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DS. Senado, Pleno, núm. 40, de 18/05/2005
 


CORTES GENERALES
DIARIO DE SESIONES DEL
SENADO

Año 2005 VIII Legislatura
Núm. 40
PRESIDENCIA DEL EXCMO. SR. D. FRANCISCO JAVIER ROJO GARCÍA
Sesión del Pleno
celebrada el miércoles, 18 de mayo de 2005


ORDEN DEL DÍA:

Primero

Preguntas:

-- De Dª ADORACIÓN QUESADA BRAVO, del GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA, sobre las medidas que contempla el documento aprobado por el Ministerio de Medio Ambiente y representantes de las diferentes Comunidades Autónomas en relación con la prevención y lucha contra los incendios forestales. (Publicada en el «Boletín Oficial de las Cortes Generales», Senado, Serie I, número 231, de fecha 16 de mayo de 2005). (Número de expediente S. 680/000418).


-- De D. FRANCISCO BELLA GALÁN, del GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA, sobre las actuaciones aprobadas por el Gobierno para hacer frente a la sequía.
(Publicada en el «Boletín Oficial de las Cortes Generales», Senado, Serie I, número 231, de fecha 16 de mayo de 2005). (Número de expediente S.
680/000422).


-- De D. DIEGO LADISLAO CASTELL CAMPESINO, del GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR EN EL SENADO, sobre si el Gobierno comparte las manifestaciones realizadas por la Ministra de Medio Ambiente sobre la racionalización y el ahorro del consumo de agua, a propósito de la sequía en Levante.
(Publicada en el «Boletín Oficial de las Cortes Generales», Senado, Serie I, número 231, de fecha 16 de mayo de 2005). (Número de expediente S.
680/000424).


-- De D. JORDI GUILLOT MIRAVET, del GRUPO PARLAMENTARIO ENTESA CATALANA DE PROGRÉS, sobre la opinión del Gobierno respecto al incremento de emisiones de dióxido de carbono en España desde el año 1990 hasta el 2004. (Publicada en el «Boletín Oficial de las Cortes Generales», Senado, Serie I, número 231, de fecha 16 de mayo de 2005). (Número de expediente S. 680/000430).


Página 2010


-- De D. FRANCISCO JAVIER MAQUEDA LAFUENTE, del GRUPO PARLAMENTARIO DE SENADORES NACIONALISTAS VASCOS, sobre la opinión del Gobierno en relación con el desmantelamiento industrial institucional de la margen izquierda del río Nervión, en Vizcaya. (Publicada en el «Boletín Oficial de las Cortes Generales», Senado, Serie I, número 231, de fecha 16 de mayo de 2005). (Número de expediente S. 680/000389).


-- De D. FÉLIX LAVILLA MARTÍNEZ, del GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA, sobre los objetivos previstos por la futura oficina de atención al usuario de telecomunicaciones para mejorar la asistencia a los ciudadanos. (Publicada en el «Boletín Oficial de las Cortes Generales», Senado, Serie I, número 231, de fecha 16 de mayo de 2005). (Número de expediente S. 680/000419).


-- De D. JUAN VANHALEN ACEDO, del GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR EN EL SENADO, sobre la opinión del Gobierno en relación con las prioridades que debe afrontar el cine español en el doblaje de películas a lenguas distintas del castellano. (Publicada en el «Boletín Oficial de las Cortes Generales», Senado, Serie I, número 231, de fecha 16 de mayo de 2005).
(Número de expediente S. 680/000427).


-- De D. RICARDO MELCHIOR NAVARRO, del GRUPO PARLAMENTARIO DE SENADORES DE COALICIÓN CANARIA, sobre las acciones previstas por el Ministerio del Interior para cubrir las plazas vacantes e incrementar el número de efectivos durante el año 2005 en los cuarteles y comisarías de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado en la isla de Tenerife (Santa Cruz de Tenerife). (Publicada en el «Boletín Oficial de las Cortes Generales», Senado, Serie I, número 231, de fecha 16 de mayo de 2005).
(Número de expediente S. 680/000408).


-- De D. EDUARDO CUENCA CAÑIZARES, del GRUPO PARLAMENTARIO MIXTO, sobre los planes concretos del Gobierno ante el inminente proceso de desafectación de los terrenos de la antigua cárcel de Carabanchel en Madrid. (Publicada en el «Boletín Oficial de las Cortes Generales», Senado, Serie I, número 231, de fecha 16 de mayo de 2005). (Número de expediente S. 680/000412).
-- De Dª ISABEL LÓPEZ AULE STIA, del GRUPO PARLAMENTARIO MIXTO, sobre las previsiones del Gobierno respecto a instar al Ministerio Fiscal e Instituciones Penitenciarias para que promuevan determinadas medidas en relación con el cumplimiento de la condena de las personas que padecen enfermedades graves o que hayan cumplido las tres cuartas partes de su condena. (Publicada en el «Boletín Oficial de las Cortes Generales», Senado, Serie I, número 231, de fecha 16 de mayo de 2005). (Número de expediente S. 680/000413).
-- De D. JOSÉ MIGUEL CAMAC HO SÁNCHEZ, del GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA, sobre las líneas básicas del acuerdo de colaboración y coordinación existente entre las policías española y francesa para combatir la delincuencia organizada en cualquiera de sus manifestaciones. (Publicada en el «Boletín Oficial de las Cortes Generales», Senado, Serie I, número 231, de fecha 16 de mayo de 2005). (Número de expediente S. 680/000417).


-- De Dª MARÍA DEL CARMEN GRANADO PANIAGUA, del GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA, sobre la valoración que hace el Ministro del Interior de la última Cumbre de los Ministros del Interior del Grupo de los Cinco (G5) de la Unión Europea. (Publicada en el «Boletín Oficial de las Cortes Generales», Senado, Serie I, número 231, de fecha 16 de mayo de 2005). (Número de expediente S. 680/000421).


-- De D. LUIS EDUARDO CORTÉS MUÑOZ, del GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR EN EL SENADO, sobre las medidas concretas que adoptó el Gobierno para paliar los previsibles efectos sobre el tráfico de la operación salida en las carreteras de la Comunidad de Madrid. (Publicada en el «Boletín Oficial de las Cortes Generales», Senado, Serie I, número 231, de fecha 16 de mayo de 2005). (Número de expediente S. 680/000425).


-- De D. LLUÍS BADIA I CHANCHO, del GRUPO PARLAMENTARIO CATALÁN EN EL SENADO DE CONVERGÈNCIA I UNIÓ, sobre la posición del Gobierno respecto a solucionar los accesos terrestres al puerto de Barcelona. (Publicada en el «Boletín Oficial de las Cortes Generales», Senado, Serie I, número 231, de fecha 16 de mayo de 2005). (Número de expediente S. 680/000415).


-- De D. CARLOS JAVIER FLORIANO CORRALES, del GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR EN EL SENADO, sobre los motivos de la paralización de las obras de conversión en autovía de la carretera nacional N-630, a su paso por la Comunidad Autónoma de Extremadura. (Publicada en el «Boletín Oficial de las Cortes Generales», Senado, Serie I, número 231, de fecha 16 de mayo de 2005). (Número de expediente S. 680/000423).


-- De D. VÍCTOR MANUEL VÁZQUEZ PORTOMEÑE, del GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR EN EL SENADO, sobre la fecha prevista por el Gobierno para desbloquear la congelación de las inversiones previstas en el Plan Especial de Galicia.
(Publicada en el «Boletín Oficial de las Cortes Generales», Senado, Serie I, número 231, de fecha 16 de mayo de 2005). (Número de expediente S.
680/000428).


Página 2011


-- De D. JOSÉ MENDOZA CABRERA, del GRUPO PARLAMENTARIO DE SENADORES DE COALICIÓN CANARIA, sobre la disposición del Gobierno con respecto a la Resolución aprobada por el Parlamento de Canarias referida al otorgamiento a éste de las facultades exclusivas para la gestión de los tributos que conforman el Régimen Económico y Fiscal (REF) de Canarias, así como para las modificaciones de sus tipos. (Publicada en el «Boletín Oficial de las Cortes Generales», Senado, Serie I, número 231, de fecha 16 de mayo de 2005). (Número de expediente S. 680/000409).


-- De D. PERE MACIAS I ARAU, del GRUPO PARLAMENTARIO CATALÁN EN EL SENADO DE CONVERGÈNCIA I UNIÓ, sobre los criterios que va a aplicar el Ministerio de Economía y Hacienda para escoger los trescientos municipios a los que se les aplicará la anunciada subida del valor catastral de un veintitrés por ciento. (Publicada en el «Boletín Oficial de las Cortes Generales», Senado, Serie I, número 231, de fecha 16 de mayo de 2005).
(Número de expediente S. 680/000414).


-- De D. FRANCISCO XABIER ALBISTUR MARIN, del GRUPO PARLAMENTARIO DE SENADORES NACIONALISTAS VASCOS, sobre las previsiones de conclusión de las obras de restauración del teatro Victoria Eugenia de San Sebastián (Guipúzcoa). (Publicada en el «Boletín Oficial de las Cortes Generales», Senado, Serie I, número 231, de fecha 16 de mayo de 2005). (Número de expediente S. 680/000410).


-- De D. VÍCTOR BRAVO DURÁN, del GRUPO PARLAMENTARIO DE SENADORES NACIONALISTAS VASCOS, sobre las medidas previstas por el Gobierno para paliar los efectos de las escasas capturas que se están dando en la actual costera de la anchoa. (Publicada en el «Boletín Oficial de las Cortes Generales», Senado, Serie I, número 231, de fecha 16 de mayo de 2005). (Número de expediente S. 680/000411).


-- De D. ARTURO GONZÁLEZ LÓPEZ, del GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA, sobre las principales novedades que incorpora el Proyecto de Ley de tropa y marinería. (Publicada en el «Boletín Oficial de las Cortes Generales», Senado, Serie I, número 231, de fecha 16 de mayo de 2005). (Número de expediente S. 680/000416).


-- De D. JUAN ANTONIO BARRANCO GALLARDO, del GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA, sobre la valoración que hace el Ministerio de Defensa del convenio recientemente firmado con la Comunidad de Madrid para hacer posible la denominada «Operación Campamento». (Publicada en el «Boletín Oficial de las Cortes Generales», Senado, Serie I, número 231, de fecha 16 de mayo de 2005). (Número de expediente S. 680/000420).


-- De Dª MARÍA DEL CARMEN GUERRA GUERRA, del GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR EN EL SENADO, sobre la fecha prevista por el Gobierno para licitar el proyecto complementario del castillo de la Luz y de las Casas Consistoriales de Las Palmas de Gran Canaria (Las Palmas). (Publicada en el «Boletín Oficial de las Cortes Generales», Senado, Serie I, número 231, de fecha 16 de mayo de 2005). (Número de expediente S. 680/000426).


-- De D. JOSÉ MANUEL GARCÍA BALLESTERO, del GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR EN EL SENADO, sobre la valoración que hace el Gobierno del Plan de Choque de la Vivienda. (Publicada en el «Boletín Oficial de las Cortes Generales», Senado, Serie I, número 231, de fecha 16 de mayo de 2005).
(Número de expediente S. 680/000429).


-- De D. RAMÓN ALEU I JORNET y D. LLUÍS MARIA DE PUIG OLIVE, del GRUPO PARLAMENTARIO ENTESA CATALANA DE PROGRÉS, sobre los resultados que espera el Gobierno de las gestiones realizadas para el reconocimiento en la Unión Europea de las distintas lenguas oficiales en alguna Comunidad Autónoma. (Publicada en el «Boletín Oficial de las Cortes Generales», Senado, Serie I, número 231, de fecha 16 de mayo de 2005). (Número de expediente S. 680/000431).


Segundo

Interpelaciones:

-- De D. DAMIÁN CANEDA MORALES, del GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR EN EL SENADO, sobre la propuesta que va a defender el Gobierno ante las autoridades de la Unión Europea en relación con los fondos de cohesión.
(Publicada en el «Boletín Oficial de las Cortes Generales», Senado, Serie I, número 231, de fecha 16 de mayo de 2005). (Número de expediente S.
670/000053).


-- De Dª MARÍA ROSA VINDEL LÓPEZ, del GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR EN EL SENADO, sobre la política del Gobierno en orden a asegurar la aplicación práctica de las leyes que rigen el disfrute del derecho fundamental de las personas a la libertad. (Publicada en el «Boletín Oficial de las Cortes Generales», Senado, Serie I, número 231, de fecha 16 de mayo de 2005). (Número de expediente S. 670/000050).


Página 2012


-- De D. RICARDO MELCHIOR NAVARRO, del GRUPO PARLAMENTARIO DE SENADORES DE COALICIÓN CANARIA, sobre la participación del Gobierno en la financiación de proyectos de tranvías en territorios insulares densamente poblados y con escaso suelo para el desarrollo de infraestructuras viarias. (Publicada en el «Boletín Oficial de las Cortes Generales», Senado, Serie I, número 231, de fecha 16 de mayo de 2005). (Número de expediente S. 670/000052).


Tercero

Toma en consideración de proposiciones de ley del Senado:

-- Proposición de Ley Orgánica de modificación de la Ley Orgánica 2/1979, de 3 de octubre, del Tribunal Constitucional. (Autor: Grupo Parlamentario Catalán en el Senado de Convergència i Unió). (Publicada en el «Boletín Oficial de las Cortes Generales», Senado, Serie III A, número 1, de fecha 22 de abril de 2004). (Número de expediente S. 622/000001).


-- Proposición de Ley relativa a la modificación de la Ley 1/2000, de 7 de enero, de Enjuiciamiento Civil, en materia de enervación del juicio de desahucio. (Autor: Grupo Parlamentario Popular en el Senado). (Publicada en el «Boletín Oficial de las Cortes Generales», Senado, Serie III A, número 21, de fecha 3 de marzo de 2005). (Número de expediente S.
622/000020).


-- Proposición de Ley de modificación del Real Decreto Legislativo 1/1996, de 12 de abril, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Propiedad Intelectual. (Autor: Grupo Parlamentario Popular en el Senado). (Publicada en el «Boletín Oficial de las Cortes Generales», Senado, Serie III A, número 22, de fecha 10 de marzo de 2005). (Número de expediente S. 622/000021).


Cuarto

Conocimiento directo por el Pleno de proyectos y proposiciones de ley remitidos por el Congreso de los Diputados:

-- Proyecto de Ley Orgánica por la que se autoriza la ratificación por España del Tratado por el que se establece una Constitución para Europa, firmado en Roma el 29 de octubre de 2004. SE TRAMITA POR EL PROCEDIMIENTO DE URGENCIA. (Publicado en el «Boletín Oficial de las Cortes Generales», Senado, Serie II, número 18, de fecha 6 de mayo de 2005). (Número de expediente S. 621/000018) (Número de expediente C. D. 121/000033).


Quinto

Felicitación al senador excelentísimo señor don Juan José Labordeta Martín por su reincorporación a la Cámara. (Número de expediente 550/000018).


Sexto

Conocimiento por el Pleno de tratados y convenios internacionales remitidos por el Congreso de los Diputados:

-- Convenio de Santa Cruz de la Sierra constitutivo de la Secretaría General Iberoamericana (SEGIB), hecho en La Paz (Bolivia) el 18 de mayo de 2004. SE TRAMITA POR EL PROCEDIMIENTO DE URGENCIA. (Publicado en el «Boletín Oficial de las Cortes Generales», Cortes Generales, Serie A, número 103, de fecha 25 de febrero de 2005). (Número de expediente S.
610/000064). (Número de expediente C. D. 110/000065).


SUMARIO

Se abre la sesión a las nueve horas y treinta minutos.


PREGUNTAS (Página 2018)

De Dª ADORACIÓN QUESADA BRAVO, del GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA, sobre las medidas que contempla el documento aprobado por el Mi-

nisterio de Medio Ambiente y representantes de las diferentes Comunidades Autónomas en relación con la prevención y lucha contra los incendios forestales (Página 2018)

La señora Quesada Bravo formula su pregunta. En nombre del Gobierno le contesta la señora Ministra de Medio Ambiente (Narbona Ruiz).


De D. FRANCISCO BELLA GALÁN, del GRUPO PARLAMENTARIO SOCIA-

Página 2013


LISTA, sobre las actuaciones aprobadas por el Gobierno para hacer frente a la sequía (Página 2019)

El señor Bella Galán formula su pregunta. En nombre del Gobierno le contesta la señora Ministra de Medio Ambiente (Narbona Ruiz).


De D. DIEGO LADISLAO CASTELL CAMPESINO, del GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR EN EL SENADO, sobre si el Gobierno comparte las manifestaciones realizadas por la Ministra de Medio Ambiente sobre la racionalización y el ahorro del consumo de agua, a propósito de la sequía en Levante (Página 2020)

El señor Castell Campesino formula su pregunta. En nombre del Gobierno le contesta la señora Ministra de Medio Ambiente (Narbona Ruiz). En turno de réplica, interviene de nuevo el señor Castell Campesino. En turno de dúplica, lo hace la señora Ministra de Medio Ambiente (Narbona Ruiz).


De D. JORDI GUILLOT MIRAVET, del GRUPO PARLAMENTARIO ENTESA CATALANA DE PROGRÉS, sobre la opinión del Gobierno respecto al incremento de emisiones de dióxido de carbono en España desde el año 1990 hasta el 2004 (Página 2021)

El señor Guillot Miravet formula su pregunta. En nombre del Gobierno le contesta la señora Ministra de Medio Ambiente (Narbona Ruiz).


De D. FRANCISCO JAVIER MAQUEDA LAFUENTE, del GRUPO PARLAMENTARIO DE SENADORES NACIONALISTAS VASCOS, sobre la opinión del Gobierno en relación con el desmantelamiento industrial institucional de la margen izquierda del río Nervión, en Vizcaya (Página 2022)

El señor Maqueda Lafuente formula su pregunta. En nombre del Gobierno le contesta el señor Ministro de Industria, Turismo y Comercio (Montilla Aguilera). En turno de réplica, interviene de nuevo el señor Maqueda Lafuente. En turno de dúplica, lo hace el señor Ministro de Industria, Turismo y Comercio (Montilla Aguilera).


De D. FÉLIX LAVILLA MARTÍNEZ, del GRUPO PARLAMENTARIO SOCIA-

LISTA, sobre los objetivos previstos por la futura oficina de atención al usuario de telecomunicaciones para mejorar la asistencia a los ciudadanos (Página 2023)

El señor Lavilla Martínez formula su pregunta. En nombre del Gobierno le contesta el señor Ministro de Industria, Turismo y Comercio (Montilla Aguilera).


De D. JUAN VANHALEN ACEDO, del GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR EN EL SENADO, sobre la opinión del Gobierno en relación con las prioridades que debe afrontar el cine español en el doblaje de películas a lenguas distintas del castellano (Página 2024)

El señor Van-Halen Acedo formula su pregunta. En nombre del Gobierno le contesta la señora Ministra de Cultura (Calvo Poyato). En turno de réplica, interviene de nuevo el señor Van-Halen Acedo. En turno de dúplica, lo hace la señora Ministra de Cultura (Calvo Poyato).


De D. RICARDO MELCHIOR NAVARRO, del GRUPO PARLAMENTARIO DE SENADORES DE COALICIÓN CANARIA, sobre las acciones previstas por el Ministerio del Interior para cubrir las plazas vacantes e incrementar el número de efectivos durante el año 2005 en los cuarteles y comisarías de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado en la isla de Tenerife (Santa Cruz de Tenerife) (Página 2025)

El señor Melchior Navarro formula su pregunta. En nombre del Gobierno le contesta el señor Ministro del Interior (Alonso Suárez). En turno de réplica, interviene de nuevo el señor Melchior Navarro. En turno de dúplica, lo hace el señor Ministro del Interior (Alonso Suárez).


De D. EDUARDO CUENCA CAÑIZARES, del GRUPO PARLAMENTARIO MIXTO, sobre los planes concretos del Gobierno ante el inminente proceso de desafectación de los terrenos de la antigua cárcel de Carabanchel en Madrid (Página 2026)

El señor Cuenca Cañizares formula su pregunta. En nombre del Gobierno le contesta el señor Ministro del Interior (Alonso Suárez). En turno de réplica, interviene de nuevo el señor Cuenca Cañizares. En turno de dúplica, lo hace el señor Ministro del Interior (Alonso Suárez).


Página 2014


De Dª ISABEL LÓPEZ AULESTIA, del GRUPO PARLAMENTARIO MIXTO, sobre las previsiones del Gobierno respecto a instar al Ministerio Fiscal e Instituciones Penitenciarias para que promuevan determinadas medidas en relación con el cumplimiento de la condena de las personas que padecen enfermedades graves o que hayan cumplido las tres cuartas partes de su condena (Página 2028)

La señora López Aulestia formula su pregunta. En nombre del Gobierno le contesta el señor Ministro del Interior (Alonso Suárez). En turno de réplica, interviene de nuevo la señora López Aulestia. En turno de dúplica, lo hace el señor Ministro del Interior (Alonso Suárez).


De D. JOSÉ MIGUEL CAMACHO SÁNCHEZ, del GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA, sobre las líneas básicas del acuerdo de colaboración y coordinación existente entre las policías española y francesa para combatir la delincuencia organizada en cualquiera de sus manifestaciones (Página 2029)

El señor González López formula la pregunta del señor Camacho Sánchez. En nombre del Gobierno le contesta el señor Ministro del Interior (Alonso Suárez).


De Dª MARÍA DEL CARMEN GRANADO PANIAGUA, del GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA, sobre la valoración que hace el Ministro del Interior de la última Cumbre de los Ministros del Interior del Grupo de los Cinco (G5) de la Unión Europea (Página 2030)

La señora Granado Paniaga formula su pregunta. En nombre del Gobierno le contesta el señor Ministro del Interior (Alonso Suárez).


De D. LUIS EDUARDO CORTÉS MUÑOZ, del GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR EN EL SENADO, sobre las medidas concretas que adoptó el Gobierno para paliar los previsibles efectos sobre el tráfico de la operación salida en las carreteras de la Comunidad de Madrid (Página 2031)

El señor Cortés Muñoz formula su pregunta. En nombre del Gobierno le contesta el señor Ministro del Interior (Alonso Suárez). En turno de réplica, interviene de nuevo el señor Cortés Muñoz. En turno de dúplica, lo hace el señor Ministro del Interior (Alonso Suárez).


De D. LLUÍS BADIA I CHANCHO, del GRUPO PARLAMENTARIO CATALÁN EN EL SENADO DE CONVERGÈNCIA I UNIÓ, sobre la posición del Gobierno respecto a solucionar los accesos terrestres al puerto de Barcelona (Página 2032)

El señor Badia i Chancho formula su pregunta. En nombre del Gobierno le contesta la señora Ministra de Fomento (Álvarez Arza). En turno de réplica, interviene de nuevo el señor Badia i Chancho. En turno de dúplica, lo hace la señora Ministra de Fomento (Álvarez Arza).


De D. CARLOS JAVIER FLORIANO CORRALES, del GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR EN EL SENADO, sobre los motivos de la paralización de las obras de conversión en autovía de la carretera nacional N-630, a su paso por la Comunidad Autónoma de Extremadura (Página 2033)

El señor Floriano Corrales formula su pregunta. En nombre del Gobierno le contesta la señora Ministra de Fomento (Álvarez Arza). En turno de réplica, interviene de nuevo el señor Floriano Corrales. En turno de dúplica, lo hace la señora Ministra de Fomento (Álvarez Arza).


De D. VÍCTOR MANUEL VÁZQUEZ PORTOMEÑE, del GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR EN EL SENADO, sobre la fecha prevista por el Gobierno para desbloquear la congelación de las inversiones previstas en el Plan Especial de Galicia (Página 2035)

El señor Vázquez Portomeñe formula su pregunta. En nombre del Gobierno le contesta la señora Ministra de Fomento (Álvarez Arza). En turno de réplica, interviene de nuevo el señor Vázquez Portomeñe. En turno de dúplica, lo hace la señora Ministra de Fomento (Álvarez Arza).


De D. JOSÉ MENDOZA CABRERA, del GRUPO PARLAMENTARIO DE SENADORES DE COALICIÓN CANARIA, sobre la disposición del Gobierno con respecto a la Resolución aprobada por el Parlamento de Canarias referida al otorgamiento a éste de las facultades exclusivas para la gestión de los tributos que conforman el Régimen Económico y Fiscal (REF) de Canarias, así como para las modificaciones de sus tipos (Página 2036)

Página 2015


El señor Mendoza Cabrera formula su pregunta. En nombre del Gobierno le contesta el señor Vicepresidente Segundo del Gobierno y Ministro de Economía y Hacienda (Solbes Mira). En turno de réplica, interviene de nuevo el señor Mendoza Cabrera. En turno de dúplica, lo hace el señor Vicepresidente Segundo del Gobierno y Ministro de Economía y Hacienda (Solbes Mira).


De D. PERE MACIAS I ARAU, del GRUPO PARLAMENTARIO CATALÁN EN EL SENADO DE CONVERGÈNCIA I UNIÓ, sobre los criterios que va a aplicar el Ministerio de Economía y Hacienda para escoger los trescientos municipios a los que se les aplicará la anunciada subida del valor catastral de un veintitrés por ciento (Página 2037)

El señor Macias i Arau formula su pregunta. En nombre del Gobierno le contesta el señor Vicepresidente Segundo del Gobierno y Ministro de Economía y Hacienda (Solbes Mira). En turno de réplica, interviene de nuevo el señor Macias i Arau. En turno de dúplica, lo hace el señor Vicepresidente Segundo del Gobierno y Ministro de Economía y Hacienda (Solbes Mira).


De D. FRANCISCO XABIER ALBISTUR MARIN, del GRUPO PARLAMENTARIO DE SENADORES NACIONALISTAS VASCOS, sobre las previsiones de conclusión de las obras de restauración del teatro Victoria Eugenia de San Sebastián (Guipúzcoa).


Esta pregunta ha sido aplazada.


De D. VÍCTOR BRAVO DURÁN, del GRUPO PARLAMENTARIO DE SENADORES NACIONALISTAS VASCOS, sobre las medidas previstas por el Gobierno para paliar los efectos de las escasas capturas que se están dando en la actual costera de la anchoa.


Esta pregunta ha sido aplazada.


De D. ARTURO GONZÁLEZ LÓPEZ, del GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA, sobre las principales novedades que incorpora el Proyecto de Ley de tropa y marinería.


Esta pegunta ha sido retirada.


De D. JUAN ANTONIO BARRANCO GALLARDO, del GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA, sobre la valoración que hace el Ministerio de Defensa del convenio recientemente firmado con la Comunidad de Madrid para hacer posible la denominada «Operación Campamento».


Esta pregunta ha sido retirada.


De Dª MARÍA DEL CARMEN GUERRA GUERRA, del GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR EN EL SENADO, sobre la fecha prevista por el Gobierno para licitar el proyecto complementario del castillo de la Luz y de las Casas Consistoriales de Las Palmas de Gran Canaria (Las Palmas).


Esta pregunta ha sido aplazada.


De D. JOSÉ MANUEL GARCÍA BALLESTERO, del GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR EN EL SENADO, sobre la valoración que hace el Gobierno del Plan de Choque de la Vivienda.


Esta pregunta ha sido aplazada.


De D. RAMÓN ALEU I JORNET y D. LLUÍS MARIA DE PUIG OLIVE, del GRUPO PARLAMENTARIO ENTESA CATALANA DE PROGRÉS, sobre los resultados que espera el Gobierno de las gestiones realizadas para el reconocimiento en la Unión Europea de las distintas lenguas oficiales en alguna Comunidad Autónoma.


Esta pregunta ha sido aplazada.


INTERPELACIONES (Página 2039)

De D. DAMIÁN CANEDA MORALES, del GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR EN EL SENADO, sobre la propuesta que va a defender el Gobierno ante las autoridades de la Unión Europea en relación con los fondos de cohesión (Página 2039)

El señor Caneda Morales realiza la interpelación. En nombre del Gobierno responde a la misma el señor Vicepresidente Segundo del Gobierno y Ministro de Economía y Hacienda (Solbes Mira). Vuelve a intervenir el señor interpelante. Cierra el debate el señor Vicepresidente Segundo del Gobierno y Ministro de Economía y Hacienda (Solbes Mira).


Página 2016


De Dª MARÍA ROSA VINDEL LÓPEZ, del GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR EN EL SENADO, sobre la política del Gobierno en orden a asegurar la aplicación práctica de las leyes que rigen el disfrute del derecho fundamental de las personas a la libertad (Página 2044)

La señora Vindel López realiza la interpelación. En nombre del Gobierno responde a la misma el señor Ministro del Interior (Alonso Suárez).
Vuelve a intervenir la señora interpelante. Cierra el debate el señor Ministro del Interior (Alonso Suárez).


De D. RICARDO MELCHIOR NAVARRO, del GRUPO PARLAMENTARIO DE SENADORES DE COALICIÓN CANARIA, sobre la participación del Gobierno en la financiación de proyectos de tranvías en territorios insulares densamente poblados y con escaso suelo para el desarrollo de infraestructuras viarias (Página 2051)

El señor Melchior Navarro realiza la interpelación. En nombre del Gobierno responde a la misma la señora Ministra de Fomento (Álvarez Arza). Vuelve a intervenir el señor interpelante. Cierra el debate la señora Ministra de Fomento (Álvarez Arza).


TOMA EN CONSIDERACIÓN DE PROPOSICIONES DE LEY DEL SENADO (Página 2054)

Proposición de Ley Orgánica de modificación de la Ley Orgánica 2/1979, de 3 de octubre, del Tribunal Constitucional. (Autor: Grupo Parlamentario Catalán en el Senado de Convergència i Unió) (Página 2054)

El señor Badia i Chancho defiende la toma en consideración. El señor Ferrández Otaño consume un turno en contra. En turno de portavoces, intervienen los señores Badia i Chancho, por el Grupo Parlamentario Catalán en el Senado de Convergència i Unió; Zubia Atxaerandio, por el Grupo Parlamentario de Senadores Nacionalistas Vascos; Molas i Batllori, por el Grupo Parlamentario de Entesa Catalana de Progrés; Mansilla Hidalgo, por el Grupo Parlamentario Socialista, y Ferrández Otaño, por el Grupo Parlamentario Popular.


Se suspende la sesión a las catorce horas y quince minutos.


Se reanuda la sesión a las dieciséis horas.


Proposición de Ley relativa a la modificación de la Ley 1/2000, de 7 de enero, de Enjuiciamiento Civil, en materia de enervación del juicio de desahucio. (Autor: Grupo Parlamentario Popular en el Senado).


Esta proposición de ley ha sido retirada.


Proposición de Ley de modificación del Real Decreto Legislativo 1/1996, de 12 de abril, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Propiedad Intelectual. (Autor: Grupo Parlamentario Popular en el Senado) (Página 2063)

La señora Coloma Pesquera defiende la toma en consideración. El señor Díaz Tejera consume un turno en contra. En turno de portavoces, intervienen la señora Aleixandre i Cerarols, por el Grupo Parlamentario Catalán en el Senado de Convergència i Unió; los señores Albistur Marin, por el Grupo Parlamentario de Senadores Nacionalistas Vascos; Guillot Miravet, por el Grupo Parlamentario de Entesa Catalana de Progrés, y Díaz Tejera, por el Grupo Parlamentario Socialista, así como la señora Coloma Pesquera, por el Grupo Parlamentario Popular.


Se aprueba la toma en consideración de la proposición de ley por 120 votos a favor y 119 en contra.


Proposición de Ley Orgánica de modificación de la Ley Orgánica 2/1979, de 3 de octubre, del Tribunal Constitucional. (Autor: Grupo Parlamentario Catalán en el Senado de Convergència i Unió). (Votación) (Página 2071)

Se rechaza la toma en consideración de la proposición de ley por 13 votos a favor y 227 en contra.


CONOCIMIENTO DIRECTO POR EL PLENO DE PROYECTOS Y PROPOSICIONES DE LEY REMITIDOS POR EL CONGRESO DE LOS DIPUTADOS (Página 2072)

Proyecto de Ley Orgánica por la que se autoriza la ratificación por España del Tratado por el que se establece una Constitución para Europa, firmado en Roma el 29 de octubre de 2004. SE TRAMITA POR EL PROCEDIMIENTO DE URGENCIA (Página 2072)

Página 2017


El señor Presidente del Gobierno (Rodríguez Zapatero) presenta el proyecto de ley. En turno de portavoces, intervienen los señores García-Escudero Márquez, por el Grupo Parlamentario Popular; Bonet i Revés, por el Grupo Parlamentario de Entesa Catalana de Progrés; Anasagasti Olabeaga, por el Grupo Parlamentario de Senadores Nacionalistas Vascos; Macias i Arau, por el Grupo Parlamentario Catalán en el Senado de Convergència i Unió, y Mendoza Cabrera, por el Grupo Parlamentario de Senadores de Coalición Canaria; la señora López Aulestia y el señor Mur Bernad, por el Grupo Parlamentario Mixto, así como el señor Lerma Blasco, por el Grupo Parlamentario Socialista. Cierra el debate el señor Presidente del Gobierno (Rodríguez Zapatero).


FELICITACIÓN AL SENADOR EXCMO. SEÑOR DON JUAN JOSÉ LABORDA MARTÍN POR SU REINCORPORACIÓN A LA CÁMARA (Página 2088)

El señor Presidente da la bienvenida al señor Laborda Martín en su propio nombre y en el de los funcionarios del Senado.


Proyecto de Ley Orgánica por la que se autoriza la ratificación por España del Tratado por el que se establece una Constitución para Europa, firmado en Roma el 29 de octubre de 2004. SE TRAMITA POR EL PROCEDIMIENTO DE URGENCIA. (Votación) (Página 2088)

Se aprueba el proyecto de ley por 225 votos a favor, 6 en contra y 1 abstención.


El señor Presidente anuncia a la Cámara que queda definitivamente aprobado por las Cortes Generales el proyecto de ley.


CONOCIMIENTO POR EL PLENO DE TRATADOS Y CONVENIOS INTERNACIONALES REMITIDOS POR EL CONGRESO DE LOS DIPUTADOS (Página 2088)

Convenio de Santa Cruz de la Sierra constitutivo de la Secretaría General Iberoamericana (SEGIB), hecho en La Paz (Bolivia) el 18 de mayo de 2004.
SE TRAMITA POR EL PROCEDIMIENTO DE URGENCIA (Página 2088)

En turno de portavoces, intervienen los señores Castro Rabadán, por el Grupo Parlamentario Socialista, y Fraga Egusquiaguirre, por el Grupo Parlamentario Popular.


Se aprueba por asentimiento y se autoriza al Gobierno a prestar su consentimiento para obligarse.


Se levanta la sesión a las diecinueve horas y cincuenta minutos.


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Se abre la sesión a las nueve horas y treinta minutos.


El señor PRESIDENTE: Señorías, se abre sesión.
Punto primero del orden del día preguntas. Las preguntas de los senadores González López y Barranco Gallardo han sido retiradas.


PREGUNTAS:

-- DE DOÑA ADORACIÓN QUESADA BRAVO, DEL GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA, SOBRE LAS MEDIDAS QUE CONTEMPLA EL DOCUMENTO APROBADO POR EL MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE Y REPRESENTANTES DE LAS DIFERENTES COMUNIDADES AUTÓNOMAS EN RELACIÓN CON LA PREVENCIÓN Y LUCHA CONTRA LOS INCENDIOS FORESTALES (680/000418).


El señor PRESIDENTE: Pregunta de la senadora Quesada.
Tiene la palabra su señoría.


La señora QUESADA BRAVO: Gracias, señor presidente. Buenos días, señora ministra.
Según los datos de Eurostat, el 91 por ciento de los incendios en los bosques europeos se produce en países mediterráneos. Nosotros tenemos la suerte de vivir en un país que cuenta con un territorio considerado, en un 55 por ciento, como espacio forestal pero, tristemente, año tras año y primavera por primavera, los incendios forestales vienen a provocar no solamente alarma social sino también a causar daños ambientales, perjuicios económicos y poner en peligro vidas y bienes.
Los datos nos indican que el 95 por ciento de los fuegos son originados por acciones humanas, bien de forma intencionada o bien por negligencia o accidente, como puede ser la quema de rastrojos o fuegos mal apagados.
Solamente el 5 por ciento de los fuegos se produce por causas naturales, como puede ser la caída de un rayo fundamentalmente.
Todos sabemos y somos conscientes de que para luchar contra los incendios forestales no solamente es importante contar con medios y dispositivos de extinción eficaces, sino que es necesario prevenir para evitar que los incendios se produzcan. Hay que seguir fomentando la silvicultura preventiva, creando y manteniendo cortafuegos, haciendo clareos en las masas forestales existentes y seguir dando facilidades también a los particulares --porque no olvidemos que el 74 por ciento de estos terrenos forestales son propiedad de particulares-- para que sigan realizando trabajos preventivos. En la medida en que seamos capaces de ser más respetuosos con nuestro medio ambiente lograremos una mejor defensa de nuestro ecosistema.
Sin duda hay que continuar con las campañas de difusión y divulgación, y debemos hacer ver a la ciudadanía la importancia que tiene la conservación de nuestro rico y variado patrimonio natural, patrimonio que nos proporciona múltiples beneficios y cuya desaparición por las agresiones que suponen los incendios implican pérdidas en muchas ocasiones imposibles de recuperar, como pueden ser las pérdidas de vidas humanas. Un incendio provoca un impacto en el paisaje, afecta sobremanera a la fauna de esa zona, la erosión se multiplica e incluso es capaz de cambiar y alterar el curso de las aguas, pero creemos que no sólo debemos prevenir y extinguir los incendios, sino que también es necesaria la coordinación.
Pues bien, dentro de esa coordinación el ministerio que usted dirige se reunió hace poco con representantes de las distintas comunidades autónomas en la Conferencia Sectorial celebrada en Santander, donde se aprobó un documento de actuación sobre la prevención y lucha contra los incendios forestales, y nos gustaría que nos explicase usted qué medidas contempla el mencionado documento.
Muchas gracias.


El señor PRESIDENTE: Gracias, señoría.
Tiene la palabra la ministra de Medio Ambiente.


La señora MINISTRA DE MEDIO AMBIENTE (Narbona Ruiz): Muchas gracias, señor presidente, y gracias también a usted, señoría.
Efectivamente el pasado día 29 de enero se aprobó un documento de líneas de trabajo que compromete tanto a las comunidades autónomas, que como sabe, son competentes en materia de política forestal y de lucha contra incendios, como al Gobierno de la nación, que puede cooperar dentro del marco normativo estatal, así como aportar medios complementarios para la lucha contra incendios. Se trata de 28 líneas de actuación divididas en cinco capítulos, el primero de ellos relativo a las medidas para impulsar el desarrollo rural, para fijar población ligada al buen mantenimiento de nuestros bosques, donde aparecen líneas de trabajo como, por ejemplo, las que se refieren al fomento del uso de la biomasa forestal con fines energéticos, algo que va a ser posible por la modificación de la Ley del Sector Eléctrico que ya ha promovido el Gobierno de la nación con el fin de elevar las primas que hasta ahora se han establecido para la biomasa.
En segundo lugar hay un bloque de líneas de actuación relativas a la implicación del conjunto de la sociedad, implicación que debe conllevar una actitud diferente, por ejemplo, respecto de los planes de ordenación urbanísticos que deben prevenir los problemas en la denominada interfaz entre las zonas forestales y urbanas, pero también toda una serie de posibles actuaciones relativas a la actividad en obra civil, carreteras, trenes, etcétera, donde en muchas ocasiones se producen negligencias que suponen una clara incitación a la existencia de incendios.
En tercer lugar, prevención y persecución del delito y de las infracciones administrativas. Dentro de estas líneas de actuación quiero decir que el Gobierno de la nación tiene ya un anteproyecto que supondrá la creación de una fiscalía especial de sala sobre delitos ecológicos, incluido el de incendios, que permitirá sin duda luchar desde la Administración de Justicia con carácter preventivo y también penalizador en

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lo que hasta ahora es un ámbito donde ni siquiera se han producido condenas en firme que supongan que los que cometen el delito de incendios vayan a la cárcel en nuestro país, a pesar de que el Código Penal prevé penas de hasta veinte años. Asimismo, y dentro de este apartado de prevención del delito, hubo un acuerdo unánime con las comunidades autónomas para que las distintas administraciones en el campo de sus competencias mejoren la normativa existente para evitar que el cambio de uso se convierta en una motivación para los incendios. En este aspecto también puedo decir que el Gobierno ha emprendido ya la modificación de la Ley de Montes para prohibir durante treinta años la calificación de los suelos quemados.
Muchas gracias.


El señor PRESIDENTE: Gracias, señora ministra.


-- DE DON FRANCISCO BELLA GALÁN, DEL GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA, SOBRE LAS ACTUACIONES APROBADAS POR EL GOBIERNO PARA HACER FRENTE A LA SEQUÍA (680/000422).


El señor PRESIDENTE: Pregunta del senador Bella Galán, que tiene la palabra.


El señor BELLA GALÁN: Gracias, señor presidente.
Señora ministra, la ejecución del Programa AGUA es sin duda una prioridad del Gobierno de la nación en cumplimiento, en primer lugar, de una promesa electoral ratificada en el discurso de investidura del presidente Zapatero y confirmada en el último debate sobre el estado de la nación.
El escenario actual acentúa esa cuestión, en el sentido de que, tras la derogación definitiva del trasvase del Ebro, y con el actual panorama de sequía meteorológica, tiene una consideración especial. Al mismo tiempo, la nula política, al menos, en lo efectivo, desarrollada por los últimos gobiernos del Partido Popular ha generado cierta desconfianza de la gente respecto de la capacidad de la administración pública para resolver los problemas. Prueba de ello es el claro incumplimiento del artículo 27 de la Ley 10/2001,de 5 de julio, del Plan Hidrológico Nacional sobre la gestión de las sequías. Así, no contamos con un sistema global de indicadores, tal como se establecía en la ley. Tampoco se han elaborado por parte de los organismos de cuenca de los planes hidrológicos los planes especiales de sequía, para cuya realización se preveía un periodo de dos años, y lo mismo ocurre, porque no ha dado tiempo para ello, con los planes de los municipios superiores a 20.000 habitantes.
Partiendo de la idea de que la gestión de la sequía se debe basar en principios de progresividad, cautela y proporcionalidad en lo que a las actuaciones se refiere, y teniendo en cuenta que algunos pretenden crear una alarma inexistente en la situación actual basada fundamentalmente en una desconfianza generada por ellos mismos, quisiera saber qué actuaciones ha aprobado el Gobierno en relación con la sequía.
Muchas gracias.


El señor PRESIDENTE: Gracias, señoría.
Tiene la palabra la ministra de Medio Ambiente.


La señora MINISTRA DE MEDIO AMBIENTE (Narbona Ruiz): Gracias, señor presidente.
Señoría, el Gobierno está elaborando esos planes de sequía, que deberían haber estado aprobados en julio de 2003, por lo que a mediados de junio tendremos los protocolos necesarios para tomar las decisiones correspondientes a los distintos niveles, de acuerdo con indicadores objetivos, en relación con la sequía.
Por otro lado, el Gobierno ha aprobado ya obras de emergencia y obras de reconocida urgencia por un valor total de más de 300 millones de euros.
Las obras de emergencia son las siguientes. La modernización de regadíos en la región de Lorca, prometida desde hace muchos años, pero no realizada, y una segunda planta de desalación en San Pedro del Pinatar, en la Región de Murcia. Una planta de afino para poder garantizar el abastecimiento de la ciudad de Melilla. La mejora de la red de distribución de Ceuta, que pierde el 40 por ciento de su agua por la mala situación de dicha conducción. La conducción del Alcorlo a la ETAP de Mohernando, en Guadalajara. El desvío del canal de El Granado y el abastecimiento de Puebla de Guzmán, Villanueva de los Castillejos y El Almendro, en Huelva. La reparación de la zona regable del Vicario, en Ciudad Real. El abastecimiento de la mancomunidad Jaime Ozores, en Almendralejo, Badajoz. La conexión «by pass» embalse de Guadalmina-Dañador en Jaén, un depósito regulador e interconexiones en el sistema Víboras-Quiebrajano, en Jaén. Actuaciones en el Canal de Aragón, Cataluña y Huesca. Y el abastecimiento a la ciudad de Huesca.
En cuanto a las obras de reconocida urgencia, se encuentran la conexión de la desalinizadora de San Pedro del Pinatar con la vega baja del Segura, en Alicante. La conexión de la desalinizadora de Valdelentisco con el canal de Cartagena y canal del Mar Menor, y nueva desalinizadora del canal de Alicante.
Éstas son las obras que ya ha aprobado el Gobierno de la nación por un importe total, repito, de más de 300 millones de euros. Como es lógico, estamos estudiando algunas otras actuaciones con carácter de urgencia o emergencia en función de la situación que se va definiendo, ya avanzada la primavera, y a la vista del mantenimiento de una pluviometría muy escasa en la mayor parte de nuestro país. Las decisiones se irán adoptando gradualmente; pero, en cualquier caso, con las que ya se han adoptado y la puesta en marcha de algunas de las obras del Programa AGUA podemos reiterar que no habrá problemas de abastecimiento urbano en nuestro país durante este verano a pesar de la situación de sequía.
Muchas gracias.


El señor PRESIDENTE: Gracias, señoría. ¿Desea intervenir, senador Bella? (Denegaciones.)

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-- DE DON DIEGO LADISLAO CASTELL CAMPESINO, DEL GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR EN EL SENADO, SOBRE SI EL GOBIERNO COMPARTE LAS MANIFESTACIONES REALIZADAS POR LA MINISTRA DE MEDIO AMBIENTE SOBRE LA RACIONALIZACIÓN Y EL AHORRO DEL CONSUMO DE AGUA, A PROPÓSITO DE LA SEQUÍA EN LEVANTE (680/000424).


El señor PRESIDENTE: Pregunta del senador Castell Campesino.
Su señoría tiene la palabra.


El señor CASTELL CAMPESINO: Gracias, señor presidente.
Señora ministra, doy por formulada la pregunta en sus justos términos.
Pero, aprovechando su presencia, me gustaría leer un titular de un periódico de ayer, por si tiene a bien comentar algo al respecto, que dice lo siguiente: Narbona insinúa por primera vez que derogó el trasvase del Ebro por presiones territoriales.
Muchas gracias.


El señor PRESIDENTE: Gracias, señoría.
Tiene la palabra la señora ministra de Medio Ambiente.


La señora MINISTRA DE MEDIO AMBIENTE (Narbona Ruiz): Señoría, no sé a qué se refiere con esa insinuación. La derogación del trasvase del Ebro estaba planteada por el Partido Socialista desde el año 2001 con un texto que se publicó en la Cámara como texto alternativo a la ley del Plan Hidrológico Nacional.


El señor PRESIDENTE: Gracias, señoría.
Tiene la palabra su señoría.


El señor CASTELL CAMPESINO: Muchas gracias.
Obviamente, mi pregunta era otra y esto sólo ha sido por la urgencia de la noticia. Eran unas manifestaciones realizadas por usted en Alicante el día 16 por la tarde. La verdad es que el día 9 en Barcelona hizo unas manifestaciones sobre la sequía. El 12 de mayo Antonio Serrano, en una mesa redonda sobre el agua en Murcia, dijo que tanto Valencia como Murcia consumían por encima de la media y que ello se debía a riego en jardines, viviendas residenciales y uso de piscinas. Usted el lunes 16 dijo en Murcia --yo también lo escuché en la radio-- que Serrano no manifestó eso y dio datos de Bilbao y A Coruña, pero no le rectificó. Es cierto que ese estudio de las empresas distribuidoras para ciudades de más de 200.000 habitantes dicen que Bilbao es la que más consume por habitante y día, 347, seguida de A Coruña, Granada, Vitoria, Valladolid, con más de 301.
Pero de las 18, las últimas son Las Palmas, con 206; Sevilla, con 214; Valencia, con 223, y Murcia, con 273, muy lejos, por lo tanto, de las cifras que se dejaron caer sin matizar en Murcia.
El consumo sostenible en materia de agua cifra la cantidad necesaria entre 125 y 150 litros por día y la OMS la deja en 150. Según datos del Instituto Nacional de Estadística, organismo oficial, la comunidad autónoma que más agua consume es Castilla-La Mancha, la media es de más de 200 litros por persona y día; Madrid, Extremadura, Cataluña y Aragón superan los 170; la Comunidad Valenciana 157 y Murcia 151, por debajo de la media nacional. Ese mismo estudio también revela que la Comunidad Valenciana es la que más reutiliza el agua residual, 99.000 metros cúbicos diarios, seguida del País Vasco, con 98.000 y lejos de canarios y andaluces, que son los siguientes, con más de 70.000 metros cúbicos diarios.
Señoría, unos territorios como los del este y sureste, Comunidad Valenciana y Murcia, con sequías desde tiempo inmemorial, cuya regulación hidrológica tanto para riego como para evitar inundaciones viene de tiempos ancestrales, de hecho todavía existen pantanos de la época de los romanos que se utilizan hoy, un territorio donde se han transformado miles de hectáreas de regadío de manta a de goteo --se dice riego a goteo--, con la mayor reutilización del agua residual, con la transformación incluso en Almería, Murcia y sur de Alicante de auténticos desiertos en vergeles con utilización mínima de agua, no se merece el trato que su Gobierno les está dando. Van a conseguir, señoría, el efecto contrario al que persiguen. No somos una sociedad «apesebrada»...


El señor PRESIDENTE: Señoría, le ruego que concluya.


El señor CASTELL CAMPESINO: Gracias, señor presidente, le pido solamente un minuto.
Iba a ponerle un ejemplo particular. No necesito morirme para aprender a vivir. Usted se ha referido, en la contestación a una pregunta de mi antecesor, a 18 actuaciones y la única que hace referencia a mi tierra es una conexión de San Pedro del Pinatar con el sur de Alicante para el regadío. Usted, señora ministra, participó en la última legislatura del anterior Gobierno socialista en la elaboración del plan hidrológico, que no hacía caso a los planes de cuenca que no estaban aprobados, que triplicaban los kilómetros de trasvase, que duplicaba los hectómetros cúbicos a trasvasar desde el Delta del Ebro...


El señor PRESIDENTE: Señoría, le ruego que concluya.


El señor CASTELL CAMPESINO: Ya concluyo, señor presidente, le pido solamente un minuto.
Sólo tenía que decirle...


El señor PRESIDENTE: Señoría, un minuto no puede ser porque ya ha pasado.


El señor CASTELL CAMPESINO: Lo siento.


El señor PRESIDENTE: Gracias, señoría.
Tiene la palabra la ministra de Medio Ambiente.


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La señora MINISTRA DE MEDIO AMBIENTE (Narbona Ruiz): Gracias, señoría.
Respecto de las declaraciones del secretario general, quiero recordarle que usted está mezclando declaraciones ligadas a la dotación de agua en las ciudades con el consumo de agua global en los territorios, y son dos cosas claramente distintas. Como usted ha señalado, en el estudio de la asociación de empresas españolas de abastecimiento lo que se recoge es la dotación por habitante y día de las ciudades de más de 20.000 habitantes y eso nada tiene que ver con el gasto del agua global y mucho menos con los regadíos. Creo que he dicho, tanto en esta Cámara en muchas ocasiones como en numerosas manifestaciones ante la opinión pública, que en España el escaso 10 por ciento de regadíos eficientes de los que disponemos se concentra básicamente en la Región de Murcia, en las provincias de Almería y de Alicante. No se puede decir lo mismo, señoría, respecto de las técnicas de riego que en otras partes de la Comunidad Valenciana todavía subsisten, y respecto de las que este Gobierno está llevando a cabo actuaciones de modernización, retrasadas desde hace mucho tiempo, y que son necesarias para que efectivamente toda la Comunidad Valenciana, y no solamente la provincia de Alicante, tenga una situación óptima de aprovechamiento del agua en el regadío.
Por lo que se refiere a su tierra y a sus problemas, le puedo decir que, gracias a la aceleración de la puesta en marcha de la desaladora de San Pedro del Pinatar, treinta y dos municipios de la provincia de Alicante, desde hace dos días, pueden tener ya garantizado el suministro de agua potable durante este verano, que no lo estaba en absoluto con una planta que el Gobierno del Partido Popular tardó cuatro años en entregar, entre la licitación y su adjudicación, y cinco años para llevarla a cabo. Desde luego, con esa velocidad de crucero no sé cuándo se hubieran podido abordar los problemas del agua en España.
Nuestro compromiso es, por supuesto, atender la situación de carencia que existe, y que no ha sido abordada con el rigor y con la responsabilidad necesarios. Por eso, ya desde hace dos días, el abastecimiento urbano en los litorales de Alicante y Murcia está perfectamente garantizado, gracias a la puesta en marcha de la planta de San Pedro del Pinatar, y naturalmente, poco a poco estamos estudiando también algunas otras medidas que seguramente van a beneficiar a su comunidad autónoma, señoría, y el Gobierno lo está demostrando tomando decisiones allí donde efectivamente son necesarias.
Nada más y muchas gracias. (Aplausos en los escaños del Grupo Parlamentario Socialista.)

El señor PRESIDENTE: Gracias, señora ministra.


-- DE DON JORDI GUILLOT MIRAVET, DEL GRUPO PARLAMENTARIO ENTESA CATALANA DE PROGRÉS, SOBRE LA OPINIÓN DEL GOBIERNO RESPECTO AL INCREMENTO DE EMISIONES DE DIÓXIDO DE CARBONO EN ESPAÑA DESDE EL AÑO 1990 HASTA EL 2004 (680/000430).
El señor PRESIDENTE: Pregunta del senador Guillot Miravet. Tiene la palabra su señoría.


El señor GUILLOT MIRAVET: Muchas gracias, señor presidente.
Señora ministra, el objetivo de esta pregunta es trasladarle nuestra preocupación por la evolución de la emisión de los gases con efecto invernadero en España. La revista «Worldwatch España», por encargo de Comisiones Obreras, hizo público el pasado 4 de mayo un informe firmado por José Santamarta y Joaquín Nieto. El principal dato que aporta el informe --usted lo debe conocer-- es que las emisiones de gases con efecto invernadero, en dióxido de carbono y equivalentes, han aumentado un 45,61 por ciento en el año 2004 respecto al año 1990, año base. Nos alejamos con estos datos del cumplimiento del Protocolo de Kioto, uno de los mejores y principales instrumentos que tenemos para luchar contra el cambio climático, hoy ya uno de los mayores y más graves problemas que existen, a escala planetaria y también en España.
Si bien es verdad que la herencia recibida no era buena, de 1996 a 2004, con gobiernos del PP, las emisiones aumentaron un 36 por ciento; a medida que nos adentramos en la actual legislatura este argumento pierde fuerza.
La tendencia dominante en el 2004 no ha sido buena; tampoco lo es la de estos primeros meses de 2005. De seguir así, insisto, no vamos a cumplir con los objetivos marcados.
La aprobación del Plan Nacional de Asignación de Emisiones de CO2, derivado de la aplicación de la directiva, no ha sido suficiente. Echamos en falta un plan de aplicación de la estrategia de ahorro y eficiencia energética, así como la revisión de los planes energéticos; recuperar, como se indica en el informe Santamarta-Nieto, el borrador de la estrategia española contra el cambio climático, elaborado por consenso en el Consejo Nacional del Clima, y acompañado obviamente de un calendario y de una financiación.
Señora ministra, creemos que hay que abrir otra lógica, que hay que convencerse de que Kioto puede ser una oportunidad para modernizar nuestra economía, no un obstáculo, con políticas de ahorro, de eficiencia energética y promoción de la movilidad sostenible, frente a un incremento de los consumos energéticos. Hoy nuestra economía registra los peores índices de intensidad energética en emisiones de la Unión Europea.
Creo, señora Narbona, que el Gobierno debe hacer un nuevo esfuerzo que nos permita acometer unas políticas más eficaces, en cumplimiento del protocolo de Kioto y de la lucha contra el cambio climático.
Gracias, señora ministra; gracias, señor presidente.


El señor PRESIDENTE: Gracias, señoría.
Tiene la palabra la señora ministra de Medio Ambiente.


La señora MINISTRA DE MEDIO AMBIENTE (Narbona Ruiz): Muchas gracias, señor presidente.
Señoría, comparto su preocupación; es la preocupación a la que está respondiendo el Gobierno socialista desde principio de esta legislatura.
Por primera vez España tiene una ley que limita las emisiones de gases de efecto invernadero

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en los sectores industriales y energéticos. La ley que regula el mercado de derechos de emisión establece límites a todas las empresas incluidas en la correspondiente directiva, pero esa ley es de aplicación desde el 1º de enero de 2005, incorporando a España al mercado europeo de derechos de emisión. Ha sido la primera decisión de este Gobierno, a la que siguen el trabajo que está llevando a cabo el Ministerio de Industria en relación con la puesta en marcha del plan de ahorro y eficiencia energético y, también, la revisión del Plan de Energías Renovables. Éstas son las tareas inmediatas que tiene encomendado el Grupo Interministerial de Cambio Climático, diseñado al principio de esta legislatura como mecanismo de coordinación interna dentro del Gobierno, para que todos los departamentos se vean implicados en la lucha contra el cambio climático. Es verdad que los datos del año 2004 son muy negativos y responden a la tendencia de varios años, en los cuales el Gobierno no aprobó ninguna legislación que limitara la emisión de gases de efecto invernadero.
Como le he señalado, la primera ley es la que ha aprobado este Gobierno con el apoyo, por cierto, de todos los grupos parlamentarios de la Cámara, lo cual espero que signifique que todas las comunidades autónomas y todos los ayuntamientos, gobierne quien gobierne en cada caso, se van a sumar al esfuerzo del Gobierno de la nación, puesto que en el ámbito de sus competencias pueden y debe tomar también decisiones para contribuir a la disminución de la emisión de gases de efecto invernadero. Es el conjunto de las administraciones el que tiene que liderar, cada uno en el campo de sus competencias, un proceso que, como usted muy bien señala, significa una oportunidad para que España tenga una economía mucho más competitiva, menos dependiente del consumo de energía de los combustibles fósiles, desarrollando, además, las enormes potencialidades que tiene nuestro país en relación con las energías renovables, y que hacen que todavía tengamos esa extraordinaria paradoja, de un país que con el doble de horas de sol que Alemania, tiene diez veces menos energía solar instalada, fruto de la desidia durante demasiados años en la promoción de una de las energías más limpias y donde, además, las empresas españolas tienen una reconocida solvencia internacional, como lo prueba el hecho de que el 90 por ciento de su producción se coloca en mercados internacionales. Por lo tanto, comparto su preocupación y es el compromiso del Gobierno, desarrollar de una vez por todas una política análoga, a la que hace que los demás países de la Unión Europea estén por delante de nosotros en el cumplimiento del Protocolo de Kioto.
Muchas gracias.


El señor PRESIDENTE: Gracias, señoría.


-- DE DON FRANCISCO JAVIER MAQUEDA LAFUENTE, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE SENADORES NACIONALISTAS VASCOS, SOBRE LA OPINIÓN DEL GOBIERNO EN RELACIÓN CON EL DESMANTELAMIENTO INDUSTRIAL INSTITUCIONAL DE LA MARGEN IZQUIERDA DEL RÍO NERVIÓN, EN VIZCAYA (680/000389).
El señor PRESIDENTE: Pregunta del senador Maqueda Lafuente. Tiene la palabra sus señoría.


El señor MAQUEDA LAFUENTE: Muchas gracias, señor presidente.
Señor ministro de Industria, nuestra pregunta es clara y concreta: ¿Qué opina el Gobierno sobre el desmantelamiento industrial institucional de la Margen Izquierda del río Nervión, en Vizcaya? Muchas gracias.


El señor PRESIDENTE: Gracias, señoría.
Tiene la palabra el señor ministro de Industria.


El señor MINISTRO DE INDUSTRIA, TURISMO Y COMERCIO (Montilla Aguilera): Gracias, señor presidente.
Señoría, el Gobierno sigue con mucha atención la situación industrial de la Margen Izquierda del Nervión. De hecho, esta zona, como su señoría sabe, no sólo es susceptible de recibir ayudas de reindustrialización, sino que entra en el ámbito de análisis y propuestas de la Mesa del Sector de la Industria Auxiliar Naval que, como usted sabe, se ha constituido recientemente como consecuencia del acuerdo alcanzado entre la SEPI y los sindicatos sobre Izar. No obstante, debo recordarle, tal como le dije hace unos meses en esta misma Cámara, que el Gobierno está a disposición de las administraciones vascas para retomar el diálogo en aras a reeditar, si se estimara oportuno, el acuerdo interinstitucional de colaboración para la revitalización industrial de la Margen Izquierda del Nervión, que estuvo vigente hasta el año 2000.
Muchas gracias.


El señor PRESIDENTE: Gracias, señor ministro.
Tiene la palabra su señoría.


El señor MAQUEDA LAFUENTE: Gracias, señor presidente.
Señor Montilla, no es la primera vez que hablamos de la Margen Izquierda del río Nervión, como usted ha recordado. Le voy a refrescar la memoria: datos de 1997, tasa de empleo en la Margen Izquierda, 30 por ciento, en algunos municipios como Sestao, 32 por ciento. Año 2004, tasa de desempleo 9 por ciento. Ayer se hizo pública la tasa de desempleo en el conjunto del territorio histórico de Vizcaya y era el 7 por ciento. Le recuerdo también que con los gobiernos socialistas se cerró el astillero Euskalduna y Altos Hornos de Vizcaya. En esta etapa, en el año que ustedes llevan en el Gobierno, hemos tenido serios problemas en dos empresas emblemáticas, La Naval, Grupo Izar, y Babcock Wilcox, pero no sólo ello, sino que la industria auxiliar, el comercio y los servicios se resienten. Nosotros nos preguntamos cuál es la estrategia del Gobierno socialista, ¿desmantelar zonas donde no obtienen réditos electorales para fomentar otros sitios donde sí los obtienen? Lo que no vamos a permitir es que en esta estrategia de desmantelamiento industrial de la Margen Izquierda del Nervión nos involucren a nosotros, al Gobierno Vasco. La responsabilidad

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no es del Gobierno Vasco. En ese concierto incumplido hay una serie de cuestiones y, por cierto, estaríamos gustosos de entrar en el seguimiento de las empresas estatales. La responsabilidad es exclusivamente del Gobierno del Estado y de la SEPI. No queremos hablar de la SEPI ni de las peregrinas explicaciones, dadas por su responsable máximo, el presidente de la misma, señor Martínez Robles, en relación a lo bien que lo estaba haciendo y cumpliendo la austriaca ACB en el caso de Babcock Wilcox.
Señor ministro, hable usted con los sindicatos, hable con la UGT --usted ha comentado esa mesa de seguimiento--, hable con los trabajadores y saque usted sus propias conclusiones; también puede hablar con los representantes sindicales de la Naval de Sestao.
Señor Montilla, nosotros le respetamos, pero ustedes, usted y el señor Solbes, pensamos que nos están tomando el pelo. ¿Quiere decirnos y decirles a los ciudadanos de la Margen Izquierda del Nervión, ahora que no hablamos --entendemos-- en clave electoralista, qué es lo que piensa hacer el Gobierno para tratar de salvar y fortalecer la industria y el empleo en esta comarca tan emblemática para Vizcaya, para el País Vasco y para el conjunto del Estado? Nos gustaría que nos presentasen actuaciones concretas y dejaran el mensaje vacío de lo bien que lo están haciendo con su talante.
«Eskerrir asko», muchas gracias.


El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señoría.
Tiene la palabra el ministro de industria.


El señor MINISTRO DE INDUSTRIA, TURISMO Y COMERCIO (Montilla Aguilera): Muchas gracias, señor presidente.
Señor Maqueda, sinceramente la política industrial de este Gobierno es sensible con los sectores y las zonas que presentan una problemática especial, bien por estar experimentando, en algunos casos, procesos de deslocalización industrial, bien por estar sometidos a una fuerte competencia internacional, como es el caso del textil o el calzado, o bien, como es el caso que plantea, por haber vivido o estar viviendo procesos de ajuste en su estructura industrial. En este sentido, el tejido industrial de la Margen Izquierda del Nervión que, insisto, es susceptible de recibir ayudas, si hay proyectos en las respectivas convocatorias, entrará, además, en las conclusiones que está elaborando la mesa del sector auxiliar naval, al igual que en otras zonas en las que está presente esta industria. No pretenda, su señoría, atribuir la responsabilidad de la política industrial a la SEPI. La SEPI es responsable de aquellas empresas que dependen de ella, empresas, por cierto, señor Maqueda, que hace unos meses, cuando debatíamos este mismo tema en esta Cámara, aquella factoría dependiente de la SEPI tenía cero carga de trabajo y hoy tiene una carga de trabajo al menos para un par de años o dos años y medio y estamos trabajando, por supuesto, para que esa carga de trabajo, que tiene un impacto también sobre la industria auxiliar, sobre la industria privada, se incremente.
Por último, en relación al acuerdo de revitalización, repito, que estuvo vigente hasta el año 2000, le reitero que el ministerio está dispuesto a retomar el diálogo con las administraciones firmantes, no para endosar ningún muerto a nadie, sino para corresponsabilizar al conjunto de administraciones en temas básicos como es la política industrial, una competencia que, como usted sabe, es si más no compartida; de lo que se trata es también de que todo el mundo pueda arrimar el hombro, y todo ello, repito, atendiendo a la nueva orientación de la política industrial de conformación de un tejido productivo en el que prime la innovación y el desarrollo tecnológico y que contribuya a la mejora de la competitividad. También desde la SEPI, desde el ministerio de industria en lo que hace referencia a las industrias que usted citaba estamos trabajando en esa misma línea.
Muchas gracias, señor presidente.


El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señoría.


-- DE DON FÉLIX LAVILLA MARTÍNEZ, DEL GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA, SOBRE LOS OBJETIVOS PREVISTOS POR LA FUTURA OFICINA DE ATENCIÓN AL USUARIO DE TELECOMUNICACIONES PARA MEJORAR LA ASISTENCIA A LOS CIUDADANOS (680/000419).


El señor PRESIDENTE: Pregunta del senador Lavilla Martínez. Tiene la palabra su señoría.


El señor LAVILLA MARTÍNEZ: Muchas gracias, señor presidente.
Señor ministro, paso a paso el Gobierno va cumpliendo el programa electoral. Un paso es la defensa de los usuarios de las telecomunicaciones. Para los socialistas la defensa del consumidor es una prioridad en la defensa de la política de la sociedad del bienestar, como figuraba en nuestro programa electoral.
Uno de los sectores, señor ministro, como usted muy bien sabe, que más quejas e indefensión ha venido manifestando en la pasada legislatura han sido los usuarios de telecomunicaiones, como así lo ha venido recogiendo el Informe del Defensor del Pueblo, que todas sus señorías han leído, quejas como disconformidad con facturas cobradas, negativa de alta o baja por su operador, negativa en la portabilidad del número, preselección no solicitada, cambio de operador no solicitado, incumplimiento de ofertas, calidad y problemas en las facturas de ADSL y el acceso a Internet. En definitiva, señor ministro, constituyen toda una multitud de quejas donde los usuarios manifestaban su indefensión. Algunas medidas ya han sido puestas en marcha por el Gobierno para corregir esta situación, algunas, incluso, han sido solicitadas por unanimidad tras la iniciativa del Grupo Parlamentario Socialista en el Pleno del Senado.
Hoy quiero preguntarle, señor ministro, por un paso más que ha dado su ministerio en la defensa de los consumidores y usuarios de las telecomunicaciones. Quisiera que detallara, señor ministro, los objetivos y los medios para la puesta en marcha de la oficina de atención al usuario de las telecomunicaciones. Estamos convencidos, señor ministro, de que este nuevo cumplimiento de nuestro

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programa para defender al usuario favorecerá la competencia y el esfuerzo positivo de las empresas de telecomunicaciones a favor del usuario y sus derechos.
Desde el Grupo Parlamentario Socialista preguntamos, señor ministro, por los objetivos y las medidas, así como --no podría ser de otra manera-- le deseamos éxito en su gestión y todo el apoyo que le podamos brindar para conseguir estos objetivos que, al final, son los de una sociedad mejor defendida, los de una sociedad donde sus derechos como consumidores se respetan y se garantizan.
Nada más y muchas gracias.


El señor PRESIDENTE: Gracias, señoría.
Tiene la palabra el Ministro de Industria.


El señor MINISTRO DE INDUSTRIA, TURISMO Y COMERCIO (Montilla Aguilera): Gracias, señor presidente.
Señoría, efectivamente, la oficina de atención al usuario de telecomunicaciones entró en funcionamiento el pasado 25 de abril con dos objetivos fundamentales, en primer lugar, facilitar a los usuarios de servicios de telecomunicaciones la información que precisen en relación con sus derechos. Y, en segundo lugar, tramitar y resolver en plazo las reclamaciones que presentan los usuarios ante la Administración.
Para el cumplimiento de estos dos objetivos se están llevando a cabo un conjunto de actuaciones. Se ha puesto en marcha un servicio de «call center» para la atención de consultas de los usuarios de forma que las consultas puedan ser realizadas por teléfono y por correo electrónico, y se ofrece información y asistencia a los usuarios sobre la presentación de reclamaciones y la documentación que tengan que aportar para reclamar.
También hemos puesto en marcha una página web sobre los derechos de los usuarios de telecomunicaciones desde la que se puede obtener información, realizar consultas y efectuar denuncias que incluye, además, una carta de los derechos del usuario de las telecomunicaciones.
En los apenas 20 días que lleva funcionando este servicio se han recibido una media de 350 llamadas telefónicas diarias para realizar consultas o quejas acerca del acceso a Internet, de telefonía fija o de telefonía móvil. Y en cuanto a la página web , en la actualidad, la media de visitas es de unas 1.800 diarias. Creo, señoría, que estos datos evidencian una buena acogida de los usuarios por este nuevo servicio y, desde luego, también la persistencia de algunos problemas entre los operadores y los usuarios que estamos tratando de resolver mediante otros mecanismos. En este sentido, además de la puesta en marcha de la oficina de atención al usuario, el Gobierno ha aprobado recientemente el Reglamento sobre el servicio universal y la protección de los usuarios que refuerza los derechos de los usuarios en materia de telecomunicaciones.
En definitiva, la entrada en funcionamiento de la nueva oficina de atención al usuario de telecomunicaciones, la nueva normativa sobre derechos de los usuarios, la introducción de mejoras en materia de tramitación y la resolución de reclamaciones se conciben todas ellas como un valioso instrumento para reforzar el compromiso del Gobierno con la ciudadanía en lo relativo a la protección de sus derechos, siendo el objetivo básico de todo ello el facilitarle un mecanismo eficaz de respuesta ante sus peticiones de información y sus quejas.
Muchas gracias.


El señor PRESIDENTE: Gracias, señoría.


-- DE DON JUAN VAN-HALEN ACEDO, DEL GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR EN EL SENADO, SOBRE LA OPINIÓN DEL GOBIERNO EN RELACIÓN CON LAS PRIORIDADES QUE DEBE AFRONTAR EL CINE ESPAÑOL EN EL DOBLAJE DE PELÍCULAS A LENGUAS DISTINTAS DEL CASTELLANO (680/000427).


El señor PRESIDENTE: Pregunta del senador Van-Halen Acedo.
Tiene la palabra su señoría.


El señor VAN-HALEN ACEDO: Gracias, señor presidente.
¿Cuáles son, a juicio del Gobierno, las prioridades que debe afrontar el cine español en el doblaje de películas a lenguas distintas al castellano?

El señor PRESIDENTE: Gracias, señoría.
Tiene la palabra la Ministra de Cultura.


La señora MINISTRA DE CULTURA (Calvo Poyato): Gracias, señor presidente.
Señoría, el cine español, teniendo en cuenta las competencias del Ministerio de Cultura, tiene dos prioridades en el ámbito de la Unión y dentro de los programas media fundamentalmente en la subtitulación que es, desde el punto de vista cultural, preferible al doblaje, puesto que no se pierden las voces originales de los actores que son una parte importante en la creación artística que el cine significa. Éste es el criterio abundantemente seguido por los países de la Unión, pero naturalmente también hacemos doblaje fundamentalmente del inglés, del francés y del alemán para fortalecer el mercado europeo que es un aspecto principal de los programas que desarrolla la Unión. Y, naturalmente, en los mercados fuera de la Unión recurrimos también al doblaje cuando no es posible la opción de la subtitulación del inglés para fortalecer también la presencia del cine fuera de nuestras fronteras.


El señor PRESIDENTE: Gracias, señoría.
Tiene la palabra el señor Van-Halen.


El señor VAN-HALEN ACEDO: Muchas gracias, señor presidente.
Señora ministra, yo no me refería al doblaje a esos idiomas, como seguramente todos los miembros de esta Cámara, menos usted en este momento, habrán supuesto; me refería al doblaje de películas a idiomas y lenguas distintas al castellano

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y, naturalmente, me refería a las lenguas cooficiales, si bien es verdad que usted lo ha entendido de otra manera, legítimamente, porque todo el que lee entiende lo que le parece.
Señora ministra, yo no le voy a hablar de ningún término ni le voy a recordar sus palabras en términos latinos de uso común, porque no los comprende, ni le voy a preguntar si va usted a doblar series de dibujos animados, pero sí le quiero decir que ha caído en una contradicción en cuanto al doblaje de películas a idiomas cooficiales en España. El señor Puigcercós, bienvenido al club, dijo en «Avui», a toda página el 23 de abril, que había hecho un pacto con el Gobierno, del que usted forma parte, para que, por ley, todo el cine se doblara al catalán, y se supone que, naturalmente, a las demás lenguas de España. Nosotros estamos de acuerdo, y en una moción que presentamos en esta Cámara y que se aprobó mayoritariamente, se hablaba del apoyo a las películas en idiomas cooficiales de España, y también nos referíamos al doblaje. Pero es que usted, en el Forum Europa, el el día 9 de mayo decía lo contrario de lo que acaba de manifestar usted aquí: que era partidaria de doblar películas a otros idiomas, pero no se refirió a los idiomas cooficiales en comunidades autónomas.
Señora ministra, yo quiero saber si usted está comprometida por el pacto al que se refiere su socio republicano catalán, señor Puigcercós, en estas declaraciones y también en las del reciente debate sobre el estado de la nación, o si no está de acuerdo y, sobre todo, una vez que aborde el tema, en el que le agradecería que entrase, le pediría que me dijera de qué forma financiaría usted esto: ¿Con un impuesto nuevo? ¿Con un canon sobre las entradas de cine? ¿Detrayéndolo del fondo de apoyo al cine? ¿De las televisiones públicas y privadas? Todas estas posibilidades las ha barajado el señor Puigcercós. Su Gobierno, cuando le pidió su voto para la televisión digital terrestre, parece que no aclaró nada, pero ustedes, «in extremis» --y perdone otra vez la utilización de un término latino-- pactan, pero luego dan marcha atrás. Este es un asunto muy importante porque se trata de conocer su voluntad y sobre todo cómo financiarían ustedes el doblaje a lenguas cooficiales en España.
Señoría, le ruego que no me salga usted por la tangente, ya sé que es muy difícil, pero acaso sea posible.
Muchas gracias.


El señor PRESIDENTE: Gracias, señoría.
Tiene la palabra la ministra de Cultura.


La señora MINISTRA DE CULTURA (Calvo Poyato): Muchas gracias, presidente.
Señoría, no me he salido por la tangente, he dicho hoy aquí lo mismo que dije el día 9. Yo hablo del cine desde mi responsabilidad como ministra de Cultura; no puedo hablar de la regulación que se dé a la Televisión Digital Terrestre en la Ley General de lo Audiovisual, porque no corresponde a este ministerio, corresponde al Ministerio de Industria, y su señoría está confundiendo situaciones, términos y circunstancias.
Desde el cine, desde el fondo de la cinematografía y desde la regulación del cine, que corresponde, como competencia de Cultura, a este ministerio, repito que los objetivos son: mejor y más cine español, subtitulado en el ámbito europeo, que es el compromiso de los países europeos para proteger culturalmente el cine en su idioma original, traducido en términos de doblaje al inglés como gran lengua franca para fortalecerlo en los mercados internacionales. En el interior de nuestro país, si se refiere usted a las televisiones, me remito a las palabras del presidente del Gobierno en el debate sobre el estado de la nación: se hará doblaje en las televisiones de documentales, ficción y series animadas para fortalecer, especialmente en el ámbito de los más jóvenes, la existencia de otras lenguas cooficiales en el Estado español, especialmente en el ámbito del crecimiento y del bilingüismo de todas esas personas pertenecientes al ámbito de otros territorios autonómicos (Aplausos en los escaños del Grupo Parlamentario Socialista.)

El señor PRESIDENTE: Gracias, señora ministra.


-- DE DON RICARDO MELCHIOR NAVARRO, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE SENADORES DE COALICIÓN CANARIA, SOBRE LAS ACCIONES PREVISTAS POR EL MINISTERIO DEL INTERIOR PARA CUBRIR LAS PLAZAS VACANTES E INCREMENTAR EL NÚMERO DE EFECTIVOS DURANTE EL AÑO 2005 EN LOS CUARTELES Y COMISARÍAS DE LAS FUERZAS Y CUERPOS DE SEGURIDAD DEL ESTADO EN LA ISLA DE TENERIFE (SANTA CRUZ DE TENERIFE) (680/000408).


El señor PRESIDENTE: Pregunta del senador Melchior Navarro.
Tiene la palabra su señoría.


El señor MELCHIOR NAVARRO: Gracias, señor presidente.
Señor ministro, el catálogo de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado fue actualizado por última vez, según me han dicho, en el año 2002. Desde entonces y hasta este momento, la población de derecho y de hecho en la isla de Tenerife se ha incrementado considerablemente, aproximadamente un 15 por ciento. Pero, además, el Cuerpo Nacional de Policía ha asumido en estos tres últimos años nuevas funciones en el Centro de Internamiento de Extranjeros, en el puesto fronterizo del aeropuerto de Los Rodeos, etcétera.
Señor ministro, soy consciente de que se está haciendo un esfuerzo --y lo agradezco--, pero hace falta un esfuerzo mayor, aproximadamente 464 nuevos funcionarios es lo que se necesitaría en Tenerife para alcanzar la media teórica establecida para la población española.
Por ello, señor ministro, mi pregunta es: ¿Qué acciones prevé realizar el Ministerio del Interior durante el año 2005 para adaptar el catálogo de puestos de trabajo de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado en Tenerife a las necesidades actuales y cubrir sus vacantes? Muchas gracias.


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El señor PRESIDENTE: Gracias, señoría.
Tiene la palabra el ministro del Interior.


El señor MINISTRO DEL INTERIOR (Alonso Suárez): Gracias, señor presidente. Gracias, señoría.
Celebro que reconozca usted los importantes esfuerzos humanos y materiales que estamos realizando en las islas a fin de cubrir todas las plazas existentes en el catálogo y, por tanto, prestar el mayor y mejor servicio en materia de seguridad ciudadana a los ciudadanos y ciudadanas de Canarias.
Como usted sabe, estamos elaborando un plan de seguridad integral para Canarias, conforme al anuncio realizado por el presidente del Gobierno en el reciente debate sobre el estado de la nación. A ello vamos a añadir un plan específico para el control de la inmigración en esa comunidad autónoma. Ambas iniciativas requieren un trabajo serio y riguroso de planificación y de estudio de la situación, una inversión en recursos humanos para mejorar la cobertura teórica de puestos de trabajo en las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, como antes he dicho, y la necesaria financiación de los medios materiales para ejecutarlos.
Sabemos que en esta importante tarea vamos a contar con la complicidad, estoy seguro, de su grupo político.
Muchas gracias.


El señor PRESIDENTE: Gracias, señoría.
Tiene la palabra el senador Melchior.


El señor MELCHIOR NAVARRO: Gracias, señor presidente. Gracias, señor ministro.
Únicamente quisiera saber si puede adelantarnos algo de lo que tienen previsto para el año 2005 en cuanto a dotación. Agradezco el plan integral de seguridad para Canarias y el plan específico que pretenden realizar y, repito, el esfuerzo que se está llevando a cabo. Pero las necesidades son muy importantes, y por ello quiero preguntarle si se podría adelantar la cobertura neta de la relación del catálogo de puestos de trabajo para este año, es decir, conocer el incremento del número de funcionarios sumando las nuevas incorporaciones y descontando los que se vayan a marchar.
Muchas gracias.


El señor PRESIDENTE: Gracias, señoría.
Tiene la palabra el ministro del Interior.


El señor MINISTRO DEL INTERIOR (Alonso Suárez): Gracias de nuevo, señor presidente. Gracias, señoría.
Trataré de esquematizar la cuestión. Respecto del incremento del número de efectivos destinados actualmente en Tenerife, puedo decirle que la Comandancia de la Guardia Civil tiene previsto cubrir la totalidad del catálogo actual de puestos de trabajo de empleo de guardia civil en los apartados de seguridad ciudadana y resguardo fiscal, a fin de abordar las cuestiones más acuciantes de la comunidad autónoma canaria. Ello se va a realizar mediante la provisión de vacantes en los próximos concursos ordinarios, así como con la asignación de unidades prácticas para guardias alumnos.
Como usted sabe, este año hemos hecho un esfuerzo muy importante en cuanto al número de plazas incluidas a nivel nacional en la oferta de empleo público, con un total de 4079 plazas para la Guardia Civil en todo el territorio nacional.
Respecto del Cuerpo Nacional de Policía, se han incorporado a la isla en los últimos meses 111 efectivos, 90 funcionarios procedentes de la 19ª promoción de policías de nuevo ingreso y 21 funcionarios de la escala ejecutiva, procedentes tanto de nuevo ingreso como de promoción interna.
A fecha 1 de mayo, los efectivos del Cuerpo Nacional de Policía en la isla de Tenerife en situación de activo ascienden a 1.121 funcionarios, es decir, un 87,92 por ciento del catálogo teórico de puestos de trabajo, lo que supera en casi un 5 por ciento, un 4,96 por ciento, la media nacional. Además, están destinados en Tenerife 53 funcionarios de segunda actividad con destino y 140 funcionarios en prácticas.
Para terminar, le diré que existen 119 plazas vacantes convocadas dentro del concurso general de méritos que, de cubrirse en su totalidad, supondrá un porcentaje de ocupación superior al 97 por ciento.
En consecuencia, senador, le insisto en que estamos haciendo el máximo esfuerzo para dotar a las Canarias de lo que merecen, es decir, una cobertura adecuada en puestos de policía y guardia civil para dar réplica a los indudablemente importantes problemas que tiene esa comunidad autónoma.
Muchas gracias.


El señor PRESIDENTE: Gracias, señor ministro.


-- DE DON EDUARDO CUENCA CAÑIZARES, DEL GRUPO PARLAMENTARIO MIXTO, SOBRE LOS PLANES CONCRETOS DEL GOBIERNO ANTE EL INMINENTE PROCESO DE DESAFECTACIÓN DE LOS TERRENOS DE LA ANTIGUA CÁRCEL DE CARABANCHEL EN MADRID (680/000412).


El señor PRESIDENTE: Pregunta del senador Cuenca Cañizares.
Tiene la palabra su señoría.


El señor CUENCA CAÑIZARES: Gracias, presidente.
Señor ministro, ¿cuáles son los planes concretos del Gobierno ante el inminente proceso de desafectación de los terrenos de la antigua cárcel de Carabanchel, en el municipio de Madrid?

El señor PRESIDENTE: Tiene la palabra el señor Ministro del Interior.


El señor MINISTRO DEL INTERIOR (Alonso Suárez): Gracias, presidente.
Gracias por su pregunta, senador.


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El Centro Penitenciario de Carabanchel se clausuró por orden ministerial en septiembre de 1998. En verano de 2000 quedó desocupado y en octubre del mismo año se inició el proceso de desafectación de la actividad penitenciaria.
El acuerdo de Consejo de Ministros de 13 de julio de 2001 modifica la relación de centros penitenciarios e inmuebles a amortizar y enajenar dentro del plan, quedando excluidos de la relación dos partes del complejo penitenciario, la antigua unidad de madres y el hospital general penitenciario.
En la actualidad, dichas unidades se están utilizando por los ministerios de Justicia e Interior para el cumplimiento de las medidas que exige la Ley reguladora de la responsabilidad penal de los menores, la unidad de madres, y como centro de internamiento de extranjeros en el hospital general. Ambos inmuebles son propiedad del Ministerio de Hacienda, quien es competente para acordar la mutación demanial de los mismos, para lo que es preciso la segregación jurídica del inmueble. Cuando se solicita la licencia de segregación, el Ayuntamiento de Madrid la deniega en septiembre de 2001. En diciembre de 2001 la Sociedad de infraestructuras y equipamientos penitenciarios, con la preceptiva autorización de la Dirección General de Patrimonio del Estado, inicia las negociaciones con el Ayuntamiento de Madrid para formalizar el correspondiente convenio urbanístico de colaboración. Los acuerdos alcanzados en 2003 para la aprobación de la modificación puntual del Plan general de ordenación urbana de Madrid garantizan, por una parte, la continuidad de uso que actualmente tienen asignados los edificios adscritos a Justicia e Interior, y suponen una notable mejora de los espacios destinados a dotaciones y terrenos de uso público, que suponen el 75,40 por ciento de los más de 172.000 metros cuadrados que tiene el ámbito de actuación. En el 24,60 por ciento restante está previsto un uso residencial.
Recientemente, como usted sabe, el Pleno del Ayuntamiento de Madrid ha aprobado instar al Gobierno de la nación a negociar el cambio de uso de dichos terrenos, de manera que toda su edificabilidad se destine a usos dotacionales. Este acuerdo marca un criterio unilateral de esa Institución, a nuestro juicio no del todo razonable, sobre todo teniendo en cuenta que la Administración penitenciaria está necesitada de recursos.


El señor PRESIDENTE: Gracias, señoría.
Tiene la palabra su señoría.


El señor CUENCA CAÑIZARES: Señor ministro, si hablamos en terminología política no debería ser unilateralmente. Tengo que decirle que esta pregunta, bien enfocada por usted porque sabía a qué venía, parte de un acuerdo del Ayuntamiento de Madrid, pero también tengo que decirle que parte de un proceso temporal para conciliar el discurso de cuando se está en la oposición, que se proponen y toman iniciativas, a cuando se está en el Gobierno, que se debe ser coherente con lo mismo que se hacía y decía en la oposición.
Señor ministro, no parece lógico que cuando el Ayuntamiento de Madrid modificó el Plan general para hacer 1.291 viviendas de renta libre su partido político y el mío estuvieran en contra y hoy ustedes, al parecer, están muy contentos porque eso supone hacer caja. Pero estamos hablando de dos distritos, Carabanchel y Latina, con cerca de medio millón de habitantes, que están pidiendo, conjuntamente con las entidades ciudadanas, con su partido y con el mío, que se destine a equipamientos sociales porque realmente están muy necesitados de ellos.
Le reitero, señor ministro, que en la oposición su partido estaba en las manifestaciones, estaba haciendo propuestas, y parece ser que ahora, cuando se llega a otros sitios, se olvida o no se tiene en cuenta.
Señor ministro, la demanda que hoy se hace desde el Ayuntamiento de Madrid --consecuencia de muchas iniciativas de su partido y del mío--, es una reivindicación del tejido asociativo que se comprometió con su partido y con el mío para lograr que el día de mañana consiguiéramos que la antigua cárcel de Carabanchel dejara de ser parte de ser un símbolo penitenciario del pasado para ser un símbolo de equipamientos del futuro.
Esta no es solo una iniciativa de nuestro grupo. Le voy a recordar una iniciativa muy cercana, del año 1998, en la que el señor Jaime Lissavetzky, secretario del Partido Socialista de Madrid, planteó prácticamente la misma pregunta con la misma demanda que le hace este senador en este momento.
Señor ministro, no entendemos por qué a los partidos que llegan a la Moncloa se les olvida su discurso durante la oposición y las iniciativas y compromisos adquiridos con la ciudadanía.
Señor ministro, nosotros queremos emplazarle para que no se lleven a cabo esas 1.200 y pico viviendas de renta libre, aprovechándonos ahora de una modificación realizada por el Partido Popular que todos criticamos cuando estábamos en la oposición en las juntas de distrito y en el Pleno del Ayuntamiento de Madrid. Por lo tanto, señor ministro, nosotros le proponemos y le emplazamos a la coherencia, para destinar de equipamientos sanitarios a centros de la tercera edad, a centros deportivos, juveniles, zonas verdes, etcétera. Existe la posibilidad, señor ministro, de que otros equipamientos sean destinados al desarrollo residencial, pero también hay que tener en cuenta que no todos los suelos públicos del Estado deben ser destinados a vivienda, y menos a vivienda de renta libre, sino que una parte de ellos debería destinarse a equipamientos. Esta es una reivindicación de dos distritos del municipio de Madrid, pero, por encima de todo, se trata del compromiso histórico de su partido y el mío con ese tejido asociativo de destinar la cárcel de Carabanchel a equipamientos sociales.
Yo creo que merece la pena llevar a cabo esta actuación y destinar para ello los recursos económicos necesarios.


El señor PRESIDENTE: Muchas gracias.
Señor ministro, tiene la palabra.


El señor MINISTRO DEL INTERIOR (Alonso Suárez): Señor presidente, señoría, por el tono de su réplica

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tengo que decirle que no nos encontramos ante un desencuentro sustancial. Además, le anticipo que vamos a ser coherentes. Consideramos que los acuerdos anteriormente alcanzados entre el Ayuntamiento de Madrid y la Administración del Estado, que estamos dispuestos a desarrollar con espíritu de consenso, son razonables y satisfactorios para ambas partes y posibilitan, por un lado, la mejora de dotaciones sociales apropiadas para el distrito y los vecinos de Carabanchel y, por otro, cumplir con uno de los objetivos que no debemos olvidar, imprescindible para el buen funcionamiento del Estado de Derecho, cual es el habilitar los recursos necesarios para afrontar una política penitenciaria que permita albergar dignamente a la población penitenciaria de nuestro país.
Por lo tanto, sus objetivos, los objetivos del ayuntamiento y los de la Administración del Estado no son excluyentes, sino compatibles y vamos a mantener una coherencia sustancial en esta cuestión.


El señor PRESIDENTE: Gracias, señoría.


-- DE DOÑA ISABEL LÓPEZ AULESTIA, DEL GRUPO PARLAMENTARIO MIXTO, SOBRE LAS PREVISIONES DEL GOBIERNO RESPECTO A INSTAR AL MINISTERIO FISCAL E INSTITUCIONES PENITENCIARIAS PARA QUE PROMUEVAN DETERMINADAS MEDIDAS EN RELACIÓN CON EL CUMPLIMIENTO DE LA CONDENA DE LAS PERSONAS QUE PADECEN ENFERMEDADES GRAVES O QUE HAYAN CUMPLIDO LAS TRES CUARTAS PARTES DE SU CONDENA (680/000413).


El señor PRESIDENTE: Pregunta de la senadora López Aulestia.
Tiene la palabra su señoría.


La señora LÓPEZ AULESTIA: Gracias, señor presidente.
Buenos días, señor ministro.
El artículo 25.2 de la Constitución habla de la obligatoriedad de la reinserción de los presos y presas como objetivo de nuestro sistema penitenciario. Por otra parte, el Código Penal y la Ley General Penitenciaria prevén medidas como la libertad condicional para aquellos presos y presas que padezcan enfermedades graves e incurables y para aquellos que hayan cumplido tres cuartas partes de su condena. Asimismo, se propugna que presas y presos puedan cumplir su condena en los establecimientos penitenciarios más próximos a sus lugares de origen para facilitar su reinserción y no penalizar injustamente a sus familias.
¿Tiene el Gobierno intención de aplicar estas medidas, con independencia de cuál sea la causa del internamiento de presas y presos que aún no gozan de estos beneficios previstos por nuestro ordenamiento jurídico?

El señor PRESIDENTE: Gracias, señoría.
Tiene la palabra el señor ministro del Interior.
El señor MINISTRO DEL INTERIOR (Alonso Suárez): Gracias, señor presidente.
Señora senadora, no se encuentra entre las competencias de este ministerio promover la libertad condicional de los internos por razón de su enfermedad, pues la ley, como usted bien sabe, remite esta iniciativa a los criterios médicos que se hacen llegar a las juntas de tratamiento de las prisiones que, a su vez, elevan la propuesta al juez de vigilancia penitenciaria, que es quien tiene la competencia. Tampoco el Ministerio Fiscal tiene iniciativa en este tipo de expedientes. Debo recordar que la función constitucional y legal del Ministerio Fiscal es controlar la legalidad, tal y como expresa su estatuto, y su intervención se produce siempre tras el informe emitido por las juntas de tratamiento y la remisión del mismo al juez de vigilancia penitenciaria. Además, debo precisarle que la ley exige, para el caso de internos con enfermedad incurable, su clasificación en el tercer grado penitenciario y la existencia de un pronóstico individualizado y favorable de reinserción social, ligada al hecho de tener satisfecha la responsabilidad civil y con los matices recogidos en el mismo código respecto a las personas que han cometido delitos de terrorismo.
La clasificación en tercer grado por razones humanitarias comprende, con arreglo al artículo 104 del Reglamento, un estudio sobre la dificultad para delinquir y la escasa peligrosidad del interno. En cualquier caso, insisto, son los criterios médicos los que dominan, en atención a la enfermedad del interno.
Finalmente, también debo indicarle que, en cuanto a los cumplimientos de penas en centros penitenciarios sitos en la población o en las cercanías de la población del interno, es un deseo general del legislador, pero no forma parte del elenco de derechos subjetivos del interno, que se regulan de forma expresa en el artículo cuarto del Reglamento de desarrollo de la Ley Orgánica General Penitenciaria.
Gracias.


El señor PRESIDENTE: Gracias, señoría.
Tiene la palabra la senadora López Aulestia.


La señora LÓPEZ AULESTIA: Gracias, señor presidente.
Señor ministro, me da la impresión de que ha huido usted de la pregunta que le he realizado.
Simplemente, quiero hacer algunas consideraciones. Creo que ahora mismo una parte muy importante de la ciudadanía vasca vive con la esperanza de estar en un ciclo nuevo que permita orientar de una forma positiva la solución definitiva del conflicto, que ha tenido consecuencias dramáticas y que ha producido un sufrimiento infinito.
Déjeme decirle que medidas como las que le propongo, que desde luego deberían ser tomadas de una forma prudente y paulatina, serían muy bien vistas por esta parte de la sociedad vasca, puesto que confirmarían esa esperanza de que algo se mueve en la buena dirección.
Por otra parte, esperaba que usted me dijera que estaba de acuerdo con estas medidas pero que no le parecía el momento oportuno, porque suele ser la respuesta habitual que

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recibo cuando planteo propuestas en sentido progresista. Ésa es la respuesta que suelo recibir del Partido Socialista, es decir, que está de acuerdo pero que no le parece el momento oportuno.
Quiero decirle que estoy convencida de que lo que caracteriza a la derecha es simplemente esperar las oportunidades, mientras que lo que caracteriza a la izquierda es adelantarse y provocar la oportunidad. Eso es lo que, desde la limitación de nuestras fuerzas, el senador y la senadora de Izquierda Unida intentamos hacer en esta Cámara.
Muchas gracias.


El señor PRESIDENTE: Gracias, señoría.
Tiene la palabra el ministro del Interior.


El señor MINISTRO DEL INTERIOR (Alonso Suárez): Gracias, señor presidente.
Señoría, me he limitado a recordarle algo que es obvio en el sistema legal del Estado de Derecho, que debe ser siempre respetado, es decir, el reparto de tareas constitucionales y legales de cada uno de los actores del sistema penitenciario. He hablado de cuáles son las competencias del ministerio, cuáles las del ministerio fiscal y cuáles las del juez de vigilancia penitenciaria.
Debo recordarle que la excarcelación por razones humanitarias se rige y se perfila en la ley y en una importante sentencia del Tribunal Constitucional que me abstengo de recordarle porque sé que la conoce perfectamente: la Sentencia 48/1996, de 25 de marzo.
Debo manifestar además que, como dato que revela el éxito de las juntas de tratamiento, es decir, de lo que depende de Instituciones Penitenciarias, en su función de resocialización de los presos y del estudio individualizado de la situación de los mismos, en los dos últimos años se ha producido la excarcelación de 428 penados por razones humanitarias. Ese es el dato que acredita que las juntas de tratamiento están funcionando correctamente, con arreglo a esos criterios legales y constitucionales que perfila el Tribunal Constitucional, como, por otra parte, está funcionando el resto del sistema legal democrático, ministerio fiscal y juzgados de vigilancia penitencia, desde mi punto de vista.
Muchas gracias, señor presidente.


El señor PRESIDENTE: Gracias, señor ministro.


-- DE DON JOSÉ MIGUEL CAMACHO SÁNCHEZ, DEL GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA, SOBRE LAS LÍNEAS BÁSICAS DEL ACUERDO DE COLABORACIÓN Y COORDINACIÓN EXISTENTE ENTRE LAS POLICÍAS ESPAÑOLA Y FRANCESA PARA COMBATIR LA DELINCUENCIA ORGANIZADA EN CUALQUIERA DE SUS MANIFESTACIONES (680/000417).


El señor PRESIDENTE: Tiene la palabra el senador González López para formular la siguiente pregunta.
El señor GONZÁLEZ LÓPEZ: Gracias, señor presidente.
Señor ministro, no hay duda de que la colaboración policial entre España y Francia en relación con el terrorismo de ETA es hoy una realidad, que ha permitido el desmantelamiento de buena parte del entramado organizativo y financiero de la banda terrorista. No obstante, la aparición del terrorismo internacional obliga, sobre todo después de los atentados del 11-M, a dar un giro en la política antiterrorista no sólo a España sino también a otros muchos países desarrollados.
A la globalización e internacionalización del terrorismo debemos añadir la internacionalización de otros fenómenos delictivos como el tráfico de drogas, la inmigración ilegal y las bandas criminales organizadas. Para luchar con eficacia contra estas lacras no son suficientes los recursos de un sólo país, por muchos que sean; es necesario buscar fórmulas de colaboración con otros países que permitan aprovechar y rentabilizar no sólo los recursos propios sino también los materiales y humanos de aquellos otros países que comparten con nosotros los objetivos de acabar con el terrorismo y la delincuencia organizada.
Como he dicho antes, la colaboración con Francia en la lucha contra el terrorismo ha resultado extraordinariamente eficaz hasta el punto de permitirnos la detención de más de 170 etarras durante los últimos meses.
Por eso nos parece positivo el nuevo acuerdo policial que amplía esta colaboración a otras fórmulas y modelos de delincuencia internacional.
Francia tiene delegaciones y enlaces policiales en países que España no tiene, y viceversa. Es importante poder compartir información sobre zonas del mundo en las que no se tiene presencia; sobre todo de aquellas que pueden ser exportadoras de terrorismo, de bandas organizadas de narcotraficantes o de inmigración ilegal. Incluso allí donde los países tienen enlaces policiales, es interesante contar con protocolos de actuación y colaboración operativa.
Sería muy bueno que este acuerdo de colaboración hispano-francesa se pudiera extender a otros países. Por eso, señor ministro, nos gustaría que, además de explicar las líneas básicas de este acuerdo, nos dijera si el Gobierno --su ministerio-- está estudiando la posibilidad de extenderlo a nuestros vecinos de la Unión Europea y de otras zonas del mundo.
Nada más y muchas gracias.


El señor PRESIDENTE: Gracias, señoría.
Tiene la palabra el ministro del Interior.


El señor MINISTRO DEL INTERIOR (Alonso Suárez): Gracias, señor presidente.
Senador, efectivamente, la colaboración tanto política como estrictamente policial --operativa-- entre España y Francia en la lucha contra el terrorismo etarra es muy buena. Tiene usted razón: durante el último año, la lucha de la Policía, de la Guardia Civil y de las autoridades policiales francesas contra ETA ha producido resultados muy buenos.
Además, la colaboración es muy buena también en otros aspectos que interesan de modo principal a los dos países y al resto de la Unión Europea.


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El 8 de febrero firmamos un acuerdo en París para el fortalecimiento --y cito textualmente-- de la cooperación en materia de seguridad interior, y para que los franceses y los españoles puedan compartir oficiales de enlace. El documento y la práctica que se desarrollará a partir de él tienen por objeto la cooperación policial bilateral operativa en las siguientes áreas: seguridad interior en general, terrorismo y extremismo islámico, tráficos ilegales a gran escala --estupefacientes, tráfico de seres humanos, etcétera--, delincuencia organizada e inmigración ilegal.
La declaración establece que, en el supuesto de que ambos países cuenten con representación en un tercero --y esto es importante--, el oficial de enlace del país con mayor influencia en la zona ayudará al oficial de enlace del otro país firmante para que puedan beneficiarse generando un valor añadido de su especial situación. Para el supuesto de que un tercer país cuente con representación en uno sólo de los dos países firmantes --en España o en Francia--, el oficial de enlace destinado desempeñará igualmente la función de oficial de enlace para ese país. A título experimental, se acordó que la utilización mutua de enlaces entre España y Francia será instaurada en América del Sur --en Colombia y Venezuela--, para la lucha contra el tráfico de drogas, sobre todo; en Europa --en Rumanía, en particular--, para la lucha contra la delincuencia organizada y la inmigración ilegal; en África --en Senegal--, para la lucha contra el tráfico de drogas y la inmigración ilegal; y en otra serie de países que se irán fijando en el futuro.
En la actualidad se viene trabajando en la elaboración de un protocolo de desarrollo de declaración común; protocolo que, además de fijar los objetivos, medios y prioridades en el desempeño de los oficiales de enlace, dictará instrucciones para facilitar sus funciones. Además, el acuerdo dispone que los directores generales mantendrán una reunión semestral en la que, además de analizar el desarrollo de la actividad pactada, se dictarán los arbitrajes necesarios en su caso. Esta declaración entre España y Francia supone objetivamente el enriquecimiento y superación del marco general que configura la Decisión 2003/170, de 23 de febrero de 2003, del Consejo de Justicia e Interior, sobre el uso de oficinas y oficiales de enlace destinados en el extranjero.
Por último, quiero señalarle que en el ámbito del tráfico de drogas y en otros aspectos del crimen organizado se están desarrollando ya nuevas iniciativas para la constitución de equipos conjuntos de investigación.
Por lo tanto, las relaciones entre Francia y España siguen siendo buenas y van a seguir siéndolo, y aun mejores en el futuro.
Muchas gracias.


El señor PRESIDENTE: Gracias, señoría.


-- DE DOÑA MARÍA DEL CARMEN GRANADO PANIAGUA, DEL GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA, SOBRE LA VALORACIÓN QUE HACE EL MINISTRO DEL INTERIOR DE LA ÚLTIMA CUMBRE DE LOS MINISTROS DEL INTERIOR DEL GRUPO DE LOS CINCO (G-5) DE LA UNIÓN EUROPEA (680/000421).
El señor PRESIDENTE: Pregunta de la senadora Granado Paniagua.
Tiene la palabra su señoría.


La señora GRANADO PANIAGUA: Gracias, señor presidente.
Señor ministro, el pasado día 12 tuvo lugar en París una reunión extraordinaria de los responsables de Interior de los países que forman parte del G-5, Alemania, Francia, Reino Unido, Italia y España, para abordar como tema central, entre otros, el control de fronteras, la inmigración ilegal y la lucha contra el tráfico ilegal de personas.
También estaba previsto que en el encuentro se buscaran fórmulas para reforzar el papel de la Agencia Europea de Fronteras, así como reforzar los mecanismos de readmisión a los países de origen de inmigrantes irregulares.
Según lo que ha trascendido en los medios de comunicación, en dicha reunión se adoptó una declaración conjunta que prevé la creación de una fuerza europea de intervención rápida para casos de crisis en las fronteras de la Unión Europea y la posibilidad de mantener procedimientos que permitan restablecer temporalmente los controles de las fronteras interiores. También, según los medios de comunicación y por boca del ministro francés señor De Villepin, comunicó que los cinco países trabajarán en lo que consideran como el futuro embrión de una policía europea de fronteras, que actuaría en casos de urgencia en las fronteras exteriores de la Unión Europea, comprometiéndose además a enviar el personal necesario para su funcionamiento.
Señor ministro, sabemos que la seguridad es un derecho fundamental de los ciudadanos, por lo que garantizarlo constituye nuestra prioridad. Frente a las nuevas amenazas, la Unión Europea, la colaboración y la cooperación dentro de la Unión, nos hace más fuertes a todos, más seguros, al dotarnos de los medios necesarios para trabajar juntos en la lucha contra el terrorismo, la delincuencia organizada y la inmigración ilegal.
Concretando, señor ministro, nuestra pregunta es la siguiente. ¿Qué valoración hace de esta reunión el Gobierno? Nada más y muchas gracias.


El señor PRESIDENTE: Gracias, señoría.
Tiene la palabra el ministro del Interior.


El señor MINISTRO DEL INTERIOR (Alonso Suárez): Gracias, señor presidente. Gracias, señora senadora.
Con toda franqueza debo decirle que la valoración que hago es muy positiva. La cumbre a la que usted se refiere, que se celebró hace unos días en París, supone la continuidad de reuniones de un grupo informal de trabajo muy importante, desde mi punto de vista, para la consolidación del espacio europeo de libertad y de seguridad. Los cinco países integrantes de este grupo, los cinco países más grandes de la Unión Europea, Alemania, España, Francia, Italia y Reino Unido, compartimos problemas comunes y mantenemos una sensibilidad especial en cuestiones y preocupaciones que son propias de ese espacio geográfico y político en el que, por fortuna, nos movemos: el de la Unión Europea. Estas preocupaciones se

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refieren al terrorismo, a la lucha contra el terrorismo, contra el crimen organizado, contra el tráfico ilegal de seres humanos o contra la inmigración irregular.
Por resumírselas, las principales conclusiones de esta reunión fueron las siguientes: En primer lugar, el avance en la armonización de los requisitos de entrada en el espacio Schengen exigidos a los ciudadanos extranjeros. Se trata de requisitos que inciden en el nivel mínimo de recursos económicos exigibles, en la existencia de seguros médicos de viajes o en la política general de visados. En segundo lugar, reiteramos --como ya se hizo en la reunión anterior que habíamos organizado los españoles en Granada-- que los Estados miembros deben seguir contando con procedimientos flexibles y eficaces para restablecer los controles fronterizos interiores cuando el mantenimiento del orden público o de la seguridad ciudadana así lo demanden --usualmente, en situaciones de urgencia--, así como mantener la posibilidad de llevar a cabo controles aleatorios y específicos en las zonas cercanas a las fronteras interiores de cada uno de nuestros países con el fin de luchar contra la inmigración irregular dentro del espacio Schengen.
El tercer extremo es el compromiso de poner en práctica un proyecto europeo para la utilización de los datos PNR, «Passenger Name Record», con la finalidad de combatir el terrorismo y armonizar la información referida a los transportistas, todo ello sin menoscabo de las libertades individuales. En cuarto lugar, acordamos dar un impulso significativo tanto al control de nuestras fronteras interiores como de las exteriores de la Unión Europea. Para ello la gestión de la cooperación operativa realizada por la Agencia Europea de Fronteras debe ser un instrumento eficaz en la realización de operaciones conjuntas. Además, se ha reflexionado sobre la constitución en el futuro de una policía europea de fronteras que actuaría en situaciones especiales de crisis.
Con el fin de asegurar la salida efectiva de la zona Schengen es necesario que cada Estado a través del cual haya viajado un inmigrante irregular ponga en práctica sin demora el procedimiento de readmisión, por lo que se ha decidido cooperar en dos direcciones: primero, en el reconocimiento mutuo y automático de la readmisión y, segundo, en el establecimiento de una red de alerta en cada Estado, red que evidentemente vamos a compartir.
Por último, los miembros del G-5 van a proponer a todos los países del Magreb la celebración de un encuentro específico que sirva para poner en marcha un programa de trabajo conjunto del G-5 con dichos países en materia de lucha contra la inmigración irregular.


El señor PRESIDENTE: Gracias, señor ministro.


-- DE DON LUIS EDUARDO CORTÉS MUÑOZ, DEL GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR EN EL SENADO, SOBRE LAS MEDIDAS CONCRETAS QUE ADOPTÓ EL GOBIERNO PARA PALIAR LOS PREVISIBLES EFECTOS SOBRE EL TRÁFICO DE LA OPERACIÓN SALIDA EN LAS CARRETERAS DE LA COMUNIDAD DE MADRID (680/000425).
El señor PRESIDENTE: Pregunta del senador Cortés Muñoz, que tiene la palabra.


El señor CORTÉS MUÑOZ: Gracias, señor presidente.
Señor ministro, ¿puede usted decirnos qué medidas adoptó el Gobierno el pasado día 30 de abril para paliar los problemas del tráfico en la operación salida en Madrid? Muchas gracias.


El señor PRESIDENTE: Gracias, señoría.
Tiene la palabra el ministro del Interior.


El señor MINISTRO DEL INTERIOR (Alonso Suárez): Gracias, señor presidente.
Señoría, la operación especial del día 1 de mayo de este año tuvo un desarrollo semejante al correspondiente a esas mismas fechas en el año 2003. Tomo este año como referencia porque en el 2004 el día 1 de mayo coincidió con un sábado y no hubo operación especial.
El dispositivo previsto por la Dirección General de Tráfico y la jefatura competente para paliar los efectos sobre el tráfico en las carreteras de Madrid incluía medidas de la misma magnitud que las adoptadas en la última operación salida de las vacaciones de Semana Santa. Ello significa, de forma resumida, lo siguiente: Primero. Que se activan todos los medios humanos y técnicos de la Dirección General de Tráfico, tanto en la operación salida como en la de retorno, lo que incluye a todos los centros de gestión con patrullas de helicópteros y agentes de la Agrupación de Tráfico de la Guardia Civil. Segundo. Se establece la restricción de la circulación de camiones, de la celebración de pruebas deportivas y la paralización de obras. Y tercero. Se ponen en marcha medidas de ordenación y regulación del tráfico con el establecimiento de carriles adicionales e itinerarios alternativos.
Finalmente debo decirle que, tal y como se hace siempre, se distribuyó a los medios de comunicación el dossier y la nota de prensa sobre el desarrollo de esta operación especial.


El señor PRESIDENTE: Gracias, señoría.
Tiene la palabra el senador Cortés.


El señor CORTÉS MUÑOZ: Gracias, señor presidente.
Ciertamente fue una operación especial --y usted lo ha dicho--, pues con esa especialización consiguió generar una situación de atasco de cerca de 200 kilómetros. Creo que se batieron todos los récords conocidos en la Comunidad de Madrid, aunque probablemente también en toda España y quizá hasta en Europa. Dice usted que utilizaron todos los medios humanos y técnicos. Pues no cabe duda de que tendrá que reforzar los medios humanos y también los técnicos.
Lamento decirle que la primera conclusión que se puede sacar es que hubo imprevisión, pues se trataba de un 30 de abril --era fin de mes-- que caía en sábado, el día 1 de mayo era domingo y los días 2 y 3 eran fiesta. No hacía falta ser un lince para prever que una gran parte de los madrileños iba a salir de Madrid y que la mayoría de ellos lo

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iba a hacer por carretera. Por tanto, como digo, hubo imprevisión, señor ministro.
En segundo lugar hubo torpeza, yo diría que en casi todo, pero sobre todo en una cosa que casi constituye un factor psicológico insultante para todos los que estaban encerrados en el vehículo durante horas, y es que mantuvieron ustedes vivos y activos los paneles informativos diciendo y haciendo esas recomendaciones: Modere su velocidad; Esto no es un circuito, etcétera. Eso es una torpeza, señor ministro, y para evitarlo no hacen falta muchos medios técnicos, sino estar al loro.
En tercer lugar debo decirle que ya que se está llevando a cabo, probablemente con razón y seguro que es algo positivo, un marcaje sobre los conductores muy duro en cuanto a la campaña de concienciación respecto de la velocidad, etcétera, y se va a poner en marcha el carné por puntos, también deberían poner al director general de Tráfico y a usted mismo un carné por puntos en lo que se refiere a su actividad. Así, cuando se produzcan hechos como éste sabrá usted cuántos puntos debería usted detraer de su propio carné.
Por último, he leído y sé que han dicho ustedes que la operación retorno salió muy bien. Me alegro. Pero si la operación retorno salió bien lo mismo podría haber ocurrido clarísimamente con la operación salida, si no hubiera sido por la imprevisión y torpeza, que fueron las claves de la cuestión. Y lo que estoy diciendo es la manifestación de lo que se opina, no en el Parlamento, sino en la calle, por muchos cientos de miles de madrileños.
Muchas gracias. (Aplausos desde los escaños del Grupo Parlamentario Popular.)

El señor PRESIDENTE: Gracias, señoría.
Tiene la palabra el señor ministro del Interior.


El señor MINISTRO DEL INTERIOR (Alonso Suárez): Gracias, señor presidente.
Señoría, no tiene usted razón en cuanto a su acusación de que la Dirección General de Tráfico y la Agrupación de Tráfico de la Guardia Civil no tomaran medidas de previsión, puesto que se adoptaron todas las correspondientes a circunstancias análogas.
Como usted sabe, el puente del 1 de mayo produce una muy importante concentración de viajes y destinos, es decir, una gran demanda de tráfico en el tiempo y el espacio, y tratándose de un corto periodo vacacional es muy difícil conseguir el escalonamiento de las salidas de Madrid. Por otra parte, durante los últimos diez años el parque de vehículos se ha incrementado en 10 millones, mientras que el censo de conductores lo ha hecho en cinco millones, pero las infraestructuras viarias no han variado, es decir, no han podido mejorarse al ritmo en que se ha incrementado el parque de vehículos y el número de conductores.
Por otro lado, el incremento de los volúmenes de tráfico en comparación con la Semana Santa de este año fue del 12 por ciento, pero en las carreteras con destino a las costas, sobre todo a Castellón, Valencia, Alicante, Murcia y Almería, fue del 20 por ciento, y del 25 por ciento en las vías con destino a otras partes de Andalucía.
Por tanto, a pesar de haberse tomado las medidas al alcance de la Dirección General de Tráfico, no fue posible evitar los inconvenientes que, ciertamente, se produjeron para los ciudadanos con la salida masiva de vehículos, sobre todo en la Comunidad de Madrid. Repito, pues, que este es un clarísimo problema de infraestructuras, no de gestión de la Dirección General de Tráfico, que estuvo al pie del cañón con todos sus medios y recursos dejándose la piel todos y cada uno de esos días.
Gracias.


El señor PRESIDENTE: Gracias, señor ministro.


-- DE DON LLUÍS BADIA I CHANCHO, DEL GRUPO PARLAMENTARIO CATALÁN EN EL SENADO DE CONVERGÈNCIA I UNIÓ, SOBRE LA POSICIÓN DEL GOBIERNO RESPECTO A SOLUCIONAR LOS ACCESOS TERRESTRES AL PUERTO DE BARCELONA (680/000415).


El señor PRESIDENTE: Pregunta del senador Badia i Chancho.
Su señoría tiene la palabra.


El señor BADIA I CHANCHO: Muchas gracias, señor presidente.
Buenos días, señora ministra. Es evidente que un puerto es una referencia logística de vital importancia, y hoy en día la multimodalidad es ya imprescindible para competir a nivel internacional. Pues bien, el puerto de Barcelona ha tenido un crecimiento indiscutible durante los últimos años, produciéndose inversiones públicas a través de los fondos europeos, una importantísima inversión privada, y también una buena política comercial. Sin embargo, estará usted de acuerdo conmigo en que existen graves problemas para su acceso ferroviario y terrestre. Y en lo que respecta a éste último, quisiera saber el estado en que se encuentran el diseño y la definición de dichos accesos al puerto de Barcelona.
Muchas gracias.


El señor PRESIDENTE: Gracias, señoría.
Tiene la palabra la ministra de Fomento.


La señora MINISTRA DE FOMENTO (Álvarez Arza): Muchas gracias, señor presidente.
Señoría, coincido con usted en su análisis, y le informo de que el Gobierno está cumpliendo los compromisos asumidos en relación con los accesos de ampliación del puerto de Barcelona, recogidos en el Convenio de cooperación en infraestructuras y medio ambiente en el delta del Llobregat, suscrito en 1994 entre el Gobierno de la nación, la Generalitat y las administraciones locales afectadas.
Gracias.


El señor PRESIDENTE: Gracias, señora ministra.
Tiene la palabra el senador Badia.


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El señor BADIA I CHANCHO: Gracias, señor presidente.
Señora ministra, en cuestión de logística la eficacia y la competitividad se basan fundamentalmente, no en la distancia, sino en el tiempo para cubrir ésta, y los accesos terrestres al puerto de Barcelona son un caos.
Por tanto, al margen de que haya muchas buenas intenciones lo que debemos hacer es ponernos ya manos a la obra.
Recientemente se ha presentado un estudio de la Cámara de Comercio de Barcelona en el que se habla del déficit de las infraestructuras en Cataluña. En concreto, y con respecto al puerto, se dice textualmente lo siguiente: Los nuevos accesos terrestres no tienen definición oficial. En verano de 2004 la ministra de Fomento se comprometió con el alcalde Clos a presentar públicamente antes de finales de 2004 el estudio informativo al respecto. Esa promesa no se ha cumplido.
Esto no lo digo yo, señora ministra, sino el estudio de la Cámara de Comercio de Barcelona.
Pero mi intención no es hablar de incumplimientos, sino hablar en positivo para que se pueda concretar esta cuestión.
Por ello, señora ministra, quisiera saber cuándo estará el estudio y cuándo se proyectarán, se presupuestarán y se iniciarán las obras. Señora ministra, no podemos poner en peligro el desarrollo y funcionamiento de una infraestructura tan vital en el Mediterráneo. Señora ministra, el Gobierno ha de concretar las actuaciones de manera urgente, no hacerlo es un retroceso general para todos y estoy plenamente convencido de que el interés del Gobierno es que el puerto de Barcelona siga siendo un puerto de referencia en el Mediterráneo, especialmente por todas las novedades que se van a producir, como el transporte marítimo de corta distancia o la potenciación de todo el transporte de contenedores con inversiones multimillonarias en ese puerto.
En consecuencia, me gustaría que el Gobierno concretara cuáles son las alternativas y el tiempo para poner en marcha el acceso terrestre al puerto de Barcelona.
Muchas gracias.


El señor PRESIDENTE: Gracias, señoría.
Tiene la palabra la ministra de Fomento.


La señora MINISTRA DE FOMENTO (Álvarez Arza): Muchas gracias, señoría.
Como antes le recordé, los nuevos accesos al puerto de Barcelona están recogidos en un convenio del año 1994, es decir, un Gobierno socialista logró acordar y resolver una serie de cuestiones que eran difíciles de consensuar y acordar entre los distintos niveles de gobierno. Por eso mismo, pienso que este convenio es uno de los ejercicios de concertación más importantes, tanto en lo referente a la obra de infraestructura prevista en el delta del Llobregat como por las actuaciones de recuperación ambiental contenidas en el convenio y por las numerosas administraciones incluidas, en total seis.
Con los gobiernos del Partido Popular no se había avanzado prácticamente nada. En ocho años de gobierno sólo fueron capaces de contratar la realización de un estudio informativo del proyecto de los nuevos accesos ferroviarios y viarios al puerto de Barcelona y el único trámite realizado fue la memoria resumen de impacto ambiental. Desde abril de 2004 nos hemos encontrado con el estudio informativo paralizado. Llegué a un acuerdo con el presidente de la Generalitat en junio de 2004 para reactivar la redacción de los estudios. Fruto de ese acuerdo, de ese compromiso y de esa concertación ha sido posible dar un impulso a las conexiones por las que usted está preguntando. Hemos completado el estudio informativo en curso, en el que hemos propuesto las soluciones constructivas que han sido consensuadas con el resto de las administraciones en el comité permanente, que sabe usted que es el grupo de trabajo donde reside esa responsabilidad.
Como su señoría sabe, ha surgido una dificultad imprevista de carácter medioambiental, y es que tras poner en servicio el nuevo cauce del río Llobregat, que era una obra incluida en esa concertación y cuya responsabilidad estaba en la Generalitat y que lo ha hecho en septiembre de 2004, el antiguo cauce ha adquirido ciertas características que lo asemejan a un humedal, lo que plantea posibles problemas nuevos, surgidos como consecuencia de esta puesta en servicio en septiembre de 2004, problemas ambientales en las obras previstas sobre dicho cauce y, por lo tanto, dentro del comité permanente que se va a reunir la próxima semana, se buscará una solución.
Así pues, señoría, no haga suya esa interpretación. Como usted ha dicho, no la hago mía, es la Cámara de Comercio la que afirma que hemos hemos paralizado las obras. Pero, a la vista de esta información, espero que esté de acuerdo en que las soluciones de las administraciones se vayan adaptando y adecuando a las situaciones surgidas como consecuencia de las actuaciones realizadas con anterioridad.
Muchas gracias.


El señor PRESIDENTE: Gracias, señoría.


-- DE DON CARLOS JAVIER FLORIANO CORRALES, DEL GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR EN EL SENADO, SOBRE LOS MOTIVOS DE LA PARALIZACIÓN DE LAS OBRAS DE CONVERSIÓN EN AUTOVÍA DE LA CARRETERA NACIONAL N-630, A SU PASO POR LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE EXTREMADURA (680/000423).


El señor PRESIDENTE: Pregunta del senador Floriano Corrales.
Tiene la palabra su señoría.


El señor FLORIANO CORRALES: Gracias, señor presidente.
Señora ministra, hasta la primavera de 2004 las obras de conversión en autovía de la N-630 a su paso por la Comunidad Autónoma de Extremadura encontraba todos sus tramos o licitados o adjudicados en obra o en servicio. Desde que gobierna el Partido Socialista, desde que usted

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es ministra, se ha paralizado la conversión en autovía de la N-630 y mi pregunta es cuáles son los motivos.
Gracias.


El señor PRESIDENTE: Gracias, señoría.
Tiene la palabra la ministra de Fomento.


La señora MINISTRA DE FOMENTO (Álvarez Arza): Gracias, señor presidente.
Señoría, siento mucho decirle que no es cierto lo que usted ha dicho y me asombra, incluso por la situación en que ustedes dejaron esa línea, que me haga usted la pregunta. No es cierta la afirmación y el Gobierno no ha paralizado absolutamente nada de esa línea, sino todo lo contrario.
Muchas gracias.


El señor PRESIDENTE: Gracias, señora ministra.
Tiene la palabra su señoría.


El señor FLORIANO CORRALES: Señora ministra, las partidas presupuestarias se incrementan porque cuando ustedes empiezan a gobernar no se terminan las obras, sino que se aplazan. Se aplaza la puesta en marcha de determinados tramos, que había que pagar en el 2004, y luego dicen: se pagan en el 2005, como señal de que el Partido Socialista se compromete más. Es falso, porque estaba previsto para 2004, aunque se pasan a 2005.
Con toda seriedad, señora ministra, la conversión en autovía de la N-630 es fundamental, ya que es un eje de todo el oeste español. Trece años de gobierno del Partido Socialista no sirvieron para ponerlo en marcha, aunque afortunadamente se puso en marcha. Si uno piensa en los años que lleva conectado por autovía todo el este español y lo compara con el oeste, quizá compruebe que ahí se encuentren algunas de las razones del secular atraso de esa zona.
Dice usted, señora ministra, que no es cierto. El tramo Aldeanueva del Camino-Plasencia está paralizado desde el 2004. Le pido, por favor, que vaya a verlo, porque la empresa se ha llevado hasta las máquinas. La invitaría a comer, con mucho gusto, si fuera preciso, y le mostraría que se han llevado hasta las máquinas, señora ministra. El tramo Aldea del Cano, límite de la provincia de Badajoz, lo han retrasado, y su inauguración será en diciembre de 2005, según dice la propia Delegada del Gobierno. El tramo desde el límite de la provincia de Cáceres con Aljucén está paralizado, y su retraso supone que no se va a terminar hasta marzo de 2006, cuando su finalización estaba prevista para septiembre de 2004.
Luego está el tramo Hinojal-Cáceres, que ya está terminado, y todos lo vemos, pero no se puede usar, porque no está prevista una carretera que conecte la autovía, ya terminada, con la N-630 antigua. Alguien podría preguntarse, ¿por qué pasa eso? ¡Qué falta de previsión! Y seguro que es verdad, pero resulta, señora ministra, que han llegado a mi poder dos documentos, uno con fecha 28 de octubre, en el que el Ministerio de Fomento daba instrucciones --en octubre de 2003-- para que, entre otras cosas, se conectara el tramo de autovía con la carretera N-630, mediante el acondicionamiento de otra carretera. Esto lo decía el director general de Carreteras en marzo de 2003. Y también tengo, señora ministra, lo que usted ha hecho y la razón de no poder poner en marcha esa carretera: la orden que usted ha dado, firmada por su director general, salvo que sea falsa la firma de su director general, que es posible que sea falsa, por la que se impide la conexión de la nueva autovía con la antigua carretera.
Yo lamento decirle esto, señora ministra, pero es la prueba de que no tenemos esa carretera...


El señor PRESIDENTE: Señoría, le ruego concluya.


El señor FLORIANO CORRALES: Termino, señor presidente.
No tenemos esa carretera en marcha, ese tramo de autovía sencillamente porque usted lo impide. Nos estamos jugando mucho los ciudadanos, señora ministra. Piense en ello, yo se lo pido. Piense en los ciudadanos. Yo creo que usted está pagando un peaje por estar ahí, pero desgraciadamente el dinero lo están poniendo comunidades autónomas que, como a la extremeña, usted y el señor Zapatero les siguen aplazando el futuro.
Nada más y muchas gracias. (Aplausos en los escaños del Grupo Parlamentario Popular.)

El señor PRESIDENTE: Gracias, señoría.
Tiene la palabra la señora ministra de Fomento.


La señora MINISTRA DE FOMENTO (Álvarez Arza): Muchas gracias, señor presidente.
Señoría, si quiere que hablemos de previsión, lo hacemos: esa carretera fue prevista por el Partido Socialista cuando estaba en el Gobierno, y no sólo prevista, (Rumores en los escaños del Grupo Parlamentario Popular.) sino que fue impulsada, y los trabajos se llevaron a cabo con el Gobierno socialista (El señor Floriano Corrales muestra ciertos documentos.), y ahora --papel por papel-- a ver si puede usted dar los datos que desmientan la afirmación que acabo de hacer.
En octubre de 1989, con un Gobierno socialista, para la desgracia del Partido Popular, y para la gracia de los extremeños, se dictó una orden de estudio para el primero de los tramos, concretamente Mérida-Zafra, y niegue usted esa evidencia. En el año 1993, con un Gobierno socialista, se incluyó la carretera en el Plan Director de Infraestructuras. En marzo de 1996, cuando llegaron ustedes al gobierno, ya tenían iniciado, señoría, el estudio informativo de todos los tramos por los que usted está preguntando; teníamos aprobado el estudio informativo del 28 por ciento, y adjudicado el 13 por ciento de los proyectos. Señoría, sin embargo, la herencia que hemos recibido de ustedes (Rumores y protestas en los escaños del Grupo Parlamentario Popular.) se concreta en cuatro tramos en servicio, inconexos. (El señor Floriano Corrales: ¡Pero, por favor!) ¿Sabe usted lo que significa eso? Ésa es la previsión que ustedes hacen para que una autovía pueda ser utilizada por todos los ciudadanos; de 16 tramos, señoría, cuatro en servicio e inconexos. Por lo tanto, en esa comunidad autónoma sólo está

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resuelto el 25 por ciento de su trayecto para que los ciudadanos lo utilicen.
¿Qué hemos hecho? Pues a diferencia de ustedes, hablar menos y hacer más, porque muchas veces pierden el tiempo en comidas. Usted me ha dicho que me invitaría a comer. Mire usted, yo para trabajar no tengo que comer, sencillamente como en mi casa y no tengo que hacer otro tipo de planteamientos.
Los datos, señoría, son incontestables porque sólo en un año hemos incrementado en un 39 por ciento el ritmo de ejecución de la obra. Le voy a dar datos, señoría. Es muy fácil porque las cuentas cantan. Ésa es su desgracia, que las cuentas cantan, y la ejecución presupuestaria solamente hay que verla por lo que dice la Intervención General del Estado, que siempre es la misma para ustedes y para nosotros. 450 millones de euros ejecutados en abril de 2004 (el 49 por ciento de la obra), y 606 millones de euros ejecutados en abril de 2005, un año más tarde (el 66 por ciento de la obra). Haga usted cuentas, que es muy fácil, y verá que soy yo la que tendría que preguntar por qué me hace usted esa pregunta y por qué se atreve a afirmar que hemos paralizado algo en Extremadura, sobre todo en la autovía de La Plata, porque no tiene ningún dato que lo avale. Pero ustedes seguirán planteando en todas y cada una de las comunidades autónomas la estrategia de la parálisis, junto a ese mensaje subliminal de que nos llevamos el dinero de un sitio a otro, porque en Andalucía dicen que nos lo llevamos a Cataluña, en Cataluña que nos lo llevamos a Madrid, en Madrid que a Galicia, y que tenemos un presupuesto interactivo. (Un señor senador del Grupo Parlamentario Popular: ¡Porque es verdad!) Es una estrategia política sin ningún fundamento. (Aplausos en los escaños del Grupo Parlamentario Socialista.)

El señor PRESIDENTE: Gracias, señora ministra.


-- DE DON VÍCTOR MANUEL VÁZQUEZ PORTOMEÑE, DEL GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR EN EL SENADO, SOBRE LA FECHA PREVISTA POR EL GOBIERNO PARA DESBLOQUEAR LA CONGELACIÓN DE LAS INVERSIONES PREVISTAS EN EL PLAN ESPECIAL DE GALICIA (680/000428).


El señor PRESIDENTE: Pregunta del senador Vázquez Portomeñe.
Tiene su señoría la palabra.


El señor VÁZQUEZ PORTOMEÑE: Gracias, señor presidente.
Señora ministra, le pregunto, más allá de herencias, cuándo piensa desbloquear la ejecución del Plan Galicia.
Muchas gracias, espero su respuesta.


El señor PRESIDENTE: Gracias, señoría.
Tiene la palabra la señora ministra de Fomento.


La señora MINISTRA DE FOMENTO (Álvarez Arza): Muchas gracias, señor presidente.
Señoría, lo desbloqueamos el 4 de abril de 2004.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señora ministra.
Tiene la palabra su señoría.


El señor VÁZQUEZ PORTOMEÑE: Gracias, señor presidente.
Muchas gracias, por su expresiva respuesta, señora ministra.
Ahora vamos a recordar unos pocos extremos sustanciales en este Senado.
En primer lugar, el Plan Galicia fue aprobado, y supongo que no lo negará, a finales de febrero de 2003, por cierto, en una reunión del Consejo de Ministros celebrada en el Ayuntamiento socialista de La Coruña. En segundo lugar, en dicho plan se destinan 10.103 millones de euros a infraestructuras. En tercer lugar, el Gobierno del Partido Popular licitó en un año 2.055 millones de euros, en el tiempo transcurrido desde la aprobación del plan hasta que ustedes tomaron posesión en abril del año 2004, aproximadamente el 20 por ciento de lo previsto para infraestructuras. En cuarto lugar, en similar período de tiempo ustedes, por el contrario, licitaron un tramo del AVE del eje atlántico, por 38 millones de euros, y autorizaron, justo es reconocerlo, otro tramo de la autovía del Cantábrico por 36 millones de euros; en total 74 millones de euros, frente a los 2.055 millones de euros. Las cifras hablan por sí mismas y no necesitan más comentario. En quinto lugar, no paramos ahí porque ustedes anularon y descomprometieron, naturalmente, dos tramos del AVE, de Orense a Santiago, por 207 millones de pesetas. Y no paró ahí su actividad de anulaciones, sino que también se extendió a 41 millones de la autovía Ferrol-Villalba, que había comprometido el Gobierno del Partido Popular mediante un protocolo con la Xunta de Galicia. Es decir, ustedes han puesto infinitamente más entusiasmo y eficacia en descomprometer que en mantener e invertir las cantidades destinadas a Galicia. Repito las cantidades, 74 millones de euros de inversión frente a los 248 millones de euros de desinversión, desde luego, descomprometidos.
El Senado y el Congreso fijaron fecha para la conclusión de este plan (La señora Ministra de Fomento: ¡Claro!) Ustedes lo ratificaron ayer, cuestión que agradecemos profundamente por una razón evidente: demuestra la sensibilidad de las cámaras expresada de distinta forma en favor de aquella comunidad autónoma, aislada ciertamente, que sufrió además las consecuencias del «Prestige» y otras anteriores en desastres similares.
Pero es evidente, señora ministra, que de ninguna forma van a cumplir ustedes los plazos porque es absoluta y materialmente imposible con esta dinámica que ha imprimido el Gobierno. Y es más, la lectura del PEIT comporta inicialmente la multiplicación de plazos; están paralizados estudios informativos, estudios de impacto ambiental, proyectos constructivos --de las licitaciones ya he hablado suficientemente--, y esta realidad choca abiertamente con su dialéctica expresiva de buena voluntad.


El señor PRESIDENTE: Concluya, por favor, señoría.


El señor VÁZQUEZ PORTOMEÑE: Termino, señor presidente.


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Señora ministra, con la dialéctica no se ejecuta el plan Galicia.
En este año en que estamos justamente celebrando a Cervantes, recuerdo una sentencia terminante de ese hombre genial, que forma parte de la gran trilogía de la literatura universal al lado de Homero y de Shakespeare, que dice que a los hombres se les conoce por sus obras, pero muchos en este mundo viajan de incógnito. Ni yo ni los gallegos quisiéramos tener que aplicarle esta sentencia a usted, señora ministra.
Muchas gracias, señor presidente. (Aplausos en los escaños del Grupo Parlamentario Popular.)

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señoría.
Tiene la palabra la señora de Ministra de Fomento.


La señora MINISTRA DE FOMENTO (Álvarez Arza): Muchas gracias, señor presidente.
Señoría, su propia afirmación de que han sido el Congreso de los Diputados y el Senado en la actual legislatura los que han aprobado la fecha del plan Galicia --usted lo acaba de decir-- pone de manifiesto que ustedes aprobaron tres años antes un plan que, si me permite que le diga, no tenía fecha ni de inicio ni de terminación, porque ha sido en los actuales Congreso y Senado, en donde ustedes ya no tienen la mayoría, donde se le ha podido poner la fecha al plan Galicia. Así que su propia afirmación desmiente lo que usted ha dicho al principio.
Efectivamente, ustedes aprobaron un plan sin cuantía de inversiones, sin fechas de inicio ni de terminación, sin cobertura presupuestaria, sin definir los proyectos. Señoría, a licitación, licitación, por lo que le diré que en Galicia, 2004 sobre 2003, ha habido un 161 por ciento. Hemos licitado más que ustedes, señorías. (Rumores y fuertes protestas en los escaños del Grupo Parlamentario Popular.) Así de dura es la vida. ¡Qué se le va a hacer! Se ponen nerviosos en cuanto se les dice los datos reales.
Ustedes me han preguntado qué es lo que estamos haciendo en Galicia.
Vamos a ver, señorías, en el Plan Galicia, año 2004, además de la licitación en un 161 por ciento ha habido inversiones ejecutadas; es decir, de parálisis nada pues realmente lo que demuestra la realización de las inversiones es la ejecución de las mismas. Señoría, por si se le olvida, le diré que la inversión ejecutada 2004 correspondiente al Plan Galicia asciende a 211,9 millones de euros; en 2003, señoría --atienda, por favor, porque después dice usted todo lo contrario a los datos--, se lo voy a volver a repetir, 124,7 millones. Si comparamos ambos datos nos da como resultado que hemos invertido en 2004 87,2 millones más que en 2003. ¿Sabe usted cuánto es eso en términos de porcentaje? Un 70 por ciento más, señoría.
Por modos de transporte, en carreteras, hemos ejecutado inversiones siete veces más en 2004 que en 2003. (Rumores y protestas en el Grupo Parlamentario Popular.) Se ponen nerviosos. ¡Claro!, pero son ustedes los que me me han formulado la pregunta.


El señor PRESIDENTE: Señoría, ruego guarden silencio.
La señora MINISTRA DE FOMENTO (Álvarez Arza): Es que los datos cantan, señorías, y ustedes no paran de dar mensajes falsos a los gallegos diciendo que ustedes ejecutarban el Plan Galicia y nosotros no. (La señora Do Campo Piñeiro: Ve a Galicia.) En ferrocarriles, hemos ejecutado un 53,12 por ciento más que ustedes: en 2004 la inversión ejecutada fue de 184,9 millones de euros y en 2003 de 120,7 millones de euros. La diferencia es de 64,2 millones de euros más en 2004 que en 2003.
En puertos, señoría, ¡su estrella del Plan Galicia!, no tenían más que el compromiso de hacer un estudio de viabilidad. Tenían ustedes parada en el Ministerio de Economía y Hacienda, con el señor Rato, la petición de los fondos de cohesión. ¡Ése es el apoyo del Partido Popular a los gallegos! Seis veces más, señoría, hemos ejecutado. Y cuando quiera usted me vuelve a hacer la pregunta que le seguiré dando los datos.
Nada más y muchas gracias. (Aplausos en los escaños del Grupo Parlamentario Socialista y fuertes protestas en los escaños del Grupo Parlamentario Popular.)

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señora ministra.


-- DE DON JOSÉ MENDOZA CABRERA, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE SENADORES DE COALICIÓN CANARIA, SOBRE LA DISPOSICIÓN DEL GOBIERNO CON RESPECTO A LA RESOLUCIÓN APROBADA POR EL PARLAMENTO DE CANARIAS REFERIDA AL OTORGAMIENTO A ÉSTE DE LAS FACULTADES EXCLUSIVAS PARA LA GESTIÓN DE LOS TRIBUTOS QUE CONFORMAN EL RÉGIMEN ECONÓMICO Y FISCAL (REF) DE CANARIAS, ASÍ COMO PARA LAS MODIFICACIONES DE SUS TIPOS ( 680/000409).


El señor PRESIDENTE: Pregunta del señor Mendoza Cabrera. Tiene la palabra su señoría.


El señor MENDOZA CABRERA: Muchas gracias, señor presidente.
Señor ministro de Economía, me ahorraré los antecedentes que los conoce sobradamente.
¿Cuál es la voluntad del Gobierno del Estado de permitir que sea el Parlamento de Canarias quien gestione el conjunto de los tributos del régimen económico y fiscal tal y como se aprobó en una resolución en el último debate sobre el estado de la nacionalidad en el Parlamento de Canarias? Gracias.


El señor PRESIDENTE: Gracias, señoría.
Tiene la palabra el vicepresidente segundo del Gobierno.


El señor VICEPRESIDENTE SEGUNDO DEL GOBIERNO Y MINISTRO DE ECONOMÍA Y HACIENDA (Solbes Mira): Muchas gracias, señor presidente.


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Somos respetuosos al máximo con las resoluciones de los parlamentos nacionales y regionales, pero tenemos que estar de acuerdo en algunas cosas y, sobre todo, en que algunas cosas sean viables. Lo primero que no es viable es atribuir facultades de gestión propias de órganos administrativos a una asamblea legislativa. En eso estará usted de acuerdo conmigo. En todo caso, la transferencia se realizará a órganos de gobierno, pero no a órganos legislativos.
Veamos cuál es la situación actual. La gestión de algunos de los tributos que conforman el régimen ya están en manos de la competencia de la comunidad autónoma. Es el caso del arbitrio sobre importaciones y entrega de mercancías, el impuesto General Indirecto Canario, el Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones y el Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados.
En cuanto a la posible ampliación de la cesión de la gestión de otros tributos a la Administración autonómica debe tenerse en cuenta que una parte del régimen fiscal canario está constituido por beneficios aplicables sobre tributos de normativa y gestión estatal. Por lo tanto, es contradictorio que se traslade esa normativa y gestión estatal que es donde ustedes tienen los beneficios. Por consiguiente, no hay posibilidad de disociar la gestión de una parte del impuesto respecto de su totalidad.
Por lo que se refiere a la atribución de mayores competencias en materia de terminación de tipos es posible, pero ésta debe producirse dentro del marco de cesión de competencias en materia de normativa tributaria para el conjunto de las comunidades autónomas. Es un punto en el que hoy se está trabajando y, evidentemente, es algo de lo que se podrá hablar.
Por último, quiero recordarle que en gran medida el régimen económico fiscal está sujeto a autorización de la Comisión europea dado que tiene que ser compatible con el concepto de ayuda al Estado y, por ello, cualquier modificación requiere una tramitación del Estado español ante las autoridades comunitarias y, por supuesto, la aceptación de las mismas.
Esta es la filosofía general y sobre esa base trabajaré.
Muchas gracias.


El señor PRESIDENTE: Gracias, señoría.
Tiene la palabra el señor Mendoza.


El señor MENDOZA CABRERA: Gracias, señor presidente.
Me basta sencillamente con el compromiso de discutir si puede atribuirse al Parlamento de Canarias la definición de los tipos en los tributos del REF, que es básicamente lo que estamos discutiendo porque, efectivamente, los canarios somos los que pagamos los tributos, somos los que los gestionamos, somos los que los devolvemos a través de los Presupuestos Generales de Canarias, y lo que no es razonable es que el cambio en los tipos no corresponda al propio Parlamento de Canarias cuando la gestión de los tributos es completamente nuestra. Me basta, por tanto, con que me diga que existe la voluntad y la capacidad de dialogar sobre la posibilidad de atribuir al parlamento de Canarias la posibilidad de cambiar los tipos sobre los tributos derivados del REF.
Nada más y muchas gracias.


El señor PRESIDENTE: Gracias, señoría.
Tiene la palabra el vicepresidente segundo del Gobierno.


El señor VICEPRESIDENTE SEGUNDO DEL GOBIERNO Y MINISTRO DE ECONOMÍA Y HACIENDA (Solbes Mira): Muchas gracias, señor presidente.
Para que tengamos la idea clara he hablado de la posibilidad de ampliar la capacidad normativa de comunidades autónomas e, incluso, de la fijación de tipos en aquellos casos en que es posible. Sin embargo, como sus señorías conocen, las dos normas que más específicamente definen el REF, que son el arbitrio sobre importaciones y el IGIC, están --concretamente las del arbitrio de importaciones-- autorizadas por la Comisión Europea en la medida en que son compatibles con normas estatales. Por lo tanto, cualquier modificación tiene que ser sometida previamente a la autorización de la Comisión Europea.
En cuanto al IGIC el problema es de naturaleza distinta. El IGIC es un impuesto que en cierta medida va en paralelo con el Impuesto sobre el Valor Añadido. Costó mucho deslindarlo del IVA del resto del territorio nacional y, en consecuencia, es imprescindible que exista coherencia y consistencia entre ambos. Éste es un punto también fundamental para cualquier cambio o modificación que se pueda plantear.
Muchas gracias.


El señor PRESIDENTE: Gracias, señoría.


-- DE PERE MACIAS I ARAU, DEL GRUPO PARLAMENTARIO CATALÁN EN EL SENADO DE CONVERGÈNCIA I UNIÓ, SOBRE LOS CRITERIOS QUE VA A APLICAR EL MINISTERIO DE ECONOMÍA Y HACIENDA PARA ESCOGER LOS TRESCIENTOS MUNICIPIOS A LOS QUE SE LES APLICARÁ LA ANUNCIADA SUBIDA DEL VALOR CATASTRAL DE UN VEINTITRÉS POR CIENTO (680/000414).


El señor PRESIDENTE: Pregunta del senador Macías i Arau.
Tiene la palabra su señoría.


El señor MACIAS I ARAU: Muchas gracias, señor presidente.
Señor vicepresidente económico, el Ministerio de Economía y Hacienda ha anunciado un estudio del valor catastral del 23 por ciento, que puede llegar a afectar a unos 300 municipios. La pregunta que le formulo es ¿Cuáles son los criterios para escoger los 300 municipios a los cuales se aplicará una subida tan importante valor catastral? Muchas gracias, señor presidente.


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El señor PRESIDENTE: Gracias, señoría.
Tiene la palabra el vicepresidente segundo del Gobierno.


El señor VICEPRESIDENTE SEGUNDO DEL GOBIERNO Y MINISTRO DE ECONOMÍA Y HACIENDA (Solbes Mira): Muchas gracias, señor presidente.
Yo creo que en su pregunta hay algunos elementos que, planteados de la forma en que usted lo hace, no responden exactamente a lo que estamos hablando. No hay incremento del IBI a 300 municipios, lo que hay es un incremento del valor catastral como consecuencia de la revisión del módulo M. Este módulo no ha sido modificado desde el año 2000, y hay que modificarlo cada equis años porque hay que ir poniéndolo al día. Además, el módulo M no es el único elemento para la fijación de los valores catastrales; no es, ni siquiera, en muchos casos elemento principal que determine los valores catastrales.
El criterio de selección de los municipios para los procedimientos de valoración colectiva está establecido ya por una ley del año 2004, en el artículo 28 del Real Decreto Legislativo 1/2004. Es el texto refundido de la Ley de Catastro Inmobiliario, y prevé que la determinación de nuevos valores catastrales se lleve a cabo de oficio o a instancia de los ayuntamientos correspondientes cuando se pongan de manifiesto diferencias sustanciales entre los valores de mercado y los de determinación de Catastro.
Sin embargo, esta modificación de los valores vigentes catastrales sólo podrá iniciarse transcurridos cinco años desde la entrada en vigor de los valores catastrales derivados del anterior procedimiento y, en todo caso, a partir de los 10 años desde dicha fecha. Para la ejecución de estos procedimientos es imprescindible la conformidad previa de los municipios afectados. Por tanto, no se puede afirmar de forma genérica que 300 municipios van a ser objeto de revisión catastral este año, dado que no es posible todavía determinar cuántos municipios estarán afectados y optarán por aplicar estas normas de acuerdo con las denominadas ponencias de valores, que deben informar los ayuntamientos y que se aprobarán a partir del mes de junio.
Muchas gracias.


El señor PRESIDENTE: Gracias, señoría.
Tiene la palabra el señor Macías.


El señor MACIAS I ARAU: Muchas gracias, señor presidente.
Señor vicepresidente, usted tiene razón, mi pregunta no es una pregunta neutra. Es una pregunta que tiene que ver con una palabra que a usted le sonará, que es el «catastrazo», y con los quebraderos de cabeza que muchos representantes municipales hemos tenido a lo largo de estos procesos.
Evidentemente, estoy de acuerdo, los criterios genéricos los fija el real decreto, pero-- como usted muy bien dice-- se puede iniciar de oficio o a instancia de los municipios. Cuando es a instancia de los municipios me parece muy bien, los ayuntamientos son lo suficientemente maduros como para saber lo que quieren, pero cuando es de oficio, sabe usted muy bien que, por desgracia, son muchos los municipios en los que han transcurrido más de diez años y, por falta de medios, por falta de coordinación o por falta de lo que sea, no se ejecuta la puesta al día de los valores catastrales, lo cual es un perjuicio, en primer lugar para los propios municipios y, en segundo lugar, también para los ciudadanos, que no ven regularizado su catastro, pero éste es otro tema que ya tendremos ocasión de tratar otro día con mayor extensión.
Yo simplemente quería que usted nos precisara un poco más cuándo conoceremos exactamente cuáles son estos municipios. Uno de sus altos funcionarios habla de 150 ó 300, me parece muy bien, pero debemos conocerlo.
Finalmente, he de decirle que el temor existe. Como usted sabe, con la mala financiación que tienen nuestros municipios es una bendición de Dios que a uno le suban el modo base el 23 por ciento y, en el caso de no tocar ningún otro modo, supondría un incremento de recaudación del 23 por ciento como mínimo.
Por tanto, conocer cuáles van a ser estos municipios permitirá a todos los agentes políticos poder tomar sus decisiones y avisar a los ciudadanos de que se pueden encontrar con que de la noche a la mañana van a pagar un 23 por ciento más, lo cual no me parece positivo.
Evidentemente, estoy de acuerdo con usted en que los municipios tienen otros parámetros y, en cualquier caso, la propia autonomía para fijar la modulación del IBI permite que los efectos no sean negativos.
Por ello, a fin de evitar eso del «catastrazo», es muy importante ofrecer la máxima información en este proceso y, por tanto, quiero pedirle que tan pronto como sea posible se conozcan todos y cada uno de los municipios a los cuales se les aplicará el real decreto legislativo.
Muchas gracias.


El señor PRESIDENTE: Gracias, señoría.
Tiene la palabra el vicepresidente segundo del Gobierno.


El señor VICEPRESIDENTE SEGUNDO DEL GOBIERNO Y MINISTRO DE ECONOMÍA Y HACIENDA (Solbes Mira): Gracias, señor presidente. Muchas gracias, señoría.
Es cierto que se inician de oficio o a instancia del ayuntamiento afectado, pero también he dicho --y usted me habrá oído lo mismo que me ha oído la frase anterior-- que la ejecución de estos procedimientos requiere la conformidad del ayuntamiento. Por tanto, no estamos trabajando de forma aislada.
Tercera cuestión. Comprendo que el 23 por ciento puede ser una cifra significativa, pero no lo es tanto si estamos hablando de revisiones que no se realizan desde el año 2000. En consecuencia, hablamos de una revisión para cuatro o cinco años y no de aplicación inmediata, sino para el futuro. Por tanto, tampoco exageremos las cifras, porque no tiene ningún sentido.
Todo esto no es ninguna novedad. Este proceso de revisión se realiza anualmente. En el año 2004 afectó a 295 municipios, en el año 2003 a 242, en el año 2002 a 142, en

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el año 2001 a 154 y en el año 2000 a 169. Por consiguiente, estamos en la misma línea de revisión.
Un último comentario a su pregunta acerca de cuándo podremos dar más información es, como ya le he dicho, que los municipios en función de las ponencias de valores que deben informar los ayuntamientos entren en este sistema, se aprobarán a partir del mes de junio; por tanto, a partir de este mes sabremos cuáles serán los municipios afectados.
Muchas gracias.


El señor PRESIDENTE: Gracias, señoría.


INTERPELACIONES:

-- DE DON DAMIÁN CANEDA MORALES, DEL GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR EN EL SENADO, SOBRE LA PROPUESTA QUE VA A DEFENDER EL GOBIERNO ANTE LAS AUTORIDADES DE LA UNIÓN EUROPEA EN RELACIÓN CON LOS FONDOS DE COHESIÓN (670/000053).


El señor PRESIDENTE: Finalizado el turno de las preguntas, pasamos a continuación a las interpelaciones. Punto segundo del orden del día.
Interpelación del senador don Damián Caneda Morales, del Grupo Parlamentario Popular.
Tiene la palabra su señoría.


El señor CANEDA MORALES: Muchas gracias, señor presidente.
Considero que esta interpelación es muy oportuna, dada la proximidad de la celebración del próximo consejo, y no deberíamos repetir lo dicho hace seis meses en una interpelación y en una moción del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso de los Diputados.
Ya sé que cuando el señor Solbes suba a la tribuna a responder va a decir todo lo que en aquella ocasión se dijo en cuanto a la preocupación y a la conformidad acerca de que la propuesta que había entonces sobre la mesa no era la adecuada y los argumentos sensatos que se han ido exponiendo sobre el impacto que para España tendría la propuesta de la comisión acerca de la perspectiva financiera. Pero han pasado seis meses y supongo que durante este tiempo el Gobierno español habrá negociado, dado que lo tenía tan claro, e incluso coincidimos con los grupos parlamentarios popular y socialista y otras fuerzas de la Cámara en la poco adecuada propuesta de la comisión.
Lo cierto es que, pese a que parece que todo está tan bien controlado, si uno ha leído los periódicos este fin de semana o vuelve a hojear la prensa de hoy, tanto la económica como la no económica, da la impresión de que existe unanimidad en todos los sectores en una tremenda preocupación por el papel que está desarrollando España en estas negociaciones. No es normal que las cuentas que hoy están sobre la mesa, seis meses después, vengan a decir que los países contribuyentes-- hoy vuelven a recalcarlo-- quieren dejar de dar fondos, que los países de la ampliación quieren más fondos y que la víctima propiciatoria sea España.
España perdería 42.000 millones, la mayoría de los cuales servirían para financiar la ampliación, y no por el efecto de su propia convergencia.
Un país de tamaño medio, que todavía no ha alcanzado la media de la renta de la Unión Europea, ¿debe soportar el mayor coste de la ampliación? Parece sensato que no y que debe ser fácil explicárselo a los demás. Por otra parte, en la ampliación que se está pagando, ¿es España el principal beneficiado? Está bastante claro que no, porque no solamente España es contribuyente comercial con los que pagan, con los países ricos-- lo ha sido desde la entrada en la Unión Europea; es su mercado--, sino que, además, los países que han entrado ahora también están exportando más a España de lo que España les exporta a ellos. Es decir, España no es el beneficiado de esta ampliación pero sí es al que se le pide que sea el que más contribuya en una especie de acuerdo entre los nuevos países y los contribuyentes netos.
Y usted dirá que las negociaciones son difíciles --todos lo admitimos--, pero es que siempre han sido muy difíciles. Fueron muy difíciles para Felipe González, e hizo una buena negociación, y fueron muy difíciles para el presidente Aznar e hizo una excelente negociación. Esto hizo que España se convirtiera en el principal país receptor, llegando a recibir el uno por ciento del PIB.
Una bajada tremenda como la que ahora se pretende, que además de llevar aparejada una pérdida de renta de un 0,4 por ciento, según los estudios para España, significa un descenso de inversiones en los Presupuestos Generales del Estado perfectamente cuantificable, y lo que es más grave todavía, en los presupuestos de las comunidades autónomas a la hora de desarrollar sus infraestructuras, no puede permitirse.
Yo no confío, como es obvio, por las muestras que ha dado, en la capacidad negociadora del presidente Rodríguez Zapatero. Simplemente quisiera que las cosas se quedaran como estaban. Comprendo que hay una losa por los hechos que el presidente ha demostrado. Firmar que se está de acuerdo con que el 90 por ciento de la renta sea el límite para recibir fondos de cohesión o argumentar que el uno por ciento del producto nacional europeo es el presupuesto ideal es grave, y más grave todavía es no haber logrado en diciembre, después de la última reunión, cuando parece que estábamos todos de acuerdo, que se reconociera que España era un problema específico. Cualquiera que se siente a negociar ahora tiene un handicap poque esas tres cuestiones son una losa para el negociador español frente a la Unión Europea.
No pretendemos que se negocie para mejorar, pero lo que está claro, porque es cultura europea, es que los fondos no pueden desaparecer de un día para otro, y en eso estamos todos de acuerdo. Usted sabe que en todos los procesos de ampliación --en 1968 con Francia, en 1984 con el Reino Unido, en 1985 con Grecia e Italia-- se hicieron unos planes específicos de transición en los que, en algunos casos, no sólo no perdieron, sino que mejoraron su situación. ¿Qué está pasando en este momento con España para que no se lo plantee? En ninguna de las situaciones

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que se están dando en estos últimos seis meses veo que España haga esa petición clara, y sin embargo hoy mismo vuelve a aparecer en la prensa que los países contribuyentes no solamente no se conforman con el 1,24 por ciento, que era el techo mínimo, sino que quieren que se rebaje, lo que afectaría nuevamente a España.
Se propone que los fondos de cohesión suban un 31 por ciento, cuando la población con derecho a estos fondos sube un 127 por ciento. ¿Cómo se arregla esta disparidad? ¿Quitándoselo a España? Parece que eso es fácil de entender por todos los países cuando nos sentamos a negociar porque no es lógico que sea así. Nunca ha sido así --insisto-- y además, cuidado, porque también proponen tocar los fondos agrícolas. Ahí lo único que me puede tranquilizar es que, como afectaría de igual manera a Francia, lo tendremos de aliado. Confiamos en ello y en que no nos toquen demasiado los fondos agrícolas, porque lo cierto es que las peticiones que recientemente ha hecho España por la sequía y las heladas también le han sido denegadas.
¿Qué está pasando en las negociaciones financieras con la Unión Europea? Por eso me gustaría formularle preguntas concretas sobre cómo van las negociaciones. Han pasado seis meses y yo le pregunto lo siguiente. Hasta ahora, en el plan actual, las regiones que salían del Objetivo 1 de forma natural, por crecimiento, como podían ser en nuestro caso Canarias, la Comunidad Autónoma Valenciana o Castilla y León, recibían el 45 por ciento. ¿Existe la perspectiva de que sigamos recibiéndolo? ¿Las comunidades que dejan de serlo por el Objetivo 1 por efectos estadísticos como Asturias, Murcia, Ceuta y Melilla --y, por cierto, Galicia y Castilla-La Mancha si no se firma el acuerdo en junio, se deja para más adelante y se cambian los años de referencia-- seguirán recibiendo al menos el 75 por ciento? ¿Canarias y Baleares serán consideradas como regiones ultraperiféricas y así consideradas financieramente? ¿Las zonas que siguen siendo pobres u Objetivo 1, como Andalucía y Extremadura, recibirán las ayudas con igual intensidad? También me gustaría saber, puesto que ha tenido la oportunidad de mantener una entrevista con el ministro alemán hace poco, cómo percibe su actitud, puesto que parece que es uno de los que más se niegan a que los españoles sigamos recibiendo fondos.
Me gustaría saber también si está manteniendo conversaciones con los presidentes de las comunidades autónomas y cuál es su opinión, principalmente respecto a Extremadura y Andalucía, sobre la forma en que se están desarrollando las negociaciones. ¿Tiene algún estudio sobre los efectos negativos que va a suponer en el crecimiento y sobre todo en el empleo el hecho de que se llevara a su fin la propuesta de la Comisión? Dentro ya de lo que dice la Comisión, me gustaría saber si su opinión es que se va a mantener el techo del 4 por ciento como receptor de fondos comunitarios para los nuevos países, y si se va a establecer alguna fórmula para que si estos países no los utilizan en un período de veinticuatro meses, España, como receptor de fondos de cohesión, tenga la oportunidad de reutilizarlos para que pueda emplear su experiencia en los manejos de fondos. Aquí sí tenemos oportunidades, no así en la partida que experimenta el gran incremento del 200 por cien de competitividad, en el que se da un gran apoyo a I+D, pero primando los grandes proyectos, primando a los países que están utilizando y que poseen un alto grado de retorno, que son los contribuyentes, y dejando fuera a España, que realmente cuenta con un retorno bajísimo, menor que su aportación. En consecuencia, en esta negociación haría falta saber --y se lo pregunto-- si está prevista la búsqueda de fondos específicos que puedan ser utilizados por España, es decir, que puedan ser utilizados por pequeños proyectos de investigación, por pymes, que es lo que tenemos aquí, o si se va a abrir un camino con unos fondos que realmente aumenten, y no sólo para los grandes países, porque, si no, usted sabe bien, y en alguna ocasión incluso lo ha dicho, lo que se hace es aumentar la brecha tecnológica, no disminuirla.
Igualmente, en la forma en que propone la Comisión las perspectivas financieras, entiendo que se está invitando a la deslocalización de las empresas en las regiones españolas. Todas las regiones bajan su techo de ayuda europea, con lo cual, si esto no se corrige, si no se permite que las regiones que son Objetivo 1 sigan percibiendo esos techos de ayuda, se está invitando a las que están a que se vayan, y a las nuevas inversiones, a que se trasladen a las nuevas regiones.
Por último, me gustaría preguntarle qué opina usted sobre la eliminación del cheque británico y su sustitución por un sistema generalizado de compensaciones, porque aquí tiene que dejarse claro en algún momento que para todos tiene que ser igual, porque España ya está aportando el 9 por ciento del presupuesto, cuando nuestra parte del producto nacional europeo no llega al 8 por ciento, y, como usted sabe, tenemos casos como el británico, en el que se aporta un 13 por ciento y, sin embargo, su parte del producto nacional es un 18 por ciento. ¿Cómo va evolucionando este sistema de compensaciones y cuál es el criterio que al Gobierno le parece el ideal? En resumen, señor Solbes, sé que usted está de acuerdo en que hay que mejorar, pero es importante, puesto que participan las comunidades autónomas y nos afecta a todos, que la negociación se lleve a cabo de forma transparente. Le he dicho al principio que me parece muy claro, que todo el mundo lo entiende, que todos los países son sensatos, que existe una cultura europea instalada, que siempre se han hecho los cambios de una forma suave. ¿Se han producido avances en estos campos que le he mencionado para que se produzca una transición suave, sin cambios bruscos? No se puede entender que primero recibamos el 1 por ciento del PIB y ahora negociemos unas perspectivas donde nos vamos a quedar sin nada; no solo no recibimos, sino que nos convertimos en contribuyentes netos, como puede llegar a pasar. Esto no ha ocurrido nunca y no es de recibo la situación en la que nos encontramos.
La ventaja en este tema es que, al contrario que en otros --donde se puede hacer que lo blanco parezca negro y lo negro parezca blanco--, podemos cuantificarlo. Nosotros recibimos unas cantidades y si las dejamos de recibir por ineficacia, por dejadez o por negligencia se nota.
Inicialmente se consideraba el 1,24 por ciento de los recursos

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como un porcentaje mínimo, mientras que durante estos seis meses, y ya nadie lo discute, se ha convertido en el porcentaje máximo; la otra alternativa es que sea el 1 por ciento.
Otro tema preocupante es la evolución que ha sufrido la distribución y el reparto del gasto desde su presentación en la Comisión hasta el día de hoy.
Estos son los asuntos que nos gustaría conocer y por los que hemos formulado esta interpelación.
Muchas gracias.


El señor PRESIDENTE: Gracias, señoría.
El señor vicepresidente segundo del Gobierno tiene la palabra.


El señor VICEPRESIDENTE SEGUNDO DEL GOBIERNO Y MINISTRO DE ECONOMÍA Y HACIENDA (Solbes Mira): Buenos días.
Señor Caneda, agradezco sus comentarios y peticiones de información.
Además, la posibilidad de debatir este asunto en el día de hoy es especialmente oportuna, dado que se está preparando el próximo consejo de asuntos generales, que debería ser clave para llegar a un acuerdo, si es posible, en el mes de junio. Es importante saber cuáles son las posiciones de unos y otros. Todos somos conscientes de las dificultades que la negociación está planteando y, sin duda, no será fácil llegar a un acuerdo. Por eso, si me lo permite, en respuesta a su interpelación, le comentaré lo que ha sucedido y cómo percibo yo la situación actual.
Hay un tema que me parece especialmente interesante resaltar, y es que si aceptamos --y el sí que planteo es un condicional importante-- que las transferencias netas de recursos son un elemento relevante para medir cualquier relación --que se parecen demasiado a esas balanzas fiscales que tanto discutimos internamente y de las que no soy especialmente partidario--, si aceptamos esa idea --digo-- tendremos que aceptar también que el saldo máximo neto que España recibe está detrás de nosotros y que en los últimos años ha habido una caída clara de saldo neto, como consecuencia de algo normal: nuestra mayor riqueza, y, consecuentemente, nuestra mayor aportación de recursos a la Unión. Cuando analizamos las perspectivas financieras hay que analizar gastos, pero también recursos.
En segundo lugar, lo que está sucediendo con España no es ninguna tragedia. El hecho de que España deje de recibir recursos ha sido planteado como un tema enormemente negativo e inaceptable. Lo que le sucede a España es consecuencia lógica de la política de cohesión, como le ha sucedido a Irlanda, a Lisboa, a Atenas y a otras zonas, que han dejado de recibir también recursos cuando su nivel de renta ha aumentado.
Por lo tanto, si la política tiene como objetivo mejorar el nivel de riqueza de ciertos países o regiones, es relativamente lógico, y debemos aceptarlo como conclusión lógica, que cuando alcanzamos esos niveles de renta nuestra posición sea distinta. Hago esta aclaración para que seamos realistas en nuestros planteamientos y no vayamos más lejos de lo que debemos ir.
A partir de ahí, en primer lugar, vamos a intentar hacer un balance de qué ha sucedido en el desarrollo de las negociaciones y después vamos a centrarnos en los problemas actuales.
La primera fase de la estrategia española ha sido intentar dar a conocer la existencia de un problema español, problema español que usted ha destacado bien; es decir, España está dispuesta a aportar fondos adicionales como consecuencia de que hoy es más rica; España está dispuesta incluso a aportar más recursos como consecuencia de la ampliación, pero pensamos que entre lo que se nos solicita y esa aportación total existe un cierto desfase que hay que corregir y que no es aceptable.
Esa idea del problema español, en mi opinión, se ha planteado de forma permanente por parte del Gobierno. Se ha dado a conocer a la Comisión, se ha dado a conocer a los distintos países miembros y creo que, como consecuencia de los distintos contactos realizados a lo largo de estos meses, hoy es un tema conocido por todas las delegaciones. Incluso en el documento sobre el que se está trabajando ahora, que es el «negotiating box» de la Presidencia luxemburguesa, hay unas referencias claras al problema español que nos deberían permitir ayudar a resolverlo, especialmente en cuanto al problema de las caídas de transferencias bruscas en un determinado período y la referencia específica a un posible período de transición para el fondo de cohesión, cosa que no existía en el documento de la Comisión.
Actualmente, ya no estamos en la fase de concienciación sobre la existencia de un problema español sino de búsqueda de soluciones. Y como dije antes, en ese documento de la Presidencia luxemburguesa ya tenemos algunos elementos que nos parecen positivos. Sin embargo, hay que ser conscientes de que esta posición de negociación de la Presidencia luxemburguesa es una posición de la Presidencia y, en consecuencia, algunas delegaciones ya se han mostrado contrarias a aceptar elementos de su propuesta, entre ellos la propia referencia a la transitoriedad del fondo de cohesión, sobre la base de que no está establecida en los tratados y, sin embargo, es un importante problema para España.
El pasado sábado, el Consejo Ecofin tuvo una reunión informal en Luxemburgo que nos permitió discutir las posiciones de unos y otros países miembros. Debo decirle que el resultado final de la discusión fue relativamente decepcionante, en el sentido de que hay discrepancias importantes todavía entre gran parte de los países. Hay divergencias importantes entre aquellos que quieren aportar el uno por ciento, considerando que no es posible más, y aquellos que quieren aportar el 1,24 por ciento, considerado excesivo por parte de muchos. La propia Comisión hizo un movimiento respecto a una cifra inferior. El documento de negociación luxemburgués no da ninguna cifra pero se basa en una que ya está por debajo del 1,24 por ciento. Y es cierto que aparecieron una serie de problemas específicos que se plantean en muchos países. En algunos casos, los nuevos países miembros ven la necesidad de suprimir el «cupping» del 4 por ciento, considerando que tienen capacidad de ir más lejos en cuanto al incremento del gasto. Los países defensores del uno por ciento ven la necesidad de no ir más lejos y revisar la financiación de la Política Agrícola Común.


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El Reino Unido defiende el cheque inglés, sin ningún tipo de corrección. Los contribuyentes netos defienden la tesis de un mecanismo generalizado de compensación, que no sea el cheque inglés pero que parcialmente ayude a resolver los problemas. Y, evidentemente, España, considera que tiene un problema específico, de modo que podemos hablar del caso español. Usted decía que es el país que tiene que aportar más. Cuando analizamos las cifras, vemos que hay algún otro país que, en términos per cápita, también tiene que hacer esfuerzos muy importantes.
La conclusión final de la Presidencia fue la de presentar esta semana una segunda propuesta --la segunda «negotiating box»-- tratando de llevar a cabo una propuesta de conjunto que tomase en consideración los puntos de vista de unos y otros. Sin embargo, la misma Presidencia, consciente de esta dificultad, puso de relieve que veía difícil cómo avanzar en una dirección aceptable para todos y que no descartaba, en consecuencia, la posibilidad de que no hubiese acuerdo. Sí destacó en esa ocasión que la inexistencia de un acuerdo podría poner en peligro la aprobación de las perspectivas financieras, volviendo por tanto al sistema histórico de los acuerdos presupuestarios anteriores al primer paquete Delors. Hay un sistema preestablecido en el tratado, que permite resolver estos problemas. La Comisión destacó que, en esas circunstancias, estaríamos hablando de presupuestos del 1,07 o 1,08. Evidentemente, sería al Parlamento Europeo, como última autoridad presupuestaria, al que correspondería tomar la decisión final.
Sus señorías saben perfectamente lo que ha hecho el Parlamento. el Grupo Popular ha participado, como los demás grupos, en la elaboración del informe Böge. El informe Böge del Parlamento pasa a ser sin duda alguna una referencia interesante para ver qué podría suceder en el caso de que no existiera acuerdo en el contexto de las perspectivas financieras. Por supuesto, el último momento para el acuerdo no es el mes de junio; todavía tenemos la Presidencia británica. Lo que sucede es que la sensación en Bruselas es la de que será más difícil llegar a un acuerdo bajo Presidencia británica que bajo Presidencia luxemburguesa.
Cuando analizamos el «negotiating box» luxemburgués, es evidente que este introduce un elemento interesante desde el punto de vista español: el fondo de cohesión, que puede permitirnos avanzar en ciertas direcciones.
Sin embargo, al reducir el monto total del 1,24 --aunque no lo defina bien--, reduce indirectamente algunas de las aportaciones de los fondos estructurales, especialmente en la salida de los períodos de transición --de «facing-in» y de «facing-out»-- de los distintos países.
Evidentemente, España viene insistiendo en que algunas de las correcciones que aparecen en este papel no son aceptables y que, aun siendo la solución luxemburguesa algo mejor para España, la misma sigue siendo absolutamente insuficiente.
Es verdad que uno de los problemas que nos plantean las nuevas perspectivas financieras no es ya el montante total de ayuda o el nivel de desarrollo, sino más bien la estructura distinta del presupuesto comunitario que pretende, frente al presupuesto anterior. Como su señoría sabe, el problema fundamental está en que en la nueva categoría 1-A --la dedicada a la competividad-- se incluye una cantidad de recursos mucho mayor; pero esa categoría, que afecta a las nuevas tecnologías y a otro tipo de programas, es una categoría que nuestro país utilizó relativamente poco en el pasado.
Uno de los puntos que España ha planteado en la negociación es la necesidad de cierta garantía de acceso a esos recursos, como se hizo en el pasado con los fondos de investigación; teoría que no acepta el resto de las delegaciones. La razón es muy simple, y hay un argumento de fondo que se puede entender bien: en la medida en que con esa categoría se pretende financiar sobre todo la parte más dinámica de la economía que permita recuperar competitividad con el mundo --y especialmente con Estados Unidos--, no parece que tenga sentido parcelar esos recursos y utilizarlos en zonas que no sean necesariamente las más deficientes. Esto plantea un problema especialmente interesante para nuestro país: no se trata ya de cómo recibir más dinero porque se nos atribuya de forma especial, sino de cómo recibir más dinero porque seamos capaces de presentar programas que nos permitan obtener más recursos. Ésa es una de las vías en las que hay que trabajar y hay que buscar soluciones, porque sin duda alguna nos va a permitir avanzar.
Un punto especialmente importante es el del cheque británico y las compensaciones. El cheque británico responde a una idea de saldo neto puro, en la cual aportamos mucho y recibimos poco. Es cierto que, en términos conceptuales, la solución no debería ser menores aportaciones --parece razonable que la aportación se haga en función del nivel de renta--, sino una modificación de políticas que tuvieran en consideración algunos elementos que el cheque británico no puede aceptar.
Evidentemente, eso significaría tanto como una modificación sustancial de la política agrícola común, que no se adapta en su estructura actual a la recepción de recursos del Reino Unido, de ahí que el cheque británico está vigente y sin duda será un punto fundamental del debate y de la discusión.
La posición española sobre el cheque británico hoy es muy clara. Nosotros consideramos que hay un problema especial inglés, que la solución histórica ha sido el cheque británico. Sin embargo, la solución de problemas temporales debe ser transitorias, no debe ser permanente y, desde luego, en el caso inglés no es aceptable que se mantenga el cheque británico claramente si no hay una solución para España. Para nosotros, la supresión del cheque británico sería un elemento fundamental de compensación en ese equilibrio de ingresos y gastos y, por lo tanto, éste será un punto fundamental al que habrá que prestar atención.
Por la misma razón, pensamos que no tiene demasiado sentido el establecimiento de mecanismos de compensación generalizados por el lado de los ingresos, porque nuevamente es una corrección de los desequilibrios, lo que significa tanto como que se acepta que vamos a poner en marcha ciertas políticas pero cuando llega el momento de pagarlas decimos: no, eso yo no lo pago, yo quiero pagar menos; no tiene ningún sentido. Si no tenemos dinero para pagar esas políticas, evidentemente, no debemos poner en marcha esas políticas o, por lo menos, debemos pensar

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cómo debemos hacerlo. Sin duda será un asunto importante y dará lugar a grandes discusiones.
A partir de ahí, es verdad, como usted ha señalado, que hay algunos riesgos transitorios en función de los tiempos. Su señoría dice que en la medida en que se retrase la negociación, puede haber mayores dificultades en el «facing in» y en el «facing out», sobre todo de algunas regiones españolas. Es parcialmente cierto. Es verdad que en estos momentos estábamos pendientes de una revisión del PIB de nuestro país --esta semana saldrá la nueva cifra de base que significará una revisión al alza del PIB-, esto nos dará como consecuencia un PIB algo mayor, en términos de 15 y 25 décimas, y también tendrá una distribución regional equis que puede afectar a comunidades autónomas.
Por supuesto que en estos momentos estamos trabajando sobre las cifras del año 2003. Estas cifras no se verían modificadas y no plantearía ninguna dificultad --en el caso de que llegásemos a algún acuerdo en el mes de junio-- y, en el caso de que se retrasara y se llegase a un acuerdo posteriormente, la cuestión habría que verla de forma totalmente distinta, dado que aunque es cierto que hay un incremento del PIB total, cuando hablamos del PIB, tanto el regional como para fondos de cohesión, estamos hablando de PIB ponderado por poder de compra, y en la medida en que en el PIB per cápita ponderado por poder de compra el incremento de nuestro PIB es consecuencia fundamentalmente del incremento de la población, las diferencias de cifras no serían tan significativas.
Evidentemente, nosotros consideramos importantes las políticas de cohesión, pero estos elementos sin duda alguna jugarán en un supuesto caso --como ya he señalado anteriormente, complejo-- de que las perspectivas financieras se negociaran en el próximo año.
En resumen, y para terminar, lo que pretendemos es dotar suficientemente el período transitorio de salida del fondo de cohesión; mejorar los mecanismos transitorios; intentar mantener la categoría de competitividad regional y empleo y, por supuesto, mejorar el fondo especial para regiones ultraperiféricas. Usted ha hecho una referencia a Baleares, y de acuerdo con mis cifras, Baleares no está ahí, y sí lo están, sin embargo, Ceuta y Melilla. Evidentemente, todo ello debería dar un resultado que sin duda alguna supondrá menores recursos que los recibidos en el pasado, pero ello es coherente con nuestro mayor nivel de renta y considero que con lo que pretendíamos: llegar a ser algún día contribuyentes netos, lo cual significará que nuestro país es más rico que la media comunitaria y, por tanto, que hemos conseguido los objetivos de la política de cohesión.
Muchas gracias, señor presidente.


El señor PRESIDENTE: Gracias, señor ministro.
Tiene la palabra el senador Caneda.


El señor CANEDA MORALES: Gracias, señor presidente, y gracias también a usted, señor Solbes.
Como no puede ser de otra forma, estamos de acuerdo con casi todo lo que usted ha dicho, excepto por el hecho de que el problema es que el tiempo pasa. Efectivamente el mes que viene deberíamos tener un acuerdo y, tal y como usted ha puesto de manifiesto, en las últimas posiciones de las distintas delegaciones no se vislumbra acuerdo por ninguna parte. Y si no hay ningún acuerdo ello implícitamente favorece o puede favorecer a determinadas partes, lo cual tampoco nos ayuda. Yo creo que la solución pasa por un acuerdo político que, como he dicho, siempre se ha producido.
Es cierto que somos más ricos que antes; hemos experimentado un gran avance en los últimos años y hemos logrado la convergencia, que era nuestro objetivo y por lo que todos estamos muy contentos, pero también lo es que cuando se negoció el período de transición, por ejemplo, de Irlanda, que en teoría tampoco tenía derecho a cobrar, se establecieron sin embargo unos sistemas imaginativos en virtud de los cuáles dicho país pudo seguir recibiendo fondos, con lo que ha seguido creciendo de forma muy notable.
Y esto es lo que planteamos para España. No decimos que tengamos el mismo saldo neto que antes, un saldo que por supuesto tiene que bajar, pues simplemente con el ritmo de contribuciones que estamos teniendo ya estamos experimentando un descenso notable del mismo, lo cual nos agrada.
Pero hay una situación clara y real, sobre todo en países como España, donde tenemos unas regiones muy desarrolladas, en tanto que otras lo están menos o muy poco desarrolladas. En el caso de estas últimas es muy difícil explicar por qué tienen que dejar de recibir fondos, sobre todo cuando alguna vez alguien se plantea que si hablamos de periferia, Andalucía y Extremadura ya son pura periferia, y mucho más con la ampliación, y que hay determinadas comunidades que tienen que soportar un determinado peso por estar donde están, como pasa con Ceuta y Melilla o con Canarias. Todo eso se tiene que contemplar, porque, de lo contrario, llegamos a ese grado de estupidez mental generalizada según la cual todos somos muy buenos, todos somos maravillosos y queremos una Europa muy grande, pero cuando hablamos de ampliación, nadie quiere pagar, que es uno de los problemas básicos, algo en lo que supongo también estaremos de acuerdo.
El decir que aumentamos la población, que somos muy generosos con todos, pero que no nos toquen el bolsillo, no puede ser. España ha dicho siempre, con este Gobierno y con el anterior, que estaba dispuesta a pagar la ampliación, pero no si es cinco veces más que el Reino Unido en proporción al PIB, porque eso no parece justo ni lógico.
Lo que pretendemos, aunque se tenga que perder la sonrisa en algún momento, es que antes de junio --y pongo esa fecha porque yo sí pienso que a partir de entonces va a ser más difícil-- alcanzáramos un acuerdo político donde se intente recabar adhesiones de unos y otros países simplemente para que España tenga un período transitorio suave, de forma que regiones como Andalucía, Canarias, Ceuta, Melilla o Extremadura, que seguirán demandando fondos por su situación específica, puedan contar con ellos, en tanto que las que están dentro del Objetivo 2 o tienen posibilidades de acceder a los fondos de competitividad, lo hagan y no quede todo ello en simple letra escrita. Es decir, que de verdad haya un fondo específico que permita ayudar

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a las empresas españolas que hacen proyectos susceptibles de recibir esas ayudas.
Y no digo que se trate necesariamente de una cuestión de ineficacia, pero es más fácil conceder ayudas para proyectos de gran tamaño, que son muy visibles y fácilmente analizables, que crear unas estructuras con las que se pueda demostrar que otro tipo de proyectos también lo son y contribuyen, entre otras cosas, a disminuir la brecha tecnológica entre unos y otros países, uno de los objetivos de estos fondos. Y es que supondría un completo entuerto que lo que al final se pretendiera con los nuevos fondos para la competitividad y el empleo es que los países que están en mejor situación tuvieran más posibilidades de crecer, mientras que los que se encuentran en peor situación tuvieran menos; y menos aún las regiones periféricas, en las que incluyo a Andalucía y Extremadura, ya que una de las causas de su subdesarrollo es su situación, y al trasladar el centro económico más al norte más afuera se quedan, que por ello deben contar con unos mecanismos para obtener esos fondos.
Por tanto, debemos tratar de convencer a nuestros queridísimos amigos europeos de que si desde el inicio de la Unión Europea se han contemplado esos procesos de transición, nosotros también debemos contar con ellos.
En esa línea, pretendemos que se llegue a una solución y se nos diga hasta qué punto el Gobierno español, si no puede por la vía del convencimiento, tiene una fórmula para manifestar que no queremos nada atípico, que ya estamos pagando más de lo que nos correspondería por nuestro porcentaje de renta en Europa, y que estamos muy satisfechos de colaborar con los nuevos países, pero que queremos que todo el mundo lo haga en una proporción justa.
Eso es, simplemente, lo que le pide el Partido Popular. Muchas gracias.
(Aplausos desde los escaños del Grupo Parlamentario Popular.)

El señor PRESIDENTE: Gracias, señoría.
Tiene la palabra el vicepresidente segundo del Gobierno.


El señor VICEPRESIDENTE SEGUNDO DEL GOBIERNO Y MINISTRO DE ECONOMÍA Y HACIENDA (Solbes Mira): Muchas gracias, señor presidente.
Señor Caneda, lo que usted ha dicho está en lógica con lo que yo le he manifestado: estamos de acuerdo en que tenemos que pagar más porque somos más ricos y también porque ha habido una ampliación. Estamos de acuerdo, pues, en que debemos pagar más, al igual que hacen el resto de los países. Sin embargo, cumpliéndose esas dos condiciones, se nos pide todavía más; por tanto, hay que buscar una solución específica para el caso español, y ésta en parte pasa por alguno de los mecanismos ya incluido en el documento de la Comisión. Usted ha hablado de Extremadura y Andalucía, que estarán por debajo del 75 por ciento incluso en la Europea de los Veinticinco y, por tanto, no me cabe ninguna duda de que seguirán siendo Objetivo 1. Pero incluso aquellas regiones que ya han salido del Objetivo 1 por efecto estadístico o simplemente porque en todo caso deberían salir, tendrán períodos transitorios, los denominados «facing out» y «facing in», para entrar en el Objetivo 2 relativamente normales. Por otra parte, la idea que usted ha planteado acerca de dar un tratamiento específico a las empresas a través de la prórroga del fondo de cohesión está siendo una de las grandes batallas actuales porque ese es un concepto que no se recoge en el documento de la Comisión.
Por ejemplo, a Irlanda le concedieron en lo que era Objetivo 1 un período normal de «facing out», como a los demás, mientras que en el caso de los fondos de cohesión, que, ciertamente, no se produjo al final de unas perspectivas financieras, sino a la mitad, aunque estuviera por encima del 90 por ciento de renta per cápita ponderada por poder de compra, le dejaron utilizar ese período hasta el final.
Evidentemente, estamos intentando prestar mayor atención a los apoyos para acceder a mayores recursos de otra naturaleza. A partir de eso creo que hay que hacer todos los esfuerzos posibles para llegar a un acuerdo.
En ese sentido, no estoy seguro de que el no acuerdo sea la mejor solución porque creo que eso tiene importantes riesgos, pero también debo decirle que el acuerdo sólo será posible si se cumplen unas condiciones mínimas; en otro caso, por lo menos desde el punto de vista español, en mi opinión el acuerdo no debería aceptarse.
Muchas gracias.


El señor PRESIDENTE: Gracias, señoría.


-- DE DOÑA MARÍA ROSA VINDEL LÓPEZ, DEL GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR EN EL SENADO, SOBRE LA POLÍTICA DEL GOBIERNO EN ORDEN A ASEGURAR LA APLICACIÓN PRÁCTICA DE LAS LEYES QUE RIGEN EL DISFRUTE DEL DERECHO FUNDAMENTAL DE LAS PERSONAS A LA LIBERTAD (670/000050).


El señor PRESIDENTE: Pasamos a la siguiente interpelación, del Grupo Parlamentario Popular.
Tiene la palabra la senadora Vindel.


La señora VINDEL LÓPEZ: Señor presidente, señorías, señor ministro, tras el primer y básico derecho a la vida, el derecho a la libertad es el que le sigue en importancia en el catálogo de derechos fundamentales que a las personas reconoce y consagra nuestra Constitución. El artículo 17 hace expresa referencia a tal derecho, remitiendo su garantía al establecimiento de las oportunas leyes que además de ser adecuadas, deberán aplicarse en la práctica de forma que el fundamental derecho a la libertad personal no sufra en ningún momento ni menoscabo ni lesión y todo ello de acuerdo con lo establecido en el artículo 10 de nuestra Constitución, en el artículo 9 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y en el artículo 5 de la Convención Europea para la Protección de los Derechos Humanos y de las Libertades Fundamentales.
Por su parte, el Tribunal Constitucional ha declarado en múltiples sentencias que la privación de libertad ha de regirse

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por el principio de excepcionalidad, añadiendo que la ley no podrá, desde luego, configurar supuestos de privación de libertad que no correspondan a la finalidad de protección de derechos, bienes o valores constitucionalmente reconocidos o que por su grado de indeterminación crearan inseguridad insuperable efectiva y tampoco podría incurrir en falta de proporcionalidad. De lo que se trata, en suma, es de reforzar las garantías del individuo frente a una acción represiva del Ejecutivo en cuanto a la única restricción que los órganos de éste puede realizar.
Señorías, estos son los criterios constitucionales y desarrollados posteriormente por las leyes que han venido rigiendo tanto en nuestro país como en los países de nuestro entorno a la hora de detener a presuntos autores de delitos.
Lamento tener que presentar esta interpelación al Gobierno para saber de qué forma y manera van a asegurarnos la más estricta y correcta aplicación de las leyes que rigen el disfrute del derecho fundamental de las personas a su libertad. Y ¿por qué se presenta esta interpelación? Porque, aunque parezca increíble, hay constancia de que en este país se ha detenido de forma ilegal a dos personas que participaron en una manifestación legalmente convocada. Señor presidente, señorías, esas dos personas pertenecen a un partido político y su militancia política se presentó a la opinión pública como el motor de una investigación que desembocaría en su posterior detención.
Seguro que sus señorías recuerdan que a finales del mes de enero la Asociación de Víctimas del Terrorismo convocó en Madrid una manifestación bajo el lema «Memoria, dignidad y justicia con las víctimas». La convocatoria reunió a más de 35.000 personas y recorría la calle Alcalá, en el tramo comprendido entre Cibeles y la Puerta del Sol. En determinado momento un ministro del Gobierno se incorporó a la misma, pero la abandonó tras declarar que había sufrido agresiones, además de insultos y zarandeos, viéndose, desde luego, en una situación incómoda. Pero esto no es lo sustancial de esta interpelación y aunque se informó de que había una nutrida presencia de fuerzas de seguridad de paisano, así como miembros de las unidades de intervención policial, el Gobierno ha reconocido posteriormente por escrito que tan sólo envió a 45 agentes policiales y otros 16 más que ejercían labores de escolta para una convocatoria que el propio Gobierno ha reconocido, también por escrito, que era de alto riesgo.
Pero esta imprevisión del Gobierno tampoco es lo sustancial de esta interpelación. Lo sustancial, señorías, empieza ahora. La misma noche de la manifestación hasta cuatro informes niegan la agresión: uno del Cuerpo Nacional de Policía, dos de la Brigada Provincial de Información y hasta catorce testimonios de agentes entre policías y escoltas del propio ministro en cuestión. Por lo tanto, nos encontramos ante una agresión física que nunca existió y ante la creación de una inmensa farsa, insisto, la misma noche en que se dice que ocurrieron los hechos.
El ministro del Interior dijo en un diario nacional que había dado orden a la Policía para que investigara y tratara de localizar a quienes intentaron agredir al ministro en cuestión. A pesar de los cuatro informes mencionados, se toma la decisión de detener en la localidad de Las Rozas y llevar a la comisaría de Moratalaz, sede de la Brigada Provincial de Información, a dos personas que participaron en esa manifestación: él, un jubilado, ella, ama de casa y ambos para alborozo de algunos, militantes de un partido político legal, señorías, el Partido Popular. La decisión gubernativa, o si lo prefieren política, se toma a sabiendas de que no hay agresión ni prueba alguna contra ellos y no tiene precedentes desde 1978 en nuestro país. Además, y en lo que constituye una clamorosa infracción de la ley que protege nuestro derecho al honor y a la propia imagen, los detenidos vieron esa misma mañana sus fotos enmarcadas en un círculo y publicadas en los principales diarios, identificándoles con sus nombres, sus apellidos y hasta su lugar de residencia. Que se entienda bien, señorías: yo no denuncio la publicación de las fotos, sino la puesta a disposición de los medios de comunicación escritos de esas fotografías, y pregunto desde aquí quién es su autor.
¿Por qué se procedió a las detenciones? Según se dijo entonces --y nunca fue desmentido-- porque el ministro quiere detenciones, y las tendrá --frase, al parecer, pronunciada en la comisaría de Moratalaz--.
Señorías, no fue tarea fácil, hay que reconocerlo: nada menos que tres funcionarios pusieron el cargo a disposición, se cambió al instructor inicial por otro, y a ese otro por otro más voluntarioso, que, según fuentes del Cuerpo Nacional de Policía --y cito textualmente-- accedió a cumplir la voluntad política de proceder a detener a dos militantes del Partido Popular.
Mientras varios periódicos hablaban ya del clima de tensión interna en la Policía, el Ministerio del Interior, en una nota antológica, negó tal cosa para a continuación reconocer --y también cito textualmente-- que no se descartaba que hubiera habido diferentes puntos de vista entre los funcionarios sobre este asunto, como si el cumplimiento de la ley, señorías, pudiera tener diferentes puntos de vista.
Pues bien, solucionado el aquelarre de Moratalaz, un coche policial camuflado sale de Madrid, con dirección a Las Rozas --más de 40 kilómetros de distancia--, con al menos dos agentes en su interior para, por fin, detener y llevar a comisaría a los dos manifestantes y proceder a un interrogatorio que se prolongó más de seis horas. Insisto, esta actuación se lleva a cabo cuarenta y ocho horas después de que la Policía descarte la existencia de agresión. No sabemos en este momento por qué se niega, por parte del Gobierno en respuesta escrita, el desplazamiento del coche policial camuflado, en abierta contradicción --que se conoce por las diligencias-- con lo afirmado por los vecinos y con lo publicado por la prensa. Como no se comprende tampoco por qué no avisa la Policía a la Guardia Civil para que practique las detenciones, porque, señorías, la localidad de Las Rozas pertenece a estos efectos a la Guardia Civil. Y aún menos se comprende que, ya que fueron detenidos, por qué no se les toman las huellas y las correspondientes fotografías en comisaría.
A todas éstas, señorías, la alarma social creada por esta actuación policial fue tal que la Asociación de Fiscales y la Unión Progresista de Fiscales tuvieron que salir a asegurar --y también cito textualmente-- que la vigente ley no faculta

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a la Policía para detener a presuntos agresores de faltas, como podía ser la de agresión. Y cómo en medios policiales se declaró que lo correcto --y también cito textualmente-: hubiera sido, si es que se hubiera podido identificar a alguien, realizar una comunicación escrita al juez de guardia, para que el juez de guardia, junto con el fiscal, fuera el que decidiera si había que citar, o no, a esas personas.
Seguramente, señorías, se preguntarán, a todas éstas, por la actuación durante todo este episodio de la Delegación del Gobierno en Madrid. Pues he de decirles que el delegado del Gobierno se dedicó, en estos días y en estas horas, a hacer declaraciones públicas, bien personalmente bien a través de notas y comunicados. Fíjense, cuando el ministro del Interior ya hablaba de intento de agresión, el delegado seguía refiriéndose a los agresores. Alumbró nada menos que tres notas de prensa en menos de cuarenta y ocho horas: La primera, para decir que la identificación fiable era muy difícil. La segunda, para calificar jurídicamente a los detenidos como imputados, señorías, asumiendo para sí la tarea que, por ley, corresponde única y exclusivamente a los jueces y, la tercera, evidentemente, para rectificar la segunda nota. Yo lamento no poder informales de ninguna actividad más en este sentido por parte del delegado del Gobierno, es decir, no se preocupó por cómo se llevó a cabo la detención, no se preocupó por si la Policía necesitaba más medios, no se preocupó, por supuesto, por lo que ocurrió en la comisaría de Moratalaz en cuanto al baile y trasiego de instructores y cargos a disposición, ni por restaurar la legalidad, cosa de la que, señorías, sin duda nos habríamos enterado, dada la afición mediática y la actividad mediática del señor delegado.
Han transcurrido casi cuatro meses y sabemos muchas más cosas. Primero, no hubo investigación policial previa para llevar a cabo las detenciones, según afirma el Gobierno en respuesta por escrito. Segundo, el número de testimonios que se recabaron para identificar a los detenidos fue ninguno, según respuesta por escrito del Gobierno. Tercero, a pesar de ser una manifestación considerada de alto riesgo, el Gobierno no ordenó grabar en vídeo la manifestación, según respuesta por escrito del propio Gobierno. Cuarto, las investigaciones policiales posteriores a las detenciones, a fin de encontrar a los presuntos culpables de la fingida agresión, fueron ninguna, según respuesta por escrito del Gobierno.
Quinto, la base para las detenciones fue ninguna, convirtiéndose éstas en detenciones a la carta, señorías, práctica extinguida en España por la Constitución desde 1978. Señor ministro, si las detenciones que se llevaron a cabo fueron legales, ¿quién y por qué dio la orden de cambiar al instructor? Y sobre todo, señor ministro, ¿quién ordenó las detenciones? Sexto, es más, a iniciativa de los dos perjudicados, un juzgado de Madrid está investigando los posibles delitos en que la actuación policial pudiera haber incurrido, tales como detención ilegal, prevaricación y, a las alturas que estamos de la investigación, algunos otros más. Séptimo, deben saber sus señorías, que por el momento ya hay imputado un inspector jefe del Cuerpo Nacional de Policía; imputado por un juez, señorías, no por un delegado del Gobierno y, por lo tanto, esa imputación es con todas las de la ley.
Y acabamos de conocer esta semana la declaración ante el juez del inspector jefe cesado. Como todas sus señorías saben, cuando uno es citado por un juez a prestar declaración en calidad de testigo, se está obligado a decir verdad, como es este caso. Esta persona afirma que se le ordenó que detuviera a los militantes del Partido Popular, aunque no hubiera pruebas, y que lo hiciera --y cito textualmente, según se ha publicado-- porque, si no, iban a tener problemas en Moratalaz. Esta persona da la razón a las respuestas escritas del Gobierno, en las que se afirma que no hubo ninguna investigación previa a la detención. Y esta persona finaliza afirmando que parte del expediente o atestado remitido por la Policía al juzgado, está rehecho después de su destitución, y apunta la posibilidad de que se hayan destruido documentos, nada menos.
(Un señor senador desde los escaños del grupo Parlamentario Popular: ¡Qué barbaridad!) Nada de esto se sabía en su ministerio, señor Alonso.
Señorías, el ministro del Interior afirmó ante esta Cámara en febrero, que por parte de la estructura política del ministerio se actuó con toda limpieza, y por parte de la estructura profesional se actuó, asimismo, con toda limpieza y, además, con ajuste al principio constitucional de legalidad. Y yo me pregunto, señor ministro, ¿qué ley de nuestro ordenamiento jurídico faculta a la Policía para realizar detenciones sin causa, sin fundamento, sin pruebas, en definitiva? ¿Es limpio y, sobre todo, es constitucionalmente legal que la Delegación del Gobierno ponga a dos militantes de un partido político legal a la altura de los grandes delincuentes, como hizo en aquellos momentos en las sucesivas notas de prensa? Y dado que hablamos de profesionalidad, ¿ha dado usted instrucciones en el ministerio para que alguien, empezando por usted mismo, señoría, haya tenido la decencia moral, la ocurrencia o el detalle de llamar a los dos ciudadanos, privados injustamente de su libertad, y pedirles disculpas por la actuación policial? ¿Y cómo es posible que dirigentes del PSOE digan que hay que dejar trabajar a la Justicia y esperar a lo que ésta diga? Señorías, ¿ es que vamos a volver a la vieja doctrina socialista de otros oscuros tiempos, según la cual la ética en los comportamientos políticos la marca única y exclusivamente el Código Penal? Señor ministro, desde finales de enero hasta hoy, usted podía haber hecho muchas cosas. Usted, por ejemplo, podía haber abierto una investigación interna, tal y como le solicitaron los sindicatos policiales públicamente. Usted podía, por ejemplo, vista la actitud intimidatoria y de acoso a los militantes de un partido político legal por parte de la Delegación del Gobierno, haber procurado cesar al delegado del Gobierno.
Y podía haber evitado, también, la degradación del funcionario policial, que se negó a cumplir con lo que se le ordenaba porque la orden que se le dio era contraria a la ley. Usted podía haber hecho muchas cosas, menos lo que ha hecho, que ha sido nada, absolutamente nada. Usted, que es el responsable de la libertad personal y de la seguridad de todos nosotros, ha preferido colocarse

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al lado de los que cercenan los derechos fundamentales de dos pacíficos ciudadanos que, mire usted por dónde, estaban ejerciendo un derecho constitucional. ¿Qué consecuencias políticas va a tener este atropello al Estado de Derecho, señor ministro, o va a seguir usted cruzado de brazos? ¿Está su señoría en condiciones de asegurar que el derecho de manifestación es patrimonio constitucional de todos los españoles?¿O es que a raíz de los hechos y las detenciones de enero sólo se va a reconocer el derecho a manifestarse a quienes se identifiquen con sus postulados, los suyos, señoría? Hubo abuso policial... (Rumores.--Un señor senador del Grupo Parlamentario Socialista: ¡Eso sí que lo hicisteis vosotros!)

El señor PRESIDENTE: Señorías, ruego que guarden silencio. (El señor Conde Bajén pronuncia palabras que no se perciben.--Fuertes rumores.) Señorías, el debate se está haciendo como se deben hacer todos. Yo rogaría a todas sus señorías que guardasen silencio porque es lo suficientemente importante como para que entendamos que se tiene que desarrollar así. Por tanto, pido a todo el mundo que guarde silencio.
Tiene la palabra, señoría.


La señora VINDEL LÓPEZ: Muchas gracias, señor presidente.
¡Es que se nota que ha empezado la Feria de San Isidro! Decía que hubo abuso policial en este caso. Y, como ya les he contado, se investiga judicialmente si hubo presuntamente otros delitos. Es un episodio, señorías, bochornoso y repugnante en un Estado de Derecho donde la Policía por definición debe estar al servicio del interés general y actuar conforme a la ley.
Hay una responsabilidad política que necesariamente tiene que depurarse, al margen de cualquier calificación jurídica que hagan los tribunales de justicia porque de lo contrario, señorías, nos hallaríamos ante un acto impune de persecución política de la oposición, totalmente incompatible con los valores democráticos de legalidad establecida en la Constitución de 1978.
Señor ministro de Interior, en un Estado democrático no cabe la Policía de partido. Va a tener que actuar, señoría. O comienza a tomar las decisiones que debió tomar en enero o se va. Desde luego, lo que ya no puede hacer es lo que ha hecho hasta ahora, mirar para otro lado y cruzarse de brazos. Espero su respuesta, señoría.
Muchas gracias, señor presidente. (Aplausos en los escaños del Grupo Parlamentario Popular.--Una señora senadora del Grupo Parlamentario Popular: ¡Dimisión!)

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señoría.
Tiene la palabra el ministro del Interior.


El señor MINISTRO DEL INTERIOR (Alonso Suárez): Muchas gracias, señor presidente.
Senadores, senadoras, antes de empezar el relato de los hechos, quiero hacer dos o tres declaraciones claras que ya las he hecho públicamente e incluso en mi comparecencia en el Congreso de los Diputados.
En primer lugar quiero decir que la manifestación del 22 de enero tenía un objetivo decente, noble y, por lo tanto, perfecta y absolutamente asumible, defender a las víctimas del terrorismo.
Segundo, que en nombre del ministro del Interior, toda vez que como sabían los propios convocantes yo no podía acudir porque tenía otro compromiso, fueron el secretario de Estado de Seguridad y varios miembros de mi gabinete personal. En nombre del Gobierno asistió el ministro Sevilla y a título personal, entre otros, el señor Bono, a la sazón ministro de Defensa. (Un señor senador del Grupo Parlamentario Popular: ¡Dimisión!) El ministro del Interior y el ministerio que dirige siempre ha apoyado a las víctimas del terrorismo. Sus representantes así nos lo han reconocido reiteradamente de un modo privado y público, y se lo agradezco. Vamos a seguir apoyándoles institucionalmente en todo momento porque las víctimas del terrorismo --lo hemos dicho muchas veces-- constituyen la auténtica columna moral de la sociedad civil en la lucha contra el terrorismo.
Los hechos, señoras y señores senadores, no son ni muchísimo menos como los relata la senadora Vindel. Según el atestado policial los hechos son los siguientes: La manifestación empieza a las diecisiete horas del día 22 de enero; a ella acuden, efectivamente, unas 35.000 personas. Sobre las diecisiete horas y cuarenta y cinco minutos, en la calle de Alcalá, la Policía recibe la noticia de que don José Bono está siendo --cito textualmente el atestado-- increpado, amenazado y zarandeado por algunos manifestantes y que ello había obligado a los escoltas y a otros policías a sacarle de la manifestación. Para investigar los hechos, la Policía abre de oficio atestado a las 22 horas del mismo día 22 de enero. El instructor ordena realizar diferentes actuaciones en orden al esclarecimiento de los hechos; entre ellas, declaran, hasta catorce, funcionarios del Cuerpo Nacional de Policía, se desplazan al lugar de los hechos otros policías, comparecen representantes de la Asociación de Víctimas del Terrorismo y se recaban de los medios de comunicación, señora senadora, videos, fotografías, etcétera.
Entre las diligencias, la Policía conoce unas declaraciones del señor don Javier Espadas, al parecer --no tengo ninguna constancia ni me interesa lo más mínimo-- secretario general del Partido Popular de las Rozas, a una emisora de radio en la que identifica a dos personas que aparecen en las fotografías de la manifestación. La policía escucha estas manifestaciones, cruza las fotografías que le han facilitado los vídeos y los medios de la manifestación con las del documento nacional de identidad de estas personas, las identifica y las cita a declarar para ver, primero, quiénes eran de entre los manifestantes y, segundo, qué estaban haciendo en la manifestación y, por tanto, para determinar su presunta participación en los hechos. (Rumores.) La policía...


El señor PRESIDENTE: Señorías, ruego guarden silencio.
Prosiga, señor ministro.


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El señor MINISTRO DEL INTERIOR (Alonso Suárez): Gracias, señor presidente.
La policía determina, después de analizar las evidencias presentadas, los videos, las fotos, las manifestaciones, etcétera, que existen motivos racionales para entenderles implicados en los hechos. A la vista de todo ello el instructor de las diligencias --cito también textualmente-- acuerda se cite a comparecer en la brigada, a efectos de declaración, a don Javier Espadas y a las dos personas identificadas, Isidoro Barrios y doña Antonia de la Cruz. Estos dos últimos se personan de forma voluntaria, según consta en el atestado, a las 13 horas del día 25. El instructor decide a la vista de los hechos que --cito también textualmente-- por su presunta vinculación con los delitos de amenazas y atentado se proceda a informarles de sus derechos constitucionales --artículo 520 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal-- lo que incluye asistencia letrada.
Se producen finalmente las declaraciones de ambos, después de las cuales abandonan las dependencias policiales a las 14,50 y 16 horas del mismo día 25. El atestado con todo su contenido es remitido --como es lógico-- a la autoridad judicial y al Ministerio Fiscal. Hasta aquí el desarrollo de los hechos.
Las conclusiones son, y no pueden ser más claras: Primera, la policía, de una manera autónoma, sostiene --como no puede ser de otro modo-- la existencia de motivos racionales y suficientes para entender que hay actividad delictiva. La policía habla de amenazas y atentado. Recuerdo que la policía, según el atestado, recibe la noticia de que el ministro de Defensa ha sido increpado, amenazado y zarandeado. Los vídeos, las fotos, los partes de lesiones y el resto de evidencias, así como las manifestaciones públicas del propio ministro de Defensa, que dice que recibió insultos, puñetazos, agresiones, golpes en la espalda y en las costillas, evidencian --todo ello a juicio de la policía-- al nivel indiciario que en ese momento es el nivel propio de la actuación policial.
Si la policía entiende que ello es indiciariamente cierto sólo puede hacer una cosa con la Constitución, el Código Penal y la Ley de Enjuiciamiento Criminal en la mano: abrir diligencias para investigar los hechos y tratar de localizar a los autores, lo que hizo.
Segunda, la policía abre de oficio las diligencias y las conduce de un modo exclusivamente profesional, senadora, con respeto a lo que le ordenan la Constitución y las leyes. En ningún momento --se lo he dicho 50 veces y no me importará repetirlo 50 veces más-- la policía recibió ordenes, indicaciones, influencia o interferencia alguna (Rumores.) ni por parte de la estructura política del Ministerio del Interior ... (Un señor senador del Grupo Parlamentario Popular: ¡Mentira!)

El señor PRESIDENTE: Señorías, ruego guarden silencio por favor.


El señor MINISTRO DEL INTERIOR (Alonso Suárez): ... ni del ministro ni del secretario de Estado ni del director general de la policía ni de nadie, ni tampoco de la Delegación del Gobierno.
A propósito del delegado del Gobierno quiero decirles que la información que ha puesto a disposición de la opinión pública es clara. En primer lugar, yo le pido --como es lógico-- una nota informativa para que me diga qué ha pasado ahí, nota informativa que me elabora para realizar mi comparecencia parlamentaria en el Congreso el 3 de febrero, días después de ocurrida la manifestación y todos estos hechos.
En esa nota informativa, en las declaraciones que ha prestado como testigo ante el juez y, en tercer lugar, en la nota pública que emitió ayer mismo o anteayer, el delegado del Gobierno dice clarísimamente que ni recibió ni ordenó ni interfirió en ningún momento el curso de la investigación profesional de los policías. Todo esto ya se lo dije y se lo demostré en mi comparecencia en el Congreso de fecha 3 de febrero de 2005.
En consecuencia, Senadora, yo creo que el panorama al que nos obliga por razones elementales de lealtad constitucional el sistema democrático, las leyes del sistema democrático, empezando por la Constitución y siguiendo por todo el esquema de leyes orgánicas y ordinarias, a mí me parece clarísimo y creo que a usted también.
En primer lugar, afirmo el respeto absoluto al marco de competencias de la Constitución y de las leyes; la policía, en la investigación de los delitos, señora senadora, está vinculada a la ley y no recibe órdenes ni indicaciones políticas de ningún tipo, y las diligencias que elabora profesionalmente las remite, con arreglo a la ley, al juez. Este es el marco constitucional y legal de la Justicia, con mayúsculas.
Por mi parte, respeto la tarea policial y, por supuesto, respeto la tarea de los jueces en sus pronunciamientos definitivos. Ellos dirán --y no usted-- cuando los procesos acaben, si hay algún tipo de responsabilidad y de quién.
Lo que usted hace por el momento está muy claro y su intervención se resume en eso. Usted hace lo que se conoce objetiva, conceptualmente y de modo clarísimo, como un juicio paralelo. Usted senadora, se convierte en juez. Dice cómo ocurrieron los hechos. Dice qué hizo cada cuál o qué no hizo en los hechos. Determina autorías. Determina participación, etcétera. Justamente, toda la tarea intelectual e institucional que la Constitución establece que realicen los jueces y magistrados, artículo 117 de la misma, senadora. En otras palabras, la política se mete en la Justicia. (Varios señores senadores del Grupo Parlamentario Socialista: ¡Muy bien!--Aplausos.) Por consiguiente, senadora, tengo que decirle muy claramente, porque es la verdad, que la actuación de toda la estructura política del Ministerio del Interior fue limpia, absolutamente respetuosa con la Constitución, con las leyes y con el esquema mínimo y máximo del Estado de Derecho, y, además, fue una actuación completamente honesta , porque en ningún momento se interfirió el curso de ninguna actuación policial (Rumores.--Protestas.--Varios señores senadores del Grupo Parlamentario Popular: ¡No nos callaréis!) Senadora, ha hablado de determinadas irregularidades que, según usted, hay en el atestado. Y dice que el ministro no ha hecho nada. Nos cita la declaración de un inspector del Cuerpo Nacional de Policía. Como usted bien sabe, en

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el procedimiento judicial han declarado -- y le voy a decir por qué lo sabe-- varios policías. No me voy a meter en esa lid de sus declaraciones, eso lo dirán los jueces. Pero lo que yo le pregunto, senadora, es ¿cómo es que conoce usted la declaración de este inspector del Cuerpo Nacional de Policía? (Rumores.) Y si conoce esta declaración, ¿cómo es que ignora las demás? No se equivoque, senadora. El Ministerio del Interior no tolera en ningún caso ningún tipo de irregularidades. Y si tiene cualquier noticia de que se hayan podido producir, las investiga y pide explicaciones a los profesionales. El informe que al respecto emite el jefe superior de Policía de Madrid es claro: la elaboración del atestado fue correcta. No se alteró su contenido ni las declaraciones del mismo ni el libro de telefonemas ni nada de nada.
Y yo, senadora, que soy ministro del Interior, no tengo a día de hoy ni el más mínimo motivo para dudar de lo que me afirma una Policía profesional, honesta y que en este país está dedicada a luchar contra el terrorismo, contra el crimen organizado y por una mayor y mejor seguridad ciudadana. (Aplausos en los escaños del Grupo Parlamentario Socialista.) Y entiéndalo bien, senadora. Si el Ministerio del Interior, en este caso o en cualquier otro, de los cientos de miles de diligencias que policialmente se abren en este país, detectase el más mínimo tipo de irregularidad, no se equivoque, actuaría en consecuencia, porque el Ministerio actúa con la Constitución, con las leyes y con escrupuloso respeto al Estado democrático y de Derecho, el ministro y todos sus colaboradores. Lo han demostrado toda su vida y se lo demuestro hoy aquí una vez más.
Muchas gracias, señor presidente. (Aplausos en los escaños del Grupo Parlamentario Socialista.)

El señor PRESIDENTE: Gracias, señor ministro.
Tiene la palabra la senadora Vindel.


La señora VINDEL LÓPEZ: Muchas gracias, señor presidente.
En primer lugar, me alegro de que, rompiendo la tendencia que hemos estado viendo durante este año de legislatura de Gobierno socialista, al ministro Alonso le ha sido imposible comparar esta situación que yo he denunciado aquí con los años de Gobierno del Partido Popular. Señorías, algo hemos ganado (Aplausos en los escaños del Grupo Parlamentario Popular.--Rumores.) A mí me parece muy bien que usted siga apoyando a las víctimas del terrorismo, me parece extraordinario. (Rumores.)

El señor PRESIDENTE: Señorías, ruego guarden silencio.


La señora VINDEL LÓPEZ: No es ése el motivo de esta interpelación, ni es lo sustancial. Le agradezco mucho que nos cuente quién fue a la manifestación, tampoco ése es el objeto de esta interpelación. Luego, si quiere, me explica qué considera usted como decente en una manifestación, porque es la segunda vez que se lo oigo decir en esta Cámara y la verdad es que no sé en qué consiste una manifestación decente.
Yo le agradezco que nos haya citado el atestado, pero, señoría, a la vista de lo declarado en un juzgado, ante un juez, con obligación de decir verdad y publicado por la prensa, ¿de qué atestado estamos hablando, señoría? Yo le creo, pero, ¿de qué atestado estamos hablando? ¿Del que se manipuló o del que no se manipuló? (Aplausos en los escaños del Grupo Parlamentario Popular.--Algunos señores del Grupo Parlamentario Popular: ¡Muy bien!) Nos dice que la policía actuó autónomamente, al margen de directrices políticas, y yo comprendo que esto es lo que tiene usted que decir, pero yo me pregunto, señoría, qué criterio es éste por su parte, porque usted acepta a las mil maravillas las felicitaciones cuando hay éxitos policiales, es más, incluso llega a recriminar a senadores de mi grupo en sesiones de control que alguien no le felicite por un éxito policial en ese momento. Es decir, los éxitos policiales son éxitos del Gobierno, señorías, los méritos policiales son méritos del Gobierno, pero, amigos, cuando hay un demérito y hay un problema, es de la Policía.
No me parece éste un buen criterio de justicia redistributiva, señoría.
Yo no sé si se ha dado cuenta, pero el «Boletín Oficial del Estado» dice que el ministro del Interior es usted y, por tanto, todo lo que ocurre en su ministerio es responsabilidad suya, le guste o no. Yo ya sé que usted no quería este ministerio, señoría, pero mientras el BOE no diga otra cosa, Interior está a su cargo.
En cuanto a la afirmación de mezclar la Justicia y la política, señorías, hay que constatarlo. Lo lamento. El Código Penal va a volver a marcar los comportamientos políticos del Gobierno de esta nación. ¡Pues sí que es pena! (Aplausos en los escaños del Grupo Parlamentario Popular.) Esta doctrina de compartimentos estancos que nos acaba de contar el ministro del Interior de que por un lado está la Justicia y por otro está la política no es nueva. Vamos a hacer un poco de memoria. El hoy diputado, señor Rubalcaba, se convirtió --lo recordarán-- en un verdadero experto de tanto reiterarlo en una época, señorías, de infausto recuerdo, cuando en aquel entonces era portavoz del Gobierno. (Rumores.) Y claro que la política no debe contaminar el funcionamiento de la Justicia, naturalmente, pero es que quien decimos eso somos nosotros, señoría, ¿sabe usted por qué? Porque nos hemos opuesto al sistema de mayorías que ustedes han implantado en el Consejo General del Poder Judicial.
(Rumores). No se escude usted en que hay un procedimiento judicial abierto para escurrir el bulto, yo no le estoy pidiendo consecuencias judiciales, señoría. Ni esto es el tribunal ni usted, aunque lo sea, es juez pero no está aquí hoy como juez, ni yo le hablo como abogada. Éstas son las Cortes Generales, usted es ministro del Interior, y yo soy senadora. ¡Hay que ver que tengamos que recordar estas cosas a estas alturas! Como senadora es mi derecho y es mi obligación decirle que usted debe depurar las responsabilidades políticas que se derivan de las detenciones de enero, ¿o es que en esto de la Justicia y la política usted me está sugiriendo, como aquel dictador, que le haga caso y que no me meta en política? ¿Pero esto qué

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es? (Aplausos en los escaños del Grupo Parlamentario Popular.--Protestas en los escaños del Grupo Parlamentario Socialista.)

El señor PRESIDENTE: Señorías, ruego guarden silencio.


La señora VINDEL LÓPEZ: Estoy convencida, señoría, de que a usted, en su fuero interno, le parecen tan repugnantes, como a mí, las detenciones de enero. No puede ser de otra manera, pero yo, señoría, le tengo que pedir coherencia, y que haga todo lo posible por cesar al delegado del Gobierno, porque si usted persiste en su actitud no nos deja más salida a nosotros que concluir que a usted le parece correcto o, al menos le deja frío, que alguien pueda ser detenido, señorías, por participar en una manifestación al lado de un ministro, y en ese caso, por coherencia nuestra, no nos queda más salida que pedirle a usted su dimisión, por la misma coherencia que a usted le falta. (Aplausos en los escaños del Grupo Parlamentario Popular.) ¿O es que usted no se da cuenta, señoría, de que faltaríamos a nuestra obligación como representantes democráticos si también nos cruzáramos de brazos, como usted ha hecho hasta ahora, y admitiéramos, como usted ha hecho hasta ahora, que una vulneración tan flagrante de los derechos fundamentales de las personas puede salirle gratis a quienes la auspician o la toleran, ya sean, como usted dice, de la estructura política o de la estructura profesional de su ministerio? Pero, señorías, ¡si es usted el protagonista de la primera interpelación en esta Cámara por algo que ha ocurrido en la Policía! ¡Es que hasta este momento no había hecho falta ni había sido necesario presentar una interpelación de este calibre en esta Cámara! Es asombrosa la actuación del delegado del Gobierno, y más asombroso aún es que cuatro meses después siga en su puesto. (Rumores en los escaños del Grupo Parlamentario Socialista.) Señoría, los principios y los valores democráticos no se pregonan, como acostumbran a hacer algunos miembros de este Gobierno. Los principios y los valores democráticos se practican, porque si no no se convierten en otra cosa que en papel mojado. Creo, señoría, que ha llegado el momento de que este Gobierno se baje de ese pedestal de soberbia intelectual desde el que pretende detentar el monopolio de las esencias, y es el momento de rectificar, señor ministro, antes de que el daño sea mayor.
(Rumores en los escaños del Grupo Parlamentario Socialista.)

El señor PRESIDENTE: Señoría, le ruego que concluya.


La señora VINDEL LÓPEZ: Concluyo, señor presidente.
Rectificar es pedir disculpas, señor ministro, rectificar es comprometerse a no volver a tolerar vulneraciones de los derechos constitucionales, señor ministro. Rectificar es tranquilizar a los ciudadanos con un mensaje claro de que el ejercicio del derecho de manifestación no está en peligro, señor ministro, y rectificar, señoría, es asumir las responsabilidades políticas que correspondan, que, en una democracia sana, pasan por la conjugación del verbo cesar. Usted, señor Alonso, deberá ver quién empieza a conjugarlo, pero le digo una cosa: lo que mal empieza mal acaba, y esto tiene muy mala pinta para usted.
Muchas gracias. (Fuertes y prolongados aplausos en los escaños del Grupo Parlamentario Popular.)

El señor PRESIDENTE: Gracias, señoría.
Tiene la palabra el ministro del Interior.


El señor MINISTRO DEL INTERIOR (Alonso Suárez): Gracias de nuevo, presidente.
Desde luego, senadora, del contenido de sus palabras y del tono que ha utilizado en esta segunda intervención, me permito derivar una sospecha: le han encargado una tarea ingrata. (Protestas en los escaños del Grupo Parlamentario Popular.--Varios señores senadores del Grupo Parlamentario Popular: ¡No!, ¡No!--La senadora Vindel López hace signos negativos.--Aplausos en los escaños del Grupo Parlamentario Socialista.) Usted sabe, y lo sabe el presidente de su partido, porque me llamó el mismo día en que estas personas habían ido a declarar, y lo sabe el señor Zaplana, y lo sabe todo su grupo en el Congreso y en el Senado (La señora Vindel López: Yo, no.), que aquí no hubo ni la más mínima interferencia política en los términos que le he expuesto en mi primera declaración aquí.
Habla usted de que no me he permitido perfilar diferencias entre los gobiernos del Partido Popular y del Partido Socialista. Me lo voy a permitir ahora. (La señora Vindel López: Gracias.) He encargado a mis asesores parlamentarios que indaguen cuál fue la respuesta de la oposición socialista, en el período 2000-2003, frente a problemas que hubo o manifestaciones del tipo que fueran, pero que, en un análisis cualitativo, fueran similares a éstos: en Granada, en Zaragoza, en Barcelona, en Asturias, varias veces en Madrid, y de forma reiterada. La oposición hizo su tarea, pero jamás se permitió la campaña de insultos, descalificaciones y el intento de destrucción política... (Fuertes protestas en los escaños del Grupo Parlamentario Popular.) Escuche, senadora, escuche.


El señor PRESIDENTE: Les ruego que guarden silencio.


El señor MINISTRO DEL INTERIOR (Alonso Suárez): ... como en la que algunos miembros de su proyecto político --algunos-- se han empeñado y que han tratado de llevar a cabo contra este ministro del Interior.
(Aplausos en los escaños del Grupo Parlamentario Socialista.) Y lo voy a recalcar: algunos miembros de su partido. Ayer le dije a una compañera suya, a la señora Sánchez Camacho, que yo respeto al Partido Popular como institución política, y seguramente respeto a la inmensa mayoría de los miembros del Partido Popular, pero esto que están haciendo no tiene nombre. (Aplausos en los escaños del Grupo Parlamentario Socialista.--Risas y rumores en los escaños del Grupo Parlamentario Popular.) Señoría, yo la creo, pero sospecho que usted no quiere creerme. Además, voy a añadir algo: no me crea a mí, crea

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a esa Policía profesional que está trabajando profesionalmente, con arreglo a la Constitución y a las leyes, y crea a los jueces en lo que, en definitiva, digan los jueces.
(La señora Vindel López hace signos de asentimiento.) En eso parece estar de acuerdo, pero automáticamente, asintiendo en que está de acuerdo, se permite hacer el juicio paralelo que le he descrito anteriormente, que es desmentir en la práctica y rotundamente, cualquier afirmación del principio que hace al respecto. Y luego entra en una escala que, si me permite, senadora, francamente no tiene ningún sentido. Usted quiere que el ministro del Interior sea responsable políticamente de todo lo que se haga en este país. (Rumores en los escaños del Grupo Parlamentario Popular.--Varias señoras y señores senadores del Grupo Parlamentario Popular pronuncian palabras que no se perciben.) La gran diferencia que le apuntaba al principio de esta mi segunda intervención respecto al período comprendido entre 2000 y 2003 es que la oposición socialista en ningún caso pidió responsabilidades políticas a los ministros porque sabe que no pueden tenerla. (Rumores en los escaños del Grupo Parlamentario Popular.) Cuando se actúa honestamente y con arreglo a la Constitución, a las leyes y al marco del sistema democrático, no hay responsabilidad de ningún tipo que exigir a nadie. (Rumores en los escaños del Grupo Parlamentario Popular.--El señor Peñarrubia Agius: ¡Vaya papelón!) Y finalmente dos cosas muy sencillas, senadora. Ustedes, el señor Zaplana el día que comparecí en el Congreso de los Diputados y usted misma hoy, no saben, no quieren o no pueden decirme de qué va la afirmación central de su discurso en las Cámaras y fuera de las Cámaras. ¿Cómo, quién, cuándo y dónde ordenó o interfirió políticamente en una actuación exclusivamente policial? ¿Cómo, quién, cuándo, dónde y de qué manera? Díganmelo ustedes. (Rumores en los escaños del Grupo Parlamentario Popular.) Yo lo que les digo es que la estructura política del Ministerio del Interior en ningún momento realizó ni la más mínima interferencia.
En cuanto a las afirmaciones a las que se ha vuelto a referir del delegado del Gobierno, le digo lo mismo. El delegado del Gobierno, en los tres momentos que he citado y en algunos otros lo ha dicho claramente por activa y por pasiva, y no tengo ningún motivo para no creerle, sobre todo cuando lo ha demostrado privada y públicamente, y ustedes lo saben.
Por último, senadora, le diré que este es un Gobierno legítimo que está en el poder como cualquier otro de los gobiernos legítimos de la historia democrática de este país porque los ciudadanos decidieron que estuviera en el poder. Mientras este Gobierno esté en el poder no tenga la más mínima duda de que el ejercicio legítimo de los derechos constitucionales ni está ni estará en peligro en momento alguno. Comprendo que ustedes, senadora, tengan que hacer política; lo que no comprendo es que ustedes destrocen los códigos mínimos de una actividad política legítima.
(Rumores en los escaños del Grupo Parlamentario Popular.--Aplausos en los escaños del Grupo Parlamentario Socialista.-El señor Peñarrubia Agius: ¡Vaya papelón!) El señor PRESIDENTE: Señorías, les ruego que guarden silencio.


El señor MINISTRO DEL INTERIOR (Alonso Suárez): Y menos metiéndose de esta manera con un ministro que, insisto, a pesar de todo les respeta, con un ministro que ha dedicado toda su vida profesional y ahora política a la defensa de los derechos y las libertades, exactamente igual que el proyecto político en el que hoy estoy inmerso.
Gracias. (Rumores en los escaños del Grupo Parlamentario Popular.--Varias señoras y señores senadores del Grupo Parlamentario Popular: ¡Dimisión, dimisión, dimisión!--Fuertes aplausos en los escaños del Grupo Parlamentario Socialista.)

El señor PRESIDENTE: Gracias, señoría.
Ruego que guarden silencio.


-- DE DON RICARDO MELCHIOR NAVARRO, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE SENADORES DE COALICIÓN CANARIA, SOBRE LA PARTICIPACIÓN DEL GOBIERNO EN LA FINANCIACIÓN DE PROYECTOS DE TRANVÍAS EN TERRITORIOS INSULARES DENSAMENTE POBLADOS Y CON ESCASO SUELO PARA EL DESARROLLO DE INFRAESTRUCTURAS VIARIAS (670/000052).


El señor PRESIDENTE: Interpelación del senador Melchior Navarro, del Grupo Parlamentario de Senadores de Coalición Canaria, sobre la participación del Gobierno en la financiación de proyectos de tranvías en territorios insulares densamente poblados y con escaso suelo para el desarrollo de infraestructuras viarias.
Tiene la palabra el senador Melchior.


El señor MELCHIOR NAVARRO: Muchas gracias, señor presidente.
Señora ministra, señoras y señores senadores, el Grupo Parlamentario de Coalición Canaria interpela al Gobierno sobre su participación en la financiación de proyectos de tranvías o metros ligeros en territorios insulares densamente poblados.
Tenerife, al igual que otros territorios insulares densamente poblados, viene padeciendo un grave problema de movilidad social. Como consecuencia de ello, por la saturación permanente de la red de carreteras, existe una fuerte congestión circulatoria. Ello implica la consecuente repercusión en la salud, el incremento de contaminación, el incremento del coste empresarial y, por lo tanto, el decremento de la competitividad, la pérdida de puestos de trabajo, de calidad de vida, etcétera. Aunque es necesaria la construcción de nuevas vías de alta capacidad de tráfico --y, en nuestro caso, el denominado cierre del anillo insular-- y la ampliación de algunas de las que actualmente existen, la escasez de suelo y la vulnerabilidad del ecosistema aconsejan la adopción de nuevas soluciones que consuman menos territorio y que sean ambientalmente más

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respetuosos y compatibles con un desarrollo sostenible, cuyas soluciones pasan por el transporte guiado. Es necesaria una red de transportes públicos integrada por guaguas --como denominamos nosotros a los autobuses--, taxis y transportes guiados, que sea competitiva en relación con el vehículo privado.
En el caso de nuestra orografía --en este caso en la conurbación urbana de Santa Cruz y La Laguna, de 350.000 habitantes, cuyo 50 por ciento del territorio da al mar, y entre los que existe una diferencia de cota de algo más de 500 metros--, el único transporte guiado posible es el metro ligero. El Cabildo de Tenerife, junto con el apoyo del Gobierno de Canarias y, por supuesto, con los ayuntamientos de Santa Cruz de Tenerife y San Cristóbal de la Laguna, están realizando un esfuerzo inversor impresionante construyendo una línea de metro ligero.
La ministra de Fomento, contestando a una pregunta formulada por quien les habla, manifestó en este Pleno su compromiso de financiar un tercio del coste del proyecto del tranvía o metro ligero que unirá ambos cascos urbanos y que circulará por la conurbación Santa Cruz-La Laguna. Sin embargo, hasta la fecha, ese compromiso no se ha concretado en nada, mientras que sí lo ha hecho en el resto del territorio español. Además, el secretario de Estado de Presupuestos y Gastos me ha comunicado no haber recibido ninguna orden al respecto. Por lo tanto, el Gobierno del Estado, dicho por la propia ministra y contrastado por las demás ciudades donde se está construyendo o se ha construido un metro ligero o un tranvía, apoya y financia al menos un tercio de la inversión de las corporaciones locales o de las administraciones públicas correspondientes. En el caso de trenes de cercanías o de alta velocidad, la financiación supera el 50 por ciento, llegando hasta el 100 por 100.
Por lo tanto, no es justo el trato absolutamente discriminatorio que se está dando a Tenerife y a Canarias.
Por ello, Coalición Canaria interpela al Gobierno respecto a su participación en la financiación de proyectos de tranvías y metros ligeros en territorios insulares densamente poblados, con escaso suelo e importantes problemas de congestión. El Gobierno del Estado debe asumir en este caso el mayor coste de la financiación --superando el tercio destinado a esta finalidad en el resto de ciudades continentales dentro del territorio español-, así como la mayor vulnerabilidad de los sistemas insulares, donde no existen otras alternativas, precisamente por la orografía y las pendientes existentes, que el metro ligero, teniendo en cuenta que se trata de una conurbación urbana donde el coste de inversión por kilómetro de línea es muy superior al de un territorio continental.
Por ello, en esta interpelación solicitamos que la ayuda y la financiación que debe asumir el Estado corresponda al 50 por ciento de la inversión.
Muchas gracias.


El señor PRESIDENTE: Gracias, señoría.
Tiene la palabra la ministra de Fomento.
La señora MINISTRA DE FOMENTO (Álvarez Arza): Gracias, señor presidente.
Señorías, señor Melchior Navarro, quisiera, en primer lugar, descartar ese descalificativo sobre la política del Gobierno por un trato injusto y discriminatorio para Canarias en relación al resto del territorio en materia de ferrocarriles.
Usted bien sabe y sabemos todos en esta Cámara que tanto en materia de carreteras como de ferrocarriles, por la especificidad de Canarias sobre el resto del territorio, las competencias están transferidas a la comunidad autónoma. Están transferidas las competencias en materia de ferrocarriles y los recursos para las posibles actuaciones.
Por tanto, señoría, no hay trato discriminatorio si se proyecta un AVE hasta Galicia y no se plantea en Canarias, porque para este segundo caso se adoptó la decisión previa, de acuerdo con el Gobierno canario, de que fuera responsabilidad del mismo llevar a cabo la inversión en ferrocarriles y se transfirieron los recursos que el Ministerio de Fomento tenía para el ámbito ferroviario, a la vez que la competencia para llevar a cabo este tipo de inversiones.
En definitiva, señoría, para que tengamos el mismo punto de partida, sobre el que estoy segura de que no podemos discutir, está usted hablando de una competencia del Gobierno canario si tratamos del ferrocarril y será competencia del ayuntamiento, o de las diputaciones, o de los cabildos --no he entrado a analizarlo-- en el caso del metro.
Y le manifiesto esta distinción tan importante porque, si bien es competente el Ministerio de Fomento en el ámbito peninsular en el caso de los ferrocarriles que conecten distintas comunidades autónomas, en el caso de que sea interno, dentro de la comunidad autónoma, puede ser materia de competencia transferida a la comunidad autónoma, y en la parte no peninsular, es decir, en Canarias y Baleares, la competencia en ferrocarriles no es competencia del ministerio.
Por tanto, incluso coincidiendo en su análisis sobre las dificultades de movilidad y accesibilidad en las islas, me remito a la responsabilidad que, de acuerdo con la Constitución, el Estatuto de la comunidad autónoma y las decisiones adoptadas como consecuencia del desarrollo de ambos, tiene en la materia el Gobierno canario, independientemente de que se puedan firmar convenios, como sucede en materia de carreteras. La competencia en carreteras corresponde al Gobierno canario, además hay un convenio de carreteras y, por tanto, el Ministerio de Fomento participa y ayuda, adicionalmente a las competencias transferidas y a los recursos transferidos, al Gobierno canario. No es así en ferrocarriles, no hay ningún convenio en esta materia.
Estoy segura de que es un malentendido, señoría, porque ha confundido ferrocarril con metro, metro ligero y con tranvía. Pues bien, ni el metro, ni el metro ligero ni los tranvías son competencia del Ministerio de Fomento ni en las islas ni en el territorio peninsular.
De modo que la interpelación de hoy podría terminar aquí: no es competencia del Ministerio de Fomento... y ahora me va a permitir usted una pequeña maldad, dicha

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con todo cordialidad: y ustedes lo saben; usted también, como presidente del cabildo. ¿A quién se dirigió usted primero? Al Ministerio de Economía y Hacienda. Y cuando el Ministerio de Economía y Hacienda le dijo que no podría acometer el proyecto, se dirigió usted a mí. Pues yo le voy a decir lo mismo: él es el único que puede establecer convenios, y así lo ha venido haciendo. Ahora bien, si usted me señala un antecedente en que el Ministerio de Fomento haya financiado un metro, lo consideraré. Por mi parte, lo he preguntado en el ministerio y, hasta hace un minuto, no han podido encontrar ni un sólo caso en el que el Ministerio de Fomento haya financiado un metro. Los que usted ha citado --el de Madrid, el de Barcelona y el de Valencia--, son los únicos que tienen un acuerdo cerrado, según el Ministerio de Economía y Hacienda; el resto no tienen acuerdos cerrados, y lo digo para su referencia. Así, tanto si hablamos de ferrocarril --que no estamos hablando--, como si hablamos de metros, tranvías y metros ligeros --es decir, de las conexiones sobre las que ustedes están elaborando estudios--, yo no soy la persona a la que dirigirse.
Se ha referido usted a la interpelación que me hizo, de cuya respuesta tengo aquí la transcripción. La presentó en la fecha que usted ha señalado: fecha de entrada, 6 de mayo de 2005; tengo aquí el documento.
Dice usted que me comprometí de palabra a financiar la tercera parte del coste del tranvía que unirá Santa Cruz de Tenerife con La Laguna. No, señoría; yo sólo le he contestado aquí, en el Senado, a una pregunta sobre ferrocarril. Aquí la tengo, señoría; su pregunta se refería a apoyar los estudios sobre los planes de trenes, promovidos por el Cabildo insular. Yo los apoyo; me parece muy bien que los hagan. Concretamente, dije lo siguiente: Es más, el Ministerio de Fomento y esta ministra valoran muy positivamente la iniciativa, a la que usted ha hecho referencia, de promover el transporte por ferrocarril.
Se trata, pues, de un malentendido: el ferrocarril no es el metro. Si usted me habla de metro, yo le repito lo mismo: Ministerio de Economía y Hacienda. Por eso le habrá dicho el secretario de Estado de Economía y Hacienda que no le he mandado nada. Pues bien, perdone que le diga esto directamente, porque se lo digo con toda cordialidad y respeto: ni se lo he mandado, ni se lo voy a mandar nunca. No voy a entrar en metros, metros ligeros o tranvías; no es competencia mía en ninguna comunidad del país, y menos en el ámbito insular, que tienen transferidas las competencias en materia de ferrocarril.
En mi respuesta, añadía lo siguiente: asimismo, esta línea de actuación es plenamente coincidente con las prioridades básicas que he tenido ocasión de plantear en mi comparecencia ante el Congreso. ¡Claro! Estamos priorizando alternativas a la carretera. Es decir, que coincido con usted en su análisis, y coincido en la necesidad de que los medios de transporte se complementen; coincido igualmente en que hay que apoyar todas las iniciativas que otros niveles de gobierno quieran llevar a cabo en el ámbito de sus competencias. Por supuesto, me parece que lo más adecuado es coordinarse. Pero de ahí no puede deducir usted que he afirmado aquí que financiaremos la tercera parte del coste; nunca lo dije, señoría, ni puedo decirlo. Si alguien participara, ese alguien sería el Ministerio de Economía y Hacienda, lo mismo que lo ha hecho en otras ocasiones. Así, los metros de Madrid, Barcelona y Valencia han recibido apoyo financiero de acuerdo con los artículos 148 y 149 de la Constitución, con el 30 del Estatuto de Autonomía y con los Presupuestos Generales del Estado --Sección 32, relaciones financieras con entes territoriales--. Hasta ahora, ésos han sido los únicos que han tenido encaje por medio de la Sección 32 de los Presupuestos Generales del Estado, para que participe Economía y Hacienda.
No me quiero alargar más. Solamente debo decirle que, documentalmente, existen dos manifestaciones mías: una es una carta al presidente del Gobierno canario y otra la respuesta a una pregunta suya en la que, en ambos casos, solamente hablaba del ferrocarril y le señalé que podíamos hablar para ver cómo podíamos ayudar en algo a una competencia que, de acuerdo con su Estatuto y con la Constitución, es exclusiva de la comunidad autónoma.
Señoría, siento que no le pueda dar más información, porque estoy segura de que usted ya la ha obtenido directamente del Ministerio de Economía y Hacienda quien, me consta, incluso le contestó por escrito.
Muchas gracias.


El señor PRESIDENTE: Gracias, señoría.
Tiene la palabra el senador Melchior.


El señor MELCHIOR NAVARRO: Gracias, señor presidente.
Señora ministra, señorías, en primer lugar, debo decir que la interpelación de Coalición Canaria es al Gobierno, y el Gobierno es quien le ha enviado a usted, no he sido yo. El Gobierno es quien ha dicho que corresponde contestar a la ministra de Fomento y no al ministro de Economía y Hacienda.
Señora ministra, créame que yo distingo claramente lo que es un metro ligero, un tranvía de un ferrocarril. Es más, son dos proyectos distintos del cabildo de Tenerife. Por lo tanto, ha habido dos preguntas distintas en este Senado: una referida al ferrocarril, que es efectivamente a la que usted ha contestado con el asunto de las competencias transferidas al Gobierno de Canarias --que le recuerdo que fueron transferidas con el anterior Gobierno socialista y sin recursos financieros ni una peseta--, y no se habló de ferrocarriles, porque en Canarias no existía ninguna línea de ferrocarril ni estaba prevista ninguna línea de ferrocarriles.
Se considera transferida porque está claro que un ferrocarril de Canarias no puede pasar por otra comunidad autónoma, simplemente por eso. Es más, incluso dentro del propio territorio español, dentro del propio territorio canario, no puede pasar de una isla a otra. Pero, señora ministra, como usted comprenderá, el trato que deben recibir los canarios ha de ser, como mínimo, exactamente igual que el del resto de los españoles, lo cual usted no considera exactamente así.
La competencia del ferrocarril --igual que la de carreteras-- del otro proyecto --usted lo sabe-- no es motivo de esta interpelación: hay un convenio, hay una propuesta

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de convenio enviada por el Gobierno de Canarias al Ministerio de Fomento y está pendiente de su resolución y la aprobación correspondiente. Pero los tranvías o metros ligeros son los que están dentro de las conurbaciones urbanas, y no hay transferencias de metros ligeros ni de tranvías a las diferentes ciudades por parte del Ministerio de Fomento ni del Ministerio de Hacienda; fue el Ministerio de Hacienda, pero recuerdo la pregunta que usted contestó en este Pleno cuando señaló: nosotros financiamos un tercio de lo que son las inversiones públicas.
Y no es Madrid, Barcelona y Valencia; fueron Barcelona, Valencia, Alicante, Bilbao, La Coruña --donde fue un cien por cien-- las que se financiaron. Es más, hay otros muchos proyectos que están a la cola, y dijo textualmente: a mí me gustaría que fuera el 50 por ciento, pero para eso tienen que convencer al vicepresidente segundo del Gobierno. Acto seguido, a los dos días, tuve una reunión con el secretario de Estado de Hacienda y me comunicó que, efectivamente, eso era así y que el Estado financiaba el tercio de lo que son las inversiones públicas --y hubo una reunión del Gobierno de Canarias, cabildo y Ministerio de Hacienda en este sentido--, pero tenía que tener el visto bueno del Ministerio de Fomento. Yo simplemente le digo lo que me dice su Gobierno. No sé a quién voy a interpelar; si interpelo al Gobierno me envía una ministra --a quien según usted no le corresponde contestar--; y si me dirijo al otro ministerio me contesta que es el otro ministerio. Como usted comprenderá, es difícil aclararse.
Lo único que pido es que se considere exactamente igual a nuestra isla y a nuestros proyectos que al resto del territorio español. Y lo que es más, que se consideren las características de nuestra orografía y de nuestro ecosistema, porque es mucho más difícil y resulta mucho más caro construir una línea en una isla. La única alternativa en la mayoría de las islas habitadas es el transporte a través del metro ligero, pues usted sabe que el otro tipo de transporte guiado no admite pendientes superiores a un 2 por ciento, y dentro de una misma conurbación, Santa Cruz-Laguna, hay desniveles de más de 500 metros, lo cual, como digo, es un problema sólo superable con un metro ligero o tranvía. Éste es, pues, el motivo de esta interpelación al Gobierno, que espero reconsidere su postura.
Señora ministra, debo recordarle que quien le habla sabe distinguir perfectamente un metro ligero de un tren o de un sistema ferroviario, así como el hecho de que en esta Cámara se han formulado dos preguntas que no han obtenido respuesta. Yo no digo que en el tema ferroviario no tenga usted razón, pues administrativamente ésta era una competencia transferida, aunque le recuerdo que lo fue con cero recursos, no hubo ni una peseta.
Asimismo también le recuerdo que en este momento hay sobre la mesa del Ministerio de Fomento un convenio presentado por el Gobierno de Canarias para el tema ferroviario exactamente igual a los de carreteras, y que es el propio secretario de Estado de Hacienda y Presupuestos quien dice que ha de tener el visto bueno del Ministerio de Fomento. Por otra parte también debo manifestar que la interpelación del Grupo Parlamentario de Senadores de Coalición Canaria es al Gobierno y no a la ministra.
Gracias.


El señor PRESIDENTE: Gracias, señoría.
Tiene la palabra la ministra de Fomento.


La señora MINISTRA DE FOMENTO (Álvarez Arza): Gracias, señor presidente.
Señorías, señor Melchior Navarro, yo comencé diciéndole que esto debía ser producto de un malentendido. Ha podido ser un malentendido por parte del Gobierno, por lo que le pido disculpas, o como consecuencia de su interpelación, que empieza hablando del metro ligero y termina haciéndolo del transporte ferroviario. Sea por los motivos que sea, usted ha incluido en su interpelación dos conceptos distintos: el transporte ferroviario, por un lado, que es competencia del ministerio de Fomento en el territorio peninsular y no en el canario, y el metro ligero o tranvía por otro, que en ningún caso, ni en el territorio peninsular ni en el insular, es competencia del Ministerio de Fomento.
Asimismo ha dicho usted --aunque luego ha rectificado algo-- que el secretario de Estado de Hacienda le había comunicado que yo no había enviado ningún papel pidiendo su posicionamiento, y ahora dice lo contrario, es decir, que yo no he respondido a un papel que teóricamente me ha remitido el secretario de Estado de Hacienda.
Señoría, para no seguir complicando la cuestión le voy a hacer algunas aclaraciones. Respecto al convenio de ferrocarriles podemos llegar a un acuerdo; en cuanto al metro, no tengo absolutamente nada ver con ese tema, y por tanto, no voy a seguir insistiendo en ello; y en el tema de si en la comisión mixta donde se transfieren las competencias en materia de ferrocarriles le dieron o no lo suficiente no voy a entrar, pues se trata de un acuerdo a dos bandas. En su momento a ustedes les pareció bien asumir esa competencia, y ahora no me pueden venir a decir a mí que se equivocaron en aquella época, pues, como digo, es una competencia ya transferida y asumida desde hace mucho tiempo por el Gobierno canario.
Señoría, yo en ningún momento he dicho que a Canarias no haya que darle el mismo trato que al resto del país. Y es más, debido a su situación periférica creo que se le debe dar, y de hecho se le da, un mejor trato que al resto del país.
Muchas gracias.


El señor PRESIDENTE: Gracias, señoría.


TOMA EN CONSIDERACIÓN DE PROPOSICIONES DE LEY DEL SENADO:

-- PROPOSICIÓN DE LEY ORGÁNICA DE MODIFICACIÓN DE LA LEY ORGÁNICA 2/1979, DE 3 DE OCTUBRE, DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL. (AUTOR: GRUPO PARLAMENTARIO CATALAN EN EL SENADO DE CONVERGÈNCIA I UNIÓ) (622/000001).


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El señor PRESIDENTE: Teniendo en cuenta la hora a la que nos encontramos, y de acuerdo con los portavoces, vamos a pasar al siguiente punto del orden del día: Toma en consideración de la proposición de ley del Senado presentada por el Grupo Parlamentario Catalán en el Senado de Convergència i Unió, cuyo debate estaba previsto para las cuatro de la tarde.
Asimismo la sesión se reanudará a las cuatro de la tarde con la discusión de la toma en consideración de la proposición de ley presentada por el Grupo Parlamentario Popular, dado que está previsto que el presidente del Gobierno intervenga a las cinco de la tarde.
Así pues, repito, a continuación vamos a debatir esta toma en consideración, cuya votación se efectuará tras la correspondiente al proyecto de ley orgánica relativo al Tratado por el que se establece una Constitución para Europa, y a las cuatro de la tarde entraremos en el debate de la toma en consideración del Grupo Popular.
Tiene la palabra el senador Badia.


El señor BADIA I CHANCHO: Muchas gracias, señor presidente.
Señorías, hoy presentamos una proposición de ley que intenta llegar a una situación que consideramos lógica y en nuestra opinión vital para el normal desarrollo del modelo de Estado que nos dimos con la Constitución.
Hoy planteamos la modificación parcial de la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional, con especial referencia al artículo 79, con el fin de otorgar legitimación activa a las comunidades autónomas para plantear conflictos constitucionales ante el Estado cuando éste, por su inactividad, impida que las comunidades puedan ejercer sus competencias.
Es evidente que este tema se ha debatido en numerosas ocasiones en las Cortes Generales, y también ha tenido una especial relevancia en los parlamentos autonómicos. Y en este punto debo hacer referencia al debate que se produjo en el Parlamento de Cataluña en 2003, que comportó la presentación ante la Mesa del Congreso de los Diputados de una proposición de ley de modificación de la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional en el mismo sentido que hoy planteamos. En aquel debate del Parlamento de Cataluña, que, por cierto, contó con el apoyo de todos los grupos representados, aparte del Grupo Popular, se buscaba, repito, solucionar situaciones de bloqueo competencial derivadas de la falta de traspaso de competencias.
Como he dicho al principio, estamos hablando de la mejora del autogobierno, un tema muy importante que no se tuvo en cuenta en el debate específico de la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional. Y esa mejora del autogobierno, que creemos imprescindible, pasa por la modificación de la citada ley orgánica en el marco constitucional y, en especial, sobre la base de la mutua confianza de todas las partes implicadas, es decir, el Gobierno del Estado y los gobiernos de las comunidades autónomas. Pero nuestra propuesta sobre todo pretende acabar con la evidente indefensión de las comunidades autónomas, que, por inhibición del Estado, no pueden llevar a efecto una competencia reconocida.
Esta proposición de ley pretende la modificación de la Ley Orgánica en dos sentidos: el primero, resolver diversos conflictos constitucionales entre las comunidades autónomas y el Estado, lo que se conoce como conflicto negativo de competencias, y el segundo, evitar el obstruccionismo estatal a la transferencia de recursos para hacer efectiva determinada competencia. En definitiva, se busca establecer los mecanismos para reclamar al Estado competencias a las que tienen derecho las comunidades autónomas y que no les son traspasadas y, además, subsanar el vacío jurídico creado por el no traspaso de las competencias a causa del incumplimiento por parte del Gobierno del Estado.
Por otro lado, en estos momentos en diferentes parlamentos autonómicos se están produciendo importantes debates sobre los estatutos de autonomía para adecuarlos a la realidad que hoy vivimos; y creemos que esa situación especial de discusión merece modificaciones estatutarias importantes, pero también la modificación de temas como el que ahora estamos tratando.
Es evidente que en el debate de esos estatutos predominarán las cuestiones de financiación, cosa lógica y muy respetable, y que seguramente contará con la unanimidad de los grupos de la Cámara, pero creemos que en esos debates también se debe incidir en dos cuestiones fundamentales: las competencias exclusivas de las comunidades autónomas y la mejora del autogobierno, evitando de esta forma la indefensión cuando se produzcan las circunstancias antes citadas.
Por lo tanto, buscamos cubrir una laguna legal, no contemplada en la ley vigente y desbloquear una situación que entendemos, con el tiempo que llevamos disfrutando del nuevo modelo que prevé la Constitución, que de alguna manera sería imprescindible modificar.
En definitiva, lo que pedimos en nuestra propuesta es la garantía de las competencias de las comunidades autónomas, la capacidad de las comunidades autónomas de poder reivindicar sus competencias, la legitimación activa de ello, y dar efectividad a las sentencias dictadas por el Tribunal Constitucional en estos procedimientos resolviendo situaciones de falta de transferencias, y todo ello desde una visión --lo he dicho anteriormente-- de mutua confianza entre el Estado y las comunidades autónomas. Hoy hacemos una propuesta para seguir avanzando en el Estado de las Autonomías con todas sus consecuencias y las cuestiones competenciales son y deben ser fruto de la buena relación entre las partes implicadas.
Alguien puede acusar a mi grupo parlamentario de que este es un asunto asumido en su momento por la mayoría de los grupos del Parlamento de Cataluña, pero entendemos que en ningún caso es así. Es evidente que si se mantiene lo que se planteó, lo que se debatió en el Parlamento de Cataluña en su momento, todos podemos estar perfectamente de acuerdo con lo que dijimos en el Parlamento de Cataluña y lo que hoy ratifiquemos aquí. Además, es evidente que el debate que se produjo en el Parlamento marcó claramente cuál es el posicionamiento de la mayoría de los grupos presentes en el Parlamento de Cataluña para reivindicar una situación jurídica que esos grupos parlamentarios

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entendían que no era la correcta y que comportaba no ejercer un desarrollo de todo lo que significaba el Estatuto de Autonomía de Cataluña en asuntos importantes, en discusiones o en falta de entendimiento con el Estado. Por lo tanto, creo que hoy damos un paso más, un paso que ha de ser positivo para todos y que en todo caso, repito, es un avance más en la consolidación del Estado de las Autonomías que nos fijamos en la Constitución aprobada en su momento.
Muchas gracias, señor presidente.


El señor PRESIDENTE: Gracias, señoría.
¿Turno en contra? (Pausa.) Tiene la palabra el senador Ferrández.


El señor FERRÁNDEZ OTAÑO: Gracias, señor presidente.
Señorías, por el Grupo Parlamentario Catalán en el Senado de Convergència i Unió se somete a la consideración de este Pleno, como se ha expuesto, una proposición de ley orgánica que pretende la modificación de la Ley Orgánica 2/1979, de 3 de octubre, del Tribunal Constitucional y, en concreto, de los artículos 71 y 72, incluidos en la Sección Segunda del Capítulo II del Título IV, que hacen referencia a los conflictos de competencia negativos. Es cierto, como ha dicho el senador Badia, que esta proposición de ley fue en su día debatida en el Parlamento catalán y apoyada por distintos grupos políticos, pero no es del todo cierto que sea ni siquiera similar a la proposición de ley que se aprobó en el Parlamento catalán y que ahora está en el Congreso para ser debatida. Hay serias diferencias, que después tendremos ocasión de resaltar, que hacen que sean bastante diferentes ambas proposiciones.
Con esta proposición de ley lo que se pretende es dar cobertura, como se ha explicado, a que las comunidades autónomas puedan plantear conflictos de competencia negativos frente al Estado cuando éste no ejercite las atribuciones propias de sus competencias por declararse incompetente o por impedir u obstaculizar con su inactividad el ejercicio por las comunidades autónomas de las competencias asumidas en sus propios estatutos o en leyes orgánicas de transferencia o delegación y además pretende que el Tribunal Constitucional deba entrar a resolver este tipo de conflictos. Para justificar esta pretensión, el portavoz del Grupo de Convergència i Unió nos dice que la actual redacción de los preceptos cuya modificación pretenden no prevén la legitimación activa de las comunidades autónomas para poder plantear este tipo de conflicto constitucional cuando el Estado impide con su inactividad que las comunidades puedan ejercer sus propias competencias y, además, establece como especialmente relevante el caso en el que el Estado no proceda a realizar las transferencias de servicios cuyas competencias corresponden a las comunidades autónomas.
Establecidos los presupuestos básicos de lo que supone la proposición de ley, debemos poner de manifiesto, en primer lugar, nuestra discrepancia respecto a que las comunidades autónomas no puedan plantear conflictos negativos de competencias, puesto que ese extremo les está reconocido en el propio artículo 59 de la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional, como asimismo tiene reconocido el propio Tribunal Constitucional.
Cuestión distinta es que se pretenda utilizar el conflicto negativo de competencias para resolver cuestiones relativas a la transferencia de competencias entre el Estado y las comunidades autónomas. Éstas sí pueden plantear conflictos negativos de competencias, pero no para esto. No pueden plantearlos para esto porque, para que podamos hablar de conflicto negativo de competencias en los términos que la ley establece, es necesario que exista la declinación de la competencia por dos administraciones, siendo una doctrina constitucional consolidada que la existencia de uno de estos conflictos negativos requiere que la negativa de ambas administraciones implicadas se funde en una diferente interpretación de la norma de distribución de competencias que componen el bloque de constitucionalidad, de suerte que la simple presencia de cuestiones estrictamente fácticas o incluso jurídicas, en alguna medida vinculadas con el sistema de distribución de competencias, pero cuya solución no requiera de una interpretación de las reglas competenciales, no permiten transformar un conflicto de competencias aparente en una verdadera controversia competencial, susceptible de resolución.
En definitiva, señorías, el objeto del conflicto negativo no puede ser otro que interpretar y delimitar los ámbitos de competencia propios del Estado y de las comunidades autónomas, tal y como afirma, con carácter general para todos los conflictos constitucionales, el artículo 59 de la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional.
Es evidente que la proposición de ley que se somete a nuestra consideración en modo alguno pretende ni interpretar ni delimitar los ámbitos de competencias propios del Estado y de las comunidades autónomas, cuando ambas administraciones declinen asumir determinadas competencias. Lo que pretende la proposición de ley, tal y como se ha expuesto, es que a través de un procedimiento, a nuestro juicio inadecuado, como es el que se propone, se puedan resolver determinadas situaciones que en algunos casos --y como ha manifestado el portavoz del Grupo Parlamentario Catalán en el Senado de Convergència i Unió-- se dan en llamar de bloqueo competencial, y que habitualmente derivan de la falta de acuerdo entre el Estado y las comunidades autónomas, en el seno de las distintas comisiones mixtas de transferencias, como consecuencia, de que el Estado niega la transferencia de un servicio, porque entiende que es titular de la competencia en la que se inserta, o de que existe desacuerdo respecto al alcance de las competencias respectivas, o incluso de que no se alcanza consenso respecto a los medios personales, materiales o económicos que deben acompañar la transferencia.
Decimos que el procedimiento es inadecuado porque la vía del conflicto negativo de competencias no puede resolver situaciones de bloqueo competencial, por cuando en dichas situaciones no se dan los presupuestos fácticos necesarios que la doctrina constitucional exige, dado que ni existe declinatoria por parte de las administraciones para asumir las competencias ni el objeto de la controversia es

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interpretar o delimitar qué Administración es la competente en una determinada materia.
Por otra parte, desde cualquier punto de vista, a nuestro juicio es improcedente imponer al Tribunal Constitucional que tenga que ser él quien resuelva sobre la procedencia o no del requerimiento de las comunidades autónomas, motivado por la falta de realización de las debidas transferencias del servicio del Estado, máxime cuando en muchos casos los impedimentos para llevar a cabo esas transferencias no son debidos a una obstaculización por parte del Estado, sino más bien a la falta de acuerdo entre ambas administraciones, en el seno de la Comisión Mixta de Transferencias. Por tanto, difícilmente el Tribunal Constitucional puede resolver sobre esa discrepancia, cuando los términos en los que en muchos casos se producen no son tanto respecto a que se deba o no transmitir la competencia, sino de qué forma y de qué manera debe ser transmitida esa competencia. Estamos pidiendo que el Tribunal Constitucional establezca de qué forma tiene que transferirse esa competencia, algo para lo cual no está capacitado.
Por tanto, decimos que es improcedente, en primer lugar, porque tal competencia no se le reconoce al Tribunal Constitucional ni en el artículo 2 ni en el artículo 59 que, por supuesto, en la proposición de ley no se proponen modificar; y, en segundo lugar porque, como he dicho, no es de recibo pretender que el Tribunal Constitucional asuma competencias que son exclusivas del Estado, y mucho menos que pueda imponer el cumplimiento de las obligaciones constitucionales en cualquier circunstancia.
Con independencia de lo anterior, la propuesta que se somete a nuestra consideración presenta, por la sistemática con que se ha redactado, una serie de defectos que justifican que debamos calificarla como improvisada y que, precisamente, son los que la distinguen del acuerdo adoptado por el Parlamento catalán y la proposición presentada en el Congreso de los Diputados. Justamente, la sistemática y la forma de redacción de los preceptos que se pretenden modificar la diferencian de esa otra proposición de ley, con la que tampoco estamos de acuerdo, pero que, si acaso, es más razonable y cuenta con más posibilidades para su aceptación por cuanto, entre otras cosas, hace una distinción en los artículos 71 y 72 respecto a aquellas cuestiones que deben ser resueltas a través de un conflicto negativo de competencias. El artículo 72 hace referencia a los conflictos en defensa del ejercicio de las competencias autonómicas, incluyendo una nueva sección, la tercera. Por lo tanto, estas cuestiones a las que se refiere el Parlamento catalán en la sección tercera, podrían ser susceptibles de resolverse por el Tribunal Constitucional si realmente se hiciera en los términos que figuran aquí aprobados, lo que no es posible es hacerlo en los términos en los que el Grupo de Convergència i Unió plantea la modificación en el Senado, porque el Tribunal Constitucional realmente no puede resolver por la vía del conflicto negativo de competencias cuestiones referentes a posibles obstáculos por inactividad o por omisión del Estado. En esas situaciones no se produce el conflicto negativo de competencias en los términos en que éste se define. Por esa razón, la sistemática en la que ha sido redactada la proposición de ley adolece de esos defectos, que impiden que, ni siquiera, pueda tomarse en consideración.
En definitiva, señorías, el Grupo Parlamentario Popular no está de acuerdo ni con la forma en la que se presenta la proposición, por adolecer de los defectos a los que hemos hecho referencia, ni con el fondo de la cuestión, por cuanto que a través de un procedimiento inadecuado y de un órgano que, hoy por hoy, carece de competencias, se pretende resolver conflictos entre el Estado y las comunidades autónomas, derivados de la falta de acuerdo entre ambos en el seno de la Comisión Mixta de Transferencias, que en muchos casos nada tienen que ver ni con obstáculos, ni con impedimentos, sino que son consecuencia lógica de la defensa de los intereses de cada parte, en un caso de los intereses generales por parte del Estado, en otro, de los intereses particulares de la comunidad autónoma.
No le voy a negar, senador Badia, que en determinadas circunstancias en el proceso de transferencias entre el Estado y las comunidades autónomas, se dan situaciones de bloqueo que impiden a éstas el ejercicio de sus propias competencias. Impedimentos que, como ya le he dicho, no en todos los casos son debidos única y exclusivamente al Estado, tal y como se plantea aquí; hay otras ocasiones en las cuáles esas transferencias no se llevan a cabo como consecuencia de que, o la comunidad autónoma no los admite, o que no se alcanzan los acuerdos necesarios sobre la forma en que se va a producir esa transferencia de los servicios.
Por lo tanto, a nuestro juicio, la vía que ustedes proponen no es posible, puesto que en esos casos, como ya le he expuesto, no se puede hablar de conflicto negativo de competencias. Y si no lo hay, tal y como se ha redactado la proposición de ley no se puede apoyar. Habrá que buscar alguna fórmula para resolver este tipo de cuestiones, pero esta que ustedes pretenden a través del conflicto negativo de competencias y el Tribunal Constitucional, no es la que debe resolver o desbloquear estas situaciones, que es cierto que se dan en algunos casos. Por estas razones, el Grupo Parlamentario Popular se va a oponer a la proposición de ley presentada por el Grupo Parlamentario Catalán en el Senado de Convergència i Unió.
Nada más y muchas gracias.


El señor PRESIDENTE: Gracias, señoría.
Turno de portavoces.
¿Grupo Parlamentario Mixto? (Pausa.) ¿Grupo Parlamentario de Senadores de Coalición Canaria? (Pausa.) Por el Grupo Parlamentario Catalán en el Senado de Convergència i Unió, tiene la palabra el senador Badia.


El señor BADIA I CHANCHO: Muchas gracias, señor presidente.
Desde el máximo respeto que tengo por los planteamientos del Grupo Parlamentario Popular, evidentemente no puedo estar de acuerdo con la intervención de su portavoz. Podría, incluso, aceptar el discutir la forma de la propuesta, pero está claro que aquí lo que estamos discutiendo es un asunto de fondo indiscutible, porque, además, el portavoz

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del Grupo Parlamentario Popular reconoce expresamente que existe un grave problema, que se va repitiendo muchas veces en un asunto tan importante como el que estamos debatiendo.
De todas formas, el fondo del tema es la concepción del modelo de Estado y entender que las comunidades autónomas son tan Estado como el propio Estado. Éste es el debate de fondo y el debate que de alguna manera hemos de resolver, y estoy plenamente de acuerdo con usted en que lo hemos de resolver ya. No podemos estar acudiendo permanentemente al Tribunal Constitucional, teniendo sentencias favorables para las comunidades autónomas, sea quien sea el Gobierno del Estado, que no se cumplen y que se dejan aparcadas. Éste es el fondo del tema. Y repito que estoy de acuerdo en discutir con usted la forma y la temática jurídica de la propuesta que hacemos, pero evidentemente respecto al fondo no puedo estar de acuerdo con su planteamiento.
Por otra parte, aquí hay una situación indiscutible, que es la unilateralidad del Estado a la hora de discutir, y estará usted de acuerdo conmigo en que, independientemente de esa confianza o desconfianza, que espero que en todo caso podamos superar con el tiempo, lo que está claro es que no podemos dejar sola a una de las partes implicadas en la discusión de los temas aquí planteados, que sería el Estado, aparcando a las comunidades autónomas en sus propios derechos a la hora de discutir de igual a igual. Como digo, este es el fondo del tema.
Por lo tanto, aunque ya sabemos que va a ser difícil que nuestra propuesta prospere, lo que estamos discutiendo es una situación que se ha planteado, que se viene planteando repetidamente y sobre la que habremos de buscar las soluciones, las salidas al respecto. Entiendo --y se lo agradezco como positiva-- que en el Congreso de los Diputados podamos debatir y que entre todos, incluidos ustedes, podamos aportar una solución al respecto. Estamos debatiendo una cuestión de vital importancia para que todos nos creamos la situación de las comunidades autónomas dentro del marco constitucional que nos dimos. Además, como he dicho antes, estamos en un momento idóneo para hacerlo. Tenemos que discutir en este momento todo lo que estamos haciendo, los diferentes estatutos de autonomía --yo evidentemente tengo que referirme al Estatuto de Autonomía de Cataluña--, porque no nos podemos limitar a discutir determinadas cosas cuando estamos modificando un marco jurídico tan importante, como es el Estatuto de Autonomía de Cataluña o los demás estatutos que están en base de discusión; debemos aprovechar para resolver también un tema tan importante como éste.
Agradezco que desde el Grupo Parlamentario Popular se esté abierto a que entre todos busquemos una solución para resolver un asunto tan importante como éste. No podemos seguir en una situación sin salida o de falta de entendimiento en temas tan importantes como son los competenciales en relación a los estatutos de autonomía.
Muchas gracias, señor presidente.


El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señoría.
Por el Grupo Parlamentario de Senadores Nacionalistas Vascos, tiene la palabra el senador Zubia.
El señor ZUBIA ATXAERANDIO: Muchas gracias, señor presidente.
Tomo la palabra en esta tribuna para anunciar que el Grupo Parlamentario de Senadores Nacionalistas Vascos va a votar a favor de la toma en consideración de la proposición de ley orgánica de modificación de la de 3 de octubre del Tribunal Constitucional, que ha sido presentada por el Grupo Parlamentario Catalán en el Senado de Convergència i Unió y defendida hace unos momentos, brillantemente como siempre, por el senador Badia. Soy consciente de que con ese anuncio no le descubro nada, puesto que nuestro grupo parlamentario lleva tiempo clamando en el desierto --si bien es cierto también que con algún otro grupo parlamentario--, demandando no ya esta reforma concreta, sino una reforma profunda de la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional de 1979.
Son muchas y muy diversas, señorías, las cuestiones que, a nuestro juicio, requieren de modificación en esta ley, que tiene ya más de 25 años de vigencia. Hay que impulsar, por supuesto, y lo digo a título de ejemplo, reformas que desatasquen el Tribunal Constitucional, abordando el cada vez más inaplazable debate sobre el recurso de amparo. Hay que modificar, también lo digo en tono de ejemplo, se quiera o no, el sistema o forma de elección de magistrados, de suerte que también los haya a propuesta de las comunidades autónomas. En ese sentido, ya fue objeto de debate precisamente en esta Cámara, hace aproximadamente un año, una proposición de ley, también del Grupo Parlamentario Catalán en el Senado de Convergència i Unió, que no fue tomada en consideración, pero que seguimos y seguiremos apoyando.
Y ciertamente, asimismo, habría que modificar, por ejemplo, el contenido de los artículos 71 y 72 de la ley orgánica que regulan, como se ha puesto de manifiesto hace unos momentos, los denominados conflictos de competencias negativos. A esta cuestión concreta está dirigida la proposición de ley que hoy nos ocupa.
Como bien se apunta en la misma, no se entiende que en tanto que el conflicto positivo lo puedan plantear el Estado y las comunidades autónomas cuando una norma o un acto invade, efectivamente, el ámbito de competencias del otro y también cuando el Estado o una comunidad autónoma, en el ejercicio de las que le son propias, adopta una norma o acto que impide o obstaculiza la otra parte del ejercicio de sus competencias, se establezca, en cambio, legitimación activa a favor del Gobierno para plantear un conflicto negativo de competencias frente a la inactividad de una comunidad autónoma y no esté establecida la legitimación activa de las comunidades autónomas para poder plantear este mismo tipo de conflicto frente al Estado cuando es éste precisamente el que impide con su inactividad que las comunidades autónomas puedan ejercer sus propias competencias.
Corregir esta situación nos parece que es de una lógica aplastante. Es una cuestión de justicia, de mera pero imprescindible recuperación de la simetría procedimental que en la actualidad no se da. Y no hacerlo es sencillamente alterar la

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equidad procesal que en todo caso debiera darse.
Nos parece que es ésta una razón más que suficiente a la hora de justificar el voto positivo de nuestro grupo parlamentario a la toma en consideración de esta proposición de ley.
Bien es cierto --y no quiero ocultarlo-- que la proposición contempla un segundo aspecto sumamente interesante pero que nos obliga a una más sosegada reflexión y estudio. Sus señorías saben a que me estoy refiriendo por cuanto que la cuestión tampoco es nueva, ya que la proposición de ley que hoy debatimos, en sus momentos y estrictos términos, fue sometida a la consideración de la Cámara Baja en la pasada Legislatura --hace ahora aproximadamente tres años-- y con tal motivo todos los grupos parlamentarios tuvimos ocasión de posicionarnos. Me refiero, en definitiva, a que, según parece desprenderse del texto de la proposición, se reconvierte el conflicto negativo de competencias en un tipo de procedimiento que, además de para resolver cuestiones competenciales en sentido estricto, sirve también para desbloquear retrasos injustificados que puedan producirse en el proceso de transferencias de servicios que el Estado debe impulsar para culminar el desarrollo autonómico de las comunidades autónomas. Repito que se trata de algo que a nuestro grupo le parece sumamente interesante, pero a lo que quiere acercarse de una manera serena y reflexiva.
En lo que dijimos en aquel debate en el Congreso de los Diputados y que figura en el «Diario de Sesiones» del pleno de fecha 23 de abril de 2002 nos reafirmamos, pero quisiera cuando menos reiterar y dejar constancia hoy aquí de que nuestro grupo, pese a que la comunidad autónoma a la que pertenecemos los integrantes del mismo tiene abierto un largo y de sobra conocido contencioso con el Estado en relación con las transferencias pendientes, no es precisamente partidario de residenciar la suerte de ellas en el Tribunal Constitucional y menos en un Tribunal Constitucional cuyos miembros son designados por los mecanismos actualmente establecidos.
En todo caso, como tal y como está redactada la proposición no obliga a ninguna comunidad autónoma a hacer uso de esa posibilidad que se establece, y además habría tiempo suficiente en el caso de prosperar la iniciativa a lo largo de toda la tramitación parlamentaria tanto en el Congreso de los Diputados como en esta misma Cámara, con permiso del senador Badia y de su grupo parlamentario solamente me queda decir que hacemos nuestra la propuesta en este momento realizada y, en consecuencia, que la apoyaremos, como ha quedado dicho al inicio de mi exposición.
Gracias.


El señor PRESIDENTE: Gracias, señoría.
Por el Grupo de Entesa Catalana de Progrés, tiene la palabra el senador Molas.


El señor MOLAS I BATLLORI: Gracias, señor presidente.
Señorías, en puridad no se trata de un proyecto nuevo. Alguien puede pensar que sea improvisado. Quizás en su momento lo fue. Ahora es una repetición.
Siento que las críticas que diversos grupos le dirigieron en el debate de 2002 en el Congreso no fueran recogidas por los autores de la proposición. Dos grupos que votaron en contra le formularon críticas dignas, como mínimo, de ser escuchadas y dos grupos de los que le votaron a favor formularon críticas que deberían ser escuchadas.
Viene el mismo texto de antes, no ha hecho mella absoluta en sus autores ni siquiera que el Parlamento de Cataluña haya elaborado un texto de mayor calidad que se enfrenta al mismo asunto y que, por suerte, no ha sido presentado con el nombre de ningún grupo.
Dos veces lo mismo después de haber escuchado, a lo mejor aconseja seguir la regla de Derecho «non bis in idem». Hay un problema real que es que todo el mundo está de acuerdo, pero no venimos a hablar de problemas reales sino de las propuestas que hacemos para resolver los problemas reales. Yo creo que esta solución que se presenta en esta proposición de ley no es conveniente, y que sería, además, ineficaz porque no resolvería los asuntos que se plantean.
La proposición de ley trata de dos temas perfectamente separados, aunque estén aparentemente mezclados. Primero, extiende la legitimidad activa a las comunidades autónomas en el conflicto negativo de competencias ante el Tribunal Constitucional. Segundo --en expresión del diputado Erkoreka, que hizo un discurso lleno de sutilezas para ser leído por gente que supiera leer las sutilezas--, reconvierte el procedimiento del conflicto negativo de competencias para incorporar un conflicto jurídico distinto de reclamación de transferencia y servicios pendientes de materialización, es decir, cambiar la naturaleza del conflicto.
Veamos las dos partes por separado. Primera parte: conflicto negativo de competencias. Se da cuando hay una negativa de dos administraciones a declararse competentes: por tanto, debe haber resoluciones negativas de las administraciones declarandose incompetentes y, por otra parte, dicha negativa se ha de fundar en una interpretación diferente de las normas y distribución de competencias, y el objeto del recurso es resolver el conflicto competencial y atribuir la competencia a una de ellas, sujeto legitimado, el Estado, no la comunidad autónoma, y esta asimetría de la parte actora no está justificada, no está justificado que no sean simétricos.
El verdadero interés del recurso, por lo que ha demostrado quien ha podido utilizarlo, es permitir la defensa de los particulares para que, agotada la vía contenciosa, puedan acudir al Tribunal Constitucional, y esto lo subrayaba como elemento más positivo el diputado Mardones en el debate que les he referido.
¿Cuál es el resultado de todo esto al cabo de 25 años? Que hay tres sentencias del Tribunal Constitucional sobre este asunto, ninguna de ellas formulada por los actores principales, todas provenientes de instituciones públicas o privadas, fundamentalmente de individuos particulares, a veces empresas, a veces instituciones públicas, y seis sentencias en recurso de amparo. Éstas son las sentencias que hay sobre este asunto. El Tribunal Constitucional ha desestimado siempre las pretensiones, porque en los casos presentados nunca ha visto un conflicto negativo de competencias

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sino un conflicto jurídico que debe resolver normalmente la jurisdicción ordinaria, porque la discrepancia entre las administraciones afectadas ha de versar sobre las reglas de distribución de competencias para que el Tribunal Constitucional entienda de ello.
La simple presencia de cuestiones fácticas, o incluso jurídicas, vinculadas con el criterio de distribución de competencias pero cuya solución no requiere de las reglas competenciales, no puede transformar un conflicto de competencia aparente en un conflicto competencial de resolución por el Tribunal Constitucional.
A mí me parece muy bien mejorar la asimetría, estoy totalmente de acuerdo en mejorarla, pero se ha de decir que en este momento, desde el punto de vista de la actuación ante el Tribunal Constitucional, no ha habido asimetría y casi no se ha utilizado, excepto por los particulares, como último recurso, cuando ha habido traspasos de servicios, para saber quién les paga una indemnización o quién les paga un despido.
Es un problema teórico, sí, un problema académico, lo hemos dicho siempre, y lo podemos resolver; en todo caso, no es un problema de interés político fundamental por el uso que se le ha dado, es un problema teórico. Si fuera necesario resolverlo para que los juristas puedan decir que está todo completo, lo haríamos, no tendríamos ningún inconveniente.
En todo caso, no creo que para ello sea necesaria la reforma de la Ley del Tribunal Constitucional.
Más importante, y tan real como el supuesto anterior, es la novedad que aporta la proposición, y en este punto mi juicio es distinto, porque considero que es un desacierto utilizar este recurso, que está previsto para unos determinados supuestos, y se piensa que puede haber algunos beneficiados que lo empleen para defender sus derechos y mediante este procedimiento introducir una decisión del Tribunal Constitucional que le es extraña, porque altera el sentido de este tribunal como instrumento de resolución de conflictos de competencia.
Si se quiere asignar un nuevo título competencial al Tribunal Constitucional, no se le llame conflicto negativo de competencias, que es otra cosa distinta. En este sentido, los trabajos efectuados en Cataluña son mejores que esta proposición de ley. No es un conflicto negativo de competencias y, por tanto, la vía del conflicto negativo de competencias no está pensada para esta situación.
Las comunidades autónomas asumen las competencias mediante los estatutos o por la ley del bloque de constitucionalidad. Los reales decretos de transferencia no reconocen competencia y no forman parte del bloque de la constitucionalidad, que es el único parámetro de juicio.
Si hay conflicto sobre el órgano al que corresponde la competencia, el Tribunal debe decidir. El conflicto es positivo si ambos ejercen la competencia; si uno de los dos --el que la tiene-- no asume el ejercicio de la competencia, no hay conflicto positivo. En cualquier caso, el procedimiento no nos sirve. El procedimiento establecido seguramente es deficiente. Fue válido y positivo en la primera etapa, pero después de 25 años de autonomía seguramente no podrá resolver los problemas futuros: un acuerdo pactado, un acuerdo de la Comisión Mixta de Transferencias y Valoraciones, etcétera. Los motivos de esos acuerdos son muy variados, y además existe un real decreto que después aprobaba el acuerdo.
¿Es conveniente que éste siga en un futuro? La experiencia nos dice que es problemático. Tenemos una oportunidad en la redacción de un nuevo estatuto para arreglar esta situación mediante una vía singular, si se quiere; lo importante es que exista un sistema que ofrezca unas garantías, que sitúe al Tribunal Constitucional donde está y no fuera de donde debe estar, que no le obligue a entrar en el terreno de los acuerdos políticos ni de las decisiones necesarias porque, como usted sabe, las transferencias implican juicios sobre servicios concretos, sobre personas concretas en ocasiones, sobre recursos y valoraciones, algo en lo que no va a entrar el Tribunal Constitucional porque no es su misión. Su misión es establecer a quién corresponde la competencia.
Por tanto, sólo me queda decir que si se discute la competencia, el conflicto es positivo; si la competencia no se discute, se ha defendido el cumplimiento de la ley, y para eso está la Administración de Justicia.
Y si ninguna de las dos soluciones satisface lo suficiente las previsiones del conflicto, entonces habrá que buscar un procedimiento «ad hoc» que no sea la deformación del procedimiento que existe, y que no lleve al Tribunal Constitucional a intervenir directamente en la vida política, en la organización de los servicios, en el estudio de las dependencias administrativas, y, además, en las valoraciones.
Introducir este mecanismo para resolver este problema es una alteración fundamental de la función que el Tribunal Constitucional posee como intérprete supremo de la Constitución y como órgano decisorio ante los conflictos de competencia constitucionales, estatutarios, no ante los conflictos políticos, de traspaso de servicios o de traspaso de recursos.
Es una opción seguramente distinta. Yo creo que el Tribunal Constitucional está hecho para proteger la ley, pero no para entrar en los hechos, en el «factum» de la vida política. ¿Hay un problema? Debe resolverse. ¿Por qué procedimiento? Seguramente por un procedimiento que no engañe y nos diga: ese es un conflicto negativo de competencias. No hay ningún conflicto negativo de competencias. Si lo hubiera, nadie haría nada. Es un conflicto negativo. Si hay una Administración que sigue funcionando, no es negativo. ¿Y por qué no es positivo? Porque sólo hay una, la otra tiene la competencia pero no la ejercita, por tanto, tampoco hay conflicto positivo. Busquemos entonces una fórmula distinta para resolver esa cuestión. A lo mejor, buscándola entre todos se encuentra mejor que repitiendo una vieja fórmula inventada en un momento por razones, a lo mejor coyunturales, e incluso me atrevo a decir, con buena fe, que fue criticada a derecha e izquierda, y por el centro de la cámara, que no salió en aquel momento con votación suficiente, pero sabían los proponentes que había sectores políticos muy distintos que hacían objeciones jurídicas y de posible eficacia muy importantes sobre la propuesta; y quizá habría sido conveniente, volviendo a reincidir en la propuesta, que hubieran podido ser atendidas algunas de aquellas razones como mínimo, y, en todo caso,

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valoradas, pues las razones no todas eran razones injustificadas.
Creo que he intentado formular una propuesta de explicación lo más ajustada posible a un ideario político, y a lo mejor resulta que tenemos ya una fórmula que es muy buena, o que es buena, o que es posible e integrable en el sistema constitucional español, que es la que propone el Parlamento de Cataluña, y, por tanto, en ese supuesto no voy a adelantarme a apoyar una propuesta que considero errónea, que considero anticuada ya en este momento, y que considero, además, que no está propuesta por Cataluña sino por uno de los partidos políticos de Cataluña. Por tanto, nuestra posición no será favorable, sino contraria a la toma en consideración.
Gracias.


El señor PRESIDENTE: Gracias, señoría.
Por el Grupo Parlamentario Socialista, tiene la palabra el senador Mansilla.


El señor MANSILLA HIDALGO: Señor presidente, señorías, me van a permitir que repita algunas de las palabras que ya han sonado hoy en el debate, que me parece que incluso pueden estar fuera de contexto. Se ha hablado de debatir un modelo de Estado, que no sé qué tiene que ver con esta proposición de ley; se ha hablado de vacío jurídico; se ha hablado de reforma prácticamente integral de la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional; se ha hablado de indefensión; y se ha hablado de equidad procesal a la hora de poder acudir al Tribunal Constitucional.
Para que quede claro y no haya lugar a dudas, en nuestra opinión el modelo de Estado no está cuestionado por nosotros. Hoy no hay más modelo de Estado que el reflejado en la Constitución. Por tanto, el hecho de debatir o no esta proposición de ley en nada va a modificar el modelo de Estado que entre todos nos hemos dado. El representante de Convergència i Unió planteaba la urgencia del debate, decía que era vital para el desarrollo normal y lo ponía casi por delante de la reforma de los estatutos de autonomía. Si es verdad que puede estar sometido a revisión, porque es cierto que no nos encontramos en la España de 1978 y, por tanto, han de someterse a revisión aquellas cuestiones que se pudieron aprobar en su día, también es cierto que eso hay que hacerlo con una cierta dosis de tranquilidad y de sosiego. La situación es distinta a la que se planteó en la legislatura anterior. En la legislatura anterior, el texto y el contexto eran diferentes al que en estos momentos se está produciendo. Hoy, en todas partes, las comunidades autónomas que así lo plantean presentan propuestas de reforma del estatuto de autonomía, y en todas ellas la posición de mi grupo parlamentario y de mi partido ha sido la misma: no hay más reforma estatutaria que la que quepa en la propia Constitución. Lo hemos dicho con toda claridad. ¿Y eso permite que después pueda modificarse la Ley orgánica del Tribunal Constitucional? En mi opinión, sí, pero no buscando una fórmula como ésta, en la que, intentando dar una vuelta, se pretende cambiar lo que la propia ley orgánica dice que es el conflicto negativo de competencias. Tal y como lo recoge la ley orgánica, es un conflicto singular que le da una situación al Gobierno central. Yo no lo llamo Estado, porque es verdad que comunidades autónomas y Administración central son Estado de la misma manera, pero no todos tienen el mismo título competencial de la propia Constitución. No, el que tiene la competencia y la capacidad para defender el interés general del Estado es el Gobierno de España. (El señor Badia i Chancho hace gestos negativos.) Sí, permítame. Cada uno en su territorio, pero en su conjunto es el Gobierno de España, y por eso el conflicto negativo de competencias, que viene establecido sólo en los ámbitos políticos de los que estamos hablando, surge cuando una comunidad autónoma hace dejación de sus funciones y no ejerce sus competencias, y en la medida en que no ejercer sus competencias perjudique a los propios ciudadanos, el Gobierno de España tiene la obligación de ejercitar ese conflicto negativo de competencias, lo que no tiene nada que ver con lo que ustedes dicen de indefensión, porque cuando se habla de indefensión no es cierto. La propia Constitución a través del artículo 147 y los respectivos estatutos de autonomía dicen dónde deben ser discutidas las transferencias correspondientes. Porque ahí nos podemos encontrar con un camino, si quieren, de ida y vuelta. Es verdad que desde el Gobierno de España se pueden bloquear determinadas transferencias de competencias a algunas comunidades autónomas. ¿Que se ha podido producir? Es cierto.
¿Que se producen? Probablemente, pero también se puede producir el bloqueo desde las comunidades autónomas, porque donde se tiene que hacer efectiva la transferencia es en la Comisión Mixta de Transferencias, recogida en todos y cada uno de los estatutos de autonomía, y basta con que haya una acción de la comunidad autónoma para que la transferencia ejecutiva no se realice.
¿Eso tiene una solución fácil desde el punto de vista normativo? No.
¿Existe ese problema? Sí, pero existe como problema político que afecta no al modelo de Estado, sino en todo caso a las relaciones de los distintos estamentos del Estado, y esa situación hoy no se está produciendo. Por eso no hay indefensión. Está bien recogido en la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional, con independencia de que pueda haber una revisión, si es que en algún sitio ha de darse, para evitar el posible bloqueo de una administración y de otra, de las dos, porque aquí no estamos hablando de una equidad procesal de verdad. El planteamiento no es poner a los dos en la equidad procesal de que están hablando, porque el conflicto negativo, tal y como lo plantean, significa que una comunidad autónoma recurre y con las competencias que ustedes le quieren dar, el Tribunal Constitucional supuestamente obligaría al Gobierno de España a tener que asumir una decisión del Tribunal Constitucional en virtud de la cual, según sus palabras, a partir de ese día cualquier actividad administrativa sería declarada nula. Por tanto, obligaría y presionaría a una parte para que tuviera que ceder a cuestiones que la otra parte plantea en su propio beneficio y no en el del conjunto de España. Ahí se daría una indefensión para otro tipo de personas y para otro tipo de instituciones.
Una proposición de ley tiene que ver mucho con la cuestión de la oportunidad política, porque es evidente

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que cuando alguien la presenta lo hace con la intención de que sea oportuna políticamente hablando, y no hablo de rédito electoral. Hablo de que sea oportuna políticamente hablando. Y me van a permitir que les diga que, en nuestra opinión, es inoportuna porque ustedes en Cataluña están discutiendo el estatuto de autonomía. Hay otras comunidades autónomas que se están planteando la modificación del estatuto de autonomía, como en Euskadi, donde hemos planteado una propuesta para reformar aquello que sea necesario. Por tanto, si estamos en esa discusión, en ese debate de adaptación a la actualidad de lo que establece la Constitución, que no de reforma de la Constitución, y podemos tener un problema político que puede ser de difícil encaje jurídico, es el momento de discutirlo, pero en su conjunto, sin darle armas a alguien que no tiene y sin necesidad de distorsionar el modelo actual cuando se están poniendo en juego los modelos actuales de los estatutos de autonomía.
Por eso el texto y el contexto no son los mismos, y por eso en la legislatura anterior votamos a favor de la toma en consideración en el Congreso de los Diputados pero con las críticas que el senador Molas decía que se habían hecho. Esas críticas hoy se mantienen, pero además de mantenerse es que el contexto ha cambiado, y ustedes deben reconocerlo, porque ustedes hoy en Cataluña, a pesar de que son oposición, están entrando en una discusión de reforma estatutaria que entonces, cuando eran Gobierno, no hicieron. Y nosotros como partido estamos propiciando que eso sea así. Ha cambiado la situación, va a seguir cambiando y al final tendremos que llegar a un acuerdo también con ustedes, con todos, porque la reforma de la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional, si ha de hacerse, ha de hacerse con el máximo consenso y, por tanto, también contando con el Partido Popular, como no puede ser de otra manera. Ésa es nuestra oferta y nuestro reto. Cuando tenga que hacerse, hágase, pero con todos de acuerdo, porque nos estamos jugando el futuro de todos. No puede ser que unos jueguen con unas cartas y otros con otras; juguemos todos con las mismas, como manda la equidad procesal, y no cambiemos el modelo actual hasta que no hayamos elaborado totalmente una alternativa, sin que esto suponga una reforma constitucional ni el hecho de que nadie esté sometido a indefensión.
Muchas gracias. (Aplausos.)

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señoría.
Por el Grupo Parlamentario Popular, tiene la palabra el senador Ferrández.


El señor FERRÁNDEZ OTAÑO: Gracias, señor presidente.
En relación con lo manifestado por los distintos portavoces, y comenzando por la intervención del senador Badia, él ha dicho que lo más importante de lo aquí debatido es el fondo, cosa que me parece bien, pero usted ha presentado una proposición de ley en unos términos concretos, que son los que se están debatiendo. Si usted hubiera pretendido debatir sobre el fondo de los problemas que se suscitan en materia de transferencias de competencias, tendría que haber presentado una moción, una interpelación o cualquier otro tipo de iniciativa que no concretara la forma en que usted pretendía dar solución a un problema que todos reconocemos puede existir en un determinado momento. Por lo tanto, estamos de acuerdo en que hay un problema en el fondo del asunto, pero la solución que usted propone no es suficiente.
Usted ha hablado también de unilateralidad. Yo no creo que el problema sea éste, sino la falta de acuerdo entre dos administraciones respecto a una transferencia. La falta de acuerdo y el bloqueo puede provenir, como ha explicado muy bien el senador Mansilla, de la falta de iniciativa del Gobierno o de la comunidad autónoma. La solución que usted propone para resolver ese problema es a través del conflicto negativo de competencias, que no es la vía para resolverlo, como ya le han explicado los distintos portavoces. Por lo tanto, estamos abiertos a hablar de otras soluciones, pero no de ésta y mucho menos de que sea el Tribunal Constitucional el que tenga que resolver la papeleta de dos administraciones que no alcanzan a ponerse de acuerdo ni en la financiación, ni en los medios materiales, ni en los medios humanos, etcétera. No entiendo por qué el Tribunal Constitucional, que entre otras cosas está encargado de interpretar la Constitución y de resolver cuestiones relativas a la misma, debe entrar a resolver los problemas de la Comisión Mixta de Transferencias de una comunidad con el Estado.
En relación con la intervención del senador Molas, yo no sé si tiene que preocuparse usted o me tengo que preocupar yo, pues lo cierto es que últimamente estamos de acuerdo en casi todo y, por lo tanto, algo nos debe estar pasando a los dos. Por ello, no puedo sino manifestar mi total acuerdo con lo manifestado por el senador Molas, porque coincide básicamente con la posición de mi primera intervención.
Lo mismo puedo decir de la intervención del senador Mansilla. Creo que ha mantenido la misma posición del Grupo Parlamentario de Entesa Catalana de Progrés y del Grupo Parlamentario Popular, aunque me gustaría hacerle una consideración, y es que al Grupo Parlamentario Popular le congratula que el Grupo Parlamentario Socialista modifique su posición respecto a la mantenida por el Partido Socialista de Cataluña en este tema, pues existe actualmente una proposición de ley en el Congreso de los Diputados, firmada por todos los partidos políticos de Cataluña menos el Partido Popular, que pretende exactamente lo que pretende el senador Badia. Por lo tanto, los argumentos expuestos por su señoría hoy aquí no deben ser los mismos que sus compañeros socialistas mantienen en el Parlamento catalán. Creo que es una cuestión que hay que resaltar, aunque lo digo sin ánimo de polemizar.
Nada más y muchas gracias. (Aplausos.)

El señor PRESIDENTE: Gracias, señoría.
Se suspende la sesión hasta las cuatro de la tarde, cuando veremos la siguiente toma en consideración.


Eran las catorce horas y quince minutos.


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Se reanuda la sesión a las dieciséis horas.


El señor PRESIDENTE: Señorías, se reanuda la sesión.
La proposición de ley relativa a la modificación de la Ley 1/2000, de 7 de enero, de Enjuiciamiento Civil, en materia de enervación del juicio de desahucio, presentada por el Grupo Parlamentario Popular, ha sido retirada.


-- PROPOSICIÓN DE LEY DE MODIFICACIÓN DEL REAL DECRETO LEGISLATIVO 1/1996, DE 12 DE ABRIL, POR EL QUE SE APRUEBA EL TEXTO REFUNDIDO DE LA LEY DE PROPIEDAD INTELECTUAL (622/000021).


El señor PRESIDENTE: Pasamos a la proposición de ley de modificación del Real Decreto Legislativo 1/1996, de 12 de abril, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Propiedad Intelectual, también presentada por el Grupo Parlamentario Popular.
Para su defensa, tiene la palabra la senadora Coloma.


La señora COLOMA PESQUERA: Gracias, señor presidente.
Señorías, subo a la tribuna en nombre del Grupo Parlamentario Popular para defender la toma en consideración de esta proposición de ley porque entendemos que es oportuna, conveniente y su presentación está plenamente justificada.
Los motivos que han llevado a mi grupo parlamentario a presentar esta proposición son los siguientes: en primer lugar, porque estamos en un momento clave, en el que es absolutamente necesario seguir impulsando a España en el camino hacia la plena incorporación en la sociedad del conocimiento o, como dice la Estrategia de Lisboa en el último Consejo Europeo, celebrado los días 22 y 23 de marzo en Bruselas, de hacer de Europa una economía basada en el conocimiento, de avanzar para el progreso y la modernización de nuestro país y de avanzar en la competitividad que supone la incorporación de las nuevas tecnologías a los ámbitos de la vida. La economía española ocupa en estos momentos el octavo o el noveno lugar en el «ranking» mundial, pero, según alertan algunos, puede ocupar el puesto vigesimocuarto, y eso depende de todos. Y es que las tecnologías hacen que las empresas, las administraciones, los usuarios sean más competitivos, más eficaces y más eficientes.
En segundo lugar, porque éste es el momento de no poner más trabas, más barreras y más obstáculos para el pleno desarrollo de la sociedad de la información en España. Convendrán conmigo... (Rumores.)

El señor PRESIDENTE: Espere un momento, señoría.
Apenas se oye a quien está en el uso de la palabra. Por favor, ruego guarden silencio.
Prosiga, señoría.


La señora COLOMA PESQUERA: Gracias, señor presidente.
Convendrán conmigo en que cuando las administraciones, todas las administraciones en general, están tratando de incentivar el uso de las tecnologías de la información y la comunicación, este tipo de gravámenes sería crítico para la competitividad de la economía española, ya que estos equipos sufrirían un incremento importante de los costes, que, al final, quien los tiene que pagar es el usuario, el consumidor, como así ya le han anunciado las empresas del sector al propio ministro de Industria, señor Montilla. Ello supondría en muchos casos la deslocalización de la actividad hacia otros países que no tienen este gravamen, con la consiguiente pérdida de empleo, lo cual es importante resaltar.
En tercer lugar, es el momento de clarificar y no distorsionar la realidad, es el momento de no faltar a la verdad. Y ya que algunos tratan de justificar este impuesto o, para ser más precisos, el derecho de remuneración por copia privada, porque, según ellos, estos dispositivos de almacenamiento o reproducción digital, estos soportes fabricados para datos sólo son utilizados para almacenar música o películas, tengo que decirles que no es así, porque en la mayoría de los casos tienen otros usos, muy distintos a la descarga ilegal o a la copia de obras protegidas.
Y es que masivamente se utilizan para almacenar información y tienen otras funciones, que van más allá de ser utilizadas para copiar contenidos con derecho de autor, y a todo el mundo --perdonen la expresión-- se le está metiendo en el mismo saco, en el saco de sospechosos de cometer actos ilegales, y no es así, señorías. Porque la grabación de la seguridad de los edificios o de los garajes no será, digo yo, nada ilegal, o, por ejemplo, guardar en un CD las fotos de un viaje que uno hace para luego poderlas mostrar a los amigos y familiares, creo que tampoco supondrá ilegalidad ni que uno se está metiendo en derechos de propiedad intelectual. Digo yo que para algo se habrán puesto en el mercado las cámaras digitales y los teléfonos móviles que llevan incorporados ese tipo de cámaras. O tampoco será ilegal copiar documentos de trabajo. Lo que ahora expongo lo traía en un CD ¿Y por eso tengo que pagar derechos de propiedad intelectual? Creo que no. Y en esta Cámara, según estoy interviniendo, mi discurso se está grabando en un dispositivo de ese tipo. ¿Por eso tenemos que pagar también a las sociedades de gestión derecho de propiedad intelectual? Creo que no. O, por ejemplo, cuando el vicepresidente primero del Gobierno y ministro de Economía presenta en esta Cámara, o en el Congreso de los Diputados, o hace llegar a muchos ciudadanos españoles el proyecto de ley de presupuestos generales del Estado en un CD , ¿acaso hay que pagar un canon? O ahora, que estamos en plena declaración de la renta, para obtener el programa PADRE de la Agencia Tributaria, ¿también hay que pagar un gravamen a las sociedades generales de autores? Creo que tampoco. Muchos estudiantes me han hecho llegar su malestar porque, cuando entregan sus trabajos, lo hacen en este tipo de dispositivos. El Consejo General de la Abogacía solicitó condiciones especiales para ellos, porque están en contra de este tipo de gravamen; tengan en cuenta que representa a todos los letrados de España. O los órganos judiciales; ¿por qué van a tener que pagar todos ellos a determinadas entidades de gestión como que todo esto tiene derecho de propiedad intelectual? Éste es otro motivo para presentar la proposición.


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En cuarto lugar, tiene que quedar muy claro que somos respetuosos con la propiedad intelectual y con los derechos de los creadores. Estamos absolutamente en contra de la piratería. Una buena muestra de ello es la creación en el año 2000 de una subcomisión en el Congreso de los Diputados, a petición de nuestro grupo --el Grupo Parlamentario Popular--, para debatir sobre este asunto. Otra muestra son las diversas iniciativas que mi grupo presentó en esta Cámara, en 2002 y en 2003, contrarias a la piratería. O la modificación que el Partido Popular hizo del Código Penal, en lo referente a los delitos contra la propiedad intelectual, con la modificación del artículo 270. Además, señorías, hay soluciones tecnológicas, como los TPMs o los DRMs; productos que permiten comercializar contenidos digitales impidiendo el uso fraudulento de los mismos.
En quinto lugar --el más importante, si me lo permiten--, hemos querido traer al Parlamento un debate que está en la sociedad. El Parlamento debe ser el reflejo de los debates e inquietudes de los ciudadanos. En este caso, hablo de millones y millones de ciudadanos. El Grupo Parlamentario Popular quiere acercar el Parlamento a la sociedad. Somos la voz de los ciudadanos; no nos tapamos los oídos ni miramos hacia otro lado ante sus preocupaciones. Nunca hemos tenido miedo a hablar en el Parlamento de los problemas que tiene la gente. Nosotros --el Grupo Parlamentario Popular-- estamos aquí para resolver los problemas, y no para crear más. Este grupo está para defender el interés general. Por eso ha traído hoy este debate al Parlamento. También porque los que lo componemos estamos convencidos de que no perjudica a nadie y, en cambio, beneficia a todos.
Por todo ello, les pido a todos los grupos que van a intervenir que apoyen esta proposición de ley.
Nada más, y muchas gracias. (Aplausos en los escaños del Grupo Parlamentario Popular.)

El señor PRESIDENTE: Gracias, señoría.
¿Turno en contra? (Pausa.) Tiene la palabra el señor Díaz Tejera.


El señor DÍAZ TEJERA: Señor presidente, señorías, a lo largo de la mañana hemos intentado hacer un texto que recogiera la voluntad de todos los grupos de la Cámara sobre la necesidad de regular algunas de las perspectivas de esta verdad poliédrica y en cuestión: los derechos anejos a la propiedad intelectual. De todos es sabido que la sociedad de las nuevas tecnologías abre muchas ventanas y muchos mundos, uno de los cuales es la puesta en cuestión de estos derechos. Algún autor los calificaba de derechos morales, derechos personales o derechos personalísimos, para distinguirlos de los patrimoniales.
Pues bien, el hecho cierto es que, desde el circuito de la creación hasta el disfrute, desde el creador hasta el disfrutador --valga la expresión, con la venia de los lingüistas--, entre distribuidores, mayoristas, minoristas y almacenistas, en todo el recorrido, el autor recoge entre un 8 y un 10 por ciento de ganancia.
La idea de fondo es que la posibilidad de la autoedición, la posibilidad del desarrollo en diversas copias de las distintas creaciones visuales, sonoras, fonogramas, videojuegos, etcétera, genera cuestionar el modelo de distribución, de producción, y de comercialización, así como la accesibilidad del conjunto de la ciudadanía al disfrute de tales bienes emocionales, de tales bienes culturales.
Nuestra posición es que debemos hacer un serio esfuerzo por reformular y reordenar, regular la propiedad intelectual de acuerdo con las circunstancias tecnológicas del presente tiempo en que vivimos. Las bases conceptuales en que está regulado desde el año 1987 --y posteriormente el texto refundido del año 1996--, sobre las que está planteada esta regulación, se ajusta a unos criterios más propios del siglo XIX que del siglo XXI.
Necesariamente todo esto hay que reformularlo. La realidad social, económica y tecnológica del tiempo en que vivimos es otra, y la posibilidad de universalizar un conjunto de bienes culturales para que la inmensa mayoría de la ciudadanía pueda disfrutarlos, nos abre un abanico infinito de ventanas, y todo eso requiere regulación. Pero la regulación no sólo la requiere el apartado 3 del artículo 25 de este texto refundido del año 1996, sino que también la plantean los actuales avances tecnológicos con respecto a los mismos presupuestos de los que se parte.
Se parte de unos presupuestos en los cuales el creador necesita de todo el circuito reproductor, distribuidor, comercializador, de mayoristas, de minoristas, de almacenistas. En la práctica real, son muchos los autores que cuelgan esa producción creativa en términos de palabras, en términos visuales, en términos sonoros. Hay diversos circuitos, las llamadas «websity», en virtud de las cuales tan sólo con picar el autor concreto --no voy a mencionar ninguna de ellas para no hacer una propaganda inadecuada--, ese autor llega a un acuerdo con esa web y a partir de ahí uno concierta cómo bajar la música, cómo bajar la película y, en función también de los soportes técnicos con los que cuente, puede bajar hasta en siete minutos películas enteras, según que tenga una línea de ADSL de carácter plus.
La idea que nosotros planteamos es que la regulación de esta materia, donde tenemos que mimar los derechos de autor, donde tenemos que mimar al creador, donde tenemos que mimar a los que hacen posible la sociedad del conocimiento --porque estamos hablando de la sociedad de la información, de hacer posible el principio de accesibilidad universal a estos bienes y, paradójicamente, estos bienes existen porque antes ha habido un creador que lo ha hecho posible--, como digo, la necesidad de tutelar los derechos e intereses legítimos de los creadores en el ámbito de la coreografía, en el ámbito de la música, en el ámbito de los profesores universitarios, en el ámbito de la edición, en el ámbito de los sellos, en cualquiera de los ámbitos en los que hablemos, es decir, la necesidad, por un lado, de tutelar y mimar al creador, a los trabajadores de la cultura y, por otro, la necesidad de tutelar y mimar la accesibilidad de la ciudadanía a estos bienes culturales. En el medio, entre el acto de la creación y el acto de disfrutar de estos bienes culturales, en ese circuito pensamos que hay intereses legítimos pero, ciertamente, nuestra mayor preocupación es, por un lado, el creador, y por otro, el conjunto de la ciudadanía, para hacer posible la accesibilidad a tales bienes.


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Pues bien, nuestro planteamiento es, en términos canarios, «tengo prisa, vísteme despacio». Es un texto del año 1987 que prevé esta posibilidad: la copia y la retribución equitativa; hay una directiva que se tiene que trasponer, donde se usa la expresión retribución equitativa, la expresión compensación adecuada. Esa directiva faculta a que los Estados tengan esa regulación. Toda Europa, excepto Irlanda, Reino Unido y Luxemburgo, contempla esta compensación, esta retribución equitativa. Pero hablando en términos reales, en Alemania hay un canon respecto del disco duro, y sin embargo en España nadie ha dicho, dice o dirá nada respecto del disco duro o del ADSL. No hay ningún texto que lo plantee. No hablemos, pues, de formulaciones que no existen, porque eso es como poner la venda antes de la herida. Hablemos sólo de la realidad.
En la realidad se plantea incluir en el apartado 3 del artículo 25 supuestos para los que no estaba contemplado dicho apartado, pues cuando se formuló este texto no se preveía la realidad tecnológica actual. No se hizo cuando se planteaba en 1987, que es cuando arranca, ni en el texto refundido de 1996. Por cierto, que en estos años anteriores tampoco se ha planteado esta cuestión, y hubo un anteproyecto del Gobierno anterior que contemplaba una nueva regulación de esta materia y donde no existía la desaparición de esa retribución equitativa, no existía la desaparición de esta contribución a los trabajadores de la cultura, sino que, muy al contrario, dicho anteproyecto contemplaba el mantenimiento de este canon --dicho entre comillas, pues es un término impreciso técnicamente, pero se trata de una expresión mucho más concreta y comunicativa en términos coloquiales--. Como digo, la desaparición de ese canon no se ha planteado en los últimos ocho años.
Nosotros queremos reformular la propiedad intelectual en muchos campos, y también en el relativo al artículo 25. De ahí que en la propuesta de moción hayamos recogido la firma de todos los grupos, excepto la del Grupo Parlamentario Popular. La idea es presentar la próxima semana una moción con estas características, y en función de la cual el Gobierno estaría obligado a remitir a la Cámara, en un plazo inferior a un año, un texto donde se regule el artículo 25 y otros asuntos, porque de manera precisa en ella se alude al artículo 25 y a otros asuntos, y se plantea la necesidad de una ley de propiedad intelectual.
La realidad actual es insatisfactoria, y siendo así, nos preguntamos qué prisa hay como para no poder darnos ese margen de un año. El acuerdo al que llegaron todas las entidades representativas de los derechos de autor con las empresas de comunicación y electrónica entró en vigor en septiembre de 2003, y si desde entonces no ha habido prisa, si no la habido durante los últimos ocho años, ¿por qué esa angustia ahora? Considero que el plantear tal fórmula no tiene un fundamento racional, y creo que es mucho más sensato y ajustado a la realidad de un asunto tan complejo como éste concedernos ese margen de tiempo. Y eso es precisamente lo que estamos diciendo, que le vamos a plantear al Gobierno que en el plazo de un año nos remita un texto donde contemple ése y otros asuntos...


El señor PRESIDENTE: Señoría, termine, por favor.
El señor DÍAZ TEJERA: Termino, señor presidente.
Como digo, vamos a plantear al Gobierno que en el plazo de un año nos remita un texto donde contemple éste y otros asuntos que ahora, debido a la brevedad del tiempo del que dispongo, no puedo entrar a desgranar.
Pero, en cualquier caso, se trata de un asunto de gran trascendencia, un asunto que afecta mucho al mundo de los trabajadores de la cultura y al mundo de la creación. Y posteriormente, señorías, podremos mantener un debate en términos reales sobre la accesibilidad universal a la sociedad de la información, un tema que está más relacionado con las conexiones, con la banda ancha, con el uso del software libre y con la educación en nuevas tecnologías. Remitámonos, por ejemplo, a algunas regiones en este país...


El señor PRESIDENTE: Señoría, todavía tiene un turno de portavoces para intervenir. Ya ha consumido su tiempo en este turno.


El señor DÍAZ TEJERA: Sí, señor presidente.
La parte ejemplificativa de cómo se lleva esto a cabo en algunas regiones, que son un modelo y un motivo de orgullo para España, la dejo para una segunda intervención.
Gracias, señor presidente. Le ruego me disculpe. (Aplausos en los escaños del Grupo Parlamentario Socialista.)

El señor PRESIDENTE: Gracias, señoría.
Entramos, pues, en el turno de portavoces.
¿Grupo Parlamentario Mixto? (Pausa.) ¿Grupo Parlamentario de Coalición Canaria? (Pausa.) ¿Grupo Parlamentario Catalán en el Senado de Convergència i Unió ? (Pausa.) Tiene la palabra la senadora Aleixandre.


La señora ALEIXANDRE I CERAROLS: Gracias, señor presidente.
Señorías, siento mucho que los grandes grupos de esta Cámara no se hayan puesto de acuerdo para presentar una opción, o incluso una proposición de ley conjunta, sobre este tema.
Sería absurdo que después de mi interpelación al ministro en relación con el canon, hoy yo lo defendiera, aunque mi grupo, y yo personalmente, siempre hemos defendido a los creadores. Podrán encontrar muchas declaraciones de distintos miembros de Convergència i Unió, aquí y en Cataluña, a su favor. Es más, creo que si no se avanza en la protección de los creadores puede que en este país se produzca una nueva fuga de cerebros. La primera, de la que todavía nos resentimos, fue la de los científicos e investigadores, algunos de los cuales continúan estando fuera. Ellos no encontraron un lugar en nuestro país, y se marcharon.
Y la segunda fuga puede ser la de los creadores. Por ello, al igual que nos parece bien que se pueda patentar un producto fruto de la investigación de un individuo o grupo en cualquier parte del mundo y de cualquier sector, especialmente del de la ciencia y la tecnología, del que estamos orgullosos, ¿por qué no también del mundo de las artes?

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¿No debería ser lo mismo? ¿No debería estar eso igualmente considerado y apoyado a todos los niveles? Señorías, los creadores pueden vivir de su fruto, de su esfuerzo, y hacerlo dignamente, sin tener que mendigar ayudas de los gobiernos de turno para continuar creando, para continuar desarrollando sus facultades. Y una fácil solución es el canon; fácil, rentable, cómoda, y que ha funcionado en el caso de las impresoras. ¿Por qué no en el caso de los CD? Porque el canon es totalmente injusto, y lleva varios peligros asociados; por ejemplo, el efecto «boomerang». La piratería se convertirá en norma --puesto que pagamos por ella, ¿por qué no utilizarla?-, y después será difícil combatirla.
Existe otro peligro, señalado por la senadora Coloma: nuestra industria será menos competitiva y puede que decida trasladarse a otros países en los que no exista ese impuesto, con la consecuente pérdida de puestos de trabajo.
Por último, con ello estaremos gravando a las familias, y no sólo a ellas, sino, lo que aún es peor, a la pequeña y mediana empresa, fundamental en este país, al profesional, al estudiante, al investigador.
Hoy existen agrupaciones de usuarios que salen de nuestro país para comprar CD --Alemania o Andorra son los más visitados por nuestra comunidad--, pero eso sólo es el principio. Se puede producir un enfrentamiento entre los creadores y la sociedad en general, y no debemos permitirlo.
Señorías, el dilema está servido. ¿Cómo combatir una piratería tecnología que va por delante de la tecnología que permite combatirla? No es fácil.
Por ello, el Gobierno debería establecer distintas estrategias y hacerlo desde ahora mismo. Por un lado, potenciar la búsqueda de nuevas tecnologías que detecten, eviten y sancionen la piratería. Por otro, estimular la utilización de mecanismos antipiratería por la misma industria, por los operadores y por los ciudadanos, y el senador Díaz ha puesto un ejemplo de ello. También, y no menos importante, educar a nuestros ciudadanos, tanto menores como mayores, para evitarla, informando del mal que se produce con esas prácticas. Y con el canon serán habituales, y las medidas para evitarlas de imposible implantación más tarde.
Ciertamente, hasta que no existan esas formas de lucha algo hay que hacer; pero la adopción de una fórmula fácil y cómoda para unos, e injusta, y me atrevería a decir que antisocial para otros, no soluciona el problema, y sí puede complicar las cosas, llegándose a situaciones poco deseables, como he dicho antes.
Repito que el dilema está servido, y es el Gobierno el que tiene que tomar una decisión. Pero debe hacerlo pronto, porque ya llegamos tarde.
Usted lo ha dicho senador Díaz: llevamos años de retraso en este tema.
Nos ha pillado el toro. Insisto, pues, en que debemos tomar una decisión pronto. ¿Cómo? Esta senadora lo ignora. Ustedes tienen la palabra.
Muchas gracias.


El señor PRESIDENTE: Gracias, señoría.
Por el Grupo de Senadores Nacionalistas Vascos tiene la palabra el senador Albistur.
El señor ALBISTUR MARIN: Muchas gracias, señor presidente.
Voy a comenzar mi intervención dirigiéndome a aquellos que nos están escuchando desde la tribuna de público y que nos están oyendo a través de Internet, porque lo cierto es que este debate ha suscitado una interesante preocupación social. Pero, señora Coloma, no nos hagamos trampa, todos los que estamos aquí nos conocemos suficientemente. Somos autores de la Comisión de la Sociedad de la Información y del Conocimiento, pero ustedes han estado ocho años en el Gobierno. En el año 2003 se llega a un acuerdo por el cual se introduce ese canon, ustedes gobernaban en el año 2003, no nos hagamos trampas. Estamos dispuestos a darles la razón sobre el fondo de su cuestión, pero no nos hagamos trampas. Si esto quiere ser una medalla del Grupo Parlamentario Popular, el Grupo Parlamentario de Senadores Nacionalistas Vascos no está dispuesto a que lo sea. No se ría, porque ese es el fondo de la cuestión, es un tema absolutamente personalista. Por esa razón usted no ha firmado el documento que le ha sido presentado por todos los grupos políticos.
Y ahora, dicho esto, me gustaría que atendiera a mis argumentos porque, hoy y la próxima semana, vamos a tener un debate serio cuando el resto de los grupos políticos presentemos una moción, que espero que usted apoye, para que el Gobierno se comprometa a que en el plazo de un año tengamos aquí la transposición de la directiva, la modificación de las leyes que, precisamente, en estos momentos están impidiendo que se cumpla el objetivo que usted propone: satisfacer los objetivos de los usuarios y consumidores y, también, que de alguna forma respetemos lo que significa la propiedad intelectual.
La modificación de la Ley de Propiedad Intelectual, así como nuevas reclamaciones de grupos de consumidores en contra de la aplicación del canon a los soportes de copia, tanto de CD como DVD vírgenes, han vuelto a abrir el debate en torno al denominado sistema de remuneración compensatoria por copia privada, es decir, el famoso canon o la cantidad extra --entre comillas, impuesto indirecto-- que se añade al precio de los aparatos de copia y a los soportes de grabación para compensar a los autores por las copias privadas que realizan los usuarios. A favor de la supresión de este canon están, además de los usuarios, los fabricantes de aparatos electrónicos, los de soportes de copia, así como los consumidores, que alegan que el canon es una medida injusta e indiscriminada porque establece un sistema en el que pagan justos por pecadores. Y así, quien compra un CD para grabar datos personales o profesionales, pagará igualmente un canon, aunque no realice copia alguna de las obras protegidas, tanto de música, cine, o lo que se quiera. Los autores se definen argumentado que el canon es una medida justa y que es la mejor forma de compensarles por las copias privadas que realizan los usuarios. Esto es discutible.
En la superficie de las actuales disputas yace el grave problema de la piratería, particularmente en sus formatos más populares del top manta o de las descargas piratas «on line» de música y películas. Pero la implantación y desarrollo de medidas tecnológicas de protección de obras de

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propiedad intelectual puede suponer, técnica y legalmente, un instrumento útil para, por lo menos, reducir la actual problemática. Las medidas tecnológicas son herramientas técnicas, aplicaciones informáticas, tales como encriptaciones, algoritmos, marcas de agua, etcétera, que permiten al titular de los derechos controlar, tanto el acceso como los usos que se realicen de sus obras. Es decir, se convierten en un candado --entre comillas-- tecnológico, que permite controlar tanto el acceso como los usos permitidos de la obra. Eso está hoy día en el mercado.
El reconocimiento y la protección legal de las medidas tecnológicas se recogen por primera vez en los tratados OMPI sobre derechos de autor del año 1996. Posteriormente, en 1998 Estados Unidos fue el primer país en incorporarlas a su Derecho interno. Europa algo más tarde en la Directiva 2001/29. Y actualmente parece --entre comillas-- que el Gobierno está estudiando la transposición de la directiva a nuestro Derecho interno.
Y aquí me inspiraré en las palabras --que me parecen muy interesantes-- de un manifiesto conjunto de Comisiones Obreras contra el canon de los CD y DVD vírgenes grabables, que dicen que la transposición de la Directiva 2001/29E, relativa a la armonización de determinados aspectos de los derechos de autor y derechos afines a los derechos de autor en la sociedad de la información, debe realizarse en el plazo más breve posible, para evitar mayores conflictos de los creados hasta ahora, si bien teniendo en cuenta las repercusiones que su aplicación proyectará sobre la sociedad en su conjunto. En resumen, el mencionado grupo de normas hasta ahora citadas prohíbe y sanciona aquellos actos de elusión o de vulneración de medidas tecnológicas, así como los de fabricación o comercialización de dispositivos cuya finalidad principal sea justamente la de eludir las medidas tecnológicas. Éste es un argumento muy importante. Repito, la elusión o vulneración de medidas tecnológicas así como los de fabricación o comercialización de dispositivos, --por tanto, hay una actitud activa-- cuya finalidad principal sea justamente la de eludir las medidas tecnológicas. Ahí estamos de acuerdo; pero no es ése el caso del debate que hoy mantenemos aquí. Esto es, se prohíbe tanto el acto de romper el candado tecnológico como la fabricación y comercialización de aquellos dispositivos que sirvan principalmente para romper tales candados tecnológicos. Ése no es el debate, pero podría haberlo sido, porque este tema podía haber suscitado el fondo de la cuestión, y no lo ha suscitado.
La aplicación de medidas tecnológicas podría suponer la derogación del actual sistema de canon, por otra parte, toda vez que si las medidas tecnológicas impiden cualquier acceso, uso o copia no autorizado por el titular de la obra, no habrá lugar entonces a la compensación por las copias realizadas sin consentimiento del autor, y éste sí que es el debate que hoy tenemos.
Tampoco será fácil determinar cuándo una medida tecnológica es legal y técnicamente eficaz, y qué sucederá a su vez cuando algunos autores no puedan o no quieran aplicar medidas tecnológicas de protección; entonces, en ese caso, ¿cómo y qué canon se aplicaría? Esto va por todos aquellos defensores del canon, y no son reflexiones mías; son reflexiones tomadas de una tesis doctoral que se está realizando en estos momentos por un investigador catalán, Carlos Rivadulla, precisamente sobre un tema de absoluta actualidad y modernidad.
Continúo, señor presidente; me voy a extender algo más, pero terminaré enseguida. Paralelamente, la aplicación efectiva de medidas tecnológicas debería tener como resultado la disminución de la piratería, aunque, como es bien sabido, ninguna protección o medida tecnológica es ni parece que será totalmente infranqueable, situación absolutamente real, por lo menos en el conocimiento y dominio tecnológico que actualmente tenemos.
Desde el punto de vista tecnológico, de rápida evolución e innovación, se produce una paradoja: la mejor forma de garantizar los derechos de autor es que los utilicen de forma adecuada y eficiente, aprovechándose también de los recursos tecnológicamente disponibles. Y permítame, señor presidente, alargarme unos segundos porque quiero citar un caso que es paradigmático. Es un importante caso, que tiene un precedente jurisprudencial y un referente fundamental: el denominado caso Betamax, resuelto por el alto tribunal de Estados Unidos en el año 1984. En el caso Betamax, el Tribunal Supremo desestimó las pretensiones de la industria cinematográfica de prohibir la fabricación y comercialización del aparato de vídeo doméstico --hace veinte años, y, como dice el tango, veinte años no es nada--, por las copias ilegales de películas que podían realizar los usuarios en casa, sin consentimiento de los titulares. El tribunal estimó, en una sentencia que ha sentado las bases del desarrollo tecnológico y el equilibrio entre tecnología y «copyright», que el vídeo doméstico, con independencia de determinados usos ilegales, que reconocía, podía ser también utilizado de forma significativa para muchos otros usos no infractores de los derechos de propiedad intelectual, por ejemplo, que los usuarios pudieran visionar una película en casa, en un momento distinto al de su emisión. Y esta posibilidad significativa de usos alternativos se completaba y desarrollaba con la aplicación del denominado «fair use», equivalente en nuestro sistema europeo al sistema de excepciones y limitaciones.
Ahora bien, ...


El señor PRESIDENTE: Señoría, ruego concluya.


El señor ALBISTUR MARÍN: Terminaré enseguida, señor presidente.


El señor PRESIDENTE: Enseguida, no.


El señor ALBISTUR MARÍN: Enseguida.
Los magistrados ya han expresado su ...


El señor PRESIDENTE: Senador Albistur, ruego termine lo antes posible.


El señor ALBISTUR MARÍN; Bien, señor presidente. Termino enseguida, ahora mismo.
Como usted habrá podido ver, señora Coloma, todos los grupos que vamos a intervenir estamos de acuerdo en el

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fondo de su cuestión y esto se lo digo claramente no solamente a usted, sino a todos los que nos estén escuchando. Nuestro grupo va a apoyar la moción que la semana próxima se va a presentar porque consideramos que abarca de forma mucho más eficaz y eficiente el objetivo que perseguimos. Por lo tanto, hoy no vamos a votar a favor de esa proposición de ley, pero sí apoyaremos la moción de todos los grupos para que el Gobierno modifique la ley de forma eficiente, eficaz y satisfactoria para todos los usuarios.
Muchas gracias, señor presidente.


El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señoría.
Por el Grupo Parlamentario Entesa Catalana de Progrès, tiene la palabra el senador Guillot.


El señor GUILLOT MIRAVET: Muchas gracias, señor presidente.
No hace falta afirmar que el PP como grupo parlamentario tiene todo el derecho a presentar ese tipo de proposiciones y más como grupo de oposición, pero no sé si tiene la obligación de explicar por qué no lo ha hecho antes y sí ahora, porque estamos hablando de un texto legislativo refundido del 12 de abril de 1996, con lo cual prisas, prisas, señoras y señores del PP, no han tenido.
Antes de entrar en materia, sí que quisiera dejar claro cuál es el alcance real de la aprobación o no de esta proposición de ley. De ser aprobada iría al Congreso de los Diputados y pudiera ser que, si allí fuera tomada en consideración, el resultado de ese debate poco tuviera que ver con la voluntad inicial de la senadora proponente. Estamos, pues, en un debate político, en un debate simbólico, en un debate importante, pero parcial, ya que la propuesta que nos presenta el Partido Popular aborda tan sólo la cuestión del canon digital; un debate abierto por la senadora Coloma a partir de una modificación de la actual ley, ampliando a diferentes soportes la exención del canon digital; un debate en el Senado que ha despertado interés, con una cierta discusión enconada entre los defensores y detractores del canon digital.
Quisiera, en primer lugar, fijar cuál es la posición de mi grupo. Para mi grupo hay que mimar todos los derechos, del autor, de los usuarios, de los internautas etcétera, es decir, cualquier derecho vinculado a esta cuestión que estamos discutiendo se merece todo el respeto y todo el mimo por parte de todos los grupos parlamentarios.
Mi grupo parlamentario está en contra del canon digital y quisiera dejar expresada bien clara esta afirmación, de la misma manera que ha hecho el senador Albistur, para ver cuál va a ser la mayoría en esta Cámara cuando discutamos las reformas o las propuestas que nos vengan del Gobierno.
Señores del Partido Socialista Obrero Español, nosotros estamos en contra del canon digital. Y voy a utilizar los argumentos del manifiesto de «Todos contra el canon digital» para justificar esta actitud.
Manifestamos nuestro rechazo a gravar los soportes, los equipos o redes y la tecnología, en general, con cánones o impuestos cuyos beneficiarios sean un sector económico o una actividad de intermediación específicos porque contraviene al interés general, ya que ello conlleva que cualquier colectivo o sector que se vea afectado por un cambio tecnológico pueda reclamar un canon similar sobre la tecnología que ha provocado este cambio. Ésta es una afirmación, clara y precisa del porqué estamos en contra.
En segundo lugar, Internet es verdad que hoy en día propicia un cambio de modelo, con canales de distribución alternativos a los modelos tradicionales. Un canon no debe proteger un canal frente a otro y la evolución al mundo digital desde el analógico debe permitir que la gestión de derechos pueda realizarse por otros métodos distintos al canon, como son --ya lo decía la senadora Coloma-- los TPM, DRM, etcétera.
Un canon introduce una múltiple imposición, ya que se pagan los derechos a comprar o adquirir el contenido y se vuelve a pagar por el hecho de almacenarlo en un dispositivo o de moverlo a través de una red de telecomunicaciones. Un canon --como también se ha demostrado-- simplifica la recaudación de las sociedades de gestión a los que va dirigido, pero no erradica en ningún caso la piratería o el top manta y en algunos casos, incluso, la incentiva.
Creemos que estos son argumentos sólidos, consistentes, que justifican que nuestro grupo está en contra de este canon. Es más, nosotros estamos en contra de la afirmación que hace un manifiesto que nos ha llegado de que los cánones a los CDs y a los DVD vírgenes sean vistos como una cuestión de justicia y nos advierten de que su supresión sería un desprecio hacia los más elementales derechos de los trabajadores de la cultura. Creemos que éste no es el problema.
Pensamos que es insostenible la situación del año 1996 de gravar los DVD y los CDs vírgenes para afrontar una realidad como es la piratería o la difícil situación que en algunos momentos han vivido nuestros sectores culturales derivando la responsabilidad al cobro y al pago de estos cánones. Pensamos que ésta es una situación que no se puede alargar, que es una situación que hay que corregir, que es una situación injusta y que es una situación insostenible.
Por otra parte, mi grupo parlamentario es consciente de que la situación hoy en día, según los datos de la Sociedad General de Autores en el año 2004, es que se han ingresado 30 millones de euros, el 10 por ciento de los ingresos totales de esta sociedad, en concepto de cobro de este canon y que esto obviamente ha paliado a los sectores de la cultura, por todos los inconvenientes derivados de la piratería.
Sin estar en contra del canon, señora Coloma, creemos sinceramente que no podemos dar una salida parcial a esta situación que da inseguridad a un sector que tiene una situación compleja, una situación difícil, pues mandaríamos un mensaje no sólo de inseguridad, sino, lo que es peor, de sustitución de esta realidad que creemos que no es la adecuada, que no es la positiva, por otro tipo de alternativa, de iniciativas que sí que permiten de una manera más comedida y más justa realizar este ejercicio, de apoyo a las situaciones que pueden representar la piratería o cualquier otra.
Mi grupo parlamentario ha jugado fuerte y ha impulsado, junto con otros grupos y con el compromiso del Grupo Parlamentario Socialista, del grupo que da soporte

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al Gobierno, esta moción que invita, en un plazo determinado de tiempo, a presentar una reforma integral de la ley que aborda la propiedad intelectual de adecuación --ya lo decía el portavoz socialista-- de esta ley a la realidad actual y que introduce también --y esto lo hemos exigido con mucha claridad-- la modificación del artículo 25. Insisto, hoy aquí habría mayoría para modificar este artículo 25. Hoy aquí habría mayoría para decir no al canon digital, pero hoy no podríamos dar una respuesta, una solución, para no crear inseguridad a todos aquellos sectores que dependen del cobro de este canon, que no lo pidieron ellos, que no lo ejercitaron ellos, sino que fue una decisión de un Gobierno, pues no sabrían de donde podrían sacar unos nuevos ingresos.
Creemos que sin desmerecer el debate que usted ha generado con su proposición de ley, la moción y su desarrollo habría de ser menos parcial y menos esquemática de la que usted propone.
Creo, señora Coloma --se lo digo con toda humildad y con toda sinceridad-- que usted ha conseguido abrir el debate, que hoy en día aquí se expresen las voces suficientes para dejar claro donde estarían las mayorías o minorías respecto a aquello que a usted le preocupa. Por eso, le pido que firme la moción, que retire esta proposición de ley y que abordemos todos juntos con decisión, con un talante de solución, todos los problemas que afectan al canon digital, no sólo por lo que afecta a los derechos de los usuarios, sino también pensando en el mundo de la cultura.
Gracias, señoras y señores senadores. Gracias, señor presidente.


El señor PRESIDENTE: Gracias, señoría.
Por el Grupo Parlamentario Socialista, tiene la palabra el senador Díaz Tejera.


El señor DÍAZ TEJERA: Muchas gracias, señor presidente.
Señorías, de fondo se plantea una disyuntiva que nosotros entendemos que es falsa, que es que, por un lado está el interés del autor, del creador, y por otro, el interés social, la accesibilidad, hacer que sea de dominio público esa creación, no sólo en el disfrute sino en la apropiación de la copia.
En España se puede tener una copia privada siempre y cuando no sea con fin lucrativo o con un fin colectivo. Pero fuera de ese supuesto, cuando son fines colectivos y fines lucrativos, estamos en otros ámbitos y hoy no estamos hablando de los ámbitos de los artículos 270, 272 , 287 y 288 del Código Penal, no estamos hablando de piratería, no estamos hablando del Código Penal, estamos hablando no de cómo regular los derechos morales del autor sino los derechos patrimoniales del autor. Regular los derechos patrimoniales del autor con la realidad tecnológica de 2005 sí que es el gran desafío para el conjunto de quienes representamos al legislador, porque todos y todas representamos a todos los pueblos de España y a toda la ciudadanía. Nadie representa en exclusividad, sino que es una representación plural, porque de todos es sabido que el pluralismo es uno de los valores superiores del ordenamiento jurídico, uno de los valores que impera, imprime e informa al conjunto del ordenamiento jurídico y la práctica de los poderes públicos.
Pues bien, se trata de cómo conciliar de una manera equilibrada la debida protección a los derechos patrimoniales del autor con la accesibilidad universal, el acceso y el dominio público a la creación. Antes decía que el circuito entre el creador y el «disfrutador» --vuelvo a pedir disculpas, por la palabra «disfrutador»-- no debe dificultar el placer del disfrute de ese producto cultural pero tampoco debe encarecer de forma injustificada el acceso.
De ahí que la preocupación es, por un lado, mimar y tutelar debidamente al creador. Hoy que es el «Día internacional de los museos», es un magnífico momento para reflexionar sobre lo que queremos hacer con esa materia, no que esté eludiendo el objeto de análisis, sobre qué hacer para conciliar --insisto-- el interés del autor con el interés social.
Pensamos que es perfectamente compatible y que nuestra obligación es con los dos: mimar y tutelar el derecho de los autores y también garantizar la accesibilidad.
Antes no pude rematar la idea de que hay regiones en España --y lo he vuelto a consultar porque quería rehuir la posibilidad de equivocarme-- en las que cada dos alumnos o alumnas de Secundaria comparte un ordenador, en concreto en Extremadura, lo que tiene que ver con la sociedad de la información. Antes hablaba de la educación en nuevas tecnologías, antes le planteaba la calidad de esa banda ancha, la calidad de esa fibra, y son importantes las infraestructuras que hacen posible la instalación de esas fibras con esa calidad. Eso tiene que ver con el uso de software libre y con la calidad de las conexiones, todas estas cosas tienen que ver con la accesibilidad universal a la sociedad de la información.
Si hoy hablamos de que 8 bites es un byte; que mil bytes son un kilobyte; que mil kilobytes son un megabyte, y que mil megabytes son un gigabyte, hasta que llegamos a una medida que yo nunca había oído y que todavía no está en estos términos, que es el terabytes, hablando de discos duros, posiblemente los que nos estén oyendo fuera de aquí lo saben perfectamente, pero hay muchísimas otras personas que no tienen acceso a este código comunicativo, a este lenguaje, porque es otro mundo, antes hablaba de que son muchas las ventanas que se han abierto. La sociedad de la información, la sociedad de las nuevas tecnologías son desafíos, son retos que tenemos que convertir en oportunidades para que todos y todas podamos disfrutar de más educación, de más cultura y mayor utilización de las creaciones de esas personas que tienen la posibilidad de conectar con tantas emociones que nos hacen disfrutar cuando oímos, cuando vemos o cuando leemos.
Nuestra posición de fondo es: garantizar la accesibilidad universal, facilitar esa accesibilidad universal y plantearnos que esta regulación no es satisfactoria. Hay un informe del año 2004 del Defensor del Pueblo, a la que usted habrá accedido, en la cual se explica la insatisfacción respecto a esta regulación pero, a su vez, no ha encontrado otra fórmula más adecuada y más eficaz para garantizar los

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derechos de autor. Es una presunción que no tiene mayor base que algunos cálculos estadísticos, pero así es como se ha planteado hasta ahora.
Queremos volver a formularlo, queremos revisarlo, queremos plantear que la tutela de los derechos de autor es perfectamente compatible con la necesidad de la accesibilidad universal en el disfrute de las nuevas tecnologías. Y queremos hacerlo posible con el concurso de todos los grupos parlamentarios de esta Cámara, porque considero que es un asunto muy serio.
En otros ámbitos concretos, cuando uno se plantea si hay aspectos que pueden y deben estar por encima de la pugna partidaria, que en algunos ámbitos puede ser legítima pero en otros es incomprensible, hay que hacer un esfuerzo por la incorporación a la sociedad de las nuevas tecnologías, a la sociedad de la información y a la sociedad del conocimiento.
¿Por qué razón no podemos realizar todos el máximo esfuerzo para hacer posible estas modificaciones, algunas de las cuáles he mencionado, y conseguir esa sociedad de la información? Todos podemos hacerlo porque ese rasgo debe caracterizar a todos los grupos aquí presentes.
Nuestra posición es que la próxima semana cuando se presente la moción la firmen todos los grupos parlamentarios de esta Cámara, no con la excepción del Grupo Parlamentario Popular como en el caso de hoy, sino que también el Grupo Parlamentario Popular la firme para que en el plazo de un año el Gobierno remita al Senado ese texto que regule la propiedad intelectual con las características tecnológicas del tiempo en que vivimos.
Reitero la expresión canaria de que es un asunto demasiado serio y tenemos prisa, hagámoslo despacio, para garantizar que con el máximo consenso pueda desplegar esa norma todas sus facultades y hagamos posible que el conjunto de los pueblos de España acceda a esa sociedad de la información, como ya están haciendo algunas regiones de España, motivo de orgullo para los socialistas y creo también para todos los españoles.
(Aplausos en los escaños del Grupo Parlamentario Socialista.) Nada más y muchas gracias, señor presidente.


El señor PRESIDENTE: Gracias, señoría.
Por el Grupo Parlamentario Popular, tiene la palabra la senadora Coloma.


La señora COLOMA PESQUERA: Gracias, señor presidente.
Señorías, la verdad es que no doy crédito a lo que he oído a lo largo de esta tarde. Algunos portavoces no se han manifestado, no conozco su opinión, como, por ejemplo, los senadores de Izquierda Unida o el senador del Bloque Nacionalista Galego. Considero que puede deberse a que van a apoyar esta proposición.
He leído múltiples declaraciones suyas antes de las elecciones y siempre se han manifestado en contra del canon. Espero que sean consecuentes y coherentes a este respecto, no tengo la más mínima duda y sé que apoyarán esta proposición.
La senadora Aleixandre no ha dicho cuál va a ser la postura que va a adoptar. Ha comentado que el canon es injusto. Hace muy poco tiempo, el 6 de abril de 2005, formuló una pregunta al ministro de Industria porque estaba muy preocupada por la incorporación de este canon a las nuevas tecnologías , y entiendo que va a apoyar también esta proposición; en otro caso, no sería consecuente con lo que manifestaron ustedes el día anterior en la pregunta formulada al ministro (Rumores.)

El señor PRESIDENTE: Señorías, ruego guarden silencio.


La señora COLOMA PESQUERA: Por cierto, el señor ministro de Industria dijo lo siguiente: no vemos necesario aplicar un canon por copia privada a los usuarios de Internet y a los discos duros de ordenador, tal y como usted pregunta. (Aplausos en los escaños del Grupo Parlamentario Popular.--El señor Laborda Martín entra en el hemiciclo--. Fuertes y prolongados aplausos de las señoras y los señores senadores, puestos en pie.) Señor presidente, si me lo permite, dado que el que acaba de entrar ahora mismo en la Cámara ha sido su presidente, debo decir, en nombre de mi grupo, que me alegra que hoy pueda estar aquí con nosotros, y le deseamos una pronta recuperación. (Aplausos.) Continuando con el debate que manteníamos, deseo manifestar que los señores de Convergència i Unió deberían apoyar esta proposición porque si no caerían en una contradicción respecto a lo que el otro día defendieron precisamente en esta cámara.
El senador Albistur, del PNV, dice que no nos hagamos trampas. Senador Albistur, trampas, ninguna. Hemos venido aquí claramente a traer un debate que hay en la sociedad, un debate por el que están muy preocupados millones y millones de ciudadanos, y nosotros, se lo aseguro, escuchamos a esos millones y millones de ciudadanos, y por eso estamos defendiendo esto aquí. Pero también lo ha dicho muy claro: si esta es una medalla que se quiere poner el Partido Popular, nosotros no estamos dispuestos a apoyarlo. Lo sabíamos, senador Albistur. Sabíamos que como lo había presentado el Grupo Parlamentario Popular, ustedes y otros muchos grupos no lo iban a apoyar. Estoy seguro de que si lo hubiera presentado otro grupo, lo habrían apoyado. No nos sorprende nada, de verdad. No nos sorprende absolutamente nada. También le tengo que decir algo más. Usted nos ha leído aquí una tesis doctoral, ¿quiere preguntar a los millones de ciudadanos españoles que están preocupados por esto si han entendido algo de esa tesis doctoral que usted ha explicado? Le digo la verdad: seguro que muchos, muchísimos, no han entendido absolutamente nada de eso.
Habrían entendido que ustedes apoyaran hoy la toma en consideración de esta proposición. Eso sería apoyar a muchos millones de ciudadanos españoles. Eso sí serían consecuente.
Senador, Guillot, presidente de mi comisión, tengo que decirle que me ha sorprendido mucho. Usted también ha defendido siempre que estaban en contra del canon. Tienen ahora una oportunidad de oro para reflejarlo en un votación.


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Es la toma en consideración de una proposición. Es el momento, precisamente, de empezar a debatir eso, y eso es lo que hemos querido traer hoy a esta Cámara. Si están en contra del canon digital, ¿por qué no apoyan esta iniciativa? Le digo lo mismo: ¿porque viene del Grupo Parlamentario Popular? Pues la verdad es que es bastante triste.
Senador Díaz, del Grupo Parlamentario Socialista, ¡qué papelón le ha tocado hacer hoy! ¡Qué papelón! Y se lo va a tener que explicar a mucha gente. De verdad que parece que ustedes se han quedado en la máquina de vapor, y hemos avanzado mucho. Es que en estos años se ha pasado de lo analógico a lo digital, es que nos encontramos en otra era, es que no vale con decir que en 1996 tuvo lugar una reforma de la Ley de Propiedad Intelectual, es que, afortunadamente, la tecnología avanza, y avanza mucho, y por desgracia parece que la cultura o algunos sectores de la cultura avanzan muy poco. Hay que entrar en sintonía, unos y otros, y la verdad es que eso nos preocupa y mucho.
Otra vez me ha querido llevar a la cuestión de que esto solamente se centra en la música y en las películas. No, senador Díaz; esto va mucho más allá. Les he explicado que hoy, para la presentación en la cámara de esto que estamos debatiendo, lo he introducido en un CD. Y por eso tengo que pagar, por ejemplo, a la Sociedad General de Autores. Incluso ahora mismo se está retransmitiendo por Internet este debate y también hay que pagar a la Sociedad General de Autores. ¿Eso es propiedad intelectual? No.
¿Con quién están ustedes? ¿Con unos pocos, muy respetables y legítimos, o con la mayoría de los ciudadanos? Clarifíquense y digan la verdad. ¿Con quién están? ¿Con unos pocos o con muchísimos millones? Eso es lo que tenía usted que haber dicho aquí.
Ustedes nos traen una moción que dice que se va a presentar el próximo día, y está muy bien, porque cada grupo puede traer a esta Cámara las mociones que crea más interesantes. Nosotros traemos hoy este debate porque es el que está en la calle y es el que interesa a la gente.
Ustedes presentan esa moción y nos preguntan: ¿Les corre tanta prisa? Lo que usted me ha dicho sobre el año 1996 es un acuerdo privado de partes firmado por Asimelec y la Sociedad General de Autores. Por cierto, ahora Asimelec también ha firmado en contra del canon, y le puedo citar las numerosas organizaciones que han hecho lo mismo: AETIC, la Asociación de Internautas (AI), la Asociación de Música en Internet (AMI), la Asociación Nacional de Empresas de Internet (ANEI), Asimelec, la Asociación de Empresas Operadoras y de Servicios de Telecomunicaciones (Astel), la Asociación de Usuarios de Internet (AUI), Comisiones Obreras --no creo que seamos sospechosos, ¿verdad?-, la Confederación Española de Asociaciones de Amas de Casa, Consumidores y Usuarios (Ceaccu), la Confederación Española de Centros de Formación y Academias Privadas (Cecap), el Colegio Oficial de Ingenieros de Telecomunicaciones (COIT) y millones y millones de internautas y de ciudadanos que nos escriben y que nos mandan correos electrónicos, y podría hacer como hacían otros senadores en otro tiempo y referirme a los correos que me han mandado para que siga defendiendo esto, pero no lo utilizo. Y no lo utilizo no porque no les defienda, que sí lo hacemos, y ahí están todos. A ellos tendrán ustedes que dar cuenta.
Me habla usted de facilitar la accesibilidad universal y de la incorporación a las nuevas tecnologías. Precisamente esto retrasa la incorporación de España a la plena sociedad de la información, y por eso traemos este debate. Ese es el motivo de este debate. Nosotros no queremos perder el tren del futuro. Lo hemos venido demostrando en los ocho años de Gobierno y no queremos perder ese tren. Este año, de momento, ya se ha perdido, y se lo digo tristemente porque soy una ferviente defensora de la sociedad de la información y del conocimiento, y ustedes quieren seguir retrasándolo. Nosotros hemos querido traer la cordura a este debate, y lo que pasa es que hay un enfrentamiento --y siento decirlo-- dentro del propio Gobierno. No se ponen de acuerdo la ministra de Cultura, la señora Calvo, y el ministro de Industria, señor Montilla. Una se reúne con una parte y les dice una cosa, y el otro se reúne con otra parte y le dice la contraria, y precisamente por eso hemos traído esto, porque hay un grave problema, una grave irresponsabilidad por parte del Gobierno y nosotros queremos ser consecuentes y coherentes y lo defendemos, pero desde luego por el camino que ustedes han emprendido donde vamos ahora mismo es a retrotraernos a muchísimos años atrás. Ahí es donde nos quieren llevar ustedes.
Siento que nadie se haya sumado a esta proposición y siento mucho el papelón que van a tener que hacer ante millones y millones de ciudadanos que están totalmente en contra del canon que ahora mismo hay impuesto y de los posibles cánones que se van a poner en marcha, porque también conocemos el borrador de ese proyecto de ley de reforma de la propiedad intelectual, que claramente está a favor de ese tipo de cánones.
Nada más y muchas gracias. (Aplausos en los escaños del Grupo Parlamentario Popular.)

El señor PRESIDENTE: Gracias, señoría.
Señorías, vamos a votar, en primer lugar, la toma en consideración de la proposición de ley de modificación del Real Decreto Legislativo 1/1996, de 12 de abril, por la que se aprueba el texto refundido de la Ley de Propiedad Intelectual, presentada por el Grupo Parlamentario Popular.
Se inicia la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos emitidos, 239; a favor, 120; en contra, 119.


El señor PRESIDENTE: Queda aprobada. (Aplausos.)

-- PROPOSICIÓN DE LEY ORGÁNICA DE MODIFICACIÓN DE LA LEY ORGÁNICA 2/1979, DE 3 DE OCTUBRE, DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL (AUTOR: GRUPO PARLAMENTARIO CATALÁN EN EL SENADO DE CONVERGÈNCIA I UNIÓ) (622/000001) (Votación).


El señor PRESIDENTE: Señorías, a continuación vamos a votar la toma en consideración de la proposición de

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Ley Orgánica de modificación de la Ley Orgánica 2/1979, de 3 de octubre, del Tribunal Constitucional, presentada por el Grupo Parlamentario Catalán en el Senado de Convergència i Unió.
Se inicia la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos emitidos, 240; a favor, 13; en contra, 227.


El señor PRESIDENTE: Queda rechazada. (En este momento, entra en el hemiciclo el señor presidente del Gobierno, Rodríguez Zapatero.--Fuertes aplausos.--Abucheos.) Señorías, ruego guarden silencio.


CONOCIMIENTO DIRECTO POR EL PLENO DE PROYECTOS Y PROPOSICIONES DE LEY REMITIDOS POR EL CONGRESO DE LOS DIPUTADOS:

-- PROYECTO DE LEY ORGÁNICA POR LA QUE SE AUTORIZA LA RATIFICACIÓN POR ESPAÑA DEL TRATADO POR EL QUE SE ESTABLECE UNA CONSTITUCIÓN PARA EUROPA, FIRMADO EN ROMA EL 29 DE OCTUBRE DE 2004. SE TRAMITA POR EL PROCEDIMIENTO DE URGENCIA (S. 621/000018) (C. D. 121/000033).


El señor PRESIDENTE: Punto cuarto del orden del día: Conocimiento directo por el Pleno de proyectos y proposiciones de ley remitidos por el Congreso de los Diputados.
Proyecto de ley orgánica por la que se autoriza la ratificación por España del tratado por el que se establece una Constitución para Europa, firmado en Roma el 29 de octubre de 2004.
A este proyecto de ley no se han presentado enmiendas dentro del plazo señalado al efecto.
Como conocen sus señorías, el acuerdo de la Junta de Portavoces para la tramitación de este proyecto de ley orgánica ha sido que el señor presidente del Gobierno iniciará el debate, después intervendrán los distintos grupos parlamentarios de mayor a menor, por un tiempo de diez minutos, cerrando el turno de intervenciones el Grupo Parlamentario Socialista.
Por otra parte, los miembros del Grupo Parlamentario Mixto han solicitado poder repartir su tiempo entre la senadora Aulestia y el senador Mur.
¿Están de acuerdo todos los portavoces? (Asentimiento.) Por tanto, tiene la palabra el señor presidente del Gobierno.


El señor PRESIDENTE DEL GOBIERNO (Rodríguez Zapatero): Muchas gracias, señor presidente.
Señoras y señores senadores, quiero destinar mis primeras palabras a expresar mi satisfacción por la presencia en esta Cámara del senador, compañero y amigo, Juanjo Laborda, por su trayectoria y por la tarea que tiene por delante. (Fuertes aplausos.) Señoras y señores senadores, comparezco hoy ante esta Cámara para presentar el proyecto de ley orgánica de autorización para la ratificación del tratado por el que se establece una Constitución para Europa.
Lo hago con gran satisfacción, al tiempo que confirmo mi compromiso con la revitalización del Senado, interviniendo en un trámite legislativo de especial trascendencia para España y para la Unión Europea.
El Gobierno ha querido estar en el Senado, en este momento y ante este trámite, por respeto y consideración a la Cámara y por fe y convencimiento europeísta.
Europa se ha construido sobre la primacía del Derecho, la racionalidad y el debate. La Constitución viene a culminar este proceso, acomodando las instituciones europeas a los nuevos retos sociales y políticos de la integración. El resultado es un texto que recoge el sistema normativo básico, le da coherencia y lo moderniza, para conseguir una Unión a la altura de los tiempos históricos.
Al mismo tiempo, este esfuerzo normativo adquiere un carácter simbólico sin precedentes. Europa se da a sí misma una Constitución, con toda la carga legitimadora que este concepto implica.
No se trata de una norma más sino de la norma fundamental, base de convivencia y de progreso. Un compromiso que asumen y reconocen los ciudadanos para organizar su presente y su futuro.
Consciente de la importancia del texto constitucional, el Gobierno no dudó en consultar en referéndum a la ciudadanía. Obtuvo la autorización del Congreso, con el apoyo de todos los grupos parlamentarios, y el pueblo español asumió, como siempre, su responsabilidad histórica y volvió a votar a favor de un texto constitucional, reafirmando su compromiso con el proyecto político europeo, que tanto ha significado para nuestro país. De esta forma, el texto que hoy tiene ante sí esta Cámara viene cargado de una nueva y poderosa legitimación: la de los ciudadanos españoles. No estamos sólo ante un trámite legislativo sino, sobre todo, ante la expresión de una voluntad política. Permítanme, por ello, que me detenga, aunque sea de manera sucinta, en algunos de los puntos que considero fundamentales de la nueva Constitución Europea.
Señorías, con la nueva Constitución se sientan las bases para una Europa más democrática y más próxima a los ciudadanos, comprometida con un proyecto común, pero respetuosa a su vez con la diversidad, más solidaria, más fuerte y con una mayor proyección exterior.
El proyecto europeo nos ha permitido consolidar la paz y la democracia en Europa y erradicar de una vez y para siempre la guerra y las dictaduras de nuestros países, gracias al firme compromiso en favor de valores comunes a nuestras sociedades democráticas, como el pluralismo, la lucha contra la discriminación, la tolerancia, la justicia, la solidaridad y la igualdad.
La Constitución nos permite ahora desarrollar estos principios básicos con una perspectiva de futuro. Resulta así de gran importancia la incorporación, con valor jurídicamente obligatorio, de la Carta de los Derechos Fundamentales, que podrán ser invocados por los ciudadanos de la Unión ante los tribunales.


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La Constitución preserva y desarrolla asimismo los fundamentos del llamado modelo social europeo, orientado al pleno empleo, al desarrollo sostenible al crecimiento equilibrado de todos los Estados miembros, en un marco de cohesión económica y social. Refuerza el contenido de las políticas sociales y exige que los aspectos de protección social informen la definición y la ejecución de todas las políticas comunes.
Podremos también, con la Constitución, conformar definitivamente un espacio europeo de Libertad, Seguridad y Justicia, tarea en la que España ha venido realizando contribuciones sustanciales en los últimos años. Se trata de asuntos muy cercanos a las preocupaciones y a la vida real de nuestros ciudadanos, que esperan respuestas eficaces a problemas como la regulación de los flujos migratorios, la integración de los emigrantes o la lucha contra el terrorismo y la criminalidad organizada.
Asimismo, la Constitución ofrece el marco adecuado para que Europa hable con una sola voz y ocupe el lugar que le corresponde en la escena internacional. Creo firmemente que los mecanismos de los que nos hemos dotado en estos últimos años, que han encontrado su reflejo y desarrollo en el Tratado constitucional, nos deben permitir cumplir un papel de agente moderador y de paz creíble en el mundo actual y, en particular, en nuestro entorno más cercano.
Señorías, permítanme que aproveche mi presencia en esta Cámara para abundar algo más en uno de los puntos, a mi entender, más importantes y de mayor proyección de la nueva Constitución, la forma en que conviene a los intereses europeos y regionales y locales, la manera en que nos permite consolidar una Europa eficaz, preservando e incluso reforzando nuestros ámbitos más próximos de autonomía. Se trata, sin duda, de un desafío complejo y de gran calado, de formulación todavía perfeccionable, pero la Constitución incorpora valiosas referencias a la dimensión regional, que contribuyen a una mejor definición de su alcance y significado.
En particular, el Comité de las Regiones y los Parlamentos nacionales ven su papel reforzado en el control de la aplicación del principio de subsidiariedad y, sin duda alguna, el Senado está llamado a jugar un papel protagonista y preponderante en esta tarea. Al Comité se le reconoce en este tema un derecho de acceso directo al Tribunal de Justicia comunitario y a los parlamentos nacionales se les atribuyen mayores competencias en el seguimiento de los actos legislativos comunitarios y en la verificación del cumplimiento del citado principio de subsidiariedad. En el caso concreto de los parlamentos nacionales, la Constitución contiene un mecanismo de alerta temprana, de acuerdo con el cual la Comisión transmite, de forma directa, sus propuestas a dichos parlamentos nacionales, que pueden instarla a revisar las mismas si no son acordes con el principio de subsidariedad. De esta forma se asocia a los parlamentos nacionales al procedimiento legislativo, permitiéndoles un conocimiento anticipado y de primera mano de los proyectos, y la posibilidad de reaccionar pronta y eficazmente ante los mismos.
La equilibrada aproximación de la Constitución a la diversidad política y cultural de Europa no supone tampoco un obstáculo, sino más bien un apoyo al compromiso de este Gobierno, dirigido a favorecer una mayor participación de las comunidades autónomas en los asuntos comunitarios y al reconocimiento en la Unión del estatuto de las lenguas cooficiales de España.
Un país como el nuestro, tan rico en culturas y tradiciones, puede sentirse muy cómodo en una Constitución que consagra la idea de unidad en la diversidad, sin imposiciones uniformazadoras; una Constitución que hace de la diversidad riqueza, respetando las peculiaridades culturales, lingüísticas, y de sistemas políticos e intereses de sus Estados miembros. Europa no es, pues, ningún riesgo para nuestras culturas e identidad, sino la mejor fórmula de preservarlas y potenciarlas.
Señorías, esta Constitución consagra, en definitiva, una idea de Europa moderna y unida, a la vez que plural; una Europa necesaria para colmar progresivamente la distancia que existe todavía entre las instituciones europeas y los ciudadanos. Estoy convencido de que las comunidades autónomas, los municipios y, ante todo, los ciudadanos españoles pueden sentirse hoy identificados con este texto constitucional, y partícipes activos del proceso de reflexión que la idea de Europa sigue generando en todos los niveles. Se trata, señorías, de hacer nuestra a Europa. Ninguna bandera, ninguna seña de identidad de las que nos son más queridas y próximas es incompatible con Europa.
Europa tampoco es patrimonio exclusivo de una ideología o de una familia política determinada. El proyecto de Europa y la Constitución europea son fruto de un largo proceso de elaboración y debate, en el que han participado las más diversas fuerzas políticas. Ese largo proceso de diálogo constructivo ha conducido a un marco de compromiso en el que cabemos todos y al que todos tenemos algo que aportar. Entiendo, no obstante, que este proceso de reflexión suscitado por la Constitución no se puede agotar con su aprobación, sino que debe seguir abierto en todos los foros de encuentro. Las instituciones en que se vertebra la sociedad deben ser capaces de incorporar la Constitución europea al debate intelectual y a su vida diaria. Sólo así la Constitución será realmente eficaz y cumplirá los altos objetivos que le corresponden.
Permítanme, pues, señorías, que, con todos estos argumentos, defienda el Tratado ante esta Cámara, y que lo haga recordando el apoyo mayoritario que los españoles dieron a esta Constitución el pasado 20 de febrero. Al Senado le corresponde hoy confirmar la señal positiva que España le debe a Europa, como muestra de gratitud por lo que la Unión Europea ha representado en nuestra historia reciente, y como apuesta decidida por el resultado final del proceso de ratificación de la Constitución.
Soy por naturaleza --ya lo saben sus señorías-- optimista y más cuando se trata de Europa. En lo político, en lo social y en lo económico, no conozco un modelo social más avanzado y con mayores posibilidades de éxito ante los desafíos de nuestro mundo globalizado. Tampoco puedo imaginarme una alternativa más dinámica para el desarrollo de las sensibilidades e intereses que conviven en esta España, que sabemos y queremos plural, y que sus señorías

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y esta Cámara tan singular y dignamente representan.
Muchas gracias. (Fuertes y prolongados aplausos.)

El señor PRESIDENTE: Gracias, señor presidente.
En turno de portavoces, por el Grupo Parlamentario Popular, tiene la palabra el senador García-Escudero.


El señor GARCÍA-ESCUDERO MÁRQUEZ: Señor presidente, señor presidente del Gobierno, señorías, permítanme, igual que ha hecho el presidente del Gobierno y mi compañera de grupo doña Mercedes Coloma, dar la bienvenida al senador Laborda; manifestarle la enorme alegría de mi grupo por tenerle hoy aquí, además en un momento solemne como es el que estamos celebrando en este momento. El senador Laborda es la historia viva del Senado: presidente del Senado, portavoz de grupo muchas veces, senador activo, europeísta convencido. Querido amigo, bienvenido a tu casa.
(Fuertes y prolongados aplausos.) Empezaré por anunciar que el Grupo Parlamentario Popular en el Senado va a votar favorablemente la ratificación del Tratado de la Constitución Europea.
Todos ustedes saben que, con la relación de fuerzas que hay en esta Cámara, si nosotros sumáramos nuestros votos a los de quienes defienden el no a la Constitución --sus socios parlamentarios--, ésta no sería hoy ratificada por las Cortes Generales. Bastaría con que los senadores populares optáramos por abstenernos en esta votación para que el respaldo de la minoría fuera insuficiente para que el Senado pudiera refrendar el tratado.
Señorías, es una gran paradoja. Hoy el Gobierno necesita que la oposición le apoye precisamente frente a sus socios de Gobierno. Sin embargo, pueden respirar tranquilos; como ya he anunciado, el Grupo Parlamentario Popular va a respaldar con sus votos la ratificación de este histórico tratado. Lo vamos a hacer por un elemental sentido de la responsabilidad.
Votaremos sí porque así lo han decidido la mayoría de los españoles en reciente referéndum, y porque nunca se nos ocurriría maniobrar con los asuntos de Estado en clave partidista. (Rumores.) Para nosotros, España y Europa están muy por encima de este Gobierno o de cualquier otro.
Ante todo, el Grupo Parlamentario Popular en el Senado apoyará hoy la Constitución Europea desde la coherencia y desde la convicción; coherencia porque el Partido Popular ha defendido desde un primer momento y sin ambages su apoyo total a esta Constitución para Europa; y convicción porque este apoyo dimana del total compromiso con el proyecto europeo que forma parte de la propia esencia del Partido Popular. Este compromiso no es una mera afirmación retórica, sino que es una realidad avalada por nuestra propia trayectoria, tanto en los momentos y circunstancias en los que nos toca hacer oposición como en aquellos en los que los españoles confiaron en nosotros las responsabilidades de gobierno.
Efectivamente, nuestro mejor aval ante Europa es el balance de ocho años de gobierno. Fueron las políticas económicas del Partido Popular las que hicieron posible algo que parecía casi utópico en 1995: que España cumpliera los requisitos del Plan de Estabilidad y entrará así, por la puerta grande, en la Europa del euro. Fue el Gobierno del Partido Popular el que desempeñó un papel decisivo en la puesta en funcionamiento del espacio común de libertad, seguridad y justicia previsto en el Tratado de Amsterdam y que, entre otras cosas, supone la aplicación de una respuesta eficaz frente a la amenaza del terrorismo.
Durante el período del Gobierno popular, España ha estado en la vanguardia del proceso de cohesión económica y social europeo. Tras el Consejo de Berlín, nuestro país llegó a ser el mayor perceptor de fondos estructurales y de cohesión. Además, en su momento, nos involucramos decididamente en el impulso a la llamada Agenda de Lisboa, guiada por el objetivo de reforzar la competitividad internacional de Europa. Fue también en el decurso de los dos mandatos del Gobierno popular cuando se produjeron las dos revisiones de los Tratados: el de Amsterdam en 1997 y el de Niza en 2000, y cuando se puso en marcha el ambicioso proceso de ampliación que, impulsado por el trabajo de la Presidencia española de la Unión, condujo en 2002 a la firma en Atenas del Tratado de Adhesión de los nuevos países miembros. Y por supuesto, el papel desempeñado por el Partido Popular en el proceso de elaboración de la Constitución Europea ha sido particularmente activo desde que la convención encargada de su redacción inició sus trabajos en el semestre de Presidencia española de la Unión.
El señor Rodríguez Zapatero suele afirmar que con él España ha vuelto al corazón de Europa. Posiblemente esta afirmación sea una más de su desconcertante lapidario político. Es una frase que el presidente repite con insistencia, quizá con ánimo de propiciar un clima de hipnosis colectiva donde todos lleguemos a convencernos algún día de que España ha estado como flotando en el Atlántico al capricho de las corrientes oceánicas hasta la hora en que su providencial advenimiento volvió a recomponer el orden continental. Pues no es así. (Aplausos en los escaños del Grupo Parlamentario Popular.) Por encima de cualquier visión parcial de la realidad existe un hecho objetivo de máxima importancia y que es la razón de ser de este debate: el futuro de Europa y de España en el seno de la misma. Desde la perspectiva del proceso histórico de construcción europea la constitución que los españoles respaldamos en el referéndum del pasado día 20 de febrero, y que hoy se somete a la ratificación del Senado, marca un antes y un después. Es un paso clave en el camino que conduce a una Europa unida y fuertemente arraigada sobre los valores democráticos y los principios de solidaridad y cohesión económica, social y territorial; una Europa con vocación de crecimiento sostenible y cuya fortaleza en el mundo pueda ponerse al servicio de la paz y de la seguridad internacional.
El Partido Popular considera efectivamente que la futura constitución marca un hito histórico en el gran proyecto europeo. Aunque formalmente sea un tratado, el texto cuya ratificación hoy autorizaremos supone por primera vez trascender el ámbito del Derecho Internacional para situarse en el umbral de un derecho constitucional europeo y consagra en su articulado los principios inspiradores de la Unión y la Carta de los Derechos Fundamentales.


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La constitución supone también un nuevo impulso en la democratización del funcionamiento de las instituciones europeas y una indudable clarificación de la legislación fundamental de la Unión pese a su inevitable complejidad.
Apostamos firmemente, pues, por la nueva constitución. ¿Supone eso que compartamos el cien por cien de su literalidad? Evidentemente no. Tras el positivo acuerdo alcanzado en el Tratado de Niza, el nuevo reparto de poder en las instituciones, y especialmente en el Consejo, donde España pierde peso, nos deja un mal sabor de boca, como también nos ha dolido a nosotros y a la mayoría de los españoles que la firma del tratado no llegara a solemnizarse en nuestro país. Son continuas renuncias a las que ya estamos acostumbrados, aunque nunca resignados.
Nuestro apoyo es consecuente con el brindado con ocasión del referéndum celebrado el pasado día 20 de febrero. Más preocupado, como siempre, por el efectismo mediático que por la sustancia política, el Gobierno se quiso adelantar a toda Europa y convocó la consulta de un modo innecesariamente precipitado. El resultado del referéndum ha sido positivo, y por ello debemos alegrarnos quienes hicimos campaña a favor del sí. Ahora bien, no podemos ignorar que sólo al 42 por ciento del electorado le suscitó algún interés la consulta. Tras esa mayoritaria apatía se encuentra la improvisación del Gobierno. La madurez democrática de los españoles se merecía un debate social más sosegado y con un contenido mucho mayor que el de una lata de «Referéndum Plus», pero de cualquier modo, insisto, el referéndum fue positivo y por ello todos debemos felicitarnos.
Durante los próximos días tendrá lugar la misma consulta en Francia.
Incluso quienes, a diferencia de usted, señor presidente del Gobierno, no compartimos esa francofilia bastante trasnochada, somos conscientes de la importancia que tendrá su desenlace para el éxito final de proceso ratificador. A día de hoy las encuestas están arrojando márgenes muy estrechos. Por ello, como deseamos que también en Francia el resultado sea positivo, permítame, señor presidente, la pequeña maldad de rogarle al menos que, si decide visitar el país vecino, no recuerde a los franceses que deben envidiarnos por el éxito de nuestro proceso de regulación de inmigrantes.
Señor presidente, decía antes que este es un debate sobre el futuro, y por ello ahora quiero referirme al futuro europeo más inmediato. La solidaridad y la extensión del bienestar social a todos los ciudadanos de la Unión se encuentran en la base de la integración europea. No en vano el artículo 1.3 de la Constitución Europea establece para la Unión el mandato de fomentar la cohesión económica, social y territorial, y la solidaridad entre los Estados miembros.
Indudablemente es mucho lo que España ha avanzado en términos de convergencia durante la última década, concretamente tras ocho años del Gobierno del Partido Popular nuestro país ha pasado de un nivel de renta inferior al 79 por ciento en 1995 a rondar el 90 por ciento en 2003. Es decir, hemos experimentado un progreso de 11 puntos que, cuando se revisen los datos de contabilidad, será seguramente aún mayor.
Qué duda cabe de que en ese proceso los instrumentos de apoyo financiero utilizados en las políticas de cohesión han desempeñado un papel fundamental. Sin embargo, cuando está abierto el proceso negociador de las perspectivas financieras para el período 2007-2013 me parece un tremendo error conceptual insistir en la idea de que es mucho lo que España le debe a Europa. Con ser ello verdad, no deja de ser una verdad a medias y, por tanto, una inexactitud. España le debe a Europa tanto como nuestro país ha contribuido durante estos años al progreso económico europeo. Los fondos europeos no son subvenciones a fondo perdido, sino instrumentos destinados a la creación de un espacio económico común en el que se levantan las barreras interiores y se abre paso a la libre circulación de personas, mercancías, servicios y capitales. Se propician así las condiciones para un reequilibrio económico que, eliminando las diferencias de desarrollo entre las distintas regiones europeas, se traducen a la postre en un beneficio general para todo el conjunto.
Liberalización de mercados y políticas de cohesión son las dos caras de una misma moneda, siendo una inconcebible sin la otra.
Por supuesto que España se ha beneficiado durante estos años de la financiación comunitaria, pero no es menor el beneficio que los países más ricos de Europa han obtenido por el incremento de los flujos comerciales intercomunitarios. Ésa es precisamente la razón de ser de todo el sistema. Ahora nuestro progreso de la última década, unido a la ampliación de la Unión con los países del este europeo, dibuja un escenario completamente distinto. Por una parte, es crucial que nuestra economía incremente su capacidad competitiva en Europa y sepa aprovechar las nuevas posibilidades que se abren; por otra, es evidente que España ya no puede seguir siendo perceptora de fondos europeos en el nivel en que lo ha sido durante estos años. Sin embargo, no podemos perder de un día para otro el 90 por ciento de nuestro saldo con la Unión Europea. La solidaridad y la equidad se encuentran en la base de las políticas de cohesión, pero éstas también deben orientarse por el principio de gradualidad. Es decir, aquellos países que, como España, van a modificar sustancialmente su balance financiero con la Unión durante el próximo período de programación deben contar con instrumentos transitorios que les permitan una adaptación progresiva a la nueva situación, un aterrizaje suave, y no un desplome brusco que haga peligrar el propio objetivo de la convergencia.
Todo ello nos lleva al tema de la capacidad negociadora. Señor Rodríguez Zapatero, no se trata de demandar privilegios ni tratos de favor, no se trata de ser insolidarios. Si nosotros le pidiéramos que defendiera una postura así en Europa, caeríamos en la contradicción de promover puertas afuera los mismos vicios que criticamos en otros puertas adentro. Se trata de reivindicar lo que es justo. Señor presidente, su Gobierno tiene ante sí una difícil y trascendental tarea --esta mañana nos lo explicaba el señor Solbes en esta Cámara-- en la que a todos nos va mucho. Esta no es la Europa de los floridos discursos y de las frases huecas. Ésta es la Europea real, la contante y sonante. Por eso, le pedimos ambición negociadora. Y sepa que cuenta con nuestro apoyo en esa negociación, pero también

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le pedimos que, contando con ese apoyo, la lleve a cabo con la máxima ambición posible.
Y concluyo. Señorías, en todas las democracias los gobiernos son transitorios por definición. Son las ideas y las instituciones las que deben tener vocación de permanencia. Hoy no se trata de pronunciarse sobre tal o cual opción política. Hoy debemos pronunciarnos sobre el proyecto que a nuestro juicio asegura las condiciones necesarias de libertad, justicia y bienestar para la construcción de un futuro integrado en lo interior y abierto al mundo en lo exterior, el proyecto que garantiza la pervivencia de la democracia y la pacífica confrontación de las diferentes opciones políticas.
Por ello, el Grupo Popular va a votar favorablemente, y pide también al resto de la Cámara que lo autorice con su voto, la ratificación por España del tratado por el que se establece una constitución para Europa.
Muchas gracias. (Aplausos desde los escaños del Grupo Parlamentario Popular.)

El señor PRESIDENTE: Gracias, señoría.
Por el Grupo Parlamentario de la Entesa tiene la palabra el senador Bonet.


El señor BONET I REVÉS (El señor Bonet i Revés pronuncia palabras en catalán, que se reproducen según el texto que facilita a la Redacción del «Diario de Sesiones»): «Gràcies, senyor president. Senyor president del Govern, abans que res li voldria expressar amb vehemència el desig del meu grup per a que aviat es puguin utilitzar totes les llengües en aquesta Cambra. La Cambra territorial.» Señor presidente, como usted sabe, la Entesa es un grupo parlamentario catalán --de hecho, Cataluña es la única comunidad autónoma que tiene en esta Cámara dos grupos parlamentarios-- formado por la misma coalición de partidos que integran el Gobierno catalán, y por esto nos preciamos de ser la expresión del Gobierno de Cataluña en las Cortes. Como saben, una coalición es un punto de encuentro de sensibilidades, ideologías y programas diferentes. En una coalición lo primero que se aprende es a gestionar la diversidad, a estar predispuesto hacia la convivencia y a establecer vínculos de lealtad institucional. (Rumores.)

El señor PRESIDENTE: Un momento, por favor, señoría.
Yo rogaría silencio, y el que no quiera escuchar que salga del hemiciclo.
Creo que todos los senadores que van a hacer uso de la palabra merecen el mismo respeto y que se les escuche, como se ha hecho con el anterior portavoz. Por tanto, señorías, el que no quiera escuchar que salga del hemiciclo.


El señor BONET I REVÉS: Gracias, señor presidente.
Decía que esta forma de gobernar en coalición es de gran tradición en la Europa de posguerra. Quizá, para algún partido de esta Cámara sería saludable que gobernara alguna vez en coalición, porque se aprende mucho más que viajando.
Una de las manifestaciones de cómo se ha gestionado --bien gestionada-- esta diversidad es la actitud diferente de los partidos que integran la Entesa. Como se sabe, el Partit dels Socialistes de Catalunya ha recomendado el voto afirmativo en el referéndum y, en cambio, Esquerra Republicana e Iniciativa per Catalunya-Verds han recomendado el no.
¿Quiere decir esto que en esta cuestión no hay puntos de encuentro entre los tres partidos? No sólo los hay, sino que los puntos de acuerdo son profundos e históricos. La definición del Gobierno catalán es la de un Gobierno catalanista y de izquierdas. El catalanismo, en sus más variantes manifestaciones, siempre ha sido europeísta. De hecho, el gran historiador y economista, Vicens Vives, en su obra «Industrials y polítics», define el catalanismo como el reencuentro con Europa después de cuatro siglos de ausencia. He aquí la honda significación del movimiento catalanista después de Almirall, Mañé i Flaquer y Torras i Bages. Y las izquierdas, también por definición, han sido siempre europeístas. Y la combinación de catalanismo e izquierdismo lo ha acrecentado.
Estas raíces comunes que compartimos los tres partidos es y ha sido una fortaleza ante aquellos que ya creían ver una brecha por donde derribar al Gobierno catalán, como primer escalón para derribar luego al Gobierno de España. Desistan. El Gobierno catalán está fuerte porque tiene sus raíces en valores compartidos y porque es consciente de las expectativas del actual momento político. Y es por ello, que aunque coyunturalmente podamos no estar de acuerdo en los límites o no de esta Constitución, nuestro europeísmo forma parte de nuestra tradición. El sí del PSC es un sí sincero, europeísta y de buena fe; el no de Esquerra y el de Iniciativa es sincero, europeísta y de buena fe, porque síes y noes de mala fe, haberlos, haylos.
Pero esto no es privativo ni patrimonio nuestro. El resto de partidos catalanes y el pueblo de Cataluña siempre ha tenido a Europa como un ideal de democracia, de cultura, de civismo, de respeto hacia la diversidad, de eficacia administrativa. En suma, un ideal que entronca con los valores del catalanismo. Es por ello que a algunos partidos nos ha sido incómodo pedir el no, porque por la lógica de las simplificaciones y los excesos habituales en las campañas, se hubiera podido dar la impresión de que abjurábamos de nuestra histórica posición.
Todos compartimos la idea fundamental de que era preciso un salto cualitativo en la construcción de Europa y también estamos de acuerdo en muchos de los elementos que innovan esta Constitución. Los del sí aducen que atendiendo a la complejidad de la obtención del acuerdo de 25 Estados, era lo único posible; que aunque comparten con los del no el sentimiento de querer ir más lejos en temas sociales y de reconocimiento de las identidades, era lo actualmente posible. En cierta parte tienen razón, si atendemos a la complejidad de los refrendos en Francia y Holanda, cuestiones que tengo que decir que nos preocupan a todos, tanto a los del sí como a los del no.
Ahora bien, es una realidad que Cataluña, junto con el País Vasco, ha presentado una singularidad de resultados en este refrendo. Ante un porcentaje de participación ligeramente inferior, los noes y blancos suman más del 35 por ciento de los votos, mientras que en el conjunto del Estado

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suman sólo el 22 por ciento. Si se analiza este voto diferencial, se verá que en su inmensa mayoría es un no de buena fe; no hay voto emboscado, masivo, de votantes de partidos que hayan predicado oficialmente el sí, aunque sus entornos promovieran el no. En Barcelona, por ejemplo, no ha sucedido como en Madrid, donde los distritos más proclives al PP han votado masivamente por el no, debe ser porque el Partido Popular de Cataluña también se comportó diferencialmente.
Pero, ¿por qué este voto diferencial? Porque Cataluña, entendida como sujeto político y cultural, esperaba más; esperaba más reconocimiento a su especificidad lingüística y cultural, esperaba más posibilidades de participar en Europa, y también esperaba más compromiso en asegurar la paz mundial y la expansión de los valores del Estado del bienestar europeo, más defensa de los derechos sociales adquiridos por los trabajadores en decenios de lucha, más contención a las multinacionales, más defensa de los consumidores.
Esta falta de reconocimiento de la principal característica de Europa, que es la diversidad lingüística y cultural, ha tenido un episodio especialmente sensible en el ámbito lingüístico respecto al reconocimiento de la oficialidad del catalán, cuestión que pese a las múltiples gestiones realizadas por el Gobierno central y pese a la importancia del camino realizado, gestiones y camino que agradecemos y que apoyamos, aún sigue pendiente de una solución satisfactoria.
En cuanto al déficit social del tratado, éste se debe en gran medida al peso que siguen reservándose los Estados, debido a su capacidad de veto.
En ámbitos como la fiscalidad, la política social o determinadas medidas de política medioambiental, un solo Estado puede bloquear los acuerdos alcanzados, tendentes a una mayor integración europea, dificultando la articulación de una política exterior común.
Existe también un importante déficit democrático, ya que el Parlamento Europeo, que es la única institución escogida libremente por la ciudadanía, sigue careciendo de las competencias propias de una cámara legislativa.
De todos modos, ante esta diversidad de posiciones, nadie pedía menos Europa. Se coincidía, inequívocamente con el sí, en pedir más Europa. La discrepancia radicaba en la diferente concepción institucional y social que debe caracterizar a la nueva Europa, pero siempre pensando en su fortalecimiento, nunca en su debilitamiento.
Si Felipe González decía que el mundo necesita más Europa, nosotros añadimos que Cataluña también, y España también. Ahora bien, el sí es un hecho y también lo es ver cómo el Gobierno español intenta ir más allá, cosa que agradecemos y que aplaudimos sinceramente. Las gestiones para que sea reconocida la pluralidad lingüística de España y los gestos para que las comunidades autónomas puedan participar ante la Unión Europea son acciones que tienen nuestro apoyo entusiasta.
Por lo que respecta al referéndum, acatamos unánimemente la voluntad expresada y reconocemos con toda claridad que el conjunto de la ciudadanía dio mayoritariamente el sí al tratado, y quizá hubiera sido más democrático, más respetuoso con el pueblo, que hubiera tenido un carácter expresamente vinculante, sin necesidad de una ratificación posterior en las cámaras. Como ya he dicho, somos un grupo catalán y, si hemos de ser escrupulosamente democráticos, en nuestra posición ha de quedar reflejada la proporción de votos emitidos en Cataluña. Es por ello que anuncio el voto favorable del Partido de los Socialistas de Cataluña y el voto desfavorable de los miembros de Esquerra Republicana y de Iniciativa por Cataluña. Un sencillo cálculo demuestra que, si los senadores de los otros partidos catalanes votan en coherencia con sus posiciones, se reproducirán los porcentajes de síes y de noes habidos en Cataluña.
Nada más. Esperemos, pues, que la singladura europea sólo haya empezado y que realmente, al final, nuestros ideales se vean reflejados en una Europa fuerte, democrática, y cívica, luz de la paz mundial.
Muchas gracias, señor presidente. (Aplausos.)

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señoría.
Por el Grupo Parlamentario de Senadores Nacionalistas Vascos, tiene la palabra el señor Anasagasti.


El señor ANASAGASTI OLABEAGA: Muchas gracias, señor presidente.
Zorionak, Juanjo. ¡Se nota que eres de Bilbao! (Risas.) Señor presidente, el 9 de febrero, en plena campaña del referéndum, tratando de lograr el sí en el Estado español para la Constitución europea, que es un tratado, vino al Senado la señora Wälstrom, que es la vicepresidenta de la Comisión Europea, que ha sido ministra socialdemócrata en Suecia y comisaria de Medio Ambiente y que se ocupa, dentro de la Comisión, fundamentalmente de los temas institucionales y de comunicación. En el Senado se convocó una reunión en la Comisión Mixta Congreso-Senado para la Unión Europea y en ella no estuvo la presidenta, no estuvo el vicepresidente; sólo estuvieron dos parlamentarios del Grupo Popular y uno del Grupo Vasco. Es decir, y coloquialmente hablando, nos reunimos cuatro gatos. Le hicimos ver a la señora Wälstrom cómo ven plena campaña, tratando de lograr el sí al referéndum europeo, se encontraba en el Senado español, en una comisión mixta, con cuatro personas. Le dijimos: ¡Imagínese usted la opinión pública cómo puede estar sensibilizada! Nosotros le sugerimos que tenía que hablar no solamente con las instituciones, sino además con los directores de medios de comunicación, porque mientras en Europa no sea noticia lo europeo, mientras entre las cuatro primeras noticias de los informativos no haya una sobre Europa, eso será algo lejano, y en dos meses no se puede organizar un referéndum europeo en frío. La señora Wälstrom dijo que teníamos razón. Afortunadamente, el presidente del Senado luego arregló con unas aceitunas (Risas.) la situación de cierta tensión y de cierta indefensión para la señora Wälstrom. Ella nos decía que también había ocurrido algo parecido con el tsunami. Europa había aportado una cantidad ingente de dinero, mucho más que Norteamérica, y, sin embargo, todas las medallas se las había llevado Colin Powell porque había llevado detrás suyo a la CNN.


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Nosotros estamos totalmente de acuerdo con que usted convocara un referéndum, y fue una decisión difícil, complicada, pero consideramos que hay un tipo de decisión que se tiene que tomar porque no se le puede tratar al ciudadano como si fuera menor de edad. Consideramos que aquello fue bueno y, además, porque las decisiones políticas no solamente se tienen que hacer en los conciliábulos políticos, pues el ciudadano tiene que participar. Así como el ciudadano español, en general, sigue con mucho interés algo fundamentalmente europeo también, como puede ser el fútbol, la UEFA y la Champion League, porque le interesa, porque lo ve cercano, habría que hacer algo similar de una manera mucho más profesionalizada para que lo europeo interesase al ciudadano, para que se diera cuenta de la importancia que tiene lo europeo en su día a día; eso es fundamental. Y mientras no logremos eso, habremos conseguido muy poco a la hora de la construcción europea.
Nosotros no tuvimos duda alguna para dar el sí a la Constitución europea, al tratado. Somos un partido europeísta desde siempre, y eso que se nos excluyó de la convención y se envió a cuatro grandes jacobinos --no voy a decir sus nombres--, pero usted sabe que cuando se contrata a un mariachi, es para que cante rancheras, y eran cuatro jacobinos terribles.
Se nos excluyó. No fue el señor Guardans, como nosotros hubiéramos querido, para defender eso que ahora su Gobierno está tratando de defender, y hubiéramos adelantado mucho trecho. Las alusiones que está haciendo a las lenguas que las consideramos importantes, en aquél momento se podría haber trabajado mucho mejor y no se hizo.
Hay un tipo de referéndum, un tipo de elección, que es la municipal. El ciudadano vota no tanto ideológicamente, sino con ese voto útil, al alcalde que conoce y que le hace buena gestión, y participa. Unas elecciones legislativas son ideológicas --el voto útil-- y unas elecciones o un referéndum europeo es algo muy lejano. Entonces uno se permite hacer experimentos con champán, y ahí nos encontramos con una abstención masiva. Desgraciadamente, al día siguiente del referéndum se pasó página. A nuestro entender se debía de haber hecho un estudio sociológico de una manera intensa para ver cuales fueron las motivaciones para que el ciudadano se quedara en su casa y para que no le interesara bajo ningún concepto el tema europeo.
Señor presidente, nosotros --como le he dicho-- siempre hemos tenido muy clara la idea europea. Después de la II Guerra Mundial, cuyo sesenta aniversario se está celebrando en este momento, apostamos por aquella democracia cristiana europea que fue una especie de polo intermedio entre los grandes totalitarismos de derecha e izquierda. Y apostamos por la Europa federal, y aplicando el principio de subsidiaridad se fue construyendo una Europa que hoy está en la situación en la que está, pero fueron Schuman, De Gasperi, Sturzo, Monet, todos aquellos pensadores democristianos los que hicieron posible, incluso desde nuestra propia sede del PNV en París, que usted conoce muy bien, en la Avenue Marceau, que se constituyera en 1949 el Consejo Federal del Estado Español del movimiento europeo. Aprovecho la oportunidad, ya que el Pisuerga pasa por Valladolid, para recordarle que hoy el Instituto Cervantes está en la sede incautada por la Gestapo al PNV en 1951.
Señor presidente, a nosotros se nos ha dicho que con el Plan Ibarretxe queríamos sacar a Euskadi de Europa. Nada más lejano. Sabemos lo que es Europa desde hace muchísimo tiempo y sabemos lo que da de sí ese tipo de planteamientos. Pero creemos que esta constitución, que no es una meta, sino que es una buena etapa, hace apuestas importantes de cara al Parlamento Europeo, a un Parlamento Europeo que le otorga una serie de facultades de cohesión muy relevantes. Se convierte en una referencia internacional en un momento político tan significativo como el que estamos viviendo, cuando ya empiezan a aparecer en el horizonte retos tan importantes como el chino; en la actualidad existe ya una lucha entre China y una Europa asustada y preocupada por la invasión del textil y sus bajos precios. Se simplifica toda la estructura europea con este tratado. El Comité de las regiones es un planteamiento excesivamente tímido, pero algo se ha hecho.
En fin, no me da tiempo a decir cuáles han sido los avances y tampoco voy a decir cuáles, a nuestro juicio, han sido los principales retrocesos no vaya a ser que haya por aquí algún francés euroescéptico que haga campaña contra el no porque la verdad es que nos interesa muchísimo que en Francia digan sí, a pesar de que el otro día en Austria y en el «Bundestag» alemán ya dijeron sí. Nosotros creemos que dentro de seis años se cambiará este tratado europeo y dentro de 20 años se podrá apostar por una Europa federal.
Señor presidente, usted quizá no conozca este pequeño librito. Ha sido editado por el Instituto Vasco de Administraciones Públicas y se titula «La Europa de Peter Pan». Peter Pan tenía miedo a crecer. Esta Europa tiene miedo a crecer y esta Europa también tiene su Capitán Garfio, que son los intereses de los estados, los egoísmos, las insolidaridades. La verdad es que en este libro se hace una apuesta por la ciudadanía europea. Consideramos que el futuro pasa por la ciudadanía europea. En este tratado se contempla de una manera distinta al ciudadano europeo con sus propias capacidades de iniciativa, incluso un millón de ciudadanos europeos pueden empezar a tomar iniciativas y pueden decir lo que en el futuro quieren hacer con ciertos temas y con el tiempo ese ciudadano europeo concienciado podrá trabajar y podrá, incluso, hacer frente a políticas de los Estados absolutamente impresentables.
Señor presidente, termino. Usted ha hecho aquí dos alusiones al Senado.
Usted ha demostrado tener una mayor sensibilidad hacia esta Cámara que en tiempos pasados. Usted vino después de su investidura. Usted convocó aquí la conferencia de presidentes. Usted va a participar en el mes de septiembre en un debate sobre el estado de las autonomías --creo que se llama así--. Usted contesta una vez al mes preguntas parlamentarias --poco, pero algo es algo--. Le sugerimos que así como usted ha apuntado la posibilidad de que en esta Cámara se residencie cada vez más y con mayor intensidad el seguimiento europeo, que la trasposición de directivas comunitarias y todas aquellas iniciativas se puedan ir llevando adelante con un seguimiento de esta Cámara, que tiene el sosiego y el tiempo suficiente, si usted le da esa posibilidad, y si después de las

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cumbres comunitarias, va usted al Congreso, y viene usted al Senado, o antes de las cumbres comunitarias viene usted aquí o cuando hay una cumbre extraordinaria viene usted aquí, con el tiempo esta Cámara no será sólo de representación territorial, sino que cuando se hable de Europa se asociará su nombre al Senado.
Usted, en el debate sobre el estado de la nación habló de que lucharía contra el viento de la deslealtad y contra la marea de la intolerancia.
Nosotros le decimos que luche contra el viento de los intereses europeos, que son muchos, y contra la marea de la indiferencia, fundamentalmente la indiferencia europea. Yo creo que no sólo usted sino todos debemos luchar contra eso porque Europa necesita dos piernas para poder avanzar, una, la opinión pública y otra, una negociación transparente para que no se asocie Europa a una habitación cerrada, a políticos hablando de lo suyo y de sus propios problemas y no de problemas del ciudadano.
Termino, señor presidente. En una oportunidad Donald Rumsfeld habló de la vieja Europa pero, como decía el poeta, Europa para nosotros no es vieja sino antigua, nosotros le saludamos como se saluda a la aurora, y por eso nuestro grupo parlamentario va a votar que sí, lógicamente, a esta iniciativa de ley orgánica.
Muchas gracias, señor presidente (Aplausos).


El señor PRESIDENTE: Gracias, señoría.
Por el Grupo Parlamentario Catalán en el Senado de Convergència i Unió, tiene la palabra el senador Macias.


El señor MACIAS I ARAU: Gracias, señor presidente. (El señor Macias i Arau pronuncia palabras en catalán, que se reproducen según el texto que facilita a la Redacción del «Diario de Sesiones»): «Bona tarda, senyor president. Començaré la meva intervenció parlant de Banyoles. Sap vostè on ès la ciutat de Banyoles?» Bañolas, señor presidente, es un municipio de las comarcas de Girona donde, posiblemente, si ahora nos encontráramos en Francia, podrían hablar de un resultado a lo francés. En Bañolas los votos afirmativos fueron el 47 por ciento, los votos negativos el 43 y medio por ciento y los votos blancos prácticamente el 10 por ciento.
¿Qué ha sucedido en Bañolas, señor presidente? ¿Qué ha sucedido, por ejemplo, en 106 de los 946 municipios de Cataluña donde ganó el no? Pues ha sucedido, señor presidente, que no son los ciudadanos de Bañolas menos europeístas que los de León --como mínimo igual--, no son los ciudadanos de Bañolas especialistas en castigar por el motivo que sea al Gobierno; ha sucedido, señor presidente, que los ciudadanos de Bañolas no están satisfechos con el diseño del tratado constitucional y, sobre todo, no están satisfechos porque este diseño no responde plenamente a aquel concepto de Europa que desde hace muchos años se tiene en Cataluña.
Nosotros, como usted sabe perfectamente, sentimos un profundo respeto por el no de los ciudadanos de Bañolas y por el no -- no sé cual fue el porcentaje-- que le dieron los ciudadanos de León. Nosotros sentimos un profundo respeto por todos estos ciudadanos, muchos de los cuales, compartiendo una profunda idea de Europa, se vieron llevados el pasado referéndum a pronunciarse por el no o a quedarse en su casa, señor presidente, y esto sí que es un fracaso de todos nosotros. Sin embargo, no creemos que se pueda hacer un proceso de apropiación partidista ni del sí ni del no. (Rumores.)

El señor PRESIDENTE: Señorías, ruego guarden silencio, por favor.


El señor MACIAS I ARAU: Nosotros, señor presidente, creemos que hay que tomar buena nota, reflexionar y, en cualquier caso, tenemos que mostrarle la satisfacción de Convergència i Unió por el resultado global del referéndum, por la ratificación por parte del Congreso de los Diputados y por la aprobación que hoy, supongo, va a efectuar esta Cámara.
Usted sabe, señor presidente, que esta sensación nos viene de nuestro profundo europeísmo; en la formulación misma de los dos partidos que componen la federación de Convergència i Unió radica un profundo europeísmo: Unió Democràtica de Catalunya, un partido que tiene muchos años, pero también Convergència Democràtica de Catalunya. El europeísmo radical, profundo, conceptual de Jordi Pujol, que, como usted sabe, ejerció como presidente de la Asamblea de las Regiones de Europa durante muchos años --por cierto, los mejores años de este organismo--, el profundo europeísmo que el conjunto de la sociedad catalana ha sabido manifestar.
He traído un libro editado por el Instituto de Estudios Autonómicos del Gobierno de la Generalitat en el que se recoge una de las múltiples jornadas --creo que la décima--, que la llamada convención catalana -- y voy a citar algunos de sus miembros-- realizó. Nada tiene que ver con los cuatro aludidos jacobinos nombrados por el Estado español, aunque alguno se encuentre aquí también, porque había una clara vocación de que todos pudiéramos formar la opinión, en este caso catalana, respecto de este proceso.
Figuran, por ejemplo, catedráticos de Derecho Constitucional de la Universidad de Barcelona, como Enoch Albertí, pero también catedráticos de la Universidad Complutense de Madrid, por ejemplo Ricardo Alonso García; estaba el diputado y ex presidente del Parlamento Europeo, Enrique Barón; también alguien que votó en contra, Joan Boada, diputado comunista del Parlament de Catalunya; también Josep Borrell Fontelles, hoy presidente de la convención; Andreu Claret, director del Instituto Europeo de la Mediterránea; el hoy consejero de Economía de la Generalitat de Catalunya, e historiadores francamente nacionalistas, como Joan B. Culla, o Jesús Leguina, catedrática de Derecho Administrativo de la Universidad de Alcalá de Henares; Miquel Roca i Junyent, Raimón Obiols, y Pablo Pérez Trems, catedrático de Derecho Constitucional de la Universidad Carlos III; todos ellos compartiendo su europeísmo, no excluyendo a nadie. Señor presidente, este es nuestro europeísmo, del que siempre ha hecho gala Convergència i Unió.
Como usted sabe perfectamente, como saben todas las señoras y señores senadores, Convergència i Unió ha realizado

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un gran trabajo para ganarse la liga del referéndum europeo en Cataluña. La ganó porque tuvimos que convencer a nuestras bases de que era bueno, que era preferible apostar por Europa, aunque esta determinada conformación de Europa nos hubiera excluido; porque nosotros creemos en esta Europa de la paz, en los valores de la paz y la democracia, de los derechos humanos y de los derechos civiles; esta Europa de la tolerancia en el buen sentido de la palabra; esta Europa de la prosperidad aplicada a todos a través de la justicia social y de la lucha contra la exclusión; esta Europa, señor presidente, que más que nadie trabaja por la sostenibilidad --y hay que recordar el incumplimiento flagrante de Kyoto--; esta Europa de la diversidad pero también esta Europa donde las identidades puedan sentirse bien.
Como usted sabe, Convergència i Unió, especialmente Convergència Democràtica, tuvo que trabajarlo, y consiguió además una serie de compromisos que esperamos cumpla el Gobierno y que haga posible que a pesar de algunos aspectos no plenamente satisfactorios del Tratado constitucional, Cataluña y otras muchas naciones sin Estado tengan el reconocimiento de sus lenguas, de su sociedad, de sus singularidades en el ámbito europeo.
Fruto de todo esto, hicimos campaña por el sí, y hoy vamos a dar un sí plenamente convencido. Señor presidente, nuestro voto es un sí a este tratado, pero es también un mandato claro a su Gobierno, que es nuestro Gobierno, el Gobierno del Estado español, para que cumpla con los compromisos en relación al reconocimiento de las lenguas en Europa, para que pueda haber un papel más importante de las llamadas regiones, para nosotros naciones sin Estado, en Europa; para que usted siga trabajando para esta Europa de los valores, de la paz, de la democracia, de los derechos de los ciudadanos.
Señor presidente, cuando ha entrado en esta Cámara, --supongo que usted lo habrá comprobado--, como es habitual, ha recibido un aplauso por parte de algunos grupos y un abucheo por parte de algún otro. Nosotros no hemos aplaudido, señor presidente; nosotros hemos aplaudido a rabiar, con ganas, a nuestro compañero, el senador Laborda. Por cierto, tome buena nota de la propuesta llamada Laborda para la reforma de esta Cámara. Es una buena propuesta. Laborda-Rigol. Hicieron un buen trabajo. Creo que habría que aprovecharlo más.
Pero vamos a Europa. Nosotros no lo hemos abucheado, y quizás se lo merecía, porque el trato que dio su grupo a nuestras propuestas en el Congreso de los Diputados habría merecido que hubiéramos estado en el campo de los abucheos; pero no es nuestro estilo, y mucho menos cuando hablamos de Europa. Nosotros, señor presidente, no lo aplaudimos.
Nosotros, hoy, apostamos por continuar construyendo Europa. De hecho, quizá usted se pueda haber extrañado de que hoy no se encuentre aquí el senador, gran europeísta, eurodiputado, presidente durante muchos años del Patronato Català pro Europa, Carlos Gasòliba. Él está hoy en el seno de la familia liberal demócrata europea, la tercera fuerza política del Parlamento Europeo, haciendo campaña en Francia a favor del sí, que creo que también es muy importante el sí francés. Nosotros, señor presidente, no lo hemos aplaudido. Nosotros, señor presidente, no lo hemos abucheado.
No tenemos ganas ni de aplaudirlo ni de abuchearlo. Solamente tenemos ganas de que hoy esta cámara dé un sí rotundo a favor de Europa, a favor de este tratado constitucional pero, sobre todo, a favor de esta Europa que algunos, durante muchos años, hemos creído que era posible, y a la que este tratado constitucional, sin lugar a dudas, nos acerca un poco más.
Muchas gracias, señor presidente.


El señor PRESIDENTE: Gracias, señoría.
Por el Grupo Parlamentario de Coalición Canaria, tiene la palabra el senador Mendoza.


El señor MENDOZA CABRERA: Gracias, señor presidente.
Señor presidente del Gobierno, permítame que, en nombre de mi grupo, mis primeras palabras sean también para dar la bienvenida al senador Laborda, quien en su largo recorrido en esta cámara ha dejado marcado su talante personal y su talante intelectual. Esperemos seguir sacándole provecho.
Intervengo en nombre de mi grupo para anunciar ya el sentido de nuestro voto positivo, en consonancia con el pronunciamiento de los canarios y de las canarias, en consonancia con lo fructífera que ha sido la trayectoria de la presencia de Canarias en Europa, y en consonancia, cómo no, con los contenidos y logros que este tratado para la constitución europea define.
No cabe la menor duda de que si, de forma personal, tenemos que analizar el tratado, es posible que la primera impresión sea que el procedimiento que se ha seguido no ha sido el ideal, probablemente porque no haya habido otro; un procedimiento demasiado alejado del debate de los ciudadanos, demasiado alejado, incluso, de los respectivos parlamentos nacionales. Es probable que el contenido esté sembrado de algunas inseguridades para quienes deseaban una Europa que apostara más claramente por el Estado del bienestar. Es probable que el tratado presente a la ciudadanía una forma compleja que hace difícil su entendimiento, su desmenuzamiento, sacar de él todos los elementos positivos. Pese a todo ello nosotros hacemos una lectura tremendamente positiva de las consecuciones que nos presenta el Tratado por el que se establece la Constitución. Porque entendemos que rescata para ésta los elementos históricos más complicados de la conquista de los pueblos europeos: la democracia, el Estado del bienestar, la lucha por la libertad y el respeto a la pluralidad son elementos que marcan las características de la cultura europea de los últimos tiempos. Eso sería suficiente para apostar por el sí a la Constitución europea, pero no es lo único.
Entendemos que Europa se ve reforzada en este Tratado en cuanto al papel que debe desempeñar en el conjunto de los pueblos del mundo. Es una Europa que apuesta mayoritariamente por la cultura del multilateralismo; que apuesta porque sea en el seno de las Naciones Unidas donde se resuelvan los conflictos; que entiende que tienen que ser las ayudas al desarrollo las que acorten las distancias entre los pueblos más atrasados y los más avanzados.


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Eso ayuda a que merezca la pena apostar por el tratado constitucional.
Sin duda merecen la pena los objetivos de cohesión, que en el caso de Canarias y en el caso de España no son sólo teóricos, señorías.
Recordemos la distancia a la que estaban el Reino de España y Canarias antes de la experiencia europea y en la actualidad; por tanto, la cohesión social no es sólo teoría, sino que lo hemos experimentado en nuestra propia vivencia individual y como pueblo. Esas son razones para decir que sí, como lo hemos expresado en sucesivas ocasiones, al Tratado por el que se establece una Constitución europea. Pero permítanme que, representando a una comunidad como la canaria, no pueda obviar por qué, siendo canario, también tenemos que decir sí a dicho tratado.
Quiero recordarles que el encaje de Canarias en el seno de la Unión no ha sido fácil. Canarias fue la única comunidad que quedó fuera del Tratado de la Unión cuando entró el Reino de España. No me voy a extender porque sería prolijo, pero tiene mucho que ver con nuestra historia como puerto franco, con cómo garantizar el tránsito de los «input» en una economía a lo que tendrían que ser en otra; en fin, un largo etcétera en el que ahora no creo conveniente profundizar, pero lo cierto es que Canarias quedó fuera del primer Tratado de la Unión, con su Protocolo Dos, por los miedos históricos a cómo habíamos sido tratados desde el continente. Sin embargo, el diálogo permanente entre los tres ámbitos, los representantes de Canarias, los representantes del Estado y los representantes de la Unión Europea y fundamentalmente del Consejo, han permitido ir modulando progresivamente el encaje --no fácil, complejo, difícil, porque requiere un tratamiento desigual-- de Canarias en el seno de la Unión Europea.
Estos avances permiten creer hoy, sin dormirnos, sin pensar que son definitivos, sin pensar que todo está hecho, que son suficientes señales como para decir, como canarios, que también la aventura de Europa merece la pena y, en ese sentido, también merece la pena decir que sí.
Nada más y muchas gracias. (Aplausos.)

El señor PRESIDENTE: Gracias, señoría.
Por el Grupo Parlamentario Mixto tiene la palabra la senadora López Aulestia, que compartirá tiempo con el senador Mur.


La señora LÓPEZ AULESTIA: Gracias, señor presidente.
Señor presidente del Gobierno, señora vicepresidenta, señor ministro, senador Laborda, bienvenido, es un placer tenerle de nuevo entre nosotras y nosotros. Felicidades por su recuperación.
Mi intervención va a hacer referencia a dos elementos. Por una parte, me voy a referir al método, es decir, al acto en el que se ratificará el tratado para la Constitución Europea y, por otro, al fondo, es decir, al contenido del propio tratado y al referéndum que propició su aprobación.
En nombre de Izquierda Unida debo decir que el trámite de referéndum nos parecía completamente innecesario. (Rumores.) El señor PRESIDENTE: Señorías, ruego guarden silencio.


La señora LÓPEZ AULESTIA: Aunque el referéndum sobre la Constitución europea no alcanzó una participación satisfactoria --yo diría que ni siquiera mínimamente satisfactoria-, la ciudadanía española expresó su voluntad de aprobarlo. Para nosotros ese referéndum es un mandato y, por lo tanto, un trámite completamente innecesario.
En relación con el contenido del referéndum, creemos que el Gobierno se precipitó a la hora de convocarlo. No sé qué lectura puede tener esa precipitación. Por una parte, se puede pensar en un prurito infantil de ser el primero, sin tener en cuenta que en muchas cosas, quizá en la mayoría, antes que ser el primero es más importante hacerlo bien. Por otro lado, esa precipitación podía aprovecharse también para hacer una campaña muy superficial, sin entrar en el debate del auténtico problema.
La votación no suponía, como se hizo trascender a la opinión pública, que votar sí era votar sí a Europa y que votar no era votar no a Europa.
Quizá se aprovechó la urgencia del referéndum para conseguir sacar un sí con el menor costo posible.
Yo definiría la campaña del referéndum como la campaña del engaño o, quizá, por cortesía parlamentaria, debería decir de las medias verdades, así como el referéndum del miedo. Digo que fue el referéndum de las medias verdades, porque se dijo a la ciudadanía que ésta era la Constitución para la paz, pero no se dijo que imponía a los estados unos gastos militares muy importantes. Se dijo que era la Constitución para la democracia, pero no se decía que sólo los ciudadanos europeos tendríamos la ciudadanía Europa y que todos aquellos trabajadores y trabajadoras que proceden de fuera de Europa, que viven, trabajan y aportan su esfuerzo a Europa, quedarían convertidos en personas de segunda clase, porque no iban a tener la ciudadanía europea. Se nos habló de la Europa social, pero no se nos dijo que esta Constitución permitiría medidas tan ultraliberales como es la directiva Bolkestein, por ejemplo. No seguiré poniendo ejemplos, porque no tengo tiempo y porque les aburriría a ustedes, que conocen todo este tema mucho mejor que yo. Además, fue la campaña del miedo, porque se amenazó a los ciudadanos y ciudadanas con catástrofes --algunas veces inconcretas y otras veces concretas, y por concretas bastante ridículas-- como, por ejemplo, qué sería de España fuera de Europa, cómo nos arreglaríamos si nos expulsaban de la Unión Europea o en qué nos convertiríamos si quedábamos excluidos de este cielo del progreso del mundo avanzado. Por cierto, son los mismos argumentos que afloran ahora en Francia, cuando se ve en peligro el sí a la Constitución. En cualquier caso, la ciudadanía española aprobó este tratado constitucional, pero tengo la percepción de que los resultados que se van a producir en Francia, y enseguida en Holanda, van a ser tan ajustados, gane el sí o gane el no, que nos van a obligar, sobre todo a la izquierda, a replantearnos lo que realmente tenía que haber sido el debate de esta campaña para el referéndum. No se debía debatir Europa sí o Europa no, porque todos somos europeístas convencidos, tanto los que propiciaron el sí como los que propiciamos el no, sino saber qué

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modelo de Europa queríamos. Desde mi punto de vista, ese será el debate fundamental que nos tendremos que plantear a la vista de los resultados que se produzcan en otros referéndum y que no solamente habrá de plantearselo la izquierda española sino también la izquierda europea, partiendo de un europeísmo crítico --pero también europeísmo--, para analizar qué modelo de Europa quiere la izquierda. En ese debate encontrarán a Izquierda Unida, encontrarán a la Izquierda Unida europea y yo invito al Partido Socialista Obrero Español a que se sume también a este debate sobre el modelo de Europa que queremos y cómo vamos a hacer para que salga adelante y consigamos que sea la Europa de izquierda que queremos.
Muchas gracias.


El señor PRESIDENTE: Gracias, señoría.
Tiene la palabra el senador Mur.


El señor MUR BERNAD: Gracias, señor presidente.
Señorías, en primer lugar, permítanme que dé un caluroso saludo de bienvenida al senador Laborda, compañero y siempre amigo. ¡Bienvenido! Quiero agradecer y valorar al señor presidente del Gobierno su presencia en esta Cámara y en este trámite, por lo que supone de revalorización del papel del Senado; sin embargo, y a pesar de ser importante, desde mi punto de vista no es suficiente porque le recuerdo que hay que agilizar el proceso de reforma del Senado, de acuerdo con los compromisos que usted mismo contrajo.
Hoy se cumple lo previsto en el artículo 93 de la Constitución Española; las Cortes --en este caso, el Senado-- autorizan la ratificación del tratado por el que se establece una Constitución para Europa. Una vez llegados a este punto, tengo que recordar al señor presidente su afición al riesgo, que se puso de manifiesto cuando convocó el referéndum para el pasado día 20 de febrero; riesgo, y ahora también podemos decir que buena estrella, porque el referéndum salió bien y salvamos el trámite. En este sentido, debemos reconocer --y usted también debe hacerlo-- el esfuerzo que hicimos algunos, y no solamente el Gobierno, para salvar bien esta coyuntura.
Tengo que recordar también que en usted se ha cumplido aquella máxima de la diplomacia inglesa, según la cual se pueden tener aliados circunstanciales y, sin embargo, intereses permanentes. En este asunto han primado los intereses permanentes. ¡Enhorabuena, señor presidente! Sin embargo, todos debemos reconocer que nos queda mucho camino por recorrer, en la Europa ampliada y en nuestro propio país. Europa es un proyecto y una realidad que se deben reforzar y revalorizar cada día y no solamente con las ideas sino también con los hechos.
Tendremos que hacer esfuerzos para que los puntos básicos de la Constitución Europea sean una realidad permanente y no una simple circunstancia. Queremos una Europa más democrática, más solidaria, más respetuosa con la pluralidad cultural, social y política. Europa, señor presidente, debe garantizar la cohesión económica, social y territorial de sus ciudadanos y de todos los territorios. En este sentido, nos preocupa que la aprobación de esta Constitución pudiera servir para consolidar el modelo de la Europa de los Estados versus la Europa de las regiones, y que algunos Estados se escuden en las exigencias europeas para reconducir y devaluar las competencias y el autogobierno de las comunidades autónomas.
Señor presidente, como europeísta convencido y representante de un partido --el Partido Aragonés-- que siempre ha trabajado por Europa, como ciudadano de un territorio, Aragón, para que Europa siempre ha sido una meta y una esperanza de desarrollo, hemos apoyado y apoyaremos esta tarde con nuestro voto este tratado, pero este voto también, señor presidente, es de felicitación colectiva y de agradecimiento a todos cuantos han trabajado por la Europa en la que hoy estamos y en la que estoy seguro que se desarrollará nuestro futuro.
Nada más y muchas gracias.


El señor PRESIDENTE: Gracias, señoría.
Por el Grupo Parlamentario Socialista, tiene la palabra el senador Lerma.


El señor LERMA BLASCO: Muchas gracias, señor presidente.
Quiero empezar, como todos ustedes, por supuesto, dando la bienvenida a Juan José Laborda y decirle que en el Grupo Socialista siempre nos hemos sentido acompañados por su presencia, de manera que su escaño ha estado siempre lleno entre nosotros. Muchas gracias, Juanjo.
Vamos a aprobar, a dar el sí al Tratado de la Constitución europea. Y no siempre empezamos de forma correcta, porque habitualmente estamos insistiendo, quizá demasiado, en lo que han sido nuestras aportaciones a esa Unión y posiblemente no insistimos en el proyecto colectivo que representa, que es lo que seguramente traería más atención para los ciudadanos. Más que reconocernos nuestros propios méritos, probablemente deberíamos pensar en qué supone para los ciudadanos europeos esta Constitución y esta Europa.
Y vamos a dar el sí al tratado por el que se establece una Constitución Europea después de que el Congreso lo haya aprobado por inmensa mayoría y de que los ciudadanos y ciudadanas españoles lo hayan ratificado también por amplia mayoría, dotándolo así de una superior legitimidad democrática.
Debemos al presidente del Gobierno la iniciativa de haber convocado un referéndum para la ratificación y a los grupos parlamentarios su consentimiento para hacerlo posible. Es justo, pues, que lo reconozcamos, así como también que celebremos el hecho de haber manifestado previamente el Gobierno su voluntad de sentirse políticamente obligado por el resultado, aunque se tratara de un referéndum consultivo. La mejor forma de superar los recelos sobre el déficit democrático de la Unión, del que tantas veces se ha hablado, es precisamente pedir la opinión a sus ciudadanos, solicitar, fomentar y conseguir su participación activa en el proceso de ratificación.
Y hablando precisamente de ratificación, ¿qué es lo que ratificamos? ¿Para qué estamos pidiendo el voto favorable

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esta tarde? ¿Para un tratado internacional o para una constitución? Se ha discutido mucho, pero desde el punto de vista del Derecho, por la forma de adopción, ratificación y, en su caso, de la revisión prevista, es, sin duda, un tratado internacional. Pero es un tratado internacional con efectos claramente constituyentes. Es, pues, claramente, una constitución de una nueva forma de unión política. Por la personalidad jurídica que se le concede a la Unión, pero también por el modelo político, los valores y los objetivos, la Carta de derechos fundamentales, la primacía del Derecho comunitario, estamos haciendo referencia claramente a una constitución.
Y es precisamente esta nueva forma de unión política la que retoma los valores iniciales de la creación de la Unión, aquella que empezó gestionando en común el carbón y el acero y luego la energía nuclear naciente, que eran los instrumentos tradicionales de las guerras, para construir una Europa en paz duradera, como nunca había conocido a lo largo de su historia.
El bienestar de una Europa devastada por la guerra, la imperiosa necesidad de hacer alimentos llevó a Europa a una política agraria común, que tuvo tal éxito que pronto nos transformamos en una productora de excedentes, que, sin duda, hubo que reformar. Y a medida que surgían los nuevos problemas, como por ejemplo los medioambientales --de los que se empezó a hablar muy tempranamente-- o los de seguridad, se fueron poniendo políticas en común, cuyo éxito nos ha llevado sin duda a la actual ampliación, y por lo tanto a la necesidad de la reforma.
Nunca hubo exclusivamente un proyecto económico europeo; siempre ha habido un proyecto político para la paz, para la seguridad, para la solidaridad, para los ciudadanos, en definitiva. El proyecto económico europeo terminó en 1973, con el ingreso de Gran Bretaña en la Unión Europea. Allí terminaron los sueños de hacer una Europa solamente económica. Es importante el salto cualitativo que damos ahora; es muy importante: le vamos a poner cara a la Unión Europea. Vamos a tener un presidente del Consejo no rotatorio, sino por un período de tiempo suficiente; vamos a tener un ministro, o, más bien, un ministerio de Exteriores; vamos a tener unas políticas comunes que se han demostrado claramente necesarias en este proceso nuevo. La legitimación de esta nueva Europa viene ahora de los Estados, pero también de sus ciudadanos.
En este camino recorrido, seguramente con muchas críticas, han sido muy importantes las instituciones creadas por la Unión, y singularmente un Parlamento Europeo por sufragio universal, que nació prácticamente sin haberlo esperado, y que ha hecho sin duda que el impulso a los avances que hemos obtenido en este momento haya sido mucho menos limitado de lo que hubiéramos llegado a pensar. Por ello, al Parlamento Europeo y a todas las instituciones europeas que han tenido un funcionamiento en común que ha hecho ciudadanía europea, en definitiva, hay que reconocerles su aportación. Y hay que reconocer su aportación también a la Convención, si se me permite hablar de esa novedad política que, agrupando al Parlamento Europeo, a la Comisión, a los gobiernos y a los parlamentos nacionales, y consultando a las organizaciones sociales, y especialmente a sindicatos y empresarios, ha aportado eficacia y legitimidad al proceso constituyente. Me permitirán ahora que, en esta Cámara, singularice mi reconocimiento en una persona de la oposición: el senador don Alejandro Muñoz-Alonso, activo miembro de la Convención.
Para este nuevo mundo más interdependiente, surgido del fin de la política de bloques, para la paz, la seguridad, la solidaridad y el bienestar, hacía falta una voz europea potente que, a la vez, respetara la diversidad e hiciera compatible la ciudadanía europea con la pertenencia a Estado, comunidad o ciudad; en definitiva, con la diversidad. A esta doble necesidad de dar respuesta ha acudido la Constitución. Como también da respuesta esta Constitución a la igualdad entre hombres y mujeres o a la solidaridad. Por eso hemos pedido el sí a los ciudadanos y ciudadanas, y por eso lo pedimos también en esta Cámara, y lo seguiremos pidiendo hasta el final.
Ha habido tradicionalmente, en determinados sectores de la opinión pública española, poca convicción en la idea de Europa. Se trata de sectores especialmente conservadores, que se han resistido a la modernización de España, y que quizá hubieran deseado un resultado diferente en el referéndum de aprobación: quizá un sí más ajustado, o quizá incluso una mayor abstención, por razones que podríamos llamar de política interna y, desde luego, por poner freno al proceso de modernización.
Sin embargo, el comportamiento de los ciudadanos y ciudadanas españoles no ha dejado lugar a dudas, por mucho que se quiera forzar la interpretación: han apostado por vincular su proyecto de futuro a la Europa unida. Nuestro deseo es que compartamos todos el éxito del referéndum después de haber compartido el sí o incluso después de haber defendido el no, y que nadie se pueda sentir perdedor en este referéndum, porque el resultado no es sólo positivo para España o la Europa de los veinticinco, seguramente también va a influir en una realidad mucho mayor, en la de todos aquellos que esperan que el crecimiento esté al servicio de los ciudadanos y ofrezca a todos su propia oportunidad.
Por eso, confiamos y pedimos el sí a nuestros socios europeos y estamos convencidos de que este proceso acabará felizmente y de que en las fechas previstas entrará en vigor esta Constitución. Europa la necesita y el mundo, especialmente la parte más desfavorecida, más necesitada de este mundo desigual e injusto necesita una Europa fuerte, unida, cohesionada y solidaria; una Europa que siga siendo el principal agente de cooperación internacional y ayuda al desarrollo del mundo.
Señorías, es esta nuestra aspiración, es esta nuestra meta y por ello, con entusiasmo y esperanza, vamos a votar sí y solicitamos también un sí a toda la Cámara en esta ocasión.
Nada más y muchas gracias. (Aplausos.)

El señor PRESIDENTE: Gracias, señoría.
Tiene la palabra el presidente del Gobierno.


El señor PRESIDENTE DEL GOBIERNO (Rodríguez Zapatero): Muchas gracias, señor presidente.


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Intervengo de forma breve para agradecer, en primer lugar, el tono de las intervenciones que se han producido en el desarrollo de la tarde sobre el debate de ratificación del proyecto del Tratado Constitucional Europeo.
Tengo que reconocer que es la tónica de esta Casa, con un debate en un buen tono y, además, a uno le produce satisfacción, le regalan libros, con lo cual, señor presidente, le agradezco las invitaciones reiteradas que me hace para venir a esta Cámara. Sí es verdad que se ha producido en el desarrollo del debate una nueva por el portavoz del Partido Nacionalista Vasco, el señor Anasagasti, en relación con las cumbres europeas; me ha preocupado que haya estado atento el presidente del Senado porque imagino que empezará ya el combate para ver cumplidos todos los objetivos sobre la presencia del Gobierno y del presidente en esta Cámara.
Es verdad que he advertido al principio un cierto desacuerdo por parte del Grupo Popular; no sé si era simplemente un acto reflejo ante la actitud del Grupo Socialista o quería poner de manifiesto su discrepancia con mi presencia en esta Cámara; quiero interpretarlo más bien como lo primero, puramente como un acto reflejo ante la actitud del Grupo Socialista que, por supuesto, agradezco de corazón.
Y paso a subrayar algunas consideraciones. El señor García-Escudero ha puesto en valor --y lo he reiterado en el debate del Congreso públicamente en muchos momentos-- lo que ha representado su postura, el sí en el referéndum, en la votación en las Cámaras, pero siempre les noto un punto de incomodidad. (El señor García-Escudero Márquez hace signos negativos.) Sí, un punto de incomodidad --vamos a ser claros, ya que estamos en un tono muy distendido y agradable--, porque suponía, de una u otra manera votar con el Partido del Gobierno y, en última instancia, apoyar al Gobierno. (Rumores.) Esperen que concluya la reflexión. Invocan ustedes a los socios, y lo hemos vivido. Yo simplemente quiero decirles que para mí es una satisfacción poder votar con el Grupo Popular, no tengo ningún problema ni ninguna reticencia en cuantos temas de fondo se produzcan, mucho más cuando se trata de una norma esencial de convivencia como es la Constitución europea.
Es verdad que el señor García-Escudero no comparte esa frase ciertamente reiterada por mí sobre el regreso al corazón de Europa, pero me reconocerá usted que en los últimos años ha habido una fuerte tendencia a viajar en exceso hacia el Atlántico, haciendo alguna escala en determinadas islas de cuyo nombre seguramente no quieren ustedes acordarse. (Aplausos en los escaños del Grupo Parlamentario Socialista.--Protestas en los escaños del Grupo Parlamentario Popular.) En todo caso, creo sinceramente que la participación de la ciudadanía en el referéndum puede considerarse como muy satisfactoria. No me refiero sólo al resultado, que fue abrumadoramente a favor del sí, sino, como digo, a la participación, sobre todo si tenemos en cuenta dos factores claros y constatables: En primer lugar, la participación electoral en nuestro país cuando hay competición entre fuerzas políticas alcanza su récord en torno al 75 ó 78 por ciento. Así pues, el que haya votado un 42,5 ó un 43 por ciento del censo cuando no hay tal competición entre las grandes formaciones políticas, en el sentido del voto es un alto grado de participación, sobre todo si tenemos en cuenta la participación normal o habitual en los referéndum de los países donde el voto no es obligatorio.
Y no digamos nada del porcentaje de voto favorable del referéndum a tenor de lo que habitualmente han sido los referéndum sobre tratados europeos y de lo que están siendo y van a ser los resultados: muy ajustados en muchos países.
He expresado en mi intervención, y en otras muchas ocasiones, que, en efecto la apuesta del sí hecha por el Gobierno y por el Partido Socialista contiene una reflexión de futuro --creemos que a España le conviene la Constitución europea--, pero también de pasado, pues pensamos que existe una deuda importante de España para con Europa.
Señor García-Escudero, yo no me refería a la aportación que España ha recibido desde el punto de vista de los fondos, que ha sido muy importante y que sin duda es un factor claro de nuestro desarrollo, de nuestro progreso y de nuestro bienestar, sino también, y de forma singular, a que nuestra incorporación a Europa, nuestra europeización definitiva en términos prácticos --ya lo estábamos respecto de los culturales y los históricos--, ha supuesto ante todo consolidar libertades, consolidar democracia y consolidar una posición en el mundo.
Y eso, sin duda, supone una deuda con Europa. De la misma forma que los países que ahora se están incorporando como consecuencia del proceso de ampliación, lo que para ellos va a suponer un enorme factor de desarrollo, podrán decir en su día que devuelven a Europa lo que ésta les ha dado.
Y aquí ligo con la cuestión concreta que ha planteado usted sobre las perspectivas financieras y el horizonte que tenemos al respecto. Usted lo ha definido y tiene razón. Tenemos por delante una negociación difícil y compleja como consecuencia de lo que representa el proceso de ampliación de la Unión Europea, el proceso de desarrollo de nuestro país, de crecimiento de producto interior bruto y de la posición relativa que ahora ocupamos en relación con la media de la Unión Europea. Pero, créame, mi convicción, mi forma de ver las cosas, mi actitud es que el mejor resultado será, sin duda, fruto de una negociación que tenga en cuenta el reconocimiento de lo que otros han hecho por nosotros. Nadie recibe si no da antes. Ésa es mi forma de entender la vida, también las relaciones entre países, y más cuando hay un proceso de negociación. Por ello, le agradezco el apoyo que el Partido Popular va a dar al Gobierno, un apoyo estimable para la negociación que sé que ustedes van a cumplir, como cumplen normalmente su palabra.
Y, señoría, quiero tranquilizarle: por supuesto que tendremos ambición negociadora. También quiero explicitar ante la Cámara de representación territorial que es el Senado que nuestro objetivo fundamental es abordar la negociación de las perspectivas financieras para que España tenga un horizonte que ante todo nos permita superar la brecha tecnológica que tenemos como país. Es decir, vamos a hacer el mayor hincapié posible en lo que representa la necesidad de aumentar nuestro nivel de investigación, de desarrollo, de innovación, de penetración en la sociedad de la información, de creación de capital tecnológico, de

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fortalecimiento de nuestras universidades, de nuestra educación, de nuestros investigadores, en definitiva, de todo el proceso de nuestro sistema de investigación y el acceso a las nuevas tecnologías. En eso vamos a estar centrados, convencidos de que esa es la apuesta que necesitamos, la apuesta más razonable que defender, y la que nos puede dar los mejores frutos en el proceso de negociación.
En todo caso, le reitero el agradecimiento de mi grupo por la postura que ha mantenido el Partido Popular en el debate sobre el referéndum, así como que he estado muy a gusto compartiendo la defensa del sí con ustedes.
En cuanto al representante de Esquerra Republicana de Cataluña, le diré que, no sólo en el debate en el Congreso, sino en el conjunto del debate sobre el referéndum, he mantenido un profundo respeto por el no, aunque no lo compartiera por creer que es una posición que en estos momentos no representa ningún avance posible. Puedo entender que esta Constitución no colme todas las expectativas, sobre todo cuando se tiene una visión de la identidad y de lo que debe ser la Europa de los pueblos como la que tiene su formación política, pero creo sinceramente que supone un importante avance para los efectos del proceso de construcción de la Unión Europea, así como en lo que se refiere a la repercusión y traslación que va a tener la nueva arquitectura europea para el desarrollo de la España plural.
Y permítame que le diga que el resultado del referéndum en Cataluña, y también en el País Vasco --con esto adelanto alguna consideración al señor Anasagasti--, ha sido rotundo y claro, tal como ha ocurrido en el resto de España. Recordemos que en un referéndum el hecho de que el sí supere claramente el 60 por ciento indica un resultado también muy claro.
Normalmente los referéndum arrojan un equilibrio bastante importante en torno al sí y el no. Por ello, a pesar de que su fuerza política ha sido en buena medida causante del no en su comunidad, por lo que seguramente si Esquerra no lo hubiera pedido el sí hubiera sido aún mucho mayor, Cataluña ha demostrado una voluntad europeísta y una conformidad amplia con la Constitución europea.
Por otro lado, ha dicho usted algo que considero relevante, como es si el referéndum tenía o no carácter vinculante. Todos sabemos que no lo tiene desde el punto de vista jurídico-constitucional, pero también todos debemos reconocer que desde el punto de vista político tiene un carácter absolutamente vinculante. Nadie hubiera podido imaginar que si la ciudadanía española hubiera dicho no en el referéndum el Gobierno hubiera remitido el Tratado a las Cámaras para su ratificación. Y me parece que ese es un elemento de reflexión importante, que ya debatimos en el Congreso con otro grupo parlamentario, para el entendimiento de cómo hacer que convivan bien la democracia representativa y la democracia directa. En mi opinión, cuando el pueblo se pronuncia, los representantes deben votar lo que el pueblo ha dicho mayoritariamente. Es mi opinión, respetando, por supuesto, lo que vaya a ser su voto pero en el entendimiento de lo que es un buen anclaje entre democracia representativa y democracia directa, nadie puede dudar de que la fuerza del sufragio, aunque tenga un carácter consultivo, es imparable para los representantes y, por tanto, sin duda, hay un mandato político de carácter muy claro.
No veo déficit social en la Constitución, se lo digo con toda honestidad.
Más bien creo que Europa es el paradigma del modelo social más avanzado que pueda recordar en términos históricos cualquier analista, o que hoy pueda reconocer en términos comparativos cualquier persona que se aproxime a los modelos políticos, económicos y sociales de cualquier continente, región del mundo o área geográfica. No hay un sitio donde exista más igualdad social, más cohesión social, más bienestar social, que en la Europa unida, que en la Unión Europea. Y la Constitución no sólo no pone en cuestión ese modelo, sino que lo consagra como uno de los elementos de identidad de Europa. Hasta qué punto es un elemento de identidad el camino hacia la cohesión social como principio, que se ha producido algo que históricamente no había sucedido nunca como modelo estable de una unión de países, y es que los países más ricos dan recursos a los países menos ricos y menos desarrollados. No hay ningún modelo que conozca ese principio de funcionamiento. Y esta es una de las claves del éxito de la Unión Europea. Es una de las claves de por qué a ningún país que ha entrado en la Unión Europea, se le ha pasado por la cabeza salirse, o de que un gran número de países sean candidatos activos a la Unión Europea.
Se puede decir y se ha dicho, no sólo por usted, sino por otros portavoces, que una cosa es ser europeísta y otra defender esta Constitución Europea. Por supuesto, lo respeto, pero si vamos al valor simbólico y político que representa una constitución, hacer una constitución, unirse constitucionalmente, constituirse, es fortalecer la idea europea. Desde mi punto de vista, eso es difícilmente discutible y, por tanto, creo que cuanto más europeísta, más se tenía que estar a favor de la Constitución Europea. En todo caso, el debate puede ser muy enriquecedor desde el punto de vista intelectual y político. Seguramente algunos no lo entienden, pero creo que el hecho de que un grupo político o un partido haya tenido la actitud de pedir el no en el referéndum, distinta de la del Gobierno, aunque son buenos colaboradores en las tareas de un proyecto político de cambio, es la mejor expresión del respeto al pluralismo, valor que consagran las constituciones española y europea. Por tanto, creo que hoy podemos subrayarlo de una manera significativa.
El señor Anasagasti ha recordado la voluntad europeísta del Partido Nacionalista Vasco. Ha recordado que siempre han apostado por Europa.
Permítame que le diga que me hubiera gustado oírle que también apuestan por España, decididamente, permítamelo; por una España moderna, plural, abierta, integradora. Creo que hubiera sido un colofón que --en su ya habitual brillantez parlamentaria-- me hubiera permitido ponerle desde aquí un sobresaliente, cercano a la matrícula de honor. (Rumores.-- Aplausos.) Quiero subrayarle, en la misma dirección de lo que antes referí, que también en el País Vasco ha habido un alto porcentaje de voto favorable, para lo que es un referéndum; es verdad que menos que en otras comunidades, en otras nacionalidades, no voy a decir en otras naciones porque el Grupo Parlamentario Popular podría provocar en

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este momento una situación que no quiero plantear, pero le diré... (Protestas en los escaños del Grupo Parlamentario Popular.)

El señor PRESIDENTE: Señorías, guarden silencio, por favor.


El señor PRESIDENTE DEL GOBIERNO (Rodríguez Zapatero): Le diré que considero, en términos históricos, enormemente positivo que el Partido Nacionalista Vasco haya dado el sí a esta Constitución. Creo que va a ser uno de los elementos fundamentales para mucha de la tarea que tenemos por delante, que, como soy optimista, creo que tendrá un discurrir y un resultado feliz, y ese paso, desde mi punto de vista, desde el punto de vista del Gobierno, ha sido enormemente importante.
El señor Anasagasti ha recordado cuál es el origen de la sede del Instituto Cervantes, aunque ha sido de pasada, lo ha dicho de manera colateral en el discurso; yo lo tengo presente, señor Anasagasti, y sabe que siempre cuido con esmero que las cosas discurran en el futuro con la mayor justicia para la historia. Por tanto, lo tengo presente, aunque algún día podremos hablar sobre esa cuestión.
Comparto plenamente la idea de la ciudadanía, como eje y como impulso auténtico de la Europa que ha de estar más cerca de la gente. Es verdad que en la campaña y en la precampaña del referémdum, en lo que fue el debate sobre el referéndum quizá no ocupó el espacio --ante la opinión pública, en los medios-- que hubiera sido necesario, no sé si para fomentar mayor participación, pero a lo mejor sí, seguro que sí para que los ciudadanos dispusieran de más información. Pero también es verdad que coincidió con la época del «plan Ibarretxe». En aquellos momentos yo le decía a la vicepresidenta: ¡pobre referéndum! Nos ha venido el «plan Ibarretxe» con toda su intensidad, y hubo unas semanas, casi meses --aunque nos olvidamos rápidamente de las cosas--, en que sólo hablábamos de Ibarretxe y su plan o del «plan Ibarretxe», que le quitó mucho tiempo y espacio al debate sobre el referéndum.
Por último, ya he hecho referencia antes a que el Gobierno siempre se muestra abierto a facilitar cuantos debates vayan en beneficio de la idea europea. Le puedo decir que sí hay estudios ya sobre los motivos de la abstención, sobre qué incentivos faltaron para la mayor participación, cuáles son los problemas vinculados con la información de todo lo que representa el proyecto europeo, y el Gobierno se pone a disposición de esta Cámara por si quiere realizar algún trabajo, en alguna subcomisión o en alguna de las comisiones que existen, para evaluar la vinculación de la ciudadanía con Europa. Me parece que podría ser una tarea importante del Senado, en tanto en cuanto está llamado a jugar un papel, como he dicho, destacado en el futuro europeo.
No soy, como puede comprender, el señor Macias, un especialista en el devenir electoral de Banyolas; sí conozco bien cuál es la geografía electoral de León, a la que se ha hecho referencia, pero el porcentaje del no en León fue ciertamente minoritario, aunque tengo que reiterarle, también en este caso, la satisfacción que al Gobierno le produjo en su momento la apuesta de Convergència i Unió en favor del sí a la Constitución europea, después de algunos momentos que contemplábamos de duda y que desde luego para el Partido Socialista eran de inquietud.
La Constitución europea abre un espacio de avance, donde habrá que aportar desde lo que representa cada Estado voluntad política, iniciativa e imaginación para que el espacio de las regiones, de las comunidades autónomas, por ir estrictamente a la fórmula de la personalidad jurídica, tenga más relevancia.
En lo que afecta al Senado puede ser bastante evidente, si conseguimos hacer el proceso de la reforma constitucional del Senado. Y, desde luego, créame que mi grupo tiene en esa dirección toda la disponibilidad, por supuesto, incluyendo la toma en consideración --por decirlo de alguna manera-- de lo que ha recordado usted como la propuesta Laborda-Rigol que evidentemente fue una formulación bien trabajada y densa de contenidos.
Sabe su señoría que el Gobierno se ha marcado un camino y un tiempo en la reforma del Senado. El camino es, primero, digamos, al alto órgano consultivo del Ejecutivo para que nos haga un informe que será abierto, que contemplará previsiblemente diversas fórmulas o alternativas para la reforma del Senado y su conversión en una cámara territorial. Y una vez que el Consejo de Estado emita ese informe, el Gobierno, por supuesto, abrirá un proceso de diálogo con todas las fuerzas políticas para, en su momento, instar el oportuno proyecto de reforma constitucional en lo que afecta a la cámara territorial, es decir, al Senado.
Sabe que me gusta cumplir los compromisos, que me gusta hacer honor a la palabra dada y, por tanto, en esa legislatura, si hay concurso de voluntades suficiente --y creo que me entiende--, habrá reforma del Senado, repito, si hay concurso de voluntades suficiente. La voluntad del Gobierno es clara y va a avanzar en los términos que acabo de exponerle.
La misma voluntad clara que manifestamos desde el primer día en esta Cámara, también en el Congreso de los Diputados, en relación al reconocimiento de nuestra riqueza lingüística, de la diversidad de lenguas de nuestro país que, como me habrá escuchado en más de una ocasión, representa, desde mi punto de vista, un elemento enormemente positivo para lo que es nuestra convivencia, nuestra proyección hacia el exterior y lo que representa también la potencialidad de que las identidades tengan el reconocimiento que merecen y que la diversidad no sea algo visto como incómodo, que se soporta. No, para mí la diversidad de este país es algo constitutivo de la propia esencia de nuestro país; para mí la diversidad necesita ser respetada, reconocida, fomentada y apoyada, y especialmente la diversidad lingüística. Por ello, en Europa hemos trabajado intensamente y puedo poder afirmar que en este mes que va a entrar, en el mes de junio, vamos a tener noticias muy positivas en torno a lo que es el reconocimiento de las lenguas, del uso de las lenguas en el ámbito de la Unión Europea, y eso también tiene que ver con la Constitución europea; eso también tiene que ver con la demanda, especialmente hay que decirlo con claridad, desde Cataluña y, por supuesto, con los distintos grupos que en ese sentido han trabajado de manera muy intensa, como Esquerra Republicana y también Convergència i Unió.


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Al señor Mendoza le quería subrayar que comparto plenamente su visión positiva de lo que representa la Constitución europea y de lo que representa especialmente para Canarias en tanto en cuanto el reconocimiento, la singularidad , el régimen especial, las posibilidades de actuar en un contexto de reglas comunes, de unión monetaria, económica, de mercado, que representa la Unión para lo que son las comunidades o las regiones ultraperiféricas, es, sin duda alguna, una poderosa garantía de desarrollo, de actuación desde la diversidad y desde la singularidad que tiene Canarias.
Sabe también el señor Mendoza que ha sido un compromiso retomado por muchas fuerzas políticas y que hemos llevado hasta sus últimas consecuencias en la Constitución europea.
Tengo alguna discrepancia con la representante del grupo de Izquierda Unida, con la señora López Aulestia. La verdad es que son discrepancias sometidas a debate. Nunca he entendido cuál es el discurso relativo a los gastos militares de la Constitución europea. Le puedo asegurar que en ningún caso se interpreta que la Constitución europea obliga a elevar los gastos militares de los Estados que forman parte de la Unión. No es así.
Permítame que lo diga así de claro. Y la mejor prueba es que nosotros vamos a ratificar la Constitución como país. Espero que entre en vigor, además, y no está en nuestros objetivos más que mantener una política de defensa y de gasto en materia de defensa razonable y suficiente.
Estoy convencido, además, de que la señora López Aulestia puede dar un margen de credibilidad a lo que le digo en este momento.
Ha dicho que el referéndum fue convocado con precipitación. Permítame que le haga una consideración al respecto. Seguro que comparte conmigo que con el calendario y la agenda política que tenemos en esta legislatura, no sólo porque tuvimos hace bien poco las elecciones en Euskadi, sino porque ahora tenemos las gallegas, porque tenemos por delante cuestiones de gran transcendencia que, además, afectan de una manera tan directa a su comunidad autónoma, al País Vasco, porque tenemos por delante reformas de estatutos, porque tenemos por delante reformas de modelos de financiación autonómica, porque tenemos por delante en el horizonte reformas constitucionales concretas y limitadas, seguro que puede modificar algo su reflexión sobre la precipitación en cuanto a tener convocado y celebrado el referéndum sobre la Constitución europea, porque con todo lo que el Gobierno tenía por delante en su agenda y en su previsión política tener que convocar y celebrar el referéndum sobre la Constitución europea hubiera sido otro elemento más que nos hubiera obligado a interrumpir algunas cosas muy importantes que están en juego, decisivas para el futuro de este país, para el futuro de la paz y para el futuro de un nuevo tiempo donde nuestro modelo territorial esté más asentado, sea más integrador, más abierto y donde todo el mundo o la inmensa mayoría de lo que son los ciudadanos de nuestro país se puedan sentir más a gusto en el nuevo modelo territorial, que es el objetivo del Gobierno. Seguro que puede tener cierta comprensión cuando le doy esta explicación sobre la presunta precipitación a la hora de convocar el referéndum.
Le reitero lo que supone mi posición en torno a la Europa social. Está claro que para un grupo como el que represento, para un gobierno como el que represento, siempre lucharemos por el avance de un modelo social, por la consolidación de un modelo social, pero para bien o para mal aún Europa es joven. En términos históricos y políticos no tiene el desarrollo suficiente como para atribuir a lo que son las instituciones de la Unión Europea y, por tanto, lo que crea e innova la propia Constitución europea, las obligaciones, la consolidación y desarrollo del Estado del bienestar o de un modelo de bienestar social, corresponde básicamente a los Estados.
Pero, como antes reiteraba, el argumento de que la cohesión se mantiene como principio, da seña de identidad a Europa para que aquéllos que tienen más riqueza, más desarrollo, aporten a los que tienen menos, creo que es un modelo claro, un símbolo evidente de lo que supone una perspectiva social para una Europa, que deseamos cada día más social.
Ha puesto algún ejemplo de la famosa directiva Frankenstein, como se la llama habitualmente, incluso en los consejos europeos, por eso no desvelo nada extraño, y creo, sinceramente, que no es para tanto. Nosotros hemos pedido la reforma, no nos gusta como está la directiva, queremos una directiva reformada, pero de esa cuestión tan concreta, que es verdad que en Francia ha provocado un enorme e intenso debate, deducir que se ponía en cuestión el modelo social tradicional europeo, sinceramente me parece que ha sido, no por usted, sino en general en el debate, una afirmación exagerada. En todo cado, mi respeto a su opción, por supuesto, a la votación de hoy en esta Cámara y a lo que ha sido su trayectoria en el referéndum. Sé que Izquierda Unida quiere más Europa, sé que Izquierda Unida ha apostado por un no sin excesos, que ha apostado por un no comprensivo con el sí, al menos con el sí que se hacía desde la izquierda. (Rumores en los escaños del Grupo Parlamentario Popular.)

El señor PRESIDENTE: Señorías, ruego guarden silencio.


El señor PRESIDENTE DEL GOBIERNO (Rodríguez Zapatero): No sé, señor presidente, si estoy equivocado, pero creo que en esta ocasión ni siquiera me he referido, en absoluto, al Grupo Parlamentario Popular.
(Risas en los escaños del Grupo Parlamentario Socialista.), lo cual no deja de ser llamativo. A pesar de mis muchos esfuerzos veo que mantienen su incomodidad.
Por último, al señor Mur le quería agradecer el apoyo que desde esta tribuna ha dado a la Constitución europea y mi agradecimiento por el reconocimiento del esfuerzo que hace el Gobierno en su presencia en el Senado. Le diré que el Gobierno no tiene ninguna afición al riesgo, sino que tiene simplemente la voluntad firme de cumplir con sus compromisos, y convocar el referéndum era un compromiso firme del Gobierno y del Partido Socialista en su programa electoral. Por supuesto, estoy abierto, como he expresado

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antes, y el Gobierno está abierto, a recibir todas las sugerencias en su momento en torno a la reforma del Senado, que para mí supone un gran reto en esta legislatura, y que intento, en todo caso, impulsar.
Al portavoz del Grupo Parlamentario Socialista, simplemente, para no fatigar excesivamente a los miembros de esta Cámara, quiero agradecerle, así como a todo el Grupo Socialista, el trabajo, el esfuerzo y la intensidad en la campaña, que propició que los españoles acudieran a las urnas y dieran un sí masivo.
Para terminar, simplemente quiero recordar que a quien debemos una vez más el ejemplo que ha supuesto este referéndum, el ejemplo de democracia, de europeísmo, de compromiso con los valores, a quien se lo debemos de verdad es a todos y cada uno de los ciudadanos españoles, que una vez más han dado una gran lección.
Muchas gracias. (Fuertes aplausos en los escaños del Grupo Parlamentario Socialista.)

-- FELICITACIÓN AL SENADOR EXCELENTÍSIMO SEÑOR DON JUAN JOSÉ LABORDA MARTÍN POR SU REINCORPORACIÓN A LA CÁMARA (550/000018).


El señor PRESIDENTE: Señorías, antes de proceder a la votación, me quiero sumar a las muestras de afecto y cariño hacia el senador Laborda, y quiero que sume a todo lo expresado aquí el afecto y la consideración de los funcionarios de la Casa.
Muchas gracias. (Fuertes aplausos.)

CONOCIMIENTO DIRECTO POR EL PLENO DE PROYECTOS Y PROPOSICIONES DE LEY REMITIDOS POR EL CONGRESO DE LOS DIPUTADOS:

-- PROYECTO DE LEY ORGÁNICA POR LA QUE SE AUTORIZA LA RATIFICACIÓN POR ESPAÑA DEL TRATADO POR EL QUE SE ESTABLECE UNA CONSTITUCIÓN PARA EUROPA, FIRMADO EN ROMA EL 29 DE OCTUBRE DE 2004. SE TRAMITA POR EL PROCEDIMIENTO DE URGENCIA (Votación) (S. 621/000018) (C. D. 121/000033).


El señor PRESIDENTE: Señorías, vamos a proceder a la votación del proyecto de ley orgánica por la que se autoriza la ratificación por España del Tratado por el que se establece una Constitución para Europa.
Se inicia la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos emitidos, 232; a favor, 225; en contra, seis; abstenciones, una.


El señor PRESIDENTE: En consecuencia, queda aprobado definitivamente por las Cortes Generales el proyecto de ley orgánica por la que se autoriza la ratificación por España del Tratado por el que se establece una Constitución para Europa, firmado en Roma el 29 de octubre de 2004.
(Fuertes y prolongados aplausos.)

CONOCIMIENTO POR EL PLENO DE TRATADOS Y CONVENIOS INTERNACIONALES REMITIDOS POR EL CONGRESO DE LOS DIPUTADOS:

-- CONVENIO DE SANTA CRUZ DE LA SIERRA CONSTITUTIVO DE LA SECRETARÍA GENERAL IBEROAMERICANA (SEGIB), HECHO EN LA PAZ (BOLIVIA) EL 18 DE MAYO DE 2004. SE TRAMITA POR EL PROCEDIMIENTO DE URGENCIA (S. 610/000064) (C.
D. 110/000065).


El señor PRESIDENTE: Punto sexto del orden del día: Convenio de Santa Cruz de la Sierra constitutivo de la Secretaría General Iberoamericana (Segib), hecho en La Paz (Bolivia) el 18 de mayo de 2004.
No se han presentado propuestas a este convenio.
¿Algún grupo parlamentario desea intervenir? (Pausa.) Los senadores Castro y Fraga.
Tiene la palabra el senador Castro. (Rumores.) Señorías, ruego abandonen el hemiciclo quienes no quieran participar del debate. Ruego guarden silencio. No vamos a empezar este punto del orden del día hasta que no se haga silencio en la Cámara. (Pausa.) Puede empezar, señoría.


El señor CASTRO RABADÁN: Señor presidente, señorías, nos trae hoy aquí la ratificación del Convenio de Santa Cruz de la Sierra, constitutivo de la Secretaría General Iberoamericana. La Conferencia Iberoamericana de Jefes de Estado y de Gobierno, que reúne a los jefes de Estado y de Gobierno de los veintiún países europeos y americanos, de habla española y portuguesa, ha venido celebrando reuniones anuales desde que el año 1991 se celebrara la I Cumbre Iberoamericana en Guadalajara, Méjico, y seguidamente en otros países. La Conferencia Iberoamericana se ha convertido durante todos estos años, a través del sistema de las cumbres, en un foro de concertación y en un instrumento privilegiado de cooperación entre los países que conforman la Comunidad Iberoamericana de Naciones.
Al amparo de las anteriores cumbres, el proceso de la Conferencia Iberoamericana se ha ido dotando, en estos catorce años de existencia, de un entramado administrativo, y ha ido avanzando en un proceso institucional para darle continuidad y atender la creciente vitalidad de nuestra comunidad de naciones y de lo iberoamericano, todo lo cual ha recibido un fuerte impulso político desde el sistema de cumbres iberoamericanas.
Hoy, como ya he dicho, ratificamos el convenio por el que se constituye la Secretaría General Iberoamericana (SEGIB), que obedece a una propuesta española destinada a institucionalizar las cumbres iberoamericanas para dotarlas de mayor efectividad.
La XII Cumbre Iberoamericana de Bávaro, celebrada en la República Dominicana, decidió por iniciativa española

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encargar al entonces presidente de Brasil, Fernando Henrique Cardoso, que presentara en la siguiente cumbre, en la XIII, de Santa Cruz de la Sierra, en Bolivia, un informe proponiendo medidas destinadas a mejorar la cohesión interna de la comunidad iberoamericana y promover su papel en la escena internacional.
El Informe Cardoso, presentado y aprobado en Santa Cruz en noviembre de 2003, dio lugar al texto definitivo del Convenio de Santa Cruz constitutivo de la Secretaría General Iberoamericana, como les he dicho, siendo el resultado de una negociación en los meses siguientes entre todos los países iberoamericanos, que procedieron a su firma en mayo de 2004.
En la XIV Cumbre Iberoamericana de San José de Costa Rica, la última celebrada hasta hoy, en noviembre de 2004, se aprobaron formalmente los estatutos de la SEGIB, que deben regir su funcionamiento y que entrarán en vigor cuando lo haga el convenio, que, a su vez, lo hará cuando se haya ratificado al menos por siete países. El convenio ya ha sido ratificado por El Salvador, Ecuador, México, Panamá, Perú y Honduras, quedando un séptimo país para llegar al mínimo, que es España, ratificación que ocurrirá esta tarde. La sede de dicha secretaría, cuando funcione, estará en Madrid, de acuerdo con el convenio.
El Convenio de Santa Cruz representa el marco convencional en el que nace, como ya les he dicho, la SEGIB, define su naturaleza y objetivos así como sus funciones y también las competencias y atribuciones del secretario general, y su relación con las instancias institucionales de la Conferencia. Regula también, aparte de la secretaría general, una secretaría de apoyo con un secretario adjunto y un secretario para la Cooperación con Iberoamérica, así como una estructura administrativa que se pretende reducida en un número ágil y eficaz. El Convenio de Santa Cruz contiene, además, disposiciones relativas a su financiación y otros aspectos habituales en este tipo de convenios y tratados internacionales.
La SEGIB que, como ya he dicho, ha sido tenazmente promovida por España por entender que supondrá un importantísimo salto cualitativo hacia la institucionalización del proceso de las cumbres iberoamericanas, es apoyada por todos los países iberoamericanos. La ratificación del convenio por España garantiza que la SEGIB esté formalmente operativa, con su secretario general al frente, en el momento de la celebración de la XV Cumbre Iberoamericana de Salamanca, los días 14 y 15 de octubre de este año 2005. A partir de entonces, entrará en funcionamiento y empezaremos a ver sus resultados.
Sin más, señores abogo por la aprobación de este convenio, como plantea el Grupo Parlamentario Socialista.
Muchas gracias.


El señor PRESIDENTE: Gracias, señoría.
Por el Grupo Parlamentario Popular, tiene la palabra el senador Fraga.


El señor FRAGA EGUSQUIAGUIRRE: Muchas gracias, señor presidente.
Señorías, hay una pregunta, yo diría que existencial para esta Cámara, que con frecuencia surge en España en el debate público, que la vemos por escrito en muchos artículos de opinión en la prensa española, y que incluso muchas veces se nos hace a cada uno de nosotros. Esa pregunta es la siguiente --probablemente todos la hayan adivinado--: ¿Para qué sirve el Senado? Esta pregunta puede ser respondida de muchos modos, tantos como perspectivas podamos tener cada uno de nosotros. Es evidente que, desde el punto de vista de la vertebración territorial del Estado, tendrá una respuesta y prácticamente todos, con matices, tendremos respuesta para esa pregunta, pero también desde el punto de vista de la política exterior, y muy concretamente de la política iberoamericana, se puede encontrar respuesta a la pregunta que formulaba en primer lugar.
Si el Grupo Parlamentario Popular, que me honro en representar en esta ocasión, ha decidido intervenir en relación con este tratado internacional que hoy espero que aprobemos, ha sido por varios motivos, pero fundamentalmente por dos. El primero, como es natural, la importancia objetiva del tratado. Es un tratado que afecta de modo muy directo a los intereses generales de España, pero también a los intereses del conjunto de los pueblos que configuramos la comunidad iberoamericana de naciones. El otro motivo que interesa de modo especial al Grupo Parlamentario Popular es que el Senado, esta Cámara Alta del Parlamento español ha tenido un papel esencial en el origen de esta propuesta que hoy debatimos sobre la secretaría general.
Señorías, ¿qué estamos aprobando hoy? Lo que estamos aprobando hoy es un tratado que da origen a un nuevo organismo internacional, la Secretaría General Iberoamericana, que tendrá sede en Madrid y que dará seguimiento a los programas de las cumbres iberoamericanas, que servirá de marco de referencia permanente para ese entramado del sistema iberoamericano.
Si se me pregunta por el papel del Senado en esta Secretaría General, diré que la idea de creación de dicha secretaría general nació aquí, en el Senado, en esta Cámara Alta del Parlamento español. Nació aquí en 1996, en el seno de la Comisión de Asuntos Iberoamericanos, que se había constituido en la década de los ochenta. Durante los primeros años desde de la constitución de las cumbres esa Comisión de Asuntos Iberoamericanos había llevado el seguimiento de las mismas, pero en 1996 se crea en la Comisión una ponencia que llevaba por título «La Comunidad Iberoamericana de Naciones: su consolidación a través de las Cumbres de Jefes de Estado y de Gobierno». Esta ponencia, en el primer año de trabajo, llegó a la conclusión de que era necesario este salto cualitativo en la defensa del sistema de cumbres y, por lo tanto, la creación de esta secretaría general. Por lo tanto, fue en esta Cámara donde nació la idea.
No sé si a alguien se le había ocurrido antes, porque con esto pasa como con casi todo lo que es evidente --la rueda ya está inventada hace mucho tiempo-, y probablemente a alguien se le había ocurrido a lo mejor hace cuarenta años en algún lugar oscuro y no sirvió para nada, pero sí fue en la Cámara Alta, en la Comisión de Asuntos Iberoamericanos,

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donde por primera vez se hizo un informe oficial sobre la necesidad de este nuevo organismo, que es el informe que muestro a sus señorías, en el que se señalaba la necesidad de crear esta secretaría general.
A partir de ese momento los pasos fueron los siguientes. Este informe empezó a circular antes de ser publicado en 1997 y el Gobierno español hizo suya esta propuesta. En 1998 se publicó el informe que les estoy mostrando a sus señorías, un informe que, si lo leemos, vemos cómo hace ya ocho años hablábamos de muchas cosas que ahora se están realizando. En aquel momento se puso en marcha el proceso para crear la secretaría general, que hoy desemboca en la ratificación por esta Cámara del Convenio de Santa Cruz de la Sierra. Se trató de un proceso largo y difícil, puesto que en 1998, en la primera cumbre que tuvo lugar después de la publicación de este informe, no se alcanzó el consenso suficiente entre los países iberoamericanos para el acuerdo de elaboración de la secretaría general, como tampoco se logró en el año 1999 en la Cumbre de La Habana, aunque sí se crea un embrión de lo que luego sería la secretaría general, un organismo internacional, la Secretaría de Cooperación Iberoamericana. En el año 2000 tiene lugar en Madrid la firma del tratado internacional y esa Secretaría de Cooperación Iberoamericana arranca sus trabajos. A su frente se encontraba un gran profesional, el embajador Lozoya, que durante estos años ha sabido conducir con buen tino los destinos de dicha secretaría que, repito, es un embrión de lo que luego sería la secretaría general.
Tal y como ha dicho antes el portavoz del Grupo Parlamentario Socialista, hay un momento decisivo a partir del año 2000, la Cumbre de Bávaro en el año 2002. En ese momento, el presidente del Gobierno español, José María Aznar, hace suya --ya lo había hecho antes, pero en este momento con mucho más énfasis-- esta propuesta, originariamente nacida en el Senado, y se crea un equipo de trabajo, a cuyo frente estaba el presidente de Brasil, señor Cardoso, para lograr una solución que diese lugar a la secretaría general. Pues bien, el señor Cardoso, compareciendo ante la Comisión de Asuntos Iberoamericanos, intervino en un debate en el que participaron muchos de los senadores aquí presentes, como el señor Carracao y el señor Laborda --que hoy se incorpora a la Cámara y al que quiero dar una vez más la bienvenida y expresarle mi alegría por su restablecimiento--, que tuvo una importante intervención cuando se estaba elaborando el informe previo a la aprobación del tratado en el año 2003.
Llegamos al año 2003. Santa Cruz de la Sierra fue el momento, aunque no fue fácil, pues había reticencias, personas que decían que había demasiado voluntarismo en la propuesta española. En realidad, en vez de utilizar los términos de voluntarismo y realismo, deberían utilizarse los de voluntad y realidad. Lo que sucedió es que había una realidad que mejorar y se mejoró con la voluntad de todos y cada uno de los jefes de Estado y de Gobierno iberoamericanos que aprobaron el acuerdo de Santa Cruz de la Sierra en el año 2003, que ahora entra en una fase decisiva.
Como ya se ha dicho antes, la cumbre de Salamanca que se va a celebrar este año será esencial para poner en marcha esta secretaría general.
El Senado, como he dicho anteriormente, tuvo un papel esencial no sólo en el origen de la idea, sino en su seguimiento y defensa en todos los foros internacionales. En todos los viajes que ha realizado la Comisión de Asuntos Iberoamericanos se ha defendido una y otra vez, ante parlamentos y responsables de la política exterior en Iberoamérica, la idea de que nos constituyamos como comunidad. Por lo tanto, la cumbre de Salamanca será esencial para poner en marcha, de modo definitivo, esta secretaría general.
Concluyo, señorías, con dos referencias a dos asuntos importantes: el futuro y el consenso. En cuanto al futuro, ya nos dijo Borges, no sin cierta ironía, que lo único que sabemos de él es que diferirá del presente. A corto plazo surgen algunos interrogantes en relación con la puesta en marcha de la secretaría general. Sabemos, por ejemplo, que en la última reunión de coordinadores nacionales no se alcanzó el acuerdo necesario en cuanto al presupuesto de la secretaría general ni sobre la proporción de cada país en ese presupuesto, así como en otras cuestiones sobre las que habremos de pensar entre todos, para que la cumbre de Salamanca sea un éxito.
El lugar adecuado no es esta tribuna; tendremos ocasión de debatir sobre todos los asuntos relacionados con la secretaría general en la Comisión de Asuntos Iberoamericanos, donde comparecerán próximamente varios responsables de la política exterior española y de otros países. Sin embargo, lo importante es que el Grupo Parlamentario Popular apoyará todos los esfuerzos encaminados al buen funcionamiento de esta secretaría general, a partir de la cumbre de Salamanca.
Por último, me gustaría centrar su atención en el consenso, que es una cuestión ligada con la anterior. En este sentido, me gustaría destacar que sólo se logrará el consenso gracias al acuerdo de todas las fuerzas políticas, y ese consenso, señorías, sólo se puede lograr actuando de la misma forma que en 1996 y 1997, que fue el momento en el que surgió la idea de la secretaría general. El consenso, como ya dijo ayer Gustavo de Arístegui, portavoz parlamentario del PP en el Congreso de los Diputados, en el Real Instituto Elcano, ha de ser una vía doble, debe intentarse por las dos partes porque el Gobierno no puede pretender consensuar consigo mismo, mientras que la oposición esté amordazada o carezca de la información suficiente. Estoy absolutamente convencido de que lograremos ese consenso.
Como he dicho anteriormente, sólo sabemos del futuro que diferirá del presente y el presente es que ese consenso está roto; ese acuerdo esencial entre todos los partidos está roto en relación con la política exterior pero, qué duda cabe que los próximos meses serán decisivos para retomar la cuestión y conseguir el objetivo del debate de esta tarde: que esta secretaría general sea un éxito.
Concluyo mi intervención expresando mi gratitud a todas las personas --catedráticos, responsables políticos y diplomáticos--, que participaron en 1996, 1997 y 1998 en los trabajos de la ponencia en la que surgió la idea de la secretaría general; a las senadoras y senadores que en aquel momento tantas ideas aportaron y que han sido consignadas en el informe que he enseñado a sus señorías; a las cancillerías

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iberoamericanas y a los responsables de cada uno de los países iberoamericanos que no sólo dieron el visto bueno sino que apoyaron --en algunos casos, llevando a cabo iniciativas muy importantes--, lo que posteriormente ha desembocado en el convenio que hoy ratificamos; y, gratitud, por supuesto, a todas sus señorías por haberme escuchado.
Muchísimas gracias. (Aplausos en los escaños del Grupo Parlamentario Popular.) El señor PRESIDENTE: Gracias, señoría.
Una vez finalizado el debate, ¿se puede entender aprobado por asentimiento este convenio? (Asentimiento.) En consecuencia, se autoriza en este acto que el Gobierno pueda prestar su consentimiento para obligarse por medio del citado convenio.
Señorías, se levanta la sesión.


Eran las diecinueve horas y cincuenta minutos.

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