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DS. Congreso de los Diputados, Pleno y Dip. Perm., núm. 290, de 04/10/2007
 


CORTES GENERALES
DIARIO DE SESIONES DEL CONGRESO DE LOS DIPUTADOS
PLENO Y DIPUTACIÓN PERMANENTE

Año 2007 VIII Legislatura Núm. 290
PRESIDENCIA DEL EXCMO. SR. D. MANUEL MARÍN GONZÁLEZ
Sesión plenaria núm. 268
celebrada el jueves, 4 de octubre de 2007


ORDEN DEL DÍA:

Enmiendas del Senado:

- Proyecto de Ley de responsabilidad medioambiental. (Número de expediente 121/000130.)... (Página 14235)

- Proyecto de Ley Orgánica reguladora de los derechos y deberes de los miembros de la Guardia Civil. (Número de expediente 121/000131.)...
(Página 14241)

- Proyecto de Ley Orgánica del régimen disciplinario de la Guardia Civil.
(Número de expediente 121/000132.)... (Página 14241)

- Proyecto de Ley de conservación de datos relativos a las Comunicaciones Electrónicas y a las Redes Públicas de Comunicación. (Número de expediente 121/000128.)... (Página 14254)

Dictámenes de Comisiones sobre iniciativas legislativas:

- Proyecto de Ley para el desarrollo sostenible del medio rural. (Número de expediente 121/000135.)... (Página 14260)

Página 14232


- Proyecto de Ley Orgánica complementaria del Proyecto de Ley para el desarrollo sostenible del medio rural. (Número de expediente 121/000150.)... (Página 14260)

- Proposición de Ley Orgánica por la que se modifica la Ley Orgánica 10/1995, de 23 de noviembre, del Código Penal en materia de Seguridad Vial. (Número de expediente 122/000222.)... (Página 14272)

Enmiendas del Senado. (Votaciones.)

- Proyecto de Ley de responsabilidad medioambiental. (Número de expediente 121/000130.)... (Página 14282)

- Proyecto de Ley Orgánica reguladora de los derechos y deberes de los miembros de la Guardia Civil. (Número de expediente 121/000131.)...
(Página 14282)

- Proyecto de Ley Orgánica del régimen disciplinario de la Guardia Civil.
(Número de expediente 121/000132.)... (Página 14283)

- Proyecto de Ley de conservación de datos relativos a las Comunicaciones Electrónicas y a las Redes Públicas de Comunicación. (Número de expediente 121/000128.)... (Página 14283)

Dictámenes de Comisiones sobre iniciativas legislativas. (Votaciones.)

- Proyecto de Ley para el desarrollo sostenible del medio rural. (Número de expediente 121/000135.)... (Página 14283)

- Proyecto de Ley Orgánica complementaria del Proyecto de Ley para el desarrollo sostenible del medio rural. (Número de expediente 121/000150.)... (Página 14284)

Votación de conjunto.... (Página ) - Proposición de Ley Orgánica por la que se modifica la Ley Orgánica 10/1995, de 23 de noviembre, del Código Penal en materia de Seguridad Vial. (Número de expediente 122/000222.)... (Página 14284)

Votación de conjunto.


Debates de totalidad de iniciativas legislativas:

- Proyecto de Ley del Cine. (Número de expediente 121/000138.)... (Página 14285)

Informe anual sobre la Cuenta General del Estado:

- Dictamen de la Comisión Mixta para las Relaciones con el Tribunal de Cuentas en relación con la Declaración sobre la Cuenta General del Estado del ejercicio 2004, así como la Resolución adoptada por dicha Comisión.
(Número de expediente 250/000009.)... (Página 14293)

SUMARIO

Se reanuda la sesión a las nueve de la mañana.


Enmiendas del Senado... (Página 14235)

Proyecto de Ley de responsabilidad medioambiental... (Página 14235)

En turno de fijación de posiciones intervienen los señores Mardones Sevilla, del Grupo Parlamentario Mixto; Herrera Torres, del Grupo Parlamentario de Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya Verds; Txueka Isasti, del Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV); la señora Bonàs Pahisa, del Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana (ERC); los señores Guinart Solá, del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió); Esteve Ferrer, del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso y la señora Colldeforns i Sol, del Grupo Parlamentario Socialista del Congreso.


Página 14233


Proyecto de Ley Orgánica reguladora de los derechos y deberes de los miembros de la Guardia Civil... (Página 14241)

Proyecto de Ley Orgánica del régimen disciplinario de la Guardia Civil...
(Página 14241)

En turno de fijación de posiciones intervienen los señores Rodríguez Sánchez y Mardones Sevilla, del Grupo Parlamentario Mixto; la señora Navarro Casillas, del Grupo Parlamentario de Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya Verds; los señores Olabarría Muñoz, del Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV); Cerdà Argent, del Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana (ERC); Maldonado i Gili, del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió); la señora Sánchez-Camacho Pérez, del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso y el señor Hernando Vera, del Grupo Parlamentario Socialista del Congreso.


Interviene el señor ministro del Interior (Pérez Rubalcaba), en nombre del Gobierno. Desea hacer tres consideraciones finales. La primera que estas dos leyes traen causa de un compromiso electoral del Partido Socialista.
La segunda agradecer a los grupos parlamentarios su colaboración y su sentimiento porque no hayan podido estar todos, como hubiera querido el Gobierno, y la tercera que son leyes que pretenden reformar algunos aspectos de la vida de la Guardia Civil que no estaban en sintonía con la sociedad española del siglo XXI.


Proyecto de Ley de conservación de datos relativos a las comunicaciones electrónicas y a las redes públicas de comunicación... (Página 14254)

En turno de fijación de posiciones intervienen el señor Mardones Sevilla, del Grupo Parlamentario Mixto; las señoras Navarro Casillas, del Grupo Parlamentario de Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya Verds; Uría Etxebarría, del Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV); los señores Jané i Guasch, del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió); la señora Oliva i Peña, del Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana (ERC); los señores Echániz Salgado, del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso y Fuentes Guzmán, del Grupo Parlamentario Socialista del Congreso.


Dictámenes de comisiones sobre iniciativas legislativas... (Página 14260)

Proyecto de Ley para el desarrollo sostenible del medio rural... (Página 14260)

Proyecto de Ley Orgánica complementaria del proyecto de Ley para el desarrollo sostenible del medio rural... (Página 14260)

Interviene la señora ministra de Agricultura, Pesca y Alimentación (Espinosa Mangana), en nombre del Gobierno. Recuerda que el proyecto de Ley para el desarrollo sostenible del medio rural es un marco que establece instrumentos y objetivos para avanzar en la cohesión económica social y territorial, dejando que las medidas concretas sean consensuadas por las administraciones competentes.


Manifiesta que se han incorporado mejoras que dan mayor claridad y concreción a alguno de los planteamientos del Gobierno, que han enriquecido el texto inicial. Se trata de una ley dirigida a las personas que viven y ocupan el 90 por ciento del territorio, ciudadanos del medio rural que precisan de una ley como la que hoy se debate para que sin más dilación puedan mejorar su calidad de vida.


Finaliza señalando que el Gobierno quiere convertir la política de desarrollo sostenible del medio rural en una política de Estado donde todas las administraciones se impliquen de forma decidida y que los verdaderos protagonistas sean los habitantes de ese territorio.


En defensa de las enmiendas presentadas intervienen las señoras Fernández Davila, del Grupo Parlamentario Mixto; Muñoz de Diego, del Grupo Parlamentario de Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya Verds; los señores Txueka Isasti, del Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV); Ramón Torres, del Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana (ERC) y Madero Jarabo, del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.


En turno de fijación de posiciones intervienen los señores Grau i Buldú, del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió) y Alonso Núñez, del Grupo Parlamentario Socialista del Congreso.


Proposición de Ley Orgánica por la que se modifica la Ley Orgánica 10/1995, de 23 de noviembre, del Código Penal en materia de Seguridad Vial... (Página 14272)

Página 14234


En defensa de las enmiendas presentadas intervienen la señora Navarro Casillas, del Grupo Parlamentario de Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya Verds; Jané i Guasch, del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió); Souvirón García, del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso y Mayoral Cortés, del Grupo Parlamentario Socialista del Congreso.


En turno de fijación de posiciones intervienen el señor Mardones Sevilla, del Grupo Parlamentario Mixto; la señora Uría Etxebarría, del Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV) y el señor Cerdà Argent, del Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana (ERC).


Enmiendas del Senado. (Votaciones.)... (Página 14282)

Se someten a votación las enmiendas del Senado al proyecto de Ley de Responsabilidad Medioambiental.


Se someten a votación las enmiendas del Senado al proyecto de Ley orgánica reguladora de los derechos y deberes de los miembros de la Guardia Civil.


Se someten a votación las enmiendas del Senado al proyecto de Ley orgánica del régimen disciplinario de la Guardia Civil.


Se someten a votación las enmiendas del Senado al proyecto de Ley de conservación de datos relativos a las comunicaciones electrónicas y a las redes públicas de comunicación.


Dictámenes de comisiones sobre iniciativas legislativas. (Votaciones.)...
(Página 14283)

Se someten a votación las enmiendas al proyecto de Ley para el desarrollo sostenible del medio rural, así como el texto del dictamen.


Se someten a votación las enmiendas al proyecto de Ley orgánica complementaria del proyecto de ley para el desarrollo sostenible del medio rural, así como el texto del dictamen.


Votación de conjunto... (Página 14284)

Sometida a votación de conjunto, por tener la iniciativa carácter de ley orgánica, se aprueba por 301 votos a favor y cinco abstenciones.


Se someten a votación las enmiendas a la proposición de Ley orgánica por la que se modifica la Ley orgánica 10/1995, de 23 de noviembre, del Código Penal en materia de Seguridad Vial, así como el texto del dictamen.


Votación de conjunto... (Página 14285)

Sometida a votación de conjunto, por tener la iniciativa carácter de ley orgánica, se aprueba por 180 votos a favor y 116 en contra, nueve abstenciones.


Debates de totalidad de iniciativas legislativas... (Página 14285)

Proyecto de Ley del Cine... (Página 14285)

Interviene el señor ministro de Cultura (Molina Sánchez), en nombre del Gobierno. Manifiesta su satisfacción por presentar este proyecto de ley que aborda las múltiples variaciones que ha experimentado el panorama audiovisual español en estos últimos años. El cine español es una realidad cambiante sujeta a las frecuentes novedades tecnológicas; de ahí que su regulación tenga que responder de manera adecuada a cuantas novedades se vayan produciendo, determinando unos parámetros culturales e industriales que permitan una óptima manifestación del lenguaje de las imágenes. El objetivo principal de esta ley es el equilibrio entre los diversos sectores que componen la cinematografía española.


Desarrolla los diversos aspectos y objetivos de la ley que permitirá evitar los desequilibrios patentes en el panorama audiovisual español. La ley se abre a nuevas tecnologías, referidas tanto a aquellas obras audiovisuales que no están destinadas a ser exhibidas en salas como incluso a las susceptibles de ser distribuidas en la red.


Finaliza deseando que estén presentes en su actuación al frente del Ministerio de Cultura el diálogo y la idea de consenso. Desde esta postura pide el apoyo de la Cámara a este proyecto de Ley del Cine.


En defensa de la enmienda de totalidad presentada, interviene el señor Vilajoana Rovira.


En turno de fijación de posiciones intervienen los señores Rodríguez Sánchez, del Grupo Parlamentario

Página 14235


Mixto; Esteban Bravo, del Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV); Tardà i Coma, del Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana (ERC); la señora Rodríguez-Salmones Cabeza, del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso y el señor Louro Goyanes, del Grupo Parlamentario Socialista del Congreso.


Informe anual sobre la cuenta general del Estado... (Página 14293)

Dictamen de la Comisión Mixta para las Relaciones con el Tribunal de Cuentas en relación con la declaración sobre la cuenta general del Estado del ejercicio 2004, así como la resolución adoptada por dicha Comisión...
(Página 14293)

En turno de fijación de posiciones intervienen el señor Vilajoana Rovira; del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió); la señora Madrazo Díaz, del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso y el señor Vallès Vives, del Grupo Parlamentario Socialista del Congreso.


Sometido a votación el dictamen de la Comisión Mixta debatido, se aprueba por 257 votos a favor.


Se levanta la sesión a las cuatro y veinticinco minutos de la tarde.


Se reanuda la sesión a las nueve de la mañana.


ENMIENDAS DEL SENADO:

- PROYECTO DE LEY DE RESPONSABILIDAD MEDIOAMBIENTAL. (Número de expediente 121/000130.)

El señor PRESIDENTE: Se reanuda la sesión. Anuncio a la Cámara que las votaciones de los dos textos que tienen carácter orgánico no se realizarán en ningún caso antes de las catorce horas y treinta minutos.


Punto VII del orden del día: Enmiendas del Senado. Proyecto de Ley de Responsabilidad Medioambiental. ¿Fijación de posiciones? (Pausa.) Grupo Mixto, señor Mardones.


El señor MARDONES SEVILLA: Gracias, señor presidente.


Señorías, Coalición Canaria hace una valoración muy positiva de este proyecto de Ley de Responsabilidad Medioambiental, como ya dijimos en su día en el trámite del Congreso de los Diputados. En esa línea, vamos a apoyarlo. Las enmiendas que llegan del Senado, salvo algunas observaciones puntuales que haremos llegar a los servicios de la Cámara, merecerán nuestro voto afirmativo. Es importante sintonizar con un estado creciente de la opinión pública en el sentido de que se refleje en leyes garantistas la responsabilidad medioambiental. Esto nos llevaría a hacer un planteamiento doctrinal respecto a que una ley tendría -podríamos decir- un efecto inverso al contencioso-administrativo, que las distintas administraciones públicas exigirían ahora a la sociedad privada mercantil e industrial que puede producir efectos de contaminación y que se derive de ello que quien contamina paga. Pero quien contamina paga tiene que hacerse en un Estado de derecho dentro de un proceso garantista. Las enmiendas del Senado contribuyen a perfeccionar algo que impregna todo el texto de la ley. Estas garantías se darán en consonancia con la directiva que ya en el año 2004 adoptó la Unión Europea, tanto el Parlamento Europeo como el Consejo de Ministros, para llevar adelante una exigencia medioambiental. Esta responsabilidad -en este caso, quien contamina paga- deberá tener todas las garantías de un Estado de derecho y, por tanto, el orden jurisdiccional competente tendrá que valorar siempre la carga de la prueba con un sentido de realidad. Esto es lo que nosotros llamamos -y que trae el proyecto de ley- la responsabilidad del carácter objetivo de la misma.


Atribuir responsabilidades requiere una labor minuciosa de investigación, que en el ámbito garantista ha de tener todas las atribuciones de responsabilidad, sobre quién puede definir las circunstancias de una presunta contaminación. Las operadoras que están en este terreno deben tener también unas líneas de prevención y de reparación. No puede haber una jurisdicción estática esperando que ocurra un suceso luctuoso para aplicar la legislación. No. También se contemplan hechos positivos, aquellas situaciones de las distintas administraciones públicas, sean de la Administración General del Estado, de las comunidades autónomas o de las corporaciones locales que también son llamadas aquí.


Por todas estas razones, señor presidente, valoramos positivamente esta situación y votaremos en su mayoría las enmiendas que vienen del Senado, con las observaciones que haremos llegar a los servicios de la Cámara.
Damos nuestra bienvenida con nuestro apoyo a este importante y fundamental proyecto de Ley de Responsabilidad Medioambiental.


Muchas gracias.


El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Mardones.


Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya Verds. Señor Herrera.


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El señor HERRERA TORRES: Señoras y señores diputados, normalmente cuando sale un proyecto de ley de esta Cámara y va al Senado, uno entiende que en el Senado puede sufrir modificaciones. Es más, habitualmente algunas enmiendas del Grupo Parlamentario Popular e incluso de otros grupos parlamentarios en materia medioambiental dotan de menor exigencia a la ley. Este es el trámite habitual, con lo cual cuando uno sube a esta tribuna lo que hace es repetir lo que dijo a la salida del Congreso e intentar que la ley vuelva a tener las mismas exigencias que tenía cuando salió. En materia medio ambiental, se cuenta con el apoyo de la mayoría de los grupos parlamentarios y en todo lo que sea restar exigencias medioambientales a las leyes, hay un concurso de todos los grupos que hace que esas exigencias que se han quitado de la ley sean levantadas.


En esta ley teníamos muchos aspectos positivos, entre ellos una disposición adicional, la decimotercera, pactada con nuestro grupo parlamentario. La sorpresa es que los pactos se levantan sin consultar, que el Grupo Parlamentario Socialista introduce una enmienda en el Senado y modifica esa disposición adicional decimotercera sin siquiera avisar a aquellos grupos parlamentarios con los que ha estado pactando la ley. La enmienda a la disposición adicional decimotercera dice que los operadores que realicen actividades reguladas en esta ley y sean beneficiarios de instrumentos públicos de apoyo, están obligados a prevenir o reparar los daños medioambientales ocasionados. El segundo punto obligaba -y digo obligaba, bien dicho- a los operadores que incumplan las obligaciones previstas a devolver todas las ayudas públicas de apoyo a la inversión en el exterior recibidas para el desarrollo de la actividad. ¿Qué pretendíamos? Algo muy sencillo, algo muy simple, que las empresas españolas que no son, ni mucho menos, todas financieras -poca broma-, cuando operen en el extranjero, lo hagan con las exigencias medioambientales y más aún cuando reciben fondos del Estado. Esto es razonable. No entendemos que pueda haber una doble exigencia cuando se actúa en España y en la Unión Europea, y que cuando vas a un país del Tercer Mundo puedas operar sin respeto al medio ambiente. Nos parecía incomprensible y por eso llegamos a un consenso y a un acuerdo en la disposición adicional decimotercera. Sorprendentemente, el Partido Socialista con su enmienda número 126, en el Senado, vació de contenido esta disposición adicional. Sorprendentemente, el texto que viene del Senado establece que cuando las empresas españolas operen en el extranjero tendrán que hacerlo de acuerdo con los convenios internacionales. Sabiendo todos, como sabemos, que los convenios internacionales en materia de responsabilidad medioambiental son más que laxos. Sabiendo todos, como sabemos, que cuando uno opera en países del Tercer Mundo, esos países no han firmado muchos de esos convenios.
¿Ustedes saben lo que va a suponer eso en Guinea Ecuatorial? ¿Teodoro Obiang ha firmado y ratificado los convenios en materia de responsabilidad ambiental? ¿Ustedes saben lo que supone que las empresas españolas actúen en múltiples países que no han firmado ni ratificado ningún convenio sobre responsabilidad medioambiental? La pregunta es: ¿Cómo se puede aprobar una enmienda así y luego mantenerla aquí? ¿Cuál es la autoridad moral que tenemos? ¿Cómo podemos decir que vamos a aprobar una ley sobre responsabilidad ambiental, que hemos vaciado de contenido, para que cuando nuestras empresas vayan a terceros países, con fondos provenientes del Estado, puedan operar sin responsabilidad ambiental? A mí no solo me decepciona, sino que como legislador me frustra. No por mí, me frustra por ustedes. Me frustra que el lobbysmo haya hecho mella también en el Grupo Parlamentario Socialista, porque no lo entiendo. No entiendo cómo en un tema tan grave como este, pueden haber aprobado una enmienda que simplemente hace una remisión a la aplicación de los convenios internacionales que España suscriba y que el otro país también haya suscrito; esto no es así. Primero, esto no es así en las formas.
Cuando alguien pacta una ley, para modificarla tiene que hablar con quien ha pactado la ley. Y esto no es así en los contenidos. Una ley no se puede vaciar de contenido con una disposición adicional, en este caso la decimotercera, privando de esos efectos cuando las empresas españolas operan en el extranjero. Eso no dice mucho de la mayoría parlamentaria que aprueba esta disposición adicional tercera.


Señor presidente, nuestro grupo parlamentario va a pedir la votación separada de ese artículo y apela a los pocos diputados socialistas que hoy nos siguen y a quien se haya podido enterar a que reflexionen, a que levanten la enmienda que se incorporó en la disposición adicional decimotercera y volvamos al texto original, porque, si no, tendremos una ley con doble rasero. Las empresas tienen responsabilidad aquí, pero las empresas españolas con fondos estatales y recursos del Gobierno de España o de las administraciones cuando salen al extranjero no tendrán que cumplir con esa responsabilidad. Ustedes han hecho que la ley tenga menor exigencia medioambiental que la que había salido del Congreso. En el trámite en el Senado había otra enmienda del Grupo Vasco con la que hubiésemos coincidido. El Grupo Vasco plantea en el Senado que esa empresa no tenga que devolver recursos si rehace el daño ambiental que haya causado. Nos parecía un punto de encuentro; nos tenemos que entender con las operadoras que actúan en el extranjero y esa podía ser una solución. Ustedes han optado por lo peor y les exigimos -no les pedimos-, ya que tuvimos un comportamiento leal en el Congreso y no nos descolgamos con una enmienda que vacía la ley, porque para nosotros esta ley y esta disposición adicional son importantes, que vuelvan al texto original y que levanten la enmienda.


Muchas gracias, señor presidente.


El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Herrera.


Grupo Vasco. Señor Txueka, por favor.


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El señor TXUEKA ISASTI: Gracias, señor presidente.


Ya fijamos nuestra posición en los debates del Congreso y del Senado.
Hemos votado a favor del texto y las enmiendas transaccionales incorporadas en el Senado también han contado con nuestro apoyo. Creemos que es una ley correcta y la vamos a apoyar.


Muchas gracias.


El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Txueka.


Esquerra Republicana. Señora Bonàs.


La señora BONÀS PAHISA: Gracias, señor presidente.


Señorías, llegamos al tramo final de una de las leyes más importantes de esta legislatura. Seguramente no tendrá muchos titulares, pero es piedra angular para el futuro medioambiental. Episodios como la contaminación de Flix y de Aznalcóllar, que todos ustedes recuerdan, hasta ahora eran imposibles de evitar, pero con esta ley vamos a dar un paso hacia delante para que la sociedad no tenga que sufragar los gastos consecuencia de los vertidos o de accidentes medioambientales, entre comillas. Actualmente en el pantano de Flix residen entre 200.000 y 280.000 toneladas de sedimentos, fruto de un siglo de vertidos. La responsable de estos sedimentos es actualmente la empresa Ercros Industrial S.A., antes Erkimia. La ausencia de una legislación medioambiental ha hecho que sea imposible exigir a Ercros que sufrague siquiera en parte los costes de la tarea de descontaminación del Flix. Según el presidente de la corporación de Ercros no hay responsabilidades en el asunto porque cuando se produjo no había legislación. Señorías, esto era cierto, pero esperemos que dentro de poco no sea así. Suponiendo que se hubiera sancionado a Ercros a sufragar la descontaminación del Flix, la empresa no habría podido hacer frente a los gastos, ya que se declaró insolvente. La empresa pertenecía al Grupo Torras, donde unas sociedades detraían fondos de otras. Por cierto, el ex ministro Piqué, como ustedes recordarán, tuvo responsabilidades en este grupo empresarial. Flix o Aznalcóllar no se evitarán con esta ley, pero no quedará a expensas de la Administración solucionar con dinero público los gravísimos y costosos problemas ocasionados por empresas privadas que han otorgado grandes beneficios a personas privadas.


Como SS.SS. saben, esta ley supone la trasposición de la Directiva Europea 2004/35, que establece para ciertas actividades un régimen de responsabilidad ambiental ilimitada, que las obligará a la reparación de posibles daños medioambientales sobre especies protegidas, hábitats, suelos, aguas superficiales y subterráneas, así como riberas de mar y de las rías. Asimismo -y esto es muy importante-, busca evitar que los daños ambientales lleguen a producirse, obligando a las operadoras de actividades económicas a adoptar las medidas de prevención que resulten necesarias ante amenazas del medio ambiente. Aparte de lo establecido por la directiva, el principal punto positivo, la piedra angular de la ley es que establecerá sobre algunas actividades la constitución obligatoria de una garantía financiera que asegure la capacidad de responder a los daños medioambientales que eventualmente se produzcan. Se trata de un punto que la directiva permite pero al que no obliga. Valoramos muy positivamente la opción del Gobierno de España en este sentido, puesto que sin esta prevención difícilmente la ley podría ser operativa. Hemos pasado del quien contamina paga al quien contamina repara.


Nuestras principales críticas a esta ley se hallan en su limitado alcance, es decir, el gran número de actividades que continuarán eludiendo su responsabilidad ambiental. Nos preocupa que hayan quedado fuera de la ley los riesgos derivados de la energía nuclear. En nuestra opinión, es injustificable puesto que se trata de uno de los mayores riesgos medioambientales a los que, en su caso, debería hacer frente la sociedad.
Esto pone en contradicción la valoración de que la energía nuclear es más económica, porque si la energía nuclear no puede asumir la garantía de posibles daños medioambientales es que algo está en contradicción.
Tampoco compartimos que la ley haya excluido la liberación accidental de organismos modificados genéticamente. Ambas excepciones fueron objeto de enmiendas por parte de Esquerra Republicana.


Otro aspecto con el que fuimos críticos en nuestras enmiendas es con el alcance del sistema de garantía, principal herramienta para llevar a cabo las obligaciones de la ley. En este sentido proponíamos rebajar el límite a partir del cual debería ser obligatorio disponer de garantía, aumentar los topes máximos de los que responder y suprimir la exención a la obligación de constitución de garantía financiera para la utilización de los productos fitosanitarios y biocidas. Presentamos diferentes enmiendas competenciales, algunas parcialmente recogidas. De las enmiendas presentadas por Esquerra veinte fueron introducidas en sus términos y se adoptaron otras enmiendas transaccionales, tales como que anualmente las autoridades competentes darán a conocer las sanciones firmes impuestas por las infracciones de la ley, así como los operadores responsables.


Respecto a las modificaciones remitidas por el Senado, consideramos que la mayoría son de carácter técnico y las votaremos a favor. También votaremos a favor de la supresión del apartado 5 de la disposición adicional segunda. Consideramos que es una anomalía que las actividades relacionadas con defensa tengan, prácticamente, carta blanca respecto de cualquier obligación medioambiental. En todas las leyes medioambientales siempre se omite la responsabilidad de las actividades relacionadas con defensa. Por primera vez hay un pequeño paso hacia delante que supone eliminar la mención a estas actividades en dicha disposición adicional.
Felicitamos al Senado. También queremos felicitarle por la nueva disposición adicional en relación con la compensación de daños por la rotura de la presa de Tous. Con ella se reconocen las reivindicaciones de

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cuarenta y cuatro afectados de la comarca de la Ribera Alta por los daños sufridos como consecuencia del hundimiento de la presa de Tous en 1982.
Esto hace justicia a una antigua reivindicación de las familias que en su momento quedaron accidentalmente excluidas de indemnización.


Vamos a votar en contra de la modificación a la disposición adicional decimotercera, a raíz de la enmienda 126 presentada en el Senado por el Grupo Socialista. Es cierto que salió del Congreso, que fue aprobada por unanimidad y que contaba con el respaldo de diferentes organizaciones sociales. Establecía que las obligaciones previstas en la ley serían de aplicación para aquellas empresas españolas que actuaran en terceros países con el respaldo de ayudas públicas. El texto que vuelve del Senado vacía de contenido este punto, puesto que en vez de remitirse al cumplimiento de la ley, se remite a los acuerdos, principios, objetivos y normas internacionales que España suscriba, las cuales, señorías, concretan muy poco sobre medio ambiente y nada sobre responsabilidad ambiental. Por tanto, vacían de contenido esta disposición adicional.
Esperemos que los grupos que votaron en Comisión a favor del texto de la ley sean coherentes con su voto de entonces y ahora voten en contra de esta enmienda del Senado presentada por el Grupo Socialista. También votaremos en contra de la enmienda 87 del Grupo Parlamentario Vasco en el Senado, que amplía los plazos medio año, porque consideramos que la ley ya es suficientemente amplia y no es necesario alargarlos más.


La ley que hoy quedará definitivamente aprobada va un poco más allá de lo que la directiva exigía y ha incorporado bastantes enmiendas que nuestro grupo presentó. Nos felicitamos por ello. Sin embargo, el campo para avanzar es aún importante. Vamos a seguir insistiendo para que las sugerencias que hemos lanzado y no han prosperado sean incorporadas en futuras modificaciones. Hoy, señorías, en estos Presupuestos del Estado continuamos pagando la descontaminación de Flix a costa de otras inversiones en Cataluña. No se les olvide que este no es dinero extra, porque con este dinero de Flix no podemos pagar el saneamiento de las aguas de Cataluña. Los catalanes hemos pagado el canon del agua, hemos pagado nuestro saneamiento y continuaremos pagándolo gracias a que ahora tenemos que pagar Flix. Hoy en día no disponemos de recursos. No sabemos si en estos presupuestos podremos disponer de recursos para invertir en las infraestructuras de saneamiento en las se debería invertir en Cataluña, pero sí tenemos que invertir en Flix, mientras unos señores que un día forjaron grandes fortunas serán los próceres del mañana. Señorías, estamos ante una ley muy importante. Esperamos que se apruebe por unanimidad en la Cámara y que sigamos avanzando para mejorarla.


El señor PRESIDENTE: Gracias, señora Bonás.


Convergència i Unió. Señor Guinart.


El señor GUINART SOLÁ: Gracias, señor presidente.


Señorías, intervengo en nombre del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió) para fijar nuestra posición final en la tramitación del proyecto de Ley de Responsabilidad Ambiental, que con este trámite parlamentario de aceptación o rechazo de las enmiendas del Senado está llegando a su fin.


En nuestras intervenciones anteriores en Comisión ya mostramos la necesidad y la importancia de esta ley para que el Estado español, con el respeto debido a las competencias autonómicas en este ámbito, disponga de un instrumento legal y eficaz para perseguir un objetivo loable y de amplio consenso como es el de la preservación del patrimonio natural y del medio ambiente, durante tanto tiempo amenazado por la actividad humana y que seguirá siéndolo si no intentamos poner remedio con diversas medidas, entre otras las que prevé este proyecto de ley. Esta iniciativa legislativa pretende dar soporte legal a la frase hecha de que el que contamina paga, como decía el señor Mardones hace escasos minutos. El que genera un impacto negativo sobre la naturaleza debe ser responsable de su reparación. Establece un principio que hoy en día en el Estado español nos parece obvio, elemental e indiscutible, pero que no lo era tanto hace pocos años y que sigue sin serlo en algunos otros países, especialmente del Tercer Mundo, como se decía hace escasos momentos en el debate suscitado sobre la disposición adicional decimotercera, en relación con la responsabilidad de algunas empresas españolas por su actuación en esos países.


Nuestro grupo ha apoyado desde su inicio la tramitación de la ley.
Presentó únicamente doce enmiendas al texto original -algunas fueron incorporadas en la ponencia, otras fueron transaccionadas e incorporadas en Comisión- y votó favorablemente el dictamen. Ahora, en esta última fase del procedimiento, con las enmiendas del Senado, nuestro grupo seguirá apoyando el sentido general de la norma, por oportuna y necesaria. Votaremos favorablemente las enmiendas vivas que llegan del Senado, algunas de ellas originarias de iniciativas de nuestro grupo en aquella Cámara. Algunas son de carácter autonómico, como por ejemplo la del artículo 42 o la relativa a la disposición adicional segunda; otras son enmiendas técnicas, gramaticales algunas, y otras tienen sentido a partir de la función de segunda lectura que tiene el Senado, que fundamenta su existencia y que intenta -y en este caso lo consigue, a nuestro juicio- mejorar el texto. Destaco la enmienda al artículo 42 por su contenido autonómico, en tanto en cuanto introduce que las autonomías puedan designar a quienes integren el grupo de los interesados a efectos de la aplicación de la ley, así como la enmienda a la disposición adicional segunda, en la que se suprime la reiteración de las actividades de la defensa, que quedan excluidas del contenido de la ley. También quiero destacar la redacción definitiva de la disposición adicional decimotercera, que se refiere a los daños en países terceros

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y la respuesta a los mismos, pues consideramos que se ha encontrado un punto medio y de equilibrio en su formulación, desde una posición que debe ser realista pero estar inserta en un de mayor exigencia. Celebramos la incorporación de la disposición adicional nueva -sería la decimocuarta-, que hace referencia a los damnificados por la rotura de la presa de Tous, reprimiendo un cierto sentido de vergüenza que produce que los daños de aquella catástrofe de hace casi veinticinco años tengan que resolverse ahora al cabo de tanto tiempo, lo cual nos lleva a pedir disculpas a los damnificados, a esas cuarenta y cuatro personas, por el sistema que no ha funcionando en tanto en cuanto hemos solucionado tan tarde sus cuitas. También votaremos a favor de las enmiendas a los anexos II y III, pues ambas se refieren al respeto debido a la normativa autonómica. Y finalmente, como ya he anunciado, votaremos a favor de la globalidad de la norma.


Muchas gracias.


El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Guinart.


Por el Grupo Parlamentario Popular señor Esteve.


El señor ESTEVE FERRER: Gracias, señor presidente.


Señorías, estamos en el trámite final de un proyecto de ley que tiene como objeto la trasposición de la directiva sobre responsabilidad ambiental, un texto que nos viene del Senado con muy pocas modificaciones. Si excluimos las que hacen mención a erratas, errores de concordancia o correcciones técnicas, apenas podemos resaltar cinco modificaciones de cierta relevancia. Nos referimos, en primer lugar, a la modificación relativa a la constitución de las garantías financieras por determinados operadores económicos para hacer frente a las responsabilidades derivadas de esta ley que tanto el Grupo Socialista como el Gobierno pretenden fijar de forma obligatoria y con carácter inmediato sin esperar siquiera a que la Comisión Europea emita, a mediados de 2010, el informe sobre las condiciones que deben reunir los seguros que ofrezcan dicha garantía financiera. Es cierto que la directiva que trasponemos invita a fomentar este tipo de garantías, pero de fomentar a imponer obligatoriamente se da un salto cualitativo que puede ir en contra de la competitividad de nuestras empresas, teniendo en cuenta que solo España y Austria acogen esta obligatoriedad desde el primer momento. Nos alegramos de la modificación realizada por el Senado y esperamos que se respete en este trámite parlamentario no solo por razones de la competitividad de las empresas a las que hacía referencia, o por las distorsiones que pueda haber en el mercado, sino porque a día de hoy las compañías aseguradoras no están preparadas para ofrecer este tipo de garantías y, además, si las ofrecen será de forma muy selectiva y a unas primas totalmente desorbitadas.


En segundo lugar, se amplía el concepto de interesado a los efectos previstos en esta ley, es decir, a los efectos de poder denunciar fundamentalmente, ampliación a la que nos oponemos. No entendemos el empeño de que sea más fácil tener la condición de interesado a la hora de denunciar o de iniciar un proceso sancionador, que acceder a la participación pública o a la justicia en materia medioambiental. Se establecen menos requisitos aquí que entonces. Tampoco entendemos por qué el Grupo Socialista no ha intentado consensuar ningún tipo de medida que intente paliar que existan denuncias irresponsables infundadas o abusivas a este respecto. Tampoco compartimos que la condición de interesado varíe en función de la comunidad autónoma de que se trate. El Partido Popular en todos los textos legales siempre persigue la mayor seguridad jurídica y no podemos apoyar aquellas que vayan en contra de ésta.


La tercera modificación pretende suprimir la imposibilidad de establecer normas más exigentes respecto a daños medioambientales producidos por actividades que tengan como principal propósito servir a la defensa nacional, la seguridad internacional o la protección contra los desastres naturales. No tiene sentido que se suprima -se dice que por reiteración- porque si en el ámbito de aplicación no están incluidas, lo que no puede ser es que a través de un atajo, de unas normas medioambientales más exigentes, las podamos incluir. O se quita o, si no, seamos congruentes.


En cuarto lugar, en el Senado se da una nueva redacción al régimen de responsabilidad medioambiental en el exterior. A tenor de que España se adhirió en su día al pacto Pidesc dentro de Naciones Unidas, los distintos grupos políticos de esta Cámara llegamos a una transacción por la que pretendíamos asegurar, promover y defender los derechos económicos y sociales de los ciudadanos del entorno global. Buscábamos garantizar que quien reciba apoyo con recursos públicos responda de los daños que cause, pero también tendrá que reconocer el señor Herrera que llegamos a un acuerdo en la Comisión de Medio Ambiente de una forma un tanto precipitada. Creo que no evaluamos el alcance y que, como el mismo ha dicho, ese texto era mejorable. Tampoco creemos que el que presenta hoy el Senado sea mejor que el que salió de aquí. Ante esas dudas, nuestro grupo se va a abstener.


En quinto lugar y último, de entre las modificaciones realizadas por el Senado la aportación más significativa es la disposición adicional nueva relativa a la compensación de daños por la rotura de la presa de Tous. A través de esta disposición adicional el Senado primero y hoy el Congreso vamos a hacer justicia después de veinticinco largos años de lucha.
Dentro de dieciséis días se cumple su aniversario. Desde aquel fatídico 20 de octubre de 1982 un colectivo de damnificados agrupados en una asociación cuyos máximos exponentes, Salvador Calatayud y Celia Aliaga, junto con los alcaldes de Carcaixent, Sumarcarcel y Antella -dos hoy aquí presentes, y a los que quiero aprovechar para dar la bienvenida-, han luchado por conseguir corregir un error cometido por la Administración al no incluirlos en la lista oficial

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de damnificados en su momento. Gracias a la determinación y la constancia de los que hoy nos acompañan en la tribuna, como las de otros muchos que no nos acompañan pero que también han luchado por conseguir esto -como don José María Chiquillo y otros senadores de distintos grupos parlamentarios-, hoy se va a reparar esta ya casi histórica injusticia, de cuya solución nos congratulamos y pedimos perdón a los damnificados por el retraso en su adopción.


En definitiva, señor presidente, señorías, hoy ponemos fin a la tramitación parlamentaria de un texto legal que con nuestra aportación ha mejorado la definición de algunos conceptos que en el proyecto de ley estaban difusos, que ha mejorado el papel de las autoridades españolas en los daños transfronterizos y ha dotado de mayor seguridad jurídica la definición de los métodos que deben servir para fijar la cuantía de las garantías financieras a las que antes nos referíamos. Sin embargo, tanto en su trámite en el Congreso como durante su paso por el Senado hemos perdido varias oportunidades: la oportunidad de sacar de la indeterminación jurídica el concepto de actividad profesional o económica, o de dotar de claridad al texto a la hora de identificar especies y hábitats dignos de protección que el texto remite a otros textos, y así sucesivamente, que nos llevan a una maraña legislativa sin sentido, llena de reiteraciones y de complicada interpretación. Hemos perdido la oportunidad igualmente de incluir entre las exclusiones del ámbito de aplicación de la ley los daños o amenazas inminentes cuando los mismos sean provocados por actos terroristas. No entendemos por qué ni tampoco nos parece bien que un operador económico no tenga que responder por los daños producidos por actos derivados de un conflicto armado en la guerra civil o en una insurrección, y sin embargo sí tenga que responder de aquellos que sean consecuencia de un acto derivado de un atentado terrorista del que el operador no es más que una víctima. Y no lo entendemos cuando el propio texto habla de exclusiones con términos tan vagos como que sean actos derivados de hostilidades; por tanto, por qué no incluir los actos terroristas.


Del mismo modo, y en otro orden de cosas, no entendemos por qué el Gobierno se opone a que se realice un estudio sobre las carencias respecto a determinados residuos o materias que tienen nuestros sistemas de gestión o tratamiento y que se presenten soluciones a esas carencias.
No lo entendemos porque parece ser que se está desarrollando un plan nacional de residuos. Señorías, si se está desarrollando, se habrán analizado las carencias, y si se han analizado las carencias, ¿qué problema hay para presentar aquí ese estudio y las propuestas para solucionarlas? Y si no es así, mal plan nacional de residuos vamos a tener.


Para terminar, lamentamos que el Grupo Socialista y el Gobierno no hayan permitido dar solución a dos claras incongruencias recogidas en el texto.
No tiene sentido que por un lado se establezcan determinadas circunstancias que pueden dar la inexigibilidad de la obligación de sufragar costes, y por otro que aquel a quien le es inexigible esa obligación se le diga que lo sufrague y que luego ya lo recuperará.
Señorías, si al final tiene que ser la Administración la que lo pague, que lo pague desde el primer momento, pero si no es exigible no tiene sentido que si no tienes responsabilidad tengas que pagar para luego recuperar. Tampoco tiene sentido que en la definición de operador, siguiendo lo que dice la propia directiva, se incluya a las personas jurídicas públicas para luego decir que estas personas jurídicas públicas, cuando actúan como operadores, no se les puede entender sujetos responsables de las infracciones. ¿Por qué se les incluye en la definición de operador si luego no pueden ser sujetos responsables? Y si no pueden ser sujetos responsables, ¿por qué luego se dice que no tendrán que hacer frente a la garantía financiera obligatoria?

En definitiva, creemos que nos hemos limitado a trasponer una directiva sin grandes aportaciones, una directiva respecto de la que compartimos sus principios, sus objetivos y la aportación que realiza en beneficio del medio ambiente, pero respecto de la que no podemos dejar de sentirnos con un cierto grado de insatisfacción al haber perdido la oportunidad de hacer una ley más clara, con menos indeterminaciones conceptuales, con más aportaciones por parte de ambas Cámaras y dotada de mayor seguridad jurídica.


Muchas gracias. (Aplausos.)

El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Esteve.


¿Grupo Socialista? Señora Colldeforns.


La señora COLLDEFORNS I SOL: Gracias, señor presidente.


Señorías, paso a explicar nuestra posición respecto de las trece modificaciones que nos han llegado del Senado a la Ley de Responsabilidad Ambiental. Vamos a votar favorablemente todas ellas excepto tres, y voy a explicar las dos modificaciones principales a las cuales nos vamos a oponer. En primer lugar, nos opondremos a la pretensión del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió) de suprimir el punto 5 de la disposición adicional segunda, por la cual las comunidades autónomas podrían legislar sobre actividades realizadas por razón de la defensa nacional. La portavoz del Grupo Parlamentario Esquerra Republicana de Catalunya se ha referido a ello pero por motivos distintos. Yo simplemente les quiero decir que, puesto que la propia directiva excluye la defensa nacional del ámbito de aplicación y la propia ley lo deja muy claro, mantener esta disposición adicional podría acarrear una sanción de la Unión Europea por mala trasposición; no se lo digo por nada más. Es algo que está en nuestra obligación evitar y por eso le pido que lo reconsideren.


La segunda modificación a la que vamos a oponernos es la introducida por el Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV), por la cual se prevé alargar el periodo de puesta en marcha de la garantía financiera en ocho meses respecto de lo que prevé la ley. El motivo de fondo no

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son unos meses más o unos meses menos sino que la aprobación en sus términos podría dar la sensación, falsa por otra parte y por tanto con efectos negativos para los objetivos de la ley y las propias empresas españolas, de que no hay que hacer nada hasta el 1 de enero de 2011. Esto no es verdad; el desarrollo de esta ley requiere un trabajo que se explicita en la propia ley, que me consta además que el Gobierno ya ha empezado y por eso creemos que tres años -que es lo que da la ley- es suficiente. Por tanto, señoría del Partido Popular, no hay ninguna precipitación, tres años nos parece suficiente.


En cuanto a las modificaciones que vamos a votar afirmativamente, paso a hacer referencia a una que ha suscitado un discurso que lamento por parte del portavoz del Grupo Parlamentario de Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya Verds. Señor Herrera, le digo con todo el cariño que me ha parecido que su discurso era más el fruto de lo que en catalán decimos una rebequería, una pataleta, que cualquier otra cosa. Pero es que, además, le ha llevado por una deriva que a mí me duele. No es verdad que el Grupo Parlamentario Socialista sea desleal, no es verdad que por la puerta falsa se introduzcan modificaciones. Señoría, resulta que el portavoz de Entesa en el Senado es de su grupo y me consta que este diputado ha discutido hasta la saciedad esta enmienda con el portavoz del Grupo Parlamentario Socialista y con nuestros senadores. La verdad, lamento y espero que sea temporal que entre por la deriva, tan querida por nuestra portavoz del Grupo Parlamentario Popular, de torcer la verdad y luego descalificar el comportamiento. Esto es algo que no podemos permitir.


Le voy a explicar. La enmienda que presentó el Grupo Parlamentario Socialista estaba a años luz de la propuesta del Partido Popular, que consistía, lisa y llanamente, en suprimir esta enmienda. Nosotros hemos planteado una solución, algo que llevó a un consenso democrático, no a un acuerdo oscuro por la puerta falsa, a un acuerdo democrático que además será refrendado aquí, por el cual vamos a avanzar con seguridad -señor Herrera, con el respaldo del derecho internacional- en garantizar el comportamiento ambiental correcto de las empresas en el exterior. Por ejemplo -escúcheme, por favor-, usted ha afirmado que esta enmienda no es nada. Pues bien, yo le digo que, con esta enmienda, las empresas que en el exterior se porten mal van a tener que devolver las ayudas públicas; es más, durante dos años no van a poder recibir ayudas públicas.
Señorías, esto es un avance y pretendemos avanzar un paso con seguridad que diez en el vacío.


La otra enmienda que vamos a votar favorablemente, que ya ha sido citada aquí, es la correspondiente a reparar la gran injusticia que se hizo con los damnificados de la presa de Tous. Señorías, por un lado, a nosotros nos da satisfacción que sea un gobierno socialista el que repare esta injusticia pero, por otro lado, y siguiendo lo que han dicho los otros portavoces, les pido disculpas y les prometo que el Grupo Socialista va a trabajar para que en el futuro no pueda darse un caso como este. Lo que está en duda y a mí me produce desazón es que un error administrativo tarde diez años en resolverse, porque esto quiere decir que la calidad de nuestra democracia realmente no es muy buena. Este grupo se compromete a trabajar, como ha venido haciendo y lo continuará haciendo con más tesón todavía, para que la calidad de la democracia de nuestro país esté a la altura de lo que todos los españoles nos merecemos.


Por último quiero agradecer a todos los grupos -y lamento la actitud del señor Herrera- no solo su unanimidad en esta enmienda relativa a la presa de Tous a la que me acabo de referir, sino también su colaboración a lo largo de toda la tramitación. Señorías, de nuevo en España la trasposición de una directiva europea se convierte en una normativa innovadora -lo dijo un senador que no era del Partido Socialista, lo estoy copiando, y yo añado: prudente a la vez- que configura un marco legal en el que se puede avanzar con seguridad y rigor en la necesaria protección de la naturaleza. Un marco que asegura, por un lado, la pronta reparación del daño producido, pero sobre todo porque el objetivo de la ley no es solo reparar sino prevenir que este daño sea posible. Por ello, se crea -y es lo importante- un marco jurídico-económico que incentiva, que fuerza, que obliga a las empresas a ser conscientes del daño potencial que su actividad económica puede causar y que a la vez introduce todas aquellas medidas que eviten este daño.


Debo decir que, fruto de la colaboración con todos los grupos, incluido el Grupo de Izquierda Unida pero también el Partido Popular y todos los grupos que están aquí y a los cuales reitero mi agradecimiento, se ha producido una serie de cambios en la ley y yo pido que, una vez concluido el trámite, se les encomiende a los servicios jurídicos de la Cámara el repaso exhaustivo del preámbulo para que las modificaciones tan importantes que hemos introducido y que hemos aprobado, como el propio objeto de la ley, que ya no es solo la fauna y la flora sino también, con el concurso de Izquierda Unida, la ribera del mar o las rías, o también el número de disposiciones finales aprobadas, sean incorporadas en el preámbulo para que la aplicación de esta ley sea fácil y segura. A este empeño nos vamos a comprometer el Grupo Socialista.


Muchas gracias. (Aplausos.)

El señor PRESIDENTE: Gracias, señora Colldeforns.


- PROYECTO DE LEY ORGÁNICA REGULADORA DE LOS DERECHOS Y DEBERES DE LOS MIEMBROS DE LA GUARDIA CIVIL. (Número de expediente 121/000131.)

- PROYECTO DE LEY ORGÁNICA DEL RÉGIMEN DISCIPLINARIO DE LA GUARDIA CIVIL.
(Número de expediente 121/000132.)

El señor PRESIDENTE: Puntos 35 y 36 del orden del día, que se van a debatir acumuladamente por com

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partir el objeto del debate. En primer lugar, proyecto de ley orgánica reguladora de los derechos y deberes de los miembros de la Guardia Civil y, en segundo lugar, proyecto de ley orgánica del régimen disciplinario de la Guardia Civil.


Fijación de posiciones. Señor Rodríguez.


El señor RODRÍGUEZ SÁNCHEZ: Gracias, señor presidente.


Estamos por primera vez ante un salto en el proceso de democratización que hasta ahora no consiguió traspasar los muros de las casas cuartel de la Guardia Civil, y con el pretexto de que había que someterse a la necesidad del servicio y al espíritu militar se estaban cometiendo prácticas inconstitucionales con este cuerpo que padeció represión por defender los derechos civiles, una jornada laboral adecuada, el descanso necesario y un sueldo justo. Afortunadamente, en esta ocasión, a través de estas dos leyes orgánicas, la reguladora de derechos y deberes de los guardias civiles y la que se refiere a la cuestión disciplinaria, vamos a dar este salto cualitativo, aunque sea con algunas limitaciones.


En este sentido, queremos enunciar que en relación con la Ley orgánica de los derechos y deberes de los guardias civiles vamos a apoyar las enmiendas del Senado, unas porque son efectivamente correcciones lingüísticas que mejoran sustancialmente la redacción del texto o que incluso lo hacen legible, otras porque significan mejoras técnicas en lo que se refiere a los derechos a tener un domicilio libre en relación con su puesto y respecto con los deberes y funciones que debe desempeñar el cuerpo, porque también representan mayores garantías para que las minorías puedan estar representadas en el consejo, rebajando precisamente a un representante más por escala por un número de 4.000 funcionarios de la Guardia Civil, y también porque la disposición adicional primera se elimina para que no se apliquen normativas de carácter militar de las Fuerzas Armadas incluso cuando hay presencia de guardias civiles en el extranjero. En relación con la Ley orgánica del régimen disciplinario, aparte de las mejoras que el Senado ha establecido en cuestiones lingüísticas, está claro que es muy importante que se acorten los plazos de prescripción de faltas, que haya más garantías para las prácticas de pruebas y que incluso el Ministerio del Interior pueda tener margen de apreciación pertinente en la ejecución de medidas de sanción que conllevan la separación del servicio por si de una manera cautelar y más rigurosa se pueden rebajar precisamente este tipo de sanciones. Vuelvo a repetir que es un paso cualitativo y la propia práctica de estas leyes irá diciendo si el asociacionismo habrá que aceptarlo como sindicalismo -al fin y al cabo es una mera distinción puramente eufemística- y también si los residuos de militarización que quedan -que ya son pocos- se eliminan definitivamente, por lo cual abogamos.


Por último, señor presidente, queremos hacer un recuerdo a todos aquellos guardias civiles que lucharon por el derecho de asociación profesional de los miembros de su cuerpo precisamente para estar de acuerdo con el artículo 22 y 104.2 de la Constitución española, y que también lucharon por la desvinculación del Código Penal Militar que tantos sufrimientos provocó a miembros de la Guardia Civil simplemente por querer democratizar el cuerpo. La desaparición de arrestos y de la privación de libertad significa en estos momentos un reconocimiento que desgraciadamente no fue tenido en cuenta para otros guardias civiles y que en tiempos democráticos, no ya en tiempos del franquismo, sufrieron persecución precisamente por defender estos derechos. Vaya nuestro recuerdo y el deseo también de que sean rehabilitados los guardias civiles injustamente represaliados en su día por solicitar de forma pacífica el reconocimiento de los derechos constitucionales para su colectivo, y pedimos que regresen a la carrera de la cual fueron separados. Son pocos los que hay y, francamente, no se debía permanecer en esta injusticia. Recuérdese que incluso estos hombres, como José Morata, Manuel Rosa, Manuel Linde Falero o José Carlos Piñeiro, fueron condenados y expulsados por observar conductas gravemente contrarias a la disciplina militar pero, ¡ojo!, que no constituían delito.


Francamente, señorías, el paso que damos hoy, que vuelvo a repetir que es importante, estaría más completo si se reconociese este derecho de reintegración. Nuestra felicitación al Cuerpo de la Guardia Civil y, en todo caso, estoy por asegurar que lo que queda por avanzar lo conseguiremos a partir de esta legalidad.


Muchas gracias.


El señor PRESIDENTE: Señor Mardones.


El señor MARDONES SEVILLA: Muchas gracias, señor presidente.


Desde Coalición Canaria valoramos muy positivamente estas dos nuevas leyes, una de ellas orgánica, referidas tanto a derechos y deberes de los guardias civiles como a la regulación del régimen disciplinario correspondiente. Creemos que abren unas nuevas expectativas en un Estado democrático de derecho como es España para la utilización inteligente, pero sometida al imperio de la ley, de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, en este caso de la Guardia Civil.


Respecto a las enmiendas que nos llegan del Senado, Coalición Canaria votará favorablemente la enmienda al artículo 6, libertad de desplazamiento y circulación, por entender que se garantiza este derecho, pero al mismo tiempo se hace una referencia explícita al deber de residencia. Tiene que ser compatible el deber de residencia con un derecho del ciudadano a moverse con libertad por todo el territorio nacional. En cambio, vamos a votar en contra de la enmienda al artículo 53, composición del consejo. Los avances hay que hacerlos paso a paso. Me parece sensato mantener la cifra de 6.000 guardias civiles para tener un representante en el consejo de la Guardia Civil que trae el texto del proyecto originario que aprobamos en el Congreso, pues la Guardia Civil

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tiene más de 70.000 efectivos. En la enmienda del Senado se habla estamos de acuerdo con el sufragio universal, libre, directo y secreto, ya se da por entendido en una sociedad democrática- de 4.000 guardias civiles.
Vamos a ver si la representación de los 6.000 guardias civiles que estuvieran en activo en la escala correspondiente da el derecho de representación adecuado y eficaz. Nosotros aconsejamos prudencia, ir avanzando paso a paso y no aprobar estas diferencias entre 4.000 y 6.000.
Por tanto, votaremos en contra de esta enmienda del Senado para dejar la cifra de 6.000 guardias civiles que estuvieran en activo en dicha escala para tener este representante en el consejo de la Guardia Civil.


Votaremos también en contra de la enmienda que llega a la disposición adicional primera, de aplicación del régimen de derechos y deberes de las Fuerzas Armadas. La enmienda del Senado propone suprimirlo. El propio artículo 1 de esta ley orgánica recalca una vez más el carácter de instituto armado de naturaleza militar de la Guardia Civil, y esto se refiere a las operaciones en el exterior. Los escenarios donde las Fuerzas Armadas españolas de los ejércitos de Tierra, Mar y Aire participan en misiones de paz de las Naciones Unidas o de la OTAN están sometidos a un escenario de mando militar, la disciplina y la doctrina que ahí imperan son el mando militar único. Por tanto, si fuerzas de la Guardia Civil, representantes y efectivos de la Guardia Civil, van a operaciones en el exterior, sería un contrasentido que tuviera que estar allí el mando militar de todos los efectivos que tiene en ese escenario que le han encomendado las Naciones Unidas para resolver los conflictos.
Tengamos en cuenta que recientemente el Consejo de Ministros ha aprobado la creación de cuatro empleos de teniente general de la Guardia Civil, y les quiero felicitar porque este diputado ha presentado muchas veces enmiendas para que se creara la plaza de teniente general en las leyes militares o de la Guardia Civil. Si hemos consagrado este principio de estructura militar jerárquica de teniente general, sería un contrasentido que en operaciones en el exterior la Guardia Civil estuviera como una especie de guarda jurado, de cuerpo u organismo civil de vigilante jurado de seguridad privada. No. En este caso el escenario tiene que ser el lógico. Por tanto, dado que se reafirma el carácter de instituto armado de la Guardia Civil, creemos que esta enmienda es totalmente improcedente y sería absolutamente ineficaz.


Finalmente, respecto a las enmiendas dirigidas al régimen disciplinario, nos opondremos a la enmienda al artículo 7, apartado 24, que introduce la expresión "o psicólogos". En las Fuerzas Armadas está el cuerpo de sanidad médica, farmacéutica y veterinaria, y saben lo que tienen que hacer en todos los casos. Votaremos en contra de la enmienda al artículo 21, prescripción de faltas. Vamos a dejar las cifras que aprobó el Congreso de los Diputados, que mucho las debatimos en el régimen de disciplina. No podemos empezar aquí a reducir, a hacer la rebaja, a decir que las faltas muy graves pasen de tres años a dos, que las graves pasen de dos años a seis meses y que sean dos meses para las faltas leves. Una falta de dos meses no tiene ningún sentido. Votaremos igualmente que no, señor presidente, a la enmienda que llega del Senado al artículo 64 en cuanto a estas reflexiones que hemos hecho en principio. Entendemos que, con la prescripción de faltas que se hace aquí, en cuanto a la separación del servicio, no procede en estos momentos.


Muchas gracias, señor presidente.


El señor PRESIDENTE: Gracias a usted, señor Mardones.


Grupo Parlamentario de Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya Verds.
Señora Navarro.


La señora NAVARRO CASILLAS: Gracias, señor presidente.


En primer lugar, en cuanto a la finalización de la tramitación de los derechos y deberes de la Guardia Civil, regulación fundamental para los guardias civiles que trabajan cotidianamente para garantizar la seguridad ciudadana de todos los españoles, hay que señalar que ha recorrido un largo camino, con un momento revelador cuando pudimos ver a los guardias civiles manifestándose bajo la reivindicación de tener derechos constitucionales, dignidad y ciudadanía plena en el ejercicio de su función. Hoy aquí lo que hacemos es aprobar dos leyes que así lo reconocen. Lo quería la mayoría de la Guardia Civil pero, como ocurre siempre, hay minorías con altavoz que acallan las reivindicaciones, pero Izquierda Unida siempre las escuchó, antes, durante y después, y así consta en todas las actas de esta Casa. El camino ha sido tortuoso, pero hoy, por fin, la Constitución entra en los cuarteles, aunque, como ya dije, entra de lado, pues el sindicalismo, como tal, se quedó en la puerta y no es la clara desmilitarización, pero reconocemos un paso sustancial especialmente a través de toda la tramitación parlamentaria.
Concretamente, respecto a las enmiendas que vienen del Senado se puede considerar que, con carácter general, son positivas, por lo que nuestro grupo parlamentario las va a votar favorablemente.


Por un lado, creemos que las enmiendas que se recogen en el preámbulo de la ley, de derechos y deberes, mejoran la redacción. La enmienda al artículo 6.1 la valoramos positivamente porque refuerza el derecho al libre desplazamiento de los guardias civiles. La enmienda al artículo 53.1.a) posibilita la mayor participación de los guardias civiles en el Consejo de la Guardia Civil, se mejora la redacción introduciendo que el sufragio será universal, libre y directo y también se reduce el número de guardias civiles, de 6.000 a 4.000, que darían derecho a elegir a un representante. Pero lo más relevante es la supresión de la disposición adicional primera que significa la supresión de la aplicación del régimen de derechos y deberes de las Fuerzas Armadas en determinados supuestos.
Porque el mantenimiento del texto en el Congreso establecía una discriminación inaceptable y una

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pérdida de derechos y libertades que no podía obedecer sino a la intención de volver al pasado, al mimetismo con las Fuerzas Armadas. Esta enmienda es la que tiene mayor calado y nosotros la celebramos, porque supone un paso más hacia la conversión de la Guardia Civil en un cuerpo de seguridad única y exclusivamente de carácter civil, sometido a los derechos y deberes que se establecen hoy en esta norma que aprobamos.


Como todo no pueden ser luces, hay sombras, y nos hubiera gustado que se hubieran atendido en el Senado nuestras reivindicaciones como la mejora del derecho fundamental a la intimidad personal; que se exija, antes de llevar a cabo el registro, el previo consentimiento del titular respecto al registro personal o de sus efectos. Respecto al derecho de reunión, que se hubiera mejorado la redacción no recogiendo la autorización previa a la celebración de reuniones en dependencias oficiales. Y así un largo etcétera que han sido las reivindicaciones durante toda la tramitación de esta ley por parte de Izquierda Unida. También entendemos que debería preservarse a los representantes de las asociaciones profesionales del uso de la potestad disciplinaria precisamente para facilitar su trabajo asociativo, así como recoger la disposición del tiempo, horas mensuales y permisos para el desarrollo de sus actividades. Pero todo esto que queda pendiente no es más que el camino que queda por recorrer, porque con esta ley se va a garantizar un cambio sustancial en la posibilidad de llevar a cabo estas reivindicaciones para un colectivo que venía siendo tratado por la legislación como un apéndice de las Fuerzas Armadas, y hoy todo eso va a cambiar. A partir de ahora entran a formar parte de este colectivo las reivindicaciones, el trabajo cotidiano por sus derechos y, por tanto, se acaba el tiempo de los privilegios y las prebendas de unos pocos que se sustentan en la pura nostalgia. Eso sí, este trabajo imparable sobre el que hoy ponemos la primera piedra, se realiza gracias a la lucha y al coraje de aquellos guardias civiles que han luchado con todas las consecuencias por el reconocimiento de derechos constitucionales, entre ellos el del asociacionismo profesional. Así, han puesto la primera gran piedra por la dignificación de la institución y han trabajado desde el coraje, incluso siendo perseguidos por este Gobierno de modo absolutamente incoherente, pues ha sido paralelo a la tramitación de estas dos leyes. Es triste el papel de un Gobierno que persigue a los que reivindican los derechos que el propio Gobierno reconoce posteriormente en un proyecto de ley. Izquierda Unida ha sido todo lo contrario; ha sido coherente y firme en la defensa de los derechos constitucionales y laborales de los guardias civiles, en la modernización, democratización y desmilitarización de la Guardia Civil a través de la creación de un único cuerpo de policía de carácter civil que responda al modelo descentralizado del Estado español.


En cuanto al régimen disciplinario, siempre hemos exigido la modernización y la eliminación de cualquier resquicio existente para aplicar sanciones disciplinarias militares a los agentes de la Guardia Civil. Es conocido que el texto que presentó en esta casa el Gobierno quedó muy lejos de esta reivindicación y también ha sido gracias a una tramitación parlamentaria por lo que se ha mejorado, a pesar de tener serias insuficiencias.


Respecto a las enmiendas que vienen del Senado, valoramos negativamente la relativa al apartado 24 del artículo 8, que equipara los reconocimientos psicológicos a los reconocimientos médicos, y el resto de las enmiendas las valoramos positivamente. Nos hubiera gustado que se hubiesen hecho eco de nuestras reivindicaciones, como la desaparición de la sanción de pérdida de destino o eliminar la doble sanción injustificada, que ustedes han incorporado, así como otras que son también conocidas relativas al Consejo de la Guardia Civil. Lo que más nos llama la atención es que no se haya acogido nuestra reivindicación de la equiparación con el procedimiento contencioso administrativo para el resto de funcionarios civiles. No existe ninguna justificación, ni jurídica ni política, para mantener que sean los tribunales de las Fuerzas Armadas los que enjuicien el ajuste o desajuste jurídico del uso de la potestad disciplinaria a los guardias civiles, a los que no se les aplica el Código Penal Militar.
Solo el temor, el miedo o la dejación de funciones por parte del Gobierno puede darnos pistas de por qué no se avanza en esa dirección obligada. La jurisdicción militar es formalmente jurisdicción, pero no está integrada en el Poder Judicial, y eso, señorías, es algo incontrovertible. Desde Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya Verds se pretende que al mismo tiempo que se aprueba este texto legal, vuelvo a reivindicar que se retire, se rebaje y se finalice cualquier expediente a los guardias civiles por ejercer sus derechos democráticos. Lo que se ha hecho es una mera incoherencia. Vuelvan a la coherencia y actúen como corresponde en aplicación de estos derechos que hoy vamos a aprobar definitivamente. Son el nuevo marco legislativo que va a significar un cambio sustancial en todo el contenido del funcionamiento de la Guardia Civil, que va a formar parte de manera ordinaria de las reivindicaciones en el ámbito de la Guardia Civil. ¿Por qué mantener expedientes a aquellos que lo que han hecho es reivindicar sus derechos? En definitiva, a pesar de las carencias que contiene este segundo texto, reconocemos el tímido avance en cuanto a una reivindicación histórica de este colectivo de funcionarios públicos. Nuestra satisfacción de que, por fin, se apruebe también la reforma del régimen disciplinario y que no se vaya a aplicar el Código Penal militar.


Quiero finalizar con una frase que dice: Aquellos que hablan de la Constitución a todas horas como si fuera suya, son quienes no creen en ella porque no quieren que entre en los cuarteles de la Guardia Civil. Si la Constitución entra en los cuarteles y entra para quedarse, sencillamente no tiene ningún sentido que se mantenga ningún tipo de expediente.


El señor PRESIDENTE: Gracias, señora Navarro.


Grupo Parlamentario Vasco. Señor Olabarría.


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El señor OLABARRÍA MUÑOZ: Señor presidente, señorías, señor ministro. La verdad es que no sé si la Constitución ha entrado en los cuarteles. No forma parte de nuestra retórica parlamentaria realizar afirmaciones tan solemnes y con tanta prosopopeya, pero sí que estamos en un acto parcialmente fallido. Comprendo lo bienintencionado de la causa que se preconiza mediante la presentación de estos dos proyectos de ley, pero no son plenamente satisfactorios.


Señor ministro, le voy a preguntar sin ningún ánimo de que me responda, porque esta pregunta, por mor de haber sido reiterada durante más de veinte años y no haber sido satisfecha la inquietud que mi grupo manifiesta a través de la misma, nos hace que mantengamos la misma persistencia que el señor Mardones preconizando que se cree un nuevo puesto de teniente coronel. Le voy a volver a preguntar qué atavismos históricos -ya veo que no le interesa ni escuchar la pregunta porque la respuesta la damos por conocida- nos obligan a mantener el carácter militar del Cuerpo de la Guardia Civil. Lo digo por si alguna vez, reiterando la pregunta ad nauseam si es menester, obtenemos alguna respuesta satisfactoria sobre esta pretendida vidriosa cuestión. Para nosotros es terriblemente sencilla, tan sencilla como hacer desaparecer la Sala quinta del Tribunal Supremo. Es una enmienda técnico-jurídica que no tiene mayor profundidad ni mayor calado que ese; civilizar incluso en el ámbito disciplinario el régimen de aplicación de los mecanismos jurisdiccionalmente disciplinarios sancionadores del cuerpo. Tengo las mismas pocas esperanzas que tiene el señor Mardones sobre la designación de un nuevo teniente general de que me responda sobre esta pregunta. No obstante, filosóficamente, nos encontramos que los antecedentes históricos son relevantes para conocer qué es lo que ha sucedido en estos dos proyectos de ley con un cuerpo que fue creado en el año 1844 -fue un encargo de Narváez al duque de Ahumada-, que se caracterizó por su carácter represivo durante el sexenio revolucionario entre los años 1868-1874 y luego, filosóficamente, adquirió la impronta que le proporcionó la Restauración canovista, Cánovas del Castillo. No sé hasta qué punto usted participa de esos principios filosóficos u ontológicos, los de Cánovas del Castillo. Yo presumía que el Partido Socialista Obrero Español tenía otros filósofos referenciales respecto a esta y otras cuestiones, pero parece que no se termina de avanzar o que no están particularmente incómodos en esta impronta ontológica y filosófica en cuanto a la configuración del Cuerpo de la Guardia Civil y todavía mantienen entre otras cosas el carácter militar, y no terminan de decir que no a algo que nos parece particularmente aberrante desde una perspectiva intelectual, que es atribuir a este cuerpo el carácter nada menos que de vertebrador de la unidad de la patria, como ha sido preconizado por algún grupo parlamentario, que no consta en el contenido normativo, efectivamente, pero nadie en su grupo parlamentario ha dicho que no sea esta una de las funciones de la Guardia Civil. Nada menos que constituir un elemento vertebrador de la unidad de la patria, como si la Guardia Civil fuera un elemento conceptual identificable y subsumible dentro del concepto de soberanía u otros de esta naturaleza. Pero, en fin, estas parecen cuestiones muy trascendentes para la hora y el día en que nos encontramos. No sé si usted está en posiciones anímicas en este momento para afrontar este tipo de debates, señor ministro. Seguramente usted vendrá no a refutar sino a hacer la correspondiente apología como corresponde.


Quiero indicarle dos cuestiones fundamentales. En el ámbito de derechos y deberes, el acto es parcialmente fallido porque se mantiene el carácter de cuerpo con régimen de sujeción especial, lo cual automáticamente significa la relativización respecto a estos funcionarios públicos de ciertos derechos fundamentales previstos en la Constitución. Me estoy refiriendo particularmente a los consignados en los artículos 20, 21 y 22; artículos cuyo contenido esencial ha sido ya desarrollado por prolija jurisprudencia constitucional y que se limita para estos funcionarios.
Hay limitaciones razonables y otras que no lo son. Por eso estamos hablando en materia de la articulación de los derechos y deberes de un acto parcialmente fallido, señor ministro, señorías.


La libertad de expresión es un derecho que se reconoce a todos los ciudadanos y las limitaciones deben ser identificadas e identificables, y no están identificadas ni identificables. La limitación del contenido esencial no consta con claridad en los preceptos que garantizan de alguna forma, aunque insuficientemente, este derecho. El artículo 21 es el relativo al derecho de reunión. Cuando la jurisprudencia constitucional ha delimitado el contenido esencial de ese derecho, indica solo que tiene que ser una reunión pacífica y sin armas. Las reuniones que han provocado la apertura de expedientes disciplinarios de los funcionarios de la Guardia Civil han sido pacíficas y sin armas. Y el artículo 22 hace referencia al derecho de asociación, que encuentra limitaciones cuando este se configura para la defensa de los derechos laborales. Aunque reconocen que el asociacionismo en el seno de la Guardia Civil tiene esta finalidad -está previsto teleológicamente para la defensa de derechos laborales- y además lo identifican con tres, aunque hay muchos más en materia de prevención de riesgos laborales -la jornada laboral, las retribuciones,etcétera-, no sé a qué se debe esta limitación. Dicen que no se pueden realizar actividades sindicales, semisindicales o cuasisindicales. Es un concepto metajurídico, porque ¿qué son actividades semisindicales? Aquí ocurre como en algunas circunstancias en esta vida, que no voy a reproducir porque son de mal gusto, que solo se puede ser o no ser o solo se puede estar o no estar en esa situación. No hay actividades semisindicales; o hablamos de actividades sindicales, que son las consistentes en la defensa y promoción de los intereses económicos y sociales que le son propios -artículo 7 de la Constitución-, o hablamos de que estamos también limitando el contenido esencial de ese derecho fundamental en relación con la promoción y defensa de los

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derechos laborales de la Guardia Civil, porque incluso a la realización de actividades semisindicales se le incorporan consecuencias disciplinarias.


Dicho esto, pasamos al segundo proyecto de ley, que es el relativo al régimen disciplinario, y aquí si hay un elemento de civilización de la Guardia Civil -en el sentido etimológico del término, entiéndaseme bien-, aquí se civiliza el procedimiento disciplinario, pero estamos ante una oportunidad fallida, no de haber liquidado o amortizado la jurisdicción militar -mediante una enmienda técnica de nuestro grupo que preconizaba modificar dos preceptos de la Ley Orgánica del Poder Judicial, los artículos 55 y 57- y haber procedido a la desaparición, a la amortización de la Sala quinta del Tribunal Supremo, reubicando las competencias de la Sala de lo Militar del Tribunal Supremo, que es una sala extraña dentro de la propia configuración del Tribunal Supremo. Incluso el sistema de nombramientos de magistrados de esta sala es extraño, no es como los demás, no los nombra el Consejo General del Poder Judicial, sino el Consejo General del Poder Judicial y la Administración en un sistema extraño de cohonestación. Esa sala sobra en este momento, y desde esta perspectiva todas las competencias de la Sala quinta del Tribunal Supremo eran reubicables perfectamente en la Sala segunda, en la Sala de lo Penal, o en la Sala tercera, en la Sala de lo Contencioso-administrativo; en la Sala de lo Penal para los recursos de casación y revisión contra el Tribunal Militar Central o los tribunales militares territoriales, y en la Sala de lo Contencioso-Administrativo contra las acciones impuestas a los miembros de la Guardia Civil. No era una enmienda técnico-jurídica de escaso calado y se podía haber afrontado esta materia. No se ha querido hacer. Sin embargo, desde la perspectiva del régimen disciplinario, señor ministro -y perdóneme que se lo diga-, tampoco se acogen los requerimientos de la jurisprudencia constitucional en dos cuestiones tan importantes como las siguientes: la exacta tipificación de los tipos que van a ser objeto de tipificación como infracción y luego sancionados posteriormente. Me estoy refiriendo, por ejemplo, al tipo de desobediencia o la no atención a las indicaciones de los superiores. Es tan difusa la tipificación de esta infracción que vulneraría lo que ya prolija jurisprudencia constitucional exige al legislador, que es que la tipificación en el ámbito del derecho punitivo administrativo tiene que ser tan clara y tan específica como en el ámbito penal, y la falta de tipificación, que es tanto como decir la falta de tipificación clara, provoca un vicio de inconstitucionalidad si no se identifican los preceptos que luego van a ser objeto de sanción. Aquí, en el ámbito de la desobediencia o de la no atención de las indicaciones de los superiores, podríamos estar en ello.


Hay otro problema que también está previsto por la jurisprudencia constitucional y en la propia Constitución, que es la no incursión en el principio non bis in idem. A un guardia civil se le puede castigar dos veces por la comisión de la misma infracción. ¿Por qué? Porque se le puede sancionar por infracciones no canceladas en el registro de infracciones y sanciones cuando se trata de infracciones de carácter grave o leve, tal como prevén los artículos 7 y 8 del proyecto de Ley del régimen disciplinario de la Guardia Civil. O proveen ustedes una cancelación rápida de las infracciones o pueden llegar a la perversión inconstitucional, como decía anteriormente, de sancionar dos veces por la misma infracción o conducta al mismo funcionario.


Por último, hay problemas incluso de ubicación con la jurisprudencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos. Me estoy refiriendo a una sentencia muy conocida por don Ángel Sanjuán y don Antonio Hernando, que es el caso de Costa da Silva contra España, donde se indica que en los procedimientos que afectan a funcionarios sujetos a régimen de sujeción especial, el órgano sancionador tiene que ser el más alejado jerárquicamente del que va a ser objeto de la sanción. Esto no se cumple en este proyecto de ley, en el que los que sancionan son los jerárquicamente inmediatamente superiores a los que van a ser objeto de sanción. No sé si aquí las inspiraciones siguen siendo las de la Restauración canovista tras 1874. Espero que no, señor ministro, porque ya sabe que le considero una persona progresista y no imbuida por este tipo de reflexiones ontológico filosóficas que no son las propias de su partido, sino de otro. Vamos a seguir luchando, con la misma persistencia que lo hace el señor Mardones por el nombramiento de un nuevo teniente coronel, por la desmilitarización del cuerpo, por la creación de un cuerpo de funcionarios policiales de signo ordinario, con rango ordinario, por unas Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado como las de todos los países del mundo, porque sus funciones son así: policía judicial, seguridad ciudadana y protección civil. Ojalá atienda estas indicaciones porque, antes o después, llegaremos a algo como lo que le estoy proponiendo con toda humildad, pero con toda firmeza.


Muchas gracias.


El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Olabarría.


Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana. Señor Cerdà.


El señor CERDÀ ARGENT: Gracias, señor presidente.


Señorías, voy a ser infinitamente más breve que mi antecesor en el uso de la palabra y voy a entrar directamente en la exposición de los motivos por los cuales vamos a dar apoyo al proyecto de Ley orgánica de régimen disciplinario de la Guardia Civil y al proyecto de Ley orgánica de derechos y deberes de la Guardia Civil, que regulan una concepción de la Guardia Civil más adecuada que la que había anteriormente a la sociedad actual, aunque seguramente no más moderna en cuanto que mantiene anacrónicamente -lo hemos mantenido en todos los debates y en todas las intervenciones- su naturaleza y su carácter militar.


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En Esquerra Republicana -ya lo habíamos dicho en infinitas ocasiones- apostábamos por suprimir la dureza militar y por hacer de la Guardia Civil una organización profesional, eficaz -no digo que no lo sea, sino en todo su pleno sentido-, sin más ambages del pasado, funcionarios públicos, en definitiva, que junto con otras instituciones tienen el deber y el encargo de cuidar de la seguridad de la ciudadanía, que le reclama un servicio, pero en tanto que funcionarios públicos, sin más ambages ni más bagajes del pasado que justamente estos. Desde Esquerra Republicana entendíamos que la Guardia Civil, a lo sumo, debería ejercer como una policía civil, pero aún no ha sido posible desvincular totalmente la Guardia Civil de la jurisdicción militar. En todo caso, entendemos que ha sido importante, por decirlo de una manera llana, abrir este melón que parecía que nunca se iba a abrir y, por tanto, empezar tímidamente a hacer una serie de reformas en una institución que, como bien han manifestado otros intervinientes, evidentemente necesitaba de unos ajustes, de un acoplamiento, de un ajuste a la situación actual y a la realidad de nuestra sociedad.


Ambos proyectos incorporan satisfactoriamente, a nuestro entender, algunas pautas marcadas por la jurisprudencia del Tribunal Constitucional, por la Sala quinta del Tribunal Supremo y por la sentencia del Tribunal de Derechos Humanos, de 2 de noviembre de 2006, al eliminar la sanción del arresto y regular el derecho de asociación profesional de los guardias civiles, con todos los matices y con todas las restricciones que la misma ley ya impone. Vuelvo a repetir, se abre una perspectiva, que era lo complicado y que en todo caso entendemos que en el futuro se podrá mejorar, para sucesivas adecuaciones de la Guardia Civil a la realidad de la sociedad en la que vivimos.


Respecto a las enmiendas del Senado a la Ley orgánica reguladora de derechos y deberes de la Guardia Civil, las votaremos favorablemente, en cuanto que suponen precisiones técnicas y ortográficas en la mayoría de los casos y las dos de mayor contenido reducen, por un lado, el tiempo de prescripción de las faltas, adecuándolas a los plazos actuales de prescripción, y, por otro, se flexibiliza la imposición de la sanción y la separación del destino. Por lo que se refiere a las enmiendas del Senado al proyecto de Ley orgánica reguladora de los derechos y deberes de los miembros de la Guardia Civil, también las votaremos favorablemente, destacando principalmente la supresión de la disposición adicional primera, en la que se determina su objeción al régimen jurídico de las Fuerzas Armadas de aquellos miembros que dependan del Ministerio de Defensa, en cuanto se aproxima al objetivo -ya lo he dicho antes- de desmilitarización o de civilización, en este caso contrapuesto a militarización, de la Guardia Civil. En cuanto a la votación de conjunto de ambos proyectos de ley orgánica, lo haremos favorablemente, porque esta adecuación de la Guardia Civil a la realidad de nuestra sociedad es un paso pequeño, tímido, pero importante.


La estructura del Estado actual y el modelo de seguridad no responde aún al modelo de seguridad que defiende Esquerra Republicana, mucho más próximo al principio de subsidiariedad, al principio de proximidad y a la coordinación de los diferentes cuerpos policiales, no a través de un sistema arbitrario sino de un sistema para tipificar las tipologías delictivas y, en función de esas tipologías delictivas, la actuación de los diferentes cuerpos policiales. Este es nuestro modelo, un modelo que no se recoge, pero en el que seguiremos trabajando para que se cumpla, entendiendo, por supuesto, a las fuerzas policiales como funcionarios, como un servicio público a la ciudadanía.


En ambos proyectos se establece un régimen disciplinario más garantista que el que teníamos y se mejoran los derechos de la asociación profesional. También se han introducido -para nosotros es importante- una serie de deberes, de exigencias de una sociedad plural y cambiante que reclama adaptaciones a la realidad indiscutiblemente compuesta del Estado. En este sentido, Esquerra Republicana espera haber contribuido a la defensa de los derechos lingüísticos de la ciudadanía, que lamentablemente y con demasiada frecuencia se encuentra en situación de indefensión lingüística en los cuarteles de la Guardia Civil, al prever y concretar legislativamente la posibilidad de sanción en situaciones de vulneración de estos derechos lingüísticos de la ciudadanía. Desde Esquerra continuaremos haciendo todos los esfuerzos necesarios para que el ministerio invierta en la formación lingüística de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado y evite en la medida de lo posible la vulneración de los derechos de la ciudadanía y, en consecuencia, la imposición de sanciones disciplinarias por esta vulneración demasiado frecuente de los derechos de los ciudadanos a ser atendidos en su propia lengua.


Para finalizar, lamentamos que en el siglo XXI se haya expedientado a personas por haber ejercido el derecho civil y social de manifestarse, pero celebramos que las distintas movilizaciones de algunos de los miembros de la Guardia Civil hayan permitido hacer realidad, como mínimo, algunas de sus reivindicaciones, mejorando con ello las condiciones laborales, civiles y sociales de todo el cuerpo de la Guardia Civil.


Muchas gracias.


El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Cerdà.


Convergència i Unió. Señor Maldonado.


El señor MALDONADO I GILI: Gracias, señor presidente.


Señor ministro, señorías, comparezco en nombre de Convergència i Unió para posicionarnos ante el último trámite de estos dos proyectos de Ley orgánica sobre deberes y derechos de los miembros de la Guardia Civil y régimen disciplinario de la Guardia Civil. Mi intervención debería ser breve, incluso desde el escaño, pero lo haré desde esta tribuna para visualizar el respeto de

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Convergència i Unió a una ley que democratiza un colectivo importante que lleva muchos años en galeras y en una gran oscuridad jurídica.


No habrá demasiado debate en este trámite, por dos razones. En primer lugar, porque hubo un amplio debate en Comisión, con la incorporación de muchas enmiendas, algunas de ellas de Convergéncia i Unió; por tanto, hubo un debate y un consenso amplio previo. En segundo lugar, porque el Partido Socialista Obrero Español cerró la caja en este trámite en Comisión y su paso por el Senado y su regreso a este Congreso es testimonial, e incluso yo diría que negativo.


Señorías, subo a la tribuna con un sentimiento agridulce. Convergència i Unió estaba satisfecho con el trámite inicial en Comisión, con el pacto, con las negociaciones, con las enmiendas incorporadas, y tenía una mayor satisfacción porque cinco de nuestras enmiendas habían sido incorporadas en estos dos proyectos de ley; dos de ellas en el primero y dos en el segundo. Ahora, como decía, subo a la tribuna con un sentimiento agridulce, de profunda disconformidad con la actuación del Partido Socialista Obrero Español respecto a lo que se aprobó en el Senado.


El Senado ha de tener una presencia en el trámite democrático de las leyes y no puede ser una institución donde lo que se apruebe no sirva para nada. En nuestro grupo ha planeado esta mañana la voluntad e incluso el deseo de votar en contra. Hemos estado durante un tiempo valorando el voto en contra y la abstención. Nos sentimos profundamente tristes por la votación que tendrá lugar dentro de unos minutos, ya que no entendemos por qué el Partido Socialista Obrero Español votará en contra de algunas enmiendas.


Señorías, estamos hablando de un colectivo importante de trabajadores, pero sobre todo estamos hablando de personas y de familias, de un colectivo con un amplio contenido simbólico que ha estado muy maltratado durante años. Por ello, habría sido preferible que se hubiera llegado a un consenso más profundo y a conciliar las partes. Sabemos que partimos de concepciones diferentes. Es cierto que Convergència i Unió constata un avance importante. Podríamos mostrarnos razonablemente satisfechos y esperanzados, pero este último paso nos ha disgustado.


¿Cuáles eran las enmiendas que se habían aprobado en el Senado? En el capítulo de los derechos y deberes, la modificación del párrafo a) del apartado primero del artículo 53, donde se contemplan los vocales del Consejo de la Guardia Civil en representación de los miembros de esa institución, se pasaba de un vocal cada 6.000 guardias civiles a uno cada 4.000. Esto se aprobó y hoy se va a denegar. ¿Por qué, señorías? Un Gobierno de izquierdas, progresista y participativo, como muchas veces oímos aquí, no acepta esta enmienda que no hace temblar las bases de ninguna institución. Tampoco se aprobará la supresión de la disposición adicional primera, aplicación del régimen de derechos y deberes de la Guardia Civil. No tenía sentido, y sigue sin tenerlo, esta adicional primera.


En cuanto al proyecto de Ley Orgánica de régimen disciplinario de la Guardia Civil, tampoco se aprobarán las dos enmiendas que se aprobaron en el Senado. Fíjense qué incongruencia y qué poco sentido. Es falta grave no aceptar pasar un reconocimiento médico, no aceptar pasar un control de alcoholemia, etcétera. Se había incorporado -era una incorporación técnica, básicamente- que fuera falta grave negarse al reconocimiento psicológico; pues tampoco. Nosotros pedíamos el acortamiento de los plazos de prescripción de las faltas porque son muy largos y duros. Se aprobó y ahora va a ser denegado. Por otro lado, también lamentamos que no se aprobasen en el Senado las enmiendas 185 y 186 del Partido Socialista, que eran fruto de una transacción relativa a la disposición adicional cuarta, que es la modificación del Código Penal Militar, y a la disposición adicional sexta sobre la modificación de la Ley Orgánica 2/1986, de 13 de marzo, de los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado.


Supongo que al Partido Popular le rompe el esquema monolítico y arcaico que tiene.


En definitiva, daremos el apoyo a los dos proyectos, reiterando que hace unos momentos nuestro grupo estaba valorando si votar en contra o abstenerse. ¿Por qué vamos a votar a favor? Por coherencia, por sentido común y por dignidad política. ¿Qué dirían el señor ministro, el Gobierno y el partido que le da apoyo si, después de habernos aceptado casi el 90 por ciento de las enmiendas en el Congreso, hoy, por no habernos admitido cuatro enmiendas importantes en el Senado, votáramos en contra? No actuaríamos con el seny que tiene Cataluña y que tiene Convergència i Unió. Por tanto, vamos a votar a favor, con disgusto, con preocupación y con tristeza. Creemos que se votan en contra solo porque se han aprobado con el Grupo Popular, solo porque están contaminadas, solo porque son enmiendas de Convergència i Unió que han contado con el voto a favor del Grupo Popular. ¿Y qué?, si favorecen a un colectivo, si son democráticas, si son positivas. En esta lucha, en este frenesí loco que estamos viendo aquí permanentemente, hoy, un colectivo como la Guardia Civil va a sufrir el castigo de un partido de izquierdas, progresista y democrático porque un partido de la oposición ha dado su apoyo a un partido minoritario.
Triste, triste, triste. Déjenme que les diga triste como la oportunidad perdida. Esta no es la ley ideal, claro que no; no es la ley que hubiera hecho Convergència i Unió, seguro. Agradecemos a Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya Verds que nos vote las enmiendas que los demás grupos, excepto el Grupo Popular, parece ser que van a votar en contra, pero es una oportunidad perdida. ¿Por qué? Porque, como ha dicho el portavoz del Grupo Vasco, se tendría que desmilitarizar la Guardia Civil; ya toca, pero no se desmilitariza. El artículo 11, cuando habla del derecho de sindicación, dice: La Guardia Civil no podrá ejercer el derecho de sindicación ni el de asociación. En

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el artículo 12 dice que la Guardia Civil no tiene derecho a huelga. Es un colectivo que no puede manifestarse, porque es sancionado, como ya hemos visto. Estamos en una carrera de larga distancia en la que no hemos recorrido ni la primera etapa. Es una ley que queda corta, que es positiva, que democratiza, que hay que votar y que votaremos por sentido común y por respeto al colectivo al que va dirigida, pero nos entristece.
Navegando por Internet -hoy en día las tecnologías nos permiten llegar a sectores muy amplios- he encontrado una nota de prensa de la Unión de la Guardia Civil, una asociación como otras, que se ha dirigido a todos los grupos y que ha aportado en positivo sus preocupaciones, sus deseos y sus ilusiones. En su día ya expresé a la Unión de la Guardia Civil el agradecimiento de nuestro grupo por habernos ayudado siempre en positivo, queriendo mejorar y colaborar con las instituciones democráticas. Es una nota de prensa en la cual se quejan amargamente de cómo puede acabar esta ley. Dicen: Estas leyes suponían un avance importante para los guardias civiles, como en un primer momento reconoció nuestra asociación, esperando una mejora significativa de ambas leyes por parte de todos aquellos a los que se les llena la boca al llamar a este cuerpo abnegado, sacrificado y lleno de grandes profesionales. Sin embargo, volvimos a encontrarnos con el obstáculo más importante: el Gobierno no quiere cambiar la Guardia Civil. Dicen: Queremos tener los mismos derechos que nuestros compañeros del Cuerpo Nacional de Policía. Esto es muy lógico.
Continúan diciendo: Es penoso que dos cuerpos unificados y bajo el mismo mando tengan diferencias tan abismales a la hora de tener derechos iguales. Y acaban diciendo que no quieren ciudadanos de segunda. No debería haberlos ni en la Guardia Civil ni entre los ciudadanos de la calle. Señorías, Convergència i Unió apoyará esta ley, pero quiere dejar claro que tiene una profunda tristeza porque cuatro enmiendas, algunas testimoniales, algunas importantes, algunas básicas, aprobadas democráticamente en el Senado, hoy aquí serán votadas en contra, porque -ya he dicho el motivo- el Partido Popular, amablemente, creyó en su bondad. No nos gusta el final de esta ley porque creemos que podría haber sido más consensuada. Es una ley positiva, felicitamos al ministro por la voluntad de democratizar. Es una buena ley que los colectivos consideran positiva, pero que es insuficiente porque deja el asociacionismo, la huelga y la desmilitarización de la Guardia Civil para una segunda fase, que no sabemos si llegará...


El señor PRESIDENTE: Señor Maldonado.


El señor MALDONADO I GILI: Voy acabando, dos segundos, señor presidente.


No sabemos si llegará a buen puerto algún día, pero quiero reiterar nuestra voluntad de que nuestro voto va a ser afirmativo por y para quien van dirigidas: a hombres, a mujeres y a familias que históricamente han reivindicado más democracia, más libertad y más derechos. Hoy pocos, pero se avanza.


El señor PRESIDENTE: Grupo Parlamentario Popular. Señora Sánchez-Camacho.


La señora SÁNCHEZ-CAMACHO PÉREZ: Muchas gracias, señor presidente.


Señoras y señores diputados, asociaciones representativas del Cuerpo de la Guardia Civil, en primer lugar, quiero agradecerles a todos ustedes, parlamentarios, miembros de las asociaciones y guardias civiles, que se hayan puesto en contacto con el Grupo Parlamentario Popular para realizar las aportaciones que entendían que podían mejorar dos leyes que para nosotros eran muy importantes. Desde luego, el resultado de las mismas no satisface al Grupo Parlamentario Popular, pero desde la discrepancia y el respeto quiero manifestar ese agradecimiento para todos los que en este largo camino parlamentario hemos contribuido y hemos trabajado en pro de la Guardia Civil. También quiero extender ese agradecimiento a los servicios jurídicos de esta Cámara y del Senado, que han contribuido de manera muy estimable al trabajo de los parlamentarios.


El Grupo Parlamentario Popular siempre ha defendido y ha considerado que estamos ante una institución fundamental y básica del Estado. La Guardia Civil actualmente es moderna, eficaz y adaptada a las nuevas tecnologías.
Una Guardia Civil que es un cuerpo generalmente reconocido como uno de los mejores cuerpos policiales del mundo, y sin duda ninguna ese es mérito de los hombres y mujeres que lo integran. La Guardia Civil ha hecho un extraordinario esfuerzo para estar a la altura de los tiempos y prestar hoy servicios muy estimables para todos los españoles y para la nación española. Sus misiones de seguridad ciudadana; de aduanas; de custodia del mar territorial; de vigilancia de costas y fronteras; de servicios en puertos, en aeropuertos y en vías de comunicación; su función de intervención en armas y explosivos; su custodia en los centros penitenciarios; traslados de presos; protección de la naturaleza; lucha contra el tráfico de drogas, y especialmente la lucha contra el terrorismo, lo hacen además uno de los cuerpos más queridos, más respetados y más estimados por todos los españoles.


Hoy finaliza la tramitación de dos proyectos de ley, dos leyes orgánicas: la de derechos y deberes de la Guardia Civil y la de reforma del régimen disciplinario de la Guardia Civil. Estas reformas han sido reiteradamente reclamadas por los propios miembros de la Guardia Civil y muy esperadas por los mismos. Debo decirles, y especialmente al ministro señor Rubalcaba, que le ha pasado a usted como le pasó al señor Alonso, lo mismo que le ocurre al presidente del Gobierno español. Ustedes actúan siempre bajo presión, tarde y mal. A buen seguro que si no se hubiera realizado la manifestación de los guardias civiles, hoy a lo mejor no estarían estas leyes en esta Cámara. A pesar de todo ello

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nosotros de forma responsable, como así lo comunicamos, hemos actuado para intentar contribuir a que estas leyes pudieran ser mejoradas. Mi grupo, señorías, señor ministro, coincidía con el Gobierno en la necesidad urgente de modernizar la Guardia Civil, de dotarla de mejores derechos y deberes. Por eso, señor ministro, el Gobierno del Partido Popular ya había avanzado en esas leyes, especialmente en la de régimen disciplinario, con la supresión del arresto y desde luego estaba en los trabajos preparatorios para una ley de mejora de los derechos y deberes.
Señorías, también con el Gobierno del Partido Popular se establecieron unas mejoras que quiero recordar brevemente aquí. Se estableció por primera vez en la historia del cuerpo un horario reglado de servicio. Se estableció por primera vez un primer consejo asesor de personal como un nuevo canal de interlocución interna que desgraciadamente con el Gobierno socialista quedó al margen y al mínimo de la participación de los guardias civiles, mientras que cuando gobernaba el Partido Popular estaba en un 50 por ciento en sus elecciones. A buen seguro, debíamos mejorar el modelo, y en eso también coincidimos, pero desde luego fue el Partido Popular el que inició esas actividades y fue el Partido Popular el que inició esas primeras acciones, tales como que se celebraran las primeras elecciones internas dentro del cuerpo para elegir a los representantes de los guardias civiles de dicho consejo. Además, fue un Gobierno del Partido Popular el que estableció una interlocución directa con las asociaciones de la Guardia Civil.


Señorías, miembros de las asociaciones de la Guardia Civil, señor ministro, evidentemente quedaba mucho trabajo por hacer, y desde luego en eso estaba el Gobierno del Partido Popular cuando gobernaba. Permítanme que les diga que hoy hemos desaprovechado una magnífica oportunidad, especialmente, señor ministro -y usted coincidirá en ello-, para habernos puesto de acuerdo los dos partidos principales, porque como usted sabe el principal grupo de la oposición es alternativa de Gobierno y lo será pronto -espero- para aprobar estas dos leyes básicas. Por eso, con respecto a la Ley de derechos y deberes y a la de régimen disciplinario este grupo parlamentario hoy no va a entrar en el análisis de las enmiendas que ya se presentaron en el Congreso y en el Senado, simplemente quiero realizar las reflexiones de por qué nuestro voto va a ser contrario a estas dos leyes orgánicas.


En primer lugar, con respecto a la Ley de derechos y deberes de la Guardia Civil se ha aceptado un gran número de enmiendas del Grupo Parlamentario Popular que desde luego mejoraban los derechos de la Guardia Civil en esta ley. ¿Por qué? Porque el Grupo Socialista prefería y quería beneficiar los derechos colectivos de la Guardia Civil, mientras que el Grupo Popular, desde una tradición liberal, quiere y querrá -y seguirá trabajando en ello- mejorar los derechos individuales de los guardias civiles. Por eso así lo hicimos, y desde luego las incorporaciones realizadas por el Grupo Popular para mejorar esos derechos individuales son sustanciales y constan en la ley. El otro aspecto fundamental era el reconocimiento del derecho de asociación profesional de la Guardia Civil.
Sin duda alguna, el Partido Popular defendía el reconocimiento de ese derecho fundamental de asociación, como así se recoge en la Constitución, pero me gustaría decirle al representante del Grupo Mixto que nosotros no queremos un derecho de sindicación para la Guardia Civil. Como tampoco queremos, como usted bien ha dicho, que haya una frontera eufemística y que se confunda ese derecho de asociación con el derecho de sindicación, que entendemos que es lo que acaba recogiéndose en este texto.


Con respecto a la Ley de régimen disciplinario el Grupo Parlamentario Popular ya estaba realizando todo tipo de actividades para eliminar el arresto dentro del Cuerpo de la Guardia Civil, porque entendíamos que era una rémora histórica en absoluto aceptable y totalmente indigna para el cuerpo. Por eso, nosotros también aportamos enmiendas a la Ley de régimen disciplinario que han mejorado sustancialmente el régimen disciplinario en este caso de la Guardia Civil, haciéndolo más moderno, más riguroso y más garantista. Sin embargo, hay un aspecto fundamental en el que el Partido Popular está en contra, y lamentamos que la oposición del Ministerio del Interior y del Gobierno del Partido Socialista en esta cuestión fundamental no sea coincidente con el Partido Popular. Por eso le diré al señor Olabarría que esa pregunta que le hacía al señor Rubalcaba no sé si se la va a poder contestar, pero el señor López Garrido y el señor Blanco le contestarán que el Partido Socialista Obrero Español está a favor de la desmilitarización del Cuerpo de la Guardia Civil. El Grupo Parlamentario Popular no está a favor de la desmilitarización del Cuerpo de la Guardia Civil, pero sí de su modernización y de que desde luego no se le siguiera aplicando en su integridad el Código Penal Militar, aplicación que en muchos aspectos no debería admitirse. Por este motivo, desde el Grupo Popular incluimos una enmienda fundamental en la disposición adicional cuarta de la Ley de régimen disciplinario que en modo alguno fue estimada por el Grupo Socialista. Asimismo, quiero reiterar que también en el Senado ha sido solicitada dicha incorporación y a su vez ha sido rechazada. Señorías, dicha enmienda dice lo siguiente: En cualquier circunstancia serán castigados como autores de un delito militar los miembros del Cuerpo de la Guardia Civil que realicen algunas de las acciones u omisiones previstas en los artículos 89, 90, 99, 100, 162, 180 y 188 de este código. De forma taxativa, única y exclusivamente estos artículos del Código Penal Militar, si me permiten muy brevemente, se refieren a lo siguiente. El artículo 89, a los ultrajes a la nación o a la bandera española. Parece lógico que ese tipo se agravara en tanto en cuanto en el Código Penal común, en el artículo 43, se castigan los ultrajes a la bandera de España con pena de multa y con carácter inferior a como se castigan en el Código Penal Militar. Igualmente sucede en el resto: los artículos 90 a 99 eran especificidades de cuerpos militares, así como los

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artículos 180 a 188. Por tanto, señorías, hoy, con la aprobación de esta ley, están ustedes dando la razón y coincidiendo en el análisis jurídico que realizó el Consejo General del Poder Judicial cuando informó esta ley con motivo de su entrada en esta Cámara. El informe decía que esa ley y esa reforma hacía no idónea la aplicación a los militares que integran la Guardia Civil del régimen penal militar y, por tanto -y reitero las palabras del Consejo General del Poder Judicial-, causaba el efecto de desmilitarizar a la Guardia Civil en un aspecto fundamental, lo cual -reiteraba- constituía una opción política legislativa en materia de defensa y seguridad. Esa ha sido su opción política, señorías, esa ha sido la opción política del señor Rubalcaba, del señor Zapatero y del Partido Socialista Obrero Español; la que dice no solo el Partido Popular sino también el Consejo General del Poder Judicial: la desmilitarización de la Guardia Civil. Como esto no ha sido solucionado ni en el Congreso ni en el Senado, el sentido del voto de mi grupo es negativo, y volvemos a reiterar que consideramos una grave irresponsabilidad que el Gobierno no haya consensuado con el principal grupo de la oposición esta disposición. Además, señor Rubalcaba, creemos que si no hubiera sido por los pactos que usted mantenía con una asociación de la Guardia Civil -no con todas-, esta disposición adicional cuarta sí podría haber sido consensuada con el Grupo Parlamentario Popular; en cambio, no lo ha sido.


Para finalizar, señorías, quiero decirles que para el Partido Popular esta cuestión es importante, es importante y grave, y manifiesta la ambigüedad del Gobierno y del Partido Socialista Obrero Español al no querer reconocer el carácter militar del Instituto de la Benemérita. Señorías, desde esta tribuna debo decirles a los representantes de los españoles y a todos los ciudadanos españoles que el Partido Popular, que es un partido que ofrece una alternativa de gobierno, sí defiende con firmeza las instituciones básicas de España y entre ellas, desde luego, el carácter militar de una institución fundamental, querida y respetada en toda España como es la Guardia Civil.


Muchas gracias, señoras y señores diputados. (Aplausos.)

El señor PRESIDENTE: Gracias, señora Sánchez-Camacho.


¿Grupo Socialista? (Pausa.) Señor Hernando, por favor.


El señor HERNANDO VERA: Señor presidente, señorías, señor ministro, es una fórmula común subir a esta tribuna, cuando debatimos iniciativas que vuelven del Senado y van a ser definitivamente aprobadas por las Cortes, y decir que se trata de un día histórico. La verdad es que pienso que a veces nos excedemos. No sé si hoy estamos haciendo o no historia, pero lo que sí sé es que para más de 70.000 ciudadanos y ciudadanas, miembros de la Guardia Civil, que velan por nuestra seguridad, que garantizan el ejercicio de nuestros derechos, que persiguen la comisión de delitos, que vigilan nuestras costas, que patrullan por nuestros pueblos, que evitan atentados y muertes, que pasan mucho frío en invierno y se asan de calor en verano para mejorar la seguridad vial o que arriesgan sus vidas en el mar para salvar la vida de muchos inmigrantes, como decía, para todas estas personas hoy vamos a aprobar unas leyes que van a mejorar sustancialmente su vida profesional y también su vida personal. Porque, señorías, se mejora la vida de unos trabajadores, de unos funcionarios o de unos servidores públicos cuando se les reconocen derechos que desde hace mucho tiempo tienen otros cuerpos; se mejora la vida profesional cuando se establece un régimen disciplinario con más y mejores garantías jurídicas y se prescinde de figuras arcaicas, injustas e injustificables en el siglo XXI; se mejora la vida personal y profesional de los guardias civiles cuando se les hace más libres para ejercer sus derechos individuales y también colectivos, y se mejora la vida profesional y personal de los guardias civiles, de todos y cada uno de ellos, y por lo tanto también se mejora a la propia Guardia Civil como institución. Esto es modernizar la Guardia Civil, es dotar a sus miembros de la dignidad y el reconocimiento del que son merecedores todos los días, y eso es lo que estamos haciendo hoy aquí.


Como decía al principio, no sé si la aprobación de esta ley pasará o no a los anales de la historia parlamentaria y será histórica en los términos antes señalados; de lo que sí estoy seguro es de que esta ley hará historia el día en que un guardia civil cometa una infracción en el desempeño de sus funciones policiales y no se le aplique el Código Penal Militar; hará historia el día en que se imponga una sanción porque a un guardia civil se le ha discriminado por sus convicciones o por su orientación sexual; hará historia el día en que los miembros de una asociación puedan dar una rueda de prensa sin temor a ser sancionados; hará historia el día en que los guardias civiles puedan elegir a sus representantes, a las organizaciones que les representan, después de una campaña que puedan hacer en los cuarteles, en los centros de la Guardia civil, con carteles, como hace el resto de organizaciones y asociaciones en otros cuerpos. Esos días sí serán históricos, porque leyes como esta hacen historia cuando se aplican y sus destinatarios pueden disfrutarlas y vivirlas con normalidad.


De esta entrada de la Guardia Civil en el siglo XXI vamos a ser corresponsables todos los grupos de la Cámara; todos no, unos más que otros. El Partido Popular parece que no quiere o no puede acompañar al resto de grupos de la Cámara en este camino. ¡Qué le vamos a hacer! Como tantas veces en esta legislatura, cuando hablamos de derechos, hay algunos que tienen reticencias y, como la Penélope de Serrat, se van a quedar en la estación esperando otro tren. El problema, señores del Partido Popular, en mi modesta opinión, es que el tren al que están esperando para la Guardia Civil nunca va a llegar porque es el tren de la nostalgia y el pasado

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de la Guardia Civil y aquí de lo que estamos hablando es del futuro de la Guardia Civil.


En nombre de mi grupo quiero agradecer a todos los grupos de la Cámara que van a apoyar estas leyes el trabajo que han realizado, quiero agradecer a sus portavoces, a los señores Mardones, Rodríguez, Olabarría, Cerdà, también al señor Maldonado, cómo no, y a la señora Sánchez-Camacho y al señor Robles el trabajo que han hecho. Entre todos hemos mejorado los proyectos que vinieron del Gobierno. También, cómo no, quiero agradecer a mis compañeros de ponencia, a los señores Cuesta, Martínez, Mayoral y a la señora Sánchez, el entusiasmo y el empeño que han puesto todos estos años para que estas leyes sean hoy realidad y a los servicios de la Cámara por su trabajo. También quiero hoy recordar desde estos micrófonos a aquellos que, desde otros micrófonos, siempre pidieron leyes como esta y leyes para ampliar derechos. Que sirva la aprobación de estas dos leyes ampliatorias de derechos como recuerdo a un periodista que ha fallecido hoy, a Carlos Llamas. (Aplausos.)

Al proyecto de Ley de régimen disciplinario, entre Congreso y Senado, se han incorporado 70 enmiendas; en derechos y deberes, se han incorporado 34 enmiendas, que han mejorado 20 artículos y una disposición transitoria. Esto quiere decir que las leyes han salido con el esfuerzo de todos, o de casi todos. Hoy mismo, nuestro grupo va a apoyar dos enmiendas del Senado al artículo 6 de la Ley de derechos y deberes y al artículo 46 de la Ley de régimen disciplinario, ambas del Grupo Parlamentario de Senadores Nacionalista Vascos. Respecto a la incorporación de otras enmiendas, votaremos en contra, pero no, señor Maldonado, porque hayan sido votadas por ustedes con el Grupo Popular, en absoluto, ese no es el motivo; creemos que esas enmiendas rompen el equilibrio alcanzado por el proyecto tanto en Comisión como aquí en el Congreso y después en el Senado. En todo caso, fueron aprobadas por ustedes con el Grupo Popular porque el Grupo Popular se equivocó en la votación, es decir, que nada más lejos de romper ningún frente, vamos a ser claros. Señor Maldonado, entre el cero y el infinito hay un espacio para el acuerdo y yo creo que este espacio es el que hemos ocupado en estos momentos.


Son leyes que se han hecho con diálogo, diálogo dentro y fuera de esta Cámara, diálogo entre los grupos parlamentarios y diálogo con las asociaciones de la Guardia Civil. A mí me hace gracia cuando oigo algunas voces, incluso las que se han pronunciado hoy aquí, que acusan a este Gobierno de haber hablado con las asociaciones de la Guardia Civil para sacar estas leyes, como si eso fuera negativo. O sea, cuando hablamos con las asociaciones de agricultores para sacar una ley que hace referencia al sector agrícola o con las asociaciones de consumidores para sacar una ley sobre consumo, eso es bueno, y cuando hablamos con las asociaciones de la Guardia Civil para incorporar sus reivindicaciones, eso es malo. Yo no sé qué les pasa a algunos con el derecho de asociación, qué miedo freudiano o qué fantasmas ven detrás del artículo 22 de la Carta Magna aplicada a la Guardia Civil. Pues bien, a esas asociaciones, con las que todos los grupos hemos tratado, a la Asociación Unificada de la Guardia Civil y al resto de organizaciones y colectivos, también quiero hoy darles las gracias en nombre del Grupo Parlamentario Socialista por sus aportaciones y por su trabajo. Algunos hubiesen querido mucho más, otros hubiesen querido algo diferente, pero a mí lo que me parece absolutamente original en estos textos es que a los guardias civiles se les vayan a reconocer, por fin, después de casi treinta años de vigencia de nuestra Constitución, los derechos de los que otros disfrutamos desde 1978. No me negarán que en el siglo XXI la aplicación plena de la Constitución española a un colectivo de 70.000 personas es por sí misma suficientemente importante para dar la bienvenida a estas leyes y para no estar triste, señor Maldonado, yo creo que hay que estar alegre.


Estas leyes forman parte de un proyecto global respecto a la Guardia Civil, que se ha concretado en muchas otras iniciativas del Gobierno que han mejorado las condiciones de vida y de trabajo de los guardias civiles. El presupuesto del Ministerio del Interior creció el año pasado 14,77 por ciento, un 12 por ciento fue para incrementos presupuestarios relativos a gastos de personal y un 52 por ciento para rehabilitación y sustitución de cuarteles. El año pasado cada guardia civil cobró 1.481 euros anuales más; este año el incremento es del 7,2 por ciento respecto al presupuesto del año pasado también para la Guardia Civil, y los guardias civiles van a cobrar 2,10 por ciento más que el resto de los funcionarios. Por lo tanto, es evidente que esto viene en un escenario claramente mejor. Cierto es que quedan muchas cosas por hacer, no lo voy a negar; por supuesto que aún se deben mejorar esas condiciones materiales y salariales, pero de nada sirve negar lo que se ha hecho y lo que se ha hecho bien.


Voy terminando, señorías. Aquí se han esgrimido algunos informes para deslegitimar este proyecto y acusarlo de desmilitarización, pero no se empeñen, no se desmilitariza la Guardia Civil. Yo sé que a ustedes les hubiese gustado que este Gobierno hubiese defendido la desmilitarización.
No la hemos defendido. Lo que sí le acepto es que se trata de un proyecto y de unas leyes cargadas de ideología, de aquella que ha impregnado al Gobierno, a gran parte de sus proyectos y de sus leyes durante toda la legislatura, de una ideología que persigue ampliar los derechos de las personas y de los colectivos, de un ideología que pretende fortalecer y mejorar la ciudadanía, porque el ejercicio pleno de esa ciudadanía es lo que nos hace mejor como país y como sociedad y es lo que hace mejor a la Guardia Civil. Con el fin de parar esta ampliación de derechos, se recurre a esos informes y se enmascaran bajo algunas enmiendas, unas sí y otras no, algunas pretendidamente progresistas. Es una estrategia muy vieja que yo compararía con la de esos conductores que giran a un lado pero ponen el intermitente al otro. Esto

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es lo que ha hecho el Partido Popular en mi modesta opinión: un giro a la derecha con la Guardia Civil, poniendo para disimular el intermitente a la izquierda en algunas enmiendas. Con eso no se engaña a nadie y lo único que va a pasar es que ustedes van a tener que dar la cara ante algunos de los señores que hay ahí arriba y les van a tener que decir por qué su modelo es el del consejo asesor que existe actualmente, en el que participan menos del 2 por ciento de los guardias civiles. A ver ahora que están elaborando el programa electoral cómo explican eso a los colectivos de la Guardia Civil.


Ahora sí que termino con una última reflexión. Cuántas veces hemos oído, señor ministro, que estas leyes no iban a salir, que no nos íbamos a atrever. Cuántas veces, de las muchas que usted ha comparecido en esta Cámara desde que fue nombrado ministro en abril de 2006, ha tenido que escuchar las acusaciones del Partido Popular de que estábamos incumpliendo un compromiso electoral. Pues bien, aquí está, y está porque hay cambios que dependen de los medios financieros, humanos o materiales que pongamos a disposición del proceso del cambio, pero hay otros cambios que solo dependen de la voluntad política. Esta es una de esas veces, señor ministro. Usted lo sabe bien. El cambio que hoy aprobamos en la Guardia Civil es fruto de la voluntad política de este Gobierno y de su ministerio, es fruto del compromiso adquirido con los ciudadanos y con la Guardia Civil en nuestro programa electoral de 2004; es un cambio que responde al cumplimiento de un compromiso y de una deuda que todos nosotros teníamos con la Guardia Civil y que hoy, como representantes de los ciudadanos y en su nombre, nos disponemos a saldar, pero sobre todo es un cambio producto de la convicción de que estamos haciendo dos leyes profundamente justas, y para el legislador y para el Gobierno, pero sobre todo y especialmente para los guardias civiles, la justicia de esta reforma es lo más importante. Quizás esa sea la mejor forma de terminar esta intervención, diciendo que estas leyes son de justicia, señor ministro.


Muchas gracias. (Aplausos.)

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Hernando.


Tiene la palabra el señor ministro del Interior.


El señor MINISTRO DEL INTERIOR (Pérez Rubalcaba): Muchas gracias, señor presidente.


Muy brevemente haré tres consideraciones finales. La primera, he de recordar en esta Cámara que estas dos leyes, tanto la de régimen disciplinario como la de derechos y deberes, traen causa de un compromiso electoral del Partido Socialista; que es un compromiso reiterado por mí como ministro en esta Cámara, con plazos que he cumplido con independencia de las circunstancias externas, que uno siempre mira, sin duda, porque no podemos negar lo que pasa ante de nosotros, pero lo que hay aquí es un compromiso cumplido, primero electoral y luego del Gobierno ante esta Cámara.


En segundo lugar, quisiera agradecer a los grupos parlamentarios el trabajo que han hecho, con casi un centenar de enmiendas que se han introducido en los dos proyectos de ley, algunas directamente y otras como transaccionales. Todas ellas han mejorado sustancialmente los proyectos de ley que el Gobierno envió a esta Cámara. Mi agradecimiento, por tanto, a todos los grupos parlamentarios. Nos hubiera gustado que estuvieran todos. Tengo la impresión de que las razones por las cuales algunos grupos no están tienen más que ver con la coyuntura política que con el fondo de la cuestión. He oído esta mañana aquí algunos discursos contradictorios, pero no es este el momento ni el lugar para debatir esas contradicciones. Simplemente expreso mi agradecimiento a los grupos y mi sentimiento porque no hayamos podido estar todos, como hubiera querido el Gobierno.


Una reflexión final, señor presidente, y ya termino. Estas son leyes que pretenden reformar algunos aspectos de la vida de la Guardia Civil que no estaban en sintonía con la sociedad española del siglo XXI. Son leyes, por tanto, necesarias; es lo más importante que conviene decir en este trámite final. Necesarias. Creo que, como ha demostrado el debate, son leyes prudentes, sensatas, llenas de sentido común, que, por una parte, mantienen algunos elementos básicos de la estructura de una Guardia Civil que ha sido y seguirá siendo eficaz al servicio de los españoles y, por otra, introducen elementos de modernización, repito, para mejorar la sintonía de la Guardia Civil con la sociedad a la que sirve, porque esa sintonía es justamente la clave del éxito de la Guardia Civil. No hay nada que estabilice más, que dé más perspectiva de futuro a una institución centenaria, como la Guardia Civil, que abordar las reformas cuando estas son necesarias; reformas, repito, que tratan de mejorar los derechos, de institucionalizar un conjunto de nuevos deberes a quienes forman parte de la Guardia Civil y de modernizar un régimen disciplinario que ciertamente era incompatible con nuestra Constitución. Por tanto, es una reforma necesaria, es una reforma sensata, prudente, es una reforma que trata de mejorar la sintonía de la Guardia Civil con su sociedad y, por estas tres características, es una reforma de la que el Gobierno espera que aumente la eficacia de la Guardia Civil.


Termino ya, presidente, ahora sí que sí. Es una reforma que implica e indica la confianza del Gobierno y de esta Cámara en la Guardia Civil, es una reforma que nos sirve una vez más para afirmar aquí, desde esta Cámara, desde esta tribuna, que confiamos en nuestra Guardia Civil, que hemos confiado a nuestra Guardia Civil algo tan importante como es una buena parte de la seguridad ciudadana, de nuestros ciudadanos, que es tanto como decir de su libertad, y que hoy hacemos aquí un nuevo depósito de confianza en esa Guardia Civil del siglo XXI, cuyas bases estamos aprobando.


Muchas gracias. (Aplausos.)

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias.


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PROYECTO DE LEY DE CONSERVACIÓN DE DATOS RELATIVOS A LAS COMUNICACIONES ELECTRÓNICAS Y A LAS REDES PÚBLICAS DE COMUNICACIÓN. (Número de expediente 121/000128.)

El señor PRESIDENTE: Continuamos con el siguiente proyecto de ley, este de conservación de datos relativos a las comunicaciones electrónicas y a las redes públicas de comunicación.


Fijación de posiciones de los grupos parlamentarios. En primer lugar, Grupo Mixto, señor Mardones.


El señor MARDONES SEVILLA: Muchas gracias, señor presidente.


Vamos a votar favorablemente todas y cada una de las enmiendas que nos ha remitido la Cámara Alta. Se trata de un proyecto de ley eminentemente técnico y las enmiendas introducidas tienen nada más que el carácter de complementariedad y de un principio de seguridad jurídica, aparte de algunas cuestiones puramente técnicas que nos llevan a valorar positivamente todo el proyecto, que, con la incorporación de todas estas enmiendas del Senado, que, como he dicho y reitero, votaremos favorablemente, constituye ya una pieza de trabajo técnico en el ordenamiento jurídico español.


Muchas gracias, señor presidente.


El señor PRESIDENTE: Gracias a usted, además por su brevedad.


Grupo Parlamentario de Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya Verds, señora Navarro.


La señora NAVARRO CASILLAS: Gracias, señor presidente.


Respecto a las enmiendas que vienen del Senado, vamos a votar a favor de la enmienda al artículo 5º, que evita que se confunda el derecho de cancelación de datos con el bloqueo de los mismos, y la de la disposición adicional única, que establece el plazo de 72 horas para objetivar la demora a la que se hace referencia, concretamente respecto a la infracción grave por demora injustificada en la cesión de datos. Sin embargo, respecto a la enmienda al artículo 7.º nos vamos a abstener porque, a pesar de que comprendemos el objetivo de la enmienda que se introduce en el Senado, en el sentido de diferenciar cuándo es necesaria la resolución judicial previa para que los operadores pongan a disposición del agente facultado los datos conservados y cuándo es suficiente la habilitación que regula la Ley Orgánica de Protección de Datos, consideramos que la redacción puede generar dudas. Con la redacción actual puede interpretarse como un recorte de garantías y sobre todo parece inconexa con la redacción del segundo apartado al que hace relación. Es decir, a nuestro juicio la redacción que se propone por parte del Senado no cumple con los objetivos necesarios esclarecedores o delimitadores con respecto a la autorización judicial y puede suponer, por tanto, un recorte de garantías. Por lo demás, quiero recordar que la directiva europea que se traspone ya fue objeto de un debate con cierta polémica en el ámbito europeo, y esta polémica se mantiene si miramos el texto que finalmente se aprueba.


Queremos hacer referencia, aunque sea brevemente, a las tensiones entre el valor supremo de la libertad y las necesidades de seguridad frente a los delitos organizados. Aunque finalmente el resultado de esa polémica se ha equilibrado con las aportaciones en la tramitación parlamentaria, vamos a dejar constancia de que la lucha contra el terrorismo en ningún caso puede ir de la mano de un recorte de derechos y libertades. En el presente caso la seguridad debe ir de la mano del derecho a la privación y protección de los datos personales.


El señor PRESIDENTE: Gracias, señora Navarro.


Grupo Vasco. Doña Margarita Uría.


La señora URÍA ETXEBARRÍA: Señor presidente, señorías, llegamos al último tramo de la tramitación de esta importante ley, que permite a las autoridades que tienen encomendada la persecución de los delitos que se anticipen a la culminación de las actuaciones criminales, cuando se utilizan para su comisión formas que tradicionalmente superan las ordinarias de comunicación y que suponen aplicación de las nuevas técnicas desarrolladas en el marco de la sociedad de la información.
Tanto en ponencia como en Comisión, y en su paso por el Pleno, hablamos de una norma que es trasposición de una directiva y que tenía nuevamente la importancia de confrontar el binomio libertad y seguridad, que, tal y como sostuvimos, entendíamos que habían quedado, ambos, tratados de manera suficientemente equilibrada. Es posible la persecución de conductas criminales, pero creíamos que se hacía con garantía y respeto de los derechos y libertades que deben ser respetados.


¿Qué se ha hecho en el Senado? ¿Qué se ha introducido? Cuatro modificaciones, señorías, con tres de las cuales estamos de acuerdo; no así con la modificación que se hace de la disposición final primera. En el artículo 5.º se hace, en su apartado 2, una especificación en relación con la conservación de datos en los supuestos de cancelación a instancia del interesado, diciendo que no deberán ser cancelados si están bloqueados en aplicación de la Ley de Protección de Datos, lo cual es lógico. La enmienda número 7 trata de delimitar, con la máxima claridad posible, la frontera entre lo que constitucionalmente requiere la intervención judicial y la habilitación que la Ley Orgánica de Protección de Datos otorga a los miembros de la Policía judicial. La disposición adicional única, tercera que será objeto de votación por nuestra parte, pretende una mejor tipificación de lo que es un tipo infractor, al objetivar así cuál es la demora que se considera que será suficiente para componer, como he indicado, el tipo infractor, señalando que demora injustificada se va a concretar a partir de las 72 horas.


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En la disposición final primera se va a consolidar una nueva redacción, puesto que tiene los votos de los dos grupos mayoritarios en la Cámara, al artículo 33 de la Ley General de Telecomunicaciones. Se ha tramitado, como tantas veces decimos desde esta tribuna, en primer lugar, con trampa procesal, puesto que se trata de una enmienda que el Grupo Socialista introdujo en el trámite del Senado, lo cual, aun siendo correcto para modificar los textos normativos utilizar el trámite de enmiendas del Senado, produce el efecto de que las demás formaciones políticas nos vemos impedidas de objetar a la misma con nuestras enmiendas o de haber contribuido a pulir lo que se pretende en el texto. Lógicamente, como siempre que se trata de limitar garantías, contó con el apoyo inestimable del Grupo Parlamentario Popular. Voy a criticar lo que en este precepto se introduce, que, además de ser menos garantista que el texto actual de la Ley General de Telecomunicaciones, tiene también el defecto técnico de que debiera haber llevado aparejada una corrección en el artículo 34, corrección que no se ha hecho. Qué importa a estas alturas de una legislación bastante defectuosa en el hacer legislativo una nueva incorrección técnica.


El actual artículo 33 de la Ley General de Comunicaciones impone a los operadores de redes públicas de comunicación electrónicas o que presten servicios de comunicación electrónicas disponibles al público la obligación de garantizar el secreto de las comunicaciones, de conformidad con dos preceptos constitucionales: el 18.3, derechos fundamentales, y el 55.2 de la propia Constitución, debiendo para ello adoptar las medidas técnicas necesarias. Mediante esta enmienda del Grupo Socialista, introducida en el trámite del Senado, se modifica el párrafo segundo y los sucesivos. Aumenta la posibilidad de casos, normativamente previstos, de interceptaciones. Si hasta ahora la referencia se hacía exclusivamente al artículo 579 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal y a la Ley Orgánica de Protección de Datos, ahora se habla de otras normas con rango de ley orgánica. Bien. Con rango de ley orgánica, podría ser aceptable esta parte, pero los apartados 5 y 6 de este precepto regulan los datos que los sujetos obligados deberán facilitar al agente facultado, que, se dice, deberán suministrar la información que en esos preceptos se señala, sin perjuicio de otros datos que deban ser establecidos mediante real decreto. Aunque la justificación de la enmienda se refiere a que con la misma se pretende dotar de rango adecuado a las interceptaciones de las comunicaciones electrónicas, lo cierto es que no parece que todas las medidas necesarias para la ejecución de las interceptaciones vayan a ser reguladas en esta ley, puesto que se habla de las establecidas mediante real decreto. Por otro lado, los obligados a desvelar datos de carácter personal, no solo del sujeto objeto de la medida de interceptación, sino también de cualquiera de las partes que intervengan en las comunicaciones interceptadas. Es más, según el apartado 8, los sujetos obligados deberán suministrar al agente facultado los datos de carácter personal a que se refiere este apartado con carácter previo, incluso, a la ejecución de la orden de interceptación legal.


Sin entrar a valorar si las medidas que se contemplan en la norma son o no adecuadas a la finalidad pretendida, van en contra, creemos, de dos que son principios básicos que informan la protección de datos: el principio de calidad de los datos y el principio de consentimiento del afectado, recogido en el artículo 6.º, según el cual el tratamiento de los datos de carácter personal requerirá el consentimiento inequívoco del afectado, salvo que la ley disponga otra cosa. Si la ejecución de la orden de interceptación legal va a exigir a los operadores desvelar datos de carácter personal de todas las partes que intervengan en la comunicación interceptada, consideramos más garantista, desde el derecho fundamental a la protección de datos de carácter personal, que la comunicación de dichos datos esté prevista en norma con rango de ley y no con la previsión de desarrollo reglamentario que se hace en el artículo 33, tal y como ha sido modificado en el Senado. Además, ocurre que el que queda ahora sin sentido en alguno de sus preceptos es el artículo 34, que debiera, si queda el precepto tal y como está, haber tenido el añadido de: sin perjuicio de lo previsto en el apartado 6 del artículo 4.º y en los apartados 2 y siguientes del artículo anterior, así como de la restante normativa específica aplicable a los operadores, puesto que la garantía de rango legal que establece el artículo 34 ha quedado desvirtuada con lo que ahora se introduce.


Así pues, señorías, vamos a votar favorablemente a tres de las modificaciones introducidas en el Senado; no así, por las razones que he manifestado, a esta cuarta.


Muchas gracias.


El señor PRESIDENTE: Gracias, señora Uría.


Esquerra. (Pausa.) Llamo de nuevo al grupo de Esquerra. (Pausa.) Pasamos al siguiente grupo parlamentario, CiU. Señor Jané.


El señor JANÉ I GUASCH: Señor presidente, señorías, con brevedad -hoy la sesión es larga- quiero destacar la importancia de este proyecto de ley, cuya finalidad es permitir la investigación policial, la investigación judicial en determinados delitos, contribuir a la persecución de esos delitos a través de lo que debe ser la conservación de datos relativos a comunicaciones electrónicas y redes públicas de comunicaciones y adaptarnos a una directiva europea. Nuestro grupo comparte la finalidad, pero desde el primer día insistíamos en la necesidad de, junto con la finalidad del proyecto, que es conservar esas comunicaciones, preservar la garantía individual del secreto de las comunicaciones y que solo sea posible interceptar esas comunicaciones cuando hay una autorización judicial de que hay indicios de una actuación delictiva, en un determinado supuesto de comunicación electrónica. Por tanto debíamos buscar ese equilibrio.


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El Senado ha introducido diversas enmiendas. Yo quiero destacar de manera expresa la aprobación de la enmienda 31, del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió.) Dicha enmienda ha venido a precisar, dentro de lo que son las infracciones, cuándo se califica como infracción grave la llevanza incompleta del libro registro así como la demora injustificada en la cesión y entrega de los datos a las personas y, en los casos previstos, concretar cuándo esa demora es injustificada. En todo caso, debe serlo cuando es más de 72 horas. Es una concreción a la que contribuyó mi grupo parlamentario y entendemos que es del todo adecuada.


Convergència i Unió votará hoy a favor de todas las enmiendas del Senado, excepto -como decía también la portavoz del Grupo Vasco, la señora Uría- la reforma introducida por el Senado en el artículo 33 de la Ley General de Telecomunicaciones. No podemos hacerlo, señorías, por dos razones. En primer lugar, es una modificación importante introducida por el Senado; no es puntual. Es una modificación que no ha tenido recorrido parlamentario en el Congreso, solo el debate de hoy, y entendemos que tiene serias consecuencias, que pueden afectar a la intimidad de las personas por parte de quien esté como agente facultado en cada momento.
Entendemos que mal utilizada esta modificación del artículo 33 puede tener consecuencias no deseadas para el sujeto que vea interceptada su comunicación y vea cómo el operador está obligado a ceder un conjunto de datos. Si es preocupante esa modificación del artículo 33, lo es, y con eso resumo -el presidente nos pedía brevedad y voy a ser breve-, en su apartado octavo. Fíjense, señorías, fíjese, señor ministro del Interior, que ha impulsado este proyecto de ley, que nuestro grupo apoya; ya lo hizo desde el inicio. Repito que no vamos a apoyar esa modificación puntual del artículo 33. Incluso, creo que bien leída por parte de sus promotores, tampoco la apoyarían.


Que con carácter previo a la ejecución de la orden de interceptación legal... O sea, aún no tenemos la orden de interceptación legal ejecutada y ya los sujetos obligados deben facilitar al agente facultado información sobre los servicios y características del sistema de telecomunicaciones que utilizan. Después, una serie de datos de los abonados, que obran en su poder, tales como el nombre del abonado, su número de DNI, la tarjeta de residencia o pasaporte y la denominación y código de identificación fiscal, en el caso de personas jurídicas. Esto, mal utilizado, puede llevar a una lista de usuarios de determinadas redes de comunicaciones que a lo mejor no están inmersos en una actuación delictiva. Y estamos atentando, de manera indirecta, a su intimidad -repito- con carácter previo a la propia interceptación legal. Entendemos que los nuevos medios de las tecnologías obligan a los poderes públicos a aumentar las posibilidades de actuación para evitar delitos, y lo compartimos, pero no le parece bien a Convergència i Unió esa introducción, nos parece que precipitada, en el Senado en el artículo 33 de la Ley General de Telecomunicaciones.


Si tan importante era esta modificación, ¿por qué no la introducíamos ya en el proyecto de ley inicial? ¿Nos hemos dado cuenta ahora, de repente, de que era necesario modificar el artículo 33 de la Ley General de Telecomunicaciones? ¿En tanto detalle? No ha pasado ni el filtro del Consejo de Estado, ningún informe previo. Es una enmienda del Senado que podemos llegar a entender en aras de facilitar más datos al agente facultado, pero no podemos llegar a entenderla en aras de las necesarias garantías que el ciudadano debe tener en su intimidad y en la defensa de los derechos fundamentales. En ese camino no nos van a encontrar; sí en el camino de ayudar y contribuir a esa conservación de datos relativos a comunicaciones electrónicas y redes públicas de comunicaciones, pero en el marco de la directiva comunitaria y sin extralimitarnos, porque puede dar lugar a una interpretación o ejecución peligrosa de la misma que nuestro grupo no compartiría, como estoy convencido que no compartiría ninguna de las señorías que hoy está asistiendo a este debate y que quieren velar por esa conservación de datos, pero también por esa salvaguarda del derecho a la intimidad de las personas y de sus datos personales, que se pueden ver gravemente atentados con una aplicación no debida de ese nuevo artículo 33.


Muchas gracias.


El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Jané.


Recuperamos a la señora Oliva, que tenía problemas de tráfico. Insisto en que, en la medida en que puedan no agotar el tiempo, mejor, porque el orden del día de hoy es muy largo.


La señora OLIVA I PEÑA: Gracias, presidente. Seré muy breve.


Señorías, en la sociedad occidental se han disparado la preocupación por la seguridad y la necesidad de dotar a los Estados de los máximos instrumentos para luchar principalmente contra el terrorismo y el crimen organizado. Entre estos instrumentos, los pilares comunitarios han considerado fundamental poder recurrir a la retención de datos del tráfico en las comunicaciones electrónicas. Así lo manifestó el Consejo Europeo en su declaración por la lucha contra el terrorismo, el 25 de marzo de 2004, y la misma idea se reiteró en las conclusiones de la Presidencia en junio de 2005. Finalmente, el Consejo Europeo de 13 de julio de 2005, en su sesión extraordinaria tras los atentados de Londres, declaró como una de sus prioridades la aprobación de una normativa sobre retención de datos que el proyecto de ley que debatimos traspone. Esta directiva recibió duras críticas. La adopción de una medida sobre retención de datos ha comportado la valoración de distintos intereses en juego contrapuestos. Frente al interés de las autoridades en la retención de datos para luchar contra determinados tipos delictivos, se halla el derecho fundamental de la ciudadanía a la protección de sus datos, de su intimidad. Además, cabe añadir los intereses de los proveedores de servicios de telecomunicaciones electrónicas

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para que no les atribuyan más cargas económicas derivadas de las nuevas obligaciones.


¿Qué está dispuesta a aceptar la ciudadanía en beneficio de la seguridad? Frente a los intereses de los Estados de poder retener los datos durante un periodo de tiempo cuanto más amplio mejor y de retener cuantos más datos, los intereses de la ciudadanía pasan por que los plazos de retención sean los más breves posible, se retengan cuantos menos datos mejor y que el contenido de las telecomunicaciones no afecte a su intimidad. Durante el trámite parlamentario, Esquerra Republicana ha intentado ponderar los intereses, primando a poder ser las garantías de protección de los derechos fundamentales. Durante la tramitación en el Senado, se ha flexibilizado de alguna manera la posibilidad de intercepción de los datos electrónicos y la necesidad de autorización judicial, por lo que el voto de nuestro grupo parlamentario para las enmiendas del Senado será la abstención. En el proyecto de ley que debatimos no ha primado el punto de vista de la defensa de derechos fundamentales como la intimidad, sino el de la privacidad. Buena prueba de ello es que en el texto no se hace ninguna referencia al título competencial del Estado, del artículo 149.1.1.ª, que normalmente se incluye en los proyectos de ley que tienen por objeto regular derechos fundamentales. Los derechos fundamentales en juego, la regulación sobre qué tipo de datos debe ser objeto de retención y en qué casos, deberían requerir mayorías más cualificadas que las necesarias para una ley ordinaria. Asimismo, el periodo de conservación de datos debería reducirse, como mínimo, a un plazo de seis meses fijado por la directiva como plazo mínimo a adoptar por los Estados y remitir un reglamento con la capacidad de ampliar o reducir los plazos.


En el Senado hubiera sido conveniente una precisión en lo relativo a los agentes facultados, incluyendo a las policías autonómicas de los territorios que así lo prevén en sus respectivos estatutos de autonomía y el tratamiento homogéneo en el texto legal de los conceptos de agentes facultados. A pesar de todo ello, consideramos que durante la tramitación legislativa en el Congreso se incorporaron aspectos fundamentales en el dictamen a través de enmiendas. Se limitó el objeto de la ley a la investigación y detección de delitos graves y siempre que sean requeridos a través de la correspondiente autorización judicial y, por otra parte, se ha adaptado a la realidad el tipo de datos que pueden ser objeto de retención. Contribuimos, pues, todos los grupos parlamentarios a garantizar en lo posible los derechos fundamentales de la ciudadanía ante el derecho del Estado, amparado por la Unión Europea, a la retención de comunicaciones electrónicas.


Muchas gracias.


El señor PRESIDENTE: Gracias, señora Oliva. Gracias también por su brevedad.


Grupo Popular en el Congreso, señor Echániz.


El señor ECHÁNIZ SALGADO: Muchas gracias, señor presidente.


Señorías, debatimos hoy, tras su paso por el Senado, este proyecto de ley de conservación de datos relativos a las comunicaciones electrónicas y a las redes públicas de comunicación, que significa, sin duda, un paso más en la construcción de un cuerpo normativo que nos permita mejorar nuestra seguridad en el ámbito de las nuevas tecnologías para así poder ejercer mejor nuestros derechos y nuestras libertades como sociedad. Es una ley que surge de la necesidad de trasponer una directiva europea impulsada tras los atentados de Londres de 2005 y que pretende dotar a los ciudadanos europeos de nuevas herramientas para la lucha contra el terrorismo y la delincuencia organizada que ya utilizan las redes de comunicación como uno de sus principales modus operandi para organizarse y para comunicarse. Por este motivo, nuestra sociedad no puede permitir que exista absoluta impunidad en la red como campo de delito y necesita crear los instrumentos preventivos, los instrumentos que faciliten la investigación de lo que ocurre en las comunicaciones, y dar cobertura legal a una actividad investigadora, absolutamente necesaria, que se está produciendo en toda Europa.


Señorías, desde finales del siglo XX, con una increíble aceleración en los años transcurridos de este siglo XXI, las nuevas tecnologías de la información y de la comunicación han desplegado nuevas posibilidades impensables hace muy poco tiempo: envío de voz y de datos en tiempo real, transmisión de imágenes, interactividad, gran capacidad de almacenamiento de archivos, búsqueda de contenidos en cualquier lugar del mundo. Y todo ello de forma sencilla, de forma barata y muy accesible. Estas circunstancias, sin duda, configuran un nuevo tipo de forma de relacionarse entre los ciudadanos, ya no solo españoles, sino de cualquier lugar del mundo, de comunicarse, de verse en directo y a distancia, de dialogar en tiempo real, de opinar, de interaccionar en muchos canales, de acceder, en definitiva, a información, a veces de difícil acceso, de enviar documentos en tiempo real, que antes necesitaban horas o días en un formato más idóneo para trabajar con él, etcétera. Estos elementos son los que han dado en llamar a nuestra era la sociedad de la información y de las comunicaciones, elementos que sin duda están transfigurando nuestra sociedad, nuestras relaciones, e incluso nuestro estilo de vida. Junto a esto, señorías, que parece muy positivo, hemos creado además un espacio de posibilidades para la relación entre delincuentes, en un entorno que para ellos es discreto, que es anónimo, y que pueden utilizar para sus crímenes con casi total impunidad. Son los ciberdelincuentes, las mafias, los delincuentes organizados, las redes de pedofilia y de pederastia, por no hablar de los crímenes relacionados con los servicios bancarios, los phising, y otros más conocidos.


¿La aparición de estos obstáculos y de esos malos usos significa que debamos renunciar a la potencialidad del buen uso de las nuevas tecnologías de la información

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y la comunicación? Nosotros pensamos que no. Como sociedad libre, tampoco debemos adoptar medidas como la de países donde las libertades están restringidas y la sociedad está controlada, como en Cuba o como en China, por citar dos ejemplos clásicos de restricciones a Internet. Pero debemos trabajar, eso sí, intensamente en la prevención y dotarnos de nuevas herramientas que permitan la investigación y la persecución de los nuevos delitos que han aparecido y de los que sin duda van a seguir apareciendo en el futuro, con la necesaria agilidad y eficacia. Aprovecho este debate que se ha producido antes respecto de la Guardia Civil para resaltar la importancia que tiene dotar a nuestras Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado de más y de mejores medios, técnicos y humanos, que les permitan actuar con eficacia ante estos delitos, que no solo amenazan nuestra libertad y la de nuestros hijos, sino nuestras transacciones electrónicas, nuestras comunicaciones y también nuestra seguridad nacional, nuestra defensa y nuestra seguridad pública.


Esta directiva europea que hoy trasponemos nos llama la atención sobre estos asuntos y nos avisa además de que este es un fenómeno global, un fenómeno que no tiene fronteras, que se puede producir desde cualquier lugar del planeta y que por tanto, en aquellos países que demuestren tolerancia y permisividad, se crearán paraísos de impunidad que atraerán a las factorías del cibercrimen, como ya ocurre con los paraísos fiscales. No podemos olvidar que el mundo de Internet se ha hecho para acceder desde entornos no locales y por este motivo -y a pesar de que este problema necesita respuestas globales y sin fronteras- nosotros no podemos quedarnos de brazos cruzados. Trasponer esta directiva es una forma de dotarnos de herramientas comunes al resto de países de la Unión Europea, es proteger que en esa red y en esas comunicaciones, a través de las cuales cada día hay más transacciones, comunicaciones e intercambios, haya también Estado de derecho -Estado de derecho en la red- y que impere la ley en Internet. Porque si no lo hacemos, señorías, una vez más los delincuentes nos tomarán la delantera a gran velocidad y cuando nos demos cuenta habremos perdido, sin duda, un tiempo muy valioso. Nuestra sociedad tiene que estar en condiciones absolutas de ganar esta batalla y este es el primer paso: solicitar de las operadoras de telecomunicaciones la obligación de conservar determinados datos de telefonía o de Internet, generados o tratados por las mismas, con el fin de ponerlos a disposición de los agentes habilitados para ello, en el curso de una investigación criminal por la comisión de un delito y en actividades de inteligencia o de policía judicial. (El señor vicepresidente, Martínez Sieso, ocupa la Presidencia.)

El Grupo Parlamentario Popular presentó en esta Cámara casi cuarenta enmiendas al texto de esta ley, de las que diecisiete fueron estimadas.
Merece la pena reseñar la que limita el contenido de la ley solo a los delitos graves y la incorporación de las tarjetas prepago existentes. Sin embargo, quedó fuera un importante número de ellas que a pesar de haber sido presentadas en el Senado han corrido la misma suerte. Hemos incluido la conservación de datos de los operadores y, sin embargo, no lo hemos hecho con los prestadores de servicios de la sociedad de la información.
Es decir, no lo hemos hecho con los servicios tipo chat o tipo foros, que son distintos al acceso a Internet, del correo electrónico o de la telefonía o voz por IP, pero que también generan, como es evidente, datos de tráfico susceptibles de ser conservados porque son los más utilizados por los pederastas en las redes de pornografía infantil para comunicarse y delinquir. Quizás hayan oído hablar SS.SS. del fenómeno del chroming, que permite a los pedófilos entrar en foros para niños fingiendo ser uno más y ganándose su confianza para luego grabarles y amenazarles con hacer público lo que han grabado, aumentando sus demandas, sus presiones y, por tanto, sus delitos. ¿Saben SS.SS. cuántas alertas o denuncias se producen cada día en España de abusos a menores en las páginas web solo de la Guardia Civil? Cerca de 7.200 al año, veinte denuncias al día, seiscientas denuncias al mes. ¿Y saben SS.SS. qué hemos hecho en esta ley para contribuir a luchar contra esto? No hemos hecho absolutamente nada.
Y en este momento es muy preocupante el uso que los pederastas están haciendo de las redes abiertas, del per to per, las de descarga libre compartida de música y de películas, que son las más utilizadas, especialmente por los jóvenes. Hoy en día, señorías, el servidor de Internet puede estar en Asia, el pedófilo puede estar en Europa y la víctima en Latinoamérica. Hoy los pederastas no están ni se sienten solos porque están conectados entre ellos y ya no necesitan salir a la calle para delinquir. Por eso son imprescindibles tratados internacionales, es imprescindible la prevención y es imprescindible que los prestadores de los servicios -repito-, los foros y los chats, tengan una actitud absolutamente proactiva en esta materia y, si no la tienen, exigir que la tengan por el daño que están permitiendo transmitir. Esto no está en la ley, como tampoco lo están los puntos de acceso público, los cibercentros, los locutorios de Internet o las zonas Wi-Fi. Ya hemos dicho que no tiene sentido blindar los datos de las operadoras ni de las tarjetas prepago y dejar abierto, sin embargo, el agujero negro de estos centros, porque la delincuencia va a migrar muy rápidamente a esos canales. Es absurdo contemplar unos y dejar fuera otros, porque lo que se está haciendo es una labor de desplazamiento de canal, sobre todo hoy en día, cuando los problemas de securización son mínimos y cuando el valor de la disuasión es tan importante. Sin embargo, en materia de marcar la diferencia entre los datos protegidos por el secreto de las comunicaciones y los datos protegidos por la Ley de Protección de Datos, tal como se ha puesto de manifiesto en las jurisprudencias del Tribunal Constitucional, de la Agencia Española de Protección de Datos y otras instituciones, se ha hecho algún avance. Es tímido pero es un avance y lo reconocemos. Por eso pedimos en el debate del dictamen que se reflexionara en profundidad en la tramitación del Senado para diferenciar -repito- el derecho a la privacidad e intimidad de las comunicaciones a través de la autoridad judicial preceptiva del derecho a la protección de datos sujetos a la Ley de

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Protección de Datos. Para lograr una mayor agilidad y eficacia en la investigación no debería ser necesaria la autorización judicial en cada caso, puesto que no afecta al secreto de las comunicaciones.


Señorías del grupo de la mayoría, ustedes nos han escuchado y se han dado cuenta de que era cierto -gracias, señor Rubalcaba, por ello- y, aunque nuestro texto era más claro, con la transaccional aprobada se ha dado un paso en la dirección adecuada. Señorías, esta ley puede ser positiva pero, como decía antes, lo podía haber sido mucho más, que es lo más importante. Creemos que se ha perdido una gran oportunidad para regular la obligación de conservación de datos y de colaboración de los agentes facultados por parte de los prestadores de servicios de la sociedad de la información, puesto que los delitos graves, los de terrorismo, los de delincuencia organizada, los de pornografía infantil, no solo se cometen por correo o por voz IP sino a través de chats, de foros públicos, etcétera, que esta ley deja absolutamente impunes. Asimismo, si bien se les ha impuesto a las operadoras de telefonía móvil la obligación de identificar las tarjetas prepago llevando un libro de registro, no existe una obligación similar para los administradores de los cibercafés o de las zonas Wi-Fi, por lo que seguramente los delincuentes que quieran seguir actuando de forma anónima dejarán de usar aquellas para utilizar estos lugares.


Señorías, quiero aprovechar esta intervención para decirles que todavía estamos a tiempo de introducir estas medidas en la ley que se va a discutir a partir de esta semana, la Ley de medidas de impulso a la sociedad de la información, ya que desde nuestro punto de vista garantizar la seguridad en las nuevas tecnologías, en Internet, es sin duda la mejor forma para impulsar su uso, por lo que invito al Grupo Parlamentario Socialista y al señor ministro a hacerlo en este sentido.
Por tanto, señorías, votaremos -y con esto termino, señor presidente- a favor las cuatro enmiendas del Senado, las dos del Partido Popular, la del PSOE y la de CIU. Quiero hacer un llamamiento a todos los grupos para que nos sigamos dotando, en el futuro, de un cuerpo normativo que nos permita proteger a la sociedad española de los nuevos desafíos que están surgiendo con la extensión de las nuevas tecnologías de la sociedad de la información y de la comunicación.


Muchas gracias, seños presidente.


El señor VICEPRESIDENTE (Martínez Sieso): Gracias, señor Echániz.


Por el Grupo Parlamentario Socialista tiene la palabra el señor Fuentes.


El señor FUENTES GUZMÁN: Gracias, señor presidente. Atenderé especialmente el ruego que nos ha hecho de brevedad en este punto.


Señorías, hoy debatimos y votamos en el último trámite esta importante ley y queremos mostrar nuestra satisfacción, tras su paso por el Senado, porque viene con un importante consenso y, más allá de las objeciones que han hecho algunos grupos, en lo fundamental estamos de acuerdo con lo que regula. Es un consenso que mi grupo entiende necesario porque nos encontramos ante una norma que traspone una directiva europea y, aunque no tiene el carácter de orgánica porque no afecta al contenido esencial de los derechos fundamentales, una posible formulación incorrecta de la misma podría afectar a una materia tan sensible como es el secreto de las comunicaciones y el derecho a la intimidad, derechos básicos en un régimen de libertades como el que disponemos en la Europa de la Unión.
Siendo además un instrumento de lucha contra el crimen que pretende dar amparo legal a la investigación y a la búsqueda de evidencias criminales dentro de los modernos sistemas de comunicación, era fundamental para mi grupo y por supuesto para el Gobierno alcanzar un consenso en esta ley.
Señorías, todos coincidimos en que es necesario adoptar normas que no permitan que actividades delictivas se oculten dentro de la compleja red de comunicaciones actualmente en funcionamiento. También estamos de acuerdo en establecer un marco jurídico adecuado para acceder a aquellas comunicaciones cuya identificación pueda resultar necesaria en las investigaciones policiales y judiciales efectuadas por medios telefónicos o por Internet. La adopción de medidas de este tipo puede suponer -como ya he advertido antes- una injerencia en determinados derechos de los ciudadanos, como son el derecho a la intimidad o el derecho al secreto de las comunicaciones. Esta es una posibilidad que aún siendo legítima, de acuerdo con el artículo 8 del Convenio europeo para la protección de derechos humanos y de las libertades, ha de ser regulada adecuadamente y con precisión.


El proyecto de ley que hoy nos ocupa procede a incorporar la Directiva comunitaria 2006/24 a nuestro ordenamiento jurídico con una clara vocación instrumental, puesto que se trata de reforzar los mecanismos policiales para la detección, la investigación y la persecución de los delitos. Podemos decir con satisfacción que el proyecto de ley ha resuelto adecuadamente el equilibrio que debe existir entre las obligaciones que se imponen y los derechos que pueden verse afectados.
Digo que nos encontramos satisfechos porque los derechos ciudadanos que pudieran verse afectados por estas nuevas obligaciones en el proyecto de ley quedan plenamente garantizados. Ello es así porque, en primer lugar, los datos que obligatoriamente deben ser conservados son exclusivamente los necesarios para identificar el origen y el destino de la comunicación, su hora, fecha, duración, el tipo de servicio utilizado y el equipo de comunicación empleado por los usuarios; estos y ningún otro dato más. En segundo lugar, porque el propio proyecto garantiza que cualquier uso de estos datos estará sometido, como no puede ser de otra forma, a los mecanismos de control de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de protección de datos de carácter personal. Y en tercer lugar, porque la cesión de los datos a los responsables policiales solo podrá hacerse previa autorización judicial. (La señora vicepresidenta, Calvo Poyato, ocupa la Presidencia.)

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En aras de una mayor precisión técnica, eficacia y protección de los derechos antes mencionados, en el Senado se han aprobado con amplio consenso enmiendas del Grupo Popular, del Grupo Catalán (Convergència i Unió) y del Grupo Socialista. En concreto, hemos entendido correcta la modificación del apartado 2 del artículo 5, porque si bien es entendible que se recuerde la vigencia de un deber añadido de conservación de los datos en los supuestos de cancelación a instancia del interesado, hay que evitar que se confunda el derecho de cancelación de los datos con el bloqueo de tales datos como consecuencia del ejercicio de este derecho.
La enmienda aprobada en relación con el apartado 1 del artículo 7 trata de delimitar, con la máxima claridad posible, la frontera entre lo que constitucionalmente requiere intervención judicial y la habilitación que la Ley Orgánica de Protección de Datos otorga a los miembros de la Policía judicial para la obtención y tratamiento de datos protegidos requeridos en la investigación y prevención. En la letra b) del apartado 5 de la disposición adicional única se completa con buen criterio un límite objetivo a la demora a la que hace referencia, que pasa a concentrarse en 72 horas en pro del principio de tipicidad. Por último, se añade un nuevo apartado en la disposición final primera, el 1, que recoge una nueva redacción del artículo 33 de la Ley General de Telecomunicaciones. Se trata de una mejora técnica con la que se quiere dotar del rango adecuado a las interceptaciones de las comunicaciones electrónicas. A pesar de las reticencias que algunos grupos han mostrado a esta modificación introducida por el Senado, nosotros entendemos que no se trata más que de la adaptación a la Ley General de Telecomunicaciones de la normativa que hoy venimos a aprobar; no va mucho más allá, señorías.


Mi grupo quiere agradecer el esfuerzo que se ha realizado tanto en esta Cámara -porque el texto ya salió bastante consensuado de aquí- como en el Senado por los distintos grupos parlamentarios, la actitud positiva que en todo momento han mantenido en relación con el proyecto del Gobierno y la capacidad de consenso que ha permitido que podamos decir a la sociedad que en una materia tan importante como es la seguridad estamos todos unidos, todos de acuerdo en la legitimidad del Estado para salvaguardarla, y todos conformes con cuáles son los límites a la necesaria investigación policial y judicial de las comunicaciones entre los ciudadanos.


Muchas gracias, señora presidenta. (Aplausos.)

La señora VICEPRESIDENTA (Calvo Poyato): Gracias, señor Fuentes.


DICTÁMENES DE COMISIONES SOBRE INICIATIVAS LEGISLATIVAS:

- PROYECTO DE LEY PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE DEL MEDIO RURAL. (Número de expediente 121/000135.)

- PROYECTO DE LEY ORGÁNICA COMPLEMENTARIA DEL PROYECTO DE LEY PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE DEL MEDIO RURAL. (Número de expediente 121/000150.)

La señora VICEPRESIDENTA (Calvo Poyato): Pasamos al punto VIII del orden del día: Dictámenes de comisiones sobre iniciativas legislativas. Por acuerdo de la Junta de Portavoces acumulamos los puntos 38 y 39, el proyecto de Ley para el desarrollo sostenible del medio rural y el proyecto de Ley orgánica complementaria del proyecto de Ley para el desarrollo sostenible del medio rural. Tiene la palabra la señora ministra.


La señora MINISTRA DE AGRICULTURA, PESCA Y ALIMENTACIÓN (Espinosa Mangana): Gracias, señora presidenta.


Señorías, en primer lugar, quiero mostrar mi agradecimiento a los diputados y diputadas de la Comisión de Agricultura, Pesca y Alimentación por el intenso trabajo que han realizado para que los ciudadanos y ciudadanas del medio rural no vieran defraudadas sus expectativas. Mis últimas palabras en la presentación del proyecto de ley iban en ese sentido cuando les pedía, en nombre del Gobierno, el máximo esfuerzo para que el medio rural pudiera afrontar su futuro con mayor esperanza. Los más de 14 millones de personas que viven en el medio rural también se lo agradecerán porque a partir del próximo año van a disponer de un nuevo instrumento que contribuirá a mejorar su grado de bienestar.


Como saben, el proyecto de Ley para el desarrollo sostenible del medio rural es un marco que establece instrumentos y objetivos para avanzar en la cohesión económica, social y territorial, dejando que las medidas concretas sean consensuadas por las administraciones competentes. El pasado día 13 de septiembre manifesté en este mismo Pleno el escrupuloso respeto del Gobierno al marco competencial durante el proceso de elaboración del proyecto de ley. En aquel debate se suscitaron democráticamente algunos planteamientos y posteriormente, durante el trámite parlamentario, se han clarificado ciertas dudas planteadas por grupos parlamentarios que deseaban mayor concreción. También ustedes han incorporado mejoras que dan mayor claridad y concreción a alguno de los planteamientos del Gobierno y, en consecuencia, sean bienvenidas todas esas aportaciones que han enriquecido el texto inicial. Estos planteamientos en positivo han permitido incluir en varios artículos a colectivos como las personas mayores o las personas discapacitadas entre los beneficiarios de determinadas actuaciones, afianzando y ampliando la aplicación de derechos sociales a todos los ciudadanos que viven en el mundo rural. Quiero insistir en que se trata de una ley dirigida a las personas que viven y ocupan el 90 por ciento del territorio. Señorías, creo que se ha alcanzado un grado de consenso bastante razonable porque el grupo parlamentario mayoritario ha aceptado o consensuado todas las aportaciones positivas. Ya les manifesté la voluntad del Gobierno de alcanzar el mayor grado

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de consenso posible, que no debe medirse numéricamente relacionando las enmiendas presentadas y las incorporadas, sino más bien por el número de aportaciones positivas que no vulneran el espíritu, los objetivos ni el contenido esencial del proyecto de ley.


Señorías, la clase política tenemos la obligación de garantizar cuanto antes la igualdad de todos los ciudadanos en el ejercicio de sus derechos. Estos ciudadanos y ciudadanas del medio rural precisan de una ley como la que hoy nos trae a este debate para que sin más demora ni dilación puedan mejorar su calidad de vida. Además, estoy segura de que nadie entenderá a quienes pongan trabas a la aprobación de una ley que es fundamental para asegurar la vertebración del territorio, el mantenimiento de la población, el desarrollo económico y social del mundo rural. Quien así actúe, aunque sea de manera legítima, tendrá que dar explicaciones públicas de su desafortunada decisión, porque es difícil no estar de acuerdo en la necesidad de iniciar actuaciones en el mundo rural que posibiliten acabar con la discriminación que viene sufriendo. Desde el Gobierno queremos volver a insistir en la necesidad de seguir trabajando por el consenso en aquellos planteamientos en los que no ha sido posible avanzar durante este trámite parlamentario. Por tanto, en el trámite del Senado, donde a veces las segundas lecturas favorecen los acuerdos, deben plantearse desde una óptica positiva las propuestas que traten de enriquecer el contenido del proyecto de ley. Les animo a ello porque tanto el Gobierno como el grupo parlamentario que lo sustenta están abiertos a cuantas iniciativas se planteen en beneficio de la cohesión económica, social, territorial y medioambiental que tanto necesitan las personas que habitan en el mundo rural y en el conjunto de la sociedad. El pasado día 13 también les expuse que la credibilidad del proyecto se manifestaría en la propuesta de Presupuestos Generales del Estado para 2008 que iba a presentar el Gobierno. La disposición transitoria única que ustedes han tenido la oportunidad de debatir es muy clara sobre la dotación presupuestaria inicial. Al no tener ninguna enmienda de modificación, debo interpretar que consideran válido el planteamiento presupuestario del Gobierno hasta no se disponga del programa plurianual. Como el proyecto de Ley de Presupuestos para el próximo año ya ha sido presentado por el Gobierno, habrán podido comprobar la creación de un programa nuevo destinado al desarrollo rural sostenible con una dotación suficiente, si tenemos presente los plazos establecidos en la disposición final primera. Señorías, permítanme que les diga una vez más que desde el Gobierno queremos convertir la política de desarrollo sostenible del medio rural en una política de Estado en la que todas las administraciones se impliquen de forma decidida y que los verdaderos protagonistas sean los habitantes que viven en ese territorio.


Señorías, antes de acabar les pido el voto favorable para este proyecto de Ley de desarrollo sostenible del medio rural y también para el proyecto de Ley orgánica complementaria procedente de la disposición adicional segunda.


Muchas gracias. (Aplausos.)

La señora VICEPRESIDENTA (Calvo Poyato): Muchas gracias, señora ministra.


Señora Fernández.


La señora FERNÁNDEZ DAVILA: Gracias, señora presidenta.


Señorías, señora ministra, subo a esta tribuna para defender las cinco enmiendas que mantenemos vivas y que, si bien es cierto que son pocas, son fundamentales en cambio para que podamos decidir la posición final respecto a este proyecto de ley. Las razones expuestas por nuestro grupo en la enmienda de devolución que presentamos al mismo estaban fundamentadas en la injerencia competencial que en él se observaban.
Evidentemente, discrepamos de la ministra en el sentido de que a día de hoy sigue manteniendo que este proyecto fue elaborado con escrupuloso respeto a la cuestión competencial. Nosotros en su momento lo entendimos así y, como diré durante el transcurso de mi intervención, seguimos entendiendo que la injerencia continúa. La retirada por nuestra parte de la enmienda a la totalidad presentada se justificó en dos cuestiones fundamentales. Reconocer la demanda existente en los sectores socioeconómicos y en el asociacionismo del ámbito rural de la necesidad de legislar en la dirección de garantizar programas de desarrollo rural sostenible que permitan unas condiciones de trabajo y de calidad de vida que eviten la despoblación que las zonas y municipios rurales están sufriendo en la actualidad. Percibir, asimismo, predisposición por parte del Gobierno y del grupo mayoritario de esta Cámara a trabajar en el texto propuesto con el fin de que la ley que fuésemos a aprobar fuera una ley-marco que sirviese como instrumento a las administraciones autonómicas para, de acuerdo con sus competencias, llevar a cabo los programas de desarrollo rural que la realidad de cada territorio aconseje. En el debate al que hacemos referencia dejamos claro que retirar nuestra enmienda de devolución para no impedir la tramitación parlamentaria correspondiente no significaba que fuésemos a votar favorablemente al final del proceso.


Señorías, tenemos que reconocer que en el informe de ponencia que hoy llega a este Pleno ha mejorado sustancialmente la propuesta en distintos aspectos medioambientales y sociales. Queremos resaltar la nueva letra f) que se incorpora al artículo 26 en la que se plantea la promoción y el desarrollo de planes de prevención y protección contra la violencia de género y el maltrato hacia las mujeres en el medio rural. Es necesario decir que también hay un mayor respeto competencial que el que inicialmente tenía, y no solo por las transacciones acordadas con otros grupos parlamentarios de esta Cámara sino también con nuestro propio grupo, el BNG, como es el caso de nuestra enmienda 278 a través de la cual se incorpora al texto que la elaboración

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del programa de desarrollo rural se hará coordinadamente entre la Administración central y las administraciones autonómicas. Sin embargo, no se acepta ni se transacciona nuestra enmienda 279, que mantenemos y defendemos en el día de hoy y que pretende que además de la coordinación el programa deba ser aprobado asimismo por ambas administraciones.
Señorías, ¿qué comunidad autónoma no tiene transferidas las competencias en materia de agricultura, bienestar social, sanidad, educación o vivienda? ¿Puede el Gobierno del Estado actuar unilateralmente en cualquiera de estas materias sin que no signifique intromisión en las competencias autonómicas? En relación con cualquiera de las otras actuaciones de interés general, como transportes, infraestructuras viarias, etcétera, es decir, cuestiones de competencia estatal, ¿las va a acometer el Gobierno en contra del criterio de las comunidades autónomas? Entendemos que no debería ser así.


La enmienda 291 propone modificar el artículo 38 con el fin de reconocer en el Consejo para el Medio Rural, que a través de este artículo se crea, el papel que les corresponde a las comunidades autónomas de acuerdo con las competencias que tienen asumidas. No podemos compartir que se ponga al mismo nivel en este consejo a las administraciones autonómicas y a las administraciones locales. En nuestra opinión, esto es incidir en la idea de potenciar el papel de los entes locales con el fin de desvalorizar el significado, desde el punto de vista político y también administrativo, de las comunidades autónomas. Señorías, menos de acuerdo podemos estar - por la razón que acabamos de comentar anteriormente- con la incorporación que se hace en el artículo 39 que significa el reconocimiento a la mesa de asociaciones de las mismas atribuciones reconocidas al Consejo para el Medio Rural, al mismo tiempo que en esta mesa de asociaciones se sigue manteniendo la exclusión de las asociaciones de ámbito autonómico que, siendo representativas en su territorio, no lo son en el ámbito estatal, cuestión esta que pretendíamos subsanar con nuestra enmienda 291. Las enmiendas 285 y 286 también las mantenemos porque consideramos conveniente que en aquellas comunidades autónomas que cuenten con cuerpos policiales propios, estos puedan colaborar con los cuerpos de seguridad del Estado en aquellos asuntos que se recogen en el artículo 26.


Quiero resaltar los acuerdos alcanzados en ponencia en relación con la modificación que se hace del artículo 16, razón por la que retiramos las enmiendas 282, 283 y 284, ya que las consideramos transaccionadas con otros grupos. No hay duda de que los cambios introducidos en este artículo recogen más adecuadamente la definición de profesional de la agricultura al ampliar el concepto de explotación agraria y al incorporar como beneficiarios prioritarios a las mujeres titulares o cotitulares de las mismas. Señorías, valoramos, y mucho, el trabajo que se hizo en ponencia entre los diferentes grupos parlamentarios que permitió acuerdos, como los que acabamos de comentar, que mejoran y mucho el proyecto presentado inicialmente por el Gobierno. Valoramos y agradecemos de manera especial el trabajo del diputado don Alejandro Alonso que se esforzó, y mucho, por llegar a acuerdos; esfuerzo que hizo posible que de nuestras veinte enmiendas solo mantengamos las cinco que acabamos de defender.


En Comisión nos abstuvimos en la votación del informe de ponencia manifestando nuestra voluntad de llegar a acuerdos fundamentalmente en las enmiendas 279, 290 y 291, que acabo de defender y que están relacionadas con la clarificación y que pretenden dejar muy claro en la ley que hoy se va a votar las competencias autonómicas y las competencias del Estado. No ha sido posible alcanzar estos acuerdos y, por tanto, hoy tampoco podremos votar favorablemente el proyecto de ley que estamos discutiendo. Parece, y así lo entendemos desde nuestra posición política, que el Gobierno del Estado quiere entrar en competencia con los gobiernos autonómicos actuando en asuntos atribuidos competencialmente a los mismos. Por tanto, no comprendemos el empeño de seguir manteniendo cuestiones como las que nosotros queremos enmendar en el artículo 5.3, pues entendemos, y así lo acabamos de exponer, que el programa de desarrollo rural sostenible debería ser bilateralmente acordado entre el Gobierno del Estado y los gobiernos autonómicos. Del mismo modo volvemos a insistir en el artículo 26, al que presentamos nuestra enmienda 291, en el que se organiza y se crea el Consejo del Medio Rural. Volvemos a decir que entendemos que las comunidades autónomas no pueden estar consideradas de igual modo que los entes locales. Así, cuando las entidades locales tienen competencias, por ejemplo en bienestar social, estas emanan de la competencia general de la comunidad autónoma, que es la que tiene realmente atribuida la competencia de la gestión de estos servicios. Si de alguna entidad administrativa dependen desde el punto de vista competencial en todos estos aspectos las entidades locales, es de la Administración autonómica. Por lo tanto, en este consejo rural que se crea en la ley no pueden estar al mismo nivel. Por supuesto, seguimos manteniendo nuestras enmiendas porque consideramos una discriminación real que aquellas asociaciones que trabajan en el medio rural, por ser fundamentalmente asociaciones agrarias, se sigan excluyendo de aquellos organismos o entidades donde se van a discutir cuestiones que aunque afecten al ámbito estatal, en la medida que corresponden a los territorios donde estas asociaciones actúan, como el caso concreto de las de Galicia, el Estado también tiene su opinión. Por todo lo expuesto, mantenemos nuestras enmiendas y no podemos dar nuestro voto favorable a este proyecto de ley.


La señora VICEPRESIDENTA (Calvo Poyato): Muchas gracias, señora Fernández.


Por el Grupo Parlamentario de Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya Verds, señora Muñoz.


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La señora MUÑOZ DE DIEGO: Señora presidenta, señorías, nuestro grupo parlamentario ya manifestó en el debate de totalidad del presente proyecto de ley que lo considerábamos muy importante porque con él se podría intentar dar respuesta a las demandas legítimas de una parte de la población española que vive en la zona rural, que es ni más ni menos que el 35 por ciento de la población, y que sufre una situación desfavorable desde el punto de vista socioeconómico, pero que a su vez presenta también potencialidades muy interesantes que hay que poner en valor.
Además, esta ley tenía que cubrir a nuestro juicio otros objetivos también importantes: evitar la paulatina despoblación de la zona rural, apostar por un modelo de desarrollo basado en criterios de sostenibilidad y, sobre todo, abordar globalmente la necesidad de cubrir los déficits en servicios públicos con criterios de igualdad.


Otra cuestión importante que la ley debía resolver era su encaje competencial respetando el papel de las comunidades autónomas en muchas materias de las reguladas en este proyecto de ley. Materias como vivienda, educación, sanidad o desarrollo local vienen atribuidas por los estatutos de autonomía a las comunidades autónomas y, en consecuencia, era imprescindible solventar el respeto competencial en la ley, con objeto a nuestro juicio no solo de cumplir la legislación vigente, que ya es una obligación, sino también de garantizar que la futura ley sea lo más eficaz posible y no esté sometida a tensiones innecesarias sobre el marco competencial que, sin duda, podrían dificultar su concreción y eficacia. Pensábamos también que este proyecto de ley debía contemplar y asumir una amplia participación de la sociedad civil en el diseño y desarrollo del programa. Estos objetivos eran prioritarios para nuestro grupo parlamentario y el texto planteado nos parecía que podía servir de base y ser mejorado en el trámite de enmiendas para acercarse a los objetivos señalados.


Nuestro grupo político presentó 50 enmiendas, de las cuales más de 20 han sido aceptadas, transaccionadas en trámite de ponencia o aprobadas en Comisión y forman parte ya del cuerpo del texto que hoy estamos debatiendo. De las mencionadas enmiendas, una parte iba dirigida a corregir los déficits competenciales del texto, otras se referían al contenido social de la ley y otras a incorporar criterios de sostenibilidad ambiental en el modelo de desarrollo rural. Con la incorporación de las enmiendas a las que hemos hecho referencia, hoy la ley tiene a nuestro juicio un espacio competencial más claro; la sostenibilidad no es solo una referencia en el título de la ley, ya que se ha incorporado a los objetivos básicos de la misma; se han priorizado actuaciones dirigidas a las zonas incluidas en la Red Natura 2000; se han incluido indicaciones muy avanzadas en materia de gestión y protección del agua; se ha incorporado el paisaje como un elemento a proteger y las energías renovables como una oportunidad de desarrollo, o la ordenación del territorio y la garantía de abastecimiento de agua como requisitos básicos para poder aprobar futuros desarrollos urbanísticos. Además, la ley, a través de nuestras enmiendas, ha incorporado una apuesta por la estabilidad en el empleo y por la prevención de riesgos laborales, que deben ser elementos básicos de los planes que desarrollen el programa de desarrollo rural, y también la apuesta -la representante del BNG decía que había enmiendas de diferentes grupos- sobre la igualdad de oportunidades y los planes de prevención de la violencia de género. Sin duda, estas incorporaciones a nuestro juicio mejoran el texto y, junto a las transaccionadas y aceptadas a otros grupos, nos permiten señalar que la claridad competencial de esta ley es hoy mayor y que el contenido social y ambiental de la misma ha mejorado notablemente. En este sentido, nuestro grupo también quiere significar el esfuerzo que se ha hecho por don Alejandro Alonso y por el conjunto de los miembros de la ponencia para intentar transaccionar y acercar posturas en esta ley. Ha sido un esfuerzo que ha permitido mejorar notablemente un texto que nacía con deficiencias evidentes, como se puso de manifiesto en el debate de totalidad. Si bien valoramos positivamente esa actitud, aún quedan buena parte de las enmiendas de nuestro grupo pendientes, que vamos a pasar a votación en esta Cámara y que se refieren a los tres temas fundamentales que eran objetivos básicos de esta ley para nosotros.


Las enmiendas números 7, 8, 11, 21, 43, 49 y 52 hacen referencia a la claridad competencial y al respeto a las competencias de las comunidades autónomas. Algunas coinciden en su contenido con las que ha expresado la representante del Bloque Nacionalista Galego en la tribuna. En concreto, se refieren a la facultad de gasto, a la competencia para aprobar el programa de desarrollo rural y también a la compensación económica por los diferentes costes de las nuevas obligaciones que la ley establece y que entendemos que se deberían regular.


Especial mención queremos hacer desde nuestro grupo a la enmienda número 18, que básicamente pretende mantener la definición de profesional de la agricultura y de explotación agraria que viene en la Ley de modernización, no tanto porque sea quizá la más ajustada, sino porque se tiene que tener una única definición. No es posible tener una definición en la Ley para el desarrollo sostenible del medio rural y otra en la Ley de modernización, porque eso va a conducir inevitablemente a confusiones.
Mantenemos la enmienda. La Ley de modernización de las explotaciones agrarias tenía una definición ya consolidada en el sector y cualquier modificación tiene que estar pactada con las organizaciones del sector también y tiene que ser una definición que no conduzca a confusión. En ese sentido, la mantenemos y esperemos que en trámite del Senado se pueda llegar a una redacción que evite esta situación.


También es importante para nosotros la permanencia de la población en zonas rurales. Por eso, mantenemos las enmiendas números 28 y 54, que hacen referencia al apoyo a entidades de sustitución y a reconocer la titularidad compartida de hombres y mujeres en explotaciones

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agrarias, una regulación que está pendiente desde la Ley de Igualdad y que todavía estamos esperando. Esta enmienda pretende resolver ese asunto.
Las enmiendas números 44, 46, 47 y 48 de nuestro grupo parlamentario pretenden mejorar la participación institucional y social en los órganos previstos en la ley, en el Consejo para el Medio Rural y en la mesa de asociaciones, clarificar sus funciones y mejorar el seguimiento democrático del programa.


También tenemos una serie de enmiendas de contenido social y ambiental a las que nosotros damos mucha importancia. En este sentido, quiero hacer mención de la enmienda número 14, que pretende no incluir en el mismo nivel a los municipios rurales de zonas periurbanas que a los municipios rurales de la zona Red Natura 2000 y a los municipios pequeños. Las zonas periurbanas tienen otras posibilidades de desarrollo y plantearlas como zonas prioritarias en el mismo nivel es un error. Las que tienen que estar son las de Red Natura 2000 y los municipios más pequeños.
Igualmente, la enmienda número 20 pretende limitar la declaración de interés general para proyectos urbanísticos, turísticos o deportivos, no porque nuestro grupo piense que esos proyectos no pueden contribuir al desarrollo local o rural en algunos casos y dependiendo de su contenido, sino porque creemos que hay que excluirlos de la declaración de interés general que permite saltarse determinadas tramitaciones que en este tipo de proyectos deben ser a nuestro juicio especialmente rigurosas, sobre todo las que tienen que ver con las declaraciones de impacto ambiental.
En ese sentido, esta enmienda excluiría esa declaración de interés general de proyectos, más allá de los que pueden ser de infraestructuras o servicios básicos.


Nuestras enmiendas 33 y 34 plantean criterios de gestión de riesgos de avenidas o de inundaciones que nos parecen más avanzados y también respecto a las superficies regables. Creemos que nuestro país no debe incrementar las hectáreas que hoy tiene de regadíos, debe en todo caso redistribuirlas, y, desde luego, cuando se ha dado una subvención para hacer una zona de regadío con una inversión pública y esa zona se recalifica, se debe devolver el dinero con los intereses. Creemos que es una enmienda de sentido común, de cultura adecuada del uso del agua y que pretende evitar abusos y enriquecimientos injustos que provocan escándalo en la población.


La enmienda 37, en materia de prevención ambiental, nos parece muy significativa ya que se trata de reforzar las intervenciones no solo de las policías autonómicas, como antes comentaba la representante del Bloque Nacionalista Galego, sino también de las guarderías fluviales y forestales. Pensamos que hacen un papel muy importante en materia de prevención y protección del medio ambiente y tienen además la consideración de policía judicial. En consecuencia, se debe reforzar su intervención. Mantenemos la enmienda 51, que trata de adecuar la Ley de Arrendamientos Rústicos a nuevas realidades en materia de desarrollo rural que pensamos que puede afectar a otras entidades y no a las tradicionales. Se retiran las enmiendas números 17, 39, 42 y 45 de nuestro grupo porque creemos que su espíritu ha sido recogido.


Respeto al proyecto de ley que se tramita de modo complementario, mostramos la conformidad de nuestro grupo. Presentamos la enmienda número 50, que pretende clarificar las competencias de comunidades autónomas que tienen algún tipo de responsabilidad en materia de seguridad con las del Ministerio del Interior, pero compartimos la filosofía, una vieja demanda de los municipios apoyada por la FEMP, de que se puedan coordinar y compartir los servicios de policía local.


Termino, señora presidenta, señorías, diciendo que creemos que esta ley ha mejorado a lo largo del trámite de enmiendas, en ponencia y Comisión.
Vamos a someter a votación las enmiendas que he mencionado porque creo que mejoran el texto y solventan algunos de los problemas planteados, pero en todo caso vamos a votar favorablemente esta ley porque pensamos que es una oportunidad para el mundo rural, que necesita la legislación y la financiación. En la legislación nuestro grupo va a estar de acuerdo; en la financiación y en los presupuestos lo discutiremos, porque esta ley sin recursos sería una ley vacía de contenido.


Muchas gracias.


La señora VICEPRESIDENTA (Calvo Poyato): Muchas gracias, señora Muñoz.


Por el Grupo Parlamentario Vasco el señor Txueka tiene la palabra.


El señor TXUEKA ISASTI: Gracias, señora presidenta.


La ministra de Agricultura finalizaba su intervención en defensa del proyecto de Ley para el desarrollo sostenible del medio rural, finalizaba y hoy comenzaba, pidiéndonos con palabras textuales el máximo esfuerzo para que esta ley fuera una realidad y nos transmitía la voluntad del Gobierno de que el proyecto de ley fuera mejorado en el proceso y debate de enmiendas en Comisión, a lo que yo le respondía -y cito también textualmente- manifestándole sinceramente nuestro deseo de colaborar y, aunque en aquel momento nuestra enmienda a la totalidad fuera rechazada, de llegar a los máximos acuerdos en esta materia. Era una oferta sincera en una ley en la que las comunidades autónomas tienen competencias exclusivas en muchas de las materias que trata. Yo no soy jurista, pero, como se suele decir, en los escaños de nuestro grupo sí hay sentados, en términos jurídicos, finos juristas -no los he definido yo así, pero han sido muchas veces calificados de esta manera- y me recuerdan que el Tribunal Constitucional -y lo cita un nacionalista vasco- ha sintetizado en sus diversas sentencias cuál debe ser el ámbito de la competencia del Estado de cara al establecimiento y regulación de medidas de fomento y en este sentido ha fijado tres supuestos teóricos. Primer supuesto -sentencia textual del Tribunal Constitucional- : El

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Estado carece de competencia específica para el establecimiento de medidas de fomento. La facultad de gasto público en manos del Estado no es un título competencial autónomo (sentencias de 1985 y 1989). Segundo supuesto teórico: El establecimiento de medidas de fomento por parte del Estado solo se justifica, en principio, cuando aquellas recaen sobre sectores de la realidad en relación con las cuales el Estado haya asumido alguna competencia (sentencias de 1986 y 1990). Tercer supuesto: La subvención no es un concepto que delimite competencia (sentencias de 1985 y 1992), ni el solo hecho de financiar puede erigirse en núcleo que atraiga hacia sí toda competencia sobre los variados aspectos a que puede dar lugar la actividad de financiación. La persecución del interés general que representa el Estado se ha de materializar a través de los sistemas de reparto de competencias articulado en la Constitución (sentencia de 1986), excluyéndose así que el ámbito de competencias pueda ser extendido por meras condiciones finalistas (sentencia de 1989). Todas son sentencias del Tribunal Constitucional, señora ministra.


Decía que nuestra oferta era sincera en materia de competencia exclusiva pero que, además, había que tenerse en cuenta cuál es la realidad práctica de la agricultura, del desarrollo rural y de casi todas sus materias, en quién y en dónde radicaba la capacidad real para dicha gestión también. (Rumores.)

La señora VICEPRESIDENTA (Calvo Poyato): Señorías, por favor.


El señor TXUEKA ISASTI: En Comisión yo citaba una anécdota. Yo represento a un territorio, Guipúzcoa, en donde si no me equivoco y han cambiado mucho las formas, el Ministerio de Agricultura tenía solo dos funcionarios para poder ejercer su "competencia". Por tanto, estamos discutiendo no solamente la competencia sino la capacidad real de ejercerla. Pues bien, nuestra oferta era tan sincera que nosotros presentamos 34 enmiendas en torno a los tres ejes de análisis de mejora y de integración de la ley con esa realidad que he pactado, basándonos en los tres puntos en que hice hincapié en la enmienda a la totalidad: la extralimitación competencial por parte del Estado, que creo que está suficientemente demostrada; que el proyecto, a nuestro juicio, partía de una concepción centralista de las políticas públicas y que entendíamos que el instrumento normativo elegido era inadecuado para la implementación de las medidas de actuación para el desarrollo rural. Pues bien, como he dicho, presentamos 34 enmiendas y, señora ministra, he comenzado diciendo cuáles eran sus expresiones en la defensa de la ley que nos ha vuelto a recalcar hoy.


Yo le voy a decir, sin acritud, que ninguna de nuestras enmiendas ha sido aceptada, pero, es más, a ninguna de nuestras enmiendas se nos ha presentado una posibilidad de modificación o de transacción: pero es que es más, a ninguna de nuestras enmiendas se le ha dado la posibilidad de poder discutir o debatir en un sentido positivo para poder llegar a un acuerdo. Ni el Gobierno, ni el Grupo Socialista, ni el señor Alonso, y se lo digo sin ninguna acritud porque ya sabe S.S. la estima que le tengo y espero que nos tengamos, nos han brindado ninguna oportunidad, ninguna.
La única forma que me quedaba de expresar la protesta era la de no intervenir en la votación, dado que ninguna de las enmiendas había sido ni debatida, ni discutida, ni posibilitada, y me mantuve en esa posición.
Por decirlo suavemente -y se lo vuelvo a decir con cariño- usted en un aparte me comentó que nuestras enmiendas no cabían. Su respuesta fue en encogimiento de hombros que yo entendía, no lo comprendía pero lo entendía. Lo siento, señor Alonso. Los anteriores intervinientes, le han floreado, en términos taurinos; yo no lo puedo hacer, y usted me entiende, porque, además, en ocho años no he conocido una actitud semejante y un comportamiento parlamentario de no entrar al debate de ninguna de las enmiendas, es que no lo he conocido, y fíjese si los cuatro años anteriores del Gobierno Aznar fueron duros para con el Grupo Parlamentario Vasco. Discutimos leyes muy difíciles y duras como la Ley de Pesca, en donde el Estado tenía muchas más competencias que en esta materia, y me acuerdo de haber llegado a acuerdos con representantes del ministerio, en concreto con el ministro señor Arias. Lo reconozco. (El señor Madero Jarabo pronuncia palabras que no se perciben.) Vaya el señor Madero. Ahora no ha sido posible. Creo que es el estrés de fin de curso y que estamos en periodo de exámenes.


Otra pequeña matización. La ministra nos dijo que contaba con el apoyo de grupos sociales, empresariales y sindicales. Señora ministra, en la Comunidad Autónoma vasca -y no me refiero a otras comunidades, cada uno sabrá- esos grupos sociales, empresariales y sindicales carecen de representatividad. Por tanto, volvemos a las mismas. A usted le servirán estos argumentos pero no en cuanto a nuestra realidad. Dicho esto -podía extenderme mucho más en varias de estas cuestiones, pero no lo voy a hacer- es evidente que no vamos a apoyar la ley, no la podemos apoyar.


Al final de su intervención ha venido a recalcarnos, señora ministra, la grave irresponsabilidad, creo que han sido sus palabras textuales, que vamos a cometer los que no vamos a apoyar la ley. Básicamente nos ha venido a decir que sin esta ley, y valga la redundancia, campará en el campo una especie de caos rural y una desigualdad rural. Señora ministra, para tranquilizarla a usted, porque yo estoy tranquilo, algunos estamos trabajando en el desarrollo rural -bastantes de los aquí presentes y también de los visitantes que están hoy aquí, miembros del ministerio- muchos años, desde agrupaciones de agricultura de montaña o desarrollo rural, durante muchos años hemos trabajado y algunos trabajamos también para que ya en la Comunidad Autónoma vasca en 1998 se aprobara una ley de desarrollo rural. Digo más, algunos contribuimos a elaborar, aprobar, publicar y poner en marcha un plan estratégico de desarrollo rural para 2007-2013 en la Comunidad Autónoma del País Vasco. Por tanto, señora ministra, para su tranquilidad, la mía y la de

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todos los presentes, el desarrollo rural moderno y ágil como instrumento para toda la sociedad agraria y rural, por lo menos en la Comunidad Autónoma del País Vasco y sé que también en otras muchas comunidades, está en marcha y trabajaremos, potenciaremos y seguiremos luchando para que el mundo rural siga vivo.


Muchas gracias.


La señora VICEPRESIDENTA (Calvo Poyato): Muchas gracias, señor Txueka.


Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana. Tiene la palabra el señor Ramón.


El señor RAMÓN TORRES: Gracias, señora presidenta.


Señorías, abrimos el último debate en esta Cámara, antes de que vaya al Senado, de la Ley para el desarrollo sostenible del medio rural. Nuestro grupo ya ha dicho en más de un debate en esta Cámara que esta ley es importante porque alcanza al 35 por ciento de la población, al 90 por ciento del territorio, a la práctica totalidad del territorio con implicación en el sector primario y a la reserva de gran parte de los recursos naturales. Entendíamos que esta ley era importante por estos temas, pero también porque así nos lo hicieron ver muchas de las organizaciones y sectores que comparecieron en esta Cámara, a petición de los grupos parlamentarios, que nos pidieron responsabilidad y un esfuerzo para aprobar esta ley antes de acabar esta legislatura, pues entendían que se trataba de una ley importante. También en estas comparecencias se nos advertía de la necesidad de que entre las administraciones competentes en esta materia hubiera una buena relación, un buen entendimiento, porque los comparecientes creían que si no era así, si esta ley invadía competencias de las comunidades autónomas, sería un mal favor que haríamos a una ley que este sector nos pedía que se aprobara.


Nuestro grupo parlamentario presentó al proyecto de ley 81 enmiendas para mejorar el texto. Es verdad que muchas de estas enmiendas, como lo hemos hecho en otros muchos proyectos de ley, hacían hincapié en el necesario respeto competencial que tenía que tener esta ley y gran parte de ellas iban a mejorar competencialmente el texto que el Gobierno nos presentó en esta Cámara. No estoy de acuerdo con lo que ha comentado hoy la señora ministra de que el texto inicial era respetuoso con las comunidades autónomas. Si hubiera sido así, la mayoría de los grupos parlamentarios nacionalistas de esta Cámara no hubiéramos presentado tantas y tantas enmiendas para mejorar el respeto competencial de esta ley.


Nuestro grupo criticó varios puntos competenciales del texto inicial que entendíamos que era necesario mejorar en el trámite parlamentario.
Criticábamos, y ustedes lo recordarán, las remisiones reglamentarias que realizaba el texto para el desarrollo de distintos planes. Ya dijimos en esta Cámara que el Estatuto de Autonomía obligaba a considerar que las bases fijadas en el reglamento deben tener carácter excepcional y, por lo tanto, deben ser aplicadas de forma muy restrictiva y como verdaderas excepciones. Tal y como se planteaba en la versión inicial del proyecto de ley, atentaba directamente a lo establecido en el artículo 11 del Estatuto de Autonomía de Cataluña. El proyecto de ley no garantizaba las competencias ejecutivas de la Generalitat de Cataluña con relación a la ejecución del programa de desarrollo rural sostenible. Por otro lado, el artículo 18 de la ley preveía que la Ley de Presupuestos Generales del Estado debía contener la declaración de interés general en las obras de infraestructura sin contar con el informe de las comunidades autónomas, vulnerando también las competencias de la Generalitat de Cataluña previstas en los artículos 140 y 148 de su Estatuto de Autonomía. En cuanto a las medidas incluidas en el programa de desarrollo rural sostenible que fuesen financiadas por el Estado y territorializables, debía corresponder a las comunidades autónomas fijar los objetivos concretos, regular las condiciones de otorgamiento y gestionar las mismas para respetar escrupulosamente también la distribución competencial salida del nuevo Estatuto de Autonomía de Cataluña. Finalmente, otra corrección competencial que propusimos vía enmienda fue a la disposición final cuarta respecto del amparo de las competencias estatales en el apartado primero del artículo 149 de la Constitución, ya que condiciones básicas referidas en estas no tenían que ver, a nuestro entender, con las normas o la legislación básica.


Nuestro grupo está satisfecho por la tramitación parlamentaria de muchas de las enmiendas que hacían referencia a temas competenciales. Quiero agradecer la aportación de don Alejandro Alonso, que desde el inicio de la tramitación de esta ley vio la necesidad de corregir esas injerencias competenciales, y también al ministerio y al Grupo Parlamentario Socialista su voluntad de corregir, vía enmiendas presentadas por Esquerra Republicana, las invasiones competenciales que había en el texto inicial. Creo que gracias a Esquerra Republicana, gracias a esta negociación, las invasiones competenciales flagrantes que había en el texto inicial se han corregido. Nos alegramos de ello y nos felicitamos por que hayamos mejorado en ese sentido en la tramitación. Estamos satisfechos porque muchas de las enmiendas competenciales se han incorporado al texto final de la ley.


Otras bloque de enmiendas que nuestro grupo había presentado se refería a la previsión de actuaciones que realiza la ley. Un número importante de ellas han sido incorporadas al proyecto de ley. Nos felicitamos y creemos que mejoran, como ha dicho la señora ministra en su intervención, el texto final de esta ley. Hemos pactado que la elaboración del programa de desarrollo sostenible del medio rural, el principal instrumento que prevé esta ley, se realice de forma coordinada con las comunidades autónomas y que, con carácter previo a su aprobación, sea sometido a informe de la mesa de asociaciones de desarrollo rural para garantizar que se tome en consideración la opinión de los sectores interesados.


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Se ha incorporado que todas las medidas recogidas en el programa de desarrollo sostenible del medio rural cuenten con presupuesto y con la financiación de unos indicadores que permitan su correcta evaluación, así como la prevención del paisaje como elemento distintivo del medio rural entre los objetivos de la ley y, por tanto, que se incluyan acciones dentro del Plan estratégico nacional del patrimonio natural y de la biodiversidad. Por otra parte, hemos acordado que se cree un programa específico sobre agricultura y ganadería ecológica dentro del Plan nacional de calidad ambiental agrícola y ganadera y hemos conseguido que la agricultura ecológica se incluya dentro del tipo de explotaciones que puedan beneficiarse de forma prioritaria de los apoyos previstos en el proyecto de ley.


El programa de desarrollo rural sostenible debe favorecer específicamente la prestación coordinada de servicios públicos entre municipios cercanos, algo que nos parece deseable desde el punto de vista de la eficacia.
Igualmente, se ha aprobado una enmienda nuestra que establece que el programa de desarrollo rural sostenible prevea ayudas económicas para la retirada de tierras de regadío o la reducción de la dotación de riego en aquellas zonas con escasez de agua y valores ambientales asociados a los cultivos de secano. El programa deberá desincentivar el urbanismo disperso, particularmente en aquellas zonas periurbanas y esto tendrá consecuencias positivas en el consumo del agua, en el consumo de la energía y en una mejora en la movilidad. Se han incorporado diversas enmiendas de nuestro grupo y de otros grupos parlamentarios sobre género, sobre personas discapacitadas y colectivos que nuestro grupo entendía que necesitaban una especial atención en el medio rural. Nos congratulamos de que gracias a nuestras enmiendas y a las de otros grupos parlamentarios se hayan incorporado a la ley estos aspectos.


Por último, quiero defender las enmiendas que, desafortunadamente, no se han incorporado a este proyecto de ley y que nuestro grupo entendía que mejoraban el texto final. En primer lugar, en el plano fiscal pedíamos que los municipios pudieran potestativamente dar un trato preferencial a las fincas rústicas, cobrando un tipo impositivo menor al impuesto sobre bienes inmuebles. Respecto a género, habíamos presentado una propuesta concreta para el desarrollo de conceptos de titularidad compartida, de bienes, derechos y obligaciones en el sector agrario de acuerdo con la Ley orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad efectiva entre hombres y mujeres. Por otro lado, propusimos incluir entre los mandatos de la ley potenciar el consumo de productos agroalimentarios locales y de calidad.


Finalmente, creemos que esta ley hubiera sido una excelente oportunidad para dar cumplimiento al mandato derivado de esta Cámara de fijar unos niveles mínimos para la producción autóctona de biocombustibles. Sin duda, sería un respaldo para el sector agrario, que es necesario incorporar en esta ley para dar cumplimiento al mandato que salió de esta Cámara al aprobar una de las resoluciones que presentó nuestro grupo en el debate de política general. En definitiva, señorías, esta ley es mucho más respetuosa con las competencias de las comunidades autónomas gracias al esfuerzo que ha hecho el Grupo de Esquerra Republicana y en ese sentido nos felicitamos. Gracias al papel que ha jugado el Grupo Parlamentario Socialista y a las aportaciones que han hecho diferentes grupos parlamentarios, los objetivos que buscaba esta ley de mejorar la vida en el mundo rural también se han incorporado. A nuestro grupo le quedan unas enmiendas que no se han podido aprobar y las vamos a someter a votación hoy en esta Cámara. Vamos a mantener muchas para su debate y votación en el Senado para ver si en una segunda lectura de esta ley se pueden incorporar. Nuestro grupo va a votar favorablemente esta ley, agradece el gran número de enmiendas incorporadas y también va a votar favorablemente los dos proyectos de ley que se presentan hoy en esta Cámara.


Muchas gracias, señora presidenta.


La señora VICEPRESIDENTA (Calvo Poyato): Muchas gracias, señor Ramón.


Grupo Parlamentario Popular. Señor Madero tiene la palabra.


El señor MADERO JARABO: Gracias, señora presidenta.


Señora ministra, bienvenida nuevamente a este Pleno para asistir al debate de una ley tan importante como la que tenemos entre manos. No voy a abundar en su importancia ni a pronunciar más palabras de las que ya se han dicho y de las que yo mismo pronuncié en el Pleno pasado cuando debatimos la enmienda a la totalidad. Es una ley que afecta a millones de españoles; es una ley esencial para la fijación de la población en el medio rural; es una ley muy importante para proporcionar un mejor nivel de vida a los que vivimos en el medio rural y, sobre todo, es una ley que da cumplimiento al artículo 139 de nuestra Constitución.


He hecho el recuento y de los seis portavoces que vamos a intervenir en este Pleno, hasta ahora hay tres a favor y dos que no apoyamos la ley. No hay consenso, señora ministra. No ha habido mayor aproximación. Permítame decirle que con sus palabras en la presentación del debate de que cometeríamos una grave irresponsabilidad los que no apoyáramos esta ley, no ha estado demasiado acertada. La discrepancia está en la esencia de la democracia, de este Parlamento, y discrepar no es ser un irresponsable.
Además hay falta de consenso, porque realmente no ha habido voluntad del Partido Socialista de que hubiera ese consenso ni esa aproximación. Nos han dicho en repetidas ocasiones la señora ministra y el equipo directivo del ministerio -al cual saludo respetuosamente- que hiciéramos los máximos esfuerzos para que fuera una ley consensuada. Se dice una cosa y se hace otra. Se anuncia diálogo y luego no hay la mínima aproximación. A la vista del

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resultado de la votación anunciada en este Pleno, queda claro que por parte del Grupo Parlamentario Socialista no ha existido el mínimo intento de diálogo y consenso, al menos con el Grupo Parlamentario Popular, aunque otros portavoces también lo han dicho de manera expresa. Emplazo a cualquier miembro del Grupo Parlamentario Socialista a que diga sobre qué cuestiones se ha negado a negociar el Grupo Parlamentario Popular y a qué desacuerdos o acuerdos hemos llegado. No ha habido diálogo, no ha habido propuesta de negociación, no ha habido, en definitiva, esa aproximación al consenso que la señora ministra nos reclamaba. Ojalá -y expreso aquí mi deseo- que en el Senado cambie la forma de actuar del Partido Socialista y pueda llegarse a acuerdos que aquí no ha habido. Que de noventa enmiendas que presenta mi grupo se nos acepten siete, precisamente no las más esenciales, no es una expresión clara de voluntad de aproximación y de consenso. Mantenemos la misma opinión y la expresamos con tranquilidad, con el deseo de que en el Senado pueda volverse a la negociación y dar la vuelta a esta ley en algunos aspectos esenciales, porque tal como ha venido, después de pasar por la ponencia y la Comisión, no deja de ser un puro ejercicio de buenos deseos. Es una ley puramente voluntarista y su principal instrumento, el programa de desarrollo rural, no es sino un compendio de actuaciones ya previstas que están realizando las distintas administraciones.


Señorías, no podemos apoyar esta ley por cuestiones competenciales. En los trabajos de ponencia y Comisión no se ha avanzado ni un milímetro en estas cuestiones, y mi grupo sigue pensando que existen fundadas dudas sobre la viabilidad de esta ley en razón del régimen de competencias del Estado y de las comunidades autónomas. Nos encontramos con que muchas de las materias objeto de esta ley son claramente competencia exclusiva de las comunidades autónoma, de tal forma que no vemos viable que el programa de desarrollo rural pueda ser aprobado por el Gobierno de España mediante real decreto, sin contar con los titulares de las referidas materias cuyo ejercicio -repito- está transferido de forma exclusiva. El tiempo nos dirá en qué se traduce el barullo competencial que contiene esta ley, y no es temerario aventurar numerosos problemas entre administraciones.


Si entramos en el contenido técnico, la ley que nuevamente debatimos y cuyas enmiendas de Comisión traemos vivas a este Pleno tiene abundantes defectos técnicos -señalaré algunos-, algunos de los cuales dejan patente una flagrante inseguridad jurídica. Por ejemplo, por muchas vueltas que le demos a la ley no encontramos una definición exacta y clara del medio rural. Antes al contrario, en la base de esta ley aparece un concepto equívoco y defectuoso de lo que podemos definir como medio rural. Este es el objetivo del precepto que estamos construyendo. Si falla la base, lo que construyamos encima será de vida efímera o, por lo menos, poco claro.
Tampoco está clara la clasificación de municipios rurales, y entendemos que son las propias comunidades autónomas las que deben definir esta materia esencial en sus ámbitos respectivos. En otro orden de cosas, nos parece un defecto grave la escasa relevancia -ya lo dije en su momento y lo reitero ahora- que se atribuye a la producción agrícola y ganadera.
Para mi grupo no es de recibo la minusvaloración que se hace en esta ley de la actividad agraria, cuando la producción agrícola, ganadera y forestal han sido y seguirán siendo el pilar fundamental del desarrollo rural. Además, señorías, la limitación que se pone a las explotaciones para acogerse a los presuntos beneficios es sencillamente inaceptable. El límite de las cuarenta UDE deja fuera a un gran número de explotaciones cuyos titulares son personas físicas, pero deja prácticamente fuera a la totalidad de aquellas explotaciones agrarias cuyo titular es una persona jurídica. Además, este límite es incoherente con la mejora de las estructuras agrarias.


Finalmente, quisiera señalar el tema financiero. Señorías, cuando hace unos días debatimos las enmiendas de totalidad ya dijimos que la financiación de esta ley nos ofrecía dudas. Leíamos en la memoria financiera algo que no teníamos claro. Las dudas se han despejado. Ahora está todo bastante más claro en el aspecto financiero. En la memoria económica se indica que la aportación del Estado será de 500 millones de euros al año durante el sesenio 2008-2013 y, sin embargo, en los Presupuestos Generales del Estado de 2008 se consigna para esta ley una quinta parte de lo que se dice en la memoria que se va a aportar. Es decir, el Estado pone 100 millones de euros en 2008, cuando en la memoria económica de esta ley se dice que pondrá 500. Sé que hay una ingeniería financiera y seguramente el portavoz del Grupo Socilista nos hará una demostración clara, como ya intentó en alguna ocasión, de que con 100 se hace lo mismo que con 500, pero soy de ciencias y no entiendo eso. Si la memoria dice 500, ¿por qué los presupuestos hablan de 100? El Gobierno no cumple otra vez ni de lejos lo que dice que va a hacer, y esto ya no es novedad. La novedad, lamentablemetne, sería lo contrario, es decir, que cumpliera lo que promete. Lo cierto es que esta ley nace sin la mínima financiación requerida y, por tanto, sin posiblidad de que tenga una trayectoria adecuada. Termino hablando del capítulo financiero reiterando nuestra posición -quiero que conste en el "Diario de Sesiones"- contraria a la modulación. No es admisible financiar el desarrollo rural con fondos detraídos de los bolsillos de los agricultores.


Por todo lo expuesto, pido el voto favorable para las enmiendas del Grupo Popular con el deseo de que salgan las cosas mejor en el Senado en una segunda lectura más reposada, porque nuestras enmiendas mejoran sustancialmente el texto que nos ha remitido la Comisión.


Muchas gracias, señorías.(Aplausos.)

La señora VICEPRESIDENTA (Calvo Poyato): Muchas gracias, señor Madero.


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Para el turno de fijación de posiciones por el Grupo Catalán (Convergència i Unió) tiene la palabra el señor Grau.


El señor GRAU I BULDÚ: Muchas gracias, señora presidenta.


Señora ministra, con este trámite terminamos hoy con el proyecto de Ley para el desarrollo sostenible del medio rural, y una vez más reiteramos que ha sido pura y simplemente un trámite para una ley que prevé la creación de un marco de actuación transversal, no ya de varios ministerios sino de varias administraciones. Un proyecto -como ya he citado en otras intervenciones- que fue repetidamente anunciado por el ministerio, que ha llegado en un tiempo límite, lo que ha exigido una tramitación formal mantenida bajo plazos mínimos y en la que la formalidad ha prevalecido por encima del contenido. Cuando su grupo era oposición en esta Cámara -y de ello hay amplias referencias en el "Diario de Sesiones"- sus intervenciones quejándose sobre la desatención del Gobierno a los grupos de esta Cámara eran normales, pero ahora, por lo que se ve, no son de aplicación porque ha cambiado el color del cristal con que se mira.


Señora ministra, en su anterior comparecencia en este Pleno en el debate de la totalidad concluyó su intervención mostrando la mano tendida de su ministerio. Decía que estaba abierta al diálogo y al consenso de los grupos, en la confianza de establecer una ley que cumpliera con la implementación de medidas complementarias a las comunidades autónomas que tienen competencias en la materia, que permitiera una serie de actuaciones en pro del mantenimiento de la calidad de vida de la población rural en forma de servicios públicos, infraestructuras y ayudas para proyectos que supusieran una equiparación de la atención pública a esta población rural. En nuestra intervención indicamos que la ley carecía -y continúa careciendo- de sensibilidad hacia temas competenciales, por lo que era mejor una nueva redacción y por ello insistimos en la enmienda. Pero la realidad resultante del diálogo ha sido muy distinta. El formalismo y la economicidad han prevalecido. Para un total de 470 enmiendas presentadas, las transaccionales han sido solamente 24. En un solo artículo, el número 16 -el más negociado y al que prácticamente todos los grupos hemos hecho aportaciones-, el grupo que apoya a su Gobierno ha manifestado excepcionalmente una postura dialogante, abierta y constructiva en pro de obtener un acuerdo general que no es satisfactorio para las organizaciones agrarias y que posiblemente será necesario revisar otra vez en el Senado. En otros casos este entendimiento sí hubiera sido posible solo con la buena voluntad de diálogo que, por cierto, no se ha dado; es más, ni siquiera se ha ofrecido un acercamiento o acuerdo. Se ha preferido un acuerdo de mínimos porque ha primado cumplir a rajatabla un calendario tan apretado que ha obligado, de acuerdo con el informe de los letrados de esta Cámara, a la tramitación por separado de la antigua disposición adicional segunda, que tendría carácter orgánico, como una ley complementaria, que vamos a votar conjuntamente. Le anticipo en este punto que nuestro grupo va a apoyar esta corrección con nuestro voto favorable. Es una situación que comprendemos, pero estamos seguros de que de haber tenido una redacción menos apresurada se habría subsanado antes de la presentación del proyecto de ley sin tener que recurrir a este proceso.


Lamento que el Grupo Socialista haya recurrido, para justificar su actuación en Comisión, a considerar esta ley como un maná para la población rural, como un beneficio para el 90 por ciento del territorio, obviando con estas afirmaciones la existencia de políticas de desarrollo rural en cuatro comunidades autónomas, lo cual denota el poco seguimiento estatal de esta necesidad de nuestros agricultores y de la población rural residente en estas áreas, más aún cuando la dotación económica que se prevé en la correspondiente memoria económica de la ley lo que hace básicamente es complementar acciones de las propias comunidades autónomas, algunas de las cuales ya se están realizando. Hay comunidades autónomas que utilizan sus propios fondos para gestionarlas y deberán asumir con ellos la parte principal de las acciones que dimanarán de esta ley que debatimos. Es una cuestión de definiciones, pero hoy no descubrimos el Mediterráneo, es el Estado el que descubre tarde el papel para ayudar al mundo rural. Hoy el Estado viene a asumir el papel de dirigir acciones de diversas autonomías en la gestión de su autogobierno.


La gran mayoría de las enmiendas parciales que hemos presentado van en la línea de preservar estas competencias, reivindicando de una forma reiterada la característica de complementación, la coparticipación del Estado en políticas de desarrollo rural y la posibilidad de que los organismos que presenta la ley coordinen las acciones específicas que libremente designen las correspondientes comunidades autónomas. Desde este espíritu que preconizamos, es importante reconocer que la aprobación de nuestra enmienda registrada como número 85, al artículo 1, hace un reconocimiento genérico de nuestros planteamientos de respeto competencial. Por otra parte, se nos rechazaron veintiocho enmiendas y retiramos, por coherencia y sin mediar debate ni proposición explicativa por el Grupo Socialista, otras diez, que por coincidentes con algunas aceptadas o transaccionadas con otros grupos han representado la incorporación en el texto de la ley de nuestros planteamientos. Nuestro grupo ha preferido reiterar la presentación de las enmiendas no aprobadas en el Senado, esperando, como ya han manifestado los demás grupos, tener mejor suerte, porque esta ley hoy sale incompleta.


La tramitación ha adolecido de lo que en otras leyes su partido ha denostado: rapidez desaforada y falta de diálogo. En un ley que pretendía marcar una política a medio plazo era necesario un mayor consenso y, en beneficio del interés general, un mayor diálogo en esta Cámara. No nos quiera presentar la necesidad de cum

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plir un compromiso del programa electoral de su partido, prometiendo consenso entre todas las fuerzas políticas, para establecer las bases de una política de desarrollo rural, porque no ha sido así. Puedo decirle que hoy va a aprobar esta asignatura, pero simplemente por redondeo. Hoy sometemos a votación una ley que va a ser objeto de acción de trece ministerios, con una plasmación transitoria en los Presupuestos Generales del Estado para 2008, porque no podemos incluir las previsiones presupuestarias de la ley que hoy tramitamos. Por ello, lo que se va a hacer a estas alturas de la legislatura va a ser aprobar un texto legal que quiere ser sobre todo un legado para la próxima. Sepa que lamentamos esta situación, porque ha habido tiempo más que suficiente para que este proyecto de ley hubiera entrado en esta Cámara no el 11 de mayo pasado, sino unos meses antes. Esto habría permitido que en las próximas semanas pudiéramos debatir con toda propiedad las primeras aportaciones al plan dentro de los Presupuestos Generales del Estado. En estas condiciones sí que hubiéramos entendido que el trámite de esta ley era objetivo de esta legislatura. Nos queda ahora la duda sobre la efectividad de las buenas intenciones de la ley y los objetivos prioritarios para 2008 fijados en una sola partida como partida transitoria.


Hechas estas observaciones, señora ministra, le reitero que nuestro grupo ha realizado acciones de desarrollo rural cuando era Gobierno de Cataluña y espera que las previsiones de esta ley sean efectivamente bases para el perfeccionamiento de acciones de gobierno futuras. Hoy el Gobierno del que usted forma parte nos pide un voto de confianza para ello. Lo siento, pero no se lo podemos dar. Nuestra posición -en todas nuestras enmiendas se ha demostrado- es menos dirigista y más convivencial, y esta ley carece de algunos aspectos competenciales que no han sido convenientemente tratados en su articulado. Hemos hecho un trabajo de aproximación mediante las enmiendas parciales, entendiendo que era posible el diálogo y que podíamos haber cambiado el sentido de nuestro voto de rechazo inicial de esta ley por un voto favorable, pero ello no ha sido posible. Lo que más le interesa es que no vamos a votar en contra de la ley. Nos vamos a abstener de una manera crítica aunque no convincente porque no vamos a frenar unas actuaciones más o menos bien gestionadas, más o menos bien compartidas; son necesarias, los ciudadanos las están esperando desde hace tiempo y es preciso atenderlas por encima de cualquier otra consideración. Resumo nuestro voto diciendo que será favorable para la ley orgánica complementaria y que nos abstendremos en el proyecto de Ley para el desarrollo sostenible del medio rural.


Muchas gracias.


La señora VICEPRESIDENTA (Calvo Poyato): Muchas gracias, señor Grau.


Por el Grupo Socialista tiene la palabra el señor Alonso.


El señor ALONSO NÚÑEZ: Muchas gracias, señora presidenta.


El Grupo Socialista quiere dejar constancia, en primer lugar, de nuestro agradecimiento a todos los grupos parlamentario y especialmente a los grupos de Esquerra Republicana de Catalunya e Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya Verds, que han realizado más incorporaciones y han manifestado su apoyo a la tramitación de este importantísimo proyecto de ley. También quiero agradecer a los portavoces de los grupos parlamentarios Mixto y Catalán (Convergència i Unió) que de una posición inicial de franca confrontación con el contenido de la ley, que se constató con la presentación de una enmienda a la totalidad, han evolucionado a una posición más cercana que ha permitido justificar ese voto de abstención que han anunciado en sus intervenciones el señor Grau y la señora Fernández.


Señor Txueka, lamento profundamente el desencuentro en este tema. Como sabe que nos tenemos un magnífico afecto personal y político, espero que el desencuentro sea ocasional y que lo podamos arreglar compartiendo y degustando un buen txakolí de su pueblo o un buen vino Valdepeñas del mío. Todavía nos quedan legislatura y proyectos. Estoy seguro de que este desencuentro será ocasional y podremos arreglar los temas en el futuro.


Quiero reiterar y justificar las palabras de la ministra. La ministra en nombre del Gobierno, y yo en el del Grupo Socialista, hicimos un ofrecimiento sincero de consenso. Sinceramente -y lo digo sin pretensiones-, creo que hemos cumplido. Señor Madero, consenso no es unanimidad. Consenso es ofrecer esa posibilidad, pero la unanimidad igual a consenso afortunadamente en España se acabó con la dictadura. Se trabaja, se negocia y se llega a acuerdo con quien tiene voluntad de llegar a acuerdo. A mí me da la sensación, con todos los respetos, de que en este proyecto de ley la voluntad de llegar a acuerdos por parte del Grupo Popular era simple y llanamente escasa. Hemos acordado algunas enmiendas, hemos acordado más con otros grupos parlamentarios, pero ha existido consenso. Las dos reuniones de ponencia y las de la Comisión dan el siguiente resultado, señores portavoces que se han manifestado tan críticamente con relación al consenso. Hemos incorporado directamente o por vía de transacción más de cien enmiendas de las formuladas por la práctica totalidad de todos los grupos políticos. Esto quiere decir que de los 39 artículos que tiene la ley, 25 han sido enmendados con aportaciones de los distintos grupos parlamentarios. No cabe duda de que las enmiendas incorporadas -lo ha dicho la ministra y lo afirmo yo también- mejoran el texto remitido por el Gobierno, son incorporaciones positivas. Vuelvo a repetir que se han enmendado 25 artículos de 39.
Especialmente quiero destacar alguno de los temas que han sido incorporados y que mejoran el texto.


En primer lugar, con las incorporaciones hemos hecho desaparecer cualquier duda de intento de invasión competencial en esta materia. No la había, pero ha quedado

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perfectamente claro que no existe invasión competencial. Queda meridianamente claro que no se limitan las competencias de las comunidades autónomas, y por supuesto tampoco las de los ayuntamientos.
Muy al contrario, cuando se apruebe esta ley las comunidades autónomas tendrán un nuevo instrumento para el desarrollo de políticas activas a favor del medio rural. El texto especifica que las políticas de desarrollo rural se van a elaborar coordinadamente, que el Gobierno de España va a aprobar con las comunidades autónomas el Plan de desarrollo rural de España, y que serán las comunidad autónomas las que elaborarán y aprobarán los planes de zona de desarrollo sostenible del medio rural.
Asimismo, ha quedado perfectamente claro en las enmiendas que la ejecución de cada una de las medidas -tema que es fundamental- va a corresponder a la administración que tenga la titularidad de la competencia.


En segundo lugar, es importante destacar que en el ámbito de las definiciones hemos mejorado cuál es el ámbito territorial donde va a aplicarse esta ley. Lo hemos mejorado, y sobre todo lo hemos ampliado: hemos superado el límite de 20.000 habitantes y lo hemos llevado a 30.000, y también hemos abierto la posibilidad de incorporar a lo que denominamos medio rural pedanías, parroquias, entidades locales menores pertenecientes a municipios de más de 30.000 habitantes que por su carácter de ruralidad puedan incorporarse y recibir beneficios de esta ley.


También se ha modificado ampliamente el capítulo medioambiental. En este sentido se han recogido muchas enmiendas planteadas por los grupos parlamentarios de Izquierda Unida y de Esquerra Republicana de Catalunya, que a su vez recogen propuestas realizadas por organizaciones ecologistas de nuestro país. Se han mejorado asimismo los artículos que tienen que ver con la creación, el mantenimiento del empleo, de la economía, de las infraestructuras, de las energías renovables, del agua, de la educación, de la sanidad, del urbanismo, de la protección social, etcétera. En definitiva, se ha hecho una mejora ostensible en la redacción de muchos artículos, y es muy importante y quiero destacar que se han hecho y se han incorporado referencias específicas necesarias para asegurar que las políticas de desarrollo rural tengan en cuenta las necesidades de las personas con discapacidad que vivan en el medio rural. Esto fue planteado por el Cermi durante la comparecencia de su representante en la Comisión y ha sido recogido por distintas enmiendas de todos los grupos parlamentarios.


Estamos tramitando y esperamos que se apruebe una ley muy importante, largamente demandada por los representantes del mundo rural, y estoy seguro de que hoy -y cuando se apruebe, mucho más- estarán contentos por el hecho de que definitivamente en España podamos decir, igual que lo dicen en otros países europeos, que por fin tenemos una ley y por tanto una estrategia para el conjunto del Estado relativa al desarrollo sostenible del medio rural. Hemos hecho una ley justa, necesaria y, como digo, ampliamente demandada desde hace muchísimos años. El Gobierno y el Partido Socialista han cumplido su compromiso, puesto que este era uno de los compromisos principales del programa electoral con el que concurrimos a las elecciones hace cuatro años. Por tanto, he aquí nuestra felicitación, señora ministra de Agricultura, impulsora de esta ley, así como para todos y cada uno de los ministros y ministras del Gobierno de España que han participado en la elaboración de la misma y que estoy seguro que se van a comprometer en su desarrollo.


Nos encontramos aprobando inicialmente la ley en el Congreso de los Diputados -queda su tramitación en el Senado-, y para demostrar la voluntad de este Gobierno, el compromiso con el medio rural, en el proyecto de Ley de Presupuestos ya se ha incorporado un programa para el desarrollo rural. En este contexto, hay que decirle al señor Madero: Señor Madero, ¡es usted un hombre de poca fe! (El señor Madero Jarabo pronuncia palabras que no se perciben.) Que un año antes del presupuesto se incorpore ya una cantidad de cien millones de euros es un gesto muy positivo y muy valorable, y tanto usted como las personas que han tenido responsabilidad en su partido saben que cuando se hace un plan plurianual no tiene por qué establecerse una división matemática del montante total año a año. Lo normal es que el primer año de ejecución el programa tenga un gasto inferior al de los años siguientes, porque hay que elaborar el programa, hay que ponerlo en marcha, hay que crear los órganos de participación, hay que comprometer el gasto y hay que pagar. Para pagar, el año que viene va a haber -si no se modifica al alza, lógicamente- cien millones de euros, que es una cifra muy importante, para empezar a trabajar en el mundo rural. Si esta cifra se acompaña de cantidades similares por parte de las comunidades autónomas y de los ayuntamientos estaremos haciendo un camino muy importante.


Por último, señora presidenta, quiero hacer una breve referencia a la ley complementaria que hoy vamos a aprobar creo que por unanimidad -por lo que he oído- de todos los grupos o por la práctica totalidad. Creo que con ella vamos a dar satisfacción a una demanda de los alcaldes y de las corporaciones de pequeños y medianos municipios en el sentido de poder atender los servicios de Policía local en municipios de pequeña dimensión, y de poder hacerlo basándonos en acuerdos, en asociaciones de municipios y en policías mancomunadas, podríamos decir, que puedan prestar servicio en ámbitos territoriales superiores al municipio. Esta es una posibilidad que abre esta ley, una posibilidad que atiende una demanda de la Federación de Municipios y Provincias, y me congratula haber podido comprobar que es una ley que puede ser apoyada por todo el mundo, incluso por el Grupo Parlamentario Popular, al que le agradezco su posición favorable, aunque solo sea en este caso en un artículo de la ley.


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Muchas gracias, señora presidenta, señoras y señores diputados.
(Aplausos.)

La señora VICEPRESIDENTA (Calvo Poyato): Muchas gracias, señor Alonso.


- PROPOSICIÓN DE LEY ORGÁNICA POR LA QUE SE MODIFICA LA LEY ORGÁNICA 10/1995, DE 23 DE NOVIEMBRE, DEL CÓDIGO PENAL EN MATERIA DE SEGURIDAD VIAL. (Número de expediente 122/000222.)

La señora VICEPRESIDENTA (Calvo Poyato): Continuamos con el punto VIII del orden del día: Dictámenes de comisiones sobre iniciativas legislativas, cuyo punto 40 es la proposición de ley orgánica por la que se modifica la Ley Orgánica 10/1995, de 23 de noviembre, del Código Penal en materia de seguridad vial. Iniciamos el turno de defensa de las enmiendas. Tiene la palabra la señora Navarro por el Grupo Parlamentario de Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya Verds.


La señora NAVARRO CASILLAS: Ante esta reforma acelerada del Código Penal en materia de seguridad vial, desde el Grupo Parlamentario de Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya Verds queremos poner de manifiesto nuestras dudas sobre la necesidad y la oportunidad de esta reforma, que son mayores si atendemos a cómo ha sido tramitada. La verdad es que tanto a mí personalmente como a mi grupo nos preocupa enormemente el contenido final que presumiblemente tendrá esta reforma del Código Penal. Estamos convencidos de que la conversión de infracciones administrativas en delitos y el endurecimiento de las penas propuesto no van a conllevar necesariamente un avance en la lucha contra la siniestralidad en las carreteras. (El señor vicepresidente, Martínez Sieso, ocupa la Presidencia.) Consideramos un error grave el modo en que pretenden darle contenido a esta reforma. Entendemos -las actas de la tramitación ahí están- que finalmente no han escuchado a los grupos parlamentarios; no ha habido un diálogo sereno, imprescindible para una reforma del Código Penal, sobre todo una reforma de este tipo, tan llamativa. Dicen que existe una demanda; seguro, pero el contenido concreto de cada uno de los preceptos, su estructura y el cumplimiento de los principios del derecho penal deben estar en esa reforma y, hoy por hoy, consideramos que no lo están. Y eso, que estén, lo decidimos nosotros, después de escuchar esas demandas, lo decidimos nosotros que somos el legislador; es nuestro trabajo y no nos han permitido hacerlo.


En primer lugar, respecto de la aprobación de una reforma parcial, en el Grupo Parlamentario de Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya Verds consideramos que las reformas penales y la creación de nuevos tipos penales deben abordarse de una forma integral, desde la definición de un modelo de política criminal, superando así las reformas parciales que se hicieron en la legislatura anterior y que consideramos absolutamente inconexas. Además, esto se ha tramitado de una manera totalmente acelerada, en paralelo a un rechazo a la enmienda de totalidad de la reforma global del Código Penal, algo que carece de sentido.


Parece que hoy es necesario recordar algo básico, que es el principio de intervención mínima del derecho penal y la relación entre las diferentes clases del derecho sancionador. A este respecto, consideramos que la prioridad debe ser precisamente la mejora de la respuesta del procedimiento administrativo sancionador, adecuándolo y garantizando su eficacia y rapidez en la ejecución. Si se mejora el procedimiento administrativo sancionador, no es necesario acudir al Código Penal, y esto -que nadie se confunda- no es contradictorio con el mantenimiento de determinados tipos penales para los casos de mayor gravedad. No estamos en contra de ello, estamos en contra de cómo se recoge definitivamente en esta reforma, de cómo previsiblemente la mayoría de ustedes lo van a votar. Entendemos que en ningún caso se cumplen, como digo, los principios del derecho penal.


Haciendo un repaso cronológico, vemos que ustedes, en seis meses, especialmente el Gobierno, han pasado de cierta euforia con los resultados de la implantación del carné por puntos a prácticamente certificar su fracaso recurriendo al Código Penal y, después, a revivir un nuevo repunte del carné por puntos a pesar de que los datos siguen siendo alarmantes. Por nuestra parte, que no hemos hecho esa particular evolución, seguimos considerando imprescindible adoptar las medidas necesarias para que el catálogo de sanciones que se incorporó en la creación del carné por puntos, en el que desde luego creemos y por el que apostamos, sea eficaz y tenga el efecto positivo esperado en la concienciación de la ciudadanía y la seguridad vial. Pero es que no ha dado tiempo a ese proceso de concienciación de la ciudadanía. Los instrumentos que incorporamos en la aprobación del carné por puntos todavía no han dado su fruto, tenemos que esperar a ello antes de abordar una reforma de estas características en el Código Penal. Esta reforma tendría que recoger las demandas de nuestro grupo parlamentario y del resto de grupos, porque nosotros ya dijimos en la Comisión, y así lo votamos, que estábamos a favor de las enmiendas del Grupo Vasco y del Grupo Catalán porque entendíamos que eran positivas y que debían ser incorporadas. Por lo tanto, o no se reforma o se reforma atendiendo a las demandas de todos los grupos y se hace de una manera serena, concienciada y en cumplimiento de los principios del derecho penal.


No creemos que los problemas con raíz social encuentren una solución en el derecho penal, ni en este ni en ningún caso. El derecho penal no soluciona, no conciencia a los ciudadanos, lo hemos visto también en la Ley de violencia de género, los datos son evidentes y en este caso también lo piensa así el fiscal de Seguridad Vial. De esta forma, lo que han hecho es elevar el debate de la seguridad vial a la justicia penal con el objetivo -compartido, este sí- de erradicar la siniestralidad en

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las carreteras, mientras se relegan otras actuaciones que consideramos que son imprescindibles y urgentes, como la eliminación de puntos negros; urgente, no con plazos de años tan elevados. Dicen: No, es que tenemos un plan que acabará en el año 2010. Pues bien, el año 2010 se me antoja que es demasiado tarde. Es necesario mejorar el estado de las infraestructuras, las carreteras y la señalización, que no haya que traer cada vez iniciativas a la Cámara para arreglar las carreteras ni hacer enmiendas a los Presupuestos Generales del Estado para cada una de las carreteras, deben estar arregladas, el Estado debe cumplir con sus obligaciones; o tramitar como iniciativas las conclusiones derivadas de las comparecencias que se celebraron en la Comisión de Seguridad Vial, también en relación a los servicios de emergencia y urgencia sanitarias.
Son medidas que se han venido demandando de forma reiterada y que no han tenido acogida con la necesaria urgencia por parte del Gobierno.


Respecto al contenido del dictamen de la Comisión y la defensa de nuestras enmiendas vivas, entendemos que la enmienda al artículo 379, que fue incorporada, no debe ser eliminada a través del voto particular. Como digo, en la tramitación no ha habido voluntad negociadora y la falta de diálogo por parte del Grupo Socialista ha sido clamorosa. Esperábamos, porque ese era el compromiso, que en la tramitación de este texto hubiera más participación y una aspiración de consenso, pero luego nos encontramos en la ponencia con que el plato estaba precocinado. Sin embargo, eso no era lo que se había hablado previamente. Después, en la Comisión, la enmienda de Izquierda Unida, como digo, fue aprobada, reformando el artículo 379 e incorporando una salvaguarda fundamental, que es romper o atemperar el automatismo del tipo penal que se crea castigando el exceso de velocidad. Nuestra enmienda ha incorporado la valoración del riesgo del peligro, es decir, vincular el exceso de velocidad a la peligrosidad de la seguridad del tráfico. ¿Qué es el bien jurídico protegido? Cuando estudiamos derecho penal en la facultad, nos dicen que no puede existir un tipo penal si no hay un bien jurídico que sea vulnerado. Por lo tanto, nosotros queremos introducir en el tipo el bien jurídico a proteger. Es algo básico en los principios del derecho penal. Lo que no entendemos es que en derecho penal se sancione con un plus de gravedad respecto a una sanción administrativa si no se recoge el bien jurídico a proteger. Por tanto, no nos oponemos a tipificar como delito la velocidad excesiva, siempre que no se reduzca a la pura infracción formal a través de la expresión: poniendo en peligro la seguridad en el tráfico, que debe ser mantenida en el texto de esta reforma.


Enlazando así con el resto de las enmiendas, la tensión entre la seguridad jurídica, límites objetivos -que es lo que ustedes quieren incorporar- y margen de interpretación es un tema clásico y difícil de resolver, pero desde luego desde la perspectiva del ciudadano ante un proceso penal por delito es planteable en los siguientes términos. ¿Límites objetivos seguros sin posibilidad de valoración de las circunstancias del caso, o margen de interpretación con posibilidad de valoración judicial concreta? Lo primero es propio del ámbito administrativo y, lo segundo, del ámbito del derecho penal, donde el juez ha de hacer su trabajo. En definitiva, están convirtiendo el Código Penal en un relato de infracciones administrativas y después -porque saben que es un despropósito- rebajan las condenas para que nadie -dicen- acabe en la cárcel, pero si no hay vulneración del bien jurídico nadie debería tener ni siquiera antecedentes.


Otra de las enmiendas recogidas es la que pretende que se establezcan limitadores de velocidad en los vehículos a motor y ciclomotor. La enmienda únicamente recoge que se realice por parte del Gobierno un estudio en el plazo de un año para regular esta instalación obligatoria.
No tiene ningún sentido que se tipifique en el Código Penal el hecho de ir a unas determinadas velocidades y que después los fabricantes de coches nos estén vendiendo a todas horas la importancia de la velocidad en cada uno de los coches que ofrecen. Es absolutamente contradictorio.
Por lo tanto, se debería aprobar esta disposición adicional que proponemos para no entrar en esa contradicción; es más, hay estudios que prueban que la instalación de limitadores de velocidad en los turismos podría llegar a reducir entre el 24 y el 59 por ciento los accidentes de tráfico con víctimas mortales. ¿No es eso lo que queremos? ¿No queremos reducir la accidentalidad en las carreteras? Pues aprueben esta enmienda.
Por su parte, la encuesta Sartre 3, de conductores europeos y riesgos en la carretera, indica que el 63 por ciento de los españoles estaría totalmente o bastante a favor de los limitadores de velocidad. Por lo tanto, recogeríamos también una sensibilidad que está entre los ciudadanos.


Les pido el voto a favor de esta enmienda y que se mantenga el texto aprobado en la Comisión, porque mejora sustancialmente esta reforma y la devuelve al Código Penal, a los principios básicos del derecho penal, de los que nunca se debió apartar.


El señor VICEPRESIDENTE (Martínez Sieso): Gracias, señora Navarro.


A continuación, en turno a favor de las enmiendas del Grupo Parlamentario Catalán tiene la palabra el señor Jané.


El señor JANÉ I GUASCH: Señor presidente, señorías, llega hoy al Pleno de la Cámara una reforma del Código Penal que no es una reforma improvisada ni acelerada -es la primera matización que desde Convergència i Unió queremos realizar-, y no lo es porque el 20 de diciembre del año 2006, pronto hará un año, entró en esta Cámara una reforma del Código Penal y en la misma se encontraban ya los delitos relativos a la seguridad en el tráfico y a la seguridad vial que ahora estamos tramitando de manera segregada, pero esos artículos llevan ya meses de tramitación en esta Cámara. No es improvisada, sobre todo, porque en la Comisión

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de Seguridad Vial del Congreso de los Diputados hemos realizado un conjunto de diecisiete comparecencias específicas para tratar este tema, en las que han acudido desde catedráticos de derecho penal, magistrados del Tribunal Supremo de la Sala Penal, el director del Intras, todas las asociaciones de víctimas, el Defensor del Pueblo, el director general de Tráfico, que hizo ya una propuesta concreta muy similar a la que ahora vamos a aprobar el 22 de febrero del año 2006, hace ya más de un año -por tanto, no es improvisada-, el fiscal general del Estado, el fiscal jefe del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, todas las asociaciones de automovilistas significativas, el presidente de la Federación Española de Municipios y Provincias, el representante del Instituto Mapfre de Seguridad Vial y el propio ministro de Justicia, diecisiete comparecencias presididas por un hilo conductor: era necesario modificar el Código Penal en estos aspectos. No lo decían únicamente las víctimas, lo decían también los expertos -catedráticos y magistrados- en el ámbito del derecho penal. Por tanto, no es improvisada, pretende dar respuesta a esa demanda que se planteó en la Comisión de Seguridad Vial con la intervención de distintos grupos parlamentarios, y ningún grupo parlamentario dejó de poder realizar una comparecencia que hubiera pedido. Por consiguiente, se atendieron todas las peticiones y no es una reforma improvisada.


En segundo lugar, ¿qué pretende esta reforma? Pretende centrarse en dos elementos muy importantes, la velocidad y el alcohol. Los excesos de velocidad y de alcohol están presentes en la mayoría de los accidentes de tráfico. Concretamente se nos dice por parte de los expertos que si consiguiéramos rebajar ese exceso de velocidad y de alcoholemia reduciríamos en más de un 40 por ciento las víctimas mortales. De ahí que desde Convergència i Unió entendamos que es una prioridad intentar regular estos aspectos. Los últimos datos sobre velocidad nos demuestran que la velocidad inadecuada en estos momentos está presente en el 27 por ciento de los accidentes mortales en carretera y en el 29 por ciento de los accidentes mortales en zona urbana. Por tanto, el exceso de velocidad está ahí, no es una invención y debemos entre todos intentar atajarlo. Se dice: se va a atajar por la vía penal, como se hace en Japón, Estados Unidos, Francia, Alemania, Inglaterra, Suiza, Irlanda, Bélgica, Finlandia, Luxemburgo o Suecia, aunque en Suecia dentro de otras figuras delictivas, pero tampoco estamos innovando nada que no esté ya reflejado en países de nuestro entorno. Para poner un ejemplo, en Holanda se tipifican penalmente los excesos de velocidad cuando sobrepasan en 30 kilómetros el límite establecido en zona urbana y en 40 kilómetros en zona interurbana. Por tanto, repito, los datos están ahí.


En cuanto a la alcoholemia, es verdad, vamos a fijar una tasa penal de alcoholemia, y se va a fijar en 1,2 gramos de alcohol en sangre. Alguien puede decir si es una tasa elevada o no. Vayamos a lo que nos dicen los expertos, que nos dicen que con un gramo de alcohol en sangre es imposible el control del vehículo y prestar la atención necesaria, y sobre todo se deja de tener la percepción del riesgo. De ahí que vayamos a fijar una tasa de 1,2 gramos de alcohol en sangre, que es la más alta de Europa. Quiero repasar las tasas ahora vigentes: en Alemania, 1,1 -por tanto, más baja-; en Austria, 0,5; en Bélgica, 0,5; en Francia, 0,8; en Grecia, 1,1; en Italia, 0,5. ¿Quién va a compartir el 1,2, que es la más alta de Europa? Luxemburgo, Portugal y el Reino Unido, y ahora España, con lo cual estamos en la tasa más alta de las establecidas en los países de nuestro entorno, y, repito, hay otros países que tienen tasas más bajas. Por tanto, que no se diga que haber fijado una tasa penal de alcoholemia es una improvisación. No lo es. Nos lo decían los expertos y nos lo justifican las regulaciones de países de nuestro entorno.


Señorías, comparto que la seguridad vial es transversal y que no podemos dirigirnos únicamente al conductor; no únicamente al conductor, por supuesto, que se pongan las pilas todas las administraciones competentes, la Administración General del Estado, las locales y las autonómicas en el sentido de mejorar nuestras carreteras, de superar los tramos de concentración de accidentes, de mejorar la señalización, de adecuar los límites de velocidad, de mejorar los servicios de emergencia, claro que sí. Pero que no se nos diga que se haga esto y que no nos vayamos a fijar también en los conductores. Pues sí, también hay que fijarse en los conductores porque si una persona va a una velocidad inadecuada que nos está causando el 30 por ciento de las víctimas mortales, ¿no debemos intentar darle una respuesta desde los medios que tiene el Poder Legislativo? ¿Entendemos que con esa regulación podemos prevenir mejor los accidentes? Entendemos que sí, que con esa regulación vamos a poder conseguir que esa actuación disuasoria que también tiene el derecho penal pueda tener unos efectos. Saben SS.SS. que el Grupo de Convergència i Unió presentó una enmienda en el sentido de que cuando tuviéramos la suerte de que la velocidad excesiva o la tasa de alcohol en sangre excesiva no llegase a causar una víctima o un accidente, que no hubiera penas de prisión y que estableciera siempre trabajos en beneficio de la comunidad: ayuda a los servicios de emergencia, ayuda a los centros de atención a los lesionados medulares. Que hubiera siempre trabajos en beneficio de la comunidad pero que no existiera en esos supuestos penas de prisión porque tenemos la suerte de que no se ha causado una víctima o un accidente.


Señora Navarro, sí que protegemos un bien jurídico a pesar de que no haya un accidente: el bien jurídico de estar todos protegidos ante personas que van con un exceso de alcohol en sangre o que van a una velocidad inadecuada que son un riesgo claro. Es la casualidad y la suerte que no causen un accidente, pero el riesgo existe y debemos prevenirlo. A nadie se le va a ocurrir decir hoy que alguien puede ir con una escopeta tirando tiros por la calle y que, si no da a nadie, no se le penaliza.
Está penalizado. Si no da a nadie no habrá un resultado lesivo,

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pero habrá creado una situación de riesgo. Aquí entendemos que claramente la situación del bien jurídico protegido esta en el ámbito del derecho penal y encaja totalmente.


A Convergència i Unió le gustaría que pudiéramos modificar en este trámite una incorrección técnica que se aprobó por unanimidad en Comisión como es el hecho de que entre en el Código Penal aquel que nunca había tenido un permiso de conducir; no castigar únicamente al que ha perdido los puntos, sino también al que nunca ha tenido el permiso y, por tanto, no lo ha llegado a perder. Hay una incorrección técnica en la redacción final que podría llevar a una redacción no deseada en el sentido de saber si está vigente o no en España el permiso de conducir. Hemos hecho un voto particular para restituir en ese aspecto lo que se quiere perseguir, el supuesto de aquellos que nunca han tenido un permiso o licencia de conducción. Nuestro grupo va a apoyar el voto particular presentado por el Grupo Parlamentario Socialista y entiende que sería positivo en la fase del Senado intentar recomponer el consenso alrededor de esta reforma, una reforma muy importante y de alto calado social. Quiero agradecer a todos los portavoces de la Comisión de Seguridad Vial y de la Comisión de Justicia el trabajo que han realizado en esta reforma que, como es importante, va a tener un fuerte impacto social y esperamos que tenga un fuerte impacto en el sentido de prevenir accidentes y de causar ese efecto disuasorio. Veo al fiscal Bartolomé Vargas, a quien quiero agradecer expresamente su labor en este ámbito y la ayuda que nos ha dado a los grupos parlamentarios para intentar buscar un consenso en esta reforma. Esperamos que en el Senado sea posible y podamos profundizar en ciertos aspectos, como nos pedían las víctimas o el teniente coronel Ulla, en el sentido de facilitar la prueba hospitalaria para la detección de estupefacientes. Hay aspectos que han quedado pendientes y quizá con un mayor consenso en el Senado podría ser posible que llegáramos a una anuencia aún mayor. Hay un aspecto concreto de esta reforma que pide a los poderes públicos que mejoren la señalización vial y que adapten los límites de velocidad con criterios de seguridad vial. Pedimos desde la tribuna del Congreso de los Diputados que las administraciones públicas cumplan esa disposición, que se adapten bien los límites de velocidad y la señalización. Nos consta, desde Convergencia i Unió, que tanto la Asociación Española de la Carretera como expertos del INTA están trabajando para presentar una propuesta a los poderes públicos sobre adaptación de los límites de velocidad para que sean creíbles, para que cuando le digamos a un ciudadano que no lo sobrepase porque esto tiene consecuencias, el ciudadano entienda que ese límite es adecuado, que ese límite se adapta a esa situación, que no ponemos límites que puedan parecer a veces exagerados por poco o por demasiado. Buscar ese ajuste es lo que pide la reforma y entendemos que es un aspecto positivo.


Agradezco al ministro del Interior su apoyo a esta reforma, el apoyo de la Dirección General de Tráfico y de su director, Pere Navarro, en toda la mejora de la seguridad vial. Esto no es fácil, señor ministro, lo sabe usted bien. Debemos remar todos en la misma dirección desde el consenso, evitando ponernos medallas si las cosa van bien, pero evitando también buscar la erosión si no evolucionaran tan bien. Es un tema de todos, es un pacto de Estado que deberíamos impulsar ante lo que es la primera causa de mortalidad de nuestros jóvenes, ante lo que son unas cifras que, lamentablemente, son altas. Me decía una víctima: Nunca hay menos muertos; los muertos de hoy se suman a los que había antes pero nunca hay menos. Es verdad. Nos decía el doctor Gregorio Marañón...


El señor VICEPRESIDENTE (Martínez Sieso): Señor Jané, le ruego vaya concluyendo.


El señor JANÉ I GUASCH: Termino ya, señor presidente.


Nos decía el doctor Gregorio Marañón: Podemos en este siglo superar y evitar las enfermedades; ya no serán las enfermedades las que nos van a matar, nos matarán las prisas. Es verdad, vamos hacia una sociedad cada vez más veloz y, desde los poderes públicos, para proteger un bien jurídico de todos como es la vida, la integridad física, debemos remar en la dirección de buscar una solución que desde el sentido común nos ayude a prevenir los accidentes de tráfico.


Muchas gracias.


El señor VICEPRESIDENTE (Martínez Sieso): Gracias, señor Jané.


A continuación, por el Grupo Parlamentario Popular tiene la palabra el señor Souvirón.


El señor SOURIVÓN GARCÍA: Gracias, señor presidente.


Señoras y señores diputados, ha sido habitual durante esta legislatura que todos los grupos parlamentarios hayan buscado y conseguido el mayor acuerdo posible en todos aquellos debates que se han producido con la finalidad de mejorar la seguridad vial en España. Así lo hemos hecho, estoy convencido, porque creemos que ante un problema de la importancia de la violencia vial, que constituye una auténtica lacra social, la unidad de criterio de todos los grupos parlamentarios ayuda a la solución del problema. Pero parece ineludible que toda regla tenga su excepción, y el Grupo Parlamentario Socialista se ha empeñado en que la excepción que confirme la regla se produzca, ni más ni menos, cuando estamos debatiendo una reforma del calado de la que hoy estamos debatiendo, que viene a reformar el capítulo del Código Penal relativo a los delitos contra la seguridad vial.


No solo no se han atendido los argumentos que para mejorar un texto muy necesitado de mejora hemos ofrecido los grupos que no suscribimos la iniciativa, sino que

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ni siquiera se han tenido en consideración las enmiendas presentadas por algunos grupos firmantes para su debate en el trámite, nunca mejor dicho, de ponencia y Comisión. Incluso se ha llegado a utilizar una de ellas para presentar una enmienda transaccional esperpéntica, mediante la cual se introduce una auténtica reforma administrativa en el debate del Código Penal. Y eso, además, en el último momento, en el debate en Comisión, ni siquiera en ponencia. Una reforma administrativa que por la forma de plantearse constituye un auténtico trágala sobre el que los grupos parlamentarios ni han podido reflexionar ni han tenido, por lo visto, derecho a enmendar.


¿En qué lógica cabe, señorías, que una enmienda que tiene como objetivo establecer un sistema fiable para la detección de la presencia de sustancias estupefacientes o psicotrópicas en la sangre se convierta por arte de birlibirloque, mediante una enmienda del Grupo Socialista, en una reforma de las competencias administrativas de los jefes provinciales o del director general de Tráfico? Estamos ante una manera de retorcer el procedimiento reglamentario que constituye una auténtica falta de respeto a nuestra labor como legisladores y que no hemos podido evitar ni recurriendo ante la Mesa de la Cámara.


El proyecto que debatimos no ha mejorado con el tiempo, no ha mejorado a su paso por ponencia y Comisión, ni siquiera se ha mantenido con sus defectos iniciales, sino que ha empeorado sustancialmente. Se ha decidido aprobar la reforma de los delitos contra la seguridad vial como sea, a toda prisa, cuanto antes, sin dialogar con los grupos de la oposición que no suscribieron la iniciativa y sin más enmiendas que aquellas de carácter técnico que han venido a taponar las vías de agua que han ido quedando a la vista para que no se hundiera el barco antes de hacerse a la mar. Hoy mismo, tras su paso por ponencia y Comisión, tendrán que subsanar algún error de bulto en el Pleno. Que hemos trabajado mucho para esta reforma, es cierto; que nos hemos documentado mucho, es cierto, pero que el trámite parlamentario ha sido un desastre, también es verdad.


Siguen creyendo que van a convencer a los ciudadanos de que con la sola publicación de las leyes se solucionan los problemas como por ensalmo, pero olvidan que los españoles hemos tomado buena nota de la experiencia de la Ley de Dependencia o, sin ir más lejos, de la del carné por puntos, que el Gobierno vio publicada en el Boletín Oficial del Estado sin haber dispuesto los medios materiales y personales necesarios para su aplicación. Dos ejemplos claros de improvisación, dos brindis al sol al que hoy quieren sumar esta reforma del Código Penal.


Si no reflexionan, van a aprobar una reforma que incluirá en el ámbito penal, y que se podrá perseguir con pena de prisión, la conducta de aquellos ciudadanos que superen el límite objetivo de velocidad que han decidido establecer sin atender a las circunstancias que puedan concurrir en cada caso y dejarán fuera a aquellos otros conductores que, aun circulando por debajo de la velocidad establecida, lo hagan de manera temeraria. ¿Les parece serio penalizar la conducta de quienes conducen a una velocidad cuyo límite toma como referencia lo establecido en unas señales de tráfico que la propia norma considera como no adecuados a la realidad de las carreteras españolas? ¿No sería más lógico señalizar bien primero y penalizar después? ¿Les parece adecuado que sin más prueba que una foto de radar de la que se pueda deducir que se circula a una velocidad superior a la que establecen como relevante penalmente, se pueda tipificar una conducta cuando sabemos que un oficio de la Dirección General de Tráfico ha dejado a la discrecionalidad de los jefes provinciales la utilización o no de los radares según su capacidad para gestionar la carga de trabajo que generen? ¿De verdad quieren convertir la aplicación del Código Penal en una tómbola? ¿Han olvidado el derecho a no declarar contra sí mismo, propio del derecho penal? ¿Qué van a hacer cuando no se pueda identificar a la persona que iba conduciendo y que, por tanto, es autora del nuevo delito? ¿Qué va a pasar cuando no coincidan el propietario del vehículo y quien conduce? ¿O cuando no haya sido denunciado por la agrupación de tráfico de la Guardia Civil, cada vez con menor presencia, desgraciadamente, en nuestras carreteras? ¿A través de una foto que no siempre va a ser lo suficientemente nítida se va a poder aplicar este tipo penal? ¿Creen que estamos ante un tipo que se va a poder aplicar? ¿Están seguros de que es lo mismo circular a 110 kilómetros por hora por las proximidades de un colegio y en horario de entrada o salida de alumnos que por una travesía deshabitada de madrugada? ¿Creen que es lo mismo y ponen en la misma situación a la seguridad vial circular por una carretera interurbana de primera generación, que consistió en desdoblar la primera vía sin que el diseño lo hubiera previsto, a circular por una autopista de última generación? En definitiva, señorías, estamos ante una precepto que verdaderamente no se puede aplicar y que responde a una sinrazón. Por eso nosotros mantenemos nuestra oposición.


Nuestra enmienda, que ha sido incorporada al dictamen mediante una transacción con el Grupo de Izquierda Unida, mejora sustancialmente el proyecto. Creemos que es un paso adelante, que habla por primera vez de velocidad temeraria, que lo pone en relación con la velocidad desproporcionada y con las circunstancias que concurran en la carretera y, sin ninguna duda, debe dejarse a la interpretación de los jueces y tribunales que es una labor fundamental en la aplicación de las normas.
Nosotros no recelamos, como parece destilarse de esta norma, del trabajo de jueces y tribunales en la consideración particular de cada caso concreto, por eso votaremos en contra del voto particular del Grupo Socialista.


Mantenemos también nuestra enmienda relativa a la tasa de alcoholemia. Si queremos objetivarlo, vayamos a lo que dice la jurisprudencia española que ha estudiado

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cada uno de los casos de nuestra realidad y tomémosla en su umbral más bajo. Si nos dice que a partir de los 2 gramos es seguro que una persona no puede conducir y que a partir de 1,5 gramos es muy probable, establezcamos el nivel de 1,5 gramos por litro. Se dice que es una tasa muy por encima de la media europea, pero no se dice toda la verdad, porque en el modelo francés, que tanto seguimos en la implantación de nuestro sistema de seguridad vial, el fiscal no abre el juicio hasta que no existe la tasa de alcohol de 1,5 gramos por litro. Hasta ese momento se soluciona con la intervención del fiscal a la vista simplemente del dossier que muestra lo que ha sucedido, e incluso en algunas ocasiones se ha reunido con el infractor y han llegado a un acuerdo. Por tanto, son circunstancias distintas que nos llevan a mantener nuestra enmienda, porque, si no, da la impresión de que quieren utilizar una norma del rango del Código Penal para descargar trabajo a la Administración del Estado, que es lo último que podría pasar en este caso.


Respecto a conducir sin carné, vamos a votar a favor del voto particular del Grupo de Convergència i Unió, porque entendemos que debe incorporarse a aquellos conductores que nunca han conseguido el carné de conducir, pero debemos apartar de la reforma penal a aquellos otros que no lo tienen en vigor porque simplemente no han cumplido con el trámite administrativo de ponerlo al día.


Más pronto que tarde, señorías, el tiempo nos dará la razón. Estamos ante una reforma fallida, y bien que lo sentimos. A la vista del resultado, nos queremos reafirmar en lo que venimos diciendo y es que, como no vamos a tener a medio plazo otra solución, los fiscales estén cada vez más presentes en los juicios de tráfico. Esa es la solución. Podemos dar fe del compromiso del fiscal de sala, coordinador de la seguridad vial, con nuestras preocupaciones. Lo sabemos, pero no es esa la solución. La solución estará cuando cada uno de los fiscales jefe de las audiencias provinciales se sitúen ante el trabajo que tienen que hacer cada semana y sepan que tiene fiscales suficientes para atender también a los temas de seguridad vial. Todo lo que no sea eso, sin duda, no va a mejorar, desgraciadamente, la actual situación.


Muchas gracias. (Aplausos.)

El señor VICEPRESIDENTE (Martínez Sieso): Gracias, señor Souvirón.


Para finalizar este turno a favor de las enmiendas, por el Grupo Parlamentario Socialista tiene la palabra el señor Mayoral.


El señor MAYORAL CORTÉS: Señor presidente, señorías, traemos hoy a la Cámara el dictamen de una ley que trata de prevenir una serie de conductas que son las causantes de los accidentes mortales. ¿De qué estamos hablando? Estamos hablando de exceso de velocidad, algo objetivamente peligroso para todos, estamos hablando de consumo de alcohol. Señor Souvirón, hablamos de un consumo de alcohol ya alto -1,2 gramos por litro es el que tiene previsto la proposición de ley-, y 1,5 gramos por litro no lo tiene prácticamente ningún país europeo y significa desde luego una impregnación alcohólica tan importante que, si partimos de ese punto, evidentemente, dejaríamos fuera muchas conductas realmente peligrosas. Y aquí estamos ante una proposición que trata de salvar vidas. Digámoslo porque ese es el fondo de la cuestión.


Traemos también en esta proposición la prevención de otro tipo de conductas importantes: las actuaciones realizadas con temeridad manifiesta, que ponen en peligro la vida y la integridad física de las personas; el consciente desprecio de la vida de los demás; los homicidios y las lesiones producidas utilizando los vehículos; la desobediencia de conducir habiendo perdido el carné de conducir o no habiéndolo sacado jamás y colocar obstáculos en la vía pública. De esto es de lo que estamos hablando, no estamos hablando de otra cosa. Además, hemos incorporado una serie de medidas que tratan de establecer una actualización del procedimiento sancionador, de tal manera que mediante una redistribución competencial, propia de la Administración Central del Estado, y un sistema de mejora de la celeridad en lo que se refiere al sistema de recursos, sin merma desde luego de las garantías individuales, se ajuste a la realidad que implica la introducción del carné por puntos y también a la realidad que significa el establecimiento de procedimientos automatizados para que las sanciones, si se imponen, sirvan de verdad de manera ejemplarizadora y permitan disuadir de conductas indeseables para todos nosotros. De esto es de lo que se trata.


Se trata además, señorías, de recoger el clamor de las víctimas, porque esta proposición de ley viene acompañado de un clamor de las víctimas, de muchas personas víctimas de accidentes, que han visto la realidad de su desgracia y que claman no solamente por la justicia que a ellos les corresponda, sino también para evitar que estas desgracias, que les han sucedido a ellos, sucedan en el futuro. Estamos hablando también del cumplimiento de un acuerdo unánimemente adoptado en esta Cámara, con ocasión del debate sobre el estado de la Nación, de introducir una reforma del Código Penal para evitar una serie de elementos distorsionantes que existen en este momento en la justicia como consecuencia de la inconcreción de determinados tipos penales. Y estamos hablando también del fruto que se esperaba del conjunto de comparecencias habidas en la Comisión de Seguridad Vial -antes lo mencionaba el señor Jané-; comparecencias abundantes de especialistas y expertos de todo tipo que nos llevaron a la convicción de que realmente este punto esencial que incorpora esta proposición de ley debería quedar sellado aquí, debería quedar expresado claramente en la legislación, cual es la determinación y concreción de aquellas tasas de alcohol y aquellos límites de velocidad a partir de los cuales se puede considerar la existencia de un peligro objetivo. Eso nos lo dijeron casi todos los comparecientes, señor Souvirón, y usted estaba presente. La proposición ha sido suficientemente

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coherente como para recoger eso que en realidad ya no era un consejo, sino que todos estimamos que fundamentalmente era un mandato.


Se trata, por tanto, de medidas adoptadas para mejorar la lucha contra la siniestralidad. Es verdad que en este momento estamos desarrollando una nueva política de seguridad vial y, señor Souvirón, usted sabe perfectamente, porque el otro día compareció el señor ministro del Interior, los avances que hemos tenido. La expectativa que existe de conseguir un escalón de disminución de 500 muertos al cabo del año. Esto hay que sostenerlo y para ello se requieren medidas complementarias, y algunas son de carácter penal.


Aquí se han defendido y todavía se mantienen algunas enmiendas y me referiré fundamentalmente a la de la señora Navarro y a la del señor Souvirón. En relación con la de la señora Navarro, toda mi comprensión, pero la imposibilidad de aceptar sus argumentos es evidente. Más bien me adscribiría y aceptaría los argumentos coincidentes que escuchamos aquí al representante de Iniciativa per Catalunya Verds, cuando nos recordaba en su intervención la existencia de un vacío legal y decía que el Servei Català de Trànsit también había pedido la adopción de medidas similares a las que contiene esta proposición de ley, así como cuando decía que debe primar el derecho a la vida sobre cualquier otra consideración fundamental. Aquí no estamos para hacer teorías ni elucubraciones, estamos para adoptar medidas capaces de proteger la vida de las personas.
Esto es lo que estamos intentando hacer.


En relación con la posición del señor Souvirón, evidentemente las cosas son todavía mucho más difíciles. Su posición está totalmente alejada de las pretensiones de esta proposición. No quiso formar parte del consenso, señor Souvirón, y estaba tan abierto para usted como para el resto de los grupos, que finalmente concurrieron en la elaboración de la proposición de ley. Pero usted no podía aceptar ese consenso que todos queríamos conseguir porque partía de una posición que lo hacía absolutamente imposible. Su posición es que el Código Penal no es la solución -se lo hemos escuchado varias veces-. Usted decía que primero había que tomar medias en el orden administrativo y que después ya veríamos si en el orden penal. Pues bien, hemos traído medidas en el orden administrativo, que son las últimas que se han incorporado -la reforma del régimen sancionador administrativo, para actualizarlo, para convertirlo en instrumento útil para la disuasión de determinadas conductas-, y es curioso que cuando incorporamos esas medidas de orden administrativo, señor Souvirón, usted las rechaza. Usted dice que de ninguna manera, que es una medida estrafalaria. Pero no olvide usted que hay una unidad de fondo entre la reforma del Código Penal y la reforma del régimen sancionador. Estamos apuntando a la misma cuestión. Evidentemente, su recurso fue rechazado porque no tenía fundamento. Por tanto, desde el punto de vista de la reglamentación parlamentaria, nosotros estamos en la posición correcta. Nosotros no hemos incurrido en ningún desaguisado.
¿Por qué? Porque la Mesa, finalmente, no ha aceptado el recurso que ustedes plantearon.


Señor Souvirón, ustedes se oponen a concretar los límites objetivos de velocidad y los límites razonables de alcoholemia a partir de los cuales una conducta debe ser declarada delito por el riesgo objetivo que crea para la sociedad y que nadie está obligado a soportar. Nadie está obligado a soportar expresiones como las que hemos oído en algún momento: a mí nadie me tiene que decir lo que tengo que correr y nadie me tiene que decir lo que tengo que beber. Pues mire, Señor Souvirón, hay un deber, hay una autoridad, hay una ley, y todos estamos sometidos a esos deberes legales.


Señor Souvirón y señora Navarro, mi grupo ha propuesto un voto particular precisamente para restaurar la definición contenida en la proposición de ley, no admitiendo una medida que ustedes proponen y que desvirtuaría de fondo la reforma que se trae aquí. Nuestro grupo ha intentado alcanzar los mayores consensos en esta Comisión de Seguridad Vial, en la que no la hemos visto muchas veces a usted, señora Navarro. Ahí estaba la base del consenso, ahí es donde se ha hecho el trabajo, y para hacer ese trabajo hay que estar presente. No tenemos más remedio que rechazar las enmiendas que siguen planteadas, defender el voto particular presentado y anunciar que apoyaremos el voto particular que ha planteado Convergència y Unió.


En definitiva, el sentido profundo de esta reforma consiste en que conducir excediendo los límites de velocidad en determinadas magnitudes supone un peligro para la seguridad en el tráfico. Se intenta objetivar la conducta punible, de tal manera que no se utilicen conceptos jurídicos indeterminados que han dado lugar a muchos problemas interpretativos a la hora de aplicar los tribunales el Código Penal en los delitos de tráfico y seguridad vial. Esta es la clave, señora Navarro, una de las claves fundamentales de esta reforma, a la cual mi grupo no quiere renunciar.


Señorías, hoy, con esta reforma, estamos abordando una decisión difícil pero que era útil y necesaria. Está pensada para beneficio de todos. Está pensada para el interés general. Está pensada para el conjunto de los ciudadanos. Señorías, no hay sociedad ni convivencia democrática donde el valor de la vida y la integridad física de los ciudadanos no esté suficientemente protegido por la ley, y si algún propósito tiene esta ley es proteger la vida de los ciudadanos.


Muchas gracias. (Aplausos.)

El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Mayoral.


Fijación de posiciones. Por el Grupo Mixto tiene la palabra el señor Mardones.


El señor MARDONES SEVILLA: Muchas gracias, señor presidente.


Como representante de Coalición Canaria anuncio que vamos a votar favorablemente esta proposición de ley orgánica que contó en origen con un amplio consenso

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cuando a primeros del pasado mes de junio los distintos portavoces redactamos, y ratificamos con nuestra firma, la figura de esta proposición de ley orgánica que viene a modificar el Código Penal en los aspectos referidos a la concreción de determinadas figuras delictivas con tipos penales de infracciones de la legislación de seguridad vial o de tráfico. Este era el resultado de una serie de informes que nos venía facilitando la Dirección General de Tráfico sobre la evolución del carné o permiso de conducir por puntos, en paralelo con los testimonios que expresaron en sus comparecencias ante la Comisión de Seguridad Vial -como bien han recordado el señor Jané y el señor Mayoral- determinadas representaciones institucionales, de las que quiero destacar alguna, como es la de enfermos parapléjicos por accidente de tráfico y la de familiares de víctimas mortales de accidentes de tráfico, que venían con un dedo acusador señalando las dos causas principales que habían originado aquella catástrofe, que eran, fundamentalmente, la mezcla de un binomio explosivo como es el exceso de velocidad junto con el alcohol o los estupefacientes.


Tomamos conciencia de ello y de la necesidad de dar un paso adelante como garantía de ejecución de los principios que habían inspirado en su día la redacción de la legislación que imponía el carné o permiso de conducir por puntos, de que era necesario -a la vista de las cifras estadísticas que de la ejecución del carné por puntos nos daba la Dirección General de Tráfico- no solamente mantenernos en un orden jurisdiccional administrativo, sino pasar al orden jurisdiccional penal. Se crea la figura de un fiscal especial, dignamente representado por don Bartolomé Vargas, y si tenemos ese fiscal especial para los delitos de tráfico ¿cómo no ir en el orden jurisdiccional penal a crear una nueva figura o un nuevo instrumento que permitiera, lo que yo he venido llamando, la complementariedad disuasoria de las medidas administrativas del carné o permiso de conducir por puntos y las medidas penales instadas fundamentalmente a través del ministerio fiscal? Llegamos a ese texto dentro de este contexto que hemos expresado como cuestión fundamental para nuestro debate. (La señora vicepresidenta, Calvo Poyato, ocupa la Presidencia.)

Tuvimos una reunión con la representación administrativa del Gobierno, en concreto con el señor Rubalcaba, ministro del Interior, donde le hicimos ver que había un proyecto del Gobierno muy amplio sobre el tema de modificación del Código Penal, que era un tema de mucha discusión parlamentaria, y que era mejor extraer la pieza que hacía referencia a la modificación del Código Penal en cuestiones de delitos de seguridad vial, lo cual permitiría una mayor agilidad, porque teniendo la aplicación legislativa de las limitaciones del carné de conducir por puntos, esto no podía demorarse semanas, meses o años en un debate de fondo del Código Penal a este respecto. Llegamos, por tanto, al convencimiento de que era necesario un consenso que quedó plasmado en ese documento que firmamos y se publicó, y ahí estamos. Mi grupo no ha presentado ninguna enmienda porque ha querido mantenerse fiel a aquel principio unitario y de eficacia.


Este diputado había señalado en muchas comparecencias que no solamente estaba preocupado por el que pudiera conducir bajo los efectos del alcohol o de la droga pero que tiene permiso de conducir y está sometido a los puntos, sino también por todos esos conductores que aparecen en los atestados de la Jefatura de Tráfico de la Guardia Civil, cuyos partes nos venían diciendo el alto porcentaje de conductores en España que conducían no con un carné con los puntos caducados, sino sin carné, es decir, que no han obtenido la figura del permiso de conducir. Por tanto, teníamos que aplicarles a estos todo el peso de la ley sin ningún carácter diferencial ante el Código Penal del que conduce bajo los efectos del alcohol y el que conduce sin permiso de conducir. No debía ser solamente una cuestión puramente de orden jurisdiccional contencioso-administrativo, sino que tenía que entrar también en el orden jurisdiccional penal al respecto. Nos congratulamos de haber llegado a este punto y esperamos que en el Senado se puedan acercar posturas, porque vamos a tomar una decisión que afecta a miles de españoles, por no decir a millones, que, día a día, circulan por las carreteras. Tenemos un deber moral con aquellos centenares o miles de víctimas que mueren en nuestras carreteras. No solo hace falta bajar un escalón hasta alcanzar los 500 muertos menos, sino bajar muchos más escalones, con una jurisdicción penal que ejerza un efecto disuasorio por la vía del endurecimiento, porque más de 4.000 muertos reclaman al Poder Legislativo una solución al respecto. Por tanto, señora presidenta, señorías, nuestro voto a este proyecto de ley que hoy viene ante la Cámara será positivo.


Muchas gracias.


La señora VICEPRESIDENTA (Calvo Poyato): Muchas gracias, señor Mardones.


Grupo Vasco (EAJ-PNV). Señora Uría, tiene la palabra.


La señora URÍA ETXEBARRÍA: Muchas gracias, señora presidenta.


Señorías, señor ministro, yo vengo a hablar de derecho penal, que es lo que hoy pretendemos aquí modificar. Para el Grupo Vasco, cuando se habla del Código Penal se habla de la Constitución negativa, y ello llama a la claridad, a la precisión y al cuidado en la tramitación de la norma. No es cierto que se haya tramitado con calma y con cautela. El que exista una Comisión dedicada a la seguridad vial no quiere decir que esta Comisión haya estado íntegramente dedicada a la elaboración de una modificación normativa en materia penal, puesto que, como usted también ha indicado, señor Jané, la transversalidad en materia de tráfico y seguridad vial es un dato, y ha tratado de otras numerosísimas cuestiones. La proposición que hoy vemos es una respuesta demasiado rápida, demasiado precipitada a la psicosis por los accidentes

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-accidentes reales, por cierto-, sin datos -lo hemos dicho en todo momento- que avalen las bondades de la prisión como solución, si se trata además de orientar conductas. Viene además sin los informes previos que debiera haber tenido, puesto que es una proposición que no ha pasado ni por la Fiscalía General del Estado ni por el Consejo General del Poder Judicial; cómo Código Penal, sí, pero como desgajado y con un contenido distinto no tiene estos informes.


¿Qué decir de la tramitación en esta Cámara? La ponencia arrojó el resultado de un informe idéntico a la proposición, es decir, no hubo acercamiento de posturas, ni intento alguno de negociación, ni aceptación de las posturas de nadie. La Comisión fue caótica -creo que en esto convendríamos todos; lean si no el "Diario de Sesiones"- y sin negociación. La frase de cuidar el obrador del consenso es del señor Roca i Junyent, su compañero de partido, durante la transición. En este caso se ha atendido escasamente o, desde el punto de vista del Grupo Vasco de manera nula, a ese obrador del consenso, tarea que incumbe a quien promueve las modificaciones normativas.


Voy a referirme al contenido concreto de los artículos que hoy aprobamos, de los que también se ha hablado y que tanto van a solucionar. El artículo 379, en su apartado primero, constituye una tautología del tipo penal que pretende penar. Sé que hay algún intento de modificarlo en este trámite, pero en todo caso y en otro orden de cosas cabe cuestionar si la conducta descrita en este párrafo, además de la tautología que ya he señalado, debe llevar aparejada una pena privativa de libertad, que para nosotros es ultima ratio.


El artículo 380 pretende, en la adición que ha quedado consagrada en el dictamen de la Comisión, castigar la conducción de un vehículo a motor o ciclomotor con temeridad manifiesta y poniendo en concreto peligro la vida o la integridad de las personas, sancionando dicha conducta con la pena de prisión de seis meses a dos años y privación del derecho a conducir vehículos a motor y ciclomotores por tiempo superior a uno y hasta seis años. Curiosamente, se da un contrasentido, señor Jané. Se dice que todo ha sido muy pausado, pero resulta más grave conducir con temeridad manifiesta y concreto peligro sin causar ningún daño, que esa misma conducción, con temeridad manifiesta y concreto peligro, si se causa daño. El resultado lesivo previsto en el artículo 152.1.3º del Código Penal se castiga menos; son las lesiones del artículo 150. No me diga que esto está bien pensado.


Respecto al artículo 382 del Código Penal, no se comprende por qué la aplicación de un concurso de leyes a resolver por el principio de alternatividad haya de conllevar una agravación de la pena, la aplicación de la pena en su mitad superior. La agravación podría tener sentido si se tratase de un concurso de delitos, en ningún caso tratándose de un concurso de leyes. Esto es derecho penal puro.


El artículo 384. A la vista del texto que se propone en el párrafo segundo de dicho precepto le surge la duda a esta diputada, y a su grupo, de si se pretende sancionar con pena de prisión el conducir con un carné válidamente obtenido, pero caducado por falta de la correspondiente renovación. Si esto es lo que se pretende, el tipo resulta manifiestamente exagerado. No me digan que ha habido cuidado en la confección de los tiempos penales.


Qué decir, señorías, de la disposición final primera que se introdujo mediante de una enmienda transaccional en el trámite de Comisión. Se pretendía considerar transacción en relación con una enmienda del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió) referida a determinados tipos delictivos cometidos por delincuencia organizada, tramas o bandas, que hacía referencia a delitos contra la propiedad, delitos contra la libertad sexual, delitos de índole económico, pero en ningún caso delitos contra la seguridad vial. Es muy difícil colgar de una enmienda de este estilo lo que en realidad es una modificación orgánica y funcional en materia de tráfico y seguridad vial diciendo quién sanciona y ante quién se plantearán los correspondientes recursos. Tampoco se puede considerar transacción a la enmienda siguiente del Grupo Catalán (Convergència i Unió), que lo era, respecto de la Ley de Enjuiciamiento Criminal y la realización de las pruebas de alcoholemia. Es cierto que el Diccionario de la Real Academia dice que transacción es acción y efecto de transigir.
Mucho se transigió efectivamente, considerando que de unos preceptos presentados como tales podía surgir el texto que definitivamente ha quedado plasmado; más adecuada sea quizá la segunda acepción del diccionario que habla de trato, convenio o negocio -cualquiera que sea su contenido se entiende-. Eso es lo que ha resultado en este caso. Sin embargo, si uno lee el artículo 114.3 del Reglamento se refiere a transacciones como acuerdo por aproximación entre las enmiendas ya formuladas y el texto del artículo. Esto no ocurre en este caso. Sin embargo reconozco, y lo conozco porque así me lo manifestó la letrada que ayudaba a la Comisión, que existe un acuerdo de la Mesa interpretativo.
Igualmente me lo manifestó el propio presidente de la Cámara, pero también le he oído decir que en este momento el Reglamento tiene interpretaciones y acuerdos de Mesa interpretativos que permiten poder defender, en todo caso, que llueve hacia abajo, pero también que puede llover hacia arriba. La admisión de esta transacción como tal es de las que llueve hacia arriba. Señorías, además del impacto social tremendo que ha anunciado el portavoz del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió) y también el portavoz del Grupo Socialista, no sé si ustedes han valorado el impacto que tendrá esta modificación en los tribunales. Ya con el carné por puntos hay sembrada una alarma, fundada creo yo. En Madrid y en Barcelona se habla de que la existencia del carné por puntos está ocasionando que haya procedimientos en los juzgados unipersonales de lo contencioso señalados en este momento para el año 2010. En Euskadi vamos un poco más al día y se me

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ha dicho que están señalando para finales de 2008. Se puede creer que esto es simplemente una cuestión incómoda, pero yo no creo que sea una cuestión de mera intendencia ni de incomodidad, sino que hace referencia a la justicia a tiempo y a la tutela judicial efectiva. Estamos hablando, por tanto, de un derecho fundamental. Con estos tipos delictivos que hoy establecemos, qué vamos a hacer: atascar los juzgados de lo penal.
Debiéramos haber tenido eso en cuenta porque atemoriza a un nuevo e importante número de magistrados y jueces con los que he tenido ocasión de hablar.


Señorías, concluyo manifestándoles que Dante incluyó a Justiniano en el paraíso porque había contribuido a agilizar, aclarar y facilitar la aplicación de las leyes. Nosotros, en este caso, lo llevaríamos fatal.
Con la aprobación de la proposición de ley que hoy vamos a hacer no estaríamos de ningún modo en este caso. Mi grupo se va a abstener a todas y cada una de las votaciones que tienen referencia con esta modificación del Código Penal.


Muchas gracias. (Aplausos.)

La señora VICEPRESIDENTA (Calvo Poyato): Muchas gracias, señora Uría.


Por el Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana tiene la palabra el señor Cerdà.


El señor CERDÀ ARGENT: Señorías, el dictamen de la proposición de ley orgánica por la que se modifica la Ley Orgánica del Código Penal en materia de seguridad vial que hoy sometemos a debate y a votación es fruto de hecho, y esto es lo que preside esta discusión, de un consenso inicial ya de todos los grupos que al final de su recorrido hemos terminado firmando este acuerdo.


Se trata de una proposición de ley que recoge además las propuestas realizadas por un amplísimo número expertos, de representantes sociales e institucionales así como de asociaciones de víctimas ante la Comisión sobre Seguridad Vial. Son numerosas las instituciones, entre ellas el Institut Català de Trànsit, que han solicitado la adopción de medidas como las que hemos incorporado al dictamen que hoy vamos a votar. Todos se pronunciaron a favor de determinar y regular la concreción de las tasas de alcohol y también los límites de velocidad -en este punto no hay ninguna duda: unanimidad en todas las posiciones-, a partir de los cuales efectivamente debían tener una consideración de delito y no la intemperie legislativa a la que en estos momentos esta tipología estaba sometida.


El Grupo de Esquerra Republicana votará favorablemente los dos votos particulares del Grupo Socialista y del Grupo Catalán (Convergència i Unió) formulados a los artículos 379 y 384 del dictamen respectivamente, por cuanto resuelven por un lado una posible imprecisión jurídica y por otro una penalización de la conducción sin licencia vigente. Estos errores incorporados en el dictamen de la Comisión se debían corregir y así se ha hecho, por lo que votaremos favorablemente lo que entendemos que es una mejora y la rectificación de un error cometido en un momento determinado que se subsana positivamente en este trámite.


En lo relativo al resto de las modificaciones legales introducidas en el dictamen a la Ley de Seguridad Vial, a la Ley de organización y funcionamiento de la Administración General del Estado y a la Ley sobre tráfico, circulación de vehículos a motor y seguridad vial, también nos parecen positivas en tanto que atribuyen la competencia administrativa sancionadora a los jefes de tráfico con posibilidad de alegación en lugar de a los delegados y subdelegados del Gobierno, como está previsto actualmente. En las comunidades autónomas con competencia en materia de tráfico se atribuye la competencia para sancionar administrativamente a los órganos designados por sus respectivos consejos de Gobierno. En este sentido, estamos plenamente de acuerdo.


Votaremos en contra de las enmiendas presentadas al conjunto del dictamen por cuanto atribuyen, como dijimos en la toma en consideración, el hecho de calificar el ámbito del derecho penal principalmente a tres supuestos en los que hasta ahora existía poca concreción y por ende no se ajustaban al necesario principio de legalidad.


El proyecto de ley trata de fijar los límites del derecho penal, de concretar los excesos que merecen un reproche en el ámbito del derecho penal y no únicamente una sanción administrativa en lo relativo a la tasa de alcohol, al exceso de velocidad y a la conducción sin licencia. En lo que se refiere al alcohol es necesario tener en consideración que entre el 30 y el 50 de los casos de fallecidos por accidentes de circulación están relacionados con el alcohol. No podemos mirar hacia otro lado y nuestra obligación es la de fijar alguna tipología, delictiva en este caso. En muchas ocasiones citamos a otros países europeos y aquí también debemos referirnos a países como Bélgica, Francia, Italia, Alemania, Grecia, Luxemburgo, Portugal o el mismo Reino Unido, países que ya han puesto limitaciones precisas en el ámbito de lo penal. Por lo que se refiere al exceso de velocidad el proyecto de ley precisa con criterios objetivos el límite máximo de velocidad, de manera que si en una vía interurbana, autopista o vía convencional el límite es de 100 ó de 120 kilómetros por hora entraría en la esfera del derecho penal aquel que sobrepasase los 180 ó 200 kilómetros por hora respectivamente. Y en una vía urbana con límite de 50 kilómetros por hora entrará en la esfera del derecho penal aquel que circule a 110 kilómetros por hora en una población, lo cual además nos parece de sentido común. Todos hemos visto habitualmente muchos ejemplos de ese tipo de situaciones, y en mi lugar de residencia, Valencia, muy por encima de esta velocidad, acciones que en cualquier caso deben ser objeto de una sanción penal y no simplemente administrativa. En esta misma línea cabe recordar que países como Estados Unidos, Alemania, Reino Unido, Países Bajos, Irlanda y Francia entre otros califican de esta manera este tipo de conductas de exceso de velocidad con un tratamiento penal

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muchísimo más severo y muchísimo más duro del que estamos proponiendo en esta reforma.


Por último, en tercer lugar se incluye como hecho reprochable una criticada ausencia en el Código Penal, como es la conducción de vehículos por quienes han sido privados judicial o administrativamente del derecho a hacerlo. En definitiva, señorías, tal y como expusimos en el debate de la toma en consideración, entendemos que la proposición de ley contribuye a clarificar a la ciudadanía los hechos objetivos a partir de los cuales se considera que ha de actuar el derecho penal, y no dejarlo a otros criterios, sin vacíos legales, sin interpretaciones a menudo arbitrarias, sino a criterios fijados mediante consensos y mediante acuerdos mayoritarios, que son los que han presidido el fondo y la forma con los que se ha llevado a cabo esta reforma.


Creemos que será importante e interesante, que tendrá su calado y, en todo caso, vamos a ver cuál es el efecto de esta primera batería de medidas que hemos tomado, si efectivamente cumplen con aquella premisa por la cual empezamos esta reforma, que era ni más ni menos que disminuir el número de accidentes y de muertos en nuestras carreteras.


Muchas gracias.


La señora VICEPRESIDENTA (Calvo Poyato): Muchas gracias, señor Cerdà.


Terminado el debate, llamamos a votación. (El señor presidente ocupa la Presidencia.-Pausa.)

El señor PRESIDENTE: Señorías, aunque la votación estaba fijada para las dos y media, ¿habría algún inconveniente en que comenzáramos ya? La hora fijada era las dos y media; si hay algún inconveniente, esperamos.
(Pausa.)

ENMIENDAS DEL SENADO. (VOTACIONES.)

- PROYECTO DE LEY DE RESPONSABILIDAD MEDIOAMBIENTAL. (Número de expediente 121/000130.)

El señor PRESIDENTE: Si les parece por ganar tiempo vamos a empezar votando aquellos proyectos de leyes que no son orgánicas, y de esa manera las que son orgánicas las votamos después de la hora anunciada previamente, que es a lo que nos obliga el Reglamento. Así pues, comenzamos votando aquellas leyes que no tienen el carácter de orgánico.


En primer lugar, votación en Pleno de las enmiendas del Senado al proyecto de Ley de responsabilidad medioambiental. Enmienda al artículo 24.


Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 307; a favor, 133; en contra, 174.


El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.


Enmiendas al artículo 24.


Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 308; a favor, 191; en contra, 116; abstenciones, una.


El señor PRESIDENTE: Quedan aprobadas.


Enmienda a la disposición adicional segunda.


Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 307; a favor, 28; en contra, 277; abstenciones, dos.


El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.


Enmiendas a la disposición adicional decimotercera.


Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 308; a favor, 177; en contra, 16; abstenciones, 115.


El señor PRESIDENTE: Quedan aprobadas.


Enmienda a la disposición final cuarta.


Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 308; a favor, 132; en contra, 175; abstenciones, una.


El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.


Enmiendas a la disposición final sexta.


Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 308; a favor, 299; en contra, dos; abstenciones, siete.


El señor PRESIDENTE: Quedan aprobadas.


Votamos el resto de las enmiendas.


Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 307; a favor, 307.


El señor PRESIDENTE: Quedan aprobadas.


PROYECTO DE LEY ORGÁNICA REGULADORA DE LOS DERECHOS Y DEBERES DE LOS MIEMBROS DE LA GUARDIA CIVIL. (Número de expediente 121/000131.)

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El señor PRESIDENTE: Votación de las enmiendas del Senado al proyecto de ley orgánica reguladora de los derechos y deberes de los miembros de la Guardia Civil.


Enmiendas a los artículos 6.º y 53.


Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 307; a favor, 148; en contra, 158; abstenciones, una.


El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.


Votamos el resto de las enmiendas.


Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 308; a favor, 30; en contra, 277; abstenciones, una

El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.


- PROYECTO DE LEY ORGÁNICA DEL RÉGIMEN DISCIPLINARIO DE LA GUARDIA CIVIL.
(Número de expediente 121/000132.)

El señor PRESIDENTE: Votación de las enmiendas del Senado al proyecto de ley orgánica del régimen disciplinario de la Guardia Civil.


Enmiendas al artículo 7.24.


Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 308; a favor, 138; en contra, 168; abstenciones, dos.


El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.


Enmiendas al artículo 21.


Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 308; a favor, 147; en contra, 161.


El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.


Votamos el resto de las enmiendas.


Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 308; a favor, 29; en contra, 278; abstenciones, una.


El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.


- PROYECTO DE LEY DE CONSERVACIÓN DE DATOS RELATIVOS A LAS COMUNICACIONES ELECTRÓNICAS Y A LAS REDES PÚBLICAS DE COMUNICACIÓN. (Número de expediente 121/000128.)

El señor PRESIDENTE: Votación de las enmiendas del Senado al proyecto de ley de conservación de datos relativos a las comunicaciones electrónica y a las redes públicas de comunicación.


Enmiendas al artículo 7.º

Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 307; a favor, 295; abstenciones, 12.


El señor PRESIDENTE: Quedan aprobadas.


Enmiendas a la disposición final primera.


Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 306; a favor, 282; en contra, 16; abstenciones, ocho.


El señor PRESIDENTE: Quedan aprobadas.


Votamos el resto de las enmiendas.


Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 306; a favor, 299; abstenciones, siete.


El señor PRESIDENTE: Quedan aprobadas.


DICTÁMENES DE COMISIONES SOBRE INICIATIVAS LEGISLATIVAS. (VOTACIONES.)

- PROYECTO DE LEY PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE DEL MEDIO RURAL. (Número de expediente 121/000135.)

El señor PRESIDENTE: Votación del proyecto de ley para el desarrollo sostenible del medio rural.


En primer lugar, votación en bloque de las enmiendas del Grupo Parlamentario Mixto, señora Fernández Davila.


Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 307; a favor, 19; en contra, 276; abstenciones, 12.


El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.


Grupo Parlamentario de Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya Verds.
Votamos en bloque las enmiendas.


Comienza la votación. (Pausa.)

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Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 307; a favor, cinco, en contra, 277; abstenciones, 25.


El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.


Grupo Parlamentario Vasco. Votación en bloque de las enmiendas,

Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 306; a favor, 19; en contra, 164; abstenciones, 123.


El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.


Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana. Votación en bloque de las enmiendas.


Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 307; a favor, 15; en contra, 275; abstenciones, 17.


El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.


Grupo Parlamentario Popular en el Congreso. Votación en bloque de las enmiendas.


Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 307; a favor, 117; en contra, 176; abstenciones, 14.


El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.


Finalmente, votación del dictamen del proyecto de ley.


Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 306; a favor, 171; en contra, 124; abstenciones, 11.


El señor PRESIDENTE: Queda aprobado.


- PROYECTO DE LEY ORGÁNICA COMPLEMENTARIA DEL PROYECTO DE LEY PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE DEL MEDIO RURAL. (Número de expediente 121/000150.)

El señor PRESIDENTE: Votación del proyecto de ley orgánica complementaria del proyecto de ley para el desarrollo sostenible del medio rural.


Grupo Parlamentario de Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya Verds.
Votación de su enmienda.


Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 307; a favor, 12; en contra, 277; abstenciones, 18.


El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.


Grupo Parlamentario Vasco. Votación de la enmienda.


Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 307; a favor, 26; en contra, 276; abstenciones, cinco.


El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.


Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana. Votación de la enmienda.


Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 305; a favor, 25; en contra, 275; abstenciones, cinco.


El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.


Procedemos ahora a la votación del dictamen del proyecto de ley.


Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 305; a favor, 182; en contra, 121; abstenciones, dos.


El señor PRESIDENTE: Queda aprobado.


VOTACIÓN DE CONJUNTO.


El señor PRESIDENTE: La iniciativa, al tener carácter orgánico, necesita de votación de conjunto.


Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 306; a favor, 301; abstenciones, cinco.


El señor PRESIDENTE: Queda aprobada.


- PROPOSICIÓN DE LEY ORGÁNICA POR LA QUE SE MODIFICA LA LEY ORGÁNICA 10/1995, DE 23 DE NOVIEMBRE, DEL CÓDIGO PENAL EN MATERIA DE SEGURIDAD VIAL. (Número de expediente 122/000222.)

El señor PRESIDENTE: Votación de la proposición de ley orgánica por la que se modifica la Ley

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Orgánica 10/1995, de 23 de noviembre, del Código Penal en materia de seguridad vial.


En primer lugar, Grupo Parlamentario de Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya Verds. Enmienda número 6. (Pausa.) Se interrumpe.


Señora Torme.


La señora TORME PARDO: Queremos pedir votación separada de la enmienda número 1.


El señor PRESIDENTE: ¿Algún grupo parlamentario desea solicitar votación separada? (Pausa.)

Comenzamos de nuevo. Grupo Parlamentario de Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya Verds. Enmienda número 1.


Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 306; a favor, 122; en contra, 177; abstenciones, siete.


El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.


Enmienda número 6.


Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 307; a favor, seis; en contra, 293; abstenciones, ocho.


El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.


Votamos el resto de las enmiendas.


Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 305; a favor, cuatro; en contra, 293; abstenciones, ocho.


El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.


Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió.) Voto particular que constituye corrección técnica, relativo al artículo 384 del Código Penal.


Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 307; a favor, 302; abstenciones, cinco.


El señor PRESIDENTE: Queda aprobado.


Grupo Parlamentario Popular en el Congreso. Votación en bloque de las enmiendas.


Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 307; a favor, 115; en contra, 182; abstenciones, 10.


El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.


Grupo Parlamentario Socialista del Congreso. Voto particular relativo al artículo 379.1 del Código Penal.


Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 306; a favor, 181; en contra, 120; abstenciones, cinco.


El señor PRESIDENTE: Queda aprobado.


Votación del dictamen del proyecto de ley.


Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 306; a favor, 181; en contra, 116; abstenciones, nueve.


El señor PRESIDENTE: Queda aprobado.


VOTACIÓN DE CONJUNTO.


El señor PRESIDENTE: Esta iniciativa tiene carácter orgánico y necesita de votación de conjunto.


Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 305; a favor, 180; en contra, 116; abstenciones, nueve.


El señor PRESIDENTE: Queda aprobada.


DEBATES DE TOTALIDAD DE INICIATIVAS LEGISLATIVAS:

- PROYECTO DE LEY DEL CINE. (Número de expediente 121/000138.)

El señor PRESIDENTE: Punto IX del orden del día: debates de totalidad de iniciativas legislativas. Proyecto de ley del cine. (Rumores.-El señor Jané i Guasch pide la palabra.) Señor Jané, dígame.


El señor JANÉ I GUASCH: Señor presidente, falta votar el carácter orgánico del proyecto de ley de la Guardia Civil.


El señor PRESIDENTE: No, perdóneme. Se trata de leyes orgánicas que provienen del Senado. Habría que haber votado, señor Jané, y usted es veterano, el conjunto si se hubiese aportado al dictamen una enmienda proveniente del Senado. No ha sido el caso y, en consecuencia, sería una redundancia. Gracias. (Aplausos.-Pausa.)

Señorías, terminaremos antes en la medida en que seamos capaces de evacuar rápidamente el hemiciclo, que suele ser una operación tardona. (Pausa.)

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Vamos a comenzar, señorías. Presentación del proyecto de ley por el señor ministro. (Rumores.) Silencio, por favor. (Pausa.) Señorías, el debate continúa. Les ruego silencio para que el orador pueda intervenir con tranquilidad. (Pausa.) Adelante, señor ministro.


El señor MINISTRO DE CULTURA (Molina Sánchez): Gracias, presidente.


Señorías, me cabe la satisfacción de presentar hoy desde esta tribuna el proyecto de ley del cine, una ley que aborda las múltiples variaciones que ha experimentado el panorama audiovisual español en estos últimos años, concretamente desde que fue aprobada la Ley 15/2001, de 9 de julio, que es la actualmente vigente.


El cine español es una realidad cambiante sujeta a las frecuentes novedades tecnológicas, a las distintas iniciativas de los autores y de la industria y a las preferencias diversas de los espectadores. De ahí que su regulación tenga que responder de manera adecuada a cuantas novedades se vayan produciendo, determinando unos parámetros culturales e industriales que permitan una óptima manifestación del lenguaje de las imágenes. Por ello, el objetivo principal de esta ley es el equilibrio entre los diversos sectores que componen la cinematografía española. El Estado ha de velar por la igualdad de oportunidades en todos los terrenos, y también en este, donde las desigualdades de origen económico y de mercado pueden generar una asimetría que perjudique especialmente a lo que ante todo queremos y tenemos que defender: las voces libres de nuestros creadores. En busca de ese objetivo de equilibrio, y como señala su exposición de motivos, en la nueva Ley del Cine subyacen unos principios básicos de orden cultural e industrial de idéntica importancia y necesariamente relacionados entre sí. En primer lugar, la definición y el apoyo específico a los sectores independientes que existen en nuestra cinematografía, tanto en el campo de la producción como en el de la distribución y exhibición. El empleo de los mecanismos que instrumenta la ley permitirá evitar en la medida de lo posible los desequilibrios que hoy resultan patentes en el panorama audiovisual español. No menos sustancial nos parece, señorías, la consideración que recoge el texto hacia las nuevas tecnologías y formatos que se han ido introduciendo en este terreno, con una decidida atención a cuanto suponen los ya inminentes procesos de digitalización y de distribución on line de contenidos legales, distribución que ha de contribuir a la lucha contra esa lacra que supone la piratería, en cuya erradicación hasta donde sea posible estamos comprometidos. La ley busca también de manera fundamental el respaldo a la creación y a los autores como origen y fuente de la relación que las obras han de mantener con los ciudadanos, que son los destinatarios naturales de las mismas, dentro de un proceso de comunicación que ha de favorecerse en todos sus aspectos.


Íntimamente unido a lo anterior se halla la conservación, salvaguarda y mantenimiento del patrimonio cinematográfico español, que supone un elemento fundamental de nuestra cultura. Quiero subrayar también aquellas novedades sustanciales respecto de la legislación vigente, que se incluyen atendiendo siempre al objetivo de equilibrio y a los principios que he mencionado. Por primera vez se definen y diferencian los sectores independientes respeto a aquellos vinculados a operadores de televisión o a compañías multinacionales, tanto en el ámbito de la producción como en los de la distribución y exhibición. Se incide especialmente en la capacidad y solvencia de las empresas productoras para poder percibir las ayudas, lo que contribuirá decisivamente a mejorar el tejido industrial del cine español. Las productoras deberán estar al día en el pago de las obligaciones económicas adquiridas con el personal creativo, artístico y técnico, así como con las industrias técnicas. Se favorece el aprovechamiento de incentivos fiscales beneficiosos para la inversión en producción, especialmente a través de las agrupaciones de interés económico. Ello permitirá atraer hacia el cine español capitales externos a él, lo que debe constituir una baza fundamental para lograr la adecuada financiación de nuestras películas.


Se formaliza la existencia del fondo de protección a la cinematografía y al audiovisual, garantizando la equidad del reparto de las diversas ayudas estatales en todo el territorio español. Según consta en el proyecto de ley de Presupuestos Generales del Estado, actualmente en tramitación parlamentaria, la dotación de dicho fondo para el próximo año 2008 será de 85 millones de euros, con un incremento del 27,54 por ciento respecto al actual año 2007. La ley se abre a las nuevas tecnologías, referidas tanto a aquellas obras audiovisuales que no están destinadas a ser exhibidas en salas como incluso a las susceptibles de ser distribuidas en la red. Se arbitran nuevas medidas de apoyo al desarrollo de proyectos, a las iniciativas culturales, a las obras que utilicen nuevas tecnologías y a las actividades de investigación, desarrollo e innovación. En las ayudas sobre proyecto se incluye a las películas para televisión y a las series de animación como posibles beneficiarios, lo que implica, en este segundo caso, un apoyo decisivo al sector español de la imagen animada, atendiendo así a una reivindicación largamente planteada. Para acceder a las ayudas a la amortización de largometrajes, las productoras consideradas dependientes deben coproducir con productoras independientes.


En cooperación con las comunidades autónomas, la ley prevé ayudas a las salas de exhibición que cumplan determinadas condiciones de programación respecto al cine que proyectan: un mínimo del 40 por ciento de películas comunitarias e iberoamericanas, preferencia de versiones originales subtituladas, cortometrajes, etcétera. Asimismo, se flexibilizan las condiciones de cumplimiento de la cuota de pantalla, que se contabiliza por secciones, especialmente cuando se proyecten películas

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europeas en versión original subtitulada u otras obras comunitarias.
También se ayudará a las salas de exhibición en el proceso de transformación desde el sistema de proyección tradicional al ya inminente de carácter digital. Igualmente quiero referirme a medidas que incluyen a las producciones iberoamericanas, a medidas de género para las actividades creativas de dirección y guión y a medidas de reconocimiento de la nacionalidad española de una película, considerando al director de fotografía como uno de los autores de la obra. De igual modo se contemplan medidas para favorecer el disfrute del cine a las personas con discapacidad.


A través de estos apartados que acabo de enunciar comprobarán SS.SS. hasta qué punto el proyecto de ley es innovador y hasta qué punto es importante su aprobación por parte del Congreso de los Diputados en bien del cine español, dentro de un panorama audiovisual complejo y enormemente cambiante. El cine español, según la encuesta de hábitos y prácticas culturales en España 2006-2007 que acaba de publicar el Ministerio de Cultura, alcanza una valoración media por parte de los ciudadanos de nuestro país bastante superior a lo que se suele decir: un 6,3 por ciento, en una escala de cero a 10, por encima de la estimación que merece el cine europeo y el latinoamericano, y tan solo 6 décimas por debajo del de producción norteamericana. Creo que con mis palabras queda patente que se trata de una ley necesaria, de una ley oportuna, nacida desde la claridad y la participación democrática, en cuya elaboración han sido consultadas veintisiete asociaciones profesionales del mundo audiovisual, así como todas las comunidades autónomas y las ciudades de Ceuta y Melilla, cuyas competencias están plenamente respetadas en el proyecto de ley.


Señorías, deseo que estén presentes en mi actuación al frente del Ministerio de Cultura el diálogo y la idea de consenso, y quiero dejarlo patente ahora en la presentación del proyecto de Ley del Cine puesto que todos deseamos lo mejor para el cine español. Desde esta postura les pido el apoyo a este proyecto de Ley del Cine.


Muchas gracias a todos por su atención. (Aplausos.)

El señor PRESIDENTE: Gracias, ministro.


Enmiendas a la totalidad del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió). Tiene la palabra el señor Vilajoana.


El señor VILAJOANA ROVIRA: Señor presidente, señor ministro, señoras y señores diputados, el 1 de junio pasado entró en este Congreso el proyecto de Ley del Cine. Estaba en aquel momento de ministra de Cultura la que hoy es vicepresidenta, que también está viviendo con usted, señor ministro, este trámite parlamentario. En el preámbulo de la ley -usted lo ha comentado antes- se planteaba la necesidad de dotar un marco normativo adecuado basado en cuatro principios fundamentales: la definición y el soporte a los sectores independientes, algo muy importante en el mundo del cine de este país; la creación de mecanismos que eviten desequilibrios que actualmente existen en el mercado audiovisual, recogiendo una reivindicación histórica del sector audiovisual; la adaptación a las nuevas tecnologías y formatos, otra realidad incontestable que se ha ido introduciendo en este sector; y finalmente, y no el menos importante, el soporte a la creación y a los autores. Estamos de acuerdo en todo esto. ¿Cuál era el problema que parece ser que hoy a las 12:35 hemos conseguido superar? Que esta ley -y no es la primera vez que nos ocurre en los últimos meses; tengo un listado de leyes y nos ocurrió también con la Ley del Libro-, que es necesaria, no tiene en cuenta que en los últimos años hemos hecho un esfuerzo importantísimo para renovar un conjunto de estatutos que se han aprobado en esta Cámara con un coste político en el caso de Cataluña muy importante, con un coste para el país muy importante. Uno de los elementos que se han introducido en estos estatutos es blindar algunos aspectos de competencias que antes los tenía que resolver el Constitucional. Es decir, había una utilización del 149.2 de la Constitución, que sitúa la cultura conceptualmente como un tema de Estado, que exigía que en muchas leyes el Gobierno de la Generalitat tenía que recurrir al Constitucional y algunas sentencias eran favorables al Estado y otras a la Generalitat.


¿Qué se ha hecho en este Estatuto que se ha aprobado por las Cortes y que fue refrendado por el pueblo de Cataluña? Todos los que lo apoyamos, incluso los que no lo apoyaron, llegamos a un acuerdo y aceptamos que este Estatuto da más competencias a la Generalitat. Si es mejor y da más competencias, lógicamente quita competencias al Estado. Señor ministro, usted tiene menos competencias ahora con este Estatuto que antes. ¿Y qué nos ocurre con esta Ley del Cine y ha ocurrido, repito, con otras leyes que han entrado en esta Cámara en los últimos meses? Que había una invasión competencial clara y contundente. Para que esto no sea la expresión de un diputado de un grupo nacionalista, Convergència i Unió, que puede tener un carácter partidario, este diputado, ex consejero de Cultura de la Generalitat, pidió al Gobierno de la Generalitat y concretamente al consejero de Cultura actual -buen amigo suyo, señor ministro- que me diera su opinión sobre este aspecto. ¿Qué hizo el consejero? Recurrió al Instituto de Estudios Autonómicos, que es una institución independiente pero ligada al Gobierno, que tiene como funciones atribuidas el seguimiento y evaluación de las iniciativas estatales que puedan tener repercusión sobre las competencias y la autonomía de la Generalitat de Catalunya. El 28 de julio -creo no equivocarme en la fecha-, el consejero nos reunió al portavoz de Cultura de Esquerra Republicana, a la portavoz de Cultura de Iniciativa per Catalunya, al portavoz de Cultura del Partit dels Socialistes de Catalunya -hoy aquí presente- y a mí mismo. En esa reunión recibimos un informe del Instituto de Estudios Autonómicos de 30 páginas y, para resumir con una frase que salió en esa reunión -y no me contradirán los aquí presentes-, se dijo que había una invasión por tierra mar y aire; titular correcto en relación con el cine.


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Esto lo decía una persona con una alta responsabilidad con buen criterio.
En aquella reunión acordamos todos dos cosas: Instar al Gobierno de Cataluña y al consejero a que hablara con el Gobierno del Estado, concretamente con usted, señor ministro, para que se intentara modificar este texto y hacerlo competencial. Y si esto no fuera posible, le pedíamos también al Gobierno de Cataluña que nos dijera qué enmiendas debíamos defender para entrar en competencias con este proyecto de ley.
El 4 de septiembre, cumpliendo la solicitud, el Gobierno de Cataluña nos entregó un conjunto de enmiendas para rectificar este tema. Y anuncio que voy a retirar la enmienda a la totalidad porque se ha conseguido -y les felicito- que cambien un proyecto de ley que claramente invadía competencias.


¿Por qué estoy aquí ahora hablando de este tema? Porque creo que no es razonable lo que está pasando. Le quiero decir al ministro, que está hoy aquí, pero en general al Gobierno del Estado, que en los proyectos de ley que nos están llegando -y no estoy hablando solo de los de cultura sino en conjunto- se está ignorando lo que nos hemos dado. Estoy hablando de Cataluña pero Andalucía está la misma situación. El Estatuto de Andalucía tiene dos artículos exactamente iguales a los del Estatuto de Cataluña, los artículos 114 y 117, que voy a leer a continuación, que dejan mejor enmarcado el 149.2 de la Constitución respecto a los temas en que hay competencias exclusivas y que antes quedaba muy diluido en cuanto a su uso; y el cine es una competencia exclusiva de la Generalitat de Catalunya y de la Junta de Andalucía. Esta ley, que espero que aprobemos y que vamos a enmendar para que respete las competencias, debe tener el trato competencial que marca claramente una ley orgánica aprobada en estas Cortes y refrendada por el pueblo de Cataluña. Hay dos artículos que resuelven este problema histórico del 149.2. El artículo 114 dice: 1.
Corresponde a la Generalidad, en las materias de su competencia, el ejercicio de la actividad de fomento; a tal fin, la Generalitat puede otorgar subvenciones con cargo a fondos propios. 2. Corresponde a la Generalitat, en las materias de competencia exclusiva, la especificación de los objetivos a los que se destinan las subvenciones estatales y comunitarias europeas territorializables, así como la regulación de las condiciones de otorgamiento y la gestión, incluyendo la tramitación y la concesión. La claridad es magnífica. Por tanto, el Estado puede dar subvenciones Europa puede dar subvenciones, por supuesto, y son bienvenidas, pero tiene que tratarlas con la Generalitat. Y en la gestión tanto la Generalitat como la Junta de Andalucía tienen que participar, vengan del Estado o vengan de Europa. El otro día para intentar explicárselo le comentaba a una colega: Es como si a mí me apeteciera cambiar las farolas de mi pueblo y dijera: Alcalde tengo dinero y te voy a cambiar las farolas. ¿Qué me diría el alcalde? Que no puede; que si tengo dinero se lo dé pero que las farolas las cambia él. En resumen, lo que estamos diciendo es que hay unas competencias que corresponden a la Generalitat y que el Estado ha de respetar, como no puede ser de otra forma.


En el artículo 127, que se refiere a la cultura, las competencias quedan absolutamente fijadas, y las voy a leer: Corresponde a la Generalitat la competencia exclusiva en materia de cultura; esta competencia exclusiva comprende, en todo caso, las actividades artísticas y culturales que se lleven a cabo en Cataluña y que incluyen: 2. La regulación y la inspección de las salas de exhibición cinematográfica, las medidas de protección de la industria cinematográfica y el control y la concesión de licencias de doblaje a las empresas distribuidoras domiciliadas en Cataluña. 3. La calificación de las películas y los materiales audiovisuales en función de la edad y de los valores culturales; el fomento y la difusión de la creación y la producción teatrales, musicales, audiovisuales, literarias, de danza, de circo y de artes combinadas llevadas a cabo en Cataluña; la proyección internacional de la cultura catalana; y en el caso de las actividades que el Estado lleve a cabo con relación a la proyección internacional de la cultura, los gobiernos del Estado y la Generalitat articularán fórmulas de colaboración y cooperación mutuas conforme a lo previsto en el título V de este Estatuto. Es decir, no estamos hablando de un concepto abstracto.
Es clarísimo. Son dos artículos que definen claramente competencias que esta ley invade. Por eso hemos presentado esta enmienda a la totalidad.
Lo que queríamos es lo que ha ocurrido: que el Gobierno del Estado, en concreto el ministerio, rectificara este texto. Hay un compromiso, que se nos ha confirmado hoy por la consellería y los diputados portavoces del Grupo Socialista, en el cual se dice que hay un conjunto de enmiendas que propone el Grupo Socialista que van a enmendar estos elementos en donde hay invasión de competencias. Y hoy a las 12:35 horas, sobre un elemento clave que era el fondo de protección, se ha acordado generar un segundo fondo que va a estar dotado con dinero de la Generalitat y dinero del ministerio y que va a permitir hacer un fondo específico al cine que se produce en este país en lenguas distintas al castellano. Nos parece una buena solución y la compartimos. Por ello, señor presidente, señor ministro, señora vicepresidenta, señoras y señores diputados, este grupo ha presentado una enmienda a la totalidad que ha querido explicar para que entiendan por qué lo defendíamos, porque el objetivo nuestro no era ganar esta enmienda a la totalidad, que quede claro, sino tener una buena ley, y ahora lo que queremos es luchar para que el contenido de esta ley, aparte de las competencias, sirva para que el cine que se haga en este país, sea en catalán, gallego, vasco o castellano, sea un buen cine que consiga mercados potentes en el interior y en el exterior y que tenga el apoyo adecuado. Además, vamos a pedir más cosas para el cine en este país porque hay nuevos formatos: animación, largometrajes, etcétera. A partir de ahora, cuando las competencias están claramente distribuidas y aceptadas, lo que vamos a hacer desde mi grupo y yo personalmente es luchar para que tengamos una gran Ley del Cine.


Muchas gracias, señoras y señores diputados, señor presidente, señora vicepresidenta.


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El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Vilajoana.


Fijación de posiciones. Grupo Mixto. Señor Rodríguez.


El señor RODRÍGUEZ SÁNCHEZ: Gracias, señor presidente.


El Bloque Nacionalista Galego tenía y tiene una actitud favorable a que se comprendan e incluso a que se acepten las enmiendas de devolución que estén basadas en el criterio de respetar las competencias de los nuevos estatutos de autonomía y las competencias autonómicas en general. De todas maneras, pensamos que en el actual estado de la cuestión se dan unos desequilibrios importantes entre aquellas comunidades con lengua y cultura propia que tienen nuevo estatuto y aquellas que no lo tenemos.
Por eso, la mejor forma de solucionar este problema sería que el Estado asumiese en una ley como esta la diferencia cualitativa en materia cultural, que es precisamente contar con una lengua y, por derivación, con una cultura propia. Si se aceptase esta plurinacionalidad, en el sentido cultural y lingüístico del término, sería muy importante, porque seguramente se evitarían estas enmiendas de totalidad y también cierto tipo de argumentos confusos, porque no es tanto que todo el dinero destinado a películas en lengua vasca, catalana o gallega lo gestione exclusivamente el Gobierno de cada una de esas comunidades como que se asuma que tiene que haber dinero, un plus, para impulsar ese tipo de cine original en estas lenguas, que es el que además le puede dar una diversidad grande al cine español. Nosotros no presentamos enmienda a la totalidad por esto y, además, porque productores, los interesados en el mundo del cine de Galicia, no sé si por una deficiencia propia o simplemente por el estado de la cuestión en nuestro país, consideraban que la ley era tímida pero positiva, y que se podía reformar a través de enmiendas particulares, que sin duda es lo que vamos a hacer. Queremos anunciar en este momento que nos parece que la ley es bienintencionada para impulsar y ayudar la verdadera producción independiente, en cuanto a reformulación de apoyos y condiciones. Parte del criterio de protección a la excepción cultural, si bien siempre con esa confusión de lo europeo, donde cabe lo español, lo vasco, lo catalán y lo gallego, pero todo el mundo sabe que las reglas de juego, las ventajas y las desventajas no son las mismas. Estoy por asegurar que hablar de excepción cultural en términos europeos no es muy ecuánime, porque no están en igual situación el cine francés o el inglés que el cine gallego o el portugués, por no hablar incluso del cine español. Además, la ley respeta la cuota de pantalla, un instrumento que no es prescindible en este momento.
Tímidamente puede ser una defensa frente a la imposición de lotes indiscriminados por parte de las grandes multinacionales y, por supuesto, es posible que al estructurar bien la agencia estatal, esta pueda ser más eficaz a la hora de formular las ayudas y tener una relación con el mundo del cine, como industria y arte, mucho más positiva. En cuanto a las limitaciones, sin duda hay una falta de regulación eficaz de las inversiones mínimas por parte de las televisiones. Hay poca ayuda a la exhibición. Hay una crisis general de las salas de cine muy preocupante, más preocupante cuanto más pequeñas son las ciudades o en el mundo rural.
Habría que ser más prescriptivos y entusiastas en este aspecto. Por supuesto, hemos presentado una enmienda para que exista respeto por el cine original en lengua vasca, catalana y gallega y para que sea distintivo y no el maremágnum de la excepcionalidad cultural española.


Acabo ya diciéndoles, señoras y señores diputados, señor ministro, señor presidente, que el problema grave va a estar en que contamos con un mercado excesivamente trasnacionalizado, poco regularizado y con instrumentos que aún no son suficientes para combatir a favor de que nuestro cine en general pueda defenderse mejor de lo que se defiende.
Además, en el caso de mi país hay una asignatura pendiente, y es que tenemos que tener más autorresponsabilidad y más consciencia de nuestras grandes potencialidades y ayudar a esta industria con un énfasis y un entusiasmo muchísimo mayores. Les anuncio muchas enmiendas al proyecto de ley y espero que al final el producto sea moderadamente positivo para todos.


Muchas gracias.


El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Rodríguez.


Grupo Parlamentario de Izquierda Unida. Señora García. (Pausa.) Llamo por segunda vez al Grupo Parlamentario de Izquierda Unida. (Pausa.) Pasamos turno.


Señor Esteban.


El señor ESTEBAN BRAVO: Gracias, señor presidente.


Intervendré brevemente porque parece que han sido retiradas las enmiendas.
Nuestro grupo no ha presentado una enmienda a la totalidad porque ciertamente, en base al texto concreto del Estatuto de la Comunidad Autónoma vasca que pertenece a la circunscripción por donde han sido elegidos los diputados de mi grupo, podría mantenerse en el terreno de la duda la invasión o no competencial del texto, aunque por algunas razones que voy a citar someramente y que explicitaremos en su momento a través de enmiendas nosotros entendemos que debería definirse y precisarse un poco más el alcance de la labor de la Administración General del Estado y las competencias autonómicas en la ley. Lo que sí veíamos era que en relación al nuevo texto estatutario de Cataluña y sobre todo en referencia al artículo 127 -aunque se han citado varios artículos- podía haber una invasión competencial. En cualquier caso, si los presentantes de las enmiendas a la totalidad entienden que hay posibilidades de subsanar en el trámite de enmiendas esta situación, nosotros necesariamente estaremos de acuerdo. Quisiera subrayar que aparte de la dimensión cultural que se manifiesta en la exposición de motivos y en artículos del proyecto que estamos discutiendo, tampoco sería correcto

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hacerlo así stricto sensu, ni tampoco nos parece que tenga que acudirse una y otra vez a la socorrida perspectiva de la ordenación general de la economía. A veces sospechamos que se hace así por buscar la referencia a teóricos títulos competenciales que permitan al Estado justificar su habilitación. Entendemos que debe enfocarse también la ley en el terreno de la industria y del comercio, siguiendo a veces los mismos mecanismos y las mismas técnicas de intervención pública que manejamos para intentar hacer que nuestras industrias sean más competitivas y saneadas. El cine y lo audiovisual no es solamente cultura sino que también cada día más -y ese debería ser el objetivo de la Administración- es industria. Si atendemos a las disposiciones adicionales, la parte del león se la lleva la presencia en el proyecto del artículo 149.1.13º, en el cual el Estado ostenta competencia exclusiva sobre bases y coordinación de la planificación general de la actividad económica. Se convierte de esta manera en una especie de competencia transversal, de carácter sustantivo que en ocasiones, no digo que siempre, convierte competencias exclusivas de las comunidades autónomas en competencias compartidas o concurrentes.
De esta manera, la normativa estatal amparada en aquella competencia plurisectorial se convierte en límite sustantivo para el ejercicio de las competencias sectoriales autonómicas. La facultad estatal de coordinación a la que se refiere este artículo 149.1.13º se ha utilizado en alguno de los artículos de la presente ley como aval para controlar y dirigir el ejercicio de determinadas actuaciones de las comunidades autónomas en relación a sus competencias sobre las actividades económicas. A nosotros nos gustaría ver reflejada a través de las enmiendas que presentemos, como he señalado antes -insisto-, una mayor definición y subrayar el aspecto de la competencia autonómica en algunos ámbitos exclusivos.


Hay otros aspectos que ligeramente me gustaría esbozar aquí que nos preocupan de la ley, y uno es el que hace referencia a las definiciones, por ejemplo, a la definición de productores independientes. Es verdad que si nos movemos en el ámbito del conjunto del Estado puede parecer que no ocasiona ningún problema la definición que se propone, pero si nos movemos a nivel de industrias que están localizadas en ciertas partes del Estado se pueden producir problemas. El objetivo de todos, incluido el Gobierno, al presentar el proyecto es dinamizar la industria, que cada vez haya más industria y que no quede esta en una especie de semimonopolio de tres o cuatro grandes empresas. Nos encontramos con unos ámbitos dentro del Estado por cuyas características culturales y lingüísticas existe una industria de producción en lenguas vernáculas que tiene un comprador concreto. Léase televisiones autonómicas correspondientes, el caso gallego o el caso vasco. Hay una serie de industrias cuyo mercado en el ámbito de esa televisión en momentos determinados -no necesariamente en todas las ocasiones- puede alcanzar un 80 por ciento. Por tanto, debemos atender también a esas circunstancias excepcionales, si se quiere locales, pero que representan una industria también necesaria para la diversidad cultural que se quiere fomentar por parte de su Administración, entiendo que también por parte de la Administración del Estado, según se desprende de las palabras que el ministro dirigió a la Comisión de Cultura durante su comparecencia de hace unas semanas. En consecuencia, estoy seguro de que entre todos podremos buscar una solución para que efectivamente la industria necesaria para esa diversidad cultural pueda seguir funcionando, pueda seguir adaptándose y pueda seguir siendo motor cultural pero también motor económico.


Por último, también es preciso una colaboración entre las comunidades autónomas, el Estado y los distintos agentes dentro del ámbito de la futura agencia. Aunque en estos momentos en la ley no se define exactamente el organigrama de esa futura agencia, sería una asignatura pendiente que deberíamos ir apuntando. Nosotros entendemos que las comunidades autónomas con lengua propia quizá deberían tener un órgano especial de encuentro sobre el audiovisual, sobre el cine, con el Ministerio de Cultura. Estamos abiertos al diálogo y, seamos sinceros, creemos que el sector en general quiere que la ley salga adelante, con algunas modificaciones, puesto que cada uno tiene sus intereses particulares, pero evidentemente en el sector existe un sentimiento de que es necesaria una legislación y una regulación que impulse esta industria, por lo que si se superan esos obstáculos perfectamente superables que antes he apuntado mi grupo estará dispuesto a discutir y, en su caso -y en estos momentos entiendo que es posible- incluso apoyar la ley en el siguiente trámite en esta Cámara.


Muchas gracias, señor presidente.


El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Esteban.


Esquerra Republicana. Señor Tardà.


El señor TARDÁ I COMA: Señor presidente, señor ministro, intervengo brevemente para ratificar las palabras pronunciadas por el señor Vilajoana y que no voy a repetir. Él ya ha explicado cuál ha sido la secuencia de la actitud y de los trabajos realizados por los grupos parlamentarios catalanes, así como por los compañeros del Partido Socialista de Cataluña junto con la Conselleria de Cultura de la Generalitat de Catalunya. Todo lo que ha dicho no solamente es cierto sino que es correcto, en la medida en que fue diseñado previamente para que también el Gobierno se diera cuenta de que no tiene ningún sentido que tengamos que dedicar tantos trabajos, tantas energías y algún sinsabor a recorrer un trayecto que no debería hacerse. No tiene ningún sentido que desde la factoría denominada Moncloa vayan saliendo proyectos del Gobierno que no respetan suficientemente los nuevos textos estatutarios. Lo entendíamos el año pasado, o entonces éramos mucho más comprensivos, pero es cierto que estamos ante una etapa distinta en la cual se han incrementado los textos estatutarios en cuanto a la capacidad de autogobierno, lo cual genera

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disfunciones, incluso a veces hay dinámicas no ligadas estrictamente al ámbito político sino también al funcionarial. Esto lo hemos denunciado en el Ministerio de Fomento en más de una ocasión, pero ahora entendemos que teniendo en cuenta que han transcurrido muchos meses desde que se aprobó el Estatuto de Autonomía de Cataluña y de Andalucía, que son los que marcan el sendero, esto no debería ocurrir. Ya nos ocurrió con la Ley del Libro, donde, al final, por la buena voluntad del Grupo Parlamentario Socialista de esta Cámara y la del resto de los grupos parlamentarios, lo resolvimos. Luego tuvimos desencuentros en la Ley contra la violencia y el racismo en el deporte. El Gobierno tiene en el cajón -no sabe si sacarla o no- la Ley de Adopciones Internacionales, porque volvemos a estar en las mismas. Creo que esto deberíamos superarlo porque no tiene ningún sentido. Si realmente nos creemos esta nueva etapa de incremento de los autogobiernos, no puede ser que tengamos estos problemas y luego tengamos que andar deprisa y corriendo, poniendo toda la carne en el asador y toda la buena voluntad que deberíamos tener dedicada a otras cuestiones mucho más complejas.


Les anuncio que hemos retirado la enmienda a la totalidad porque, al final, ha habido entendimiento. Creemos que hemos encontrado fórmulas para materializar lo que dicen el Estatuto de Autonomía de Cataluña y el de Andalucía de manera muy clara -otros no tanto, pero también habrá que encajarlo- sobre cómo territorializar la acción de fomento de la Administración General del Estado. Hemos buscado una fórmula que, a nuestro entender, es idónea y que además a los catalanes nos enorgullece porque, la verdad sea dicha, este fondo estará destinado a la producción cinematográfica y audiovisual en versión original, gallega, catalana y en la lengua euskara. Sin ninguna petulancia, debo decirles que los catalanes seguimos tirando del carro, para que luego digan que somos raritos y que solo vamos a la nuestra. Pues bien, tendremos un fondo transferido directamente a las comunidades autónomas con lengua propia distinta a la castellana y que tengan evidentemente un órgano específico para el fomento del cine y el audiovisual. Creemos que esto tiene encaje en el nuevo marco estatutario. Celebramos el acuerdo; es más, existe la voluntad y hemos diseñado cuáles serían las correcciones al proyecto de ley para encajar lo que ciertamente, sobre la base del artículo 149, que es discutible, de la Constitución española, soporta el proyecto de Ley del Cine del Gobierno español, para que no choque como dos trenes en colisión con los artículos que mencionaba el compañero Jordi Janè del Estatuto de Autonomía de Cataluña, básicamente el que blinda las competencias exclusivas en materia de cultura.


Repito, no deberíamos llegar siempre al mismo punto. Por favor, que los proyectos de ley del Gobierno salgan limpios y pulcros, como tienen que salir. A mí me enseñaron que al trabajo hay que ir limpio y comido; pues el Gobierno, que se aplique.


Muchas gracias.


La señora VICEPRESIDENTA (Calvo Poyato): Muchas gracias, señor Tardà.


Por el Grupo Parlamentario Popular tiene la palabra la señora Rodríguez-Salmones.


La señora RODRÍGUEZ-SALMONES CABEZA: ¡Ay, señor Tardà, usted y yo nos llevábamos bien! -y el señor Vilajoana también-. Ahora vamos a hablar de las competencias. De todas maneras, las competencias, como las penas, con pan son menos, ¿verdad? Ese es un hecho. Pues que ustedes lo disfruten con salud.


Antes de entrar en esta cuestión, me van a permitir -ya que estamos, Comisión de Cultura, una cierta soledad- hacer aquí, desde esta tribuna, un homenaje y un recuerdo a Pablo Palazuelo. Yo no soy quién para calificar, pero es el grande entre los grandes de nuestros artistas, y a los que le han querido, cuidado y admirado, y a sus galeristas, les mandamos nuestro recuerdo y nuestro afecto. Aprovecho también para enlazarlo con lo que ha dicho el señor ministro. El servicio de artistas como él, además de a todos los ciudadanos, es lo que nos lleva a los responsables políticos a tener políticas de acuerdo en esto, y hablo concretamente del Reina Sofía, que será su gran espacio expositivo lógicamente, que está pasando una situación difícil y tenemos que seguir manteniendo el acuerdo que hasta ahora hemos tenido.


Entremos en la Ley del Cine. Le decía al señor Tardà y sobre todo al señor Vilajoana que han sido descarnados en la exposición. 12:35. ¿Qué ha sucedido a las 12:35? Que nos han dado un fondo. Ya está. La invasión competencial ha terminado. Me han dado un fondo, se ha acabado la invasión por tierra, mar y aire. (El señor Vilajoana Rovira hace gestos negativos.) Sic. "Diario de Sesiones". Hacer una película en Cantabria o en Valladolid tendrá una financiación de diez. Hacerla en Galicia o Cataluña tendrá una financiación de quince. Pues no es muy defendible, pero que ustedes lo disfruten desde luego con salud. Esperemos que mañana una beca, por ser un escolar catalán, no sea de quince, cuando la beca, porque la lengua del escolar es sencillamente el castellano, sea una beca de todos, no digo de sus comunidades autónomas: de todos. Lo encuentro lamentable, señores del Grupo Socialista, y ustedes también, porque a mí me lo han dicho y lo saben. Ustedes lo encuentran lamentable, no el PSC -atención, que algún representante habrá-. El PSC ha estado al borde de presentar enmienda a la totalidad también. Ustedes saben como yo que esto es lamentable.


Ahora voy a hablar de la ley, porque el señor ministro nos ha hecho una exposición larga. Nosotros no hemos presentado enmienda a la totalidad.
¿Porque la ley es buena? Indudablemente no, la ley no es buena, y ahora diré por qué. ¿Porque la ley es necesaria? Sí, es necesaria, por un punto de los 39 artículos de esta ley y sus disposiciones adicionales, pero todos nos la han reclamado y es necesaria. ¿Por qué digo que no es buena? Señor ministro, usted no ha hecho

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ninguna aportación a esta ley -y ahora también explicaré mi sorpresa por ello-, más que esta del fondo, por lo que parece. Esta ley no es una ley audiovisual, se llama del cine, y con mucho cuidado dice en la exposición de motivos alguna vez lo de audiovisual, pero el articulado lo ignora totalmente. En un mundo transformado, en un mundo en transformación, esta ley podría ser del año 1997, por no decir de diez años antes. Podría serlo perfectamente, ignora todo. Le ponemos esa fecha y la ley nos vale.
Es una ley corta, así, y debería ser la ley audiovisual así. Esperemos que en la próxima legislatura podamos nosotros hacer esa ley, pero es necesaria sin la menor duda, porque tiene el cambio del marco económico.
Todos los países de nuestro entorno, incluido Estados Unidos, apoyan y protegen su cinematografía. Si nosotros no lo hacemos, es indudable que nuestra cinematografía competiría mal, en desventaja total con todos los países que están haciendo cine. Por lo tanto, es necesario el marco de apoyo y además es necesario revisarlo y actualizarlo, porque está claro que el de ahora no está funcionando. ¿Era necesaria la enmienda a la totalidad? Como creíamos que era completamente indispensable que este marco fiscal y económico saliera, hemos pensado que es más útil nuestra aportación con más de 50 enmiendas al articulado en una ley que no llega a 40 artículos. Por lo tanto, apostamos por hacerlo así.


Entro en otra cuestión que me sorprende, señor ministro. Yo no quería hacer más que una mención respetuosa a nuestra presidenta de ahora mismo de la Cámara, doña Carmen Calvo. Me parecía de elemental cortesía parlamentaria y de deferencia y además sabe que le tengo un gran afecto, pero ella entró ayer en liza, sin que nadie la llamara, y dijo: Es una ley mía, es la Ley Carmen Calvo, incluso se hizo el día de mi cumpleaños.
Sin comentarios. Lo malo es que es verdad, lo malo es que a la pobre ministra la cesan por este disparate de ley, en la que ella dijo: Todos han sido absolutamente desleales porque crea la confrontación, porque se pelea con todo, porque consigue que todos se peleen con todos, porque se crea la confusión. A ella la cesan, usted no hace nada y la señora ex ministra dice: Es la Ley Calvo y tiene toda la razón: la Ley Calvo-De la Vega, Calvo como ministra y De la Vega como socorrista. ¿Y usted? ¿Cuál ha sido su aportación a este desbarajuste que usted sabe que existe?

Señor ministro, en eso hemos tenido la mayor de nuestras sorpresas. Usted nos dijo: Háganme sugerencias. Pues nos agarramos a su palabra, hemos apostado no por la totalidad, en ningún caso por devolver un proyecto que creíamos necesario y esperamos poder llegar a acuerdos en esas más de 50 enmiendas que ahora ya le anuncio, y esperamos no tener que arrepentirnos, de verdad lo esperamos, de no haber presentado una enmienda a la totalidad.


Muchas gracias. (Aplausos.)

La señora VICEPRESIDENTA (Calvo Poyato): Muchas gracias, señora Rodríguez-Salmones.


El Grupo Socialista tiene su turno. Señor Louro.


El señor LOURO GOYANES: Gracias, señora presidenta.


Dado que se han retirado las tres enmiendas a la totalidad, no tiene sentido el turno de fijación de posiciones, entre votar o no votar las enmiendas a la totalidad. En todo caso, voy a aprovechar este turno para hacer algún comentario al hilo de lo que acaba de decir la portavoz del Partido Popular. Dice la señora Rodríguez-Salmones que esta ley es una ley insuficiente. Pues es una pena que sea una ley insuficiente y que ustedes desde el año 1997 hasta el año 2004 no hayan detectado esa insuficiencia.


En todo caso, señoras y señores diputados, señor ministro, esta es una muy buena ley porque los distintos sectores y agentes que operan en el mundo cinematográfico y audiovisual así lo han manifestado. Es además una ley muy conversada, muy dialogada, muy debatida y muy acordada. Hay que decir además que en la tramitación parlamentaria, en la fase de comparecencias, yo creo que los distintos grupos hemos tenido la oportunidad de hablar de nuestra visión de la ley y confrontarla con los comparecientes y había allí un volumen muy importante de coincidencia de criterios. Por tanto, esta es una ley querida, necesaria y que despierta mucha ilusión en mucha gente que opera y trabaja en el mundo cinematográfico y audiovisual.


Usted, señor ministro, ha explicado la ley y yo haré unos breves comentarios. Esta ley pretende actualizar el ordenamiento jurídico. Han pasado muchas cosas en poco tiempo y tenemos que ponernos al día en las nuevas realidades tecnológicas y su incidencia en los planes de producción, distribución o exhibición. Es una ley que debe dar satisfacción a las nuevas demandas de la industria incrementando su estructura, aumentando sus capacidades e incrementando su capacidad competitiva. Es una ley que pretende crear condiciones fértiles para que los talentos, nuestros creadores y nuestros productores puedan desarrollar sus iniciativas y es una ley que defiende y desarrolla la diversidad y la pluralidad cultural y lingüística. En la tarde de ayer y esta mañana hemos trabajado en cierta medida en esto, porque lo que se introduce en el acuerdo alcanzado con los grupos que propusieron las enmiendas a la totalidad, señora Rodríguez-Salmones, son matices que usted y yo podemos compartir. Son líneas de trabajo que pretenden que las culturas minoritarias, que las culturas españolas y las comunidades españolas con lengua propia, como Cataluña, Euskadi o como Galicia puedan tener cine en versión original. Usted yo compartimos eso porque es bueno para esas comunidades, pero es bueno también para la realidad pluricultural y plurilingüística que es España.


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Es una ley que pretende crear un marco de trabajo común con las comunidades autónomas. Un marco de cooperación y un marco de colaboración, ¿para qué? Para hacer más y mejor cine. Porque las comunidades autónomas y el Gobierno central tienen competencias exclusivas en materia de cultura y se trata de sumar, no de restar. No son competencias excluyentes. Son competencias exclusivas pero que permiten la actuación de las comunidades autónomas y la actuación del Gobierno central. Es una ley, señoras y señores diputados, que pretende buscar un equilibrio entre los distintos agentes que operan en el sector.
Es sabido que no siempre es fácil que esto sea así porque hay muchos intereses que operan de una manera confrontada. Es una ley que pretende la proyección exterior del cine español y hacer que el cine español sea algo conocido, reconocido y algo que nos represente.


Señorías, esta ley es y quiere ser plenamente respetuosa con todas las leyes. Quiere ser respetuosa con todos los estatutos y, cómo no, quiere ser respetuosa con el Estatuto de Autonomía de Cataluña. No podía ser de otra manera, señoras y señores diputados. En materia de cultura, decía antes que el Estado y la Generalitat tienen competencias exclusivas, no excluyentes y sí concurrentes. Por tanto, señorías, hoy, cuando esta ley inicia su tramitación parlamentaria, tengo la firme convicción de que a lo largo de los distintos trámites va a ser una ley que se va a enriquecer y, al final, va a ser una ley de todos. No podía ser de otra manera. El cine español así lo requiere.


Muchas gracias. (Aplausos.)

La señora VICEPRESIDENTA (Calvo Poyato): Muchas gracias, señor Louro.


Señor ministro. (Denegación.)

INFORME ANUAL SOBRE LA CUENTA GENERAL DEL ESTADO:

- DICTAMEN DE LA COMISIÓN MIXTA PARA LAS RELACIONES CON EL TRIBUNAL DE CUENTAS EN RELACIÓN CON LA DECLARACIÓN SOBRE LA CUENTA GENERAL DEL ESTADO DEL EJERCICIO 2004, ASÍ COMO LA RESOLUCIÓN ADOPTADA POR DICHA COMISIÓN.
(Número de expediente 250/000009.)

La señora VICEPRESIDENTA (Calvo Poyato): Pasamos al punto X y último: Informe anual sobre la cuenta general del Estado y debatimos sobre el dictamen de la Comisión Mixta para las Relaciones con el Tribunal de Cuentas en relación con la declaración sobre la cuenta general del Estado del ejercicio 2004, así como la resolución adoptada por dicha Comisión.
Para el turno de fijación de posiciones observo que no hay ningún miembro del Grupo Mixto. Tampoco está la señora Navarro, del Grupo de Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya Verds, a la que llamo también por segunda vez. Del Grupo Vasco, no está el señor Azpiazu. De Esquerra Republicana tampoco está el señor Puig. Grupo Catalán de Convergència i Unió. Señor Vilajoana, tiene la palabra.


El señor VILAJOANA ROVIRA: Señora presidenta, señoras y señores diputados, muy brevemente voy a marcar nuestra posición respecto a esta cuenta general del Estado del año 2004, que avanzamos que vamos a votar positivamente. La votaremos positivamente porque creemos que otra vez el Tribunal de Cuentas ha hecho un buen trabajo, pero también porque hay una serie de resoluciones, que se aprobaron en Comisión y que hoy vayamos a votar, que entendemos que fuerza elementos que en este informe se demuestra que son absolutamente necesarios. (El señor vicepresidente, Martínez Sieso, ocupa la Presidencia.)

La cuenta general del Estado está integrada por la cuenta general del sector público administrativo, por la cuenta general del sector público empresarial y por la cuenta general del sector público fundacional. En esta intervención me interesaría centrarme en un comentario del presidente del Tribunal de Cuentas cuando presentó el informe en la Comisión mixta. En aquel momento decía el presidente del tribunal: En los análisis realizados sobre las cuentas individuales de las empresas y de las fundaciones se han observado importantes desviaciones entre las cifras programadas y las realmente alcanzadas por las empresas estatales.
El tema es importante como concepto, es importante cuantitativamente en lo que se refiere a cuentas del Estado y es especialmente importante en lo que se refiere a algunas de sus derivadas, por ejemplo, ejecución de inversiones por parte de empresas públicas del Estado. Les pongo solo un ejemplo y en el caso concreto del que les estoy hablando es la empresa pública GIF, Gestor de Infraestructuras Ferroviarias, empresa pública actualmente denominada ADIF, responsable de la construcción y explotación del tren de alta velocidad, y empresa que en estos momentos tiene el compromiso de trabajar en las problemáticas cercanías del área metropolitana de Barcelona. En estos momentos, octubre de 2007, estamos debatiendo sobre la liquidación de las cuentas del año 2004, las cuentas de hace tres años, y es ahora cuando podemos observar que la empresa GIF en su momento, de acuerdo con los Presupuestos Generales del Estado aprobados en el año 2004, debía invertir 3.766 millones de euros y, sin embargo, solo invirtió 2.186 millones de euros, es decir, solo invirtió el 58 por ciento de lo presupuestado. Dejó de invertir casi 1.600 millones de euros, que significaría hablar de la friolera de unos 260.000 millones de las antiguas pesetas, que una empresa estatal debía invertir en 2004 y no lo hizo.


Cuando se habla de ejecución presupuestaria, el Ministerio de Fomento suele limitarse a hablar de las inversiones directas del propio ministerio. En cambio, habla poco de la inversión ejecutada por las empresas

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públicas, pero si nos atenemos a la cuantía de las inversiones, en estos momentos podemos observar que en Cataluña el 75 por ciento de la inversión del Estado corresponde a la empresa pública y solo el 25 por ciento a los ministerios directamente. Tenemos aquí todo el día a la ministra de Fomento contándonos y exigiéndole explicaciones y, en cambio, las inversiones están en empresas, y nos enteramos mucho después que aquellas inversiones de las que estábamos discutiendo no se han realizado.


Volviendo a este tema, el informe nos dice que la causa de la desviación de estos 1.577 millones de euros no invertidos es debida a una disminución de las inversiones previstas en el tramo Lérida-frontera francesa y en la línea Madrid-Levante, es decir dos líneas ferroviarias donde no se invirtió lo que se debía, o sea que buena parte de estos 1.577 millones de euros que dejaron de invertirse correspondían a inversiones previstas en Cataluña, ejecutadas posteriormente con retrasos. Con estos datos somos capaces de concretar rasgos en este otoño de 2007, una vez transcurridos tres años desde el cierre del ejercicio, cuando lo único que nos queda es el derecho a expresarlo aquí públicamente, quejarnos claramente y establecer una resolución donde este elemento sea subsanable en el futuro. Aprovecho este comentario y esta circunstancia para solicitar más transparencia en la liquidación de las cuentas de las empresas públicas del Estado, también lo hacen así las resoluciones que solicitamos, y con concreción de la ejecución de inversiones que tienen encomendada. Dicha concreción, proyecto a proyecto y para cada una de las empresas públicas, debería acompañar cada año la presentación del proyecto de Ley de los Presupuestos Generales del Estado. Aquí ligo mi intervención a la que tuve el último martes en este mismo hemiciclo del Congreso en una moción que planteábamos al vicepresidente segundo y ministro de Economía y Hacienda, donde le pedíamos que se valorara y que en el presupuesto siguiente la no ejecución del presupuesto del año fuera compensada en el año siguiente.
Esto, que parecía una nueva solicitud de dinero por parte de Cataluña, es lo que permitiría realmente controlar estas ejecuciones que finalmente, cuando no se ejecutan, perjudican a la inversión, a la zona no invertida, pero finalmente favorecen este superávit que muchas veces el señor Solbes nos cuenta que tenemos en el presupuesto; superávit no previsto que en una buena parte viene de esta falta de ejecución.


Hecho este comentario y analizando este tema que nos parece importante, vamos a apoyar estas cuentas de 2004, a reiterar la felicitación al Tribunal de Cuentas, que está haciendo bien su labor, y a apoyar las resoluciones que vayan en la línea de conseguir mayor transparencia y más cercanía entre esta ejecución presupuestaria y el informe del Tribunal de Cuentas.


Gracias, señor presidente, señoras y señores diputados.


El señor VICEPRESIDENTE (Martínez Sieso): Muchas gracias, señor Vilajoana.


Por el Grupo Parlamentario Popular tiene la palabra la señora Madrazo.


La señora MADRAZO DÍAZ: Muchas gracias, señor presidente.


Señoras y señores diputados, quiero comenzar mi intervención señalando la enorme importancia que para este Parlamento tiene la función fiscalizadora ejercida por el Tribunal de Cuentas, que encuentra en esta declaración sobre la cuenta general del Estado su máxima expresión, por un lado, porque está ejerciendo su función delegada por estas Cortes Generales y, por otro, porque tengo que recordarles, como ya saben SS.SS., que esta cuenta general del Estado se refiere a la liquidación definitiva de los presupuestos y a la gestión económico-financiera llevada a cabo por todo el sector público estatal, lo que la convierte en un instrumento indispensable para poder controlar y evaluar el grado de eficacia con que el Gobierno ejecuta los presupuestos -como muy bien decía el señor Vilajoana- y gestiona las cuentas públicas. Es de justicia, por tanto, que desde mi grupo reconozcamos el trabajo llevado a cabo por el Tribunal de Cuentas y el esfuerzo de síntesis hecho por su presidente en la presentación ante la Comisión mixta el pasado 26 de junio, teniendo en cuenta la enorme complejidad y extensión de esta cuenta general del Estado. Debemos recordar que hablamos del ejercicio 2004; por tanto, estamos evaluando la primera cuenta del periodo del Gobierno socialista, justo cuando está concluyendo ya esta legislatura.


Señorías, consideramos que para que este instrumento sea realmente eficaz debemos hacer un esfuerzo entre todos para poder agilizar su tramitación parlamentaria. En este sentido van algunas de las resoluciones que hoy aprobaremos en este Pleno. Quiero expresar también mi satisfacción por la práctica unanimidad -con alguna excepción que luego expondré- que hemos alcanzado en el seno de la Comisión mixta para aprobar una resolución que contiene una serie de propuestas encaminadas a mejorar el cumplimiento de la legalidad contable por parte del Gobierno y a conseguir que esta cuenta general del Estado proporcione una mayor y mejor información sobre la gestión del sector público superando una serie de defectos e irregularidades puestos de manifiesto en su declaración sobre la cuenta general por el Tribunal de Cuentas.


Mi grupo, el Grupo Parlamentario Popular, va a votar favorablemente el dictamen y la resolución que hemos elaborado en la Comisión mixta, pero quiero que se entienda bien este voto favorable. Con él no estamos dando el visto bueno, ni mucho menos, a todo el contenido de esta cuenta general del Estado referida al año 2004, como más adelante explicaré, sino que entendemos que con las recomendaciones que hemos debatido y aprobado en Comisión, contribuimos a mejorar la información que proporciona la cuenta general, de

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manera que logremos que sea más sintética, más transparente para este Parlamento y, en definitiva, para todos los ciudadanos a los que representamos.


Señorías, si bien consideramos que la resolución que hoy aprobaremos en este Pleno, y que no detallaré por falta de tiempo, mejora técnica y contablemente la cuenta general y por eso votaremos favorablemente, no puedo dejar de exponer aquí determinados aspectos de estas cuentas públicas que hoy se nos presentan por primera vez bajo la gestión del Gobierno socialista y que entendemos que debemos denunciar en este Pleno.
Nos encontramos, como he dicho, en el año 2004, con una situación diferente a la de años anteriores: un presupuesto elaborado por el Gobierno del Partido Popular y ejecutado por el Gobierno del Partido Socialista; por tanto, la gestión económico-financiera correspondió en su mayor parte al Ejecutivo socialista. Podemos ya comparar los resultados obtenidos con la trayectoria de ejercicios anteriores. En este sentido, vamos a hacer varias consideraciones a partir de los resultados que nos ha remitido el Tribunal de Cuentas.


La declaración ahora analizada ofrece una amplia relación de deficiencias en el cumplimiento de la rendición de cuentas, en la conformación de las mismas, sobre las que, además, se agrega una amplia relación de registros contables inadecuados y de operaciones pendientes de regularizar, así como carencias de una información suficiente en la memoria que permita evaluar con fundamento la gestión realizada por el sector público. A pesar de las recomendaciones aprobadas en ejercicios pasados por la Comisión Mixta y por los Plenos del Congreso y del Senado, parece que el Gobierno socialista no ha hecho sus deberes con la debida diligencia y nos encontramos con una cuenta general que se ha elaborado mediante la simple agregación de cuentas individuales, sin efectuar los ajustes pertinentes e incluso sin agregar determinadas cuentas de algunas entidades, lo que afecta considerablemente a la información que proporciona. Por si esto fuera poco, el propio Tribunal de Cuentas resalta que las modificaciones de los créditos iniciales del presupuesto se han visto duplicadas respecto al importe que registraron en el ejercicio precedente, pasando del 2,08 al 5,69 por ciento, indicador que nos señala claramente desde el primer ejercicio del Gobierno socialista el poco respeto al presupuesto aprobado por el Parlamento y la falta de transparencia y rigor en su gestión.


A pesar de todas las bondades del sistema económico en el año 2004 -que debo decir, y así lo ha reconocido en este sentido el propio señor Zapatero, que es fruto, sin duda, del buen Gobierno del Partido Popular, con un aumento significativo de los ingresos presupuestarios vía incremento de la recaudación-, debemos denunciar que quedan obligaciones pendientes de imputar a presupuesto por importe de 1.615 millones de euros, superior en un 20 por ciento al ejercicio anterior. Y siguiendo con la transparencia que el Gobierno socialista predica pero no practica, porque la historia de los gobiernos socialistas así lo viene ratificando, debemos decir que el Tribunal de Cuentas denuncia en su informe -lo denuncia el Tribunal de Cuentas- que no ha dispuesto de información suficiente para comprobar el grado de cumplimiento del objetivo de estabilidad presupuestaria. Resulta curioso que este Gobierno que comenzó su andadura presumiendo de transparencia en las cuentas públicas, practique todo lo contrario y se niegue a entregar al propio Tribunal de Cuentas determinada documentación que le permita verificar el grado de cumplimiento de este objetivo de equilibrio presupuestario. Y resulta más curioso aún que el propio ministro de Economía y Hacienda, señor Solbes, solicitara su comparecencia ante la Comisión de Economía, el pasado 21 de septiembre, para informar sobre el principio de transparencia en las cuentas públicas, en la que manifestó textualmente -y se puede leer en el "Diario de Sesiones"- que la transparencia se va a configurar como el principio de actuación de nuestra administración, especialmente en el ámbito presupuestario. ¿Es así como conciben ustedes la transparencia, negándose a entregar una documentación pedida por el Tribunal de Cuentas?

No puedo dejar de referirme, señorías, hablando de las cuentas públicas del año 2004, a la llamada operación transparencia del señor Solbes y que yo llamo operación maquillaje, en un intento de manipular y engañar a la opinión pública con el famoso déficit oculto dejado por el Partido Popular en el año 2004. En ese ejercicio, el Partido Popular fijó un objetivo de equilibrio presupuestario que efectivamente sufrió una insignificante desviación negativa del 0,12 por ciento del producto interior bruto. Naturalmente los ciudadanos saben que la gestión económica de los gobiernos del Partido Popular fue impecable y no es creíble lo de ese déficit oculto; pero para disfrazarlo o maquillarlo trajeron ustedes a esta Cámara el Real Decreto-ley 7/2004 con la famosa deuda de Andalucía, así como el traspaso contable de la deuda de Renfe al Estado. Intentaron ustedes maquillar los resultados de la cuenta general del año 2004, cuando saben perfectamente que la primera operación, la deuda de Andalucía, fue el resultado de una maniobra política que ustedes se empeñaron en contabilizar en un solo ejercicio, y resulta, curiosamente, que los andaluces a día de hoy aún no disfrutan de ese dinero. La segunda operación, la de Renfe, fue el efecto de la conciliación de unas operaciones tradicionalmente incorporadas a la cuenta general y que, por cierto, procedían de deuda de Renfe del año 1994 y ejercicios anteriores. Con esta gran operación de maquillaje distorsionaron ustedes las cuentas públicas, manipularon las cifras e imputaron al Partido Popular un déficit oculto que no se corresponde con la realidad; ahora han ido más lejos todavía y en su afán electoralista hablan no solo de déficit oculto, sino de despensa vacía. Pero los ciudadanos saben discernir perfectamente y saben que existen datos cuantificables porque, señorías, en ocho años de Gobierno del Partido Popular se dejó saneada la Seguridad Social con un fondo de reserva de más de 12.000 millones; en ocho años de Gobierno del Partido Popular se redujo la tasa

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de paro en más de 10 puntos, creando más de cinco millones de puestos de trabajo; en ocho años de política presupuestaria seria y rigurosa se contribuyó a la convergencia de la renta per cápita de los españoles hasta el 90 por ciento de la Unión Europea; ocho años de Gobierno del Partido Popular que transformó el déficit de las cuentas públicas en superávit en el año 2003, y todo ello bajando impuestos a los españoles.


Señorías, la contundencia de las cifras es más elocuente que sus intentos de distorsionar los resultados. Los ciudadanos lo saben y por eso el índice de confianza de los consumidores ha alcanzado mínimos históricos en septiembre, como hemos conocido hoy a través de la prensa. No obstante, para concluir, reitero nuestro voto favorable porque entendemos que la resolución que votaremos hoy contiene una serie de puntos que contribuyen a lo que debe ser nuestro objetivo, pero nuestro grupo hará un seguimiento pormenorizado en próximos ejercicios, vigilando que la transparencia en la gestión de las cuentas públicas se vea reforzada y no restringida a meras declaraciones formales y altisonantes que no se ven correspondidas con la realidad.


Muchas gracias. (Aplausos.)

El señor VICEPRESIDENTE (Martínez Sieso): Muchas gracias, señora Madrazo.


Por el Grupo Parlamentario Socialista tiene la palabra el señor Vallès.


El señor VALLÈS VIVES: Muchas gracias, señor presidente.


Señorías, siempre es un motivo de satisfacción que llegue a esta Cámara una cuenta general, aunque sea esta cuenta general del año 2004, que tiene sus singularidades porque conlleva una responsabilidad compartida, como así ha pretendido decir al principio de su intervención la portavoz del Grupo Popular, aunque al final ha intentado matizar. Decía que es un motivo de satisfacción porque ello significa que estamos ante el principio del fin de un ciclo presupuestario, que estamos ante el cierre definitivo de un ejercicio económico y, además, porque con esta cuenta, que es la cuarta cuenta que vamos a ver a lo largo de esta legislatura, hemos conseguido superar el desfase temporal que arrastrábamos desde la anterior legislatura para, con ello, situarnos en una desviación a la que podríamos calificar como estrictamente técnica, un desfase temporal cercano únicamente al año y medio previsto en la ley y que debe transcurrir entre el cierre de un ejercicio presupuestario y la remisión de la cuenta a esta Cámara por parte del tribunal. Creo sinceramente que este dato debe ser destacado hoy aquí porque ello quiere decir que antes de que se aprueben los Presupuestos Generales del Estado para el año 2008, e incluso antes de que el Tribunal de Cuentas nos remita la declaración sobre la cuenta general de 2005, habremos liquidado y habremos cerrado la cuenta de 2004.


Todo ello ha sido posible como consecuencia de muchos esfuerzos, de la diligencia y la eficacia de la Intervención General de la Administración del Estado, de la confección de la declaración por parte del Tribunal de Cuentas y también de este Parlamento mediante la aprobación de distintos instrumentos, directrices y recomendaciones de carácter contable. Este es, señorías, el horizonte hacia donde debemos mirar, estos son los plazos en los que transcurren las tramitaciones de las cuentas generales en las democracias avanzadas, y este Gobierno y mi grupo parlamentario van a seguir trabajando para que se adopten todas aquellas medidas técnicas y normativas que sean necesarias para alcanzar ese objetivo; un objetivo que no es otro que el de conseguir que el concepto parlamentario de control político de la acción del Gobierno tenga virtualidad. Vaya por delante la felicitación de mi grupo a todos los que han contribuido a que eso sea posible. Y es en ese mismo sentido en el que nuestro grupo parlamentario presentó en su momento las propuestas de resolución que hoy configuran el dictamen que sometemos a consideración de la Cámara, unas propuestas que pretenden superar aquellas limitaciones que vienen afectando de forma sistemática a la representatividad de la cuenta general, de forma que de una vez por todas la cuenta pueda cumplir de un modo efectivo el objetivo de facilitar información ajustada y real sobre la situación económica, financiera y patrimonial del sector público estatal.


Señorías, hoy presentamos un dictamen que, por cuarta vez en esta legislatura, ha sido aprobado casi por unanimidad y que recoge las propuestas de todos los grupos parlamentarios, como consecuencia de los trabajos llevados a cabo en la Comisión. Una práctica muy distinta -y permítanme que lo recuerde hoy aquí- a la que se desarrolló durante las dos anteriores legislaturas, en las que la mayoría del Partido Popular impedía que las propuestas que presentaban el resto de los grupos parlamentarios quedasen integradas en el dictamen final que debe someterse a consideración de este Pleno. Esto merece ser destacado también porque este grupo, más allá de cuestiones partidistas, trabaja para mejorar los mecanismos de transparencia y de eficacia en el funcionamiento de la gestión y el control de nuestra Administración y de nuestro erario público. Con independencia de quien esté al frente del Gobierno, de quien esté en la Intervención General del Estado y de quien esté en el Tribunal de Cuentas trabajamos para fortalecer nuestra democracia.


La cuenta de 2004 es la primera cuenta que se elabora de acuerdo a la Ley 43/2003, General Presupuestaria, lo cual implica, entre otras cosas, que esté integrada por la cuenta general del sector público administrativo, del sector público empresarial y del sector público fundacional con el contenido que la ley establece para cada una de estas distintas cuentas.
Al mismo tiempo, es la primera en la que se recogen las modificaciones de la Orden de 25 de febrero de 2005 y ello supone que en la memoria se incluyen una serie de estados de ejecución presupuestaria que completan la información del estado de liquidación agregado sobre modificaciones de créditos, sobre las distintas fases de ejecución presupuestaria, de derechos y

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obligaciones pendientes de ejercicios anteriores, de compromisos de gasto con cargo a presupuestos de ejercicios posteriores y también de operaciones comerciales. De esta forma, se supera en gran medida la principal crítica que venía haciendo el Tribunal de Cuentas en ejercicios anteriores, tal y como el propio tribunal ha señalado expresamente en la declaración al afirmar que con ello han quedado corregidas en gran parte las insuficiencias de información de la cuenta general que a este respecto había reiterado el tribunal en sucesivas declaraciones.


Las cosas se están haciendo bien. Y eso ha enriquecido la propia declaración sobre la cuenta, la ha hecho distinta, más ágil y, en definitiva, mejor. A pesar de ello es cierto que aún queda mucha tarea por hacer y que el Tribunal de Cuentas sigue manifestando la existencia de insuficiencias en la memoria, entre las que cabe destacar información adecuada y suficiente en relación con el sector público empresarial.(La señora vicepresidenta, Calvo Poyato, ocupa la Presidencia.) En este ámbito, siempre conflictivo, se reitera la principal crítica que históricamente viene haciendo el Tribunal de Cuentas al afirmar que los estados contables se obtienen mediante el método de agregación y que, con ello, no se han realizado los ajustes exigidos en un proceso de consolidación. Como consecuencia, se recogen transacciones económico-financieras que se efectúan entre empresas de un mismo grupo que tienen una relevancia muy considerable tanto en número como en cuantía, lo que significa una distorsión de la información contenida en los estados financieros. En relación con este punto cabe decir que la propia intervención del Estado se ha comprometido a que en la cuenta correspondiente a 2005 se va a aplicar finalmente el método de consolidación, integrando por primera vez las cuentas consolidadas de los grupos empresariales que estén obligados a presentarlas. Así lo ha hecho constar la propia intervención en las alegaciones presentadas al informe del Tribunal de Cuentas y así, como sabe bien S.S., ha sido aprobado por la Comisión en el dictamen. Con esta firme voluntad de presentar unas cuentas consolidadas del sector público empresarial para la cuenta general de 2005 estamos ante las puertas de un escenario que todos esperábamos desde hacía mucho tiempo.


Sin embargo, señorías, esta cuenta refleja un dato muy relevante; un dato obtenido como consecuencia del esfuerzo de transparencia llevado a cabo por la Intervención General del Estado en la confección de la cuenta ya que, en un esfuerzo de responsabilidad y de diligencia, ha permitido sacar a relucir un déficit de 9.552 millones de euros en términos de contabilidad nacional. Este hecho no ha sido consecuencia, como decía la portavoz del Grupo Popular, de una mala gestión del Gobierno socialista en lo que quedaba de ejecución presupuestaria para el año 2004 -siguen insistiendo en hacernos corresponsables a partes distintas o iguales en relación con la cronología de ese año-, sino que ese déficit, como refleja la Intervención General, es consecuencia de un ejercicio de transparencia llevado a cabo por el Gobierno y conlleva contabilizar adecuadamente tres grandes conceptos que hasta la fecha estaban ausentes: la liquidación definitiva del sistema de financiación de Andalucía, el aval que el Estado prestó en su momento a Argentina y el reconocimiento del Estado de la deuda de Renfe que hasta entonces estaba oculta. Esto es lo que en su momento se llamó la operación transparencia; una operación que sacó a relucir ese déficit en términos de contabilidad nacional, que no aparece reflejado adecuadamente en la cuenta y que implica el incumplimiento del objetivo de estabilidad presupuestaria. Un déficit, en definitiva, señorías, que el PP ocultó indebidamente año tras año para maquillar, señora Madrazo, unas cuentas y que ahora el Tribunal de Cuentas ha puesto de manifiesto.


Señora Madrazo, ustedes aprobaron los Presupuestos Generales del Estado para 2004, no se le olvide; ustedes fijaron también el techo de gasto para 2004 y nosotros hemos ejecutado ese presupuesto y, a pesar de él, y de que este Gobierno ha hecho aflorar ese déficit y lo ha asumido en su gestión, les avanzo, como ya conocen, señorías, que los datos de la cuenta de 2005 van a ser, evidentemente, mucho mejores de los que hoy discutimos. Incluso, añadiendo también todo aquello pendiente de imputar al presupuesto a que la señora Madrazo ha hecho antes referencia. La cuenta del año 2005 va a ser la primera que refleje unos resultados positivos. Vamos a tener, a pesar de esa herencia recibida, unas cuentas saneadas y unos resultados con superávit, fruto, señorías, de la buena gestión económica del Gobierno socialista, del rigor presupuestario llevado a cabo y también de los esfuerzos realizados en términos de contabilidad, pese a la herencia recibida de 9.552 millones de déficit; un déficit nada insignificante. Sin embargo, y en eso coincidimos con la portavoz de Grupo Parlamentario Popular, el Gobierno y este grupo parlamentario quieren seguir trabajando con empeño en la mejora de los métodos de contabilidad y en la gestión económico-financiera del sector público estatal, mediante la aprobación o adopción de nuevos compromisos y técnicas contables que doten de mayor eficacia nuestra gestión pública y también a nuestro erario público, mediante la aplicación y puesta en práctica de las recomendaciones y mociones que viene sugiriendo el Tribunal de Cuentas, como consecuencia de las propuestas de resolución que la Comisión y el Parlamento han ido aprobando. Creo, sinceramente, señor presidente, que vamos por el buen camino, y es precisamente por ese motivo que mi grupo va a votar hoy favorablemente al dictamen elaborado por la Comisión Mixta; y votaremos a favor, señorías, porque entendemos que con ello contribuimos con responsabilidad y eficacia a mejorar los mecanismos de conformación de la cuenta general, a corregir las irregularidades contables y a garantizar una mayor transparencia en la gestión de los recursos públicos.


Muchas gracias, señor presidente. (Aplausos.)

La señora VICEPRESIDENTA (Calvo Poyato): Muchas gracias, señor Vallès.


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Terminado el debate del punto X y último del orden del día, llamamos a votación. (Pausa.-El señor presidente ocupa la Presidencia.)

El señor PRESIDENTE: Señorías, antes de continuar la sesión y concluir la votación, les informo que se encuentran con nosotros en la tribuna, presididos por lord Brennan, representantes del Parlamento británico del Grupo de Amistad, a los cuales les damos la bienvenida. (Aplausos.)

Muchas gracias.


Señorías, habrá una sola votación ya que las tres enmiendas a la totalidad que existían al proyecto de Ley del Cine han sido retiradas. Así pues, votaremos solamente el informe anual sobre la cuenta general del Estado.
Votación sobre el dictamen de la Comisión Mixta para las Relaciones con el Tribunal de Cuentas en relación con la declaración sobre la cuenta general del Estado del ejercicio 2004, así como la resolución adoptada por dicha Comisión.


Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 257; a favor, 257.


El señor PRESIDENTE: Queda aprobado.


Se levanta la sesión.


Eran las cuatro y veinticinco minutos de la tarde.

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