Listas de valores
Congreso de los Diputados

Cerrar Cerrar

 
DS. Senado, Pleno, núm. 26, de 22/12/2004
 


CORTES GENERALES
DIARIO DE SESIONES DEL
SENADO

Año 2004 VIII Legislatura
Núm. 26
PRESIDENCIA DEL EXCMO. SR. D. FRANCISCO JAVIER ROJO GARCIA
Sesión del Pleno
celebrada el miércoles, 22 de diciembre de 2004


ORDEN DEL DIA:

Primero

Actas:

--Lectura y aprobación, si procede, del Acta de la sesión anterior, celebrada el pasado día 13 de diciembre de 2004.


Primero bis

--Ampliación del plazo previsto para la presentación del informe de la Ponencia de estudio sobre comunicación y desarrollo de los Pirineos, constituida en el seno de la Comisión. (Número de expediente 543/000002).


Segundo

Lectura única de Proyectos y Proposiciones de Ley remitidos por el Congreso de los Diputados:

--Proyecto de Ley Orgánica por la que se modifica la Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial. SE TRAMITA POR EL PROCEDIMIENTO DE URGENCIA. (Número de expediente S. 621/000007). (Número de expediente C.
D. 121/000017).


Tercero

Dictámenes de Comisiones sobre Proyectos y Proposiciones de Ley remitidos por el Congreso de los Diputados:

--De la Comisión de Economía y Hacienda en relación con el Proyecto de Ley de modificación de tasas y de beneficios fiscales de acontecimientos de excepcional interés público. SE TRAMITA POR EL PROCEDIMIENTO DE URGENCIA. (Número de expediente S. 621/000006). (Número de expediente C.
D. 121/000011).


Página 1190


Cuarto

Conocimiento por el Pleno de Tratados y Convenios Internacionales remitidos por el Congreso de los Diputados:

--Declaración de aceptación por España de la adhesión de la República de Bulgaria al Convenio sobre los aspectos civiles de la sustracción internacional de menores, hecho en La Haya el 25 de octubre de 1980.
(Número de expediente S. 610/000043). (Número de expediente C. D.
110/000044).


--Acuerdo entre el Reino de España y la República de Letonia sobre cooperación en materia de lucha contra el terrorismo, la delincuencia organizada, el tráfico ilícito de estupefacientes, sustancias psicotrópicas y precursores y otros delitos, hecho en Madrid el 24 de octubre de 2003. (Número de expediente S. 610/000044). (Número de expediente C. D. 110/000045).


--Acuerdo entre el Reino de España y la República de Bulgaria relativo a la regulación de los flujos migratorios laborales entre ambos Estados, hecho en Madrid el 28 de octubre de 2003. (Número de expediente S.
610/000045). (Número de expediente C. D. 110/000046).


--Acuerdo Marco entre España y la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación (FAO), hecho en Madrid el 27 de enero de 2004. (Número de expediente S. 610/000046). (Número de expediente C. D. 110/000047).


--Acuerdo Marco entre el Reino de España y el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF), hecho en Madrid el 25 de febrero de 2004. (Número de expediente S. 610/000047). (Número de expediente C. D.
110/000048).


--Protocolo relativo a la adhesión de la Comunidad Europea al Convenio Internacional de Cooperación relativo a la seguridad de la navegación aérea «Eurocontrol», de 13 de diciembre de 1960, con sus diferentes modificaciones y refundido por el Protocolo de 27 de junio de 1997, hecho en Bruselas el 8 de octubre de 2002. (Número de expediente S.
610/000048). (Número de expediente C. D. 110/000049).


--Protocolo refundiendo el Convenio Internacional de cooperación para la seguridad de la navegación aérea «Eurocontrol», de 13 de diciembre de 1960, como consecuencia de las diferentes modificaciones realizadas y del Protocolo adicional, relativo al paso del régimen del Acuerdo Multilateral relativo a las tarifas de ruta, de 12 de febrero de 1981, al régimen de las disposiciones pertinentes de la versión refundida del texto del Convenio Internacional de cooperación para la seguridad de la navegación aérea «Eurocontrol» enmendado en Bruselas en 1997, incluyendo el Anexo IV del mismo, hecho en Bruselas el 27 de junio de 1997 y Declaraciones que España va a formular en el momento de su ratificación.
(Número de expediente S. 610/000049). (Número de expediente C. D.
110/000050).


SUMARIO

Se abre la sesión a las dieciséis horas y cinco minutos.


ACTAS (Página 1193)

Lectura y aprobación, si procede, del Acta de la sesión anterior, celebrada el pasado día 13 de diciembre de 2004 (Página 1193)

Se aprueba el acta por asentimiento de la Cámara.


Ampliación del plazo previsto para la presentación del informe de la Ponencia de estudio sobre comunicación y desarrollo de los pirineos, constituida en el seno de la comisión (Página 1193)

Se aprueba la ampliación por asentimiento de la Cámara.


LECTURA UNICA DE PROYECTOS Y PROPOSICIONES DE LEY REMITIDOS POR EL CONGRESO DE LOS DIPUTADOS (Página 1193)

Proyecto de Ley Orgánica por la que se modifica la Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial. SE TRAMITA POR EL PROCEDIMIENTO DE URGENCIA (Página 1193)

El señor Ministro de Justicia (López Aguilar) presenta el proyecto de ley.


Comienza el debate de la propuesta de veto.


El señor Conde Bajén defiende la propuesta de veto del Grupo Parlamentario Popular. El señor Díaz Tejera

Página 1191


consume un turno en contra. En turno de portavoces, intervienen los señores Cuenca Cañizares, por el Grupo Parlamentario Mixto; Ayala Fonte, por el Grupo Parlamentario de Senadores de Coalición Canaria; Badia i Chancho, por el Grupo Parlamentario Catalán en el Senado de Convergència i Unió; Zubia Atxaerandio, por el Grupo Parlamentario de Senadores Nacionalistas Vascos; Bofill Abelló, por el Grupo Parlamentario de Entesa Catalana de Progrés; Díaz Tejera, por el Grupo Parlamentario Socialista, y Conde Bajén, por el Grupo Parlamentario Popular. Los señores Díaz Tejera y Conde Bajén hacen uso de la palabra nuevamente por alusiones.


Se rechaza la propuesta de veto del Grupo Parlamentario Popular por 126 votos a favor y 131 en contra.


Se aprueba el proyecto de ley, según el texto del dictamen, por 131 votos a favor y 126 en contra.


El señor Presidente anuncia a la Cámara que queda definitivamente aprobado por las Cortes Generales el proyecto de ley.


DICTAMENES DE COMISIONES SOBRE PROYECTOS Y PROPOSICIONES DE LEY REMITIDOS POR EL CONGRESO DE LOS DIPUTADOS (Página 1215)

De la Comisión de Economía y Hacienda en relación con el Proyecto de Ley de modificación de tasas y de beneficios fiscales de acontecimientos de excepcional interés público. SE TRAMITA POR EL PROCEDIMIENTO DE URGENCIA (Página 1215)

El señor Gasòliba i BÜhm, Presidente de la Comisión, presenta el dictamen. El señor Vicepresidente Segundo del Gobierno y Ministro de Economía y Hacienda (Solbes Mira) presenta a la Cámara el proyecto de ley. El señor Iglesias García retira la propuesta de veto del Grupo Parlamentario Popular.


Se inicia el debate del articulado.


El señor Gasòliba i BÜhm defiende las enmiendas números 22, 27 y 28, del Grupo Parlamentario Catalán en el Senado de Convergència i Unió. El señor Mendoza Cabrera retira la enmienda número 20, del Grupo Parlamentario de Senadores de Coalición Canaria. La señora Durán Fraguas defiende la enmienda del Grupo Parlamentario Socialista número 1, así como la vuelta al texto remitido por el Congreso de los Diputados en lo modificado por las enmiendas números 4 a 9, 11 a 19, 21, 25, 29, 31 y 32. En turno de portavoces, intervienen los señores Mur Climent, por el Grupo Parlamentario Mixto; Gasòliba i BÜhm, por el Grupo Parlamentario Catalán en el Senado de Convergència i Unió, y Maqueda Lafuente, por el Grupo Parlamentario de Senadores Nacionalistas Vascos; la señora Durán Fraguas, por el Grupo Parlamentario Socialista, y el señor Iglesias García, por el Grupo Parlamentario Popular.


Se rechazan las enmiendas números 22 y 28, del Grupo Parlamentario Catalán en el Senado de Convergència i Unió, por 14 votos a favor, 115 en contra y 126 abstenciones.


Se rechaza la enmienda número 27, del Grupo Parlamentario Catalán en el Senado de Convergència i Unió, por 14 votos a favor, 115 en contra y 126 abstenciones.


Se rechaza la enmienda número 1, del Grupo Parlamentario Socialista, por 116 votos a favor, 138 en contra y 1 abstención.


Se rechaza la vuelta al texto remitido por el Congreso de los Diputados en lo modificado por las enmiendas números 4 a 9, 11 a 19, 21, 25, 29, 31 y 32 por 113 votos a favor, 136 en contra y 6 abstenciones.


Se aprueban los artículos 1, 2, 5 a 7, 12, 13 y 15 a 20, así como las disposiciones adicionales 2 y 3, derogatoria y final por 254 votos a favor de los 254 emitidos.


Se aprueba el resto del dictamen por 140 votos a favor, 111 en contra y 2 abstenciones.


El señor Presidente anuncia el traslado de las enmiendas aprobadas al Congreso de los Diputados para que éste se pronuncie sobre las mismas en forma previa a la sanción del texto definitivo por Su Majestad el Rey.


CONOCIMIENTO POR EL PLENO DE TRATADOS Y CONVENIOS INTERNACIONALES REMITIDOS POR EL CONGRESO DE LOS DIPUTADOS (Página 1229)

Declaración de aceptación por España de la adhesión de la República de Bulgaria al Convenio sobre los aspectos civiles de la sustracción internacional de menores, hecho en La Haya el 25 de octubre de 1980 (Página 1229)

Se aprueba por asentimiento y se autoriza al Gobierno a prestar su consentimiento para obligarse.


Acuerdo entre el Reino de España y la República de Letonia sobre cooperación en materia de lucha contra el terrorismo, la

Página 1192


delincuencia organizada, el tráfico ilícito de estupefacientes, sustancias psicotrópicas y precursores y otros delitos, hecho en Madrid el 24 de octubre de 2003 (Página 1229)

Se aprueba por asentimiento y se autoriza al Gobierno a prestar su consentimiento para obligarse.


Acuerdo entre el Reino de España y la República de Bulgaria relativo a la regulación de los flujos migratorios laborales entre ambos Estados, hecho en Madrid el 28 de octubre de 2003 (Página 1229)

Se aprueba por asentimiento y se autoriza al Gobierno a prestar su consentimiento para obligarse.


Acuerdo Marco entre España y la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación (FAO), hecho en Madrid el 27 de enero de 2004 (Página 1230)

Se aprueba por asentimiento y se autoriza al Gobierno a prestar su consentimiento para obligarse.


Acuerdo Marco entre el Reino de España y el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF), hecho en Madrid el 25 de febrero de 2004 (Página 1230)

Se aprueba por asentimiento y se autoriza al Gobierno a prestar su consentimiento para obligarse.


Protocolo relativo a la adhesión de la Comunidad Europea al Convenio Internacional de Cooperación relativo a la seguridad de la navegación aérea «Eurocontrol», de 13 de diciembre de 1960, con sus diferentes modificaciones y refundido por el Protocolo de 27 de junio de 1997, hecho en Bruselas el 8 de octubre de 2002 (Página 1230)

Se aprueba por asentimiento y se autoriza al Gobierno a prestar su consentimiento para obligarse.


Protocolo refundiendo el Convenio Internacional de cooperación para la seguridad de la navegación aérea «Eurocontrol», de 13 de diciembre de 1960, como consecuencia de las diferentes modificaciones realizadas y del Protocolo adicional, relativo al paso del régimen del Acuerdo Multilateral relativo a las tarifas de ruta, de 12 de febrero de 1981, al régimen de las disposiciones pertinentes de la versión refundida del texto del Convenio Internacional de cooperación para la seguridad de la navegación aérea «Eurocontrol» enmendado en Bruselas en 1997, incluyendo el Anexo IV del mismo, hecho en Bruselas el 27 de junio de 1997 y Declaraciones que España va a formular en el momento de su ratificación (Página 1230)

Se aprueba por asentimiento y se autoriza al Gobierno a prestar su consentimiento para obligarse.


Se levanta la sesión a las veinte horas y cuarenta minutos.


Página 1193


Se abre la sesión a las dieciséis horas y cinco minutos.


El señor PRESIDENTE: Se abre la sesión.


--LECTURA Y APROBACION, SI PROCEDE, DEL ACTA DE LA SESION ANTERIOR, CELEBRADA EL PASADO DIA 13 DE DICIEMBRE DE 2004.


El señor PRESIDENTE: Punto primero del orden del día: aprobación, si procede, del acta de la sesión anterior, del 13 de diciembre de 2004.
¿Algún grupo parlamentario tiene alguna observación a la misma? (Pausa.) Queda aprobada por asentimiento.


--AMPLIACION DEL PLAZO PREVISTO PARA LA PRESENTACION DEL INFORME DE LA PONENCIA DE ESTUDIO SOBRE COMUNICACION Y DESARROLLO DE LOS PIRINEOS, CONSTITUIDA EN EL SENO DE LA COMISION (543/000002).


El señor PRESIDENTE: Señorías, la Mesa del Senado, oída la Junta de Portavoces, ha acordado someter al Pleno de la Cámara la solicitud formulada por la Comisión de Fomento y Vivienda de ampliación en un año del plazo previsto para la presentación del informe de la ponencia de estudios sobre comunicación y desarrollo de los Pirineos, constituida en el seno de la citada comisión.
¿Se aprueba dicha propuesta por asentimiento? (Pausa.) Entiendo que sí, por lo que se acuerda la ampliación citada.


LECTURA UNICA DE PROYECTOS Y PROPOSICIONES DE LEY REMITIDOS POR EL CONGRESO DE LOS DIPUTADOS:

--PROYECTO DE LEY ORGANICA POR LA QUE SE MODIFICA LA LEY ORGANICA 6/1985, DE 1 DE JULIO, DEL PODER JUDICIAL. SE TRAMITA POR EL PROCEDIMIENTO DE URGENCIA (S. 621/000007) (C. D. 121/000017).


El señor PRESIDENTE: Punto segundo del orden del día: Lectura única de proyectos y proposiciones de ley remitidos por el Congreso de los Diputados.
Proyecto de ley orgánica por el que se modifica la Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial. Se tramita por el procedimiento de urgencia, por lectura única.
Para la presentación del proyecto de ley, tiene la palabra el señor ministro. (Aplausos desde los escaños del Grupo Parlamentario Socialista.) Señorías, les ruego que guarden silencio.
Señor ministro.


El señor MINISTRO DE JUSTICIA (López Aguilar): Muchas gracias, señor presidente.
Señoras y señores senadores, es un honor para mí comparecer esta tarde en el Senado, segunda Cámara de nuestro Parlamento bicameral, para presentar un proyecto de ley orgánica que modifica la Ley Orgánica del Poder Judicial, y aunque la iniciativa legislativa es conocida en su contenido material por las dos cámaras de nuestro Parlamento bicameral, y ha sido seguida con atención por la sociedad y por la opinión pública, acompañada de un debate que a estas alturas no resulta posible ignorar, creo que merece la pena consumir un turno desde esta tribuna para explicar la intención, objetivo, finalidad y también el origen de esta iniciativa, dar cuenta de sus contenidos y solicitar, sobre esa argumentación, el voto favorable del Senado, de las señoras y señores senadores, esta tarde en este acto parlamentario.
La iniciativa legislativa trae causa --me importa recordarlo-- de una iniciativa parlamentaria previa: una proposición no de ley adoptada por el Congreso de los Diputados el pasado mes de septiembre en la que se urgía al Gobierno a atender algunas prioridades de política judicial, todas ellas --les invito a recordarlo, en el manejo de la literalidad textual de la proposición no de ley-- congruentes con el programa de actuaciones que comprometí, como ministro de Justicia, en el arranque de esta legislatura, tanto ante el Congreso de los Diputados como aquí en el Senado, en las correspondientes comisiones de Justicia.
Había comprometido, en el arranque de esta legislatura, tres grandes objetivos inspiradores de la política que intento desarrollar como ministro de Justicia en el curso de los cuatro años de la legislatura. El primero de ellos, extender derechos de ciudadanía y la igualdad con que esos derechos se disfrutan por la ciudadanía y se ejercen también ante los tribunales de Justicia, solicitando para ellos tutela judicial efectiva.
El segundo, mejorar la capacidad de respuesta judicial ante una demanda siempre creciente, y desde la conciencia de las limitaciones inestimables de los recursos disponibles para atender esa demanda creciente de Justicia, actuando sobre la planta, y por tanto haciendo crecer el número de unidades judiciales y de fiscalías que prestan satisfacción a esa demanda efectiva de lo judicial, pero también actuando sobre la modernización de los medios organizativos, materiales y tecnológicos disponibles, sobre la propia estructura del sistema judicial, poniendo en marcha reformas de la organización que ayuden a un mejor diálogo de los tribunales situados en la cúspide de nuestro sistema judicial, tribunales superiores de Justicia, Tribunal Supremo y Tribunal Constitucional, y haciendo de este vector una buena ocasión para mejorar el rendimiento global del sistema autonómico que hemos construido en estos veintiséis años de democracia constitucional y haciendo que los tribunales superiores de Justicia cumplan mejor la función que la Constitución quiere para ellos: ser la culminación de la organización judicial en el territorio de la comunidad autónoma y ser también la última instancia judicial, allí donde la primera haya tenido lugar, en un tribunal radicado en el territorio de la comunidad autónoma, en modo que el Tribunal Supremo pueda cumplir mejor la función que también para él quiere la Constitución: ser el superior en

Página 1194


todos los órdenes de la jurisdicción, a través de la unificación de doctrina.
El tercer objetivo inspira a nuestra política interior y exterior a hacer de la Justicia una referencia estimable en la garantía de la seguridad, que cobra un enorme valor en un mundo inseguro en la lucha contra el crimen y en particular contra el terrorismo.
Pues bien, todos los puntos de la proposición no de ley adoptada por el Congreso de los Diputados el 21 de septiembre, todos, son congruentes con el segundo de los objetivos que inspiran la acción del Ministerio de Justicia en esta legislatura. El primero de ellos invitaba a reforzar la credibilidad y confiabilidad de los nombramientos de magistrados en los tribunales que forman la cúpula de nuestro sistema judicial, tribunales superiores de Justicia y Tribunal Supremo, pidiendo para ellos un refuerzo del consenso y, consiguientemente, de la confiabilidad de las personas que resulten designadas por el Consejo General del Poder Judicial, toda vez que es éste en quien la Constitución, en el artículo 122, deposita la competencia para los nombramientos como una de sus atribuciones distintivas.
El segundo punto invitaba a incrementar la planta, por tanto, a incrementar el número de jueces y magistrados. El Gobierno está intentando cumplir ese objetivo congruente con el que hemos señalado para toda la legislatura de hacer crecer en mil el número de jueces y fiscales que estén sirviendo al funcionamiento de la Justicia. Y, efectivamente, para el año 2005 nos hemos comprometido a poner en marcha 250 nuevas unidades judiciales y 135 de fiscalía.
Los siguientes puntos de la proposición no de ley atienden al perfeccionamiento del sistema judicial con respecto a la España autonómica, al refuerzo de los tribunales superiores de Justicia, al cumplimiento de una proposición ya en curso de tramitación en el Congreso de los Diputados también relativa a la modificación de la Ley Orgánica del Poder Judicial para potenciar el uso de la cooficialidad lingüística en la Administración de Justicia y, por tanto, y también en este plano, incidente en el compromiso de aspirar a completar el mapa de distribución de competencias en la Administración de Justicia en el curso de esta legislatura.
En todos estos planos está actuando ya el Ministerio de Justicia y el Gobierno en su conjunto, y en todos estos planos ratifico aquí, en el Senado, el compromiso de continuar trabajando. Pero es claro que varios de estos objetivos políticos requieren una acción dilatada en el tiempo que no puede ser satisfecha con una iniciativa legislativa específica.
Hay otra en cambio muy concreta, que es la que inspira el proyecto de ley con que el Gobierno responde al mandato del Congreso de los Diputados, que sí admite una iniciativa legislativa perfectamente acotada y que es la que da sentido a este proyecto de ley, un proyecto de ley escueto, cuya publicación ocupa sólo dos páginas en el «Boletín Oficial del Congreso de los Diputados» porque se concentra esencialmente en una modificación del artículo 127 de la Ley Orgánica del Poder Judicial consistente en extender la mayoría con que el Consejo General, constitucionalmente competente para la política de nombramientos --y recuerdo de nuevo que esa competencia se la da la Constitución en el artículo 122--, designa a los magistrados del Tribunal Supremo, consiguientemente también a los presidentes de sala del Tribunal Supremo y consiguientemente también a los magistrados del Tribunal Supremo, a los que la Ley Orgánica que acompañó a la Ley del Centro Nacional de Inteligencia atribuyó el control de las actuaciones de ese centro que puedan incidir en los derechos fundamentales protegidos en los puntos segundo y tercero del artículo 18 de la Constitución, esos magistrados del Tribunal Supremo a los que se encomienda, por tanto, la función de garantizar la sujeción a la legalidad de la actividad de la Inteligencia del Estado, respetuosa con los derechos fundamentales, y también a los presidentes de tribunales superiores de Justicia. Y esa modificación consiste en extender la mayoría con que se efectúa esa política de nombramientos, actualmente mayoría simple del Consejo General del Poder Judicial a tres quintos. Se acompaña a esta principal que modifica el artículo 127 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de otras dos modificaciones más específicas, una en el artículo 335 y otra en el artículo 200 de la Ley Orgánica del Poder Judicial, ambas muy acotadas y relativa la del artículo 200 a la situación de los magistrados eméritos que una vez cumplida la edad de jubilación pueden continuar desempeñando funciones en las salas del Tribunal Supremo de acuerdo con las necesidades del servicio, de acuerdo con las necesidades objetivadas de refuerzo y siempre que cumplan los requisitos establecidos por la Ley y, por supuesto, si lo solicitan, y otra relativa al Servicio de Inspección del Consejo General del Poder Judicial. De modo que se atiende a una demanda cuya solicitud hemos podido oír muchas veces y que venía buscando también un esfuerzo congruente con ese punto de la proposición no de ley por la que se atribuye condición de magistrado del Tribunal Supremo al jefe del Servicio de Inspección del Consejo General del Poder Judicial.
Esto, y conviene recordarlo, es congruente con el hecho de que la inspección es otra de las competencias distintivas del Consejo General del Poder Judicial que le vienen atribuidas directamente por la Constitución. Lo que justifica la existencia del Consejo General del Poder Judicial en la Constitución es residenciar, no en el Ministerio de Justicia sino en un órgano constitucionalmente relevante, de composición colegiada y, por su número, inevitablemente plural, en concreto 21 miembros, competencias de naturaleza ejecutiva; competencias de nombramientos, de promoción, escalafón y ascenso, de inspección y, a través de ésta, de deducción de sanciones disciplinarias.
Todas ellas son competencias característicamente ejecutivas, como prueba el hecho de que en muchos ordenamientos de nuestro entorno las continúa desempeñando el ministro de Justicia, porque son competencias, por su propia naturaleza, ejecutivas. Sin embargo, en el nuestro, siguiendo algunos patrones de Derecho comparado, el constituyente decidió atribuirlas a un órgano que no era el Ministerio de Justicia sino el Consejo General del Poder Judicial, sin perder por ello su naturaleza política ni su carácter ejecutivo, porque son de naturaleza política y ejecutivas las referidas a la política de nombramientos, ascensos, inspección y régimen disciplinario. Precisamente, para reforzar

Página 1195


el servicio de inspección del Consejo General del Poder Judicial se atribuye estatus de magistrado del Supremo al titular de su jefatura.
Este es esencialmente el contenido del proyecto de modificación de la Ley Orgánica del Poder Judicial de 1985 que traigo a conocimiento de la Cámara como ministro de Justicia y para el que solicito el voto favorable en el trámite parlamentario de esta tarde.
Pero, una vez más, creo que tengo el deber de compartir con ustedes argumentaciones que, para tranquilidad del Parlamento, de la representación de la soberanía popular y de la sociedad a la que representamos en la opinión pública en general, merece la pena subrayar, toda vez que este Parlamento no puede permanecer ajeno a un debate que ha existido y que no podemos ignorar o desoír y que ha tenido algunos puntos de referencia ante los que con coraje conviene salir al paso y tomar posición.
Los elementos de ese debate que ha venido acompañando esta iniciativa legislativa están en la mente de todos, ¿por qué no hablar de ellos? Uno de ellos ha sido el de la propia constitucionalidad de la iniciativa.
Este debate ha venido suscitado, por qué no decirlo también, por el hecho de que en el informe preceptivo no vinculante --habrá que recordarlo de nuevo-- emitido por el Consejo General del Poder Judicial se ponían dudas de constitucionalidad respecto a la iniciativa. Déjenme decirles, una vez más, que el Gobierno está plenamente convencido de la adecuación impecable de este proyecto de ley y, por tanto, en relación con la Constitución. Prueba de ello es que ninguna de las argumentaciones que han podido colacionar la objeción de inconstitucionalidad ha podido encontrar punto de apoyo en ningún artículo, precepto o principio de interpretación constitucional reconocible.
Ha sido una argumentación «flatus vocis», carente de referencias positivas y, de acuerdo con todas las técnicas de interpretación constitucional, la inconstitucionalidad en ningún modo puede afirmarse apolíticamente. La inconstitucionalidad no se proclama, se argumenta y se prueba. En este sentido, cuando uno alude a la inconstitucionalidad de una iniciativa legislativa, conviene que sepa con qué precepto constitucional entra en contradicción para llegar a esa conclusión, porque de otra forma la argumentación se prueba en su declamación inconsistente, carente de ningún apoyo y, por tanto, indigna de ser tomada en serio.
Creo que no existe ninguna; ninguna tacha de falta de adecuación en este proyecto de ley ni en su objeto ni en su contenido con la Constitución, pura y sencillamente porque la Constitución reserva a la ley orgánica, esto es, al legislador orgánico y, por tanto, al Parlamento, que es el que aprueba las leyes orgánicas, la facultad de decidir en dicha ley la composición, el funcionamiento y las reglas de funcionamiento y de adopción de decisiones del Consejo General del Poder Judicial. Siempre y cuando no exista contradicción con la Constitución --y en este caso no la hay en absoluto-- lo que este Parlamento decida que es ley orgánica relativo al Consejo General del Poder Judicial pertenece a este Parlamento decidirlo, y no cabe en ningún modo --en ningún modo-- pretender que los órganos cuya competencia, atribuciones o facultades pueda decidir el legislador orgánico tengan señorío, dominio o derecho de pernada con respecto de lo que el legislador orgánico decida establecer.
Porque no pertenece al Consejo General del Poder Judicial la facultad de decidir cómo se funciona en su seno, sino a la ley orgánica, que es la que regula el funcionamiento del Consejo y, por tanto, es perfectamente disponible para la ley orgánica, para este Parlamento, establecer una modificación de las reglas de funcionamiento relativas a determinados nombramientos, siempre que parezca --y desde luego parece en este caso-- resulte razonable con la persecución de un fin constitucionalmente legítimo. ¿Cuál es el fin constitucionalmente legítimo aquí? Pues, evidentemente, revestir de mayor confiabilidad y consiguientemente credibilidad la política de nombramientos y, por tanto, de integración de determinados órganos que se sitúan en la cúspide de nuestro sistema judicial. Estamos hablando de los tribunales superiores de Justicia, sus presidencias, de las presidencias de sala del Tribunal Supremo y del propio Tribunal Supremo, órganos muy cualificados de nuestro sistema judicial, órganos numerosos en los que, por su composición, resulta perfectamente posible que en cada vacante que se produzca existan varias candidaturas competitivas entre sí. No es difícil explicarlo teniendo en cuenta que estamos hablando de la culminación en la carrera profesional de jueces y magistrados a través de la promoción o el ascenso a los órganos que se sitúan en la cúspide del sistema judicial, en el Tribunal Supremo con el aditamento además de que la inamovilidad obra en modo que una vez que se accede al Tribunal Supremo en él se permanece hasta la edad de jubilación.
Es perfectamente razonable y, desde luego, constitucionalmente legítimo, que la mayoría que decida ese nombramiento sea una mayoría cualificada, una mayoría de tres quintos, que no es arbitraria en absoluto, que encuentra referencias comparadas no solamente en el modo en que se adoptan otras decisiones, como por ejemplo la propia elección por parte de las dos Cámaras de nuestro Parlamento bicameral de los propios miembros del Consejo General del Poder Judicial cuando toca renovarlo cada cinco años: se decide por mayoría de tres quintos. Como se decide por mayoría de tres quintos tanto por el Congreso como por el Senado la cuota correspondiente que a cada una de las dos Cámaras de nuestro Parlamento bicameral le corresponde integrar en el Tribunal Constitucional: cada nueve años el Congreso de los Diputados y cada nueve años el Senado votan sus correspondientes cuotas de cuatro magistrados que deberán integrar por nueve años el Tribunal Constitucional, y lo hacen por mayoría de tres quintos. Por mayoría de tres quintos se decide también la elección del Defensor del Pueblo y sus adjuntos. Pero es que por mayoría de tres quintos se eligen en el seno del Consejo General del Poder Judicial a los miembros del Tribunal Constitucional que corresponde --porque así lo dice la Constitución-- designar a ese órgano constitucional para integrar el Tribunal Constitucional. Y esto es importante subrayarlo porque pone en evidencia el contraste que existe en quienes durante mucho tiempo han pretendido la equiparación en todo de los magistrados del Supremo con respecto de los del Constitucional, sin aceptar ahora que pueda exigirse la

Página 1196


misma regla que se ha exigido durante más de 20 años para integrar a los magistrados del Tribunal Constitucional por parte del Consejo General del Poder Judicial por tres quintos y extenderla a los del Tribunal Supremo.
Resulta perfectamente razonable, máxime a la luz de la experiencia, porque precisamente por ello --porque la mayoría exigida era de tres quintos--, la elección de magistrados del Tribunal Constitucional por el Consejo General del Poder Judicial ha venido funcionando razonablemente bien. No ha habido dilaciones ni entorpecimiento ni obstaculización en el funcionamiento del sistema, porque, precisamente porque la mayoría era cualificada, precisamente porque exigía un esfuerzo de aproximación de posiciones y, en su caso, de interlocución, diálogo y, por qué no, de negociación en el seno del Consejo General del Poder Judicial antes de votar a los magistrados del Tribunal Constitucional por una mayoría de tres quintos, precisamente porque había que hablarlo antes, en el momento de votar, el consenso estaba asegurado. Y eso ha funcionado bien.
Por ello, los nombramientos al Tribunal Constitucional han sido más pacíficos que en muchas ocasiones los nombramientos al Tribunal Supremo.
Han sido menos discutidos, menos polémicos y, desde luego, menos acompañados de disputas entre sus miembros, aireadas públicamente, respecto del sentido de la votación.
Como digo, el sistema ha funcionado bien para con el Tribunal Constitucional. Por tanto, la presunción del legislador es que razonablemente puede y, a mi juicio, debe funcionar bien asimismo para los magistrados del Tribunal Supremo, dotándoles de un mayor refuerzo de confiabilidad y credibilidad precisamente por la aproximación de posiciones, que será preciso y necesario trabar con carácter previo a la votación.
Además de la constitucionalidad, la segunda objeción que se ha puesto es que este sistema afecta negativamente a la garantía constitucional de la independencia judicial. Esta objeción, como la primera, me resulta, no sólo intelectualmente inaceptable, sino también carente de cualquier fundamentación constitucional reconocible, porque la independencia constitucional la predica la Constitución del juez y del tribunal en el ejercicio de su función jurisdiccional, que es la de dictar sentencias, es decir, entender conforme a Derecho de un conflicto o litigio materializado. La independencia no es una abstracción, sino una garantía constitucional de la no sujeción a presión por parte del titular de la potestad de decidir en Derecho, de resolver un conflicto en Derecho, ante ninguna otra autoridad que no sea la de la ley. La independencia, por tanto, protege al juez y al tribunal, no solamente frente a la presión proveniente de la esfera de la política, sino también de cualquier presión proveniente desde la propia judicatura o el sistema judicial, de cualquier presión corporativa proveniente de la estructura asociativa de la propia judicatura, o incluso del órgano de gobierno del Poder Judicial, del Consejo General del Poder Judicial. La garantía de la independencia protege al juez, sí, frente a la política y, si se quiere, frente al Parlamento, frente al Gobierno y frente a los partidos políticos, pero también frente a las asociaciones de la judicatura y frente al Consejo General del Poder Judicial, y también, por supuesto, frente a presiones o influencias provenientes de extramuros de la política: de poderes fácticos, de agencias de presión, o de los medios de comunicación, que aquí, como en todas partes, pueden ejercer también su propia influencia sobre el sentido de una resolución judicial en una dirección o en otra.
Pues bien, frente a todas esas presiones que enajenan la decisión respecto de la sujeción estricta y exclusiva al imperio de la ley, la garantía de la independencia judicial en España está establecida, asegurada, y es una seña de identidad de nuestra democracia constitucional. Pero el modo en que el Consejo General del Poder Judicial tome una decisión para integrar un determinado órgano judicial no tiene nada que ver con la independencia judicial, porque no reporta ni comporta ningún atentado a la independencia con que, quien resulte designado por esa decisión, por ese nombramiento, ejerza su jurisdicción a partir de ese momento. No comporta ningún prejuicio ni lesiona en absoluto la independencia con que la persona designada vaya a ejercer su jurisdicción; simplemente incide sobre el modo en que un órgano político, como es el Consejo General del Poder Judicial, que ejerce funciones constitucionalmente relevantes, como es la política de nombramientos, a la hora de integrar los órganos de justicia llega a ese órgano judicial.
Por tanto, creo que esa objeción está igualmente fuera de lugar.
También hemos oído como objeción que esta iniciativa legislativa altera las reglas de juego. Pues bien, no lo creo en absoluto. Considero que las reglas de juego son que el Consejo General del Poder Judicial ejerza su política de nombramientos y lo haga conforme a lo que decide la Ley Orgánica del Poder Judicial en el capítulo correspondiente al Consejo General del Poder Judicial. Si así fuera, habría que admitir que la modificación del artículo 137 de la Ley Orgánica del Poder Judicial que tuvo lugar en la legislatura anterior a través de la Ley Orgánica 19/2003 alteró las reglas del juego, pues dicha modificación rebajó el quórum necesario para la constitución del Consejo General del Poder Judicial.
Hasta el momento de la aprobación de esa modificación en la pasada legislatura, con la mayoría absoluta del Partido Popular, el Consejo General del Poder Judicial necesitaba de la mayoría de tres quintos para poder constituirse y votar. Esta modificación rebajó el quórum de constitución a la mayoría simple. Así pues, y a partir de ese momento, un determinado sector dentro de los que legítimamente expresan el pluralismo del Consejo podía decidir cuándo se reunía y cuándo decidía sin contar con ningún otro. Quien quiera argüir que la extensión de la mayoría de tres quintos modifica las reglas de juego tendrá que reconocer, si aplaudió y votó favorablemente esa modificación del artículo 137 a finales de la pasada Legislatura, que las modifica para mejor, mientras que aquella las modificó, pero para peor; las modificó en un sentido contrario, rebajando el nivel de acuerdo necesario para poder constituir el órgano y poder tomar decisiones; lo hizo, por tanto, en el sentido de excluir y no de incluir, en el sentido de restar y no de sumar, en el sentido de dividir y no de integrar, es decir, exactamente en el sentido contrario en que lo hace la reforma

Página 1197


que ahora se apunta. La extensión de la mayoría de tres quintos es una reforma que potencia la suma, la inclusión y la integración de los distintos elementos que legítimamente expresan la pluralidad y el pluralismo, que son valores superiores del ordenamiento jurídico, en un órgano constitucional, colegiado y plural.
Finalmente hemos oído algunas argumentaciones bastante estrambóticas que pretenden que esta ley orgánica, que modifica la Ley Orgánica del Poder Judicial, tiene como objetivo el permitir copar o incluso ocupar un órgano constitucional del Estado. Creo que este estrambote contradice, no ya el sentido común, sino la evidencia de las cosas, porque no modifica la composición del Consejo General del Poder Judicial, que va a seguir siendo la misma de acuerdo con el mandato quinquenal que garantiza la Constitución Española, porque tampoco modifica al Consejo General del Poder Judicial ni permite a ningún grupo parlamentario decidir nada por sí mismo a partir de la adopción de esta modificación, pues, por el contrario, lo que el sentido común y la evidencia de las cosas nos están indicando es que al extender la mayoría de tres que quintos se está mandatando que los distintos grupos del Consejo General del Poder Judicial, y consiguientemente su pluralismo, se condicionen más para dialogar, para negociar y para intentar revestir sus decisiones de las mayorías más amplias posibles, y no lo contrario.
Quien así razone tendrá que reconocer que seguramente estará ocultando que detrás de la actual mayoría que viene funcionando dentro del Consejo General del Poder Judicial sí pueda existir ese mecanicismo y esa voluntad de ocupación incondicionada en la medida en que no existe ninguna determinación legal que obligue, mandate o fuerce a esa mayoría a dialogar con la minoría ningún nombramiento, porque por sí y ante sí puede decidirlo absolutamente todo.
Evidentemente si ésa fuera la situación, no sería satisfactoria, y creo que en ello coincidirá conmigo el Grupo Parlamentario Popular. Insisto, si ésa fuera la situación, desde luego no será satisfactoria para nadie, ni ahora, ni pasado mañana, ni dentro de dos años, cuando puedan haber cambiado las coyunturales mayorías o minorías del Consejo General del Poder Judicial, o incluso las mayorías o minorías de las Cámaras parlamentarias que legitiman la composición del Consejo General del Poder Judicial en la medida en que votan por mayoría de tres quintos todos y cada uno de los vocales que lo integran.
Por tanto, tendrán que estar de acuerdo conmigo, incluso las señoras y señores del Partido y del Grupo Parlamentario Popular, en que con esta modificación resulta mucho más difícil copar u ocupar la política de nombramientos, porque la intención, transparente, es la contraria. Es, precisamente la de que, dando por bueno y legítimo el pluralismo en un órgano colegiado como el Consejo General del Poder Judicial, las distintas sensibilidades y aproximaciones de política judicial y de política de nombramientos que en su seno legítimamente se dan estén más mandatadas, convocadas e invitadas por la ley a dialogar, a acordar y a negociar para conformar mayorías más amplias de lo que lo están ahora, cuando es claro que una misma mayoría puede decidir por sí y ante sí, sin necesidad de negociación porque una misma mayoría es la que se basta y se sobra para constituir el órgano, votar y resolver cada uno de los nombramientos de que se trata.
Por ello, quiero subrayar que es razonable que esta ley sea la respuesta a la iniciativa adoptada en el Congreso de los Diputados por todos los grupos parlamentarios, menos uno, al que no subestimo en lo más mínimo, el Grupo Parlamentario Popular, al que doy toda la importancia del primer grupo de la oposición; pero no deja de reflejar con claridad una iniciativa en la que ha concurrido una pluralidad de voluntades, de tomas de posición de grupos parlamentarios distintos, frente a uno que se ha posicionado en contra desde el principio, y que a lo largo de todo el trámite legislativo en el Congreso de los Diputados ha venido siendo apoyada e impulsada por todos los grupos parlamentarios, menos uno, el primero de la oposición, el Grupo Parlamentario Popular.
De manera que será bastente difícil argüir que esta iniciativa se corresponda con la voluntad de ocupación de ningún órgano, ni de la política que corresponde a ese órgano por parte de un grupo parlamentario o de un determinado partido. Porque más bien todo el mundo tendrá derecho a sospechar que lo que se está ocultando con ese argumento retorcido es que quizá el grupo parlamentario que se opone es el que se identifica férreamente con la actual mayoría del Consejo y con su política de nombramientos. De manera que si ese es el diagnóstico de la situación que el Grupo Parlamentario Popular quiere dar por bueno, suya es la ocasión de ratificarlo. Pero creo que será difícil de argumentar que esta iniciativa se corresponda con la voluntad unilateral de ningún grupo parlamentario, toda vez que ha sido suscrito por nada menos que siete frente a uno, que es el que ha permanecido aislado a lo largo de todo el trámite parlamentario.
Se trata, por tanto, de una iniciativa que quiere dar por bueno el pluralismo, y mandatar a las distintas sensibilidades plurales del Consejo General del Poder Judicial a intentar congeniar los acuerdos más amplios posibles a la hora de adoptar decisiones de interacción de un órgano constitucional que es, porque así lo quiere la Constitución, colegiado y plural, y que toma decisiones políticas votando, donde se reflejan --como todo el mundo sabe, sin que ello tenga nada de malo ni de criticable-- mayorías y minorías. Y que en la medida en que eso es así, resulta perfectamente razonable que, a la hora de decidir los nombramientos más importantes en los órganos más elevados de nuestro sistema judicial, las mayorías sean lo más amplias y cualificadas posibles como garantía de búsqueda activa del consenso, del acuerdo y, consiguientemente, del mejor acierto y legitimación de la decisión.
Termino haciendo alusión al trámite parlamentario que ha tenido lugar en el Congreso de los Diputados y a su resultado. Se han votado enmiendas en el Congreso de los Diputados, y algunas creo que perfeccionan y mejoran la redacción original. Una de ellas, la tendente a incorporar al mismo mecanismo de acceso a la condición de emérito que a partir de la reforma disfrutarán los magistrados del Tribunal Supremo a los fiscales de sala que sirven en el Tribunal

Página 1198


Supremo; de modo que magistrados y fiscales, que han venido equiparados en su régimen estatutario en todos los planos relevantes, también se vean beneficiados, paralela y análogamente, en el acceso a esta condición de eméritos a partir del cumplimiento de la edad de jubilación.
Resulta también relevante la enmienda que suscriben distintos grupos parlamentarios relativa al mérito y la capacidad que deben orientar las decisiones de las políticas de nombramientos en esos niveles superiores de nuestro sistema judicial. Estaba en la exposición de motivos y es bueno que aparezca reflejado también de manera expresa en el articulado.
Finalmente, una enmienda relativa a la entrada en vigor de la ley, que afectará, a partir del día siguiente a su publicación en el «Boletín Oficial del Estado», a aquellos nombramientos pendientes de decisión por el Consejo General del Poder Judicial, aun cuando se correspondan con convocatorias que hayan tenido inicio con carácter previo a la aprobación definitiva del texto que hoy someto a la consideración de esta Cámara.
Pido, por tanto, señoras y señores senadores, el voto favorable para esta iniciativa legislativa, que responde a un mandato parlamentario; y a aquellos grupos parlamentarios que han hecho expreso su deseo, su voluntad de votarla favorablemente, mi agradecimiento de antemano.
Gracias. (Aplausos.)

El señor PRESIDENTE: Gracias, señor ministro.
A este proyecto de ley se ha presentado una propuesta de veto del Grupo Parlamentario Popular, para cuya defensa tiene la palabra el senador Conde.


El señor CONDE BAJEN: Con la venia, señor presidente.
Señor ministro, quiero, en primer lugar, agradecer el gesto que ha tenido usted esta tarde de venir a esta Cámara a presentar un proyecto de ley de la importancia que este tiene. Rompe usted así la costumbre del Gobierno del señor Zapatero, cuyos ministros no se toman la molestia de venir a esta Cámara de modo habitual a presentar los proyectos de ley que someten a consideración de esta Cámara. (Protestas desde los escaños del Grupo Parlamentario Socialista.)

El señor PRESIDENTE: Señorías, ruego guarden silencio.


El señor CONDE BAJEN: Ejemplo de ello fue la penosa intervención del señor vicepresidente del Gobierno y ministro de Economía, que se despachó nada más ni nada menos que la Ley de Presupuestos Generales del Estado en veinte minutos, batiendo el récord de desprecio a esta Cámara en toda la historia de la democracia actual. (Aplausos en los escaños del Grupo Parlamentario Popular.) Señor ministro, lo que sí lamento es que, aunque usted concita los aplausos de su grupo antes de salir a hablar, sin embargo, los señores senadores del Grupo Socialista no se tomen la molestia de escucharle mientras está usted en la tribuna. (Aplausos en los escaños del Grupo Parlamentario Popular.) Yo lo he hecho con mucho interés, así como los senadores del Grupo Popular.
Subo hoy a la tribuna, señorías, a presentar y defender un veto a esta ley. Y vengo a hacerlo para intentar que esta Cámara evite una de las tropelías parlamentarias más graves que han sucedido desde la aprobación de la Constitución de1978. (Rumores y protestas.) Intentamos evitar que se arrolle el derecho y la costumbre parlamentaria con la desfachatez con que el Gobierno socialista ha tenido a bien hacerlo durante las últimas semanas.
Este proyecto de ley, señorías, es, como les digo, un atropello a la democracia. Lo es por los motivos aducidos para hacer esta ley, lo es por el procedimiento empleado y lo es sin duda también por el contenido mismo de la ley que hoy deliberamos, debatimos y votaremos a continuación.
Señorías, bajo una inmensa hojarasca de grandes principios que el señor ministro y otros colegas han venido desgranando durante las últimas semanas solo se esconde un propósito: el de sojuzgar y someter a un Consejo del Poder Judicial que no se somete a los criterios, a los dictados, a los caprichos del Gobierno del Partido Socialista.
Frente a esos argumentos que aquí pomposamente se nos han dado, tenemos, sin embargo, la realidad de los hechos. Dice el señor ministro que esta Ley tiene por objeto --y procuro leer literalmente-- extender los derechos de ciudadanía, incrementar la respuesta judicial, mejorar los medios materiales y tecnológicos, ser una garantía de la seguridad, colaborar a la lucha contra el crimen e incrementar la planta judicial.
Sin embargo, señorías, en este magro proyecto de ley nada se dice ni de la lucha contra el crimen, ni del incremento de la planta judicial, ni de la garantía de la seguridad, ni de ninguna de todas esas cosas que el señor ministro de Justicia hoy ha tenido el desahogo de soltar desde esta tribuna. (Aplausos.) Nada de lo dicho por el señor ministro se contiene en el proyecto de ley. Lo que sucede, señorías, es que el Partido Socialista cree que con ellos comienza la historia, que el día 14 de marzo fue un hito en la historia de la humanidad y, ¡cómo no!, de nuestra joven democracia, a partir del cual todo ha de ser construido de nuevo; es el punto cero de la historia, el momento a partir del cual todo se legitima desde esas mismas elecciones y todo carece de legitimidad si no se apoya y se sustenta precisamente en el resultado de aquellas elecciones.
Lo que sucede, señorías, es que al Partido Socialista y al Gobierno socialista no le gusta cómo se producen los nombramientos en el seno del Consejo del Poder Judicial; no le gusta ahora ni le gustó entonces, pero ahora, poseídos de la mayoría, creídos del favor popular, consideran que no hay órgano de poder alguno que pueda resistirse a la emergencia de este gran poder y de este personaje que es Zapatero y que nada puede resistirse a los caprichos que emanen de Zapatero, cuando no está descansando en la Moncloa porque se encuentra fatigado por otros quehaceres. (Aplausos en los escaños del Grupo Parlamentario Popular.) No les gustan los nombramientos, no querían que el Consejo del Poder Judicial actuase con libertad, no querían someterse al juego de mayorías y minorías internas dentro del Consejo y advirtieron al Consejo: O votáis lo que queremos,

Página 1199


o acudiremos --y cito literalmente-- a operaciones de ingeniería jurídica para conseguir que votéis lo que queremos que votéis.
Se intenta justificar esta reforma sobre la base de que los nombramientos hechos por el Consejo, que es absolutamente legítimo en su origen y en su ejercicio, no se corresponden con la sensibilidad social.
Es el momento de desenmascarar también aquí esos argumentos falaces, por falsos, que se dan desde el Gobierno. ¿Cómo ha procedido el Consejo del Poder Judicial a nombrar desde su mandato a los presidentes de los tribunales superiores de justicia magistrados del Tribunal Supremo? ¿Es que acaso el Consejo ha hecho unos nombramientos exclusivamente orientados a una de las sensibilidades dentro de la carrera judicial, pretiriendo por completo a la otra? Ese es el argumento que se da desde el Partido socialista. Pero los hechos, señorías, son muy distintos, y voy a hacerles un breve resumen de los mismos.
En los nombramientos --en lo que aquí se refiere y nos ocupa-- el Consejo ha decidido nombrar magistrados provenientes de la asociación profesional de la magistratura a un 20 por ciento, magistrados provenientes de la Asociación jueces para la democracia a otro veinte por ciento, y provenientes de la asociación Francisco de Vitoria a un 12,5 por ciento.
¿Pero cuál es la representatividad que en la carrera tienen estas asociaciones? Señorías, la Asociación Profesional de la Magistratura, que tiene unos 1.100 afiliados, supone el 24 por ciento de la carrera; la Asociación Francisco de Vitoria, con unos 450 afiliados, supone el 10 por ciento de la carrera; la Asociación Jueces para la Democracia, con un número idéntico, supone otro 10 por ciento de la carrera; los independientes 2.000, o sea, un 30 por ciento, y los no afiliados el resto. Vemos, sin embargo, señorías, cómo el Consejo, a la hora de decidir sus nombramientos, ha sobrerrepresentado a la asociación con la que tanto se identifican no sólo el ministro de Justicia, sino la propia vicepresidenta del Gobierno y desde luego el señor Zapatero, que lo utiliza como cantera de altos cargos en su Gobierno, la Asociación Jueces para la Democracia que, siendo un 10 por ciento de la carrera, ha copado el 20 por ciento de los nombramientos hechos por el Consejo y, a pesar de todo, los socialistas dicen que el Consejo ha sido sectario y ha despreciado... ¡Ustedes sí que son sectarios! ¡Ustedes sí que niegan la realidad de las cosas! ¡Ustedes sí que falsean los datos y utilizan pretextos absolutamente intolerables para arrollar un órgano del Estado y someterlo a los caprichos y dictados que emanen del Gobierno! (Aplausos en los escaños del Grupo Parlamentario Popular.) Es falso el motivo, señorías. Es un puro engaño. Es hojarasca. Pero no sólo el motivo merece nuestra crítica. Es que el procedimiento empleado, señorías, es absolutamente insólito en esta Cámara. Hoy, señorías, vamos a debatir un proyecto de ley orgánica que desarrolla y regula un órgano fundamental dentro de la arquitectura constitucional española en procedimiento de lectura única y, además, por vía de urgencia. Pero lo que es más grave, es que, además, hoy asistimos a la culminación de repetidos intentos del Gobierno socialista por sacar adelante una ley que fue rechazada por el Congreso de los Diputados. Esta es la prórroga, señorías, porque quienes no fueron capaces de marcar gol en el tiempo reglamentario intentan ahora buscar una prórroga absolutamente indigna: ver si son capaces de ganar el partido.
He de recordar hoy aquí, desde esta tribuna, señorías, que el Congreso de los Diputados, en sesión celebrada el 25 de noviembre de 2004, rechazó este proyecto de ley, pero no quedaron satisfechos los señores socialistas. ¿Qué más daba que se perdiera la votación? ¿Qué más daba que la representación de la soberanía nacional le dijese al Gobierno: Ustedes no pasan el filtro democrático de la aprobación en las cámaras, en el seno del órgano legislativo, de este proyecto de ley? Se hace una segunda intentona. Se pretendió incluso, señorías, por el Grupo Parlamentario Socialista y algún otro compañero mártir, que se volviese a someter otra vez a votación el mismo proyecto de ley que ya había sido rechazado. Pero como eso no fue suficiente, se convoca un Consejo de Ministros extraordinario, se vuelve a aprobar el mismísimo proyecto de ley, se omite la petición de informe al Consejo del Poder Judicial, vulnerando, como muy bien ha dicho el ministro, que se sabe muy bien la teoría pero que patina profundamente en la práctica, vulnerando --dijo-- uno de los derechos fundamentales que nosotros, como parlamentarios, tenemos a la hora de conformar nuestra voluntad legisladora, a la hora de saber y conocer los informes que nos resultan precisos para poder emitir nuestro voto en uso de la soberanía popular que en este momento representamos.
Señorías, eso de intentar dos veces la misma cosa es algo por completo ajeno a nuestro sistema jurídico. Por el contrario, en el Derecho español hay un principio casi transversal según el cual las cosas que se deciden una vez no pueden volver a decidirse por segunda vez en un futuro. El artículo 222 de la Ley de Enjuiciamiento Civil es un ejemplo que establece la excepción de cosa juzgada, o el 69 de la Jurisdicción Contencioso Administrativa, que va en idéntico sentido, o el 102.3 de la Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, que permite a la Administración rechazar solicitudes que ya han sido resueltas con anterioridad, o incluso, señorías, el propio Reglamento del Senado, cuyo artículo 181.2 impide que puedan presentarse mociones que ya hayan sido rechazadas por el Pleno de la Cámara. Es un principio general de nuestro ordenamiento que aquello a lo que se dice que no, no pueda volver a ser sometido de nuevo a consideración por el mismo órgano. Son muchos los ejemplos. No puede firmarse dos veces una moción de censura con arreglo a nuestra legislación local. Son --insisto-- muchísimos, porque es un principio informador de nuestro Derecho. Pero, ¿qué más da el Derecho, qué más dan los procedimientos frente a la potencia legitimadora del Partido Socialista, los poseedores de la democracia como valor patrimonial exclusivo y excluyente? (Un señor senador desde los escaños del G. P.
Socialista: ¡Cursi!--Aplausos en los escaños del Grupo Parlamentario Popular.) ¿Qué importa el Derecho, qué importa la norma cuando lo realmente importante es el capricho del Gobierno

Página 1200


socialista, cuando aquí de lo que se trata es de dar un mensaje claro a la sociedad española: U os sometéis a lo que diga el Gobierno socialista o arrasaremos con lo que se oponga al Partido Socialista? (Rumores.--Aplausos en los escaños del Grupo Parlamentario Popular.) Venimos de nuevo, señorías, sobre el procedimiento. Se está estableciendo en este momento un procedimiento de lectura única, que todas sus señorías saben lo que significa. Significa que los señores senadores miembros de esta Cámara no hemos tenido ocasión ni oportunidad de presentar enmiendas a este proyecto de ley. Se está utilizando un procedimiento de lectura única a pesar de que la Mesa conocía que el Grupo Parlamentario Popular había presentado enmiendas el mismo día y en el mismo momento en que el proyecto de ley fue publicado en el Diario Oficial del Senado, y a pesar de eso se adoptó la decisión del procedimiento de lectura única para impedir a los senadores el uso del derecho de enmienda. Pero es que eso del uso del derecho de enmienda, señorías, es algo de una extrema importancia porque ataca directamente al derecho fundamental reconocido en el artículo 23 de la Constitución: el derecho de participación política, que no es, señorías, el mero derecho a acceder a cargos políticos, ni siquiera el mero derecho a permanecer en los cargos políticos, sino que --como ha sido conformado por la jurisprudencia del Tribunal Constitucional-- consiste también en poder desarrollar cada una de las facultades y prerrogativas que conforman la esfera de actuación del cargo político, lo que se denomina en jerga jurídica el «ius in officium».
Señorías, el Tribunal Constitucional es muy claro en relación con el asunto. Si bien es cierto que la doctrina constitucional fue tremendamente restrictiva sobre las facultades, por ejemplo, de los parlamentarios considerando que todo esto era lo que se denomina «interna corporis acta», fue a raíz de una sentencia, la 161/1988, cuando el Tribunal Constitucional empezó a abrir la mano, a constitucionalizar los derechos que conforman las prerrogativas del cargo político. Por cierto, esa sentencia a la que acabo de hacer referencia deriva de un recurso de amparo interpuesto por los diputados del Grupo Parlamentario Popular en las Cortes de Castilla-La Mancha frente a las cacicadas del Partido Socialista en las Cortes de Castilla-La Mancha. (Aplausos en los escaños del Grupo Parlamentario Popular.) El Tribunal Constitucional, en sentencia 220/1991, dice que los derechos de prerrogativa de los parlamentarios conforman el contenido sustancial de la función representativa y la sentencia 99/1987 dice literalmente que ni por su objeto ni por su contenido hay límite alguno a la facultad que los miembros de la Cámara tienen para presentar enmiendas.
Esta es la doctrina del Tribunal Constitucional. Esto es lo que nosotros reclamamos: el derecho a poder ejercer nuestro cargo, el derecho a poder ser parlamentarios, a representar a nuestros electores, le guste o no le guste al Partido Socialista y al Gobierno que sustenta. (Aplausos en los escaños del Grupo Parlamentario Popular.--Varios señores senadores del Grupo Parlamentario Popular: ¡Muy bien!)

El señor PRESIDENTE: Señorías, ruego vaya terminando.
Tiene un turno de portavoces.


El señor CONDE BAJEN: Iré terminando, señor presidente. Me acojo a su benevolencia y al artículo 37.2, a los efectos de la flexibilidad que estoy convencido concederá. (Rumores en los escaños del Grupo Parlamentario Socialista.)

El señor PRESIDENTE: Señoría, ruego vaya concluyendo.


El señor CONDE BAJEN: Sí, voy concluyendo.
Decía, señorías, que nosotros tenemos un derecho a enmendar que se nos ha privado. En las dos últimas legislaturas se ha adoptado el procedimiento de lectura única en 14 ocasiones. En cada una de esas 14 ocasiones, señor ministro, el procedimiento ha sido adoptado por unanimidad. Jamás se ha adoptado un procedimiento de lectura única en contra de la opinión expresamente manifestada por uno solo de los grupos. Eso sucedió en los tiempos en los que el Partido Popular tenía mayoría absoluta y presidía las Cámaras. Eso sucedió con nosotros, que dicen que somos los que hemos atentado contra la democracia; con nosotros, que según dijo el ministro de Justicia en comisión habíamos conformado el Parlamento más tenebroso que él había tenido ocasión de conocer. Mire, señor ministro, unos cardan la lana y otros llevan la fama. Con el Partido Popular jamás se hubiera adoptado un procedimiento como éste y ustedes a la primera ocasión nos privan de los derechos parlamentarios que nos incumben. (Aplausos en los escaños del Grupo Parlamentario Popular.--Varios senadores del Grupo Parlamentario Popular: ¡Muy bien!) Sólo éstas serían razones para hacer prosperar un veto, por mantener la dignidad de la Cámara, por mantener el respecto al derecho parlamentario, a los derechos fundamentales que nosotros ostentamos y que en nosotros ostentan nuestros electores. Pero es que, además, el contenido es absolutamente espurio. Es que no es cierto nada de lo que ha dicho el ministro de Justicia hoy en esta tribuna.
Dice el ministro que con esta ley se pretende retornar a una arcadia feliz donde los nombramientos sean objeto de un amplísimo consenso.
(Rumores.--La señora Hernández Gutiérrez: ¡Termine ya, hombre!) Terminaré cuando me retire la palabra el presidente y no cuando a su señoría le dé la real gana. (Aplausos en los escaños del Grupo Parlamentario Popular.)

El señor PRESIDENTE: Señorías, ruego guarden silencio.
Vaya terminando, señoría.


El señor CONDE BAJEN: Y ya que no se me deja presentar enmiendas, rogaría a su señoría que, por lo menos, me dejase hablar. (Rumores.)

Página 1201


El señor PRESIDENTE: Ruego guarden silencio.


El señor CONDE BAJEN: Decía que el contenido de esta ley es absolutamente espurio. Dice el señor ministro que no se ha leído literalmente el proyecto de ley ni su exposición de motivos. Dice el ministro, contradiciendo argumentos del Partido Popular, ¿qué tiene que ver la independencia judicial con esta ley? No tiene nada que ver. Los jueces son independientes en su función, al margen de cómo se provean los cargos. Pero, ¿se ha tomado la molestia el señor ministro de leer la exposición de motivos de la ley? La exposición de motivos de la ley dice literalmente: La independencia de los jueces y magistrados integrantes del Poder Judicial constituye uno de los pilares sobre los que se inspira esta reforma. ¿No se ha tomado la molestia, señor ministro, siquiera de leer la ley que ha subido a defender en esta Cámara? (Un señor senador del Grupo Parlamentario Socialista: ¡Venga, hombre!) ¿No se da cuenta de que es su propio partido quien fundamenta esta reforma en la independencia judicial para luego venir aquí y decir que nada tiene que ver la independencia con el modo de provisión de los cargos? Es muy poco serio, señor ministro, por su parte, es muy poco serio por parte de su Gobierno, salvo si tenemos en cuenta que probablemente sabe todo Madrid, y ya nos hemos enterado hasta en provincias, que el Ministro no es el autor de esta ley, que los autores de esta ley que hoy se nos somete son directamente Zapatero, Fernández de la Vega y López Guerra. (Aplausos en los escaños del Grupo Parlamentario Popular.) ¿Qué sentido tiene nombrar a los magistrados del Tribunal Supremo, a los presidentes de los tribunales superiores de justicia por mayoría de 3/5? Ninguno, señorías; ninguno, salvo constituir a la minoría, que impúdicamente calificó el ministro en Comisión de Justicia como la minoría socialista --insisto que con una impudicia indigna de la Cámara--. ¿Cómo puede usted llamar socialista a una minoría existente en el Consejo atribuyéndole una etiqueta partidaria y de pertenencia a disciplina de partido absolutamente incompatible con la altísima función constitucional que representan? (La señora Vindel López: ¡Así es!) Pues lo que pretende el Gobierno es constituir a esa minoría socialista en minoría de bloqueo, de modo tal que no se provea nombramiento ninguno en el seno del Consejo (Varios señores senadores del Grupo Parlamentario Socialista: ¡Tiempo! ¡Ya vale!) si no es con el beneplácito, si no es al gusto, si no es según el capricho del señor Rodríguez Zapatero, hoy metido también a cocinero de la Justicia.


El señor PRESIDENTE: Señoría, han pasado seis minutos. Termine.


El señor CONDE BAJEN: Termino, señor presidente.
Señorías, esta ley es uno más de los ataques que tradicionalmente el Partido Socialista hace al Poder Judicial. (Varios señores senadores del Grupo Parlamentario Socialista: ¡Aaah!) Lo hicieron en el año 1985, donde quisieron llegar deprisa para poder cubrir los nombramientos que a ese Consejo incumbían. Había un obstáculo, que era la existencia del recurso previo de inconstitucionalidad. Se lo cargaron para poder reformar la ley a su gusto. Ahora resulta que el Consejo habrá de cubrir importantísimas plazas, del orden de media docena el día 1 de enero, y también tienen prisa, quieren que los magistrados que se designen sean de su gusto y de su capricho, y para conseguirlo, arramblan con el derecho y costumbres parlamentarias, arramblan con los derechos constitucionalmente reconocidos a los parlamentarios. Nada puede resistirse a esa estrella emergente que es Zapatero, y todos hemos de ponernos de rodillas...


El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señoría, ha terminado su tiempo.


El señor CONDE BAJEN: Nosotros no lo haremos, señorías. (Aplausos en los escaños del Grupo Parlamentario Popular.--Pitidos en los escaños del Grupo Parlamentario Socialista.)

El señor PRESIDENTE: Turno en contra. Tiene la palabra el senador Díaz Tejera.


El señor DIAZ TEJERA: Muchas gracias, señor presidente.
Señorías, el que hable en un tono tranquilo no es porque no pueda gritar, porque timbre hay y de sobra (Aplausos.), pero no parece prudente ni propio de esta Cámara hablar en esos términos, porque esto es como un partido de fútbol, tan preocupados por dar patadas en las canillas, por si fue falta o no lo fue, por si hubo mucha o poca bronca, que al final el público dice: ¿y del fútbol qué?, ¿y del arte, qué? Nada. (Varios señores senadores del Grupo Parlamentario Popular: ¿Y de la democracia, qué? ¡Al grano!) Por eso conviene no gritar tanto, bajar un poco el diapasón y argumentar. En ocasiones, el tono camufla y distrae la carencia de argumentos racionales, de argumentos políticos y de argumentos jurídicos. (Aplausos desde los escaños del Grupo Parlamentario Socialista.--Rumores desde los escaños del Grupo Parlamentario Popular.) Digan lo que digan voy a seguir hablando al ritmo canario, con pachorra y con mesura. Pueden seguir diciendo lo que quieran. (Rumores desde los escaños del Grupo Parlamentario Popular.)

El señor PRESIDENTE: Señorías, ruego guarden silencio. Pero el reloj es el reloj.


El señor DIAZ TEJERA: En primer lugar, lo propio sería aludir en todo momento a las personas que se encuentran presentes para que se pueda argumentar. Por eso, señor ministro, me limitaré a hablar de la materia que nos ha traído aquí esta tarde. Y no voy a hablar del señor Solbes ni de los presupuestos, entre otras cosas porque no está presente.
En segundo lugar, sería bueno empezar a ser conscientes de que el señor Zapatero no es cocinero, sino que es el presidente del Gobierno de España. (Varios señores senadores: ¡Olé!) Nada más y nada menos. Por tanto, lo propio es que hablemos de lo que ha motivado la presencia en esta

Página 1202


Cámara esta tarde. (Varios señores senadores del Grupo Parlamentario Popular: ¡No está! ¡Al grano!) Se ha aludido a la relación de nombramientos realizados desde el 7 de noviembre de 2001 al 17 de noviembre de 2004 por parte del Consejo General del Poder Judicial. Los datos que ha reflejado no se ajustan a la realidad. No digo que falte a la verdad --Dios me libre de tal cosa--, pero no de ajustan a la verdad. Dispongo de todos y cada uno de los nombramientos realizados con relación a todas las audiencias provinciales de España, a la Audiencia Nacional, al Tribunal Supremo y a todos los tribunales superiores de justicia de las comunidades autónomas de toda España. Pues bien, de cada 10 nombramientos, ocho son del mismo signo. No es verdad la proporción que se plantea del 20, 20-12.
Y en términos exactos, sobre la presencia de unos u otros afiliados a las diferentes asociaciones, quiero precisar que, en el caso de la Asociación Profesional de la Magistratura, el Consejo General del Poder Judicial reconoce 1.050 afiliados; en el caso de Jueces para la Democracia, el Consejo General del Poder Judicial reconoce 465 afiliados; en el caso de Francisco de Vitoria, 420 afiliados, y en el caso del Foro Judicial, 120 afiliados, razón por la cual los datos alusivos a los nombramientos y al número de afiliados no se ajusta a la realidad. Podría subir el tono, pero el número y la proporción no cambiaría.
Siguiente argumento. Se alude al procedimiento. Que yo recuerde, en el último Pleno, en el cual se votó el procedimiento, no escuché una sola palabra en torno al mismo, no escuché una sola palabra cuestionando el procedimiento y, como quiera que en el momento en que se votó no escuché ninguna palabra en contra, dejo de lado el asunto relativo al procedimiento porque en aquel momento, que era el adecuado, no se habló del mismo.
En relación con la existencia o no de informes del Consejo, he de aludir a un informe del Consejo de Estado de 30 de septiembre de 2004 en el que, con relación a un texto sobre la morosidad en las operaciones comerciales, textualmente se afirma: A la vista del proyecto de ley de referencia aprobado por el Consejo de Ministros en su reunión del día 18 de junio de 2004 y teniendo en cuenta el alcance de las modificaciones introducidas --hubo modificaciones-- respecto del anteproyecto ya dictaminado, no era necesario un dictamen nuevo para la aprobación de dicho proyecto de ley. Y éste es un supuesto en el cual sí se introdujeron modificaciones.
Siguiente argumento. Se alude a la penúltima votación acontecida en el Congreso de los Diputados. Se confunde el concepto de cosa juzgada, se confunde el concepto de acto administrativo firme, pero el error de fondo del portavoz del Grupo Parlamentario Popular es que en la votación se produjo un resultado favorable al texto. (Varios señores senadores del Grupo Parlamentario Popular hacen signos negativos.) No es verdad que se votara no al texto. Se votó afirmativamente porque hubo más votos que sí que votos que no. Y hasta ahora, cuando hay más votos que sí que votos que no, es que la mayoría de los presentes votaba a favor del texto.
(Protestas desde los escaños del Grupo Parlamentario Popular.) Lamento recordarles estas verdades, pero esto es pura matemática, y de matemática sabemos todos, incluidos ustedes. (Aplausos.) Esta es la parte relativa a los comentarios escuchados, y en términos de defensa me parecía oportuno, representando al Grupo Parlamentario Socialista, exponerlos aquí.
Y ahora, francamente, también con la benevolencia de la Presidencia, quisiera exponer los razonamientos que quería hacer antes de escuchar al señor portavoz del Partido Popular.
Había tenido un cierto interés en situar a sus señorías en el momento que estamos viviendo en términos políticos e institucionales. Hay una feliz expresión de la presidenta del Parlamento de Andalucía pronunciada hace pocos días en Málaga, en la reunión de los portavoces de las 23 grandes ciudades de España con la ministra de Vivienda, que dice lo siguiente: Un momento de arquitectura institucional. Aludía a la Constitución europea, a la Constitución Española, a los Estatutos de Autonomía, e incluso al Libro Blanco y las posibilidades de reforma de la Ley de Bases de Régimen Local en relación con las materias competenciales, de estructuración interna, derecho de participación de los vecinos y vecinas, etcétera. En ese momento, en cierta medida, estamos afectados los que estamos aquí.
Uno de los elementos que se discute en torno a la reforma constitucional es la función que va a jugar esta Cámara en el futuro. En tal sentido, me parece razonable plantearnos, como turno de defensa de esta propuesta, si es bueno o no es bueno aprobar el texto. (El señor Agramunt Font de Mora: ¡Al grano!) Señor, usted me dice permanentemente que al grano, pero déjeme que yo decida cuál es el grano. Déjeme hablar a mí.
¿Cuál es la bondad de este texto? La pregunta es la siguiente: ¿Cuál es la evaluación que hacemos todos los presentes en torno al prestigio de la función, del trabajo, de la tarea que hace el Consejo General del Poder Judicial en el conjunto de los pueblos de España? La misma mayoría del Consejo, su voto mayoritario, once votos, califica la situación actual del Consejo General del Poder Judicial en un voto de 40 páginas, de las cuales dos hacen alusión a debate jurídico en relación con los artículos 9.3 y 122 de la Constitución, refiriéndose a la situación de herida de muerte en que se encuentra el Consejo General del Poder Judicial; herida de muerte por el fraccionamiento sistemático, aritmético, mecánico y automático que se da --once,nueve; once,nueve; once,nueve-- en tantas y tantas votaciones.
Aquí, en esta misma Casa, en las VII jornadas parlamentarias, en una ponencia del profesor Santamaría Pastor, se aludía a cómo desde el año 1215, en época de Juan Sin Tierra, hasta el presente, en el ámbito parlamentario se siguen usando las mismas técnicas de control, las mismas expresiones. ¡Qué casualidad que cuando nos planteamos el ámbito local o el ámbito de los órganos constitucionales, todos repetimos la misma jerga de mayorías, minorías, portavoces y juntas! Hay una especie de copia permanente de la jerga parlamentaria en el ámbito de la administración local y hay una copia de la jerga parlamentaria también en el ámbito de los órganos constitucionales del Estado,

Página 1203


cuando esos márgenes de mera reproducción mecánica de esa jerga no corresponde a la naturaleza de la corporación local --me refiero, por ejemplo, a los cabildos, consejos insulares, diputaciones y ayuntamientos--. En el caso de un órgano constitucional, como es el Consejo General del Poder Judicial, es lo mismo. ¿Por qué razón esa concepción mecánica, repetitiva, de mera copia de esas expresiones y esa práctica en el trabajo regular cuando no está para eso? No están los ayuntamientos, no están los cabildos, no están los consejos, no están los órganos constitucionales para que se dé una repetición mecánica de la relación de fuerzas que existe en las Cámaras. No tiene ningún sentido.
Es una desnaturalización de la función que tienen que hacer.
Ante eso se pueden tener dos respuestas. En una expresión de un poeta canario, Agustín Millares Sall, se puede hacer como el avestruz, que es meter la cabeza bajo el ala y limitarnos a hacer lo mismo. Con espíritu deportivo, según mayorías o minorías en cada momento de la historia de España, habrá que vivir unas situaciones u otras, algunos con más espíritu deportivo que otros, pero en cualquier caso, resignándose a esa situación. Por el contrario, otros no nos resignamos y pensamos que no es adecuado mantener esta situación, sobre todo vistos los resultados y por respeto al espíritu de Navidad no voy a precisarles minuciosa y detalladamente todos estos resultados, que pongo al servicio de la Cámara y de todos los presentes en este acto.
A nosotros nos parece que es bueno atreverse a cambiar las cosas cuando se plantea el compromiso, y de eso somos todos testigos en la Comisión de Justicia, cuando se planteó por el señor ministro y otros intervinientes en el debate que lo que se hace ahora no es algo a revisar permanentemente en función de qué mayorías o qué minorías, sino que lo que estamos haciendo es potenciar el prestigio, la «auctoritas» de origen de los que van a integrar el máximo órgano jurisdiccional de toda España, de todos los órdenes jurisdiccionales. Y pregunto: si esto es bueno para los magistrados del Tribunal Constitucional, ¿por qué no es bueno para los magistrados del Tribunal Supremo? Y si esto es bueno para el presidente y vicepresidente del consejo, ¿por qué no es bueno para los otros 18 vocales integrantes (18-2, 19, 21, 21), por qué no es bueno para los restantes 19 vocales del consejo? ¿Cuál es el temor que se plantea por el hecho de que se extienda el grado de consenso que estamos planteando? El temor es que ya las mayorías relativas que existan en cada momento en las Cámaras no van a jugar el papel determinante que han estado jugando hasta ahora.
Ese es el temor que se plantea y por esa razón esas expresiones. ¿A qué vienen esas expresiones de cruzada contra los jueces, golpe de Estado a la justicia, la nación está dividida, el ministro pretende engañar, dicho textualmente en la Comisión de Justicia? ¿A qué vienen esas expresiones de cruzadas y golpes de Estado? Habrá alguna familiaridad con esas expresiones, porque no parece adecuado que cuando hablamos de un asunto que lo que quiere es extender la mayoría necesaria para elegir a quienes van a integrar esos magistrados del Tribunal Supremo, en ese momento se rajen las vestiduras, cuando lo que se está discutiendo es ampliar el máximo de consenso.
Nuestra pregunta es si se puede hacer esto o no, si se debe o no y la respondemos diciendo que se puede hacer y se debe hacer. ¿Por qué razón? ¿Porque lo demandan todos los justiciables? ¿Porque lo demandan todos los que tienen que ver con el servicio público de la justicia? Y no reproduzcamos aquí ese viejo debate sobre si es poder judicial o es servicio público. Si se lee con atención los debates del año 1979, el señor Cavero siendo ministro, aludía al servicio público de la justicia porque es un poder judicial que presta un servicio público. ¿Por qué esa obsesión de usar la o disyuntiva, o es una cosa o es otra? Es Poder Judicial y es servicio público, es un poder judicial que presta un servicio público. En esos debates respecto a la ley orgánica les aseguro que en momento alguno se plantea ese debate de forma tan ficticia. De igual forma que el debate en torno a elección parlamentaria o elección corporativa de los miembros del consejo, de los vocales, es elección parlamentaria con una base de elección previa entre los integrantes de la carrera judicial respecto a los 12 que eligen las Cámaras. El uso de la y copulativa es muchísimo más enriquecedor que, por el contrario, el uso de la o disyuntiva.
Ahora es la misma situación. Ya hemos superado Poder Judicial o servicio público; es poder judicial que presta un servicio público; ya hemos superado elección parlamentaria, elección corporativa; es elección parlamentaria con una base corporativa en 12 de los integrantes del consejo. ¿Qué se plantea ahora? Si es bueno o no extender la mayoría de consenso. Si fuera sólo una mayoría que en cualquier momento, en función de los resultados electorales, se variase por esos resultados electorales, sí se podría decir que es una reforma «ad hoc» para un momento concreto, pero como la reforma no se refiere a los tres quintos de los presentes, sino a los tres quintos de los integrantes del órgano, en cualquiera de los casos, lo integren quienes lo integren, serán tres quintos. Por ejemplo, ahora son veinte miembros, luego en cualquiera de los casos serán trece quienes tienen que decidir, pero, ¿y si uno o dos vocales, por lo que fuese, dejan de ejercer la función? ¿Qué pasa, se reducen los tres quintos? No, se mantiene el número de trece. Y eso, ¿es malo o es bueno? Nosotros pensamos que es bueno.
¿Alguien aquí ha desempeñado una función que ha exigido mayoría de tres quintos? Yo la he desempeñado; yo desempeñé la función de diputado del común de Canarias, que es el nombre que tiene en Canarias el defensor del pueblo. ¿Cuánto se exige para ser diputado del común, o cuánto se exige para se ararteko, o el sindic de greuges de Cataluña o el «provedor de justicia» o el procurador del común? ¿Cuánto se exige? Tres quintos, señorías; se exigen tres quintos. Si se exigen tres quintos para elegir a una persona que es un comisionado de ese Parlamento autonómico, si se exigen tres quintos para elegir al alto comisionado de las Cortes Generales, ¿eso es bueno, por qué? Porque el ejercicio de tal magistratura de opinión requiere una «auctoritas» de origen muy importante, no tiene «potestas» de tipo alguno, sólo tiene la «auctoritas», el prestigio

Página 1204


que le dan sus recomendaciones, sus sugerencias o sus recordatorios de los deberes legales, que son las tres técnicas que utilizan estas instituciones.
Por tanto, si es bueno para las instituciones que más prestigio tienen en el conjunto de España, ¿no creen ustedes que para, entre otras cosas, abordar el retraso de cinco años que tiene la Sala de lo Civil del Tribunal Supremo, o abordar el retraso de tres años y medio que tiene la Sala de lo Social del Tribunal Supremo, entre tantas y tantas reformas que hay que hacer, en términos sustantivos, en términos procesales, es más prestigiosa la elección de los magistrados del Tribunal Supremo si lo hacemos por tres quintos? ¿No creen ustedes que prestigia la función de control de las actividades que hace el Centro Nacional de Inteligencia, una actividad tan sensible siempre y en todo momento, pero sobre todo hoy, sobre todo en estos tiempos, que esos magistrados sean elegidos por tres quintos? ¿No creen ustedes que quienes tienen que presidir los tribunales superiores de justicia de las comunidades autónomas, que es el órgano jurisdiccional en que culmina la organización jurisdiccional en tales comunidades autónomas, adquieren prestigio tras su elección por tres quintos? Aquí hay una reforma pendiente para llevar el ámbito del Poder Judicial al Estado autonómico, o el Estado autonómico al ámbito del Poder Judicial. Lo hemos hecho en el ámbito legislativo, lo hemos hecho en el ámbito ejecutivo, pero no lo hemos hecho todavía en el ámbito del Poder Judicial. Esa es una tarea pendiente. Las salas de gobierno de los tribunales superiores de justicia de las comunidades autónomas tienen que ejercer muchas más funciones; hay salas de gobierno en España, donde no hay Derecho Foral, en que esos destinos son auténticos balnearios; las salas de lo Civil y de lo Penal son auténticos balnearios, eso sí, donde no hay Derecho Foral. Donde hay derecho foral sí tienen un trabajo intenso, creativo; pero donde no lo hay, sinceramente, el destino en esas salas de lo Civil y de lo Penal es bastante adecuado a la recuperación de la salud, pero no tiene nada que ver con ritmos de productividad y con ritmos de trabajo.
Y hay un razonamiento que a mí me parece el más preocupante, sinceramente se lo digo. Es el razonamiento en torno a la independencia judicial. En el año 2002 asistí a una conferencia organizada por Magistratura Democrática, de Italia, en Sicilia, sobre crimen organizado. Allí estaban los magistrados que absolvieron a Giulio Andreotti, en primera y en segunda instancia. Son magistrados integrantes de Magistratura Democrática --el equivalente en España a Jueces para la Democracia-- y ellos decían que la preocupación que tenían no era la presión en términos políticos, no era la presión en términos de otros poderes privados; las preocupaciones que tenían eran dos: a) la presión de los medios de comunicación, los juicios paralelos; y, b) la presión de su propia conciencia y sus propias ideas, porque la independencia judicial no es sólo externa, hacia los otros medios, públicos o privados; no es sólo hacia la carrera judicial, sino sobre todo a sus propias convicciones ideológicas...


El señor PRESIDENTE: Señoría, le ruego vaya terminando.
El señor DIAZ TEJERA: ¿Puedo continuar un minuto más?

El señor PRESIDENTE: Le doy un minuto.


El señor DIAZ TEJERA: Yo respeto al señor presidente.
(Rumores.--Risas.--Un señor senador del Grupo Parlamentario Popular: ¡Qué buen rollito!). La mayor preocupación que tenían era la de saber cómo autocontrolar sus ideas y sus convicciones. Porque la independencia judicial no sólo externa o interna --insisto en ello-- sino de la propia conciencia, cuando el artículo 117 de la Constitución dice: «1. La justicia emana del pueblo y se administra en nombre del Rey por Jueces y Magistrados integrantes del poder judicial, independientes, inamovibles, responsables y sometidos únicamente al imperio de la ley.»; cuando se dice: «... y sometidos únicamente al imperio de la ley.», significa que lo único que debe tenerse en cuenta en el momento de redactar una sentencia son los códigos, las leyes, el Derecho y la soledad en que se redacta esa sentencia con el ordenador. Y ninguna otra consideración, incluidos criterios morales, ideológicos o políticos, absolutamente nada.


El señor PRESIDENTE: Señoría, ha terminado su tiempo.
Gracias.


El señor DIAZ TEJERA: Sólo quiero decir, si me permite, señor presidente, que contrasten ustedes esto que acabo de explicar con un juez en cualquier lugar de España. (Fuertes y prolongados aplausos.)

El señor PRESIDENTE: Turno de portavoces.
Por el Grupo Parlamentario Mixto tiene la palabra el senador Cuenca.


El señor CUENCA CAÑIZARES: Señor presidente, señorías, para los senadores de Izquierda Unida la división de poderes se configura como una técnica política para garantizar la libertad del ciudadano y como un mecanismo de control fundamental en un Estado democrático. Sólo entendemos el Poder Judicial como poder independiente del Poder Ejecutivo. Nos sentimos identificados con el contenido del proyecto de ley y su urgencia para tramitarse en la Cámara.
Como hemos venido denunciando a lo largo de la pasada legislatura, es necesario e inaplazable terminar con el clientelismo judicial. El Consejo General del Poder Judicial o la Fiscalía General del Estado no pueden funcionar como correa de transmisión de la política del Gobierno, y así lo hemos venido denunciando con los gobiernos anteriores del Partido Popular. No resulta nada edificante ver el espectáculo de la división en bloques del Consejo General del Poder Judicial y la traslación de esa correlación de fuerzas a los nombramientos.
A nuestro juicio, por todo ello es necesario introducir la motivación de los nombramientos a fin de que se puedan conocer los méritos de los jueces y magistrados seleccionados

Página 1205


para ocupar los diferentes cargos. Igualmente hemos denunciado lo que a nuestro juicio ha sido un atrincheramiento de los sectores más conservadores de la Justicia y la política en las instituciones y órganos. No es la primera vez que se habla del rodillo y no queremos que se repita. Queremos poner freno e introducir reformas que guíen los nombramientos de jueces y magistrados del Tribunal Supremo y el resto de cargos de máxima responsabilidad en la judicatura por criterios de mérito y capacidad.
También queremos aprovechar la oportunidad para hacer un llamamiento para reforzar la paridad de sexos en los nombramientos. La mitad de jueces en España son mujeres y este porcentaje no se reproduce en los cargos de máxima responsabilidad de la carrera judicial. Es necesario y urgente preservar la garantía de la independencia del Poder Judicial en materia de nombramientos. Nos estamos refiriendo a la necesidad de regular mayorías amplias y cualificadas para la elección de los magistrados del Tribunal Supremo y los presidentes de los tribunales superiores de Justicia y audiencias provinciales, argumentos como los utilizados para el nombramiento de magistrados del Tribunal Constitucional que se exigen, el famoso y ya conocido de tres quintos.
Señorías, el objetivo debe ser fortalecer el consenso y el diálogo como medio idóneo para la adopción de acuerdos en el Pleno del Consejo General del Poder Judicial, de forma que, a través de ese consenso, se obligara a dar mayor relevancia al mérito y capacidad, evitando que los más capaces y competentes sean relegados en beneficio de los que tienen mayor afinidad con la mayoría de turno del Consejo General del Poder Judicial, y que, a través del diálogo, se respete el pluralismo político y se evite alejar de la sociedad a los órganos judiciales, evitando la disociación entre la sociedad y las sensibilidades que conforman dentro del Consejo General del Poder Judicial.
Por último, como entiendo que ésta puede ser la última intervención del año del senador que les habla, quiero transmitirles mis mejores deseos personales para el año 2005. Espero que tengan ustedes unas felices fiestas y que consigamos las olimpiadas para Madrid 2012. (Varios señores senadores: ¡Muy bien!--Aplausos.) El señor PRESIDENTE: Gracias, señoría, y que todos lo veamos.
Por el Grupo Parlamentario de Senadores de Coalición Canaria, tiene la palabra el senador Ayala.


El señor AYALA FONTE: Muchas gracias, señor presidente.
Señorías, buenas tardes. Hoy, el Grupo Parlamentario de Senadores de Coalición Canaria se va a pronunciar en contra del veto presentado por el Partido Popular y a favor del proyecto de ley de modificación del Poder Judicial.
Tenemos un proyecto de ley que va a modificar la mayoría exigida para realizar, desde el Consejo General del Poder Judicial, determinados nombramientos en el sentido de aumentar el quórum a los tres quintos del Consejo. Esta medida es perfectamente compatible con la independencia judicial y con la división de poderes, entre otras razones porque el Consejo General del Poder Judicial no es un órgano judicial sino político y, por tanto, las Cortes Generales están legitimadas para dictaminar, mediante las oportunas leyes, las normas de funcionamiento del citado Consejo.
Con esta modificación se consigue que las decisiones que tome el órgano de gobierno del Poder Judicial sean más democráticas y reflejen mejor la pluralidad política y social de los ciudadanos de este país. Con este proyecto de ley se consigue mejorar la credibilidad de la Justicia ante los ciudadanos, se evita la imagen que hay en la calle ante la actitud de los dos grandes partidos y de los grupos enfrentados del propio Consejo General del Poder Judicial y, a su vez, con la mayoría cualificada de los tres quintos, se obliga al diálogo, al consenso y se permite la participación de las minorías.
Si para nombrar a los miembros del Tribunal Constitucional o del Consejo General del Poder Judicial se exigen, como dijo antes el ministro, tres quintos en ambas Cámaras y para otros órganos de menor trascendencia, como el Consejo de Radiotelevisión o el Defensor del Pueblo, se necesita también una mayoría cualificada, ¿por qué oponerse hoy a la aplicación de este sistema de mayoría cualificada para nombrar a los magistrados del Tribunal Supremo y a los presidentes de los tribunales superiores de Justicia de las comunidades autónomas? El Grupo Parlamentario de Senadores de Coalición Canaria cree que con esta modificación de la Ley del Poder Judicial se le da mayor credibilidad y más prestigio al órgano superior de la Administración de Justicia. Por tanto, reiteramos nuestro voto en contra del veto y nuestro apoyo al proyecto de modificación de la Ley del Poder Judicial.
Gracias.


El señor PRESIDENTE: Gracias, señoría.
Por el Grupo Parlamentario Catalán en el Senado de Convergència i Unió, tiene la palabra el senador Badia.


El señor BADIA I CHANCHO: Muchas gracias, señor presidente.
Señorías, permítanme que, antes de entrar en el debate del tema objeto de discusión, haga alusión a unas palabras que cuando menos me han producido sorpresa. Me refiero a lo que ha señalado el señor ministro sobre la importancia del Senado o, como él ha dicho, de la segunda Cámara del Parlamento. Ciertamente, así es y todos los que estamos aquí estamos convencidos de ello pero, desgraciadamente, la realidad no es ésa o, en todo caso, no tan definitiva como debería ser.
Todos sabemos que determinadas actuaciones y votaciones que se han producido en esta Cámara, después, han sido orilladas por parte del Congreso de los Diputados.
Entiendo que tener en cuenta al Senado significa muchas cuestiones y además de los grandes discursos es imprescindible la eficacia real de los mismos. En todo caso, las palabras del señor ministro deberían hacernos reflexionar a todos para no convertir a esta Cámara en una pura comparsa de una situación parlamentaria, ya que creo que

Página 1206


todos los que estamos aquí estamos convencidos de la importancia de la misma.
Dicho esto, es evidente que hoy estamos discutiendo un tema importante que afecta a la Justicia y todos los grupos parlamentarios han hablado siempre de la necesidad de que el tema de la Justicia fuera fruto de un gran consenso. Pero el debate que llevamos celebrado ha puesto de manifiesto que la discrepancia y el enfrentamiento producido en esta discusión lo que han provocado es que estemos ante una situación muy complicada y que la discusión, que debería ser constructiva y que debería significar posicionarnos políticamente en un tema tan importante como es la organización direccional de la Justicia, se haya convertido en un tema mediático donde, repito, la discrepancia y el enfrentamiento son la noticia, donde la discrepancia y el enfrentamiento son lo que trasmitimos a los administrados.
Por otra parte, hay que tener en cuenta que el proyecto de ley que hoy discutimos nace de una proposición de ley discutida en el Congreso de los Diputados donde se debatieron más temas de los que hoy tenemos planteados en el proyecto de ley que se nos presenta. Permítanme que de pasada mencione alguno de ellos, porque creo que sí son fundamentales si queremos tener la Justicia que todos queremos. Se debatieron temas en el Congreso de los Diputados como la necesidad de acuerdos amplios cuando se habla de cuestiones de Justicia; se discutieron aspectos relativos a la normalización lingüística en el ámbito de la Administración de Justicia; se discutieron temas como el conocimiento del Derecho civil propio sobre la base también de una ley aprobada en su momento por el Parlamento de Cataluña; se pidió que se impulsase la lealtad institucional entre comunidades autónomas, sobre todo a la hora de hacer efectivos traspasos determinados que no contaban con los costes o con la financiación para llevarlos a cabo, y, en definitiva, se pidió que se impulsase una ley orgánica del Poder Judicial que incrementara las competencias de los tribunales superiores de Justicia incrementando competencias de las salas de gobierno de los mismos.
Pero muchos de estos temas debatidos en ese trámite de discusión previa no están en el proyecto de ley que hoy debatimos. Hoy debatimos un proyecto que, evidentemente, a nuestro grupo no le satisface pues, además de no incluir todo lo anterior, tampoco incluye de manera definitiva uno de los conceptos que consideramos vitales: los principios de mérito y capacidad. Ya sé que se me dirá que sí forma parte del proyecto de ley presentado, pero si analizamos el mismo vemos que la única mención al mérito y a la capacidad se hace en la pura exposición de motivos. Este es uno de los temas fundamentales y entre todos deberíamos hacer un esfuerzo importante por reforzar estos principios.
El debate, obviamente, no ha ido por esa línea y, en todo caso, nos hemos quedado con otros planteamientos: si se aplica el rodillo, si tantos para mí o tantos para ti, o no discutir en profundidad un tema tan importante como es el mérito y la capacidad --que, repito, debería haberse concretado y especificado mucho más en el proyecto de ley que hoy debatimos--. Es más --incido nuevamente--, el tema estrella de este debate es el número de votos para tomar determinadas decisiones de las direcciones del Consejo General del Poder Judicial y la capacidad de nombramiento que el mismo tiene. Es evidente que 13 votos son más que 11, pero ello no garantiza de ninguna manera de entrada el que luego se llegue al reparto o se llegue a lo que he dicho antes: el tantos para ti y tantos para mí. En cualquier caso, entendemos que es positivo el incremento de 11 a 13, pero, repito, habríamos de profundizar también en los otros temas.
Ha mencionado el ministro otros aspectos importantes y me gustaría referirme a ellos en tanto en cuanto también fueron defendidos por nuestra parte en el debate previo de la proposición de ley en el Congreso de los Diputados. Entendemos que uno de los temas importantes es permitir a los magistrados del Tribunal Supremo jubilados que así lo deseen que sigan ejerciendo funciones jurisdiccionales como magistrados eméritos y lo mismo para los fiscales de sala del Tribunal Supremo. Son cuestiones positivas y merecen nuestro reconocimiento en tal sentido.
Pero volviendo al tema, estamos ante un proyecto de ley polémico que no es fruto del consenso que a nosotros nos gustaría. Todos queremos una Justicia de calidad. Todos queremos y esperamos que el debate de los temas relacionados con la Justicia sea lo más amplio posible. Pero no hay que olvidar que en su momento hubo un Pacto de Estado para la reforma de la Justicia, suscrito en 2001 entre el Grupo Popular y el Grupo Socialista, en uno de cuyos puntos se decía algo que en mi opinión limita o concreta muchos de los debates que se han tenido esta tarde. Se decía en el citado pacto: El Poder Judicial debe ser independiente, regido por la coherencia institucional que le permita desarrollar más eficazmente sus funciones constitucionales.
Sin embargo, en la propuesta de veto del Grupo Popular, se dice: Este proyecto conduce al bloqueo, a la inestabilidad, al desacuerdo y la confrontación. ¡Qué lejos debe quedar ese Pacto de Estado para la reforma de la Justicia que se signó en su momento! Entendemos, señorías, que ése no es el camino. Como se diría en catalán: «Anem malament».
Vamos a apoyar este proyecto y, por consiguiente, no el veto, pero en el firme convencimiento de que todos debemos hacer un importante esfuerzo para transmitir a los ciudadanos que nuestro debate no se limita exclusivamente a repartir determinadas plazas de la dirección de una parte de la Justicia. Entendemos que lo que debemos debatir y hacer es dar garantías a nuestros conciudadanos de que vamos a tener una Justicia de calidad, como ya he dicho. En definitiva, entendemos que no podemos seguir en la línea del enfrentamiento en un asunto tan importante como éste. Por ello, insisto, solicitamos a los grupos parlamentarios que hagan un esfuerzo para superar situaciones como ésta, que a lo único que conducen es a transmitir a nuestros conciudadanos una situación no positiva en algo tan importante como es la Justicia.
Muchas gracias, señor presidente.


El señor PRESIDENTE: Gracias, señoría.
Por el Grupo de Senadores Nacionalistas Vascos tiene la palabra el senador Zubia.


Página 1207


El señor ZUBIA ATXAERANDIO: Gracias, señor presidente.
Señor ministro, señorías, quiero comenzar mi intervención anunciando que el Grupo Parlamentario de Senadores Nacionalistas Vascos va a votar en contra de la propuesta de veto presentada por el Grupo Parlamentario Popular al proyecto de ley orgánica por la que se modifica la Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial, y que, por consiguiente, votará a favor del texto del proyecto que ha tenido entrada en esta Cámara.
Señorías, nuestro grupo parlamentario lleva tiempo pidiendo una reforma seria y profunda del Consejo General del Poder Judicial y de la Justicia a fin de que, entre otras cosas, se produzca en ese ámbito, y de una vez por todas, una adecuación real al modelo de Estado autonómico y plural. Y es evidente que este proyecto de ley no es precisamente lo que venimos demandando. Sigue quedando pendiente toda esa reforma, a la que, por cierto, también se refiere la proposición no de ley aprobada el 21 de septiembre pasado por el Congreso de los Diputados y que el Gobierno ha tomado como punto de partida, aunque sólo en lo relativo a su apartado 2, para elaborar la modificación legal que ahora nos ocupa. Confiaremos una vez más, y van unas cuantas, en que la regulación que hoy abordamos lo sea, como dice su propia exposición de motivos, sin perjuicio de otras reformas posteriores de mayor calado; y confiaremos, por tanto, en que el Gobierno dé ulterior cumplimiento a los otros cinco apartados que conforman la citada proposición no de ley.
Centrándonos ya en el proyecto de ley propiamente dicho, diré que me propongo dividir mi intervención en dos partes: una primera, para posicionarnos --es obligado-- respecto del fondo de la reforma, y una segunda, para referirnos, siquiera sea brevemente, a la forma, es decir, al procedimiento seguido en su tramitación.
Vayamos a la primera, al fondo. Tres son las cuestiones que la reforma contempla. En primer lugar la modificación del sistema de mayorías para la adopción de determinados acuerdos por el Pleno del Consejo General del Poder Judicial, incrementándose hasta los tres quintos la mayoría necesaria para realizar la propuesta de nombramiento de presidentes de sala y magistrados del Tribunal Supremo, por un lado, de presidentes de tribunales superiores de Justicia de comunidades autónomas, por otro, y también, aunque casi siempre se olvida, del magistrado de la Sala Segunda de lo Penal o Tercera de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo, competente para conocer de la autorización de las actividades del Centro Nacional de Inteligencia que afecten a los derechos fundamentales reconocidos en el artículo 18.2 y 3 de la Constitución, así como del que lo sustituya en caso de vacante, ausencia o imposibilidad.
Pues bien, esta aparentemente sencilla y bienintencionada modificación, que, como digo, no supone más que el paso de una mayoría simple a una de tres quintos, está siendo objeto por parte de algunos de un tan furibundo como inexplicable y, a nuestro juicio, injustificado ataque. Y uno de los que más se ha significado en este sentido ha sido, y es, el presidente del Consejo General del Poder Judicial, que ha llegado a decir que esta modificación sólo busca herir de muerte la independencia judicial y que sólo servirá para lastrar de forma definitiva --y son sus palabras textuales-- la credibilidad de la Justicia española.
Preocupantes palabras y graves afirmaciones en boca de quien ostenta la máxima responsabilidad de la Judicatura en la medida en que con ellas nos está, además, transmitiendo su creencia --y será la suya-- de que la independencia de un juez depende del sistema de su elección, o todavía más, de la exigencia de una mayoría reforzada de tres quintos que, se le antoja, ataca una independencia que, a su juicio, sí está perfectamente salvaguardada con una mayoría simple.
A decir verdad no alcanzamos a entender cómo puede sostenerse que el exigir una mayoría de tres quintos para realizar la propuesta de nombramiento de presidentes de sala y magistrados del Tribunal Supremo o de presidentes de tribunales superiores de Justicia atenta contra la independencia judicial. ¿Acaso considera el señor Hernando que tal mayoría de tres quintos, ya exigida para la propuesta de nombramiento de miembros del Tribunal Constitucional, atenta contra la independencia judicial? ¿O cree que en unos casos sí atenta y en otros no? Señorías, nuestra posición es exactamente la contraria. Estamos firmemente convencidos de que esta mayoría de tres quintos refuerza la independencia del Poder Judicial en tanto que fomenta el diálogo y la adopción de acuerdos con una amplia mayoría, en tanto que favorece el consenso y estimula una tendencia hacia la unanimidad, en la medida, en suma, en que refuerza la legitimación democrática y el pluralismo. Nos parece, pues, una medida saludable cuando menos, y como tal cuenta con nuestro apoyo y nos obliga a rechazar acusaciones como las vertidas por el portavoz del Consejo General del Poder Judicial en el sentido de que estamos ante un procedimiento legislativo para alterar de forma extemporánea una competencia del Consejo, y de que tanto el Poder Legislativo como el Ejecutivo han o hemos caído en una gran arbitrariedad a la hora de tramitar este proyecto de ley.
A algunos todavía parece necesario recordar que todos, jueces incluidos, estamos sometidos al imperio de la ley según los artículos 3.1 y 117.1 de la Constitución Española, que la Justicia, tal y como proclama éste último artículo, emana del pueblo, y que conforme a este principio y al propio texto constitucional, la ley la hace la representación popular, es decir, el Parlamento a iniciativa, entre otros, del Ejecutivo.
Por consiguiente, no estamos dispuestos a aceptar que se nos acuse de arbitrariedad a quienes estamos llamados y legitimados para legislar, y menos aún cuando tal acusación no está fundamentada en Derecho y carece del mismo soporte técnico--jurídico exigible. Esto, y no otra cosa, es justamente lo que pasa a nuestro modo de ver con el informe elaborado por el Consejo General del Poder Judicial al anteproyecto de ley.
Como bien apuntan en su voto particular siete vocales del Consejo --y leo textualmente, pues no me resisto a ello--, el informe abunda en exceso en afirmaciones retóricas de escasa significación jurídica, bien deslizándose las

Página 1208


más de las veces por los territorios de la ordenación de significado político de la reforma o la oportunidad de la misma, bien reiterando consideraciones que ya se han efectuado en un momento anterior. Pero en términos estrictamente jurídicos, su argumentación es extraordinariamente débil, exclusivamente preocupada por denostar al anteproyecto y a la decisión política, constitucionalmente legítima, de modificar el régimen de adopción de acuerdos en determinados asuntos. Decisión, que ni en cuanto a su significado político ni a su oportunidad, puede ni debe pronunciarse este Consejo. Debo decirles, señorías, que participo plenamente de esta valoración y de estas palabras. Pero les diré más, les confesaré que si algo me ha reafirmado en la bondad y oportunidad de este proyecto de reforma, ha sido precisamente la lectura del propio informe del Consejo General del Poder Judicial.
No quisiera dejar de poner de manifiesto nuestra posición, igualmente favorable, a las otras dos cuestiones que se contemplan en la reforma y que, en todo caso, han sido menos controvertidas. Por un lado, la modificación del apartado tres del artículo 335 de la Ley Orgánica del Poder Judicial y, en virtud de la cual, los magistrados del Tribunal Supremo no perderán su condición de tales cuando desempeñen o puedan desempeñar la jefatura del servicio de inspección del Consejo General del Poder Judicial, y si el puesto --se añade también esta modificación-- es desempeñado por un magistrado, mientras lo sea tendrá también la consideración de magistrado del Tribunal Supremo. Y por otro lado, la tercera modificación es la adición de un número cinco al artículo 200, por la que los magistrados del Tribunal Supremo jubilados, a fin de aprovechar su experiencia seguirán ejerciendo funciones jurisdiccionales como magistrados eméritos, cuando lo soliciten y reúnan los requisitos que la ley establece.
También quiero dejar constancia de nuestra posición favorable a la introducción en el Congreso de los Diputados de una disposición adicional, por la que se modifica la Ley reguladora del Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal, a fin de aprovechar la experiencia de los fiscales de sala del Tribunal Supremo jubilados, de la misma forma que se hace para los magistrados en el artículo 200, antes referido.
Y para no obviar absolutamente nada, debo indicar también que somos corresponsables de haber incorporado ese punto dos de la disposición final única, por la que se ha dispuesto en el modificado artículo 127, la exigencia antes citada de los tres quintos que será de aplicación a las propuestas de nombramiento para las vacantes anunciadas con anterioridad a la entrada en vigor de dicha modificación, y aún no acordadas.
Termino, señor presidente, con una breve pero igualmente obligada referencia a la forma o procedimiento seguido para la tramitación de la reforma. En este sentido, tan sólo quiero decir tres cosas. Una, que es absolutamente legal y reglamentaria. Nada puede objetarse a la tramitación en lectura única, dado que la misma ha sido acordada por el Pleno de la Cámara, a propuesta de la Mesa y una vez oída la Junta de Portavoces. Y es evidente la simplicidad de su formulación, cuestión distinta es que haya algún grupo al que esta formulación no le guste, pero la simplicidad de la misma no puede ponerse en duda.
Dos, que cualquier otro procedimiento que se hubiera seguido no supondría añadir garantía alguna a la tramitación. No se ha hurtado el debate parlamentario; es más, ha sido doble en el Congreso de los Diputados por razones, ciertamente, no felices y de todos conocidas. Pero ha habido posibilidad de enmendar e introducir modificaciones. De hecho, se han introducido en la Cámara Baja y ha sido posible, aquí sí, presentar propuestas de veto en esta Cámara. Es decir, se ha seguido un procedimiento rápido, sí, pero no exento de garantías y falto de debate.
Ya nos hubiera gustado que se hubiera seguido este procedimiento, por ejemplo, hace tan solo un año, cuando aprovechando el paso por esta Cámara de un proyecto de ley orgánica complementario de la Ley de Arbitraje, se introducía vía enmienda una no menor modificación nada más y nada menos que del Código Penal. Aquello sí que chirriaba, señorías, y no era en lectura única o rápida. Aquello lo fue sin lectura y sin posibilidad de debate y enmienda alguna.
Y tres y último, que no deja de ser curioso --y quiero dejar constancia de ello-- que la mayoría del Consejo General del Poder Judicial haga ver ahora que vela tanto por las formas y garantías procedimentales cuando, en ocasiones anteriores y bien recientes como la apuntada hace un momento encubierta reforma del Código Penal, ha mantenido un clamoroso y cómplice silencio.
Señor presidente, señorías, por todo ello, y tal y como he manifestado al inicio mismo de mi intervención, nuestro grupo parlamentario votará en contra de un veto que el procedimiento seguido ha permitido presentar y defender y dará su sí al texto del proyecto de ley.
Muchas gracias.


El señor PRESIDENTE: Gracias, señoría.
Por el Grupo Parlamentario Entesa Catalana de Progrés, tiene la palabra el senador Bofill.


El señor BOFILL ABELLO: (El señor Bofill Abelló pronuncia palabras en catalán, que se reproducen según el texto que facilita a la Redacción del «Diario de Sesiones».) «Gràcies senyor president, senyories.
En aquesta última sessió de 2004, alhora que els desitjo unes felices festes i un bon 2005, permetin-me que els recordi que per a aquest any vinent tenim pendent l'assignatura de l'ús normal en aquesta Cambra de les llengües oficials en alguna comunitat autònoma.» He dicho: En esta última sesión de 2004, al mismo tiempo que les deseo unas felices fiestas y un buen 2005, permítanme que les recuerde que para este próximo año tenemos pendiente la asignatura del uso normal en esta Cámara de las lenguas oficiales en alguna comunidad autónoma. Estoy convencido de que encontraremos entre todos fórmulas de consenso que lo harán posible: «Parlant, la gent s'entén.» Entrando en el debate de hoy, les diré que será una gran satisfacción para nuestro grupo poder votar a favor de una modificación de la Ley Orgánica del Poder Judicial justamente destinada a reforzar el consenso, a favorecer los

Página 1209


acuerdos amplios y representativos, transversales dentro de los distintos sectores sociales e ideológicos, en la toma de algunas decisiones fundamentales para el buen funcionamiento de los altos tribunales y fundamentales para que los ciudadanos puedan confiar en su ecuanimidad.
Queremos, todos, al menos es lo que suponemos, un poder judicial independiente y un poder judicial democrático acorde con la sociedad democrática y plural en la que se reconoce la inmensa mayoría de los ciudadanos del Estado español. La expresión democrática de estos ciudadanos reside en los parlamentos de las comunidades autónomas y en estas Cortes Generales. Es desde esta representación democrática, lógicamente, de donde debe salir el gobierno del poder judicial, y en este sentido el Consejo General del Poder Judicial es un órgano político, pero a la vez es necesario que no funcione como una instancia política más, sometida al vaivén de la confrontación de los partidos políticos porque para eso ya está el Parlamento.
Cuando hablamos de justicia hablamos de democracia, pero también de independencia, de ecuanimidad y de capacidad y conocimiento jurídico. El Tribunal Supremo y los tribunales superiores de Justicia, como el Tribunal Constitucional, como últimas instancias, deben conformarse al máximo posible con esas exigencias. Es evidente que el nombramiento de sus miembros por una mayoría cualificada del Consejo General del Poder Judicial va a reforzar el consenso, va a favorecer que, por encima de las simpatías o antipatías personales, políticas o ideológicas, prime en todos los casos el mérito, la capacidad y la independencia y, al menos en el peor de los casos, si se reproducen los nombramientos mecánicamente en la correlación de sensibilidades que haya dentro del Consejo General del Poder Judicial, no solo estará representada la mayoría sino también las sensibilidades minoritarias.
La verdad es que cuesta entender la oposición del Grupo Parlamentario Popular a esta reforma, que tiene el aval de todos, absolutamente de todos los grupos. Me parece una posición encastillada en un cierto privilegio dada la actual mayoría de sensibilidad conservadora en el Consejo General del Poder Judicial, sensibilidad conservadora correlativa a la lentitud de la profundización de la reforma democrática y la modernización del Poder Judicial si la comparamos con los cambios experimentados durante treinta años en la estructura y funcionamiento del poder legislativo y del poder ejecutivo.
Cuando sus posiciones ideológicas, señores del Grupo Parlamentario Popular, no tengan la preeminencia que tienen aún en el Consejo General, como no las tienen ya ahora en la sociedad, seguramente les gustará la reforma que hoy votamos. La votamos convencidos de que el ciudadano de a pie prefiere mil veces más que sus asuntos sean juzgados en última instancia por un tribunal con la mayor competencia técnico-jurídica, constituido democráticamente a partir del consenso o, al menos, con pluralidad de sensibilidades.
La propia Ley Orgánica 2/2001, de 28 de junio, sobre composición del Consejo General del Poder Judicial, ya señala claramente en su exposición de motivos que la modernización de la Justicia que demanda la sociedad española debe cimentarse en el consenso, consenso que asegure que el Poder Judicial actúa como poder independiente, unitario e integrado, regido por una coherencia institucional comúnmente aceptada que le permita desarrollar con la máxima eficacia sus funciones constitucionales.
La reforma planteada va en esta misma dirección. Quedan, sin embargo, otras reformas pendientes, de mayor calado, como se reconoce explícitamente en la exposición de motivos del proyecto de ley que hoy debatimos. En este sentido, creemos que debates como el de hoy, con un procedimiento de lectura única, han de ser muy excepcionales, porque no favorecen este necesario debate más amplio.
Permítanme que me refiera muy brevemente a estas reformas pendientes en el Poder Judicial que han de comprender necesariamente nuevos elementos que garanticen la neutralidad política y la independencia del Consejo General, al tiempo que ajusten su estructura a los requerimientos de un Estado compuesto como es el Estado español.
Todavía el Estado español posee una estructura judicial propia de un país unitario centralizado, como puede ser el Estado francés, y dista mucho de poseer una estructura de su Administración de Justicia como la de los Estados compuestos, en sus distintas configuraciones, véase República Federal Alemana, Bélgica, Canadá, Estados Unidos, etcétera.
Como señalaba un destacado miembro del propio Consejo General del Poder Judicial, es una asignatura pendiente que el Poder Judicial se amolde a la España plural de la Constitución. Hay que desdramatizar, decía, su descentralización.
Es necesario --decía-- que los tribunales superiores de las comunidades autónomas asuman su papel de órgano supremo dentro de la estructura judicial española, sin perjuicio de la labor del Supremo como unificador de doctrina. Proponía también crear consejos en cada autonomía o, si los nombres asustan --decía--, salas de gobierno reforzadas. Se mostraba partidario de reducir la dependencia con respecto al Ministerio de Justicia y propugnaba con el mayor conocimiento posible que los jueces ejercieran con el mayor conocimiento posible de la lengua y el Derecho propio del territorio.
En ese camino de democratización y adaptación a un Estado compuesto, plural, déjenme que insista --y termino-- en la necesidad de abordar la descentralización territorial del Consejo General del Poder Judicial.
Esta descentralización debería hacerse estableciendo en casos como el de Cataluña un consejo autonómico o territorial que ejerciera competencias delegadas del Consejo General y en el nombramiento de cuyos miembros participara el gobierno autonómico. Tendremos ocasión de hablar de ello, pero es bueno que estas ideas se vayan abriendo camino.
«Gràcies, senyor president. Bones festes a tots.» Felices fiestas a todos y espero que los Reyes Magos oigan los ruegos de mi grupo y de los que nos votaron y nos traigan para este año que viene un Senado respetuoso con la pluralidad lingüística. Por lo menos --se lo aseguro--, brindaremos con cava catalán y con vino manchego para que así sea.
Gracias.


Página 1210


El señor PRESIDENTE: Gracias, señoría.
Por el Grupo Parlamentario Socialista, tiene la palabra el senador Díaz Tejera.


El señor DIAZ TEJERA: Gracias, señor presidente.
Señoría, continúo con la parte de la intervención que antes no pude terminar porque ya no tenía tiempo para hacerlo, relativa a la independencia judicial.
Creo que es un concepto que requiere suficiente análisis para saber qué sentido tiene hablar de esto en este debate; en términos canarios, fuerte guineo, cristiano, estar hablando de una materia absolutamente ajena a esta que hoy nos concierne. La independencia de cada juez, de cada magistrado en el momento de dictar sentencia tiene garantías institucionales y garantías personales. A las garantías institucionales aluden los artículos 117 y 122 de la Constitución.
Ya había una Ley Orgánica del Poder Judicial en 1870. Además de los debates a los que antes me he referido hay textos del señor Cavero y, más tardío, un magnífico texto de don Landelino Lavilla Alsina, desde la Secretaría del Ministerio de Justicia, donde trataba de la relevancia de la independencia judicial y de las condiciones que la hacen posible. Me remito a estos dos ministros y he hecho un esfuerzo por limitarme sólo a citar ministros con esta orientación ideológica porque ha sido un elemento común el uso del concepto del servicio público de justicia, y aludo exactamente a esa expresión del señor Cavero, según consta en el «Diario de Sesiones» del Congreso de los Diputados del año 1979 cuando se discutía la Ley Orgánica del Poder Judicial; garantías institucionales y garantías personales, garantías relativas a la inamovilidad en el desempeño de la función, garantías respecto a las prohibiciones e incompatibilidades que tiene el juez mientras desempeña esa función, garantías, incluso, respecto a la prohibición de no recibir instrucciones ni órdenes de otra instancia ajena a los propios códigos, a la propia ley, al propio Derecho, hasta el punto de que las únicas materias a ser resididas por parte de juez proveniente de otros órganos juridisccionales son las provenientes del sistema de recursos en términos jurisdiccionales; otra cosa son los plenos del Supremo cuando son plenos no jurisdiccionales para fijar criterios, por ejemplo, sobre conceptos como, cuando la cantidad de drogas es notoria, qué cantidad se entiende que es así, qué grado de pureza, etcétera, pero en término jurisdiccional, insisto, la única posibilidad es a través del sistema de recursos fijados en nuestro ordenamiento, que establece que quien debe velar por la independencia judicial es el Ministerio fiscal, es una función inherente al desempeño de este ministerio velar por la independencia del poder judicial. Insisto en que no sólo es una independencia «ad extra» del propio juez en el desempeño de la función, sino «ad intra» del propio poder judicial y con respecto a sus propios códigos de valores, códigos morales, códigos ideológicos o códigos políticos y de ahí que las resoluciones judiciales tanto sentencias, autos, como providencias están absolutamente controladas no sólo por los profesionales que intervienen en esa causa, procuradores, abogados, fiscales, sino por el sistema de recursos previstos en nuestro ordenamiento. No hay profesional en ningún ámbito que tenga mayores sistemas de control que los jueces en España, no hay mayor sistema de control por integrantes del mismo poder judicial; si es un órgano unipersonal, los supervisa un órgano colegiado, o si es un órgano colegiado, lo supervisa y decide si revoca la sentencia o la mantiene, si es conforme a Derecho, otro órgano colegiado.
En España el problema de la justicia no es la independencia judicial, que está debidamente garantizada por la Constitución, por la Ley Orgánica del Poder Judicial y por el órgano de gobierno del Poder Judicial. Piensen ustedes que en las sentencias el Tribunal Constitucional nunca usa la expresión órganos de autogobierno, sino la expresión órgano de Gobierno del Poder Judicial. Hay una magnífica monografía del señor don Juan Antonio Xiol donde analiza precisamente esa especie de reticencia del Tribunal Constitucional a usar esa expresión.
Hace pocos días, los días 16 y 17, en el Consejo General del Poder Judicial hubo unas jornadas de debate sobre los consejos generales del Poder Judicial, con las experiencias portuguesa e italiana. Ahora mismo hay una red de consejos generales de poderes judiciales, 14, es decir, hay 14 países miembros de esa red de consejos generales de Poder Judicial y hay también otros 14 países que no son integrantes de la red, pero son observadores de dicho Consejo General del Poder Judicial. Los métodos de elección son muy diversos; hay supuestos en que el presidente de la República designa una parte muy numerosa del consejo, incluso preside el consejo; hay otros supuestos, como el nuestro. Son muchos los modelos, muchas las posibilidades que se plantean en el panorama del Derecho Comparado. Como ejemplo, les citaré que la mayor preocupación que se tiene en la actualidad no es tanto unificar, homogeneizar, uniformizar los criterios de elección de los consejos, ya que ese no es el debate.
Los consejos generales del Poder Judicial no están debatiendo su sistema de elección ni su sistema de composición. Lo que están debatiendo, sobre todo, son los estatutos de funcionamiento que garanticen, a través de la supervisión que realizan con los servicios de inspección, que el servicio público de la Justicia sea un servicio público eficaz y eficiente, que no sea una Justicia lenta porque si es lenta es ineficaz, si es lenta es injusta, que garanticen buscar una Justicia moderna, una Justicia de calidad.
Hoy hay un editorial en un periódico de tirada nacional alusiva a la necesidad de que el propio sistema civil funcione con suficiente fluidez porque en gran parte de las demandas --algún autor dice que el 80 por ciento de las demandas en el ámbito civil-- se estima al demandante porque tiene que ver con los incumplimientos de contrato en el ámbito de la economía, en el ámbito de las transacciones del flujo comercial. Y es muy relevante que en general funcione ese pilar del Estado de Derecho. Ya George Washington aludía a la necesidad de que funcione el Poder Judicial como garantía de un buen Gobierno y algún autor ya español alude a que es una de las mejores conquistas de la civilización humana el hecho de contar con un Poder Judicial independiente.


Página 1211


La obsesión de estos consejos generales del poder judicial es que sus integrantes actúan como árbitros de las garantías de las reglas del juego. Ese es el debate. ¿Cómo garantizar las reglas del juego? ¿Cómo hacer que sea independiente de manera permanente y no sólo en su ejercicio, sino también en su origen? En esta red de consejos --insisto-- la preocupación es su funcionamiento, su trabajo, no tanto los sistemas de elección. Al menos aquí en España, con la expresión que usé antes de «poder judicial» y «servicio público» de un lado y, de otro lado, «elección parlamentaria de base corporativa» en 12 de ellos porque se eligen de entre las propuestas que hacen para las asociaciones judiciales, se ha avanzado bastante.
Fíjense ustedes que en la práctica real la obsesión que tiene el Tribunal Constitucional en una sentencia, la 108/1986, en su fundamento jurídico número 13, alude a la necesidad de dejar al Poder Judicial fuera de la pugna partidaria. Alude a la necesidad de que la pugna partidaria tiene otros ámbitos para el debate, pero que el Poder Judicial debe estar ajeno a tal pugna partidaria.
En cumplimiento de esta sentencia 108/1986, fundamento jurídico 13, va esta propuesta de hoy porque con ella lo estamos alejando del control de alguna de las mayorías minoritarias porque al establecer tres quintos estamos adoptando criterios en que necesaria e imperativamente obtener 13 votos de 21 exige dialogar. Y ahí hilvano con la reflexión que se hacía antes en torno al principio de mérito y capacidad. La mejor manera de subrayar que el mérito y la capacidad primen en el momento de los nombramientos es que no impere ninguna práctica sectaria de integrante de una secta, aquello de si eres amigo eres bueno y si no eres amigo eres malo. Evaluemos los méritos. Evaluemos las capacidades y la única forma de hacerlo es objetivando algunos de los méritos y capacidades de un lado y luego dialogando.
Si por el contrario al hacer algún nombramiento --y no voy a precisar qué presidente de qué sala o de qué órgano jurisdiccional en España-- nos encontramos con que el más joven en el escalafón, el que tiene menos publicaciones, menos doctorados, menos méritos, es precisamente el que es nombrado presidente de esa sala, mientras que uno de los candidatos --no voy a decir cuál-- es más antiguo en el escalafón, tiene más méritos, más publicaciones, más doctorados, más reconocimiento, es el que es excluido por razones ajenas al mérito y la capacidad, esto debe ser un motivo suficiente de reflexión.
La propuesta genera diálogo. Obliga al consenso. Creo que es bueno subrayar que todo lo que sea practicar el consenso es bueno para todos y para todas. Si nos metemos en el terreno de las ciencias ocultas, en el terreno de las escuelas psicológicas, en el terreno del psicoanálisis, de la proyección psicoanalítica o en el autorretrato se podría decir que si unos lo que quieren es controlar, igual la oposición de otros es porque son ellos los que quieren controlar.
El argumento de fondo es: pongamos los mecanismos para que nadie pueda controlar y para que los magistrados del Supremo no estén siendo deudores de ningún grupo concreto, de ninguno en absoluto.
Yo aquí en la tarde de hoy no cuestiono ningún nombramiento hecho por el Consejo hacia atrás en el tiempo, tampoco cuestiono ningún nombramiento hacia adelante en el tiempo; ni hacia atrás ni hacia adelante, los nombramientos están hechos y están realizando su función y el control sobre sus decisiones lo hacen los tribunales por la vía de los recursos y la opinión pública por la crítica absolutamente legítima a todas las sentencias y resoluciones judiciales. Hacia adelante en el tiempo es bueno establecer mecanismos que garanticen pluralismo, porque así es la realidad de los pueblos de España, y que garantice pluralismo también en el momento de la elección. Avanzamos en el principio de mérito y capacidad, y eso, insisto, es bueno subrayarlo y premiarlo.
Permítanme un pequeño comentario. En términos racionales, la oposición es de tipo jurídico alusivo a los artículos 122 y 9.3 de la Constitución. El 122 cuestionando que la Cámara pueda reformar la Ley Orgánica del Poder Judicial. Eso técnicamente no se sostiene, porque el artículo 122 establece que son las Cortes las que pueden hacer las leyes orgánicas, luego me parece que es un argumento carente de fundamento.
El segundo, que es el artículo 9.3, se refiere a la interdicción de la arbitrariedad de los poderes públicos. De las 40 páginas, del voto de la mayoría del Consejo, sólo dos son de tipo jurídico, las otras son de tipo político, no de tipo jurídico; de tipo jurídico es lo relativo a los artículos 122 y 9.3. Pero hay otro razonamiento: se dice tres quintos sólo «ad extra», para instituciones especialmente relevantes. Falso, también es «ad intra», artículos 110.4 y 119.4 que establece esa Ley Orgánica del Poder Judicial, que los reglamentos de organización, de funcionamiento y de personal del Consejo General del Poder Judicial exige mayoría de tres quintos, luego es falso decir que se pide tres quintos sólo para lo que antes he dicho respecto a los dos magistrados del Tribunal Constitucional o respecto a la elección del presidente o vicepresidente del Consejo General del Poder Judicial. También estos reglamentos que les acabo de decir exigen mayoría de tres quintos.


El señor PRESIDENTE: Señoría, le ruego vaya terminando.


El señor DIAZ TEJERA: Gracias, señor presidente.
En terreno de las ciencias ocultas, del psicoanálisis o de las teorías conductivistas o cognitivistas --yo no soy conocedor de tales materias-- no las desarrollo, sólo hablo de las materias pertenecientes al mundo de los vivos, que es lo que he tratado de analizar.
Acabo. Hoy es el día de la Lotería Nacional. Si alguno se ha ganado algo, mi enhorabuena, pero, usando un símil, hacia atrás en estos últimos tres años, la Lotería, el Gordo y los pellizcos siempre les ha tocado a los mismos. Se trata de que a partir de ahora no sea así, sea una fórmula plural y que en función de ese consenso y de esa mayoría de tres quintos puedan ser elegidos unos y otros provenientes de unos u otros criterios.
(Rumores.)

Página 1212


El señor PRESIDENTE: Señoría, ruego termine.


El señor DIAZ TEJERA: Quiero agradecer las tarjetas de felicitación que han mandado algunas de sus señorías con diversidad ideológica en esta Cámara.
Finalizo con una expresión de un querido amigo, llamado Victoriano Ríos, que fue senador en esta Cámara, no es del Partido Socialista canario, sino de Coalición Canaria, en una felicitación en la que desea que la luz canaria nos ilumine en el 2005. Feliz año para todos y para todas.
(Aplausos).


El señor PRESIDENTE: Por el Grupo Parlamentario Popular, tiene la palabra el senador Conde.


El señor CONDE BAJEN: Con la venia, señor presidente.
Subo en turno de portavoces a contestar a algunas de las cuestiones que aquí se han dicho. La primera, que me parece muy grave, es la que acaba de comentar el senador Díaz. Cuando ha dicho que hasta ahora la «Lotería» y el «Gordo» le tocaba siempre a los mismos, se refería a los nombramientos del Consejo, y ha dicho que a partir de ahora le tenía que tocar a más gente, a otros.
Decía también, sin querer descalificar ningún nombramiento, que se tomaron decisiones en torno a personas en la carrera judicial que estaban muy por debajo en el escalafón de otros, poniendo así en duda la legitimidad de los nombramientos.
Señorías, en esta Cámara todos podríamos tener el derecho de poner en duda la legitimidad de algún nombramiento del Consejo. Todos, menos uno: el señor Díaz. Porque el señor Díaz fue nombrado juez por el tercer turno por el Consejo General del Poder Judicial cuando lo que hoy es minoría era mayoría, con lo cual desde luego a mí el «Gordo» no me tocó, pero a usted de momento le tocó una plaza de juez. Mire usted por donde, señor Díaz, de momento. (Aplausos en los escaños del Grupo Parlamentario Popular.) Eso, para poner en duda la legitimidad de los nombramientos.
Señorías, no se puede poner en duda la legitimidad de los nombramientos del Consejo sólo por el hecho de que una minoría haya sido derrotada.
Me voy a permitir leer algunas frases. La primera es del presidente del Congreso de los Diputados. Dijo así hace sólo unos días: Las decisiones, tanto en la Mesa como en la Junta de Portavoces, han sido tomadas por mayoría, pero en el Parlamento o en cualquier otra institución no se puede pretender que cuando se toma una decisión por mayoría, a partir de ese momento, esté viciada de nulidad. Lo decía el señor Marín para justificar la decisión legítima de la mayoría. Esto vale cuando gana el PSOE, pero, por lo visto, no vale cuando pierde. Si el PSOE se queda en minoría y pierde, ¿qué ha de hacer? Modificar las reglas para no perder las votaciones. Porque aquí hay una dualidad argumental. Las normas siempre son legítimas en tanto en cuanto beneficien al Partido Socialista y si las normas establecidas no benefician al Partido Socialista se cambian. Se arrasa con ellas. Siempre para obtener el beneficio del Partido Socialista. Cuando son minoría ha de respetarse siempre el derecho de la minoría y cuando son mayoría no es necesario tener en cuenta a las minorías porque ya está esa mayoría legitimada socialmente para hacer de su capricho un acto.
Esto es lo que está sucediendo. Y esto es lo que se oculta tras esta reforma de la Ley Orgánica del Poder Judicial, y no otra cosa. Porque, señorías, el Gobierno del señor Zapatero entiende que el nombramiento de los jueces es una cuestión política. El Gobierno socialista entiende que designar jueces del Tribunal Supremo es una cuestión política. La afirmación es grave, dirá alguna de sus señorías. ¿En qué puede sustentarse semejante barbaridad? Pues nada más y nada menos que en las palabras del propio ministro de Justicia. El ministro de Justicia ha dicho lo siguiente: el modo en el que se conforma un órgano de justicia, como es el Supremo, es una decisión de política judicial. Es una cuestión política. «Diario de Sesiones» número 81, página 30. El Grupo Parlamentario Popular discrepa tajantemente de esta opinión. La designación de magistrados del Tribunal Supremo no es una cuestión política. Es una cuestión de estricta selección profesional. Es una estricta cuestión de mérito y de capacidad. (Aplausos en los escaños del Grupo Parlamentario Popular.--Rumores.) Podrán sus señorías negar con la cabeza cuanto quieran. Pero no hay nadie del Partido Popular que tenga escrita una barbaridad semejante en el «Diario de Sesiones». (Aplausos en los escaños del Grupo Parlamentario Popular.) Para nosotros no es una cuestión política. Es una cuestión estrictamente profesional. Y este establecimiento de la mayoría de los tres quintos, insisto, lo único que oculta es la voluntad decidida del Partido Socialista de constituir su grupo, socialista como lo designó el ministro. Alguien dirá: ¿cómo va a decir el ministro que el grupo minoritario en el Consejo es el Grupo Socialista? Muy sencillo. Lo ha dicho y figura en el «Diario de Sesiones» número 81, página 22: Y es evidente que el Grupo Parlamentario Socialista no puede resolver nada por sí solo. No podría hacerlo ahora con mayoría simple y menos aún con mayoría de tres quintos. Grupo Parlamentario Socialista. El grupo minoritario en el consejo.
Como no quieren que ese Grupo Socialista pierda las votaciones modifican la ley para establecer una mayoría de tres quintos que les convierta en minoría de bloqueo. ¿Qué se exige con esto, señorías? La unanimidad.
Pero, ¿qué opina el Gobierno del señor Zapatero sobre la unanimidad? Es muy fácil. El señor ministro dice: el pluralismo no es un mal en defecto de una imposible unanimidad, que sería lo deseable. No es así. Es un valor superior. No es un mal que haya que manejar porque lo ideal sería la unanimidad. Ya lo dice el señor ministro: Lo ideal no es la unanimidad, lo bueno es el pluralismo, el juego de mayorías y minorías.
¿Pero qué dice la exposición de motivos de la ley? Dice: A tal fin, el incremento de la mayoría necesaria para los nombramientos estimulará así una tendencia hacia la unanimidad. ¿Se dan cuenta, señorías, de que ni siquiera el propio Gobierno se pone de acuerdo consigo mismo en estas cuestiones? Y no es novedad. No es la primera vez que nos dicen una cosa y simultáneamente la contraria.


Página 1213


Para el señor ministro de Justicia, el pluralismo, la divergencia, el juego de mayorías y minorías es un valor constitucional, es un valor superior de la Constitución, pero para la exposición de motivos de la ley lo que se pretende es el establecimiento de la unanimidad, y lo hace, además, de un modo impúdico, porque exigir la unanimidad para el funcionamiento ordinario de un órgano constitucional es hacer que ese órgano pueda no llegar a funcionar.
Señorías, ¿cuál es la urgencia en la tramitación de este proyecto de ley? Si tan bondadoso es el proyecto de ley, ¿por qué no se tramita con normalidad? ¿Por qué no se permite la presentación de enmiendas? ¿Por qué se nos está urgiendo hasta tal punto que se están conculcando derechos fundamentales, como es el artículo 23 de la Constitución, en relación con los senadores del Grupo Parlamentario Popular? Por una sencilla razón: porque hay que llegar a tiempo para impedir que se nombren magistrados del Supremo el día 1 de enero si esos magistrados no resultan ser del gusto del Partido Socialista. Esa es la única verdad.
Para eso se establece un procedimiento que es absolutamente ajeno a todos los planteamientos políticos del propio Partido Socialista. Si tan importante era esto, ¿por qué no lo hizo valer su grupo cuando se hizo el Pacto por la Justicia? Recordarán ustedes que cuando se hizo el Pacto por la Justicia, una de las cuestiones que se incluyeron fue una modificación de las normas de elección de los vocales. ¿Dijo algo el Grupo Parlamentario Socialista al respecto de esta circunstancia? No. ¿Había algo en el programa electoral del Partido Socialista sobre la modificación del sistema de nombramiento de los jueces? Tampoco. ¿Dijo algo el señor Zapatero en su debate de investidura sobre la necesidad de modificar este sistema? Tampoco. (Varias señoras y señores senadores del Grupo Parlamentario Popular: Tampoco). ¿Dijo el señor ministro de Justicia cuando compareció en esta Cámara algo en relación con la modificación del sistema de designación de jueces? Tampoco. (Varias señoras y señores senadores del Grupo Parlamentario Popular: Tampoco.) Simplemente es que hay urgencia por llegar al 1 de enero. Es un proyecto de ley no constructivo, sino reactivo frente a aquello que considera intolerable el Partido Socialista. ¿Y qué es eso intolerable? Que cuando son minoría pierden, como en todo sistema democrático, y quieren ganar siempre, aún siendo minoría y aún arramblando con las mayorías legítimas constituidas en los órganos constitucionales. (Aplausos en los escaños del Grupo Parlamentario Popular.) El señor ministro de Justicia pone como ejemplo una reforma intolerable que hizo el Partido Popular cuando era mayoritario, la reforma del artículo 137 de la Ley Orgánica del Poder Judicial. ¿En qué consistía esa reforma? Simplemente --y voy a leerlo-- en lo siguiente: Sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 129 y concordantes de esta ley, en caso de no poder adoptarse acuerdos por falta de número de miembros para constituir el órgano, podrá efectuarse una segunda convocatoria en la que bastará la mayoría necesaria para la constitución de los órganos colegiados en la legislación común del régimen jurídico de las administraciones públicas. En román paladino, que si no se reunían los tres quintos de los miembros del Consejo para constituirse en primera convocatoria, pudieran constituirse con mayoría suficiente en una segunda convocatoria. ¿Es esto una barbaridad? Pues no lo era, por varias razones. La primera, porque el Consejo General del Poder Judicial vivió una situación de extraordinaria gravedad a primeros de los años noventa, donde estuvo a punto de quedar absolutamente bloqueado porque dimitieron como vocales del Consejo el señor Belloch y la señora María Teresa Fernández de la Vega, porque falleció algún otro vocal del Consejo y porque el Consejo estuvo al borde de no poder tomar decisiones sobre cómo cubrir vacantes judiciales que tenían que ser resueltas.
Es más, ante la amenaza no disimulada por parte de algunos de poder bloquear el órgano, había que tomar algún tipo de decisión. Pero lo sorprendente, señorías, es que esta reforma del artículo 137 que hoy le parece tan intolerable al ministro resulta que pasó por esta Cámara y pasó por el Congreso sin que el Partido Socialista hiciese la más mínima objeción a la misma. No hay una sola línea, señor ministro de Justicia, señorías del Grupo Parlamentario Socialista, ni en el «Diario de Sesiones» de esta Cámara ni en el del Congreso de los Diputados donde ustedes manifiesten la más mínima oposición a la modificación de ese artículo 137 y en aquel momento, señor López Aguilar, usted era el portavoz de Justicia de su grupo, podría haber tenido algo que decir y no dijo nada. ¡A lo mejor también estaba descansando, después de grandes fatigas, como el señor Zapatero! (Protestas en los escaños del Grupo Parlamentario Socialista y aplausos en los escaños del grupo Parlamentario Popular.) Pero estoy convencido, conociéndole a usted, que no era su caso.
Usted no dijo nada entonces porque no había nada que decir y sobre todo, señorías, si tan grave es esto del artículo 137, si el Partido Socialista ha venido aquí a poner las cosas en su sitio ¿dónde está la contrarreforma del artículo 137 en este proyecto de ley? Señor ministro, si tan mala es esa reforma del artículo 137 ¿por qué no la han traído, una vez que están modificando la Ley Orgánica del Poder Judicial? Porque en el fondo esta es otra parte de la hojarasca, del engaño, del artificio con el que pretende revestirse de legitimidad una reforma legal que es en sus propios términos, en su procedimiento, en su fundamento y en su justificación absolutamente impropia de un sistema democrático que quiera llamarse tal y que diga respetar los derechos de las minorías.
El sistema de elección por mayorías de tres quintos, señorías, es un absurdo, salvo que se pretenda con él constituir una minoría de bloqueo.
¿Por qué digo esto? Porque las mayorías de tres quintos en nuestro sistema legal son exigidas para la integración de los órganos constitucionales. Nosotros hemos de nombrar magistrados del Tribunal Constitucional por mayorías de tres quintos porque integramos un órgano constitucional. Nosotros hemos de nombrar vocales del Consejo por mayorías de tres quintos porque integramos un órgano constitucional. Sin embargo, en las decisiones propias, «ad intra» de cada órgano, las decisiones se toman por mayorías y minorías. ¿Por qué mayoría

Página 1214


se elige al presidente de esta Cámara y a los miembros de la Mesa? Por mayoría absoluta o mayoría simple, no se exige una mayoría cualificada.
¿Por qué mayoría se elige al presidente del Gobierno? ¿Por mayoría de tres quintos? No, señores, por mayoría simple o mayoría absoluta.¿Por qué mayoría se elige al presidente del Tribunal Constitucional por los propios magistrados del Constitucional? ¿Por mayoría de tres quintos? Tampoco, por mayoría simple o mayoría absoluta,según los casos.
Luego vemos cómo la práctica legislativa, las normas vigentes en el ordenamiento jurídico español establecen que las mayorías cualificadas tan cualificadas pueden ser exigibles para la integración de los órganos pero no para las decisiones internas de los propios órganos. Y es una decisión interna del propio órgano del Consejo General del Poder Judicial, es una decisión ordinaria del Consejo General del Poder Judicial la provisión de plazas en juzgados y tribunales en España. Y, por tanto, la provisión de plazas de magistrados del Tribunal Supremo no es la integración de un órgano constitucional, es una decisión ordinaria del Consejo.
Pero volvamos por pasiva el argumento. Si tan necesaria es la mayoría de tres quintos, ¿por qué la limita el Partido Socialista sólo a magistrados del Supremo o presidentes de tribunales superiores de Justicia? ¿Por qué no la extiende a presidentes de audiencias provinciales? ¿Por qué no toma decisiones similares, por ejemplo, para aprobar las leyes orgánicas ahora que quieren meterse en reformas de la Constitución? ¿No es tan importante el consenso? Y qué pasa, ¿que no es importante la decisión de esta Cámara soberana y no sería necesario establecer una mayoría más cualificada? Señorías, como ven, no existen argumentos sólidos que jurídicamente se sostengan por sí solos en cuanto a la necesidad de establecer nombramientos por mayoría de tres quintos. Frente a la hojarasca del talante y del consenso y del diálogo lo único que se esconde es la pretensión deliberada del Partido Socialista y de Zapatero de arramblar con cualquier órgano de poder que exista en España. (Aplausos en los escaños del Grupo Parlamentario Popular y silbidos en los escaños del Grupo Parlamentario Socialista.)

El señor PRESIDENTE: Señorías, guarden silencio.
Señoría, termine.


El señor CONDE BAJEN: Voy terminando, señor presidente.
Y esto, señorías, lo podrán hacer ustedes hoy porque son más. (Varios señores senadores del Grupo Parlamentario Socialista: Sí.), pero no van a conseguir callar la voz del Grupo Parlamentario Popular. (Varios señores senadores del Grupo Parlamentario Socialista: No.) No, no lo van a conseguir. Y podrán decir que estamos solos. (Varios señores senadores del Grupo Parlamentario Socialista: Sí.) Estamos solos, somos 126 senadores y estamos absolutamente solos 126. (Varios señores senadores del Grupo Parlamentario Socialista: Sí.) Y representamos en mi partido a 148 diputados y también estamos solos. (Varios señores senadores del Grupo Parlamentario Socialista: Sí.) Y representamos a 10 millones de españoles y, por lo visto, estamos solos. (Varios señores senadores del Grupo Parlamentario Socialista: Sí.) Pues ustedes, señores socialistas, podrían elegir estar solos o en compañía de Llamazares y Carod Rovira, y para esas compañías yo prefiero estar solo. (Grandes y prolongados aplausos en los escaños del Grupo Parlamentario Popular.--Protestas y silbidos en los escaños del Grupo Parlamentario Socialista.)

El señor PRESIDENTE: Gracias, señoría. (El señor Díaz Tejera pide la palabra.) Entiendo que por alusiones pide la palabra su señoría.
(Asentimiento.) Tiene treinta segundos, señoría.


El señor DIAZ TEJERA: Muchas gracias, señor presidente.
No es tanto por el honor de quien habla, sino por el de los integrantes del tribunal que me examinó, presidido por don Rafael de Mendizábal Allende, número uno de la carrera judicial y magistrado del Tribunal Constitucional, que más votos ha tenido en toda la historia de España, y como quiera que, si se cuestiona el honor y la objetividad de los integrantes de un tribunal al que yo he conocido y con el que pasé esas pruebas, me siento afectado, he pedido la palabra.
En cualquiera de los casos, el turno de juristas de reconocida competencia es tan honorable que el presidente del Tribunal Supremo y del Consejo General del Poder Judicial lo es a partir de la superación de las pruebas por ese mismo turno.
Nada más y muchas gracias. (Aplausos en los escaños del Grupo Parlamentario Socialista.)

El señor PRESIDENTE: Gracias, señorías. (El señor Conde Bajén pide la palabra.--Protestas en los escaños del Grupo Parlamentario Socialista.) Tiene treinta segundos, señoría. (Se repiten las protestas en los escaños del Grupo Parlamentario Socialista.--Rumores.) Ruego silencio, señorías.
(Pausa.) Señoría, ¿a qué efectos me ha pedido la palabra?

El señor CONDE BAJEN: A efectos de responder... (Protestas en los escaños del Grupo Parlamentario Socialista.--Rumores.)

El señor PRESIDENTE: Señoría, a efectos de responder, no. Si ha habido una alusión muy clara por parte del portavoz del Grupo Parlamentario Socialista, si se le ha aludido, tiene su señoría la palabra; de lo contrario, no procede.


El señor CONDE BAJEN. Se lo aclaro, señor presidente. Se ha dicho por parte del señor Díaz que... (Protestas en los escaños del Grupo Parlamentario Socialista.) yo he puesto en duda la honorabilidad de un tribunal, y quiero aclarar esa circunstancia.


El señor PRESIDENTE: Tiene la palabra, señoría.


Página 1215


El señor CONDE BAJEN. Gracias, señor presidente.
Señor Díaz, en modo alguno he puesto yo en duda la credibilidad ni honorabilidad de ningún tribunal; lo que usted ha dicho, señor Díaz, en su anterior turno de palabra, es que hasta ahora a algunos les había tocado el «gordo», y a partir de ahora le tenía que tocar a todos. Y lo que yo he dicho --y sostengo-- es que si alguien en esta Cámara puede decir que le ha tocado el gordo de las decisiones del Consejo es precisamente su señoría. (Aplausos en los escaños del Grupo Parlamentario Popular.--Protestas en los escaños del Grupo Parlamentario Socialista.)

El señor PRESIDENTE: Señorías, vamos a proceder a la votación de la propuesta de veto presentada por el Grupo Parlamentario Popular en el Senado.
Se inicia la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos emitidos, 257; a favor, 126; en contra, 131.


El señor PRESIDENTE: Queda rechazada la propuesta de veto.
Votamos ahora el proyecto de ley orgánica.
Se inicia la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos emitidos, 257; a favor, 131; en contra, 126.


El señor PRESIDENTE: Por tanto, señorías, queda aprobada la ley orgánica.
(Grandes y prolongados aplausos en los escaños del Grupo Parlamentario Socialista.) En consecuencia, queda aprobado definitivamente por las Cortes Generales el proyecto de ley orgánica por la que se modifica la Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial.
Gracias, señorías.


DICTAMENES DE COMISIONES SOBRE PROYECTOS Y PROPOSICIONES DE LEY REMITIDOS POR EL CONGRESO DE LOS DIPUTADOS:

--DE LA COMISION DE ECONOMIA Y HACIENDA EN RELACION CON EL PROYECTO DE LEY DE MODIFICACION DE TASAS Y DE BENEFICIOS FISCALES DE ACONTECIMIENTOS DE EXCEPCIONAL INTERES PUBLICO. SE TRAMITA POR EL PROCEDIMIENTO DE URGENCIA (S. 621/000006) (C. D. 121/000011).


El señor PRESIDENTE: Señorías, entramos en el punto tercero del orden del día: Dictámenes de comisiones sobre proyectos y proposiciones de ley remitidos por el Congreso de los Diputados. De la Comisión de Economía y Hacienda en relación con el proyecto de ley de modificación de tasas y de beneficios fiscales de acontecimientos de excepcional interés público.
También se tramita por el procedimiento de urgencia.
Para la presentación del dictamen tiene la palabra el senador Gasòliba.
(Fuertes rumores.) Señorías, les ruego silencio.


El señor GASOLIBA I BOHM: Señor presidente, señorías, el proyecto de ley tuvo su entrada en esta Cámara el día 10 de diciembre, tramitándose por el procedimiento de urgencia y terminando el plazo de presentación de vetos y enmiendas el día 14 de este mes.
Se presentó un voto del Grupo Parlamentario Popular y un total de 32 enmiendas que son las siguientes: números 1 a 3 del Grupo Parlamentario Socialista, números 4 a 17 y número 21 del Grupo Parlamentario Popular, números 18 a 20 del Grupo Parlamentario de Coalición Canaria y números 22 a 32 del Grupo Parlamentario Catalán en el Senado de Convergència i Unió.
La ponencia decidió aprobar como informe el texto remitido por el Congreso de los Diputados. La comisión dictaminó el proyecto de ley introduciendo las modificaciones contenidas en las enmiendas números 2 a 9, 11 a 19, 21, 25, 29, 31 y 32. Se han presentado cuatro votos particulares a través de los cuales se mantienen para su debate y votación en el Pleno la propuesta de veto del Grupo Parlamentario Popular y siete enmiendas, una del Grupo Parlamentario Socialista, tres del Grupo Parlamentario de Coalición Canaria y tres del Grupo Parlamentario Catalán en el Senado de Convergència i Unió. Además hay un voto particular del Grupo Parlamentario Socialista por el que se propone la vuelta al texto remitido por el Congreso de los Diputados en lo modificado en las enmiendas números 4 a 9 , 11 a 19, 21, 25, 29, 31 y 32.
Muchas gracias por su atención.


El señor PRESIDENTE: Gracias, señoría.
Tiene la palabra el señor vicepresidente segundo del Gobierno.


El señor VICEPRESIDENTE SEGUNDO DEL GOBIERNO Y MINISTRO DE ECONOMIA Y HACIENDA (Solbes Mira): Señor presidente, señorías, muchas gracias.
El Gobierno ha optado este año por remitir a las Cortes únicamente el proyecto de ley de presupuestos suprimiendo la denominada ley de acompañamiento y reserva otros proyectos legislativos con coherencia sistemática interna y tramitados por los procedimientos legislativos habituales otro tipo de reformas. Pensamos que esto era fundamental para mejorar nuestra calidad legislativa y en este marco se sitúa el proyecto de ley de modificación de tasas y reconocimiento de acontecimientos de excepcional interés público.
El contenido del proyecto abarca dos tipos de cuestiones. Por una parte se regulan en el título primero las normas sobre tasas estatales de acuerdo con lo previsto en la normativa básica sobre tasas y precios públicos y por otra se recogen en el subtítulo segundo los beneficios fiscales aplicables a determinados acontecimientos de excepcional interés. Los incluidos son el proyecto Salamanca 2005, Plaza Mayor de Europa, Copa América 2007, Galicia 2005, Vuelta al Mundo de Vela, IV Centenario de El Quijote

Página 1216


y el programa de preparación de los deportistas españoles de los Juegos de Pekín 2008.
El proyecto fue mejorado en el Congreso de los Diputados con la actualización del régimen jurídico de la tasa por prestación de servicios de control metrológico con nuevos acontecimientos de excepcional interés público o la previsión de que las tasas aplicables durante el ejercicio entre los aeropuertos hayan incrementado su categoría tendrán durante este exclusivo ejercicio sólo la mitad del incremento que les correspondería.
Para mantener los principios recogidos en la normativa de tasas y precios públicos, la ley de Presupuestos Generales del Estado establece en cada ejercicio la actualización general de las tasas por una cuantía fija en función del importe del índice de precios al consumo esperado como objetivo para el año siguiente. Esta previsión general es suficiente para adecuar los importes de la mayoría de las tasas pero no se aplica a aquellas que no pueden conceptuarse como de cuantía fija, ni tampoco es suficiente cuando se produce la prestación de nuevos servicios con nuevos costes o la modificación de las condiciones en que se prestarán, o incluso cuando aparece la necesidad de crear nuevas tasas o nuevos hechos imponibles en tasas ya creadas.
Estas son las razones por las que algunas modificaciones de tasas no se pudieron incluir en la ley de presupuestos y se introducen en esta normativa.
La determinación del importe de cada tasa se toma en consideración para dar a la misma los costes directos o indirectos, incluso los de carácter financiero, amortización del inmovilizado y, en su caso, los necesarios para garantizar el mantenimiento y un desarrollo razonable del servicio o actividad por cuya prestación o realización se exija la tasa, y todo ello con independencia del presupuesto con cargo al cual se satisfagan.
La jurisprudencia del Tribunal Constitucional que originó el nacimiento de las leyes de acompañamiento permite que la ley de presupuestos incluya medidas relacionadas con ingresos y gastos. Las restantes, que anteriormente se solían incluir en las leyes de medidas, necesitan ser desarrolladas por ley y tramitadas, como he dicho antes, por ley ordinaria.
Vayamos al veto presentado al proyecto de ley de tasas que critica la habilitación a la ley de presupuestos para modificar ciertos elementos definitorios de la cuantía de las tasas. Se olvida, sin embargo, que las leyes de medidas aprobadas por el anterior Gobierno modificaban la cuantía y regulación de numerosas tasas e incluso llegaron a crear otras, y no a un nivel menor, fueron más de 50 durante los años de Gobierno del Partido Popular.
También señala el veto que se trata de un aumento tributario camuflado, pero no es así. El proyecto recoge incrementos de las cuantías de tasas y también regulaciones de otras cuestiones que no tienen repercusión alguna de recaudación, afectando a aspectos sustantivos de la gestión, liquidación y recaudación de las mismas.
En ese sentido, cabe destacar los preceptos relativos a lo previsto respecto a la tasa en seguridad en el transporte ferroviario de viajeros con los que hacen referencia a la tasa de prestación de servicios y realización de actividades en materia de navegación aérea, que, en ninguno de los supuestos, se ocupan de la cuantía de esas tasas. Tampoco se hace referencia a que, si bien en algunas tasas se aumenta el importe de sus tarifas, al mismo tiempo se reduce en otro e incluso se suprime en un caso específico.
En cuanto al argumento de que se incrementan más unas tasas que otras sin ningún tipo de coherencia, lo cierto es que lo que resultaría realmente incoherente con la regulación básica de las tasas es que se aumentaran de la misma forma. Dichos tributos deben responder al principio de equivalencia y, en consecuencia, tener en consideración su ajuste al importe de los costes del servicio o actividad sin que --y supongo que estarán de acuerdo sus señorías-- todos los costes de cualquier servicio o actividad cambien con el paso del tiempo de forma idéntica. Si no, por ejemplo, piensen en la diferencia entre los costes de prestación del servicio de seguridad aeroportuaria, que va ligado a gastos de amortización de equipos de detección de materiales peligrosos, que son cada vez más avanzados tecnológicamente, con respecto a los costes de la acreditación catastral, que tienen un componente acusadamente administrativo, por lo que van ligados casi en su totalidad a costes de personal.
Quiero resaltar además que las modificaciones de las cuantías de las tasas vienen justificadas en la memoria económica financiera que acompaña a este proyecto, en la que se da cumplida cuenta del porqué, así como de las cuantías de las modificaciones de los importes de las diversas tarifas y de la trascendencia que dichos cambios tendrán en la recaudación de cada tasa. La fijación de su importe se realiza en todos los casos en función del coste total de los servicios, si bien en algunos de ellos --como en el caso de las tasas aeroportuarias-- dicho coste no llega a cubrir todos los servicios o actividades para evitar consecuencias negativas para el sector aéreo y turístico y, en definitiva, para los consumidores, quedando sólo cubierto parcialmente el coste de las prestaciones. No obstante lo anterior, se cumple en todos los casos lo previsto en la Ley 8/1989, de 13 de abril, que establece que la cuantía de las tasas no debe exceder el coste de la prestación del servicio público.
El veto también se fundamenta en determinados ejemplos, tres en concreto, con los que el grupo que ha presentado el veto dice no estar de acuerdo.
Sin perjuicio de comentarlos uno por uno, les diré que no comparto su opinión de que la existencia de determinados desacuerdos con el artículo 2 sea suficiente para plantear un veto; hubiera sido más coherente --a mi entender-- que se hubieran planteado las enmiendas específicas a los artículos en que se discrepa a través de enmiendas parciales al articulado. Y paso a comentar los tres supuestos.
En lo que se refiere a las tasas catastrales, este proyecto de ley modifica el texto refundido de la Ley del Catastro Inmobiliario suprimiendo la tasa por inscripción catastral. La tasa de acreditación catastral se modifica para adecuarla a los servicios que dan lugar a ella, así como también se modifican los importes de las tarifas para cubrir los costes de prestación de dicho servicio.
Se actualizan los importes de las tasas exigibles por la entidad Aeropuertos Españoles y Navegación Aérea para

Página 1217


conseguir un mayor equilibrio entre ingresos y gastos, de modo que se consiga una mayor estabilidad presupuestaria evitando el déficit entre ingresos y gastos de dicha entidad. El incremento general, relativamente de poca entidad, el 3 por ciento, difícilmente puede considerarse como un lastre para el sector turístico. Además se da la circunstancia de que si se quisiese que la tasa de aproximación cubriese los costes de dicho servicio debería tener un incremento del orden del 57 por ciento, y ello es consecuencia de que dicha tasa ha estado congelada en el período 1998-2001, además de contar con bonificaciones del 67 y del 34 por ciento en los ejercicios 1998 y 1999, y a ello hay que añadir que para los ejercicios 2002, 2003 y 2004 sólo se autorizó una actualización de un 2 por ciento anual, cifra inferior a la inflación soportada en dichos ejercicios. No obstante, precisamente atendiendo a la situación actual del sector del transporte aéreo y con objeto de suavizar la repercusión en las compañías aéreas, el proyecto recoge un incremento en la tarifa de aproximación del 2005 del 3 por ciento.
Por otra parte, señoría, las tasas exigidas por la Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios son sensiblemente inferiores a las tasas exigidas por otras agencias equivalentes en la Unión Europea y no responden al coste real del servicio que esa agencia presta a la industria. En consecuencia, es aconsejable modificar esas cuantías para acercarlas al importe del coste de prestación de servicios.
Por todo lo anterior, considero que el veto presentado no tiene justificación, como tampoco tiene ningún sentido que se nos achaque falta de transparencia cuando la alternativa al presente proyecto de ley sería mantener e inflar la ley de medidas de cada año, esa sí sin debate ni transparencia, como con demasiada frecuencia se ha utilizado en el pasado.
No entiendo, por tanto, a aquéllos que nos dicen que sólo incrementamos tributos, desconociendo que se trata de una ley de carácter esencialmente técnico en la que se suprimen tasas, se transponen otras de derechos comunitarios o se adapta su regulación. Por otra parte, los incrementos --como he dicho anteriormente-- están claramente justificados y además también se introducen beneficios fiscales para otros acontecimientos.
Se ha dicho del proyecto de ley que no es coherente y es cierto que el proyecto de ley responde a modificaciones específicas que por su propia naturaleza no responden a una sistemática única, pero, en todo caso, como mínimo están recogidas en una norma y no como sucedía en el caso anterior, con una variopinta situación de distintos temas incluidos en la ley de acompañamiento. No se puede hablar de falta de sistemática aquí y pensar que sí la tenían las anteriores leyes de acompañamiento.
También se ha dicho que no existe justificación para determinadas medidas que el Gobierno sí considera justificadas y que podremos debatir en profundidad al referirnos a las enmiendas al articulado.
Finalmente, se critica la supuesta falta de transparencia. Sin embargo, creo que nunca antes se habían podido debatir en estas condiciones las modificaciones de las tasas y sus cuantías, siendo las alternativas anteriores, las de las masificadas leyes de medidas, una opción sin duda mucho peor.
Por tanto, pido a los distintos grupos que apoyen la propuesta del Gobierno y que aprueben la ley de tasas tal como ha sido enmendada por el Congreso y, en su caso, con las enmiendas que consideren pertinentes aprobar en el Senado.
Muchas gracias. (Aplausos.)

El señor PRESIDENTE: Gracias, señor vicepresidente del Gobierno.
Para la defensa de la propuesta de veto presentada por el Grupo Parlamentario Popular tiene la palabra el senador Iglesias.


El señor IGLESIAS GARCIA: Gracias, señor presidente.
Señorías, en la sesión de la Comisión de Economía celebrada ayer vetamos este proyecto de ley de modificación de tasas remitido por el Congreso, voluntad del Gobierno. Y lo hicimos fundamentalmente por dos razones. La primera, de fondo, ya que el objetivo básico y último de este proyecto de ley no es otro, aunque admitamos que también se propongan otras modificaciones, que incrementar de forma desmedida muchas de las tasas estatales que afectan a sectores económicos básicos de la sociedad española. (El señor vicepresidente, Molas i Batllori, ocupa la Presidencia.) La segunda razón es de forma. Porque, a pesar de la promesa del Gobierno de transparencia porque se suprimía la Ley de medidas fiscales, administrativas y de orden social, la llamada ley de acompañamiento, y a pesar de lo que hoy nos ha dicho, señor ministro, la realidad es muy distinta, la realidad es tozuda, la realidad se impone, y en realidad tenemos una versión renovada, al menos parcialmente, de la ley de acompañamiento.
Como ya he dicho, con este proyecto de ley de modificación de tasas el Gobierno tiene como objetivo, o al menos busca como repercusión, aplicar un incremento moderado o notable en muchos casos a muchas de las tasas estatales existentes. Y eso sólo tiene una definición: incremento de la presión tributaria. No olvidemos que las tasas son tributos, y que en algunos supuestos se incrementan por encima del 400 por ciento. Si eso no es un incremento de la presión tributaria, ¡que venga Dios y lo vea! Por otro lado, al Grupo Parlamentario Popular le sorprende sobremanera la tramitación en un mismo proyecto de ley, por una parte, de la citada modificación de tasas y, por otra, de los beneficios fiscales de acontecimientos de excepcional interés público. La primera modificación ocupa alrededor de 26 páginas del proyecto de ley, y la segunda, una página y media. Pero como, repito, nada tienen que ver los beneficios fiscales con la modificación de tasas, desde el Grupo Popular queremos manifestar expresamente nuestro apoyo, sin ningún tipo de reservas, a los beneficios fiscales propuestos por el Gobierno.
Ya he dicho que el texto propuesto por el Gobierno traería consecuencias nefastas para sectores muy importantes

Página 1218


de la economía española. Tendría, por una parte, tintes claramente intervencionistas, en el sentido de que el sector farmacéutico, por ejemplo, o el de las telecomunicaciones podrían ser objeto de incrementos muy notables por encima en algunos casos del 400 por cien, algo que evidentemente no iba a ser bien acogido por sectores que son claves para la investigación y desarrollo en nuestro país, para el dinamismo económico y, en definitiva, para nuestra economía.
En segundo lugar, resultan incomprensibles e innecesarios los incrementos injustificados establecidos por el Gobierno sobre la base de un supuesto equilibrio financiero entre los gastos que ocasiona la prestación del servicio y los ingresos vía tasa que obtendría la Administración para financiarlos. Nosotros pensamos que en los casos que planteaba el Gobierno en su texto inicial no están justificados en absoluto los incrementos por esa razón, pues la razón última que subyace no es otra que la de establecer incrementos absolutamente injustificados que no nos llevan a ningún sitio.
Señor ministro, este proyecto de ley en ningún caso tiene un hilo conductor, y usted mismo lo ha admitido hoy. Se trata de una ley genérica de modificación de tasas en la que se mezclan cuestiones muy diversas y dispares que nada tienen que ver unas con otras, lo cual constituye, a mi juicio, una prueba palpable y clara de que han sido los distintos ministros que componen el Gobierno quienes le han presionado para que dé su brazo a torcer. Estoy convencido de que usted mismo no está de acuerdo con muchos de los incrementos que propone, pues le considero bastante más cabal que eso, o lo que es lo mismo, que usted, señor ministro, ha sido un mero espectador en la elaboración de este proyecto de ley que le ha impuesto el resto de los ministros, y como espectador pasivo, usted no ha podido imponer su criterio en la materia política que nos afecta y no ha podido frenar el ímpetu legislador de algunos de los ministros que componen el actual Gobierno. O dicho de otra forma, esto a mí me sugiere que el actual Gobierno está compuesto por unos cuantos reinos de Taifas donde todos desean mandar, y al final el resultado es, cuando menos, incoherente.
Asimismo quisiera referirme a algo que ustedes nos han colado de rondón.
Estoy hablando del artículo 14 de este proyecto de ley, según el cual las leyes de presupuestos generales del Estado podrán modificar la cuantía de las tasas. Es decir, que ésta va a ser la primera vez que veamos este proyecto de ley en esta Cámara, pero también la última, señorías. La primera, porque no tienen más remedio que traer esta modificación de tasas como proyecto de ley, y la última, porque si este precepto fuera aprobado, a partir del año que viene ustedes podrían modificar las tasas dentro del proyecto de ley de presupuestos generales del Estado. Y aquí reside a nuestro juicio, señorías, gran parte de la inconsistencia de los argumentos esgrimidos por el Gobierno y por usted mismo hace breves minutos ante esta Cámara en defensa de una supuesta transparencia, una transparencia que, por otra parte, demostraré que no existe, pues usted mismo no ha sido en este momento muy claro --al menos así me lo ha parecido-- y creo que se ha metido en un callejón sin salida. Primero el Gobierno nos dice que no va a hacer uso de la ley de acompañamiento que, por otra parte, los gobiernos socialistas, de los que usted era titular de Economía, también pusieron en marcha, y a nosotros nos parece muy bien. Ustedes lo hacen, además, en aras a la transparencia. Nos sigue pareciendo muy bien.
En segundo lugar, se nos remite este proyecto de ley de modificación de tasas, cuya transparencia, según usted acaba de decir hace un rato, es fundamental para mejorar la calidad legislativa porque tienen una tramitación independiente de los Presupuestos Generales del Estado. Es discutible, nosotros no creemos que sea tal, pero, en fin, podríamos creerle. Pero lo que ya es inconcebible es que ustedes nos digan que esta ley, farragosa, técnica, pero que tiene y puede tener una gran incidencia en la economía española y en algunos sectores, primero nos digan que en aras a la transparencia la van a poner en marcha como proyecto independiente, y en ese mismo proyecto nos cuelen de rondón el artículo decimocuarto, que dice que el año que viene no va a haber ley de modificación de tasas porque lo van a incorporar directamente a los Presupuestos Generales del Estado.
¿Qué significa esto, señor ministro? Que ustedes van a incorporar directamente al proyecto de ley de Presupuestos Generales del Estado para el año 2006 la ley de acompañamiento, a través de esta modificación legislativa que ustedes proponen. Y utilizan dos métodos, por un parte, las disposiciones adicionales en los Presupuestos Generales del Estado.
Hay docenas de disposiciones adicionales que no hacen otra cosa que sustituir a la ley de acompañamiento que ustedes decían que no iban a utilizar en aras a la transparencia. Porque para nosotros la transparencia que prometieron es que cada modificación legislativa tiene que seguir su curso ordinario; es decir, tiene que seguir el curso ordinario de cualquier otra ley para ser modificada. Y no en un bloque, como quieren hacer ustedes, que podría ser pasable en todo caso, pero de ningún modo que se incorporara al proyecto de ley de Presupuestos Generales del Estado de todos los años. Por cierto, el artículo 134.7 de la Constitución establece que la ley de presupuestos no puede crear tributos. Podrá modificarlos cuando una ley sustantiva así lo prevea.
Para nosotros este pequeño párrafo de ese artículo decimocuarto no es una ley sustantiva que permita incorporar esas modificaciones que, a nuestro juicio, pueden ser importantes, en las tasas y en los precios de las mismas para los próximos presupuestos generales del Estado.
Pues bien, he subido a esta tribuna, en nombre del Grupo Parlamentario Popular, a poner blanco sobre negro lo que era el texto remitido a esta Cámara y que debatimos en el día de ayer en la Comisión de Economía del Senado. Me he referido en todo momento al texto remitido por el Gobierno en pasado. Y lo hago porque el texto que en estos momentos tenemos sobre la mesa, no es el texto que nos remitió el Gobierno. Y es que sucede que, gracias a las veinte enmiendas aprobadas en la comisión ayer, señor ministro, las catorce enmiendas del Grupo Parlamentario Popular, cuatro de Convergencia i Unió y dos de Coalición Canaria --que por cierto, no les veo por el hemiciclo--, el

Página 1219


texto que hoy estamos debatiendo no tiene nada que ver con el que nos remitió el Gobierno. Es un texto nuevo, renovado, sin abusos, que además no permitirá modificar, vía Presupuestos Generales del Estado, ninguna tasa para los años venideros. Por eso quiero agradecer a los grupos de Convergència i Unió y al Grupo Parlamentario de Senadores Nacionalistas Vascos y a sus portavoces, el señor Gasòliba y el señor Maqueda, su voluntad de mejorar el texto y su comprensión y coherencia a la hora de apoyar las enmiendas presentadas en comisión por el Grupo Parlamentario Popular. Igualmente, quiero agradecer a mi compañero, Juan Pablo Sánchez, las aportaciones que ha realizado como coponente en esta ley. Y quiero agradecer al señor Gasòliba que haya admitido algunos matices que este portavoz propuso para apoyar algunas de las enmiendas --que también apoyamos-- de Convergència i Unió. Estas enmiendas suponen, en definitiva, reducir drásticamente la propuesta inicial del Gobierno, supone que lo que queremos y deseamos, señor ministro, para que usted no pierda masa monetaria, que parece que le preocupa, es que,en todos los casos, esas tasas suban lo mismo que el IPC, un 2 por ciento, y solo en un caso, en el de las tasas aeroportuarias, debido a que es un sector que por diversas razones de tipo internacional en las que no vamos a entrar, tiene y ha tenido diversas dificultades, proponemos que suba un 1 por ciento, ni siquiera la inflación prevista. Me parecen medidas muy razonables, señor ministro, medidas sensatas. En el sector aéreo, en el sector farmacéutico, en el sector de las telecomunicaciones ustedes proponen que la exención actual, que es del 65 por ciento...


El señor VICEPRESDENTE (Molas i Batllori): Vaya concluyendo.


El señor IGLESIAS GARCIA: Sí, señor presidente.
... llegue, como mucho, hasta el 75 por ciento. Es decir, que puedan modificar a su antojo la exención del sector de las telecomunicaciones explicitada en la Ley de Telecomunicaciones. Nosotros lo hemos echado para atrás y, a mi juicio, hemos mejorado sustancialmente el proyecto.
En definitiva, señor ministro, seguimos sin estar de acuerdo en la forma.
Creemos que esta no es la ley de transparencia que ustedes prometieron, que no es el modo de modificar las tasas que ustedes prometieron. Nos parece muy bien que prescindan de la ley de acompañamiento, pero nos parece fatal, muy mal, que la intenten incorporar en los Presupuestos Generales del Estado para que no haya debate en los próximos presupuestos, y nos parece muy mal que haya incrementos que usted quizá haya despreciado, porque es su obligación, aunque no crea en ellos y lo haga por presión de sus ministros, pero que suponían y suponen, en caso de ser aprobados, un incremento que puede perjudicar gravemente a la economía española. Entendemos que este texto es otro, y el Grupo Parlamentario Popular, en este momento, retira la enmienda de veto porque pensamos que tenemos cubiertas gran parte de las aspiraciones que han sido incorporadas al texto en la Comisión de Economía que tuvo lugar en la mañana de ayer.
Muchas gracias. (Aplausos en los escaños del Grupo Parlamentario Popular.)

El señor VICEPRESIDENTE (Molas i Batllori): Gracias.
Retirada la propuesta de veto, no hay turno en contra. Pasamos a la defensa de las enmiendas y votos particulares que se mantengan, y luego habrá un turno de portavoces que, si se quiere, podrá ser global.
¿Grupo Parlamentario de Coalición Canaria? (El señor Curiel Alonso pide la palabra.) Diga, señor Curiel.


El señor CURIEL ALONSO: Gracias.
Señor presidente, a la vista de que se ha modificado la previsión del debate, quizá sería oportuno, para que todos los grupos pudieran ejercitar sus posibilidades parlamentarias y procedimentales, suspender la sesión durante cinco minutos.
Gracias.


El señor VICEPRESIDENTE (Molas i Batllori): Lo que sí puede hacer la Presidencia es cambiar el orden de exposición y defensa de las enmiendas presentadas, si los grupos parlamentarios están de acuerdo.
Por tanto, reservándole el turno de defensa de enmiendas al Grupo de Coalición Canaria hasta el final, si todos los grupos están de acuerdo, primero se daría la palabra al Grupo de Convergència i Unió, después al Grupo Parlamentario Socialista y finalmente al Grupo de Coalición Canaria, a fin de darle tiempo de estar presente para mantener y defender sus enmiendas.
¿Están de acuerdo los grupos? (Asentimiento.) Tiene la palabra el senador Gasòliba, por el Grupo Parlamentario Catalán en el Senado de Convergència i Unió, para defender las tres enmiendas que permanecen vivas.


El señor GASOLIBA I BOHM: Gracias, señor presidente.
Como se ha comentado anteriormente por parte del portavoz del Grupo Parlamentario Popular, se aprobaron en comisión algunas enmiendas que entendemos que han mejorado notablemente el proyecto que nos fue remitido desde el Congreso. No obstante, mantenemos tres enmiendas porque creemos que tienen una especial importancia y significación y querríamos presentarlas en el breve tiempo que me está concedido en este turno para que sus señorías tengan conocimiento del contenido de las mismas.
Dos de ellas hacen referencia al necesario reconocimiento de la capacidad de gestión y participación de las comunidades autónomas en algunas tasas.
Así, en la enmienda número 22 se reclama garantizar la participación de las comunidades autónomas que lo soliciten en tareas de gestión catastral, habida cuenta de la transcendencia en la planificación del territorio y la eficiente gestión de tributos que recaen sobre los inmuebles. Ustedes saben que hay comunidades autónomas, como Cataluña, que tienen competencia exclusiva en materia de ordenamiento territorial o transmisiones patrimoniales. Lógicamente, entendemos que la gestión de estas tasas y la participación en las

Página 1220


mismas se deriva de las propias competencias que tiene la comunidad, en este caso la Administración de Cataluña que tomo como ejemplo. Por tanto, la ley de tasas actuaría como marco y medio de utilización para aquéllas que de una manera explícita no tuviesen estas competencias o decidiesen no aplicarlas.
Se hace referencia también a otra cuestión relativa a los aeropuertos.
Ustedes saben que nosotros concedemos una gran importancia precisamente a la mejora de infraestructuras y a la explotación de los aeropuertos, y no sólo el de Barcelona, ya que tenemos dos en gran expansión, el de Girona y el de Reus. Los dos sirven a áreas económicamente importantes, con fuertes niveles de desarrollo y además muy conectadas con áreas de destacada importancia en turismo.
Por razones de horarios, de prácticas de las compañías aéreas, hay una concentración de vuelos en unas horas determinadas y una hora valle, entre las diez de la mañana y las seis de la tarde, cuando el tráfico es mucho más escaso. En orden a distribuirlo, a fomentar aún más este tráfico aéreo, que favorecería estas áreas con una fuerte dimensión económica, así como industrial y empresarial y también en el de servicios, concretamente, en el sector turístico, mantenemos la enmienda número 27, referida a una rebaja de un 30 por ciento en las tasas aeroportuarias en estas horas valle precisamente para mejorar dichas capacidades con el fin de impulsar aún más nuestro sector turístico. Esto sería también muy importante porque tendrían capacidad de mejorar su nivel de competencia, dado que, como saben ustedes, en el Mediterráneo tenemos una serie de áreas que entran en competencia directa con nosotros, y todo lo que sea facilitar el transporte aéreo y potenciar nuestras regiones turísticas es absolutamente necesario.
Por tanto, estas dos enmiendas hacen referencia al ámbito competencial de las comunidades autónomas y esta específica complementa las otras que ya hemos acordado en Comisión para el sector del transporte aéreo y los gravámenes que se aplican a los aeropuertos. Con la aceptación de estas enmiendas aún se mejoraría más el texto en este trámite del Pleno de lo que lo ha sido en comisión, donde una parte importante de nuestras propuestas fueron aceptadas y a las cuales haré mención en el turno de portavoces.
Muchas gracias, señor presidente. (El señor Mendoza Cabrera pide la palabra.)

El señor VICEPRESIDENTE (Molas i Batllori): «Moltes gràcies».
Le tocaría intervenir al Grupo Parlamentario Socialista porque antes hemos reservado el último turno al Grupo de Coalición Canaria, pero, como parece que quiere intervenir en este momento, tiene la palabra el senador Mendoza.


El señor MENDOZA CABRERA: Muchas gracias, señor presidente.
Quiero pedir disculpas por el retraso. Intervengo sencillamente para anunciar la retirada de la enmienda que hemos mantenido viva ya que se ha comprometido el Partido Socialista a continuar dialogando sobre el fondo de la cuestión para llegar a algún tipo de acuerdo.
Nada más y muchas gracias.


El señor VICEPRESIDENTE (Molas i Batllori): Muchas gracias, señoría.
Por el Grupo Parlamentario Socialista, tiene la palabra la señora Durán.


La señora DURAN FRAGUAS: Muchas gracias, señor presidente.
Buenas tardes, señorías, en primer lugar, quiero decirle al senador Iglesias que me ha sorprendido, y no muy agradablemente, porque presentar un veto a una ley cuando lo único que uno quiere es un turno para explicar determinadas cosas que encima, como yo le voy a demostrar, son todas falsas, tampoco tiene mucho sentido. Cuando no hay argumentos hay que recurrir a otro tipo de razones como la de decir que el Gobierno es un reino de Taifas en el que cada uno va a su aire y hace lo que quiere.
Yo no voy a tener que recurrir a esto para defender nuestro proyecto de ley.
El proyecto de ley obedece a la decisión del Gobierno de suprimir la Ley de Medidas Fiscales, Administrativas y de Orden Social, conocida como ley de acompañamiento. Esta decisión garantiza la mejora de la calidad de nuestra legislación, facilita su conocimiento por los ciudadanos y potencia el principio de seguridad jurídica, lo que refuerza el control que el Parlamento debe ejercer sobre la iniciativa legislativa del Gobierno. Esta frase podría haberla dicho perfectamente el señor Solbes que está presente, pero, miren ustedes, estarán pensando que es así, pero no es verdad. La frase textual está sacada de una página de Internet que corresponde al Consejo General de la Abogacía española en el epígrafe de noticias jurídicas; parece que este cuerpo no coincide en la valoración que de la misma hace el Partido Popular. Cuando yo estoy hablando de la ley, estoy hablando del proyecto de ley remitido desde el Congreso de los Diputados.
El proyecto no sólo recoge incrementos de las cuantías de las tasas, como ha dicho el senador Iglesias, sino también regulaciones de otras que no tienen repercusión alguna en la recaudación, afectando a aspectos de gestión, liquidación y recaudación de las mismas. Tampoco se hace referencia a que algunas tasas suben parte de sus tarifas, pero al mismo tiempo se reducen o suprimen otras, como es el caso de las tasas catastrales en las que se elimina la tasa de inscripción catastral.
También se recogen en el proyecto de ley beneficios fiscales, acontecimientos de excepcional interés público, y no está de más que lo recordemos porque en la Comisión de Economía se presentó una enmienda a la totalidad y la totalidad significa todo. Es decir, el Partido Popular no estaba de acuerdo ni con el Título I de la ley, que es el de tasas, ni con el Título II, que es el de los acontecimientos que yo les voy a relatar para que sus señorías sepan cuales eran: Salamanca 2005, el régimen fiscal del acontecimiento Copa América 2007; beneficios fiscales aplicables a Galicia 2005, Vuelta al Mundo a Vela; beneficios fiscales aplicados al IV Centenario del Quijote

Página 1221


y los beneficios fiscales aplicables al programa de preparación de los deportistas españoles de los Juegos Pekín 2008.
El senador Iglesias nos propuso en la Comisión retirar el veto si nosotros retirábamos el Título I de la ley, y como les dije ayer en la comisión me parece absolutamente kafkiano decir algo así.
El proyecto aumenta la cuantía de determinadas tasas y, a la vez, regula otras. Por ejemplo, hay preceptos relativos a la tasa de seguridad en el transporte ferroviario de viajeros que no conllevan incremento de cuantía.
También se les ha olvidado decirnos algo sobre la tasa que retiramos de inscripción catastral. Voy a aprovechar este turno para decir algo. Esa tasa de inscripción catastral la introdujo el Partido Popular en su ley de acompañamiento del año 1996, se empezó a aplicar en 1997 y dio unos efectos absolutamente perversos. Esa tasa ha inducido a muchos promotores en el momento de dar alta a nuevas unidades catastrales a ahorrarse la tasa no declarando el importe total de las citadas unidades. Eso ha provocado enormes retrasos en la actualización del catastro urbano. Fue una tasa muy desafortunada y un acierto importante eliminarla ahora.
Lo que no le puedo dejar sin rebatir es que diga que esta ley es una ley de acompañamiento. Les voy a hacer una pequeña reflexión. El texto de esta ley, el remitido por el Congreso, tiene 20 artículos, una disposición final primera, tres adicionales, una derogatoria y una final.
La ley de acompañamiento de 2003 tenía 136 artículos, 44 disposiciones adicionales, ocho transitorias y 19 finales, lo que suponía 119 páginas del «Boletín Oficial del Estado». Pero es que, además, nuestra ley no modifica, como la última suya de acompañamiento, el Estatuto de los Trabajadores, la Ley de Procedimiento Laboral, la Ley sobre Infracciones y Sanciones en el Orden Social, la Ley Reguladora del Derecho de Asociación, el texto articulado de la Ley de Funcionarios Civiles del Estado, la Ley de Autonomía del Banco de España, la Ley Reguladora del Centro Nacional de Inteligencia, la Ley de Creación del Consejo de Seguridad Nuclear, la Ley del Sector Eléctrico, la de Defensa de la Competencia y un largo etcétera, hasta 110 disposiciones legales que modificó su última ley de acompañamiento.
En materia de tasas, si hacemos referencia al año pasado, ustedes crearon 24 tasas nuevas en el 2003. Respecto de la transparencia les menciono un detalle para tener en cuenta. La ley de acompañamiento se creó por el señor Solbes que nos acompaña y ahora en defensa de la transparencia decide suprimirla. ¿Y saben por qué? Porque una ley es buena o mala según el uso que se haga de ella y estos ocho años ustedes han hecho un uso pésimo de la misma, hasta el punto de crear un caos jurídico tal que nadie era capaz de seguir lo que modificaban sus leyes de acompañamiento.
Y le recuerdo en este punto cómo empecé mi exposición.
También es incoherente por su parte pensar que las tasas se tienen que modificar en la misma cuantía cuando obviamente los costes de prestación de los distintos servicios se modifican de forma diferente. No podemos comparar, por ejemplo, las tasas aeroportuarias, que tienen un fuerte nivel de inversión y por tanto unos costes mucho más altos, con las de acreditación catastral, donde los costes están ligados al personal y, por tanto, con un incremento mucho menor.
Por último, cuando ustedes hablan de la habilitación que esta ley hace a las futuras leyes de Presupuestos Generales del Estado para que se modifiquen los elementos definitorios de las cuantías de las tasas y nos dicen que es la primera y la última vez que se presenta esta ley --que por cierto, si les gusta tanto no sé para qué presentan enmienda a la totalidad--, tal vez sea el momento de recordarles que lo que realmente se intenta es evitar los desfases que se producen entre el importe de lo recaudado por las tasas y los costes de prestación de servicios. Y tal vez sea un buen momento para recordar que una tasa es un tributo, pero no es un impuesto. Las tasas se devengan o bien por un aprovechamiento exclusivo o un aprovisionamiento especial del domino público o bien porque se realiza en régimen de derecho público una actividad o se presta un servicio que se refiere, afecta o beneficia a alguien.
En la Ley de Tasas de 1989 existe un artículo que se refiere al principio de equivalencia que dice que la tasa tenderá a cubrir el coste del servicio o la actividad que constituya imponible. Pues bien, eso es importante porque si hay actividades o servicios que se prestan y cuyo coste no se cubre, habrá que cubrir ese déficit de alguna manera, vía impuesto, y los impuestos los paga todo el mundo, y a lo mejor, con la vía de cubrir un déficit con impuestos, lo que hacemos es una transferencia de renta de personas más necesitadas a aquéllos a los que se presta un servicio y que pueden estar en mucha mejor situación económica. Por tanto, arbitrar un sistema que de una forma sencilla actualice las cuantías de las tasas es un ejercicio de responsabilidad y transparencia, al contrario de lo que ustedes están vendiendo aquí.
También es atrevido, por su parte, pretender que la inclusión de la previsión de modificación de cuantía en una ley sustantiva, como es este proyecto, sea inconstitucional, ya que, muy al contrario, cumple escrupulosamente con lo establecido y con lo que exige el artículo 134.7 de nuestra Constitución.
Permítanme, porque este es un turno para defender nuestro voto particular de vuelta al texto del Congreso en diversos artículos de la ley, hacer un repaso sobre lo que ha sido la tramitación parlamentaria de este proyecto.
El 25 de noviembre de 2004 hay un debate a la totalidad de la iniciativa legislativa, con una enmienda también a la totalidad del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al igual que hoy hay una presentación por parte del señor ministro, señor Solbes, y posteriormente se procede al debate y votación de la misma. La enmienda a la totalidad es rechazada en el Congreso por 147 votos en contra, 106 a favor y 5 abstenciones.
El día 1 de diciembre de 2004, la Comisión de Economía y Hacienda del Congreso, con competencia legislativa plena, aprueba el texto del proyecto de ley de modificación de tasas y de beneficios fiscales de acontecimientos de excepcional interés público. Resulta interesante repasar el «Diario de Sesiones» de esa comisión por diversos motivos,

Página 1222


pero para no alargar innecesariamente mi intervención, les resumiré el resultado de la misma. El texto del dictamen fue aprobado por 21 votos a favor, 15 en contra y una abstención. El texto original fue modificado a través de varias enmiendas: una transaccional, pactada con Coalición Canaria, referente a las especialidades farmacéuticas para uso veterinario que rebaja a la mitad de esas tasas, y dos pactadas con Convergència i Unió, una por la que se rebaja a la mitad durante un año las tasas que deben pagar los aeropuertos que aumenten de categoría, y paraliza también por un año, hasta el 31 de diciembre de 2005, la modificación de la ley financiera que obligaba a las empresas españolas a externalizar los premios de jubilación a partir del 31 de diciembre de ese año. Ambos grupos políticos valoraban muy positivamente los acuerdos y mostraban su satisfacción con el texto del proyecto, por cierto, el mismo que ambos grupos políticos han contribuido a cambiar sustancialmente aquí en el Senado.
Es posible que el proceso legislativo se interrumpa al cambiar de Cámara, incluso que lo que para un grupo político es positivo en el Congreso no lo sea en el Senado. Todos sabemos que forma parte de la estrategia política y que tiene que ver con la relación de fuerzas que existe en esta Cámara, pero, sinceramente, visto desde fuera, para el ciudadano no parece ni muy coherente ni muy serio.
El 10 de diciembre entra con trámite de urgencia la ley en el Senado. Se presentan en los plazos convenidos 32 enmiendas parciales y el veto a la totalidad del Partido Popular. Nuestro grupo político presenta tres enmiendas de carácter técnico, las números 1, 2 y 3, de las cuales la 2 y la 3 fueron incorporadas al dictamen. El Grupo Popular presenta un total de 15 enmiendas, de las que retiró la número 10 por ser claramente contradictoria con la 11, también de su grupo, y todas se incorporan al dictamen. Coalición Canaria presenta tres enmiendas, de las cuales las números 18 y 19 se incorporan al dictamen, y Convergència i Unió presenta 11, de las cuales retira las números 23 y 24 y se incorporan las números 25, 29, 31 y 32. En el debate de comisión, celebrado ayer, como quedó constancia, no prospera la enmienda a la totalidad.
Posteriormente, se pasa en la comisión al debate y votación de las enmiendas de los diferentes grupos, y como ya ocurrió en otras leyes, el Grupo Popular, con apoyo de Convergència i Unió y del PNV, introduce una batería de enmiendas que cambian de forma sustancial el texto remitido por el Congreso. En base a ello presentamos el voto particular que ahora defiendo con vuelta al texto del Congreso en las modificaciones introducidas por las enmiendas números 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 21, 25, 29, 31 y 32 (que parece el bingo, pero no lo es). No nos mueve para ello ni el deseo de llevar la contraria, ni la intransigencia, ni la falta de diálogo. Resulta que en cada uno de los casos hay razones objetivas y claras para no aceptar el contenido de las enmiendas.
Quiero hacer referencia a algunas de ellas. Las números 4, 5, 6 y 7 modifican la exposición de motivos y están relacionadas con otras por las que no me detendré.
La número 8 propone la modificación del artículo tercero, sustituyendo los importes propuestos por otros que supongan una subida del 2 por ciento. Se dice en ella que en el período 1997-2004 ha aumentado un 5 por ciento, cosa que es cierta, pero también lo es que lo que ahora proponemos es un incremento -- estamos hablando de las tasas catastrales--, por un lado, y la supresión de la tasa de inscripción catastral, con lo que el resultado final de subida es un 7 por ciento, que, unido al 5 anterior, hace un total de 12 por ciento en todo el período, que es mucho menos del coste de personal que se ha producido en esos años.
La enmienda número 11 propone modificar el artículo octavo del proyecto en un 1 por ciento las tasas aeroportuarias porque para el PP el ente público AENA no tiene déficit sino superávit y, por tanto, consideran desproporcionado el aumento que nosotros proponemos del 3 por ciento.
Quiero remitirme en este momento a la comparecencia del secretario general de Transportes, Palao Taboada, del 14 de octubre, en el Congreso de los Diputados, quien decía: Como ya se ha indicado, depende de la Secretaría General de Transportes del Ministerio de Fomento la tutela sobre la entidad pública empresarial AENA. A este respecto decía: El cometido de AENA es conocido: gestionar los aeropuertos civiles de interés general y gestionar las instalaciones y redes de ayuda a la navegación aérea. AENA tiene encomendada la ordenación, dirección, coordinación, explotación, conservación y administración de los aeropuertos públicos de carácter civil, así como los aeródromos, helipuertos y demás superficies aptas para el transporte aéreo, gestiona 47 aeropuertos y un helipuerto en España dotados de instalaciones modernas y de una variada oferta de servicios. Y después decía: El esfuerzo inversor realizado en los últimos años en los aeropuertos de Madrid-Barajas y en el de El Prat, y una cierta despreocupación por la situación financiera de AENA, han llevado a esta entidad pública a una situación financiera preocupante, aunque quizá poco conocida. La deuda actual de AENA es de 5.300 millones de euros, pero con las obligaciones que ya se han asumido esta deuda se elevará en el año 2010 a unos 10.000 millones de euros, es decir, 1,7 billones de las antiguas pesetas, lo que nos obligará a tomar algunas medidas de ajuste y gestión.
Quiero recordar que las cuantías de las tasas, según el artículo 19 de la Ley 8/1989 de 13 de abril, de Tasas y Precios Públicos, deben cubrir el total de los costes y gastos de servicio de actividad y que, en caso contrario, se compensa el déficit vía impuesto, con lo que transferimos la carga impositiva a los sectores más desfavorecidos y no a los usuarios de un determinado servicio.
En todo caso, por poner un ejemplo, la tasa de aproximación, aun con la actualización que propone nuestro proyecto, tendría un déficit de aproximadamente 90,19 millones de euros, y la de aterrizaje llegaría a 193,96 millones de euros. Les propongo, señorías, que lean la memoria económica que se adjunta al proyecto de ley, como ejercicio de la Navidad.
En relación con la enmienda número 15, sobre el dominio público radioeléctrico, he de decir que la memoria económica que presentamos justifica las cuantías que se proponen para cubrir el coste de servicio; sin embargo, en las

Página 1223


enmiendas no hay ningún estudio técnico que demuestre que lo que ustedes piden es realmente lo necesario.
En cuanto a la enmienda número 16, quiero dejar claro que nuestro proyecto de ley quiere dar cumplimiento a lo previsto en la normativa tributaria respecto a las tasas y al mandato legal de que su cuantía esté actualizada, tanto en lo referente a los costes de prestación de servicios como a que se recojan los beneficios o utilidad derivados de la utilización privativa del dominio público. Por tanto, la inclusión en una ley sustantiva de la previsión de modificación de la cuantía cumple con lo previsto en la Constitución Española.
Mención especial nos merecen las enmiendas números 18 y 19 correspondientes a Coalición Canaria. Como ya apunté en comisión, nuestro grupo está de acuerdo con la problemática que ustedes plantean. Que el transporte aéreo para residentes en Canarias, Baleares, Ceuta y Melilla es una cuestión que preocupa a nuestro grupo político y a nuestro Gobierno queda patente, ya que lo recogíamos en nuestro programa electoral y un objetivo a cumplir durante esta legislatura es rebajar los costes hasta en un 50 por ciento. De hecho, en los Presupuestos Generales del Estado, en el epígrafe cuadragésimo tercero, se trata sobre las subvenciones al transporte marítimo y aéreo para residentes en Canarias, Baleares, Ceuta y Melilla. El problema es que esta situación no puede resolverse vía tasas, ya que éstas deben aplicarse a la totalidad de los usuarios y el transporte aéreo al que ustedes se refieren en sus enmiendas no afecta sólo a los residentes en esas zonas sino a cualquier usuario. Además, el artículo 18 de la Ley 8/1989, de 13 de abril, de Tasas y Precios Públicos, establece que no se admitirá en materia de tasas beneficios tributarios, salvo a favor del Estado y demás entes públicos.
La enmienda número 21, del Grupo Parlamentario Popular, pretende la supresión de la disposición adicional cuadragésimo octava de la Ley de Presupuestos Generales del Estado, que establece descuentos sobre ventas de medicamentos. Técnicamente no se puede suprimir en un proyecto de ley una disposición adicional de otro proyecto de ley. El contenido de la citada disposición adicional establece un descuento, que no es un tributo ni una prestación patrimonial de carácter público de las previstas en el artículo 31 de la Constitución, por lo que ni siquiera se encuentra dentro del ámbito de competencias de la Secretaría General de Hacienda.
Se trata de una figura conocida en el campo mercantil como «rappels» de venta, que se exige por parte de las empresas o entidades a sus proveedores en atención al volumen de compras que les efectúan. En este caso concreto, el cliente que exige el descuento por volumen de ventas a las industrias proveedoras de medicamentos es el Estado como responsable del Servicio Nacional de Salud. Además, existen ya «rappels» sobre ventas de las farmacias que se establecieron, como en este caso, en virtud de la normativa sobre medicamentos contenida en la Ley 25/1990, de 20 de diciembre, del Medicamento; en el Real Decreto 165/1997, de 7 de febrero, y en el Real Decreto-ley 5/2000, de 23 de junio.
Pasamos a las enmiendas del Grupo Parlamentario Catalán en el Senado de Convergència i Unió.
La enmienda número 25 propone la adición de un nuevo artículo que incluya como exentos de determinadas tasas portuarias a los clubes náuticos o marítimos sin ánimo de lucro. En la redacción del proyecto remitido por el Congreso, el artículo 17.2 de la Ley 48/2003, de 26 de noviembre, de régimen económico y de prestación de servicios en los puertos de interés general, exime de las tasas por aprovechamiento especial en el ejercicio de actividades comerciales, industriales y de servicio y de la tasa por servicios generales a órganos y entidades de las administraciones públicas y corporaciones de Derecho, así como a entidades de carácter humanitario o sin fines lucrativos, cuando en ambos casos la autoridad portuaria aprecie la concurrencia de los requisitos que la ley establece, y que en el último supuesto mencionado han de ser el interés educativo, investigador, cultural, social o deportivo que, vinculado a la actividad portuaria, caracterice la actuación de la entidad. No parece acertado sustituir esa posibilidad de apreciación específica de las autoridades portuarias por una exención generalizada, tal y como pretende la enmienda.
La enmienda número 29, del Grupo Parlamentario Catalán en el Senado de Convergència i Unió, supone una nueva disposición adicional que establece bonificaciones en tasas de centros públicos de educación superior a favor de personas discapacitadas. Me voy a parar un momento en esta enmienda porque, por motivos laborales y profesionales, me llega muy de cerca.
Vaya por delante que nuestro Gobierno, el Grupo Parlamentario Socialista y esta ponente, defienden, porque lo creen --no para dar mejor imagen-- el papel compensador de las desigualdades que las administraciones públicas tienen, y esto tiene que ser fiel reflejo tanto en la acción del Gobierno como en las iniciativas parlamentarias. Pero no podemos estar de acuerdo con una enmienda inasumible --demagógica diría yo, si me lo permiten--, ya que la competencia normativa respecto a los centros públicos de educación superior corresponde a las comunidades autónomas, que ya tienen establecidas sus tasas y sus precios públicos por la prestación de los servicios académicos. En cualquier caso, la legislación estatal no puede establecer bonificaciones o modificar las regulaciones establecidas por dichas administraciones.
La enmienda número 31, también del Grupo Parlamentario Catalán en el Senado de Convergència i Unió, pretende adicionar una nueva disposición adicional estableciendo para Aeropuertos Españoles y Navegación Aérea la obligación de la publicación anual del coste real de los servicios. La memoria que se adjunta al proyecto de ley explica detalladamente la composición de los costes y los ingresos actuales y estimados como consecuencia de la aprobación de las actualizaciones que se proponen y que se pretende para las distintas tasas. Carece de sentido pretender que AENA publique con periodicidad anual la forma en que el principio de equivalencia comporta igualdad entre coste y cuantía exigible.
Por último, la enmienda número 32, también del Grupo Parlamentario Catalán en el Senado de Convergència i Unió, constituye una nueva disposición adicional que modifica

Página 1224


el apartado uno de la disposición adicional cuadragésimo octava de la Ley de Presupuestos Generales del Estado sobre venta de medicamentos.
Técnicamente, como ya dijimos antes, no se puede modificar en un proyecto de ley una disposición adicional de otro proyecto de ley, dado que la disposición adicional no es un precepto en vigor, por lo que si se quiere modificar debe ser por otra vía.
Hasta ahí la defensa del voto particular. Además, a nuestro grupo le queda viva la enmienda número 1 para su debate en el Pleno.
Esta enmienda pretende la modificación del artículo 73 de la Ley 39/2003, de 17 de noviembre, del Sector Ferroviario.
Resulta conveniente que la legislación aplicable al sector ferroviario contemple la posibilidad de que el Administrador de Infraestructuras Ferroviarias pueda denegar o suspender el derecho a la utilización de las infraestructuras por aquellos operadores que incumplan su obligación de pago de los cánones devengados como consecuencia de dicha utilización.
Tal y como se establece en el artículo 73 de la Ley 39/2003, de 17 de noviembre, del Sector Ferroviario, los cánones por utilización de las infraestructuras ferroviarias se fijarán de acuerdo con los principios generales de viabilidad económica de las infraestructuras, explotación eficaz de las mismas, situación de mercado y equilibrio financiero en la prestación de los servicios y con arreglo a criterios de igualdad, transparencia y no discriminación entre prestadores de servicio de transporte ferroviario.
Los citados principios informadores de los cánones ferroviarios aconsejan el establecimiento de medidas disuasorias que pongan trabas a la utilización de la infraestructura ferroviaria por un operador que no cumpla puntualmente con el pago de las tasas devengadas como consecuencia de tal uso, puesto que lo contrario supondría la utilización de la capacidad concedida como una ventaja competitiva con respecto al resto de los operadores, lo que, en definitiva, supondría una quiebra de los principios de igualdad, transparencia y no discriminación que regirán el nuevo sistema ferroviario diseñado por la Ley 39/2003, de 17 de noviembre, del Sector Ferroviario, cuya entrada en vigor tendrá lugar el 31 de diciembre de 2004.
Ahora bien, de acuerdo con lo establecido en el artículo 8 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria, aplicable a este tipo de tributos y en virtud de lo dispuesto en el artículo 9 de la Ley 8/1989, de 13 de abril, de Tasas y Precios Públicos, el principio de reserva de la ley tributaria alcanzaría tanto al establecimiento y modificación de las infracciones y sanciones tributarias como a las consecuencias del incumplimiento de las obligaciones respecto de la eficacia de los actos y negocios jurídicos, todo lo cual supone que su regulación habrá de efectuarse con norma con rango de ley.
Como consecuencia de todo lo anterior, resulta necesaria la introducción en el proyecto de ley de modificación de tasas y de reconocimiento de acontecimientos de excepcional interés público de un precepto por el que se modifique el artículo 73 de la Ley 39/2003, de 17 de noviembre, del Sector Ferroviario, permitiendo que dicho precepto faculte al Administrador de las Infraestructuras Ferroviarias para denegar o dejar en suspenso el derecho de los operadores a la utilización de las infraestructuras, estaciones, terminales e instalaciones en caso de incumplimiento de su obligación de pago de los cánones devengados como consecuencia de dicha utilización, previa comunicación al Ministerio de Fomento como administración de tutela.
Nada más y muchas gracias. (Aplausos.) El señor VICEPRESIDENTE (Molas i Batllori): Muchas gracias, señora senadora.
Si no hay turno en contra, pasamos al turno de portavoces.
Tiene la palabra el senador Mur, por el Grupo Parlamentario Mixto.


El señor MUR CLIMENT: Muchas gracias, señor presidente.
Señorías, señor vicepresidente segundo del Gobierno, en este ambiente prenavideño que nos inunda esta tarde en el Senado voy a hacer una intervención sobre el proyecto de ley que nos ocupa, de modificación de tasas y beneficios fiscales de acontecimientos de excepcional interés público.
En cuanto a la modificación de las tasas, parece que habría poco que decir, salvo lo que aquí hemos escuchado en función de las enmiendas presentadas, puesto que, como dice la exposición de motivos, la normativa de las tasas tiende a cubrir el costo de los servicios para lo cual hay un mecanismo prácticamente automático, que es la adecuación al IPC de las tasas de cada año, que debe reflejarse en los Presupuestos Generales del Estado.
Pero es cierto, como ocurre en este momento, que aparece la prestación de nuevos servicios o que es interesante potenciar, mediante la eliminación de las tasas, algunos de los servicios que ya se prestan. Hago especial hincapié en lo que se refiere a la Ley del Sector Ferroviario, que entrará en vigor el próximo día 1 de enero de 2005, y que, por tanto, era preciso regular en este momento a través de esta ley que ahora estamos debatiendo. Quiero hacer también hincapié en lo positivo que me parece la supresión de las tasas para el cumplimiento de las finalidades del Catastro, porque yo creo que ha sido una medida muy acertada incentivarlo suprimiendo tasas, costes y algún trámite administrativo mediante la utilización de los procedimientos electrónicos, para hacer pedagogía en cuanto a la necesidad de los ciudadanos españoles de colaborar con la elaboración de un Catastro lo más fiel y lo más puesto al día posible.
Pero, señorías, no es ésta la razón fundamental de mi intervención; quiero hacerla de manera especial y expresa refiriéndome al Título II, sobre beneficios fiscales aplicables a determinados acontecimientos de excepcional interés público, y la quiero hacer precisamente en este momento, cuando desde mi comunidad autónoma, desde Zaragoza tenemos la satisfacción de comprobar cómo hemos sido elegidos en París como sede para organizar la Exposición Internacional de 2008, que a mi juicio --y espero que también al de todas sus señorías-- es un acontecimiento de excepcional interés público, y es un acontecimiento del Estado español, de todos los españoles, que se va a residenciar en la capital de Aragón, en Zaragoza.


Página 1225


Yo debería haber presentado algo así como una enmienda «in voce», puesto que este proyecto de ley que ahora estamos tramitando terminó su período de enmiendas el día 14, dos días antes de que tuviéramos la certeza absoluta --no la esperanza, que ya la teníamos-- de que Zaragoza había sido elegida para organizar la exposición del 2008, y, por tanto, no pudimos introducir una enmienda para que, al igual que los beneficios fiscales se aplican a Salamanca 2005, a la Copa América 2007, a Galicia 2005 Vuelta al Mundo de Vela, al IV Centenario de El Quijote o a los deportistas españoles de los Juegos de Pekín 2008, también hiciéramos mención expresa a la Expo Internacional de Zaragoza 2008.
La propia ley va sensibilizando los procedimientos de toma de decisiones, y en el artículo vigésimo hay una modificación de la ley del régimen fiscal de las entidades sin fines lucrativos y de los incentivos fiscales al mecenazgo que deja a la potestad de los Presupuestos Generales del Estado de cada año tres cosas importantes: modificar los tipos de gravámenes de las entidades, modificar los porcentajes de deducción y los límites cuantitativos, y determinados acontecimientos de excepcional interés público. Creo que aquí podremos hacer que todo lo que tenga relación con la Exposición Internacional de Zaragoza 2008 se pueda acoger a estos beneficios fiscales, pero seguramente, señorías, tendremos que arbitrar alguna otra fórmula previa, transitoria, que nos permita desde el primer día del ejercicio fiscal de 2005 poder acogernos a las normas que, en definitiva, rigen este tipo de acontecimientos, porque, de lo contrario, todo lo que hay que hacer en el año 2005 --y es un año fundamental a la hora de poner en marcha esa exposición del 2008-- quedaría fuera del ámbito de aplicación de la ley.
Por tanto, señorías, hago una llamada de atención, hago una petición, en primer lugar al señor vicepresidente del Gobierno, pero de manera especial a sus señorías, senadoras y senadores, para que estemos predispuestos de modo y manera que, a la mayor brevedad, en el próximo período de sesiones, podamos colaborar, podamos iniciar, podamos suplir lo que ahora, por premura y por los plazos de tiempo, no hemos podido hacer; es decir, incluir la Exposición Internacional de Zaragoza 2008 entre aquellos acontecimientos de excepcional interés público, con las correspondientes deducciones y exenciones fiscales que le puedan corresponder.
En ese ánimo, en ese espíritu y puesto que terminamos esta tarde las sesiones de este período, quiero aprovechar para compartir con todos ustedes la alegría que tenemos por la concesión de la exposición de Zaragoza 2008, desearles a todas sus señorías unas felices fiestas, y que el año 2005 sea también un año importante para esta Cámara, que seguramente se tiene que ver afectada positivamente por muchísimos cambios, y que al final también consigamos el éxito que todos estamos deseando.
Muchísimas gracias. (Aplausos.)

El señor VICEPRESIDENTE (Molas i Batllori): Gracias, señoría.
¿Por el Grupo Parlamentario de Senadores de Coalición Canaria? (Pausa.) Por el Grupo Parlamentario Catalán en el Senado de Convergència i Unió tiene la palabra el senador Gasòliba.


El señor GASOLIBA I BOHM: Señor presidente, señorías, como he señalado en mi intervención en la defensa de las enmiendas, me he reservado este turno para hacer un comentario más global sobre este proyecto de ley y el texto que estamos discutiendo aquí después de las enmiendas aprobadas en comisión.
Quiero destacar que en el trámite de comisión una buena parte de nuestras propuestas fueron aceptadas. Dos de ellas rebajaron notablemente hasta un máximo del 1 por ciento el incremento de las tasas aeroportuarias motivado, como he dicho antes, por una serie de razones dada la importancia que tiene para nuestra economía el transporte aéreo, es decir, facilitar los costes más bajos posibles y a la vez la influencia que tienen en una serie de áreas muy destacadas por su actividad industrial, por contribuir a desarrollar su tejido productivo, pero también por la incidencia que tienen en regiones turísticas que producen y aportan una parte muy importante de nuestra riqueza, y he mencionado dos por ser los más conocidos, como son los de Reus y Gerona, en los cuales precisamente se enfrentan a una competencia muy intensa de otras opciones que hay en el Mediterráneo. Por tanto, en lo que sea posible debemos favorecerlas contribuyendo a ello.
Se ha mencionado el caso de AENA por parte de la senadora Durán. Ustedes hablan de transparencia y es un compromiso del Gobierno. Ha recordado aquí que es un compromiso que sintoniza perfectamente con nuestras exigencias por estar integrados en la Unión Europea, pero la transparencia también se ha de dar en las cuentas, y lo que nosotros hemos aprobado es que cada año haya la publicación de los costes reales en los aeropuertos españoles. No entendemos que se pida transparencia por una parte y que por otra no se admita que no se publiquen las cuentas de AENA, su estructura de costes y los costes reales que hay en los aeropuertos. Por tanto, si han de ser coherentes con su compromiso de transparencia, que aceptamos y alabamos, han de aceptar esto. Ustedes dicen: queremos transparencia; no aceptamos la ley de acompañamiento. Muy bien. Pero ustedes recordarán que en presupuestos ya eliminaron la posibilidad de establecer que el Senado participase en la decisión de la ley de objetivos de estabilidad, y ahora hacen lo mismo con esta propuesta de ley. El artículo decimocuarto dice lo siguiente: Las Leyes de Presupuestos Generales del Estado podrán modificar la cuantía de las tasas. Pues al final no se llamará ley de acompañamiento sino ley de presupuestos, pero con todos los defectos y toda la falta de transparencia que ustedes denunciaban. Y entiendo que tanto el Gobierno como los grupos parlamentarios que lo apoyan caen en los mismos defectos que denunciaban, con acierto, respecto a la situación anterior y la utilización de la citada ley de acompañamiento.
Por tanto, hay esta parte de mejora, de ayuda a la transparencia, de consolidación de la misma en estas enmiendas que se nos han aceptado.
También lo hay para unos temas

Página 1226


que no entiendo que se hayan denunciado con tanta vehemencia. Se ha llegado a decir por parte de la señora Durán que la siguiente propuesta, que está aprobada en el texto actual, es demagógica, y quiero leérsela a sus señorías para que sepan lo que el Grupo Parlamentario Socialista considera una propuesta demagógica. Disposición adicional. Bonificaciones en las tasas de los centros públicos de educación superior. Se bonifica el importe total de las tasas obligatorias de los centros públicos que imparten títulos de educación superior para todas las personas con un grado de discapacidad igual o superior al 33 por ciento.
Esto no es demagogia, señorías, es sensibilidad social, y ustedes lo tendrían que aprobar, primero, porque su incidencia en los presupuestos es mínima y, segundo, porque los afectados por tales discapacidades merecen esta atención. Por lo tanto, administren mejor sus calificativos cuando, por lo que sea, reciben la instrucción de no admitir un asunto.
Realmente, es alarmante pensar que las arcas del Estado son tan exiguas que no pueden llegar a aceptar una enmienda como ésta.
Sin embargo, han admitido un aspecto que nos parece muy importante: dejar al margen en la aplicación de la Ley del Medicamento los gravámenes correspondientes a los productos sanitarios. La Ley del Medicamento es para medicamentos, lo que en el argot del sector se llama especialidades farmacéuticas, pero que los suministros sanitarios estén también incorporados dentro de los gravámenes que se aplica en esta ley, aparte de que no corresponde al concepto ni de la ley ni de su aplicación, introduce un elemento de distorsión grave y perjudicial a un sector muy importante en la infraestructura y provisión de nuestro sistema sanitario.
Como he dicho anteriormente, nos quedan tres enmiendas vivas y quiero hacer hincapié en las dos que hacen referencia al respeto de las competencias de las comunidades autónomas. Lo hacemos, tanto en el aspecto de los gravámenes que corresponden a las corporaciones locales como --y lo he mencionado antes con detalle-- a aquellas que hacen referencia al ámbito catastral, y he puesto ejemplos que justificaban suficientemente la conveniencia de respetar estas competencias de las comunidades autónomas.
A estas dos enmiendas se opuso el Grupo Parlamentario Popular, que sigue en la línea de siempre en un intento de limitar al máximo las competencias de las comunidades autónomas, pero lo que me extraña, sinceramente, es que el Gobierno actual y los grupos que le apoyan, el Grupo Parlamentario Socialista y el Grupo Parlamentario Entesa Catalana de Progrés, también se opongan. Es decir, entiendo que es una incoherencia cuando, por otra parte --y me parece muy bien--, se habla de aceptar un nuevo modelo de ámbito estatal, de respetar las competencias e incrementarlas y de aceptar los estatutos de autonomía, según se proponga en los respectivos parlamentos de las comunidades autónomas, y luego, cuando se quiere aplicar en la práctica una cosa en principio tan lógica, como es respetar la competencia de las comunidades autónomas en los gravámenes de las áreas que les corresponden, se vote en contra.
Finalmente, ya he citado la enmienda relativa a la limitación o reducción del gravamen en las tasas aeroportuarias en horas valle para mejorar la competitividad de nuestros aeropuertos, que en determinadas zonas por su estructura económica, sea industrial o turística, merecen esta atención.
Quiero remarcar, obviamente, que nosotros estamos en contra de la enmienda que presenta el Grupo Parlamentario Socialista y esperamos que el dictamen y el proyecto de ley, tal como se presenta en el Pleno de esta Cámara después de su discusión en comisión, sea aprobado porque tiene, como pueden comprobar sus señorías, notables mejoras, tanto en el ámbito económico como en el social.
Muchas gracias, señorías.


El señor VICEPRESIDENTE (Molas i Batllori): Muchas gracias, señor senador.
Por el Grupo Parlamentario de Senadores Nacionalistas Vascos, el senador Maqueda tiene la palabra.


El señor MAQUEDA LAFUENTE: Señor presidente, señorías. «Arratsalde on, zorionak eta urte berri on». Buenas tardes a todos y a todas.
Felicidades, feliz año nuevo.
Tomo la palabra para fijar brevemente la posición de nuestro Grupo Parlamentario de Senadores Nacionalistas Vascos en relación con las enmiendas del proyecto de ley de modificación de las tasas y de beneficios fiscales de acontecimientos de excepcional interés público vistas en la correspondiente ponencia y en la Comisión de Economía y Hacienda.
En primer lugar, quisiera dejar muy clara nuestra postura ante este proyecto de ley: el Grupo Parlamentario de Senadores Nacionalistas Vascos no ha presentado ninguna enmienda aunque esta decisión no ha impedido el que hayamos participado de una manera intensa en el debate de la ponencia con las enmiendas presentadas por los demás grupos parlamentarios.
Asimismo, me gustaría dejar bien sentado que en esta ocasión, como en otras que hemos vivido recientemente en esta Cámara, nuestra actitud ha sido establecida sobre la base de criterios estrictamente técnicos que, en todo caso, buscan siempre lo que entendemos mejor para el conjunto de los ciudadanos y de las ciudadanas del Estado español y de la comunidad autónoma vasca en particular.
Sentadas así las bases, quisiera añadir que nosotros no nos oponemos a todo lo que presentan los demás porque sí, y buena prueba de lo que digo es la manera de actuar que han tenido varios grupos en la ponencia que se ha presentado. A nosotros nos gusta analizar, estudiar, debatir y tratar de consensuar las diferentes enmiendas o las diferentes propuestas en cada caso. Tenemos la libertad de actuar con transparencia al no tener ni responsabilidades de gobierno, ni tampoco un deseo febril de acosar y de derribar al poder establecido. Ya nos gustaría a nosotros en el caso del País Vasco, donde sí tenemos responsabilidades de gobierno, que las oposiciones --Partido Popular y Partido Socialista-- fuesen tan respetuosas y tan constructivas, aunque, claro, también hay que decirlo: hay políticos y políticos, personas y personas, talantes y talantes.


Página 1227


En lo que respecta a la ley, nosotros hemos apoyado en comisión varias de las enmiendas presentadas por el Partido Popular porque, reitero lo dicho anteriormente, nos parecen técnicamente adecuadas. De las tres enmiendas presentadas por el PSOE decidimos apoyar dos; lo mismo hicimos con las tres enmiendas presentadas por Coalición Canaria, de las cuales también apoyamos dos, y para que vean que somos coherentes con lo que decimos, de las seis enmiendas presentadas por Convergència i Unió apoyamos cuatro.
Esta misma será nuestra posición en las enmiendas que votemos en el Pleno de hoy. (El señor Presidente ocupa la Presidencia.) Por último, quisiera indicarles que consideramos que las enmiendas apoyadas mejoran sustancialmente --como ha dicho el portavoz del Partido Popular-- el proyecto de ley, haciéndolo más justo para los ciudadanos y más respetuoso con las diferentes administraciones autonómicas. Confiamos en que, dejando a un lado los tecnicismos de las tasas y de los tributos en lo referido estrictamente a los beneficios fiscales de acontecimientos de excepcional interés público, la Administración central se acuerde de Euskadi a la hora de programar sus futuras actuaciones. Nos parecen muy bien las exposiciones universales pasadas y futuras --Sevilla, Zaragoza--, las Edades del Hombre, los Juegos Olímpicos y todos los demás eventos que ustedes quieran llevar a cabo, pero permítannos que nos preguntemos y que les preguntemos si alguna vez se acordarán de que Euskadi existe y de que además es una tierra maravillosa. Vengan y cuéntenlo.
«Eskerrik asko». Muchas gracias y les reitero la felicitación de nuestro grupo parlamentario a sus señorías y a todo el personal de la Cámara ante estas fiestas que se avecinan. Les deseamos prosperidad para el nuevo año. «Zorionak eskerrik asko on danori». (Aplausos.)

El señor PRESIDENTE: Gracias, señoría.
¿Grupo de la Entesa? (Pausa.) Por el Grupo Parlamentario Socialista tiene la palabra la senadora Durán.


La señora DURAN FRAGUAS: Muchas gracias, señor presidente.
En primer lugar quiero decirle al senador Mur que tenga el total convencimiento de que para el Gobierno socialista y para nuestro grupo parlamentario ha sido una extraordinaria alegría conseguir la Exposición Universal de Zaragoza. Por tanto, no dude ni por un momento en que se arbitrarán las medidas necesarias para que dicha exposición sea un auténtico éxito.
En cuanto al senador Gasòliba, tal vez no le haya gustado oír la palabra «demagógica», pero le voy a explicar por qué la he citado. Señoría, llevo veinte años trabajando con personas discapacitadas, y sé que cada vez que se crea una expectativa para ellas que después no se lleva a la práctica tienen un gran problema. Por ello, aunque no podemos más que estar completamente de acuerdo con una enmienda como la de su grupo, para la bonificación en tasas de centros públicos de educación superior a favor de esas personas, porque hay que proporcionar a esas personas discapacitadas, tanto físicas como psíquicas o sensoriales, todo lo que necesiten, consideramos que la enmienda en cuestión no se puede asumir en esta ley ya que esas competencias corresponden a las comunidades autónomas; por tanto, son éstas las que establecen dichas tasas. Señoría, quiero que entienda que me refería de forma específica, repito, a que sé cómo sufren esas personas cuando se crea una expectativa para ellas que después no se cumple.
Respecto del resto de las enmiendas de Convergència i Unió que quedan vivas, la número 22 propone la modificación de una serie de artículos de la Ley del Catastro Inmobiliario. Sólo quiero indicar que este proyecto de ley regula la modificación de ciertas tasas y de beneficios fiscales de acontecimientos excepcionales, por lo que a nuestro entender no es la norma adecuada para contener las modificaciones que se proponen en relación con la gestión catastral. Ese es el motivo de que la vayamos a votar en contra.
La enmienda número 27 propone la adición de un artículo decimotercero, de modificación del artículo 11 de la Ley 14/2000, de 29 de diciembre, estableciendo una bonificación del 30 por ciento en la tasa de aterrizaje para operaciones aeroportuarias dentro de un determinado horario, lo que se denomina «valle». Pues bien, el establecimiento de una bonificación generalizada del 30 por ciento para las operaciones realizadas en aeropuertos de primera, segunda y tercera categoría durante un determinado horario, de 10 a 18 horas, incrementaría de forma injustificada el déficit, que en el caso particular de la tasa de aterrizaje, y después de la actualización prevista, del 3 por ciento, seguiría alcanzando los 194 millones de euros.
Por último, la enmienda número 28 propone la adición de una disposición adicional para la atribución a las comunidades autónomas de una parte de la recaudación de la tasa por el ejercicio de la potestad jurisdiccional en los órdenes civil y contencioso-administrativo. A este respecto, la tasa por el ejercicio de la potestad jurisdiccional en los citados órdenes, establecida por el artículo 35 de la Ley 53/2002, de 30 de diciembre, de Medidas Fiscales, Administrativas y del Orden Social, tiene por objeto la cobertura de los costes generados por la realización de esos servicios. La enmienda pretende la afectación del 81 por ciento de la recaudación a la cobertura de los servicios de Administración de Justicia desempeñados en el ámbito de las comunidades autónomas. En este sentido, con independencia de que la enmienda no facilite un estudio que apoye la atribución a las comunidades autónomas de ese u otro porcentaje, no se estima adecuado que la recaudación de una tasa de la Administración general del Estado pueda quedar afectada a servicios y actividades prestados por otras administraciones diferentes. Así pues, votaremos en contra sus tres enmiendas.
Muchas gracias, y felices navidades para todos. (Aplausos.)

El señor PRESIDENTE: Por el Grupo Popular tiene la palabra el senador Iglesias.


El señor IGLESIAS GARCIA: Señor presidente, señorías, senadora Durán, en primer lugar quisiera felicitarle

Página 1228


por lo bien, y sobre todo por lo rápido, que nos ha leído el informe que le ha remitido el Gobierno. (Rumores.) La suya ha sido una lectura enriquecedora en la que no por ser conocida hemos dejado de estar, y de hecho lo hemos estado, lo más atentos posible a la enumeración de los argumentos que nos ha esgrimido.
Quizá precisamente debido a los halagos que ha referido usted a mi persona le voy a dar la oportunidad de que usted, su grupo parlamentario, yo y el mío nos entendamos esta noche, a pesar de las altas horas a las que todavía nos encontramos aquí, teniendo en cuenta, además, que algunos de ustedes tienen que salir de viaje hacia sus lugares de residencia. Y me explico: Dice su señoría que no tenemos argumentos, que lo que hemos dicho es falso y que en definitiva el Grupo Parlamentario Popular sólo busca la demagogia, que sólo busca el lucimiento porque ha utilizado un turno para exponer su punto de vista y que sólo busca una modificación insustancial de la ley.
Eso no es verdad señoría. El Grupo Parlamentario Popular, apoyado por el Grupo Parlamentario Catalán en el Senado de Convergència i Unió y por el Grupo Parlamentario de Senadores Nacionalistas Vascos hemos sacado adelante dos tipos de enmiendas con las que pretendemos, por una parte, limitar las subidas escandalosas de tasas que proponía el Gobierno a esta Cámara, subidas que en algún caso superaban, como he dicho, el cuatrocientos por cien, y que en muchos otros estaban claramente por encima de la inflación con una cifra de dos dígitos.
Eso es inadmisible, señoría. Usted puede llamarlo de una manera o de otra, puede decir que con ello no busca la recaudación o puede decir que busca ajustar los ingresos a los gastos, pero lo que en realidad tenemos es un proyecto que, aunque es árido, aunque es numeroso en cuanto a sus disposiciones, aunque es difícil de comprender para la opinión pública, la realidad nos muestra que incrementa notablemente, sustancialmente las tasas de sectores claves para la economía española.
El señor ministro podrá decir que el incremento superior al IPC previsto para el año que viene del sector aéreo no es importante para el sector turístico, pero nosotros no opinamos igual. Su opinión es respetable, pero la nuestra no coincide con la suya en absoluto. El señor ministro podrá decir que el incremento de un cuatrocientos por cien de las tasas en el sector farmacéutico o que la disposición en los Presupuestos Generales del Estado para obtener descuentos oficiales en la compra de medicamentos no es intervencionista y no supone incremento de recaudación, pero sí supone incremento de recaudación de más de 200 millones de euros, según tengo entendido, y sí supone medidas absolutamente intervencionistas.
Señorías, senadora Durán, esta ley fue vetada en comisión por el Grupo Parlamentario Popular porque había aspectos sustanciales en los que no podíamos estar de acuerdo, aspectos que han sido corregidos con las enmiendas presentadas por el Grupo Parlamentario Catalán en el Senado de Convergència i Unió, por el Grupo Parlamentario Popular y por el Grupo Parlamentario de Senadores de Coalición Canaria que han sido aprobadas.
Lo que quiero decir es que el veto ha sido retirado porque entendemos que la ley ha sido mejorada sustancialmente. (Rumores.) Y no nos oponemos en absoluto a la totalidad de la ley propuesta por el Gobierno. Estamos absolutamente a favor de los beneficios fiscales propuestos. Estamos de acuerdo con el Gobierno en las modificaciones que propone en favor de mejorar la gestión, incluso de suprimir algunas de las tasas existentes, y por eso usted y yo nos vamos a poner de acuerdo. Porque lo único que hemos hecho con las modificaciones introducidas en la comisión celebrada ayer es, por una parte, rebajar el incremento abusivo que establecía el Gobierno para esas tasas y, por otra, señoría, evitar que el Gobierno intente introducir por la puerta de atrás esta modificación de tasas el año que viene y a partir del año que viene en los Presupuestos Generales del Estado. Ustedes propugnaron en todas las puertas...


El señor PRESIDENTE: Señorías, ruego guarden silencio.


El señor IGLESIAS GARCIA: Voy concluyendo, señor presidente.
Como decía, ustedes propugnaron en todas las puertas el que la ley de tasas obedecía sencillamente a la transparencia del Gobierno, y no es verdad. Desde mi punto de vista esta ley es una muestra más de que la política económica del Gobierno es errática, incongruente, fruto de una falta de coherencia que nunca en los años más recientes hemos visto en España, ni siquiera en los años en que gobernaba el Partido Socialista.
Por eso llamo a la reflexión al Grupo Parlamentario Socialista, porque desde el Grupo Parlamentario Popular estamos deseosos de saber qué van hacer con su voto. Y ya anuncio aquí que una vez introducidas estas modificaciones, aunque no estemos de acuerdo en la forma, como he dicho, nuestro voto va a ser favorable. Esta Cámara, el Senado, ha modificado sustancialmente la ley y queremos saber qué es lo que va a votar el Grupo Parlamentario Socialista.
Muchas gracias, y también aprovecho, como todos los portavoces anteriores, para felicitarles a ustedes la Navidad.
Muchas gracias. (Aplausos.)

El señor PRESIDENTE: Gracias, señoría.
Vamos a proceder a la votación.
Sometemos a votación las enmiendas del Grupo Parlamentario Catalán en el Senado de Convergència i Unió. Votamos las enmiendas 22 y 28.
Se inicia la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos emitidos, 255; a favor, 14; en contra, 115; abstenciones, 126.


El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.
Sometemos a votación la enmienda 27, del Grupo Parlamentario Catalán en el Senado de Convergència i Unió.
Se inicia la votación. (Pausa.)

Página 1229


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos emitidos, 255; a favor, 14; en contra, 115; abstenciones, 126.


El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.
Sometemos a votación la enmienda número 1, del Grupo Parlamentario Socialista Se inicia la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos emitidos, 255; a favor, 116; en contra, 138; abstenciones, una.


El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.
Sometemos a votación la vuelta al texto del Congreso en lo modificado por las enmiendas 4 a 9, 11 a 19, 21, 25, 29, 31, 32, del Grupo Parlamentario Socialista.
Se inicia la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos emitidos, 255; a favor, 113; en contra, 136; abstenciones, seis.


El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.
Sometemos a votación el dictamen. Artículos 1, 2, 5, 6, 7, 12, 13, 15, 16, 17, 18, 19 y 20, disposiciones adicionales segunda y tercera, disposición derogatoria y disposición final.
Se inicia la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos emitidos, 254; a favor, 254.


El señor PRESIDENTE: Quedan aprobadas.
Votamos el resto del dictamen. Se inicia la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos emitidos, 253; a favor, 140; en contra, 111; abstenciones, dos.


El señor PRESIDENTE: Queda aprobado. (Aplausos.) Señorías, tal como dispone el artículo 90 de la Constitución, se dará traslado de las enmiendas aprobadas por el Senado al Congreso de los Diputados para que éste se pronuncie sobre las mismas en forma previa a la sanción del texto definitivo por su Majestad el Rey.


--CONOCIMIENTO POR EL PLENO DE TRATADOS Y CONVENIOS INTERNACIONALES REMITIDOS POR EL CONGRESO DE LOS DIPUTADOS.


El señor PRESIDENTE: Punto cuarto del orden del día, conocimiento por el Pleno de tratados y convenios internacionales remitidos por el Congreso de los Diputados.


--DECLARACION DE ACEPTACION POR ESPAÑA DE LA ADHESION DE LA REPUBLICA DE BULGARIA AL CONVENIO SOBRE LOS ASPECTOS CIVILES DE LA SUSTRACCION INTERNACIONAL DE MENORES, HECHO EN LA HAYA EL 25 DE OCTUBRE DE 1980 (S.
610/000043) (C. D. 110/000044).


El señor PRESIDENTE: Declaración de aceptación por España de la adhesión de la República de Bulgaria al Convenio sobre los aspectos civiles de la sustracción internacional de menores, hecho en La Haya el 25 de octubre de 1980.
No se han presentado propuestas en relación con esta declaración dentro del plazo establecido.
¿Algún grupo desea intervenir? (Pausa.) Se entiende que queda aprobado por asentimiento.


--ACUERDO ENTRE EL REINO DE ESPAÑA Y LA REPUBLICA DE LETONIA SOBRE COOPERACION EN MATERIA DE LUCHA CONTRA EL TERRORISMO, LA DELINCUENCIA ORGANIZADA, EL TRAFICO ILICITO DE ESTUPEFACIENTES, SUSTANCIAS PSICOTROPICAS Y PRECURSORES Y OTROS DELITOS, HECHO EN MADRID EL 24 DE OCTUBRE DE 2003 (S. 610/000044) (C. D. 110/000045).


El señor PRESIDENTE: Acuerdo entre el Reino de España y la República de Letonia sobre cooperación en materia de lucha contra el terrorismo, la delincuencia organizada, el tráfico ilícito de estupefacientes, sustancias psicotrópicas y precursores y otros delitos, hecho en Madrid el 24 de octubre de 2003.
No se han presentado propuestas en relación con este acuerdo dentro de los plazos establecidos.
¿Algún grupo desea intervenir? (Pausa.) Queda aprobado por asentimiento.


--ACUERDO ENTRE EL REINO DE ESPAÑA Y LA REPUBLICA DE BULGARIA RELATIVO A LA REGULACION DE LOS FLUJOS MIGRATORIOS LABORALES ENTRE AMBOS ESTADOS, HECHO EN MADRID EL 28 DE OCTUBRE DE 2003 (S. 610/000045) (C. D.
110/000046).


El señor PRESIDENTE: Acuerdo entre el Reino de España y la República de Bulgaria relativo a la regulación de los flujos migratorios laborales entre ambos Estados, hecho en Madrid el 28 de octubre de 2003.
No se han presentado propuestas en relación con este acuerdo dentro de los plazos establecidos.
¿Algún grupo desea intervenir? (Pausa.) Se entiende que queda aprobado por asentimiento.


Página 1230


--ACUERDO MARCO ENTRE ESPAÑA Y LA ORGANIZACION DE LAS NACIONES UNIDAS PARA LA AGRICULTURA Y LA ALIMENTACION (FAO), HECHO EN MADRID EL 27 DE ENERO DE 2004 (S. 610/000046) (C. D. 110/000047).


El señor PRESIDENTE: Acuerdo Marco entre España y la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación (FAO), hecho en Madrid el 27 de enero de 2004.
No se han presentado propuestas en relación con este acuerdo dentro de los plazos establecidos.
¿Algún grupo desea intervenir? (Pausa.) Queda aprobado por asentimiento.


--ACUERDO MARCO ENTRE EL REINO DE ESPAÑA Y EL FONDO DE LAS NACIONES UNIDAS PARA LA INFANCIA (UNICEF), HECHO EN MADRID EL 25 DE FEBRERO DE 2004. (S. 610/000047) (C. D. 110/000048).


El señor PRESIDENTE: Acuerdo Marco entre el Reino de España y el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF), hecho en Madrid el 25 de febrero de 2004.
No se han presentado propuestas en relación con este acuerdo dentro de los plazos establecidos.
¿Algún grupo desea intervenir? (Pausa.) Queda aprobado por asentimiento.


--PROTOCOLO RELATIVO A LA ADHESION DE LA COMUNIDAD EUROPEA AL CONVENIO INTERNACIONAL DE COOPERACION RELATIVO A LA SEGURIDAD DE LA NAVEGACION AEREA «EUROCONTROL», DE 13 DE DICIEMBRE DE 1960, CON SUS DIFERENTES MODIFICACIONES Y REFUNDIDO POR EL PROTOCOLO DE 27 DE JUNIO DE 1997, HECHO EN BRUSELAS EL 8 DE OCTUBRE DE 2002 (S. 610/000048) (C. D. 110/000049).


El señor PRESIDENTE: Protocolo relativo a la adhesión de la Comunidad Europea al Convenio Internacional de Cooperación relativo a la seguridad de la navegación aérea «Eurocontrol», de 13 de diciembre de 1960, con sus diferentes modificaciones y refundido por el Protocolo de 27 de junio de 1997, hecho en Bruselas el 8 de octubre de 2002.
No se han presentado propuestas en relación con este asunto en los plazos establecidos.
¿Desea algún grupo intervenir? (Pausa.) Se aprueba por asentimiento.


--PROTOCOLO REFUNDIENDO EL CONVENIO INTERNACIONAL DE COOPERACION PARA LA SEGURIDAD DE LA NAVEGACION AEREA «EUROCONTROL», DE 13 DE DICIEMBRE DE 1960, COMO CONSECUENCIA DE LAS DIFERENTES MODIFICACIONES REALIZADAS Y DEL PROTOCOLO ADICIONAL, RELATIVO AL PASO DEL REGIMEN DEL ACUERDO MULTILATERAL RELATIVO A LAS TARIFAS DE RUTA, DE 12 DE FEBRERO DE 1981, AL REGIMEN DE LAS DISPOSICIONES PERTINENTES DE LA VERSION REFUNDIDA DEL TEXTO DEL CONVENIO INTERNACIONAL DE COOPERACION PARA LA SEGURIDAD DE LA NAVEGACION AEREA «EUROCONTROL» ENMENDADO EN BRUSELAS EN 1997, INCLUYENDO EL ANEXO IV DEL MISMO, HECHO EN BRUSELAS EL 27 DE JUNIO DE 1997 Y DECLARACIONES QUE ESPAÑA VA A FORMULAR EN EL MOMENTO DE SU RATIFICACION (S. 610/000049) (C. D.110/000050).


El señor PRESIDENTE: Protocolo refundiendo el Convenio Internacional de cooperación para la seguridad de la navegación aérea «Eurocontrol», de 13 de diciembre de 1960, como consecuencia de las diferentes modificaciones realizadas y del Protocolo adicional, relativo al paso del régimen del Acuerdo Multilateral relativo a las tarifas de ruta, de 12 de febrero de 1981, al régimen de las disposiciones pertinentes de la versión refundida del texto del Convenio Internacional de cooperación para la seguridad de la navegación aérea «Eurocontrol» enmendado en Bruselas en 1997, incluyendo el Anexo IV del mismo, hecho en Bruselas el 27 de junio de 1997 y Declaraciones que España va a formular en el momento de su ratificación.
No se han presentado propuestas en relación con este Protocolo dentro de los plazos establecidos.
¿Algún grupo desea intervenir? (Pausa.) Queda aprobado por asentimiento.
Señorías, no habiendo más asuntos que tratar y entendiendo que estamos en fechas proclives a la celebración, a pasarlo lo suficientemente bien dentro de la moderación, felices fiestas para todos ustedes y para sus familias y esperemos que el año que viene sea un año mejor si cabe.
«Zorionak eta urte berri on».
Señorías, gracias.
Se levanta la sesión.


Eran las veinte horas y cuarenta minutos.


Congreso de los Diputados · C/Floridablanca s/n - 28071 - MADRID · Aviso Legal