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DS. Congreso de los Diputados, Pleno y Dip. Perm., núm. 246, de 29/03/2007
 


CORTES GENERALES
DIARIO DE SESIONES DEL CONGRESO DE LOS DIPUTADOS
PLENO Y DIPUTACIÓN PERMANENTE

Año 2007 VIII Legislatura Núm. 246
PRESIDENCIA DEL EXCMO. SR. D. MANUEL MARÍN GONZÁLEZ
Sesión plenaria núm. 228
celebrada el jueves, 29 de marzo de 2007


ORDEN DEL DÍA:

Enmiendas del Senado:

- Proyecto de Ley de Estatuto Básico del Empleado Público. (Número de expedien- te 121/000094.)... (Página 12359)

- Proyecto de Ley Orgánica por la que se modifica la Ley Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre, de Universidades. (Número de expediente 121/000101.)... (Página 12369)

- Proyecto de Ley de Reforma de la Ley 24/1988, de 28 de julio, del Mercado de Valores, para la modificación del régimen de las ofertas públicas de adquisición y de la transparencia de los emisores. (Número de expediente 121/000108.)... (Página 12381)

Dictámenes de Comisiones sobre iniciativas legislativas:

- Proyecto de Ley de la Lectura, del Libro y de las Bibliotecas. (Número de expedien- te 121/000112.)... (Página 12387)

Página 12356


Debates de totalidad de iniciativas legislativas:... (Página ) - Proyecto de Ley por la que se modifica la Ley 50/1981, de 31 de diciembre, reguladora del Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal.
(Número de expediente 121/000118.)... (Página 12400)

Declaración institucional... (Página 12411)

Enmiendas del Senado. (Votaciones.)... (Página 12411)

Dictámenes de la Comisión de Asuntos Exteriores sobre Convenios internacionales. (Votación.):... (Página ) - Protocolo sobre cooperación para prevenir la contaminación por buques y, en situaciones de emergencia, combatir la contaminación del mar Mediterráneo, hecho en La Valletta el 25 de enero de 2002. (Número de expediente 110/000198.)... (Página 12412)

- Acuerdo Marco entre España y el Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA), hecho en Nairobi el 15 de noviembre de 2006.
(Número de expedien- te 110/000199.)... (Página 12412)

- Tratado de asistencia jurídica mutua en materia penal entre el Reino de España y los Estados Unidos Mexicanos, hecho en Las Palmas de Gran Canaria el 29 de septiembre de 2006. (Número de expediente 110/000200.)... (Página 12412)

- Acuerdo Marco de cooperación en materia de inmigración entre el Reino de España y la República de Gambia, hecho en Banjul el 9 de octubre de 2006.
(Número de expedien- te 110/000201.)... (Página 12413)

- Acuerdo de cooperación en materia de inmigración entre el Reino de España y la República de Guinea, hecho en Conakry el 9 de octubre de 2006. (Número de expedien- te 110/000202.)... (Página 12413)

- Acuerdo de estabilización y asociación entre las Comunidades Europeas y sus Estados miembros y la República de Albania. (Número de expediente 110/000203.)... (Página 12413)

- Protocolo facultativo de la Convención sobre la seguridad del personal de las Naciones Unidas y el personal asociado, hecho en Nueva York el 8 de diciembre de 2005. (Número de expediente 110/000204.)... (Página 12413)

- Convenio relativo a la adhesión de la República Checa, de la República de Estonia, de la República de Chipre, de la República de Letonia, de la República de Lituania, de la República de Hungría, de la República de Malta, de la República de Polonia, de la República de Eslovenia y de la República Eslovaca al Convenio sobre la Ley aplicable a las obligaciones contractuales, abierto a la firma en Roma el 19 de junio de 1980, así como los Protocolos primero y segundo relativos a su interpretación por el Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas, hecho en Luxemburgo el 14 de abril de 2005. (Número de expedien- te 110/000206.)... (Página 12413)

Dictámenes de Comisiones sobre iniciativas legislativas. (Votación.)...
(Página 12413)

Debates de totalidad de iniciativas legislativas. (Votación.)... (Página 12415)

Página 12357


SUMARIO

Se reanuda la sesión a las nueve de la mañana.


Enmiendas del Senado... (Página 12359)

Proyecto de Ley del Estatuto Básico del Empleado Público... (Página 12359)

En turno de fijación de posiciones intervienen los señores Rodríguez Sánchez, del Grupo Parlamentario Mixto; Mardones Sevilla, del Grupo Parlamentario de Coalición Canaria-Nueva Canarias; la señora Navarro Casillas, del Grupo Parlamentario de Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya Verds; los señores Olabarría Muñoz, del Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV); Ramón Torres, del Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana (ERC); Jané i Guasch, del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió); Guerra Zunzunegui, del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso y la señora Malaret García, del Grupo Parlamentario Socialista del Congreso.


Proyecto de Ley Orgánica por la que se modifica la Ley Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre, de Universidades... (Página 12369)

En turno de fijación de posiciones intervienen los señores Rodríguez Sánchez, del Grupo Parlamentario Mixto; Mardones Sevilla, del Grupo Parlamentario de Coalición Canaria-Nueva Canarias; la señora García Suárez, del Grupo Parlamentario de Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya Verds; el señor Esteban Bravo, del Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV); las señoras Cañigueral Olivé, del Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana (ERC); Pigem i Palmés, del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió); el señor Nasarre Goicoechea y la señora Palma Muñoz, del Grupo Parlamentario Socialista del Congreso.


Interviene la señora ministra de Educación y Ciencia (Cabrera Calvo-Sotelo).


Proyecto de Ley de reforma de la Ley 24/1988, de 28 de julio, del Mercado de Valores, para la modificación del régimen de las ofertas públicas de adquisición y de la transparencia de los emisores... (Página 12381)

En turno de fijación de posiciones intervienen los señores Mardones Sevilla, del Grupo Parlamentario de Coalición Canaria-Nueva Canarias; Ramón Torres, del Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana (ERC); Sánchez i Llibre, del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió); Martínez-Pujalte López, del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso y Cuevas Delgado, del Grupo Parlamentario Socialista del Congreso.


Dictámenes de comisiones sobre iniciativas legislativas... (Página 12387)

Proyecto de Ley de la Lectura, del Libro y de las Bibliotecas... (Página 12387)

Interviene la señora ministra de Cultura (Calvo Poyato), en nombre del Gobierno. Manifiesta su satisfacción por asistir al debate de la aprobación del dictamen de la Comisión de Cultura sobre el proyecto de ley de la lectura, del libro y de las bibliotecas. Con este proyecto se cumple un objetivo estratégico en la política cultural del Gobierno y las metas del propio ministerio. Favorecer en una sociedad democrática los procesos de creación es favorecer la libertad de expresión.


Señala su agradecimiento a todos los grupos por el trabajo, el esfuerzo, interés y voluntad que han puesto para aprobar un proyecto con el mayor grado de acuerdo y diálogo posible.


Finaliza haciendo un resumen de los principales aspectos del proyecto de ley y señalando que estamos ante una ley de todos y para todos, para atender todas las cuestiones importantes de un sector vital para la cultura de un país.


En defensa de las enmiendas presentadas intervienen los señores Rodríguez Sánchez, del Grupo Parlamentario Mixto y Mardones Sevilla, del Grupo Parlamentario de Coalición Canaria-Nueva Canarias; la señora García Suárez, del Grupo Parlamentario de Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya Verds; los señores Esteban Bravo, del Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV) y Tardà i Coma, del Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana (ERC); la señora Rodríguez-Salmones Cabeza, del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso y el señor Louro Goyanes, del Grupo Parlamentario Socialista del Congreso.


Página 12358


En turno de fijación de posiciones, interviene el señor Vilajoana Rovira, del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió).


Debates de totalidad de iniciativas legislativas... (Página 12400)

Proyecto de Ley por la que se modifica la Ley 50/1981, de 31 de diciembre, reguladora del Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal... (Página 12400)

Presenta el proyecto de ley el señor ministro de Justicia (Fernández Bermejo), en nombre del Gobierno. Manifiesta que con este proyecto se pretende dar respuesta y acomodar la institución a los numerosos y esenciales cambios que ha habido a lo largo de los 25 años de vigencia del actual estatuto. Se pretenden dos grandes objetivos: reforzar la autonomía del ministerio fiscal, consolidando su dimensión constitucional, y actualizar su estructura buscando una mayor eficacia.
Igualmente se abordan mejoras de carácter más técnico, aunque no por ello carentes de importancia. Desglosa los objetivos que persigue la ley.


En defensa de la enmienda a la totalidad presentada, interviene el señor Astarloa Huarte-Mendicoa, del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.


En turno de fijación de posiciones intervienen el señor Rodríguez Sánchez, del Grupo Parlamentario Mixto; las señoras Navarro Casillas, del Grupo Parlamentario de Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya Verds; Uría Etxebarría, del Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV) y Oliva i Peña, del Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana (ERC); los señores Jané i Guasch, del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió) y Villarrubia Mediavilla, del Grupo Parlamentario Socialista del Congreso.


Declaración institucional... (Página 12411)

Por la señora secretaria primera se procede a dar lectura de una declaración institucional, presentada por unanimidad por la Junta de Portavoces, referida a la conmemoración del 50º aniversario del Tratado de Roma.


Enmiendas del Senado. (Votaciones.)... (Página 12411)

Se someten a votación las enmiendas del Senado al proyecto de ley del Estatuto básico del empleado público.


Se someten a votación las enmiendas del Senado al proyecto de ley orgánica por la que se modifica la Ley Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre, de Universidades.


Votación de conjunto... (Página 12412)

Sometida a votación de conjunto, por tratarse de una ley con carácter orgánico, se aprueba por 183 votos a favor, 119 en contra y una abstención.


Sometidas en bloque a votación las enmiendas del Senado al proyecto de ley de reforma de la Ley 24/1988, de 28 de julio, del Mercado de Valores, para la modificación del régimen de las ofertas públicas de adquisición y de la transparencia de los emisores, se aprueban por 303 votos a favor.


Dictámenes de la Comisión de Asuntos Exteriores sobre convenios internacionales. (Votaciones.)... (Página 12412)

Protocolo sobre cooperación para prevenir la contaminación por buques y, en situaciones de emergencia, combatir la contaminación del mar Mediterráneo, hecho en La Valletta el 25 de enero de 2002... (Página 12412)

Acuerdo marco entre España y el programa de las Naciones Unidas para el medio ambiente (PNUMA), hecho en Nairobi el 15 de noviembre de 2006...
(Página 12412)

Tratado de asistencia jurídica mutua en materia penal entre el Reino de España y los Estados Unidos Mexicanos, hecho en Las Palmas de Gran Canaria el 29 de septiembre de 2006... (Página 12412)

Acuerdo marco de cooperación en materia de inmigración entre el Reino de España y la República de Gambia, hecho en Banjul el 9 de octubre de 2006... (Página 12413)

Página 12359


Acuerdo de cooperación en materia de inmigración entre el Reino de España y la República de Guinea, hecho en Conakry el 9 de octubre de 2006...
(Página 12413)

Acuerdo de estabilización y asociación entre las Comunidades Europeas y sus Estados miembros y la República de Albania... (Página 12413)

Protocolo facultativo de la convención sobre la seguridad del personal de las Naciones Unidas y el personal asociado, hecho en Nueva York el 8 de diciembre de 2005... (Página 12413)

Convenio relativo a la adhesión de la República Checa, de la República de Estonia, de la República de Chipre, de la República de Letonia, de la República de Lituania, de la República de Hungría, de la República de Malta, de la República de Polonia, de la República de Eslovenia y de la República Eslovaca al Convenio sobre la Ley aplicable a las obligaciones contractuales, abierto a la firma en Roma el 19 de junio de 1980, así como los protocolos primero y segundo relativos a su interpretación por el Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas, hecho en Luxemburgo el 14 de abril de 2005... (Página 12413)

Se someten a votación conjunta los dictámenes de la Comisión de Asuntos Exteriores sobre convenios internacionales, que son aprobados por asentimiento.


Dictámenes de comisiones sobre iniciativas legislativas. (Votación.)...
(Página 12413)

Se someten a votación las enmiendas al proyecto de ley de la lectura, del libro y de las bibliotecas, así como el texto del dictamen con las correcciones técnicas introducidas.


Debates de totalidad de iniciativas legislativas. (Votación.)... (Página 12415)

Sometida a votación la enmienda de totalidad de devolución al proyecto de ley por la que se modifica la Ley 50/1981, de 31 de diciembre, reguladora del Estatuto orgánico del ministerio fiscal, se rechaza por 117 votos a favor y 183 en contra.


Se levanta la sesión a las tres y treinta y cinco minutos de la tarde.


ENMIENDAS DEL SENADO:

- PROYECTO DE LEY DE ESTATUTO BÁSICO DEL EMPLEADO PÚBLICO. (Número de expediente 121/000094.)

El señor PRESIDENTE: Se reanuda la sesión.


En primer lugar, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 131.2 del Reglamento, comunico a la Cámara que la votación relativa al carácter orgánico del proyecto de ley orgánica por la que se modifica la Ley Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre, de Universidades, no tendrá lugar en ningún caso antes de las 13 horas, siendo optimista. El Reglamento obliga a fijar una hora y, siendo optimista, la votación será en cualquier caso después de las 13 horas.


Punto VI del orden del día, enmiendas del Senado. Proyecto de ley de Estatuto básico del empleado público. Turno de fijación de posiciones. En primer lugar, Grupo Mixto. Señor Rodríguez, por favor.


El señor RODRÍGUEZ SÁNCHEZ: Gracias, señor presidente.


Brevemente, en primer lugar, una cuestión de carácter general. Este proyecto de ley, tal como nos llega del Senado, evidencia las virtudes del diálogo en materia política y, por tanto, la capacidad de acercar posiciones entre lo que es una visión de Estado unitario -con una concepción de la autonomía como una estructura administrativa pero también con la concesión de algunos aspectos que son políticos- y la visión de una estructura del Estado español que tiene una tendencia de carácter plurinacional. El resultado está más cerca de lo primero que de lo segundo, pero esto no obsta para reconocer que se hizo un esfuerzo grande de aproximación y que, dentro de los límites, estamos ante una ley de bases que puede ser aceptable para las necesidades de las distintas administraciones autonómicas en este momento. Nosotros queremos resaltar tres aspectos que mejoraron en el debate en el Senado y, en particular, otro aspecto de carácter puramente formal o gramatical. Los tres aspectos que merecen ser resaltados de lo que se mejoró en el Senado son, en concreto, el referido a los permisos para la conciliación de la vida personal y familiar, que consideramos que sale notablemente mejorado; el segundo aspecto sería el de adecuar a la ley actual el problema de la libre designación de funcionarios habilitados que llaman de carácter nacional solamente en grandes poblaciones, diputaciones, cabildos y consejos insulares, tal como se establece en la ley; y el tercer aspecto tiene que ver con el personal docente, que se pueda incorporar a

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centros previamente dependientes de cualquier Administración pública para que siempre que tengan el título se puedan integrar en las escalas establecidas en la estructura de la Administración educativa. Estos tres aspectos, vuelvo a repetir, son mejoras del Senado, igual que la última cuestión que es una mejora estilística y gramatical evidente, cosa muy necesaria a veces en textos legales que después son de difícil comprensión o de difícil lectura. Por todo esto, pero sobre todo por el valor de la aproximación entre posturas que no era fácil acercar, vamos a dar nuestro voto favorable a este proyecto de ley de Estatuto básico del empleado público que, vuelvo a repetir, su mayor virtud fue no utilizar una visión centralista del Estado a machamartillo.


Muchas gracias.


El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Rodríguez.


Grupo Parlamentario de Coalición Canaria-Nueva Canarias, señor Mardones.


El señor MARDONES SEVILLA: Muchas gracias, señor presidente.


Señorías, el Grupo Parlamentario de Coalición Canaria-Nueva Canarias va a votar favorablemente todas las enmiendas que nos han sido remitidas desde la Cámara Alta, desde el Senado, por entender que quitando aquellas que son puramente de corrección técnica, de adecuación de estilo y de clarificación comprensiva literaria, enriquecen el texto que salió de esta Cámara en la medida que complementan una serie de casuísticas y de párrafos. No hubiera sido posible la repetición de algunas enmiendas que vienen del Senado, por razones obvias, pero demos por bueno lo que no daña la comprensión de un precepto que nosotros vamos a votar favorablemente. Como dijimos en el debate de totalidad y en Comisión, esta es una ley imprescindible y necesaria en este momento, dado todo el proceso que ya venía de la Función pública, sobre todo cuando el Estado español se va encaminando a la protección de los derechos y deberes de sus funcionarios en las leyes que en la década de los sesenta empiezan a ser una exigencia reivindicativa de una buena Administración pública. En el arranque democrático, a partir de la Constitución española, esto tiene una solidez y una base de funcionamiento de la Función pública en España, verdadero instrumento civil de toda la Administración de un Estado democrático. La Ley 30/1984 es uno de los grandes bastiones en los que se ha basado toda una legislación posterior hasta el momento presente. Las sucesivas leyes, su adecuación en el tiempo, los convenios que ha habido, los gobiernos abiertos ante las dificultades que tiene toda negociación con los funcionarios públicos, no solamente salarial sino de todo orden, sobre todo los reglamentos disciplinarios, faltas, sanciones, etcétera, garantizan no solamente al Estado sino al ciudadano, al servicio del cual están estos funcionarios públicos, que puedan desarrollarse todas las funciones que un Estado de derecho exige.


Nos congratulamos de esta importante ley que compagina bases sobre las que pueden regirse las comunidades autónomas, los ayuntamientos y toda la Administración local para la selección de sus funcionarios. El tiempo nos hará ver las pruebas de fuego a las que va a estar sometido este proyecto de ley. En concreto, señor presidente, quiero referirme a dos de ellas que están reflejadas en los artículos 13 y 14. El artículo 13 es el que se refiere al personal directivo profesional. Serán necesarios todos los poderes públicos y el control del Parlamento para evitar tentaciones de arbitrariedad, dado que una de las característica fundamentales de la Función pública es la legislación laboral que se les aplica porque o son funcionarios públicos de carrera o son contratados laborales. Esta es una diferencia importante que contiene esta ley y ha de clarificarse ese mundo. Las exigencias a los funcionarios de carrera que tienen que ingresar en la Administración pública, en cualquiera de sus niveles, por concurso de méritos o concurso oposición -lo que se llamaba la clásica oposición a funcionarios civiles del Estado- tienen que quedar plenamente garantizadas. Con las enmiendas que vienen del Senado se introducen determinados criterios en el personal directivo profesional -a nosotros nos parece la parte más novedosa-, enmiendas que son muy ajustadas a la realidad y que matizan para dar una seguridad jurídica y un principio de clarificación para que ninguna Administración tenga la tentación de caer, por clientelismo o por lo que se entienda en un momento de transitoriedad política, en prácticas viciosas basadas más en la arbitrariedad y en facilitar lo que no tiene por qué ser facilitado fuera de una reglamentación de capacidad, de mérito, de conocimiento del programa de las oposiciones, etcétera. La segunda figura en la que también quiero basarme para dar un voto de confianza a este proyecto de ley es algo verdaderamente imprescindible. En cualquier Estado democrático, toda legislación sobre funcionarios civiles o militares tiene que estar basada en dos pilares: los derechos y los deberes. Tenemos que tener perfectamente definidos los marcos de los derechos que en un Estado democrático tiene todo funcionario público, todo servidor del Estado, en cualquiera de sus distintas administraciones, cuerpos, instituciones, organismos, etcétera. Esto ha de estar basado en un principio democrático de los derechos, porque no pueden exigirse deberes si previamente no se conceden unos derechos perfectamente reglamentados. En cuanto al capítulo de deberes, por un lado hay una Administración que se transparenta hacia un sistema legislativo y, por otro, el ciudadano que tiene que recurrir a la Administración para realizar sus múltiples funciones en un Estado de derecho abierto, liberal y democrático se encuentra con que hay que imponer un catálogo de deberes con sus correspondientes sanciones para que el sistema disciplinario funcione perfectamente. El texto contiene principios de garantía en este sentido, por lo que mi grupo se congratula de la aprobación definitiva de este proyecto de ley en relación con la Función pública, que da el tono de lo que verdaderamente es un Estado democrático de derecho, y por eso vamos a votarlo favorablemente, señor presidente.


Muchas gracias.


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El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Mardones.


Por Izquierda Unidad tiene la palabra la señora Navarro.


La señora NAVARRO CASILLAS: Gracias, señor presidente.


Señorías, a pesar de que la Cámara no lo refleje, hoy es un día destacable para un gran número de funcionarios que llevan años esperando un texto normativo que unifique, clarifique y actualice el marco jurídico que les es de aplicación. Precisamente por ello contamos hoy con la presencia de representantes sindicales que han hecho posible esta ley, que mejoraron sustancialmente el texto antes de que llegara a esta casa y que sin renunciar a sus mejoras en la tramitación lo han venido apoyando, siempre con el temor de que se repitiera el freno a su tramitación y volviera la propuesta a un cajón o fuera presentada al final de la legislatura sin que pudiera ser tramitada, como había ocurrido anteriormente. Por eso hoy, en el día de su aprobación definitiva, les quiero dar la enhorabuena.


Izquierda Unida siempre ha defendido la necesidad de un estatuto de la Función pública, una norma básica que clarificara el marco jurídico aplicable al personal funcionario y que unificara al máximo el régimen entre laborales y funcionarios al servicio de la Administración pública.
Esta parecía que era la apuesta de este estatuto al llamarse Estatuto del empleado público. Sin embargo, este relevante paso finalmente no se ha llegado a dar más allá de los acuerdos alcanzados en la previa reforma de la Ley 9/1987. Hubiera sido una apuesta valiente que hubiera finalizado con una dualidad de regímenes que en muchos casos carecen de justificación razonable y no atienden a la jurisprudencia, la famosa sentencia del Tribunal Constitucional. En cualquier caso, queda pendiente para el futuro. Lo cierto es que la reforma en profundidad de la Función pública tiene una gran relevancia porque además de afectar a 2.500.000 de ciudadanos, afecta también al ejercicio de los derechos y a la satisfacción de los intereses de la ciudadanía. Precisamente por eso, como decía, Izquierda Unida apuesta por un estatuto para alcanzar una Administración pública profesional, democrática, ágil y dirigida al ciudadano que garantice la calidad de los servicios públicos, y justamente por eso rechazamos una parte de este estatuto, la creación y regulación de la figura del personal directivo, al igual que hicieron los representantes sindicales en su documento conjunto de cara a la negociación. Izquierda Unida se niega a amparar el grave error que se comete con este texto al crear una figura propia de la empresa privada, pues este personal no es seleccionado bajo el principio de igualdad y, en consecuencia, consideramos que abre una clara puerta al amiguismo.
Ustedes dicen que al fijarse unos determinados criterios y con las modificaciones que vienen del Senado se establecen garantías, pero desde nuestro punto de vista son absolutamente insuficientes. Se olvidan de la capacidad profesional de los empleados públicos. Bien podría haberse recogido el principio de igualdad para su selección, pero no ha sido así.
Esto lo pedía Izquierda Unida tanto en el Congreso como en el Senado.
Este personal estará al margen del régimen disciplinario y los sindicatos no podrán discutir ni ser informados de sus condiciones de empleo. La reforma que viene del Senado del artículo 13.2 establece un cambio entre principios y criterios. Entendemos que no es ninguna garantía, no introduce el principio de igualdad que es el que podría frenar la posible arbitrariedad en la selección de este personal.


La enmienda más peligrosa que viene del Senado y que rechazamos profundamente es la que introduce la posibilidad de que los órganos de gobierno de la Administración General del Estado y de las comunidades autónomas establezcan el régimen jurídico del personal directivo. Se abre así la posibilidad de que el Gobierno de turno establezca por la vía excepcional esta regulación, evitando el debate y control parlamentario en el régimen del personal directivo. Ahora cada Gobierno tendrá el personal directivo a su medida. Izquierda Unida no puede avalar esta posibilidad y, por tanto, votaremos en contra de esta enmienda que viene del Senado. Como vemos, es evidente que esta figura fomenta el clientelismo, las actuaciones arbitrarias y la patrimonialización de las administraciones por parte de los partidos políticos. Ustedes siempre dicen que las administraciones no van a hacer eso. Yo les voy a contar una anécdota. El conseller de Educación, Font de Mora, de la Generalitat Valenciana salió un día en prensa diciendo que él podía sacar un listado de todos los funcionarios que pertenecían al Partido Socialista; evidentemente él pertenece al Partido Popular. En democracia podíamos esperar que este tipo de declaraciones o de pensamientos siquiera no se dieran en gobiernos democráticos, pero no es así. Es decir, ante este tipo de actitudes no podemos otorgarles normas que amplíen la arbitrariedad y que posibiliten estas actuaciones. En definitiva, para Izquierda Unida la función directiva ha de ser desempeñada por empleados públicos suficientemente cualificados y seleccionados, respetando siempre los principios de igualdad, mérito, capacidad y publicidad.


La introducción de esta figura y otras carencias del proyecto nos llevaron a hacer una valoración crítica del mismo, si bien hemos de reconocer que en la tramitación parlamentaria, a pesar de las dificultades de la negociación, dignas de reseñar, hemos logrado introducir mejoras sustanciales que nos llevaron a apoyar la mayoría de este texto y que nos parece relevante destacar. Así, Izquierda Unida ha logrado mejoras que repercutirán tanto en la reducción de la temporalidad como en las condiciones de empleo y en la igualdad entre hombres y mujeres en la Función pública. Entendemos que es relevante la introducción que hemos logrado de los planes de igualdad en la Administración pública. Es una de estas medidas que cuesta introducir pero que después el Gobierno suele aludir a ellas como si las hubiera aprobado directamente. Lo cierto es que no nos importa que pretendan patrimonializar estas medidas porque ya son de la sociedad, y ese es el objetivo de Izquierda

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Unida. También hemos logrado introducir en los casos de violencia de género que se garantice el derecho al traslado; el acoso laboral queda recogido; el permiso de paternidad se adapta a la Ley de Igualdad equiparándolo; y respecto a los interinos, por fin, después de ríos de tinta y de sentencias que se han dictado reconociendo sus derechos, se va a eliminar una discriminación histórica y percibirán los trienios.
Señorías, no es culpa de los interinos que permanezcan durante años en la Administración pública, son las carencias de la propia Administración y, por tanto, tenía que ser recogido este derecho. Respecto a la movilidad forzosa con cambio de residencia, desde Izquierda Unida rechazamos que se recoja esta posibilidad, pero logramos introducir mejoras respecto a tres limitaciones; esto es, que sea excepcional y motivada, que se acuerde a través de planes de ordenación que impliquen el cambio de residencia, no de municipio, y que se dé prioridad a la voluntariedad de los traslados.
A pesar de las mejoras que introdujo Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya, no podemos apoyar esta posibilidad porque consideramos que la movilidad forzosa es un elemento contrario a la independencia del funcionario y que es prioritaria la independencia del funcionario en el ejercicio de las relevantes funciones que desempeña a una necesidad coyuntural de gestión. También nos sentimos satisfechos por haber logrado eliminar el veto expreso a la participación de los sindicatos en los procesos de selección y nos parece muy relevante la enmienda respecto a la obligatoriedad de que las ofertas de empleo público se tengan que ejecutar en tres años.


Son más numerosas las enmiendas, pero se me está acabando el tiempo.
Podemos hablar también de la promoción cruzada y de la jubilación parcial, que son medidas que se pedían por todos los grupos parlamentarios y que fueron recogidas pues eran demandas históricas de los colectivos afectados. Respecto a la promoción cruzada, se garantizará así la promoción entre los colectivos de funcionarios y laborales, algo que hubiera tenido una solución directa unificando los regímenes. Por tanto, entendemos que son positivas las enmiendas que se introdujeron en el Congreso, así como también algunas que vienen del Senado. Se incluye en el artículo 8, que clasifica a los empleados públicos, una precisión para el personal laboral fijo, introduciendo a continuación: indefinido o temporal. Se trata de una reivindicación de los profesores de religión en la enseñanza pública que querían que se recogiera esta particularidad, y nos parece positivo. Respecto al derecho al desempeño de las funciones, tengo que hacer una referencia al reconocimiento de la progresión alcanzada en la carrera profesional, que también es positivo, y otra referencia al acoso moral, que se recoge en el Senado, que también nos parece relevante. En el artículo 20, que regula la evaluación del desempeño, hay un avance tímido, que es la audiencia del interesado y la exigencia de que la resolución sea motivada. Desde el Grupo Parlamentario de Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya Verds consideramos que se podían haber incluido más garantías en el procedimiento de evaluación del desempeño. Nuestra enmienda proponía la supresión del apartado 4 con el objetivo de eliminar la vinculación del puesto de trabajo obtenido por concurso a la evaluación del desempeño, pero no fue atendida. Todas las adaptaciones a la Ley de Igualdad nos parecen positivas. Y respecto a la disposición adicional segunda, que prevé la posibilidad de libre designación para cubrir determinados puestos en municipios grandes, vamos a abstenernos en su votación porque preferimos, como siempre, el concurso de méritos a la libre designación. La libre designación nunca puede ser la apuesta de nuestro grupo parlamentario.


En definitiva, señorías, se han producido importantes mejoras en toda la tramitación del texto, aunque quedan algunas pendientes de las que proponía Izquierda Unida y cuya inclusión hubiera sido razonable pero no fueron atendidas en el Senado, como mejorar la situación del personal directivo incluyendo el principio de igualdad o considerar que los principios de objetividad, profesionalidad e imparcialidad solo se garantizan con la inamovilidad en el puesto de trabajo y no con la condición de funcionario; también, como decía antes, eliminar la inamovilidad que implique cambio de residencia o incluir a todo el personal de investigación, como se ha reclamado por miles de firmas de investigadores registradas en el Senado y como se ha propuesto desde el propio CSIC.


En definitiva, desde nuestro firme compromiso con una reforma estatutaria basada en la potenciación del servicio público, en la democratización de las administraciones públicas, en la erradicación del clientelismo y del poder arbitrario y la efectividad de los principios constitucionales de igualdad, mérito y capacidad,...


El señor PRESIDENTE: Señora Navarro, tiene que ir concluyendo.


La señora NAVARRO CASILLAS: Voy terminando, señor presidente.


... reiteramos que si bien este Estatuto no es nuestro modelo, nos sentimos satisfechos por nuestras aportaciones, que consideramos que respetan profundamente los derechos de los funcionarios públicos, luchan contra la temporalidad y apuestan por la igualdad de género. Señorías, representantes sindicales, desde Izquierda Unida seguiremos luchando también por estos principios en las leyes que se han de dictar en desarrollo de este Estatuto, sencillamente por nuestro firme compromiso con lo público,...


El señor PRESIDENTE: Señora Navarro, lo siento.


La señora NAVARRO CASILLAS: Ya acabo, señor presidente.


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El señor PRESIDENTE: Me obliga usted a tomar una decisión y siendo miembro de la Mesa no debería ponerme en esta dificultad. Concluya, por favor.


La señora NAVARRO CASILLAS: Me queda una frase, señor presidente.


...por acabar con la temporalidad y con el clientelismo en la Administración pública, porque ese es nuestro firme compromiso con los ciudadanos.


Gracias. (Aplausos.)

El señor PRESIDENTE: Gracias, señora Navarro.


Señor Olabarría, por favor.


El señor OLABARRÍA MUÑOZ: Gracias, señor presidente.


Voy a ser breve y espero no verme en la tesitura de quedarme sin megafonía. Quisiera empezar saludando a los representantes sindicales que nos acompañan y decir que buscar como elemento de legitimación que esta ley ha sido objeto de consenso y de transacción con todas las organizaciones sindicales no es realmente cierto. Faltan las que siempre suelen faltar, desafortunadamente, aquellas que ostentando la condición de mayor representatividad sindical no son de ámbito estatal. Este es un problema con el que ya estamos acostumbrados a convivir. No obstante, a los que están se les saluda igualmente.


No quiero abrir un turno de alusiones ni de réplicas, pero quisiera manifestar que discrepo de la filosofía que impregna parte de la intervención de la señora Navarro. Esta ley no está concebida para atender los derechos y obligaciones o las necesidades e intereses de 2.500.000 personas, funcionarios o personal laboral, sino que está destinada a atender las necesidades de la totalidad de la ciudadanía, es decir, de los usuarios de la Administración. Esta es una ley para los ciudadanos y todos ellos, afortunada o desafortunadamente, tienen que usar los servicios públicos que las administraciones del Estado español prestan. Estamos hablando de uno de estos derechos que se denominan de nueva generación, como el derecho al medioambiente, el derecho al buen gobierno, que además de una buena ley necesitan gobernantes responsables, cosa que no siempre se puede garantizar, y otros derechos que pronto serán constitucionalizados, y el contenido esencial de estos derechos es lo que se prevé de forma razonablemente bien -nosotros estamos de acuerdo y vamos a votar la totalidad de las enmiendas que llegan del Senado- en este proyecto de ley, en cuya tramitación empezábamos a usar un eufemismo, no ofensivo para nadie, con demasiada diligencia. La ponencia duró media hora, señor presidente, la Comisión hora y media y ya tuvo un poco más de facundia y un poco más de enjundia el debate en el Pleno, afortunadamente. Los primeros trámites del íter legislativo rayan en la falta de decoro. Al margen de estos problemas circunstanciales en origen, luego hemos hecho un buen debate en el Pleno del Congreso y en el Senado y podemos mostrar nuestra satisfacción por una buena ley, una ley moderna, una ley avanzada que regula de forma muy innovadora -utilizando las referencias del derecho comparado que conocemos- el Estatuto del empleado público en su dimensión más amplia, tanto de personal estatutario como del laboral y de los funcionarios de carrera.


Estamos particularmente satisfechos -solo por eso votaríamos la ley en su conjunto, al margen de algunas discrepancias puntuales y de algunas cuestiones polémicas que pueden suscitarnos algunos preceptos- de lo que se prevé en la que ahora es disposición adicional tercera y fue disposición adicional segunda en la ley que salió del Congreso. Esto supone que en relación con los funcionarios de habilitación estatal se reconoce de forma explícita y muy clara la competencia de las comunidades autónomas, tanto en su dimensión foral, en las diputaciones forales o en las juntas generales, en materia normativa, como en el ámbito autonómico, cosa que no se reconocía en el Congreso de los Diputados. La competencia exclusiva se vinculaba o circunscribía al ámbito autonómico, foral en este caso, con relación a los funcionarios de habilitación estatal, lo cual es algo innovador y acredita que esta ley no es centralista en su inspiración ontológica, sino que es una ley respetuosa con las competencias autonómicas. Como digo, vinculaba esta competencia para los funcionarios de habilitación estatal solo a las instituciones de régimen foral y no a las instituciones comunes del País Vasco, cosa que sí se hacía sin embargo con la Comunidad Foral de Navarra. Esto se ha corregido en el Senado y solo por esta corrección, que imbrica lo que se regula en esta materia con los derechos históricos que constitucionalizan la disposición adicional primera de la Constitución y la derogatoria segunda, que deroga las leyes abolitorias de los fueros vascos en tanto en cuanto siguieran vigentes, nos parece que ya merece un reconocimiento sobre una legislación en la cual el legislador estatal ha sido siempre particularmente jacobinista en sus planteamientos normativos. No voy a hacer un repaso histórico de lo que fue el arreglo -nunca mejor utilizada la expresión- del ministro López Ballesteros, en el siglo XIX, del Estatuto de Maura, del Estatuto de Bravo Murillo, de la Ley de Funcionarios Civiles del Estado del año 1963. Y ya la gran humorada del legislador estatal, después del advenimiento de la democracia, fue cuando en la Ley 30/1984 declara básicos todos los preceptos menos uno -no recuerdo siquiera cuál es ese uno que no se declara básico-, rayando ya en el sainete jurídico, si se puede utilizar esta formulación. Esta ley hace lo contrario: reconoce los títulos competenciales de las comunidades autónomas, puesto que la habilitación del legislador estatal se circunscribe exclusivamente -y eso está bien perfilado por la jurisprudencia constitucional- a la determinación de las bases del régimen jurídico de la Función pública, y esta ley no sobrepasa esta habilitación que corresponde, afortunadamente, al legislador estatal; digo afortuna

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damente, porque las experiencias en materia de Función pública han sido nefastas en el respeto al reconocimiento de los títulos autonómicos.


Ya por fin la ley es buena, en términos generales; es innovadora, porque en la estructura retributiva se prevén complementos que, aunque se utilizan perífrasis que intentan disfrazar lo que se pretende, están vinculados a la potenciación de la productividad mediante una estructura retributiva que tiene dos segmentos, uno de ellos vinculado al trabajo, siempre partiendo de la sospecha de que en el ámbito de la Función pública se sigue trabajando poco -no sé por qué, porque tampoco está empírica ni experimentalmente demostrado- y que hay que establecer incentivos para que los funcionarios trabajen como pretendidamente se trabaja en la empresa privada. Esta es una reflexión que subyace en el inconsciente colectivo e incluso en las instituciones políticas, pero que no está demostrada. Pero, bueno, no me parece mal lo que establece: una estructura retributiva; unas estructuras de movilidad, tanto horizontal como vertical, geográfica y territorial; la incorporación de elementos de conciliación de la vida laboral y familiar importantes -no en vano el ministro también tiene que conciliar, como el que les habla en este momento, y solo los que tenemos que conciliar de verdad sabemos lo que se sufre cuando en el ámbito normativo no se prevén fórmulas para conciliar adecuadamente la vida laboral y familiar-, y lucha contra el mobbing o acoso laboral en el trabajo, donde se define la represión punitiva de esta patología de forma mucho más correcta en esta ley, desde una perspectiva técnico-jurídica, que en la reforma del Código Penal, que también identifica como delito el acoso laboral en el trabajo, pero lo hace de forma tan confusa técnicamente que supone, de facto, una despenalización del mismo. O se mejora esta reforma parcial del Código Penal, donde se tipifica como delito el acoso laboral, o lo que vamos a hacer es, por la confusión del precepto y por los problemas de hermenéutica que provoca, despenalizar la figura.


En definitiva, estamos hablando de una ley moderna, de una ley que satisface seguramente a los intereses de los funcionarios, pero sobre todo tenemos la esperanza de que satisfaga a quien realmente debe hacerlo una ley de estas características, que es a los ciudadanos, que al fin y al cabo son los usuarios, muchas veces malgré lui, de los servicios que prestan las administraciones -en plural- públicas que configuran el Estado español. Por tanto, enhorabuena para todos, porque es una buena ley, y enhorabuena sobre todo para los partidos nacionalistas, que siempre nos hemos sentido, en este sector particular del ordenamiento jurídico, preteridos en nuestros derechos reconocidos -y no vamos a ir más allá- en la propia Constitución y en los estatutos de autonomía.
Desde esa perspectiva, como le he indicado al principio, señor presidente, vamos a votar favorablemente las enmiendas que han sido objeto de elaboración y de aprobación por el Senado, porque en este momento podemos decir que ha realizado una función depurativa notable, muy notable en relación a este proyecto de ley.


Muchas gracias, señor presidente.


El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Olabarría.


Esquerra. Señor Ramón, por favor.


El señor RAMÓN TORRES: Gracias, señor presidente.


Esta es una ley que, como han comentado algunos portavoces que me han precedido en el uso de la palabra, se ha incorporado en el marco de un diálogo parlamentario importante, un diálogo que ha llevado a nuestro grupo, que presentó una enmienda de devolución de este proyecto de ley, a acabar aprobando la ley y a votar favorablemente hoy todas las enmiendas que vienen del Senado. Esquerra Republicana presentó la enmienda a la totalidad porque entendía que el texto original del proyecto de ley invadía -para decirlo de una forma suave-, de una manera muy desafortunada, las competencias exclusivas que en materia de Función pública otorgaba a la Generalitat el nuevo Estatuto de Cataluña.
Concretamente, el artículo 136 de este nuevo Estatuto marca claramente que las competencias en materia de Función pública corresponden a la Generalitat de Cataluña, aunque en su apartado b) se establecen unas excepciones que entendíamos que eran las únicas materias en Función pública que, en una ley de bases, pudiera llegar a regular en Cataluña una ley del Estado. Sí que es verdad que este acuerdo, este diálogo, esta negociación parlamentaria -y aquí agradezco al grupo mayoritario su predisposición a llegar a un pacto- ha marcado una cláusula competencial o una salvaguarda competencial que marca muy claramente que en Cataluña esta ley no va a poder regularizar todas aquellas competencias que, en materia de Función pública, le otorga el nuevo Estatuto de Cataluña a la Generalitat. Este pacto nos ha ayudado a sacar adelante uno de los problemas o una de las inquietudes que teníamos en nuestro grupo parlamentario. También habíamos intentado pactar que la competencia sobre todos esos funcionarios que tenían habilitación especial, y me refiero concretamente a los secretarios e interventores de ayuntamientos, fuera competencia autonómica. Hemos señalado que serán funcionarios que dependerán de los municipios, porque entendemos que están trabajando para los entes locales, pero sí hemos acabado marcando que las competencias de esos funcionarios van a ser reguladas por las comunidades autónomas. Esta buena predisposición al pacto se ha llevado a cabo en el Senado. Es verdad que nuestro grupo parlamentario, aparte de estar prácticamente a favor de la mayoría de enmiendas que vienen del Senado, cree que introducen unos cambios técnicos en la ley que mejoran el texto que salió del Congreso. Debo decirle que nuestro grupo parlamentario hubiera preferido una redacción distinta de algunas de estas enmiendas, otra redacción menos confusa, pero en aras de ese pacto al

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que hemos llegado en el Senado, sobre el que la mayoría de los grupos parlamentarios entiende que en su globalidad mejoran el texto que salió del Congreso, nosotros votaremos favorablemente a esas enmiendas.


Como les he dicho al principio de nuestra intervención, agradecemos a todos los grupos parlamentarios, especialmente el grupo mayoritario, esa voluntad de negociación, que ha llevado a nuestro grupo parlamentario a pasar de esa enmienda a la totalidad a votar hoy favorablemente a todas las enmiendas que nos han llegado del Senado.


Muchas gracias.


El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Ramón.


Convergència i Unió. Señor Jané.


El señor JANÉ I GUASCH: Gracias, señor presidente.


Señorías, en el Pleno del Congreso de hoy vamos a cumplir el último trámite de una ley importante, una ley significativa, porque viene a cumplir un mandato constitucional. El Estatuto del empleado público, ese régimen estatutario, es un mandato del artículo 103.3 de la Constitución.
Llevamos casi treinta años de vigencia de la misma y todavía no habíamos realizado esta ley. Otros ministros lo habían intentado, a todos ellos también un reconocimiento por el trabajo realizado en legislaturas precedentes, pero nunca se llegó a buen puerto. Hoy sí que vamos a aprobar definitivamente ese régimen estatutario que la propia Constitución prevé.


Es una ley importante que afecta a más de dos millones de empleados públicos, pero que también afecta al conjunto de la sociedad, porque la apuesta de esta ley debe ser que al final las administraciones públicas en su conjunto y todos los empleados públicos puedan servir mejor al interés general, y a ese servicio público que los mismos tienen encomendados. Por tanto, es una ley importante.


Segundo aspecto. Es una ley competencialmente compleja. El Grupo Popular mantuvo desde el inicio una posición contraria a este proyecto de ley. El Grupo Popular ha destacado siempre, como uno de los puntos contrarios de esta ley, que era poco básica, que era demasiado generosa con las comunidades autónomas, aunque para algunos lo era poco; nunca se encuentra el punto de equilibrio en las negociaciones. Para ustedes, el Grupo Popular, era una ley que de alguna manera limitaba a un mínimo muy mínimo la legislación básica, para otros se iba extralimitando ese concepto de legislación básica. Y se ha llegado a un punto de acuerdo, que vamos a respetar, como vamos a respetar el acuerdo al que hemos llegado en el Senado. Habrá enmiendas que nos gustarán más o menos, pero daremos ese respeto global a la palabra dada y al acuerdo al que hemos llegado en el Senado con el Grupo Socialista, con el Grupo de la Entesa Catalana de Progrés, con el Grupo Vasco y con el Bloque Nacionalista Galego.


Me gustaría destacar una disposición de esta ley que en el ámbito competencial es muy significativa: la disposición final segunda.
Señorías, esta es la primera ley de las Cortes Generales que reconoce los derechos históricos que el Estatuto de Autonomía de Cataluña reconoce e incorpora en el artículo 5. Esta ley, en su disposición final segunda, hace una llamada a esos derechos históricos que Cataluña tiene reconocidos en su Estatuto, ya que como fruto de una enmienda de Convèrgencia i Unió en la que pedíamos: En Cataluña se aplicará de esta manera esta ley, se llegó a un pacto. La disposición final segunda dice: Las previsiones de esta ley son de aplicación a todas las comunidades autónomas, respetando, por tanto, en todo caso las posiciones singulares en materia de sistema institucional. Esta frase, las posiciones singulares en materia de sistema institucional, es idéntica a la que aparece en el artículo 5 del Estatuto de Autonomía de Cataluña, sobre derechos históricos, en el que se reconoce a la Generalitat una posición singular en determinados aspectos, entre ellos el sistema institucional.
Evidentemente, la Función pública es también sistema institucional, por tanto, le queremos dar todo el valor, porque además se respetan las competencias exclusivas y compartidas en materia de función pública y de autoorganización que les atribuyan los respectivos estatutos de autonomía, en el marco de la Constitución. Por tanto, se trata de un avance importante que guarda relación con el artículo 136 y el artículo 5 del Estatuto, y que va a dar juego al ámbito competencial de la Generalitat de Cataluña en este aspecto que valoramos significativamente, como valoramos significativamente que al final no se haya cedido a los intentos reiterados de intentar modificar esta disposición final segunda, que nos consta venían por tierra, mar y aire; intentos que venían desde el propio palacio de La Moncloa, dirigidos a bombardear esa disposición final segunda, que en definitiva tenemos que celebrar que se haya mantenido.


Convèrgencia i Unió ha realizado avances a lo largo de todo el trámite parlamentario, incluso antes de que este proyecto llegara a las Cortes Generales. Hemos negociado a fondo con el Ministerio de Administraciones Públicas y, en este sentido, quiero agradecer al equipo del ministerio su predisposición, así como la suya a los grupos parlamentarios aquí presentes, lo cual dije en Comisión y digo hoy aquí para que conste en el "Diario de Sesiones" del Pleno. Como son muchos los agradecimientos voy a singularizarlos en la persona de José Vidal Portillo, porque quizás él más que nadie ha padecido las mutuas interferencias legislativas que los distintos grupos parlamentarios hemos ido cruzando para llegar a transacciones en esta importante ley. Por tanto, a todos ellos les brindo mi agradecimiento.


Convèrgencia i Unió en todos estos trámites ha realizado enmiendas y aportaciones que quiero destacar. La introducción de la jubilación parcial, era una vieja reivindicación, y en relación con este tema quiero saludar a los representantes sindicales que hoy nos acompañan en esta

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sesión plenaria. En el Senado hemos introducido también el hecho de que la jornada de trabajo pueda ser a tiempo completo o a tiempo parcial. Fue también aportación de nuestro grupo parlamentario, así como de otros grupos de la Cámara, el hecho de que se reconozcan los trienios de los funcionarios interinos, lo cual también se va a introducir en el proyecto de ley. Por otro lado, hay un aspecto importante que pasa desapercibido.
Hay una disposición transitoria primera, que nuestro grupo negoció en la fase prelegislativa con el propio ministerio, relacionada con la garantía de los derechos retributivos. Nuestro deseo es que con la aprobación de este proyecto de ley nadie pierda; que porque haya una reorganización de las escalas, de los grupos, etcétera, ningún empleado público pueda llegar a tener unos emolumentos retributivos menores que los que está percibiendo hoy. Por tanto, que a través de los complementos que pueda percibir cada empleado público, de los distintos aspectos de sus retribuciones, en ningún caso -disposición transitoria primera- los empleados públicos puedan salir perdiendo. Esta garantía era necesario establecerla en el proyecto de ley, y Convergència i Unió lo ha hecho así. Ahora hemos modificado en el Senado el artículo 14, que es de gran importancia, junto con otras disposiciones adicionales que también se han introducido allí en el sentido de recoger, como un derecho del empleado público, que se le respete la progresión alcanzada dentro de su carrera profesional. También es un derecho que, si han alcanzado una determinada progresión en su carrera, dicha progresión pueda ser respetada, y así figura en las enmiendas que vienen del Senado.


Quiero destacar, porque fue una aportación de nuestro grupo parlamentario, el apartado 2 del artículo 47: dos días adicionales al cumplir el sexto trienio. Entre los días de libre disposición se quiere premiar de alguna manera la permanencia dentro del empleo público: esos dos días adicionales a partir del sexto trienio, y un día adicional por cada trienio a partir del octavo. No deja de ser un incentivo más que se introduce en la nueva ley, que es aplicable con carácter general, además de otros incentivos o de otros días que puedan tener reconocidos; va en un apartado aparte y por tanto es de plena aplicación.


En el tema de la evaluación del desempeño nuestro grupo era muy crítico, y lo era por el hecho de que pudiera dar lugar a tratos arbitrarios o discriminatorios. Hacemos una clara solicitud al conjunto de las administraciones públicas: que apliquen bien esta evaluación del desempeño. En el Senado se ha mejorado, ya que hemos introducido mayores garantías, como la propia audiencia, más publicidad. Pedimos que sea un incentivo más, pero que esa evaluación del desempeño no sea un elemento para introducir discriminaciones o favoritismos; podría ser un peligro y por tanto nosotros, que habíamos sido críticos, en aras de ese acuerdo final introducido en el Senado -y vamos a respetar, repito, todas las enmiendas, por ese acuerdo global-, pedimos esa absoluta neutralidad en lo que es la aplicación de esa evaluación del desempeño.


Hay aspectos que nos hubiera gustado que hubiesen sido distintos: el artículo 76, la disposición transitoria tercera, aspectos de los grupos de la clasificación profesional. Nos hubiera gustado dar más juego a las competencias de las comunidades autónomas para poder hacer clasificaciones distintas e incluso en estos casos haber podido reconocer derechos como los de los ingenieros técnicos, que creemos que no han quedado bien reflejados. También nos hubiera gustado mayor flexibilidad en los artículos relativos a las retribuciones, porque creemos que esas retribuciones básicas que fijan los Presupuestos Generales del Estado solo deberían serlo para la Administración General del Estado, y no para el conjunto de las administraciones públicas; pensamos que aquí se extralimita el título del 149.1.13. Repito, son aspectos de discrepancia, pero en su conjunto en este trámite de las Cortes Generales hemos mejorado el proyecto de ley. Esperamos que sea un proyecto de ley que sirva al conjunto de la sociedad, y también que venga a reconocer el empleo público, a los millones de personas que se dedican con esfuerzo a un empleo público que necesita mayor dignidad en sus condiciones, pero sobre todo necesita que desde los poderes públicos les demos alicientes.
Esta nueva ley que hoy se aprueba puede dar respuesta, y esperamos que sea aplicable de manera amplia, cercana a los propios empleados públicos y al conjunto de la sociedad, por todas las administraciones públicas.


Señor presidente, señorías, muchas gracias.


El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Jané.


Señor Guerra Zunzunegui. Grupo Parlamentario Popular.


El señor GUERRA ZUNZUNEGUI: Señor presidente, señorías, sean mis primeras palabras para dar la enhorabuena al diputado y buen amigo mío señor Jané, porque nos ha ido definiendo el íter seguido por su grupo: las primeras conversaciones, los acuerdos posteriores, etcétera. Y le doy la enhorabuena por una razón: porque el Grupo Parlamentario Popular, que tiene casi la mitad de los miembros de la Cámara, no ha podido tener ni conversaciones ni el menor acuerdo, y eso demuestra el talante del partido de la mayoría, el talante que definió en sus primeras intervenciones el presidente del Gobierno.


Pero es que, además, nos encontramos aquí con que, para redactar el proyecto de ley que hizo el Partido Popular en la anterior legislatura, que no llegó a aprobarse porque se disolvió la Cámara, desde el primer momento se mantuvieron conversaciones con el Grupo Socialista, se llegó a acuerdos, tuvimos la posibilidad de presentar un proyecto de ley hecho por la gran mayoría de la Cámara, aunque al final el portavoz del Grupo Socialista, hoy presidente del Gobierno, señor Rodríguez Zapatero, no admitía ese acuerdo. En una ley tan importante como es el Estatuto básico del empleado público, que afecta, como aquí se ha dicho muy bien, a más de

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dos millones de funcionarios, lo lógico -y se hubiera hecho en cualquier país democrático de Europa occidental- hubiera sido que se llegase a un acuerdo entre los grandes partidos, porque no hay nada peor -y creo que se está haciendo tanto en la legislatura pasada como en esta- que coser y descoser en muchísimas leyes, que están vigentes durante diez o quince años, porque no son leyes de carácter político, y se deben cambiar según a quien dé la confianza el pueblo español. Hoy se aprueba una ley con una Cámara dividida casi al 50 por ciento, fiel reflejo del malestar que en estos tiempos se ha podido constatar entre los empleados públicos, funcionarios o trabajadores laborales. Se aprueba una ley -antes lo decía el señor Olabarría- cuya tramitación -hay que decirlo así- ha sido vergonzosa. No hay dictamen del Consejo de Estado, cosa que no comprendemos; ya sabemos que no es preceptivo, pero no me digan que no es conveniente el dictamen del Consejo de Estado en el Estatuto del empleado público, y no solo conveniente, sino que diría que también es necesario.
Pero lo que es realmente vergonzoso es que el debate en ponencia de un tema tan importante haya durado menos de media hora, y en comisión no llegó a dos horas, aunque después -como aquí se ha dicho- hubo en esta Cámara un debate importante, así como también en el Pleno del Senado.
Reiteramos que para una ley tan importante no se ha solicitado el dictamen del Consejo de Estado, y además se ha tramitado a uña de caballo.


Hay otra cuestión importante, que se refiere a las corporaciones locales.
Estos días anteriores ustedes habrán leído declaraciones de los colegios de secretarios de administración local, de interventores, de depositarios, etcétera, expresando no su oposición, sino que la ley realmente no entra en el tema de los funcionarios de Administración local, que deja fuera. Incluso hay una carta del presidente de la Federación de Municipios y Provincias -alcalde de mi circunscripción, del Grupo Socialista-, en la que se solicitaba la inclusión del tema en la ley, y que ya había aprobado dicha federación; fue curioso, porque el ministro en el Senado preguntó cómo se había conocido la carta, a lo que se contestó que la había facilitado la propia Federación de Municipios y Provincias, a través de una representación importante.


También se aparta de este proyecto de ley el tema de titulaciones, algo que se repitió en el debate de totalidad aquí en el Congreso, antes de que la ley se enviara al Senado. Para que lo sepan todas SS.SS., no solo los que están en la Comisión, y para que quede constancia en el "Diario de Sesiones", hay que decir que no se entra en el tema de las titulaciones porque esto no es de Administraciones Públicas, sino que tiene que venir por parte de Educación. Sabemos que Educación tiene un problema, pero se tiene que definir, y no puede decir: mire usted, es que Bolonia... Bolonia está ahí y en 2010 hay que aplicar las titulaciones en España, pero con esa disculpa de que no está definido por parte de Educación, en el proyecto de ley -que hoy será ley- no se entra en el tema de titulaciones. Se creó una comisión de expertos por parte del ministerio, muchos de los cuales no estaban de acuerdo con el proyecto, porque no se tenían en cuenta -y se subrayó- las peculiaridades de los empleados de la Administración local y consecuentemente su regulación específica.


Frente al supuesto consenso al que permanentemente se refiere el Gobierno socialista, tenemos que reiterar que no ha habido ni el más mínimo acercamiento al partido popular; no charlas, sino sentarse a una mesa, como han hecho con otros grupos, y decir: señores, vamos a ver qué posibilidades hay de que salga un proyecto de ley con una gran mayoría de la Cámara, y que no se vea obligado el Partido Popular a estudiar su posible modificación dentro de equis tiempo. Quiero decir -y aprovecho para saludar a los representantes sindicales- que se ha perdido una ocasión, aunque hay una serie de aspectos positivos para el funcionario público; nuestro grupo no dice que toda la ley sea mala, hay algunos aspectos como paternidad o emolumentos que son positivos, pero -y lo saben los sindicatos de la Función pública- se dejan excesivamente a la discrecionalidad muchos de los puestos de la Administración, y eso tiene grandes peligros -aquí se ha dicho-, por ejemplo, que el Gobierno de turno, bien en la comunidad autónoma o bien a nivel estatal, quiera intervenir excesivamente, dada esa arbitrariedad que se deja abierta en este proyecto de ley.


Hay otro aspecto que no nos gusta. Nosotros entendemos que la legislación básica debe ser de carácter estatal, y la adicional segunda se sale de la legislación básica. Voy a ser franco, ya que junto a este proyecto de ley se estaba discutiendo el Estatuto catalán, y creo que eso ha hecho que se cediera. No quiero dar nombres, pero conozco a personas del ministerio que me han dicho: estábamos obligados por el Estatuto catalán; si no, no habríamos entrado en eso. Por eso digo que ha sido un tema difícil, no nos gusta, y lo tenemos que reiterar.


No se admitió ninguna de las 120 enmiendas que presentó el Partido Popular. ¿Ustedes conocen que en algún proyecto de ley de un lado o de otro de la Cámara no se haya aceptado ni una sola de 120 enmiendas? Esto ha pasado también en el Senado: no se nos ha admitido ninguna. Estamos de acuerdo con algunas enmiendas, y las votaremos como hicimos en el Senado, concretamente la transaccional al artículo 47, elaborada sobre la 173 de CiU -ya ve, señor Jané, que no solamente pueden pactar con el Gobierno, sino también con la oposición-, y la transaccional a la disposición transitoria sexta, firmada por todos los grupos parlamentarios. En el resto nos vamos a tener que oponer. Sentimos que no se haya llegado a un acuerdo, como se debe hacer en una ley de este tipo. Nos van a obligar a tener que efectuar, dentro de unos meses, algunas modificaciones de este proyecto de ley. Queremos reiterar que hay algunos avances positivos para los funcionarios públicos, pero hay un tema de discrecionalidad que nos da un miedo tremendo. Por último, yo diría que algunos temas de la

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legislación básica, que corresponde al Gobierno central, concretamente la disposición adicional segunda, podrían plantear la duda -la están rozando- de si realmente son constitucionales o no.


Finalizo, señor presidente, reiterando la tristeza por parte del Partido Popular y la falta de talante del Grupo Socialista, que no ha admitido ninguna enmienda y no ha querido saber nada. Yo no sé qué pasaba. Además del estatuto, ¿había algún problema con los acuerdos del Tinell o qué? Porque lo demás no lo entiendo.


Señorías, señor presidente, muchas gracias. (Varios señores diputados: ¡Muy bien! - Aplausos.)

El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Guerra Zunzunegui.


Grupo Socialista. Señora Malaret.


La señora MALARET GARCÍA: Gracias, señor presidente.


Hoy, como diría el cantante, es un gran día. Hoy aprobamos una ley importante. Hoy aprobamos una reforma histórica de la Función pública. No es una licencia lingüística calificar el Estatuto básico del empleado público como reforma histórica. Por ello hay que afirmarlo de manera clara y rotunda con toda la fuerza que nos dan las razones en que se fundamenta el texto que hoy aprobamos, una ley que abre las puertas a la modernización del empleo público. Ya no habrá excusas para no acometer reformas en profundidad. Las herramientas ya están disponibles. Ya no podrá alegarse que no se sabe lo qué es básico y lo que no lo es, o que se desconoce lo que está derogado de la Ley López Rodó. A partir de hoy el marco es claro y nítido. Derogamos claramente los restos de la Ley de 1964 y si no se acometen a partir de ahora las reformas, será por falta de voluntad o de interés. Falta de interés es lo que acaeció en el Grupo Popular durante la mayoría absoluta, en que no presentó el proyecto de estatuto básico.


Es una reforma histórica por cuatro razones que podemos ahora enunciar: primero, porque tiene carácter estructural, afecta no solo al Poder Ejecutivo en su conjunto, a los dos millones y medio de empleados públicos, sino sobre todo, como se ha dicho ya antes, a todos los ciudadanos, aunque no traten diaria y cotidianamente con la Administración pública, pero utilizan las infraestructuras públicas y desarrollan sus actividades con tranquilidad y confianza. En segundo lugar, lo es porque veintinueve años después de haber aprobado la Constitución cumplimos un mandato constitucional, lo que ya de por sí tiene valor, especialmente para aquellos que comparten los valores constitucionales. En tercer lugar, porque ha habido pocas reformas relevantes en nuestra historia y porque de estas solo el Estatuto de Maura se aprobó en un contexto no autoritario, si bien, como es conocido, su vigencia fue escasa. En último lugar, porque dadas estas circunstancias, conscientes de su significación, esta aprobación se produce con un amplio respaldo en este Parlamento, de todos los grupos parlamentarios excepto el Grupo Popular, y con un amplio consenso territorial, social y sindical. Por ello, en nombre del Grupo Parlamentario Socialista, quiero dar las gracias a todos los que han participado en el proceso de elaboración de la ley y muy especialmente a los representantes de los sindicatos y a los portavoces de los grupos parlamentarios.


En efecto, tanto los sindicatos mayoritarios en el sector público, los que representan alrededor del 70 por ciento del empleo público, como distintos colectivos profesionales y la práctica unanimidad de los grupos parlamentarios, sabedores de la importancia de la medida que tomamos, se pusieron a trabajar para encontrar el acuerdo necesario, un acuerdo al que hemos llegado dialogando, discutiendo sin aspavientos y sin fanfarria, sin ruido. Nuestra actitud ha estado guiada por dos lemas muy sencillos: trabajo y diálogo; un trabajo desarrollado en reuniones formales e informales. ¿Cuántas horas hemos invertido para encontrar el acuerdo? Quizá, porque nosotros pensamos en la sociedad, en resolver los problemas reales, no en los construidos en oscuros cenáculos, el Gobierno, la mayoría del Parlamento, diseña y aprueba las reformas necesarias para atender las demandas de los ciudadanos y las empresas para garantizar más y mejores derechos, para aumentar la eficacia y la eficiencia de nuestras administraciones públicas. Señores del Grupo Popular, cuando haya pasado ese periodo de agitación callejera y retomen los hábitos propios de la derecha europea se arrepentirán de no haber sido parte de este consenso. Incluso antes, seguramente, veremos como al desarrollar la ley en las comunidades autónomas en las que gobiernan, este texto, hoy tan denostado, mostrará todas sus potencialidades y seguirán en el camino modernizador que hoy emprendemos aquí sin ustedes.
Así lo esperamos para el bien de todos. Porque creemos en lo público, en la importancia de las administraciones públicas para hacer efectiva la igualdad de oportunidades, para impedir que solo la cuna determine el futuro de la gente, para hacer efectiva la cohesión social, para aumentar la competitividad de nuestras empresas, queremos modernizar las administraciones públicas, no ocuparlas o capturarlas. El Estatuto básico del empleado público es no solo adecuado a las necesidades de la España de 2007, sino que es plenamente coherente con la constitución territorial, con el Estado de las autonomías que hemos construido entre todos. Lo es porque respeta escrupulosamente el canon constitucional establecido en el 149.1.18.ª El estatuto diseña el régimen común, los principios ordenadores de los empleados públicos de todas y cada una de las administraciones públicas de España, sin excepción alguna: la tipología de empleados, las reglas de acceso y promoción, los derechos y deberes, las situaciones administrativas y el régimen disciplinario.


El contenido del texto que hoy aprobamos responde al contexto actual. Toma en consideración dos datos que no pueden ignorarse si de verdad se quiere reformar. En primer lugar, el empleo público es, desde un punto de

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vista cuantitativo, empleo autonómico y local, si bien los cometidos reservados al Estado suponen que el empleo estatal no sea precisamente irrelevante. En segundo lugar, el impacto de la laboralización de este empleo ha sido muy fuerte, en parangón con lo acaecido en la mayoría de países de nuestro entorno. Veamos las dos grandes opciones estratégicas que sustentan la reforma, un estatuto básico, un estatuto del empleo público, dos cuestiones entrelazadas y esenciales que fundamentan la estrategia modernizadora. Veamos por qué un estatuto del empleo público.


El concepto de Función pública ha sido objeto de numerosas controversias.
El estatuto adopta una posición ecléctica o intermedia, mantiene una concepción tradicional, una noción formal vinculada al derecho administrativo, y, paralelamente, extiende los principios básicos que disciplinan a este colectivo a los trabajadores vinculados por una relación de derecho laboral operando así una concepción material partiendo de la idea de que lo relevante es el empleo en la Administración pública y partir de este dato se construyen los elementos en común que nos permiten hablar del Estatuto del empleado público, una comunidad de reglas muy visible en materia de acceso, una aproximación de regímenes también presente en otros países de nuestro entorno. Es una concepción que encuentra también su reflejo en el diseño de otro aspecto esencial: el acceso debe producirse a un cuerpo u otro tipo de agrupación basada en competencias y conocimientos comunes y luego la promoción es a un puesto de trabajo. De nuevo vemos como se opta por un modelo flexible que permita su adaptación a la pluralidad y diversidad de administraciones públicas, un modelo que está en sintonía con las reformas recientes en los países de nuestro entorno cuando se produce un proceso de aproximación de los dos grandes modelos de empleo público existentes en Europa, el modelo de carrera y el modelo de puestos de trabajo. Como pueden ver, señores del Partido Popular, hay modelo, aunque no sea el suyo, y sobre todo parece difícil sostener que a partir del estatuto tendremos diecisiete modelos de Función pública, uno por cada comunidad autónoma, cuando en Europa hay dos grandes modelos que tienden cada vez más a aproximarse. ¿Realmente creen que tanta imaginación tienen los españoles como para inventarse quince modelos más? Es cierto que el papel lo aguanta todo, las palabras se las lleva el viento, pero las hemerotecas existen y algunos tienen afición a consultar los materiales almacenados. Por suerte, todos sabemos que no se cambia la Administración por decreto y menos con soflamas. Este es un estatuto básico en sentido estricto, una ley respetuosa con las competencias de desarrollo legislativo de las comunidades autónomas en sintonía con lo establecido por la comisión de expertos. Es una ley que respeta la potestad organizativa que debe desplegarse con toda su plenitud y por ello el estatuto es también especialmente respetuoso con la autonomía local, tal y como explícitamente se señala en el articulado.


En relación con las medidas reformadoras, las podemos ordenar en dos grandes bloques: refuerzo de la profesionalización y la competencia -o méritos, siguiendo la terminología tradicional- y creación y refuerzo de los derechos de los trabajadores, de los empleados públicos. En cuanto al refuerzo de la profesionalización, creo que hay que enfatizar como en relación con el acceso se establecen los principios de carácter abierto y transparente, igualdad, mérito y capacidad, necesaria adecuación de las pruebas a los cometidos que luego deberán desarrollarse, carácter técnico de los órganos de selección y regulación de la clasificación profesional, partiendo de las orientaciones derivadas del reconocimiento del espacio europeo de Educación. Así, el acceso a cada grupo dependerá del título que en cada supuesto se establece expresamente en la ley: grado, formación profesional superior, etcétera. Quizás el Grupo Popular no ha tenido tiempo de leerlo en estos meses, a pesar de que la redacción actual se introdujo el pasado 12 de diciembre. Finalmente, reconocimiento de derechos. Creemos firmemente que el avance en la civilización lleva aparejado el reconocimiento de derechos y sabemos hoy en día que un entorno laboral más libre es también un entorno más responsable y más productivo.


Para terminar, quiero reiterar mi agradecimiento a todos los portavoces de los distintos grupos por el intenso trabajo realizado y muy especialmente a todos los que con sus aportaciones han permitido que hoy lleguemos a ese resultado final que tantas expectativas ha generado; agradecimiento que queremos hacer extensivo a los sindicatos mayoritarios que nos han acompañado desde el inicio y que hoy están presentes en esta sesión. Nos han pedido reiteradamente un pacto de Estado, el acuerdo de todos los grupos parlamentarios. Nosotros hemos trabajado firmemente para conseguirlo. Solo nos cabe lamentar que el Grupo Popular no haya tenido la misma predisposición, la misma sensibilidad. Quiero felicitar también al ministro responsable de Administraciones Públicas, Jordi Sevilla, por su coherencia, ya que desde su primera comparecencia se comprometió a elaborar y a aprobar un estatuto básico del empleo público. Su empeño personal ha sido fundamental para llegar hoy a buen puerto.


Muchas gracias. (Aplausos.)

El señor PRESIDENTE: Gracias, señora Malaret.


- PROYECTO DE LEY ORGÁNICA POR LA QUE SE MODIFICA LA LEY ORGÁNICA 6/2001, DE 21 DE DICIEMBRE, DE UNIVERSIDADES. (Número de expediente 121/000101.)

El señor PRESIDENTE: Proyecto de Ley orgánica por la que se modifica la Ley Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre, de Universidades.


Fijación de posiciones. Comenzamos por el Grupo Mixto, señor Rodríguez.


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El señor RODRÍGUEZ SÁNCHEZ: Gracias, señor presidente.


El Bloque Nacionalista Galego va a dar el apoyo a todas las enmiendas que vienen del Senado en relación con esta ley orgánica y lo va a hacer porque mejoran el texto desde el punto de vista técnico y gramatical y mejoran el texto también desde el punto de vista no solamente del rigor competencial sino de solucionar algunos flecos que quedaban en relación con sectores del profesorado que por diversas razones mantenían funciones o situaciones administrativas anómalas dentro de la universidad. A partir del criterio de que la tendencia tiene que ser que el profesorado estable de la universidad tenga que poseer el título de doctor, no cabe la menor duda de que la uniformidad, en el sentido de que no se produzcan contradicciones entre los títulos administrativos de los distintos profesores de las diferentes escuelas o facultades, mejora sensiblemente como tendencia en la ley. Para nosotros es especialmente querido y digno de alabanza el hecho de que se hayan integrado como profesores titulares de universidad, que se les dé esa posibilidad en concreto a los profesores que trabajan en centros de titularidad pública de enseñanza superior, concretamente INEF, los centros de educación física superior.
Inicialmente, en este Congreso de los Diputados se solucionó el tema del INEF Galicia, de A Coruña, y vemos con agrado que ahora se integran también los de Cataluña, Madrid, Andalucía o Euskadi, lo cual es un ejemplo de hasta qué extremo esta ley fue muy positiva, vuelvo a repetir, para lograr la integración y la posibilidad de armonizar todo el sector del profesorado dentro del sistema universitario del Estado español.
Quiero decir además que la ley, respetando la autonomía de las universidades, por lo menos introduce algunos factores mínimos en relación con el respeto al pluralismo lingüístico, que nosotros celebramos también.


Sin duda alguna, este no es el proyecto de ley que una fuerza nacionalista como el BNG avalaría al cien por cien, pero de nuevo se descubren los valores del diálogo y del esfuerzo por llegar a acuerdos. La ley, dentro de lo que es posible en el actual marco universitario del Estado español, en el actual marco de las autonomías y con una visión del Estado propia de un Gobierno que se asienta en una fuerza de carácter estatal, es una ley muy aceptable y positiva y por eso la vamos a apoyar.


Muchas gracias.


El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Rodríguez.


Señor Mardones, Coalición Canaria-Nueva Canarias.


El señor MARDONES SEVILLA: Muchas gracias, señor presidente, y con su venia.


Mi grupo va a votar favorablemente en su mayoría, por no decir en su totalidad, salvo dos excepciones que haremos llegar a los servicios de la Cámara, todas las enmiendas que nos llegan de la Cámara Alta. Este es uno de los grandes proyectos en la historia legislativa de esta Cámara y de la Administración de los diferentes gobiernos del Estado, pero viene desde muy antiguo, desde regímenes pasados, incluso del siglo XIX, en que parece que no hay ministro o ministra del área de la educación, de la cultura o de la ciencia que no se haya visto obligado, por cuestiones profesionales o políticas la mayoría, a presentar un proyecto de ley al respecto. Si se ve toda la legislación del Ministerio de Educación, lo que fue en épocas de la República Instrucción Pública o desde principios del siglo XX, era una constante, parece una obligatoriedad que cada ministro o ministra presentara un proyecto de ley bien de bachillerato, de universidades, de enseñanza superior, etcétera. Eso indica que hay siempre una conciencia muy viva de que los procedimientos de formación, toda su infraestructura y todo su organigrama deben ser siempre un objeto permanente en el tiempo de adecuación y de renovación. Por esa misma medida, nosotros vemos con satisfacción la llegada de este proyecto de Ley Orgánica de Universidades, que viene fundamentalmente a modificar la vigente Ley orgánica 6/2001, de 21 de diciembre, en la que también tuve la satisfacción de estar como ponente e ir trazando una serie de requisitos y de bases fundamentalmente para que las universidades españolas, sobre todo las que se encuentran en el ámbito de la Administración pública y de las comunidades autónomas, se puedan desarrollar con una adecuación pertinente.


Nosotros hemos visto que este proyecto de ley, que vamos a apoyar y que consideramos muy positivo, en su fondo trata fundamentalmente de adecuar unos valores universitarios que tienen que ser defendidos y llevados con un protagonismo permanente de toda garantía, porque una enseñanza es buena o mala y una universidad es buena o mala fundamentalmente en razón de que su calidad profesional, la de sus profesores y la de todos sus miembros responda también a parámetros de calidad. Un mal profesorado no hace buena una universidad por muy buena que pueda parecer estructural y legislativamente la ley que regula las universidades. Por tanto, hay que ir al núcleo fundamental profesional donde está la calidad universitaria y, junto al factor humano, hay que sumar el factor material de instalaciones, de procedimientos logísticos y de todo lo que es una intendencia de medios técnicos, económicos y sobre todo su armonización dentro de la estructura de la universidad. Hemos visto, y nosotros apoyamos esta línea, que en la calidad universitaria, en cuanto a requisitos objetivos del personal, se tiene que mantener una exigencia cada vez mayor del título de doctor. No tendría significado el acceso al título de doctor para servir a una sociedad civil externa a la universidad, donde el carácter se puede tomar como un enriquecimiento de un currículum personal de un profesional que ejerce su actividad fuera del ámbito de la universidad, porque el sector privado puede o no exigir un título de doctor para desempeñar un determinado puesto de trabajo, pero en la universidad esta exigencia de calidad debe ser un requisito permanente.


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De entre las enmiendas que nos llegan del Senado, quitando todas aquellas, que son amplia mayoría, que suponen mejoras técnicas, vamos a fijarnos en algunas que mi grupo parlamentario considera las más destacadas. Es el caso, por ejemplo, de la incorporación de un nuevo apartado, el quince bis, relativo a la presencia en el claustro de los profesores doctores con vinculación permanente. Había necesidad de este reconocimiento. Lo mismo ocurre con la enmienda al nuevo apartado dieciséis bis reforzando la presencia en la junta de gobierno de los profesores y doctores con vinculación permanente. Nos parece oportuno que se destaquen, como se hace en la enmienda al apartado veintiuno del artículo único de esta ley -es artículo único, es obvio decirlo pero hay que hacerlo constar, en la medida en que el proyecto de ley que se debate modifica la Ley Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre, de Universidades-, las competencias en cuanto a la propuesta o nombramiento del gerente de la universidad. Hoy en día la figura del gerente de universidad en una economía de adscripción de medios y de administración de recursos materiales es fundamental. Sin esta figura gerencial no se entendería el funcionamiento logístico de una universidad.


Quiero destacar la enmienda al apartado veintidós del artículo único, referida a la exigencia de doctor para poder ser elegible como decano de facultad o director de escuela universitaria. Asimismo tenemos que destacar la enmienda dirigida al apartado cuarenta y seis, en lo que se refiere al apartado 1 del artículo 48 de la Ley 6/2001, eliminando la posibilidad de contratar personal docente a través del contrato de obra o servicio determinado. El mundo de los contratos en la universidad es una cuestión que necesita una permanente legislación y una permanente transparencia y clasificación.


Otra enmienda que merece nuestra atención es la que se refiere al apartado sesenta y dos, sobre modificación de la Ley orgánica 6/2001 introduciendo garantías de capacidad de los miembros de las comisiones de selección para el acceso a los cuerpos docentes universitarios. Es una enmienda de tipo garantista. La enmienda dirigida al apartado sesenta y cuatro se refiere a la modificación de la ley orgánica incrementando las garantías de transparencia y publicidad en los concursos de acceso. A veces se han dirigido acusaciones desde el ámbito social de la opinión pública a las universidades españolas en el sentido de la endogamia. Sobre esto queremos reconocer la sensibilidad que ha habido desde las primeras reuniones que mantuvimos con la señora ministra de Educación, en las que vimos que había receptividad en cuanto a hacer desaparecer esta acusación de endogamia en la universidad y sobre todo a buscar la transparencia y la publicidad en todos los concursos de acceso a las distintas plazas universitarias. Respecto a la materia de financiación que se contempla en la enmienda al apartado ochenta y uno bis, también supone una adicional en sentido garantista.


Señor presidente, quiero destacar aquellos aspectos relativos a la situación de los profesores estables o permanentes de determinados centros de titularidad pública, que son objeto de una disposición adicional nueva, la decimosexta bis, así como otra nueva disposición adicional, la decimosexta ter, por la que se regula la deducción por donaciones a universidades públicas y privadas de entidades sin fines de lucro, tema en el que es necesario que nos vayamos pareciendo en cierta medida a las universidades sajonas y norteamericanas, en que el flujo de medios financieros y económicos es el que permite la calidad de la enseñanza y no digamos de la investigación dentro de la universidad.


Finalmente, quiero señalar la enmienda a la disposición adicional vigésimo cuarta en cuanto a las incompatibilidades del personal al servicio de las administraciones públicas. Acabamos de votar la Ley del estatuto del empleado público y tiene que existir una coordinación con la misma para ser consecuentes y no tener contraposiciones legislativas. Se incorpora una nueva disposición final, la tercera, relativa al fomento y a la coordinación general de la investigación científica y técnica. Sobran palabras para destacar la importancia de esta función en la universidad.


Por estas razones, señor presidente, mi grupo dará su apoyo a lo que consideramos una actualización de las universidades, que buena falta tienen de esta pieza legislativa fundamental, y deseamos que la sepan aprovechar para el mejor prestigio de la calidad de la enseñanza universitaria en España.


Muchas gracias.


El señor PRESIDENTE: Gracias a usted, señor Mardones.


Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya Verds, señora García Suárez.


La señora GARCÍA SUÁREZ: Gracias, señor presidente.


Señorías, quiero saludar también a todas las personas y representantes que nos acompañan. En primer lugar, adelantamos ya que nuestro grupo va a votar a favor de todas las enmiendas presentadas que nos llegan del Senado, menos una que explicaré al final de mi intervención. Quisiera decir que necesitamos tener aprobada una ley tan importante y tan esperada como esta para que en el plazo correspondiente puedan aplicarse todas las modificaciones que de ella se desprenden. Abordamos el último trámite para la aprobación definitiva de la reforma de la Ley Orgánica de Universidades. Nuestro grupo ya dijo en su momento, cuando aprobamos el dictamen de la Comisión el día 14 de diciembre del año pasado, que esta Ley de reforma parcial de la LOU que nos presentaba el Gobierno seguía teniendo, desde nuestro punto de vista, múltiples cuestiones pendientes a su paso por el Senado. Nuestro grupo considera muy positivos para su redacción final prácticamente todos los cambios introducidos en la LOU en su tramitación en el

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Senado como consecuencia de la incorporación de enmiendas presentadas tanto por el Grupo de la Entesa, del que forma parte Iniciativa per Catalunya, como por parte de Izquierda Unida y de los otros grupos también. Por ello votaremos favorablemente la mayoría de estas enmiendas.


La presente reforma de la LOU pretende, en definitiva, normalizar y suprimir lo más descabellado, desde nuestro punto de vista, de la Ley de 2001, impulsada en aquel momento por el Gobierno del Partido Popular. No obstante, nuestro grupo parlamentario echa en falta una visión más amplia de la reforma que nos hubiera permitido desarrollar un modelo alternativo de universidad, que la reforma se hubiese abordado en la misma línea en la que criticamos la Ley de Universidades que aprobó el Gobierno del Partido Popular. No obstante, nos dijeron que esa reforma en profundidad de la LOU llegaría en esta legislatura pero más adelante y que ahora de lo que se trataba era de reformar los aspectos más urgentes de la LOU.
Finalmente, nosotros decidimos mejorar al máximo esta reforma y por eso hoy quiero reiterar algo que dije ya desde esta tribuna en ese momento.
Nosotros seguiremos recordando y exigiendo que hace falta la búsqueda de un máximo acuerdo sobre una reforma de estas repercusiones y que también hace falta que se abra un debate público para la modificación en profundidad de la Ley de Universidades, con la participación, cómo no, de la comunidad universitaria -estudiantes, profesorado y personal no docente- de las fuerzas políticas y de los agentes sociales con vistas a solucionar los diferentes problemas, muchos, con los que se encuentra nuestro sistema universitario y fundamentalmente también la insuficiente financiación pública. Pese a ello, valoramos positivamente los importantes avances introducidos tanto en el trámite del Congreso como en el del Senado, sobre todo en lo referido a profesorado y personal.


Entre las enmiendas aprobadas se encuentran las que inciden en la mejora de la situación de los profesores titulares de escuela universitaria.
También se han aprobado enmiendas que hacen referencia a la jubilación anticipada y a la reducción paulatina de actividad. Vinculado a estas cuestiones está la que limita a un máximo del 40 por ciento la plantilla del personal docente e investigador con contrato laboral temporal. Como novedad más destacada, queremos resaltar la creación, a propuesta en este caso de nuestro grupo, del Observatorio de becas y ayudas al estudio, ya que son un elemento fundamental a la hora de garantizar la igualdad de oportunidades en el acceso a la universidad. Por ello creemos que es fundamental un incremento en la cuantía y cobertura de las ayudas al estudio. Este observatorio pretende mejorar la eficiencia y transparencia del sistema de becas y ayudas universitarias mediante un seguimiento concreto y la elaboración de estadísticas e informes que garanticen las mejoras. Además, en el funcionamiento de sistemas de becas y ayudas universitarias se contará a partir de ahora con la participación de los agentes sociales y de los estudiantes. Otras de las cuestiones importantes introducidas en el Senado y que mejoran de forma considerable el texto que se aprobó en sede parlamentaria son las que afectan a las condiciones de trabajo del personal de las universidades; por ejemplo, el apoyo y la promoción que la universidad dedicará a la investigación de la totalidad del personal docente e investigador permanente; también la no exclusión de los doctores para ser contratados como ayudantes; la limitación de los contratos por obra y servicio al personal investigador, técnico u otro personal, excluyendo estos contratos para la docencia; y el establecimiento de programas de incentivos para el personal de administración y servicios ligados a méritos individuales.


No quiero tampoco desaprovechar esta ocasión para recordar muy brevemente las importantes cuestiones que nuestro grupo parlamentario consiguió introducir en el Congreso, aunque sea de forma muy telegráfica. Fueron: el reconocimiento de las correspondientes competencias en materia lingüística de las comunidades autónomas con lengua propia; colocar la actividad científica y tecnológica en el centro del debate social con el fin de convertirlas en elementos de cohesión social y territorial; la apuesta por una universidad pública, democrática, participativa e igualitaria en la apuesta por su participación creciente y protagonista en la investigación española y europea; que se adecuara el texto de la LOU del año 2001 a la situación actual en nuestro país; que se impulsaran programas dirigidos a la renovación metodológica de la enseñanza universitaria para el cumplimiento de los acuerdos europeos y que se incluya al personal de administración y servicios en los planes de movilidad de las universidades. Hubo asimismo avances en la financiación; consideramos que el Gobierno debe asumir el compromiso, no solo de exigir calidad a las universidades, sino también de poner a su disposición los medios correspondientes a ese objetivo y para ello, a propuesta de nuestro grupo, se ha incluido que la Conferencia General de Política Universitaria elabore un informe sobre la situación del sistema universitario y su financiación. Aun considerando que el deporte es una actividad muy importante, también conseguimos ampliar el nuevo título 14 del proyecto de ley a estas funciones y actividades, que nuestro grupo consideraba imprescindible. Son la cooperación, la solidaridad internacional y el impulso de la cultura de la paz, el desarrollo sostenible y el respeto al medio ambiente, como elementos esenciales para el progreso solidario. Para los titulares de las escuelas universitarias, los TEU, se ha conseguido concretar que la acreditación para acceder a titulares de universidad sea un mecanismo específico y diferente del general, así como el compromiso de la financiación de dichas plazas de profesor.


Para acabar ya, quiero decir que hoy es un día importante para la política universitaria, a pesar de que esta reforma no ha tenido la profundidad que esperábamos y que necesitan nuestras universidades. No obstante, hemos mejorado el texto y por eso nosotros vamos a

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votar a favor de la ley, vamos a votar a favor de esta reforma y de estas modificaciones, de estas enmiendas que nos llegan del Senado, menos, como decía al inicio, de una en concreto, la que se refiere al apartado veintidós; de ayer a hoy hemos recibido infinidad de correos electrónicos -creo que todos los grupos los habrán recibido- de personas alarmadas por esta modificación y nosotros, después de analizarla, esperamos -y deseo que lleguemos todos al mismo consenso, la mayoría al menos- que decaiga.
Es una enmienda que plantea que se regule la exigencia de ser doctor para poder ser director de centro o decano. Si se hubiera considerado una transitoria, quizás nosotros sí que hubiéramos estado dispuestos a dar este paso, pero de la manera en que llega esta enmienda del Senado, por sentido común y atendiendo a la petición que nos ha llegado de innumerables personas representantes de los TEU, pensamos que no es positivo, que no es el momento oportuno y que en todo caso esto debe realizarse con otro procedimiento, con una transitoria, dando un tiempo suficiente para que no genere más problemas y para que no genere una tensión social. Nos congratulamos del trabajo realizado por todos los grupos en el Congreso y en el Senado y pensamos que hoy es un gran día para la política universitaria.


Muchas gracias.


El señor PRESIDENTE: Gracias, señora García.


Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV). Señor Esteban, por favor.


El señor ESTEBAN BRAVO: Gracias, señor presidente.


Voy a hacer una breve intervención para fijar el posicionamiento de mi grupo frente a la ley, porque ha habido suficientes instancias, tanto en esta Cámara como en el Senado, para habernos posicionado respecto a sus detalles y a las enmiendas que cada uno de nosotros ha podido presentar y que se han podido incorporar al texto definitivo. En el Senado ha habido una serie de cambios que consideramos en general positivos y a los que mi grupo no se va a oponer. La valoración genérica que hacemos de la ley es de una evidente mejora con respecto a la Ley vigente en estos momentos.
Nos parece que la Ley de 2001 iba en un sentido divergente a la marcha de las universidades europeas y al espacio común europeo y, por otra parte, suponía un texto claramente invasor de competencias en el ámbito autonómico. Nuestra posición con respecto a la actual en este último aspecto es que se ha mejorado sensiblemente. Estimamos, como ya dije en su momento, la retirada del recurso contra la Ley del Sistema Universitario Vasco por parte del Gobierno español; con esta nueva legislación vamos convergiendo en una misma identidad de objetivos y de imagen de lo que debería ser la universidad. Eso no quiere decir que esta ley, según nuestra opinión, no invada competencias autonómicas en algunos aspectos. Así lo hemos señalado en nuestra enmiendas, algunas de las cuales, aunque lo hemos intentado, no han prosperado. Voy a citar algunos ejemplos. El artículo 149.1.30ª habla claramente de que al Estado le corresponde la regulación de las condiciones de obtención, expedición y homologación de títulos, pero también señala claramente la Constitución que es a las comunidades autónomas a las que corresponde la ejecución de las normas estatales; nosotros pensamos que esto no se refleja de manera adecuada en el texto. Tampoco nos parece que se debía haber entrado en una precisión tan de detalle como la que se hace a la hora de marcar los mecanismos por los que debe ser elegido el rector de la universidad o incluso la estructura básica universitaria. Creemos que esas cuestiones podrían haber quedado, a tenor del reparto competencial de nuestro ordenamiento jurídico, en manos de las comunidades autónomas. Hay también otros aspectos que ahora, por haber sido ya señalados en otras instancias, no voy a reiterar.


Sí nos parece que es importante esta ley en el ámbito europeo, hace frente al reto europeo. Por fin nos enfrentamos a una universidad que puede ser competitiva, que no está bajo el manto protector de las diversas instancias institucionales sino que compite entre ella misma, que compite no solo en el ámbito español sino en el ámbito europeo, y que sobre todo es más ágil en sus mecanismos internos. Nosotros lo dijimos desde el principio. Para la mejora del sistema universitario es urgente una desfuncionarización de la universidad. Hemos dado algún paso adelante y se han flexibilizado algunos mecanismos, pero aun así pensamos que se han quedado cortos y que en el futuro deberíamos ahondar más en este ámbito.
En cuanto al ámbito funcionarial de la universidad -insisto-, debería minimizarse cada vez más, en la medida de lo posible, pero entendemos que la gestión de lo que existe debería corresponder en mayor medida al ámbito de las comunidades autónomas. No hemos encontrado recepción desde hace décadas en los ámbitos del Estado, en el ámbito gubernamental, y creemos que esta actitud es un error de cara a la efectividad de la universidad. Quiero señalar que tampoco nos convence que algunos aspectos, no tanto de esta nueva redacción de la ley como de la LOU de 2001, que se podía haber aprovechado para reformar hoy, dejan en manos del Gobierno el desarrollo reglamentario correspondiente. Esto, a nuestro entender, es contrario a la resolución emanada de esta Cámara en el sentido de que la normativa básica debe ser fijada a través de normas con rango de ley y nunca a través de normas de rango reglamentario. Tenemos que decir que hoy por hoy, tal como va a quedar la ley, hay algunos aspectos incluso básicos que quedan en función del desarrollo reglamentario que se produzca.


Por último, tampoco entendemos la organicidad que se confiere a algunos de los artículos de esta ley. A nuestro modo de ver, es evidente que el artículo 81 de la Constitución, que se refiere a la organicidad, está ligado a lo que pueda derivar directamente del artículo 27 de la Constitución. Sin embargo, en esta ley hay muchos aspectos -y así se reconoce también a la hora de fijar

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el título competencial- que provienen no del artículo 27, sino del 149 de la Constitución, del punto 15, del 18, del 30... Y es evidente que los que se derivan de esos puntos, de esos títulos competenciales, no deberían ser tratados como materia orgánica. Queremos manifestar nuestra discrepancia con la forma en la que se ha tratado la organicidad de bastantes de los artículos de esta ley. Pero, en conjunto -lo dije en su momento, en el último debate que se produjo en esta Cámara y lo reitero ahora-, creemos que se ha dado un gran paso en la dirección correcta, que se mejora el funcionamiento de las universidades y que, aunque sigue habiendo desajustes, se ajusta mejor que la ley actual al sistema de reparto competencial. En consecuencia, nos congratulamos de estos cambios y del trabajo que se ha hecho por parte de las dos cámaras y esperamos que pueda ser una ley fructífera y que estos cambios se noten en un plazo breve. (La señora vicepresidenta, Chacón i Piqueras, ocupa la Presidencia.) Por tanto, nuestro voto será favorable al dictamen que salió en su momento y a los cambios que se han introducido en el Senado, quizás salvo ese punto que ya ha sido mencionado por alguna portavoz y que creo que también saldrá a relucir en las intervenciones posteriores a la mía.


Muchas gracias, señora presidenta.


La señora VICEPRESIDENTA (Chacón i Piqueras): A usted, señor Esteban, muchas gracias.


Continuamos, señorías, con el turno del Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana. Será la señora Cañigueral quien en su nombre tome la palabra.


La señora CAÑIGUERAL OLIVÉ: Muchas gracias, señora presidenta.


Señoras y señores diputados, el Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana se siente satisfecho del gran avance que representa esta reforma de ley en comparación con la vigente LOU, aprobada por el Gobierno del Partido Popular. A nuestro entender, nos alejamos del intento de uniformidad que perseguía el Partido Popular; la no aprobación de esta reforma hubiese condenado a las universidades y al alumnado a continuar sufriendo al PP. Así pues, avanzamos tímidamente hacia la toma de decisiones de forma descentralizada, en la que las comunidades autónomas tendrán voz. Como ya advertimos, asumir la realidad competencial de las comunidades autónomas es imprescindible, sobre todo si tenemos en cuenta la responsabilidad autonómica en la financiación de las universidades. Por este motivo, nos alegramos de que cuestiones como la creación, modificación y supresión de las escuelas y facultades se atribuya a las comunidades autónomas, así como que, gracias a una enmienda de Esquerra Republicana, se reconozca que es la ley de la comunidad autónoma la que debe regular la composición y funciones del Consejo Social.


Celebramos también que, en el título referente a deporte y extensión universitaria, se dejen de vulnerar de forma directa competencias autonómicas y que se desestime la intención del Gobierno estatal de regular en cuestiones de proyección y competiciones internacionales. Aun así pensamos que sería mucho más adecuado que este título fuese regulado completamente por las comunidades autónomas. Dentro de este punto de ámbito competencial, también tenemos que destacar la creación de la conferencia general de política universitaria, ya que consideramos que es el mejor espacio para tomar decisiones que afectan a ámbitos que el Estatut de Catalunya señala como competencias compartidas. Nos alegramos de que las propuestas de Esquerra Republicana, para constituir una conferencia general de política universitaria que tenga capacidad de decisión política real, hayan sido aceptadas. Queda claro en el texto el fortalecimiento durante el trámite parlamentario de las funciones atribuidas a la conferencia general de política universitaria y, a partir de ahora, tendrán potestad para intervenir en cuestiones como el establecimiento y la valoración de las líneas generales de política universitaria, la articulación del sistema universitario en el espacio europeo de Educación Superior, la interrelación con las políticas de investigación científica y tecnológica, en la proposición y valoración de las medidas para impulsar la colaboración entre universidad y empresa, así como su participación en el procedimiento para la admisión de los estudiantes en los centros universitarios. Desde Esquerra Republicana ya señalamos repetidas veces que para nosotros era imprescindible la participación de las comunidades autónomas en el proceso de convergencia europeo, sobre todo en cuestiones de investigación, y también en las disposiciones relativas al establecimiento para la admisión de estudiantes. Por esta razón nos alegramos del avance que se ha conseguido en este ámbito.


En cuestiones relativas a la evaluación, ya en el trámite del Congreso, el apartado donde se regula la Agencia nacional de la evaluación, de la calidad y acreditación se modificó según las propuestas que hizo Esquerra Republicana. En concreto, en el nuevo texto, se insta a establecer mecanismos de cooperación y reconocimiento mutuo entre la agencia estatal y las agencias autonómicas. De hecho, este reconocimiento es una cuestión de justicia, ya que la primera Agencia de Evaluación del Estado, y por tanto la más consolidada, es la catalana. En el ámbito de la universidad, también vemos muy positivamente que se supere el actual articulado de la LOU aprobado por el Grupo Popular, sumamente intervencionista y detallista, donde se deja poco margen a la autonomía universitaria. Así, ya en el Congreso se preveía que puedan ser las mismas universidades las que tengan la última palabra en cuestiones de tanta trascendencia para su propia organización como son la modalidad de elección del rector o la composición del consejo de gobierno. Asimismo, celebramos que se abra la posibilidad de que los profesores contratados con vinculación permanente puedan ejercer de decanos o de directores de departamento, cuestiones que hasta ahora estaban reservadas exclusivamente a los funcionarios. Es impor

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tante permitir que los profesores contratados con carácter permanente tengan las mismas posibilidades y derechos en la organización de las universidades.


En lo que respecta a lengua, es muy importante resaltar el trabajo realizado por parte del Grupo Parlamentario de Esquerra y de otros partidos catalanes, que han permitido que por primera vez la Ley Orgánica de Universidades tenga en cuenta la realidad lingüística del Estado español. Para nuestro grupo este es el primer paso, y no el último, para dar cumplimiento al mandato constitucional de respeto y protección a las lenguas propias de las comunidades autónomas. En cuanto a la participación de los estudiantes en la universidad, lamentamos que no se haya aceptado nuestra enmienda que pretendía aumentar la representación de las y los estudiantes en los órganos de gobierno de la universidad, así como que se vulneren competencias autonómicas en lo que hace referencia a la regulación del Estatuto de los estudiantes y del Consejo Estatal de Estudiantes.


Por último, desde Esquerra y sobre todo desde las JERC -las juventuts d'Esquerra Republicana de Catalunya- fijamos como una cuestión de especial importancia el tema de las becas y ayudas económicas al estudio.
Actualmente las y los estudiantes catalanes representamos el 15 por ciento del alumnado universitario de todo el Estado y en cambio solo recibimos el 9 por ciento de las becas. Esta situación tan desfavorable para la ciudadanía catalana es consecuencia directa del hecho de que el Gobierno español hasta el momento no ha querido entender que estamos en un Estado con realidades territoriales muy diferentes. El hecho de que la cuantía de las ayudas económicas al estudio y los umbrales de la renta y patrimonio se fijen de manera idéntica para todo el territorio estatal deja en una situación de desigualdad a las comunidades con un coste de vida más elevado que la media estatal. Para nuestro partido es imprescindible solucionar la actual situación de desigualdad y discriminación que sufren las y los estudiantes de algunas comunidades autónomas. Este problema únicamente podrá superarse con la introducción de mecanismos correctores en los umbrales y en las cantidades otorgadas que permitan adaptar las becas y las ayudas a la realidad socioeconómica de las distintas comunidades autónomas. Es totalmente necesario tener en cuenta la diversidad de los costes de la vida en los distintos territorios para garantizar el principio de igualdad en el acceso a las becas. Por este motivo nos alegramos de que se hayan aceptado gran parte de nuestras propuestas relacionadas con becas y ayudas al estudio. Así se ha conseguido que, en el segundo párrafo del artículo cuarenta y cinco, se diga que el Gobierno determinará con carácter básico las modalidades y cuantías de las becas y ayudas al estudio, las condiciones académicas y económicas que tengan que reunir los candidatos, así como, entre otras cuestiones, las condiciones socioeconómicas y otros factores que sean necesarios para asegurar la igualdad en el acceso a las becas y ayudas al territorio. Asimismo, se añade, en el punto dos, que el desarrollo, ejecución y control del sistema general de becas y ayudas al estudio corresponde a las comunidades autónomas en sus respectivos ámbitos de competencia y en colaboración con las universidades, con el fin de facilitar la gestión descentralizada y la atención a las peculiaridades territoriales que la legislación contempla. También nos alegramos de que ayer mismo, en el marco de una interpelación presentada por Esquerra, la ministra se comprometiera a cumplir la legalidad, a cumplir en el próximo real decreto con la sentencia 188/2001, del Tribunal Constitucional, donde se afirma claramente que la normativa reguladora de la becas no debe impedir la atención a las peculiaridades territoriales. Esta sentencia argumenta que debe garantizarse la igualdad en la obtención de las ayudas, remitiéndose al principio de igualdad previsto en el artículo 14 de la Constitución española, que permite, de acuerdo con la reiterada doctrina constitucional, dar un trato distinto a situaciones que también lo son. Y añade que precisamente no atender a las distintas circunstancias socioeconómicas de las comunidades autónomas implica dar un trato desigual a los posibles beneficiarios, dado que no se tienen en cuenta factores que condicionen absolutamente el acceso a las becas, como es el coste de la vida. Así pues, desde Esquerra y desde las JERC estaremos atentos a que se incorporen todas las novedades que esperamos que consten en el próximo real decreto.


Para terminar, quiero decir rápidamente que Esquerra va a votar favorablemente esta ley, porque a pesar de que no representa el modelo final o ideal que nos parece que tendría que tener el ámbito universitario, como ya he dicho antes, esta reforma sí que representa un avance muy importante en comparación con la vigente LOU del PP. Votaremos también favorablemente todas las enmiendas del Senado excepto aquella -a la que también se ha referido la señora García- que introduce que los decanos de facultad y los directores de escuelas universitarias tienen que tener el requisito de ser doctores. En los términos en los que está planteada no es aceptable y así pues votaremos en contra.


Muchas gracias.


La señora VICEPRESIDENTA (Chacón i Piqueras): A usted, señora Cañigueral; muchísimas gracias.


Continuamos, señorías, con el turno del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió) y será la señora Pigem quien en su nombre tomará la palabra. Les ruego silencio, señorías, por favor.


Cuando quiera, señora Pigem. Adelante.


La señora PIGEM I PALMÉS: Muchas gracias, señora presidenta.


Señora ministra, señorías, sin mayor preámbulo anuncio que Convergència i Unió va a apoyar la reforma de la Ley Orgánica de Universidades, que hoy inicia su último trámite con el debate y votación de las enmiendas introducidas en el Senado. Y vamos a hacerlo con con

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vicción y reconociéndonos claramente en el texto final de esta reforma.


Ya tuvimos ocasión de manifestar desde esta tribuna, con motivo del debate sobre el dictamen de la Comisión, que, fruto de acuerdos y transacciones, se habían podido incorporar muchas de nuestras propuestas, de manera que el texto que salió del Congreso nos parecía mejor que el que entró, en muchos aspectos pero especialmente en algunos que quisiera someramente recordar: una mejor redacción de la adaptación al espacio europeo de Educación Superior; una mejor regulación de las universidades privadas, aceptándose muchas de las reivindicaciones que las mismas venían solicitando desde hacía tiempo; la recuperación del peso del Consejo Social, especialmente en lo que se refiere al nombramiento de gerente; el reconocimiento de la autonomía universitaria para la creación y gestión de títulos propios y la obligatoriedad del registro únicamente para los títulos oficiales; el reconocimiento de manera explícita de las competencias de las comunidades autónomas en muchos temas -en otros queda todavía recorrido por hacer-, como en el procedimiento de homologación de las nuevas titulaciones, de las agencias de calidad de las mismas y el reconocimiento en materia lingüística. Estas serían algunas de las mejoras que nos hicieron votar favorablemente el texto. No obstante ya dijimos entonces que quedaban algunas cuestiones pendientes, que esperábamos poder resolver en el Senado, y hoy puedo decir con satisfacción que así ha sido. De nuevo la disposición y el interés en recoger la posición y el apoyo de Convergència i Unió a la ley, mostrados tanto por los representantes del Gobierno como por el Grupo Socialista en el Senado, así como el buen trabajo de nuestra portavoz de Educación, la senadora Aleixandre, han dado como resultado que, de las 34 enmiendas que presentó Convergència i Unió, 22 han sido aceptadas; 16 de ellas de manera literal y seis transaccionadas con otros grupos, lo cual también enriquece nuestras propias propuestas. No dispongo evidentemente de tiempo para comentarlas todas, pero sí me gustaría mencionar las que a juicio de mi grupo serían más relevantes.


Hemos podido reforzar la presencia en el claustro de los profesores doctores con vinculación permanente a la universidad. Ello se ha plasmado en los artículos 16 y 18 de la LOU y, como digo, muestro nuestra satisfacción al respecto. Como han señalado ya otros grupos, también se ha plasmado en el artículo 24, que se refiere a los decanos de facultad y directores de escuela, de manera que, a tenor del texto resultante, para ser elegidos deberían ser también doctores. Pues bien, según se nos ha hecho llegar desde sectores afectados, esta enmienda de CiU -y así se señala expresamente en los escritos recibidos, aunque es evidente que no ha sido aprobada solo con nuestros votos sino prácticamente con los votos de todo el arco parlamentario, con la excepción del PP- plantea problemas a directores de escuela, porque algunos de los que han venido dirigiéndolas y gestionándolas durante muchos años no tienen el doctorado. Se trata de personas que, como digo, han venido prestando servicios durante tiempo y que, de mantenerse la enmienda, se verían abocados a no poder continuar en la dirección. Nosotros, señorías, presentamos esta enmienda en coherencia con nuestro planteamiento global de reforzar la presencia de profesores doctores en todo el sistema, que fue un planteamiento mayoritariamente aceptado, pero es cierto que quizá debiera haberse previsto una disposición transitoria para resolver estas cuestiones, y al no haberse hecho, siendo como es desde luego para nuestro grupo la atención de las personas nuestra prioridad, no tenemos inconveniente alguno en replantear nuestra posición. Por ello, como otros grupos, vamos a pedir una votación separada de este artículo.
Expresamente solicitamos que voten la supresión de esta enmienda aprobada en el Senado. De esta manera se evitará esta tensión social creada, el perjuicio directo a muchas personas y, lo que es más importante, no se va a perjudicar el objetivo que perseguía la enmienda, puesto que a medio plazo los profesores con dedicación permanente serán ya todos doctores.


Señorías, siguiendo con la relación de aspectos relevantes que han quedado recogidos, nos alegra que, dando cumplimiento a la doctrina constitucional sentada en resolución 26/1987, de 27 de febrero, se acote que el Gobierno se limite a establecer las normas básicas para la admisión de estudiantes, dejando su desarrollo a las comunidades autónomas. Nos agrada también que se haya reducido una, a nuestro juicio, excesiva discrecionalidad que se daba al Gobierno para limitar la admisión de estudiantes, estipulándose ahora que para que se pueda limitar esta admisión utilizando el criterio del llamado interés general será necesario que así se acuerde por la Conferencia general de política universitaria. Asimismo nos alegra que fruto de nuestras enmiendas se haya clarificado la composición de las comisiones de acreditación y de las comisiones de selección de las universidades. El texto resultante precisa que el número de sus componentes ha de ser de siete personas que han de tener un prestigio docente e investigador contrastado y al menos con la misma titulación que los aspirantes a la acreditación o selección.
Nos agrada la mención que se hace en la ley a la dependencia además de a la discapacidad, las nuevas disposiciones de la inclusión de las personas con discapacidad en las universidades, la mejora del tratamiento de acceso de los titulares de escuela universitaria, la previsión del acceso de los profesores de INEF y todo lo relativo a la previsión del acceso a la jubilación anticipada.


Por último, en este apartado quiero mencionar especialmente dos cuestiones que mi grupo parlamentario viene persiguiendo desde el comienzo de esta legislatura a través de todas las iniciativas posibles, que la señora ministra conoce bien, y que finalmente y con gran satisfacción vemos que se van a incorporar. La primera de ellas tiene carácter económico y es doble. Por una parte, se prevé en el texto que nos llega del Senado que los ayuntamientos puedan bonificar hasta el 95 por ciento

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de la cuota íntegra del IBI de los inmuebles de organismos públicos de investigación y de los de enseñanza universitaria, subsanándose lo que a nuestro entender era un error por omisión de la Ley Reguladora de Haciendas Locales. Por otra parte, gracias a la tenacidad y a las dotes de buen negociador que siempre le han caracterizado, nuestro portavoz en economía, Josep Sánchez i Llibre ha conseguido que se acepte la elevación en cinco puntos porcentuales en las deducciones por donaciones realizadas a favor de universidades públicas y privadas, siempre que estas desarrollen enseñanzas de doctorado o tercer ciclo de estudios universitarios y destinen el importe de lo percibido por donación a programas de investigación universitaria y doctorado. Quizá se nos pueda decir que el aumento de cinco puntos no es todavía suficiente, pero hemos de reconocer que es un primer paso que con seguridad podrá seguir incrementándose y que supone un estímulo a la participación de financiación privada en la optimización de la investigación universitaria, que era una carencia que tenía nuestro sistema cuya subsanación se venía recomendando por la propia Comisión Europea.


La segunda de las cuestiones afecta -esperamos que ayude a resolverlo- a lo que es ya un clásico en nuestras reivindicaciones: potenciar la flexibilización de las excedencias y dedicaciones parciales para proyectos externos de I+D+i, así como suprimir en lo posible las incompatibilidades del personal funcionario de las administraciones públicas en cuanto a poder formar parte del consejo de administración y al porcentaje de acciones que puedan tener en las empresas de base tecnológica creadas a partir de patentes o de resultados generados por proyectos de investigación realizados en universidades. Esta flexibilización estaba prevista ya en el proyecto inicial. Habíamos manifestado que nos parecía tímida, pero ahora nos parece francamente mejorada con este camino que se abre. Sabemos que con la aceptación de esta enmienda se inicia un camino que supone romper inercias y situaciones casi consuetudinarias. Quiero agradecer al ministerio, y especialmente a la señora ministra, el impulso que ha dado para llegar a una solución satisfactoria de este tema. Tal como tuvimos ocasión de manifestar cuando nos posicionamos con motivo de la Declaración de 2007 como Año de la Ciencia que se vio el pasado martes, estamos seguros de que facilitar la transferencia de tecnología de la universidad al mundo de la empresa, de manera que las mejoras tecnológicas se incorporen a la actividad productiva, es un paso muy importante para avanzar en nuestra tasa de productividad y competitividad. Hacerlo de la manera que el texto de la LOU recoge significa que los investigadores no deberán regalar ya sus ideas, sino que ellos y sus universidades podrán participar en los resultados económicos de las empresas que se creen fruto de su trabajo.
Nos parece que el texto que se propone es una clara mejora respecto a la legislación vigente. Creemos que se han abierto caminos en muchos aspectos que deben profundizarse en el futuro, pero deseamos y esperamos que esta ley sea un buen instrumento para nuestro sistema universitario.
Señora ministra, señorías, desde este convencimiento reitero nuestro voto positivo.


Muchas gracias.


La señora VICEPRESIDENTA (Chacón i Piqueras): Muchas gracias a usted, señora Pigem.


Continuamos con el turno del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, con el de su portavoz señor Nasarre.


El señor NASARRE GOICOECHEA: Señora presidenta, señora ministra, sin perjuicio de que siempre hay que agradecer la labor de la Alta Cámara como Cámara de segunda lectura en su revisión de los textos legislativos dictaminados por la nuestra, en esta ocasión no se han introducido modificaciones ni mejoras relevantes que nos muevan a variar -como expondré más adelante- nuestro juicio de fondo de la ley, que continúa siendo profundamente negativo, ya que estimamos que no solo no va a proporcionar el marco legal adecuado que permita a nuestras universidades afrontar sus necesidades y los retos que tienen en estos momentos, sino que genera enormes incertidumbres, nada buenas para la vida de una institución como la universitaria, y además introduce elementos que van en la dirección contraria de lo que constituye el norte: la búsqueda de la excelencia y de la apertura.


En relación con las enmiendas del Senado diré muy sucintamente que vamos a votar a favor, como es natural, el conjunto de enmiendas de carácter técnico que a nuestro juicio suponen una mejora del texto, entre ellas -citaré las más importantes- las que se refieren al régimen de convalidaciones y equivalencias entre los estudios universitarios y otras enseñanzas de educación superior, pues nos parecía necesario establecer ese marco; las que garantizan las condiciones de accesibilidad y la igualdad de oportunidades a las personas con discapacidad, que han mejorado y completado lo que venía de esta Cámara en una enmienda presentada por nuestro grupo que no se aceptó; el establecimiento de condiciones más flexibles en el régimen de dedicación y compatibilidades para poder participar en proyectos de investigación por parte del profesorado, que puede contribuir positivamente a la mejora de la función investigadora y de las relaciones de las universidades con las empresas; la mejora de las condiciones de trabajo y jubilación voluntaria del profesorado con mayor edad; la mejora de la deducción de las donaciones por entidades privadas a favor de la investigación universitaria, que me parece un paso modesto pero interesante, y otras de menor enjundia que por premura de tiempo no voy a explicitar. Sin embargo, queremos expresar nuestra gran insatisfacción y preocupación porque no se hayan resuelto o abordado de manera acertada problemas que van a tener consecuencias muy negativas para el futuro de la universidad. Diré las cuatro o cinco que me parecen más relevantes.


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En relación con las universidades privadas, a nuestro juicio el texto no respeta suficientemente el principio de libertad de organización que debe corresponder a estas entidades nacidas de la iniciativa de la sociedad para contribuir al sistema universitario español. La libertad de empresa, la libertad de fundación exige que nuestro sistema constitucional ampare esa libertad de organización interior sin trabas ni obstáculos. En segundo lugar, el actual régimen de los profesores de los centros adscritos a las universidades públicas sufre en la ley una grave mutación que los puede condenar a su extinción. Lo sabe la ministra. La prórroga de cuatro años que ha introducido el Senado supone pasar de una muerte súbita a una muerte lenta. Yo me pregunto: ¿Por qué cargarse unos centros que, mediante un modelo que ha venido funcionando de colaboración de la iniciativa social con las universidades públicas, venían proporcionando enseñanzas de alta calidad y realizaban una función enormemente positiva? ¿Por qué cargarse lo que funciona bien? En tercer lugar, en cuanto al profesorado prácticamente nada se ha arreglado respecto a los profesores colaboradores. Sabe la ministra que ha sido una preocupación de este grupo el que, para determinadas enseñanzas, esta figura sigue siendo necesaria. Yo tengo la convicción de que la universidad va a lamentar no poder disponer de esta figura docente, que es muy válida para la impartición de determinadas enseñanzas de perfil eminentemente profesional. Han dejado a los pies de los caballos a los profesores titulares de escuelas universitarias sin lograr un encaje equitativo porque se tenían que reconocer los méritos de quienes ya tienen el título de doctor y superaron un concurso-oposición con arreglo a la legislación hasta ahora vigente. Pasar otra vez por el aro de las acreditaciones nos parece que no está justificado. No pensábamos votar favorablemente la enmienda introducida en el Senado a la que ha hecho referencia la señora Pigem respecto a la exigencia de título de doctor para los puestos de decano y director de los centros universitarios, porque nos parecía mejor el texto resultante de la LOU que, a nuestro juicio, no necesitaba cambio. Pero tengo que anunciar que, aunque la motivación sea diferente, coincide el sentido del voto en este punto.


En materia de financiación, la ley no contiene el menor compromiso. Lo único que hace -y a mí me resulta en estos momentos cuando menos gracioso- es que al prometido y reiteradamente incumplido compromiso del ministerio, tanto por la ministra Sansegundo como por la ministra Cabrera, de elaborar un informe sobre el modelo de costes que va a suponer la aplicación de la adaptación de nuestras universidades al espacio europeo de Educación Superior, se le concede la prórroga de un año. El señor Quintanilla -al que veo en la tribuna y saludo- puede respirar tranquilo. Tiene otro año de prórroga para hacer este informe que considero ineludible, inaplazable e urgente. ¿Cómo es posible que podamos adoptar decisiones de envergadura sobre las estructuras de las carreras, sobre su duración, sobre las nuevas titulaciones, sobre los estudios de posgrado, sobre el nuevo y confuso régimen del profesorado sin tener un conocimiento con suficiente profundidad de los parámetros de los costes? Es una irresponsabilidad lanzarse a la piscina sin agua y sin paracaídas y es un regalo envenenado a las comunidades autónomas y a las universidades. Actuar así me parece que no es serio y responde a una actitud piratesca. No se aborda para nada el sistema de financiación -quiero recordarlo aquí-, cuando el Partido Socialista está incumpliendo flagrantemente su promesa electoral de elevar al 1,5 por ciento del PIB el gasto público universitario. ¿Cuándo va a hacer el anuncio, señora ministra -o el señor Solbes, me da igual-, de poner a disposición de la universidad los más de 3.000 millones de euros que faltan para cumplir su compromiso? El señor Quintanilla dijo en la Comisión que ese dinero llegaría, y yo reiteraré cuantas veces pueda el cumplimiento de ese compromiso.


Estamos gravemente preocupados por el modelo de becas que, con la enmienda introducida por Izquierda Unida, Esquerra y Convergència, se incorporó al proyecto de ley, que hoy ha defendido la portavoz de Esquerra Republicana. Mi grupo no lo votó favorablemente entonces, no lo hizo en el Senado y ni lo va a hacer ahora. Ayer, en la interpelación que le formuló la portavoz de Ezquerra, quedó clara la pretensión de este modelo: fragmentar el sistema nacional de becas con la peregrina tesis de que las comunidades más ricas, es decir, aquellas en las que sus habitantes tienen mayores rentas, están discriminadas porque el número de becarios de esas comunidades autónomas es inferior, comparativamente, al número de becarios que viven en las comunidades con menor renta per capita. Señora ministra, nos tendría que preocupar el que sucediera lo contrario porque entonces fallaría, no tendría sentido el sistema de igualdad de oportunidades. ¿O es que se pretende que los residentes en las comunidades con menores rentas tengan peores condiciones para la obtención de becas para evitar lo que ayer se llamó discriminación de las comunidades ricas? Resulta sorprendente que ahora la izquierda asuma esta bandera con tan torpes razonamientos. Sería gravísimo que estos planteamientos prosperaran porque el principio de igualdad de oportunidades sencillamente habría desaparecido. A quien se le dijese que habían sido unas formaciones que se autodefinen de izquierdas las que lo habían impulsado, hubiera exclamado: Esto sí que es el triunfo de la tesis de la muerte de las ideologías.


Voy terminando, señora presidenta. Nuestro voto negativo al conjunto de la ley obedece a tres o cuatro razones sucintas, expuestas ya, que me permito exponer telegráficamente. Es una ley empedrada de engaños, de apariencias y de proposiciones engañosas. Establece una falta de autonomía de las universidades. Parece que el principio vertebrador de la ley es ese, pero, incluso, contiene aspectos más reglamentistas que en la legislación anterior. Establece un sistema de títulos oficiales y con validez en todo el territorio nacional que es enga

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ñoso. ¿Qué va a ser a partir de ahora un título oficial? ¿Qué requisitos va a tener? ¿Va a haber títulos de diversas categorías, como ha advertido la Conferencia de Rectores? ¿Va a haber títulos oficiales con o sin directrices propias? ¿Cuáles van a ser las carreras de profesiones reguladas? Esta incertidumbre es una irresponsabilidad. Además, creemos que constituye una vulneración de la reserva de la ley en la regulación de los títulos oficiales, al remitirse casi por entero su regulación al reglamento o a instrumentos normativos distintos de la ley estatal orgánica en cuanto implica limitación de la autonomía universitaria, así como en la fijación de exigencias relativas al ejercicio de la libertad profesional y de trabajo. Es engañoso el mantenimiento de los cuerpos docentes universitarios. Con esta ley los principios de acceso a la Función pública sufren una grave quiebra por la inexistencia de pruebas públicas, competitivas y homogéneas que garanticen los principios de mérito y capacidad. Lo malo es que no se sustituye por un modelo que garantice el acceso a la universidad de los mejores mediante un sistema verdaderamente competitivo y transparente. Señora ministra, tengo la impresión de que todos los vicios que conocemos del sistema de selección del profesorado se van a acentuar y se van a consolidar. No es un modelo para atajar los males sino para poder perpetuarlos.


Mi grupo, pensando en el futuro de la universidad española al servicio que realiza a nuestra sociedad, no puede avalar esta ley, señora presidenta.
Son parches, medidas inconexas, algunas contradictorias que no obedecen al modelo que deberíamos impulsar en busca de la excelencia. Ustedes se negaron a atender nuestras preocupaciones que lealmente les expusimos.
Quisimos contribuir a hacer una ley a la altura de las circunstancias para resolver los retos verdaderos de nuestro sistema universitario. Nos dieron la espalda. Creo que el resultado de este proceso es una gran ocasión perdida, y lo digo con amargura. Con esta ley no va a surgir la universidad que necesita la sociedad española, y muy pronto me temo que va a haber un proceso lleno de problemas en su aplicación porque hay mucha incertidumbre que está generando una gran y creciente inquietud en los medios universitarios y profesionales. Esta inquietud, esta perturbación de la vida universitaria profesional es lo que menos interesa a España.


Muchas gracias, señora presidenta. (Rumores.)

La señora VICEPRESIDENTA (Chacón i Piqueras): A usted, señor Nasarre.


Finalizamos con el turno del Grupo Parlamentario Socialista de la señora Palma. Señorías, les vuelvo a solicitar silencio durante el debate.


La señora PALMA MUÑOZ: Gracias, presidenta.


Señorías, señora ministra, voy a empezar mi intervención con un tono muy distinto de la que acabamos de escuchar, utilizando una expresión que mi compañera Elisenda Malaret ha usado en el punto anterior, que es la expresión del cantante: Hoy puede ser un gran día. Desde luego, lo es, lo va a ser con toda seguridad, porque con la aprobación de las enmiendas del Senado culmina hoy el proceso de reforma de la Ley de Universidades.
Por lo tanto, hoy es un gran día para la comunidad universitaria, señora ministra. Se cumple así un importante compromiso del presidente del Gobierno ante la comunidad universitaria y ante la ciudadanía en general.
El compromiso fue cambiar la Ley de Universidades, una ley del Partido Popular de 2001, del Partido Popular de la mayoría absoluta, que prescindiendo de todo y de todos aprobó una ley que, lejos de proporcionar a las universidades los instrumentos necesarios para cumplir con sus objetivos, hizo todo lo contrario. Es sorprendente escuchar aquí al Partido Popular reclamar ahora todo aquello que en 2001 no apareció por ningún lado. Las universidades necesitaban apoyos para adaptarse al espacio europeo de Educación Superior, necesitaban más flexibilidad para relacionarse con el entorno, necesitaban más autonomía, más libertad en el ejercicio de su responsabilidad para, a su vez, afrontar el reto de la mejora de la calidad de la enseñanza universitaria. Nada de eso se hizo, no se dispuso la estructura para la reforma necesaria de las titulaciones ni los instrumentos de evaluación de la calidad que en cualquier caso, si alguno hubo, fueron insuficientes e inadecuados. En definitiva, se entorpeció el quehacer normal de las universidades de una forma casi absurda.


A pesar del tiempo perdido y de las dificultades, la modificación de la ley llega hoy a buen puerto. Se ha hecho a partir de un intenso trabajo con la comunidad universitaria, con los estudiantes, los profesores, los investigadores, el personal de administración y servicios, con las administraciones educativas, con los agentes sociales y con los grupos políticos. El trabajo empezó mucho antes del inicio de la tramitación parlamentaria en septiembre pasado. Aprovecho aquí para felicitar a la señora ministra y agradecerle en todo momento su colaboración también como compañera diputada antes de ser ministra porque vivió en primera línea los trabajos previos a la tramitación de la ley. Quiero decirles que han sido siete meses de intenso trabajo, de un trabajo permanente y fructífero, como se ha podido comprobar hoy aquí. Todos los portavoces que me han precedido en el uso de la palabra han expresado diferentes aspectos en los que han colaborado para mejorar la ley. Quiero hacer extensivo este agradecimiento a los compañeros y compañeras portavoces, ponentes de todos los grupos, los asesores, los letrados, tanto del Congreso como del Senado y, muy especialmente, a los compañeros ponentes del Grupo Socialista, Mario Bedera y Yolanda Casaus cuya ayuda y apoyo han sido estupendos; a Laia Cañigueral, de Esquerra Republicana; a Carme García, de Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya Verds; a Mercé Pigem, de Convergència i Unió; a Aitor Esteban, del PNV; a Luis Mardones, de Coalición Canaria; al señor Rodríguez, señor Labordeta, señora Lasagabaster y señora Barkos, del Grupo Mixto; también a los ponentes

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del Grupo Popular, señores Nasarre y González que, a pesar de no estar en el acuerdo, como se ha mostrado hoy aquí y desde la legítima discrepancia, han mantenido una actitud amistosa y casi siempre constructiva. Manifestamos nuestra satisfacción por el posicionamiento favorable de todos los grupos respecto a las enmiendas del Senado, excepto el Grupo Popular, así como nuestra conformidad en rechazar el apartado 22 por las razones que ya se han expuesto hoy aquí. El acuerdo incluye a todos los grupos. Yo no sé hasta qué punto el Grupo Popular es consciente del alto grado de consenso que tiene la ley. Sé que mantienen discrepancias profundas, como ha expresado el señor Nasarre, en determinados temas como el sistema de selección del profesorado.
Defienden la habilitación que se ha mostrado claramente ineficaz, proponen otro modelo de coordinación del sistema y tienen otros criterios respecto a las universidades privadas. Señorías, con toda seguridad esta es la Ley de Universidades que ha alcanzado el más elevado grado de consenso de la historia. En primer lugar, porque una parte importante de la ley permanece -señor Nasarre, hemos trabajado sobre el texto del año 2000, sobre su texto- y aquello que no ha hecho falta tocar, no lo hemos tocado. En segundo lugar, porque han votado a favor aproximadamente del 50 por ciento de las enmiendas que se han ido presentado tanto en el Congreso como en el Senado. Hoy mismo, si no he entendido mal, mostrarán su posición favorable a unas cuantas enmiendas que vienen del Senado.
Evidentemente, ha sido un trabajo coral, de grupo, en equipo. A veces no ha sido fácil aunar posturas. Han podido comprobar que las aproximaciones de los diferentes grupos también son distintas, pero todos los grupos parlamentarios hemos hecho un importante esfuerzo para acometer una reforma de gran calado, que conlleva cambios sustanciales en la política universitaria.


No voy a repetir las cuestiones que ya han expuesto aquí otros portavoces de forma muy detallada, pero sí quiero destacar que los ejes principales de esta reforma representan para las administraciones un nuevo modelo de coordinación con la creación de la Conferencia general de política universitaria como órgano de cooperación y coordinación interterritorial.
Por tanto, se potencia el papel de las comunidades autónomas; se mantiene el respeto a la autonomía universitaria, reconocida constitucionalmente a través del Consejo de Universidades, órgano de coordinación académica del que forman parte los rectores; para el profesorado se establece un nuevo sistema de acreditación más eficaz y eficiente para su selección; se mejoran condiciones laborales para diversos colectivos de profesores: los del INEF, los asociados de la LRU y los ayudantes, que mejoran sustancialmente sus condiciones laborales; se acomete la transición de los titulares de escuela universitaria a titulares de universidad -en el año 2001 todo el mundo sabía que algún día habría que acometer este tránsito, pero en aquel momento no abordaron esta reforma-; el tránsito de profesor colaborador doctor a contratado doctor; la posibilidad de acuerdos para jubilaciones anticipadas; el Estatuto del personal docente investigador, que deberá elaborar el Gobierno en el plazo de un año y que definirá por primera vez una carrera docente e investigadora, entre otras muchas cosas; se recogen nuevos derechos para el personal de administración y servicios; se establece una nueva estructura de las titulaciones entre ciclos, de acuerdo con el espacio europeo de Educación Superior, de grado máster y doctorado; se crea el registro de títulos oficiales; para los estudiantes se refuerzan sus derechos con el Estatuto del estudiante universitario, el Consejo de los estudiantes universitarios y el Observatorio de becas, como ya se ha dicho anteriormente; especialmente para la investigación científica y técnica que realizan nuestras universidades, se fomentan las posibilidades de relación con el entorno social y productivo. Se promueve la movilidad del personal docente investigador con la creación de institutos mixtos de investigación, con las excedencias temporales o con la contratación de investigadores doctores. En definitiva, es una ley que recoge un conjunto de actividades que las universidades han ido incorporando de manera progresiva. Algunas han consistido en la extensión de sus misiones tradicionales -dicho en lenguaje orteguiano-: investigación y docencia, que se han extendido a nuevos grupos o colectivos. El caso más evidente es el de la transferencia de tecnología, que se incorpora por primera vez a la ley y que incluye posibilidades de explotación de patentes y licencias, la creación de empresas y otros elementos que ya han sido citados. Todos ellos están recogidos en la ley, prestando pues la atención merecida a la denominada tercera misión, entendida como la generación, uso, aplicación y explotación del conocimiento y de otras capacidades de la universidad fuera de los entornos académicos. Para ello, la universidad necesita flexibilidad, rigor, que no rigidez, libertad y sobre todo, señorías, no tener miedo a usar esta libertad. En un mundo complejo y cambiante, distinto del de hace unos años, el de la sociedad de la información, el de la sociedad en red, como define Manuel Castells, con una lógica que subyace en la acción social y en las instituciones de un mundo interdependiente, este cambio era absolutamente necesario. Decía Ortega y Gasset, señorías, en 1930, hace 77 años, que la reforma universitaria es siempre creación de usos nuevos y no solo corrección de abusos, que también, pero que lo importante es acertar plenamente con la misión de la universidad, una misión que él situaba especialmente en la docencia, en la formación, pero que vinculaba a dos aspectos a su entender esenciales. La ciencia -decía- es la dignidad y es el alma de la universidad. El contacto con la realidad histórica de la universidad le obliga a tener una actitud abierta a la actualidad, a estar sumergida en ella. Yo creo que 77 años después, el espíritu orteguiano sigue vigente en cuanto a las misiones de la universidad y todos, con nuestras aportaciones, desde el Gobierno hasta los grupos parlamentarios, debemos responder a este objetivo.


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Termino, señora presidenta, dirigiéndome a los principales beneficiarios de esta reforma, que son las nuevas generaciones de jóvenes universitarios. Volviendo a Ortega y Gasset y para finalizar, de acuerdo con él, para transformar hay que ser fuerza viva, estar en forma. Una generación en forma puede lograr lo que siglos sin ella no consiguieron.
He ahí, jóvenes, una incitación.


Muchas gracias. (Aplausos.)

La señora VICEPRESIDENTA (Chacón i Piqueras): A usted, señora Palma.
Muchas gracias.


Señorías, continuamos con el debate del punto 36 del orden del día. (La señora ministra de Educación y Ciencia, Cabrera Calvo-Sotelo, pide la palabra.)

Disculpe, señora ministra, no la había visto. Tiene la palabra.


La señora MINISTRA DE EDUCACIÓN Y CIENCIA (Cabrera Calvo-Sotelo): Muchas gracias, señora presidenta.


Señorías, estamos hoy, efectivamente, en el debate final del proyecto de Ley Orgánica de modificación de la Ley Orgánica de Universidades, un proyecto que sin duda es de gran trascendencia, pues va a permitir que nuestras universidades respondan eficazmente a las demandas que hoy plantea la sociedad española y que nos va a permitir también caminar junto a las mejores universidades europeas en la construcción de ese espacio europeo de Educación Superior. Y no solamente vamos a caminar con las universidades europeas, sino con todas las mejores universidades del mundo.


Es muy significativo también que aprobemos este proyecto al inicio del Año de la Ciencia. Hoy nadie duda de que la inversión en investigación y en educación, junto con el estímulo a la innovación y a la transferencia de conocimientos, es esencial para establecer un modelo de crecimiento económico equilibrado y duradero, así como para alcanzar los mayores niveles de bienestar y de inclusión social. Las universidades han sido siempre una fábrica de ideas, han estado siempre en la génesis de los grandes avances en el conocimiento y de los grandes avances de la historia. Tienen que ser protagonistas del desarrollo económico y social y por eso, con esta reforma de la Ley de Universidades, queremos devolverles y facilitarles ese protagonismo. Se trata de una reforma que va a potenciar la libertad y la creatividad, que va a reconocer y a premiar la responsabilidad de las universidades, que va a liberar energías en las universidades para responder a esos desafíos del futuro.
Ese es el objetivo fundamental de este proyecto de ley, de esta transformación, de esta reforma de la Ley Orgánica de Universidades: eliminar trabas y barreras, abrir espacios. Estamos convencidos de que es un momento pleno de oportunidades para nuestro sistema universitario y, porque lo creemos así, hemos buscado el máximo consenso, el mayor de los diálogos para reformar la Ley Orgánica de Universidades. El texto que hoy tienen ante ustedes es fruto del trabajo de todos los grupos parlamentarios en el Congreso y de todos los grupos parlamentarios en el Senado. Es, sin duda, un texto mucho más rico que el que llegó a esta Cámara hace unos meses, es un texto mucho más completo, es un texto plural, adecuado; es el texto que necesitan las universidades para responder a los desafíos del futuro.


Muchas gracias por el trabajo parlamentario y enhorabuena a la comunidad universitaria.


Muchas gracias, señora presidenta. (Aplausos.)

La señora VICEPRESIDENTA (Chacón i Piqueras): Muchas gracias, señora ministra. Disculpe, de nuevo, por no haber advertido su solicitud de palabra.


- PROYECTO DE LEY DE REFORMA DE LA LEY 24/1988, DE 28 DE JULIO, DEL MERCADO DE VALORES, PARA LA MODIFICACIÓN DEL RÉGIMEN DE LAS OFERTAS PÚBLICAS DE ADQUISICIÓN Y DE LA TRANSPARENCIA DE LOS EMISORES. (Número de expediente 121/000108.)

La señora VICEPRESIDENTA (Chacón i Piqueras): Señorías, pasamos al siguiente punto del orden del día, el 36, referido al proyecto de ley de reforma de la Ley 24/1988, de 28 de julio, del Mercado de Valores, para la modificación del régimen de las ofertas públicas de adquisición y de la transparencia de los emisores.


¿Grupos parlamentarios que solicitan fijar posición sobre este proyecto? (Pausa.) Señor Mardones, comenzaríamos con usted en nombre de Coalición Canaria-Nueva Canarias... (Rumores.) Señorías, por favor, les recuerdo que el debate continúa. Si quieren ausentarse del hemiciclo, por favor, háganlo con rapidez y en silencio.


Señor Mardones, cuando quiera.


El señor MARDONES SEVILLA: Muchas gracias, señora presidenta.


Intervendré con gran brevedad, dado que de la Cámara Alta, del Senado, solamente llegan tres enmiendas a este proyecto de ley de reforma de la Ley 24/1988, del Mercado de Valores, para la modificación del régimen de las ofertas públicas de adquisición y de la transparencia de los emisores. Lo consideramos pertinente por las circunstancias que estamos viendo prácticamente a diario en la prensa con las opciones de compra de acciones, las denominadas opas. Todo lo que sea una legislación complementaria y garantista será bienvenida. Vamos a dar nuestro apoyo a este proyecto de ley porque avanza en todas las relaciones de cara a los accionistas de las empresas, sobre todo en la transparencia de la adquisición de las emisiones de los valores bursátiles correspondientes.


Muchas gracias, señora presidenta.


La señora VICEPRESIDENTA (Chacón i Piqueras): Gracias, señor Mardones.
(Rumores.)

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Señorías, con todo el afecto, ahora que hablamos de universidades, me están recordando ustedes mis años de docente. Por favor, les solicito silencio. Sus compañeros están tratando de ejercer su uso de la palabra.
Por favor, se lo vuelvo a pedir por enésima vez.


Señor Ramón, en nombre del Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana.


El señor RAMÓN TORRES: Gracias, señora presidenta.


Señorías, debatimos hoy el proyecto de ley que tiene como objetivo la incorporación parcial de dos directivas comunitarias orientadas a impulsar la construcción de un mercado único financiero de todos los Estados miembros de la Unión Europea. Para ello se modifican varios preceptos de la Ley 24/1988, de 28 de julio, del Mercado de Valores, relativo al régimen de las ofertas públicas de adquisición y de la armonización de los requisitos de transparencia relativos a la información de los emisores, cuyos valores se admiten a negociación en un mercado regulado.


Por la propia naturaleza de la materia que trata el proyecto de ley y por extensión la de la Ley 24/1988, del Mercado de Valores, que se modifica, la regulación en sí misma debe tener un carácter marco. Por ello solo debería regular aquellas materias que por su naturaleza tengan reserva de ley, dejando el resto para su regulación mediante reglamento. Así materias como las limitaciones a la libertad de empresa, infracciones y sanciones deben regularse por ley, el resto -repito- se debe regular por el reglamento, que es precisamente a lo que hace referencia el proyecto de ley; es decir, regular lo estrictamente básico, remitiendo a vía reglamentaria la incorporación posterior del derecho comunitario al ordenamiento jurídico interno. Por ello, compartimos el redactado del proyecto de ley saliente de esta Cámara, ya que se lleva a cabo una adecuada trasposición de estas directivas, ajustándose a sus previsiones.
El objeto de la trasposición o lo que es lo mismo las previsiones de la directiva en lo referente a la nueva regulación de las opas es el de someter estas operaciones a un régimen de contenidos mínimos comunes para los distintos miembros de la Unión, a los efectos de proteger a los accionistas o al propio mercado interior.


Señorías, la regulación pretende precisamente favorecer este tipo de operaciones, dado que permite a todos los accionistas que participen en las plusvalías que pudieran ocasionarse en virtud de un traspaso de control de la sociedad. Por ello articula mecanismos de transparencia en el proceso de la opa, para que exista el máximo de información, así como establece una opa obligatoria o total, es decir, del cien por cien de su capital social, en aquellos casos en que por parte de una persona se adquiera el control de una sociedad mediante la adquisición de un porcentaje de derechos de voto significativo. En este caso, la oferta debe dirigirse contra todos los accionistas, tratando de limitar las posibles medidas defensivas a adoptar por la sociedad afectada, restringiendo al efecto las actuaciones de su órgano de administración.


En materia de opas, se ha optado por establecer única y exclusivamente una opa obligatoria a posteriori, es decir, con posterioridad a la adquisición de un paquete importante de acciones, estableciéndose el carácter voluntario de la opa anterior a la compra o de la opa parcial, que hasta ahora se contemplaba como obligatoria. Es decir, la ley viene a simplificar el régimen jurídico de las opas existentes actualmente y, a nuestro entender, esta simplificación dota al proceso de mayor claridad y seguridad jurídica, lo que siempre debe ser aplaudido y es de nuestro agrado. También es de nuestro agrado la vocación de protección del accionista minoritario que contempla el proyecto de ley; vocación, evidentemente, inspirada en las directivas sobre las opas.


En materia de transparencia de los emisores cotizados, la trasposición de la directiva no viene a modificar sustancialmente el régimen vigente actual, que es muy exigente. Quizá solo destaca que se amplían los emisores que tienen la obligación de remitir a la Comisión Nacional del Mercado de Valores los informes semestrales, exigiéndose, además de a los emisores con valores admitidos a negociación en una bolsa, a aquellos emisores con acciones u obligaciones admitidas a negociación en un mercado regulado. Se establecen además modificaciones en materia de los informes que dichos emisores deben remitir a la Comisión Nacional del Mercado de Valores.


Pocas han sido las incorporaciones realizadas en el trámite del Senado, solo tres, y nuestro grupo las valora en los siguientes términos. En primer lugar, parece lógico imponer un máximo temporal para enajenar o amortizar las acciones propias si, como consecuencia de la realización de la oferta, estas superan el límite del 10 por ciento, tal y como prevé la enmienda al apartado 3 del artículo 1; motivo por el cual nuestro grupo votará favorablemente a la misma. En segundo lugar, también nos parece adecuado establecer un límite temporal de un año al plazo que tiene la Comisión Nacional del Mercado de Valores, desde que tenga conocimiento del acuerdo legislativo, para las correspondientes acciones de impugnación, tal y como reza la modificación al apartado 3 del artículo 8, toda vez que ese límite temporal aporta mayor seguridad jurídica. La tercera y última enmienda que nos viene del Senado significa ampliar en un mes el plazo de vacatio legis, es decir, se retrasa a cuatro meses el plazo de la entrada en vigor de la ley, para que dé tiempo al Gobierno a desarrollar reglamentariamente la misma, lo que ya hemos manifestado anteriormente que es imprescindible; por ello, también nuestro grupo votará favorablemente esta enmienda que nos llega del Senado.


Antes de acabar, quiero decir solamente que esperamos que una vez tramitado el proyecto de ley se aprueben las disposiciones reglamentarias necesarias en el despliegue del mismo y exhortamos al Gobierno -si

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no lo está haciendo ya- a que, paralelamente a la tramitación parlamentaria del proyecto de ley, empiece con la redacción de los anteproyectos de real decreto, a fin de que se puedan aprobar de forma inmediata a la entrada en vigor de la ley. De esta forma, además, como reza la propia exposición de motivos del proyecto de ley cuya tramitación parlamentaria finalizamos hoy, se podrán trasponer las dos directivas con el menor retraso posible. Nuestro grupo parlamentario entiende que es una condición necesaria que este retraso sea el menor posible. Por eso también votaríamos a favor de esta tercera enmienda y pediríamos al Gobierno que intentara dar agilidad a esos reglamentos que llevan hacia adelante este proyecto de ley.


Gracias, señora presidenta, señoras y señores diputados.


La señora VICEPRESIDENTA (Chacón i Piqueras): A usted, señor Ramón.


Continuamos con el turno del señor Sánchez i Llibre, en nombre del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió).


El señor SÁNCHEZ I LLIBRE: Muchas gracias, señora presidenta.


Señoras y señores diputados, la posición del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió) respecto a las enmiendas que vienen del Senado en relación con la trasposición de la directiva por la que se reforma el mercado de valores para la modificación del régimen de las ofertas públicas de adquisición y de la transparencia de las emisiones va a ser la de votar favorablemente. Nuestro Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió) está satisfecho de las mejoras incorporadas en el trámite de este proyecto de ley en el Congreso y en el Senado. Algunas de las incorporaciones que se han planteado modernizan nuestra legislación y agilizan y dan más transparencia a todas aquellas operaciones mercantiles que se puedan hacer a través de las opas. En este sentido, queremos resaltar que algunas de las enmiendas que ha incorporado el Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió) dan garantías y una solvencia importante a los accionistas minoritarios. Desde la aprobación de esta legislación, algunas empresas que tengan entre el 30 y el 50 por ciento de participación y que en los veinticuatro meses siguientes adquieran un 5 por ciento más se verán obligadas a efectuar una opa por la totalidad del accionariado, con lo que saldrán beneficiados los accionistas minoritarios. También se verán obligadas a hacer una opa por la totalidad aquellas compañías que tuvieran una participación de alrededor del 50 por ciento y que en el transcurso de los veinticuatro meses siguientes sobrepasaran dicho 50 por ciento. Por tanto, hay un respeto escrupuloso y una garantía importante para los accionistas minoritarios. Vamos a votar favorablemente esta iniciativa con el fin de modernizar nuestra legislación y dar más transparencia y más garantías no solo a los accionistas minoritarios sino también a los mayoritarios.


Señorías, el Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió) quisiera hacer una pregunta a todos los grupos parlamentarios y, especialmente, al grupo parlamentario que apoya al Gobierno de la nación, en este caso al Grupo Parlamentario Socialista. ¿Es cierto que la aplicación inmediata de esta legislación, que vamos a aprobar seguramente por unanimidad todos los grupos parlamentarios, facilitaría que se resolviera la opa famosa que existe sobre la eléctrica Endesa? Cada día los medios de comunicación nos dan una sorpresa más. Como ustedes saben, señorías, hay en proceso una opa a todos los accionistas de Endesa por parte de una compañía alemana y, simultáneamente, existe la posibilidad de que se incorpore al mercado bursátil otra opa formalizada por una compañía italiana y una española. Con la aplicación de lo que hoy vamos a aprobar en este Congreso de los Diputados, señorías, ¿sería posible resolver esta situación? La respuesta es no. Con la aprobación de esta legislación, que todos convenimos que es moderna, transparente y europea, no resolvemos la problemática de la opa que hoy se está realizando sobre la eléctrica Endesa, con lo cual todos los grupos parlamentarios deberíamos llegar a la conclusión de que no hemos afinado lo suficiente como para resolver una situación como la presente. Por esta razón, nuestro grupo parlamentario va a plantear una propuesta, que el Grupo Socialista tendría que acoger con agrado, que permita buscar la máxima complicidad de los grupos parlamentarios para resolver esta situación. De entrada todos estamos de acuerdo con la ley que vamos a aprobar, pero esta no resuelve inmediatamente una problemática como la que tenemos encima de la mesa. El Grupo Parlamentario de Convergència i Unió plantea la posibilidad de que todos los grupos parlamentarios de la Cámara puedan participar en la redacción del reglamento que va a desarrollar dicha ley, para que no se vuelva a repetir el espectáculo lamentable al que hoy estamos asistiendo a través de los medios de comunicación y no nos volvamos a encontrar con una situación similar a la actual, que está produciendo una pérdida de credibilidad de todos los estamentos políticos, económicos y financieros de España en la Unión Europea y en el ámbito internacional. Acogiéndonos a unas manifestaciones que hizo recientemente el vicepresidente segundo del Gobierno y Ministro de Economía, señor Solbes, en una reunión que organizó un foro económico de Madrid, planteamos la participación efectiva de todos los grupos parlamentarios que han consensuado esta ley con el Grupo Socialista en el desarrollo del reglamento, ya que todos estamos de acuerdo en que la ley, hoy por hoy, no puede resolver una situación tan específica y hasta cierto punto tan lamentable como la que estamos viviendo a través de diferentes operaciones bursátiles, de diferentes opas. Seguramente aprobaremos la ley, pero el resultado definitivo de la opa sobre la eléctrica Endesa no vamos a verlo hasta dentro de doce o quince meses.
¿De qué sirve

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hacer una legislación con consenso, en la que todos lo grupos parlamentarios estamos de acuerdo, si esta legislación no sirve para resolver inmediatamente una problemática como la que hoy tenemos planteada con la opa sobre Endesa o que se pudiera plantear pasado mañana o cuando se apruebe esta ley sobre otro sector estratégico español? Por tanto, reclamamos la participación efectiva no solo del Grupo Parlamentario de Convergència i Unió, sino de todos los grupos parlamentarios que han participado en este consenso, para elaborar un reglamento efectivo y solvente que permita resolver de inmediato una problemática como la que representa la opa sobre la eléctrica Endesa. Las diversas vicisitudes que cada día estamos contemplando a través de los medios de comunicación españoles respecto a la situación de esta opa sobre Endesa están creando un clima de confusión muy importante en los agentes económicos. Hemos visto posiciones muy diversas. Creo sinceramente que aquí el Gobierno no ha actuado con rotundidad y con firmeza y que en ciertos momentos ha interferido en este proceso de opas, y esta ingerencia daña también la credibilidad del sistema económico y de las instituciones españolas a nivel internacional. Hemos pasado por diferentes vicisitudes. Inicialmente esta opa fue planteada por una empresa catalana. También pudimos escuchar desde otros grupos que conforman este Congreso de los Diputados que preferían que esta empresa se deslocalizara en otros países de la Unión Europea y hasta incluso algunos representantes del principal grupo de la oposición llegaron a afirmar que preferían que fuera alemana antes que catalana. Finalmente, la empresa catalana desistió de la opa y fue una empresa alemana la que presentó esa operación financiera o bursátil. En primer lugar, se llegó a brindar con cava y después con vino del Rhin. Después de esta operación bursátil, donde parecía que iba a ser una empresa alemana la que se iba a llevar el gato al agua, ha aparecido otra empresa italiana, que por cierto tiene una participación efectiva del Estado italiano, y juntamente con una empresa española parece ser que van a ser los van a dirimir si van a ser finalmente los alemanes o los italianos aliados con los españoles los que van a formalizar y se van a quedar con Endesa. Desde nuestro grupo parlamentario siempre hemos manifestado que realmente sería interesante que este centro de decisión español del sector estratégico no se deslocalizara, que fuera una compañía española finalmente la que pudiera optar a la gestión y pudiera presentar una opa a la empresa eléctrica Endesa. No sabemos realmente cómo va a ser el final. Incluso ayer el señor vicepresidente dijo que esta problemática financiera y bursátil podría alargarse entre doce y dieciocho meses, lo cual sería lamentable.


Por tanto, señorías, seamos pragmáticos y conscientes con lo que vamos a aprobar en este Pleno del Congreso de los Diputados. También instamos a que el Gobierno tienda la mano a todos los grupos parlamentarios, para poder consensuar el reglamento de la famosa ley de opas y que este espectáculo lamentable que estamos viviendo día a día no se vuelva a repetir.


Muchas gracias.


La señora VICEPRESIDENTA (Chacón i Piqueras): Muchas gracias, señor Sánchez i Llibre.


Continuamos con el turno del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, en particular, con el turno del señor Martínez-Pujalte.


El señor MARTÍNEZ-PUJALTE LÓPEZ: Gracias, señora presidenta.


Señorías, hoy concluye la tramitación de este proyecto de Ley -será ley en unos días- de reforma de la Ley del Mercado de Valores, para modificar el régimen de las ofertas públicas de adquisición y de la transparencia de los emisores. Hoy vamos a aprobar un texto que construye un marco legal para las opas, un texto que entrará en vigor el 1 de agosto. Mi grupo entendió que era bueno llegar a un acuerdo con el Grupo Socialista, que ahora tiene la mayoría parlamentaria, para que este texto legal fuera lo más estable posible en el tiempo y, por tanto, transmitiera a los agentes económicos la mayor garantía y seguridad jurídica en el futuro. Creemos que es bueno que desde todos los grupos de la Cámara podamos dar un mensaje de seguridad en el futuro y de confianza porque es bueno para la economía y, por tanto, es bueno para los españoles. Mi grupo está dispuesto a llegar a acuerdos cuando se trata de avanzar en marcos legales como el que aquí se presenta.


Se trata de una regulación de protección al consumidor. Cuando se regulan las opas no estamos hablando de una ley de mayor liberalización, sino de una ley de protección. Es una ley intervencionista que interviene para proteger al consumidor, para proteger a los accionistas minoritarios. Esa es la economía que nos hemos construido, una economía que no supone el capitalismo sin más, sino que tiene mecanismos de protección del consumidor, de protección de los ahorradores. Esta ley, que ha incorporado algunas sugerencias del Grupo Parlamentario Popular, es una ley buena. Cambia algunos marcos relacionados con las opas, por ejemplo, las opas a priori pasan a opas a posteriori; elimina las opas parciales; establece que para hacer una opa se tiene que exceder el 30 por ciento; establece además que para obtener capacidad para nombrar a la mitad del consejo de administración también se debe lanzar una opa, evitando así que con participaciones más pequeñas del capital se pueda controlar la empresa sin necesidad de lanzar una opa. La voluntad de este texto, como la del texto anterior, es la de que si un señor quiere controlar una empresa tiene que hacer una oferta al cien por cien de los accionistas, lo cual supone el núcleo central de la ley. Es decir, si yo quiero controlar una empresa, mandar en la misma y gestionarla, tengo que hacer una oferta al cien por cien de los accionistas para que la prima de control, el mayor precio que pago por controlar la empresa, se distribuya entre el conjunto de los accio

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nistas. Ese es el núcleo de la ley. Por tanto, en este texto se cambian algunas cuestiones, pero seguimos teniendo una legislación intervencionista que permite una protección de los minoritarios. Ahora bien, el señor Sánchez i Llibre se refería a la situación actual.
Anteriormente los dos portavoces socialistas han dicho que hoy era un gran día porque se aprobaba una ley -se referían a la Ley Orgánica de Universidades y a la del Estatuto de la función pública- y yo creo que sería un gran día si además de aprobarse se cumplieran las leyes y el espíritu de las mismas, porque aquí había una regulación que no se ha cumplido respecto a la opa que nace el 5 de septiembre del año 2005. No se ha cumplido el marco actual que regula la Ley de Opas, porque el Gobierno no ha puesto los medios necesarios para dicho cumplimiento. Es más, el Gobierno en algunos casos ha facilitado el hecho de que algunas empresas no cumplan el marco relativo a las opas. La opa que hemos vivido en los últimos dieciocho meses de esta legislatura -casi la mitad de lo que llevamos de legislatura lo llevamos de opa- el Gobierno empezó impulsando desde el Ministerio de Industria una opa. Señor Sánchez i Llibre, ni catalana ni alemana ni suiza ni sudamericana, el presidente de los empresarios catalanes estaba en el consejo de Endesa. Siempre hemos dicho que se deben cumplir los marcos legales, que Endesa estaba muy bien como estaba y que las opas hostiles en los sectores estratégicos eran muy peligrosas, porque se sabe cómo empiezan pero no cómo acaban. Nosotros dijimos que lanzar una opa hostil en un sector estratégico era un mal camino, que no lo había aceptado ningún país occidental y que no tenía ningún sentido hacerlo, porque que una empresa presente una opa hostil, siendo tres veces más pequeña que la que quiere opar, es una ridiculez, ya que luego se abre un proceso de subasta y puede venir otra más potente y quedarse con la empresa y no se sabe qué puede pasar. Por eso ningún país occidental aceptaba opas hostiles en sectores estratégicos, y el Gobierno lo aceptó y pudo no aceptarlo. Hubo una resolución del Tribunal de Defensa de la Competencia diciendo: No se acepte. Se hubiera parado.
No se paró. Se hizo mal y se sigue haciendo mal. Hace pocos días, pocas semanas -ayer tuvimos la interpelación al ministro de Industria-, el ministro de Industria de reúne con Enel y lo reconoce. Después de reunirse con Enel ésta empieza un camino de participación en Endesa.
Después el ministro anuncia que hay un pacto. Después dice que no, que fue intuición porque, claro, había reconocido que había cometido una ilegalidad y, entonces, para no comprometerse judicialmente dice que no, que es una intuición en la que le ayuda el señor Blanco a calificarle como profeta. Y después es verdad que hay un pacto. ¡Oiga, a lo mejor es todo entre intuiciones y casualidades! Pero lo que hay es una actuación del Gobierno para hacer presente a Enel en una empresa sin hacer una opa.
Esa es la primera intención. ¿Y qué estaba sucediendo? Que no se estaba cumpliendo la ley. Si se hubiera cumplido la ley se le hubiera dicho: haga usted una opa. ¿Cuándo? En tiempo y forma, antes del procedimiento de sobre cerrado. Pero no se cumple la ley y luego, a los dos meses, nos tienen que dar la razón y decir: sí, vamos a hacer una opa. ¿Pero cuándo? Dentro de un año. Entonces sale el señor Solbes y dice que esto se está alargando mucho, que llevamos dieciocho meses y va para otro año más, que así no se puede tener a un sector, en la incertidumbre. Y yo digo: ¡oiga, pero si lo ha hecho el Gobierno! Si lo está haciendo el Gobierno, ¿cómo es que ahora protesta de lo que ustedes han hecho por su propia incapacidad?

El Gobierno debe tener un margen para actuar y en la Ley de Defensa de la Competencia lo tiene, se le da, el Gobierno tiene un margen para actuar que se le da cuando se establecen mecanismos para evitar la reciprocidad, para evitar que una empresa pública italiana pueda venir a comprar una empresa española, porque es irregular, y esos márgenes los tiene que utilizar el Gobierno porque no tiene ningún sentido que venga una empresa pública italiana a hacerse cargo de una empresa que en España se ha privatizado y ahora está en manos de millones de familias. No tiene sentido que el Gobierno italiano pueda tomar decisiones en una empresa que es estratégica para la competitividad y para el desarrollo español.


Señorías -y concluyo-, mi grupo apoya esta Ley de Opas porque entendemos que el marco es bueno. Pero yo les pediría que se cumpla la ley, que no se admitan desde el Gobierno fraudes de ley, que no se admitan desde el Gobierno procedimientos que, más allá de no cumplir, creo, ni la literalidad, en muchos casos, tampoco cumplen el espíritu de esta ley que es proteger a los accionistas minoritarios y a los consumidores. Nosotros apoyamos la ley pero exigimos al Gobierno que además la haga cumplir y no interfiera en procedimientos promoviendo actitudes que van en fraude de ley.


Muchas gracias. (Aplausos.)

La señora VICEPRESIDENTA (Chacón i Piqueras): A usted, señor Pujalte, muchísimas gracias.


Finalizamos, señorías, con el turno del Grupo Parlamentario Socialista.
Será en este caso su portavoz, don Antonio Cuevas, quien tome en este último punto la palabra. Cuando quiera, señor Cuevas.


El señor CUEVAS DELGADO: Gracias, señora presidenta.


Señorías, es un poco lamentable tener que recordar una y otra vez, cada vez que sube uno a esta tribuna, para qué estamos aquí. Lo hemos dicho y lo hemos reiterado hasta la saciedad y en algún momento de estos debates nos han dado la razón. O sea nosotros hemos dicho: esto no es una ley de opas ni va dirigida a ninguna opa. El señor Pujalte, en un debate en esta misma Cámara hace poco, cuando ya había llegado a acuerdos, reconocía que era así y está escrito en el "Diario de Sesiones", decía: No es una ley de opas. Es una ley, señorías, para trasponer al derecho español dos directivas comunitarias: la Directiva de Opas y la Directiva de Transparencia. A su

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vez, esto forma parte de un plan de acción de los servicios financieros que aprobó la Comisión Europea en el año 1999. El Partido Popular, cuando gobernaba, debería haber agilizado la tramitación de esta directiva, junto a otras. Nosotros estamos en ese proceso de armonizar el espacio europeo en lo que se refiere a los servicios financieros. Por tanto, no tiene que ver con ninguna operación ni alta ni baja ni grande ni pequeña, y además no le afecta. Lo que pasa, señorías, es que el principal grupo de la oposición, como no ha asumido todavía que perdió las elecciones por lo que hizo y que nosotros las ganamos por lo que hicimos, en positivo, en propuestas, sigue buscando excusas. Igual que busca excusas en otros terrenos, aquí sigue buscando excusas, y las liga además con un interés que yo empezaría a cuestionarme como un interés legítimo. Creo que no es normal que diputados de esta Cámara estén permanentemente interesándose por cuestiones que afectan a una empresa privada, aunque -hay que decirlo- es privada, la privatizaron cuando estaban en el Gobierno y lo hicieron de tal forma que posibilitaron que su presidente, que no tenía nada que ver con este sector ni tenía ninguna acción en esta empresas, sea el que ellos están defendiendo que siga y el consejo que están defendiendo que siga. Es decir, no defienden un interés de los ciudadanos, es falso, señorías, es mentira; están defendiendo que el consejo actual de esa empresa siga, y les da igual que la compre una alemana o una belga, no les importa analizar las consecuencias que tiene para el mercado gasista o para el mercado energético español, qué es mejor o peor.


Señorías, el Gobierno español no ha intervenido para nada en esa operación ni en ninguna otra. Es verdad que el anterior ministro de Industria y el actual han expresado opiniones legítimas sobre lo que tiene que ser la defensa de los intereses estratégicos en el sector energético de nuestro país. Lo hicieron los ministros, lo hago yo hoy como portavoz y hacerlo es obligación de cualquier persona que defienda los intereses nacionales en cuestiones energéticas y no los intereses personales. Dicen que hay una gran preocupación en el tema de la opa. ¿Preocupación, señorías? Preocupación por no seguir en el consejo, porque, por otra parte, la opa les está viniendo muy bien a algunos para tomar posiciones en acciones que están rindiendo buenos dividendos; o sea, que la preocupación es relativa. La preocupación la tenemos en esta Cámara cuando debatiendo este proyecto los ciudadanos no van a saber qué estamos haciendo porque se les quiere introducir en un debate falso. Señor Sánchez i Llibre, esto no tiene nada que ver -y también ha hecho alusión a eso- con el proceso de opas, aunque obviamente la legislación que le afecta era la que había y cuando entre en vigor será esta que estamos haciendo. Pero eso no tiene nada que ver con eso.


Voy a intentar explicarme, señorías, porque los ciudadanos se merecen que les aclaremos qué estamos haciendo. He dicho antes por qué se hacían estas trasposiciones y en qué ha consistido nuestro trabajo, que quiero decir que ha sido fructífero, porque hemos pasado de una enmienda a la totalidad -que nunca se explicó por qué era a la totalidad y por qué se retiró con esa rapidez- a un consenso -que agradezco en los términos en los que se ha producido- de todos los grupos, que es lo que hoy ha hecho posible que este proyecto vaya a suponer que exista más transparencia en el mercado de valores y que, como ha dicho algún portavoz, los pequeños accionistas de las empresas estén más protegidos. Eso es posible porque en esa trasposición la obligación de formular opas se va a hacer cuando en una sociedad alguien tenga una posición de dominio sobre las acciones que supere o llegue al 30 por ciento. Las opas obligatorias solo se realizarán, por tanto, por el 100 por cien del capital y se elimina la obligación actual de presentar opas parciales. No tendría sentido cuando las opas ya no son anunciadas sino que son a posteriori. Lo que decimos aquí -y lo dice también la directiva europea- es que las medidas defensivas que pueda tomar el consejo de administración ante una opa -y el consejo de administración no está para eso, son los accionistas los que deben decidir si aceptan o no vender sus acciones, el consejo de administración está para gestionar la empresa- sean tomadas en la junta general de accionistas, porque las opas no son ni más ni menos que una oferta de compra de acciones que el accionista ejercita o no según le convenga.


En la eficacia de los blindajes societarios, cuando una sociedad es objeto de una opa se permite que cada sociedad tome la decisión que considere oportuna sobre el mantenimiento o la eliminación de los mismos, y ahora sucede que una sociedad tan importante como, por ejemplo, Endesa -no sé si el señor Martínez-Pujalte se refiere a la opa de Endesa cuando habla- tiene limitados los derechos de voto de los accionistas al 10 por ciento, lo que permite que el control de la sociedad sea llevado por un núcleo muy pequeño y no por la mayoría de sus accionistas, y además para modificar ese blindaje hace falta el 51 por ciento de la totalidad de los que tienen acciones en la sociedad, lo cual es bastante complejo.


Se introduce también la figura de la compraventa forzosa tras el lanzamiento de una opa. El accionista minoritario hasta ahora estaba desprotegido, porque cuando alguien adquiría un paquete de control de las acciones de una sociedad ya no necesitaba adquirir el resto. Por tanto, pagando algo más sobre un paquete pequeño que le daba el control, los demás accionistas no tenían ninguna posibilidad de vender sus acciones a ese precio. Se introduce que, a partir de la entrada en vigor de esta ley, el accionista minoritario tendrá el derecho a que le compren las acciones al mismo precio que se les ha ofertado a otros.


Se obliga a las sociedades cotizadas a que informen al mercado sobre aquellos aspectos esenciales para el éxito de una opa. Hay una serie de medidas transitorias, porque obviamente una ley como esta necesita de medidas transitorias, ya que estamos hablando del mercado de valores, donde las expectativas de compra y venta tienen mucho que ver, y lo que hacemos es tomar

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una serie de cautelas para cuando entre en vigor. En cuanto a la transparencia, se amplían los sujetos obligados a presentar informes semestrales. Actualmente los emisores deben publicar informes, y tras la aprobación de esta normativa deberán hacerlo también los emisores con obligación admitida en la negociación de un mercado regulado. Se reduce el plazo de los cinco a los cuatro primeros meses del año para el cumplimiento de la obligación de publicar el informe financiero anual y aquellas sociedades que no lo presenten en los primeros dos meses deberán presentar un segundo informe semestral. Se modifica la base para el cálculo de participación significativa, que pasa de ser el capital total a los derechos de voto, y además se incluye la obligación de comunicar derivados sobre acciones, hasta ahora solo exigido para los administradores de las sociedades.


Por tanto, señorías, creo que este debate sobre una ley que pretende trasponer dos directivas comunitarias se vuelve a pervertir cuando se quiere relacionar esto con incumplimientos de la ley del Gobierno. Se pregunta: ¿pero esta ley se va a cumplir? ¿Las dos que hemos aprobado antes se van a cumplir? Señorías, todas las leyes se cumplen, lo que pasa es que el derecho es interpretativo y usted tiene unas opiniones sobre unas cosas, que sospechosa y reiteradamente coinciden con los gestores de una sociedad, pero no son los criterios de todos, y por eso están los tribunales para dirimir los conflictos que pueda haber sobre la aplicación de una ley. Este Gobierno no solamente cumple cuando hace leyes, sino también en el día a día, y yo les hago una recomendación: no se crean que el ciudadano no sabe de lo que estamos hablando, no se crean que cuando el ciudadano ve a la misma persona permanentemente hablar en defensa de unos intereses muy privados, muy concretos, y no de los intereses de todos los accionistas, no sabe exactamente lo que está pasando en este país.


Muchas gracias, y gracias a todos por su trabajo en la unanimidad con la que saldrá aprobada esta ley. (Aplausos.)

La señora VICEPRESIDENTA (Chacón i Piqueras): Gracias a usted, señor Cuevas.


El punto VII del orden del día, referido a los dictámenes de la Comisión de Asuntos Exteriores sobre convenios internacionales, se votará al final si ningún grupo parlamentario desea intervenir en este momento. (Pausa.)

DICTÁMENES DE COMISIONES SOBRE INICIATIVAS LEGISLATIVAS:

- PROYECTO DE LEY DE LA LECTURA, DEL LIBRO Y DE LAS BIBLIOTECAS. (Número de expediente 121/000112.)

La señora VICEPRESIDENTA (Chacón i Piqueras): El siguiente punto del orden del día, el VIII, es el referido a los dictámenes de comisiones sobre iniciativas legislativas. Comenzaremos debatiendo el proyecto de Ley de la lectura, del libro y de las bibliotecas. ¿Desea la señora ministra intervenir? (Asentimiento.) Pues adelante, señora ministra, comenzaremos con usted.


La señora MINISTRA DE CULTURA (Calvo Poyato): Señora presidenta, señorías, es un motivo de especial complacencia para mí asistir al debate de la aprobación del dictamen de la Comisión de Cultura sobre el proyecto de Ley de la lectura, del libro y de las bibliotecas. Con este proyecto cumplimos un objetivo estratégico en la política cultural del Gobierno y naturalmente en las metas del propio ministerio. Favorecer en una sociedad democrática los procesos de creación es favorecer la libertad de expresión que, al mismo tiempo, son acompasados por algunos elementos propios de las sociedades contemporáneas entre las cuales están, de manera esencial, la diversidad cultural, la cohesión social que las políticas culturales propician al conjunto de la ciudadanía, el fortalecimiento de la cooperación cultural entre las administraciones públicas, y naturalmente la coordinación también con el entramado de la iniciativa privada a través de las industrias culturales de nuestro país, y obviamente la contemplación también de la fuente de riqueza que suponen la cultura en general, y las industrias culturales en particular, como fuentes de producción y naturalmente también como generación de empleo.


Quiero mostrar en esta sesión el agradecimiento que tengo, más allá de la cortesía debida y de la cortesía parlamentaria, a todos los grupos de la Cámara por el trabajo, por el esfuerzo, por el interés y voluntad que han puesto para aprobar un proyecto con el mayor grado de acuerdo y de diálogo posible. Prueba de ello son las 114 enmiendas aprobadas y aceptadas, tanto en la ponencia como en el debate en Comisión. Estoy segura de que con este acuerdo y con este método de diálogo se sentirán los ciudadanos reflejados en una ley que les obliga y que ayuda a transformar una sociedad en una sociedad de lectores. Estoy segura que el acuerdo y el diálogo será también agradecido por el reflejo que en esta ley sostienen los sectores implicados, es decir, desde la idea que ocupa a un autor, hasta el ciudadano que, transformado en cliente, compra una mercancía, que es mucho más que una mercancía, es decir, el libro en la venta. Unos ciudadanos más lectores son más libres, más democráticos, más participativos porque la lectura propicia información y, la información, autonomía intelectual para ejercer la parte alícuota de poder que a cada uno de nosotros nos corresponde en el espacio democrático. Por eso, la ley ha querido ser especialmente y, sobre todo, una ley de la lectura.
Esta idea es razonada en la propia exposición de motivos que también recoge, como no podía ser de otra forma, la larga lista de intereses que necesitábamos conciliar a lo largo del texto. De ahí que desde el primer momento se haya pretendido que sea una ley con el encuentro. Una aspiración que deseamos haber alcanzado para que en ella se sientan reflejados todos, pero especialmente los ciudadanos lectores.


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Con este esfuerzo, que ha sido un esfuerzo de los sectores, un esfuerzo también de las administraciones para alcanzar una sociedad profundamente más democrática por mejor informada a través de la lectura, hemos conseguido que esta ley sea también una ley realista que atiende a la diversidad empresarial de nuestro país que es una potencia editora en el mundo, y una ley que atienda en lo cultural al orden establecido del desarrollo de nuestras bibliotecas, de nuestros distribuidores, libreros y editoriales en el panorama del presente en nuestro país. Todas estas diversidades de intereses forman, al mismo tiempo, un frágil y rico ecosistema de pequeñas y medianas empresas y de muchas aspiraciones de los ciudadanos en tanto se relacionan como usuarios de las bibliotecas públicas, que son verdaderos servicios públicos en el corazón de la propia idea del Estado de bienestar. Por el número de voces que recoge y atiende, creemos que es una ley oportuna y además negociada. Por la atención a las nuevas tecnologías y sus posibilidades, creemos que es una ley necesaria, y por la adecuación al régimen competencial de las administraciones, respetando nuestro modelo constitucional y estatutario, es precisa, es rigurosa y es actual. Además, por la especial atención que hemos querido que tenga hacia la lectura y a sus implicaciones, decía, es una ley democrática y una ley social eminentemente. El libro y los sectores del libro se encontraban regulados, como saben SS.SS., en una ley de 1975, pero gran parte de los preceptos de esta ley estaban superados por la nueva realidad constitucional, tanto por la regulación de derechos y libertades, como por el nuevo marco territorial en términos de distribución política del poder y naturalmente también del recorrido de regulación estatutaria de las comunidades autónomas. Por otra parte, el libro y el sector que lo produce y distribuye, las bibliotecas y las propias formas nuevas de lectura, han experimentado muchos cambios, demasiados cambios en los últimos 30 años, que son los 30 años que afrontamos en nuestro modelo democrático y, obviamente, nos retrotraen a la reflexión de esta ley del año 1975. En este sentido, el proyecto establece un marco jurídico adecuado al libro como parte de la excepcionalidad de la cultura en el tratamiento de las políticas públicas y también en el tratamiento del propio mercado. Se enmarca y se motiva la actividad de los poderes públicos y se obliga, al mismo tiempo, a la promoción de la lectura y al tradicional apoyo al libro, a los agentes del sector y, sobre todo, al nuevo papel de las bibliotecas como puertas del conocimiento y como vehículos que dinamizan el hábito de la lectura entre la población. Hemos establecido todas estas circunstancias para transformar y poner al día nuestra legislación, sabiendo que hemos de caminar siempre, y en esta cuestión por demás, en el marco de la cooperación administrativa y en el respeto absoluto a las competencias de cada una de las administraciones llamadas a las obligaciones de esta ley.
Se incorporan conceptos nuevos por el impacto que las nuevas tecnologías de la información y de la comunicación han tenido en el sector del libro, de la lectura y también de los sistemas bibliotecarios, de la especialización del capital humano en nuestras bibliotecas y de las propias bibliotecas españolas. Se ofrece una nueva definición del libro, incorporando a la tradicional edición impresa el concepto que engloba en el propio texto de la ley cualquier tipo de soporte susceptible de lectura. Se incorporan los planes de fomento de la lectura como una herramienta básica para el aprendizaje continuo y para el desarrollo personal en el marco de la sociedad de la información, que consideramos, a través de los mecanismos de cooperación con otras administraciones y también con las entidades privadas, han sido un método y un esfuerzo importante en lo que va de legislatura, con unos logros extraordinariamente positivos. Son el producto del encuentro en el seno de la conferencia sectorial en donde convergen las políticas de las comunidades autónomas que, por otro lado, son las gestoras de las bibliotecas públicas del Estado en cada una de las provincias. Asimismo, configuramos un nuevo sistema español de bibliotecas fundamentado por primera vez sobre los principios que el propio sector ha desarrollado, y que se enmarcan también en todos y cada uno de los elementos en la conformación internacional del funcionamiento, no solo de los profesionales de las bibliotecas sino también de las propias bibliotecas públicas. Por tanto, nuestro sistema se fundamentará en una nueva misión de las bibliotecas en el contexto de una sociedad diferente, en que los mecanismos de cooperación con otras administraciones e instituciones públicas y privadas se fortalezcan, y en el respeto y el equilibrio con los sistemas autonómicos de bibliotecas, en consonancia también con el respeto a las competencias que cada uno tenemos atribuidas constitucionalmente.


Otra de las aportaciones de la ley es la referente a las bibliotecas digitales. Actualmente, como SS.SS. saben, el concepto que aglutina todas las cuestiones que relacionan las bibliotecas con las tecnologías de la información y de la comunicación es el de biblioteca digital. Este concepto está en la agenda de las instituciones comunitarias que consideran a los Estados miembros como los actores de la biblioteca digital europea, lo que muestra la importancia de la cultura en términos sociales y tecnológicos, naturalmente económicos también en este caso, y es una cuestión importante en las políticas públicas en la Unión. España va un paso adelante incorporando la responsabilidad de los poderes públicos en estas cuestiones, y la ley regula tanto el concepto de libro como otros aspectos de su creación y difusión. Como ley especial defiende el precio fijo del libro, el precio único, salvo en el caso de libros de texto, y como ley de la lectura destaca el papel de las administraciones públicas, de las bibliotecas y de todo el sector que permitirá hacer realidad políticas más eficaces a favor de la lectura y, por consiguiente, a favor también de todo el conjunto de subsectores que en el sector del libro se mueven en la cultura y en la economía españolas.


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El proyecto contempla la promoción de la lectura entendiendo esta como una herramienta básica para el aprendizaje continuo y subrayando el interés general de la lectura en la vida cotidiana de una sociedad democrática.
Es decir, el proyecto concibe la lectura como un paradigma inexcusable no solo de la sociedad del conocimiento sino como acción necesaria para una mejor ciudadanía. Por primera vez en una ley del Estado se encomienda a los poderes públicos la puesta en marcha obligada de planes de fomento de la lectura, se potencian los servicios necesarios y se aumentan las dotaciones bibliográficas y, como no podía ser de otra forma, se subraya la necesaria cooperación de las administraciones entre sí, con las empresas, con las asociaciones, fundaciones e iniciativas que ayudan y concurren al fomento de la lectura, utilizando instrumentos de análisis y también de evaluación de todas estas políticas convergentes. Por ello, aparece en la ley una novedad con la que se crea el Observatorio de la lectura y del libro, que se configurará como un órgano dependiente del Ministerio de Cultura que permanentemente proporcionará datos, tras los análisis oportunos, acerca de la situación del libro, de la lectura, de las bibliotecas, así como de los desarrollos industriales, de las nuevas tecnologías y de los hábitos culturales que en materia de uso de las bibliotecas públicas la propia sociedad española tenga.


En lo que se refiere a la promoción del libro y de los agentes del libro se recogen, por un lado, las campañas de promoción de los autores españoles, la existencia de un sistema de premios para los ámbitos literarios, científicos y técnicos, y por otro, los programas de apoyo a la industria del libro y la colaboración con el sector en el fomento de las tecnologías aplicadas a la gestión, es decir, un esfuerzo para la renovación y la puesta al día de los retos tecnológicos, así como la obligada y necesaria información y su intercambio entre todas las administraciones públicas para hacer también la política de fomento en el exterior de todos los sectores del libro en las ferias nacionales e internacionales.


En cuanto al régimen jurídico del libro, se regula el precio único de los libros, sus exclusiones y excepciones, otorgándole rango de ley. La nueva ley mantiene el precio único como reconocimiento de la diversidad cultural de nuestro país. Obviamente, sin él, el mercado con sus asimetrías impediría que existieran muchas de las publicaciones que hay en nuestro país, y por eso al reconocerlo y fijarlo mediante ley establecemos también una aplicación, una más, en el marco y en la idea de la excepcionalidad cultural, que es una garantía extraordinaria para mantener una oferta plural de un sector que tiene más de 70.000 títulos anuales publicados, títulos que forman parte del patrimonio cultural y que, repito, no verían la luz si se rigieran únicamente por las leyes estrictas de la oferta y la demanda del mercado. Por ello la ley continúa apostando por esta figura del precio único del libro, tal y como lo hacen la mayor parte de los países de nuestro entorno económico y cultural, y por lo que están apuntando también los países de nuestro espacio lingüístico más destacados, el referente iberoamericano, particularmente importante hablando de libros y de lectura. Al tiempo, la obligación del precio único en los libros se extiende no solo a la venta de los libros, como hasta ahora había ocurrido, sino también a cualquier transacción al consumidor final, al ciudadano, de modo que quede claro en la norma que no solo el librero sino cualquier otro operador económico, cualquiera que sea su naturaleza jurídica, cuando realice transacciones al detalle estará obligado también a respetar el precio único fijado por el editor.


En cuanto a los libros de texto se introduce el precio libre. Esto se traduce en que la determinación del precio de un libro de texto le corresponde al detallista -librero, gran superficie o cualquier otra circunstancia-, quien compite mediante la fijación del precio con otros detallistas. En ese sistema de precio libre, su fijación está limitada por el régimen general de precios, a través de las leyes de comercio, que prohíben las ventas con pérdidas, el dumpin, la rebaja fuera de temporada y otra serie de prácticas que dañan no solamente a los libros sino, en este caso, al fortalecimiento y al mantenimiento de la red de pequeños y medianos comercios que constituyen las librerías en nuestro país. Se modifica así el sistema vigente desde el año 2000, que ha producido claras disfunciones entre los diversos detallistas, sobre todo a los libreros, como era el descuento ilimitado.


Por último, con objeto de dar garantía a los contenidos de esta ley, se regulan las infracciones y sanciones en el ámbito del precio único y publicidad en las ventas de libros, respetando las competencias autonómicas y enunciando básicamente los tipos de ilícitos que dan lugar a la sanción. En resumen, hemos querido establecer el régimen jurídico especial de las actividades relacionadas con el libro, en su doble dimensión de bien cultural y de bien económico en el mercado, proporcionando un marco común a las bibliotecas y al fomento de la lectura y atendiendo a todos los sectores que desarrollan su actividad desde el inicio del talento y de la creación hasta el destinatario final, el lector que utiliza el servicio público de una biblioteca o el lector consumidor que adquiere los libros en el mercado.


Señora presidenta, señorías, he intentado resumir de manera muy breve los principales aspectos de este proyecto de ley. Obviamente, no podríamos llevar a cabo todas las medidas citadas en esta ley si no llevaran aparejada la correspondiente responsabilidad de dotación económica.
Teniendo en cuenta el valor de la lectura como instrumento de desarrollo de una sociedad, como instrumento de integración y de participación democrática de los ciudadanos, considerando la situación actual de las bibliotecas públicas españolas y, además, trabajando con la recomendación de IFLA-Unesco sobre la ratio de libros en las bibliotecas públicas en relación a la población de un país, hemos tomado medidas a lo largo de la legislatura que han dado frutos extraordinariamente importantes. Hemos aumentado en un 7.300 por ciento los fondos para la adquisición de libros en las

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bibliotecas públicas, lo que suponía no solo un aumento sino también una renovación de esos fondos. Lo hemos hecho de la mano y con la cooperación de las comunidades autónomas, y lo seguiremos haciendo en el marco de esta ley con una aportación pública que alcanzará los 431 millones de euros. Lo haremos, repito, en el marco de la concurrencia y de la convergencia de políticas públicas de fomento de la lectura, en el marco de las comunidades autónomas y en el marco de la política del Gobierno de España.


Señorías, estamos ante una ley de todos y para todos, para todos los ciudadanos y para atender a todas las cuestiones importantes de un sector vital para la cultura de un país. Es una ley que ha apostado por los aspectos que diferencian el desarrollo íntegro de las personas, tal como recoge nuestra Constitución, en un asunto que sigue siendo central para cualquier cultura, especialmente para una como la nuestra que a través del idioma participa con un número de habitantes del planeta extraordinario, que sobrepasa los 400 millones, y nos alojamos en la defensa de una lengua que es la cuarta más hablada del mundo. Reitero mi agradecimiento por el esfuerzo, por la buena voluntad para sacar adelante una ley que es punto de encuentro democrático de una visión en la que todos hemos querido converger y que resulta extraordinariamente importante para una sociedad en el momento presente en el que se halla la cultura de nuestro país. Gracias por este trabajo y, obviamente, pido el más alto grado de aprobación de esta ley sobre la que ahora se miran los ciudadanos lectores de nuestro país.


Gracias. (Aplausos.)

La señora VICEPRESIDENTA (Chacón i Piqueras): A usted, señora ministra, muchas gracias.


Abrimos, señorías, los turnos de defensa de las enmiendas. Comenzamos por el Grupo Parlamentario Mixto y en particular por el señor Rodríguez.
Adelante.


El señor RODRÍGUEZ SÁNCHEZ: Gracias, señora presidenta.


El Bloque Nacionalista Galego mantiene vivas cuatro enmiendas. Una se refiere a que los planes de fomento de la lectura sean elaborados por el ministerio en colaboración con las comunidades autónomas. Otra, en consonancia con esta, es para que las comunidades autónomas puedan ser quienes gestionen este tipo de créditos para la promoción de la lectura.
Lo hacemos así porque cuanto más simplifiquemos la cuestión de la gestión y coloquemos en manos de una única Administración la coherencia y la armonización del sistema más eficaz será, sin perder el criterio de que pueda hacerse una planificación general por el Estado e incluso que esa coordinación provoque efectos positivos en todas las partes del Estado español. Las dos enmiendas restantes son las más sustanciosas y para nosotros las más preocupantes y las que nos distancian del proyecto de ley porque no se han asumido. Aprovecho que está aquí la señora ministra para decir que estas enmiendas se refieren a que el libro de texto se trate igual que el libro en general, esto es, con precio fijo. En un momento en el que se está generalizando la gratuidad del libro de texto no se justifica que el mismo no tenga precisamente un precio fijo, por varios motivos. Primero, porque es la única manera de que no haya una competencia desleal entre las grandes áreas comerciales y las pequeñas librerías, sustancial para mantener la red de distribución de pequeñas librerías que todo el mundo acepta que son uno de los pocos centros culturales en muchos pueblos del país. Y segundo, porque la Administración pública nunca debe dar dinero en forma de cheque o pagar directamente en plan de aceptar una casuística que conlleve diferencias en función del proveedor. Es más, la Administración pública debería utilizar el libro de texto y su precio fijo para imponerle unas determinadas características, no en cuanto al contenido pero sí en cuanto a su dimensión, número de páginas o adecuación a la edad escolar a la que va destinado. Si no se hace así, vamos a ser víctimas de las grandes ganancias de las grandes editoras y de las grandes áreas de distribución, que ahora verán el cielo abierto para hacer lo que podríamos llamar una competencia totalmente desleal agudizada.


Por último, una cuestión que no es atribuible a la posición del Gobierno: el canon por préstamo de libro en establecimientos públicos. No acabamos de entender cómo la Unión Europea puede hacer una directiva tan sumamente lesiva para la lectura del libro, que es un bien precioso desde el punto de vista cultural, y en el caso de las bibliotecas, destinadas precisamente al público juvenil o al público que no tiene suficiente capacidad económica, que se vaya a gravar precisamente por el préstamo para la lectura, al margen de quien vaya a acabar pagando esto, que ya sabemos que van a ser las administraciones públicas pero en un debate y en una contradicción constante entre ellas, y no es suficiente con que se exima a las librerías de los núcleos de menos de 5.000 habitantes. Este aspecto de la ley para nosotros es el más negativo, pero valoramos el esfuerzo que se hace por llegar a acuerdos, por aproximar posiciones nada fáciles, teniendo en cuenta la tendencia que hay en la Administración central a pasar olímpicamente de las competencias autonómicas y la tendencia legítima que hay por nuestra parte no solamente a que se preserven sino a dar un mayor grado de coherencia al sistema competencial. El BNG considera que en el tema de las bibliotecas, excepto en lo referido a la Biblioteca Nacional, que llaman nacional por cuestiones obvias, el resto del sistema debería ser de gestión de las comunidades autónomas.


Vuelvo a manifestar nuestro acuerdo especialmente con el espíritu de diálogo y de aproximación.


Muchas gracias.


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La señora VICEPRESIDENTA (Chacón i Piqueras): Gracias, señor Rodríguez.


Adelante, señor Mardones, en nombre de Coalición Canaria.


El señor MARDONES SEVILLA: Muchas gracias, señora presidenta.


Mi grupo ha mantenido para este trámite en el Pleno de la Cámara tres enmiendas que venían del debate en Comisión; son las enmiendas números 21, 23 y 25. Anuncio a los servicios de la Cámara que retiro en este momento las enmiendas números 23 y 25. Señora presidenta, voy a defender la enmienda número 21 y después haré un juicio de valor sobre la totalidad de este proyecto de Ley de la lectura, del libro y de las bibliotecas.


La enmienda número 21 es puramente formal; también las tres que venían de Comisión se referían a aspectos puramente formales y no al fondo de la ley, que nosotros aplaudimos y apoyamos, y votaremos favorablemente. La enmienda número 21 está referida al artículo 2, en el que se definen los distintos conceptos que se manejan a lo largo de la ley, qué se entiende por libro, por publicación seriada, por editor, por distribuidor, por impresor. A la vista de que en el artículo 5 se emplea cinco veces la palabra autor, nuestra enmienda pretende que en este catálogo de conceptos que tienen que ser definidos se introduzca la palabra autor, porque si estamos hablando de una ley de la lectura, del libro y de las bibliotecas, en las bibliotecas hay libros y los libros tienen autores.
Además, como acertadamente el artículo 2 de este proyecto de ley define todos esos conceptos, qué se entiende por libro o por impresor, proponemos que se incluya el de autor para diferenciarlo, como hace también la ley en su articulación más implícita que explícita, del traductor. El traductor de una obra literaria no es solamente una persona que maquinalmente traduce una palabra con un diccionario metido en una base de datos electrónica que hace traducciones automáticas y simultáneas sin ninguna aportación intelectual o artística, tema que la máquina no puede suplir. La máquina puede traducir pero a veces no puede dar el sentido de la palabra traducida, y esto requiere del autor traductor.
Pues bien, nuestra enmienda va en esta línea para que en el catálogo de conceptos a definir en el artículo 2 figure este concepto, teniendo en cuenta que en el artículo 5 de este proyecto de ley figura el epígrafe concreto de promoción de los autores. Si en el texto de la ley se habla de autores, dígase qué se entiende por tal, que no requiere más allá de las tres líneas que figuran en el diccionario de la Real Academia de la Lengua Española.


Entrando en nuestro juicio de valor sobre la ley, anuncio nuestro apoyo al texto de la ley. Sin perjuicio de cualquier otra enmienda de tipo formal que pudiéramos introducir del Senado y que está más en la línea de la sintaxis gramatical que de otra cuestión, en cuanto al fondo lo vamos a apoyar. Tenga por seguro, señora ministra de Cultura, que nuestro voto, como nos ha pedido, será favorable por entender que este es un proyecto de ley conveniente, acertado, oportuno y que viene a poner un orden donde la Administración española tiene que dar un ejemplo, porque nosotros no nos miramos solamente en nuestro espejo interior sino que tenemos una proyección hacia el exterior. En estos días se clausura la gran cumbre de Cartagena de Indias, en Colombia, que ha sido inaugurada por Sus Majestades los Reyes y a la que han asistido todos los presidentes de las academias de la Lengua de los países hispanoparlantes, en la que se han hecho unas definiciones y al final se está hablando de obras de arte, de libros, en los que la lengua gráficamente se representa y se expresa con el sentido artístico y literario que cada autor en su inteligencia y en su capacidad artística pueda tener, pero que es el lenguaje común. Como nos tenemos que mirar en un espejo de más de veinte naciones, sería conveniente que tengamos presente esto en la aplicación de nuestra ley.
Por tanto, no podía faltar una ley del libro generada en la nación española, con todo su ámbito lingüístico, para que nosotros tengamos que sentirnos satisfechos al dar nuestro apoyo a una ley que en cierta medida viene también a poner un orden conceptual en todo lo que se refiere al libro, a las bibliotecas y al fomento de la lectura. La operación no es sencilla porque cuando en un artículo de la ley, precisamente en el artículo 5 que citaba, se establece que el Ministerio de Cultura desarrollará campañas en colaboración con las comunidades autónomas, tenemos que saber que hacia dentro de la nación española están las comunidades autónomas, pero hacia fuera hay cerca de veinte naciones, la gran mayoría hispanoamericanas, que editan sus publicaciones en español, en castellano, y que al mismo tiempo tienen unas relaciones no solamente con entidades del rango máximo lingüístico, como las reales academias o las academias de las repúblicas hispanoamericanas de la Lengua, en una palabra, sino también con instituciones que tiene el propio ordenamiento jurídico español, como puede ser el Instituto Cervantes, que realiza también una acción lingüística basada fundamentalmente, como no podía ser de otra forma, en el libro, y con instituciones con las que España mantiene relaciones culturales basadas en el libro, como la Agencia de Naciones Unidas, la Unesco precisamente, que tiene en el soporte del libro todo un vehículo de promoción de ciencia, arte, literatura, cultura, en una palabra, en todos los órdenes sociológicos, y que tienen que ser fomentadas incluso a nivel colectivo, como lo hace el Instituto de España, como órgano coordinador de todas las reales academias y de la proyección hacia el exterior. Por tanto, el horizonte es positivo, es muy bueno y tenemos que tener la ambición de que las colaboraciones, para ser fructíferas, tienen que ser fundamentalmente fecundadas por una línea de cooperación. A esta suma va también el voto de nuestro grupo con toda solidaridad.


Muchas gracias, señora presidenta.


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La señora VICEPRESIDENTA (Chacón i Piqueras): Muchas gracias a usted, señor Mardones.


Continuamos, señorías, con el turno de la señora García Suárez, en nombre del Grupo Parlamentario de Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya Verds. Cuando quiera.


La señora GARCÍA SUÁREZ: Muchas gracias, señora presidenta.


Señora ministra, señorías, del total de 65 enmiendas presentadas por nuestro grupo parlamentario al proyecto de Ley de la lectura, del libro y de las bibliotecas en esta fase de la tramitación, veintinueve enmiendas han sido aceptadas hasta este momento: seis al inicio y veintitrés aprobadas en Comisión. Además de esto, se transaccionaron veintiuna enmiendas muy relacionadas con los aspectos competenciales porque, entre otras razones, quiero recordar que nuestro grupo, al igual que otros grupos, registró una enmienda a la totalidad precisamente por considerar que la ley invadía aspectos competenciales importantes del Estatuto de Autonomía de Cataluña. Lamentamos que de estas veintitrés enmiendas aprobadas en Comisión, el Grupo Parlamentario Socialista va a presentar en principio trece votos particulares.


Voy a referirme en principio a aquellos aspectos que ya están introducidos y recogidos en el dictamen y también a aquellos que, viendo que no se ha presentado voto particular, considero que van a ser recogidos. Nuestro grupo parlamentario está muy satisfecho. Hemos introducido y mejorado aspectos importantes de la ley, al igual que otros grupos. En nuestro caso el número de enmiendas ha sido considerable. Después me referiré a aquellos aspectos que consideramos que no son suficientes, por lo que vamos a mantener algunas de nuestras enmiendas.


En primer lugar, hemos mejorado en las siguientes cuestiones: en el papel fundamental de los medios de comunicación, en especial de los de titularidad pública; en la promoción y el fomento del hábito lector y del libro; en la diversidad lingüística del Estado y en la salvaguarda de las competencias autonómicas, en más de catorce enmiendas, motivo por el que retiramos en su momento nuestra enmienda a la totalidad, por la confianza de que esto iba a ser así en este trámite; en la inclusión de la definición de publicaciones periódicas o de impresor; en un mayor compromiso gubernamental en la promoción de los autores; en la introducción del concepto de hábito lector en varias de las enmiendas; en la evaluación y actualización periódica de los planes de fomento al hábito lector; en la promoción del conocimiento de los recursos de la información, así como en un mayor inciso en algunos aspectos de la cooperación bibliotecaria; en la elaboración de planes específicos para la promoción de la formación permanente del personal de las bibliotecas; en la composición y funciones del consejo de cooperación bibliotecaria; en la introducción del principio de igualdad de oportunidades, no discriminación y accesibilidad universal de las personas con discapacidad en seis enmiendas en concreto; en la inclusión en todo el proceso de edición de un control de calidad de los textos llevado a cabo por los profesionales de la corrección; en la mención explícita a la industria editorial y del comercio del libro y en la introducción del principio de diversidad. Así pues, valoramos muy positivamente, como no podía ser de otra manera, las modificaciones introducidas. Nuestro grupo ha participado e influido en la mejora de esta ley de manera no solo cuantitativa, por el número de enmiendas, sino cualitativa, que en definitiva es lo que cuenta.


Hay temas importantes que se han quedado en el tintero y, aunque la verdad es que algunos de ellos han sido aprobados en Comisión, como he adelantado hay intención de presentar votos particulares y quisiera comentar tres de los aspectos en que lo lamentamos. Hay doce o trece votos particulares, pero me voy a referir en concreto al cambio de nombre, al título de la ley, y nuestra enmienda es la número 26. Esta no es una ley de biblioteca sino de cooperación bibliotecaria. No encontramos una ley general de bibliotecas ni una ley de bases de ordenación del sistema bibliotecario español; se limita a establecer cauces de cooperación bibliotecaria, por tanto cabría preguntarnos si responde adecuadamente a esta necesidad de cooperar. También nos podríamos preguntar, en este mismo orden de conceptos, si nos podemos permitir enumerar únicamente las bibliotecas escolares sin concretar su desarrollo ni sus recursos humanos, técnicos y económicos. De prosperar los votos particulares dejaremos pasar la oportunidad de aplicar un tipo de IVA reducido del 4 por ciento a todos los productos electrónicos, elementos cada vez más presentes en el servicio bibliotecario público, que supondría la equiparación impositiva del IVA. Consideramos que si se deroga el artículo 39 se anulará una vía de mejora de la dotación del fondo de bibliotecas. Todo esto es en el caso de que prospere. Imaginamos que así será, pero es una hipótesis que se resolverá al final del Pleno.


Quisiera también comentar brevemente nuestras enmiendas vivas. No vamos a retirar las enmiendas 36, 39, 63, 64, 66, 67, 68 y 86. Todas ellas están relacionadas con aquellos libros, el material escolar fundamentalmente, que no van a tener un precio fijo. Con el mantenimiento de estas enmiendas queremos manifestar la oposición clara e inequívoca de nuestro grupo en torno al precio fijo del libro como el sistema más preciso y garantista de potenciar el libro. El precio fijo del libro, regulado en los artículos 8, 9 y 10, recogiendo las exclusiones, las excepciones y el régimen jurídico tal y como está redactado el proyecto de ley, es una de las propuestas más debatidas y reclamadas por los diferentes sectores del ecosistema del libro. Nos alegramos muchísimo de su aprobación, pero lamentamos que no sea también para los libros de texto. He aquí por qué mantenemos estas enmiendas. Consideramos que el libro tiene dos características que pueden parecer contradictorias, pero que no lo son: son objetos de cultura que aportan valores, identidades, información, conocimiento, entretenimiento, y hacen posible también, aunque no de

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forma exclusiva, la vida intelectual, la literatura, la ciencia y el lenguaje virtual; y, a la vez, son bienes mercantiles destinados a una ganancia económica. En este sentido el libro no es un bien comercial ordinario. Nosotros lo entendemos así. La significación del libro en su ecosistema para el desarrollo cultural de la sociedad y de los individuos es de un alto valor. Si el precio fijo del libro es importante en la edición de los libros de creación literaria, cultural, científica o de ilustración, no comprendemos por qué no ha de serlo también para los libros y materiales didácticos complementarios. No lo comprendemos y por eso mantenemos nuestras enmiendas, y vamos a intentar defenderlas hasta el último momento.


La situación actual -desde la gestión por parte de las AMPA hasta la competición por el descuento que se ofrece como contrapartida- no favorece en nada a la pedagogía sobre el valor cultural y económico del libro, y sobre todo pone en crisis el ecosistema del libro, desde el creador, el editor, el impresor, el distribuidor, hasta el librero. La significación de los libros, el papel de las bibliotecas, y el sistema educativo para el desarrollo intelectual y cultural de la sociedad y de los individuos es de un notable valor, como antes he dicho. Por tanto, un sistema de precio fijo para los libros es una apuesta que celebramos.
Consideramos que el Gobierno ha sido valiente al hacerla, pero creemos que lamentablemente ha quedado corta, porque podríamos haber cerrado con ella todo el hemisferio del libro en su conjunto.


En definitiva, estamos convencidos de que el precio fijo del libro es el instrumento adecuado para equilibrar los diferentes intereses de los editores, los libreros, los autores, y sobre todo de la ciudadanía. Por eso mantenemos nuestras enmiendas. Queríamos un enfoque relativo al precio fijo que abarcara todo este ecosistema, es decir, que incluyera la fijación del precio fijo también en los libros de texto y en el material didáctico, desde las garantías de los usuarios, y con una disposición adicional que desarrollara el sistema de gratuidad de los libros de texto y del material didáctico en la enseñanza obligatoria.


Lamentablemente, no puedo alargarme mucho más, pero en todo caso, entrando en los aspectos competenciales, nuestro grupo considera que en este articulado referente al precio fijo se produce una invasión competencial.
Creemos que el proyecto aduce como fundamento competencial en esta materia el artículo 149.1.13 de la Constitución, sobre bases y coordinación de la planificación general de la actividad económica, y que puede continuar habiendo aspectos de invasión competencial en ese sentido. Quizás en el Senado habrá que ver si algunos o todos los grupos, entre ellos también el nuestro, insisten en ello.


Como ya me he pasado de tiempo, solo quiero anunciar que retiramos las enmiendas 40, 45, 65 y 80. Resumiendo, vamos a votar esta ley, evidentemente contentos, aunque he aducido aquellos aspectos que quedan pendientes. Es una ley necesaria, es una buena ley, pero con limitaciones que lamentamos, y que quizás todavía estemos a tiempo de corregir.


Muchas gracias. (Aplausos.)

La señora VICEPRESIDENTA (Chacón i Piqueras): Muchas gracias, señora García Suárez.


Continuamos con el turno del Grupo Parlamentario Vasco y, en particular, del señor Esteban.


El señor ESTEBAN BRAVO: Muchas gracias, señora vicepresidenta.


Intervendré brevemente para congratularme porque se haya podido llegar, después de un proyecto en el que ha habido más de 200 enmiendas y al que se han presentado incluso enmiendas a la totalidad por parte de algunos grupos políticos, a un acuerdo genérico amplio, en el que uno de los temas candentes, que era el respeto a las competencias de las comunidades autónomas, ha podido ser encauzado de una manera bastante correcta. No parecía al inicio del debate de esta ley que el grado de consenso, aun con las discrepancias evidentemente en algunos aspectos sectoriales que existen, al final fuera a ser el que ha sido ahora. También es evidente, para cualquiera que lea el texto del dictamen de la Comisión, y también el que venía de ponencia, que el articulado está plagado de referencias a las competencias de las comunidades autónomas, sin perjuicio de las competencias de las comunidades autónomas en cooperación con el Estado, etcétera. Ciertamente no podía ser de otra manera, porque este ámbito competencial verdaderamente está transferido en exclusiva al Estado. Por la misma razón que el Ministerio de Cultura -no somos nosotros el único grupo que lo ha dicho, se ha dicho en más de una ocasión en esta Cámara- está sustentado en una nebulosa competencial, que no se sabe exactamente bien dónde reside, se puede entender que esta Cámara pueda regular esta materia. Sin embargo, de una lectura objetiva del reparto competencial del ordenamiento jurídico español, podría entenderse perfectamente que sería una competencia exclusiva de las comunidades autónomas. En ese sentido, el texto final está lleno de muchas definiciones y remite a desarrollos y colaboraciones posteriores. Bien, no podría ser de otro modo. Esperemos que el funcionamiento razonable de las instituciones públicas y el entendimiento entre ellas puedan conducir, ya en la práctica, a una mejor gestión de todo este ámbito que ahora, más que regular, definimos y enmarcamos.


Hay dos asuntos que se salen un poco del ámbito definitorio. En primer lugar, está el tema del precio fijo. Nuestro grupo no presentó enmiendas al respecto entendiendo que hay un cierto consenso en que no se puede ir más allá en estos momentos de lo que va el texto de la ley, pero como grupo parlamentario quisiéramos señalar que estamos a favor de que el precio fijo se extienda también a los libros de texto. Por eso apoyaremos la enmienda número 12 -si no me equivoco- del Bloque Nacionalista Galego y la enmienda 64 del Grupo Parla

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mentario de Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya Verds que apuntan en esa línea.


También es cierto que la ley ha enfrentado otro asunto espinoso, no muy popular, pero que creemos -queremos decirlo también claramente- que debía ser afrontado, ya que se presentaba el proyecto, y regularlo. Me refiero a todo el asunto del préstamo bibliotecario. Al final estamos enmarcados en el contexto político en el que estamos, en el europeo. Hay unas directivas y una normativa que cumplir, y tarde o temprano hay que llevar adelante esas directivas si no se quiere quedar señalado de manera directa por parte de la Unión Europea. Por tanto -ya he dicho que no es una medida popular; queremos decirlo claro- nosotros presentamos una enmienda en ese sentido, como la presentó el Grupo Socialista, porque nos parecía que era de todo punto necesario. Aun así, tanto este tema como el del precio fijo quizá no hubieran necesitado una Ley del Libro para llevarlos adelante, pero una vez que se hacía esta ley, evidentemente tenían que aparecer.


De nuestras enmiendas solo queda viva una, y hay que reconocer que es muy puntual, que se refiere en concreto al título competencial en el que se basa el artículo 12. El sistema español de bibliotecas, que es el que se regula en ese artículo 12, se quiere colgar de la percha del artículo 149.1.28. El artículo 149.1.28 de la Constitución habla de una competencia exclusiva del Estado en defensa del patrimonio cultural, artístico y monumental. Si se hace una lectura del texto, primero de la definición y de lo que ha habido de desarrollo de legislación hasta ahora de ese -entre comillas- sistema español de bibliotecas, se deduce que en lo que se basa es en la cooperación y en un trabajo compartido. De la lectura de este artículo 12 también se deduce esto mismo, porque se basa en la voluntariedad de las partes implicadas y en la cooperación a partir de esta voluntad, consecuencia que no está perfectamente imbricada en ese epígrafe 28, sino que debería estarlo en otro que se base más en un principio de cooperación, e incluso este podría haber sido el 149.2.


Sin más, quiero decir que nuestras enmiendas han sido consensuadas, que hemos llegado a un acuerdo razonable y respetuoso, y por ello el sentido de nuestro voto será favorable a esta ley.


Muchas gracias.


La señora VICEPRESIDENTA (Chacón i Piqueras): Gracias a usted, señor Esteban.


Continuamos con el turno del Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana, para lo que tiene la palabra el señor Tardá.


El señor TARDÀ I COMA: Gracias, señora presidenta.


Con la aprobación y voto del Estatuto de Autonomía de Cataluña y otros, como es el caso del andaluz, se introdujeron cambios importantes en las materias culturales respecto a la situación jurídica anterior. De entrada, el artículo 127 acota de forma precisa las competencias exclusivas. En el ámbito de la cultura se señala que esta competencia cumple en todo caso las actividades artísticas y culturales que se lleven a cabo en Cataluña, precisando el libro, el patrimonio cultural, los archivos, las bibliotecas, los museos y otros centros de depósito cultural que no sean de titularidad estatal, con la identificación del tipo de actividad y el fomento de la cultura, concretando los objetivos de esta actividad. A pesar de ello, en las últimas semanas esta ley ha sido objeto de referencia en debates, parlamentos, artículos de opinión y tertulias políticas. Esto nos puede servir como muestra del déficit de este Gobierno para con el despliegue de los estatutos de autonomía -y en concreto con el de Cataluña-, en definitiva, de la escasa coherencia y compromiso gubernamental para adecuar las leyes que inspiran los nuevos marcos competenciales, que por otro lado conforman -y lo reconocemos- el atributo de esta legislatura.


Efectivamente este proyecto salió del Consejo de Ministros como si no existiesen los estatutos reformados y aprobados hace tan solo unos meses.
Nosotros hubiésemos deseado atribuir todo ello a un accidente, pero desgraciadamente se ha vuelto a repetir. Ya sucedió con la Ley contra la violencia, el racismo y la xenofobia en el deporte, y muy recientemente con el texto legislativo de las normas básicas sobre explotación, transporte, experimentación y sacrificio para el cuidado de los animales, al que hemos presentado una enmienda a la totalidad, o con textos que deberán enmendarse profundamente para garantizar las competencias autonómicas, como son, a título meramente enunciativo, la Ley de Contratos, la Ley del Estatuto orgánico del ministerio fiscal, el acceso electrónico de los ciudadanos a las administraciones públicas, etcétera; leyes que, repito, ignoran de forma importante el nuevo marco competencial autonómico. Por desgracia, estos son ejemplos claros y no aislados. El Estatuto de Cataluña ya se encargaba en una primera instancia de fijar las materias que no deben regularse por parte del Gobierno central, y este proyecto de ley no contempla lo que la Generalitat de Cataluña establece como competencia exclusiva en cuanto a las medidas relativas a la producción, distribución de libros, publicaciones periódicas en cualquier soporte, así como a la gestión del depósito legal, el otorgamiento de los códigos, etcétera, y por supuesto al fomento de la difusión, de la creación y de la producción literaria.
La exclusividad de la competencia en estos ámbitos comporta que en el caso catalán la Generalitat tenga atribuida la potestad legislativa, reglamentaria y la función ejecutiva, esta última también extensiva a otra materia regulada en el proyecto de ley, como son las bibliotecas de titularidad estatal sitas en Cataluña -en el caso catalán-, en las que el Estado no se haya reservado expresamente su gestión, y respecto a las que corresponde a la Generalitat de Cataluña la aprobación de las disposiciones para la ejecución de la normativa del Estado y la función ejecutiva.


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Como quiera que el proyecto de ley entró en esta Cámara, tal como se ha dicho, regulando todos estos aspectos sin tener presentes dichas competencias, Esquerra presentó una enmienda a la totalidad que finalmente pudo ser retirada gracias al propósito de enmienda socialista.
El compromiso adquirido con los compañeros del Grupo Parlamentario Socialista encargados de esta ponencia, que han puesto todo el empeño y gracias a ellos ha sido casi posible el total acuerdo, aun así no alcanzó a los artículos 8, 9, 10 y 15 relativos al precio fijo y al régimen sancionador. Aunque, repito, sí se llegó a buen puerto en el resto del articulado. Así, ya en el dictamen de la ponencia fueron incluidas buen número de enmiendas de las 41 presentadas por Esquerra Republicana, buena parte de ellas de carácter competencial, que pretendían desandar el camino, a nuestro entender uniformista, trazado por el Gobierno español.


De igual manera el Grupo Parlamentario Socialista presentó un conjunto de transaccionales -cumplió con lo comprometido y lo tenemos que decir para ser honrados políticamente- para completar los acuerdos a que llegamos, y de las 29 transaccionales presentadas por dicho grupo 17 afectan a enmiendas de Esquerra Republicana. Con esto podemos afirmar que se han salvaguardado las competencias en lo que a materia de bibliotecas se refiere así como las competencias exclusivas que la Generalitat tiene atribuidas -en el caso catalán; es extensible al caso andaluz- en materia de gestión de depósito legal, otorgamiento de códigos de identificación, la mención expresa garantizada de que la promoción del libro y de la lectura, que pretende el proyecto de ley, afectará a las obras escritas en cualquier lengua oficial del Estado -¡Por fin se reconoce que todas las lenguas tienen el mismo régimen!-, y aparece de forma explícita en la ley que cualquier plan del Gobierno deberá contar con el consenso y la colaboración de las comunidades autónomas, incluyendo al mismo tiempo el previo acuerdo -y esto para nosotros ha sido una gran victoria- con las comunidades autónomas para la creación, dotación y fomento de las bibliotecas por parte de la Administración Central. Ya conocen ustedes el famoso debate entre aquellas inversiones territorializables y las que no lo son. Reconocemos que el debate es profundo y tampoco es ahora el momento de dilucidarlo.


A pesar de ello hemos mantenido vivas un buen número de enmiendas relativas al capítulo IV de la ley, sobre régimen jurídico del libro, es decir sobre el precio fijo, sus excepciones y sus exclusiones, y al capítulo VI, sobre régimen sancionador, o sea infracciones y sanciones.
Respecto al régimen jurídico del libro, nuestro Grupo Parlamentario de Esquerra entiende que la determinación de un precio fijo por parte del Estado sigue vulnerando las competencias de la Generalitat de Cataluña, puesto que, dentro de las materias culturales de su competencia exclusiva, se halla la producción y distribución del libro, a las que deben sumarse las competencias exclusivas en materia de industria y comercio, además de las competencias sobre promoción de la actividad económica y cooperativas. Que quede claro: nosotros no cuestionamos conceptualmente el precio fijo, no discutimos su existencia en sí. Muy al contrario, creemos que su establecimiento y su regulación deben corresponder a la Generalitat de Cataluña o bien buscar aquellos mecanismos que resuelvan la forma de hacerlo conjuntamente, atendiendo ciertamente al choque, si me lo permiten, de trenes competenciales entre la unidad de mercado mandatada por la Constitución española y los marcos estatutarios. Ciertamente hubiéramos deseado más interés, no solamente intelectual, sino también político, para intentar avanzar en este sentido, que es una gran contradicción, y existe.


Hemos introducido un buen número de enmiendas de cláusulas de salvaguarda de las competencias, pero para fijar algunas en el ámbito de las exclusiones y excepciones del precio fijo hubiéramos tenido que dar un paso hacia adelante. Por ejemplo nuestra reivindicación sigue viva a la hora de introducir, en el apartado de exclusiones al precio fijo, también los libros de texto de la educación infantil, no limitarnos solamente a la educación primaria y a la enseñanza secundaria obligatoria. De igual manera, entendemos que no aceptar la enmienda de Esquerra Republicana que pretende que para los libros de texto pueda establecerse un cierto descuento, acabará condenando a las pequeñas editoriales dedicadas a los libros de texto, que son precisamente las más comprometidas históricamente con la renovación pedagógica y con el fomento de las lenguas minoritarias. Lo he dicho ya en Comisión y lo vuelvo a decir ahora, para que se me entienda bien: la ecuación grandes grupos editoriales, llámense como se llamen, más grandes centros distribuidores, significa a la larga pensamiento único. Hay que fomentar, hay que salvaguardar, porque ellos tienen las condiciones económicas posibles para poder hacer una ofensiva -si se me permite la expresión- de dumping acelerado, y saben que esto es fatal para las entidades y las editoriales progresistas, que son, al fin y al cabo, las que en las épocas duras fueron capaces de avanzar en ese sentido.


Respecto al dictamen de la comisión debemos mostrar nuestra disconformidad con la disposición final primera, que regula el canon. Ya mostramos nuestra disconformidad al constituirse la ponencia y antes de que se redactara el informe, y no porque estemos en contra del canon, sino por el hecho de que se establezca un canon del 0,2 por ciento con carácter transitorio, es decir, que se remite su regulación y establecimiento a un real decreto posterior; disposición normativa que, como sabemos, escapa del trámite parlamentario, lo que a nuestro entender no es admisible. Por otro lado, no queda claro en la enmienda incorporada por el Grupo Socialista qué administración debe hacerse cargo del canon, y ello entendemos que tampoco es positivo.


Voy terminando, señora presidenta. Repito, el resultado final adolece de dos agujeros negros: competencias respecto a precio fijo y canon. Por ello nos abstendremos en la votación final de una ley que celebramos que se

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apruebe. Entendemos que esto no es una contradicción, vamos a votar con entusiasmo todo aquello que hemos considerado que significa un gran paso hacia adelante, pero repito que estimamos que existen dos agujeros negros, y quisiéramos mantener las espadas en alto. Ciertamente nos sabe mal que al parecer se haya negociado convenientemente la enmienda de Esquerra Republicana para modificar el título de la ley, que se aprobó en Comisión -que creemos que es un título que refleja el espíritu contenido en la letra de la ley, una vez aprobada en Comisión-, y de esa forma volver al título original. Creemos que era un acierto hablar de cooperación. En el fondo pienso que es la voluntad del ministerio y de los grupos parlamentarios. Entendemos que es una buena ley, y creemos que podrán entender que, aun así, mantengamos nuestra opinión sobre esos dos déficit, es decir, las competencias en el precio fijo y el canon.


Muchas gracias. (El señor Vilajoana Rovira pide la palabra.)

La señora VICEPRESIDENTA (Chacón i Piqueras): Gracias, señor Tardà.


Señor Vilajoana, usted no tiene enmiendas y, por tanto, interviene el último en el turno de fijación de posiciones. Le veía muy decidido.
Disculpe.


Continuamos con el turno de defensa de las enmiendas. Por el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, tiene la palabra la señora Rodríguez-Salmones.


La señora RODRÍGUEZ-SALMONES CABEZA: Gracias, señora presidenta.


Señorías, voy a poner por delante el sentido de nuestra votación.
Mantenemos veinte enmiendas vivas, cuyo sentido luego explicaré, y por otro lado vamos a votar favorablemente el conjunto del dictamen, absteniéndonos solamente en dos cuestiones: en el artículo 7 y en una mención en el artículo 9 al ISBN porque, como me han oído decir sus señorías repetidamente en el trámite de Comisión, no nos parece adecuado cómo está regulado. Tampoco es una objeción muy frontal, pero preferimos abstenernos en esto. Por lo demás, nuestro voto y nuestra opinión son favorables.


Señorías, nos encontramos ante una ley que regula nada más y nada menos que la lectura, el libro y las bibliotecas. Este debe ser el eje vertebral de la política cultural. Si hubiera que poner una ley por encima de todas tendríamos que poner esta. Y como creemos que es así, pensamos que la ley no está mal, que incluso está bien, pero que no es una buena ley. Es una ley que debía tener mucho más contenido, mucha más musculación. Encontramos que es una ley de aluvión. No tenemos ninguna objeción a la ley, pero entendemos que es una oportunidad perdida, y voy a explicar por qué. Yo no voy a hacer una glosa -no creo que sea nuestra función- de los conceptos, de lo que es la lectura, de lo que es el libro. Nosotros solucionamos los problemas de la gente dentro del marco legislativo adecuado, y dejo el canto sobre el libro y la lectura a tantos como lo han hecho. Lo que sí quiero decir es que nosotros perdemos aquí una oportunidad, porque por lo que sí estamos trabajando es por hacer que las personas puedan ser más libres, más críticas y más felices en el ámbito de la cultura, y esta sería la ley. (El señor presidente ocupa la Presidencia.) Este es el gran instrumento, y creemos que esta es una oportunidad perdida porque, en su origen, surge de una circunstancia anómala, que es lo que podríamos llamar una promesa incumplida del Partido Socialista, que en su programa electoral ofrece muy vehementemente volver al precio fijo, sin descuentos, del libro de texto; luego tiene que recapacitar, y, para salir de esto, en lugar de hacerlo simplemente con una cuestión de comercio del libro, adorna esta decisión y surge un texto de aluvión. Es un texto adecuado, no tenemos nada contra ninguno de sus quince artículos, los vamos a votar favorablemente, con la abstención que he anunciado, pero creemos que realmente se queda corto, y voy a decir cuatro aspectos en los que creo que se queda muy corto, y que nos preocupan, insisto en que poniendo por delante nuestro voto favorable, porque los quince artículos nos parecen bien.


Antes voy a hacer dos reconocimientos: uno al trabajo en la Comisión, muy singularmente al grado de apertura que ha tenido el Grupo Parlamentario Socialista, que apoya al Gobierno, pues creo que han sido admitidas, como dijo la ministra, 114 enmienda, de las cuales 20 han sido nuestras, y nos congratulamos, lo reconocemos, y creo que ha sido un buen trabajo que ha mejorado el texto; y otro reconocimiento muy importante a los sectores que han colaborado con nosotros, todos los sectores y muchos expertos, que lo han hecho con una enorme generosidad y con un enorme trabajo, y quiero referirme a todos ellos, pero muy especialmente a los bibliotecarios representados por Fesabid.


Después de estos dos reconocimientos les voy a decir los cuatro puntos que nos preocupan. Nos preocupa que esta Ley de lectura, libro y bibliotecas esté hecha al margen del sistema educativo, al margen de la escuela.
Libro y escuela van juntos, lectura y escuela van juntos, biblioteca y escuela van juntos y, si no, estamos perdiendo el tiempo. Las leyes no son de un ministerio ni de una comisión, son a iniciativa del Gobierno en su conjunto, y se votan en un parlamento en su conjunto. Por tanto, echamos de menos la escuela. Echamos de menos la lengua, señora ministra.
Estamos -el señor Mardones lo ha dicho muy bien- en el congreso de la lengua, estamos físicamente casi en Cartagena de Indias, y esta ley ignora esta cuestión, ignora esto que llamamos el territorio de la Mancha. ¿Pero cómo es concebible nuestra industria del libro y nuestra literatura si no es por el ámbito iberoamericano? Yo les pido que tengan en cuenta, todavía en el Senado, nuestra enmienda 136 -creo que es-, y si fuera posible ahora. Me parece que estar al margen de la escuela, de la lengua y del ámbito iberoamericano no tiene sentido.


Nos preocupaba también, y mucho, hasta el punto que votamos favorablemente el cambio de nombre del título

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de la ley, el poco tratamiento que recibían las bibliotecas, con tres escasos artículos con muy poca enjundia, con poco contenido. Creo que esto se ha mejorado notablemente, de manera que, efectivamente, reconsideramos aceptar el título de la ley. Nos parece importante. Sin embargo, tenemos una serie de enmiendas vivas que intentaremos llevar al Senado. Le damos una especial importancia al consejo de cooperación bibliotecaria que habría que poner en marcha enseguida. Nuestra brecha con Europa en materia de bibliotecas, en índice de lectura, pero sobre todo en materia de bibliotecas es abismal. Este es el momento, el punto de partida para superar esto. Seguimos creyendo que es necesaria una ley de bibliotecas cuando esté madura, posiblemente no ahora que el mundo digital ha conmocionado todas nuestras bibliotecas, más adelante, pero esta no es una ley de bibliotecas, aunque esto ha sido muy mejorado.


Por último, me quiero referir a una cuestión a la que doy especial importancia que son las librerías. También aquí la regulación que estamos haciendo no es que sea pobre, es pobrísima. Hablamos de ellas en el preámbulo de la ley, en la exposición de motivos, siempre lo decimos, hablamos del precio fijo, el daño y no daño para las librerías y cuando vamos al articulado de la ley no hay nada. Nosotros les pedimos que tengan en cuenta nuestra enmienda 137, donde se pide, al menos, un libro blanco de las librerías. Yo no voy a hacer aquí, señorías, el canto a las librerías, con lo que todos comulgamos, pero les voy a poner sencillamente un ejemplo que creo que vale más que un discurso nuestro de mil palabras, y es la librería Lagun en San Sebastián. Acaba de recibir la medalla de oro al mérito del trabajo su librera, María Teresa Castells. A mí me gustaría sumarme a este homenaje de verdad y muy fervientemente. Lo que ha supuesto esa librería en San Sebastián, como espacio de cultura, como espacio de diálogo, como espacio de crítica, como defensa de valores, como canto al valor físico incluso, como resistencia al miedo, eso no lo podría haber hecho ningún otro establecimiento comercial. Solo una librería es capaz de mantener, ella sola, esa bandera que se ha mantenido, tanto su librera, insisto, María Teresa Castells, y quiero hacer una referencia a ella, como el equipo que la ha acompañado, con enorme coste incluso en su vida, y la propia librería que ahora todos reconocemos. Señorías, solo pensando en esto yo les pido que hagamos un esfuerzo en una regulación más generosa de las librerías.


Por último, vuelvo a decir que a pesar de que tenemos la sensación de que es una oportunidad perdida, damos nuestro voto favorable al conjunto del dictamen en los términos que el letrado en su informe nos está planteando.


Muchas gracias. (Aplausos.)

El señor PRESIDENTE: Gracias, señora Rodríguez-Salmones.


Señor Louro, por el Grupo Socialista. (El señor Vilajoana Rovira pide la palabra.) Estamos en turno de enmiendas. Luego S.S. en solitario fijará la posición, señor Vilajoana.


El señor LOURO GOYANES: Gracias, señor presidente.


Señorías, la amplia coincidencia de criterios con Convergència i Unió hizo posible que se quedara sin enmiendas para este trámite parlamentario y, por tanto, va a tener usted, señor Vilajoana, la oportunidad de hablar el último.


La vigente Ley del Libro del año 1975 regula el libro y el sector del libro y esta ley está superada por nuevas realidades derivadas de la Constitución del año 1978, de los estatutos de autonomía y del conjunto del ordenamiento jurídico, también de unas realidades de carácter tecnológico. Las nuevas tecnologías de la comunicación y la cultura, las nuevas tecnologías de la información conforman una nueva situación. Por ello, el proyecto de ley en proceso de tramitación parlamentaria y que esperamos aprobar definitivamente en las próximas semanas es a todas luces un proyecto de ley necesario y un proyecto de ley oportuno. Señora ministra, nuestras felicitaciones por la iniciativa del Gobierno y del Ministerio de Cultura. La nueva ley impulsada por el Gobierno quiere dar respuesta y da respuesta a las necesidades de los lectores, a las demandas del sector, a los nuevos entornos tecnológicos y a las nuevas realidades sociales y políticas y también, como decíamos, al nuevo entramado institucional y competencial. La nueva ley quiere actualizar un ordenamiento jurídico superado y ello, señora portavoz del Grupo Parlamentario Popular, es el mejor homenaje que le podemos hacer al conjunto de los libreros de toda España con esta ley, y pretende asegurar también un ordenamiento jurídico que comprometa a los poderes públicos a impulsar políticas que garanticen el libre e igualitario acceso de los ciudadanos al libro y a la lectura, y también que regule el libro y sus protagonistas, la cadena de creadores, autores, editores, productores, distribuidores, libreros y lectores. Es preciso dar una especial atención a los lectores, ya que ellos son el fin y el objetivo principal de esta ley. Por ello introduce en su título que sea la Ley de la lectura, cuestión que mi grupo valora de una manera muy importante.


Señorías, esta ley nace con una vocación de ser una ley de todos, que tenga un amplio respaldo parlamentario y que sea una ley que tenga el máximo consenso posible. Al Grupo Parlamentario Socialista le satisfacen algunas cosas, primero, que esta ley llegue al Congreso de los Diputados con un amplio respaldo del sector. Es una ley hablada, dialogada, debatida y discutida con el sector, en un trabajo que ha realizado y dirigido el Ministerio de Cultura yo creo que de una manera muy exitosa.
La participación y el diálogo ha precedido a la tramitación parlamentaria y esa tramitación y ese diálogo han creado un campo de entendimiento con todos los agentes que operan en el sector. En el proceso de tramitación parlamentaria, en su primera fase, hemos tenido la ocasión de

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escuchar a distintas personalidades y asociaciones representativas del sector que comparecieron ante la Comisión de Cultura. Ello ha sido de gran interés, ha sido muy ilustrativo y pudimos constatar el amplio respaldo de los distintos agentes del sector.


La Ley de la lectura, del libro y de las bibliotecas, señoras y señores diputados, regula las actividades relacionadas con el libro en su doble dimensión: como un bien cultural y como un bien de mercado, como un bien cultural que tiene también interés económico. Respecto de la Ley de 1975, que sigue vigente, esta ley que está en fase de debate y tramitación parlamentaria introduce algunos elementos que merece la pena subrayar. En cuanto al nombre de la ley, incorpora la idea de que es la Ley de la lectura y de las bibliotecas. En la exposición de motivos tiene en cuenta el valor sobresaliente de la lectura en la sociedad del conocimiento y en la sociedad de la información. Además de creer en el valor de la lectura, se redefine el libro y se reconoce el protagonismo de los agentes que participan en el mismo. Hay un punto atrevido en esta ley, que es el protagonismo alcanzado por la lectura y su fomento. Habla de planes y dotaciones bibliográficas para las bibliotecas y habla de evaluación de estos planes y de estas dotaciones bibliográficas que están recogidas en la ley. En relación con la Ley de 1975, que ha sido una ley muy empresarial, esta ley tiene una componente cultural sin duda central: habla de las bibliotecas, habla de los creadores y habla de los lectores, también habla de los autores y del compromiso y del apoyo en cuanto a su promoción y a su reconocimiento. Cómo no, habla también de las industrias del libro, no se olvida por obvio y en toda su dimensión de la edición y la comercialización tanto interna como externa y hace una especial referencia al espacio cultural iberoamericano.


Atendiendo a las demandas del sector y al propio programa electoral del Partido Socialista, se introduce en esta ley el precio fijo, se regula y se señalan las excepciones más importantes, si bien en la disposición final segunda queda abierta la posibilidad de que estas excepciones puedan ser incorporadas también al precio fijo. Por tanto, señor portavoz del Grupo de Esquerra Republicana, debería usted entender que esas excepciones pueden ser corregidas siempre y cuando el sector lo demande y que quien dirige la política cultural de este país lo entienda conveniente. Se crea, señoras y señores diputados, el Observatorio de la lectura y del libro con un desarrollo reglamentario que está previsto posteriormente. Se fijan programas de apoyo a la industria del libro, se potencia el Consejo de Bibliotecas y se acompaña una memoria económica de 431 millones de euros. También se habla del canon bibliotecario, que no es un canon a los lectores sino un reconocimiento a los autores y que será compensado por las administraciones que prestan el servicio bibliotecario, que son el Ministerio de Cultura y las comunidades autónomas.


Señorías, esta ley establece un marco general donde asume y desarrolla competencias y conlleva el impulso del sector y el impulso a la cooperación entre administraciones. Mi grupo quiere que esta ley, como decíamos, sea una ley de todos y a través del proceso de tramitación parlamentaria así lo hemos manifestado y constatado incorporando un importante volumen de enmiendas: en fase de ponencia se han incorporado 41 y en fase de Comisión se ha incorporado un volumen muy considerable con 29 enmiendas transaccionales con los distintos grupos. Estas 29 enmiendas transaccionales, señorías, dan satisfacción a las principales preocupaciones de los distintos grupos en lo que atiende al ámbito competencial y a la cooperación bibliotecaria. No podemos aceptar enmiendas de ningún grupo en relación con el precio fijo del libro, ya que para nosotros es una cuestión central, es un elemento vertebral de esta nueva Ley de la lectura, del libro y de las bibliotecas, por lo que significa de apoyo al libro y de apoyo a los libreros. Por tanto, señoras y señores diputados, entendemos que esta ley da satisfacción a lo que quiere el sector, es una ley que nos pone al día y que, sin lugar a dudas, va a ser una palanca para que nuestra sociedad sea cada día más una sociedad lectora.


Termino, señor presidente, diciéndole que mi grupo apoya el informe del letrado en cuanto a la corrección que da coherencia al texto y a las cuestiones de carácter técnico-jurídico.


Muchas gracias, señor presidente. (Aplausos.)

El señor PRESIDENTE: Pasamos al turno de fijación de posiciones y tiene la palabra por Convergència i Unió el señor Vilajoana, por favor.


El señor VILAJOANA ROVIRA: Muchas gracias, señor presidente.


Señora ministra, señoras y señores diputados, este proyecto de Ley de la lectura, del libro y de las bibliotecas viene a actualizar la Ley 9/1975, de 12 de marzo, que es una regulación preconstitucional y preautonómica.
Por tanto, esta ley era y es necesaria. Si algún problema tiene, es que ha llegado tarde; era una ley que los sectores solicitaban desde hace tiempo, ahora llega, es positivo que llegue, tenía que llegar y, repito, si algún inconveniente tiene, es que ha llegado quizá tarde.


El fomento de la lectura como instrumento esencial para el desarrollo personal y colectivo en una sociedad democrática, así como la industria y el comercio del libro que la hacen posible, requieren de un marco normativo claro y estable que permita su normal actividad en un clima de seguridad jurídica. Esto era lo que reclamaba el sector y no tengo ninguna duda de que se ha conseguido. Por todo ello, el Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), ya les informo, señoras y señores diputados, señora ministra, va a apoyar esta Ley de la lectura, del libro y de las bibliotecas porque, entre otras cosas, supera la actual dispersión de las normas que regulan dichas actividades y porque procede a una adecuación a los nuevos desarrollos tecnológicos. Nos satisface la definición del libro, que además puede

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resolver el tema del IVA, en el sentido de que es libro cualquier información científica, de pensamiento, de literatura, en cualquier tipo de soporte. Nos parece que así es como hay que tratarlo, porque el libro actualmente es esto. Cualquier elemento de comunicación, de pensamiento, de filosofía, de literatura que sea posible leer entendemos que es un libro. Además, este proyecto, que viene a sustituir una ley preconstitucional y preautonómica, debería legislar en función de la nueva distribución de competencias entre Estado y autonomías y esto lo hace, pero lo hace hoy y lo lamentable es que no lo hacía cuando este proyecto llegó a esta Cámara viniendo del Gobierno. Se presentaron un conjunto de enmiendas competenciales e incluso esta ley estuvo a punto de ser retornada al Gobierno porque fueron cuatro grupos de esta Cámara los que plantearon una enmienda a la totalidad por razones de tipo competencial. Y esto no solamente lo pensaban estos cuatro grupos, sino que un informe del Instituto de Estudios Autonómicos del Gobierno de la Generalitat decía y analizaba claramente esta invasión competencial. Esto provocó que nuestro grupo presentara 19 enmiendas, de las cuales 16 lo eran a los distintos artículos y tenían como objetivo evitar esta invasión competencial que llevaba a cabo la ley. Debo decirles, señora ministra, señoras y señores diputados, que el Grupo Parlamentario Socialista y sus portavoces han hecho una muy buena labor en este sentido. En este momento, el Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió) está tranquilo en cuanto al elemento competencial. También debo decirle, señora ministra, que los técnicos de su ministerio han colaborado en este sentido, han aceptado esta situación y la han resuelto. Dicho esto, vale la pena que exprese que esto que nos satisface porque lo hemos resuelto no deja de preocuparnos. Nos preocupa que sistemáticamente el Gobierno no sea capaz de captar y de tener la sensibilidad para que las leyes que actualmente se van presentado a esta Cámara sistemáticamente no respondan al esfuerzo que se ha hecho en la renovación de estatutos que esta Cámara ha aprobado hace muy poco tiempo.
Por tanto, nos preocupa que debamos resolver en un trámite parlamentario elementos que el Gobierno nos podría traer ya mejor resueltos.


Una vez expuesto esto, como he dicho antes, vamos a apoyar esta ley, porque hay elementos que nos parecen muy positivos. En concreto, elementos positivos de este proyecto de ley son el reconocimiento explícito como técnica de comercialización del libro, de acuerdo con nuestra tradición en España, en la mayor parte de los países europeos y también en Iberoamérica, de la técnica del precio fijo con carácter general, que permite una fuerte competencia entre editoriales y, por ende, permite el pluralismo cultural, el lingüístico, así como el mantenimiento de unos elementos claves en el mundo del libro, las librerías, que son dos cosas muy importantes: agentes comerciales, elementos de comercialización del libro, pero además en muchos casos las librerías son -así lo comentaba antes la portavoz del Grupo Parlamentario Popular- agentes culturales de primer nivel en nuestro país. Por tanto, el precio fijo es positivo para el consumidor, para el lector, es positivo para el mundo editorial en cuanto garantiza la pluralidad y la diversidad y es positivo y garantiza que la red de librerías que tenemos en el país -repito, red importante desde el punto de vista de comercialización, pero también red importante desde el punto de vista cultural- se mantenga y haga posible su existencia. Este reconocimiento del precio fijo se hace con carácter general, excepto para el libro de texto de enseñanza obligatoria. Antes ha tenido lugar un debate en el que se ha hecho este planteamiento y nosotros creemos que la solución que damos de pasar del descuento a la libertad de precio en el libro de texto es una experiencia positiva y sin duda mejor que la anterior. Vamos a ver cómo funciona y, si no lo hace, una solución podría ser volver al precio fijo del libro también en el libro de texto, pero sin duda mejora el hecho de que en la política de descuentos libres se elimine y pasemos a una situación de precio libre, que nos parece más positivo.


También nos parecen positivos en esta ley otra serie de elementos. Cuando hablamos del libro, evidentemente, hablamos del libro en español pero también en todas las lenguas oficiales del Estado. Cuando hablamos de la potenciación de los autores lo hacemos de autores-creadores que escriben en todas las lenguas oficiales. Cuando hablamos de los premios hablamos de premios a todos los creadores en todas las lenguas. Y cuando hablamos de la promoción exterior del libro y de los autores lo hacemos de autores en todas las lenguas. Esta repetición en la ley -no lo hacía así la de 1975- deja muy claro que vivimos en un país donde el plurilingüismo y la pluriculturalidad es algo que está absolutamente asumido por el Estado.
Debía ser así, pero esta ley de alguna forma lo marca y lo hace evidente.


Igualmente nos parece positivo que la ley vaya acompañada de una memoria económica que utiliza recursos presupuestarios para fortalecer bibliotecas públicas y sus fondos bibliográficos respetando las competencias autonómicas, es decir, hay 400 millones de euros desde la aprobación de la ley hasta el año 2014 y nos parece muy bien que estas aportaciones se consensúen con los gobiernos autonómicos, con las consejerías de Cultura, que sea un dinero que se aporta a la autonomía para que la autonomía ponga la misma cantidad. En consecuencia estamos hablando de que ponemos en el sistema de fondos bibliotecarios 800 millones de euros. Esto es importante y además se fomenta lo que se debe hacer entre las autonomías y el Estado, que es la cooperación. En este sentido, les apunto que vamos a apoyar el voto particular del Grupo Socialista, así como la enmienda de Esquerra Republicana, pues creemos que es bueno que esta ley se llame de la lectura, del libro y de la cooperación bibliotecaria. En Comisión se habló de cooperación bibliotecaria y de coordinación. Nosotros creemos que debe haber cooperación, pues con la coordinación hay un problema y es que siempre hay uno que coordina arriba y es el que manda. Nos gusta más la

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cooperación que la ley establece y, ya puestos, preferimos que se diga de bibliotecas que no de coordinación, de cooperación bibliotecaria, pues es peor el remedio que la enfermedad, si me permite que se lo diga con todo afecto, señor Tardà.


Es asimismo positivo que se definan los conceptos de libro, de editor, de distribuidor, de impresor, de productor y de librero, que haya una voluntad de fomentar esta industria editorial de una gran importancia -tenemos una gran industria editorial- y que también haya una voluntad de proteger a las librerías. Por otra parte, nos parece bien que el Gobierno y las comunidades autónomas establezcan planes de lectura que sean evaluados y actualizados periódicamente y que además se les dote presupuestariamente. Todo esto va a favorecer realmente la realidad del libro, el fomento del hábito lector en nuestro país, por lo que consideramos que esta es una ley claramente positiva.


Para terminar, quiero manifestar que vamos a apoyar el voto particular presentado por el Grupo Socialista, así como dos enmiendas de tipo competencial que ha presentado el Bloque Nacionalista Galego y una que ha presentado el Partido Nacionalista Vasco, en la línea de intentar elaborar una buena ley, una ley que consideramos correcta y positiva, que vamos a votar a favor, pero también queremos que el tema competencial sea respetado adecuadamente. Creo que lo conseguimos. También quiero dejar claro, señora ministra, señoras y señores diputados, que la labor que se ha hecho en la Comisión ha sido muy potente, en la línea de lo que hacemos en Cultura, en que todos los grupos nos entendemos adecuadamente, y me gustaría destacar y agradecer la labor importante de los portavoces del Grupo Socialista, que ha permitido que hoy, señor presidente, no haya podido presentar enmiendas, con lo cual he actuado en último lugar. Mi ansiedad crecía por momentos, por lo que le ruego, señor presidente, que me disculpe.


Muchas gracias, señoras y señores diputados.


El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Vilajoana.


DEBATES DE TOTALIDAD DE INICIATIVAS LEGISLATIVAS.


- PROYECTO DE LEY POR LA QUE SE MODIFICA LA LEY 50/1981, DE 31 DE DICIEMBRE, REGULADORA DEL ESTATUTO ORGÁNICO DEL MINISTERIO FISCAL.
(Número de expediente 121/000118.)

El señor PRESIDENTE: Punto IX del orden del día: Debates de totalidad de iniciativas legislativas. Proyecto de ley por la que se modifica la Ley 50/1981, de 31 de diciembre, reguladora del estatuto orgánico del ministerio fiscal.


Corresponde al Gobierno presentar el proyecto. Tiene la palabra el señor ministro de Justicia.


El señor MINISTRO DE JUSTICIA (Fernández Bermejo): Gracias, señor presidente.


Señorías, presentamos hoy el proyecto de Ley por la que se modifica la Ley 50/1981, de 30 de diciembre, reguladora del estatuto orgánico del ministerio fiscal, un proyecto con el que se pretende dar respuesta y acomodar la institución a los numerosos y esenciales cambios que ha habido a lo largo de los veinticinco años de vigencia del actual estatuto. Ha sido un periodo en el que gran parte de las variables sobre las que el fiscal desempeña su trabajo han evolucionado: asentamiento de las instituciones, nueva estructura territorial con la consolidación del Estado de las autonomías, aparición de formas de delincuencia nuevas, especialización en ese ámbito, circunstancias todas que justifican sobradamente una reforma del calado como la que hoy presentamos. Se pretenden dos grandes objetivos: reforzar la autonomía del ministerio fiscal consolidando su dimensión constitucional y actualizar su estructura buscando una mayor eficacia. Junto a estos dos objetivos fundamentales, se abordan además ciertas mejoras de carácter más técnico, aunque no por ello carentes de importancia.


Permítanme que destaque en esta presentación el inicio del íter elegido para abordar la reforma, un íter que quisimos iniciar -y hoy estamos especialmente satisfechos de ello- juntamente con los fiscales. Así se hizo saber al fiscal general del Estado, quien por decreto de 11 de abril de 2005 constituyó en el seno de la Fiscalía General del Estado una comisión que se encargó de redactar un borrador dentro de los objetivos antes apuntados. Aquella iniciativa fue provechosa y expresamente valorada por el Consejo Fiscal, en donde se destacó la importancia y trascendencia de la iniciativa legislativa junto al hecho sin precedentes de que por decisión del Ministerio de Justicia los trabajos preliminares de preparación de su texto se llevasen a cabo en el seno de la Fiscalía General del Estado por una comisión que elaboró un borrador que remitió al ministerio. Aquel trabajo fue base del anteproyecto, a su vez modificado con las sugerencias del Ministerio de Justicia, del Consejo Fiscal, del Consejo General del Poder Judicial y de las asociaciones de fiscales. Si hacia dentro la reforma se consideraba necesaria, vista desde fuera resulta inaplazable. Nuestro compromiso en la mejora de la Administración de Justicia y la apuesta por mejorar el servicio público que se presta al ciudadano constituye hoy una clave para entender el sentido de las reformas.


Permítanme que destaque la dimensión que se intenta conseguir en relación con la autonomía del ministerio fiscal. Ese es uno de los grandes objetivos, porque entendemos que solo así fortalecemos la imparcialidad que debe regir su actuación. Para ello se han efectuado distintas propuestas, entre las que destacaré el reforzamiento de la autonomía de la figura del fiscal general del Estado y la mayor relevancia concedida al papel de la Junta de Fiscales de Sala en relación con el mismo. Por lo que se refiere al fiscal general del Estado, se modifica el régimen de nombramiento y cese del mismo estable

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ciendo nuevas garantías adicionales en su regulación respetando -claro está- el sistema que diseña la Constitución. En tal sentido, el candidato a fiscal general propuesto por el Gobierno, tras la preceptiva audiencia del Consejo General del Poder Judicial, deberá someterse a una comparecencia ante una comisión del Congreso de los Diputados antes de ser nombrado por el Rey. Además, la introducción de causas objetivas de cese constituye una garantía del margen de autonomía del fiscal general al desaparecer la libertad de decisión por parte del Ejecutivo, tanto como la previsión de un mandato limitado en el tiempo. Por último, la resolución en torno a la abstención del fiscal general del Estado pasa a recaer sobre la Junta de Fiscales de Sala, no sobre el Ministerio de Justicia, como está en este momento. Además, esa Junta de Fiscales de Sala se configura como el máximo órgano asesor del fiscal general del Estado cuando imparta instrucciones a sus subordinados que afecten a algún miembro del Gobierno.


El otro gran objetivo de la reforma, como he mencionado, es la actualización de la estructura del ministerio fiscal atendiendo a diversos criterios: la especialidad de la delincuencia, el nuevo mapa territorial y la estructura poblacional son fenómenos que hacen imprescindibles ciertas reformas que en efecto logren la adaptación a la realidad del Estado de las autonomías; la reestructuración territorial, en función del principio de jerarquía y unidad de actuación y, por último, la necesaria especialización. Para adaptarlo al Estado autonómico se crea la figura del fiscal superior de la comunidad autónoma, estando todos los fiscales superiores coordinados entre sí y con el fiscal general del Estado a través de la Junta de fiscales superiores de las comunidades autónomas, que también se crea. En la organización territorial se incluye la referencia a las llamadas fiscalías de área, es decir, la creación de una última unidad por debajo de la fiscalía provincial, que permita un despliegue ordenado y homogéneo del ministerio fiscal por todo el territorio, que siente las bases para la asunción de futuras nuevas competencias, estando subordinados los fiscales de área al fiscal jefe provincial y todos los fiscales provinciales bajo la cobertura de la Junta de fiscales provinciales.


El principio de unidad de actuación que ha de regir la actividad del ministerio fiscal se enfrenta en la actualidad a una situación esencialmente diferente a la de 1981, cuando se aprobó el Estatuto. A ello se añade la aparición, en virtud de esta misma reforma, de los fiscales superiores, entre los que debe haber un perfecto ensamblaje con relación a los fiscales jefes de la provincia. Y por ello se aclara la línea jerárquica que debe existir entre los fiscales provinciales y el fiscal superior, cosa que hoy no ocurre. Procurando un despliegue territorial más amplio, que dé satisfacción a las actuales necesidades de presencia física del ministerio fiscal, hacemos echar las bases para afrontar en mejores condiciones los futuros papeles que está llamado a desempeñar en el proceso y en este sentido se aprecia, en lo que se denominan fiscalías de área y secciones territoriales de las fiscalías provinciales, ese punto de reestructuración tan necesario.


Finalmente, hay desarrollos de especialización por razón de la materia, creando fiscales de Sala y delegados del fiscal general del Estado que permitan la unidad de criterios en las diferentes ramas en que la fiscalía tiene que actuar. También se da nueva regulación a las denominadas fiscalías especiales y sobre todo se perfecciona el régimen de nombramiento de los fiscales delegados de esas fiscalías especiales, regulándose de tal forma que se eviten los problemas de doble dependencia jerárquica por razón del territorio y de la especialidad.


En definitiva, señorías, se trata de un proyecto de ley que, como tal, deberá ser pulido y enriquecido en esta sede, de lo cual estoy seguro, y les invito precisamente a que el debate en esa tarea dialéctica constituya a fin de cuentas esa mejora del proyecto en la que todos estamos interesados.


Muchas gracias. (Aplausos.)

El señor PRESIDENTE: Gracias, señor ministro.


Turno a favor de la enmienda a la totalidad presentada por el Grupo Parlamentario Popular. Señor Astarloa, por favor.


El señor ASTARLOA HUARTE-MENDICOA: Señor presidente, señorías, el proyecto de ley que hoy nos trae el Gobierno, con apariencia de avance histórico sobre el ministerio fiscal, es sencillamente, como intentaré demostrar, pura propaganda. Es una fachada que aporta bien poco sobre los temas realmente controvertidos de esta institución, pero con la que quiere transmitirse la impresión de que se efectúa una importante reforma.


Escuchando lo poco que ha dicho el ministro, pero sobre todo leyendo lo que dice la exposición de motivos, parecería que estamos ante una modificación sustancial del Estatuto del ministerio fiscal, que vendría a desarrollar lo previsto en el programa electoral del PSOE, propiciando cinco grandes objetivos teóricos: incrementar su autonomía, actualizar y objetivar su estructura, incrementar su especialización, adecuarlo al Estado de las autonomías y mejorar la definición de la carrera profesional. Pero ni la modificación es de fondo, ni se cumple lo comprometido en el programa, ni con este articulado se avanza en tales objetivos. Lo que se anuncia como modificación sustancial se queda de forma rigurosamente menor en una reordenación organizativa, eso sí, extraordinariamente compleja. Ni uno solo de los grandes debates sobre el ministerio fiscal de los últimos años es realmente afrontado y resuelto por este proyecto; no está aquí la modernización efectiva de la fiscalía; no está aquí la potenciación del Consejo Fiscal ni de los contrapesos a la irresponsabilidad del fiscal general; no hay rastro sobre las propuestas sobre su personalidad o su autonomía financiera. La reforma se hace al margen de la previa definición del papel del fiscal en el proceso penal en la nueva Ley de Enjuiciamiento. Dicho con toda

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claridad, si esta reforma se hace sin prejuzgar si el fiscal va a acabar siendo en dicha ley el instructor de los procesos, es una reforma inútil, transitoria y a expensas de lo que se decida sobre el proceso penal. Pero es todavía peor si el Gobierno ya tiene decidido ir a la instrucción por el fiscal y considera que esta es la reforma previa que precisa la fiscalía a tal efecto, que es lo que se da a entender ciertamente en la exposición de motivos y lo que llevaban en su programa electoral. En tal caso es que el Gobierno quiere que recorramos ese camino con un fiscal estrictamente subordinado al Gobierno, dando a entender que el Gobierno va ser el verdadero titular de la acción penal, lo cual es sencillamente un escándalo.


Frente a lo que se pretende hacer creer, no se profundiza en la autonomía de la institución. El programa socialista decía que se iban a limitar las instrucciones del Gobierno, que se iba a prohibir actuar al fiscal general en los procesos que afectasen a los miembros del Gobierno y a nombrar por cinco años al fiscal general. Eso decía el programa. Son puras palabras que no se recogen en el texto de la ley y menos aún en la práctica conocida del señor Conde-Pumpido. Lo cierto es que el proyecto refuerza la vinculación política del fiscal con el Gobierno que lo nombra, obvia cualquier contrapeso del Consejo Fiscal y fortalece la estructura personalista del fiscal general, convirtiendo el principio de jerarquía en auténtico caudillaje. Lo de la supuesta objetivación del nombramiento y cese del fiscal general a mí me parece cómico, de verdad.
Para nombrar, se introduce el trámite de una comparecencia parlamentaria, pero que no es vinculante y que ni siquiera ha de servir, en letra de la ley, para evaluar los méritos del candidato. Naturalmente, ni una palabra sobre el posterior control parlamentario, omitiendo otra vez lo comprometido en el programa y a diferencia de lo que proponen para los vocales del Consejo General del Poder Judicial. Eso en un proyecto en el que sí se introduce el control de los fiscales a nivel autonómico. Peor es aún lo que hacen con el cese. Introducen ahora unas causas pretendidamente objetivas, pero no hay mayor reconocimiento de su dependencia política que explicitar, como hace la ley, que cesa con el Gobierno que le nombró. Y en cuanto a que para cesar se requiere el incumplimiento de funciones, baste añadir que ello lo decide libremente el Consejo de Ministros, pura apariencia de cambio para mantener el actual estado de cosas. Con razón llama a esto el informe del Consejo General del Poder Judicial cierre en falso del modelo. Eso sí, por si las moscas, ustedes ya aseguran la continuidad del señor Conde-Pumpido en la nueva transitoria novena que incorporan a la ley, cosa que por cierto no hacen con los actuales jefes de los TSJ, para los que parecen reservar unos nuevos nombramientos, de esos que el señor Conde-Pumpido llama de reequilibrio ideológico.


Sobre la prometida garantía de imparcialidad en los procesos contra aforados, impidiendo al fiscal intervenir en los asuntos que afectan a miembros del Gobierno, tampoco ni una palabra. De lo que dicen, es más que discutible que la búsqueda de la imparcialidad del fiscal general pueda ser resuelta mediante el expediente de la recusación. Con ello se contribuye, señor ministro, a su deslegitimación institucional. Pero todavía es más cuestionable el mecanismo que establecen para resolverlo; usted lo mencionó: la decisión de la Junta de Fiscales de Sala, presidida por el teniente fiscal del Supremo. Esa junta, a la que el señor Conde-Pumpido, la semana pasada, después de no dejarle opinar sobre la liberación de Otegi, dejaba en ridículo, con una nota de prensa en la que afirmaba que ninguno había expresado disconformidad. No deja de ser muy llamativo una vez más el cambio operado en esta materia por el Grupo Socialista. En 2002, una proposición no de ley suya proponía que el fiscal general debería abstenerse de intervenir en aquellos procesos que se dirijan contra miembros del Gobierno, resolviendo en esos casos el Consejo Fiscal. Eso decían ustedes en 2002. Ahora se posterga al Consejo Fiscal en beneficio de una Junta de Fiscales de Sala conformada a imagen y semejanza de Conde-Pumpido; un órgano subordinado decidiendo sobre la regularidad del superior que lo conformó. Pumpido ha propuesto a 22 de sus miembros, señorías; la mayoría, con su ya famoso criterio de la confianza personal. Eso hace más que previsible su respuesta a la hora de responder a la duda sobre la imparcialidad de su jefe. Da la impresión de que el modelo ideado por este proyecto está concebido pensando, más que en la posibilidad de evaluar la imparcialidad del fiscal general actual, en lo que pueda esperarle a un futuro fiscal general designado por un Gobierno distinto al que actualmente ejerce sus funciones.


De objetivar la organización se habla ahora -paso a otro tema- para dar cobertura a la maraña organizativa que ha acometido por las bravas el señor Conde-Pumpido durante estos tres años, construyendo una estructura personalista de fiscales delegados, especiales y de área que le permite el control sobre la estructura y el control sobre el proceso. Todo ello pasa ahora a la ley, acompañado -eso sí- de más de una decena de juntas de coordinación, para solventar las duplicidades y las dobles dependencias que genera esta estructura. Una vez que el señor Conde-Pumpido ha instalado los principios de confianza y de reequilibrio ideológico como sustitutivos de la competencia, el mérito, la antigüedad y la especialización, ahora la reforma estructural se realiza de forma que ese principio de confianza se convierte en el eje dominante, especialmente en la secretaría técnica o la inspección, que quedan como guardia pretoriana del fiscal general. El proyecto crea, por ejemplo, las fiscalías de área, y al mismo tiempo da cuerpo legal a las actuales secciones, como forma de regulación de las especializaciones. El problema estriba en que unos y otros se inspiran en el modelo de confianza. Así, los fiscales decanos, al frente de las secciones, y los jefes de área son designados y relevados libremente por el fiscal general, a propuesta del fiscal jefe correspondiente. Hasta esos extremos tan cotidianos del ministerio fiscal

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se lleva la estructura vertical dirigida y controlada por el fiscal general.


Otro asunto grave -y seguro que SS.SS. ya van perdiendo la cuenta del número de asuntos graves que van apareciendo- es la cuestión autonómica.
Siguiendo lo marcado en el Estatut de Cataluña, se convierte a los fiscales en una especie de fiscal general del Estado de cada comunidad.
Además, se da a la lengua el carácter de requisito o, como gustan ustedes de decir, de mérito determinante para ejercer la profesión en las comunidades autónomas con idioma cooficial. En la medida en que se avanza en la aceptación de diecisiete fiscalías y diecisiete políticas criminales, algunas de estas cuestiones ya saben ustedes que están recurridas, vía Estatuto, ante el Tribunal Constitucional; las ha recurrido el Grupo Popular. Porque sustituir la actual vinculación del fiscal respecto del Ejecutivo por la incierta subordinación al mosaico de poderes autonómicos afecta sin duda a la unidad de actuación y de aplicación de la ley. Pero al mismo tiempo, en nombre de la descentralización se acomete la mayor desconcentración, o sea, la mayor centralización producida en España desde que se importaron los preceptos napoleónicos a principios del siglo XIX. Y aquí reside otra de las grandes cuestiones de fondo de esta ley: el Gobierno no tiene mayoría para sacarla adelante y requiere apoyos. Sin embargo, no los ha buscado en el Grupo Popular, luego cuenta con obtenerlos, como en otras leyes sobre la justicia, con sus socios nacionalistas. Para ello le van a exigir una revisión a fondo del texto actual y en tal caso entraremos en una contradicción insuperable: un proyecto máximamente jerarquizador tiene que compatibilizarse con un modelo federalizante de la fiscalía. No cabe duda de que la tramitación de esta ley va a ser muy interesante.


En fin, en cuanto a la supuesta mejora de la carrera no parece que haya levantado pasiones. Antes al contrario, la carrera ha sido obviada por primera vez -ustedes lo saben- en la elaboración y ha recibido el proyecto llena de frustración. Nada que ver con el clima de consenso y profesional que alumbró el Estatuto de 1981, que usted votó, señor Bermejo. Peor aún, esta reforma -como digo, pura fachada de cambio- se produce además en un tiempo de voladura de todos los puentes con el Grupo Popular en materia de justicia, agitada por un ministro de confrontación y en un momento de máxima polémica y desprestigio de la institución. El señor Conde-Pumpido -lo he dicho muchas veces en esta Cámara- ha arruinado los principios de imparcialidad e independencia y ha burlado la ley a todos los niveles: en los nombramientos, como el del propio señor Bermejo, o en los ceses, como el del señor Fungairiño; en actuaciones concretas contra la oposición, como en el caso Bono; con una ensalada arbitraria de investigaciones y filtraciones o anteponiendo coyunturalmente el proceso de negociación con ETA a la ley, con constantes cambios de criterio que han alcanzado con los recientes casos de De Juana y Otegi el momento de máxima degradación institucional. El fiscal general del Estado para el que se hace esta reforma es el más desautorizado por los jueces de la historia de España, desde los jueces de Instrucción al Tribunal Supremo, pasando por los TSJ o la Audiencia Nacional. A él le debemos nuevas figuras jurídicas insólitas, como la modificación de conclusiones provisionales, al margen del juicio oral, por la huelga de un terrorista, o la amenaza a los tribunales con una retirada de querellas finalmente consumada. Sin duda, el Gobierno está agradecido y nos manda una ley que tiene como único objetivo real reforzarle, consolidar su poder personalísimo y potenciar una fiscalía a su medida y a la medida del Gobierno. Pero ni el señor Conde-Pumpido merece este homenaje ni el ministerio fiscal una ley como esta. Es un proyecto inoportuno y extemporáneo, que incrementa un descarnado y arbitrario ejercicio de poder, que no resuelve los problemas de la institución, que va a añadir otros muchos y que puede contribuir a acabar en esta legislatura con la justicia como poder unitario del Estado.


La verdadera reforma de la fiscalía queda por tanto pendiente. Otro Gobierno tendrá que hacerla. La que ahora se propone no nace para perdurar y no hace avanzar a la institución en la dirección debida. Por todo esto, nada más y nada menos, pedimos la urgente devolución del proyecto al Gobierno.


Muchas gracias, señor presidente. (Aplausos.)

El señor PRESIDENTE: Gracias a usted, señor Astarloa.


¿Algún grupo parlamentario quiere ejercer el turno en contra? (Pausa.) Si no es así, pasamos al turno de fijación de posiciones.


Grupo Mixto. Señor Rodríguez, por favor.


El señor RODRÍGUEZ SÁNCHEZ: Gracias, señor presidente.


Por un deber casi diría que moral más que político vamos a intervenir en este momento en relación con la enmienda a la totalidad del Grupo Popular, y lo vamos a hacer en dos niveles distintos: el nivel de la presentabilidad formal de los cargos institucionales, en particular de la Fiscalía General del Estado, y el nivel de la estructura de la Administración de Justicia en el Estado español. Respecto al primer nivel tenemos que decir que quienes llevamos aquí desde el año 1996 no hemos pasado un periodo más crítico y más negro que el periodo en el que fue fiscal general del Estado el señor Cardenal, porque no se llegaron a cumplir los criterios mínimos del decoro formal. Opiniones públicas contrarias al pluralismo político, descalificaciones incluso morales, evidencias de compromisos con la política del Gobierno, falta de respeto al pluralismo político e incluso a muchas personalidades concretas que representaban ese pluralismo político. Por tanto, en términos relativos -que es como hay que juzgar, desgraciadamente, las cuestiones en el mundo en que vivimos-, hay desde luego un decoro formal en el actual fiscal general del Estado, a

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pesar de sus vinculaciones con el Gobierno, que no había en la etapa anterior.


Hay una segunda cuestión que para nosotros es muy importante. Creo que todos los grupos jerárquicamente superiores de la Administración del Estado tienen problemas de corporativismo, problemas de adaptación al contexto democrático, problemas de sensibilidad social. En el caso de los jueces y los fiscales, en ese contexto preciso del Estado español, como Bloque Nacionalista Galego tenemos que decir que la evolución no fue precisamente positiva desde la transición democrática hasta hoy, por un conjunto de factores. Seguramente porque se confunde autonomía con prepotencia; seguramente porque se confunde independencia con desconsideración e insensibilidad y seguramente porque la separación de poderes no se interpreta como una tal separación de poderes, sino simplemente como participación en el debate ideológico político, vuelvo a repetir, de forma desconsiderada. Esto nos obliga a recapacitar; en primer lugar, a los jueces y a los fiscales, que, tengan la ideología política que tengan -que es legítimo-, deben ejercer sus cargos por lo menos con cuidado formal, con respeto a la ciudadanía. Y me parece que estamos muy distantes de haber logrado esta situación.


Nosotros no compartimos al cien por cien la modificación que hace el Gobierno respecto al ministerio fiscal; es más, nosotros teníamos una proposición de ley que se iba a debatir en un Pleno y que retiramos precisamente porque el proyecto del Gobierno ya estaba en proceso de tramitación. No obstante, nosotros proponíamos -sabemos que no es esa la solución total para todos los males, pero algo sería- que el fiscal general del Estado fuese prácticamente avalado por dos tercios de las Cortes Generales. Eso no iba a acabar con los problemas, pero sin duda sería un paso adelante para lograr políticas de consenso que conllevaran, para quien ejerce ese cargo, al menos el respeto por el pluralismo político y el cuidado de no intervenir en la vida pública con desconsideraciones o agresiones a una de las partes determinadas. Pero hay algo más y es que nos preocupa sobre todo el énfasis del Partido Popular en no querer hacer una mínima adaptación al Estado de la autonomías. Una de las claves para que la justicia sea sensible a los problemas de la sociedad, a los problemas sociales concretos, es vivir vinculado al poder territorial concreto. Y no es ningún desdoro para un fiscal del ámbito de la Administración autonómica, dependiente o relacionado con los tribunales superiores de Justicia de esas comunidades, ir al Parlamento autonómico a informar, por ejemplo, de cuál es la evolución de la criminalidad o aprestarse a comparecer cuando el Parlamento legislativo de esa comunidad lo pida por algún motivo justificado. Esto no va en desdoro de nadie, todo lo contrario; se trata de que los tribunales de justicia, que la fiscalía, estén también en consonancia con los poderes públicos, sean estos del nivel que sean. A mí me parece que eso va a contribuir poderosamente -aunque en el proyecto del Gobierno no se lleva hasta sus últimas consecuencias- a la democratización de la Administración de Justicia. No puede ser que la Administración de Justicia sea insensible al problema de la lengua. En Galicia es espantoso presentarse a declarar y ver cómo uno puede encontrarse con jueces, con fiscales, que prácticamente no autorizan al empleo de la lengua oficial o son desconsiderados con observaciones públicas, diciendo, por ejemplo, que no tienen por qué entender la lengua gallega. Esto, para acusados o para testigos, no deja de ser una situación de gran intranquilidad. Y todos sabemos que cuando vamos a un tribunal de justicia estamos en condiciones de inferioridad.


Acabo ya, señor presidente. Creo que el proyecto de ley no es un proyecto estupendo, no es un proyecto que pueda ser asumido sin más, pero es un paso mínimo en una vía de integración en la sociedad de la Administración de Justicia y además de cierta independencia, que no quiere decir falta de criterios ideológicos, del ministerio fiscal. Esperamos que la ley sea muy mejorada en el debate parlamentario y en todo caso rechazamos enérgicamente la enmienda a la totalidad del Grupo Parlamentario Popular, por los criterios en los que está sustentada.


El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Rodríguez.


Coalición Canaria, señor Mardones. (Pausa.) Coalición Canaria. (Pausa.) Entiendo que renuncia a la palabra.


Izquierda Unida. Señora Navarro.


La señora NAVARRO CASILLAS: Señorías, para nuestro grupo parlamentario esta reforma es necesaria y oportuna. Y, señor Astarloa, no es pura propaganda, tiene aspectos positivos el proyecto de ley que se pretende, en algunos casos insuficientes y de posible mejora en la tramitación parlamentaria. Consideramos que avanza en la reordenación de la organización del ministerio fiscal, que mejora la racionalización y modernización de la estructura orgánica del ministerio fiscal, avanza en la independencia y autonomía del mismo y aporta mejoras técnicas en los procedimientos de actuación del ministerio fiscal. Los aspectos negativos: es insuficiente en cuanto al control parlamentario, a la autonomía respecto al Ministerio de Justicia, a la falta de autonomía financiera porque se avanza muy poco y al mantener la excesiva jerarquización del ministerio fiscal. Pero, como digo, es una reforma necesaria. A nuestro grupo incluso le parece que se queda corta, pero era necesaria, porque había que abordar estas medidas y era un compromiso del Partido Socialista, que gobierna en la actualidad. No obstante, aunque se quede corta, desde nuestro grupo parlamentario el posicionamiento nunca va a ser la confrontación ni venir aquí con una enmienda a la totalidad en la que se hacen referencias explícitas al actual fiscal general del Estado. Nos parece contraproducente, si realmente se quisiera avanzar respecto a la autonomía e independencia del fiscal, y quizás lo que ocurre es que lo que se pretende es todo lo contrario: mantener las

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reformas que hizo el Partido Popular, que son las que dan la oportunidad a esta reforma. Las reformas de 2003 no supusieron ningún avance en la autonomía e independencia del ministerio fiscal.


La situación actual presenta los siguientes rasgos: falta de independencia del ministerio fiscal como consecuencia de las presiones, manipulaciones e instrumentalizaciones, que en anteriores gobiernos se llevaron a cabo; la extrema militarización jerarquizada del ministerio fiscal y la falta de apertura a la sociedad e instituciones españolas y un deterioro de la imagen de la Fiscalía General del Estado y del conjunto del ministerio fiscal ante la opinión pública. Y ustedes tienen gran culpa de ello. De ahí la necesidad de adaptar el ministerio fiscal a través de la ley a las nuevas realidades sociales, institucionales, económicas y políticas. El objetivo prioritario de este proyecto debe ser configurar un nuevo modelo de ministerio fiscal que le permita desarrollar el mandato constitucional de defensa del interés público y la satisfacción de interés social con garantías, todo ello para actuar con plena objetividad e independencia. Y estos principios, señorías, no pueden quedarse en mera literatura.


Volviendo al proyecto de ley, nuestro grupo lo considera un punto de partida aceptable, si bien, como digo, en algunas cuestiones resulta insuficiente y esperamos que en la tramitación parlamentaria se avance para que no se quede en una reforma menor. Respecto a la autonomía, como decía, estimamos que sería necesario incrementar el control parlamentario. Existe una propuesta de plazo y causas de cese, pero se debería ser más ambicioso, estableciendo incluso medidas para diseñar el perfil del candidato, impidiendo el acceso a la institución de personas que pertenezcan a organizaciones políticas o, mucho más peligroso, a organizaciones religiosas o asimiladas que incluyan en sus estatutos el voto de obediencia. Nos parece fundamental romper los actuales vínculos con el Ministerio de Justicia cuyas actuales competencias, como las propuestas de nombramiento y las disciplinarias, deben pasar necesariamente a la Fiscalía General del Estado. Estoy convencida de que el actual ministro de Justicia coincidirá conmigo en estas cuestiones, además de que la gestión del presupuesto de la institución debe pasar en su totalidad a la Fiscalía General del Estado. Por lo que se refiere a la responsabilidad, junto con esta mayor autonomía, debe ir acompañada de una exigencia mayor de responsabilidad y de esta manera se rompería la actual tutela del Gobierno. Esa responsabilidad debería ser exigida por el Parlamento.


Respecto a la reforma estructural de la institución, consideramos un avance su adaptación al modelo autonómico y que responda así a una configuración del Estado como un Estado de las autonomías que el Partido Popular quiere negar una y otra vez, aunque después en las comunidades autónomas donde gobierna sí reivindica estos avances que se logran. Los reivindica incluso para hacerlos suyos y utilizarlos en su propio interés de partido. Es un avance que se creen las fiscalías de área y las unidades de apoyo. En cuanto a la estructura institucional, estimamos que la configuración actual del Consejo Fiscal no es idónea para las necesidades futuras de la institución. Debería abrirse a la sociedad, permitiendo que pudieran acceder al mismo aquellas organizaciones que representan y defienden los intereses de la sociedad, pues no podemos olvidar que son los intereses a los que sirve el ministerio fiscal.


Respecto a la ubicación del ministerio fiscal en la jurisdicción penal, como ha dicho una y otra vez, nuestro grupo tiene muy clara su propuesta.
Parece que no es esto lo que ocurre en el Grupo Socialista o quizá en el Gobierno, y estaría bien que se nos aclarara. Nuestra propuesta es un sistema procesal penal en el que se atribuye al ministerio fiscal la dirección de la investigación, la instrucción penal, creando al mismo tiempo un juez de garantías. Pueden leer nuestro programa electoral en el ámbito de justicia. Este es el sistema por el que se ha optado en países de nuestro entorno, porque es la única forma de que el ministerio fiscal pueda realmente cumplir la función que tiene atribuida, que no es otra que la promoción de la justicia en defensa de la legalidad, teniendo en cuenta el interés social y con especial protección del derecho de las víctimas.


En esta legislatura parece que no se va a reformar la Ley de Enjuiciamiento Criminal, por tanto, no correspondería avanzar en este sentido, como demanda mi grupo parlamentario, sin esa previa reforma para cambiar el panorama y reforzar las garantías de la autonomía del fiscal general, pues con el sistema actual, con el sistema procesal la dirección de la investigación penal no correspondería al ministerio fiscal y lo que conlleva en cuanto a la dirección de la Policía judicial. En definitiva, la situación actual no permite que se aborde esta reforma, pero nosotros creemos que es necesario. En esta tramitación parlamentaria se deben poner las bases para que en un futuro inmediato, con una reforma de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, se lleve a cabo esta modificación y la instrucción penal pase al ministerio fiscal. Respecto a la autonomía financiera -ya lo he indicado-, entendemos que es una cuestión prioritaria y que el proyecto es insuficiente.


En definitiva, señorías, votaremos en contra de la enmienda del Partido Popular, que es inconsistente y contradictoria con el modelo de ministerio fiscal que implantó durante sus gobiernos. Vuelve a ponerse de espaldas a cualquier progreso, a los ciudadanos y pretende utilizar la justicia como elemento de confrontación de manera irresponsable e impropia de un partido que se llama de Estado. La enmienda pretende crear un falso alarmismo con interpretaciones interesadas. Lo triste es que nos tienen demasiado acostumbrados a este tipo de actitudes y de literatura.
Ustedes no creen en la autonomía del fiscal general del Estado. Por eso critican que se regulen plazos y causas de cese o un control parlamentario de la acción del mismo. Hablan de guardia pretoriana cuando se refieren a unidades de apoyo

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creadas por el Partido Popular, aunque no desarrolladas debidamente, y se oponen al reconocimiento de los fiscales superiores de las comunidades autónomas, como digo, a cualquier intento de modernización y de actualización de la estructura territorial de la institución. En fin, señorías, su enmienda de totalidad es un despropósito. El proyecto de ley avanza tímidamente, se puede avanzar mucho más, y para eso está ahí la tramitación parlamentaria. Sabemos, como he dicho, que algunas de las cuestiones quedarán en el tintero, pero hemos de poner las bases para que sean resueltas en un futuro lo más cercano posible.


El señor PRESIDENTE: Gracias a usted, señora Navarro.


Grupo Vasco, señora Uría, por favor.


La señora URÍA ETXEBARRÍA: Señor presidente, señorías, señor presidente del Gobierno, señor ministro, este trámite podría evacuarse de una forma muy sencilla y rápida diciendo: He oído al señor ministro, he oído al señor Astarloa, me ha gustado más el señor ministro, me apunto a los planes del señor ministro. No obstante, debo analizar lo que es exigido siempre que de una enmienda a la totalidad se trata. Creo que un proyecto solo debe ser rechazado en aquellos casos en los que se considera inoportuno, carente de cualquier bondad o que ni siquiera con las mejores enmiendas del mundo -el señor ministro ha dicho que tendría que ser pulido y enriquecido en el trámite de enmiendas- pudiera ser mejorado. Lo que se nos presenta puede ser adecuado para modificar o corregir algunos defectos que vemos en el Estatuto actual del ministerio fiscal. Cierto es -y así lo han señalado algunos de los portavoces que han intervenido antes que yo, tanto el enmendante a la totalidad como la representante del Grupo de Izquierda Unida- que no se pretenden en este caso reformas funcionales del estatuto, puesto que para ello tendríamos que haber hecho la Ley de Enjuiciamiento Criminal y haber optado por el modelo de proceso penal que vamos a estructurar, y no puede hacerse otra cosa que articular lo estructural y el régimen estatutario de la carrera. Este es el mismo defecto que tenía la reforma que hicimos en el año 2003 y que en mi intervención desde esta tribuna tuve ocasión de señalar. Es cierto que cuando concluyó la tramitación de lo que hoy es la reforma del estatuto hecha por la Ley 14/2003, dije que hacía mío el sentir del miembro del Consejo General del Poder Judicial, el vocal don Alfons López Tena, cuando hablaba de que esa reforma de 2003 suponía una auténtica involución en materia autonómica y -sostenía yo- que se había desaprovechado la ocasión de hacer algún caso a ese órgano que existe de coordinación de las comunidades autónomas que habían solicitado ya en octubre de 2002 que tuviesen alguna participación o de que hubiera alguna descentralización en los procesos selectivos de jueces y fiscales, por lo menos en las comunidades que tenían competencias asumidas en esta materia.


Este acercamiento a la realidad del Estado autonómico es lo que pretende el tenor de las diez enmiendas que el Grupo Vasco ha presentado.
Sostenemos -y creemos que es adecuado- que en el artículo 3 -lo que no conseguimos en tiempos de un gobierno del Partido Popular-, cuando se dice que el fiscal ejercerá las demás funciones que le atribuya el ordenamiento jurídico estatal, no se menciona que, además del derecho estatal, hay otras fuentes productoras del derecho. El ministerio fiscal, según el diseño constitucional, es defensor de la legalidad de los derechos de los ciudadanos. En consecuencia le corresponde también la defensa de la legalidad que se deriva del derecho propio de las comunidades autónomas y la defensa de los derechos que este derecho atribuye a estos ciudadanos y del que en otros casos se podrían ver privados.


Queremos modificar el artículo 10, que el proyecto no toca cuando habla de la colaboración o la cercanía de la institución a los órganos de soberanía popular. Tratamos de plasmar y de garantizar la necesaria colaboración entre el ministerio fiscal como representante de la ley y el poder del que de ella emana, y este es el Poder Legislativo, sea estatal o autonómico. En el artículo 11 no nos gusta -y lo enmendaremos- que la comunicación del fiscal superior de la comunidad autónoma deba hacerse a través del Ministerio de Justicia. La enmienda que proponemos fortalece el reconocimiento del fiscal superior de la comunidad autónoma en su condición de máximo representante del ministerio fiscal en cada una de ellas. Reconozco que el artículo 13 tiene un contenido mucho más creativo, puesto que pretendemos que el nombramiento del fiscal superior de la comunidad autónoma se realice por el Gobierno, a propuesta del fiscal general del Estado, pero damos entrada nuevamente a las asambleas de las comunidades autónomas mediante la presentación por ellas de una terna. Queremos introducir, respecto del nombramiento del fiscal superior de comunidad autónoma, el mismo criterio que se sostiene en una de cada tres de las plazas de los magistrados de lo Civil y de lo Penal de los tribunales superiores de Justicia, según el artículo 330.4, que usted conoce, de la Ley Orgánica del Poder Judicial. Para objetivar los nombramientos que sean discrecionales en alguna medida, pretendemos introducir el que en la inspección fiscal se cree una sección permanente de valoración a los efectos de centralizar toda información sobre méritos y capacidad de los fiscales que puedan servir de apoyo al Consejo Fiscal a la hora de informar las diferentes propuestas de nombramientos discrecionales, como he indicado, dentro de la carrera fiscal.


En el artículo 18 nuevamente pretendemos dar entrada a las comunidades autónomas, puesto que, si se trata de articular la estructura del ministerio fiscal y de las fiscalías a un ámbito territorial coincidente con el de las comunidades autónomas, se debe contar, en su toma en consideración y en el diseño que se articule, con la par

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ticipación de los órganos competentes de las comunidades autónomas si ya han asumido competencias en materia de medios personales y materiales, puesto que después serán sus propios presupuestos los que tendrán que sufragar los recursos materiales y financieros necesarios para proporcionar esa nueva estructura. En el artículo 22 queremos reforzar también a los fiscales superiores de la comunidad autónoma, pretendiendo que sean la máxima representación y puedan recibir, por delegación del fiscal general del Estado, las competencias que esta deba cumplir en el ámbito de cada comunidad autónoma, además de clarificar el mecanismo de cobertura de vacantes. Algún refuerzo respecto del Consejo Fiscal pretendemos en nuestras enmiendas, en el artículo 23 y sobre todo en el 31, donde lamento no tener el mismo criterio que el Gobierno puesto que para nosotros la duración del mandato del fiscal general del Estado debiera ser de cinco años, no lo vinculamos a la misma duración que el tiempo del Gobierno. Nos parecería adecuado suprimir la letra e), cuando dice que cesará por el cese del Gobierno que lo hubiera propuesto. Este precepto, junto con la duración de cuatro años, restringen de forma evidente la autonomía del fiscal respecto del Gobierno que en nuestras enmiendas pretendemos reforzar. En el artículo 36 queremos considerar también mérito determinante, y no solo preferente como dice el proyecto, el conocimiento del derecho propio de la comunidad autónoma. Creemos que debiera tener idéntico tratamiento que el del idioma que sí tiene esta calificación en el proyecto.


Cuando se habla de presupuestos y de la consideración del presupuesto de la fiscalía en los Presupuestos Generales del Estado, hay que hablar también de los presupuestos de las comunidades autónomas que hayan asumido competencias en esta materia, puesto que a ellas les corresponderá después, con sus respectivos presupuestos, hacer frente a los gastos económicos y financieros que se deriven de la estructura de adecuación del ministerio fiscal al ámbito territorial que el precepto pretende. En la convocatoria de procesos selectivos pretendemos finalmente, tal y como ya intentamos en el proyecto del año 2003, que se realice alguna descentralización y se pueda establecer el necesario mecanismo de colaboración entre la Administración del Estado y las comunidades autónomas en materia de provisión de destinos de la carrera fiscal en éstas. He indicado que con enmiendas parciales el texto es sostenible, defendible y mejorable, como ha manifestado el señor ministro, que está en disposición de hacer en la tramitación de este proyecto de ley.


La enmienda que ha presentado el Grupo Popular no lo es con texto alternativo. No hay que olvidar que a la modificación del año 2003, el Grupo Socialista y también Izquierda Unida presentaron textos alternativos que siempre supone un plus sobre la mera petición de devolución, que resulta sencilla y sensata. Es legítimo, por supuesto, pero también es legítimo que desde una formación política se pueda hacer crítica. Ha sido un nuevo motivo para que, por parte del Grupo Popular, vuelva a hablarse en esta tribuna de De Juana Chaos, de Arnaldo Otegi, al que constantemente se le hace publicidad, y sobre todo para denostar al actual fiscal general del Estado. Fiscal general del Estado respecto del cual la crítica no es solo política y de funcionamiento sino que en algunos momentos parece estar alimentada por una cierta inquina personal.
Para contrarrestar, vaya para él y también para su equipo el aprecio que le procesa el grupo al que represento que tan crítico fue en otros momentos, por cierto, con el anterior fiscal general del Estado. No sé si al fiscal general del Estado y a su equipo les va bien ser defendidos por nacionalistas vascos, pero me parece honesto hacer esta manifestación desde esta tribuna. De igual manera, aprovecho cada vez que tengo ocasión de hablar del ministerio fiscal para manifestar la alta estima y consideración que desde mi grupo se tiene por la labor constitucional que tienen encomendada de promover la acción de la justicia y defender la legalidad, por lo que mi grupo siempre se ha posicionado desde esta perspectiva en la tramitación de cuantas reformas se han abordado respecto del Estatuto orgánico del ministerio fiscal. Queda claro de mi intervención que estamos a favor de la tramitación del proyecto y que, por supuesto, votaremos en contra de la enmienda de devolución que se ha presentado por parte del Grupo Parlamentario Popular.


Muchas gracias, señor presidente.


El señor PRESIDENTE: Gracias, a usted, señora Uría.


Por Esquerra Republicana tiene la palabra la señora Oliva.


La señora OLIVA I PEÑA: Gracias, presidente.


Señorías, Esquerra Republicana va a votar en contra de la enmienda a la totalidad de devolución del proyecto de ley de modificación del Estatuto orgánico del ministerio fiscal presentado por el Grupo Parlamentario Popular. Es una reforma que el Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana entiende acertada, aunque como es evidente pretendemos contribuir a su mejora mediante la negociación de las enmiendas presentadas al articulado de la ley.


Si nos centramos en las propuestas concretas que el Grupo Parlamentario Popular ha presentado al articulado de la ley, vemos realmente los motivos del citado grupo para solicitar la devolución de esta ley.
Proponen suprimir la previsión de que en los delitos relacionados con la Fiscalía contra la corrupción y la criminalidad organizada las diligencias de investigación puedan llevarse a cabo durante un año en lugar de seis meses. Es una reivindicación de los propios fiscales. ¿Por qué se oponen a que la fiscalía pueda disponer de más tiempo para realizar diligencias de investigación en delitos de prevaricación, de malversación de caudales públicos, de tráfico de influencias o de cohecho, entre otros? Son delitos en los que la investigación durante seis meses,

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como ustedes proponen, no es suficiente. Ustedes entienden que seis meses es un plazo suficiente y se oponen a que se puedan prolongar durante un año, con lo que no podemos estar de acuerdo. La Fiscalía contra la corrupción debe disponer, en su caso, de más tiempo para la investigación. Es necesario reforzar la investigación en los delitos contra la corrupción y no debilitarla. También proponen suprimir los motivos tasados del cese del fiscal general del Estado. Rechazan que se tasen las causas por las cuales se puede cesar al fiscal general. Podrían contribuir al debate explicando por qué causas creen que debe ser cesado un fiscal general del Estado. Pero, no. Optan por no regularlo.
Observamos que el Grupo Parlamentario Popular conserva en sus enmiendas buena parte del articulado puesto que mantiene la redacción del proyecto de ley, como, por ejemplo, parecen compartir la necesidad de que el fiscal general del Estado comparezca ante el Congreso de los Diputados.
Pero no prevén, ni socialistas ni populares, la participación de las correspondientes asambleas legislativas en el procedimiento del nombramiento del fiscal superior en su territorio. Es en los aspectos autonomistas básicamente donde manifiestan su malestar. Proponen suprimir la comparecencia de los fiscales superiores de las comunidades autónomas ante las asambleas legislativas de las comunidades autónomas. Pues bien, les leeré el apartado 5 del artículo 143 de la Ley Orgánica 2/2007, de 19 de marzo, de reforma del Estatuto de Autonomía para Andalucía que apoyaron en referéndum de manera entusiasta. El o la fiscal superior de Andalucía debe enviar una copia de la memoria anual de la Fiscalía del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía al Gobierno, al Consejo de Justicia de Andalucía y al Parlamento, debiendo presentarla ante el mismo. ¿Están en contra de aquello por lo que hicieron campaña para solicitar el voto afirmativo en Andalucía? ¿Son conscientes los andaluces de que propusieron votar en Andalucía que el fiscal superior de Andalucía debe presentar la memoria anual ante el Parlamento andaluz, y ahora proponen suprimirlo en la ley que lo desarrolla? ¿Son conscientes los andaluces de que proponen suprimir la terminología del fiscal superior que aprobaron en el Estatuto de Andalucía? Ustedes son prisioneros de sus propios actos, de sus palabras, de sus votaciones y lo serán de cada una de las leyes que desarrollen las previsiones de los estatutos de autonomía hasta ahora modificados. Sus enmiendas van en el mismo sentido, también se oponen a dotar de rango a la Junta de fiscales de las comunidades autónomas. Quieren asegurar que la formación de fiscales no llegue a descentralizarse, es más, proponen la supresión de la Junta de fiscales superiores de las comunidades autónomas argumentando una excesiva judicialización. No utilicen eufemismos, por favor. Queda claro cuál es la objeción principal del Partido Popular al proyecto de ley de reforma del Estatuto orgánico del ministerio fiscal: su actualización según los estatutos de autonomía, algunos de los cuales han defendido en esta tribuna y ante la ciudadanía. Les instamos a que le den la vuelta al disco y asuman con naturalidad aquello que han defendido en algunos estatutos de autonomía y que sean consecuentes retirando la enmienda a la totalidad.


Por lo que se refiere al Grupo Socialista, esperamos poder negociar mejoras en el proyecto de ley en la línea de negociación tanto de las enmiendas al articulado presentadas por nuestro grupo parlamentario como de las presentadas por otros grupos de esta Cámara, de manera que podamos adaptar plenamente el Estatuto orgánico del ministerio fiscal a la legalidad y a la realidad autonómica vigente.


Muchas gracias.


El señor PRESIDENTE: Gracias a usted, señora Oliva.


Por Convergència i Unió señor Jané.


El señor JANÉ I GUASCH: Señor presidente, señor ministro de Justicia, señorías, hoy debatimos un proyecto de ley importante y no deja de ser significativo que sea el primer proyecto de ley que defiende en esta Cámara como ministro de Justicia dirigido al Estatuto orgánico del ministerio fiscal. S.S. forma parte de la carrera fiscal, por lo que me imagino que es para el ministro un motivo de satisfacción iniciar hoy este trámite en las Cortes Generales con la enmienda a la totalidad de devolución que presenta el Grupo Popular respecto a la cual el Grupo Catalán (Convergència i Unió) votará en contra. Queremos que se tramite el proyecto de ley que ha presentado hoy y queremos también encontrar un punto de acuerdo a través de las distintas enmiendas al articulado que ha presentado nuestro grupo parlamentario. De entrada, nos parece oportuna su tramitación, sobre todo teniendo en cuenta que en esta legislatura hemos aprobado ya dos reformas estatutarias, la de Cataluña y la de Andalucía, en las que la redacción sobre el nuevo fiscal jefe de comunidad autónoma es idéntica. Podríamos repasarla, cotejarla y veríamos cómo los preceptos del Estatuto de Andalucía y del Estatuto de Cataluña, en lo que se refiere al fiscal jefe de comunidad autónoma, coinciden. Veo que el señor Astarloa me dice que no y yo le invito cuando quiera a que lo podamos debatir con los textos en la mano y veríamos esa coincidencia.
Hay que desarrollar también esa figura. Vaya por delante nuestro apoyo a que se tramite este proyecto de ley, pero también nuestra voluntad de introducir enmiendas.


¿En qué sentido irán dirigidas las enmiendas de Convergència i Unió? En primer lugar, consideramos necesario reforzar la independencia del fiscal general del Estado, que es nombrado por el Gobierno. Nos gustaría que ese nombramiento fuera por cinco años, de tal manera que no hubiera plena coincidencia entre una legislatura y el mandato del fiscal general. Junto con otras medidas que el proyecto de ley prevé, como que no es renovable en el cargo y el tasar de manera muy clara las causas de cese, sería positivo que ese mandato fuese superior a cuatro años, que fuera de cinco. En los

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nombramientos de libre designación que realiza el fiscal general del Estado, sería positivo que contaran al menos con un tercio del Consejo Fiscal. Se trata de una posición coincidente con la que defendimos en la pasada legislatura en el proyecto de ley que nos presentó el entonces Gobierno del Partido Popular. Mediante la enmienda 161, Convergència i Unió lo defendió también, aunque no tuvimos suerte en que hubiera un tercio del Consejo Fiscal, al menos, para avalar ese nombramiento de libre designación.


Señor ministro, como usted sabe, el diputado que le está hablando es portavoz en la Comisión de Justicia y es presidente de la Comisión de Seguridad Vial. Hay un aspecto en el que nuestro grupo parlamentario, así como el diputado que le habla, tiene especial interés y es todo lo relativo a seguridad vial. En esta legislatura hemos avanzado mucho. La propia memoria del fiscal general del Estado refleja ya en cada ejercicio un apartado específico de los delitos contra la seguridad vial. En esta legislatura se ha creado una figura específica: el fiscal de Sala coordinador de seguridad vial. La Comisión de Seguridad Vial le hacía esta petición al fiscal general del Estado. Se ha creado: es don Bartolomé Vargas, quien nos acompaña en la tribuna y al que quiero reconocer desde aquí la gran labor que está realizando en el ámbito de la seguridad vial. Hay enmiendas del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió) porque sería positivo crear secciones especializadas en delitos de seguridad vial en las fiscalías provinciales y en los tribunales superiores de Justicia. Es una propuesta que realizamos y nos gustaría que figurara, como figura también en otros ámbitos materiales.


Señor ministro, señorías, hay un aspecto que para el Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió) es crucial en esta reforma y sobre el que hemos presentado diversas enmiendas, todas ellas de contenido y con voluntad de llegar a un consenso. Son las relativas al nuevo fiscal jefe de comunidad autónoma, a quien queremos dar un protagonismo. Queremos que se contemple lo que ya se prevé en el proyecto de ley, que pueda presentar su memoria ante la correspondiente asamblea legislativa, pero nos gustaría que esa asamblea legislativa pudiera participar a través de una terna en la proposición de nombres para que pueda ser elegido fiscal jefe de comunidad autónoma. Nos gustaría también alcanzar un acuerdo en las funciones que debe tener ese fiscal jefe. Nosotros apostamos por esa figura. Creemos que debe tener un protagonismo especial en el territorio de cada comunidad autónoma y queremos que una representación esté en el Consejo Fiscal. No sería quizás funcional que hubiera 17, por lo que proponemos que sean tres los fiscales jefes los que puedan estar en el Consejo Fiscal y que, cuando se trate un tema específico que afecte a un determinado territorio, el fiscal jefe pudiera asistir al Consejo Fiscal si en esa reunión se tratara un tema específico de ese ámbito territorial.


En cuanto a los aspectos de adaptación al Estatuto, sí hay una diferencia, señor Astarloa, en el conocimiento de la lengua propia de la comunidad autónoma. Evidentemente, este aspecto no se regula en el Estatuto de Andalucía, pero sí en el Estado de Autonomía de Cataluña, porque hay lengua oficial propia. Respecto a este punto, hemos presentado una enmienda para que sea un requisito conocer esa lengua para poder concursar en la correspondiente comunidad autónoma y, por tanto, también aquí tenemos un conjunto de enmiendas. Otra serie de enmiendas de nuestro grupo parlamentario pretendn contribuir a una mejor relación del ministerio fiscal con la atención a las víctimas. En algunos casos son mejoras técnicas, pero pueden contribuir a que esta sea una mejor ley al final de su andadura parlamentaria. Nuestro grupo parlamentario va a defender e intentar negociarlas en el trámite que tendrá lugar en las próximas semanas, en el Congreso de los Diputados, en la Comisión de Justicia y después en el Pleno y en el Senado.


Finalizo ya, señor presidente, señorías, refiriéndome a un aspecto que nuestro grupo ha planteado en el artículo 72: que en los Presupuestos Generales del Estado se contemplen partidas presupuestarias específicas para atender a las necesidades funcionales del ministerio fiscal, previamente evaluadas por el fiscal general del Estado, y oído el propio Consejo Fiscal. La Fiscalía General del Estado debe contar con una partida presupuestaria propia para atender a sus necesidades de organización y funcionamiento, debe haber esa mayor autonomía presupuestaria. En muchas ocasiones, el ministerio fiscal, integrado por miembros que han superado la misma oposición que sus compañeros jueces y magistrados, se encuentra a veces con presupuesto muy inferior, y es injusto para el citado órgano. Es injusto, señor ministro, para la labor que el ministerio fiscal tiene encomendada como ministerio público, la función global de promover la acción de la justicia en la defensa de la legalidad, de los derechos de los ciudadanos y del interés público tutelado por la ley. Ese fin constitucional que tiene el ministerio fiscal, que honra a los miembros de la carrera fiscal, también exige una mayor dotación presupuestaria, así como una autonomía presupuestaria dentro de los Presupuestos Generales del Estado. Son, pues, enmiendas que defenderá mi grupo parlamentario en ponencia y comisión y hoy, en este trámite de totalidad, nos posicionamos a favor de negociar el proyecto, de buscar un punto de encuentro y en contra del planteamiento de devolución, esperando en las próximas semanas ese impulso a los fiscales jefes de comunidad autónoma, a su protagonismo, a las funciones que deben realizar y a esa adaptación pendiente del ministerio fiscal a la estructura autonómica del Estado aprobada en la Constitución del año 1978. Señorías, este proyecto de ley es una buena ocasión para intentarlo y Convergència i Unió espera que finalmente lo podamos conseguir.


Gracias, señor ministro. Gracias, señorías.


El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Jané.


Por el Grupo Socialista tiene la palabra el señor Villarrubia.


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El señor VILLARRUBIA MEDIAVILLA: Gracias, señor presidente.


Señorías, el proyecto de ley presentado por el Gobierno, de modificación del Estatuto orgánico del ministerio fiscal, supone otro cumplimiento más de los compromisos adquiridos por el Gobierno y por el Partido Socialista en materia de justicia. Se añade a las ya numerosas modificaciones realizadas en el ámbito de ampliación de derechos y en el de la mejora de los medios materiales y personales de la Administración de Justicia.
Entre 2005 y 2007 se han creado 453 nuevas plazas de jueces y 335 de fiscales, es decir, un total de 778 plazas de las mil comprometidas en nuestro programa electoral. El incremento del presupuesto del Ministerio de Justicia en el año 2007 ha sido del 10,52 por ciento respecto a 2006 y llevamos en estos tres años un aumento del treinta y tantos por ciento del total de la sección del presupuesto de Justicia, esfuerzo presupuestario que habrá que seguir aumentando en los próximos años.


Señor ministro de Justicia, quiero manifestarle desde esta tribuna la sincera satisfacción del Grupo Parlamentario Socialista por su nombramiento como ministro y por el intenso trabajo que viene realizando desde el primer momento. Dicho esto, permítame si acaso mostrarle nuestra preocupación por una declaración pública realizada por usted en sede parlamentaria sobre no sé qué afectos, atracciones o quereres hacia el señor Astarloa, que fueron recibidos por este con despecho y desaire y que nos hacen -nos hicieron al menos- dudar del buen nivel de alguno de sus sentidos. En todo caso, sepa usted que tiene el apoyo y el afecto sin duda del Grupo Parlamentario Socialista. (Aplausos.)

Entrando en el tema con la seriedad que merece el trámite, la enmienda a la totalidad de devolución presentada por el Grupo Parlamentario Popular, sin texto alternativo, como es habitual, es alejada de la realidad, generalista e insultante en su propio contenido y carente de rigor, en la línea de la actual política de oposición del Partido Popular, burda, tosca, hueca, superficial y de engaño, señor Astarloa, de ruido y bronca y, ahora, de veto y de boicot. No les importa el proyecto de ley, yo diría que ahora no les importa la Administración de Justicia. Es una ocasión más para seguir descalificando e insultando sin aportar nada positivo. Señores del Partido Popular, ustedes tienen manías persecutorias obsesivas hacia todo aquel que no sigue al dictado su pensamiento único. Así persiguen al fiscal general del Estado, don Cándido Conde-Pumpido. También desde el primer momento de su toma de posesión fueron contra usted, señor Fernández Bermejo. Es su práctica habitual. También lo hicieron con el anterior ministro de Justicia, don Juan Fernando López Aguilar, desde el primer día que tomó posesión. Es su práctica habitual. Critican, ofenden e insultan al actual fiscal general del Estado, que es una persona de trayectoria contrastada, intachable, brillante, de principios y valores democráticos demostrados durante muchos años. No es una marioneta al servicio del Gobierno. Jesús Cardenal es el modelo de fiscal general del Estado del Partido Popular, el actual es el nuestro, porque conecta con la sensibilidad y los valores democráticos y con los sentimientos de la gran mayoría de la sociedad española, aunque -sí, sonrían- en alguna ocasión tenga la osadía de no coincidir con los intereses sectarios del Partido Popular. (Un señor diputado: ¡Hala!-Aplausos.) Esto la derecha no lo puede soportar; bueno, no soportan casi nada de nada.


Señorías, al fiscal general del Estado no se le manipula, ni se puede ni se debe intentar. Esto ustedes no pueden entenderlo, porque no piensan así (El señor Madero Jarabo pronuncia palabras que no se perciben.) y, además, porque no es lo que practicaban. El Partido Popular confundía la instrumentalización política de la fiscalía, que era su consigna, con la necesidad del diálogo en materia de política criminal regida siempre por el principio de legalidad, que es la nuestra. Para eso también se hace la reforma, para que no se pueda intentar manejar a la fiscalía, gobierne quien gobierne; y esto a ustedes no les gusta. Señorías, el proyecto va mucho más allá de la coyuntura actual. Se limita el mandato del fiscal general del Estado a cuatro años; por tanto, no se puede haber hecho a medida del actual fiscal general del Estado y de sus malévolas intenciones de futuro, como sostiene el Partido Popular.


Dice la enmienda que el proyecto ha sido elaborado al margen de los órganos representativos y de las propias instituciones del ministerio fiscal. No es cierto, señor Astarloa. Usted lo sabe. Ha sido informado por el Consejo General del Poder Judicial, por el Consejo Fiscal y por otros entes y asociaciones. En concreto, el Consejo Fiscal elaboró un informe que remitió al Gobierno el 6 de noviembre de 2006. Además, valora positivamente el texto y propone una serie de enmiendas y correcciones, muchas de las cuales, algunas sustanciales, han sido ya recogidas por el propio proyecto, como, por ejemplo, la especial e importante modificación del artículo 5, que regula la duración de las diligencias de investigación del fiscal, solicitando el Consejo Fiscal un plazo mayor para poder luchar contra el terrorismo, el narcotráfico, la criminalidad organizada y la corrupción. El proyecto de ley ha recogido esta sugerencia importantísima del Consejo Fiscal. Por cierto, ustedes ya han presentado una enmienda parcial para recortar nuevamente el plazo de ampliación de las diligencias en la lucha contra la corrupción. Parece que tienen un poco de alergia a todo lo que es la Fiscalía Anticorrupción, señores del Partido Popular.


También dice el Partido Popular que la reforma nace desnaturalizada en relación con otros propósitos legislativos declarados por el Gobierno.
Igualmente es desacertado. La futura modificación de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, que puede otorgar, si así se decidiera en un futuro por la mayoría, la dirección de la investigación criminal al ministerio fiscal, no es contradictoria en absoluto con las modificaciones del proyecto de ley que incrementa la autonomía del ministerio fiscal.


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En cuanto al contenido, señorías, las líneas maestras han sido ya magníficamente expuestas por el ministro de Justicia, y no vamos a reproducir los argumentos porque no hay tiempo. Simplemente quiero indicar esas líneas maestras: Se refuerza la autonomía del ministerio fiscal; se modifica el régimen de nombramiento y cese del fiscal general del Estado, que pasará por la Comisión de Justicia del Parlamento -conforme comprometíamos en nuestro programa electoral-, que tendrá un mandato de 4 años no reelegibles; será necesaria la intervención de la Junta de Fiscales de Sala, máximo órgano asesor del fiscal general en materia jurídica, siempre que el fiscal vaya a impartir instrucciones a sus subordinados en cualquier asunto que afecte a miembros del Gobierno -increíble, verdad, señor Astarloa-; se modifica el régimen de abstención del fiscal general del Estado, ya no resolverá el ministro de Justicia, sino la Junta de fiscales; se moderniza la estructura del ministerio fiscal; se apuesta por la especialización, especialmente potenciando la fiscalía contra la corrupción y la criminalidad organizada; se reorganiza territorialmente la fiscalía; se apuesta en la nueva regulación por alcanzar la adecuación del Estado autonómico y permitir un despliegue territorial más eficiente, para ello se refuerza la figura del fiscal en el ámbito de las comunidades autónomas mediante la creación de la figura del fiscal superior de la comunidad autónoma, etcétera. Hay otros cambios organizativos y tendremos ocasión de debatir de todo esto a lo largo de la tramitación legislativa.


Señorías, en definitiva, nos encontramos ante una importante reforma que va en beneficio del ministerio fiscal, de la Administración de Justicia y, sobre todo, en beneficio del conjunto de los ciudadanos. Es un buen proyecto de ley y nuestro compromiso es negociar y dialogar con todos los grupos parlamentarios de la Cámara para mejorar su contenido a lo largo de la tramitación. Estamos abiertos a ello, también al Partido Popular, señor Astarloa, le invitamos expresamente a que trabaje y haga algo útil, que aporte ideas y propuestas y abandone la descalificación y el insulto; posiblemente de esta forma dejarán de hacer daño a la convivencia.
Señores del Partido Popular vuelvan a la normalidad democrática, así es como podrán ser útiles a España y no ser un problema para España.


Muchas gracias. (Aplausos.-El señor Campos Arteseros: ¡Bravo!)

El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Villarrubia.


Llamamos a votación. (Pausa.)

DECLARACIÓN INSTITUCIONAL

El señor PRESIDENTE: Antes de votar, por parte de la señora secretaria primera se procederá a una declaración institucional que ha sido presentada por unanimidad por la Junta de Portavoces.


La señora SECRETARIA PRIMERA (Sainz García): Declaración institucional con ocasión del 50º aniversario del Tratado de Roma.


La Unión Europea ha conmemorado en Berlín el 50º aniversario de la firma del Tratado de Roma con una declaración que ha sido suscrita por la totalidad de los jefes de Estado y de Gobierno. El Congreso de los Diputados, en representación de España, manifiesta su plena adhesión a la Declaración de Berlín como expresión de su compromiso con el proyecto europeo y el futuro de la Unión.


En el Palacio del Congreso de los Diputados, a 28 de marzo de 2007.
Firmado por los portavoces de todos los grupos parlamentarios.
(Aplausos.)

El señor PRESIDENTE: Gracias, señora Sainz.


ENMIENDAS DEL SENADO. (VOTACIONES.):

- PROYECTO DE LEY DE ESTATUTO BÁSICO DEL EMPLEADO PÚBLICO. (Número de expediente 121/000094.)

El señor PRESIDENTE: Comenzamos las votaciones.


En primer lugar, votación de las enmiendas del Senado al proyecto de ley de Estatuto básico del empleado público. Enmiendas al artículo 13, párrafo primero, y a la disposición adicional segunda, apartado 5.2.


Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 303; a favor, 180; en contra, 121; abstenciones, dos.


El señor PRESIDENTE: Quedan aprobadas.


Enmiendas al artículo 47.


Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 303; a favor, 184; en contra, 117; abstenciones, dos.


El señor PRESIDENTE: Quedan aprobadas.


Enmiendas a la disposición transitoria sexta.


Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 303; a favor, 303.


El señor PRESIDENTE: Quedan aprobadas.


Enmiendas a la disposición transitoria séptima.


Comienza la votación. (Pausa.)

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Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 303; a favor, 184; en contra, uno; abstenciones, 118.


El señor PRESIDENTE: Quedan aprobadas.


Votamos el resto de las enmiendas.


Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 303; a favor, 184; en contra, 118; abstenciones, una.


El señor PRESIDENTE: Quedan aprobadas.


- PROYECTO DE LEY ORGÁNICA POR LA QUE SE MODIFICA LA LEY ORGÁNICA 6/2001, DE 21 DE DICIEMBRE, DE UNIVERSIDADES. (Número de expediente 121/000101.)

El señor PRESIDENTE: Siguiente votación: Enmiendas del Senado al proyecto de Ley orgánica por la que se modifica la Ley Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre, de Universidades.


En primer lugar, votación de la enmienda al apartado 22 del artículo único.


Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 303; a favor, uno; en contra, 301; abstenciones, una.


El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.


Enmiendas al párrafo noveno del preámbulo, a los siguientes apartados del artículo único: 9, 15.bis nuevo, 16.bis nuevo, 25, 29, 42, 46, 47, 51, 57, 58, 62, 64, 81.bis nuevo, 89.bis nuevo y a las disposiciones adicionales segunda y novena.


Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 302; a favor, 182; en contra, 119; abstenciones, una.


El señor PRESIDENTE: Quedan aprobadas.


Votamos el resto de las enmiendas.


Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 303; a favor, 301; en contra, uno; abstenciones, una.


El señor PRESIDENTE: Quedan aprobadas.


VOTACIÓN DE CONJUNTO:

El señor PRESIDENTE: Tratándose de una ley con carácter orgánico, procedemos a la votación de conjunto.


Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 303; a favor 183; en contra, 119; abstenciones, una.


El señor PRESIDENTE: Queda aprobada. (Aplausos.)

- PROYECTO DE LEY DE REFORMA DE LA LEY 24/1988, DE 28 DE JULIO, DEL MERCADO DE VALORES, PARA LA MODIFICACIÓN DEL RÉGIMEN DE LAS OFERTAS PÚBLICAS DE ADQUISICIÓN Y DE LA TRANSPARENCIA DE LOS EMISORES. (Número de expediente 121/ 000108.)

El señor PRESIDENTE: Votación del proyecto de Ley de reforma de la Ley 24/1988, de 28 de julio, del Mercado de Valores, para la modificación del régimen de las ofertas públicas de adquisición y de la transparencia de los emisores. Votamos en bloque las enmiendas.


Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 303; a favor, 303.


El señor PRESIDENTE: Quedan aprobadas.


DICTÁMENES DE LA COMISIÓN DE ASUNTOS EXTERIORES SOBRE CONVENIOS INTERNACIONALES. (VOTACIONES.):

- PROTOCOLO SOBRE COOPERACIÓN PARA PREVENIR LA CONTAMINACIÓN POR BUQUES Y, EN SITUACIONES DE EMERGENCIA, COMBATIR LA CONTAMINACIÓN DEL MAR MEDITERRÁNEO, HECHO EN LA VALLETTA EL 25 DE ENERO DE 2002. (Número de expediente 110/000198.)

- ACUERDO MARCO ENTRE ESPAÑA Y EL PROGRAMA DE LAS NACIONES UNIDAS PARA EL MEDIO AMBIENTE (PNUMA), HECHO EN NAIROBI EL 15 DE NOVIEMBRE DE 2006.
(Número de expediente 110/000199.)

TRATADO DE ASISTENCIA JURÍDICA MUTUA EN MATERIA PENAL ENTRE EL REINO DE ESPAÑA Y LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, HECHO EN LAS PALMAS DE GRAN CANARIA EL 29 DE SEPTIEMBRE DE 2006. (Número de expediente 110/000200.)

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ACUERDO MARCO DE COOPERACIÓN EN MATERIA DE INMIGRACIÓN ENTRE EL REINO DE ESPAÑA Y LA REPÚBLICA DE GAMBIA, HECHO EN BANJUL EL 9 DE OCTUBRE DE 2006.
(Número de expediente 110/000201.)

- ACUERDO DE COOPERACIÓN EN MATERIA DE INMIGRACIÓN ENTRE EL REINO DE ESPAÑA Y LA REPÚBLICA DE GUINEA, HECHO EN CONAKRY EL 9 DE OCTUBRE DE 2006. (Número de expediente 110/000202.)

- ACUERDO DE ESTABILIZACIÓN Y ASOCIACIÓN ENTRE LAS COMUNIDADES EUROPEAS Y SUS ESTADOS MIEMBROS Y LA REPÚBLICA DE ALBANIA. (Número de expediente 110/000203.)

- PROTOCOLO FACULTATIVO DE LA CONVENCIÓN SOBRE LA SEGURIDAD DEL PERSONAL DE LAS NACIONES UNIDAS Y EL PERSONAL ASOCIADO, HECHO EN NUEVA YORK EL 8 DE DICIEMBRE DE 2005. (Número de expediente 110/000204.)

- CONVENIO RELATIVO A LA ADHESIÓN DE LA REPÚBLICA CHECA, DE LA REPÚBLICA DE ESTONIA, DE LA REPÚBLICA DE CHIPRE, DE LA REPÚBLICA DE LETONIA, DE LA REPÚBLICA DE LITUANIA, DE LA REPÚBLICA DE HUNGRÍA, DE LA REPÚBLICA DE MALTA, DE LA REPÚBLICA DE POLONIA, DE LA REPÚBLICA DE ESLOVENIA Y DE LA REPÚBLICA ESLOVACA AL CONVENIO SOBRE LA LEY APLICABLE A LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES, ABIERTO A LA FIRMA EN ROMA EL 19 DE JUNIO DE 1980, ASÍ COMO LOS PROTOCOLOS PRIMERO Y SEGUNDO RELATIVOS A SU INTERPRETACIÓN POR EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LAS COMUNIDADES EUROPEAS, HECHO EN LUXEMBURGO EL 14 DE ABRIL DE 2005. (Número de expediente 110/000206.)

El señor PRESIDENTE: Punto VII del orden del día, relativo a los dictámenes de la Comisión de Asuntos Exteriores sobre convenios internacionales.


¿Algún grupo parlamentario desea intervenir? (Pausa.)

¿Algún grupo solicita que se proceda a la votación separada de alguno de los dictámenes referidos? (Pausa.)

En tal caso, se somete a votación conjunta y por asentimiento de la Cámara la aprobación de la globalidad de los citados dictámenes reproducidos en el orden del día.


¿Lo acuerda así la Cámara? (Asentimiento.)

En consecuencia, quedan aprobados los referidos dictámenes.


DICTÁMENES DE COMISIONES SOBRE INICIATIVAS LEGISLATIVAS. (VOTACIÓN):

- PROYECTO DE LEY DE LA LECTURA, DEL LIBRO Y DE LAS BIBLIOTECAS. (Número de expediente 121/000112.)

El señor PRESIDENTE: Votación del proyecto de Ley de la lectura, del libro y de la coordinación y cooperación bibliotecarias. En primer lugar, enmiendas del Grupo Parlamentario Mixto, presentadas por el señor Rodríguez. Votación de las enmiendas 7 y 8.


Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 303; a favor, 17; en contra, 282; abstenciones, cuatro.


El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.


Votación de la enmienda 12.


Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 302; a favor, 20; en contra, 273; abstenciones, nueve.


El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.


Votación de la enmienda número 13.


Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 302; a favor, nueve; en contra, 288; abstenciones, cinco.


El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.


Grupo Parlamentario de Coalición Canaria-Nueva Canarias. Votamos la enmienda número 21.


Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 302; a favor, uno; en contra, 293; abstenciones, ocho.


El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.


Grupo Parlamentario de Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya Verds.
Votación de la enmienda 64.


Comienza la votación. (Pausa.)

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Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 302; a favor, 20; en contra, 282.


El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.


Votación del resto de las enmiendas.


Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 301; a favor, 14; en contra, 287.


El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.


Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV). Votación de la enmienda.


Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 301; a favor, 22; en contra, 278; abstenciones, una.


El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.


Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana. Votación en bloque de las enmiendas.


Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 302; a favor, 14; en contra, 284; abstenciones, cuatro.


El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.


Grupo Parlamentario Popular en el Congreso. Votación en bloque de las enmiendas.


Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 302; a favor, 119; en contra, 182; abstenciones, una.


El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.


Grupo Parlamentario Socialista del Congreso. Voto particular en lo relativo a las enmiendas 26, 38, 71, 72, 87 y 88 del Grupo Parlamentario de Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya Verds, así como lo relativo a la enmienda 169 del Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana.


Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 302; a favor, 288; en contra, 14.


El señor PRESIDENTE: Queda aprobado.


Votamos el resto del voto particular, excepto lo retirado por el Grupo Parlamentario Socialista del Congreso.


Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 302; a favor, 169; en contra, 130; abstenciones, tres.


El señor PRESIDENTE: Queda aprobado.


Pasamos a votar el dictamen con las correcciones técnicas que han sido distribuidas. Artículo 7.


Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 301; a favor, 182; en contra, dos; abstenciones, 117.


El señor PRESIDENTE: Queda aprobado.


Artículo 9.1, letra h).


Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 302; a favor, 183; en contra, uno; abstenciones, 118.


El señor PRESIDENTE: Queda aprobado.


Resto del artículo 9.


Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 301; a favor, 292; en contra, ocho; abstenciones, una.


El señor PRESIDENTE: Queda aprobado.


Artículos 8, 10, 14 y 15.


Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 302; a favor, 291; en contra, nueve; abstenciones, dos.


El señor PRESIDENTE: Quedan aprobados.


Disposición final primera.


Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 301; a favor, 287; en contra, 14.


El señor PRESIDENTE: Queda aprobada.


Votamos el resto del dictamen.


Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 301; a favor, 301.


El señor PRESIDENTE: Queda aprobado.


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DEBATES DE TOTALIDAD DE INICIATIVAS LEGISLATIVAS. (VOTACIÓN.)

- PROYECTO DE LEY POR LA QUE SE MODIFICA LA LEY 50/1981, DE 31 DE DICIEMBRE, REGULADORA DEL ESTATUTO ORGÁNICO DEL MINISTERIO FISCAL.
(Número de expediente 121/000118.)

El señor PRESIDENTE: Votación del debate de totalidad de iniciativas legislativas.


Enmienda de totalidad de devolución al proyecto de Ley por la que se modifica la Ley 50/1981, de 31 de diciembre, reguladora del Estatuto orgánico del ministerio fiscal.


Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 300; a favor, 117; en contra, 183.


El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.


Sin más asuntos que tratar, se levanta la sesión.


Eran las tres y treinta y cinco minutos de la tarde.

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