESIDENTE: Gracias.


-PROYECTO DE LEY ORGÁNICA POR LA QUE SE MODIFICA LA LEY ORGÁNICA 5/2000, DE 12 DE ENERO, REGULADORA DE LA RESPONSABILIDAD PENAL DE LOS MENORES.
(Número de expediente 121/000076.)

El señor PRESIDENTE: Punto IX del orden del día: Debate de totalidad de iniciativas legislativas. (Rumores.) Disculpen, señorías. Queda otro proyecto de ley, que es la orgánica, por la que se modifica la Ley reguladora de la responsabilidad penal de los menores. Lo lamento. Doy un poco de tiempo, pero comprendan que los jueves es un procedimiento, el legislativo, que entraña ciertas dificultades. (El señor Esteban Bravo pide la palabra.)

Sí.


El señor ESTEBAN BRAVO: Señor presidente, una cuestión de orden. ¿Por qué no iniciamos ya el procedimiento? Todo el mundo debe estar dispuesto aquí desde las nueve. No entiendo como puede haber dificultades en otro punto del orden del día y ahora estamos retrasando el inicio de este punto porque no está el ministro.


El señor PRESIDENTE: Señor Esteban, esto no es una cuestión de orden.


El señor ESTEBAN BRAVO: Es porque no está el ministro, señor presidente.


El señor PRESIDENTE: No, porque no está previsto que intervenga ningún ministro. Lamento profundamente

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lo que ha acontecido y se lo quiero explicar de buenas maneras. Lo que no puede hacer el presidente es estar pendiente de lo que ocurre en los grupos parlamentarios. Tienen ustedes pantallas en sus despachos, tienen ustedes excelentes medios de comunicación para estar disponibles cuando se produce una aceleración del orden del día. Ningún ministro va a hacer la presentación. Pretendo solamente decirle de buenas maneras que no puedo aceptar... (La señora Lasagabaster Olazábal pronuncia palabras que no se perciben.) Señora Lasagabaster, no va con usted, es por lo que ha acontecido anteriormente. No puedo aceptar que se haga pesar sobre el presidente la responsabilidad o no de la presencia de los señores diputados en el hemiciclo. (El señor Martínez-Pujalte López: Ya llega el ministro.) No, no lo he dicho por eso. (El señor Esteban Bravo: Le ha salvado la campana, señor presidente, porque acaba de llegar el ministro.) Señor Esteban, si usted ha llegado tarde, lo lamento profundamente, pero lo que no puedo hacer es, cuando se ha comenzado el debate, que se vuelva a abrir y a reabrir porque se ha llegado tarde.
Comprendan ustedes que esto, multiplicado por 350, haría absolutamente inmanejables las mañanas de los jueves. Lamento profundamente que algunos de ustedes, a los que tenía por personas capaces de comprender esto, no sean capaces de hacerlo. (Rumores.)

Proyecto de Ley orgánica de responsabilidad penal de los menores. ¿El Gobierno desea intervenir? (Pausa.) Al final. (Rumores.)

Por el Grupo Parlamentario Mixto tiene la palabra la señora Lasagabaster.


La señora LASAGABASTER OLAZÁBAL: Gracias, señor presidente, pero por lo visto algún ministro quería intervenir, por eso se retrasó este punto al tercer lugar. Con todos los respetos, señor presidente, como usted sabe, entienda que los diputados que le han pedido el uso de la palabra son personas que están aquí siempre a las nueve de la mañana. No hago ninguna alusión a nada, simplemente digo que creo que el señor Campuzano y el señor Esteban cumplen muy bien su trabajo.


El señor PRESIDENTE: Señora Lasagabaster, por favor, a la cuestión. Están siendo ustedes muy injustos con la Presidencia. A la cuestión, por favor.


La señora LASAGABASTER OLAZÁBAL: Por supuesto.


Quería señalar desde el punto de vista de Eusko Alkartasuna que no vamos a poder apoyar la reforma de la Ley de responsabilidad del menor que se ha llevado a cabo. No voy a explicarles todo lo que ha sido la tramitación, pero en resumen me gustaría señalar que para nosotros esta reforma, unida a otra serie de reformas a que se dio lugar a partir de la ley de 2000, ha ido llevando a la justicia juvenil a una situación mucho peor o mucho más débil de lo que debe ser objeto de una especial protección. Podríamos hablar del réquiem de la justicia juvenil.


La razón que ha suscitado nuestra no aprobación de esta ley o nuestro voto no positivo se refiere a varias cuestiones que no han sido recogidas de manera adecuada a lo largo de la tramitación, tanto en el Congreso como en el Senado. Una de las cuestiones que podríamos citar -no voy a señalarlas todas- ha sido mantener esa competencia excepcional para determinados casos de la Audiencia Nacional que no es de recibo porque no se ajusta a las normas, reglas o principios que deben aplicarse a la justicia juvenil. Evidentemente hay otra serie de consideraciones que no podemos compartir -no voy a extenderme- en los artículos 9, 10, 12, 14, etcétera, pero lo que ha pasado a lo largo de todo este tiempo, desde el año 2000, y el porqué de todas estas reformas no tiene que ver mucho o tiene que ver menos con la regulación legal o con esa regulación por una alarma social. Esta probablemente tiene razón en muchos casos, pero no se va a solventar con modificaciones legales, sino con otra serie de cuestiones como es la financiación, para dar oportunidad a que realmente se pueda producir una reeducación, una reintegración en la sociedad de aquellos menores que, repito, tienen una especificidad, o debieran tenerla, por las convenciones internacionales de derechos del niño para la reeducación, en vez de la aplicación de la justicia penal stricto sensu al igual que para los adultos. No creemos que se haya producido a lo largo de estos años una verdadera política, ya que ha faltado, si me permiten la expresión, la parte material, la parte real, que es la financiación. Para reeducar, para reintegrar se requiere una capacidad financiera para tener una dotación de psicólogos, tutores o educadores, en definitiva una serie de elementos claves para que se puedan cumplir los objetivos de una ley de justicia juvenil.


A lo largo de estos seis años hemos visto que ha sido muy duro para las comunidades autónomas aplicar una ley que establecía una serie de consideraciones que para nosotros eran positivas, la ley del año 2000, pero al final por falta de medios, por falta de dotación a esas comunidades autónomas -no hablamos de nuestro caso- ha sido imposible llevar a buen término los objetivos en muchos casos. Cambiando las leyes, cambiando simplemente el articulado, no vamos a alcanzar el objetivo que se pretende, que es reeducar y reintegrar. Por ello, a esta ley le sobran muchas cosas, probablemente le falta mucha financiación de las administraciones competentes y en definitiva no creemos que sea positiva para el objetivo final: reeducar, reintegrar al joven, al menor que haya cometido vulneración del ordenamiento jurídico. No se arregla con una imposición, mediante un paralelismo, con una justicia penal de adultos; los menores deben tener otro tipo de soluciones y de previsiones legislativas, judiciales y por supuesto de reeducación y reintegración.


Muchas gracias.


El señor PRESIDENTE: Gracias, señora Lasagabaster.


Señora Fernández.


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La señora FERNÁNDEZ DAVILA: Gracias, señor presidente.


Como ya dijimos en el anterior debate mantenido aquí en el Congreso, y de acuerdo con las enmiendas que presentamos a este proyecto de ley, considerábamos más adecuado que se incidiera en medidas más relacionadas con la formación, con la educación, en definitiva con la orientación de los menores a la incorporación a la sociedad superando las condiciones, situaciones o causas que provocaron que tuvieran problemas de delincuencia u otras cuestiones que efectivamente obligaran a la Administración de Justicia a actuar sobre ellos, en vez de en los aspectos expeditivos que se siguen manteniendo, a pesar de la modificación que hoy vamos a aprobar. Dicho esto, y en tanto que nuestras enmiendas, las presentadas tanto en el Congreso como en el Senado, no tuvieron fortuna, también queremos manifestar algo que ya expuso la señora Lasagabaster, que esta ley, incluso la del año 2000, no cumplirá los objetivos si la Administración no dota suficientemente de los medios adecuados para poder hacerlo, y estamos hablando por supuesto de los medios humanos, profesionales para que la ley pueda ser desarrollada, y no solamente desde el punto de vista judicial, sino también del de los centros o instituciones que tienen que actuar con los menores.


La experiencia que tenemos de la ley del año 2000 -es algo que seguramente se puede conocer en todas las comunidades autónomas; yo hablo desde la experiencia de Galicia- nos dice que hubo dificultades para que la misma se desarrollara, o por lo menos para que se actuara en las debidas condiciones, sobre todo en lo que al menor se refiere, tanto en la remodelación de los centros como en la adecuación de profesionales, ya que no se contaba con profesionales como los que acaba de señalar la señora Lasagabaster: psicólogos, orientadores sociales, etcétera. En muchas ocasiones se resolvió el problema de la inadaptación de los centros dejándolos en manos de una gestión privada que utilizaba métodos, criterios y formas educacionales que no solo no se adecuaban a una ley que no incide en estos aspectos, sino que perjudicaban la orientación formativa del menor para una integración social, que debe ser el objetivo de la ley y lo que debe pretender la Administración, en definitiva la sociedad.


Por eso saludamos positivamente la enmienda que se incorpora en el Senado, que modifica el apartado 3 de la disposición final tercera, que insta al Gobierno a dotar de más personal a la Administración de Justicia, es decir las plantillas de técnicos de las distintas administraciones. Esta enmienda incorporada al texto de la ley -aprovechamos la presencia del señor ministro, por tanto del Gobierno- no serviría absolutamente para nada si desde el Gobierno no hay una voluntad de dotar de recursos económicos suficientes para que esto se pueda desarrollar. Hay que mantener la interlocución necesaria con las comunidades autónomas, de tal manera que la incorporación sea la adecuada a las necesidades que existan en cada una, pero sobre todo para que esa interlocución permita la máxima coordinación de las distintas políticas y competencias que cada Administración tiene, dado que las de Justicia son del Estado pero las que tienen una orientación social son de las comunidades autónomas. Por tanto, aprovechamos este debate para instar al Gobierno a realizar esa dotación económica, a llevar adelante esa interlocución con las comunidades autónomas y a esa máxima incorporación porque, si no, esta enmienda que viene del Senado, y que nosotros vamos a apoyar, no cumpliría objetivo ninguno.


Muchas gracias, señor presidente.


El señor PRESIDENTE: Gracias, señora Fernández.


Por el Grupo Parlamentario de Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya Verds tiene la palabra la señora García Suárez.


La señora GARCÍA SUÁREZ: Gracias, señor presidente.


Señor ministro, señorías, en primer lugar quisiera hacer una breve referencia para aclarar que nuestro grupo parlamentario presentó una enmienda a la totalidad de la ley que hoy estamos debatiendo en su último tramo y que posteriormente también presentó enmiendas parciales al proyecto de ley en la línea de seguir apostando por un modelo de política criminal de menores basado en la reinserción social y en una ley de naturaleza sancionadora educativa, en definitiva con el objetivo que la Ley orgánica reguladora de la responsabilidad penal del menor tenía hasta este momento. Era una buena ley, con consenso político y social; una buena ley que no obtuvo el apoyo necesario para su desarrollo en las legislaturas anteriores, con el Gobierno del PP, y que tampoco lo ha tenido con el Gobierno socialista. Finaliza hoy, pues, la tramitación parlamentaria del proyecto de ley de reforma de la Ley orgánica reguladora de la responsabilidad penal del menor, y a la vista del texto resultante se confirma lo que nuestro grupo parlamentario ha venido manifestando a lo largo de su tramitación. Ahora, con las enmiendas introducidas en el Senado, salvo en alguna excepción y con las alianzas bien definidas para esta ley, podemos decir a la sociedad -lo lamentamos profundamente porque es la primera ley en la que tenemos unas diferencias absolutamente frontales con el Gobierno- que el Gobierno socialista ha optado por las tesis más conservadoras, desaprovechando así la oportunidad de definir un modelo de política criminal progresista ajustado al propio espíritu de la ley que se reforma o, mejor dicho, que se deforma. Lo decíamos y lo mantenemos: este proyecto de ley es un retroceso. Se retrocede respecto a la vigente ley en un intento de aproximar la justicia de menores a la justicia de adultos, ofreciendo una respuesta punitiva y vindicativa cada vez más próxima al derecho penal de adultos con el único objetivo de satisfacer cierto populismo punitivo, relegando los principios de reeducación o reinserción al parecer políticamente incorrectos hoy día pero nítidamente progresistas y además más efectivos. Hemos sido críticos

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desde el inicio. Hemos puesto de manifiesto lo innecesario de esta reforma, la falta de análisis y evaluación rigurosa del impacto de la ley actual tanto en la seguridad ciudadana como en la respuesta penal y punitiva del Estado. Pedimos que se definiera un modelo de política criminal, y a partir de ese modelo queríamos abordar las reformas necesarias pero de manera integral, desde un mayor consenso previo con los grupos parlamentarios y los agentes implicados: fundamentalmente las comunidades autónomas -ya se ha dicho por los portavoces antecesores-, los jueces, fiscales y las ONG. Hoy día -créanos, de verdad nos preocupa muchísimo, señor ministro- no nos ha dado ni un solo motivo para cambiar de opinión, por tanto de nuevo vamos a votar en contra de la aprobación final de esta ley. En el trámite del Senado no se ha incorporado ni una sola de nuestras enmiendas y durante la tramitación parlamentaria en esta Cámara los cambios fueron absolutamente insignificantes para nuestro grupo. En definitiva, el núcleo de la reforma posterga la respuesta sancionadora educativa prevista en la ley para convertirla exclusivamente, como ya he dicho, en una respuesta vindicativa. Esta reforma no ataca los auténticos problemas de la justicia de menores, como también se ha dicho anteriormente, como es el control y la eficacia de la ejecución de las medidas impuestas.


Voy a poner algún ejemplo. Esta ley no garantiza en absoluto que las medidas de libertad vigilada se realicen en condiciones de éxito, es decir que realmente haya profesionales suficientes y necesarios para hacer el seguimiento de esa medida. Esta medida -todos lo sabemos- está siendo absolutamente injusta para los menores porque no existen los recursos necesarios para que funcione. Pongo un ejemplo que se da cada día en ciudades, en pueblos, en comunidades autónomas por tanto. Un menor condenado al que se le imponga una medida y no empiece a cumplirla hasta pasados, como mínimo, siete meses -eso está sucediendo en estos momentos- probablemente continuará delinquiendo en ese tiempo, con la gravedad que supone para la sociedad -nosotros somos conscientes de que esto es un problema para la sociedad- pero también con la gravedad para él mismo porque se le está negando la posibilidad de reeducarse, una posibilidad a la que la ley obliga o que es responsabilidad de la ley. En esos meses pueden suceder otras cosas que ya están pasando, como que el menor cumpla la mayoría de edad. En ese tiempo en el que ya tendría que estar reeducándose el menor puede delinquir de nuevo, cumplir la mayoría de edad y por tanto pasar a prisión, y más ahora con esta ley. La medida de vigilancia es una buena medida que por falta de valentía y voluntad política y por unos presupuestos inadecuados no está funcionando, con la consecuente repercusión social y personal que ello tiene. Este es el verdadero déficit detectado por todos. Lo sabe el Gobierno, lo saben las comunidades autónomas, lo saben los profesionales, lo sabemos todos y todos estamos ayudando a engañarnos y a no cumplir con una enorme obligación. Este es el verdadero déficit sin duda, y es uno de los ejes de nuestra oposición. No estamos satisfechos, pese al avance que supuso la enmienda transaccional a una disposición adicional, aunque contenga un compromiso de evaluación del gasto sin ningún compromiso político.


Entrando ya a valorar las enmiendas del Senado, no podemos más que decir que se produce un importante retroceso al suprimir los apartados 2 y 4 del artículo 1 que hacía extensiva la aplicación de la ley a los mayores de 18 y menores de 21 años cuando así lo declarase el juez competente, oído el ministerio fiscal, el letrado del menor y el equipo técnico. Se aleja nuevamente de los principios progresistas inspiradores de la ley.
Se cierra la puerta a que los jóvenes de 18 a 21 años -ateniéndose a las circunstancias personales, las circunstancias del delito cometido, las circunstancias del entorno familiar u otros factores que han de valorarse- puedan según opinión de los jueces acogerse a las medidas educativas y resocializadoras que caracteriza la justicia de menores, abocándoles a la cárcel. Nos van a decir que las comunidades autónomas estaban pidiendo esto, es verdad. Evidentemente, a veces no queda más remedio que pedir la parte más fácil, que es esta, pero hay que buscar soluciones para unos colectivos determinados que no es bueno que continúen -ni por ellos ni por los menores de los centros- en los mismos centros que otros menores. La solución no es que pasen a prisión ni tampoco es la responsabilidad, en este caso de la Administración. En todo caso, la solución pasaba por mayores medios para dotar de unos recursos específicos a esos menores. Las comunidades autónomas hubieran estado encantadas de la vida de poder desarrollar esos nuevos recursos, evidentemente con una respuesta de mayores presupuestos. El resto de enmiendas significativas a los artículos 24, 26, 28, 33, 37, 42 y 53 tienen como objetivo regular la actuación procesal de la acusación particular en el procedimiento. Se refuerza - nos parece gravísimo- el papel de la acusación, figura no prevista en el texto aprobado por unanimidad por esta Cámara en 2000 y sobre la que en 2003 el Gobierno del PP introdujo una reforma con el apoyo -hay que decirlo- del Grupo Parlamentario Socialista y que ahora refuerza el Gobierno del Partido Socialista con el aplauso del Grupo Popular; una gran coincidencia -que lamentamos- en la política penal de los menores del Grupo Parlamentario Socialista y del Grupo Parlamentario Popular. Repito que lo lamentamos, pero nosotros no vamos a dejar de defender estos aspectos y de denunciar este retroceso en la política penal de los menores acercándola cada vez más a la política penal de los adultos, por tanto escapando de la responsabilidad que le corresponde a este Gobierno, a todos los Gobiernos y fundamentalmente a un Gobierno socialista.


El señor PRESIDENTE: Gracias, señora García.


Grupo Vasco (EAJ-PNV). Tiene la palabra la señora Uría.


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La señora URÍA ETXEBARRÍA: Muchas gracias, señor presidente.


Señorías, el trámite de enmiendas del Senado es el momento apropiado para hacer el balance de cuál ha sido la postura de un grupo político en relación con la tramitación de una norma. Es conocido en esta Cámara que a nuestro grupo le gustaba especialmente la Ley Penal de Menores inicial, la Ley 5/2000, y que pusimos pegas porque nos fueron disgustando progresivamente los añadidos o los retoques que se le hicieron con la Ley 7/2000, la Ley 9/2000 y la Ley 15/2003 que, desde nuestro punto de vista, suponían una rebaja en la tutela de los intereses sobre el superior interés del menor y tenían un componente claramente punitivo. Tampoco nos gustó de entrada el proyecto de ley que presentaba el Gobierno, aunque era con alguna loable intención, y, por ello, presentamos una enmienda a la totalidad, enmienda que defendimos pero que luego retiramos a la vista de que desde el Gobierno se manifestaba la voluntad de poder llegar a acuerdos o de modular el texto inicialmente presentado. En el trámite de Comisión y posteriormente también en el Pleno manifesté que el haber admitido la presencia letrada constante o el mayor protagonismo que se concedía a las entidades públicas de tutela podía ser objeto de reconocimiento y de que ciertas cuestiones de endurecimiento podían verse atenuadas. Por supuesto, en todo momento nos hemos mostrado contrarios a que siga existiendo ese Juzgado Central de Menores dependiente de la Audiencia Nacional. Tampoco nos gustaba especialmente que no se pudiese aplicar la normativa de menores a los comprendidos en el tramo de edad de 18 a 21 años, entendiendo que está solo supeditado a la existencia real de medios personales y materiales y de centros adecuados, por lo tanto, problemas que no tienen nada que ver con la tutela o garantía de derechos, sino con las posibilidades económicas y con la dación de medios.


En cuanto a la acusación particular que se establece como nueva en el proyecto, nos parecía que debiera haberse quedado en el respeto a la decisión marco del Consejo de Europa de 15 de marzo de 2001, relativo al estatuto de la víctima en un proceso penal, que no exige necesariamente la presencia de acusación y que, tratándose de un procedimiento penal de menores, puede incluir el elemento de venganza. Hay otras formas de articular la presencia de las víctimas en el proceso sin que sea exactamente ejercicio de la acción penal, que pueden significar la garantía respecto de sus derechos e intereses. Especialmente críticos fuimos, señorías, con el contenido del artículo 28, que hacía referencia a las medidas cautelares. Entendemos que si toda medida cautelar en un proceso penal tiene algo de vulneración del derecho fundamental a la presunción de inocencia, en el caso concreto de los menores habría que ser más cuidadosamente escrupuloso, y aun pareciéndonos mal la prolongación del tiempo máximo permitido de internamiento en establecimiento cerrado de tres a seis meses, particularmente sangrante nos parecía que se pudiese dictar una medida de internamiento por la reiteración en la comisión de hechos delictivos si estos eran de entidad menor. Nos parece particularmente satisfactorio que este apartado haya quedado finalmente recogido en el texto de la ley que ahora viene del Senado a través de las enmiendas presentadas por nuestro grupo.


Señorías, respecto de las enmiendas introducidas en el Senado, mi grupo va a votar que no a una de ellas y es la referida al artículo 1.2, puesto que no nos gusta que desaparezca la posibilidad de aplicación de la Ley Penal de Menores al tramo de edad comprendido entre los 18 y 21 años. En los demás aspectos nos gusta, nos parece que la ley es correcta, y haré mención a algunas de las enmiendas aprobadas. Así, por ejemplo, cuando en el artículo 7, en la enumeración de medidas, se habla de la prohibición de aproximarse o comunicarse con la víctima, resulta correcto cómo ha quedado completado a través de las enmiendas del Senado diciendo que, en estos casos, si la prohibición de comunicarse o acercarse a la víctima supone la imposibilidad del menor de continuar viviendo con sus padres, tutores o guardadores, deberá llamarse a la entidad pública de protección del menor. Esto era lógico, señorías, pero está bien que así quede establecido y se respete, por tanto, la Ley Orgánica 1/1996. También han sido objeto de aclaración algunos aspectos respecto de la modificación de las medidas impuestas en el artículo 13, y se ha introducido un criterio que nos parece satisfactorio porque el criterio que haya de tenerse se dice siempre en el texto de la ley, pero siempre que la modificación redunde en el interés del menor, nos parece que está bien la mención expresa. El artículo 14 no ha sido modificado en el Senado pero sí ha sido atenuado a lo largo de la tramitación de la norma. Justo es decir que el texto del proyecto era conocidamente más duro de lo que finalmente va a quedar como aprobación de este texto, sin embargo, señorías, no nos gusta el hecho de que puedan pasar a cumplir en establecimientos penitenciarios cuando se produzca la mayoría de edad del condenado.
También introduce una garantía que en el apartado 2 del artículo 17, referido a la instrucción, se señale expresamente que el menor detenido tendrá derecho a la entrevista reservada con su abogado con anterioridad y al término de la práctica de la diligencia de toma de declaración que, si no me equivoco, también fue introducida por enmiendas del grupo al que represento.


Otra serie de enmiendas se deben única y exclusivamente a corregir determinados aspectos de la tramitación teniendo en cuenta que ahora van a existir, además del letrado del menor, otras partes en el proceso, y se han adecuado y corregido así aspectos que suponen una mayor garantía o una mayor concreción. Especialmente nos satisface lo indicado ya con anterioridad, es decir, que se haya modificado el artículo 28, exigiendo que la reiteración de hechos que puedan posibilitar el internamiento sean hechos graves de la misma naturaleza. Y tengo que decir que nos seguimos manifestando muy críticos en torno al apartado 3, ampliación del tiempo

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máximo de la medida cautelar de internamiento de seis meses prorrogables por otros tres, que nos parece que no tiene que ver con la garantía de ningún tipo de derechos, sino simplemente con la insuficiencia de juzgados de menores que motivan la dilación interminable de algunos de sus procedimientos. Quería hacer especial referencia a que también nos parece correcto cómo ha quedado redactado el artículo 40, referido a las posibilidades de suspensión de las medidas cautelares, excepcionando, como ya había salido de esta Cámara pero con una mayor corrección, la posibilidad de suspensión de lo que hace referencia a la responsabilidad civil. También nos parece que queda mejor redactado de lo que salió de esta Cámara lo que hace referencia al control del juez de menores cuando el ya mayor de edad termina por cumplir la medida en un establecimiento penitenciario. La garantía de que es el juez de menores quien controla o tutela, que ya estaba establecida en el texto de la Cámara, nos parece que ha quedado mejor resuelta en la redacción que tiene el artículo 44 tal y como ha quedado a su salida del Senado. La competencia del juez de menores para la ejecución cuando se tienen varias medidas que ejecutar también es fruto de enmiendas del grupo al que yo represento. Y quiero también hacer mención, igual que lo ha hecho la representante del Bloque Nacionalista Galego, a la disposición final tercera. La adecuación de las plantillas de funcionarios de la Administración de Justicia en los juzgados de menores radica efectivamente en el Gobierno y en las comunidades autónomas, pero lo que se ha añadido referido a que las plantillas y los equipos técnicos estén compuestos por personal funcionario o laboral al servicio de las administraciones públicas creemos que corta de raíz una práctica desde nuestro punto de vista peligrosa, como era la privatización de este tipo de servicios disponibles por los juzgados de menores. Insisto, nos parece que es una garantía el hecho de que se matice que tiene que ser personal funcionario o laboral al servicio de las administraciones públicas. También nos parece correcto que sea suprimida la cláusula derogatoria en los términos en los que se votó también en el Senado. En este punto, señor ministro, señorías, creo que conviene hacer una recapitulación.


Vamos a votar que sí a todas las enmiendas del Senado excepción hecha de la que he mencionado. Quedaría la duda de si votamos sí o no a la organicidad del texto respecto de las enmiendas introducidas. Si uno lee con detenimiento el artículo 132 del Reglamento de esta Cámara ve que votar hoy negativamente al carácter orgánico de lo introducido por el Senado supondría que el texto queda tal y como salió de esta Cámara.
Comparado el texto que salió de esta Cámara y las enmiendas que se han introducido en el Senado -en concreto alguna de las que he mencionado a instancias de nuestro grupo-, nos parece que ha mejorado en algo. No obstante, señor ministro, tome puntual nota de que mi grupo no cesará de reclamar una y otra vez la posibilidad de que los jóvenes entre 18 y 21 años sean juzgados y sean tratados con las posibilidades de rehabilitación que la justicia de menores requiere; tampoco dejaremos de reivindicar que desaparezca ese Juzgado Central de Menores en la Audiencia Nacional y asimismo que también nos oponemos a que determinados tipos delictivos permitan medidas de internamiento con la extensión y la intensidad que el texto de la norma permite ahora.


No es que nos guste extraordinariamente el texto que sale pero sí creemos que la diferencia entre lo aprobado en esta Cámara y lo que viene de la Cámara Alta lo ha mejorado. Por eso, señor ministro, vamos a votar las enmiendas del Senado en los términos que le he indicado y daremos nuestro voto favorable al carácter orgánico de la norma.


Muchas gracias.


El señor PRESIDENTE: Gracias, señora Uría.


Por Esquerra el señor Cerdà, por favor.


El señor CERDÀ ARGENT: Presidente, señorías, subo a esta tribuna para fijar posición en relación a las enmiendas del Senado al proyecto de ley por el que se modifica la Ley orgánica de responsabilidad penal del menor y respecto al voto del Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana en el Congreso del conjunto del proyecto de ley.


En relación con las enmiendas del Senado, queremos reconocer el buen trabajo hecho por la Cámara Alta, tanto en ponencia como en Comisión -el Grupo de la Entesa ya expresó su satisfacción-, que desde nuestro punto de vista ha permitido perfeccionar la ley, en coordinación con el Grupo Parlamentario de Esquerra del Congreso y con el resto de grupos de la Entesa y en consonancia con las propuestas hechas desde el Govern de la Generalitat, en concreto desde la Dirección General de Justicia Juvenil.
A nuestro entender, algunas de las enmiendas de Esquerra presentadas en el Congreso ya mejoraron el proyecto de ley presentado por el Gobierno español en cuestiones como la inclusión de una disposición adicional, en la que se contempla la necesaria lealtad institucional en la valoración económica de los gastos que las comunidades autónomas con competencia en la materia deben asumir, en pro de la reinserción social y la educación de los menores. Efectivamente, las administraciones competentes en materia de menores deben asumir la responsabilidad de su reinserción y reeducación. Se necesitan todos los medios personales y materiales que estén al alcance de la Administración en interés de la reinserción y educación del menor. La financiación de las comunidades autónomas en estos casos es asfixiante, como todos sabemos. No es un discurso nuevo, pero lamentablemente es un debate que debemos sacar a colación en todos los temas relacionados con los derechos sociales y civiles. Cuando hablamos de insuficiente financiación, lo hacemos con conocimiento de causa. ¿O es que cabe alguna duda de que es necesario dotar de suficientes recursos económicos para la reinserción social y la educación de los menores a los que se aplica esta ley? ¿Por qué no se

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aborda? No es un tema desde nuestro punto de vista baladí. Los menores de cada comunidad autónoma, en especial las comunidades con competencia en la materia que son objeto de la aplicación de esta ley, también necesitan nuestra solidaridad. Recogemos y apuntamos el compromiso del señor ministro López Aguilar, asumido en el Pleno del Senado, de que el Consejo de Política Fiscal y Financiera, en su aplicación del principio de lealtad institucional, se ocupe de evaluar el impacto de estas modificaciones, y le interpelamos a que se evalúe no solo el impacto de estas modificaciones sino del conjunto de la ley sobre las obligaciones de gasto que ocasionan a las comunidades autónomas. Asimismo, como expresamos en el debate de aprobación por el Pleno del Congreso en el dictamen de este proyecto de ley, valoramos muy positivamente la introducción de lo que el señor ministro ha llamado juez de ejecución y que el señor López Aguilar destacaba como uno de los buenos avances del proyecto. Pues bien, como mínimo podemos decir que hemos contribuido a mejorar la tutela y seguimiento del menor, primando su interés, tal y como establecen los tratados internacionales, que, recordamos, son también de obligado cumplimiento.


Las enmiendas aprobadas por el Senado incorporan varias enmiendas del Grupo Parlamentario de Entesa, a propuesta de Esquerra Republicana, que mejoran el texto en relación con el juez de ejecución, cuestión que ya advertimos que sería necesaria para dotar de coherencia a este proyecto.
Así, también compartimos la enmienda por la que se vuelve al texto original del proyecto de ley que permite no incluir en la Ley del Menor a los jóvenes mayores de 18 a 21 años. Sabemos que es un tema que fue objeto de enmienda en el Congreso, pero los jóvenes de 18 a 21 años son mayores de edad a todos los efectos. Otro problema es que la política penal y penitenciaria no sea del todo acorde con el principio de resocialización, pero todos los medios de la justicia juvenil y la aplicación de esta ley deben centrarse en los menores de 14 a 18 años.
Los jóvenes que delincan entre 18 y 21 años necesitan efectivamente de un tratamiento especial, seguro, pero abordemos aparte este problema. No sometamos a demasiadas distorsiones a los jóvenes de 14 a 18 años que se encuentran a cargo del sistema juvenil autonómico, que, como decíamos antes, carece de recursos suficientes. Abordemos la problemática de los jóvenes de 18 a 21 años, a 23, a la edad que se acuerde fijar, pero de forma especializada. No podemos cerrar los ojos, porque el problema existe, subsiste y subsistirá. Instamos al Gobierno, pues, a dar una respuesta adecuada a las personas mayores de 18 ó 21 años, con el objeto de evitar la reincidencia y conseguir una plena incorporación de estos jóvenes a la vida social, cultural, económica y laboral. Es nuestra intención también destacar y valorar la enmienda aprobada por el Senado que incorpora y precisa el carácter público del personal de algunos servicios reeducativos del menor, con la finalidad de alejar la idea de privatización que tanto gusta a algunos gobiernos autonómicos, a nuestro entender, desafortunadamente.


Entrando a valorar el conjunto de la ley que sometemos a votación después de aprobadas e incorporadas las enmiendas del Senado, nos gustaría volver a insistir en algunos puntos que para nuestro grupo son relevantes. En primer lugar, me gustaría reprochar la falta de diálogo con las comunidades autónomas con competencia en la materia, cuestión que solicitaríamos -y estamos legitimados por nuestro apoyo al Gobierno en la aprobación de esta ley- que se dialogara con los gobiernos afectados por la aplicación de las leyes que está previsto reformar, como es el caso de la Ley del Menor. Solicitamos que se valoren los resultados de la aplicación de la ley conjuntamente con los gobiernos competentes y que se aborde la dotación financiera suficiente a los mismos, informando de la valoración a estas Cortes Generales.


En segundo lugar, solicitamos e instamos al Gobierno a valorar la propuesta presentada por una parte significativa de esta Cámara de acabar con los tribunales de excepción, y, en concreto, los tribunales de excepción de menores. Solicitamos el compromiso de enmendar lo que se hizo mal en la pasada legislatura al crear un juzgado central de menores de la Audiencia Nacional, como mínimo hasta que se den las circunstancias políticas necesarias, que a nuestro juicio se han dado, que permitan abordar la cuestión de atribución de competencias de la Audiencia Nacional en materia de menores.


Han perdido una oportunidad en la modificación de la ley que hoy votamos, pero nunca es tarde si la dicha es buena. Por ello, les agradeceríamos que tomen en cuenta nuestra solicitud para abordar este tema que es efectivamente una deficiencia en el sistema judicial.


En tercer lugar, para finalizar, les manifestamos nuestra preocupación por el carácter punitivo, aunque suavizado posteriormente, de la reforma y de las enmiendas del Grupo Parlamentario Popular. No deja de ser una reforma consecuencia de la reforma del Código Penal mediante la Ley 15/2003, de altísimo contenido punitivo. Por ello les instamos a abordar las reformas penales y penitenciarias con seriedad, sin impulsos legislativos consecuencia de una supuesta alarma social, sino desde el punto de vista socializador y más aún tratándose de los menores.


Con el Partido Popular y con sus propuestas punitivas no se ha demostrado que se disuada la comisión de delitos. Cuenten, pues, con Esquerra para abordar cuestiones tan importantes como esta. En definitiva, daremos apoyo a las enmiendas y al conjunto de la ley.


Muchas gracias, señor presidente.


El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Cerdà.


Por Convergència i Unió, señor Jané.


El señor JANÉ I GUASCH: Señor presidente, señor ministro de Justicia, señorías, hoy llega al Pleno del Congreso el trámite final de una ley troncal de nuestro

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ordenamiento jurídico. Más que un debate técnico a nuestro grupo le gustaría hacer un debate político en este último trámite. La Ley de Responsabilidad Penal de los Menores es una ley troncal, por tanto, de carácter orgánico. Es una ley que debe pivotar siempre, entiende nuestro grupo, sobre un objetivo constitucional que seguro que todos compartimos: el imperativo constitucional de la reeducación. La reeducación debe ser siempre la guía, el faro que nos lleve a cualquier tipo de medida penal; este sería el objetivo. Sabemos que no siempre es un objetivo fácil de conseguir y sabemos también que necesariamente hay que tomar medidas reeducadoras pero también medidas sancionadoras. Pero no olvidemos nunca ese objetivo, ese faro: buscar la reeducación. Si ese es un objetivo que prima y debe primar siempre una política penal, debe primarla más aún, señor ministro, señorías, al hablar de menores. Al hablar de menores es cuando menos podemos decir que no hay remedio; al hablar de menores es cuando más voluntad debemos poner todos para conseguir esa reeducación, para conseguir que esa persona, un menor, pueda realmente en un futuro ser una persona distinta. Este sería el objetivo y, por tanto, este objetivo no quiere abandonarlo Convergència i Unió.


Nosotros apoyamos la actual ley aún vigente, votamos a favor de la misma y dijimos desde el primer día que tenía grandes virtudes, pero también un gran defecto: faltaban medios para aplicarla; ese era el denominador común. Algunos balances, no siempre positivos, que se hacen de la ley hoy vigente vienen ligados a esa falta de medios. Cierto es que en política de menores los medios los precisan las comunidades y, por tanto, aquí hay que hacer un importante esfuerzo presupuestario y de lealtad institucional con las comunidades autónomas. Por ello, nuestro grupo planteó, y se transaccionó en el Congreso, una enmienda importante que figura en la ley que finalmente vamos a aprobar, relativa a la disposición adicional única. Quiero lanzarles un mensaje, señorías, señor ministro, y al Gobierno en su conjunto -hoy no está el ministro de Economía, pero también es un mensaje para el ministro de Economía y Hacienda y vicepresidente segundo del Gobierno-, y es que esa disposición adicional única prevé que esta ley debe dar cumplimiento al principio de lealtad institucional previsto en la Lofca y que para ello deberá procederse a evaluar las obligaciones de gasto que para las comunidades autónomas puedan derivarse de la aplicación de las disposiciones de la presente ley orgánica. Esta disposición adicional única obliga a evaluar el gasto que la Ley del Menor, la que hoy aprobamos, va a comportar para las comunidades autónomas. Eso quiero ligarlo a una enmienda que ha aprobado el Senado y que hoy debemos aprobar en esta Cámara, una enmienda importantísima al adicionar un apartado 3 a la disposición final tercera, porque esa enmienda obliga al Gobierno, a través del Ministerio de Justicia, y a las comunidades autónomas, a través de sus correspondientes consejerías, a adecuar las plantillas de funcionarios de la Administración de Justicia a las necesidades que presenten los juzgados y las fiscalías de menores para la aplicación de la presente ley. Por tanto, se está diciendo: hacen falta más medios personales y habrá que adecuar plantillas. Y en la disposición siguiente se dice: se evaluará este gasto para compensar a las comunidades autónomas. Quiero ligar las dos disposiciones, debemos ligar las dos y si, como novedad, en la misma ley decimos: adecuaremos las plantillas, porque hace falta adecuar las plantillas, en la misma ley debemos decir que vamos a compensar a las comunidades autónomas a través de los mecanismos de financiación autonómica y con el principio de lealtad institucional que reconoce la Lofca. Esto es importante y hay que valorarlo. Respecto a ese déficit de la ley actual, de falta de medios, hoy aquí deberíamos tener la voluntad política de conseguir mayores medios para aplicar la Ley orgánica de responsabilidad penal de los menores.


En esa línea, señor ministro, señorías, nos falta valentía. No podemos entender por qué razón no hemos conservado en el Senado un aspecto importante de la ley aprobada en el Congreso, un aspecto respecto al que al Gobierno le faltó valentía para explicarlo mejor y quizá también nos faltó a todos la misma valentía para explicarlo mejor cuando se aprobó.
En el texto aprobado en el Congreso, que se ha mutilado en el Senado, se decía: Esta ley también es aplicable a mayores de 18 años y menores de 21 años; pero también se decía: solo cuando el imputado haya cometido una falta o un delito menos grave y no pueda ser aplicable en él medida de internamiento en régimen cerrado. Por tanto, no era para todos los supuestos, como se ha querido vender después, y es por lo que el Gobierno empezó a flaquear, cuando se cuestionaba qué nos va a pasar, porque esto se aplica de los 18 a los 21 años. Repito, no, esto era solo para casos de faltas o delitos menos graves en los que no sea aplicable la medida de internamiento en régimen cerrado. Por tanto, no era una medida erga omnes, para todas aquellas personas que han cometido un delito en esa franja de edad, era solo para aquellos delitos menos graves y faltas. ¿Y por qué renunciar en esos casos a aplicar las medidas reeducadoras de la Ley del Menor? ¿Por qué renunciar? ¿Porque faltan medios? Proporcionemos medios. Puedo entender que eso supone mayores medios, sobre todo para las comunidades autónomas, pero quiero creerme la ley que aprobamos y esa disposición adicional única, en la cual vamos a hacer una apuesta por la financiación de las comunidades autónomas en este ámbito, y quiero creerme la nueva e importante disposición final tercera, punto 3, en la cual decimos al Gobierno y a los gobiernos autonómicos que adecuemos las plantillas. No renunciemos a la reeducación. Tampoco podemos renunciar a los aspectos punitivos que en toda ley de índole penal deben existir y que la sociedad también nos pide -somos conscientes de ello-, pero no debemos renunciar a la reeducación. Ustedes, que pactaron con unos grupos la ley en el Congreso, pactan en el Senado con el Grupo Popular una medida para mutilar un aspecto importante de lo que se

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había conseguido en el Congreso. Podían hacerlo. La apuesta no ha sido valiente y podíamos haber hecho una apuesta valiente. En todo caso, no entendemos a Esquerra Republicana, pues critica medidas coercitivas que plantea el Grupo Popular, pero luego dice que la única que se ha incorporado al texto que viene del Senado la van a votar a favor, por lo que es un doble discurso. Las comparten o no las comparten. Si las comparten, es lógico que voten a favor y, si dicen no compartir nada, no entiendo cómo votan a favor de esa enmienda del Senado, que es la única que el Grupo Popular ha visto que prosperaba, una enmienda en este caso importante.


Más allá, señor ministro, de esa valoración, de esa enmienda en relación con la cual anunciamos ya que vamos a votar en contra, globalmente vamos a dar a esta ley un voto afirmativo, globalmente vamos a votar que sí a esta ley, sabiendo como sabemos que hay otras enmiendas del Senado importantes, como la que he destacado, relativa a la de falta de medios -el gran diagnóstico que todos compartíamos- de que adolece la ley actual. Sabemos que hay esa gran laguna en la ley actual, que el nuevo proyecto que hoy se aprueba intenta subsanar, por lo que damos la oportunidad a esta ley para que se subsane esa gran laguna de falta de medios de la que adolece la ley actualmente vigente. Démosle una oportunidad a esta ley, pero, señor ministro, también le pedimos que al mismo tiempo se dé una oportunidad firme y comprometida con la reeducación y con los mayores medios que se van a necesitar, con la mayor financiación que se va a necesitar, para aplicar esa Ley reguladora de la responsabilidad penal de los menores.


Quiero -finalizo ya, señor presidente, señorías- destacar también que, gracias a Convergència i Unió, hemos modificado en esta ley aspectos que habíamos propuesto de la Ley de Enjuiciamiento Criminal. Hemos conseguido garantizar a los menores, cuando son testigos en un procedimiento, esa no confrontación visual. Convergència i Unió ha conseguido también mejoras importantes con sus enmiendas a la hora de garantizar la asistencia letrada y hay aspectos que han mejorado mucho durante el trámite del Congreso y el Senado, por lo que finalmente mi grupo votará a favor, sabiendo también que quedan aspectos pendientes -les ha faltado esa valentía final-, pero esperemos que esta ley dé sus frutos y sirva realmente para una mejor política de reeducación y de manera clara a las exigencias que la sociedad nos pide en estos momentos.


Gracias, señor ministro, por su atención. Gracias, señores diputados.


El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Jané.


Por el Grupo Parlamentario Popular, tiene la palabra señora Matador.


La señora MATADOR DE MATOS: Gracias, señor presidente.


Señor ministro, le agradezco su presencia hoy aquí en el debate final de la ley y además le felicito por el don de la ubicuidad, por estar en Canarias y en Madrid al mismo tiempo a raíz de lo que ha pasado al inicio del Pleno.


Antes de empezar mi intervención respecto a esta ley, quiero manifestar que no dejan de sorprenderme cosas que se han dicho aquí esta mañana y que se llevan diciendo a lo largo de toda la tramitación de este debate.
Se empieza a hablar de falsa alarma social. ¿Dónde está esa falsa alarma social? Los datos están ahí, la delincuencia juvenil ha subido, nos lo ha dicho el ministerio, nos lo están diciendo los hechos que están pasando todos los días en la calle. ¿Dónde está esa falsa alarma social?

Por otro lado, también me sorprende que sigamos llamando niños a chicos y chicas de 19 y 20 años. Yo soy madre y para mí mis hijos siempre serán mis niños, pero un chico o una chica de 19 ó 20 años no es un niño, nos guste o no nos guste, es un joven, y nosotros, los políticos y la sociedad, tendremos que preocuparnos por ellos, y sobre todo en estas situaciones, pero, señorías, no es un niño, es un adulto. Puede votar, puede casarse, puede hacer cosas que no les están permitidas a los menores de edad. Entonces, seamos serios. ¿Que el sistema penitenciario no funciona? Vayamos al sistema penitenciario si realmente no funciona, pero un joven de 19 años no puede estar en un centro de menores con un chaval de 14 años, porque no. Además, la realidad y los hechos así nos lo han demostrado.


Hoy debatimos aquí las enmiendas del Senado como trámite último de esta ley y nuestro grupo parlamentario no puede dejar de manifestar una tristeza y un sabor agridulce, porque, siendo conscientes de que esta reforma era necesaria, y así lo hicimos constar a lo largo de todo este debate, habiéndonos dado un mandato legal en la pasada legislatura y llegado a acuerdos entre los dos partidos mayoritarios, no habiendo presentado este grupo parlamentario ninguna enmienda a la totalidad, esta ley va a salir sin consenso. Me sorprende que, después de las intervenciones que se han hecho aquí, en esta tribuna, esta mañana, exponiendo criterios completamente distintos unas formaciones políticas y otras, al final digan que van a votar favorablemente la ley, aunque la ley diga lo contrario de lo que plantean sus enmiendas, por eso del juego de las mayorías parlamentarias y de los acuerdos políticos.


Señorías, el Grupo Parlamentario Popular va a votar a favor de algunas enmiendas a las que luego haré referencia, pero no va a votar a favor del carácter orgánico de esta ley. Tengo que decirles, señorías, que esta ley nacerá sin consenso, porque el consenso se alcanza cuando lo vota la mayoría de las diputadas y los diputados que votan en esta Cámara, independientemente de los grupos que sean. Y vuelvo a insistir en que no es porque este grupo parlamentario se haya opuesto a este consenso.


Entrando en las enmiendas que vienen del Senado, si bien se han aprobado algunas del Grupo Parlamentario Popular, quiero dejar constancia, porque ayer se me preguntó a través de un medio de comunicación, de que, si bien el Grupo Parlamentario Socialista del Senado

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finalmente aprobó la enmienda del Grupo Parlamentario Popular y que hoy se ha debatido aquí referente a la aplicación de la ley entre los 18 y 21 años, después de esta polémica que surgió en torno a si la aprobamos o no en el Senado -y lo tengo que decir aquí porque ayer se me preguntó-, debido a la moratoria que estaba prevista, el grupo que apoya al Gobierno, en la preparación de los órdenes del día en la Mesa de este Parlamento tenía que haber previsto, en relación al tramo comprendido entre 18 y 21 años, que va a tener vigencia durante 24 días la aplicación de esta ley, del 1 al 24 de enero. Las enmiendas del Senado podíamos haberlas debatido con anterioridad para evitar esa situación, ya que la ley entrará en vigor a los dos meses de su publicación en el Boletín Oficial del Estado.


Vamos a votar a favor de esas enmiendas que afectan al artículo único, apartados 1 y 3, y también de las que afectan al artículo 18 bis, ter, 19, 23 y 33, todas ellas -y no voy a repetirlas aquí- tendentes a mejorar el derecho de las víctimas, así como a reforzar el derecho del menor.


Respecto al papel de las víctimas, a lo largo de la tramitación de las enmiendas en el Congreso y en el Senado hemos visto que hay posiciones totalmente enfrentadas. Hay grupos parlamentarios que piden reducir la participación de las víctimas lo más posible, otros no quieren que estén presentes las víctimas y el Partido Popular siempre se ha mostrado a favor de que se ampliara la presencia de las víctimas, no solo a lo largo de la tramitación del procedimiento, sino también en la ejecución de las medidas judiciales impuestas a estos menores. ¿Qué ha hecho el Partido Socialista en este tema? Aquí, en este tema, en cuanto a las enmiendas que se han aprobado en el Senado -y he de decir que algunas han sido del Grupo Parlamentario Popular-, se ha quedado en la mitad. Si bien ha admitido algunas de nuestras enmiendas que iban en el sentido de reforzar ese derecho de las víctimas, nos hemos quedado a medias. No nos vale que se diga por parte de algunos grupos parlamentarios que las víctimas buscan venganza, que es una postura vindicativa, porque nosotros pensamos que no es así. Con esto no nos extralimitamos en esta ley, porque somos conscientes de que era una carencia que tenía la Ley del año 2000, que era una disfunción de esas que tantas veces hemos dicho que había que corregir y para nosotros se trata de un derecho fundamental de defensa de la víctima.


Insisto en que hay enmiendas que han mejorado algo el texto, pero no podemos estar de acuerdo con el texto que va a salir del Congreso de los Diputados esta mañana porque no se afronta ese incremento de la delincuencia juvenil ni tampoco se refuerza esa educación de los menores.
Señorías, durante este mes de octubre he tenido el privilegio de estar con la portavoz del Grupo Parlamentario Socialista en una conferencia sobre justicia juvenil, en la que países de nuestro entorno que están reformando sus legislaciones en esta materia han debatido larga y abiertamente sobre cómo se están reformando las legislaciones y en qué sentido. Si bien esos países de nuestro entorno, como pueden ser Bélgica o Suiza, hacen hincapié en que hay que hacer una labor preventiva de educación y de resocialización, no podemos olvidar la función sancionadora de la ley de justicia juvenil, sobre todo para casos reincidentes y para casos especialmente graves. En estas legislaciones, en la belga y la suiza, se intenta atajar el problema a edades mucho más tempranas que aquí, en España. Nosotros planteamos una enmienda sobre qué pasaba con esos menores de 13 años que cometen delitos especialmente graves, y se nos dijo que estábamos atentando contra todos los convenios europeos en relación con esta materia. No, señoría; nosotros simplemente atendíamos una de las recomendaciones de la Fiscalía General del Estado, en la que se dice que ahí hay un problema y, siempre atendiendo a este principio de oportunidad, habría que buscar una solución a este tema que en esta ley no se ha contemplado. También somos partidarios de un incremento mayor de las sanciones. Sí, señorías, sí lo somos. Vuelvo a repetir, los jóvenes de hoy en día y los que utilizan a esos jóvenes menores de edad para cometer delitos no pueden creer que les puede salir gratis. Ahora mismo en la sociedad y en la gente joven existe esa conciencia, que delinquir les sale gratis. Nos dicen: pero no podemos llevarlos a un centro de internamiento porque, al final, no va a cumplir la función de resocialización y de reeducación. Algo está fallando; en estos 5 años de aplicación de la ley hemos visto que el sistema ha fallado. Pues acometámoslo bien, no con palabras bonitas en un texto, a través de enmiendas, diciendo lo que vamos a hacer y lo que vamos a dejar de hacer. Y no me vale lo de tú más, porque seguro que bajará ahora la portavoz del Grupo Parlamentario Socialista y dirá: Sí, pero es que ustedes tal y tal. Señora del Grupo Parlamentario Socialista, hemos hablado largo y tendido de esta ley, porque es una ley que nos interesa tanto a usted como a mí, como al resto de diputados que estamos aquí, y si la ley anterior no ha funcionado y sabemos dónde no funciona esta ley, atajemos el tema por ahí. Nosotros les ofrecimos nuestro consenso y nuestra colaboración desde el primer momento. ¿Qué está fallando?

Hay otro problema añadido que son las comunidades autónomas, que tienen un papel protagonista en esta ley porque tienen que ejecutar todas las medidas que se impongan, pero se habla con ellas después de que el Gobierno traiga aquí este proyecto de ley. Porque recordemos que se levantaron de la mesa, que no se llegó a ningún acuerdo con ellas y que están muy descontentas con este tema, porque al final van a tener que pagar lo que el Gobierno está legislando mal y la patata caliente les va ahora a las comunidades autónomas. Si vemos que, cuando hay que ejecutar esas medidas, no están funcionando, que hay muchos menores en centros que están mezclados unos con otros, que no se están llevando a cabo las medidas de resocialización, de educación, etcétera, atajemos el problema por ahí. ¿Cómo se ataja este problema? Con la financiación. Y me dirán: pero es que ustedes, los señores del Grupo Parlamentario

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Popular, no pusieron ni una sola peseta. Sé que me van a decir eso. Usted era portavoz del Grupo Parlamentario Socialista en aquel momento y nos dijo que la ley nacía muerta porque nacía sin financiación. Hoy, como usted es el ministro y yo soy la portavoz de la oposición, le tengo que recordar que en esta ley, lamentablemente, vamos a cometer el mismo error y después de 5 años va a nacer muerta porque no recoge el tema de la financiación, que es un problema esencial y básico para atajar muchos de los problemas que plantea la ley. Si la finalidad que se busca con esta ley es la resocialización y la reeducación de esos menores, hace falta dinero encima de la mesa. ¿Para qué? Para tener más medios materiales, más medios profesionales y más centros en los que se pueda cumplir realmente esa función si queremos evitar que al final los menores acaben hacinados en centros y cuando salgan a la calle vuelvan a delinquir.


Para finalizar, porque se me acaba el tiempo, tengo que decirle que lamentablemente no vamos a votar a favor del carácter orgánico de esta ley por todas estas cuestiones y algunas más que se me escapan en estos momentos y que he expuesto a lo largo de mis intervenciones. Siendo un tema tan importante y tan de actualidad -no olvidemos los temas que tenemos ahí-, no lo resuelve esta ley. El tema del acoso escolar o el tema de las bandas no los resuelve esta ley. La sociedad cree que esta ley los va a resolver y que va a ser la panacea para esos temas y no es así. Esperemos que cuando acometamos todas esas reformas que son necesarias el Grupo Parlamentario Socialista cuente con el grupo mayoritario de esta Cámara, que es el Grupo Parlamentario Popular.


Muchas gracias. (Aplausos.)

El señor PRESIDENTE: Gracias.


Señora Polonio, por favor, por el Grupo Socialista.


La señora POLONIO CONTRERAS: Gracias, señor presidente.


Señor ministro, señorías, intervengo en nombre del Grupo Parlamentario Socialista en este debate con el que culmina la tramitación del proyecto de ley orgánica por la que se modifica la Ley reguladora de la responsabilidad penal de los menores. Es una iniciativa de sentido común y puesta al día de una legislación que, congruente con los principios que la inspiraron en su origen, necesita una actualización para continuar sirviendo mejor a la sociedad española y sus necesidades.


Quiero comenzar mi intervención manifestando la intención de nuestro grupo de votar a favor de las enmiendas que nos remite el Senado y, por supuesto, a favor de la votación en conjunto. También quiero expresar nuestro reconocimiento al trabajo de los distintos grupos parlamentarios, porque hemos cumplido con nuestra tarea y con nuestro deber para con la sociedad española preservando el interés supremo del menor como principio inspirador de la legislación a este respecto y, al mismo tiempo, siendo sensibles con los problemas que la realidad y la experiencia plantean y siéndolo en un sentido congruente con la potenciación de la oportunidad, la flexibilidad y, en definitiva, la proporcionalidad de individualización de las medidas judicialmente impuestas, con todas las garantías, cuando se trata de menores para que en ningún caso el menor tenga peor tratamiento que el adulto. La labor de ambas Cámaras ha dado como resultado un buen trabajo y se ha conseguido un alto índice de acuerdo. Eso demuestra, primero, que el Gobierno hizo razonablemente bien los deberes en relación con este proyecto y, segundo, que entre todos vamos a dotar a la sociedad española de un buen instrumento para trabajar en el campo de la delincuencia juvenil, con la seguridad de que estamos haciendo lo que debemos y, sobre todo, cumpliendo el mandato legal plasmado en la disposición adicional sexta de la Ley Orgánica 5/2000, en la redacción dada por la Ley 15/2003.


Señorías, en el trámite del Senado se han adoptado decisiones importantes.
No quiero dejar de mencionar la vuelta al texto del proyecto del Gobierno en lo referente a la exclusión definitiva de la posibilidad de atribuir la competencia a los juzgados de menores de ciertos delitos cometidos por jóvenes entre 18 y 21 años. Si bien es cierto que esta Cámara apostó por la atribución a los jueces de menores de cierta competencia, al menos para casos de delincuencia menor sobre esta franja de edad, ya que este había sido el acuerdo adoptado unánimemente en el año 2000, cuando la ley fue aprobada a instancias del Gobierno del Partido Popular, no es menos cierto, señorías, que ahora no parece el momento más oportuno para sobrecargar de asuntos a los juzgados de menores ni a las comunidades autónomas responsables de la ejecución de las medidas socioeducativas acordadas. Señorías del PP, por una vez apoyan en algo al Gobierno, porque insisto en recordarles que la supresión de esta franja de edad ya estaba prevista en el proyecto que el Consejo de Ministros remitió a esta Cámara. Sean responsables y no le den a este aspecto el tratamiento de mérito suyo sino, como mucho, de simple coincidencia con los planteamientos del Gobierno, después de que han cambiado su criterio con respecto a lo que plasmaron en la Ley del año 2000. (Aplausos.)

Quisiera hacer la apreciación de una posible corrección técnica porque, para el caso de que no se aprobara la enmienda que proviene del Senado con respecto a la supresión de la franja de edad de 18 a 21 años, habría que hacer esta supresión concreta en el preámbulo.


Señorías, también merece una especial mención la garantía de que será un mismo juez, el llamado juez de la ejecución, quien entienda de cómo deben aplicarse todas las medidas que eventualmente conciernan a un mismo menor por reiteración de distintas infracciones, y por tanto de la posible acumulación de condenas, para garantizar así el mejor seguimiento de las medidas correccionales. Esta novedad fue introducida en el Congreso gracias a las enmiendas, en especial, de Esquerra

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Republicana, pero el Senado ha corregido algunos olvidos y respaldado esta opción definitivamente.


Dentro del proyecto de ley hay que destacar la protección a la víctima en su triple dimensión: víctima directa del delito, menor víctima de un delito -aquí quiero hacer un inciso y destacar la importante aportación de Convergència i Unió sobre la protección de los menores cuando sean testigos- y victimización secundaria. Pues bien, en este ámbito quiero resaltar el avance en la protección especial que se presta a las víctimas de los delitos cometidos por menores, en el sentido de que se le reconoce a la acusación particular su presencia durante la instrucción y enjuiciamiento. Ello no significa -y quiero dejarlo muy claro- que este proceso se haya desvirtuado para convertirse en algo puramente vindicativo. La presencia del ministerio fiscal garantiza el supremo interés del menor que guía esta ley, pero no podemos desconocer la vigencia del principio de igualdad de armas entre las partes del proceso.
Cuando se tramitó la Ley del año 2000, nuestro grupo mantuvo desde el principio la necesidad de la presencia de la víctima y, señorías, no hemos cambiado nuestra postura; es otro grupo, el Grupo Popular, el que ha cambiado de opinión. Esa es una muestra más de su falta de coherencia en este tema, ya que, curiosamente, ahora quieren ir más allá. Cuando tenían mayoría absoluta impidieron que las víctimas formaran parte de ninguna fase del proceso y solo con Ley 15/2003 se abordó de forma tímida este aspecto. Nuestro grupo considera que esta cuestión se aborda en la reforma que nos ocupa de manera muy correcta, respetando de todo punto los derechos de la víctima en el proceso contemplados en la Decisión marco del Consejo Europeo de 2001, relativa al Estatuto jurídico de la víctima. Si nos hiciéramos eco de las pretensiones del PP estaríamos extralimitándonos y rozando la vindicación y la venganza en el caso de llevar la presencia de la víctima a la fase de ejecución.


Señorías, quiero destacar una aportación que ha realizado nuestro grupo en el Senado, y que ha sido destacada también por el resto de los grupos parlamentarios en las anteriores intervenciones, cuyo objetivo es, en primer lugar, poner fin a la polémica en torno a la posibilidad de privatizar de algún modo el servicio que prestan de modo fundamental en este campo los equipos técnicos, al establecer que su composición será de contratados laborales o funcionarios al servicio y bajo la dependencia de la Administración, sea esta autonómica o General del Estado allí donde las competencias de justicia no han sido transferidas, y en segundo lugar, adecuar las plantillas de funcionarios a las necesidades que presenten los juzgados y las fiscalías de menores para la aplicación de la ley.


Quiero enlazar este último tema con otro muy importante y que también ha sido mencionado por todos los grupos, y es el acuerdo alcanzado por todos en el Congreso, excepto por el Partido Popular, para garantizar la necesaria financiación de esta ley en la medida en que pueda suponer un sobrecoste para las comunidades autónomas. El Consejo de Política Fiscal y Financiera evaluará conforme al principio de lealtad institucional, que queda consagrado en la Ley orgánica de financiación de comunidades autónomas, la implementación de esta reforma. De esta forma no volverá a producirse en este ámbito algo que ocurrió en el año 2000, cuando gobernaba el Partido Popular. Es precisamente en este punto donde tenemos que resaltar otra de las grandes incoherencias del PP en esta reforma que ahora abordamos. La Ley 5/2000 se modificó dos veces antes de su entrada en vigor y se volvió a modificar en 2003. Quiero recordar a los diputados y diputadas del Partido Popular, y en especial a su portavoz en este debate, que ninguna de estas reformas se acometió para dotar de financiación y facilitar por tanto la aplicación de la ley. No se pusieron sobre la mesa en ningún momento ni medios ni un solo euro para las comunidades autónomas. Ahí está la diferencia, señorías del Partido Popular, entre ustedes y el Gobierno socialista, porque en esta ley sí que se refleja la voluntad de resolver la financiación: por un lado, la supresión en el proyecto de ley que envió el Gobierno a las Cámaras de la aplicación de la norma al tramo de 18 a 21 años que ya he explicado antes con detalle y, por otro, el hecho de que se recoja expresamente en el texto la garantía, conforme al principio de lealtad institucional, para que sea el Consejo de Política Fiscal y Financiera, junto con las comunidades autónomas, quienes valoren y evalúen la repercusión económica que supondrá la entrada en vigor de la ley con el correspondiente compromiso del Gobierno. Por tanto, es paradójico que lo que no hizo el Partido Popular durante los años que estuvo gobernando, ni siquiera mostró la más mínima intención de hacerlo, lo exija a este Gobierno.
Perdonen ustedes, señorías del Partido Popular, pero no les ampara ninguna autoridad para hacer esa exigencia. (Aplausos.)

Finalmente, señorías, se ha hecho un esfuerzo por preservar la intervención cautelar mediante internamiento cerrado de la posibilidad de que la mera reiteración de infracciones baste por sí sola para ser acordada; la reiteración debe ser, como ahora explicita el texto, de otros hechos también graves. Se cumple así nuestro compromiso con el Partido Nacionalista Vasco, que no pudo llevarse a cabo en el anterior debate en el Congreso por la negativa del Partido Popular a tramitar una transaccional en este sentido.


Quiero terminar agradeciendo el trabajo y las aportaciones de todos los grupos, que han contribuido de manera sensible a mejorar el proyecto que el Gobierno remitió a las Cámaras, y la disposición de todos a llegar a acuerdos en determinados temas, aunque en ocasiones no ha sido fácil o incluso ha sido imposible llegar a puntos comunes, sobre todo teniendo en cuenta las diferencias abismales entre unas y otras posiciones, posiciones que en algunos casos resultan sorprendentes por la incoherencia que ponen de manifiesto, y me refiero en concreto al Partido Popular, máxime cuando con la reforma siguen estando vigentes los principios que conformaron

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e inspiraron la Ley 5/2000 que ahora se modifica. Era, sigue siendo y seguirá siendo una norma con una doble naturaleza: formalmente penal y materialmente educativa y sancionadora. Este es un hecho que está avalado por diferentes informes, incluido el del Consejo General del Poder Judicial. En especial quiero manifestar nuestro agradecimiento a los grupos parlamentarios que van a dar su apoyo al proyecto que ahora se aprueba.


Quiero terminar con una aclaración y con una reflexión en concreto al Partido Popular. No sé si usted sabe, portavoz del Partido Popular, que en este trámite se vota el carácter orgánico de lo que viene del Senado.
Reflexión y nueva incongruencia: si finalmente no apoyan este carácter orgánico, como han puesto de manifiesto, ¿cómo van a explicar a las comunidades autónomas donde gobiernan que con su falta de apoyo a la votación de conjunto de la ley pueden propiciar que la ley se aplique al tramo de 18 a 21 años? Ustedes verán cómo explican su mucha incongruencia.


Muchas gracias. (Aplausos.)

El señor PRESIDENTE: ¿El Gobierno desea intervenir? Adelante.


El señor MINISTRO DE JUSTICIA (López Aguilar): Gracias, señor presidente.


Con brevedad y sin ánimo de reabrir el debate uso la palabra una vez más en este trámite definitivo en el Congreso de los Diputados para hacer honor a la naturaleza bicameral de nuestro Parlamento. Ambas Cámaras de las Cortes Generales han hecho su trabajo y quiero reconocerlo y agradecerlo a todos los grupos parlamentarios que han participado de ese debate. Yo mismo introduje el proyecto de ley en el trámite inicial, defendiéndolo frente a las enmiendas de totalidad, y ese proyecto de ley cursó enteramente el procedimiento en esta Cámara Baja. Fue enmendado y pasó al Senado. También el Senado ha aportado valor añadido. Allí lo reconocí igualmente en el Pleno, pero intervengo ahora precisamente para poner de manifiesto que, de acuerdo con el Derecho parlamentario, el texto que obtuvo mayoría absoluta en su votación definitiva después de haber cursado enteramente el trámite en esta primera Cámara sería ley orgánica si no adoptásemos ahora de nuevo por mayoría absoluta en esta votación definitiva la decisión de validar las enmiendas que ha recibido en el Senado. Eso es lo que quiero reconocer, que se ha hecho el trabajo todo el tiempo para apoyar al Gobierno a cumplir su objetivo de legislatura -lo expresé con claridad-, congruente con los principios que nos animan: extender derechos de ciudadanía, reforzar la calidad con que esos derechos se garantizan por el sistema judicial y al mismo tiempo proveer seguridad frente a las amenazas de un mundo inseguro, especialmente frente al crimen organizado. Creemos que esto es lo que estamos haciendo también aquí, en la Ley orgánica de responsabilidad penal del menor, que modificamos tal y como se nos emplazó a hacer en la pasada legislatura. Lo hemos hecho reflexivamente, sin ninguna concesión al populismo punitivo, preservando la filosofía que inspiró en su primera aprobación esta ley orgánica, que es la de exaltar el interés supremo del menor y, por supuesto, articular el principio de que en ningún caso el menor pueda recibir peor tratamiento que el adulto ante el proceso penal ni ante las sanciones que puedan deducirse de las infracciones del ordenamiento penal. Creemos que lo hemos conseguido a través de la mejora y el refuerzo de la protección a las víctimas en todas las situaciones que se dan en la justicia de menores y en el proceso especial de menores, a través de la incorporación de la respuesta a nuevos fenómenos, como son la criminalidad juvenil organizada y el fenómeno del acoso escolar, pero sobre todo a través de la potenciación del principio de flexibilidad, de oportunidad, que permite individualizar la respuesta judicial a la luz de las circunstancias también individualizadas de cada caso, con más fuerza aún si cabe cuando se está enjuiciando a un menor por haber infringido el ordenamiento penal.


Finalmente, hemos incorporado mejoras técnicas que han sido glosadas con todo detalle en las sucesivas intervenciones, notablemente en la de la portavoz del Grupo Parlamentario Socialista. Creo que con ello nos queda una respuesta más actualizada y puesta en hora del proceso de menores y de la justicia de menores. Hemos dado a la víctima un tratamiento diversificado, permitiendo que tenga mejor protección frente al agresor que ha infringido el ordenamiento penal siendo menor de edad; que la responsabilidad civil se ventile al mismo tiempo que la penal, lo cual también es un refuerzo de las garantías de la víctima, y que la víctima tenga mejor información de los asuntos que le conciernen en el procedimiento a través de la obligación, que está regulada ahora, del secretario judicial de informarle en todo caso. Hemos procedido también a la protección de la víctima frente al agresor en el curso del proceso penal reformando la Ley de Enjuiciamiento Criminal y hemos evitado la victimización secundaria del menor autorizando al juez a disponer que no cumplan en el mismo centro de internamiento ni de la misma manera las medidas de internamiento personas que cometieron delitos siendo menores de edad, pero cuyo pronóstico de resocialización o cuya respuesta a las medidas reeducativas está siendo cualitativamente distinta y, por tanto, merecen también un tratamiento individualizado. Pero, además, hemos incorporado algunas respuestas nuevas, como se ha puesto de manifiesto en el trámite del Senado -y por eso merece la pena sumar aquí el voto de la mayoría absoluta en esta votación definitiva-, como es el caso del juez de la ejecución, que garantiza que será siempre el mismo juez el que monitorice la aplicación de todas las medidas de internamiento o privativas de libertad impuestas sobre el mismo menor, aun cuando sea en procesos distintos; es el caso de la apuesta por evitar la llamada privatización de los servicios correccionales dependientes de comunidades autónomas, asegurando que esos servicios sean proveídos en todo caso por funcionarios

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públicos o contratados laborales al servicio de las administraciones de las comunidades autónomas, cumpliendo así enteramente su competencia, o es el caso de la referencia que se ha hecho en el último turno a las medidas cautelares, en el caso de ser de internamiento, privativas de libertad, que solo podrán responder a infracciones graves del ordenamiento, que merezcan esa calificación de graves. Pero, sobre todo, en el Senado se aseguró también que, cumpliendo con esa naturaleza de integración de la diversidad territorial y de representación territorial, el Consejo de Política Fiscal y Financiera, en aplicación del principio de lealtad institucional, que está regulado en la Ley orgánica de financiación de comunidades autónomas, va a evaluar el gasto causado, el impacto sobre las políticas de gasto de las comunidades autónomas.


Quiero finalizar reconociendo que es verdad que la Ley orgánica de responsabilidad penal del menor, como en su caso el Código Penal, por sí sola no es respuesta suficiente ni la única, ni excluyente de cualquier otra frente a los fenómenos que pone de manifiesto la delincuencia juvenil. Es verdad que hace falta educar, asistir, integrar, rehabilitar, garantizar cohesión, pero también que la sociedad no puede ignorar, no debe ignorar la sensibilidad de la respuesta legislativa ante las variaciones de la realidad y el modo en que la delincuencia juvenil va emergiendo e impactando en la conciencia social, exigiendo este esfuerzo de actualización. Creemos que hemos cumplido con nuestro deber y yo quiero reconocer a todos los grupos parlamentarios ese valor añadido, de forma muy especial a los que han manifestado su disposición a votar favorablemente el texto: Grupo Mixto, Grupo de Esquerra Republicana, Grupo de Convergència i Unió y Grupo Socialista, por supuesto. Agradezco las consideraciones de Izquierda Unida-Izquierda Verde, aun cuando no las comparta, y espero que el Partido Popular haga un esfuerzo de reflexión para estar a la altura cuando llega el momento de estarlo. Esta ley llevó su firma en el año 2000 y simplemente me permitiré corregir la memoria de la portavoz del Grupo Popular, para recordarle que se aprobó en la legislatura en la que el Partido Popular no disfrutaba de mayoría absoluta. Yo ni siquiera era diputado. La Ley orgánica 5/2000, de 12 de enero, fue la última que se aprobó en esa legislatura e inmediatamente después fui elegido. Aun cuando era una ley que no había sido impulsada por un Gobierno socialista, tuvo el compromiso del Grupo Socialista en su vocación y en las oportunidades que tuvo de enmendarse y actualizarse.
Ojalá el Grupo Parlamentario Popular sea capaz de corresponder con esa misma vocación de servicio a la ciudadanía que ha mostrado el Partido Socialista, tanto cuando ha estado en la oposición como cuando ha estado en el Gobierno.


También agradezco al Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV) su aportación.
(Aplausos.)

El señor PRESIDENTE: Gracias.


DEBATES DE TOTALIDAD DE INICIATIVAS LEGISLATIVAS:

-PROYECTO DE LEY CONTRA LA VIOLENCIA, EL RACISMO, LA XENOFOBIA Y LA INTOLERANCIA EN EL DEPORTE. (Número de expediente 121/000093.)

El señor PRESIDENTE: Pasamos al punto IX: Proyecto de ley contra la violencia, el racismo, la xenofobia y la intolerancia en el deporte.


Tiene la palabra la señora ministra.


La señora MINISTRA DE EDUCACIÓN Y CIENCIA (Cabrera Calvo-Sotelo): Muchas gracias, señor presidente.


Señorías, es una satisfacción para el Gobierno presentar hoy en esta Cámara el proyecto de ley contra la violencia, el racismo, la xenofobia y la intolerancia en el deporte. Como ustedes saben muy bien, uno de nuestros objetivos en materia deportiva es el juego limpio, es decir, entender el deporte como vehículo de transmisión de valores hacia la sociedad. Por este motivo presentamos la Ley orgánica de protección de la salud y de la lucha contra el dopaje en el deporte, que fue aprobada por una gran mayoría de esta Cámara y hoy lo hacemos con el proyecto de ley que intenta frenar los brotes de racismo y violencia en el deporte.


Esta es una iniciativa legislativa en defensa del juego limpio, orientada a preservar que el deporte sea una escuela de vida y de ciudadanía, especialmente para la infancia, la adolescencia y la juventud españolas; que eduque y no deforme; que sea un acontecimiento festivo y no trágico que favorezca la fraternidad, el respeto y la convivencia social, en vez del odio y el rechazo hacia quien es diferente; un espectáculo, en suma, en el que prime la belleza de una competición justa y entre iguales, sin barreras y abierta a todos. De modo singular, el marco deportivo de la competición profesional y de alto nivel está obligado a ser un referente ético en comportamientos para el conjunto de la sociedad, un espejo que vea reflejados en el deporte los valores de libertad, justicia, igualdad y pluralismo en que se sustenta nuestra convivencia democrática.


Más de 12 millones de personas hacen deporte en España o desarrollan de manera habitual alguna actividad física. La iniciativa legislativa que hoy presentamos está orientada precisamente a preservar que el deporte en cualquiera de sus dimensiones, profesional, recreativa o de espectáculo, sea un espacio de encuentro. Quienes son incompatibles con el deporte como practicantes y como espectadores son aquellos que desarrollan conductas violentas, racistas, xenófobas o intolerantes, ya sea en el terreno de juego, en las gradas de un estadio, en una instalación deportiva, en un gimnasio o en un espacio abierto. Estas conductas son un anacronismo y es obligación de los poderes públicos hacer cuanto sea posible para erradicarlas de nuestra convivencia social.


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Las únicas diferencias que el deporte admite son los distintos rendimientos y marcas que cada uno obtiene en la modalidad deportiva de su libre elección. El rendimiento deportivo en ningún momento está asociado al origen social y cultural, al color de la piel o a las creencias religiosas del deportista. Muy al contrario, la competencia deportiva está basada en un principio de igualdad y tiene como consecuencia final resultados desiguales. Es lo que sucede en sociedades abiertas como la nuestra, que intentan hacer efectivo el principio de igualdad de oportunidades como punto de partida del conjunto de una ciudadanía de mujeres y hombres iguales y, a la vez, diferentes.


Les quiero recordar que en esta legislatura el Gobierno, a través del Consejo Superior de Deportes, ha trabajado y tomado iniciativas para erradicar la violencia en el deporte. Para ello, el 22 de diciembre del año 2004, se constituyó el Observatorio del racismo y la violencia en el deporte con el fin de diseñar estrategias, obtener información, análisis de la misma, seguimiento de la información procesada y toma de decisiones y acciones a emprender. Como consecuencia de ello, unos meses más tarde, el 18 de marzo de 2005, se firmó el Protocolo de actuaciones contra el racismo, la xenofobia y la intolerancia en el fútbol, que fue rubricado por el secretario de Estado para el Deporte y por responsables de los ministerios de Interior y de Trabajo y Asuntos Sociales, así como por representantes de la Real Federación Española de Fútbol, la Liga de Fútbol Profesional, los presidentes de clubes de primera y segunda división, la Asociación de Futbolistas Españoles, árbitros y entrenadores, asociaciones de aficionados y otros colectivos implicados en el mundo del deporte. Las medidas de este protocolo se estructuraron en tres apartados: en primer lugar, medidas de prevención y protección de la integridad física y moral de las víctimas de actos racistas, xenófobos e intolerantes en el ámbito del deporte; en segundo lugar, medidas de localización y control de participantes en incidentes racistas, xenófobos, intolerantes y violentos en el fútbol y, en tercer lugar, medidas de represión y sanción de los incidentes racistas, xenófobos, intolerantes y violentos en el fútbol. Por tanto, el Gobierno ha estado actuando en todo momento ante estos problemas de violencia en el deporte.


Hoy presentamos el proyecto de ley contra la violencia, el racismo, la xenofobia y la intolerancia en el deporte, del que son proponentes el Ministerio de Educación y Ciencia y el Ministerio del Interior. Es un proyecto que tiene como objetivos fundamentales, en primer lugar, favorecer la convivencia en el deporte y más particularmente en el fútbol, que es el deporte más popular y con mayor tirón entre la población española e inmigrante. En segundo lugar, prevenir y reforzar la seguridad de los acontecimientos deportivos, que son los espectáculos que reúnen en nuestro país mayores audiencias directas e indirectas. En tercer lugar, actualizar el régimen disciplinario y sancionador en nuestro derecho deportivo contra este tipo de conductas. En cuarto lugar, establecer la pauta social y la correspondiente sanción jurídica contra conductas inaceptables, que menosprecian la dignidad humana e intentan discriminar a las personas en función del género, del color de su piel, de su origen social o geográfico, de su orientación sexual o de sus creencias religiosas. En quinto y último lugar, dar cobertura legal a muchas de las medidas contempladas en el Protocolo de actuaciones contra el racismo, la xenofobia y la intolerancia que, por iniciativa del Consejo Superior de Deportes, suscribieron, como he dicho, hace un año todos los sectores y organizaciones del fútbol español. Este proyecto de ley contra la violencia, el racismo, la xenofobia y la intolerancia en el deporte cuenta con un respaldo muy amplio, desde el punto de vista social. Desde su aprobación por el Consejo de Ministros el texto articulado ha sido sometido a la consideración y el debate de un amplio espectro de agentes y organizaciones sociales y deportivas, que en trámite de audiencia pública han tenido ocasión de aportar sugerencias, críticas y enmiendas -todas las que han considerado oportunas-, muchas de las cuales han sido incorporadas al texto de este proyecto de ley.
Asimismo, el Gobierno decidió también que el anteproyecto contase con los dictámenes de la Agencia de Protección de Datos y del Consejo de Estado, cuyas observaciones han mejorado la técnica jurídica y legislativa del texto.


Este proyecto que hoy presentamos regula los siguientes aspectos: las responsabilidades y obligaciones de las personas organizadoras de competiciones y espectáculos deportivos; las obligaciones de las y los espectadores asistentes a los mismos; los dispositivos de seguridad y medidas provisionales para el mantenimiento del orden público en caso de incidentes violentos, racistas, xenófobos e intolerantes en recintos deportivos; las funciones de la comisión nacional contra la violencia, el racismo, la xenofobia y la intolerancia en el deporte, órgano de nueva creación, que sustituye a la actual Comisión Nacional Antiviolencia y, por último, el régimen sancionador y disciplinario deportivo aplicable en la persecución y sanción de este tipo de conductas, que armoniza nuestro ordenamiento jurídico con países de nuestro entorno como el Reino Unido, Alemania, Holanda y Francia que tienen leyes específicas contra la violencia de signo racista en los espectáculos deportivos. Señorías, la liga de fútbol es, con gran diferencia -ya lo he mencionado-, el acontecimiento español que tiene un impacto mediático mayor y más continuado, más cobertura informativa y mayores audiencias en todo el mundo. La proyección de la dimensión formativa y educadora que tiene el deporte lo convierte en un poderoso factor de integración y de cohesión social en sociedades diversas; por el contrario, la identificación del racismo, la xenofobia y la intolerancia como formas incivilizadas de violencia destruyen los valores pedagógicos y sociales de una sociedad democrática y de convicciones éticas. Además, el reconocimiento de que tenemos un problema y que es preciso afrontarlo de manera resuelta por parte de todos los sectores implicados,

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es la razón por la que el Gobierno ha asumido la responsabilidad que le es propia al presentar esta iniciativa. La existencia de un consenso básico contra la violencia, el racismo, la xenofobia y la intolerancia en el deporte, tanto en el plano internacional como en el nacional, de todos los sectores, organizaciones y actores relevantes del fútbol español, hace que estemos en el camino acertado al presentar este proyecto de ley.


Señorías, el Gobierno espera el respaldo de todos los grupos en este proyecto de ley y desea que, con la participación de todos, a través del trámite parlamentario, aprobemos una ley con un mensaje claro y contundente a la sociedad, que el deporte también es incompatible con la violencia, el racismo, la xenofobia y la intolerancia.


Muchas gracias. (Aplausos.)

El señor PRESIDENTE: Gracias, señora ministra, por su intervención.


Comenzamos por el turno a favor de las enmiendas. En primer lugar, tiene la palabra el Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), señor Maldonado.


El señor MALDONADO I GILI: Gracias, señor presidente.


Comparezco ante SS.SS. para exponer los motivos por los cuales nuestro grupo, Convergència i Unió, ha presentado una enmienda a la totalidad a la ley contra la violencia, el racismo, la xenofobia y la intolerancia en el deporte. Un grupo político que se precie de ser coherente -en este caso, en Convergència i Unió creemos que lo somos-, antes de presentar una enmienda a la totalidad debe valorar todos y cada uno de los motivos que expone una ley, ha de valorar los pros y los contras antes de dar un paso de este calibre. Por este motivo, Convergència i Unió, después de estudiar a fondo el proyecto de ley, llega a la conclusión de que se debe pedir al Gobierno que retire esta ley y que la cambie, en su contenido en general, no que la deje, sino que haga otra. ¿Por qué? Por su contenido en diversos aspectos. Si uno lee el enunciado de la ley, incluso su exposición de motivos, puede creer que esta es una ley necesaria por el contexto en que por desgracia se mueve hoy el deporte en los estadios. Es más, oyendo explicaciones de la señora ministra, uno seguiría pensando esto, que esta es una ley necesaria, por desgracia, dada la evolución del deporte y en los estadios deportivos a los que accede el público. No solo puede parecer una ley necesaria, puede incluso parecer una ley bondadosa, con buenas intenciones. Por tanto uno podría preguntarse: ¿por qué se enmienda una ley necesaria que incluso parece bondadosa? Porque una lectura más profunda nos da a entender que de manera muy sibilina el Partido Socialista una vez más, y ya empieza a ser usual últimamente, el Gobierno español, intenta laminar y rebajar el techo competencial de las comunidades autónomas, y en este caso hablamos de las competencias en materia deportiva, de seguridad, etcétera, de la Comunidad Autónoma de Cataluña.


Es curioso porque, por ejemplo, hace pocos meses se aprobó en este mismo hemiciclo el nuevo Estatut de Catalunya en cuyo artículo 134.1.j), se dice textualmente: la Generalitat tendrá competencia exclusiva en materia deportiva, y en concreto sobre la regulación en materia de prevención y control de la violencia en los espectáculos públicos deportivos. Uno se pregunta, entonces ¿qué estamos debatiendo?, ¿por qué estamos aquí? Si Cataluña tiene competencias exclusivas en este aspecto, ¿por qué el Gobierno no regula dejando aparte aquellos ámbitos territoriales -Cataluña, Euskadi, etcétera- que tienen competencias exclusivas? Es más, si el Gobierno tripartito bis se entera de que el nuevo Estatuto le confiere estas competencias, veremos si realmente se dedica a esto o a otras cosas. Si se entera de este aspecto, debería hacer dos cosas: una, llevar esta ley, si prospera tal cual, al Tribunal Constitucional mediante recurso; dos, elaborar una nueva ley que regulara estos aspectos, y digo nueva porque hoy Cataluña ya puede actuar en aspectos como éste. Por tanto uno se pregunta, ¿por qué esta actitud totalmente incoherente? Básicamente por una acción reiterada, solapada, del Grupo Socialista de recuperar competencias con leyes trampa y a la vez penetrar en Cataluña y en algunos territorios del Estado mediante leyes necesarias y bondadosas en el deporte. En Cataluña no corresponde al Gobierno legislar estos aspectos sino a la Generalitat de Cataluña. Uno se pregunta también, buscando bondades, ¿no será que el Gobierno central, viendo cómo han ido estos 3 últimos años y viendo lo que se avecina en el Gobierno de Cataluña, intenta tutelar a la nación catalana desde diferentes aspectos legales y lo hace legislando en aspectos que correspondería legislar al Gobierno de Cataluña? Y como no se hace, como en Cataluña hay otras cosas que privan, pero no el Legislativo, puede ser, cómo no, una medida tutelar; de tutelar Cataluña, también legislativamente, a la vez que laminar y rebajar el tema competencial.


Volvamos a la ley. Esta es una ley que hace buena la conocida expresión castellana: Ancha es Castilla, ya que podría parecer una ambigüedad, pero es cierto que es un atentado jurídico al espacio competencial catalán -no hablo de Euskadi, de Galicia, etcétera- porque esta ambigüedad que vemos reiteradamente invade competencias en materia de prevención de la violencia en los estadios deportivos, en materia de seguridad, en materia deportiva, etcétera. ¿Por qué digo que atenta jurídicamente? Porque en muchos -y digo muchos con mayúscula- artículos del proyecto de ley no se acotan jurídicamente los campos de actuación de la ley, con reiteradas actuaciones -en muchos artículos- y expresiones que dicen: se determinará reglamentariamente. Vamos a ver; el artículo 3.2.i) dice: "Cualquier otra obligación que se determine reglamentariamente"... ¿De qué obligaciones hablamos? ¿De las que se determinen reglamentariamente? Esto es muy ambiguo y muy amplio. Artículo 4.2: "Reglamentariamente, podrán establecerse medidas"... ¿Qué medidas?

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El artículo 8, cuando habla del acceso a recintos y de las conductas, exactamente dice en la letra f): "Cualquier otra conducta que, reglamentariamente, se determine." Estamos hablando de ambigüedades. Este proyecto acaba diciendo en la disposición adicional primera que se autoriza al Gobierno a orquestar los aspectos reglamentarios que incluye la ley y los que más convengan: "Se autoriza al Gobierno a dictar normas reglamentarias tanto en los supuestos específicos previstos en esta ley y en aquellos otros que sean necesarios"... -Otra vez reglamentarias- Ambigüedad importante en una ley importante. Por tanto, nos preocupa, y mucho, que esto se lleve por estos derroteros, no solo porque invade las competencias, en este caso de Cataluña, y tiene ambigüedad, sino también porque atenta contra la libertad de expresión y el libre pensamiento de las personas al no acotar en los términos que se debería a qué se refiere.


Volvemos al artículo 8, en su letra b). Cuando habla de condiciones de acceso al recinto, hace mención a introducir o exhibir pancartas, banderas, símbolos, etcétera, que incitan a la violencia o sean peyorativos. Uno se pregunta: ¿Qué significa esto de peyorativo? Incluso en el redactado de la ley encontramos reiteradamente los términos, la religión o las convicciones. Señora ministra, con todo el respeto, ¿una ley puede regular las convicciones? ¿Qué se entiende por convicciones? ¿No será una ley trampa para dar un marco jurídico sancionador a las fuerzas de seguridad del Estado, para que no se repitan actos como el que pasó en un campo contrario en el que el Fútbol Club Barcelona jugó y se requisaron senyeras esteladas y se identificaron a sus portadores? Porque esto son convicciones. ¿No será una ley para evitar que se vuelvan a exhibir pancartas que dicen: Catalunya is not Spain, que jóvenes de libre pensamiento quieren exhibir y que a través de esta ley se les pueda detener y sancionar? Porque esto son convicciones, compartidas o no, respetables. Esta ley va a acotar esto: senyeras esteladas, pancartas que llevan escrito: Catalunya is not Spain. Por consiguiente, a uno le preocupa que esta sea una ley necesaria, bondadosa, pero laminadora de un nivel autonómico y sobre todo intervencionista, desde el punto de vista de pensamiento ideológico de un país, en este caso de una nación como es la catalana. Ya no hablo de Euskadi ni de Galicia, cuyos portavoces sin duda también harán sus especificaciones en este tema. Nos preocupa mucho porque ustedes pueden decir: ¿Un grupo como el suyo, con sentido de Estado, coherente no va a dar apoyo a una ley contra acciones intolerantes, contra la violencia, etcétera? Sí, vamos a dar apoyo a una ley, no a ésta. Estamos de acuerdo en que haya una ley, no ésta. Estamos de acuerdo en que haya una ley sobre estos aspectos, pero tengan en cuenta que estamos en un Estado de las autonomías y que en su momento se han dado competencias exclusivas en deporte, en seguridad, etcétera, y esto se tiene que regular. Por tanto, estamos de acuerdo en una ley, no estamos de acuerdo en esta ley. Sabemos que en temas territoriales y autonómicos la pinza PP-PSOE tumbará nuestra propuesta de enmienda a la totalidad y que tendremos que ir a la Comisión a debatir. Iremos con el espíritu positivo de siempre. Aportaremos coherencia política, aportaremos el debate, enmendaremos todo aquello que hoy aquí se ha expuesto. Sabemos de la bondad negociadora y respetuosa, desde el punto de vista político, del señor secretario de Estado del Deporte, el señor Lissavetzsky, y esperamos de él, de su equipo y del ministerio en general la voluntad de rebajar estas cuotas intervencionistas porque, si no, será una ley que no contará con un consenso, y una ley dirigida a la convivencia social, al respeto y a la dignidad de las personas, debería ser una ley consensuada y una ley con la cual los partidos nos sintiéramos cómodos; hoy no nos sentimos cómodos.


Hemos presentado una enmienda a la totalidad solo por este motivo y por ningún otro, porque buscamos coherencia en la política y enmendar a la totalidad es una posibilidad que tiene cualquier grupo, pero que ha de utilizar solo cuando no haya otra alternativa y vemos que esta ley es una ley con muchos claroscuros, con muchos vacíos. Fíjese bien, hablando de vacíos, en su articulado habla de dotación y convocatoria de premios que estimulen el juego limpio, aprobación de planes, etcétera, pero no habla de quién lo pagará. No dice que se instará a que en los Presupuestos Generales del Estado haya dotación económica; lo pagarán otra vez las autonomías; ustedes piensan y nosotros pagamos. Es un vacío legal.


Otro vacío legal, artículo 18. Depuración y aplicación de las reglas del juego. Dice que la Comisión nacional contra la violencia, el racismo, la xenofobia y la intolerancia, las organizaciones de árbitros y jueces, y las federaciones deportivas españolas velarán por el cumplimiento del presente artículo en sus respectivos ámbitos competenciales. Uno se pregunta, señora ministra -estamos de acuerdo si cuando hay federación española los clubes catalanes y las federaciones catalanas están representados-, pero ¿qué ocurre en aquellos deportes en los que no hay federación española, como la federación de korfball, federación de pitch and putt, cursos de alta montaña, fisioculturismo, etcétera? Los clubes no están representados, sus árbitros tampoco y sus deportistas no tendrán voz. ¿Qué necesitamos? Que el Estado se dé cuenta de que Cataluña también tiene representación internacional, aunque pequeñita y minoritaria porque nos encontramos con paredes en el punto de las selecciones nacionales y deportivas, pero que ya hay algunas que son reconocidas. Ustedes no se han enterado de algunas y las han pasado por alto, pero Cataluña está compitiendo internacionalmente y estos clubes y estos deportistas no estarán amparados por el artículo 18. Es otro lapsus, otro vacío.


Sabemos que podremos dialogar, sabemos que nos escucharán, pero no sabemos si nos entenderán. Les rogamos una vez más consenso porque esta es una ley que no es buena, pero es una ley que hace falta, que hay que mejorar y que nuestro grupo con su talante, utilizando

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palabras de su presidente, siempre aportará mejoras técnicas, coherencia política, pero pedimos por parte de ustedes que entiendan que este es un Estado con autonomías y con competencias traspasadas y que no pueden hacer leyes que rebajen el nivel competencial y que nos vayan laminando, poco a poco, las competencias exclusivas que tanto ha costado conseguir al pueblo de Cataluña también desde el punto de vista deportivo.


Muchas gracias.


El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Maldonado.


Enmienda del Grupo Parlamentario de Esquerra. Señor Tardà.


El señor TARDÀ I COMA: Señor presidente, señorías, señora ministra, la lucha pública contra la violencia del deporte tiene que tener un enfoque a nuestro parecer realista. El deporte, tal y como ya argumentó nuestro compañero Ignasi Doñate en la comparecencia ante la Comisión de Educación del Congreso, comporta en sí mismo violencia, entendida como fuerza aplicada sobre el entorno o sobre otras personas a las que se les obliga o impide ciertos actos o situaciones con el objetivo de alcanzar una victoria. El proyecto de ley parte de una premisa, a nuestro entender, equivocada y alejada de la realidad. Dice en el preámbulo que existe una radical incompatibilidad entre deporte y violencia. La violencia es intrínseca al deporte y, ejecutada de acuerdo con las normas de juego, resulta una aplicación autorizada de la misma fuerza. Si la violencia es antirreglamentaria se considera una agresión y se sanciona. Es el mismo mundo del deporte el que al aprobar las normas de juego determina el nivel de violencia aceptable deportivamente. La realidad es que el mundo del deporte, como espectáculo, utiliza la violencia, fomentando el deporte de contacto, eufemismo del enfrentamiento físico entre contrarios. La atracción de la violencia es tal que la violencia es utilizada por los medios de comunicación, a veces incluso impúdicamente, para aumentar el interés del espectáculo deportivo. El mundo del deporte tiende a favorecer la violencia, el contacto o la aplicación de la fuerza, el enfrentamiento a todos los niveles: deportivo, entre técnicos, entre aficionados, cuando no entre simbologías de pueblos.


Un enfoque realista en contra de la violencia buscará combatir la permisividad social, cultural y política de la violencia en el deporte, alejarse de esta permisividad, procurando una conciencia social de los agentes del mundo del deporte a favor de su rechazo. Sin embargo, el proyecto de ley refleja esta permisividad pública de la violencia en el mundo del deporte cuando no aplica los medios ordinarios que tiene el Estado para combatir los problemas graves de la sociedad: el Código Penal, para castigar las conductas violentas, y el Código Civil, para procurar una justa reparación de las víctimas de esta violencia. El proyecto se limita a plantear medidas administrativas aplicables normalmente para definir las políticas ordinarias de la Administración, pero no para reconducir conductas y abusos que, por otra parte, está tipificados como delitos o faltas en el Código Penal. Una sentencia de la Audiencia Provincial de La Rioja, de 8 de septiembre del año 2004, y cito textualmente, advierte: A pesar de la frecuencia con que se produce, falta en nuestro ordenamiento jurídico un tratamiento jurídico de las lesiones en el deporte, pues no hay regulación específica de la responsabilidad penal o civil que pueda derivarse de las mismas y es muy asombrosa la escasez de jurisprudencia que existe sobre ella, siendo muy pocos los casos que han tenido acceso a los tribunales con relación a la frecuencia con que se produce; y cierro la cita.


El proyecto no trata la violencia como un problema serio y se limita a aplicar una cierta política de permisividad pública, permisividad que no es la respuesta adecuada a la realidad del problema. La violencia es un aprendizaje que empieza en las categorías infantiles y juveniles y se perfecciona en las categorías amateur y de adultos. Es necesario que las medidas de antiviolencia afecten a todas las categorías, especialmente a las inferiores, que es donde se origina el aprendizaje violento. Limitar el tratamiento de la violencia a las categorías estatales es limitarse a ver la punta del iceberg, cuando la parte más importante es la sumergida.
Una política antiviolencia tiene que suponer un planteamiento global, especialmente dirigido a las categorías inferiores, donde la violencia se aprende y se practica frecuentemente con total impunidad. Por este motivo, las comunidades autónomas, en tanto que tienen competencia en todas las categorías, son las que están mejor situadas par combatir el fenómeno de la violencia en el deporte, reservando al Estado la adopción de los grandes instrumentos jurídicos que permitan al mundo del deporte luchar con efectividad contra la violencia.


Una política pública contra la violencia en el deporte tiene como objetivo fundamental fomentar la menor tolerancia posible de la violencia en el mundo del deporte. La lucha contra la violencia no es un tema de seguridad pública, es fundamentalmente un tema social, cultural y deportivo. Las víctimas de la violencia deportiva son, en primer lugar y básicamente, los mismos deportistas. Es a ellos a quienes es necesario dotar de los instrumentos legales para poder reaccionar contra el fenómeno violento. En este ámbito subsidiario se sitúa el Protocolo de actuaciones contra el racismo, la xenofobia y la intolerancia en el fútbol, firmado el día 18 de marzo del pasado año, que establece 31 medidas a adoptar por los clubes y estamentos deportivos más significativos. Además, es necesaria una política antiviolencia de proximidad, una política conocedora del hecho de que puede ser causa de una respuesta violenta, una política que sea comprendida por las fuerzas de seguridad que tendrán que acabar aplicando estas medidas. Es necesario un tratamiento de proximidad a fin de coordinar las instancias deportivas con las directivas y con las fuerzas de seguridad.


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El Estatut de Cataluña define en el capítulo 1 del título IV las diferentes tipologías de competencias que corresponden a la Generalitat: las exclusivas, las compartidas y las ejecutivas. Nunca había estado tan claro. Así, la Generalitat, en relación con las competencias exclusivas, ostenta la integridad de la potestad legislativa, la potestad reglamentaria y la función ejecutiva. La Generalitat es la única que ejerce estas potestades y funciones para, a través de ellas, establecer políticas propias. La delimitación y la concreción de los ámbitos competenciales sobre los que la Generalitat quiere competencia obedece a la necesidad de definir los límites competenciales de la Generalitat y el Estado, a fin de impedir lo que siempre ha ido ocurriendo, los conflictos presentes y futuros de carácter competencial, y con demasiada frecuencia el Estado, en virtud de títulos competenciales transversales, ha excedido su ámbito competencial, reduciendo así la capacidad de la Generalitat para establecer políticas propias en ámbitos de su competencia exclusiva.
El Estatut del año 1979, ya derogado, no definía la tipología de las competencias ni concretaba el ámbito competencial de las materias. Este ha sido el gran avance de este Estatut. El Estatut anterior sí daba lugar a injerencias continuas por parte del Estado, pero el nuevo impide interpretaciones flexibles y amplias de las competencias y delimita un marco competencial de distribución de estas entre el Estado y la Generalitat. Y no por dicho no hay que repetirlo. El artículo 134.1 del Estatut establece que corresponde a la Generalitat la competencia exclusiva y correlativamente la letra j) del mismo precepto especifica que se trata de la capacidad para -cito textualmente- regular en materia de prevención y control de la violencia en los espectáculos públicos deportivos, respetando las facultades reservadas al Estado en materia de seguridad pública. El término regulación es suficientemente amplio como para alcanzar la capacidad para legislar y no solo para desarrollar la normativa estatal. Estamos, pues, ante una competencia legislativa. La reserva -ahora voy al meollo- a favor del Estado de la competencia en materia de seguridad pública -artículo 149.1 de la Constitución española- se refiere a la competencia genérica en materia de orden público y por tanto no supone ningún título competencial horizontal a favor del Estado, como sucede sí con las leyes de bases en materia económica o de igualdad en el ejercicio de derechos, que es lo que de forma tangencial invocaba el Estado en el caso de la Ley del Deporte. Aquí me remito a nuestra coherencia, habiendo dado apoyo y habiendo participado activamente en la mal llamada Ley de la Dependencia, puesto que el argumento no es el mismo. Aquí estamos hablando de otro tipo de competencia respecto a las del Estado.


En el caso presente, sin embargo, no hay constitucionalmente ninguna reserva expresa en ese sentido a favor del Estado. Se trata simplemente de una invasión material de nuestras competencias. Previsiblemente, en el caso de que se produjera un conflicto competencial entre el Estado y la Generalitat de Cataluña sobre esta materia, la reiterada jurisprudencia del Tribunal Constitucional acostumbra a resolver este tipo de litigio a favor del principio de especialidad, es decir, a favor de la materia más específica y en este caso es obvio que resulta más específica la materia de prevención y control de la violencia en los espectáculos públicos deportivos que el título más general sobre esta seguridad pública.
Incluso en el caso de admitir algún tipo de concurrencia de la Generalitat y del Estado, está claro que el único titular de la competencia en materia de prevención y control de la violencia es la Generalitat, con independencia de que sobre la materia en cuestión el Estado pudiese tener reservadas algunas potestades o funciones ejecutivas. Eso no invalida que el titular de la competencia sea la Generalitat y lo único que quisiera decir es que determinadas funciones o potestades ejecutivas podrían corresponder al Estado, ciertamente, pero en ningún caso legislar. La prueba de todo ello la encontramos en la normativa que en Cataluña regula el ámbito del deporte. Me refiero al Decreto-legislativo 1/2000, de 31 de julio, por el que se aprueba el texto único de la Ley del Deporte, que refunde toda la legislación que sobre esta materia se ha aplicado en Cataluña desde el año 1984, en virtud de la competencia exclusiva en materia de deporte que atribuía a la Generalitat el Estatuto del año 1979. Este decreto legislativo regula las entidades deportivas, la organización administrativa del deporte catalán, la gestión y regulación de la educación física y el deporte, la inspección deportiva y el régimen sancionador administrativo, la comisión antidopaje de Cataluña y la comisión contra la violencia en espectáculos deportivos de Cataluña. Ya con el Estatuto del año 1979, la Generalitat ha regulado en materia de violencia en espectáculos deportivos. La Ley del Deporte crea la comisión contra la violencia en espectáculos deportivos de Cataluña donde se le atribuyen funciones para prevenir todo tipo de acciones y manifestaciones de violencia como consecuencia de actitudes deportivas en el ámbito territorial de Cataluña, así como funciones de prevención y elaboración de estudios sobre las causas y efectos de la violencia en el deporte. Igualmente, establece medidas de prevención contra la violencia y de seguridad en los recintos deportivos y crea la figura del coordinador o coordinadora general de seguridad en estos acontecimientos. Esto les debe sonar, porque de hecho estamos hablando de lo mismo, y haría falta saber quién empezó antes -si se me permite la digresión-. Este coordinador, que ya está recogido en nuestra legislación, es nombrado por el departamento competente en materia de seguridad ciudadana y recae en miembros de la Policía de Cataluña, ya que la Ley 10/1994, de la Policía de la Generalitat, en su artículo 12 establece a este cuerpo las funciones de protección de la seguridad ciudadana, atribuidas a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado por la Ley Orgánica 1/1992.


En resumen, la Generalitat ha venido ejerciendo la competencia exclusiva en materia de deporte y también en materia de prevención y control de la violencia en los

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espectáculos públicos deportivos, mucho antes de la entrada en vigor del nuevo Estatut. Por tanto, está claro que la legislación estatal en esta materia no puede ser de aplicación en Cataluña, sobre todo, porque esta se dicta sobre la base del título genérico del Estado en materia de seguridad pública, mientras que la Generalitat tiene atribuida en exclusividad la competencia específica en materia de prevención y control de la violencia en los espectáculos públicos. Por todo ello, debo decirles que, a nuestro entender e intentando buscar una fórmula que nos permitiera salir de este atolladero, nosotros hicimos llegar dos textos al Gobierno. Uno era el óptimo para nuestro grupo parlamentario, que decía así: De conformidad en lo previsto en el artículo 134.1.j) del Estatuto de Autonomía de Cataluña, corresponde a la Generalitat de Catalunya dictar las normas sobre prevención y control de la violencia en los espectáculos públicos deportivos, sin que le sean de aplicación las contenidas en la presente ley. Era una cláusula de salvaguarda que no fue aceptada. Luego hicimos llegar otro texto que decía lo siguiente: Lo previsto en esta ley no será de aplicación en las comunidades autónomas que tengan atribuidas en sus estatutos de autonomía competencias en materia de prevención y control de la violencia en los espectáculos públicos deportivos.


Aun considerando la predisposición al diálogo y la buena relación que viene caracterizando a nuestro grupo parlamentario con los compañeros socialistas, debo decir que no ha sido posible el entendimiento, lo cual nos lleva a presentar esta enmienda a la totalidad y, aunque intentaremos en el trámite parlamentario seguir reivindicando nuestras posiciones, lamentamos profundamente que en una ley -si se me permite la expresión, y lo digo con todo respeto a la Cámara y al trabajo de la ministra- menor -y todo el mundo entiende qué se entiende por menor en este contexto aquí y ahora-, tengamos el primer desencuentro por un texto legislativo que invade, a nuestro entender, el nuevo Estatuto de Autonomía. Francamente, encontramos profundamente lamentable que seamos capaces de entendernos en leyes de rango mayor -también entrecomillado- y, en cambio, seamos incapaces de buscar fórmulas que permitan que todo el mundo se sienta cómodo -repito- en este nuevo marco político que se abre con el nuevo Estatuto de Autonomía de Cataluña.


Muchas gracias.


El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Tardà.


¿Algún turno en contra? (Pausa.) ¿Fijación de posiciones? (Pausa.) ¿Grupo Parlamentario Mixto? (Pausa.) ¿Grupo Parlamentario de Coalición Canaria-Nueva Canarias? (Pausa.) Por el Grupo Parlamentario de Coalición Canaria-Nueva Canarias, señor Mardones.


El señor MARDONES SEVILLA: Gracias, señor presidente.


Mi grupo parlamentario va a votar en contra de estas dos enmiendas a la totalidad de devolución que han presentado el Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió) y el Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana, basándonos en los siguientes argumentos. Nosotros participamos de muchas de las preocupaciones, sobre todo de las que ha expresado el señor Maldonado, también citadas por el señor Tardà, en cuanto a unas competencias que ustedes tienen muy señalizadas en este momento en el Estatuto de Autonomía de Cataluña. Lo entiendemos perfectamente y no nos vamos a oponer de ninguna manera a que con un estatuto de autonomía aprobado recientemente y sancionado en referéndum por el pueblo de Cataluña, se tenga que hacer así. No nos vamos a oponer y lo entendemos perfectamente. Después hay otra serie de comunidades autónomas que como no tienen aprobado en sus estatutos actuales de autonomía una competencia exclusiva o ejecutiva sobre los fenómenos de racismo, xenofobia y de violencia en el mundo del deporte, deben tener otro tratamiento jurídico.


Nosotros basamos nuestros argumentos fundamentalmente en un carácter más globalizador de las instituciones deportivas que actúan dentro del Estado español. Las estructuras son fundamentalmente de federaciones o de confederaciones a nivel general del Estado. Normalmente se trata de las federaciones locales de tipo provincial, tal como está estructurada la que nos sirve de motivo fundamental, que es en la del denominado deporte rey, el fútbol, porque es ahí donde se han dado lamentables ejemplos y espectáculos de violencia y de xenofobia, que no se dan en otras actividades deportivas afortunadamente, debido a la actuación pasional de determinados elementos improcedentes en una sociedad de convivencia. El otro ámbito es a nivel de las federaciones provinciales, como las del fútbol, ya dentro de la región o de la comunidad autónoma y, finalmente, en el del Estado. Cabe recordar que los reglamentos de todas las federaciones deportivas en cualquier país, entre ellos España, son reglamentos de todo el Estado. No hay un reglamento para jugar al fútbol distinto en una comunidad autónoma que en otra, por lo que un poder central del Estado tiene que regular esas normas que emanan de una federación. Ningún Gobierno se ha metido nunca a decirle a ninguna federación el tiempo que deben durar los partidos de fútbol, de baloncesto, etcétera. Son las propias organizaciones internacionales deportivas las que fijan los reglamentos de los deportes para que se pueda competir en igualdad reglamentaria en cualquier parte del Estado o de la comunidad internacional que organice estos eventos porque si no sería imposible el ejercicio del deporte sin las medidas de tiempos, de tantos, de número de jugadores en el campo, etcétera. Para nosotros esto significa que en el Estado central debe haber una capacidad de arbitraje o reguladora de este fenómeno que se dirija fundamentalmente a ellos. Por ejemplo, cuando nosotros hemos oído la intervención de la ministra, siguiendo la exposición de motivos del proyecto de ley que presentó el Gobierno, vemos que los capítulos en los que están divididas todas las funciones de responsabilidad, etcétera,

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incluso cuando en el capítulo I se dice responsabilidades y obligaciones de las personas organizadoras de competiciones y espectáculos deportivos, se refieren a personas jurídicas, porque normalmente en el deporte las personas físicas son los jugadores en la cancha y son ellos los que pueden recibir una amonestación determinada; a partir de ahí son personas jurídicas las que tienen una responsabilidad y fundamentalmente en el mundo del deporte esa responsabilidad está precisamente en los clubes deportivos, que son los que tienen que tener un delegado de campo que tenga una conexión con la autoridad gubernativa o autonómica que corresponda al lugar en el que se vayan a realizar esos eventos.


Si el reglamento y las exigencias que las distintas federaciones deportivas tienen que cumplir están globalizados y estatalizados y dichos reglamentos son iguales en todas las comunidades autónomas españolas, en todas las provincias españolas y en todos los ámbitos administrativos e incluso penales, las repercusiones de orden penal que se puedan derivar del comportamiento anómalo de xenofobia y de racismo de los espectadores de esos espectáculos estarán reguladas por un código penal que no es diferente según las comunidades autónomas, sino que es unitario del Estado. Por tanto, es de sentido común que, mientras que en el reglamento de las distintas federaciones lo que ocurre dentro del club y del campo de juego es responsabilidad de la Real Federación Española de Fútbol, de la Real Federación Española de Tenis, de la Federación Española de Baloncesto, de la Real Federación Española de Voleibol o de cualquiera de las múltiples federaciones deportivas conocidas, debe existir una norma genérica, sin menoscabo de aquellas funciones ejecutivas que les puedan corresponder a aquellas comunidades autónomas especiales porque tengan policías autonómicas propias, etcétera, en este reparto administrativo y orgánico de responsabilidad. Sin embargo, eso no es óbice para que no debamos contar con una norma unitaria a nivel de Estado, en este caso de la Administración General del Estado, que es la que se entiende con las distintas federaciones deportivas de ámbito estatal, no de ámbito regional, autonómico, local o provincial, que recoja estos mensajes y que sean los primeros estamentos orgánicos en velar por que en los espectáculos deportivos no se den muestras impresentables, lamentables, incívicas y antidemocráticas, impregnadas de racismo, xenofobia y violencia, cuando se esté perdiendo o ganando un encuentro deportivo.
Esas funciones, que por vía de enmienda podemos introducir para mejorar el proyecto de ley contra la violencia, el racismo, la xenofobia y la intolerancia en el deporte, no pueden ser dejadas fuera de la responsabilidad de estas Cortes Generales. Por esa razón, señor presidente, vamos a votar a favor del proyecto del Gobierno, con las enmiendas que se presenten y se vayan debatiendo en ponencia y en Comisión, porque recoge estas ideas generales, y vamos a votar en contra de las dos enmiendas de devolución presentadas.


Muchas gracias, señor presidente.


El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Mardones.


Izquierda Unida. Señora García, por favor.


La señora GARCÍA SUÁREZ: Gracias, señor presidente.


Señora ministra, señorías, nuestro grupo también va a votar en contra de las dos enmiendas presentadas a la totalidad por el Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió) y por el Grupo de Esquerra Republicana.


Quisiera empezar recordando -el tiempo pasa muy rápido- la interpelación que presentó mi grupo parlamentario -en este caso concreto fui yo misma- hace ya dos años, concretamente en noviembre de 2004, a la ministra de Educación en aquel momento, señora Sansegundo, con motivo de los lamentables acontecimientos xenófobos y racistas que habían sucedido.
Estábamos evidentemente preocupados por este fenómeno y por las consecuencias que estaba teniendo. Fue una interpelación interesante, que dio lugar a una moción que tuvo la aceptación y el voto favorable de todos los grupos de la Cámara. Quisiera resaltar cinco de los aspectos de aquella moción, con la que todos de manera unánime estuvimos conformes, porque desde ellos nuestro grupo va a enfocar también sus enmiendas parciales al proyecto y porque demuestran el sentimiento que ya había en aquel momento, y ahora también, de que es necesaria una regulación.
Podría haberse hecho de una determinada manera y el Gobierno ha decidido presentar este proyecto de ley.


En aquella moción que fue aprobada por unanimidad, nosotros planteábamos, en primer lugar, que se revisara el código de ética deportiva; en segundo lugar, que se desarrollara un plan concreto en colaboración con las comunidades autónomas, sin menoscabo de las competencias en esta materia; en tercer lugar, que se desarrollaran campañas institucionales de concienciación sobre los valores a favor de la tolerancia y la no discriminación y contrarias a las actitudes fascistas y xenófobas; en cuarto lugar, que se dieran las instrucciones precisas a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado y a los clubes y estamentos que contratan servicios de seguridad privada, que vigilan y controlan los eventos deportivos y, por último -todo esto definido en la Ley 10/1999, del 15 de octubre-, que se promueva ante las autoridades gubernativas pertinentes que las sanciones que se impongan por incumplimiento de la Ley del Deporte se ajusten al baremo definido por infracciones leves, graves o muy graves.


Evidentemente, la moción fue mucho más extensa, pero en todo caso en el debate hubo una gran coincidencia por parte de todos los grupos. Esto lleva a nuestro grupo a pensar -y vamos a demostrarlo con nuestras enmiendas- que estamos ante un proyecto de ley que es sin duda mejorable, como lo son en la mayoría de las ocasiones todos los proyectos de ley.
Siempre he dicho que si no fuera así la función de estos diputados y diputadas estaría muy poco justificada y deberíamos marcharnos

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a casa. Por tanto, yo siempre entiendo que un proyecto de ley llega con unas intenciones y con unos planteamientos que aquí debemos -es nuestra obligación- mejorar.


Las enmiendas presentadas por los grupos Catalán (Convergència i Unió) y Esquerra Republicana se basan -al menos en los papeles presentados- en la presunción de que se exceden las competencias que las leyes otorgan al Estado. De todas formas, después, al escuchar las intervenciones, me ha parecido ver que se ponía el acento casi igual o más en otros aspectos que en los aspectos competenciales. En todo caso, es mi interpretación.
Nuestro grupo ya ha adelantado, y lo vuelvo a decir, que va a seguir siendo muy riguroso en la vigilancia de las leyes -seguro que otros grupos, entre ellos los que han presentado estas enmiendas también -, para que estas se ajusten a nuestro sistema legal y al marco reglamentario que establecen los estatutos de autonomía, en concreto el de Cataluña, que es al que más nos vamos a referir hoy. Por tanto, lo que vamos a hacer siempre ante cualquier ley es pedir todos los informes y asesoramientos posibles para ver hasta qué punto hace falta mejorar o dónde hay que poner el acento.


Los informes que tenemos, señorías, no apuntan en esta dirección o, en todo caso, apuntan, pero las valoraciones y los comentarios que se realizan son perfectamente asumibles con las enmiendas parciales que después, en el proceso parlamentario, seguramente se van a tener en cuenta. En primer lugar, se ha dicho -y es evidente- que el artículo 134.1 del Estatuto de Autonomía de Cataluña atribuye a la Generalitat la competencia exclusiva en deportes y, más concretamente, la regulación en cuanto a prevención y control de la violencia en los espectáculos públicos deportivos, respetando las facultades reservadas al Estado en materia de seguridad pública. Esto lo dice también el Estatuto de Cataluña, y nosotros somos rigurosos, porque nos lo creemos desde la primera hasta la última página. El artículo 110 del Estatuto de Cataluña, que define las competencias exclusivas de la Generalitat, establece que corresponde a la misma, en el ámbito de sus competencias exclusivas, de manera íntegra, la potestad reglamentaria y la función ejecutiva; que corresponde únicamente a la Generalitat el ejercicio de estas potestades y funciones, mediante las cuales podrá establecer políticas propias.
Según estos artículos, el 110 y el 134 del Estatuto de Autonomía, parece claro que el Estado no puede promulgar una ley que regule la prevención y el control de la violencia en los espectáculos públicos deportivos; pero debemos interpretar también -el inciso que antes comentábamos- que debe hacerse respetando las facultades reservadas al Estado en materia de seguridad pública, lo que nos obliga a distinguir -como creo que también se ha apuntado- entre titularidad y ejercicio de la competencia.


En todo caso, vayamos por partes. Toda la ley se fundamenta en estos dos artículos, cuando realmente hoy por hoy las competencias estatales en deportes tienen su base legal en los artículos 149.2, en cultura, y en la cláusula residual del artículo 149.3 de la Constitución española. La legislación vigente ha recogido este reconocimiento constitucional en la Ley estatal de 1990, de 15 de octubre, del Deporte, así como en el texto refundido de la Ley del Deporte aprobado por la Generalitat en el Decreto legislativo de 31 de julio, en el que se prevén dos niveles competenciales, el estatal y el autonómico. Hoy por hoy la competencia de la Generalitat se extiende a la actividad deportiva que se desarrolla en el territorio de Cataluña y comprende las federaciones catalanas, mientras que el Estado es competente con relación a las federaciones estatales. Hoy por hoy, esto es así. Hoy por hoy. Por tanto, nuestra posición será presentar enmiendas al articulado que diferencien claramente el ámbito de aplicación del deporte de competencia estatal.
Este será el objetivo de nuestras enmiendas, que esto quede suficientemente asegurado y garantizado. Propondremos incluir, por tanto -ya lo adelanto para que nadie se crea después que gracias a estas enmiendas a la totalidad hemos conseguido no sé qué; nosotros ya lo adelantamos, lo teníamos previsto-, en la disposición final primera una referencia al título competencial estatal en materia de deporte, ya que es la materia que entendemos realmente regulada por ley, no tanto la de seguridad pública, y una cláusula de salvaguarda en las competencias de la Generalitat, así como modificar los artículos y títulos necesarios para concretar el ámbito de aplicación al deporte competencial estatal.


Podría decir muchas más cosas, sobre todo en relación con aspectos muy importantes que creo que esta ley va a regular, pero por la falta de tiempo preferiría comentar que me ha preocupado como catalana la intervención del señor Maldonado cuando ha planteado sus interrogantes en relación con el artículo 8.b). Lo voy a leer porque no se ha leído íntegramente. Como persona de Cataluña, con una identidad catalana muy arraigada, yo me siento perfectamente bien con este artículo. En concreto dice que quedará prohibido introducir, exhibir o elaborar pancartas, banderas, símbolos u otras señales con mensajes que inciten a la violencia o sean peyorativos o vejatorios en cuya virtud una persona o grupo de ellas sea amenazado, insultado o vejado por razón del origen racial o étnico, la religión o convicciones, la discapacidad o la orientación sexual. Yo entiendo que ninguna de las identidades catalanas que se encuentran dentro del marco constitucional en Cataluña puede sentirse para nada presionada ni con ningún tipo de coacción ante este articulado. Las identidades catalanas recogidas en el marco de la Constitución seguro que se sentirán muy bien con este artículo específico.


El señor PRESIDENTE: Gracias, señora García.


Grupo Vasco, señor Esteban.


El señor ESTEBAN BRAVO: Muchas gracias, señor presidente.


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Ciertamente compartimos muchos de los puntos de vista expuestos por los grupos que han presentado las enmiendas a la totalidad a este proyecto de ley, y es que a nuestro grupo le causa bastante sorpresa el furor legislativo del que está haciendo gala el Gobierno en esta legislatura en el ámbito deportivo. Una competencia que teóricamente era exclusiva de las comunidades autónomas y que incluso había sido sancionada de esta manera desde el punto de vista de la jurisprudencia constitucional, resulta que está siendo regulada -invadida diría yo- por parte del Estado troceando diversos aspectos poco a poco. La verdad es que, si nos atenemos a los títulos, a las grandes frases, a los principios que impregnan la ley, ¿quién puede estar en contra? Estamos todos en contra de la xenofobia, de la intolerancia y de la violencia en el deporte, claro que sí, pero simplemente este hecho no quiere decir que, de acuerdo con el esquema constitucional y del ordenamiento jurídico que nos hemos dado, tenga que regularse aquí, porque parece que, en cuanto hay un tema que salta más a los medios de comunicación y cuya causa como principio general es justa, eso parece que supone un título cierto para el Estado para poder asumir su regulación. Todos podemos estar de acuerdo con lo que ha afirmado la señora ministra en el planteamiento de la ley: juego limpio, lucha contra el racismo, etcétera. Lo que ocurre es que entendemos que ese impulso del juego limpio en el ámbito del deporte no se da a la hora de respetar las competencias de las comunidades autónomas, y estamos viendo que como sigamos así, poco a poco, a base de recortar aquí y allá, al final nos vamos a quedar con el deporte escolar y quizá con el de la segunda división de alevines, porque incluso en la Ley de Universidades -a la que nos vamos a referir posteriormente- entran ustedes en el deporte universitario. Creo que hace falta reflexionar sobre esto. Tampoco me valen ciertos argumentos. El señor Mardones me ha dejado -por decirlo de alguna manera no muy fuerte- alucinado con la argumentación: Como las reglas para pitar penalti son las mismas en todas partes y las del fuera de juego también, es normal que sea una regulación del Estado. Con esta misma razón le podemos mandar al Parlamento Europeo o mejor a Naciones Unidas, a Kofi Annan, o, por qué no, a Pierluigi Collina, que era un gran árbitro, aunque ya se ha retirado. No me valen esos argumentos tan peregrinos; hay que ver cuál es el ordenamiento jurídico español y cuál es el reparto competencial.


Nosotros hemos presentado una enmienda a la totalidad, pero lo pensamos y lo valoramos seriamente. Pensamos que no iba a prosperar, como por lo que han señalado algunos portavoces parece que va a suceder, y en consecuencia nos dedicamos a intentar presentar una batería de enmiendas que pudieran ser negociadas. Pero estamos de acuerdo con el planteamiento que han hecho estos dos grupos. Para empezar, la ley define el objeto pero no define algo muy importante, que es el ámbito de aplicación de la ley, y hasta el Consejo de Estado lo señaló así. Nos olvidamos de que las comunidades autónomas tienen aprobadas leyes del deporte y que estas abordan el fenómeno de la violencia desde el punto de vista organizativo, disciplinario, administrativo, sancionador, etcétera; porque parece que ahora hemos llegado a la lucha contra la violencia en el deporte sin que nadie hubiera hecho nada antes, cuando desde las comunidades autónomas, y en el ámbito de sus competencias, se ha estado trabajando y se han creado incluso comisiones destinadas ad hoc a este fin.


Nos encontramos además con una batería de artículos que no podemos compartir. Todo el título III y todo el título IV deben desaparecer de este proyecto de ley porque se refieren al régimen disciplinario deportivo, al régimen sancionador, y eso pertenece al ámbito de las comunidades autónomas. Hay otros artículos basados también en la competencia deportiva, y sorprende que de repente sean asumidos por órganos que no están en ese ámbito autonómico; por ejemplo, el artículo 19, que habla de la regulación, de las normas que se puedan implantar acerca de las personas voluntarias contra la violencia o el racismo, o el artículo 16, que habla de las medidas de fomento de la convivencia y la integración por medio del deporte -si estas medidas no son parte básica de la competencia del deporte y tienen que ser desarrolladas por las comunidades autónomas y no por otros, ya me dirán ustedes-; incluso las funciones de la denominada Comisión nacional contra la violencia, el racismo, la xenofobia y la intolerancia en el deporte, desde que se mantiene completamente obviado que existen otras comisiones en el ámbito autonómico con competencias y con estos fines, hasta que, por ejemplo, en algunos de los artículos queda al albur de las decisiones de esta denominada Comisión nacional quiénes quedarán sometidos a sus decisiones.
Por ejemplo, en el artículo 6, en lo relativo al libro de registro de actividades se dice que serán quienes establezca la Comisión nacional contra la violencia, el racismo, la xenofobia y la intolerancia en el deporte quienes estén obligados a mantener el libro de registro de actividades y en los términos en los que esta comisión nacional señale.
Para nosotros no deja de ser a todas luces sorprendente que esta denominada comisión nacional deba informar preceptivamente las disposiciones de las comunidades autónomas que afecten al régimen estatal de prevención de violencia, racismo o xenofobia, o la propia composición, que simplemente se queda a lo que decida per se el Gobierno, porque se dice que la composición y el funcionamiento se establecerán reglamentariamente. Por supuesto, sin que a nadie se le haya ocurrido que quizá podría haber sido una manera de templar un poco los ánimos haber incluido a las comunidades autónomas que tengan estas competencias en esa comisión nacional.


Se olvida también el proyecto de que existe una normativa autonómica sobre deporte y espectáculos públicos muy desarrollada en muchas comunidades autónomas, una normativa sancionadora en este sentido que debe ser respetada. Parece que con este proyecto y con los artículos y normas que incorpora hacemos tabla rasa de todo

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esto. Se olvida de que existen registros de sanciones en el ámbito de las comunidades autónomas. Algo muy alarmante que se aprecia en muchos artículos, pero que sobre todo es evidente en la disposición adicional primera, es que parece que el desarrollo reglamentario de la ley, que puede ser prolijo, queda solo en manos del Gobierno del Estado, cuando ese desarrollo reglamentario podría y debería ser llevado a cabo perfectamente, basándonos en las competencias, por parte de las comunidades autónomas. No solo es que se dejen algunos aspectos en penumbra, a expensas de lo que vaya a suceder, sino que además, a tenor de lo que dice la disposición adicional primera, uno colige que al final será el Gobierno del Estado en exclusiva el que haga el desarrollo reglamentario. ¿Por qué no puede hacerse ese desarrollo reglamentario desde los competentes, es decir, desde las comunidades autónomas? Estos son algunos aspectos y hay otros más que supongo que tendremos que dilucidar en Comisión y que se irán debatiendo a través de las enmiendas muy a nuestro pesar, porque creemos que la entrega en el registro de estas enmiendas a la totalidad por los dos grupos presentantes ha sido acertada. En consecuencia, vamos a apoyar esa iniciativa.


Muchas gracias, señor presidente.


El señor PRESIDENTE: Gracias a usted, señor Esteban.


Grupo Popular, señor González.


El señor GONZÁLEZ PÉREZ: Señor presidente, señora ministra, señor secretario de Estado, señorías, hoy es un momento en el que quizá algunos de los planteamientos con los que se oye definir la actitud del Grupo Popular en esta Cámara se vendrían abajo, porque para el Grupo Popular hoy sería factible apoyar dos enmiendas a la totalidad y rechazar un texto del Gobierno. No es el caso. Y esos argumentos se caen porque, en función de la calidad de los textos legislativos o de los acuerdos a los que se pueda llegar con quien propone, es fácil que exista ese consenso tan traído y llevado por unos y, sin embargo, tan imputado de no hacerlo por otros. Por tanto, venimos a demostrar que el Grupo Popular es coherente en todo momento en esta Cámara, incluso en situaciones que podrían favorecer la derrota del Gobierno. No es nuestra función.
Nosotros queremos hacer leyes y colaborar en su planteamiento para que mejore la situación de nuestra sociedad en general.


Hoy se debaten dos enmiendas a la totalidad que, como he dicho, vamos a rechazar porque entendemos que es un texto que, efectivamente, tiene que mejorarse, que tiene deficiencias cuya solución hay que acometer y que entre todos tenemos que hacerlo, pero consideramos que es un texto necesario fundamentalmente porque en la legislación española hay una dispersión grande sobre la violencia, la xenofobia y el racismo. Y este texto viene precisamente a aglutinar algo que era necesario desde hace tiempo. Además es un momento bueno para hacerlo porque en las leyes que se ejecutan en contextos de tensión social como consecuencia de un acto violento en un estadio o de una situación no querida por nadie seguramente se dejan flecos que no son buenos a la hora de legislar ya que el sentido de esas leyes iría inducido de alguna manera por sentimientos, y las leyes tienen que ser absolutamente asépticas respecto a los sentimientos y hay que intentar que se apliquen con el mayor rigor y justicia posibles. Las leyes no tienen por qué ser bondadosas, simplemente tienen que ser justas y mejorar la calidad de vida de los ciudadanos, y eso es lo que pretendemos con las enmiendas parciales que presentaremos a este texto ya que es estrictamente necesario, pues el texto, desde nuestro punto de vista, requiere mejoras sustanciales.


Hay una cosa que no comparto con la señora ministra y que no es un punto de desencuentro absoluto pero que podemos mejorar. Esta ley no es una ley educativa, es una ley, si obedecemos al principio, al prólogo y a todo el contexto de la ley, a sus apartados y artículos, fundamentalmente represiva. En todos sus capítulos solamente hay un apartado que hace referencia a la educación y a los valores. De hecho, es una ley compartida, como bien ha dicho la ministra, entre el Ministerio de Educación y el Ministerio del Interior, y este, por mucha bondad que queramos ponerle, tiene aspectos no precisamente educativos sino, por la función que tiene, más bien represivos. Dicho esto, entendemos que hay que profundizar en que hay que cortar lo que sucede en la sociedad. ¿A qué me refiero? Me estoy refiriendo a que es fácil utilizar desde esta tribuna palabras muy grandilocuentes, poner el sello en aquellos aspectos que queramos mejorar, pero tenemos que mirar a la calle. Yo siempre pongo un ejemplo que quizá no sea muy académico pero que me parece ilustrativo.
El fundamento de la violencia empieza, efectivamente, desde pequeños, pero no hay que regular la violencia en los pequeños, lo que hay que hacer es empezar la educación contra la violencia desde pequeños. Estamos viendo que los locos de los fines de semana -como yo les llamo-, padres y entrenadores, están educando en valores a niños que juegan al balonmano, baloncesto o fútbol y les someten a una presión increíble, exigiéndoles, como si fueran profesionales -que tampoco tendría que hacerse con los profesionales-, que cometan faltas, si es necesario, con tal de conseguir el objetivo que es ganar. Ahí empezamos a ver cómo se diluyen los principios olímpicos de que lo importante es participar, lo importante no es ganar. Nosotros propondremos en su momento que exista algún elemento o alguna actividad complementaria en la educación que se base en los valores olímpicos, porque si estamos hablando del deporte, qué mejor que los valores olímpicos, que tienen cinco anillos, que representan cinco continentes, que no hablan de xenofobia, que no hablan de racismo o de violencia, para que los pequeños, desde su más tierna infancia, empiecen a entender que la violencia no es el objeto del deporte sino todo lo contrario: el acuerdo, la amistad y la competición. Nosotros tampoco venimos aquí a hacer filosofía sobre si el

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deporte engendra violencia en sí mismo. Tendríamos que empezar a filosofar sobre las guerras, sobre la violencia dialéctica, sobre la propia violencia que podemos ejercer aquí en un momento determinado a la hora de hacer manifestaciones que se puedan exceder no en función de lo que se diga sino en función de quien lo oiga. No hemos venido aquí a eso.
Estamos debatiendo una ley que creemos que es necesaria. No considero que sea una ley menor, independientemente de que no sea orgánica. Es una ley que tiene un calado y una importancia básica para la convivencia en una sociedad; una sociedad que vive intensamente el mundo del deporte. La sociedad española posiblemente sea de las sociedades que de una forma más intensa viva el mundo del deporte; lo hemos visto. Me preocupa profundamente que para unas leyes haya apreciaciones de que se invaden competencias y en el mismo artículo del mismo estatuto -voy a hacer referencia, obviamente, al Estatuto de Autonomía de Cataluña en su artículo 134, apartados i) y j)- haya dos aspectos que hablan de lo mismo y, sin embargo, se consideren de forma distinta. Hace pocas fechas aprobamos la Ley del Dopaje. En el mismo artículo -no sé si en el apartado i) o en el j)- esas competencias le son atribuidas, por la salud de los deportistas, a la Generalitat de Catalunya, y de los dos grupos que presentaron las enmiendas a la totalidad no hubo aquí nadie que hiciera referencia a eso, y esta ley está aprobada y en vigor con abstenciones pero sin ningún voto en contra. En función de los resultados y de las políticas que se están ejecutando ahora en una comunidad autónoma se quieren condicionar las políticas y las leyes del Estado español. Pues no. Nosotros también vamos a vigilar que no se invadan competencias. Somos los primeros que no queremos que se invadan competencias de las comunidades autónomas porque nosotros también gobernamos en comunidades autónomas. Es que somos coherentes. Si esas competencias no fueron invadidas, porque se votó a favor por los que hoy están diciendo que son invadidas, no tiene sentido que en el mismo artículo, con la diferencia de que sea un apartado u otro, digamos que es distinto. Por lo tanto, este argumento sinceramente me parece muy débil, fundamentalmente por la actitud representada por los que antes he dicho.


Otra cosa es que entremos en otros valores, como bien ha dicho la portavoz de Izquierda Unida, sobre la base de otra serie de elementos que en la ley deben ser modificados. Además hay que poner encima de la mesa y también en valor que tuvimos la oportunidad de llevar a responsables, técnicos y especialistas en el mundo del deporte y en el mundo de la violencia a la Comisión de Educación, y todos coincidieron en algo, en que era necesario un texto legislativo que definiera en este país lo que es la violencia. Nosotros creemos que se puede mejorar, que hay que incrementar en el ámbito de la ley el tema de la educación, que seguramente habrá que acometer unas reformas en esa ley, pero coincidimos con todos los técnicos y con todas aquellas personas que estuvieron en la Comisión de Educación en que es necesaria la ley. Por lo tanto, nuestro voto va a ser favorable, y vuelvo al principio de lo que he dicho, porque precisamente los que defendemos las posturas del Partido Popular en esta tribuna y desde ese grupo parlamentario actuamos en coherencia y en consecuencia de los criterios políticos y no de otros, y entendemos que si es necesaria una ley y esa ley tiene que aprobarse para luego ser modificada con enmiendas parciales, la presente quien la presente, sin distingos -haciendo referencia al título de la ley- de razas, ni de ideas, estaremos con aquel que la presente porque es necesaria.


Muchas gracias, señor presidente. (Aplausos.)

El señor PRESIDENTE: Gracias, señor González.


Grupo Socialista. Señora Gómez, por favor.


La señora GÓMEZ SANTAMARÍA: Gracias, señor presidente.


Señorías, señora ministra, me va a permitir que en primer lugar salude al secretario de Estado y presidente del Consejo Superior de Deportes y a los miembros del consejo que le acompañan y les dé una vez más la bienvenida a esta Cámara.


La señora ministra nos ha presentado la ley contra la violencia, el racismo, la xenofobia y la intolerancia en el deporte de forma absolutamente clarificadora y nos ha expuesto una vez más los objetivos de esta ley demostrándonos el interés que tiene su ministerio en todo lo relacionado con el deporte, aunque a algunos les pueda parecer que es una cuestión menor. Señorías, la violencia y la intolerancia están presentes en diferentes ámbitos y niveles deportivos, aunque es cierto que con distinta intensidad, pero no podemos permitir que ciertas dosis de violencia o de intolerancia en la actividad deportiva se asuman como parte del espectáculo. Puede que sean unos pocos, pero saben que precisamente en el deporte, en los espectáculos y competiciones deportivas es donde más notorias y llamativas son sus acciones dada la gran difusión del deporte en los medios de comunicación.


Son muchos los antecedentes normativos del proyecto de ley que se presenta hoy. No me voy a referir a ellos, pero sí quiero mencionar la Ley del Deporte de 1990, que les recuerdo que fue aprobada por unanimidad de todos los grupos parlamentarios y supuso un punto de inflexión o, si quieren, de referencia a partir del cual, y con el desarrollo reglamentario posterior, hemos podido convertir a nuestro país en un referente internacional en cuanto a la seguridad de grandes acontecimientos deportivos. Con esta ley el Gobierno ha tomado la opción de integrar en un único texto un conjunto de disposiciones y de preceptos tipificadores de infracciones y sanciones que aparecen dispersos en diferentes normas deportivas tras las sucesivas reformas introducidas específicamente en materia de prevención y sanción de la violencia en el deporte.


Señorías, esta es una ley con un enfoque global. Concibe y trata esta materia desde un punto de vista integral,

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conteniendo medidas preventivas, medidas que pueden considerarse de reinserción, medidas de disciplina y medidas administrativas sancionadoras. Pero la ley contiene importantes novedades. Se reconoce el valor educativo del deporte en una ley. Se ha hablado mucho del carácter educativo del deporte, pero solamente eso, se ha hablado, en esta ley por primera vez se le reconoce. Sabemos que el deporte contribuye, sobre todo entre los más jóvenes, a desarrollar un estilo de vida saludable y en muchos casos a evitar comportamientos antisociales, y desarrolla otros aspectos muy importantes para nuestra sociedad, como la tolerancia, la solidaridad o el respeto al adversario. Señorías, está comprobado que los jóvenes que practican deporte tienen una más alta estima de sí mismos y tienen, por tanto, una mejor disposición para enfrentarse a los problemas más frecuentes a esa edad. Como ven, son muchos los motivos por los que el deporte no puede reflejar comportamientos que en nada contribuyen a esta labor educativa. Sumado al carácter educativo del deporte, no podemos olvidarnos de su labor integradora, de su carácter integrador, y la ley pone el acento en favorecer este aspecto para evitar que se discrimine en la práctica deportiva a los inmigrantes y sus familias, entendiendo que el deporte es un poderoso factor de integración intercultural y tiene que facilitar el principio de igualdad de trato entre las personas, independientemente de su origen racial o étnico. Los deportistas son a menudo ídolos en los que se reflejan los jóvenes y las competiciones y espectáculos deportivos han pasado a formar parte de nuestro tiempo de ocio, y cada día más, por lo que no pueden convertirse en espacios en los que se dé rienda suelta a comportamientos que como ciudadanos nos avergüenzan y como institución nos deben al menos alertar.
Esto es motivo suficiente para que el proyecto de ley incorpore otras novedades relacionadas con las declaraciones que inciten a la violencia, al fomento o promoción de la violencia y la intolerancia a través de Internet o de las nuevas tecnologías. Se contempla la posibilidad de que las autoridades gubernativas impongan sanciones por la realización de declaraciones públicas que amenacen, inciten a la violencia o contribuyan a la creación de un clima hostil; y también se tipifica la difusión por medios técnicos de información o contenidos que promuevan o den soporte a la violencia, que inciten, fomenten o ayuden a los comportamientos violentos, racistas, xenófobos o intolerantes o todos aquellos que supongan un acto de manifiesto desprecio a los participantes en la competición o en el espectáculo deportivo. En definitiva, lo que se prohíbe es el apoyo a los grupos que incitan a la violencia, ya sea apoyo técnico, económico o material; para ser más clara, todo lo que conocemos como pagar autobuses, ceder locales o páginas web para que grupos que mantienen actitudes nada aceptables se hagan más visibles.


Señorías, creo que es importante resaltar la creación de la Comisión nacional contra la violencia, el racismo, la xenofobia y la intolerancia en el deporte. Esta Comisión sustituirá a la Comisión nacional para la prevención de la violencia en los espectáculos deportivos. Señoras y señores diputados, podemos legislar, y hacerlo bien, pero si la sociedad en su conjunto no toma conciencia del problema difícilmente tendrá solución. Es necesario implicar al conjunto de los actores del deporte: familia, educadores, entrenadores, organizadores, responsables deportivos, asociaciones deportivas, deportistas profesionales y, cómo no, medios de comunicación. Entre todos tenemos que transmitir los valores positivos del deporte como la solidaridad, la cooperación o la tolerancia. Creemos que es una buena idea y que puede contribuir a la concienciación necesaria que en este ley se contemple la figura del voluntario en labores preventivas y de colaboración en el buen desarrollo de los espectáculos deportivos, junto a la posibilidad también de colaboración de las organizaciones no gubernamentales que trabajan contra el racismo y la violencia en el deporte.


Señorías, desde una reflexión serena, la violencia en los campos de fútbol se ha reducido. Se han tomado medidas, entre otras la creación en esta legislatura del Observatorio del racismo y la violencia en el deporte así como el Protocolo de actuaciones contra el racismo, la xenofobia y la intolerancia, en el que todos los estamentos del mundo del fútbol -asociaciones de futbolistas españoles, colectivo arbitral, entrenadores, asociaciones de aficionados, Federación de Fútbol, Liga de Fútbol Profesional y la Administración, tanto la de Interior como la Secretaría de Estado para el Deporte- tomaron esta iniciativa para favorecer un clima de ausencia de violencia y tomar conciencia de la problemática que existe en los estadios de fútbol. Por tanto, se han tomado iniciativas, pero tenemos que seguir avanzando como lo están haciendo países de nuestro entorno así como organizaciones internacionales, entre ellas el Comité Olímpico Internacional, la FIFA, la UEFA, que están muy satisfechas con el interés de nuestro país en la lucha contra la violencia.


Señorías, a esta ley se han presentado dos enmiendas a la totalidad, basadas ambas en la invasión de competencias en el ámbito deportivo y en el de la seguridad pública por parte del Estado. Este grupo parlamentario entiende que no se produce ninguna invasión competencial por parte del Estado. Teniendo en cuenta los estatutos de autonomía, la Constitución y otros antecedentes, se ha redactado la disposición adicional octava del proyecto de ley, en donde se despejan dudas tanto sobre el reparto competencial como sobre el respeto a las competencias de las comunidades autónomas; pero no solamente en la disposición adicional octava, también en la disposición final primera del proyecto de ley se abunda en el mismo sentido. Señorías, el deporte une y no separa. El Gobierno -y ustedes lo saben- no tiene la menor intención de invadir ninguna competencia que esté regulada en los diferentes estatutos de autonomía. Por tanto, este grupo parlamentario solicita desde la sinceridad política que el Grupo Parlamentario Catalán de Convergència i Unió y el Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana retiren la enmienda de totalidad a esta ley. Nos comprometemos a trabajar para que cualquier duda sobre posibles conflictos

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de competencias se resuelva desde el diálogo, y lo hemos intentado ya.
Señoras y señores diputados, este proyecto de ley, si ustedes así lo aprueban, comienza hoy su andadura parlamentaria. Viene con un amplio consenso social y es de desear que obtenga también un amplio consenso y respaldo político. Tenemos tiempo de abrir un amplio espacio de debate y de diálogo que nos lleve si cabe a mejorar el proyecto de ley entre todos, señorías, entre todos los grupos parlamentarios. Señorías, el deporte necesita de limpieza y juego limpio. El Grupo Parlamentario Socialista está abierto al diálogo y, como les he dicho anteriormente, a lograr el mayor consenso posible en aspectos generales y también en los competenciales, como nos ha pedido el señor Maldonado, desde la más absoluta coherencia.


Muchas gracias, señor presidente. (Aplausos.)

El señor PRESIDENTE: Gracias, señora Gómez.


Señora ministra, cierra el debate.


La señora MINISTRA DE EDUCACIÓN Y CIENCIA (Cabrera Calvo-Sotelo): Muchas gracias, señor presidente.


Sin ánimo en absoluto de reabrir el debate, sí quería señalar el agradecimiento del ministerio a los grupos parlamentarios que han anunciado su apoyo a este anteproyecto de ley -a Coalición Canaria, a Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya Verds y al Grupo Parlamentario Popular- y a los grupos parlamentarios que han presentado enmienda a la totalidad y a quien ha anunciado que va apoyar esas enmiendas, que en su tramitación parlamentaria en Comisión encontraremos la manera de coincidir dentro del máximo respeto, desde luego, al Estado de las autonomías y a los estatutos de autonomía vigentes.


Muchas gracias. (Aplausos. -El señor Martínez-Pujalte López pide la palabra.)

El señor PRESIDENTE: Señor Martínez-Pujalte, ¿a qué efectos pide la palabra?

El señor MARTÍNEZ-PUJALTE LÓPEZ: Es una cuestión de orden.


Señor presidente, usted esta mañana ha dicho que todas las votaciones se iban a producir al acabar todos los puntos del orden del día. Este diputado ha preguntado y usted le ha insultado, y pido que retire las palabras que ha dicho contra los diputados esta mañana.


El señor PRESIDENTE: Señor Martínez-Pujalte, desde luego no entiendo su actitud, pero créame que no le he insultado porque no se me ocurriría insultarle nunca. Solo le he pedido que deje al presidente dirigir y que deje de enredar, pero dejar de enredar no quiere decir insultar a nadie.
Por favor, siéntese y tengamos la fiesta en paz.


Llamamos a votación. (El señor Martínez-Pujalte López: Señor presidente, el que está enredando es usted. Está enredando desde primera hora de la mañana, señor presidente.)

CONVALIDACIÓN O DEROGACIÓN DE REALES DECRETOS-LEYES. (VOTACIÓN.)

-REAL DECRETO-LEY 10/2006, DE 10 DE NOVIEMBRE, POR EL QUE SE MODIFICAN LOS TIPOS IMPOSITIVOS DEL IMPUESTO SOBRE LAS LABORES DEL TABACO. (Número de expediente 130/000037.)

El señor PRESIDENTE: En primer lugar, votación de la convalidación o derogación del Real Decreto-ley 10/2006, de 10 de noviembre, por el que se modifican los tipos impositivos del impuesto sobre las labores del tabaco.


Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 323; a favor, 320; en contra, uno; abstenciones, dos.


El señor PRESIDENTE: Queda aprobado.


¿Algún grupo parlamentario desea que se tramite como proyecto de ley? (Pausa.)

ENMIENDAS DEL SENADO. (VOTACIONES.)

-PROPOSICIÓN DE LEY REGULADORA DE LA GESTIÓN DE LA DEUDA EXTERNA. (Número de expediente 122/000019.)

El señor PRESIDENTE: Votación de las enmiendas del Senado a la proposición de ley reguladora de la gestión de la deuda externa. Votación de las enmiendas a la disposición adicional primera.


Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 323; a favor, ocho; en contra, 315.


El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.


Votación de las enmiendas a las disposiciones adicionales cuarta y quinta (nuevas).


Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 319; a favor, 300; en contra, 12; abstenciones, siete.


El señor PRESIDENTE: Quedan aprobadas.


Votación de las enmiendas a las disposiciones adicionales sexta y séptima (nuevas).


Comienza la votación. (Pausa.)

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Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 322; a favor, 15; en contra, 307.


El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.


Votación de las enmiendas a la disposición transitoria tercera (nueva).


Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 323; a favor, 323.


El señor PRESIDENTE: Quedan aprobadas.


Votación de las enmiendas a la disposición transitoria cuarta (nueva).


Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 321; a favor, 304; en contra, uno; abstenciones, 16.


El señor PRESIDENTE: Quedan aprobadas.


Votación del resto de las enmiendas del Senado.


Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 321; a favor, 321.


El señor PRESIDENTE: Quedan aprobadas.


-PROPOSICIÓN DE LEY RELATIVA A LA INCLUSIÓN EN EL RÉGIMEN GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL Y A LA EXTENSIÓN DE LA PROTECCIÓN POR DESEMPLEO A DETERMINADOS CARGOS PÚBLICOS Y SINDICALES. (Número de expediente 122/000142.)

El señor PRESIDENTE: Votación de las enmiendas del Senado a la proposición de ley relativa a la inclusión en el régimen general de la Seguridad Social y a la extensión de la protección por desempleo a determinados cargos públicos y sindicales. Votamos en bloque las enmiendas del Senado.


Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 322; a favor, 321; abstenciones, una.


El señor PRESIDENTE: Quedan aprobadas.


-PROYECTO DE LEY ORGÁNICA POR LA QUE SE MODIFICA LA LEY ORGÁNICA 5/2000, DE 12 DE ENERO, REGULADORA DE LA RESPONSABILIDAD PENAL DE LOS MENORES.
(Número de expediente 121/000076.)

El señor PRESIDENTE: Votación de las enmiendas del Senado al proyecto de ley orgánica por la que se modifica la Ley Orgánica 5/2000, de 12 de enero, reguladora de la responsabilidad penal de los menores.


Votación de las enmiendas al artículo único, apartado uno y artículo único, apartado tres.


Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 324; a favor, 304; en contra, 20.


El señor PRESIDENTE: Quedan aprobadas.


Votación de las enmiendas al artículo único, apartados número dieciocho bis (nuevo), dieciocho ter (nuevo), diecinueve, veintitrés y treinta y tres.


Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 324; a favor, 318; en contra, seis.


El señor PRESIDENTE: Quedan aprobadas.


Votación de las enmiendas al artículo único, apartado cuarenta y cuatro (nuevo).


Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 322; a favor, 192; en contra, 130.


El señor PRESIDENTE: Quedan aprobadas.


Votación de la enmienda a la disposición derogatoria única.


Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 323; a favor, 15; en contra, 306; abstenciones, dos.


El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.


Votación del resto de las enmiendas del Senado.


Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 324; a favor, 186; en contra, 136; abstenciones, dos.


El señor PRESIDENTE: Quedan aprobadas.


VOTACIÓN DE CONJUNTO.


El señor PRESIDENTE: Votación de conjunto por tener la iniciativa carácter orgánico.


Comienza la votación. (Pausa.)

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Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 323; a favor, 185; en contra, 136; abstenciones, dos.


El señor PRESIDENTE: Queda aprobada. (Aplausos.)

DEBATES DE TOTALIDAD DE INICIATIVAS LEGISLATIVAS (VOTACIÓN.)

-PROYECTO DE LEY CONTRA LA VIOLENCIA, EL RACISMO, LA XENOFOBIA Y LA INTOLERANCIA EN EL DEPORTE. (Número de expediente 121/000093.)

El señor PRESIDENTE: A continuación, procedemos a la votación del punto 41: Debates de totalidad de iniciativas legislativas. Enmiendas de totalidad de devolución del proyecto de ley contra la violencia, el racismo, la xenofobia y la intolerancia en el deporte.


Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 323; a favor, 29; en contra, 287; abstenciones, siete.


El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.


DEBATES DE TOTALIDAD DE INICIATIVAS LEGISLATIVAS:

-PROYECTO DE LEY DE SUELO. (Número de expediente 121/000096.)

El señor PRESIDENTE: Continuamos con las dos enmiendas a la totalidad. Si no me hago recriminar, el presidente les había dicho que votaríamos en torno a la una. Hemos comenzado a la una y cinco y el presidente cree que en torno a las tres de la tarde estaremos en condiciones de votar, si no me recrimina nadie. (Aplausos.)

Para la presentación del proyecto, tiene la palabra la señora ministra de la Vivienda. (Rumores.)

Por favor, vamos a agilizar el debate. Señorías, por favor, les ruego que, si han decidido abandonar el hemiciclo, lo hagan rápidamente porque perdemos mucho tiempo.


Adelante, señora ministra.


La señora MINISTRA DE VIVIENDA (Trujillo Rincón): Gracias, señor presidente.


Señorías, comparezco ante el Pleno de esta Cámara para presentar el proyecto de Ley de suelo, aprobado por el Consejo de Ministros el pasado 17 de julio. Es un proyecto en contra de la especulación urbanística, a favor de la transparencia y la participación de los ciudadanos y para hacer ciudades más sostenibles y cohesionadas. Esta iniciativa es el resultado de un arduo y prolongado trabajo de elaboración y negociación, que ha pasado por una fase de consultas con todas las administraciones afectadas y con las organizaciones más representativas del sector. Yo misma lo presenté a la comisión ejecutiva de la Federación Española de Municipios y Provincias, a la Conferencia sectorial sobre suelo y vivienda y presidí la pasada primavera una quincena de reuniones con más de veinte organizaciones sociales, empresariales y profesionales, desde los colegios profesionales de arquitectos, arquitectos técnicos, geógrafos, geólogos, notarios y registradores, pasando por las organizaciones empresariales de constructores, promotores públicos y privados, cooperativas y sindicatos, así como el Consejo de la Juventud, los representantes de las personas con discapacidad o las principales organizaciones ecologistas. Todos ellos han tenido la oportunidad de trasladar sus observaciones, de debatir y contribuir a mejorar el anteproyecto, que ha recibido además el informe favorable de la Federación Española de Municipios y Provincias en la Comisión Nacional de Administración Local y el dictamen favorable del Consejo Económico y Social. El proyecto que el Gobierno ha remitido a estas Cortes sustituirá, si es aprobado por las mismas, a la Ley hoy vigente sobre el régimen del suelo y valoraciones, de 1998.


Señorías, cuando el 30 de octubre de 1997 compareció ante este Pleno el entonces ministro de Fomento para presentar el proyecto de ley de 1998, concluyó su intervención con esta afirmación. Leo literalmente: Con este proyecto, señorías, se inicia un proceso que puede ser el principio de solución para esos dos problemas que tiene el alto coste del suelo entre nosotros; doble efecto, como es limitar seriamente el ejercicio del derecho a la vivienda, el acceso a una vivienda digna de precio asequible y también la competitividad de nuestra economía y de nuestras empresas, para las cuales el coste del suelo es un factor que tarde o temprano termina por incrementar sus costes. (La señora vicepresidenta, Chacón i Piqueras, ocupa la Presidencia.) Pues bien, señorías, este proceso al que se refería el entonces ministro más que liberalizar el suelo lo ha desregulado, y lejos de poner solución a los dos problemas expuestos, los ha acompañado y agravado hasta niveles conocidos por todos los ciudadanos. Sirva como dato que entre 1998 y 2005 el precio de la vivienda libre se incrementó un 150 por ciento y el precio del suelo urbano lo ha hecho nada más y nada menos que en un 500 por ciento, según datos del Banco de España. Por tanto, señorías, está claro que la Ley del Suelo de 1998 no ha cumplido los objetivos entonces declarados por quienes la promovieron: ni ha abaratado el suelo ni ha mejorado el acceso a una vivienda a un precio asequible. Además, en estos años no solo no se han resuelto los problemas mencionados, sino que también se han agravado otros y han aparecido nuevos. En primer lugar, me refiero a un problema ambiental de primer orden, alimentado por un

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proceso de urbanización acelerada y extensiva de suelo en el que muchas veces no se ha evaluado, prevenido ni corregido su impacto sobre el territorio y el paisaje. En segundo lugar, a un problema social preocupante, ya que durante estos años la promoción de vivienda protegida cayó hasta mínimos históricos, haciendo aún más difícil el acceso a la vivienda de importantes colectivos de nuestra población. Y en tercer lugar, a un problema político que ha generado una importante alarma social, como son los casos de especulación de suelo y la corrupción asociados a los mismos. Señorías, no afirmaré que la actual Ley sobre régimen del suelo y valoraciones ha causado estos tres problemas, porque sería una simplificación injusta, pero sí puede decirse que no contiene ninguna medida para prevenirlos ni para combatirlos. Como decía antes, señorías, la Ley de 1998 no ha conseguido los objetivos perseguidos. Por cierto, todos eran estrictamente económicos, sino que ha olvidado o postergado otras dimensiones importantísimas de la regulación de los usos del suelo tales como la ambiental o la social. Por eso, señorías, el Gobierno cree que hace falta un cambio de rumbo en la materia y la opinión pública, la ciudadanía, demanda cada día más que se adopten medidas decididas para combatir la especulación y la corrupción, para garantizar un desarrollo urbano que sea sostenible y para favorecer el acceso a la vivienda. Está claro que estas medidas tienen que venir de los tres niveles territoriales de Gobierno y que, en lo que toca al Gobierno de la nación, no pueden ceñirse a la reforma de la Ley del Suelo, pero sí que pasan por esta reforma legal que vienen reclamando varios grupos de esta Cámara, además del socialista.


El Gobierno presenta hoy un proyecto de ley que, ante todo, definiría como un proyecto innovador. Propone una renovación valiente de las bases del régimen jurídico del suelo, unas bases que combinan la eficiencia económica con la calidad ambiental y con la cohesión social. Esta innovación, que creemos que es absolutamente necesaria y pertinente a la vista de la situación que les he descrito muy someramente, ha suscitado dudas sobre la adecuación a la distribución competencial en la materia en algunos de los grupos de esta Cámara. Comprendo esas dudas, aunque desde luego no las comparto. El proyecto de ley hace, como digo, un uso innovador de los títulos competenciales relativos a la ordenación y gestión del suelo, porque la situación y los problemas actuales de los mercados de suelo son muy distintos de los de hace una década, pero esta innovación no invade las competencias autonómicas, antes al contrario, avanza hacia su respeto más pleno. Efectivamente, el proyecto de ley es respetuoso al máximo con la distribución de competencias y está plenamente inspirado en la jurisprudencia constitucional en la materia.
Por eso, por primera vez, evita utilizar y definir categorías estrictamente urbanísticas, tales como los tipos de planes, las clases urbanísticas de suelo, el aprovechamiento urbanístico, etcétera, y además abre el margen de decisión al legislador autonómico. Por ejemplo, en la horquilla de participación de la comunidad en las plusvalías, que le permite aumentar o rebajar excepcionalmente, de manera que pueda moverse, ordinariamente, entre el 5 y el 15 por ciento y, excepcionalmente, entre el 0 y el 20 por ciento. Los criterios para la clasificación del suelo, que la Ley de 1998 y sobre todo el decreto ley liberalizador de 2000 quisieron cerrar, se abren de nuevo al legislador autonómico. De esta manera el proyecto favorece que las condiciones básicas de la igualdad y las bases que sienta puedan coexistir con los distintos modelos urbanísticos definidos con plena autonomía por las comunidades autónomas.
Además, no puede pasarse por alto que buena parte de los contenidos del proyecto son preceptos que tienen cobertura en títulos competenciales del Estado, cuyo alcance y proyección sobre la materia urbanística ya ha determinado el Tribunal Constitucional, por lo que cabe suponer que están fuera de discusión. Son los casos de los artículos que contienen reglas de derecho civil o referidas a los registros e instrumentos públicos, conforme a lo previsto en el 149.1.8ª de la Constitución, así como otros que contienen reglas de valoraciones y responsabilidad patrimonial, al amparo del artículo 149.1.18ª de la Constitución, por citar solo algunos ejemplos.


Entrando ya en el contenido sustantivo del proyecto, permítanme que resuma sus objetivos en cuatro: primero, ampliar la transparencia del sector y la participación de los ciudadanos en la toma y en el control de las decisiones urbanísticas; segundo, asentar las políticas urbanas sobre las bases de un desarrollo territorial y urbano sostenible; tercero, asegurar una mayor oferta efectiva de suelo para vivienda protegida; y cuarto y último, aumentar la eficiencia de los mercados de suelo, desincentivando la especulación. ¿Cómo se traducen estos objetivos en avances en los tres planos a que me refería al principio de mi intervención, es decir desde el punto de vista económico, ambiental y social? En primer lugar, en el plano económico el proyecto de ley adopta varias medidas para mejorar el funcionamiento de los mercados de suelo para hacerlos más transparentes y eficientes y para combatir la especulación. Por eso, el proyecto favorece la libre competencia en la iniciativa privada, dejando un amplio margen legislativo a las comunidades autónomas, pero garantizando en todo caso a los propietarios el derecho a participar en esa iniciativa. También se salvaguarda que puedan ejercerlo sin atropellos, por lo que prohíbe bajo sanción de nulidad de pleno derecho que los convenios urbanísticos les impongan sin su consentimiento más cargas u obligaciones que las legalmente establecidas. En este plano merece ser destacado, señorías, el nuevo régimen de valoraciones, orientado a tasar la situación real del suelo y también la inversión y el riesgo en su caso asumidos, pero no las meras expectativas, lo que desincentivará las prácticas de clasificación y retención puramente especulativas del suelo. Así lo ha sabido apreciar el Consejo Económico y Social en su dictamen favorable a la ley, con pleno consenso de los representantes de los grupos

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primero y segundo, es decir de los sindicatos y la patronal. El proyecto persigue en suma objetivar criterios de valoración que de un lado aseguren a los operadores una mínima seguridad jurídica y del tráfico para los casos en que se aplican y de otro garanticen la sustitución del bien en el mercado por otro en su misma situación real, pero no en sus mismas expectativas, porque no es función de los poderes públicos garantizar las expectativas, sino combatir la especulación. Recordemos, señorías, que el suelo es el único bien cuya especulación manda impedir expresamente nuestra Constitución en su artículo 47. En segundo lugar, en el plano ambiental el proyecto de ley propone un gran avance en la apreciación del suelo como un recurso natural, escaso y no renovable. Los criterios básicos de utilización del suelo dan buena cuenta de ello. El proyecto ya no intenta hacer del suelo urbanizable la clase residual, como la ley vigente. No compartimos la ponderación de valores que late detrás de este principio, aparentemente liberalizador, que en realidad no ha producido beneficios contra la escalada de precios pero sí lamentables efectos sobre el medio ambiente. Señorías, todo el suelo rural, no solo el suelo especialmente protegido, tiene un valor ecológico y paisajístico.


Esa idea del todo urbanizable también ha dañado los intereses generales urbanísticos al desplazar la decisión del poder público a los propietarios y promotores sobre dónde se urbaniza, favoreciendo los desarrollos dispersos, originando problemas de movilidad, de suministro de agua y otros servicios públicos, como estamos viendo estos años.
Señorías, no se puede afirmar primero que se quiere combatir la especulación y después propiciarla generalizando expectativas urbanísticas por todo el territorio. Urbanizar no es producir solares, urbanizar es hacer ciudad, por tanto también infraestructuras, dotaciones y equipamientos públicos. Reivindicar el urbanismo como una función pública irrenunciable y no susceptible de mercadeo no es un acto de intervencionismo, sino un ejercicio de responsabilidad hoy más que nunca.
También avanzan por el camino de la sostenibilidad las reglas básicas propuestas en el proyecto para la evaluación ambiental de los planes que ordenen actuaciones urbanísticas. La evaluación ambiental de estos planes es una exigencia del derecho europeo y del sentido común, en un país que goza y vive en buena medida de la riqueza paisajística y patrimonial de su territorio. Lo que propone el proyecto es articular esta evaluación de forma que sea eficaz para los fines que persigue, y para ello propone avances tales como que el informe de sostenibilidad ambiental incorpore o remita necesariamente a un mapa de riesgos naturales, así como también evitar duplicaciones de trámites, dilaciones y conflictos entre administraciones, para lo que integra en la evaluación ambiental todos los informes relevantes que ya son preceptivos según nuestra legislación en vigor, como son los de agua, costa o carreteras por ejemplo

Pasando del plano económico al plano social, en tercer y último lugar, el proyecto de ley propone asimismo avances de relieve. Este es un proyecto de ley orientado a la ciudadanía, que enuncia por primera vez un catálogo mínimo de derechos y deberes de los ciudadanos en relación con el suelo y el urbanismo, recuperando la noción de ciudad como espacio colectivo en el que disfrutar y ejercer la ciudadanía. Las leyes estatales de suelo anteriores se han centrado en los derechos de los propietarios. Este proyecto que presenta el Gobierno propone completar esta perspectiva con la de los derechos de los ciudadanos no propietarios, que también se ven afectados muy directamente por lo que ocurra con el urbanismo. El Tribunal Constitucional ha declarado que la forma natural de expresión de la competencia estatal para establecer las condiciones básicas de la igualdad en el ejercicio de los derechos y el cumplimiento de los deberes constitucionales es a través del enunciado de principios y reglas generales, por eso el proyecto de ley enuncia algunos principios generales como los del desarrollo sostenible o participación, junto a otros más novedosos como los de accesibilidad universal, seguridad, movilidad, eficiencia energética, garantía de suministro de agua o igualdad de trato y de oportunidades entre hombres y mujeres, todos ellos inspirados en las orientaciones más modernas de las políticas europeas en la materia.


Señorías, estos principios generales que les acabo de citar se acompañan de algunas reglas básicas de transparencia que aumentan el control de los ciudadanos sobre las decisiones urbanísticas que se tomen en planes y convenios, porque es básico que los ciudadanos puedan participar en esas decisiones y no ya de manera formal, consultando una documentación que no entienden, sino de manera real. Si se lo facilitamos, habremos adoptado la mejor medida preventiva contra la corrupción. Por eso el proyecto exige que no solo los planes se sometan a información pública antes de su aprobación, sino también los convenios urbanísticos. No puede ser que la Administración asuma de espaldas a los ciudadanos compromisos que afectan diaria, directa y poderosamente a sus propiedades, a sus viviendas y a la calidad del medio en el que viven. Consideración especial merecen también las medidas a favor de una oferta real de vivienda protegida que contribuya a moderar la escalada de precios y, sobre todo, que facilite el acceso a la vivienda de quienes se ven excluidos del mercado libre. Me refiero a la reserva mínima de un 25 por ciento del nuevo suelo residencial para vivienda protegida y las medidas adoptadas para asegurar que este uso de interés social del suelo se cumpla efectivamente, porque de nada sirven los estándares y reservas si no se cumplen ni se hacen cumplir. Imagino que algunas de SS.SS. considerarán ese estándar demasiado bajo, mientras que otras lo creerán excesivo. Al Gobierno le parece una medida coherente y razonable con los objetivos del nuevo plan de vivienda, habida cuenta de que es un mínimo que pueden aumentar las comunidades autónomas. Lo cierto es que alguna de ellas todavía no tiene estándar legal alguno o lo establece en cantidades tan escasas como

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el 10 por ciento, lo que dificulta sobremanera que se promueva suficiente vivienda protegida en sus territorios. Esta reserva del proyecto de ley quiere garantizar que haya suelo para que puedan promoverse suficientes viviendas protegidas, moderarse así los rigores de la evolución reciente de nuestros mercados de suelo y vivienda y evitar que sigan expulsando a colectivos tan amplios de nuestra población del acceso a la vivienda. Por eso esta medida tiene un alcance básico y en consecuencia tiene también cobertura competencial. Concurre en este mismo objetivo la regulación propuesta para la participación de la comunidad en las plusvalías. Como saben, señorías, el Tribunal Constitucional tiene sentado que el Estado no puede fijar el porcentaje de esta participación, pero sí un máximo y un mínimo, es decir una horquilla dentro de la cual puede moverse el legislador autonómico. La ley actual fija esta horquilla entre el cero y el 10 por ciento y el proyecto propone dos caminos: situarla entre el 5 y el 15 por ciento, y permitir al legislador autonómico fijarla excepcionalmente por encima del 15 por ciento, hasta el 20 por ciento, o por debajo de ese 5 por ciento cuando se trate de actuaciones excepcionalmente lucrativas o poco lucrativas respectivamente. Se aumenta de esta forma el margen de decisión a la legislación autonómica permitiéndole adaptarla a la rentabilidad real de las actuaciones, es decir a la plusvalía real, que es justamente en lo que la Constitución manda que participe la comunidad. Más importante que el grado o nivel de suelos destinados a vivienda protegida, ya sean privados o públicos, es que dicho destino de interés social se cumpla efectivamente, acabando con la tolerancia hacia las malas prácticas. El Plan de Vivienda 2005/2008 ya prevé alguna medida en ese sentido y también el proyecto de Ley de suelo que presento hoy introduce nuevos controles de legalidad valiéndose de la competencia estatal, por ejemplo sobre los registros e instrumentos públicos. En ese sentido el proyecto obliga a mencionar en las escrituras que los terrenos están destinados a vivienda de protección pública cuando sea el caso. También prohíbe subastar o vender los suelos públicos destinados a vivienda protegida por encima del valor máximo de repercusión del suelo para ese uso social y manda anotar en el Registro de la Propiedad dicho límite para evitar que pueda defraudarse en sucesivas transmisiones. Las nuevas propuestas de regulación de los patrimonios públicos de suelo y del derecho de superficie, por último, modernizan y mejoran los preceptos dedicados a estas materias en el texto refundido de 1992 y que siguen en vigor después de que el Tribunal Constitucional los declarara conformes a las competencias del Estado.


Concluyo, señorías. Esta Cámara representa la soberanía popular y de sus debates surgirán sin duda mejoras al texto del proyecto que ha elevado el Gobierno, porque no hay proyecto perfecto. En un debate de totalidad como este debemos ante todo preguntarnos si alguno de nosotros está dispuesto a trasladar a la ciudadanía el mensaje de que las cosas están bien como están, por eso el Gobierno de la nación ha promovido este proyecto. La opinión pública reclama mejoras y medidas decididas que no acaban en el plano legislativo, pero sí empiezan en él. En definitiva, señorías, les pido que reciban este proyecto y sobre su base trabajen para mejorar el marco estatal de referencia en la materia con tanta determinación como respeto por las competencias autonómicas, de forma que en el futuro la ordenación y gestión del suelo en España pueda ser más transparente, menos especulativa y más sostenible, como sin duda todos deseamos.


Gracias, señor presidente. (Aplausos.)

La señora VICEPRESIDENTA (Chacón i Piqueras): A usted, señora ministra.


Comenzaremos, señorías, con los turnos a favor de las enmiendas a la totalidad presentadas, y lo haremos en primer lugar con el turno del señor Matos, en nombre del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, dado que ha sido la primera de las enmiendas presentadas.


El señor MATOS MASCAREÑO: Señora ministra, parece que la culpa del título de farolillo rojo que le han asignado durante los últimos treinta meses los ciudadanos según la encuesta del CIS es de la Ley 6/98 vigente hasta ahora.


Señora presidenta, señorías, el 19 de octubre de 2004 el presidente de nuestro partido y del grupo parlamentario, Mariano Rajoy, ofreció públicamente al Gobierno un acuerdo nacional sobre suelo y vivienda entre el Estado, las comunidades autónomas y los ayuntamientos. Con esta oferta se trataba de renovar, esta vez desde la oposición, la misma voluntad de diálogo y pacto que había inspirado el acuerdo sobre suelo y vivienda adoptado en el seno de la conferencia sectorial el 22 de enero de 2003, firmado por todas las comunidades autónomas, excepto las gobernadas por el Partido Socialista. En su comparecencia el presidente Rajoy, consciente del poco margen de maniobra que nuestro marco competencial reserva a la Administración del Estado, comprometió la mejor disposición de las comunidades autónomas y ayuntamientos donde gobernamos para llegar a acuerdos y modificar la legislación territorial, incluso la financiación de las corporaciones locales. Esta oferta de diálogo y pacto fue rechazada esa misma tarde por el entonces portavoz parlamentario socialista señor Pérez Rubalcaba. Siguiendo el guión habitual del Partido Socialista, a los seis meses el Gobierno nos remitió una propuesta de pacto totalmente ridícula en la que se recogían párrafos tan llenos de contenido como que las administraciones firmantes se comprometen a ejercitar con eficacia las competencias que tengan atribuidas. En esos momentos tan solo había transcurrido un año desde las elecciones y al parecer todavía no habíamos aprendido la lección. En España solo caben pactos cuando quien los ofrece es el Partido Socialista, esté en el Gobierno o esté en la oposición. Tampoco habíamos aprendido la segunda lección: las leyes aprobadas por el Partido Popular jamás

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se modifican; se destruyen, es decir se sustituyen en su totalidad, y así se traslada a los ciudadanos la sensación de que hasta la llegada del salvador todo se había hecho mal. Solo así se entiende que el Gobierno, si lo que quería era modificar el sistema de valoraciones o sustituir la cesión obligatoria del 10 por ciento por la horquilla entre el 5 y el 15, o el cero y el 20 como ha dicho la ministra, no presentara un proyecto de ley de modificación de los artículos que considerara necesario corregir y optara por la sustitución total, aunque muchos de los artículos digan lo mismo pero con distinta literatura.


Señorías, ese pacto sobre el suelo y vivienda lo ofrecimos porque los principales problemas que aquejan a la vivienda, cuya manifestación más evidente es el precio del suelo y su incidencia en el precio de la vivienda, no exigen soluciones que puedan darse solamente desde una ley estatal del suelo. Por cierto, señora ministra, es clamorosa la ausencia en el preámbulo del proyecto de ley de cualquier mención al objetivo de lograr la moderación del precio de la vivienda. Tanto la Ley 8/90, del Gobierno socialista de Felipe González, como la vigente Ley 6/98, del Gobierno del Partido Popular, se refieren en el primer párrafo de su preámbulo a la necesidad de lograr la moderación del incremento del precio de la vivienda. Es la primera vez en nuestra democracia que una ley del suelo no plantea la necesidad de moderar el precio del suelo, por tanto el de la vivienda, y eso me resulta incomprensible. Señorías, la necesaria modificación, agilizando los procedimientos de tramitación de los instrumentos de transformación del suelo urbanizable en solares aptos para edificar, sobre todo para vivienda protegida, la generalización de los instrumentos de gestión que eviten la retención especulativa del suelo, como cualquier otro instrumento de gestión, son competencias exclusivas de las comunidades autónomas. Favorecer a las corporaciones locales que puedan constituir y desarrollar los patrimonios públicos de suelo no es solo una cuestión urbanística; es sobre todo un problema de financiación y de reforma de la Ley de Haciendas Locales. La dinamización del mercado de alquiler, tan necesario no solo para facilitar el acceso a la vivienda sino también para moderar el precio de venta, tampoco es un problema urbanístico, sino de reforma de la Ley de Arrendamientos Urbanos, de la Ley de Enjuiciamiento Civil y de la Ley Orgánica del Poder Judicial. Por lo tanto, el proyecto de ley no da respuesta a los problemas actuales del sector de la vivienda, y ese es el primer motivo de la presentación de nuestra enmienda a la totalidad. Si el proyecto de ley no da respuesta a los problemas reales de la vivienda tampoco da respuesta a los objetivos que, según viene proclamando durante los últimos meses la ministra, pretende perseguir. La ministra ha manifestado que esta ley contribuirá a frenar la especulación y la corrupción urbanística. Absolutamente falso, señora ministra. He leído decenas de veces el texto del proyecto de ley sin encontrar ningún artículo que incorpore un control que evitara la especulación y la corrupción urbanística, y si no es así suba y dígalo desde esta tribuna. No los encontré pero me topé con una nota de prensa de la ministra que explicaba a qué se refería. Decía: La ley contribuirá a frenar a la corrupción y la especulación urbanística, ya que los planes se someterán a información pública y se exige la elaboración de un resumen ejecutivo de esos planes.
Señora ministra, no hay en el territorio nacional ni una sola ley urbanística ni estatal ni autonómica que no obligue a someter a información pública los planes de ordenación o desarrollo, y si usted conoce alguna suba aquí y dígalo. Me fui al artículo 11.2 de proyecto de ley para ver en qué consistía el célebre resumen ejecutivo, y dice: Contendrá la delimitación del ámbito al que afecta con un plano de situación y la delimitación de los ámbitos en los que se suspenda la ordenación y la duración de la suspensión. Usted dice a los españoles que esta ley va a acabar con la corrupción porque en la información pública que siempre se ha hecho se va a aportar un planito de situación. Esto es completamente ridículo y debería sonrojar a quien lo manifiesta.


La ministra también viene proclamando que la ley posibilitará una mayor disponibilidad de suelo para vivienda protegida, y para ello cita constantemente dos de sus propuestas estrella. La primera, la reserva del 25 por ciento del suelo de uso residencial para vivienda protegida. Pues bien, además de que el Estado carece de competencias para establecer ese porcentaje, su propuesta es todo menos nueva. La inmensa mayoría de las comunidades autónomas ya contemplan la reserva de suelo para vivienda protegida: Andalucía el 30 por ciento; Aragón el 40; Asturias el 30; Canarias el 20; Cantabria el 30; Castilla y León entre el 10 y el 30; Castilla-La Mancha el 50; Cataluña el 20; Extremadura el 25; Galicia el 20; Madrid el 50; Murcia el 10; Navarra el 50; La Rioja el 30; Valencia entre el 25 y el 40 y el País Vasco entre el 40 y el 75. Lo dicho: absolutamente nada nuevo. La segunda propuesta estrella de la ministra o de la ley es la fijación del porcentaje del suelo de cesión obligatoria en una horquilla que va del 5 al 15 por ciento o, como ha dicho usted, del cero al 20, y en la vigente Ley del Suelo se fija en el 10. Para esa modificación, con independencia de que nosotros creemos que se incrementará un 20 por ciento el precio del suelo y por lo tanto el de la vivienda, no hacía falta la sustitución total de la ley. Otra propuesta estrella es abrir en su artículo 6 el derecho de iniciativa a particulares que no sean propietarios del suelo; es lo que se conoce como ejecución por sustitución, ejecución empresarial o agente urbanizador.
Nosotros no somos contarios a ese instrumento de gestión. Lo que ocurre es que la regulación de todos los instrumentos de gestión es una competencia exclusiva de las comunidades autónomas y no del Estado, como lo recuerdan otras enmiendas a la totalidad que han presentado y que se debatirán con posterioridad a la mía. Además este instrumento es otra vez todo menos nuevo. El 80 por ciento de las comunidades autónomas ya recogen ese instrumento de gestión. De lo expuesto -nada nuevo hasta ahora- se desprende que

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lo único que persigue el proyecto de ley es abaratar el precio en las expropiaciones. En el caso de que se inicie un procedimiento de expropiación para hacer una vía, un colegio o la ejecución de un plan parcial por compensación en los que exista propietarios minoritarios no adheridos, o por cooperación, o por ejecución, por sustitución, el agente urbanizador, al propietario no se le pagará lo que su suelo vale y así le saldrá más barato a la Administración o al promotor inmobiliario. Este abaratamiento lo plantea el Gobierno por dos vías: la primera, destruyendo la tradicional clasificación de suelo de no urbanizable, urbano y urbanizable, absolutamente arraigada en nuestro acervo jurídico, cultural y social y que jamás había planteado conflicto alguno, sustituyéndola por una nueva clasificación que la ley llama situaciones básicas del suelo reduciéndolas a dos: suelo rural y suelo urbanizado, y negando de forma totalmente artificiosa la existencia del suelo urbanizable. Ese artificio llega a tal nivel que dice que es suelo rural, además del considerado tradicionalmente como rústico o no urbanizable, el suelo para el que los instrumentos de ordenación territorial y urbanística prevean o permitan su paso a la situación de suelo urbanizado hasta que esté terminada la urbanización, es decir donde se puedan construir viviendas. Según el proyecto de ley tiene la misma clasificación o situación -suelo rural- un parque nacional, una finca de plátanos, un prado donde pasten cerdos, un monte y un plan parcial donde el ayuntamiento prevea en el futuro la construcción de viviendas o de naves industriales. ¿A quién se le ha ocurrido este disparate? Ahora resulta que no se le ha ocurrido a nadie. ¿Nadie le ha dicho a la ministra que es imposible que tenga una misma clasificación urbanística -suelo rural- una finca de plátanos y un plan parcial de vivienda? Ese disparate lo plantean con la única finalidad de decir a continuación que todo el suelo rural se pagará, en caso de expropiación, calculando su precio mediante el sistema de capitalización de renta anual real o potencial, es decir atendiendo al rendimiento de una explotación. En resumen y volviendo al ejemplo de antes, se pagará lo mismo por una finca de plátanos que por un terreno que esté en un plan parcial en el que en el futuro se puedan construir viviendas. Además, se pagará mucho menos que con la ley actual porque se elimina la referencia al valor por comparación de fincas análogas de las que se tenga referencia.


También cambia el sistema de cálculo del precio respecto al suelo urbano, que hasta la fecha se establece según el aprovechamiento, es decir el valor básico de repercusión de las ponencias catastrales. Señorías, sé que con este sistema al Gobierno, a las comunidades autónomas, a los ayuntamientos y a los promotores inmobiliarios las expropiaciones les van a salir más baratas, pero es totalmente injusto que un ciudadano tenga la mala suerte de que le pase por su terreno una vía, una carretera o una actuación urbanística y no se le pague realmente a lo que vale. En este punto, señora ministra, quiero contestar a dos falsedades que algunos dirigentes socialistas -incluido usted- se hartan de repetir. La primera es que la actual ley del Partido Popular declara urbanizable casi todo el suelo en España. Quien dice eso no menciona nunca que la ley lo primero que hace es definir lo que es suelo no urbanizable en su artículo 9, que dice que es aquel que el planeamiento general considera necesario preservar por su valor agrícola, forestal, ganadero o por sus riquezas naturales, así como aquel otro que se considere inadecuado para el desarrollo urbano. El artículo 12 de su proyecto de ley dice que es suelo rural el que deba quedar sujeto a protección, de acuerdo con sus valores agrícolas, ganaderos, forestales, paisajísticos, así como aquel con riesgos naturales, incluidos los de inundación. El artículo de suelo rural es exactamente igual que el de suelo no urbanizable en ambas leyes, salvo lo de las inundaciones; por lo tanto, señora ministra, pura demagogia. La segunda falsedad es que la ley del Partido Popular permite que se paguen las expropiaciones por las expectativas, es decir a un precio especulativo; absolutamente falso. El artículo 27 de la vigente Ley del Suelo en su apartado 1 dice: En cualquier caso se descartarán los elementos especulativos del cálculo y aquellas expectativas cuya presencia no esté asegurada. Si a todos estos argumentos sumamos la literatura demagógica del proyecto de ley -en su artículo 2 habla, por primera vez en la ley urbanística, de la igualdad de trato y de oportunidades entre mujeres y hombres- y que hay artículos que violan el marco competencial que reside en las comunidades autónomas, entenderán que hay argumentos más que suficientes para solicitar de este Pleno la devolución al Gobierno del presente proyecto de ley.


Señorías, para finalizar les voy a dar otro argumento de peso. Esta la ley tiene 37 artículos, estas son las enmiendas presentadas, 303. Esta ley es tan mala, señora ministra, que los grupos que apoyan al Gobierno -los socios Esquerra Republicana, Izquierda Unida y el Partido Socialista- han presentado a esta ley de 37 artículos 164 enmiendas y el socio suplente, Convergència i Unió, ha presentado 58 enmiendas y una enmienda a la totalidad. Fíjese, señora ministra, si es mala. Ustedes saben, incluidos diputados socialistas, que esta ley es inútil, aunque sus consecuencias no se verán lamentablemente hasta principios de la próxima legislatura.
Tengan un poco de sentido común y apoyen esta enmienda de devolución.


Muchas gracias. (Aplausos.)

La señora VICEPRESIDENTA (Chacón i Piqueras): A usted, señor Matos, muchas gracias.


Continuamos con el turno del siguiente grupo parlamentario enmendante, Grupo Parlamentario Mixto, y, en particular, el Bloque Nacionalista Galego. Por tanto será su portavoz, el señor Rodríguez, quien defienda la enmienda presentada a este proyecto.


El señor RODRÍGUEZ SÁNCHEZ: Gracias, señora presidenta.


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El Bloque Nacionalista Galego considera legítima la posición del Grupo Parlamentario Socialista y, en particular, del Gobierno, manifestada ya desde las épocas en que estaba en la oposición, de derogar la Ley 6/1998, de régimen del suelo y valoración para expropiaciones, porque, según el criterio del Grupo Socialista, es una ley, como dijo la señora ministra, incapaz de frenar la especulación e indirectamente puede ser responsable de no poder paliar o reducir la corrupción en la medida en que sería necesaria, y mucho más en una atmósfera social como en la que estamos viviendo, donde la intervención de carácter mediático condiciona el debate político. De todas maneras, consideramos que la preocupación por el suelo y la vivienda es un tema que podemos compartir mayoritariamente.
Efectivamente, cuando el Partido Socialista accedió al Gobierno del Estado se plantearon medidas en contra de promover segundas viviendas para segunda residencia y reducir las desgravaciones fiscales en un sentido negativo o plantear la necesidad de pisos de alquiler o pisos para la juventud. Desde luego, el Bloque Nacionalista Galego comparte totalmente este tipo de pretensiones.


En la primera versión de esta ley está claro que se hacía un tipo de interpretación y se daban soluciones mucho más radicales que en la actual, sin duda debió de haber algún conflicto dentro de los intereses económicos que defiende en concreto el vicepresidente del Gobierno y las intenciones más sociales del Ministerio de Vivienda. En todo caso, nosotros consideramos que está bien hacer una ley para librarnos del urbanismo salvaje, para lograr ciudades más sostenibles y para lograr más accesos a la vivienda. El problema para nosotros está en que hay algunas cuestiones de procedimiento y algunas cuestiones de contenido que pensamos que no son totalmente acertadas. En primer lugar, las cuestiones de procedimiento. Honradamente pensamos que se podrían haber establecido objetivos coherentes y mejoras a través de modificaciones puntuales de la legalidad vigente. Por ejemplo, estamos de acuerdo en que hay que eliminar la desregulación del suelo que posibilitaba la Ley 6/1998, que modificando un artículo de esa ley se podía haber logrado. Fijar mínimos de viviendas sujetas a algún tipo de protección se podría hacer exactamente igual, objetivo que compartimos, y la participación pública en las plusvalías también se podría hacer a través de la inclusión de algún apartado en algún artículo de la Ley de 1998. Echamos en falta que no se haya asumido con mayor radicalidad, o con una radicalidad en función de las necesidades, el problema del parque de viviendas de alquiler y en concreto el de construcción del parque de viviendas para alquiler, medidas claras y menos conflictivas contra la retención de solares y también la agilización en los trámites de carácter urbanístico.
Pensamos que en este momento cualquier ley tendrá problemas y no vamos a caer en la candidez de pensar que ésta va a acabar con la especulación.
En la medida en que éste es un sector económico de gran importancia en el Estado español y que se somete mayoritariamente a la iniciativa privada en nombre de la libertad de empresa y de competencia, y que la iniciativa pública directa de construcción de vivienda no es precisamente hoy una especie de estandarte, como podría haberlo sido en los Estados de la actual Unión Europea en los años cincuenta, sesenta e incluso setenta, pensamos que vamos a tener claras contradicciones y claros límites a la hora de posibilitar una política de vivienda y de suelo que no caiga en la especulación y en la carestía de un bien social tan elemental como éste.


Nos preocupa también, señora ministra, el problema de la valoración del suelo y pensamos que la ley tal como está puede dar pie a que vaya en detrimento de los pequeños propietarios. Efectivamente, cuando se habla de pagar no por lo que supuestamente pueda valer sino por lo que vale en un determinado momento puede provocar que se rebajen los precios de valoraciones a efectos expropiatorios con grave perjuicio precisamente para las personas que tengan más dificultades económicas o menos propiedades. Igual ocurre a la hora de valorar el problema de la productividad del campo. En Galicia, si se hace con este criterio, le puedo asegurar que se va a considerar nula, no se podría justificar la productividad en muchos casos y eso daría pie a expropiaciones muy por debajo del valor que hoy se aplica cuando se hace una carretera, un puente o cualquier otro tipo de obra pública. En todo caso está bien, y la ley lo garantiza mucho mejor, que el aspecto colectivo se garantice a través de mayor dinero para las administraciones públicas por concesiones de licencias. Pero notamos que hay una cierta dejación a la hora de garantizar, en concreto, la transparencia y participación -sobre todo la participación- de la ciudadanía pues, efectivamente, en el preámbulo se afirma con mucha rotundidad pero después, en el articulado queda un poco cojo. Con todo, señora ministra, créame, todas estas deficiencias, siendo importantes, son para nosotros perfectamente asumibles y se pueden intentar mejorar en un proceso de debate posterior, partiendo del criterio de que no somos optimistas sobre la trascendencia práctica de la ley.


Lo que sí es grave para nosotros, y nos gustaría escuchar alguna palabra en el sentido de que puede haber alguna forma de paliarlo, es el problema competencial, en concreto en lo referido a la catalogación o clasificación del suelo y a las competencias de las comunidades autónomas. Está claro que el Estado tiene derecho a clasificar el suelo en nombre de esa política de unidad, a establecer un régimen básico de propiedad y a establecer las reglas de valoración del suelo para expropiaciones. Está claro que a eso dan pie los artículos 149.1 y 149.1.18ª, pero hay que cuidar que esto no tenga consecuencias jurídicas que incidan en las competencias exclusivas de la comunidad autónoma que, como todos sabemos, son: urbanismo, ordenación del territorio y ordenación litoral. Los tipos de suelo autonómicos tienen que guardar cierta equivalencia con los clasificados por las leyes del Estado si no queremos vernos en continuos conflictos, especialmente en algunos lugares como

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Galicia que tienen una peculiaridad total en cuanto a la tipología de suelo, y en especial la referida al núcleo rural, y que los legisladores, en concreto los del Estatuto, ya tuvieron claramente en cuenta. Lo que yo no quiero como representante del Bloque Nacionalista Galego y como representante al servicio de la sociedad gallega es que se puedan producir con esta ley conflictos como los que estamos viviendo ahora, en concreto, por ejemplo, con la Ley de Costas. Y me explico. Está claro cuáles son las competencias exclusivas del Estado, pero no justifica que la legislación estatal asocie a la clasificación del suelo consecuencias jurídicas que inciden en estas competencias. Y vamos a verlo. En concreto, hoy en día nadie duda que las comunidades autónomas son las únicas competentes en materia de ordenación del territorio y urbanismo, tienen capacidad para regular tipos de suelo distintos de los contemplados en la legislación estatal, basándose en sus peculiares modos de asentamiento poblacional.


No obstante, en estos tipos de suelo, como tienen que guardar cierta equivalencia con los clasificados en las leyes del Estado, se producen fenómenos, por ejemplo, como el que hoy en día acontece. Una ley de la comunidad autónoma del año 2000 estaba perfectamente pensada para salvaguardar los núcleos rurales tradicionales de la costa, pero hoy son prácticamente todos ilegales, a pesar de que la legalidad autonómica sí los protege, porque se hace una aplicación de la Ley de Costas del año 1988 que no tiene en cuenta esta peculiaridad. No son aberraciones urbanísticas, no son nuevas construcciones, son asentamientos de 150, 200 ó 300 años. Esto no se puede seguir produciendo. Por eso, para nosotros es fundamental que esta ley se cuide mucho, aunque no sea de forma específica para Galicia, de dejar claro que en la tipología del suelo se puede establecer un núcleo rural, por lo tanto urbanizado, y que será de aplicación la legislación autonómica. En todo caso, los organismos del Estado no pueden contradecir el hecho de que estos núcleos rurales son legales, urbanizados, están asimilados a suelo urbano y, por lo tanto, el Estado se atendrá a esa concepción y no a la de que cualquier organismo público del Estado pueda atacar nada menos que al 50 por ciento de los núcleos de población existentes en el Estado español, en concreto 31.894, que no es producto ni de la irracionalidad ni del desorden, sino de la necesidad económica de un hábitat y de la necesidad cultural que tiene un gran poso histórico detrás. Si no se actúa así, nos vamos a encontrar con que si se aplica en algún tribunal la ley del Estado, la que vamos a aprobar tal y como está, y prevalece sobre cualquier legislación autonómica, son ilegales prácticamente todos los asentamientos de población que hay en Galicia. Comprenderán que esto es un problema. Yo sé que puede no pasar, pero no puede quedar al capricho de la interpretación de un tribunal determinado y, por eso, para nosotros es fundamental.
Créame, señora ministra, que si se busca una solución a esto, no específica para Galicia pero sí que deje clara la tipología competencial de las comunidades autónomas -la sublegalidad en este aspecto, siempre que no contravenga aspectos fundamentales que tengan que ver con la especulación urbanística, con las grandes urbanizaciones, que todo esto se respetará-, nosotros estaríamos en disposición de retirar esta enmienda a la totalidad; si no, nos va a resultar prácticamente imposible.


Me produce pena tener que estar en el año 2006 repitiendo debates que en la etapa de la República los diputados gallegos conscientes tenían continuamente en relación con las leyes del Estado, leyes abstractas, generales, en nombre de la igualdad y que en Galicia provocaban justo el ataque más profundo a la igualdad de las personas que tienen precisamente carácter popular, que están vinculadas al trabajo y que tienen una fenomenología más adecuada con la realidad cultural, socioeconómica y de hábitat del propio país. Es cierto que la Unión Europea anda muy preocupada -no se sabe si es por las urbanizaciones de Levante- con esto de que no haya urbanizaciones dispersas o desordenadas, pero lo de Galicia no tiene que ver con esto. Es la estructura compleja y particular de un país, vinculada a la explotación agraria y tradicional. Si no lo respetamos así, señorías, vamos a repercutir aún más negativamente en zonas despobladas, en declive demográfico, donde el Gobierno gallego está haciendo un intento de recuperación demográfica y de la economía. Esta ley, le vuelvo a repetir, si se aplica literalmente y por encima de la legalidad autonómica, que nadie duda -ningún partido allí se atreve a discutir- esa cuestión hasta el extremo de que es un valor de carácter estatutario, créame que nos van a provocar muchísimos problemas.


Castelao lo recordaba en la etapa de la República desde esta misma tribuna y yo solo les quiero afirmar contundentemente: No a la especulación, no a las edificaciones salvajes, pero sí respeto por la estructura urbana diferenciada de nuestro país, que es distinta a la del resto del Estado.
Cuando en Valencia o en Alicante las construcciones costeras eran prácticamente inexistentes, no había el problema que hay actualmente, Galicia tenía una gran ocupación de su litoral, pero era una ocupación natural, vinculada a la explotación del mar, vinculada incluso a oficios de carácter marino, a oficios de carácter simbiótico entre tierra y mar, y eso ya está provocando, y seguro que la señora Narbona lo conoce, que prácticamente media Palmeira sea ilegal, medio Marín sea ilegal con esta aplicación de la ley del Estado y este error no se puede volver a acometer. Impidamos que no se siga haciendo este tipo de asentamientos en lugares que están hoy vírgenes o en lugares que no tienen la tradición histórica, pero trasladen esto al interior del país y a las zonas rurales: si todo el núcleo rural actual se convierte en rústico, créame que no hacemos un favor al país ni desde el punto de vista social ni desde el punto de vista económico ni desde el punto de vista demográfico ni desde el punto de vista cultural. Espero que puedan acceder por lo menos a dialogar sobre este tema, a negociarlo en alguna manera y, si esto tuviera una vía de

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solución, el Bloque Nacionalista Galego retiraría la enmienda a la totalidad.


Muchas gracias.


La señora VICEPRESIDENTA (Chacón i Piqueras): A usted, señor Rodríguez.


Pasamos, señorías, a la tercera de las enmiendas presentadas a este proyecto de ley que pertenece al Grupo Parlamentario de Convergència i Unió y tomará la palabra el señor Jané en su nombre. Adelante.


El señor JANÉ I GUASH: Muchas gracias, señora presidenta.


Señora ministra de Vivienda, señora ministra de Medio Ambiente, señorías, Convergència i Unió ha presentado una enmienda a la totalidad al proyecto de ley del suelo y la ministra de Vivienda defendía su proyecto hace unos minutos destacando que no pretendía la perfección. Decía la ministra: Sé que no siempre es posible un proyecto de ley perfecto. Nosotros no le pedimos, señora ministra, un proyecto de ley perfecto. Le pedimos un proyecto de ley que respete las competencias de las comunidades autónomas. Le pedimos, en el caso de Cataluña, un proyecto de ley que respete el Estatuto aprobado.


Señora ministra, las cosas han cambiado. Tenemos un nuevo marco estatutario en Cataluña; tenemos un nuevo marco estatutario que está publicado en el BOE, que usted debe respetar, su Gobierno debe respetar y esta Cámara debe respetar. Y no estamos respetando el Estatuto de Cataluña, no estamos respetando el artículo 149 del Estatuto de Autonomía de Cataluña. Señora ministra, con el actual marco estatutario el Gobierno no tiene competencia ni título competencial para presentar el proyecto que presenta con el alcance final que se desprende de su articulado.
Incluso sería más lógico que lo presentara su compañera de escaño, la señora Narbona, porque entre los títulos competenciales que se citan sí que se cita el de medio ambiente, pero usted se agarra a su ministerio, justifica su ministerio y justifica este proyecto de ley que pretende impulsar con un gran título horizontal que es el gran argumento de laminación competencial que el propio Tribunal Constitucional ha tenido que destacar en reiterada jurisprudencia. Usted se basa en el artículo 149.1.1ª, que da al Estado la regulación de las condiciones básicas que garantizan la igualdad en el ejercicio de los derechos y en el cumplimiento de los deberes constitucionales, y ese título no vale para todo, señora ministra, ese título no le vale en este caso para conculcar el Estatuto de Autonomía de Cataluña. El propio Tribunal Constitucional en reiteradas sentencias ha venido a destacar ese título de manera clara, y le voy a citar simplemente una de ellas, la sentencia 37/1987 -y usted las conoce bien porque, al igual que el portavoz que les habla, tiene una dedicación al derecho constitucional-, que dice que el 149.1.1ª no puede interpretarse de forma que se vacíen las competencias atribuidas a las comunidades autónomas. Y ustedes las vacían, las ignoran, quieren justificar esas medidas de la Ley del Suelo y pretenden -y nosotros lo compartimos también- adoptar medidas contra la especulación urbanística, claro que sí, pero no a través de un proyecto de ley que conculque competencias autonómicas. Cada Administración pública tiene que cumplir sus cometidos, cada Administración pública tiene que adoptar las medidas, pero no podemos a partir de ese título genérico, tener el paraguas que nos lo permita todo. Ese artículo 149.1.1.ª no es un chicle que se vaya alargando como una gran mampara competencial que quiera dar una competencia a estas Cortes Generales que no tienen. La Constitución es clara y los estatutos de autonomía también. La propia jurisprudencia del Tribunal Constitucional en esta materia lo ha aclarado de manera concisa y ustedes quieren ampliar las competencias del Estado a costa de las comunidades autónomas; no es ese el camino. Señora ministra, ¿sabe cuál era el camino? El camino era el que intentamos prefijar en esta misma Cámara cuando aprobamos una moción en la que pedimos un pacto de Estado.
Un pacto de Estado en materia de suelo y vivienda no conculca competencias, porque el pacto de Estado son medidas que todos nos comprometemos a impulsar, cada uno desde su ámbito competencial, respetando las atribuciones de las comunidades autónomas, las atribuciones de las corporaciones locales y las atribuciones de su ministerio, pero este no ha sido el camino elegido por su ministerio. Su ministerio ha querido elegir el camino de la legislación a toda costa y esta no va a ser la varita mágica que nos ayude a superar el problema de especulación que se ha dado en determinadas zonas del territorio español; esta ley no va a ser la varita mágica, y usted lo sabe. Ustedes tienen una política de vivienda que, como sabe, señora ministra, nuestro grupo no comparte.


Igual que le decía que ustedes no están respetando el Estatuto de Autonomía de Cataluña que han aprobado estas Cámaras, tampoco están respetando en materia de vivienda las propias partidas presupuestarias que se aprobaron en esta Cámara en la Ley de Presupuestos vigente. Voy a ponerle un ejemplo, señora ministra. Si repasamos esta semana, se ha presentado el balance de la ejecución del Presupuesto General del Estado vigente, el del año 2006, y es un balance que abarca el período enero-septiembre. En una partida de su ministerio, el Programa de promoción y ayudas para la rehabilitación y acceso a la vivienda, en ese mismo período, de enero a septiembre del año 2005, se habían ejecutado 525 millones de euros. ¿Qué se ha ejecutado este año? Menos de la mitad: 227 millones de euros. ¿Esto es un impulso a la vivienda? Ustedes, en al Programa de promoción y ayudas para la rehabilitación y acceso a la vivienda, este año ejecutan menos de la mitad de lo que había en el presupuesto del año anterior. Otro ejemplo: subvenciones para la adquisición y rehabilitación de viviendas ¿Qué nos dice el informe que ha presentado el Gobierno esta semana? Nos dice que de enero a septiembre del año 2005 se invirtieron 58 millones de euros. ¿Cómo

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está la partida este año? El Ministerio de Economía y Hacienda nos advierte de que van bien las cuentas públicas, tenemos menos déficit, porque el Ministerio de Vivienda, ante esas subvenciones para la rehabilitación y adquisición de viviendas, ha decidido no invertir ni un solo euro, cero euros. Esta es, señora ministra, una de las causas de esa falta global de planificación en materia de vivienda; esa es, señora ministra, la política de vivienda en este momento inexistente.


Por todo ello, nosotros entendemos que este proyecto de ley del suelo no va a ser la solución, y no va a serlo de manera clara porque desconoce las competencias de las comunidades autónomas y, en el caso de Cataluña, las nuevas y muy concretas competencias que el Estatuto incluye. Durante el debate estatutario, se criticó mucho el Estatuto, por ejemplo, por parte de algunos sectores se decía que el Estatuto de Autonomía de Cataluña era demasiado extenso. Era extenso porque quería concretar el alcance final de cada una de las competencias que se asumían y en el ámbito del suelo, el Estatuto llega a decir que la competencia es exclusiva, que engloba la regulación del régimen urbanístico del suelo, régimen que incluye en todo caso la determinación de los criterios en los diversos tipos de suelo y de sus usos, y que esta competencia incluye también -todo ello dentro del artículo 149.5- la política de suelo y vivienda, la regulación de los patrimonios público de suelo y vivienda, y el régimen de intervención administrativa en la edificación, urbanización y uso del suelo y subsuelo. Ahora las competencias están claras, son concretas. El Tribunal Constitucional va a tener ocasión de pronunciarse sobre este proyecto de ley, porque seguro que comunidades autónomas que están legitimadas para presentar recurso, ante la inversión que se les viene, van a reaccionar con un recurso de inconstitucionalidad. Y sabe usted que, para comprobar desde el Tribunal Constitucional si una ley se adecua o no al ámbito competencial que fija la Constitución, son parámetro de constitucionalidad también los estatutos aprobados. Los estatutos aprobados integran el bloque de la constitucionalidad y son un parámetro para que el Tribunal Constitucional se pronuncie. Este no es el camino.


Corrupción urbanística. Al igual que con el artículo 149.1.1.ª, se ha querido plantear el tema de la corrupción urbanística como ese otro gran paraguas que amparaba esta legislación. Señora ministra, nosotros compartimos que la corrupción urbanística debe atajarse y, si no prosperan las enmiendas a la totalidad, tendrá a mi grupo dispuesto en las enmiendas al articulado para buscar medidas concretas. Ya le propongo una sobre la que es competente su Gobierno. Su Gobierno puede realizar un impulso político general, su Gobierno puede plantear un pacto de Estado y nosotros en la enmienda 229 proponemos a su Gobierno que haga el esfuerzo de acordar medidas transversales entre todas las administraciones que tienen competencias y que voluntariamente -no es invasión competencial- quieran comprometerse en sus respectivos parlamentos -en mi caso, en mi nación, Cataluña, en el Parlament de Catalunya- a impulsar medidas concretas, que una ley, en este caso catalana, aprobada en Cataluña, sea acordada a través de ese pacto transversal, de ese pacto de Estado. Se lo planteamos porque puede que existan acciones que necesiten ese compromiso global. Nuestra enmienda 229 propone la lucha contra la corrupción a través de lo que puede hacer un pacto de Estado y usted podría liderarlo, podría abanderar ante el conjunto de la ciudadanía unas medidas concretas, pero en ningún caso invadiendo las competencias de las comunidades autónomas, un pacto de Estado que incluso debería implicar -sabe la señora ministra que soy portavoz en la Comisión de Justicia- medidas en el ámbito judicial, creación de fiscalías específicas, y de manera clara y precisa un compromiso ético de todos los partidos políticos de no incorporar a aquellas personas que tienen una condena judicial en nuestras listas electorales. Claro que se pueden acordar medidas, pero este proyecto de ley, tal y como se ha planteado, no es el camino, como tampoco es el camino, señora ministra, el olvido de una moción de Convergència i Unió aprobada en esta Cámara por una amplia mayoría, en la que se pedía de manera clara impulsar la puesta a disposición de las comunidades autónomas del suelo público de la Administración General del Estado; ese suelo público de la Administración General del Estado que nosotros pedíamos, suelo de Defensa, suelo de la Guardia Civil, se puede no vender a la Administración autonómica, pero sí ponerlo a disposición para que esa Administración autonómica pueda realizar esa promoción pública de viviendas, sea en régimen de propiedad o de alquiler. Estamos dejando pasar las ocasiones y, señora ministra, nosotros, que compartimos muchos objetivos, no podemos, compartiendo objetivos, conculcar competencias. Es un traspaso que mi grupo no puede realizar. Compartimos objetivos, pero veamos los instrumentos para realizarlos. Estamos de acuerdo con el incremento que el proyecto de ley realiza en el porcentaje de cesión de suelo para dotación en la promoción de actuaciones. Ese porcentaje ahora es del cinco al quince -antes era del cero al diez- y se pone un tope del veinte. No entendemos por qué se pone un tope. ¿Esto es básico, señora ministra? ¿Y si se pacta en un proyecto concreto que ese tope sea superior? ¿Por qué hay que poner un tope del veinte? ¿Por qué? Dígame una sola razón constitucional por la cual una comunidad autónoma que decida, a través de un convenio, en una determinada actuación, ir más allá no lo pueda hacer. ¿Qué lo debe impedir? Por tanto, señora ministra, no incluyamos en una ley del Estado aspectos que deben regularse en una ley autonómica. Esta es la posición que le traslada Convergència i Unió.


En cuanto al porcentaje final de vivienda de protección pública, que debería fijar cada comunidad autónoma, yo le hago un llamamiento: no nos olvidemos en ningún caso de las personas que no podrán acceder a una promoción pública porque no reunirán los requisitos, quizá estén en la frontera de esos requisitos. ¿Dónde quedaran

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sus expectativas de realizar el derecho a la vivienda digna que le reconoce la Constitución? Porque algunas rigideces pueden empeorar las posibilidades de acceder a una vivienda a ese segmento. Esto lo decía el propio informe del Consejo Económico y Social y, por tanto, le hago ese llamamiento.


Se me acaba el tiempo. Termino. Señora ministra, hay otros aspectos en el proyecto de ley sobre los que debemos reflexionar. Lo decían algunos portavoces y hay centenares de enmiendas planteadas: en el proyecto de ley hay una incidencia negativa sobre el suelo rural. Se pueden ver afectados en este caso agricultores que vean mermadas sus posibilidades en caso de una expropiación. Yo le pido aquí, señora ministra, que reflexionemos sobre cuál es el alcance final de las competencias del Estado y cuáles son al final las soluciones concretas que se realizan en este proyecto de ley. Mi grupo retoma la línea de consenso al que habíamos llegado el 26 de abril en esta Cámara, espera que rectifiquen, espera que esa invasión competencial que hoy se produce pueda verse revisada a lo largo de la tramitación de enmiendas a este proyecto de ley. Esta es la voluntad de nuestro grupo parlamentario. Mientras se respeten las competencias de las comunidades autónomas, podrá contar con Convergència i Unió; a costa de las competencias de las comunidades autónomas, a costa del artículo 149 del nuevo Estatuto de Autonomía no contará nunca con Convergència i Unió. ¿Cuál es el límite de nuestra colaboración? Podemos compartir objetivos, pero en ningún caso debemos conculcar competencias autonómicas en este ámbito.


Muchas gracias, señora presidenta, señorías.


La señora VICEPRESIDENTA (Chacón i Piqueras): A usted, señor Jané, muchas gracias.


Entramos, señorías, en los turnos de fijación de posiciones, a no ser que alguien desee ejercer turno en contra. (Pausa.)

Comenzaremos con el señor Herrera, en nombre del Grupo Parlamentario de Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya Verds.


El señor HERRERA TORRES: Muchas gracias, señora presidenta.


Nosotros al principio de legislatura dijimos que era necesaria una ley del suelo y esta ley del suelo llega; llega un poco tarde, pero llega bajo los esquemas, los parámetros que nosotros habíamos solicitado. Que nadie se equivoque: una ley del suelo no va a solventar los problemas de la vivienda; ahora bien, una ley del suelo tiene la obligación de no acentuar los problemas de la vivienda y nosotros entendemos que la Ley de 1998 los acentuaba. La primera prioridad es hacer políticas públicas para vivienda pública, y nosotros se lo hemos dicho, señora ministra, el problema es que continuamos gastando poco y lo poco que gastamos lo gastamos mal. Se continúa poniendo el acento en las desgravaciones fiscales y no en las políticas públicas. Y además tenemos un problema añadido y es que la colaboración con las comunidades autónomas no llega donde tendría que llegar, y hoy tenemos un problema doméstico en concreto, como es la rehabilitación de barrios en Barcelona, cuyas partidas, no de este año, sino del año pasado, no se han podido ejecutar y no ha sido culpa del Gobierno de la Generalitat. Por tanto, Ley del Suelo y políticas públicas de recuperación de la vivienda.


Nosotros decíamos el 30 de octubre de 1997, cuando se estaba tramitando la Ley de 1998, que no era la solución. Por aquel entonces el ministro de Fomento decía que la presente ley pretendía hacer posible el aumento de la oferta de suelo y, a tal fin, consideraba susceptible de ser urbanizado todo el suelo que todavía no hubiese sufrido un proceso. En definitiva, entendía que el mercado iba a solucionarlo todo, que la falta de suelo era el principal problema y el hecho de que el suelo residual fuese el urbanizable podría acabar solventándolo casi todo. La experiencia nos dice que la Ley del Suelo no ha servido para atajar los problemas en el acceso a la vivienda, sino que ha servido precisamente para agravarlos. Por aquel entonces, en aquel paradigma del mundo liberal que lo solventaba todo, el Partido Popular fue acompañado por Convergència i Unió, por el señor Recoder. He leído el "Diario de Sesiones" de aquel entonces, cuando la ministra, señora Narbona, también pudo intervenir, y Convergència i Unió compartía el paradigma liberal de que el mercado lo solventa todo. Decían, y dicen hoy en la enmienda a la totalidad del Partido Popular, que el objeto de la Ley 6/1998 era impulsar el sector de la construcción con un claro efecto de locomotora sobre la economía. La realidad es que hoy tenemos un monocultivo, el monocultivo del ladrillo, y que el problema de la vivienda no se ha atajado. El error fue pensar que la oferta lo solventaba todo y no que las políticas públicas, acompañadas de una buena ley del suelo, podían solventar el problema. Por eso, nosotros decimos que no a mantenernos en la Ley 6/1998, pero decimos que sí al pleno respeto competencial y para ello hemos introducido enmiendas, que hoy mismo se acaban de mencionar.
Queremos que se respete plenamente el nuevo artículo 149 del Estatuto de Cataluña, que se respete en la ley y que se respete en las prácticas del Ministerio de Vivienda. Entendemos que hay artículos que no tienen razón de ser y por eso hemos presentado una enmienda. Hemos presentado una enmienda al artículo 16.3 del proyecto de ley que se presenta porque no entendemos por qué se tiene que fijar un tope del 20 por ciento, como decía el señor Jané. Una comunidad autónoma puede ir más allá de ese 20 por ciento, perfectamente, claro que sí. Ese es un elemento que se tendrá que corregir en la ley. Voy a hacer un paréntesis. Me gustaría que el señor Jané, cuando nosotros lo hemos propuesto en el Parlament de Catalunya, también nos hubiese acompañado para ir más allá de ese 20 por ciento. En ese sentido, rechazamos las enmiendas a la totalidad, porque no queremos quedarnos en la Ley 6/1998 y porque con las enmiendas que presentamos

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vamos a garantizar el pleno respeto competencial y el pleno respeto al nuevo artículo 149 del Estatuto.


¿Qué queremos? Situarnos en un paradigma distinto. Aquí les tengo que decir que queremos que la ley vaya más allá de lo que ha ido; en definitiva, que sitúe los retos para atajar la corrupción urbanística, las ilegalidades urbanísticas y el urbanismo insostenible que padecemos.
Nos parece entrañable la forma de hacer del Gobierno, un Gobierno que presenta la ley, que hace de Gobierno y que hace de oposición, autoenmendándose con enmiendas, algunas de ellas nuestras. Nos parece exquisito este doble papel de partido de gobierno y de oposición a la vez. Pero les decimos que les vamos a plantear enmiendas para que se vaya más allá y para que se recupere el texto original que ustedes habían planteado, garantizando, por ejemplo, la función social de la propiedad.
Entendiendo que quien garantiza la lucha contra la especulación no es la Administración Central del Estado, sino los controles -no solo preceptivos, sino vinculantes- de las autoridades ambientales. ¿Qué pedimos? Por ejemplo, que se recupere el texto original en lo que se refiere al tratamiento imperativo del anterior borrador en materia de vivienda desocupada referente al deber de utilización de la vivienda y a la consideración de vulneración de dicho deber como incumplimiento de la función social de la propiedad. Primer elemento. Vamos a incorporar en el artículo 9 la inclusión del deber de uso de las viviendas que está expresado de forma excesivamente genérica. Voy a recordar que se puede llegar a la expropiación por el incumplimiento de la función social de la propiedad. Segundo elemento. Queremos no solo un 25 por ciento, queremos acercarnos a un 33 por ciento en las reservas para la vivienda protegida y queremos que se fije un precio máximo para las viviendas protegidas, por una razón muy simple, porque no vamos a aceptar falsas legislaciones autonómicas que dicen tener mucha vivienda protegida, pero en realidad no es vivienda protegida, por lo que le vamos a pedir al Gobierno que establezca ese precio máximo. Tercer elemento. No entendemos ni compartimos el redactado del artículo 3.3, porque el fomento de la participación privada es una expresión que puede llevar a equívocos. A partir de aquí, les vamos a plantear soluciones para solventar el nudo gordiano de nuestro modelo urbanístico, que es la valoración. La valoración hoy, en nuestro modelo urbanístico, fomenta específicamente -permítanme que lo diga con claridad- la corrupción urbanística, porque posibilita que el valor de un terreno se incremente espectacularmente por una simple decisión administrativa y que dicha plusvalía pase directamente al patrimonio de su propietario. Sabemos que no es un problema nuevo, sino que viene de todas las legislaciones en materia urbanística de España desde el año 1956. Una buena ley del suelo, que no invada competencias, tiene que abordar ese nudo gordiano porque, en definitiva, la plusvalía es de la sociedad. La plusvalía es de quien decide, pero no de aquel que no invierte ni un solo euro en ese bien. El problema está en intentar que la plusvalía de ese suelo sea un bien, un patrimonio de la sociedad. Esta ley no aborda radicalmente, como a nosotros nos gustaría, ese problema, pero también sabemos que la ley camina en una buena dirección, entendiendo que en las valoraciones no se puede tener presente la expectativa, como ha pasado en estos últimos años. Hoy se tiene muy presente la expectativa en las valoraciones del suelo. Por eso planteamos que haya soluciones muy concretas como, por ejemplo, modificar el artículo 11 de proyecto de ley para atribuir al Pleno la competencia en la aprobación de convenios urbanísticos o realizar procesos de transformación en la ciudad consolidada, que el valor de las edificaciones esté en función de la antigüedad, de la conservación, de la conformidad o no con la normativa vigente precisamente para, como digo, garantizar los procesos de transformación en la ciudad consolidada. No debe haber suelo urbanizado de suelo rural hasta que los deberes de ese suelo estén cumplidos y las cargas levantadas. Se debe establecer que es imprescindible fijar límites más estrictos, por ejemplo en la valoración del suelo periurbano, como hemos discutido en multitud de ocasiones. Y así pondríamos poner multitud de ejemplos.


Segundo elemento que hay que abordar: las ilegalidades urbanísticas. Para abordar las ilegalidades urbanísticas lo que hay que hacer es un código penal -podemos discutirlo cuando quieran- que se adecue a estas exigencias, y más exigencias de acuerdo con la memoria fiscal, por ejemplo, del año 2006. ¿Qué significa? Que en el artículo 13 de la Ley del Suelo se introduzca expresamente la prohibición de dedicar a uso residencial el suelo rural. ¿Se puede ir mucho más allá? Claro que sí.
Por ejemplo, en disposiciones adicionales, incluyendo modificaciones en el reglamento de inscripción de actos urbanísticos en el Registro de la Propiedad para que la anotación preventiva en la incoación de expedientes de disciplina urbanística o de recursos contencioso-administrativos que afectan a construcciones ilegales sea obligatoria. Caminan en ese sentido, pero no de forma definitiva.


Tercer elemento fundamental -voy concluyendo, señora presidenta- en materia de urbanismo insostenible. El urbanismo insostenible es uno de los principales problemas de este país. Supone una hipoteca y una deuda ecológica extraordinaria con las generaciones presentes y también con las futuras. Aquí tienen que ir mucho más allá de lo que van. Las propuestas son sencillas, simples. Si hablamos del carácter preceptivo del informe de la autoridad hidráulica, nosotros les decimos claramente: informe preceptivo y vinculante. Y vinculante, repito. Porque no se puede construir allí donde no hay agua. Informe preceptivo y vinculante de la autoridad ambiental. Claro que sí. Si un espacio tiene un especial valor ecológico, lo que no se puede es construir. Y no quitamos ninguna competencia autonómica porque la autoridad ambiental continua estando donde tiene que estar, que es en la comunidad autónoma. Lo que estamos diciendo es que las comunidades autónomas deben poner

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límites a procesos especulativos. Nos parece bien esa enmienda que dicen que es suya pero que la han copiado de una propuesta nuestra en Andalucía, pero se tiene que ir mucho más allá, garantizando que los informes ambientales no solo sean preceptivos sino vinculantes y entendiendo que un proceso de transformación no se puede producir como se producen hoy en todo Levante, en el interior e incluso ya en zonas del litoral cantábrico. Eso significa, por ejemplo, modificar el artículo 15, referente a los informes que se tienen que emitir, o establecer expresamente que los instrumentos de ordenación territorial y urbanística incluyan determinaciones que establezca la memoria ambiental.


La señora VICEPRESIDENTA (Chacón i Piqueras): Debe terminar, por favor.


El señor HERRERA TORRES: Acabo, ya señora presidenta.


Subsidiariamente, mientras no se aprueben instrumentos de ordenación territorial que establezcan límites cuantitativos y temporales en los procesos de ocupación y de transformación del suelo, es necesario fijar un límite de crecimiento del suelo destinado a uso residencial del 50 por ciento del número actual de viviendas para los municipios de más de 5.000 habitantes y del cien por cien para municipios de menos de 5.000. Al fin y al cabo, señora ministra, señoras y señores diputados, de lo que se trata en esta materia es de tener voluntad política y de entender que el liderazgo lo tienen las comunidades autónomas, pero hay que saber que hay un bien a proteger, el derecho al acceso a la vivienda; que hay un bien a proteger, que es el medio ambiente, y entender, en definitiva, que hay que cambiar las pautas de crecimiento, las pautas de un modelo que se basa en la corrupción urbanística, un modelo que se basa en decir: con la transformación del suelo me enriquezco yo y no se enriquece la colectividad. Eso es algo que hay que cambiar. Entendemos que hay buenas bases, pero le exigimos, porque la sociedad y la opinión pública se lo exige, que las enmiendas que hemos presentado puedan prosperar. Por eso vamos a apoyar la tramitación de la ley y por eso les pedimos que apoyen e incorporen al texto las más de 60 enmiendas que hemos presentado.


Muchas gracias.


La señora VICEPRESIDENTA (Chacón i Piqueras): Gracias, señor Herrera.


Señorías, les rogaría que respetaran los tiempos asignados, por favor.


En nombre del Grupo Vasco tiene la palabra el señor Beloki, para fijar posición en este debate de totalidad sobre el proyecto de Ley del Suelo.


El señor BELOKI GUERRA: Señora presidenta, señoras ministras, señorías, mi grupo quiere comenzar su intervención reformulando una pregunta que ha hecho, con una oratoria brillante, el portavoz del Grupo Popular, que es la siguiente: ¿Es esta una ley necesaria? ¿Era necesario hacer esta ley o se hace simplemente porque en esta legislatura tenemos un ministerio y hay que demostrarlo? ¿Tenemos un proyecto de ley que responde a una problemática que requería una ley como esta o lo tenemos simplemente porque tenemos una ministra y un ministerio?

Señor Matos, nuestra respuesta no es tan tajante como la suya, es mucho más matizada. De que la coyuntura urbanística actual -no la califico de otra forma; esta mañana se han utilizado aquí muchos calificativos, pero quiero decirlo aséptica y simplificadamente- requiere de actuación pública no nos cabe ninguna duda. Las cosas no están bien, de forma que hasta ahí todos estaríamos de acuerdo, pero ese no es nuestro mensaje, señora ministra. Otra cosa es qué tipo de actuación es la que conviene y la que se nos requiere en este momento, qué tipo de actuaciones correspondientes a la situación y pertinentes para resolver los problemas que tenemos hoy son las necesarias. Que esa actuación necesaria pública deba serlo en el campo legislativo de forma prioritaria nos parece ya más discutible. Que puestos a actuar en el campo legislativo deba ser esta Cámara la que actúe en primer lugar y principalmente todavía nos parece más discutible, ahí hay un campo de discusión amplio. A juicio de mi grupo, para responder a la situación actual la legislación autonómica es más importante. Por ejemplo, el hecho de que en el País Vasco se haya aprobado la Ley 2/2006, de 30 de junio, de Suelo y Urbanismo, responde más a esta situación que esta otra ley, a mi juicio. Puestos a tener que elegir entre medidas que son necesarias para actuar, es más oportuna aquella ley que esta. Y en todo caso, lo que a mi grupo le parece más claro es que, puestos a actuar, puestos a actuar desde esta Cámara y puestos a actuar con este proyecto de ley, y me atrevería a decir que con cualquier otro proyecto de ley, constituiría un error de apreciación -evidente error, a mi juicio- creer que, hecha esta ley, resueltos los problemas de los que tenemos noticia todos los días a través de los medios de comunicación. Hecha la ley no van a estar resueltos los problemas urbanísticos que nos aquejan y que llaman la atención de todo el mundo y la atención de los políticos en orden a actuar. Entiendo por lo mismo que no tiene mayor interés suscitar más expectativas que las pertinentes, no sea que después, aunque sea tarde -como dice el responsable del Partido Popular, dentro de tres años-, vuelvan las consecuencias de algo que se sugirió y que puede no ser real.


En todo caso, tenemos un proyecto de ley. Como dice el propio proyecto de ley, es evidente que en esta materia no se ha conseguido sentar un modelo estable, hasta hoy se ha caminado de modificación en modificación, por cierto mediante instrumentos normativos urgentes o de acompañamiento en muchos casos. De ahí que hay un objetivo que para mí es noble para un posible proyecto de ley: buscar orden, buscar estabilidad, simplemente, que no es poco y puede ser uno de los objetivos interesantes de este proyecto de ley. Pero eso es un objetivo.


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Hecha la ley, no es seguro que sin más se logre tal objetivo, no es seguro que lo logremos y hay que ser consciente de ello. Corremos, también esta vez, el riesgo de hacer una actuación excesivamente pegada a la coyuntura política; es decir, que parezca que merece la pena, que dé la impresión de que podemos entrar a resolver los graves problemas, como decía antes, porque hacemos la ley. Sería, insisto, un grave error, un auténtico bumerán, aunque llegue no sé si al cabo de los dos o de los tres años. De forma que esta no es una ley para presentarse arrogantemente ante la sociedad; en su caso, es una ley para presentarse con una enorme humildad y decir: vamos a hacer lo que es posible y sabemos que esta es solo una de las posibles actuaciones. Porque no olvidemos que es cierto que este es un proyecto de ley que indiscutiblemente está ligado al artículo 47 de la Constitución y que, como bien se detalla en la memoria económica, obliga, en resumen, a asegurar a todos los españoles el derecho al acceso a una vivienda digna y adecuada -no sé si no sería más ajustado decir que proclama el derecho de todos y de todas a una vivienda digna y adecuada-, a evitar la especulación del suelo y de la vivienda y a recuperar para la sociedad parte de las plusvalías producidas en el proceso urbanizador; pero no menos cierto es que este es un objetivo de horizonte, de llegada.
Sería un grave error decir que, hecha esta ley, ya hemos alcanzado el horizonte, sería error decirlo y sería error sugerirlo. Sin desconocer la importancia de la legislación, la autonómica o la estatal, creo que la consecución de esos objetivos requiere tanto o más actuaciones decididas, valientes, compromisos claros desde todos los planos ejecutivos, desde la Administración local y, por supuesto, desde la Administración autonómica y desde la Administración central en esa dirección. Por ejemplo, requiere que se hagan planes directores de vivienda serios en los que se pongan medios, en los que se fijen unos objetivos claros, por ejemplo el que acaba de hacerse como segundo plan en el País Vasco en la perspectiva temporal de 2006/2009. (El señor vicepresidente, Vilajoana Rovira, ocupa la Presidencia.)

En todo caso, es cierto que esta Cámara tiene campo de maniobra, tiene campo de actuación; dicho con otras palabras, hay campo para la legislación y también para la legislación estatal. Y digo más, a juicio de mi grupo hay campo necesitado de actuación, por ejemplo en esos dos campos a los que ustedes mismos se han referido al traer a colación iniciativas previas habidas en torno a la valoración del suelo -una proposición no de ley del Partido Popular- o a la expropiación forzosa, tema que se vio en el debate presupuestario del año 2006 en el Senado, presentado por Convergència i Unió. Hasta ahí no hay ninguna duda. Pero el ministerio ha querido ir más allá, acogiéndose básicamente al artículo 149, que, otros lo han recordado y yo vuelvo a recordarlo, no reservó ninguna competencia explícita para la Administración central en materia de urbanismo, ordenación del territorio y vivienda, fue el 148 el que reservó la competencia exclusiva para las comunidades autónomas; pero es cierto que el 149 reservó otro tipo de competencias -digámoslo así- horizontales, que, según vamos comprobando, y dependiendo del espíritu y de la voluntad política de quien se acoge a ellas, parecen tener virtualidades sin límite. Y ahí hay un riesgo, riesgo en el que se ha incurrido en la legislación que sobre este tema se ha venido elaborando en los años precedentes. En cualquier caso, tomando como base en ese título competencial se ha elaborado el proyecto de ley que hoy tenemos entre manos.


Creo que el Gobierno y el ministerio, al lanzarse por ese camino, corren riesgos, pero también estoy convencido de que ustedes son conscientes de esos riesgos; son conscientes de que se han movido y se mueven en un terreno que, por calificarlo de alguna forma, es resbaladizo. Y buena prueba de que estamos en un terreno resbaladizo es que hoy hay aquí tres enmiendas a la totalidad, enmiendas que mi grupo no atribuye a la oposición por la oposición. Creo que hay un trasfondo del que hay que hablar en profundidad porque las tres enmiendas a la totalidad, insisto, empiezan a reflejar que estamos ante un terreno que es, como decía antes, resbaladizo. Mi grupo no ha presentado ninguna enmienda a la totalidad, y no lo hemos hecho -y no nos duelen prendas en reconocerlo- porque hemos entendido el esfuerzo que ustedes han hecho y hemos decidido que a su esfuerzo vamos a corresponder con otro esfuerzo por nuestra parte. De la misma forma que ustedes -según hemos podido reconocer en el texto- han intentado afinar, nosotros creemos que hay otros temas en los que todavía es necesario afinar más; pero vamos a hacer ese esfuerzo correspondiendo al suyo y estamos dispuestos a hacerlo con generosidad. Buscamos ayudar, con nuestra participación en la elaboración de la legislación estatal y en la medida en que esté en nuestra mano, a resolver ese gravísimo problema de la vivienda a lo que, como decía en mi intervención, esta legislación puede en parte ayudar.


Termino, señor presidente. No sería bueno que encalláramos nuevamente. Esa esperanza de no encallar, unida al esfuerzo que acabo de reconocer que han hecho ustedes al presentar este proyecto de ley, es la que nos ha llevado a no presentar ninguna enmienda a la totalidad y nos va a llevar a no apoyar ninguna de las que se han presentado, esperando que entre todos mejoremos, en el camino que juntos deberemos hacer, un proyecto de ley al que reconocemos buena intención.


Muchas gracias.


El señor VICEPRESIDENTE (Vilajoana Rovira): Gracias, señor Beloki.


Para fijar su posición, por el Grupo de Esquerra Republicana de Catalunya tiene la palabra el señor Andreu.


El señor ANDREU DOMINGO: Señor presidente, señora ministra, señoras y señores diputados, con esta ley -y nos los indican los ciudadanos encuesta tras

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encuesta- estamos debatiendo uno de los temas que más preocupan al conjunto de la ciudadanía. El tema de la vivienda, especialmente el acceso de los jóvenes a la misma, está en muchas de las encuestas de opinión como primera preocupación de los hombres y mujeres de este país.


Partimos de la actual legislación, la Ley de 1998. Yo no dudo de las buenas intenciones de los que en aquel momento legislaron y aprobaron con su voto la Ley de 1998, pero la realidad es terca y esta ley no ha servido para ninguno de los propósitos que la inspiraron. Más que subir, se ha multiplicado el precio del suelo, ha alcanzando el precio de la vivienda límites que hacen muy difícil el acceso a la misma. No todo ha sido la ley. Aquí ha habido una confluencia de la ley con diversas cuestiones de ciclo económico como pueden ser unos intereses extremadamente bajos, la irrupción del fenómeno de la inmigración con el aumento población que ha conllevado, y el constante crecimiento económico por un largo ciclo. Es cierto, pero, como decía, la realidad es terca y no ha servido para los propósitos que motivaron la presente ley. Además ha permitido un desarrollo urbanístico que dudo que sea sostenible, ya que ha sido poco respetuoso con el medio ambiente y con la sostenibilidad social. Y, si no, solo hace falta hacer un viaje por ciertas ciudades o ciertas costas.


Hay otro tema que ha aflorado y que quisiera separar absolutamente de la ley: la corrupción urbanística. La corrupción fue intrínsecamente alejada de la ley anterior y lo será de esta. Aquí se proponía un gran pacto de Estado, yo lo ofrezco. Nuestro partido ofrece un gran pacto de Estado entre todos los partidos contra la corrupción urbanística, para ir tan lejos y ser tan severos como se quiera y como se pueda. En esto encontrarán la participación entusiasta de Esquerra Republicana de Catalunya. Exigimos en esta ley el respeto escrupuloso a las competencias autonómicas y, en especial, al nuevo Estatut de Catalunya. En la discusión del articulado se verá que algunas de nuestras enmiendas tienen este espíritu. Estamos seguros de que en el tema competencial podremos llegar a acuerdos que dejen claro que no hay la más mínima invasión.


Una cuestión que no resolvía y que agravó la ley vigente, y que se tiene que corregir, es la relativa a las valoraciones y la expropiación al introducir el tema de las expectativas. Este diputado nació políticamente con el sindicato agrario Unió de Pagesos y me cuesta comprender ciertas exposiciones que se han hecho sobre que con la nueva ley haríamos una minoración de los suelos agrícolas. Creo que hay suficiente jurisprudencia sobre valoración de suelos agrícolas para saber que esta ley ni ninguna podrán aminorar. De eso tenemos que ser conscientes. En los dos casos más grandes de expropiación en los que se han aplicado las expectativas, que son el del aeropuerto de Barajas, el desvío del Llobregat y la tercera pista de El Prat, en Madrid y Barcelona, se ha llegado a unos supuestos de valoración muy altos que hacen difícil que se puedan hacer proyectos de infraestructuras si seguimos con este criterio.
Les aseguro que en este proceso expropiatorio no había agricultores pero sí promotores.


En relación con el 0 a 10, al 5, al 15 de suelo neto para los ayuntamientos yo, que he sido alcalde de mi villa, sé que todos los alcaldes de este país están muy contentos. Me preguntan que por qué el 20, que es mejor dejarlo sin tope. ¿Entonces por qué lo dejaron en el 10 antes si ahora el 20 no les parece suficiente? Si se pone más allá del 20 dirán que los ayuntamientos estamos hinchando sobre la base de la contribución de suelo neto el precio de la vivienda. (El señor Ayala Sánchez pronuncia palabras que no se perciben.) Ya nos entendemos.


Sobre el 25 por ciento de protección oficial, el señor Matos nos cuenta que hay comunidades que aplican esto, lo otro y lo otro, pero no nos dice que en la Comunidad Valenciana, a través del reglamento de la Ley de Urbanismo, en las zonas de costa y turística -es decir, casi todo- la vivienda de protección oficial puede quedar a cero. Esta es la realidad que ha pasado en la costa de Valencia. Sí, como mínimo un 25 por ciento y si lo podemos elevar mejor. Pedimos en nuestras enmiendas que ampliemos el concepto de protección oficial y más cuando se prevé una subida de intereses que hará más difícil el acceso a una propiedad por compra a los jóvenes. Queremos que este concepto de protección oficial con precio tasado sea tanto para el acceso a la propiedad como para el acceso al alquiler con un precio tasado.


Estamos ante un tema que a lo mejor, a pesar de las buenas intenciones de los que proponen la ley, también será difícil que se detenga el ciclo inflacionista del precio del suelo y de la vivienda. Quizá, con todo, no sea aún suficiente, pero creo que por responsabilidad de todos, aunque en este esfuerzo nos quedemos cortos, tenemos la obligación de superar una situación anterior y hacer que el acceso a una vivienda digna sea un derecho de toda la ciudadanía.


Muchas gracias. (Aplausos.)

El señor VICEPRESIDENTE (Vilajoana Rovira): Gracias, señor Andreu.


Para fijar la posición por parte del Grupo Parlamentario Socialista tiene la palabra el diputado señor Contreras.


El señor CONTRERAS PÉREZ: Gracias, señor presidente.


Señorías, señora ministra, el Grupo Parlamentario Socialista cree que usted y su ministerio han hecho un buen trabajo. A primeros de septiembre entró en esta Cámara el proyecto de ley de suelo. Habían transcurrido poco más de dos años desde el inicio de esta legislatura, y el Gobierno cumplía con su compromiso de modificar la Ley del régimen del suelo y valoraciones y lo hacía desde la participación. La sociedad en este momento nos demanda que la nueva ley del suelo defina pautas de ocupación del suelo en el marco de un desarrollo sostenible

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que articule tres variables: medio ambiente, crecimiento económico y cohesión social. Por ello, el proyecto que ha presentado el Gobierno parte de una filosofía distinta a la de la Ley vigente. En la Ley 6/1998 el Grupo Popular argumentó que era la falta de suelo lo que hacía subir el precio y estableció el suelo urbanizable como residual -es decir, todo lo que es urbano o está expresamente protegido es susceptible de urbanizar-. Todos sabemos cuál ha sido el resultado de esa filosofía. Les daré algunos datos. En el periodo 1998-2005, como ha recordado ya la señora ministra, el precio acumulado de la vivienda de nueva construcción ha sido del 150 por ciento; el incremento en el mismo periodo del precio del suelo ha sido, según el Banco de España, el 500 por ciento. Conviene recordar que en la década 1990-2000, en España se han urbanizado 170.384 hectáreas, es decir, un 25 por ciento de lo urbanizado en toda nuestra historia anterior. Podemos concluir en este punto que se ha urbanizado más que nunca, pero el precio ha subido también como en ningún otro momento y con resultados no deseables para el territorio. El origen de las subidas desmesuradas del precio del suelo hay que buscarlo por tanto, no en la escasez de suelo urbanizable sino más bien en otros factores, entre los que destacamos la opacidad del mercado de suelo y la incertidumbre que se ha venido generando en relación con los valores futuros del suelo, así como los mecanismos que hacen que el precio del suelo sea el resultado del precio de la vivienda, no a la inversa. Estas razones hacen que el proyecto de ley del suelo que defendemos se oriente a la consecución de los siguientes objetivos: el fomento de la eficiencia -lo que equivale a un desarrollo urbano sostenible-, la apuesta por una ordenación y gestión del suelo al servicio de la efectividad del derecho a la vivienda, la mejora de la transparencia y la participación ciudadana con la inclusión de un estatuto del ciudadano y combatir la especulación.


Hemos de resaltar que este proyecto de ley llega al Congreso después de un largo proceso de acuerdos y consultas con los profesionales y miembros del sector, y que el mismo ha obtenido el respaldo de la Federación Española de Municipios y Provincias y ha sido sometido, el pasado 26 de junio, al Consejo Económico y Social, un trámite que el Gobierno de entonces trató de soslayar sin éxito con la Ley 6/1998, y en el que este proyecto de ley ha contado con el apoyo de sindicatos y empresarios, hecho por el que le expresamos, señora ministra, nuestra felicitación. Ha pasado la mitad de la legislatura y el Gobierno socialista ha cumplido su compromiso: ha presentado un proyecto de ley del suelo, uno. El Partido Popular entre 1996 y 2003 presentó las siguientes normas: Decreto-ley 5/1996, Ley 7/1997, Ley 6/1998, Ley de acompañamiento 55/1999, Decreto-ley 4/2000, Ley de acompañamiento 53/2002 y Ley 10/2003, y les recuerdo que entre los años 2000 y 2003 ustedes tenían mayoría absoluta.
Es evidente que este proyecto, frente al popurrí de normativas improvisadas por el PP, ha tenido una elaboración medida, reflexionada y ausente de precipitaciones y oportunismos, aunque no de oportunidades.


En el Grupo Socialista creemos que se acierta plenamente en el proyecto cuando por primera vez en una ley de suelo se reconocen los derechos y deberes de los ciudadanos, aunque no sean propietarios porque la ciudad es de todos y todos sus ciudadanos disfrutan de una buena ordenación del territorio y de un buen urbanismo, o todos padecen los desarrollos urbanísticos masivos con falta de servicios y comunicaciones. También nos parece acertado que se separe con claridad la facultad de urbanizar como función pública del derecho de propiedad porque, como ya sabemos, el derecho de propiedad del suelo no es ya un derecho potencialmente ilimitado, sino más bien un derecho encerrado en límites precisos que empieza a definir la propia Ley del Suelo y que termina por perfilar los planes de ordenación. El proyecto de ley es un texto sencillo, respetuoso con las competencias de las comunidades autónomas, en materia de ordenación del territorio y urbanismo y con la sentencia del Tribunal Constitucional 61/1997. Este proyecto, alejado de los tecnicismos del derecho urbanístico pretende convertirse en una ley de suelo, no en una ley urbanística, por ello se renuncia incluso a la técnica de clasificación urbanística y se habla de situaciones básicas del suelo con una diferenciación entre suelo rural y suelo urbanizado. El proyecto hace una apuesta decidida, en primer lugar, en la lucha contra la especulación y el desarrollo incontrolado en el mercado del suelo, y para ello introduce mecanismos de transparencia y participación; en segundo lugar, por favorecer el acceso a la vivienda a cuyo fin establece una reserva mínima de suelo del 25 por ciento para vivienda protegida; en tercer lugar, por una participación de la comunidad de las plusvalías que genera la acción urbanística de los entes públicos, razón por la que se establece que la promoción entregará a la Administración competente, libre de cargas de urbanización, un porcentaje de edificabilidad comprendido entre el 5 y el 15 por ciento. Finalmente, el proyecto de ley regula temas que son competencia exclusiva del Estado: el régimen de valoración del suelo y la expropiación forzosa, en los títulos III y IV, así como la función social de la propiedad, en el título V.


Por hacer una breve reflexión a la argumentación que hoy se ha vertido aquí por los ponentes de las distintas enmiendas a la totalidad, empezaré por el Grupo Parlamentario Popular, que inicia su argumentación diciendo que la Ley 6/1998 ha sido una magnífica ley, porque en el septenio de vigencia de la misma se han construido 3.500.000 viviendas. Pero, señorías, al margen de lo desafortunado que es este argumento, ¿han pensado ustedes durante cuántos septenios más se puede mantener ese tipo de desarrollo? ¿Durante cuántos septenios más podemos estar construyendo 3.500.000 millones de viviendas, sabiendo además que durante ese tiempo el número de hogares que se ha creado en nuestro país no ha llegado a los 2 millones? Los problemas, lejos de resolverse se han agravado, y no digo que sea como consecuencia exclusiva de la ley, hay otras razones también; pero si ustedes quieren apuntarse el desarrollo a su

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ley, también tendrían que reconocer que esa misma ley es la que hace precios inaccesibles, parque de viviendas ineficiente, menos del 60 por ciento de la vivienda está dedicada a vivienda principal, el resto son segunda vivienda y viviendas desocupadas. Eso no ocurre en ningún punto de Europa. Se ha dado lugar a un crecimiento insostenible y se ha dado lugar a un desarrollo totalmente desordenado, sin olvidar a millones de ciudadanos que tienen que pagar una hipoteca durante 40 años, mientras se han privatizado ingentes cantidades de plusvalías en manos privadas.


Decía también el portavoz del Grupo Parlamentario Popular que le resulta demagógico establecer un mínimo del 25 por ciento como reserva para suelo residencial, porque la inmensa mayoría de las comunidades autónomas tienen más. Señoría, permítame que le diga que no es así. Baleares tiene el cero por ciento de reserva; la Región de Murcia tiene el 10 por ciento de reserva y la Comunidad Valenciana tiene en la ley el cero por ciento -léase la legislación de la Comunidad Valenciana-; además, si le parece que esa cantidad es ridícula nosotros estamos dispuestos a incrementarla en la tramitación parlamentaria, seguramente con su apoyo, del 25 al 30 por ciento pues ya hay algunas enmiendas que lo plantean. Ustedes dicen que es ridículo; ya veremos si están en una posición de salón o de verdad quieren resolver este problema. ¿Dice que nosotros destruimos la clasificación que consagra nuestro derecho urbanístico de suelo urbano, urbanizable y suelo rústico? No, nosotros no destruimos nada. Simplemente la ley no hace uso de esa clasificación, que es cierto que el Tribunal Constitucional lo tiene permitido, pero para los efectos de valoración del suelo que contempla esta ley no era necesaria esa clasificación que, por otro lado, introduce elementos especulativos solamente por la razón de la clasificación. Por eso, no hacemos uso de esos elementos.


Otro argumento que da es que no hacemos nada por los patrimonios públicos de suelo. Señoría, este proyecto de ley tiene un capítulo completo y tres artículos dedicados a los patrimonios públicos de suelo. Su ley no tenía absolutamente ninguna referencia a los patrimonios públicos de suelo, y además también hacemos algo cuando subimos la horquilla de las plusvalías de la cesión entre el 5 y el 15 por ciento. Ustedes lo tenían entre el 0 y el 10 por ciento. Eso también colabora a incrementar las plusvalías.


El señor VICEPRESIDENTE (Vilajoana Rovira): Señor diputado, tiene que ir acabando.


El señor CONTRERAS PÉREZ: Señor presidente, voy acabando. Por cortesía, haré una referencia a Convergència i Unió y a BNG.


Convergència i Unió hace referencia a los temas competenciales. Cuando se aprobó la Ley 6/1998, la referencia que se hacía en ella para legislar sobre esta materia, era precisamente el artículo 149.1.1ª, 13ª, 18ª y 23ª de la Constitución, los mismos que ahora, y ustedes en aquel momento votaron a favor de esa ley. Ahora traen a colación que el Estatuto genera una situación distinta. No creo que el Estatuto genere una situación distinta en cuanto a las condiciones básicas que garantizan el derecho a la igualdad de todos los ciudadanos, y sabemos perfectamente...


El señor VICEPRESIDENTE (Vilajoana Rovira): Señor Contreras, el señor Jané se da por satisfecho. Tendría que ir acabando porque lleva casi tres minutos más.


El señor CONTRERAS PÉREZ: Voy acabando, señor presidente.


Decía que no creo que el Estatuto genere una situación distinta en cuanto a las condiciones básicas que garantizan el derecho a la igualdad de todos los ciudadanos, y sabemos perfectamente que las condiciones básicas no permiten definir un solo urbanismo. Hay que dejar un margen de modelo urbanístico y esta ley permite ese margen de distintos modelos urbanísticos.


Quiero terminar agradeciendo la disposición que tiene por supuesto el Grupo de CiU, para que trabajemos conjuntamente en la elaboración de las enmiendas en su tramitación en la Comisión, y también muy especialmente la disposición del señor Rodríguez, del BNG, para que arreglemos el problema que ha planteado. Estamos dispuestos a que esa cuestión sobre determinadas especificidades en el ámbito rural podamos resolverlas en el trámite parlamentario. Les agradeceríamos muy especialmente tanto a usted como a CiU que retiraran sus enmiendas a la totalidad porque nuestra disposición a trabajar en Comisión va a ser total.


El señor VICEPRESIDENTE (Vilajoana Rovira): Señor Contreras, de verdad, le voy a quitar la palabra.


El señor CONTRERAS PÉREZ: También hacemos un ofrecimiento al Grupo Popular porque puede haber algún elemento de encuentro.


Muchas gracias, señor presidente. (Aplausos.)

El señor VICEPRESIDENTE (Vilajoana Rovira): Señor Contreras, ha conseguido que me riñan todos los grupos. (El señor Ayala Sánchez: De ahí el dicho, eres más pesado que Contreras. -El señor Contreras Pérez: Eso lo he aprendido de ti.)

Señora ministra, tiene la palabra.


La señora MINISTRA DE VIVIENDA (Trujillo Rincón): Gracias, señor presidente.


Pido la palabra no para reabrir el debate ni para rebatir ninguna de las intervenciones anteriores,...


El señor VICEPRESIDENTE (Vilajoana Rovira): Se lo agradezco, señora ministra.


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La señora MINISTRA DE VIVIENDA (Trujillo Rincón): ... sino solo para agradecer brevemente la actitud de los grupos que han fijado su posición a favor de la tramitación del proyecto. Además, solo me queda reiterar no solo a estos grupos, también al resto de los grupos parlamentarios, mi mejor disposición para seguir trabajando en el resto de la tramitación parlamentaria con el objeto de mejorar el proyecto. En particular, en cuanto a las objeciones que ha presentado el Grupo Mixto, le ofrezco mi mejor disposición para buscar soluciones a lo largo de la tramitación parlamentaria y para que se pueda contribuir a aumentar el consenso en esta ley que tan necesaria es.


Gracias, señor presidente. (Aplausos.)

El señor VICEPRESIDENTE (Vilajoana Rovira): Muchas gracias, señora ministra. (El señor Rodríguez Sánchez pide la palabra.)

Tiene usted la palabra, señor Rodríguez.


El señor RODRÍGUEZ SÁNCHEZ: Señor presidente, solamente quiero aclarar que vamos a retirar entonces la enmienda a la totalidad y nos agarramos a esa buena voluntad de solucionar, en el trámite de enmiendas, el problema en el que hicimos tanto énfasis de los núcleos rurales de Galicia.


Muchas gracias.


El señor VICEPRESIDENTE (Vilajoana Rovira): Muchas gracias, señor Rodríguez.


-PROYECTO DE LEY ORGÁNICA POR LA QUE SE MODIFICA LA LEY ORGÁNICA 6/2001, DE 21 DE DICIEMBRE, DE UNIVERSIDADES. (Número de expediente 121/000101.)

El señor VICEPRESIDENTE (Vilajoana Rovira): Entramos en el último punto del orden del día: Proyecto de ley orgánica por la que se modifica la Ley Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre, de Universidades. Se ha presentado una enmienda a la totalidad de devolución por el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, pero previamente tiene la palabra la señora ministra para presentar el proyecto.


La señora MINISTRA DE EDUCACIÓN Y CIENCIA (Cabrera Calvo-Sotelo): Muchas gracias, señor presidente.


Señorías, ayer en esta Cámara el presidente del Gobierno dijo que la política universitaria debe ser una política de Estado. El Gobierno, y por supuesto esta ministra de Educación, está convencida de ello y, por tanto, este es un asunto en el que queremos buscar el mayor consenso posible. Esta es la razón por la que en el Ministerio de Educación y Ciencia, desde que comenzamos a trabajar en la reforma de la Ley Orgánica de Universidades, hemos apostado por el diálogo, diálogo, en primer lugar, con la comunidad universitaria, que ha discutido y debatido en diversos foros los diferentes borradores de reforma de esta ley.


El proyecto, por otra parte, ha sido ampliamente discutido también en el Consejo de coordinación universitaria, máximo órgano consultivo y de coordinación del sistema universitario; diálogo también con las organizaciones sociales, con los sindicatos, con los empresarios y con representantes de otros colectivos con los que hemos contrastado y debatido diversas propuestas, muchas de las cuales además se han incorporado al proyecto de ley. A esto nos ha llevado la convicción de que la política universitaria compete a toda la sociedad porque en ella nos jugamos buena parte de nuestro futuro. Esta voluntad de diálogo sigue en pie y se abre a todas las fuerzas políticas que deseen mejorar nuestro sistema universitario.


Dada la importancia de la reforma que nos ocupa, me atrevo a ir un poquito más allá. Apelo a la responsabilidad de todos aquellos que están dispuestos a conseguir que nuestras universidades ofrezcan un servicio público de calidad para que se sumen a esta iniciativa. Como he señalado, este proyecto ha sido debatido por la comunidad universitaria, ha sido debatido por los rectores, ha sido debatido por las comunidades autónomas y el Consejo de Estado ha informado favorablemente el proyecto y no ha establecido reparos de legalidad ni observaciones que exigieran modificaciones sustantivas, mientras que sí destacó lo acertado de muchas de las medidas propuestas. De hecho, algunas de las sugerencias del Consejo de Estado se han incorporado ya al texto que ha llegado a la Cámara, y esperamos que este respaldo institucional se extienda al conjunto de los grupos parlamentarios. Nosotros, repito, estamos abiertos al diálogo y dispuestos a negociar. Hemos querido reformar la Ley Orgánica de Universidades en lugar de hacer una nueva ley, porque el marco general que regula nuestras universidades debe tener un cierto grado de continuidad. La ley, no obstante, debía ser reformada y así lo ha demandado buena parte de la comunidad universitaria al detectar problemas derivados de la aplicación de la ley vigente. Pero ese no es el único motivo de la reforma. Estamos convencidos de que la política universitaria necesita una nueva orientación y este es el cambio que requiere hoy nuestro sistema universitario.


Nuestras universidades necesitan modernizarse; necesitan cumplir los compromisos adquiridos en la construcción del espacio europeo de Educación Superior; necesitan abrirse al mundo y, al tiempo, reforzar sus lazos con la sociedad; necesitan mejorar la calidad de la formación que ofrecen a nuestros titulados; necesitan intensificar su actividad investigadora y conseguir que esta sea de calidad, y lo necesitan porque la educación superior constituye uno de los instrumentos principales para garantizar un desarrollo constante y de calidad que contribuya a mejorar el nivel de vida de nuestros ciudadanos.


Quiero hacer una referencia expresa a una de las cuestiones que acabo de citar: la construcción del espacio

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europeo de Educación Superior. El texto que presentamos establece las condiciones para que nuestras universidades participen activamente en este proceso en los tiempos que tiene marcados. Por una parte, sus principales líneas de acción coinciden plenamente con el rumbo que está adoptando la política universitaria de nuestros socios europeos, pero además sienta las bases para que nuestras universidades puedan adaptar sus titulaciones al espacio europeo de Educación Superior.


En definitiva, queremos tener universidades más fuertes, pero también más ágiles, más flexibles y capaces de afrontar los desafíos que la sociedad del conocimiento plantea en permanente transformación, así como la convergencia en el espacio europeo de Educación Superior. De ello depende nuestro futuro.


Estas son en líneas generales las cuestiones sobre las que gira nuestra reforma de la Ley Orgánica de Universidades. Son, como acabo de señalar, las mismas cuestiones que preocupan a nuestros socios europeos, cuyas políticas universitarias caminan en la dirección que estamos proponiendo.
Así lo reflejó este año el comisario europeo de Educación, Jan Figel, cuando recomendó a los ministros de Educación de la Unión Europea que permitieran a las universidades una mayor autonomía y responsabilidad, de modo que pudieran responder rápidamente al cambio. Por todas estas razones, en el proyecto hemos tratado de eliminar aspectos excesivamente reglamentistas o restrictivos que pudieran limitar la actividad de nuestras universidades. No podemos legislar de espaldas a ellas, como si fueran menores de edad o sospechosas de las peores conductas. No podemos seguir desconfiando de nuestras universidades. Nuestra reforma otorga a las universidades un amplio margen de confianza para que establezcan su propio modelo de organización, para que diseñen los títulos que desean impartir o para que contraten en un proceso abierto y público que, por supuesto, respete los principios constitucionales de mérito y capacidad a los profesores que hayan cumplido los requisitos previos de acreditación y que mejor se adapten a sus necesidades. Quiero detenerme un momento en estos dos últimos puntos.


Debíamos reemplazar el sistema vigente de habilitación. La práctica unanimidad de la comunidad universitaria española cree que se trata de un modelo de selección altamente disfuncional y Guy Haug, uno de los promotores iniciales del Espacio europeo de educación superior, no dudó en definirlo en su comparecencia ante la Comisión de Educación de esta Cámara como una curiosidad en el paisaje universitario internacional. El modelo de selección del profesorado que proponemos se asienta sobre un doble principio: la garantía de la calidad en la selección de los candidatos y la libertad de opción de las universidades. El sistema de acreditación que proponemos es un proceso público y transparente, que se inspira en las mejores tradiciones académicas de evaluación y selección por los pares y que garantizará la calidad de todos los candidatos. Con iguales criterios de publicidad, transparencia y objetividad, las universidades seleccionarán a aquellos profesores, ya acreditados, que necesiten para diseñar con autonomía el perfil de sus plantillas. Estamos convencidos de que las universidades, en el libre ejercicio de su responsabilidad, actuarán en su propio beneficio y tratarán de seleccionar a los mejores.


En este proyecto de reforma de la Ley Orgánica de Universidades, como en el documento de reorganización de las enseñanzas universitarias, que el Consejo de Coordinación Universitaria respaldó el pasado 14 de noviembre, proponemos un sistema de títulos universitarios más flexible. Este sistema permitirá que cada universidad proponga qué enseñanzas quiere impartir y cuál debe ser el diseño de sus contenidos. De este modo, las universidades tendrán más oportunidades para afianzar su propia identidad y esto aumentará la diversificación de nuestro sistema universitario.
Así, tendrán más facilidad para ofertar las enseñanzas que la sociedad demanda.


Nuestra propuesta permite que la estructura de nuestras titulaciones universitarias cumpla con los compromisos adquiridos en la construcción del Espacio europeo de educación superior. No obstante, la creación de nuevas titulaciones, como se dispone en la propuesta de reforma, irá acompañada de un estricto proceso de control y de evaluación. Los planes de estudio que propongan las universidades deberán someterse a las directrices generales que establezca el Gobierno sobre los estudios de grado, master y doctorado y cubrir toda una serie de requisitos académicos de excelencia, que supervisará el Consejo de Universidades.
Las comunidades autónomas serán las que finalmente, en el marco de sus respectivas legislaciones, autorizarán la implantación de los títulos.


Una mayor autonomía para las universidades ha de ir unida ineludiblemente a una más efectiva rendición de cuentas ante la sociedad. No me cansaré de insistir en que es una absoluta prioridad de este ministerio impulsar las políticas de mejora de la calidad de la universidad española.
Queremos alentar una cultura de la calidad que impregne todo el trabajo y la actividad de nuestras universidades. A través de la formación, de la investigación y, en definitiva, de la transferencia del conocimiento la universidad ofrece un servicio público y es obligación de las administraciones velar por que este servicio público sea de calidad. Por esta razón, la reforma de la Ley Orgánica de Universidades refuerza la Agencia Nacional de Evaluación de la Calidad y la Acreditación, que se convierte en una agencia pública en el marco de la Ley de Agencias que aprobaron las Cortes este mismo año. La Aneca seguirá desarrollando su actividad de acuerdo con los principios de competencia técnica y científica, de independencia y transparencia, en el marco de actuación fijado para estas instituciones en el contexto internacional y además, por supuesto, queremos impulsar la cooperación entre la Aneca y las agencias autonómicas.


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Nuestro proyecto de reforma avanza también en una de las líneas esenciales de la política científica europea, el impulso a la investigación en y desde las universidades. El Consejo Europeo de Lisboa, en marzo del año 2000, abogó por el desarrollo de una economía competitiva y dinámica basada en el conocimiento, y la Declaración de Berlín de 2003 reconoció la importancia de la investigación como parte esencial de la educación superior en Europa. La reforma de la ley que proponemos entronca con esta política. Sostiene entre sus principios fundamentales que la universidad debe desarrollar una investigación de calidad y debe ser capaz de transferir a la sociedad el conocimiento y la tecnología que ha generado.
En línea con la estrategia de Lisboa, la reforma parte de la convicción de que las universidades deben ser un motor para el desarrollo económico y social del país. Este proyecto de ley da un nuevo impulso a la investigación en las universidades y a la transferencia de sus resultados a la sociedad. La capacidad para transferir el conocimiento científico será en adelante un mérito reconocido en la evaluación del profesorado.


La reforma propicia también que los profesores de nuestras universidades puedan intensificar su trayectoria investigadora a lo largo de su carrera y por otra parte el proyecto facilita la cooperación entre la universidad y el sector productivo, permitiendo la movilidad del personal docente investigador hacia otros ámbitos mediante excedencias temporales.
Asimismo impulsa la vinculación entre la investigación universitaria y el entorno productivo del sistema de ciencia y tecnología mediante la creación de institutos mixtos de investigación.


Como insistía al principio de mi intervención, estamos convencidos de que la educación requiere el máximo esfuerzo de consenso y cooperación, cooperación que es esencial entre las administraciones que tienen atribuidas las competencias educativas. Para impulsar la colaboración entre la Administración General del Estado y las comunidades autónomas, el proyecto de ley establece la conferencia general de política universitaria, órgano que estimulará la coordinación y que servirá para compartir propuestas y poner en común experiencias con el fin de mejorar la calidad del servicio público universitario. Además, recuperamos otro gran foro de coordinación universitaria, el Consejo de Universidades, que vertebrará la cooperación académica entre las universidades y el Ministerio de Educación y Ciencia y, por supuesto, esperamos que haya una comunicación fluida y permanente entre ambos órganos porque ello redundará en beneficio de nuestro sistema universitario.


El proyecto de ley refleja también nuestra convicción de que los estudiantes destinatarios directos del servicio universitario deben tener una representación institucional del más alto nivel en el centro del sistema. Queremos escuchar su voz y que intervengan en aquellas decisiones que también les incumben y por esta razón el proyecto prevé la elaboración de un estatuto del estudiante universitario y la creación de un consejo del estudiante universitario. El consejo será un órgano colegiado de representación estudiantil adscrito al Ministerio de Educación y Ciencia, que vertebrará la participación de los estudiantes en la política universitaria, estudiantes cuyos derechos amplía también esta propuesta de reforma.


En último lugar, me gustaría destacar que este proyecto de ley no olvida el papel esencial de la universidad como transmisor de valores. Queremos hacer de nuestras universidades un modelo de referencia en el respeto a los derechos y libertades fundamentales, así como al principio de igualdad de oportunidades. Por esta razón, y en consonancia con otras iniciativas legislativas del Gobierno, el proyecto de ley incluye una serie de disposiciones cuyo objetivo fundamental es promover los derechos de ciudadanía plenos y para todos. La reforma impulsa políticas activas para garantizar la igualdad de oportunidades. Con este fin, crea programas específicos de ayuda a las personas con cargas familiares, víctimas de la violencia de género o con discapacidad, garantizando así su acceso y permanencia en los estudios universitarios. Asimismo, dispone que la política de becas preste especial atención a estos colectivos.


Por otra parte, queremos remover también los obstáculos que dificultan una presencia paritaria de las mujeres en los órganos de gobierno universitario y en el nivel más elevado de la Función pública docente e investigadora. A este respecto, el proyecto de ley dispone que los estatutos de las universidades deberán establecer las normas electorales pertinentes que propicien la presencia equilibrada de mujeres y hombres en los órganos colectivos de gobierno. Asimismo, en las comisiones que han de acreditar al profesorado habrá una composición equilibrada entre mujeres y hombres. También queremos que la presencia de mujeres y hombres en los equipos de investigación sea equilibrada y que ambos puedan desarrollar en igualdad de condiciones su carrera profesional. Por último, una disposición adicional prevé que las universidades cuenten en su organización con unidades de igualdad destinadas a desarrollar estas políticas de igualdad entre mujeres y hombres.


Termino. Como ven, se trata de una reforma significativa de la ley vigente que proporciona a nuestras universidades el marco legal adecuado para su modernización. Permítanme que acabe recapitulando muy brevemente los objetivos de la reforma. Queremos dar mayor autonomía a las universidades, porque así serán más independientes, más ágiles y flexibles y podrán establecer sus propios perfiles, diversificarse y afrontar mejor los retos que impone la sociedad del conocimiento; pero arbitramos también los medios para que sean más responsables y efectúen de un modo más eficaz su rendición de cuentas ante la sociedad. Queremos promover la investigación universitaria y la transferencia de sus resultados hacia la sociedad. Queremos fomentar la cooperación institucional entre las administraciones con competencia en universidades y queremos otorgar un lugar central a los estudiantes impulsando además las políticas de igualdad.


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En el Ministerio de Educación y Ciencia estamos convencidos de que esta es la reforma que necesitan ahora nuestras universidades, pero también estamos abiertos a la negociación con todos los grupos políticos. Estamos dispuestos a escuchar las sugerencias que sean necesarias y a incorporar al proyecto todos los cambios que creamos que pueden mejorar la futura ley.


Muchas gracias. (Aplausos.)

El señor VICEPRESIDENTE (Vilajoana Rovira): Muchas gracias, señora ministra.


Para ejercer el turno a favor de la enmienda, por el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso tiene la palabra el diputado señor Nasarre.


El señor NASARRE GOICOECHEA: Gracias, señor presidente.


Señora ministra de Educación y Ciencia, en las comparecencias celebradas hace unos días en la Comisión de Educación al comienzo de la tramitación de este proyecto de ley, uno de nuestros más prestigiosos académicos, el profesor Víctor Pérez Díaz, trazó un cuadro muy severo de la situación universitaria española. Nos vino a decir que durante los últimos 20 ó 30 años hemos hecho muchas cosas en el ámbito universitario: ha aumentado exponencialmente el número de nuestras universidades, se han multiplicado sus profesores y sus alumnos, se han hecho esfuerzos de todo tipo, económicos, organizativos, etcétera. Sin embargo, expresó con gran vigor, con gran convicción y preocupación el carácter insatisfactorio del balance que podemos hacer. Nos dijo algo que no podemos dejar que caiga en saco roto: Frente a otros campos, como el económico, en los que España ha alcanzado el nivel de los países más avanzados, en lo que se refiere a la educación superior, España pertenece a otro nivel, no está en la parte que corresponde a los países avanzados. Esto, señora ministra, sabemos todos que es una hipoteca para nuestro futuro. El sistema universitario español no está hoy a la altura de lo que exige un país avanzado. El profesor don Víctor Pérez Díaz añadió también algo sobre lo que no quiero callar. Dijo: En este largo tiempo las culpas están repartidas, porque han sido muchos los actores responsables en este tiempo. No es esta la hora -y no lo voy a hacer aquí- de enzarzarnos en materia de culpas.
Asumo la que pueda corresponder al grupo al que ahora represento y a la corriente de la vida nacional de la que mi grupo quiere ser expresión política, porque nuestra obligación es mirar hacia delante y poner remedio a esto que constituye -podremos estar de acuerdo- una de nuestras debilidades nacionales. Si el diagnóstico es certero y muchos buenos profesores lo comparten, la reforma que usted nos trae hoy a la Cámara es muy decepcionante, causa una profunda decepción, no solo porque no aborda las cuestiones que están en el corazón de los problemas de nuestra universidad, salvo en un aspecto, el de la selección del profesorado -y en este caso con una orientación profundamente equivocada-, sino también porque, como diré a continuación, va a generar incertidumbres seriamente nocivas tanto para la vida universitaria como para la sociedad española.
Cualquiera que lea la reforma se da cuenta de que carece de ambición porque tiene un alcance aparentemente limitado, pero contiene una alteración profunda de elementos básicos de la vida universitaria que van en la dirección contraria a lo que la universidad necesita verdaderamente para dar el salto que reclamaba nuestro profesor.


Pese a lo que usted diga, señora ministra, la universidad está ausente en esta reforma. No ha habido un debate en el seno del mundo universitario.
El Consejo de Estado lo ponía de relieve en su dictamen al decir: Resulta criticable que no se haya dado audiencia a las comunidades autónomas y a determinadas instituciones, organizaciones o asociaciones del mundo universitario cuyos intereses se podrían ver afectados por la reforma proyectada. Es cierto que la Conferencia de Rectores se ha pronunciado y que asociaciones representativas de intereses concretos nos han hecho llegar sus demandas y expectativas, pero el mundo universitario en su complejidad no se ha hecho presente en esta reforma. Si yo fuera usted, señora ministra, lejos de causarme satisfacción, me provocaría inquietud.
¿Qué está pasando en la vida española para que tantos ruidos nos ensordezcan y nos impidan debatir de verdad los asuntos que realmente importan para nuestro futuro? La opinión pública universitaria está dando la espalda a esta reforma.


Voy a referirme brevemente a los temas centrales de nuestras discrepancias de fondo en los que se motiva nuestra demanda de devolución del texto. Me centraré en los dos más relevantes y después expondré muy brevemente los demás. El primero es el modelo de selección del profesorado de los cuerpos docentes universitarios. Por primera vez en la historia universitaria contemporánea española desaparece un sistema homologado y homogéneo para el acceso a los cuerpos docentes universitarios. Nunca hasta ahora se había podido acceder a ningún ámbito de la Función pública, docente o no docente, de cualquiera de los distintos poderes del Estado, sin unas pruebas públicas, competitivas, reguladas por la ley, en las que se garantizasen el mérito y la capacidad como exigen los artículos 23.2 y 149 de la Constitución. El modelo de su proyecto pivota sobre un doble cheque en blanco. El primer cheque en blanco es para el Gobierno de turno, no solo para su Gobierno, señora ministra, sino para el que le sucederá en la primera fase del proyecto, la de acreditación.
El proyecto difiere prácticamente toda su regulación al desarrollo reglamentario, no ofrece las mínimas garantías que aseguren la idoneidad en la composición de las comisiones encargadas de la selección, que ni siquiera deberán ser especialistas del área del conocimiento en el que aspira a acreditarse el candidato. Los únicos requisitos que figuran en la ley son un reconocido prestigio del docente investigador y, algo absolutamente sorprendente, que sus currículos se harán públicos -lo que no es nada difícil

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en los tiempos de Google, señora ministra-, y la selección se hace sobre papeles y sobre documentos.


El segundo cheque en blanco es para las universidades en la segunda fase del proceso. Estas tienen manos libres, tanto para establecer la composición de las comisiones juzgadoras como para determinar el procedimiento de los concursos. En esta segunda fase de concurso los riesgos de que se consoliden arraigadas tendencias localistas en nuestras universidades van a ser fortísimos. El profesor Víctor Pérez Díaz dijo en su comparecencia: Es un escándalo el nivel de endogamia local de las universidades españolas; ese 95 por ciento de endogamia local es inconcebible. Y el profesor Pedraza, también durante las comparecencias, nos dijo que en la facultad en la que es docente todos los profesores desde hace más de 25 años han sido los candidatos locales. Este es el modelo castizo de la universidad española frente a los modelos de otras universidades. El modelo de habilitación podrá ser criticado, señora ministra, podrá ser discutible, pero es un intento serio de seleccionar a los mejores, de introducir rigor y competencia en el acceso a la docencia universitaria, y cuenta con muchos respaldos de buenos profesores, que creen necesarias las pruebas públicas. Ustedes ahora, cuando solo ha dado sus primeros pasos, quieren guillotinarla. Probablemente se podría racionalizar y simplificar, y eso es lo que ofrecemos en nuestras enmiendas, pero lo que debe quedar claro aquí son los graves riesgos del modelo de la ministra Cabrera que ni siquiera se atrevió a plantear la ministra Sansegundo, que mantenía pruebas públicas homogéneas en la segunda fase del proceso. El argumento de la confianza, señora ministra, es muy endeble. Le voy a recordar una frase de un libro que usted conocerá y habrá leído, el de El político y el científico, de Max Weber, sobre la ética de la responsabilidad del político, que citando a Fitche dice: El político no tiene derecho a suponer que el hombre es bueno y perfecto y no se siente en situación de poder descargar sobre otros las consecuencias de su acción. El buenismo, señora ministra, lleva -usted lo sabe bien- al desastre. No se sostiene el argumento de la confianza por la sencilla razón de que no hay contrapesos a medio plazo para que quien no actúe con criterios de calidad tenga algún tipo de sanción. Cuando un modelo no se aplica con coherencia, teniendo en cuenta todos sus contrapesos, el resultado suele ser un rotundo fracaso.


El segundo asunto que nos preocupa, y de modo creciente, es el de las titulaciones. El origen de su propuesta, que ha pillado por sorpresa hasta a los rectores, hay que remontarlo al descabellado propósito de su antecesora, la pobre ministra Sansegundo, cesada fulminantemente por el presidente Zapatero el mismo día que se aprobó la LOE -relativamente pobre, porque ahora goza de un buen retiro en París-. (Un señor diputado: ¡Qué desagradable!) A Sansegundo y a su equipo no se les ocurrió otra cosa, creo que tocados del mal de Bolonia, que pensar que el Espacio europeo de educación superior exigía un nuevo catálogo de títulos que había que hacer con plumilla y cartabón. (Un señor diputado: Ocho años sin hacer nada.) Así nació la famosa poda de títulos, que creó un guirigay en la comunidad universitaria y hasta Zapatero tuvo que salir en socorro de su ministra para prometer que no se suprimiría el título de historia del arte. La ministra Cabrera no quiere, al parecer, correr el riesgo de su antecesora y no se le ha ocurrido otra cosa que atender -supongo- a la idea ingeniosa de alguno de sus colaboradores, que ha dicho: Lo mejor es suprimir el catálogo de títulos. Es fantástica la solución. Muerto el perro, se acabó la rabia. Es un monumento al arbitrismo, señora ministra. Los catálogos son mucho más duros de roer de lo que parece. El diccionario de la Real Academia Española nos dice que un catálogo es una relación ordenada de objetos que están relacionados entre sí. Para suprimir el catálogo es necesario suprimir los objetos relacionados entre sí, es decir, los títulos oficiales; pero los títulos oficiales no se suprimen nominalmente, simplemente se desvirtúan, generando una confusión y unas incertidumbres que van más allá de la vida universitaria y que van a afectar al sistema de profesiones en España. Es un asunto muy serio. La propuesta de la ministra Cabrera es sustituir el catálogo por un registro. Cada universidad elaborará sus títulos. El ministro se limita a registrarlos. He acudido a la página web de una universidad -he escogido la Carlos III para no suscitar suspicacias en la bancada socialista- y en la primera página, en el frontispicio, me he encontrado: Catálogo de titulaciones de la universidad. Hay más de 60 universidades; pueden ustedes calcular los miles de títulos que se inscribirán en el registro. De la poda de la ministra Sansegundo, hemos pasado al mar oceánico de la ministra Cabrera. Los rectores han reaccionado y han puesto el dedo en la llaga en el documento que usted tiene y que elaboraron la semana pasada. Dicen los rectores: Vislumbramos el peligro de que en la práctica se produzca una coexistencia de ambas cosas: un catálogo de titulaciones con directrices propias y bien definidas y un registro para el resto de títulos sin directrices propias.
Ello puede redundar en una clasificación de las titulaciones en diversas categorías, según estén en el catálogo o en el registro, así como en una presión de estas últimas para la obtención de directrices propias. Y añaden algo muy importante: Deberíamos disponer también de una relación completa de todas las titulaciones propias. Yo le reclamo también esta relación, entre otras cosas, para poder decir a los estudiantes de historia del arte si su título estará en el catálogo o estará en el registro, porque tienen derecho a saberlo. El nuevo modelo lejos de resolver algún problema va a causar muchos, con el agravante de que el trascendental cambio es prácticamente desconocido en los medios universitarios y profesionales, es una huida hacia delante.


Finalmente -voy concluyendo, señor presidente-, hay otros tres asuntos, a los que me voy a referir muy esquemáticamente y en los que mi grupo discrepa muy seriamente. El primero es la eliminación del Consejo de

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Coordinación Universitaria, que es una institución, un lugar de encuentro de los principales agentes del sistema universitario, que viene funcionando desde hace ya casi 25 años. ¿Por qué este tejer y destejer? La fortaleza de un país, de un sistema, también se debe a la estabilidad de sus instituciones. Los países serios procuran mantener sus instituciones. Los dos consejos que ustedes crean van a ser compartimentos estancos y ello va a acarrear serias disfunciones.
Intégrenlos, busquen fórmulas integradas en un solo consejo. Encima se cargan ustedes los consejeros independientes, contra todas las reglas del buen gobierno corporativo. El segundo tema, señora ministra, es la devaluación de los consejos sociales. Usted ha dicho que le interesa mucho la rendición de cuentas. No lo parece en su proyecto de ley. El principio de rendición de cuentas experimenta un claro retroceso, incluso con respecto a la Ley de 1983, creadora de los consejos. La universidad no gana nada en ello, se cierra en sí misma y se quiebra su imprescindible vinculación con la sociedad. ¿Qué tienen en contra de los consejos sociales? El tercer y último asunto se refiere a distintas reformas relativas al gobierno de las universidades. No voy a entrar en ellas, porque son diversas, pero ¿por qué pretenden revisar el modelo de elección de rector directamente por la comunidad universitaria cuando es respaldado ampliamente por la mayoría de esta comunidad? ¿Demandan nuestras universidades otro proceso de elaboración de sus estatutos?

La reforma presentada -vuelvo a repetirlo- carece de ambición, es imprudente en muchos temas, va a generar conflictos e incertidumbres, no aporta nada que ayude a resolver los verdaderos problemas universitarios, no hay cambio, camina en una dirección equivocada, es una oportunidad perdida y merece ser devuelta al Gobierno.


Señora ministra, no quiero terminar mis palabras sin referirme al bochornoso hecho que ayer presencie en esta Cámara. El presidente del Gobierno anunció la retirada del recurso presentado ante el Tribunal Constitucional sobre la ley universitaria de Cataluña. Lo hizo por un simple mercadeo de votos. Estas cosas no deben suceder, degradan nuestra democracia. No podemos privar al guardián de la Constitución de que se pronuncie cuando hay dudas legítimas sobre la constitucionalidad de las leyes.


Muchas gracias, señor presidente. (Aplausos.)

El señor VICEPRESIDENTE (Vilajoana Rovira): Muchas gracias, señor Nasarre.


¿Algún grupo quiere ejercer el turno en contra? (Pausa.)

Pasamos a la fijación de posiciones. Por el Grupo Parlamentario Mixto tiene la palabra el señor Rodríguez.


El señor RODRÍGUEZ SÁNCHEZ: Gracias, señor presidente.


Voy a intervenir brevemente para expresar la oposición del Bloque Nacionalista Galego a la enmienda a la totalidad del Grupo Popular. Lo hacemos no porque estemos satisfechos con las enmiendas o con la reforma que el Gobierno ha hecho a la Ley Orgánica de Universidades del Partido Popular, sino porque nos parece que en esta enmienda a la totalidad se opta por una mayor centralización del sistema educativo universitario, confundiendo además lo que es la igualdad con la homogeneización e incidiendo en un aspecto de la enseñanza universitaria que precisamente es uno de sus principales defectos, la jerarquización, el corporativismo, en una concepción a través de la universidad que está muy vinculada a los aspectos más rancios de un concepto de españolidad. En lo que sí consideramos que la enmienda a la totalidad tiene más justificación es en algunas cuestiones que afectan a la representatividad democrática y a las formas de elección de los órganos unipersonales de la universidad.


Nos parece de todas maneras que aceptar los planteamientos del Grupo Popular sería recuperar el espíritu y la letra de una ley que nosotros rechazamos abiertamente ya hace años. En todo caso, a través de enmiendas parciales se tratará de mejorar la ley que presenta el Gobierno. En concreto, la Agencia Nacional de Evaluación nosotros pensamos que debe ser sustituida por agencias autonómicas. Además, hay que esforzarse más por que las universidades estén vinculadas al aparato productivo de las distintas comunidades autónomas, a su lengua, a su cultura y que el acceso de los estudiantes sea un acceso igualitario a base de becas por cuenta del Estado. En definitiva, que haya una participación democrática mayor que la que hoy existe.


Por todo lo dicho anteriormente, no vamos a apoyar esta enmienda a la totalidad del Grupo Popular.


Muchas gracias.


El señor VICEPRESIDENTE (Vilajoana Rovira): Muchas gracias, señor Rodríguez.


Por el Grupo Parlamentario de Coalición Canaria-Nueva Canarias, señor Mardones.


El señor MARDONES SEVILLA: Gracias, señor presidente.


Casi es una tradición ya en el derecho parlamentario español, desde principios del siglo pasado, que todo Gobierno nuevo y todo ministro de Educación, de Instrucción Pública, etcétera, plantee una reforma de los planes de estudios generales, de los planes de estudio de la universidad o de las universidades o de los planes del bachillerato. Seguimos en esta línea, porque se ve que es algo abierto verdaderamente en una demanda de la sociedad, aparte de una respuesta permanente política de los grupos que van democráticamente ocupando las responsabilidades en el área de educación y de la formación universitaria a cualquiera de sus niveles.
Tenemos el caso de este nuevo proyecto de ley, que viene a modificar,

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después de cinco años de vigencia, la vigente Ley Orgánica 6/2001, de Universidades.


Nos encontramos ante un documento que siempre lleva la carga ideológica y sobre todo la carga polémica de un organismo tan vivo. En España nos encontramos con una cifra que supera ampliamente el medio centenar de universidades, donde están concurriendo las universidades públicas, estatales, junto a las universidades privadas, fenómeno que también tiene que ser contemplado en toda ley de enseñanza universitaria. Desde que existen las universidades privadas siempre ha sido polémico buscar una homogeneización, una armonía, en la calidad de las titulaciones que se obtienen, qué catálogo de títulos o qué registros tienen que ser equiparables entre los otorgados por las universidades públicas y los de las universidades privadas, o qué cuestiones deben regular la representación de los estudiantes, qué otras cuestiones deben regular para evitar la denuncia de la endogamia en los cuadros de catedráticos y profesores titulares, o qué armonización tiene que haber entre las exigencias de calidad para las que se pide el título de doctor y para las que no sea exigible sino una coordinación con una actividad privada.
Muchos de estos elementos de discurso y de confrontación que he enunciado están implícita o explícitamente contenidos en el proyecto de ley que ha mandado el Gobierno y se deduce de las intervenciones que se vienen produciendo en distintos ámbitos y finalmente de la intervención que acaba de hacer el portavoz del Grupo Parlamentario Popular al presentar la enmienda de devolución al Gobierno.


Mi grupo no se va a inclinar por apoyar una enmienda de devolución al Gobierno, votaría en contra de ella, pero sí recogemos muchas de las inquietudes que el señor Nasarre ha reflejado, sobre todo las referidas a los problemas que emanan del catálogo de titulaciones y del registro entre cerca de sesenta universidades. Eso lo podemos matizar y corregir por la vía de enmiendas. Celebro que la señora ministra de Educación, al final de su intervención, haya dejado abierta la puerta de un campo de búsqueda de consenso entre todas las fuerzas políticas parlamentarias para hacer las mejoras que este texto, por su trascendencia e importancia, pueda requerir. Mi grupo, en una primera actuación, apoya el texto del proyecto del Gobierno como un texto enmendable, mejorable y perfeccionable, y agradezco la buena voluntad de la señora ministra para no enfrascarnos en un debate estéril, con un encastillamiento de las distintas fuerzas políticas entendiendo cada uno que tiene razón al hacer un modelo de universidad de acuerdo con sus características ideológicas, personales o de grupo parlamentario. Esta tiene que ser una ley entendida como un servicio a la nación y a todas las comunidades autónomas en cuanto a un principio de enseñanza estatal que sea perfectamente coordinable y homologable.


A medida que vamos reflexionando sobre el texto del proyecto, quiero resaltar que, a través de la presentación de enmiendas, se podrán corregir algunas situaciones que se pueden plantear, haciendo, como he visto en algunas universidades, modelos de simulación; por ejemplo, qué va a ocurrir con la emisión del catálogo de titulaciones o los registros, requisitos para poder homologarlas con las titulaciones de las universidades de la Unión Europea y que las convalidaciones se lleven a cabo con una gran presteza y naturalidad, sin que la persona que demanda una convalidación de títulos obtenidos en universidades de distintos países, bien de la Unión Europea o de fuera de ella, se eternice con unas dilaciones de plazo contrarias a todo sentido.


Se ha cuestionado, entre otras cosas, la desaparición del Consejo de Coordinación Universitaria, que venía funcionando casi desde el principio de la democracia. No sé si cabrá algún buen entendimiento respecto a que, dado que este proyecto de ley que trae el Gobierno introduce y constituye la figura del denominado consejo de universidades, con funciones de asesoramiento, cooperación y coordinación en el ámbito académico, pueda considerarse como heredero y sucesor del Consejo de Coordinación Universitaria y asumir algunas de las competencias que tradicionalmente ha tenido ese Consejo. En esta coordinación, es necesario y conveniente el nuevo y nonato todavía consejo de universidades. Creemos que la conferencia general de política universitaria puede tender a un adecuado proceso, como se dice en el proyecto de ley, de verificación de planes de estudio.


Sí me preocupa y preocupa a nuestro grupo que se haga una muy clara regulación del proceso de verificación de planes de estudio para evitar interpretaciones erróneas y contraproducentes. Nosotros consideramos esencial que, aparte de luchar contra la endogamia del profesorado universitario, denuncia constante en los medios informativos, en nuestra sociedad y en nuestra unidad universitaria dentro del Estado, la verificación de los planes de estudio sea muy delicada, muy reflexiva, muy responsable, entre las comunidades autónomas y la Administración General del Estado. No olvidemos que estamos hablando de una materia que está perfectamente delimitada en la Constitución española como una competencia en el ámbito de las comunidades autónomas, pero con un reconocimiento de la autonomía de las universidades del Estado español; tiene que estar garantizado también en este avance.


Una de las últimas cuestiones que también nos preocupa es el análisis del sistema de contratación de los profesores de universidad. La universidad pública debe tener unas exigencias máximas donde se responde ante unos parlamentos autonómicos; las universidades privadas no tienen esta exigencia y están más en la demanda de un mercado laboral de titulados y, si funcionan con agilidad, pueden ofrecer la obtención de los títulos correspondientes. La señora ministra se refería también a esto. Habría que estudiar qué grados de diferenciación podemos establecer con la titulación simple, con los cursos de doctorado, el acceso a los masters que se vayan implantando por las universidades y qué grado de correlación

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debe tener esto entre las distintas universidades que existen en el Estado español. Las exigencias con respecto a las universidades privadas; por ejemplo, el porcentaje de profesores que imparten enseñanza y actos docentes a los que se exige ser titulados superiores o doctores universitarios. Esto puede ser una cifra que tenga que fluctuar según la exigencia de calidad de cada centro, siempre calidad máxima en los centros, que tienen que ser ejemplares en su correspondencia con sistemas democráticos, políticos y parlamentarios, como son las universidades públicas en cualquiera de las comunidades autónomas que las tengan, junto a las universidades privadas, que pueden tener otros requisitos y otras exigencias y que, con una mejor agilidad con los profesionales que están actuando en la sociedad pública, en la sociedad civil, pueden impartir determinados cursos de enseñanza.


Termino, señor presidente, y vuelvo a repetir que nos acogemos a la oferta de diálogo y consenso de la señora ministra, para entre todos tratar de obtener al final de los debates y de la aprobación definitiva una nueva ley de universidades acorde con las exigencias de nuestra sociedad, de los tiempos en que nos movemos y de las exigencias también de calidad, que es motivo inexcusable de una enseñanza universitaria y como escuela de democracia al potenciar el consejo de estudiantes universitarios, para que no solamente aprendan las asignaturas del título profesional correspondiente, sino un comportamiento de usos democráticos en las opiniones que salgan de los distintos estamentos políticos ubicados en las universidades. Por estas razones, vamos a votar en contra de esta enmienda, ya que estamos en la línea de apoyo vía enmiendas al proyecto presentado por el Gobierno, que nos parece positivo.


Muchas gracias, señor presidente.


El señor VICEPRESIDENTE (Vilajoana Rovira): Muchas gracias, señor Mardones.


Por el Grupo de Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya Verds, la diputada señora García Suárez.


La señora GARCÍA SUÁREZ: Muchas gracias, señor presidente.


Señora ministra, señorías, nuestro grupo parlamentario no dará apoyo evidentemente a la enmienda a la totalidad presentada por el Grupo Popular.


Quisiera empezar con una reflexión, sin ánimo de ofender al señor Nasarre, porque además él sabe que yo le tengo un verdadero respeto. Su intervención me ha recordado -ya que estamos en el ámbito de la educación en general, aunque ahora hablemos de la educación universitaria- aquel discurso que, a veces con demasiada frecuencia, se oye a los padres, cuando sus hijos adolescentes empiezan a tener problemas y dificultades.
Dicen, cómo ha podido pasar esto, cómo ocurre lo que ocurre, en lugar de hacerse otras preguntas que son importantes, y no porque yo quiera decir que siempre está relacionado. Por suerte no es así, porque la mayoría de jóvenes adolescentes, aún incluso sin haber tenido todas las oportunidades que se merecen, a veces nos dan sorpresas increíbles en positivo. Los padres tendrían que preguntarse dónde estaban ellos, qué hicieron para evitarlo, cómo cuidaron o no de la evolución de la educación de sus hijos y, sobre todo -la pregunta fundamental-, quién tiene más responsabilidad en todo esto. Su discurso -insisto- me ha recordado todo esto. En ocho años de Gobierno -usted mismo, usted mismo ha sido secretario general de Educación y Formación Profesional-, ustedes han tenido una gran responsabilidad, han tenido una gran oportunidad en este país para dar un empuje importantísimo a la educación y en concreto a la educación universitaria. Yo pienso, señor Nasarre, que no vale este discurso que ustedes nos plantean, cuando en definitiva este hijo adolescente -entre comillas- es producto de muchas veleidades incluso y de algunas grandes irresponsabilidades por parte de gobiernos anteriores.
Esta es una primera reflexión que quería realizar. Usted ha dicho que hay diferentes responsabilidades, es cierto, por eso le digo que me merece respeto, lo ha dicho, pero no ha quedado suficientemente claro el equilibrio de las responsabilidades. Yo se lo tengo que recordar un poco.


Quiero hacer otra reflexión. Deberíamos intentar cada vez más no hablar tanto de la universidad -ha habido algún otro portavoz que lo ha dicho- sino de la gran diversidad de universidades que tenemos, más de sesenta, privadas y públicas, y sobre todo de la gran diversidad de universitarios, que es otro de los temas importantísimos. No podemos dar las mismas soluciones para distintos contextos ni para distintas realidades. Este es un reto muy importante que tenemos. Hay otro elemento de reflexión, antes de entrar en por qué creemos que sí era necesaria esta reforma. Tampoco me parece justo decir que nuestro sistema universitario en general está a la cola total de los países europeos, porque sabemos perfectamente que también hay excepciones importantes en nuestro sistema universitario, las hay, y no estamos haciendo ningún favor a nuestro país ni a la imagen que nuestro país se merece, porque algunas universidades tienen un gran reconocimiento fuera de nuestro país. Por eso me parece importante que entre todos ayudemos a cambiar esas imágenes, esos estereotipos que seguramente todos hemos ayudado a crear, cada uno en su momento, es posible. Yo quiero insistir en que vale la pena intentar cambiarlo.


Ustedes han presentado su enmienda a la totalidad basándose en tres cuestiones fundamentales: diciendo algo así como que no se trata de una enmienda parcial, pues afecta a cuestiones esenciales, que no se ha dado audiencia a las comunidades autónomas ni a otras instituciones y que no se aborda el tema de la financiación. ¿Qué pensamos nosotros? Que habría estado bien podernos evitar este debate de hoy, porque, tal y como sucedió la aprobación de la LOU, ya teníamos que haber pasado página y haber ido al proceso parlamentario, a mejorar este proyecto de ley que tenemos encima de la

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mesa. En efecto, nosotros creemos que sí se trata de una enmienda parcial.
¿Por qué, señor Nasarre? Porque no se modifican aspectos estructurales de las universidades, ni los órganos de gobierno, tampoco el modelo de carrera académica del profesorado, ni se modifican esencialmente los cuerpos docentes de profesorado universitario, sino que solo se promueve su transformación. Tampoco se modifican aspectos esenciales del profesorado contratado y, como no podía ser de otra manera, no afecta esencialmente a las comunidades autónomas, por cuanto ellas pueden -y han de hacerlo- desarrollar leyes propias para su sistema universitario.
Nosotros queríamos una reforma más en profundidad de la LOU, una nueva ley -lo sabe el Gobierno, lo sabe el Grupo Socialista-, y así lo manifestamos, hasta el punto de que estuvimos planteándonos presentar una enmienda a la totalidad, pero no hubiéramos coincidido, ustedes la presentan por una razón y seguramente nosotros lo habríamos hecho por otra. ¿Qué es lo que hemos hecho? Hemos intentado hacer algo que creo que los políticos debemos hacer, y seguro que todos hacemos lo máximo posible: hemos escuchado. ¿A quién? A la comunidad universitaria. ¿Qué ha dicho la comunidad universitaria a nivel público y a nivel concreto cuando se le ha preguntado? Que prefería que se hiciera una reforma, no una nueva ley en su totalidad, porque no querían pasarse cuatro años más desarrollando una nueva ley y otros tantos años aplicando nuevas transformaciones estructurales y reglamentarias. Esta es una realidad, somos todos responsables, unos más y otros menos, señor Nasarre, pero hay una gran responsabilidad. Por tanto, damos por bueno un planteamiento basado en reformar aspectos parciales y dejar para más adelante abordar la referida reforma en profundidad. Nosotros queremos esa reforma en profundidad, pero entendemos que, por el bien general, por el bien de la estabilidad del sistema universitario, en estos momentos no es lo más aconsejable.


No sé si me va a dar tiempo, pero yo le quería decir por qué nosotros creemos que esta reforma de la vigente Ley, del texto de la LOU, era importante. En primer lugar, por lo que ya criticamos cuando ustedes aprobaron esta ley, porque no se sabe cuál es el modelo de universidad que subyace en la LOU actual, ni qué perspectiva de futuro presenta a medio y a corto plazo. Teniendo en cuenta que la universidad, y lo ha recordado la señora ministra, es un servicio público, nos parece, como mínimo, preocupante que en su ley fundamental no tenga claro cuál es el modelo de universidad. Otro motivo por el que creemos que se debía reformar es porque la LOU no se fundamenta en un consenso con las diferentes fuerzas políticas en torno a los elementos esenciales; precisamente ustedes critican ahora esto. Ustedes saben que la LOU no se fundamentó en un consenso con las diferentes fuerzas políticas en torno a los elementos esenciales que deben regir el sistema universitario, consenso que debería estar articulado en bases sólidas entre las cuáles deberían estar, como mínimo, la existencia de un modelo de sistema que recoja y admita la pluralidad; la formulación de unos objetivos compartidos, con diferentes perspectivas pero compartidos; un esquema básico de estructura; una adecuación a las nuevas funciones de la universidad, que son fundamentales; y, sobre todo, la existencia de un diálogo con la comunidad universitaria y sus representantes institucionales y sindicales. Hay muchas otras razones por las que nosotros pensamos que era imprescindible reformarla; por ejemplo, porque la LOU se caracteriza por un ansia reglamentista excesiva, concretada en un marco rígido y uniformista que debemos intentar reformar lo antes posible, y con esta reforma se está intentando. También por otro elemento fundamental, porque la LOU, y lo ha dicho alguno de los que me han precedido en el uso de la palabra, trasluce una desconfianza del Gobierno hacia la universidad pública, desconfianza a la que debemos poner remedio lo antes posible, porque está afectando al propio sistema, está afectando al desarrollo de la universidad y está afectando, en definitiva, a todo el colectivo universitario de nuestro país, que es al que se ha de dirigir el buen hacer de una ley como esta.


Por todas estas cuestiones, nuestro grupo ha presentado no menos de 55 enmiendas al proyecto que presenta el Gobierno. Por tanto, no estamos diciendo que este proyecto sea al cien por cien positivo para nosotros.
Pero sí creemos que es imprescindible reformar la LOU, sí creemos que urge hacerlo y sí que estamos dispuestos, junto con la mayoría de los grupos parlamentarios, a llegar a unos acuerdos que permitan avanzar en la situación que tenemos en este momento, sin dejar de decir que en un tiempo no demasiado largo debemos abordar en profundidad el modelo universitario que nuestro país, con los retos que tiene, debe tener para el futuro.


Muchas gracias.


El señor VICEPRESIDENTE (Vilajoana Rovira): Por el Grupo Parlamentario Vasco tiene la palabra el diputado señor Esteban.


El señor ESTEBAN BRAVO: El Grupo Vasco opina que la reforma de la LOU era necesaria, es una exigencia, si tomamos como base no solo las demandas del mundo académico, a pesar de lo que ha manifestado el diputado que ha presentado la enmienda a la totalidad, sino también la insatisfacción de muchos grupos políticos de esta Cámara que no compartían el texto que vio la luz en el año 2001. Una reforma necesaria que quizás podría haber sido más ambiciosa y que debía haber retocado toda la ley. Creemos que la próxima legislatura va a tener que abordar esa reforma, pero la proximidad del espacio de educación europea hacía necesarios ya determinados retoques en la legislación.


Estamos de acuerdo con el contenido principal de la ley, que es dotar de una mayor autonomía universitaria a estas instituciones académicas. Lo que no podemos permitir o lo que vamos a tratar de impedir es que, entre la autonomía universitaria y las competencias del

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Gobierno del Estado en materia de universidades, las comunidades autónomas queden en meros espectadores pagadores de la universidad, pero sin poder intervenir en la gestión y en la ordenación del ámbito universitario. No compartimos muchas de las afirmaciones en las que se basa la enmienda a la totalidad del Grupo Popular. No creemos que la reforma que se propone vaya a influir negativamente, a pesar de que, como luego voy a señalar, no compartimos algunos puntos de la misma. En estos momentos tampoco puedo decir que estuviéramos en disposición de votar favorablemente, si el texto se mantiene tal como está, pero no creemos que la modificación que se propone influya negativamente en la búsqueda de la excelencia y en la configuración de una universidad abierta. Al contrario, a pesar de que no aborda en toda su extensión la adaptación del sistema universitario español a las exigencias del nuevo espacio de educación europeo, sí da pasos en esa dirección y pasos absolutamente necesarios. Yo señalaría que nos iguala con Europa, porque la universidad española ha estado en muchas de sus tendencias y de sus tradiciones -tradiciones de las que también habla el escrito del Grupo Popular- alejada de ese movimiento universitario europeo. La desaparición del catálogo y el nuevo sistema de acreditación son aplaudidos desde nuestro grupo como reformas absolutamente necesarias.


No compartimos como una tragedia la desaparición de lo que denomina el Grupo Popular un sistema homologado y homogéneo de selección del profesorado perteneciente a los cuerpos docentes universitarios, señalando que el acceso no responderá ya a criterios homogéneos y que no se garantizará el mérito y la capacidad. Nosotros creemos que no va a ser así. Es más, habría que preguntarse si en muchos casos este sistema de homologación, tan bueno, al parecer, existente en la actualidad, ha funcionado. En muchos casos ha primado más la búsqueda de una comisión ad hoc para lograr un cierto resultado y que determinadas plazas, como se señalaba anteriormente, contribuyan a que la endogamia de las universidades españolas se mantenga. Lo que está claro es que este sistema era una rara avis en el panorama europeo. En nuestra opinión, ¿qué garantiza el sistema actual? ¿Qué, como he pasado una oposición, a mí ya no me mueven? Pues poco más. Señalar esos males por adelantado al sistema de acreditación, que es un sistema en el que se está moviendo el mundo universitario europeo y hacia el que camina una convergencia de todos los países de la Unión Europea, es absolutamente necesario.


Insisto en que nos congratulamos de la desaparición del catálogo y además es bueno. Porque parece que se ha señalado que, desaparecido el problema, desaparecen las tensiones. Es bueno que desaparezcan las tensiones, es bueno que la oferta aumente, es bueno que la especialización aumente y es bueno, además, que las universidades puedan tener un margen para poder competir en un mercado abierto. Yo no puedo compartir que el texto que se nos ofrece fomente tendencias patológicas al localismo. Al revés, el localismo va a desaparecer por la propia fuerza del espacio de educación europeo, ya que va a forzar una competencia, una competencia abierta entre las universidades, como la existente en el mundo empresarial. Creo que eso es positivo para las universidades, y unas sufrirán más, a otras les irá mejor y otras quizá tengan que cerrar sus puertas, pero el mercado estudiantil ya no es el mercado español, por decirlo de alguna manera, es el europeo, y la forma en que la excelencia mejora en la producción, en la ciencia, en la industria, es la competición, y esa competencia entre universidades, hoy por hoy, con el sistema actual no existe. Y si las universidades van a tener que competir, entiendo que con el sistema que se intenta implantar también los profesores van a tener que ponerse las pilas, y ya no va a valer eso de: yo he pasado una oposición y aquí estoy quieto, porque las universidades también van a tener que pelearse, deben pelearse, por los profesionales que tengan y por ofertar a unos o a otros para atraerlos y para poder competir en ese mercado abierto. Creo que eso sí se facilita, en líneas generales, con la modificación que se propone por parte del Gobierno. Una cosa es la especialización, a la que siempre tendrán que tender, no digo todas, pero sí muchas universidades para competir en ese otro mundo abierto, y otra cosa muy diferente es el localismo.


Por otra parte, no puedo ocultar que tenemos ciertas preocupaciones en algunos aspectos del texto, y en ese sentido propugnaríamos una modificación en el articulado que se refiere a la regulación del personal docente. Creemos que sería positivo que las comunidades puedan crear modalidades propias de contratación administrativa porque, a pesar de lo que se ha dicho anteriormente por algún portavoz, a nosotros no nos parece que la Función pública, el funcionariado, digamos, en la universidad sea lo que vaya a traer la calidad a la misma. Es más, de hecho, particularmente mi grupo es partidario de que se vaya disminuyendo el porcentaje de puestos en la docencia que se cubran a través de Función pública, precisamente por ese cambio que está a punto de producirse a nivel europeo. Por eso nosotros creemos que quizá podría retocarse el límite máximo de personal contratado e introducir otros matices a la hora de contabilizarlo, y para ello -no voy a entrar en detalles- hemos aportado algunas ideas a través de nuestras enmiendas.


El criterio lingüístico también debe ser considerado, en el sentido de que a la hora de hacer el cálculo de las retribuciones adicionales hay que tener en cuenta que algunas universidades están haciendo un esfuerzo, que también les corresponde por la normalización lingüística y por la introducción de otros idiomas oficiales en la universidad; que se contemple ese criterio a la hora de calcular las retribuciones puede ser interesante. También la Aneca, o la agencia autonómica ad hoc que valore, debe tener en cuenta que parte de la producción científica está hecha en lenguas minoritarias y que eso no significa que sea mala. Esa producción en algunos ámbitos, quizá

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por ser un mundo académico más reducido -por ejemplo, filologías u otras, incluso trabajos que se han hecho en el ámbito de la física- se realiza en idiomas minoritarios, aunque se publica en revistas que son importantes, todo ese esfuerzo de normalización debe ser valorado.


Nos parece que el ámbito de la autonomía universitaria debería ser ampliado en cuanto a la organización, juntas de la facultad, consejo de departamento, etcétera, que todo eso lo desregularicemos y que quede en manos de la universidad. Creemos también -le pido un poco de cuartelillo, señor presidente, voy a ser breve, voy acabando- que la regulación del procedimiento para elegir al rector debe quedar en manos de las comunidades autónomas. Sería más acorde con la distribución competencial actual. Nos parece que algunos artículos que se refieren a los títulos universitarios no deberían tener carácter orgánico; el título VII tampoco debiera tener carácter orgánico. Hay matices que hacer en cuanto a la autorización de implantación de enseñanzas. No nos parece lógico que el Consejo de Universidades, tal y como está configurado ahora en la ley, compruebe necesariamente que el plan de estudios se ajusta a las previsiones del Gobierno. Es precisa una territorialización en las partidas para becas. La UNED debería adecuarse al esquema organizativo político-administrativo del Estado, y en este sentido quizás también debería irse pensando en contemplar la transferencia de funciones y servicios a aquellas comunidades autónomas que lo soliciten o, si no, al menos la participación autonómica en sus estructuras.


Voy concluyendo, señor presidente. Me dejo otros puntos que también...


El señor VICEPRESIDENTE (Vilajoana Rovira): Tiene treinta segundos de cuartelillo.


El señor ESTEBAN BRAVO: Simplemente quiero decir que votaremos en contra de la enmienda a la totalidad, pero no supone un voto final favorable a la ley. Veremos si estos asuntos son corregidos, porque, si no, no podremos votar a favor. Para concluir, a mi también me gustaría escuchar de boca de algún representante del Gobierno que, así como el recurso de inconstitucionalidad contra la Ley de Universidades de Cataluña va a ser retirado, también va a serlo el recurso presentado contra le Ley de Universidades del País Vasco, que tiene suspendidos algunos artículos.
Con la tendencia que tiene esta reforma propugnada por el Gobierno no tendría mucha lógica -porque coincidiría bastante con lo que se planteó por el Parlamento vasco- que se siguiera manteniendo ese recurso. No sé si será en esta ocasión o en una próxima, pero también me gustaría oírlo por parte de la señora ministra o de otro miembro del Gobierno.


Muchas gracias, señor presidente. Muy generoso.


El señor VICEPRESIDENTE (Vilajoana Rovira): Dos minutos de cuartelillo, señor Esteban, que no se repita. (Risas.)

Por el Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana de Catalunya tiene la palabra la señora Cañigueral.


La señora CAÑIGUERAL OLIVÉ: Gracias, señor presidente.


Señoras y señores diputados, la vigente Ley Orgánica de Universidades, presentada y aprobada durante el Gobierno del PP, es una ley concebida desde el centralismo y que solo perseguía uniformizar todo el sistema universitario a partir de un articulado sumamente intervencionista y detallista. Desde Esquerra Republicana creemos que dicha concepción lastra demasiado el proyecto para que la LOU permita ser solo reformada.
Debería haberse hecho una ley de nueva creación que asumiera con naturalidad la realidad competencial de las comunidades autónomas en el sistema universitario. Somos conscientes de que la comunidad universitaria no puede volverse a someter a una reforma total de su sistema de organización y gestión, como hace apenas cinco años. Será necesario, pues, un trabajo de reformulación exhaustivo para que la nueva ley orgánica de universidades tenga en cuenta las nuevas competencias autonómicas, específicamente con las del nuevo Estatut de Cataluña y con las previsibles nuevas competencias que se deriven del proceso de reformas estatutarias de otras comunidades autónomas. En efecto, el ministerio continúa queriendo dictar la política universitaria al margen de las comunidades autónomas, estableciendo unas débiles competencias para la nueva Conferencia general de política universitaria, que contrasta con la responsabilidad autonómica en la financiación de las universidades. Esta petición ya no es solo porque el Gobierno debería tener respeto a los diferentes estatutos autonómicos, sino por una cuestión de eficiencia. La universidad tiene que estar al servicio de la sociedad. La universidad debería responder a las demandas sociales y económicas de su realidad más próxima. Para alcanzar este objetivo imprescindible para evolucionar de una sociedad industrial a una sociedad del conocimiento la mejor fórmula, a nuestro entender, sería, en primer lugar, que la universidad tuviera capacidad reguladora desde su propia autonomía universitaria. La Administración más próxima a ella y, por tanto, con mayor conocimiento del contexto social y económico, es decir, la comunidad autónoma, debería situarse en un segundo lugar en el proceso de toma de decisiones y, finalmente, situaríamos al Estado. Sería interesante tomar ejemplo de la República Federal de Alemania, donde la legislación universitaria ha sido traspasada a los länder con el argumento de que la globalización hace necesaria la diversidad para poder estimular la creatividad. Traspasar la capacidad de decisión a las administraciones regionales permite a las universidades una mayor y más rápida adaptación y adecuación a las demandas sociales y económicas. Este es tan solo un ejemplo de un país que prima la eficiencia de su sistema universitario por delante de la voluntad de homogeneización de sus diferentes Estados federales.


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La LOU tendría que ser una ley de bases dirigía a inscribir el sistema universitario del Estado en el espacio europeo de educación superior y centrada en promover la investigación para alcanzar los porcentajes que ya tienen la mayoría de los países europeos. Por tanto, creemos que un decidido y rápido cumplimiento de los compromisos de Bolonia debería ser la primordial preocupación del Gobierno. Este debería ajustar su tarea a definir y pactar con las comunidades autónomas las orientaciones estratégicas del sistema, a partir de una evaluación de su generalidad, y a encontrar mecanismos para su tan necesitada mejora en la financiación, a partir de estimular la inversión privada sin disminuir la contribución pública y a mejorar la interrelación universidad-empresa. El marco más idóneo para este debate es la Conferencia general de política universitaria, que es el mecanismo que fija la propia reforma de la ley para la colaboración y concertación entre las comunidades autónomas y el Gobierno. Consideramos, pues, que es el mejor espacio para tomar decisiones que afectan a ámbitos que el Estatut de Cataluña señala como competencias compartidas, cuestiones tan importantes como la oferta de plazas de las universidades públicas, la regulación del Consejo estatal de estudiantes, las disposiciones relativas al establecimiento para la admisión de estudiantes, el registro de títulos o la creación y el reconocimiento de las universidades. En concreto, tal y como está planteado el proyecto, actualmente la ley vulnera los artículos 134, 142, 172 y 200 del Estatut de Cataluña. No podemos alegrarnos tampoco de que los consejos sociales pierdan peso en el proyecto cuando deberían ser reforzados como factor de estímulo de las relaciones entre la universidad y la sociedad en general. En un sistema universitario comprometido con las directrices de Lisboa y con una necesaria reconversión hasta la economía del conocimiento, los consejos sociales necesariamente tienen que funcionar. La interlocución constante entre el ámbito universitario y el mercado laboral es imprescindible, sin que ello signifique, en ningún caso, una supeditación de las universidades al capital privado. También lamentamos que la ley continúe ignorando la existencia de las lenguas propias de las comunidades autónomas. Sería preciso, para dar cumplimiento al mandato constitucional de respeto y protección, acoger las disposiciones sobre lengua en general y, específicamente, las relativas a universidades contempladas en el Estatuto de Autonomía de Cataluña.


El PSOE emprendió una gran campaña contra la LOU cuando estaba en la oposición. Esperemos que se acuerde de ello durante el trámite parlamentario de la reforma de la ley. El Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana de Catalunya votará en contra de la devolución de la ley, porque confiamos en el compromiso del Gobierno de tener en cuenta nuestras peticiones y de respetar las competencias que se atribuyen a las comunidades autónomas a partir de otras leyes orgánicas, como son los diferentes estatutos autonómicos. Por último, nos alegramos de que el Gobierno retire el recurso de inconstitucionalidad de la Ley de Universidades de Cataluña que impulsamos Esquerra Republicana junto a Convergència i Unió. Aun así, lamentamos que la constitucionalidad o no de una ley vaya en función de la coyuntura política, ya que durante los últimos tres años el Departament d' Universitats, Recerca i Societat de la Informació del Gobierno catalán ha pedido de forma reiterada la retirada de este recurso. Con esto ponen de manifiesto una vez más la poca consideración que tiene el Gobierno español a una institución del Govern de la Generalitat de Catalunya.


Muchas gracias, señor presidente; gracias, señoras y señores diputados.
(Aplausos.)

El señor VICEPRESIDENTE (Vilajoana Rovira): Muchas gracias, señora diputada.


Para fijar su posición, tiene la palabra la diputada doña Mercè Pigem del Grupo Catalán (Convergència i Unió).


La señora PIGEM I PALMÉS: Convergència i Unió comparte en buena medida las razones y los objetivos que han llevado al Gobierno a presentar el proyecto de ley orgánica por el que se modifica la vigente Ley Orgánica de Universidades, proyecto al que el Grupo Parlamentario Popular -es el único- ha presentado una enmienda de devolución que estamos debatiendo y que anuncio ya, sin mayor preámbulo, que no vamos a apoyar. No vamos a hacerlo porque creemos que el proyecto de ley es oportuno y lo es, a nuestro juicio, porque aborda la reforma de aspectos de la vigente LOU que, tal como se ha venido demandando desde un amplio sector, yo diría, que un sector mayoritario de la comunidad universitaria, era necesario acometer de manera más o menos inmediata y que se refieren entre otros, pero principalmente, a la reforma del procedimiento de acceso del profesorado de los denominados cuerpos docentes universitarios a la universidad. El sistema previsto en la vigente LOU -el sistema de habilitación- ha supuesto unos costes humanos, en muchos casos muy frustrantes, y unos costes económicos desorbitados, y además, sinceramente, creemos que no se ha revelado eficaz en el objetivo que se propuso de romper o acabar con una supuesta endogamia universitaria. En este sentido, creemos que el sistema propuesto en el proyecto que estamos debatiendo -indudablemente con mejoras que podemos llegar a introducir los grupos parlamentarios a lo largo del trámite- puede atender mejor las adecuadas finalidades que debe tener todo procedimiento de acceso al cuerpo docente universitario, además de suponer otra cuestión, que es la apuesta por la autonomía universitaria, que es una apuesta que desde Convergència i Unió rotundamente compartimos, tal como se plasmó ya cuando redactamos y aprobamos, junto con Esquerra Republicana, la LUC, la actual Ley de Universidades de Cataluña. También compartimos otras propuestas que se hacen en el proyecto, aunque también son mejorables, y que podrían ser las medidas que propician la movilidad del profesorado y las que flexibilizan y en este sentido impulsan una mejor y mayor transferencia de la investigación desde la

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universidad a la sociedad y a la empresa. Esta coincidencia en razones y objetivos, señorías, señora ministra, no significa que Convergència i Unió vaya a dar sin más su apoyo al proyecto presentado por el Gobierno.
Buena prueba de ello son las numerosas enmiendas parciales que mi grupo parlamentario ha presentado al proyecto. Son enmiendas que persiguen mejorar, por ejemplo, el propio sistema de acreditación, proponiendo, como he anticipado, mejoras para concretar y reforzar la calidad de las comisiones de acreditación que quedan, a nuestro juicio, excesivamente indefinidas en el proyecto. Enmiendas también para acercar nuestro sistema universitario al modelo que propugna el espacio europeo de Educación Superior, que sería la flexibilidad en la duración de las titulaciones y no imponer más limitaciones que las que marca Europa. En este sentido, mi grupo parlamentario está de acuerdo, por ejemplo, con la supresión del catálogo. De acuerdo con estas directrices europeas, hemos presentado enmiendas para potenciar las posibilidades de especialización de las universidades para que puedan ofrecer titulaciones oficiales y también propias de alta calidad y para que puedan de esta manera erigirse en polos de excelencia académica apetecidos por estudiantes y profesores de dentro y fuera de nuestro entorno. Ello enlaza con otro grupo de enmiendas dirigido a propiciar la movilidad en el sistema universitario.
En el proyecto de ley se apuntan mecanismos, pero no son suficientes. Es necesario facilitar la movilidad de estudiantes y profesores, especialmente si hemos de cumplir los objetivos fijados por la Comisión Europea, en el sentido de duplicar el porcentaje de estudiantes que pasan un tiempo en el extranjero y también ampliar el porcentaje de movilidad de los investigadores. En este sentido, resulta fundamental para las universidades contar con un sistema de contratación ágil y flexible que facilite las posibilidades de movilidad; movilidad no solo de estudiantes y profesores europeos a la que me he referido anteriormente, sino también movilidad para facilitar la entrada de alumnos e investigadores de fuera de Europa, extracomunitarios, para lo cual es necesario simplificar los actuales trámites. Enmiendas también para potenciar y abundar lo que en el proyecto se dispone acerca de la transferencia de conocimiento y una mayor interrelación de la universidad con la actividad económica. Si tal como señala la Comisión Europea el I+D y las universidades constituyen los fundamentos de la competitividad europea, es necesario reforzar la transferencia de conocimientos entre la universidad y la actividad económica y viceversa, y para ello, y en este sentido hemos formulado nuestras enmiendas, se han de afrontar dos retos principales entre otros, pero dos principales: propiciar la creación de nuevas empresas intensivas en conocimiento y reforzar la participación de las universidades en la formación continua de los titulados universitarios en estrecho contacto con los sectores y las empresas. Otro paquete de enmiendas que hemos presentado van en la dirección de abrir también nuevas vías de financiación privada a las universidades, en el mismo sentido en el que apunta y recomienda la comunicación de la Comisión al Consejo y al Parlamento Europeo del pasado 10 de mayo del año 2006. Finalmente, enmiendas referidas al ámbito competencial. Este, señora ministra, señorías, es un bloque de enmiendas particularmente importante y en muchas de ellas coincidimos con otros grupos parlamentarios; importante si tenemos en cuenta no solo las competencias exclusivas o compartidas que Cataluña tiene en universidades a tenor de lo dispuesto en el artículo 172 del nuevo Estatut de Cataluña, que son muchas e importantes, sino también y muy especialmente si hemos de atenernos -y hemos de atenernos- al contenido de lo que debemos entender por competencias exclusivas y compartidas según lo dispuesto en los artículos 111 y 112 del Estatut de Cataluña, ley orgánica aprobada por estas Cortes. Por ello hemos planteado enmiendas, para que el texto se adecue mejor, más precisamente a las competencias autonómicas. Competencias que permiten reforzar el modelo catalán de personal docente e investigador contratado, que debe ser considerado en plano de igualdad con el personal funcionario. Enmiendas para ajustar las competencias en el sistema de elección de rectores. El modelo actual de elección por sufragio universal es bueno. Obviamente, el Estado puede definir un sistema, éste u otro, pero si no lo hace -y el proyecto no lo hace-, a nuestro entender, quien tiene competencia para hacerlo es la ley de la comunidad autónoma, puesto que la Generalitat tiene competencias sobre ello. Competencias, entre otras, en la evaluación de la calidad del sistema universitario, en becas, en la programación y coordinación del sistema universitario catalán en el marco de la coordinación general, en lengua, en la regulación del régimen de acceso a las universidades y en el deporte en general, así como en el deporte universitario, y a ello, a salvar todas estas competencias, va dirigido, como he dicho, un paquete importante de nuestras enmiendas. Enmiendas, como ven, numerosas, importantes, pero que plantean mejoras del texto de la propuesta y que sinceramente esperamos y deseamos que puedan irse solventando a lo largo del trámite parlamentario, teniendo en cuenta la buena disposición y el requerimiento que se ha hecho a este grupo parlamentario por parte del ministerio, singularmente por parte de la señora ministra, por parte del señor secretario de Estado, por parte de la portavoz del Grupo Parlamentario Socialista, señora Palma, y valorando muy positivamente, como no podía ser de otra manera, el anuncio que ayer se hizo por parte del presidente del Gobierno, que respondiendo a una pregunta del portavoz de mi grupo parlamentario, señor Duran, anunció que el Gobierno va a retirar el recurso de inconstitucionalidad que en su día presentó el Gobierno Aznar contra la Ley de Universidades de Cataluña. Como ustedes conocen, esta ha sido una condición, una petición y una reivindicación constante de mi grupo parlamentario en defensa de las competencias del Gobierno de Cataluña y, por tanto, Convergència i Unió se felicita de que finalmente se haya podido conseguir.


Muchas gracias.


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El señor VICEPRESIDENTE (Vilajoana Rovira): Muchas gracias, señora Pigem

Tiene la palabra por el Grupo Parlamentario Socialista la señora Palma.
Ruego a las señoras y señores diputados que -estamos acabando- mantengan un cierto nivel de silencio, porque están subiendo sus conversaciones.


Señora Palma.


La señora PALMA MUÑOZ: Señor presidente, señorías, era previsible que al Partido Popular no le gustara que se reforme la Ley de Universidades, pero permítanme que empiece comentándoles que, al menos para mí, no era previsible que la intervención del portavoz del Grupo Parlamentario Popular fuera -si me lo permiten- al menos poco elegante, utilizando calificativos, refiriéndose a la universidad, como el de castiza. Esta expresión de universidad castiza no creo que a los universitarios nos parezca demasiado correcta y adecuada. Además, tampoco me parece que hayan sido elegantes las referencias que ha hecho a antiguos cargos del propio Ministerio de Educación. En cualquier caso, parece lógico que hayan presentado una enmienda a la reforma de una ley, que fue su Ley de Universidades. Digo su ley, porque fue suya y solo suya, aprobada contra viento y marea, sin apoyos, aunque tuvo el apoyo de Convergència i Unió por cuestiones que ahora no vienen al caso, pero sin ninguna duda fue una ley aprobada en contra de la comunidad universitaria y al amparo de la mayoría absoluta que tenían en aquel momento.


Señorías, no voy a entrar en los contenidos de la ley, porque ya lo ha hecho la señora ministra, porque tiempo tendremos de debatir en la Comisión el contenido de la ley y sus enmiendas, pero sí me referiré a la enmienda de devolución presentada por el Grupo Parlamentario Popular, a sus argumentos y a la posición del Grupo Parlamentario Socialista, que va a ser de rechazo. También digo con satisfacción que, más allá de las discrepancias, he visto como la mayoría de intervinientes han entendido perfectamente el espíritu de esta reforma; espíritu que no ha entendido, no ha querido entender el Grupo Popular, puesto que se equivocan incluso en los mayores argumentos. Dicen que es una reforma parcial, con un aparente alcance limitado y, sin embargo, hablan de una alteración profunda de los elementos básicos. Para empezar, las primeras frases de la argumentación de su enmienda tienen algo de contradictorio. Incluso se han equivocado en esta definición. Esto es exactamente al revés. Es una reforma profunda, sin alterar la vida cotidiana de las universidades, para seguir funcionando y para hacer aquello que no pudieron hacer, desgraciadamente, en 2001, que fue dar respuesta a los importantes retos y tareas que tenían por delante. Les diré más, es una reforma esperada, deseada, necesaria y oportuna, porque el rechazo unánime a la LOU provocó, a partir de 2002, dos efectos importantes, uno negativo y otro positivo. El negativo fue que alteró durante demasiado tiempo la vida cotidiana de las universidades. El positivo fue que provocó el convencimiento general de que sería imprescindible reformar la ley en cuanto fuera posible, y cuanto antes mejor; en eso estábamos todos de acuerdo. El debate, que siempre ha estado abierto en la comunidad universitaria -afortunadamente las universidades debatieron a pesar del Partido Popular-, se intensificó desde el año 2004 en diferentes foros, algunos debates fueron impulsados por las propias universidades -la Cátedra Unesco de Gestión y Política Universitaria, de la Universidad Politécnica de Madrid, es un buen ejemplo-, pero también por otras organizaciones sindicales o por el propio seno del Consejo de Coordinación Universitaria. En eso también se han equivocado, señores del Partido Popular. Esta reforma surge después de haber debatido ampliamente con la comunidad universitaria y con diferentes agentes sociales de una forma intensa e importante. Se equivocan también en su manera de afrontar la autonomía universitaria -se ha dicho aquí por parte de algunos intervinientes- desde la desconfianza, desde el recelo, con una visión reglamentista y uniformizadora. ¿Por qué temen tanto que exista mayor flexibilidad y mayor responsabilidad en los procesos de selección del profesorado? ¿Qué tiene de malo que esto se haga partiendo de claros requisitos y controles de calidad? ¿Qué tiene de malo que respetando e intensificando las garantías de mérito, capacidad, transparencia y publicidad se busquen procedimientos más ágiles y eficaces para la selección del profesorado o para decidir qué enseñanzas quiere impartir cada universidad?

Respecto a la selección del profesorado, me gustaría saber si ustedes que hablan tanto de endogamia pueden afirmar que cinco años de habilitaciones han reducido la endogamia. Permítanme solo un comentario sobre la endogamia. No vamos a negar que se hayan podido producir algunas irregularidades, pero el profesor Pello Salaburu de la Universidad del País Vasco dice que no muchas más que las que se cometían en sistemas anteriores a la LRU donde, al menos en bastantes especialidades y en determinadas áreas de conocimiento, las llamadas escuelas de turno iban distribuyendo plazas -sí, señor Nasarre- por toda la geografía española mirando a la rigurosa lista de espera y aparentando admirable objetividad. En esta cuestión ha citado al profesor Pérez Díaz quien en su comparecencia en la Comisión de Educación y Ciencia nos puso continuamente el referente de Harvard. Evidentemente Harvard es un buen referente para la universidad española, pero se pueden hacer comparaciones bastante injustas cuando se habla de endogamia y de localismo. No hay que olvidar que las universidades españolas no han disfrutado de las mismas condiciones que estas universidades de referencia que muchas veces utilizamos. Los años posteriores a la LRU estuvieron marcados afortunadamente por una incorporación espectacular de nuevos estudiantes, nuevos profesores, creación de nuevos centros, etcétera. ¿Por qué? Porque no existían aulas o edificios adecuados, a veces ni siquiera universidad y, mucho menos, profesores e investigadores bien preparados. Veníamos de la época que veníamos: 40 años en

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el túnel del tiempo para nuestras universidades y nuestros universitarios.
No se puede decir de ninguna manera que nuestra universidad no está a la altura de los sistemas europeos e internacionales de educación superior cuando nuestros profesores y nuestros investigadores a los que se les está acusando de endogamia llevan a cabo un alto nivel de producción científica. En cuanto a las cuestiones que citan en su enmienda de devolución sobre las titulaciones oficiales, el Grupo Parlamentario Socialista ha presentado una serie de enmiendas para adecuar el texto del proyecto de ley, pero creemos que la existencia de un registro de títulos abierto y flexible está mucho más en consonancia -nos lo dijo el experto internacional Guy Haug en la Comisión- y es mucho más compatible a nivel internacional y permitirá que los títulos españoles sean reconocidos en Europa de acuerdo con la nueva estructura de grado master y doctorado y no solo en Europa, sino más allá del ámbito europeo.


Por lo que se refiere a la coordinación del sistema universitario, señor Nasarre, no es verdad que se suprima el Consejo de Coordinación Universitaria. El Consejo de Universidades, mejor dicho, la existencia de un órgano de coordinación fue una de las grandes aportaciones de la LRU y lo que hacemos ahora es atender a la demanda de los propios miembros del Consejo de Coordinación Universitaria y respetar los ámbitos de coordinación y de cooperación, uno el propiamente académico y otro el propiamente político. En cuanto a la relación entre universidad y sociedad, afirman de una forma absolutamente errónea que el proyecto debilita la vinculación recíproca de la universidad con la sociedad. Una vez más, he de decirles que esta vinculación entre universidad y sociedad no se resuelve disminuyendo la autonomía universitaria. La autonomía universitaria puede crear recelos, pero la solución no parece ser restringirla, sino proponer vías que permitan evitar los defectos derivados del corporativismo. Señorías, las universidades, ahora sí -en 2001 también la hubieran tenido si no hubiera sido por la actitud del Partido Popular-, tienen una vez más una nueva oportunidad para demostrar que son capaces de ostentar el liderazgo intelectual y social para impulsar transformaciones para la calidad entendida no como un reto, sino como una de sus funciones rutinarias.


Quiero terminar con una cita del profesor Quintanilla, catedrático de la Universidad de Salamanca, quien más allá de altas responsabilidades en este momento, tiene una gran producción científica sobre la calidad en las universidades, que en el año 1998 decía: En la mayoría de las ocasiones, las universidades no solo han sabido adaptarse, sino que han terminado poniéndose a la cabeza del proceso de transformación. Ahora estamos en una de estas coyunturas y estoy seguro de que las universidades demostrarán una vez más su capacidad. Al fin y al cabo -añade el profesor Quintanilla-, el ejercicio de la inteligencia ha demostrado ser siempre la más eficiente estrategia adaptativa y su cultivo, hoy como siempre, sigue siendo la misión principal de la universidad. Ya que no fue posible en el año 2001, queremos expresar nuestra esperanza, nuestro deseo y nuestro convencimiento de que el ejercicio de la inteligencia, también en este Parlamento, hará posible una Ley de Universidades que lleve a los profesores, a los investigadores, a los alumnos, al personal técnico y de administración a las más altas cotas de calidad de acuerdo con el entorno internacional y todo ello para un mejor desarrollo económico, social, cultural, individual y colectivo. A ello emplazamos a todos los grupos de la Cámara.


Muchas gracias. (Aplausos.)

El señor VICEPRESIDENTE (Vilajoana Rovira): Gracias, señora diputada.


Señora ministra, tiene la palabra.


La señora MINISTRA DE EDUCACIÓN Y CIENCIA (Cabrera Calvo-Sotelo): Muchas gracias, señor presidente.


No voy a reabrir el debate, entre otros motivos porque estoy segura de que SS.SS no me lo perdonarían esta tarde (Risas.) y porque sé que el debate se va a producir en Comisión entre los grupos parlamentarios. Aprovecharé cualquier ocasión para intentar explicar y seguir insistiendo en cuáles son los objetivos de esta reforma de la ley y también confío en poder atraer a esta convicción al Grupo Parlamentario Popular.


Muchas gracias, señor presidente. (Aplausos.)

El señor VICEPRESIDENTE (Vilajoana Rovira): Muchas gracias, señora ministra. (El señor presidente ocupa la Presidencia.)

El señor PRESIDENTE: Señorías, vamos a comenzar las votaciones. En primer lugar, votamos las enmiendas a la totalidad de devolución del proyecto de ley del Suelo. Quedan vivas dos enmiendas a la totalidad porque entiendo que el señor Rodríguez Sánchez ha retirado la suya.


Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 301; a favor, 136; en contra, 160; abstenciones, cinco.


El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.


Enmienda a la totalidad de devolución del proyecto de ley orgánica por la que se modifica la Ley Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre, de Universidades.


Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 301; a favor, 128; en contra, 173.


El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.


Se levanta la sesión.


Eran las cinco y quince minutos de la tarde.

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