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DS. Senado, Comisiones, núm. 313, de 24/04/2006
 


CORTES GENERALES
DIARIO DE SESIONES DEL
SENADO

Año 2006 VIII Legislatura
Comisiones. Núm. 313
COMISIÓN DE ECONOMÍA Y HACIENDA
PRESIDENCIA DEL EXCMO. SR. D. CARLES ALFRED GASÒLIBA I BÖHM
celebrada el lunes, 24 de abril de 2006


ORDEN DEL DÍA:

Dictaminar los siguientes Proyectos de Ley:

-- De reforma de la Ley 18/2001, de 12 de diciembre, General de Estabilidad Presupuestaria. (Número de expediente 621/000047).


-- Orgánica de reforma de la Ley Orgánica 5/2001, de 13 de diciembre, complementaria de la Ley General de Estabilidad Presupuestaria. (Número de expediente 621/000048).


Comparecencia del señor Vicepresidente Segundo del Gobierno y Ministro de Economía y Hacienda, D. Pedro Solbes Mira:

-- A petición del Grupo Parlamentario Catalán en el Senado de Convergència i Unió, para explicar la intención de rebajar la inversión pública en la Comunidad Autónoma de Cataluña del catorce al diez por ciento, según un programa de inversiones públicas hasta el año 2009.
(Número de expediente 711/000249).


-- A petición del Grupo Parlamentario Popular en el Senado, para explicar el criterio de su Departamento en relación con la oferta pública de adquisición de acciones (OPA) de la empresa E.ON sobre Endesa, S. A.
(Número de expediente 711/000267).


Contestación del Gobierno a las siguientes preguntas:

-- De D. Carlos Daniel Murria Climent (GPP), sobre las previsiones del Gobierno en orden a revertir el edificio actual de la sede de la Agencia Estatal de Administración Tributaria (AEAT) y de la Delegación de Hacienda en Castellón a su Ayuntamiento. (Número de expediente 681/000738).


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-- De D. Jaime Reinares Fernández (GPP), sobre la relación de proyectos previstos por el Ministerio de Economía y Hacienda para su realización, inicio o finalización durante el año 2005 en la Comunidad Autónoma del Principado de Asturias, desglosada por tipos y presupuestos, y con indicación de las fechas correspondientes y de su grado de ejecución a 30 de junio de 2005. (Número de expediente 681/000994).


De D. David Isasi García (GPP):

-- Sobre la relación de personas contratadas desde el día 1 de mayo de 2004 hasta el 30 de septiembre de 2005 por la Sociedad Estatal de Infraestructuras Agrarias del Nordeste, S. A. (SEIASA del Nordeste).
(Número de expediente 681/001048).


-- Sobre la relación de personas a las que se ha rescindido el contrato desde el día 1 de mayo de 2004 hasta el 30 de septiembre de 2005 por parte de la Sociedad Estatal de Infraestructuras Agrarias del Nordeste, S. A. (SEIASA del Nordeste). (Número de expediente 681/001049).


-- Sobre los beneficiarios de la partida consignada en la memoria del año 2004 de la Sociedad Estatal de Infraestructuras Agrarias, S. A., del Nordeste (SEIASA del Nordeste) correspondiente a indemnizaciones, recogidas en contrato, por despido. (Número de expediente 681/001064).


-- Sobre los beneficiarios de la partida consignada en la memoria del año 2004 de la Sociedad Estatal de Infraestructuras Agrarias, S. A., del Nordeste (SEIASA del Nordeste) correspondiente a sueldo. (Número de expediente 681/001065).


-- Cuatro preguntas sobre los gastos imputados a diversas partidas consignadas en la memoria del año 2004 de la Sociedad Estatal de Infraestructuras Agrarias, S. A., del Nordeste (SEIASA del Nordeste) correspondientes a otros servicios, publicidad, propaganda y relaciones públicas, servicios de profesionales independientes y arrendamientos y cánones. (Número de expediente 681/001066).


-- Sobre los importes percibidos durante el año 2004 por los presidentes ejecutivos de la Sociedad Estatal de Infraestructuras Agrarias, S. A., del Nordeste (SEIASA del Nordeste). (Número de expediente 681/001067).


-- Sobre los gastos sociales abonados durante el año 2004 por la Sociedad Estatal de Infraestructuras Agrarias, S. A., del Nordeste (SEIASA del Nordeste). (Número de expediente 681/001068).


-- Sobre la materialización de la partida consignada en la memoria del año 2004 de la Sociedad Estatal de Infraestructuras Agrarias, S. A., del Nordeste (SEIASA del Nordeste) correspondiente a indemnizaciones. (Número de expediente 681/001069).


-- Sobre los importes percibidos con cargo a la partida consignada en la memoria del año 2004 de la Sociedad Estatal de Infraestructuras Agrarias, S. A., del Nordeste (SEIASA del Nordeste) correspondiente a dietas de asistencia al consejo de administración y a la comisión de auditoría.
(Número de expediente 681/001070).


-- Sobre los importes percibidos durante el año 2004 por cada uno de los trabajadores de la Sociedad Estatal de Infraestructuras Agrarias, S. A., del Nordeste (SEIASA del Nordeste). (Número de expediente 681/001071).


-- Cuatro preguntas sobre los importes percibidos durante el año 2004 por cada uno de los administrativos, auxiliares-administrativos, técnicos, directores y el Director General de la Sociedad Estatal de Infraestructuras Agrarias, S. A., del Nordeste (SEIASA del Nordeste).
(Número de expediente 681/001072).


-- De D. Miguel Ramón Pampín Rúa (GPP), sobre los motivos por los que el

Gobierno decide suprimir la paga anticipada de cien euros mensuales a las mujeres ganaderas de la Comunidad Autónoma de Galicia. (Número de expediente 681/001130).


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Se abre la sesión a las trece horas.


El señor PRESIDENTE: Señorías, se abre la sesión.


DICTAMINAR LOS SIGUIENTES PROYECTOS DE LEY:

-- DE REFORMA DE LA LEY 18/2001, DE 12 DE DICIEMBRE, GENERAL DE ESTABILIDAD PRESUPUESTARIA (621/000047).


El señor PRESIDENTE: Comenzamos la sesión de esta comisión, a fin de dictaminar dos proyectos de ley.
En cuanto al proyecto de ley de reforma de la Ley 18/2001, de 12 de diciembre, General de Estabilidad Presupuestaria, he de decirles que, una vez reunida la ponencia, anuncio la retirada de la enmienda número 10, del Grupo Parlamentario Entesa Catalana de Progrés, que se han asumido por su carácter técnico las enmiendas números 11 a 21 del Grupo Parlamentario Socialista, así como, con una modificación técnica a la original, la enmienda número 13. El resto de las enmiendas quedarían para su debate en Pleno.
Por tanto, si sus señorías están conformes, podríamos aprobar el dictamen de la ponencia en los términos expuestos. (Pausa.) Queda aprobado.


-- ORGÁNICA DE REFORMA DE LA LEY ORGÁNICA 5/2001, DE 13 DE DICIEMBRE, COMPLEMENTARIA DE LA LEY GENERAL DE ESTABILIDAD PRESUPUESTARIA (621/000048).


El señor PRESIDENTE: Señorías, con respecto al proyecto de ley orgánica de reforma de la Ley Orgánica 5/2001, de 13 de diciembre, complementaria de la Ley General de Estabilidad Presupuestaria, quiero informarles de que se ha reunido la ponencia, y se ha tomado nota de que el Grupo Parlamentario Entesa Catalana de Progrés ha retirado la enmienda número 4, y se han asumido las números 5, 6 y 7, también por su carácter técnico, propuestas por el Grupo Parlamentario Socialista.
Sin embargo, como sus señorías conocen, hay una propuesta de veto presentada por el Grupo Parlamentario Popular, que hemos de debatir previamente.
Por consiguiente, para su defensa, tiene la palabra el portavoz del Grupo Parlamentario Popular.


El señor CANEDA MORALES: Gracias, señor presidente.
Doy por defendido el veto.


El señor PRESIDENTE: Gracias, señoría.
Turno en contra. Tiene la palabra el senador Bru.


El señor BRU PARRA: Gracias, señor presidente.
Señorías, con la misma concisión, nos oponemos al veto.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señoría.
Turno de portavoces. ¿Grupo Parlamentario de Senadores de Coalición Canaria? (Pausa.) ¿Grupo Parlamentario Mixto? (Pausa.) Señorías, entiendo que el resto de los grupos parlamentarios no quiere intervenir. Por tanto, pasamos directamente a la votación.


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos a favor, 11; en contra, 13.


El señor PRESIDENTE: Queda rechazado.
Señorías, por tanto, aparte de la enmienda número 4 del Grupo Parlamentario Entesa Catalana de Progrés y de las números 5, 6 y 7 del Grupo Parlamentario Socialista que, por su carácter técnico se han asumido, las enmiendas del resto de los grupos y las de Entesa Catalana de Progrés quedarían para su debate en Pleno, que sería el dictamen que presentaría la comisión.
Si sus señorías están de acuerdo, podríamos aprobar la propuesta de la ponencia asumida por la comisión, en los términos expuestos. (Pausa.) Queda aprobada.
Recuerdo a sus señorías que a las dieciséis horas la Comisión de Economía y Hacienda volverá a reunirse para celebrar las correspondientes comparecencias con el vicepresidente segundo del Gobierno y ministro de Economía y Hacienda, señor Solbes.
Se suspende la sesión.


Eran las trece horas y diez minutos.


Se reanuda la sesión a las dieciséis horas y cinco minutos.


COMPARECENCIA DEL SEÑOR VICEPRESIDENTE SEGUNDO DEL GOBIERNO Y MINISTRO DE ECONOMÍA Y HACIENDA, DON PEDRO SOLBES MIRA:

-- A PETICIÓN DEL GRUPO PARLAMENTARIO CATALÁN EN EL SENADO DE CONVERGÈNCIA I UNIÓ, PARA EXPLICAR LA INTENCIÓN DE REBAJAR LA INVERSIÓN PÚBLICA EN LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CATALUÑA DEL CATORCE AL DIEZ POR CIENTO, SEGÚN UN PROGRAMA DE INVERSIONES PÚBLICAS HASTA EL AÑO 2009 (711/000249).


El señor PRESIDENTE: Señorías, comenzamos esta reunión de la Comisión de Economía y Hacienda dedicada a la comparecencia solicitada y también a las preguntas al Gobierno de diversos grupos parlamentarios. Para satisfacer estas peticiones intervendrá el señor vicepresidente segundo del Gobierno y ministro de Economía y Hacienda, don Pedro Solbes Mira, a quien agradecemos de nuevo su disponibilidad para volver a estar con nosotros y aclarar los temas que le plantea esta comisión.


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Como la primera solicitud de comparecencia corresponde al Grupo Parlamentario Catalán en el Senado de Convergència i Unió, solicitada por su portavoz, don Pedro Macias, dado que me corresponde representarlo, solicito a la secretaria primera de la Mesa, María Teresa del Carmen Camacho Vázquez, que ocupe la Presidencia. (La señora Secretaria, Camacho Vázquez, ocupa la Presidencia.)

La señora SECRETARIA (Camacho Vázquez): Buenas tardes, señorías.
Damos la bienvenida al señor ministro de Economía y Hacienda. Tiene su señoría la palabra.


El señor VICEPRESIDENTE SEGUNDO DEL GOBIERNO Y MINISTRO DE ECONOMÍA Y HACIENDA (Solbes Mira): Gracias.
Muchas gracias por la invitación para estar hoy con ustedes.
En esta primera presentación voy a hablar de la solicitud de comparecencia del Grupo Parlamentario Catalán en el Senado de Convergència i Unió para informar sobre la intención de rebajar la inversión pública en la Comunidad Autónoma de Cataluña del 14 al 10 por ciento, según el programa de inversiones públicas del año 2009.
Señorías, creo que el motivo de la solicitud de comparecencia parte de una interpretación errónea del anexo de inversiones de los Presupuestos Generales del Estado para 2006, error que espero aclararles a continuación.
Como bien saben ustedes, el Gobierno remite todos los años, junto con el proyecto de ley de Presupuestos Generales del Estado y en cumplimiento de lo previsto en la Ley General Presupuestaria, una serie de documentos e informes, uno de los cuales es el anexo de inversiones reales y programación plurianual.
Este anexo de inversiones contiene todos los años una previsión plurianual de las comunidades autónomas sobre los distintos proyectos susceptibles de ser regionalizados. Se recogen para cada proyecto las cantidades correspondientes al presupuesto del año de que se trate y una proyección de las que se prevén para los tres años siguientes. De este modo, el anexo de inversiones públicas de los Presupuestos Generales del Estado para 2006 contiene una previsión de las inversiones hasta el ejercicio 2009.
Si tomamos los datos presupuestados para 2006 y los comparamos con los correspondientes de las proyecciones, vemos que para muchos proyectos las cantidades van decreciendo, o incluso no se prevén gastos en relación con estos en ejercicios futuros, y ello puede llevar a deducir erróneamente que la inversión pública del Estado se reduce. Se puede hacer el ejercicio con cualquier comunidad autónoma y probablemente sucederá lo mismo que ocurre con Cataluña.
Partiendo de un análisis de este tipo, puede parecer erróneamente --insisto-- que en la Comunidad Autónoma de Cataluña la inversión es total y se va a rebajar del 14 al 10 por ciento, y digo que el cálculo es erróneo porque la proyección plurianual del anexo de inversiones se refiere exclusivamente a los proyectos en curso y no a aquellos que se iniciarán en los próximos ejercicios. Los proyectos en curso, por su propia naturaleza, se irán ejecutando en los plazos previstos y, por tanto, el importe correspondiente se irá minorando. Esto es lo que explica precisamente la reducción de las inversiones en Cataluña en el citado anexo.
Sin embargo, señorías, se debe tener en cuenta que dichos proyectos, a medida que vayan finalizando, se irán reemplazando por nuevos proyectos de inversión que permitirán mantenerla con un nivel adecuado, y esto ocurrirá tanto en Cataluña como en el resto de las comunidades autónomas.
(El señor vicepresidente, Pardo Gabaldón, ocupa la Presidencia.) Por tanto, teniendo en cuenta que el anexo sólo contiene proyectos en curso y no proyectos a iniciar en los próximos ejercicios, creo que se explican estas diferencias.
Por otra parte, a la hora de valorar la inversión en las distintas comunidades autónomas, debe recordarse que hay unas partidas no regionalizables que en ocasiones remiten a actuaciones que se desarrollan en territorios de varias comunidades autónomas, aunque de forma inicial no puedan regionalizarse, realizándose esa tarea total o parcialmente en los Presupuestos Generales del Estado de ejercicios futuros cuando ya se disponga de la información necesaria para ello.
Por estas razones, para ponderar la inversión en ejercicios futuros de las distintas comunidades autónomas, deben tenerse en cuenta todos estos factores en su justa medida, por lo que es muy difícil sacar una conclusión del tipo que se muestra en la interpelación, ya que sacar la conclusión de que lo que actualmente está previsto en las distintas comunidades para los próximos años en función de la evolución normal de esas inversiones va a ser la inversión prevista en los Presupuestos Generales del Estado creo que es una conclusión errónea o, por lo menos, parcial y, evidentemente, no toma en consideración la mayor complejidad que los presupuestos van a tener cuando dispongamos de los nuevos proyectos de inversión, cuando territorialicemos una parte de lo no regionalizable en estos momentos y, en definitiva, cuando dispongamos de la información de la que hoy no se dispone.
Muchas gracias.


El señor VICEPRESIDENTE (Pardo Gabaldón).
Tiene la palabra don Carles Gasòliba, del grupo parlamentario proponente.


El señor GASÒLIBA I BÖHM: Gracias, señor presidente.
Esta solicitud de comparecencia, formulada por don Pere Macias, portavoz del Grupo Parlamentario Catalán en el Senado de Convergència i Unió, responde a la sensibilidad e inquietud que, como sabe muy bien el vicepresidente segundo del Gobierno y ministro de Economía y Hacienda, mostramos hace tiempo en relación con la falta de una inversión pública adecuada tanto a la magnitud de la economía catalana como a sus necesidades en diversos ámbitos --en uno de ellos, el de infraestructuras, muy claramente.


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No hay que olvidar que, en el primer presupuesto presentado por el actual Gobierno, la inversión en infraestructuras en Cataluña no se incrementó como se propone, por ejemplo, en el actual Estatuto que ahora se está discutiendo, sino que descendió en relación con años anteriores. Tampoco hay que olvidar que, de hecho, la economía catalana, o Cataluña, es un contribuyente neto tanto en el Estado español como en la Unión Europea.
Por lo tanto, las estimaciones que han ido apareciendo --hace unas semanas también tuvimos ocasión de contrastarlas-- sobre las aplicaciones de las perspectivas financieras, que han de acabar de concretarse en junio en el próximo Consejo Europeo de Bruselas bajo Presidencia austriaca, han provocado nuestra alarma en el sentido de que esta evolución --la tendencia de la inversión pública junto con la progresiva reducción de hecho de los recursos esperados o acordados en la Unión Europea--, llevase a esta reducción de la participación de Cataluña la inversión pública española.
El ministro Solbes nos tranquiliza y nos matiza tales previsiones, pero el hecho es que, viendo los avances y las proyecciones que ha habido, podrá concedernos que existe un fundamento para nuestra inquietud y, sobre todo, en esta combinación entre nuestras relaciones de los recursos previsibles con la Unión Europea y su expresión en los Presupuestos Generales del Estado y el programa de las inversiones públicas correspondientes. Cierto es que, como aún estamos en 2006, tales situaciones se podrán ir modificando y precisando en los próximos años, pero en todo caso queremos dejar constancia de esta inquietud, del hecho de que diversas proyecciones relacionadas con los recursos públicos disponibles pueden llevar a fundamentar esta disminución.
Quiero poner de relieve que nosotros --cuando digo nosotros quiero decir en Cataluña-- ya arrastramos un serio déficit en materia de inversión pública, especialmente en infraestructuras, y la mayor parte de las instituciones representativas de la economía catalana lo han venido destacando en los últimos años. Por lo tanto, creemos que está justificado, como mínimo, manifestar nuestra inquietud, y que existen una serie de datos y estimaciones que podrían llevar a fundamentarla de manera muy sólida.
Muchas gracias.


El señor VICEPRESIDENTE (Pardo Gabaldón): Vamos a iniciar un turno de intervenciones de grupos parlamentarios por orden de menor a mayor.
Tiene la palabra el representante del Grupo Parlamentario Mixto, señor Urrutia Elorza.


El señor URRUTIA ELORZA: Buenas tardes a todos. «Arratsalde on».
Después de esta semana de medias vacaciones, retomamos otra vez el pálpito, saludamos al vicepresidente segundo del Gobierno y ministro de Economía y Hacienda y le agradecemos su presencia para tratar una cuestión que, desde mi punto de vista, el portavoz de CiU ha tocado con esmero y con cariño: la territorialización de las inversiones en los presupuestos del Estado.
Dentro del Grupo Parlamentario Mixto, Eusko Alkartasuna siempre se ha preocupado por tres aspectos dentro de la territorialización. Primero, que el importe correspondiente a las inversiones previstas eran de cuantía inferior a la parte correspondiente a la aportación del cupo y a la aportación del País Vasco: el 6,24 por ciento. Este año, el año 2006, debido a acuerdos mantenidos con el Grupo Parlamentario de Senadores Nacionalistas Vascos, el porcentaje se ha ampliado, pero en años anteriores --no tengo las estadísticas aquí-- siempre se han dado situaciones bastante precarias y porcentajes bastante inferiores al 6,24, cuantía correspondiente del cupo que se paga, y fundamentalmente siempre en ministerios muy relacionados con Defensa e Interior, pero no en una cuestión que siempre nos ha preocupado, que es el relativo a las cárceles.
Hay un segundo aspecto que también es interesante comentar: el cumplimiento de estas inversiones. Según un seguimiento plasmado en documentos de ciertas entidades financieras, como La Caixa y Caja Cataluña, en algunos territorios, como Cataluña y el País Vasco, el cumplimiento de lo presupuestado no era del 40 ó 45 por ciento, y en muchos otros ni siquiera se alcanzaba.
Me hace ilusión --y se lo agradezco al vicepresidente-- que las cuantías y los porcentajes recogidos en la documentación puedan tener cierta flexibilidad y variabilidad, y sí le rogaría, por favor, el cumplimiento de la territorialización tanto en nuestra comunidad, el País Vasco como en las comunidades del Estado español y que, en caso de que no se cumplan, se introduzcan en los presupuestos subsiguientes.
Muchas gracias.


El señor VICEPRESIDENTE (Pardo Gabaldón): Al no estar en la sala el representante del Grupo Parlamentario de Senadores de Coalición Canaria, pasamos de nuevo al señor Carles Gasòliba. (El señor Gasòliba i Böhm hace gestos negativos.) Gracias.
Por el Grupo Parlamentario de Senadores Nacionalistas Vascos, tiene la palabra don Javier Maqueda.


El señor MAQUEDA LAFUENTE: Gracias, señor presidente. «Arratsalde on».
Buenas tardes.
En primer lugar, quiero dar la bienvenida, una vez más, al vicepresidente segundo del Gobierno y ministro de Economía y Hacienda, señor Solbes.
Siempre está dispuesto a comparecer en esta Comisión, como hemos visto a lo largo de estos dos años largos que llevamos ya de mandato. Nos gustaría que el resto del equipo económico, como el señor Martínez Robles, en la SEPI, o el señor Sebastián, tuvieran la agenda tan libre como la tiene él para comparecer en esta comisión del Senado.
En la comparecencia de hoy, a petición del Grupo Parlamentario Catalán en el Senado de Convergència i Unió, nos explica la intención de rebajar las inversiones en la Comunidad Autónoma de Cataluña, en concreto del 14 al 10 por ciento. Después de escucharlo ha quedado bastante clara la posición del Gobierno.


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Sí nos preocupa en los presupuestos del Estad --ahora que estamos debatiendo cuestiones de estabilidad presupuestaria; precisamente los veíamos esta mañana, y están incluidos esta semana en el Pleno-- cómo se están negociando los estatutos de autonomía, y la inversión del Estado tiene mucho que ver con las que se van a realizar en las comunidades autónomas.
Señor vicepresidente, nos ha gustado su intervención, le agradecemos la claridad con la que ha manifestado sus intenciones, y confiamos en que esa sintonía que ha existido hasta ahora se pueda mantener en el futuro.
Nada más y muchas gracias.


El señor VIPRESIDENTE (Pardo Gabaldón): Por el Grupo Parlamentario Entesa Catalana de Progrés, tiene la palabra la señora Aroz.


La señora AROZ IBÁÑEZ: Muchas gracias, señor presidente.
Entiendo que no estamos en un debate general sobre la inversión en infraestructuras, que se encuadraría en los debates presupuestarios y en otros en la Cámara, sino simplemente ante una aclaración concreta que ha solicitado el Grupo Parlamentario Catalán en el Senado de Convergència i Unió en relación con las inversiones previstas en Cataluña para el período 2006/2009.
Como ya se ha dicho por algún otro portavoz, la intervención del señor vicepresidente ha sido muy precisa y aclaratoria, ha satisfecho al grupo que planteaba la cuestión.
Por mi parte no tengo nada más que añadir sino únicamente indicar nuestra satisfacción porque esta cuestión haya sido aclarada, como no podía ser de otra manera, ya que en los últimos años precisamente la inversión en Cataluña se está manteniendo a un nivel que a mi grupo le parece satisfactorio, y las previsiones para el futuro van en la misma dirección.
Muchas gracias, señor presidente.


El señor VICEPRESIDENTE (Pardo Gabaldón): Muchas gracias.
Por el Grupo Parlamentario Socialista, tiene la palabra la señora Durán Fraguas.


La señora DURÁN FRAGUAS: Muchas gracias, señor presidente.
En primer lugar, y como representante del Grupo Parlamentario Socialista, doy la bienvenida al señor vicepresidente primero del Gobierno y ministro de Economía, señor Solbes.
Mi grupo está absolutamente satisfecho, no solo por la explicación que el ministro de Economía nos ha dado sobre el nivel de inversión en Cataluña sino porque el Grupo Parlamentario Catalán en el Senado de Convergència i Unió veía con preocupación la intención de rebajar la inversión pública del 14 al 10 por ciento, y el señor ministro de Economía nos ha explicado claramente que no existe en absoluto dicha intención, que las previsiones plurianuales contienen las cantidades correspondientes del presupuesto en curso y la proyección para los tres años siguientes pero de proyectos que están en curso, de los proyectos que se van a iniciar y, por tanto, junto con las partidas no regionalizables, son los datos para ponderar de una forma clara la inversión que se está realizando en la Comunidad Autónoma de Cataluña.
Además --aquí también se ha citado--, de acuerdo con lo previsto en la disposición adicional tercera del proyecto de Estatuto de Autonomía para Cataluña, que actualmente se está tramitando en esta Cámara, la inversión estatal de infraestructuras en Cataluña, en un período de siete años, se deberá equiparar a la participación relativa del PIB de Cataluña en el PIB nacional. Esta previsión pretende corregir los déficit inversores de años anteriores y supone una importante garantía para Cataluña --que el Grupo Parlamentario Socialista quiere destacar en esta comparecencia-- con vistas a mantener un porcentaje de inversión estatal razonable en los próximos años. Por tanto, no creemos que Cataluña deba temer una minoración en la inversión estatal sino más bien todo lo contrario.
Para terminar, nos gustaría, si es posible, que el señor ministro de Economía nos hiciera una referencia comparativa del porcentaje de inversión sobre el total regionalizable en la participación en el PIB de las distintas comunidades autónomas.
Sólo me queda darle las gracias de nuevo por esta comparecencia.
Muchas gracias.


El señor VICEPRESIDENTE (Pardo Gabaldón): Muchas gracias.
Por el Grupo Parlamentario Popular, tiene la palabra la señora Angulo Martínez.


La señora ANGULO MARTÍNEZ: Buenas tardes, señor vicepresidente.
En nombre del Grupo Parlamentario Popular le agradezco su comparecencia.
Quiero exponerles una serie de cuestiones que preocupan a mi grupo parlamentario.
Efectivamente, cuando uno comprueba en el programa de inversiones públicas en las proyecciones hasta el año 2009 el resumen por comunidades autónomas, ve una drástica caída, concretamente en los años 2008 y 2009, que alcanza hasta los 3.000 millones de euros, no sólo en Cataluña sino también en muchas comunidades autónomas. Compartimos la inquietud teniendo en cuenta un aspecto más, y es que el Plan Estratégico de Infraestructuras y Transportes aprobado por el Gobierno considera que las inversiones son revisables cada cuatro años. Por tanto, si tenemos en cuenta que al inicio de la siguiente legislatura las inversiones disminuyen de una forma drástica, es lógico que en esta Cámara expresemos preocupación e incluso inquietud.
En muchas ocasiones y en diversos ámbitos nos hemos referido a la inversión pública como a un instrumento esencial del que dispone el Estado para ejercer su función dinamizadora de la economía así como para aumentar crecimiento y riqueza, pero sin olvidar ni dejar de lado el papel que tiene en la reducción de disparidades y desequilibrios

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entre territorios. Por eso a mi grupo le preocupan algunas cuestiones relacionadas con la existencia y la suficiencia de medios, de instrumentos para garantizar las inversiones necesarias no solo en Cataluña sino en todas y cada una de las regiones españolas, y la utilización que el Gobierno hace o tiene previsto hacer de esos instrumentos. Estoy segura, señor vicepresidente, que desde su posición como ministro de Economía y Hacienda comparte la importancia de valorar de forma global esa asignación de recursos por parte del Estado.
Le voy a hacer dos consideraciones, alguna de las cuales ya ha sido mencionada por algunos de los portavoces que me han precedido en el uso de la palabra.
En primer lugar, no se le escapa a nadie que a partir de 2007 se produce un hecho importante: la entrada en vigor de las nuevas perspectivas financieras, en virtud de un acuerdo al que, incomprensiblemente, el Gobierno español dio su apoyo. Digo incomprensiblemente porque entendemos que es un acuerdo nefasto para el futuro de las inversiones y nefasto para España; nefasto por cuanto los fondos comunitarios --y usted lo sabe muy bien--, en el período 2007/2013 van a quedar reducidos a la mínima expresión; nefasto porque, en términos de saldo neto, vamos a pasar de una cantidad aproximada de 47.500 millones de euros a escasamente 5.000 millones. Sin ser catastrofistas, sabe que hemos insistido reiteradamente en distintas comparecencias y en algunas iniciativas parlamentarias en la necesidad y en la importancia de que el Gobierno, en sus negociaciones en Bruselas, defendiera a ultranza que no se recortara el presupuesto europeo. Consideramos que el 1,24 por ciento como mínimo para España, que usted en alguna ocasión defendió, debería haberse defendido hasta el final, y que no se deberían aceptar tampoco el Gobierno español los recortes en políticas de cohesión, que, al final, van dirigidas fundamentalmente a financiar esas infraestructuras y ese desarrollo regional. Pensamos que con el acuerdo de perspectivas financieras aprobado puede producirse una falta de recursos que hace que sean muchas las infraestructuras que vean comprometida su financiación, y son numerosos los problemas y las dificultades que muchas de nuestras regiones pueden encontrar en su proceso de convergencia. Por tanto, manifestamos nuestra preocupación en ese sentido.
Me gustaría conocer su opinión sobre hasta qué punto la caída drástica de recursos procedentes de la Unión Europea va a significar también una caída en los niveles de inversión pública estatal, y quisiera saber si el Gobierno va a adoptar mecanismos financieros correctores para suplir esas deficiencias, y en qué medida ese déficit de ambición y de interés, que el Gobierno acusó en todas las fases de la negociación por un asunto que consideramos vital, se va a traducir también en un déficit en infraestructuras y en el desarrollo en muchas de nuestras regiones, por no decir en todas.
Otro aspecto no menos importante es que esta mañana iniciaba su andadura en esta Cámara la tramitación del nuevo Estatuto de Cataluña. Me gustaría saber qué virtualidad tienen estos datos, que ustedes reflejaban hace unos meses en el proyecto de presupuestos de 2006, una vez que, como es previsible que ocurra, se apruebe el nuevo estatuto de forma definitiva, si, según se desprende del texto que próximamente se va a debatir de forma inminente en esta Cámara, una comisión presidida por la Generalidad va a tener capacidad de decisión respecto de cuánto, de cómo y en qué se invierte en Cataluña, cuál es la capacidad que queda reservada al Ministerio de Economía y Hacienda para estimar las inversiones en Cataluña a partir de ese momento, qué papel queda reservado al Ministerio de Economía y Hacienda en la asignación de los recursos estatales y en la propia elaboración del presupuesto, al menos en lo que a la inversión pública en Cataluña se refiere.
El informe del Ministerio de Administraciones Públicas de octubre de 2005 sobre inversión pública estatal señala a esta como un instrumento para reforzar la dimensión productiva, social y solidaria del gasto público.
Además, esta dimensión es considerada como el tercer eje de la política económica, pero, por otra parte --como ha dicho alguna portavoz-- en la disposición adicional sexta del proyecto de ley que se está debatiendo se establece que la inversión del Estado en infraestructuras en Cataluña, excluido el Fondo de Compensación Interterritorial, se equiparará a la participación relativa del producto interior bruto de Cataluña con relación al producto interior bruto del Estado para un período de siete años, es decir que se equipara al peso, a la ponderación de la aportación de Cataluña al producto interior bruto español. Nos gustaría saber si de verdad cree, señor ministro, que esa cláusula o disposición contribuye a la solidaridad, a la equidad. Por otra parte, nos gustaría conocer su criterio --para nosotros es muy importante-- sobre cómo se va a garantizar esa inversión para Cataluña de la que habla la portavoz socialista, y cómo se van a establecer las mismas garantías para el resto de las comunidades autónomas. Porque si se tratase de inversión pública en función del producto interior bruto para todos, eso significaría, como usted sabe, negar el desarrollo y condenar a un auténtico atraso a muchas comunidades autónomas, como es el caso de Castilla y León, Extremadura, Andalucía o Castilla-La Mancha. De hecho hay ya alguna estimación en que se señala que la aplicación del mismo precepto supondría, recortar a cada habitante de Castilla-La Mancha más de 160 euros y aumentar a cada habitante de Cataluña más de 170. ¿Considera usted que esto está en el camino del principio de solidaridad interterritorial, o va justamente en dirección contraria? ¿O es que apuesta usted por una inversión pública estatal a la carta? Porque hay otras comunidades autónomas, como es el caso de Andalucía, donde el partido que sustenta al Gobierno ha llegado a algún acuerdo para que la inversión estatal se haga en proporción al peso que representa la población, asegurándose así también una participación superior al 18 por ciento. Pero es que hay otras comunidades autónomas donde ninguno de esos criterios sería válido. ¿Qué pasaría, por ejemplo, en Castilla y León, donde la dispersión geográfica o el marcado carácter rural es la principal característica, donde la escasa inversión en infraestructuras --en función del Plan director de infraestructuras de hace muchos años-- ha determinado importantes necesidades? ¿Qué es lo que tendríamos que pedir? ¿Una inversión pública estatal en

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función de la superficie? Nos gustaría que nos dijese cuál es el criterio del ministro de Economía y Hacienda, del señor vicepresidente segundo del Gobierno.
Queremos saber, en definitiva, cómo tiene previsto el Gobierno terminar esa especie de rompecabezas que ha empezado. (Rumores.--El señor Bru Parra: es surrealista.) Por último voy, a plantear otra cuestión. En algunas provincias, como usted sabe muy bien, el Gobierno ha aprobado planes de actuación específicos --son palabras del presidente del Gobierno-- en apoyo a zonas singulares del territorio que más población pierden. Hay un plan del oeste, hay uno en Soria, hay otro en Teruel, y está también el Plan Jaén XXI. Me gustaría conocer si esas cantidades que aparecen en la programación de inversiones, en algunos casos entre 2005 y 2008 y en otros entre 2006 y 2009, están incorporadas en estas proyecciones presupuestarias sobre las que hoy estamos hablando, o si, por el contrario, como nos han dicho algunos responsables socialistas, se trata de inversiones a mayores, unas inversiones que se añaden a las cantidades presupuestarias de cada uno de los ejercicios.
Le agradezco de antemano su respuesta.
Muchas gracias, señor presidente.


El señor VICEPRESIDENTE (Pardo Gabaldón): Gracias, senadora Angulo.
Para dar respuesta a las cuestiones planteadas y finalizar su primera comparecencia, tiene la palabra el señor ministro.


El señor VICEPRESIDENTE SEGUNDO DEL GOBIERNO Y MINISTRO DE ECONOMÍA Y HACIENDA (Solbes Mira): Muchas gracias.
Veo que el tema catalán nos ha llevado a una deriva sobre muchos otros temas y a una comparecencia totalmente distinta de la que inicialmente habíamos previsto. De todas formas, y aunque sea muy rápidamente, voy a intentar dar alguna respuesta a muchos de los problemas que se han planteado.
Primer punto. Como saben ustedes, no soy un forofo del concepto de la territorialización porque considero que este tiene graves contradicciones, sobre todo si lo aplicamos en términos anuales, con respecto a la propia naturaleza de la inversión pública estatal. No todos los años se puede hacer un aeropuerto; no todos los años se puede hacer un puerto: no todos los años se puede construir un AVE. Por tanto, si vamos territorializando cada uno de esos conceptos y pretendemos conseguir todos los años lo mismo, es evidente que tendremos un diseño de funcionamiento de la inversión que, aunque será muy bonito desde el punto de vista de la presentación, resultará absolutamente ineficiente en términos económicos. Si nos decimos: como el AVE llega hasta tal sitio y hemos cumplido ya la ley de inversión para este año, no seguimos con el AVE y paramos la obra. O bien: las obras del aeropuerto de Madrid hay que retrasarlas mucho más porque en Madrid estamos en sobreinversión durante un cierto período de tiempo. Pues bien, no parece razonable.
Segundo punto. Lógicamente, las inversiones públicas son un continuo. En consecuencia, está muy bien que hagamos la carretera en nuestro territorio, pero si no conecta con la del territorio de al lado tampoco sirve para mucho. Por tanto, hay ahí un punto muy importante referido a la evaluación regional de la inversión, y es que no se trata sólo del impacto directo sino del indirecto en otras inversiones. Pongamos el caso del AVE como un ejemplo evidente: para ir de Madrid a Barcelona es imprescindible que esté hecho el tramo de Aragón. Si no, para poco serviría el AVE entre esas dos poblaciones.
Cuando hablamos de inversión territorializada, hay un punto --es el tercero-- que también me interesa destacar: me refiero al concepto de la temporalidad. A medio o largo plazo habrá que tomar un cierto porcentaje como referencia, podrá ser quizá la población, quizá sea el PIB. Si estamos hablando en términos relativos, las diferencias, al final, no son enormes por una serie de matices y razones que luego comentaré, pero estamos hablando más bien de medias de tendencias que de años concretas de actuación. Todo esto, además, nos da como resultado situaciones distintas. Por ejemplo, en el País Vasco, porque sus criterios de financiación en parte son diferentes; en las islas, porque, evidentemente, carecen de ferrocarril, y cuando se han puesto ya en marcha puertos y aeropuertos en ellas ya era muy difícil poner en marcha inversión adicional, solo para carreteras. Es decir, hay algunos elementos que son peculiares de cada territorio y que hay que tomar en consideración.
A partir de ahí, el punto fundamental que planteaba el senador Gasòliba era el siguiente: ¿El anexo de inversiones refleja lo que vamos a hacer desde ahora hasta el año 2009? No, señoría. Refleja lo que con la actual inversión está previsto, está ya en marcha, y tendrá impacto hasta 2009.
Por tanto, comparar las cifras de 2009 con las actuales no quiere decir nada desde el punto de vista de la cifra final global. Ahora estamos invirtiendo del orden de los 20.000 millones de euros en el regionalizado, y se invertirá algo menos en 2007 y algo menos en 2008. Es decir, nos vamos a quedar en 16.000 millones de euros en 2009, lo que quiere decir únicamente que de la inversión actual se van a ir gastando 20.000 ó 18.000 ó 16.000 millones de euros. Luego, evidentemente, habrá otra inversión adicional que se pondrá en marcha para proyectos que ahora no están incluidos aquí y, como es obvio, los que están en marcha para el futuro no se incluyen en la previsión actual.
Respecto al País Vasco, es cierto que hay ahí temas específicos que se han planteado, y todos ustedes los han comentado. Hemos buscado soluciones específicas en algunos casos concretos para obtener la financiación o bien para acelerarla. Estoy hablando de la «Y» vasca y de alguna otra cuestión que, en mi opinión también es importante.
En cuanto al problema de la inversión regionalizable planteado por el Grupo Parlamentario Entesa Catalana de Progrès, creo que su señoría ha entendido bien el sentido de esta comparecencia. El porcentaje de inversión regionalizable que podemos conocer hasta ahora está publicado, y aparece normalmente en los presupuestos de cada año. Es

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verdad que cuando hablamos de inversión regionalizable --quiero destacar este punto-- estamos hablando de inversión regionalizada normalmente sin tomar en consideración el FCI ni la inversión procedente de la financiación comunitaria. Todo depende de los cálculos --hay que ver cómo está hecho cada cálculo y cada número--, y, por supuesto, cuando hablamos de la inversión total hay ocasiones en que cuando son empresas públicas incluso la propia inversión no está realizada, no está ni siquiera contabilizada en el presupuesto del año, sino que muchas veces, en función de la financiación de la inversión de esas empresas, la cantidad puede ser distinta, y por eso las cifras son distintas en unos y en otros cuadros.
Señora Angulo Martínez, el primer comentario, como ya le he dicho, es que no va a haber caída y que nuestra idea es seguir apostando por la inversión pública. Discrepo respecto al resultado de Bruselas: usted considera que es nefasto, y yo creo que es bastante bueno si tenemos en consideración varios elementos fundamentales. El primero es que, en cifras actuales, en este país solo una comunidad y media está por debajo del 75 por ciento de la renta media comunitaria; el segundo es que tenemos que tener en cuenta que en la propuesta inicial de la comisión no existía el período transitorio para los fondos de cohesión y el tercero es que hay que tener en consideración también que en lo que se refiere a competitividad y en la parte del fondo tecnológico se ha conseguido una aportación para España.
Usted me expone dos cuestiones que a mí también me gustarían, pero que no son así. ¿Me gustaría recibir más dinero? Sí, me gustaría recibir más dinero, pero el problema es que hay unas determinadas reglas del juego, y en la medida en que esas reglas del juego --que son preexistentes-- se aplicaban, España aportaba más por tener mayor renta per cápita y recibía menos por ser más ricas sus regiones, lo que, lógicamente, al final nos da unos resultados que son los que conocemos y que están ahí. Si comparamos la resultante final con la cifra inicial de partida de la Comisión, creo que es satisfactoria en términos cuantitativos y en términos cualitativos.
En cuanto al viejo problema del 1,24 por ciento, estoy convencido de que esa cifra es buena en términos de construcción europea, pero no nos equivoquemos acerca de lo que eso quiere decir en términos de aportación española: a partir del momento en que un país pasa a ser contribuyente neto --y esa es prácticamente la situación de España en este período en que nos vamos a encontrar--, aportar más a la Unión Europea le cuesta más dinero, y el saldo neto es más bajo. La lógica es que cuando eres un país rico pretendes aportar menos porque te cuesta más, y cuando eres un país pobre pretendes que se aporte más porque tú te llevas un porcentaje mayor de lo que aportas; si nos llevamos un porcentaje menor de lo que aportamos, cuanto más aportemos, evidentemente, menos recursos vamos a tener, y por eso creo que, entre el 1,24 y el 1,06, nos conviene más, en términos económicos, el 1,06. En términos de construcción europea es otro problema: ¿vale la pena que seamos más ambiciosos en poner algunas cosas en común? Ahí estaría de acuerdo, posiblemente, en que a pesar de eso podría valer la pena, pero seríamos criticados por tener un saldo más bajo.
¿Cómo va a funcionar? Y con ello entramos en otro problema totalmente distinto, que es el del Estatuto catalán. No era mi intención discutir ese asunto hoy aquí, pero dado que ustedes lo han planteado, sí me parece bueno hacer algunas consideraciones.
En primer lugar, distingamos entre lo que es la financiación de comunidades autónomas --que es algo que se pactará en el marco de la LOFCA y se aplicará de forma multilateral y general-- y lo que son las inversiones del Estado, y es a este al que le corresponde decidir la inversión pública estatal con los criterios que estime oportunos.
Lógicamente, al Ministerio de Economía y Hacienda le corresponderá definir el marco financiero, y al Ministerio de Fomento, al de Medio Ambiente y a algún otro les corresponderá definir las inversiones específicas que haya que llevar a cabo, inversiones que ya hoy, en la práctica, se están produciendo en la mayor parte de los casos en contacto, en relación, en discusión con las comunidades autónomas, es razonable que sea así; no parece razonable que el Estado tome decisiones sobre inversiones en una comunidad autónoma sin el conocimiento de esta.
En ese aspecto, lo que se hace es institucionalizar algo más ese contacto, pero no hay variaciones sustanciales respecto al sistema.
¿Qué es lo que hemos hecho con Cataluña para un período de siete años --que es muy importante--, por lo tanto, el período en que permanecen en vigor las perspectivas financieras? Hemos dicho que en la inversión territorializada, excluyendo el FCI --por consiguiente, sin tomar en consideración en absoluto ni el FCI ni los fondos europeos--, nos parece razonable que en los próximos años se respete una cifra de inversión equivalente a esta cuantía que aquí se incluye, que es el porcentaje del PIB. ¿Por qué? Pues, porque en los últimos años hemos tenido una inversión en Cataluña muy baja. En estos momentos está en el 15 o en el 15,5 por ciento, y en los últimos años el máximo ha sido el 15,88 por ciento en 2003 del total de la participación, después del anterior Gobierno; pero es que con el anterior Gobierno Cataluña tuvo en 1997 una inversión del 8 por ciento total, en 1998, del 8 por ciento, y en 1999, del 12 por ciento, cifras muy bajas que, en nuestra opinión, parece razonable que se compensen en estos próximos años.
¿Eso supone una ruptura del modelo? En mi opinión no, simplemente existe un compromiso durante un cierto período y como, lógicamente, hay otras comunidades que tienen otras ventajas, pensamos que en Cataluña es razonable hacer ese esfuerzo en esos años.
¿Es algo anómalo? No, y le podría citar los estatutos que en estos momentos tienen referencias específicas sobre cuestiones de este tipo.
Por ejemplo, en el de Andalucía figuran asignaciones complementarias en la disposición adicional segunda, y en el de Extremadura, también; hay una compensación específica por minoración de ingresos en los Estatutos de Andalucía, de Aragón, de Baleares y de Canarias; hay una mención específica al criterio de situación limítrofe con otras comunidades en el caso de La

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Rioja. Lo que quiero decir con esto es que existen elementos concretos en cada uno de los estatutos, que, lógicamente, deben tomarse en consideración.
A partir de ahí, entiendo su preocupación. ¿Vamos a mantener una filosofía general? Sí. ¿Vamos a prestar mayor atención a las regiones en mayores dificultades? Sí. Por eso decía antes que no mezclemos lo que es financiación autonómica --a la que, como es evidente tendremos que dar ya un tratamiento de acuerdo con el criterio que finalmente se defina y con unos elementos de compensación vía fondo de suficiencia-- con inversión, porque cuando hablamos de inversión nos estamos refiriendo a la inversión comunitaria, más la inversión nacional territorializada, más la nacional no territorializada, más el Fondo de Compensación Interterritorial, más la inversión de empresas públicas. Con todo ese «mix» se puede hacer un sistema que sea absolutamente equilibrado, que funcione bien, de acuerdo con las necesidades de cada una de las comunidades y de acuerdo con las prioridades temporales de cada comunidad. En algunos momentos puede ser más importante acelerar la inversión de un determinado concepto en una comunidad que en otra y, sin embargo, posteriormente, se puede variar esa presión. El caso más claro es Madrid: por ejemplo, como decía, en el año 1997 Cataluña tiene el 8 por ciento de la participación en el PIB estatal, y Madrid, el 23 por ciento; en el año 1998, Madrid tiene el 26 por ciento; en el año 1999, Madrid tiene el 21,18 por ciento; en el año 2000, tiene el 21,7. ¿Todo eso a qué obedece? A unas ciertas inversiones que se hacen en los anillos de circunvalación de Madrid y en el aeropuerto. ¿Es anómalo que lo tenga esos años? Si lo tuviera siempre sería anómalo; que lo tenga durante una serie de años y que, como es lógico, vuelva luego a una situación normal y haya otras comunidades que tengan esa situación para compensar ciertos desequilibrios me parece totalmente lógico y normal si queremos que la inversión estatal desempeñe el papel que tiene que desempeñar.


El señor VICEPRESIDENTE (Pardo Gabaldón): Gracias, señor vicepresidente segundo. (El señor Presidente ocupa la Presidencia.)

-- A PETICIÓN DEL GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR EN EL SENADO, PARA EXPLICAR EL CRITERIO DE SU DEPARTAMENTO EN RELACIÓN CON LA OFERTA PÚBLICA DE ADQUISICIÓN DE ACCIONES (OPA) DE LA EMPRESA E.ON SOBRE ENDESA, S. A.
(711/000267).


El señor PRESIDENTE: Pasamos al segundo punto del orden del día, que es el relativo a la comparecencia del vicepresidente segundo del Gobierno y ministro de Economía y Hacienda, don Pedro Solbes Mira, para explicar el criterio de su departamento en relación con la oferta pública de adquisición de acciones de la empresa E.ON sobre Endesa, S. A., a petición del Grupo Parlamentario Popular en el Senado.
Tiene la palabra el señor vicepresidente.


El señor VICEPRESIDENTE SEGUNDO DEL GOBIERNO Y MINISTRO DE ECONOMÍA Y HACIENDA (Solbes Mira): Muchas gracias.
Este es otro de esos temas que nos puede llevar una comparecencia o varios días, por lo que me voy a ceñir estrictamente a lo que se me plantea, que es informar sobre el criterio del Ministerio de Economía y Hacienda en relación con la oferta pública de adquisición de acciones de la empresa E.ON sobre Endesa.
El criterio o más exactamente los criterios del Ministerio de Economía y Hacienda ante esta OPA son los mismos que mantiene ante cualquier otra operación de concentración económica. Por una parte, el respeto a los principios de libertad de empresa y libre circulación de capitales reconocidos en la legislación española y comunitaria, y, por otra, el necesario sometimiento de toda operación de concentración económica a los controles establecidos por la legislación aplicable.
En el caso de la opa de E.ON sobre Endesa, la normativa aplicable establece un triple control. En primer lugar, la Comisión Europea debe realizar el control de una operación que tiene un ámbito comunitario desde la perspectiva española y de la del Servicio de Defensa de la Competencia. Aquí nos encontramos ante un caso distinto al de la opa de Gas Natural sobre Endesa. En este caso, nuestra opinión comunitaria, y corresponde a la Comisión tomar la decisión. A estos efectos, E.ON notificó la operación a la Comisión Europea el pasado 16 de marzo de 2006 y en estos momentos se está realizando el análisis preceptivo. Según hemos leído en la prensa en estas últimas horas, la decisión de la Comisión Europea se producirá posiblemente en los próximos días.
En segundo lugar, la Comisión Nacional de Energía debe realizar el control regulatorio de la operación a fin de garantizar que se preserven los intereses generales en un sector estratégico para la economía española como es el energético. Por ello, y en virtud de la denominada función 14, recientemente reformada para hacer frente a ciertas lagunas legales, la Comisión Nacional de Energía debe garantizar que la seguridad de suministro, los activos estratégicos y las actividades reguladas no se vean afectados por la opa de E.ON sobre Endesa. Para ello, E.ON ha realizado la pertinente notificación el pasado 24 de marzo de 2006 y, en este caso también, el análisis sigue su curso.
En tercer lugar, la Comisión Nacional del Mercado de Valores debe verificar que la opa de E.ON, como cualquier otra, cumple todos los requisitos que establece la normativa española para proteger los intereses de todos los operadores del mercado de valores. En este caso, la CNMV está estudiando el folleto de opa sobre Endesa presentado por E.ON el pasado 21 de febrero. No obstante, conviene tener en cuenta que la normativa aplicable en la actualidad establece que la CNMV no podrá autorizar formalmente la opa hasta que la Comisión Nacional de Energía no haya dado su informe preceptivo.
Por tanto, se trata de un conjunto de requisitos de la legislación vigente en esta materia que no deben hacer olvidar que en todo caso remiten a un marco de actuación en el

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que, como ya he destacada en numerosas ocasiones, la decisión final pertenece al mercado y, en concreto, a los accionistas de Endesa, que serán los que tendrán la última palabra, en esta o en cualquier otra opa. Si finalmente aceptan las condiciones, habrá opa y, caso contrario, si no se produce una venta de las acciones, no habrá opa.
Estos son, de la forma más resumida posible a fin de no alargar excesivamente este debate, los criterios del ministerio.
Muchas gracias.


El señor PRESIDENTE: Gracias, señor ministro.
Tiene la palabra el portavoz del grupo proponente, el senador Seguí.


El señor SEGUÍ DÍAZ: Muchas gracias, señor presidente. Muchas gracias, señor Vicepresidente Segundo del Gobierno, señor Solbes.
Nos ha explicado usted hoy lo que ya sabemos por los periódicos, porque esta triple vertiente la conocemos todos los ciudadanos lectores de periódicos en este país. Nos ha contado usted lo básico, pero comprenderá que no solamente mi grupo parlamentario sino toda la opinión pública quiera conocer cuál va a ser la actuación del Gobierno en relación con esta opa; cuál va a ser su postura de ahora en adelante, y qué actitud va a mantener.
Esta no es una pregunta que se nos haya ocurrido casualmente: como usted sabe, es consecuencia de una actitud anterior del propio Gobierno sobre una opa distinta, pero que no podemos aislar sino unir a esta. En definitiva, sabe usted que el Gobierno ha mantenido una determinada actitud sobre la opa de Gas Natural sobre Endesa, desde mi punto de vista de abierta amistad --aunque no me extenderé en ello, porque no es el motivo de esta comparecencia--, para intentar que pudiera prosperar.
Así las cosas, nos interesa saber cuál va a ser la actitud del Gobierno en relación con esta última, y no solo porque en la anterior estuvieron a favor sino porque usted sabe que a los tres días de que E.ON anunciara su opa --usted no deja de ser el vicepresidente para Asuntos Económicos y responsable orgánicamente del Ministerio de Industria, que está por debajo--, su Gobierno dictó un real decreto ley en el que se establecía una serie de medidas que se interpretaron, tanto por los diversos grupos políticos como por la opinión pública nacional e internacional y por diversos gobiernos de diferentes países, como absolutamente hostiles, algo que no había sucedido en la Unión Europea ni en ningún país de la órbita occidental. Es más, usted sabe que la propia Unión Europea, la propia Comisión a la que usted ha pertenecido hasta hace dos años, si mal no recuerdo, ha interpretado de forma muy severa la actitud del Gobierno en relación con esta opa, la promulgación de los decretos leyes que, posteriormente, han sido convalidados en el Congreso, pero que han sido hechos a medida para atacar la presentación de la opa por parte de E.ON.
Por tanto, me gustaría que nos informara en esta comparecencia de si el Gobierno, tras ese alud de críticas y, por qué no, tras las últimas resoluciones judiciales que se han producido y a través de las cuales se empieza a ver que hay mucho de cuestionable en la primera operación de relativa a la OPA --que, por cierto, vuelvo a insistir, tiene que ver con la segunda al no tratarse de diferentes cuestiones, sino que estamos discutiendo sobre lo mismo-- está dispuesto a cambiar de actitud; si se percata de que con ella, desde mi punto de vista, quebranta todos los principios esenciales de un Estado de derecho y, hablando de economía, un principio fundamental como es el de confianza y otro más, que es mantener unas buenas relaciones económicas con el resto de los países del mundo, y más cuando hablamos de un país como España que durante estos años ha sostenido y sostiene fuertes inversiones en el exterior.
Me gustaría conocer qué opina el vicepresidente económico a este respecto. Como usted sabe perfectamente, su sucesor en el cargo en la Comisión Europea, el señor Almunia, ha mostrado una actitud no precisamente favorable hacia el Gobierno en esta cuestión, y me gustaría también saber si el que fue comisario de Economía antes que el señor Almunia piensa igual que este, o si interpreta las cosas de forma diferente por estar en el Gobierno de la nación.
Nosotros creemos, y así lo hemos dicho en varias ocasiones, que se ha actuado con arbitrariedad, con precipitación e incluso por ese mantenella y no enmendalla, y en nuestra opinión ésa no es una actitud que este Gobierno deba mantener, motivo por el que hemos dicho muchas veces que en algún momento habrá que rectificar. Y éste no es un momento cualquiera, señor vicepresidente, pues el pasado viernes el Tribunal Supremo decide la suspensión de un acuerdo del Consejo de Ministros, algo que no se da muchas veces en este país; es un momento en el que se cuestiona la primera actuación del Gobierno con relación a la primera opa, cuestionándose también judicialmente la segunda. Es cierto que no estamos ante resoluciones definitivas, sino ante medidas cautelares, pero nos gustaría saber qué cambio de actitud van a tener ustedes o si pretenden seguir manteniendo aquella que han venido observando hasta ahora y que a nosotros nos parece totalmente rechazable.


El señor PRESIDENTE: Señoría, para poder conocer la opinión del señor vicepresidente deberíamos permitirle contestar. Usted ha sobrepasado ampliamente el tiempo de que disponía y por ello le ruego que sintetice el final de su discurso.


El señor SEGUÍ DÍAZ: En tal caso voy a limitarme a enunciarlo para ser yo, y no el presidente, quien termine mi intervención.
Señor Solbes, con esta comparecencia pretendemos que la opinión pública sepa exactamente dónde está hoy el Gobierno; si de alguna manera éste quiere seguir yendo contra la opinión pública española y europea, contra gobiernos de diversos países de Europa y si, como ha proclamado usted, pretende dejar que sea la libre competencia, que sean los principios de libre circulación de capitales y libre establecimiento en Europa, que sea esa Unión Europea por la que ustedes apostaron en base a ese apoyo tan repentino y tan rápido al Tratado de la Unión Europea y sus principios los que funcionen o si van a seguir defendiendo ese patriotismo

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energético. Si va usted a hablar de patriotismo energético, nos gustaría conocer en términos económicos por qué lo defiende.
Muchas gracias.


El señor PRESIDENTE: Gracias, señoría.
A continuación se abre un turno de portavoces.
Por el Grupo Parlamentario Mixto tiene la palabra el senador Urrutia.


El señor URRUTIA ELORZA: Muchas gracias, señor presidente.
El tema que ha presentado el Grupo Parlamentario Popular es interesante desde el punto de vista de la filosofía que puede generar esta concentración de empresas y la diversidad de posiciones existentes frente a Gas Natural-Endesa o frente a E.ON-Endesa, situaciones éstas que se pueden plantear en la defensa del Estado respecto de una territorialización nacional energética o de una europeización energética.
También es interesante a la hora de plantearse si vamos a dejar libertad completa para que sea el mercado el que determine su momento oportuno o si actuaciones parciales por parte de los estamentos judiciales o del propio Gobierno pueden trasladar esa posición en uno u otro sentido.
De todo este entramado sobre el posicionamiento de Endesa nos preocupan tres aspectos fundamentales de cara al futuro: el problema del suministro y el de cómo va a quedar la producción energética y la distribución, porque si hay concentración territorial, el desmembramiento de ciertas plantas para unas u otras compañías puede crear ciertas situaciones y es importante que no se planteen los mismos problemas que tuvimos el pasado verano o el pasado invierno en zonas del Estado español en las que puede haber conflicto.
El segundo aspecto que nos preocupa son las circunstancias que todo ello pueden generar en cuanto al costo de la energía y en función de cómo sean las concentraciones, fusiones y absorciones, y cuál es la problemática que se puede plantear con respecto a lo sucedido en 2005, cuando aquellas empresas energéticas han dado unas cuentas de pérdidas y ganancias excepcionales con ingresos que se sitúan por encima de la tarifa.
Y el tercer aspecto es cómo todo ello va a afectar a un tema que para nosotros es preocupante, como imagino también lo es para el vicepresidente: el efecto sobre el IPC, sobre la inflación y sobre el costo y distribución de la energía hacia los millones de consumidores.
Muchas gracias. «Eskerrik asko».


El señor PRESIDENTE: Gracias, senador Urrutia.
Por el Grupo Parlamentario de Senadores Nacionalistas Vascos tiene la palabra el senador Maqueda.


El señor MAQUEDA LAFUENTE: Gracias, señor presidente. Buenas tardes, señor vicepresidente, «arratsalde on».
Voy a ser muy breve respecto de esta comparecencia para explicar los criterios del Ministerio de Economía y Hacienda en relación con la opa presentada por E.ON sobre Endesa, Sociedad Anónima, solicitada por el Grupo Parlamentario Popular en el Senado. En su intervención ha explicado muy claramente el triple control existente en esta operación, y no tenemos nada que añadir a este respecto, pues mi grupo parlamentario ya ha manifestado su posición en la Comisión de Industria.
Como usted decía, existen informes de la Comisión Nacional de la Energía y de la Comisión Nacional del Mercado de Valores, y estamos pendientes de las resoluciones jurídicas que se están adoptando. Mi grupo es respetuoso con esas manifestaciones y, como digo, me remito a la posición expresada en la Comisión de Industria.
Somos conscientes de que existe una estrategia económica internacional.
Recientemente hemos conocido las declaraciones de Angela Merkel y del señor Zapatero, y hay que defender los sectores estratégicos para la economía de un país. En este caso consideramos que la estrategia que está siguiendo el Gobierno de la nación es la más adecuada y la respetamos.
Nada más y muchas gracias.


El señor PRESIDENTE: Gracias, senador Maqueda.
Por el Grupo Parlamentario Socialista tiene la palabra el senador Chivite.


El señor CHIVITE CORNAGO: Gracias, señor presidente.
Señor ministro, en nombre de mi grupo parlamentario le doy nuevamente la bienvenida al Senado en el que se encuentra hoy para responder a una petición del Grupo Parlamentario Popular sobre la segunda parte --según dicen-- de esta opa, en definitiva de una operación mercantil entre una empresa privada española, Endesa, y otra alemana, E.ON. Agradecemos la información que nos ha aportado a este respecto, sobre todo porque nos ha hablado de las responsabilidades de su ministerio, dejando claro los criterios de su departamento respecto de esta operación potencial de concentración económica, una operación que parece preocupar muchísimo al Grupo Parlamentario Popular. Así, ellos dicen que se erigen en portavoces de la opinión pública y yo tengo mis dudas al respecto, pues creo que más bien son portavoces de la opinión publicada en algunos medios afines.
Señor ministro, nuestro grupo parlamentario apoya incondicionalmente la posición mantenida por el Gobierno en los distintos ministerios y organismos. Nos ha hablado usted de criterios que basados en la defensa de la competencia en beneficio del consumidor; de criterios basados en la libertad económica y de empresa; de criterios basados en la aplicación de la legalidad vigente; de criterios basados en el respeto hacia los pronunciamientos judiciales y en el control ejercido por los órganos reguladores en sus tres niveles, que son, en este caso, la Comisión Europea, por tener esta operación dimensión comunitaria; la Comisión Nacional de la Energía, por ser éste un tema de su competencia de acuerdo con la ley --y creo que en una amplia comparecencia también solicitada por el Grupo Parlamentario Popular ante la Comisión de Industria tuvimos

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la ocasión de conocer sus criterios en boca de Maite Costa--, y la Comisión Nacional del Mercado de Valores por entrar esta cuestión dentro de sus responsabilidades.
Señor ministro, le agradecemos desde nuestro grupo, igualmente, que desde la responsabilidad de un ministro solvente haya dejado al margen cuestiones claramente politizadas, incluso en algunos casos, a nuestro juicio, muy personalizadas y referidas a actuaciones de personas que en cierto modo estuvieron o están vinculadas al Partido Popular por ser quien, al menos en su día, tras la privatización de Endesa los colocó en los puestos que hoy ocupan y que defienden legítimamente, por otra parte, para que nadie se llame a engaño porque, si no, al final esto da lugar a querellas cuando se confunden intereses generales con personales, como amenazó a este portavoz el señor Pizarro. Por cierto, todavía estoy esperando que tras la lectura de la comparecencia me presente esa querella que anunció.
Señor ministro, de su intervención nos han quedado varias cuestiones más claras de lo que ya las teníamos. Y en primer lugar es que el Gobierno ha actuado para aplicar la legalidad vigente; ha actuado también para garantizar la viabilidad de un sector estratégico de la economía como es el de la energía; ha actuado también para defender los intereses generales de los accionistas y de los consumidores, accionistas a los cuales tras este bloqueo y tras esta sucesión de acciones, reacciones, recursos y contrarrecursos todavía no se les da la palabra. Yo creo que toda esta operación a lo que ha dado lugar es a una situación de bloqueo, que en el tiempo no sabemos cuándo se va a resolver. Y, finalmente, el Gobierno ha actuado para verificar que en la operación se cumplen los requisitos legales establecidos para proteger los intereses de todos los operadores en los mercados de valores.
Señor ministro, la verdad es que esta iniciativa, y a usted no le es extraña porque ya son bastantes las veces que ha tenido que comparecer o responder sobre esta cuestión, es una secuencia más de una estrategia prediseñada, a nuestro juicio, por el Partido Popular sobre la base de una iniciativa que para ellos tiene un carácter más político que económico, más de partido que de sector, más de intereses determinados que de interés general. Lo decía el propio portavoz, que con respeto, como siempre, el señor Seguí ha planteado, pero, desde ese respeto mutuo y en la confrontación interpretativa ideológica de dos proyectos diferentes, creo que es un capítulo más de una campaña perfectamente orquestada. Ya sabemos el origen y la finalidad de sus propuestas, y no es mejorar el sector energético, sino debilitar al Gobierno socialista, y todo les vale, incluso desestabilizar el propio sector, incluso perjudicar la imagen de país, incluso generar una situación de incertidumbre e inquietud en los mercados.
Fíjense, nos achacan parcialidad, favoritismo, servilismo. Por cierto, han hablado de patriotismo energético. Fíjense, nos acusaron hace poco tiempo de un antipatriotismo. Yo la verdad es que todavía no encuentro de por qué lo hacían, porque no sé si lo hacían desde el anticatalanismo que hoy mismo se les ha percibido en el debate sobre el Estatuto en la Comisión General de las Comunidades Autónomas o desde el progermanismo, ya no lo sé, pero sobre todo no sé todavía a qué venían aquellas declaraciones de doña Esperanza Aguirre cuando declaró que la sede salía del territorio nacional por la posibilidad de que desde Madrid se trasladase a Cataluña.
Nos hablan de un potencial desprestigio nacional respecto a Alemania. He leído con atención lo que los medios de comunicación han transmitido de la última reunión entre el presidente de España, José Luis Rodríguez Zapatero, y la canciller alemana Angela Merkel y no creo que precisamente la sensación que transmitiesen de aquella reunión fuera de desencuentro, sino más bien de una voluntad de acuerdo y cooperación para buscar una solución que, respetando los intereses de país, contribuyese al relanzamiento de ambos.
Por lo tanto, siguen ustedes en las presunciones sin fundamentos ni argumentos. De verdad, ustedes han sido instrumento, respetuoso por mi parte y por parte del Grupo Parlamentario Socialista aunque no compartido, de una desinversión acelerada del patrimonio público empresarial. Ustedes fueron quienes privatizaron, ustedes fueron quienes colocaron a personas relevantes que todavía permanecen en puestos de control de esas empresas privatizadas y, desde luego, para nosotros ustedes, en su afán de hacer una política de oposición, a mi juicio destructiva, están empeñados en judicializar la política, ahora también en judicializar la economía. Ustedes que predican tanto la liberalización, la verdad es que tengo la sensación de que son unos auténticos convencidos del intervencionismo.
Desde el Partido Socialista, desde el Grupo Parlamentario Socialista, cumpliendo nuestros programas y desde la acción de Gobierno, que es quien los lleva a cabo, ha habido al menos cinco elementos, convénzanse de ello. Hemos tratado de garantizar el sistema energético español en un ambiente de necesaria y vital confianza y estabilidad. Lo han hecho desde el Ministerio de Economía, se ha hecho desde la parte que le ha correspondido al Ministerio de Industria, pero también desde el conjunto de los órganos reguladores desde su independencia y también desde el conjunto del Consejo de Ministros. En segundo lugar, hemos y estamos garantizando el respeto a los principios económicos y energéticos que regulan sectores estratégicos como el que nos ocupa. En tercer lugar, estamos garantizando mejor que ustedes la competencia, desde el respeto a la independencia de los órganos reguladores. Estamos pretendiendo garantizar también mejor la eficiencia y calidad del servicio eléctrico y, finalmente, evitar, señores del Partido Popular, la judicialización y la politización de todo. Hay que ser conscientes de que un país como el nuestro necesita que, desde la transparencia, tengamos presente que las cuestiones de país hay que tratarlas desde la perspectiva de país y no desde la perspectiva de partido, y ustedes ya no tienen ni perspectiva de país, sólo les queda perspectiva de partido. La verdad es que esperaba que su intervención se hubiera centrado en los aspectos formales y legales y no añadir juicios de valor innecesarios.
Señores del Grupo Parlamentario Popular, una vez más, también en esta sesión, también en esta comparecencia han mostrado escaso interés por el sector energético, nulo interés

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por la defensa de los intereses de los accionistas y ninguna por el de los ciudadanos. Creo que su patriotismo, ese al que tanto recurren, no es un patriotismo nacional, sino un patriotismo nominal, y cuando digo de nominal no me entiendan que quiero hacer un patriotismo de nombres y de nóminas, aunque puede ser que en algunos casos también. (Rumores desde los escaños del Grupo Parlamentario Popular.) Pero sí les pediría que con esta cuestión dejen de hacer una oposición inútil.


El señor PRESIDENTE: Señoría, tendría que ir acabando.


El señor CHIVITE CORNAGO: Voy acabando, señor presidente.
Les pediría que con cuestiones sensibles dejaran de hacer una oposición inútil y contribuyeran con el conjunto del Gobierno a hacer que en un sector como el sector energético actuaran los órganos reguladores.
Déjenlos actuar. Dejen actuar a la Justicia. Confíen una vez más en el Gobierno y desde luego contribuyamos entre todos, al menos entre todas las fuerzas parlamentarias, porque también aquí se han quedado solos, a que esta operación, sea cual sea, sea fruto de la propia libertad y competencia en los mercados.
Muchas gracias. (Varios señores senadores desde los escaños del Grupo Parlamentario Socialista: ¡Muy bien!)

El señor PRESIDENTE: Senador Seguí, tiene la palabra como portavoz del Grupo Parlamentario Popular.


El señor SEGUÍ DÍAZ: Muchas gracias, señor presidente.
Para que el señor vicepresidente del Gobierno no se vaya sólo con los parabienes del portavoz del Grupo Parlamentario Socialista, me gustaría hacerle alguna consideración más, que creo que puede resultar adecuada.
El señor vicepresidente nos ha explicado que aquí va a haber tres controles: el de la Comisión Nacional de la Energía, el de la Comisión Nacional del Mercado de Valores y el de la Comisión Europea. De los tres, tal y como han ido las cosas en la primera opa, para entendernos, confiemos en el de la Comisión Europea porque en lo que son los otros dos, la Comisión Nacional de la Energía ya vio usted qué informe es el que hizo y qué condiciones fueron las que puso que, de alguna forma luego, ayudadas por el propio Gobierno sirvieron entre otras cosas para que la financiación de la operación de Gas Natural fuera más favorable.
En relación con la Comisión Nacional del Mercado de Valores, señor vicepresidente del Gobierno, ya tuvo usted ocasión de apreciar cuál fue la actitud del señor Conthe que, de alguna manera, intervino en algunas ocasiones cuando no tenía que hacerlo. Dado que ya no interviene el Tribunal de Defensa de la Competencia --al que ustedes no hicieron caso--, sino que estamos hablando de Europa, atiendan a la Comisión Europea.
En cualquier caso, cuando usted habla de la Comisión Nacional de la Energía lo que no nos dice es que le cambiaron y añadieron sus funciones en tres días, desde la presentación de la opa de E.ON, para que la Comisión Nacional de la Energía pudiera hacer el papel que ustedes hubiesen querido hacer. Por tanto, espero que el señor vicepresidente del Gobierno entienda que miremos con cierto escepticismo esos tres controles.
Se ha dicho en esta Cámara que la intervención del Gobierno en todo este proceso ha tenido como objetivo la defensa de los sectores estratégicos, pero yo le quiero decir, señor vicepresidente del Gobierno, que en aquella primera opa teníamos tres operadores importantes y nos quedábamos en dos. Sin entrar a valorar qué es lo mejor, lo que sí es cierto es que si aquella opa fue aceptada por el Gobierno, y nos quedábamos sólo con dos operadores importantes, ahora también nos quedaríamos sólo con dos.
En todo caso, espero que no nos diga que la actuación del Gobierno ha pretendido defender los sectores estratégicos.
¡Ya está bien de decir que al PP le preocupa mucho esta operación, señores del PSOE! Es evidente que nos preocupa porque nos preocupa que el Gobierno actúe en clave particular --por decirlo de alguna forma--, que actúe en clave territorial y que no tenga ningún problema a la hora de desprestigiar a este país de cara al exterior. Para ustedes es más importante defender una determinada operación política que los intereses económicos de este país a nivel internacional y eso nos preocupa. Sin embargo, señor Chivite, no nos preocupa nada más. Insisto en que realmente nos preocupa que este Gobierno haya sido portada de todos los periódicos económicos a nivel internacional y no precisamente de una forma positiva.
Podría seguir analizando todas estas cuestiones, pero creo que lo más procedente en este momento es que tengamos la oportunidad de escuchar al señor vicepresidente del Gobierno que, estoy seguro, tendrá una actitud mucho más moderada y ponderada, como siempre la suele mantener.
En cualquier caso, quiero aclarar al señor vicepresidente del Gobierno que la pretensión de mi primera intervención era saber cuál era su opinión personal --que espero conocer ahora-- en relación con este tema y, además, si su opinión personal es precisamente la misma que la del Gobierno y que la del partido al que representa el señor Chivite.
Muchas gracias.


El señor PRESIDENTE: Tiene la palabra el vicepresidente, señor Solbes.


El señor VICEPRESIDENTE SEGUNDO DEL GOBIERNO Y MINISTRO DE ECONOMÍA Y HACIENDA (Solbes Mira): Señor Seguí, es difícil que mi opinión sea distinta de la opinión del Gobierno.
No sé si mi posición personal es la misma que la del señor Almunia o no, pero es la misma que he mantenido siempre y, por lo tanto, ustedes pueden saber perfectamente cuál es mi opinión. En este sentido, estoy absolutamente a favor de un sistema de economía abierta, de un sistema de presencia de empresas extranjeras en España porque creo que nos aportan muchísimo, especialmente las alemanas porque la inversión alemana --como la de algún

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otro país--, es muy importante para nosotros; sin embargo, esa idea de no intervencionismo y no proteccionismo que ha mantenido el Gobierno hasta ahora, en términos generales, no tiene nada que ver con un problema específico del sector energético, al que luego haré referencia.
Como decía el otro día en el Congreso de los Diputados, y vuelvo a repetir, en este período se han vendido la segunda y la tercera operadora de telecomunicaciones a empresas extranjeras, se ha vendido la primera operadora del transporte por carretera a una empresa extranjera y nos parece normal, estamos de acuerdo y no tenemos nada que objetar. Además, el Gobierno ha presentado el proyecto de ley por el que se deroga la «acción de oro» para cumplir la sentencia emitida por el Tribunal de Justicia del año 2003, que ya ha pasado el trámite en el Congreso de los Diputados y ahora está pendiente de tramitación en el Senado, donde esperamos que todo transcurra normalmente.
Sin embargo, me gustaría hablarles del sector energético porque creo que seguramente nos ayudará a entender algo mejor las cosas. Es verdad que en el sector energético en Europa inciden tres vectores: por una parte, la creación del mercado único; por otra, la libertad de establecimiento y de circulación de capitales; y, en tercer lugar, la política de competencia, especialmente en los aspectos relativos a las concentraciones.
Actualmente, existe la libre circulación de capitales, existe la libertad del derecho de establecimiento y tenemos una política de concentraciones común y hay ciertos casos en los que se aplica la legislación comunitaria. Sin embargo, en Europa no tenemos un mercado energético único y no lo tenemos porque se ha partido de supuestos totalmente distintos en los diferentes países europeos. En primer lugar, no hay interconexiones y no hay compra-venta entre los países pero, en segundo lugar, ha habido dos grandes tendencias en cuanto al comportamiento del sector energético en Europa. Así, un cierto número de países han adoptado la tesis de mantener empresas públicas muy potentes, como es el caso de Francia, de Portugal, de Italia, de Grecia e incluso de Holanda y algún país nórdico; y, evidentemente, si la empresa es pública no juega el derecho de establecimiento, no juega la libre circulación de capitales y no juegan las concentraciones porque la decisión final está en manos del Gobierno y, por lo tanto, ese tipo de problemas no se plantean.
A la hora de abordar los problemas que se plantean en España, me gustaría recordarle qué es lo que ha sucedido con el tema Suez, por el hecho de que una empresa italiana pública --es cierto--, intentara entrar en el mercado francés.
Frente a este modelo, existe paralelamente el del Reino Unido, que parece ser que era el que ustedes pretendían aplicar en su momento con la privatización del sector español. El mercado del Reino Unido, sin embargo, presenta dos diferencias muy importantes con respecto al nuestro: en primer lugar, que se regula el mercado antes de privatizar, que es algo que no se ha hecho en España y, entonces, se separa totalmente la generación de la distribución y de la comercialización; y, en segundo lugar, que es algo muy importante también, se imputan los precios reales de la energía al consumidor. Esta situación ha producido problemas muy graves de manera que, por ejemplo, en este momento el precio del gas se ha multiplicado por tres en el Reino Unido, que no puede importar y se está quejando de que no se le deje importar gas procedente de otras zonas europeas que están pagándolo mucho más barato.
Por tanto, esa opción del Reino Unido que, en términos de mercado es enormemente atractiva, también tiene sus limitaciones. Sin embargo, siendo el Reino Unido el país más abierto por lo que se refiere al sector energético, también conocerá usted --porque he visto que ha estado siguiendo este tema con detalle-- los problemas que se están planteando con la posibilidad de que Gazprom entre en el mercado británico a través de la compra de Centrica, por razones de seguridad y de abastecimiento energético nacional. Por tanto, se trata de un tema importante a tomar en consideración.
Decía que frente a estos dos modelos, el que se puede considerar más o menos público y el privado, hay dos modelos atípicos, aunque de forma distinta, que son el alemán y el español. En el caso alemán lo que hacen es que, con anterioridad a que se proceda a la privatización, impulsan la fusión de una empresa pública muy grande con una empresa privada muy grande también. Por cierto, le recuerdo que el Tribunal de Defensa de la Competencia alemán fue absolutamente contrario a la fusión y que fue el Gobierno alemán el que tomó la decisión de que la fusión se llevara adelante por una «acción de oro», que impide que entren compradores en la actual E.ON, consecuencia de esa fusión con Ruhrgas, sin autorización del Gobierno alemán. Por lo tanto, es verdad que la legislación es distinta en Alemania y en España, pero hay ciertas simetrías que conviene tomar en consideración. El Gobierno alemán hace la fusión previa. Es decir, es como si en España se hubiese tomado la decisión de que antes de que se privatizara Endesa se fusionara con alguien. Evidentemente, es una opción como cualquier otra.
¿Qué hacemos en España? En España hacemos una operación a medias. El Gobierno de su partido hace una operación a medias en el año 1997 porque privatizan, pero no regulan. Al privatizar pero no regular, ¿qué sucede? Que se aplica toda la normativa de libre circulación de capitales y de derecho de establecimiento y toda la normativa de concentraciones a esas empresas que ya son privadas. Ese es el problema que tenemos y cómo buscamos una solución a esa dificultad. Se acordará que ustedes empezaron a tener esa dificultad en el año 1999 con la presencia de alguna empresa pública extranjera en el mercado español. En ese momento ustedes optaron por la disposición adicional 27, una decisión de la Ley de Medidas 5/1999, mediante la que se pretendía obstaculizar la entrada de empresas extranjeras en eléctricas españolas. Se acordará usted perfectamente de la presencia de EDF en alguna empresa del norte español. Evidentemente, a mi juicio es razonable porque en cierta medida parece ilógico que nosotros privaticemos para que una empresa extranjera pública venga a comprar una española privatizada. Por cierto, como usted sabe, esa ley está siendo atacada por la Comisión

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Europea y en el momento actual estamos discutiendo esta disposición adicional 27 en el Tribunal de Justicia.
Por otro lado, no es cierto --no voy a entrar en polémica-- que yo no me haya referido a que se ha modificado la función 14 de la CNE. Le voy a decir exactamente lo que he leído anteriormente. He dicho que a este efecto en virtud de su denominada función 14, recientemente reformada para hacer frente a ciertas lagunas legales --lo he dicho textualmente--, la CNE debe garantizar ..., etcétera. Vayamos a qué ha pasado con la función 14. La función 14 la inventan ustedes, la inventa el Gobierno del Partido Popular, con una cierta lógica, pero muy desequilibrada, posiblemente porque no se pensaba que pudieran plantearse situaciones de este tipo. ¿Qué dice la función 14 antes de la reforma? La función 14 antes de la reforma dice que cuando una empresa que está en el mercado regulado eléctrico quiere fusionarse o comprar otra, debe informar a la CNE y ésta dirá si puede hacerlo o no porque se puede encontrar en las circunstancias de que no preste el servicio regulado que tiene que prestar y, por tanto, la CNE tiene algo que decir sobre ese tema. Pero olvidan ustedes un pequeño problema, y es qué sucede si una empresa no del mercado regulado quiere comprar una empresa del mercado regulado.
Evidentemente, si esa empresa del mercado no regulado quiere entrar en el mercado regulado, no hay nada establecido. ¿Es razonable? Honestamente, creo que no es razonable por esas razones de abastecimiento energético de las que hablábamos antes, pero también por razones de seguridad. Hablando de casos hipotéticos, pensemos que en el manejo de un sector tan delicado como el energético, donde tenemos producción nuclear, las redes, etcétera, todo el sistema complejo, pudiera entrar un sector financiero puro que no tuviera conocimiento del sector --evidentemente, no es el caso de E.ON que está muy bien preparada para ese tipo de actividad--, a mí no me parecería razonable. Yo creo que habría que tener empresas sólidas y razonables que en estos momentos existen. Esa es la razón por la que se modifica la función 14 y a ello corresponde el análisis que tiene que hacer la CNE en este momento. Por ejemplo, un supuesto interesante, usted sabe que en la privatización de E.ON su obligación primaria es mantener el abastecimiento energético de la República Federal Alemana. ¿Eso qué quiere decir en términos de abastecimiento en el mercado español? Lo digo como ejemplo de reflexión sobre estos problemas, que no digo que no se puedan resolver, pero que sí hay que intentar enfocar.
Lo último que usted ha comentado es la decisión del Tribunal de Justicia, lo que hicimos en su momento en el Consejo de Ministros y la decisión posterior del Tribunal Supremo en la opa ahora de Gas Natural. En aquel momento intentamos aplicar la legislación comunitaria, que deja muy claramente establecido que entre la opción de prohibir o autorizar con condiciones es mejor autorizar con condiciones que prohibir porque la prohibición lo que no deja es el juego del mercado, mientras que la autorización con condiciones sí. Usted ha dicho: ustedes hicieron una autorización con condiciones que favorecía tanto que hacía más daño. Yo creo que no, ahí no se ha estudiado usted bien las condiciones. Se analizaron las condiciones del documento inicial del Tribunal de Defensa de la Competencia, el análisis técnico de dicho tribunal, y se fueron poniendo medidas para hacer frente a cada uno de los problemas que planteaba. Si usted recuerda, la resultante era una empresa más pequeña en gas y en electricidad que cada una de las empresas iniciales. Aunque esta empresa más pequeña daba juego a otras para que hubiera más presencia en el mercado, sí es cierto que en la medida en que estaba integrada podía tener unas ventajas de las economías de escala importantísimas como consecuencia de la interrelación entre un sector y otro.
A partir de ahí, ¿qué ha dicho el Tribunal Supremo? No ha echado atrás la decisión del Consejo de Ministros, lo que ha hecho es suspenderla como medida cautelar, abriéndonos un tema interesante y es la judicialización de las opas hostiles. Asunto sobre el que no voy a opinar, pero que es importante para ver cómo hay que comportarse en el futuro. Y no voy a opinar nada porque no conozco las razones y los argumentos del Tribunal Supremo para tomar su decisión. Por lo tanto, mientras no dispongamos de ese documento nada podemos aportar y nada podemos añadir.
¿Qué podemos hacer ahora? Yo creo que esperar a ver qué sucede en Bruselas. Como usted conoce, el reglamento de libre circulación de capitales, de acuerdo con las interpretaciones del Tribunal de Justicia, permite que por razones de seguridad pública pueda haber ciertos obstáculos a la ley de circulación de capitales. También dice, evidentemente, que estos obstáculos deben utilizarse únicamente en últimas circunstancias porque no puede interpretarse cualquier cosa como seguridad pública, y yo comparto ese tipo de tesis. Y en cuanto al reglamento de concentraciones, la Comisión tomará su decisión en los próximos días. Como usted seguramente conoce, de acuerdo con las sentencias del Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas si un Estado miembro alega la existencia de seguridad pública, pluralidad de medios de comunicación o normas prudenciales, el control de esa medida de intervención por parte del Estado miembro se puede alegar y corresponde al Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas.
Por tanto, estamos ante un tema complejo, difícil, donde la aproximación «prima facie» es no cumple usted la libre circulación de capitales y el derecho de establecimiento; puede no cumplir usted o está en discusión si es seguridad pública la seguridad de abastecimiento y hasta qué medida puede serlo en los procesos de concentración; pero lo que no me negará usted es que estamos intentando tratar situaciones iguales con puntos de partida radicalmente diferentes. De ahí que nosotros hayamos insistido mucho en que seguramente este y muchos otros problemas que se están planteando en el sector energético en Europa y que estamos viendo estos días, se resolverían si de verdad tuviésemos un mercado único europeo de la energía. Resolveríamos los problemas británicos, los italianos, los españoles y de muchos otros, en la medida en que tuviésemos un sistema distinto de interconexión con compra y venta de productos de otras características y todo funcionaría mejor. Mientras eso no suceda es verdad que hay disfunciones, que hay problemas que intentaremos resolver de la mejor forma posible, pero, como he dicho

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antes, respetando la legislación española y comunitaria.
Muchas gracias.


El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor vicepresidente segundo del Gobierno.
Antes de pasar al turno de preguntas, como hemos hecho con anterioridad, haremos una pausa de tres minutos. (Pausa.)

CONTESTACIÓN DEL GOBIERNO A LAS SIGUIENTES PREGUNTAS:

-- DE DON CARLOS DANIEL MURRIA CLIMENT (GPP), SOBRE LAS PREVISIONES DEL GOBIERNO EN ORDEN A REVERTIR EL EDIFICIO ACTUAL DE LA SEDE DE LA AGENCIA ESTATAL DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA (AEAT) Y DE LA DELEGACIÓN DE HACIEN- DA EN CASTELLÓN A SU AYUNTAMIENTO (681/000738).


El señor PRESIDENTE: Señorías, si les parece, reanudamos la sesión.
Pasamos al siguiente punto del orden del día, contestación del Gobierno a preguntas.
Tenemos el honor de recibir por primera vez a don Carlos Ocaña, secretario de Estado de Hacienda, a quien agradecemos su disponibilidad.
Evidentemente, esperamos verle frecuentemente en esta comisión, porque temas de su competencia no faltan para ser ilustrados en los intereses de los miembros de esta comisión.
La primera pregunta prevista, según el orden del día, es del senador Carlos Daniel Murria Climent.
Su señoría tiene la palabra.


El señor MURRIA CLIMENT: Buenas tardes, señor presidente.
Bienvenido, señor secretario de Estado, a esta sede parlamentaria. Espero que podamos compartir debate y diálogo en más ocasiones.
Ésta es una pregunta que formulé hace más de seis meses. Ha pasado y ha llovido mucho. En aquellos tiempos había una situación de crispación y fundamentalmente ese fue el motivo por el que se formuló. Hoy la situación es de proximidad y de diálogo.
Es evidente que las transferencias a las comunidades autónomas y, por supuesto, las nuevas tecnologías han hecho que muchos edificios sede de delegaciones del Gobierno del Estado, sobre todo en provincias, se hayan quedado desfasados o en desuso. Por otra parte, el incremento demográfico, incluida la inmigración, ha hecho que los ayuntamientos requieran nuevos edificios para dar un mejor servicio a los ciudadanos.
En 1944 la corporación municipal de Castellón, atendiendo a las necesidades del Gobierno, cedió un solar en los siguientes términos: la cesión es gratuita con la condición de que se destine a la construcción de un moderno y adecuado edificio donde puedan instalarse las oficinas de la delegación de Hacienda de esa provincia por cuenta del Estado.
Por tanto, perdido el carácter finalista de aquella cesión, ya que los servicios de Hacienda de competencia del Estado se han trasladado a un nuevo edificio, más moderno y funcional, consideramos que se debería proceder, por no cumplir ya con el fin a que se destinó, a su cesión al Ayuntamiento de Castellón para destinarlo a servicios a los ciudadanos.
Este es nuestro criterio. Pensamos que desde la titularidad municipal podría llevarse a cabo una mejor gestión de su uso, junto con otras instituciones.
Formulamos la pregunta en los estrictos términos en que se registró.
Muchas gracias.


El señor PRESIDENTE: Gracias, senador Murria.
Tiene la palabra el señor secretario de Estado.


El señor SECRETARIO DE ESTADO DE HACIENDA Y PRESUPUESTOS (Ocaña y Pérez de Tudela): Muchas gracias.
Señoría, efectivamente, el edificio a que usted hace referencia ha albergado durante 60 años la delegación de la Agencia Tributaria en Castellón y, efectivamente, está previsto su traslado a una nueva ubicación, que podría producirse en fechas próximas, cuando concluyan las obras necesarias, que permitan la obtención de la correspondiente licencia.
Lógicamente --coincido con usted--, al quedar desocupado el inmueble y no resultar necesario para los fines a los que estaba adscrito, deberá decidirse sobre el nuevo destino del mismo. En este sentido, una vez que se produzca definitivamente el traslado de la delegación de Economía y Hacienda, la Dirección General de Patrimonio del Estado iniciará el estudio del destino del inmueble. En buena lógica y de acuerdo con la ley, se tratará de darle un destino apropiado, orientado a atender fines de interés público.
A fecha de hoy no puedo darle una respuesta definitiva sobre el uso que se va a dar a este edificio. Como acabo de señalar, está pendiente de estudio, aunque sí quiero indicar la buena voluntad de todas las partes.
Hacía usted referencia al contexto en que se formuló la pregunta y a que ese contexto hoy ha cambiado, confirmo que entendemos que hay voluntad de diálogo y, en ese sentido, tengo confianza en que encontraremos un uso adecuado para ese edificio, pero no puedo ir más allá porque esa decisión aún no se ha adoptado.
Gracias.


El señor PRESIDENTE: Gracias.
El senador Murria tiene la palabra.


El señor MURRIA CLIMENT: Me agrada que tenga voluntad de diálogo, pero lamento que hayan transcurrido seis meses desde que se formuló la pregunta, más otros seis que transcurrieron hasta la presentación de la misma tras salir a la prensa el debate sobre el destino del

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edificio de Hacienda. Es casi un año pensando lo que se va a hacer con un edificio, cuando en la actualidad los mismos ayuntamientos que cedieron lo hacen con mucha más facilidad para escuelas, centros e incluso para el Estado.
Creo recordar que este año ha ocurrido algo puntual con el Estado también sobre un edificio. Demandaron al Ayuntamiento de Castellón un solar para una comisaría de policía y, evidentemente, no tardó los seis meses que ha tardado ahora. El Estado tiene solar para construir una comisaría del Cuerpo Nacional de Policía y, sin embargo, no son suficientes doce meses para estudiar el destino del edificio que comentamos. La escritura es muy clara y, además, existe jurisprudencia. Valoraríamos que hubiese una uniformidad de criterios en las cesiones y que no se puntualizase un edificio particularmente por cualquier circunstancia.
Me quedo con la buena voluntad y le agradecería que esa buena voluntad acabara en una titularidad municipal para que, con la intervención de la Comunidad Valenciana, que también tiene muy buena voluntad al respecto, se pudiese ampliar edificios a la vez que satisfacer las necesidades de las instituciones, tanto de ayuntamiento como de otras que los pudiesen necesitar.
Muchas gracias.


El señor PRESIDENTE: Entramos en una serie de preguntas del senador Isasi García referidas a la Sociedad Estatal de Infraestructuras Agrarias del Nordeste, S. A. (SEIASA del Nordeste). Hemos acordado que agrupara, según el orden que tenemos en la convocatoria, primero las preguntas números 1 y 2, después la 5 y después el resto.
El senador Isasi tiene la palabra para formular las preguntas que figuran en primer y segundo lugar en el orden del día.


DE D. DAVID ISASI GARCÍA (GPP):

-- SOBRE LA RELACIÓN DE PERSONAS CONTRATADAS DESDE EL DÍA 1 DE MAYO DE 2004 HASTA EL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2005 POR LA SOCIEDAD ESTATAL DE INFRAESTRUCTURAS AGRARIAS DEL NORDESTE, S.A. (SEIASA DEL NORDESTE) (681/001048).


-- SOBRE LA RELACIÓN DE PERSONAS A LAS QUE SE HA RESCINDIDO EL CONTRATO DESDE EL DÍA 1 DE MAYO DE 2004 HASTA EL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2005 POR PARTE DE LA SOCIEDAD ESTATAL DE INFRAESTRUCTURAS AGRARIAS DEL NORDESTE, S. A. (SEIASA DEL NORDESTE) (681/001049).


El señor ISASI GARCÍA: Gracias, presidente.
Cómo no, dado que es la primera vez que comparece en esta Cámara, quiero darle la enhorabuena por su nombramiento y por su presencia aquí.
Como cuestión previa, y para que quede constancia en el acta, quiero expresar nuestra sorpresa porque en la convocatoria sólo constaba el nombre del propio ministro y presuponíamos que, lógicamente, iba a intervenir él. Simplemente lo digo para que quede constancia porque, obviamente, es reglamentario que el secretario de Estado conteste a las preguntas que vienen transformadas de escritas a orales. No estoy diciendo que no se pueda hacer, pero por lo menos en la convocatoria no he encontrado el nombre del secretario de Estado. Incluso esta misma tarde, sacándolo de la página de Internet del Senado, veo que no consta el nombre del secretario de Estado.
Doy por formuladas las preguntas en sus justos términos.


El señor PRESIDENTE: Señor senador, en el orden de convocatoria, efectivamente, consta, a las cuatro de la tarde, la comparecencia del vicepresidente segundo, que es insustituible por la petición de comparecencia, pero a continuación, para responder a las preguntas, pone «contestación del Gobierno». Por lo tanto, el Gobierno contesta en la persona del secretario de Estado.
El señor secretario de Estado tiene la palabra.


El señor SECRETARIO DE ESTADO DE HACIENDA Y PRESUPUESTOS (Ocaña y Pérez de Tudela): Buenas tardes, señoría.
Los tres grupos de preguntas a los que vamos a hacer referencia han sido contestados por escrito. Esta documentación obra en su poder porque ha sido publicada en el boletín del Senado, por lo que voy a ir sobre esa misma contestación.
Vamos a ver si soy capaz de acertar con los bloques de preguntas. En primer lugar, la número 1.048, en la que se interesa por la relación de personas contratadas desde el 1 de mayo de 2004 hasta el 30 de septiembre de 2005.


El señor ISASI GARCIA: Si me permite el presidente, quisiera intervenir para hacer una aclaración y facilitar la contestación. Quisiera hacer una matización y una aclaración de los tres bloques.
Efectivamente, como decía el secretario de Estado, están publicadas las respuestas pero fuera de plazo, y por eso está usted hoy aquí.
Lo único que falta en la respuesta a las preguntas primera y segunda, las números 1.048 y 1.049, son los motivos de despido de una persona. Si me lo quiere contestar, bien y, si no, no.


El señor PRESIDENTE: Le querría precisar también que, efectivamente, han sido contestadas fuera de plazo y, por lo tanto, automáticamente, si no se contestan en plazo, pasan a ser contestadas en comisión. Dada su nueva responsabilidad, esperamos que no vuelva a pasar y que, por lo tanto, las tengamos en plazo y nos ahorremos un trámite más largo del que sería deseable para todos, por su tiempo y por el nuestro.
Muchas gracias.
Tiene la palabra el señor secretario de Estado.


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El señor SECRETARIO DE ESTADO DE HACIENDA Y PRESUPUESTOS (Ocaña y Pérez de Tudela): Gracias, conocemos el Reglamento.
Por lo que señalo, están contestadas por escrito, y no es para poner en duda que se transformen en oral, sino solamente para señalarles lo que les voy a decir, sin necesidad de tomar nota. Es algo que ya ha sido publicado en el boletín y, por tanto, el detalle de la respuesta está disponible en esa fuente.
Me temo que no puedo más que reiterar lo que ya hemos adelantado en la respuesta escrita. La pregunta número 1.048 solicita la relación de personas contratadas en el período que va desde el 1 de mayo de 2004 hasta el 30 de septiembre de 2005, y lo que hemos contestado es con la relación detallada de las contrataciones que se produjeron. Hubo 22 contrataciones, de las cuales cuatro fueron personal de apoyo administrativo y oficio y el resto titulados medios y superiores y personal directivo. Entre estos últimos se contrató principalmente personal técnico, tanto ingenieros, ocho, como superiores, con un total de cuatro. De los contratos suscritos trece fueron indefinidos, uno de duración determinada por interinidad y el resto por obra y servicio. La lista es la que de nuevo obra en su poder, y a no ser que ustedes tengan interés en ello creo que no merece la pena leerla.
La siguiente cuestión es la relación de personal a la que se ha rescindido el contrato en ese mismo período por la SEIASA del Nordeste.
En ese período se rescindió el contrato de dos personas, el presidente ejecutivo y un director técnico. Al presidente, que había sido contratado el 12 de julio del año 2000, se le rescindió su contrato el 24 de junio de 2004 debido a su cese por la junta general. Esta es la información que obra en nuestro poder. El director técnico había sido contratado el día 23 de noviembre del año 2000 y su contrato fue rescindido el 13 de octubre del año 2004. Esta es la información que podemos facilitar.


El señor PRESIDENTE: Tiene la palabra el señor Isasi.


El señor ISASI GARCÍA: Muy brevemente le diré que a eso es a lo que me refería con anterioridad, porque, obviamente, no le voy a pedir una lista que, efectivamente, me ha llegado, aunque, como habíamos comentado, fuera de plazo. Por eso le preguntaba si se quería referir única y exclusivamente a eso. En efecto, existe la relación detallada de los contratos efectuados y me parece correcta la contestación.
Lo que figura como Anexo II, que son las rescisiones a las que se refería, respecto a los motivos de rescisión del anterior presidente ejecutivo dice textualmente: cese por la Junta General. No explica los motivos, pero es razonable ya que el presidente ejecutivo es un alto cargo de una empresa pública. Sin embargo, en el caso del director técnico, ingeniero superior, pone la fecha de inicio de contrato y la fecha de rescisión del contrato, pero no especifica los motivos. Me imagino que sí los hay, pero no se dicen. Eso es lo que quería saber y por eso agrupaba estas dos preguntas en este único ámbito, y no voy más lejos porque, efectivamente, la relación está publicada, aunque, insisto, fuera de plazo.
Gracias.


El señor SECRETARIO DE ESTADO DE HACIENDA Y PRESUPUESTOS (Ocaña y Pérez de Tudela): Me reitero en que disponemos de esta información.


-- CUATRO PREGUNTAS SOBRE LOS GASTOS IMPUTADOS A DIVERSAS PARTIDAS CONSIGNADAS EN LA MEMORIA DEL AÑO 2004 DE LA SOCIEDAD ESTATAL DE INFRAESTRUCTURAS AGRARIAS, S. A., DEL NORDESTE (SEIASA DEL NORDESTE) CORRESPONDIENTES A OTROS SERVICIOS, PUBLICIDAD, PROPAGANDA Y RELACIONES PÚBLICAS, SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES Y ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES (681/001066).


El señor PRESIDENTE: Siguiendo la agrupación acordada con el senador, corresponde debatir la pregunta que consta en quinto lugar en la relación, que en realidad son cuatro preguntas agrupadas sobre servicios de publicidad, propaganda y relaciones públicas, servicios de profesionales independientes y arrendamientos y cánones.
Para la formulación de la pregunta, su señoría tiene la palabra.


El señor ISASI GARCÍA: Efectivamente son cuatro preguntas. Las he separado porque con la información publicada, fuera de plazo también, me doy por satisfecho. Si quiere intervenir el secretario de Estado, que lo haga, pero no requiero más información de ellas.


El señor SECRETARIO DE ESTADO DE HACIENDA Y PRESUPUESTOS (Ocaña y Pérez de Tudela): Si usted está satisfecho, no tengo nada que añadir.


-- SOBRE LOS BENEFICIARIOS DE LA PARTIDA CONSIGNADA EN LA MEMORIA DEL AÑO 2004 DE LA SOCIEDAD ESTATAL DE INFRAESTRUCTURAS AGRARIAS, S. A., DEL NORDESTE (SEIASA DEL NORDESTE) CORRESPONDIENTE A INDEMNIZACIONES, RECOGIDAS EN CONTRATO, POR DESPIDO (681/001064).


-- SOBRE LOS BENEFICIARIOS DE LA PARTIDA CONSIGNADA EN LA MEMORIA DEL AÑO 2004 DE LA SOCIEDAD ESTATAL DE INFRAESTRUCTURAS AGRARIAS, S. A., DEL NORDESTE (SEIASA DEL NORDESTE) CORRESPONDIENTE A SUELDO (681/001065).


-- SOBRE LOS IMPORTES PERCIBIDOS DURANTE EL AÑO 2004 POR LOS PRESIDENTES EJECUTIVOS DE LA SOCIEDAD ESTATAL DE INFRAESTRUCTURAS AGRARIAS, S. A., DEL NORDESTE (SEIASA DEL NORDESTE) (681/001067).


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-- SOBRE LOS GASTOS SOCIALES ABONADOS DURANTE EL AÑO 2004 POR LA SOCIEDAD ESTATAL DE INFRAESTRUCTURAS AGRARIAS, S. A., DEL NORDESTE (SEIASA DEL NORDESTE) (681/001068).


-- SOBRE LA MATERIALIZACIÓN DE LA PARTIDA CONSIGNADA EN LA MEMORIA DEL AÑO 2004 DE LA SOCIEDAD ESTATAL DE INFRAESTRUCTURAS AGRARIAS, S. A., DEL NORDESTE (SEIASA DEL NORDESTE) CORRESPONDIENTE A INDEMNIZACIONES (681/001069).


-- SOBRE LOS IMPORTES PERCIBIDOS CON CARGO A LA PARTIDA CONSIGNADA EN LA MEMORIA DEL AÑO 2004 DE LA SOCIEDAD ESTATAL DE INFRAESTRUCTURAS AGRARIAS, S. A., DEL NORDESTE (SEIASA DEL NORDESTE) CORRESPONDIENTE A DIETAS DE ASISTENCIA AL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN Y A LA COMISIÓN DE AUDITORÍA (681/001070).


-- SOBRE LOS IMPORTES PERCIBIDOS DURANTE EL AÑO 2004 POR CADA UNO DE LOS TRABAJADORES DE LA SOCIEDAD ESTATAL DE INFRAESTRUCTURAS AGRARIAS, S. A., DEL NORDESTE (SEIASA DEL NORDESTE) (681/001071).


-- CUATRO PREGUNTAS SOBRE LOS IMPORTES PERCIBIDOS DURANTE EL AÑO 2004 POR CADA UNO DE LOS ADMINISTRATIVOS, AUXILIARES-ADMINISTRATIVOS, TÉCNICOS, DIRECTORES Y EL DIRECTOR GENERAL DE LA SOCIEDAD ESTATAL DE INFRAESTRUCTURAS AGRARIAS, S. A., DEL NORDESTE (SEIASA DEL NORDESTE) (681/001072).


El señor PRESIDENTE: De acuerdo con la agrupación que se ha establecido, vamos a debatir el resto de las preguntas referidas al tema de SEIASA del Nordeste.
El señor Isasi tiene la palabra.


El señor ISASI GARCÍA: Muchas gracias, señor presidente.
Señor secretario de Estado, me temo que en relación con estas preguntas no voy a estar tan satisfecho con la respuesta que me va a ofrecer usted si es la misma que se ha publicado, también con posterioridad a los plazos establecidos por el Reglamento de esta Cámara, pero en principio las daría por formuladas en sus justos términos, y ante la acumulación no sumaré los tiempos de cada una de las preguntas, pero sí espero que la Presidencia sea magnánima con el tiempo en mi intervención posterior.


El señor PRESIDENTE: Tiene la palabra el señor secretario de Estado.


El señor SECRETARIO DE ESTADO DE HACIENDA Y PRESUPUESTOS( Ocaña y Pérez de Tudela): Muchas gracias, señor presidente.
De nuevo en este punto hay muchas preguntas y, por tanto, se solicita gran cantidad de información, que hemos contestado en los términos en que consideramos que podemos contestar.
No sé si usted quiere que repase todas estas cuestiones o si prefiere que me refiera a algún aspecto concreto de su pregunta.


El señor ISASI GARCÍA: Si están recogidas y agrupadas de esta forma es porque todas tienen una única contestación, al menos publicada, y a eso es a lo que me estaba refiriendo, a que no se proporciona la información.


El señor SECRETARIO DE ESTADO DE HACIENDA Y PRESUPUESTOS (Ocaña y Pérez de Tudela): Le he proporcionado la información que puedo.


El señor PRESIDENTE: Entiendo que ustedes conocen la pregunta realizada y la contestación por escrito; contestación que en este bloque de preguntas que consideramos ahora no es satisfactoria para el senador.


El señor ISASI GARCÍA: Señor presidente, ya que usted no lo conoce, le diré que de lo que estamos hablando es de que en la contestación no se facilitan los datos en aras al derecho a la intimidad de las personas.


El señor PRESIDENTE: Como la contestación no es satisfactoria, o bien se hace una síntesis de lo ya publicado o bien se entra en el problema de fondo que plantea el senador.


El señor SECRETARIO DE ESTADO DE HACIENDA Y PRESUPUESTOS (Ocaña y Pérez de Tudela): Eso es lo que le planteaba a su señoría, si quiere usted que haga una síntesis de nuestra respuesta o prefiere que entremos directamente en las razones por las que usted considera insatisfactorias las respuestas a sus preguntas.


El señor ISASI GARCÍA: El secretario de Estado es muy libre de hacer la intervención que quiera, yo lo único que hago es reafirmar las preguntas que se formularon en su momento por escrito y que ahora se plantean de forma oral.


El señor SECRETARIO DE ESTADO DE HACIENDA Y PRESUPUESTOS (Ocaña y Pérez de Tudela): Comparezco aquí, por supuesto, para contestar a sus preguntas y, sin ninguna duda, estoy a su disposición.
La primera pregunta de este bloque se refiere a los beneficiarios de la partida consignada en la memoria de la Sociedad correspondiente a indemnizaciones, recogidas en contratro, por despido. A este respecto, puedo señalarle, señoría, que el total de la partida Indemnizaciones, recogidas en contrato por despido, se eleva a 72.999,63 euros. Estimo que no procede facilitar el desglose de esta partida

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con mayor detalle por afectar a la intimidad y confidencialidad de los trabajadores afectados.
A continuación, se interesa por los beneficiarios de la partida correspondiente a sueldos. Su pregunta nos plantea alguna duda y en este sentido, si se refiere a los sueldos y salarios de la partida 3.314 de la memoria, dedicada a gastos de personal, el total de dicha partida se eleva a 1 millón 128.212,77 euros, de los que 866.723,25 son sueldos y salarios de los trabajadores de la empresa, y el resto indemnizaciones y dietas por asistencia al Consejo de Administración y a la Comisión de Auditoría. En definitiva, los sueldos y salarios ascienden a 866.723 euros, las dietas del Consejo de Administración y Comisión de Auditorías ascienden a 152.904 euros y las indemnizaciones a 108.584 euros. Si la pregunta se refiere a la partida específicamente denominada Sueldos, en el apartado 3.316, Otra información, el total asciende a 114.459,34 euros, y se refiere a retribuciones de los miembros del órgano de administración de la sociedad. Pero reitero que tanto en un caso como en el otro, por afectar directamente a la intimidad y confidencialidad de los trabajadores, no procede facilitar con mayor detalle la desagregación de esta información a la que se refiere la pregunta.
La siguiente pregunta se refiere a los importes percibidos por los presidentes ejecutivos de la Sociedad Estatal de Infraestructuras Agrarias, S. A., del Nordeste. Las retribuciones totales de los presidentes ejecutivos de SEIASA del Nordeste se elevan a 198.538,93 euros, y por mor de no resultar insistente, de nuevo entiendo que, por las razones ya aludidas, no parece procedente facilitar mayor detalle respecto a la información solicitada.
La siguiente cuestión se refiere a los gastos sociales abonados durante el año 2004 por la sociedad SEIASA del Nordeste. El importe correspondiente al concepto Cargas sociales, otros gastos sociales, a que se refiere la pregunta, asciende a 70.761,66 euros. Esta partida se dedicó en 2004 fundamentalmente al pago de seguros de accidente, seguros médicos, servicios médicos, gastos de comedor y gastos de formación y otros. Tiene usted en su poder, señoría, un escrito que se remitió en contestación a esta misma pregunta y fue objeto de publicación en el Boletín Oficial del Senado, en el que se detallan todas estas partidas.
La pregunta 681/001069 se refiere a la materialización de la partida consignada en la memoria del año 2004 de esta sociedad, correspondiente a indemnizaciones. A este respecto debo señalar que el total destinado por SEIASA a indemnizaciones se eleva en el período a 108.584, 55 euros, y de nuevo me veo en la imposibilidad de desglosar este concepto por afectar a la confidencialidad y a la intimidad de las personas.
La pregunta 681/001070 se refiere a los importes percibidos con cargo a la partida correspondiente a dietas de asistencia al Consejo de Administración y a la Comisión de Auditoría. Los importes percibidos por este concepto se elevan a 152.904, 97 euros y esta información sobre el agregado de la partida es la única que estamos en condiciones de facilitar.
La pregunta número 681/1071 se refiere a los importes percibidos durante el año 2004 por cada uno de los trabajadores de la sociedad. Las retribuciones totales de los trabajadores de SEIASA del Nordeste se elevan este año a 876.723,77 euros.
Y su última pregunta, la número 681/001072, comprende en realidad cuatro cuestiones referidas a los importas percibidos durante 2004 por cada uno de los auxiliares administrativos, técnicos, directores y el director general de la Sociedad Estatal de Infraestructuras Agrarias del Nordeste.
Debo decirle que las retribuciones totales del personal auxiliar administrativo ascienden a 134.046, 33 euros. Las retribuciones totales de los técnicos de la sociedad se elevan a 269.609,77 euros. Y por último, las retribuciones totales de los directores se elevan a 259.243,20 euros.
Una vez más diré que no parece procedente dar información detallada de lo percibido por cada uno de los trabajadores por afectar a su confidencialidad y a su intimidad. Por el mismo motivo tampoco debo facilitar las retribuciones del director general de la sociedad.
Con esto he dado una respuesta, aunque muy sucinta, a cada una de sus preguntas.
Gracias.


El señor PRESIDENTE: El senador Isasi tiene la palabra.


El señor ISASI GARCÍA: Muchas gracias, señor presidente.
Señor secretario de Estado, efectivamente a eso me refería. Hay ahí una contestación genérica que abarca a todas. Podemos catalogar como curioso que la contestación que se da es la cifra que ofrezco yo en la propia pregunta. Por tanto, no deja de ser sui géneris esta forma de contestar.
Pero debo decir que lo que al final subyace en todo esto es otra cosa.
Estamos hablando de una empresa pública cien por cien capital del Estado que, tal y como dicen la disposición adicional duodécima de la LOFAGE, algunas leyes españolas y la propia Constitución, tiene unos sistemas asimilados a la propia Administración pública. Su sueldo, señor secretario de Estado, y el mío son públicos por todos los conceptos.
¿Quiere decirme usted cuál es el motivo real que subyace en todo esto para no facilitar los datos, los sistemas de contratación, los sueldos del personal de una empresa pública? Aquí hay algo que no cuadra. Se está ocultando información a esta Cámara cuando la principal labor de la oposición --de la oposición útil, que diría el senador Chivite, que ya no nos acompaña-- es realmente controlar la acción de gobierno. Pero para poder controlar la acción de gobierno nos hace falta que se nos contesten las preguntas que efectuamos. Éstas llevan muchos meses dando vueltas por esta Cámara --por no decir años--, por Presidencia del Gobierno y también por su ministerio. Quiero decir que aunque patrimonialmente la sociedad depende de su ministerio --lo digo en atención a que usted está recién nombrado--, no es una sociedad de la SEPI y, por tanto, está única y exclusivamente gestionada por otro ministerio que no tiene nada que ver con el suyo --digámoslo así--, lo único que estamos pretendiendo, buscando y queriendo

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es obtener información para saber de qué estamos hablando. Porque, desgraciadamente, tenemos demasiadas sospechas y demasiadas ocultaciones encima de la mesa. Y lo digo por algo muy concreto.
En esta empresa, en la que no hay una cantidad desmesurada de personal --hablábamos de unas veintitantas personas--, los altos cargos o asimilados --creo que en el mundo de la empresa se dice alta dirección-- son única y exclusivamente el presidente y el director general. El resto del personal está adherido a un sistema laboral.
Les hablaba antes de la disposición adicional duodécima de la LOFAGE, del resto de leyes y de ley 30/1984, de la Función Pública, y de las fórmulas de contratación del personal. Pues bien, en una empresa pública estas fórmulas de contratación deben ir parejas a las de la función pública, según esa propia reglamentación, que dice lo siguiente: Convocatoria pública a través de concurso, oposición, concurso-oposición libre (da opciones variadas), en los que se garantizan en todos los casos los principios constitucionales de igualdad, mérito y capacidad, así como el de publicidad.
Señor secretario de Estado, ¿quiere usted decirme cuántas personas se han contratado en esta empresa de esa manera? Porque yo podría decirle unas cuantas que han sido contratadas, curiosamente, de otra manera: sin publicidad, sin libre concurrencia, sin mérito y sin capacidad.
Curiosamente, podemos empezar a hablar de unos sistemas de contratación que crean un puesto que no existe. Y, curiosamente, lo primero que se hace es contratar a una diputada de La Rioja, diputada que, no pasando un año, se marcha a otro sitio y es sustituida por otra diputada también de La Rioja --y conste que no estoy hablando de puestos de alta dirección sino de puestos de contratación ordinaria--. Pues bien, seguimos rascando y nos encontramos con que una concejala del Ayuntamiento de Logroño también está contratada de manera indefinida en esta empresa. Seguimos buscando y nos encontramos con que un ex director general del Gobierno de Aragón está contratado en esta empresa. Seguimos buscando y nos encontramos con que un concejal en activo de otro ayuntamiento de La Rioja está contratado en esta empresa. (He mencionado ya cinco frente a los 22 que me decía el señor secretario de Estado que tenían contratados.) Y, curiosamente, todos ellos tienen un nexo común: los cinco tienen carné socialista. Y esto, en un año y medio. Por eso no se está facilitando esta información. Eso es lo que subyace en la ocultación de esta información de forma sistemática a esta Cámara, al Senado. Y no se quieren dar los datos porque el tema se puede enrevesar más todavía.
Porque, ¿cómo es contratada la primera diputada? A dedo para un puesto en la SEIASA. Pero resulta que hoy ya no es diputada; es secretaria de Estado, como usted. Y, curiosamente, resulta que conserva su puesto para cuando se reincorpore, después de haber sido contratada a dedo.
¿Quiere usted explicarme esto? Porque yo no lo entiendo. ¿Me va a decir usted que se está cumpliendo escrupulosamente la legislación en estos ámbitos, o me va a volver a decir lo que me ha indicado anteriormente, que no se tiene por qué facilitar la información de unos contratos de unas personas? Son unas personas que están en una empresa pública y cuyos sueldos deben ser tan públicos como el suyo, como el mío y como el de todos los que nos sentamos aquí. Porque, insisto, es una empresa pública con capital público al cien por cien. ¿Me ratificará esto también? Me imagino que sí.
Por eso decía que nos encontrábamos con ocultaciones o con protecciones a ciertas personas y a ciertas cosas. Fíjese, señor secretario, que en la otra Cámara, es decir, en las Cortes Generales, existe una comisión denominada de secretos oficiales. ¿Cómo se le va a negar la información que se está pidiendo aquí para controlar la acción del Gobierno, para controlar que no se haya creado un sistema de contratación por debajo de la mesa o una agencia de colocación por parte de un determinado partido? Precisamente estamos aquí para controlar esas cosas. Hasta una comisión de secretos oficiales, que me imagino que será bastante más importante, existe en la otra Cámara. ¿Cómo se puede estar negando la información en aras del derecho a la intimidad? Yo también tengo el derecho constitucional de poder controlar al Gobierno --se lo pueden decir el letrado y el presidente de esta comisión--, a mi Gobierno, que son ustedes. Pero ustedes me están negando la información; ustedes me la están están negando.
Decía antes que aunque patrimonialmente esta sociedad depende de su ministerio, no se pueden obviar una serie de circunstancias y de responsabilidades, de las que casi con seguridad no es usted conocedor.
Lleva usted pocos días en el cargo, pero aunque llevase usted más tiempo tampoco sería conocedor de todo cuanto yo le acabo de indicar.
Y si quiere, puedo ir más lejos. Puedo decirle incluso los nombres y los apellidos de todas esas personas precisamente porque no me arredro ante nada y porque puedo justificar las cosas y las causas que estoy comentando hoy aquí. Pero si ustedes no hacen nada, si desde el Ministerio de Economía y Hacienda no se hace nada, terminarán siendo consentidores de esa situación y eso sería grave para su persona y para su ministerio porque, al fin y al cabo --y, por eso, está hoy aquí contestando estas preguntas--, son responsables de esta empresa pública.
Voy concluyendo, señor presidente, y muchas gracias por su magnanimidad en los tiempos de contestación.


El señor PRESIDENTE: Dado que usted acumula diecisiete preguntas, hemos convenido cierta tolerancia, porque si aplicamos el Reglamento obviamente dispone de un tiempo considerable para sustanciarlas.


El señor ISASI GARCÍA: Concluyo, señor presidente, en poco más de un minuto.
En resumen, SEIASA del Nordeste es una empresa pública que hoy es sospechosa de corrupción, señor secretario. (El señor Bru Parra: ¡Qué barbaridad!) Exactamente, ¡qué barbaridad! (El señor Bru Parra: ¡Pero qué barbaridad! Retire usted eso.) Eso es precisamente lo que he estado relatando aquí, y todo se puede demostrar. ¡Qué barbaridad, una empresa pública sospechosa de corrupción! (El señor Bru Parra: Pues vaya usted a juicio. Llévelo a los tribunales.) Lo haré cuando tenga los datos que me está

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negando el Gobierno. (El señor Bru Parra: ¡Pero qué barbaridad dice usted! ¡Pero qué disparate!)

El señor PRESIDENTE: Senador, estamos en el trámite de preguntas.


El señor ISASI GARCÍA: Una empresa pública no sospechosa, sino culpable de contratar a dedo a altos cargos del Gobierno actual, curiosamente a altos cargos de su Gobierno hoy en día. Insisto en que, por lo que sabemos, al menos cinco personas con carné han sido contratadas a dedo; a dedo, señor Bru.
Señor secretario, actúe. Pienso que no es usted conocedor de este tema.
Actúe y ponga los datos encima de la mesa; si no quiere facilitármelos a mí, no lo haga, pero investigue esta situación. Como responsable que es del ministerio y patrimonialmente de esta empresa, mire a ver qué está pasando en esta empresa. Compruebe que no es falso ni uno solo de los datos que le he dado. Es así y, como no son falsos, alguien será responsable y tendrá que asumir sus propias responsabilidades.
Señor secretario de Estado, demuestre que siguen los principios que tantas veces oímos por parte del Partido Socialista, y me refiero a lo de manos limpias, transparencia y la importancia que se da al Senado.
Gracias.


El señor PRESIDENTE: Gracias, señoría.
Tiene la palabra el señor secretario de Estado.


El señor SECRETARIO DE ESTADO DE HACIENDA Y PRESUPUESTOS (Ocaña y Pérez de Tudela): Ha levantado usted un montón de cuestiones que, definitivamente, requieren respuesta.
Voy a empezar por algo que ya he dicho, pero creo que es importante reiterarlo. Por mucho que un trabajador sea empleado de una empresa pública hay información que afecta a la intimidad de las personas que no corresponde facilitar. El artículo 18 de la Constitución protege el derecho a la intimidad de las personas, y debemos respetarlo. Este derecho tiene sus excepciones, por ejemplo en el caso de los altos cargos y de aquellas personas con responsabilidad pública, pero en absoluto se extiende a la totalidad de los trabajadores ni de las empresas públicas o privadas. Vaya esto por delante. Hay buenas razones para no hacer público el detalle de las retribuciones de todos los empleados de las empresas públicas.
En segundo lugar, como es una cuestión de principios, me importa mucho aclararlo. Parece que viene usted a poner en duda la voluntad de este Gobierno de facilitar esta información. De alguna manera pone usted en duda nuestra voluntad de cooperar en este ejercicio de control de la acción del Gobierno; ejercicio al que yo me sumo con todo entusiasmo y buena voluntad y usted pone en duda.
Señoría, el control de la acción del Gobierno se refiere a la fiscalización de las decisiones que forman parte de su actividad y usted me está preguntando por un detalle que para nada se puede considerar acción del Gobierno. Usted me pregunta por la contratación laboral en una empresa pública y, por más que sea de capital público, lo que usted me pide excede amplísimamente de esa finalidad. Con todo respeto le digo que no ponga usted en duda la voluntad del Gobierno de ser sometido a control porque, no sólo es nuestra obligación, sino que lo hacemos con todo el entusiasmo. Ése es un nivel y otro bien distinto es interesarse por detalles concretos del ámbito de la relación laboral de un empleado normal de una empresa pública con dicha empresa.
Además hay un tercer matiz. Lo que usted ha planteado en su última intervención va muchísimo más lejos de lo que formula en sus preguntas.
Si usted está interesado en conocer algunos detalles de ciertas contrataciones y quiere ir tan lejos como para atribuir actividades cuasi delictivas a determinadas empresas, creo que debe utilizar otro formato.
Sus preguntas en absoluto recogen su intención de hablar de esto y, por lo tanto, está cambiando el contenido de mi intervención de una forma radical. No entiendo que en el contexto de este paquete de preguntas que me ha formulado plantee el alegato que acaba de hacer. Desde luego, no hay ocultación ni secretos, simplemente estamos ante una protección normal del derecho a la intimidad, y si usted está convencido de lo que señala, creo que el ámbito para plantear esas cuestiones es otro.
Finalmente, quiero hacer una matización de carácter técnico. Por supuesto que existe la obligación de contratar con objetividad y en función del mérito, pero eso no excluye que en determinados puestos de confianza las formas de contratación del personal varíen. No toda la contratación se produce por concurso abierto, ni siquiera en la propia Administración del Estado sucede eso. Como usted sabe, existe toda una variedad de circunstancias que permiten proveer ciertos puestos de diferente forma, con lo cual no entiendo muy bien la acusación que usted ha señalado.
Pero esto es tan sólo un aspecto técnico, lo que más me importa es que usted amplíe el ámbito de sus preguntas y atribuya determinados comportamientos a empresas o personas sin sustanciarlos. Es más, usted no me ha dado la oportunidad de responder sensatamente a esta cuestión porque no figuraba en las preguntas. Por otra parte, en una comparecencia como ésta, en la que vengo a dar respuesta sobre la acción del Gobierno, usted pregunta cosas que nada tienen que ver con ello.
Gracias.


El señor PRESIDENTE: Gracias, señor secretario de Estado.


-- DE DON MIGUEL RAMÓN PAMPÍN RÚA, DEL GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR EN EL SENADO, SOBRE LOS MOTIVOS POR LOS QUE EL GOBIERNO DECIDE SUPRIMIR LA PAGA ANTICIPADA DE CIEN EUROS MENSUALES A LAS MUJERES GANADERAS DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE GALICIA (681/001130).


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El señor PRESIDENTE: Por último, queda la pregunta que había formulado al Gobierno el senador Pampín y que asume el senador Isasi.
Tiene la palabra el senador Isasi.


El señor ISASI GARCÍA: Simplemente intervengo para formular la pregunta del senador Pampín, porque así me lo ha encargado, que queda enunciada en sus propios términos.


El señor PRESIDENTE: Gracias, señoría.
Tiene la palabra el señor secretario de Estado.


El señor SECRETARIO DE ESTADO DE HACIENDA Y PRESUPUESTOS (Ocaña y Pérez de Tudela): Desde luego, ésta es mucho más fácil de contestar que el anterior paquete de preguntas.
Nos pregunta sobre los motivos por los que el Gobierno decide suprimir la paga anticipada de cien euros mensuales a mujeres ganaderas de la Comunidad Autónoma de Galicia, y la respuesta, brevemente, es que el Gobierno no ha suprimido la denominada paga de cien euros a ningún colectivo de mujeres trabajadoras en ninguna comunidad autónoma. Esta cuestión se regula por la ley del IRPF y el Gobierno lo único que hace, a través de la Administración tributaria, es aplicar esa ley.
Me gustaría añadir algo más: en determinados colectivos de trabajadoras en los que por la misma naturaleza de su actividad el control de la aplicación de esta denominada paga es más difícil, la Agencia Tributaria viene actuando de una forma que es lo más favorable, lo más facilitadora posible para los contribuyentes, de manera que en el caso de estos colectivos de trabajadoras y de algunos otros la agencia está actuando con el criterio de aceptar como válida prácticamente cualquier prueba razonable de que las mujeres afectadas son efectivamente trabajadoras.
Así, por ejemplo, se acepta cualquier albarán o cualquier ingreso en una cuenta corriente como prueba de esta situación.
Desconocemos el origen de esta pregunta, no sabemos si se debe a algún malentendido en alguna situación concreta que se haya producido --bien de nuevo por un malentendido, bien porque en algún caso alguna persona o personas no hayan podido acreditar que tenían derecho a recibir esta paga--, pero créame usted que la manera en la que viene actuando la Administración tributaria tanto en la forma como en el fondo --en el espíritu de la actuación-- es la de dar el mayor acomodo posible a esta paga.
Resumiendo, en primer lugar, la respuesta es no, no se ha suprimido esa paga y, en segundo lugar, el espíritu con el que la agencia viene gestionando el control de este incentivo es el de facilitar a los contribuyentes al máximo el acreditar su derecho.
Gracias.
El señor PRESIDENTE: Gracias.
Tiene la palabra el senador Isasi.


El señor ISASI GARCÍA: Gracias, presidente.
Secretario, transmitiré al senador Pampín su respuesta lo más fidedignamente posible.
Gracias.


El señor PRESIDENTE: Muchas gracias.
Agradecemos su primera comparecencia y la atención dedicada a esta comisión por parte del secretario de Estado, don Carlos Ocaña. Como van surgiendo temas de interés para esta comisión en su ámbito de responsabilidad --de paso le felicitamos por haberla asumido--, espero que nos vayamos viendo con frecuencia. Muchas gracias.
Por último, voy a informar a los miembros de la comisión sobre asuntos relativos a nuestras futuras reuniones. Las próximas reuniones de la comisión estaban previstas para el 3 y el 4 de mayo, concretamente, el 3 de mayo para las comparecencias de don Miguel Sebastián Gascón, director de la Oficina Económica de la Presidencia del Gobierno, y de don Enrique Martínez Robles, presidente de la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales. Este último ha comunicado que no podía asistir en esta fecha, al igual que don Miguel Sebastián, pero ha querido que quedase claro su interés por realizar esta comparecencia, que en principio sería posible el 25 de mayo, jueves, a las 12,30, hora a la cual previsiblemente habrá acabado el Pleno del Senado --quedará pendiente de la convocatoria y del orden del día de la Cámara del día 25, pero en principio parece una propuesta que se podrá cumplir.
Respecto al 4 de mayo, lo que está claro es lo que depende la comisión, que son nuestras mociones, pero el director general del Instituto de Estudios Fiscales, que estaba previsto que interviniese a las 11 horas, por motivos personales perfectamente justificados no podrá asistir aunque la comparecencia era a petición propia; asimismo, don Jaime Caruana ha solicitado el aplazamiento para asistir, porque ese día tiene reunión del comité ejecutivo del Banco Central Europeo. O sea, que de momento queda pendiente para el 4 de mayo a las 6 de la tarde la comparecencia de don Manuel Conthe, del cual tampoco tenemos confirmación.
Lo digo a los efectos de que conste en el «Diario de Sesiones» y de que sus señorías se den por informados de que el día 3 de mayo no habrá reunión de la comisión y sí seguro el día 4, a las 9,30 y posiblemente a las 6 de la tarde, aunque falta la confirmación del señor Conthe. Ya intentaremos acabar de confirmalo lo antes posible y, en cualquier caso, debatiremos las dos mociones que tenemos pendientes en esta comisión.
Se levanta la sesión.


Eran las dieciocho horas y cuarenta minutos.

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