Listas de valores
Congreso de los Diputados

Cerrar Cerrar

 
DS. Senado, Comisiones, núm. 405, de 29/11/2006
 


CORTES GENERALES
DIARIO DE SESIONES DEL
SENADO

Año 2006 VIII Legislatura
Comisiones. Núm. 405
COMISIÓN GENERAL DE LAS COMUNIDADES AUTÓNOMAS
PRESIDENCIA DEL EXCMO. SR. D. JUAN JOSÉ LABORDA MARTÍN
celebrada el miércoles, 29 de noviembre de 2006


ORDEN DEL DÍA:

-- Sesión conjunta con la Delegación del Parlamento de Andalucía para emitir dictamen a la vista del informe que elabore la Ponencia conjunta sobre la Propuesta de reforma del Estatuto de Autonomía para Andalucía.
(Número de expediente 605/000003).


Se abre la sesión a las diez horas y cuarenta minutos.


El señor PRESIDENTE: Señorías, se abre la sesión.
Lectura y aprobación, si procede, de las actas de las reuniones celebradas el pasado día 27 de noviembre de 2006. ¿Alguna observación? (Pausa.) Quedan aprobadas.
Pasamos al único punto del orden del día: Emitir dictamen a la vista del informe que elabora la Ponencia conjunta sobre la propuesta de reforma del Estatuto de Autonomía para Andalucía.
Según el acuerdo de la Mesa de esta comisión, con participación de los señores portavoces, el día 21 de noviembre pasado se acordó que el debate de las enmiendas se ordenara por títulos. Dado que tres de estos títulos --los números 7, 8 y 10-- carecen de enmiendas, no existirá turno específico respecto de ellos. Tampoco ha habido enmiendas sobre la disposición derogatoria ni sobre las disposiciones finales.
En lo que a la votación respecta --como en su momento se reiterará--, también se ordenará por títulos y concluirá con una votación final sobre el conjunto del texto.
El debate comenzará con el Título I y finalizará con el Preámbulo y el Título Preliminar. La razón estriba en que sus señorías han tenido ya ocasión, en las anteriores fases

Página 2


de tramitación de la propuesta, de referirse a sus aspectos genéricos. De ahí que iniciemos con un título de índole específica, como es el Título I. A su vez, la finalización con el Preámbulo y el Título Preliminar permitirá a sus señorías cerrar el debate con intervenciones a modo de recapitulación.
Con estas pequeñas observaciones vamos a iniciar el debate por el Título I, artículos 12 a 41, título al que se han presentado las enmiendas números 8 a 10 del Grupo Parlamentario de Coalición Canaria.
Para turno a favor, tiene la palabra el senador Perestelo.


El señor PERESTELO RODRÍGUEZ: Gracias, señor presidente.
Señorías, si me lo permiten quiero dar la bienvenida a la delegación del Parlamento andaluz. Utilizo este turno para presentar, si lo permiten la Presidencia y la Mesa, las 58 enmiendas de Coalición Canaria en el mismo acto y con la justificación, que conocen sus señorías, recogida en el «Boletín Oficial de las Cortes Generales».
Coalición Canaria manifiesta su vocación de apoyar lo que disponga la mayoría del Parlamento andaluz. Por lo tanto, damos una oportunidad más para intentar el consenso de las posiciones diferentes que existen en Andalucía, en torno a su estatuto, y con este acto lo que hacemos precisamente es facilitar esa oportunidad final de consenso en la Cámara Alta.
Muchísimas gracias.


El señor PRESIDENTE: Gracias.
Se entiende, por tanto, que la intervención del senador Perestelo es válida para todos los títulos de la ley.
Para su defensa, en nombre de la delegación del Parlamento andaluz, tiene la palabra el señor DellÆOlmo, por tiempo de 10 minutos.


El señor DELLÆOLMO GARCÍA: Muchas gracias, señor presidente.
Señorías, permítanme que este andalucista exprese el enorme honor que representa para él, para quien con 17 años se concienció y comenzó la lucha por la democracia, las libertades de los ciudadanos y pueblos de España, representar hoy al Partido Andalucista ante este Senado, donde reside la soberanía de todos los pueblos de España y de sus ciudadanos, a los efectos de defender nuestra posición en relación con el Estatuto de Autonomía de Andalucía.
Señorías, mi grupo parlamentario, gracias a la generosidad del Grupo Parlamentario de Coalición Canaria en el Senado, como lo hicieron ya los representantes de Galeusca en el Congreso de los Diputados y, en concreto, el Partido Nacionalista Vasco, expresa la voz de Andalucía a través de la solidaridad de los partidos nacionalistas de otras naciones y pueblos de España.
Este Título I de los derechos supone un salto cualitativo de este Estatuto de Autonomía. Y es así porque el propio Partido Andalucista, cuando en octubre del año 2005 presenta a la opinión publica andaluza un proyecto propio de texto de Estatuto de Autonomía de Andalucía, un primer texto completo que vio la luz en Andalucía, pues en ese momento --se lo recuerdo a los senadores y senadoras-- había en el Parlamento de Andalucía una comisión redactora que elaboraba una propuesta de texto a registrar, como digo, el Partido Parlamentario Andalucista entendía que el tiempo transcurrido desde la Constitución de 1978 hasta el día de hoy representaba un avance de la calidad democrática de la ciudadanía que demandaba unos nuevos derechos que han ido surgiendo a lo largo de estos casi 30 años. En este sentido había que abordar una carta de derechos de la ciudadanía andaluza que estuviese a la altura de esa demanda ciudadana.
Nosotros consideramos que si bien es cierto que una buena parte de esas posiciones del Partido Andalucista se incorporaron al texto que hoy se debate, también lo es que hay una demanda ciudadana que no está suficientemente recogida. Y me refiero, señorías, a algo que para nosotros es consustancial a la existencia como partido nacionalista, esto es a la necesidad --recogida en la enmienda número 8-- de que se complementará el sistema educativo general con enseñanzas específicas propias de Andalucía, que necesariamente habrán de incluir el conocimiento integral de Andalucía y la enseñanza del habla andaluza, debiéndose fomentar el uso de la misma en todas las relaciones de la comunidad educativa de Andalucía.
Señorías, algunos creen que la identidad que existe en Andalucía, de siglos y milenios de historia, prácticamente surgió a raíz del 28 de febrero de 1980, cuando Andalucía es un crisol de culturas, un ejemplo de tolerancia y de convivencia y, desde luego, si hay un pueblo con señas de identidad, ese pueblo es el andaluz. Por tanto, para nosotros es fundamental esa enmienda al derecho a la educación, con un añadido al final del apartado tercero del artículo 21.
El Partido Andalucista siempre se ha caracterizado por tener una especial sensibilidad hacia la discapacidad. Y en este sentido hemos presentado la enmienda número 9, al artículo 24, porque creemos que es necesario profundizar más en el texto y dejar claro que las personas con discapacidad y las que están en situación de dependencia tendrán derecho a la percepción de prestaciones sociales establecidas por las leyes y a recibir de los poderes públicos de Andalucía, en los términos que se establezca, la atención personal y especializada que su situación requiera para hacer posible el desarrollo integral de su personalidad, la plena integración social y familiar, la accesibilidad y el ejercicio de los derechos del presente título.
También para nosotros es especialmente significativa porque llevamos luchando mucho tiempo --es más, en la última reforma del Reglamento del Parlamento de Andalucía, a propuesta del Grupo Parlamentario Andalucista, ya se contempla la necesidad de que cualquier ciudadano andaluz, diputado o diputada o compareciente en el Parlamento de Andalucía, tenga derecho a expresarse en la lengua de signos española--, la inclusión del derecho a comunicarse con los poderes públicos a través de este lenguaje de signos, para lo cual les será facilitada la transcripción en Braille. En numerosas ocasiones hemos planteado algo que para nosotros es básico, y es que las papeletas

Página 3


electorales se impriman en este sistema para que los invidentes puedan tener garantizado el derecho al voto secreto y a poder ejercerlo con libertad. Y la transcripción del resto de programas de las televisiones públicas mediante un sistema opcional que utiliza la lengua de signos, que sea gratuito y que garantice el acceso a los medios de comunicación de todas las personas discapacitadas.
Por último, señorías, entramos en la parte en la que podemos estar más en desacuerdo, puesto que para que unos derechos puedan ejercerse tienen que estar convenientemente garantizados. Ahí está la gran diferencia que nosotros percibimos con respecto al que para el Partido Andalucista es el referente en este momento de reformas constitucionales, en este caso de los estatutos de autonomía. Me refiero, señorías, a la garantía que el Estatuto catalán hace de estos derechos a través de un Consejo de Garantías Estatutarias, y que nosotros planteamos en la enmienda número 10, al artículo 39, punto primero, del siguiente tenor: «Los derechos reconocidos en este Título se tutelarán por la Sala de Garantías Estatutarias del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía.» Al Partido Andalucista el argumento de que Andalucía tiene un consejo consultivo no le vale, porque este órgano que algunos quieren igualar a las funciones del Consejo de Garantías Estatutarias de Cataluña, en la práctica no las tiene. En consecuencia, es necesario un órgano que vele no solamente por que se adapten las normas emanadas de la comunidad andaluza a las exigencias del texto estatutario, sino porque se puedan garantizar esos derechos. Por ponerle un ejemplo, en relación con cualquier cuestión que roce los derechos reconocidos a los ciudadanos y ciudadanas de Cataluña, el Consejo de Garantías Estatutarias tiene que emitir un dictamen que es vinculante, ya se trate de proyecto de ley o de proposiciones de ley. En el caso de Andalucía eso no existe y, por tanto, los andalucistas demandamos que se tutele y que se garantice en consecuencia el ejercicio de los derechos por parte de los ciudadanos y ciudadanas andaluzas.
Señorías, en líneas generales esta es la posición de mi grupo parlamentario. Creemos que todavía estamos a tiempo de conseguir lo que por otros grupos se denomina la integración del Grupo Parlamentario Andalucista en el acuerdo de Estatuto. Iniciamos esta mañana un debate muy importante. Y yo les digo al resto de los grupos parlamentarios que componen la delegación del Parlamento de Andalucía y, por supuesto, a los señores y señoras senadores, que esa actitud la vamos a mantener hasta el final y que deseamos que ese acuerdo sea posible, pero también tienen que tener en cuenta que en Andalucía lo único que se nos ha ofrecido es: firmen ustedes aquí, donde pone los abajo firmantes. Esa es la posición a la que se nos ha llevado in extremis. En consecuencia, mi grupo parlamentario no puede asumirla, y no puede asumirla porque si tiene un sentido la existencia de un partido nacionalista en Andalucía, es para que en momento históricos como este defienda los intereses de Andalucía, que no es defender privilegios, es no ser ni una coma más que nadie, pero tampoco ni una coma menos que el que más.
Muchas gracias.


El señor PRESIDENTE: Muchas gracias.
¿Turno en contra? (Pausa.) Turno de portavoces. Comenzamos por la delegación andaluza, tiene la palabra el representante del Grupo Parlamentario de Izquierda Unida.


El señor VAQUERO DEL POZO: Gracias, señor presidente.
Señorías, es para mi un honor intervenir en esta sesión de la Comisión General de las Comunidades Autónomas del Senado que va a tratar sobre el Título I del Estatuto de Andalucía, en el que debemos destacar, en primer lugar, que la palabra calidad recorre este título de arriba abajo.
Señorías, en este título el Estatuto de Andalucía establece un salto cualitativo importante en los derechos que van a tener los ciudadanos y ciudadanas andaluces. Empezando por la igualdad de género, citando la lucha contra la violencia de género; la protección a la familia, incluidas las personas no casadas; los derechos de los menores, de los mayores, que entronca con la ley de dependencia de forma absolutamente efectiva y avanzada, estableciendo la necesidad de crear una red pública de servicios sociales de calidad, mencionando el testamento vital y el derecho a la muerte digna, la educación pública y laica, la salud con cuidados paliativos y el derecho a una segunda opinión facultativa; el derecho de los andaluces y andaluzas a la promoción pública de viviendas, además de las ayudas, que deberá ser regulado por ley y que es una obligación para las administraciones públicas, para los poderes públicos; el empleo de calidad, junto con la prevención de riesgos laborales y la promoción al trabajo; el derecho de los consumidores a la información medioambiental, a la participación política y, por tanto, avanzando en el concepto de democracia en un sentido cualitativo, hacia una democracia no sólo representativa, sino también participativa; el derecho a una buena Administración como una novedad importante en este Estatuto, a la protección de datos; el derecho de acceso a las nuevas tecnologías de la información para evitar la brecha digital, que significa y supone una desigualdad nueva entre los ciudadanos y ciudadanas; el derecho a la orientación sexual, y junto a ello también, lógicamente, en el artículo 36, los deberes de los andaluces y de las andaluzas.
Este Título I también incluye los principios rectores de las políticas públicas. Entre ellos merece destacarse de forma significativa la lucha contra el sexismo, la xenofobia y el belicismo como una obligación de los poderes públicos. Del mismo modo, es obligación de estos poderes públicos prestar servicios de calidad. Entre otras, se señala como obligación de los poderes públicos facilitar la utilización del lenguaje de signos para la participación de las personas con discapacidad, que el portavoz del Partido Andalucista ha mencionado en su intervención, pero que ya está consignado en el Estatuto. No es necesario reformar el Título I para introducirlo porque ya existe en el artículo 37.1, en el sexto párrafo.
Junto a ello figura el fomento de la capacidad emprendedora y el derecho a la promoción, al trabajo y a la actividad productiva, como una política pública que debe realizarse por los poderes públicos

Página 4


de la Junta de Andalucía. Asimismo se establece la obligación por parte de los poderes públicos de promover la investigación y el desarrollo, elemento muy importante en unos momentos en los que la competitividad de nuestras empresas y de nuestra economía estriba precisamente en la obligación de invertir en dicha materia. Junto a ello, el uso racional del suelo: el que los poderes públicos tengan la obligación de implementar políticas para un uso racional del suelo es un principio de rabiosa actualidad en nuestra democracia.
Y, señorías, destaco también el Capítulo IV --de las garantías-- porque implica una novedad importante, un avance cualitativo respecto del vigente Estatuto de Andalucía. Estos derechos que los andaluces y andaluzas vamos a disfrutar a partir de la vigencia de este nuevo Estatuto para Andalucía están protegidos por un capítulo que establece que no va a ser necesario acudir al Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, como pretende la enmienda andalucista. Los andaluces y andaluzas que se sientan agraviados o desprotegidos, aquellos que consideren que sus derechos son incumplidos por los poderes públicos, van a tener un acceso más directo, más rápido --incluso menos costoso económicamente-- a cualquier tribunal de justicia. Por ello, la enmienda andalucista se nos antoja retardataria de los derechos de los andaluces y de las andaluzas y, en consecuencia, el Grupo Izquierda Unida-Los Verdes-Convocatoria por Andalucía no la va a aceptar.
Señorías, a esta protección jurisdiccional se une la obligación y la protección de la efectividad de los principios rectores que contempla este mismo Título I, y la alusión a una garantía más: la ya reconocida del Defensor del Pueblo, pues este Estatuto avanza sin duda alguna en las novedades de las instituciones incorporadas a lo largo de estos 25 años de democracia en Andalucía. Existían instituciones que no estaban recogidas en el vigente Estatuto, que ahora se reconocen e incluyen en su redacción, como es, repito, la del Defensor del Pueblo, por lo que los andaluces y andaluzas debemos felicitarnos.
Quizá otros estatutos puedan avanzar en diferentes cuestiones, competencias, etcétera, pero en cuanto a los derechos sociales de los andaluces y andaluzas, nuestro Estatuto no voy a decir que sea el primero pero sí es uno de los más avanzados y, por tanto, pedimos a esta comisión que se rechacen las enmiendas del Partido Andalucista y que se acepte este avance tan importante que va a servir de faro, de guía para otros estatutos y para el conjunto de los españoles y de las españolas, porque Andalucía va a avanzar de forma muy importante respecto a calidad en los derechos y los deberes, así como en su protección jurisdiccional.
Nada más y muchas gracias.


El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor diputado Vaquero.
¿Grupo Popular de Andalucía? (Pausa.) Por el Grupo Parlamentario Socialista de Andalucía, tiene la palabra el señor Gracia.


El señor GRACIA NAVARRO: Muchas gracias, señor presidente.
Voy a intervenir con brevedad, pero no quiero renunciar a subir a esta tribuna porque, a juicio del Grupo Parlamentario Socialista, la ocasión lo merece.
No compartimos las enmiendas del Grupo Parlamentario Andalucista, como a continuación intentaré argumentar, aunque lógicamente nos merecen el máximo respeto y, por tanto, considero corresponde consumir este turno para posicionarnos sobre ellas y sobre este Título I.
Efectivamente, señorías, el Grupo Andalucista ha presentado varias enmiendas que, desde nuestro punto de vista, no añaden nada sustancial ni sustantivo al texto del informe de la ponencia que se somete a nuestra consideración, ni en relación con lo que pudiéramos denominar contenidos específicamente andaluces en la ordenación académica de las enseñanzas, ni en lo que se refiere a las personas con discapacidad o en situación de dependencia, particularmente las personas sordas o carentes de visión, ni tampoco en cuanto a garantías estatutarias, ya que todo ello está regulado en este título en los artículos correspondientes.
Por ejemplo, se establece la obligación para el conjunto de los poderes públicos y, por tanto, para el Gobierno y sus instituciones, y para el Parlamento y las instituciones que de este emanan, de atender el cumplimiento del derecho de los ciudadanos con una dependencia funcional que afecte a su capacidad de audición o de visión, quienes tendrán derecho a la utilización bien de la lengua de signos o bien de los instrumentos de comunicación correspondiente, que no se mencionan específicamente, como es lógico en una norma de este rango.
Igualmente, se reconoce que en los planes de estudio de la comunidad autónoma se tendrán que regular los contenidos de enseñanza referidos específicamente a Andalucía, lo que, como sabe perfectamente el señor DellÆOlmo, en nuestra comunidad es una realidad desde hace muchos años, diría décadas, pues existen unos programas de cultura andaluza, aunque se podrá estar o no de acuerdo. Otra cuestión es si entramos en el debate, no político ni jurídico sino más bien académico o científico, sobre si existe o no un habla andaluza, terreno en el que entra la enmienda del Grupo Andalucista, que, en nuestra opinión, no es materia que se deba regular en un estatuto de autonomía, en todo caso, habría que estar a lo que establezcan --si es que alguna vez son capaces de ponerse de acuerdo-- los especialistas en esta materia. Por cierto, el señor DellÆOlmo sabe, como yo, que no hay acuerdo, hay quien afirma que existe un habla andaluza pero, frente a esa opinión, muy respetable, muchas otras afirman que hay hablas andaluzas e incluso quienes ni siquiera reconocen un habla andaluza sino tan sólo una modalidad lingüística andaluza de la lengua oficial: el español.
Por tanto, no nos parece que este sea el terreno adecuado para un estatuto de autonomía, razón por la cual nos oponemos y no votaremos esas enmiendas. Y no vamos a hacerlo, en resumen, por un motivo más importante que ha puesto de manifiesto el señor Vaquero en su anterior intervención: este título ha sido el resultado de las aportaciones de todos los grupos parlamentarios de la Cámara andaluza, también del Grupo Andalucista; lo fue en su momento, no

Página 5


desde el principio, señor DellÆOlmo, si hacemos honor a la verdad, porque en el primer documento presentado por cada grupo parlamentario, no de texto articulado sino de contenidos políticos, no figuraba un título de derechos en la propuesta del Grupo Andalucista; en cualquier caso, desde el primer día, en los trabajos de aquella ponencia redactora, todos compartimos la necesidad de que el resultado del estatuto que íbamos a reformar fuera un potente título de derechos sociales de derechos de ciudadanía.
Por tanto, en la medida en que así ha sido, nos parece innecesaria la incorporación de esas enmiendas; además, es un título que tiene un contenido --me atrevo a denominar-- muy moderno; quien lea, fuera del apasionamiento del debate político que hemos tenido en Andalucía, este título con una mente abierta, podrá observar que estamos ante un título que habla de una Andalucía dinámica, moderna, de esta época y, si me apuran, incluso del futuro, pensando más en el futuro que en el presente.
Por todas estas razones, consideramos que es un título, si me permiten la expresión políticamente muy poco correcta, redondo, por lo que no vamos a aceptar ninguna enmienda y votaremos a favor del informe.
Muchas gracias.


El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señoría.
Turno de portavoces.
¿Grupo Parlamentario Mixto? (Pausa.) ¿Grupo Parlamentario de Senadores de Coalición Canaria? (Pausa.) Por el Grupo Parlamentario Catalán en el Senado de Convergència i Unió, tiene la palabra el senador Macias.


El señor MACIAS I ARAU: Gracias, señor presidente.
Únicamente quiero comunicarles que el sentido de nuestro voto será el mismo que en la Ponencia. De manera que, para agilizar la marcha de la sesión, no repetiremos nuestros argumentos.
Como pueden imaginar los diputados del Parlamento andaluz y puesto que formamos parte de la alianza Galeusca, coincidimos con muchos de los puntos que pondrá de manifiesto la portavoz del Grupo Parlamentario de Senadores Nacionalistas Vascos. Repito, pues, que en beneficio de la eficacia y por consideración hacia los señores diputados andaluces, para los que queremos hacer esta sesión más agradable y fructífera, no intervendremos más en este turno.


El señor PRESIDENTE: Gracias.
Tiene la palabra la senadora Loroño, por el Grupo Parlamentario de Senadores Nacionalistas Vascos.


La señora LOROÑO ORMAECHEA: Gracias, señor presidente.
En primer lugar, quiero darles de nuevo a la bienvenida a los señores representantes del Parlamento andaluz.
Como ha dicho el portavoz del Grupo Parlamentario Socialista de la delegación andaluza, por respeto al Estatuto de Autonomía que debatimos y también a la delegación parlamentaria que nos acompaña, es obligado comentar determinados aspectos de las enmiendas que ha presentado el Partido Andalucista. Ha presentado tres enmiendas al Título I, un título cuya importancia han destacado todos los intervinientes: es un salto cualitativo en el Estatuto de Autonomía. Una se refiere a la educación, y su objetivo es el reconocimiento del habla andaluza en la educación general obligatoria y el fomento de su enseñanza. Estamos de acuerdo también con el representante socialista, y añadimos que el reconocimiento se extienda a los medios de comunicación. De modo que nos parece correcto que el Partido Andalucista insista en el derecho a conocer la realidad cultural y lingüística de Andalucía en el marco del derecho a la educación.
Otra enmienda se refiere a los derechos de las personas con discapacidad, especialmente a la igualdad de oportunidades, a la no discriminación. La enmienda ahonda en las diferencias de estas personas, e insta a los poderes públicos a que reconozcan efectivamente estas diferencias y articule los mecanismos necesarios para que puedan ejercer sus derechos en una situación de no discriminación. Compartimos, pues, el espíritu de la enmienda.
La tercera enmienda se refiere al ejercicio de los derechos y a la garantía de tal ejercicio por una sala de garantías que se constituiría en el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía. Como decía el portavoz del Grupo Andalucista, esto se recoge también en el Estatuto de Cataluña para garantizar el ejercicio efectivo de los derechos. El portavoz de Izquierda Unida nos ha dicho que el derecho está garantizado con el acceso de los andaluces a cualquier tribunal de justicia, sin necesidad de hacerlo al Tribunal Superior de Justicia de Andalucía. Por mi parte, le respondo con humildad que lo que abunda no daña. El establecimiento de una sala de garantías es adecuado y daría más eficacia al ejercicio de los derechos sociales del Estatuto.
No obstante, nuestro grupo parlamentario no pondrá objeciones a lo que haya decidido la delegación andaluza, y votará a favor del dictamen que resulte de este debate, como lo hizo en la ponencia.
Muchas gracias.


El señor PRESIDENTE: Muchas gracias.
Por el Grupo Entesa Catalana de Progrés, tiene la palabra el senador Bonet.


El señor BONET I REVÉS: Muchas gracias, señor presidente.
Solo quiero decir que intervendremos al final y que nuestra postura respecto a los títulos será la misma que mantuvimos en la Ponencia.
Muchas gracias.


El señor PRESIDENTE: ¿Grupo Parlamentario Socialista? (Pausa.) Por el Grupo Parlamentario Popular, tiene la palabra la senadora Becerril.


La señora BECERRIL BUSTAMANTE: Señor presidente, señorías, tratamos de un título muy importante del

Página 6


Estatuto de Autonomía, relativo a los derechos y deberes, y yo intervendré en nombre del Grupo Parlamentario Popular. No lo han hecho nuestros compañeros de la delegación andaluza porque han confiado en que podríamos hacerlo los senadores, y ellos se ocuparán de otros títulos más adelante.
Este título ha sido objeto de estudio, análisis y discusión en el Congreso de los Diputados. Para nosotros, los derechos y los deberes están escritos con letras mayúsculas en la Constitución Española. A nuestro juicio, los estatutos, si subrayan derechos o introducen derechos y deberes, estos deben enmarcarse en los que establece la Constitución.
Ese ha sido el objetivo de nuestro debate.
Al final, se ha recogido en el Estatuto de Andalucía esta remisión a los derechos y deberes fundamentales de la Constitución, y nos parece que no hay que modificarla en este trámite, como propone que se haga el Grupo Andalucista. Los derechos están recogidos, y los objetivos del Estatuto se subrayan en este título. En el título de las competencias también figuran detalladamente los derechos a los que se refiere el Grupo Andalucista: educación, ayuda y apoyo a las personas con discapacidad, etcétera. No creemos necesario tocarlos.
En cuanto a la garantía de los derechos que se subrayan en el Estatuto, son las instancias judiciales de toda la nación española las que protegerán el ejercicio efectivo de estos derechos y deberes. No cabe mayor ni más amplia protección. De modo que no estamos de acuerdo en introducir nuevas instancias judiciales. No hace falta hacerlo. Los ciudadanos andaluces están suficientemente protegidos en cualquiera de las instancias que existen.
Esta es nuestra posición en cuanto a los derechos y los deberes. Pensamos que los estatutos de autonomía no deben crear nuevos derechos por vía de competencias, ni nuevas competencias por vía de derechos. Es natural y está muy bien que el Estatuto de Autonomía subraye determinados derechos sobre los que la comunidad autónoma tendrá que legislar para desarrollarlos hasta su plenitud. Pero no cabe mejores ni mayores derechos para todos los andaluces, señorías, que los que recoge con letras mayúsculas la Constitución Española. Al final, a ellos nos remitiremos siempre, como máxima garantía de la igualdad ante la ley y de la defensa de los derechos fundamentales y de las libertades públicas de los andaluces.
Gracias, señor presidente.


El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señora Becerril.
Pasamos a continuación al estudio del Título II, artículos 42 a 88, al que se han presentado las enmiendas números 11 a 25 del Grupo Parlamentario de Coalición Canaria.
Como ya sabemos, la defensa de estas enmiendas corresponderá a cualquiera de los diputados del Grupo Andalucista. Así pues, tiene la palabra la señora González Modino.


La señora GONZÁLEZ MODINO: Muchas gracias, señor presidente. Señorías, buenos días a todos.
El Título II del Estatuto de Autonomía de Andalucía recoge contenidos esenciales, como las competencias, la capacidad de autogobierno que tendrá Andalucía para mejorar la calidad de vida de los andaluces.
Insisto, pues, en que se trata de un título esencial en cuanto a su contenido, así como en la forma de hacer los planteamientos.
Antes de entrar en el análisis pormenorizado de las enmiendas que ha presentado el Grupo Andalucista a través del Grupo Parlamentario de Senadores de Coalición Canaria, quisiera dejar sentado un principio que considero importante a la hora de explicar nuestra posición. El Partido Andalucista, que es nacionalista, parte de la confianza en el Estado de las Autonomías, que no de la desconfianza en el mismo. Es cierto que durante los años en los que se lleva desarrollando el Estado autonómico a Andalucía no le ha ido mal, y por ello partimos de la confianza en el mismo, pero definiéndolo como un Estado compuesto, puesto que hay poderes legislativos en los territorios, que debe basar su estructura en principios de cooperación, de colaboración y de confianza, que no debe sentirse sólo desde Andalucía hacia el Estado central, sino que debe ser recíproca.
Así pues, y aun constatando que evidentemente existe una heterogeneidad o asimetría en cuanto a las competencias que han ido asumiendo las diferentes comunidades autónomas del Estado, pues existe una voluntariedad a la hora de asumir dichas competencias, con los principios de colaboración, cooperación, confianza y voluntariedad nuestro planteamiento es muy sencillo: que en el Estatuto de Autonomía de Andalucía no se cercene la posibilidad de asumir ninguna competencia de las permitidas por la ley y por el Estado de las Autonomías.
Entrando ya en el análisis concreto de las enmiendas presentadas, nosotros entendemos que los estatutos son una norma básica y fundamental para determinar la distribución de competencias dentro de las comunidades autónomas y de esa relación que se establece con el Estado central.
Asimismo entendemos que mayores competencias significa más eficacia para el Gobierno de Andalucía más calidad de vida para los andaluces, y es en ese ánimo con el que se han elaborado estas 14 enmiendas, con las que, como digo, intentamos elevar el grado de competencias y la capacidad de autogobierno de Andalucía, sea este del color político que sea. Como partido nacionalista que somos, consideramos que este es un Estatuto definitorio en cuanto que en él se define la necesidad de que el Gobierno de Andalucía tenga el máximo grado de competencia posible, aunque luego ejercerá aquellas que los ciudadanos elijan, pero, insisto, no puede tener más límites en su Estatuto de Autonomía que evidentemente los previstos en la Constitución Española.
En este sentido, señorías, existen sustanciales diferencias entre el Estatuto de Andalucía y el de Cataluña, y debemos referirnos a él siempre con el respeto que nos inspira el pueblo catalán y Cataluña, que han conseguido cosas que para nosotros son importantes, pero que nosotros no hemos conseguido. Por ello debo decir, e insisto que siempre con un profundo respeto, que el Estatuto de Andalucía tiene que crecer necesariamente en cuanto a las competencias de su Gobierno.


Página 7


En el Estatuto de Cataluña se blindan las competencias de la Generalitat, y en él se señala que corresponde a esta de forma íntegra el ejercicio de la potestad legislativa, de la reglamentaria y de la ejecutiva, y además, el Derecho catalán es el único aplicable sobre estas materias. Eso es lo que dice el Estatuto de Cataluña, a favor del cual han votado algunas de sus señorías en esta Cámara. Y ésa es una ley orgánica del bloque de constitucional y forma parte de la médula del Estado.
Por el contrario, el Estatuto andaluz dice, sobre las compentecias exclusivas, que le corresponde la potestad legislativa, la reglamentaria y la ejecutiva, y añade: sin perjuicio de las competencias atribuidas al Estado en la Constitución; señala como aplicable el Derecho andaluz, pero establece el carácter supletorio del Derecho del Estado. Señorías, si el Derecho del Estado tiene carácter supletorio, debe ser así en todo el territorio del Estado, ¿o es que eso se aplica sólo a Andalucía? Evidentemente existe una tremenda contradicción en este caso.
Así pues, hemos presentado una enmienda al artículo 42, pues en él hay cuatro alusiones a la Constitución y a la normativa del Estado, en tanto que en Cataluña se dedican cuatro artículos a definir la tipología de las competencias, y en ellos hay una sola alusión a la Constitución. Es, pues, un tremendo desequilibrio el que existe entre ambos casos. En cuanto a las competencias compartidas, el Estatuto catalán reconoce al Gobierno de Cataluña las potestades legislativas, reglamentarias y ejecutivas dentro del marco de las bases fijadas por el Estado, naturalmente, como principio o mínimo común normativo, y mandata al Parlamento catalán para que desarrolle mediante ley las previsiones básicas del Estado. En cambio, en el Estatuto de Andalucía se habla de las bases que fije el Estado, sin especificar que debe haber un mínimo común normativo, y no permite al Parlamento andaluz desarrollar estas bases del Estado. De nuevo vuelve a producirse una diferencia fundamental entre ambos estatutos.
Por lo que se refiere a las competencias ejecutivas, mientras que el Estatuto de Cataluña permite el ejercicio de la potestad reglamentaria en estas materias y sin limitación alguna al Gobierno de Cataluña para ejecutar la normativa del Estado, en el Estatuto de Andalucía se añade que la aprobación de reglamentos por parte de la Junta se hará cuando así proceda. ¿Y cuándo procede, señorías?, ¿de quién depende?, ¿quién juzga cuándo procede y cuándo no? Simplemente en el artículo en el que se definen las tipologías de las competencias del Gobierno de Andalucía hay unas diferencias abismales entre ambas normas. Señorías, insisto en que ustedes han votado aquí el Estatuto de Cataluña, ¿por qué se propone algo tan diferente para Andalucía? Para asegurar todavía más el blindaje de las competencias, el Estatuto de Cataluña acude a la técnica de pormenorizar y detallar al máximo el contenido del ejercicio de todas y cada una de las competencias que regula, sean estas exclusivas, compartidas o ejecutivas; con ello queda suficientemente garantizado el que el Gobierno no va a ejercer esa permanente intromisión que ha provocado la presentación de múltiples recursos ante el Tribunal Constitucional y múltiples sentencias por parte de este estableciendo los límites entre las competencias del Estado y las de las comunidades autónomas, y en este caso, concretamente de Cataluña.
Señorías, las competencias son la clave y uno de los pilares fundamentales de este Estatuto. En ciertas enmiendas hemos tenido ya ocasión de aludir a alguno de los temas concretos, como el referido a la Cuenca Hidrográfica del Guadalquivir. No quiero reiterar los argumentos que ya hemos tenido ocasión de debatir en la Ponencia, simplemente, quiero recordarles que es el único río singular que nace y muere en una comunidad autónoma, pues no transcurre más que por una. Por lo tanto, parece absolutamente razonable que se reivindique para el Gobierno de Andalucía. Hasta hace poco lo reivindicaba el Partido Socialista de Andalucía, y hemos asistido a múltiples debates en los que la reivindicación sobre la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir era un punto en común, aunque ahora ya no lo es tanto y se retrocede también en este aspecto.
En cuanto a la inmigración, el texto que salió del Parlamento de Andalucía hacía una descripción extensa de las funciones del Gobierno de Andalucía en esta materia, cuestión que ha sido sensiblemente recortada en el Congreso de los Diputados. Por ello, en nuestra enmienda proponemos para el Gobierno de Andalucía el establecimiento de unas competencias similares sobre inmigración a las que se han votado para el Gobierno de Cataluña. ¿Por qué tiene que haber diferencias, si la inmigración en Andalucía es un fenómeno social importantísimo, que ha sido capaz de dar un giro radical a la historia de Andalucía? Hasta hace 20 ó 30 años éramos tierra de inmigrantes, mientras que ahora somos tierra de acogida, tierra receptora de inmigrantes. Por lo tanto, parece más que razonable que el Gobierno de Andalucía tenga competencias en esta materia, para acoger a los inmigrantes y regular sus condiciones de estancia y de trabajo. Se trata de una cuestión de primera necesidad, no de una teoría, sino de la vida real y de lo que ocurre cada día en Andalucía, fundamentalmente, cuando el tiempo mejora y llegan oleadas de inmigrantes. Sin embargo, el Estatuto de Andalucía --tal y como se encuentra su debate en este momento-- no habla siquiera de la inmigración. Además, todavía existen --afortunadamente. cada vez menos-- andaluces y andaluzas que tienen que emigrar, y el Gobierno de Andalucía podría hacer algo también para regular el retorno de aquellos andaluces y andaluzas que han emigrado de nuestra tierra y ahora vuelven de nuevo.
Respecto a la Seguridad Social, creo que en el Estatuto de Andalucía solo se recoge un párrafo sobre esta cuestión, mientras que en el de Cataluña hay un artículo, el 165. Nosotros pedimos un planteamiento similar --en este caso, las competencias están claramente donde están-- al del artículo 165 del Estatuto catalán.
En cuanto a la policía autonómica y la política de seguridad pública, tampoco voy a reiterar los argumentos que ya hemos utilizado, pero es esencial discutir este asunto, discusión que ya hemos tenido en alguna ocasión con el Grupo Parlamentario Socialista. Ellos tienen un modelo de policía autonómica respetable que, probablemente, convertirán en ley en el Parlamento de Andalucía, pues tienen

Página 8


la mayoría suficiente para ello. Sin embargo, ¿por qué cercenan en el Estatuto de Autonomía la posibilidad de que, quien tenga otro modelo diferente de policía autonómica, lo pueda desarrollar también cuando toque, si es que toca? ¿Por qué la policía autonómica de Andalucía en este momento es la que quiere el Partido Socialista? No va a gobernar siempre el Partido Socialista en Andalucía.
Además, si algún otro Gobierno tuviera otro modelo, necesitaría también la posibilidad de poder desarrollarlo, a través de esa política de seguridad pública y de policía autonómica, mientras que con este Estatuto, gobierne quien gobierne en Andalucía, el modelo de policía autonómica que ha de haber es el que dice el Partido Socialista. No parece razonable, señorías.
Por otra parte, señorías, en algo tan elemental como las políticas de género, hasta en eso, en el artículo 73 del Estatuto de Autonomía se blinda la Constitución Española; hasta en eso. Parecería mucho más razonable que el Gobierno de Andalucía tuviera más competencias en este asunto.
Por último, señorías, en cuanto a nuestra enmienda número 25 --que supondría añadir un artículo 88 bis, que es lo que se conoce como cláusula de cierre--, hemos aprendido del Estatuto de Valencia y, modestamente, creo que hemos mejorado en algo ese planteamiento y ese principio. No se trata de que lo que otro consiga yo también lo quiero, sino del principio del que les hablaba al comienzo de esta intervención.
Nosotros queremos todo aquello que podamos y que la Constitución no atribuya expresamente al Estado, todo aquello que podamos, todo aquello que permita la Constitución, todo. Esa es la posibilidad que debe recogerse en el Estatuto de Autonomía, tal y como recoge la constitución territorial de Andalucía. Esta teoría no es mía, sino del profesor Cruz Villalón, que de Derecho Constitucional sabe infinitamente más que yo.
Por lo tanto, si estamos haciendo algo similar a una constitución territorial de Andalucía, establezcamos las máximas posibilidades para que el Gobierno de Andalucía desarrolle estas competencias y este trabajo, y el Parlamento que sea legislará al respecto. Por lo tanto, señorías, es nuestra misión que estas posibilidades queden abiertas en el Estatuto, pues creemos --no sé que adverbio utilizar-- profundamente en la autonomía y autogobierno de Andalucía y en la capacidad de los andaluces y andaluzas para tomar las riendas de su destino y dirigir su futuro. Estas son las enmiendas que hemos presentado, señorías, 14 en total. He aludido someramente a algunas de ellas, porque ustedes las conocen sobradamente. Con la mejor voluntad, con la voluntad de hacer posible ese acercamiento y ese encuentro, creo que las cosas que hemos dicho son bastante sensatas. Se puede discrepar y, naturalmente, respeto las discrepancias, porque el origen del modelo y del planteamiento es diferente, pero no estamos hablando de planteamientos políticos diferentes o de modelos diferentes; estamos hablando del Estatuto de Autonomía de Andalucía en su título de autogobierno. Pero, ¿hay alguien que piense que no podemos pedir lo máximo? ¿Hay alguien que piense que podemos quedarnos por detrás de otros? Eso es lo que a mí me cuesta mucho entender y ese es el planteamiento que tenemos que hacer al respecto de este título.
Muchas gracias, señor presidente.


El señor PRESIDENTE: Gracias, señoría.
¿Turno en contra? (Pausa.) Pasamos al turno de portavoces.
Por parte del Grupo de Izquierda Unida, tiene la palabra la señora Caballero.


La señora CABALLERO CUBILLO: Muchas gracias, señor presidente.
Señoras y señores senadores, compañeros diputados y diputadas del Parlamento de Andalucía, el trámite del Senado, independientemente de la aprobación o no de enmiendas, es una buena oportunidad para profundizar en el debate territorial, racionalizar y compartir contenidos y reflexiones; sin duda, es un trámite importante en esta recta final de aprobación del Estatuto de Autonomía de Andalucía.
Para nosotros, el diferencial del Estatuto de Autonomía de Andalucía no está en este título al que me voy a referir ahora, sino, fundamentalmente, en el carácter social de nuestro Estatuto, entendiendo por ello un título específico que acabamos de ver, el título de derechos sociales, que está complementado con capítulos como el de empleo, el de economía, o con títulos específicos y novedosos, como es el de medio ambiente. Sin duda, las competencias son la sala de máquinas del funcionamiento de un Estado autonómico y, quizá, la sala de máquinas que más profunda reforma necesitaba con respecto a los estatutos vigentes, y donde, desde el punto de vista de Izquierda Unida, hubiera sido necesario abordar una reforma de la Constitución, para dotar, después de veinticinco años de experiencia autonómica, de un nuevo reparto competencial y ciertos elementos federalizantes que, sin duda, le hacen falta a este Estado. Sin embargo, como hemos decidido -- así lo han determinado las circunstancias políticas-llevar a cabo reformas estatutarias que introducen una relectura de la Constitución --pero que no suponen, porque no podían suponerlo, una reforma constitucional--, en Andalucía hemos optado por hacer una reforma en profundidad del título competencial, aprovechando todo tipo de conocimientos y estudios jurídicos que se han venido elaborando en otras comunidades, incluyendo el País Vasco y Cataluña. Por ello, quisiera hacer una primera consideración política al respecto. Creo que, tanto en el Parlamento de Andalucía como en el Congreso de los Diputados, quien más ha cedido en la concepción de las competencias autonómicas con respecto al Estatuto andaluz ha sido el Grupo Parlamentario Popular. El Partido Popular, desde mi punto de vista, ha cambiado profundamente de orientación en sus políticas autonómicas, al aceptar una relectura abierta y amplia de la Constitución en el marco competencial, tal y como se propone en el Estatuto andaluz. Desgraciadamente, no fue así en el caso de la tramitación del Estatuto de Autonomía de Cataluña, pero en el caso de Andalucía, por las circunstancias políticas que se han sucedido, ha aceptado este nuevo marco competencial.


Página 9


¿Y qué es lo distintivo de este marco competencial? En primer lugar, dar una visión mucho más amplia de las competencias exclusivas de las comunidades autónomas, intentando que todas aquellas materias que el Estado no tenía reservadas de forma exclusiva puedan ser adjudicadas con facilidad a las comunidades autónomas. En segundo lugar, plantear ese hallazgo jurídico, y creo que también político, que son las competencias compartidas. Establecer una categoría de competencias compartidas en las que el Estado tiene competencia, sin duda, de carácter exclusivo pero solo en relación con las formulaciones de las leyes de base. Pero todo lo demás, incluida gran parte de la capacidad normativa, se cede a las comunidades autónomas. Ese es el marco competencial, que tengo que decir que fue una novedad política en el Estatuto catalán y que el Estatuto andaluz ha recogido en la elaboración de este título competencial.
Y quiero contestar, porque me parece que es el momento de hacerlo, a la campaña más propagandística de política real que el Partido Andalucista intenta hacer bajo el lema de que este Estatuto está por debajo del Estatuto catalán. No es cierto. Es verdad que hay redacciones diferentes, es verdad que incluso hay un abuso de las citas constitucionales y de las referencias a la legislación estatal, pero niego que en materia competencial, con exclusión de dos cuestiones que ahora apuntaré, suponga tener menos competencias que Cataluña.
Otra cosa es la redacción específica que se le haya dado a cada uno de los artículos. Me explico, uno de los instrumentos nuevos de este Estatuto, que está en este título y en el de relaciones externas de la comunidad, son federalizantes. Por ejemplo, se dice que Andalucía participará en los organismos económicos y financieros del Estado y en el catalán se dice igual, que Cataluña participará en los órganos económicos y financieros del Estado. ¿Cuál es el diferencial en este caso, y citamos los mismos organismos, entre el Estatuto andaluz y el Estatuto catalán? Que el Estatuto andaluz dice: ... con arreglo a la legislación estatal y el estatuto catalán no dice nada referido a la legislación estatal, pero a efectos prácticos, señora González, es exactamente lo mismo, porque Cataluña no puede tener representación en el Banco de España, ni en ningún organismo económico o financiero sin que haya una legislación estatal que lo ampare. No pueden llegar tranquilamente al Banco de España y decir que viene en representación de la comunidad catalana.
Evidentemente, es un matiz político, pero matiz práctico no tiene ninguno.
La división competencial que se hace en el Estatuto andaluz es la misma que la del Estatuto catalán. Dice que hay dos frasecitas que aparecen en uno y otro estatuto y que son distintas. Le voy a demostrar que no es verdad. A nosotros tampoco nos gusta esa reiteración del sobrepeso estatal que tiene en algunos momentos la redacción del texto. Pero, insisto, a efectos prácticos no supone ningún tipo de merma de las competencias andaluzas. El Estatuto andaluz dice que el derecho estatal es supletorio del derecho exclusivo de la Comunidad Autónoma de Andalucía. No lo dice el texto andaluz, señora González, lo dice la Constitución. También es derecho supletorio para el Estatuto catalán, para las competencias exclusivas catalanas. Es decir, que no se diga que hay una discriminación, que el derecho andaluz, cuando vayamos a regular cualquier materia, puede ser invadido competencialmente por el Estado, porque el catalán también. Puestas las cosas así a Cataluña le pasa exactamente lo mismo.
¿En qué consisten las leyes de bases y la no invasión territorial, la no invasión competencial del Estado respecto de las competencias compartidas? Queda salvaguardado perfectamente en el Estatuto andaluz, porque dice que el Estado podrá intervenir en estas materias solo por ley. El problema era que el Estado estaba interviniendo a través de otra figura, que no era legislativa, pero ahora el Estado solo podrá intervenir por ley. ¿Qué es lo que no pone en el Estatuto andaluz, lo que se ha quitado? La expresión: con el mínimo común normativo. Eso es lo único. Pero eso, señora González, también está en la jurisdicción, con lo cual Andalucía queda amparada. Y no hay más diferencias.
En cuanto al resto de las enmiendas, me puedo referir a cada una de ellas, señora González. Creo, sinceramente, que no hay más intención que señalar la diferencia. Alguna enmienda se hace con un texto larguísimo y en lo único que discrepa con el texto original es en una palabra. ¿En cuál? Pues esto ocurre en varias enmiendas. La enmienda al artículo 54, Investigación, Desarrollo e Innovación Tecnológica, dice: «Igualmente se establecerán los sistemas de participación de la Junta de Andalucía en la fijación de las políticas que afecten a esta materia en el ámbito de la Unión Europea...» y en el texto que se nos ha remitido se habla de: «...
la Junta de Andalucía participará...».
En cuanto a la inmigración, no hay diferencia. La Comunidad Autónoma de Andalucía interviene en todo el proceso de permisos, en la fijación del contingente, en todo. Señora González, no hay diferencia, y ustedes mismos lo señalan así, ya que la única diferencia con el texto son dos líneas --quiero ser honesta en el debate-- que no introducen ninguna modificación. Han introducido un artículo que no viene a cuento en el marco competencial, y es la atención a los andaluces en el exterior, que lo han metido como un artículo nuevo y diciendo que hay un olvido de las competencias de los andaluces en el exterior. No, señora González, eso está recogido en otro artículo del Estatuto y prácticamente lo han copiado para pasarlo aquí. Por tanto, ¿qué diferencias hay? En relación con la Seguridad Social es verdad que hay una diferencia --en ella quiero insistir porque el Grupo de Izquierda Unida estuvo de acuerdo--, y fue establecer el carácter de caja única de la Seguridad Social. Fue una enmienda del Partido Popular con la que mi grupo parlamentario estuvo de acuerdo por considerar que es un instrumento básico de solidaridad, de estabilidad, que pertenece al conjunto de los trabajadores de nuestro Estado y que no debe sectorializarse. Hay una referencia en el Estatuto andaluz que no aparece en el Estatuto catalán a la unidad de caja. Pero después, cuando siguen hablando de la discriminación que tenemos en Andalucía porque no estamos como Cataluña, cogen cinco artículos de Cataluña y los ponen en el texto. ¿Pero qué artículos? La redacción de los artículos antes de que pasaran por el Congreso de los Diputados

Página 10


y por el Senado, señora González: consultas populares, seguridad, etcétera y ponen la redacción no la que ha salido del Estatuto catalán, sino la que entró en el Congreso de los Diputados.
¡Claro que hay diferencia! Sí tengo que decir, porque quiero ser honesta siempre en el debate y mi grupo parlamentario lo es, que hay dos cosas que no son competencias iguales: en primer lugar, instituciones penitenciarias, que el Partido Socialista en Andalucía se niega a la transferencia por considerarla --perdónenme el término tan coloquial, pero dispongo de poco tiempo-- un marrón --entre comillas-- y no quieren administrarla en la Comunidad Autónoma de Andalucía. En segundo lugar, hay una diferencia en la concepción de la policía autonómica, que no sea una policía de sustitución, que no sea un cuerpo de sustitución, un cuerpo completo, y esto es así por consideraciones que tendríamos que discutir en torno al costo, la oportunidad y la necesidad que tiene Andalucía de ese tipo de instituciones en la fórmula que plantea el Partido Andalucista. Insisto, no hay más diferencias.
El texto andaluz ha prestado un servicio fundamental al debate del Estado de las Autonomías, y ha sido que el Partido Popular acepte una ampliación competencial de las comunidades autónomas, ha aceptado incluso --si me permiten desde aquí-- que carezca de sentido el recurso al Tribunal Constitucional que el Partido Popular ha presentado contra el Estatuto de Cataluña puesto que son términos muy similares.
En términos competenciales, aunque cualquier estatuto siempre tiene alguna pega --nosotros tenemos la pega de Instituciones Penitenciarias--, con alguna cesión por parte de algunos grupos, podemos decir que es un texto de máxima competencia...


El señor PRESIDENTE: Señoría, le ruego vaya terminando.


La señora CABALLERO CUBILLO: Termino inmediatamente.
... que se aviene a nuestra conquista autonómica a través del artículo 151 y a una comunidad de primera, tal como queremos ser.


El señor PRESIDENTE: Gracias, señoría.
Quiero recordarles que este turno es de cinco minutos. Vamos a ser tolerantes con el tiempo, pero sus señorías han consumido en este turno diez minutos y en el turno en contra no ha habido intervenciones. Lo digo solo como una simple sugerencia.
Por el Grupo Parlamentario Popular de Andalucía, tiene la palabra el señor Pérez.


El señor PÉREZ LÓPEZ: Gracias, señor presidente. Intentaremos aplicar esa sugerencia.
Señorías, tomo la palabra, en nombre del Grupo Parlamentario Popular, para defender nuestro posicionamiento respecto al Título II de la propuesta de reforma del Estatuto, referido al marco competencial. Y tengo que comenzar diciendo que, desde que se inicia esta singladura, el Partido Popular ha defendido, defiende y defenderá la máxima cuota de autogobierno en el marco de la Constitución Española, porque entendemos que la carta magna de 1978 constituye nuestra mejor garantía ante las apetencias insolidarias, rupturistas y desiguales planteadas desde otro ámbito que reclaman privilegios a costa de nuestra tierra. Por eso nosotros debemos aclarar que hay que dejar de mirar al norte, hay que reclamar el giro al sur, ya que los andaluces somos capaces y podemos hacerlo muy bien sin complejos y sin mirarnos en el espejo de nadie. Por eso, señorías, el Partido Popular aspira a conseguir máximas cuotas de autogobierno, respetando el ámbito establecido de la Constitución y sin predeterminar desde el Estatuto la configuración de la legalidad o las actuaciones y funciones del Estado y las Cortes Generales.
El texto que se ha consensuado y va a pasar el trámite de aprobación, si así lo quieren ustedes, recoge una clasificación competencial ajustada a la jurisprudencia del Tribunal Constitucional y salvaguarda las competencias del Estado, tal y como recoge el artículo 42.1. (El señor vicepresidente, Cuenca Cañizares, ocupa la Presidencia).
Nuestra postura no ha sido inmovilista, sino todo lo contrario. Hemos tratado de conseguir un texto basado en el sentido común, y por eso hemos buscado principios básicos basados en la multilateralidad, la coordinación recíproca, la cooperación y la solidaridad. Hemos rechazado la bilateralidad que se pretendía imponer, ya que a más bilateralidad se generaría más desigualdad entre el conjunto de las comunidades autónomas, y nosotros no estamos dispuestos a eso.
Este texto salvaguarda los derechos en condiciones de igualdad para todos los andaluces, con independencia del lugar del territorio español en el que se encuentren. El texto responde también a la exigencia de renovación competencial, tras un cuarto de siglo del vigente Estatuto del año 1981, al tiempo que incorpora nuevas demandas y nuevos retos. De esta forma, y superando competencias recogidas en el anterior Estatuto, aún vigente, se establece un amplio abanico de competencias encaminadas a la promoción de la juventud en aras de conseguir el acceso a la educación, el trabajo y la vivienda. Se promociona la igualdad del hombre y la mujer en todos los ámbitos; la protección y ayuda a los mayores, discapacitados y otros grupos o sectores sociales necesitados de protección especial. Se incorporan competencias medioambientales, de prevención de riesgos laborales, competencias para desarrollar actividades de formación y fomento del empleo.
Es evidente que el nuevo texto abarca un amplio abanico de competencias, tanto desde el punto de vista cuantitativo como cualitativo. Y al tratarse de un Estatuto de consenso, cada grupo ha tenido que ceder para conseguir un texto que no sea propiedad de ningún grupo, ideología o tendencia, que no tenga etiquetas, que se pueda aplicar y en el que nos veamos representados todos los andaluces. De ahí también nuestra satisfacción, teniendo en cuenta los malos presagios con los que salió del Parlamento este texto que hoy, obviamente, es otro muy distinto.
El texto ha experimentado una mejora considerable; no son rebajas, sino que se ha mejorado en materias tan importantes

Página 11


como el ámbito universitario, el educativo; la inmigración y las competencias de la policía autonómica. Y, como muy bien expresó nuestro secretario general, Antonio Sanz, se trataba de abordar la modificación del texto sin que ello conllevara ni un ápice de merma sustancial, y esta determinación ha significado un avance hacia un camino de plenitud constitucional.
En este sentido, hay algo de lo que nos congratulamos: se garantizan una serie de competencias transferibles o delegables a los municipios andaluces. Se ha dado un paso de gigante hacia la segunda descentralización, con medios financieros, personales y materiales que, a buen seguro, harán realidad esa segunda descentralización y, sobre todo, no habrá escusa para no aplicarla.
Efectivamente, aquí se han enunciado algunos aspectos relacionados con el blindaje de competencias; asunto comprometido y controvertido. En relación a ello, poniendo como ejemplo el blindaje del Guadalquivir, nosotros decimos que debemos asumir las competencias sin perjuicio de la planificación general del ciclo hidrológico, de las normas básicas sobre protección de medio ambiente y de las obras públicas hidráulicas de interés general. Entendemos que así deben ser las cosas y así deben aplicarse.
Nosotros estamos satisfechos del resultado de Título II. Valora la transformación sufrida, los avances alcanzados y esos logros teniendo en cuenta de dónde se partía y a dónde hemos llegado. Se partía de un articulado bastante alejado de la Constitución y, con el buen hacer de todos, se ha logrado un título modélico que se adecua enormemente a la Constitución, es respetuoso con la Constitución. Se ha hecho un gran esfuerzo en este Título II, y no solo porque se reformó buena parte de su articulado, sino porque, sobre todo, en su espíritu y esencia hemos intentado --y creo que se ha conseguido-- que se respete el texto de 1978 y su cumplimiento. Asimismo, considero que hemos hecho realidad aquella frase de Agustín de Hipona: Ante lo fundamental, unidad, y ante lo accesorio, libertad.
Nada más y muchas gracias. (Aplausos.)

El señor VICEPRESIDENTE (Cuenca Cañizares): Gracias, señor Pérez.
Por el Grupo Parlamentario Socialista, tiene la palabra la señora Moro.


La señora MORO CÁRDENO: Gracias, señor presidente.
Señoras y señores diputados del Parlamento de Andalucía; señoras y señores senadores, el Título II, Competencias de la comunidad autónoma, como ya se ha dicho aquí, y yo lo voy a decir también, es un título básico y central dentro de un Estatuto de Autonomía, ya que va a marcar ni más ni menos el poder de autogobierno, la senda y el camino de la capacidad de decisión y de organización; en definitiva, la capacidad de un pueblo y la capacidad de una comunidad autónoma para desplegar todas sus potencialidades hacia el futuro. Pues bien, señorías, yo tengo que decir hoy en esta tribuna, en defensa del informe de la ponencia conjunta Senado-delegación andaluza, que este Título II viene a cumplir un objetivo que se marcó en el inicio de la reforma de este Estatuto de Autonomía: más autogobierno, más capacidad de decisión; en definitiva, más autonomía.
Es cierto que durante su trámite en el Congreso de los Diputados, como bien conocen sus señorías, se ha producido la adecuación de determinados aspectos dentro de este título competencial, como también lo hubo de otros textos estatutarios. Sin entrar en debates sobre si se reformó más o menos --porque creo que ahora no es el momento para ello--, hay que reconocer que la labor que le corresponde y que tiene que realizar el Congreso de los Diputados es la de conjugar el interés de una comunidad autónoma con el interés general de España. Sin embargo, a pesar de esa adecuación, se mantuvo incólume la voluntad que surgía del Parlamento de Andalucía: el llegar al máximo techo de autogobierno dentro del marco que establece la Constitución. En este sentido, quiero decir que esa adecuación ha tenido un plus y es que este título cuenta con un acuerdo y con un consenso --como el resto del estatuto-- que siempre inspiró el texto estatutario andaluz. Por tanto, creo que nos debemos sentir satisfechos por el contenido de este título competencial y con la configuración del mismo en este momento.
Me voy a centrar en la defensa del informe, que es lo que nos trae a esta tribuna y, por lo tanto, en la determinación sobre las enmiendas presentadas a este título. Señorías, he de decir que este título no ofrece resistencias comparativas con ningún otro texto aprobado; y digo esto sin miedo a equivocarme, porque es suficiente realizar una comparación con sentido común y para observar con nitidez que se recoge el máximo nivel de autogobierno y que es homologable a cualquier texto estatutario que en este momento esté aprobado.
Esta argumentación tiene bases claras y definidas que les aseguro echan por la borda cualquier argumento en contra. Las apelaciones que se han hecho para defender unas enmiendas relativas a las presuntas o probables diferencias, agravios o asimetrías, permítanme que les diga que son muy poco creíbles. En cierto modo, la señora portavoz del Grupo Parlamentario de Izquierda Unida ha desmontado todo ese conjunto de enmiendas que, parece ser, tienen su origen en un agravio y una desigualdad entre un estatuto que parece ser el referente para los señores del Partido Andalucista, el Estatuto de Cataluña --que ya ha sido aprobado no solamente en esta Cámara sino también refrendado por el pueblo catalán--, con respecto al Estatuto de Andalucía.
Pues bien, yo le sigo diciendo que el texto andaluz no tiene ninguna desigualdad con respecto al Estatuto de Cataluña. Hago esta afirmación con conocimiento de causa y con justificación. Yo no voy a justificar lo injustificable, pero les aseguro que eso es lo que han venido a hacer algunos esta mañana, porque es muy difícil y se hace muy arriesgado subir a una tribuna para defender lo indefendible y para justificar lo que no se puede justificar. En este sentido, hay muchas contradicciones, señora González, muchos errores y, lo que es peor, muchas incoherencias --y permítame que se lo diga, porque sabe que se lo digo con el máximo respeto.


Página 12


Como decía anteriormente, la señora Caballero ha hecho un repaso de algunas enmiendas y me gustaría matizar algunos puntos. A ustedes les preocupa la homologación con el Estatuto de Cataluña, ese es su argumento principal y estrella para defender este título pero, si les preocupa esa homologación, señora González, ¿por qué han presentado las enmiendas? Si ustedes defienden la homologación y la igualdad con Cataluña, ¿por qué han presentado determinadas enmiendas a este título, señoría? No lo acabo de entender.


El señor VICEPRESIDENTE (Cuenca Cañizares): Vaya terminando, señora Moro.


La señora MORO CÁRDENO: Termino en seguida, señor presidente.
Señorías, dado que dispongo de poco tiempo, sólo les pediré que hagan un ejercicio de comparación. Quiero que analicen, que lean y comparen, por ejemplo, la enmienda número 13 al artículo 54 del texto del Estatuto de Andalucía porque, señorías, es exacta y literalmente igual que el artículo 133 del Estatuto de Autonomía de Cataluña. ¿Eso es o no es homologación, señora González? Por otro lado, ocurre lo mismo con la enmienda número 15 al artículo 53 del Estatuto de Autonomía para Andalucía; señorías, ese artículo 53 que figura en el informe de la ponencia es exacta y literalmente igual que el artículo 172 del Estatuto de Autonomía de Cataluña. Véanlo.
Pero hay más. Comparen la enmienda número 16 al artículo 54, señorías, y verán que el artículo 54 del informe de la ponencia es exacta y literalmente igual que el artículo 158 del Estatuto de Autonomía de Cataluña.
Insisto en que hay más. Han presentado la enmienda 23 al artículo 78, pero y les pido que comparen dicho artículo 78 del informe de la ponencia con el artículo 122 del Estatuto de Cataluña y verán que son exacta y literalmente iguales, señora González. ¿Se dan cuenta? ¿Se dan cuenta de que no se puede justificar lo injustificable? Puedo seguir. ¿Quiere que le lea lo relativo a la política de género? ¿Quiere que analicemos la competencia relativa a la inmigración? Podría hacerlo, señora González --y usted lo sabe--, pero no dispongo de más tiempo.
Señora González, no hay ningún atisbo de desigualdad y no se puede sustentar su argumentación.
Señor presidente, voy a terminar mi intervención diciendo que el texto del Título I del Estatuto de Autonomía, tal y como ha surgido del informe de la ponencia, supone un gran avance cuantitativo y cualitativo en el autogobierno de la comunidad autónoma. Es un texto homologable al de cualquier otro estatuto, al que más, sin complejos, con sentido común y con rigor, que es como hay que hacer las cosas.
Señor presidente, gracias por su benevolencia.
Nada más y muchas gracias. (Aplausos.)

El señor VICEPRESIDENTE (Cuenca Cañizares): Gracias, señora Moro.
Turno de intervenciones de los grupos parlamentarios del Senado.
Tiene la palabra la senadora Loroño.


La señora LOROÑO ORMAECHEA: Gracias, señor presidente.
Estoy totalmente de acuerdo con que el Título II, que es el que recoge las competencias que pretende desarrollar la Comunidad Autónoma de Andalucía, es el eje fundamental de este Estatuto porque marca y delimita el autogobierno de la Comunidad Autónoma de Andalucía, del mismo modo que ocurre con el Título I, porque son los dos títulos en los que pivota la esencia del Estatuto de Autonomía.
No voy a rebatir todas las afirmaciones que se han hecho sobre las enmiendas que ha presentado el Grupo Parlamentario Andalucista pero, como miembro de un grupo parlamentario nacionalista, he de decir que entiendo perfectamente las matizaciones que pretenden introducir a través de las enmiendas.
En ese sentido, señorías, cuando se habla de clasificar las competencias en exclusivas, compartidas y ejecutivas sobre la base de la Constitución Española, a la cual se alude y se refiere continuamente el texto estatutario, la enmienda lo que pretende es clarificar de forma exhaustiva qué entendemos por cada una de estas competencias y con una lógica razón que estriba, fundamentalmente, en la tendencia de la Administración General del Estado a reducir la plena capacidad del ejercicio competencial de una comunidad autónoma mediante la legislación básica y aludiendo, por lo general, al artículo 149.1.1ª y al 149.1.13ª de la Constitución Española, algo a lo que estamos acostumbrados los grupos nacionalistas y que defendemos y rebatimos continuamente en esta Cámara y en cualquier otra en la que veamos delimitado de alguna forma nuestro ejercicio competencial en competencias exclusivas.
Por otro lado, hay una serie de cuestiones en el ámbito competencial en las que no son nada desdeñables las matizaciones introducidas por las enmiendas, lo que pasa es que hay criterios y planteamientos distintos, todos ellos respetuosos y, desde luego, insisto, nada desdeñables. Por ejemplo, cuando se habla de la competencia en materia de energía y minas y se plantea la participación de las comunidades autónomas en situaciones que superan el ámbito de competencia de la propia comunidad autónoma andaluza, el hecho de que se participe también en los procesos de designación del gestor de la red tiene su importancia.
Por otro lado, en universidades se plantea que también será competencia de la comunidad autónoma la regulación de planes de estudio sin perjuicio de la autonomía universitaria --¡cómo no!--, así como la creación y supresión de universidades y reconocimiento y revocación de aquellas privadas que desarrollen mayoritariamente su actividad en la Comunidad Autónoma de Andalucía como competencia compartida, lo cual es lógico si le corresponde la creación de las universidades públicas y la autorización de las privadas.
Y más cuestiones. En I+D+i, en investigación, desarrollo e innovación, nos parece lógico que se establezcan también sistemas de participación de la Junta en fijación de políticas en esta materia en el ámbito de la Unión Europea y en otros organismos e instituciones internacionales, porque tiene su lógica y coherencia dado que se trata, en esta

Página 13


materia fundamentalmente, de sumar esfuerzos y no contrarrestar, así como de garantizar eficacia y efectividad en todos los procesos de investigación, desarrollo e innovación.
Define la policía autonómica andaluza como cuerpo de policía integral.
Estamos hablando de distintos modelos, lo cual no quiere decir que se esté en contra de uno o a favor de otro. Es cuestión de planteamientos y de modelos concretos, y desde la perspectiva nacionalista es lógico que se plantee una policía autonómica integral, no que tenga solo funciones de integral, sino una policía autonómica integral. Lo que pasa es que partimos de concepciones y de modelos distintos que deben ser respetados y rebatidos como tales.
En definitiva, creo que se trata de cuestiones de trascendencia y de importancia para un partido nacionalista como es el Partido Andalucista y no debemos establecer agravios en relación con comparaciones con otros estatutos de autonomía. Esas comparaciones sobran y creo, en definitiva, que es una concepción como partido nacionalista.
Y termino, señor presidente, diciendo que si hablamos de inmigración, ¡cómo no!, deberíamos hablar también de emigración cuando estamos hablando de una comunidad autónoma en la que la emigración ha sido histórica tanto de andaluces como de andaluzas tanto a otras comunidades autónomas como fuera de España, aunque yo creo que esta cuestión, de alguna forma, va a quedar con cierta resolución cuando aprobemos definitivamente el estatuto de la ciudadanía en el exterior que está en trámite en el Congreso.
Por mi parte nada más, pero creo que son oportunas las enmiendas porque aportan matices nada desdeñables.
Nada más y muchas gracias.


El señor VICEPRESIDENTE (Cuenca Cañizares): Gracias, senadora Loroño.
¿Por el Grupo Parlamentario Entesa Catalana de Progrés? (Pausa.) No hace uso de la palabra.
¿Por el Grupo Parlamentario Socialista? (Pausa.) No hace uso de la palabra.
¿Por el Grupo Parlamentario Popular? (Pausa.) No hace uso de la palabra. Pasamos al debate del Título III, artículos 89 a 98, y las enmiendas números 26 a 28.
En turno a favor tiene la palabra el señor DellÆOlmo. (El señor presidente ocupa la Presidencia.)

El señor DELLÆOLMO GARCÍA: Muchas gracias, señor presidente.
Señorías, a lo largo del debate vamos viendo cómo se van manifestando las diferentes posiciones de los grupos parlamentarios, definidos nítidamente en dos modelos de Estado: quienes defienden un modelo de Estado que entienden que no debe avanzar mucho el actual modelo del Estado de las autonomías, sino desarrollarlo en la máxima literalidad de la Constitución, sin ni siquiera ninguna mutación constitucional, aunque alguna ha habido ya a lo largo de estos años, y quienes clara y abiertamente planteamos un desarrollo mucho más generoso hacia un Estado federal que es, desde luego, el modelo del Partido Andalucista y que también comparten algunos o todos los partidos nacionalistas presentes en la Cámara.
Señorías, estamos clara y abiertamente ante la necesidad, entendemos los andalucistas, de que en este momento clave Andalucía avance en el mantenimiento de la conquista que ya hizo el pueblo andaluz el 28 de febrero de 1980. Les recuerdo que es el único pueblo de España que ha ganado en las urnas ser autonomía máxima, autonomía del 151. Razones históricas otorgaron esa condición a otros tres pueblos y Andalucía ha sido la única que lo arrancó en las urnas, en condiciones todavía más duras de las previstas en la Constitución, porque les recuerdo lo que fue un acuerdo entre la Unión de Centro Democrático y el Partido Socialista para endurecer la ley de distintas modalidades de referendos. Por tanto, desde esa consideración el Partido Andalucista plantea clara y abiertamente el mantenimiento de esa conquista de estar en la cabeza del desarrollo de ese modelo de Estado, que es un modelo de Estado cooperativo, federal --debería ser así desde nuestra óptica-- y, desde luego, donde prime la solidaridad. Por eso nosotros miramos a quienes encarnan en este momento y en el escenario político del Estado este modelo de Estado. Estamos hablando clara y abiertamente de pueblos como Cataluña o el País Vasco, que están marcando esa senda como la marcaron ya a principios de los años ochenta y, por lo tanto, señor Pérez López, puede comprender que nosotros miremos a quienes son la avanzadilla en un modelo que compartimos y no, desde luego, que miremos más al sur, porque más al sur, además del Mediterráneo, podemos encontrarnos en Andalucía con dificultades para que haya algún oasis de una democracia que respete la identidad de los pueblos que componen el Estado.
Señorías, adentrándonos ya en el Título III, donde ha de articularse un territorio nacional como el de Andalucía, tan amplio, con 87.500 kilómetros cuadrados, el Grupo Parlamentario Andalucista echa de menos que se contemple la figura de la comarca. Para nosotros es vital la articulación, máxime con la geografía andaluza y por el carácter absolutamente arbitrario que tuvo en todo el territorio del Estado, pero mucho más en Andalucía, aquella división de Javier de Burgos que, por ejemplo --y yo soy malagueño--, partió la Serranía de Ronda, y lo mismo se puede decir de la comarca de Antequera, o de la Subbética, es decir, que no se han contemplado las realidades que la propia geografía estableció.
Por tanto, mi grupo parlamentario entiende que no solamente en este título, sino también en el preliminar, debería haberse hecho una alusión a la comarca. Lo hace el Estatuto catalán en el artículo 2 donde se habla de la Generalitat como expresión política del autogobierno de Cataluña, y en el punto tercero de ese artículo 2 dice literalmente: «Los municipios, las veguerías, las comarcas y los demás entes locales que las leyes determinen, también integran el sistema institucional de la Generalitat, como entes en los que esta se organiza territorialmente, sin perjuicio de su autonomía.» Eso, desgraciadamente, no figura en el artículo

Página 14


del Estatuto de Autonomía de Andalucía que hace alusión a la comarca.
Señorías, en este punto estamos exactamente igual que con el vigente Estatuto del año 1981, porque simplemente se menciona que una ley podrá crear comarca y en los últimos 25 años no se ha creado ninguna en Andalucía.
En consecuencia, entendemos que estamos perdiendo una oportunidad histórica para articular mejor el territorio de Andalucía y ofrecer unos servicios más eficaces y cercanos a los ciudadanos del conjunto del territorio. He ahí la apuesta del Grupo Parlamentario Andalucista, que se recoge en enmiendas como la número 26, formulada al artículo 89.1 del texto que estamos debatiendo y cuya aceptación supondría un salto cualitativo importante para mi grupo parlamentario, si es que realmente estamos intentando acercar posturas.
Entendemos que a lo largo del debate suscitado como consecuencia del Estatuto se ha hablado mucho de la autonomía municipal y del papel de los ayuntamientos en el nuevo Estatuto de Autonomía. Nosotros consideramos que la dotación presupuestaria de los ayuntamientos sigue siendo insuficiente tal y como viene recogida en el texto estatutario. Por eso, a través de la enmienda número 27, que pretende añadir un nuevo artículo 93 bis, planteamos la necesidad de crear un fondo de cooperación local destinado a los entes locales. El fondo, de carácter incondicionado, debe dotarse a partir de los ingresos tributarios de Andalucía y regularse por ley del Parlamento y adicionalmente la Junta de Andalucía podrá establecer programas de colaboración financiera específica para materias concretas.
Por último, señorías, la enmienda número 28 propone la adición de un nuevo artículo 95 bis, que dice: «El Consejo Comarcal de Andalucía, integrado por los Presidentes de las diversas comarcas, aprobará su propio reglamento de organización y funcionamiento, elaborará un informe anual sobre la evolución de la autonomía local de Andalucía para su discusión parlamentaria, designará dos miembros del Consejo Consultivo de Andalucía e informará preceptivamente los proyectos y proposiciones de ley que afecten al régimen local de Andalucía, dando traslado de su dictamen a la Comisión parlamentaria correspondiente. Si el Consejo Comarcal manifestase su oposición total o parcial a un proyecto de ley, el Pleno del Parlamento deberá pronunciarse expresamente sobre cada uno de los puntos controvertidos.» Señorías, consideramos necesario crear esos consejos comarcales de Andalucía que actúen como gobierno de la provincia. Mi grupo parlamentario no cree en el papel de las diputaciones provinciales, lo digo clara y abiertamente. De hecho, el propio texto del Estatuto catalán les ha dejado sin competencia y están poco a poco muriendo por inanición como consecuencia de que la articulación se hace a través de los municipios y las veguerías. Sería perfectamente constitucional que pudieran eliminarse esas diputaciones provinciales. Así lo establece el artículo 141.2 de la Constitución Española, que, al hablar del gobierno y la administración autónoma de las provincias, dice que serán encomendados a las diputaciones u otras corporaciones de carácter representativo. Es decir, la propia Constitución establece la posibilidad de que pueda haber un órgano de gobierno distinto a la diputación, simplemente pone como condición que se cree y se elija un órgano de carácter representativo.
Señorías, lo que en definitiva quiere plantear el Grupo Parlamentario Andalucista es la posibilidad de una mayor vertebración del territorio nacional de Andalucía al objeto de que los ciudadanos se beneficien. Creo importante que estas aportaciones puedan incorporarse porque ello supondría, clara y abiertamente, un gran avance en la cohesión territorial y en el autogobierno. Creo que no existe materia más importante cuando se trata, como en este caso, de que una comunidad autónoma pueda decidir cómo se desarrolla el gobierno más próximo al ciudadano.
Muchas gracias.


El señor PRESIDENTE: Muchas gracias.
¿Turno en contra? (Pausa.) Pasamos al turno de portavoces.
Por Izquierda Unida, tiene la palabra su portavoz.


El señor ROMERO RUIZ: Muchas gracias, señor presidente.
Señorías, el Título III, referido a la organización territorial de la comunidad autónoma, tiene diez artículos, del 89 a 98.
El primero de ellos define la estructura territorial. En su primer apartado dice que Andalucía se organiza territorialmente en municipios, provincias y demás entidades territoriales que puedan crearse por ley. En el apartado segundo se incorpora la plena garantía institucional de la autonomía local reconocida por la Constitución y por la Carta Europea de la Autonomía Local.
A continuación, se establecen los principios que regirán la organización territorial andaluza, a saber: autonomía, responsabilidad, cooperación, desconcentración, descentralización, subsidiariedad, coordinación, suficiencia financiera y lealtad institucional. Esto es muy importante a la hora de respetar la autonomía local.
En los ayuntamientos encontramos el origen de la autonomía plena de Andalucía. Fue en el primer pleno que se celebró en el Ayuntamiento de Los Corrales, en la provincia de Sevilla, donde se solicitó, de acuerdo con las distintas leyes de modalidades de referéndum, la convocatoria del que finalmente se celebró el 28 de febrero de 1980. Sin los ayuntamientos no hubiese sido posible convocarlo con el número suficiente de ayuntamientos y de ciudadanos que representan, de acuerdo con lo establecido por las distintas leyes de modalidades de referéndum. En aquella ocasión el pueblo andaluz tuvo la oportunidad de dar un ejemplo a España, también reconocido a nivel internacional, al conquistar su autonomía plena por la vía del artículo 151 de la Constitución.
Este Estatuto aprueba la asignatura del municipalismo. Asimismo, responde a lo que venían demandando la Federación Andaluza de Municipios y Provincias y la Federación Española de Municipios y Provincias sobre la necesidad de que los ayuntamientos fuesen mejor tratados en el

Página 15


bloque constitucional. Incluso la actualmente en vigor Constitución Española de 1978 dice muy poco de los ayuntamientos en España. Habla de la autonomía local en un artículo y de la suficiencia financiera de las haciendas locales en el 142, pero es ahora, en el nuevo Estatuto de Autonomía de Cataluña o en el de Andalucía, donde se incorpora un núcleo competencial propio de los ayuntamientos; hasta 15 competencias les son reconocidas a los ayuntamientos.
Es muy importante que se reconozcan estas competencias porque su ejercicio refuerza la autonomía local en la práctica, y ya hay dos referencias: los estatutos de autonomía, que son leyes orgánicas, y la Ley Orgánica Reguladora de las Bases del Régimen Local, que también lo contempla.
Repito que el Estatuto andaluz aprueba de manera significativa y con buena nota la asignatura del municipalismo. Hasta ahora los ayuntamientos habían sido los parientes pobres de la democracia española en el campo de la financiación y en el tratamiento de los textos legales, y es muy importante el paso que se da en este Estatuto de Autonomía en el terreno de las competencias municipales.
Los ayuntamientos también participarán de manera imperativa en los tributos de la comunidad autónoma. No se dice podrán participar en los tributos propios, sino en aquellos que gestione la comunidad autónoma.
Sin duda, una asignatura pendiente que hay que resolver es decidir si los ayuntamientos van a tener representación a nivel estatal, es decir un asiento propio en el Consejo de Política Fiscal y Financiera. Un Estado autonómico de corte federal tiene tres escalones administrativos: la administración central, la administración autonómica y la administración local, y para pasar del raquítico 13 por ciento fijado en España respecto a la participación de los ayuntamientos en el gasto público a los porcentajes europeos, que se sitúan en torno a un 20, 25 o 30 por ciento, es importante que estos se incorporen al Consejo de Política Fiscal y Financiera. Pero aquí ya se incorporan en la participación de los tributos de la Comunidad Autónoma andaluza.
Se plantea que si la Junta de Andalucía delega competencias a los ayuntamientos o hace encomiendas de gestión de competencias propias de la comunidad autónoma estas deben estar acompañadas de recursos financieros suficientes para poder ejercerlas, porque los ayuntamientos están cargando con competencias que no les son propias con fondos muy escasos, miserables, con unas haciendas locales que tienen muy pocos recursos y hacen frente a competencias que son de otras instituciones.
También los ayuntamientos podrán crear comarcas, y se da un paso más: no hay límites provinciales, como en el Estatuto de Carmona, según el cual los ayuntamientos se agrupaban voluntariamente en comarcas pero dentro de los límites de las provincias. Con este nuevo Estatuto los ayuntamientos andaluces podrán agruparse libremente en comarcas aunque sean de provincias distintas, y en provincias limítrofes con problemáticas específicas, por ejemplo la Serranía de Cádiz y la Serranía de Ronda, en Málaga, que tienen municipios con servicios en común, hospitales comarcales que prestan servicios a municipios de distintas provincias y que pueden ser una salida.
Es verdad que la comarca no se fortalece, que se mantiene la diputación provincial. La Constitución establece la provincia como una demarcación administrativa y de carácter político, pero no habla del órgano de gobierno que debe tener cada provincia, y está claro que si queremos comarcalizar en serio --que era la propuesta inicial de Izquierda Unida-- tendremos que plantear que no debe convivir la comarcalización con las diputaciones provinciales. En este terreno no es compatible que en el Estado haya Administración central, Administración autonómica, Administración provincial, Administración comarcal y Aministración local; es un tema que ha quedado abierto pero se ha logrado un consenso. El consenso es aquello que se logra cediendo y negociando todos, porque el Partido Andalucista no ha tenido voluntad de negociación, no ha tenido ninguna voluntad de negociación. Yo creo que su asesor, el señor Rojas Marcos, les ha blindado en el no, confundiendo el no a Chaves --que hay muchos motivos para plantearlo-- con el no a Andalucía, con el no al estatuto de máximos que aquí se ha contemplado con el acuerdo de todos, planteando que haya unos ayuntamientos con más recursos financieros y más competencias, unas comarcas que son agrupaciones voluntarias y, al mismo tiempo, áreas metropolitanas o mancomunidades para prestar servicios, figuras modernas que también se están poniendo en marcha en la Administración local.
Así es que, señorías, los ayuntamientos salen ganando, es un estatuto muy municipalista, aunque es cierto que las comarcas quedan débiles. Eso es verdad y tendremos que reforzarlo en la ley para darles más competencias políticas, económicas, incluso plantear un traslado de las competencias de las diputaciones a las comarcas para ir comarcalizando Andalucía, pero tendremos que hacerlo aquellas fuerzas políticas que nos declaramos comarcalistas, no podemos imponer el cien por cien de nuestras propuestas a los demás. Esa es la técnica que ha empleado el Partido Andalucista --o lo tomas o lo dejas, esto es lo que hay--, con un claro planteamiento de falta de cintura; es decir, el Partido Andalucista ha tenido menos cintura que un armario en el debate del Estatuto de Autonomía y lo demuestra manteniendo sus enmiendas y no habiendo presentado transaccional alguna durante los dos años que hemos tenido para elaborar el estatuto.
Muchas gracias.


El señor PRESIDENTE: Muchas gracias.
Tiene la palabra la senadora Loroño.


La señora LOROÑO ORMAECHEA: Gracias, señor presidente.
No se preocupen que voy a intentar ser breve, pero creo que el modelo que se plantea de organización territorial de la Comunidad Autónoma de Andalucía en el Estatuto de Autonomía también merece una reflexión, máxime cuando incluso hay grupos parlamentarios de la delegación andaluza que abogan por otro modelo territorial distinto al que se plasma en estos momentos en dicho Estatuto.
Es fundamental señalar la importancia --como bien se ha dicho aquí-- que se le da al ámbito de lo local, a las entidades

Página 16


locales, sobre todo cuando han estado asumiendo y asumen competencias en el marco de la Ley de Bases del Régimen Local, pero sin la dotación de los recursos económicos suficientes para desarrollarlas con garantía y eficacia. El modelo territorial que aquí se plantea a través de las distintas enmiendas del Grupo Parlamentario Andalucista incluye dentro de esa organización territorial a las comarcas, pero las comarcas como una organización más en la línea por la que incluso Izquierda Unida aboga, que es la comarcalización de Andalucía, dotándole de estructura propia y dotándole de funciones y recursos para desarrollar una serie de competencias, y sin menosprecio de las provincias, por supuesto. Pero es algo que tiene lógica sobre la base de otros modelos de organización territorial y de divisiones territoriales realizadas en ocasiones para mayor eficacia y garantía de prestación de servicios públicos, e incluso para resolver --como bien ha dicho, si no me equivoco, el diputado Romero-- deficiencias o problemáticas comunes existentes entre unas zonas y otras aunque no pertenezcan a la misma provincia. De ahí que sea importante también ahondar en esta cuestión y, por tanto, avanzar por este camino.
En coherencia con este modelo las enmiendas del Grupo Parlamentario Andalucista también plantean la creación del consejo comarcal de Andalucía, como no podía ser de otra forma. Desde la perspectiva local, ahondando en eso que entendemos debe ser garantía de eficacia, de resolución y de ejercicio de las competencias que el propio Estatuto recoge específicamente para las entidades locales, entendemos que también deben tener la dotación económica suficiente; tiene lógica que se hable de ese fondo de cooperación local para destinar recursos a los entes locales en coherencia con las competencias que deben desarrollar, así como que se establezca un mecanismo que elimine posibles diferencias en la prestación de determinados recursos y competencias entre los distintos entes locales que conforman la Comunidad Autónoma de Andalucía.
Por mi parte nada más, señor presidente, añado únicamente que creo que estamos hablando de modelos territoriales distintos planteados desde una perspectiva nacionalista e incluso compartidos por parte de un grupo parlamentario. Por ello no entendemos que por parte de ese grupo parlamentario no se preste apoyo al menos a esas enmiendas que se comparten, con independencia de que tengamos distintos criterios, distintas visiones y distintas perspectivas. Insisto en que al menos a las enmiendas en las que se coincide lo lógico sería prestarles apoyo.
Nada más y muchas gracias.


El señor PRESIDENTE: Muchas gracias.
Tiene la palabra don Enrique Abad.


El señor ABAD BENEDICTO: Gracias, presidente.
Señorías, quisiera hacer tres consideraciones previas antes de entrar a debatir las enmiendas presentadas al Título III, relativo a la Organización Territorial de la Comunidad Autónoma.
En primer lugar, quiero dar la bienvenida a esta Cámara --sumándome a las palabras de quienes ya me han precedido-- a mis paisanos, a la delegación del Parlamento de Andalucía, a las parlamentarias y parlamentarios.
En segundo lugar, me siento muy orgulloso como andaluz y también como español, y quiero felicitar a cuantos habéis trabajado hasta hoy tanto en el Parlamento de Andalucía, como en la ponencia, como en la Comisión Constitucional, con la fe y el objetivo de llegar a un gran acuerdo que mantuviera vivo el espíritu de la Constitución de 1978 y aquella victoria del 28 de febrero; objetivo que se materializó el pasado 2 de noviembre en el Congreso de los Diputados en torno al proyecto emanado de la Cámara andaluza. Qué cerca y qué lejos a la vez, o qué lejos y qué cerca queda aquel debate del estado de la Comunidad Autónoma Andaluza de 2003, en el que el presidente de la Junta de Andalucía, don Manuel Chaves González, anuncia la presentación de un documento con propuesta para la reforma del estatuto de autonomía, documento que tiene el nombre de Bases para la reforma del Estatuto de Autonomía para Andalucía.
Y, en tercer lugar, quiero hacer constar que es para mí un honor participar en este debate y hacerlo por primera vez en esta Comisión General de Comunidades Autónomas, con el sello de casi 24 años en la política local, en mi doble condición de alcalde de La Rinconada y senador.
Desde mi visión del Estatuto es este Título III uno de los títulos claves por la extraordinaria importancia que han ido adquiriendo los ayuntamientos desde 1979, entre la encrucijada de la Constitución de 1978 y el año 1980, que es la fecha de elaboración del vigente Estatuto o el año 1981, cuando se pone en valor; los ayuntamientos, esos gobiernos olvidados en la mayoría de las ocasiones y que nunca se encontró el momento de situarlos en el tercer vértice de un triángulo, tal y como reconoce el artículo 140 de la Constitución. A lo largo de estos años, los gobiernos locales se han legitimado como las instituciones más próximas, más cercanas a los ciudadanos, y fueron estos, los ayuntamientos andaluces --y yo estuve allí, como ha dicho el señor Romero--, los grandes impulsores de las propuestas para que Andalucía optara a través del referéndum por la vía del artículo 151 de la Constitución y rechazara de plano la estrategia de la vía lenta.
Hoy, después de casi 26 años, este Estatuto que estamos debatiendo, al que modestamente, aunque alguna autoridad tendré, me atrevería a denominar estatuto municipalista, a diferencia del actual, que en sus 75 artículos apenas hace una muy leve mención a las corporaciones locales, ya que desde aquel impulso original se consideraba a estos meras entidades de gestión administrativa; este Estatuto --digo--, señorías, a diferencia de aquel de 1981, creo que da un gran salto hacia delante cualitativa y cuantitativamente gracias al acuerdo y a las aportaciones de todos los grupos, tanto del Parlamento de Andalucía, como de la Cámara Baja, a excepción del Partido Andalucista, nota que no dudo tomará el conjunto del municipalismo andaluz.
Baste reseñar algunas anotaciones para poner en valor este Título. Este Estatuto, señorías, recoge la organización institucional que establece la Constitución en el artículo 137, y no otra. Como ya se ha dicho, se reconoce por primera

Página 17


vez a los ayuntamientos andaluces un núcleo de competencias propias: descansen en paz las competencias impropias. Una ley de gobiernos locales será aprobada por el Parlamento andaluz en el marco de la legislación básica del Estatuto, cuando esta materia antes solo era competencia del Estado, incluso se adelanta al propio Estado. Se crea un fondo de nivelación de servicios con carácter individual, que no existe en el vigente Estatuto de Carmona, y establece la participación de los gobiernos locales en los tributos de la Junta y no solo en los tributos propios, en la idea de seguir avanzando en la línea de la suficiencia financiera de los gobiernos, también de los gobiernos locales. Y una ley del Parlamento andaluz establecerá las transferencias o delegaciones de competencias de la Junta de Andalucía a los gobiernos locales, con la financiación suficiente.
Señoras y señores del Partido Andalucista, como ya se les dijo en el debate del pasado día 19 de octubre, este Estatuto municipalista, en su artículo 97, abre la puerta a las agrupaciones comarcales, a las comarcas, pero de forma voluntaria, por decisión de los gobiernos locales, sin imposiciones desde arriba. ¿No querrán ustedes, señorías, señoras y señores del PA, que este Estatuto diga a los gobiernos locales andaluces que se tienen que constituir en comarcas a las trágalas? ¿No es preferible, señorías del PA, que sean los ayuntamientos, en aras de su autonomía, los que voluntariamente establezcan esa posibilidad? Este Estatuto, señorías, sí abre una gran oportunidad que de cara al futuro va a ser fundamental: la posibilidad de constituir las áreas metropolitanas y la agrupación de municipios por necesidades funcionales: versus, consorcios-mancomunidades.
Este Estatuto, señorías, que será aprobado, si ustedes así lo consideran, el próximo día 20 de diciembre, hace justicia al municipalismo después de casi 26 años y posibilita que Andalucía tenga unos ayuntamientos más fuertes, acordes a los artículos 140 y 142 de la Constitución, con una financiación más justa, con mayor presencia y peso institucional, ya que estos también son Estado, aunque sin producir debilitamiento en la comunidad autónoma andaluza. Señorías, el próximo día 20 de diciembre aquí, en el Senado, Andalucía dará un paso de gigante en relación a su poder político y al carácter social de su Estatuto.
Termino, señor presidente, señorías, adelantando nuestro voto negativo a las enmiendas presentadas por Coalición Canaria, en nombre del Partido Andalucista, a los artículos 89, 93 y 95, del Título III.
Muchísimas gracias. (Aplausos desde los escaños del Grupo Parlamentario Socialista.)

El señor PRESIDENTE: Gracias, señoría.
En nombre del Grupo Parlamentario Popular, tiene la palabra el senador Ramírez.


El señor RAMÍREZ RODRÍGUEZ: Con la venia, señor presidente.
Señoras y señores diputados del Parlamento de Andalucía, señoras y señores senadores, nosotros hemos dicho en todo momento que no teníamos ninguna urgencia en modificar el Estatuto de Andalucía ni en crear uno nuevo. No obstante, como los señores representantes del Partido Socialista y de Izquierda Unida se empeñaron en ello, decidimos formar parte de lo que tenía que ser la redacción definitiva de una norma fundamental para representar a este partido, el segundo partido más importante de Andalucía, el partido más importante de la oposición.
Respecto de las enmiendas que la senadora González ha defendido desde esta tribuna, anunciamos de antemano que vamos a respaldar la actual redacción que procede del Congreso de los Diputados.
En las enmiendas al artículo 89.1 se habla de comarcas. Habitualmente, encontramos a los portavoces de Izquierda Unida y del Partido Andalucista en posturas encontradas, aunque siempre ha habido acuerdo respecto a la comarcalización de Andalucía. No obstante, curiosamente, ustedes no se ponen de acuerdo ni siquiera al votar cuando defienden exactamente lo mismo.
Nos sorprende que durante la tramitación de este Estatuto tanto el Partido Socialista, como Izquierda Unida y ahora el Partido Andalucista hablen de federalización. Me pregunto dónde estaban ustedes cuando se aprobó la Constitución, que optó por un modelo completamente distinto: el Estado de las Autonomías, que entones era una alternativa absolutamente diferente a esta propuesta, y que probablemente cubría las expectativas que en aquel momento tenían los padres de la patria en mayor medida que ese Estado federal o federalizante, del que ustedes hablan.
Ahora me parece inquietante ver cómo usted, señor DellÆOlmo, defiende lo que sería algo comarcalizante. No sé si estamos tan lejos de los ciudadanos como parece haber demostrado hoy usted. No sé qué ciudadanos están demandando que creemos una Administración nueva, que creemos otro nivel más, que compliquemos aún más la vida. Usted lo llama vertebración, pero yo lo llamaría atomización. ¿Dónde está el médico de 24 horas en cada uno de los municipios de Andalucía? ¿Dónde está la pretensión de cubrir todas esas necesidades de los andaluces, en vez de querer crear nuevos órganos para más políticos? Francamente, creo que es un error.
Con todos los respetos --y por seguir utilizando adjetivos-- sus intervenciones me parecen catalanizantes, porque toda referencia y toda comparación se hace con el modelo catalán, con el Estatuto catalán.
Nosotros estamos aquí apoyando el actual texto del Estatuto de Andalucía porque precisamente no es como el Estatuto catalán --insisto, con todo respeto--, porque el Estatuto que hoy estamos discutiendo pensamos que es absolutamente constitucional, y no nos parece exactamente igual al texto que recoge el Estatuto catalán, que además creemos que no supuso un gran contento para la sociedad catalana cuando lo fue a votar en referéndum y no me parece que sea el modelo a seguir.
Y, desde luego, creo que la cercanía que ha de mostrar el representate público, el político, con el ciudadano no se corresponde con lo que estamos haciendo hoy queriendo complicar todo cada vez más creando más y más órganos. Yo creo sinceramente, señorías, que la redacción actual, tal y como está, cubre perfectamente las expectativas de un momento histórico en el que se ha decidido hacer un Estatuto,

Página 18


que probablemente tampoco era la primera necesidad que tenía planteada Andalucía.
Nada más y muchas gracias.


El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senador Ramírez.
Pasamos a debatir el Título IV, referido a la Organización institucional de la Comunidad Autónoma, enmiendas números 29 a 32.
Para su defensa tiene la palabra el diputado señor DellÆOlmo.


El señor DELL´OLMO GARCÍA: Muchas gracias, señor presidente.
Señorías, estamos ante un título que desde luego, entendemos, tiene un significado especial para su debate tanto en esta Cámara, como en la del Congreso de los Diputados, es decir, es el título de la organización institucional interna de la Comunidad Autónoma y, por tanto, puede que su debate tenga un carácter más consustancial con el Parlamento de Andalucía que con las Cortes Generales, aunque como forma parte del texto estatutario, tiene que someterse a debate en ellas. Digo esto porque esa situación va a influir a la hora de mi intervención, ya que soy consciente, insisto, de que son cuestiones que afectan muy internamente a Andalucía.
Señorías, el Grupo Parlamentario Andalucista plantea una serie de enmiendas que tienen como objetivo claro la profundización en el autogobierno y en lo que se ha dado en llamar calidad democrática, en este caso concreto, en Andalucía. Estas enmiendas van destinadas a avanzar por esa senda, por ejemplo, desbloqueando las listas electorales para que los ciudadanos puedan elegir de una manera clara y más directa aún a sus representantes sin ese bloque ya previamente ordenado por una fuerza política; limitando igualmente los mandatos de los cargos electos, en este caso, diputados, diputadas y presidente de la Junta de Andalucía; aumentando la proporcionalidad en la representación, que no es ni más ni menos que introducir en el Parlamento de Andalucía la realidad social de Andalucía, y eso claramente lo hacemos mediante instrumentos que suponen en algún caso el aumento del número de escaños. Ya saben, señorías, que esto puede suscitar controversia y, por tanto, hay que argumentarlo.
Porque, señor Ramírez, mi grupo parlamentario, evidentemente, difiere en muchísimas cosas del suyo, empezando por el modelo territorial, pero tiene claro que los ciudadanos no tienen como primera prioridad la creación de nuevas estructuras políticas y el aumento de una serie de cargos públicos que en muchos momentos --y no voy a hacer alusión a ninguna coyuntura muy concreta-- en lugar de servir, se sirven de los ciudadanos. En consecuencia, entendemos que cuando se intenta aumentar la proporcionalidad, que es un objetivo noble, hay que argumentarlo, y lo hacemos desde la siguiente perspectiva.
Si sus señorías toman el número de miembros de las asambleas legislativas como expresamente dice la Constitución, y comparan a Andalucía con varias comunidades autónomas de una dimensión más o menos similar --Andalucía es la de mayor población--, verán claramente cómo esa propuesta andalucista no es en absoluto disparatada. Cataluña tiene 1.200.000 habitantes menos que Andalucía y tiene en la actualidad 135 escaños. Plantear que Andalucía tuviera 151, no es ningún disparate, si vamos a la ratio de representante-representados. Igualmente, podríamos compararla con la Comunidad valenciana y con otros territorios del Estado. Esa propuesta tiene como objetivo, insisto, la proporcionalidad, que el Parlamento andaluz refleje clara y abiertamente la composición de la expresión política de los andaluces en la Cámara.
Señorías, estamos ante una cuestión para nosotros trascendental, que yo estoy convencido de que algún otro grupo parlamentario va a apoyar moralmente, aunque no se atreva a hacerlo con el voto en el día de hoy, porque en relación con el Estatuto de Andalucía hay otros acuerdos, otras prioridades, incluso otros acuerdos de Estado; me estoy refiriendo a la limitación de mandatos y a la no coincidencia de elecciones.
A Andalucía se le hurta, una y otra vez, el debate específico de lo andaluz, a pesar de que, como he dicho anteriormente, es el único pueblo de España que ha arrancado en las urnas ser autonomía de primera. Por tanto, es necesario que en el estatuto figure el que las elecciones andaluzas no pueda coincidir con las elecciones de ningún otro orden que puedan realizarse en el conjunto del Estado.
E igualmente, señorías, consideramos absolutamente necesario para producir la alternancia, respetando, por supuesto --y sé lo que puede argumentarse desde algún grupo mayoritario-- la expresión política del voto de los ciudadanos, que es soberano, la limitación de mandatos del presidente de la Junta de Andalucía y, como he dicho anteriormente, del resto de los cargos electos en Andalucía. Y, miren ustedes, nuevamente tengo que aludir al Estatuto de Autonomía de Cataluña, pues en su artículo 67.2 se establece la posibilidad de que mediante ley se puedan limitar los mandatos del presidente. En el estatuto de Andalucía no se hace mención a esa posibilidad y, en consecuencia, nunca se podrá hacer, porque hay una limitación de derechos que, si no figura en esta ley orgánica, no podrá establecerse mediante ley ordinaria del Parlamento de Andalucía. Para nosotros eso es muy importante porque, insisto, Andalucía quiere aire fresco, quiere una posibilidad de alternancia y entiende que hay que profundizar en la democracia.
Por último, voy a hacer alusión a algo en relación con las competencias de Andalucía que para nosotros también es importante reseñar. Ustedes saben que en este título se establecen los mecanismos de control al Gobierno de Andalucía y no figura, por ejemplo, la posibilidad de plantear la responsabilidad individual --nosotros lo planteamos en una enmienda-- de los consejeros o consejeras de la Junta de Andalucía, de igual manera que tenemos que dejar constancia --aunque no hemos presentado estas enmiendas hasta el debate final en el Senado-- de las prerrogativas y competencias del presidente de la Junta de Andalucía y de los consejeros, que claramente están poco desarrolladas en este texto estatutario.
Finalmente, nos habría parecido necesario que se hubiera reflejado el carácter de Administración ordinaria del

Página 19


Estado en Andalucía por parte del aparato administrativo de la Junta, pues para nosotros eso hubiera sido muy racional si hablamos de esa Administración única. Como está presente en la sala, tengo que dirigir mi mirada a quien fue autor de un modelo de Administración (Dirigiéndose al señor Fraga Iribarne.) que nosotros compartimos y que hubiéramos visto muy útil, si se hubiera puesto en práctica, porque ese sí que sería un modelo de eficacia, de economía y de que la Administración estuviera más cercana al ciudadano con el uso de este aparato administrativo de la Junta de Andalucía, que se convertiría en Administración ordinaria del Estado.
Por tanto, señorías, lo que mi grupo parlamentario quiere con estas enmiendas es conseguir mejorar el Estatuto para que, con el apoyo de los demás grupos parlamentarios, sea una realidad. Es decir, que podamos avanzar no solamente en el autogobierno sino también en la eficacia de la expresión política del poder andaluz, la Junta de Andalucía, que en este caso se resume en el Parlamento de Andalucía, la Presidencia de la Junta de Andalucía y la Administración de la Junta de Andalucía con su Gobierno a la cabeza.


El señor PRESIDENTE: Gracias.
¿Turno en contra? (Pausa.) En turno de portavoces tiene la palabra la portavoz del grupo de Izquierda Unida.


La señora CABALLERO CUBILLO : Señor presidente, voy a restituir parte del tiempo que consumí en exceso en mi intervención anterior para referirme de modo muy breve al capítulo de organización institucional de la Comunidad Autónoma de Andalucía. Y quiero también destacar fundamentalmente una cuestión que consideramos novedosa en materia estatutaria: la igualdad de las mujeres en la organización institucional y en el conjunto de derechos sociales del Estatuto de Autonomía de Andalucía.
Aunque no figura en este Título sino en el preliminar, aparece como un objetivo básico de la comunidad la consecución de la democracia paritaria, que es una formulación que procede del movimiento comunista y que no había tenido encaje aún en ningún texto de la importancia constitucional y jurídica que tiene el Estatuto de Autonomía de Andalucía. Se configura, por tanto, el objetivo de democracia paritaria, y en este título institucional se establecen mecanismos para hacer real la posibilidad de compartir poder tanto hombre como mujer en la Comunidad Autónoma de Andalucía. Para ello se establecen una serie de mecanismos.
En primer lugar se establece que la Ley electoral andaluza señalará mecanismos de igualdad de género en la composición de las listas electorales. En segundo lugar se establece que el Consejo de Gobierno también será paritario. Y en tercer lugar se establece algo que nos parece una importante novedad por la coherencia que implica, y es que el conjunto de la Administración andaluza, en lo que concierne a los altos cargos, tendrá también carácter paritario. Es decir, ya no será solamente una igualdad de escaparate sino que será una igualdad con la que se pretende impregnar el funcionamiento institucional de la Comunidad Autónoma de Andalucía en su conjunto.
Se han mejorado instrumentos de control sobre el Ejecutivo en este trámite. Se ha establecido un mayor control sobre algo que nos preocupa mucho a la oposición política andaluza, y me estoy refiriendo a las empresas públicas. Aunque es cierto que no se ha conseguido que figurase en el texto estatutario la separación de elecciones generales y elecciones autonómicas, también es cierto que en ningún texto jurídico aparece señalada la obligación de esa separación de elecciones, pero hay que hacer constar, y así lo hacemos en este momento, que nos parece excesivo el uso que se le está dando a la coincidencia electoral que, fundamentalmente con las elecciones generales, se viene produciendo elección tras elección en la Comunidad Autónoma de Andalucía. Pero como he intentado hacer notar en mi anterior intervención, he de decir que el consenso es fruto de aportaciones y de cesiones en determinadas consideraciones que habíamos hecho la oposición andaluza. Por tanto, nos parece que el texto en sí refleja más avances en el control de gobierno y más avances en la igualdad de género. Merece, por tanto, el apoyo de mi fuerza política, el Grupo Parlamentario de Izquierda Unida.


El señor PRESIDENTE: Gracias, señora Caballero.
Por el Grupo Parlamentario Popular tiene su señoría la palabra.


La señora GONZÁLEZ VIGO: Con la venia, señor presidente.
Señorías, permítanme que inicie esta intervención agradeciéndole a mi partido, y en su representación al señor Sanz y a la señora Oña el que hayan tenido tanta generosidad al permitirme intervenir aquí, en este maravillo hemiciclo de la Cámara Alta. Me llena de honor, y también de responsabilidad, intervenir en un Título IV, Organización Institucional de la Comunidad Autónoma de Andalucía, un Título que creo es fundamental para nosotros, los parlamentarios.
Señorías, en el artículo 100.1 se dice lo siguiente: El Parlamento de Andalucía representa al pueblo andaluz. Señorías, para el que no lo conozca diré que el pueblo andaluz es plural, libre, dialogante, abierto, generoso y apasionado, como sin lugar a dudas ha sido también apasionado el debate que nos ha traído hasta aquí. Se ha hecho un gran esfuerzo por intentar conciliar distintas posturas para conseguir que asuntos trascendentales en lo que será el quehacer diario de nuestro Parlamento y también del Gobierno autonómico sean todo un éxito. Creo no equivocarme, o por lo menos así ha sido por parte del Grupo Parlamentario Popular, si aseguro que los principios de igualdad, libertad y solidaridad, dentro del más absoluto respeto a nuestro marco constitucional son los que han impregnado todas y cada una de nuestras enmiendas y de nuestras acciones.
Por supuesto que algo hemos conseguido, lo que sin duda nos congratula a todos, pero también hemos tenido que ceder en otras cosas. Si no, ¿qué es negociar o consensuar un texto tan importante como el de la reforma de un estatuto? Pero, señorías, permítanme que utilice este turno,

Página 20


no por reiterar nada sino por convencimiento, sencillamente para felicitar y agradecer y a todas aquellas señorías que han trabajado tanto y durante tanto tiempo para conseguir este gran acuerdo, su generosidad por poder compartir esta tribuna.
Señorías, como hemos podido ver, la reforma en sí no es una prioridad en el día a día de los ciudadanos. Ya lo han demostrado con sus votos en un estatuto y en un referéndum. Pero una vez que se ha iniciado el debate, también creo sinceramente que los ciudadanos no quieren el enfrentamiento de los partidos políticos, de los demócratas, sobre todo cuando estamos hablando de avanzar en más autonomía aún, eso sí, siempre dentro del marco de la España constitucional. Por eso, señorías, permítanme que haga un llamamiento al Grupo Andalucista desde aquí, un llamamiento al acercamiento y al consenso para que consigamos que lo que inicialmente pretendían que fuera un Estatuto de dos ahora sea un Estatuto absolutamente de todos.
Señorías, el Título IV ordena y regula la Junta de Andalucía, el Parlamento de Andalucía, su constitución, la elaboración de las normas, la Presidencia de la Junta, su Gobierno, las relaciones entre las instituciones tales como el Defensor del Pueblo, el Consejo Consultivo, la Cámara de Cuentas o el Consejo Audiovisual y Económico y Social de Andalucía. Y para todo ello, señorías, hemos introducido conceptos básicos para intentar conseguir que se garantice un mayor control a la Administración para fortalecer el compromiso de todos nosotros para con los andaluces y andaluzas, para apostar por políticas más cercanas al ciudadano y para garantizar también su participación en todo el desarrollo estatutario.
Señorías, creo sinceramente que hemos alcanzado nuestro objetivo: conseguir un proyecto de futuro para que Andalucía pueda avanzar con un Gobierno de primera. Pero permítanme que reflexione sobre algún aspecto que creo no se ha perfilado definitivamente ni se ha culminado con el éxito que hubiésemos deseado. Señorías, podríamos haber avanzado en acuerdos con dos tercios de la Cámara parlamentaria. Sin lugar a dudas son mecanismos parlamentarios que garantizarían un Parlamento más fuerte, más estable, más consolidado en el tiempo. Podríamos haber marcado la neutralidad o la objetividad en la información. Con haberlo incluido simplemente en este estatuto hubiésemos perfeccionado el desarrollo de nuestro derecho a la libertad.
Señorías, transparencia. ¿Por qué tanto temor a que se conozcan las contrataciones públicas o las subvenciones? En un Estado de Derecho cualquier buen gobernante que se precie no tiene que tener nunca miedo a la transparencia. Señorías, lealtad institucional. Porque aunque ustedes no se lo crean, señores senadores, en nuestra Comunidad Autónoma a veces los presupuestos se presentan antes en la sede de un partido político que en la Cámara autonómica. Por eso nosotros también pedíamos esa lealtad institucional. Señorías, quiero simplemente decirles que podríamos haber profundizado en muchísimos aspectos, pero sin lugar a dudas hemos conseguido un gran consenso.
Solamente podría apelar a tres cosas refiriéndome al grupo mayoritario de la Cámara autonómica, que no del Senado. Señorías, ahora se abrirán nuevos espacios de desarrollo reglamentario: el desarrollo de la ley o el desarrollo del Consejo Audiovisual, etcétera. A todos ellos les reclamamos el mismo nivel de consenso que hemos alcanzado por lo menos para este Estatuto. A sus señorías les pido voluntad y valentía para que hagamos posible que este Estatuto sea una realidad para la Andalucía que todos deseamos. Y como no, apelo a la grandeza de nuestros futuros gobernantes en nuestra comunidad autónoma para que sepan limitar su mandato y, además, ejercerlo con dignidad, garantizando por primera vez algo que no ha pasado en nuestra comunidad autónoma hasta ahora, y es que podamos ir a un debate autonómico propio, único en lo que se refiere a unas elecciones legislativas.
Permítame que les haga un último ruego: señores del Partido Socialista, no permitan que el señor Zapatero marque el día del referéndum.
¿Entonces, de qué estaríamos hablando en este Estatuto? Señorías, creemos que hemos hecho un gran esfuerzo, que hemos conseguido un gran Estatuto de Autonomía, más autonomía, más Andalucía, esa Andalucía de primera que todos nos merecemos en la unidad de la nación española.
Nada más y muchas gracias. (Aplausos.)

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señora González Vigo.
En representación de la comisión, tiene la palabra la señora Loroño.


La señora LOROÑO ORMAECHEA: Gracias, señor presidente.
Brevemente diré que el debate que se ha suscitado con este Título IV, de la Organización institucional de la Comunidad Autónoma, como bien se ha dicho aquí, es un asunto interno, que compete a la propia Comunidad Autónoma andaluza porque está hablando de su propia estructuración interna en cuanto a organización. Lo que sí se ve es que por parte de los distintos grupos parlamentarios hay planteamientos que han llegado a un consenso y hay planteamientos en los que, con toda la legitimidad, se reclama una mejor representación de lo que es la propia Comunidad Autónoma andaluza, de forma que se lleven a cabo las modificaciones pertinentes en la Ley electoral para garantizar, por un lado, esa representación adecuada del territorio andaluz y, por otro, esa representación paritaria a la cual incluso ha hecho referencia la representante del Grupo Parlamentario de Izquierda Unida Los Verdes, quien abogaba por esa democracia paritaria que también se recoge en los principios del propio Estatuto de Autonomía.
En esta línea ahondará y profundizará la ley de igualdad que en estos momentos se está debatiendo en las Cortes Generales y que también aboga por esa democracia paritaria, democracia que tiene que empezar a reflejarse en primer lugar en las listas electorales que es lo que, de alguna forma, se reclama a través de la enmienda que plantea el Partido Andalucista.
Para concluir, también nos parece adecuado que, así como existen mecanismos de control y de reprobación de la actuación de un Gobierno, de la actuación de un Ejecutivo,

Página 21


no tiene por qué reprobarse la actuación del Ejecutivo en su conjunto sólo a través de la vía de la moción de censura, que es reprobar la actuación de todo un Ejecutivo y de un Gobierno, pues pueden darse circunstancias en las cuales un grupo parlamentario del signo que sea, del color político que sea, no esté de acuerdo con la actuación y la ejecución desarrollada por un área concreta del Gobierno. Y lo que de alguna forma plantea una de las enmiendas del Partido Andalucista es que haya posibilidad de poder reprobar la actuación de un consejero sin poner en cuestión la actuación conjunta del Gobierno. Creo que es algo lógico y coherente porque la actuación de un consejero no tiene por qué poner en tela de juicio ni cuestionar la actuación conjunta de un Gobierno.
Por mi parte nada más, señor presidente. Únicamente agradecerle su benevolencia para con esta senadora porque es importante el debate que estamos teniendo en esta Cámara con respecto a este Estatuto de autonomía.


El señor PRESIDENTE: Está su señoría en su derecho.
Turno de portavoces.
Por el Grupo Parlamentario Socialista, tiene la palabra la senadora Camacho.


La señora CAMACHO VÁZQUEZ: Gracias, señor presidente.
Señorías, el Título IV del Estatuto de Andalucía, que trata sobre la organización institucional, viene avalado por un amplio acuerdo político y, al mismo tiempo, por una amplia base social, y responde, en principio, a un mandato constitucional en tanto que trata de una materia que la Constitución Española define como de contenido obligatorio. Así, el artículo 152 de la Constitución Española impone la organización institucional autonómica para aquellas comunidades que accedieron, como Andalucía, por la vía del artículo 151. Pero, al mismo tiempo, esto es necesario hoy como consecuencia de los cambios que se han producido en nuestra sociedad, tan distinta y tan diferente a la de hace 25 años cuando los andaluces y andaluzas apostamos por el desarrollo y la transformación de nuestra tierra.
Con este título se ha buscado también fortalecer la organización institucional aumentando y mejorando los instrumentos de autogobierno.
Por ello, se les otorga rango estatutario, como instituciones de autogobierno, a órganos que ya habían tenido una regulación legal, y se les dota, por tanto, de un nuevo marco político y jurídico distinto al meramente legal que pudiera ser susceptible al interés del legislador en función de quién fuera este.
Así, este Estatuto viene a regular las instituciones de autogobierno a las que hace mención el artículo 152 de la Constitución Española: el Parlamento, el presidente de la Junta de Andalucía y el Consejo de Gobierno. Si bien, y atendiendo a la posibilidad de que la comunidad autónoma pueda incorporar otros órganos en su arquitectura institucional, se refuerzan y actualizan los mecanismos e instrumentos de autogobierno haciendo mención igualmente a aquellos órganos e instituciones que han sido creados.
En este sentido, se elevan a categoría estatutaria órganos que ya existen en Andalucía, de carácter consultivo, de asesoramiento, de control o de garantías para los ciudadanos y ciudadanas. Me refiero al Defensor del Pueblo, Consejo Consultivo, Cámara de Cuentas, Consejo Audiovisual y Consejo Económico y Social.
Otros asuntos novedosos recogidos en este título que se incorpora en su Capítulo VII es el relativo a la Administración de la Junta de Andalucía.
Como saben, en el Estatuto que está aún en vigor no se contiene ninguna referencia a ella y es evidente que la configuración administrativa de nuestra comunidad es determinante para optimizar el rendimiento de su Gobierno y su capacidad a fin de conseguir objetivos encomendados por el Estatuto a las instituciones de autogobierno.
En este mismo capítulo se recoge la participación de la ciudadanía y las organizaciones y asociaciones representativas de la misma en el procedimiento legislativo. Es evidente que hoy los ciudadanos y ciudadanas demandan una administración más ágil, una administración que dé respuesta a sus necesidades, al tiempo que participan en la regulación de aquellos asuntos que les afectan. Ciertamente esa participación ya se viene produciendo en el trámite legislativo desde la reforma del año 1995 a través de asociaciones y organizaciones, y ahora lo que se hace es elevarla a rango estatutario.
Por último, se incluye el principio de representación equilibrada a la que ya han hecho alusión otras representantes del Parlamento autonómico esta mañana; representación equilibrada de hombres y mujeres como obligación; las disposiciones normativas tendrán en cuenta, por tanto, el impacto, por razón de género, del contenido de las mismas.
Ciertamente nadie discute hoy los avances de nuestra sociedad en materia de igualdad de género, también en la vida política. Pero no es menos cierto que aún estamos muy lejos de una situación de auténtica igualdad real entre hombres y mujeres. Por ello, el Parlamento andaluz, atendiendo a criterios de igualdad de género, entendió que era necesario establecer la obligatoriedad para que exista una presencia equilibrada entre hombres y mujeres en el Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía, en los órganos directivos de la Administración andaluza y en la composición de la futura lista del Parlamento autonómico.
Se quiere incluir en nuestra norma institucional básica algo que, afortunadamente, ya viene aconteciendo en la práctica política, puesto que el Consejo de Gobierno andaluz cuenta actualmente con un 60 por ciento de mujeres en su composición, un porcentaje muy superior al de algunas otras asambleas autonómicas.
Como colofón de esta intervención, quiero enfatizar lo que supone ese principio de representación recogido en el artículo 133 de este Estatuto porque lo que se establece en él es un mandato al legislador para que se haga explícita la voluntad estatuyente de lograr la igualdad real y efectiva entre el hombre y la mujer.
Muchas gracias. (Aplausos en los escaños del Grupo Parlamentario Socialista.)

Página 22


El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, doña María Teresa Camacho.
¿Grupo Parlamentario Popular? (Pausa.) Muchas gracias.
Entramos en el Título V, artículos 140 a 155, al que solo se ha presentado la enmienda número 33. Para su defensa, tiene la palabra el señor DellÆOlmo.


El señor DELLÆOLMO GARCÍA: Muchas gracias, señor presidente.
Señorías, estamos ante el debate del título referido a la Justicia, que hizo albergar esperanzas al Partido Andalucista. Un título que iba a desarrollar el borrador de la Ley Orgánica del Poder Judicial y que, en definitiva, suponía de alguna manera descentralizar la Justicia, algo que estaba pendiente desde la propia aprobación de la Constitución de 1978.
Señorías, tenemos que reconocer avances, pero, evidentemente, no los avances que le hubieran gustado al Partido Andalucista. Entendemos que ha habido excesivas prevenciones a la hora de redactar el título de la Justicia en Andalucía y, por tanto, mi grupo parlamentario no alcanza el grado de satisfacción que requería para haberlo apoyado en las distintas fases de la tramitación parlamentaria.
Señorías, hoy traemos aquí un ejemplo de los muchos que se podrían señalar en relación con el Estatuto de Andalucía. Me refiero a la enmienda que mantenemos viva y que añade un nuevo artículo 144 bis al texto estatutario en los siguientes términos: «El control de los actos del Consejo de Justicia.
1. Los actos del Consejo de Justicia de Andalucía serán recurribles en alzada ante el Consejo General del Poder Judicial, salvo que hayan sido dictados en el ejercicio de competencias de Andalucía.
2. Los actos del Consejo de Justicia de Andalucía que no sean impugnables en alzada ante el Consejo General del Poder Judicial pueden impugnarse jurisdiccionalmente en los términos establecidos en las leyes.» Lo que acabo de leer es la enmienda que el Grupo Parlamentario Andalucista ha podido traer a esta Cámara, gracias a la generosidad del Grupos de Senadores de Coalición Canaria. Esta enmienda, en la que hemos insistido una y otra vez porque se trataba de avanzar en la descentralización a la que antes hacíamos alusión, no es ni más ni menos que la cita literal del artículo 100 del Estatuto de Cataluña. Es decir, el artículo 100 del Estatuto de Cataluña, vigente en este momento, establece el control de los actos del Consejo de Justicia de Cataluña, cuestión que se niega al Grupo Parlamentario Andalucista en relación con el Estatuto de Andalucía y que, en este caso, aprobó el Grupo Parlamentario Socialista. En unos casos sí, en otros no.
Se ha hablado en muchas ocasiones de que este Estatuto era homologable. Y yo tengo que decirles a muchos portavoces socialistas que no lo es, y lo que acabo de exponer es un ejemplo de los muchos que hemos ido señalando en el debate y de los que señalaremos a continuación. Señora Moro, por mucho que se empeñe, aquí hay una cuestión: estamos ante un Estatuto que formalmente quiere seguir el modelo catalán, pero que en contenido no es el modelo catalán, sino que está más en la senda de otros estatutos que se han debatido en la Cámara y que ni son en su origen del artículo 151, ni lo han sido después de su reforma. En consecuencia, estamos ante un trato discriminatorio con Andalucía, ante un listón, que se ha puesto en el caso del Estatuto de Cataluña, que no se quiere alcanzar tratándose del Estatuto de Andalucía.
Señorías, señor presidente, no voy a consumir más tiempo, pero antes de bajarme de esta tribuna permítanme que haga referencia a un documento, al que las fuerzas políticas han acudido al final para definir a Andalucía.
Se trata del Manifiesto Nacionalista de 1919, y como estoy seguro de que muchas de sus señorías, no solamente de las Cortes Generales sino del propio Parlamento de Andalucía, no conocen su contenido, voy a dar lectura a dos líneas --podría hacerlo a párrafos completos, pero trasladan la misma idea y les voy a ahorrar tener que escucharlos-- en las que se reclama a los poderes centrales la siguiente petición: la facultad de constituirse en democracia autónoma ordenadamente, organizando sus propios poderes --legislativo, ejecutivo y judicial--. Es decir, algo que en 2006 no le plantea a la Cámara el Grupo Parlamentario Andalucista, pero, señorías, ustedes, por no definir a Andalucía como lo que es, una nación, han acudido a un texto que es clara y abiertamente una declaración... ustedes saben de qué.
Muchas gracias.


El señor PRESIDENTE: Muchas gracias.
¿Turno en contra? (Pausa.) Turno de portavoces. Tiene la palabra el diputado, señor Romero.


El señor ROMERO RUIZ: Muchas gracias, señor presidente.
Voy a hacer uso de la palabra desde el escaño para fijar la posición de mi grupo parlamentario en torno al Título V del Estatuto de Autonomía para Andalucía que estamos debatiendo.
Respecto al Título V, del Poder Judicial en Andalucía, es muy importante la palabra «en» y no «de» Andalucía porque hay un solo poder judicial en España y en el Estado de Derecho hay división de poderes: el Poder Legislativo, el Poder Ejecutivo y el Poder Judicial. No es como en el régimen anterior, en el que había un solo poder y tres funciones distintas. Es muy importante que la Constitución de 1978 estableciera el abecé de la democracia que es la división de poderes. Este título consta de 16 artículos y establece que el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía culmina la organización judicial en Andalucía. Es la máxima instancia a la hora de establecer recursos, salvo aquellos que tengan su traslación al Supremo que, además, debe unificar la doctrina.
En Andalucía, señorías, tenemos 792 jueces y magistrados. Somos la novena comunidad autónoma en número de jueces y magistrados. Hay colapsos en algunos tribunales, como en los contencioso-administrativos. Estamos viendo las dificultades que se crean cuando, por ejemplo, en el urbanismo

Página 23


ilegal y criminal determinan un derribo bastantes años después de haberse edificado la urbanización. Necesitamos más recursos humanos y materiales.
La Junta de Andalucía es plenamente competente para la dotación de recursos humanos y materiales, para la dotación de órganos jurisdiccionales, para hacer planteamientos de demarcación y planta, para potenciar la justicia de paz, para establecer una carta de derechos de la ciudadanía ante la Justicia y para descentralizar, señorías, el Poder Judicial en España, que es el único de los poderes del Estado español que no se ha descentralizado, no se ha adecuado al Estado autonómico que camina hacia el federalismo. Por eso es muy importante que se descentralice y, entonces, tendremos un poder en España adecuado a la nueva situación política y jurídica de nuestro país.
Quiero culminar mi intervención planteando que tenemos un Poder Judicial con el Consejo Autonómico de Justicia, que tendrá las competencias que tenga de acuerdo con lo que desarrolle la Ley Orgánica del Poder Judicial y las establecerá claramente en el ámbito de la comunidad autónoma. No hay ningún riesgo de que se fracture el Poder Judicial, ni de que haya 17 poderes judiciales distintos en nuestro país. No se va a romper España tampoco en el campo de la Administración de Justicia. Van a seguir circulando los autobuses, van a abrir las farmacias, incluidas las de guardia, van a abrir las panaderías al día siguiente de que se apruebe el Estatuto. Y la gente tendrá un Poder Judicial con más recursos y más competencias, adecuado a una sociedad moderna, a una Andalucía que va a tener un título muy amplio en materia de Poder Judicial. Solo había un artículo en el Estatuto de Carmona que definía las competencias del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, y actualmente hay un título completo, el Título V. Por tanto, será muy positiva, para España en general y para el Poder Judicial en particular, la puesta en marcha de estos nuevos estatutos de autonomía para respetar las identidades nacionales de la pluralidad que significa España, y para no confundir una lengua materna con un baile folklórico, por ejemplo; es muy positivo para que se respete la identidad y la cultura de cada pueblo.
Muchas gracias por la atención prestada.


El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señoría.
¿Algún otro portavoz desea intervenir? (Pausa.) Tiene la palabra la senadora Víboras.


La señora VÍBORAS JIMÉNEZ: Gracias, señor presidente.
Señorías, si hubiera que resumir con una sola idea la propuesta de reforma estatutaria que en materia de Poder Judicial estamos debatiendo, habría que decir que con el nuevo Estatuto andaluz por fin se plasma el estatuto autonómico también en Justicia.
Sin duda, la imbricación del Poder Judicial en el Estado autonómico era una tarea pendiente de desarrollo constitucional. Transcurridos más de 25 años de aprobación de la Constitución, contamos con la suficiente experiencia y el suficiente grado de acuerdo para garantizar que el Poder Judicial sea en nuestro ordenamiento a la vez unitario y descentralizado en su gestión.
Lo que se propone en el nuevo Estatuto andaluz no es sino la decantación histórica de los acuerdos que en materia de Justicia hemos ido fraguando en los últimos años y que se recogen, tanto en el Libro Blanco del Consejo General del Poder Judicial, en el Pacto de Estado para la Reforma de la Justicia, como en las recomendaciones de la conferencia sectorial en materia de Administración de Justicia.
Resulta, señorías, muy significativo el alto grado de consenso alcanzado entre los distintos grupos parlamentarios y que este se haya extendido ya en el Congreso de los Diputados y en la regulación estatutaria del Poder Judicial.
Todos los grupos parlamentarios hemos hecho un esfuerzo de aproximación de concesiones. El Senado no puede sino refrendarlo y mejorarlo. Y este esfuerzo, señorías, tiene una triple consecuencia de la que inmediatamente van a verse beneficiados los ciudadanos a quienes representamos: En primer lugar, la reforma estatutaria consigue adaptar la organización del Poder Judicial a la realidad constitucional autonómica; en segundo lugar, conseguimos también acercar la justicia al ciudadano, y, en tercer lugar, sentamos las bases para hacer posible una Administración de Justicia más útil, independiente y responsable.
Este triple objetivo engarza, señorías, casi milimétricamente con la propia estructura del Título V del nuevo Estatuto de Andalucía; y así, en el Capítulo I se desarrollan, con pleno respeto a la Constitución, las previsiones del artículo 152 de nuestra norma fundamental, conforme al cual un tribunal superior de justicia culminará la organización judicial en el ámbito territorial de la comunidad autónoma.
Sus competencias, previstas estatutariamente, y su imbricación en el sistema judicial las discutiremos próximamente pues, como sus señorías conocen perfectamente, el Gobierno ha remitido a las Cortes Generales un proyecto de reforma de la Ley Orgánica del Poder Judicial; proyecto que es respetuoso con las previsiones estatutarias porque a su vez el nuevo Estatuto es respetuoso con la Constitución.
La regulación no invade ni socava la función del Tribunal Supremo, que ve garantizada en la Ley Orgánica del Poder Judicial su misión como órgano jurisdiccional superior en todos los órdenes, que es garante de la igualdad y de la seguridad jurídica en la aplicación del ordenamiento estatal.
Las principales novedades que apoyamos tienen que ver con la participación del Consejo de Justicia en el nombramiento de su presidente y en el de los presidentes de las salas --artículo 143 del texto que estamos debatiendo--, y con la presentación anual de su memoria de funcionamiento ante el Parlamento de Andalucía; más cercanía y más responsabilidad, es decir, señorías, más democracia.
Las modalidades de esta participación y de esta responsabilidad las discutiremos en la reforma de la Ley Orgánica del Poder Judicial, pero su plasmación como principios en el Estatuto constituyen un indudable avance.
En el Capítulo II, el Consejo de Justicia de Andalucía anticipa un debate que ya está planteado en la reforma de

Página 24


la Ley Orgánica del Poder Judicial, y no tiene que ver con la forma en la que el Poder Judicial se ejerce sino con las modalidades de su Gobierno y autogobierno. Habitualmente confundimos al ciudadano cuando identificamos a los jueces y tribunales con su órgano de Gobierno. este es un error en el que no podemos ni debemos caer en el debate público.
El nuevo Estatuto mantiene la unidad del Gobierno del Poder Judicial en el Consejo General del Poder Judicial, así lo prevé la Constitución, pero hace posible la gestión descentralizada de este autogobierno a través de los consejos autonómicos, que no son sino órganos descentralizados de colaboración con el Poder Judicial.
Autogobierno, descentralización, colaboración y coordinación son patas de la misma mesa. La conformidad a la Constitución de esta nueva regulación estatutaria aparece firmemente garantizada, de nuevo, por su imbricación con las previsiones establecidas en la Ley Orgánica del Poder Judicial.
Por otra parte, sus funciones se construyen a partir de lo que hoy tienen atribuidas las salas de gobierno de los tribunales superiores de justicia.
Además, señorías, el nuevo Estatuto acerca el funcionamiento de la Justicia a los ciudadanos, posibilitando su gestión territorial a la comunidad autónoma mediante competencias ya transferidas sobre gestión de medios materiales y personales al servicio de la Administración de Justicia.
De nuevo aparece en el diseño estatutario el equilibrio constitucional de un Poder Judicial unitario, pero, a su vez, descentralizado. La función judicial es única, reside en la Administración Central del Estado, pero la gestión de su funcionamiento se descentraliza.
Esto, señorías, es una realidad desde hace años en Cataluña, en el País Vasco, en Galicia, en la Comunidad Canaria, en la Comunidad Valenciana, y también en la andaluza. Es posible y necesario hacer políticas territoriales de gestión también en Justicia.
Se conectan así las funciones de definición estatal, con la debida participación de las comunidades autónomas, en decisiones tan trascendentes para el día a día de los ciudadanos, como son la organización del personal no judicial; su formación; sus horarios de trabajo; el control de su rendimiento; las convocatorias de oferta de empleo; la construcción de edificios judiciales; su informatización; la organización; el establecimiento de oficinas judiciales; el servicio de justicia gratuita; los procedimientos de resolución alternativa de conflictos, mediación y conciliación; la planta judicial; la justicia de paz; o los derechos de los ciudadanos ante la Administración de Justicia, artículos 147 a 155 del nuevo Estatuto.
En resumen, y para concluir, el Grupo Parlamentario Socialista apoya el texto sometido a debate porque es plenamente conforme con la Constitución; porque cuenta con un amplio consenso político en Andalucía; porque profundiza en el autogobierno sin establecer privilegio alguno; porque recoge la experiencia de los últimos 25 años y la plasma normativamente ofreciendo oportunidades de desarrollo que tendremos ocasión de debatir, y porque no impone modelo alguno sino que lo hace posible.
En definitiva, la propuesta estatutaria que debatimos pone de relieve dos aspectos fundamentales: uno, que la España autonómica funciona, y, dos, que funciona porque mejora al mismo tiempo la calidad de vida de los andaluces y la del resto de los españoles. Este es el criterio definitivo.
Nada más y muchas gracias. (Aplausos.)

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, doña Elena Víboras.
Por el Grupo Parlamentario Popular, tiene la palabra el senador Ramírez.


El señor RAMÍREZ RODRÍGUEZ: Muchas gracias, señor presidente.
Señorías, respecto a la enmienda número 33 , se trata de trasladar literalmente el artículo 100 del Estatuto de Cataluña, y es algo que no está en el camino del acuerdo alcanzado en el Congreso de los Diputados.
En el Estatuto catalán, el Consejo de Justicia es un organismo desconcentrado del Consejo General del Poder Judicial, lo que requiere resolver el problema que esto provoca en el tratamiento de los recursos contra sus actuaciones. Curiosamente, con esta categoría de estamento desconcentrado fue definido en los primeros momentos de la negociación del Estatuto. Fue precisamente tras desaparecer la palabra desconcentración cuando el Grupo Parlamentario Popular decidió apoyar la redacción actual del artículo. Por eso se ha vuelto a vincular desde el punto de vista orgánico al Consejo General del Poder Judicial. De modo que, basándonos en la dependencia del Consejo General del Poder Judicial que tendrá el Consejo de Andalucía, los recursos contra sus actuaciones quedan recogidos en el artículo 142 de la Ley Orgánica del Poder Judicial y en la Ley 30/1992, de Régimen jurídico de las administraciones públicas y del procedimiento administrativo común. Por tanto, no apoyaremos esta enmienda.
Hacía el señor DellÆOlmo referencia a una declaración de independencia.
Eso está muy bien, pero, aparte de tratarse de una declaración muy antigua, hay que preguntarse a quién representa uno cuando hace la declaración de independencia. Claro, si uno no representa a nadie, si no hay ciudadanos detrás... no sé para qué se va a hacer.
A veces estamos muy cerca de lo que ustedes proponen, a través del Grupo Parlamentario de Senadores de Coalición Canaria, y a veces estamos muy lejos. El Estado moderno ya lo definió Montesquieu, aunque alguien dijo que había muerto; y el señor Romero ha hecho referencia al Poder Judicial, al Poder Legislativo y al Poder Ejecutivo. Sin embargo, podríamos caer en la tentación de establecer un parangón con cualquier otro nivel de la Administración, y buscar el Poder Legislativo, el Poder Judicial y el Poder Ejecutivo en un ayuntamiento; o podríamos querer buscar el Poder Judicial en una comunidad autónoma, por muy federalizante que sea el modelo o por mucho que vayamos hacia un modelo federal, según el señor Romero. No obstante, el señor Romero ha distinguido muy bien diciendo que no es lo mismo el Poder Judicial andaluz que el Poder Judicial en Andalucía. Y esto

Página 25


describe perfectamente la respuesta mayoritaria a su enmienda, señor DellÆOlmo.
Muchas gracias. (Aplausos.)

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias.
Pasamos al Título VI, Economía, empleo y hacienda: artículos 156 a 194.
Se han presentado las enmiendas números 34 a 43.
Para su defensa, tiene la palabra la señora González.


La señora GONZÁLEZ MODINO: Muchas gracias, señor presidente.
Señorías, ayer mismo el indicador laboral de comunidades autónomas, realizado por el ISE y ADECCO, mostraba con claridad que el salario medio real del trabajador medio en España no ha variado desde 1997: sigue en una media de 1.553 euros brutos al mes. Este es el salario medio del Estado. Evidentemente, el de Madrid, el del País Vasco y el de Cataluña están muy por encima, mientras que el de Andalucía es de 1.392 euros brutos al mes. Ayer también, se publicaba en Andalucía el resultado de otro estudio, que decía que uno de cada cuatro residentes en Andalucía vive por debajo del umbral de la pobreza. Más del 25 por ciento de los residentes en Andalucía viven por debajo del umbral de la pobreza.
Estamos en el siglo XXI, señorías; se lo recuerdo, porque a veces parece que nos sentimos situados en otro tiempo. Además, uno de cada tres andaluces o andaluzas vive con menos de 500 euros al mes. Esta es la situación de Andalucía al final de 2006.
Es verdad que veníamos de muy atrás y que hemos avanzado, pero esto sigue siendo real: los datos del salario medio son de ayer mismo, y hoy los recogen los medios de comunicación. Luego algo habrá que hacer en el Título VI del Estatuto de Andalucía --relativo a Economía, empleo y hacienda-- para corregir esta situación; para mejorar la calidad de vida de los andaluces y andaluzas, y para alcanzar la situación de desarrollo, prosperidad y bienestar que todos deseamos para Andalucía.
Evidentemente, la economía andaluza tiene graves problemas. Tenemos que recordarles, sobre todo a los senadores y senadoras que no son de Andalucía y que no conocen exactamente nuestra realidad, que la productividad viene cayendo desde hace muchos años, y no conseguimos remontarla. La economía andaluza tiene problemas de competitividad, y hay que corregir esta situación. Por eso pensábamos que la herramienta idónea para corregirla era el Estatuto de Autonomía de Andalucía, y más cuando tiene un título que se denomina Economía, empleo y hacienda. Parece que ese es el lugar idóneo en el que articular las herramientas necesarias para corregir las desigualdades, y propiciar la cohesión social y la vertebración territorial de Andalucía; para propiciar, en definitiva, una sociedad andaluza igual de próspera y con el mismo nivel de bienestar que cualquier otra de nuestro entorno, en el Estado o en la Unión Europea.
Lamentablemente, este objetivo no se alcanza adecuadamente en el texto que estamos debatiendo. Este texto no responde a las necesidades de Andalucía; no responde al plus que necesita Andalucía para terminar de romper la situación de desigualdad histórica que padece y situarse donde merece estar, rompiendo su atraso secular: en el mismo sitio que el resto de los ciudadanos.
En este sentido va una de nuestras enmiendas más importantes. La señora Moro, portavoz del Grupo Parlamentario Socialista, me instaba a que leyera el texto, haciendo una interpretación arbitraria y sesgada de las enmiendas del Grupo Andalucista a este título. Pues bien, ahora voy a leer; pero voy a leer el «Boletín Oficial del Estado» número 172, de 20 de julio, en el que está publicado el Estatuto de Cataluña y que dice lo siguiente, en la página 27306: «5. El Estado garantizará que la aplicación de los mecanismos de nivelación no altere en ningún caso la posición de Cataluña en la ordenación de rentas per cápita entre las Comunidades Autónomas antes de la nivelación.» Enfatizo el plural para que se entienda que habla de comunidades autónomas. Esto es el BOE; esto lo han votado en el Congreso de los Diputados y en esta Cámara los senadores socialistas y los demás que lo hayan estimado oportuno. Esto es una ley orgánica y pertenece al bloque de constitucionalidad. Digo yo que a algo obliga; a algo obligan las leyes orgánicas. Este plural, que he enfatizado, vincula también a Andalucía. Habla de ordenación de rentas per cápita de todas las comunidades autónomas del Estado por el que vincula también a Andalucía. Y le ha parecido bien al Partido Socialista, que la votó en esta Cámara y en el Congreso de los Diputados. Señoras, esto está escrito, es el BOE; no es una interpretación torticera, y les digo hasta la página: está al alcance de cualquiera que quiera leer lo que dice la ley.
Nosotros hemos presentado una enmienda que recoge las necesidades de Andalucía. Lo que Andalucía necesita es justo lo contrario: que el Estado garantice que la aplicación de los mecanismos de nivelación pueda alterar la posición de Andalucía en la ordenación de rentas per cápita entre las comunidades autónomas antes de la nivelación. Eso es lo que necesita Andalucía: necesita la garantía del Estado para converger; para terminar de converger, porque llevamos desde 1986 en la Unión Europea y no ha llegado a converger. Llevamos 25 ó 26 años convergiendo, y Andalucía no ha llegado todavía al 75 por ciento de la media de la renta de la Unión Europea. Luego necesitamos la garantía del Estado en nuestra norma básica, para poder converger. Digo yo que si la garantía del Estado sirve para una cosa, también tiene que servir para la otra.
En cuanto a estas enmiendas, señorías, he oído de los representantes del Grupo Parlamentario Socialista las interpretaciones más peregrinas. Me han dicho que esto que publica el «Boletín Oficial del Estado» es papel mojado, que es inútil, que no sirve para nada. Estando en el Senado, en una Cámara legislativa, me cuesta creer que una ley orgánica que pertenece al bloque de la constitucionalidad es papel mojado y que no sirve para nada. Yo no lo creo. Si yo creyera esas cosas probablemente no estaría aquí, ni probablemente estarían mis compañeros ni mi partido. Si uno no cree en lo que hace, mejor sería que no lo hiciera. Nosotros estamos aquí porque necesitamos la garantía del Estado para que Andalucía pueda converger, y una ley orgánica no es papel mojado, no es inútil; eso no puede ser así,

Página 26


señorías. El cinismo o el desencanto no puede llevar a quienes llevan mucho tiempo desempeñando esta tarea a decir esas cosas, sobre todo cuando son padres de la patria, tal y como decía algún otro representante en esta Cámara; cuando son esas personas en las que los ciudadanos han depositado su confianza para elaborar las leyes. Señorías, si pensamos que las leyes son papel mojado, que son inútiles o que no sirven, acabaremos diciendo también que la deuda histórica recogida en el Estatuto de Andalucía es un brindis al sol. ¡Así le va a Andalucía!, ¡así le va a esta norma básica! Una enmienda que quiero destacar especialmente es la número 38, sobre el derecho a la convergencia. Alguien dirá que aparecen los principios de la Hacienda de la comunidad autónoma, pero no es suficiente, señorías. Los principios son declaraciones de intenciones; yo quiero la garantía del Estado, y la quiero precisamente porque Cataluña la tiene. Si nadie la tuviera reconocida, quizá alguien me podría decir que planteo una quimera, un imposible, y no tendría el valor de venir aquí a pedirlo, se lo aseguro. Pero, si lo hago, es porque de las Cortes Generales ha salido aprobado y publicado en el «Boletín Oficial del Estado» para otro estatuto, luego, ¿por qué no también para el de Andalucía? Además de esta, hemos presentado hasta 10 enmiendas a través del Grupo Parlamentario de Senadores de Coalición Canaria que recogen fundamentalmente esas herramientas o mecanismos de los que hablaba al principio y que son necesarios para corregir el presente de Andalucía, así como para garantizar el futuro que esta necesita para sus hombres y mujeres más jóvenes y para los más mayores, a fin de que tengan la mejor calidad de vida posible.
En este sentido en la enmienda número 41 definimos una serie de criterios para que Andalucía participe en los ingresos del Estado que tienen ustedes ahí escritos con total claridad. Es importante que la participación anual en los ingresos del Estado se determine al objeto de cubrir las necesidades financieras de Andalucía para promover el desarrollo de nuestra comunidad.
Otra enmienda también significativa, señorías --y con esto termino--, es la número 42. El artículo 185 del Estatuto habla de la gestión de los fondos europeos, pero nosotros queremos añadir un nuevo apartado. Como sus señorías saben, Andalucía todavía no ha terminado de converger con el resto de las regiones de la Unión Europea, motivo por el que hay un fondo de cohesión dotado con importantes cantidades de dinero para su desarrollo. En este sentido proponemos que en materia de Fondos de Cohesión la participación de Andalucía no podrá ser inferior a la participación de la población andaluza dentro de la población de aquellas Comunidades españolas que se encuentren por debajo del 90 por ciento del PIB de la Unión Europea. Puesto que parece que el criterio de población es la gran panacea a la hora de resolver algunas de las dificultades económicas y financieras de Andalucía, queremos que este se aplique también al criterio con el que se gestionan los Fondos europeos de Cohesión.
Señorías, esta es, pues, nuestra posición respecto del título que ahora debatimos. Junto con el de las competencias, el título de Economía, empleo y hacienda es el pilar del desarrollo y la prosperidad de Andalucía en el futuro, y por eso estamos aquí, defendiendo hasta el último momento algo que venimos diciendo desde el primer momento: que Andalucía necesita converger con el conjunto del Estado, con el conjunto de la Unión Europea, que es nuestro entorno natural, aquél en el que nos desenvolvemos; que si la garantía del Estado sirve para unos, también debe servir para otros, y que no podemos dejar de intentar que el desarrollo, la prosperidad y el futuro de los andaluces quede resuelto con las máximas garantías posibles, y tal y como aparece en el texto aprobado en el Congreso de los Diputados, ese objetivo no se cumple.
Muchas gracias, señorías.


El señor PRESIDENTE: Muchas gracias.
¿Turno en contra? (Pausa.) ¿Turno de portavoces? (Pausa.) Tiene la palabra la señora Caballero.


La señora CABALLERO CUBILLO: Sí, señor presidente.
La economía andaluza tiene problemas específicos, algunos de los cuales tienen carácter histórico debido, en primer lugar, a una estructura económica derivada de un modelo de desarrollo desigual del conjunto del Estado que nos ha afectado durante siglos y de la que desgraciadamente quedan secuelas, así como porque a pesar de que en los últimos veinticinco años se ha producido un cambio económico en Andalucía, los sucesivos gobiernos no han tenido capacidad suficiente como para superar las condiciones económicas para mantener unas tasas similares de creación de riqueza y empleo a las de la media española. Evidentemente todo eso es cierto; lo que no lo es, es el hecho de que en este capítulo de Economía, empleo y hacienda del Estatuto no se aborde.
El Estatuto de Autonomía dedica una parte importante de su texto a orientar los objetivos económicos de Andalucía para el próximo período, volcándose en el desarrollo sostenible, en la promoción y en el fomento de nuevos sectores productivos y dedicando un capítulo específico al tema del empleo y de la inclusión social y laboral en la Comunidad Autónoma de Andalucía, un capítulo elaborado a partir de una iniciativa de Izquierda Unida, a quien represento, y que nos parece realmente una novedad en materia estatutaria. Este es un capítulo que habla de la calidad en el empleo, de la lucha contra la precariedad, de la lucha contra la siniestralidad laboral, de mejorar las condiciones económicas de los trabajadores de la Comunidad Autónoma de Andalucía y dedica un artículo específico a la igualdad de las mujeres en el trabajo, tanto en cuanto al acceso al mismo, como a su promoción o a sus derechos reales de igualdad en el marco laboral.
Pero me voy a referir específicamente, porque es el objeto de esa gran diferencia que mantiene el Partido Andalucista con el Estatuto, al modelo de financiación o a los artículos relativos a la financiación autonómica.
Quiero ver en qué consiste esa diferencia que marca el Partido Andalucista

Página 27


con respecto al texto, que es básicamente el que salió aprobado en el Parlamento de Andalucía.
La Constitución dice muy poco en materia de financiación, a excepción de que habrá un Fondo de Compensación Interterritorial y que debe haber una igualdad básica entre los territorios, sean estos cuales sean. Así pues, muy poco dice la Constitución a propósito de la financiación, de ahí que el gran caballo de batalla político en cuanto al desarrollo de las autonomías esté en los modelos de financiación.
Sin duda Andalucía tiene un gran interés en conseguir un buen modelo de financiación que no sólo sea útil a los andaluces, sino también solidario y justo con el conjunto del Estado. En este texto hemos establecido la población como eje fundamental para cualquier sistema de financiación en el futuro. El situar la población como parámetro fundamental para establecer la financiación en el futuro significa quitar de la mesa elementos insolidarios, como la recaudación fiscal de cada una de las comunidades o el falso debate que se planteó respecto a los déficit fiscales cuando se debatió el Estatuto de Cataluña en las Cortes Generales. Por lo tanto, Andalucía opta por la población, por la nivelación de servicios en el conjunto del Estado --con respeto hacia la autonomía que cada comunidad autónoma tiene para determinar su gasto-- y apuesta decididamente por una igualdad de recursos en el conjunto del mismo. Esta es la opción básica que recoge el artículo 175 de nuestro Estatuto de Autonomía. ¿Qué es lo que ha aportado el Partido Andalucista? Habla de una grave diferencia en materia de financiación, aunque nunca lo señalaron así en el Parlamento de Andalucía, donde dijeron que les gustaba la música que tenía el Estatuto con respecto a la financiación.
Sin embargo, después han descubierto nuevas diferencias, porque había que dar un no político, motivado por otras razones y no por el texto del Estatuto. Si se aprobara la enmienda que propone el Partido Andalucista, no solamente no se mejoraría el texto del Estatuto, sino que se eliminarían principios fundamentales para la financiación andaluza. Por lo tanto, es un tremendo error lo que se quiere hacer en materia de financiación. El Partido Andalucista, a través de su enmienda, pretende quitar del texto estatutario todos los principios que hablan de la financiación autonómica, es decir, los que hablan de población, de nivelación de servicios, del FCI, y sustituirlo por una redacción, por cierto, mucho más «light», mucho más inconcreta y mucho más difusa, que no garantiza la exactitud de los criterios que queremos defender en la Comunidad Autónoma de Andalucía. Por lo tanto, no nos interesa. En ese sentido, consideramos realmente un atraso gran parte de los artículos y de las enmiendas de sustitución que se plantean al texto actual.
La portavoz del Partido Andalucista señala continuamente que su enmienda más querida es la referida al derecho a la convergencia, pero mí me gustaría verla plasmada aquí. A mí me gustaría discutir esa afirmación que dice que a Cataluña se le da el derecho a la convergencia, mientras que a Andalucía se le niega, y que el concepto quedara bien clarito. ¿De qué convergencia estamos hablando? ¿De la convergencia de servicios públicos? Esa convergencia está en el texto, cuando dice que tiene que haber convergencia e igualdad en los servicios públicos básicos. Y, por cierto, se definen --no como en la enmienda del Partido Andalucista, que dice que ya se definirán-- cuáles son los servicios básicos. No, no, aquí se define que los servicios básicos son: educación, salud y servicios sociales. Sin embargo, ustedes, ¿qué clase de convergencia están planteando? La convergencia de la renta, del PIB. Magnífico, señores diputados del Partido Andalucista. También a nosotros nos gustaría que Andalucía convergiera en PIB con la media española, y no solo con esta, sino con aquellas comunidades que tienen un PIB per cápita más interesante del conjunto del Estado. Esa es una buena intención. Sin embargo, un Estatuto puede garantizar el modelo de financiación, pero ¿puede garantizar un estatuto el crecimiento del PIB? Si existe esa fórmula, yo la quiero, porque es una varita mágica que no solo arreglaría la situación de Andalucía, sino de la mayoría de las comunidades autónomas y, dentro de ellas, a cada uno de sus territorios. ¿Cuál es la solución que da el Partido Andalucista? Por cierto, muy mal redactada, porque habla de que se buscará que el reparto de los fondos de nivelación pueda alterar la posición de Andalucía en las rentas. Por lo tanto, habla de alterar, no de mejorar, o sea, que podríamos ir a peor, según el texto de la enmienda. Entonces, ¿cómo se va a compensar con dinero público la diferencia del PIB andaluz con la renta media española? ¿Cómo se compensa? Les pongo un ejemplo. El PIB andaluz está en torno a 120.000 millones de euros y el presupuesto de la Junta de Andalucía cerca de los 20.000 millones de euros, no llega a un 20 por ciento del total del PIB andaluz. Por lo tanto, para garantizar, con dinero público, que el PIB andaluz se sitúe en la media española, haría falta una aportación pública anual de unos 10.000 millones de euros. ¡Fantástico, y «Alicia en el país de las maravillas» es todavía más fantástico! Así les salen unas cuentas absolutamente irreales. A mi también me gustaría que existiera esa posibilidad. Ustedes dicen que el Estado nos dé 60.000 millones de euros en los próximos años --hagan sus cuentas--, pero no para compensar la nivelación de servicios, que es lo que tenemos que hacer, señora González. No hay ningún país en el mundo, ni siquiera los países socialistas, que se planteen una nivelación de renta por PIB en cada uno de los territorios y, si no, una compensación con dinero público, porque la aportación pública es una parte del conjunto económico, cerca del 20 por ciento, y no se puede convertir en el cien por cien. Por lo tanto, esa fórmula no garantiza nada, señora González; es, simplemente, un deseo escrito en el aire. Todos queremos que Andalucía supere su situación y llegue a tener un PIB per cápita igual a la media española e, incluso, superior al que tienen Madrid, Baleares o Navarra. Y no pongan tantas veces el ejemplo de Cataluña, que está muy manido, pues quien reciben más dinero en materia de financiación no es Cataluña, sino otras comunidades.
Si quiere hablamos del Cupo vasco o de cómo se financia Navarra o de la financiación extraordinaria de Madrid, pero no podemos conseguir algo importante para Andalucía planteando de forma seria en este Estatuto tales desiderátum. ¿Qué es lo importante que tenemos que conseguir para Andalucía, señores del Partido Andalucista? Tener un

Página 28


buen sistema de financiación que tenga como eje fundamental la población, porque lo que determina el coste real de los servicios, al menos en el 90 por ciento, es el número de habitantes; tantos niños tienes, tantas escuelas tienes que tener. Además, hay un fenómeno de dispersión e insularidad, que puede afectar a un 10 por ciento, como mucho, del coste del servicio. Lo que tenemos que garantizar es que la financiación andaluza lo sea por población y que haya una nivelación de servicios, porque es verdad que seguimos teniendo una media de servicios por debajo de la media estatal.
Por tanto, tienen que estar en funcionamiento los fondos de nivelación que, desgraciadamente, los sucesivos gobiernos han ido congelando.
Tenemos que garantizar que el Fondo de Compensación juegue su papel equilibrador, así como que exista la máxima autonomía y suficiencia financiera de la Comunidad Autónoma de Andalucía, que de eso se trata, en una comunidad que --hablando con cierta humildad, sin ningún tipo de triunfalismo político, como hacen otras fuerzas políticas-- tiene problemas de insuficiencia financiera históricamente, debido a ciertos factores. Hagamos realidad lo que aquí hemos estado planteando.
La participación en los fondos europeos, señora González, es otro capítulo recogido en el Estatuto de Autonomía. Alguna de las medidas que ustedes plantean --como promover la igualdad de oportunidades, equiparar las condiciones de vida dentro del territorio del Estado, etcétera--, están perfectamente recogidas en un artículo que ustedes han eliminado de un plumazo, el artículo 175. Por lo tanto, no hay novedad ni aportaciones diferentes en el texto que propone el Partido Andalucista. Podrían haber hecho muchas aportaciones en materia de empleo y en materia económica durante la tramitación del texto en el Parlamento de Andalucía y no quisieron hacerlo. Por lo tanto, creo que sus enmiendas no favorecen en nada el texto, nada más que para desplegar una cortina de humo, cuyo fin es demostrar que somos menos que Cataluña; y no somos menos, señora González. Ya está bien de hablar del complejo de inferioridad y del agravio comparativo. Nuestro Estatuto no es menos que el de Cataluña.
Andalucía tiene problemas específicos que tenemos que resolver los andaluces y que no nos van a resolver desde fuera, señora González. Es cierto que el Estado tiene que establecer mecanismos de nivelación, pero no puede resolver problemas que hay que solucionar a través de un cambio del modelo económico y de políticas propias desde la Comunidad Autónoma de Andalucía.
Muchas gracias.


El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, doña Concepción Caballero Cubillo, y le pido excusas por la equivocación primera.
Por el Grupo Parlamentario Popular, tiene la palabra la señora Corredera.


La señora CORREDERA QUINTANA: Gracias, señor presidente.
Señorías, es para mí un honor intervenir en esta tribuna del Senado en representación del Grupo Popular en el Parlamento andaluz. Casi lo ha dicho todo la señora Caballero y en muchas cosas de las que ha dicho coincidimos, pero hablar del Título VI, Economía, empleo y hacienda merece que este grupo haga algunas consideraciones. Algunos se han referido a este título como el tercer pilar del Estatuto, pero lo que está claro es que el referente de una comunidad autónoma es en gran medida la situación de su economía, su capacidad para crear empleo de calidad y su capacidad inversora.
Señorías, se han realizado en este título modificaciones importantes destinadas a concretar y precisar la constitucionalidad del texto, garantizar la igualdad de los españoles en prestaciones de servicios y bienes públicos en todo el territorio, garantizar la suficiencia financiera e incorporar el concepto de población real efectiva y el concepto de población protegida para establecer que la población sea un elemento determinante en la financiación andaluza, así como la aplicación del principio constitucional de solidaridad; en definitiva, una financiación solidaria y suficiente para nuestra comunidad autónoma. Pero a pesar de los cambios, hay algún matiz o algunos matices sobre la deuda histórica o las inversiones del Estado para nuestra comunidad que a este grupo le preocupan y hubiéramos preferido que tuvieran otra consideración en este texto, pero lo hemos aparcado temporalmente en pos de un acuerdo.
Ya se sabe que en una negociación no todo es del gusto de todos y todos tenemos que renunciar a algo.
Pero, señorías, no cabe duda de que el texto inicial ha sido modificado sustancialmente y tenemos un nuevo texto que supone la integración de la financiación de Andalucía en el marco multilateral definido por la Constitución Española y la LOFCA. Nos hemos puesto la obligación de que los poderes públicos andaluces actúen con el máximo nivel de exigencia en todos los aspectos sobre el modelo de financiación e inversiones públicas en las que participan las instituciones de Andalucía. Queremos alcanzar para nuestra comunidad los niveles de recursos e inversiones imprescindibles para su desarrollo económico y social que nos hagan equiparables al conjunto de las comunidades autónomas de España.
Para este grupo, fue importante introducir en el Capítulo I, Economía, como principio de la política económica andaluza, que la comunidad autónoma promoverá la capacidad emprendedora y de las iniciativas empresariales incentivando especialmente a las pequeñas y medianas empresas, que, no olviden sus señorías, en Andalucía suponen más del 98 por ciento del tejido productivo andaluz. También es importante que se haya incluido el establecimiento por ley de un órgano independiente de defensa de la competencia en Andalucía.
Mención especial merece el capítulo sobre empleo, capítulo novedoso. En una comunidad como la nuestra, en la que la tasa de desempleo es elevada, en la que, de hecho, tenemos la tasa de paro más elevada de España tras la Comunidad Autónoma de Extremadura, por no hablar del desempleo femenino o juvenil, merecía especial atención esta materia. Todos los grupos políticos sentimos gran preocupación por la precariedad laboral, por la siniestralidad

Página 29


laboral, por la calidad en el empleo, y eso se refleja en este proyecto de estatuto.
En este capítulo también se trata de impulsar las políticas activas de empleo. Es relevante señalar que los poderes públicos deben velar por los derechos laborales y sindicales del conjunto de los trabajadores en todos y cada uno de los sectores de la actividad económica andaluza, y destaca especialmente la garantía del principio del cumplimiento del principio de igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres en el ámbito laboral --no olvidemos que hay mujeres que por el mismo trabajo siguen cobrando hasta un 30 por ciento menos--, en el acceso a la ocupación, la formación y promoción profesional.
Por último, respecto al capítulo de hacienda, que es la base más importante de lo que será la financiación futura de nuestra comunidad, quiero destacar que se sustenta en un principio básico en el marco del Estado de Derecho constitucional, que es la aplicación efectiva del principio de solidaridad interterritorial. Para este grupo es importante que el modelo de financiación autonómica, que determina el presente y el futuro de la Hacienda Pública de la Comunidad Autónoma de Andalucía como del resto de comunidades autónomas, debe quedar pactado y aprobado de manera multilateral por acuerdos del conjunto de todas --repito, de todas-- las comunidades autónomas y, si es el caso, que se proceda a la propia aprobación posterior de una ley orgánica que regule el nuevo sistema de financiación autonómica. Y para hablar de financiación autonómica hay que hablar del mecanismo más importante del cierre del sistema, que es el fondo de suficiencia, que no se debe ligar al marco de la cesión tributaria, como pretenden algunos, sobre todo si esa es la excusa para reducirlo.
También quiero hacer referencia al Fondo de Compensación Interterritorial como elemento corrector de desequilibrios territoriales, mecanismo que debe encontrarse bajo los parámetros de distribución equitativa y solidaridad. Como decía mi compañero Fernández de Moya en su intervención en el Congreso, hoy por hoy nos encontramos con una comunidad que en todos y cada uno de los balances económicos de carácter regional ocupa no solo los últimos lugares en materia de convergencia europea, sino que al mismo tiempo pone encima de la mesa grandes desequilibrios desde el punto de vista de su propia economía.
Señorías, termino. Si queremos una comunidad que crezca a mayor ritmo, que genere empleo de calidad, este Estatuto nos da el marco adecuado, solo hay que desarrollarlo y ya serán los andaluces quienes decidan quién lo desarrolla.
Muchas gracias. (Aplausos.)

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señora Corredera.
Tiene la palabra la senadora Loroño.


La señora LOROÑO ORMAECHEA: Muchas gracias, señor presidente.
Si me lo permite, voy a hacer referencia, junto con este título, a disposiciones y enmiendas sobre disposiciones que plantea el Partido Andalucista y que tienen mucha relación con el título de Economía, empleo y hacienda, porque la mayoría de sus enmiendas referidas a este título van orientadas al sistema de financiación autonómica e inciden en tratar de conseguir para la Comunidad Autónoma de Andalucía una financiación justa y suficiente para resolver los problemas importantes que tiene y que ustedes conocen mejor que nadie y en los que no voy a abundar ni a ahondar.
Aunque aquí se ha dicho que no se respetan principios que están establecidos en la Ley Orgánica de Financiación de las Comunidades Autónomas, LOFCA, y los principios que se establecieron en su momento para elaborar el nuevo modelo de financiación autonómica por el cual se rigen las comunidades autónomas de régimen común, la verdad es que en las enmiendas presentadas por parte del Grupo Parlamentario Andalucista y respetando los distintos criterios que aquí se han planteado por otros grupos parlamentarios se habla de principios de autonomía financiera, de coordinación, de solidaridad, de transparencia en la relaciones fiscales y financieras, de suficiencia financiera o de recursos, de responsabilidad fiscal, de equidad y de lealtad institucional. El texto lo recoge de alguna forma, pero a través de las enmiendas --y eso es lógico y lo haría cualquier grupo parlamentario, con independencia de que se haya llegado a un consenso entre el Grupo Parlamentario Socialista, Grupo Parlamentario Popular e Izquierda Unida-Los Verdes-- se aspira a conseguir un sistema de financiación autonómica adecuado y justo que resuelva los problemas de Andalucía.
Comparto con usted, diputada Caballero, el que no se puede condicionar un estatuto de autonomía a lograr una renta per cápita equis o una media de un producto interior bruto, pero imagino que compartirá con el Partido Andalucista y el resto de los grupos la aspiración de que Andalucía, como comunidad autónoma, en un momento concreto pueda afirmar que ha logrado esas cotas medias de renta per cápita y producto interior bruto en relación con el conjunto de las comunidades autónomas que conforman el actual Estado de las Autonomías.
Quizá no haya sido acertado el denominar en una enmienda el derecho a la convergencia, ya que incluso el otro día se hablaba de que Andalucía no solo tenía el derecho sino también el deber de ir a esa convergencia. En ese sentido, entiendo que no están reñidos derecho y deber. Para mí, Andalucía --y lo digo desde la perspectiva nacionalista sin querer introducir una serie de matices-- tiene el derecho y el deber de dar pasos hacia esa convergencia, pero también es deber de la Administración general del Estado poner a disposición de la Comunidad Autónoma de Andalucía instrumentos y mecanismos que, con la Junta de Andalucía, le ayuden a dar los pasos hacia esa convergencia, hacia ese equilibrio, y eliminar las distintas diferencias que en estos momentos pueda tener con respecto al resto de las comunidades autónomas.
Asimismo, considero que el conjunto de las comunidades autónomas --y me incluyo como miembro de la Comunidad Autónoma del País Vasco--, debemos intentar que otras comunidades autónomas alcancen las cotas que

Página 30


unas tenemos en estos momentos; no diré que sean privilegios, pero sí que tenemos una situación distinta. Por lo tanto, todos y todas debemos intentar que las distintas comunidades autónomas alcancen un mismo nivel, sin diferencias sustanciales ni en prestación de servicios ni en recursos, profundizando, en la medida de lo posible, como usted también ha señalado, diputada Caballero, en la competitividad y la productividad que en estos momentos tiene Andalucía, pues es responsabilidad de todos intentar lograr unos niveles de competividad y productividad mejores de los que actualmente tiene Andalucía para conseguir ese reto que todos queremos de un producto interior bruto y una renta per cápita más elevados. Esa es la pretensión de las enmiendas del Partido Andalucista, con sus más y sus menos, con sus diferencias respecto a los criterios de otros grupos parlamentarios. Esa es una lógica aspiración de todos los grupos y, aunque ahora se recoja de una forma concreta en el Estatuto de Autonomía --y concluyo, señor presidente--, entiendo que además habrá que trabajar mucho en el nuevo modelo de financiación autonómica que se nos viene anunciando y que, de alguna forma, se tendrá que debatir y discutir en el ámbito adecuado, que es el Consejo de Política Fiscal y Financiero y no en esta Cámara en la que estamos debatiendo el Estatuto de Autonomía de Andalucía.
Nada más y muchas gracias.


El señor PRESIDENTE: Gracias, señoría.
Por el Grupo Parlamentario Socialista, tiene la palabra el senador Pezzi.


El señor PEZZI CERETO: Gracias, señor presidente.
Permítanme, en primer lugar, que exprese la emoción que tengo de poder hablar, primero, a una representación tan nutrida del Parlamento de Andalucía y, segundo, por poder debatir también del Estatuto de Autonomía. Veinte años en el Parlamento de Andalucía como diputado o consejero me hacen sentirme muy cercano y deseo felicitarles por el espléndido trabajo que están haciendo, estén a favor o en contra de este Estatuto que hoy tiene su debate en el Senado.
Permítanme que haga una defensa del Título VI en su tenor literal, tal y como se nos ha remitido, ya que estoy totalmente de acuerdo en cómo ha quedado redactado y, por lo tanto, manifiesto desde el principio mi posición contraria a las enmiendas que ha presentado Coalición Canaria.
Señorías, desde mi punto de vista --y puedo equivocarme--, el Estatuto de Autonomía de Andalucía, impulsado por el referéndum del 28 de febrero de 1980 y aprobado por las andaluzas y andaluces el 20 de octubre de 1981, suponía la consecución inicial de una reivindicación autonómica que, sin duda, estaba apoyada en fundamentos históricos y culturales, pero que tenía un profundo enraizamiento en el corazón de los andaluces debido --repito, desde mi punto de vista-- al malestar que se interiorizaba claramente en la ciudadanía por el papel que jugaba nuestra tierra en el marco de la nación española; un evidente malestar generalizado en millones de hombres y mujeres que, con rabia, eran conscientes de la situación de subdesarrollo, marginación e incluso explotación de nuestra tierra. Era un grito generalizado de autonomía, de libertad, de poder político, para acabar con las lacras que habían dejado la brutal emigración, el fracaso de la industrialización, el latifundismo, las tierras mal cultivadas, un campesinado explotado, la ausencia de una burguesía emprendedora, paro, analfabetismo, hambre, todo aquello que durante años nos regaló ser la periferia de la periferia. El 4 de diciembre de 1977, un millón de andaluces y andaluzas gritaron: ¡Basta ya!, y todos entendimos, unos más que otros, que el cambio iba a ser profundo y que no íbamos a ir otra vez en el furgón de cola.
El Estatuto actual trae causa de ese deseo de la ciudadanía; fue un proceso imparable, y a los que se opusieron se les arrolló por no darse cuenta de que iban en contra del fluir natural de un deseo de más calidad de vida, más empleo, más autonomía, mejores y más cercanos gobernantes.
Los andaluces lo tuvieron claro entonces. El Estatuto resultante supo recoger sus reivindicaciones; de ahí que se incluyera la reforma agraria, el retorno de los emigrantes, un buen sistema de comunicaciones o la deuda histórica. El Estatuto reflejaba la realidad vivida, la conciencia de la desigualdad que a toda costa queríamos superar.
Hoy, veinticinco años después, tenemos un nuevo Estatuto, sin los traumas ancestrales, sin rencor, sin considerarnos ni más ni menos que nadie.
Andalucía es hoy una región, una nacionalidad histórica en la que, sin triunfalismos, su PIB crece en términos reales desde 1994 más del 3 por ciento, por encima de lo que crece la economía española, y el doble de la Unión Europea; en tres años consecutivos hemos alcanzado un PIB por habitante superior al 75 por ciento del de la Unión. En este año 2006 hemos tenido la menor tasa de paro de la historia, siendo de las regiones europeas que más crecen en empleo y reducción de paro; las cámaras de comercio europeas sitúan a Andalucía entre las dieciséis regiones europeas con mejores previsiones de negocios en 2006, y un informe reciente de La Caixa califica de insólito el ritmo de crecimiento de nuestra comunidad, que nos sitúa en el área de mayor expansión de España; y similares datos destacan en educación, investigación, capacidad emprendedora, investigación y desarrollo, etcétera.
Por ello, a este senador socialista, observador avezado y cuidadoso de la realidad andaluza, no le sorprende en absoluto la actual redacción del Título VI del nuevo Estatuto, y lo defiende con fortaleza y convicción.
Señorías, este Título VI, Economía, empleo y hacienda, es el reflejo fiel de la modernización de nuestra tierra; es el reconocimiento de que ya tenemos los mismos problemas y buscamos parecidas soluciones que las restantes comunidades, incluso las más pujantes. Es un título que responde a la nueva sociedad, a la sociedad del conocimiento y a un mundo globalizado, de ahí que asegure entre sus objetivos básicos y principios los de la Estrategia de Lisboa: educación, universidad, investigación, innovación, más empresa y desarrollo económico. No se apuesta por cualquier desarrollo, obviamente, sino por un desarrollo sostenible económica, social y medioambientalmente y, en el marco de la economía social de mercado y en el Estado del bienestar supone asegurar

Página 31


los servicios básicos para todos y eliminar los impactos negativos, como la precariedad en el empleo o los riesgos laborales.
Si me permiten la licencia, este título es reflejo fiel del debate y las conclusiones de la segunda modernización de Andalucía, que empezó como una reflexión estratégica y que hoy se incorpora a la realidad económica y a nuestra ley de la mano, precisamente, del Estatuto de Autonomía.
No será nada fácil recorrer el camino marcado en este título y en todo el Estatuto, pero más vale tener una senda bien marcada y un claro objetivo como pueblo, pues aunque se hace camino al andar y el caminante sabe que no hay camino, tener una buena brújula ayuda mucho --y se lo dice un geógrafo--. Nuestra brújula es este Estatuto de Autonomía que aprobaremos entre todos y que estoy convencido que respaldará el pueblo andaluz.
¡Enhorabuena! Nada más y muchas gracias. (Aplausos.)

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias.
Se suspende la sesión hasta las cuatro de la tarde.


Eran las catorce horas y cuarenta minutos.


Se reanuda la sesión a las dieciséis horas y cinco minutos.


El señor PRESIDENTE: Señorías, se reanuda la sesión.
Los Títulos VII y VIII no han sido enmendados. En consecuencia, pasamos directamente al debate de las enmiendas al Título IX.
Al Título IX, Relaciones institucionales de la Comunidad Autónoma, artículos 218 a 247, se han presentado las enmiendas números 44 a 49.
Para su defensa, el diputado señor DellÆOlmo tiene la palabra.


El señor DELLÆOLMO GARCÍA: Muchas gracias, señor presidente.
Señorías, estamos ante uno de los cuatro títulos nucleares del Estatuto de Autonomía. Junto a las competencias, la financiación y la identidad, las relaciones con Andalucía forman parte del bloque de lo que nosotros, los andalucistas, denominamos codecisión, ese principio que nos gustaría ver reflejado en la articulación de nuestro Estado y que otros, en una teoría constitucional, definen también como federalismo cooperativo.
Señorías, la enmienda número 44, del Grupo Parlamentario de Senadores de Coalición Canaria, reproduce el texto del artículo 176, apartados 2 y 3, del Estatuto de Cataluña, y viene a dejar claro algo que nos gustaría que se incorporase. El Estatuto catalán establece clara y abiertamente que Cataluña no queda vinculada por las decisiones adoptadas en los órganos multilaterales de colaboración entre el Estado y las comunidades autónomas respecto de los cuales no haya manifestado su acuerdo. Eso brilla por su ausencia en el caso del Estatuto de Autonomía de Andalucía, es decir, que se podría dar la circunstancia de que Andalucía quedase vinculada por un acuerdo que se tomara en esos órganos sin su pronunciamiento favorable, lo cual es un manifiesto disparate. En consecuencia, los andalucistas pedimos que se tome en consideración la enmienda número 44 del Grupo Parlamentario de Senadores de Coalición Canaria para resolver esa situación. Esa es nuestra opinión y la de las fuerzas políticas que la han apoyado en el caso del Estatuto de Cataluña.
La enmienda número 45 es manifiestamente necesaria y clara. En ella se indica que la existencia de una regulación europea no puede modificar en modo alguno la distribución interna de competencias que se establece en el Estatuto de Autonomía de Andalucía. Algunos pueden entender que esto es algo obvio, pero a nosotros nos gustaría que quedara reflejado, porque en los últimos 28 años ya hemos asistido al vaciado de contenido de los estatutos a través de legislación que ni siquiera era básica, sino legislación sectorial del Estado. Por supuesto, en esta reforma general de los estatutos también había que resolver la situación que se ha producido como consecuencia de la entrada de España en la Unión Europea.
Codecisión y coparticipación a la hora de conformar la voluntad del Estado es lo que hemos planteado en la ponencia encargada de realizar los trabajos sobre el Estatuto de Autonomía de Andalucía, tanto en el Parlamento andaluz como en el Congreso de los Diputados. Y tras una labor que yo califico de poda selectiva hasta dejar convertido en un auténtico bonsái no ya el texto que debatimos hoy, sino el que salió del Hospital de las Cinco Llagas, sede del Parlamento de Andalucía, vemos que, mientras el Estatuto catalán recoge que Cataluña participa en los procesos de designación de los magistrados del Tribunal Constitucional y de los miembros del Consejo General del Poder Judicial, nuestro Estatuto señala que Andalucía participa en la designación de los órganos constitucionales; es decir, utiliza una fórmula absolutamente ambigua y no precisa cuáles son esos órganos. Evidentemente, el hecho de no haberlo fijado va a tener como consecuencia el establecimiento de distintos criterios para unos y otros, es decir se producirá una quiebra de la igualdad.
Respecto de los órganos de carácter económico, como pueden ser el Banco de España, la Comisión Nacional del Mercado de Valores, el Tribunal de Cuentas o el Consejo Económico y Social, el Estatuto catalán indica, literalmente, que Cataluña designa o participa, con lo cual la ley podrá atribuir directamente a la Generalitat la posibilidad de designación de miembros en esos órganos. En nuestro caso, desaparece la palabra «designa» y solo queda que Andalucía participa.
El Estado ha de informar a la Generalitat de manera preceptiva de la revisión de tratados de la Unión Europea que puedan afectar a las competencias de dicha comunidad. La Generalitat y el Parlamento catalán deben dirigir las observaciones que estimen oportuno al Estado en relación con esas iniciativas. Pues bien, ninguna de estas cuestiones aparece en el Estatuto andaluz.
Señorías, mientras que a la Generalitat le corresponde la gestión de los fondos europeos en materias que son de su competencia, el Estatuto de Andalucía solo se refiere a la posibilidad de gestionar aquellas subvenciones territorializables

Página 32


de la Unión Europea. En el caso catalán, repito, los fondos europeos sobre materias de su competencia van a ser gestionados y administrados por la propia Generalitat de Cataluña.
Al igual que se recoge en el proyecto de Estatuto de Andalucía que estamos debatiendo, en el caso catalán existe la posibilidad de instar al Estado a que inicie acciones ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea, pero solo Cataluña puede colaborar en materia de defensa jurídica y solo en el Estatuto catalán aparece que si el Estado decide no ejercer acciones debe motivar su resolución y comunicarla a la Generalitat.
El impulso de la acción exterior de Cataluña es atribuido como competencia a la Generalitat, así como la capacidad para llevar a cabo acciones con proyección exterior bien de forma directa o a través de los organismos del Estado. Eso no se contempla en el caso de Andalucía; por ello, planteamos en una de nuestras enmiendas que se creen en el exterior centros andaluces para la difusión y el conocimiento de la cultura e historia de Andalucía. Señorías, existen centros del Instituto Cervantes en diferentes puntos del globo --entendemos que con criterio acertado--, y creemos necesario que, de la misma manera que se está promocionando la cultura común de todos los pueblos y ciudadanos de España, Andalucía pueda difundir también su cultura en aquellos lugares donde estime oportuno y fundamentalmente donde residan ciudadanos andaluces.
En el Estatuto de Cataluña se recoge que se puede participar en organismos internacionales en materias de interés para dicha comunidad, y hay una alusión especial a la UNESCO. En el Estatuto de Andalucía esa posibilidad también se recoge, pero sin citar ningún organismo, e indicando que se formaría parte de la delegación española.
Señorías, antes de concluir, y con la venia del señor presidente, voy a defender una enmienda que en mi opinión representa la singularidad de Andalucía. En la sesión del pasado lunes hubo quien no entendía por qué los andalucistas hablábamos de la necesidad de que hubiera un trato singular para Andalucía en el seno de la Unión Europea como consecuencia de ser su frontera. Esta singularidad debería quedar recogida en el Estatuto de Autonomía de Andalucía porque nada lo impide según la legislación comunitaria. Por tanto, creemos que esa singularidad, de la que se derivan muchas cuestiones que los ciudadanos andaluces están viviendo día a día y, desgraciadamente, con hechos luctuosos, como la masiva llegada, con muertes, de pateras a las costas andaluzas, esa singularidad, digo, debe recogerse para que la Unión Europea tenga en cuenta que somos su frontera sur.
Esta es mi última intervención, puesto que mi compañera intervendrá en relación con el Título Preliminar y el Preámbulo y, con carácter previo, defenderá las posiciones de mi grupo en relación con las disposiciones.
Por ello, permítanme, señorías, que este andalucista se despida de esta Cámara después de haber cumplido con lo que para mí personalmente y para mi grupo parlamentario es un deber: el ser coherentes. Nosotros, señorías, somos una minoría, y esa minoría no solamente tiene derecho a expresarse sino que también responde al sentimiento de una parte de la sociedad andaluza; nos gustaría que fuese más del 6 por ciento, pero somos el 6 por ciento y, en consecuencia, tenemos que ser coherentes con el ideario que nos ha llevado a representar a ese número de andaluces.
En este sentido, tenemos que seguir trabajando para ser capaces de obedecer a un ideal, un ideal que Blas Infante plasmó a lo largo de su vida, y precisamente el Estatuto de Autonomía de Andalucía recoge uno de sus documentos --probablemente no el que los andalucistas hubiéramos elegido-- para reflejar esa idea del impulso del padre de la patria andaluza y de quienes con él estuvieron trabajando por la autonomía de Andalucía. Él decía: Andalucía es una nación, una patria en nuestras conciencias, porque una común necesidad invita a todos sus hijos a luchar juntos por la común redención.
Esa es una parte fundamental de su pensamiento, que luego tradujo en el ideal andaluz, con el que fue plenamente coherente a lo largo de su vida.
Y lo hizo, señorías, desde el lema de nuestro escudo: Andalucía por sí, para España y la Humanidad. Y lo pagó caro, tanto él como otros patriotas de diferentes naciones del Estado. Como ustedes saben, Blas Infante, al igual que Lluís Companys, y decenas de dirigentes nacionalistas vascos, murió fusilado en la madrugada del 10 al 11 de agosto de 1936. Pagó con su vida lo que fue su trayectoria en defensa de un ideal. Y, desde luego, pudo con orgullo hacer algo que a mí, como andalucista, y al resto de mis compañeros también nos gustaría cuando nos llegara el final de nuestra existencia: poder gritar, con coherencia: ¡Viva Andalucía libre! Gracias.


El señor PRESIDENTE: Muchas gracias.
¿Turno en contra? (Pausa.) Turno de portavoces.
Tiene la palabra la señora Caballero.


La señora CABALLERO CUBILLO: Gracias, señor presidente.
Muy brevemente, deseo destacar lo que significan para nuestro grupo parlamentario algunos cambios importantes en este Título, puesto que, junto con otros artículos referidos a competencias y el apartado económico, suponen algunos elementos de carácter federalizante para el futuro de la relación entre la comunidad autónoma y el Estado.
En este Título, de importancia fundamental para la Comunidad Autónoma de Andalucía, se sitúa nuestra relación con la Unión Europea, y es de destacar que la opinión de Andalucía en los temas que la afectan por tener competencia exclusiva en la materia será vinculante. Queremos destacar también la participación de la comunidad autónoma en todos los procesos ante la Unión Europea, así como en aquellos de política exterior que la afecten de forma singular.
Debo agradecer al Partido Andalucista que no haya presentado enmienda alguna respecto de la comisión bilateral con el Estado en asuntos de específico interés para la Comunidad Autónoma de Andalucía, una comisión que, obviando, por supuesto, temas que deben ser multilaterales,

Página 33


como el referido a la financiación, es un lugar de relación y coordinación entre el Estado y la comunidad en el uso de las competencias que le son propias en cada una de las materias; una comisión bilateral que, como digo, también tiene un elemento federalizante, sin que ello suponga quiebra alguna del principio de igualdad, puesto que el resto de las comunidades que así lo deseen, y cuando sus estatutos así lo consagren, también tendrán derecho a esta relación bilateral.
Finalmente, quiero destacar de este título el Capítulo V, de la Cooperación al desarrollo, pues Andalucía es una comunidad fronteriza con el norte de África y debemos pensar que mantiene una deuda de solidaridad con el conjunto de África, y de forma especial con Hispanoamérica, por lo que se plantea como un capítulo especial todo lo concerniente a la solidaridad y la cooperación internacional.
Muchas gracias, señor presidente.


El señor PRESIDENTE: Gracias.
A continuación, por el Grupo Parlamentario del Partido Popular de Andalucía, tiene la palabra el señor Garrido.


El señor GARRIDO MORAGA: Con la venia, señor presidente.
Señorías, sean mis primeras palabras para agradecer al Grupo Popular la oportunidad que me da de intervenir en esta sesión, y especialmente a doña Soraya Sáenz de Santamaría y a don José Luis Sanz, que defendieron las posiciones de nuestro grupo en el Congreso, en el debate de este Título IX, que versa sobre las relaciones institucionales de la comunidad autónoma, y cuyos argumentos utilizaré por extenso, porque, «suum cuique tribuere»: hay que dar a cada uno lo suyo; y yo no voy a inventar nada, sino que, como digo, voy a utilizar sus argumentos.
Me van a permitir también que manifieste mi emoción personal por encontrarme en este salón de Plenos, antigua iglesia del Convento de los Agustinos Calzados, fundación de doña María de Aragón, cuyas trazas son de 1581; justo detrás, donde está ahora el repostero, estaba aquel retablo que diseñó el Greco, adornado con algunas de sus mejores pinturas. En 1814 el constitucionalismo de Cádiz ocupa este lugar --y hay que referirse a Cádiz forzosamente--, y en 1820 el rey felón, Fernando VII, juró la Constitución para inmediatamente no cumplirla. (Risas y aplausos.) Este espacio, por lo tanto, tiene para mí, como persona dedicada a la cultura, un valor muy especial.
En este Titulo nono se aprecia de manera eminente el trabajo del Partido Popular, que ha contribuido a alcanzar un texto eficaz, plenamente constitucional y que se corresponde con la centralidad de nuestro pensamiento y, al mismo tiempo, con los sentimientos de amor a Andalucía y a España. En el Título IX se aprecia ese gran servicio que el Partido Popular ha prestado a nuestra tierra andaluza y también a España, porque los textos que ha introducido en la negociación --negociación que ha dado como resultado un Estatuto para todos y un Estatuto de todos-- son textos que han permitido reconducir ciertas tendencias centrífugas y no plenamente constitucionales al ámbito justo y equilibrado de lo que los andaluces sentimos y queremos. Algunos planteamientos hubieran venido a modificar, tal como estaban, el modelo constitucional de las relaciones institucionales de la comunidad, y nuestras aportaciones han permitido que esos planteamientos tengan el justo término y el punto adecuado en el marco constitucional. No voy a extenderme, obviamente; sólo haré alusión a algunos temas especialmente queridos por nuestro grupo. Por ejemplo, lo que se refiere a la reserva, a lo dispuesto en la Constitución, en la legislación del Estado y en la normativa de la Unión Europea para la participación de la comunidad en las decisiones que se tengan que tomar.
Ese aspecto es fundamental en la línea de darle constitucionalidad al Estatuto. Después, esa comisión bilateral adquiere el valor de comisión de cooperación para la participación, información, colaboración y coordinación en el ejercicio de las respectivas competencias entre el Estado y la comunidad autónoma, porque no hay que olvidar, señorías, que las comunidades autónomas son Estado y el Estado es España. La supresión de la exigencia general de informe a la comisión de la comunidad en cualquier obra, servicio, adquisición del Estado, que además permitiría a la comunidad autónoma asumir su gestión directa o compartida. La mención expresa de que la participación en la planificación económica se hará de acuerdo con el artículo 131, es decir, nada de bilateralidades, sino multilateralidad, que significa lo que es la solidaridad entre todas las comunidades que forman España. La supresión de la participación en la planificación de las inversiones del Estado. La supresión en lo que se refiere a la designación de magistrados del Tribunal Constitucional y de los miembros del Consejo General, puesto que defendemos la unidad de la independencia del Poder Judicial como uno de los elementos claves de la libertad de cualquier sociedad. La ampliación del plazo de 30 a 60 días para la entrada en vigor de los convenios de colaboración, una vez comunicados a las Cortes Generales, de manera que las Cortes puedan ejercer su control, así como su publicación obligatoria en el Boletín Oficial de la comunidad autónoma. Y la concreción del ámbito de coordinación de la acción exterior, algo muy importante y que se orienta sobre todo a la cooperación al desarrollo. Y me gustaría detenerme en una cuestión. La representación de España es la representación del Estado español en el extranjero, y sería ciertamente risible --por no emplear otro término-- que en una reunión de ministros de Asuntos Exteriores de la Unión Europea el ministro español se viera acompañado de 17 representantes, cada uno de los cuales daría una opinión. Eso es regresivo, y no se corresponde con la modernidad en la que estamos embarcados.
Por lo tanto, hay medidas --y no me extiendo más-- en este Estatuto que lo que hacen es reconducir la situación; por ejemplo, se exige la delegación expresa por parte del Estado para ejercer la representación ante la Comunidad Europea; hay que someterse a la legislación comunitaria en los principios de subsidiariedad y proporcionalidad, hay que realizar una adecuación a la legislación comunitaria ante acciones del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, que de momento impide el acceso directo de las comunidades, etcétera.


Página 34


Para terminar, quiero simplemente felicitarnos porque el Estatuto de Autonomía va a ser un instrumento importante para el desarrollo y el progreso de nuestra tierra andaluza en el marco de la indisoluble unidad de la patria española.
Muchas gracias. (Aplausos.)

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias.
En turno de portavoces tiene la palabra la senadora Loroño.


La señora LOROÑO ORMAECHEA: Muchas gracias, señor presidente.
En este Título IX que estamos debatiendo, y que se refiere a las Relaciones institucionales de la Comunidad Autónoma de Andalucía, que deben quedar reflejadas en su Estatuto de Autonomía, se han planteado distintas enmiendas por parte del Grupo Parlamentario Andalucista con las que se pretende velar por las competencias que se recogen en el Estatuto y que corresponden, evidentemente, a la Comunidad Autónoma de Andalucía.
De ahí que algunas hagan referencia al marco europeo por una razón muy sencilla: porque en estos momentos estamos en el marco de la Unión Europea, donde se dictan normativas, donde se elaboran regulaciones que posteriormente han de ser traspuestas a nuestro ordenamiento jurídico interno y que afectan directamente incluso a la legislación que hayan podido desarrollar las propias comunidades autónomas y a competencias exclusivas de dichas comunidades. Por tanto, no es nada desdeñable --ni es algo que no se esté haciendo ya-- el que las comunidades autónomas participen en el ámbito de la Unión Europea acompañando, por supuesto, al Gobierno y al ministro correspondiente en las distintas reuniones sectoriales que se estén manteniendo allí.
Por ello, no entendemos que se diga que eso no es posible porque sí lo es si hay voluntad política. Incluso a lo largo de esta legislatura eso se ha podido demostrar puesto que se ha convertido en una práctica habitual el que representantes de comunidades autónomas que han sido designados por ellas acompañen a la delegación del Gobierno al tratar aquellas cuestiones que les son de vital importancia y de su competencia.
Hay también otra serie de enmiendas relacionadas con el marco de colaboración de la Junta de Andalucía y el Estado desde la perspectiva de no vinculación a una decisión multilateral que le afecte y sobre la que no haya manifestado su acuerdo, enmiendas basadas fundamentalmente en la propia naturaleza de la colaboración, que no es otra que la voluntariedad de las partes. En ese sentido creo que la multilateralidad y la bilateralidad en la relación no están reñidas, puesto que hay cuestiones que tienen que ser debatidas y tratadas en ámbitos multilaterales y hay otras que deben ser debatidas y tratadas en ámbitos de relación bilateral. Y es que sería absurdo convocar una reunión multilateral para debatir y tratar una cuestión que tan solo afecta a una comunidad autónoma.
Por otro lado, como ha comentado ya el representante del Partido Andalucista, señor DellÆOlmo, hay que reconocer la especificidad y singularidad que tiene en estos momentos Andalucía, al igual que otras comunidades autónomas, por ejemplo, las Ciudades Autónomas de Ceuta y Melilla y la Comunidad Autónoma Canaria, que se ven, desde luego, sometidas a una presión de inmigración importante por la búsqueda de unas personas de unas mejores condiciones de vida que las que tienen en su país de origen; y esas comunidades autónomas concretas están siendo puerta de entrada de los inmigrantes hacia Europa. Por tanto, el que se reconozca esa singularidad, esa especificidad, como también la tienen otras comunidades autónomas, nos parece totalmente lógico y coherente.
Muchas gracias.


El señor PRESIDENTE: Muchas gracias.
Tiene la palabra don Pedro Villagrán, del Grupo Socialista.


El señor VILLAGRÁN BUSTILLOS: Gracias, señor presidente.
Señorías, buenas tardes. Quisiera que mis primeras palabras fueran de saludo a la delegación del Parlamento andaluz que nos acompaña esta tarde en este debate de la Comisión General de las Comunidades Autónomas.
Es para mí un auténtico honor subir a esta tribuna para fijar la posición de mi grupo en este turno de debate de enmiendas de propuesta de reforma del Estatuto de Andalucía. Para un veterano socialista como yo es un orgullo defender aquí los posicionamientos políticos de un partido que desde 1977, e incluso desde mucho antes, mantiene una línea totalmente coherente con el debate autonómico de nuestra tierra y de nuestra gente basado en dos pilares fundamentales: conseguir en el marco constitucional una autonomía plena de máximas competencias y recabar el máximo consenso posible entre todas las fuerzas políticas. Eso lo era antes y eso lo es también ahora.
Se ha hablado, y mucho, tanto en el debate del Parlamento de Andalucía como en el Congreso de los Diputados de las grandes dificultades que tuvimos para conseguir en 1980 la autonomía por el artículo 151. No voy a repetir las complicaciones, los desprecios y los desaires que se manifestaron por parte de unos y otros. No voy a insistir en las dificultades que tuvimos para la convocatoria del referéndum. Y no voy a reiterar los impedimentos que soportamos para conseguir, al final, un apoyo mayoritario aquel 28 de febrero.
El Estatuto nos llevó a un nivel de autogobierno que ha hecho de Andalucía una Comunidad Autónoma que recupera a grandes pasos los desequilibrios que padecía tras tantos años de olvido. Señorías, como dicen en mi tierra, agua pasada no mueve molino, aunque no es malo recordarlo de vez en cuando para saber exactamente dónde nos encontramos ahora y de dónde venimos. Y es que es difícil --y eso lo sabe bien el pueblo andaluz, que tiene muy buena memoria-- olvidar quién fue el motor de ese movimiento autonómico entonces y quién también lo es ahora; quién o quiénes lucharon, consensuaron y consiguieron aquel acuerdo de 1980, y los que lo hacen hoy.


Página 35


Por eso, señorías, es una satisfacción para mí --y perdón por lo reiterativo, señor presidente-- subir a esta tribuna en representación de mi partido y de mi grupo después de que esta reforma haya pasado por el Parlamento de Andalucía y por el Congreso con un apoyo del 95 por ciento.
Ello no es ni más ni menos que el triunfo del consenso, del pacto, del acuerdo, que le da una fuerza, como a aquella del referéndum en 1980, muy importante a esta reforma.
Ante ese apoyo tan mayoritario se nos presentan unas enmiendas por parte del Grupo Parlamentario de Coalición Canaria que son idénticas a las que en su día en el Parlamento de Andalucía y en el Congreso --esta vez por el Partido Nacionalista Vasco-- presentó el Partido Andalucista. Una vez más, como entonces, como en 1980, los nacionalistas andaluces se quedan fuera del consenso. El recuerdo nos viene a la memoria: en toda la amalgama de criterios diferentes y peculiares que escuchamos entonces por aquellos pagos nadie recuerda los planteamientos de los que hoy no entran en el consenso. Ya en 1980, como ahora, el posicionamiento político del Partido Andalucista fue al menos incoherente, y recibió por ello su medicina por parte del electorado.
Ahora, una vez más, no se unen al acuerdo y hablan de un complot de los partidos centralistas contra los pobres nacionalistas andaluces. No es tal. Para justificar sus enmiendas dicen defender un modelo determinado de configuración política en Andalucía, pero aunque así lo fuera, cosa que no sentimos ni compartimos, cuentan con el apoyo político que cuentan.
Se han presentado seis enmiendas al Título IX. La primera se refiere a nuestra relación con el Estado y las restantes, a nuestra relación con Europa. Por un lado, se plantea por Coalición Canaria que Andalucía quede desvinculada cuando no haya manifestado su acuerdo con los mecanismos de colaboración voluntaria con el Estado y otras comunidades autónomas.
Igualmente, se establece que Andalucía puede hacer constar sus reservas en ese mismo foro cuando las decisiones no se hayan tomado con su aprobación.
Quisiera resaltar la huida hacia adelante de Coalición Canaria-Partido Andalucista al introducir el artículo 219 bis, intentando la no vinculación a los acuerdos que se adopten en el marco de los mecanismos multilaterales de colaboración. Pensamos, señorías, y creemos que con mucha razón, que si participamos realmente en marcos bilaterales o multilaterales tenemos la necesidad de cumplir los acuerdos que en ellos se adopten y no dar la posibilidad a nivel del Estatuto de no hacerlo.
Para los asuntos de interés específico de la comunidad queremos que existan relaciones bilaterales, y en otros casos participaremos a través de los órganos multilaterales que a tal efecto se irán creando.
Igualmente, deberemos participar cuando se pretenda, entre otros, presentar recursos de inconstitucionalidad por una u otra Administración para intentar evitar así la intervención del Tribunal Constitucional. A eso es a lo que nosotros llamamos bilateralidad, y su ejercicio supone un fortalecimiento del sistema, una consolidación del Estado autonómico y un robustecimiento del marco legal en el que nos desenvolvemos.
Señorías, queda, por tanto, clara nuestra postura y la del texto que se propone respecto de las relaciones con el Estado, del que orgullosamente formamos parte.
Las enmiendas restantes tratan, como he dicho, de nuestras relaciones con Europa. Es evidente que las decisiones y los acuerdos que se adopten en Bruselas afectan, y mucho, a competencias autonómicas; por tanto, por el interés de los andaluces es fundamental abrir nuevos cauces de diálogo, profundizar en una participación real, ser oídos, opinar y configurar juntos la opinión del Estado en esa toma de decisiones. Perseguimos, pues, que las decisiones que el Estado adopte en muchas ocasiones o sus posiciones sobre cuestiones que nos incumben reflejen nuestra sensibilidad, nuestra voz andaluza, contribuyendo de esa forma al posicionamiento que finalmente se decida. Por consiguiente, en la reforma del Estatuto, regulamos ese marco de relaciones, pero sometido siempre a la normativa del Estado y de acuerdo con la normativa comunitaria. En síntesis, en nuestra reforma del Estatuto reglamentamos nuestra relación con Europa, pero siempre de acuerdo con la normativa del Estado y con las normas comunitarias, es decir, con el máximo respeto a la normativa vigente.
Señorías, tenemos meridianamente claro que Andalucía tiene que estar presente allí donde se deciden todos aquellos asuntos que le afectan. Esa es una reivindicación del Parlamento de Andalucía, del Gobierno andaluz y de los ciudadanos y ciudadanas de nuestra tierra, lo que se explicita claramente en el texto que nos remite el Congreso de los Diputados.
Las enmiendas presentadas por Coalición Canaria en nombre del Partido Andalucista no perfeccionan sustancialmente el texto remitido por el Congreso, que pensamos que es fruto de un amplio consenso y, en nuestra opinión, valiente, ambicioso y a la vez realista. Es más, creemos que ese es el marco estatutario que los andaluces y las andaluzas quieren como modelo de funcionamiento para los próximos años. Y como las enmiendas que se proponen no aportan nada que mejore el texto, mi grupo votará en contra.
Así pues, con este texto Andalucía tendrá una presencia en los lugares donde se toman las decisiones que le afectan, lo que le va a permitir aumentar sus cuotas de autogobierno, además de ser una reivindicación de todos los grupos de la Cámara andaluza.
Señorías, estamos muy satisfechos de este texto porque nos mantenemos en la línea directriz marcada el 28 de febrero de 1980, fecha en que se celebró un referéndum histórico que avala, como el que más, nuestras reivindicaciones tendentes a una autonomía de máximos en nuestro Estado y con el máximo respeto constitucional.
Nada más. Muchas gracias. (Aplausos.)

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señoría.
El Título X no ha sido enmendado.
Tampoco se han presentado enmiendas a la disposición derogatoria y a las disposiciones finales.
Por tanto, pasamos al debate de las disposiciones adicionales primera a quinta y disposiciones transitorias primera y segunda.


Página 36


En primer lugar, enmiendas números 50 a 58.
Para su defensa, tiene la palabra la señora diputada González Modino.


La señora GONZÁLEZ MODINO: Gracias, señor presidente.
A las disposiciones adicionales y a las transitorias se han registrado ocho enmiendas, por medio del Grupo de Senadores de Coalición Canaria, que recogen la posición del Partido Andalucista.
Continuamos con el debate de esta mañana sobre la financiación de Andalucía, porque es en las disposiciones adicionales donde se cierra el sistema de financiación autonómica y se establecen los mecanismos, herramientas y criterios para conseguir una financiación adecuada que garantice el desarrollo económico, la cohesión social y el bienestar de los andaluces y andaluzas. Por eso vamos a seguir hablando del sistema de financiación.
Decía esta mañana la señora Caballero que el objetivo era tener un buen sistema de financiación. Naturalmente; ese es nuestro objetivo. Por eso hemos registrado estas ocho enmiendas. El texto del estatuto de Andalucía tiene cinco escuálidas disposiciones adicionales. Si quitamos la de juegos y apuestas, que no tiene nada que ver con la financiación o la de convocatoria del referéndum, que tampoco tiene nada que ver con la financiación, y luego hablaremos de la disposición adicional primera, quedan dos disposiciones adicionales en el Estatuto para cerrar el sistema de financiación. Eso es absolutamente escuálido e insustancial, y niega toda posibilidad de que Andalucía tenga un sistema de financiación adecuado, justo y a la medida de sus necesidades. Por eso, si alguna parte del texto es imprescindible modificar, es la que corresponde a las disposiciones adicionales relativas a la financiación; es imprescindible corregir lo que aparece en el texto que llega del Congreso de los Diputados.
La disposición adicional primera habla de territorios históricos. Pero no hay territorios históricos en Andalucía, señorías, o bien toda Andalucía es un territorio histórico. Es un eufemismo para no llamar a las cosas por su nombre. Cuando dice: «La ampliación de la comunidad autónoma a territorios históricos no integrados en otra Comunidad Autónoma...», se refiere a Gibraltar. Además, estamos en el año de Juan Ramón Jiménez, un insigne poeta andaluz que le pedía a la inteligencia que le diera el nombre exacto de las cosas; utilicemos, pues, el nombre exacto de las cosas. Si estamos hablando de Gibraltar, hablemos de Gibraltar, sin complejos, sin problemas. Se resolverá cuando proceda, cuando se den las condiciones. ¡Ya quisiéramos que se hubiera resuelto mucho antes! Pero no podemos hacer nada. De modo que por seriedad, por rigor y por respeto al pueblo andaluz, mencionemos en la disposición adicional primera del Estatuto de Autonomía aquello de lo que estamos hablando: Gibraltar.
Hablemos de la cuestión con toda claridad. ¿Desde cuándo es Gibraltar un territorio histórico? ¿Desde el Tratado de Utrecht, en 1713? Entonces ¿también lo es Menorca? Porque están en el mismo tratado. ¿Dónde ponemos el límite de la historia, señorías? Cuando interesa, la historia se manipula y se utiliza para lo que haga falta. Esa no es la intención del Partido Andalucista. Si estamos hablando de Gibraltar, hablemos de ello sin complejos en el Estatuto de Autonomía de Andalucía; no es necesario recurrir a eufemismos.
La adicional segunda es una de las piedras de toque de la reforma del Estatuto de Andalucía y también una burla a la que se ha sometido a Andalucía, a su Gobierno y a su pueblo durante los 25 años que lleva en vigor el Estatuto de 1981. Es una ley orgánica, señorías, una ley que se promulga para que se cumpla, ese tiene que ser el objetivo de las leyes orgánicas. En el Estatuto andaluz vigente se recoge, en la disposición adicional segunda, que el Estado asignará unas retribuciones complementarias para nivelar los servicios: es lo que en Andalucía llamamos deuda histórica. Este texto lleva 25 años en vigor, señorías, desde octubre de 1981. En esos 25 años, solo en una ocasión ha recibido Andalucía un anticipo a cuenta de esas cantidades. Como me parece que no es justo hacerlo --y además no estaría diciendo algo cierto-- no quiero entrar en la polémica de quién lo pagó: el acuerdo lo tomó el último Gobierno de Felipe González y lo abonó el primer Gobierno de José María Aznar; eso es lo que ocurrió en realidad. Cada uno de ustedes podrá decir que fue su Gobierno, pero no: el acuerdo lo suscribió el último Gobierno de Felipe González y lo abonó el primer Gobierno de José María Aznar. Así ocurrió. Los méritos, a quien correspondan. En este caso, en una ocasión, el Gobierno del Partido Socialista cumplió con Andalucía y el Gobierno del Partido Popular cumplió con Andalucía; en una ocasión. El Partido Socialista ha gobernado en España durante 14 años --y con los dos últimos, 16-- y el Partido Popular durante ocho, luego hay motivos para hacer reproches a todos, porque ninguno de ellos ha cumplido la disposición adicional segunda del Estatuto de Autonomía de Andalucía en vigor desde 1981.
Por ello, este era uno de los poquísimos temas en los que se había llegado a un consenso, y si bien es verdad que el Grupo Parlamentario Andalucista finalmente no apoyó el texto, en esta disposición adicional en concreto sí vimos reflejadas las posiciones del Partido Andalucista que presentamos en octubre a la sociedad andaluza, y al que se refería mi compañero, el señor Dell´Olmo. Era un texto claro, comprometido, conciso, que no se iba por las ramas, sino que concretaba los compromisos.
El texto del punto 2 de la enmienda dice lo siguiente: «Los criterios, alcance y cuantía de dichas asignaciones excepcionales serán fijados para cada ejercicio por una Comisión Mixta Paritaria Estado-Comunidad Autónoma.» Esto existe en teoría, pero sólo sirve para reunirse 20 minutos y hablar sobre metodología y criterios, pero jamás tener ninguna otra noticia sobre esa comisión mixta.
Y el tercer punto dice: «En caso de que, a la fecha de aprobación del presente Estatuto, no hayan sido abonadas las cuantías derivadas de lo previsto en la disposición adicional segunda del Estatuto de Autonomía para Andalucía aprobado por Ley Orgánica 6/1981, de 30 de diciembre, la Comisión Mixta prevista en el apartado anterior, en el plazo máximo de seis meses, procederá a su determinación, siendo liquidadas y pagadas con cargo a los presupuestos

Página 37


del año siguiente año.» Esto, que se aprobó en el Parlamento de Andalucía y que después desapareció en el Congreso de los Diputados vía enmiendas presentadas, en este caso, por el Grupo Parlamentario Socialista, es lo que hemos recuperado y presentamos de nuevo como enmienda, pues fíjense ustedes en lo que dice el texto del Estatuto que hay que votar esta tarde y sobre el que hay que emitir un dictamen: «La Comisión Mixta de Transferencias Administración del Estado-Comunidad Autónoma de Andalucía aprobó el acuerdo suscrito entre la Administración del Estado y la Comunidad Autónoma, percibiendo esta última un anticipo a cuenta de las citadas asignaciones.» Y ahora viene lo bueno: «En dicho Acuerdo se recogía la existencia de un acuerdo parcial sobre una posible metodología a emplear en la determinación de los criterios, alcance y cuantía de las asignaciones excepcionales a que se refiere el apartado anterior.» ¿Más cautelas? Un acuerdo parcial, una metodología posible, ¿más cautelas todavía para seguir incumpliendo una ley orgánica? Pero el texto se cierra con lo mejor de todo: «En el caso de que, a la fecha de aprobación del presente Estatuto, no hayan sido» --como de hecho no lo van a ser, y todos los sabemos-- «determinadas y canceladas las cuantías derivadas de lo señalado en el apartado anterior, la Comisión establecerá, en el plazo de dieciocho meses» --ya se multiplica por tres lo aprobado en el Parlamento de Andalucía-- «los criterios, alcance y cuantía que conduzcan a la ejecución definitiva del mismo. En este supuesto, la aplicación de los acuerdos adoptados se realizará en un plazo de tres años a partir de la entrada en vigor del Estatuto.» Se multiplica por tres el plazo acordado en el texto aprobado en el Parlamento de Andalucía, y el argumento que se nos da para ello en el Congreso de los Diputados es que en Madrid no se entiende lo de la deuda histórica, que el Ministerio de Economía y Hacienda tiene dificultades para comprenderlo. Señorías, que 25 años después venga Andalucía a reclamar la deuda histórica no se entiende aquí. ¿Pero quién gobierna en España? ¿A qué partido pertenece el ministro de Economía y Hacienda? ¿Cuántos diputados, diputadas, senadores, senadoras y gobernantes de España son andaluces? ¿Nadie les ha explicado qué es esto de la deuda histórica? ¿Tan poco poder tiene Andalucía que no han sido capaces de explicarles que esto es un compromiso adquirido, que es una ley y que las leyes se aprueban para cumplirlas y no para olvidarlas sistemáticamente? No voy a seguir con la disposición adicional segunda porque podríamos hablar horas sobre ella, y de hecho en el Parlamento de Andalucía hay una iniciativa a este respecto día sí día no. En concreto en el último Pleno se planteó de nuevo una iniciativa sobre deuda histórica que apoyamos el Partido Popular, Izquierda Unida y el Partido Andalucista que decía exactamente lo mismo que la enmienda que traemos a este debate, además de que mejoraba los plazos, la cuantificación y las cantidades a cuenta.
Creo que hablábamos de unos 300 millones de euros por año durante estos 25 años. Nosotros lo apoyamos y sería coherente que también lo hicieran los mismos que en el Parlamento de Andalucía lo apoyaron la pasada semana, porque decíamos exactamente lo mismo que dice esta enmienda a la disposición adicional segunda.
Respecto a la disposición adicional tercera, inversiones en Andalucía, esta mañana hablábamos de la población como criterio para fijar la inversión del Estado que, evidentemente, es mucho más favorable para Andalucía que el criterio del PIB. Sin ninguna duda, señoría, estoy absolutamente de acuerdo con el argumento. El criterio del PIB nos es absolutamente desfavorable y el criterio de población nos es más favorable. ¿Saben qué ocurre, señorías? Que no se cumple, que en los Presupuestos Generales del Estado para el año 2007 no se recoge una inversión del Estado en Andalucía con arreglo al criterio de la población. Luego, ¿cómo nos lo vamos a creer, si ya en los primeros presupuestos, los del año que viene, no se cumple el criterio de la población? Le tienen que sumar el FCI para decir que se alcanza, rozando, el 18 por ciento, que es lo que supone la población de Andalucía en el conjunto del Estado. Por lo tanto, con estos precedentes, ¿cómo nos vamos a creer que eso se va a cumplir alguna vez? Es más, aunque se cumpliera, el criterio de la población no es suficiente, señorías, porque Andalucía tiene una extensión geográfica enormemente grande. No es lo mismo hacer una carretera en cualquier otra comunidad autónoma del Estado que en Andalucía, porque para algunas comunidades son suficientes 200 kilómetros, en cambio en Andalucía tienen que ser, como mínimo, 600 kilómetros. Por lo tanto, el criterio de inversión en función de la población en Andalucía no cambia la realidad, sino que nos deja como estamos, y nosotros queremos cambiar la realidad y dar un salto cualitativo hacia adelante. Por eso, nuestra enmienda corrige el criterio de la población, que no nos parece mal, sino insuficiente; corregimos el criterio de invertir en Andalucía en función de la población, para invertir en Andalucía en función de la población, corregido por la inversa del producto interior bruto, por el déficit de riqueza que tiene Andalucía. Así se completaría mucho mejor la inversión necesaria del Estado en Andalucía.
Nosotros hemos presentado cuatro enmiendas a las disposiciones adicionales. Una de ellas, el cierre del sistema de financiación, supone hablar de los tributos que se le van a ceder a la Comunidad Autónoma de Andalucía. Esta mañana hablábamos de la autonomía financiera como uno de los criterios que debe sustentar el sistema de financiación de Andalucía.
Alguien me argumentaba que en el Estatuto de Cataluña no se ponen cifras, pero tengo que decir que eso es mentira, porque 50, 50 y 58 por ciento, que yo sepa, son los porcentajes de los tributos que el Estado va a ceder a la Comunidad Autónoma de Cataluña. Sin embargo, ahora tenemos un dilema, señorías: o nos lo ceden a todos --y nos creemos lo del Consejo de Política Fiscal y Financiera y los mecanismos multilaterales--, o es inconstitucional. Yo quiero creer que nos van a ceder a todos el 50, 50 y 58 por ciento, porque, si no, iría en contra de la LOFCA, de la Constitución y de todo el ordenamiento jurídico. Por lo tanto, si nos lo van a ceder a todos, ¿por qué no lo escribimos en el Estatuto de Andalucía? Si nos van a acabar cediendo el 50 por ciento del IVA, el 50 por ciento del IRPF y el 58 por ciento de impuestos especiales, porque

Página 38


si no, no se sostiene el sistema de financiación de las comunidades autónomas --debate sobre el nuevo modelo de financiación que no termina de empezar--, escríbanlo en el Estatuto de Andalucía. ¡Si ya lo han escrito en el Estatuto de Cataluña! Esto sí que va a ser igual para todos, pues yo no podría creer otra cosa; tengo que creer que va a ser igual para todos. Entonces, ¡caramba!, pónganlo por escrito. Si se va a cumplir, ¿qué problema hay en que figure por escrito en nuestra norma básica? Este es el sentido de nuestras disposiciones adicionales. En otra de ellas aparece reflejado que se recojan los tributos cedidos por el Estado en las mismas condiciones que se les ceden a los demás. Si esto se ha escrito ya en el Estatuto de Cataluña, ¿por qué no en el de Andalucía, si se nos van a ceder los mismos tributos? ¿Por qué no lo ponemos en nuestra norma básica, señorías? Por último...


El señor PRESIDENTE: Vaya terminando.


La señora GONZÁLEZ MODINO: Termino inmediatamente, señor presidente.
Le agradezco que haya sido usted generoso con el tiempo de mi intervención.
Existe una enmienda a la disposición transitoria que habla del déficit de inversiones. «Los déficit acumulados por la falta de inversiones públicas estatales en Andalucía en los últimos diez años serán compensados por el Estado con una inversión de cuatro mil millones de euros a lo largo de siete años a partir de la aprobación de este estatuto, que se incrementarán a la inversión que corresponde a Andalucía en función de su población.» Esta era una reivindicación compartida por muchos grupos de la Cámara andaluza y por muchos grupos políticos en Andalucía. Es cierto, es evidente, el propio Gobierno de Andalucía denuncia incansablemente la existencia de un déficit de inversión del Estado en Andalucía. Esta la oportunidad de corregir que ese déficit no ocurra más en el futuro. Pues tampoco se dice ni media palabra, señorías, respecto del déficit de inversiones del Estado en Andalucía en las disposiciones adicionales.
Termino, señor presidente. Evidentemente, el sistema de financiación es, sin ninguna duda, la piedra angular de un Gobierno autónomo. El sistema de financiación que queda escrito en el Estatuto de Autonomía de Andalucía con estas disposiciones adicionales es absolutamente escuálido y lo peor de todo no es que sea más o menos escuálido, sino que no garantiza en absoluto las posibilidades de desarrollo y de bienestar del pueblo andaluz.
Muchas gracias, señorías.


El señor PRESIDENTE: Muchas gracias.
¿Turno en contra? (Pausa.) ¿Turno de portavoces? (Pausa.) Tiene la palabra la señora Caballero.


La señora CABALLERO CUBILLO: Muchas gracias, señor presidente.
En primer lugar, los sistemas de financiación no van en las disposiciones adicionales de los estatutos. El Estatuto catalán --ahora me referiré a él, no se preocupe-- ha hecho constar una serie de cuestiones después de una negociación muy compleja y de unas modificaciones muy profundas que tuvo en su aspecto financiero y han hecho una serie de disposiciones adicionales, pero no tienen por qué ir ahí los sistemas de financiación.
De hecho, el modelo de financiación en el Estatuto andaluz donde va es en el apartado de financiación, que antes hemos abordado y no voy a reiterar las consideraciones que he hecho, y ustedes lo abordaban, sin embargo, de forma muy sucinta a través de sus enmiendas.
Entro en las enmiendas concretas. Dice que a partir del próximo año haya una cesión a las comunidades autónomas --no dice en Andalucía-- del 50 por ciento del IRPF, del 75 por ciento de los impuestos especiales y el 100 por cien del IVA. Quiero decirle, señora González, que si el Partido Andalucista se ha propuesto hacer mucho más ricas a las comunidades más ricas no podría haber encontrado mejor propuesta para hacerlo, lo digo con sinceridad. La cesión --fíjese usted-- del 100 por cien del IVA, del 50 por ciento de IRPF y del 75 por ciento de impuestos especiales hace que la recaudación sea más desigual de lo que ya es hoy en día. Y usted sabe que es desigual, porque unas comunidades tenemos que acudir al Fondo de Suficiencia y otras no, algunas incluso tienen exceso de recaudación, como son las comunidades de Madrid y Baleares. Con la cesión del cien por cien Esperanza Aguirre brindará por el Estatuto de Andalucía y no se le ocurrió celebrarlo ayer en la presentación del libro porque pensaría que no se iba a aprobar esta enmienda. Eso no es lo que beneficia a los andaluces.
Es verdad que los andaluces tenemos un problema de suficiencia financiera y hay varias formas de abordarlo, y una de ellas es que las cesiones de impuestos no sean iguales en todas las comunidades autónomas, sino que tengan el principio de suficiencia y en función de eso, las cesiones de tributos puedan ser distintas. Esta va a ser la posición del Grupo Parlamentario de Izquierda Unida cuando se vea la modificación de la LOFCA, que difícilmente se abordará en esta legislatura.
Lo que le quiero hacer constar es lo siguiente: que Cataluña ponga una cosa en el Estatuto, sobre todo en materia financiera, no significa que beneficie a la Comunidad Autónoma de Andalucía y en este caso, señora González --créame y cuando quiera hacemos la cuenta--, la gran beneficiado de este sistema de cesión impositiva que ustedes diseñan sería la Comunidad de Madrid, que llegaría a una suficiencia financiera del orden del 160 por cien, es decir, tendría el cien por cien de sus servicios cubiertos y le sobraría el 60 por ciento. El Estado tendría serias dificultades, incluida la dotación del Fondo de Suficiencia, al que nosotros tendríamos que seguir recurriendo. ¡Fíjese usted si el problema es complicado! Es verdad que hay un problema real, y es la suficiencia de recursos de la Comunidad Autónoma de Andalucía por muchas razones, pero las soluciones hay que darlas de forma que no consigamos todo lo contrario a lo que nos

Página 39


proponemos con la reforma. En ese sentido, considero que las enmiendas no están ni bien pensadas ni bien articuladas.
Tampoco está bien que ustedes discrepen en cómo ha quedado el Guadalquivir. El Guadalquivir ha quedado como una competencia exclusiva de la Comunidad Autónoma de Andalucía. Por lo tanto, sería conveniente que en la enmienda a la disposición adicional nueva retirasen la expresión: Andalucía asume mediante transferencia o delegación, facultades de ejecución en la Cuenca Hidrográfica del Guadalquivir, pues flaco favor hacen con esta enmienda. Pretendemos, en materia competencial, alcanzar la competencia exclusiva de la comunidad --con una serie de delimitaciones de política hidráulica general-- sobre la Cuenca Hidrográfica completa en su transcurso por Andalucía, y ustedes demandan facultades de ejecución, ni siquiera compartidas. Una cosa es la intención y el discurso político que subyace en algunas enmiendas y otra cosa es su articulación política y técnica.
Termino, señor presidente, pues no quiero consumir más tiempo. Deuda histórica. Es cierto que ha habido una verdadera tomadura de pelo con la Comunidad Autónoma de Andalucía, a la que durante veinticinco años no se le ha abonado un fondo de nivelación específico de la comunidad, denominado en nuestra historia reciente deuda histórica; no se ha abonado, y no han tenido la voluntad política de hacerlo ni los sucesivos gobiernos del Partido Socialista ni los gobiernos del Partido Popular.
Por cierto, apúntese usted también una parte de la imposibilidad de ese cobro de la deuda histórica ya que ustedes pertenecieron al Gobierno durante dos legislaturas. Efectivamente, el texto andaluz establecía un año de plazo para el cobro de la deuda histórica pero, señora González, hay que ser honestos en el debate y reconocer que el texto de la ponencia del Congreso de los Diputados establecía siete años, y eso hay que decirlo aquí. Porque, si no, supone una traición o no sé sabe qué. La ponencia en el Congreso fijaba dos años para la evaluación y cinco años para el cobro. ¿Qué es lo que se ha garantizado? Que el plazo máximo sea de tres años. ¿Qué es un plazo muy largo? Para nosotros también lo es, señora González. Tanto es así, que hemos añadido que haya cantidades a cuenta, que también aparece en esa disposición que usted no ha querido leer. ¿Que es cierto que el Ministerio de Economía ha sido especialmente duro y no comprende la deuda histórica de Andalucía? Sin duda. Pero es verdad que hemos intentado escriturar un derecho cierto --el Estatuto también sirve para esas cosas-- que pertenece a la comunidad autónoma otorgando un período máximo de tres años sin renunciar a la deuda, todo lo contrario, exigiendo los pagos a cuenta cuanto más inmediatos mejor, ya que, evidentemente, es una deuda que se tiene con el pueblo andaluz.
Muchas gracias.


El señor PRESIDENTE: Muchas gracias.
Por el Grupo Parlamentario Socialista, tiene la palabra el señor Pizarro.


El señor PIZARRO MEDINA: Gracias, señor presidente.
Señorías, señores senadores; señores diputados del Parlamento de Andalucía, para mí también es un honor participar hoy, en la Cámara de representación territorial, en la Comisión General de las Comunidades Autónomas, en un debate sobre la reforma del Estatuto de Andalucía; intervenir para defender el texto aprobado en el Parlamento de Andalucía, y defender al mismo tiempo el texto acordado y respaldado por las fuerzas políticas PSOE, Izquierda Unida, PP y grupo nacionalista.
La aprobación del dictamen que hoy estamos debatiendo y espero que la aprobación del texto en el Pleno del próximo día 20, va a culminar un proceso de debate que ha sido largo, interesante, intenso y muy importante, que se inicio en Andalucía hace aproximadamente dos años, en septiembre de 2004.
Como andaluz, y como parlamentario y responsable del PSOE, me siento enormemente satisfecho del trabajo que hemos hecho todas las fuerzas políticas con representación en el Parlamento de Andalucía a lo largo de estos dos años de trabajo. Desde mi punto de vista, se trata de un trabajo honesto, riguroso y que demuestra que hemos estado a la altura de las circunstancias. Además, se ha realizado una reforma del Estatuto de Autonomía pensando en los andaluces, manteniendo las posiciones legítimas de cada fuerza política, pero estando todas las fuerzas políticas a la altura de las circunstancias.
Hemos elaborado un Estatuto, como he dicho, pensando en los andaluces y que dota a las instituciones de Andalucía --al Gobierno y al Parlamento--, de instrumentos y herramientas poderosos para dar respuesta a las demandas que nos plantea una sociedad moderna, como es la sociedad andaluza del siglo XXI.
Todas las fuerzas políticas con representación parlamentaria en Andalucía al final de este proceso han podido sentir el respaldo del Congreso de los Diputados. No se trata ahora de hacer un análisis sobre cuándo, cómo y de qué manera las distintas fuerzas políticas empezaron a apoyar el texto del Estatuto de Autonomía de Andalucía sino de que, al final, la reforma ha contado con un importante respaldo porque de los 109 diputados del Parlamento de Andalucía, 104 diputados --el 95 por ciento de los andaluces representados por los partidos políticos--, han apoyado el texto; solo ha habido la excepción del PA.
Con todos mis respetos a los representantes del Partido Andalucista he de decir que es una pena --y lo siento sinceramente-- que hayan planteado en el Senado y en el Congreso de los Diputados un discurso de absoluto victimismo político, lleno de apelaciones al nacionalismo, al cariño y al amor que tiene el Partido Andalucista a los intereses de nuestra tierra, diciendo que ellos son los buenos y el resto los malos.
Desde mi punto de vista, sinceramente, el Partido Andalucista ha abusado de la buena fe de los partidos que le han abierto la posibilidad, absolutamente legítima, para que pudiera intervenir en el Congreso de los Diputados y en el Senado; y ha abusado porque el PA tenía la decisión tomada desde el principio y había hecho de su estrategia política el no al Estatuto de Autonomía de Andalucía. Si el Partido Andalucista estuviera de verdad preocupado

Página 40


por la financiación, por mayores cotas de autogobierno, por el papel de los ayuntamientos, por más derechos para los ciudadanos andaluces y si de verdad defendiera esa posición política, no tendría ningún argumento para votar en contra de la reforma del Estatuto de Autonomía de Andalucía. No tendría ningún argumento porque, desde mi punto de vista, lo vienen diciendo, lo han dicho y lo decimos el 95 por ciento del pueblo andaluz, representado por esos 104 diputados y, además, también lo dicen muchos dirigentes del Partido Andalucista, alcaldes y concejales, que discrepan de las posiciones que defienden los cinco diputados del Parlamento de Andalucía y Julián Álvarez. Hay un número importante de comités locales y de alcaldes del Partido Andalucista que están manifestando públicamente que están en contra de la posición del PA de votar en contra de la reforma del Estatuto de Autonomía de Andalucía. Lo vemos todos los días en los medios de comunicación de Andalucía. Por lo tanto, creo que la posición del PA responde a haber hecho del no su estrategia política porque consideran que electoralmente les va a venir mejor esa posición que estar al lado del 95 por ciento de los andaluces y de los 104 diputados del Parlamento.
Creo que el PA ha acentuado todavía más el no --y no lo digo yo, sino también los dirigentes del Partido Popular, que públicamente lo han reconocido-- a raíz del sí del Partido Popular al apoyo de la reforma del estatuto de autonomía, porque como estrategia electoral de cara a las elecciones municipales les venía muy bien. En consecuencia, han acentuado más todavía, a partir de ahí, la diferencia en la posición política en relación con el respaldo del Estatuto de Autonomía de Andalucía.
Todo lo demás son discursos huecos, vanos y sin rigor, porque a lo largo de la mañana se les ha venido desmontando, tanto a la señora González como al señor DellÆOlmo, las posiciones en relación con sus enmiendas. Ha habido posiciones del resto de los partidos que han desmontado las del Partido Andalucista, que efectivamente ha venido aquí a hacer su trabajo, a defender sus enmiendas, pero que en el fondo tenía premeditado desde el primer momento --y esa ha sido la actitud del PA a lo largo de todo el proceso de discusión en el parlamento de Andalucía-- el no, el no y el no.
¿No se dan ustedes cuenta de que llevamos dos años discutiendo sobre la reforma del Estatuto de Autonomía de Andalucía y el único que se han mantenido impertérrito en su posición política ha sido el Partido Andalucista? ¿No se dan cuenta de que mientras todas las demás fuerzas políticas hemos movido, hemos transaccionado, hemos acordado, hemos renunciado a posiciones, los únicos que se han mantenido en una posición absolutamente inmovilista desde el primer momento de la reforma del Estatuto de Autonomía de Andalucía ha sido el Partido Andalucista? ¿No han encontrado ustedes a lo largo de estos dos años de discusión en el Parlamento, en la comisión, en el Pleno, en la ponencia, en el Congreso o aquí en el Senado, la posibilidad de acercarse a las posiciones del resto de las fuerzas políticas? ¿Son ustedes los únicos poseedores de la verdad y de la razón en relación con la discusión de la reforma del Estatuto de Autonomía? ¿Somos los demás todos los equivocados y ustedes los que están acertando? Creo que esas son posiciones fundamentalistas, en el sentido de que se han creído poseedores de la verdad absoluta frente a una mayoría importante --cinco diputados, con todos mis respetos, contra 104-- y no han sido capaces de encontrar en dos años una manera de acercarse a las posiciones de los demás. El resto nos hemos movido para buscar, precisamente, el consenso necesario para una ley de todos que, indudablemente, quiere representar y defender los intereses del conjunto de los andaluces. No llevan ustedes razón, desde el punto de vista de sus posiciones. Han hecho ustedes un trabajo porque tenían que hacerlo, estaban obligados a hacerlo, y han utilizado de buena fe a los grupos parlamentarios en el Congreso y el Senado para buscar aquí una plataforma de disposición, pero tengo que decir rotundamente que la posición política del PA estaba premeditada desde el primer momento para votar no al Estatuto, porque el no, para ustedes, es su supervivencia política en Andalucía. Esa es su responsabilidad y nos veremos en los procesos electorales.
Por último, señorías, quiero referirme, una vez más, a la disposición adicional segunda, que en Andalucía denominamos la deuda histórica. La semana pasada tuvimos oportunidad de debatir esto en el Parlamento de Andalucía, y ya son 26 las veces que durante la presente legislatura hemos debatido allí iniciativas relacionadas con la disposición adicional segunda.
El PSOE dirigió el Gobierno entre los años 1982 y 1996, y después vino un Gobierno del Partido Popular que duró ocho años, y hemos tenido posiciones distintas. El Partido Andalucista ha sostenido durante ocho años al Gobierno de Manolo Chaves, durante el período 1996-2004, y han mantenido las mismas posiciones que el PSOE en relación con la disposición adicional segunda durante los ocho años de mandato del Partido Popular. A lo largo de este tiempo han apoyado la posición que el Partido Socialista ha mantenido durante los ocho años de Gobierno del Partido Popular.
Ya lo dije en el Congreso pero ahora lo repito aquí. Tanto el Partido Popular como nosotros tendríamos que hacer un ejercicio de autocrítica en relación con este tema, pero al final lo que cuenta es cómo se ha resuelto y la fórmula prevista en la disposición adicional segunda nueva que se recoge en el Estatuto de Autonomía. Yo creo que eso es lo que cuenta y, en ese sentido, se ha dado un paso muy importante en el camino de resolver definitivamente esta cuestión pendiente con el Estado que figura en la ley orgánica del Estatuto de Autonomía del año 1981. La discusión sobre la deuda histórica fue un buen concepto porque era más fácil explicar a los ciudadanos de Andalucía ese concepto que lo que significaba la disposición adicional segunda.
La suerte que nosotros hemos tenido es que la disposición adicional segunda solamente existe en el Estatuto de Autonomía de Andalucía, mientras que casi todas las comunidades autónomas de España reivindican al Estado una deuda histórica. Por suerte, la disposición adicional segunda existe en el vigente Estatuto de Autonomía y creo

Página 41


que no hay ninguna comunidad autónoma que no reivindique al Estado su deuda histórica, bien sea en inversión, en financiación, en sanidad, en educación o en lo que sea.
Todas las comunidades autónomas reivindican al Estado su deuda histórica, mientras que nosotros reivindicamos algo que figura en el Estatuto de Autonomía de Andalucía y que no se ha liquidado. Y nuestro compromiso, en caso de que no se liquidara antes de la reforma, fue que apareciese en la reforma del Estatuto de Autonomía, y eso es lo que ha ocurrido. Ese fue nuestro compromiso al iniciarse los trabajos de la reforma del Estatuto de Autonomía y es lo que, al final, ha ocurrido, gracias al apoyo, la colaboración y el entendimiento de las posiciones de Izquierda Unida, que son los únicos partidos que han apostado claramente por esta salida.
Quiero terminar diciendo que la importancia que tiene esta adicional segunda es que la reforma del Estatuto de Autonomía de Andalucía reafirma y reconoce que existe una disposición adicional segunda, que se dieron cantidades a cuenta y que quedan otras pendientes de liquidar, cosa que a veces los gobiernos de turno han puesto en cuestión. (El señor Sanz Cabello: El actual también.) Sí, todos lo han hecho. Sin embargo, ahora hemos sido capaces de buscar una vía y encontrar una fórmula, fruto del acuerdo y apoyo del Partido Popular --que al final ha apoyado en el Congreso de los Diputados el texto que hoy debatimos aquí--, que resuelve la situación y pretende hacer efectiva la liquidación prevista en la disposición adicional segunda.
Eso lo recoge el texto actual clara y nítidamente, por mucho que el Partido Andalucista lo cuestione. Establece que hay un plazo de 18 meses para cuantificarlo y otro de 3 años para liquidarlo. Esto es consecuencia de los acuerdos y el consenso alcanzados; en definitiva, de la transacción firmada por las distintas fuerzas políticas sobre la búsqueda de una redacción que, definitivamente, liquide el contencioso que mantiene Andalucía con el Estado central.
Nada más y muchas gracias. (Aplausos.)

El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Pizarro.
Turno de portavoces. (Pausa.) Tiene la palabra el senador Ramírez.


El señor RAMÍREZ RODRÍGUEZ: Con la venia del señor presidente, señorías, respecto a la enmienda número 50 nosotros pensamos que Gibraltar tiene un tratamiento suficientemente claro en el Estatuto que hoy venimos a aprobar unos sí y otros no y en la Constitución Española, con lo cual vamos a apoyar la redacción tal y como está.
En cuanto a la enmienda número 51, a la disposición adicional segunda, compartimos en general --y así aparece en el texto estatutario-- la necesidad de que los Presupuestos Generales del Estado contengan de forma complementaria una asignación financiera excepcional para Andalucía. El reconocimiento de esta deuda histórica --de la que ya el Gobierno del Partido Popular comenzó pagando 20.000 millones de las antiguas pesetas-- ha supuesto un logro importante en el acuerdo final del Estatuto.
Señora González, en la cuestión de los plazos vamos a apoyar la actual redacción por considerar que no es un tema de fondo, ni un tema grave, ni un tema preocupante.
Respecto a la disposición adicional tercera, las inversiones en Andalucía, la propuesta del Estatuto de Autonomía refleja que dichas inversiones del Estado garanticen el equilibrio territorial y sean equivalentes al peso de la población de Andalucía. Yo no entiendo muy bien su enmienda. Es evidente y a nadie se le escapa que si Andalucía recibe estas inversiones en función de su población y Cataluña lo hace en base a la generación de riqueza, la suma de los porcentajes de toda España va a superar el cien por ciento. Evidentemente, también el Gobierno de España tendrá que corregir en ese momento dicho desequilibrio teniendo en cuenta la igualdad de derechos de todos los españoles. Lo que a mí me parece sorprendente de su propuesta es que sometan las inversiones en Andalucía a una corrección por relación inversa entre los porcentajes de generación de riqueza y población cuando, a mi entender, Andalucía va a quedar sometida, así, al factor de generación de riqueza y sus presupuestos, por tanto, van a ser disminuidos y los de Cataluña van a quedar intactos.
A la disposición adicional nueva propuesta por ustedes en la enmienda número 53, acerca de la relación de tributos cedidos, tengo que indicarle simplemente que ya aparecen suficientemente recogidos en el artículo 178 del Estatuto y han sido propuestos en los mismos términos que aparecen en su enmienda, por lo que consideramos innecesaria la repetición.
Lo mismo debo decirle respecto a la cesión que ustedes solicitan del 50 por ciento del IRPF en la enmienda número 54. Pensamos que ya aparece en el artículo 178 la cesión parcial de este impuesto y su porcentaje quedará recogido a partir del artículo 177, donde se contempla la actualización quinquenal de la financiación autonómica.
En cuanto al 75 por ciento de los Impuestos sobre el Alcohol y Bebidas Derivadas, sobre la Cerveza, sobre el Vino y Bebidas Fermentadas o sobre Productos Intermedios, y del cien por cien del IVA, entendemos que aparecen recogidas sus cesiones parciales y posteriormente sus actualizaciones quinquenales, por lo que también proponemos la no consideración de estas enmiendas.
En el caso de la enmienda 57, que hace referencia a la transferencia de competencias tales como puertos, aeropuertos, servicio meteorológico, cuenca hidrográfica, tráfico o museos, hemos de indicar que dichas competencias están referidas a la aprobación del Estatuto de Autonomía dentro del Capítulo II del Título II.
Por último, respecto a una inversión adicional por déficit acumulado, yo creo que después de poner en marcha --si la pusiéramos-- esa enmienda número 52, por la que Andalucía queda, evidentemente, con menos inversión que Cataluña siguiendo ese mismo procedimiento, nuestra preocupación sería ver cómo corregirían ese problema que ustedes crearían si hiciéramos caso de esa enmienda.
Ustedes han intervenido hoy como dos bravos, han defendido sus posiciones estupendamente bien y han obtenido la respuesta que esperaban. A veces al oírles a ustedes a uno se le ocurre pensar: Andalucía olvidada de sí misma. Pero yo espero que no, porque no se puede decir tantas veces

Página 42


que Andalucía está olvidada, que está marginada, o que no llegamos o que no podemos o que nuestro Estatuto no se parece al catalán, porque concretamente nosotros, el Grupo Parlamentario Popular, votaremos que sí porque, efectivamente, no se parece al Estatuto catalán. Por eso votaremos que sí. Porque aunque ustedes dicen que Andalucía es una nación --y ya no entraré yo a considerar eso de que sea una nación--, sin embargo, nosotros creemos que no hay más realidad nacional que España, como dicen las encuestas del CIS ante la respuesta de más de un 90 por ciento de los andaluces, que, al fin y al cabo, supongo que será de lo que se trata de hablar aquí: de lo que piensan y quieren los andaluces, no de lo que queremos y pensamos nosotros.
Ante esta oleada estatutaria, algunos dijeron que España se rompe, mientras que otros opinan que España aguanta y no hay problema. En mi opinión, si hoy estamos haciendo esto, si somos responsables y pactamos y adaptamos a la Constitución el texto que hoy vamos a aprobar aquí, efectivamente, España, si no la rompemos, no se rompe.
Muchas gracias. (Aplausos en los escaños del Grupo Parlamentario Popular.)

El señor PRESIDENTE: Gracias.
Pasamos a la discusión de las enmiendas presentadas al Preámbulo y al Título Preliminar, artículos 1 a 11; enmiendas números 1 a 7.
Tiene la palabra la señora González.


La señora GONZÁLEZ MODINO: Gracias, señor presidente.
En esta última intervención voy a explicar cuál es el motivo, el fundamento por el que el Partido Andalucista ha registrado este tipo de enmiendas en el Senado, gracias --no me cansaré de insistir-- a la generosidad del Grupo de Senadores de Coalición Canaria, pero antes, evidentemente, tendría que decir alguna palabra sobre la anterior intervención del representante del Partido Socialista, porque, señorías, la única felonía que se dijo en esta sala no fue hecha por Fernando VII.
En la tarde de hoy, también hemos escuchado alguna.
Respecto a los prejuicios o a la necesidad que tiene el Partido Socialista de meterse con el Partido Andalucista --cosa que en las contiendas electorales es lo normal, es lo habitual y lo hacemos todos, procuramos hacerlo con cierta gallardía y elegancia, sin que trascienda al terreno de lo personal, es decir, respecto a lo que son exclusivamente discrepancias políticas--, tengo que decir que el Partido Socialista y el Partido Andalucista, mantienen una vieja relación --y lo digo con cariño--, una relación antigua, que ha pasado por etapas diferentes, etapas de cercanía y proximidad y etapas de gran distanciamiento. El problema que en estos momentos tiene el Partido Socialista es que no sabe a qué atenerse con este Partido Andalucista que representamos en este momento el señor DellÆOlmo y yo en el Senado. No saben cómo somos, no saben qué pensamos y quieren a toda costa desacreditar las posiciones de este grupo político con el argumento de que somos pocos. Y es verdad que somos pocos, señorías. No voy a engañarles a ustedes: somos pocos. Pero ese no es un argumento suficiente para desacreditar las posiciones del contrario, porque en el terreno de las ideas aun las que son de pocos tienen el mismo valor que las que son de muchos. Cuando hablamos de ideas, valen todas lo mismo. Otra cosa son las posiciones de poder que cada uno consiga a través del respaldo que el pueblo dé a esas ideas, pero, en el terreno meramente ideológico, las mías valen lo mismo que las de cualquiera, lo mismo. Esa no es la posición del Partido Socialista.
Ellos creen que las suyas valen más que las de ninguno. En consecuencia, a partir de ahí todo es posible: descalificar al adversario, criticarle, decir barbaridades como las que se han dicho esta tarde en esta Cámara.
(El señor Gracia Navarro hace signos negativos) Sí, señor Gracia, se han dicho barbaridades. Para empezar nos han acusado de fundamentalistas, y eso es mentira; no voy a decir nada políticamente correcto, eso es literalmente mentira. Nuestras posiciones no son fundamentalistas. Hemos intentado en todo momento --y usted lo sabe-- acercar posiciones, hablar, dialogar, que ha sido posible en muy pocas ocasiones, pero en algunas lo fue.
¿Qué ocurrió? Voy a hablar naturalmente con respeto a todos pero fundamentalmente para aquellos senadores y senadoras que no conocen la historia de nuestros desvelos. En algún caso intentaron mecanismos sucios como a la hora de elegir un órgano de extracción parlamentaria en Andalucía como era el Consejo Audiovisual de Andalucía, que pusieron en la lista del Partido Socialista a un ex dirigente del Partido Andalucista. Esas son las maniobras que utiliza el Partido Socialista en Andalucía en contra del Partido Andalucista. Afortunadamente, aquello no tuvo ningún éxito porque todo el mundo se rebeló contra lo que evidentemente era una posición absolutamente agresiva e injusta.
Nos han acusado de estar impertérritos en nuestras posiciones. Eso tampoco es verdad. ¡Tampoco es verdad! Hemos intentando por activa, por pasiva y casi por perifrástica de alguna manera presentar alternativas, iniciativas, ideas a las que no han respondido o, en el mejor de los casos, han tardado un mes en responder para decir que el Estatuto ya está prácticamente aprobado, si ustedes lo quieren lo toman y, si no, lo dejan. Esa fue la posición del Partido Socialista, con lo cual, evidentemente, por respeto a nosotros mismos, a lo que somos, no estamos en esas posiciones.
Han dicho también que pretendemos mantener una posición de víctimas. En absoluto es verdad. No nos conocen ni lo más mínimo. En absoluto mantenemos una posición de víctima. Estamos orgullosos de defender aquello que estamos defendiendo.
Señorías, la leyenda de la fundación de Andalucía, una leyenda vieja y hermosa que tiene que ver con Hércules, el bien amado de los dioses del Olimpo, al que desterraron y mandaron al extremo occidental de la Tierra, y que tuvo que hacer una serie de trabajos; el hombre se encandiló con aquella tierra, se quedó en Andalucía y fundó algunas de las ciudades más importantes de Andalucía. Evidentemente

Página 43


esto es literatura, simplemente es una leyenda. Y entre los trabajos de Hércules hay uno importante y es que le robó los bueyes a Gerión, que era un mítico rey tartesso --saben ustedes que Tartessos era un poder político que vivía fundamentalmente de la minería y de la ganadería--. Repito, Hércules le robó los bueyes a Gerión y se asentó por aquellas tierras. A partir de esta leyenda Blas Infante propone un escudo determinado de Andalucía en el que aparece, como evidentemente un anclaje en un personaje mitológico, la figura de Hércules en el centro del escudo, pero no le puso dos bueyes al lado --que fue lo que le robó Hércules a Gerión--, sino dos leones. Pues, mire qué tranquilos que estamos aquí. Nada de sentirnos víctimas. Hemos venido con humildad, con modestia pero con firmeza a defender aquellas que son nuestras convicciones, y nos vamos con la tranquilidad de haberlo intentado hasta el final, hasta el último minuto. Pero, repito, que en absoluto venimos de víctimas. Estamos seguros de lo que estamos haciendo, por eso estamos muy tranquilos, muy serenos. No tenemos ningún problema.
Vamos a entrar, señorías, en el final del debate, en las enmiendas al Preámbulo y al Título Preliminar del Estatuto de Autonomía de Andalucía.
Evidentemente esta es una parte fundamental de nuestro texto porque es donde se define políticamente qué es Andalucía, donde de alguna manera quedan claras cuáles son las ambiciones del pueblo de Andalucía para el futuro, para conseguir un desarrollo armónico, un desarrollo solidario, un desarrollo en conjunción con el resto de pueblos del Estado. En ese caso nosotros lo tenemos muy claro, señorías, y en alguna ocasión hemos hablado de nuestra convicción ideológica, como nacionalistas que somos, de que Andalucía debería quedar definida en su Estatuto con el mayor rango político posible, que para nosotros es el de nación. Pero yo respecto, señorías, que la mayoría del pueblo andaluz no es nacionalista, que en Andalucía vivimos sin conflictos la identidad; hay una mayoría del pueblo andaluz que no es nacionalista y hay una minoría que es nacionalista. Por eso hemos utilizado también el argumento de que no sólo es necesaria la convicción. Nosotros la convicción la tenemos, pero respetamos que otros no la tengan, y no tenemos ningún conflicto por ese asunto. Pero sí creemos que hay otro argumento igual de poderoso que el de la convicción que es el del interés general, y el interés general de Andalucía, señorías, está indisolublemente ligado al estatus político que consiga Andalucía, al poder político que consiga Andalucía en el conjunto del Estado, en el Estado de las autonomías. Si no, pues el interés general va quedando como viene quedando hasta ahora, en función de determinadas coyunturas, en función de determinadas mayorías, en función de que el Gobierno central sea amigo o enemigo confrontamos o nos callamos. Eso es lo que llevamos viviendo en Andalucía durante 25 años, con lo cual, otro motivo de reproche era la posición del Partido Andalucista durante los ocho años de cogobierno allí con el Partido Socialista en lo que se refiere a la deuda histórica. Es que entonces éramos beligerantes, porque quien gobernaba en España era el señor Aznar, y lo que tocaba era ser beligerantes. Y nosotros éramos beligerantes, pero también lo éramos antes de que gobernara en España el señor Aznar, con lo cual, no tengan la menor duda de que nuestra posición siempre ha sido de beligerancia con respecto a la deuda histórica.
Pero les decía, señorías, que pensamos, evidentemente, que el interés general de Andalucía está indisolublemente ligado al poder político, a la definición política, al estatus político que consiga Andalucía en esta nueva oleada de reformas de estatutos de autonomía. Por eso, podría emplear tiempo en intentar convencerles --aunque no tengo la certeza de conseguirlo--. Desde posiciones nacionalistas no lo voy a hacer, señorías. Yo estoy convencida de que Andalucía es una nación por geografía, por historia, por cultura... Da igual, eso no es importante.
Aunque no se diga en el Estatuto yo probablemente voy a seguir pensando que Andalucía es una nación y no vengo a discutir aquí ese asunto. Lo que sí vengo a discutir es que el poder político de Andalucía se consigue, se vincula a una fórmula que debería ser la que permitiera más altas cotas de poder político para Andalucía.
Y en este sentido, fíjense qué paradoja, señorías, la solución para resolver el gran dilema de la realidad nacional, sobre la que también hemos debatido largo y tendido en el Parlamento de Andalucía desde el punto de vista filosófico, metalingüístico, etcétera, decía que esa solución viene de un manifiesto que se firmó en Córdoba en el año 1919 por Blas Infante, Inocencio Fé, Emilio Álvarez, Juan García Jiménez, Manuel Rosi, Dionisio Pastor, Eloy Vaquero, Francisco Azorín y Francisco Córdoba. Creo que todos ellos merecen ser nombrados en la tarde de hoy en el Senado de España. Porque ya en 1919 este grupo de andaluces escribieron un manifiesto que se ha dado en llamar el Manifiesto de la Nacionalidad, fue aprobado en Córdoba en unas condiciones evidentemente complicadas, acababa de terminar la Primera Guerra Mundial, estábamos en el trienio bolchevique, y todo eso impregna el texto de ese manifiesto.
Pues, paradójicamente, de la mano de un texto de este calibre --creo que probablemente es el más osado que se ha escrito en Andalucía después de la Constitución de Antequera de 1883 con respecto al autogobierno y a la autonomía--, de la mano de este texto vino la solución para que se pudiera conseguir un tripartito, un acuerdo a tres para aprobar el Estatuto de Andalucía.
Pero miren también, señorías, qué casualidad. Realidad nacional era la fórmula mágica. En el Manifiesto de Córdoba aparece la expresión realidad nacional una vez, mientras que la palabra nacionalidad aparece seis, autonomía aparece seis, patria aparece cinco, pueblo aparece cinco y Estado regional aparece dos veces. Lo que menos se menciona en este manifiesto --solo aparece una vez-- es la expresión realidad nacional, que fue la clave que abrió la posibilidad del acuerdo. A nosotros nos parece insuficiente, señorías. Además, nos parece que no garantiza que el pueblo andaluz, que el Gobierno de Andalucía, estén en el mismo sitio en que están en este momento, es decir, en el mismo sitio que se ganó en la calle y en las urnas en una lucha ingente del pueblo andaluz --insisto en ello-- en el camino más tortuoso y por el que ningún otro pueblo haya pasado nunca al menos que yo recuerde --si no, ustedes me corregirán--.
Ningún otro pueblo ha utilizado la vía

Página 44


del artículo 151 prevista en la Constitución para acceder a su autonomía, ninguno. Solamente Andalucía. Pues ahí queremos seguir, señorías. No queremos descender ni tan siquiera medio peldaño.
En el año 1978 la opción era la siguiente: nacionalidad o región, pero a día de hoy lo de región queda ya pequeño, queda estrecho. En España ya nadie es región, ya nadie quiere ser región. Y nacionalidad está bien si siguiera siendo el máximo, pero el problema es que nacionalidad ya no es el máximo, señorías. El problema es que ya hay quien ha dado un paso adelante. Pues ahí es donde nosotros queremos que esté Andalucía.
Termino, señor presidente, le agradezco su generosidad.
Voy a terminar refiriéndome de nuevo al Manifiesto de Córdoba de 1919 puesto que me parece importante que queden recogidas algunas de las palabras que se dijeron en esa fecha en uno de los textos más valientes y más audaces de la historia del andalucismo. El lenguaje es el de la época, señorías, y dice así: «Ante el advenimiento de esta hora decisiva, nosotros queremos intensificar en este territorio yermo y silencioso, cementerio que pueblan espíritus apagados, nuestra labor creadora de un pueblo vivo, bullicioso y feliz, que irradie con su actividad potencialidades progresivas para las nuevas eras.» «En todas las regiones o nacionalidades peninsulares, se observa un incontrolable movimiento de repulsión hacia el Estado centralista. Ya no le vale resguardar sus miserables intereses con el santo escudo de la solidaridad o unidad, que dicen nacional.» «Andaluces: Andalucía es una nacionalidad porque una común necesidad invita a todos sus hijos a luchar juntos por su común redención. Lo es también porque la Naturaleza y la historia hicieron de ella una distinción en el territorio hispánico. Lo es también porque, lo mismo en España que en el extranjero, se la señala como un territorio y un pueblo diferente.» Esto en 1919 tiene hoy una traducción y no es realidad nacional. No nos engañemos. Se trata de ser. Este es el debate del ser o del no ser, o del quedarse a medias. Nosotros queremos ser hasta el final. Queremos que Andalucía sea lo que Blas Infante y sus compañeros afirmaron ya en 1919, una Andalucía libre.
Muchas gracias, señorías.


El señor PRESIDENTE: Gracias.
Turno en contra. (Pausa.) Turno de los señores portavoces.
En nombre de Izquierda Unida, tiene la palabra la diputada señora Caballero.


La señora CABALLERO CUBILLO: Gracias, señor presidente.
Quiero aprovechar este turno para hacer un posicionamiento global de mi grupo parlamentario respecto del Estatuto de Autonomía y si algún sentido tiene, señoras y señores senadores y diputados del Parlamento de Andalucía, lo que hemos estado haciendo aquí, lo que durante meses hemos estado haciendo en el Congreso de los Diputados y durante los dos últimos años en el Parlamento de Andalucía, si tiene algún sentido es para el pueblo de Andalucía; si tiene algún sentido lo que hemos discutido, si tiene algún sentido la dialéctica política no es para hacer una estéril confrontación entre las fuerzas políticas andaluzas; si algún sentido tiene, y creo que la historia y el devenir futuro lo dirán, es para servir al pueblo andaluz, para que sea un instrumento útil para el pueblo andaluz.
Y ya en este recorrido que llevamos, todos los diputados hemos tenido experiencias de encuentros con organizaciones sociales, las cuales, por cierto, han participado en la elaboración de este Estatuto con propuestas concretas y con alternativas, centenares de ellas. De esa experiencia se deducen las principales preguntas que tiene el pueblo andaluz respecto de este Estatuto. ¿Es bueno para Andalucía este Estatuto? ¿Es mejor, sustancialmente mejor, que el Estatuto vigente, que el Estatuto de Carmona? ¿Contempla nuevos derechos el Estatuto de Autonomía para el conjunto de los andaluces? ¿Sigue siendo Andalucía una comunidad de primera correspondiendo a aquella lucha que hizo el pueblo andaluz el 28 de febrero por un estatuto de máximas potencialidades? Creo que podemos contestar afortunadamente que sí, que sí con ilusión y esperanza, pues los políticos también tenemos obligación de contribuir a ella. Un pueblo esperanzado no es un pueblo que comulgue con ruedas de molino. Un pueblo esperanzado es un pueblo que ve posible cambiar las cosas, que ve posible superar la situación actual, que ve posible superar los problemas; y esa ilusión y esa esperanza es la que nuestro grupo parlamentario y --me consta-- la mayor parte de los diputados andaluces hemos volcado en este trabajo.
Es un Estatuto moderno. Es un Estatuto novedoso en muchos sentidos. Hemos volcado nuestra aportación y nuestra pequeña dosis de creatividad en dotar de un máximo de cuerpos de derechos sociales, y lo hemos hecho intentando dar respuesta a los sectores más desfavorecidos porque si los estatutos sirven a alguien es a los sectores más desfavorecidos. Los poderosos de nuestra sociedad no necesitan estatuto. No necesitan red pública de derechos sociales. No necesitan escriturar nuevos derechos ni nuevos servicios porque, afortunadamente, se lo pueden costear o disponen de vías de acceso a ellos.
Quienes necesitan un fortalecimiento del papel político, del poder político, de las competencias y de los derechos sociales es el pueblo llano; es el pueblo que atraviesa mayores dificultades; es el pueblo que trabaja y pelea continuamente con lo cotidiano. Y estas son las respuestas básicas que tendría que dar este Estatuto.
¿Tiene más derechos para las mujeres este Estatuto que los que tenía el Estatuto de Carmona? Sin duda. Un artículo en el Estatuto de Carmona equivale a 14 artículos en el nuevo Estatuto de Autonomía de Andalucía.
¿Aborda todo el catálogo de preocupaciones en materia de igualdad de las mujeres? Considero que sí. ¿Aborda el catálogo de preocupaciones de una gran parte de esta sociedad que intenta obtener no solamente servicios públicos sino servicios de mayor calidad? Sí que lo aborda este Estatuto, dotando de nuevos servicios a prestaciones básicas, como son la salud o la educación. ¿Aborda este Estatuto consagrar un cuarto pilar del Estado del bienestar a través de una

Página 45


red pública de derechos sociales para todas aquellas personas, prácticamente el cien por cien de la población, que a lo largo de nuestra vida tropezamos con alguna dificultad, llámese discapacidad, o algún problema de carácter económico, o alguna necesidad de educación compensatoria, etcétera? Sí, este Estatuto aborda todo ese catálogo de problemas. ¿Aborda, además, el nacimiento y la emergencia de una sociedad mucho más crítica y más participativa? También lo hace.
Hemos introducido en el texto del Estatuto la capacidad y la posibilidad de participar en todos los asuntos públicos, y no solamente con nuestro voto cada cuatro años sino que los ciudadanos andaluces pueden tener información y conexión con toda la vida pública andaluza y capacidad de propuesta. Por tanto, a todo esto sirve este Estatuto.
¿Y qué modelo de Estado dibuja o preconiza este Estatuto? Un modelo de Estado solidario, como se ha dicho aquí; un modelo muy descentralizado, con amplias competencias políticas y técnicas en manos de la Junta de Andalucía, con una mejora sustancial de la representación del poder local, que estaba maltratado en este Estado, tal como se ha ido configurando, y generando un modelo de Estado con características federalizanes, en el sentido de que las decisiones del Estado central son también compartidas y participadas por las comunidades autónomas.
Es un Estado que aborda la identidad andaluza mejor que el anterior.
Resalta la lucha del pueblo andaluz por el 28 de febrero y lo convierte en un hecho constituyente andaluz. Para nosotros es algo sumamente importante, mucho más cuando respondió a la esperanza de miles y miles de andaluces que se echaron a la calle. Y quiero citar a García Caparrós, un joven que murió con la bandera en la mano en la Diputación de Málaga en esa lucha por nuestra autonomía.
Hay elementos identitarios, quizá no todos los que deseábamos algunas fuerzas políticas, evidentemente; a Izquierda Unida le hubiera gustado que apareciera con nitidez el tema de nación, o al menos el de la construcción nacional de Andalucía desde una perspectiva justa y solidaria. Aparece recogida la realidad nacional de Andalucía, que es un eufemismo de nación, y en una redacción excesivamente edulcorada, pero hay elementos de identidad andaluza: 28 de febrero; habla andaluza; cultura andaluza, etcétera.
El grupo parlamentario al que represento se ha volcado en este Estatuto.
Lo cogimos con gran ilusión, como una posibilidad para introducir mejoras en la situación social y económica de Andalucía. Y cuando apenas nadie creía en el Estatuto, cuando todos confundieron el debate estatutario con un debate de oposición política, nuestro grupo parlamentario jugó a aportar y a ser una fuerza decisoria en la elevación de este Estatuto al Congreso de los Diputados y ahora en este trámite en el Senado. Estamos orgullosos de ello; estamos orgullosos de haber sido, junto con el Partido Socialista, la fuerza que ha impulsado la aprobación de este Estatuto. Consideramos que reportará ganancias, y no sólo a dos meses vista de ese referéndum. No miramos las torpes ganancias electorales que se puedan producir un mes o un año después de la aprobación del Estatuto; miramos a largo plazo: miramos los ganancias que pueda obtener el pueblo andaluz en su bienestar social, en la descentralización política y en la cercanía del poder político en la comunidad autónoma.
No voy a hacer discursos para nadie; cada uno sabe lo que ha hecho con su trayectoria política. Desde nuestro punto de vista, es malo no cambiar un punto ni una coma de la propia posición política; es malo para una fuerza política, pero forma parte de nuestra experiencia. Quiero despedirme diciéndoles lo que nos dijo hace tiempo a varios militantes un viejo militante comunista, Simón Sánchez Montero, tras un hecho que no voy a relatar: es muy triste estar triste cuando el pueblo está contento.
Cuando el pueblo esta contento, hay que estar contento; cuando el pueblo está contento y quiere ilusionarse, hay que compartir su ilusión y hay que hacerla realidad. ¿Que será trabajoso? ¿Que será difícil el cumplimiento estatutario? Sin duda; pero hay que participar en la esperanza, porque a quien no participa en la esperanza el pueblo le da la espalda, a la larga.
Muchas gracias. (Aplausos.)

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias.
El señor Sanz Cabello tiene la palabra.


El señor SANZ CABELLO: Señor presidente, señorías, permítanme que comience esta intervención de cierre recordando el trabajo intenso que los diputados de este lado de la Cámara hemos tenido que desarrollar durante más de dos años y con gran dedicación en el Parlamento de Andalucía. Dos años, por cierto, de enormes dificultades y de gran tensión, pero también de alegría, como la que supuso en su día el acuerdo que se alcanzó en el Congreso de los Diputados.
En esta intervención de cierre en nombre de la delegación andaluza del Partido Popular quiero darle las gracias al presidente de la Comisión por su magnífica dirección, sus buenos consejos y su generosidad en los tiempos de debate y en el desarrollo del trabajo durante las sesiones de la Cámara Alta. A los senadores de mi grupo y a los de los demás grupos parlamentarios les digo: gracias por vuestra acogida en esta Cámara. En cuanto a los diputados autonómicos, entre los que me encuentro, les felicito; como diputados andaluces, rematamos una buena faena después de debates intensos y de enormes dificultades, pensando siempre en lo mejor para Andalucía y deseando estar a la altura de lo que Andalucía esperaba de nosotros, de lo que Andalucía quería, de lo que Andalucía soñaba, de la ambición de la Andalucía del siglo XXI. Y, hoy, en el Partido Popular de Andalucía nos sentimos orgullosos de haber contribuido, con el resto de los grupos, a hacer un buen Estatuto para la Andalucía del siglo XXI: un Estatuto de primera para una Andalucía de primera.
No voy a reprochar ninguna intervención ni la actitud de ningún grupo parlamentario. Vengo a ofrecer el trabajo del Grupo Parlamentario Popular en el Parlamento de Andalucía y a mostrar nuestro respeto por la postura de todos los grupos parlamentarios. Quiero aprovechar la ocasión para alabar y reconocer la buena voluntad, el buen trabajo

Página 46


y el interés del Grupo Parlamentario Andalucista --del Partido Andalucista en el Parlamento andaluz--, que se ha puesto de manifiesto en sus enmiendas. No ha podido ser, no se ha sumado al acuerdo. Creo que ha sido una oportunidad perdida. Creo que es desaprovechar una gran ocasión, la de sumarse al acuerdo y al consenso en el Senado. Pero su no al Estatuto no nos legitima para reprobar a nadie, cada cual defiende su posición.
Y creo que el Partido Socialista ha cometido un error en el día de hoy, porque acusaba al Partido Andalucista de ejercer el victimismo. No señoría, con la intervención del señor Pizarro y de su grupo parlamentario son ustedes los que hacen víctima al Partido Andalucista.
En ese sentido, hoy respetamos todas las posiciones de todos los grupos parlamentarios. No ha podido ser y, sinceramente, creo que han perdido ustedes una gran oportunidad de sumarse a un buen acuerdo, al consenso.
Cerrará el turno de intervenciones nuestra compañera, Soledad Becerril, en nombre del grupo parlamentario del Senado, satisfechos por el buen trabajo realizado en el Senado, por el buen clima y el buen tono empleado, siempre dentro de un papel constructivo por parte de todos los grupos parlamentarios. Creo poder señalar en nombre de todos los diputados del Parlamento de Andalucía que nos sentimos satisfechos de haber cumplido la misión depositada en la ponencia y en la comisión del Senado, una misión que consistía en ratificar un buen acuerdo en el Senado, el acuerdo de un buen Estatuto que fuera útil al servicio de los intereses generales de Andalucía, no hecho al dictado de intereses ajenos a nuestra tierra como sí hemos podido ver en otras etapas del Estatuto, un Estatuto adaptado a las realidades, a la transformación y a la modernización de la Andalucía del futuro, de la Andalucía del siglo XXI y de la Andalucía real.
No siendo impulsores de esta reforma, que evidentemente no lo hemos sido, nos considerábamos con una doble obligación: la primera, la de sumarnos al debate para contribuir a alcanzar un Estatuto que, siendo desde 1981 de todos los andaluces, no nos podíamos permitir el lujo de que el Estatuto del siglo XXI fuera sólo de una parte y que generara la división entre ellos o sólo formara parte de una ideología concreta o de una definición concreta.
Creíamos que teníamos que estar todos representados y nuestra obligación era buscar un Estatuto que fuera plenamente constitucional. En ese sentido quiero manifestar nuestra satisfacción por el objetivo cumplido.
El Grupo Parlamentario Popular considera que estamos ante un texto impecable desde el punto de vista constitucional, y ahí hemos contribuido, sin duda, con las enmiendas que ha presentado mi grupo parlamentario en el Congreso de los Diputados y en el Senado.
También se ha cumplido el objetivo de que fuera un Estatuto pensado para la realidad de Andalucía. Hoy podemos presentar ante esta Cámara, y posteriormente se ratificará con la votación, un Estatuto que, tras veinticinco años transcurridos desde 1981, es un Estatuto más social para la Andalucía del siglo XXI. Presentamos un Estatuto con más competencias, un Estatuto que, por cierto, puede alcanzar el máximo techo competencial, pero respetando la Constitución. En el Parlamento de Andalucía algunos nos dijeron siempre que era algo imposible, que el asimilarnos al techo competencial de cualquier otra comunidad autónoma parecía ser incompatible con el respeto a la Constitución, y nos sentimos orgullosos de haber conseguido el máximo techo competencial sin ser menos que nadie; tampoco queremos ser más que nadie, pero, desde luego, no menos que nadie, y ello dentro del respeto a la Constitución. Queríamos un Estatuto que ofreciera una mayor descentralización administrativa para la oportunidad de ese pacto local que, por fin, se desarrollara en nuestra comunidad autónoma; un Estatuto que ofreciera más igualdad de oportunidades y de derechos entre todos los ciudadanos, con independencia del territorio de España en el que se viviera, con más oportunidades, con más libertad y, evidentemente, un Estatuto con más Constitución. Objetivo cumplido, en nombre del Grupo Parlamentario Popular.
Señorías, este es un Estatuto muy andaluz, pero también un Estatuto muy español. Es un Estatuto muy andaluz porque coincide con el sentir mayoritario de los andaluces. Es un estatuto con el que se puede identificar la práctica totalidad de los andaluces, al menos, un 95 por ciento de la representación parlamentaria de los andaluces, y en el que se pone de manifiesto algo muy claro: los andaluces no queremos ser más que nadie, pero tampoco aceptamos, bajo ningún concepto, ser menos que nadie.
Hemos podido fortalecer nuestro autogobierno en el marco de la Constitución y ha sido posible el acuerdo porque este Estatuto ni traía ni se lleva ninguna tentación separatista ni ningún afán soberanista. Por eso ha sido posible el acuerdo en el Congreso de los Diputados y hoy en el Senado.
Este Estatuto, señorías, significa una apuesta por la España común; significa una apuesta por la cohesión social y por la igualdad de los españoles; significa una apuesta por la solidaridad y, desde luego, supone un refuerzo extraordinario para la legalidad constitucional, que creo sigue siendo la mejor garantía para los andaluces, que es lo mismo que decir la mejor garantía para todos los españoles.
Se ha avanzado mucho. Este Preámbulo y su artículo 1 han sido objeto de mucha polémica. Sin embargo, hemos conseguido que Andalucía no sea descrita como no debía ser descrita. Hemos conseguido que Andalucía no se describiera fuera de la realidad y, por eso, hoy Andalucía no se describe como realidad nacional. Hemos logrado una definición distinta, la definición que teníamos que tener; una definición plenamente constitucional, tanto en el Preámbulo como en el artículo 1, sin duda, la más contundente de cuantas se recogen en el resto de estatutos de autonomía. De este modo, entre todos hemos conseguido que Andalucía quede definida tal y como se refleja en el Estatuto del año 81, aún vigente incorporando como novedad, hasta en dos ocasiones, la referencia a la unidad de la nación española y dejando relegado el término «realidad nacional» a una mera referencia histórica de principios del siglo XX, que en modo alguno puede formar parte ni llegará a formar parte de la definición de Andalucía. Por ello, este nuevo Estatuto supone una garantía para la cohesión, igualdad y solidaridad de España.


Página 47


Este Estatuto es un Estatuto de todos, hecho con el esfuerzo de todos, y a todos nos cabe repartir los éxitos y la satisfacción del trabajo bien hecho; un Estatuto que deja de hacer referencia a un modelo ideológico concreto, pues hubiera sido un enorme error. En definitiva, para el Grupo Parlamentario Popular de Andalucía que represento esta tarde, este acuerdo ha sido un éxito de todos. Un éxito de las fuerzas políticas, pero, sobre todo, y lo más importante, es que es el éxito de toda la sociedad andaluza y del conjunto de la sociedad española.
Muchas gracias. (Aplausos.)

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias.
Turno de portavoces. (Pausa.) Perdón, por el Grupo Parlamentario Socialista, tiene la palabra el señor Gracia Navarro.


El señor GRACIA NAVARRO: Gracias, señor presidente.
Esperaba que no iba a dejar fuera al grupo más pequeño del Parlamento de Andalucía. (Risas.) Lo digo porque escuchando a algunos da la impresión de que nosotros, los 61 de los 109 que somos, no hemos hecho casi nada.
Pero no es este el momento ni la oportunidad de poner en valor lo que cada uno ha aportado, porque si nos pusiéramos a hablar de eso probablemente no terminaríamos en la tarde de hoy gracias a la benevolencia del presidente de la comisión, porque yo por lo menos tendría para hablar mucho tiempo.
Señorías, estamos en una intervención, por mi parte, de cierre, pero también de un Preámbulo y de un Título Preliminar, de los que algo habrá que decir, tampoco vale pasar de puntillitas, porque el tutú y el «pas en dehors» para el ballet está muy bien, pero aquí estamos en lo que estamos.
Lamento muchísimo, señora González, que su señoría considere que se haya calificado su actuación política, nunca la individual o la personal como una felonía. Tomarse las cosas aquí como algo personal me parece que es un error, como diría un hijo mío, «gafarral», o sea, garrafal. En fin, cada cual es muy dueño de sus errores y usted también. ¿Impertérritos es un insulto? ¿Es una felonía? ¿Que son ustedes fundamentalistas es un insulto? Será una percepción política, pienso yo. Señora González, usted puede tomarse como un insulto lo que quiera, está en su derecho, pero esto es un proceso, no nacimos ayer, llevamos dos años con este proceso.
Ustedes y su secretario general --que, por cierto, esta mañana estaba sentado en la tribuna de invitados-- han hablado de traición a Andalucía.
Aquí despacharse por la boquita se despacha cada cual como quiere. De manera que un poquito de tranquilidad y buenos alimentos, señora González, porque no hemos terminado todavía. Tiempo habrá para debatir políticamente. Aquí no he escuchado ni un solo insulto. Por lo tanto, si alguien tiene que retirar algo, será usted la palabra felonía porque no ha habido felonía en ningún caso, ha habido calificación política de un comportamiento político y de una fuerza política. Naturalmente dura y crítica, porque aquí estamos en lo que estamos, haciendo política, no estamos haciendo obras de caridad.
Dicho eso, ustedes son muy dueños de hacer lo que quieran, pero nosotros también de calificar políticamente su comportamiento. Si no, esto es la ley del embudo, aplicada además por la minoría más minoritaria. Estoy de acuerdo con usted en que sus ideas son tan dignas como las mías. ¡Claro que sí! No es verdad que nosotros pensemos que nuestras ideas tienen más valor que las suyas, la prueba es que nosotros hemos modificado nuestra posición, como lo ha hecho el Partido Popular, como lo ha hecho Izquierda Unida, sin embargo ustedes no han cambiado nada.
La mejor demostración de que ustedes no han cambiado nada ha quedado patente hace un momento en su intervención final. Fíjese, nos lee el Manifiesto de Córdoba del año 1919, lo califica de un magnífico texto, valiente, audaz, adelantado a su tiempo para, a renglón seguido, decir que le parece insuficiente. ¿En qué quedamos? ¿No era tan valiente, tan audaz? ¿No lo firmó, entre otros, su referente, junto al de todo el pueblo andaluz, el padre de la patria andaluza, Blas Infante? La fórmula de realidad nacional no se introdujo en el Preámbulo a instancias de nadie que tuviera que ver con el Manifiesto de Córdoba, eso fue el resultado de una negociación posterior; lo digo porque ha parecido que quizá venía de ahí. No venía de ahí, lo propuso don Manuel Clavero Arévalo.
Aquí se han mencionado algunos nombres y yo voy a mencionar al profesor Clavero porque me parece que le honra haber sido quien aportó en su comparecencia en el Parlamento de Andalucía esa fórmula, que mereció ríos de tinta, de burla y de sorna en Andalucía y sobre todo fuera de Andalucía. Hubo quienes dijeron que dónde íbamos los andaluces con eso de la realidad nacional, que qué nos habíamos creído. Ahora ya se apunta Galicia a lo de la realidad nacional y hay quien hoy ha propuesto incluso que para Baleares se hable también de realidad nacional.
Será a lo mejor muy insuficiente desde su punto de vista, que comprendo y respeto, pero admita que para nosotros y para el Partido Popular, con las diferencias de matices respecto a la interpretación del párrafo del Preámbulo donde se recoge, también suponía mover nuestra posición el hecho de aceptar una mención a la realidad nacional de Andalucía.
Nosotros nunca hemos defendido ardorosamente esa mención, lo que hemos creído es que podía ser el lugar de encuentro con el Partido Popular, con Izquierda Unida y con ustedes, porque eran Izquierda Unida y ustedes los que defendían una denominación de Andalucía --la de nación-- que podría verse satisfecha de manera suficiente con la expresión «realidad nacional». ¿Eso no tiene sentido común? ¿O es que vamos a hacer que la política carezca de toda lógica? Que haya por el camino razones de estrategia, electoral o no electoral, del tipo del berrinche de «ahora tengo que distanciarme de todos para quedarme con la bandera del no», de lo que sea, yo no lo valoro, lo valorará sobre todo el pueblo andaluz en las urnas. Lo que digo es que ahí había una oportunidad para moverse ustedes, porque los demás nos habíamos movido. En el texto que nosotros presentamos en el Parlamento de Andalucía no figuraba la expresión «realidad nacional». Figuraba la definición de nacionalidad histórica en el artículo 1, y

Página 48


cuando en el Estatuto de Cataluña se introduce la referencia a la realidad nacional en el Preámbulo, el profesor Clavero, en su comparecencia en el Parlamento, propone esa mención en los términos en que la propuso, y vimos que era un posible punto de encuentro. Ni siquiera aquello era el punto de encuentro, ni siquiera haciendo mención a un texto de tanto valor, no sólo histórico, sino también político, especialmente para ustedes, andalucistas, como lo fue el Manifiesto Nacionalista Andaluz de Córdoba de 1919. ¿No podía ser un punto de encuentro? Sobre esa base, ¿no podría haber habido algún tipo de acuerdo? No fue posible. Y no fue posible, en gran medida --en honor a la verdad objetiva--, porque, salvo en contadas ocasiones --en el Título de las competencias y en el Título de la financiación--, en el trabajo de la Ponencia el Grupo Andalucista estuvo ausente, hasta el punto de que abandonó la Ponencia. Por eso no hubo oportunidad de negociar.
Posteriormente, ha habido intentos de aproximación que se han ido frustrando. Yo no voy a seguir por el camino de analizar los comportamientos de nadie, por supuesto que no. Lo único que quiero manifestar es que oportunidades ha habido. Ustedes han creído, legítimamente, que su posición irreductible, irrenunciable de la denominación de nación era algo que merecía la pena, por encima de los beneficios que para el conjunto del pueblo andaluz hubiera significado un acuerdo unánime. Pues bien, ustedes están en su derecho de estimarlo así.
Nosotros estamos en nuestro derecho de considerar todo lo contrario y expresarlo y comunicarlo a la opinión pública andaluza.
Termino, señor presidente, y paso al resto de los contenidos del Título Preliminar, especialmente del Preámbulo y, por tanto, del conjunto del texto. Señorías, estamos ante un texto en el que se ratifica con toda claridad la definición de Andalucía como nacionalidad histórica. Eso es algo evidente, no ha cambiado. Además, se deja también perfectamente claro que el elemento básico en virtud del cual Andalucía se constituye en comunidad autónoma es precisamente en virtud de la propia Constitución Española. No hay más soberanía que la que emana del pueblo español y se expresa a través de las Cortes Generales. Por lo tanto, es en el ejercicio de ese derecho a la autonomía reconocido en el artículo 2 de la Constitución, como declara que se constituye la Comunidad como tal, y lo hace además en el marco de la unidad de la nación española.
En segundo lugar, en el Título Preliminar queda perfectamente claro y definido el anuncio de lo que viene a continuación: un Título I que hemos debatido esta mañana, preñado de derechos sociales, de derechos de ciudadanía. Como tuve oportunidad de señalar esta mañana, es un texto moderno, que habla de una Andalucía joven, moderna, ilusionada, que apuesta por el futuro, esperanzada y confiada en sus fuerzas para transformar y para seguir avanzando y progresando hacia una sociedad más justa, una sociedad más libre.
Por lo tanto, es un Estatuto que resiste perfectamente la comparación desde el punto de vista de su servicio a los ciudadanos, de su utilidad a la ciudadanía con cualquier otro texto estatutario, y que ha sabido combinar perfectamente esa profundización en los derechos sociales con el respeto al marco competencial y a la reserva que la Constitución establece al Estado en materia de regulación de los derechos fundamentales y las libertades públicas. En este título --me interesa subrayarlo, lo hago siempre porque creo que es un elemento novedoso que conviene destacar--, el Título de los derechos, al cual apunta el Título Preliminar, hay un capítulo de deberes que nos parece importante desde la perspectiva de una apuesta por la ciudadanía en una sociedad moderna y madura y, por lo tanto, una sociedad en la que no solo las mujeres y los hombres tienen derechos, sino que también tienen deberes hacia el resto de los conciudadanos y hacia los poderes públicos. Señorías, un texto en el que, además, se profundiza en el autogobierno. Cuando empezó este trabajo, hace dos años, los socialistas dijimos --así como muchas otras personas-- que queríamos un texto que garantizara que allí donde se adopte una decisión que afecte al interés general de Andalucía, en el ámbito institucional que sea --estatal o supraestatal--, esté garantizada su participación y que su voz sea escuchada y tenida en cuenta. Hubo quien llamó a eso el derecho de coparticipación o de cogestión, pero nos da igual cómo lo llamen porque no nos importan las palabras --a los socialistas no nos han importado nunca--, porque lo que realmente nos importan son las ideas y ese es un principio transversal que está recogido de manera especialmente notoria en el Título Preliminar y en el Título IX, que hemos debatido con anterioridad.
Por último, he de decir que este Estatuto asegura y consolida la posición política que Andalucía conquistó el 28 de febrero de 1980. Señorías, esta tarde hemos discutido sobre ese concepto recogido en la disposición adicional segunda, en relación con la deuda histórica del Estado con Andalucía, y sobre si es fácil o no que se entienda o se comprenda fuera de Andalucía. En este sentido, no voy a abrir un debate sobre ese aspecto ni sobre si es fácil o difícil que se entienda a Andalucía fuera de nuestro territorio porque creo que nuestra comunidad autónoma es perfectamente comprendida y no tiene problemas ni complejos de ninguna clase. No tenemos ningún complejo ante el resto de España; nos sentimos muy satisfechos y muy orgullosos de ser tan españoles como andaluces y tan andaluces como españoles, pero sí queremos que nadie nos pueda apear de la posición política que nos costó, no diré que sangre, sudor y lágrimas, pero sí mucho esfuerzo, mucho tesón, mucha tenacidad, mucha ilusión y mucha confianza del pueblo andaluz aquel 28 de febrero de 1980, porque aquello fue una conquista democrática como no se ha producido nunca en la historia de España. No voy a hacer papanatismo de Andalucía, señorías --y me dirijo especialmente a los representantes de algunas otras comunidades autónomas--, pero nunca ha habido una comunidad que tuviera que ganar el derecho a la autonomía y el derecho al autogobierno contra viento y marea, en un referéndum que exigiese unos requisitos de mayoría como los que estableció aquel referéndum y, además, con el Gobierno central en contra. Eso no ha sucedido en ninguna otra ocasión, ni antes ni después.
Esa situación contribuyó a prefigurar un desarrollo del Título VIII de la Constitución que ha garantizado la solidaridad

Página 49


y la homogeneidad, que no la igualdad, de todas las comunidades.
Ha garantizado que el derecho a la diferencia --que, sin duda, está en la base del derecho a la autonomía-- no desemboque en el derecho a la desigualdad o a la discriminación.
Andalucía cumplió ese papel hace 26 años y, modestamente, creemos que hemos puesto algún granito de arena ahora también con el fin de garantizar ese mismo papel. Cuando se ha abierto un debate territorial en España y cuando ese debate territorial --sin duda, porque es inevitable que así sea-- se mueve entre las tensiones de carácter centrípeto y las tensiones de carácter centrífugo, Andalucía, sencilla y lealmente, con el conjunto de España y con todos los demás territorios de España, quiere decir desde aquí, desde el Senado de toda España y de todas las comunidades de España, que queremos hacer nuestra aportación para que ese modelo en el que se va a profundizar preserve el derecho a la diferencia hasta donde sea necesario, para garantizar tanto el autogobierno de los pueblos de España como el derecho a la igualdad de base, a la igualdad en los derechos fundamentales y en las libertades públicas que nos garanticen y aseguren la cohesión necesaria para continuar siendo la nación y el Estado fuerte, sólido, moderno y avanzado que somos hoy en el concierto europeo. Ese papel, con modestia pero con firmeza, creo que lo hemos sabido jugar y va a depender finalmente de que el pueblo andaluz tenga o no la energía suficiente para que lo que se va a votar esta tarde, y que espero ratifique el Pleno de esta Cámara el día 20, tenga realmente no sólo la fuerza de la ley sino la legitimidad social que también tuvo nuestro impulso autonómico hace 26 años. Espero que desde hoy a ese día las discrepancias que podamos tener unos y otros sobre el apoyo o no a este texto no sea una nube que impida ver el sol de algo que me parece objetivamente cierto e innegable: que este Estatuto representa un avance para el autogobierno de Andalucía, garantiza a Andalucía su continuidad en pie de igualdad con el resto de las comunidades autónomas en la construcción de una España más cohesionada, más sólida, más justa y más avanzada, y que en última instancia puede ser un magnífico instrumento para seguir trabajando día a día con el objetivo de que la vida de las mujeres y de los hombres de Andalucía sea una vida un poco más feliz. Espero que así sea y para eso vamos a trabajar de cara a la celebración de ese referéndum del mes de febrero próximo.
Nada más y muchas gracias. (Aplausos.)

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias.
En representación de la comisión, y en nombre del Grupo Parlamentario Mixto, tiene la palabra el senador Cuenca.


El señor CUENCA CAÑIZARES: Gracias, presidente.
Señorías, llegamos al final del debate, de un importante e intenso debate. Ya dije en la sesión anterior que no era la persona más indicada para desgranar y abordar aspectos del Estatuto de Andalucía, pues mis dos compañeros y mi compañera están más facultados que yo, como no puede ser de otra forma, para hablar y plantear lo que afecta a los andaluces.
Sí quiero aprovechar este momento, señores diputados y diputadas del parlamento andaluz y senadores y senadoras, para plantear algunas reflexiones. La primera, llamarles la atención sobre el asunto tan importante en el que estamos inmersos. ¿Ustedes creen que hace apenas dos años cabía la posibilidad de pensar que se iba a hablar de reformas estatutarias en nuestro país? En mi opinión, se trata de un gran avance, pero aparte de eso, hay que decir que ustedes también han colaborado y han aportado, como no puede ser de otra forma, un granito de arena para establecer que sea cotidiano y normal hablar de reforma estatutaria sin que eso suponga arrojarnos criterios de oposición y confrontación entre unas comunidades y otras.
Así pues, si echamos la vista atrás y nos damos cuenta de que hace unos años ni siquiera pensábamos que pudiera ser posible debatir sobre reforma estatutaria, en estos momentos estamos en un proceso en el cual catorce comunidades han reformado o están en el proceso de reforma de sus estatutos. Izquierda Unida cree que eso es importante, es un avance, es un momento clave en el desarrollo del modelo de Estado y del modelo territorial en nuestro país y, por lo tanto, queremos saludarlo y plantear algunas reflexiones más.
Hemos apreciado en el debate de estos días, si me permiten ustedes, fundamentalmente en quienes han presentado enmiendas, un complejo, una referencia constante hacia otros estatutos. En mi opinión, esto hay que abandonarlo porque cada realidad es distinta, y así lo han planteado ustedes en su documento. Además de que cada realidad es distinta, hay que conocer lo que han hecho otros, pero en ningún momento minusvalorarnos o sentirnos distintos a la hora de valorar competencias o actitudes.
Señorías, alguna diputada se ha preguntado sobre si el Estatuto de Andalucía es de primera. Ya he dicho anteriormente que no soy quién para hablar sobre lo que recoge el Estatuto de Andalucía --lo han hecho mis compañeros y compañera--, pero esa no debe ser la pregunta. El Estatuto de Andalucía es el que han configurado los agentes y el tejido asociativo en Andalucía y con una gran mayoría sus instituciones y el Parlamento andaluz a la cabeza. Y llamaba la atención sobre el hecho de que no era necesario ni adecuado comparar el texto con otros, y en este caso concreto con el que siempre tenemos en la mente, pero si hacemos esa comparación, señorías, y viéndolo desde fuera, el estatuto de Andalucía es de primera. No cabe ninguna duda; es más, la relación de derechos que se recoge en el Estatuto de Andalucía es un referente muy importante para el resto de reformas estatutarias. Va a ser así, no me cabe ninguna duda, y espero que en los próximos estatutos que se discutan aquí la referencia no solamente sea el Estatuto de Cataluña sino también, porque habrá dejado huella y poso, el Estatuto de Andalucía.
Por lo tanto, para alguien que lo ve desde fuera y, como he dicho en sesiones anteriores, con envidia sana, no tengo ninguna duda, si todavía se quiere contestar a esa pregunta, de que el Estatuto de Andalucía es de primera, no solo por la relación o carta de derechos de la ciudadanía que contiene,

Página 50


sino por lo que ha supuesto en su configuración y por lo que aporta al debate en nuestro país.
Pero algunos van a tener problemas porque hay quien ha argumentado motivos para la impugnación constitucional de ciertas cuestiones que hoy aparecen reflejadas en este Estatuto, por lo que, a mi entender, van a tener que ir rápidamente a sacarlo --y utilizo una expresión metafórica-- del Tribunal Constitucional, porque hoy parece que sí es adecuado lo que se cuestionaba en otros estatutos. En ese sentido, sepan que su trabajo ha sido muy importante, porque viene a normalizar y a serenar el debate de la reforma estatutaria en nuestro país.
Señorías, voy a hacer una reflexión sobre lo que va a significar el Estatuto de Andalucía no solamente para esa comunidad, como ha quedado claro, sino para el resto del país. Si hay catorce reformas estatutarias consolidadas o en proceso de elaboración y debate, ¿qué queda por hacer, señorías? Pues queda, en primer lugar, culminar ese proceso de reforma estatutaria que debería ser pleno en cuanto a la actitud de todas y cada una de las comunidades.
En segundo lugar, queda abordar el papel y la financiación de las corporaciones locales porque, aunque ustedes lo han resuelto bien en su Estatuto, no se sabe qué va a pasar con el papel de los ayuntamientos, ese otro pilar básico y fundamental en la organización del Estado y del modelo de Estado de nuestro país. Por tanto, tenemos por delante un debate y un trabajo por hacer, y esperamos ser capaces de resolver esta cuestión y poder adecuarla a nuestras aspiraciones.
En tercer lugar, hay que realizar una reforma constitucional porque para nosotros la Constitución, que cumple un papel fundamental, es revisable y, en ese sentido, es posible sentarnos a discutir sobre los parámetros y cuestiones que pueden ser mejorados para actualizar el texto y, sobre todo, sobre la reforma de esta Casa. La reforma llevada a cabo de los Estatutos no resulta buena o por lo menos perfecta si esta Cámara no cumple la función que le corresponde. ¿Dónde se va a debatir sobre el ámbito territorial? ¿Dónde van a debatir, entre comillas, el Gobierno y las comunidades? ¿Dónde se va a debatir sobre las diferentes situaciones y realidades de cada uno de los territorios de nuestro país? Señorías, aparte de las reformas estatutarias, nos quedan pendientes estas dos cuestiones importantes que deberíamos abordar, y aprovecho para instarles a que colaboren no solamente con las reformas estatutarias, que sin duda son importantes, sino también con el impulso de algunos pilares sin cuya revisión no va a ser posible cerrar, por decirlo de alguna forma, lo que supone la definición de todo lo que tiene que ver con el modelo de Estado en nuestro país.
Señorías, como he dicho al principio, hace unos años era impensable hablar de reformas estatutarias, del concepto federal con plena disponibilidad y criterio para afrontarlo, de este nuevo marco o de la posibilidad de reformar la Constitución para atender esas necesidades que muchos estatutos o constituciones de los ámbitos nacionales de nuestro país reclaman al respecto.
Finalmente, señorías, quiero decirles que su trabajo es importante y que nosotros, los que estamos fuera de Andalucía, consideramos que ha sido muy interesante y que aporta mucho al debate en nuestro país. Concluyo, señorías, felicitándoles por su trabajo, a todos y a todas, no solamente por lo que va a significar para los andaluces y andaluzas --como he dicho anteriormente--, sino por lo que también va a significar para nuestro país, España, en la aportación, en la serenidad, en el criterio, en el ejemplo de búsqueda de acuerdo y en el consenso que se ha alcanzado. Ya nos hubiera gustado en el debate de otros estatutos que han venido a esta Cámara haber tenido esa predisposición para buscar y encontrar el acuerdo. Felicidades porque, como he dicho en otras ocasiones, hay que sentirse orgulloso de un trabajo bien hecho. Ahora les corresponde a los andaluces y a las andaluzas la decisión, pero estoy convencido de que van a saber tener en cuenta lo que ustedes han sido capaces de elaborar y nosotros modestamente apoyar en las próximas votaciones.
Muchas gracias.


El señor PRESIDENTE: Muchas gracias.
Por el Grupo Parlamentario Catalán en el Senado de Convergència i Unió, tiene la palabra el senador Casas i Bedós.


El señor CASAS I BEDÓS: Gracias, señor presidente, mi intervención va a ser muy breve.
En primer lugar quiero felicitar a la representación del Parlamento andaluz, y al pueblo de Andalucía por extensión, por haber traído un proyecto de estatuto con un amplísimo consenso del Parlamento andaluz --esto es lo más positivo-- y porque es evidente que va a salir aprobado de esta Cámara. A nosotros nos queda el papel de hacer de notarios de un gran debate que ha habido en Andalucía y, en la medida en que lo que ustedes han traído aquí no chocaba con los grandes temas de nuestro programa político, no tenemos por qué enmendarlo. Nosotros sí vamos a votar algunas enmiendas que se inspiran en las del Partido Andalucista, y aunque es evidente que su suerte no va a ser la aprobación, no obstante votaremos a favor del proyecto de estatuto porque, repito, cuando no hay grandes contradicciones con nuestros posicionamientos políticos nos conviene hacer de notarios y ratificar lo que viene con tanto consenso desde el Parlamento de la comunidad autónoma.
Sí me gustaría hacer una pequeña reflexión a raíz de las palabras del senador Cuenca, con el que no suelo coincidir --lo digo por los parlamentarios de Andalucía, mis compañeros del Senado ya lo saben--, pero cuando coincido me gusta resaltarlo. Hoy hemos coincidido cuando argumentaba que en algunas de las intervenciones de distintos grupos parlamentarios de la delegación andaluza había a veces de fondo la referencia a otros estatutos: si eran constitucionales o no --que en cualquier caso quien debe decirlo es el Tribunal Constitucional, ningún grupo parlamentario está autorizado para ello, pero sobre la base de que algunos a lo mejor no eran constitucionales han dicho que ellos han hecho lo que han hecho-- o añadían cosas como que nadie ha luchado como nosotros para tener unos estatutos.


Página 51


Me parece que el camino de la España plural que defiende el grupo del Gobierno --o, como yo digo, la diversidad del conjunto de España-- no es ese. La defensa de un estatuto hay que hacerla en función de la realidad a la que representa, única y exclusivamente, no en comparación con tal o cual, porque ese no es el gran debate. Esta Cámara, que es la Cámara de representación territorial --o deberá serlo cuando se haga la reforma del Senado en su extensión--, está para armonizar los intereses de todos con el Estado, y si bien es lógico que haya tensiones entre una comunidad autónoma y el Estado en el ejercicio del poder, que haya tensiones por agravios comparativos no me parece lógico.
Lo mismo que dije el día que se aprobó el Estatuto catalán lo repetiré ahora: el gran activo que tiene España en su conjunto es su diversidad y a veces con este tipo de reflexiones lo que hacemos es convertirlo en un gran problema, lo cual es un grave error. Hágase un estatuto en función de lo que tiene que representar y no andemos con la música de fondo que se ha oído durante todo el debate con referencias a otras situaciones que, insisto, no tienen ningún sentido, ninguno: ni prejuzgar que uno es constitucional y el otro no, ni si uno ha luchado más que el otro; no tiene ningún sentido, ninguno.
La diversidad se fundamenta en que cada uno responda a su realidad y luego las instituciones están para armonizar los intereses y para garantizar que las cosas funcionen razonablemente bien, pero no para establecer agravios comparativos. A ver qué día damos el salto de convertir la diversidad en activo y no en pasivo, porque a veces en estas musiquillas de fondo en algunas intervenciones hay un retintín --agravios comparativos-- que no nos lleva a ninguna parte y no son el futuro.
Voy a votar con entusiasmo este Estatuto, fundamentalmente porque viene con un grandísimo consenso del Parlamento andaluz. Ojalá lo hubiera habido en otras partes. En Cataluña también hubo un gran consenso, no estuvieron todos, aquí también falta un partido, a ver si la siguiente reforma puede ser unánime, que sería lo deseable. De todas maneras el consenso es lo suficientemente importante como para que nuestro voto sea a favor y felicitarles.
Nada más, señor presidente, muchas gracias.


El señor PRESIDENTE: Gracias.
Tiene la palabra doña Inmaculada Loroño.


La señora LOROÑO ORMAECHEA: Gracias, señor presidente.
Permítanme que inicie esta última intervención en el debate que estamos realizando en el seno de esta comisión, en primer lugar, agradeciendo a su presidente la benevolencia que ha tenido con todos los grupos parlamentarios, tanto de la delegación del Parlamento andaluz como del Senado, así como al letrado de la comisión el informe tan exhaustivo, como es su costumbre, que nos ha trasladado a todos los grupos parlamentarios en relación con este Estatuto de autonomía, cuyo debate vamos a concluir en esta comisión dentro de pocos minutos, aunque a estos senadores y senadoras les quede un posterior debate en el Pleno del próximo día 20 de diciembre.
Dicho esto, las enmiendas presentadas por el Partido Andalucista al Preámbulo y al Título Preliminar, a nuestro juicio, reflejan de forma concisa la historia, la andadura de Andalucía, así como la estructura de la que ustedes han dotado a este Estatuto de autonomía en cuanto a títulos, disposiciones y, en definitiva, contenido en su articulado.
Si no es mucha molestia, quisiera concluir esta última intervención en comisión hablando en mi lengua materna, que es el euskera. Por tanto, siento tener que molestarles para que utilicen la traducción simultánea.


Gaur hemen eztabaidan izan dugun Andaluziako autonomi estatutuan, zuzenketak, eta batez ere Andaluzista Alderdiaren bitartez aurkeztu diren zuzenketak hiru ardatz nagusitan ezarrita egon dira. Alde batetik, finantzaketa, beste alde batetik, autogobernuaren neurrian, eta azken batean, neurri horren handitasun bat lortzeko asmoagaz, eta beste alde batetik, nortasunari buruz, hau da, Andaluziako nortasunari buruz.
Alderdi abertzale batek dituen asmo logikoak behintzat adierazi ditu bere zuzenketaren bitartez; eta egia esan, asmoak, iritziak eta nahiak sarritan egokia izaten da aztertzea eta azaltzea denon arteko akordio on bat lortzeko asmoagaz. Nik egia esan zoriondu egin behar ditut Andaluziako legebiltzarkide guztiak, eta eskerrik beroenak Senatu honetara ekarri dituzuen eztabaidengatik, bertan adierazi dituzuelako zuen asmo, zuen iritzi eta zuen nahiak. Batzorde honetan, gaur testu honen botazioa egin ondoren, beste pausu bat emango dugu Andaluziak estatutu berri bat eduki dagien. Senatariok, lehen esan dudan bezala, oraindik beste pausu bat gehiago eman behar dugu, datorren 20an, abenduaren 20an izango dugun osoko bilkuran. Handik aurrera zuen lana izango da estatutu hori betetzea eta betetzeko pausuak ematea.


Hoy, hemos celebrado un debate sobre el Estatuto de Andalucía, fundamentalmente en referencia a las enmiendas presentadas, especialmente las del Grupo Andalucista, sobre tres bases principales: por un lado, la financiación; por otro, el autogobierno, sus medidas, es decir, la ampliación de esas medidas de autogobierno, y, por otro, la identidad de Andalucía. Si los partidos nacionalistas tienen esas aspiraciones, y así lo demuestran nuestras enmiendas, la verdad es que es adecuado analizar esas opiniones, esos deseos para lograr un buen acuerdo entre todos.
Sinceramente, les tengo que felicitar a todos los parlamentarios andaluces; les quiero dar las gracias por haber traído este debate al Senado, por haber mostrado sus opiniones y deseos.
En esta comisión, antes de proceder a la votación final de este texto, vamos a dar otro paso para que Andalucía consiga un Estatuto nuevo, aunque, como ya he dicho, a los senadores aún les resta un último debate el próximo día 20 de diciembre en el Pleno del Senado. A partir de entonces su labor será que ese Estatuto se cumpla y dará los pasos para que ese estatuto se cumpla.


Página 52


Como vasca y como nacionalista me siento orgullosa de haber defendido y haber participado en esta comisión en el debate de un nuevo Estatuto de Autonomía para Andalucía, y lo digo de todo corazón. Igualmente de todo corazón quiero que su desarrollo y ejecución suponga algo que todos ustedes a través de sus opiniones, criterios y deseos nos han transmitido: la consecución de una Andalucía moderna, en progreso continuo y con un desarrollo económico y social adecuado para los andaluces y las andaluzas, lo que redundará sinn duda en su calidad de vida y su bienestar.
Tal como dijimos al inicio de este debate a la hora de constituirse la ponencia, nuestra intención no era otra que trata de alcanzar el mayor grado de consenso posible y, si era posible, que todos se sumaran al texto que vamos a aprobar a continuación. Creo que todos ustedes han hecho ese esfuerzo, y todos nosotros, senadores y senadoras, hemos intentado trabajar lo mejor que podemos y sabemos. En cualquier caso, les doy mi más sincera felicitación por el nuevo Estatuto que próximamente tendrán y que refrendarán, como bien decían ustedes, en febrero del año que viene. Espero que consigan aplicarlo de forma conveniente y adecuada para Andalucía y sobre todo para los andaluces y las andaluzas; de ello depende que tengan una situación, una calidad de vida y un bienestar que todos deseamos para ellos.
Por mi parte, nada más. Les doy las gracias, y espero no haber sido pesada a lo largo del debate a la hora de defender posiciones que nos parecían lógicas y en las que coincidíamos con el Partido Andalucista.
Nada más y muchas gracias.


El señor PRESIDENTE: «Eskerrik-asko», senadora Loroño.
«Senyor Bonet, té la paraula».


El señor BONET I REVÉS: Gràcies, senyor president, senyores i senyors diputats del Parlament dÆAndalusia, senyores i senyors senadors.
Primer voldria parlar una mica de les característiques que hem vist del debat. Primer, el debat sÆha caracteritzat, en un primer aspecte, per un lament, una pressió, una crítica sobre el Partit Andalucista perquè no sÆha incorporat al consens. Jo no sé si el Partit Andalucista ha estat o no intransigent, però estic segur que un cop aprovat aquest Estatut, el Partit Andalucista el defensarà com el qui més, perquè serà lÆEstatut de tots els andalusos i, per tant, el defensarà. Així doncs, voldria relativitzar les discrepàncies que han mostrat davant dels senadors de la resta de lÆEstat.
Després, una altra característica és que hem vist una constant comparació amb lÆEstatut català. Des de lÆEntesa Catalana de Progrés això no ens molesta. Estem acostumats a ser --podríem dir-- les «tropes de xoc».
Estem acostumats a estar els primers al desembarcament de Normandia. Però també seria més lògic que els senadors de la Comissió General de Comunitats Autònomes sortíssim amb una idea més clara de què vol Andalusia per a ella mateixa: Andalusia sola, per a ella mateixa en relació amb tothom, no en comparació monotemàtica amb un altre Estatut.
Hi ha hagut aquí dues crítiques principals: primer es deia si aquest Estatut era inferior qualitativament al català i, lÆaltra, que si en aquest Estatut sÆhan llimat totes les suposades inconstitucionalitats que --diuen-- té lÆEstatut català, i per això aquest cop ha tingut lÆacord també del Partit Popular.
Jo crec que comparats els dos Estatuts, mirats els debats que hi ha hagut avui aquí, jo crec que algú aplica aquell principi de «mantenella i no enmendalla». Pot haver-hi diferències, però en el fons bàsicament són el mateix. Aleshores, la gent es pregunta a què ha vingut aquesta campanya de més de dos anys, terrible, ferotge, contra lÆEstatut català per acabar finalment votant i acordant uns textos que, poc o molt, sÆhi assemblen.
Només els juristes hi veuen diferències, però en el fons, com podré demostrar, sÆassemblen bastant. Evidentment, el lletrat de la Comissió General hi veu diferències, però jo diria que les diferències són molt de matís, molt de jurista. En el fons, des del punt de vista dels missatges públics, no nÆhi ha gaires. Per tant, des de lÆEntesa voldríem que hi hagués una rectificació. Diuen que rectificar és de savis, i demanem que el Parit Popular sigui savi, rectifiqui, perquè ara el procés de reformes ja està engegat. Ara no hi ha qui ho aturi. Ara el centre de gravetat ja està en un altre aspecte també molt important que és el procés de pau.
Per tant, el tema del procés dels Estatuts, de reformes, ara lÆEstatut andalús ja lÆha deixat totalment irreversible, lÆha encarrilat i, per tant, crec que el Partit Popular hauria de rectificar, fer una mica dÆautocrítica. Jo crec que no és que no li faria mal, jo crec que faria bé, perquè --deia-- ara és també un temps molt important per a la política, per a la bona política, tenint en dansa un procés de pau. El contribuent ens paga per fer política, no ens paga per fer vídeos: el contribuent ens paga per fer política, bona política. Perquè els partits facin bona política i no es converteixin en productors de vídeos. Ho dic per tots els partits que ara tenen tendència a dedicar-se al vídeo més que a la política.
Bé, dones aquesta campanya tan enorme que hi ha hagut contra Catalunya i contra lÆEstatut català, jo crec que digníssims representants del poble andalús, en el moment de lÆaccés a més fites dÆautogovern, us demanem que recordeu una mica, integreu i reflexioneu sobre el que han estat aquests dos anys dÆuna campanya tan excitant i excitada. SÆha volgut involucrar totes les institucions de lÆEstat, tots els sectors. Fins i tot es va dir que es faria un referèndum, es van demanar firmes per a un referèndum, etc. I desprès dÆaquesta campanya, i desprès de veure el contingut, els títols... la pregunta és per què. «¿Por qué?» Zergatik? Realment hi ha tanta diferència entre la idea de nació a lÆEstatut català i a lÆEstatut andalús? LÆEstatut andalús introdueix el terme nacional a partir del manifest de Còrdova, que va descriure Andalusia com a realitat nacional i els andalusos han canalitzat aquest esperit a través de la Constitució.
La meva pregunta és: és que Catalunya no ha fet el mateix? És que la realitat nacional de Catalunya, la nació catalana, no ho ha canalitzat a través de la Constitució? A través dÆun Estatut? Per altra banda, «realitat nacional» és un eufemisme de nació. Això està claríssim. Jo crec que sí. Només cal recordar

Página 53


que lÆEstatut que es va presentar a Catalunya lÆany 1979, a lÆarticle 1 deia «Catalunya és una realitat nacional» i, pel que sigui, llavors no va colar. Això vol dir que algú va interpretar que la idea de realitat nacional a lÆany 1979 volia dir exactament el mateix que nació i per tant, prudentment, ho va retirar. Evidentment que potser el Parlament andalús ha pecat dÆun excés de prudència i no sÆha atrevit a dir les coses pel seu nom. Ara bé, en el propi preàmbul parla dues vegades dÆuna Andalusia lliure i solidària. Us imagineu que amb el que va ploure i tota la campanya de lÆEstatut català haguéssim posat al preàmbul que tenim lÆideal dÆuna Catalunya lliure i solidària? SÆhagués armat una «tangana» de campionat. I també es parla del concepte de pàtria andalusa. En el nostre preàmbul no es parla res de la pàtria catalana, no hem posat el primer president de la Generalitat recobrada Francesc Macià com el nostre pare de la pàtria catalana. Jo diria que una cosa va per lÆaltra, ho compensa i, per tant, aquestes grans diferències que fan que uns vegin inconstitucional un preàmbul i constitucional lÆaltre, no em semblen tantes.
I què dir de la insolidària i pèrfida bilateralitat, que sembla que es va inventar lÆEstatut català? Escoltem, aquí tots ens afaitem o ens depilem parlamentàriament i sabem que lÆEstat autonòmic es basa en un equilibri entre la bilateralitat i la multilateralitat. Qui estigui lliure de pecat bilateral que llenci la primera pedra. Totes les Comunitats Autònomes van a veure «qué hay de lo mío» i això és natural. És més, en un organisme multilateral com és el Consejo de Política Fiscal y Financiera, en el fons, els acords sÆhan de referendar bilateralment en Comissió Mixta Bilateral dels propis Estatuts. I recordem que Andalusia una vegada no va referendar aquest acord multilateral del Consejo de Política Fiscal y Financiera. No va referendar el sistema de finançament de lÆany 1995 i, per tant, això de la bilateralitat no és un invent dÆara, sinó que és un funcionament normal. És un equilibri entre el bilateral i el multilateral, perquè sinó no podria funcionar. El propi article 220 de lÆEstatut dÆAndalusia estableix una Comisión Bilateral de Cooperación Junta de Andalucía -- Estado. Per tant, tot aquest bilateralisme pecaminós, sÆha vist que no nÆhi ha per tant i no entenc perquè tenen aquest capteniment de la inconstitucionalitat dÆaquest concepte.
Després, què direm de les competències de Justícia? Aquest jo crec que és un exemple clar de com totes les Comunitats Autònomes tenen els mateixos interessos. Gairebé no hi ha dialèctica entre elles. Totes volen una Justícia realment adaptada a lÆEstat de les Autonomies i això encara està per fer. Són les Comunitats Autònomes les úniques que, amb la seva pressió, han modificat una mica el centralisme dÆarrel del Consejo General del Poder Judicial. Això no ho ha fet el govern central de lÆEstat: han estat les Comunitats Autònomes les que han pressionat. I encara queda molt per fer. Vull recordar que a lÆEstatut del 1932, concedit per la República a Catalunya, hi havia unes competències en matèria de Justícia molt més altes de les que tenim ara. De lÆEstatut del 1932, que Franco va suprimir, les competències de Justícia --el nivell-- encara no les hem recuperat. I això ho hem de tenir clar. Les competències de Justícia que tenia previstes la República, i que van coincidir a Galícia, Euskadi i Catalunya, eren molt més altes de les que tenim actualment. Per tant, això queda pendent.
Vaig acabant, senyor president. El sistema de finançament: aquest potser sigui realment un aspecte en què sempre ha existit una dialèctica entre les posicions dÆAndalusia i Catalunya. Però jo ho voldria relativitzar.
Si algú mira el Diari de Sessions de la Comissió Constitucional en el debat del primer Estatut, això ja va ser aquest problema; ja es va suscitar aquesta dialèctica. I jo crec que aquesta dialèctica no és un fet indesitjable, no és un fet pervers, és el que és: és una realitat, és natural. Entre tots els estats compostos, tots els territoris lluiten pel pastís pressupostari. I utilitzen tots els arguments possibles, al Canadà, a Bèlgica, a Austràlia, a Àustria, a Portugal... A tots els Estats que tenen territoris amb poder polític se suscita el tema del finançament. Als Estats Units, també. Per tant doncs, aquest tema del finançament el que cal és racionalitzar-lo, cal pactar-lo, cal assumir-lo i, la veritat, jo no veig diferències entre els principis de lÆEstatut català i lÆandalús, si no és en el terna del tant per cent dels impostos.
Però, corn que hi ha un mecanisme de tancament, ja veurem com es fa. A més, hi ha els mateixos mecanismes de relació bilateral. La Comissió Mixta dÆAfers Econòmics i Fiscals Estat-Comunitats Autònomes, Andalusia, etc. també hi és. Per tant, jo penso que no hi ha tanta diferència.
I finalment, hi ha també una total simetria en les dues disposicions addicionals terceres. La disposició addicional tercera de lÆEstatut català parla de la inversió en infraestructures. La disposició addicional tercera de lÆEstatut andalús parla de la inversió de lÆEstat en general.
I lÆEstatut andalús recull el deute històric que hi havia abans en la seva disposició addicional segona, que voldríem dir que és el que dóna sentit a aquesta reivindicació. Ho ha dit abans el senador Pizarro: totes les Comunitats Autònomes tenen dèficits de finançament en algun que altre aspecte. Hi ha algun aspecte socioeconòmic en el qual es pensen que estan maltractades. En aquest sentit, Andalusia té uns dèficits històrics socioeconòmics que ja va posar a lÆanterior Estatut i que també ara vol reflectits. Nosaltres, Catalunya, tenim en els darrers anys un dèficit dÆinversió en les infraestructures necessàries per acomodar la nostra economia a la globalitat.


Muchas gracias, señor presidente.
Señoras y señores diputados del Parlamento de Andalucía, señores y señoras senadores, en primer lugar, voy a hablar un poco de las características del debate.
Primero, el debate se ha caracterizado por un primer un lamento, una presión y una crítica al Partido Andalucista debido a su no incorporación al consenso. Yo no sé si el Partido Andalucista ha sido o no intransigente, pero estoy seguro de que una vez aprobado defenderá el Estatuto como el que más porque será el Estatuto de todos los andaluces.
Por eso, yo quisiera relativizar las discrepancias que han mostrado ante los senadores del resto del Estado.
Otra característica es que ha habido una comparación constante con el Estatuto catalán. Desde la Entesa Catalana de Progrés esto no nos molesta, podríamos decir que

Página 54


estamos acostumbrados a ser las tropas de choque, a ser los primeros en el desembarco de Normandía, pero sería más lógico que los senadores de la Comisión General de las Comunidades Autónomas saliéramos de aquí con una idea más clara de qué quiere Andalucía para sí misma, sola, y no relacionándola continuamente con otro estatuto.
Ha habido dos críticas principales. Por una parte se decía si este Estatuto era de inferior calidad que el catalán, y por otra, que en este estatuto se han limado todas las supuestas inconstitucionalidades que dicen que tiene el Estatuto catalán y que por eso también ha tenido el apoyo del Partido Popular. Pues bien, o creo que, comparados ambos estatutos y tras los debates que ha habido hoy aquí, hay quien aplica el principio de «mantenella y no enmendalla» porque hay diferencias que en el fondo son lo mismo. La gente se pregunta a qué ha venido esta campaña de más de dos años terrible y feroz contra el Estatuto catalán para acabar votando y acordando unos textos que, en poco o en mucho, se parecen; aunque los juristas ven diferencias entre ellos, en el fondo, como podemos demostrar, se parecen bastante. Evidentemente, el letrado de la Comisión General ve diferencias en ellos, pero yo diría que esas diferencias son matices de juristas, porque desde el punto de vista de los mensajes públicos no hay demasiadas.
Desde la Entesa querríamos que hubiese una rectificación. Dicen que rectificar es de sabios, y pedimos que el Grupo Parlamentario Popular sea sabio y rectifique porque el proceso de reforma ya ha comenzado y no hay quien lo pare. Ahora el centro de gravedad está en otro aspecto también muy importante, que es el proceso de paz. Por tanto, el proceso de los estatutos, la reforma del Estatuto andaluz es algo totalmente irreversible y está encarrilado. Creo, pues, que el Partido Popular debería rectificar y hacer un poco de autocrítica, lo que no le haría ningún daño sino más bien todo lo contrario.
Ahora es también un momento muy importante para la buena política al tener entre manos un proceso de paz, pero el contribuyente nos paga para que hagamos política, no para que hagamos vídeos. El contribuyente nos paga para hacer buena política y para que los partidos no se conviertan en productores de vídeos. Lo digo por todos los partidos que ahora tienen tendencia a dedicarse a los vídeos más que a la política.
Pues bien, tras esta campaña tan enorme que ha habido contra Cataluña, contra el Estatuto catalán, pedimos a los muy dignos representantes del pueblo andaluz en el momento de acceso a más cimas de autogobierno les pedimos que recuerden un poco, que reflexionen sobre lo que han sido estos últimos años con una campaña tan excitante y excitada. Se ha querido involucrar a todas las instituciones del Estado, a todos los sectores, e incluso se dijo que se haría un referéndum, etcétera. Y, claro, después de esta campaña y después de ver el contenido de los títulos, la pregunta es «¿por qué?», «per què ¿zergatik?» ¿Realmente hay tanta diferencia entre la idea de nación en el Estatuto catalán y en el Estatuto andaluz? En el Estatuto andaluz se introduce el término «nacional» a partir del manifiesto de Córdoba, que describe a Andalucía como una realidad nacional, y los andaluces han canalizado ese espíritu a través de la Constitución.
¿Es que Cataluña no ha hecho lo mismo? ¿Es que la realidad nacional de Cataluña, la nación catalana, no lo ha canalizado a través de la Constitución, a través del Estatuto? Por otra parte, la realidad nacional es un eufemismo de nación, está clarísimo. Yo creo que sí. Baste recordar que el Estatuto que se presentó en Cataluña en 1979 decía en su artículo 1: Cataluña es una realidad nacional. Pero por lo que fuere, entonces no coló. Eso quiere decir que alguien interpretó que la idea de realidad nacional en 1979 quería decir exactamente nación, y por tanto, prudentemente la retiró.
Evidentemente, es posible que el Parlamento andaluz haya pecado de un exceso de prudencia y no se haya atrevido a llamar las cosas por su nombre. Es posible. Ahora bien, en el propio Preámbulo se habla dos veces de una Andalucía libre y solidaria. ¿Se imaginan, con lo que ha llovido en toda la campaña del Estatuto Catalán, que hubiéramos recogido en el Preámbulo que teníamos el ideal de una Cataluña libre y solidaria? Se hubiera armado una de campeonato.
También se habla del concepto de patria andaluza. Pues bien en nuestro Preámbulo no se habla de la patria catalana ni del primer presidente de la Generalitat recobrada como el padre de la patria catalana. Por lo tanto, yo diría que una cosa por otra. Todo queda compensado, y esas grandes diferencias: que unos vean inconstitucional un preámbulo y constitucional el otro, yo, sinceramente, no las veo.
Y qué decir de la insolidaria y pérfida bilateralidad que parece que se inventó en el Estatuto catalán. Veamos, aquí todos nos afeitamos o nos depilamos parlamentariamente y sabemos que el sistema autonómico se basa en un equilibrio entre la bilateralidad y la multilateralidad. Y el que esté libre del pecado bilateral que tire la primera piedra. Todas las comunidades autónomas van a aquello de: «¿Qué hay de lo mío?» Eso es natural, y es perfecto. Es más en un organismo multilateral como el Consejo de Política Fiscal y Financiera en el fondo los acuerdos se tienen refrendar bilateralmente en la comisión mixta bilateral de los propios estatutos. Y recordemos que Andalucía no refrendó un acuerdo multilateral del Consejo de Política Fiscal y Financiera. No refrendó el sistema de financiación del año 1975. Y, por tanto, eso de la bilateralidad no es un invento, sino que es un funcionamiento normal, un equilibrio entre lo bilateral y lo multilateral porque, si no, no se podría funcionar. El propio artículo 220 del Estatuto de Andalucía establece una Comisión bilateral de Cooperación Junta de Andalucía-Estado. Por lo tanto, en cuanto a todo este bilateralismo pecaminoso, se ha visto que no hay para tanto y no entiendo por qué se empeñan en la inconstitucionalidad de ese concepto.
¿Qué diremos de las competencias de Justicia? Las competencias de Justicia son un ejemplo claro de cómo todas las comunidades autónomas tienen los mismos intereses. Casi no hay dialéctica. Todas quieren una Justicia adaptada al Estado de las Autonomías y en eso aún queda mucho por hacer. Son las comunidades autónomas las únicas

Página 55


que con su presión han modificado un poco el centralismo de raíz del Consejo General del Poder Judicial. Eso no lo ha hecho el Gobierno central del Estado; han sido las comunidades autónomas las que han presionado, y rrepito que aún queda mucho por hacer.
Quiero recordar que en el Estatuto de 1932, concedido por la República de Cataluña, había unas competencias en materia de Justicia mucho más altas que las que tenemos ahora. Hablo del Estatuto de 1932, que Franco suprimió, y sepan que las competencias de Justicia aún no las hemos recuperado. Esto hay que tenerlo claro. Repito que las competencias de Justicia que tenía previstas la República, y que coincidían en Galicia, Euskadi y Cataluña, eran muy superiores a las que tenemos actualmente.
Por lo tanto, eso queda pendiente.
Voy acabando, señor presidente. El sistema de financiación quizá sea un aspecto en el que siempre ha existido una dialéctica entre las posiciones de Andalucía y Cataluña. Pero si alguien lee el «Diario de Sesiones» correspondiente a la Comisión Constitucional podrá comprobar que en en el debate del primer Estatuto ya se suscitó esta dialéctica, que considero no es un hecho extraordinario ni perverso, sino que es lo que es: una realidad, es natural.
En los Estados compuestos todos los territorios luchan por el pastel presupuestario y utilizan todos los argumentos posibles, en Canadá, Bélgica, Australia, Austria, Portugal, incluso en los Estados Unidos, en todos los Estados que tienen territorios con poder político se suscita el tema de la financiación. Por tanto, hay que racionalizarlo, pactarlo y asumirlo y sinceramente no veo diferencias entre los principios del Estatuto catalán y los del Estatuto andaluz, excepto en el porcentaje de los impuestos, pero como hay un mecanismo de cierre; además, existen los mismos mecanismos de relación bilateral: la Comisión Mixta de Asuntos Económicos y Fiscales también existe en Andalucía. Por ello, como digo, no hay tanta diferencia.
Finalmente, hay una total simetría en ambas disposiciones adicionales; la disposición adicional tercera del Estatuto catalán habla de la inversión en infraestructuras, y la disposición adicional tercera del Estatuto andaluz habla de la inversión del Estado en general. Y el Estatuto andaluz recoge la deuda histórica que había antes en su disposición adicional segunda, que es lo que da sentido a esta reivindicación.
Como ha dicho el senador Pizarro, todas las comunidades autónomas tienen déficit de financiación en algún aspecto; y en el aspecto socioeconómico algunos piensan que están maltratadas. Andalucía tiene unos déficit históricos socioeconómicos contemplados en el anterior estatuto, que ahora quedan reflejados, y Cataluña presenta en los últimos años un déficit de inversión en infraestructuras para adaptar nuestra economía a la globalidad.


Queridos parlamentarios de Andalucía, habéis reclamado y defendido legítimamente la solidaridad como un concepto positivo. Cataluña lo acepta y lo comprende, aunque sólo sea porque muchos hijos de vuestra tierra han contribuido como el que más al bienestar económico y a la recuperación de las instituciones nacionales de Cataluña.
Pero hoy, cuando vais a alcanzar una nueva frontera para vuestro autogobierno, Cataluña os pide vuestra solidaridad. Un buen gesto, un gesto que culminaría vuestro proceso sería que las fuerzas políticas andaluzas aquí representadas pidieran la retirada de los recursos de inconstitucionalidad contra el Estatuto catalán. Sería un gran acto que demostraría un alto sentido de Estado, digno de la nación andaluza.
Muchas gracias.


El señor PRESIDENTE. Muchas gracias, senador Bonet.
Por el Grupo Parlamentario Socialista tiene la palabra su portavoz, doña Adoración Quesada Bravo.


La señora QUESADA BRAVO: Muchas gracias, señor presidente.
Sean mis primeras palabras para saludar y casi despedir a los diputados y diputadas de la delegación andaluza con quienes he compartido agradables momentos.
Es una satisfacción subir a esta tribuna para debatir esta propuesta de reforma del Estatuto, un momento singular y significativo en nuestro recorrido autonómico que seguramente no volverá a repetirse en unos cuantos años.
Este es un Estatuto que refleja los principios en los que coincide la mayoría de la sociedad andaluza y que son resultado de haber trabajado durante 26 años en valores como la igualdad, la libertad, la justicia, la paz y el pluralismo político. Hoy no partimos de cero, señorías, sino que tenemos una vasta experiencia que nos ha servido para dotarnos de un Estatuto mejor y más ambicioso. Durante 26 años hemos ido soltando el lastre del analfabetismo, del subdesarrollo y de todas las carencias y complejos con los que partíamos en 1980. No olvidemos que durante más de la mitad del siglo XX fuimos la cuna del hambre. Serán los historiadores quienes digan qué supuso para España la descentralización política y administrativa, pero para nosotros, los socialistas, ha sido la época de mayor prosperidad en todos los aspectos. Ahora tratamos de seguir avanzando, de no caer en la autocomplacencia de lo logrado y de poner al servicio de todos un nuevo texto, fruto del acuerdo y el consenso de la inmensa mayoría: un Estatuto ambicioso, como ya se ha dicho, un texto de máximos para resolver los problemas de nuestra tierra y de sus gentes; los problemas de todos los ciudadanos que están convencidos de que la reforma será positiva para las próximas generaciones.
Este Estatuto marcará, desde luego, un antes y un después en el debate estatutario, ahora mucho más calmado y sosegado. Después de hoy veremos que ni el cielo se enturbia ni España se acaba, y que las premoniciones de cataclismo territorial tienen ya fecha de caducidad. Estamos ante un texto innovador y útil, señorías, con un epicentro claro: los hombres y mujeres de nuestra tierra, una tierra que, como se dice en el Preámbulo, ha ido forjando su identidad poco a poco y que a veces, se llegó a moldear a golpes. Parafraseando a Miguel Hernández, los andaluces fuimos forjados en los yunques torrenciales de las lágrimas. El epicentro es, como decía, la política social para

Página 56


una tierra que ha sido y es ejemplo de mestizaje, de interculturalidad, de inclusión y de diálogo.
Decir que el Estatuto resolverá los nuevos problemas no es demagogia, señorías: es la realidad. ¿O no ha resuelto el Estatuto de 1980 los problemas con los que partíamos en aquellos años? ¿A que no son los mismos? Yo creo que no. No todo el mundo confiaba en 1980 en que los andaluces haríamos bien nuestro trabajo, pero los resultados y la realidad son evidentes. Los ciudadanos y los gobiernos de Andalucía lo han hecho posible; gobiernos democráticamente elegidos y gobiernos socialistas, por cierto. Andalucía desea su proyecto, seguir su propio camino y trabajar por sus propios intereses, y no pensando solo en los intereses de los otros. No somos ni mejores ni peores que en cualquier otra comunidad autónoma. Somos sencillamente andaluces sin complejos.
Como andaluces, tenemos una personalidad propia indiscutible, una personalidad reconocida y apreciada y --por qué no decirlo-- ahora respetada; una identidad singular conquistada en la calle, como ya se ha dicho.
Este proceso no ha sido oscilante ni errático, como se ha llegado a decir. Llevamos cinco años hablando de reformar nuestro Estatuto, y ustedes llevan dos años trabajando para dar forma a las nuevas demandas que nos presentan los ciudadanos andaluces. El nuevo Estatuto es la herramienta con la que trabajaremos: una herramienta que viene cargada de futuro. Como todos saben, en el Preámbulo y en el Título Preliminar se resume y sintetiza la reforma que deseamos hacer, una reforma que, como les dije anteriormente, no podríamos entender si la desvinculamos de lo que significó el 28 de febrero de 1980, día en que los andaluces --casi todos los andaluces-- tuvieron muy claro que no permitirían otro agravio comparativo. Hemos intentado recoger en el Preámbulo las pinceladas que describen Andalucía, lo que ha sido desde una perspectiva histórica, y nuestras peculiaridades: nuestro acervo cultural o nuestra situación geográfica, que han marcado también nuestra historia y nuestro destino, como les ha ocurrido a otros pueblos; o nuestra lengua, que no es una lengua propia en sentido estricto sino una variedad de habla bastante amplia. Sin embargo, en lo que somos señeros es en que nuestra comunidad autónoma fue la única que tuvo capacidad de iniciativa por medio de un referéndum popular; eso nos hizo únicos e irrepetibles. Ese día conquistamos una herramienta para salir del atraso y para ejercer con orgullo y sin complejos nuestro derecho al autogobierno. Hace décadas, señorías, Andalucía se desangraba con la pérdida de su gente más joven, que se iba a otras comunidades autónomas a buscar una vida mejor y más próspera. Pero 1980 supuso un cambio de rumbo, un punto de inflexión para nuestra tierra. Ahora nuestra comunidad autónoma es la segunda en crecimiento durante los últimos años y pionera en muchos campos, avances que eran impensables hace unos años.
Como todos saben, los estatutos son reglas de convivencia y no se reforman a capricho de los legisladores, sino por necesidad: la necesidad de adaptarse a los nuevos tiempos y a los retos que la ciudadanía presenta. Esos nuevos retos casi siempre son consecuencia directa del progreso. Por ello, el nuevo Estatuto está pensado para y por el bienestar de todos los andaluces. No creo que nadie se deba oponer a mejorar ese bienestar, pero allá cada uno con sus actos y sus consecuencias porque, señorías, los actos también nos acreditan o nos desacreditan, y no sólo las palabras que se pronuncian. Hoy estoy casi convencida de que dentro de unos años algunos dirán que este Estatuto fue el acuerdo de todos, y si no cambian de opinión a última hora, porque estamos ya en la prórroga y el árbitro está a punto de pitar el final del partido, y luego se apropiarán del Estatuto, la historia se volverá a tergiversar.
Señorías, el Parlamento andaluz elaboró una propuesta de reforma, la envió a las Cortes Generales y estamos ya terminando el trámite parlamentario. Estamos construyendo un nuevo tren para Andalucía, un tren de futuro, vamos a cambiar un antiguo Talgo, que dio magníficos resultados, por un AVE de última generación; no lo pierdan, señorías, porque estamos a punto de abandonar la estación. Pero no crean ustedes que va en dirección contraria; va en la correcta dirección. De todo corazón les decimos que nos gustaría, como dice la canción, que ocuparan sus localidades y nos acompañaran en este ilusionante viaje.
Con este nuevo Estatuto estaremos preparados para afrontar nuevas realidades demográficas, familiares y sociales, para corregir desventajas de determinados colectivos, como los mayores, los jóvenes y los discapacitados. En él buscamos la igualdad de oportunidades, reconocer nuevos derechos, garantizarlos, tener nuevas competencias, en definitiva, poder exigir nuevas obligaciones a los poderes públicos. Se trata de seguir avanzando por la senda del autogobierno, con más capacidad de decisión, adelantándonos a lo que los andaluces queremos para nuestro futuro y el de nuestros hijos. No sé cómo puede haber alguien que no quiera un futuro mejor para la tierra que tanto dice amar, querer y defender.
Señorías, ningún Estatuto de Autonomía resuelve nada «per se»; no hay pócimas prodigiosas ni remedios milagrosos. Como con cualquier herramienta, el resultado que obtengamos dependerá de las manos en la que caiga y de la inteligencia con la que se use. Por ello es decisivo que los andaluces trabajemos con talento y voluntad para seguir avanzando por un camino que nos haga ser una sociedad más libre y próspera, más justa y solidaria.
Termino diciendo, señor presidente, que con este Estatuto nos estamos dotando de las herramientas adecuadas para hacerlo, y seguro que lo lograremos gracias al esfuerzo y a la voluntad de todos. (Aplausos.)

El señor PRESIDENTE: Gracias, señoría.
Por el Grupo Parlamentario Popular tiene la palabra la señora Becerril.


La señora BECERRIL BUSTAMANTE: Gracias, señor presidente.
Señorías, nos queda todavía el último trámite en esta Cámara, el próximo mes de diciembre, para la aprobación del Estatuto de Autonomía Andalucía.
Hoy quiero únicamente dar las gracias a los diputados andaluces, que no asistirán a la próxima sesión plenaria. Aquí termina una

Página 57


gran parte de su trabajo. También quiero dar las gracias a los diputados de las Cortes Generales --en otra sesión ya tendré tiempo de decir algo a los senadores--, porque hemos visto cómo han trabajado a lo largo de meses, y lo han hecho con la mirada puesta en el futuro, con generosidad, pensando en las próximas generaciones.
Y han logrado un amplio acuerdo, un acuerdo bueno que puede durar varias generaciones en una norma institucional básica para los andaluces. El suyo ha sido un acto de generosidad, de laboriosidad, de esfuerzo, que también es muy importante en esta vida, y los diputados andaluces y los diputados en el Congreso han dado un buen ejemplo de ello. A todos les agradezco su trabajo.
Señor presidente, solamente quería decir que estamos satisfechos con un Estatuto que respeta plenamente la Constitución. Para el Grupo Parlamentario Popular, y creo que también para todos, así como para la seguridad en los derechos, para las garantías, para la igualdad ante la ley y para tantas cosas, era muy importante tener un Estatuto plenamente constitucional. Se trata de un Estatuto que podrá tener larga vida, pues no tendrá que ser modificado o reformado en función de mayorías. Hay mayorías que duran mucho tiempo en la democracia, pero llega un momento en que pueden dejar de ser mayorías. Por lo tanto, cuando hablamos de legislación, de leyes orgánicas y de las leyes que configuran la arquitectura constitucional, como son los estatutos, hay que pensar a largo plazo o a muy largo plazo; y creo que así está pensado este Estatuto.
Lamento que el Partido Andalucista no se haya incorporado a este acuerdo.
Ha tenido muchas ocasiones de hacerlo, pero ellos sabrán muy bien lo que hacen y están en su derecho. En otras ocasiones, el Partido Andalucista sí ha hecho pactos, pues durante varias legislaturas han formado parte del Gobierno andaluz, con destacadas responsabilidades en el mismo, y también han llegado a acuerdos en ayuntamientos. ¡Figúrese en el mío! Yo he padecido sus acuerdos y ustedes han sabido hacerlos.
(Risas.--Aplausos.) Si no lo han hecho en esta ocasión es porque no han querido, porque ocasión han tenido.
Señor presidente, señorías, gracias a todos por su atención, por su generosidad y por su visión de largo alcance, que espero redunde en los intereses generales de Andalucía, en alcanzar las máximas cotas de autogobierno y en que esta norma básica sirva para muchas generaciones.
(Aplausos.)

El señor PRESIDENTE: Gracias, señoría.
Para ordenar los términos de la votación, suspendemos la sesión durante cinco minutos. (Pausa.) Se reanuda la sesión.
No vamos a proceder a realizar el control de asistencias, sino que vamos a dar por válidos los datos que obran en nuestro poder; lo aviso para que luego no vengan con protestas porque ya no habrá lugar.
Título I, artículos 12 a 41. Votamos las enmiendas 8 a 10, del Grupo Parlamentario de Coalición Canaria, defendidas por la minoría andalucista.
Votos de la Comisión General de las Comunidades Autónomas.


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos a favor, uno; en contra, 40; abstenciones, una.


El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.
Votos de la delegación del Parlamento de Andalucía.


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos a favor, dos; en contra, 46.


El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.
Votamos el Título I.
Votos de la Comisión General de las Comunidades Autónomas.


Efectuada la votación, fue aprobado por unanimidad.


El señor PRESIDENTE: Queda aprobado.
Votos de la delegación del Parlamento de Andalucía.


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos a favor, 46; abstenciones, dos.


El señor PRESIDENTE: Queda aprobado.
Título II, artículos 42 a 88. Votamos las enmiendas números 11 a 25.
Votos de la Comisión General de las Comunidades Autónomas.


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos a favor, dos; en contra, 40.


El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.
Votos de la delegación del Parlamento de Andalucía.


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos a favor, dos; en contra, 46.


El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.
Votamos el Título II.
Votos de la Comisión General de las Comunidades Autónomas.


Efectuada la votación, fue aprobado por unanimidad.


El señor PRESIDENTE: Queda aprobado.
Votos de la delegación del Parlamento de Andalucía.


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos a favor, 46; en contra, dos.


El señor PRESIDENTE: Queda aprobado.
Título III, artículos 89 a 98. Votamos las enmiendas números 26 a 28.
Votos de la Comisión General de las Comunidades Autónomas.


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos a favor, dos; en contra, 40.


Página 58


El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.
Votos de la delegación del Parlamento de Andalucía.


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos a favor, dos; en contra, 46.


El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.
Votamos el Título III.
Votos de la Comisión General de las Comunidades Autónomas.


Efectuada la votación, fue aprobado por unanimidad.


El señor PRESIDENTE: Queda aprobado.
Votos de la delegación del Parlamento de Andalucía.


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos a favor, 46; en contra, dos.


El señor PRESIDENTE: Queda aprobado.
Título IV, artículos 99 a 139. Votamos las enmiendas números 29 a 32.
Votos de la Comisión General de las Comunidades Autónomas.


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos a favor, dos; en contra, 40.


El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.
Votos de la delegación del Parlamento de Andalucía.


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos a favor, dos; en contra, 46.


El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.
Votación del texto del Título IV.
Votos de la Comisión General de las Comunidades Autónomas.


Efectuada la votación, fue aprobado por unanimidad.


El señor PRESIDENTE: Queda aprobado.
Votos de la delegación del Parlamento de Andalucía.


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos a favor, 46; en contra, dos.


El señor PRESIDENTE: Queda aprobado.
Votación de la enmienda número 33, al Título V, artículos 140 a 155.
Votos de la Comisión General de Comunidades Autónomas.


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos a favor, dos; en contra, 40.


El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.
Votos de la delegación del Parlamento de Andalucía.


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos a favor, dos; en contra, 46.


El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.
Votación del Título V.
Votos de la Comisión General de Comunidades Autónomas.


Efectuada la votación, fue aprobado por unanimidad.


El señor PRESIDENTE: Queda aprobado.
Votos de la delegación del Parlamento de Andalucía.


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos a favor, 46; en contra, dos.


El señor PRESIDENTE: Queda aprobado.
Votación de las enmiendas números 34 a 43, presentadas al Título VI.
Votos de la Comisión General de Comunidades Autónomas.


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos a favor, dos; en contra, 40.


El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.
Votos de la delegación del Parlamento de Andalucía.


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos a favor, dos; en contra, 46.


El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.
Votación del Título VI.
Votos de la Comisión General de Comunidades Autónomas.


Efectuada la votación, fue aprobado por unanimidad.


El señor PRESIDENTE: Queda aprobado.
Votos de la delegación del Parlamento de Andalucía.


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos a favor, 46; en contra, dos.


El señor PRESIDENTE: Queda aprobado.
Votación del Título VII, artículos 195 a 206.
Votos de la Comisión General de Comunidades Autónomas.


Efectuada la votación, fue aprobado por unanimidad.


El señor PRESIDENTE: Queda aprobado.
Votos de la delegación del Parlamento de Andalucía.


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos a favor, 46; abstenciones, dos.


El señor PRESIDENTE: Queda aprobado.
Votación del Título VIII.


Página 59


Votos de la Comisión General de Comunidades Autónomas.


Efectuada la votación, fue aprobado por unanimidad.


El señor PRESIDENTE: Queda aprobado.
Votos de la delegación del Parlamento de Andalucía.


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos a favor, 46; abstenciones, dos.


El señor PRESIDENTE: Queda aprobado.
Votación de las enmiendas números 44 a 49 del Título IX, artículos 218 a 247.
Votos de la Comisión General de Comunidades Autónomas.


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos a favor, dos; en contra, 40.


El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.
Votos de la delegación del Parlamento de Andalucía.


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos a favor, dos; en contra, 46.


El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.
Votamos ahora el Título IX.
Votos de la Comisión General de las Comunidades Autónomas.


Efectuada la votación, queda aprobado por unanimidad.


El señor PRESIDENTE: Queda aprobado.
Votos de la delegación del Parlamento de Andalucía.


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos a favor, 46; en contra, dos.


El señor PRESIDENTE: Queda aprobado.
A continuación, pasamos a las votaciones correspondientes al Título X, artículos 248 a 250.
Votos de la Comisión General de las Comunidades Autónomas.


Efectuada la votación, queda aprobado por unanimidad.


El señor PRESIDENTE: Queda aprobado.
Votación de la delegación del Parlamento de Andalucía.


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos a favor, 46; abstenciones: dos.


El señor PRESIDENTE: Queda aprobado.
Votamos ahora las disposiciones adicionales primera a quinta, disposiciones transitorias primera y segunda, disposición derogatoria y disposiciones finales primera a tercera.
Nos han pedido votación separada de la enmienda número 58.
En consecuencia, votamos primero las enmiendas números 50 a 57.
Votos de la Comisión General de las Comunidades Autónomas.


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos a favor, dos; en contra, 40.


El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.
Votos de la delegación del Parlamento de Andalucía.


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos a favor, dos; en contra, 46.


El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.
Votamos ahora la enmienda número 58.
Votos de la Comisión General de las Comunidades Autónomas.


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos a favor, uno; en contra, 40; abstenciones, una.


El señor PRESIDENTE: Quedan rechazada.
Votos de la delegación del Parlamento de Andalucía.


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos a favor, dos; en contra, 46.


El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.
Votamos ahora el texto de las disposiciones adicionales primera a quinta, las disposiciones transitorias primera y segunda, la disposición derogatoria y las disposiciones finales primera a tercera.
Votos de la Comisión General de las Comunidades Autónomas.


Efectuada la votación, queda aprobado por unanimidad.


El señor PRESIDENTE: Queda aprobado.
Votos de la delegación del Parlamento de Andalucía.


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos a favor, 46; en contra, dos.


El señor PRESIDENTE: Queda aprobado.
En cuanto a las enmiendas al Título preliminar, artículos 1 a 11, al preámbulo y al título, nos han pasado una nota en la que solicitan que se voten en dos bloques. Uno primero, que vamos a votar a continuación, incluiría las enmiendas 1, 2, 3, 4 y 7.
Votos de la Comisión General de las Comunidades Autónomas.


Página 60


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos a favor, uno; en contra, 40; abstenciones, una.


El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.
Corresponde votar a la Delegación del Parlamento de Andalucía.


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos a favor, dos; en contra, 46.


El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.
Ahora, pasamos a votar las enmiendas números 5 y 6.
Votos de la Comisión General de las Comunidades Autónomas.


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos a favor, dos; en contra, 40.


El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.
Votos de la Delegación del Parlamento de Andalucía.


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos a favor, dos; en contra, 46.


El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.
Texto del Título Preliminar, Preámbulo y Título de la propuesta.
Votos de la Comisión General de las Comunidades Autónomas.


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos a favor, 42.


El señor PRESIDENTE: Quedan aprobados por unanimidad.
Votos de la Delegación del Parlamento de Andalucía.


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos a favor, 46; en contra, dos.


El señor PRESIDENTE: Quedan aprobados.
Seguidamente, vamos a proceder a la votación final de conjunto.
Votos de la Comisión General de las Comunidades Autónomas.


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos a favor, 42.


El señor PRESIDENTE: Ha sido aprobado por unanimidad por la Comisión General de las Comunidades Autónomas.
Votos de la Delegación del Parlamento de Andalucía.


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos a favor, 46; en contra, dos.


El señor PRESIDENTE: Queda aprobado.
Por lo tanto, queda aprobado definitivamente por esta comisión.
(Aplausos.) Se levanta la sesión.


Eran las diecinueve horas y cuarenta y cinco minutos.

Congreso de los Diputados · C/Floridablanca s/n - 28071 - MADRID · Aviso Legal