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DS. Congreso de los Diputados, Pleno y Dip. Perm., núm. 222, de 14/12/2006
 


CORTES GENERALES
DIARIO DE SESIONES DEL CONGRESO DE LOS DIPUTADOS
PLENO Y DIPUTACIÓN PERMANENTE

Año 2006 VIII Legislatura Núm. 222
PRESIDENCIA DEL EXCMO. SR. D. MANUEL MARÍN GONZÁLEZ
Sesión plenaria núm. 206
celebrada el jueves, 14 de diciembre de 2006


ORDEN DEL DÍA:

Dictámenes de Comisiones sobre iniciativas legislativas:

-Proyecto de Ley Orgánica por la que se modifica la Ley Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre, de Universidades. "BOCG. Congreso de los Diputados", serie A, número 101-1, de 8 de septiembre de 2006. (Número de expediente 121/000101.) ... (Página 11243)

Debates de totalidad de iniciativas legislativas:

-Proyecto de Ley por la que se reconocen y amplían derechos y se establecen medidas en favor de quienes padecieron persecución o violencia durante la Guerra Civil y la Dictadura. "BOCG. Congreso de los Diputados", serie A, número 99-1, de 8 de septiembre de 2006. (Número de expediente 121/000099.) ... (Página 11255)

Votación de conjunto ... (Página 11285)

Debates de totalidad de iniciativas legislativas. (Continuación):

-Proyecto de Ley por la que se reconocen y amplían derechos y se establecen medidas en favor de quienes padecieron persecución o violencia durante la Guerra Civil y la Dictadura. "BOCG. Congreso de los Diputados", serie A, número 99-1, de 8 de septiembre de 2006. (Número de expediente 121/000099.) (Votación.) ... (Página 11285)

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-Proyecto de Ley de investigación biomédica. "BOCG. Congreso de los Diputados", serie A, número 104-1, de 22 de septiembre de 2006. (Número de expediente 121/000104.) ... (Página 11285)

-Proyecto de Ley de Reforma de la Ley 24/1988, de 28 de julio, del Mercado de Valores, para la modificación del régimen de las ofertas públicas de adquisición y de la transparencia de los emisores. "BOCG. Congreso de los Diputados", serie A, número 108-1, de 20 de octubre de 2006. (Número de expediente 121/000108.) ... (Página 11299)

Avocación por el Pleno:

-Del Proyecto de Ley de reforma de la Ley 24/1988, de 28 de julio, del Mercado de Valores, para la modificación del régimen de las ofertas públicas de adquisición y de la transparencia de emisores. (Número de expediente 121/000108.) ... (Página 11305)

-Del proyecto de ley del estatuto básico del empleado público. (Número de expediente 121/000094.) ... (Página 11305)

-Del Proyecto de ley del suelo. (Número de expediente 121/000096.) ...
(Página 11305)

Propuestas de creación de Subcomisiones:

-Propuesta de la Comisión de Economía y Hacienda, de creación de una Subcomisión para estudiar la situación de la Economía Social en España.
"BOCG. Congreso de los Diputados", serie D, número 87, de 19 de octubre de 2004 y modificación en serie D, número 129, de 27 de diciembre de 2004. (Número de expediente 158/000014.) ... (Página 11305)

Elección de un Sr. Diputado, de conformidad con el Punto Tercero de la Resolución de la Presidencia del Congreso de los Diputados sobre secretos oficiales, de 11 de mayo de 2004:

-Elección de un Sr. Diputado, de conformidad con el Punto Tercero de la Resolución de la Presidencia del Congreso de los Diputados sobre secretos oficiales, de 11 de mayo de 2004. (Número de expediente 052/000002.) ...
(Página 11305)

SUMARIO

Se reanuda la sesión a las nueve de la mañana.


Dictámenes de comisiones sobre iniciativas legislativas. ... (Página 11243)

Proyecto de ley Orgánica por la que se modifica la Ley Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre, de Universidades. ... (Página 11243)

En defensa de las enmiendas presentadas intervienen la señora Lasagabaster Olazábal y el señor Rodríguez Sánchez, del Grupo Parlamentario Mixto; la señora García Suárez, del Grupo Parlamentario de Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya Verds; el señor Esteban Bravo, del Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV); las señoras Cañigueral Olivé, del Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana (ERC); Pigem i Palmés, del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió) y el señor Nasarre Goicoechea, del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.


En turno de fijación de posiciones interviene la señora Palma Muñoz, del Grupo Parlamentario Socialista del Congreso.


Interviene la señora ministra de Educación y Ciencia (Cabrera Calvo-Sotelo).


Pide la palabra el señor Nasarre Goicoechea, por entender que la ministra ha reabierto el debate, que no le es concedida por no entenderlo así la Presidencia.


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Debates de totalidad de iniciativas legislativas. ... (Página 11255)

Proyecto de ley por la que se reconocen y amplían derechos y se establecen medidas a favor de quienes padecieron persecución o violencia durante la guerra civil y la dictadura ... (Página 11255)

La señora vicepresidenta primera del Gobierno, ministra de la Presidencia y Portavoz del Gobierno (Fernández de la Vega Sanz) presenta el proyecto de ley por la que se reconocen y amplían derechos y se establecen medidas a favor de quienes padecieron persecución o violencia durante la guerra civil y la dictadura. Inicia su intervención agradeciendo a todas las asociaciones, grupos, entidades y particulares que con su conocimiento, su contribución y sus propuestas han colaborado de manera muy importante en los trabajos de la comisión interministerial. Continua señalando que además de dar respuesta a un mandato parlamentario esta ley entronca sus raíces en la necesidad de hacer un reconocimiento público a todos aquellos que sufrieron la injusticia inherente a la violencia que tanto dolor y sufrimiento generó en nuestro país. Manifiesta que como país perdimos mucho pero como sociedad perdimos mucho más y es que las víctimas de la violencia fueron no solo los perseguidos, represaliados o condenados injustamente, sino también sus familiares y allegados, así como los millones de ciudadanos que padecieron sus consecuencias.


Hace un repaso de la historia en estos años, e informa del reconocimiento a una declaración singular por parte de las víctimas y sus familias, con lo que se garantiza que los allegados de los que sufrieron violencia o persecución puedan ver rehabilitado el nombre y el recuerdo de sus familiares y así recuperar el honor y la dignidad pública de su biografía personal a través de una declaración que proclame la injusticia del castigo, es decir, su inocencia y el sufrimiento que padecieron.


Finaliza refiriéndose a los símbolos y monumentos conmemorativos de la guerra civil o la dictadura, solicitando el voto favorable para esta ley.


A favor de la enmienda a la totalidad de devolución, interviene el señor Atencia Robledo, del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.


A favor de las enmiendas a la totalidad de texto alternativo, intervienen los señores Tardà i Coma, del Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana (ERC) y Herrera Torres, del Grupo Parlamentario de Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya Verds.


Para contestar a las enmiendas presentadas, interviene la señora vicepresidenta primera del Gobierno, ministra de la Presidencia y Portavoz del Gobierno.


En turno de réplica intervienen los señores Atencia Robledo, del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso; Tardà i Coma, del Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana (ERC) y Herrera Torres, del Grupo Parlamentario de Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya Verds.


Interviene la señora vicepresidenta primera del Gobierno, ministra de la Presidencia y portavoz del Gobierno.


En turno de fijación de posiciones intervienen las señoras Barkos Berruezo y Lasagabaster Olazábal, y el señor Rodríguez Sánchez, del Grupo Parlamentario Mixto; los señores Esteban Bravo, del Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV); Xuclà i Costa, del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió) y Torres Mora, del Grupo Parlamentario Socialista del Congreso.


El señor Fernández Díaz, del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, invocando el artículo 72 del Reglamento, solicita la lectura del preámbulo del Real Decreto-ley 10/76, de 30 de julio, sobre amnistía y sus artículos 1 y 2, y los artículos 1 y 2 de la Ley de amnistía, de 15 de octubre. Procede a su lectura la señora secretaria primera de la Cámara.


Dictámenes de comisiones sobre iniciativas legislativas. (Votación.) ...
(Página 11282)

Se somete a votación el proyecto de Ley Orgánica por la que se modifica la Ley Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre, de universidades, así como el texto del dictamen.


Votación de conjunto ... (Página 11285)

Sometida a votación de conjunto por tener la ley carácter orgánico, se aprueba por 189 votos a favor, 132 en contra y una abstención.


Debates de totalidad de iniciativas legislativas. (Votación.) ...
(Página 11285)

Se someten a votación la enmienda de totalidad de devolución y las dos enmiendas de totalidad de texto alternativo al proyecto de ley por la que se reconocen y amplían derechos y se establecen medidas a favor de quienes padecieron persecución o violencia

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durante la guerra civil y la dictadura, que son rechazadas.


Proyecto de ley de investigación biomédica ... (Página 11285)

Presenta el proyecto de ley de investigación biomédica la señora ministra de Sanidad y Consumo (Salgado Méndez), en nombre del Gobierno. Señala que en los últimos años los avances científicos del ámbito biomédico, así como la posibilidad de una mejora sustantiva de la calidad de vida de los ciudadanos e incluso de esperanzas fundadas para el tratamiento y la curación de patologías hasta ahora inabordables, han puesto sobre la mesa cuestiones que conviene abordar no solo desde el ámbito científico, sino también desde el ámbito ético-jurídico.


Manifiesta que la ley pretende alcanzar un adecuado equilibrio entre el respeto a la libertad de investigación fundamentada en la confianza, en la calidad y en la excelencia de nuestros investigadores con los controles que garanticen que las investigaciones se realizan en un marco de respeto a los derechos del ser humano y de los individuos participantes en los ensayos. Con las medidas contempladas en esta ley se pretende convertir los retos de todos conocidos, enfoque multidisciplinar, aproximación entre investigación básica y clínica y trabajo cooperativo en una realidad. La ley busca el equilibrio entre la adecuación a los nuevos retos científicos y la protección de los derechos de las personas implicadas en la investigación como fórmula que garantice y asegure la confianza de la sociedad en la investigación científica.


Finaliza señalando su convencimiento de que la ley de investigación biomédica será uno de los instrumentos adecuados que van a permitir abordar este importante y ambicioso objetivo, por lo que pide el apoyo y colaboración de los grupos para enriquecer el proyecto en el trámite parlamentario.


En defensa de la enmienda a la totalidad de texto alternativo, interviene el señor Mingo Zapatero, del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.


En turno de fijación de posiciones intervienen el señor Llamazares Trigo, del Grupo Parlamentario de Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya Verds; las señoras Uría Etxebarría, del Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV); Bonàs Pahisa, del Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana (ERC); los señores Xuclà i Costa, del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió) y Fidalgo Francisco, del Grupo Parlamentario Socialista del Congreso.


Proyecto de ley de reforma de la Ley 24/1988, de 28 de julio, del Mercado de Valores, para la modificación del régimen de las ofertas públicas de adquisición y de la transparencia de los emisores ... (Página 11299)

Presenta el proyecto de ley el señor vicepresidente segundo del Gobierno y ministro de Economía y Hacienda (Solbes Mira), en nombre del Gobierno.
Señala que la iniciativa persigue conjugar mejor los objetivos de equidad y eficiencia económica. El proyecto de ley trata de lograr un marco que proteja los derechos de los accionistas minoritarios, persiguiendo que la denominada prima de control se reparta de forma equitativa entre todos los accionistas. Pretende igualmente que esta aportación al accionista minoritario se lleve a cabo sin obstaculizar innecesariamente los cambios de control a la gestión, con objeto de garantizar que las sociedades puedan estar controladas por aquellas personas con mayor capacidad para gestionarla, porque éstas serán las que mayor valor darán a la sociedad, beneficiando así a todos los accionistas.


Hace una exposición de las novedades que se introducen en el proyecto de ley y finaliza pidiendo el voto favorable para permitir la continuación de su tramitación parlamentaria.


En defensa de la enmienda a la totalidad de devolución, interviene el señor Martínez-Pujalte López, del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.


En turno de fijación de posiciones interviene el señor Cuevas Delgado, del Grupo Parlamentario Socialista del Congreso.


Sometida a votación la enmienda de totalidad de texto alternativo al proyecto de ley de investigación biomédica, se rechaza por 116 votos a favor, 172 en contra y dos abstenciones.


Sometida a votación la enmienda de totalidad de devolución al proyecto de ley de reforma de la Ley 24/1988, de 28 de julio, del Mercado de Valores, para la modificación del régimen de las ofertas públicas de adquisición y de la transparencia de los emisores, se rechaza por 113 votos a favor, 172 en contra y tres abstenciones.


Avocación por el Pleno ... (Página 11305)

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 149.1 del Reglamento, la Presidencia somete al Pleno de la Cámara la avocación de la deliberación y votación final del proyecto de ley de reforma de la Ley 24/1988, de 28 de julio, del Mercado de Valores, para la modificación del régimen de las ofertas

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públicas de adquisición y de la transparencia de los emisores, lo que se aprueba por asentimiento.


Asimismo, se somete al Pleno de la Cámara la avocación de la deliberación y votación final de los siguientes proyectos de ley: proyecto de ley del estatuto básico del empleado público y proyecto de ley del suelo, lo que se aprueba por asentimiento.


Propuestas de creación de subcomisiones . ... (Página 11305)

Propuesta de la Comisión de Economía y Hacienda, de creación de una subcomisión para estudiar la situación de la economía social en España ... (Página 11305)

La Presidencia somete a la consideración de la Cámara la propuesta de la Comisión de Economía y Hacienda de creación de una subcomisión para el estudio de la situación de la economía social en España, lo que se aprueba por asentimiento.


Elección de un señor diputado, de conformidad con el punto tercero de la resolución de la Presidencia del Congreso de los Diputados sobre secretos oficiales, de 11 de mayo de 2004 ... (Página 11305)

Se procede a la votación para la elección de un señor diputado para formar parte de la Comisión de Secretos Oficiales.


Se levanta la sesión a las cinco y veinte minutos de la tarde.


Se reanuda la sesión a las nueve de la mañana.


DICTÁMENES DE COMISIONES SOBRE INICIATIVAS LEGISLATIVAS.


-PROYECTO DE LEY ORGÁNICA POR LA QUE SE MODIFICA LA LEY ORGÁNICA 6/2001, DE 21 DE DICIEMBRE, DE UNIVERSIDADES. (Número de expediente 121/000101.)

El señor PRESIDENTE: Se reanuda la sesión.


Punto VIII del orden del día. Dictámenes de comisiones sobre iniciativas legislativas. Proyecto de Ley orgánica por la que se modifica la Ley Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre, de Universidades. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 131.2 del Reglamento, comunico a la Cámara que la votación relativa al carácter orgánico del proyecto de Ley orgánica por la que se modifica la Ley Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre, de Universidades, no tendrá lugar antes de las 13 horas.


Comenzamos con el turno de enmiendas. En primer lugar, Grupo Mixto, señores Labordeta, Lasagabaster y Rodríguez, por el orden que deseen.


La señora LASAGABASTER OLAZÁBAL: Gracias, señor presidente. Permítame, antes de intervenir en este punto, dedicar un breve recuerdo a la persona de doña Loyola de Palacio tras su fallecimiento. Más allá de las diferencias que podíamos tener, era una gran trabajadora y le gustaba mucho este Parlamento.


En primer lugar, pido que se den por defendidas las enmiendas del señor Labordeta, que por razones de enfermedad no puede estar aquí. Paso a posicionarme con relación a las enmiendas vivas y sobre todo al proyecto de ley que nos ocupa. El presente proyecto de Ley orgánica por la que se modifica la Ley Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre, de Universidades, presenta para Eusko Alkartasuna distintos claroscuros. En efecto, coincidimos con el Gobierno en la necesidad de modificar la vigente Ley Orgánica de Universidades, aunque, eso sí, nos hubiera gustado más que la reforma hubiera sido más amplia que la propuesta. Compartimos en especial alguno de los cambios introducidos en el proyecto en el sentido de considerar como base para el cómputo del personal docente e investigador únicamente al personal computado en equivalencias a tiempo completo, planteamiento que coincide con el dispuesto en el artículo 15.b) de la Ley del Sistema Universitario Vasco, por lo cual, entendemos, queda superado uno de los motivos por los que el Gobierno del Estado interpuso recurso de inconstitucionalidad contra la citada ley autonómica. El reconocimiento a la autonomía universitaria que se realiza en el artículo 27.10 de la Constitución no debe ni puede quedar reducido a un mero elemento discursivo sin más ni a la simple elucubración filosófica de un derecho en genérico, sino que debe dotarse al mismo de contenidos reales y efectivos. En este sentido, aunque admitimos que el presente proyecto de ley supone -y realmente lo hace- una mejora respecto a la situación anterior, entendemos no obstante que en lo que pueda quedar de tramitación en las Cortes Generales quizás podríamos mejorar más algunos preceptos del proyecto a fin de dejar en manos de las universidades, a través de sus estatutos, la regulación de cuestiones tales como el procedimiento de elección del rector o la inclusión de miembros no académicos en el Consejo de gobierno de la universidad.


La exposición de motivos del proyecto dice textualmente: Las comunidades autónomas son responsables de la política universitaria de acuerdo con lo previsto en la Constitución y los estatutos de autonomía, mientras que al Estado le corresponde establecer las normas

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básicas. Es decir, que las comunidades autónomas deben tener competencia normativa y de ejecución en materia universitaria. En este sentido, por ejemplo, que el artículo 149.1.30ª de la Constitución atribuya al Estado la competencia en lo que se refiere a títulos con validez en todo el Estado no impide ni debe impedir que la comunidad autónoma pueda establecer y regular, autónoma y completamente, enseñanzas conducentes a la obtención de diplomas o certificados sobre determinadas especialidades que disfrutaran de un reconocimiento oficial en el territorio de esta comunidad autónoma para su validez. Si lo que se pretende es, como se dice, una regulación más respetuosa con el complejo sistema que en materia universitaria conforman la Administración General del Estado, las comunidades autónomas y las universidades, es necesario respetar las competencias de estas, cosa que a nuestro entender no sucede en los casos del artículo 42.2 y 42.3 referido a la admisión de alumnos, al prever la determinación de la normativa básica de acceso mediante reglamento a desarrollar directamente por las universidades, en clara exclusión ejecutiva y normativa de las comunidades autónomas del entero proceso de acceso a la universidad siendo como son las comunidades autónomas las competentes en materia educativa. También, consecuentemente con lo que señalaba anteriormente, es necesario dejar espacio y proporcionar reconocimiento a la labor de evaluación, certificación y acreditación que realizan las agencias de evaluación de las comunidades autónomas, como la de la Comunidad Autónoma de Euskadi.


Decíamos al comienzo de esta intervención que el presente proyecto presenta claroscuros. Algunos preceptos han ido mejorando, cosa que nos congratula, con la colaboración de todos los grupos parlamentarios, incluida la formación política de Eusko Alkartasuna. En algunos casos quizá, como en el artículo 34, existe un pequeño retroceso, desde nuestro punto de vista, pero creemos que ha habido una mejora a lo largo de esta tramitación. Hemos observado un talante abierto, hemos podido no solo presentar nuestras enmiendas, sino debatir e intercambiar posiciones con el Grupo Parlamentario Socialista, y se nos han aprobado, ya fuere directamente o a través de transacciones con enmiendas de otros grupos parlamentarios, parte de los contenidos que Eusko Alkartasuna ha presentado en este proyecto de ley. También, y este nos parece un tema muy relevante, se han retomado las negociaciones o cuando menos las conversaciones y la petición que el propio departamento de Educación ya había realizado con el equipo anterior del ministerio con relación a la retirada del recurso de inconstitucionalidad planteado por el Gobierno del Estado contra la Ley del Sistema Universitario Vasco. Ya en su momento la propia vicepresidenta señalaba que era un tema que había que replantearse. Está claro que en la medida que estas consideraciones que planteábamos se recogen en esta ley, no parece que tenga sentido en ningún caso mantener ese recurso. Por todas estas razones, en la medida en que se han admitido propuestas no solo de Eusko Alkartasuna sino de otros grupos relativas a la mejora, al espíritu y a la filosofía de este proyecto de ley, que es años luz diferente a la filosofía de la anterior Ley de 2001, y en la medida en que para nosotros es muy importante la retirada del recurso contra la Ley del Sistema Universitario Vasco, votaremos a favor de este proyecto de ley, sin perjuicio de mantener vivas las enmiendas, especialmente aquellas que son importantes para nosotros como las número 38, 40, 43, 44, 50, 51, 54 y 55, y esperamos que en la tramitación en el Senado se puedan introducir algunas mejoras más aparte de las que hoy tenemos.


Muchas gracias, señor presidente.


El señor PRESIDENTE: Adelante, señor Rodríguez.


El señor RODRÍGUEZ SÁNCHEZ: Gracias, señor presidente.


Empezaré por expresar la satisfacción del Bloque Nacionalista Galego por la capacidad de integración y de diálogo que desde la señora Palma hasta todo el equipo ministerial que se preocupó de esta ley se tuvo a la hora de contemplar por lo menos todo lo que era integrable y lo que eran problemas concretos que se podían solucionar. En este aspecto en particular, para el Bloque Nacionalista Galego es motivo de satisfacción que se haya asumido la definición de los departamentos universitarios como unidades de docencia e investigación, que se haya tenido muy en cuenta que las universidades tienen que prestar especial atención a su vinculación con el sistema productivo del entorno, cosa fundamental sobre todo en países como Galicia que necesitan esta integración de la investigación de todo el conocimiento científico en el sistema productivo, y también, por qué no decirlo, por el hecho de que se haya solucionado un problema como el de los profesores del INEF de Galicia, que pueden ser ahora integrados en los cuerpos de profesores titulares de Universidad por ser funcionarios de tipo A, por contar con el título de doctor o poder contar con él en el futuro. Por todo esto, vuelvo a repetir, nuestra satisfacción.


Presentamos pocas enmiendas, solamente trece, porque entre un determinado concepto de autonomía universitaria y la adaptación al marco europeo de Educación Superior, el margen de debate es escaso. En concreto, para nosotros seguiría siendo vital cambiar la concepción de la Agencia Estatal de Evaluación y Acreditación. Pensamos que cuando ya existe un registro y validez de títulos que da el Gobierno, cuando existe un Consejo de Universidades, cuando hay una Conferencia general de política universitaria, no habría ningún inconveniente en aceptar que las agencias no fuesen estatales sino autonómicas. De lo contrario, se está favoreciendo una visión jerárquica homogeneizadora en materias que no deben someterse a estos criterios, como son el de docencia, investigación y acreditación precisamente de estas prácticas docentes e investigadoras.
También nos parece que quedó ciertamente desdibujado el problema

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de las becas y ayudas al estudio, que debían equipararse para que pudiésemos converger con los estándares europeos. En todo caso, señorías, vamos a votar a favor precisamente porque se solucionan problemas concretos, porque hay mejoras sensibles, sobre todo en la concepción y el respeto de las competencias autonómicas, y en definitiva porque es lo mejor que se ha podido hacer dentro de los límites conceptuales a los que aludí al principio. Por tanto, enhorabuena y parabienes para todos los que hicieron posible este resultado.


Acabo ya, señor presidente, evocando a nuestra ex compañera de escaño, doña Loyola de Palacio, desde la distancia ideológica tanto como desde la simpatía y la admiración por su capacidad de esfuerzo, su capacidad enérgica y batalladora.


Muchas gracias.


El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Rodríguez.


El Grupo Parlamentario de Coalición Canaria-Nueva Canarias ha comunicado que sus enmiendas han sido retiradas. Por el Grupo Parlamentario de Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya Verds tiene la palabra la señora García Suárez.


La señora GARCÍA SUÁREZ: Gracias, señor presidente.


Señorías, no quisiera empezar sin manifestar en nombre de mi grupo parlamentario que lamentamos profunda y sinceramente la desaparición de doña Loyola de Palacio.


Hoy estamos ya en el debate final de esta primera parte del trámite parlamentario antes de su paso por el Senado y quiero empezar diciendo que nuestro grupo parlamentario ha participado activamente desde el inicio en el debate, la tramitación y por supuesto en las propuestas, con muchas de las cuales nos sentimos identificados, así como nos vemos reflejados en este dictamen, incluso literalmente en muchos de sus apartados, porque han sido aceptadas 22 enmiendas íntegras y alrededor de 42 transaccionales. Hemos hecho todo aquello que ha estado en nuestras manos por mejorar esta reforma y por intentar introducir en la misma elementos que para nosotros eran realmente sustanciales. Adelanto que vamos a dar nuestro apoyo y que vamos a mantener enmiendas para su debate en el Senado que van en la dirección de lo que en esta intervención quisiera resaltar, porque, señorías, a pesar de todo esto que acabo de decir, nos parece que es necesaria esta reforma, sobre todo porque en su momento la LRU fue una ley problemática, que comportó muchos conflictos en nuestro país. No voy a esconder que para nuestro grupo parlamentario este debate ha significado grandes controversias con nuestros sectores, con los que en un momento determinado plantearon una gran oposición a la LOU del Partido Popular y que de alguna forma habían puesto unas grandes expectativas en que en esta legislatura iba a haber no solo una reforma de la LOU sino que se cumpliría lo que se planteó y se prometió que sería un nuevo proyecto de Ley universitaria. En nombre de todos estos sectores, a los que represento y con los que comparto absolutamente todo esto, necesito hacer una intervención situando estos elementos que, desde nuestro punto de vista, es lamentable que no hayan quedado reflejados.


Es sabido que a lo largo de todo aquel proceso de elaboración y tramitación de la LOU nuestras organizaciones mantuvieron una actitud muy crítica, no solo por los contenidos de esa ley sino también por el recorte que suponía de la autonomía universitaria y por no hacer frente a uno de los principales problemas de nuestra universidad: la financiación.
Cuando hablamos de financiación -y quiero dejarlo claro porque si no parece que estamos hablando siempre de aquel recurso fácil sobre que hace falta financiación sin tener en cuenta qué dimensión se le está dando a esto- lo hacemos sabiendo perfectamente que son en este caso el Estado y las comunidades autónomas las que deben abordar realmente el modelo de financiación de nuestro sistema universitario. No estamos solamente hablando de más recursos, que se nos entienda. Cuando hacemos propuestas intentamos que sean lo más rigurosas posible. No estamos hablando solamente de más cantidad de recursos, de incrementar el volumen total de estos recursos o de subir el nivel de inversión social en la universidad; nos referimos también a qué modelo de financiación universitaria queremos, tanto desde el Estado como desde las comunidades autónomas.
Este es un debate en profundidad y que creemos que no está en esta reforma, pero que es imprescindible y que nuestros sectores reclaman. Yo, en nombre de ellos, dejo constancia aquí de que no nos satisface en el momento en el que estamos. ¿Por qué? Porque fruto de aquel rechazo tan importante que hubo de la LOU, tras las elecciones del mes de marzo el nuevo Gobierno se comprometió a presentar este nuevo proyecto de ley.
Nosotros ya dijimos en el debate a la totalidad y lo hemos dicho en las comisiones y en las negociaciones -y por eso nos hemos puesto a trabajar con el Gobierno- que ahora era necesaria urgentemente esta reforma para solucionar aquellos problemas que, como he dicho, eran los más importantes, pero queremos dejar constancia de que no estamos satisfechos, con la idea de que entremos en este debate en profundidad.
Desde nuestro grupo entendemos que la no derogación de la LOU, en el sentido de minimizar el impacto negativo de la reforma sobre las universidades, en ningún caso puede suponer que se dejen pendientes las modificaciones de gran calado que se requieren y se señalaron a lo largo de la tramitación parlamentaria en el año 2001.


La reforma que debatimos hoy opta por eliminar aquellas cuestiones más desafortunadas y que generaban mayor distorsión en el sistema universitario. Se plantea el sistema único de acceso a la universidad, la acreditación del profesorado, el carácter público de la Aneca, la recuperación de la autonomía y mayor grado de participación en algunos órganos de gobierno de la universidad, y en todo eso y en otras muchas cuestiones -y podría hacer una larga lista porque hemos introducido muchos

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cambios y, repito, nosotros hemos participado en ellos- se ha mejorado, cuestiones cuyo objetivo es llevar la universidad a la normalidad.
Ciertamente, era imprescindible hacerlo y por eso hemos colaborado, pero nosotros también recordaremos insistentemente -y hoy vuelvo a decirlo- que no es suficiente y que tenemos una deuda y un debate imprescindible por hacer, porque la reforma debería haber sido más ambiciosa, no limitándose a traer esta normalidad sino centrándose en cómo ha de ser la universidad española en el siglo XXI. Para poder construir la universidad que nuestro país necesita tenemos que conocer la realidad que tenemos día a día. En nuestro país se produjo un gran avance de democratización en el acceso a la universidad en los años ochenta y noventa; se consideró a la universidad como un elemento de igualdad de oportunidades y de futuro para un país, pero los esfuerzos de financiación de nuestro sistema universitario han sido insuficientes. No puedo alargarme, pero todos conocemos los datos sobre los recursos que destinamos en relación con otros países europeos y en relación con el PIB; se ha debatido extraordinariamente sobre ello y en este momento no tengo tiempo de volver a insistir en ello.


Sí voy a insistir en uno de los puntos fundamentales y que ya he mencionado, que es la financiación. Nos preocupa porque el futuro de nuestro país depende de la universidad de hoy, la que realmente estamos debatiendo aquí. Ha dicho el portavoz que me ha precedido que debemos mejorar la realidad que ahora tenemos, porque la mayoría de nuestros universitarios cuando salen de la universidad acaban trabajando de cualquier cosa menos en la relacionada con aquella carrera que han escogido. Esa es una realidad muy importante que debe preocuparnos porque quiere decir que no hay el ligamen necesario entre la universidad y nuestro sistema productivo. Tampoco hay planificación ni estrategias necesarias para garantizar que nuestro sistema universitario, nuestro sistema social y nuestro sistema productivo estén en una misma dirección.


Otro tema que nos preocupa mucho y por el que hoy vamos a presentar una nueva transaccional -que pasaré a todos los grupos al acabar mi intervención- es nuestro sistema actual de becas, que es un elemento esencial para nuestro grupo. La política de becas y ayudas es fundamental. Hay que incrementar la eficiencia del actual sistema de ayudas y para ello se deben revisar los criterios de concesión de las mismas. Entendemos que el incremento de la cuantía y la cobertura de las ayudas al estudio debe ser una prioridad de nuestro sistema universitario como mecanismo para garantizar la igualdad real de oportunidades.
Señorías, la igualdad real de oportunidades significa en muchas ocasiones tratar diferente a lo que es diferente. Esto se ha dicho y es imprescindible. Los dos criterios fundamentales que se utilizan para el sistema de becas en estos momentos se han de revisar porque no son criterios que realmente garanticen la igualdad de oportunidades. El criterio académico es uno, lógicamente es así, pero el criterio de la renta es absolutamente perjudicial para algunas comunidades -y que no se entienda mal esto-, no solamente para Cataluña -refiriéndome a esa comunidad de la que procedo-; tampoco es lo mismo el mileurista, el joven con 1.000 euros en la Comunidad de Madrid que el joven con 1.000 euros en otras comunidades en las que el coste de la vida no sea el de la Comunidad de Madrid ni el de Cataluña u otras comunidades. No puede ser que existan estas desigualdades en la situación de nuestros jóvenes universitarios. Por eso entendemos que aquí deberían hacerse unos cambios importantes. Nosotros apostamos por que en un plazo reducido de tiempo -no más de uno o dos años como mucho- haya un sistema de becas que garantice la cobertura del coste directo e indirecto pero con unos criterios de igualdad de oportunidades diferentes a los de ahora. Incluso pensamos que sería imprescindible que hubiera un observatorio nacional del sistema de becas para ver verdaderamente cuál es el desarrollo de estos criterios que se están utilizando y sobre todo el impacto que están teniendo en las diferentes comunidades autónomas. Por eso, repito, vamos a presentar esta transaccional, que esperamos que todos los grupos vean con agrado, con la que apostamos por resolver algunas cuestiones de desigualdad que afectan por igual a muchas comunidades autónomas, por igual, al margen de la que representemos cada uno de nosotros. Aquí se trata de verlo en globalidad.


Veo que no tengo tiempo pero voy a apuntar, como mínimo, que también nos preocupa la puesta en marcha y el desarrollo del espacio europeo de Educación Superior.


El señor PRESIDENTE: Señora García Suárez...


La señora GARCÍA SUÁREZ: Para nosotros es muy importante dejar apuntado que el espacio europeo de Educación Superior tiene que ser uno de los objetivos, aunque reconocemos que no es en esta ley donde deberían estar absolutamente definidas las claves para ir hacia este espacio europeo; paralelamente el ministerio debe trabajar -me consta que lo está haciendo-, pero nosotros pretendemos que sea de la forma más intensa posible y con la mayor coordinación posible con las comunidades autónomas para garantizar el máximo éxito y eficacia de nuestro sistema universitario y evidentemente de nuestros universitarios.


Muchas gracias. (Aplausos.)

El señor PRESIDENTE: Gracias, señora García Suárez.


Grupo Vasco. Señor Esteban, por favor.


El señor ESTEBAN BRAVO: Muchas gracias, señor presidente.


Ciertamente la tramitación de la reforma de esta ley orgánica se ha llevado, a nuestro entender, un poco a uña de caballo, sea porque los plazos tuvieron que restringirse por mor de dar más tiempo a la presentación de

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enmiendas, sea porque por cuestiones y convocatorias electorales convenía más hacerlo de esa manera, pero lo cierto es que hemos hecho todo el trámite en el corto plazo exactamente de una semana, entre ponencia, debate de enmiendas a la totalidad y dictamen de la Comisión. Eso lo lamento, pero también tengo que decir que, efectivamente, ha habido un debate fructífero entre todos los grupos y que muchas de las propuestas realizadas por estos se han ido asumiendo y encauzando y entiendo que la tramitación, que se prolongará en otras instancias como es el Senado, ayudará a que vaya puliéndose y mejorando el texto de la ley.


Lo primero que tenemos que preguntarnos es si verdaderamente esta ley hace frente al reto europeo, porque es lo más importante que tiene nuestra universidad, y, quiérase o no y aunque algunas de las normas que hacen referencia a lo que va a ser el espacio europeo de Educación Superior serán desarrolladas en otro nivel normativo, ciertamente era y es necesario preparar a la universidad en un plano de igualdad con el resto de las universidades europeas para enfrentar ese nuevo reto y creemos que eso se ha conseguido con el proyecto de ley. Hacer una universidad con otra estructuración más abierta, más ágil, que sea más equiparable en sus mecánicas de funcionamiento al resto de las universidades europeas y que sea capaz de aplicar políticas de competencia en el sentido de poder mejorar la calidad, la excelencia universitaria -y eso basado sobre todo en el autonomía de las propias entidades universitarias- para nosotros era fundamental y, en ese sentido, el proyecto iba en buena dirección, las enmiendas creemos que han mejorado esa dirección y, por tanto, urgía readaptar la LOU de manera que nos pudiéramos adecuar a una universidad del siglo XXI. Sinceramente nosotros entendemos que lo que tenemos en estos momentos en el ordenamiento jurídico con la regulación actual de la Ley Orgánica de Universidades es una universidad del siglo XX pero no del siglo XXI. En ese sentido creemos en la necesidad de hacer la reforma y a nuestro juicio va en la buena dirección, como ya lo anuncié en mi primera intervención con motivo de las enmiendas a la totalidad. En cualquier caso tenemos discrepancias, evidentemente. Hemos avanzado en aspectos tales como en el guiño que se hace en el artículo 6.2 a las lenguas cooficiales para constatar la realidad de que las lenguas propias de las comunidades autónomas también tienen un espacio en la universidad, y un espacio ha de ser vehículo de enseñanza y en pie de igualdad con otros idiomas. Personalmente nos hubiera gustado que hubiera sido un poquito más explícito y que se hubiera utilizado concretamente la palabra uso, pero para nosotros es un paso importante que la ley orgánica lo mencione.
También entendemos importante el reconocimiento mutuo entre las agencias de evaluación de la calidad y que la Aneca y las correspondientes agencias autonómicas entren dentro de unos mismos estándares europeos y se reconozca la validez de sus actuaciones entre ellas. Asimismo hemos dado pasos en el ámbito de la contratación aunque en ese tema seguimos manteniendo discrepancias en cuanto a cómo ha quedado la ley, porque entendemos que la universidad debe ser desfuncionarizada en la medida de lo posible; creemos que el futuro de la universidad es una universidad más ágil y en ese sentido nos hubieran gustado propuestas más avanzadas.
Sin embargo, damos por bueno que se entienda que la contabilización de la contratación de los profesores sea ese 49 por ciento, que no sean contabilizados únicamente aquellos docentes que están a tiempo completo, y nos congratulamos de que hayamos podido llegar a un acuerdo -también a última hora- para que en esa contabilización no se tengan en cuenta aquellos docentes que no están impartiendo enseñanzas que conduzcan a la obtención de un título oficial.


Para nosotros era muy importante -así se lo señalé a la señora ministra en mi intervención en relación con las enmiendas a la totalidad- la retirada del recurso de inconstitucionalidad porque allanaba muchos problemas. La suspensión de determinadas normas de la Ley del Sistema Universitario Vasco estaba y está causando -porque todavía a fecha de hoy no se ha realizado esa retirada- problemas serios, personales, en un colectivo que es importante. Parece que puede haber un acuerdo en que esta modificación de la ley conduzca a ese camino que ya se había emprendido en la Ley del Sistema Universitario Vasco, por tanto, tenía lógica esa retirada del recurso. Es un gesto, la verdad, y nos congratulamos, en las conversaciones que hemos tenido con el Gobierno, de que en este asunto tan importante se haya podido llegar a buen término, lo que, evidentemente, a la hora de posicionarnos frente a la ley tiene importancia. Entiendo que hemos llegado a un acuerdo en cuanto a aquel compromiso que hubo en una de las resoluciones del debate del estado de la Nación sobre que las normas básicas deberían ser desarrolladas a través del rango de ley; por tanto la retirada en el artículo 68.1 -acuerdo al que también hemos llegado- de la mención a que el Gobierno será quien dicte esas normas básicas directamente a través de reglamento la consideramos importante. Ahora bien, también tenemos que señalar que en el trámite del Senado debe completarse, en pura lógica, la interpretación del texto con la adecuación en el mismo sentido del artículo 83 de la actual LOU.


Evidentemente hay puntos de desacuerdo. Ya he señalado nuestras discrepancias en el tema de contratación, incluso en que única y exclusivamente corresponda al Gobierno del Estado la regulación y las disposiciones en todo aquello que concierne al régimen retributivo de los funcionarios, y en cuanto a la regulación sobre la elección del rector.
Entendíamos y entendemos que no solo en este ámbito sino en el de otras enmiendas que no han sido aceptadas, no se da el suficiente espacio, que creemos que constitucionalmente lo tiene, al desarrollo a través de una ley autonómica de la regulación del ámbito universitario. Lamentamos que en el ámbito del registro su gestión al final no vaya a ser más adecuada a la existencia de las comunidades autónomas y pueda ser

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descentralizada; en este mismo sentido hubiéramos entendido que una adecuación de la UNED a ese Estado autonómico hubiera sido algo interesante y muy importante, y sobre todo mantenemos nuestra discrepancia en cuanto a la organicidad de muchos de los artículos de la Ley de Universidades. Entendemos que, básicamente, el mandato del artículo 81 de la Constitución está referido al artículo 27 y en todo lo que devengue de dicho artículo tendrá que colegirse que hay un contenido orgánico, pero es que hay muchos ámbitos en esta regulación de la ley, desde enseñanzas a títulos e investigación, que no vienen directamente del artículo 27 sino del 149, 15, 18 y 30, que es muy evidente. Y de ese artículo 149 no puede deducirse en ningún caso que ese contenido tenga que ser necesariamente orgánico.


Voy acabando, señor presidente. Por tanto, manifestamos en ese sentido nuestras serias discrepancias, pero, en cualquier caso, lo que quiero señalar como reflexión final es que la reforma se da en una dirección interesante, que era necesaria, aumenta la autonomía universitaria, prepara y pone en el camino de salida -después dependerá de cómo lo desarrolle cada universidad- a las universidades españolas para afrontar el reto europeo, y también ha habido avances interesantes en cuanto a temas como Aneca, lenguas cooficiales, la contratación y, sobre todo, la retirada del recurso de inconstitucionalidad. Todo ello hace que nuestro grupo vaya a posicionarse a favor de esta ley sin perjuicio de que nos gustaría que en el Senado pudiéramos seguir avanzando en algún otro aspecto.


Muchas gracias, señor presidente.


El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Esteban.


Por Esquerra Republicana, tiene la palabra la señora Cañigueral.


La señora CAÑIGUERAL OLIVÉ: Gracias, señor presidente.


Señoras y señores diputados, el Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana reconoce el avance que representa esta propuesta de reforma de ley en comparación con la vigente LOU aprobada por el Gobierno del Partido Popular, sobre todo después del trámite en la Comisión de Educación. A nuestro entender, nos alejamos del intento de uniformidad que perseguía el Partido Popular y avanzamos tímidamente hacia la toma de decisiones de forma descentralizada, donde las comunidades autónomas tendrán voz. Y, como ya avanzamos, asumir la realidad competencial de las comunidades autónomas es imprescindible sobre todo si tenemos en cuenta la responsabilidad autonómica en la financiación de las universidades.
Por este motivo nos alegramos de que cuestiones como la creación, la modificación y la supresión de escuelas y facultades se atribuya a las comunidades autónomas, así como, tal y como señalábamos en la enmienda 249 de Esquerra Republicana, se reconozca que la ley de la comunidad autónoma es la que debe regular la composición de las funciones del Consejo social. Los consejos sociales deben ser el órgano de representación de la sociedad en general, no solo de las empresas, en la universidad y deben tener el objetivo de la interlocución constante entre el ámbito universitario y el mercado laboral, sin que ello signifique en ningún caso una supeditación de las universidades al capital privado. La universidad tiene que estar al servicio de la sociedad y traspasar la capacidad de decisión a las administraciones autonómicas, que permite una más rápida adaptación y adecuación de la universidad a las demandas sociales y económicas de su realidad más próxima. Este elemento es imprescindible para alcanzar el objetivo de evolucionar de una sociedad industrial a una sociedad del conocimiento. En cuanto a otras cuestiones de ámbito competencial, también celebramos que en el título referente a deporte y extensión universitaria se dejen de vulnerar de forma directa competencias autonómicas y se desestime la intención del Gobierno estatal de regular en cuestiones de proyección y competiciones internacionales.
Aun así, pensamos que sería más adecuado que rotulasen este título, totalmente, las comunidades autónomas.


Como ya indicamos, la Conferencia general de política universitaria es el mejor espacio para tomar decisiones que afectan a ámbitos que el Estatut de Catalunya señala como competencias compartidas. Nos alegramos de que las propuestas de Esquerra Republicana para constituir una Conferencia general de política universitaria que tenga capacidad de decisión política real hayan sido aceptadas. Queda claro en el texto el fortalecimiento durante el trámite parlamentario de las funciones atribuidas a la Conferencia general de política universitaria que, a partir de ahora, tendrá potestad para intervenir en cuestiones como el establecimiento y valoración de las líneas generales de política universitaria, la articulación del sistema universitario en el espacio europeo de Educación Superior, en la interrelación con las políticas de investigación científica y tecnológica, en la proposición y valoración de las medidas para impulsar la colaboración entre la universidad y empresa, así como su participación en el procedimiento para la admisión de los estudiantes en los centros universitarios.


Para Esquerra, como ya hemos señalado repetidas veces, era imprescindible la participación de las comunidades autónomas en el proceso de convergencia europeo, tal y como figura ahora en la Conferencia general de política universitaria y, sobre todo, en cuestiones relativas a investigación y en las disposiciones relativas al establecimiento para la admisión de estudiantes. Por esta razón nos alegramos del avance que se ha conseguido en este ámbito.


En cuestiones relativas a la evaluación en el trámite por la Comisión de Educación, el apartado donde se regula la Agencia Nacional de Evaluación de la Calidad y Acreditación también se ha modificado según las propuestas que Esquerra Republicana plantea, así como otros grupos parlamentarios. En concreto, en el nuevo texto se insta a establecer mecanismos de cooperación

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y reconocimiento mutuo entre la agencia estatal y las agencias autonómicas ya existentes o de futura creación. De hecho, este reconocimiento es una cuestión de justicia, ya que la primera Agencia de Evaluación del Estado y, por tanto, con más consolidación, también es la catalana. También vemos muy positivamente que se supere el actual articulado de la LOU aprobado por el Partido Popular, sumamente intervencionista y detallista, donde se deja poco margen a la autonomía universitaria. Así, en el dictamen se prevé que puedan ser las mismas universidades las que tengan la última palabra en cuestiones de tanta trascendencia para su propia organización, como son la modalidad de elección del rector o la composición del Consejo de gobierno, así como celebramos que se abra la posibilidad de que los profesores contratados con vinculación permanente puedan ejercer de decanos o de directores de departamentos, cuestiones que hasta ahora estaban reservadas exclusivamente a funcionarios. Es importante permitir que los profesores contratados con carácter permanente tengan poco a poco las mismas posibilidades y derechos en la organización de las universidades.


En lo que respecta a la lengua, es muy importante resaltar el trabajo realizado en la Comisión de Educación también por parte del Grupo Parlamentario de Esquerra, conjuntamente con otros grupos parlamentarios, que ha permitido que por primera vez en una Ley Orgánica de Universidades se tenga en cuenta la realidad lingüística del Estado español. Para nuestro grupo este es el primer paso, no el último, para dar cumplimiento al mandato constitucional de respeto y protección a las lenguas propias de las comunidades autónomas. En cuanto a la participación de los estudiantes en la universidad, lamentamos que no se haya aceptado nuestra enmienda, donde se pretendía aumentar la representación de los y las estudiantes en los órganos de gobierno de la universidad, así como que se vulneren competencias autonómicas en lo que hace referencia a la regulación del estatuto de los estudiantes y del Consejo estatal de estudiantes.


Por último, el Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana, y coincidiendo con las consideraciones de las JERC, Joventuts d'Esquerra Republicana de Catalunya, fija como una cuestión de especial importancia el tema de las becas y de las ayudas económicas al estudio. Actualmente, los y las estudiantes catalanas representamos el 20 por ciento del alumnado universitario de todo el Estado y, en cambio, solo recibimos el 9 por ciento de las becas. Esta situación tan desfavorable para la ciudadanía catalana es consecuencia directa del hecho de que el Gobierno español sigue sin entender que estamos en un Estado con realidades territoriales muy diferentes. El hecho de que el volumen de las ayudas económicas al estudio y los umbrales de la renta y patrimonio se fijen de manera idéntica para todo el territorio estatal deja en una situación de desigualdad a las comunidades con un coste de vida más elevado que la media estatal. Para nuestro partido es imprescindible solucionar la actual situación de desigualdad que sufren los y las estudiantes catalanas. Este problema únicamente podrá superarse con la introducción de mecanismos correctores en los umbrales y en las cantidades otorgadas que permitan adaptar las becas y las ayudas a la realidad socioeconómica de las distintas comunidades autónomas. Es totalmente necesario tener en cuenta la diversidad de los costes de vida en los distintos territorios para garantizar el principio de igualdad en el acceso a las becas. En este sentido, la sentencia 188/2001 del Tribunal Constitucional nos da la razón, al considerar que la normativa reguladora de las becas no debe impedir la atención de las peculiaridades territoriales, y también añade que, para garantizar la igualdad en la obtención de ayudas y teniendo en cuenta el principio de igualdad previsto en el artículo 14 de la Constitución española, es preciso dar un trato distinto a situaciones que también lo son, y muy acertadamente señala que precisamente no atender a las distintas circunstancias socioeconómicas de las comunidades autónomas implica dar un trato desigual a los posibles beneficiarios, dado que no se tienen en cuenta factores que condicionan absolutamente el acceso a las becas, como el coste de la vida. Esta sentencia no se ha tenido en cuenta ni en tres años de gobierno del Partido Popular ni en dos años de gobierno socialista.


Así pues, el Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana solo podrá votar favorablemente el dictamen si hay un compromiso claro del Gobierno de respetar la sentencia del Tribunal Constitucional de 2001, donde se hace una referencia explícita a que se deben tener en cuentas las circunstancias socioeconómicas de las comunidades autónomas para asegurar el principio de igualdad en el acceso a las becas y ayudas económicas al estudio. Así pues, esperamos que el Gobierno avance en este tema y podamos votar en algún momento del trámite parlamentario a favor de la ley.


Muchas gracias, señor presidente, señoras y señores diputados.
(Aplausos.)

El señor PRESIDENTE: Gracias, señora Cañigueral.


Por el Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), señora Pigem.


La señora PIGEM I PALMÉS: Muchas gracias, señor presidente.


Recordarán SS.SS. que cuando el presidente del Gobierno, respondiendo en la sesión de control a una pregunta del portavoz de mi grupo parlamentario, anunció que el Gobierno iba a retirar el recurso de inconstitucionalidad que en su día presentó el Gobierno del presidente Aznar contra la Ley de Universidades de Cataluña, contra la LUC, el señor Durán valoró, como no podía ser de otra manera, muy positivamente esta decisión, reivindicada por Convergència i Unió desde hacía mucho tiempo, pero también explicitó que la retirada del recurso era un requisito necesario, aunque no suficiente, para dar nuestro apoyo a la ley. Existen temas importantes para la formación

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política que tengo el honor de representar, muchos de ellos destinados a salvaguardar las competencias autonómicas, especialmente desde la lectura del nuevo Estatut de Cataluña, pero también otros referidos a la adaptación de la LOU, al espacio europeo de Educación Superior, al papel del Consejo social, muy rebajado a nuestro entender en el texto del proyecto, a la autonomía universitaria para la creación y gestión de títulos propios, a la introducción de criterios lingüísticos en la regulación del acceso a plaza y otros que, a nuestro entender, o no se recogían o se recogían de manera insuficiente en el proyecto y era por tanto necesario llegar a acuerdos y transacciones sobre ellos a lo largo de lo que quedaba de trámite parlamentario, acuerdos y transacciones que se han ido produciendo a lo largo de un trabajo intenso y extenso y que han sido posibles -así lo quiero mencionar para que conste en el "Diario de Sesiones"- gracias a la disposición y al interés en recoger la posición de Convergència i Unió en esta materia mostrados tanto por el Gobierno -no solo por la señora ministra, porque hoy lo quiero personalizar en don Félix García Lausín- como por la portavoz del Grupo Parlamentario Socialista, doña Montserrat Palma. Hoy, fruto de estos acuerdos, la redacción del dictamen se adecua de manera suficiente a nuestras propuestas en un número importante de temas, por lo cual ya en Comisión procedimos a retirar un número elevado de enmiendas que habían sido recogidas bien de manera literal, bien de manera transaccionada, y en este momento procedo a retirar, también por la misma razón, las enmiendas aún mantenidas, números 183, 220 y 225. Hoy, como resultado de estos acuerdos, la redacción del texto de la LOU ha mejorado sustancialmente en muchos aspectos. Se adapta al futuro que marca el proceso de Bolonia en la adaptación del espacio europeo de Educación Superior y esperamos que la adaptación no sea solo de la literalidad del texto, sino que el contenido del mismo permita adaptar las modalidades de enseñanzas a lo que nos requiere el proceso de Bolonia.


Con respecto a las universidades privadas, los acuerdos alcanzados recogen buena parte de las necesidades planteadas y abren además un periodo de seis años para su adaptación, significando que ha habido grandes avances en algunos temas concretos, como la posibilidad de adscripción de centros universitarios privados a universidades privadas, siempre que, evidentemente, cumplan unas determinadas garantías y requisitos. A nuestro juicio, se recupera de manera suficiente el peso del Consejo social, en especial por lo que se refiere al nombramiento de gerente. Se avanza, aunque de manera muy tímida, en la movilidad del PDI, cuestión muy demandada por la comunidad universitaria. También se garantiza la reciprocidad y se reconocen las atribuciones de las agencias de Calidad de las comunidades autónomas. Se reconoce la autonomía universitaria para la creación y gestión de títulos propios y la obligatoriedad del registro únicamente para los títulos oficiales, así como se reconocen de manera explícita las competencias de las comunidades autónomas en el procedimiento de homologación de nuevas titulaciones. Se blinda el modelo actual de la Universitat Oberta de Catalunya, universidad no presencial, que quedaba afectado en la redacción original y se reconoce el establecimiento de criterios lingüísticos en los procesos de acogida de los diferentes miembros de la comunidad universitaria. Estas mejores recogen, como he dicho, un número muy importante de nuestras enmiendas y, a nuestro juicio, mejoran sustantivamente el texto inicial presentado por el Gobierno, que mejoraba a su vez el texto vigente de la LOU en muchos aspectos. No obstante no ha habido acuerdo en algunos temas, y por ello hemos mantenido algunas de nuestras enmiendas relativas, entre otras, al Consejo de estudiantes y a algunos otros temas competenciales.


Sí ha habido acuerdo, fruto de la negociación de estos últimos días, en temas sin cuya aceptación nuestro grupo difícilmente podría dar hoy su apoyo a esta reforma y que son los siguientes. En primer lugar, mantener la capacidad de las comunidades autónomas en la regulación de las modalidades del profesorado contratado, un aspecto capital y esencial para asegurar la pervivencia de la actual Ley de Universidades catalana y que supone volver, en el artículo 48, a la redacción de la vigente LOU. A este respecto, presentamos el texto de una enmienda transaccional, entregada al servicio jurídico de la Cámara y me imagino que ya en posesión de todos los grupos, y les solicitamos no solo que faciliten su votación, sino que la apoyen desde la consideración de su importancia.


Hemos llegado a otros acuerdos que quiero mencionar, aunque en este momento carezcamos todavía de texto concreto para poderlos transaccionar.
Me gustaría que también se hiciera así por parte del Grupo Socialista, para que quedara reflejado desde esta tribuna el acuerdo que forzosamente se tendrá que materializar en lo que queda de trámite parlamentario. Se refieren, en primer lugar, a la mejora del tratamiento fiscal de las aportaciones dinerarias que se hagan a universidades públicas y privadas sin ánimo de lucro. Se trata, en definitiva, de la implementación de nuevos mecanismos fiscales que estimulen la aportación de recursos privados a las universidades públicas, pero también a las privadas sin ánimo de lucro, para optimizar la investigación universitaria, algo que se plantea muy necesario y que, como tal, se aconseja en la comunicación de la Comisión al Consejo y al Parlamento Europeo del pasado 10 de mayo, pues actualmente existe un déficit en el sistema español, tal como se viene señalando desde la propia Comisión Europea. También hay acuerdo en cuanto al reconocimiento de que la regulación del estatuto del personal docente investigador debe hacerse sin que el Estado desborde sus competencias, es decir, permitiendo el desarrollo y la ejecución de las competencias autonómicas. Otro acuerdo sería no impedir el paso del profesorado contratado al porcentaje reservado a doctores en el claustro universitario y las juntas de facultad, y también hay acuerdo en cuanto a la regulación de una cierta objetivación en el número y las características de los miembros de las comisiones de acreditación y de las

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comisiones de selección de las plazas convocadas a concurso por las universidades.


Por todo ello y en el ánimo de que se cumplan estos acuerdos, aunque hoy no vamos a votar algunos puntos concretos del dictamen, nos gustaría -en principio esta es nuestra intención- dar nuestro voto afirmativo al mismo, especialmente si se recogen las enmiendas transaccionales presentadas por los otros grupos, poniendo de especial relieve la que alude a las becas, para respetar lo dispuesto en la sentencia 188/2001, del Tribunal Constitucional.


Quiero finalizar expresando que desde Convergència i Unió esperamos que este sea un buen texto para las universidades y, en definitiva, para la sociedad, y formulando dos reflexiones. La primera va en este caso referida al Gobierno de Cataluña, aunque se haga desde esta tribuna, y en especial a la consellería de la que dependen las universidades, presidida por un conseller de Esquerra Republicana de Catalunya. Muchos de los aspectos de la ley, especialmente los de ámbito competencial, quedan en sus manos, en manos del Gobierno de la Generalitat, pero al igual que sucede con las puertas que abre la retirada del recurso del Tribunal Constitucional contra la LUC, solo una firme, activa y potente política universitaria del Gobierno de Cataluña y una celosa defensa de sus competencias permitirá aprovechar todas las posibilidades que da al sistema universitario catalán el marco legal que queda confeccionado.
Desde aquí les instamos a tenerla, y desde Cataluña, si se me permite, se lo exigiremos con el mismo celo con el que desde Convergència i Unió hemos defendido en el trámite de la ley un marco competencial para poder tener una política universitaria propia de acuerdo con las competencias que nos da el nuevo Estatuto de Cataluña. Una última reflexión -esta es al Gobierno del Estado- es la de lamentar profundamente que no se haya ido más allá en la flexibilización de las excedencias y de las dedicaciones parciales para proyectos externos en I+D+i. No solo porque así se había aprobado en esta Cámara el 23 de diciembre de 2004, recogiendo una proposición no de ley presentada por mi grupo parlamentario y aprobada por unanimidad con una enmienda del Grupo Parlamentario Socialista, sino porque nuestra competitividad pasa forzosamente por abrir puentes y dar las máximas facilidades a la actividad investigadora y a su interrelación con actividades en las que se aplique esta investigación, sean públicas o privadas.


Señorías, este es sin duda el futuro y para hacerlo no duden que desde Convergència i Unió seguiremos impulsando, como hasta ahora, cuantas iniciativas sean necesarias para hacer esto posible.


Muchas gracias.


El señor PRESIDENTE: Gracias, señora Pigem.


Por el Grupo Parlamentario Popular, señor Nasarre.


El señor NASARRE GOICOECHEA: Señor presidente, quiero expresar también en esta mañana mi tristeza y la condolencia de mi grupo por el fallecimiento de doña Loyola de Palacio y nuestro vivo agradecimiento por las muestras de condolencias de otros portavoces de grupos parlamentarios.


Señor presidente, señora ministra de Educación, señorías, hoy una mayoría de la Cámara va a aprobar una reforma universitaria de cuyas consecuencias debemos ser conscientes. Debemos ser conscientes de qué nos estamos jugando y hacia dónde conduce esta reforma. Empezaré diciendo que conduce a una muerte dulce de los cuerpos docentes universitarios. Con esta reforma se abre la vía a la extinción de los cuerpos de catedráticos y titulares de universidad, rompiendo así una trayectoria histórica con la que se ha construido la universidad pública española en la época contemporánea. Salvo en lo que se refiere a la figura del rector, ya ningún cargo o autoridad académica quedará reservada a los miembros de los cuerpos docentes universitarios, que ni siquiera dispondrán de una mayoría en el claustro. Cualquier asomo de jerarquía basada en una carrera asentada en los méritos docentes e investigadores queda diluido.
El peso de los profesores de los cuerpos docentes universitarios irá disminuyendo de forma inexorable en la futura vida universitaria. Nos debemos preguntar: ¿Se alumbra un nuevo modelo? ¿A cambio de qué se produce esta trascendental alteración de la configuración de nuestras universidades? A cambio de una situación que conduce a un tótum revolútum que nos impide hablar de un nuevo modelo para el sistema universitario español. La clave de esta alteración es la combinación de dos elementos: la devaluación del papel de los cuerpos docentes universitarios y el sistema que se implanta en la selección del profesorado.


La reforma clave de la ley, como sabemos, consiste en sustituir el sistema de habilitación nacional por la acreditación hecha sobre papeles, sin pruebas públicas competitivas, que como ya expusimos en el debate de totalidad de la ley constituye un cheque en blanco para el Gobierno de turno. ¿Qué va a pasar entonces? Que nos encaminamos a lo que podríamos llamar un mercado de las acreditaciones. El candidato a profesor podrá optar a presentar su documentación, sus papeles, ante varias ventanillas, ante el órgano que establece la ley en su artículo 57, si quiere acceder a los cuerpos de funcionarios, o podrá acreditarse ante la Aneca o ante cualquiera de las agencias de acreditación de las comunidades autónomas.
En ninguna de ellas, por cierto, el juicio está reservado a especialistas de cada materia. Los criterios difícilmente podrán ser homogéneos. En este mercado de acreditaciones es de prever que funcione la ley de Gresham, en virtud de la cual, como sabemos, la moneda mala acaba expulsando a la buena. El profesor Mas-Colell afirmó en el trámite de comparecencias de la ley que la acreditación acabaría siendo un filtro de mínimos, y yo comparto este pronóstico. ¿Qué va a ocurrir en la segunda fase del proceso de selección, que corresponde a las universidades? Hace unos días, al preguntar a un rector que desempeñó altas responsabilidades en los gobiernos socialistas si a su juicio las universidades

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establecerán pruebas públicas competitivas, abiertas y con tribunales independientes, externos a la propia universidad, para escoger a los mejores, me dio una respuesta absolutamente escéptica: Este modelo conduce casi inexorablemente a que cada universidad seleccionará a los suyos, a los propios, a los de casa, porque no hay ningún tipo de contrapeso que dificulte, que evite esta arraigada tradición de nuestra vida universitaria. Si viviéramos en el mejor de los mundos posibles, acaso se podría bendecir el modelo Cabrera-Quintanilla, pero no lo estamos, señora ministra, y por ello cualquier reforma con un mínimo de ambición debería proponerse corregir la situación actual, caminar hacia la excelencia y no resignarse a cristalizar efectos y deficiencias arraigadas. Esta es la opinión de muchos buenos profesores universitarios que ustedes no han atendido. Por eso su reforma está suscitando un clima de incertidumbre, de decepción, de desánimo y de preocupación en amplios medios universitarios con los que mi grupo se siente identificado. Por cierto, hablando de selección del profesorado, señora ministra, aprovecho un momento de mi intervención para decirle que el proyecto de decreto de acceso a la Función pública docente en el ámbito universitario que han mandado ustedes al Consejo Escolar del Estado es una auténtica vergüenza, una degradación inconcebible en el sistema de selección del profesorado que va a tener consecuencias nefastas para la escuela pública porque es un coladero inconcebible. Le ruego que tenga la valentía de pararlo para no producir daños irreparables a la calidad de nuestra enseñanza pública.
(Aplausos.)

Volviendo a la universidad, nosotros no podemos asumir la responsabilidad de avalar su reforma porque creemos vital para su futuro un sistema de selección del profesorado que se proponga en serio, con la vista puesta en los datos de la realidad y con las herramientas necesarias para elegir simplemente a los mejores, vengan de donde vengan, un sistema para cambiar las cosas, porque nuestra universidad ahora lo necesita más que nunca. Desgraciadamente no estamos lejos -y viene a cuento- de lo que ya señaló Ramón y Cajal para la universidad de su época. Decía el premio Nobel: Si los centros docentes carecen del heroísmo necesario para resistir las opresoras garras del caciquismo y el favoritismo extra e intrauniversitario, si cada maestro considera a sus hijos intelectuales como insuperables arquetipos del talento y de la idoneidad, la flamante autonomía rendirá, poco más o menos, los mismos frutos que el régimen actual. Y no se nos diga que Cajal no amaba a la universidad. Por eso hemos de tener la valentía, señora ministra, de propiciar el marco más favorable para una transformación de nuestras universidades en el camino hacia la apertura y la excelencia. Nosotros lo hemos intentado y ahora les hemos tendido la mano con nuestras enmiendas, que ofrecían posibles entendimientos para tal objetivo, pero ustedes no lo han querido. Tenemos en estos momentos que asumir cada cual nuestra propia responsabilidad.


Parece que la reforma adopta la doctrina Quintanilla, expuesta recientemente en un artículo y en la que recomienda una máxima a los rectores y profesores, que dice: Olvida toda vana pretensión de encontrar un sistema infalible para seleccionar buenos profesores; no existe. Si esta situación de escepticismo hubiera sido la actitud de von Humboldt, no se hubiera creado el modelo de universidad ejemplo de las universidades europeas, porque Humboldt se empeñó en buscar el mejor modelo de selección del profesorado como la piedra angular de su reforma; lo intentó aunque fuera falible. Por cierto, en el anterior debate a la señora Palma le pareció ofensivo que utilizara el término castizo.
Cualquiera que hubiera leído a Unamuno habría entendido perfectamente lo que quise decir. Invito a la señora Palma a que lea su el estudio sobre el casticismo. Unamuno nos recuerda que castizo viene a ser puro y sin mezcla de elemento extraño y nos dice también que algunos lo estiman cualidad excelente y ventajosa. A esa universidad sin mezcla de elementos extraños, asentada en el localismo, cerrada en sí misma, se la puede citar en los términos unamunianos. A algunos les puede parecer ventajosa o no preocupante esta situación; a otros nos parece dañina e infecunda.


Voy terminando, señor presidente. Otras cuestiones que aborda la ley suscitaban y suscitan en nosotros una viva preocupación. A ellas me referí en el anterior debate y me remito a lo que dije. Ninguna de ellas ha experimentado cambios sustanciales en el trámite de Comisión, trámite hecho, como ha dicho el portavoz del Grupo Nacionalista Vasco, a uña de caballo, pero quiero referirme a dos asuntos nada más. Primero, la regulación de los títulos oficiales nos parece muy imprudente, engañosa y que va a perturbar el sistema de profesiones en España, que funciona bien. Hacemos nuestras las atinadas observaciones de la Conferencia de Rectores. Por cierto, señora ministra, ¿nos va a decir hoy, cuándo nos va a decir cuáles serán los títulos oficiales con directrices propias? Segundo, han introducido ustedes en el trámite de la Comisión, por primera vez en nuestra legislación universitaria, una regulación del uso de las lenguas en el ámbito universitario. Me parece un tremendo error que va en contra de todas las tradiciones y del espíritu universitario.
Las lenguas de las universidades son las lenguas de sus profesores y de sus alumnos y son las lenguas francas de la comunidad científica. Aquí no debe haber ninguna regulación porque se corre el riesgo de propiciar el establecimiento de barreras lingüísticas, y ello no solo va contra los tiempos sino que supone un empobrecimiento para las universidades.


Señor presidente, concluyo ya. Mantenemos vivas todas nuestras enmiendas, que defendimos argumentadamente en Comisión. Agradecemos las de carácter técnico que el Grupo Socialista nos ha anunciado que va a votar a favor.
Nosotros hemos mantenido siempre una posición constructiva de aceptación de aquellos puntos que resuelven problemas o mejoran el marco legal universitario, pero los problemas muy de fondo,

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vitales para nosotros, nos obligan hoy a votar en contra del conjunto de la ley, y lo lamentamos, aunque nuestro voto es un compromiso con todos los universitarios que están trabajando con tesón, pasión e inteligencia por una universidad abierta que busca la excelencia y capaz de estar a la altura de las mejores universidades del mundo, capaz de llevar a cabo las misiones en docencia e investigación que la sociedad de hoy les encomienda, y por eso también quieren que las cosas cambien. Nuestro voto es un compromiso para devolver la esperanza a las universidades, para que no se abandonen a la resignación y a la autocomplacencia, y en definitiva para seguir trabajando a favor de las reformas que verdaderamente necesita nuestro sistema universitario y que no son las de esta ley.


Muchas gracias, señor presidente. (Aplausos.)

El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Nasarre.


Fijación de posiciones. Grupo Socialista, señora Palma.


La señora PALMA MUÑOZ: Gracias, señor presidente.


Señorías, antes de empezar mi intervención, permítanme expresar en nombre del Grupo Socialista un entrañable y cariñoso recuerdo a la que fue nuestra compañera de tareas parlamentarias, Loyola de Palacio, que ha ostentado importantes responsabilidades institucionales a nivel nacional e internacional, al frente de las cuales demostró siempre su valía y su tenacidad. Nuestra más sentida condolencia a los compañeros del Grupo Popular.


El pasado 23 de noviembre, desde esta tribuna, la ministra de Educación y Ciencia ofrecía a todos los grupos parlamentarios la voluntad de diálogo y la disposición del Gobierno a negociar durante el trámite parlamentario de la modificación de la Ley de Universidades. Partía la ministra y partíamos casi todos en aquel punto de la necesidad y el compromiso de reformar la Ley de Universidades porque así lo había demandado buena parte de la comunidad universitaria en base a su disconformidad con la Ley de 2001; también porque se había constatado durante este tiempo la existencia de numerosos problemas. A ello nos hemos dedicado todos los grupos durante estas últimas semanas. Ha sido un trabajo intenso, interesante y fructífero. El proyecto de ley partía de unos principios, a nuestro entender, muy acordes con las demandas de la sociedad, del entorno internacional, de la propia comunidad universitaria, pero hay que reconocer que sin ninguna duda es hoy mucho más completo, más matizado, enriquecido y en definitiva mucho mejor. Todos y cada uno de los grupos, como se ha dicho aquí, se ven reflejados en mayor o menor medida en alguna parte de esta ley. Hay que destacar que en Comisión se aprobaron 48 transaccionales, trabajadas con la inmensa mayoría de los grupos, de las cuales 17 fueron apoyadas por el Grupo Popular, dato nada despreciable, y más de la mitad de la ley se aprobó sin votos en contra, por lo tanto con votos del Grupo Popular.


Se han dicho ya muchas cosas y los diferentes grupos han realzado diferentes partes de la ley, pero desde mi grupo quiero resaltar cuatro cuestiones. La primera es que con esta reforma cumplimos con el compromiso de la construcción del espacio europeo de Educación Superior.
En el contenido de esta ley se establece una nueva estructura de las titulaciones, las de grado, máster y doctorado, con los correspondientes cambios en la estructura de los centros y con los ajustes necesarios en las figuras de profesorado. Además, el nuevo sistema para la implantación y desarrollo de las titulaciones conlleva, como dice la ley, la creación del Registro de títulos oficiales, así como la definición del procedimiento para la propuesta, elaboración, autorización y verificación de los títulos. Especial atención presta la ley a la compatibilidad del personal docente investigador entre las actividades de docencia e investigación, y a la posibilidad de que en determinados momentos de la trayectoria profesional pueda existir una dedicación más intensa a una u otra actividad. Establecemos también incentivos para la tan deseada movilidad para el profesorado, para los estudiantes y también, por primera vez, para el personal de administración y servicios. Se autoriza al Gobierno a crear una fundación del sector público estatal para la proyección internacional de nuestro sistema universitario, que se orienta no solo a conseguir que nuestros estudiantes y profesores tengan mayores oportunidades para la movilidad, sino que nuestras universidades sean punto de acogida también para profesores, investigadores y estudiantes de todo el mundo. Por lo novedoso del sistema, permítanme destacar la incorporación de la validación a efectos académicos de la experiencia laboral y profesional que, junto a la inclusión en el apartado de derechos y deberes de los estudiantes de la atención académica que hace compatibles los estudios con la actividad laboral, permite que por primera vez las universidades se abran a otro tipo de aprendizajes y de alumnado, no habitual hasta hace muy poco, pero a partir de ahora cada día más, ofreciendo oportunidades a muchos alumnos, algunos de edades un poco avanzadas, que no han seguido itinerarios tradicionales pero que tienen todo el derecho del mundo a seguir formación superior en cualquier momento de su trayectoria vital.


En segundo lugar, querría destacar -se ha hablado mucho de ello- que esta reforma de la Ley de Universidades pretende recuperar el máximo respeto al marco competencial y sobre todo la normalización de las relaciones institucionales. Los cambios en la coordinación del sistema, con la creación de la Conferencia general de política universitaria, permitirán establecer ámbitos de cooperación entre las administraciones competentes y las universidades, pero también permite establecer mecanismos de cooperación, como se ha dicho aquí, en un tema tan importante como es la garantía de calidad del sistema a través de los diferentes instrumentos de evaluación que tenemos para ello, en especial la Aneca,

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la Agencia Nacional de Evaluación de la Calidad y Acreditación, y las agencias autonómicas de evaluación. En este apartado del marco competencial, permítanme un comentario sobre los recursos a las leyes universitarias del País Vasco y de Cataluña, comentado por los grupos de Eusko Alkartasuna, Partido Nacionalista Vasco, Convergència i Unió y Esquerra Republicana. El desistimiento anunciado por el Gobierno de los recursos de inconstitucionalidad responde a que precisamente esta reforma de la LOU, tal como dijo la vicepresidenta primera del Gobierno con motivo de la interposición del recurso a la ley vasca -recurso interpuesto por este Gobierno y, en cambio, el de la ley catalana fue interpuesto por el Gobierno del Partido Popular- sería el momento adecuado para revisar esta decisión. ¿Por qué? Porque con la modificación de la LOU que estamos tramitando se abre un nuevo marco de cooperación -y esto me parece especialmente importante-, de coordinación y de concertación, posibilitando un diálogo institucional entre administraciones que permitirá, señor Esteban, disipar dudas y aclarar algunos de los extremos que originaron su interposición.


En tercer lugar, quiero destacar que con esta ley reforzamos más la implicación de todos los estamentos en el sistema universitario, y muy especialmente queremos reforzar la de los estudiantes. La ley fija compromisos claros en cuanto a la elaboración del Estatuto del estudiante en el plazo de un año y la consecuente creación del Consejo de estudiantes. También fija la ley un nuevo título XIV, del deporte y la extensión universitaria, que contempla como parte fundamental de la formación del alumnado las actividades vinculadas a la cooperación y a la solidaridad, a la cultura de la paz, al desarrollo sostenible, a la reflexión intelectual, a la difusión de la cultura y a la divulgación de la ciencia, con un objetivo muy concreto, que las universidades promuevan, más allá de sus actividades propiamente académicas, la enseñanza en valores de convivencia cívica y democrática, así como el desarrollo personal y colectivo.


En cuarto lugar, señorías, comentaré los temas de profesorado. Quiero insistir en que el nuevo sistema de acreditación, del que discrepa frontalmente el Partido Popular, consiste en una primera fase en reconocer que los candidatos a ocupar plazas de profesores funcionarios o contratados, como se está haciendo ahora en la mayoría de universidades españolas, reúnen los méritos docentes e investigadores suficientes para optar a una plaza; hay una segunda fase en la que los aspirantes a cubrir esta plaza deberán concurrir a unas pruebas públicas, competitivas, basadas en los criterios de mérito, capacidad y publicidad. Por tanto, es un buen sistema, homologado a nivel internacional y muy similar al que hay en nuestro entorno internacional.


Por último, señorías, la política de becas es un tema prioritario para este Gobierno, debe serlo para todas las administraciones y los poderes públicos, y el artículo 45, como se ha dicho aquí, dedica una especial atención a esta cuestión. Compartimos que las becas deben ser más y estar mejor dotadas y el compromiso del Gobierno se ve año tras año en los Presupuestos Generales del Estado. Quiero recordar a SS.SS. que en los del año 2007 por primera vez superamos los 1.000 millones de euros destinados a política de becas, pero entendemos que esta política debe adaptarse mejor a las nuevas necesidades sociales, debe ser más diversificada y más acorde con la realidad social, institucional y administrativa del país. Por eso el texto que se propone en el proyecto de ley, y también en una transacción que nos ha ofrecido el Grupo de Izquierda Unida a raíz de una enmienda sobre este tema que creemos que pueden apoyar los otros grupos, introduce nuevas consideraciones que comprometen todavía más a las diferentes administraciones, que resaltan la política de becas como un elemento indispensable para garantizar el acceso a los estudios universitarios en condiciones de igualdad en cualquier parte del territorio nacional y que sin ninguna duda orientarán positivamente nuevos desarrollos.


Señor presidente, termino diciendo que Europa y España también necesitan universidades capaces de explotar sus puntos fuertes y de diferenciar sus actividades en función de los mismos. Como dice un reciente informe del Consejo de Ministros de la Unión Europea, es necesario crear las condiciones para que las universidades mejoren su rendimiento, se modernicen y se hagan más competitivas en el sentido más amplio del término. Más autonomía y responsabilidad real, más flexibilidad en toda su política de organización de las enseñanzas de profesorado, más movilidad para mejorar la progresión profesional del personal docente y de los investigadores, sin ninguna duda contribuirá a todo ello.
Esperamos que con esta reforma para el sistema universitario español podamos también aportar nuestro granito de arena en este entorno internacional que condiciona tanto -esperemos que sea de buena manera- el desarrollo de nuestro sistema de educación superior.


Muchas gracias. (Aplausos.)

El señor PRESIDENTE: Gracias.


Señora ministra.


La señora MINISTRA DE EDUCACIÓN Y CIENCIA (Cabrera Calvo-Sotelo): Gracias, señor presidente.


Yo también quiero aprovechar esta ocasión para expresar públicamente mi pesar y mi condolencia por la muerte de Loyola de Palacio. No coincidí con ella en este Congreso de los Diputados, pero como cualquier ciudadano de este país conocí su trayectoria política y el ejercicio de sus responsabilidades públicas y quiero manifestar aquí, en conciencia con ello, mi condolencia al Grupo Parlamentario Popular.


En relación con el debate que se acaba de producir, ya dije en mi anterior comparecencia ante el Pleno de esta Cámara para defender este proyecto de reforma de la Ley Orgánica de Universidades que a lo largo de su elaboración el Ministerio de Educación y Ciencia había tratado

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de buscar el máximo consenso, que por esta razón este texto se había debatido ampliamente en el seno de la comunidad universitaria, asumiendo las demandas de numerosos colectivos sociales estrechamente vinculados con nuestras universidades, y que había recibido el respaldo institucional del Consejo de Estado y del Consejo de Coordinación Universitaria. Estamos convencidos -dije entonces y repito ahora- de que para el futuro de nuestro país la política universitaria es decisiva y que esta, por tanto, debía ser una política de Estado. De ahí que expresara mi disposición a negociar el contenido del proyecto con todas las fuerzas parlamentarias representadas en esta Cámara. Como todos ustedes saben, el proyecto ha sido sometido a un amplio debate en el seno de la Comisión de Educación; un debate intenso y enriquecedor del proyecto primitivo, como no podía ser de otra forma y como debe ocurrir en todo régimen parlamentario que se precie. El texto ha mejorado notablemente y se ha profundizado en los principios que lo inspiraban.
Gracias a las aportaciones de todos los grupos, el proyecto apuesta ahora de un modo mucho más claro y evidente por la apertura de las universidades españolas al exterior. Como ya se ha dicho, la nueva redacción hace referencia expresa a los compromisos adquiridos en la construcción del espacio europeo de Educación Superior y por eso reconoce la estructuración de los estudios en los ciclos de grado, máster y doctorado, y el crédito europeo como medida del haber académico. En esta misma línea, el texto impulsa la creación de programas dirigidos a la renovación metodológica de la enseñanza universitaria de acuerdo con los derivados del proceso de construcción de ese espacio europeo de Educación Superior. Proponemos, además, medidas para fomentar la movilidad internacional del estudiante, del profesorado y del personal de administración y servicios.


No me voy a extender en más detalles que han sido señalados por los portavoces de los grupos en sus intervenciones, pero sí quiero insistir, para terminar, en que este proyecto fortalece la apertura de nuestras universidades hacia la sociedad, mejora -no me cabe ninguna duda- la calidad de nuestras universidades, impulsa de un modo más firme la cooperación entre las administraciones, refuerza los derechos de estudiantes y profesores y mejora las condiciones laborales del personal de administración y servicios. No vamos a desistir en nuestro empeño de buscar el mayor de los consensos posibles para una reforma de nuestras universidades que, como acabo de decir, creo que compromete el futuro de este país. Muchísimas gracias a los grupos parlamentarios por su colaboración y por aquellos apoyos a la ley que han manifestado públicamente.


Muchas gracias, señor presidente. (Aplausos.)

El señor PRESIDENTE: Gracias. (El señor Nasarre Goicoechea pide la palabra.) Dígame, señor Nasarre.


El señor NASARRE GOICOECHEA: En mi modesta interpretación, que someto desde luego a la autoridad del presidente de la Cámara, la señora ministra ha reabierto el debate y quisiera hacer alguna observación al respecto.


El señor PRESIDENTE: Señor Nasarre, la señora ministra ha hecho una defensa de la posición del Gobierno y, en lo que he escuchado, ha puesto de manifiesto su punto de vista y luego ha hecho un reconocimiento general a los trabajos realizados en la Cámara. Creo que no ha introducido ningún elemento de contradicción esencial, simplemente se ha limitado a defender la posición del Gobierno. Otra cosa distinta -y usted sabe que yo lo hago sistemáticamente- es que de una manera clara y rotunda hubiera establecido sus elementos de contradicción.


El señor NASARRE GOICOECHEA: Pero en su intervención ha dicho alguna cosa que, a mi juicio, no es exacta y quisiera precisar.


El señor PRESIDENTE: Usted lo que no puede es juzgar lo que piensa el Gobierno.


El señor NASARRE GOICOECHEA: En fin, me someto a su autoridad, señor presidente, aunque no la comparta.


El señor PRESIDENTE: Señor Nasarre, créame -y sabe el respeto que le tengo- que si la ministra lo hubiera introducido le hubiera concedido la palabra, pero lo que no puede impedir es que el Gobierno defienda su propio proyecto. Eso es normal.


Gracias.


DEBATES DE TOTALIDAD DE INICIATIVAS LEGISLATIVAS.


-PROYECTO DE LEY POR LA QUE SE RECONOCEN Y AMPLÍAN DERECHOS Y SE ESTABLECEN MEDIDAS EN FAVOR DE QUIENES PADECIERON PERSECUCIÓN O VIOLENCIA DURANTE LA GUERRA CIVIL Y LA DICTADURA. (Número de expediente 121/000099.)

El señor PRESIDENTE: Pasamos al punto IX del orden del día: Debates de totalidad de iniciativas legislativas. Proyecto de ley por la que se reconocen y amplían derechos y se establecen medidas en favor de quienes padecieron persecución o violencia física durante la guerra civil y la dictadura. Como saben, se han presentado tres enmiendas a la totalidad; una primera de devolución del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso y dos de texto alternativo, una del Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana y la segunda del Grupo Parlamentario Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya Verds.


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Procedemos al debate con la presentación del proyecto por un miembro del Gobierno. Tiene la palabra la señora vicepresidenta.


La señora VICEPRESIDENTA PRIMERA DEL GOBIERNO, MINISTRA DE LA PRESIDENCIA Y PORTAVOZ DEL GOBIERNO (Fernández de la Vega Sanz): Señor presidente, señorías, aunque ya lo hice anoche, quiero desde esta tribuna que mis primeras palabras sean para expresar, en mi nombre y en nombre del Gobierno, nuestro profundo pesar y nuestro más hondo sentimiento por la pérdida de Loyola de Palacio. Fue una mujer extraordinaria, una mujer valiente y comprometida y una magnífica parlamentaria. Quiero una vez más rendir tributo a su persona y a su trabajo; a ella y a todos los miembros del Partido Popular. (Aplausos.)

Señor presidente, señorías, hoy presentamos ante esta Cámara el proyecto de ley por el que se reconocen y amplían derechos y se establecen medidas a favor de quienes padecieron persecución o violencia durante la guerra civil y la dictadura. En primer lugar, me gustaría dar las gracias públicamente a todas las asociaciones, grupos, entidades y particulares -más de 14.000- que con su conocimiento, su contribución y sus propuestas han colaborado de manera muy importante en los trabajos de la comisión interministerial y, por tanto, nos han ayudado a elaborar este proyecto de ley. Mi reconocimiento a todos ellos en nombre del Gobierno. Además de dar respuesta a un mandato parlamentario, esta ley, señorías, entronca sus raíces en la necesidad de hacer un reconocimiento público a todos aquellos que sufrieron la injusticia inherente a la violencia que tanto dolor y sufrimiento generó entonces en nuestro país. Como país perdimos mucho, pero como sociedad perdimos mucho más, y es que las víctimas de la violencia fueron no solo los perseguidos, represaliados o condenados injustamente, sino también sus familiares y allegados, así como los millones de ciudadanos que padecieron sus consecuencias. Después, durante cuarenta años, llegó el exilio exterior e interior, años en los que una buena parte de los españoles tuvieron que añadir al desgarro de la violencia la negación no ya de las libertades y derechos democráticos que todos padecimos, sino el del reconocimiento público y de la memoria de su propia existencia, de su libertad e incluso de su honor y del derecho a su propia dignidad, y será paradójicamente ese cúmulo de dolorosas experiencias el que, al finalizar la dictadura, ya en la llamada transición, llevó a los españoles a querer mirar hacia delante, sin negar el pasado, pero con la mirada firme en el futuro que se vislumbraba en el horizonte, pensando en una democracia de todos y para todos, sin exclusiones y sin olvidados. Hace treinta años, señorías, que esa democracia empezó a abrirse paso en nuestro país. Incluso aquellos a quienes se suponía guardianes del viejo orden aceptaron que era imparable el tránsito del pueblo español hacia un Estado de derecho, un tránsito mesurado pero firme, basado en la confianza del que tiene un objetivo claro y sabe que puede y debe alcanzarlo. Los gobiernos, los partidos políticos, las altas instituciones, las fuerzas sociales, todos, absolutamente todos, supieron, supimos estar a la altura de las circunstancias, a la altura de la ciudadanía, una ciudadanía que ha seguido demostrando desde entonces la sabiduría de una nación madura, consciente de su historia, de su bagaje indudablemente amargo, pero también de dónde estaba su futuro. En mi opinión, el éxito de la transición se debe en buena medida a que entonces todos nos empeñamos mucho más en encontrar lo que nos unía que lo que nos separaba, trabajamos mucho más en tejer que en destejer, nos empeñamos todos en sumar y no en restar, y fue el futuro, mucho más que el pasado, el protagonista de aquella historia que quisimos escribir entre todos. El futuro se convirtió en el verdadero motor que tiró de esa España hacia delante, y es ahora, treinta años después, cuando, al mirar los hitos del camino que entonces emprendimos, es posible apreciar nítidamente la claridad con que fueron entendidas las grandes prioridades que había que abordar, las decisiones que era necesario tomar para poder recorrer ese camino con ilusión y sin rencor, con muchas heridas en el alma, pero con la mirada limpia y con el objetivo común y compartido de convivir en libertad y en democracia.


Señorías, desde los inicios de la transición, entre esas prioridades, entre esas iniciativas sobre las que fundamentar el nuevo Estado de derecho estuvo la de reinstaurar la justicia y superar las discriminaciones de la dictadura. En julio de 1976 se aprobó el primer Decreto de Amnistía y se inició la sucesión de disposiciones restauradoras de la que esta ley que hoy presentamos forma parte. Muchos, todos los presos políticos, simplemente salieron de las cárceles y recuperaron su libertad personal, otros muchos, los funcionarios de la Administración pública o de la justicia, o los maestros que habían sido depurados se vieron rehabilitados en sus derechos tanto activos como pasivos. También los militares que habían sido fieles a la República recuperaron su derecho a una pensión. Paso a paso y ley a ley se reconocieron indemnizaciones y pensiones a las viudas, hijos y familiares de las víctimas de la guerra y a los mutilados de la República. Llegaron también las pensiones a quienes no eran militares profesionales pero habían luchado defendiendo la República. Eran medidas de auténtica justicia, medidas necesarias para que todos juntos pudiésemos caminar hacia la democracia, para acabar con la desigualdad y discriminación que la dictadura había generado, y se adoptaron entonces a pesar de que supusieron un tremendo esfuerzo económico para una España sumida como ningún otro país de su entorno en la llamada crisis del petróleo. Los datos reflejan muy bien el esfuerzo. Fíjense: en los años ochenta, una cuarta parte de los perceptores de pensiones lo eran por pensiones de guerra y en 1991 el coste de estas pensiones llegó a suponer más de una cuarta parte del total. Cifras impresionantes en un país sometido a un duro ajuste económico. Pero lo hicimos entonces porque sabíamos que no

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era un acto de generosidad, sino de justicia. No confundimos entonces, como no lo hacemos ahora, valor y precio.


El informe general de la Comisión para el estudio de la situación de las víctimas de la guerra civil y el franquismo entregado a esta Cámara, junto con el proyecto de ley que hoy presentamos, ofrece, señorías, el detalle pormenorizado de toda esta acción reparadora de la transición que se extendió, ya con nuestra democracia plenamente consolidada, con medidas como la indemnización por haber estado en prisión por causas políticas en la guerra y la posguerra y la devolución de bienes y derechos a partidos políticos y a sindicatos. Su lectura conviene por tanto a quienes afirman que nada se ha hecho por la reparación, afirmación injusta, no para el Gobierno que presenta esta iniciativa, sino para todo un país que se esforzó por reintegrar derechos y protección social a quienes habían sido tan injustamente excluidos.
Libertad, reconocimiento, protección pública fueron desde los inicios de nuestra democracia las palabras clave de una nueva convivencia; una convivencia basada en la concordia, en la libertad individual y colectiva, en el respeto y en la tolerancia.


Señorías, como ya he señalado, el proyecto de ley que hoy se presenta en este Parlamento es fruto de la iniciativa de este Parlamento. El 1 de junio del año 2004 el Congreso de los Diputados aprobó una proposición no de ley en la que instó al Gobierno a que elaborase un informe sobre las reparaciones morales, sociales y económicas de los daños ocasionados a las personas con motivo de la guerra civil, de la represión efectuada por el régimen franquista y también de los que se hubiesen podido producir durante la transición a la democracia, con propuestas específicas de programas, medidas y actuaciones concretas para mejorar la situación actual. El Congreso de los Diputados instaba también al Gobierno a remitir a la Cámara un proyecto de ley de Solidaridad, un proyecto de ley de Solidaridad con las víctimas que sufrieron daños personales en el ejercicio de los derechos fundamentales y de las libertades públicas prohibidos por el régimen franquista y reconocidos posteriormente por nuestra Constitución, para rendirles de este modo un tributo de reconocimiento y justicia. Finalmente, la proposición invitaba al Gobierno a informar de la situación de los archivos sobre este periodo histórico y a facilitar el acceso a los datos que consten en ellos, ya sean de carácter público o privado. Pero también este proyecto de ley es heredero, señorías, de un pronunciamiento histórico. El 20 de noviembre de 2002 el Congreso de los Diputados aprobó por unanimidad -repito, por unanimidad- una declaración en la que por primera vez se reafirmaba -y cito literalmente- el deber de nuestra sociedad democrática de proceder al reconocimiento moral de todos los hombres y mujeres que fueron víctimas de la guerra civil española, así como de quienes padecieron más tarde la represión de la dictadura franquista. Señorías, eso lo aprobó esta Cámara por unanimidad en noviembre de 2002. (Aplausos.) Pues bien, con los informes remitidos y con la ley que presentamos a esta Cámara cumplimos como Gobierno escrupulosamente estos mandatos parlamentarios y lo hacemos con la firme convicción de que nos honra como pueblo reconocer la arbitrariedad de toda violencia y nos engrandece como sociedad democrática facilitar la recuperación de la memoria personal, lo que supone reparar públicamente el honor y la dignidad de los españoles y españolas que durante largos años sufrieron, además de la injusticia, la privación de ver cómo no se recuperaba ni su memoria ni el recuerdo de sus allegados. Esta ley profundiza además la tarea de reparación ya realizada en normas anteriores. Así, se mejora la normativa sobre prestaciones sociales, reconocimiento de pensiones, asistencia médico farmacéutica, asistencia social a favor de las viudas, hijos y demás familiares de los fallecidos como consecuencia o con ocasión de la guerra civil ampliando su cobertura. También se aumenta el importe de determinadas pensiones de orfandad, se amplía la cobertura de las indemnizaciones a colectivos que anteriormente se veían excluidos y se contemplan exenciones en el impuesto sobre la renta de las personas físicas, así como ayudas para compensar a quienes ya habían tributado por ellas. Con estas medidas, señorías, seguimos pues avanzando en la línea marcada desde la transición y profundizamos en la reparación material de las víctimas. Pero, junto a ese reconocimiento y ampliación de los derechos materiales de las víctimas, la ley pretende saldar una deuda, señorías, la deuda de la injusticia. (Aplausos.) La ley quiere saldar esta deuda que como sociedad tenemos con las personas que sufrieron violencia y persecución injustas. Ellos y sus descendientes tienen todo el derecho a reconstruir su propia biografía y a recuperar su memoria individual y personal. Es un reconocimiento moral a las víctimas pero también un reconocimiento a sus derechos individuales, derechos que aún hoy no les han sido reestablecidos, derechos con los que el Gobierno quiere una vez más extender la igualdad, eliminar toda la discriminación y restaurar el honor y la dignidad que se les debe a quienes sufrieron persecución o violencia durante la guerra civil o la dictadura y a quienes vieron despreciado su nombre o el de sus familiares y cruelmente condenado su derecho a la memoria y a la dignidad de su recuerdo.


Señorías, ni los gobiernos ni los parlamentos están para sustituir a los historiadores, es a ellos a quienes corresponde escribir la historia; tampoco le corresponde al legislador construir o reconstruir, determinar o implantar una supuesta memoria colectiva, porque la memoria tiene que ver con la relación que las personas establecen con su pasado y, por tanto, exige una reelaboración necesariamente personal. Es obvio que nadie puede resolver aquello que no forma parte de su experiencia personal. Francisco Ayala ha escrito que no hay ningún hombre que posea memoria histórica por la sencilla razón de que nadie recuerda ni puede recordar lo sucedido fuera del ámbito de su propia experiencia.


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Conocer el pasado y recordarlo, señorías, son cosas distintas, memoria e historia no son lo mismo ni tienen los mismos objetivos, y es por ello que el Gobierno en ningún momento ha pretendido con esta ley ni reconstruir la historia ni instituir una memoria. (Aplausos.) Ahora bien, sí es deber y sí debe ser obligación de un Gobierno y de un Parlamento consagrar, proteger y posibilitar el derecho de toda persona a su memoria individual. Por ello, el proyecto de ley aborda con el máximo vigor normativo el derecho a la memoria personal y familiar como expresión de plena ciudadanía democrática, un derecho fundamental, como fundamental es la memoria para cada uno de nosotros. Porque somos, porque tenemos memoria, porque somos el fruto de la elaboración y reelaboración de nuestra biografía y la memoria, señorías, es la condición necesaria de nuestra identidad única.


La implacable dictadura franquista impidió el ejercicio de muchos derechos y entre ellos, sin duda, el derecho a la identidad y al libre desarrollo de la personalidad de mucha gente que desapareció sin tener la posibilidad de reconstruir no ya su propia vida, sino su propia memoria, el derecho a dar a conocer lo recordado, a transmitir memoria a los que vinieron después. Se negó así la única posibilidad de sobrevivir al menos en el recuerdo, un recuerdo público y publicado, honorable y digno, se negó así la única posibilidad de sobrevivir al menos en el recuerdo a muchos millones de españoles. Esta dictadura, señorías, fue tan larga que muchos de los que la padecieron, y que padecieron sus rigores o que fueron testigos de los sufridos por sus familiares, murieron sin poder ejercer esos derechos, y poner remedio a esa injusticia es lo que pretende la ley que hoy presentamos. Para ello, por primera vez en la historia reciente de nuestro país un proyecto de ley reconoce y declara, con carácter general, la injusticia de las condenas, sanciones y cualquier forma de violencia personal ocasionadas por razones políticas o ideológicas durante la guerra civil y la dictadura. (Aplausos.) Las razones políticas e ideológicas incluyen todas cuantas actuaciones, sanciones y decisiones fueron objeto de represión o prohibición, incluyendo la pertenencia o la colaboración con partidos políticos, sindicatos, organizaciones religiosas y militares, minorías étnicas, sociedades secretas, logias masónicas y grupos de resistencia, así como opciones culturales, lingüísticas o de orientación sexual. Además, señorías, la ley va un paso más allá y reconoce el derecho de las víctimas y de sus familias a una declaración singular, a una reparación y reconocimiento personal e individual de la injusticia infligida a cada una de ellas. Con ello se garantiza que los allegados de los que sufrieron violencia o persecución puedan ver rehabilitado el nombre y el recuerdo de sus familiares y así recuperar el honor y la dignidad pública de su biografía personal a través de una declaración que proclame la injusticia del castigo, es decir, su inocencia y el sufrimiento que padecieron. Podrán solicitar esta declaración quienes durante la guerra civil y la dictadura sufrieron condenas, sanciones y cualquier forma de violencia personal producida por razones políticas o ideológicas. Esta declaración afectará a las penas y a las sanciones impuestas durante la guerra por juzgados, tribunales u órganos administrativos de cualquier naturaleza que no gozaban de los requisitos y garantías de los que goza hoy en nuestra concepción en el ámbito de un Estado de derecho, pero también afectará a las actuaciones y a las ejecuciones llevadas a cabo con o sin sentencia, con o sin resolución administrativa por cualquier organización o grupo durante el mismo periodo. Y será, señorías, una declaración pronunciada en nombre de la democracia, en nombre de este Parlamento. (Aplausos.-Un señor diputado: ¡Muy bien!)

Señoras y señores diputados, el reconocimiento moral de las víctimas y la restitución del derecho a la memoria implican también el reconocimiento del derecho de los familiares y allegados a localizar, identificar y, en su caso, recuperar los restos de sus parientes. También aquí nuestra obligación es facilitar el derecho de las personas a disponer de su propia memoria individual. A ellos corresponderá la decisión y el Estado, garantizando siempre el respeto a la ley y el interés legítimo de cuantas partes puedan estar afectadas por las actuaciones que sean necesarias, articulará procedimientos que faciliten la localización, la identificación y la recuperación de los cuerpos de sus familiares. Una vez más, señorías, estamos extendiendo derechos. Del mismo modo, atenderemos con esta ley la reiterada petición de víctimas y familiares, de asociaciones, de investigadores, petición también trasladada al Gobierno por esta Cámara en la proposición a la que me he referido, de facilitar el acceso y sin límites a los archivos que guardan la memoria de la guerra civil y de la dictadura. Así lo establece la ley al garantizar a los interesados y a sus herederos el derecho de acceso a los fondos depositados en los archivos públicos, unos fondos que se integrarán y reunirán en el Archivo General de la Guerra Civil Española y que se irán enriqueciendo con el programa de convenios, también recogido en esta ley, para la adquisición de aquellos documentos que obren en archivos privados o de otras administraciones, tanto nacionales como extranjeros, y que sean relevantes para nuestra historia. La creación y puesta en marcha, también en Salamanca, del Centro Documental de la Memoria Histórica permitirá organizar convenientemente todos estos fondos documentales, de forma que estén efectivamente a disposición de quienes deseen consultarlos. Además, este centro tendrá una labor activa en el fomento de la investigación, impulsará la difusión de sus fondos y contribuirá, en definitiva, al mejor conocimiento del periodo histórico al que nos referimos. Me gustaría subrayar en este punto el riguroso trabajo realizado por la Comisión interministerial, recogido en el informe que se ha entregado en esta Cámara sobre los archivos. De la lectura de sus conclusiones se desprende la necesidad de acometer una intensa labor de organización y modernización de estos archivos. Para ello, se realizan distintas

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propuestas, incluida la elaboración de una ley de archivos.


Permítanme, señorías, que me refiera finalmente de forma muy breve al capítulo que el proyecto de ley dedica a los símbolos y a los monumentos conmemorativos de la guerra civil o de la dictadura, símbolos por cierto cuyo destino ha sido una de las cuestiones que ha suscitado mayor debate y que ha venido siendo objeto de una intensa actividad parlamentaria. Una vez más, señorías, sus propuestas han sido tomadas en consideración porque, efectivamente, aunque a lo largo de la transición y hasta hoy se han cambiado nombre de calles y de plazas, se han eliminado símbolos en edificios oficiales o erigido monumentos a las víctimas de la represión, no ha existido hasta el momento en torno a ellos un criterio concertado y global. Pues bien, establecer ese criterio general es lo que pretende la ley en este punto. Sus disposiciones evidentemente afectan solo a los organismos de titularidad estatal -somos respetuosos de las competencias de cada cual-, pero a él pueden acogerse todas las administraciones, instituciones y entidades, y yo les invito a ello, porque creo que se trata de un criterio, como el de toda la ley, ponderado y respetuoso; no resta, suma. Se sustenta firmemente en el principio de evitar toda esa exaltación del conflicto entre los españoles, como también en el convencimiento de que los ciudadanos tienen derecho a que los símbolos públicos sean ocasión de encuentro y no de enfrentamiento, ofensa o agravio. Por eso, en el artículo 17 la ley ordena a los órganos de titularidad estatal que tomen las medidas oportunas para la retirada de los escudos, insignias, placas y menciones conmemorativas de la guerra civil cuando promuevan confrontación o se identifiquen con el régimen franquista. Y digo que la ley es respetuosa porque, cuando esta retirada no sea procedente por razones históricas o artísticas, se considerará colocar en el mismo lugar, de modo visible, una inscripción o placa que recuerde y rinda homenaje a todas las víctimas.


Señor presidente, señorías, esta es una ley heredera del mejor espíritu de la transición y del principio que nos condujo hacia una democracia estable y consolidada: la concordia. Esta es una ley que, lejos de escribirse contra nadie, pretende hacer justicia, y de manera muy especial con aquellos que se vieron privados del derecho a su memoria, aquellos cuya biografía quedó silenciada o mutilada durante años.


El Parlamento, señorías, es la casa de todos los españoles y el mandato de los representantes parlamentarios en una democracia es legislar para todos los españoles. A ello ha querido contribuir el Gobierno con esta ley. Nuestra obligación como representantes del pueblo es garantizar la igualdad de derechos entre españoles, seguir afianzando la concordia en la justicia, seguir profundizando en la igualdad y en la solidaridad. Es una deuda que tenemos contraída con todas las víctimas, pero también es una deuda con las generaciones futuras. Con el reconocimiento y profundización de los derechos de las víctimas que esta ley establece, señorías, enriquecemos nuestro legado de concordia, de justicia y de libertad. Mi reconocimiento a todos ellos en nombre del Gobierno.


Decía Ramón Llull que la justicia nos proporcionará paz y también trabajo.
Por mi parte, puedo decirles que el Gobierno ha trabajado con rigor, con respeto y con el convencimiento de que es posible mejorar nuestra sociedad, haciendo justicia a todos aquellos que aún no habían recibido el homenaje público debido a su sacrificio. (Aplausos.) Hace unos días, a propósito de la muerte de Pinochet, afirmaba el poeta Mario Benedetti que la muerte había ganado a la justicia. Pues bien, para que al horror de tanta muerte, tanta humillación y tanta represión injusta no añadamos el oprobio del olvido, les pido el voto para esta ley.


Muchas gracias. (Aplausos.-Una señora diputada: ¡Muy bien!)

El señor PRESIDENTE: Gracias.


Turno a favor de las enmiendas a la totalidad, comenzando por la de devolución.


Por el Grupo Parlamentario Popular tiene la palabra el señor Atencia, por un tiempo de 15 minutos.


El señor ATENCIA ROBLEDO: Con la venia, señor presidente.


En primer lugar, señora vicepresidenta, miembros del Grupo Socialista, gracias por su reconocimiento hacia Loyola de Palacio.


Antes de entrar en la defensa de la enmienda a la totalidad que presenta el Grupo Parlamentario Popular, me gustaría hacer dos precisiones a raíz de la intervención de la vicepresidenta del Gobierno. En primer lugar, este país, que adoptó medidas de reconocimiento, de recuperación y de rehabilitación de las víctimas, tuvo gobiernos que impulsaron esas medidas y que buscaron siempre el consenso político. En segundo lugar, la resolución, por unanimidad, del año 2002 se produjo con mayoría absoluta del Partido Popular y era una culminación y un cierre, no lo que dice su señoría. (Un señor diputado: ¡Muy bien!)

Voy a defender la enmienda a la totalidad presentada por el Grupo Popular, y lo hago con la tranquilidad y la autoridad que me da hacerlo en nombre de un grupo político que no tiene más pasado ni más herencia que la transición y la democracia. (Aplausos.-Un señor diputado: ¡Muy bien!) Solicitamos la devolución de este proyecto al Gobierno por varias razones. En primer lugar, porque es una ley innecesaria a la vez que extemporánea y errónea, porque es una ley hipócrita y falsaria y porque es una ley jurídicamente irrelevante que pretende atribuir derechos ficticios. Además, señorías, el planteamiento que subyace detrás de este proyecto de ley -legislar la llamada memoria histórica- constituye un gran error. Este proyecto supone un torpedo en la línea de flotación de nuestro régimen político, de la legitimación de la democracia, que es la transición y el pacto constitucional, y es además una iniciativa que no

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sintoniza ni con los anhelos, ni con los sentimientos mayoritarios de la sociedad española.


Como decía, esta es una ley innecesaria. Nuestra democracia, bajo distintos gobiernos y mayorías de la UCD, del PSOE y del Partido Popular, tomó numerosas iniciativas y adoptó numerosas medidas a favor de las víctimas de la guerra civil y la dictadura. Y tales iniciativas estaban y están en la naturaleza de la Constitución, que es la suma expresión de la reconciliación y de la concordia entre los españoles. Pero, señorías, señores miembros del Gobierno, para ampliar, para mejorar o complementar esos derechos económicos de algunas víctimas no era necesaria esta ley.
Para ese objetivo, que el Grupo Popular comparte, no era necesario un proyecto de esta envergadura ni este lío que ha organizado el Gobierno del señor Rodríguez Zapatero. Para ese objetivo tenían nuestro voto, pero no para esta ley. Tampoco justifica esta iniciativa pretender abordar cuestiones que hace más de cuatro años resolvimos de forma unánime en la Comisión Constitucional del Congreso de los Diputados, cuando establecimos mandatos claros en materia de colaboración de las administraciones públicas para la localización e identificación de víctimas, derechos de los exiliados, etcétera.


Esta es una ley jurídicamente irrelevante, porque introduce derechos ficticios sin contenido alguno, como ese pretendido nuevo derecho fundamental denominado derecho a la memoria personal y familiar. Es difícil encontrar algo semejante en el derecho comparado; es un derecho inédito y no reconocido en ninguno de los pactos internacionales de derechos humanos. Como afirmaba Juan Antonio Ortega en un reciente artículo, es un derecho de una enorme originalidad, inimaginable para Papiano, para Kelsen o para cualquier autor de ciencia política. Además, en la declaración de este pretendido derecho, no intervienen los jueces.
La seguridad jurídica no existe, no preocupa. Es un consejo carente de carácter jurisdiccional al que se reconoce capacidad para juzgar actuaciones del pasado prescritas y juzgadas. Por si fuera poco, dicho consejo habrá de decidir, sin prueba contradictoria alguna, a modo de tribunal de la inquisición de la memoria oficial, qué conductas pretéritas fueron manifiestamente injustas. Esta ley es falsaria e hipócrita, porque se disfraza de iniciativa de concordia lo que en realidad no es sino un paso más en la estrategia de ruptura del gran pacto de convivencia entre los españoles que fue la transición y la Constitución. (Aplausos.) Además, sus fines son contradictorios en sí mismos. Busca nominalmente suprimir división, pero la propia existencia de la ley significa un factor de división y de enfrentamiento. Habla de reconciliación y de concordia, pero eso, señorías, no tiene nada que ver con remover el barro. Este proyecto parte también de dos axiomas falsos.
Por un lado, dice que es hora de honrar a las víctimas. ¿Es que no lo hicimos en la transición? ¿Es que no lo hemos hecho en 30 años? (Varios señores diputados: ¡No!) ¿Es que no lo hicimos con la Constitución? (Varios señores diputados: ¡No!) ¿Es que no lo ha hecho esta Cámara de forma reiterada? (Varios señores diputados: ¡No!) ¿Es que no lo hicimos solemnemente el 20 de noviembre del año 2002? (Un señor diputado: ¡Muy bien!-Una señora diputada: ¡Sí!) Por otro lado, afirma contribuir a cerrar heridas todavía abiertas en los españoles. Señorías, las heridas del pasado quedaron definitivamente cerradas con la transición (Un señor diputado: ¡No!), la reconciliación nacional y la Constitución de la concordia. (Aplausos.-Un señor diputado:¡Muy bien!)

La mejor memoria que tenemos los españoles, todos los españoles, es la transición, que cerró una larga historia de división y que además cerró y cicatrizó las heridas de la guerra civil y del franquismo. Y la mejor memoria ha sido y sigue siendo la Constitución, que encarnó el abrazo de todos y para todos. (Aplausos.) Esto, señorías, también lo quería el señor Rodríguez Zapatero cuando era un diputado de la oposición, porque en el año 1999, en esta misma tribuna, en relación con la aprobación de una medida a favor de los militares de la República -que fue respaldada, como no podía ser de otra forma, por mi grupo parlamentario, mayoritario entonces en la Cámara-, calificó tal iniciativa de último paso, último fleco, último resquicio y hasta de punto final en el proceso de restitución moral de las víctimas de un bando de la guerra civil. Y concluía el señor Rodríguez Zapatero que con las medidas acordadas por la democracia se había conseguido culminar la reconciliación. (Un señor diputado: ¡Muy bien!-Aplausos.) Eso queda ahí y nadie lo puede desmentir.
Aquel espíritu de reconciliación y de concordia en la transición fue refrendado hace 4 años cuando en la Comisión Constitucional del Congreso acordamos que el pasado no fuera utilizado más como arma política, con el fin -y cito textualmente- de no revivir viejos rencores, resucitar odios o alentar deseos de revancha. Pero después de las elecciones de 2004, el señor Rodríguez Zapatero rompe el pacto, traiciona aquel pacto, traiciona la posición del PSOE durante 25 años -incluidos los 14 años de Gobierno Socialista- (Rumores.-Una señora diputada pronuncia palabras que no se perciben.) y se traiciona a sí mismo como han visto sus señorías; se traiciona a sí mismo. (Aplausos.) Sin tenerlo en su programa electoral, el PSOE se suma a los deseos de sus socios políticos y asume plena y abiertamente el objetivo de recuperar la llamada memoria republicana. (Un señor diputado pronuncia palabras que no se perciben.) ¿Por qué reabrir un capítulo que se cerró con éxito en la transición? ¿Por qué si el señor Rodríguez Zapatero daba por cerrada la meta de la concordia cuando estaba en la oposición es capaz de decidir que ya no lo está cuando asume la responsabilidad de gobernar? ¿Por qué ahora dice usted, señor Rodríguez Zapatero, que esta ley es un imperativo moral, una deuda improrrogable con las víctimas de la guerra civil y de la dictadura, cuando hace 7 años habló de último paso? Como ya hemos dicho en otras ocasiones, el camino en el que se ha metido el Gobierno -y nos pretende meter- y el planteamiento

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general de esta cuestión nos parece un error y un auténtico disparate.


Señorías, ni más ni menos, lo que se quiere es hacer revisionismo de nuestra historia. (Rumores.-Una señora diputada: ¡No!) En vez de asumirla en su integridad, como se hizo en la transición, se quiere reescribir la historia. (Una señora diputada pronuncia palabras que no se perciben.) Se quiere imponer una verdad oficial. Se quiere revisar la transición e imponer una tesis falsa que da a entender que hay vicios de origen en nuestro proceso político y democrático que ha llegado la hora de revisar y actualizar. Se quiere imponer como antecedente de nuestra democracia constitucional la II República, al mismo tiempo que subyace el intento de establecer una legitimidad distinta a la de la transición y la Constitución de 1978.


La mal llamada memoria histórica no es más que el intento partidista de utilizar la historia. Se trata de utilizar el pasado como arma política, estableciendo una falsa y maniquea, a la par que irresponsable, división entre los españoles, de forma que a los españoles y a las fuerzas políticas actuales se les identifique nada menos que con los criterios establecidos para los bandos de la guerra civil. Y todo esto, señorías, lo rechazan todos los historiadores solventes, que dicen que lo de la memoria histórica es un mero espejismo, porque o hablamos de memoria o hablamos de historia. Por cierto, eso de memoria colectiva, que a algunos les gusta tanto recordar, es propio solo del nacionalsocialismo.
(Rumores.-Una señora diputada pronuncia palabras que no se perciben.) Les recuerdo las palabras de Antonio Muñoz Molina, quien recientemente decía: No tiene sentido hablar de memoria histórica pues la transición cerró las heridas de la guerra civil. (Una señora diputada: ¡No!) El espíritu de la transición, que animaba a todos a los que hicieron posible la recuperación de las libertades, significaba, en última instancia, dejar la historia para los historiadores y no usarla jamás como arma política arrojadiza; solo hay que leer el debate del día 14 de octubre de 1977 en esta Cámara, con ocasión de la Ley de Amnistía, y ver las intervenciones de relevantes miembros de la izquierda y de la oposición democrática al franquismo, como Marcelino Camacho, Txiqui Benegas, Javier Arzalluz o Rafael Arias-Salgado. Les animo a releerlo, porque verán dónde está el espíritu del germen de lo que al final fue el pacto constitucional y la propia Constitución.


El discurso y la estrategia de la memoria histórica asumida por el Gobierno se pretende justificar en los supuestos olvidos y silencios que se produjeron durante la transición. Lo acaba de dar a entender la señora vicepresidenta, pero la inmensa mayoría de los españoles que vivieron y protagonizaron el paso de la dictadura a la democracia saben que esto es radicalmente falso. Es falso que en la transición no hubiese memoria; hubo mucha. El recuerdo de los errores y los horrores del pasado estuvieron muy presentes para no volver a cometerlos. Los principios nucleares de la transición fueron olvidos conscientes de la guerra, perdón y nunca otra vez, pero parece que ahora solo se recuerda lo último. Además, había dos ideas centrales que animaron la Constitución, llamada acertadamente de la concordia: superar las dos Españas, irreductiblemente enfrentadas, a las que ser refirió en su lamento Antonio Machado, y el paz, piedad, perdón, de don Manuel Azaña. La idea de un pacto de olvido resulta ridícula; la falsedad del planteamiento en la que tratan de apoyarse los que quieren revisar la transición democrática queda refutada por cualquiera de sus protagonistas. Hay múltiples testimonios relevantes -además de los mencionados- de los padres de la Constitución, de Felipe González, de Miguel Roca, de Javier Solana, entre otros muchos. No hubo olvido ninguno. Nadie se vio obligado a olvidar nada ni a reprimir su recuerdo, solo nos obligamos a dejar en paz la historia y a no usarla como arma política arrojadiza.


Cualquier incursión en la transición demuestra que ninguna de las limitaciones, condicionantes, olvidos, lagunas, etcétera, que los críticos quieran atribuirle, son verdad. Pero, después de la caída del muro de Berlín, cierta izquierda ha querido autoproclamarse como magistrado supremo en el juicio de la historia y pretende apropiarse de una presunta legitimidad para declarar qué es la verdad histórica. Y nadie puede discutirlo sin ser tachado de antidemócrata, nostálgico o, simplemente, fascista. El riesgo, señorías, es caer en el discurso único y oficial y en la lectura maniquea de la historia, precisamente lo mismo que reprobamos con razón a la dictadura franquista. Ese intento de establecer y de imponer una verdad única y oficial nos recuerda a la obra 1984, de Orwell, en la que el ministerio de la verdad utilizaba la historia en medio de una utopía totalitaria. ¿No les parece una barbaridad ese centro de la memoria histórica? ¿No les recuerda ese centro de la memoria histórica al ministerio de la verdad? Ese intento de imponer una memoria única y oficial choca radicalmente con la posición de siempre del PSOE, traicionada ahora por el señor Rodríguez Zapatero; choca radicalmente con ese territorio común compartido de Felipe González, que no es otra cosa que la conciencia histórica común; y choca con lo que defendía Javier Solana, cuando siendo ministro portavoz del Gobierno en el año 1985 decía que la democracia española ha asumido la memoria histórica de España en una voluntad básica de integración, añadiendo que asumir toda la historia es consustancial a la esencia misma de la democracia. Señorías, las pretensiones de revisionismo histórico y utilización de la historia para dividir hoy a los españoles están en las antípodas de lo que entre todos hicimos en la transición. Además, como he dicho, este proyecto de ley traiciona aquel gran acuerdo de noviembre de 2002, que daba por concluidas las iniciativas que tenían que ver con esta parte lamentable de nuestra historia, a la par que reiteraba la renuncia a cualquier uso político de la misma. Nosotros, actuando coherentemente en todo momento en esta legislatura en todas las iniciativas que se han planteado, hemos respetado

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siempre esos acuerdos, y nos parece que la palabra clave es concordia y no memoria.


Voy terminando. Ante el dilema de anclar la democracia en la guerra y la II República o anclarla en la transición, desde el Grupo Popular apostamos sin ninguna reserva por la transición y la Constitución, que permitieron no solo el tránsito pacífico a la democracia, sino la reconciliación nacional y la mayor etapa de estabilidad política, económica y social de la historia de España. Nosotros, preservando ese espíritu, queremos seguir apostando por la concordia, y esta no se estimula recuperando memorias parciales y revanchistas, rompiendo acuerdos y apoyando procesos revisionistas. Por todo ello y porque, en nuestra opinión, esta iniciativa es tan innecesaria y falsaria como errónea y tiene que ver más con la separación y la división entre españoles que con la reparación de las víctimas, pedimos al Gobierno que retire este proyecto de ley.


Muchas gracias. (Aplausos.)

El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Atencia.


Turno a favor de las enmiendas de texto alternativo. En primer lugar, Esquerra Republicana. Tiene la palabra el señor Tardà.


El señor TARDÀ I COMA: Señor presidente, señorías, el proyecto del Gobierno ha provocado una amarga decepción en Esquerra Republicana. (Un señor diputado: Normal.). Una amarga decepción compartida por las asociaciones de víctimas que sobreviven a los crímenes contra la humanidad del franquismo y los familiares de los que desaparecieron; amarga decepción que empieza en el mismo título del proyecto de ley, que niega el carácter de víctimas de atentados contra los derechos humanos a todos los fusilados, encarcelados, torturados, exiliados, expoliados y discriminados; amarga decepción al constatar que el Gobierno ha sucumbido ante el creciente protagonismo de los sectores más reaccionarios de las Fuerzas Armadas y de la judicatura, personas instaladas en una cosmovisión histórica conformada por 40 años de dictadura. Véase, si no, la actitud de los jueces de la Sala Militar del Tribunal Supremo ante la sentencia que deniega la revisión de los consejos de guerra de Joan Peiró, Joaquín Delgado o Francisco Granado. Solo amargura y decepción puede producir comprobar que el proyecto de ley del Gobierno no reconoce que hubo personas condenadas a muerte en consejo de guerra y en consecuencia ejecutadas; tan solo reconoce que hubo quien perdió la vida, y después de tratar estos actos criminales como si fuesen accidentes y no actos intencionados llevados a cabo con voluntad de exterminar toda oposición, la exposición de motivos tiene la desfachatez de afirmar que no es tarea de la presente ley implantar una determinada memoria histórica. Cualquier demócrata con la conciencia formada en la tradición internacional de los derechos humanos tiene que indignarse con esta visión tendenciosa e interesada de los trágicos sucesos causados por la rebelión militar del 18 de julio, que duraron más de 40 años. Y la decepción se convierte en indignación cuando observamos que el proyecto de ley no aborda la nulidad de los consejos de guerra y de los juicios en aplicación de la legalidad franquista. Pero, sobre todo, como demócratas, nos indigna que desde la justicia española se haya invocado en su día el principio de jurisdicción universal de los derechos humanos para dictar una orden de detención del general Pinochet, y que al mismo tiempo se reclame el principio de seguridad jurídica de la legislación franquista para oponerse a la anulación de los consejos de guerra.


Una gran esperanza se abrió entre las víctimas de los crímenes del franquismo cuando el actual presidente del Gobierno, en su discurso de investidura, afirmó que su compromiso político había estado marcado por el ideario de su abuelo, militar fusilado por sus compañeros de milicia por respetar el juramento de fidelidad al orden constitucional. Por eso creímos que asumía íntegramente el testamento de su abuelo: Cuando sea oportuno se vindique también mi nombre y se proclame que no fui traidor a mi patria. Esquerra Republicana -cándidos, lo reconozco- pensó que después de 70 años había llegado el momento de vindicar el nombre de todas las víctimas, de proclamar que todas esas personas no habían cometido traición; al contrario, habían tenido, como héroes, la dignidad de defender, incluso llegando a su inmolación, la libertad y la democracia contra los militares rebeldes, aliados de Hitler y de Mussolini. Sin embargo, Esquerra Republicana ha constatado que la manera de ver el mundo y la historia reaccionaria que encarnó la sublevación del 18 de julio ha penetrado en una parte de la sociedad española y que la rectificación de las ideologías que habían llevado a cabo las naciones de Europa, después de 1945, no ha tenido el efecto deseado en el Estado español. Con amargura y decepción, Esquerra constata que la derecha española ha sido incapaz de desmarcarse de sus raíces franquistas. Solo en el Estado español un partido que tiene como presidente de honor a un ministro de Franco, que formaba parte del Consejo de Ministros que dio el visto bueno a la ejecución de Julián Grimau, que fue corresponsable directo de los hechos asesinos de Vitoria y que todavía hoy día justifica impúdicamente al dictador Pinochet, llegó a conseguir una mayoría absoluta. Sin embargo, ese reconocimiento electoral no otorga legitimidad democrática a la defensa de un régimen criminal, como el triunfo de Hitler en las elecciones de 1933 no legitimó democráticamente sus ideas expansivas y racistas. Pero la decepción es más dolorosa cuando proviene de los que creemos que están de nuestro lado. Por eso, la que podemos denominar ley Zapatero de memoria histórica, ha herido intensamente a las víctimas del franquismo y a Esquerra Republicana de Catalunya. Ningún partido socialista homologaría su proyecto de ley por tratar como tratan a las víctimas de los crímenes contra la paz, crímenes contra la guerra y crímenes contra la humanidad cometidos por la dictadura. Señor presidente, ¿realmente

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cree que usted tiene que solicitar y obtener una declaración de reparación y reconocimiento personal de que su abuelo no fue traidor a la patria? ¿No se da cuenta que la creación de un consejo sin nombre, destinado a tramitar los expedientes de declaraciones de reparación y reconocimiento personal, son una humillación más a las víctimas, que lo que reclaman es dignidad? ¿Se ve usted capaz de encontrar entre todos los ciudadanos del Estado cinco personalidades con la calidad moral necesaria para estudiar quién fue y quién no fue traidor a su patria? ¿Por qué razón el Parlamento alemán en el año 1998 pudo aprobar una ley, a instancias de un gobierno de derechas, que anulaba las sentencias penales condenatorias que se dictaron en 1933 por motivos políticos, militares, religiosos o ideológicos y, en cambio, no es posible en el año 2006 en otro Estado europeo como es el nuestro? ¿Es que acaso la sociedad alemana merece más dignidad que la nuestra?

Señor presidente, lo que está en cuestión no es la dignidad de las víctimas, no es la dignidad de las víctimas del franquismo, porque nadie puede dudar de su ejemplaridad; lo que está en juego es el carácter criminal de las leyes franquistas, que respondían a una voluntad de exterminio de la democracia y de genocidio cultural de las comunidades nacionales catalana, vasca y gallega, y la declaración de ilegitimidad de los consejos de guerra y de los tribunales nombrados por el régimen militar rebelde. Por todas estas razones, no se extrañen si las asociaciones de la memoria histórica, que hoy nos acompañan en esta Cámara, optan por la objeción de conciencia al procedimiento que consagra su ley, caso de que fuese aprobada en los términos propuestos.


Esquerra Republicana ha batallado a lo largo de esta legislatura para acabar de manera definitiva con la situación de las víctimas de los crímenes del franquismo; hasta diecisiete iniciativas ha presentado nuestro grupo, algunas de las cuales, como la que instaba a la anulación de la causa del presidente de Cataluña, Lluís Companys, fue aprobada por el Partido Socialista, y al cabo de pocos días fue reafirmada por la vicepresidenta en Barcelona, acompañada por el entonces president de la Generalitat, el molt honorable Pascual Maragall, en el mismo lugar y día que nuestro presidente mártir fue fusilado por el ejército español. Ha llegado, pues, el momento de aplicar a las víctimas de las violaciones de los derechos humanos cometidos por el franquismo el mismo trato que establece la legalidad internacional, fijada por Naciones Unidas, tarea que ya han llevado a cabo todos los Estados que sufrieron en el pasado un régimen totalitario.


El artículo 10.2 de la Constitución española establece que las normas relativas a los derechos fundamentales se interpretarán de conformidad con la Declaración Universal de los Derechos Humanos. El ordenamiento jurídico internacional desde Nüremberg establece tres tipos de crímenes: crímenes contra la paz, crímenes de guerra, y crímenes contra la humanidad. Es más, en aplicación de esta participación en la legislación internacional, la Justicia española -ya lo hemos dicho- pudo dictar una orden de detención contra el dictador Pinochet.


Señor presidente, no aceptamos lo que la exposición de motivos de su ley denomina implantar una determinada memoria histórica. Nosotros nos ceñimos estrictamente a los hechos y a la valoración de estos, de acuerdo con la jurisprudencia internacional. Y voy a remitirme a los hechos.
Primer grupo de hechos: la rebelión militar. El 18 de julio fue una conspiración de militares, con el apoyo financiero de las grandes fortunas del Estado, contra el Estado de derecho en el que funcionaban tribunales de justicia independientes. Rebelarse contra la República, pues, puede calificarse de crimen contra la paz, de acuerdo con la legislación internacional de las Naciones Unidas. Segundo grupo de hechos: la guerra civil. El ejército nacional desencadenó una política destinada al exterminio. La rebelión militar dejó al Estado democrático sin la fuerza necesaria para mantener la ley, y provocó una situación de desorden público, con la proliferación de elementos incontrolados.


A pesar de todo, es fundamental precisar que las instituciones republicanas nunca, nunca adoptaron o legislaron textos contrarios a los derechos humanos. Tercer grupo de hechos. Régimen militar del general Franco: se ejecutaron más de cien mil personas, centenares de miles de presos republicanos encarcelados, doce mil republicanos declarados apátridas deportados a Mauthausen; campo de exterminio que Felipe González se negó a visitar en 1995 y que sí lo hizo Rodríguez Zapatero el pasado año. Por eso nos duele todavía más que, en vista de aquel error, se haya atrevido a patrocinar esta ley. ¿Quién se atreverá a discutir que los consejos de guerra y las ejecuciones de Lluís Companys, Joan Peiró, Blas Infante, Carrasco i Formiguera, Salvador Puig Antich o Juan Paredes Manot, o de sacerdotes vascos nacionalistas y de tantos otros hasta alcanzar la cifra de más de cien mil no constituyen crímenes contra la humanidad? Le voy a responder; desde el catalanismo político y desde el republicanismo catalán, nadie. Y estos crímenes contra la humanidad no se cometieron de manera clandestina, como es el caso del asesinato de García Lorca, sino que en su mayoría fueron cometidos pervirtiendo en su aplicación la legislación vigente, en un primer momento, y aplicando la legislación franquista posteriormente, mediante procesos que parodiaban el Estado de derecho. Por tanto, aquella actuación y la legislación franquista forman parte también de los crímenes contra la humanidad cometidos por el franquismo.


Señorías, un Estado democrático tenía el deber de juzgar a los responsables de los crímenes contra la humanidad y, si esto no era posible, establecer un mecanismo reglado de reconciliación como el que se formuló en la Comisión de la verdad y la reconciliación de Sudáfrica y otros países. Por cierto, Desmond Tutu recibió el premio Nobel de la Paz por este proceso modélico de transición. Ni Adolfo Suárez ni Santiago Carrillo ni Felipe González ni Juan Carlos de Borbón han recibido

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nunca este premio. Señorías, les pedimos que voten afirmativamente nuestro texto alternativo; un texto que no propone la creación de una comisión de la verdad y la reconciliación; propone, sin más, la declaración de ilegitimidad del régimen franquista y la aplicación de la doctrina de las Naciones Unidas sobre los crímenes contra la humanidad a los cometidos por la dictadura franquista, y de igual manera el reconocimiento jurídico por parte del Estado de la condición de víctimas a todas las personas que sufrieron persecución y muerte, así como la restitución moral y material de las personas, instituciones públicas y entidades que fueron perseguidas y represaliadas.


Voy terminando, señor presidente. Nuestro texto alternativo plantea también la anulación jurídica de las sentencias dictadas en consejos de guerra por motivos políticos, de las dictadas por el tribunal de orden público, etcétera. Por ello deberán emitirse certificaciones judiciales de nulidad, a solicitud de los cónyuges, parejas o familiares de los penados. Incluye la restitución a la Generalitat de Catalunya y al Gobierno vasco de los bienes que les fueron incautados, y se reparan los honores a los miembros de las fuerzas del orden republicanas. A su vez, se garantiza la entrega al president de la Generalitat de Catalunya, el molt honorable Josep Montilla, por parte del jefe del Estado, la certificación de la anulación de la causa sumarísima del molt honorable Lluìs Companys, presidente de Cataluña.


Señor presidente, voy terminando. (El señor Padilla Carballada: ¡Y las sentencias de la República, también!)

El señor PRESIDENTE: Señor Padilla, por favor. Mantengan el orden, por favor. Vaya concluyendo, señor Tardà.


El señor TARDÀ I COMA: Les remito al resto del articulado porque, por razones de tiempo, no puedo ser más explícito, pero ustedes ya lo conocen y podrán actuar en consecuencia si consideran que deben votar afirmativamente, tal y como les solicitamos.


Finalmente, nuestro texto alternativo especifica que debe corresponder al jefe del Estado formalizar solemnemente, en nombre del Estado español, las demandas de perdón a las víctimas de las consecuencias del levantamiento militar contra la Constitución republicana. Es evidente que Juan Carlos de Borbón representa la continuidad del Estado. Él juró solemnemente en esta Cámara los principios fundamentales del Movimiento Nacional, y en este mismo lugar ratificó la Constitución española vigente.


Con esta demanda de perdón, como así lo hicieron otros Estados democráticos, se establecerá la discontinuidad entre la legislación criminal franquista y la Constitución de 1978. Inevitablemente la ley resultante, sea la que fuere, será conocida como la ley Rodríguez Zapatero de la memoria histórica. Usted, señor presidente, a nuestro entender, debería desear que dentro de setenta años un nieto suyo pudiera citar esta ley con el mismo orgullo con que usted citó el testamento político de su abuelo fusilado. Pero esto solo será posible si la ley se adecua al derecho internacional de derechos humanos.


Gracias. (Aplausos.)

El señor PRESIDENTE: Turno a favor de la enmienda de texto alternativo del Grupo Parlamentario Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya Verds. Señor Herrera.


El señor HERRERA TORRES: Gracias, señor presidente.


En primer lugar quisiera trasladar, en nombre de mi grupo parlamentario, el pésame al Congreso de los Diputados y especialmente a la familia Popular por la desaparición de Loyola de Palacio.


Señores diputados, señoras diputadas, hoy discutimos una ley trascendente; una ley que coincide con el año de la memoria histórica -que así se aprobó-; una ley que discutimos en la semana en que ha muerto un dictador, Pinochet, en el Día internacional de los Derechos Humanos y ocho años después de que la justicia española solicitase su extradición.
Esta coincidencia nos ha permitido que en una misma semana hayamos oído voces lamentando que el dictador hubiese muerto, sin ser juzgado y condenado, y a la vez se ha negado, no ya la posibilidad de condenar a nuestros pinochet, sino la posibilidad de anular sentencias de nuestra represión. Nuestra opinión pública se ha horrorizado recordando los métodos de la tortura chilena, pero desconoce el genocidio que, según los ministros franquistas de turno, alcanzó a más de 300.000 personas, que supuso más de 30.000 desaparecidos, según el Consejo de Europa. Cómo explicar, si no es desde ese desconocimiento, que hoy al 51 por ciento de la ciudadanía la figura de Franco le resulte indiferente. En este mismo año hemos vibrado con Bachelet cuando anunciaba que en el centro de tortura de Villa Grimaldi acabará haciendo un teatro por la vida, pero nos vamos a resignar con que en el Valle de los Caídos, a lo sumo, no se realicen más actos de homenaje a Franco. Hoy mismo nos han advertido de los riesgos de reabrir viejas heridas. Nos hablarán de la guerra de las esquelas, después de contrastar que en el año 1998, tras la pretensión de enjuiciar al dictador Pinochet, las consecuencias para la democracia chilena fueron precisamente que sus raíces democráticas eran mucho más sólidas, en contra el vaticinio de muchos.


En esta semana de contrastes tengo que decirles que tenemos un sabor amargo y un sabor dulce. El sabor amargo es el de las flagrantes contradicciones de nuestra democracia, de los dobles discursos de que lo que vale para Chile no vale para nosotros y, ¿saben cuál es el sabor dulce? Que nos obliga a resolverlas moral y democráticamente. Somos uno de los países de la Unión Europea que más años de dictadura ha padecido, y somos el país de la Unión Europea más desmemoriado. Por eso,

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para solventarlo, empezamos la legislatura bien, con el convencimiento de que algunas cosas habían cambiado, que el no nos falles se traducía en una buena ley de la memoria. El 8 de junio le decíamos al Gobierno que esta vez tenía que hacer los deberes, y que esperábamos que respondiese a ese compromiso de organizaciones, de historiadores, de grupos parlamentarios; un compromiso reeditado en esta legislatura con la petición de anulación del juicio de Carrasco i Hormiguera, del president Companys, un compromiso que esperábamos que llegase, pero que al final ha sido profundamente decepcionante. Lo cierto es que en el trámite nos armamos de paciencia porque teníamos un precedente, la proposición no de ley de 2003 firmada por el Grupo Socialista, discutida en esta Cámara y rechazada por el voto exclusivo del Partido Popular. Al final, ni nuestra paciencia ni nuestra voluntad de pactar con el Gobierno han servido.


El proyecto que hoy discutimos no es que resulte solo decepcionante, sino que incluso es un paso en la mala dirección. Hemos presentado un texto alternativo porque, después de mucho insistir, hemos contrastado que continúan en sus trece. Nuestra enmienda a la totalidad es la reflexión y el trabajo de mucha gente -de Jaume Bosch, con su reflexión y su iniciativa en torno al Valle de los Caídos, de Martín Pallín-, e incorpora el excelente trabajo de Carlos Jiménez Villarejo, y es un texto que se distancia de una ley que es equidistante, que no sirve a las víctimas y, sobre todo, que no se proyecta en el futuro. ¿Cómo puede pretender, el proyecto que plantean, fomentar la cohesión y la solidaridad entre las diversas generaciones de españoles cuando parten de un planteamiento histórico e ideológico desde nuestro punto de vista erróneo? Por ejemplo, la guerra civil queda definida en el texto aprobado como un conflicto entre españoles, y no se realiza mención alguna al golpe de Estado del 18 de julio de 1936. En el artículo 2 se refiere a la República -ya producida la sublevación militar- como a un bando, pero, según el Diccionario de la Real Academia, bando significa facción, partido, parcialidad, y en España no hubo dos bandos, había un Estado democrático elegido por sufragio universal y, frente a él, unos militares facciosos que se levantaron en armas contra ese Estado legítimo.
(Aplausos de las señoras y señores diputados del Grupo Parlamentario de Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya Verds.) El problema es la equidistancia; el problema es que la ley parte de un planteamiento equidistante.


Como consecuencia de lo anterior, se reconoce y declara el carácter injusto de las condenas, sanciones y cualquier forma de violencia personal producidas por razones políticas, ideológicas durante la guerra civil, pudiendo equiparar, por tanto, las sentencias emanadas de los tribunales constituidos por el Poder Judicial de la República española con las ejecuciones llevadas a cabo por aplicación del bando de guerra o de los juicios sumarísimos. Ese es el planteamiento de la ley -la vicepresidenta lo decía: defendemos un planteamiento individual de la memoria- y la pregunta es: ¿es un planteamiento de la memoria, individual o colectivo, que un Estado democrático diga que hubo una dictadura y que la condene? En esta misma legislatura hemos aprobado una ley que habla del año 2006 como el año de la memoria histórica, y es un planteamiento claramente colectivo de memoria colectiva. Nosotros reivindicamos la memoria colectiva, porque es el mejor antídoto contra los totalitarismos.
La propia Amnistía Internacional dice de la ley que agrava la tendencia a la privatización de la libertad, legislando la inacción y la ausencia de responsabilidades del Estado en la investigación de graves crímenes.
Cuando hablamos de fosas, cuando hablamos de la política activa para la retirada de los símbolos, no se fija qué órgano va a llevar delante esas políticas. Se dice que se colaborará con los particulares, negando en definitiva la iniciativa en liderazgo de una administración pública con las políticas de recuperación de la memoria democrática. ¿Qué instituto, qué ministerio será el que vele por el desarrollo de la ley? Ninguno, y ahí está el problema. El problema está en que implícitamente existe la privatización de una actividad que debe ser pública. Y no lo decimos nosotros, no lo dicen las entidades de la memoria que nos acompañan, lo dice Amnistía Internacional. ¿El ejemplo más sangrante? El Valle de los Caídos, un espacio de represión que es patrimonio del Estado, y en el que cada mes de noviembre, 31 años después de la muerte del dictador, se realizan actos de homenaje al dictador. ¿Se imaginan que en Mauthausen hoy se realizasen homenajes a Hitler? Es lo que pasa en este país y es lo que demuestra que las cosas no van bien, que algo no ha funcionado, que algo ha fallado. Mientras que en otras latitudes esos espacios de represión se convierten en espacios de recuperación de la memoria, de explicación del genocidio, de divulgación de la lucha contra el represor, ¿qué nos dice el Gobierno aquí? Que no se podrán hacer actos de exaltación de la guerra civil ni de sus protagonistas, incluyendo, por tanto, a los que lucharon por la democracia. Pero el ejemplo más sangrante, lo que es el colmo de la frustración para muchos, y especialmente para las entidades que hoy nos acompañan, es la solución para los juicios sumarísimos de la represión. Ante el aparato seudojurídico, instrumento imprescindible del genocidio franquista, el Gobierno opta por la declaración de reparación y reconocimiento personal respecto de las ejecuciones, condenas y sanciones sufridas, cuando se acredite que fueron manifiestamente injustas. Revisión moral y simbólica, pero sin efectos jurídicos. ¿Y cuándo llega su opción? Cuando se cumplen 60 años de la doctrina de Nuremberg que permitió hacer justicia con las víctimas del régimen nazi, al finalizar la II Guerra Mundial, así como con las víctimas de violaciones más recientes de derechos humanos, como las ocurridas, por ejemplo, en Sudáfrica o en las dictaduras latinoamericanas. ¿Y sus argumentos? Los que daba el presidente del Gobierno a una pregunta de Gaspar Llamazares: la seguridad jurídica. Pero dichos argumentos, que ustedes decían que venían avalados por informes jurídicos, tres meses después de haberlos solicitado

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aún no los hemos visto. El problema -su problema- está en que su principal argumento, la seguridad jurídica, se supedita a otro de rango superior, el principio de justicia recogido en el artículo 1 de la Constitución española. La seguridad jurídica, un principio que informa el ordenamiento constitucional, sirve para garantizar la protección de los ciudadanos, que en nada se vería afectada por la nulidad de sentencias de la represión franquista, porque ¿a quién afecta la declaración de nulidad? Sencillamente a nadie. Por eso no nos sirve su propuesta.


Pero es que además no sirve porque ni siquiera es coherente con lo que el propio Grupo Parlamentario Socialista exponía hace apenas tres años, una proposición no de ley que planteaba la anulación de los fallos injustos emitidos en los juicios sumarios realizados al amparo de la institución de la causa general. Una proposición no de ley que hablaba de obligación moral, pero también -escuchen bien, su proposición no de ley- de la obligación jurídico-política de reparar los daños causados a las personas víctimas de esa represión. ¿Y saben qué citaban? Citaban como precedente la ley dictada en Alemania tras el nazismo, de derogación de los fallos injustos nacionalsocialistas. No son nuestros argumentos, son los suyos, de hace apenas tres años. Los tribunales establecidos para dar cumplimiento a la Ley de Responsabilidades Políticas, compuestos por militares, miembros de Falange y miembros de la carrera judicial eran, como mantiene el ex fiscal jefe de la fiscalía Anticorrupción Carlos Jiménez Villarejo, instrumentos esenciales de represión, y su carácter radicalmente ilegítimo tanto por su origen como por su composición, y sobre todo por constituirse como organismos de naturaleza administrativa dotados de competencias penales, y por tanto con facultades para la imposición de las sanciones penales. Eso es lo que dice Carlos Jiménez Villarejo. ¡Y es tan razonable!

La solución, al fin y al cabo, es bien sencilla: la nulidad. La nulidad que ustedes pedían, la nulidad que nosotros hoy mantenemos, y Carlos Castresana también lo mantiene: la dictadura no suprimió nuestros derechos, se limitó a violarlos. Por tanto la solución es bien sencilla, las consecuencias jurídicas de tales actos ilícitos deben considerarse inexistentes. (Aplausos.) Esa es nuestra propuesta. Ante la revisión de los juicios de Grimau, de Peiró, de Delgado, y de Granado ayer mismo, cuando se les niega la revisión nosotros decimos que es voluntad del Legislativo decir que puede tener efectos jurídicos, que tiene efectos morales, y que solo cabe la nulidad. Lo decía también en un voto particular, en la revisión que negó la Sala Quinta del Tribunal Supremo al juicio de Pellicer. Lo han dicho todos. ¿Saben cuál es el problema? Simple y llanamente que aquello no eran juicios, porque no tenían la estructura mínima básica de un juicio, porque en siete minutos condenaban a una persona a muerte, porque los magistrados, o eran de la Falange o eran militares, porque sencillamente no existía la independencia judicial.


Por todo ello nosotros entendemos que su solución no vale. Porque no puede pretenderse que los miles y miles de perseguidos, deportados, torturados, privados de libertad, sometidos a trabajos forzosos o sus familiares o los familiares de los fusilados deban ahora, además de todo lo sufrido, acudir a que se reconozca de forma muy moderada que fueron injustamente perseguidos. Para ellos y para la comunidad internacional está claro lo que fueron: víctimas de un genocidio. Todas las sentencias, sin excepción, dictadas por los consejos de guerra y los tribunales especiales eran contrarias a los derechos y libertades que constituyen el fundamento del orden constitucional hoy vigente. Por eso no vale la propuesta del Gobierno, porque mantiene la plena validez de todas las sentencias, mantiene la plena validez de todas las sentencias y, por tanto, los condenados continúan estándolo como sediciosos, rebeldes, traidores -cuando no como simples delincuentes-, y eso no es aceptable, señor presidente, señora vicepresidenta. Por todo ello, la deuda que el Estado español tiene contraída con las víctimas del franquismo no puede resolverse sino en la forma prevista por el derecho internacional, esto es, garantizándoles la justicia, la verdad y la reparación, el reconocimiento de que todas las decisiones judiciales y de los tribunales especiales, derivadas del ordenamiento jurídico represor de la dictadura y sus consecuencias, se produjeron con violación de los derechos humanos más elementales y, por tanto, son nulas de pleno derecho.


Ya para concluir, señor presidente, diputadas, diputados, tengo que decirles que nuestra propuesta se hace desde la convicción -escuchen bien, desde la convicción- de que fueron imprescindibles el perdón y la reconciliación; claro que lo fueron, porque sin perdón y sin reconciliación difícilmente hoy serían realidad los valores de la II República, pero entendiendo que perdón y reconciliación deben significar al mismo tiempo memoria democrática, memoria civil y justicia, y eso va muy asociado también a la memoria colectiva. Y es que el problema, señor presidente, no fue el perdón, el problema -lo decía Semprún- fue el olvido posterior, y eso tiene aún serias consecuencias. Es seguramente la razón de esa extraordinaria anomalía de vivir en el país de Europa que ha padecido más años de dictadura, pero que menos políticas ha hecho por la recuperación de esa memoria democrática.


Yo no soy una persona de la transición ni una persona que luchó contra el franquismo, soy de los nietos, y mi generación y la que viene después han pasado por la escuela sin estudiar y sin saber lo que fue la lucha antifranquista, lo sabemos por nuestra tradición familiar, por lo que nos explicaron los amigos, los compañeros, pero no lo hemos estudiado; eso es imposible que pase en Francia, en Alemania, en Portugal y en tantos y tantos países, lo que demuestra que algo no se ha hecho bien. Lo más terrible es que con esta ley, con esta política, podría llegar a cuajar esa perversa ecuación que impulsan algunos ideólogos cuando pretenden igualar memoria republicana con revanchismo, cuando dicen que el golpe

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de Estado fue fruto de una situación convulsa y conflictiva. Para nosotros, el proyecto de ley es un texto en el que se obvian por completo derechos humanos y el derecho internacional, y lo que propone más bien son obstáculos a los derechos de las víctimas a la verdad, a la justicia y a la reparación, para acabar siendo -y no lo digo yo, lo dice Amnistía Internacional- una ley que podría ser de punto final. Ante esta situación, ¿qué hacer con la ley? Sabemos que tienen ustedes tres caminos: el primero de ellos es sacarla sin más, haciendo de una ley tan esperada un espacio de frustración de muchos, de frustración de pasado por los que lucharon contra el franquismo, pero de frustración de futuro porque muchas generaciones no tendrán con esta ley una política de recuperación de la memoria democrática, como se merece un país como el nuestro. La segunda opción es dejarla morir, en una tramitación larga, haciendo que el final de la legislatura coincida con el final de la reivindicación de la memoria, pero así harán de la resignación su signo, no cumpliendo con sus compromisos y fallando a muchos. Por eso nosotros les proponemos que opten por la tercera opción, que es hacer caso de nuestro articulado, de nuestra enmienda a la totalidad. Se lo ofrecemos para que construyan la única política de recuperación de la memoria de un país que reivindica la lucha por la democracia. Tienen en sus manos -acabo ya, señor presidente- que la ley deje de significar frustración y resignación, para que pase a ser esperanza y justicia, para que sirva para construir una democracia mucho más sólida. Como reza en una placa del Camp de la Bota, en Barcelona, donde fueron fusilados muchos demócratas, como decía Màrius Torres, un poeta que vivió la represión: (Pronuncia la cita en catalán, que traduce) ¡Oh, padre de la noche, del mar y del silencio!, yo quiero la paz, pero no quiero el olvido.


Muchas gracias. (Aplausos.)

El señor PRESIDENTE: Tiene la palabra la señora vicepresidenta.


La señora VICEPRESIDENTA PRIMERA DEL GOBIERNO, MINISTRA DE LA PRESIDENCIA Y PORTAVOZ DEL GOBIERNO (Fernández de la Vega Sanz): Señorías, muchas gracias por sus intervenciones.


Voy a contestar a las enmiendas que han presentado, tratando de dar la mayor argumentación posible porque no me resigno a no convencerles. Señor Atienza, el 20 de noviembre de 2002 este Congreso aprobó una moción que decía literalmente, como he señalado: El deber de proceder al reconocimiento moral de todos los hombres y mujeres, de hacer cosas para proceder a ese reconocimiento moral. Eso es lo que estamos haciendo, de la misma forma que cumplimos este mandato como el mandato del año 2004.
Señor Atienza, esta ley continúa, por supuesto, la labor del espíritu de la transición. Claro que la transición supuso la reconciliación definitiva de todos los españoles y la llegada de la Constitución y de la democracia. Pero, señorías, ni concordia es olvido ni perdonar significar eclipsar el recuerdo. Quienes vivimos en democracia y creemos firmemente en los valores que esta representa, tenemos el deber como comunidad política de proclamar la injusticia de todas aquellas actuaciones presentes y pasadas que han desconocido la dignidad del ser humano y los derechos más elementales que le son inherentes. Me sorprende que usted ahora desconozca la naturaleza de los derechos que esta ley reconoce. Me sorprende, porque recuperar la memoria reciente de un país que ha sabido superar ejemplarmente la crueldad de una larga dictadura supone reconocer a través de la palabra de la ley la dignidad de millones de españoles y españolas que sufrieron las consecuencias más tremendas de un gobierno impuesto por la fuerza y sin democracia. Como españoles y como demócratas, tenemos una deuda de gratitud con quienes defendieron, a pesar de las adversidades, los mismos valores de libertad, de justicia y de pluralismo político que hoy son el fundamento de nuestra convivencia.
(Un señor diputado pronuncia palabras que no se perciben.) Sí, señoría.
Tenemos una obligación moral de hacer esa pedagogía democrática comenzando por nosotros mismos, mirando sin temor el pasado, siendo conscientes de lo que hemos sido para sentirnos más unidos y fuertes en la defensa de lo que hoy somos y de lo que, como comunidad política, queremos seguir siendo. El hecho de permitir a muchos españoles y españolas y a sus familias recuperar la memoria personal y proclamar la dignidad de su conducta pasada, si así lo desean, es un acto de justicia que, como he señalado, nos honra como pueblo.


Ya sé que a ustedes les parece irrelevante e innecesaria esta ley, pero les digo que se equivocan porque en democracia no conviene olvidar que los derechos más importantes no son los que revisten un mero significado económico o patrimonial, sino aquellos otros que como la vida, la libertad, el honor, la intimidad o la dignidad personal o familiar son, ante todo, la expresión de un compromiso compartido, de ese compromiso compartido, de esa convivencia compartida y de esa concordia acordada.
Por tanto, el respeto mutuo no es una cuestión de precio y en democracia ni se vende la tolerancia ni se compra el reconocimiento. Por eso, precisamente por eso, este proyecto no pretende reescribir la historia.
Ya lo he dicho, eso ha de seguir dejándose a la inquietud del conocimiento. ¿Me puede decir usted si hay una sola línea o un solo artículo en este proyecto de ley en donde se interprete, escriba o reescriba la historia? Ni uno, señoría, no hay ni uno. Esta ley no pretende escribir la historia, no puede escribir la historia, porque no es misión del legislador escribir la historia, pero menos aún abrir cicatrices que cosió la transición para volver a examinar las heridas del pasado. Antes al contrario, reconocer el derecho a la memoria individual y familiar y declarar a través de la voz de la ciudadanía, del pueblo español, de esta Cámara, la ilegitimidad -sí, la ilegitimidad, porque lo declara la ley- de las condenas

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impuestas a quienes murieron o se vieron privados de su libertad por defender los mismos valores fundamentales que hoy rigen nuestra sociedad es una decisión del presente, una decisión que confiere derechos a los españoles de hoy para que puedan sentirse reconocidos con plenitud, ya de modo directo ya de modo indirecto, al recuperar la dignidad de sus ascendientes.


Señorías, estamos ante una ley que nace para que, quienes así lo demandan y sientan, puedan celebrar en la intimidad el reencuentro con su historia personal y sentirse reconfortados por la ética de la democracia. Eso es lo que pretende esta ley. No es una ley contra nadie, pero sí es una ley para alguien, para todos aquellos que defendieron los valores que antes he expuesto (Aplausos.) y para quienes se quedaron atrás sin el disfrute de derechos fundamentales, que la experiencia ha demostrado incompletos o insuficientes. No es una ley innecesaria; es una ley necesaria, porque necesario es ese reconocimiento. Es una ley necesaria, porque incluye medidas que han sido solicitadas de manera unánime por todos los colectivos con los que hemos tenido contacto desde el inicio del trabajo de la comisión interministerial, medidas que son justas porque, pese a que desde 1979 se ha avanzado mucho desde el punto de vista de las pensiones, aún quedan muchas situaciones que resolver. Es necesaria, pero ustedes están instalados en el no. Creen y están defendiendo que no se extienda el derecho a recibir pensión, reconocido en esta ley; si no la estiman necesaria, considerarán que no hay que extender la pensión a los beneficiarios de la Ley 5/1979, a las personas que fueron heridas o que padecieron enfermedad o lesión como consecuencia de las guerras. Están diciendo que no se haga, que no es el momento; están diciendo que no a las exiguas pensiones de orfandad para que se sitúen en un importe más digno; están diciendo que no a que se eximan del impuesto sobre la renta de las personas físicas las indemnizaciones que recibieron gracias a la Ley 5/1979 quienes sufrieron cárcel y a que se compense a quienes ya tributaron por esas cantidades; están diciendo que no a establecer una indemnización para todas aquellas personas que perdieron la vida en defensa de la democracia y que no habían recibido hasta ahora compensación debida. Cualquier persona razonable es consciente de que no estamos hablando de supuestos desproporcionados o fuera de lugar, sino de situaciones objetivas de necesidad que no pueden quedar fuera de la atención del Estado y que afectan a las personas que nos lo han venido reclamando. Simplemente, parece ser que todo eso no va con ustedes.


He de añadir que esta ley no es irrelevante. Tengo la sensación de que no han acabado de entender cuál es su sentido principal. Es un proyecto de ley de extensión de derechos y ningún derecho es irrelevante. Pero, además, el derecho que garantiza esta ley, que es el derecho a reconstruir la memoria, a rehabilitar la propia biografía o la de un familiar, es un derecho básico. Estamos hablando del derecho a la personalidad, a la identidad de lo que se ha sido como persona y del recuerdo que ha dejado en los suyos. ¿Para ustedes es irrelevante que desde nuestra democracia, desde la soberanía, se declare solemnemente la injusticia de las condenas, de las sanciones, de las ejecuciones, de la violencia de cualquier clase que sufrieron millones de españoles? ¿Es irrelevante? Pues si lo es para ustedes, para la mayoría no lo es.
(Aplausos.) ¿Para ustedes es irrelevante que se reconozca el padecimiento injusto que sufrieron muchos españoles y españolas, un reconocimiento que les debemos porque nuestra libertad de hoy se sostiene también sobre sus hombros? Será para ustedes, porque para nosotros, no y, mucho menos, para las personas y las familias que van a poder obtener esa declaración de injusticia, esa declaración de inocencia de forma general, que ya la tienen en la ley, e individual, si ese es su deseo. Este proyecto de ley es relevante porque sí que existe el derecho individual a la memoria personal y familiar. Lo decía en mi primera intervención: somos porque tenemos memoria; las personas somos porque tenemos memoria. Es más, somos nuestra memoria y en este sentido existe el derecho a la memoria, el derecho a la memoria individual y familiar, lo que significa ni más ni menos que el reconocimiento del derecho a ser recordados a los que se les negó esta posibilidad, a ser recordados como lo que eran y no como se les calificó en esas sentencias o resoluciones injustas dictadas por tribunales sin pruebas y sin ninguna garantía. Tienen derecho a recuperar su ser y, si ya no existen ellos, otros pueden y deben también reclamar ese derecho. Es más, les diría que tienen el deber moral de reclamarlo, porque, una vez uno muere, sobrevive solo si sobrevive en el recuerdo de los demás. En este sentido, el derecho a la memoria es el derecho a recordar en sí mismo a quien fue y como fue, el derecho a recordar para informar de lo recordado a los que vienen después, de modo que se deposite en ellos el recuerdo de los recuerdos de los demás. (Aplausos.) Así sí que construimos la memoria colectiva, a través de las memorias de cada una de las personas que sufrieron y padecieron. Decía Luis Cernuda: Recuérdalo tú y recuérdaselo a los otros. Eso está en el espíritu de esta ley.


Compartir esos valores y ese pasado de sufrimientos es lo que nos ha llevado a promover una ley como la que hoy presentamos, que no reinterpreta la historia, señor Atencia. Esta ley es heredera -lo he dicho- del espíritu de la transición, restituye un derecho importante, la restauración de la memoria, elimina discriminaciones y repara injusticias. Y le vuelvo a repetir que me diga una sola disposición de esta ley que rompa el pacto constitucional. Sé que no me va a decir ninguna porque no la hay, porque con esta ley estamos abriendo posibilidades a las víctimas de la guerra civil y de la dictadura, porque así se nos ha pedido por este Parlamento y por parte de las propias víctimas. Los ciudadanos que lo quieran y que lo decidan podrán hacer uso de la posibilidad de que el Parlamento en nombre de la soberanía, sin juicio contradictorio de todas aquellas resoluciones, diga cómo se dictaron y en qué condiciones se dictaron, que se dictaron por tribunales excepcionales, que fueron injustas

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y atribuidas a hombres inocentes que quieren recuperar y van a recuperar con esta ley y con esa declaración su dignidad. Y la van a recuperar sin juicio alguno, a través de la declaración de los representantes de la soberanía popular que está plasmada en esta Cámara. (Aplausos.)

El Grupo Socialista jamás ha utilizado el pasado como arma política. Entre otras cosas, la historia ya está escrita por los historiadores. Este Gobierno y este partido la respeta, la ha respetado y en ningún momento hemos intentado reescribirla; no podríamos. La hemos hecho y no la vamos a reescribir. Hemos sido protagonistas de esa historia y jamás hemos pretendido reescribirla, cosa que por cierto parece que algunos están intentando hacer muy burdamente. Eso sí, a veces parece que se hace con claras intenciones políticas. Lo que le preocupa a este Gobierno, como les preocupó a los constituyentes, es el presente y el futuro de este país; eso y atender a las necesidades de los ciudadanos, en este caso especialmente de aquellos que fuese por la guerra o la dictadura padecieron daños que solidariamente entre todos tenemos que mitigar.
Señores del Partido Popular, la justicia es el mejor cicatrizante para las heridas. La justicia no reabre, sino que cierra etapas. La reconciliación cerró las heridas y las etapas, pero dejó dolor, heridas y cicatrices en el alma que esta ley va a subsanar para tratar de mitigar ese dolor que ni siquiera con esta ley podremos reparar, el de todos aquellos que sufrieron la persecución y la violencia.


Señor Herrera, este proyecto de ley es riguroso, comprometido y responsable. Lo es porque el rigor, el compromiso y la responsabilidad son justamente lo que ha caracterizado siempre al Partido Socialista, siempre, a través de toda su historia. Son el patrimonio que hemos recibido quienes ahora ostentamos la responsabilidad de gobernar de los socialistas que nos precedieron desde siempre, desde hace un siglo, desde el final de la dictadura, por no remontarme tan lejos. Me siento muy orgullosa de poder decir que este patrimonio socialista ha sido también patrimonio de todos los ciudadanos españoles, porque con este bagaje el Partido Socialista ha construido mucho para esta sociedad. (Aplausos.) Quiero que eso quede bien claro. Al periodo al que nos estamos refiriendo también contribuimos los socialistas, y hemos seguido trabajando sin solución de continuidad. Estamos orgullosos del rigor, del compromiso, de la coherencia y de la responsabilidad con los que se llevó a cabo la transición y con los que actuaron mi partido, el suyo y el de todos, por supuesto. Le diré más, todo lo que entonces se hizo fue gracias a otro ingrediente fundamental y básico sin el cual seguramente no habríamos podido hacer la transición, que ha sido la generosidad de todos los ciudadanos que habían sufrido violencia y represión, que fueron los primeros en mirar hacia delante y en esperar a que llegara el momento de recibir el reconocimiento que se les debía y que hoy aquí les hacemos.
Han recibido muchos reconocimientos, sí. Se han hecho muchas cosas por devolverles su dignidad, pero ni siquiera les hemos devuelto una mínima parte de lo que nos dieron. Por eso creo que hoy es un día importante en ese camino, porque espero que este proyecto de ley avance, se apruebe y sirva para rendir el reconocimiento moral y personal que les debíamos a ellos y a su memoria y que les debe rendir este país.


Señoría, yo sé que ustedes consideran que no es suficiente que la ley haga una proclamación clara, absoluta y tajante de injusticia, que significa reponer a quien fue condenado por esas resoluciones dictadas sin ningún tipo de garantías en la situación previa a la declaración de esa injusticia. No les parece suficiente. A veces su posición en este punto es, a mi juicio, imposible de entender. No voy a entrar en un debate jurídico -ya lo hemos tenido en alguna ocasión-, porque no es un problema de debate jurídico, sino que estamos en un debate político. Yo creo que el proyecto que ha propuesto el Gobierno va más allá de lo que ustedes piden, porque viene a establecer la injusticia de todo lo que ocurrió, pero con sentencia y sin sentencia. Ustedes me piden las anulaciones de las sentencias. ¿Y cuándo no hubo sentencia? ¿Qué hacemos cuando no hubo sentencia? ¿O es que todos los supuestos que se produjeron fueron con sentencias dictadas por tribunales excepcionales o por consejos de guerra? No. Hubo muchas sentencias dictadas que ya hemos calificado como tal, que entran en un debate de validez y eficacia jurídica. Ustedes están dando validez a lo que ya no la tiene, primero, porque ha producido sus efectos y, segundo, porque está dictado por un tribunal que ni era tribunal, con unas garantías que no eran garantías y con unas pruebas que no eran pruebas. Lo que estamos diciendo aquí es que lo que quiere el Gobierno es que a todas esas personas que fueron condenadas, que fueron castigadas o que sufrieron persecución y violencia sin o con sentencia se les declare su justicia, se les repare y se les declare el reconocimiento de su inocencia y, a partir de ahí, que puedan reconstruir su memoria individual y personal. La ley hace lo que no había hecho nunca una ley en la historia desde la transición de la democracia de este país: esa declaración, solemne y general, y abrir un procedimiento individual para que, en nombre de la soberanía, la persona que lo considere oportuno pueda tener esa declaración personal de justicia y de inocencia en su expediente personal, en su casa, que le sirva para reconstruir, consigo y con los suyos, su biografía personal e individual. Eso es lo que hace esta ley. Va más allá de la nulidad. Repito que no voy a entrar en ese debate jurídico porque no se corresponde con la realidad de los hechos.
Las personas y las familias que han padecido estas situaciones -respeto la posición, pero no la comparto-, con esta ley tienen un reconocimiento general de la democracia y también tienen un reconocimiento individual de la democracia cuando lo consideren oportuno. Entre otras cosas, la ley no cierra, como no podía ser de otra manera, ninguna vía a quien quiera acudir a los tribunales -¡faltaría más!, es un tema que queda abierto, por supuesto que queda abierto- nacionales e internacionales.


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No debemos olvidar que en la dictadura la falta de garantía fue común a todo y a todos. Fue común a los que lucharon contra ella, pero también lo fue para el resto de los ciudadanos, porque nadie tuvo garantías, nadie.
No había garantías, era un sistema sin garantías. La pérdida de garantías fue para todos. La inexistencia del derecho a un juicio justo y universal lo fue para todos. Por eso, esta ley desagravia esa situación y con carácter general dice: todo eso fue injusto, todo eso produjo dolor, todo eso hizo que muchas personas desaparecieran, que no existieran y que no pudieran ni siquiera reescribir ni recuperar su biografía y su memoria personal. Insisto, la ley satisface el deber de reconocer la injusticia que padecieron todos: los condenados con sentencia y los que lo fueron sin proceso ni sentencia de ningún tipo. Esa es la posición de la ley y creo que es una posición comprometida y generosa. Jamás lograremos reparar el daño de forma completa, porque hay determinados daños que nunca se terminan de reparar. Como decía al inicio de mi exposición, creo que el procedimiento que habilita esta ley va a permitir un reencuentro de las personas que sufrieron -y de sus familiares- con su pasado más doloroso.


Cuando en su discurso siguen hablando de esto, a veces tengo la impresión de que ustedes se están confundiendo de ley. Porque es evidente que España cumple con las normas internacionales sobre crímenes contra la humanidad y de guerra, lo tenemos en todos nuestros códigos. Por tanto, los derechos de las víctimas y de esas conductas a saber la verdad, a obtener justicia, a ser reparadas del daño sufrido, están plenamente garantizados aquí desde hace muchísimo tiempo. Su crítica contra el proyecto de ley parte, a mi juicio, de un error conceptual, porque confunde el campo propio del Código Penal, de una ley de justicia penal, y el ámbito en el que se mueve esta ley, que no es otro que el de la articulación de la solidaridad de las víctimas -y eso fue lo que ustedes mandataron al Gobierno- y de los españoles hacia todas las personas que sufrieron la violencia. Tiene como objeto el reconocimiento y la ampliación de derechos. Tampoco quiero entrar en la discusión, que nos llevaría muy largo, de no perder de vista que las normas internacionales a las que se hace referencia constantemente, tanto en el informe de Amnistía como por SS.SS., es lo que se ha venido en llamar la justicia transicional, es decir, un conjunto normativo de carácter internacional que pretende asegurar, por supuesto, el respeto a los derechos humanos, bien en la resolución de los conflictos, bien en los procesos de transición de regímenes que han usado de manera sistemática y arbitraria la violencia a regímenes democráticos, para fortalecer de este modo las bases del nuevo Estado de derecho; a eso se refieren estas normas. Desde ese punto de vista, no hay paralelismo con una situación como la de nuestro país, que ha hecho ejemplarmente y con éxito su transición hace 30 años, una transición que ha merecido el más amplio respeto y reconocimiento internacional y que nos ha permitido gozar del mayor periodo de libertad, prosperidad y democracia de nuestra historia.
Tampoco es cierto que la ley no dé pasos importantes en relación con los símbolos. Lo decía al inicio de mi intervención. Usted se ha referido al Valle de los Caídos. Quiero subrayar que es muy importante lo que la ley dice respecto de este lugar, porque no va a volver a ser nunca más un lugar de exaltación del franquismo ni de ninguna cruzada. A partir de esta ley, nunca más. Por el contrario, lo que dice esta ley es que la Fundación gestora del Valle de los Caídos tendrá como uno de sus objetivos honrar la memoria de todos cuantos murieron en la guerra civil y profundizar en el conocimiento de esa etapa histórica. En definitiva, el Valle de los Caídos va a ser un lugar donde lo único que se exaltará serán la paz y los valores democráticos. Señorías, este es un cambio claramente notable respecto a la situación actual.


Termino, señorías. Puedo decir que es una ley necesaria, relevante, que responde a un acto de justicia. Con esta ley estamos contribuyendo a dar un paso muy importante en el reconocimiento de lo que padecieron tantos españoles y españolas, que con su sacrificio, silencio y generosidad han permitido que hoy estemos viviendo los mejores años de nuestra historia.


Muchas gracias. (Aplausos.)

El señor PRESIDENTE: Con la intervención del Gobierno se abre el correspondiente turno de réplica. Señor Atencia.


El señor ATENCIA ROBLEDO: Gracias, señor presidente.


Señora vicepresidenta, su intervención demuestra que el Gobierno está empeñado en mirar al pasado y en sembrar división en la sociedad. Usted manipula y tergiversa hasta la saciedad. Manipula y tergiversa cuando quiere dar a entender que este grupo parlamentario no está de acuerdo con alguna de las medidas que contempla el proyecto de ley. He dicho al principio de mi intervención que esta ley era innecesaria, porque si su objetivo era complementar, mejorar o ampliar algunas medidas que la legislación vigente contempla para las víctimas, no era necesario hacer un proyecto de ley de esta envergadura. Para esas medidas, que por una parte vienen mandatadas por el Tribunal Constitucional y en otros casos significan rebajar las edades para tener derecho a determinadas indemnizaciones, no necesitaban ustedes ese camino. Si era tan urgente y tan necesaria, ¿por qué no han utilizado otros mecanismo más rápidos? ¿Por qué no han elegido, por ejemplo, el mismo mecanismo que utilizaron para indemnizar a la UGT? Podrían haber elaborado un real decreto-ley. En cualquier caso, podían haber llamado a los grupos parlamentarios, entre ellos al nuestro, para establecer estas medidas, que podrían estar ya en vigor. Pero no han hecho ni lo uno ni lo otro: no han tomado ninguna decisión como Gobierno por real decreto-ley ni han llamado a los grupos parlamentarios para establecerlas, sino que han presentado una Ley de

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recuperación de la Memoria Histórica, aunque después la quiten de su texto.


Usted manipula y tergiversa hasta la saciedad lo que han sido acuerdos de esta Cámara. La resolución de 20 de noviembre del año 2002 puede que S.S.
no la conociera. Yo la conozco perfectamente, participé en su debate y en la génesis de aquel texto de todos y para todos, donde recuperando el espíritu de la transición y del pacto constitucional decidimos hacer una serie de proclamas políticas relevantes -aquella resolución fue calificada por todos, y entre ellos por mí, como histórica- y hacer una serie de pronunciamientos políticos. Pero es que además aquella resolución significa, por lo menos en lo que era el compromiso del Partido Socialista, entonces en la oposición, y del Grupo Popular, que sostenía al Gobierno, que todo este tipo de cuestiones que tenían que ver con las secuelas de la II República, la guerra civil, la dictadura franquista y su represión quedaba fuera del debate político y que quedaba, si no lo estaba ya, para los historiadores. Ustedes incumplieron aquel pacto que en nombre de su grupo alcanzó alguien tan respetable como don Alfonso Guerra y ustedes lo incumplieron inmediatamente después de las elecciones de 2004 y, como he dicho, en el año 2004 rompieron ustedes ese pacto, rompieron lo que era la tradición del Partido Socialista al abordar estas cuestiones, rompieron lo que ustedes habían hecho desde el Gobierno y rompieron y traicionaron hasta las propias palabras del presidente del Gobierno, que en el año 1999 desde esta tribuna habló de cierre, de reconciliación, etcétera.


Usted se introduce de nuevo en esta intervención en el concepto del olvido y se apuntan a una tesis que el Partido Socialista nunca asumió, que era la de que hubo olvido, hubo lagunas o hubo limitaciones en la transición.
He leído antes algunos testimonios relevantes de miembros de su partido que demuestran y atestiguan que nada de eso ocurrió. No hubo olvido, hubo mucha memoria. Lo que sí hubo fue olvido consciente de superar los elementos que dividieron a los españoles en la primera parte del siglo XX, que culminaron en la guerra civil y que además después representó un terrible régimen autoritario. Precisamente le podría sacar algunos testimonios que son claramente representativos, unidos a los de los padres de la Constitución, Felipe González, Miquel Roca, Javier Solana.
Supongo que eso ya para ustedes hoy es irrelevante. No hubo ningún tipo de olvido, nadie renunció a sus señas de identidad histórica, nadie se vio obligado a olvidar nada o a reprimir sus recuerdos. Solo hubo un compromiso: nos obligamos por incorporarnos todos los españoles a dejar en paz la historia y no usarla como arma arrojadiza. Le podría traer el testimonio de Rafael Arias-Salgado, que claramente lo dice, pero veo que el presidente me señala ya con el reloj que tengo que ir terminando.


La ley es jurídicamente irrelevante en cuanto al derecho singular, que se inventa y que no tiene ningún antecedente, a la recuperación de la memoria personal y familiar y después establece, en un órgano, en un consejo sin ningún carácter jurisdiccional y sin ningún tipo de procedimiento contradictorio, la posibilidad de establecer qué resoluciones son manifiestamente injustas. ¡Viva la seguridad jurídica! Dicen ustedes que no quieren imponer ninguna memoria oficial. ¿También está usted de acuerdo en que no se quiere revisar ni siquiera la legitimidad de nuestro sistema? Precisamente, el presidente de la Asociación de la Memoria Histórica declaró no hace mucho que con la memoria histórica lo que se quería imponer era una nueva legitimación de nuestra democracia. Pues con eso no cuenten. La única legitimación de nuestra democracia es la Constitución de 1978. Y la creación del Centro Documental de la Memoria Histórica a ver si no es un intento de imponer una memoria única y oficial. Por cierto, dice usted que el Partido Socialista en ningún momento ha utilizado el pasado, nunca ha agitado los fantasmas del pasado. Pues agitar los fantasmas de la guerra civil y del pasado ha sido una excusa macabra que ha sacado el PSOE cuando las cosas le han ido mal. Lo hizo en el año 1993 y en algún otro momento.


Muchas gracias. (Varios señores diputados: ¡Muy bien!-Aplausos.)

El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Atencia.


Su turno de réplica, señor Tardà.


El señor TARDÀ I COMA: Gracias, señor presidente. Brevemente.


En primer lugar, desearía lamentar profundamente que la vicepresidenta no se haya tomado la molestia de contestar a nuestro grupo parlamentario. Al parecer los republicanos servimos para aprobarles la Ley de Defensa Nacional pero no somos merecedores de su respuesta. Me parece una descortesía parlamentaria y un gravísimo error político que creo que una vicepresidenta de todo un Gobierno español no debería cometer con un partido político que les dio también la investidura, que durante dos años y medio ha sido leal y que, juntamente con el resto de las izquierdas del Estado español, está intentando construir algo. Repito, descortesía. Es posible que yo no sea merecedor de su cortesía, pero el error político es de calado.


Hemos dicho lo que teníamos que decir y además lo hemos dicho con la credibilidad de los que lo han dicho siempre. Debo decirles que el presidente del Gobierno para nosotros es un hombre del siglo XXI, es un hombre que no está lastrado por la transición y por esto y por otras cosas creemos en él y creíamos y creemos en el proyecto del Partido Socialista Obrero Español, en la construcción de una sociedad más libre, juntamente con el resto de las izquierdas nacionales, y de un Estado plurinacional. Ya conocen nuestro discurso, no voy a repetirlo aquí, pero, atención, toda la valentía mostrada por el Gobierno español, teorizada incluso a partir del choque de civilizaciones, todo aquello que el Gobierno español ha asumido como reto, y saben que me refiero

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a superar todas las contradicciones que hemos heredado del franquismo y de la transición -y ustedes ya saben a qué me refiero: a los procesos de pacificación-, requiere una sociedad madura, una sociedad rica en valores democráticos y esto exige radicalidad democrática y no habrá radicalidad democrática si no metabolizamos el pasado. Solamente podremos exigir generosidad a la sociedad del Estado español para afrontar los grandes retos del presente y del futuro -y saben a qué me refiero- si metabolizamos el pasado, es decir el horror. Si no cumplimos con el pasado inmediato, si no hacemos justicia, si no somos dignos, si no somos respetuosos con los derechos humanos, no hay futuro, repito, y ya saben a qué me refiero. Necesitamos una sociedad forjada en valores dignos, de dignidad, y, luego, los políticos podremos exigir, legitimados por la democracia, generosidad para el presente, para el futuro y también para el pasado inmediato. Ya lo saben.


El señor PRESIDENTE: Gracias.


Su turno de réplica, señor Herrera, por favor.


El señor HERRERA TORRES: Gracias, señor presidente.


Señora vicepresidenta, lo fácil en este debate es confrontar con el Partido Popular, hacer el juego de espejos con el Partido Popular, y su responsabilidad es no fallar con sus compromisos, con lo que decía en la legislatura pasada, no fallar en definitiva con lo que este país se merece. Entiendo que estén preocupados por la reacción de la derecha.
Cuando intentaron enjuiciar a Pinochet muchos se preocuparon por la reacción de la derecha, pero lo cierto es que el intento de enjuiciar a Pinochet sirvió para que en Chile las cosas fueran mejor. Yo les pido una cosa, aprendan lecciones, aprendamos lecciones de lo que ha pasado en otros sitios, porque quizás así tengamos reacciones furibundas, pero lo que consigamos es que este país no sea tan anormal y tan atípico, hasta el punto de que seamos un país tan desmemoriado habiendo padecido lo que hemos padecido.


Yo quería preguntarle qué es para usted relevante. ¿Es para usted relevante o no que no hayan admitido el recurso de revisión del caso Grimau, del caso Peiró, del caso Pellicer, del caso Delgado y del caso Granado? Para nosotros sí, es muy relevante. ¿Saben lo que es muy relevante? Que eso es posible solucionarlo mediante una buena ley de recuperación de la memoria democrática; porque es un problema moral, es un problema político y es un problema democrático que esas revisiones no den a luz, que la Sala Quinta del Tribunal Supremo niegue cada una de las revisiones. ¿Sabe lo que decía un voto particular en el caso Pellicer? Que el Estado social y democrático no es un mero Estado de derecho, no es el mero Estado de la legalidad sino el proyecto de un Estado justo, y en un Estado justo, siempre inacabado, no tienen cabida las condenas pronunciadas sin un juicio justo. A tal Estado de derecho ha de resultarle intolerable la presencia de condenas pronunciadas abiertamente contra la justicia.


Nosotros le decimos y se lo dicen también las víctimas que la solución que han propuesto no sirve y no sirve por una razón muy simple, porque no tiene efectos jurídicos; no sirve porque reivindicábamos algo más; no sirve porque la historia ya ha rehabilitado precisamente a los que padecieron el franquismo y la represión; no sirve porque en definitiva tenemos que ir mucho más allá. Fíjense ustedes, entre los valores y el precio, ustedes con el proyecto han optado por el precio y es lo que a nosotros no nos gusta.


El problema no es que la ley sea insuficiente, el problema es la mala orientación de la ley. ¿Es o no una mala orientación de la ley hablar de bandos, situar en el mismo saco a un Gobierno legítimo y a un grupo de sublevados, facinerosos, que se alzaron contra ese Gobierno legítimo? No es un problema de insuficiencia; es un problema de mala orientación. Es un problema de insuficiencia y no de mala orientación decir que se omiten los nombres de los verdugos. Todo el mundo dice que los nombres de los verdugos -ya no juzgarlos sino que sean públicos- es un derecho de las víctimas. Es un problema de insuficiencia y de mala orientación, ambas cosas, que mientras en Villa Grimaldi, en el S21 en Camboya, imagínese usted, en los cuarteles de la Armada argentina, explican no que fueron espacios sin más, sino que fueron espacios de represión, y no quieren una perspectiva neutra de la historia y explican los crímenes de la represión, en el Valle de los Caídos nos conformemos con que no se hagan homenajes al dictador. ¡Si en el Valle de los Caídos murieron miles y miles de personas picando piedra para hacer la tumba del dictador! Lo que tendríamos que hacer es como hacen en Mauthausen, en Auschwitz o en tantos sitios: explicar los crímenes de la represión, del franquismo y no tener una perspectiva neutra. No es un problema de insuficiencia, es un problema de mala orientación. Y es un problema de mala orientación que no haya un marco institucional de desarrollo de la ley, que no tengamos una arquitectura institucional, como hemos aprobado en el Govern de la Generalitat, que desarrolle las políticas públicas de recuperación de la memoria democrática. No es un problema de insuficiencia, es un problema de mala orientación.


El drama es que durante estos años muchos de los nuestros han muerto; el drama es que Simón Sánchez Montero, que participó en la guerra, en la lucha contra el franquismo y en la transición, ha muerto prácticamente en la más absoluta de las clandestinidades, y eso ¿sabe por qué es? Porque somos un país de desmemoriados, porque mientras que en Francia, en Portugal o en cualquier otro sitio nuestros muertos serían héroes, aquí hoy nadie los reivindica. Miguel Núñez padeció dieciocho años de cárcel, dieciocho años, se dice pronto, padeció torturas; hoy padece un enfisema pulmonar fruto de esas torturas. ¿Saben qué pasa? A Miguel, como a tantos otros, le tenemos que decir que lo que padeció fue

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injusto. Lo que le tenemos que decir simple y llanamente es que las sentencias no fueron sentencias, que los juicios no fueron juicios; que, en definitiva, en este país vamos a hacer bien las cosas. Porque a Miguel no le sirve la ley ni a mi sobrina Luna, que tiene 3 años, tampoco le sirve. Porque a los protagonistas de la lucha contra la dictadura no les sirve la ley, pero a las nuevas generaciones tampoco les sirve porque no se proyecta un futuro. Y lo que les pedimos es que rectifiquen.


Acabo ya, señor presidente, con una última reflexión. Señora vicepresidenta, usted ha subido a la tribuna a defender a capa y espada la ley. Nosotros lo que les decimos es que rectifiquen, que cambien de orientación, que están muy solos porque nadie les acompaña en su propuesta sobre los juicios, porque sería una incongruencia pedir la anulación de los juicios a Manuel Carrasco i Formiguera y continuar diciendo: Vamos a ver si es posible o no es posible jurídicamente anular los juicios.


El señor PRESIDENTE: Señor Herrera, concluya.


El señor HERRERA TORRES: Por eso les decimos que cambien de rumbo, y si lo hacen les acompañaremos. Ahora, si continúan en sus trece, vamos a dar argumentos para decir que esta no es la ley que se merece uno de los países de Europa que más años de dictadura padeció.


Muchas gracias. (Aplausos.)

El señor PRESIDENTE: Gracias.


Es el turno del Gobierno.


La señora VICEPRESIDENTA PRIMERA DEL GOBIERNO, MINISTRA DE LA PRESIDENCIA Y PORTAVOZ DEL GOBIERNO (Fernández de la Vega Sanz): Para cerrar el debate simplemente, quiero volver a insistir en que el proyecto de ley participa del mismo espíritu de entendimiento y reparación que animó otros muchos aprobados durante nuestra transición, insisto. Desde luego, nadie en su cabal juicio puede pretender o sostener que en una sociedad y a través de una ley el Parlamento puede imponer una determinada visión de la historia y desde luego esta ley no lo hace. Si ustedes lo afirman es por una cuestión o de nostalgia o de pensamiento único, señoría, no tiene otra explicación (Rumores.), o, si no, quizá tan solo para buscar la descalificación mediante un ejercicio de demagogia que es demasiado fácil.


Señor Atencia, usted no ha sabido citarme ni un solo precepto de este proyecto de ley en donde diga que reabre heridas, ni uno solo. Este proyecto de ley solamente permite que cada español que así lo sienta pueda conocer su historia personal y la de su familia, que se le reconozca la injusticia que padeció, que se le restituya el honor que injustamente le fue arrebatado por un régimen político en el que la palabra democracia solo se encontraba en algunos libros como ejemplo del mal ejemplo, como aquello que en un Estado nunca debía ser. Sé que a ustedes el reconocimiento legal de todo esto no les parece relevante, pero a mi grupo sí y a muchos españoles que han sufrido y padecieron la persecución y la violencia, también. Y es evidente que en ningún momento hemos mantenido o sostenido que la transición se basara en el olvido o en la amnesia, ni que hubiera silencio, porque sabemos que durante aquellos años no quedó ni un solo terreno sin explorar por decenas de historiadores, politólogos, sociólogos, periodistas y críticos. A finales de los años setenta precisamente se hizo un trabajo de memoria, por un lado, y de investigación y divulgación por otro, que nunca hasta ahora se ha interrumpido. Ahora bien, quiero señalar que recordar el papel de la transición a la democracia, recordar el papel que esa transición ha significado en la recuperación de la memoria no significa que no quede nada por hacer ni que todo lo que se hiciera entonces sea inamovible, sino sencillamente que todavía queda un camino por recorrer, que es el que recorre este proyecto de ley.


Al señor Tardà quiero pedirle disculpas si no he mencionado su nombre, pero es evidente que toda la argumentación que he estado dando sobre la ley pone en cuestión la posición que usted mantiene. Discrepamos; por supuesto que respetamos su posición pero no la compartimos. Creemos que este es el proyecto de ley que nos encomendó el Parlamento; es un proyecto de ley que reconoce y extiende los derechos de las víctimas; es un proyecto de ley que va a servir para declarar lo que nunca se ha declarado en esta democracia, que es la condena, la injusticia de todas las personas que padecieron persecución y violencia, lo hicieran por sentencia o lo hicieran sin sentencia. Es un proyecto de ley de solidaridad con las víctimas, no es un proyecto de ley que escriba la historia ni que fije una memoria. Ese es el contenido del proyecto. Todo lo que he estado diciendo -me disculpo si no he mencionado su nombre- a otros grupos iba también dirigido al suyo, porque es evidente que no compartimos su enmienda a la totalidad.


Para finalizar, quiero contestar al señor Herrera. Le he oído afirmar en más de una ocasión que la ley limita el acceso a los archivos. No es verdad. La ley permite el acceso a los archivos a toda persona interesada que quiera acceder, como ha venido ocurriendo en los últimos veinte años, porque está regulado en la Ley del Patrimonio Histórico. Por tanto, no hay ningún cambio sustantivo. No es verdad lo que ustedes están sosteniendo de que esta ley esconde nombres y no permite el acceso a determinadas partes de los archivos. No es verdad, sinceramente, porque, repito, no hay ningún cambio sustantivo en lo que está previsto en la Ley del Patrimonio Histórico, que viene funcionando durante los últimos veinte años. Por tanto, está garantizado el derecho sin límites de todos los interesados a acceder a cuanta información obra en los archivos y sea de su interés. Cuestión distinta es que el Estado tenga que cumplir a la hora de certificar con determinadas previsiones que están en la Ley del Patrimonio y en la Ley de Protección de Datos Personales, pero, repito, sin

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reservas. Por supuesto que al Gobierno le importa la rehabilitación de la memoria de Companys, de Formiguera y de toda las personas que usted ha mencionado, y de los miles y miles que no ha mencionado, de todos, porque fueron muchos, unos condenados con sentencia y otros condenados sin sentencia y sin resolución. Claro que nos preocupa la rehabilitación de todas las personas que padecieron persecución y violencia. Por eso hacemos una declaración general, de todos. Todos se pueden sentir ahí incumbidos, todos los que padecieron esa persecución y esa violencia. De la misma forma que si lo desean sus familiares y allegados, van a tener una declaración de la representación de la soberanía y de este Parlamento para decirles que, efectivamente, fueron condenados sin un juicio, fueron condenados por un tribunal de excepción, sin pruebas y sin garantía alguna, y que eso va en contra de las normas de convivencia que hoy nos hemos dado. Es decir, que eran inocentes y fueron injustamente condenados y, en muchas ocasiones, asesinados. Eso es lo que esta ley rehabilita y permite.


Muchas gracias. (Aplausos.)

El señor PRESIDENTE: Gracias.


Quedan todavía cuatro grupos. En primer lugar, el Grupo Mixto. El turno de fijación de posiciones es de diez minutos. Comprendo la intensidad del debate y el interés. Procuren autolimitarse en la medida que puedan.
Señora Barkos.


La señora BARKOS BERRUEZO: Gracias, señor presidente.


Señorías, nos enfrentamos hoy a un debate de totalidad de relevancia muy especial en la opinión pública y esto está quedando patente a lo largo de la sesión que se está celebrando en esta Cámara. En algunos casos -hay que reconocerlo y ha sido mentado por alguno de los intervinientes- es una relevancia suscitada más bien en el escenario mediático y hasta partidariamente artificial, pero en muchos otros casos hablamos del anhelo de personas, de familias que durante muchos años -demasiados- han venido buscando algo básico y fundamental, entre otras muchas cosas tres cuestiones básicas y fundamentales: buscan unos restos, buscan un duelo digno y buscan justicia. Con estos tres argumentos, con estas tres herramientas, bases fundamentales a nuestro entender de la dignidad humana, debemos hacer frente al reto legislativo que hoy nos ocupa, y con ellas va a responder Nafarroa Bai a las enmiendas a la totalidad que analizamos en esta sesión.


La primera de ellas, la presentada por el Partido Popular, busca básicamente evitar una reparación. Dice el Partido Popular en su justificación que la sociedad hoy no busca reabrir viejas heridas superadas. Dice además que el proyecto de ley que nos presenta el Gobierno pretende revisar un pasado que habíamos dado por superado, y en su intervención el señor Atencia ha insistido en muchas ocasiones en la memoria superada. Señorías, yo sinceramente no sé en qué mundo viven ustedes, lo digo muy sinceramente, señor Atencia y señorías del Partido Popular, porque les aseguro -y en esta sala creo que hoy tenemos muchas personas que podrían atestiguarlo- que quienes durante décadas -décadas, señorías- siguen buscando restos de sus mayores -y eso sigue produciéndose hoy- difícilmente pueden superar en absoluto además el pasado que todavía no han podido ni tan siquiera recuperar. (Rumores.) Por tanto, casos de estos, como digo, hay muchos, señorías, miren a su alrededor, o quizás ustedes deban mirar un poquito más allá, porque estamos de acuerdo...


El señor PRESIDENTE: Señora Barkos, discúlpeme, por favor.


No hagan corrillos ahí porque el murmullo es tremendo.


Continúe, por favor.


La señora BARKOS BERRUEZO: Gracias, señor presidente.


Decía yo, proponía o aconsejaba a los diputados del Partido Popular que miren a su alrededor, un poquito más allá quizá, porque sí es verdad que hay quienes habiendo sufrido el mismo dolor en aquellos años terribles sí pudieron recuperar a sus muertos y sí pudieron despedirlos en un duelo digno, y aquí, señoría, todavía sí hay bandos, porque quienes habiendo sufrido las mismas pérdidas siguen buscando los restos de sus mayores y siguen sin poder hacer efectivo un duelo digno, y esto hay que repararlo.
Hay muchas personas -miles y miles, insisto, señorías- que tan solo quieren poder hacer lo mismo, dejar de ser perdedores en el duelo a sus fallecidos, y eso, señorías, eso, señor Atencia, no es revancha, es reparación y en ella creo que estamos -y creo que conviene empezar este turno de fijación de posiciones recordándolo- la mayoría clara y contundente de esta Cámara. Por tanto, Nafarroa Bai no va a votar una enmienda de devolución que únicamente pretende esconder el anhelo conciliador y democrático pero contundente de quienes siguen teniendo pendiente la transición. La ley es necesaria, señorías, para responder a la dignidad de quienes siguen siendo los perdedores injustos de aquella guerra y de la dictadura. Pero hablábamos también de otro anhelo pendiente y es el de la justicia, justicia para quienes fueron condenados sin más motivo que el de enfrentarse al dictador y a su régimen, y en este capítulo debo decir que coincidimos plenamente con lo expresado hoy en esta tribuna por Izquierda Unida y por Esquerra Republicana de Catalunya. Comprendemos perfectamente las dificultades que la reparación a aquella lamentable actuación de la justicia nos puede suponer, por revisión o por anulación incluso, hay herramientas posibles, habrá que encontrar una fórmula. Hagámoslo porque no podemos dejar de ambicionar -y estoy convencida que compartimos todos el mismo anhelo- la mejor de las fórmulas, el mejor camino por el que ofrecer a los familiares de aquellas personas la posibilidad de reparación. Nos dice la vicepresidenta que

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la justicia ya nos permite este camino, pero lo cierto es que de momento esto es solo sobre el papel, señora vicepresidenta, porque la realidad nos está demostrando, y hace bien pocos días, que esto finalmente no es así. Votaremos por tanto las enmiendas alternativas en la seguridad, en cualquier caso, de que a partir de ahora el trayecto legislativo nos permita llegar al mejor acuerdo con un solo interés, el de superar lo que la transición no resolvió.


Señorías, una ley, y la mejor ley, es lo que les debemos -y hoy nos acompañan algunos de ellos- a aquellos que nos han legado a las generaciones más jóvenes el espíritu más entusiasta, el espíritu más combativo y el espíritu más digno de la democracia.


Muchas gracias, señor presidente.


El señor PRESIDENTE: Gracias, señora Barkos.


Señora Lasagabaster, por favor.


La señora LASAGABASTER OLAZÁBAL: Señor presidente.


Señor presidente del Gobierno, señorías, todos nosotros, en representación de la ciudadanía, tenemos una deuda pendiente con las víctimas del franquismo, con su derecho a la justicia, a la verdad y a la reparación.
La transición no cerró esta cuestión, muy al contrario, la transición fue posible por la generosidad de esas víctimas. La Constitución, hoy, todavía, no ha hecho posible esa justicia material. Y tampoco la resolución de la Comisión Constitucional, señor Atencia -aunque no sé si está presente-, que salió de tres propuestas originales, una de ellas, la de Eusko Alkartasuna, no implicaba cierre alguno de esta cuestión, no al menos para Eusko Alkartasuna, como dijimos en aquel momento, el año 2002, por si alguien tenía esa tentación. Hoy convenimos con el Gobierno y con otros grupos -nos gustaría decir: todos los grupos- en la oportunidad, necesidad y urgencia de una ley sobre esta cuestión. Pero lamentamos no poder participar del contenido -o no de todo el contenido material- de la ley que nos ofrece hoy el Gobierno. Compartimos -eso sí- los textos alternativos que nos han propuesto Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya Verds y Esquerra Republicana de Catalunya, a cuyo portavoz Joan Tardá traslado mi más sincera felicitación por su intervención de esta mañana.


¿Qué pretendemos desde Eusko Alkartasuna? En primer lugar, una ley que rechace el golpe militar de 1936 y la dictadura que siguió durante cuarenta años, que reconozca jurídicamente a las víctimas de la violencia -no personal, ¡institucional!- organizada por un régimen ilegítimo y que repare las consecuencias derivadas de tales violaciones; que recoja expresamente la aplicación -aunque implícitamente es obvio- de la doctrina de Naciones Unidas sobre crímenes contra la humanidad; que revise y anule en su caso las sentencias dictadas por los tribunales militares y otros de carácter excepcional e ilegítimo durante la guerra civil y la dictadura. Será difícil jurídicamente pero el derecho debe servir a la sociedad y hay ejemplos en materia de derecho comparado que nos permiten señalar que se puede hacer.


Muchas cosas más; señalaré dos: garantizar la conservación y el acceso a los archivos, realizando para ello un inventario, catalogación, reorganización y modernización de los mismos, procediendo a la devolución de aquellos patrimonios públicos, archivos, documentación incautada en su momento, y pedimos expresamente que se haga la devolución a Euskadi, a las instituciones vascas, de lo incautado que se encuentra en el Archivo de Salamanca. Queremos igualmente que sea una ley que establezca una política ¡activa! en relación a la localización de fosas, identificación de restos y devolución a sus familiares en casos de desaparición forzada y ejecución extrajudicial, y queremos la retirada de todos los símbolos e identificaciones vinculados al régimen franquista tanto en espacios públicos como en dependencias de la Administración. En definitiva, que haya un verdadero acto y una ley que recoja esa reparación: justicia a las víctimas del franquismo. Y una cosa más, hablaré de las llamadas víctimas de los excesos policiales como coloquialmente les llamamos.
Víctimas de excesos policiales de la transición porque, habiendo llegado a un consenso sobre esta materia en 2004, no compartimos la regulación final. No puede haber dos tipos de víctimas y a éstas les corresponde la aplicación de la regulación jurídica en las mismas condiciones y términos que establece la Ley de solidaridad con las víctimas del terrorismo en toda su aplicación. Son elementos que nos parecen posibles.


Señorías, señora vicepresidenta del Gobierno, les vamos a ayudar. Si ustedes tienen voluntad, nosotros también, a fin de llegar a una ley pactada con todos; pero no puede ser un cierre en falso porque si no volveremos a tener aquí la misma cuestión una vez más. Termino esta intervención como la inicié. Todos tenemos una deuda pendiente con todas las víctimas, no puede haber distinciones, y también con las víctimas del franquismo, señorías, señoras y señores del Grupo Popular.


Muchas gracias, señor presidente.


El señor PRESIDENTE: Gracias, señora Lasagabaster.


Señor Rodríguez, por favor.


El señor RODRÍGUEZ SÁNCHEZ: Gracias, señor presidente.


Señoras y señores diputados, señor presidente del Gobierno, señora vicepresidenta, para el Bloque Nacionalista Galego estamos ante un problema social, político y colectivo; el problema es cómo se hizo la transición que no fue más que un pacto con el régimen anterior. En este aspecto, la actual democracia en el Estado español es un caso muy similar a la que se está produciendo en el caso de Chile. Treinta años más tarde somos prisioneros de esta concepción de concordia que conlleva olvido y silencio y es indudable que con esta concepción

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no podemos acabar de legitimar la República y, sin embargo, se sigue considerando que la rebelión militar fue un hecho inevitable ante el estado de cosas. Esta opinión está viva en muchos poderes fácticos del Estado español: lo está sin duda en la Iglesia católica, institucionalizada; lo está en gran parte del Poder Judicial; seguramente está en el Ejército y, lo que es más grave, anida aún en una parte importante de la conciencia social colectiva, porque, aunque se diga lo contrario, el pasado existe, el pasado está condicionando nuestro presente. Por eso, incluso en plan eufemístico y bondadoso se sigue hablando de bandos en aquella etapa, se sigue hablando de la sublevación porque no se respetaba el marco legal y, en todo caso, porque había peligros de revolución social y de ruptura del Estado. Creo que de una forma paliada podemos escuchar los ecos en el actual debate político de estos planteamientos. Pero, señorías, yo soy gallego y la mayoría de nuestros abuelos no fueron a una guerra, padecieron una represión violenta y brutal, fueron perseguidos, quedaron en el anonimato y nosotros nos criamos en la desmemoria que conllevó el miedo. Por lo tanto, estamos ante el problema de que no existe una violencia abstracta o contra las personas, hay una violencia que tuvo unas causas y una orientación política y, por tanto, estamos enfrentados a dotar de legitimidad democrática, de legalidad, a un pasado que tuvo esa legitimidad democrática y que fue legal. Si no lo hacemos así, tendremos muchas dificultades para poder anular los juicios sumarísimos, los consejos de guerra y anular también sus consecuencias político jurídicas; tendremos límites para asumir la eliminación de los símbolos franquistas; consideraremos un tema privado que solamente merece una ayuda colateral de la Administración la búsqueda de fosas, la exhumación de cadáveres y sacar del anonimato, de la indignidad y del silencio a muchos de nuestros familiares; consideraremos que hay que dar indemnizaciones limitadas, y muchas veces humillantes, y sin duda alguna no nos atreveremos a desacralizar el Valle de los Caídos ni a retirar las tumbas de Franco y José Antonio para que sean respetadas familiarmente en otros lugares.
Este es el problema y por eso para el BNG está claro que esta ley es paternalista. Está de acuerdo con una posición moralista, eso es verdad, limitadamente política, pero nula desde el punto de vista jurídico, administrativo y de la asunción total de la legalidad republicana.


Nosotros no presentamos una enmienda a la totalidad precisamente porque no teníamos un texto alternativo y porque no queríamos coincidir en esta ocasión, ni siquiera formalmente, con aquellos que son valedores del franquismo, que defienden leyes de punto final y que están haciendo un revisionismo histórico no para justificar la concordia, que es inevitable, sino para justificar el régimen anterior y sus ecos en la actual democracia. Por eso vamos a presentar enmiendas para que la ley mejore en el sentido al que nos hemos referido. Si no es así, no podremos apoyar la ley. Lo decimos con contundencia, pero también con reconocimiento de las dificultades políticas en esta democracia para dar un salto cualitativo en este terreno. Sin duda, vale la pena correr los riesgos y nosotros animamos a que el Gobierno, de una forma responsable, corra algún riesgo porque si lo hace contará, desde luego, con nuestro apoyo decidido y entusiasta.


Muchas gracias.


El señor PRESIDENTE: Gracias señor Rodríguez.


Por el Grupo Vasco, señor Esteban.


El señor ESTEBAN BRAVO: Muchas gracias, señor presidente.


Evidentemente, que pudiéramos debatir y que pudiéramos arbitrar determinadas medidas acerca de la memoria histórica es una exigencia y una petición de hace mucho tiempo de esta Cámara, a instancia y a iniciativa de varios grupos, entre ellos el mío, y es evidente que ha habido un retraso en los plazos previstos para la presentación de este texto.


Una vez presentado, quiero decirlo desde el principio, para que quede clara nuestra posición, nuestro grupo tiene gravísimas discrepancias con el texto presentado por el Gobierno y nuestro voto, en caso de tener que emitirlo ahora, sería rotundamente negativo a este proyecto de ley. Sin embargo, creemos que hay que debatir, que ha llegado el tiempo de discutir sobre esta materia y que no podemos atrasarlo más. Es un debate que tiene que ser suscitado, un debate en el que tenemos que explorar las posibilidades que hay de llegar a un punto de encuentro y si esto no es así, y si para la mayoría de esta Cámara no es aceptable, desde luego, a nosotros no nos dolerán prendas votar negativamente lo que pudiera resultar después de su tramitación. Pero si queremos reparar lo máximo posible, el tiempo corre en nuestra contra y cada vez son menos los testimonios de las personas que vivieron aquella época y que todavía están entre nosotros.


Se ha manifestado en esta Cámara hoy una cierta idea idílica de una transición, pero nuestro grupo no tiene una sensación idílica de la transición española. Fue una transición del silencio, una transición en la que muchos tuvimos que mantener determinadas formas. No se reivindicó ni se sacaron temas como el de la memoria histórica no porque no se quisiera, sino porque no era factible en aquellos momentos. Fue una transición con el peso importantísimo de unos poderes fácticos que todavía tenían una presencia fundamental en el Estado, y es un sarcasmo que se diga que se ha honrado a las víctimas de la guerra y a las víctimas de la represión franquista. Eso no ha sucedido y no sucedió, desde luego, en la transición.


Es cierto que, dentro de lo que se denomina la guerra civil española, ha habido muchas guerras diferentes, con contextos sociales diferentes. El caso de la guerra en Euskadi es diferente al caso de la guerra en Cataluña, en Madrid o en Galicia, que ha expuesto antes el representante del BNG. Se cometieron, en unos sitios más que

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en otros, atrocidades en ambos bandos, pero lo que no puede haber es una equidistancia a la hora de juzgar esos hechos porque unos, debo decirlo de nuevo, han tenido cuarenta años para rehabilitar a aquellas víctimas, de hecho las han rehabilitado, y sin embargo, para otros, ha habido cuarenta años de oprobio, de exilio, de silencio y de olvido, con muchas víctimas que todavía continúan enterradas en cunetas en lugares desconocidos. Por tanto, el afrontar estos temas y dar dignidad a las víctimas de la guerra civil, a las víctimas del franquismo, es algo inaplazable.


Ha habido varios temas estrella en el debate parlamentario y uno ha sido el de la revisión y anulación de las condenas. Por parte de algunos se hablaba de una nulidad general conseguida, por ejemplo, a través de una ley, pero ¿hay problemas jurídicos? Mi grupo piensa que los problemas jurídicos -evidentemente, podría haberlos- son superables políticamente, pero ¿dónde nos tenemos que detener? ¿Por qué nos tenemos que detener en la condenas de los tribunales franquistas, en los juicios sumarísimos? ¿Qué pasa con las leyes que conformaban el ordenamiento jurídico del sistema franquista, algunas de ellas todavía en vigor? ¿Por qué no las declaramos nulas y por qué no se podrían declarar también nulos los actos administrativos y los actos llevados a cabo sobre la base de todas esas leyes? Desde luego, a nosotros no nos dolerían prendas. Si hubiera que afrontar eso, nosotros seríamos los primeros en dar un paso en ese sentido. Se habla también de nulidad jurídica general. Por parte de algunos historiadores se ha hecho la reflexión de que eso hecho así, sin más, podría resultar injusto, porque estamos hablando de revisión de condenas, de penas. Eso sería en los casos en que hubo un proceso judicial, ridículo, atentatorio contra con cualquier derecho, pero en los que al menos existía una expediente o algo, pero ¿qué pasa con todas esas víctimas que fueron asesinadas o represaliadas sin que existiera en su momento ningún expediente? A esa gente también hay que repararla en su honor y hay que buscar soluciones para tantas personas fusiladas por los fascistas pero que constan en el registro simplemente como fallecidos, como otro cualquiera.


Por otra parte, ¿por qué se asume que la gente quiere ver anuladas sus condenas? Se olvida, vuelvo a insistir, que aquí hubo varias guerras civiles. Por ejemplo, en Euskadi había gente que asumía como su propia nación Euskadi y que contemplaba y sigue contemplando el ordenamiento jurídico y la legalidad del Estado español como algo existente, pero no como algo propio. A muchos de nuestros gudaris, y así nos lo han manifestado, no les haría ninguna gracia que el Tribunal Supremo fuera a decirles que fueron inocentes. ¿Quién es el Tribunal Supremo -para ellos un tribunal español- para decirles eso? Por otra parte, esas condenas para ellos suponen una condecoración, un orgullo, que demuestran como fueron represaliados. Además, con la perspectiva de lo que está ocurriendo -tenemos hoy la noticia en el prensa- en el Tribunal Supremo, habría que ver, en primer lugar, que la Sala Militar admitiera el recurso -no sería de extrañar, habría que verlo, porque cuando se habla de revisión de los juicios hay que ver cuál es la realidad, del Supremo y de los tribunales españoles- y, en segundo lugar, incluso si se admitiera, a ver qué ocurriría, no sea que les condenaran por segunda vez, porque aquí cualquier cosa ya es posible.


Ahora bien, ¿es suficiente esa declaración de reparación que aparece en el proyecto de ley? Pues no, para nosotros no es suficiente; para algunas personas a lo mejor es suficiente, pero para nosotros no vale con que solo se diga que ya está ahí, sin más, per se, sino que hay que habilitar un mecanismo para la revisión judicial voluntaria de aquel que lo quiera; eso debe decirse expresamente. Además, esa declaración de reparación que aparece en el texto del proyecto debe ser compatible con cualquier otra acción ya instada o que pueda instarse y que, desde luego, no impida el ejercicio de acciones judiciales o administrativas que los interesados puedan emprender de acuerdo con el ordenamiento jurídico interno, pero también con el ordenamiento jurídico internacional. Además, no debe quedarse en una mera declaración, sino que debe tener también un cierto uso práctico y debe servir, en todo caso, como dato probatorio ante los tribunales.


Lo que tampoco nos parece de recibo es que permanezcan ocultos, sobre la base de lo dispuesto en el proyecto de ley, los nombres de las personas que cometieron los desmanes. Si lo que estamos buscando es dignificar y lo que estamos buscando es la verdad, lo que no podemos admitir es que vayan a señalarse sucintamente unos hechos, pero sin señalar las personas que lo hicieron. Por cierto, a esto debo unir otro asunto, el que se refiere al acceso a los archivos en el Estado español. Se dice que el derecho de acceso se asegura con toda libertad; yo no lo interpreto así, sinceramente. Y no lo interpreto así por lo siguiente, porque la Ley del Patrimonio Histórico Español se cita expresamente en el proyecto de ley, concretamente el apartado 3 del citado artículo 57, y leo literalmente el proyecto: Será de especial aplicación cuando los documentos identifiquen a los autores o a otras personas intervinientes en los hechos o en las actuaciones jurídicas sobre los mismos, en cuyo caso los responsables de los archivos públicos sustituirán la entrega de una copia de los mismos por un certificado sobre su contenido con el fin de preservar la identidad de aquellos. Y el artículo 57.1,c) de la Ley del Patrimonio dice que los documentos que contengan datos personales, de carácter policial, procesal, clínico o de cualquier otra índole, que afecten a la seguridad de las personas o a su honor, etcétera, deben ser reservados y no pueden ser facilitados. A nosotros nos parece que si verdaderamente se quiere saber la verdad y reparar en su honor a las personas, ese artículo no puede quedar tal y como aparece en el proyecto, y tampoco creemos que para esa declaración de reparación el tiempo de un año sea suficiente.
Por cierto, los parámetros a la hora de juzgar esto tampoco pueden ser solo el orden constitucional actual, sino también los tratados internacionales

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de derechos humanos, y en especial el Convenio europeo de derechos humanos.


Pasando a otro apartado, ya que el tiempo se ha agotado -voy concluyendo, señor presidente-, me referiré ahora a las fosas comunes, ocultas, desconocidas; no puede ser que esto quede simplemente en un facilitar. La Administración debe impulsar, debe, de oficio, llevar adelante un trabajo y una colaboración con las entidades, como hasta ahora lo han ido haciendo, y con los familiares en la localización y exhumación de los cadáveres, pero no solo como mero apoyo; pedimos un impulso activo por parte del Gobierno. A nuestro modo de ver, es inadmisible -en Euskadi no sucede, pero sí en muchas partes del Estado- que calles, monumentos y símbolos del franquismo estén por doquier en el Estado. Tal y como está redactado el artículo 17, a nosotros no nos parece que sea suficiente. No se puede afirmar que nos vamos a limitar, como ha dicho la vicepresidenta, a la Administración del Estado porque es lo que nos corresponde por nuestras competencias y somos muy respetuosos. De repente, les ha entrado un impresionante respeto competencial, olvidando a los ayuntamientos, a aquellos propietarios privados, que los hay, alguno muy claro, que reciben fondos públicos y a los que parece que la ley ni quiere obligar ni quiere decir nada. Ahí hay graves insuficiencias. Tampoco puede decirse: cuando exalten a uno solo de los bandos enfrentados que se identifiquen con el régimen. No, no. Debe decirse cuando exalten la sublevación armada o rememoren a los sublevados, porque no es solo que se exalte a uno de los bandos, es que hay muchos sitios en los que se rememora con nombres y apellidos a los sublevados.


El señor PRESIDENTE: Señor Esteban, lo siento.


El señor ESTEBAN BRAVO: Señor presidente, en este sentido es inadmisible que ocupen un lugar preferencial en el Valle de los Caídos las tumbas de Franco y de José Antonio Primo de Rivera, aunque por falta de tiempo no voy a entrar más en esto.


Por último, volveremos a reivindicar, claro que sí, cuando se hable del Archivo de Salamanca, que se repare la injusticia, además de la injusticia comparativa que se ha hecho con el Gobierno vasco, de los papeles que fueron incautados por los franquistas de nuestra Administración. Pediremos que los papeles de Salamanca sean devueltos al Gobierno vasco y, si no, volveremos a denunciar por enésima vez la injusticia y la discriminación que se está cometiendo con Euskadi en este sentido.


Por tanto, señor presidente, si no hay un cambio radical del texto del proyecto de ley, este texto en el futuro no va a contar con nuestro apoyo, como tampoco en este momento, evidentemente, lo tiene.


Muchas gracias, señor presidente.


El señor PRESIDENTE: Gracias.


Por el Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió) tiene la palabra el señor Xuclà.


El señor XUCLÀ I COSTA: Muchas gracias, señor presidente.


En primer lugar, quiero expresar, en nombre del Grupo Parlamentario Catalán, a esta Cámara y especialmente al Grupo Popular, la condolencia por la muerte de doña Loyola de Palacio.


Señorías, cerca de treinta años después de la recuperación de la democracia y del gran pacto de convivencia de la transición, el Gobierno nos presenta un proyecto de ley que solo se puede interpretar en su literalidad y en su espíritu como una ampliación del gran acuerdo de convivencia de la transición, como un avance en la búsqueda de la verdad, la reparación hasta donde sea posible de los que fueron asesinados, de todos ellos, como dice Jan Arent, y como la construcción de un gran acuerdo de todas las fuerzas políticas para la definición de unas bases comunes de interpretación objetiva de lo acaecido, de un núcleo de valores democráticos compartidos por todos ante los años más oscuros de la historia española del siglo XX. Para ello creemos que puede ser válido este proyecto de ley, proyecto que, para recibir nuestro apoyo, debe tener notables modificaciones en su tramitación parlamentaria a través de un importante paquete de enmiendas que ya hemos formulado.


Permítanme que en este debate de totalidad les traslade algunas ideas que inspirarán el posicionamiento del grupo en la tramitación del proyecto de ley. En primer lugar, esta iniciativa política y legislativa debe servir para ampliar y mejorar las bases sobre las que se construyó la transición, no para negarla, sino para mejorarla. Recordemos brevemente cuál fue el objetivo prioritario hace ahora treinta años y que Josep Bonet, historiador, luchador en la República y en el franquismo, senador en las constituyentes, candidato a la Presidencia de la Generalitat por el PSUC en el año 1980, me recordaba este lunes. Me decía Josep Bonet: Nuestro objetivo en aquel momento era construir una democracia incluyente, en la que pudieran coexistir todas las Españas reales o imaginarias y en las que el pasado no fuera repetible ni fuera impedimento para la convivencia entre todas las partes. Afrontar esta ley solo vale la pena si sirve para mejorar la reparación, la memoria y el honor a partir de este punto. Este proyecto de ley debe ser -y así creemos que ha sido planteado- una ley de los demócratas, una ley de todos los demócratas. No puede ser una ley teñida de una visión ideológica y parcial del pasado, de ninguna versión parcial; un pasado doloroso y desgraciado, un pasado que solo se puede afrontar desde la búsqueda rigurosa de la verdad histórica, de una verdad que empieza con un golpe de Estado contra el régimen constitucional, de una verdad que ha sido a estas alturas largamente investigada por los historiadores; existen más de 25.000 libros de investigación científica sobre la guerra civil, más que todos los publicados en todo el mundo sobre la Segunda Guerra Mundial. Partimos de una gran recorrido de investigación y de fijación de los datos objetivos, que son pieza indispensable para la

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reparación. Hoy es bueno recordar el trabajo de los historiadores y tener un reconocimiento hacia él.


Señorías, estos días se ha discutido mucho sobre la anulación jurídica de los juicios sumarísimos, políticos y sin garantías, sobre juicios políticos antagónicos a los principios de un Estado de derecho. La posición de este grupo solo puede ser de coherencia con la que ha sido nuestra iniciativa parlamentaria durante años: la anulación jurídica de los juicios políticos. Los diputados Josep López de Lerma y Manuel Silva han venido defendiendo esta posición, y en esta misma legislatura hemos planteado lo propio ante el asesinato de Manuel Carrasco i Formiguera.
Deberá ser, pues, el grupo de la mayoría, en el trabajo en ponencia y en Comisión, quien deberá exhibir argumentos suficientes para modificar eventualmente nuestra posición, que es la anunciada y que es condición indispensable para nuestro apoyo a este proyecto de ley.


Hay otro aspecto importante para este grupo parlamentario. Si afrontamos nuestro pasado con una mirada sincera, esta no es posible sin recordar que la guerra civil y el franquismo supusieron también la persecución y el intento sistemático de aniquilación de lenguas y culturas del Estado español, entre ellas la catalana. No podemos hablar con propiedad de las dos Españas. Señorías, hay una tercera España que fue incomprendida por unos y por otros, que fue perseguida por unos y por otros, que fue humillada y que reclama hoy reparación. Si queremos mejorar nuestro respeto mutuo, este empieza también por reconocer ese intento sistemático de aniquilación de la lengua y la cultura catalanas y por recordar que hubo una tercera España que se puede encarnar en la figura de Carrasco i Formiguera, hombre leal a la República pero perseguido en Cataluña por sus convicciones religiosas y asesinado en Burgos por su catalanismo.
Esta tercera España, en acertada definición del historiador Agustí Colominas, la debemos recordar todos. La España del obispo Borrás, auxiliar del cardenal Vidal i Barraquer, de los obispos de Barcelona y de Lleida, del general Batet y de tantos fusilados por ser fieles a la República, es decir, al orden constitucional; de Carlos Rahola, Joan Peiró, sindicalista y ministro de la República, los alcaldes republicanos de Berga y Badalona, el alcalde de Lleida, el president Companys y tantos y tantos exiliados no asesinados pero muertos en el exilio; y de los muertos del Cullell y del Camp de la Bota y también el teniente Sospedra y tantos soldados del ejército republicano. La memoria, señorías, son todos ellos y en nuestro corazón deben estar todos.


Hace treinta años, señorías, solo fue posible un pacto de amnesia selectiva para transitar con paz y concordia hacia la democracia. Hoy debemos ir más lejos. Han pasado veinte años y hoy debemos llegar más lejos hablando de la verdad, de toda la verdad y del perdón, también del perdón. Señorías, hoy, el que fuera presidente de la Generalitat, el president Pujol, publica un artículo en La Vanguardia desde su condición de preso político que estuvo tres años en la prisión por su lucha antifranquista, y desde esta autoridad me permito citar una parte de dicho artículo, que dice: "A una persona como yo, de familia republicana y antifranquista convencida y activa, y que ha valorado y valora y admira la lucha de muchos antifranquistas de ideología muy distinta de la suya, le duele tener que decir que no todas las ideologías y los valores presentes en el bando republicano eran democráticos. Pero es necesario recordarlo a la hora de definir lo que algunos llaman "un espacio ético y político" que configure nuestra sociedad democrática." Pues bien, señorías, esta verdad y este perdón, este espacio ético y político compartido lo podemos construir hoy, treinta años después, y después de la resolución unánime de noviembre de 2002 por la cual la Cámara condenaba el levantamiento militar y condenaba el franquismo.


Finalmente, esta debe ser una ley del perdón, del recuerdo y de la verdad.
Estos días se ha hablado mucho de Chile y algunos dicen que Chile ha mirado al modelo de la transición española, algunos dicen que Sudamérica ha mirado a España, pero creo que es al revés, que hoy nosotros debemos mirar a los procesos de perdón y de reconciliación de América del Sur y de Sudáfrica, aquello que el historiador Solé i Sabaté ha estudiado con profundidad. Señorías, fue en Chile, después de conocerse el expediente de los aviones del terror, cuando empezó un proceso en el que organizaciones políticas e implicados políticos pidieron perdón por sus errores e incluso por sus crímenes, por todos ellos. Asimismo y en esta misma línea se planteó en Sudáfrica; asimismo y en esta misma línea lo planteó el presidente Nelson Mandela. Por tanto, la búsqueda del recuerdo, de la verdad, pero también hoy, treinta años después, es posible -como hace hoy el president Pujol, luchador antifranquista tres años en prisión- reconocer la verdad y reconocernos todos mejor en nuestra historia reciente, en nuestra identidad desgarrada reciente de estos años.


Señorías, después de la Segunda Guerra Mundial, Albert Camus dijo: No hemos de ser como ellos; hemos de buscar la verdad y el perdón. Este es el principio general que informará el planteamiento y el enfoque de este grupo parlamentario en la tramitación de este proyecto de ley, con un paquete importante de medidas que parten de una discrepancia profunda con el grupo de la mayoría respecto a la anulación de los juicios políticos, que creemos que son viables a través de distintas fórmulas, a la reparación de muchos otros aspectos y a la reivindicación de esa tercera España de la cual Cataluña sufrió la falta de reconocimiento por parte del conjunto de las instituciones españolas. Puede ser difícil tener en esta legislatura el mismo consenso de la transición, porque el contexto y el marco político, como hemos visto esta mañana, son bastante distintos.
Pero hoy, como en aquel momento, debemos recordar las palabras de un ilustre catalán y catalanista, también exiliado por su catalanismo, miembro de las Cortes Constituyentes y conseller de la Generalitat, Ramon Trias Fargas, que dejó escrito en su testamento político lo siguiente: Tened la

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generosidad del que merece la victoria. Hoy, treinta años después, esta ley puede ser oportuna si es una ley de actualización desde el consenso y el espíritu de la transición para tener la generosidad de la victoria.
¿De qué victoria? De la victoria de la verdad, de la victoria del recuerdo, pero también de la generosidad para reconocer el perdón.


Muchas gracias, señor presidente.


El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Xuclà.


Finalmente, Grupo Socialista, señor Torres Mora.


El señor TORRES MORA: Gracias, señor presidente.


Señoras y señores diputados, les ruego que me permitan contar brevemente una antigua historia. Los dos hermanos de Antígona se mataron entre sí luchando por el poder. El nuevo rey, Creonte, ordenó que enterraran a uno y que el otro fuera pasto de los perros y los buitres. Antígona muere por desafiar el edicto del rey Creonte y enterrar a su hermano. Antígona no estaba a favor de la guerra entre sus hermanos ni a favor de ningún hermano en la guerra, Antígona solo quería cumplir el deber de sepultura.
Lamentablemente, los españoles tenemos una historia parecida. Hace setenta años los españoles se enfrentaron en una guerra civil; unos fueron enterrados con honores fúnebres y otros fueron arrojados a anónimas fosas comunes. (Aplausos.) Setenta años después de la sublevación militar de 1936, una mayoría de españoles declara que las víctimas de la guerra han sido las grandes olvidadas y piensa que ya es hora de reparar esta injusticia. También piensa así una mayoría de las personas que han votado al Partido Popular. Respondiendo a ese sentimiento, el Gobierno nos trae el proyecto de ley que ahora debatimos, por la que se reconocen y amplían derechos y se establecen medidas a favor de las personas que fueron perseguidas y sufrieron violencia durante la dictadura y la guerra civil. Frente a la propuesta del Gobierno nos encontramos con tres enmiendas a la totalidad. El PP, con el espíritu de concordia que tiene en los últimos tiempos, presenta una enmienda de devolución. Dice que esta ley reabre las heridas del pasado y, naturalmente, rompe España. Por otro lado, Izquierda Unida y Esquerra Republicana han presentado sendas enmiendas con texto alternativo porque dicen que esta ley es decepcionante, cuando lo decepcionante es el pasado al que se refiere esta ley. (Aplausos.) Algunos piensan que si no satisface a todos, mejor que no satisfaga a ninguno. A nosotros nos parece que merece la pena, y merece la pena porque da una respuesta razonable a la demanda de las víctimas de una guerra y de una dictadura nada razonables. Por eso me gustaría abundar algo más en las razones de un partido democrático que no da, pero no recibe, lecciones de solidaridad con las víctimas de la guerra y de la dictadura. (Aplausos.)

Señorías, tampoco la memoria quedó atada y bien atada. El 80 por ciento de los españoles considera que lo que ocurrió el 18 de julio de 1936 fue un golpe de Estado contra un Gobierno legítimo. Así que ni desmemoria ni amnesia, la gente sabe. La memoria de los errores y de los horrores de la dictadura se conservó en las familias, pero se conservó para servir de semilla de la reconciliación en la transición. Tenemos treinta años de democracia en los que los historiadores españoles y extranjeros han trabajado libremente y han dibujado un relato contrastado de lo que ocurrió. No es misión del legislador imponer una determinada memoria histórica colectiva, ya la hay. La sociedad española sabe lo que ocurrió, y lo sabe como lo saben los pueblos democráticos, sin adoctrinamientos, sin verdades oficiales. Somos legisladores, ni historiadores ni jueces.
Nuestro trabajo no es establecer la verdad de los hechos históricos ni dictar o anular sentencias, pues no tenemos competencia técnica para una cosa ni competencia constitucional para la otra. A cambio, nosotros, y solo nosotros, podemos hacer y dictar leyes. Esas son las reglas del Estado de derecho y del Estado democrático por las que murieron muchas de las personas a las que queremos homenajear con esta ley (Aplausos.), que tampoco es una ley para juzgar los crímenes de la dictadura. Recuerdo a SS.SS. que en octubre de 1977 el Congreso aprobó una Ley de amnistía, que no es una ley de punto final de ningún dictador, es una ley aprobada por una Cámara democrática representando a los ciudadanos, esta Cámara, un acuerdo que apoyamos todos los grupos en aquel momento, excepto uno, el Grupo Popular. Genio y figura. (Aplausos.)

Lo que el Gobierno nos trae hoy es un proyecto de ley del derecho a la memoria individual y familiar, no una versión oficial sobre el pasado que pudiera cambiar otra mayoría parlamentaria. Sencillamente es una ley que afirma que la guerra y la dictadura fueron dos crímenes y dos fuentes de crímenes y de injusticias, y que las personas encarceladas, torturadas y asesinadas durante la guerra y la dictadura lo fueron injustamente. Es una ley que no resta, que no cierra ninguna vía judicial, nacional o internacional, y tampoco la sustituye. Es una ley que continúa el camino de otras leyes y medidas que se han tomado desde el comienzo de la transición a favor de las víctimas de la guerra civil y de la dictadura, todas siempre desde el espíritu de concordia y de reparación. Cada día que ha pasado desde la transición, cada instante que hemos vivido en libertad, han sido un día y un instante de negación, de refutación y de condena de la dictadura.


Señor Atencia, el único que quiso revisar recientemente la transición y superarla fue su presidente, señor Aznar, que escribió un libro que se llamaba La segunda transición. Unos nos empeñamos en recordar el pasado y otros se olvidan fácilmente. La transición fue una oportunidad que aprovechamos, con la transición empezamos de nuevo; de nuevo, no de cero.


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Esa es la razón por la que es ejemplar y esa es la razón por la que necesitamos esta ley, porque tenemos un pasado, un pasado en el que muchas personas de nuestro país fueron condenadas a la muerte, a la indignidad y a ese amargo sucedáneo del olvido que se llama censura y represión. Ninguna ley podría rescatar a las víctimas de la muerte, pero esta ley puede ayudar a muchas familias a rescatar y a restaurar la memoria pública de sus seres queridos. Se trata sencillamente de que desde los valores constitucionales, desde la legalidad democrática que se funda en el pacto de la transición, demos satisfacción a algunas personas y les ayudemos a cerrar, no a abrir, sus heridas. (Un señor diputado: ¡Muy bien!) Lo reprimido siempre vuelve en forma de síntoma; solo el que recuerda puede olvidar.


Señor Tardà, el abuelo del presidente, en el presente horrible de quien va a ser asesinado y lo sabe, supo ver ese presente con ojos de futuro y de concordia, y dijo: Muero inocente y perdono. Hoy usted mira el presente de España con ojos de pasado, y no es lo mismo. Lamento mucho que utilice la memoria del abuelo del presidente que sufrió injusticias en el 36 y hoy las ha vuelto a sufrir, una más, y es penoso que sea en nombre de Esquerra Republicana. (Aplausos.)

Señores del PP, ¿en qué les ofende que se facilite a las personas que lo desean el derecho a buscar los huesos de sus padres, de sus abuelos y los entierren en un lugar digno? (Rumores.) Ese es el único barro que quieren remover esas personas, el barro que cubre la tumba de los huesos de sus familiares. (Aplausos.) ¿En qué les molesta? Ese es el único barro de la historia que quieren remover; no quieren remover más barro. ¿En qué les molesta que se produzca un reconocimiento individual de que esas personas fueron asesinadas injustamente? No me puedo creer que les parezca mal que se pague una indemnización a las personas que pasaron más de tres años en las cárceles de la dictadura, luchando por una democracia que nos ha honrado con hacernos diputados a nosotros. (Aplausos.) ¡Qué España más extraña! No la reconozco aquí. No me puedo creer que este sea el problema. Nadie normal se puede creer que una familia divide a España porque quiera dejar claro que uno de los suyos, asesinado en un juicio sin garantías o en un paseillo sin juicio, fuera una persona de bien.


Señorías, han pasado 2.500 años desde que se escribió la historia de Antígona y la humanidad la ha representado muchas veces. Esta mañana podemos elegir libremente qué personaje queremos ser, si Antígona o Creonte. Yo les animo a que, en el trámite parlamentario de esta ley, no solo no nos dividamos las izquierdas sino que nos unamos todos los demócratas en el trabajo de Antígona.


Muchas gracias. (Aplausos.-El señor Fernández Díaz pide la palabra.)

El señor PRESIDENTE: Gracias.


Llamamos a votación. Dígame, señor Fernández Díaz.


El señor FERNÁNDEZ DÍAZ: Señor presidente, invocando el artículo 72 del Reglamento, que dice: "Cualquier Diputado podrá también pedir, durante la discusión o antes de votar, la lectura de las normas o documentos que crea conducentes a la ilustración de la materia de que se trate", pediría, en nombre de mi grupo, que se pudiera leer el preámbulo del Real Decreto-ley 10/1976, de 30 julio, sobre amnistía y sus artículos 1 y 2, y los artículos 1 y 2 de la Ley de amnistía, de 15 de octubre.


El señor PRESIDENTE: Su petición es correcta. Por favor, ¿tiene la amabilidad de dárselo a los letrados de sala? (Pausa.)

A requerimiento del Grupo Popular se dará lectura a dos documentos que son pertinentes respecto al objeto del debate. Adelante, señora secretaria.


La señora SECRETARIA PRIMERA (Sainz García): Real Decreto-ley 10/1976, de 30 de julio, sobre amnistía. La Corona simboliza la voluntad de vivir juntos todos los pueblos e individuos que integran la indisoluble comunidad nacional española. Por ello es una de sus principales misiones promover la reconciliación de todos los miembros de la nación, culminando así las diversas medidas legislativas que ya, a partir de la década de los cuarenta, han tendido a superar las diferencias entre los españoles.
Tal es el caso de la reintegración de los derechos pasivos a los militares sancionados después de la pasada contienda, de los distintos indultos concedidos y de la prescripción, por ministerio de la ley, de todas las responsabilidades penales por hechos anteriores al 1 de abril de 1939. Al dirigirse España a una plena normalidad democrática, ha llegado el momento de ultimar este proceso con el olvido de cualquier legado discriminatorio del pasado en la plena convivencia fraterna de los españoles. Tal es el objeto de la amnistía de todas las responsabilidades derivadas de acontecimientos de intencionalidad política o de opinión ocurridos hasta el presente, sin otros límites que los impuestos por la protección penal de los valores esenciales, como son la vida e integridad de las personas. De otra parte, el complejo contenido de las leyes penales militares y la amplitud y variedad de los supuestos a que han sido aplicadas obligan a dictar normas que, sin menoscabo del espíritu de este Real Decreto-ley, armonicen el olvido y la total abolición del delito en que la amnistía consiste, con las facultades inherentes al poder público, que ha de velar en todo momento por la mejor organización y moral militar de las instituciones armadas. En su virtud, a propuesta del Consejo de Ministros, en su reunión del día 28 de julio de 1976, en uso de la autorización conferida por el artículo 13 de la Ley Constitutiva de las Cortes, texto refundido aprobado por Decreto de 20 de

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abril de 1967, y oída la Comisión a que se refiere el apartado 1º del artículo 12 de la citada ley, dispongo: Artículo primero. I. Se concede amnistía por todos los delitos y faltas de intencionalidad política y de opinión comprendidos en el Código Penal o en leyes penales especiales no mencionadas en el apartado siguiente, en tanto no hayan puesto en peligro o lesionado la vida o la integridad de las personas o el patrimonio económico de la nación a través del contrabando monetario, ya se hayan cometido dentro o fuera de España, siempre que la competencia para su conocimiento corresponda a los tribunales españoles.


Ley 46/1977, de 15 de octubre, de amnistía. De conformidad con la ley aprobada por las Cortes, vengo en sancionar: Artículo primero. I. Quedan amnistiados: a) todos los actos de intencionalidad política, cualquiera que fuese su resultado, tipificados como delitos y faltas realizados con anterioridad al día quince de diciembre de mil novecientos setenta y seis. b) todos los actos de la misma naturaleza realizados entre el quince de diciembre de mil novecientos setenta y seis y el quince de junio de mil novecientos setenta y siete, cuando en la intencionalidad política se aprecie además un móvil de restablecimiento de las libertades públicas o de reivindicación de autonomías de los pueblos de España. c) todos los actos de idéntica naturaleza e intencionalidad a los contemplados en el párrafo anterior realizados hasta el seis de octubre de mil novecientos setenta y siete, siempre que no hayan supuesto violencia grave contra la vida o la integridad de las personas. II. A los meros efectos de subsunción en cada uno de los párrafos del apartado anterior, se entenderá por momento de realización del acto aquel en que se inició la actividad criminal. La amnistía también comprenderá los delitos y faltas conexos con los del apartado anterior. Artículo segundo.
En todo caso están comprendidos en la amnistía: a) los delitos de rebelión y sedición, así como los delitos y faltas cometidos con ocasión o motivo de ello, tipificados en el código de justicia militar. b) la objeción de conciencia a la prestación del servicio militar, por motivos éticos o religiosos. c) los delitos de denegación de auxilio a la justicia por la negativa a revelar hechos de naturaleza política, conocidos en el ejercicio profesional. d) los actos de expresión de opinión, realizados a través de prensa, imprenta o cualquier otro medio de comunicación. (Aplausos.-Varios señores diputados pronuncian palabras que no se perciben.)

El señor PRESIDENTE: Señorías, silencio, por favor.


Antes de proceder a la votación y aprovechando que el hemiciclo está al completo, quiero señalar, como ya lo han hecho los portavoces, en nombre de la Mesa y en el mío propio, nuestro pésame al Grupo Parlamentario Popular por el fallecimiento de doña Loyola de Palacio y que conste en el "Diario de Sesiones" nuestro reconocimiento a quien fue una brillante parlamentaria. Gracias. (Aplausos.)

DICTÁMENES DE COMISIONES SOBRE INICIATIVAS LEGISLATIVAS.


-PROYECTO DE LEY ORGÁNICA POR LA QUE SE MODIFICA LA LEY ORGÁNICA 6/2001, DE 21 DE DICIEMBRE, DE UNIVERSIDADES. (Número de expediente 121/000101.) (VOTACIÓN.)

El señor PRESIDENTE: Votación, en primer lugar, del proyecto de ley orgánica por la que se modifica la Ley Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre, de Universidades.


En primer lugar, Grupo Parlamentario Mixto (señor Labordeta Subías).
Votación de las enmiendas 11 y 14.


Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 323; a favor, cuatro; en contra, 306; abstenciones, 13.


El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.


Votación de la enmienda 13.


Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 323; a favor, 137; en contra, 173; abstenciones, 13.


El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.


Votación de la enmienda 20.


Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 321; a favor, 136; en contra, 172; abstenciones, 13.


El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.


Votación de la enmienda 24.


Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 323; a favor, 321; en contra, dos.


El señor PRESIDENTE: Queda aprobada.


Votación de la enmienda 25.


Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 323; a favor, 322; abstenciones, una.


El señor PRESIDENTE: Queda aprobada.


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Grupo Parlamentario Mixto (señora Lasagabaster Olazábal). Votación de las enmiendas 41, 42 y 49.


Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 323; a favor, 192; en contra, 131.


El señor PRESIDENTE: Quedan aprobadas.


Votación del resto de las enmiendas.


Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 323; a favor, 10; en contra, 306; abstenciones, siete.


El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.


Grupo Parlamentario Mixto (señor Rodríguez Sánchez). Votación en bloque de las enmiendas.


Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 323; a favor, cinco; en contra, 305; abstenciones, 13.


El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.


Grupo Parlamentario Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya Verds.
Votación de la enmienda 109.


Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 322; a favor, 184; en contra, 131; abstenciones, siete.


El señor PRESIDENTE: Queda aprobada.


Votación de la enmienda transaccional a la enmienda número 120.


Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 320; a favor, 189; en contra, 131.


El señor PRESIDENTE: Queda aprobada.


Votación de la enmienda 148.


Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 323; a favor, 184; en contra, dos; abstenciones, 137.


El señor PRESIDENTE: Queda aprobada.


Votación de las enmiendas 79, 85, 96, 117, 133, 137 y 151.


Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 322; a favor, cinco; en contra, 170; abstenciones, 147.


El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.


Votación del resto de las enmiendas.


Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 322; a favor, cinco; en contra, 299; abstenciones, 18.


El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.


Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV). Votación de la enmienda transaccional a la enmienda número 329.


Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 323; a favor, 189; en contra, 133; abstenciones, una.


El señor PRESIDENTE: Queda aprobada.


Votación de la enmienda transaccional a la enmienda número 336.


Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 323; a favor, 323.


El señor PRESIDENTE: Queda aprobada.


Votación de la enmienda número 339.


Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 322; a favor 138; en contra, 176; abstenciones, ocho.


El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.


Votación de las enmiendas números 340, 341 y 343.


Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 323; a favor, 17; en contra, 181; abstenciones, 125.


El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.


Votación del resto de las enmiendas.


Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 322; a favor, 17; en contra, 305.


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El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.


Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana. Votación de la enmienda número 259.


Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 323; a favor, 10; en contra, 166; abstenciones, 147.


El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.


Votación del resto de las enmiendas.


Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 322; a favor, 12; en contra, 296; abstenciones, 14.


El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.


Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió). Votación de la enmienda transaccional a la enmienda número 202.


Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 323; a favor, 320; en contra, uno; abstenciones, dos.


El señor PRESIDENTE: Queda aprobada.


Votación de las enmiendas números 172, 177, 214, 215, 223, 229, 235, 237 y 238.


Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 323; a favor, 146; en contra, 174; abstenciones, tres.


El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.


Votamos el resto de las enmiendas.


Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 322; a favor, 17; en contra, 306.


El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.


Grupo Parlamentario Popular en el Congreso. Votación de las enmiendas números 388, 398, 409, 425 y 431.


Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 322; a favor, 321; abstenciones, una.


El señor PRESIDENTE: Quedan aprobadas.


Votación del resto de las enmiendas.


Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 322; a favor, 134; en contra, 181; abstenciones, siete.


El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.


Grupo Parlamentario Socialista del Congreso. Votación del voto particular.


Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 323; a favor, 182; en contra, tres; abstenciones, 138.


El señor PRESIDENTE: Queda aprobado.


Votación del dictamen con las correcciones técnicas distribuidas. Votación del apartado 17.


Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 323; a favor, 174; en contra, 140; abstenciones, nueve.


El señor PRESIDENTE: Queda aprobado.


Votación del apartado 41 y disposición adicional sexta.


Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 323; a favor, 308; en contra, 13; abstenciones, dos.


El señor PRESIDENTE: Quedan aprobados.


Votación del apartado 43.


Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 321; a favor, 178; en contra, 134; abstenciones, nueve.


El señor PRESIDENTE: Queda aprobado.


Votación del apartado 45.


Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 321; a favor, 309; en contra, siete; abstenciones, cinco.


El señor PRESIDENTE: Queda aprobado.


Votación del preámbulo y de los apartados 3, 6, 10, 13, 14, 15, 17, 18, 22 a 26, 28, 29, 46, 49, 51, 52, 53, 58 a 68, 71, 72, 79, 82, 83, 86, disposiciones adicionales segunda, tercera, quinta, octava,

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novena, décima, duodécima, decimotercera y disposiciones transitorias primera a tercera.


Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 322; a favor, 189; en contra, 132; abstenciones, una.


El señor PRESIDENTE: Quedan aprobados.


Votación de los apartados 16, 19, 78, 88, disposiciones adicionales decimoséptima, decimoctava y disposiciones finales tercera a quinta.


Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 322; a favor, 181; en contra, dos; abstenciones, 139.


El señor PRESIDENTE: Quedan aprobados.


Votación del resto del dictamen.


Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 323; a favor, 321; en contra, uno; abstenciones, una.


El señor PRESIDENTE: Queda aprobado.


VOTACIÓN DE CONJUNTO

El señor PRESIDENTE: Teniendo la ley carácter orgánico, procedemos a la votación final de conjunto.


Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 322; a favor, 189; en contra, 132; abstenciones, una.


El señor PRESIDENTE: Queda aprobado. (Aplausos.)

DEBATES DE TOTALIDAD DE INICIATIVAS LEGISLATIVAS.


-PROYECTO DE LEY POR LA QUE SE RECONOCEN Y AMPLÍAN DERECHOS Y SE ESTABLECEN MEDIDAS A FAVOR DE QUIENES PADECIERON PERSECUCIÓN Y VIOLENCIA DURANTE LA GUERRA CIVIL Y LA DICTADURA. (Número de expediente 121/000099.) (VOTACIÓN.)

El señor PRESIDENTE: Procedemos a la votación de los debates de totalidad de iniciativas legislativas. En primer lugar, enmienda de totalidad de devolución al proyecto de ley por la que se reconocen y amplían derechos y se establecen medidas en favor de quienes padecieron persecución o violencia durante la guerra civil y la dictadura.


Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 323; a favor, 133; en contra, 190.


El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.


Procedemos a continuación a votar, por su orden, las dos enmiendas de totalidad con texto alternativo. En primer lugar, del Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana al proyecto de ley por la que se reconocen y amplían derechos y se establecen medidas en favor de quienes padecieron persecución o violencia durante la guerra civil y la dictadura.


Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 323; a favor, 17; en contra, 298; abstenciones, ocho.


El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.


En segundo lugar, enmienda de totalidad de texto alternativo del Grupo Parlamentario de Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya Verds al proyecto de ley por la que se reconocen y amplían derechos y se establecen medidas en favor de quienes padecieron persecución o violencia durante la guerra civil y la dictadura.


Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 322; a favor, 18; en contra, 296; abstenciones, ocho.


El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.


A título de información señalo a SS.SS. que, dentro de la dificultad de organizar siempre los debates de los jueves, quedan dos debates de totalidad -normalmente, un par de horas-, pero no olviden que hay que hacer una votación por urna que nos puede llevar otra hora, ya que tenemos que elegir a un miembro de la Cámara para formar parte de la Comisión de fondos reservados. (La señora vicepresidenta, Chacón i Piqueras, ocupa la Presidencia.)

DEBATES DE TOTALIDAD DE INICIATIVAS LEGISLATIVAS. (Continuación.)

-PROYECTO DE LEY DE INVESTIGACIÓN BIOMÉDICA. (Número de expediente 121/000104.)

La señora VICEPRESIDENTA (Chacón i Piqueras): Continuamos con la sesión plenaria, señorías. Lo

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hacemos con el punto 39: Proyecto de ley de Investigación Biomédica. Al ser debate de totalidad, como saben, comenzaríamos con la presentación por parte de un miembro del Gobierno, en este caso la señora ministra de Sanidad y Consumo. Pero, señorías, para que ello fuera posible necesito que quienes deseen de ustedes ausentarse del hemiciclo lo hagan en silencio y con rapidez. (Rumores.)

Señorías, silencio, por favor. La señora ministra está tratando de presentar un proyecto de ley. Adelante, vamos a intentarlo, señora ministra.


La señora MINISTRA DE SANIDAD Y CONSUMO (Salgado Méndez): Muchas gracias, señora presidenta.


Señorías, permítanme unos minutos para presentarles el marco que nos ha llevado a elaborar y someter a esta Cámara el proyecto de ley de Investigación Biomédica. En los últimos años los avances científicos del ámbito biomédico, así como la posibilidad de una mejora sustantiva de la calidad de vida de los ciudadanos e incluso de esperanzas fundadas para el tratamiento y la curación de patologías hasta ahora inabordables, han puesto sobre la mesa cuestiones que conviene abordar no solo desde el ámbito científico, sino también desde el ámbito ético-jurídico. Hoy en día, por ejemplo, la nueva medicina molecular demanda la utilización de muestras biológicas de calidad. Por tanto, su obtención, almacenaje y cesión se han convertido en necesidades que requieren inmediata regulación. Lo mismo podríamos decir de las investigaciones que utilizan procedimientos invasivos en seres humanos cada vez más frecuentes o de la investigación con células embrionarias humanas imprescindibles para el futuro de la terapia celular. Precisamente estos días tenemos un claro ejemplo de la ventaja que supone investigar y avanzar por este camino. La Comisión Nacional de Reproducción Humana Asistida ha informado favorablemente la realización en España de los tres primeros diagnósticos preimplantacionales que pueden permitir salvar la vida de hermanos afectados de graves enfermedades. La ley que les presento es una ley de garantías, es una ley que, siendo acorde con el presente y el devenir científico que no debemos parar, pretende evitar los excesos en materias sensibles. Es una ley que permite, recomienda, da pautas y especialmente huye de la prohibición, salvo en todo aquello que requiere un control que siendo flexible se aplicará con meticulosidad y rigor. En definitiva, es una ley que pretende alcanzar un adecuado equilibrio entre el respeto a la libertad de investigación fundamentada en la confianza, en la calidad y en la excelencia de nuestros investigadores con los controles que garanticen que las investigaciones se realizan en un marco de respeto a los derechos del ser humano y de los individuos participantes en los ensayos. Este marco de nuevas realidades y esperanzas científicas crecientes no podía ser abordado sin modificar la organización en que hasta ahora se ha sustentado la investigación biomédica en España, respetando, naturalmente, la organización del Estado con sus distintos ámbitos de competencias. Es hora ya, probablemente lo era desde hace años, de profesionalizar al máximo la investigación biomédica, incardinarla en la vida de los hospitales y centros de salud y favorecer el intercambio en la movilidad de los investigadores entre instituciones.


Con las medidas contempladas en esta ley se pretende convertir los retos de todos conocidos, enfoque multidisciplinar, aproximación entre investigación básica y clínica y trabajo cooperativo en una realidad. La ley busca el equilibrio entre la adecuación a los nuevos retos científicos y la protección de los derechos de las personas implicadas en la investigación como fórmula que garantice y asegure la confianza de la sociedad en la investigación científica. Sobre estas bases, la ley tiene entre sus prioridades incontestables asegurar el respeto y la protección de los derechos fundamentales y de las libertades del ser humano y de otros bienes jurídicos relacionados con ellos. Para ello, proclama que la salud, el interés y el bienestar del ser humano que participe en una investigación biomédica prevalecerán por encima de los intereses de la ciencia. Establece que la libre autonomía de la persona es el fundamento del que se derivan los derechos específicos a otorgar el consentimiento y a obtener información previa. En la ley también se establece el derecho a no ser discriminado, el deber de confidencialidad, el principio de gratuidad en las donaciones de material biológico, los estándares de calidad y seguridad de las células y tejidos humanos y la observancia del principio de precaución en las distintas actividades reguladas. Al mismo tiempo, y desde el punto de vista de la investigación y sus agentes, la ley garantiza la libertad de investigación y de producción científica, regula los mecanismos de promoción, planificación, evaluación y coordinación de la investigación biomédica, facilita la implantación de la investigación en los centros de salud, incentiva la colaboración entre centros de investigación y hospitales y estimula la cooperación entre los sectores público y privado mediante el fomento de la investigación en red y la movilidad de investigadores y facultativos. Sin duda, tanto una como otra perspectiva de la ley requieren de un conjunto de medidas que garanticen su adecuada ejecución. Para asegurar las garantías necesarias que requieren el desarrollo y el cumplimiento de la ley, esta constituye tres órganos colegiados: los comités de ética de la investigación, garantía de que la investigación biomédica realizada en cualquier ámbito se adecua a los requerimientos metodológicos, éticos y jurídicos previstos; la comisión de garantías para la donación y utilización de células y tejidos humanos, que informará preceptivamente los proyectos de investigación que utilicen o generen por cualquiera de los métodos incluidos en esta ley, incluido la reprogramación celular, células embrionarias humanas; y, por último, el Comité de Bioética de España, un órgano consultivo, plural e independiente llamado a fijar, en colaboración con otros órganos autonómicos

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similares, las directrices y los principios generales sobre las implicaciones éticas y sociales de la biomedicina.


Sobre este amplio ámbito general, la ley se articula en ocho títulos, quince capítulos, 88 artículos, tres disposiciones adicionales, dos transitorias, una derogatoria y cuatro finales. No voy a detallar todos los aspectos, pero sí sus elementos más distintivos y los avances que incorpora. En primer lugar, se definen el objeto y el ámbito de la norma, matizándose que este último abarca la investigación básica y la clínica, con exclusión de los ensayos clínicos y del implante de órganos y tejidos que tienen normativa específica, en parte debatida y aprobada recientemente por esta Cámara. En segundo lugar, se establece un catálogo de principios y garantías para la protección de los derechos de las personas y de los bienes jurídicos implicados en la investigación biomédica que, como hemos indicado, son los ejes vertebradores de la ley.
En el ámbito de las garantías, se regulan de manera específica el consentimiento informado y el derecho a la información, la protección de datos personales y el deber de confidencialidad, la no discriminación por motivos genéticos o por renuncia a un análisis o a participar en una investigación, la gratuidad en la donación y utilización de muestras biológicas, la garantía de la trazabilidad y la seguridad en el uso de cualquier material humano y los límites a considerar en los análisis genéticos. Igualmente, en el caso de las investigaciones que implican procedimientos invasivos, se regulan expresa y específicamente la información que debe proporcionarse a los sujetos implicados en la investigación, así como el consentimiento, al igual que los mecanismos para la autorización, el aseguramiento de los posibles daños y los sistemas de supervisión y de seguridad de esa investigación. Se fija también la obligación de informar a los participantes sobre los datos obtenidos que puedan ser relevantes para su salud y sobre la publicidad que debe darse a los mismos. En este ámbito, se dedica un capítulo especial a condiciones específicas, como son los casos de mujeres embarazadas, durante la lactancia o los menores o incapaces de prestar consentimiento, todo ello dentro de los principios de respeto a los derechos individuales por encima del valor científico de la investigación.


La regulación que se incorpora en este proyecto de ley sobre la donación y el uso de embriones y fetos humanos, de sus células, tejidos u órganos, tiene como objeto principal revisar y actualizar el régimen legal anterior y eliminar dispersiones normativas innecesarias. Las condiciones para la donación de embriones y fetos humanos recogen la prohibición de interrumpir el embarazo con fines exclusivamente de donación y de que en tal interrupción intervenga un equipo médico vinculado a la utilización de los embriones o fetos, la necesidad del consentimiento informado en su donación, la exigencia de que los embriones o fetos expulsados espontánea y prematuramente serán tratados clínicamente con el único fin de favorecer su desarrollo y autonomía vital y mientras mantengan su viabilidad biológica, la limitación de la investigación con embriones y fetos vivos en el útero -aquella que tenga interés diagnóstico o terapéutico para ellos mismos- y los requisitos para la autorización de tales proyectos de investigación.


La regulación de la donación, el uso y la investigación con células y tejidos embrionarios humanos se sustenta en la Ley 14/2006, de 26 de mayo, sobre técnicas de reproducción humana asistida, y se enmarca y limita en la autorización de cualquier técnica de obtención de células troncales y humanas con fines terapéuticos o de investigación, incluida la activación de ovocitos mediante transferencia nuclear que no comporte la creación de un preembrión o de un no embrión en los términos definidos en la ley. En este sentido, son elementos capitales de esta parte de la ley la ya mencionada Comisión de garantías para la donación y utilización de células y tejidos humanos y el Banco Nacional de Líneas Celulares, donde han de depositarse las líneas de células troncales embrionarias y adultas humanas generadas en nuestro país para su distribución gratuita a todos los investigadores que lo soliciten, una vez que su cualificación y la relevancia de su proyecto de investigación sean evaluados. No puedo dejar de recalcar aquí una vez más la importancia que esta parte de la ley tiene para el impulso de un área de investigación, que tanto desde el punto de vista básico como desde el punto de vista de su aplicación terapéutica es sin duda el futuro de la actual biomedicina.


El proyecto regula a continuación otros aspectos que se señalan como capitales para el avance de la investigación biomédica. Nos referimos a la realización de análisis genéticos y al acceso y uso de sus resultados, así como a la obtención y utilización de muestras biológicas de origen humano, aspectos cuya regulación a nadie se le escapa que es una demanda de numerosos profesionales científicos y facultativos. En este sentido, la ley establece un conjunto de garantías para la protección de los datos de carácter personal, a la vez que proporciona confianza y seguridad a investigadores e instituciones públicas y privadas del sector. La regulación prevé, consiguientemente, la accesibilidad, equidad y calidad en el tratamiento de los datos, la exigencia del consentimiento previo, el carácter anónimo de las muestras y las condiciones especiales del material embrionario y de las personas fallecidas. La acreditación de los centros capaces de realizar los análisis genéticos, tarea que va a recaer en las autoridades sanitarias competentes al respecto, en su inmensa mayoría las comunidades autónomas, es el fin último de esta regulación, que va a despejar las numerosas incertidumbres legales que existen en la actualidad.


El régimen de obtención, conservación, uso y cesión de muestras biológicas es objeto asimismo de una regulación detallada en la ley. De nuevo, el consentimiento del sujeto fuente y la información previa suministrada al mismo son los ejes fundamentales de la regulación. La ley, de acuerdo con las normas éticas más recientes, opta por un amplio abanico de posibilidades que, aún

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apoyándose en el consentimiento específico, permite, si el sujeto fuente lo desea, adicionar un documento que otorgue un permiso más genérico. La ley prevé también un régimen transitorio para las muestras obtenidas con anterioridad a la entrada en vigor de esta ley y define el estatuto jurídico de los biobancos y sus diferencias con otras colecciones de muestras biológicas, al tiempo que crea un registro nacional de biobancos sin perjuicio de las medidas específicas que deban desarrollarse reglamentariamente para el funcionamiento de cada uno, según su naturaleza y fines. La ley fija, finalmente, las competencias autonómicas para la autorización de la creación de los biobancos, permitiendo al Instituto de Salud Carlos III la creación de biobancos nacionales en atención a su interés sanitario de carácter general.


El régimen de infracciones y sanciones administrativas, fundamentadas en los principios de legalidad, de mínima intervención, de proporcionalidad y de subsidiariedad respecto de la infracción penal completa lo previsto en otras normas legales, tales como la Ley General de Sanidad, la Ley de protección de datos de carácter personal, la Ley sobre técnicas de reproducción humana asistida o la Ley básica reguladora de la autonomía del paciente.


Como antes anunciaba, la ley contempla la creación de un órgano colegial -el comité de bioética-, así como su composición y funcionamiento. Se trata de un órgano básicamente consultivo, colegiado e independiente, competente en materias relacionadas con las implicaciones éticas, jurídicas y sociales de la biomedicina, que deberá elaborar informes, propuestas y recomendaciones, que colaborará con otros comités estatales y autonómicos similares y que representará a España en los foros internacionales.


El título VIII cierra la ley, contemplando la promoción y coordinación de la investigación biomédica en el Sistema Nacional de Salud en el marco de la iniciativa sectorial, dentro del Plan nacional de investigación científica, desarrollo e innovación tecnológica. Como señalaba al comienzo de esta intervención, es de capital importancia acomodar nuestras estructuras administrativas a los retos de la actual y de la futura medicina. La ley pretende hacerlo incluyendo algunas propuestas que responden a demandas de los investigadores, como son el reconocimiento a los centros del Sistema Nacional de Salud de la potestad para contratar personal dedicado a la actividad investigadora, así como la posibilidad de que esa investigación sea una parte de la carrera profesional del personal sanitario. También se pretende romper la tradicional rigidez del sistema español de I+D+i, estableciendo medidas de movilidad del personal investigador dentro de la Administración central del Estado y hacia entidades privadas mediante excedencia temporal. Igualmente, se refuerza la cooperación entre los sectores público y privado, a través de la participación de entidades privadas en la ejecución de acciones de investigación del Sistema Nacional de Salud y también de la ejecución por parte del personal de estas instituciones privadas de programas o proyectos del propio Sistema Nacional de Salud.
Finalmente, pretende fomentarse la investigación traslacional, de tal manera que las nuevas estructuras de investigación -el que parte de la carrera sea en el ámbito de la investigación, la colaboración público-privada- faciliten un más rápido traslado de los avances de la investigación básica a su aplicación en la mejora de la atención sanitaria. La disposición adicional segunda revisa la condición del Instituto de Salud Carlos III, elemento esencial de la puesta en marcha de todas estas medidas como instrumento fundamental de la Administración General del Estado para el fomento de la investigación biomédica.


Termino como empecé, recordando que el fundamento de este proyecto de ley de investigación biomédica es la armonización de los derechos y bienes jurídicos implicados en la investigación biomédica, como soporte esencial para el desarrollo de políticas públicas y de iniciativas privadas empeñadas en el impulso de una investigación científica moderna y competitiva al servicio de una medicina mejor, dentro de un marco jurídico claro que ofrece un conjunto normativo que podrá acoger las circunstancias por las que previsiblemente va a discurrir la investigación biomédica en los próximos años.


Señorías, aun cuando España cuenta con excelentes investigadores en el área de la biomedicina y las ciencias de la salud, no hemos conseguido hasta el momento participar en los grandes proyectos internacionales en esta área. El Gobierno considera que en el área de la investigación sanitaria tenemos la oportunidad de entrar en el grupo de países líderes en investigación en el área de la biomedicina, siempre con el último fin de que los ciudadanos se puedan beneficiar de los nuevos avances científicos en el tratamiento y prevención de las enfermedades, con las máximas garantías éticas de calidad y de seguridad. Estamos convencidos de que la ley de investigación biomédica, que hoy se somete a su consideración, será uno de los instrumentos adecuados que nos van a permitir abordar este importante y ambicioso objetivo, por ello les pido su apoyo y colaboración para enriquecer este proyecto con sus aportaciones en el trámite parlamentario.


Muchas gracias. (Aplausos.)

La señora VICEPRESIDENTA (Chacón i Piqueras): Muchísimas gracias, señora ministra.


Señorías, como saben, en primer lugar, tenemos una enmienda a la totalidad del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso y será don Mario Mingo quien, en su nombre, la defienda.


El señor MINGO ZAPATERO: Muchas gracias, señora presidenta.


Señora presidenta, quiero que mis primeras palabras sean para mostrar el agradecimiento de mi grupo a las exquisitas y cariñosísimas palabras que ha dirigido al Grupo Parlamentario Popular el presidente de la Cámara

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en relación con el fallecimiento de Loyola de Palacio. Lo hago con todo reconocimiento, porque hemos perdido a una gran política, a una brillante parlamentaria, a una estupenda compañera y a una excepcional mujer.


Me corresponde, en representación de mi grupo, defender la enmienda a la totalidad del proyecto de ley de investigación biomédica, y después de estudiarlo profundamente hemos decidido no quedarnos en una enmienda a la totalidad, sino ir más allá, exponiendo a la Cámara un texto alternativo.
¿Por qué? Porque creo que no es muy difícil llegar a acuerdos en materia de investigación biomédica en esta Cámara. Lo hemos hecho en muchas ocasiones y creo, señora ministra que, respetando los criterios básicos que podemos compartir todos los grupos políticos, podríamos llegar a un acuerdo lógico que beneficie a todos los españoles. Los acuerdos son muy básicos y creo que son compartidos por todos. La investigación biomédica tiene que ser un área estratégica de mejora del Sistema Nacional de Salud; es imprescindible avanzar en los conocimientos actuales que contribuyan a diagnosticar, antes y mejor, a los enfermos; que logremos fármacos más útiles para el tratamiento y que así podamos evitar enfermedades y mejorar la salud de los ciudadanos. Creo que lo compartimos todos. Creo que compartimos que es prioritario regular principios rectores en la investigación biomédica; que tenemos que otorgar y garantizar el respeto a los derechos fundamentales de las personas y a la dignidad del ser humano, y que debemos dotarnos de un texto legal que fomente el papel que tienen las distintas comunidades autónomas y las distintas administraciones públicas en la investigación biomédica. Un papel que tiene que contener, inequívocamente, el apoyo a los diferentes profesionales y a los centros públicos y privados que hacen investigación. Pero, lamentablemente, el Gobierno, cuando pone negro sobre blanco en este proyecto de ley que aprobó el Consejo de Ministros, no lo hace bien. Sinceramente, creo que este es un mal proyecto, porque tiene carencias significativas y porque incluye errores conceptuales graves. ¿Cuáles son las carencias prioritarias? Este proyecto de ley regula, pero no fomenta la investigación. No recoge el decisivo papel -y supongo que otros grupos se lo dirán- que les corresponde a las comunidades autónomas en el campo de la investigación biomédica; no incorpora instrumentos de coordinación en un Sistema Nacional de Salud, tan descentralizado como el nuestro, para sumar esfuerzos y evitar duplicidades e ineficacias, y tampoco potencia, de ninguna de las maneras, el papel de armonización y de impulso que le corresponde por ley -pactada por todos-, al Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud.


El proyecto de ley que estamos discutiendo hoy no aporta incentivo fiscal o financiero alguno para que las empresas inviertan más en investigación biomédica. No instaura políticas que acerquen la relación de las empresas con la universidad en busca de evidentes sinergias que están ya ampliamente contrastadas en el ámbito internacional. El proyecto de ley que presenta el Gobierno tampoco incorpora medidas de financiación específicas para dotar de becas y ayudas a los investigadores que apuesten por esta rama de la especialidad profesional que eviten que nuestros profesionales tengan que ir a formarse y a trabajar en el extranjero. Incomprensiblemente, desde mi punto de vista, este proyecto de ley olvida a la industria que más incide en la práctica diaria, que es el área de medicamentos y productos sanitarios. Es el área que, con una diferencia abismal, dedica más recursos a la investigación biomédica; que incorpora nuevos procedimientos diagnósticos y terapéuticos en el quehacer médico y que es el verdadero campo de actuación que va a mejorar el diagnóstico precoz, la medicina genética y la medicina individualizada. Por último, y no menos importante -la ministra se ha referido a ello de forma incompleta, a mi juicio-, la iniciativa sectorial en salud sigue sin estar priorizada en I+D+i, es decir, vuelve a ser la cenicienta del modelo. Y no solamente nos encontramos ante estas carencias de la ley, sino que sobran dos aspectos muy importantes y de gran calado. La ley pretende regular los análisis, los test genéticos y el consejo genético. Señora ministra, eso está en la asistencia sanitaria de cada día y tiene que estar englobado en la cartera de servicios del Sistema Nacional de Salud; no tiene nada que ver con la investigación. Ha tenido usted oportunidad de hacerlo recientemente. Y me quiero detener brevemente en lo que es más importante y de mayor calado. El proyecto de ley incorpora la supuesta clonación humana con supuestos criterios de investigación y con supuesta capacidad terapéutica para los enfermos. No lo hace explícitamente, sino por la puerta de atrás, de tapadillo, sin nombrarlo. Parece como si hubiera vergüenza para hacerlo. Señora ministra, con todo el respeto, decir a los españoles que el Gobierno de la nación sale en defensa de la salud de todos ellos porque abre la puerta de la clonación terapéutica y que esto va a incorporar nuevas terapéuticas para las enfermedades que hoy son incurables, es un gran engaño, un fraude y una mentira inaceptable.


Señorías, debe quedar clarísimo hoy en esta Cámara que, en la actualidad, la transferencia nuclear sobre una célula femenina, sobre el óvulo, no produce en el hombre y en los primates ninguna posibilidad de embrión ni de célula embrionaria. Las publicaciones en Corea del Sur que a principios de este siglo nos llamaron a todos los médicos extraordinariamente la atención y que lograron asombrar a todos los científicos, resultaron al final un fiasco. Les quiero recordar que de las experiencias en Estados Unidos, tanto en la costa este como en la costa oeste, en el Reino Unido, en Newcastle, en Singapur, en Japón o en Australia no hay ni un solo dato que haya hecho posible la transferencia nuclear en el mundo. Por tanto, se trata de decir la verdad a los ciudadanos; de decirles que la obtención de un blastocisto, es decir, de un cigoto, de un embrión precoz, pero embrión a fin de cuentas, en el hombre no es posible. En los animales, sí. Se están haciendo a lo largo del mundo numerosos proyectos

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de investigación en ratones, que hasta ahora no han dado resultados porque tenemos muchísimos problemas en relación con la producción de células cancerosas en los animales de experimentación.


Señora ministra, en el artículo 33 de este proyecto de ley usted hace una afirmación que compartimos plenamente: se prohíbe la obtención de embriones con fines de investigación. Pero luego va usted, en el artículo 34, y con un lenguaje críptico, con intención de engañar, permite la obtención de supuestos embriones vivos por transferencia nuclear. Y esto, señorías, va en contra de los criterios éticos recogidos en Naciones Unidas, en la Declaración de Helsinki y en el Convenio de Oviedo, que nuestro país ha firmado.


La posibilidad de investigar con células madre embrionarias en España es posible y tenemos líneas celulares en distintas comunidades autónomas. La comunidad valenciana fue pionera, y eso arranca desde el año 2003, cuando esta Cámara, con el Gobierno del Partido Popular, aprobó la modificación de la ley de reproducción humana asistida. Es decir, es posible la investigación con células madre embrionarias en España, se está llevando a cabo, aunque todavía no tengamos resultados terapéuticos. Ahora bien, el camino que están siguiendo las grandes universidades del mundo, en concreto Stanford, es una investigación sin sacrificio del embrión; esto se está implantando en España y la Comunidad Valenciana le ha pedido a usted permiso en relación con este asunto. Esta es la línea que tiene que seguir la investigación por coherencia y por ética, y en este proyecto de ley las células madre adultas han desaparecido. En este momento hay 544 trabajos de investigación -protocolos- en España, se están tratando más de 80 enfermedades de todo tipo con los productos obtenidos de las células madre adultas y no es necesario crear un solo embrión ni matar ningún embrión. ¿Cuáles son las líneas de futuro con las que se está trabajando en este momento? Pues todas aquellas que son reprogramación, que significan impulsar lo que el propio organismo da, que es la autorregeneración de las células, cualidad imprescindible de las células del hombre para que no muera rápidamente.


Todas estas razones de peso hacen que nuestro grupo haya presentado esta enmienda de totalidad. La alternativa que ofrecemos es coherente, razonada, incorpora los criterios científicos más actuales y marca, como es natural, un respeto a los criterios éticos que garantizan la dignidad del embrión y los derechos de los seres humanos, establece líneas prioritarias de la investigación para conseguir que los hallazgos de la investigación salten rápidamente a la clínica y al tratamiento de las enfermedades más prevalentes, las nuevas vacunas, los transplantes; un planteamiento que potencie el papel de las comunidades autónomas, que dé impulso a las estrategias diseñadas por estas en uso de su competencia y que en el Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud haga unos planes plurianuales bien concebidos y suficientemente financiados.


Nosotros entendemos que el nuevo modelo tiene que estar incardinado en el programa marco europeo, porque en los dos últimos años nuestros réditos en investigación en Europa son negativos -antes estaban igualados-.
Presentamos una iniciativa sectorial en salud con más de veinte medidas, algunas de las cuales les explicito: responsabilidad social corporativa en investigación, impulso de las agencias de desarrollo autonómico, creación de estructuras de apoyo a la transferencia de tecnologías, divulgación científica en investigación y en salud, protección del lenguaje científico en la relación con las reales academias y orientación decidida de la universidad con la empresa. Son medidas adecuadas, razonables y lógicas para rentabilizar el conocimiento, y rentabilizar el conocimiento significa que haya un mayor número de patentes y que estas patentes puedan tener más fácilmente las correspondientes licencias para su explotación en nuestro país. Proponemos un modelo integrador en lo ético, en el que el papel que tienen que jugar los distintos comités éticos no tiene que tener criterios de oportunidad dependiendo de la índole o de las distintas circunstancias, sino que tiene que estar basado en los criterios éticos aceptados unánimemente por Naciones Unidas, por la Declaración de Helsinki y por el Convenio de Oviedo.


Quiero insistir en dos últimos puntos. Presentamos un texto alternativo donde modificamos la ley de garantías y uso racional del medicamento porque creemos que es imprescindible incorporar incentivos fiscales para la investigación, medidas para evitar las deslocalizaciones, para evitar que las empresas se vayan del país y para eliminar trabas desincentivadoras innecesarias. El marco que ofrecemos fomenta la inversión en investigación biomédica, porque incorporamos la constitución de sociedades capital-riesgo orientadas a la inversión en el campo de la investigación, porque adoptamos medidas que regulan los adecuados retornos en atención a las inversiones realizadas por las empresas y proponemos la creación del estatuto de las empresas de biotecnología.
Queremos que se priorice esta iniciativa sectorial en el programa de I+D+i, que no ocurra como hasta ahora, que somos la cenicienta.


Finalizo, señora presidente, pidiéndole disculpas por haber sobrepasado el tiempo. Les pido que den el voto favorable a esta iniciativa de consenso, que respeta el embrión, que está en la actualidad del conocimiento científico y que respeta y comparte con las comunidades autónomas la lógica obligación de luchar para que nuestros investigadores en España tengan más posibilidades para que en un próximo futuro puedan encontrar nuevos procedimientos terapéuticos que podamos utilizar en defensa de los ciudadanos españoles.


Muchas gracias. (Aplausos.)

La señora PRESIDENTA: Gracias, señor Mingo. ¿Algún grupo parlamentario desea ejercer turno en contra? (Pausa.) Abrimos el turno de fijación de posición. El señor Llamazares, en nombre del Grupo Parlamentario

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de Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya Verds, será el primer interviniente en este turno de fijación de posición.


El señor LLAMAZARES TRIGO: Gracias, señora presidenta.


Nuestra posición es favorable a este proyecto de ley de investigación biomédica, con algunos reparos y algunas enmiendas que presentaremos para que el contenido del proyecto se corresponda con su título, porque, en nuestra opinión, una ley de investigación biomédica debe incluir algunos aspectos importantes de investigación biomédica, pero no debe ser una ley que articule el conjunto de la investigación biomédica. Nosotros estamos de acuerdo con algunos aspectos fundamentales de la investigación biomédica que tienen que ver con la investigación celular. No tenemos diferencias con respecto a este proyecto del Gobierno, porque articula adecuadamente la libertad de investigación, la protección de los derechos fundamentales y además los criterios éticos. Por tanto, no tenemos dificultades, porque tampoco pretendemos que nuestros particulares criterios morales se apliquen a la investigación, sino que creemos que deben aplicarse los criterios consagrados en los derechos humanos y también desde el punto de vista de los principios éticos. (El señor vicepresidente, Gil Lázaro, ocupa la Presidencia.) Por eso nosotros no tenemos reparos al núcleo fundamental -valga la redundancia- de este proyecto de ley, y por tanto mantenemos nuestra posición favorable, aunque ya he dicho que tiene importantes insuficiencias.


En relación con el contenido del proyecto, creemos que éste ha mejorado; ha mejorado en relación con redacciones iniciales que, en nuestra opinión, no aclaraban, por ejemplo, la situación de los ensayos clínicos.
Ahora queda aclarado, ya que el artículo 1.3 exceptúa los mismos del ámbito de aplicación de la ley. También se aclara, en nuestra opinión, el papel del comité ético de investigación clínica en relación con los comités de investigación, asumiendo aquellos además de las funciones que les son propias las relativas a los comités de investigación, en tanto se constituyan los mismos, contemplado en el artículo 12 del proyecto.


Por otra parte, se incorpora a los centros de atención primaria al ámbito de la investigación, aunque de manera un tanto vaga e insuficiente, al establecer que en las redes de investigación podrán participar los centros de atención primaria. Por último, se contemplan en este proyecto nuevas situaciones de intercambio o de incorporación de investigadores, tanto en el sector público como en el ámbito privado, que nos parecía importante que apareciesen en dicho texto legal.


Como he dicho antes, nosotros estamos insatisfechos bien con el título o bien con el contenido de la ley. Si el título es algunos aspectos en materia de investigación biomédica, no tenemos ningún reparo que hacer.
Si el título sigue siendo Ley de Investigación Biomédica, parece necesario incluir otros aspectos adicionales a dicho documento legal. Por ejemplo, para que sea una ley de investigación biomédica el proyecto debería incluir declaraciones programáticas en relación con la investigación biomédica, debería incluir también el papel del sector público y de los poderes públicos en la organización y promoción de la investigación, debería incluir, asimismo, criterios doctrinales en materia de investigación biomédica y, en nuestra opinión, debería situarse bastante mejor el papel del Instituto de Salud Carlos III, que aparece al final del texto en una posición muy secundaria. Esa es nuestra posición general con respecto a las insuficiencias del texto.


Hablaba de declaraciones programáticas. En el articulado del texto legal -y hemos presentado una enmienda en ese sentido- no existe una declaración programática relativa a la importante influencia que, sobre el bienestar de la sociedad en su conjunto y en cada uno de los ciudadanos, ejerce el desarrollo de la ciencia, la tecnología en el ámbito biosanitario, lo que debería obligar a las políticas públicas a prestar una atención creciente a los instrumentos de fomento, coordinación de la investigación científica, desarrollo e innovación tecnológica. Creemos que es un aspecto que debería incluirse y hemos presentado una enmienda completa en relación con esa materia, que se sitúa, dentro del articulado, en un título preferente, y no de manera parcial entre los títulos del articulado.


Por otra parte, nosotros creemos que no se incorporan postulados doctrinales o teóricos sobre la investigación biomédica en general -aunque estos sean mínimos- que permitan sentar los criterios que posteriormente se deberían contemplar en los apartados más concretos del articulado. Así, por ejemplo, la investigación epidemiológica o la investigación en salud pública ni siquiera son mencionadas en el artículo 1.3 del proyecto legal, al establecerse que la investigación biomédica a la que se refiere esta ley incluye la investigación de carácter básico y la clínica. Apenas existen ocho artículos recogidos en el título VIII, denominados promoción y coordinación de la investigación biomédica en el Sistema Nacional de Salud, destinados a regular otro importante papel: el de los poderes públicos en la investigación biomédica, por sí solos o en coordinación con otros agentes sociales, en función de la promoción y del fomento de la investigación biosanitaria. Se han llegado a suprimir, incluso, cuatro títulos con los que estábamos de acuerdo en el anteproyecto, y no entendemos su ausencia en el proyecto definitivo.
Títulos tales como los principios rectores, que definían la responsabilidad del Estado en esta materia, o la iniciativa sectorial del Ministerio de Sanidad y Consumo, la evaluación científica y la adscripción temporal de especialistas, llegándose incluso a trasladar la regulación del Instituto de Salud Carlos III a la disposición adicional segunda del proyecto legal. Y no se diga aquí que estamos ante cuestiones con conflicto de competencia. Nosotros consideramos que el Estado tiene una competencia inexcusable en estas materias,

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aunque en otras tiene la necesidad de compartir dicha competencia con las comunidades autónomas.


Señorías, esas son nuestras principales salvedades al texto, que explican nuestras enmiendas; pero una de las que más nos preocupa y nos ocupa es el papel secundario que se le da al Instituto de Salud Carlos III, cuya importancia en el ámbito de la investigación biosanitaria nadie debería poner en duda. El proyecto de ley relega su regulación a una disposición adicional segunda y le dedica únicamente dos apartados. Sin perjuicio de la regulación del citado organismo, que le corresponde efectuar al Gobierno, al amparo de lo dispuesto en la disposición adicional tercera de la Ley 28/2006, de 18 de julio, de agencias estatales para la mejora de los servicios públicos, no es menos cierto que se pierde una ocasión importante para delimitar por esta ley el mínimo de las funciones específicas como una de las garantías de cohesión del Sistema Nacional de Salud, al menos en su vertiente investigadora. Y en todo caso, invocando nuevamente la resolución de 28 de julio de 2005 de la Subsecretaría del Ministerio de la Presidencia sobre directrices de técnica normativa, no parece adecuada su ubicación o regulación por el mecanismo de la disposición adicional por cuanto que, tal y como establece la citada resolución en su apartado número 39, disposiciones adicionales, estas disposiciones deberán regular regímenes jurídicos especiales, excepciones, dispensas y reservas a la aplicación de la norma, mandatos y autorizaciones no dirigidos a la producción de normas jurídicas, preceptos residuales en definitiva. No tiene sentido el papel que aquí se le da a tan importante instituto y a su colaboración con los institutos de investigación de las comunidades autónomas.


En conclusión, vemos favorablemente la iniciativa. Consideraríamos importante que se aquilatase ante qué nos encontramos en realidad, si ante algunos aspectos de la investigación biomédica como la clonación terapéutica, con los cuales estamos de acuerdo, o ante el conjunto de la investigación biomédica, con lo cual deberíamos ser mucho más ambiciosos, tanto en materia programática como en la organización de la investigación, y en particular en un instrumento esencial que es el Instituto de Salud Carlos III. Esas son las razones de mi grupo parlamentario, que contribuirá mediante el trámite de enmiendas a la mejora de dicho texto.


Muchas gracias.


El señor VICEPRESIDENTE (Gil Lázaro): Muchas gracias, señor Llamazares.


En nombre del Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV) tiene la palabra la señora Uría.


La señora URÍA ETXEBARRÍA: Muchas gracias, señor presidente, señora ministra.


Señorías, también yo quiero dejar testimonio de mi cariñoso recuerdo a Loyola de Palacio, antes de comenzar mi intervención.


La investigación biomédica y las ciencias de la salud están adquiriendo una importancia relevante en la sociedad, por la trascendencia que pueden tener sus investigaciones en el tratamiento y prevención de las enfermedades. Sin embargo, plantean a su vez dilemas éticos, entre ellos la creación de embriones destinados a la investigación que posteriormente son destruidos. Normativamente es conocido que hay dos grandes tendencias a la hora de abordar la cuestión: la línea centroeuropea, a la que hace referencia el texto alternativo que propone el Grupo Parlamentario Popular, y que parte de una visión proteccionista del embrión desde su origen; y la llamada línea anglosajona, que se caracteriza por defender una visión utilitaria. Se introduce por primera vez en este ámbito de legislación el término de preembrión para referirse al embrión de menos de catorce días como una realidad biológica que no se conceptúa todavía como vida humana. Esta línea fue seguida en España ya en la Ley 35/1988 -o al menos así lo interpretamos nosotros- y sobre todo en la Ley 14/2006, de 26 de mayo, de Reproducción Humana Asistida, que obtuvo la votación favorable del grupo parlamentario al que represento. Eso sí, a nivel internacional se puede decir que existe unanimidad respecto a la prohibición absoluta de la clonación con fines reproductivos.


Detrás de toda esta discusión se encuentran los grandes beneficios terapéuticos que se intuye que pueden derivarse de estas técnicas, unido además a los grandes intereses económicos -no lo olvidemos- de las empresas farmacéuticas y de biotecnología.


Unidas a la investigación con embriones clonados se hallan otras técnicas de la biomedicina que también pueden presentar sus problemas. De ello se deduce la necesidad de una labor científica en el área de la biomedicina, que deba ser sustentada en la confianza de la sociedad en el buen hacer y en la legitimidad de sus fines. Por ello nos parece que el proyecto de ley establece los principios que deben guiar la labor científica en esta área. Asimismo marca los límites a la misma, a través del establecimiento de una serie de garantías y mecanismos para lograr la legitimidad de fines. El proyecto persigue fijar el marco normativo de la acción investigadora en este ámbito, con el objeto de lograr un adecuado equilibrio entre la libertad de investigación -que garantiza la Constitución en el artículo 20- y la protección de las personas que se puedan ver afectadas por dicha acción investigadora. Así, el proyecto regula los supuestos en que resulta lícita la obtención de células troncales humanas con fines de investigación y los supuestos en los que se halla prohibida. En particular, prohíbe expresamente la creación de embriones destinados a la investigación, regula los principios y garantías de la investigación biomédica, regula las condiciones en que se pueden realizar los análisis y los cribados genéticos, y establece las condiciones que deben cumplir las investigaciones que impliquen algún procedimiento invasivo en el paciente y regula en funcionamiento de los biobancos.


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El proyecto crea diversos órganos colegiados: los comités éticos de investigación; la Comisión de garantías para la donación y utilización de células y tejidos humanos, en las que se da alguna participación a las comunidades autónomas diciendo que participarán en ella a través del Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud; el Comité de bioética de España en cuya composición se prevé -no se sabe cómo se hará- la participación de las comunidades autónomas, según lo acordado a tal efecto -se dice- en el seno del Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud; también se regula el Banco nacional de líneas celulares adscrito al Instituto de Salud Carlos III.


Como valoración general, desde la óptica del Grupo Vasco, se puede decir que si bien en la línea de los principios éticos nos parece una norma equilibrada, no puede llegarse a la misma conclusión en lo que respecta al reparto institucional de las funciones, donde se observa una importante centralización. Creemos que el proyecto parte de la configuración de la competencia en materia de investigación científica -la del artículo 149.1. 15- como una competencia concurrente, en consonancia con la doctrina del Tribunal Constitucional en esta materia, en la que pueden actuar tanto el Estado, mediante su estructura organizativa, como las propias comunidades autónomas mediante las suyas.
Se olvida que esta técnica de distribución competencial, avalada por esta sentencia, no es la que ya se ha utilizado en los nuevos Estatutos de Autonomía, por ejemplo, el Estatuto catalán habla de competencias exclusivas y compartidas por niveles competenciales, no de competencias concurrentes, que es el modelo que configura el proyecto. Esta opción legislativa lleva a duplicar las estructuras investigadoras y los esfuerzos tanto financieros como humanos en este campo, en lugar de cohesionarlos en aras de un mismo fin común, como es el desarrollo científico en beneficio de la humanidad, y conlleva una reducción sustancial de las competencias autonómicas en materia investigadora, desde la perspectiva del Grupo Vasco. En este sentido creemos que se ha perdido una buena oportunidad para lograr un planteamiento de reparto competencial más acorde con la naturaleza de un Estado de organización territorial compleja. A mi grupo le resultan a veces hasta divertidas las acusaciones que el Grupo Popular le hace al Gobierno en este momento sobre vaciamiento competencial. Norma tras norma mi grupo observa lo contrario. En cada proyecto normativo se refuerzan los mecanismos y los niveles de actuación del Gobierno en determinadas materias. La experiencia nos demuestra que el trámite de enmiendas parlamentarias no suele ser un lugar adecuado para plantear un cambio del modelo normativo, no obstante no renunciamos a ello. Por lo tanto, me permito recomendar la lectura de un interesantísimo trabajo publicado en una revista que goza de tanto prestigio como es Derecho y genoma humano, del profesor Fonseca Ferrandis, que habla de reflexiones sobre un modelo de articulación constitucional del poder público en el ámbito de las ciencias biomédicas.
Es de reciente aparición y creo que aporta datos muy interesantes.


La biomedicina es una ciencia muy reciente y con múltiples implicaciones.
Ello conlleva, por un lado, que no esté citada expresamente en los listados que componen el bloque de competencias atribuidas al Estado en la Constitución y, por otro, afecta a distintos ámbitos de la realidad que han sido atribuidos en diverso grado de responsabilidad a distintas instancias territoriales.


Nos parece importante partir de la diferenciación de los títulos competenciales que se ven afectados y elegir, por específicos, los que debieran primar en cada uno de los ámbitos de conocimiento que se abordan en las ciencias biomédicas. En este sentido debería primar para nosotros el título competencial de sanidad 149.1.16 a la hora de definir el marco legislativo de la aplicación médica o clínica de las técnicas biomédicas, y el de investigación -el 149.1.15- a la hora de definir la política investigadora. Esta diferenciación daría lugar a dos marcos legislativos también diferenciados: el propio de la política sanitaria y el propio de la política investigadora y, a su vez, podría ser también diferente el alcance de las intervenciones de las distintas instancias territoriales en cada uno de los campos diferenciados. Pese a que ambas políticas, la sanitaria y la investigadora, tendrían el mismo objeto y actuarían sobre el mismo nivel del material biológico humano, el alcance y la finalidad de cada una de aquellas políticas son distintos, por lo que también debería serlo su regulación y la distribución territorial de las funciones.


El proyecto de ley versa sobre la actividad investigadora en materia de biomedicina -sobre todo desde nuestra perspectiva- toda vez que excluye de su ámbito de aplicación los ensayos clínicos con medicamentos y el implante de órganos, tejidos y células, que se regirán -se dice- por su normativa específica; es decir, excluye de su ámbito los aspectos más propios de la competencia de sanidad, lo que sin embargo no hace la norma que presenta como texto alternativo el Partido Popular. A nosotros nos gusta más, nos parece más lógica la delimitación de las materias que se hace en el texto que presenta el Gobierno y ello, unido a la tendencia normativa que utiliza el Grupo Parlamentario Popular y a la que me he referido al comienzo de mi intervención, hace que prefiramos apoyar la tramitación de esta iniciativa aun no gustándonos del todo.


Analizaremos por tanto el proyecto desde la perspectiva de la competencia sobre investigación científica en la que el Estado ostenta el fomento y la coordinación conforme al artículo que ya he citado 149.1.15 de la Constitución. Por eso propondremos distintas enmiendas parciales sobre cuestiones que hacen referencia a aspectos competenciales y a algunos también sustantivos. En los comités éticos de investigación intentaremos preservar que exista un marco normativo de desarrollo reservado a las comunidades autónomas. Las autorizaciones las entendemos como claramente ejecutivas y, por tanto, defenderemos que les corresponden

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como materia propia a las comunidades autónomas. La gestión de los registros es desde luego competencia ejecutiva, igual que la acreditación de la capacidad investigadora de los institutos de investigación. La competencia sancionadora, de acuerdo con los aspectos que consideramos propios de las comunidades autónomas, también intentaremos que les sea atribuida en la medida en que sea coherente con nuestro planteamiento; y ya en el plano más sustantivo que he anunciado, se propone la regulación de los supuestos de proyectos realizados simultáneamente en varios centros de investigación, así como que se abra la posibilidad de que el sistema de salud se pueda beneficiar de las patentes resultantes de investigaciones efectuadas con muestras suministradas por los biobancos.
Pretendemos también que haya una habilitación para el desarrollo reglamentario a las comunidades autónomas, y hacemos una última observación en este momento -y también lo articularemos mediante enmienda- referida a la financiación.


El proyecto de ley, fiel a su planteamiento competencial, encauza la financiación de la red investigadora estatal a través de un plan nacional y deja abierta la vía de los convenios con instituciones públicas y privadas. A nuestro juicio este planteamiento no resulta satisfactorio porque no instaura ningún mecanismo que permita participar a los centros investigadores creados por las comunidades autónomas de una parte de la financiación estatal. De esta manera, por ejemplo, en el caso vasco, puesto que nos financiamos por el sistema de concierto, se estaría financiando dos veces la misma competencia de investigación, de un lado a través de la aportación al Estado por el cupo a una competencia no transferida y, por otro lado, a través de los propios presupuestos autonómicos. En fin, es esta una materia que se ha suscitado en esta legislatura en numerosos proyectos de ley y que también aquí será nuevamente suscitada.


Como ya he indicado, y se deduce del tenor de mi intervención, apostamos por la tramitación del proyecto que presenta el Gobierno, eso sí, intentaremos reconducir el modelo que articula el proyecto hacia un modelo descentralizado o un poco menos centralizado a través de nuestras enmiendas.


Muchas gracias.


El señor VICEPRESIDENTE (Gil Lázaro): Muchas gracias, señora Uría.


En nombre del Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana de Catalunya tiene la palabra la señora Bonàs.


La señora BONÀS PAHISA: Gracias, señor presidente.


Antes de empezar mi intervención, también quiero expresar mis condolencias al Grupo Popular por el fallecimiento de doña Loyola de Palacio.


Señorías, la investigación biomédica es un instrumento fundamental para mejorar nuestra calidad y expectativa de vida. Es en sus muy diversas facetas y niveles donde la investigación biomédica persigue un mejor conocimiento de los mecanismos moleculares y celulares, de sus alteraciones en circunstancias patológicas, de diagnóstico y tratamiento de las enfermedades, de sus factores de riesgo e impacto en la salud pública así como del desarrollo de tecnologías orientadas al mejor diagnóstico y tratamiento de los pacientes. Tanto por su papel esencial para mejorar la atención sanitaria, que constituye una demanda social prioritaria, como por su impacto en la denominada economía basada en el conocimiento, la investigación biomédica se perfila como una de las actividades más decisivas en el siglo XXI. Esquerra Republicana está a favor de un proyecto de ley que impulse la investigación biomédica porque es un compromiso adquirido en su programa, colaborar para hacer posible la promoción de la investigación biomédica para avanzar en la lucha contra enfermedades. Para las patologías que hoy la farmacología no ha ofrecido ninguna esperanza de curación, gracias a la biomedicina se vislumbran posibilidades que hasta ahora estaban casi en el terreno de la ciencia ficción, como regeneración de tejido nervioso, curación de diabetes, etcétera. Nuestro objetivo, pues, es que la ciudadanía pueda beneficiarse de los nuevos logros científicos en este ámbito, prevenir y curar enfermedades hasta ahora incurables.


Debido a la sensibilidad del material utilizado en la investigación, en determinados casos puede generar interrogantes acerca de dónde están los límites en los métodos utilizados, por tanto creemos necesario establecer un marco legal para fomentar la investigación biomédica con las máximas garantías éticas, de calidad y seguridad al mismo tiempo, y por ello es necesario modificar la normativa actual.


Creemos positivo que en este proyecto de ley se mantenga como principio la protección de la salud, la dignidad y la identidad del ser humano. Es positivo que se regule el consentimiento informado, el derecho a la información, la protección de datos personales y el deber a la confidencialidad y a la gratuidad en la donación de muestras biológicas.
Creemos positivo que en el proyecto se permita la utilización de cualquier técnica de obtención de células troncales humanas, siempre y cuando no suponga la creación de un embrión para tal fin, y que por primera vez se permita la activación de ovocitos mediante transferencia nuclear con fines terapéuticos y de investigación. Coincidimos con los principios rectores de impulso a la investigación que figuran en el texto alternativo presentado por el Grupo Parlamentario Popular. Estamos de acuerdo en un aspecto, contenido en la exposición de motivos, sobre la necesidad de mejorar la colaboración entre el sector público y el privado, entre la universidad y las distintas administraciones competentes, y nosotros añadiríamos: entre la universidad y el sector privado. España, a pesar del importante esfuerzo realizado por el actual Gobierno, está a la cola de las inversiones en investigación. En el porcentaje de PIB España estaba en el año 2005 en

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el 1,135 frente al 1,81 de la Unión Europea y el 3,15 de Japón, siendo la contribución empresarial en I+D el problema más grave en la realidad española, tal como afirman los expertos. Estaríamos, pues, de acuerdo en los puntos en los que se señala que se hace necesario suprimir medidas desincentivadoras de las inversiones en I+D+i en el sector sanitario, como podrían ser las aportaciones obligatorias de la Ley de garantías y uso racional de los medicamentos y productos sanitarios. Creemos que ahora es el momento de evaluar hasta qué punto estas medidas pueden ser desincentivadoras.


Pero en otros puntos estamos profundamente en desacuerdo, como las sustituciones propuestas a los artículos 1.3, 2.3 y 11 de la Ley 14/2006, sobre técnicas de reproducción humana asistida. No vamos a reproducir el debate, los argumentos fueron expresados en aquel momento, hubo una votación, la ley fue aprobada por la mayoría de la Cámara, y nuestro punto de vista no ha variado desde entonces. Por tanto no vamos a apoyar el texto alternativo del Grupo Parlamentario Popular, sin que ello signifique que no tengamos objeciones al proyecto del Gobierno. Para empezar, no creemos que el título sea correcto, sería más apropiado ley de investigación de tejidos y células germinales humanas, ya que la investigación biomédica abarca muchos más campos de los que son objeto de la ley. Hay una serie de puntos, que creemos mejorables, a los que presentaremos enmiendas parciales. Por ejemplo, el proyecto, en su afán regulador, comprensible por la naturaleza sensible de las investigaciones, puede entorpecer la investigación clínica. No parece razonable que todas las investigaciones biomédicas que comporten intervenciones exijan autorización administrativa previa. Teniendo en cuenta que la corrección metodológica, ética y legal del proyecto se garantiza con la sujeción de todo proyecto al informe previo, preceptivo y favorable de un comité ético de investigación acreditado por la autoridad administrativa, al que se le encarga también la actividad de seguimiento de la investigación y algunos otros aspectos que ya debatiremos durante el proceso de enmiendas, sí queremos dar un toque de atención al Gobierno, una vez más, acerca de la invasión competencial del proyecto de ley.


Como ustedes recordarán, hace pocos meses Esquerra Republicana fue expulsada del Gobierno de Cataluña por no apoyar un estatuto autonómico para Cataluña aprobado por esta Cámara con el grupo que da soporte al Gobierno. Por tanto, suponemos que este nuevo Estatuto de Cataluña está apoyado y debe ser respetado por el Gobierno del Estado.


En Esquerra Republicana, a pesar de que nos pronunciamos en contra del estatuto, en el momento en que fue refrendado por la ciudadanía, decidimos acatarlo, apoyarlo en su aplicación, y por eso nos sorprende que cada vez que sale un nuevo proyecto de ley no se tiene en cuenta el nuevo estatuto. Por ejemplo, uno, la atribución de la función de informe preceptivo previo y favorable de los proyectos de investigación, así como su seguimiento y evaluación a la Comisión de garantías para la donación y utilización de células y tejidos humanos, en tanto que órgano de adscripción estatal, vulnera la competencia exclusiva de la Generalitat de Catalunya en relación con sus centros y estructuras de investigación y los proyectos que esta financia y, en todo caso, el establecimiento de líneas propias de investigación, el seguimiento, el control y la valoración de los proyectos -artículo 158.1 del Estatuto de Autonomía de Cataluña-. En este sentido corresponde a la comunidad autónoma que autoriza el proyecto de investigación establecer, en el marco del procedimiento de autorización, entre otros aspectos, los informes requeridos y a quién corresponde adoptarlos.


Dos, la función de garantía atribuida en el proyecto en exclusiva al Instituto de Salud Carlos III no es respetuosa con las competencias asumidas por parte de la Generalitat de Catalunya, de acuerdo con el artículo 158 del Estatut de Autonomía de Catalunya en materia de fomento de la investigación.


Tres, competencias relativas a la promoción y coordinación de la investigación. El artículo 158.2 del Estatuto reconoce a la Generalitat de Catalunya la competencia compartida sobre la coordinación de los centros y las estructuras de investigación de Cataluña que implican la distribución de responsabilidades con el Estado en relación con los centros ubicados en Cataluña en función de su titularidad. En cuanto a la promoción, el artículo 158.1 contempla la competencia exclusiva de la Generalitat en relación con la regulación, la gestión de las becas y las ayudas financiadas por la Generalitat de Catalunya.


El Tribunal Constitucional en la sentencia 90/1992 tuvo ocasión de realizar un examen de reparto competencial en relación con esta materia, y concluyó que la competencia de la Generalitat de Catalunya en materia de investigación queda situada en pleno paralelismo sustancial con la atribuida al Estado, de manera que la actividad que este desarrolle no puede impedir ni interferir, dejando aparte efectos asociados a la competencia estatal de coordinación en la materia, en la que decida desarrollar la comunidad autónoma.


Cuatro, materia de registros. De acuerdo con la doctrina constitucional, es una competencia exclusiva vinculada al titular de la competencia la autorización. En consecuencia, corresponde a la comunidad autónoma que autoriza el proyecto, en el supuesto de que considere oportuna la previsión de un registro, proceder a su reconstitución y regulación, todo sin perjuicio de que el Estado pueda contemplar la constitución de un registro con carácter meramente informativo que incorpore la información que le suministre directamente y con carácter vinculante la comunidad autónoma competente.


Cinco, relativo a los biobancos. Por la misma razón, siendo la competencia en materia de registro una competencia exclusiva, corresponde a la comunidad autónoma que autorice el biobanco, en el supuesto que considere oportuna la previsión de un registro, proceder

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a su constitución y regulación. En relación con la previsión de desarrollo reglamentario de los requisitos técnicos y profesionales que debe reunir un biobanco, se ignora también el artículo 111 del Estatuto de Autonomía de Cataluña, que establece que las bases del Estado se han de determinar en normas con rango de ley, excepto en los supuestos que se determinen de acuerdo con la Constitución y el Estatuto. Y podríamos seguir.


Estoy de acuerdo con la diputada Margarita Uría en que la competencia estatal para promulgar normas básicas solo es predicable de acuerdo con el artículo 149.1.16 de la Constitución en materia de sanidad.


Señorías, es frustrante volver, después de cada proyecto de ley, a discusiones sobre las competencias. Este fue el motivo por el que Esquerra Republicana en su momento impulsó un nuevo estatuto, para delimitar de una vez cuáles son las competencias autonómicas y cuáles son las competencias del Estado. Si no nos encontráramos en cada debate en un profundo dilema, porque estamos de acuerdo en el proyecto de ley y porque es un proyecto importante que debe apoyarse, deberíamos ser coherentes con lo que votó nuestra ciudadanía en referendo, y si este proyecto de ley interfiere en el Estatuto de Cataluña, los diputados catalanes que apoyaron el Estatuto, Convergència i Unió y el PSC, deben tener un profundo dilema. Esquerra Republicana que lo acata por respeto a la ciudadanía también tiene un dilema. Aunque coincido con Margarita Uría en que generalmente en el proceso de enmiendas no se solucionan estos problemas, espero que a partir de ahora el Gobierno recapacite -posiblemente este proyecto se redactó cuando aún no estaba redactado el Estatuto de Autonomía de Cataluña-, lo revise, se pongan de acuerdo y que, por una vez, este debate no vuelva a surgir en esta Cámara.


Gracias.


El señor VICEPRESIDENTE (Gil Lázaro): Gracias, señora Bonàs.


En nombre del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió) tiene la palabra el señor Xuclá.


El señor XUCLÀ I COSTA: Muchas gracias, señor presidente.


Intervengo en nombre del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió) para fijar la posición ante esta enmienda a la totalidad presentada por el Grupo Parlamentario Popular y para anunciar desde el principio que somos partidarios de que se tramite en esta Cámara el proyecto de ley presentado por el Gobierno. Votaremos en contra de la enmienda a la totalidad presentada por el Grupo Parlamentario Popular, sobre la que después haré algunas referencias y consideraciones en tono positivo. Por otra parte, no siendo objeto exactamente idéntico de la misma materia, con un coraje importante en la anterior legislatura, en el año 2003 y durante el ministerio de Ana Pastor, el Partido Popular propuso la investigación con células madre embrionarias y el objeto de ese proyecto de ley iba más allá que el de este. También quiero valorar el gesto que en aquel momento supuso el primer paso del anterior Gobierno, sustentado por la formación política que presenta hoy esta enmienda y que ahora está en la oposición. Tengo que decirles que en buena parte de la intervención del diputado don Mario Mingo he apreciado, especialmente en la primera mitad, algunas aportaciones que pueden ser más constructivas al debate del proyecto de ley del Gobierno y no tanto propias de una enmienda a la totalidad. Podemos coincidir -después haré referencia a este punto- en algunos de estos aspectos. En la intervención del Grupo Parlamentario Popular ha habido más aportaciones constructivas para llegar a un consenso en este proyecto de ley que una profunda enmienda a la totalidad. Insisto en que hay algunas partes de su intervención que pueden ser incorporadas en forma de enmiendas parciales y votadas favorablemente por el Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió).
Quiero añadir que, en su propia naturaleza, este proyecto de ley encarna un componente de debate ético muy importante en algunos principios nucleares enunciados en sus primeros artículos. Como bien saben SS.SS., el Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió) desde el inicio de la recuperación de la democracia en este Parlamento tiene libertad de voto en estas pocas materias de conciencia y seguramente en algunos aspectos muy concretos de la tramitación parlamentaria -de hecho, esta ley puede tener un reflejo en la anterior, con la cual tenían puntos de contacto evidentes- se desarrollará con esta libertad de voto en aspectos éticos.


Quiero entrar ahora en un aspecto al que se ha hecho referencia y sobre el que la ministra en su intervención inicial ya ha apuntado que seguramente algún grupo se referiría al mismo, por lo que supongo que la ministra ya está sensibilizada sobre la necesidad de modificar este proyecto de ley.
Hago referencia con toda la solemnidad e intensidad de la que soy capaz a que en materia competencial este proyecto de ley es muy mejorable y que estrictamente, si ustedes hacen números respecto a los grupos parlamentarios, empezando por el grupo que presenta la enmienda a la totalidad y por otros grupos que han intervenido y que planteamos objeciones en materia competencial y de respeto a las comunidades autónomas, lo mejor será construir un consenso -como decía la diputada Bonàs- con esta nueva mentalidad que tenemos que empezar a introducir en la legislación de las Cortes Generales a partir de la aprobación no solo del Estatuto de Autonomía de Cataluña, sino de esta segunda generación, de esta segunda ola de estatutos de autonomía que están aprobándose en esta legislatura. Algunos aspecto competenciales de este proyecto de ley suponen una clara regresión a ámbitos de regulación perfectamente transparentes y bien desarrollados, que ya se han puesto en funcionamiento en algunas comunidades. Tenemos que hablar de coordinación, de transferencia de datos necesarios para una buena coordinación a nivel estatal, pero en ningún caso tenemos que ahogar

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aquellos instrumentos que en este momento están funcionando muy bien en algunas comunidades autónomas. Les puedo hablar de Cataluña, pero también de la experiencia en la Comunidad Valenciana. Para no alargarme más en materia competencial, si me permiten como jurista recurrir a una figura de derecho civil, quiero formular un contrato de adhesión total al excelente alegato jurídico que ha hecho la diputada Margarita Uría. A este respecto, hago este contrato de adhesión.


Vayamos a otro ámbito planteado por distintos grupos parlamentarios, la relación entre la investigación y los campos que abre esta ley de investigación entre lo público y lo privado. Mi grupo parlamentario cree que hay un cierto prejuicio hacia las capacidades del sector privado para desarrollar una investigación potente y de calidad. En estos momentos en España hay experiencias extraordinarias que todos ustedes conocen, la ministra la primera, de investigación en el campo privado. El legislador y el Gobierno no tienen que tener recelo alguno hacia esta investigación que se produce en el ámbito privado, tiene que haber una buena coordinación público-privado, de lo privado con la universidad y de transferencia de conocimientos. En este tema, como en tantos otros, lo importante es el estricto control público, la regulación pública y el seguimiento público. En el sentido del control público, hay aspectos mejorables. Convergència i Unió está muy satisfecha de haber introducido en la anterior ley mecanismos de control público en la línea del modelo británico, esto es, de transparencia, de conocimiento, de declaración de bienes y de actividades profesionales de las personas que integran los comités éticos. Intentaremos desarrollar esta medida también en este nuevo proyecto de ley, un proyecto de ley en relación con el cual cuando uno hace una lectura de conjunto ve que en el fondo es la yuxtaposición de tres proyectos -hecho que se deja traslucir- que requerirán la armonización de algunos extremos que, tal como han apuntado determinados grupos parlamentarios, tienen una cierta incoherencia.


Finalmente, un mensaje sobre la prudencia con la cual debemos enviar mensajes a la sociedad sobre las potencialidades y las posibilidades de la investigación en este campo. Esta prudencia, que la dicta la realidad y el desarrollo de la investigación de estos últimos años, ha de ir acompañada, en opinión de este grupo parlamentario, de una apuesta clara por las posibilidades de futuro que puedan tener estas investigaciones.
El señor Mingo nos ha ilustrado con gran precisión científica sobre que en este momento la transferencia nuclear no es posible en los seres humanos. No es posible en este momento, pero ¿quién nos dice que no lo será en el futuro? Algún día lo puede ser. Y con la misma prudencia con la que en su momento, cuando se celebró el otro debate de totalidad, hablamos de Corea del Sur y del fracaso de la experiencia y de la verdad en este mundo globalizado, hemos de hacer una apuesta desde España a favor de la investigación, entre otras cosas porque en este mundo absolutamente abierto aquello que se investiga en España -algunas opciones quizá dirían que no se debe investigar en España- se está investigando en otra parte del mundo. Lo que nos interesa es que en otra parte del mundo, pero especialmente en este Estado democrático y de derecho, haya muchos mecanismos de control también de carácter ético en esta materia sensible, que al final puede hacer mejorar las condiciones de vida de los seres humanos con equilibrio y respeto al Convenio de Oviedo que ha suscrito España y con este mensaje de esperanza al conjunto de la población.


Muchas gracias, señor presidente.


El señor VICEPRESIDENTE (Gil Lázaro): Muchas gracias, señor Xuclà.


Finalmente, en nombre del Grupo Parlamentario Socialista tiene la palabra el señor Fidalgo.


El señor FIDALGO FRANCISCO: Muchas gracias, señor presidente.


Para empezar, quiero reiterar mis condolencias al Grupo Parlamentario Popular. Doy las gracias a la señora ministra por su clara y rigurosa presentación de una ley que va a impulsar la investigación en un sector que supone más de la mitad de la producción científica en nuestro país y abre nuevas posibilidades investigadoras y terapéuticas. Hace dos semanas se publicaba -lo ha recordado la propia ministra- que se autorizaba a tres familias a tener un hijo para salvar a su hermano enfermo. Esto era posible gracias a la nueva Ley de Reproducción Asistida y los tres casos habían sido tramitados por la Generalitat Valenciana que gobierna el Partido Popular, el mismo partido que se opone ahora a esta nueva ley, eso sí, presentando un texto alternativo de revisión y despiste. La paradoja nos asegura el éxito y que dentro de pocos meses veremos al Partido Popular acogerse al paraguas legal que ahora rechaza.


Señorías, es cierto que tratamos de materias sujetas a opinión y debate y que debe hacerse en todo caso a la luz de la ciencia; ciencia que, por supuesto, busca su esencia, aunque como en El perfume de Süskind, en esa búsqueda puedan cometerse errores. Nosotros aquí somos simples diputados -nada más, pero nada menos- que tratamos de contribuir procurando a la ciencia un camino seguro, claro y desbrozado -y de eso se trata- en materias de las que hablamos de actualidad, de interés social y proyección de futuro, como demuestra la concesión de los premios Nobel 2006 en química y medicina a científicos que estudian la estructura y el funcionamiento de la información genética. Seguramente, estamos ante un nuevo paradigma. Estaríamos pasando de una hipotética trascendencia a la trascendencia real y solidaria del ser humano. Esto es mucho más difícil de regular y arbitrar, entre otras cosas, porque al regular y arbitrar sobre las leyes físicas y químicas, las leyes naturales que rigen la trascendencia humana real y solidaria, ese arbitrio está sometido a la duda, al debate y al método científico. Los diputados solo fijamos los límites de ese campo de juego y, todo lo contrario de

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oráculos, solo somos instrumentos complementarios dentro del discurso general.


Desde esa concepción humilde de nuestro papel es desde donde debemos facilitar las actuaciones dirigidas a hacer que la gente pueda mirar hacia delante y algunas personas vivan un presente más feliz. Esta visión positiva y confiada en las capacidades del ser humano viene siendo característica de la actuación de este Gobierno e impregna toda su política, desde la retirada de las tropas de Irak y la apuesta por la paz en el mundo y en nuestro país, al desarrollo autonómico y al impulso de los derechos de las personas para decidir sobre las cosas que les conciernen en sus cuestiones más íntimas. La Ley de Investigación Biomédica forma parte de esa confianza en el ser humano. Frente a ello están las políticas de la mirada hacia atrás, de la desconfianza y del miedo. Son políticas de estatua de sal, petrificadas y a veces apocalípticas, aunque hoy, en las palabras del señor Mingo, suenan mucho más suavizadas. Por eso esta enmienda a la totalidad ignora el 80 por ciento o más de coincidencia literal entre el texto que se propone como enmienda y el proyecto original y busca el regreso a situaciones legales ya superadas por acuerdo de esta Cámara. Los señores diputados del Partido Popular pretenden volver atrás la Ley de técnicas de reproducción humana asistida y la Ley del Medicamento. Además, la enmienda supedita el progreso a la falsa seguridad moral que da el inmovilismo que congela las esperanzas y alimenta las servidumbres. Esta es la esencia del texto alternativo. Lo demás es adobo retórico y confuso y obligada transcripción de los contenidos irrefutables del proyecto de ley del Gobierno.


Señorías, por rigor solo voy a citar algunos ejemplos de lo que realmente pretende la enmienda a la totalidad. Así, el afán de su propuesta de entorpecer y confundir se extiende a lo largo de todo el articulado. En el artículo 10, teóricamente dedicado a las técnicas o a procedimientos invasivos, se introduce la cuestión de la utilización de embriones y fetos humanos en investigación, para impedirla en la práctica, pues se dice exactamente: Solo podrán realizarse tales investigaciones una vez agotado el modelo animal. Pero ¿cuándo se considera científicamente agotado el modelo animal? Además, ¿es extrapolable al ser humano? Seguramente, no. Desde luego, no venimos aquí a regular la investigación en ratones. En el artículo 24 se habla exclusivamente de la donación de embriones y fetos humanos muertos, mientras que el proyecto de ley reconoce la posibilidad de donar, para la investigación, embriones humanos que hayan perdido la capacidad de desarrollo biológico. Esta es una diferencia fundamental pues permite el estudio, por supuesto con las debidas cautelas y autorizaciones, de embriones que no estén muertos pero que no son capaces de llegar a término, para conocer el origen de las anomalías que les han producido su devenir irremediable y así poder prevenirlas en otros casos y evitar que se repita su fatal destino. Por su parte, el artículo 28 viene a prohibir de facto la activación de ovocitos por cualquier método, incluida la transferencia nuclear. Sabemos que es una cuestión de principios, pero no pueden utilizar este argumento científicamente, como lo hacen, porque no tiene base. Son métodos y resultados son totalmente diferentes. Para empezar, las células provenientes de la transferencia nuclear nunca podrán ser clónicas al cien por cien y tampoco tendrán la capacidad de desarrollarse como tienen las células provenientes de la fecundación.


Señorías del Partido Popular, si están tan preocupados, ¿por qué su texto es tan poco garantista en aspectos importantes y rebajan muchas de las garantías que introduce la propia ley? Por ejemplo, no se reconoce el derecho a no conocer al paciente, sujeto o donante del que procedan las muestras. Se desarrolla muy poco algo tan importante como los procedimientos invasivos, de curso todos los días, de práctica diaria en nuestros hospitales, porque incluyen las biopsias diagnósticas y las garantías con respecto a esos procedimientos; casi se oculta o se pasa por encima de todos los temas relacionados con los análisis genéticos, usted lo ha citado. ¿A qué tienen miedo? ¿De qué desconfían? Se elimina o rebaja también la protección a los donantes de muestras y el texto alternativo no recoge precisiones de la ley como la que requiere que el equipo investigador, y no solo el investigador principal, esté debidamente cualificado o la sustitución en varias ocasiones de términos o expresiones muy tajantes en la ley. Por ejemplo, cuando se dice: "en todo caso", se sustituye por: "en cualquier caso"; o cuando se habla de: "tomará", se sustituye por: "podrá tomar". Es chocante que se elimine para la autorización de biobancos la exigencia de interés biomédico, la gratuidad de cesión de las muestras u otras garantías de bioseguridad, etcétera. También es curioso lo del comité de bioética, al que se le circunscriben sus informes y se le supedita demasiado a la ley. Por cierto, el comité se somete a la autorización del Parlamento, como si éste no tuviese nada más que hacer que autorizar todos los comités.
Seguramente se quiere hacer este proceso inoperante y reproducir una vez más el bloque indirecto.


En cuanto a la investigación con medicamentos, que no debería venir al caso pero que ustedes vuelven a introducir, deroga de facto la reciente Ley de garantías y uso racional de los medicamentos y productos sanitarios, mediante la vía de reproducir textualmente trozos del texto, pero eliminando requisitos esenciales. Por ejemplo, se elimina el registro nacional de ensayos clínicos; se modifica la obligatoriedad de que la Agencia del Medicamento haga público el resultado; se elimina la independencia de los comités o la obligación de que el promotor informe a la Agencia del Medicamento de cualquier resultado adverso. Lo que es más grave e ilustrativo: pretenden la supresión de la aportación obligatoria de la industria farmacéutica al Instituto de Investigación Carlos III, que suponen hoy 120 millones anuales para la investigación pública. Le quiero recordar, señor Mingo, que desde hace 3 años en los Presupuestos Generales

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del Estado se incrementa el 25 por ciento en las partidas destinadas a la investigación pública.


Finalmente, quiero recordar otra cuestión, la cooperación y coordinación de la actividad investigadora. El Partido Popular nos trae una lista sin ninguna concreción, pero obvia o trata muy superficialmente la carrera investigadora, la regulación de excedencias para el personal que genere empresas de base tecnológica o no incluye, como hace la Ley de Investigación Biomédica, la posibilidad de que el personal de entidades privadas participe en la ejecución de programas o proyectos del Sistema Nacional de Salud. En resumen, el texto que nos presentan es regresivo, su aprobación supondría retrotraernos a posiciones ultraconservadoras y superadas por una sociedad que defiende mayoritariamente la investigación biomédica moderna y de calidad. Es un texto que no ofrece las garantías suficientes de protección a los derechos individuales en los ciudadanos, que podrían quedar en situación de indefensión frente a ciertos abusos; que, bajo la apariencia de fomentar la colaboración pública privada de investigación, siempre deseable y que nosotros apoyamos, lo que pretende es regalar a los sectores privados más poderosos algo que es patrimonio de todos: el Sistema Nacional de Salud. Por último, es un texto que de manera torticera pretende modificar normas que, como decía antes, ya han sido aprobadas por este Parlamento. Por eso rechazamos la enmienda y agradecemos a los demás grupos que hayan manifestado su intención de hacerlo.


Para terminar, señorías, quiero decirles que vivimos el presente y preparamos el futuro. La actualidad se refleja en los medios de comunicación. Ayer mismo, en la portada de un diario de máxima difusión, una madre afirmaba: He llegado agotada a la meta, pero he llegado. Es una de las mujeres que concebirán un hijo in vitro para permitir la curación de su hermano enfermo. Hoy es posible gracias a que hemos aprobado hace seis meses la Ley de técnicas de reproducción humana asistida, con la oposición, también entonces, por cierto, del Grupo Popular. De agotarse alguien, que seamos nosotros, los diputados, en la búsqueda del acuerdo en la tramitación de la ley. El Grupo Socialista ofrece desde ahora su mejor disposición. Ahora tenemos todos, señor Mingo y Grupo Popular, la oportunidad de hacer que muchas personas puedan disputar la carrera de la lucha por la vida con una meta más fácil y más cercana. Ellas se esfuerzan y se ilusionan y a nosotros nos corresponde eliminar los obstáculos para que la ciencia pueda abrirles la pista de la esperanza.
El proyecto de ley del Gobierno así lo hace.


Quiero terminar agradeciendo a los grupos y a todos los que han trabajado en la construcción de este proyecto de ley sus aportaciones.


Muchas gracias. (Aplausos.)

El señor VICEPRESIDENTE (Gil Lázaro): Muchas gracias, señor Fidalgo.


¿Desea intervenir de nuevo, señora ministra? (Pausa.)

En ese caso, damos por concluido el debate.


-PROYECTO DE LEY DE REFORMA DE LA LEY 24/1988, DE 28 DE JULIO, DEL MERCADO DE VALORES, PARA LA MODIFICACIÓN DEL RÉGIMEN DE LAS OFERTAS PÚBLICAS DE ADQUISICIÓN Y DE LA TRANSPARENCIA DE LOS EMISORES. (Número de expediente 121/000108.)

El señor VICEPRESIDENTE (Gil Lázaro): Pasamos al punto 40 del orden del día: Proyecto de ley de reforma de la Ley 24/1988, de 28 de julio, del Mercado de Valores, para la modificación del régimen de las ofertas públicas de adquisición y de la transparencia de los emisores.


Para la presentación del proyecto de ley en nombre del Gobierno tiene la palabra el señor vicepresidente segundo y ministro de Economía.


El señor VICEPRESIDENTE SEGUNDO DEL GOBIERNO Y MINISTRO DE ECONOMÍA Y HACIENDA (Solbes Mira): Muchas gracias, señor presidente.


Señorías, comparezco ante la Cámara para presentar el proyecto de ley de modificación de la Ley 24/1988, de 28 de julio, del Mercado de Valores, para la modificación del régimen de las ofertas públicas de adquisición y de la transparencia de los emisores, que ha sido objeto de una enmienda a la totalidad de devolución. Esta es una iniciativa que persigue conjugar mejor los objetivos de equidad y eficiencia económica. El proyecto de ley trata de lograr un marco que proteja los derechos de los accionistas minoritarios, persiguiendo que la denominada prima de control se reparta de forma equitativa entre todos los accionistas. El proyecto persigue que esta aportación al accionista minoritario se lleve a cabo sin obstaculizar innecesariamente los cambios de control a la gestión, con objeto de garantizar que las sociedades puedan estar controladas por aquellas personas con mayor capacidad para gestionarla, porque estas serán las que mayor valor darán a la sociedad, beneficiando así a todos los accionistas.


Este proyecto de ley incorpora al derecho español dos directivas comunitarias: la Directiva 2004/25, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 21 de abril del año 2004, relativa a las ofertas públicas de adquisición, y la Directiva 2004/109, del Parlamento Europeo y del Consejo, sobre armonización de los requisitos de transparencia relativos a la información sobre los emisores, cuyo valores se admiten a negociación en un mercado regulado, por la que se modifica la Directiva 2001/34. La trasposición completa de ambas directivas se logrará con la aprobación del desarrollo reglamentario de las modificaciones introducidas en la Ley del Mercado de Valores, derivadas de este proyecto normativo. La tramitación

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seguida por el presente proyecto se ha guiado por el principio de transparencia. En primer lugar y sin que ello sea preceptivo, el Ministerio de Economía y Hacienda sometió a consulta pública el texto del anteproyecto a través de la página web de la Dirección General del Tesoro y Política Financiera. Posteriormente el anteproyecto fue remitido al Consejo de Estado para su dictamen preceptivo, que fue evacuado el pasado día 2 de octubre. Como consecuencia del mismo, se introdujeron algunos cambios en el texto fundamentalmente de carácter técnico, sin que ninguno de ellos supusiese la modificación de sus líneas generales. Finalmente, el Consejo de Ministros de 13 de octubre acordó la aprobación del proyecto y su remisión al Congreso de los Diputados. Podría haberse optado por la elaboración de un real decreto-ley con eficacia desde su publicación en el Boletín Oficial del Estado con el objeto de evitar que se pudieran adoptar comportamientos estratégicos de las sociedades cotizadas con anterioridad a la entrada en vigor de la nueva normativa de opas, que es más exigente y más protectora de los intereses de los accionistas minoritarios. No obstante, se ha preferido facilitar su debate en el Parlamento presentando esta iniciativa, si bien solicitando que sea tramitado por el procedimiento de urgencia.


Señorías, me permitirán que ahora me refiera a las novedades que se introducen en el proyecto de ley. En primer lugar, se eliminan las opas a priori obligatorias, basadas en la intención de adquirir el control de una compañía. Ese elemento intencional es en la mayoría de los casos subjetivo y sujeto a interpretación, por lo que la eliminación del carácter obligatorio de las opas a priori aumenta la seguridad jurídica sin menoscabo de la protección de los inversores. En la nueva regulación, la obligación de formular una opa aparece cuando de hecho se ha alcanzado una participación de control de la sociedad. En segundo lugar, se lleva a cabo una simplificación sustancial de los supuestos de hecho que dan origen a la obligación de formular una opa por el cien por cien del capital. La regulación actual combina dos supuestos para evaluar la adquisición de control de una sociedad: influencia en el consejo de administración y participación en el capital de la sociedad. No obstante, ese régimen ha probado ser ineficaz, ya que desde la introducción de esta normativa no ha habido ninguna opa motivada por la influencia en el consejo de administración y se ha generado una indudable incertidumbre en la aplicación de la normativa por la propia dificultad de determinar qué se entiende por influencia en el consejo. En la nueva regulación, la obligación de formular una opa nace cuando se alcanza un porcentaje de derechos de voto igual o superior al 30 por ciento. En tercer lugar, se eliminan las opas parciales obligatorias. De esta manera, la normativa española se sitúa en línea con la del resto de los países de nuestro entorno. De nuevo, no existe pérdida de garantías para los accionistas minoritarios respecto al régimen actual, en primer término, porque cuando el precio de las opas parciales ha resultado atractivo el éxito de las opas ha obligado a aplicar reglas de prorrateo, impidiendo al minorista vender todas sus acciones al precio de la opa. En segundo término -y esto es lo más importante- porque, como ya he indicado, se ha reducido enormemente el umbral que da origen a la opa por el cien por cien del capital. No podemos olvidar que el instrumento fundamental de protección de los minoristas son las opas totales y no las parciales. Con la normativa en vigor, un accionista puede alcanzar el 49 por ciento del capital sin lanzar una opa sobre el total y con la reforma propuesta ese porcentaje se ha reducido al 30 por ciento.


Otra modificación se refiere a las medidas defensivas que pueda tomar el consejo de administración ante una opa. La regulación actual exige que cualquier actuación que pueda impedir el éxito de una opa debe contar con la autorización de la junta general de accionistas. Como novedad se exige que dicha autorización deba darse de conformidad con el quórum y las mayorías que la Ley de Sociedades Anónimas tiene establecido para las modificaciones estatutarias y otras cuestiones de relevancia. Además, se introduce la reciprocidad con otros países, de manera que el consejo podrá defender la sociedad como crea conveniente, sin contar con la autorización de la junta, si la sociedad que lanza la opa es extranjera y puede utilizar medidas defensivas sin limitación alguna.


En lo referido a la eficacia de los blindajes societarios, cuando una sociedad es objeto de una opa, se permite, en línea con lo previsto en la directiva europea, que cada sociedad tome la decisión que considere oportuna sobre el mantenimiento o la eliminación de los mismos; pero esta decisión también deberá ser tomada por la junta general de accionistas, tras la entrada en vigor de la ley, y comunicada a la Comisión Nacional del Mercado de Valores.


El nuevo régimen introduce también la figura de la compraventa forzosa, tras el lanzamiento de una opa por el cien por cien. Esta podrá ejercerse cuando la opa haya sido aceptada por accionistas que representen al menos el 90 por ciento de los derechos de voto a los que iba dirigida y el adquirente haya alcanzado al menos una participación que le otorgue el 90 por ciento de los derechos de voto. Con la compraventa forzosa se permite que el accionista minoritario obligue al mayoritario a comprarle sus acciones para abandonar la sociedad y, de manera similar, se permite que el accionista mayoritario obligue al minoritario a venderle sus acciones para, si así lo desea, hacerse con la totalidad de la sociedad y poder tomar las decisiones en solitario.


Es necesario también evitar que existan accionistas que, aun poseyendo el control de la sociedad, puedan escapar de la obligación de formular una opa por el mero hecho de haber adquirido el control antes de la entrada en vigor de la nueva normativa. Para hacer frente a estas situaciones se establece que cuando un accionista cuente ya, a la entrada en vigor de la ley, con un porcentaje de derechos de voto entre el 30 y el 50 por ciento de la

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sociedad, debe formular una opa por el cien por cien, bien cuando alcance el 50 por ciento de los derechos de voto, bien cuando aumente su participación en la sociedad en un 5 por ciento a lo largo de un año.


Por lo que se refiere a la transparencia, si bien el régimen en vigor para los emisores cotizados es muy exigente, se incorporan algunas novedades.
En primer lugar, se amplían los sujetos obligados a presentar informes semestrales. La normativa en vigor solo lo exige para aquellos emisores con valores admitidos a negociación en una Bolsa de valores, mientras que ahora se amplía a los emisores con acciones y obligaciones admitidas a negociación en un mercado regulado. En segundo lugar, se introduce, por primera vez, un régimen de responsabilidad de los emisores sobre la elaboración de la información periódica parecido al que se introdujo para la trasposición de la Directiva de folletos. Finalmente, se modifica para el cálculo de la participación, que pasa de ser el capital total a los derechos de voto. Además, se incluye la obligación de comunicar derivados sobre acciones, que hasta ahora solo se exigían en nuestro ordenamiento para los administradores de las sociedades.


Estas son en esencia, señorías, las novedades que el Gobierno ha introducido en la regulación de las ofertas públicas de adquisición y de la transparencia de los emisores, que mejoran, en nuestra opinión, el actual marco regulatorio y trasponen la normativa comunitaria en la materia. Por todo ello, confío en que SS.SS. entiendan de esta manera el proyecto de ley que hoy les he presentado y con su voto permitan la continuación de su tramitación en las Cortes.


Muchas gracias, señorías. (Aplausos.)

El señor VICEPRESIDENTE (Gil Lázaro): Muchas gracias, señor vicepresidente.


A continuación, para la defensa de la enmienda de totalidad presentada por el Grupo Parlamentario Popular tiene la palabra el señor Martínez-Pujalte.


El señor MARTÍNEZ-PUJALTE LÓPEZ: Gracias, señor presidente.


Señor ministro, decía usted -y al hilo de sus palabras lo comento- que estamos trasponiendo dos directivas comunitarias y decía -no sin verdad y así lo recoge la exposición de motivos- que es una trasposición no total, que se complementará cuando se produzca el desarrollo reglamentario, y a eso dedicaré una parte de mi intervención.


Mi grupo ha presentado esta enmienda a la totalidad por dos razones. En primer lugar, honestamente no creemos que mejore sino que retrocede en los criterios que deben estar presentes en las opas en cuanto a la protección del accionista minoritario, y luego me referiré a algunos puntos de la ley que no mejora sino que empeora su condición. Esta iniciativa introduce elementos de inseguridad jurídica y un aumento de la judicialización y honestamente, ligándolo con la primera reflexión sobre el accionista minoritario, va a hacer menos posible la extensión de la prima de control a todos los accionistas. En segundo lugar, señor ministro, no da solución a algunos comportamientos y a algunas carencias del mercado que se han percibido en los últimos movimientos empresariales, ni a la información privilegiada, ni a la judicialización excesiva, ni a las actuaciones al límite legal para adquirir el control sin necesidad de lanzar opa, ni siquiera a la situación de empresas que participan en operaciones con marcos legales asimétricos.


Señor ministro, he dicho que iba a referirme a la no trasposición total de la directiva comunitaria por dos razones. En primer lugar, porque es un proyecto de ley sencillísimo, aunque estamos ante un debate muy técnico que levanta pasiones entre los diputados y en los medios de comunicación, que tiene catorce artículos y algunas disposiciones adicionales, finales y derogatorias. En los catorce artículos hay más de veinte referencias al posterior desarrollo reglamentario. Decía usted que aquí estamos hablando de dos temas: de transparencia de los emisores e información y del artículo 8 que regula las opas, que es al que más tiempo ha dedicado usted como no podía ser de otra manera, y al que más tiempo dedicaré yo porque es el objeto central de la enmienda a la totalidad.


En el artículo 1, exclusión de negociación, hay un párrafo que dice: se desarrollará reglamentariamente; el artículo 2, sobre obligaciones de información: se establecerá reglamentariamente; el artículo 3, otras obligaciones: reglamentariamente se establecerán los requisitos; el artículo 4, responsabilidad: de acuerdo con las condiciones que se determinen reglamentariamente. Así, todos los artículos se dejan al arbitrio del desarrollo reglamentario. El más significativo ciertamente es el artículo 8. En el artículo 8 hay más de nueve referencias reglamentarias, más de nueve remisiones al posterior reglamento y en una de las ocasiones tiene que desarrollar reglamentariamente quince condiciones.


Estamos ante un proyecto de ley, señor ministro, que no cierra nada sino que lo deja todo a la posterior remisión reglamentaria. Yo le preguntaría -si no contesta usted espero que lo haga algún diputado de su grupo-: ¿Qué va a pasar cuando el texto se publique en el BOE y entre en vigor a los tres meses, como dice el proyecto de ley, si el reglamento tarda en aprobarse? ¿Alguien puede garantizar que a los tres meses de la publicación en el BOE, que es cuando entra en vigor, vamos a tener un reglamento? Esto sería esencial porque si no puede crearse una inseguridad jurídica en el momento -que ciertamente usted lo compartirá conmigo- en el que a más opas estamos asistiendo en los últimos años, cuando más opas estamos viendo que se producen en el mercado. Por otra parte, mi grupo entiende que ya que se viene con un proyecto de ley y se da consideración legal a un texto que no la tenía, hubiera sido mejor cerrarlo más. En este sentido, mi grupo tiene una consideración especial y es que hemos criticado muchísimo, no tanto a usted

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como al asesor de Moncloa -ahora candidato a la alcaldía de Madrid-, su afición a jugar al Monopoli y con tanta remisión reglamentaria tendría más facilidades para algunas de las operaciones que ha intentado impulsar, en mi modesta opinión, desde los despachos de Moncloa. Ya que hay un texto legal y ya que en el proyecto se dice que lo que se pretende es dar consideración de ley al marco de las opas, mi grupo entiende que hubiera sido mejor delimitar los temas reglamentarios y fijarlos más en la ley.


Además, esto no es una trasposición de directiva total porque, como usted sabe -mucho mejor que yo-, aparte de que España no la aprobara, ha habido una discusión muy importante en la Comisión Europea y lo que han hecho es dejar unas directivas muy abiertas, con lo cual los países tienen mucho margen de maniobra, y aquí lo que se hace es fijar unas determinadas condiciones dentro de ese amplio margen de maniobra. Repito, no es una trasposición directa, se fijan unos criterios determinados. La Comisión Europea deja unos márgenes amplios porque no ha habido un gran acuerdo entre los países para llegar a un texto.


En términos generales, cuando se culmine el proceso reglamentario se habrá hecho la trasposición de dos directivas. Por una parte, se habla de información y de transparencia, responsabilidad y sanciones y, por otra, del marco para la obligatoriedad de realizar una oferta pública de acciones y las condiciones necesarias de blindajes, etcétera. Mi grupo ha presentado algunas enmiendas parciales, pero estamos de acuerdo en lo fundamental, es decir, con la información que tienen que dar los emisores, con la transparencia y con el régimen sancionador. Nos parece que recoge bien lo que dice la directiva. Es verdad que en estos catorce artículos se ve una intención, en mi modesta opinión, y es darle más poder a la Comisión Nacional del Mercado de Valores en lo que es supervisión de conductas, fijando ya un camino que está en discusión y que podría haber sido objeto de debate, que es cómo se debe hacer la supervisión. ¿El Banco de España se queda para la supervisión de solvencia y la CNMV para la supervisión de conductas? Es una posibilidad.
En estos catorce artículos se señala ese camino, porque se le da a la CNMV mayor capacidad y eso debería venir acompañado de una reflexión sobre cómo se debe regular la CNMV, cómo se deben elegir los miembros, cómo se debe garantizar su independencia. En cuanto al Banco de España, independientemente del nombramiento del gobernador sobre el que ha habido una cierta divergencia -no vamos a entrar en esa discusión-, estará usted de acuerdo conmigo en que el servicio de inspección del Banco de España hoy tiene muchísimo más prestigio reconocido que la CNMV. Podremos debatir si el camino es supervisión financiera Banco de España, supervisión de conductas CNMV, pero a nosotros nos gustaría incorporar también a ese debate la regulación de fondo de la CNMV para que tuviera el mismo nivel de prestigio que tiene hoy el Banco de España. También es verdad que los años hacen mucho y aquí el Banco de España tiene una cierta tradición. Estamos de acuerdo en esos dos primeros capítulos.


No puedo decirle lo mismo del artículo 8. Usted hablaba de varias cosas y en el tiempo que tengo me voy a referir a alguna. Sustituye opas a priori por opas a posteriori. La directiva da margen, señor ministro. En España teníamos un sistema de opa a priori. Es verdad que el resto de los países tienen el marco de opa a posteriori. ¿Qué pasa? ¿Qué sistema es mejor? Usted se levanta y dice: Es mejor opas a priori porque ponemos mecanismos para salvaguardar los intereses de los accionistas minoritarios. ¿Qué pasa con las opas a posteriori? Que hay que fijar un precio equitativo, lógicamente, porque en la opa a priori el precio lo pone el mercado; en la opa a posteriori hay que fijar el precio. ¿Cómo resuelve el proyecto de ley el precio equitativo? Dando muchísimo margen discrecional a la decisión. Se entenderá que el precio es equitativo cuando sea igual al precio más elevado que haya pagado el obligado a formular la oferta en un periodo de tiempo anterior que se determinará reglamentariamente. Luego sigue: se establecerán reglamentariamente los términos; y, además, dice: No obstante, el Gobierno podrá autorizar a la CNMV para que permita la modificación del precio así calculado. Es decir, una decisión de Consejo de Ministros hace que el precio equitativo lo fije una decisión del Gobierno sin más. ¿Eso es dar garantías al accionista minoritario? En mi opinión, no. Yo pediría que en el trámite eso se eliminara. Me parece un acto discrecional que no es propio de usted, señor ministro. Imagínese qué hubiera pasado con la opa de Gas Natural a Endesa, y perdone que ponga ejemplos tan concretos. Dice el ministro Montilla: 19 euros es un precio magnífico. Eso dice en la prensa el Gobierno por boca del ministro de Industria, y ahora está a 36. ¿Se hubiera hecho la opa a 19? ¿Se hubiera lanzado una opa con un precio equitativo en 19 y el ministro habría dicho vale? El cambio de opa a priori por opa a posteriori es discutible, sobre todo porque hay un término de cierre en el cambio y es el precio equitativo, que habría que discutir mucho más sólidamente.


Segundo, la doble condición para lanzar una opa. Es verdad y yo lo comparto. La eliminación de las opas parciales, señor ministro, no lo tiene ningún país. Aquí funcionó en un momento determinado con una cultura determinada y con una capacidad financiera de los que iban a las opas determinada y ahora es distinto. Eliminarlo está bien y pasar del 25 al 30 por ciento puede estar bien, pero el que hubiera una doble condición, un porcentaje -era el 50 ó el 25 para la opa parcial- y un porcentaje menor ligado a una condición no cuantitativa sino cualitativa no fue una decisión del Gobierno, porque el Parlamento no fijó el marco legal, sino que fue una decisión del Parlamento. Hubo una proposición no de ley en 2002 votada por unanimidad de la Cámara y vino esa proposición no de ley como consecuencia de una importantísima exigencia mediática que decía que no se hicieran con las empresas a precio de saldo comprando un 5 por ciento y además sin necesidad de lanzar una opa. Entonces trajimos una proposición no de ley

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en 2002 apoyada por unanimidad. La votó hasta el señor Cuevas, que hoy va a hablar, incluso a lo mejor la defendió -no creo que fuera la señora Costa-, pero se aprobó aquí ese doble límite: por un lado, el cuantitativo y, por otro, uno cualitativo, ligado a un porcentaje, pero un límite cualitativo. No se hace en ningún país, es verdad, pero es un elemento que da mayor garantía a los accionistas minoritarios. ¿Alguien duda que con un porcentaje menor del 30 una empresa, alguien se pueda hacer con el control de una sociedad, sobre todo cuando hemos visto operaciones, y usted lo sabe, señor ministro, que las ha sufrido también, yendo al límite para no lanzar una opa pero sí poder hacerse con el control de la sociedad e incluso va a verle a uno y le dice: no es que cuando me haga yo con la gestión subirá la acción?

Hay que hablar también, señor ministro, en mi opinión, de la regla de reciprocidad opting in, opting out. Señor ministro, yo creo que ser los primeros de la clase no conduce a nada. El debate de qué es mejor para una sociedad, abrirse o cerrarse si el contrario se cierra, es un debate que podemos tener. ¿Qué estaría pasando con Scottish-Iberdrola con la regla de pasividad que se pone aquí de la reciprocidad? Este es un debate que podemos tener, igual que la regla de pasividad de los consejos de administración. A veces a los accionistas minoritarios les viene bien. La ley algo avanza en ese camino, que los consejos de administración sean capaces de estimular y mejorar el precio de compra. Luego hay elementos técnicos, señor ministro, en la disposición adicional única, a la que usted se refería, que si los discutimos en la Comisión podremos llegar a un acuerdo. Esta disposición dice que el que tiene ahora el 30 no tenga que lanzar una opa salvo que alcance el 50 ó compre un 5 por ciento, pero, ¿qué pasa, señor ministro, si hay otro accionista que tiene ya el 35 ó el 40? En esa situación, por lo menos habría que eliminar la segunda condición. Estos son elementos técnicos que estamos de acuerdo en que los podremos discutir en Comisión, pero nos hubiera gustado tener más tiempo para debatir este proyecto de ley porque, en algunos casos, esta ley ha venido con una cierta urgencia. Se ha adelantado a otros proyectos que ya estaban en la Cámara como el de las normas contables, el de servicios financieros a distancia, el de la competencia...


El señor VICEPRESIDENTE (Gil Lázaro): Perdón, señor Martínez-Pujalte, debe concluir.


El señor MARTÍNEZ-PUJALTE LÓPEZ: Termino. A veces, señor ministro, podemos entender que algunos empresarios están esperando en nuestro país a que se apruebe esta ley para mejorar su porcentaje de participación en alguna sociedad, hacerse con el control y no lanzar una opa.


Muchas gracias, señor Martínez-Pujalte.


El señor VICEPRESIDENTE (Gil Lázaro): ¿Algún grupo desea consumir un turno en contra de la enmienda? (Pausa.)

Pasamos al turno de fijación de posiciones. (Pausa.) ¿Ningún grupo desea intervenir? (Pausa.)

Entonces le corresponde finalmente al Grupo Parlamentario Socialista y tiene la palabra el señor Cuevas.


El señor CUEVAS DELGADO: Gracias, señor presidente.


Señorías, quizá sería mejor utilizar un turno de fijación de posiciones porque, después de la intervención del señor Martínez-Pujalte, nos da la impresión de que va a retirar la enmienda por sus repetidas apelaciones al debate; ese debate de las enmiendas obviamente tendremos ocasión de celebrarlo en la Comisión. Desde hacía mucho tiempo en esta Cámara no se presentaba una enmienda a la totalidad con tan pocos argumentos, tan débiles y encima sin hacer luego ni siquiera referencia a ellos. Los argumentos son que la opa viene tarde y que hay un exceso de reglamentación.


Antes de entrar en el contenido de la enmienda a la totalidad, y para hablar en positivo, indicaré que este proyecto pretende compaginar la eficiencia económica con la justicia distributiva. La eficiencia económica tiene que ver con la necesidad de favorecer que las sociedades cotizadas estén bien gestionadas, y cuando esto ocurre se garantiza que el valor de las acciones es el máximo que estas pueden llegar a alcanzar y, por lo tanto, que los accionistas tienen el rendimiento adecuado.
Cualquier medida que obstaculice los cambios de control perjudica al accionista de una sociedad. Esta normativa de opas pretende garantizar esa justicia en el reparto de la denominada prima de control, cuestión muy importante que hasta ahora ha sido objeto de reclamación por muchísimos accionistas en sucesivas operaciones sobre esta materia. Esta adscripción de control lleva aparejada para el adquirente unas rentas adicionales derivadas de su capacidad para dirigir la sociedad. El accionista paga el paquete de acciones que le otorga el control a un precio superior al de la cotización en el mercado porque así adquiere el control de la sociedad. La normativa que vamos a aprobar obliga a quien ha adquirido el control a que ofrezca a todos los accionistas el mismo precio al que compró ese paquete de control. Por lo tanto, buscamos un adecuado equilibrio entre ambos objetivos.


El segundo de estos objetivos se refiere también, esto es la justicia distributiva y la mezcla con la eficiencia económica, a la necesidad de que las normas sean claras y de fácil aplicación, garantizando la máxima seguridad jurídica para todos los agentes implicados. Ahora tendrá ocasión el portavoz del Grupo Parlamentario Popular de explicarnos en qué consiste la inseguridad jurídica que él aprecia en este texto. La reforma propuesta es mucho más exigente que la vigente en la regulación de opas totales. Con la regulación actual un accionista puede alcanzar una participación en una sociedad cotizada de hasta el 49,9 por ciento sin tener que formular una opa. Aquí cambiamos esa situación y cuando alcance el 30 por ciento tendrá que hacerlo.


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El proyecto elimina además las opas parciales. No vamos a entrar en ello porque la intervención del vicepresidente del Gobierno ha sido bastante exhaustiva al explicar el proyecto de ley, pero me llama la atención que, al hilo de esa crítica de las enmiendas parciales no totales, el primer argumento sea el de que llega tarde. Señor Martínez-Pujalte, léase su enmienda a la totalidad y verá cómo lo primero que indica es que llega tarde, y ustedes dicen: como llega tarde, que no llegue. Pues, no. Serían coherentes con su posición si aprobaran ahora este proyecto de ley y luego lo enmendaran. Es una reforma de gran calado que recoge cuestiones de enorme relevancia sobre las que era necesario reflexionar adecuadamente, pero que se refiere a las opas y que modifica un artículo de la Ley del Mercado de Valores. También rechazan este proyecto porque dicen que es parcial y que remite a una reglamentación posterior cuestiones que hasta ahora no se han regulado en ninguna ley porque son cuestiones de reglamentación, antes y ahora, estén en un artículo o en catorce. Eso no hay que explicarlo demasiado. Simplemente leerse el proyecto, la legislación vigente, la legislación europea y las directivas, que son la causa de que hoy estemos hablando de la trasposición parcial de esas directivas.


Todas las materias que en el extenso y dilatado proceso de exposición pública de la ley han dictaminado tanto el Consejo de Estado como otras instancias han definido las cuestiones que deben de estar necesariamente en la ley, y esas se han reflejado en el proyecto. Por eso consta de catorce artículos. Las demás, expresamente se ha dicho desde el Consejo de Estado y desde otras instituciones, deben ser objeto de una reglamentación posterior. Es más, le recomiendo que se lea el dictamen del Consejo de Estado en su página 8 y así no tiene que hablar tanto de la opa de Endesa y nos centramos, porque esto no tiene nada que ver con la opa de Endesa. Esta es otra historia, señor Martínez-Pujalte. Dice así -se lo voy a leer, porque seguramente con las risas no le hará caso, no se lo va a repasar-: El anteproyecto debería respetar la reserva de ley, como hace en líneas generales, y limitarse a regular esas materias reservadas y los grandes principios de la regulación, difiriendo el resto a los reglamentos. Señor Pujalte, ¿por qué dice aquí lo que acaba de decir y nos habla de Endesa? Por favor, hable de la materia que nos ha traído aquí. No me ponga esa cara, ¿o es que no ha hablado de Endesa? Ha hablado de Endesa y de alguna otra cosa más que ahora le diré.


Del trámite no preceptivo de consulta pública dice que tiene muchos defectos, y algunos que se anunciaron antes; ha puesto de manifiesto que el enfoque que ha adoptado el Gobierno era el adecuado, porque se ha referido efectivamente a las cuestiones que tratamos de regular. Lo que estos organismos nos han dicho que era conveniente lo hemos recogido con bastante amplitud en el texto definitivo. Hay otras cuestiones, pero no me voy a extender más porque la coherencia no está hoy en quien ha defendido la retirada de este proyecto.


Como ya se ha indicado, hemos hecho un trámite de consulta pública no preceptivo, se ha incorporado la mayor parte de las observaciones del Consejo de Estado. El proyecto de ley entró el 13 de octubre de 2006 en el Congreso de los Diputados, fue calificado el día 17 de ese mes y se estableció un plazo inicial para presentación de enmiendas hasta el 30 de octubre. Este plazo se ha ampliado en cuatro ocasiones y el 22 de noviembre finalizó el plazo de presentación de enmiendas a la totalidad y al articulado. Díganme, señorías, dónde está aquí el obstáculo para debatir o para tener tiempo suficiente para mirar sus enmiendas.


Por último, algunos de los comentarios que se han hecho a esta ley por parte de los organismos que se han implicado en ella, van en la línea de que sería mejor realizar su tramitación como real decreto, con objeto de evitar que se pudieran tomar posiciones en el accionariado de las sociedades cotizadas. El Gobierno ha preferido hacerlo de esta forma, porque estableciendo una cláusula de salvaguardia para estas determinadas circunstancias ha entendido que era mejor ese debate público y el debate en profundidad en este Parlamento, es decir, el debate de las enmiendas en la Comisión cuando sea preceptivo, seguramente la semana que viene.


Creo que hoy hemos perdido una buena ocasión para ser coherentes, señorías del Grupo Popular; y ya que no han hablado para nada de las razones por las que han presentado una enmienda a la totalidad, haber tenido la gallardía de haber retirado esa enmienda y haberse sumado a los demás grupos que han hecho sus deberes y han presentado sus enmiendas parciales. De todas formas, quiero decirle, señor diputado, ya que se ha referido a que no prestigiamos suficientemente a los organismos, que el Banco de España está muy prestigiado, pero que la CNMV, según usted -no me ponga esa cara, porque se lo voy a demostrar con el "Diario de Sesiones"- no está suficientemente prestigiada, que quizá lleva algo de razón, pero eso ocurre desde que ustedes comenzaron a gobernar en la otra etapa. ¿Se acuerda? Porque hasta entonces la CNMV tenía un prestigio exactamente igual al del Banco de España. Desgraciadamente, ustedes, con aquella historia de Gescartera -¿no se acuerda? Se tiene que acordar-, con aquellos nombramientos que hicieron, como el del señor Ramallo, etcétera, desprestigiaron tanto ese organismo que nos está costando mucho volver a prestigiarlo, pero lo estamos consiguiendo. Hoy la CNMV, gracias a estos nombramientos nada sectarios que se han hecho, con gente con capacidad para dirigir ese organismo, está muy prestigiada; exactamente lo mismo que el Banco de España, que también ha cambiado recientemente.


Muchas gracias. (Aplausos.)

El señor VICEPRESIDENTE (Gil Lázaro): Muchas gracias, señor Cuevas.


Señor vicepresidente, ¿desea intervenir? (Pausa.)

Damos por concluido el debate y llamamos a votación. (El señor presidente ocupa la Presidencia.)

El señor PRESIDENTE: Vamos a proceder de la siguiente manera. Habrá dos votaciones e inmediatamente

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después se colocará la urna. Serán llamados por los secretarios para depositar su voto para la elección de don Agustí Cerdà, del Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana de Catalunya, como miembro de la Comisión sobre secretos oficiales.


Empezamos con la enmienda de totalidad de texto alternativo al proyecto de ley de investigación biomédica.


Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 290; a favor, 116; en contra, 172; abstenciones, dos.


El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.


En segundo lugar, enmienda de totalidad de devolución al proyecto de ley de reforma de la Ley 24/1988, de 28 de julio, del Mercado de Valores, para la modificación del régimen de las ofertas públicas de adquisición y de la transparencia de los emisores.


Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 288; a favor, 113; en contra, 172; abstenciones, tres.


El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.


AVOCACIÓN POR EL PLENO.


-DEL PROYECTO DE LEY DE REFORMA DE LA LEY 24/1988, DE 28 DE JULIO, DEL MERCADO DE VALORES, PARA LA MODIFICACIÓN DEL RÉGIMEN DE LAS OFERTAS PÚBLICAS DE ADQUISICIÓN Y DE LA TRANSPARENCIA DE EMISORES. (Número de expediente 121/000108.)

El señor PRESIDENTE: Les recuerdo que queda otra votación. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 149.1 del Reglamento, se somete al Pleno de la Cámara la avocación de la deliberación y votación final del proyecto de Ley de reforma de la Ley 24/1988, de 28 de julio, del Mercado de Valores, para la modificación del régimen de las ofertas públicas de adquisición y de la transparencia de los emisores. ¿Lo acuerda así la Cámara? (Asentimiento.) En consecuencia, queda aprobada la propuesta de avocación.


-DEL PROYECTO DE LEY DEL ESTATUTO BÁSICO DEL EMPLEADO PÚBLICO. (Número de expediente 121/000094.)

-DEL PROYECTO DE LEY DEL SUELO. (Número de expediente 121/000096.)

El señor PRESIDENTE: Asimismo, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 149.1 del Reglamento, se somete al Pleno de la Cámara la avocación de la deliberación y votación final de los siguientes proyectos de ley: proyecto de Ley del Estatuto básico del empleado público y proyecto de Ley del Suelo. ¿Lo acuerda así la Cámara? (Asentimiento.) En consecuencia, queda aprobada la propuesta de avocación.


PROPUESTAS DE CREACIÓN DE SUBCOMISIONES.


-PROPUESTA DE LA COMISIÓN DE ECONOMÍA Y HACIENDA DE CREACIÓN DE UNA SUBCOMISIÓN PARA ESTUDIAR LA SITUACIÓN DE LA ECONOMÍA SOCIAL EN ESPAÑA.
(Número de expediente 158/000014.)

El señor PRESIDENTE: Una última propuesta al Pleno. Propuesta de la Comisión de Economía y Hacienda de creación de una subcomisión para el estudio de la situación de la economía social en España. ¿Lo aprueba la Cámara? (Asentimiento.)

ELECCIÓN DE UN SEÑOR DIPUTADO, DE CONFORMIDAD CON EL PUNTO TERCERO DE LA RESOLUCIÓN DE LA PRESIDENCIA DEL CONGRESO DE LOS DIPUTADOS SOBRE SECRETOS OFICIALES, DE 11 DE MAYO DE 2004.


-ELECCIÓN DE UN SEÑOR DIPUTADO, DE CONFORMIDAD CON EL PUNTO TERCERO DE LA RESOLUCIÓN DE LA PRESIDENCIA DEL CONGRESO DE LOS DIPUTADOS SOBRE SECRETOS OFICIALES, DE 11 DE MAYO DE 2004. (Número de expediente 052/000002.)

El señor PRESIDENTE: Y ahora sí vamos a elegir al candidato. El candidato es don Agustín Cerdà. (El señor vicepresidente, Cisneros Laborda, ocupa la Presidencia.)

(Por los señores secretarios de la Mesa se procede a dar lectura de la lista de las señoras y señores diputados, quienes van depositando sus papeletas en la urna.)

Terminada la votación y verificado el escrutinio, dijo:

El señor VICEPRESIDENTE (Cisneros Laborda): Concluido el escrutinio, el resultado es el siguiente: votos emitidos, 267; votos a favor de don Agustí Cerdà Argent, 219; votos a favor de don Joan Tardà i Coma, tres; votos en blanco, 26; votos nulos, 19.


En consecuencia, queda proclamado el señor Cerdà como miembro de la Comisión de Control de Secretos Oficiales. (Aplausos.)

Se levanta la sesión.


Eran las cinco y veinte minutos de la tarde.

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